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DS. Senado, Pleno, núm. 6, de 06/10/1993
 


Año 1993 V Legislatura Núm. 6

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 6 de octubre de 1993

ORDEN DEL DIA

Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de reforma del artículo 51 del Reglamento del Senado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 2, de fecha 15 de septiembre de 1993). (Número de expediente 626/000001.)

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.


--Proposición de ley de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales (autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III-A, número 1, de fecha 15 de septiembre de 1993). (Número de expediente 622/000001.)

Mociones:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible, remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de los derechos de la infancia que complemente la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, en el que, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, se regulen con carácter básico los derechos del menor, especialmente el de la intimidad, a fin de lograr la protección integral de los mismos y garantizar el desarrollo equilibrado de su personalidad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993). (Número de expediente 622/000004.)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que modifique, de forma urgente, la legislación vigente relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de tal forma que queden exentas de su inclusión en el mismo las ayudas comunitarias que perciben los agricultores españoles en concepto de indemnizaciones por destrucción de su capital acumulado o para compensar los gastos derivados por la modificación

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de la orientación productiva de sus tierras, como consecuencia de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), recientemente aprobada (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 15, de fecha 20 de septiembre de 1993). (Número de expediente 622/000009.)

--Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que el Senado insta al Gobierno para que facilite la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la representación española ante las Instituciones Comunitarias Europeas como en el proceso previo de formación de la voluntad española, cuando se traten de materias de su competencia, así como para que integre a representantes de las Comunidades Autónomas en la Comisión Interministerial para Asuntos Europeos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 22, de fecha 4 de octubre de 1993). (Número de expediente 671/000001.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


DICTAMEN DE LA COMISION DE REGLAMENTO EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DEL SENADO (Página 137).


Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 137).


Proposición de ley de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales (Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (Página 137).


El señor Caballero Lasquibar defiende la toma en consideración de la proposición de ley. No habiéndose producido turnos a favor ni en contra, en el de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria; la señora Vindel López, por el Grupo Popular, y el señor Galán Pérez, por el Grupo Socialista. El señor Caballero Lasquibar interviene de nuevo en virtud del artículo 87. Se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.


Mociones (Página 144).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible, remita a las Cortes Generales un Proyecto de ley de los derechos de la infancia que complemente la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, en el que, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, se regulen con carácter básico los derechos del menor, especialmente el de la intimidad, a fin de lograr la protección integral de los mismos y garantizar el desarrollo equilibrado de su personalidad (Página 144).


El señor Presidente anuncia a la Cámara la existencia de una enmienda del Grupo Socialista a esta moción. El señor Bayona Aznar manifiesta la discrepancia del Grupo Socialista respecto a la tramitación de las mociones, al considerar la propuesta de su Grupo como moción alternativa, y no como enmienda. El señor Presidente anuncia el acuerdo de la Mesa de estudiar una nueva normativa para la tramitación de las mociones.


La señora Vindel López defiende la moción. El señor Zarrías Arévalo defiende el texto presentado por el Grupo Socialista. Interviene de nuevo la señora Vindel López. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Sanz Cebrián, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Travieso Darias, por el Grupo de Coalición Canaria, e Ibarz i Casadevall, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Vindel López, por el Grupo Popular, y el señor Zarrías Arévalo, por el Grupo Socialista.


Se aprueba la enmienda del Grupo Socialista por 221 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.


Los señores Bayona Aznar y Ruiz-Gallardón Jiménez intervienen a propósito del texto de la moción que se va a votar a continuación.


Se aprueba la moción del Grupo Popular por 228 votos a favor y 2 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que modifique, de forma urgente, la legislación vigente relativa al Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, de tal forma que queden exentas de su inclusión en el mismo las ayudas comunitarias que perciben los agricultores españoles en concepto de indemnizaciones

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por destrucción de su capital acumulado o para compensar los gastos derivados por la modificación de la orientación productiva de sus tierras, como consecuencia de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), recientemente aprobada (Página 155).


El señor Presidente comunica la Cámara la existencia, por una parte, de la moción alternativa del Grupo Socialista y, por otra, de una propuesta de modificación, firmada por todos los Grupos Parlamentarios.


El señor Bernáldez Rodríguez defiende la moción. El señor Presidente da lectura a la propuesta de modificación firmada por todos los Grupos Parlamentarios. El señor Garcías Coll defiende el texto de dicha propuesta. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Torrontegui Gangoiti, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Armas Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria; Companys i Sanfeliú, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular, y Garcías Coll, por el Grupo Socialista.


Se aprueba el texto firmado por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que el Senado insta al Gobierno para que facilite la participación de las Comunidades Autónomas tanto en la representación española ante las Instituciones Comunitarias Europeas como en el proceso previo de formación de la voluntad española, cuando se traten de materias de su competencia, así como para que integre a representantes de las Comunidades Autónomas en la Comisión Interministerial para Asuntos Europeos (Página 162).


El señor Presidente comunica a la Cámara que ha sido presentada una moción alternativa, suscrita por el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario proponente.


El señor Ferrer i Roca defiende la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Pérez García defiende la moción alternativa. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Virosta Garoz, por el Grupo Mixto; Bolinaga Bengoa, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Padrón Rodríguez, por el Grupo de Coalición Canaria; Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular, y Pérez García, por el Grupo Socialista. Los señores Ferrer i Roca, Virosta Garoz y Pérez García intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la moción del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 92 votos a favor, 104 en contra y 26 abstenciones.


Se aprueba la moción alternativa por 224 votos a favor y 1 en contra.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que la constitución de las Comisiones Mixtas de los Derechos de la Mujer, para el Estudio del Problema de la Droga y de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tendrá lugar el jueves, 7 de octubre de 1993.


Se levanta la sesión a las catorce horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las diez horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Si no hay inconveniente por parte de la Cámara, vamos a alterar el orden de los puntos cuarto y quinto. Dado que en la Junta de Portavoces se manifestó que en relación con el punto quinto del Orden del Día no habría intervenciones y, por tanto, podríamos estar en condiciones de pasar directamente a la votación, entramos en él.


--DICTAMEN DE LA COMISION DE REGLAMENTO EN RELACION CON LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. (626/000001.)

El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Reglamento en relación con la propuesta de Reforma del artículo 51 del Reglamento del Senado. Ha sido publicado en los Boletines correspondientes, con fecha 15 de septiembre de 1993.
No hubo votos particulares, por tanto, si el criterio manifestado en la Junta de Portavoces se mantiene y no se solicita ninguna intervención, pregunto a la Cámara si puede ser en su totalidad aprobado por asentimiento de la Cámara. (Pausa.) Muchas gracias. Por tanto, queda aprobada la propuesta de reforma del artículo 51 del Reglamento del Senado.
En la próxima Junta de Portavoces, convocada para el próximo miércoles, la Presidencia dará a conocer a los señores portavoces los criterios numéricos con los que pueda darse traslado material a esta reforma, para que posteriormente la Mesa de la Cámara en su reunión pueda aprobar definitivamente los criterios de representación proporcional en las comisiones del Senado.
Muchas gracias.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO.


--PROPOSICION DE LEY DE PROTECCION A DENUNCIANTES, TESTIGOS Y PERITOS EN DETERMINADAS CAUSAS CRIMINALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS. (622/000001.)

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El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día; toma en consideración de proposiciones de ley del Senado. Proposición de ley de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales. Su autor es el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y fue publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, serie III-A, número 1, de fecha 15 de septiembre de 1993.
Recuerdo a sus señorías que dentro del plazo que al efecto se abrió, no se presentó ninguna proposición de ley alternativa, por lo que procede someter a debate y votación la presentada por dicho Grupo Parlamentario.
Para la defensa de su toma en consideración, tiene la palabra el viceportavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, Senador Caballero Lasquibar.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señor Presidente.
Señorías, vivimos momentos en que se pide al legislador determinados cambios o adaptaciones de la normativa penal existente. Examinadas las distintas manifestaciones que se realizan, parece existir una evidente disociación entre la opinión popular más o menos generalizada, la normativa que conforma el ordenamiento jurídico y la práctica judicial y administrativa. Sin embargo, por dramáticos que puedan ser unos hechos determinados, la reacción de los poderes públicos y, sobre todo, del legislador, ha de ser valorada, equilibrada y, fundamentalmente, adaptada por criterios objetivos y racionales. Una reacción precipitada en un momento determinado, puede constituir un mal servicio a los intereses generales de la sociedad.
La capacidad de anticipación a una necesidad social determinada debe primar en la actividad del legislador. La norma correcta es la que es capaz de valorar una determinada situación o problema concreto antes de que éste llegue a producirse. La sociedad debe tener la constancia, la garantía y la seguridad jurídica de conocer con anticipación las normas por las que se rige. Estas no pueden ser una respuesta tardía y, por tanto, ineficaz a una deficiencia ya producida.
La proposición de ley que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos presenta hoy, trata de cumplir este objetivo de anticipación a que se genere una situación de crisis. Situación de crisis que ya ha tenido alguna manifestación en la práctica y que ha de ser atajada y resuelta normativamente antes de que deban lamentarse hechos que, una vez producidos, suelen ser irreparables.
El problema que se pretende resolver con esta proposición de ley, que confiamos sea bien acogida por el conjunto de fuerzas políticas ante la evidencia de su necesidad, es la defensa y protección adecuada del ciudadano que interviene en una causa procesal relacionada con materias o delincuentes especialmente peligrosos. Nos encontramos con la realidad de que el ciudadano que ha de denunciar o que debe actuar como testigo o perito en determinadas causas criminales, corre un riesgo cierto y real que, hoy por hoy, ha de afrontar en la soledad de su valentía personal al no existir en nuestro ordenamiento penal, tanto sustantivo como procesal, medidas que tiendan a disminuir el riesgo objetivo de estas personas.
Como se indica en los primeros párrafos de la exposición de motivos de la proposición que presentamos, la experiencia diaria nos enseña los problemas que asumen los ciudadanos al colaborar con los cuerpos policiales y con la Administración de Justicia en las causas penales incoadas con motivo u ocasión de los hechos delictivos cometidos por elementos terroristas, por personas integradas en bandas armadas o por grupos criminales organizados. Se produce, además, la natural reticencia de los ciudadanos a participar en estas causas por el temor justificado a sufrir represalias. Ello conlleva que, con frecuencia, no se pueda contar con testimonios y pruebas valiosas para el éxito de la investigación, con la consiguiente inmunidad de los culpables. El riesgo para estas personas que formulan una denuncia o intervienen en la investigación policial o en el proceso judicial como testigos o peritos, es más notorio en el tipo de causas a que se refiere la proposición de ley y que ya les he adelantado.
Me refiero a aquellas relacionadas con el terrorismo o con bandas armadas o grupos criminales organizados, como suele suceder en los casos de narcotráfico, en los que la peligrosidad del delincuente resulta muy superior a los supuestos individuales y ordinarios de la delincuencia. La excepcionalidad de las medidas que la proposición de ley prevé, aconseja acotarlas a estos supuestos, sin extenderlas a la categoría de la norma general.
La reforma del Código Penal prevista no incluye ninguna previsión al respecto. Existe, así, una importante laguna legal que no parece que vaya a tener solución inmediata. Este es el motivo por el que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha decidido afrontar la oportunidad de cubrir este flanco de inseguridad del ciudadano y, en definitiva, de detrimento de la efectividad de la justicia.
Es evidente que los poderes públicos y los intereses generales aconsejan que el ciudadano testigo de un delito de estas características sacrifique su situación de comodidad individual y colabore con la justicia en la averiguación y solución de los hechos. Pero es también igualmente evidente que debe existir un adecuado equilibrio entre ese deber de colaborar con la Justicia, la protección de ese ciudadano y de su entorno familiar. El ordenamiento jurídico debe ofrecer ese equilibrio entre la obligación de colaboración y la seguridad individual, presentando las medidas óptimas para garantizar a las personas afectadas y a sus familias su situación presente y futura.
Los razonamientos que hemos hecho para los ciudadanos en general tienen especial aplicación para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen habitualmente en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El grado de exigencia para estas personas es mayor que respecto a los ciudadanos comunes, en cuanto cierto nivel de riesgo forma parte de su profesión. Pero también en estos casos han de limitarse los riesgos a los mínimos implícitos en sus obligaciones, y ello tanto en razón de su derecho individual a la seguridad,

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como desde un punto de vista de estricta eficacia policial.
La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se ha inspirado en la legislación existente en otros países de nuestro entorno cultural y político, como es el caso de Italia y Alemania, y en las líneas de estudio que se van avanzando en estos otros países. Se inspira también en los principios ya admitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 29 de septiembre de 1990 y 20 de noviembre de 1989. Se ha consultado igualmente, a la hora de elaborar esta proposición de ley, a profesionales de la abogacía, jueces y magistrados, incorporando sus opiniones al texto de la misma.
Hasta ahora, en los casos que se presentaban en la práctica policial y judicial diaria, debía de recurrirse ante la imprevisión del ordenamiento penal a soluciones más o menos imaginativas que los jueces han podido ir diseñando.
Pero el juez no debe tener que inventarse la ley, sino que ha de limitarse a aplicarla. Las soluciones concretas y parciales, diferentes según los casos y criterios, no pueden dar cobertura general a esta necesidad. Entendemos por ello, que la proposición de ley se encuentra plenamente justificada jurídica y políticamente.
En la normativa que se propone se han tenido muy en cuenta, además de la carencia y necesidad comentada, los demás intereses y derechos protegibles que concurren en estos casos. Es decir, se evita que las medidas de protección a testigos, peritos y denunciantes perjudiquen el derecho a la defensa que el acusado debe tener igualmente garantizado. Es éste otro de los puntos de equilibrio que una normativa de estas características ha de tener en cuenta. La seguridad y protección del ciudadano interviniente en estas causas no puede reducir las condiciones de defensa del acusado ni su derecho a un juicio que respete las debidas garantías constitucionales.
Las líneas maestras de la regulación que se propone son las siguientes: Primera, todo el conjunto de la proposición se circunscribe a los delitos relativos a terrorismo, o los cometidos por bandas armadas o grupos criminales violentos organizados.
Segunda. Se protege la seguridad de los denunciantes, testigos o peritos garantizando el secreto de su identidad frente a terceros en la fase policial y en la fase judicial instructora.
Tercera. Se regulan medidas complementarias de protección a la reserva de la identidad tales como la protección judicial durante el proceso y el tiempo que se estime pertinente tras su finalización, la provisión de medios económicos suficientes para cambiar de residencia o lugar de trabajo y si fuera preciso, de una nueva identidad.
Cuarta. Estas medidas de protección que se garantizan en la fase policial y en la judicial de instrucción, tienen algún límite una vez que se abre la fase de juicio oral, en razón del derecho del acusado a un proceso con todas las garantías, que debe poder conocer la identidad de las personas que han de ser utilizadas para articular una prueba procesal de cargo. En estos casos se añade un principio de voluntariedad en la participación del testigo en la fase de juicio oral que, de no comparecer, ve garantizada su reserva de identidad y su testimonio queda en la fase instructora como un elemento más para formar la investigación de los hechos y poder contribuir a la convicción del juez, junto a las demás pruebas que se hayan acumulado.
Si en el juicio oral decide intervenir el denunciante, testigo o perito, será conocida su identidad, pero permanecerán el resto de medidas del programa de protección: la reserva de sus otros datos personales, como la residencia, centro de trabajo, o su imagen física y las posibilidades de cambio de residencia o de identidad.
Quinta. Se prevé la aplicación adecuada del programa a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y para sus fuentes de información, confidentes y correos declarantes en una causa. Para estos últimos se establecen mandatos a fin de garantizar su seguridad en los centros penitenciarios en que sean ingresados.
Sexta. Se extienden las medidas de protección, no sólo a los denunciantes, testigos o peritos, sino también a su círculo familiar.
Séptima. La adecuada protección de las personas referidas exige que las mismas o, en su caso, sus más allegados parientes, tengan derecho a una indemnización por parte del Estado cuando hubieren sufrido un ataque a su vida, integridad personal o bien como consecuencia directa del testimonio prestado.
Octava. En consecuencia, con el conjunto de medidas protectoras descrito se modifica el artículo 367 del Código Penal, elevando sustancialmente la pena del delito de revelación del secreto para los funcionarios que no guardaren la reserva de la identidad y datos personales garantizada en la proposición. En este punto, al tratarse de una modificación del Código Penal, la proposición ha de tener carácter de orgánica.
Con este conjunto de medidas protectoras se trata así de garantizar la participación ciudadana en el auxilio y colaboración con la Justicia, guardando los equilibrios precisos en cuanto a los intereses generales implicados y a los también garantizados derechos de los acusados a un juicio pleno de garantías.
El interés de Estado que esta proposición trata de satisfacer pensamos que avalará el apoyo de los demás Grupos Parlamentarios. Creemos haber hallado el equilibrio necesario entre las garantías del reo y la seguridad de las personas que cooperan con la Justicia. Creemos haber redactado una proposición de Ley beneficiosa para los testigos y peritos, sin entrar por ello en contradicción con las garantías del artículo 24 de nuestra Constitución y el artículo sexto del pacto internacional de Derechos Civiles.
Es por todo ello por lo que solicitamos de esta Cámara su voto favorable a esta proposición de Ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Abrimos a continuación los dos turnos, a favor y en contra, alternativamente. Solicito de los Grupos Parlamentarios

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me indiquen en qué sentido se va a producir la intervención.
¿Turnos a favor? (Pausa.) ¿Turnos en contra? (Pausa.) Abrimos el turno de los señores portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ibarz.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos propone la toma en consideración de un proyecto de Ley relativo a la protección de denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales, al que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no puede dejar de prestar su apoyo.
La preocupación que trasluce el proyecto creo que es compartida por la mayoría de Grupos de esta Cámara. Ello no obstante, debo manifestar que en el trámite parlamentario del proyecto nuestro Grupo se propone hacer aportaciones para mejorarlo en dos aspectos sustanciales. En primer lugar, entendemos que la limitación del proyecto a los delitos cometidos por terroristas, grupos armados o bandas de criminales debiera situarse en un marco mucho más amplio, teniendo en cuenta la experiencia que nos brinda el Derecho comparado. En segundo lugar, procuraremos subsanar las omisión de las referencias, a nuestro entender deseables, a las víctimas del delito que, al igual que los denunciantes, testigos y peritos, pueden precisar de una especial protección.
En su momento habrá ocasión de concretar y no me cabe la menor duda de que el mismo Grupo proponente, así como los demás Grupos de esta Cámara, será receptivo a nuestras sugerencias o enmiendas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por error, no he advertido que el Grupo de Coalición Canaria tenía intención de intervenir en este turno.
Tiene la palabra el señor Travieso.


El señor TRAVIESO DARIAS: Muchas gracias señor Presidente.
Señoría, hoy en día los Estados se tienen que enfrentar a organizaciones criminales con un gran poder y grandes medios, en algunos casos superiores a los del propio Estado, y para ello basta recordar como caso significativo el del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, que tuvo la osadía de indicarle al Estado que estaba dispuesto a pagar su deuda externa, deuda muy significativa y que tiene a su pueblo sumido en la más absoluta de las miserias.
Ante estas nuevas y poderosas fórmulas de organización criminal los Estados no pueden permanecer impasibles, tienen que reaccionar, tienen que proveerse de los medios necesarios para combatir a su vez los medios utilizados por dichas organizaciones para impedir la efectiva aplicación de la Ley, que sobre todo consiste en eliminar las pruebas existentes contra sus miembros mediante la práctica de actos violentos, como el chantaje, la amenaza o, incluso, la eliminación física de denunciantes, testigos y peritos. Estos últimos que se enfrentan a las grandes mafias criminales, redes de narcotráfico o grupos terroristas, corren un grave peligro y si queremos combatir estos sistemas delictivos y que alguna persona pueda declarar en su contra no nos queda más remedio que protegerlos y protegerlos bien y con garantías.
Estos medios que debe tener el Estado no pueden mermar el principio de plena defensa de los inculpados ni el resto de garantías procesales esenciales contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero las medidas de protección a testigos, denunciantes y peritos no tienen por qué colisionar con estos principios necesariamente y para eso debemos hacer una buena ley.
Nuestro Grupo va a apoyar positivamente la toma en cosideración de la proposición de Ley presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, sin que ello suponga que renunciemos a examinar en su momento todos los aspectos de la proposición y que, como harán todos los Grupos Parlamentarios, intentemos mejorarla. Lo importante en este caso es que una Ley como ésta es necesaria porque también lo es que el Estado vaya avanzando en la lucha contra el crimen. No podemos seguir con una legislación antidiluviana para enfrentarnos a sistemas criminales propios de la era espacial. Tampoco podemos permitir que los criminales utilicen las quiebras de nuestro sistema procesal para impedir la aplicación efectiva de la Ley e, incluso, para cometer otros actos delictivos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Travieso Darias.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, buenos días a todos.
Hace dos años y medio el Grupo Popular, a través de dos mociones, solicitó en esta Cámara la modificación de dos artículos, el artículo 436 y el artículo 708, y el segundo párrafo de un tercero, el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado declararan a puerta cerrada en el acto del juicio oral y se sustituyera su identificación personal en diligencias por su número de identificación profesional ante el secretario del tribunal. En evidentes razones humanitarias, como son la salvaguarda de la vida, de la integridad física, la libertad y la propiedad de quienes se encargan de velar por la seguridad de todos nosotros se basaba tal petición.
Aquellas dos iniciativas, en suma, pretendían lograr una protección efectiva para un colectivo determinado, los que representan y cumplen la Ley, haciéndola cumplir, respetando, siempre y en todo momento, los principios constitucionales y la integridad del proceso judicial, consagrado

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ya secularmente, señorías, en Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Hoy, a iniciativa de los Senadores Nacionalistas Vascos, se nos presenta a debate y consideración una proposición de ley de indudable interés y trascendencia para, según declara su redacción, que la Administración de Justicia sea, efectivamente, eficaz en la persecución y castigo de los actos delictivos o criminales, protegiendo, tal y como se dice en su título, a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
En el Grupo Popular consideramos, señorías, que es necesario procurar y animar la colaboración ciudadana con la Administración de Justicia, acto, por cierto, cuya omisión ya está penado y contemplado en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y consideramos, también desde el Grupo Popular, que todos cuantos nos sentamos tanto aquí cono en la Carrera de San Jerónimo debemos constatar la realidad que hoy nos trae el Grupo Vasco, cual es la reticencia de los ciudadanos a colaborar con los Cuerpos Policiales y con la Administración de Justicia, buscando una solución al problema que se nos plantea y plasmarlo en una ley, una buena ley, para que redunde en beneficio de la Justicia, en beneficio, en suma, de la sociedad en general.
Por tanto, sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, sí a la oportunidad de que las Comisiones de Justicia del Congreso y del Senado participen activamente y a través de los trámites reglamentarios en llenar las numerosas lagunas, conceptos jurídicos indeterminados y vacíos de contenido que a lo largo de estos doce artículos se contienen, amén de numerosas contradicciones internas que, necesariamente, deberán ser subsanadas.
Señorías, dos de las razones que se nos dan en la exposición de motivos para presentar esta iniciativa son que determinados países occidentales, como Italia, Alemania, y Estados Unidos, disponen y disfrutan ya de la legislación protectora de los testigos en causas criminales contra miembros de la llamada delincuencia organizada y, asimismo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dos sentencias, de noviembre de 1989 y septiembre de 1990, los casos Windisch y Kostovsky, ya ha admitido la protección de la seguridad de denunciantes, testigos y peritos, garantizando el secreto de su identidad frente a terceros en la fase policial y judicial instructora.
Pues bien, señorías, nada más erróneo. Conforme al artículo 195 de Código de Procedimiento Penal Italiano no puede delatarse jamás al confidente, pues su información nunca es válida como prueba de cargo. Por eso, los oficiales de policía no pueden deponer sobre las informaciones de los confidentes. En Italia la información confidencial sólo es válida si es interrogada y contradicha en el juicio oral.
Algo parecido ocurre, también, en Estados Unidos y en Alemania, y esa misma tendencia ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Estados Unidos conforme a la Ley Contra el Crimen Organizado --ley, por cierto, de la que nosotros carecemos-- el llamado Estatuto Rico, siempre que el fiscal quiera aportar como prueba el testimonio de un confidente, de un testigo, o de un perito, debe llevarle al juicio oral, desvelando su identidad para que en el interrogatorio lo pueda contradecir al defensa, con lo que se permite al acusado conocer a su acusador o delator. Ello, sin embargo, no es obstáculo para que bajo el programa de protección oficial de testigos, el delator, el testigo, el perito, el agente policial, sea objeto, siempre por decisión judicial, de la protección extraordinaria que puede ser previa, durante el proceso y posterior al mismo, llegando a indemnizársele, a cambiarle la faz, la identidad, y proporcionarle medios de vida.
Por lo que se refiere a Alemania es cierto que desde la promulgación del decreto contra los radicales y simpatizantes de la banda Baader Meinhof, dado por el Gobierno Socialista de Willy Brandt, en 1972, valía la información de un testigo o agente oficial sin obligación de revelar la identidad del confidente. Pero el Tribunal Supremo alemán abandonó esa postura hace ya más de una decena de años por estimar que vulneraba el derecho de defensa, y daba a un testigo oficial más credibilidad que al propio imputado, exigiendo siempre la contradicción en juicio, interrogando a la persona de referencia.
Por último, las dos sentencias, la del caso Kostovsky, de 1989, que consistió en que dos confidentes que habían declarado, uno de ellos incluso, ante el juez instructor, y que respondió a un interrogatorio por escrito del acusado a tan sólo dos de las catorce preguntas para no revelarse, y el caso Windisch, de 1990, que también contiene el testimonio de los delatores, han determinado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita la información confidencial como indicio para proceder a la investigación, pero nunca como prueba para limitar la defensa, violar el derecho a la igualdad de las partes en el proceso y suprimir el valor de convicción moral y técnico-legal del juez que, con sus propios ojos y sentidos, tiene el deber de apreciar la totalidad del testimonio aportado en juicio ente el público y ante el propio acusado.
Cosa distinta es lo que reza en la proposición y en su exposición de motivos que en aras del principio --y lo digo entre comillas-- «de igualdad de fuerzas» permite que el testigo, perito o denunciante, declare como prueba procesal de cargo en el juicio oral, ocultando su imagen física, en lo que podríamos llamar, señorías, el juramento del encapuchado, y que podría variar de contenido el delito de falso testimonio (sin más comentario, señorías, así es como viene en el texto), haciendo casi imposible aplicarle posteriormente los beneficios que esta ley ofrece y otros tales como la remisión total o parcial de la pena o el perdón.
Estamos ante una proposición de ley tímida, cuando menos y en el mejor de los casos, toda vez que comienza hablando de proteger a denunciantes, testigos y peritos, en su exposición de motivos y en el artículo 1, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo en el caso de que hayan presentado contra ellos denuncia o querella y no se aprecie en ellos indicios de que pudieran ser responsables criminalmente --me estoy refiriendo al

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artículo 1, al apartado b)--, para que en su «totum revolutum» proteger de la misma forma que a los anteriores, a los confidentes o chivatos --en el artículo 5-- y a los acusados o correos --en el artículo 9--, poniendo en un mismo cesto legal a los representantes de la ley, que la cumplen al hacerla cumplir, con personas que, tras haberla infringido en casos gravísimos, tratan de obtener un beneficio individual sin pasar por el tamiz de la comprobación y veracidad de la prueba oral.
Hemos de manifestar nuestro profundo desacuerdo con la escasa atención que el texto dispensa al principio de legalidad de las penas, puesto que en el artículo 1, apartado a), se nos habla de nuevos delitos sin definirlos y sin que estén definidos en ninguna parte, al referirse a los grupos criminales violentos organizados, para acto seguido, en los artículos 10 y 11, hablar de grupos criminales organizados. Y yo me pregunto y les pregunto, señorías, a qué se refiere el texto; ¿se está refiriendo, quizá también, al narcotráfico, a las organizaciones que pululan por el narcotráfico? En ese caso, sería muy conveniente dejarlo ya así incluido en la ley, y nos asemejaríamos a países como Alemania, Francia, Bélgica, Portugal y Venezuela, que ya lo tienen reconocido. Y, asimismo, manifestamos desde el Grupo Popular, señoría, nuestra profunda convicción de que los testigos de cargo deben tener el mismo tratamiento en cualquier delito para no romper otro principio básico cual es el de la igualdad.
¿Quién es el llamado, en la proposición que debatimos, a presumir el peligro razonable para la persona y los bienes de que se nos habla en el artículo 2? ¿A quién se está refiriendo la proposición? Creemos, desde luego, que ha de referirse expresamente al juez, porque es el juez el que domina la fase de instrucción en el proceso penal, y él es la última instancia para garantizar el cumplimiento no sólo de la protección y privilegios que esta ley otorga, sino que también es la última instancia en velar por la aplicación de los principios constitucionales y del procedimiento criminal en sus dos fases plenamente consagradas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
¿Cómo es posible, señorías, que por lo que se refiere a los mienbros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se deslice en esta ley una especie de protección, aparentemente es así, pero que no es un fin en sí mismo, a los efectos del texto? ¿Cómo es posible que el único artículo que se refiere expresamente a estos profesionales los una irremisiblemente a los confidentes o chivatos y cómo es posible que no se les incluya expresamente en el artículo 12 a los efectos de la percepción de indemnización? Señorías, no puede recibir el mismo tratamiento y protección legal un correo, como el contemplado en el artículo 9, por muy declarante que sea, que un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o que un ciudadano normal que acude a un juzgado a presentar una denuncia o una querella, y ello no sólo por razones obvias, por razones lógicas y por razones jurídicas. Si para el confidente o para el correo la delación o colaboración tienen premio, la reducción o la exención de la pena o el indulto, es justo y legal que ese testimonio pase por el tamiz probatorio de la prueba de examen y careo de testigos, es decir, como se diría en términos castizos, que dé la cara, señorías.
La protección que se le otorgue no les disminuirá ni desaparecerá, pero lo contrario sería una reducción al absurdo, porque no se le puede perdonar sin antes juzgarlo.
El control judicial de proceso criminal es sagrado, y por eso tiene que quedar necesariamente salvaguardado. Esta proposición parece que lo ignora al situar a un mismo nivel a funcionarios policiales, al Ministerio Fiscal, que se rige sólo por el principio de oportunidad, y al juez, que no sólo vela por la integridad del procedimiento criminal, sino que también es, en última instancia, el llamado a juzgar, condenando o absolviendo según su convicción moral, sobre la totalidad de testimonio.
No me cabe ninguna duda de que, aplicando una debida técnica jurídica, las comisiones de justicia de ambas cámaras se ocuparán de todo ello, además de la nueva redacción que se nos propone en el artículo 11 de la proposición, del delito de revelación de secretos que, tal y como viene, no sabemos si crea un nuevo delito o si amplía el ya existente, y también se ocupará, probablemente, de eliminar ese requisito de consentimiento previo de denunciantes, testigos o peritos al juez, para prestar declaración cuando el propio juez requiera su testimonio en virtud ya de una ley secular como valor de pruebas.
Señor Presidente, señorías, el Estado es el maestro y el educador moral de la ciudadanía, por muy reticente que ésta sea a colaborar con la Justicia, y debe ser el primero en dar ejemplo y utilizar medios legales para conseguir fines legales. Esta, y no otra, debe ser la razón final de una proposición como ésta. Y para que la ley pueda cumplir la ley cuando la aplica --y me estoy refiriendo a policías, fiscales y jueces--, el Grupo Popular votará afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley, para que la Cortes Generales afinen más y mejor los verdaderos objetivos, excepciones, privilegios, protecciones, límites de este texto, dándole una redacción mucho más concreta, definida y acorde con los principios constitucionales, Y es que, señorías --y concluyo ya--, no se puede meter en un mismo cesto a confidentes, correos y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos representan la ley, la cumplen al hacerla cumplir, y por eso la ley debe protegerles en sus vidas, su integridad física y moral, su propiedad y su libertad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra es Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Con la venia.
Consumo este turno de portavoces para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con esta proposición de ley del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos sobre protección a denunciantes, testigos y peritos en

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determinadas causas criminales. No voy a agotar el tiempo del que dispone mi Grupo porque, en gran medida, las referencias que quería hacer al contenido de esta proposición de ley y a las preocupaciones que de ese contenido derivaban para nuestro Grupo, que en modo alguno iban a impedir una votación, una posición favorable a la toma en consideración de la proposición, han sido expuestas en gran medida por la Senadora Vindel al intervenir por el Grupo Popular en este turno de portavoces.
Es evidente que esta proposición de ley plantea un problema importante de fomento de la colaboración con los Cuerpos policiales y la Administración de Justicia de ciudadanos como denunciantes, testigos y peritos, con ocasión de actos delictivos cometidos por lo que hoy en día se denomina la delincuencia organizada, y viene a suponer una respuesta, a mi juicio loable, a dos hechos que son constatables en estos momentos. En primer lugar, el incremento del poder fáctico de las organizaciones criminales y, en segundo lugar, el decremento de la conciencia ciudadana cuando la aportación de esa colaboración con la Administración de Justicia o con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado representa un riesgo grave para su integridad física, para su libertad o para sus familiares o allegados. Por tanto, el objetivo de la proposición de intentar conseguir un equilibrio entre las garantías procesales del justiciable, perfectamente expuestas y garantizadas en el artículo 24.2 de la Constitución, y derechos como el de la vida, la integridad y la seguridad de personas que cooperan con la Administración de Justicia, nos parece un objetivo loable, un objetivo en todo momento difícil de buscar y de conseguir plenamente, pero que es algo que no tenemos más remedio que apoyar, como el contenido sustancial de esas medidas que constituyen el núcleo fundamental de la proposición en cuanto a preservar la identidad de denunciantes, testigos y peritos, tanto en las actuaciones policiales como en la fase instructora, o la protección de éstos o de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las consecuencias de sus declaraciones, tanto durante como después del proceso, ayudas económicas para posibilitar un cambio de domicilio, residencia o incluso llegar a la posibilidad de dotar a estas personas de una nueva identidad y, luego, la referencia a las posibles indemnizaciones si ellos o sus allegados sufren ataques a su vida, a su integridad corporal o a sus bienes, como consecuencia de sus declaraciones.
Sin embargo, creo que la Senadora Vindel ha hecho referencia a los problemas esenciales que, a nuestro juicio, tiene el articulado de esta proposición de ley. El primero, respecto del propio ámbito de la proposición. Nos parece que en ese título de protección a denunciantes, testigos y peritos no existe luego una correspondencia con el contenido.
Hay una protección a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como ha señalado la Senadora del Grupo Popular, a veces se coloca en una posición similar a la de los confidentes --artículo 5--, a la de los acusados que acusan a sus correos --artículo 9--, cuando tanto unos supuestos como otros deben diferenciarse plenamente. Y, por otra parte, habría que valorar si la protección a confidentes o a correos debe regularse en la misma norma y en el mismo sentido que la protección a dispensar a denunciantes, testigos y peritos.
Por otra parte, en este artículo 1.º de la proposición, nos parece igualmente que no se explicita el órgano que tiene que fijar ese peligro racionalmente grave para denunciantes, testigos y peritos.
De igual forma, la Senadora Vindel también ha señalado, y a mi juicio de manera acertada, los problemas derivados de la expresión «grupos criminales violentos organizados» que luego vuelve a reaparecer en otros artículos sin el calificativo de violentos. Nos parece que la indefinición de este término exigiría una precisión muchísimo mayor para saber acotar realmente el contenido de la protección a dispensar por la norma.
Sobre todo en relación con el artículo 2.º, debo decir que también nos parece que no hay una regulación adecuada de cómo se tienen que llevar a cabo las prácticas que ahí se contienen. No se mencionan los recursos a interponer contra la denegación de las mismas a estas personas.
Por último, nos parece muy peligrosa y excesiva la remisión reglamentaria a lo relativo a la dotación de nueva identidad. Creemos que es peligrosa esa remisión en blanco a la norma reglamentaria para estos supuestos excepcionales de dotación de nueva identidad.
De igual forma, los artículos 3.º y 6º, por lo que hace referencia a la preservación de la identificación de denunciantes, testigos y peritos, nos parece igualmente algo peligroso, sobre todo en relación con el artículo 6.º relativo al juicio oral en cuanto, sobre todo, a dejar a la libre voluntad del testigo o perito la decisión de comparecer, dado que su ausencia invalida totalmente su testimonio y, por tanto, podría dar lugar a un riesgo grave de impunidad de los acusados al poder producirse sencillamente por la voluntad del denunciante, testigo o perito y en cualquier momento antes de esa comparecencia.
También creemos que incluir, como se hace en el artículo seis, normas de carácter procesal en la proposición nos llevaría a analizar todas las modificaciones que del articulado de esta proposición se derivan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que no se contemplan en cambio; a diferencia de esos párrafos tercero y cuarto del artículo seis, todo lo relativo a los artículos 410 y 462 de la Ley de Enjuiciamiento sobre la obligación de comparecer, y en concreto, el 436 sobre datos exigibles, los artículos 451 a 455 sobre careos, el artículo 448, el 427, el 708 y el 719.
En definitiva, o extraemos del contenido de esta norma todo lo referente a normas procesales propiamente dichas o, si no, hay que ampliar con mucho todo lo que realmente se modifica del ordenamiento jurídico procesal vigente en lo relativo a procedimiento penal criminal.
Por último, dudamos que sea adecuada la remisión que se hace en el artículo 12 en materia de indemnizaciones. Igualmente, hemos reflexionado también sobre la consideración sólo como de carácter orgánico al artículo 11. Nos parece que hay temas que también podrían exigir la consideración de carácter orgánico.


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No obstante, para no agotar en modo alguno en este trámite de toma en consideración lo que es el análisis del contenido y confiando en que el trabajo de ambas Cámaras, en Ponencia, Comisión y luego en Pleno, nos permitirá corregir todos estos defectos, queremos señalar que si lo que al final se consigue con la proposición es que fuera «ex lege» posible el apoyo testifical o pericial a una determinada acusación sin que el justiciable conozca, ni en la fase sumarial ni en el juicio oral, quiénes son las personas que testimonian o dictaminan pericialmente en su contra, ello nos parecería inadmisible, porque representaría una regresión al viejo sistema inquisitivo, expulsado de nuestro ordenamiento desde la Constitución de 1812; representaría una ruptura de las garantías del derecho a defensa, del principio de igualdad de fuerzas y, en definitiva, haría imposible la defensa de ese principio de presunción de inocencia, que requiere para su conversión en convicción de culpabilidad que se desvirtúe mediante una actividad probatoria que reúna las características de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad, lo cual no implica en modo alguno, como ya ha señalado el Tribunal Constitucional, que no quepan en supuestos excepcionales la prueba anticipada y preconstituida.
Nos parece que la proposición debe ajustarse mucho más adecuadamente de lo que lo hace a los caminos que marca el artículo 6.3.d) del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Los límites en estas normas de protección de denunciantes, testigos y peritos, que ha ido marcando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia ya comentada por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra en los casos «Kotowski» y «Windisch», están en el buen camino para que la utilización, por ejemplo, de los informadores encubiertos no sea nunca considerada prueba suficiente para justificar una condena.
Está claro que si la defensa ignora en todo momento la identidad del testigo no puede establecer que es parcial, hostil o indigno de crédito.
Por tanto, puede no ejercer esas garantías del derecho a la defensa que están en nuestra Constitución. No obstante, como aquí ya se ha señalado, esperemos que el trabajo de ambas Cámaras, el trabajo de las Cortes Generales, pueda perfilar adecuadamente el objetivo pregonado en la exposición de motivos de la proposición y conseguir, sin merma alguna de las garantías constitucionales del derecho a la defensa que establece el artículo 24 de la Constitución, una adecuada protección de denunciantes, testigos y peritos, para fomentar una mayor colaboración de los ciudadanos con la Administración de Justicia en su lucha contra la delincuencia organizada.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Galán. (El Senador Caballero Lasquibar pide la palabra.) Senador Caballero Lasquibar, si me pide la palabra por el artículo 87, la tiene.


El señor CABALLERO LASQUIBAR: Sí, se la pido en virtud del artículo 87, señor Presidente.
Voy a decir tan sólo dos palabras. No pretendo entrar ahora en una defensa de las argumentaciones que se han esgrimido. Creo que hay tiempo suficiente y lugar apropiado para ello. Tan sólo diré que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos agradece el apoyo mostrado por todos los partidos presentes en esta Cámara, Insistimos en el interés de Estado que trata de satisfacer, a nuestro juicio, la proposición. Insistimos, también, en la laguna legal existente.
Con este objetivo, esperamos las aportaciones que al texto han anunciado sus señorías para que, con el mayor consenso posible, podamos dotarnos de una ley que garantice la participación ciudadana en el auxilio y la colaboración de la justicia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Concluido el debate solicito a la Cámara criterio sobre si puede ser tomada en consideración esta proposición de ley por asentimiento de la Cámara. (Pausa.) Se declara tomada en consideración la proposición de ley de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales. De la misma será dada cuenta al Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.


MOCIONES

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Mociones.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO DE LA NACION A QUE, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, REMITA A LAS CORTES GENERALES UN PROYECTO DE LEY DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA QUE COMPLEMENTE LA LEY ORGANICA 4/1992, DE CINCO DE JUNIO, EN EL QUE, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN LA MATERIA, SE REGULEN CON CARACTER BASICO LOS DERECHOS DEL MENOR, ESPECIALMENTE EL DE LA INTIMIDAD, A FIN DE LOGRAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LOS MISMOS Y GARANTIZAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE SU PERSONALIDAD (662/000004).


El señor PRESIDENTE: Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno de la Nación a que, a la mayor brevedad posible, remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de los derechos de la infancia que complemente la Ley Orgánica 4/1992 de cinco de junio, en el que, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, se regulen con carácter básico los derechos del menor, especialmente el de la intimidad, a fin de lograr la protección integral de

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los mismos y garantizar el desarrollo equilibrado de su personalidad. Fue publicada en los boletines correspondientes con fecha 20 de septiembre de 1993.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista cuya tramitación se ajustará a las normas ya conocidas.


El señor PRESIDENTE: Senador Bayona, tiene la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, pido la palabra para decir que el Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado una enmienda a esta moción, como ha dicho la presidencia, sino que en su día, el lunes y antes de las cuatro de la tarde, como reglamentariamente se establece en la norma de Presidencia del 13 de febrero de 1987, presentó una moción alternativa.
De acuerdo con esta norma, el artículo segundo dice que serán mociones alternativas «las que proponen un texto completo alternativo al de la moción originaria. Serán enmiendas las que pretendan modificar, añadiendo, suprimiendo o sustituyendo los términos en que aquélla se encuentra redactada. En cualquier caso, se aceptarán sólo las mociones» --sigo leyendo-- «que sean congruentes con el objeto de la moción originaria». Por tanto, el Grupo Socialista entiende que, tanto en su intención como en su presentación formal y en su contenido material, lo que ha presentado es una moción alternativa, si bien es congruente, lógicamente, con la moción originaria, por lo que en su resultado final diferirá poco, sea una u otra la votación. Pero en ningún caso --lo digo también a efectos de la posterior votación por las dificultades que pueda haber-- el texto del Grupo Socialista plantea modificaciones, añadidos o sustituciones sino que presenta un texto completo. El Grupo Socialista entiende que el carácter completo no contradice la congruencia. Por tanto, a nuestro juicio, difícilmente puede entenderse que se califique como enmienda.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Portavoz.
La Mesa adoptó en el día de ayer dos acuerdos. El primero, calificar el texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista como enmienda, dado que en la reunión de la Junta de Portavoces, cuando ni la Presidencia ni la Mesa conocían el texto, no hubo contradicción respecto de la valoración de enmienda que hizo un miembro de la Junta de Portavoces del texto que su señoría rotula y defiende como texto alternativo.
El segundo acuerdo que la Mesa adoptó es la realización de un estudio que pueda conducir a proponer a los señores portavoces una norma nueva para que, efectivamente, podamos tramitar las mociones, y en su caso las mociones alternativas, con suficiente tiempo y con más garantía de conocimiento que el que se viene celebrando hasta ahora.
Su señoría aduce unas razonas que el Presidente no va entrar a discutir ni a contradecir. El Presidente es congruente con la decisión que se adoptó por el conjunto de la Mesa oída la Junta de Portavoces. No obstante, hubiera cabido esa discusión a fondo si el Grupo Parlamentario Socialista hubiera presentado un escrito para que la Mesa modificara su calificación, lo que seguramente se ha hecho sin conocer la argumentación que su señoría acaba de exponer y que será recogida en el «Diario de Sesiones», es decir, la calificación de enmiendas definitivas, sin perjuicio de una reflexión que de cara al futuro podamos hacer sobre estas materias. Por tanto, vamos a atenernos al procedimiento previamente establecido.
Tiene la palabra el Senador Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la actitud de la Presidencia en el sentido de estudiar y reflexionar sobre la posibilidad de encontrar un procedimiento de tramitación de las mociones, en concreto de las mociones alternativas, que en el futuro pueda resultar mejor para el funcionamiento de la Cámara.
Quiero aclarar también que el representante del Grupo Socialista en la reunión de la Junta de Portavoces que tuvo lugar ayer por la mañana manifestó, efectivamente, una actitud abierta a que ningún problema de tramitación impidiera favorecer el acuerdo con el Grupo proponente. En este sentido, el Grupo Socialista no ha presentado un escrito de reconsideración, es decir, no ha hecho uso del artículo 36.2 del Reglamento --podía haberlo hecho-- ni tampoco he invocado en mi intervención anterior el artículo 90 para exigir que se cumpliera el Reglamento y se reconsiderara la decisión. Pero acatar la decisión que la Mesa adoptara, como manifestó el Portavoz del Grupo Socialista, respecto de la petición del Grupo Popular de que se tramitara como enmienda, no impide que deje constancia en el «Diario de Sesiones» de la discrepancia y, por tanto, también de la conveniencia de modificar la tramitación de las mociones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bayona.
Tiene la palabra la Senadora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: Señor Presidente, señorías, en el Grupo Popular hemos querido plantear el comienzo de la legislatura, a través de la moción que ahora vamos a debatir, una realidad que está ahí y que, entendemos, demanda de todos nosotros una necesaria y rápida respuesta cual es la elaboración por el Gobierno de un proyecto de ley orgánica de los derechos de la infancia. Una ley, señorías, que regule los derechos del menor a fin de lograr una protección integral de los mismos y garantizar el desarrollo equilibrado de su personalidad.
Un doble motivo nos anima a ello. De un lado, la extraordinaria sensibilidad que esta Cámara ha mostrado siempre por los problemas que afectan y aquejan a los menores, sensibilidad que se remonta hoy ya a un siglo, y que posteriormente se reflejó en la década de los 80 en la Ponencia especial de investigación sobre la situación del

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menor en España, en la Comisión del Defensor del Pueblo y de Derechos Humanos concretamente en los años 1980, 1986 y 1989, así como en la legislatura anterior, en la que a lo largo de los años 1991 y 1992 tuvimos oportunidad de debatir una moción que yo misma defendí en nombre de mi Grupo y que recibió el voto favorable de casi todos los grupos presentes en la Cámara y un proyecto de ley que modificó la vetusta y oscura Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948.
De otro lado, también nos ha animado a presentar esta moción conocer las cada vez más frecuentes noticias sobre comisión de delitos en las que resultan implicados menores de edad. Entendemos también que suponen un atentado contra los derechos básicos y fundamentales del menor los efectos indudablemente negativos que para el desarrollo de la personalidad del menor se derivan de la publicidad a ellos destinada, así como la cada día más difícil protección de su intimidad, todo ello unido a la declaración contenida en la exposición de motivos de la Ley 4/1992, Reformadora de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, que presentó, y cito entre comillas, como «una reforma urgente que adelanta parte de una renovada legislación sobre menores y que será objeto de medidas legislativas posteriores».
Transcurrido un año desde su promulgación, celebradas unas elecciones generales, nombrado un nuevo Gobierno y con una nueva responsable del Ministerio de Asuntos Sociales, la presente moción, caso de ser aprobada, como así espero, pretende ser una llamada de atención al Ejecutivo para que lo que nació con carácter provisional o parte de un todo legislativo no se convierta en definitivo como tantas veces ocurre y ha ocurrido en España.
Como todos conocemos, las disposiciones normativas relativas a los menores de edad, tanto en el ámbito internacional como en la propia Comunidad Europea, son muy numerosas. Sin embargo, no por ello los menores hoy en día, señorías, son reconocidos plenamente como sujetos de su propia vida y sujetos de derechos. Un breve repaso de estas disposiciones de diversos organismos internacionales y europeos nos lleva a confirmar lo anterior.
Por lo que se refiere al Consejo de Europa, nos encontramos con la recomendación relativa a la protección de los niños contra malos tratos, de septiembre de 1979, la Carta Europea de los derechos del niño, de octubre de ese mismo año, la recomendación referente a la acogida y educación del niño de enero de 1981 y el Consejo Europeo en materia de adopción de niños de abril de 1967.
Por lo que se refiere a la legislación internacional en materia de protección de menores y derechos de la infancia, ámbito que se ha caracterizado por una intensa actividad legislativa tanto de carácter general como más específicamente dirigida a los menores, la lista de pactos, convenios y acuerdos existentes también es innumerable, y constituye el pilar fundamental de los derechos del menor la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, en noviembre de 1989, que España ratificó el 20 de noviembre de 1990.
Descendiendo ya al problema que nos ocupa, la protección jurídica del menor en España, y en relación a las disposiciones normativas antes mencionadas, es importante señalar que su adaptación a nuestro ordenamiento interno, tanto en su contenido como en los principios que lo inspiran, ha sido parcial en algunos casos y en otros todavía escasa. Es cierto que en los últimos años se han dado importantes pasos por lo que al desarrollo legislativo sobre el menor se refiere, pero no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico continúa, hoy por hoy, vacío de contenido en muchos aspectos y , por tanto, continúa sin dar una respuesta legal a una importante serie de situaciones que afectan directamente al menor. Si comparamos el intenso desarrollo legislativo que ha tenido la Constitución desde su aprobación en 1978 en materias muy diversas y analizamos la imparable actividad legislativa que han presidido los últimos catorce años, podemos afirmar que se ha legislado poco sobre cuestiones relativas a menores y en ocasiones de forma incompleta en el ámbito estatal, aunque, justo es reconocerlo, algunas Comunidades Autónomas han hecho una espléndida labor en este sentido.
De este vacío normativo se han derivado perjuicios importantes para el menor, especialmente en lo que afecta a las debidas garantías y respecto de sus derechos fundamentales, impidiéndose con ello la plena integración del menor en la sociedad, algo que es fundamental ya que de ello depende que nuestra sociedad futura sea más libre, más tolerante, más culta y mucho más respetuosa.
En este sentido, y en la línea que les comentaba de que se ha legislado de forma insuficiente sobre el menor, hay que subrayar que, al margen de la adaptación del Código Civil a la Constitución en los años 80 y a las normas internacionales en la materia, la norma básica de protección jurídica y jurisdiccional sobre menores ha sido hasta hace un par de años el texto refundido de julio de 1948, la oscura Ley de Tribunales Tutelares de Menores, modificada en parte por Ley Orgánica de junio de 1992. Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento en los Juzgados de Menores, ley esta última que tiene el carácter de reforma urgente y adelanta tan sólo parte de la necesaria renovación de la legislación de menores.
Resultado, en buena parte, del vacío legislativo existente son las lamentables situaciones que, cada vez con más frecuencia, se están produciendo en relación con los menores. Tristemente, son casos habituales los sucesos o noticias sobre abandono, explotación, o malos tratos de menores.
Por otra parte, son frecuentes las imágenes o fotografías de menores, víctimas o autores de un delito, en las que, casi con la mayor impunidad, aparecen reflejados sus nombres y sus circunstancias personales con un muy escaso respeto a su identidad, a su derecho a la intimidad y a su propia imagen.
De estas y otras tantas situaciones se están derivando efectos lesivos muy importantes para el adecuado desarrollo de la personalidad del menor, y de todo ello podemos extraer una conclusión: Al menor no le está garantizado,

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del mismo modo que a los adultos, el uso de sus derechos, ni siquiera de los más elementales. Bien es cierto que las leyes que existen en nuestro ordenamiento --por ejemplo, sobre emisiones de televisión-- recogen específicamente entre sus principios la protección de la infancia; me refiero al Estatuto de Radiotelevisión y a las relativas a las televisiones privadas. Sin embargo, estas referencias no garantizan de forma efectiva la protección que se debe a los menores, como ayer tuvieron oportunidad de comprobar sus señorías.
En este sentido, existen datos verdaderamente preocupantes, según informes de la Unesco. Más del 96 por ciento de los niños ven la televisión diariamente y un 46 por ciento le dedica uno o dos días a la semana; en total, pasan 25 horas ante el televisor. Otras cifras, aportadas por determinadas asociaciones de telespectadores, muestran que los niños en edad escolar pueden llegar a contemplar en una semana 670 homicidios, 15 secuestros, 420 tiroteos, 8 suicidios, 30 acciones de tortura y hasta 18 imágenes relacionadas con las drogas.
El panorama con que nos encontramos no es muy esperanzador; máxime, si se tiene en cuenta que constituye tan sólo una parcela de la compleja problemática que está afectando al menor. Todos somos conscientes de lo que le afecta hoy en día y podemos coincidir, en mayor o menor medida, en que el marco jurídico que protege al menor es aún muy deficiente, pero también creo que todos podremos estar de acuerdo en esta Cámara en la necesidad de que el Gobierno envíe a las Cortes, a la mayor brevedad posible, una ley sobre los derechos de la infancia.
Las graves situaciones de indefensión y desamparo que, en ocasiones, se producen con el menor y el vacío normativo y jurisprudencial que las acompaña, hacen necesaria la elaboración de una norma, con rango de ley orgánica, que garantice adecuadamente los derechos reconocidos al menor en la Constitución y en las normas internacionales existentes sobre la materia.
Las razones aconsejan la elaboración de esta ley no se limitan sólo a señalar el desbordamiento que ha sufrido esta cuestión en los últimos meses, sino que van más allá; se trata de atender las reiteradas demandas de la sociedad en su conjunto, las de la mayor parte de las fuerzas políticas y de diversas asociaciones y organizaciones no gubernamentales y, en definitiva, de la necesidad de completar el tímido paso que se ha dado en este sentido con la Ley Orgánica que tuvimos la oportunidad de aprobar a finales de la legislatura anterior. Dicha Ley deber ser objeto de medidas legislativas posteriores, como así se hace constar en su Exposición de Motivos.
En otro orden de cosas, señorías, nuestra plena integración en la Comunidad Europea nos impone una serie de exigencias que debemos asumir.
A este respecto, resulta interesante dar un breve repaso al desarrollo legislativo que se ha alcanzado en otros países europeos en relación con el menor.
Así, en Francia, además del Código Penal --en cuyos artículos se recogen diversos preceptos sobre la protección penal de los menores--, existe una ley específica sobre protección de menores que abarca los más diversos ámbitos. La norma francesa de protección a la infancia establece que el menor debe estar protegido en su salud, educación, seguridad y moralidad, ofreciéndole una protección integral. Por otra parte, la citada norma regula detalladamente el tipo de protección que los padres deben dispensar a sus hijos menores, y para el ejercicio irregular de la misma se prevé una protección complementaria, administrativa o judicial, especificándose ambos tipos y su ámbito.
Merece especial atención el hecho de que en la citada ley francesa se dedique un capítulo especial a la regulación de la capacidad o la actividad jurídica del menor para el ejercicio de sus derechos, en el que se concretan detalladamente las distintas situaciones jurídicas en que aquél puede encontrarse, los casos en que dicha capacidad puede ser suplida o no, y sus límites. Parece positivo el hecho de que los aspectos relativos a la capacidad jurídica del menor se encuentren especificados en una norma concreta para su protección general y no estén formulados genéricamente en otras normas sustantivas de aplicación general.
En Bélgica, además de existir numerosas leyes que recogen aspectos diversos sobre los derechos de la infancia, también existe una norma sobre la protección de la juventud. En Gran Bretaña cuentan también con una ley que abarca todos y cada uno de los aspectos sobre la protección de los menores, denominada Children Act --Ley de los Niños--, de 1989. Y en Alemania, desde 1990, también se cuenta con una ley fundamental en materia de derechos de la infancia.
Creo, señoría, que con estas referencias huelga hacer más comentarios sobre el desarrollo legislativo que se ha alcanzado a este respecto en nuestro país en los últimos años. Centrándonos, pues, en el objeto de nuestra iniciativa, ¿qué pretende el Grupo Popular con la ley de los derechos de la infancia, del menor, o de la protección jurídica del menor, ya que el título es lo de menos? Fundamentalmente, dos objetivos.
En primer lugar, que esta ley sirva de marco jurídico para todo el desarrollo normativo que ha de estructurarse en torno al menor. Y, en segundo lugar, conseguir que el menor sea considerado como un verdadero sujeto de derechos, lo que le permitirá y asegurará un desarrollo completo de su personalidad e integrarse de un modo actuante y principal en la sociedad.
En cuanto a su contenido, dicha ley debe redefinir el ámbito de protección del menor en sus diferentes aspectos, como son la salud, la educación, la seguridad, los tipos de protección --administrativa y jurisdiccional-- y la regulación de la capacidad jurídica del menor en el área contractual. Asimismo, sería importante que esta ley también sirviera para potenciar la específica función del Ministerio Fiscal en el campo de los menores.
La actuación del Fiscal en la defensa y protección de los menores, función establecida en su Estatuto Orgánico, debe potenciarse en el sentido de reprimir con toda ejemplaridad los supuestos que resulten lesivos para los derechos e intereses del menor, que deberán quedar garantizados

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en la futura ley. El propio Fiscal General del Estado, en su Memoria relativa a 1992, establece como disfunción del sistema actual de la protección de menores --cuyas competencias primarias están atribuidas a las correspondientes entidades públicas o autonómicas-- la descoordinación existente entre los distintos organismos e instituciones llamados a intervenir en la protección a la infancia, y señala como único factor de corrección al Ministerio Fiscal, que ha de tener una presencia activa en todos los órdenes de esta materia.
Volviendo a la necesidad de elaborar la ley de los derechos de la infancia, el propio Fiscal General del Estado, en la citada Memoria de 1992, pone de manifiesto las dificultades de interpretación que se han derivado de la Ley que tuvimos oportunidad de aprobar a finales de la pasada legislatura, a la que califica como de reforma tímida y parcial en el marco de la legislación sobre menores.
Por lo que se refiere a los derechos fundamentales, deben quedar garantizados plenamente con esta ley, lo que obliga a que de ella se derive el máximo respeto al derecho del niño a preservar su identidad, la más amplia protección de éste contra toda información y material perjudiciales para su bienestar y que se vea protegido contra cualquier forma de discriminación o castigo por su condición, por tan sólo citar unos ejemplos.
En definitiva, es obligado que esta ley sea el principal marco jurídico de referencia del menor y que no suponga un mero intento parcial de solucionar toda la problemática que le afecta, como ya ha ocurrido con la reciente iniciativa del Gobierno y de las televisiones al querer hacer posible un código ético como respuesta a la creciente persecución informativa del menor, intento que, hasta la fecha, se ha revelado insuficiente.
Por último, en la Memoria de 1992, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto que la Ley que aprobamos en la legislatura anterior, de 4 de junio de 1992, no abarca aspectos tan fundamentales como son el alcance del control judicial y del Ministerio Fiscal en cuanto al respeto a los derechos del menor se refiere, no limitados por el contenido de una resolución judicial. Tampoco abarca la delimitación precisa de las funciones que corresponden a la Administración, una previsión específica de las vías de recurso interno y ante el juez, ni la participación del menor en el funcionamiento del centro o servicio.
Todas estas cuestiones, y otras, no han sido abordadas por el legislador en la citada Ley 4/1992, de 4 de junio, a pesar de afectar a derechos fundamentales de los menores, sometidos en este caso a procesos de reforma.
En este punto, el Defensor del Pueblo reconoce las disfunciones que este vacío legislativo está ocasionando y sugiere la conveniencia de elaborar una ley de los derechos de la infancia que, completando la reforma de 1992, tenga el máximo respeto a las competencias autonómicas que existen en la materia.
En este sentido, y para concluir, quiero hacerles una doble invitación: en primer lugar, a que, por un momento, hagan el esfuerzo de superar ideologías políticas, partidismos, o --si lo prefieren-- concepciones ideológicas particulares, puesto que estamos hablando de derechos fundamentales de unos seres humanos que en la actualidad están desprotegidos y merecen un respeto cualificado, y el futuro de este país, señorías, está en sus manos.
En segundo lugar, también quiero invitarles a que además de cumplir con nuestras funciones de control al Gobierno, de aprobación de los presupuestos generales y participación en la tarea legislativa, demos respuesta a una función muy específica de esta Cámara, que es la de impulsar al Gobierno a través de este trámite a que presente un proyecto de ley orgánica y recordarle por el bien de los destinatarios de esa norma, los menores, que lo haga en el más breve plazo posible, votando a favor de la moción que en nombre del Grupo Popular acabo de defender.
Nada más, señorías y señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Para la defensa del texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Zarrías Arévalo.


El señor ZARRIAS AREVALO: Quiero decir al inicio de mi intervención que comparto buena parte del discurso de la Senadora Vindel, tanto en la forma como en el fondo, y que el texto de nuestra moción alternativa, que se tramita como enmienda a la que ha presentado el Grupo Popular, incide en la necesidad de elaborar el anteproyecto de ley de derechos de la infancia, en el que, salvando las competencias que en este momento se residencian en las Comunidades Autónomas, se regulen los derechos fundamentales en sentido amplio del menor y todo lo que pueden ser garantías fundamentales de los niños como complemento a la Ley que usted ha nombrado en varias ocasiones, la 4/1989.
Y no solamente comparto el fondo y la forma de gran parte de su discurso, sino también la preocupación por la utilización que en estos momentos se está haciendo de niños y niñas en los medios de comunicación. Me parece un atentado claro a su intimidad y que produce un perjuicio que en ocasiones es de difícil reparación. Su imagen, sus datos en los medios de comunicación, bien como víctimas o bien como autores de un delito, hacen que ese derecho a la intimidad se vea vulnerado permanentemente.
Nuestro ordenamiento jurídico --usted ha hecho un repaso bastante exhaustivo que voy a intentar complementar-- en muchas ocasiones trata de incidir en la problemática del menor. La Constitución en su artículo 39.4 habla de que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales, las reglas de Beguín, los pactos internacionales, el Código Civil, el Código Penal, la Ley 4/1989, que usted ha nombrado, en lo que se refiere a la competencia de los juzgados en los procedimientos hacia los menores, en los que queda claro que el juez podrá acordar en interés del menor que las sesiones no sean públicas y poner en marcha los mecanismos para

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evitar que los medios de comunicación tengan u obtengan datos que puedan perjudicar la intimidad y, por tanto, aclarar la identificación, o bien la Ley 1/1982, que es más amplia, que en su objeto viene a incidir en la protección civil de los derechos al honor, a la intimidad familiar y a la de la propia imagen y que da al fiscal algo que también usted ha dicho: un papel muy importante a la hora de llevar a cabo actuaciones donde entran en juego menores o incapaces.
Es el Ministerio Fiscal el que pudiéramos denominar el defensor de los derechos del menor y tiene potestades suficientes en el estatuto para poner en marcha mecanismos entre los que está la posibilidad de sugerir o exigir a las entidades públicas que están recogiendo a algún menor que se le comunique cualquier tipo de modificación en las circunstancias del menor cuando se produjeran, siempre en la línea de lo establecido en el artículo 174.2 del Código Civil.
No podemos olvidar, y me van a permitir que dirija una pequeña parte de mi intervención a lo que ha sido el trabajo en estos últimos años, que nos encontramos con una competencia que en buena parte, tras la Constitución de 1978, se encuentra residenciada en las Comunidades Autónomas, no solamente en aquellas que se denominan del 151, sino también de las del 143. He pedido algún dato y todas las transferencias están en las Comunidades Autónomas, exceptuando algunos servicios respecto a la Comunidad Autónoma de Baleares. Por tanto, corresponde al Estado el desarrollo de la normativa básica y también lo que creo que ha sido la política en estos últimos años: un permanente consenso y una permanente colaboración con las Comunidades Autónomas a la hora de llevar adelante la gestión y la protección de la infancia.
Yo creo que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la atención y la preocupación por los menores ha mejorado sustancialmente en nuestro país en estos últimos años. La educación, la atención sanitaria, los servicios sociales han contribuido de forma determinante a mejorar la calidad de vida de éstos.
La acción del Gobierno en estos últimos años, señorías, se ha fijado dos o tres metas que a mí me van a permitir que resalte brevemente. Ha intentado desarrollar políticas de protección e integración social dirigidas a niños y niñas en dificultad social; promover los derechos de la infancia en el conjunto de la sociedad y, por supuesto, incrementar la participación, favoreciendo el diálogo con las diferentes organizaciones sociales y su corresponsabilidad en la solución de los problemas de los niños y de las niñas, especialmente de aquellos que se puedan encontrar en alguna dificultad social. Para ello se han desarrollado dos estrategias, repito y creo que es necesario decirlo, en absoluto consenso y colaboración con las Comunidades Autónomas: por un lado, avanzar en lo que puede ser la modernización del sistema de protección a la infancia y, por otro, favorecer y promover políticas intersectoriales de atención a la infancia.
Ese instrumento esencial, el consenso, ha hecho que en estos momentos se hayan podido llevar a cabo una serie de líneas de trabajo que me parecen muy importantes y que deben ser el elemento fundamental por donde deberá transcurrir buena parte del texto, que, si aprobamos esta moción, tendrá que ser remitido por el Gobierno a las Cortes en un período de tiempo no muy lejano.
Voy a hablar muy brevemente de la Ley 2/1987, no solamente en lo que se refiere a la modificación de los conceptos de adopción, sino también a la introducción de un nuevo sistema de protección de la infancia que está directamente relacionado con las competencias autonómicas y también de las competencias de las diputaciones forales del País Vasco.
Con la Ley 2/1987 comienza una estructura a dos niveles: el local y el autonómico de protección del menor. Desde el ámbito de la administración local se ha puesto en marcha una red básica de servicios que, impulsada por el Ministerio y por las Comunidades Autónomas, hace que en estos momentos se haya incrementado de forma significativa todo lo que puede ser la detección de situaciones de desprotección o desamparo que en un momento dado pudieran tener los niños o sus familias.
También me gustaría hablarles durante unos breves instantes de la adopción internacional. Usted ha pasado revista con bastante precisión a una serie de textos jurídicos, no ya en nuestro derecho positivo sino en el internacional, que me parecen importantes. Quisiera pararme brevemente a la adopción internacional y decir aquí que la demanda de adopción de niños de origen extranjero ha ido aumentando paulatinamente en nuestro país. No está con nosotros la Senadora Flor Ardanuy Costa, que durante mucho tiempo ha estudiado este tema dentro y fuera de esta Cámara, pero tengo que decir que es un fenómeno que se está produciendo ahora pero que ya se ha dado en países de nuestro entorno, en otros países europeos.
En este sentido, quiero resaltar el sistema de cooperación que se ha puesto en marcha entre el Estado, el Ministerio de Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas con el fin de mejorar la información a los ciudadanos y de tramitar ante las autoridades competentes de los países respectivos toda la documentación, para que no exista ningún tipo de inconveniente y ningún tipo de trampa, si me permite la expresión, a la hora de llevar este tipo de adopción internacional.
Junto con estas medidas, señorías, han sido otras muchas las que han ido complementando la acción del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas en todo lo que se refiere a la política hacia el menor. No obstante, los últimos acontecimientos --reitero lo que decía al comienzo de mi intervención-- deben ser motivo de preocupación. El «affaire» Duque de Feria, paradigmático, en un momento dado nos debe hacer pensar. El Defensor del Pueblo, el Ministerio de Asuntos Sociales, numerosas organizaciones no gubernamentales y, sobre todo, el Ministerio Fiscal no solamente en la Memoria del año 1982, sino en una instrucción concreta, la 2/1993, incide directamente en lo que tienen que ser los derechos a la intimidad de los menores víctimas de un delito, marcando las pautas concretas y directas que deben seguir los fiscales a la hora de llevar adelante su actuación.


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También señala, y hay que reflejarlo aquí y posiblemente solventarlo a la hora de llevar a la práctica el texto que aquí se propone para que sea remitido a las Cortes por el Gobierno, la dificultad de fijar los límites que debe reportar el derecho a la intimidad de las personas cuando pueda colisionar en un momento dado con el derecho a la libertad de información, el derecho fundamental a la información. Y estima que en un Estado como el nuestro, señoría, en un Estado de Derecho, en ocasiones se sobrepasan los límites de lo tolerable y en ocasiones se contemplan una serie de vejaciones innecesarias que creo que van mucho más allá de la voluntad de informar y que invaden e infringen derechos que consideramos fundamentales, derechos subjetivos de los menores.
Es, por tanto, el Fiscal General el que ordena el celo en el cumplimiento de la Ley que en estos momentos está en vigor en cuanto a la existencia de consentimiento del menor o de sus representantes legales --sobre este tema, señorías, me pararé un poco posteriormente--, repito, en cuanto a la existencia del consentimiento del menor y de sus representantes legales, que exige al Fiscal una labor previsora y anticipada, llegando a tener que dirigirse a los medios de comunicación para prever que, en un momento dado, la divulgación de una noticia pueda suponer una intromisión en la intimidad o en la imagen de un menor. Debe valorar claramente con los representantes legales o con los medios de comunicación, advirtiéndoles de las consecuencias jurídicas que una actuación de este tipo pudiera tener.
Por tanto, señorías, tenemos que ser conscientes de que la regulación es, efectivamente, insuficiente cuando no considera intromisión ilegítima --y vuelvo a lo que anteriormente comentaba-- el consentimiento por parte del menor o sus representantes, aunque perjudique a los intereses de ellos.
Nos encontramos en ocasiones con algo de lo que hemos sido todos perfectamente conocedores porque ha sido una temática muy aireada por diferentes medios de comunicación: que el grupo familiar en ocasiones antepone el rendimiento económico que le posibilite una fotografía en una revista a los derechos del menor.
Deben, señorías --y voy terminando--, garantizarse todos los derechos fundamentales, no solamente los relacionados con los medios de comunicación. También considero --y en esto estoy de acuerdo con usted-- que el convenio que se firmó sobre principios para la autorregulación de las cadenas de televisión en relación con determinados contenidos en su programación que puedan incidir en la protección de la infancia y de la juventud es insuficiente. Suponía la trasposición de una norma, de una directiva comunitaria, la 89/502, sobre radiodifusión televisiva en lo que puede significar efectos perniciosos contra la infancia. Pero, repito, ese convenio no solamente es insuficiente, sino que hay que completarlo de forma clara y determinante.
Termino, señorías, diciendo que ese texto legislativo, del que tendremos ocasión de hablar en el turno de portavoces y, sobre todo, tendremos ocasión de discutir cuando el texto esté en esta Cámara, tiene que contemplar, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, al menor como un sujeto de derechos fundamentales y, al mismo tiempo, poner en marcha y exigir que existan mecanismos que hagan posible el derecho y el ejercicio de los derechos de esos menores, incorporando principios de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que usted ha comentado que se ratificó en 1990, y otros que se vayan incorporando a nuestro derecho positivo.
Espero, señorías, que el Grupo Popular acepte la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque creo que daremos un paso importante para regular un tema que a todos preocupa y que necesita una urgente regulación.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Zarrías.
¿El grupo proponente va a hacer uso de la palabra? (Pausa.) La Senadora Vindel tiene la palabra.


La señora VINDEL LOPEZ: Gracias, señor Presidente, voy a intervenir muy brevemente.
Creo que en el trámite en el que nos encontramos procede que me pronuncie en nombre de mi Grupo sobre la admisión o no de la enmienda, y en ese caso, señorías, señor Presidente, quiero manifestar que si al final de mi intervención les invitaba a olvidarnos de concepciones ideológicas o partidismos y votar a favor de algo tan importante como los derechos fundamentales de la infancia, flaco favor haría si no siguiera yo la senda que yo misma marqué.
Por tanto, efectivamente, el Grupo Popular admite muy gustoso la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, sobre todo porque fija perfectamente ya la fecha de comienzo de los trabajos por parte de Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, sobre el proyecto de ley que envíe el Gobierno, que es 1994, con lo cual la enmienda queda aceptada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Abrimos turno de portavoces.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) No hace uso de la palabra.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra su portavoz.


El señor SANZ CEBRIAN: Señor Presidente, señorías, como persona, como demócrata y como cristiano, tengo que decir que tengo la obligación moral de votar afirmativamente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a que remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de protección de los derechos de la infancia.
Asimismo, aceptamos la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en este sentido. Como nacionalista, además, me congratulo de que el texto de la

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moción recoja el respeto a las competencias autonómicas en la materia.
Efectivamente, en Euskadi, en virtud de los artículos 10.12 y 10.39 del Estatuto de Gernika, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de asistencia social, desarrollo comunitario y condición femenina y en política infantil, juvenil y de la tercera edad.
Acerca de la protección de los derechos del menor, no se ha materializado el ejercicio legislativo de dicha competencia, posiblemente, porque en el País Vasco la familia es la piedra angular de nuestro derecho civil foral y sirve como auténtica muralla a los ataques a los derechos de los niños.
Asimismo, la conflictividad atinente a la juventud y a la infancia adquiere menos virulencia que en otras zonas del Estado, pudiendo servir como ejemplo que durante el pasado ejercicio 1992 sólo han ingresado en los Juzgados de Menores 558 asuntos.
También es cierto que la estadística a nivel estatal en materia de asuntos relativos a la jurisdicción de menores, según datos de la Memoria sobre el Estado, Funcionamiento y Actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia, revela una disminución de los asuntos en el año 1992 frente a los incoados en 1991. Concretamente, ha decrecido el índice de asuntos de 26.628 a 17.777. Ahora bien, esta disminución cuantitativa contrasta, ciertamente, con la gravedad de los atentados que a través de diversos medios, entre ellos los de comunicación social, como aquí ya se ha expuesto anteriormente por los intervinientes tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista, y principalmente por la televisión y la prensa, se vienen cometiendo contra la intimidad del menor y contra su derecho al desarrollo psíquico en un ambiente sano.
De este modo, asistimos poco menos que impasibles a la difusión de imágenes y datos de niños envueltos en determinados hechos, con la única justificación posible de satisfacer el morbo del espectador o del lector.
También --y éste es un campo que no se ha tocado en las intervenciones que me han precedido-- la reproducción de la imagen de los menores, si bien ha alcanzado gran importancia en el campo de la publicidad y del cine, está carente de la protección adecuada. Cada día son más los anuncios en los que encontramos imágenes de niños utilizados como reclamo de productos comerciales de todo tipo. Aquí no basta decir que se cuenta con el consentimiento del menor y el de sus progenitores. Se hace precisa, en todo caso, la intervención del Ministerio Fiscal para controlar los contratos de difusión de la imagen de los menores de 18 años y para que conozca el fondo del contenido y demás circunstancias de la producción de que se trata. En definitiva, lo que se intenta es proteger al menor mejor de lo que establece la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982.
La consecuencia de estas situaciones es que nuestros niños y niñas tienen un nivel excesivo de tensión y de ansiedad. Dicho con otras palabras, y según estudios recientes, aun cuando básicamente sean felices, no tienen el nivel óptimo de alegría confiada que todos desearíamos y que ellos necesitan. La sintomatología que ofrecen, sin ser grave, es preocupante.
No quiero ser alarmista, pero en esta materia del desarrollo armónico de nuestra infancia tenemos que aspirar a una situación óptima y, en realidad, sólo conseguimos alcanzar unos niveles discretos, demasiado discretos, diría yo.
Tampoco quiero caer en el fácil error de considerar a la sociedad, y específicamente a los medios de comunicación como únicos causantes de esta situación. Los padres, y más los padres de la Patria, también tenemos una importante cuota de responsabilidad. Desde este punto legislativo, ya se han expuesto aquí que son muchos los textos legales que tratan de regular la situación de los menores, alguna legislación de carácter tutelar, otra de carácter sectorial, así como tratados y convenios internacionales. Pero esta enunciación no obvia la redacción de una normativa adecuada, estructurada en torno a los derechos del menor que defienda y garantice los derechos establecidos por la Constitución y contemplados especialmente en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de 1959.
En este orden de cosas, es menester razonar que la Ley Orgánica 4/1992, por su especificidad, no aborda la regulación adecuada a la que se refería el acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueba el Informe de la Comisión de Relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos del Menor, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 23 de mayo de 1989, número 319.
Desde aquí, quiero rendir merecido tributo a nuestros antecesores en esa Tercera Legislatura del Senado, miembros de dicha Comisión, por la obra bien hecha.
Con anterioridad, también una Comisión del Senado, investigadora en este caso de la mendicidad infantil, que se constituyó el día 21 de mayo de 1985 bajo la Presidencia de don Santiago Ballesteros de Rodrigo, ya demandaba una legislación que unificase la dispersa normativa vigente sobre el menor, que renovase sus conceptos jurídicos en consonancia con las nuevas aportaciones de la sociología y desarrollase los principios constitucionales inherentes al menor de edad; una legislación en la que prevalezcan para el niño las facultades defensoras y educativas sobre los factores de represión, aislamiento y correccionales; que antes que el castigo, o la sanción, o la pena, salvaguarde la intimidad y los derechos subjetivos del menor. Hoy, aquellas palabras magníficas, contenidas en el dictamen de la comisión investigadora, las hacemos nuestras en su integridad.
También conviene recordar cómo el día 18 de febrero de 1987 tuvo lugar en esta Cámara la comparecencia del entonces Ministro de Justicia don Fernando Ledesma, quien planteó la conveniencia de un proyecto de ley de protección jurídica del menor cuyos contenidos abarcarían la custodia familiar, la libertad vigilada, la imposición de reparaciones y otras medidas netamente sancionadoras, además de determinados derechos tales como la percepción de servicios sanitarios, sociales y educativos, la prohibición de internamiento en centros penitenciarios y la permanencia en dependencias policiales al lado o junto a los adultos, y la puesta a disposición judicial en menos de 24 horas. A nuestro entender, no acaban en

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esta enunciación los contenidos de un futuro proyecto de ley sobre los derechos del menor. Se hace preciso regular la protección del menor maltratado, legislando claramente hasta dónde llega la patria potestad y dónde empiezan los derechos del niño; también debe atacarse el problema de los padres que se niegan a la operación quirúrgica urgente y necesaria del niño, por razones de índole religiosa.
Muy recientemente, el pasado 24 de septiembre de 1993, en las VIII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, se llegó, por parte de la Ponencia sobre la situación jurídico-asistencial del menor de edad, a la conclusión de constatar la conveniencia de disponer de una legislación que aborde de forma integral el conjunto de la actuación de los poderes públicos en relación con los menores de edad. También se señalaba la conveniencia de completar la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, objeto de esta moción, en aspectos relativos a la ejecución de medidas sancionadoras, etcétera.
Los posicionamientos que acabamos de manifestar son acordes, también, con el programa político del Partido Nacionalista Vasco.
Finalmente, y tratando de ser congruente con el principio de prestar una mayor dedicación a nuestros niños, no deseo quitar a sus señorías ese tiempo precioso. Sin más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor TRAVIESO DARIAS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente, únicamente para fijar la posición positiva de nuestro Grupo, tanto respecto de la moción presentada por el Grupo Popular como de la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Creemos, y no vamos a entrar en más detalles, que es necesario cubrir ese vacío legal para regular los derechos básicos y fundamentales del menor, por eso vamos a apoyar esa moción presentada por el Grupo Popular, y también vamos a apoyar esa enmienda porque se fijan ya unos plazos. Como ha dicho la propia interviniente del Grupo Popular, estamos seguros de que en el año 1994 tendremos esta ley tan necesaria.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Ibarz.


El señor IBARZ I CASADEVALL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este trámite parlamentario pocas cosas podría añadir a las manifestadas por la Senadora Vindel, del Grupo Popular, y los demás representantes de Grupos Parlamentarios. De todas formas, por las palabras que ha pronunciado la Senadora del Grupo que presenta la moción, me permito suponer que es conocida por la Cámara la labor legislativa que ha realizado el Parlament de Catalunya, así como el desarrollo reglamentario impulsado por el Gobierno de la Generalitat en materia de protección del niño y del adolescente.
El desarrollo de nuestro Derecho Civil en materia de filiación, y en especial en los ámbitos de protección de los menores desamparados, sobre la adopción y la tutela, se ha venido complementando recientemente con una ley específica de protección de menores y un profuso desarrollo reglamentario y administrativo. Por consiguiente, he de manifestar en nombre de mi Grupo la coincidencia básica con la moción enmendada por el Grupo Socialista con la que nuestro Grupo ha venido manifestando en materia de defensa de los derechos de la infancia.
En consecuencia, y siendo coherentes con nuestra preocupación, apoyaremos la iniciativa y quedaremos a la espera de conocer el proyecto de ley anunciado al objeto de hacer las aportaciones procedentes en el momento oportuno. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Vindel, para turno de Portavoces, de nuevo tiene la palabra.


La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
De forma muy breve he querido subir a esta tribuna para agradecer a todos los Grupos Parlamentarios su postura favorable y su acogida a la moción, y a la enmienda que hemos aceptado procedente del Grupo Socialista. Por tanto, gracias a los Senadores Nacionalistas Vascos, a los Senadores canarios, al Senador que ha intervenido en nombre de Convergència i Unió a quien, expresamente, quiero decirle que en mi exposición de la moción he dicho que el Estado había legislado poco en materia de menores, pero que algunas Comunidades Autónomas habían hecho una labor espléndida, una de las cuales, naturalmente, señoría, es la Comunidad Autónoma de Cataluña y, por supuesto, el Parlamento catalán.
Una vez satisfecho el turno de agradecimientos, quiero decirles, señorías --casi han asumido como suya la moción que he presentado y hasta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista-- que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad, para ser educado en un espíritu de paz, de dignidad, de tolerancia, de libertad, de igualdad y de solidaridad.
Que el niño necesita protección y cuidados especiales nadie lo niega; incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Y que esa ley, que probablemente venga gracias a la iniciativa que va a tener el voto favorable de cuantos nos sentamos hoy aquí, debe regular y contener el derecho a la protección y cuidados necesarios para el bienestar del niño; debe regular, también el derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad y el nombre, las relaciones familiares, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, en

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consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional; el derecho a la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones válidas, así como que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, como pueden ser su imagen y su intimidad, su familia, su domicilio, su correspondencia, su honra y su reputación.
No he querido ser original, simplemente me he limitado a hacer una muy breve referencia y una muy breve relación de cuanto se contiene en la parte expositiva de la Convención de Derechos Humanos del Niño, aprobada en las Naciones Unidas hace tres años y ratificada por España en noviembre de 1990.
Pocas cosas más me restan por añadir. Simplemente quisiera decirle al Senador Zarrías, respecto a algo que le preocupa tanto como las colisiones --que son siempre difíciles de resolver y de dilucidar-- que se pueden dar entre derechos fundamentales, como el derecho a la información y la supuesta intromisión, en aras del ejercicio de ese derecho a la información, en la intimidad de los menores, que el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias por ejemplo, la sentencia 62/1982, ya nos dice que el legislador puede establecer límites, siempre con mucho cuidado, a la libertad de expresión y de información, con el fin de satisfacer las justas exigencias de la moral, dice en su Fundamento Cuarto, y que dentro de la protección de la moral se comprende, muy señaladamente, la protección de la juventud y de la infancia, y que cuando los destinatarios son menores, aunque no lo sean exclusivamente, y cuando éstos son sujeto pasivo y objeto de las fotografías y texto, el ataque a la moral pública, y, por supuesto, la debida protección de la infancia y de la juventud cobra una intensidad superior.
De nuevo, señorías, muchas gracias a todos por su voto favorable.
Simplemente quiero terminar diciéndoles que la condición de menor puede significar y justificar un «más» de tutela jurídica y de garantías, pero nunca un «menos». Esperemos que el ya muy próximo año que viene, a partir de febrero de 1994, el Gobierno desarrolle todos los principios y derechos fundamentales a que me acabo de referir, gracias, señorías, a su voto afirmativo.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: El Senador Zarrías Arévalo tiene la palabra.


El señor ZARRIAS AREVALO: Quisiera agradecer al Grupo Popular la aceptación de la enmienda, y al conjunto de portavoces los planteamientos que ante la misma han dejado patentes en la Cámara.
Me van a permitir a mí, con mucha brevedad, hacer dos o tres reflexiones y entrar, de la misma forma que lo ha hecho la Senadora Vindel, no en el fondo, pero sí en algunos de los aspectos que desde el punto de vista del Grupo Socialista la ley de la que estamos hablando debería contener.
Yo creo que debemos basarnos en varias premisas, una de ellas me parece que es fundamental: el niño y la niña deben y pueden ser protagonistas de su misma vida. Tenemos que ir paulatinamente cambiando una concepción arraigada hasta ahora en la sociedad y en parte del ordenamiento jurídico, y no se puede seguir identificando a los menores exclusivamente como aquellos niñas o niños, adolescentes o jóvenes que se encuentran en situaciones de especial carencia o de especial necesidad. Tenemos que dar un paso más allá, y me parece que esa Ley es el lugar idóneo para dar ese paso que en estos momentos aún no hemos producido.
Estamos en una sociedad que culmina el siglo XX y da paso al siglo XXI.
Estamos hablando, señorías --y pido a todos ustedes que me entiendan--, de un bien que podemos empezar a considerar, en un período de tiempo no muy lejano, escaso. Un dato: cuando se inicie el año 2000, en el año 2001, habrá en nuestro país más de dos millones de niños menos que cuando empezamos la década de los 80.
Es, por tanto, una nueva problemática la que tenemos que afrontar; están ya puestas las raíces y los cimientos para cubrir lo que se puede denominar necesidades básicas, y tenemos que entrar en otros temas, como puede ser el desarrollo afectivo, como puede ser la adaptación del menor a la sociedad que le rodea, y como puede ser la inserción del menor en la vida adulta a la que va a llegar muy pronto. Esta Ley es, por tanto, la que debe facilitar al menor el efectivo ejercicio de sus derechos, dándose una mayor concreción, bien por que sean derechos directamente ejercidos por ellos o reforzando su protección.
Yo creo, señorías, que de acuerdo con estas premisas tenemos que entrar a regular en distinta medida principios generales referidos a los siguientes derechos: el derecho del menor a ser oído en cuestiones que le afecten y la capacidad de actuar conforme a su grado de desarrollo; el derecho a la identidad, asegurando, mediante procedimientos técnicos, la identificación del recién nacido; el derecho a la participación plena en la vida social, cultural, artística y recreativa que se genera en su entorno; el derecho a formar parte de asociaciones infantiles o juveniles, a promoverlas, así como la protección de los menores en lo que se refiere a las sectas; el derecho a la información, concretándose no solamente en la facultad de buscar y recibir información, sino también recogiéndose la obligación de los poderes públicos, de las administraciones públicas, de incentivar materiales informativos adecuados y fomentar la reducción de los que pudieran afectar negativamente a su desarrollo; el derecho de los menores a acceder a los servicios públicos obligatorios: sanidad, educación, junto con la obligación --valga la redundancia-- de los padres o encargados de su custodia de hacer uso de ellos en su beneficio: la escolarización gratuita obligatoria, las vacunaciones, etcétera.
También tenemos que aprovechar la Ley, señorías, para hacer un desarrollo del sistema de protección a la infancia, que ya se ha venido implantando a partir de la Ley 21/87 que yo comentaba anteriormente y de los mecanismos de protección introducidos en ella, toda vez que desde la publicación de la misma las administraciones públicas que intervienen han ido detectando aspectos

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en los que se hace necesario incidir de nuevo y modificar respecto a la anterior ley.
Por último, y como complemento a la Ley objeto en un principio de la moción, la Ley Orgánica 4/92, se complementarán las garantías fundamentales para que los derechos de los niños y de las niñas sean respetados en el curso de la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de menores en cumplimiento de la mencionada Ley.
Es, en definitiva --y termino, señorías--, una ley que tratará de que la autonomía, la identidad personal, la autoestima y la responsabilidad de los menores de edad sean respetadas y potenciadas, dando oportunidades para hacer llegar sus preocupaciones, sus necesidades y sus opiniones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Concluido el debate, vamos a entrar en la votación.
Solicito unos momentos de atención, especialmente a quienes han intervenido en el debate. De acuerdo con el criterio de la Mesa, el procedimiento de votación, en teoría, sería el siguiente: en primer lugar, se sometería a votación la enmienda y, en segundo lugar, sería sometido a votación el texto resultante de la incorporación de la enmienda a la primitiva moción. Dado que, efectivamente, es difícil realizar una síntesis de cuál sería el resultado de proceder a los dos actos de votación separados, lo que propongo a la Cámara es que se someta a votación, en un único acto, un texto que sería del siguiente tenor: «El Senado insta al Gobierno de la nación a que culmine a la mayor brevedad posible los trabajos preparatorios para la elaboración del anteproyecto de Ley de Derechos de la infancia, en orden a la remisión a las Cortes Generales, en el transcurso de 1994, de un proyecto de ley en el que, sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, se regulen los derechos fundamentales del menor, especialmente los de la intimidad y las garantías fundamentales para los derechos de los niños y las niñas como complemento de lo establecido en la Ley Orgánica 4/92, de 5 de junio.
Con este texto, vamos a solicitar criterio a la Cámara sobre si puede ser aprobado por asentimiento. (El Senador Ruiz-Gallardón Jiménez pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Ruiz-Gallardón.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo no alcanza a ver la conveniencia de quebrantar el procedimiento establecido en la norma interpretativa y, por tanto, no proceder, tal y como se ha acordado, a votar en primer lugar la enmienda; en el supuesto de que dicha enmienda resulte aprobada, incorporarla al texto y posteriormente proceder a una votación final sobre el texto.


El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente. En todo caso, el resultado sería el mismo. (El Senador Bayona Aznar pide la palabra.) Senador Bayona, es una sofisticación a estas horas volver a reiterar los problemas que estamos teniendo en el debate. Tiene su señoría la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, tiene razón el portavoz del Grupo Popular en cuanto a que el procedimiento que se ha adoptado por la Mesa supone que, en primer lugar, debe votarse la enmienda; por tanto, mi Grupo acepta que se vote en primer lugar la enmienda. En lo que tiene dificultades, en el caso de que la enmienda resultase aprobada, es en saber cómo se puede votar el resto, que sería, entiendo, inexistente, puesto que el texto de la moción era un texto completo alternativo. En consecuencia, votemos la enmienda y pido a la Presidencia --y en su caso al Grupo Popular-- que nos ilustre sobre qué es lo que quedaría por votar que no estuviera votado una vez aprobada la enmienda.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Yo he dado lectura a un texto del que la Senadora Vindel --por eso he pedido especial atención a quienes han participado en el debate-- me ha hecho manifestación de conformidad de que ése era el resultante de la modificación de la moción original, a la que se añadiría la calificada como enmienda. Por tanto, ése sería el resultante final, y lo aprobado por la Cámara. Bien es verdad que vamos a atender la petición que se ha hecho de dos votaciones; primero, la de la enmienda y después la votación de la moción del Grupo Popular, modificada con la enmienda admitida --si se admite--, pero cuyo texto final me he permitido trasladar a la Senadora defensora de la original, dándome conformidad sobre lo que aprueba la Cámara; por todo ello, creo que doy satisfacción al Grupo proponente y aclaro la duda que tiene el Grupo Parlamentario Socialista.
Senador Ruiz-Gallardón, estoy seguro de que no ha entendido al Presidente, aunque yo tampoco estoy seguro de haberlo explicado bien o de haberlo entendido correctamente. Tiene la palabra su señoría.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Señor Presidente, su señoría se ha explicado suficientemente bien, y, por tanto, tiene nuestra felicitación.
Cuando se explica mal, ya sabe que siempre pedimos aclaración, conforme al Reglamento.
Ahora quedo sorprendido, porque lo que no acabamos de entender es si la propuesta que ha hecho la Presidencia del texto resultante final, una vez incorporada la enmienda, en el supuesto de que ésta resulte aprobada, ilustra suficientemente al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, o si necesita algún tipo de ilustración adicional, que es lo que nos gustaría saber.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Podemos pensar en poner un vídeo para que todo resulte suficientemente ilustrado.
Vamos a someter a votación, en primer lugar, el texto

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calificado de enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Pregunto si puede ser aprobado por asentimiento de la Cámara, o se somete a votación.
(Pausa.) Se somete a votación.
Se inicia la misma. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 228; a favor, 221; en contra, uno; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sometemos a votación el texto final al que se incorporará la enmienda ahora aprobada, y que conocen previamente sus señorías. (Pausa.)

El señor BAYONA AZNAR: Pido la palabra, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bayona.


El señor BAYONA AZNAR: Muchas gracias, señor Presidente.
Tal como pedía el portavoz del Grupo Popular, tengo que hacer uso de la palabra, porque sigo sin entender qué es lo que se va a votar a continuación que no se haya votado ya; si existe alguna palabra, punto o coma, que no haya sido votada en la votación anterior y que se someta a votación en este momento. Y si no es así, se trata de un texto que ha sustituido al originario, es decir, de una moción alternativa. Gracias.


El señor PRESIDENTE: ¿Tenemos que pedir a Kant que nos ilustre o no? Senador Ruiz-Gallardón, tiene su señoría la palabra.


El señor RUIZ-GALLARDON JIMENEZ: Gracias, señor Presidente.
Como me temía, efectivamente el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista necesitaba una ilustración adicional. Yo no voy a abrir un debate reglamentario en este momento, porque, en definitiva, lo que aquí está ocurriendo es algo tan sencillo como que parece que al Grupo Parlamentario Socialista le molesta que aceptemos sus enmiendas y tener que votar nuestras iniciativas. Creo que es lo que está detrás de todo este asunto.
La Presidencia ha leído un texto, cuya lectura significa la incorporación al «Diario de Sesiones» de una propuesta que nuestro Grupo entiende que cumple perfectamente la incorporación de la enmienda que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista. El texto leído por la Presidencia no coincide tampoco literalmente con la propuesta que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista, razón por la cual estamos votando cosa ciertamente distinta --y contesto a su pregunta, señor Bayona-- de la enmienda presentada inicialmente como moción alternativa de su Grupo Parlamentario. Lo que nuestro Grupo entiende que en estos momentos debe ser sometido a votación de esta Cámara, haciendo suya la propuesta de la Presidencia, es exactamente el texto leído por el señor Presidente hace unos minutos.
Y termino diciéndole, señor Bayona, que no tengan usted ni su Grupo Parlamentario ningún tipo de reparo a votar nuestras iniciativas, que no es necesario que presenten siempre mociones alternativas, que es muy sano aceptar enmiendas, y que cuando seamos Gobierno también se las vamos a aceptar.
Gracias, señor Presidente. (Rumores en los escaños del Grupo Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Popular.--El señor Bayona Aznar pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Es sobre los deseos de ser Gobierno, Senador Bayona? (Risas.) No sé por qué porfían tanto en esas cuestiones. Tiene su señoría la palabra.


El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente. Difícilmente tendremos ocasión de poder estar en esa situación que ha dicho el portavoz del Grupo Popular. No obstante, agradezco que el Grupo Popular vaya a votar ahora afirmativamente, exactamente y de nuevo, el texto del Grupo Socialista. Lo que sucede --y con esto concluyo-- es que cuando una calificación no es congruente con la materia de la que se trata, se llega a este tipo de situaciones. Por tanto, y es el objetivo de todas mis intervenciones esta mañana, no deseo que esto sirva de precedente válido y se produzca la modificación de la norma.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Bayona.
Vamos a someter a votación el texto al que yo antes he dado lectura, y que creo que la Senadora Vindel, al menos, es consciente de lo que yo he leído.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 228; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. Muchas gracias.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE MODIFIQUE, DE FORMA URGENTE, LA LEGISLACION VIGENTE RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS, DE TAL FORMA QUE QUEDEN EXENTAS DE SU INCLUSION EN EL MISMO LAS AYUDAS COMUNITARIAS QUE PERCIBEN LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIONES POR DESTRUCCION DE SU CAPITAL ACUMULADO O PARA COMPENSAR LOS GASTOS DERIVADOS POR LA MODIFICACION DE LA ORIENTACION PRODUCTIVA DE SUS TIERRAS, COMO CONSECUENCIA DE LA REFORMA DE LA POLITICA AGRICOLA

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COMUN (PAC), RECIENTEMENTE APROBADA. (662/000009.)

El señor PRESIDENTE: Confío en que sus señorías estén aún en condiciones de entender lo que a continuación voy a enunciar: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que el Senado insta al Gobierno a que modifique de forma urgente la legislación vigente relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en relación con los agricultores españoles.
A esta moción se ha presentado una moción alternativa por el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, con posterioridad, se ha presentado una propuesta de modificación suscrita por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, lo cual nos ahorra mucho en el debate; de tal manera que, en primer lugar, damos la palabra al Grupo proponente, y después abriremos un turno para la defensa del texto en el que se propone la modificación.
Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor de someter a la deliberación y pronunciamiento de esta Cámara el texto de una moción, cuya parte dispositiva insta al Gobierno a modificar el actual IRPF, de forma que queden exentas de la inclusión en el mismo las indemnizaciones que reciben los agricultores españoles por la destrucción de su capital acumulado... (Murmullos.)

El señor PRESIDENTE: Senador Bernáldez, perdóneme la interrupción. Por favor, ruego silencio a la Cámara; hay un orador en el uso de la palabra.
Puede seguir su señoría.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme sus señorías desarrollar el texto de esta moción, dividiéndola a tal efecto en varios apartados relacionados entre sí, que han de servir en su conjunto como argumentos para reformar la propuesta de adopción del acuerdo antes citado. Ante todo, veamos como el objetivo comunitario de reducción de excedentes ha sido una idea permanente --obsesiva, diría yo-- de la Comisión y del Consejo comunitarios. Este objetivo no se ha alcanzado en su totalidad, a pesar de las diversas modificaciones o reformas introducidas en la PAC desde su constitución hasta la última reforma de mayo de 1993. Consecuentemente, las medidas aplicadas para la reducción de «stocks» han sido cada vez más severas con los métodos de producción, hasta el extremo --como veremos más adelante-- de indemnizar a los agricultores que arranquen sus viñedos, abandonen la producción lechera o reforesten tierras de vocación agraria.
Pues bien, la no inclusión de estas indemnizaciones en el IRPF constituye el «petitum» de esta moción, que paso a desarrollar, siguiendo el esquema antes esbozado.
La reciente reforma de la PAC pretende, entre otros, reducir a toda costa los excedentes agrarios. Por ello, la Comunidad Económica Europea propone sustituir determinadas producciones intensivas por otras de carácter extensivo, reducir cultivos y cambiar la orientación productiva de algunas tierras arables, pretendiendo así ajustar la oferta de productos agrarios a la demanda de los mercados.
Esta idea no es nueva. Ya el artículo 2.º del Tratado de Roma, base de la actual Comunidad Europea, señalaba que ésta tendrá por misión promover, mediante el establecimiento del Mercado Común y la profunda aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas del conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada de nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran.
Pues bien, el desarrollo de estos principios ha constituido durante más de treinta años --y constituye-- el eje de las políticas económicas comunitarias, y ha absorbido más del 60 por ciento del presupuesto de la Comunidad Europea.
En sus comienzos, los objetivos señalados por la incipiente política agraria común fueron los siguientes: incrementar la productividad agraria, garantizar a la población agraria un nivel de vida equitativo, asegurar la provisión de alimentos, estabilizar los mercados y garantizar precios agrarios, razonables al consumo. Algunos de estos objetivos fueron rápidamente conseguidos. La productividad agraria creció espectacularmente, y el abastecimiento de alimentos estaba garantizado.
La PAC, diseñada en una época en que Europa era deficitaria en alimentos, había de enfrentarse, pues, a una situación nueva, surgida de la aparición de excedentes en la mayor parte de los mercados agrarios. Esta acumulación de excedentes originó, desde su comienzo, gastos crecientes del presupuesto comunitario, por lo que ya en 1981 se introdujeron modificaciones tendentes a limitar las producciones, de forma que se produjese un ajuste entre oferta y demanda internas. Tales modificaciones fueron las siguientes: aplicación del principio de corresponsabilidad, por el que los agricultores participaban de los gastos generados por el exceso de producción --tal corresponsabilidad fue aplicada a la leche en 1977 y a los cereales en 1986--, fijación de umbrales de garantía, asegurando precios, siempre que las producciones estuviesen por debajo de la cantidad máxima fijada, y pagando, consecuentemente, los excedentes a precios más bajos; reducción de cuotas de producción y desincentivación de las rentas relacionadas con la intervención, mediante retrasos en los pagos; aplicación de normas de calidad más severas, etcétera.
Tampoco estas medidas impidieron el crecimiento comunitario de los «stocks», por lo que en 1985 se elaboró el Libro Verde, con los siguientes objetivos: controlar más severamente las producciones, controlar el gasto presupuestario y mantener las rentas de los agricultores con medidas complementarias que compensasen la reducción de los precios de los productos.


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A pesar de las medidas adoptadas, algunos sectores continuaron acusando un fuerte desequilibrio, tales como la carne de vacuno, cuya producción no cesó de aumentar, así como las existencias de mantequilla y leche en polvo. Iguales consideraciones podríamos hacer respecto a la producción del tabaco y del vino. En este último caso con el agravante del descenso constante del consumo de vino de mesa, hasta el extremo de que las existencias públicas de alcohol alcanzan la cifra de varios millones de hectolitros. Por otro lado, el consumo de cereales para alimentación animal experimentó una disminución continuada, debido, por una parte, a la competencia de los productos de sustitución, y, por otra, al estancamiento del mercado mundial. El incremento de la producción no fue, pues, absorbido por los mercados. Así, mientras la producción agraria aumentó anualmente en un 2 por ciento, el consumo interno comunitario sólo lo hizo en un 0,5 por ciento anual.
Ello ha conducido a la siguiente situación de «stocks»: 10 millones de toneladas de trigo blando, cuatro millones de toneladas de trigo duro, seis millones de toneladas de cebada, dos millones de toneladas de centeno, 180.000 toneladas de mantequilla y más de un millón de toneladas de carne y de vacuno.
Pues bien, como se ha visto, tampoco las medidas citadas consiguieron reducir la producción y los subsiguientes «stocks», por lo que el Consejo de Ministros comunitario de mayo de 1992 aprobó la actual reforma de la PAC, tendente a ajustar las producciones a los mercados y aproximar los precios agrarios a los del mercado mundial, al mismo tiempo que proteger el medio ambiente y mantener la renta de los agricultores. La última reforma de la PAC continúa desarrollando la filosofía de reducir producciones, tanto agrícolas como ganaderas, que sean excedentarias en los mercados. Para conseguir dicho objetivo se ha elegido el procedimiento de bajar los precios de garantía percibidos por los agricultores y ganaderos, la sustitución de actividades agroganaderas intensivas por otras extensivas o, incluso, por otras actividades no agrarias, como las forestales o las compatibles con la protección y mejora del medio ambiente.
Como consecuencia de todo ello, los agricultores y ganaderos españoles, al igual que los del resto de la Comunidad, reciben indemnizaciones por diversos conceptos. Analicemos a continuación algunas de las indemnizaciones establecidas por la PAC, al objeto de estimular a los agricultores para seguir las orientaciones contenidas en la reciente reforma.
Indemnización compensatoria de montaña. Esta medida tiene por objeto apoyar directamente las rentas agrarias de aquellos titulares cuyas explotaciones están situadas en zonas desfavorecidas de montaña o por despoblamiento, y que, por tanto, padecen el efecto negativo de los factores naturales, tales como fuerte pendiente, orografía, etcétera, que limitan fuertemente la productividad, lo que se traduce en un incremento de los costos de producción y en una disminución de las rentas, con el riesgo de despoblamiento actual o potencial. Esta compensación, por las limitaciones citadas, se ha ampliado recientemente a las explotaciones ubicadas en las áreas de influencia de los parques naturales. Con fondos procedentes del FEOGA se han efectuado, en el concepto anterior, pagos cercanos a los 10.000 millones de pesetas durante 1992, beneficiando a 200.000 agricultores de 6.000 municipios.
Indemnizaciones destinadas a fomentar el cese anticipado en la actividad agraria. Tienen por objeto facilitar el relevo generacional, favoreciendo la instalación de jóvenes, a la vez que se intenta mejorar las estructuras de las explotaciones mediante la ampliación del tamaño de las mismas. La prejubilación es, pues, una medida socioestructural que ofrece un indemnización anual, no sólo a los titulares cesantes, sino también a los trabajadores por cuenta ajena o a los familiares que se prejubilen paralelamente con el titular de la explotación.
Indemnización por abandono voluntario y definitivo de la producción lechera. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea señala que, a pesar del sistema de cuotas, la producción lechera sigue siendo excedentaria ampliamente, en unos 11 millones de toneladas, lo cual supone un gasto comunitario de 6.000 a 7.000 millones de ecus anuales. La Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca de 30 de julio de 1993 establece un plan de abandono nacional voluntario, definitivo e indemnizado, de hasta 270.000 toneladas de producción lechera, teniendo derecho cada ganadero a percibir una indemnización, por la cantidad de referencia individual, de entrega a compradores.
Indemnización por arranque de viñedos. La situación de sobredimensión del sector ha comportado un crecimiento de los gastos comunitarios destinados a apoyar al mismo, lo que ha originado la adopción de medidas paralelas de contención o limitación. En efecto, la sistemática aparición de excedentes estructurales en el mercado comunitario del vino ha originado un crecimiento de los gastos del FEOGA-garantía, destinados a equilibrar la oferta y la demanda de los vinos de mesa. Consecuentemente, y en línea con la política restrictiva de precios y ayudas mantenidas por la CEE, se han introducido en la OCM del sector vitivinícola profundas modificaciones, de gran repercusión e importancia para el viñedo español.
El Consejo Europeo de Bruselas de 1988 reforzó notablemente el carácter disuasorio de la destilación obligatoria al reducir su precio. A la vez, orientó al sector hacia un más eficaz recorte del potencial productivo, al aumentar la cuantía de las primas por abandono, generalizar las superficies de viñedos, susceptibles de solicitarlo, y exonerar de la destilación obligatoria a aquellas explotaciones que hubieran reducido su potencial productivo de vino de mesa en más del 50 por ciento.
Respecto a las reformas introducidas en la reglamentación del abandono definitivo del cultivo de viñedos, hemos de destacar el importante aumento de la cuantía de las indemnizaciones, la prolongación del programa de abandono, la eliminación de la disminución del derecho de replantación en superficies vitícolas residuales y la generalización del programa de arranque a superficies

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productoras de vinos de calidad producidas en regiones determinadas.
Durante 1992 han sido atendidas 10.800 solicitudes, con un importe global de 22.700 millones de pesetas, correspondientes a 43.000 hectáreas.
Indemnización por sacrificio de ganado procedente de campañas de saneamiento ganadero. Las campañas de saneamiento están dirigidas a la erradicación o al control de enfermedades de especial relevancia, por su incidencia sanitaria o por sus repercusiones negativas en la economía de las explotaciones.
Además de las campañas realizadas con anterioridad, para el trienio 91-93 la C. E. E. ha aprobado un nuevo programa de erradicación de la tuberculosis, brucelosis y leucosis, además de las perineumonía contagiosa bovina. La financiación comunitaria alcanza el 50 por ciento de los gastos de indemnización por sacrificio de las reses positivas y de las acciones de diagnóstico.
A fin de que sus señorías, que en repetidas ocasiones han dado muestras de sensibilidad y comprensión para con los problemas del campo español, puedan comprender mejor la propuesta de acuerdos de esta moción, considero necesario hacer unos breves comentarios sobre la situación económica actual del sector. De todos es conocida la situación de crisis que atraviesa el campo español. El campo español padece momentos de desencanto, sin precedentes, desde que la actividad agraria fuera elevada a rango ministerial. Este desencanto tiene su fundamento en la realidad expresada por los indicadores socioeconómicos agrarios. Pues bien, durante 1992 ni uno sólo de dichos indicadores fue positivo para el sector.
La agricultura, como actividad social y económica, figura en el quinto lugar en el listado de prioridades temáticas de los españoles, tras el paro, droga, crisis económica y delincuencia, y muy por delante de asuntos tales como corrupción, terrorismo, racismo o listas de espera.
Actualmente existen en España cerca de 1.800.000 explotaciones agrarias que proporcionan trabajo directo a más de millón y medio de agricultores y ganaderos, alrededor del 11 por ciento de la población activa española, y que constituyen el entramado básico para el mantenimiento y el desarrollo del mundo rural en el que viven alrededor de 17 millones de habitantes.
Pues bien, el sector agrario, cuya importancia ha quedado de manifiesto, padece, como decíamos anteriormente, una profunda crisis, originada por diversas causas: congelación de precios, disminución de la capacidad adquisitiva, distanciamiento de las rentas agrarias, endeudamiento, etcétera. Los precios percibidos por los agricultores han quedado congelados, en el mejor de los casos, o han descendido, en otros, durante las últimas campañas, lo cual ha supuesto una grave pérdida en los ingresos de agricultores y ganaderos. Los productos de un largo listado, como, por ejemplo, trigo, cebada, maíz, arroz, garbanzos, remolacha, naranjas, terneros, añojos, cerdo ibérico, pollos de granja o huevos de gallina, valían más en 1988 que en 1991. El índice de precios a la producción de productos agrarios españoles en 1992 registró un descenso del 10,5 por ciento, en términos reales, según Eurostat; esta caída es superior a la media comunitaria, cifrada en un 6,4 por ciento. El descenso afectó tanto a los productos vegetales como a los animales.
Paradójicamente, mientras que las cotizaciones en origen de los productos agroalimentarios se hunden cada vez más, los precios al consumidor mantienen en la mayoría de las producciones una tendencia alcista, con márgenes comerciales superiores, en ocasiones, al 200 por ciento, sin que existan muchas esperanzas de que la reforma de la PAC contribuya a reducir las diferencias entre los precios en origen y destino.
No es de extrañar que la capacidad adquisitiva de los agricultores haya disminuido progresivamente, porque los gastos del sector casi se han triplicado en los últimos años, mientras que los precios percibidos han evolucionado mucho más lentamente que los precios pagados para obtener la producción, todo ello a pesar de las compensaciones vía subvención.
En cuanto al grado de endeudamiento, hemos de decir que la situación es angustiosa para múltiples agricultores, por el peso de la deuda agraria, hasta el extremo de que muchos de los créditos recibidos se dedican mayoritariamente a gastos corrientes familiares, en lugar de a inversiones.
Considerando que durante 1991 el endeudamiento del sector agrario había sobrepasado los 1,8 billones de pesetas, con un aumento del 10 por ciento sobre el año precedente, podemos decir que en 1992 la deuda agraria ronda los dos billones de pesetas. Este endeudamiento ha crecido de forma imparable. Así, en 1984 el grado de endeudamiento, medido en porcentaje entre la deuda y el valor añadido bruto del sector, alcanzó el 34 por ciento; en 1988, el 42 por ciento, y en 1991, el 49 por ciento. Pues bien, el grado de endeudamiento se ha incrementado de forma particularmente llamativa en 1992, debido al mal año agroganadero, y, por tanto, a la necesidad de demanda de créditos, muchos de ellos de auténtica emergencia e incluso de supervivencia.
En el citado año el grado de endeudamiento se ha disparado al 64 por ciento, todo un récord durante los últimos años, durante los diez últimos años. Si tenemos en cuenta la relación endeudamiento-renta se necesitaría toda la renta agraria de 1992 y gran parte de la de 1993 para cancelar el peso de la deuda. El sector no puede soportar más una carga de dos billones, con sus correspondientes amortizaciones y con un coste reconocido en intereses cercano a los 260.000 millones de pesetas.
Consecuentemente, y como no podía ser menos, algunos indicadores financieros agrarios se han disparado. Así en el citado año se ha producido el mayor número de suspensiones de pagos de la década, mientras que el número de quiebras de empresas agrarias ha cuadruplicado a la media de los diez años anteriores.
Señorías, a lo largo del desarrollo de esta moción hemos puesto de manifiesto, por una parte, la necesidad de reducir excedentes.
Consecuentemente, a los agricultores se les ha obligado y se les obliga a reestructurar, e, incluso, a abandonar determinadas actividades, y por ello perciben indemnizaciones. Una indemnización, a juicio de

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nuestro Grupo, es para compensar un quebranto patrimonial, y no es expresión de capacidad económica.
La exención que se pide en esta moción se hace en consonancia con la filosofía del IRPF, que no es otra que gravar los rendimientos del sujeto pasivo, ya sean rendimientos de trabajo, de capital, de actividades empresariales, etcétera.
Como quiera que estas ayudas comunitarias no garantizan una renta fija, sino que tienen carácter de indemnizaciones, por causar un quebranto patrimonial cierto, no deben ser tratadas fiscalmente como renta, sino como restablecimiento de un capital destruido en cumplimiento de unas directivas comunitarias. No constituyen, pues, un rendimiento, sino restitución en metálico, por una reducción patrimonial, previamente destruida.
El Grupo Popular quiere que estas indemnizaciones agrarias sean equiparables a las indemnizaciones por despido o a las indemnizaciones como consecuencia de la privación de bienes o derechos, por causa de utilidad pública o por lesiones de los bienes o derechos de los particulares, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, o por error judicial, y que sean equiparables a las exenciones fiscales, reguladas en el artículo 62 del proyecto de ley de Presupuestos para 1994. Así, dicho artículo 62 establece que estarán exentas las siguientes rentas: las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo, las prestaciones reconocidas por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, las indemnizaciones por daños físicos, los premios de loterías, los premios de sorteos organizados por la Cruz Roja y los premios de los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos.
El Grupo Popular quiere, en definitiva, para el campo español un crecimiento sostenido y estable de la economía del sector, capaz de generar riqueza y empleo, mejorar la competitividad de las empresas agrarias y modernizar la agricultura y el mundo rural, y reducir nuestras diferencias con los países más avanzados de la Comunidad Europea.
Señorías, acabo diciendo que el campo español está lleno de posibilidades mal aprovechadas. El Grupo Popular confía en la fuerza de sus gentes, en su capacidad de empuje, en la disposición, en la creatividad y en la iniciativa de quienes viven en y del campo. Ayudémoslos, echémosles una mano. Esa es la filosofía de esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bernáldez.
La propuesta de modificación, firmada por los seis Grupos parlamentarios, dice literalmente lo siguiente: «El Senado insta al Gobierno para que, en el contexto de la adaptación del régimen de tributación de las actividades agrícolas, ganadera y persqueras, estudie la posibilidad de modificar la legislación vigente relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de tal forma que queden exentas de su inclusión en el mismo las ayudas comunitarias que perciben los agricultores españoles en concepto de indemnizaciones por la destrucción de su capital acumulado, como consecuencia de la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común, recientemente aprobada.» Para la defensa de este texto, propuesta de modificación, tiene la palabra el Senador Garcías Coll.


El señor GARCIAS COLL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para dar el apoyo de nuestro Grupo a la propuesta presentada conjuntamente por todos los grupos de esta Cámara.
Ahora bien, creo conveniente expresar nuestro posicionamiento, ya que anteriormente habíamos presentado una moción alternativa a la del Grupo Popular, y en aras del consenso y en aras de poder construir una moción apoyada por todos, retiramos nuestra propuesta.
Sin querer entrar en ningún tipo de polémica, sino querer dar nuestra posición, debo manifestar que debemos partir del mismo conocimiento de los temas, y debo señalar que el argumento que se ha utilizado, a través del cual los abonos comunitarios están exentos de discusión en la base para el pago de los impuestos en la mayor parte de los países comunitarios, no responde exactamente a la realidad. Hay algunos países en los que no hay ningún ingreso que se considere eximido de la base imponible. Este caso es el del Reino Unido. En el Reino Unido todo el conjunto de indemnizaciones y subvenciones se consideran ingresos de la base imponible. Por tanto, no hay ningún tipo de excepción.
Hay otros países --el que puede darse como más emblemático es Francia-- en los cuales reciben un tratamiento especial, pero éste siempre va ligado al volumen de ingresos de la explotación, es decir, está relacionado con el tamaño de esta explotación. Y aun en este último caso, las exclusiones se llevan a cabo teniendo en cuenta numerosas matizaciones. Por tanto, vemos que a nivel de la Comunidad Económica Europea, la generalidad es que los ingresos por subvenciones y por indemnizaciones forman parte de la base imponible, y si se da alguna excepción, ésta será para algún tipo de explotación o algún caso concreto, en el cual se pueda determinar y no pueda romper el sistema tributario.
Creo que también debo llevar a la idea de sus señorías que nosotros consideramos que las subvenciones o primas que reciben los agricultores en concepto de pérdida/renta, al cambiar la política agraria comunitaria, son ingresos como eran anteriormente los ingresos que se recibían por la venta del producto, el cual tenía un precio superior al del mercado, y el agricultor recibía una subvención a través de este precio. Por tanto, el productor estaba anteriormente obligado a tributar por estos ingresos, y en estos momentos lo único que cambia la reforma de la PAC es que los ingresos vienen determinados a través de una subvención. Para poner un ejemplo que sus señorías conocerán, les diré que hoy en día se da una indemnización en cereal por hectárea que viene dada porque se ha producido una disminución en el precio, pero antes se recibía esta indemnización por el tema, a través de la vía del precio. Por tanto, son igualmente ingresos.


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Toda subvención o ayuda puede aumentar lo ingresos del contribuyente; ahora bien, eso no quiere decir que tenga que aumentar necesariamente su tributación al poder restar de los ingresos los gastos que se derivan de la explotación. Pero si el resultado fuera que aumenta su capacidad contributiva, este ciudadano estaría obligado a contribuir según su capacidad. Por consiguiente, no puede quedar exento. Si se diese una excepción, con independencia de la capacidad contributiva de las personas, introduciríamos elementos discriminatorios dentro del mismo sector y respecto a otros sectores económicos.
Por otra parte, tampoco parece lógico que en los momentos actuales, en los cuales los ciudadanos exigen mayor control tributario sobre ingresos y gastos, no podemos ejercer un control tributario sobre más de medio billón de pesetas, si le damos una consideración total y global de exentos. Creo que es una cifra considerable y que sus señorías convendrán en que tiene que tener algún tipo de control tributario. No puede estar exento, porque crearía un conjunto de discriminaciones con otros sectores y en el propio sector, porque cuando se diese esta excepción, no se daría según su capacidad contributiva, sino que se daría generalmente para todo productor o todo tenedor de tierras.
En coherencia con lo expuesto, nosotros sólo podemos aceptar una mejora del sistema tributario, siempre que se asegure un nivel de tributación y un procedimiento adecuado, según la capacidad económica de los contribuyentes.
En la moción firmada conjuntamente por todos los grupos queda bien definido que instamos al Gobierno a que estudie la tributación en relación a las indemnizaciones por la destrucción de capital acumulado, que es una parte en concreto de todas las indemnizaciones que se reciben, y no hace referencia a las indemnizaciones de las que antes hablaba de los ingresos en relación a la renta. Es una parte sobre la que nosotros estamos de acuerdo en que se estudie, pero siempre desde la óptica de que se estudie, porque si se diese una imposición que no se ajustase a su capacidad contributiva, pudiésemos cambiarlo, pero nunca con la intención de la ocultación de ingresos.
Nuestro Grupo tiene claro que los 500.000 millones --medio billón de pesetas-- que se reciben de subvenciones no pueden quedar ocultos; tienen que contribuir. Con el sistema actual, este conjunto, esta cantidad que recibían los agricultores era una parte deducible, porque se la podían deducir como gasto. Y hemos estado de acuerdo, y así planteábamos nuestra moción, que pudiésemos estudiar todo el tema de renta, incluso en los casos especiales para algunas explotaciones, que podía ser la línea que se ha marcado en Francia, pero nunca, nunca apoyaríamos ni creeríamos conveniente para un sistema tributario justo y distributivo que una cantidad tan importante de ingresos que tiene un conjunto de ciudadanos, como es más de medio billón de pesetas, pudiera quedar exento. Y con la moción estudiamos uno de los casos concretos en los cuales se puede crear algún tipo de imposición no adecuada, pero --y esto debe quedar claro-- no todo el conjunto de indemnizaciones que se dan para el tema de renta, porque nuestra consideración es que tiene que ser y son ingresos, y lo único que podíamos estudiar para la cuestión de la renta era nuestra moción presentada, pero que hemos retirado, y, en aras al entendimiento para todos, instamos a que el Gobierno estudie una fórmula para que una parte determinada, que son las compensaciones o que son las indemnizaciones por la destrucción de capital acumulado puedan estar exentas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Abrimos el correspondiente turno de portavoces. (Pausa.) El Grupo Parlamentario Mixto renuncia al turno.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Torrontegui.


El señor TORRONTEGUI GANGOITI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción presentada por el Grupo Popular, y posteriormente modificada en su redacción y presentada como moción alternativa consensuada por los diversos grupos políticos de esta Cámara, nos parece oportuna y razonable, y, por tanto, nuestra postura va a ser de apoyo con nuestro voto afirmativo. Sin embargo, también queremos hacer unas pequeñas consideraciones al objeto de explicar algunas especificaciones que afectan a nuestro régimen tributario.
En líneas generales, y una vez escuchadas las razones de los distintos Grupos, del proponente y del Grupo Socialista --que tenía otra propuesta y nos parece muy adecuada la forma en que lo ha expuesto su representante--, quisiéramos dejar muy claro que estamos absolutamente de acuerdo en que dentro de la armonización fiscal europea tiene que existir una clara convergencia y, por tanto, nosotros creemos oportuno que estas consideradas indemnizaciones tendrían que quedar fuera del concepto de renta.
No obstante, como miembro del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, me gustaría decir que en el futuro esta moción, que acabará siendo una norma básica, vamos a tener que adaptarla a nuestra norma foral, puesto que, al ser soberanos tanto en la gestión como en la recaudación de este impuesto, afectará a nuestra economía y hacienda.
Por tanto, lo que sí rogaría a las autoridades políticas estatales es que una vez que se haya concretado a través de alguna proposición de ley o de cualquier otra disposición legal, se tome previamente en cuenta a los distintos departamentos de la Comunidad vasca que se ven afectados, como pueden ser el de Economía y Hacienda o el de Agricultura, puesto que nuestras especificaciones de derecho foral se diferencian del derecho común tanto en la normativa básica de superficie o de explotación de la tierra como en el tema de la Hacienda. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, en líneas generales, y desde la posición de nuestro Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, entendemos

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claramente que sería razonable la consideración de rentas exentas a estas indemnizaciones o subvenciones a efectos del IRPF, con diversas concreciones, que se irían mejorando a través de los distintos medios legales. Incluso, entendemos que dentro del artículo 9.º de la Ley 18/1991, del IRPF, dentro de las rentas exentas podían entrar, bien total o parcialmente, las ayudas recibidas, según las diversas cuantías que se podrían fijar reglamentariamente. También es necesario recordar que, dentro de unos límites, existen las indemnizaciones por despido o cese del trabajo y que tienen también esa consideración.
En definitiva, señorías, nuestro voto será positivo para esta moción, pero tengamos en cuenta las consecuencias de la necesaria adaptación de esta norma a la realidad. Dada la variedad de los agricultores, vemos que afectará de distinta forma a los titulares de explotaciones, sean propietarios o trabajadores por cuenta ajena, grandes o pequeños empresarios, individuales, cooperativas o sociedades anónimas. Estúdiense las distintas consecuencias para que no surja la clásica: hecha la ley, hecha la trampa, pues cada día tendremos más normas europeas que afectarán a nuestra normativa, y hay que tener en cuenta que ya existe una jurisprudencia y una experiencia en otros países miembros. Por tanto, es conveniente que se cree un grupo de estudio en el que tomen parte las distintas Comunidades Autónomas para que la aplicación sea absolutamente real y esta legislación sirva para todos los agricultores en general.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria del Senado, tiene la palabra el señor Armas Rodríguez.


El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente para expresar nuestro voto afirmativo a la propuesta de la moción conjunta presentada por todos los Grupos de esta Cámara.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys i Sanfeliú.


El señor COMPANYS I SANFELIU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, tanto el portavoz del Grupo Popular como el del Grupo Socialista han explicado de una forma suficientemente clara el motivo de la presentación de las diferentes mociones que estamos debatiendo en este momento. Se trata de un hecho tan simple y sencillo como, a nuestro entender, injusto: es inadmisible que la Comunidad Económica Europea, como consecuencia de la aplicación de la reforma de la PAC, indemnice a los empresarios agrícolas que se han visto obligados a la destrucción de una parte de su capital acumulado a lo largo de los años, y que esa indemnización, cofinanciada por el Estado español y en algunos casos por las propias Comunidades Autónomas, se penalice contabilizándola como ingreso neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Con la presentación de esta moción consensuada por todos los Grupos de la Cámara hemos dado un paso de gigante, un paso adelante muy importante, porque es la primera vez en mucho tiempo que en materia agraria una moción sale aprobada por unanimidad, y eso, a mi entender, refleja dos hechos que son fundamentales: por una parte, el reconocimiento de que el sistema es injusto y que hay una clara voluntad por parte de los diferentes Grupos políticos de la Cámara de encontrar una solución, y, segundo, que por encima del protagonismo personal, o por encima del protagonismo de partido, hay una clara voluntad de hacer una aportación positiva hacia el sector.
Señor Presidente, señoras y señores Senadores, se ha repetido a lo largo de las diferentes intervenciones que el campo está pasando por unos momentos difíciles. Las características peculiares de sus gentes, a los que en general les cuesta mucho protestar, pueden hacer pensar a aquellos que sólo conocen el campo de fin de semana o de campaña electoral que es un lugar idílico, y si pensasen así estarían muy lejos de la realidad. El campo se está quedando solo y cada día es más difícil poder vivir de él de una forma digna.
Cuando el señor Ministro de Economía y Hacienda o el Ministro de Agricultura dicen que en el campo las rentas per cápita se están incrementando, que están subiendo, los agricultores, que no entienden mucho de terminología económica, hasta hace poco tiempo sonreían con aquella media sonrisa que saben poner y que denota una mezcla de incredulidad y de ironía; pero ahora yo les puedo asegurar que cuando oyen esas declaraciones se enfadan con razón, porque eso en realidad no es así.
Con la aprobación de esa moción que hemos presentado de forma conjunta los diferentes Grupos parlamentarios presentes en la Cámara damos un voto de confianza al Gobierno para que, de forma definitiva, solucione esta situación, a nuestro entender totalmente injusta, y sería grave que dentro de un tiempo razonable tuviéramos que volver a hablar de ese mismo tema, porque habríamos castigado de una forma consciente al sector y el Gobierno habría demostrado poca sensibilidad a un problema al que de forma unánime esta Cámara demanda solución.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Companys i Sanfeliú.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, por si quedaba algún género de dudas sobre la

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filosofía de nuestra moción, he de añadir que lo que la misma pretende es que todos contribuyan sin lugar a dudas al mantenimiento de los gastos públicos; ahora bien, de acuerdo con su capacidad económica y en un sistema tributario que no tenga en absoluto carácter confiscatorio.
El Grupo Parlamentario Popular pretende, por tanto, adecuar la actual situación de crisis del sector agrario a la realidad fiscal, de forma que la realidad fiscal vaya paralela a la situación de crisis.
Señor portavoz del Grupo Socialista, quizá conviniese hacer una matización sobre la intencionalidad de nuestra moción. Nosotros, en nuestra moción, jamás hemos hablado de otro tipo de ayudas comunitarias que no sean indemnizaciones. No hemos hablado de subvenciones; no hemos hablado de ayudas por superficie; no hemos hablado de ayudas, por ejemplo, al girasol; no hemos hablado de ayudas a la vaca nodriza. Hemos y seguimos hablando exclusivamente de ayudas que tienen carácter de indemnización. Consideramos que cuando se produce un quebranto económico como consecuencia de la destrucción de un bien ello origina una indemnización. Pues bien, a ese tipo de ayudas, concretamente, se dirige nuestra moción, de forma que las mismas queden exentas de la actual tributación en el IRPF.
Una consulta hecha a la Agencia Tributaria nos dice hoy día que ese tipo de indemnizaciones deben considerarse como renta; lo mismo que deben considerarse como renta los rendimientos de actividades o los incrementos patrimoniales. Nosotros no compartimos esa idea.
El Grupo Parlamentario Popular considera que una indemnización es para compensar un quebranto patrimonial y que no es en ningún momento expresión de capacidad económica. Dicho esto, y confiando en la sensibilidad del Gobierno, que es, en definitiva, a quien dirigimos esta moción para que redacte las adecuadas modificaciones en la actual normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quiero acabar agradeciendo a todos los grupos políticos sus aportaciones respecto de las modificaciones que el Grupo Popular e, incluso, el Grupo Parlamentario Socialista, permítanme que hable en su nombre en esta ocasión, han introducido a las dos mociones originalmente presentadas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quisiera agradecer el esfuerzo que los distintos grupos han hecho para, desde sus diversas posturas un tanto divergentes al principio, llegar a un acuerdo conjunto sobre un asunto que si en sí mismo es importante lo es más por afectar a un sector que se encuentra en condiciones difíciles y que por ello necesita la ayuda de los poderes públicos.
Muchas gracias a la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Bernáldez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Garcías Coll.


El señor GARCIAS COLL: Muchas gracias, señor Presidente.
Por cortesía a los demás grupos, diré que es de agradecer el que hayamos podido llegar a una moción conjunta.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Popular quiero decirle que, quizás, ha sido su intervención la que me ha llevado a confusión, porque parecía que él entendía que era todo tipo de renta la que podía estar exenta.
Ahora ha matizado, aunque ya lo habíamos hablado, que se trata de una indemnización en relación al capital acumulado y ésa es la moción con la que estamos de acuerdo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Garcías Coll.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Propongo a la Cámara, dado que el texto que sometemos a votación ha sido presentado por todos los grupos, que acepten que sea votado por asentimiento, si así les parece. (Pausa.) Así se entiende y así queda.
Muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, POR LA QUE EL SENADO INSTA AL GOBIERNO PARA QUE FACILITE LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, TANTO EN LA REPRESENTACION ESPAÑOLA ANTE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS EUROPEAS, COMO EN EL PROCESO PREVIO DE FORMACION DE LA VOLUNTAD ESPAÑOLA, CUANDO SE TRATEN DE MATERIAS DE SU COMPETENCIA, ASI COMO PARA QUE INTEGRE A REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA COMISION INTERMINISTERIAL PARA ASUNTOS EUROPEOS. (671/000001.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por la que el Senado insta al Gobierno para que facilite la participación de las comunidades autónomas, tanto en la representación española ante las instituciones comunitarias europeas, como en el proceso previo de formación de la voluntad española cuando se traten de materias de su competencia, así como para que integre a representantes de las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial para Asuntos Europeos.
Anuncio que a esta moción se ha presentado otra de carácter alternativo suscrita por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo proponente. Por tanto, su tramitación se ajustará a la norma supletoria de febrero de 1987.
Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Ferrer para la defensa de la moción suscrita por su grupo parlamentario.


El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, señorías, el actual proceso de construcción europea es un

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proceso que sigue paralelo a la construcción, en nuestro caso, del Estado de las Autonomías.
Se trata de dos procesos en marcha, en plena evolución y, es preciso convenir, en buena parte complementarios. El primero hace referencia, obviamente, a las instituciones que han de regir, rigen y regirán el desarrollo de Europa, hoy de unos países y previsiblemente dentro de unos años del conjunto de Europa. El segundo se refiere al Estado de las Autonomías, cuestión que se ha debatido en repetidas ocasiones en los Plenos de esta Cámara, que ha cubierto ya una primera etapa y afronta una segunda en pleno desarrollo. Son, pues, dos procesos que hay que cuidar y cuya evolución hay que corregir continuamente ya que son dos procesos vivos, paralelos y complementarios.
En este sentido, es preciso también recordar a la Cámara al exponer esta moción consecuencia de una interpelación que presentamos en el Pleno anterior, que la misma se fundamenta en el principio de subsidiariedad.
Aunque en el Pleno anterior ya cité la definición más corriente y más concreta de lo que se entiende por principio de subsidiaridad, me parece que no es ajeno a este debate ni mucho menos volver a repetir qué se entiende con esta definición y qué comprende la misma. Se dice que este principio significa que un Estado o una federación de Estados disponga sólo de las competencias que las personas, las familias, las empresas y las colectividades locales o nacionales no puedan asumir directa o aisladamente. Este es uno de los principios fundamentales de la construcción europea y también, qué duda cabe, de la construcción del Estado de las Autonomías en nuestro Estado español.
Señorías, es bien sabido que en la situación actual, en nuestro caso concreto en el conjunto del Estado español, es necesario profundizar en estos criterios y también perfeccionar o crear nuevos canales de participación más eficaces para aprovechar todas las energías y canalizar todas las necesidades del Estado de las Autonomías en el amplio conjunto de la construcción europea.
Por esta razón el día 21 de septiembre propusimos una interpelación sobre qué criterios y mecanismos tiene previstos el Gobierno para hacer posible la efectiva participación de las Comunidades Autónomas en la formación de los posicionamientos con relación a la Comunidad Europea, según decía exactamente su enunciado. Tuvo lugar el debate y en él se constató que las Conferencias sectoriales, que son los canales previstos en este momento, son insuficientes para canalizar las grandes energías que se acumulan en el conjunto de las Comunidades Autónomas y también para canalizar y resolver las necesidades. Hay que recordar que cuando hablamos de Comunidades Autónomas estamos hablando de una realidad sólida que tiene competencias y responsabilidades ante los ciudadanos respecto de muchos temas vitales como, por ejemplo, agricultura, industria, servicios, etcétera. Pues bien, creemos que ese conjunto de necesidades no encuentra los canales apropiados para llegar a una discusión ni para estar representado en las instancias mayores del conjunto de la Comunidad europea.
Por esta razón, nuestro Grupo ha presentado una moción que consta de tres puntos. El primero de ellos dice: instamos al Gobierno a facilitar la participación de las Comunidades Autónomas en la representación española ante las instituciones comunitarias europeas cuando en las mismas se traten materias de su competencia. En el segundo punto proponemos lo siguiente: incorporar a las Comunidades Autónomas en el proceso previo de formación de la voluntad española en aquellas decisiones comunitarias europeas que afecten a su ámbito de competencias. En tercer lugar, proponemos integrar a representantes de las Comunidades Autónomas en la Comisión Interministerial para Asuntos Europeos. Esta es nuestra moción.
Paralelamente, nuestro Grupo ha hecho un gran esfuerzo por conseguir un consenso para proponer a esta Cámara una moción que fuese susceptible de aprobación y que significase una corrección de los defectos que en este momento tienen los canales a través de los cuales pueden participar las Comunidades Autónomas en las decisiones europeas a nivel general. En este trabajo de aproximación, con el espíritu constructivo de elaborar una moción que pudiera ser aprobada, que fuese útil a las Comunidades Autónomas y al conjunto del Estado y que también fuese útil a la construcción europea, hemos llegado a un consenso con el Grupo Socialista que ha dado lugar a un nuevo redactado.
Por consiguiente, en este trámite parlamentario anuncio que cuando tenga lugar la votación reglamentaria de la moción original que hemos presentado nuestro Grupo se va a abstener, y que a continuación, cuando se proponga la moción alternativa que hemos suscrito con el Grupo Socialista, nuestro Grupo de Convergència i Unió va a votar favorablemente.
Señorías, éste es un tema absolutamente vivo y en evolución. Hoy efectuamos este breve debate en torno a esta moción, pero éste es tan sólo un debate que inicia una cuestión. Es evidente que cualquier rasgo de la construcción europea y de la construcción del Estado de las Autonomías, en lo que a su estructura se refiere, es objeto, y tiene que seguir siéndolo, de una constante revisión y actualización.
Repito que cuando se someta a votación la moción que presentamos en su día nuestro Grupo se va a abstener y que daremos nuestro voto favorable a la moción alternativa que hemos suscrito con el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer, por aclarar el procedimiento para la adopción de decisiones.
La moción alternativa va a ser defendida por el Senador don Santiago Pérez.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, quiero hacer una breve intervención para justificar el contenido de la moción que hemos presentado y que ha sido firmada conjuntamente por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y por el Grupo Socialista.


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Bajo la moción inicial que ha procedido a explicar en el turno anterior a mi intervención el Senador Ferrer late una preocupación que el Grupo Socialista también comparte y que se refiere a una de las problemáticas más actuales y más importantes que se plantean en los sistemas políticos basados en una amplia descentralización territorial del poder.
Estos sistemas, y el nuestro entre ellos, han experimentado a lo largo del siglo XX una evolución que los va alejando progresivamente de aquellos esquemas organizativos y funcionales que inspiraban a los sistemas federales a lo largo del siglo pasado. Durante el siglo XIX el federalismo se organizaba a partir de lo que se ha conocido en la doctrina como el «dual federalisme», es decir, a partir de un principio de separación nítida de competencias y responsabilidades entre los diferentes centros territoriales sobre los que se distribuía el poder estatal.
Sin embargo, a lo largo de este siglo se ha ido constatando que no resulta técnicamente posible, ni socialmente deseable, organizar un sistema político basado en una amplia descentralización del poder sobre la base del principio de compartimentación estancada de competencias y responsabilidades. Por tanto, en una corriente que se conoce como la del federalismo cooperativo --o, según la terminología anglosajona, como un sistema de Intergovernmental Relations, es decir, de relaciones intergubernamentales--, han ido naciendo una serie de órganos de encuentro que facilitan a los diferentes centros territoriales, entre los que se distribuye el poder estatal, la puesta en común de información, datos e intercambio de criterios, para conseguir una cada vez mayor colaboración de las respectivas esferas competenciales.
Ciñéndome al tema que ahora nos ocupa, estamos hablando de la incidencia de la participación de nuestro país en la Comunidad Europea de cara a nuestro sistema político, basado, como es sabido, en una amplia descentralización del poder; una amplia descentralización territorial que, como ha subrayado el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, Senador Ferrer, ha generado el nacimiento de unas realidades ya consolidadas, como son las Comunidades Autónomas.
El Estado, la organización central de nuestro sistema político, y las Comunidades Autónomas se ven obligados --y es bueno que así sea-- a poner en común una serie de criterios relacionados con la participación de nuestro país en las instancias comunitarias, lo que tiene una doble dimensión. En primer lugar, la de facilitar la participación de las Comunidades Autónomas en la toma de posición de los representantes españoles ante las instancias comunitarias en todas aquellas decisiones que afectan al ámbito competencial de las diferentes Comunidades Autónomas. Esta sería una dimensión en sentido ascendente, relativa a la gestación de las decisiones comunitarias. Pero también existe otra, en sentido descendente, la que se refiere a la aplicación de esas políticas y decisiones comunitarias, aspecto en el que también se ven involucradas las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas esferas competenciales.
A partir de 1988, se crean en nuestro país las conferencias sectoriales.
Este es un instrumento que parece conveniente desarrollar --ya que no ha alcanzado el grado óptimo de desarrollo y operatividad-- para canalizar, como decía el Senador Ferrer, las energías de que están provistas esas realidades ya consolidadas que constituyen las Comunidades Autónomas. Por eso, a nuestro juicio, era conveniente completar el sentido de la moción presentada por los Senadores del Grupo de Convergència i Unió, haciendo especial hincapié en la realidad de las conferencias sectoriales.
Al mismo tiempo, nos pareció oportuno que aquellos aspectos que tienen trascendencia específica en una sola Comunidad Autónoma contaran también con una plataforma de encuentro para la puesta en común vis a vis, de forma bilateral entre el Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, de sus criterios, su información, sus intereses y objetivos en el terreno material del que se tratara. Por tanto, además de las conferencias sectoriales, en las que se encuentran el Estado y una representación de todas las Comunidades Autónomas, nos ha parecido conveniente subrayar la existencia y utilidad de las comisiones bilaterales, constituidas entre el Estado y cada una de las Comunidades Autónomas, para la puesta en común de los criterios estatales y de cada Comunidad Autónoma en la gestación de aquellas decisiones comunitarias, o en la aplicación de las políticas comunitarias que afecten de manera específica a una Comunidad.
Parece que dichas comisiones bilaterales constituyen el ámbito más idóneo para ser abordadas.
Quiero agradecer a los Senadores del Grupo de Convergència i Unió el talante, la capacidad y la disposición a la negociación que han manifestado. Creo que es bueno que su moción haya quedado incorporada a una conjunta, de estos dos Grupos. Espero que los miembros del resto de los grupos parlamentarios den su voto a favor de una iniciativa conjunta --que puede ser, en términos políticos, de toda la Cámara-- que lo que pretende es seguir insistiendo en mecanismos de colaboración para que el conjunto de las administraciones públicas pueda brindar a la sociedad un nivel de eficiencia, de coordinación, de resolución de los problemas sociales, en los términos que hoy demanda nuestra sociedad, en los tiempos en que vivimos.
Creo que de esta manera se contribuye a que el Estado de las autonomías, nuestro sistema político, basado en esa amplia descentralización del poder, responda a las expectativas que su constitución ha generado en el seno de la sociedad española y de las diferentes Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El Grupo proponente tiene, si lo desea, un turno para intervenir en contestación al consumido por uno de los firmantes de la moción alternativa. (Pausa.) Muchas gracias.
Pasamos, pues, al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Virosta.


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El señor VIROSTA GAROZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestra postura acerca de este tema ya fue puesta de manifiesto en el último Pleno de esta Cámara, en el debate sobre la interpelación a la que su señoría ha hecho referencia. Por tanto es obvio que votaremos afirmativamente esta propuesta.
Sin embargo, me gustaría poner de relieve lo que, a mi juicio, supone una desvirtualización de la iniciativa primitiva. Sé que el portavoz del Grupo Socialista no va a estar de acuerdo conmigo, porque ya ha anunciado que lo que se ha hecho es complementar la iniciativa del Grupo Catalán, pero insisto en que creo que se ha conseguido desvirtuarla.
La iniciativa del Grupo Catalán, en su punto 3.0, decía: «Integrar a representantes de las Comunidades Autónomas.» Y lo que vamos a aprobar, señala: «Establecer un procedimiento para que los representantes de las Comunidades Autónomas puedan trasladar sus posiciones a los órganos estatales.» Es decir, el cambio producido es sustancial, porque las Comunidades Autónomas ya no estarán presentes en la Comisión Interministerial, que era lo que se pretendía.
Quizá, lo más preocupante sea el cambio producido en el punto 1.0 de la moción, porque donde se decía «Facilitar la participación de las Comunidades Autónomas» --lo que significa tener que adoptar el procedimiento necesario para que las Comunidades participen--, se ha modificado por otro texto que dice: «Se estudiará la presencia de las Comunidades Autónomas», lo que, a mi juicio, es decir muy poco, o no obligarse a nada.
Sinceramente, espero que quienes tengan que estudiar la presencia de las Comunidades Autónomas, sean buenos estudiantes y que, cuando menos, su estudio merezca la aprobación, si no de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, por lo menos de todas las Comunidades Autónomas. Sin tener que transmitir ninguna desconfianza a nadie, ni a nada de lo que esta Cámara va a aprobar, confío en que se entienda lo que estoy diciendo cuando me refiero a todas las Comunidades Autónomas.
En definitiva, señorías, nosotros manteníamos un mayor acuerdo con la propuesta inicial, pero tampoco podemos estar en desacuerdo con el texto consensuado por ambos Grupos. Por tanto, votaremos afirmativamente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Senador Virosta.
¿Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco? (Pausa.) En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Bolinaga.


El señor BOLINAGA BENGOA: Señor Presidente, señorías, tal como ha manifestado con anterioridad el portavoz del Grupo Mixto, también nosotros tenemos que manifestar que la primera moción era la que nos agradaba mucho más. La segunda, verdaderamente, nos parece una moción harto descafeinada. De todas formas, la vamos a aceptar, y la vamos a aceptar en aras de un espíritu de consenso y porque la podemos interpretar en su parte positiva como un ligero inicio en el camino que aún queda por recorrer y porque de algún modo, insisto en que muy descafeinadamente, recoge el sentido o la sensibilidad del problema que afecta a las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a su participación en las relaciones comunitarias.
Estoy seguro de que en un futuro, tal vez no lejano, volverá a ser este un asunto de reflexión para esta Cámara y que, felizmente, abocaremos a soluciones de consenso sobre unos resultados más acordes con la realidad europea en la que estamos inmersos y seremos capaces de dar respuesta cabal a la forma «ad extra» y al normal interés participativo de las Comunidades Autónomas en sus relaciones con la Comunidad Europea, sin merma en la fe en el Estado de las Autonomías, pero sin conferencias sectoriales, que a la larga no se sostienen en sí mismas, en la praxis del realismo político.
Además, soy un convencido de que la revisión en su día del Tratado de Maastricht va a permitir cubrir no pocas lagunas de las existentes y va a permitir reforzar según las necesidades, la aportación de las regiones y Comunidades Autónomas al elenco europeo, a fin de su integración real en el mismo y contribuir por vía directa al desarrollo de una Europa unida y con doble vocación: la federal y regional.
Soy también consciente de que, dado el actual grado de integración, la Comunidad Europea es una Comunidad de Estados y que son éstos los interlocutores ante la Comunidad y a quienes corresponde, responsabilizándose de su cumplimiento, adoptar las decisiones comunitarias. Mi duda es, mejor dicho, mi convencimiento es que este método de exclusiva no es el más aconsejable, por cuanto que en relación con la ejecución de los mandatos los poderes comunitarios públicos internos --regiones y Comunidades Autónomas-- recobran protagonismo, ya que la técnica legislativa europea y el nivel de desarrollo de la burocracia comunitaria exigen su forzosa intervención en la fase de desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados, es decir, en la fase descendente, dicho sea a título de ejemplo.
Es conocido que, independientemente de su virtualidad jurídica, los artículos 63, 93 a 96 y 149 constituyen el núcleo central de la regulación constitucional, donde se opta por regular la materia que nos ocupa de forma elemental, a nuestro juicio, puesto que la pluralidad de cuestiones que actualmente y en los Estados de estructura compleja suscita la actividad exterior del Estado no se encuentra atendida o resuelta en el texto constitucional, porque la actual regulación es poco exhaustiva y carece del necesario rigor técnico.
De todos modos, el ordenamiento vigente otorga a los órganos generales del Estado un papel exclusivo en las relaciones «ad extra». Pero al mismo tiempo hay que señalar que este reconocimiento en favor del Estado no impide o no debiera impedir la presencia de las Comunidades Autónomas ni significa que la actuación estatal esté exenta de límites, pese a que el citado artículo 149 parece acentuar la nota de exclusividad y la concentración de atribuciones a los órganos generales del Estado y,

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de hecho, opiniones y doctrinas muy autorizadas señalan, en relación con la participación de los entes autonómicos en la conclusión de los tratados comunitarios, que su reconocimiento como elementos activos es coherente con los principios que inspiran su organización territorial, dado que lo contrario sería convertir al Estado de estructura compleja en una estructura estrictamente doméstica, que no es aceptable cuando una relación se internacionaliza y se cuestiona la validez del mandato autonómico, amparándose en interpretaciones uniformizantes y excesivamente restrictivas del mandado constitucional. Ello supone, cuando menos, una opción jurídica poco enriquecedora.
Esta es una idea de la que no podemos participar, porque, como señala el alto Tribunal en su sentencia 5/1983, de 4 de febrero, la Constitución ha de considerarse como un todo, en el que cada precepto encuentra su sentido pleno valorándose con los demás. O sea, que el precepto debe valorarse de conformidad con una interpretación sistemática, es decir, atribuyéndole su significado y teniendo en cuenta el contenido jurídico de otras normas. Y otras normas son, por ejemplo, los articulados y preceptos de diversos estatutos de autonomía, emanados todos ellos de ley orgánica.
En el actual entramado europeo, que ostenta visos indiscutibles de aproximación federal, uno de sus fundamentos más dinámicos es propiamente la región, en nuestro caso las Comunidades Autónomas, donde se contemplan regiones y nacionalidades reconocidas.
Tratando de buscar una cierta analogía con lo que todos entendemos por federalismo, yo diría que un Estado de las autonomías, tal como calificamos al de España, es o debe ser conjuntamente un espíritu, una actitud de cara a los demás y a la sociedad, un método de eficacia, una aproximación íntima de la realidad y un estilo de organización social. Es o debe ser un sistema vivo que, con ajustes progresivos, debe operar en el respecto de las funciones y de los organismos existentes, salvaguardando la calidad propia de cada Comunidad Autónoma. Todo ello serenamente reposado en la admisión e incluso, por qué no, en el amor de la complejidad existente y, por tanto, muy lejos de las simplificaciones de corte totalitario y de la uniformidad impuesta por cualquier poder central actuante con exclusividad y cerrazón.
No obstante, el actual ordenamiento no recoge fórmulas de cooperación o coparticipación y, por consiguiente, siguiendo criterios políticos, la formulación de la voluntad estatal deberá respetar el sistema de reparto competencial consagrado en el Título VIII de la Constitución, así como, por ejemplo, en el Estatuto del País Vasco, que señalo por ser el que más directamente afecta al Grupo que represento.
Por otra parte, es obvio que para cuando las decisiones europeas incidan en competencias autonómicas debería arbitrarse un procedimiento de participación efectiva, real y directa en foro comunitario o a nivel interno en favor de las instituciones autonómicas. De lo contrario, al amparo de que el Estado es el único interlocutor en Bruselas, el Gobierno del Estado estaría recuperando competencias cedidas en el orden interno.
Y lo cierto es que el ordenamiento vigente no resuelve ni da respuesta a esta cuestión. La ausencia de un nuevo marco de relaciones institucionales, el actual carácter interestatal de la Comunidad Europea y la reserva constitucional a favor del Estado de las relaciones internacionales pueden, ciertamente, inclusive, desnaturalizar el mismo Título VIII de la Constitución.
Es cierto también que sólo el artículo 2.º de la Constitución y algunas referencias estatutarias están llamadas a evitar este grave problema, dado que en la fase descendente la legislación europea y las disposiciones comunitarias proyectan sus esfuerzos sobre materias de competencia autonómica en no poca medida y hacen que la marginación regional en el proceso decisorio ante las instituciones comunitarias sea aún mayor que en el de la fase ascendente, al hacer que en este proceso decisional se prive a las Comunidades Autónomas de información, participación e influencia en el mismo.
En este punto conviene recordar el principio de la subsidiariedad en términos europeos: no confiar jamás a una gran unidad lo que puede ser realizado con eficacia por una más pequeña. En virtud del principio de subsidiariedad o de la noción exacta de la adecuación, cada nivel de poder debe disponer de facultades suficientes para resolver aquellas cuestiones que, en razón de su naturaleza competencial o de su dimensión, pueden ser mejor tratadas y resueltas con más eficacia a su nivel respectivo. No en vano la subsidiariedad es esencial una forma de defender la autonomía, y en nuestro caso la autonomía real de nuestras comunidades autónomas que, en virtud de lo que son, deben ser consideradas como verdaderos pilares del Estado y así ser extrapoladas a los procesos comunitarios para conformar entre todos una nueva y sólida red de solidaridades múltiples y diversificadas. Del mismo modo, señorías, para una puesta en común de recursos y de capacidades dentro de la Unión Europea, y todo ello a través de un proceso de adecuación y de unión que quisiera calificar de corte federalista, en la medida en que se aplique el noble principio de la subsidiariedad tantas veces citada.
Puesta en común, adecuación y unión que, así interpretadas, o aplicadas, permitirían, inclusive, una mejor adaptación de los medios de ejecución a las condiciones particulares mismas del Estado y una óptima utilización de recursos.
Ninguna disposición constitucional o estatutaria prevé ni incluye la presencia o no de representaciones de las comunidades autónomas en el seno de la representación española permanente ante la Comunidad Europea ni en delegaciones «ad oc», cuando es de toda evidencia la necesidad de una participación activa de las comunidades autónomas en ciertos aspectos de intervención comunitaria y, en particular, en la política regional.
En una Europa sin fronteras esta situación no puede durar, ya que ello conduce a una importante subutilización de recursos, y las comunidades autónomas e, incluso, el propio Estado, no pueden aprovechar plenamente las posibilidades del mercado interior en tanto que las

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comunidades autónomas no son autorizadas más libremente para conducir compromisos jurídicos comunitarios. Quiero decir que la vigilancia particularmente estricta del Estado central suscita la aparición de un problema esencial que deberá, a nuestro criterio, ser eliminado en el futuro, puesto que las autoridades de las comunidades autónomas no pueden poner en marcha todos los medios de que disponen sobre el plano interno en las actividades y en la cooperación externa.
En definitiva, señorías, creo que es hora de ser valientes, imaginativos y pensar en la posible adecuación del marco constitucional en cuestiones comunitarias, al objeto de una participación regional libre y eficaz en el proceso de integración en Europa.
Creo, en verdad, que España se lo merece y que las comunidades autónomas se lo merecen; pero sobre todo, estoy convencido de que Europa, la Unión Europea también se lo merece. No los defraudemos. Sigamos el ejemplo de algunos países más al norte del nuestro que, sin desgarros ni estridencias, han sabido implementar en los procesos decisionales de la Comunidad a sus regiones y nacionalidades componentes de su estructura de Estado.
Muchas gracias.


El Señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Bolinaga.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra su portavoz.


El señor PADRON RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, sólo unas breves palabras a través de las cuales nuestro Grupo simplemente desea aportar su opinión sobre la iniciativa presentada el día de hoy. En ningún caso vamos a aportar ningún planteamiento alternativo. Sencillamente, vamos a posicionarnos en relación a la moción que se debate y que es el tema en cuestión.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria considera que, efectivamente, las comunidades autónomas no participan de manera adecuada en los posicionamientos de Gobierno de Estado español en la Cumunidad Europea, y nos parece que en temas que están transferidos a las comunidades autónomas el hecho de que éstas participen más directa y activamente sería beneficioso para todos. De lo contrario, no se entiendo que si la materia está transferida a la comunidad en cuestión, para su mejor administración y organización, de igual modo, pero en sentido contrario, no sean las propias comunidades la que colaboren y contribuyan a definir los posicionamientos de Gobierno de estado en la Comunidad Europea.
Para plantear y resolver cualquier problema resulta imprescindible conocerlo perfectamente, y nosotros pensamos que, por proximidad, por contacto e, incluso, por necesidad, existen situaciones en las que las comunidades autónomas podrían contribuir --y digo contribuir-- de manera positiva a aclarar y completar los posicionamientos del Gobierno del Estado en las instituciones europeas, ya que son ellas mismas, las propias comunidades, las que de hecho poseen las competencias en esos temas.
Es por esto por lo que calificamos la moción en los mismos términos que en su día atribuimos a la interpelación presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió: la calificamos de oportuna y necesaria, y nos parece oportuno y necesario que se facilite la participación de las comunidades autónomas en la representación española ante las instituciones cuando se trate de materias de su competencia. También nos parece oportuna y necesaria la incorporación de la comunidad autónoma en el proceso previo de formación de la voluntad española, y también consideramos oportuno que sean las conferencias sectoriales los órganos moduladores de estos temas relacionados con la participación de las comunidades autónomas en las instituciones europeas y que las comisiones bilaterales entre Estado y cada comunidad autónoma sirvan de enlace en temas específicos de cada comunidad, el Estado y Europa.
Consecuentemente con lo expresado, manifestamos nuestro apoyo en forma de voto afirmativo a la moción presentada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
¿Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) El Senador Espert tiene la palabra.


El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme que comience mi intervención manifestando las dudas que la exposición de motivos o el preámbulo de ambas mociones que ahora se debaten habían suscitado en mí cuando leo la expresión «el Estado español es calificado con frecuencia como el Estado de las Autonomías».
Me había suscitado la duda de que había un planteamiento casi como si esta calificación al diseño constitucional del Estado español fuera ajena a su propia esencia.
Las intervenciones de los representantes de los grupos proponentes de ambas mociones han disipado mis dudas, y veo que, al igual que quien les dirige la palabra, son firmes convencidos de que el diseño constitucional, el Estado de las Autonomías, supone una auténtica distribución o redistribución territorial del poder político y no sólo del administrativo. No cabe duda de que así pretendió, con gran generosidad, el proceso constituyente del año 1978 terminar con el secular pleito pendiente entre la unidad y la diversidad de España.
No cabe duda de que en este tema de la participación de las Comunidades Autónomas en la conformación de la voluntad estatal ante organismos supranacionales, o en la trasposición de las decisiones de esos organismos supranacionales a la normativa interna, la fase descendente, quizá con un apoyo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se halla mucho más desarrollada. Es mucho más fácil, es mucho más asumible ya, unánimemente, la aplicación de esas normas comunitarias en los temas que afecten a las competencias estrictas de las Comunidades Autónomas, reconocerle capacidad a la propia Comunidad Autónoma para esa ejecución o esa

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aplicación. Pero es que creemos que, además, tiene su apoyo constitucional: el artículo 93 de la Constitución atribuye al Gobierno de la nación la garantía del cumplimiento de tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales. No es obstáculo el que se pueda contribuir a las Comunidades Autonónomas la ejecución o el cumplimiento, siempre que la garantía de los mismos esté en manos del Estado.
Ofrece mayores dudas la fase ascendente, es decir, la participación de las Comunidades Autónomas en la actividad exterior del Estado en orden a la formación de su voluntad cuando se refiere a asuntos que afectan al bloque competencial de las Comunidades Autónomas. La moción presentada por el Grupo catalán expresa con claridad el deseo, compartido por la totalidad de las Comunidades Autónomas, de no permanecer alejado de aquellos órganos e instituciones estatales en que se preparan y deciden los posicionamientos de España ante cuestiones que han de ventilarse en foros internacionales, y cuyas soluciones, favorables o adversas, pueden condicionar el ejercicio legítimo de las competencias de estas Comunidades Autónomas. El texto del Grupo Catalán de Convergència i Unió entendemos que es totalmente ajustado al bloque de constitucionalidad. No pretende reivindicar el derecho de las Comunidades Autónomas a comparecer en los foros internacionales mediante la fórmula de suplantar al Estado.
Se limita a solicitar, partiendo del hecho cierto de que las Comunidades Autónomas tienen asumidas importantes y crecientes responsabilidades --algunas más que otras, por desgracia para estas otras-- en los ámbitos económicos, cultural y social, una participación permanente en aquellos órganos estatales que elaboran y fijan la posición de España en los asuntos que han de defenderse y decidirse en la Europa comunitaria. Por otra parte, y esto quiero destacarlo, una presencia directa de miembros propios en el seno de las representaciones estatales encargadas de negociar ante las instituciones comunitarias europeas soluciones que afecten a materias integradas en el repertorio de sus competencias. En nuestra opinión, es una pretensión rezumante de buen sentido, coherente con la configuración autonómica del Estado español y en incuestionable armonía con los mandatos constitucionales y estatutarios a los que, en modo alguno, se opone ni lesiona.
Yo creo que esta propuesta era un paso importante en el íter deseable hacia la institucionalización de mecanismos, convencionales o de otro tipo, de colaboración entre el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas que permita la participación de éstas en la toma de decisiones y en la formación de esa voluntad ante organismos supranacionales cuando sean temas de su competencia. Ello sin perjuicio de considerar que a la larga --y a eso aspiramos todos-- sea esta Cámara, como auténtica Cámara de representación territorial, aquella en la que debe conformarse, en la mayoría de los casos, la voluntad estatal ante esos organismos supranacionales.
He destacado la congruencia, el buen sentido (su señoría me lo traduciría a una palabra muy catalana que tenemos todos en mente) de esa propuesta del Grupo catalán, porque creemos que se ajusta perfectamente a las pretensiones de todos los Grupos de esta Cámara. Lo que no acaba de comprender mi Grupo es cómo se ha asumido una moción alternativa que, se ha dicho ya, «descafeína» totalmente la propuesta del Grupo de Convergència i Unió. La «descafeína», y se ha dicho ya, en un doble sentido: por un lado, lo que era «facilitar» se convierte en «estudiar».
Por otro lado, esa garantía de la presencia de miembros propios en el seno de representaciones estatales, encargadas de negociar ante las instancias comunitarias europeas... etcétera, también desaparece; ahora es simplemente que en las conferencias bilaterales entre Comunidades Autónomas y Estado haya la posibilidad de comunicar cuál es la voluntad de la Comunidad Autónoma ante esas decisiones que han de tomarse en entidades supranacionales. Esa posibilidad yo creo que existirá siempre.
Queda totalmente «descafinada» y yo entiendo que, en el fondo, la moción alternativa lo único que hace es manifestar una menor voluntad autonomista del Grupo que hace esa propuesta alternativa que la que nos informa a los restantes Grupos de la Cámara.
El Grupo catalán sabrá --los demás sospechamos-- por qué ha accedido a «descafeinar» una propuesta tan razonable y a asumir la otra. De todas formas, mi Grupo apoyará la propuesta inicial y, alternativamente, no sólo por espíritu de consenso sino por el pragmatismo del más vale algo --en este caso poco, o muy poco-- que nada, apoyaremos también la propuesta alternativa.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez García.


El señor PEREZ GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me gustaría, brevemente, hacer algunas referencias a las intervenciones de los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios que han expresado su posición en este turno que ahora consumimos.
Con respecto al Senador Virosta, que ha intervenido en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, su valoración positiva de la propuesta inicial, en el sentido de que las Comunidades Autónomas participaran en una Comisión interministerial, me parece que no se ajusta del todo a la naturaleza de las cosas y a la naturaleza de las relaciones que deben presidir los contactos entre las instancias estatales y las instancias de las diferentes Comunidades Autónomas, porque así como las Comunidades Autónomas tienen, dentro de las potestades que conforman el núcleo de su derecho a la autonomía, la posibilidad de configurar sus propias instancias y organismos de autogobierno, el Estado, la organización central, tiene también determinados órganos que pertenecen exclusivamente --que son inseparables, que pertenecen radicalmente-- a la propia organización del Estado, y son imprescindibles para que esta organización, la estatal, pueda cumplir con sus cometidos constitucionales. Esto ocurre con la Comisión interministerial. Cuando nosotros hemos propuesto una modificación del texto de la moción presentada por Convergència

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i Unió y el Portavoz de este Grupo ha tenido a bien considerar nuestra propuesta de modificación era éste, exclusivamente, el ánimo que no movía.
La creación de organismos de encuentro que perfeccionen los mecanismos de puesta en común de criterios y de información y la participación de las Comunidades Autónomas en la fijación de la posición española en las decisiones comunitarias no tiene necesariamente por qué pasar por la presencia de las Comunidades Autónomas en organismos ya constituidos y que forman parte inseparable de la propia estructura del Estado, de la estructura específica de la organización central de nuestro sistema político.
El Senador Bolinaga ha hecho un conjunto de comentarios que reflejan su filosofía profunda, la de la opción política a la que representa; ha hablado de sus propias perspectivas estratégicas, ha expresado su confianza en que la evolución de la Europa comunitaria acabe convirtiéndola en una organización de clara impronta federal; sin embargo, sería inoportuno en este momento, a nuestro juicio, entrar en un debate profundo sobre una prospectiva de lo que vaya a pasar con la Europa comunitaria. La realidad de los últimos acontecimientos que ha vivido la praxis de la Europa comunitaria indican que se está produciendo un fortalecimiento de la presencia y de las tomas de posición de los diferentes Estados que forman parte e la Europa comunitaria. Quizá esto pueda verse como un cierto retroceso en esa vocación federalista, puede ser; pero, en todo caso, creo que lo único que hago es subrayar el cariz de los últimos acontecimientos de la praxis de la Europa comunitaria. En todo caso, la construcción europea no ha sido nunca un proceso lineal, ha tenido avances y retrocesos y debemos asumir esos avances y esos retrocesos ya que forman parte de la lógica de este proceso de la construcción de la Europa comunitaria.
Yo creo que la adecuación de nuestro marco constitucional a esta nueva realidad, a la realidad de nuestra presencia en la Europa comunitaria, se ha ido produciendo como se ha ido produciendo en otros tantos sistemas políticos de carácter federal: han ido apareciendo costumbres, nuevas realidades en nuestra práctica constitucional que no las reflejó el texto constitucional de 1978, pero que han ido enriqueciendo indudablemente el sistema y que tienen aún ante sí un largo período de maduración, de evolución de fortalecimiento. Dentro de ese proceso hay que entender la aparición de las Conferencias sectoriales que, desde nuestro punto de vista, no admiten en este momento otra valoración que la de positiva; de positiva, pero sin que signifique el cierre de este proceso evolutivo que tiende a enriquecer nuestro propio sistema constitucional y los organismos en los que ese sistema constitucional se traduce y lo caracterizan.
Creo, Senador Bolinaga, que, efectivamente, la atribución por la Constitución de 1978 al Estado, a la organización central del Estado, de competencias exclusivas en cuanto a la política y a las relaciones exteriores no es un obstáculo para que en esas políticas y en las decisiones de nuestras relaciones exteriores tengan una participación las Comunidades Autónomas; pero le sugeriría que este principio tuviera una repercusión recíproca también en lo que significa el ejercicio, por parte de las Comunidades Autónomas, de sus competencias exclusivas. Quiero decir con esto que lo característico de los sistemas federales o de los sistemas basados en una amplia descentralización del poder en la hora actual no es el recurso a hacer modificaciones en los textos constitucionales; no es el recurso a la modificación de la distribución de las competencias tal y como formalmente establecen los textos constitucionales, sino, paulatinamente, la aparición de fórmulas de puesta en común, de intercambio de criterios que enriquecen el ejercicio por cada una de las instancias entre las que se distribuye territorialmente el poder del Estado de sus propias competencias exclusivas. Por tanto, no creo que la visión que haya que tener del papel del Estado en este proceso sea una visión exclusivamente desde el recelo; una visión desde el recelo que me parece latir bajo alguna de las consideraciones expresadas por el Senador Bolinaga.
Con respecto al Senador del Grupo Popular, quería decirle lo siguiente; Despeje las dudas que su señoría o su Grupo político tengan sobre la aceptación por parte de nuestro Grupo --inequívoca aceptación-- del esquema que la Constitución Española refleja y que se conoce ya popularmente como el Estado de las Autonomías. Nuestro Grupo nunca ha dudado al respecto, y seguramente sería ilustrativo para su señoría que examináramos los antecedentes relativos al debate constitucional en relación al Título VIII de de la Constitución de 1978. Despeje, por tanto, Senador del Grupo Popular, las dudas que pueda tener al respecto, por lo menos por lo que se refiere al Grupo Parlamentario al que represento en estos momentos.
Parece ser que en el turno de portavoces --y con ello termino-- han salido a la tribuna algunos defensores más decididos del tenor literal de la moción que presentó el Grupo de Convergència i Unió que los propios representantes de este Grupo. Esa fijación de posiciones a mí me merece algunas reflexiones que no me parece oportuno expresar en este último turno. Simplemente destaco que me han producido una cierta perplejidad.
En todo caso, reitero el agradecimiento a los Senadores del Grupo de Convergència i Unió por haber mostrado su disposición al diálogo, que al final ha fructificado en una moción alternativa; agradezco igualmente al portavoz del Grupo de Senadores de Coalición Canaria su voto favorable a la iniciativa y como ha sido presentada conjuntamente por los Senadores de Convergència i Unió y por los Senadores del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Senadores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El Senador Ferrer i Roca pide la palabra.) ¿Pide su señoría un turno de rectificación, según el artículo 87?

El señor FERRER I ROCA: Señor Presidente, quisiera

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saber si tengo opción a hacer un breve comentario respecto a la posición de los Grupos.


El señor PRESIDENTE: En base al artículo 87, tiene su señoría la palabra.


El señor FERRER I ROCA: Muy brevemente, señor Presidente, simplemente quisiera agradecer los votos favorables de todos los Grupos, al mismo tiempo que manifestarles que entendemos la impaciencia por la urgencia que tiene la solución de esta cuestiones, y quiero decir también que, como ha dicho el Senador Bolinaga, estamos en un inicio, estamos en un proceso y debemos animarnos todos a la aplicación, al seguimiento de la aplicación de esta moción y comprometernos a hacer un seguimiento de esta cuestión mucho más allá de esta moción. La participación de las Comunidades Autónomas en la voluntad española en el conjunto de la Comunidad Europea es un tema para tratar un día, señorías, es un tema para mantener vigente continuamente. Nuestro Grupo desea, aparte de la moción que va a aprobarse --y se felicita por ello--, que sea una cuestión de interés permanente, porque así lo exige la realidad en la que vivimos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Ferrer.
Antes de comenzar la votación informo que, en primer lugar, someteremos a votación la moción originaria. (El Senador Virosta Garoz pide la palabra.) Senador Virosta, ¿desea expresar algo?

El señor VIROSTA GAROZ: Señor Presente, había pedido la palabra en virtud del artículo 87; no sé si es que no se me ha visto o no se me puede conceder, solamente quisiera rectificar al portavoz Socialista en algo que era rectificable.


El señor PRESIDENTE: Señoría, ¿me pide la palabra en virtud del artículo 87? (Pausa.) La tiene concedida, por tiempo de un minuto.


El señor VIROSTA GAROZ: Gracias, señor Presidente. Espero no hacer uso ni de un minuto.
Señoría, usted me ha argumentado que las Comunidades Autónomas no pueden estar en la Comisión Institucional porque ésta es un órgano exclusivo de la organización del Estado. Solamente quería decirle una cosa: No olvide que las Comunidades Autónomas son parte integrante y sumamente importante de esa organización de este Estado. Nada le impide al Estado convocar a esas Comunidades Autónomas para que puedan estar presentes en esa Comisión; nada se lo impide. En las Comisiones se puede estar con voz y con voto o con voz y sin voto, pero nada le impide al Estado convocar a esas Comunidades para poderles oír. Todos nos reservamos opiniones --yo también-- y aunque usted no me haya agradecido el voto positivo de nuestro Grupo, como ha hecho con otros Grupos, he empezado mi intervención diciendo que vamos a votar afirmativamente y así lo vamos a hacer.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el Senador Pérez García, para el mismo turno y por el mismo tiempo.


El señor PEREZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Senador Virosta, en primer lugar, quiero pedirle disculpas por el lapsus que he tenido en mi última intervención al no haberle agradecido su voto favorable. Le ruego que me disculpe y, por favor, que lo olvide.
En segundo lugar, mi intervención, como yo creo que casi todas las intervenciones que se producen en temas como estos que son en sí mismos discutibles, revisables, opinables, ha sido muy moderada. Le he dicho lo siguiente: La comisión interministerial es un órgano de la estructura central del Estado, como los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas son órganos específicos de la organización de las Comunidades Autónomas. Parece que no tiene demasiado sentido, que no tiene mucho que ver con la naturaleza de las cosas, que las Comunidades Autónomas pidieron estar presentes en un órgano específicamente estatal. Sí tiene pleno sentido que se vayan configurando institucionalmente, que se vayan institucionalizando órganos de encuentro que posibiliten esa participación de las Comunidades Autónomas en la gestación de las decisiones de la representación española ante las instancias comunitarias. Este era el sentido de mi intervención. Espero haberlo explicado mejor en este breve turno y, en todo caso, le reitero al Senador Virosta que olvide mi error.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En primer lugar, se somete a votación la moción originaria del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Y en el caso de que ésta sea rechazada, se someterá seguidamente a votación, la alternativa suscrita por los dos Grupos Parlamentarios.
Sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario catalán del Senado de Convergència i Unió, número 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 92; en contra, 104; abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la moción alternativa suscrita por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 224; en contra, uno.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Solicito unos minutos de atención a los miembros de la Cámara. En relación con la constitución de las Comisiones Mixtas Congreso-Senado, comunico a los señores Senadores, especialmente a aquellos que formarán parte de dichas comisiones, que mañana, a las once horas se constituye la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en el Congreso de los Diputados. Exclusivamente se constituirá esta comisión de las que habíamos convenido constituir en el Congreso de los Diputados. Y en el Senado, a las doce horas, se constituirá la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer; a las doce treinta horas, la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga, y a las trece horas, la Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Los señores Senadores que han sido propuestos vocales para estas comisiones por sus respectivos grupos creo que han recibido la información en sus escaños.
No se ha podido convocar por telegrama porque no hemos recibido en los servicios parlamentarios la designación de todos los miembros hasta hace unas horas. Esa es la razón por la que no hemos podido efectuar la comunicación, como es habitual, por telegrama. Si hay alguna duda, la Administración Parlamentaria se la podrá resolver. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y cinco minutos.

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