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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 65, de 28/02/1995
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 1995 V Legislatura Núm. 65 PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS Sesión núm. 13 celebrada el martes, 28 de febrero de 1995, en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DIA: Elección del Secretario 2.º de la Mesa de la Comisión. (Número de expediente 571/000002). (Página 1338) Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Excmo. Sr. D. Carlos López Riaño, para que informe: --De las medidas, criterios, objetivos y plazos del Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a las propuestas anunciadas el día 26 de octubre de 1994, en el Congreso de los Diputados, por su titular, con motivo de la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas.
(Número de expediente 713/000322). (Página 1338) --Acerca de las líneas generales del Plan especial contra la droga que prevé poner en marcha en zonas calificadas de riesgo como Cádiz y Pontevedra, así como los medios que se dispondrán para lograr el cumplimiento efectivo de dicho Plan. (Número de expediente 713/000323).
(Página 1354)

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Respuesta a la pregunta formulada por D.ª Gemma Zabaleta Areta sobre la situación general de los centros de rehabilitación de drogodependientes, en lo que respecta al cumplimiento de la normativa y a la media de los países europeos de nuestro entorno. (Número de expediente 681/000062).
(Página 1364) Debate y votación de la Proposición no de ley sobre el Estatuto del agente colaborador, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 572/000029). (Página 1365)

Se abre la sesión a las diez horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


--ELECCION DEL SECRETARIO 2.º DE LA MESA DE LA COMISION. (571/000002.)

El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la elección del Secretario 2.º de la Mesa de la Comisión, como consecuencia de la dimisión de la Senadora doña Gemma Zabaleta Areta en dicho cargo.
A la Mesa ha llegado la candidatura de doña Ana María Sánchez de Miguel, del Grupo Socialista. ¿Puede entenderse aprobada esta propuesta por asentimiento de todos los miembros de la Comisión? (Pausa.) Queda aprobada. Por lo tanto, ruego a doña Ana María Sánchez de Miguel que se incorpore a la Mesa, dándole la bienvenida a la misma.


--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS, CRITERIOS, OBJETIVOS Y PLAZOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS PROPUESTAS ANUNCIADAS EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1994, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, POR SU TITULAR, CON MOTIVO DE LA INTERPELACION FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA AFRONTAR CON REALISMO Y EFICACIA LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS. (713/000322.)

El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, excelentísimo señor don Carlos López Riaño, para que informe de las medidas, criterios, objetivos y plazos del Ministerio de Justicia para dar cumplimiento a las propuestas anunciadas el día 26 de octubre de 1994, en el Congreso de los Diputados, por su titular, con motivo de la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas.
Para la exposición general, tiene la palabla don Carlos López Riaño, al que damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Permítanme sus señorías una breve introducción antes de entrar en el tema nuclear de la comparecencia.
Estamos a diez años de la creación del Plan Nacional sobre Drogas en nuestro país, una decisión adoptada por el primer Gobierno socialista, y me atrevo a decir que, dados los resultados, sin duda positivos, que ha supuesto esta década en la lucha contra la droga en nuestro país, reconociendo no solamente la actividad de los órganos centrales del Estado sino, sobre todo, cómo no, los esfuerzos realizados en las Administraciones periféricas cualquiera que sea el color político que las dirija, e, incluso, de nuestras Administraciones locales --es difícil encontrar en España un ayuntamiento que tenga una densidad mínima de habitantes que no esté preocupado por el problema de la droga y no cree una respuesta, bien sea mediante la creación de centros de rehabilitación, de acogida, de centros municipales--, al cabo de estos diez años, por fin ha sido reconocido internacionalmente el esfuerzo que ha realizado la sociedad española en este asunto.
Probablemente somos un país, por qué no decirlo, modélico en el ámbito de la prevención. Pocos Estados, incluso dentro de la Unión Europea, alcanzan el nivel de desarrollo de programas preventivos, tanto en el área de la educación, de la cultura, de la participación en proyectos de ocio, de deporte, como en lo que se refiere a la prevención sanitaria-asistencial con la creación de comunidades y centros, y con la integración de estos mismos centros concertadamente en la red pública de la salud de nuestro país.
Yo creo que tal vez es el momento de rendir el mejor tributo a ese Plan --no es el momento de desarrollarlo, pero tienen ustedes que formular, según he sabido por la opinión pública, un informe-- hablando de su revisión. Ha sido anunciada por el Presidente del Gobierno de la nación como un deseo, participado con organizaciones no gubernamentales de nuestra sociedad. Probablemente, como digo, ninguna ocasión mejor que ésta para animar una segunda etapa de desarrollo de nuestros objetivos. Y me atrevo a hablar en plural porque son, sin duda, objetivos comunes, objetivos producto de una visión solidaria de la problemática de la droga en España y objetivos que van a

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integrar esfuerzos a todos los niveles de la Administración Pública y de las organizaciones no gubernamentales.
Hemos dedicado mucho tiempo a cosas que eran necesarias. Primero, a saber la gravedad del conflicto, la posibilidad de respuesta y la integración de esfuerzos, pero, a lo mejor, no hemos podido dedicar el tiempo necesario o suficiente a nuevos horizontes y a nuevas perspectivas en el tratamiento de este asunto. Me pregunto si hemos hecho colectivamente, como sociedad, un esfuerzo en la línea de la investigación clínica, terapéutica, en la investigación de nuevas formas sustitutorias de tratamiento. ¿Qué podemos decir de los resultados, incluso de investigaciones, de orden biogenético? ¿Cómo integrar todo eso para que sea útil en la definición de un nuevo proyecto a desarrollar por el Plan Nacional? Probablemente, también tendremos que hacer frente a nuevas realidades. No sabemos exactamente qué contiene esa bolsa de riesgo potencial del consumo de cocaína en nuestro país. Y no sabemos si las redes de respuesta a ese fenómeno son las adecuadas o las habíamos orientado, tal vez excesivamente, mirando como núcleo del problema humano de la droga el problema del heroinómano. ¿Nos obligará ello a establecer nuevos criterios respecto de los institutos, organismos, centros de acogida, de ese riesgo potencial al que me refiero? ¿Qué tenemos preparado o previsto en torno a las drogas de síntesis? En el equipo de la dirección del Plan, pensamos que tal vez el momento de las drogas de origen natural está dejando paso a un nuevo cuadro de consumo, el que se refiere a las Drogas de laboratorio. Y reitero, ¿cuál es nuestra previsión si, en un momento determinado, esos consumos, como parecen indicar no solamente las autoridades de nuestro país, sino las autoridades internacionales, se expande en Europa? ¿Estamos preparados para ello? ¿Tenemos los conocimientos farmacológicos y clínicos necesarios para enfrentarnos a esa nueva situación? Esta y otras ideas, estoy seguro, señorías, que van a ser recogidas en el informe de esta Comisión. Si me he atrevido a hacer esta brevísima introducción es para significarles que el Plan Nacional está a la absoluta disposición de sus señorías. En el año 1991 se produjo un excelente informe de esta Comisión que fue coparticipado por la propia Comisión y la Administración Pública, es decir, por el Plan Nacional.
Quiero decirles que si es cierto que se avecina una nueva analítica de cara al futuro en el problema de las drogas en nuestro país, es evidente, digo, que con mayor razón en esta ocasión el Plan Nacional abre sus puertas a la información y a los requerimientos que sus señorías quieran formularle desde su soberanía como representantes de esta sociedad.
La segunda cuestión, la importante, la nuclear, de mi comparecencia se refiere, como consta en el orden del día, a un deseo formulado expresamente por el señor Ministro de Justicia e Interior, don Alberto Belloch Julbe, en sesión plenaria de la Cámara del Congreso de los Diputados. Yo creo que es algo más que eso, que ese paquete de medidas contenía, sin duda, aspectos que han sido expuestos por los grupos parlamentarios en esta Comisión tiempo atrás. Algunas de esas medidas han nacido, me atrevo a decir, del acuerdo y del consenso de esta Comisión; las fuimos haciendo nuestras en principio los grupos parlamentarios --según yo mismo recuerdo cuando tenía esa condición de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista--, así como las propias Administraciones.
Ese conjunto de medidas pretenden resolver lo que se suscita en nuestra sociedad como un importante debate: ¿estamos respondiendo legislativamente al fenómeno de la criminalidad organizada? ¿A finales del siglo XX, la respuesta jurídico-penal ha de ser tan estricta como los legisladores --magníficos, por otra parte-- del siglo XIX observaron a la hora de cerrar los códigos? ¿Hay lagunas que el legislador español --el legislador europeo también-- debe rellenar? ¿Cuáles son los límites de nuestra actuación? ¿Qué lectura tenemos que hacer de nuestra Constitución para que no sea un corsé y permita que nuestra sociedad encuentre respuesta a sus inquietudes, a sus legítimas solicitudes de seguridad? Puede que esté sucediendo, señorías, que la propia sociedad española intuya, y no sin razón, que son necesarios elementos más contundentes desde el punto de vista legislativo para luchar contra esa fórmula o esa forma de criminalidad organizada que caracteriza los finales de este siglo.
La criminalidad organizada es un modelo de conducta colectiva que es novedosa por cuanto que se atribuye algunos de los aspectos que han sido conquistas del Estado de Derecho en su beneficio de forma fraudulenta: se acogen en todos los países a los principios y fundamentos de las constituciones, por la cuales las sociedades libres y democráticas han luchado confiada e insistentemente. Esas organizaciones criminales tienen asesores de todo tipo: económicos, financieros, judiciales probablemente; se infiltran en muchos países en el área del subdesarrollo quebrantando --lo estamos viendo en el informe que la JIFE produce para este ejercicio-- la estructura democrática de esas débiles e incipientes democracias latinoamericanas. Pero estamos, quizá, un poco de espaldas a realidades aún más crueles: el continente africano es un continente batido por el narcotráfico internacional. Ya es difícil para esa área de la humanidad salir adelante desde sus problemas de toda índole --económicos, culturales y sociales--, cuando se les viene encima todo el desarrollo de unas nuevas redes o canales de distribución que llegan a corromper a esas poblaciones; no es extraño que en los países desarrollados haya un importante número de reclusos procedentes de ese tercer mundo, todos ellos afectados por procesos que tienen algo que ver con el narcotráfico internacional.
Yo sé que es difícil a veces encontrar el punto de equilibrio en nuestros propios debates; algunos tienen el afán legítimamente garantista y creen que todas las garantías peligran en la hora actual y que cualquier exceso de los poderes ejecutivos o de las administraciones judiciales o policiales pueden ser motivo de preocupación o de alarma social; otros piensan --yo creo que también razonablemente-- que, sin embargo, esas lagunas o esos vacíos deben ser llenados.
Durante los seis o siete meses que llevo al frente de la Delegación del Gobierno para la Droga tengo que decir públicamente que mi mejor y mi mayor experiencia en sentido positivo ha sido la del encuentro con esas Fuerzas

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y Cuerpos de Seguridad del Estado y ese Servicio de Vigilancia Aduanera, que componen, conjuntamente con la estructura judicial de nuestro país, el arma o el instrumento más eficaz de esta sociedad democrática. En tanto la sociedad debate sus conflictos y sus problemas, estos hombres y estas mujeres de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplen con su deber; raro es el día que no hay una noticia de sus tareas con respecto a la lucha contra la criminalidad organizada. A través de los medios de comunicación, los ciudadanos de nuestro país saben que nada deteriora esa voluntad decidida de no aceptar el crimen organizado o las mafias entre nosotros. Creo que eso no puede quedar solamente en el reconocimiento público. Algunas de sus aspiraciones, hechas o transmitidas como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de un Estado democrático, deben ser, cuando menos, consideradas. ¿Cuáles han sido esas peticiones y cuál ha sido el grado de consenso en esta propia Comisión para buscar entre todos un lugar de encuentro? Por ejemplo, estuvimos de acuerdo en que era necesario argumentar o construir la figura del agente infiltrado en las organizaciones criminales. En un mundo de desarrollo tecnológico tremendo en el área de las comunicaciones, de los desplazamientos, de la movilidad de esa propia criminalidad, parece evidente que no basta con una policía que observe el problema o la trama desde fuera, sino que es imprescindible insertar mecanismos de investigación que permitan la acumulación de pruebas contundentes que puedan ser expuestas a los tribunales para que estos ejerciten su decisión o su resolución judicial.
En ese mismo mundo de tecnología avanzada, algo habrá que decir desde el punto de vista del legislador en relación con las intervenciones telefónicas. Se tejen a diario, en segundos, decisiones muy importantes en el área del desarrollo de esta criminalidad, tanto para eludir la acción de la justicia como para blanquear dinero, crear estructuras económicas y financieras, aquí y allá, eludiendo siempre el potencial de la respuesta de las administraciones judiciales y policiales de los distintos países. Es preciso saber cómo traman esos intereses y cómo los llevan, eso sí, con respecto absoluto a los principios constitucionales de intimidad.
Tendríamos que hacer una reflexión --y de hecho la hizo el señor Ministro-- respecto del desarrollo del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de nuestro país en relación con los macroprocesos. ¿Es ésta la mejor forma procesal de llevar los asuntos frente a la criminalidad organizada, a la lucha contra el narcotráfico, o sería preferible, tal vez, hacer una revisión y llegar a un acuerdo de cómo reconducir esos macroprocesos a procesos más controlables desde la autoridad judicial, desde la propia instrucción hasta la decisión final de la sentencia? Tenemos por delante la responsabilidad de proteger a las personas que quieren colaborar con la Justicia. Hemos hecho ya --han hecho las Cámaras-- algo muy importante en este sentido, pero quizá tendríamos que añadir un punto más respecto de lo que es el colaborador específico o desarrollar la figura del arrepentido.
Por último, resolvimos en su día el procedimiento a seguir para las entregas vigiladas de sustancias, lo que permite trabajar en distintos países, seguir la pista de ese narcotráfico y llegar al final, a lo que es la causa más importante de la organización criminal, cuales son sus intereses económicos o la cabeza no visible de su dirección. Pues bien, eso que hicimos respecto a las sustancias está claro que hemos de hacerlo igualmente respecto a la entrega vigilada de capitales. Algunas operaciones internacionales --y ha habido autoridades externas que nos lo han recordado-- exigen esa colaboración en el plano de la cooperación comunitaria. Es una laguna que, sin duda, podemos rellenar.
Por encima de estas decisiones, hay dos importantes textos legislativos, que son hoy un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia e Interior a los demás Departamentos del Gobierno: me refiero a la ley de fondo y a la ley de precursores. La ley de fondo ha sido también una iniciativa que surgió, me atrevo a decir, en el seno de esta Comisión.
Fueron determinados Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras las que se pusieron de acuerdo en la necesidad de hacer en nuestro país una ley que permitiera que los bienes procedentes de los decomisos fueran dedicados a la prevención y a la asistencia de las drogodependencias, así como también a los órganos de represión --Fiscalía Especial contra la Droga o autoridades policiales-- como una ayuda que desde la propia actividad de la lucha contra el narcotráfico tenía y tiene un alto valor de ejemplaridad.
Es un proyecto que ha sido muy bien recibido por nuestra sociedad, pero que yo les confieso, señorías, que tiene algún problema que enseguida van ustedes a captar y a comprender. La ley de fondo quiebra, como saben, el principio de unidad de caja presupuestaria de nuestro Estado. Sería, pues, una decisión excepcional respecto de ese principio general. Nos preguntamos en este momento qué bienes deberían ser objeto de dicho desarrollo legislativo, porque es evidente que, como ha hecho el Ministerio de Hacienda en un reciente informe, una cosa que está en la opinión pública muy generalizada, que es la posibilidad de que los bienes inmuebles --estoy recordando ahora mismo el asunto que afecta al llamado Pazo Oubiña-- suponen después un recargo de mantenimiento. Incluso las propias Administraciones periféricas, en este caso la Xunta de Galicia, miran, y no sin razón, con cierta preocupación y con cierto sentido común cómo asumir esos bienes inmuebles si después la dotación presupuestaria de la lucha contra la droga no tiene posibilidades presupuestarias de suplir los gastos de mantenimiento, que serían en algún caso cuantiosos; hay propiedades de los narcotraficantes que exigirían, sin duda alguna, mucho dinero para ser mantenidas desde la Administración pública. ¿No convendría reconducir esos bienes a su valor monetario y distribuir esos valores para la lucha que prevé la propia ley de fondo? Una sugerencia que se nos hace desde el Ministerio de Hacienda es que esa ley podría ser desarrollada más rápidamente de forma reglamentaria y no como tal ley de fondo. Eso significaría que a lo mejor ahorrábamos tiempo en el desarrollo y en la puesta en vigor de estas disposiciones pero, en todo caso, merecerá la pena que dediquemos un punto a esa situación.
Menos me preocupa el asunto que se refiere a la llamada ley de precursores, que no es sino el desarrollo de

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una directiva europea. He de señalar a sus señorías que este texto está ya en el Consejo de Estado para informe, y espero que en breve plazo pueda ser discutido por sus señorías en las comisiones legislativas correspondientes. En definitiva, la ley de fondo y la ley de precursores están en marcha; han sido presentadas ya por la Delegación del Gobierno al resto de Departamentos del Estado y están pendientes de devolución por dichos Departamentos para el estudio correspondiente en la comisión legislativa.
En cuanto al paquete que se refiere a intervenciones telefónicas, agentes infiltrados y entrega vigilada, el Ministerio de Justicia e Interior desearía llegar con sus señorías al siguiente acuerdo. Que siendo leyes que afectan no sólo a materias de narcotráfico, sino también a otras materias reguladas en nuestro Derecho penal, como es el caso de las intervenciones telefónicas o el propio caso de agentes infiltrados --que podría referirse no solamente a esta criminalidad del narcotráfico, sino a otros tipos de bandas armadas o criminalidad organizada--, hagamos con estos tres proyectos un paquete para reflexionar en la prometida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Es cierto que esta Comisión puede soberanamente decidir lo que guste y lo que crea más conveniente los intereses sociales, pero lo que le está reclamando el Delegado de Gobierno --y en este caso también el Ministerio de Justicia-- es una reflexión compartida. Hagamos las cosas lo mejor posible y de la forma más estructurada. Tal vez correríamos el riesgo que desde nuestra visión parcial de ser una Comisión específica para el estudio de la droga perdiéramos de vista que estas normas van a afectar a otras áreas jurídico-penales, tanto en el ámbito sustantivo como en el ámbito procesal. Quizá es una reflexión de tal envergadura que, si hoy fuéramos capaces de establecer ese acuerdo básico para trabajar conjuntamente en esa dirección, el Delegado de Gobierno, que tiene el honor de dirigirles la palabra, quedaría comprometido a que por el Gobierno de la nación, y específicamente por el propio Ministerio de Justicia, se tuvieran en cuenta las iniciativas que sus señorías estimen convenientes o adecuadas para el desarrollo de ese programa en el tiempo.
No es pedir una prórroga, es pedir un tiempo de construcción positiva de unos proyectos legislativos que, en la medida en que ustedes los profundicen y los analicen, entenderán probablemente conmigo que requieren de esa importante reflexión.
Finalmente, he de manifestarles que se han tomado por el Gobierno importantes decisiones en la ampliación de los servicios de Policía Nacional y Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico, dotando adecuadamente a las direcciones de ambos institutos de mejores y mayores elementos. Voy a entregar al Presidente de la Comisión unos documentos que visualizan la situación que teníamos hace un año de las decisiones que se han adoptado conjuntamente también en el Plan de Seguridad Ciudadana, que va integrado en la política horizontal del Ministerio de Justicia e Interior --es lo que en términos internos llamamos el tronco común--, lo que supone una política para la respuesta a las inquietudes ciudadanas en las que se produce una interacción en el área de la seguridad ciudadana en sentido estricto --lo que llamamos la seguridad de calle--, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo.
Termino, señor Presidente, porque me interesa, como es obvio, más que mi propia exposición el contenido de las manifestaciones de sus señorías, a fin de, si es posible, tejer ese programa común, que sería, sin duda, presentado como tal programa común de esta Comisión, en la que el único protagonismo sería el interés público, social y general de nuestra sociedad. Quiero decir que en ese momento de revisión del Plan Nacional la propia administración del Plan está deseosa de recibir el informe de esta Comisión para que contribuya a señalar también los nuevos objetivos y perspectivas de la lucha contra la droga en nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delegado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como siempre, doy la bienvenida al Secretario de Estado y Delegado para el Plan Nacional sobre las Drogas. Y quiero empezar con la misma sistemática que ha empleado él, haciendo una referencia obligada también al Plan Nacional sobre Drogas.
No puedo calificar sus primeras palabras como un ejercicio de autobombo, puesto que ha introducido una valoración compartida en esos mismos términos por las Comunidades Autónomas y el resto de las administraciones que participan en este Plan Nacional que, hay que recordar una vez más, es consecuencia del esfuerzo no sólo de la Administración del Estado, sino de las Comunidades Autónomas y de la sociedad en general. Por tanto, creo que es una valoración que hay que extender al conjunto de las personas, de las administraciones y de las organizaciones que han venido trabajando en esta cuestión desde el año 1985.
Ha hecho una referencia también al informe que está en marcha en esta Comisión y que forzosamente, a mi juicio, debe ser el referente de lo que el Estado, las Administraciones autonómicas o la sociedad deben hacer o deben tener como metas en los próximos años para abordar adecuadamente el debate sobre la lucha contra las drogas. Y ese documento que está en marcha en esta Comisión es lo que creo que debe ser entendido como la revisión del Plan Nacional. Me da la sensación de que si se ha hecho otra interpretación o se ha jugado con esa posibilidad no se ha hecho un favor a esta Comisión, a la que tantas veces desde el último 26 de octubre invocamos cuando queremos demorar las acciones y retrasar --no sin asombro de la sociedad-- la toma de decisiones que serían urgentes adoptar. Por tanto, ya que se invoca esta Comisión como el núcleo fundamental del que deben salir estas políticas, seamos coherentes y hagamos la revisión del plan desde este documento que está en marcha.
La revisión de ese documento --la revisión, por tanto, a mi juicio, con esta interpretación, también del Plan Nacional--, si es verdad que debe tener, desde mi punto de vista, el reconocimiento de lo hecho, que, como digo, es consecuencia

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de un esfuerzo compartido, no debería ignorar aquellas lagunas que son importantes y aquellas deficiencias o cosas que se han quedado obsoletas con el transcurrir del tiempo. Y creo que una de las cosas que, en justicia, debemos abordar es esa revisión crítica, porque si no difícilmente podremos corregir errores, estudiar, o simplemente rellenar deficiencias que el calendario o las urgencias del momento impidieron en otras circunstancias poder abordar. Por tanto, creo que hay que hacer también esa revisión crítica. Y uniéndome a esta valoración, que, insisto, comparto, quiero hacer un especial énfasis en la labor que han realizado las Comunidades Autónomas, las ONG y este Parlamento, este Parlamento que fue el núcleo del consenso, ese consenso que tantas veces se invoca para muchas cosas y que para este tema de la política de lucha contra las drogas ya ha existido. Por tanto, no hay que volverlo a invocar ni volverlo a construir. En 1985 el Plan Nacional pudo salir adelante --y sus señorías lo conocen bien-- porque hubo un acuerdo de todas las fuerzas políticas para desarrollarlo. Y en 1991 de nuevo hubo un acuerdo para poner en marcha este documento --en más del noventa y mucho por ciento de lo que fue este documento-- por parte de todas las fuerzas políticas e impulsar esa política nacional. Por tanto, este Parlamento ya ha funcionado como núcleo de consenso y sería bueno que lo recordáramos, porque incluso cuando en estos días surgen iniciativas desde otros ámbitos territoriales del Estado y se invocan como si fueran una novedad en la política de la lucha contra las drogas, me sorprendo, o simplemente creo que lo hacen quienes desconocen la realidad de lo que ha sido la política de la lucha contra la droga durante estos años. Ya ha habido una voluntad de consenso y creo que en el deseo y en el ánimo de todos está que siga existiendo.
Pero lo que sucede es que no se debe invocar permanentemente el consenso como un arma interesada. El consenso es el punto de partida, el diseño para abordarlo, pero posteriormente hay una política que ejecutan determinados equipos, determinadas administraciones, con mayor o menor éxito. Por tanto, el consenso es el punto de partida, pero no puede ser la estrategia que sirva para tapar las deficiencias o los errores cometidos por las diferentes administraciones o por los distinto equipos que gestionan en un momento determinado los programas. Por tanto, rindo este homenaje a éstos e, incluso, a quienes han rectificado con el paso del tiempo, porque también son importantes las rectificaciones que se han producido con el paso de estos años.
En todo caso, también debo decir que estamos en un momento en el que es más necesaria que nunca la relectura de estos documentos y la renovación de este nuevo consenso que esperemos que salga pronto de esta Casa, porque estarán ustedes conmigo en que por lo menos en algunos sectores han creado un cierto desasosiego o dudas estos vaivenes que hemos visto suceder también en el Plan Nacional sobre Drogas y, cuando menos, reconocerán ustedes que los cambios de administración o simple ubicación física de responsables no siempre han producido la sensación de tener las ideas demasiado claras.
Pero, entrando, como decía el señor Secretario de Estado, en la cuestión de hoy, la comparecencia para hablar del paquete de medidas sobre el que estuvimos debatiendo en la sesión del 26 de octubre en el Parlamento, debo empezar diciendo que, efectivamente, fueron palabras del Ministro, pero quiero recordar también que fueron palabras del Ministro ante una interpelación que el Grupo Popular cursó en la Cámara. Por tanto, no fue una comparecencia pedida por el Ministro, sino una interpelación que el Grupo Popular presentó ante lo que, a nuestro juicio, es un clamor popular de demanda de determinadas reformas legislativas, de dotación de determinados medios materiales y, por tanto, de modernización de nuestras capacidades de lucha contra las drogas. Y en el contexto de esa interpelación y después de haber enumerado una tras una las medidas que proponía el Grupo Popular, el Ministro volvió, prácticamente, a repetir las medidas que nosotros proponíamos, es decir, dando razón a lo que demandábamos, pero, eso sí, diciéndonos que pedía un esfuerzo de reflexión y que estos temas llegaran a la Comisión Mixta, que era el núcleo en el que siempre habíamos trabajado y del que deberían partir los nuevos impulsos y las nuevas ideas.
Ya estamos en la Comisión Mixta y desde octubre hasta ahora han transcurrido unos cuantos meses. He de decir, por cierto, que el Ministro se comprometió a comparecer en el tiempo más breve posible y que incluso se habló de que fuera antes de que finalizara el período de sesiones. Hoy ya estamos a 28 de febrero, casi marzo, y, por tanto, ha tardado algo en comparecer, y no el Ministro, sino el Secretario de Estado, al que, por cierto, le damos la misma valoración que al propio Ministro; de hecho, yo mismo estuve de acuerdo en que fuera el Secretario de Estado quien compareciera hoy en esta Comisión, puesto que es su responsabilidad. En todo caso, no es una cuestión de competencias o de cargo en la Administración, sino de urgencia. Es decir, creo que tendríamos que haber abordado estos temas un poco antes y, sobre todo, me sorprende que hoy se nos vuelva a manifestar el mismo planteamiento: de nuevo se nos pide tiempo para reflexionar y de nuevo se nos dice que debemos seguir esperando y construir un debate conjunto.
Creo que ya hemos hablado hasta la saciedad de estos temas. Creo que hay una demanda por parte de las organizaciones sociales, por parte de los fiscales y jueces, por parte de la sociedad; hay un consenso, en términos generales, en las fuerzas políticas y, por tanto, no sé qué es lo que se nos pide y por qué hay que volver a reflexionar, si ya está todo absolutamente reflexionado. Usted podrá decirme, y le doy la razón, que son mecanismos legislativos complicados que en el proceso legislativo requieren de una especial sensibilidad, pero si no nos ponemos a caminar y a hablar uno por uno de cada uno de estos proyectos, caeremos, como está ocurriendo, en una absoluta esterilidad, y así éste seguirá siendo un debate en el que nos iremos dando la razón paulatinamente y en el que estaremos de acuerdo en los métodos generales, pero al final no le vamos a dar a la sociedad los mecanismos que en este momento necesita. De lo que yo me asombro es de que al día de hoy se nos vuelva a dar como meta un plazo que no

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tiene plazo, es decir, que no tiene fechas concretas. Yo esperaba, señor Secretario de Estado, que hoy se comprometiera usted a decirnos cuándo y en qué fecha van a estar aquí estos proyectos, porque se supone que ya el día 26 de octubre habíamos consensuado que estos proyectos eran el punto mínimo de partida para abordar una reforma legislativa coherente.
Pero mucho más asombroso todavía es que los dos temas centrales o estrellas de este proceso, que son la ley de fondo y la ley de precursores, al día de hoy todavía no tengan una fecha concreta, a pesar de que existe una proposición no de ley aprobada por esta Cámara que fijaba el día 31 de diciembre como fecha límite para que la ley de fondo estuviera en la Cámara. El día 31 de diciembre ya ha pasado hace unos cuantos días y todavía hoy no tenemos fecha concreta de cuándo va a estar dicha ley. Y lo que es peor, y me deja mucho más preocupado, es que usted deja entrever que incluso no va a ser una ley, sino que puede ser un reglamento, cosa que creo que hay que abordar y estudiar con más detenimiento porque, como usted bien sabe, la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales prevé precisamente el desarrollo de la ley de fondo. Por tanto, se trataría de dar cumplimiento a la propia disposición adicional de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
Este es un instrumento utilísimo y, en todo caso, es un instrumento que la sociedad espera como una inyección moral, porque cuando estos días vemos que los fiscales especiales de lucha contra la droga se quejan de que no tienen medios, ¿qué les estamos diciendo? Que se aguanten, que no hay recursos --en palabras literales del Ministro--, que no hay posibilidades y que se conformen con que podamos informatizar una, dos o tres fiscalías especiales. Mientras tanto, el crédito especial de 500 millones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado no ha sido utilizado; mientras tanto, la ley de fondo, que podría detraer parte de esos bienes, precisamente para hacer más eficaz la lucha contra la droga, todavía no es una realidad. Por tanto, me parece una falta de voluntad política no haber impulsado adecuadamente un instrumento que puede ser útil relativamente, pero que sí lo es para estos temas concretos. Hay cuestiones que de alguna manera inyectan moral a la sociedad, y yo creo que hay determinados colectivos que están padeciendo el problema de la droga y necesitan que les inyectemos fuertes dosis de moral; y la ley de fondo no solamente es una ley económica sino que es una ley de inyección moral a la sociedad que necesita ver que quien causa daño paga, de alguna manera, devolviéndole a la sociedad parte de lo que le ha quitado en salud, en seguridad y en tranquilidad de sus ciudadanos. Por tanto, creo que esa ley tiene una importancia vital y no hay razón para que en este momento todavía no exista una concreción, a pesar de las dificultades técnicas que todos comprendemos.
Podría decirse lo mismo de la ley de precursores, y he escuchado del Delegado del Gobierno, en otras épocas portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la importancia que se da precisamente al control de los precursores, que es además uno de los temas prioritarios contemplados en la Convención de Viena; y como usted sabe, la Convención de Viena, que ratificamos con un cierto retraso, nos pide y nos obliga a que legislemos sobre esta materia. Por tanto, también me asombra que todavía no tengamos la concreción de una fecha. Me gustaría, señor Secretario de Estado, que usted nos dijera hoy que antes de que finalice este período de sesiones vamos a tener aprobadas por la Cámara, no presentadas a la Cámara, sino aprobadas por la Cámara, estas dos leyes que son extraordinariamente importantes.
Luego entraré en detalle en los temas de los que el Ministro habló y que son parte de nuestra proposición no de ley --si bien creo que usted se ha dejado uno de los temas más importantes en la lucha contra el narcotráfico--, pero antes voy a reafirmar una de las partes de su intervención, que es la valoración de los Cuerpos de la Seguridad del Estado en su encomiable labor. Creo que toda la sociedad española, y desde el Grupo Parlamentario Popular quiero dejar constancia de ello, reconoce el importante esfuerzo que realizan los Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico, el gran número de decomisos que se están realizando, y eso dice mucho en favor de su profesionalidad; también dice mucho, qué duda cabe, del volumen de tráfico que hay en nuestro país de determinadas sustancias tóxicas. Pero me da la sensación de que por esa vía tenemos muy difícil ganar la batalla al narcotráfico.
Yo le he oído a usted, cuando era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, decir que es difícil enfrentarse a esa exclusiva visión del narcotráfico, y que uno de los instrumentos más importantes no era el decomiso, sino desmantelar realmente las organizaciones y evitar el blanqueo de capitales.
España, que es geográficamente lo que es, y que tiene un importantísimo número de kilómetros de costa y una vulnerabilidad geográfica e incluso también histórica y cultural por nuestros vínculos con otros países, es casi como ese barco que hace aguas por muchos sitios y que con mucho encomio y con mucha profesionalidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intentan tapar aceleradamente por veinte mil sitios haciendo lo que pueden. Pero da la sensación de que ésa no es la vía; necesitamos nuevos instrumentos que hagan más eficaz esa lucha, y uno de ellos es la Ley de Blanqueo de Capitales, que aprobamos en esta Cámara y que, como usted sabe bien, está pendiente de su desarrollo reglamentario. Usted no nos ha dicho nada del reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales, y esta Ley, señor Secretario de Estado, sin el reglamento prácticamente no es nada. Por tanto, nos gustaría saber cuándo va a estar el reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales, porque esta Ley tiene ya algo más de un año, año y medio, y al día de hoy todavía no conocemos el reglamento de la Ley, que es fundamental, insisto, para que sea operativa, porque el reglamento contemplaba, como usted sabe, el tema de las sanciones y el tema de la comisión que se dedica a la evaluación y conocimiento de temas. Por tanto, ese reglamento es para nosotros muy importante.
Sobre el paquete concreto de medidas que el Ministro anunció en esa interpelación del Grupo Parlamentario Popular, usted ha citado, evidentemente, las más importantes: el tema del agente infiltrado, las escuchas telefónicas, los

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macroprocesos, las entregas vigiladas de dinero, que no las citó el Ministro, sino que, como usted sabe, es una iniciativa presentada por nosotros en la Cámara como una modificación concreta a un artículo concreto, y que en el fondo es técnicamente bastante fácil poderlo llevar a cabo, entre otras cosas porque es ampliar lo que ya contempla la Ley sobre las entregas vigiladas de sustancias tóxicas o la posibilidad de hacerlo con los movimientos de capitales. Otra cosa que usted no ha citado, y que creo que tiene su importancia, es el tratamiento de denunciantes --el Ministro sí lo citó en su comparecencia--. Por tanto, sobre este paquete de medidas, yo esperaba alguna concreción, porque usted nos ha vuelto a repetir aquí lo que se nos dice permanentemente, que son temas importantes, que hay que avanzar sobre ellos, que hay un consenso en la sociedad y en las fuerzas políticas para legislar, pero que lo dejemos para un posterior debate. Yo no sé si la sociedad quiere que lo dejemos para un posterior debate, yo no sé si podemos seguir demorándolo más, yo no sé si cada día que nosotros esperamos a debatir con más profundidad el tema perdemos un poco la parcela, perdemos un poco de terreno frente a los que no esperan ningún día para seguir haciendo su negocio ilícito.
Creo que éste es un tema urgente. Les estamos dando a ustedes la oportunidad de avanzar en el proceso legislativo, y no entendemos que no lo hagan teniendo sobre la mesa determinadas iniciativas, sea de nuestro Grupo o del de ustedes. Además, saben que les hemos ofrecido sinceramente la posibilidad de llegar a acuerdos legislativos para avanzar rápidamente en estos temas. No entendemos que por una cuestión, no sé si estratégica o de qué índole, no se aproveche el poner en marcha esos procesos legislativos. Luego vamos a tener la ocasión de debatir sobre una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que puede ser de toda la Cámara, precisamente para avanzar en la figura del agente infiltrado o agente colaborador, y mucho me temo que va a tener de nuevo una cierta parálisis, invocando, eso sí, esa futura reflexión más en profundidad, cuando usted bien sabe que un proceso que se pone en marcha en esta Cámara, ya en sí mismo es un proceso de reflexión y de debate. Por tanto, para conseguir las cosas lo mejor es ponerse a andar, empezar a funcionar poniendo sobre la mesa iniciativas concretas.
En muy pocos días probablemente veremos en el Pleno del Congreso de los Diputados la iniciativa que le comento sobre las entregas vigiladas de dinero. Si la mayoría de la Cámara está de acuerdo con aceptar a trámite esa iniciativa, le garantizo a usted que el Grupo Parlamentario Popular no tiene ninguna a priori sobre ese tema más que el deseo de que se empiece el proceso y que cuanto antes lleguemos a la concreción de fórmulas que nos permitan ser ágiles. Si, por el contrario, se vuelve a desestimar la posibilidad de esa iniciativa, volveremos a producir una parálisis que no beneficiará será a la sociedad española. Busquen ustedes la fórmula que quieran. Yo no tengo ningún deseo personal, ni mi Grupo lo tiene, de buscar más protagonismo en este tema que el de dar al Parlamento la oportunidad de avanzar en estas cuestiones que nos parecen fundamentales.
Usted ha hablado también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en otra vertiente, que es la dotación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuevos agentes o de nuevos medios para poder hacerlo. Como ha dicho que nos va a dejar un material, lo podremos analizar En todo caso, señor Secretario de Estado, con lo que hemos visto desde el día 26 de octubre hasta hoy, con el debate presupuestario en donde pudimos ver realmente la escasez de posibilidades presupuestarias que había para poder hacer estas nuevas dotaciones, me sorprende que puedan haberse desarrollado los compromisos que el Ministro adquirió, porque realmente eran ambiciosos. Le recuerdo que hablaba, en primer lugar, del desarrollo de la brigada de delincuencia económico-financiera en la Policía judicial, que iba a estar compuesta por cuatro grupos operativos, tres de los cuales iban a destinarse exclusivamente, a los temas de blanqueo de dinero. En segundo lugar, se refería a la reforma y potenciación de los grupos especiales de estupefacientes tanto en la Policía como en la Guardia Civil. Sería bueno saber si esos tres grupos son operativos y con cuántos agentes cuentan, así como si esos refuerzos a los grupos de estupefacientes de la Policía y de la Guardia Civil se han concretado y de qué manera. En tercer lugar, hablaba de la reorganización del servicio fiscal de la Guardia Civil, creando un departamento antidroga con órganos de inteligencia e investigación.
Además, convendría saber si se han creado esos servicios y de qué manera.
Decía que se iba a incrementar en 438 el número de personas dedicadas a la organización periférica. En fin, creo que eran unas concreciones ambiciosas que, en todo caso, ya tuvieron nuestro respaldo y nos gustaría saber si se han podido llevar a cabo.
Nos gustaría que nos facilitara alguna información sobre cómo van a afectar a la Secretaría de Estado, y especialmente al Plan Nacional, los recortes presupuestarios que ha introducido el Gobierno en cada uno de los Ministerios. Es lógico pensar que ese recorte se ha distribuido entre todos los Ministerios de la Administración central del Estado y convendría tener una idea de en qué medida este recorte va a afectar también a la Secretaría de Estado y si va a afectar especialmente al Plan Nacional, porque tiene algo que ver con lo que estamos hablando no solamente de medios legislativos, sino también de medios materiales.
Para finalizar y para resumir, señor Secretario de Estado, francamente me siento decepcionado, no por el contenido de los temas que hemos tratado, sobre los que básicamente ya hemos expresado en múltiples trámites parlamentarios nuestro acuerdo, sino por la falta de concreción de un calendario que realmente comprometa al Gobierno y comprometa a los grupos políticos en el tiempo más breve posible. Creo que no podríamos irnos más lejos de este propio período de sesiones, ya nos hemos saltado el anterior período de sesiones, que era el compromiso del Ministro. Sería razonable que adquiriéramos entre todos el compromiso de que en este período de sesiones al menos el núcleo fundamental de estas propuestas pueda ver la luz en las Cámaras y puedan dotar de los instrumentos necesarios para llevar a cabo la lucha contra la droga.


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Vuelvo a reiterarle nuestra voluntad de llegar por la vía que usted crea más conveniente, por la que crean más conveniente otros grupos políticos, pero no creo que invocando una vez más la reflexión, no creo que invocando cuestiones de oportunidad o de estrategia y paralizando procesos que pueden ponerse en marcha podamos llegar a esa situación, sino, al contrario; es caminando como realmente podremos avanzar y devolver a determinados colectivos que empiezan a estar bastante afectados la moral que necesitan para enfrentarse al día a día de esta tan difícil tarea.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Robles.
El señor López Riaño tiene la palabra para contestar.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a responder con sumo gusto a la intervención que ha hecho el señor Robles, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento personal y también del equipo de la Delegación por la forma en que usted ha conducido la solicitud previa de esta comparecencia, así como su desarrollo. Creo que es posible en nuestro país, en nuestra sociedad hacer políticas no de enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo que no conducirían a nada, sino políticas integradas porque, como ha desarrollado su señoría perfecta y correctamente, la capacidad de control del Ejecutivo que ustedes ostentan constitucionalmente no impide la construcción de un proyecto compartido.
Si usted me pregunta cuál de los dos informes preferiría yo, el que la propia Delegación generase respecto de la revisión del Plan Nacional o el que generase esta Comisión, yo le digo, señor Robles, que prefiero que los objetivos de la revisión del Plan Nacional los señalen sus señorías.
En todo caso, mi intervención iba en el sentido de abrir las puertas del Plan, como ya se hizo en el año 1991, para todo cuanto ustedes necesiten en el ámbito de los datos, de las experiencias, de las relaciones internacionales que sean motivo de interés para integrarlas en el informe. Pero esta Delegación, mientras yo la dirija el tiempo que ustedes decidan que sea así y el Gobierno lo mantenga, va a considerar prioritaria la atención de los objetivos que la Comisión Mixta Congreso-Senado señale, lo cual me parece que reconduce, como no podía ser menos, a un auténtico protagonismo de los grupos parlamentarios.
Habrá que tomar decisiones en este ámbito después de la reflexión correspondiente para vitalizar esa relación.
En algunas cosas las Administraciones son lentas, pero hay que pensar también, señor Robles, que a veces son razonablemente lentas. Vamos a ver qué cosas sí están señaladas y no debían producir decepción a su señoría.
La ley de Fondo ha sido presentada como proyecto por esta Delegación del Gobierno al Ministerio de Justicia e Interior, ha sido trasladada por el Ministerio de Justicia e Interior al Ministerio de Hacienda para sus observaciones, siendo devueltas esas observaciones muy recientemente del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Justicia. Con lo cual, no estamos hablando aquí de una posible ley de Fondo; hay un texto presentado por esta Delegación que es compartido ya por dos departamentos que tienen que informar necesariamente de la cuestión. Cumplida, pues, esa iniciativa indudable por nuestra parte, además constituye uno de los objetivos prioritarios de esta Delegación, porque sabe el Delegado y el equipo de dirección con cuánto interés sus señorías han debatido este proyecto legislativo en sus etapas previas de reflexión general. Pero es un proyecto de ley muy importante, es un proyecto de ley que, como he dicho en la intervención inicial, supone una excepcionalidad respecto del principio de caja común. Es un proyecto finalista, tenemos que decir qué bienes decomisados hay en primer lugar, tenemos que certificar por parte de la Administración judicial, que es una Administración independiente, como ustedes saben, cuáles son los bienes que pueden ser objeto de esa ley. A partir de ahí es necesario evaluar todos los años el contenido de ese valor de decomisos para atribuirles una finalidad presupuestaria, el cumplimiento de unos programas de prevención y de rehabilitación.
¿Por qué no confesarlo, señor Robles? Nos pareció una cosa muy sencilla cuando lo comentábamos aquí en la Comisión y cuando lo hemos debatido.
Nos parece tan elemental que eso se pueda hacer que no entendemos --yo también me incluyo a veces-- esa lentitud razonable en el desarrollo del proyecto. Porque se pueden cometer errores, y los estamos viendo en el análisis del propio anteproyecto presentado, que tendrían muy difícil solución después. Me he referido por encima a la inclusión de bienes inmuebles. La autoridad presupuestaria nos aconseja que utilicemos, en otro sentido, el ámbito de los créditos ampliables como modelo a reiterar año tras año en lugar de un fondo que proviniera del desarrollo de la ley, según nosotros la concebíamos en principio. ¿Se pierde tiempo por dedicar a este asunto unas horas, una semana de reflexión? ¿Qué queremos al final? Una ley de Fondo que no contenga elementos demagógicos de imposible solución y que, sin embargo, como muy bien ha señalado su señoría, contenga elementos de ejemplaridad social. Esa ley tiene que ser una ley ejemplar, porque es un esfuerzo legislativo y presupuestario importante que desarrolla el Gobierno y al cual compromete, pero también es una decisión de las Cámaras, como no puede ser de otra manera cuando se habla de los dineros de los contribuyentes y de la política presupuestaria. No tiene ninguna frontera o límite que impida su desarrollo. La ley de Fondo está en proceso. Yo agradezco el apoyo que usted refleja desde su posición como portavoz del Grupo, y le haré valer en el seno del propio Gobierno para que se aceleren y se definan definitivamente los proyectos. Si llegáramos a la conclusión de que hay una vía procedimental más adecuada que la ley, y me he referido a la posibilidad de un reglamento que recogiera el desarrollo de una junta coordinadora de distribución de esos fondos que a lo mejor, según me dicen las autoridades presupuestarias, facilitaría la entrada en vigor de lo que en definitiva queremos, que es que esos fondos se atribuyan a la prevención

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y a la represión del narcotráfico, entonces yo se lo comunicaría inmediatamente a sus señorías para que pudiéramos informar cuál de las dos vías es la más adecuada y, hasta ese momento, compartirlo con ustedes. Y quedo a su disposición para cualquier duda o para cualquier información que desearan en ese momento. Luego la ley de Fondo está comprometida por esta Delegación. El texto está presentado al Gobierno --vuelvo a reiterarlo-- para que sea analizado por los distintos departamentos.
La ley de Precursores. Es cumplimiento, como también ha señalado usted con toda precisión, señoría, de una directiva europea. No es que ésta esté ya sometida a discusión en los departamentos. He dicho en mi intervención inicial que está en el Consejo de Estado para su informe.
Señor Robles, yo no me atrevo a llamar al Consejo de Estado. No lo haré nunca. Podía hacerlo por amistades obvias, pero no lo haré nunca. Me parece que es preferible significar públicamente que desearíamos que se informara a la mayor brevedad como una decisión de la Comisión Mixta, que no hay que tomar formalmente, pero que, sin duda, se puede trasladar. Es también un órgano independiente de nuestro Estado, con un alto valor, y hay que dejarlo trabajar según su propio Reglamento interno. Usted conoce perfectamente el desarrollo de los trabajos en comisión. Esta Comisión de Hacienda del Consejo, por lo visto, tiene también algún compromiso de densidad laboral, y esto va a tardar un poco, pero yo creo que el debate de hoy sirve --y le agradezco la cita que usted hace de mi comparecencia-- para que también se hagan eco de esa necesidad.
Luego las dos leyes fundamentales están en marcha. No es un compromiso etéreo, señor Robles; están en marcha, y yo creo que vamos a tener ya una etapa de desarrollo, de recta final. No quisiera defraudarme a mí mismo y a sus señorías diciendo que tendrá lugar en el espacio de este período de sesiones. Yo me comprometo, señor Robles --no debía hacerlo, quizá, según los anales de política escritos por todos los especialistas--, a que, al término de este período de sesiones, hayamos clarificado totalmente ambos proyectos de ley: la ley de Fondo y la ley de Precursores.
He expuesto a la Comisión que había la posibilidad y la conveniencia colectiva --no para el Delegado del Gobierno para el Plan ni para el Gobierno, sino para el propio conjunto del proceso-- de reflexionar sobre el paquete de anteproyectos legislativos que se refieren o pueden tener implicación en cuestiones de narcotráfico, como los agentes infiltrados o los macroprocesos. Hago exclusión de la entrega vigilada de capitales porque me parece que, como bien señala su señoría, ésta podría tener, por afectar específicamente al narcotráfico, un tratamiento autónomo e independiente, y mi posición sería, como ya le he dicho, la de aceptar cualquier iniciativa de los grupos en esa dirección. Respecto de las otras cuestiones que afectan no sólo al narcotráfico sino a la comisión de otro tipo de delitos, quizá, por razones estructurales y racionales, convendría hacer un paquete conjunto para resolverlo en un plazo no muy prolongado en el tiempo. He señalado el final de este período de sesiones. Me dicen los expertos en relaciones parlamentarias que la Comisión de Justicia e Interior está absolutamente saturada de trabajo.
Me dicen que es imposible sacar adelante estos proyectos, y lo que piden a sus señorías es que no perdamos la fe en que lo vamos a resolver en este período de sesiones, pero que, probablemente, sea conveniente incluirlos en el ámbito de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yo sé que su Grupo, señor Robles --y usted mismo--, entiende perfectamente esas razones. No se les pide que den un aval indefinido, ni siquiera una prórroga. Lo que estoy pidiendo desde aquí es poder compartir una inquietud que ya para mí a partir de hoy, sería común con los grupos parlamentarios --con ustedes y con los demás grupos de la Comisión, según iremos viendo--. Yo estoy seguro de que no ha de faltar esa colaboración mutua de unos y de otros. Eso sería también un segundo compromiso que yo me atrevo a formular aquí ante ustedes: en este período de sesiones tendremos la posibilidad de debatir, de informar, de conocer más profundamente estos aspectos delicadísimos. Porque, desde el área del narcotráfico, yo mismo desearía ahora que hubiese una ley de agentes infiltrados, pero ¿la voy a estar diseñando desde el ámbito que yo conozco, con ignorancia de otros ámbitos de la lucha policial en la que, probablemente, la reflexión es más amplia? ¿O incluso conviene hacer una reforma tan parcial de estos asuntos que se pierda de vista la interrelación con otros artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Yo creo que, de verdad, merece la pena esperar a esa posibilidad de hacer esa reflexión, y es lo que me he atrevido a exponer.
Ha hablado usted de algunas deficiencias como las señaladas por los señores fiscales especiales contra la droga. Le voy a decir, señor Robles, que cuando llegué a la Delegación y asumí la Secretaría de Estado, mi primera relación fue con la Fiscalía Especial contra la Droga, en parte, porque creo que los señores fiscales contra la droga han demostrado ser una pieza clave del desarrollo de estos procedimientos penales. Es la garantía jurídica del cumplimiento de la legalidad de nuestro país. Pero, además, ha sido un colectivo que ha tenido una gran iniciativa personal, de modo que, dentro de esa Fiscalía Especial contra la Droga, ya hay figuras reconocidas por su prestigio. Cuando llegué propuse al Fiscal General del Estado que parte de los posibles bienes, de los fondos , fueran dedicados a resolver problemas de infraestructura que yo conozco. Creo que no desvelo ningún misterio si les digo a ustedes que la Fiscalía General del Estado prefería hacer un estudio completo de la situación de los señores fiscales, no solamente de los fiscales de la lucha contra la droga, sino en relación con el resto de los componentes de la fiscalía, en el sentido de que, probablemente, los fiscales especiales contra la droga tienen, dentro del Cuerpo de Fiscales, un estatus que el Fiscal General del Estado quería conocer con más profundidad e integrar, de alguna manera, en un proyecto o programa común. Me han invitado, creo que para el día 10 ó 12, a compartir esa reunión en Toledo. Iré con sumo gusto a tomar nota de las cosas que puedan ser resueltas en un tiempo difícil. Me ha preguntado usted sobre cómo están las dotaciones del Plan Nacional desde el recorte que el Gobierno y la Cámara han acordado. Son tiempos difíciles para hacer política a base de dinero. No

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me atrevería yo a decir que vamos a poder desarrollar un programa porque tenemos unas excelentes dotaciones presupuestarias en la Delegación. Lo vamos a tener más complicado que en el año anterior. Yo, personalmente, me resisto a aceptar recorte alguno, pero es probable que la solidaridad del Gobierno y las directrices de la propia Cámara, en el sentido de que a nuestro país le conviene un recorte en el déficit público, que es lo que se alega para justificar esas políticas, sean buenas para toda la sociedad. Yo ahí me limitaría a decirle, señor Robles, que mi compromiso es el de hacer la misma política y el de mejorarla en lo posible con el dinero de que disponga el plan. Creo que es posible, con el dinero que vamos a recibir, desarrollar las políticas que tenemos pendientes. Como la situación, la austeridad del plan, nos exige ser sumamente austeros, vamos a proceder a serlo. Como es lógico, esto siempre debe ser así, pero en esta ocasión aún más de lo que sería nuestro gusto porque no hay otra solución. No estoy muy alegre de tener más dinero que el año anterior para desarrollar mi política contra la droga. No es así y no va a ser así. Como ya dijo el Ministro de Justicia e Interior a la reclamación de los señores fiscales, no es éste el mejor ejercicio para poder hacer frente a esas situaciones.
Usted hablaba de la inestabilidad del Plan Nacional. Pues bien, con todo, el Plan Nacional aquí está, aquí sigue la misma unidad político-administrativa, incluso, reforzada con la creación de los gabinetes, que a mí me parece que ha sido una buena decisión. Lo dije en mi primera comparecencia y hoy estoy seguro de ello. Esos gabinetes permiten que el mundo de la prevención y el mundo de la represión convivan y se transmitan experiencias en uno y otro sentido. En ese aspecto, me parece una decisión digna de ser mantenida. Algunos Estados de la Unión, Alemania, Holanda, etcétera, han visitado la Delegación y no les ha parecido un desacierto este modelo, sino todo lo contrario. ¡Ojalá que en su momento podamos inspirar un modelo común europeo donde prevención y represión tengan un órgano político-administrativo de encuentro! Esta ha sido una cuestión importante. Además, le diré que así como nosotros hemos llegado aquí, en Francia la Comisión parlamentaria ha solicitado la desaparición del Plan Nacional que entró en profunda crisis, quizá, porque en Francia se dedicó a una sola de las áreas de la lucha contra la droga, la preventiva, y no conectó con la sociedad, tal vez al cien por cien, como puede conectar una unidad político-administrativa que tenga esa amplia responsabilidad en las dos vertientes: luchar por la prevención contra las drogas, pero también tener conocimiento, información y posibilidades de coordinación para crear un clima de trabajo adecuado, porque esto me parece que es muy importante. Usted mismo ha dicho que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen al respecto un clima envidiable de trabajo y de colaboración.
Se han adoptado medidas muy importantes para afrontar con eficacia el tráfico ilícito de drogas en la línea de lo que usted solicitaba, señor Robles, respecto de las mejoras en la Dirección General de la Policía y en la Dirección General de la Guardia Civil. He dejado al señor Presidente unos cuadros que visualizan, como digo, esas relaciones de aumento de dotaciones personales y materiales. Si usted me lo permite, señor Robles, no quisiera entrar en la descripción punto por punto de los efectivos, pero si algún Grupo tiene interés en ello, yo no tengo ningún inconveniente en decirles hasta qué punto se han cumplido minuciosamente muchas de esas decisiones. En líneas generales, les diré que en la Comisaría General de Policía Judicial se ha potenciado el Servicio Central de Estupefacientes conformándolo con dos brigadas, la de investigación y la de inteligencia, así como el Servicio Central de Policía Judicial dándoles rango de brigada a dos de sus secciones, la de delincuencia organizada y la de delincuencia económica y financiera, dotándolos, consecuentemente, de las secciones y grupos necesarios que permiten absorber estructuralmente el aumento de efectivos humanos consiguientes a dicha potenciación.
Concretamente, en el ámbito de la delincuencia económico-financiera se ha acelerado la propuesta de potenciación de las unidades que se dedican a la investigación de estas actividades delictivas en las plantillas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, La Coruña, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Bilbao, Zaragoza, Valladolid y Gijón.
En relación con la Jefatura del Servicio Fiscal de la Guardia Civil, les diré que, de los 438 funcionarios previstos como aumento de las plantillas periféricas dedicadas a la lucha antidroga, ya es real un incremento de 90 efectivos. De los 116 funcionarios previstos como plantilla ideal en el órgano de investigación del Departamento Central, cuya creación anunció el señor Ministro, ya se han incorporado 49, mientras que el órgano de inteligencia del mismo Departamento ya está compuesto por 19 miembros del total de plantilla ideal que se fijó de 41 miembros.
En el proyecto de personal para la lucha contra el narcotráfico y el fraude fiscal se contempla el dotar a todas las comandancias provinciales de un GIFA, Grupo de Investigación Fiscal Antidroga, con plantillas acorde a la conflictividad de su territorio. Tal medida se complementa con la programación de cursos de especialización para la adecuada formación de sus miembros. Se espera que durante el año 1995 los objetivos propuestos se hayan cubierto en un 80 por ciento en el Departamento Central, y en un 70 por ciento en la organización periférica, lo que permitiría completar la reorganización total del servicio fiscal en el año 1996.
Como ustedes saben, la política del Ministerio de Justicia e Interior en el ámbito de la distribución presupuestaria atiende en este ejercicio, prioritariamente, a las necesidades de dotación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los que en reciente convenio se ha adscrito una importantísima cantidad que excede de los 10.000 millones de pesetas.
En la parte alícuota que nos corresponde de lucha contra la droga, nosotros hemos saludado con satisfacción esa decisión de la política del Gobierno y del Ministerio de Justicia e Interior.
No quiero cansarles más, señor Presidente. Si en algún momento desean sus señorías hacer preguntas al respecto, podemos contestarles por escrito desde la Delegación.


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Por último, me centraré en el Reglamento de blanqueo de dinero.
Obviamente, lleva usted toda la razón, señor Robles, no he hablado del reglamento que prevé la Ley de Blanqueo de Dinero. Yo espero que el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España lleguen a un acuerdo. He tenido ocasión de comentar este tema con el Presidente de la AEB, don José Luis Leal, que tuvo la atención de invitarme a la Asociación de la Banca Española para hablar de este importantísimo asunto. Yo creo que lo vamos a tener en este período de sesiones. No obstante, agradezco la presión del Grupo Parlamentario Popular y la de los demás Grupos de la Comisión para que el reglamento de esta ley esté en el «Boletín Oficial del Estado», lo cual no quiere decir que no se esté cumpliendo la ley en otros aspectos ni se pueda cumplir. Como sabe muy bien su señoría, la ley, en términos de generalidad, establece principios que ya la propia Banca está haciendo suyos, puesto que los representantes de banca ya están trabajando, cada día más insistentemente, con ese órgano que, como ustedes recordarán, cumplía una función de comisión ejecutiva transitoria hasta la llegada del reglamento.
Yo quisiera dedicar una sesión monográfica, en otra comparecencia a petición propia o cuando ustedes me estimulen a ello, al tema del blanqueo de dinero. Hay sugerencias de la AEB que hay que tener en cuenta. Ellos creen que son más operativos no describiendo el límite de las operaciones de acuerdo con un listón de cantidad, es decir, dando cuenta de las operaciones de más de cinco millones o de 10 millones.
Consideran desde el ámbito bancario que esto no produce una mejora en la lucha contra el blanqueo de dinero y sí que es un obstáculo que, incluso, produce una distorsión grande y probablemente un cierto beneficio indirecto para los propios blanqueadores. Sin embargo, su asociación quiere trabajar --esto sería injusto no decirlo en esta Comisión-- directamente con el Plan Nacional, incluso, reconstruyendo una comisión que hubo en su día y que desapareció, no sabemos si por desuso o porque no hubo tiempo para ello, o porque las autoridades del Ejecutivo se dedicaron a otros asuntos que en ese momento eran de mayor trascendencia, como la lucha contra el terrorismo. Hablo de una comisión donde el propio Secretario de Estado para la Seguridad y autoridades del Ministerio del Interior formaban parte de una especie de comité de trabajo con la AEB.
Me atrevo a anunciar aquí en público esa sugerencia de don José Luis Leal, porque para eso se toma contacto con estas autoridades bancarias.
Creo que es una sugerencia muy interesante y que cabría diseñar un órgano informal, si quieren ustedes, pero muy comprometido, de intercambio de comunicación entre las autoridades, por un lado, y los representantes de la banca, por otro.
Creo que he contestado a todas las cuestiones que me han planteado sus señorías. Si alguna he dejado pendiente, háganmelo saber.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño. Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente. Intentaré ser breve.
Señor López Riaño, usted ha hecho referencia una vez más al tiempo que debemos tomarnos, a esas horas o semanas adicionales que usted nos pide que nos tomemos. Yo lo he calculado en semanas, y si quiere que lo calculemos en horas también es fácil, pero quería decir que desde que se aprobó la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y, por tanto, desde que tenemos el mandato de desarrollar la ley adicional, la ley de Fondo, han pasado ya 70 semanas y que desde que aprobamos las directivas comunitarias en el Parlamento español, y especialmente la Convención de Viena, han pasado 125 semanas. Pues bien, habiendo pasado 70 semanas por una parte y otras 125 por otra, creo que ha habido tiempo suficiente en horas y en semanas como para que nos tomemos ya las cosas con algo más de prisa. Insisto en que considero que ha pasado ya el tiempo suficiente.
Le vuelvo a urgir, por tanto, para que en este período de sesiones queden, no clarificadas --palabra que usted ha utilizado aunque es un término que no conozco yo desde un punto de vista parlamentario--, sino aprobadas ambas leyes, bien en esta Comisión, bien en las Comisiones por las que las dos tengan que pasar. Esto nos parece fundamental.
En cuanto al reglamento que, evidentemente, no supone la totalidad de lo que permite realizar la Ley de Blanqueo de Capitales, como usted bien sabe, sí es fundamental en lo que se refiere a los aspectos sancionadores de la propia Ley. Claro está que en su momento reconocimos --los que lo reconocimos-- que la Asociación de la Banca había hecho ya anticipadamente a esa Ley una labor decidida en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. La Declaración de Basilea es un código del que se dotaron los propios bancos para tomar conciencia de este tema. Lo que sucede es que las leyes que aprueba el Parlamento deben servir para algo; no deben quedarse en papel mojado porque si no estaremos dando la razón a aquellos que dicen --yo no lo digo-- que el Gobierno está más preocupado por una política de propaganda y de declaraciones importantes como aquellas de: «vamos a acabar con los narcotraficantes», «romperemos el espinazo» o «ya tenemos Ley de Blanqueo de Capitales», que por aplicar una política más rigurosa. Por tanto, para dejar esa política de propaganda que algunos dicen que hace el Gobierno --yo no lo digo-- creo conveniente que procedamos a dotar de contenido a las leyes y a los compromisos de todos en este Parlamento y que el propio Gobierno también ha anunciado en alguna ocasión.
Me atrevería a decirle en broma al señor López Riaño que se desenganche un poco de esa rigidez gubernamental y que proceda a hacer una labor de desintoxicación gubernamental para que recobre ese impulso político que tenía cuando era portavoz en esta Cámara. Quisiera decirle que haga lo posible por que las rigideces y lentitudes gubernamentales se conviertan en un cierto impulso legislativo que es lo que necesita este área.
Desengánchese un poquito de ese tema y haga usted posible que los compromisos que el Gobierno y que el Parlamento adquieran se lleven de verdad

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a la práctica. Vamos a ver si en vez de clarificarlas aprobamos las leyes.
Pero también me atrevo a sugerirle que haga lo posible para que, aparte de esa reforma general que se va a hacer de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que nos sumaremos gustosos si en el plazo conveniente se produce su entrada en la Cámara --y aceptaremos gustosos la invitación que usted nos hace--, no dejemos ninguno de lado la posibilidad de hacer reformas parciales. También ahora vamos a debatir en la Cámara sobre el Código Penal, pero ello no ha impedido que en estas últimas legislaturas hayamos ido produciendo las reformas parciales que hemos considerado urgentes y necesarias en algunos momentos procesales.
Creo, por tanto, que si en este momento en la Cámara hay ya medidas concretas en las que todos estamos de acuerdo y sobre las que no debería haber más trámite, debemos aprovecharlo para ganar algo más de tiempo. Me sumo gustoso a su invitación, pero también les pido, tanto a usted como al Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, que nos permitan ser un poco más ágiles. Si tenemos la posibilidad de avanzar sobre reformas concretas, le pido que también lo podamos hacer.
Volviendo al tema de los fiscales --voy a ser breve, no quisiera repetirme--, creo que cuando se invoca la falta de recursos para dotar de más medios a los fiscales no se dice toda la verdad del problema, y es que hay otros mecanismos que no son obligadamente los presupuestarios sino que pueden ser también de orden legislativo para responder a las demandas que nos hacen los fiscales. Por tanto, proporcionemos a los fiscales esos medios. En cuanto a los medios materiales, como le he dicho antes, cuando resulta que no se ha utilizado ese crédito extraordinario de 500 millones que aprobó el Parlamento, y cuando además no tenemos todavía una ley del Fondo, creo que debemos reconocer que no hemos puesto todavía toda la carne en el asador para proporcionar a los fiscales cosas tan sencillas como, por ejemplo, una red informática que es lo que nos están pidiendo, no es que nos pidan grandes instalaciones o cosas así. En esto debemos ser un poco más ágiles.
En cuanto a los recortes, que usted no me ha podido concretar pero que intuyo los va a haber en la Delegación, no puedo sino decir que lo lamento profundamente ya que si los medios con que cuenta el Estado para hacer una política amplia en la lucha contra la droga no son muchos y además se deben recortar, probablemente se van a ver afectados parte de los programas que se van a desarrollar. Insisto en que lo lamento.
Considero que se podría haber recortado en programas de la Administración de otras áreas, pero esperemos que esos recortes se hagan al menos con los criterios de objetividad y eficacia que demandan todos los españoles.
Lamentando, por tanto, que se produzca ese recorte, voy a terminar por donde empezamos. Hemos empezado hablando de lo que es en sí el Plan Nacional. Este Plan no sólo significa la coordinación con las Administraciones autonómicas; es ante todo y fundamentalmente una coordinación transversal de los diferentes Ministerios y departamentos de la Administración central, pero esto se olvida con frecuencia. Yo tuve la ocasión de recordar en esta Cámara al anterior Delegado que la Comisión Interministerial llevaba ya un cierto tiempo sin reunirse, y es que resulta paradójico que incluso en procesos de esta Cámara hayamos llamado a comparecer a los comisionados autonómicos y que nos hayamos olvidado de que la principal misión del Plan es, ante todo, coordinar a la propia Administración central del Estado.
Hay lagunas importantes en el área de la prevención. Yo no creo que pueda mencionarse esta cuestión de ese modo elogioso que usted ha empleado porque considero que el tema de la educación para la salud aún tiene importantes lagunas. Por ejemplo, las cifras de consumo y de percepción que tienen los jóvenes en España sobre las drogas no se corresponden con esa afirmación que hacen al mismo tiempo de rechazo hacia las drogas porque creo que no ha habido una política general de prevención. En España se ha hecho quizá una buena política de prevención respecto de la heroína y es posible que los jóvenes tengan hoy una gran percepción de los riesgos que tiene esta droga, pero no creo que pueda decirse lo mismo respecto de otro tipo de drogas ya que es posible que incluso los jóvenes no consideren que son tan drogas como la heroína. Creo que ello es fruto de una política de coyuntura.
Por tanto, hágase también una buena coordinación en la Administración central, vuélvase a convocar esa Comisión Interministerial y piénsese que aunque las Comunidades Autónomas y otras Administraciones han dado ya bastante, también llega el momento de que debe ser el Gobierno, la propia Administración la que se exija a sí misma que todos sus departamentos han de cumplir esa labor de coordinación dentro del Plan para que desarrollen parte de los programas contemplados en el mismo, y entre los que está uno de los más importantes sin lugar a dudas, el de la educación para la salud y todos aquellos temas que puede desarrollar el Ministerio de Educación, no sólo en los territorios en que ésta no ha sido transferida, sino colaborando también en aquellos territorios donde ya está transferida la cuestión de la educación.
Esperamos que esta vez se cumplan los plazos y que entre todos podamos sacar adelante esta demanda que la sociedad nos solicita día a día.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Quiero expresar mi agradecimiento al señor Robles por su intervención.
Quiero decirle que haré todo lo posible por superar el síndrome de abstinencia parlamentaria que, como ustedes saben, seguramente es el que me domina en el momento presente, para poder recuperar la capacidad de iniciativa.
En cuanto a la Comisión Interministerial señor Robles, está siendo convocada en este momento. Tiene usted razón; hay elementos en temas de prevención educativa y sobre todo en lo que se refiere a las relaciones con el Ministerio

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de Sanidad en cuanto a la integración de la red pública en un proyecto sobre drogas que me parecen de suma importancia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con una relativa brevedad, y en primer lugar quiero agradecer la comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan contra la Droga, señor López Riaño, y hacer una reflexión previa a lo que como portavoz voy a manifestar en este momento.
Esta reflexión la hago con un absoluto respeto para el señor Delegado y una total cordialidad, y es sugerirle que fuera sustituida la terminología «Administración periférica» por otra como Gobierno o «Administración de las Comunidades Autónomas», siempre y cuando no significara un esfuerzo inasumible para el señor Delegado del Gobierno. A nosotros nos ha parecido siempre que la terminología «periférica», que es precisa geográficamente, se refiere a algo alejado, y nada más alejado de nuestra voluntad que estar alejados del Gobierno del Estado.
Hecha esta manifestación previa, señor Delegado, a nosotros nos parece que todo lo que se ha dicho aquí ha sido sumamente interesante, sobre todo las reflexiones que usted ha hecho al inicio de su intervención, porque creo que han sido de una extraordinaria utilidad. En un tema tan difícil como el que estamos abordando en esta Comisión Mixta y que es responsabilidad de todas las Administraciones, yo creo que la reflexión es necesaria de una manera constante, porque la evolución social a un ritmo totalmente acelerado a veces no se acompasa a los esfuerzos de las Administraciones y de la sociedad. A veces da la sensación de que las comisiones, las Administraciones, toda la sociedad vamos persiguiendo al mercurio que se nos está escapando porque la criminalidad organizada tiene un gran potencial económico que contrasta no sólo con las débiles economías de los Estados productores, sino también con los recursos de las fuerzas de seguridad de los Estados, y en este caso nuestro de las Comunidades Autónomas, y su potencial de respuesta limitado por unos preceptos constitucionales. Yo creo que esta limitación inferida por la propia Constitución y la limitación presupuestaria nos dan una cierta desventaja en la lucha contra el narcotráfico y el tremendo problema que se deriva del consumo y tráfico y de drogas.
Sin embargo, señor Presidente, señor Delegado, entendemos que para abordar el problema --y éste es el criterio del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió-- hay que hacerlo a través de un consenso que históricamente ya se ha producido y del que es testimonio claro esta Comisión Mixta; consenso que se ha producido a todos los niveles, no sólo entre las Administraciones, sino también con las Organizaciones no Gubernamentales y con la sociedad. Pero, además, debe abordarse de forma global. Creo que nadie puede plantear en este momento un intento de encontrar soluciones fuera del contexto internacional para abordar el problema del narcotráfico y del consumo de drogas.
Usted, señor Delegado, se refería a la investigación clínica terapéutica, a la investigación farmacológica y a si estamos dando una respuesta adecuada. Nuestro grupo entiende que sí se producen grandes esfuerzos y que probablemente estos esfuerzos también están limitados en momentos de crisis económicas importantes, por cuya causa los recursos previstos tienen que disminuirse forzosamente. Porque cuando alguien habla de aumentar recursos económicos, siempre debería añadir de dónde los saca, por muy importante que sea el objetivo a conseguir, ya que cuando se producen determinados momentos de crisis, los recursos son muy inferiores a los deseables para aumentar la efectividad y la eficiencia en los objetivos. Aunque también es cierto, según nuestro criterio, que los recursos económicos no lo son todo para conseguir estos objetivos, y en este sentido nosotros nos sumamos gustosos al reconocimiento en el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como también a las fuerzas de las Comunidades Autónomas, porque creo que es justo reconocerles este esfuerzo que se hace, a veces, insisto, con recursos limitados.
Recuerdo, señor Delegado, que a finales de año tuve la ocasión de participar, en representación de nuestro grupo, en un foro de debate que creo que fue precisamente organizado por la Delegación del Gobierno para el Plan contra la Droga, concretamente en Algeciras, donde tuve la oportunidad de escuchar los lamentos de los Fiscales Especiales contra la Droga en cuanto a los recursos, oportunidad muy apreciada por nuestro grupo porque nos permitió detectar los problemas que ellos denunciaban. Y yo debo estar de acuerdo con lo que usted manifestaba en cuanto a que los problemas no son sólo económicos, sino que los Fiscales también quisieran acelerar el proceso de unas normas legislativas que les permitieran actuar con una mayor efectividad.
Nuestro grupo entiende que el camino de la reforma de las leyes emprendido en este momento es el correcto; entendemos que tampoco estaría justificado en absoluto precipitarse, porque quien quiere adelantar la hora de los éxitos se dirige con frecuencia a un fracaso asegurado. El tema es demasiado delicado para combatirlo con excesiva rapidez, aunque sí reclamamos que se produzca con toda la brevedad que aconseje una razonable demora para que todo el mundo sea consultado y se afronte con unas características de máxima eficiencia.
Para terminar, queremos referirnos también a la reflexión última que ha hecho el Delegado y a una propuesta de que respetemos el compromiso del Delegado del Gobierno en esta Comisión para que en el trámite de estas leyes, la de Enjuiciamiento Criminal, la de Fondo, la de Precursores, que están ya en trámite, por lo que no parece justificada ninguna iniciativa que parcialmente intente realizar modificaciones que ya están contempladas globalmente en estas leyes.
Nosotros nos sumamos a este compromiso del Delegado, lo asumimos y, por lo tanto, consideramos que deberíamos tener la prudencia de esperar el desarrollo de estas leyes y que cualquier tipo de modificación y de iniciativa,

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que a veces es acertada y adecuada, pueda instrumentarse a través de la modificación de las enmiendas de las leyes que seguramente se van a presentar en breve, como ha dicho el señor Delegado, en el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
El señor López Riaño tiene la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Bertrán, por sus manifestaciones y por su apoyo en la parte que usted ha estimado que merecía apoyar de los compromisos y las palabras que he dirigido a la Comisión. Rectificaré el uso del término Administración periférica, que me dicen los expertos que lo que intenta es incluir a los ayuntamientos, pero creo que es verdad lo que usted dice de que al final nuestro Estado está integrado por las Comunidades Autónomas, por lo que la que usted ha sugerido es una expresión más correcta.
Desde luego, en los diez años del Plan Nacional, señor Bertrán, una de las cosas que yo he comprobado como lo más importante quizá de lo que ha sido la convivencia entre unos y otros en el desarrollo de programas sobre drogas y contra las drogas es la madurez que han alcanzado los programas autonómicos. Concretamente, los de Euskadi, Galicia, Cataluña y Andalucía, sin ánimo de excluir a ninguna otra Comunidad, son programas de gran madurez social, administrativa, política, asistencial y cultural.
Hace pocos días se suscribía en el ámbito de Cataluña un importantísimo pacto de todas las fuerzas políticas con representación democrática para encauzar un proyecto común de lucha o de enfrentamiento a la problemática de las drogas. Y a mí me parece que eso debería estimular también a otras formaciones políticas de otras Comunidades y de otros ámbitos autonómicos para llegar, en lo posible, a un tipo de acuerdo similar. Porque eso sí que tiene un alto valor de ejemplaridad; es ahí donde el ciudadano puede ver por fin que los representantes políticos no solamente se preocupan de sus intereses, sino que son capaces también, como en el caso de Cataluña, de ceder cada uno en parte de sus convicciones o de sus programas en beneficio de la firma común de ese documento, independientemente del alcance que ustedes mismos quieran dar a dicho acto y a dicho acuerdo.
Como sabemos, el narcotráfico mueve miles de millones de pesetas. Cuando uno, al frente de estas responsabilidades, piensa alguna vez que en la captura del petrolero «Archangelos» hemos manejado cifras de cuarenta mil millones de pesetas en el valor de la mercancía, que probablemente iban a engrosar las arcas de los narcotraficantes tanto de este país como de fuera del mismo, como responsable político de la dirección del Plan uno no puede sino reflexionar cuánto trabajo le cuesta a una sociedad digna, democrática y libre agrupar ese esfuerzo financiero y económico, nada menos que por un montante de cuarenta mil millones de pesetas, para dotar a las Administraciones públicas y a las organizaciones no gubernamentales de una estructura financiera de apoyo. Eso nos da una clara imagen acerca de dónde estamos.
El Informe de la JIFE, que es positivo para nuestro país y que reconoce ese programa integrado de todas las Administraciones, no solamente del Gobierno de la nación sino de todas las Administraciones públicas de nuestro territorio estatal, es muy pesimista en el análisis que hace del futuro. Avisa dicho Informe a la comunidad internacional que, lejos de lo que se podía pensar, la expansión y el consumo de las drogas en nuestro planeta va a más y va a ir a más en el futuro. Y que incluso algunas cosas que creíamos superadas, como el consumo de heroína, vuelven a estar ahí, abriendo la puerta de nuevo, esta vez ofrecida por los narcotraficantes en su estado puro para buscar una publicidad adicional al consumo de dicha sustancia, que va a producir, sin duda alguna, reflexiones y actuaciones públicas de calado y de importancia.
Eso nos hace pensar que aunque esta Comisión a veces pueda tener algunas dificultades reglamentarias de convocatoria o que, como sus señorías o nosotros mismos quisiéramos, puede no reunirse en un momento determinado en la dirección del Plan, lo cierto es que convendría hacer un seguimiento periódico de ese desarrollo internacional del narcotráfico.
Porque si hemos de creer en todos sus componentes la resolución de la JIFE, lo que de verdad tiene dimensión política internacional en ese Informe es la detectación de que el narcotráfico internacional es un fenómeno de expansión brutal, sin que se sepa exactamente hasta dónde puede llegar la configuración de un poder alternativo a los poderes democráticos desde esa acumulación financiera que nadie controla o que es difícil controlar desde los Estados establecidos, de acuerdo con los principios internacionales de esa Comunidad.
Vamos a dedicarle en el futuro, en la medida en que ustedes lo acuerden y sea conveniente para la sociedad, más esfuerzos, como hemos dicho, en investigación clínica y terapéutica para adecuarnos a lo que éticamente debemos estar previendo de cara al futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Este mundo del consumo de drogas va a cambiar. Y como va a cambiar, debemos estar preparados. Creo que ya en los programas autonómicos --así me consta, al menos, de la Generalitat a través de las informaciones que recibimos del señor Comas y de otros responsables de la misma-- de alguna manera se está trabajando precisamente en esa línea y en esa dirección. Yo creo que otras Comunidades debían conocer esos proyectos y debían compartirlos. Y vamos a buscar un foro, un ámbito de encuentro, no solamente ya en el Plan, que puede tener esa connotación gubernamental que es indiscutible --el Plan siempre será un órgano del Gobierno de la nación-- para, quizá en el ámbito del propio observatorio español, que ha de tener relaciones con el observatorio europeo, encontrar un ámbito de acumulación de experiencias que puedan ser compartidas. Aquellas Comunidades que van más avanzadas en sus programas, estoy seguro, porque además lo participo todos los días, que están muy dispuestas y muy abiertas a compartir esos conocimientos con Comunidades que tienen una problemática diferenciada; no más retrasada, sino quizá distinta o que por su dimensión no ha producido

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todavía las reflexiones que otras Comunidades, como digo, han alcanzado en el momento actual.
La madurez del Plan Nacional no es la madurez de un órgano del Estado o del Gobierno. Es la madurez, como dije al principio, del esfuerzo absolutamente increíble que se ha desarrollado en nuestra sociedad por los responsables políticos --a todos los niveles-- para dar respuesta a estos problemas. Dentro de unos días, en el ámbito de las elecciones democráticas que se van a celebrar en nuestro país, estoy seguro de que todos los alcaldes y concejales de nuestra nación, de España, van a tener en sus mensajes una parte muy importante de dedicación a estos temas. Y eso demuestra que, al fin y al cabo, como era propósito del Plan, eso se ha conseguido.
Por último, agradezco una vez más todo lo que en estos momentos tienen de apoyo sus palabras, así como el reconocimiento a la generosidad de su reflexión permitiendo abrir ese espacio de tiempo razonable para que los objetivos comunes de esta Comisión y del Plan Nacional puedan llegar a feliz término en este período de la legislatura.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Todo apunta a que la brevedad es obligada para este portavoz después de la extensa sesión que en este primer punto del orden del día se ha producido hasta este momento. Por cierto, que hubiera sido más llevadera si hubiéramos tenido la posibilidad de tomar un restaurador café los miembros de esta Comisión que, por razón de cortesía, asistimos ininterrumpidamente a la misma.


El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Rodríguez Zapatero, pero quiero que sepa que dentro de las muchas posiciones que existen acerca del complejísimo problema de la droga, algunas, muy radicales, sostienen la teoría de que el café, como el tabaco o el té, forman parte de drogas que deben ser objeto de persecución, no digo de carácter policial, pero sí, al menos, de carácter incluso administrativo, comparando ese tipo de drogas como el café, el tabaco y el té con drogas como el alcohol, la cocaína o el hachís. Esto me ha hecho ser prudente en el sentido de que en una Comisión en la que nos dedicamos a este asunto, y donde es posible que haya miembros de la misma que sostengan ese tipo de tesis políticas, no se entienda como una provocación el hecho de que yo invite a café a sus señorías.
Discúlpeme su señoría la interrupción. No hay café. (Risas.)

El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente. Entro ya en lo que ha sido el objeto de la comparecencia a fin de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
La comparecencia ha tenido como motivo esencial lo que podríamos considerar como un desarrollo de las medidas que el Ministro anunció en su día, en el marco del Pleno del Congreso de los Diputados y como consecuencia de una interpelación del Grupo Parlamentario Popular, de nuevas iniciativas para la lucha contra la droga y, fundamentalmente, contra el tráfico de la misma. Prueba de ello es que la mayoría de las medidas van en esa dirección de lucha, como hemos analizado aquí contra la oferta de las sustancias tóxicas que normalmente consideramos como droga. Pero en el debate general del problema de la lucha contra la droga y de su representación social, de su consideración y de las cosas que inevitablemente tenemos que poner como referencia en el horizonte inmediato, creo que estamos en un momento de transición, y esto ha planeado en alguna medida sobre el debate que han mantenido el Secretario de Estado --al que, obviamente, agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista su siempre grata presencia en esta Comisión-- y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y digo que planea porque estamos en un momento en el que estamos reflexionando, por un lado, en torno a lo que ha sido el origen del nacimiento del Plan en el año 1985, por otro lado, sobre lo que ha sido el informe de 1991 y el reto que en estos momentos tiene ya planteado la Comisión de una nuevo informe parlamentario, y estamos reflexionando porque se anuncia una reforma del Plan, de su propia filosofía y de lo que podría ser una nueva perspectiva de la acción del Plan Nacional, que nosotros valoramos muy positivamente --como creo que es conocido, y básicamente asumido, por la mayoría de los grupos políticos--. Y esa transición se está iniciando en el ámbito de la realidad social; hay nuevos fenómenos, hay cosas que ya están bastante claras, hay objetivos que se han conseguido en buena medida y, por tanto, estamos iniciando, y debemos ser prudentes, una nueva perspectiva o una nueva etapa.
Yo creo que todos esos procesos o esos fenómenos de cambio --aunque sea un cambio sosegado y tranquilo, como seguramente le gusta pilotar al Secretario de Estado, conociendo su talante-- necesitan reflexión, necesitan tiempo, necesitan el contraste de muchas opiniones y seguramente de muchas horas de debate --yo, desde luego, siempre intento aprender alguna cosa escuchando a los portavoces de los otros grupos--; por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista no le preocupa excesivamente un problema de tiempos o de calendarios, sino de contenidos claros y de esa perspectiva de consenso básico. Por cierto, consenso básico sobre el que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene un actitud --que en este caso va muy en sintonía con el Gobierno-- de búsqueda del acuerdo en esta Comisión y en esta materia. Pero conviene recordar algunas cosas de vez en cuando para que la perspectiva histórica sea la adecuada y que ese esfuerzo de modernización histórica de algún grupo político que tiene presencia importante en esta Cámara vaya con la modestia que los hechos aconsejan, porque en el año 1985 no hubo un pleno consenso en cuanto al dictamen que la Comisión del Senado emitió sobre la droga. El Grupo Parlamentario Popular --en aquel entonces formado por Alianza Popular, los

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liberales y los demócrata-cristianos-- se abstuvo, fue el único Grupo que se abstuvo, en el dictamen que el Senado emitió y que fue el germen del Plan Nacional sobre Drogas, si bien es verdad que en el año 1991 hubo un avance en cuanto a que el informe de la Comisión Mixta --luego aprobado por los plenos-- ya es básicamente sustentado por la mayoría de los grupos parlamentarios.
Y en este proceso de transición o de cambio al menos tenemos lo que podríamos denominar tres patas fundamentales o básicas, que a nosotros nos gustaría que caminaran en sintonía, con un orden de cierta prevalencia --y creo que en esto podemos coincidir todos--. Por un lado, tenemos las medidas legislativas que hoy hemos analizado aquí, fundamentalmente destinadas la mayoría de ellas a la lucha contra la oferta, lógicas en el fruto de impulso de una acción del Ministerio de Justicia e Interior, y sobre las que, en principio, existe un acuerdo básico en cuanto a la idea de las mismas, presentando algunas de ellas una complejidad técnica extraordinaria y sobre la que el Grupo Parlamentario Socialista quiere llamar la atención para manifestar que necesitarán de una meditación y de ser muy perfiladas en el orden técnico porque, repito, algunas de ellas son extraordinariamente complejas. En segundo lugar, tenemos la pata de la propia reforma del Plan, que, obviamente, incidirá en la anunciada, que estará en fase de reflexión --como ha comentado el Secretario de Estado--, y que afecta fundamentalmente a la estructura de la Administración y sin duda a las relaciones en el ámbito de otras Administraciones públicas que están en el esfuerzo conjunto, porque yo creo que cuando hablamos del Plan todos nos estamos refiriendo no sólo a la Administración del Estado, sino que estamos refiriéndonos a algo más importante, a un plan de la sociedad, a un plan de todo el país, cuyos titulares son las diferentes Administraciones públicas y cuyo piloto central es la Secretaría de Estado; ésta es una segunda pata importante. Y la tercera pata o tercer pilar de este momento de transición está en la labor de esta Comisión Mixta, en la reelaboración y nueva formulación de un informe que va a pretender analizar globalmente --y estamos dando los primeros pasos sobre el mismo-- esa nueva perspectiva que debemos adoptar y las novedades y modificaciones que sea preciso incorporar.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene la voluntad de que en este caso el Ejecutivo --a pesar de que el control parlamentario de algún grupo le obligue o le exija, a nuestro juicio en algún momento de manera acelerada y quizá con una coherencia no muy amplia-- se acompase más al ritmo del Legislativo y que, por tanto, el informe --en el que, sin duda, va a participar de una manera destacada-- sea el marco general del cual se desprendan definitivamente, o de una manera lo más redonda posible, las nuevas medidas legislativas que sean necesarias, la nueva estructura o la nueva orientación, si es que tiene que reorientarse, del propio Plan y, en definitiva, que perfile ese nuevo momento al que parece que nos vamos a enfrentar. Eso no obsta, evidentemente, para que se pongan en marcha, si no lo están ya, compromisos que han sido elementos fundamentales del programa electoral del Partido Socialista --y que nos encanta que ahora sean reclamados con esa petición de urgencia por parte de otros grupos, como la ley de fondo o la ley de precursores, que creo que tienen una maternidad bastante reconocida--. Nosotros creemos que eso es conveniente; los compromisos que ha anunciado el Secretario de Estado nos satisfacen, pero deberíamos matizar también y recordar que en el período inmediatamente anterior a este momento intermedio de la legislatura entró en vigor la Ley del Blanqueo de Capitales, es exigible, está produciendo ya un cambio importante en el modelo de lucha contra el blanqueo --si bien es verdad que hay algunas partes, seguramente importantes, pero, desde luego, cuantitativamente reducidas, que exigen la aprobación del reglamento de la Ley del Blanqueo--, habiéndose cumplido con uno de los compromisos políticos importantes de esta legislatura, que había terminado casi en la anterior, y que, por cierto, también supuso, y debemos felicitarnos todos, un nuevo avance en la modernidad del Partido Popular, que después de un discurso atávico al primer proyecto de ley que se discutió al final de la anterior legislatura sobre blanqueo de dinero, en esta legislatura apoyó más razonablemente una ley buena para la lucha contra el narcotráfico, un instrumento y una herramienta decisivos en la colaboración de todo el sistema financiero. También hay que recordar, y no ha salido a colación en el debate de hoy, que hay otras medidas legislativas importantes en marcha para la lucha contra la oferta, y así, hoy finaliza el plazo de enmiendas de una de ellas, como es la ley de contrabando --muy importante desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista, que es un compromiso electoral del Gobierno--, que está ya en la Cámara a debate inmediato --además parece ser que con la posibilidad de un amplio consenso-- y que plantea también sin duda cuestiones muy importantes en la lucha contra el narcotráfico.
En consecuencia, creemos que la perspectiva, distanciándose un poco de las exigencias, seguramente comprensibles, de las iniciativas que casi siempre plantea el Gobierno y que muchas de ellas son fruto del programa electoral del Partido Socialista --que algún grupo de la oposición requieren con tanta inminencia--, indican una buena marcha de la acción global y, desde luego, nos parece importante, como decía anteriormente --que es en definitiva el mensaje principal de lo que el Grupo Socialista quería decir esta mañana-- que se atemperen esos tres elementos que existen --incluso podríamos hablar de un cuarto, que son algunas iniciativas conocidas ya de los grupos de oposición-- al informe de la Comisión Mixta. Primero, porque eso nos permitirá la visión global; segundo, porque se dará el protagonismo adecuado a la Comisión Mixta, que tanto se ha reclamado en el tema de la droga; tercero, porque pondremos en el esquema de la división de poderes las cosas en su sitio; y, cuarto, porque seguramente eso permitirá lo que, desde luego, al Grupo Socialista le preocupa. Hoy vamos a debatir aquí una proposición no de ley y seguramente la postura del Grupo Socialista será criticada y refutada porque hemos dicho que estamos de acuerdo en que hay que regular la cuestión que se plantea, igual que hay que regular otras muchas que anunció el Ministro y hoy ha reiterado aquí el Secretario de Estado, pero fíjense, solamente quería hacer una reflexión a ese respecto y es

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que nuestro Grupo mantiene que el paquete debe ser un paquete de medidas globales y que urgir en estas cuestiones seguramente no sea una buena técnica constructiva. Solamente lo que deberá ser la nueva regulación de las intervenciones telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el debate del calado constitucional de afectación a derechos fundamentales básicos, el debate jurisprudencial y doctrinal que se ha producido en nuestro país, los problemas parecidos que otros países tienen ante esta cuestión, que todo el mundo sabe que es un instrumento básico de lucha contra la delincuencia organizada, decisivo, pero también uno de los instrumentos que más cerca está de la colisión con los derechos fundamentales, básicamente con el de la intimidad, que es esencial en un Estado de derecho, solamente eso, repito, va a requerir un estudio muy profundo y esa medida, como las otras que se han enunciado aquí, necesitarán de una perspectiva jurídica. Cualquier persona que se haya acercado un poco a lo que es el procedimiento penal, a lo que es un enjuiciamiento, a lo que es el ejercicio de la jurisdicción, sabe que una reforma de aspectos tan importantes, como los que se han expuesto aquí de relieve, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exigirán que se haga cuando esa reforma esté globalmente en marcha. Yo creo que, frente a lo que es la historia legislativa de este país, incluso las exigencias de la propia realidad, dos o tres meses es un tiempo que se necesita para hacer las cosas bien y para hacer las leyes adecuadamente.
En consecuencia, quiero reiterar la petición de la adecuación de los ritmos al informe de la propia Comisión, y anuncio ya que recogemos la idea que el Secretario de Estado ha ofertado, que nos parece muy interesante y le solicitamos ya --y lo haremos formalmente a la Mesa de la Comisión-- una comparecencia específica para hablar de la situación del blanqueo de capitales, del desarrollo de la Ley y de las cuestiones colaterales que usted ha expresado, que yo creo que tienen un alto interés para esta Comisión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Gracias, señor Rodríguez Zapatero, por la posición que refleja del Grupo Parlamentario Socialista.
Si he reclamado la generosidad de los grupos de oposición para que entiendan el buen deseo de la Delegación del Gobierno y el porqué queremos avanzar conjunta y solidariamente con los intereses de todos los grupos, para esta Delegación es más importante que nada el apoyo del Grupo que sostiene al Gobierno en este momento. Probablemente, en algún momento el Delegado les pida incluso un apoyo específico para sus proyectos, y yo estoy seguro que, integradamente con los demás grupos de la Comisión, podremos avanzar en esa dirección.
Nada más que reconocer una vez más lo positivo de ese apoyo en este momento, que espero sirva para llegar a un buen resultado en el proyecto común que hemos diseñado en la mañana de hoy.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.


--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS PARA QUE INFORME ACERCA DE LAS LINEAS GENERALES DEL PLAN ESPECIAL CONTRA LA DROGA QUE PREVE PONER EN MARCHA EN ZONAS CALIFICADAS DE RIESGO COMO CADIZ Y PONTEVEDRA, ASI COMO LOS MEDIOS QUE SE DISPONDRAN PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE DICHO PLAN. (713/000323.)

El señor PRESIDENTE: Planteo a sus señorías la posibilidad de una modificación en el orden del día. Hemos visto dos puntos; viene ahora un tercer punto, que es una nueva comparecencia del señor Delegado del Gobierno; un cuarto punto, que es una proposición no de ley, y un quinto punto que es una pregunta de la Senadora Zabaleta. Propongo la posibilidad de modificar el cuarto y el quinto punto, de modo que la pregunta la veamos después de la comparecencia, simplemente para que el Delegado del Gobierno se pueda ir, dado que en el debate de la proposición no de ley nada tiene que decir el Delegado del Gobierno.
¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.) Se entiende aprobado por asentimiento.
Pasamos al tercer punto del orden del día, comparecencia del delegado del Gobierno para informar acerca de las líneas generales del Plan Especial contra la droga que prevé poner en marcha en zonas calificadas de riesgo como Cádiz y Pontevedra, así como los medios que se dispondrán para lograr el cumplimiento efectivo de dicho Plan.
Tiene la palabra el Delegado del Gobierno, señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Gracias, señor Presidente.
Señorías, existe un órgano de reciente creación para la lucha contra la droga que recibe la denominación de Consejo Superior de lucha contra la droga, en el que están representadas las siguientes autoridades. Lo preside el señor Ministro de Justicia e Interior; son convocados los Secretarios y Secretarias de Estado de Interior, de Instituciones o Asuntos Penitenciarios, Justicia y el propio Delegado del Plan Nacional sobre Drogas; los Directores Generales de la Guardia Civil y de la Policía; un representante de la Fiscalía Especial contra la Droga y la Directora, en este caso de la Agencia Tributaria y, como consecuencia de ello, también del Servicio de Vigilancia Aduanera. (El señor Vicepresidente, Martínez Soriano, ocupa la Presidencia.)

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El cometido de este alto órgano del Estado para la lucha contra la droga es el de coordinar todos los instrumentos y servicios de que el Estado dispone para luchar contra el narcotráfico en el ámbito del Estado y en sus relaciones internacionales, procurando evitar todo tipo de conflictos y desencuentros en la obtención de un objetivo común, que es, sin duda alguna, el de someter, violentar y destruir las organizaciones criminales en nuestro país, relacionado todo ello con el narcotráfico y no a otros delitos que son también susceptibles de persecución.
En su primera reunión, ese Consejo Superior de lucha contra la droga, para poner en marcha ese deseo común de evitar conflictos y de agrupar al máximo los elementos y servicios del Estado para obtener ese resultado que queremos, tomó el acuerdo de desarrollar un programa de coordinación en dos zonas consideradas de alto riesgo en nuestro país, una situada en el sur, en la provincia de Cádiz, más específicamente en el Campo de Gibraltar, y otra que se refiere no solamente a Pontevedra, sino a lo que podríamos llamar la Comunidad gallega en su conjunto, aunque residenciada la coordinación en la provincia de Pontevedra en cuanto al narcotráfico de las Rías Bajas.
En cumplimiento de ese acuerdo del Consejo Superior de lucha contra la droga, el Delegado del Gobierno que tiene el honor de dirigirles la palabra fue comisionado para establecer esas reuniones de coordinación en ambas circunscripciones nacionales, en Cádiz y en Pontevedra.
Hemos desarrollado ya ese objetivo. Tuvimos ocasión de encontrarnos en la ciudad de Cádiz para formular o diseñar este modelo de coordinación y en esa reunión, presidida por el Secretario de Estado, se señaló que el punto de encuentro para la coordinación debían ser los gobernadores civiles. Esto no sería una novedad, en el sentido de que dichos gobernadores, como saben ustedes, tienen la facultad y la competencia de coordinar todos los servicios y Fuerzas de Seguridad del Estado en su provincia, pero sí en cuanto a estimular el ejercicio de esa coordinación en programas que, efectivamente, sean diseñados desde el punto de vista operativo. Lo que se quiere con estas reuniones es extremar la eficacia del dispositivo del Estado.
Con frecuencia se suele decir que la lucha contra la droga no tiene los medios suficientes. Es un latiguillo que aparece en todos los discursos que hacemos unos y otros al hablar de este asunto. Ahora tenemos la ocasión, a través de este Consejo Superior, de ver en su verdadera dimensión todas las posibilidades del Estado moderno, un Estado como el nuestro, para luchar contra el fenómeno del narcotráfico nacional e internacional, y son poderosas, con ser muy preocupantes, como he dicho anteriormente, la expansión del narcotráfico internacional y su capacidad financiera. Afortunadamente, los Estados europeos --y, como consecuencia, también nuestro Estado-- tienen dispositivos muy importantes y poderosos para luchar contra este tipo de criminalidad. Lo que sucede es que a veces no los veíamos todos juntos o reunidos en un esfuerzo común, y ahora, que se ven reunidos en un esfuerzo común, es cuando verdaderamente adquieren y deben adquirir para la sociedad su auténtica dimensión y tranquilizar esa duda razonable que algunos ciudadanos pueden tener.
Si uno contempla los dispositivos con que cuenta el Servicio de Vigilancia Aduanera de nuestro país, si uno ve cómo han sido consideradas operaciones recientes en el ámbito marítimo de estos instrumentos y servicios del Estado, si uno comprueba la tenacidad de los servicios de la Policía Nacional dedicados a la lucha contra los estupefacientes y las drogas, si uno ve hasta qué punto está comprometida la Guardia Civil también en estas misiones y cómo desde la autoridad judicial hay una evidente voluntad de luchar --entrega que nunca dejaré de apreciar en público suficientemente porque me parece que es valiosísima, así como de la Fiscalía Especial contra la Droga--, es entonces cuando verdaderamente uno entiende cómo nuestro sistema de respuesta al crimen organizado puede y debe dar buenos resultados.
Como digo, fuimos a Cádiz y celebramos esa reunión. Fue muy útil y, a mi juicio, resultó ser muy importante desde el punto de vista operativo, como posteriormente se ha podido comprobar, pues no sólo se formularon palabras o diseños. La captura de alijos en esa circunscripción, la integración de esfuerzos de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han dado como resultado, señorías, probablemente unas cifras que nos producen una plena o casi plena satisfacción. Se ha incrementado la operatividad de esos esfuerzos de manera muy clara y, sobre todo, se ha conseguido algo que con el tiempo aún será mejor, y es el convencimiento de gran parte de la sociedad del área gaditana en el sentido de que, efectivamente, ese Plan está dando resultados.
Es una zona difícil, donde nos queda una cosa por hacer. Más que pedirle a las distintas Administraciones en el momento actual un mayor esfuerzo del que están desarrollando pediría, si pudiera, a organizaciones cívicas y partidos políticos que desarrollaran en esa zona específica una tarea muy necesaria allí y no tanto, por ejemplo, en Galicia, un territorio al que me referiré después, cual es la tarea de la integración de los movimientos sociales. En aquella zona hay una cierta descomposición respecto de la ética de los movimientos sociales en la lucha contra el narcotráfico. A lo mejor, a diferencia de lo que ocurre en Galicia, desde algunas bases --mal entendidas desde el punto de vista de la organización cívica-- se está próximo, sin quererlo, a interrumpir la acción de la Policía, de la Guardia Civil o del Servicio de Vigilancia Aduanera. Es esa subcultura de los barrios que utiliza niños menores de edad para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuando estuve allí, algunas organizaciones civiles pretendieron sentarse en la mesa en la que forzosamente teníamos que estudiar otro tipo de problemas, como son las estrategias policiales contra el narcotráfico, que no se pueden compartir o diseñar públicamente, lo cual parece obvio, porque son responsabilidad del Secretario de Estado y de las autoridades de la zona. Sin embargo, encuentro necesario hacer una llamada --que se hizo en esa misma reunión-- a la integración de esas asociaciones cívicas del área de Cádiz.
Si damos esa paso adelante, si convencemos a algunos ciudadanos, escasos y minoritarios ciudadanos, que no contribuyen para nada al desarrollo de las leyes, de lo servicios

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de la Policía, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera, sino que, por el contrario, a veces lo complican, encontraremos el resultado óptimo que el Consejo Superior de lucha contra la droga quiere, esto es, estructurar un dispositivo de respuesta que integre los aspectos policial y judicial, pero también los aspectos sociales, humanos y de desarrollo de las asociaciones no gubernamentales en cada una de las zonas de alto riesgo.
Con el mismo ánimo y objetivo, pero ya con algo que resultó ser muy importante para el desarrollo de nuestra visita a Pontevedra, es decir, el conocimiento de cómo había funcionado este dispositivo de coordinación en Cádiz, mantuvimos un nuevo encuentro, presidido en esta ocasión por el Gobernador de la provincia, al que se le atribuye, como en Cádiz, esa capacidad de organización, no solamente de los aspectos policiales, sino también, como digo, de los sociales o preventivos para un dispositivo de respuesta integrada. En Pontevedra, como digo, el ámbito es distinto al del sur. ¿Qué sucede en Galicia? Todo el movimiento social de base es de denuncia contra los narcotraficantes. No hay connivencia alguna en las madres contra la droga o en las asociaciones cívicas con el narcotráfico.
Toda la sociedad está muy concienciada de que, efectivamente, Galicia no quiere ser Sicilia. Y no lo será, no es posible, no es concebible que Galicia pueda convertirse en algo similar a lo que puede aterrorizar cuando uno analiza la historia de las mafias y de las organizaciones criminales, pero, evidentemente, ello será gracias a esa integración del esfuerzo cívico, del esfuerzo de base, con las autoridades y dispositivos de lucha contra la droga.
Por otra parte, concurrieron a dicha reunión los mismos elementos: el Servicio de Vigilancia Aduanera --tan importante también allí, en las Rías Bajas--, la Guardia Civil y la Policía Nacional, e invitada la Fiscalía Especial contra la Droga. Asimismo, habrá que decir que se puede organizar una comisión ejecutiva o mixta --propuesta desde la base misma de la reunión, no por este Delegado del Gobierno-- referente a la lucha contra el blanqueo de dinero. Las autoridades gallegas entienden que hemos dedicado mucho esfuerzo en sentido positivo a la represión contra el narcotráfico, y las propias autoridades policiales --y esto es lo que a uno le satisface mucho comprobar-- indican que es necesario abrir una segunda etapa, dirigida fundamentalmente a perseguir los patrimonios de los narcotraficantes de la zona. En Galicia se han acumulado a lo largo de los años por el contrabando del tabaco y, sin duda alguna, por el narcotráfico de cocaína, heroína y hachís grandes cantidades de dinero negro, que pasan --eso es obvio-- por los circuitos financieros tanto de la región, como de fuera de la misma. Vamos a emplear en ello un tiempo y una dedicación, y estoy seguro que en Pontevedra, lo mismo que ha sucedido en Cádiz, iremos obteniendo resultados que evidenciarán que efectivamente este Estado, integrando a otros servicios de la Administración, tiene servicios e instrumentos muy poderosos para dar respuesta a estos nuevos hechos delictivos, a estas nuevas formas de organización criminal.
Nos lo decían las propias autoridades policiales, que era absolutamente necesario un dispositivo que incluyera elementos de la Inspección de Hacienda y de la Inspección Laboral. A veces no hay que crear nuevas cosas, porque ya existen, hay que aplicarse a descubrirlas y coordinarlas, y lo que las autoridades pretendían era la integración de esos dispositivos que en este momento, obviamente, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el propio servicio de vigilancia no tienen configurados. Igual que en otros ámbitos de la Administración, si existe esa posibilidad de investigar y de tener a disposición de la lucha contra la droga inspectores de Hacienda, inspectores fiscales o inspectores laborales que investiguen la creación de determinados marcos industriales que puedan provenir del blanqueo de fondos procedentes de crímenes y de conductas ilícitas, estaremos persiguiendo esa situación. Hasta ahí llegaba el acuerdo del Consejo Superior de la Droga.
Para terminar, he de decirles, señorías, que he asumido personalmente, y de acuerdo con la estructura del propio Ministerio de Justicia e Interior, desarrollar programas en todas las provincias españolas, en todas las Comunidades. Deseo hacer lo mismo en Castilla-León, donde he tomado contacto con el Delegado del Gobierno para ir preparando una reunión similar, aunque, como saben sus señorías, es un territorio mucho menos preocupante que aquellos a los que me estoy refiriendo. Quiero ir a Canarias cumpliendo esa misma función de coordinación, y a la larga, en un período de tiempo no muy extenso, la Delegación del Gobierno podrá tener una idea muy clara y una representación en un mapa muy diáfano de cómo los esfuerzos del Estado pueden ser más operativos de lo que venían siendo hasta el momento actual. Esa es la decisión adoptada por el órgano al que me refiero y ésa es la medida en la que quiero dar destino a la petición de comparecencia que me formula el Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, quedo a disposición de sus señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Soriano): Muchas gracias, señor Delegado.
En primer lugar, le corresponde la palabra al Grupo solicitante de la comparecencia, Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra doña Teófila Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Secretario de Estado, por su comparecencia hoy aquí. No puedo decir lo mismo de su intervención porque no nos ha aclarado nada sobre si en líneas generales esa toma de decisión en las zonas altas de riesgo, como son las provincias de Cádiz y de Pontevedra, y en general toda Galicia, como usted ha explicado, significa algo más que la coordinación. En la reunión que tuvimos con el responsable provincial en la provincia de Cádiz, que es el Gobernador Civil, le demostramos nuestro interés por conocer algunos aspectos, evidentemente no todos porque eso es de su única responsabilidad. En todo caso, evaluaremos los resultados de este plan especial para las provincias de Cádiz y de Pontevedra.
Creemos que es insuficiente que a estas alturas se nos diga que el plan sólo consiste en coordinar mejor los efectivos que actualmente tienen esas dos

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provincias o zonas importantes en cuanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, miembros del servicio de vigilancia aduanera o miembros de la Inspección de Aduanas, de la Dirección General de Aduanas, en los controles aduaneros, especialmente en la frontera del sur de España ubicada en el puerto de Algeciras, y, cómo no, de las autoridades judiciales.
Después de mucho tiempo, nosotros, en este caso concreto yo, no voy a hacer ninguna referencia a la dejación de las posibilidades que ha tenido el Gobierno en los últimos años de actuar de forma contundente, no voy a hablar de posiciones anteriores, como ha hecho en la intervención anterior el responsable del Grupo Parlamentario Socialista, porque me parece que así se quiebra un poco el espíritu de acuerdo en esta lucha tan importante contra la droga, porque es evidente que desde el año 1990 en esta Cámara y a través de los medios de comunicación y de los medios sociales, sobre todo en Galicia --pero yo puedo hablar por la provincia de Cádiz--, hemos venido denunciando con argumentos, con datos, que esa coordinación no existía, y la respuesta a esta Diputada del ex ministro Corcuera en mi primera intervención fue que se estaba haciendo todo lo posible, que no era lo necesario y que intentaba que lo posible se acercase a lo necesario. Han pasado cinco años y parece que lo único necesario era coordinar los efectivos existentes. Mientras tanto, ha estado operando un plan sur en la lucha contra el narcotráfico. No se nos han comentado los resultados, pero éstos son públicos y notorios: ha habido un aumento de los efectivos de las bandas organizadas de narcotraficantes, contrabandistas y blanqueadores de dinero; de desembarcos de doce en doce lanchas y de diez en diez, de lo que ha sido testigo muchas veces esta Diputada, últimamente pasan a desembarcos efectuados por más de cuarenta lanchas; de cincuenta lanchas rápidas en el puerto de Gibraltar, refugio de narcotraficantes, se han pasado en esos cinco años a más de doscientas. Es verdad que ese plan del sur contemplaba que en La Línea de la Concepción se aumentaran los efectivos de la Guardia Civil, y así fue; están de forma provisional, pero llevan ya cinco años de forma provisional. También desde entonces se nos dijo que iba a haber una fiscalía antidroga a nivel provincial y otra para el Campo de Gibraltar. Ultimamente no tenemos la del Campo de Gibraltar y tenemos dificultades en las dotaciones de los juzgados de La Línea de la Concepción, de ahí que pidiéramos la comparecencia del señor Belloch, que es el Ministro de Interior y de Justicia. No parece lo más normal y realista que en el Consejo Superior de lucha contra la droga, en el que intervienen la Fiscalía, la Agencia Tributaria, el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Secretarías de Estado, no se tenga en cuenta la situación en la que se encuentran algunos juzgados de la provincia de Cádiz, especialmente los de La Línea de la Concepción, donde se encuentran algunos expedientes de pequeños blanqueadores de dinero o algunos narcotraficantes, y que están en una situación que parece de otra época.
Por tanto, en ese repaso de lo que ha pasado en estos cinco últimos años en la provincia de Cádiz y en la zona gallega, manteniendo las diferencias porque en la zona de Cádiz, como el Delegado del Gobierno ha dicho, hay una parte de la sociedad en La Línea de la Concepción que ve la actividad del contrabando y del narcotráfico como una salida a una carencia económica arrastrada de muchos años, y se enfrentan abiertamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, amenazan a los miembros de las coordinadoras y también a los políticos. Eso es una dificultad añadida, pero es una dificultad que tampoco ha obtenido respuesta por parte de aquellos que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo nuevas condiciones sociales y económicas para que esos jóvenes, esos niños, no vean en el narcotráfico y en el contrabando una salida ilegal a sus necesidades legítimas de recursos económicos para poder vivir.
En esta comparecencia pretendíamos que el señor Delegado del Gobierno nos informara de si además de esa coordinación iba a haber un aumento de efectivos. Sabemos, por los recursos económicos presupuestarios, que es difícil, debido a esa experiencia anterior que hemos tenido. No podemos pensar que la coordinación no ha existido porque no quisieran los máximos responsables. Para ser benévolos y para no hacer leña del árbol caído, no vamos a dar nuestra opinión de por qué pensamos que no ha existido, porque, evidentemente, ha habido una dejación de esa coordinación, y los resultados están ahí. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En este momento, como le decía al señor Delegado del Gobierno, hay serias dudas de si no se pone realmente toda «la carne en el asador», como se dice vulgarmente, y en los próximos meses veremos si es cierto que en las aprehensiones y en el espíritu de las actuaciones de algunos de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está habiendo una mayor eficacia. Pero usted también debe saber, por los medios de comunicación, que se han producido últimamente unos hechos en la provincia de Cádiz y algunos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están desanimados precisamente por esa falta de coordinación. Me refiero a algunas operaciones que ha habido en Jerez en las últimas semanas, en La Línea de la Concepción o en el Campo de Gibraltar. Cuando llegan esas autoridades judiciales se encuentran con que, por falta de medios, por falta de recursos legales, los narcotraficantes siguen teniendo las mismas facilidades que tenían antes de que se pusiera en marcha este plan de choque.
Nosotros seguimos manteniendo de forma contundente que la gravedad del asunto es tal que requiere un esfuerzo, por eso se dice que son zonas calificadas de riesgo y, aunque haya poco presupuesto, habrá que procurar hacerlo lo mejor posible para que en esas zonas altas de riesgo haya mayores efectivos, porque, señor Secretario de Estado, y usted lo sabe porque ha estado allí y espero que le hayan informado igual que a mí, hay algunos funcionarios de los helicópteros, por ejemplo, del Servicio de Vigilancia Aduanera, que permanecen muchas horas seguidas en servicio, con un espíritu de sacrificio en beneficio de la sociedad muy importante que muchas veces no se ve compensado, no se ve compensado ni tan siquiera en ese tratamiento que van a tener en la ley de contrabando, que está en el trámite de la Cámara, desde el punto de vista profesional

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y de respaldo de sus actuaciones. Ocurre lo mismo con el Servicio de Vigilancia Aduanera, con el servicio marítimo o con el servicio de tierra, donde también hay efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía, que todavía no están suficientemente coordinados.
Es cierto que, por lo menos aparentemente, el Gobernador Civil de Cádiz y las autoridades gallegas están haciendo un esfuerzo para que exista esa coordinación. El Gobierno Socialista tendría que reconocer que se están dando los pasos que el Partido Popular hace mucho tiempo que ha requerido en esas zonas. Consta en las hemerotecas y en los Boletines de esta Cámara que lo hemos pedido hace mucho tiempo y hemos solicitado que España interviniera ante la Unión Europea para denunciar las actitudes de Gibraltar. Después de cinco años es ahora cuando se está haciendo, aparentemente con buenos resultados. ¿Por qué no se ha hecho antes? Nosotros no queremos ir a paso de tortuga, sino que el Gobierno socialista vaya con paso decidido, y le vamos a apoyar, le estamos apoyando y estamos haciendo una crítica constructiva, aunque se vea de otra forma por parte de los responsables. También nosotros podíamos ver que no se actúa democráticamente cuando se rechazan propuestas del Grupo Parlamentario Popular que son lógicas, que van encaminadas a luchar contra el contrabando, contra el narcotráfico y contra el blanqueo de forma lógica, dejando a un lado las banderas ideológicas. ¿Por qué? Porque de todos era público y notorio que Gibraltar era un refugio de narcotraficantes y blanqueadores. Es público y notorio porque Diputados socialistas de la provincia de Cádiz dijeron que iban a emprender acciones ante las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda para que se persiguiera a aquellos blanqueadores de dinero en pequeña escala que tienen chalés, que tienen coches, que tienen motos, que viven como marqueses y que no tienen ninguna actividad legal económica reconocida.
Eso no se está haciendo porque siguen disfrutando de esos coches, de esos chalés, de esos recursos económicos, están haciendo competencia desleal a empresarios y a ciudadanos que cumplen legalmente con sus obligaciones fiscales. Nosotros queremos la máxima contundencia y ahí nos van a tener siempre, en ese plan de choque sobre el que nos gustaría conocer más aspectos, además de la coordinación.
Señor Secretario de Estado, tenemos razones fundadas para ser desconfiados, porque si ahora hay que coordinar, ¿por qué no se coordinaba antes? Si los juzgados de La Línea están en la situación en que están, ¿por qué no se actúa, señor Secretario de Estado? Si el otro día en Rompechapines, una barriada en Jerez, actúa la Guardia Civil a las órdenes de un juez, termina la redada, se incauta droga, se pone a disposición judicial a narcotraficantes, a pequeños camellos y a los dos minutos la policía de Jerez denuncia que se está vendiendo droga, que se está vendiendo heroína en ese mismo sitio, ¿por qué no hay más coordinación, señor Secretario de Estado? Si el Fiscal antidroga especial de Galicia, José Luis Conde, el 15 de febrero denuncia la descoordinación que, a su juicio, existe entre las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en la lucha contra el narcotráfico, ¿por qué no se actúa, señor Secretario de Estado? Como usted decía antes en su intervención, la Fiscalía antidroga es una pieza clave para luchar contra la droga. Si en este momento hay un Ministerio de Justicia e Interior, ¿por qué esa coordinación no es efectiva entre las autoridades judiciales, el Ministerio de Justicia e Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Servicio de Vigilancia Aduanera? Nosotros siempre vamos a estar al lado del Gobierno en esa lucha, siempre, como hasta ahora, reclamando más y más medios, porque si es zona de alto riesgo tiene que haber más medios, usted tiene que entender que es nuestra obligación. Nosotros no queremos servir al Gobierno en esta causa de comparsa democrática, de coartada democrática, queremos cumplir de verdad y de corazón con nuestra obligación.
Usted y el Grupo que apoya al Gobierno están en su pleno derecho de decir que haya más debate, más sosiego, más discusión, pero nosotros creemos que hay aspectos sobre los que ya no se puede debatir más. Sabemos que hay 60.000 sociedades opacas en Gibraltar, sabemos que están blanqueando dinero en operaciones inmobiliarias en la Costa del Sol, en Andalucía y en la provincia de Cádiz. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no actúa? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no envía esas actas complementarias donde denuncia que ha habido personas que han inscrito sus propiedades por muchísimo menos valor del que les da Hacienda y que averigüe el Fiscal de dónde ha venido ese dinero? ¿Por qué no se está actuando ahí? ¿Por qué esa Ley de blanqueo sólo obliga a los bancos, a los notarios, a los registradores? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no se obliga a sí mismo a actuar contra el blanqueo? Nosotros queremos todo eso, señor Secretario de Estado.
Sabemos y conocemos de su sensibilidad hacia este problema que tiene muy preocupada y muy asolada a una gran parte de la sociedad española. No voy a emplear la palabra que empleé públicamente en la campaña de 1983 cuando se nos acusó de no tener una posición correcta en la Ley de blanqueo, porque el tiempo nos va a dar la razón a lo que decíamos, que era una postura mucho más exigente que la del Gobierno, no la voy a emplear porque me parece muy dura para emplearla en esta Cámara. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no le vamos a decir al Gobierno que ha estado mirando para otra parte durante estos cinco años en Galicia, en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz, pero sí vamos a ser muy exigentes y periódicamente, como nos han prometido las autoridades de la provincia, esperamos que nos den cuenta de los resultados de esos planes especiales para la provincia de Cádiz, para el Campo de Gibraltar, para la provincia de Pontevedra y, como usted ha dicho, para toda la Comunidad gallega.
Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Espero que entienda cuál es el espíritu de esta intervención en la consecución de lo mejor para la sociedad gaditana y para la sociedad gallega. Tenemos un problema muy específico y que creemos que, aunque tarde, este plan puede ser el inicio de un trabajo que dé unos resultados que todos estamos esperando desde hace tiempo.


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Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor López Riaño tiene la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, entiendo el espíritu de su intervención. Hay algunas cosas que desde la oposición, obviamente, deben ser resaltadas para avivar el ingenio y la creatividad del Gobierno, pero permítame que haga alguna observación de pasada.
Me alegra mucho saber cuál es su posición en el tema de Gibraltar, porque, en la primera y única comparecencia que yo había celebrado ante esta Comisión, quedó sin contestar una pregunta que me formuló el portavoz de su Grupo en relación con unas declaraciones que yo había pronunciado en una visita a Cádiz respecto del paraíso que podía suponer para determinadas operaciones de blanqueo de dinero el narcotráfico internacional, y siempre me quedé con la duda, porque después no lo debatimos, de saber cuál era la posición de su Grupo. Yo no sé si me querían ustedes reprochar que había calificado, sin pruebas, la existencia de esa cuestión. No contesté en aquella comparecencia porque era consciente, señora Martínez, de que el gobierno de la nación tenía un proyecto amplio de relaciones con el Reino Unido y que en ese paquete de medidas de política exterior preocupaba mucho al Gobierno español la posición de Gibraltar en el ámbito del narcotráfico internacional. Sabe usted que se han celebrado reuniones importantes en Sevilla y que se ha ido coordinando con las autoridades británicas un modelo de respuesta a esa situación. Me complace mucho --vuelvo a insistir-- que el Grupo Parlamentario Popular entienda ahora --yo estoy seguro de que lo pensaban ustedes entonces, pero no se reflejó en la comparecencia-- el diseño de una política que iba más allá incluso de lo que se refiere a la política interior de nuestro Estado.
La segunda observación es que ustedes pueden haber tenido como posición la sensación de que era necesaria una mayor coordinación, pero si se ha producido esa coordinación, vamos a aceptar de común acuerdo que ello es motivado por dos razones. Primero, porque el propio Gobierno ve que puede haber un conflicto de competencias entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y lo quiere evitar, y tiene la decisión política de evitar esos desacuerdos, y por qué renunciar, señora Martínez, a que también la oposición ha insistido en detectar o señalar ese tipo de conflictos.
Conflictos que, por otra parte, en lo que el Secretario de Estado conoce y sobre lo que se puede dirigir a esta Comisión, van en la dirección de reconocer que, a veces, es un exceso de celo de los propios Cuerpos. ¿Qué pasaba en Cádiz entre algunos servicios del Estado? Que había una competencia entre ellos por obtener determinados objetivos en la lucha contra el narcotráfico. Unas veces era el Servicio de Vigilancia, otras, la Guardia Civil y la Policía. Con ello se obtenían resultados, pero entendíamos, desde el plano del Consejo Superior de Lucha contra la Droga, que esos resultados eran menores de los que podíamos obtener si hacíamos un programa común acordado y que, de alguna forma, integrase todos esos instrumentos y todos esos esfuerzos del Estado para luchar contra el narcotráfico, y es a lo que hemos procedido. Créame que hemos dado ya un paso muy importante, y usted ha reconocido afortunadamente que eso es así. Yo creo que entonces conviene no insistir en el pasado, empezar a pensar en lo que de positivo tiene el presente y va a tener el futuro. ¿Que ese mismo programa es mejorable? Ojalá me vayan indicando ustedes en qué medida podemos mejorar la lucha contra la droga. Esa lucha o es integrada, o es de toda la sociedad, de todos los partidos y grupos parlamentarios, o es una lucha en la que hacemos todos una prevención primordial, como dice mi querido homólogo de Portugal, o aquí no avanzaremos por el camino en el que debemos avanzar.
En consecuencia, acepto sus revisiones, tomo nota de las que no me competen para ver en qué forma las puedo conducir a las autoridades correspondientes. Como sabe su señoría, no tengo competencia alguna en el ámbito del Poder Judicial, pero procuraré, por los canales normales de la Administración y a través de los conductos constitucionales, que el Poder Judicial se sensibilice también --que es seguro que lo está haciendo-- respecto del área o de la zona con la que usted se siente tan comprometida y responsabilizada, como es la provincia de Cádiz; y también desde la Fiscalía. Hay que partir de la base de que ustedes mismos han solicitado en muchas ocasiones, y con razón tal vez, sin duda, que el Fiscal General del Estado y la Fiscalía sean independientes en cierto modo de presión alguna. Yo voy a trasladar al Fiscal General del Estado esas inquietudes de su Grupo respecto al desarrollo de la Fiscalía en la zona, y estoy completamente seguro de que, en la medida de las posibilidades de unos y de otros, esas críticas menores que usted ha enunciado se pueden resolver. Lo importante, señora Martínez, es que éste puede ser un punto de encuentro, tanto en Cádiz como en Pontevedra, no solamente para estos ámbitos de relaciones policiales o judiciales sino, como he insistido una y otra vez, en la integración social. Si los partidos políticos, como han hecho en Cataluña, son capaces de convenir, de acordar algún proyecto común que integre a las asociaciones que yo conozco allí, y que me son tan queridas --como la del Padre Chamizo y tantas otras que se mueven por la zona--, en un proyecto estable en el que las decisiones de la Administración no sean tomadas un día de una manera y otro de otra, lograremos avanzar. Porque también tengo que decirle que, como Secretario de Estado y Delegado del Plan Nacional, me duele que, cuando estábamos haciendo esa tarea de coordinación allí mismo, delante de la sociedad de Cádiz, algunas asociaciones dijeran que, por no estar presentes en esa reunión de nivel policial o judicial, no sería factible un programa de lucha contra la droga. Si el primer día en que se toma una decisión importante, en que se toman decisiones de coordinación y de integración, algunos, quizá de forma miope, no se dan cuenta de que su palabra es una palabra necesaria para el proyecto en esa solidaridad de conjunto, no avanzaremos nada. Como ustedes tienen

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influencia sobre algunas de esas asociaciones, estoy seguro de que el Plan, en ese sentido, irá dando cada vez mejores resultados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor López Riaño.
Sólo quisiera puntualizarle algunas cosas sobre su última intervención.
Nosotros, desde el Partido Popular, en estas intervenciones tan graves, no estamos para avivar el ingenio del Gobierno, sino para reclamarle eficacia. Nosotros no venimos aquí a servir para que el Gobierno agudice su ingenio; no. Venimos aquí a reclamarle eficacia y, en lo que no tengamos razón, lo reconoceremos, y así lo hemos hecho. Pero nosotros venimos aquí a reclamarle eficacia, señor Secretario de Estado.
Segundo. Con respecto a Gibraltar, si usted no sabía la posición de esta Diputada es porque no ha leído las hemerotecas. Recuerdo que usted estuvo otra vez antes en La Línea de la Concepción, en una mesa redonda con esta Diputada, que organizó precisamente una asociación de esa ciudad de lucha contra la droga, y allí lo dejé muy claro, porque lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, cuando ningún otro responsable socialista ha dicho lo que he dicho yo al responsable del Gobierno de Gibraltar sobre la tolerancia con el narcotráfico y el blanqueo. El primer responsable socialista que se lo ha dicho, en la provincia de Cádiz, públicamente, al responsable del Gobierno de Gibraltar ha sido usted. Quiero que usted lo sepa, porque está ahí, en las hemerotecas. No lo ha dicho nadie más que usted, y yo se lo agradezco mucho, porque es que una tenía la sensación de estar sola en esa pelea constante contra algo que se estaba haciendo, como una especie de sanguijuela desde Gibraltar y desde su Gobierno, no desde los gibraltareños, con respecto al Campo de Gibraltar, a la provincia de Cádiz y a Andalucía, en el narcotráfico, en el blanqueo y en el contrabando de tabaco. Por lo tanto, no le quede a usted la mínima duda y, si la tiene, sólo con que vea los medios de comunicación de la zona, los periódicos, se le va a quedar disipada.
Con respecto al reconocimiento por nuestra parte, le diré que a nosotros no nos duelen prendas en reconocerlo y, además, para estar seguros de que la opinión que nosotros teníamos de estos dos meses coincidía con lo que sienten las coordinadoras y los movimientos sociales, me he reunido con algunos de ellos antes de tener esta comparecencia para saber si, realmente, ellos tenían la misma percepción que esta Diputada y que el Partido Popular. Lo que le he dicho a usted hoy aquí es lo que ellos me han comunicado: que en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está habiendo una mayor eficacia a la hora de sus operaciones. Pero, en cuanto a las autoridades judiciales, a la Fiscalía y a todo lo demás, tienen serias dudas de que esa coordinación vaya a surtir el efecto deseado. Yo he venido a decírselo, y lo he hecho muy lealmente. Antes no le decía que era la opinión de muchas de esas coordinadoras porque creía que no era necesario, pero ahora ya se lo digo, y como usted las tiene muy en cuenta, quiero que lo sepa. También quiero que sepa que nosotros entendemos la presión sobre el Fiscal General del Estado en positivo, no en negativo. Para decirle al Fiscal General del Estado que cumpla con su obligación y que el Campo de Gibraltar, Cádiz, Pontevedra y Galicia tengan un fiscal antidroga con todos los medios a su alcance, no hace falta presionar al Fiscal. Tiene que cumplir con su obligación. Además, con respecto a las autoridades judiciales y a las autoridades de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, espero que cuando usted vaya a las reuniones del Consejo Superior de Lucha contra la Droga --como ellos, usted y el Ministro forman parte de él-- le dé el Ministerio de Hacienda algunos de sus datos sobre las inspecciones fiscales en esas zonas --las que se están haciendo a personas que nunca han declarado patrimonio ni IRPF y las que se han hecho a otras personas que sí declaran IRPF, pero en las que se tienen serias sospechas de que hay blanqueo de dinero--, que se lo expliquen a usted, y usted verá si se lo explican de verdad. Nosotros no queremos saberlo, queremos que lo sepa usted, para que usted actúe. Verá usted cómo se va a llevar muchas sorpresas que le harán ir más rápido en ese camino de la lucha contra la droga.
Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Secretario de Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Martínez, entiendo el espíritu de su intervención, pero voy a hacerle dos observaciones. Primera, yo no sé si en su Grupo es usted la primera, la única, que opina así o comparte la opinión de su Grupo sobre Gibraltar, lo que sí le aseguro es que yo no soy el único del Partido Socialista que en aquella zona o fuera de ella se haya preocupado por el tema de Gibraltar. Lo han hecho las autoridades del propio Gobierno y representantes de la soberanía popular. Estoy seguro de que lo mismo les ha pasado a los representantes de Izquierda Unida (que no veo hoy en la sala) o del Partido Andalucista. Yo no creo que haya nadie en la provincia de Cádiz ajeno al tema de Gibraltar. Lo sienten todos los ciudadanos de la zona y, como es lógico y natural, lo sienten y lo debaten todos los representantes políticos.
La segunda observación que le hago se refiere a mi capacidad. Estoy de acuerdo con usted en que no se trata de presionar a nadie. He dicho con el máximo respeto, como usted, que no haría más que conducir de la mejor manera posible, y en términos constitucionales, las reclamaciones de ustedes en materia de poder judicial o de fiscalías especiales a esas instituciones. En la medida que no forma parte de mis pero como Secretario de Estado he llegado a un acuerdo con el Fiscal General del Estado para llevar con buen criterio esas relaciones, yo no haré otra cosa sino manifestarle a don Carlos Granados en el momento oportuno

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las inquietudes de esta Comisión respecto de los temas que afectan a la Fiscalía General y a la Fiscalía Especial contra la Droga. Ya he dicho que estaré reunido con ellos, gracias a una invitación que han tenido a bien formularle, y que yo agradezco mucho, para explicar estos temas informalmente y cooperar con ellos lo mejor posible.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Esta vez mi brevedad no va a ser ni siquiera relativa, sino absoluta.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió entiende que es difícil no estar de acuerdo en la cuestión que hoy se debate y en algunos pronunciamientos, porque no estar de acuerdo sería tanto como estar de espaldas a la realidad. Creo que estamos condenados a confluir en unos criterios, y digo confluir y no converger para no herir susceptibilidades. Todos debemos estar de acuerdo en cuáles son las directrices que se deben instaurar para conseguir aumentar la eficiencia, eficiencia que demuestra que las medidas que el Gobierno ha tomado tanto para la creación del Consejo Superior del Estado para la Droga como para aumentar los esfuerzos específicos en zonas de riesgo, parecen totalmente justificadas.
Según nuestro criterio, hoy día la palabra eficiencia, que es frecuentemente utilizada, ha cambiado en el contenido de su definición.
Eficiencia ya no es conseguir los máximos objetivos con el mínimo coste; eficiencia, hoy, es priorizar unos objetivos y destinar los recursos de que se dispone para conseguir estos objetivos prioritarios. El tema cambia mucho. En este sentido, desde Convergència i Unió, pese a que nuestro ámbito territorial, Cataluña, está un poco alejado de las Rías Bajas y del Campo de Gibraltar --alejado geográficamente, que no sentimentalmente--, entendemos que sí ha sido una medida la que se ha adoptado. Creemos que quizás sería bueno que en este Consejo Superior del Estado contra la Droga, aunque suponemos que está previsto, hubiera unos mecanismos de coordinación con las Comunidades Autónomas, sobre todo con aquellas que tienen competencia en materia de seguridad, y lo único que deseamos, a la vista de las intervenciones que se han producido en este momento, es que estos esfuerzos tuvieran en cuenta que a veces es muy difícil de hoy para mañana, cuando en el tiempo hay distintas diferenciaciones en las Fuerzas de Seguridad que han tenido unas competencias determinadas, intentar coordinarlos como cuerpos únicos.
Difícil no quiere decir imposible, pero deben tenerse en cuenta estas dificultades porque los resultados no se pueden pedir de una manera inmediata. Se tiene que tener la prudencia de saber esperar para ver cuáles van a ser estos resultados que, según nuestro criterio, van a ser favorables.
Señor Secretario de Estado, nosotros queríamos pedirle que nos indique si se ha hecho algún esfuerzo en este sentido. Pensamos que sí debe haberse realizado. Hay también un elemento que debe ser simultáneo a todo este esfuerzo, que es la información dirigida a la sociedad. Nosotros entendemos que los esfuerzos de coordinación que se realizan, con unos criterios muy ajustados a unas líneas muy justificables, no prosperan, a veces, porque la información, el esfuerzo que se realiza para que el tejido social esté bien informado de qué es lo que se pretende y qué participación activa se reclama de esta sociedad, este objetivo, repito, por lo menos a nosotros nos lo parece, no se consigue suficientemente.
Queremos, por tanto, que nos explique, según su criterio, si cree que estos esfuerzos se han realizado, si cree que se van a ir aumentando en intensidad y también en calidad y si cree que, de alguna manera, deberían participar los medios de comunicación social, que nosotros creemos que tienen una misión importantísima en este campo, porque sospechamos la incidencia que tiene en la concienciación social que puede permitir esta participación activa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor Delegado.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Agradezco, una vez más, la intervención del señor Bertrán por lo que tiene de sugerente sobre algunos problemas importantes.
No sé si está en el programa de la Comisión --tampoco es de mi competencia-- establecer aquellas comparecencias que se celebraban en su seno. Y en este caso, a mí me parecería muy interesante una iniciativa centrada en los medios de comunicación, como dice el señor Bertrán. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, tan fundamental en la sociedad moderna y a finales del siglo XX, en este tema de las drogas? ¿Estamos haciendo un programa común, solidario, unos y otros, culturalmente dirigido hacia un objetivo, o andamos un poco perdidos y no somos capaces, como ha dicho muy bien el señor Bertrán, de reflejar en toda su dimensión el esfuerzo que hacen las administraciones de todos los grupos políticos en este asunto? Probablemente somos más noticia --y cuando digo somos, en plural, me refiero al mundo de droga-- cuando muere alguien, cuando muere algún muchacho desafortunada y dramáticamente en la calle o cuando se producen alijos importantes u operaciones de gran relieve, pero no hay, tal vez, una comunicación más estable y más creativa en el seno de la sociedad. Uno a veces se queda preocupado pensando si algunos programas son positivos o negativos para la sociedad, si enseñan o, al contrario, desorientan totalmente, si es bueno para los muchachos o no lo que están viendo a horas de televisión o lo que están leyendo en los periódicos. No se trata de introducirnos en la libertad de expresión, ¡Dios me valga! --y lo digo así como suena: ¡Dios me valga! de decir semejante cosa en la Comisión, porque sería titular mañana--, sino de hacer una llamada al trabajo común y al sentido de la responsabilidad.


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Si somos más precisos con el tema, les diré que, a veces, uno no puede concretar los esfuerzos frente al narcotráfico. Yo sé que sus señorías saben que cuando hago alusión a algo que estamos haciendo tampoco estoy dando una explicación exhaustiva de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos viendo que después de una contundente actuación sobre determinadas zonas de nuestro territorio, las zonas de riesgo empiezan a dejar de serlo en perjuicio de otras. Hace poco he estado en Asturias y allí me han dicho algunas autoridades que cuando en Galicia se hace bien de alguna forma va hacia allí y me han preguntado qué datos tenemos sobre ello.
Creo que es necesario realizar un análisis, teniendo en cuenta las responsabilidades de representación que usted ostenta como Diputado de la Comunidad Catalana, aunque con representación nacional, obviamente. De cara al Mediterráneo cabría celebrar un encuentro, porque a mí me parece que es una zona, que no consideramos de alto riesgo porque no lo es, pero que, sin embargo, tiene importantes relaciones a analizar respecto de los grandes puertos, de las grandes relaciones mercantiles. Yo quiero, como Secretario de Estado y como Delegado del Gobierno, y también el equipo de la Delegación, dedicar atención a ese área. Así, va a haber encuentros de alto nivel en el seno de la comunidad mediterránea. Yo creo que si tiene lugar que en ese ámbito se hable del tema del narcotráfico o de drogas, ese tema debería ser discutido o debatido por las autoridades del Mediterráneo ya que estaremos también haciendo prevención si antes de ello estamos tomando decisiones de cautela y de garantías para que el desplazamiento de otras áreas no se consolide en zonas en las que ahora mismo no tienen ese problema. En ello estamos. De todos modos, insisto en que estoy seguro de que ustedes me van a permitir que no analice exhaustivamente algunas cosas ya que tenemos enfrente un dispositivo de una gran habilidad. Cuando nosotros damos un paso, los que forman parte de las organizaciones del narcotráfico están pensando en dar dos. Cuando hacemos leyes --y las propias autoridades lo dicen--, en dos o tres años cualquier disposición queda en desuso, queda superada por la agilidad criminal de estas organizaciones.
Permítanme que les diga con todo rigor y con toda seriedad --lo cual significa que estoy abierto a la comunicación abierta y bilateral con cualquiera de ustedes que desee información o que tenga interés en estos asuntos-- que públicamente debemos mantener un cierto sentido de control de lo que decimos porque es posible que si no produzcamos una alarma innecesaria en la ciudadanía y, sobre todo --lo que sería todavía menos controlable--, una capacidad de respuesta no deseada por parte de esas organizaciones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño. Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Enlazando con las palabras del Secretario de Estado, nuestro compañero Carlos López Riaño, quisiera empezar mi intervención justamente por el último punto que acaba de tocar acerca del peligro de hablar de ciertos temas dadas las repercusiones que ello pueda tener en cuanto a un debilitamiento de la lucha contra el narcotráfico.
Estimamos que esa es una lucha muy dura y muy difícil en la que debe haber un punto de partida común entre todos los grupos. Por eso esta Diputada comparte la opinión del responsable del Grupo Popular que ha intervenido en el punto anterior de esta comparecencia cuando se refería a que el consenso debe ser el punto de partida. Justamente sobre esa base deberíamos trabajar en ese nuevo paso que vamos a dar cuando se elabore el documento que revisará los actuales planteamientos que esta Comisión puso en su momento sobre la mesa sobre el tema del narcotráfico. Creemos que ése es un punto de partida en el que podríamos ponernos de acuerdo, porque compartimos también con el interviniente del Grupo Popular que ello no debe servir para tapar deficiencias o errores que puedan formar parte del debate político, sino que debe servirnos para que nos pongamos de acuerdo sobre qué se entiende por debilitar la lucha contra el narcotráfico.
En ese sentido, consideramos oportuna la intervención del Secretario de Estado. Es evidente que no se puede hablar abiertamente de una estrategia de lucha contra el narcotráfico ya que, por motivos obvios, eso supondría dar armas a los narcotraficantes en este campo debilitando con ello esta lucha. A este respecto mi Grupo considera que deberíamos adoptar una actitud semejante a la que se adopta en temas como, por ejemplo, el terrorismo. Nos alegra pensar que el Grupo Popular también lo ha comprendido así. Tal vez pudiéramos llegar a algún consenso sobre algunas de las afirmaciones que se han hecho en esta Comisión por parte de algunos Diputados o Diputadas del Grupo Popular para llegar a saber qué se entiende por debilitar la lucha contra el narcotráfico. Deberíamos sentar de verdad unas bases para que pudiéramos tener unas actitudes comunes, de tal modo que todos los grupos estuviéramos decididos a que no se debilitara esa lucha.
Comprendo, por tanto, la explicación somera que ha dado el señor Secretario de Estado sobre los componentes de la estrategia del Plan Sur y del Plan Galicia, así como sobre las características que contienen estos planes de choque. Este Plan Nacional tiene como objetivo fundamental esa coordinación que el Secretario de Estado ha destacado y que todos los grupos habíamos solicitado. En ese sentido, siempre hemos coincidido en que uno de los mecanismos esenciales para hacer más efectiva esa lucha era, efectivamente, la coordinación de todas las Fuerzas de Seguridad y también la de todos los organismos implicados en este tema. Por eso nos ha sorprendido, aunque relativamente, la intervención de la Diputada representante del Grupo Popular, a pesar de sus intentos por hacer una crítica constructiva --por cierto, nos parece que es una curiosa manera de hacer una crítica constructiva--. No queremos pensar de ninguna manera que esa sea una estrategia para seguir descalificando. Queremos pensar que realmente se trata de una voluntad de hacer una crítica constructiva,

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aunque es evidente que no basta sólo con decirlo, hay que poner después los hechos sobre la mesa.
En la obligación que tengo de responder por alusiones en defensa de la actuación del Grupo Socialista y en apoyo del Gobierno, tengo que decir que consideramos que la intervención de la Diputada del Grupo Popular ha sido un rosario de descalificaciones, empezando por su referencia a la poca eficacia del Plan Sur, siguiendo por la descalificación que ha hecho de los mecanismos que se han puesto en marcha a través de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y terminando por la actuación a que se ha referido de todos los Diputados de los distintos grupos políticos con respecto a la situación de Gibraltar. No nos parece, pues, que esas descalificaciones vayan en la vía de una crítica constructiva, sino que, justamente, van en la vía contraria.
Nos gustaría que hubiera sido realidad que en el campo de las iniciativas pudiéramos llegar a acuerdos reales. Ha habido momentos en los que hemos llegado a acuerdos con otros Diputados de su mismo Grupo pertenecientes a nuestra misma circunscripción, a la de Cádiz, por ejemplo, en el caso de la destrucción de droga decomisada, iniciativa que apoyamos y que nos pareció muy oportuna. Estamos dispuestos a seguir apoyando iniciativas de este tipo, pero quisiéramos que las mismas se plantearan sobre la mesa sin que se haga ningún rosario de descalificaciones.
Por otra parte, no quisiera entrar en algunas de las informaciones que se han dado aquí, pues creo que entrarían dentro de un análisis más detenido, más minucioso y más riguroso. Y es que muchos de los problemas que se han planteado aquí tienen unas razones muy concretas por lo que no se pueden tratar más que desde la línea del rigor. Por ejemplo, algunos problemas referentes a las Fiscalías tienen que ver mucho con las plantillas y con la propia situación de provisionalidad de los miembros que acceden a esos puestos, no solamente al de la Fiscalía Antidroga sino a los de las plantillas judiciales en general. Se trata de problemas difíciles que a veces nada tienen que ver con problemas presupuestarios aunque sí tienen que ver con problemas de provisionalidad de las personas destinadas a esos puestos como acabo de decir.
Es evidente que existe una subcultura en ese sector de la sociedad, pero resulta también muy curioso contrastar que esa subcultura se da en una zona donde se está consolidando el primer polo de desarrollo industrial de toda Andalucía, curiosamente la zona donde se consume más energía que en toda la provincia de Córdoba. Repito que resulta curioso resaltar ese dato porque también muchas veces se utilizan como argumento de las condiciones sociales y económicas y no podemos tener en cuenta una sociedad que está llena de contrastes.
Por tanto, no quisiera insistir en cada uno de los puntos que se han tocado ya que considero que cada uno de ellos debe ser tratado con el suficiente rigor. No se puede hacer afirmaciones a la ligera sin que se profundice en cada una de ellas. No se pueden tratar los temas sin el rigor que esta Comisión se merece. Creo que esta Comisión tiene una tradición de estudio, de trabajo y de rigor en profundidad. Tenemos intención de que la misma siga teniendo esa vocación de estudio y de rigor, y no deseamos que sea una plataforma para ningún otro tipo de actuaciones. De ninguna manera queremos pensar que haya otra intencionalidad por parte de la Diputada del Grupo Popular, pero sí nos gustaría que su ánimo constructivo se plasmara en iniciativas reales.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias.
He preguntado al señor Presidente si la intervención de la Diputada, señora Romero, era la última en esta sesión de comparecencia. Al manifestarme el señor Presidente afirmativamente este hecho, quiero aprovechar algunas de las palabras de la señora Diputada, aquellas que van dirigidas a un entendimiento posible con las manifestaciones hechas por el portavoz del Grupo Popular, señor Robles, que me parece cierran un poco el ámbito de nuestra reflexión en la mañana de hoy, esas resoluciones que pueden ser positivas en el futuro.
Desde luego, coincido con usted, señoría, en que ello produce un resultado que es deseado por todos. Nuestra sociedad es menos tensa ante el problema de la droga que hace unos años; es una sociedad más madura, más capaz de recibir información y de valorarla, más capaz de integrarse en una opinión que refleja grados de formación democrática importantes, de niveles importantes de nuestro desarrollo democrático, y yo creo que no es bueno que nadie se atribuya la posibilidad o la capacidad de alterar ese equilibrio. Ese equilibrio, como he dicho al principio, no es solamente de la dirección del Gobierno o de la dirección del Plan, sino que ha sido conseguido por todas las Administraciones públicas de nuestro país, por la inmensa mayoría de las Administraciones locales de nuestro país, y sería verdaderamente miope o suicida echar eso por tierra, por mucho que nos presionen las coyunturas políticas, bien sea en período preelectoral o en cualquier otro momento del desarrollo de nuestra vida política y parlamentaria.
Yo quiero agradecer, en nombre del equipo de la Delegación, lo que en la mañana de hoy hemos encontrado aquí, que es la posibilidad de seguir trabajando, aunque ya de forma más comprometida. Evidentemente, la Delegación se siente más comprometida con todos y cada uno de sus señorías en este futuro a desarrollar, y he entendido muy bien lo que han querido decirme respecto de la posibilidad de seguir con una no prórroga, porque no es ésa la sensación que en mí han producido las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, por poner un ejemplo inmediato y concreto, sino más bien de un trabajo que se desarrolle conforme a unas previsiones lógicas y razonables.
Ese es el compromiso que adquiero en nombre de ese grupo, y yo desearía que en un futuro no muy lejano, por supuesto, sino más bien próximo, aunque sea un poco densa la comparecencia, pueda comunicarles cómo esta

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parte de los asuntos que hoy me han dejado, con razón y con sentido común, encima de la mesa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delegado.


--RESPUESTA A LA PREGUNTA FORMULADA POR DOÑA GEMMA ZABALETA ARETA SOBRE LA SITUACION GENERAL DE LOS CENTROS DE REHABILITACION DE DROGODEPENDIENTES, EN LO QUE RESPECTA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y A LA MEDIA DE LOS PAISES EUROPEOS DE NUESTRO ENTORNO. (681/000062.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, la pregunta de la señora Zabaleta.
La señora Zabaleta tiene la palabra.


La señora ZABALETA ARETA: Gracias, señor Presidente.
En el contexto en el que nos desenvolvemos en la actualidad de una mayor homogeneidad de las políticas que los países europeos estamos llevando a cabo en orden a la prevención y reinserción social de las personas drogodependientes, los centros de rehabilitación son una pieza clave.
En ese sentido, quiero preguntar al Delegado del Plan Nacional sobre la Droga cuál es la valoración que él hace sobre la eficacia y el papel que juegan en la sociedad con respecto a los de otros países europeos y cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, sus puntos en común o sus diferencias y la evaluación en general que usted, como Delegado del Plan Nacional sobre la Droga, hace de los mismos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Zabaleta.
El señor López Riaño tiene la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Tenía una nota sobre la pregunta que no encuentro, pero creo que no es necesaria porque nos vamos a ilustrar mutuamente en seguida.
He dicho al principio que el nivel de los centros de rehabilitación de nuestro país, en el contexto europeo, es muy alto. Y no es porque lo diga el Delegado del Plan Nacional, sino que vuelvo a acudir al informe de la JIFE que pone a España como ejemplo de una integración importantísima respecto de la prevención frente a la realidad de las drogas. Se nos pone como modelo de algo que hemos podido exportar, incluso, en un convenio que no se suscribió en la etapa en que yo estoy dirigiendo este Plan, sino en la de uno de mis antecesores, don Miguel Solans, con el Gobierno norteamericano, tan proclive a diseñar políticas en torno a la represión --quizá, por su liderazgo mundial, sea absolutamente lógico y comprensible--, pero que tenía una cierta carencia en el ámbito de la prevención o de la asistencia a las víctimas de las drogas.
Nuestro país, desde 1985 para acá --insisto, con el esfuerzo de todas las Administraciones públicas--, ha conseguido un altísimo nivel, que es considerado como modélico por todas las Administraciones de la Unión Europea y también, fuera de ese ámbito, por Naciones Unidas, como acabo de decir. Ha habido esfuerzos de iniciativas públicas evidentes y esfuerzos muy importantes de iniciativas privadas. En realidad, tenemos hoy un tejido que permite la acogida en su seno de toda aquella persona que quiera recibir una asistencia en nuestro país. Yo creo que lo que más debe enorgullecernos como una política social colectiva de la comunidad de los españoles es haber conseguido que todos aquellos que tengan voluntad de aproximarse a una asistencia sanitaria, o en términos de tratamiento, tienen en nuestro país un lugar relativamente próximo donde hacerlo y, probablemente, unos excelentes dispositivos de respuesta desde el punto de vista terapéutico.
Poco más añadiría yo como contestación a esa pregunta, sino decir que no solamente no tiene por qué preocuparnos la cuestión, sino que verdaderamente estamos en una situación inmejorable desde ese punto de vista. Cierto que, como también he dicho al principio, todo es revisable de cara al futuro. Esto es bueno, como red pública y privada, respecto de los consumos que conocemos y que estamos tratando en el momento actual.
Si hubiese una proliferación de la producción de sustancias de síntesis o si tuviésemos unas nuevas perspectivas de consumos, tal vez tuviéramos que reflexionar conjuntamente respecto de la orientación de esos centros de rehabilitación y la disposición de los presupuestos de las entidades locales, autonómicas o del Plan Nacional. Yo creo que eso también ha quedado claro en la mañana de hoy, y para tranquilidad de la señora Zabaleta, tengo que decirle que éste es quizá el aspecto --por qué no reconocerlo abiertamente-- más brillante del programa conjunto de nuestra sociedad frente al fenómeno de las drogas, aunque yo sé que en muchos debates ante la opinión pública queda la creencia, por no saber enfrentarse a la realidad y asumirla en cuanto tiene de tan positivo, de que no se pueden curar las personas víctimas del consumo de drogas, los drogodependientes o las víctimas de la adicción, por ausencia de un dispositivo de respuesta o de unos centros adecuados para ello.
Insisto en que en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para que no haya protagonismo de nadie, desde el Ayuntamiento, en sus respuestas, hasta la Comunidad, hasta cada uno de los pueblos y ciudades que constituyen la Comunidad, como sucede en Andalucía, en Galicia, en Cataluña, en Euskadi o en cualquier otro territorio, este país nuestro, esta sociedad ha construido un tejido amplísimo de respuestas de una gran capacidad técnica y clínica, y que no es por ahí por donde sentimos en la Dirección del Plan los problemas más graves de esta cuestión. En ese aspecto yo creo que se puede comprobar que en nuestro país existe, independientemente de los agentes sociales, sindicatos, partidos políticos, etcétera, que tienen otro contexto, un tejido social cívico amplísimo estructurado casi único en el ámbito de la lucha contra la droga.


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Son muchas las organizaciones no gubernamentales de nuestro país que afortunadamente cooperan también con los planes públicos en la decisión de estos problemas. Me parece que unos y otros, bien utilizados, racionalmente, son capaces de dar respuesta a un problema de esta dimensión y de esta magnitud.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor López Riaño, puesto que lleva tres horas y media entre nosotros sometido a una intensa actividad, al menos cerebral.


El señor LOPEZ RIAÑO: Me siguen pareciendo pocas, lo cual es grave.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


--DEBATE Y VOTACION DE LA PROPOSICION NO DE LEY SOBRE EL ESTATUTO DEL AGENTE COLABORADOR, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(572/000029.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto cuarto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre el Estatuto del agente colaborador, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
En nombre de dicho Grupo Parlamentario, tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser extraordinariamente breve, no por la presión que el resto de sus señorías ejercen sobre el tiempo, sino porque a la altura que estamos del debate de hoy, en el que hemos abordado también este tema en el conjunto de la comparecencia del Delegado del Gobierno, hace innecesario volver a extenderse sobre lo que esta proposición no de ley pretende.
Ha habido un acuerdo general en los grupos políticos cuando debatimos la interpelación en el mes de octubre, cuando debatimos las mociones así como en esta sesión y, quiero resaltarlo muy especialmente, en las palabras del Ministro en aquella interpelación, sobre la necesidad de proceder a una protección en el ordenamiento jurídico español de esta figura que hoy no está contemplada y que en el consenso de aquellos expertos y profesionales que tienen que enfrentar la lucha contra el narcotráfico se considera que es importante. Me estoy refiriendo al agente colaborador, encubierto o infiltrado, como se le llama en las diferentes acepciones.
Como saben sus señorías, el mundo del narcotráfico es un mundo cerrado y criminalizado que requiere con frecuencia la acción de este tipo de agentes o servidores públicos, que tienen que trabajar de alguna manera desde dentro de las redes criminales para poder buscar con eficacia esos resultados. Quiero dejar meridianamente claro que nosotros entendemos esta figura no como un agente provocador sino como un agente que aflora el delito, de forma que pudiéramos salvar determinados preceptos constitucionales y determinadas sensibilidades jurídicas que, lejos de ayudar a lo que se pretende con esta iniciativa, podrían iniciar un debate no deseado. Por lo tanto, esta figura del agente encubierto o colaborador la entendemos, insisto, como la del agente que colabora en aflorar el delito y no como un agente que provoca el delito. En todo caso, creo que partiendo de la demanda ciudadana, de la demanda de los profesionales y, también, del acuerdo de los grupos, debería estar hoy suficientemente claro que con esta proposición no se pretende, lo digo una vez más, el protagonismo de ningún grupo, sino iniciar el trámite del debate parlamentario para aportar una solución. Por lo tanto, me extrañaría profundamente que, después de todo lo que hoy hemos dicho, después del deseo de llegar a acuerdos, del deseo de avanzar en estas soluciones, no podamos avanzar al menos en la toma en consideración de esta necesidad, puesto que se ha expresado una vez más que, dentro del paquete de ideas o medidas, éste es uno de los temas en los que habría que avanzar.
Haré, señorías, un último esfuerzo para que tomen en consideración esta iniciativa que espero que sea la iniciativa de la Cámara, simplemente para que avancemos el trabajo, porque el hecho de que pueda haber una reforma más amplia no empece para que en este momento podamos proceder a reformas parciales, como se ha hecho en otras circunstancias y como he mencionado antes en mi intervención, por ejemplo, en el tema del Código Penal. E, insisto, sería bueno en estos momentos para la sociedad dar el empuje en el sentido de que el Parlamento ha empezado no a hablar de grandes debates, sino a poner sobre la mesa temas concretos.
Nada más, señorías. Insisto, espero en que se tome en consideración esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el señor Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy total y absolutamente de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en cuanto a que en el tiempo voy a ser muy breve.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se va a oponer a esta propuesta porque entendemos que, como hemos manifestado a lo largo de esta mañana, va a remolque de una iniciativa más global ya anunciada por el Ministro de Justicia e Interior en el último debate del estado de la Nación en el Congreso de los Diputados.
Creo que esta mañana ha quedado clara cuál iba a ser nuestra actitud respecto de esta iniciativa. Concretamente, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla --ya se ha dicho-- las tres figuras de la entrega vigilada, el agente infiltrado y las escuchas telefónicas. En

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consecuencia, entendemos que la iniciativa que se propone, aun siendo correcta tanto en su planteamiento como en su justificación, sería abordar parcialmente una materia que precisa de una solución global.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuenca.


El señor CUENCA RICO: Muchas gracias, señor Presidente.
Por parte de mi Grupo se entiende que es necesaria la regulación de esta institución como medio de investigación de delitos cometidos por grupos organizados y especialmente de los delitos de narcotráfico. Sí resulta conveniente, en nuestra opinión, que se introduzcan en el ordenamiento jurídico las previsiones necesarias tanto para asegurar la proporcionalidad de la medida, la validez de las pruebas obtenidas, como la mayor reserva en cuanto a la identidad de los agentes que la lleven a cabo, y en este sentido se están elaborando las correspondientes propuestas.
La necesidad de tal regulación es evidente por cuanto un agente encubierto en el interior de una organización delictiva es un elemento esencial para la obtención de información y elementos de prueba definitivos de toda investigación. Además de las previsiones jurídicas necesarias para asegurar la validez de las pruebas que puedan ser obtenidas, se estima esencial salvaguardar la identidad del agente, garantizar su seguridad jurídica y facilitarle los medios económicos necesarios y proporcionados que le permitan actuar en igualdad de condiciones que el resto de los miembros de la organización a investigar.
Asimismo, pensamos que sería de interés incluir la figura del colaborador particular.
Dicho esto, nos gustaría indicar que esta proposición no de ley recoge medidas ya anunciadas y comprometidas por el señor Ministro de Justicia e Interior en su comparecencia ante esta Cámara y que, junto con otras medidas que a continuación reseñamos, forma parte de la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya anunciada y comprometida en la resolución del pasado debate sobre el estado de la Nación. Por ello consideramos aconsejable que las modificaciones propuestas en materia de drogas que se hallan en estudio deban tratarse en el marco de esta reforma que debe presentarse en la Cámara próximamente. Y no sólo por coherencia con el texto y contenido de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino porque su adelanto no produciría una ganancia de más de dos meses como máximo, con los inconvenientes derivados de su condición normativa como ley especial. Ley, además, que, en caso de prosperar la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, llevaría a la presentación de tantas iniciativas legislativas como modificaciones puntuales como la expuesta se pretendan llevar a cabo.
En consecuencia con lo expuesto en los puntos anteriores y por razones de índole técnica, en primer lugar, de economía normativa, en segundo lugar, de racionalidad legislativa, en tercer lugar y, por último, de oportunidad política, consideramos no conveniente aceptar esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuenca.
Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Muy brevemente, señor Presidente, solamente para lamentar la ausencia de prisa en los representantes de los demás grupos políticos. Lo que manifiesta el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como un mero avance de dos meses yo creo que es muy importante. Dos meses en la materia en la que estamos hablando es dar instrumentos para que precisamente durante dos meses puedan enfrentarse con mejor éxito a esta lucha. Por lo tanto, creo que la ausencia de esa prisa en los portavoces de los grupos parlamentarios que han tomado la palabra choca con la verdadera urgencia que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también con la que nos demandan los ciudadanos, pero lamento que no lo entiendan así.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Antes de proceder a la votación, vamos a verificar las sustituciones.
Entiendo que la señora Zabaleta sustituye a doña Josefa Frau y que no hay ninguna otra sustitución porque todos los demás son miembros de la Comisión. Por lo tanto, procedemos a votar. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, ocho; en contra, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Recuerdo a los miembros de la Ponencia constituida que está previsto que a continuación celebren una reunión.
Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.

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