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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 64, de 20/02/1995
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 1995 V Legislatura Núm. 64 PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PRESIDENTE: DON NESTOR PADRON DELGADO Sesión núm. 12 celebrada el lunes, 20 de febrero de 1995 en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García Crespo), para informar: --Informe Anual del Tribunal de Cuentas referido al Ejercicio de 1991 y Declaración Definitiva de la Cuenta General del Estado de 1991, así como los Informes Anuales de las Comunidades Autónomas que lo acompañan.
(Número de expediente Congreso 250/000004 y número de expediente Senado 770/000003). (Página 1286) --Informe de fiscalización sobre adquisición y utilización de implantes por los hospitales del Instituto Nacional de la Salud, insalud. (Número de expediente Congreso 251/000052 y número de expediente Senado 771/000052). (Página 1297) --Informe Anual del Tribunal de Cuentas referido al Ejercicio de 1991 y Declaración Definitiva de la Cuenta General del Estado de 1991, así como los Informes Anuales de las Comunidades Autónomas que lo acompañan.
(Número de expediente Congreso 250/000004 y número de expediente Senado 770/000003) (Continuación). (Página 1302)

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--Informe de fiscalización sobre diversos aspectos de la gestión de los Tribunales Económico-Administrativos referido a los ejercicios de 1989 a 1992. (Número de expediente Congreso 251/000049 y número de expediente Senado 771/000049). (Página 1320) --Informe de fiscalización sobre Fomento de Comercio Exterior, S. A., focoex. (Número de expediente Congreso 251/000051 y número de expediente Senado 771/000050). (Página 1322) --Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación, referido al ejercicio de 1991. (Número de expediente Congreso 251/000053 y número de expediente Senado 771/000053). (Página 1328) --Informe de fiscalización correspondiente al Ayuntamiento de Benavente (Zamora), referido a los años 1989 a 1991, ambos inclusive. (Número de expediente Congreso 251/000048 y número de expediente Senado 771/000048).
(Página 1330) --Informe de fiscalización correspondiente al Ayuntamiento de San Antonio Abad (Baleares), referido a los años 1989 a 1991, ambos incluidos.
(Número de expediente Congreso 251/000050 y número de expediente Senado 771/000051). (Página 1330) --Solicitud de comparecencia de la Presidente del Tribunal de Cuentas para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el Informe de fiscalización especial de la empresa pública Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (renfe), referido a su ejercicio 1989. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente Congreso 212/001202 y número de expediente Senado 713/000319). (Página 1334)

Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Se abre la sesión.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, doña Milagros García, expresando la satisfacción de que esta Comisión cuente con su colaboración y apoyo.


COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR SOBRE:

--INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1991 Y DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1991, ASI COMO LOS INFORMES ANUALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE LO ACOMPAÑAN.
(Número de expediente Congreso 250/000004. Senado 770/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Entramos en el orden del día con el punto número 1: informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de 1991. Por una cuestión de orden, se va a comenzar el punto 1 con la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de 1991 y a continuación pasaríamos al punto referido al informe de fiscalización del INSALUD.
Tiene la palabra la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): En esta mi primera comparecencia en la Comisión Mixta, quiero dedicar unas palabras en memoria de mi predecesor en la Presidencia del Tribunal de Cuentas, don Adolfo Carretero Pérez. Junto al recuerdo, deseo expresar el reconocimiento de la labor realizada para que el Tribunal de Cuentas ejerciera mejor las funciones que tiene encomendadas.
En esta etapa que comienza con mi Presidencia en el Tribunal, quisiera manifestar nuestra disposición para ofrecer la total colaboración del mismo con esta Cámara. Hasta ahora se ha hecho un gran esfuerzo para cumplir fielmente el mandato constitucional. Como ejemplo está el hecho de que el año 1994 se han enviado a esta Comisión Mixta más de 30 informes de fiscalización y se espera que durante el presente año le sea enviado un número superior.
Al hablar de la declaración definitiva, deseo empezar explicándoles cuál es la situación respecto al retraso en la rendición de informes.
Los Plenos del Congreso y del Senado, en sus sesiones del 30 de junio y 14 de septiembre de 1994, respectivamente, en relación con el informe anual de 1990 y la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de aquel año, tomaron una serie de acuerdos y resoluciones. La tercera de las resoluciones incluye, entre otros requerimientos a los que más adelante responderé, el siguiente: Se

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manifiesta que, en virtud de la normativa vigente, artículos 10 y 33.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, respectivamente, la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de 1990 debería haberse presentado a la Cortes Generales antes del mes de mayo de 1992.
El traslado de tal manifestación a la declaración correspondiente a la Cuenta General del Estado del ejercicio de 1991 significa que la misma debería haberse presentado antes de mayo de 1993; sin embargo, ustedes saben que fue remitida a las Cortes General en el mes de julio pasado, de forma independiente al informe anual al que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, ello de acuerdo con la consideración del Pleno de que son dos documentos distintos y separables conforme a la propia normativa reguladora y para que el contenido del segundo no condicione la remisión del primero.
¿Significa esta realidad que el Tribunal acumuló en su remisión un retraso de un año y tres meses? En nuestra opinión, el retraso es menor.
El artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas fija el plazo de seis meses, que es al que se refiere la resolución, para proceder al examen y comprobación de la cuenta, no para remitir a las Cortes Generales la correspondiente declaración definitiva sobre la misma. Por ello, el Pleno del Tribunal entiende que el citado plazo de seis meses se cumple si, dentro del mismo, el anteproyecto de la fundamentación y desarrollo de la declaración definitiva se envía al Gobierno para que éste emita las oportunas alegaciones.
El Tribunal de Cuentas comparte la preocupación del Parlamento por la eficacia en los distintos informes del Tribunal, que en parte, sin duda, depende de su cercanía en el tiempo de las actuaciones informadas, pero no comparte la interpretación restrictiva del artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, porque reduciría tanto el plazo efectivo para el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado que sería inviable pronunciarse fundamentalmente sobre ella.
Precisamente con firme voluntad de llegar a cumplir los plazos de remisión que marca la ley, en diciembre de 1994 fue enviada la declaración definitiva correspondiente al año de 1992, y el Tribunal espera remitir el proyecto de la declaración definitiva de 1993 al Gobierno, para alegaciones, dentro del plazo que señala el artículo 10 de la ley orgánica.
La remisión de las declaraciones definitivas de 1991 y de 1992 no estuvo acompañada del correspondiente informe anual. De hecho, el informe anual de 1991 fue aprobado por el Pleno del Tribunal en noviembre de 1994, y todavía está en trámite de alegaciones el correspondiente al ejercicio de 1992.
Como he señalado, la declaración definitiva y el informe anual son dos documentos distintos, separados por su naturaleza y por su finalidad, aunque están sin duda muy correlacionados. La declaración definitiva, el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, es un acto necesario para que posteriormente pueda producirse la resolución plenaria de las Cámaras aprobándola o denegándola. En este aspecto, el Tribunal de Cuentas actúa por delegación «ex lege» de las Cortes Generales constitucional y legal. Es distinto cuando se trata del informe anual.
Hasta la rendición del informe de 1990, su primer apartado estaba referido al análisis de la Cuenta General. A partir del ejercicio presupuestario de 1991, la declaración definitiva va acompañada de su fundamentación y desarrollo, que corresponde al anterior contenido del primer apartado del informe anual.
El informe anual, hecha la salvedad anterior, por imperativo del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, incluye todo los relativo a la fiscalización de la gestión económica del Estado y del resto de las cuentas de las entidades que integran el sector público y en general de todas las entidades sometidas a régimen presupuestario público. No obstante, la separación de ambos documentos no se ha correspondido con una tramitación parlamentaria independiente, puesto que se ha esperado a tener el informe anual del año 1991 para discutir la declaración definitiva, que fue enviada en julio del mismo año, tres o cuatro meses antes. Sería deseable que el esfuerzo del Tribunal de Cuentas para dar a conocer el resultado de su trabajo en la declaración definitiva de 1992, aprobada en diciembre de 1994, se correspondiera con una respuesta rápida en cuanto a su tramitación parlamentaria, sin esperar a la aprobación del informe anual de 1992, que previsiblemente se realizará en mayo de 1995.
El documento denominado «declaración definitiva», junto a la declaración en sentido estricto, incluye el informe del fiscal, las alegaciones del Gobierno y la fundamentación y desarrollo de la declaración definitiva. A esta última parte, es decir, a los resultados del examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, comenzaré a referirme.
En la elaboración de la declaración definitiva, y conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y al artículo 33 de la Ley de Funcionamiento, se han intentado cumplir cuatro objetivos, que someramente detallaré.
El primero de los objetivos consiste en señalar si la Cuenta es conforme en plazo, estructura y contenido. La Cuenta fue rendida al Tribunal con una demora de 13 días. Los estados agregados (que a partir de la Ley de Presupuesto Generales del Estado para 1989 debe confeccionar la Intervención General de la Administración del Estado como documento complementario de la Cuenta General) incluyen las cuentas de los organismos autónomos. Pues bien, en los estados anuales agregados del ejercicio 1991 no se han incluido 21 organismos autónomos: siete de carácter administrativo y 14 de carácter comercial, industrial o financiero. La importancia de los créditos iniciales de estos organismos respecto al total del subsector correspondiente es relativamente baja: el 6 por ciento en el caso de organismos administrativos y el 4 por ciento en los restantes. Con posterioridad a la rendición de la Cuenta General del Estado se han recibido las cuentas de todos ellos, comprobadas de conformidad con la Intervención General de la Administración del Estado, y se han incluido los resultados de fiscalización de las cuentas de 16 organismos en el

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apartado adicional de este documento. Sin embargo, algunas cuentas de organismos autónomos agregadas por la Intervención General del Estado, concretamente las cuentas del Iryda, del Forppa y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, considera el Tribunal que no deberían estar integradas en los estados anuales agregados, al tener defectos formales en su confección.
El segundo objetivo que intentamos en la declaración definitiva es examinar la coherencia que debe existir entre las distintas partes que integran la Cuenta General del Estado, es decir, analizar su homogeneidad y consistencia interna. La información de los estados de liquidación presupuestaria integrados en la Cuenta General del Estado es, en general, homogénea. Respecto a la consistencia interna, sigue dándose falta de concordancia entre los datos aportados en la Cuenta General del Estado por las entidades pagadoras y las perceptoras. Pero si en años anteriores la falta de concordancia ocurría tanto entre el Estado y los organismos autónomos como entre éstos, por primera vez en este ejercicio se aporta un estado de conciliación entre el Estado y sus organismos autónomos, que debería completarse con el de éstos entre sí. Los desajustes contables se deben principalmente a una información mutua deficiente entre las entidades implicadas, y a la propia indefinición normativa sobre el momento en el que, después de aprobados los créditos de transferencias, nace la obligación de pago y el derecho de cobro. Cuantitativamente, la diferencia neta entre obligaciones contraídas y derechos reconocidos es de 14.800 millones de pesetas, que son , aproximadamente, el 1,4 por ciento del total transferido. Si añadimos a esta cifra la diferencia neta entre obligaciones pendientes de pago y derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre se llega hasta los 52.400 millones, representando la falta de concordancia por ambos conceptos algo más del 4 por ciento.
Respecto al tercer objetivo --cumplimiento de las normas presupuestarias y contables-- en la declaración definitiva se analizan las modificaciones presupuestarias, para algunas de las cuales el Tribunal considera que no ha habido cobertura legal. Hay que advertir que, con ocasión de la separación de la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado del informe anual, el estudio de las modificaciones presupuestarias en el primero de los documentos --que es el que ahora estamos considerando-- se limita a la comprobación de las cifras de la Cuenta General con las de los respectivos expedientes, así como a aspectos formales de carácter contable, mientras que en el informe anual se fiscalizan las modificaciones presupuestarias y los aspectos de legalidad, eficiencia y economía.
Los créditos iniciales fueron modificados, en términos netos, en tres billones 172.888 millones de pesetas, un aumento del 19 por ciento sobre los créditos iniciales. Hay concordancia entre los importes de las modificaciones registradas en las cuentas y los expedientes justificativos. Y, a título de comparación, en 1990, el aumento sobre los créditos iniciales representó el 22 por ciento.
La información contable de estas modificaciones sería más eficaz aumentando su desagregación a nivel de créditos vinculantes. Como deficiencias se señalan, en primer lugar, que en 170 créditos los remanentes anulados superan el 25 por ciento de las correspondientes ampliaciones. Ello significa que las obligaciones reconocidas, que son el fundamento legal de las modificaciones de crédito, no existían, al menos en parte, o bien no fueron contraídas en cuentas. La anulación de remanentes, por valor de 222.900 millones de pesetas, representan el 7 por ciento de los créditos ampliados.
En segundo lugar, o punto b), comparando las previsiones y la recaudación en los distintos conceptos de ingresos, que dan lugar a la generación de crédito, resulta que la recaudación ha sido en todos los casos menor a las previsiones presupuestarias o, en algunos otros casos, el exceso recaudado no iguala al crédito generado. Esta situación demuestra que, al menos en algunos conceptos, la generación de crédito se autoriza sin vincularla a que la recaudación supere lo presupuestado. Es cierto que, como se indica en las alegaciones, no hay en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria una previsión expresa en este sentido, como reiteradamente viene propugnando el Tribunal y cuyo desarrollo reglamentario mejoraría la técnica presupuestaria.
El cuarto y último objetivo de la declaración definitiva, de su fundamentación, está dirigido a verificar si los estados financieros que conforman la cuenta general se ajustan a los principios de la contabilidad pública y reflejan la imagen fiel de la situación económico-financiera y de la situación patrimonial de las entidades integradas en el sector. Al igual que ocurría en ejercicios anteriores, por un lado un conjunto de obligaciones generadas en el ejercicio no se aplicaron al presupuesto de gastos, al que, por el contrario, se han aplicado obligaciones de años anteriores, amparándose en ocasiones para ello en el cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Presupuestos del Estado. Por otra parte, no se han aplicado al presupuesto de ingresos un conjunto de derechos, aplicándose, en cambio, otros originados en años anteriores. Como consecuencia de ambas situaciones debería producirse un ajuste, tanto en ingresos como en gastos, por el que el superávit de gestión presupuestaria del ejercicio se reduciría en 277.180 millones de pesetas, que es el efecto neto de las operaciones que debieron imputarse al presupuesto de 1991.
El finalizar el ejercicio de 1991 estaban sin aplicar al presupuesto globalmente obligaciones originadas en 1991, junto a otras de años anteriores, por importe total de un billón 317.500 millones de pesetas, y una serie de derechos del ejercicio y ejercicios anteriores por 135.592 millones de pesetas. El importe neto de estos gastos e ingresos, al que había que descontar las cuotas del Fondo Monetario Internacional, de 178.413 millones, porque no serán soportadas por los presupuestos futuros en virtud de la ley de autonomía del Banco de España, deduciendo esto de la cifra anterior, resulta que un billón 3.495 millones deberán aplicarse a las liquidaciones de ejercicios posteriores.
Las mismas consideraciones cabe realizar sobre las cuentas de los organismos autónomos, tanto los de carácter administrativo como industriales, comerciales y financieros. Si en general tales cuentas son correctas, muchas de ellas tienen defectos formales, singularizándose por la mayor

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importancia de sus desviaciones respecto a la instrucción de contabilidad que le es aplicable el IRYDA. Destaca, además, la permanencia en cuentas extrapresupuestarias, pendientes, por tanto, de aplicar del INEM por gastos corrientes, que suman 993.846 millones de pesetas, correspondientes a prestaciones sociales, de los cuales el 43,5 por ciento corresponden al ejercicio fiscalizado. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística tiene deudas con la Seguridad Social pendientes de contabilizar desde el ejercicio de 1989, por 1.178 millones de pesetas.
Entre los organismos autónomos industriales, comerciales financieros y análogos se singularizan por la importancia de sus desviaciones contables de la norma el FORPPA y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Las citadas imperfecciones, junto con otras que constan en el informe del Tribunal, hacen que, al igual que ocurre en la Cuenta de la Administración del Estado, los resultados de gestión presupuestaria de los organismos autónomos administrativos deban ser corregidos tanto por la existencia de partidas de ingresos y gastos pendientes de imputar como imputados en exceso. Igualmente el remanente de tesorería pasaría a tener resultado negativo, ya que su utilización por algunos organismos ha sido incorrecta, produciendo excedentes de capital circulante no justificado en organismos que, excepto en mutualidades y en el INEM, por su propia naturaleza deben presentar una situación financiera equilibrada.
Como conclusión a este punto, los resultados agregados de organismos autónomos según las cuentas rendidas son positivos, por un importe de 40.587 millones de pesetas. En opinión del Tribunal, hay imputaciones incorrectas, que suman 43.203 millones, que al corregirse darían resultados negativos por 390.616 millones. Además, las partidas de gastos e ingresos pendientes de imputar al presupuesto o imputadas en exceso incrementan inadecuadamente los resultados agregados de gestión presupuestaria en más de un billón de pesetas que deberán soportarse en ejercicios posteriores. Como otra consecuencia, el remanente de tesorería, que asciende a 76.868 millones de pesetas, sería realmente negativo por 245.767 millones si se hubieran aplicado las partidas de gastos e ingresos pendientes.
Por último, debo señalar que las anomalías puestas de manifiesto en la liquidación presupuestaria del Estado y de sus organismos autónomos tienen su reflejo, como es natural, en los estados financieros de la contabilidad patrimonial, ya sean los resultados económicos patrimoniales, o bien en las cuentas de los balances de situación integral del Estado y agregados de los organismos autónomos. A estas anomalías se añaden otras de carácter contable que afectan, fundamentalmente, a la representatividad del inmovilizado.
Los Plenos del Congreso y del Senado, en relación con la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado de 1990, requirieron al Tribunal de Cuentas para que en la cuantificación de las partidas que incrementan o disminuyen los resultados presupuestarios y de contabilidad general, el Tribunal diferencie claramente entre el montante atribuible a la utilización en la formación de la Cuenta General del Estado de criterios distintos de los del Tribunal y el montante atribuible a otras actuaciones o conductas. Esta información para años posteriores no está incluida en la Cuenta General del Estado de 1991, porque se remitió a las Cortes con anterioridad a tener conocimiento del requerimiento que se comenta.
Las alegaciones del Gobierno que acompañan a la declaración definitiva son relacionadas por éste en dos grandes grupos que denomina «aspectos en los que no se comparten las afirmaciones del Tribunal» y «aspectos corregidos en ejercicios posteriores a 1991». Podría parecer que el primer grupo comprende los criterios distintos a los del Tribunal y el segundo aquellos cuya incidencia es atribuible a otras causas. Sin embargo, en el segundo grupo también se encuentran algunas discrepancias con la opinión del Tribunal. Por otra parte, las alegaciones no se refieren a las salvedades concretas que plantea el Tribunal, y, además, no todas las salvedades incluidas en el documento son alegadas por el Gobierno.
En definitiva, lo que quiero decir es que sólo a través de las alegaciones pueden conocerse los criterios discrepantes con los que mantiene el Tribunal, y en las alegaciones no es fácil deducir cuáles son éstos.
Con esas limitaciones, se ha elaborado el cuadro que tienen ustedes expuesto, en el que aparecen, en resumen, los importes de las salvedades efectuadas en la declaración definitiva de la Cuenta General de 1991, especificando el importe que corresponde a los resultados presupuestarios --a la izquierda-- y a los económicos-patrimoniales, distinguiendo en cada caso si las operaciones corresponden al ejercicio dictaminado o a ejercicios anteriores y efectuando el desglose al que se refiere la resolución.
De este cuadro se deduce que de los 2.189.543 millones de pesetas a que asciende, en síntesis, la cuantía de la carga presupuestaria neta, correspondiente al Estado y a los organismos autónomos administrativos, de la cantidad no aplicada o incorrectamente aplicada a resultados presupuestarios, 421.646 millones corresponderían a la diferencia de criterios aludida y el billón 767.897 millones restantes a otras causas.
Bajo las mismas condiciones, pero por lo que atañe a los resultados en términos de contabilidad patrimonial, no presupuestarios, como en el caso anterior, de los 2.679.138 millones pendientes de aplicar o mal aplicados hasta 31 de diciembre de 1991, 923.106 millones se deberían a diferencias de criterio y los restantes, 1.756.032 millones, a otras causas.
Pide también la resolución de los plenos que se desglosen las salvedades en las cuales existen diferencias de criterios, y ése es el siguiente cuadro, donde se manifiestan las principales partidas respecto de las cuales existen criterios discrepantes entre el Gobierno y el Tribunal de Cuentas.
Lo expuesto constituye la fundamentación de la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado, su soporte. El Tribunal, aún considerando que es necesario corregir los defectos comentados como excepciones, manifiesta que la Cuenta General del Estado presenta la estructura

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y contenido apropiados y es coherente internamente con la documentación complementaria y que las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables limitan el reflejo en la Cuenta General del Estado de la actividad económico-financiera y patrimonial del Estado y de sus organismos autónomos durante el ejercicio de 1991.


El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Ante todo, desde el Grupo Vasco queremos felicitar por su nombramiento a la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
Estamos seguros de que su experiencia y profesionalidad se van a dejar notar en el Tribunal de Cuentas en este período y en esta nueva fase en que va a presidir doña Milagros García Crespo, a la que deseamos toda clase de éxitos en esta gestión.
Entrando ya en lo que es la Cuenta General del Estado, y agradeciendo las explicaciones que nos ha dado, encontramos que ciertamente cada año que tenemos que ver la Cuenta General del Estado es decepcionante el que nos enfrentemos en esta Comisión a toda una serie de salvedades e infracciones de las normas presupuestarias, de limitaciones en el resultado global, como ocurre este año por la no inclusión de organismos autónomos y del incumplimiento de normas contables. Esto hasta ahora ha sido algo permanente en toda la rendición de cuentas o la fiscalización de cuentas por parte del Tribunal en la Cuenta General del Estado; y esto, como digo, desde nuestro Grupo Parlamentario, se considera decepcionante. Somos conscientes de la complejidad y del volumen de información que tiene que manejar el Tribunal y de lo que significa toda una Cuenta General del Estado. También somos conscientes de que existe una normativa en cuanto a las fechas para los exámenes, la rendición de cuentas, pero hay que convenir que debatir en febrero de 1995 la Cuenta General del Estado del año 1991, en principio es un ejercicio ineficaz y, desde luego, meramente protocolario. Todavía resulta más ineficaz si se mantienen, ejercicio tras ejercicio, los mismos incumplimientos sobre las normas administrativas y contables que estamos observando.
Si hacemos un repaso a las incidencias reflejadas por el Tribunal de Cuentas nos encontramos innumerables. Desde, como decíamos, la limitación al alcance del dictamen por la no inclusión de los veintiún organismos autónomos, a la falta de concordancia de datos relativos a operaciones de transferencias internas por valor de 14.819 millones; a discrepancias contables en numerosos casos en la contracción de derechos y derechos reconocidos, por valor de los mismos de 50.000 millones; modificaciones en créditos iniciales, por importe de tres billones 172.000 millones de pesetas. Es decir, aquí hay toda una serie de elementos, de incumplimientos, que van desde los presupuestos de gastos e ingresos al superávit de gestión, cuya cuenta también debería presentar 682.000 millones de pesetas, como queda puesto de manifiesto por el informe del Tribunal, así como las obligaciones originadas en el año 1991 y que han sido aplicadas en ejercicios posteriores, por importe de un billón 317.000 millones. Toda una serie de anomalías contables que van desde el inmovilizado material y financiero, las inversiones públicas, las amortizaciones, los gastos corrientes. Es decir, se ve claramente que año tras año se produce toda una serie de incumplimientos e infracciones que son corregidas pero que vuelven otra vez a producirse.
Por otra parte, creo que el informe de la Fiscalía deja muy claro, aparte de las reflexiones que hace sobre la importancia de la Cuenta General del Estado como exponente de la gestión y el manejo de los fondos públicos, que, en lo que se refiere al ejercicio de 1991, la Cuenta General del Estado es demasiado defectuosa. Conclusión, por supuesto, crítica, aunque desde luego bastante ambigua, porque sí me gustaría que la Fiscalía explicara qué quiere decir «demasiado defectuosa».
Bien es cierto que la Administración presenta toda una serie de alegaciones a la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas, pero estas alegaciones que presenta el Estado, el Gobierno, la Administración, hacen referencia a la aplicación de la normativa contable, que en algunos casos contrasta con las anomalías reflejadas por el Tribunal de Cuentas.
En otro orden de cosas, indica que se han efectuado correcciones posteriormente y también se justifica haciendo referencia a algunas alegaciones que ya se efectuaron en años anteriores.
En definitiva, es tremendamente complicado pronunciarse a la vista de las opiniones contradictorias que tenemos y que, por tanto, hay que basarse en el dictamen definitivo del Tribunal de Cuentas, una vez analizadas las alegaciones y depurados los errores, las infracciones y los incumplimientos.
Por ello agradecería a la Presidencia del Tribunal de Cuentas, después de visto el informe de la Fiscalía y analizadas las alegaciones efectuadas por la Administración, que nos dijera si la Cuenta General del Estado refleja la situación real de las cuentas públicas del Estado.
Por otra parte, ¿qué grado de fiabilidad tiene la ejecución del Presupuesto del año 1991? ¿Es real el déficit público que ese año, a través del Presupuesto ejecutado, de acuerdo con las anotaciones contables, ha dado como cifra el Gobierno en su momento? En otro orden de cosas, ¿tiene algún plan el Tribunal de Cuentas para mejorar las anotaciones contables y los trabajos de fiscalización? A este respecto, ¿no habría posibilidad de que, al igual que en las auditorías externas de las empresas, el Tribunal de Cuentas supervisara periódicamente la gestión y contabilización de las cuentas del Estado? ¿Se podría llevar un sistema parecido? En este sentido, ¿qué recomendaciones --y ésta es mi última pregunta-- dirigiría al Parlamento para modificar la Ley General Tributaria y la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas con el fin de poder encontrarnos todos los años con una fiscalización más acorde con la realidad y evitar todo este tipo de irregularidades y salvedades que aparecen en la fiscalización de la Cuenta General del Estado?

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El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): El señor Carrera tiene la palabra.


El señor CARRERA I COMES: Quiero agradecer a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas su comparecencia, unirme a la felicitación de mis compañeros y darle la enhorabuena por su nombramiento.
Mi exposición sobre el informe anual relativo a la cuenta de 1991 se basará, prácticamente, en cuatro o cinco apartados: el plazo de presentación, la fiabilidad de las cuentas, la declaración definitiva, las anomalías y las conclusiones. Estas conclusiones las añadiré al final en lo que podrían ser las propuestas de resolución.
Plazo de presentación. Es cierto, señora Presidenta, que seguimos con un retraso de dos años. Según mis cuentas ahora deberíamos debatir la cuenta del año 1993, pero aparte de esto quiero dejar constancia de que se ha avanzado sustancialmente en los plazos de presentación de las cuentas anuales.
En cuanto a la fiabilidad de las cuentas, de la lectura del informe se deduce que las cuentas que estamos debatiendo presentan un grado de fiabilidad bajo, y en el fondo así lo reconoce el propio fiscal en diferentes apartados de este informe a través de frases como, por ejemplo: que no se incluyen por no haber sido posible recogerlas al confeccionar los estados anuales de equis cuentas de 21 organismos autónomos... (página 5). Que cuando se analizan las cuentas de resultados de los ejercicios, las que se presentan quedan en tal forma afectados, por las anomalías que se exponen detalladamente en la declaración definitiva, etcétera.
Finalizaré repitiendo el comentario del portavoz del Grupo Vasco en el sentido de que la fiscalía considera que en lo que se refiere al ejercicio de 1991, la Cuenta General es demasiado defectuosa. Repito que tiene una escasa fiabilidad o lo que es lo mismo, un alto grado de ineficiencia la presentación de las cuentas que hoy debatimos.
Entendemos, por otra parte, que las anomalías contenidas en la declaración definitiva alteran incluso los resultados, tanto de la liquidación presupuestaria como de los balances remitidos por la Intervención General; por tanto, creo que habría sido aconsejable que el Tribunal de Cuentas hubiera incluido una estimación global del impacto de estas anomalías sobre el total del presupuesto y balance que hoy estamos analizando.
Tal y como se presenta ahora el informe --fraccionado y sin ese juicio global--, el Parlamento se queda sin saber si el presupuesto del año 1991 ha sido deficitario o no, teniendo en cuenta, además, que se utiliza en ocasiones una terminología bastante confusa.
En resumen, a nuestro entender, la cuenta definitiva es una suma de observaciones, probablemente correctas, pero sin ningún pronunciamiento sobre el impacto de estas observaciones en el resultado final y, por tanto, nos quedamos sin llegar a conocer el cierre del ejercicio, sin saber si es deficitario o si, por el contrario, tiene superávit. Repito que si no fuera posible llegar a ninguna conclusión por parte del propio Tribunal de Cuentas, quizá hubiese sido mejor dejar constancia del mismo en su informe.
En cuanto a las anomalías detectadas por el propio informe, observamos con extrañeza cierta tendencia de las mismas a reducir el déficit o las pérdidas, aunque quizá será pura casualidad. Esas anomalías presentan distinta tipología: falta de presentación de cuentas, irregularidades presupuestarias, incumplimiento de preceptos legales, falta de inventario o errores de evaluación, pérdidas ocultas y falta de criterios uniformes.
Sirva esto como pequeño muestrario de las que se han venido detectando por parte del propio informe fiscal. A mí se me ocurre que, quizás, el Plan General de Contabilidad ha podido contribuir a que afloren buena parte de esas anomalías.
Por tanto, ante el hecho de la fecha de presentación y la fiabilidad de las propias cuentas de la declaración definitiva, así como las anomalías que en la misma se reflejan, llegaría a las dos o tres conclusiones siguientes, señora Presidenta. Pedir al Tribunal de Cuentas que ajuste el resultado de la liquidación presupuestaria y de los estados financieros (balances y cuentas de resultados), de acuerdo con las observaciones contenidas en sus propios informes, y que tramite y envíe al Parlamento el resultado de ese ajuste. Si ello no fuese posible, pediríamos que se pusiese de manifiesto como complemento de esos informes, las consecuencias de esta imposibilidad, y, finalmente, que se ordenara a los distintos organismos afectados que realicen los ajustes efectuados por el Tribunal de Cuentas y que éste compruebe, en un tiempo prudencial a determinar, la realización de esos ajustes y consecuentemente, la trasposición de su impacto en los ejercicios consiguientes.
Quizás estas observaciones que acabo de hacer, señor Presidente, señoras y señores Diputados, debería sumarlas a lo que, debidamente estudiado, pudiera formar parte de las propuestas de resolución que nuestro Grupo Parlamentario va a presentar.


El señor VICEPRESIDENTE (García Royo): Tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Junto a un recuerdo del anterior Presidente del Tribunal de Cuentas, quiero dar mi sincera enhorabuena a la actual Presidenta del Tribunal de Cuentas y decirle que, como sabe, nuestro Grupo no dio su voto favorable a la elección del consejero vacante del Tribunal, no por estar en contra de la persona, sino que era un voto en contra del procedimiento empleado, puesto que nos parecía y nos sigue pareciendo que no es el más adecuado. Nos hubiese gustado que, antes de proceder a su elección, todos los candidatos hubieran pasado por esta Comisión Mixta Congreso-Senado para Relaciones con el Tribunal de Cuentas, que nos hubieran explicado sus proyectos, que a continuación todos los grupos políticos hubiésemos tenido la oportunidad de hacer públicos nuestros criterios de elección, etcétera. En cualquier caso, le deseamos los mejores éxitos en su gestión, aunque, con la escasez de recursos y medios que tiene el Tribunal de Cuentas, nos parece una labor difícil.
Entrando ya en la declaración definitiva de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio de 1991,

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en el informe anual, vamos a hacer referencia, en primer lugar, al informe del fiscal.
En su página 6 recoge que parece que todos los organismos excluidos de la Cuenta General lo han sido en esta ocasión por demora en la presentación de las cuentas y no por falta de remisión, lo cual permite calificar el hecho como menos preocupante que en las ocasiones en que simple y llanamente no se presentaron, aunque esta mejora no es suficiente para afirmar que la Cuenta General sea una cuenta completa. Por tanto, primera conclusión, mientras que no se remitan las cuentas en tiempo y forma, la Cuenta General es incompleta y, por tanto, no merece su aprobación.
Siguiendo con el informe del fiscal, en sus páginas 9 y 10 se indica que en el presupuesto de gastos se omiten indebidamente obligaciones por un valor de 705.110 millones de pesetas, y se comprueba que la disfunción entre lo real y lo aparente en la cuenta es tan importante que asciende a 1 billón 316.500 millones de pesetas, que, a juicio del informe del fiscal, parece abrumadora. Por ello --sigue diciendo el informe del fiscal--, cuando se analiza la cuenta de resultados del ejercicio, los que presentan quedan de tal manera afectados por las anomalías que se exponen detalladamente en la declaración definitiva que su parecido con la realidad es muy escaso, según se cuantifica con todo detalle. Segunda conclusión: si el parecido de una cuenta con la realidad es muy escaso, no hay por qué aprobarla.
Sigue diciendo el fiscal en las páginas 11 y 12: Sin perjuicio de lo que consideren otros e incluso de la estimación, siempre preferente, de las Cortes Generales, esta fiscalía considera que, en lo que se refiere al ejercicio de 1991, la Cuenta General es demasiado defectuosa. Tercera conclusión: al ser demasiado defectuosa, no se puede aprobar.
Entrando ya en temas del informe anual, se dice que el déficit conjunto del Estado y de sus organismos, una vez ajustado por el Tribunal, ascendería a 2 billones 348.324 millones de pesetas, lo que supone, según nuestros cálculos, una desviación del 184 por ciento. Este tema es especialmente grave porque puede poner de manifiesto una cierta incompetencia del Gobierno a la hora de elaborar los presupuestos. Y éste no es un problema de concepción ideológica o de discrepancias políticas; es sencillamente --si me permiten la expresión castiza-- que son unos mantas al presupuestarlo. En la página 23 del informe también se dice que los programas que han sufrido modificaciones han sido 201, de un total de 212. Yo le preguntaría, ¿qué procedimientos de presupuestación utiliza el Gobierno si el 95 por ciento de los programas se hace mal? Las modificaciones ascienden a 3,17 billones de pesetas, de los que 421.580 millones corresponden a ampliaciones de Defensa. El mismo informe del Tribunal indica que el examen de estas ampliaciones de crédito aprobadas en el ejercicio muestra que en buena parte podrían haberse evitado con un mayor rigor en la presupuestación; que en ciertas aplicaciones presupuestarias se efectúan ampliaciones sucesivas que no vienen determinadas por circunstancias o hechos nuevos, sino que más bien son función de las necesidades de tesorería de los perceptores. O sea, que, según mi conclusión y a la vista del informe del Tribunal de Cuentas, he de afirmar que no sólo hacen una mala presupuestación sino también una mala gestión de tesorería.
Se recoge también en el informe la imposibilidad de analizar la eficiencia y eficacia, por incompetencia, a nuestro juicio, del Gobierno, en el seguimiento de la ejecución del presupuesto. El informe recoge en su página 27 el siguiente texto: El análisis del presupuesto funcional, como en ejercicios anteriores, ha puesto de manifiesto importantes carencias de información, incluso en relación a los programas que deberían haber servido de experiencia piloto en 1991 --13 sobre un total de 224--, lo que impide el pronunciamiento sobre el grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en los programas y, por ende, sobre la eficacia, eficiencia y economía de su gestión.
Sigue a continuación diciendo lo siguiente: El artículo 134 de la Ley General Presupuestaria señala que a la Cuenta General del Estado se unirá una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria también demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con indicación de los previstos y del coste de los mismos. Sigue diciendo: Al igual que los ejercicios precedentes --y aquí está el problema--, ninguna de estas dos memorias se recibe, por lo que no se puede emitir opinión alguna sobre lo que, según la ley, es objeto de las mismas y constituye un elemento muy valioso para enjuiciar la eficacia y la economía de los recursos públicos.
Este tema es fundamental, a nuestro juicio, si queremos un sector público eficaz y eficiente. Es esencial también si queremos que todos los ciudadanos sepan en la práctica qué se hace con su dinero y qué bienes y servicios proporciona el Estado.
Creo que más bien pudieran tener la sensación de que el Gobierno es contumaz en ocultar los resultados de su gestión y en incumplir la normativa vigente. ¿Y por qué es? No creo que sea por mala voluntad, sino a lo mejor por un cierto grado de incapacidad para poner en práctica un sistema de gestión que produzca esta información; o si fuera de mala voluntad --que no lo creo--, habría alguna intención de hurtar a los ciudadanos esa información.
En cuanto a las subvenciones, la nueva normativa que se aprueba en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1991 tiene, obviamente, como objetivos la mejor gestión y transparencia de estos gastos. En el informe del Tribunal de Cuentas se recoge en su página 30 que, en términos generales, no se ha dado cumplimiento a la obligación de publicar en el BOE las subvenciones concedidas en cada período. En la página 196 del mismo se indica que se ha comprobado al respecto que en ninguna de las subvenciones analizadas se ha cumplido puntualmente este trámite. Esto es muy fuerte. ¿Para qué se incluyen en las leyes de presupuestos pautas de transparencia que luego se salta el propio Gobierno a la torera? En cuanto a Radiotelevisión Española --por poner otros ejemplos--, en la página 45 se recoge lo siguiente: Siguiendo la tendencia ya manifestada en anteriores informes, en Televisión Española, S. A., los gastos de producción

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propia incorporan cada vez gastos derivados de contratos realizados con productoras externas, etcétera, por no leerlo todo. En ocasiones, los contratos realizados se refieren a ayudantes de producción, secretarias o prestación de servicios, en lo que Televisión tiene medios propios suficientes. Este es otro tema especialmente grave que pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas. Cuando en Televisión Española se ha reducido la plantilla, puede ser significativo de una actuación más general en el sector público, en la que se privatiza en la práctica a través de las contrataciones externas, sobre todo cuando hay medios propios, como se dice en el informe, para realizar dichas tareas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Hay otro apartado que se refiere a la guerra del Golfo. Es interesante poner de manifiesto que al menos los gastos específicos de nuestra presencia, según el informe del Tribunal de Cuentas, fueron de 7.332 millones de pesetas. Eso lo dice en la página 224, mientras que en la 229 se pone de manifiesto que la ausencia de procedimientos reglados para la gestión de recursos públicos, destinados a atender los gastos de participación de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones derivadas de compromisos internacionales, dificultan la adecuada información sobre el coste de las mismas. No aparece documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Estado para la realización de obras bajo el sistema de excepcionalidad previsto en su artículo 27, que en todo caso no exonera a la Administración en el momento de la justificación de los gastos realizados del necesario detalle de las partidas que constituyen el gasto y de su aplicación a la finalidad perseguida. Yo me preguntaría: si el Tribunal de Cuentas no lo puede saber, ¿cuánto nos costó esa operación y por qué no se han justificado los gastos que tanto impacto tuvieron en la opinión pública? En el tema de las sociedades estatales --y voy concluyendo--, el informe dice en su página 270 que las cuentas de las sociedades estatales correspondientes al ejercicio 1991 tenían que haber tenido entrada en el Tribunal con anterioridad a 1 de noviembre de 1992. A tal fecha no se había recibido ninguna. Y entre las cuentas no recibidas --suelo poner siempre este ejemplo-- se encuentra la de Equidesa, que es filial de Renfe y que todos conocemos tan bien.
Contratación. En el aspecto de contratación, el problema en este ejercicio es el mismo que en todos los anteriores, el mismo. Sería interesante destacar lo recogido en lo relativo a la contratación directa, donde, según el informe del Tribunal de Cuentas, destaca por la frecuencia de su empleo, junto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, los de Interior y Defensa, así como los de Justicia, de Economía y Hacienda y de Cultura, circunstancia que lógicamente contrasta mucho con la excepcionalidad del sistema establecido en los artículos números 28 y 37 de la Ley de Contratos del Estado. No nos queremos hacer preguntas especiales sobre esta curiosa coincidencia en la aplicación en algunos ministerios.
La mayor parte de los temas relevantes que se recogen en la declaración definitiva de la Cuenta General se han reflejado en el informe anual.
Destacaríamos tan sólo algunos de ellos, cuestiones relacionadas con la cooperación, créditos FAD, Agencia de Cooperación. En este punto también es importante destacar que en la página 39 de la fundamentación de desarrollo de la declaración definitiva se indica que no están recogidos 16.570 millones de pesetas correspondientes a los créditos concedidos a países en vías de desarrollo a que se había hecho referencia. En lo relativo al saldo de los créditos FAD, 247.072 millones de pesetas, casi nada. Según el informe, no se ofrece la información de las distintas fases en que se concreta cada una de estas operaciones. No se recogen las cantidades realmente desembolsadas y entregadas a los distintos países perceptores. Es preciso saber si los fondos de ayuda al desarrollo sirven para dar de comer a la gente, para que nos entendamos todos, o para que algunos dediquen esos fondos a comprar armas.
Finalmente, en la página 50 de este documento se indica que la Agencia de Cooperación Internacional tiene al menos 57 cuentas abiertas en diferentes países que no se incluyen en la contabilidad rendida y en ocasiones también carecen de la oportuna autorización de la Dirección General del Tesoro. Eso dice mucho del control tanto de la Agencia de Cooperación Internacional como del Ministerio de Hacienda en este tipo de gastos.
Por el momento, no tengo nada más que añadir.


El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta en relación con el primer punto del orden del día, tiene la palabra la señora Rudi por el Grupo Popular.


La señora RUDI UBEDA: En primer lugar, deseo saludar la presencia en esta Comisión de la nueva Presidenta del Tribunal de Cuentas, que comparece ante nosotros en cumplimiento de su misión en esta primera oportunidad.
La señora Presidenta, no voy a hacer una intervención muy larga por cuanto las incidencias de la Cuenta General vienen siendo repetitivas un año más. Sí me gustaría oír su opinión global sobre algo que yo creo que el Tribunal sí ha reflejado de forma distinta, aunque quizá se les pueda escapar a algunos lectores apresurados del texto.
En ejercicios anteriores, concretamente hasta 1990, en la declaración definitiva se utilizaba una frase en la cual de una manera eufemística se decía: el reflejo... se halla condicionado por las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables. En ejercicios anteriores se decía que sí estaba perfectamente condicionado. Ahora llegamos a un nueva definición que han introducido ustedes en este informe de la declaración definitiva de la Cuenta General de 1991, y van un poco más allá. Dicen que las salvedades e infracciones de las normas presupuestarias y contables que se expresan en los siguientes apartados limitan el reflejo en la Cuenta General del Estado de la actividad económico-financiera llevada a cabo en el ejercicio por el Estado, etcétera. Es decir, yo creo que hay una diferencia de matiz importante, aunque quizás en una lectura apresurada no se pueda apreciar. A mí me gustaría, señora Presidenta, que usted nos explicara el porqué de esta diferencia de matiz en la definición sobre la representatividad de la Cuenta General del Estado.


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Siguiendo en esta misma línea, señora Presidenta, yo creo que la Cuenta General contempla tres aspectos: por una parte, la estructura y contenido; por otra, la coherencia interna y, finalmente, la representatividad de los estados contables. Indudablemente yo creo que los dos primeros apartados tienen un alcance meramente formal y que efectivamente son los que quizá se ajustan más al cumplimiento de la norma. Sin embargo, el tercer apartado, que para mí es el que tiene mayor peso, desde luego mayor peso político en cuanto a lo que supone la ejecución del Presupuesto General del Estado por parte del Gobierno, yo creo que podríamos decir que refleja la validez de la Cuenta. Usted nos hablaba al principio de la intervención de la imagen fiel, un término que viene siendo muy utilizado en la auditoría del sector privado, pero que en el sector público ha costado que se vaya introduciendo. Yo creo que es la primera vez que se lo oigo a un representante del Tribunal de Cuentas sentado en una mesa del Parlamento.
A mí me gustaría, señora Presidenta, que usted nos dijera de la forma más clara y precisa posible si esta Cuenta General del Estado del año 1991 --y parto de la definición que ustedes hacen diciendo que queda limitado el reflejo-- representa la imagen fiel de la actividad del sector público en España y también, dentro de esa definición, que nos concretara, si es posible, el grado de limitación que viene marcado por la valoración de las salvedades.
Hay otra cuestión sobre la que me gustaría que usted también nos informara. Es sobre el nivel de comprobación que han venido realizando, si es una comprobación meramente formal o si, sin embargo, va más allá.
En tercer lugar, señora Presidenta, en la página 5 de la declaración definitiva, dicen ustedes: La presentación de la liquidación presupuestaria en las cuentas rendidas sin su desagregación, al menos a nivel de créditos vinculantes, constituye una insuficiencia en la información contable que impide, en determinados casos, la comprobación, y remite al apartado 1.3 a). En ese apartado se dice que la falta de desagregación constituye una deficiencia de la información contable que impide verificar en determinados casos si el registro de las modificaciones se hace en la partida adecuada, etcétera. Me gustaría también que nos ampliara, si es posible, su opinión sobre estas limitaciones por la falta de desagregación.
Por último, señora Presidenta, voy a hacer dos comentarios. No voy a referirme al retraso con que llega la declaración definitiva, la Cuenta General del Estado, por cuanto cada vez va siendo menor, aunque, desde luego, no estemos en un nivel satisfactorio, pero usted ha hecho referencia a que en el año 1991 se ha introducido una nueva forma de trabajo por parte del Tribunal, que nos ha remitido, primero, la declaración definitiva y después, efectivamente, nos ha remitido el informe anual, y se sorprendía usted de que no lo hubiéramos dado curso en la Comisión. Quizá, señora Presidenta, no lo hemos hecho porque la Comisión, haciendo uso de su soberanía parlamentaria, decidió que resultaba más útil conocer los dos documentos conjuntamente, no porque no hayamos querido aprovechar la diligencia --por lo menos ésta es la opinión que tiene mi Grupo al respecto-- del Tribunal de Cuentas remitiendo la declaración previamente.
Por último, señora Presidenta, quiero formular un ruego, una petición. Yo le agradecería, por operatividad en el trabajo, que en ocasiones sucesivas, si es posible, los cuadros que nos han sido pasados en filminas aquí, en la comparecencia, nos fueran remitidos a los miembros de la Comisión al mismo tiempo que los documentos del Tribunal, porque indudablemente nos iba a facilitar nuestro trabajo.
Al principio de mi intervención se me ha olvidado anunciar que iba a compartir mi tiempo con mi compañero señor Camisón en relación con un aspecto muy concreto, que es el organismo de Correos.


El señor PRESIDENTE: Entiendo --yo no estaba presente-- que se ha separado lo que es informe anual de la declaración definitiva.


La señora RUDI UBEDA: Sí, señor Presidente, lleva usted razón. En todo caso sería en la segunda parte. Muchas gracias, no me había dado cuenta.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, para formular las preguntas con respecto a la declaración definitiva, tiene la palabra el señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Queremos felicitar nuevamente a la señora Presidenta por su elección, así como agradecer su primera comparecencia ante esta Comisión para explicar lo que ha sido la cuenta de 1991, y, como ella, compartimos --creo que toda la Comisión-- la valoración enormemente positiva de lo que fue la función del anterior Presidente del Tribunal de Cuentas.
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, yo creo, sin embargo, que hay algunos hechos que habría que resaltar, al menos yo así lo veo, y es el esfuerzo que se ha efectuado por parte del Tribunal y por su Presidenta en dar cumplimiento a una resolución de esta Cámara en la que se pretende ir clarificando cada vez más lo que son las diferencias de criterios que se puedan plantear entre el propio Tribunal y lo que es la Secretaría de Estado de Hacienda, la Intervención General, e, incluso, respecto a la valoración de las propias normas, en cuanto a su aplicación, y si deberían ser de otra forma esas normas por las que hoy se rige el Gobierno y por las que nos regimos todos, lógicamente, porque son normas que a todos nos obligan. A mí me parece de valoración enormemente positiva que se vaya avanzando en la clarificación de una tarea tan ardua y tan difícil de explicar a veces como es esta de la liquidación de los presupuestos.
Sin embargo, en cuanto a la intervención de los distintos portavoces de los grupos, creo --coincidiendo con la portavoz del Grupo Popular-- que es verdad que muchos de los aspectos y consideraciones que se hacen se han repetido en otras cuentas, pero me parece muy interesante ver cuál es la evolución de los criterios que se vienen aplicando, tanto por el Gobierno como por el propio Tribunal, y yo haría valoraciones que nos permitirían ver de una

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forma positiva cuál es la evolución que se está produciendo; incluso yo creo que quizá no los podamos ver en el tiempo suficientemente, pero veremos los cambios de criterios fundamentales que van a introducir resoluciones a algunos de los problemas que normalmente debatimos en esta Comisión.
Yo así lo pienso y en tal sentido quiero hacer referencia a que es evidente que con la modificación que se ha hecho de la norma sobre contabilidad pública, que entra en vigor ya desde el 1 de enero de 1995, se produce una aproximación fundamental entre los criterios de devengo que venía defendiendo permanentemente el Tribunal, frente a los criterios, porque lo decían las normas, que se venían aplicando en la normativa anterior de contabilidad por parte de los gestores de los presupuestos, y es lógico que hasta que se produzca el ejercicio de 1995 seguiremos viendo diferencias forzosamente. Yo creo que es importante ir señalando esos aspectos, porque si no no vemos la evolución y a lo mejor nos frustraríamos en esta Comisión y también en el Tribunal de Cuentas, si viéramos que lo que decimos sirve para poco. Yo creo que lo que decimos sirve para bastante.
Como diría, por ejemplo, que ha habido un aproximación entre los criterios del Tribunal y los criterios del Gobierno respecto a lo que es la gestión presupuestaria en la valoración, desde el punto de vista de la gestión presupuestaria, de lo que deben ser los intereses de la deuda y lo que deben ser las devoluciones del Impuesto sobre la Renta, donde creo que se ha producido un acercamiento o una coincidencia ya en las posiciones por parte del Tribunal en lo que se refiere al registro presupuestario, aunque permanece la diferencia en lo que se refiere al registro de la contabilidad económico-patrimonial hasta que en 1995 se apliquen los nuevos criterios a los que estamos haciendo referencia.
Y a mí me parece importante reflejar que algunos de los problemas que se suscitan en estos debates también están corregidos de cara al futuro, desgraciadamente no de cara al pasado, con lo que esta Comisión ha venido aprobando, y no sólo esta Comisión, porque en resoluciones de la Cámara, en el debate sobre el estado de la Nación del año 1994, se recogió como criterio, que ya venía dado por esta Comisión, que se aplicaran criterios más restrictivos en las modificaciones de crédito en lo que se refiere a las ampliaciones de crédito. En la Ley de Presupuestos de 1995 se reducen en un 50 por ciento prácticamente lo que son los créditos ampliables.
Quiero decir con ello que se van produciendo decisiones en esta Comisión y por parte del Tribunal que van dando lugar a que se vayan implantando modificaciones normativas que posibiliten y que permitan que se produzca alguna mejora en la situación y que la ejecución presupuestaria se adecue más a lo que es entendible por parte no sólo de los que estamos en esta Comisión sino de los ciudadanos y la sociedad.
Yo diría que, frente a algunas dudas, los déficit ni están ni dejan de estar ocultos; en otras ocasiones lo hemos debatido respecto a algunas intervenciones que hemos tenido. Yo creo que, en términos económicos, la necesidad de financiación es clara: pienso que los datos están ahí; ha habido cantidad de debates a nivel económico que nos permiten perfectamente definir cuál es la necesidad de financiación, y esa financiación recoge claramente para 1991, como para cualquier otro ejercicio presupuestario o económico, cuál es la realidad económica. Pero es cierto que, cuando hablamos de gestión presupuestaria, nos interesa saber también cuáles son los resultados de esa gestión presupuestaria.
En este sentido, como normalmente producimos también una cierta confusión, quiero hacer una aclaración. A mí me parece correcto el criterio del Tribunal cuando plantea qué es lo que es imputable, aunque sea discutible (digo que es discutible, a veces, porque las propuestas de los gestores de los presupuestos no van en la misma línea); pero, en cualquier caso, sí que es correcto decir qué es lo que es imputable a un ejercicio presupuestario. Lo que no parece adecuado es que imputemos permanentemente no sólo a cada ejercicio presupuestario, sino que imputemos --que también me parece bien que se conozca a efectos de clarificación-- lo que queda por registrar o por aplicar presupuestariamente, que no tiene nada que ver con lo que corresponde a un ejercicio presupuestario, sino con la realidad histórica de lo que falta por aplicar, no sólo en el ejercicio 1991 sino en anteriores ejercicios. Lo que acabamos de ver en las transparencias nos permite clarificar algunas de esas cuestiones, por lo que he considerado que son de enorme interés. En ese contexto, quiero dejar bien claro que las diferencias, en cuanto a los resultados del ejercicio que el Tribunal entiende que son imputables al año 1991, son de 277.000 millones. Es verdad que, a partir de ahí, hay que distinguir entre contabilidad presupuestaria, contabilidad económico-patrimonial y análisis específicos.
Señora Presidenta, me interesaría, fundamentalmente, que pudiera hacernos una valoración respecto a si en la gestión o en la ejecución de los presupuestos de los distintos años, incluso de ejercicios futuros que el Tribunal está conociendo, se ve una evolución en una determinada tendencia o no, porque eso es lo que preocuparía a mi Grupo específicamente.
Quiero insistir también en algunas cuestiones. Es verdad que en los informes de los ejercicios anteriores, y en el de éste, se recogen cuestiones que son parecidas, pero le tengo que decir, señora Presidenta --no me resisto a ello--, que, desde luego, en la terminología que utiliza el fiscal del Tribunal también se parecen mucho; no lo puedo evitar. En cualquier caso, no quiero hacer ninguna valoración especial; lo señalo porque se ha citado en distintas ocasiones. Yo tengo que decir que el lenguaje que utiliza el fiscal del Tribunal también es curioso; y es curioso no sólo en este ejercicio presupuestario, sino también en los anteriores.
Yo querría resaltar que, posiblemente, con la acumulación de datos que se produzcan en 1993, se podrán resolver muchos de los aspectos problemáticos que han dejado de aplicarse a presupuestos durante muchos ejercicios. Estoy haciendo referencia a un tema tan importante como el del INEM, que siempre se ha debatido mucho en esta Cámara y que es un registro extrapresupuestario. A mí me parece

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muy importante reflejar si se tiene constancia de que ya está aplicado presupuestariamente a algún ejercicio, porque si no, cuando hablamos de 900.000 millones, se asustan quienes lo oyen, aunque deberían saber --supongo que lo saben-- que, en cualquier caso, es a efectos de registro presupuestario, porque lógicamente, pagado está. Si no, algunos podrían pensar que es que eso no se ha pagado. No, no, se pagó, pero hay que distinguir lo que es el registro presupuestario de lo que no lo es.


El señor PRESIDENTE: Para contestar las diferentes solicitudes de aclaración, tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuantas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Creo que en las intervenciones de SS. SS. hay algunos puntos en común y, tal vez porque creo que el orden del día es muy apretado, algunas pequeñas cuestiones podrían ser generales. Disculpen si no les parece oportuna esta forma de responder.
Por ejemplo, varios de ustedes han insistido en los incumplimientos, en las anomalías, etcétera, que el informe recoge y que yo, como portavoz del pleno del Tribunal de Cuentas, por supuesto, también recojo y transmito a ustedes. Luego yo creo que no hay más que aceptar las intervenciones en ese sentido.
Tanto el señor Zabalía como el señor González, y no sé si alguien más, han hecho referencia al informe del señor fiscal. El Tribunal de Cuentas actúa, como saben ustedes, en pleno. Una vez que los informes son aprobados en pleno, el informe es de todo el pleno. Tengo que decirles que el fiscal, en pleno uso de sus facultades --las que le marca la ley--, hace un informe, en el que yo desde luego no quisiera entrar en absoluto; respeto totalmente su independencia. Pero sí quiero decirles que el informe, redactado como SS. SS. lo tienen, ha sido votado positivamente por el señor fiscal. Luego está de acuerdo en las consideraciones que el pleno como tal hace respecto a la declaración definitiva del ejercicio 1991.
Me pregunta el señor Zabalía si la Cuenta General del Estado refleja la situación de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos.
En el párrafo de opinión de la declaración definitiva, en ese párrafo corto al que alude también la señora Rudi, decimos que limitan el reflejo en la Cuenta General del Estado. Esta es una expresión que, como muy bien conocen SS. SS., ha estado muy pensada por el pleno antes de hacer el escrito; no es una redacción hecha de manera superficial sino totalmente pensada.
Pregunta el señor Zabalía qué grado de fiabilidad tiene la ejecución del presupuesto. La fiabilidad del presupuesto liquidado está, sin duda, condicionada por todas las salvedades y excepciones que se indican en la cuenta general; y esto es así. Si nosotros no fuéramos enumerando esos defectos, que luego ustedes nos llegan a decir que son excesivos, no seríamos fieles a lo que se va encontrando en las tareas de fiscalización; sería qué es la causa o qué es el efecto, porque nosotros hablamos de muchas deficiencias y ustedes nos dicen si eso es representativo. Nuestra obligación es encontrar las deficiencias y comentárselas a ustedes.
¿Es real el déficit o el resultado? El resultado presupuestario contable del Estado es un superávit de 466.489 millones de pesetas, que, como les he indicado anteriormente --repito lo mismo--, teniendo en cuenta las salvedades, tendrían que disminuir en 277.180 millones, por lo que el superávit ajustado sería la diferencia, 189.309 millones.
¿Qué medidas piensa adoptar el Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas está adoptando las medidas que tiene a su alcance, incluyendo en sus programas fiscalizaciones con organismos que presentan defectos, buscando las causas por las cuales esos organismos no rinden las cuentas en el período hábil. El programa de fiscalización que presenta a ustedes el Tribunal anualmente lo que hace es intentar estudiar en profundidad algunos organismos que no rinden habitualmente sus cuentas; incluso en el programa a desarrollar hoy hay algún organismo de este tipo, como ustedes conocen.
¿Pensamos introducir algún sistema de corrección? Las medidas correctoras para subsanar los defectos que nosotros señalamos y presentamos a ustedes para que hagan el uso político que corresponde competen al propio Gobierno. Yo creo que esta Comisión Mixta adopta las resoluciones y es el Gobierno el que tiene que tomar las decisiones y obedecer a las resoluciones que adopte la Comisión Mixta.
El señor Carrera nos dice que ha avanzado sustancialmente en el plazo de presentación de los informes. Yo creo que sí que se ha avanzado, aunque es lógico que ustedes no estén satisfechos; tampoco nosotros.
Nadie debe estar nunca satisfecho con su tarea. Si las tareas no se van mejorando constantemente, no andaríamos muy bien. La pregunta que hace sobre el grado de fiabilidad de la Cuenta General del Estado, perdóneme, señor Carrera, pero creo que está contestada al responder al señor Zabalía, porque hay cierta similitud entre ellas. Usted dice que si podemos hacer una valoración sobre el impacto de las anomalías.
Naturalmente es difícil y, sobre todo, es incongruente que yo ahora intente hacer una valoración en el aire, porque, primero, sería absolutamente personal y, además, sería hecha muy a la ligera. No obstante, como algunos de ustedes se han referido constantemente al informe del Fiscal, quiero decirles --y así lo he hecho en esos cuadros que he intentado transmitirles-- que hay una separación entre los desajustes que corresponden al año que estamos fiscalizando --que es 1991-- y los arrastrados de ejercicios anteriores. Para valorar muy superficialmente --insisto-- el grado de las anomalías, le diría que ninguna de las cifras que se manejan supera el 9 por ciento de desviación. Me puede usted decir que valorar unas anomalías refiriéndose a un porcentaje no es un fiel reflejo de la realidad; probablemente seguirá usted teniendo razón. Yo sólo la indico esta realidad.
Al señor González Blázquez le agradezco mucho algunas cuestiones que ha manifestado. Se refiere también ampliamente al informe del Fiscal; nos ha reproducido párrafos; incluso le ha llamado la atención uno que dice: al ser

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demasiado defectuosa no se puede aprobar. Tal vez. Lo cierto es que el fiscal del Tribunal de Cuentas sí lo aprobó. Hay que saber --dice usted-- lo que se hace con el dinero público. De acuerdo. La tarea del Tribunal de Cuentas es precisamente buscar un control determinado para que la democracia se pueda ejercer. Señor González, usted a continuación ha dado una explicación sobre aspectos del informe anual, al que yo todavía no me había referido, y los ha explicado tan prolijamente que a lo mejor ha ahorrado mi siguiente intervención. No tengo ningún inconveniente en que en este caso la presentación la haya hecho usted, ya que ha estado refiriéndose al informe.
La señora Rudi pone perfectamente el punto en el lugar estratégico del informe. Es cierto que el lugar estratégico es la redacción de la declaración definitiva, y nos ha indicado muy certeramente cuál ha sido la evolución en la redacción. Lo mismo que le he dicho al señor Zabalía, es una redacción enormemente cuidada y consensuada en el pleno. Yo soy portadora de un acuerdo del pleno, en consecuencia la asumo absolutamente, y digo que lo que están haciendo las anomalías es influir en la representación real. Es tal como está dicho ahí, que se limita la representatividad de la cuenta general precisamente por todo lo que hay a lo largo del informe. Esto es tan así que no quisiera separarme ni una línea porque, como ustedes saben, soy portavoz de doce miembros del pleno y quisiera en todo momento que me vieran ustedes así, y no improvisando aspectos que se me puedan ocurrir sobre la marcha.
Pregunta usted también con muy buen criterio, qué es la imagen fiel. La imagen fiel es una figura que no deja de estar, a mi juicio, provista de cierto subjetivismo, y, por tanto, de aspectos interpretativos. No tenemos unas normas fijas, porque los comportamiento humanos difícilmente se pueden adaptar a unas normas fijas, y el encorsetamiento en normas excesivamente rígidas nos llevaría probablemente, en determinados casos, a conclusiones extravagantes. En consecuencia, cuando se habla de la imagen fiel se está hablando de algo subjetivo y que es muy probable que unos miembros de esta Comisión lo vean como una imagen relativamente fiel y --permítanme la expresión-- algunos otros como una imagen bastante infiel. Yo creo que la opinión del Tribunal está dada y no desearía modificarla en ningún caso.
Me habla de la desagregación a niveles distintos para que sea vinculante.
Nosotros nos referimos a que el nivel de desagregación del presupuesto liquidado debería ser el mismo que el del presupuesto aprobado, porque de esta manera nosotros podríamos comprobar los requisitos que están en la Ley de Presupuestos y en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y así nuestras opiniones irían más punto por punto, aspecto por aspecto, que cuando se globalizan. Evidentemente, la técnica contable y la revisión contable del Tribunal quedarían sensiblemente mejoradas. Esto es lo que intentamos decir.
Respecto a una advertencia que me ha hecho la señora Rudi, con toda mi simpatía debo decirle que evidentemente la Comisión haciendo uso de su soberanía parlamentaria llamará a esta presidencia, que acudirá en el momento que se la llame. Solamente quiero decir que harto difícil es hacer la declaración definitiva en seis meses, que es lo que marca el artículo 10 de la ley, y que sería imposible que el informe anual que marca el artículo 13 de la Ley de funcionamiento se pudiera hacer en seis meses; eso es totalmente imposible. Pensando en eso el Tribunal lo ha dividido en dos entregas, una de las cuales llegó aquí en el mes de julio y la otra en el mes de noviembre. Naturalmente, lo que decidan ustedes no es competencia mía, yo acato lo que ustedes deciden pero creo que tengo obligación de decírselo por si les parece que actuando de esa otra manera se pueden reducir esos plazos que nos marca la ley. No hay otro intento, ni mucho menos, de inmiscuirme en cuestiones que no son en absoluto mías.
Al señor Gimeno le debo decir que a lo largo del informe se citan, en distintos momentos, perfeccionamientos con respecto a períodos anteriores. Por ejemplo, declaración definitiva, en la parte de los estados agregados he dicho que por primera vez en esta cuenta se hace una conciliación entre el Estado y los organismos autónomos y queda pendiente de hacer la de los organismos autónomos entre sí, entre las obligaciones y los pagos efectuados por transferencias internas. Se me ocurre en este momento ésta, pero hay muchas más que se van repitiendo. También es cierto que una de las resoluciones que adoptaron los plenos de las Cortes Generales fue que indiquemos en cada informe las cuestiones que el Ejecutivo va resolviendo de acuerdo con las indicaciones de las Cámaras, que a su vez están indicadas hasta cierto punto por el Tribunal de Cuentas. Lo que ocurre es que, como ustedes mismos han indicado, cuando se aprueban las cuentas de 1990, que fueron las pasadas, y se hacen unas resoluciones, ni en las de 1991 ni en las de 1992 ni en las de 1993 se podían introducir, por lo que el ritmo de introducción necesariamente es lento. Respecto a ese casi billón de pesetas que queda pendiente de indicar en las cuentas del INEM, a que se refiere el señor Gimeno, se dice claramente que está anotado en unas cuentas extrapresupuestarias y que no están aplicadas a la contabilidad, que no quiere decir que no están pagadas, por supuesto.
Señora Rudi, perdone este desorden, pero me he dado cuenta ahora de que me ha indicado que envíe los cuadros. Evidentemente que lo enviaré. Estos cuadros los he confeccionado esta misma semana pensando en la comparecencia ante ustedes. Yo les prometo que los enviaré a todos los que forman parte de la Comisión. También les he dicho que no están incluidos en el informe anual porque ya estaba entregado a la Cámara en aquel momento, pero tiene usted toda la razón.


--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE ADQUISICION Y UTILIZACION DE IMPLANTES POR LOS HOSPITALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD). (Número de expediente Congreso 251/000052. Número de expediente Senado 771/000052.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto siguiente del orden del día. Se había solicitado de la

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Presidencia que antes del informe anual y los informes correspondientes a comunidades autónomas se viese el punto 4, Informe sobre adquisición y utilización de implantes del Insalud. ¿Es así? (Asentimiento.) Tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas para hacer un resumen del contenido.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): El informe de fiscalización sobre adquisición y utilización de implantes en los hospitales del Insalud se hizo por iniciativa del Tribunal de Cuentas, y es el primero de un tipo de trabajos que el Tribunal quiere realizar para evaluar los procesos más significativos de la gestión en el área sanitaria. Se eligieron precisamente los procesos de adquisición y utilización de los implantes o prótesis quirúrgicas debido al importante crecimiento del gasto en estos productos sanitarios, tanto en hospitales que eran del Insalud como en los administrados por él. Aumento que en el período que abarca el informe, que son los años 1990 y 1991, fue de más del 36 por ciento en los 74 hospitales de los que el Tribunal pudo tener información para ambos ejercicios. Del conjunto de prótesis quirúrgicas que adquieren los hospitales del Insalud se han analizado las que corresponden al área de oftalmología, cardiología, cirugía cardiovascular y traumatología, porque estas cuatro representan el 91 por ciento del total. A título de información complementaria les diré que en 1991 fueron 84 los hospitales que realizaron algún tipo de actividad implantadora en la línea que les estoy señalando y que el gasto total, que también sirve de referencia, ascendió a 10.741 millones.
El trabajo de fiscalización se desarrolló en dos fases. En la primera fase se recabó información al Ministerio de Sanidad y Consumo, a la Dirección General del Insalud y a la totalidad de los hospitales que dependen de él, sobre la dotación presupuestaria para los implantes, los precios que se pagaban, los procedimientos de adquisición, el gasto total, y le deuda pendiente con los proveedores. También se pidió información al Ministerio de Sanidad sobre la homologación y autorización para la comercialización de estos productos que le atribuye la Ley General de Sanidad, y a otras entidades públicas, concretamente a Muface y a Isfas, se les preguntó sobre los precios pagados por los implantes que estaban utilizando en estas entidades. En la segunda fase se comprobó la información que se había enviado desde los centros hospitalarios mediante pruebas de auditoría, y se estudiaron los procesos de adquisición y utilización de las prótesis quirúrgicas en una muestra de nueve hospitales cuya relación figura en el informe que ustedes tienen y en la que estaban representados hospitales de tamaño grande, considerando como tales los que tienen más de 750 camas, y hospitales de tamaño mediano, entre 250 y 750 camas. Es obvio que no se incluyen hospitales pequeños porque no realizan este tipo de actividades en general. Estos hospitales que se analizan están en distintas zonas del territorio gestionado por Insalud. El gasto total en implantes de estos nueve hospitales representa más del 25 por ciento de los diez mil millones y pico que les he indicado antes.
Los aspectos incluidos en esta fiscalización han sido el número y el tipo de implantes utilizados del Insalud y su relación con la población atendida, la dotación presupuestaria, el gasto en estos productos y la deuda acumulada con los proveedores, la homologación y registro de implantes, los sistema de control interno de los procesos de adquisición y utilización y los sistemas de información de los hospitales, la contratación y su adecuación a la normativa vigente, los precios pagados por los hospitales del Insalud, su dispersión y variación para un mismo modelo de implante, así como su comparación con los precios pagados por otras entidades públicas. En definitiva, lo que se ha intentado es no sólo analizar la legalidad del proceso sino también, y esto es evidente, la eficacia y la economía en este tipo de operaciones.
Las principales conclusiones de la fiscalización son, en primer lugar, que al producirse un incremento de gasto en implantes, unido a una presupuestación insuficiente, ha dado lugar a la existencia de gastos sin cobertura presupuestaria y, en consecuencia, a generación de un volumen creciente de deuda con los proveedores; un volumen de deuda que a final del año 1991 ascendía a más de 7.500 millones de pesetas. La segunda conclusión es que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha incumplido la normativa vigente en materia de homologación de implantes porque no han sido homologados y, por tanto, autorizada la comercialización de ninguna prótesis de la rama de traumatología, y en más de la mitad de las marcas de prótesis oftalmológicas y cardiovasculares que se implantan en los hospitales tampoco existe homologación. La tercera conclusión es que los sistemas de información de los hospitales no están integrados y tampoco son homogéneos, son insuficientes, y esto impide a las gerencias conocer y controlar los procesos de adquisición y utilización de los productos a implantar. Tan sólo el 15 por ciento de las adquisiciones de prótesis en los hospitales del Insalud está hecho por concurso público; el 77 por ciento se adquiere por contratación directa, sin concurrencia de ofertas, y a veces después de implantadas las prótesis, procedimiento que anula la libre concurrencia y permite que las decisiones en los procesos de compra se adopten de forma atomizada por los servicios médicos, al margen de las gerencias. Por otra parte, los defectos en la tramitación de los pocos concursos públicos celebrados han hecho que los logros en materia de reducción de costes sean bastante modestos. Los procedimientos utilizados habitualmente para la adquisición de las prótesis, además de incumplir la normativa de contratación del Estado, tienen otros efectos, que son: segmentar el mercado, lo que origina que se paguen precios altos diferentes de unos hospitales a otros por las mismas prótesis, y ausencia de garantías de identidad entre lo adquirido y lo implantado.
Finalmente, he de indicar que la Dirección General del Insalud no ha ejercido sus funciones directivas y organizadoras de la gestión de este área del gasto sanitario. No ha establecido objetivos ni criterios sobre la utilización de técnicas implantadoras. No ha fijado criterios armonizadores para la elaboración de protocolos de prescripción y su única actuación en materia de contratación, que ha sido la

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convocatoria de dos concursos estatales en el año 1993, fuera por tanto del período fiscalizado, en determinados tipos de lentes intraoculares y de prótesis de cadera y rodilla no han producido efecto, ya que han sido declarados desiertos. El informe, finalmente, recoge una serie de recomendaciones encaminadas a corregir las deficiencias que brevemente he expuesto a SS. SS.


El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo Parlamentario quiero dar la enhorabuena al Tribunal por la decisión, comentada por usted en su intervención, de comenzar un proceso de evaluación de la gestión de los fondos públicos que se dedican a la sanidad pública en España, máxime si consideramos las múltiples denuncias que se establecen en el presente informe y que S. S. ha expuesto someramente.
Querría hacerle unas preguntas, pidiéndole su opinión en algunos casos, para tener una visión global tanto de la confección del informe, de los trabajos del Tribunal de Cuentas, como de los resultados y las recomendaciones que hace al final el informe. En primer lugar querría saber cómo fue la colaboración del Ministerio de Sanidad y Consumo en esa primera fase, así como de las entidades inspeccionadas, Muface e Isfas, que también manejan fondos públicos, y cómo interpreta la señora Presidenta el hecho, si lo considera común o habitual, si le merece algún comentario que ninguna de las alegaciones que presentó el Ministerio de Sanidad y Consumo fuesen tenidas en cuenta en el momento de poder cambiar la opinión última del Tribunal sobre los hechos que investigó.
En segundo lugar, querría preguntarle con qué criterios, más allá de los que nos ha comentado en este momento del tamaño de los hospitales, se seleccionaron los nueve hospitales sobre los que se realiza la segunda fase del estudio y cómo colaboraron en esta segunda fase.
Me gustaría que me aclarase la afirmación que aparece en la página 14, respecto a la documentación presentada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la que se dice textualmente que la documentación carecía de garantías formales. Cuáles son las razones por las cuales el informe, el Tribunal de Cuentas en definitiva, llega a esta conclusión y qué importancia puede tener para hacer válido el hecho de no haber considerado ninguna de las alegaciones o incluso las conclusiones que saca. Se vierten a continuación unas opiniones sumamente importantes y delicadas, más allá del manejo formal de estos fondos públicos y sobre la incidencia de este funcionamiento, sobre la obligación del Estado de proteger la salud de los españoles como derecho y como principio constitucional. Me gustaría que me aclarase hasta qué extremo se afirma en el informe que la decisión de realizar los implantes o no era exclusivamente médica. Querría saber si cuando el informe habla de decisión médica se refiere a los jefes de cada uno de los servicios donde se realizan estos implantes, o si las decisiones podían recaer en otros médicos que no ostentasen la condición de jefe de servicio.
Asimismo me gustaría conocer su opinión respecto a la afirmación de que como consecuencia de la disparidad de criterios en cuanto a la utilización o no de prótesis en los distintos hospitales llega a atentarse contra la igualdad de acceso a estas técnicas, por tanto a estas formas de proteger la salud de todos los españoles. Efectivamente, a lo largo del informe se hacen clarísimas reflexiones --es una vieja reivindicación o queja del Grupo Parlamentario Popular-- sobre la falta de coherencia presupuestaria, a efectos de asignación de recursos presupuestarios, contando con que en el año 1991 llegan a asignarse a través de la Ley General de Presupuestos menos fondos públicos que los que se gastaron en 1990, conociendo como se conoce y como admite el informe la evolución al alza de las necesidades y de la realización de prótesis en el Sistema Nacional de Salud.
Hay una afirmación, sin embargo, en la página 23 que contrasta con la que hace la señora Presidenta a lo largo de su exposición. En el informe se dice que no ha sido posible para el Tribunal de Cuentas fijar la cuantía de la deuda de estos hospitales con respecto a sus proveedores. La cifra que nos comunica de 7.500 millones ¿es solamente para 1991? ¿No es en 1990 cuando pueden llegar a afectarla? ¿Cuáles fueron los inconvenientes o los obstáculos que encontró la acción de fiscalización del Tribunal para poder llegar a concretar esa deuda, por tanto también esa desviación, ese gasto realizado sin soporte presupuestario? En cuanto a la influencia que el Insalud debe ejercer sobre el mercado, en las páginas, 20, 34 y 47, entre otras, dice el informe del Tribunal que puede afirmarse claramente que el responsable del encarecimiento que se ve de unos hospitales a otros y de unos años a otros en relación con las prótesis es el propio Insalud. Al igual que antes le decía que el informe del Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que no hay una igualdad de acceso de todos los españoles a estas técnicas, también hace una denuncia sumamente importante, sumamente preocupante, desde nuestro punto de vista, que se puede estar atentando contra la salud de los españoles al estar manejándose listas de implantes no homologados que llegan incluso a hacer imposible la resolución de concursos, como la Presidenta nos ha comentado.
Asimismo dice el informe en la página 37, entre otras, que el sistema de información sobre implantes en los hospitales adolece de gravísimos déficit. Dice que hay una gran irregularidad, e incluso llega a insinuar el informe que si no se hubiesen solicitado esos datos en los hospitales ni siquiera se hubiese procedido a la contabilización de las prótesis, a la facturación, etcétera. ¿Son, por tanto, los resultados que obtienen en el estudio homologables entre sí? ¿Se puede llegar, por sus defectos o por sus virtudes genéricas, a dar por buenas las conclusiones últimas en un punto y en otro? En este mismo criterio que reafirmaba esa influencia negativa del Insalud sobre el gasto sanitario público, también pone de manifiesto la no coincidencia (en una irregularidad que incluso llega a concretar en el año 1991 en el Hospital de La Paz respecto a prótesis de cadera) de lo facturado con lo implantado, de las prótesis que se han pagado

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con las prótesis que se han puesto a algunos enfermos. Con ese hecho objetivado por el propio Tribunal, mi pregunta es si desde la Presidencia se ha abierto expediente para la Sección de Enjuiciamiento más allá de lo que hasta ahora se ha hecho en la Sección de Fiscalización.
En definitiva, éstas son las preguntas que quiero formularle. Termino mi intervención congratulándome de la decisión tomada de seguir investigando la gestión de fondos públicos en la sanidad pública.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Vicente.


La señora VICENTE GARCIA: En primer lugar, quiero sumarme a las manifestaciones de los demás portavoces al felicitarla por su nombramiento como Presidenta del Tribunal de Cuentas, desearle los mayores éxitos y, por supuesto, ofrecerle la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero agradecerle también la información breve pero explícita que nos ha hecho del informe de fiscalización. Qué duda cabe que este informe de fiscalización, que nos ha presentado hace un momento, relativo a la adquisición y utilización de implantes por los hospitales del Insalud correspondientes a los años 1990 y 1991 pone de manifiesto una serie de deficiencias, algunas de ellas importantes, y no somos nosotros los que lo vamos a negar. Por ello, nos parecen acertadas tanto las recomendaciones como las conclusiones, en líneas generales, y en este sentido nosotros presentaremos nuestras propuestas de resolución.
Dicho esto, quisiera hacer también unas consideraciones que habría que tener en cuenta. Por un lado, el incremento de la esperanza de vida y, en consecuencia, la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas, unido a una mejora en el deseo de calidad de vida, da lugar a una mayor demanda de servicios y presión sobre los hospitales.
Esta mayor demanda asistencial ha dado lugar a demoras en la asistencia que se han ido corrigiendo con la participación voluntaria de los profesionales en programas especiales y fuera de la jornada laboral. Esto quizá ha dado lugar a que en algún momento se haya dado prioridad a las demandas asistenciales sobre lo que es en sí la gestión, pero tenemos que decir que la introducción en el año 1993 del contrato-programa como un instrumento de gestión ha posibilitado consolidar los sistemas de información hospitalaria y el control del gasto y tomar algunas medidas de las apuntadas en el documento. Se ha incluido igualmente, como consecuencia del contrato-programa, el planteamiento de objetivos, protocolos de actuación y catálogo de productos en relación a las características propias de cada centro hospitalario. Esto quiere decir que la situación ha variado notablemente, de los años que se consideran en el informe de fiscalización, a partir del año 1993.
Respecto a las anomalías más importantes que se destacan en el informe quisiéramos también hacer alguna consideración, por ejemplo, en cuanto a la insuficiencia presupuestaria. Sin embargo, creemos que algún paso se ha dado con la aprobación del nuevo modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud que, por primera vez, permite la aprobación de un presupuesto real que se corresponde con el gasto efectivo de la asistencia.
Con respecto a la homologación queríamos hacer también alguna aclaración, y es que la Directiva del Consejo de la Comunidad Económica Europea del 20 de junio de 1990, traspuesta por el Real Decreto 634/1993, sólo es de aplicación para los implantes activos. Por tanto, de los grupos fiscalizados en este informe sólo es de aplicación a los marcapasos. Las válvulas cardiacas, lentes intraoculares y prótesis traumatológicas no son implantes activos y, en consecuencia, no están reguladas por la directiva ni por el real decreto citado anteriormente, sino que en este último grupo es de aplicación la Directiva 93/42, sobre productos sanitarios, que aún no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español, por lo que se rigen exclusivamente por lo establecido en la Orden de 21 de junio de 1978. Por otro lado, la insuficiencia de medios ha hecho imposible la evaluación de implantes activos y no activos hasta 1991. Siendo conscientes al mismo tiempo de la necesidad de utilización de los implantes, la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios estableció un mecanismo, recogido en la Circular 21/85, mediante el cual se emitían permisos expresos en la importación de los productos, siempre que se cumplieran una serie de requisitos mínimos que avalaban de forma importante su seguridad, y así se concedieron durante el período 1985-1990 autorizaciones expresas, renovables cada seis meses, que amparaban la comercialización de los productos. Estos datos --y quisiera que me hiciera una aclaración al respecto-- no se recogen en el informe y pueden suponer alguna inexactitud en alguna de las conclusiones en relación con este apartado de la homologación.
En cuanto a la modalidad de adquisición, se produce a partir de 1991 un paulatino incremento, pero la verdad que insuficiente, del concurso público. Por ello, con fecha 2 de febrero de 1995 el Ministerio insta al Insalud a convocar de forma inmediata concursos de determinación de tipo de lentes intraoculares, prótesis de cadera y rodilla, marcapasos y válvulas, cumpliéndose así una de las recomendaciones del Tribunal en el sentido de que es al Insalud a quien compete la decisión de las prótesis a implantar y no a los servicios médicos, como asimismo ha dictaminado el Tribunal de Justicia de Cantabria con fecha 4 de noviembre de 1994.
Por último, nuestro Grupo quisiera valorar positivamente las medidas con que el Ministerio ha actuado en relación con las cuestiones planteadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización y que fue elevado a las Cortes con fecha 24 de noviembre de 1994. Digo que se ha actuado con rapidez por parte del Ministerio porque, con fecha 2 de diciembre, se requería un informe detallado de cada una de las conclusiones y recomendaciones efectuadas por el Tribunal, pidiendo que se tomen las medidas necesarias para subsanar las anomalías que se hayan producido, incluido la incoación de los procedimientos disciplinarios o de exigencia de responsabilidad a que haya lugar.


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El señor PRESIDENTE: Señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, tiene la palabra para contestar las diferentes preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Agradezco las palabras que sobre el informe ha tenido el señor Fernández-Miranda.
Me ha hecho muchísimas preguntas, una batería de preguntas, y yo procuraré responder en la medida de lo posible a las que pueda.
Pregunta, en primer lugar, cómo fue la colaboración de los hospitales con el Tribunal y de Muface e Isfas. En la página 13 del informe se dice que la colaboración fue buena y que no supuso ninguna limitación.
Pregunta cómo se seleccionaron los nueve hospitales. Se seleccionaron por muestreo, que es la técnica habitual en estos casos, cuando no se va a ir a una parte importante de la población.
También pregunta por qué no han sido tomadas en cuenta las alegaciones.
Hay un trámite de alegaciones y es siempre el departamento encargado de la realización del informe el que juzga si deben ser atendidas en todo o en parte. Yo hago aquí un esfuerzo de interpretación y supongo que cuando el Departamento Tercero de Fiscalización no ha modificado en nada el informe como consecuencia de las alegaciones es porque realmente considera que las respuestas obtenidas no obligaban a la modificación de lo que se mantenía en el informe.
La selección de hospitales se hizo de forma opinática en función del resultado de la primera fase; se lo he dicho. Y la colaboración también en esta segunda fase fue buena.
Pregunta qué inconvenientes hay para determinar el volumen de deuda pendiente. En la página 22 del informe se dice efectivamente, como usted ha indicado, que no ha sido posible obtener información de todos los hospitales. Por eso cuando yo he hablado de una cifra que se puede situar en aproximadamente 7.500 millones de pesetas, que no está contenida en el informe, ha sido en un intento sensato (creo que no lo he valorado por arriba ni por abajo) de ajustarse a la realidad, dándonos una aproximación, pero que no está en el informe porque algunos hospitales no han contestado.
Me hace una serie de consideraciones que se refieren al nivel de mejora de la asistencia sanitaria, al nivel de igualdad de acceso a todos los ciudadanos. Si no tiene inconveniente S. S., yo no me voy a pronunciar, porque le recuerdo que éste es un informe sobre adquisición y utilización de prótesis y ponemos el énfasis en el sistema de adquisición, en los procedimientos que se siguen y en la manera en que se podría mejorar la eficacia. No quiero decir, y perdone, que no haya un pronunciamiento interior en ese sentido. Yo preferiría, si usted no tiene inconveniente, no pronunciarme. (El señor Fernández-Miranda y Lozana: Yo preferiría que se pronunciase.) No sé si hace referencia a si yo como presidenta voy a intentar un expediente de enjuiciamiento. Debo decirle que nunca los expedientes de enjuiciamiento en el Tribunal se hacen a petición del presidente o de la presidenta en este caso, sino que es el propio departamento que ha hecho el informe el que, a no ser que sea el fiscal del Tribunal de Cuentas quien se lo indique expresamente, tiene en sus manos esta posibilidad, que no está cerrada, por supuesto.
Efectivamente, la señora Vicente hace referencia a cómo ha mejorado la situación posteriormente, a partir del año 1993, con el establecimiento de un contrato programa. Yo debo de dar crédito total a sus palabras y aceptar que el estado de la cuestión ha cambiado a partir de 1993.
Yo creo que este informe no hace ninguna referencia, o muy poca, al incumplimiento de la legalidad y, por tanto, a pesar de que las directivas comunitarias, que usted tan acertadamente ha indicado, obligan o no obligan, el informe se ve más como un informe de gestión y, en consecuencia, estemos o no estemos obligados por unas directivas comunitarias a cumplir determinadas cuestiones, lo vemos como un sistema para que las compras se organicen de distinta manera, se homologuen, haya unos centros de decisión, se puedan contratar en situación de conseguir precios mejores, etcétera, o sea que el informe no se refiere tanto a la legalidad, ya que indudablemente no hay incumplimientos importantes de legalidad, sino a lo que ya le he indicado.
Indica usted que en el Ministerio de Sanidad se han tomado medidas respecto al contenido de nuestro informe. Yo así lo había entendido por los medios de comunicación, efectivamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda, por dos minutos.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Mi petición de opinión a la señora Presidenta se basaba en afirmaciones que se vertían en el propio informe.
En concreto, la pregunta sobre si se vulneraba la igualdad de acceso de todos los españoles a estas técnicas arranca de una afirmación de la página 17, que dice que las decisiones son adoptadas de manera exclusiva por los equipos médicos, sin que participe la Dirección General del Insalud, que no ha programado esa actividad ni ha establecido criterios homogéneos que hubiesen permitido equilibrar y optimizar su utilización y su alcance.
En cuanto a la pregunta específica sobre la homologación y su opinión respecto a cómo podría afectar a la salud de los españoles, igual. En la página 28 dice: Asimismo podrían producirse repercusiones negativas para la salud de los pacientes. En torno a esas afirmaciones del propio informe era sobre lo que yo le pedía opinión a la Presidenta.
Y hacer una última aclaración. Cuando yo le hablaba de la apertura de un expediente de la Sección de enjuiciamiento era al propio Tribunal, no la Presidenta a título individual, obviamente.


El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir la señora Presidenta? (Asentimiento.) Tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): A la primera pregunta, interpreto

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que las líneas que ha tenido la amabilidad de reproducir del informe hacen referencia exclusiva a un tema de homologación para conseguir mejoras en la gestión, reducciones de precios, etcétera.
En la segunda de las líneas que usted ha repetido, podría haber una relación con la posibilidad de que algunos de los implantes efectuados, al no estar homologados, pudieran no ser los más idóneos, los más adecuados.
Así lo he interpretado, pero la verdad es que estoy haciendo una interpretación libre de lo que usted ha leído y que yo debiera haber interpretado antes de venir aquí.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a tramitar el punto primero del orden del día que resta, vamos a suspender la sesión durante diez minutos.
(Pausa.)

--INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1991 Y DECLARACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 1991, ASI COMO LOS INFORMES ANUALES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE LO ACOMPAÑAN.
(Número de expediente Congreso 250/000004. Número de expediente Senado 770/000003.) (Continuación.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, retomando el punto primero del orden del día en la parte no tratada, que es la referente al informe anual de la Cuenta del Estado y los informes anuales de las comunidades autónomas que los acompañan y que, como ustedes saben, son aquellas que no tienen órganos fiscalizadores propios y ésta se efectúa por el propio Tribunal de Cuentas.
Para hacer una breve exposición de estos informes, la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Había interpretado, no sé si acertadamente --a la vista de cómo se ha desarrollado la primera parte tengo ya mis dudas--, que, en primer lugar, debía expresarles el contenido de la declaración definitiva, cosa que he hecho, y, posteriormente, entrar en el resto del informe anual, donde trataríamos temas como el análisis de la gestión, donde se verían, por ejemplo, las modificaciones presupuestarias desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia, determinados aspectos de la gestión económico-financiera, en un análisis muy general de las sociedades estatales, tanto financieras como no financieras, y entes de derecho público y la contratación administrativa, cosas que, como he indicado a ustedes, y no quisiera insistir, han sido tratadas por el señor González; en consecuencia, ya han sido objeto de tratamiento hoy en esta Comisión.
Queda alguna pequeña cuestión, a la cual creo que no se ha hecho referencia hasta ahora, que es a lo que me voy a referir.
Esta pequeña cuestión, incluida en el informe anual, trata de las universidades. Hay una serie de universidades, junto a la Uned --aquellas que siguen siendo competencia de la Administración del Estado--, cuyas cuentas son rendidas directamente al Tribunal porque no se integran en la Cuenta General del Estado. En total, continúan en esta situación 15 universidades.
Como aspectos generales de la rendición de estas 15 cuentas hay que decir que, en general, no se respetan los plazos de rendición, aunque sí se observa una mejora respecto a años anteriores, algo que el señor Gimeno indicaba antes que convendría ir diciendo. Eso se dice expresamente en el informe: sólo está excluida del resultado de la fiscalización la Universidad de León, y en las cuentas de 1990 eran tres universidades las que no habían entrado en plazo de rendición.
Es frecuente que las universidades no presenten las cuentas siguiendo los principios de la contabilidad financiera y patrimonial y en las mismas se observan determinadas deficiencias respecto a la liquidación presupuestaria, a la representación de la situación financiera y patrimonial. De las 15 universidades, hay nueve que presentan superávit y seis que presentan déficit. Las cuentas no son homogéneas y esta falta de homogeneidad lleva al Tribunal a propugnar que se establezca un sistema contable uniforme que lleve a esa normalización que impone la Ley de Reforma Universitaria.
En el informe anual hay otro gran capítulo que creo que no ha sido considerado todavía: la Seguridad Social. Las cuentas de la Seguridad Social, en su estructura y presentación, son conformes con lo establecido en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de diciembre de 1991, que regula las operaciones de cierre de ejercicio, y se han presentado en plazo. Para los balances de situación se sigue aplicando un real decreto del año 1976, norma que, por tanto, ha quedado obsoleta.
Este hecho, unido a que hay gran número de instrucciones contables de distintas entidades, lleva a una falta de homogeneidad en los criterios de contabilización, pero también es verdad que la aplicación del sistema integrado de contabilidad a partir de enero de 1993 deberá superar esta situación. En 1991 se han continuado las tareas de ajuste y conciliación de saldos en la Seguridad Social, en cumplimiento de la Resolución de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas de 12 de mayo de 1992, con el fin de lograr la representatividad de los balances de situación de los distintos agentes del sistema. El superávit de las cuentas de la Seguridad Social de 1991 (25.697 millones de pesetas), lo mismo que ocurrió en ejercicios anteriores, no se considera conforme a la realidad por parte del Tribunal a causa de la realización de gastos sin cobertura presupuestaria en la asistencia sanitaria, que ha originado la aprobación de un crédito extraordinario de 280.558 millones de pesetas en 1992, así como la concesión de dos créditos por el Estado por la mitad de la cuantía cada uno de ellos y que están incluidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 1993 y 1994, respectivamente.
La liquidación del presupuesto recoge, como recursos realizados, 778 billones de pesetas: un 14,9 por ciento de aumento anual y un 5,9 por ciento de aumento sobre lo presupuestado. De ello, un 64,6 por ciento son cotizaciones y la mayor parte del resto aportación estatal.


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En gastos, las obligaciones fueron de 7,89 billones, con un aumento del 16,9 por ciento. El 61,3 por ciento de ese total fueron prestaciones económicas, el 18,9 por ciento asistencia sanitaria y el 2,9 por ciento servicios sociales.
Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social continúan mejorando la rendición de cuentas. Sus recursos y sus gastos vienen a significar algo más del cinco por ciento de los del total del sistema de Seguridad Social. Como deficiencia más significativa hay que apuntar que la tramitación fuera de tiempo de expedientes de ampliación de crédito es relativamente frecuente, lo que pone de manifiesto la realización de gastos al margen de la disciplina presupuestaria. Los gastos de administración superan el límite legal establecido, soportando el presupuesto de la Seguridad Social los excesos producidos. Estoy refiriéndome todo el tiempo a las mutuas de trabajo.
En la contratación administrativa del sistema de Seguridad Social se observa que sigue prevaleciendo la contratación de obras, si bien se reduce respecto a 1990. La principal modalidad es el concurso, mientras que la subasta tiene un carácter residual.
El sistema de concurso ha sido la forma habitual de contratación de suministros y la única modalidad utilizada por el Insalud y el Inserso.
La contratación directa se concentra en la Tesorería General de la Seguridad Social, con el 82 por ciento de los contratos de suministro celebrados por el sistema de la Seguridad Social.
Se han revisado también las cuentas del ejercicio de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local, adscrita orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas y que gestiona el régimen de la Seguridad Social, y se ha observado una rendición de cuentas deficiente respecto al plazo, respecto a la estructura y respecto al contenido.
Dicho esto, para cubrir, como mínimo, esa norma de hablar sobre los distintos aspectos del informe anual, paso ahora a referirme al sector público territorial que, como saben ustedes, comprende las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
No todas las comunidades autónomas rinden sus cuentas dentro de plazo.
Las modificaciones netas de las partidas presupuestarias suponen, en el conjunto de administraciones generales de la comunidad autónoma, 1,2 billones de pesetas, lo que supone el 22 por ciento de media de incremento, tres puntos más que el ejercicio anterior. Destacan las incorporaciones de crédito y las correspondientes a generación por ingresos.
Los sistemas contables utilizados siguen todavía el modelo de contabilidad por partida simple, excepto tres comunidades autónomas: Navarra, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. El Tribunal de Cuentas reitera la necesidad de extender a todas las administraciones autonómicas un plan contable, conforme al artículo 125 de la Ley General Presupuestaria, que permita normalizar los datos contables de los distintos agentes del sector público.
El gasto de las comunidades autónomas, entendido como obligaciones reconocidas, es de 5,9 billones de pesetas, con un incremento del 19 por ciento respecto al año anterior. El capítulo de transferencias corrientes significa el 43 por ciento y la inversión solamente un 14 por ciento.
El 72 por ciento de la financiación total de las comunidades autónomas está vinculado al presupuesto del Estado. En este sentido, para las comunidades que tiene acceso al mismo, destacan los recursos aportados a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
El grado de ejecución de los presupuestos es del 90 por ciento en gastos y del 98 por ciento en ingresos. Las operaciones no financieras tienen un déficit contable global de 659.505 millones. Ninguna comunidad autónoma tiene superávit. El remanente de tesorería conjunto, que, según datos contables, es de 252.790 millones, sería negativo, por un valor casi equivalente (237.434 millones), de realizarse los ajustes señalados por el Tribunal en operaciones de endeudamiento y recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. El endeudamiento se aproxima a 1,3 billones, con un aumento del 5 por ciento. No obstante, la carga financiera de este endeudamiento está todavía por debajo del límite que se estableció en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas.
El otro apartado del sector territorial está constituido por las corporaciones locales. Continúan siendo numerosas las corporaciones locales que no rinden sus cuentas al Tribunal en plazo legal.
Concretamente, hay 117 corporaciones de población mayor de 5.000 habitantes y 2.007 de población inferior. El Tribunal tiene relaciones nominales, y las hace públicas en distintos momentos, de las corporaciones que no rinden cuentas.
Las 8.000 corporaciones que han rendido cuentas (48 diputaciones, cabildos y consejos insulares, 994 municipios mayores de 5.000 habitantes y 4.958 menores de 5.000) han liquidado unos ingresos por importe conjunto de 4,95 billones de pesetas y unos gastos --obligaciones reconocidas-- de 4,6, partiendo de unos créditos iniciales de 4,2 billones. Se modificaron al alza, en consecuencia, en un 25 por ciento.
Debo decir que el año anterior esa modificación al alza de los créditos fue del 21 por ciento.
El Tribunal de Cuentas ha examinado directamente aquellas corporaciones locales que no están afectadas al sector local de comunidades que tienen órgano de control propio y, por tanto, ha estudiado directamente la rendición de cuentas de 22 diputaciones y consejos insulares, 304 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y 319 de menos de 5.000; es decir, todas las diputaciones y consejos insulares, todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y el 15 por ciento de los de menos de 5.000.
Como prácticas irregulares más frecuentes, el incumplimiento del principio de nivelación presupuestaria, la financiación insuficiente de las modificaciones de crédito, la contabilización inadecuada de las cuentas de administración del patrimonio, la contabilización en valores independientes y auxiliares del presupuesto de partidas presupuestarias y la existencia de partidas pendientes de cobro con antigüedad superior a los cinco años que debieran de ser depuradas y comprobada la posibilidad de su realización.
En el conjunto de la contratación de las corporaciones locales, se han comprobado 246 expedientes y, por primera

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vez, se han estudiado expedientes de financiación de inversiones y de déficit de tesorería.
No quisiera extenderme más, para no recargar esta sesión. Sí deseo decir, antes de pasar a las comunidades autónomas, que, como ustedes conocen, el informe anual tiene que hacer una breve referencia a las actuaciones jurisdiccionales del Tribunal. En consecuencia, les diré que la memoria de actuaciones jurisdiccionales se ha incluido en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y que en él se resumen las actuaciones jurisdiccionales que han tenido lugar a lo largo del año, la cuantificación de los reintegros obtenidos para el Tesoro como consecuencia de los procedimientos terminados. En la memoria se recogen, en primer lugar, los problemas planteados durante el ejercicio, tanto de contenido procesal como de delimitación y definición de las competencias en el ámbito de la responsabilidad contable. También se incluye un cuadro de datos sobre el estado y funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento, en el cual se cuantifican los distintos procedimientos que han sido tramitados durante 1991, distinguiendo los que se han visto por la Sala de Apelación, por la Unidad de Actuaciones Previas y por los tres departamentos de primera instancia. Y como dato de interés les diré que los reintegros obtenidos por ejecución de sentencias ascendieron a 54,9 millones de pesetas.
Y paso a explicarles muy brevemente las principales cuestiones que afectan a las 10 comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo --en consecuencia, son fiscalizadas directamente por el Tribunal de Cuentas-- y que sus características, consideradas globalmente como un grupo de 10 comunidades, son equivalentes al grupo que he comentado antes, que afectaba a las 17 comunidades autónomas.
Por orden alfabético, comienzo por la comunidad autónoma de Aragón. La Cuenta General y las de las empresas y entes públicos se han rendido fuera de plazo, existiendo carencias en el contenido de las mismas; me refiero a carencias documentales. Los organismos autónomos, Instituto del Suelo y la Vivienda y Servicio Regional de la Salud, no presentan cuentas y sus datos se incluyen en la Administración General. El alcance de la fiscalización se ha visto limitado porque los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores no son objeto de contabilización independiente.
Los créditos iniciales de gasto han sido superiores en un 40 por ciento a los del año anterior debido a que había una fuerte previsión para inversiones, y ascendieron a 84.845 millones de pesetas. Ahora bien, los créditos finales han sufrido un incremento de 43.351 millones mediante modificaciones presupuestarias que representan el 51 por ciento de las previsiones iniciales, siendo más significativas las incorporaciones de crédito. La ejecución de los presupuestos de gastos es del 66 por ciento.
Por otro lado, los resultados del ejercicio por operaciones no financieras, capítulos I al VII, suman un déficit de 24.208 millones de pesetas, a los que el Tribunal de Cuentas propone un ajuste por 72 millones, que sería consecuencia de reconocer 287 millones más en participación en los ingresos del Estado y dejar de aplicar al presupuesto 215 millones.
En cuanto al endeudamiento y avales, indicar que el pasivo exigible concertado a más de un año, que da cobertura a los gastos de inversión, tiene una deuda viva al cierre del ejercicio de 25.025 millones de pesetas, de los que el 82 por ciento corresponde a operaciones de préstamo y crédito, y el resto a empréstitos.
La carga financiera en la Comunidad Autónoma de Aragón no supera el 5 por ciento. A lo largo del ejercicio se han otorgado avales por valor de 35 millones de pesetas, ascendiendo el riesgo acumulado por avales al cierre del ejercicio a 843 millones.
En contratación, en los contratos examinados no se garantiza lo suficiente la selección objetiva en la adjudicación por concurso, al no precisarse los criterios adecuadamente. Se ha utilizado el sistema de adjudicación directa en el 59 por ciento de los contratos examinados. El sector público empresarial está constituido por el Instituto Aragonés de Fomento y ocho sociedades mercantiles, de las cuales una, Desarrollo Comercial Puente de Santiago, S. A, está en proceso de liquidación.
Presentan resultados de explotación negativos cinco empresas.
La Comunidad Autónoma de Cantabria rinde la cuenta de la Administración de 1991 en plazo, pero no así las de los organismos autónomos, entes y empresas públicas de dicha Comunidad. No han rendido cuentas varias empresas públicas: Suelo Industrial de Reinosa, S. A.; Sociedad de Garantía Recíproca de Cantabria; Balneario y Agua de Solares, S. A., y Agua de Solares, S. A.
Como limitación al alcance de la fiscalización, indicar que no se realiza un adecuado seguimiento de los avales otorgados, lo que, de alguna manera, hace imposible el análisis y la valoración del riesgo que se asume. Los presupuestos de 1991 entraron en vigor el 27 de marzo de dicho año, por tanto, estuvieron prorrogados los de 1990 hasta esa fecha.
La previsión inicial de gastos es de 49.911 millones de pesetas y el presupuesto final, tras haber experimentado un incremento del 83 por ciento a través de las correspondientes modificaciones, llega a los 91.125 millones de pesetas. De ese incremento de crédito el 67 por ciento corresponde a un crédito extraordinario aprobado por la Ley 3/1991.
Los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit de 14.172 millones, que debería disminuirse en 3 millones tras un ajuste introducido por el Tribunal. En cuanto a endeudamiento y avales, el pasivo exigible concertado a más de un año tiene una deuda viva al cierre del ejercicio de 48.982 millones de pesetas, de los que el 96 por ciento corresponden a operaciones de préstamo y crédito, y el resto, a empréstitos. La carga financiera en esta Comunidad llega al 21 por ciento. En el ejercicio que estamos comentando se concedieron avales por 1.282 millones de pesetas.
En cuanto al capítulo de contratación, debo indicar que el Pleno del Tribunal de Cuentas, en diciembre de 1992, acordó la realización de una fiscalización especial sobre la contratación en la Comunidad Autónoma de Cantabria que

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afecta a los ejercicios de 1989, 1990 y 1991, está muy avanzada su tramitación dentro del Tribunal y esperamos enviarla a esta Comisión en un plazo relativamente breve.
El sector público empresarial está constituido por once empresas, de las cuales tres se crean en el año objeto de fiscalización. Entre las once empresas públicas, la Empresa de Residuos, la Sociedad para la Gestión y Promoción de Actividades Culturales del Palacio de Festivales y la Sociedad de Promoción Turística tienen unos fondos propios por debajo de los dos tercios del capital social.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha rinde cuenta fuera de plazo, existiendo algunos déficit documentales en la misma. El ente público Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha ha rendido las cuentas del ejercicio de 1991 en 1993, a requerimiento del Tribunal. La Comunidad, como he indicado antes, ha implantado en el presente ejercicio el Plan General de Contabilidad pública en su doble vertiente, presupuestaria y financiera, y, en consecuencia, ha rendido sus cuentas presentando, junto a los estados de liquidación presupuestaria, el balance y la cuenta de resultados. De las diez cuentas que no tenían órgano de control externo en 1991, es la única que ha adoptado el Plan General de Contabilidad.
El presupuesto para 1991 tiene unas previsiones iniciales equilibradas para gastos e ingresos por 147.795 millones, con un incremento del 18 por ciento respecto al año anterior, y las modificaciones de crédito han supuesto el 23 por ciento de las previsiones iniciales, de las cuales su mayor parte son incorporaciones de crédito. Los créditos finales ascienden, por tanto, a 181.102 millones de pesetas. Los resultados no financieros del ejercicio dan un déficit de 7.867 millones de pesetas, que debería aumentar en 7.231 millones como resultado de los ajustes introducidos por el Tribunal. Se trata, en conjunto, de cuatro partidas, de las cuales la más significativa es la anulación de obligaciones de ejercicios cerrados por 6.750 millones que se aplica al ejercicio corriente. Ese es el ajuste más importante.
En cuanto a endeudamiento y avales, el pasivo exigible concertado a más de un año supone una deuda viva al cierre del ejercicio de 16.060 millones de pesetas, de los que el 57 por ciento corresponde a operaciones de préstamo y crédito y el resto a empréstitos. La carga financiera en la Comunidad de Castilla-La Mancha es del 3 por ciento. En los dos últimos años esta Comunidad no ha concedido avales. No obstante, hay un riesgo por avales concedidos en ejercicios anteriores que asciende a 192 millones de pesetas. Los contratos, el 81 por ciento del importe total --de los que se han examinado-- se adjudicaron mediante el sistema de concurso. No se garantiza en todos los casos la selección objetiva de los contratistas más idóneos porque no se precisan suficientemente los criterios en los pliegos correspondientes. Esto ocurre en el 19 por ciento de los contratos examinados. Se observan retrasos en la ejecución de los contratos, sin que a veces se justifiquen sus causas en el 30 por ciento de los casos examinados. Y en los contratos reformados no se acredita siempre la imprevisibilidad de algunas de sus causas cuando se elabora el proyecto inicial.
De las dos empresas públicas que tiene la Comunidad de Castilla-La Mancha, Gestur Toledo, S. A., y Gestur Guadalajara, S. A., esta última no ha tenido actividad empresarial en 1991 ni en el ejercicio anterior.
El Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha ha presentado una información que limita su fiscalización porque no está aprobada por el órgano competente.
La Comunidad Autónoma de Castilla y León rinde la cuenta dentro de plazo; no ocurre así con las cuentas de las empresas públicas de la Comunidad y con la de las Cortes de Castilla y León, que se han rendido fuera de plazo. Los presupuestos tenían unas previsiones iniciales de 162.968 millones de pesetas, con un 8 por ciento de incremento respecto al ejercicio anterior, pero las modificaciones de crédito representan un 48 por ciento de los créditos iniciales, lo que lleva las previsiones finales de gastos a 240.692 millones de pesetas. Los resultados no financieros del ejercicio, capítulos 1 a 7, suman un déficit de 31.845 millones de pesetas.
En cuanto a endeudamiento y avales, el pasivo exigible concertado a más de un año por la comunidad tiene una deuda viva, al cierre del ejercicio, de 33.451 millones de pesetas, de los que el 76 por ciento corresponde a operaciones de préstamo y crédito. La carga financiera es del cuatro por ciento. A lo largo del ejercicio se han concedido avales por valor de 2.997 millones de pesetas, ascendiendo el riesgo acumulado al cierre de ejercicio a 3.632 millones, de los que la mitad aproximadamente constituyen el riesgo vivo final de ejercicio.
En cuanto a la contratación quiero indicar que en la ejecución de varios contratos de obra se han producido retrasos sin justificación de las causas.
El sector de empresas públicas de la comunidad, todas ellas sociedades mercantiles, ha generado pérdidas en el ejercicio por 371 millones de pesetas, a pesar de haber recibido subvenciones de explotación y de capital. El endeudamiento de estas empresas públicas al cierre de ejercicio es de 1.021 millones de pesetas, de los que el 84 por ciento está avalado por la comunidad autónoma.
La Comunidad Autónoma de Extremadura rinde la cuenta general en plazo, no así las cuentas de la empresa pública Artes Populares Extremeño-iberoamericanas, S. A., que no ha rendido cuentas desde su creación en 1989.
La fiscalización está limitada en su alcance, porque hay deficiencias en la gestión y contabilización de la nómina en algunas operaciones extrapresupuestarias que impiden un adecuado conocimiento del capítulo 1 de gastos. Además no se efectúa un adecuado seguimiento y control de los avales, lo que hace difícil la valoración objetiva de su situación y el riesgo final asumido.
Los presupuestos tienen unas previsiones iniciales de 100.108 millones de pesetas, con un incremento del 17 por ciento respecto al año anterior, un volumen neto de modificaciones de crédito de 34.440 millones --el 34 por ciento sobre los créditos iniciales--, de los que el 99 por ciento corresponden a incorporaciones.
Los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit de 10.290 millones que debe incrementarse, en opinión

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del Tribunal, hasta 17.422 millones tras los ajustes propuestos, que corresponden fundamentalmente a ingresos reconocidos indebidamente y a gastos no imputados al presupuesto.
En cuanto al endeudamiento y los avales el pasivo exigible, concertado a más de un año por la comunidad, tiene una deuda viva, a cierre de ejercicio, de 7.783 millones, tras las disposiciones efectuadas en 1991, por 3.523 millones. De dicho endeudamiento total el 85 por ciento corresponde a operaciones de préstamo y crédito. La carga financiera representa el dos por ciento.
Se han otorgado avales en el ejercicio por valor de 145 millones de pesetas, ascendiendo el total de los mismos al cierre de ejercicio a 2.258 millones. No obstante, recuerdo que he hablado antes de una limitación que afecta a este área de fiscalización y el Tribunal no asume dicho importe en su totalidad.
En cuanto a la contratación, el 88 por ciento de los contratos examinados se adjudicó por concurso. No se garantiza suficientemente la selección objetiva de los contratistas más idóneos en el 31 por ciento de los contratos de obra. Hay un volumen importante de contratos que tiene retrasos en la ejecución, sin que estén suficientemente justificadas las causas.
En cuanto al sector público no se tiene certeza sobre el carácter público o no de seis empresas en las que participa la Junta de Extremadura. Los resultados agregados del sector público tienen una pérdida de 317 millones de pesetas.
En general, la información financiera suministrada por las empresas públicas es insuficiente. La Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S. A., se encuentra incursa en el supuesto de disolución del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares rinde la cuenta dentro de plazo, pero con algunas diferencias documentales que afectan a la Administración institucional. La previsión inicial de gastos, superior en un 27 por ciento a la del ejercicio anterior, asciende a 31.628 millones de pesetas. Las modificaciones de crédito representan el 57 por ciento de los créditos iniciales, de los cuales el 68 por ciento corresponde a incorporaciones de crédito. los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit de 12.731 millones de pesetas.
En cuanto al endeudamiento y avales indicar que el pasivo exigible concertado a más de un año por la comunidad significa una deuda viva, al cierre del ejercicio, de 22.057 millones de pesetas, de los que el 96 por ciento corresponde a operaciones de préstamo y crédito, solamente el 4 por ciento restante a empréstitos. La carga financiera representa el 10 por ciento. A lo largo del ejercicio se han concedido avales por valor de 5.826 millones de pesetas, ascendiendo las existencias finales a 8.339 millones de los cuales 8.315 constituyen al riesgo vivo final del ejercicio.
En la ejecución de los contratos el 49 por ciento de los examinados se han presentado con retrasos sin la suficiente justificación.
Respecto al sector público indicar que está constituido por siete sociedades y tiene, además, siete entidades de derecho público, y un 56 por ciento de las pérdidas globales de este sector, que suman 235 millones de pesetas, lo son del instituto de saneamiento Ibasan.
La Comunidad Autónoma de La Rioja rinde la cuenta en plazo y las del sector público empresarial con tres meses de retraso. En ambos casos con ciertas diferencias documentales. La previsión inicial de gastos para el año 1991 sumaba 25.446 millones de pesetas. Las modificaciones de crédito han sido del 34 por ciento sobre los créditos iniciales, la mayor parte de ellos incorporaciones de crédito, llegando a unos créditos finales de 34.144 millones. Los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit contable de 9.263 millones de pesetas, que debe disminuirse en nueve millones por los ajustes introducidos por el Tribunal. En cuanto a endeudamiento y avales el pasivo exigible concertado a más de un año por la comunidad tiene una deuda viva, al cierre del ejercicio, de 16.913 millones de pesetas. Las disposiciones por operaciones de préstamo efectuadas en el ejercicio suman 12.000 millones. La carga financiera se sitúa en el 8 por ciento.
En cuanto a contratación, en los contratos de obras examinados se observan con carácter general retrasos en su ejecución sin que haya causas suficientes que los justifiquen, y no determinan en la elaboración de los procesos originales las causas imprevisibles que puedan dar lugar a las reformas posteriores.
En cuanto a empresas públicas indicar que el sector público empresarial de esta comunidad está formado por cuatro empresas que, en conjunto tiene unas pérdidas de dos millones, a pesar de los 64 millones de subvenciones de capital aplicados a resultados, y que una de las sociedades, Valdezcaray, S. A., está incursa en el presupuesto de reducción de capital, previsto en el artículo 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La Comunidad Autónoma de Madrid rinde la cuenta dentro de plazo con retrasos en las cuentas de los entes de la Administración institucional y empresarial, apreciándose en estos dos últimos casos algunas deficiencias documentales. La fiscalización tiene una limitación en cuanto que se carece de un adecuado procedimiento para el registro de avales, lo que impide su seguimiento y valoración del riesgo, y tampoco existe información adecuada de la situación sobre el inmovilizado financiero.
En cuanto a la liquidación de los presupuestos indicar que los presupuestos iniciales se aprobaron en diciembre del año 1991. Quiere decir que prácticamente durante todo el año estuvieron prorrogados los de 1990, y que los créditos iniciales, que ascendían a 242.075 millones de pesetas, sufrieron unas modificaciones netas por el 12 por ciento de este valor, llegando, en consecuencia, a un presupuesto final de 271.685 millones.
Los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit de 54.526 millones de pesetas, debiendo incrementarse en 847 millones en virtud de los ajustes que propone el Tribunal, siendo la partida más significativa la de diferencias de cambio negativas no aplicadas a presupuesto.
El endeudamiento y los avales presentan la siguiente situación. El pasivo exigible a más de un año de la Comunidad tiene una deuda viva, al cierre del ejercicio, de 184.713 millones, de los que el 81 por ciento corresponde

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a operaciones de préstamo y crédito. En el ejercicio se han suscrito empréstitos por importe de 10.000 millones y se ha dispuesto de 59.226 millones de pesetas de préstamos formalizados. La carga financiera se sitúa en el 9 por ciento.
Las exigencias finales por avales que contabiliza la Comunidad son de 34.810 millones de pesetas, distribuidos entre cinco avales concedidos.
No obstante, ya hemos indicado que no se asume dicha situación ni se valora el riesgo por algunas deficiencias expuestas anteriormente.
En la contratación el 83 por ciento de los contratos examinados se adjudicó mediante concurso. No se garantiza la selección objetiva de los contratistas más idóneos para los intereses públicos al no establecerse los criterios adecuadamente en el 69 por ciento de los pliegos. El 30 por ciento de los contratos tiene retrasos en su ejecución, sin que se justifiquen adecuadamente las causas.
En cuanto a subvenciones, las cargas impuestas en diversos convenios se han incumplido por el subvencionado sin justificar suficientemente otras concesiones, y en un expediente se ha infringido la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad.
El sector público está constituido por un complejo sistema de grupos de empresas, formado por doce sociedades mercantiles agrupadas en torno a tres entes públicos, que son las matrices de sus grupos: Imade, Radiotelevisión Madrid y Canal de Isabel II. La Comunidad participa mayoritariamente en otras seis sociedades, entre las que destaca «Metro» Madrid, S. A., y de la Comunidad dependen otros dos entes: el Instituto para la Formación y el Consejo de la Juventud. El resultado agregado del sector es negativo por 8.774 millones de pesetas y el de explotación del ente público Radiotelevisión Madrid es igualmente negativo por 7.548 millones.
En términos generales, el sector empresarial de la Comunidad tiene una situación financiera inestable a corto plazo, con fondos propios inferiores a la cifra del capital social o con patrimonio neto negativo, como ocurre con Radiotelevisión Madrid, y con fondo de maniobra negativo en otras empresas.
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias rinde la cuenta fuera del plazo establecido, con algunas deficiencias documentales. Las de las empresas Públicas se rinden en marzo de 1993, a excepción de la Sociedad Regional de Turismo, que lo hace en mayo de 1994.
Las previsiones iniciales para el año 1991 sumaban 79.736 millones de pesetas y posteriormente hay un incremento de gasto, por modificaciones de crédito, que significa el 36 por ciento de esos créditos iniciales, fundamentalmente a través de incorporaciones de crédito, lo que lleva a unos créditos finales de 108.140 millones.
Los resultados no financieros del ejercicio tienen un déficit de 12.393 millones, que debería disminuir en 603 por los ajustes propuestos por el Tribunal de Cuentas.
Se trata de un conjunto de obligaciones reconocidas en 1991 que, en opinión del Tribunal, corresponden a otro ejercicio.
En cuanto a endeudamiento y avales, el pasivo exigible concertado a más de un año tiene una deuda viva al cierre del ejercicio de 29.197 millones de pesetas, en su mayoría operaciones de préstamo y crédito. La Comunidad continúa actualizando el sistema de control de avales que inició en ejercicios anteriores, lo que no permite determinar con exactitud las exigencias finales que, por valor de 2.358 millones, rinde la Comunidad.
La carga financiera es el 12 por ciento.
En cuanto a contratación el 80 por ciento del importe total de los contratos de obras examinados se adjudicó por concurso, sin que el procedimiento seguido haya garantizado, en el 46 por ciento de los casos, la selección objetiva de los contratistas en los pliegos correspondientes. En el 40 por ciento de los contratos hay retrasos injustificados de ejecución.
El sector público empresarial de la Comunidad está constituido por 14 empresas que, con excepción de la Empresa Asturiana de Servicios Agrarios, S. A., han obtenido beneficios.
Por otra parte, La Sociedad Regional de Promoción está incursa en el supuesto de reducción de capital del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta Sociedad participa en otras 42 empresas, en siete de ellas mayoritariamente.
A pesar de tener un sector empresarial relativamente amplio, los organismos autónomos que están a su lado tienen un escaso desarrollo de actividades.
La Comunidad Autónoma de la región de Murcia rinde la cuenta general fuera de plazo, con deficiencias documentales, especialmente en el sector público empresarial, el cual presenta sus cuentas en mayo de 1993, y sigue sin rendir cuentas la empresa Agrovial, S. A.
El presupuesto inicial de la Comunidad es de 66.783 millones, superior en un 8 por ciento al del año anterior. Las modificaciones presupuestarias han sumado el 19 por ciento de los créditos iniciales; el 46 por ciento de los cuales corresponde a incorporaciones y el 31 por ciento a generación de crédito.
Los resultados no financieros tienen un déficit de 14.261 millones de pesetas, el cual debe incrementarse en 227 millones en virtud de los ajustes que formula el Tribunal. Fundamentalmente se trata de reconocimiento de derechos, en el año 1991, que no son ingresos del ejercicio.
El endeudamiento se observa a través de que el pasivo exigible concertado a más de un año por la comunidad tiene una deuda viva, al cierre de ejercicio, de 42.064 millones de pesetas y que la carga financiera es del 16 por ciento.
En contratación, el 16 por ciento del importe total de los contratos examinados se adjudicó por concurso y no se garantiza adecuadamente la selección de los contratistas más idóneos en el 42 por ciento de los pliegos de contratos.
También hay retrasos injustificados en la ejecución de la mitad aproximadamente de los contratos de obra examinados. Los reformados, en la mayoría de los casos, no justifican su imprevisibilidad.
El sector público empresarial está constituido por el Instituto de Fomento, Radiotelevisión murciana y ocho sociedades mercantiles, de las cuales la Sociedad para la Promoción

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Turística del Noreste, S. A., tiene un fondo de maniobra negativo de 109 millones de pesetas.
Los resultados agregados de explotación del sector son negativos por 47 millones de pesetas y los agregados totales positivos por 100 millones.
Con esto termino una brevísima introducción en las diez comunidades autónomas que no tienen órgano de control externo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Presidenta. ¿Grupos que desean intervenir tanto para solicitar alguna aclaración o ampliación de la información en lo referido al Informe anual de la Cuenta del Estado de 1991, como a las cuentas de las comunidades autónomas que se han expuesto? (Pausa.) Veo que van a ser varios los intervinientes referidos a comunidades autónomas. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: No me voy a referir ya al Informe anual de la Cuenta General del Estado porque lo he hecho en mi intervención anterior, ni tampoco me voy a referir muy largamente al Informe de las comunidades autónomas, puesto que todos los años, cuando se debaten las cuentas de años anteriores, nos surge la siguiente pregunta. Si las cuentas se rinden normalmente a las asambleas legislativas correspondientes y allí se hacen las propuestas de resolución, esta comisión mixta se da por enterada de las propuestas de resolución que se hacen en las comunidades autónomas, nos guste o no.
En cualquier caso, sí quiero comentar que los problemas que afectan a la mayor parte de las comunidades autónomas, como bien ha referido la Presidenta del Tribunal de Cuentas, son comunes y se refieren a las modificaciones de créditos que se producen normalmente en los ejercicios presupuestarios; igualmente, a veces, esas modificaciones de crédito no incluyen las preceptivas garantías en cuanto a su cobertura financiera, ni se incluyen memorias justificativas del coste y rendimiento de los servicios públicos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos programados, y también adolecen de los mismos problemas, puesto que suele abusarse de la contratación de personal muchas veces de altos cargos y personal de confianza al servicio de la Administración regional; a veces también se da poca relevancia por parte de los gobiernos regionales a la subasta como mecanismo de contratación pública, mientras se abusa de la contratación directa o de la contratación de concurso. En muchas comunidades autónomas, a veces también faltan registros de contratos para que todo el público tenga acceso y puedan conocerse con claridad y transparencia las personas físicas y jurídicas a las que se adjudican dichos contratos.
Esos son los problemas comunes. Pero si hubiera que destacar, al menos desde mi punto de vista, algo que no debe hacerse y que es peculiar en la presentación de las cuentas de las comunidades autónomas, yo me voy a referir particularmente a dos, porque tienen peculiaridades especiales y son ejemplos de lo que no debe hacerse. Concretamente son la Comunidad Autónoma de Aragón, en el ejercicio que nos ocupa, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, porque si bien es grave lo que antes he referido de las carencias que tienen el resto de las comunidades autónomas, éstas se llevan la palma. Que no exista un inventario de bienes y derechos de la comunidad, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, que haya abusos de procedimientos de contratación, tanto de concursos como adjudicaciones directas por encima del resto de las comunidades, que las modificaciones presupuestarias sean también más voluminosas y en la mayor parte de los casos injustificadas; que exista (y a esto no ha hecho referencia la Presidenta del Tribunal de Cuentas en su breve exposición) un anticipo de 753 millones a las Cortes de Aragón procedente de 1985, y que todavía esté pendiente de formalización presupuestaria; que incluso la contabilización del pago de retribuciones al personal, como anticipos extrapresupuestarios sea irregular; que el saldo final de Tesorería, en las cuestiones específicas a las que yo me refería anteriormente, deba reducirse en 185 millones de pesetas por pagos efectuados, por ejemplo, para la compra de dos cuadros de Goya, no contabilizados en el ejercicio como operaciones presupuestarias ni extrapresupuestarias, supone a mi juicio una doble incorrección: primero, no existía presupuesto para adquirirlo y, en segundo lugar, no contabilizaba el pago adecuadamente.
Hay otra irregularidad grave también específica de esta comunidad que el Tribunal de Cuentas señala expresamente, y es que la Sociedad Desarrollo Comercial Puente de Santiago tenía pendiente de liquidación el saldo de una cuenta del Banco Zaragozano de 199 millones de pesetas y que se había disminuido en 90 millones de pesetas en el ejercicio de 1991 como consecuencia de un pago efectuado a una empresa, Auditex España, S. A., por material adquirido para el Centro de Telecomunicación de Barbastro, si bien no se aporta al Tribunal de Cuentas --y aquí está lo grave-- la factura correspondiente.
Si se estudia que a través de 519 expedientes de modificación presupuestaria se ha incrementado el presupuesto inicial de 1991 en 43.371 millones de pesetas, y que ello representa el 51 por ciento sobre lo aprobado en las Cortes, me parece grave.
Voy abreviando, pero existen cosas que hay que contar porque son específicas. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas señala expresamente de esta Comunidad que el IAP recoge incorrectamente como fondos propios las transferencias de capital recibidas de la Comunidad para financiar el inmovilizado o las actividades de fomento. Este organismo obtiene importantes ingresos financieros y el resto de las sociedades públicas, sin excepción, pérdidas. Así, el balance de situación del organismo, al 31 de diciembre de 1991, y su Tesorería asciende a 1.916 millones de pesetas, y los intereses de la colocación de fondos en depósitos bancarios a 183 millones de pesetas. ¿Qué se puede deducir de eso? Pues bien, que los presupuestos de la comunidad autónoma conceden subvenciones al organismo, que éste percibe de forma inmediata y luego los coloca durante largas temporadas en la banca, obteniendo sus buenos intereses.
Yo creo que esto es irregular, sobre todo si la comunidad autónoma se endeuda para poder entregar al organismo

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estos recursos. No creo que tenga sentido esta situación.
Puntualizando algo más lo que ha dicho la Presidenta del Tribunal de Cuentas en relación a la contratación administrativa, es verdad que de los 34 expedientes examinados, tres se hicieron por subasta, pero éstos importan 398 millones de pesetas, mientras los de adjudicación directa, 23, importan 1.161 millones de pesetas. Hay que destacar que de los 34 expedientes examinados por el Tribunal de Cuentas, prácticamente no existe ninguno, absolutamente ninguno cuya tramitación resulte impecable; de los 34 expedientes examinados por el Tribunal de Cuentas, en 24 falta el certificado de existencia de crédito expedido por la oficina de contabilidad.
Podría seguir relatando algunas irregularidades, y por eso ponía como ejemplo esta comunidad, y la próxima que comentaré, de lo que no debe hacerse. Hablaría de la falta de la mínima promoción de concurrencia en la adjudicación directa; de los fraccionamientos en proyectos independientes y que no había esa autorización de fraccionamiento; de los informes de supervisión de los proyectos, etcétera. Pero resumiría diciendo, como empezaba y por ser breve, que parece que en esta comunidad --y por eso la he puesto como ejemplo-- falta absolutamente respeto a la Ley y al Parlamento; y no es sólo que materialmente se incumplan las leyes, lo grave es que los propios gestores no se han molestado siquiera en guardar las formas.
Por terminar con otro ejemplo de lo que no debe hacerse, me voy a referir ahora a la Comunidad de Cantabria, y aquí sí quiero hacer a la Presidenta del Tribunal de Cuentas una pregunta. El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión del 22 de diciembre de 1992, acordó la realización de una fiscalización especial de los ejercicios 1989 a 1991. Esa fiscalización especial es excepcional en las administraciones públicas y su aprobación responde seguramente al clima político de Cantabria y a los indicios de irregularidades que repetidamente se han manifestado. Yo quería preguntar a la Presidenta si sabe en este momento, o me lo puede contestar posteriormente, cuál es la situación actual de dicho trabajo y cuáles son las conclusiones obtenidas.
Resulta también sorprendente que en el informe relativo a esta comunidad, en el apartado de conclusiones, concretamente en la página 54, en relación a organismos autónomos, se dice, textualmente: La Ley 6/1991 crea el Centro regional de investigación de medio ambiente, reconociéndose en el estado de gastos liquidado por la Diputación 50 y 135 millones de pesetas en concepto de subvenciones de crédito, aunque los recursos correspondientes no conste le hayan sido transferidos en el ejercicio. Este nulo interés por el funcionamiento del CRIMA, que así se llama este organismo, coincide con la pérdida de cientos de millones de pesetas de subvenciones comunitarias para el medio ambiente y contrasta también con las iniciativas multimillonarias para potenciar algunos vertederos, como el de Meruelo, cuya explotación se adjudica a otras empresas. También en el apartado de conclusiones, en la página 54, respecto a las empresas públicas, se dice que las sociedades regionales presentan fondos propios inferiores en su importe a los dos tercios de la cifra de capital social y presentan un capital circulante negativo, lo que revela una inestable situación financiera a corto plazo.
Ya anuncio que si no recibo una respuesta satisfactoria sobre esta situación, desde luego, voy a solicitar al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de las empresas públicas dependientes de la Diputación Regional de Cantabria, y en particular de la Sociedad Cántabra de Promoción Turística, de la Empresa de Residuos de Cantabria y de la Sociedad Regional para la gestión del Palacio de Festivales.
Tengo otra pregunta referida a operaciones de endeudamiento. En el Anexo 11.7,2, relativo a las operaciones de endeudamiento, destaca el tipo de interés de la operación formalizada en el año 1991, con el Banco Europeo de Finanzas, que supera en dos puntos a las restantes, por lo que preguntaría: ¿Qué razón hay para esta diferencia? Finalmente, voy a comentar otra situación también peculiar y escandalosa en esta comunidad autónoma. Se dice textualmente en el apartado de conclusiones, relativo a la administración general, que desde 1986 no se ha desarrollado ninguna convocatoria de oposiciones derivadas de las ofertas de empleo público, contraviniendo artículos --que no voy a citar-- de legislación general y también de legislación de la Diputación Regional. Se abusa, por tanto, del porcentaje de personal interino, así como del incremento de personal laboral. Abundando en este asunto, si no se convoca oferta de empleo público y las convocatorias de oposiciones --cuando se han hecho-- no llegan a producirse, me gustaría saber si esto tiene algún comentario especial por parte de la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
Voy a terminar como empecé, por no seguir destacando más irregularidades que, en este caso, son más manifiestas que en el resto de las comunidades autónomas. En realidad, en el resto de las comunidades autónomas, las deficiencias suelen ser similares. Me he permitido comentar el caso de estas dos comunidades autónomas porque son verdaderamente escandalosas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, voy a hacer una intervención exclusivamente referida al Informe anual del Tribunal relativo al ejercicio de 1991 y a un asunto puntual; posteriormente, en otra intervención, mi compañero, don Francisco Utrera, se referirá a las comunidades autónomas.
Efectivamente, el asunto puntual es el de Correos, tema recurrente no en mi intervención, sino en los problemas que venimos apreciando en todos los informes anuales que vemos en esta Comisión se reiteran una y otra vez. En este caso, analizando con detenimiento el informe que nos envía el Tribunal, vemos que Correos tenía una deuda pendiente de imputar al presupuesto, a 31 de diciembre de 1991, por casi 100.000 millones de pesetas, nada menos; casi 100.000 millones concretamente, 97.500 millones de pesetas. Dentro de este importe figuran gastos de personal por más de 42.000 y por gastos corrientes, que se deberían

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haber imputado al Capítulo 2 por cerca de 44.000 millones de pesetas; el resto, que son más de 11.000 millones, corresponde a intereses de demora generados por una reclamación por Renfe a Correos, o sea, exactamente por dos organismos dentro del mismo departamento ministerial.
Ante esta situación, reiteramos lo que ya dijimos en el informe anterior, que es una situación realmente impresentable. Puesto que esa cifra es sustanciosa, nos gustaría que la señora Presidenta nos dijera, si tiene conocimiento, a la vista de que ésta es la situación a 31 de diciembre de 1991, si a estas alturas esto va teniendo alguna solución, por ejemplo, cuánto se ha podido pagar ya, a quiénes y por qué procedimientos.
Otro aspecto de esta cantidad es que se nos dice el importe de esos 11.200 millones de intereses, exclusivamente los reclamados por Renfe a Correos, pero como la deuda es de casi 100.000 millones supongo yo que habrá muchos más conceptos de intereses de demora. Nos gustaría conocer el detalle del conjunto de intereses, puesto que estamos ante un gasto sobrevenido por estos intereses, por mala gestión o al menos por mala administración, y si estos gastos sobrevienen son indicios de que hay cierto nivel de despilfarro, puesto que administrando bien se podía haber ahorrado este coste de intereses.
Se nos dice también en el informe que las deudas por gastos de personal se originó en la práctica --por cierto, ya denunciado en varios informes anuales-- por abonar nóminas mediante anticipos de la Caja Postal registrados como descubiertos en cuenta corriente y mediante fondos de la Caja única de giro. Nuestro grupo ha denunciado esto en esta Comisión, lo ha denunciado en todos sus informes el propio Tribunal, todos los años lo viene denunciando, nosotros lo hemos denunciado a todos los niveles, incluso en el Pleno de esta Cámara, mediante una interpelación, y el tema no se corrige; se sigue pagando con cargo a los fondos de la Caja única, que no está para eso y, por tanto, es una manifiesta irregularidad.
Tenemos la sensación, después de reiterarlo todos los años, de que estamos ante una impotencia, no ya de nuestro grupo, sino del propio Tribunal, que lo denuncia repetidamente y el Gobierno reiteradamente no lo corrige.
En cuanto a la deuda pendiente de imputar al Capítulo 2, responde en su mayoría, por supuesto, al transporte del correo, en un 80 por ciento, y en este aspecto aparece la deuda con Renfe de casi 27.000 millones de pesetas. Nos gustaría conocer si la señora Presidenta tiene noticias de la situación de esta deuda.
En cuanto a la fiscalización de la deuda pendiente, vemos que en el informe fija como uno de los objetivos importantes evaluar los procedimientos y medidas adoptadas tanto por la Dirección General de Correos y Telégrafos como por el organismo autónomo Correos y Telégrafos para conocimiento, tratamiento y control de esa deuda derivada de estas operaciones que estamos analizando. Preguntamos a la señora Presidenta si ella o el Tribunal --me refiero al Tribunal, por supuesto-- han notado cierta actitud diferente en la Dirección General respecto al organismo autónomo. Quiero decir que si una vez que se constituyó Correos en organismo autónomo este tipo de control de la deuda ha tenido alguna variación en positivo o si el Tribunal no ha apreciado esa variación, porque queda claro en su informe que el Tribunal no acepta las alegaciones de Correos, que son absolutamente contradictorias, que en la fiscalización se han encontrado numerosas limitaciones y que, en muchas ocasiones, al intentar averiguar los datos, no coincidían los datos internos si eran de una parte del organismo o de otra, incluso se reitera otra vez el aspecto grave que denunciamos en la pasada ocasión cuando no se hacían relaciones de justificantes o facturas de gastos clasificados, evidenciando todo esto un auténtico desbarajuste. Pues bien, como todo esto parece indicar, a la vista del informe, que el Tribunal ha intentado conseguir estos datos y ha habido obstrucción por parte del organismo, nos gustaría que nos confirmara si ha habido o no obstrucción y, en ese caso, que nos la describa, o si, por el contrario, ha encontrado el Tribunal el máximo de facilidades para conseguir estos datos.
En cuanto a la calificación jurídica, vemos que, efectivamente, todas estas irregularidades son amplias, puesto que afectan a asuntos de la función pública, de la Seguridad Social, de la Hacienda pública, e incluso de los contratos del Estado, pero sobre todo al hecho de marginar los preceptos que rigen el gasto público regulado por el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y vemos que se han contravenido los artículos 60, 92, 101.2, 123, 141 y otros. Puesto que la mayor irregularidad o anomalía que se observa es que se contraen obligaciones sin crédito, y puesto que para esto la solución sería convalidarla --pero tiene que convalidarse a base de rango de ley--, pregunto si el Tribunal está contrastando que esto se está cumpliendo. Además, en este tipo de deudas, que alcanzan este volumen importante, pregunto si se puede dar el caso de que, puesto que se queda Correos largas temporadas sin abonarlas, haya algún enriquecimiento temporal de Correos por no pagar, puesto que el mismo informe del Tribunal dice claramente que esto no debería quedar impune, afirmación que valoro y de la que le pido su opinión.
En cuanto a la clasificación por acreedores, que totalizan la cifra de casi cien mil millones, hay dos partidas que me interesaría que me aclarara al máximo, si es que tiene datos. Una se refiere, en el caso de la Caja única de giro, a las facturas de Enatcar anticipadas, por 137 millones, y otra referida a la propia Enatcar por transporte de personal, que totaliza 441 millones. Como aquí se da la conjunción de dos irregularidades muy conocidas, una la de Enatcar y otra la del pago por correo con cargo a la Caja única de giro, preguntamos también en esta conjunción de estas dos irregularidades, qué posibilidad de interacción de una y otra puede existir.
En cuanto a las causas --una fundamental es la contratación de personal por encima de los límites fijados en la Ley de Presupuestos--, vemos que, al analizar el Tribunal todo el funcionamiento, está clarísimo que no admite, en absoluto, la fiscalización las razones dadas por correo, puesto que los expedientes de modificación de crédito, ni siquiera se tramitan, como son los que corresponden al año 1991. El informe califica, buscar créditos, tramitar expedientes de modificación, de actuación tardía insuficiente y

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no constante. Nosotros entendemos que, puesto que es una reiteración en todos los casos --ya hemos advertido al Gobierno y, además, esta Comisión ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución en esta dirección para dirigirse al Gobierno, que supongo que se habrá tramitado, y el tema no se arregla--, esto entra ya dentro de unas responsabilidades políticas que se salen de las funciones del Tribunal de Cuentas. Por eso me he fijado en esto que nos interesa, dada la inquietud que nos produce esta situación.
Esto es todo lo que tenía que decir en el tema del informe anual que nos ocupa.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Utrera, para formular las preguntas referidas a comunidades autónomas.


El señor UTRERA MORA: Quiero, en primer lugar, agradecer a la Presidenta del Tribunal de Cuentas el breve pero muy adecuado resumen que ha realizado sobre la ejecución presupuestaria en el año 1991 a nivel agregado de las comunidades autónomas. He tomado nota de los puntos esenciales que ha destacado y coincido precisamente en la importancia de tres de ellos.
Primero, que durante el año 1991 se modificaron créditos por 1,2 billones de pesetas, una cuantía muy importante. Segundo, que el 72 por ciento de la financiación de las comunidades autónomas estaba vinculado en aquel ejercicio a los Presupuestos Generales del Estado. Y, tercero, que el déficit global y la progresión del déficit del endeudamiento, 0,65 billones y 1,3 billones de pesetas respectivamente, apuntaban ya en aquel ejercicio lo preocupante de la financiación del desequilibrio presupuestario que presentan las comunidades autónomas.
Estamos en el ejercicio 1991, había que pactar un nuevo sistema de financiación para el siguiente quinquenio, 1992-1997, y encontramos que en ese acuerdo de financiación (y, por tanto, en próximos ejercicios, en los informes del Tribunal de Cuentas suponemos que vendrá más atinada la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas), en el año 1992 se introdujo para las comunidades autónomas de régimen común un acuerdo sustancial de consolidación presupuestaria, también para las forales, que desgraciadamente en los ejercicios posteriores se ha incumplido, en primer lugar y, sobre todo, por el Estado; en segundo lugar, se echó en falta en el acuerdo de 1992 un acuerdo de financiación autonómica eficaz que trasladara a las comunidades autónomas la responsabilidad de sus propios ingresos o al menos una parte sustancial de sus propios ingresos; y, en tercer lugar, no se discutió en absoluto que había que reducir la flexibilidad presupuestaria con la que vienen actuando, primero, el Estado, con modificaciones de créditos superiores al 20 por ciento y, segundo, algunas --podría decir que todas las comunidades autónomas, algunas más que otras, concretamente Extremadura, según el informe que nos presenta ahora el Tribunal de Cuentas-- en que esas modificaciones llegaban al 31 por ciento. Pero, en fin, lo mismo Extremadura que alguna otra comunidad autónoma.
Tenemos, por tanto, tres problemas importantes que ya se venían presentando en ejercicios anteriores, que en el año 1991 se hacen plenamente patentes y que algunos de ellos se empiezan a resolver a partir del ejercicio 1992.
Centrándonos en el año 1991, encontramos en los informes de cada una de las comunidades autónomas que fiscaliza el Tribunal de Cuenta salvedades, que en el caso de algunas comunidades autónomas son muy importantes, que hacen incluso temer que la calidad de su proceso presupuestario, de su proceso de gestión y de su proceso de control del gasto público son muy deficientes. En otras comunidades autónomas encontramos también salvedades sustanciales, pero al menos no tan importantes.
He de decir --y no quiero descender al detalle de cada una de las comunidades autónomas-- que, por supuesto, no estoy de acuerdo con esa particularización que se ha hecho hace unos minutos en esta Comisión extrayendo dos comunidades autónomas concretas y señalando algunas de las salvedades que presentan. Podría señalar al menos otras dos comunidades autónomas que presentan gravísimas salvedades, incluso diría que superiores a las dos comentadas, pero, si no me veo obligado a ello, no haré mayor discusión respecto de cada una de ellas en concreto.
Dentro de las salvedades comunes o más frecuentes, las hay de tipo formal. Algunas comunidades autónomas, no todas, no presentan las cuentas en los plazos en que están obligadas a hacerlo, y bastantes comunidades autónomas no lo hacen en lo referido a sus empresas públicas o entes públicos.
Encontramos también, en general, a todas las comunidades autónomas, una baja calidad del proceso presupuestario. Esto también es buen reflejo de lo que está pasando al nivel del Estado; donde formalmente estamos presupuestando por programas, en realidad estamos haciendo una mera clasificación del gasto público que no tiene respaldo en nada, ni en objetivos, ni en indicadores de eficiencia o de realización de coste de los servicios públicos.
Otra de las salvedades más comunes se refiere a la gestión de tesorería, con cuentas bancarias que no están suficientemente integradas en la Cuenta de Tesorería de cada comunidad autónoma y de reconocimiento incorrecto de endeudamiento autorizado pero no formalizado y que al introducirse en cuenta de remanentes de Tesorería que el Tribunal de Cuentas prácticamente en todas las comunidades autónomas denuncia.
Tenemos también en bastantes comunidades autónomas una ausencia de inventario de bienes y aquellas que lo tienen, algunas, ni siquiera lo valoran económicamente, sobre todo en el caso de bienes inmuebles.
Hay salvedades específicas, yo diría que más sutiles en algunos casos pero más graves, como podría ser, por ejemplo, en Madrid, donde los organismos autónomos no lo son tanto porque en sus operaciones de financiación dependen de la tesorería general de la propia comunidad.
Tenemos como otra salvedad específica importante que el sector público empresarial en algunas comunidades autónomas no tiene coherencia alguna, o bien las empresas no están activas, no realizan operaciones, o bien incurren en causas de

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reducción de capital, incluso de disolución, de acuerdo con la legislación vigente.
Un apartado especial habría que referirlo a la contratación de obras cuyos informes son muy precisos. Se está recurriendo al concurso y textualmente se utiliza una frase en la que, más o menos, se viene a decir que no se garantiza la idoneidad de los concursantes para la realización de las obras. En segundo lugar, se están produciendo retrasos muy importantes, en algunos casos en más del 30 por ciento de los concursos otorgados, en la ejecución de las obras concursadas. Se da el caso de que, analizando las comunidades autónomas, no he encontrado que sean precisamente las dos que se han mencionado antes las que incurren en estas salvedades. Pero, repito, no quiero hacer causa de comunidades autónomas en particular.
En algunos casos muy particulares se detecta en el informe un deficiente control de gastos de personal, concretamente del capítulo uno, que se dotan por operaciones extrapresupuestarias que se formalizan posteriormente.
En definitiva, quisiera extraer una conclusión general y hacer una única pregunta que creo poder anticipar que será difícil que conteste la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas. En primer lugar, esa reflexión general se refiere a que este país tiene una cuestión pendiente desde hace muchos años y que es común a todo el sector público español, a todas las administraciones públicas y a las empresas y entes públicos dependientes de esas administraciones públicas, que es devolver la calidad del proceso presupuestario, en algunos casos devolver la credibilidad al proceso presupuestario y a la ejecución presupuestaria y, desde luego, exigir responsabilidades a los gestores incapaces de cumplir la normativa que regula la ejecución de sus propios presupuestos.
Voy a terminar con la pregunta que quería formular a la Presidenta del Tribunal Constitucional, para evitar que en el debate político, como es tan frecuente y como nos tienen acostumbrados los representantes portavoces, sobre todo del Partido Socialista, se hable de unas cosas cuando se está discutiendo de otras. Es frecuente que cuando hablamos de la ejecución de presupuestos del Estado, cuando no hay argumentos que aportar, se hable de los presupuestos de algunas comunidades autónomas en concreto. Para ello, me atrevería a formular una pregunta, en parte tendenciosa, a la Presidenta del Tribunal Constitucional sobre si podría evaluar...


El señor PRESIDENTE: Es Presidenta del Tribunal de Cuentas, señor Utrera.
Se entiende que es una laguna.


El señor UTRERA MORA: Perdón es que al ser las siglas TCÉ Tribunal de Cuentas, efectivamente.
Decía si podría hacer una evaluación comparada de acuerdo con algún criterio técnico. Por ejemplo, podríamos hacer seis o siete apartados respecto a la ejecución comparada de los presupuestos del año 1991 de cada una de las comunidades autónomas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y en cada uno de los apartados decirnos, para que quede claro, qué comunidades autónomas presentan unas deficiencias mayores. De esta manera quizá nos ahorremos un debate en el que algunos crean ver fantasmas en unas comunidades autónomas y, sin embargo, encuentren muy adecuada la gestión en otras.
Muchas gracias, señor Presidente, y perdón por haber mencionado dos veces, por error, el Tribunal Constitucional por el Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista se ha presentado un documento, un papel según el cual van a intervenir nueve personas en relación con solicitudes de aclaración de la exposición hecha y los informes presentados por la Presidenta del Tribunal de Cuentas. Por tanto, voy a tener que limitar el tiempo para cada una de las intervenciones, esperando que efectivamente se pueda cumplir, porque todavía quedan muchos puntos del orden del día. Tiene cada uno cinco minutos para formular cuantas aclaraciones estime oportunas.
Empezamos por don José Manuel González, sobre el informe de la Comunidad Autónoma de Asturias. Tiene la palabra.


El señor GONZALEZ GARCIA: Señor Presidente, había solicitado intervenir en primer lugar con el sano ánimo de poder marcharme hoy a mi tierra, pero ya ha quedado descartada esa posibilidad; se ha ido el avión. Muchas gracias de todas maneras. Voy a intervenir los cinco minutos y liberaré a los compañeros de mi presencia.


El señor PRESIDENTE: Señor González, sus compañeros, todos los miembros de la Comisión nunca se liberan por la marcha de un compañero. (Risas.)

El señor GONZALEZ GARCIA: No era ésa la intención de mi frase pero, en todo caso, muy bien tomada por su parte, señor Presidente.
Señor Presidente, se ha hecho una descripción general de las carencias o defectos de las comunidades autónomas. En todo caso, quisiera comentar algunas cosas de lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Asturias.
No lo hago desde la óptica de la interpretación y las decisiones que toma el Tribunal de Cuentas respecto al informe del año 1991, es curioso, sino a otras interpretaciones que se dan en el exterior de estos ámbitos y que me llevan a tener una terrible confusión, porque yo ya no sé si hay una verdadera y declarada mala intención en cuanto a cómo se cogen los términos que se utilizan en los informes o realmente es que no los entienden y lo dicen así.
S. S. será consciente de que a nivel regional se están tergiversando de una forma deliberada gran parte de las cuestiones que ustedes desde el Tribunal de Cuentas exponen en sus conclusiones y recomendaciones. Le voy a poner algunos ejemplos. Primero, se venden los conceptos, por tanto, de ser calificados como delitos o sembrando al menos la duda de que pueda haber responsabilidades no solamente políticas sino de gestión en quienes ejercen esa gestión, en este caso en el Principado de Asturias, digamos, el Gobierno del Principado.
En segundo lugar, se dan cifras claramente manipuladas. Se habla, por ejemplo, de contratos y se dice que el 60

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por ciento de los contratos se hace por concierto directo. Y es verdad.
Lo que no dicen es que el concierto directo, al igual que la subasta o el concurso, es un instrumento legal que tiene una mejor aproximación en cuanto a la efectividad en base a que se inicie con la subasta o que tuviese más interés la subasta, luego el concurso y luego el concierto directo, pero es legal, no es ilegal actuar así.
En tercer lugar, ocultan las cifras porque dicen que el 60 por ciento de los contratos se hace por concurso directo, pero no dicen que realmente esos contratos, en cuanto al montante económico que se utiliza, no representan ni siquiera el 15 por ciento, con lo cual estamos cogiendo el rábano por las hojas siempre y ofreciendo a la opinión pública aquella cuestión que puede sembrar más dudas.
En cuarto lugar, se ocultan realidades de forma deliberada. Usted, señora Presidenta, ha planteado una cuestión terriblemente objetiva, ha dado las cifras, los datos y cualquiera puede hacer una comparación valorativa de unas u otras comunidades. Usted ha hablado, por tanto, de cuestiones buenas y malas y ha dicho que hay una mejora del sistema de adjudicación y control de los avales, aunque necesita ser mejorado aún más en el Principado de Asturias. Usted ha dicho que hay una aproximación al Plan General de Contabilidad porque usted ya tiene información reciente de que efectivamente en ese terreno camina la Comunidad del Principado de Asturias para implantarlo lo antes posible. Usted ha dicho también que es un buen comportamiento el del sector público empresarial, en el cual se presentan beneficios. Todo esto se oculta; solamente existen las partes negativas y duras del informe y, por tanto, el peligro de que éste sea claramente mal interpretado por la opinión pública.
Se alejan, por tanto, del carácter eminentemente técnico que tienen este tipo de informes y lo acercan al terreno de lo político, con lo cual distorsionan su significación y alcance de los términos que ustedes mismos manifiestan por escrito y clarísimamente, insisto, en las conclusiones o en las recomendaciones.
Hay otros muchos efectos que han sido mal tratados, que me eximo de leerlos porque son pequeños detalles al hilo de lo mismo que he dicho hasta ahora. Solamente se trata, pues, de mantener una política de oscurecimiento y de siembra de duda y es lo que quiero llevar a su conciencia, señora Presidenta, para que en la utilización de los términos no vea usted más interés que el que se manifiesta aquí. Porque si usted tuviera que leer el dossier informativo regional y tuviera que contestar a esa manera de interpretar lo que ustedes dictaminan en su informe, me temo que iba a ser un verdadero quebradero de cabeza. No es eso lo que yo pretendo. Desisto también de pedir las rectificaciones a quienes hacen estas manipulaciones, pero, francamente, con su intervención, con su exposición de hoy, para quien quiera leer rectamente lo que usted ha dicho de las distintas comunidades autónomas debería quedar claro cuál es el significado y la intención del informe. Me temo, señora Presidenta, que no va a ser así. Por eso, le solicitaría solamente que, desde la óptica jurídica y desde la óptica de la utilización de términos contables técnicos, volviera a decirnos cuál es el verdadero valor de los mismos a modo genérico, para ver si conseguimos entre todos concienciar a quienes no lo utilizan recta y debidamente.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Siguiendo el orden de exposición, ya que se alteró por la solicitud que se había hecho para que el señor González interviniera primero, a continuación damos la palabra al señor Alegre para formular las preguntas con respecto a la fiscalización de la Comunidad autónoma de Aragón.


El señor ALEGRE ESCUDER: La verdad es que la proximidad en el tiempo del informe presentado por el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón de 1990 inevitablemente nos hace tenerlo presente en estos momentos y, consiguientemente, a la vez, mi intervención tendría que ser prácticamente repetitiva de aquélla, cosa que no voy a hacer por cuanto el informe es casi similar o casi igual al que se presentó en aquellos momentos, y no por falta de imaginación de los miembros del Tribunal de Cuentas, sino porque se vuelven a dar los mismos hechos.
La señora Presidenta ha hecho el detalle de las cosas más importantes en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Aragón, quizá con un poco más de extensión --no sé si por ser la primera que ha tocado, o por ser más importantes las cosas que haya encontrado, o por ambas cosas a la vez-- y además se ha dado la circunstancia de que el señor González ha dicho todo lo que podía decir y más, con lo cual en estos momentos me deja casi sin nada nuevo que aportar. No obstante, yo me había hecho una pequeña reseña de lo más destacado, sobre lo cual sí quería de alguna forma matizar un poco más, por su importancia; las cuestiones que siguen dándose en la Comunidad Autónoma de Aragón en cuanto al retraso de las cuentas; que se sigue sin aplicar el Plan General de Contabilidad; que se producen modificaciones presupuestarias importantísimas, como ha dicho muy bien la señora Presidenta, de hasta el 51 por ciento; que nuevamente el índice de ejecución presupuestario es bajísimo y que siguen sin determinar y sin incluir en la tesorería de la comunidad unos cuantiosos saldos de cuenta restringida de recaudación, de la misma forma que continúan en este informe los pagos de retribuciones al personal de forma incorrecta, que se hace con anticipos extrapresupuestarios.
Alguna mejora indudablemente ha habido. Por citar alguna, la desagregación de funciones de la Intervención General o que esta nómina a la que he hecho referencia pasa a depender de la Dirección General de la Función Pública y que se prevé arrancar en enero de 1995 con el nuevo plan contable. Sí quiero matizar o puntualizar que precisamente estas mejoras se realizan una vez que se ha producido el cambio político en la Comunidad Autónoma de Aragón, que creo que ustedes conocen.
Sí quisiera destacar un poco el tema de contratación, porque ya era alarmante en el informe de 1990 y en esta ocasión, en el de 1991, todavía lo es muchísimo más. Como ha dicho también muy bien el señor González, de 34 contratos examinados, tres lo fueron por subasta, ocho por concurso y 23 por adjudicación directa.


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No voy a entrar en contradicción con lo que ha dicho el compañero de Grupo que ha expuesto las cuentas de la Comunidad Autónoma de Asturias por parte del Grupo Socialista, porque evidentemente pensamos lo mismo, sólo que creo que los porcentajes a los que ha hecho referencia son bastante diferentes en una comunidad y en otra. Estoy muy de acuerdo con ello y lo estaría con esto si se cumpliera todo lo que en el informe del Tribunal se dice que no se hace, como que faltan todos los certificados de existencias de crédito presupuestario en casi todos los expedientes investigados; que no consta el acuerdo del órgano de contratación que autorice la iniciación de los expedientes. No se ha llevado a cabo en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas el informe correspondiente a la Asesoría Jurídica y tampoco consta en los expedientes de los contratos, en casi todos ellos, la fiscalización previa del gasto realizado por la Intervención. De todos ellos quiero destacar uno en particular, que es el que consta en el informe con el número 33 y del que sí quisiera que me hiciese la señora Presidenta alguna puntualización, por cuanto es un contrato un tanto pintoresco, que, además, enlaza con el número 34, que prácticamente es del mismo objetivo y que yo creo que recordarán ustedes que fue el motivo principal de una polémica que se levantó en la Comunidad Autónoma de Aragón y que dio lugar a unas consecuencias que, además, todos ustedes conocen.
Hace referencia a la elaboración del dossier director de la Televisión de Aragón por importe de 123.200.000, al que, si se suma el del número 34, lo hacen el más cuantioso de todos los examinados.
Leer el capítulo IV del informe, contratación directa, que son las páginas 43 y sucesivas, para los que residimos en Aragón es prácticamente hacer un ejercicio de auténtico masoquismo.
La aclaración se la pido sólo sobre este contrato número 33 y sí me gustaría conocer su opinión, si fuera posible, en cuanto a cómo lo ve el Tribunal de Cuentas. Entiendo que su objetividad es mucha en todo caso, pero de alguna manera, igual que nosotros, tiene que ver que año tras año se vuelven a producir las mismas deficiencias y alguna reflexión tienen que hacer sobre cómo se contempla desde el Tribunal ese incumplimiento de prácticamente la mayor parte de las normas y un absoluto desprecio a las recomendaciones que el Tribunal hace.
El día que se presentó el Informe de 1990 yo hice una matización. Y termino ya, señor Presidente. El querido por todos señor Carretero dijo que iban un poco más allá de lo que el Tribunal pretende y quiero que, en estos momentos, para quien las recuerde, aquellas matizaciones sirvan hoy en este Informe en los mismos términos en que aquel día fueron expuestas.
Gracias por su presencia, señora Presidenta.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sota Verdión.


El señor SOTA VERDION: En primer lugar, quiero felicitar a la señora Presidenta por su elección como Presidenta del Tribunal de Cuentas y darle la bienvenida por su presencia.
Yo represento en este caso a una de las comunidades a que ha hecho referencia el señor González, la Comunidad de Cantabria, por la que además soy Senador.
Desde luego, el señor González ha hecho una exposición muy amplia sobre las consideraciones, las recomendaciones e incluso algunas de las limitaciones que el Tribunal ha tenido para poner en claro las cuentas de nuestra Comunidad. Yo no voy a extenderme mucho en los motivos y en las limitaciones que ha encontrado el Tribunal, pero quiero hacer referencia a dos circunstancias importantes.
Por un lado, respecto a los datos que yo he tomado de todas las comunidades autónomas y a los que S. S. ha hecho referencia. En cuanto al endeudamiento y al presupuesto de la Comunidad, yo creo que habría que resaltar que nuestra Comunidad, que ni siquiera tiene 50.000 millones de pesetas de presupuesto de ingresos, sin embargo tiene una deuda acumulada, ya al año 1991, de 48.000 millones de pesetas y tiene, con diferencia, una carga financiera muy superior a cualquier otra comunidad de las que usted ha mencionado. Eso que ocurría en el año 1991, le adelanto que se ha agravado en los años 1992, 1993 y 1994. Seguramente ustedes lo conocerán.
Y si analizamos el grado de cumplimiento del presupuesto, es absolutamente ridículo. Según los datos que usted misma aportaba respecto al grado de ejecución de las obligaciones reconocidas, mientras que la media de España es del 90 por ciento en nuestra Comunidad es sólo del 58.
Y en el caso de los ingresos, usted apuntaba que la media de España era del 98 por ciento, mientras que en caso de nuestra Comunidad es sólo del 51 por ciento.
Yo sé que a algunos, que en este caso están situados accidentalmente a mi izquierda, no les gusta hablar de esta Comunidad, pero yo creo que eso es una muestra de algo que se puede plantear cada año. Se planteó en la Cuenta del año 1990 y en la del año 1991. Me refiero a una serie de recomendaciones y reiteraciones que han dado lugar a que esta Comunidad, a pesar de todo lo que se diga en este Informe, haya pasado --y voy a utilizar un término vulgar-- olímpicamente de ustedes, de tal manera que no se ha presentado ni una sola alegación. En el período de alegaciones, el Gobierno de la Comunidad no ha presentado ni una alegación. A mí me parece, después de lo que ustedes dicen en este Informe, que sus recomendaciones tienen que ir mucho más allá de lo que ustedes hacen, en este caso, escribir un papel y enviárselo a la Comunidad, porque si no asistiremos cada año a la reiteración de la necesidad de que tengan un Plan General de Contabilidad, a que se controle el destino de los avales, etcétera, cuando ya ha habido avales fallidos de empresas que incluso se han concedido de manera irregular, como ustedes resaltan.
También, y ustedes lo dicen en las recomendaciones, las subvenciones se conceden de una manera absolutamente arbitraria. Recomiendan ustedes a la comunidad que abra un expediente administrativo a los distintos gestores de las empresas públicas que ni siquiera se han dignado enviarle ninguna documentación ni informe al Tribunal. Se

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refieren ustedes a cuatro empresas públicas de la comunidad.
El Boletín Oficial de la Comunidad no ha publicado ni siquiera esta cuenta, a pesar de que ustedes se lo recomiendan, y en el apartado dicen que no consta que se hayan publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad los informes del Tribunal, a pesar de ser preceptivo, según lo que dispone el artículo 12.1 de la Ley Orgánica.
En definitiva, yo creo que se está en una actitud absolutamente grave por parte de esta comunidad con relación a la autoridad que representa el Tribunal de Cuentas.
Yo me preguntaría --también lo ha hecho el señor Franco-- para cuándo va a estar esa fiscalización administrativa especial que ustedes acordaron en la sesión del 22 de diciembre del año 1992 y que se refiere a los ejercicios de 1989 a 1991, porque sería muy sustancioso que pudiéramos disponer de ella de la manera más rápida posible, dado que de ahí --estoy absolutamente convencido-- se detectan los motivos que ha tenido el Tribunal para tomar esta decisión especial, que es susceptible de que han detectado algún tipo de irregularidad.
Señora Presidenta, yo lo que le planteo es qué otro tipo de actuaciones puede adoptar el Tribunal ante una actitud como la que plantea esta comunidad, que no tiene ninguna consideración al Tribunal, porque no presenta ninguna alegación y cuando, además, ustedes le exigen que haga algún tipo de actuación, ésta en absoluto lo hace. No creo que sirva simplemente con reiterar, sino que el Tribunal --quizá habría que hacer, yo no lo sé, alguna modificación legislativa al respecto-- tendría que actuar de una manera más decidida para que no puedan ocurrir casos como los que están sucediendo, en este caso en mi comunidad.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el señor Grimaldos.


El señor GRIMALDOS GRIMALDOS: En mi doble condición de Senador y miembro de las Cortes de Castilla-La Mancha quisiera señalar, en primer lugar, que en sesión plenaria celebrada en las Cortes de Castilla-La Mancha el día 7 de diciembre de 1994 fue aprobada la propuesta de resolución que sobre la cuenta 1991 de nuestra comunidad había emitido la Comisión de Presupuestos.
Hecha esta aclaración, quiero también poner de manifiesto que todas las apreciaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas en su informe de 1991 han sido pormenorizadamente atendidas y contestadas en las alegaciones formuladas por la Consejería de Economía de Castilla-La Mancha, con la salvedad de algunas cuestiones que, como recordará la señora Presidenta, el Tribunal incluyó en su informe definitivo sin que previamente hubieran sido enviadas al Gobierno regional. También éstas son objeto de puntuales explicaciones en una separata elaborada al efecto, que sin duda obra en poder del Tribunal.
Sin que mis palabras impliquen, señor Presidente, menoscabo alguno para el resto de las comunidades autónomas y al sólo objeto de resaltar el nivel de ejecución en su gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha, estoy en condiciones de afirmar, con datos comparativos que disponemos, que la gestión del Gobierno de esta comunidad se encuentra entre las más austeras con mejor nivel de gasto de inversión, así como de gastos sociales, con menor nivel de endeudamiento y con mayor nivel de ajuste presupuestario y de transparencia en las contrataciones; datos algunos de éstos, como los referidos a la austeridad en el gasto público o al control de acceso de personal a la función pública, que pueden no desprenderse de la lectura del informe o de su comentario, señora Presidenta, y que pienso, señorías, que es justo reseñar.
Refiriéndome a algunas de las críticas formuladas el retraso de un mes, esta vez, en la presentación de las cuentas, creemos que carece de importancia si se tiene en cuenta que si en septiembre no fueron presentadas, como es preceptivo, al Tribunal de Cuentas sí lo habían sido puntualmente en junio a las Cortes de Castilla-La Mancha, debiéndose el aludido retraso a un simple error administrativo.
Respecto a las modificaciones existentes, éstas se producen como consecuencia de las incorporaciones de créditos provenientes del Estado.
Quiero también aclarar que en la presentación de la documentación relativa al Consejo de la Juventud al Tribunal de Cuentas para su fiscalización ha intervenido exclusivamente el propio ente y no la Administración regional.
Quisiera finalmente hacer unas referencias y aclaraciones generales como indicadores añadidos de la gestión del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El principio de justificación técnica y objetiva en la contratación siempre ha sido avalado por los correspondientes servicios técnicos de los órganos contratantes. Castilla-La Mancha, tal como ha indicado la señora Presidenta, había procedido ya en este ejercicio a la actualización y perfeccionamiento de los sistemas contables con la implantación del Plan General de Contabilidad Pública, a diferencia del resto de las comunidades autónomas. La carga financiera de Castilla-La Mancha, como también ha quedado reseñado, es la más baja de toda España: un 3 por ciento, frente al límite máximo legal del 25 por ciento.
Finalmente, Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con menor grado de modificaciones presupuestarias, lo que permite la mayor correspondencia entre el presupuesto aprobado y ejecutado, como queda también evidenciado en el informe.
Nada más, señor Presidente; éstas son las aportaciones que quería hacer en mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, señorías, en primer lugar, una doble felicitación a la Presidenta por el esfuerzo de síntesis que ha hecho en este debate, felicitación que considero de justicia hacer extensiva a los servicios del Tribunal de

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Cuentas que han participado en la elaboración de los informes que ahora tenemos ante nosotros.
Me gustaría simplemente hacer una consideración sobre este debate, que empieza a parecer, después de tanta intervención, un poco desmesurado. Ha sido a propuesta del Grupo Popular el que se haya discutido una por una las cuentas de las comunidades autónomas en las sesiones de esta Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Sin duda, ya estaremos a tiempo de buscar las fórmulas más eficaces para evitar referencias que puedan molestar precisamente a los señores proponentes de este método de discusión.
Voy a hacer ya alguna referencia concreta al informe sobre la cuenta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que soy Senador en representación de la Comunidad. Tres datos llaman poderosamente la atención sobre este informe. En primer lugar, el elevado déficit de la Comunidad de Castilla y León: más de 31.000 millones de pesetas, para un presupuesto más bien escaso. En segundo lugar, el no menos elevado porcentaje de modificaciones de crédito, el 48 por ciento. Estos dos datos están conectados de alguna forma. Porque, en contra del criterio del Tribunal de Cuentas, que se supone, de acuerdo con los principios generales de contabilidad, que el endeudamiento genera ingresos cuando se formaliza y dispone, la Junta de Castilla y León --como, al parecer, otros gobiernos de comunidades autónomas-- está acumulando la práctica de reconocer derechos, con la simple formalización amparada en la delegación en favor del consejero de turno --en este caso el Consejero de Economía y Hacienda-- de la autorización legislativa del endeudamiento, lo que convierte esta autorización en permanente y sobrevalora los remanentes de tesorería que se van incorporando en sucesivos ejercicios y van generando estas modificaciones de crédito tan cuantiosas. Lo que ocurre es que en Castilla y León hemos llegado ya a una situación límite en torno a esta acumulación de reconocimiento de derechos con simple formalización de emisiones de deuda, porque la Junta de Castilla y León ha dejado pasar los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y los propios de la Ley de Hacienda de la Comunidad, que establecen una vigencia máxima de dos ejercicios para las autorizaciones de endeudamiento, y en estos momentos ha dejado caducar las autorizaciones de endeudamiento de los años 1990, 1991 y 1992, con lo cual se ha producido una situación en la que han caducado, teóricamente, ingresos por valor de 51.000 millones de pesetas, según un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que, lógicamente, deben tener una necesaria regularización contable.
Después de esta exposición, le formularé una primera pregunta a la Presidenta del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo debe producirse, según su criterio, esta regularización contable cuando derechos considerados como ingresos en las liquidaciones de presupuestos de las comunidades autónomas, por la simple formalización de autorizaciones para emitir deuda --cuando la deuda luego no se emite--, ¿cómo es posible que se regularice la situación contable de esta comunidad autónoma --en este caso de la mía, pero probablemente haya alguna más--, que supone un desfase tan importante? Estamos hablando de cifras que suponen más del 20 por ciento del presupuesto de la comunidad autónoma.
Una segunda pregunta vinculada a un dato --el tercero--, que me parece el más importante del informe. En el informe se reconoce cómo la Junta de Castilla y León hace un uso abusivo de las adjudicaciones directas, pero con la peculiaridad de que en el informe de la Comunidad de Castilla y León las adjudicaciones directas obtienen bajas que están en torno al 3 ó 4 por ciento de lo que era la primitiva consignación presupuestaria, mientras que las bajas obtenidas en subasta son del 14 por ciento. Esto supone --en términos del propio informe del Tribunal-- la escasa economía, la gestión de los fondos públicos conseguida mediante la utilización del sistema de adjudicación directa.
En Castilla y León --comparando los informes de los años 1990 y 1989-- se ve cómo se van incrementando las bajas obtenidas en las subastas, mientras que disminuyen, año a año, las bajas obtenidas en los contratos por el sistema de adjudicación directa. ¿Esta es una situación que se va a generalizar en el conjunto de las comunidades autónomas? ¿Se observa que en todas las comunidades autónomas las adjudicaciones directas producen bajas llamativamente menos sustanciosas que las de las subastas o es más bien un dato peculiar de una comunidad autónoma en la que se utiliza la adjudicación directa, al parecer de manera un tanto abusiva?

El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a doña Dolores Sánchez para formular las preguntas referidas a la Comunidad Autónoma de Extremadura, quiero poner en conocimiento de todos los miembros de la Comisión que en su momento, en la tramitación de la Cuenta de 1990, la Mesa de esta Comisión entendía que no deberían tratarse, y por tanto comparecer la Presidenta o Presidente del Tribunal de Cuentas para informar sobre ellos, los informes de fiscalización hechos por el Tribunal a aquellas comunidades que no tienen órganos de fiscalización propios, y lo entendía así en el sentido de que, de producirse este debate, iba a ser incompleto, puesto que, efectivamente, los informes de las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia y Canarias, efectuados por sus órganos fiscalizadores, también entran en la Comisión, pero no se debaten ni, por tanto, se producen intervenciones en uno u otro sentido. Esta apreciación de la Mesa no fue entendida así por algún miembro parlamentario, que recurrió a la Mesa del Congreso, la cual manifestó a la Mesa de la Comisión Mixta, a este Presidente, que si algún grupo lo requería tenía que producirse el debate consiguiente de los informes efectuados por el Tribunal a estas comunidades autónomas, razón por la que se está produciendo este debate, que, como ha manifestado el señor Granado, resulta largo y a veces sin consecuencias, puesto que, efectivamente, las resoluciones, en caso de producirse, se producirán en las asambleas legislativas correspondientes.


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Sin más, paso la palabra a doña Dolores Sánchez Díaz, que, a su criterio, formulará las preguntas con respecto a la fiscalización de Extremadura.


La señora SANCHEZ DIAZ: En primer lugar, quiero felicitar a la Presidenta del Tribunal de Cuentas, a la que deseo los mayores éxitos en su gestión al frente de la institución.
Para mí es importante tratar dos o tres puntos que ha mencionado la señora Presidenta, puesto que es necesario aclararlos. Al mismo tiempo, quiero referirme a algún punto concreto relativo a Extremadura, defendido por el Partido Popular.
Como primer punto, debo poner de manifiesto la valoración positiva del trabajo de seguimiento, asesoramiento y ayuda que me consta que está realizando el Tribunal de Cuentas con la Comunidad Autónoma de Extremadura y la buena disposición que existe en los servicios de Intervención General de la Comunidad, que están repercutiendo en la mejora de las cuentas año tras año y, pese a que hoy estamos valorando las cuentas de 1991 --sólo a seis meses de la valoración de las cuentas del año 1990--, será en las cuentas posteriores --años 1992 y 1993, principalmente-- donde se van a poder contrastar los logros conseguidos, debido a la buena voluntad de ambas instituciones.
Voy a hacer referencia a tres o cuatro puntos que si no se aclaran pueden quedar dudosos. Con referencia a la empresa Artes Populares, donde bien decía la Presidenta del Tribunal que no se rendían cuentas, tengo que decir que esta empresa se creó en 1989 con un capital suscrito de 12 millones y en el que la Comunidad Autónoma de Extremadura participa en el 60 por ciento. En esta empresa no ha habido gastos, ni ingresos ni actividad ninguna; los 12 millones están íntegros en una cuenta corriente y la Consejería de Economía y Hacienda está en vías de disolución de dicha empresa.
También es importante aclarar aquí la cuestión de nóminas. La Consejería de Economía y Hacienda, junto con todas las Consejerías de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha tenido una preocupación constante por llevar a cabo una aplicación informática diferente. Existían diferencias en la aplicación informática de 1991, pero en 1992, con la implantación de una nueva aplicación, se han venido a solucionar la mayor parte de los problemas. Así, la nómina se fiscaliza en tres momento distintos: primero, mediante la comprobación de la ficha de incidencia antes de entrar en la nómina; segundo, en el momento de la propuesta de pago, y, tercero, a la hora de efectuar el pago material, que permite los cuadres entre las tesorerías de las distintas consejerías proponentes. Luego el problema, que efectivamente existía, se está corrigiendo y allí todo el mundo está muy contento con los logros conseguidos con respecto a este punto, que nos preocupaba.
Con respecto a los avales, se hablaba de si había un adecuado seguimiento. Precisamente la diferencia existente en cuanto a la valoración del riesgo asumido es consecuencia en gran parte de los distintos momentos en que se obtiene la información de las entidades financieras por parte del Tribunal de Cuentas y la información que obtienen de las comunidades. Con respecto a los avales concedidos con anterioridad al año 1990, se están terminando los trabajos de actualización y puesta al día, sin que existan discrepancias con el Tribunal en cuanto a los avales concedidos en 1990 y 1991 y, por supuesto, la comunidad siempre ejercita las acciones legales pertinentes para que puedan ser satisfechos los derechos que tiene dicha comunidad.
Hay un punto en el que sí quiero hacer una aclaración al ser una especie no de contencioso, pero sí de discrepancia que mantienen todas las comunidades autónomas con el Tribunal de Cuentas, y es el referido a lo que se conoce como reconocimiento de derechos y financiación de corporaciones, o también como modificación de créditos importantes, de remanentes, en una palabra, en términos más vulgares. Como hasta ahora ha existido una tradicional discrepancia de criterios entre el Tribunal de Cuentas y las comunidades autónomas, para poder entender el criterio que mantiene concretamente mi comunidad autónoma es bueno tener en cuenta, por ejemplo, la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que obliga a la incorporación automática de los créditos no obligados, y como para efectuar esta incorporación solamente caben dos fórmulas de financiación (bien reconociendo los derechos pendientes y cobros y financiando con remanentes de tesorería o bien considerando una mayor previsión de ingresos en el ejercicio corriente), mucha más razón para aplicar una de las dos opciones que se tienen para los fondos europeos, en los que las posibilidades de incorporación alcanzan los cinco años. No obstante, se puede ver claramente la neutralidad de los efectos financieros al utilizar cualquiera de los dos sistemas, y me consta que, tras largas conversaciones del Interventor General de la comunidad con el Tribunal, últimamente se está utilizando el segundo criterio: la incorporación de nuevos créditos. Pero en ningún momento falta ninguna peseta ni nada por el estilo.
También es importante resaltar con respecto a lo que el señor Utrera decía en relación con Extremadura --no sé si se confundió de comunidad o no, pero sí que estoy de acuerdo con él cuando habla de modificación del presupuesto--, que en el capítulo 6, en el año 1991, hay una partida que se pasa a gastos corrientes, concretamente al capítulo 1, debido a que había muchos centros de salud y de ancianos ya construidos, y como no se había presupuestado para el personal que tenía que trabajar allí --todos sabemos, como políticos, que a veces hacemos muchos edificios, pero luego hay que mantenerlos--, fue necesario aumentar el capítulo de personal.
Así sucedió en ese caso concreto.
Para terminar, simplemente quería transmitir lo que me ha expresado la Junta de Extremadura, con la que he estado en contacto este fin de semana, y es su plena disponibilidad para colaborar e intentar mejorar, en todo lo posible, los errores que se puedan cometer.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garcías Coll.


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El señor GARCIAS COLL: Agradecemos la comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas, a quien queremos felicitar por su nombramiento.
Como senador por la Comunidad Autónoma de Baleares, o mejor dicho por Mallorca, cuando uno se plantea la lectura del informe de 1991 lo único que se le ocurre es repetir que es la misma lectura del informe de 1990.
He encontrado muy pocas diferencias entre los dos informes, y la primera pregunta que haría a la Presidenta, puesto que no he conseguido encontrarlo, es si ha habido alguna mejora en toda la ejecución presupuestaria del año 1991 con respecto a 1990. La verdad es que he intentado encontrar alguna mejora, pero no lo he conseguido.
Mi comunidad autónoma tiene un elevado déficit y cuenta con unas modificaciones de crédito también muy elevadas (un 57 por ciento), pero yo destacaría como tema importante, tal y como decía el año pasado con palabras de la calle, que es la comunidad autónoma campeona --este año creo que vuelve a tener el mismo trato y no he oído que la Presidenta lo haya destacado-- en contratación directa. De 37 contratos examinados, tres fueron por adjudicación mediante subasta, dos por concurso y 32 por contratación directa. Y en las contrataciones mediante subasta, hubo una rebaja de 250 millones de pesetas, más de un 10 por ciento en cada una.
En la contratación directa hubo un cero por ciento de rebaja. Por tanto, como bien dice el Tribunal, en la gestión existe una deficiencia al no beneficiar a la comunidad autónoma.
Otra pregunta para mí interesante se refiere a cuando la Presidenta ha señalado que existe una deuda viva de 22.000 millones de pesetas. En el informe del Tribunal de Cuentas se dice que los entes públicos tienen una deuda de 10.000 millones de pesetas y en algún apartado se refleja que esa deuda tendría que contabilizarse como deuda de la comunidad. Cuando la Presidenta ha planteado los 22.000 millones de pesetas, ¿esa cantidad engloba los 10.000 millones o no están sumados?, porque no queda claro si están contenidos o no estos 10.000 millones.
Como bien señala el informe, las empresas y entes públicos pasarán por grandes dificultades en nuestra comunidad, por lo que pediría, como lo han hecho otros Senadores, que la mejora año a año pudiese ser más cuantificada y que los miembros de esta Comisión tengamos más conocimiento de ello, porque cuando leemos el informe año tras año, hacemos un ejercicio ineficaz, ya que no conseguimos evaluar qué mejoras se introducen y qué voluntad hay por parte de las comunidades autónomas para introducir estas mejoras. Incluso por lo que se refiere a nuestra comunidad han copiado la misma alegación que presentaron el año pasado.
Hay una problemática en todo el tema referido a la contabilidad: sigue manteniendo que es un sistema contable descentralizado, por lo que no varían su tratamiento tendente a mejorarlo, como demanda el mismo Tribunal de Cuentas.


El señor PRESIDENTE: El señor García Ronda tiene la palabra para formular las alegaciones pertinentes con respecto a Murcia y La Rioja.


El señor GARCIA RONDA: En primer lugar deseo felicitar a la Presidenta del Tribunal de Cuentas por su elección, transmitirle el ánimo para los duros años de trabajo, nada fácil, que le aguardan y agradecer su presencia en esta que se avizora larguísima Comisión.
Voy a ser muy breve porque, como nos ha recordado el señor Presidente, las resoluciones verdaderamente eficaces y ejecutivas las tomarán las mismas comunidades autónomas. Por nuestra parte, por esa cuestión procesal que no pudimos evitar, tenemos que estar interesados en lo que ha pasado en cada comunidad, por supuesto, y tener la cortesía parlamentaria de intervenir.
En cuanto a la comunidad de La Rioja, pienso que no hay grandes deficiencias puestas de relieve en el informe. Por otro lado, hay muchas adaptaciones ya efectuadas por esta comunidad, en el sentido de las recomendaciones, que se hacen a partir del informe de 1991. Por ejemplo, tenemos la implantación del Plan General de Contabilidad Pública, por una orden de la Consejería de Hacienda de La Rioja de 11 de diciembre de 1992; también hay cuestiones de medidas que se han tomado para el registro de operaciones de tesorería en 1992; un decreto de diciembre de 1993 hace alusión en el mismo sentido que pide el Tribunal de Cuentas con referencia a las subvenciones para controlarlas adecuadamente; por otro lado, toma medidas de ajuste en 1992 y 1993 con respecto al déficit presupuestario, y con relación a una cuestión de empresa pública, lo que se pide --y ha hecho alusión la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas-- con respecto a la empresa pública Valdezcaray, ya en abril de 1993 se tomó el acuerdo de disminuir el capital social como lo pide la legislación actual y en octubre de 1993 se ejecutó dicha disminución de capital.
En cuanto a los contratos públicos, que con gran generalidad se nos ha dicho que se ha acudido al sistema de concurso, la verdad es que si se miran bien las alegaciones hechas por el Gobierno de La Rioja precisamente al informe del Tribunal de Cuentas, se ve que está bastante justificado el hecho de acudir, con mucha frecuencia, al sistema de concurso o, incluso, a las concesiones directas, debido tanto a la necesidad de rapidez, por una parte, y, por otra parte, de que se hubieran retrasado excesivamente mediante el sistema de subastas determinadas obras de importancia. Esto no obsta para que la idea y la recomendación del Tribunal de Cuentas acerca de dar preferencia al sistema de subasta sea, a nuestro juicio también, la más correcta.
En cuanto a la Comunidad Autónoma de Murcia, he de decir que el día 1 de febrero de este mismo año, si no me equivoco, han sido aprobadas las cuentas de dicha Comunidad del año 1991 y, además, con la anuencia y el voto de la oposición mayoritaria. En este sentido, parece que hay un cierto consenso en esta región de que las cosas se han hecho generalmente bien, lo cual no obsta para que el informe del Tribunal de Cuentas sea algo muy a considerar.
Lo que sí se puede ver es que ha habido una mejora continuada, a lo largo de estos años, en cuanto a todo el control y administración de las cuentas en la Comunidad Autónoma de Murcia, y hay también mejoras concretas, como, por ejemplo, la implantación del Plan General de

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Contabilidad y la contabilización adecuada de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, que no se habían considerado adecuadamente, por lo menos en una parte. Asimismo, la depuración de saldos antiguos, que quienes conocemos las cuestiones contables y de auditoría sabemos que es algo muy trabajoso. Se han depurado hasta el año 1985, inclusive, y se han empezado a depurar ya a partir del año 1986 hasta la fecha.
En cuanto a las autorizaciones de endeudamiento a medio y largo plazo, también se han hecho las consideraciones y las modificaciones que el Tribunal de Cuentas pedía en su informe.
Creo que todo esto puede darnos idea de que en ambas comunidades consideradas, tanto en La Rioja como en Murcia, se siguen las recomendaciones positivas del Tribunal de Cuentas y que se está en un camino de perfeccionar lo que es la administración y el control de las cuentas de esas comunidades.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Por último, por la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Pérez tiene la palabra.


El señor PEREZ GONZALEZ: En primer lugar, como el resto de mis compañeros, quiero sumarme al saludo de bienvenida a la señora Presidenta a esta Comisión, manifestando también mi voluntad de cumplir en tiempo y forma con la Presidencia en la ordenación del debate.
Entrando ya en las consideraciones que hace el Tribunal sobre esta Comunidad, quiero manifestar que esta presentación por vez primera, de forma agregada, en un panel comparativo es de gran utilidad, y aunque comparto el criterio de que no tiene por qué ser absolutamente homogénea, creo que permite comparaciones.
Particularmente, la Comunidad de Madrid es la primera por volumen de recursos, por lo que, posiblemente, las cifras que presentaba la señora Presidenta sean las mayores. Como también aportaba cifras relativas, aquí es donde cobra la verdadera dimensión y donde yo manifiesto mi moderada satisfacción por el grado de cumplimiento, en casi todos los epígrafes subrayados por la señora Presidenta, de la Comunidad de Madrid, quizá, particularmente, el cumplimiento presupuestario de los gastos, con una desviación en modificaciones e incorporaciones de crédito de sólo el 12 por ciento. También ponía de manifiesto que el presupuesto se aprobó ya en el mes de diciembre de 1991; por tanto, es un presupuesto prorrogado y por ello tiene más facilidades en la contención del gasto. Me congratulo particularmente. Otro motivo de satisfacción para mí es el volumen de alegaciones que presenta la Comunidad a requerimiento del Tribunal, su voluntad manifiesta de colaboración y la aceptación de gran parte de las recomendaciones que en años posteriores se ven resueltas.
Como no quiero abundar más y extenderme sobre el aprobado de la Comunidad de Madrid, termino mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a las diferentes intervenciones, tanto sobre la cuenta del Estado como de las comunidades autónomas, tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Comenzaré contestando al señor González, que ha hecho un reconocimiento inicial de que la mayor parte de los problemas de las comunidades autónomas son tratados en las asambleas legislativas correspondientes. Esto creo que no se nos escapa a ninguno de los aquí presentes. Si ustedes creen oportuno que se haga un pequeño debate sobre la situación de las comunidades autónomas, al margen de que se aprueben los informes en las asambleas legislativas correspondientes, estamos a su disposición, y con mucho gusto, en la medida que pueda, responderé a lo que se me ha preguntado.
En cuanto a Aragón y Cantabria, que a usted le preocupaban especialmente, si quiere información sobre motivos de hechos que se recogen en los informes o sobre cuestiones que no están expresamente indicadas, puede dirigirse por escrito al Tribunal para que haga las aclaraciones pertinentes, en la medida en que el mismo esté en condiciones de hacerlas. Esta invitación la hago extensiva a todos los que han participado en el debate y han hecho algunas preguntas, ya que ustedes comprenderán que en este momento no estoy en condiciones de poder responderlas.
Por lo que se refiere a la fiscalización de Cantabria, a la cual han hecho alusión dos señores parlamentarios, debo decir que la misma es exclusivamente sobre la contratación administrativa. Que yo sepa, ya se ha visitado esa Comunidad, donde han estado durante bastante tiempo equipos de fiscalización y han regresado con carácter definitivo hará dos o tres meses. Se están contrastando las informaciones que se han traído, se están completando y se está procediendo a la redacción de un informe.
No puedo darles una fecha porque no he hablado con los responsables del departamento correspondiente, pero en el transcurso de este año estará presentado en la Cámara.
En cuanto a algunas fiscalizaciones especiales que el señor González dice que está dispuesto a solicitar, todas las que haga esta Cámara el Tribunal estará dispuesto a resolver cuando se lo permitan los compromisos ineludibles que tiene que atender, como son los informes anuales que ha de realizar y que tienen plazo.
El señor Camisón ha hecho una descripción exhaustiva y muy bien argumentada de todos los problemas que observa en el funcionamiento de la anterior Dirección General de Correos y Telégrafos, hoy organismo autónomo. Efectivamente, la deuda de la Dirección General de Correos, que está sin imputar al presupuesto, es de 97.468 millones de pesetas, y tenemos el problema sobre cuál es su situación dada la conversión en organismo autónomo de correos y telégrafos.
Las alegaciones se refieren a que estas cuestiones pendientes se han corregido en el ejercicio de 1993, que es el que en estos momentos está en proceso de fiscalización en el Tribunal de Cuentas. Tenemos que hacer un acto de fe y aceptar que se están corrigiendo estas situaciones pendientes de imputación por esa cifra que, como muy bien decía usted, ronda los cien mil millones en el informe de 1993.


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En la página 159 del informe anual que hoy se presenta, se dice por parte del departamento correspondiente que ha hecho esta fiscalización que se está analizando la posible existencia de indicios de responsabilidad contable. Por tanto, tal como se funciona departamentalmente en el Tribunal, sería el departamento II responsable de este tema el que, en su caso, si ve que esos indicios que le hacen estudiar el problema tienen materialidad suficiente, lo pasará a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal.
Sobre los temas de comunidades autónomas que me han planteado sucesivamente el señor Utrera y los demás señores Diputados que para distintas causas han intervenido, espero que comprendan que no respondo uno a uno porque proceder a un debate paralelo sería tremendamente largo, no porque no sea interesante sino porque pienso que todos estos debates tienen un término que, si no lo ponemos nosotros, lo fijará el cansancio, el agotamiento o la monotonía de las respuestas.
En todo caso, debo decir que algunas de las preguntas no las puedo contestar en este momento pero que si se formulan por escrito el Tribunal responderá. Por ejemplo, cuando el señor Alegre habla de un contrato pintoresco sobre la televisión de Aragón. En este momento yo sólo puedo responder lo que figura en el informe. Habría que analizarlo y, por supuesto, lo haría el departamento correspondiente. Si ustedes tienen interés en ello, díganlo.
Por otra parte, sus intervenciones son muy distintas, porque dependen del talante de cada uno y de la forma en que contemplan la situación de cada comunidad autónoma. También debo decir que es distinta la actitud receptiva frente al Tribunal de las distintas comunidades. Hasta mí ha llegado información del consejero correspondiente, en el sentido de tener excelente relación con ciertas comunidades. Ustedes han puesto ejemplos y no me parece bien que yo cite una. Me refiero a la relación con el Tribunal y no a la perfección en el rendimiento de las cuentas. Por ejemplo, lo he oído en múltiples ocasiones en el Pleno --y por tanto lo puedo repetir aquí-- respecto a la Comunidad de Murcia, la cual siempre informa al consejero, una vez que se ha aprobado la cuenta y le expresa su satisfacción, etcétera. Son situaciones de distinta sensibilidad frente a los informes del Tribunal. He tenido aquí la sensación de que no se hace caso a los informes en las distintas comunidades, o de que no tienen el eco o la repercusión debidos. El Tribunal cumple con su función elaborando los informes. La tarea política de que esos informes sean debatidos y sean puestas en práctica las correcciones les corresponden a los políticos. Al Tribunal de Cuentas ustedes le deben pedir que los informes estén a tiempo, que estén bien hechos, que no haya lagunas, que no haya imperfecciones, pero, por favor, no nos pidan ser responsables de la actividad política, porque no ha de ser ésa nuestra tarea.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero recordar a los diferentes grupos que tienen que comunicar quiénes serán los ponentes para emitir el informe relativo a la cuenta de 1991.
Asimismo, quiero recordar que cualquier aclaración, tal como ha expresado la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, que deseen sobre algún aspecto particular o concreto de alguna de las fiscalizaciones de las comunidades autónomas, pueden formularla en la correspondiente pregunta, que será cursada a través de esta Presidencia. (El señor Utrera Mora pide la palabra.) Señor Utrera, ¿a qué efectos pide la palabra?

El señor UTRERA MORA: Señor Presidente, ¿no hay un turno ahora de intervenciones?

El señor PRESIDENTE: No, señor Utrera. Ha habido unas manifestaciones, unas solicitudes de aclaración, y la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas ha manifestado la imposibilidad de ir respondiendo a las diferentes preguntas formuladas. En todo caso, reitero el ofrecimiento de que puedan ser aclaradas mediante respuesta a una solicitud por escrito.
Además, este tema ha sido más que debatido y expuesto.


--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DE LA GESTION DE LOS TRIBUNALES ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS, REFERIDO A LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1992. (Número de expediente Congreso: 251/000049.) (Número de expediente Senado: 771/000049.)

El señor PRESIDENTE: Por tanto, pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la presentación del informe relativo a diversos aspectos de la gestión de los tribunales económico-administrativos de los ejercicios de 1989 a 1992. A estos efectos, tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): La fiscalización de los tribunales económico-administrativos ha perseguido dos objetivos fundamentales: por un lado, analizar la eficacia de los tribunales económico-administrativos en la planificación y consecución de sus objetivos y, por otro, verificar la eficacia de su gestión en el manejo de los medios utilizados para alcanzar esos objetivos. La fiscalización se encuadra dentro del tipo de los llamados informes operativos o de gestión. Adicionalmente, se han examinado también aspectos de regularidad, relativos al cumplimiento de los preceptos legales y reglamentarios que rigen el procedimiento económico-administrativo y a la gestión presupuestaria y contractual. En este último campo la fiscalización se ha ceñido al reducido ámbito de competencias que ostentan los tribunales económico-administrativos, ya que, por lo que se refiere a su gestión económico-financiera, los tribunales económico-administrativos se encuentran integrados en la estructura de la Administración Central del Estado, por lo que carecen de competencias en cuanto a la elaboración de estados financieros o de nóminas sobre la aprobación de gastos o sobre la formalización de contratos, por citar los más importantes.


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Se trata de una fiscalización del Tribunal de Cuentas cuyo objetivo fundamental es el análisis de la gestión del organismo, esto es, de la eficacia y la eficiencia de su actuación, que es uno de los objetivos que tenemos asignados en el ordenamiento jurídico al Tribunal de Cuentas. Los resultados de la fiscalización que se exponen en el informe ponen de manifiesto la existencia de importantes deficiencias en la planificación y gestión de los tribunales económico-administrativos. Sin embargo, tengo que advertir que, como sucede en todas las fiscalizaciones de gestión, las conclusiones de este informe tienen cierto componente subjetivo. Los juicios valorativos que en él se formulan se apoyan, no obstante, en la realización de las pruebas y procedimientos convencionalmente aceptados en auditoría para describir con la mayor objetividad posible la situación del sujeto fiscalizado.
En cualquier caso, a la hora de interpretar las conclusiones del informe debe tenerse presente que se analizan en el mismo aspectos de la gestión económico-financiera del sector público que son una preocupación creciente de la Administración, y que por ese motivo las deficiencias detectadas en la gestión de los tribunales económicoadministrativos también pudieran encontrarse en otros ámbitos del sector público. El posible carácter general de muchos de los defectos encontrados en los tribunales económico-administrativos no debe impedir que el informe los señale con rigor en el contexto de la fiscalización que se ha practicado.
Esta parece ser, por otra parte, la vía más conveniente para facilitar la corrección de estas deficiencias.
Por último, muy brevemente, les llamo la atención sobre el capítulo de recomendaciones en el que se incluyen varias propuestas formuladas por el Tribunal para corregir las deficiencias coyunturales de la gestión de los tribunales económico-administrativos, junto a determinadas reflexiones sobre la configuración legal del procedimiento. Estas últimas pueden resultar de especial interés para los titulares de la iniciativa legislativa en cuanto sugieren algunas posibles modificaciones de la normativa vigente que, en opinión del Tribunal de Cuentas, podrían mejorar el cumplimiento de los principios generales que rigen los procedimientos administrativos como son los de legalidad, justicia, igualdad y seguridad jurídica.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en relación con este punto del orden del día? (Pausa.) El señor Camisón tiene la palabra.


El señor CAMISON ASENSIO: Señora Presidenta, esta fiscalización de los tribunales económico-administrativos tiene mucha tela que cortar, pero yo soy consciente de lo denso del orden del día de hoy y voy a intentar colaborar en aligerar al máximo mi intervención, dejando parte de esa tela sin cortar, porque, además, hoy es su bautizo en esta Comisión y me da la impresión de que estamos abusando. Por tanto, voy a intentar, repito, ser lo más breve posible.
Para nosotros ha constituido una gran satisfacción --puesto que, como Grupo Parlamentario, vienen bastantes administrados a contarnos los problemas de sus recursos-- contrastar que la impresión que tenemos de ese contacto coincide bastante con lo que se expresa en este informe de fiscalización. Comprobamos que, efectivamente, las funciones de planificación presentan deficiencias; estos tribunales no han definido correctamente los objetivos; se puede medir el deficiente funcionamiento de alguno de los mecanismos legales, sobre todo de control, y se aprecia la descoordinación en algunos aspectos. Lo mismo puede decirse respecto al grado de eficacia, que es insatisfactorio. En el mismo informe queda patentemente claro que estos tribunales no son mejores a final de 1992 que en 1988, sino todo lo contrario. Luego, va empeorando su situación.
Esto, a pesar de que creo que se habían tomado algunas medidas para intentar mejorar este funcionamiento.
En el caso de la eficiencia estamos en una situación parecida, ya que el incremento de los recursos presupuestarios no ha mejorado la productividad y el aumento sostenido del indicador del coste se sigue disparando; en el tiempo que estamos analizando se ha multiplicado, nada más y nada menos, que por dos y medio. A conclusiones semejantes llegaríamos, si tuviéramos tiempo de analizarlo, en cuanto a la eficiencia específica del sector trabajo.
En consecuencia, estamos de acuerdo con el núcleo fundamental de las conclusiones del Tribunal cuando dice que la situación es difícil y que, por tanto, ha llegado el momento de tomar medidas urgentes, creemos que en dos direcciones: unas, de tipo coyuntural para aquellos problemas más acuciantes y, otras, de tipo estructural, para intentar por todos los medios arreglar los problemas de estructuración de estos tribunales. En esa dirección van a ir nuestras propuestas de resolución a este informe de fiscalización.
Esto es todo lo que tengo que decirle, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camisón por su brevedad y concisión.
Tiene la palabra el señor García Ronda.


El señor GARCIA RONDA: En primer lugar, he de decir que es un buen informe, un informe muy interesante, porque toca aspectos que no son muy habituales, mucho menos referidos a un organismo de la Administración.
Hay sugerencias para ese importante organismo de la Administración y es muy interesante que leamos en profundidad no sólo el informe, sino también las propias alegaciones que hace el propio tribunal económico-administrativo. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, lo completa. En una cuestión tan ardua como ésta no hay Tribunal de Cuentas que pueda abarcarlo todo adecuadamente. Sin embargo, vuelvo a decir que me parece que es un documento de trabajo muy notable.
Dejo una cuestión a la consideración de la Presidencia del Tribunal. A mi juicio, hay una insuficiencia puesta de relieve de aspectos cualitativos, fijándose mucho en los aspectos cuantitativos a la hora de considerar las estadísticas para juzgar la mayor o menor bondad del trabajo de los tribunales económico-administrativos. Creo que habría que

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profundizar más en esos aspectos cualitativos; ya sé que es mucho más difícil porque implican criterios no contrastados en muchas ocasiones. No se trata de medir solamente, sino de poner de relieve criterios que tienen que ver con la política de los tribunales económico-administrativos, de sus programas y de su funcionamiento como tal, independientemente de, como digo, aspectos estrictamente cuantitativos.
También hay que poner de relieve que los cambios efectuados en el sistema de estos tribunales han tenido que influir notablemente en una falta de mejora o incluso, en ocasiones, en un empeoramiento de su funcionamiento.
Por ejemplo, no es banal convertir a los tribunales en regionales habiendo sido provinciales. Todo esto lleva a una complejidad que sin duda se pone de relieve en el funcionamiento cotidiano y, desde luego, en el informe.
En ocasiones también --y esto entronca con esa consideración cualitativa que he dicho-- las reclamaciones que se efectúan a los tribunales son masivas debido a que en determinados momentos hay modificaciones legislativas de tipo tributario que hacen que un número alto de ciudadanos vayan a reclamar con mayor o menor razón, lo que indudablemente carga a los tribunales, aunque ello no debe ser obstáculo para que trabajen adecuadamente o se les dote de los medios precisos.
Cuando el Tribunal alude a una necesidad de mejora en su informatización, creo que en las alegaciones no está contestado porque supongo que los tribunales están deseando tener mayor capacidad informática para poder trabajar adecuadamente, pero sí se pone de relieve que desde 1992 ha habido inversiones en ese terreno y así se hará notar por el Tribunal de Cuentas en los informes que redacte para los próximos años.
Quería referirme a algo que es importante. En la página 111 del informe se habla de la responsabilidad del presidente de cada tribunal económico-administrativo, aludiendo a tres asuntos sobre los que invitaría a profundizar. La redistribución de medios de que dispone cada tribunal económico-administrativo, el reparto de asuntos --en definitiva, el reparto de trabajo-- y la definición de criterios de asignación del complemento de productividad a su personal, cuestión nada banal, desde luego.
También hay otros aspectos que quiero poner de relieve porque son importantes y nuestro Grupo va a ayudar a los tribunales económico-administrativos en el sentido en que el Tribunal de Cuentas pide. La modificación normativa para que el plazo máximo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa sea de seis meses, creo que es enormemente interesante porque obligaría a una velocidad mayor. También está la consideración, en los puntos 6º.9 y 6º.10, de no mantener el mismo proceso rutinario y exacto para todos los asuntos que van a los tribunales económico-administrativos. Creo que los asuntos son distintos tanto en cuantía como en cualidad y, desde luego, hay que considerarlos así a la hora de tratar de resolverlos. Llevarlos a procesos muy largos de nada sirve porque en ocasiones los tribunales económico-administrativos se cargan de pequeños asuntillos que les llevan el mismo tiempo que los grandes asuntos. Está muy bien apuntada en el informe del Tribunal de Cuentas esta necesidad de modificación de reglamentación legislativa, etcétera, la que haga falta, para llegar a esta consideración que pide.
Por nuestra parte, incidiríamos en un asunto. Hasta qué punto sería conveniente que el Tribunal profundizara en el peso de la productividad de los funcionarios --del trabajo, por decirlo así-- en los tribunales económico-administrativos. Nosotros presentaremos propuestas de resolución con el objeto de mejorar este importante servicio y siguiendo la línea que marca el Tribunal de Cuentas en su informe, que nos parece enormemente positivo.


El señor PRESIDENTE: La señora Presidenta del Tribunal tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Agradezco mucho, tanto al señor Camisón como al señor García Ronda, la interpretación que dan del esfuerzo que realmente ha hecho el Tribunal de Cuentas para dar normas o insinuar, mejor dicho, procedimientos tanto coyunturales como estructurales que pudieran llegar a aumentar la eficacia de los tribunales económico-administrativos. En este sentido, les manifiesto a ustedes la satisfacción, en nombre del Tribunal, por esta recepción por parte de ambos intervinientes, reconociendo que es un informe que se preocupa de aspectos particulares cuyo funcionamiento se ha analizado, y se dan propuestas para su mejora en el funcionamiento futuro.


--INFORME DE FISCALIZACION SOBRE FOMENTO DE COMERCIO EXTERIOR (FOCOEX, S.
A.). (Número de expediente Congreso, 251/000051.) (Número de expediente Senado, 771/000050.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto señalado en el orden del día como número 3, que se refiere al informe de fiscalización sobre Fomento de Comercio Exterior, Sociedad Anónima.
Tiene la palabra la señora Presidenta para presentar el informe.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Focoex es una sociedad estatal de las previstas en el artículo 6.1,a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. El capital, más reservas de la sociedad, era, al término del período fiscalizado, diciembre de 1992, de 3.495,8 millones de pesetas. Los resultados de la sociedad durante los dos ejercicios fiscalizados han sido de 146,5 millones, en 1991 y de 270,7 millones de pesetas, en 1992, lo que significa unos rendimientos sobre fondos propios del 4,2 y del 7,8 por ciento respectivamente.
Los accionistas de la sociedad Focoex son: el Instituto de Comercio Exterior, con un 60,6 por ciento del capital social; el Banco Exterior de España, con el 23,6 por ciento; y Teneo, Sociedad Anónima, con el 15,8 por ciento, INI en el primer año de los fiscalizados.


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El objeto social es la realización de cualquier actividad de comercio exterior, dedicando una especial atención a las operaciones que le encomienden las autoridades comerciales y los órganos gestores del sector público; es, en definitiva, un instrumento para la ejecución de la política comercial pública.
En la práctica, la empresa ha orientado la mayor parte de sus actividades a la exportación a países en vías de desarrollo que, según acuerdos internacionales, pueden recibir ayudas oficiales para cooperar en la financiación de su comercio exterior, resultando el importador extranjero ser un organismo o entidad pública o tutelada por el Estado.
Las ayudas oficiales privilegiadas para el fomento de las exportaciones se concretan en las siguientes modalidades financieras, y se destinan a operaciones en las que el prestatario concentra un riesgo/país elevado.
Se trata, en primer lugar, de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (créditos FAD), que son a largo plazo, de 20 a 30 años, y con intereses muy inferiores a los que rigen en el mercado. Se trata, en segundo lugar, de créditos al comprador, en condiciones OCDE, asegurados por la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación. El Instituto de Crédito Oficial garantiza al Banco financiador un margen diferencial de interés a través de un sistema denominado «de crédito de ajuste recíproco de intereses», y luego está la financiación específica de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
La fiscalización ha estudiado la gestión económico-financiera de la sociedad durante los ejercicios 1991 y 1992. Se han analizado de manera singular las operaciones típicas del tráfico mercantil realizadas por la sociedad como empresa comercial y prestadora de servicios comerciales a comisión. También han sido objeto de atención y verificación de las relaciones con las empresas del grupo y asociadas los gastos de personal y los de servicios exteriores.
Durante el desarrollo de la fiscalización se han observado algunas limitaciones al alcance de la misma, constituidas principalmente por la carencia o la insuficiencia de documentación que obra en la sociedad, por lo que no ha sido posible conocer de una manera suficiente la naturaleza de algunas operaciones de mediación, ni las gestiones realizadas por la sociedad para la selección de sus proveedores o de entidades colaboradoras con su actividad. Por ello, los fiscalizadores no han podido pronunciarse sobre el cumplimiento de los principios de eficiencia y economía en la gestión de las referidas actividades.
Las limitaciones documentales mencionadas se ponen de manifiesto con mayor frecuencia en los aspectos correspondientes a comisiones mercantiles pagadas a mediadores, en la periodificación de los resultados anuales por carencia de una contabilidad analítica y por indeterminación, en ocasiones, del grado de avance de los proyectos en curso, y en la gestión de los denominados gastos locales en el país de destino de la exportación, aunque hay que señalar que en éstos se ha cumplido el límite del 15 por ciento establecido normativamente. Se contrasta que la sociedad ha tratado de manera adecuada los riesgos de cambio deducidos de sus operaciones habituales.
También han sido objeto de análisis detenido las repercusiones financieras de las transmisiones intersocietarias con empresa del grupo, particularmente plusvalías derivadas de compras de acciones entre la matriz y las filiales, la legalidad de algunos gastos de personal, indemnizaciones por despido o dietas dobles en el consejo de administración, la regularidad contable de determinadas operaciones de leasing y la situación de la sociedad ante la Administración tributaria.
En el informe figuran los resultados deducidos de las comprobaciones mencionadas.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el señor González, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, voy a intervenir con absoluta brevedad, telegráficamente y para tomar nota especialmente de algunas de las palabras que ha dicho la Presidenta del Tribunal de Cuentas, que se refieren fundamentalmente a que no ha sido posible conocer la naturaleza de algunas operaciones por la falta de documentación y por ciertas limitaciones. Si esas limitaciones existen y se fundamentan en las conclusiones sexta y séptima, donde se viene a decir que las verificaciones relativas a la presente fiscalización se han llevado a cabo en la sede de Focoex y sobre la documentación aportada por la misma; que existe, a pesar de la colaboración prestada, una importante limitación para el control interno de la gestión; que además, cuando se habla de las comisiones, de la idoneidad en la cuantía de las comisiones y el destino final de las mismas, han sido imposibles de contrastar en los trabajos de verificación realizados, y que, dado el carácter de la entidad, sociedad perteneciente al sector público, la opacidad documental y la carencia de datos aludida impiden verificar la necesidad de las propias comisiones en el origen y buen fin de la operación, ¿qué voy a añadir yo, señor Presidente? Es una constatación. El Tribunal de Cuentas no ha podido, por una serie de limitaciones, llevar adelante una fiscalización como se debiera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: En primer lugar, quiero felicitar a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas por su capacidad de resistencia en este largo orden del día de hoy, más preparado casi para quebrar su ánimo y disuadirla de venir aquí en otras ocasiones que para poder darnos cumplida respuesta a todos de las preguntas que tenemos que realizarle.
Por ese mismo motivo, a pesar de eso y viendo que todavía va soportando esta larga sesión, voy a permitirme hacerle no tantas preguntas como tenía preparadas, pero sí algunas de ellas.
A nosotros nos han llamado mucho la atención las numerosas deficiencias o limitaciones que se han señalado por parte del Tribunal de Cuentas, y, retomando lo que usted hablaba sobre la insuficiencia de documentación que obra en la sociedad, a mí me gustaría preguntarle si usted

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cree que de esa insuficiencia de documentación puede derivarse alguna infracción a la Ley General Tributaria y a la obligación de mantener la custodia de los documentos públicos, porque estamos hablando de los ejercicios 1991 y 1992, y, por tanto, no entendemos cómo es posible que no exista documentación acreditativa de las operaciones en la propia empresa.
Por continuar con el tema de las conclusiones, ustedes, en la cuarta conclusión --voy a intentar ir enumerando las páginas y las conclusiones, porque si no luego dicen que nos inventamos las cosas y esta serie de historias con las que otros nos descalifican--, página 139, señalan expresamente que Focoex subcontrata con un número reducido de empresas importantes volúmenes de negocio. Señala que entre dichas empresas sobresale Eductrade, S. A.; que en el período 1989/1993 se había contratado con ella por un total de 38.016 millones de pesetas, de los cuales corresponden 6.968 y 10.938 millones de pesetas a los ejercicios 1991 y 1992 respectivamente. Ello supone, según dicen a continuación, el 20 por ciento del total de la contratación de la empresa pública. A mí me gustaría preguntarle si existen otras empresas en estas mismas condiciones y qué otras empresas son, porque, al decir que son un número reducido de empresas y sólo hacer referencia a una de ellas, querríamos tener constancia de las demás.
Posteriormente, en el asunto de las limitaciones al control --página 141, conclusión sexta--, se dice que el procedimiento seguido por la entidad y la documentación que de él se deriva ha supuesto una importante limitación para el control externo de gestión, toda vez que no han permitido adquirir constancia de la existencia de concurrencia de que las condiciones en precios y cantidades de los bienes y servicios objeto de exportación se acomodan a los de mercado, ni de que la modalidad de la participación de cada operación responda a criterios económico-financieros previamente fundamentados y adecuados. La fiscalización no ha podido alcanzar a verificar si la actuación de la entidad se ha acomodado a los principios de eficacia y de eficiencia exigibles como sociedad perteneciente al sector público.
Nosotros entendemos, señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, que esto es algo muy grave, máxime si tenemos en cuenta que Focoex ha sido el mayor perceptor de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo; que, además, estos créditos de ayuda al desarrollo, según la legislación que los regula, están sometidos al control y evaluación, y, por tanto, no entendemos cómo si están sometidos a control y evaluación no se ha podido realizar el control externo de la gestión y determinar si los precios se adecuaban al mercado. Hay que tener en cuenta que, además, cuando estamos hablando de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo estamos hablando de operaciones de ayuda oficial al desarrollo para países del Tercer Mundo, y, por consiguiente, entendemos que la concurrencia, los precios y la transparencia es algo exigible a cualquier empresa, y máxime a una empresa como Focoex, que percibe el aval de la Administración por su pertenencia, en el año 1991, al Ministerio de Economía y Hacienda, presidido por el señor Solchaga, y en el año posterior, al Ministerio de Industria y Energía, presidido por el señor Aranzadi.
En la séptima conclusión --página 141-- se dice que en la práctica totalidad de las operaciones en que interviene Focoex como titular se establecen comisiones para terceros por servicios de intermediación. La necesidad, la idoneidad y el destino final de las mismas han resultado imposibles de contrastar. Sólo se ha tenido constancia documental de las cuantías abonadas. Frecuentemente, estas comisiones se cobran en los denominados paraísos fiscales.
A mí me gustaría que nos pudiera ampliar la información de a través de qué paraísos fiscales realiza estos pagos la empresa pública Focoex.
Queremos incidir en este asunto porque, señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, nosotros, en 1992, hicimos una pregunta al Gobierno en la que solicitábamos aclaraciones referentes a 14 pagos de comisiones gestionados por bancos suizos y panameños. La contestación del Ministerio en aquel momento y del Gobierno fue la de que esa información era confidencial, pero que ese pago de comisiones estaba sometido al control del Tribunal de Cuentas. Cuando ahora vemos que no está sometido al Tribunal de Cuentas, lo único que podemos pensar es que, una vez más, el Gobierno ha mentido y, una vez más, el Gobierno nos ha querido engañar.
En este sentido, le preguntaríamos, en referencia a los paraísos fiscales, ya que la empresa pública Focoex creó una empresa filial llamada Fisa Internacional, que domicilió primero en Panamá y luego en Bahamas, si el objeto de esta empresa, dado que en el propio informe del Tribunal de Cuentas se reconoce que no se cumplieron por Fisa Internacional los objetivos que motivaron su creación, era el pago de estas comisiones a través de esta empresa pública.
La misma conclusión, además, dice que la opacidad documental y la carencia de datos aludida impiden verificar la necesidad de las propias comisiones en el origen y buen fin de la operación y, en consecuencia, el adecuado control y evaluación económico-financiera de estas operaciones que corresponde al Tribunal de Cuentas. Además, en la contestación a las alegaciones de Focoex el propio Tribunal de Cuentas dice que empresas como éstas no pueden contar con fondos reservados. Nosotros entendemos que este pago de comisiones, absolutamente secretas, absolutamente ajenas al control parlamentario --no olvidemos que ésta es una empresa pública y que, por tanto, no pertenece a sus directivos sino al conjunto de los españoles--, no puede estar fuera de este control parlamentario ejercido unas veces por el Congreso y otras veces por el Tribunal de Cuentas.
Nos gustaría también que hiciera referencia más concreta a si alguna de las operaciones que se consignan en las conclusiones decimotercera, decimocuarta y decimoquinta, como aquellas que hacen referencia a la contabilización de envíos de fondos a empresas filiales que se contabilizan como inversiones financieras, o los intercambios accionariales que se han producido entre Focoex y la Compañía General de Tabacos de Filipinas, o el hecho de no dotar de provisiones, o el sistema de imputación de costos en contabilidad, que se hace de forma provisional y sin

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ninguna documentación que lo justifique, en realidad no constituyen artificios contables para enmascarar pérdidas de la empresa.
Siguiendo con las conclusiones y ya pasando a los aspectos relacionados con la gestión de personal, hemos visto que el informe del Tribunal de Cuentas denuncia que las subidas salariales en estos dos años se realizaron por encima de lo contemplado en los convenios para empresas del mismo sector, y desearíamos saber en cuánto se valoraron esas subidas, sobre todo en lo referido a los directivos.
Otra cosa que nos ha llamado la atención pero que no hemos determinado concretamente es el salario de los nueve directivos famosos que aparecen en la conclusión diecisiete, que hace referencia a páginas anteriores, en la que nos dice que hay nueve directivos que cobran una parte en bonus y otra parte en salario. Yo no sé si nos podría explicar esto o mandar más adelante documentación más concreta sobre quiénes son las personas y sobre estos salarios. Estamos hablando de salarios de veinte millones y medio en alguno de los casos, que es casi el doble de lo que gana el Presidente del Gobierno. Me gustaría también preguntarle si esto es un salario normal dentro de la Administración pública o si son salarios especiales y a qué se puede deber ese tipo de salarios.
Hemos visto en el tema de las indemnizaciones, en las páginas 152 y 153, que en las indemnizaciones por despido se ha detectado que en los dos casos que corresponden a personal de alta dirección la empresa ha aplicado la exención fiscal contemplada en la legislación general para el caso del despido declarado improcedente, de 45 días de salario por año trabajado, en lugar de los 7 días de salario por año trabajado que para el caso de desestimiento del empresario contempla el Real Decreto 1382/1985 y que regula las relaciones laborales del personal de esta naturaleza, y ello a pesar de que no consta que haya mediado declaración de despido improcedente. Además hemos visto algo que no entendemos, y es que no existe correlación entre las indemnizaciones pagadas en virtud del período desarrollado en la empresa, y así en 1991 hubo dos directores que abandonaron la empresa --no consta que haya habido expediente de despido--, que tenían un tiempo de estancia media de seis años y quince días y que tuvieron una indemnización media de 19.345.000 pesetas. Sin embargo, dos que se fueron en 1992, que estuvieron casi el doble de tiempo, trece años y trece meses, cobraron 24.800.000 pesetas. No parece que haya ahí una correlación muy correcta entre lo que percibían unos y otros según la duración de los contratos. Por tanto, nos gustaría que nos diera mayor información o más datos que nos puedan aclarar este hecho.
Por último, usted ha hecho referencia al tema de las dietas dobles. A nosotros nos parece absolutamente inapropiado que se cobren de esta forma dietas dobles por parte del consejo de administración.
Para concluir me gustaría preguntarle, y que me contestara, si es posible, si, con relación a la actuación de los distintos presidentes que han pasado por Focoex y de las personas que tenían la responsabilidad de gestionar y de tutelar las actividades de esta empresa, ha apreciado el fiscal del Tribunal la existencia de algún tipo de responsabilidad. En caso positivo, me gustaría que nos dijera si se han exigido este tipo de responsabilidades y los resultados que se han obtenido.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gimeno.


El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, mi Grupo, por supuesto, no tiene ningún interés en someter a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas a ninguna tortura especial en esta Comisión. Se lo anuncio al señor Presidente porque S. S. es el que tiene que dirigir el desarrollo del orden del día, para que lo considere en todo caso cuando terminemos este debate, si le parece oportuno. Por parte de mi Grupo estamos a disposición de lo que considere necesario la señora Presidenta del Tribunal para su comodidad, porque soy consciente de que es una sesión dura en el tiempo y posiblemente hasta en el contenido.
Como dura ha sido la intervención del señor Hernando, que, aunque ahora ha sido un poco más suave --no ha dicho las cosas que dice en los medios de comunicación-- se permite hacer calificativos tan sorprendentes como que el Gobierno miente y afirmaciones tales que me parece sorprendente que las diga él, porque hace seis meses, señora Presidenta, conocimos y debatimos otro informe, lo debatimos y lo conocimos a través de los medios de comunicación, y el señor portavoz hoy del Grupo Popular hizo una rueda de prensa en la que se atrevió a decir cosas tales como que iba a investigar a las 270 empresas que subcontrataban con Focoex para demostrar las barbaridades de esas empresas y sus ilegalidades.
A mí me gustaría que nos dijera cuáles han sido los resultados de sus investigaciones para ver si podemos, de una vez, terminar con las insinuaciones y las afirmaciones veladas que se hacen en relación con la actividad de una empresa, sobre la que yo creo que el informe del Tribunal es un informe muy minucioso, y en este sentido creo que lo tenemos que celebrar todos, y ayuda a clarificar y a debatir cuestiones que me parecen de enorme interés como son, en mi opinión, el debate que tiene que producirse, no sólo respecto a esta empresa sino respecto a todas las sociedades anónimas de las del sector público, en las que el sector público sea mayoritario.
El señor Hernando viene defendiendo y afirmando permanentemente, en relación con esta empresa, con la que tiene una especial obsesión, que a la sociedad anónima Focoex deberían aplicársele las normas del derecho público de las administraciones públicas. Parece que eso es lo que defiende. Yo creo que ésa es una afirmación a discutir y a debatir.
Además, en esta Cámara se ha discutido hace muy poco tiempo, todavía no se ha aprobado, la ley de contratos del Estado, en la que hace referencia a las contrataciones de las empresas en las que tiene mayoría el sector público. Además, en esta ley de contratos del Estado, que en este momento está en trámites en el Senado, se seguirá debatiendo un tema que no hace otra cosa que recoger las directrices de la Unión Europea, respecto a las contrataciones

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de empresas con mayoría en las sociedades anónimas del sector público, y de alguna manera tengo que entender que incluso el propio Tribunal, aunque no está en las normas actualmente vigentes, interpreta o a veces considera criterios de esas características.
La sociedad anónima Focoex, frente a las dudas que parece querer suscitar, es una sociedad anónima y, como consecuencia, porque lo dice la Ley General Presupuestaria, se le aplican las normas que se aplican al resto de las sociedades anónimas y, también es cierto, algunas normas de carácter del derecho público, como son planes de inversiones, etcétera, que están obligadas a presentar por tener mayoría de capital público.
Pero puede perfectamente contratar con empresas del sector privado bajo los criterios que rigen la competencia en el mercado para obtener unos resultados que, como ha dejado indicado la Presidenta del Tribunal --y se podrían ver en las alegaciones de la empresa-- den beneficios, aunque posiblemente sería deseable que fueran todavía mayores. Yo creo que ése es el objetivo que debería tener esta empresa. Es decir, en cuanto a un primer problema a debate que quiero dejar bien claro, porque se suscitan dudas de favoritismos en las relaciones y las actividades comerciales o mercantiles de una empresa, en mi opinión la empresa actúa y cumple su obligación de someterse a las normas de derecho privado y del derecho de la competencia como el resto de las empresas que funcionan en este país.
Me preocupa, señora Presidenta, que se generen insinuaciones, no por el Tribunal por supuesto, y la forma en que se manifiestan y se hacen las afirmaciones. Las comisiones de una empresa de comercio exterior es una práctica habitual, como se ha deducido bien claramente en las propias afirmaciones que el Tribunal hace en el informe. El Tribunal de Cuentas, lo dice en el propio informe, ha conocido al perceptor de las mismas, a veces empresas jurídicas, a veces personas jurídicas y a veces personas físicas, con domicilio en el extranjero, por supuesto, supongo, en algunos casos, y supongo que en otros casos con domicilio también en España; supongo, que lo desconozco, porque no es ésa mi obsesión. La obsesión de algunos portavoces es intentar insinuar desde hace tiempo que piensan que van a descubrir otro mundo intentando encontrar, a través de estas comisiones, no se sabe qué cosas.
El señor Hernando debería saber que el Tribunal de Cuentas tiene sus limitaciones legislativas, las limitaciones para poder fiscalizar o no a otras empresas. Parece que eso es lo que quiere usted, que se fiscalice a otras empresas, lo que el Tribunal de Cuentas hoy, con la legislación en la mano, no puede hacer. Puede fiscalizar a las sociedades anónimas del sector público, pero no puede fiscalizar a otras empresas de las que usted parece que empieza a sospechar situaciones sorprendentes, por lo menos a juzgar por la cantidad de veces que aparece en medios de comunicación con este tema, ya que no es la única vez.
En ese contexto quiero decir que en aspectos del informe del Tribunal incluso puedo no compartir criterios de la empresa respecto a determinadas actuaciones, pero es una empresa que actúa en el mercado como una sociedad anónima, y yo creo que en ese sentido hay que plantear el tema, no generando insinuaciones, pero además clarificando una cuestión: si se quiere que esta empresa, que es del sector público, se cierre, que se cierre. Mi Grupo está dispuesto hasta a aceptar este debate político. Es una empresa en la que el sector público es mayoritario, que se dedica a la exportación y al comercio exterior, como ocurre con otras empresas de otros países y con las que competimos por mercados de países en vías de desarrollo y que tienen que utilizar los mismos instrumentos que utilizamos en nuestro país.
La empresa Focoex es una empresa que contrata y subcontrata con un número importante de otras empresas españolas, un número reducido de las cuales se benefician más que otras, lo cual me parece perfectamente correcto y posible, porque mi Grupo también comparte los criterios de transparencia de esas situaciones, y creemos además que se ha actuado con transparencia. Si lo que se quiere es que no existan empresas del sector público que se dediquen al comercio exterior, discutámoslo, porque parece, en mi opinión, que es lo que se pretende. Debería saberse que una empresa de comercio exterior y una empresa que se dedica a efectuar contratos como los que efectúa esta empresa, como todas las demás empresas que están sujetas a las normas de la competencia, algún grado de confidencialidad tiene que tener en las cuestiones. Parece que usted lo que pretende es que todo sea público. Yo creo que debe ser público para el Tribunal de Cuentas y tengo dudas que deba ser público con la publicidad con que ustedes a veces hacen las cosas o quieren que se planteen. Yo les digo que soy muy consciente de que los criterios deben ser perfectamente públicos y conocidos para el Tribunal de Cuentas, pero tengo dudas a veces de que, por las normas de la confidencialidad que rigen en el derecho de la competencia de este país en leyes que también hemos aprobado en esta Cámara y que afectan a esta empresa, perjudiquemos los intereses de las empresas españolas, y no sólo de Focoex, y los intereses de nuestro país, por imaginaciones o por sospechas que creo que sólo están en su cabeza, señor Hernando.
Muchas gracias, señora Presidenta. No voy a hacerle ninguna pregunta. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, ¿a efectos de qué pide la palabra?

El señor HERNANDO FRAILE: El señor Gimeno ha hecho una serie de consideraciones e insinuaciones, sobre problemas mentales incluso, que creo que debo contestar en estos momentos, independientemente de lo que manifieste luego la señora Presidenta.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, este debate es para formular preguntas o aclaraciones a la Presidenta del Tribunal de Cuentas.
Entiendo que ha habido algunas alusiones y para contestar a las mismas tiene la palabra por un tiempo de dos minutos.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor Gimeno, cuando haga manifestaciones en esta Comisión refiérase a

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las declaraciones que han hecho las personas, no se invente lo que dicen las personas, que no está bien. Coja las cintas, los «Diarios de Sesiones» o lo que sale en prensa y conteste.
Yo no he dicho en ningún momento que sean 270 empresas ni otras barbaridades. ¿Dónde ha visto eso publicado? Yo no he dicho eso. Sólo he dicho que cuando nosotros solicitamos la relación de subcontratistas en material educativo y hospitalario, el Ministerio de Comercio nos envió el nombre de 245 empresas como subcontratistas. De esas 245 empresas, había 125 que no aparecían inscritas en el Registro Mercantil Central. (El señor Gimeno Marín: Eso no es verdad.) Eso es lo que yo he dicho. Lo que he dicho esta mañana, a lo cual usted hace referencia, es que se nos ha enviado una documentación falsa, porque hemos pedido documentación relativa a distintos contratos que aparecen aquí con el símbolo de Focoex --que fueron explicitados por el propio Ministerio de Comercio-- y los subcontratistas que habían participado, y resulta que de las ocho operaciones sobre las que preguntábamos, sin embargo, según la documentación que nos envió el Ministerio de Comercio sólo había intervenido en tres.
¿Qué motivos tienen ustedes o su gobierno para falsear la documentación? No lo sé. Esa es una de las cuestiones que nos tendrían que explicar.
Yo no hago insinuaciones; a lo que he procedido es a leer datos, páginas y conclusiones concretas del informe del Tribunal de Cuentas. Usted se ha equivocado de procedimiento. Este no es el procedimiento del debate que tendríamos que establecer en su momento en la próxima reunión de la Comisión con las conclusiones. Por lo tanto, no voy a hacer referencia a si hay que vender o no, o a si hay que hacer desaparecer empresas o no.
Lo que sí le ruego es que se lea, por favor, la página 30 sobre las alegaciones que ha hecho la empresa pública Focoex, que dice expresamente: En la consideración de este Tribunal no puede escapar justificación alguna del ámbito del ejercicio ordinario de la función del control si previamente no se les ha atribuido a nivel normativo el carácter de reservados (refiriéndose al pago de comisiones). No puede haber una empresa pública que utilice el pago de comisiones como fondos reservados, se dedique al comercio exterior o no.
Nada más señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, le iba a retirar la palabra porque el turno de alusiones estaba más que contestado.
A efectos de contestar las diferentes solicitudes de aclaración, tiene la palabra la Presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): El señor Hernando me ha dirigido una batería de preguntas que pueden ser interesantes, pero también creo que es consciente el señor Hernando de que yo no dispongo de información en este momento. Si las pudiera formular por escrito, en la medida en que consten en el Tribunal de Cuentas la respuesta a su solicitud, le serían enviadas las contestaciones de forma adecuada.
Del informe de Focoex que hoy se ha debatido --creo que ha habido un debate político que a mí no me corresponde en absoluto-- hay una cosa que queda clara y es que esta fiscalización ha puesto de manifiesto un problema importante que subyace de una manera continuada en el ejercicio del control externo de las sociedades públicas mercantiles. Se trata de establecer el grado de publicidad que hay que aplicar al contenido y a los resultados de los procedimientos fiscalizadores que tramita el Tribunal de Cuentas. Si nos atenemos a la normativa vigente, ésta requiere que el informe de fiscalización registre todas las ilegalidades, anomalías e irregularidades que sean advertidas siempre en el transcurso de la investigación y, además, como ustedes saben el texto íntegro tiene que ser posteriormente el informe aprobado por el Tribunal de Cuentas y tiene que ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Esta es la publicidad que de cualquier investigación, conforme a la normativa actual, se tiene que hacer de un informe, sea el que sea y ataña a lo que ataña.
Las sociedades públicas en general y ésta de la que estamos hablando ahora tienen que competir en los mercados internacionales, donde muchas veces no tienen más que una cuota pequeña de mercado, son actividades de comercio exterior. Consideran las sociedades que la amplitud, la pormenorización, la extensión de los informes de fiscalización y, en definitiva, la difusión de datos sobre cómo están organizadas internamente, qué procedimientos de control tienen, qué operaciones desarrollan, qué comisiones pagan, etcétera, consideran las sociedades públicas y en este caso ésta también, que son informaciones que alcanzan a su propio fondo de comercio y, en consecuencia, que son de carácter reservado en los usos mercantiles internacionales; no estoy hablando de los usos del Tribunal de Cuentas, es otra cosa. En este sentido, la Organización Internacional de Instituciones Supremas de Auditoria (Intosai), que como saben ustedes es la agrupación tutelada por la ONU donde estamos prácticamente todos los Tribunales de Cuentas del mundo, ha manifestado en muchas ocasiones esa preocupación por la publicidad del contenido de las auditorías de empresas públicas, porque afecta a los elementos básicos de las mismas. Quiero recordar (al hilo de este informe lo he reciclado, lo tenía en la memoria) que en Washington se celebró, en el mes de octubre de 1992, un congreso de Intosai al que tuve el honor de acudir y en el que se estudió este problema, es de general preocupación de los países, y se acordó una conclusión que traigo aquí para ustedes, y es que se debe tener acceso a todo tipo de información de las empresas, si bien debería protegerse la información estratégica o la clasificada como muy sensible.
Creo que la información de empresas como Focoex --y no es la única, podríamos trasladarla a otros temas-- pudiera entrar dentro de este tipo de información sensible. Piensen ustedes que la intervención del Tribunal de Cuentas en casos como éste y otros que pudieran salir es difícil y delicada, porque tenemos que establecer un equilibrio entre el alcance del cumplimiento de lo que nos mandan los requisitos legales, los requerimientos legales que nos dicen que hay que ir al fondo, hay que mirar todo, y luego

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la incidencia de la publicidad de lo que se esté encontrando. Y en el logro de ese difícil equilibrio se me ocurre decirles, como elemento de reflexión, si no sería bueno que para todos los temas considerados como materia sensible los informes del Tribunal de Cuentas pudieran ser vistos y se analizaran en una comisión ad hoc de esta propia Comisión; si fuera posible el conocimiento profundo de los parlamentarios, que son en definitiva los que tienen que conocerlos, y el control relativo o parcial de la publicación de todos los problemas que supone poner en los ámbitos internacionales todas las estrategias comerciales que realizan las empresas. Es una sugerencia que naturalmente sólo planteo a ustedes.


El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por cinco minutos para, creo, en un cuarto de hora o veinte minutos finalizar el orden del día.


--INFORME DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTACION, REFERIDO AL EJERCICIO DE 1991. (Número de expediente Congreso: 251/000053.) (Número de expediente Senado: 771/000053.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es el Informe de Fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación, referido al ejercicio de 1991. Para la presentación del informe tiene la palabra la Presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): El informe recoge los resultados de la fiscalización de Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA).
El INIA es un organismo autónomo de carácter comercial, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya fiscalización fue realizada por iniciativa del Tribunal de Cuentas. El motivo por el que se incluyó esta fiscalización en el programa de actuaciones del Tribunal fue la falta de rendición de las cuentas del organismo dentro de los plazos legalmente establecidos. Realmente el INIA sería uno de los organismos autónomos comerciales a los que hemos hecho alusión al comienzo de esta reunión de hoy. Estos incumplimientos en la rendición de cuentas motivaron que desde 1989 las cuentas del INIA no hubieran podido ser incluidas en los estados anuales agregados de la Cuenta General del Estado.
Se ha realizado una auditoría financiera y de regularidad, habiéndose definido como objetivos de la fiscalización el análisis de los estados financieros del organismo, con el fin de determinar si representan fielmente su situación financiera y patrimonial, la comprobación de la regularidad de su gestión económico-financiera y el análisis de sus procedimientos contables y administrativos, así como de su sistema de control interno. Los resultados de la fiscalización ponen de manifiesto numerosas deficiencias contables y de control interno, así como irregularidades en los procedimientos de gestión del organismo. En cuanto a la auditoría financiera, el informe emite una opinión negativa respecto a la representatividad de los estados financieros del INIA, opinión que se fundamenta en las numerosas salvedades que se detallan en el informe.
Además, se concluye que el organismo no tiene establecido procedimiento de control interno adecuado para garantizar la fiabilidad de los registros y el desarrollo eficaz de su actividad y que el INIA ha incumplido en ocasiones la normativa reguladora de la gestión de los gastos e ingresos públicos.
El informe presenta un análisis detallado de las deficiencias observadas.
Se ha considerado conveniente esta presentación del análisis detallado frente a otra más sintética precisamente para facilitar al organismo la identificación de las deficiencias y, en consecuencia, su corrección cara al futuro. Con este objetivo se incluye en el informe un apartado de recomendaciones que muy brevemente voy a indicar a ustedes.
En primer lugar, el establecimiento de las medidas apropiadas que permitan la rendición de sus cuentas en tiempo y forma con la debida representatividad. En segundo lugar, la elaboración de un manual que defina las funciones y los procedimientos de las diferentes unidades que lo componen, para garantizar un eficaz desarrollo de la actividad del organismo y dotar de mayor fiabilidad a los registros contables. En tercer lugar, el cumplimiento estricto de lo previsto en la legislación de contratos del Estado, como garantía del cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. En cuarto lugar, el establecimiento de una política de compras ajustada a la legislación de contratos del Estado y que permita el logro de los objetivos de la actividad investigadora al menor coste posible. En quinto lugar, la determinación objetiva y rigurosa de los gastos e ingresos a integrar en la cuenta de operaciones comerciales. Y en sexto y último lugar, el sometimiento en todos sus términos a la normativa reguladora de los pagos a justificar, estableciendo los registros preceptivos y justificando y aprobando las cuentas dentro de los plazos previstos en la citada normativa.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: El INIA se distingue por no presentar la cuenta del ejercicio de 1991, analizada por el Tribunal de Cuentas, hasta el mes de enero de 1994, cuatro meses después de terminado el trabajo de campo de funcionarios y técnicos del Tribunal. Los estados financieros del INIA, además, no reflejan la imagen fiel de su situación financiera.
Carece de procedimientos de control interno, no es fiable el estado de cuentas sobre gastos de personal y es frecuentemente demandado ante la jurisdicción laboral. Se producen pagos indebidos a becarios, no dispone de inventario de inmovilizado, vende resultados de ensayos sin presupuesto previo y sin contabilizar el importe del trabajo. La mayor parte de los gastos se libran a

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justificar. Incumplió las normas tributarias en los gastos de personal e incumplió también, según el informe del Tribunal de Cuentas, la normativa del IVA y no tiene registro de facturas emitidas y recibidas.
No contiene el informe emitido por el Tribunal de Cuentas un análisis de los trabajos de investigación realizados en el ejercicio de 1991 por el INIA. Tampoco se detallan los trabajos realizados para terceros ni el empleo concreto de los fondos comunitarios recibidos.
Con los antecedentes expuestos entendemos que es imprescindible que se estudien por el Tribunal de Cuentas los ejercicios económicos a 1991 como un informe extraordinario y se compruebe si se han corregido las deficiencias observadas. Estas deficiencias son inexplicables, ya que el INIA se ha desprendido de los centros regionales y limita su actuación a un solo centro, que es el de Madrid. Por tanto, entendemos que su actuación y control deberían ser distintos.
Finalmente queremos preguntarle por el estado actual de la pieza separada abierta en relación a las irregularidades contenidas en el apartado 7.23 de las conclusiones del informe que aparece en la página 96.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor San Martín.


El señor SAN MARTIN SALA: Yo también me adhiero a las manifestaciones de los portavoces, que me han precedido en el uso de la palabra, de desear a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas los mayores éxitos al frente de esta institución.
Como miembro del Grupo Socialista me corresponde fijar postura sobre el informe de fiscalización del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación referido al ejercicio de 1991. En primer lugar tengo que felicitar a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas y, en su nombre, a todo el personal técnico que ha llevado a cabo este trabajo de fiscalización y auditoría del INIA, un trabajo serio, profundo y meticuloso en cada uno de los distintos términos y apartados, pero especialmente tengo que agradecérselo por haberse basado y expresado estrictamente en términos técnicos. A lo largo del informe se ponen de manifiesto determinadas deficiencias e incorrectas actuaciones que afectan a la gestión económica y financiera del organismo autónomo INIA; aspectos todos ellos no ajustados al Plan general contable para las administraciones públicas.
Señor Presidente, señorías, como no podía ser menos, mi Grupo Parlamentario acepta el informe y sus conclusiones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el INIA, en los últimos años, pasó por una serie de cambios y reestructuraciones debido a la nueva situación creada por las transferencias a las comunidades autónomas en materia de investigación, fusión de distintos órganos que estaban trabajando en paralelo, etcétera.
A esto hay que añadir las distintas fuentes de financiación incorporadas con los fondos europeos para los fines del instituto, así como la gran complejidad de gestionar la cantidad de convenios --por ejemplo este año más de 25-- y proyectos que se están llevando a cabo --este año más de 30-- propios y compartidos con las comunidades autónomas y con otras instituciones, siendo muchos de ellos plurianuales o de más de un año, así como también las distintas fuentes de financiación de la Comunidad Económica Europea, de las comunidades autónomas, fondos de otras instituciones, etcétera. Estamos seguros de que esta situación ha dado origen a una mayor atención a los temas de organización de todo este trabajo que a los temas de contabilidad y gestión administrativa.
Igualmente, hay que tener en cuenta que en el año 1991 han cambiado algunos de los puestos de responsabilidad y, señor Presidente, esto nunca es bueno para el buen funcionamiento de las entidades públicas. Por último, hay que entender que el INIA ha sido y es un organismo de investigación y, conociendo a los profesionales del mundo de la investigación, sabemos que para ellos generalmente suelen primar sus temas específicos y concretos en cada materia, y quizá por este motivo han dado mayor importancia a otros aspectos como, por ejemplo, la contabilidad y la gestión financieras, soportes más importantes para llevar a cabo los fines del instituto.
Señor Presidente, señorías, estos comentarios no son más que un atenuante a los problemas destacados en el informe, pero deben tenerse en cuenta.
Finalmente, señorías, mi Grupo Parlamentario quiere dejar claras dos manifestaciones. Una, para mostrar una cierta tranquilidad, y otra, para expresar un compromiso. Tranquilidad porque en la lectura del informe y en sus conclusiones no se observa un solo indicio de malversación de fondos ni otro tipo de desviaciones, lo que origina tranquilidad en todos. Compromiso para que cada una de las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas se lleve a cabo con la mayor urgencia. Nos consta, señorías, que muchas de ellas se están poniendo en práctica por los actuales responsables del instituto y también que están surtiendo los efectos deseados.


El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Voy a ser muy breve contestando a la intervención del señor Hernando.
Indicaba S. S. la conveniencia de que se estudien otros ejercicios económicos para ver la corrección de las imperfecciones que ha puesto de manifiesto el informe del Tribunal. Evidentemente esto no se podrá hacer hasta dentro de tres o cuatro ejercicios, como mínimo, puesto que las cuentas de 1991 se hacen públicas ahora y tiene que entender que hay un corrimiento de ejercicios que ya están cerrados. Ahora bien, es importante hacer el seguimiento y sería importante que lo realizáramos en la mayor parte de los informes.
Otro tema que usted demanda es el relativo a la pieza separada. Hay unos indicios de responsabilidad contable que se clasifican por temas. Creo que haber previsto abrir piezas separadas no está en contradicción con lo que ha dicho el señor San Martín hace un momento sobre que no se ve alcance de fondos o malversación, etcétera. Yo creo que

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la responsabilidad que se aprecia para la apertura de piezas separados es el pago de un plus de convenio a determinados trabajadores y unos pagos a becarios cuyo importe no ha sido reintegrado, cosa que puede ocurrir con demasiada facilidad en este tipo de instituciones, incluso en la universidad. La pieza separada se abre y ha habido unas presuntas irregularidades en materia tributaria que se han puesto en conocimiento del Ministerio de Economía y Hacienda para que actúe en consecuencia y reclame algunas pequeñas cantidades pendientes.
Pregunta S. S. que cuándo puede estar la pieza separada. Debo advertirle que la pieza separada no es más que un estudio pormenorizado de estos aspectos, del que se derivará la idea de archivarlo o de continuar adelante, y que como todas las cuestiones que se relacionan con enjuiciamiento, aunque sea enjuiciamiento contable y por tanto en la esfera del Tribunal, no se hace demasiado rápidamente.


--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA), REFERIDO A LOS AÑOS 1989 A 1991, AMBOS INCLUIDOS. (Número de expediente Congreso 251/000048 y número de expediente Senado 771/000048.)

--INFORME DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ABAD (BALEARES), REFERIDO A LOS AÑOS 1989 A 1991, AMBOS INCLUIDOS.
(Número de expediente Congreso 251/000050 y número de expediente Senado 771/000051.)

El señor PRESIDENTE: Los puntos 6 y 7, al referirse a informes de dos ayuntamientos, los unificamos a efectos de presentación. Por tanto, para informar sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Benavente, en Zamora, y del Ayuntamiento de San Antonio Abad, en Baleares, tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Se trata de dos procedimientos de fiscalización que se han realizado a iniciativa del pleno del Tribunal de Cuentas y que figuraban en el programa de actuaciones del año 1993, aunque ambos se concluyeran en 1994.
Las razones que impulsan a hacer un análisis de la actividad económico-financiera de estos ayuntamientos son, en algunos casos, la falta de rendición de cuentas y, en otros casos, detectar que la rendición de cuentas tiene muchas deficiencias. Hoy por hoy nunca se hacen las fiscalizaciones particularizadas de ayuntamientos por muestreo, sino por alguna razón que llama la atención del Tribunal, dado que el colectivo de ayuntamientos al cual hay que acudir es muy grande. Ambos son ayuntamientos de tamaño medio dentro de sus respectivas provincias.
El Ayuntamiento de Benavente tiene 14.000 habitantes y es el segundo de la provincia después de su capital. Tiene un presupuesto refundido de gasto medio de cada año de los fiscalizados --se han hecho tres años, 1989, 1990 y 1991 en ambos informes-- de 1.428 millones de pesetas/año.
En este ayuntamiento se han estudiado los presupuestos, la contabilización, los ingresos, la recaudación, los gastos, las transferencias y las subvenciones, la tesorería y el endeudamiento, el inmovilizado y el patrimonio, la contratación, los servicios municipales y la ordenación territorial y el urbanismo. Entre las anomalías o irregularidades que el Tribunal cita en su informe, y que en algunos casos condicionan la representatividad de los libros y cuentas de la corporación, deben destacarse: la falta de un reglamento orgánico, la inexistencia de un organigrama general, el retraso en la elaboración y formación de los presupuestos y la carencia de algunos documentos presupuestarios, la ausencia de algunos registros de contabilidad que la ley ordena que se lleven, la utilización del principio de caja en casi todas las transacciones económico-financieras del ayuntamiento, la rendición de algunas cuentas fuera del plazo previsto en sus propias normas reguladoras, la falta de adecuación de algunas de estas cuentas a la legislación que le es de aplicación y en algunos casos que no hay concordancia de saldos en algunas rúbricas que son comunes a distintas cuentas. En los aspectos asociados a la gestión del personal se señalan: la carencia de una unidad orgánica específica para la gestión, la falta de catálogo de puestos de trabajo, la aprobación de las ofertas de empleo público fuera del plazo establecido en la legislación de la Función Pública y la incorrecta aplicación de la tabla de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También hay algunas anomalías en la manera de acreditar algunos mandamientos de ingreso y pago, debiendo destacar además que la corporación no ha utilizado formalmente el sistema de expedición de mandamientos de pago a justificar para las operaciones que requieren este tipo de procedimiento; inexistencia de relaciones nominales de deudores y acreedores indicativas de la composición de las resultas de ingresos y gastos; la no instrumentalización de las modificaciones de estas resultas a través del correspondiente expediente y la falta de concreción del año al que corresponden sus saldos; la indebida inclusión en la cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto de operaciones de tipo presupuestario; la carencia de algunos documentos justificativos de distintas fases de la contratación, etcétera. Como ven, se trata de un ayuntamiento que tiene un procedimiento interno débil, de incumplimiento de la normativa de una manera general. En el caso de San Antonio, de Ibiza, actualmente Sant Antoni de Portmany, se ha estudiado fundamentalmente un hecho, y es que es un ayuntamiento que ha tenido unas elevaciones muy fuertes de su presupuesto, a lo largo de los tres años fiscalizados, debido al carácter de municipio turístico que tiene y a las consecuencias derivadas de ello, lo que nos llevaba a estudiar sobre todo los temas de urbanismo. Por tanto, además de los apartados a que he hecho referencia para el interior, se ha estudiado el tema de las normas de urbanismo.
Entre las anomalías e irregularidades que se reflejan en el informe, que en algunos casos condicionan la fiabilidad y representatividad de los registros contables y de las cuentas de la corporación, voy a señalar que el ayuntamiento

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carece de un reglamento orgánico y que no existe un organigrama general, cosa que se repite respecto al ayuntamiento anterior, así como la deficiencia en el control interno, que limita la exactitud y fiabilidad de las cuentas de la corporación y supone, en algunos casos, incumplimiento de disposiciones legales.
Los presupuestos de los tres ejercicios fiscalizados se han tramitado y aprobado fuera de los plazos fijados en las normas de aplicación.
Asimismo, se carece de algunos documentos presupuestarios. Algunos órganos de la corporación no llevan los libros exigidos legalmente. En la mayor parte del registro de las transacciones se utiliza el principio de caja. Algunas de las cuentas se han rendido fuera de los plazos fijados en las normas dispositivas.
En las cuestiones asociadas a la gestión de personal y a los gastos del capítulo 1 se observa, además, la inexistencia de una dependencia única encargada de este área y una inadecuada planificación de la gestión, por cuanto los incrementos o disminuciones de la plantilla no se corresponden con la misma tendencia en las plazas ocupadas, y por otra parte, las ofertas de empleo público se han aprobado en los tres ejercicios fiscalizados fuera del plazo señalado en la legislación de la Función Pública. Tampoco existen expedientes de personal para cada uno de los funcionarios o trabajadores del ayuntamiento.
En cuanto al pago por retribuciones, destaca que la mayoría de los mandamientos tienen fecha posterior al pago efectivo de las nóminas. En la gran mayoría de los mandamientos de ingreso no se incluye ningún justificante. En algunos mandamientos de pago no consta la aprobación expresa del gasto y otros no aparecen debidamente justificados, observándose, en todo caso, significativas carencias documentales.
La aplicación general del principio de caja lleva a que las resultas de ingresos y gastos no reflejen los derechos y obligaciones pendientes de cobro o pago, y en las cuentas de valores independientes y auxiliares del presupuesto se incluyen ingresos y pagos de naturaleza presupuestaria.
En las conclusiones relativas a la contratación, se indica que la corporación no lleva un registro de los contratos suscritos en cada ejercicio, observándose, además, la carencia de documentos de algunas de las fases de la contratación.
El ayuntamiento no ha seguido un estudio específico de costes en algunos servicios municipales y la gestión del servicio de abastecimiento de agua por el contratista no se ha ajustado a las condiciones acordadas, lo que ha ocasionado un quebranto económico a la corporación. La corporación no lleva un registro de las infracciones urbanísticas.
Estas son, en líneas generales, las carencias detectadas.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Carnero.


El señor GARCIA CARNERO: Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, para hacer algunas consideraciones referidas al informe de fiscalización de los años 1989 a 1991 del Ayuntamiento de Benavente.
Debo señalar, en principio, que sería fácil caer en la tentación de, aprovechando la circunstancia de que en la mayor parte de este período de tiempo, las cinco sextas partes, presidía la corporación e incluso asumía las competencias de Hacienda y Urbanismo el alcalde que pertenecía a otra formación política distinta de la nuestra y que hay, además, es una oposición que se ha distinguido por su frontalidad, entrar en el debate político o en la descalificación política, pero he visto que, muy acertadamente, la señora Presidenta, sutilmente, nos ha llamado al orden en varias ocasiones en esta cuestión y, además, y a pesar de las diferencias políticas, considero que tal utilización sería improcedente y, desde luego, injustificada.
Quiero decirle, señora Presidenta, que cuando, en el verano pasado, la actual corporación, presidida por el Grupo Parlamentario Popular, recibió el Informe previo del Tribunal de Cuentas, se sorprendió. Se sorprendió de que, efectivamente, hubiese esa debilidad de controles en la actuación, sobre todo porque la mayor parte de estas actuaciones corresponden a los funcionarios de Habilitación Nacional, a la Secretaría General o a la Intervención, a la Tesorería, y porque ni el alcalde ni los miembros de la corporación tenían un conocimiento específico de ello ni ningún tipo de dudas respecto de que el control, la gestión y las anotaciones se hiciesen correctamente.
De manera que, hecha esta primera advertencia, a nosotros nos gustaría hacer un pequeño examen de esas conclusiones que nos envía el Tribunal y que ya he dicho que sustancialmente afectan a actuaciones propias de los órganos regidos por funcionarios de Habilitación Nacional. La fiabilidad y representación de los libros, la utilización del principio de caja, la utilización adecuada o no de la cuenta de valores, no llevar algunos de los libros exigidos por la instrucción de contabilidad, la deficiencia de soportes documentales o la incorrecta utilización de los pagos a justificar, evidentemente corresponden a esa acción funcionarial de la que la corporación, insisto, he empezado por decir, dirigida y regida en aquel momento por otra opción política distinta a la nuestra, en un ayuntamiento de esas características, poco o nada tiene que decir.
He observado, además, que en aquella relación que la señora Presidenta hacía respecto de las fiscalizaciones en general a los municipios coinciden varios de estos principios. Y no es que la norma general de actuación nos satisfaga ni nos consuele, pero sí viene a decir que estas actuaciones son bastante frecuentes. Pero si no he querido utilizar esa tentación política de hacer crítica respecto de otro grupo político que en aquel momento dirigía el ayuntamiento, tampoco me parece procedente el descargar la responsabilidad sobre funcionarios de los que no tenemos por qué dudar ni de su capacidad ni de su profesionalidad. Pero sí expondré alguna cuestión que puede, por el hecho de ser quien les habla concejal de ese ayuntamiento, ilustrar a la Comisión y al Tribunal de Cuentas que preside S. S.
Desde el año 1989 acá, ese ayuntamiento, de 14.000 habitantes, ha tenido siete secretarios, cinco interventores y cinco tesoreros. Esto enlaza con una de las recomendaciones

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que nos hace el Tribunal de Cuentas que yo considero esencial --todas ellas son importantes, pero ésta a mi juicio es esencial-- que dice: asegurar la estabilidad de los órganos que garanticen el control económico y de legalidad por funcionarios de habilitación nacional. En definitiva, nos está diciendo que se intente asegurar que tengan una continuidad, una estabilidad en el empleo, el secretario, el depositario y el tesorero, que son quienes garantizan la legalidad y el control adecuado de estas cuestiones. Circunstancias que se escapan a las posibilidades de las corporaciones locales, incluso que, en alguna ocasión, dependenÉ

El señor PRESIDENTE: Comprendo su interés por explicar cuál ha sido el proceso o las razones por las cuales se han detectado determinados fallos por el informe del Tribunal de Cuentas. En todo caso, quiero decirle que en este trámite no se sienta usted obligado a dar una justificación. En su momento, el ayuntamiento habrá tenido oportunidad de presentar las alegaciones que, imagino, acompañan al informe. En todo caso, también, a raíz de propuestas de resolución que su Grupo puede presentar, puede hacer hincapié en algunas de estas consideraciones. Este trámite es para pedir alguna aclaración al informe presentado por la Presidenta del Tribunal de Cuentas. Le ruego que en consideración a la hora, si tiene alguna petición de aclaración la formule, pero, en todo caso, la defensa de cualquier propuesta de resolución procederá en el debate de las mismas.


El señor GARCIA CARNERO: He querido entender que sea breve (Risas) y así trataré de cumplirlo. Lo que sí le quiero decir, señor Presidente, es que, independientemente de la hora en que estamos de la noche, el trámite es igual para todos los informes. La generosidad de la Presidencia estoy seguro que no es menor en este caso que en los anteriores.
Atendiendo a su requerimiento, simplemente quiero decir que de las recomendaciones que se hacen por parte del Tribunal, y que me parecen lo sustancial para corregir esas deficiencias, algunas ya están ejecutadas desde el verano. Por ejemplo, el Inventario del Registro de Bienes, que era una de las cosas que se pedía, o la creación de mancomunidades o un catálogo de puestos de trabajo que está en ejecución o una organización de competencias de responsabilidad de los empleados municipales, etcétera. Quiero también decir que algunas de esas recomendaciones son de muy difícil cumplimiento, por ejemplo, reforzar la función interventora cuando no se tiene un interventor de Habilitación Nacional, y cuando, además, concurren en espacio de tiempo que ninguno de los tres cargos están ocupados por funcionarios de Habilitación Nacional y que han tenido que desempeñar esas tareas administrativas. Todo esto, quizá, justifique las deficiencias.
En cualquier caso --concluyo--, quiero apoyar y agradecer el informe del Tribunal y trasladarle la disposición de nuestro Grupo Parlamentario, de la corporación que rige el Ayuntamiento de Benavente, de colaborar en cuantas actuaciones estime pertinentes el Tribunal y de mantener, como no puede ser de otra manera, una disposición permanente a ese trabajo y a esa colaboración.


El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano y Carrio.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Con enorme brevedad, dado lo avanzado de la hora, voy a hacer unas cuantas preguntas en relación al informe de fiscalización económico financiera efectuada por el Tribunal de Cuentas sobre el Ayuntamiento de San Antonio Abad. No voy a repetir las conclusiones del Tribunal de Cuentas porque, aparte de obrar en el expediente, han sido magníficamente expuestas hoy por la Presidenta del Tribunal, únicamente voy a referirme a las recomendaciones, que son muchas, y que me he permitido agrupar. Si me he equivocado en la síntesis que he hecho, ruego a la Presidenta que me corrija.
Considero que el Tribunal hace recomendaciones para mejorar el control interno, recomendaciones para mejorar el sistema contable, recomendaciones para mejorar el sistema de recaudación y recomendaciones respecto a los organismos autónomos. Quería preguntar, señora Presidenta, si me ratifica lo que ha dicho al comienzo de su intervención en la sesión de esta tarde referente a que muchos de los municipios que tienen un tramo de población similar a la que tiene San Antonio Abad adolecen de anomalías o deficiencias comunes.
También quería preguntar a la señora Presidenta (en base a lo que ella misma ha dicho de que el rápido crecimiento en materia financiera, debido al carácter turístico del Ayuntamiento de San Antonio Abad, con una correlativa inadecuación de los servicios administrativos, quizá porque el gobierno municipal lo que ha pretendido es acudir a los servicios finalistas, circunstancia que conlleva el que se produzca un desbarajuste administrativo contable) si ese crecimiento turístico al que ha hecho mención puede ser una de las causas que, no justifiquen, sino que atenúen la responsabilidad del ayuntamiento; si puede ser también la inestabilidad de los funcionarios con habilitación nacional lo que ha llevado incluso en el Ayuntamiento de San Antonio Abad --yo no puedo dar cifras como lo ha hecho mi compañero de Benavente porque no soy concejal de este ayuntamiento-- a la movilidad en los cargos de secretario, tesorero y recaudador; en definitiva, si esa falta de estabilidad de los funcionarios con habilitación nacional puede dar lugar incluso a que muchas veces se confundan los roles políticos con los roles administrativos y que personas que han sido elegidas para desempeñar funciones políticas tengan que asumir funciones administrativas dada la carencia de éstos.
La última pregunta se refiere a si usted considera que la falta de adaptación de la administración municipal a sistemas de informatización que permitieran sustituir contratación de personal por medios informáticos, máxime teniendo en cuenta las dificultades que tiene la Administración pública para encontrar perfiles humanos que puedan adaptarse a sistemas de administración pública, también es

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una causa que atenúa y justifica de alguna forma las irregularidades detectadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ RABANAL: Quería felicitar a la señora Presidenta por su nombramiento y su presencia en esta Comisión. Sin embargo, ahora, casi me atrevo, como le decía antes, a acompañarla en el sentimiento. No obstante, me alegro por el hecho de que una mujer acceda a tal responsabilidad.
La verdad es que voy a intentar ser breve, aunque no sé si lo conseguiré, debido a la importancia que el Ayuntamiento de Benavente, como bien decía la señora Presidenta, tiene en la provincia de Zamora, al ser el segundo municipio y que, en las circunstancias actuales, por su propia ubicación, está incurriendo en competencia desleal con el resto de los ayuntamientos de la provincia de Zamora y también con los de la de León.
En base a las palabras del Senador García Carnero, que además es concejal de ese ayuntamiento y que habla en nombre del Grupo Popular, quiero decirle que, si bien es cierto como él dice, que el período auditado por el Tribunal de Cuentas el alcalde era del CDS, no es menos cierto que estaba apoyado por el Partido Popular, que formaban un gobierno conjunto.
Me parece cuando menos insólito que se pretenda descargar tales irregularidades o, por ser más cauta, anomalías en los funcionarios, cuando ha habido dos interventores titulares, cuatro tesoreros titulares y cuando además el Ayuntamiento de Benavente, como bien consta en el informe del Tribunal, tiene como norma habitual o hacer con retraso la oferta pública de empleo y cubrir las plazas vacantes o no hacerlo.
Ya que el senador ha pretendido, en nombre de su Grupo, descargar en otro partido político este muerto --que es un muerto-- le debo decir que me consta que desde el año 1991, en toda esta legislatura, no se han vuelto a aprobar por el Pleno de la corporación los presupuestos. El año 1991 se aprueban el 19 de diciembre, cuando ya me imagino que estarían gastados en su totalidad, pero no se han vuelto a aprobar otros por el Pleno de la corporación y no entiendo cuál es la razón por la que tiene mayoría suficiente para que no decaigan. Por eso digo que es difícil ser breve en este sentido debido a estas irregularidades.
Quiero destacar alguna cuestión, porque el propio alcalde, ante este informe del Tribunal de Cuentas, dice --lo voy a leer porque son tres líneas-- que en el apartado de intervención no se emite alegación alguna, puesto que al carecer de personal especializado para contestarlos y comprobar su justificación, nos vemos incapacitados en este momento para hacerlo.
Señora Presidenta, una de mis preguntas sería ¿qué cabe hacer cuando ante este cúmulo de irregularidades el propio Tribunal de Cuentas no acepta las alegaciones --dice: No ha sido posible asumir las alegaciones presentadas--, cuando el propio Alcalde del Ayuntamiento manifiesta en un escrito que ellos no pueden controlar eso porque no tienen funcionarios suficientes. Cuando hoy el portavoz del Partido Popular dice que la culpa es de los funcionarios, yo preguntaría a la señora Presidenta del Tribunal qué cabe hacer ante situaciones como en el informe del propio Tribunal de Cuentas consta en el apartado siguiente. Cuando existen adjudicaciones de obras que hoy se adjudican y mañana --y consta en el propio informe-- se procede a la apertura de plicas para adjudicar aquella obra; y cuando un mes y medio después se acuerda el señor Alcalde de que para adjudicar una obra debe existir el correspondiente informe de la Intervención para la consignación presupuestaria de la obra mencionada. Por ilustrarles --y no me gustaría entrar en este debate político, pero me consta--, la adjudicación de esa obra un día antes de haber procedido a la apertura de plicas, corresponde a una empresa de dos militantes activos del Partido Popular en esa comarca --y me responsabilizo de lo que digo en este tema--, concretamente los hermanos Tavara, Adjudicación en la que, como digo, no consta informe de la Intervención hasta el mes siguiente. Primero, se adjudica y después se abren las plicas, etcétera.
Ante irregularidades de características tales como la adjudicación de expedientes de obras, en presupuestos de dos millones de pesetas, por ejemplo, a la más baja, y después, con la oferta presentada, el adjudicatario presenta una oferta de un millón de pesetas y se le concede por 2. 700.000. pesetas. ¿Qué cabe hacer ante ese tipo de irregularidades? (La señora Rudi Ubeda: Este no es el trámite adecuado.)

El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.


La señora FERNANDEZ RABANAL: Voy a terminar, señor Presidente.
En definitiva, el informe lo tenemos todos, pero sólo quiero hacer hincapié en uno de los temas. ¿Qué se puede hacer cuando en los conceptos deudores ese ayuntamiento no puede informar al Tribunal de Cuentas, y a petición de éste, de quiénes son los deudores, que las deudas de ese Ayuntamiento, los que deben al mismo, se computan por conceptos y no existe una relación expresa de quiénes son los que deben.
Otro tema que me parece importante es que el agente recaudador, que tiene pactado en su contrato un 50 por ciento de apremio viene cobrando habitualmente, y así lo dice el Tribunal de Cuentas, el 75 por ciento de lo pactado, y además hace las veces de tesorero y de agente recaudador.
No sé si me cabría preguntar si ése es el criterio de austeridad al que el Partido Popular nos tiene acostumbrados en Castilla y León. (La señora Rudi Ubeda pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Señor Presidente, lamento utilizar 30 segundos de mi tiempo, pero creo que la intervención de la Senadora representante del Grupo Socialista ha ido mucho más lejos de lo que es este trámite y quiero

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que conste mi protesta a efectos de acta, así como la indicación de que desde el Grupo Popular no se le ha planteado ninguna protesta al señor Presidente cuando le ha llamado la atención al Senador de mi Grupo, porque también se iba yendo del tema, pero creo que en este caso, de la misma manera, había razones justificadas para haber hecho lo mismo que se hizo con el portavoz del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Constará en acta, señora Rudi.
A efectos de contestar, tiene la palabra la señora Presidenta del Tribunal.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Muy brevemente, señor Presidente.
Ustedes comprenderán que, como ha dicho el señor García Carnero, las irregularidades que se registran normalmente en las corporaciones locales suelen ser muy numerosas y afectan a muchos hechos. Lo que ocurre es que, tal como nos suponíamos, ambos informes que hoy se presentan aquí, son complicados. Recuerdo que el Ayuntamiento de San Antonio de Ibiza manifestó por escrito en una ocasión al Tribunal que no estaba en condiciones de rendir cuentas y, como es natural, esto fue un indicio de que había que mirar por qué no estaba en condiciones de rendir cuentas.
Entonces, dentro de que efectivamente es cierto, como usted ha indicado, que las anomalías son generales en los ayuntamientos, creo que ambos casos, los que hemos presentado, reúnen una situación de funcionamiento un poco complicada y es una satisfacción para el Tribunal, que me honro en representar, saber que algunas cosas se están corrigiendo ya.
Respecto a San Antonio Abad me preguntaba a qué se pueden deber algunas de las anomalías y si se pueden justificar por alguna razón. Los municipios tienen unas características comunes según su tamaño, que en este caso es difícil que coincidan, porque los problemas que puede tener un ayuntamiento como el de San Antonio Abad están un poco desligados incluso de su propio tamaño poblacional, y eso es debido a la actividad fundamental. La actividad turísticas hace que los municipios tengan muchísimos más problemas para resolver, básicamente en el área de concesión de licencias de obras, etcétera. Esto es evidente para todos.
En estos años la actividad turística ha tenido una explosión, y es la causa que se pone de manifiesto en el informe y puede ser explicativa --si usted me ha preguntado, yo le doy una opinión-- de algunas de esas situaciones, como cuando un niño crece tan deprisa que ya no nos cabe en ningún sitio. Esto es un poco lo que, a mi juicio, dicho en palabras muy llanas, ha ocurrido en San Antonio Abad. En un momento determinado decimos en el informe que el presupuesto del año 1990 respecto al año 1989 creció en un 72 por ciento, y el ayuntamiento no ha sido capaz de asumirlo. También es comprensible (yo no le estoy acusando de nada porque ustedes han visto que mi tarea aquí no es acusar a nadie, estoy semijustificando) que no haya sido capaz de poder hacer frente a ese crecimiento descomunal, y parte de las anomalías que se encuentran se pueden explicar por eso. Yo creo que en la vida casi todas las cosas tienen una explicación.
A la señora Fernández le pido, por favor, que no le pregunte al Tribunal de Cuentas qué es lo que hay que hacer. Hay otros ámbitos, otros lugares donde se les podría contestar. Nosotros hacemos el informe.


--SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PARA DAR CUENTA DE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRA EL INFORME DE FISCALIZACION ESPECIAL DE LA EMPRESA PUBLICA RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES (RENFE), REFERIDO A SU EJERCICIO 1989. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IU-IC (Número de expediente Congreso 212/001202 y número de expediente Senado 713/000319.)

El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día se refería a una solicitud, que habría que votar en su caso, de comparecencia de la Presidenta del Tribunal de Cuentas para dar cuenta del estado de la fiscalización de Renfe referido al ejercicio del año 1989, pero consultada la Presidenta del Tribunal de Cuentas no tiene inconveniente, si se formula la petición de comparecencia sobre ese informe, en contestar y, así, no tener que comparecer expresamente para este punto.
En consecuencia, el señor González tiene la palabra a los efectos de formular verbalmente su solicitud.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, está formulada y la Presidenta puede contestarme.


El señor PRESIDENTE: Gracias por la concisión, señor González.
Tiene la palabra la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Voy a hacer un poco de historia, pero voy a ser muy breve porque no es el momento de alargarme. En el programa de actuaciones del año 1990, el Pleno del Tribunal de entonces, a instancias del entonces Consejero don Andrés Suárez, que llevaba el departamento de empresas públicas, acordó una fiscalización de Renfe referida a la cuenta de resultados del año 1989, variaciones patrimoniales, cumplimiento del PAIF y contrato-programa en dicho año.
Cuando a finales del año 1991 fui nombrada Consejera del Tribunal de Cuentas, este informe se estaba realizando y había un número considerable de funcionarios que estaban en Renfe, se decía: éstos son los que están en Renfe. Las situaciones «in situ» en la empresa duraron hasta el verano de 1992, y en aquel momento hubo un anteproyecto de borrador que, en opinión de los técnicos del departamento, no se ajustaba al ámbito material, que acabo de decir cuál era: las variaciones patrimoniales, el cumplimiento del PAIF, el contrato-programa y los resultados del año

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1989, ni tampoco se ajustaba al ámbito temporal del año 1989. En vista de eso, de que el anteproyecto o, si quieren, primer borrador o como le quieran llamar, elaborado no se adaptaba, se consideró oportuno rehacerlo en el sentido de contestar exactamente a lo que en el plan del año 1990 se había pretendido, que era lo que les he indicado a ustedes.
Este trabajo quedó concluido en el mes de enero de 1994. En el mes de febrero, se pusieron de manifiesto a la entidad fiscalizadora las actuaciones que se habían realizado para las alegaciones pertinentes, se recibieron las alegaciones y se elaboró lo que podemos llamar un proyecto de informe, que fue remitido a los consejeros de Tribunal; por tanto, todos los consejeros, el ministerio fiscal y la abogacía del Estado lo tienen desde finales de marzo de 1994.
En aquel momento, resultaba evidente que había unos problemas de inquietud pública en la sociedad, referidos a algunos aspectos relacionados con Renfe y que aquel informe no recogía, dados el ámbito temporal, de 1989, y los fines que se pretendía fiscalizar. Por eso, en el mes de abril, se acordó realizar una fiscalización especial sobre las relaciones de Renfe con las entidades Equidesa, Medicalia, Catertrén y Datsa, con objeto de que, existiendo un informe sobre el año 1989, con el conocimiento de las relaciones de Renfe con estas cuatro empresas colaboradoras de Renfe, fuera de ese año 1989, se pudiese dar respuesta a esas inquietudes que estaban en la sociedad.
A partir de entonces, todavía no hace un año, se ha trabajado intensamente en el proyecto de fiscalización, se intenta presentar todo junto para evitar que el informe de 1989, referido a esos ámbitos temporal y material, pueda parecer insuficiente y se pretende enviar todo junto a esta Comisión. La fiscalización está concluida en su práctica totalidad y será enviada a alegaciones en un plazo brevísimo --cuando digo brevísimo considero que será durante el mes de marzo--, como mínimo a tres de las cuatro empresas que he citado, probablemente a las cuatro.
Calculen el tiempo que se les da para alegaciones y la redacción final para atender aquellas alegaciones, la aprobación en Pleno y la remisión a la Comisión. Es muy arriesgado dar fechas porque, a veces, somos lentos, contra nuestra voluntad, pero pienso que puede ser hacia el verano. Lo creo así dado el avance de los trámites y cómo se encuentran en este momento.


El señor PRESIDENTE: Se da por concluido el orden del día.
Antes de levantar la sesión, quiero recordar lo siguiente. El día 28 de febrero, martes a las trece horas, deberá reunirse la Ponencia para emitir el informe relativo a la cuenta de 1991. Hasta el día 2 de marzo, jueves, a las veinte horas, cabe la presentación de propuestas de resolución relativas a todos los informes que se han visto en la sesión de hoy.
Quiero agradecer a todos la paciencia que han tenido, especialmente con este Presidente, y también a la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas por lo largo y agotador de la jornada. (La señora Presidenta del Tribunal de Cuentas, García Crespo, pide la palabra.) Tiene la palabra, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Perdonen que tome la palabra por última vez.
He recibido por parte de ustedes reiteradas felicitaciones a las que, con una descortesía total, no he correspondido. Muy agradecida a todos.


El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.


Eran las diez y cincuenta y cinco minutos de la noche.

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