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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 51, de 11/10/1994
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 1994 V Legislatura Núm. 51 PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS Sesión núm. 10 celebrada el martes, 11 de octubre de 1994, en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DIA: Estudio de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre coordinación de medios para la investigación y persecución del tráfico de drogas. (Números de expediente S. 572/000018 y C. D.
161/000242) Comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Excmo. Sr. D. Carlos López Riaño. (Números de expediente S.
713/000176 y C. D. 212/000777)

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


--ESTUDIO DE LA PROPOSICION NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SOBRE COORDINACION DE MEDIOS PARA LA INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL TRAFICO DE DROGAS. (S. 572/000018; C. D. 161/000242.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el primer punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre coordinación de medios para la investigación y persecución del tráfico de drogas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


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Para su defensa, tiene la palabra doña Teófila Martínez.


La señora MARTINEZ SAIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el motivo principal que ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a la presentación de esta proposición no de ley para la creación de una unidad única en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para que se coordinen todos los medios humanos y materiales al servicio de la investigación, como dice nuestra proposición, ha sido principalmente la preocupación que desde hace tiempo tiene la sociedad española y, cómo no, muchos de los funcionarios adscritos a estas funciones, por los acontecimientos que se están desarrollando en los últimos meses.
Desde luego, la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y blanqueo de dinero y, en definitiva, contra las mafias organizadas está siendo, sin duda, una de las asignaturas pendientes del Gobierno socialista. Llevamos varios años escuchando a sus principales responsables que se está trabajando en la dirección acertada. Se aprobó hace un año la Ley de Blanqueo de Capitales; se nombró un Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, como el señor Garzón, que, según el Presidente del Gobierno, señor González, por su grado de conocimiento desde la judicatura iba a impulsar de forma importante el Plan Nacional sobre Drogas.
Posteriormente, señorías, en diciembre de 1993, se cambió de ubicación la Delegación del Gobierno, pasándola del Ministerio de Asuntos Sociales al Ministerio del Interior, con el objetivo principal de coordinar las operaciones de lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, además de todo lo concerniente a la prevención y al tratamiento.
En esta lucha contra el narcotráfico han venido actuando, como todos conocemos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera.
Con respecto al blanqueo de capitales, los funcionarios que más experiencia han ido acumulando a lo largo de los últimos cuatro años han sido los adscritos al Servicio de Vigilancia Aduanera, siempre actuando por mandato de los jueces de la Audiencia Nacional.
El señor Garzón, cuando tomó posesión como Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, anunció en su primera comparecencia la necesidad de coordinar de manera eficaz todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y más tarde, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, el señor Garzón estuvo manteniendo conversaciones con los responsables del Ministerio del Interior, incluido el señor Vera, con responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, del Servicio de Vigilancia Aduanera, señor Herrera, y cuando parecía que ya se había llegado, más o menos, a un acuerdo sobre cuál iba a ser la composición de esa única unidad que se iba a dedicar, como verdaderos especialistas, a la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, en la última reunión el señor vera anunció a los representantes del Servicio de Vigilancia Aduanera que iban a poder estar dos miembros de dicho Servicio como observadores, como asesores, pero nunca como miembros de esa unidad especial.
Pasados estos meses de conversaciones, el día 4 de mayo de 1994, en la comparecencia del señor Garzón como máximo responsable después de haberse ubicado a la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio del Interior --y ruego a sus señorías que disculpen el tiempo que voy a tardar en leer textualmente sus manifestaciones, pero creo que son importantes--, el señor Garzón decía: El narcotráfico, entendido por el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, es sobre todo una de las manifestaciones más genuinas de la criminalidad organizada. Consciente de todo ello, y de que este tipo de criminalidad internacional exige una serie de respuestas de alcance equivalente, el Gobierno estudió y, finalmente, decidió, que el organismo de coordinación política en todos los ámbitos lo sea también de coordinación operativa. En este sentido han marcado las normas jurídicas necesarias para que la Delegación pueda llevar adelante este contenido con la finalidad clara de aprovechar todos los recursos humanos y materiales, coordinándolos y haciéndolos funcionar en una misma dirección. Este cometido no es fácil por tres razones: Primero, porque con carácter previo, aun reconociendo el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no existía esa coordinación de aglutinación de esfuerzos que ahora se pretende. Segundo, porque la mencionada coordinación afecta no sólo al Ministerio del Interior, sino también al Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se encuentra ubicada la Agencia Estatal Tributaria y en ésta el Servicio de Vigilancia Aduanera, con competencias actuales en la represión del tráfico de drogas. Tercera, porque la coordinación interna por sí sola no es suficiente, ya que han de diseñarse los mecanismos de colaboración y obtención de información de otras instancias diferentes, a saber, del Servicio Ejecutivo y de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales cuando éstos procedan del tráfico de drogas.
Más adelante, el Delegado del Gobierno decía: Una vez expuesto el sistema de coordinación, de información y de dirección de actuaciones, debe hacerse mención a tres cuestiones. El Servicio de Vigilancia Aduanera, integrado en la Agencia Estatal Tributaria; el Servicio Ejecutivo y la Unidad de Policía, adscrita a la Fiscalía General del Estado. El Servicio de Vigilancia Aduanera, por su trayectoria, por su composición y por los medios técnicos de que dispone es fundamental en la investigación y persecución de los comportamientos a los que extiende su competencia, en especial el contrabando; asimismo, y viene prestando importantes servicios en la represión del tráfico de drogas, e incluso en la de blanqueo de capitales, cuando han actuado por orden de los jueces.
Señorías, éstas eran las manifestaciones del Delegado del Plan Nacional sobre Drogas el 4 de mayo de 1994.
Ante estas propuestas y ante estas manifestaciones que se efectuaban por parte del señor Garzón, máximo responsable entonces, el Grupo Parlamentario Popular encontró una esperanza porque pensamos que iba en el camino acertado para, en parte, luchar contra el blanqueo y contra el narcotráfico. Han pasado seis meses y la verdad es que no tenemos conocimiento de ninguna operación nueva de lucha contra el blanqueo. Han pasado seis meses y el desánimo

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de muchos funcionarios que han venido trabajando en esa dirección, a las órdenes de los jueces, es palpable; han pasado estos meses y, al contrario, en las zonas más sensibles al blanqueo y al narcotráfico, el Servicio de Vigilancia Aduanera, en los últimos días, está siendo en su organización, por la parte terrestre, prácticamente desmantelado en el sentido de que se han quitado todas las funciones operativas a los funcionarios que llevaban desde 1990 trabajando en estos aspectos.
Señorías, les voy a poner un ejemplo de Andalucía, donde más ha actuado al servicio de los jueces el Servicio de Vigilancia Aduanera. Las primeras investigaciones en materia de blanqueo de capitales con origen en actividades de narcotráfico se iniciaron por parte de la Jefatura del Servicio de Vigilancia Aduanera en Cádiz, en septiembre de 1990. La iniciación de estas tareas fue totalmente a instancias de la propia Jefatura y sirviendo como soporte-base del trabajo de cuatro funcionarios que iniciaron la actividad de una forma autodidacta y por voluntad personal. En noviembre de 1991, aprovechando el apresamiento por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera del pesquero «Paco Inne», con 10.000 kilos de hachís en aguas del litoral gaditano, se arremeten los primeros golpes a una importantísima red internacional de narcotraficantes que el Servicio de Vigilancia Aduanera vino a denominar MUFA. Se detuvo a catorce personas y se intervinieron e investigaron más de 6.000 millones de pesetas. Después, en octubre de 1992, coordinados por los jueces de la Audiencia Nacional señores Garzón y Bueren, se organizan los preparativos de lo que se ha venido en llamar la «operación pitón». En dicha operación, el Servicio de Vigilancia Aduanera se encargaría, de acuerdo con los trabajos aportados hasta esta fecha, de la detención de 15 personas de un total de 38, vinculadas todas ellas a las organizaciones internacionales MUFA, OVA y Everest, a través de los trabajos de investigaciones económicas de sus componentes hasta esa fecha. En diciembre de 1992 el Juez Garzón encomienda al Servicio de Vigilancia Aduanera, en calidad de policía judicial, mediante la expedición de casi cuarenta órdenes judiciales, una vastísima investigación económica y patrimonial de un total de setenta y cinco personas. Durante 1992 se intervienen e investigan capitales por valor de más de 1.000 millones de pesetas relacionados con posibles operaciones de blanqueo.
Del mismo modo, en febrero de 1993 el Juez Bueren ordena el Servicio de Vigilancia Aduanera, mediante la expedición de una veintena de mandamientos, los mismos trabajos de investigación, en esta ocasión referidos a otras cuarenta y cinco personas. Durante este año se consolidan los trabajos de investigación, de tal forma que la Audiencia Nacional encomienda al Servicio de Vigilancia Aduanera la investigación en otros puntos de Andalucía, tales como Sevilla, Huelva, Málaga y asimismo en Ceuta, lugar donde han sido determinantes los trabajos en estas operaciones, no sólo las diligencias afectas a las organizaciones y operaciones indicadas sino a posteriores líneas de investigación que se abrieron en la Audiencia Nacional y con la misma Fiscalía Especial Antidroga.
El año 1993 fue el más importante, no sólo desde el punto de vista cualitativo, sino también cuantitativo, investigándose operaciones financieras y patrimoniales por valor de más de 22.000 millones.
En la primavera de 1994, mediante dos fases que se denominaron «operación cuellos blancos», coordinadas por el Juez Bueren y la Fiscalía Especial Antidroga, se interrogó y tomó declaración a más de cuarenta personas, vinculadas todas ellas directa o indirectamente a operaciones de financiación y blanqueo de capitales procedentes de actividades de narcotráfico. La operación constituyó un éxito importante pues era la única experiencia de este tipo que se había llevado a cabo en España hasta la fecha en materia de investigación de blanqueo de capitales, fruto de casi dos años de trabajo.
Señorías, después de todo esto seguiría relatándoles los trabajos realizados por el Servicio de Vigilancia Aduanera a nivel de Andalucía.
Se han pedido más medios por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera y, sin embargo, ha quedado un solo funcionario, por ejemplo, en la Jefatura de Cádiz.
Señorías, hay varias preguntas que quisiéramos hacer en esta Comisión.
¿Por qué en lugar de potenciar los medios humanos y técnicos de trabajo del Servicio de Vigilancia Aduanera en materia de blanqueo de capitales se han ido disminuyendo sus efectivos hasta dejarlos reducidos casi en su totalidad? Eso nos muestra claramente cuáles son las intenciones del Gobierno de no coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el Ministerio de Economía y Hacienda, con la Agencia Tributaria y con el Servicio de Vigilancia Aduanera, porque sin los únicos funcionarios que durante los últimos cuatro años han sido especialistas en la lucha contra el blanqueo, no tiene sentido que aquellas unidades que tienen hasta este momento una vasta experiencia se queden sin efectivos. Tampoco tiene ningún sentido que, después de haber puesto en la Ley de Blanqueo como Presidente de la Comisión al Secretario de Hacienda en vez de a un Magistrado, se vacíe de contenido en esas operaciones al Servicio de Vigilancia Aduanera, o sea, a la Agencia Tributaria, o sea, al Ministerio de Economía y Hacienda.
Creemos, además, que la única manera de luchar contra el blanqueo es que ninguna acción ni operación se pare en ningún estamento del Estado. ¿Por qué? Porque por mucho que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estén detrás de una operación de narcotráfico, detrás de unas operaciones de blanqueo, que son muy difíciles de seguir dada la complejidad de las actuaciones de los narcotraficantes y los blanqueadores, si dejamos a un lado o de manera puramente ocasional las operaciones y la coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda y con el Servicio de Vigilancia Aduanera, no vamos a llegar nunca al final, porque además manifestaciones del Fiscal General de la Droga, señor Abad, manifestaciones del señor Bueren y otros jueces de la Audiencia Nacional en jornadas realizadas en el campo de Gibraltar durante los últimos años por el Consejo del Poder Judicial y por el Ministerio del Interior han señalado la importancia de que se cree esa unidad única o que se coordinen de forma especial todos

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los efectivos de lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, incluido el Ministerio de Economía y Hacienda.
Señorías, si nosotros no le decimos al Gobierno que es necesaria la creación de esa unidad, que modifique la legislación para que esos Cuerpos puedan trabajar coordinadamente sin ningún problema de competencias, estaremos dejando a los blanqueadores, verdaderos especialistas en estas artes, y a los narcotraficantes, que sigan considerando nuestro país como un cortijo especial para sus operaciones.
No tiene ningún sentido que el Ministerio de Economía y Hacienda y el Servicio de Vigilancia Aduanera queden fuera de esta coordinación; no tiene ningún sentido porque, señorías, en el Ministerio del Interior hasta 1991 sólo había dos funcionarios, dos inspectores de Hacienda que estaban especializados en estos temas y que escribieron un libro para el Ministerio del Interior sobre las principales formas de blanquear dinero en nuestro país; pero no tenían experiencia, porque es muy complicado, según los expertos, hacer el seguimiento del dinero de los blanqueadores que provenga del narcotráfico y de otras actividades a las que se dedican las mafias internacionales.
Por tanto, señorías, nosotros no queremos hacernos preguntas de por qué.
¿Por qué? Porque sería muy peligroso ya que los especialistas del Gobierno que tienen contactos con organizaciones internacionales no quieren dar este paso. Señorías, por si ustedes no lo saben, quiero informarles de que en las reuniones de los países, antes de la firma del acuerdo de Viena, los únicos representantes del Gobierno español que iban eran funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, no de otro Ministerio, concretamente el funcionario adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, al Servicio de Vigilancia Aduanera de la provincia de Cádiz, en el Puerto de Algeciras.
Señorías, creemos que es muy importante que se dé este paso. Tenemos sospechas de que el Gobierno va en dirección contraria. No queremos que dentro de unos años ocurra lo que ha pasado el otro día como resultado de la sentencia de la «operación nécora», que después de doce años se nos diga que hay que cambiar las leyes. Esto no me produce, señorías, la menor sonrisa, aunque, como Grupo de la oposición estemos aprovechando políticamente esa oportunidad que se nos da ante esas manifestaciones provenientes de los máximos responsables de un Gobierno que ha tenido doce años para ir modificando las leyes de acuerdo con el desarrollo y el devenir de los acontecimientos en lo referente al narcotráfico y el blanqueo.
Estamos dispuestos a colaborar desde la oposición con el Gobierno socialista y con sus técnicos para buscar la mejor solución a que efectivamente todos, los mejores efectivos de los funcionarios al servicio de los españoles, estén implicados en la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo. Señorías, no queremos seguir asistiendo a que se sigan aprobando leyes y que luego nos falten dotaciones, medios humanos y especialistas en la lucha contra el blanqueo.
Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señorías. Espero la mayor comprensión de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y del Senado y de sus representantes en esta Comisión ante esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
A la Mesa no ha llegado ninguna enmienda. Supongo que ningún grupo ha presentado enmiendas.
Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, don Narcís Vázquez Romero.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Muchas gracias, señor Presidente.
A mi Grupo esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular le sugiere dudas, sinceramente. Creemos que en su formulación y en la explicación que acaba de dar la señora Diputada tiene aspectos positivos que podrían ser compartidos. Quizá el objetivo deseado sea muy loable, pero al mismo tiempo se nos generan dudas. Dudas, porque ubicar en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas todos los aspectos de coordinación operativa de todo lo que significa actividad policial y actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, por la fuerza de los hechos podría acabar produciendo un efecto al que nosotros somos radicalmente contrarios, y es que ésa fuera la actividad fundamental, y prácticamente la única, de la Delegación Nacional y de propio Plan, y que la mismo tiempo los demás aspectos del Plan que tienen que ver con la lucha contra la demanda --prevención, rehabilitación, reinserción, etcétera-- podrían acabar siendo, si no olvidados, bastante ninguneados --utilizando una expresión de uso reciente--, y eso parecería un error.
Nosotros pensamos que, siendo ése un efecto seguramente no deseado por el Partido Popular, a través de esta proposición no de ley podríamos acabar produciendo este tipo de situaciones.
El modelo que propone el Partido Popular es un poco el de la DEA, la «Drugs Enforcement Administration» de los Estados Unidos, que tiene virtualidades positivas y también negativas, como todo el mundo sabe. Con ese modelo de coordinación policial, Estados Unidos no es precisamente un país que se encuentre libre del tráfico de drogas, ni muchísimo menos, es más, no son pocos los trabajos sobre el tema de drogas que consideran a ese país como un impulsor del propio tráfico de drogas en función del gran volumen de negocios que significa el mismo, y, por tanto, el ejemplo no sería el mejor.
En cuanto a la referencia final que ha hecho la señora Diputada a los problemas recientes con la «operación nécora», yo creo que el problema fundamental es que desde la Administración se debe conseguir que se sea absolutamennte escrupuloso en todo lo que pueden considerarse garantías procesales para evitar lo que ha acabado ocurriendo, es decir, condenas muy leves a supuestos grandes narcotraficantes y, por contra, condenas un poco más fuertes a las ramas terminales, capilares de esas grandes organizaciones, probablemente, repito, por esa falta de cuidado en el cumplimiento estricto de lo que son garantías procesales --y no es la primera vez que esto ocurre, además, en personas de alta cualificación, al menos supuesta--. En definitiva, la Administración debería dedicar el esfuerzo necesario para que esa situación no se volviera a repetir.
Volviendo de nuevo a la proposición, repito sintéticamente lo que he dicho. Nos parece que tiene virtualidades positivas que podrían hacer más eficaz la lucha contra el

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narcotráfico --todo lo que significa coordinación de esfuerzos es en sí mismo un hecho positivo--, pero los otros aspectos a los que me he referido, es decir, que podrían acabar criminalizando todo el tema de drogas, es algo a lo que mi Grupo y yo personalmente nos hemos opuesto siempre y nos parece que desvirtúan esos supuestos efectos positivos.
Voy a oír atentamente las explicaciones de los demás grupos, como he oído atentamente las razones de la señora Diputada del Grupo Parlamentario Popular, y finalmente decidiré mi posición.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra don Josep María Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Hemos escuchado con mucha atención las explicaciones de la señora Diputada desde el momento en que hemos llegado a esta Comisión, y debemos manifestar, en representación de nuestro Grupo, que algunas de las cuestiones que ha planteado podrían ser suscritas perfectamente porque, evidentemente, no hay ningún motivo por el cual puedan ser rechazadas.
Sin embargo, debemos manifestar también que entendemos que todos los grupos parlamentarios de esta Comisión tenemos una sensibilidad similar ante este problema, y me atrevo a decir que todos estamos dispuestos a encontrar las mejores soluciones. Otra cuestión es que en la exposición que ha hecho la señora Diputada se refiriera exclusivamente a la propuesta de esta proposición no de ley; es decir, una cosa es el análisis de las situaciones y otra es una propuesta concreta que se trata de someter a debate en este caso y sobre la que ahora mismo nos vamos a pronunciar.
Nuestro Grupo entiende que la coordinación que demanda esta proposición --y tengo que decir que nosotros entendemos que todas las coordinaciones son buenas y son bienvenidas-- es una coordinación que corresponde a entidades que ya existen. Nos parece que insta a la creación de un organismo nuevo en vez de instar a que funcionen bien, o a que funcionen mejor, o a procurar rectificar aquellos errores que se produzcan y modificar en positivo lo que se pueda modificar de aquellas entidades que ya existen. Quizá, si la proposición hubiera ido en la línea de presentar propuestas de planes por objetivos en los que se tuviera en cuenta la corresponsabilización, estaríamos de acuerdo, pero no lo estamos con crear una entidad nueva --puesto que insta la creación de una agencia central--, que quizá tendría dificultades para coordinar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --que en la exposición de motivos de esta proposición no de ley reconoce el Grupo proponente que han realizado un gran esfuerzo en esta materia, y nosotros no dudamos de que lo continuarán realizando--, como a la policía de base, que es la primera fuerza actuante.
Por tanto, por los motivos expuestos, señor Presidente, y sin querernos extender porque entendemos que no procede, nosotros vamos a votar negativamente esta proposición no de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel Abad.


La señora ABAD PINILLOS: Gracias, señor Presidente.
Yo creo que a estas alturas resulta para todos evidente que la lucha contra la droga plantea una problemática muy extensa, en la que convergen, en primer lugar, actuaciones muy diversas y que cada una y todas ellas tienen una importancia capital, ya que no sólo es preciso frenar la demanda, reducir los efectos del consumo y realizar una política social positiva con los afectados, sino también combatir la oferta, es decir, el narcotráfico. Este planteamiento se encuentra ya recogido en el Plan Nacional de 1985, no es nada nuevo.
En segundo lugar, confluyen diversidad de competencias asumidas por los diferentes departamentos ministeriales, y a tenor del diseño autonómico, las Comunidades Autónomas tienen gran parte de las responsabilidades den la materia. No olvidemos tampoco la importancia que en este sentido tienen la corporaciones locales. Hoy son ya numerosos los ayuntamientos que ofrecen servicios y programas en este sentido. Asimismo, quiero señalar que el propio Plan Nacional sobre Drogas, así como el desarrollo normativo propiciado por el Gobierno de la nación, ha implantado un sistema de coordinación serio y eficaz.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que la coordinación y la cooperación interinstitucional e interautonómica, y la incorporación a ésta de la iniciativa social, es el mejor instrumento para la lucha contra la droga. Y en este sentido, la lectura tanto de los «Diarios de Sesiones» de esta Comisión, como de las diferentes normativas autonómicas --entre las que se encuentran normativas realizadas por el Grupo Parlamentario Popular--, nos demuestran la asunción del modelo instaurado por el Plan Nacional sobre Drogas, modelo cuya filosofía y base de actuación es la coordinación y la cooperación.
Siguiendo esta línea de actuación, el Gobierno, para dar cumplimiento a las propuestas contenidas en el informe de la Comisión de la IV Legislatura y como fruto de una reflexión política seria sobre cómo podría darse una respuesta global a las prioridades actuales, entre las que se encuentran, indudablemente, la represión del narcotráfico y el blanqueo de capitales proveniente de él, decidió que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, organismo de coordinación política e institucional, lo fuera también de coordinación operativa. En este sentido ha marcado normas precisas para que pueda llevar a cabo este cometido con la finalidad de aprovechar todos los recursos humanos y materiales, coordinándolos y --utilizando las palabras del anterior Delegado del Gobierno-- haciéndolos funcionar todos en la misma dirección, y dotándolos

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de una estructura complementaria que hoy ya está vigente.
No me voy a extender en este sentido, pues es de todos conocida la normativa y los objetivos que ésta perseguía. Pero sí quiero recordar la creación de dos órganos de coordinación nuevos: el Consejo Superior de Lucha contra el Tráfico de Drogas y Blanqueo de Capitales y el Grupo de asesoramiento y asistencia de operaciones de lucha contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales, así como los dos gabinetes dependientes directamente del Delegado del Gobierno. También le tengo que recordar lo reciente de la implantación; la última norma aplicable a este respecto es el Real Decreto 1334, de 20 de junio del presente año.
Es claro que el Gobierno fue consciente de la necesidad de coordinación y no hizo depender del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas los distintos medios y servicios para luchar contra la droga, le otorgó la coordinación.
Por lo dicho anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista, en nombre del cual realizo esta intervención, cree que en estos momentos se debe profundizar en el modelo recientemente implantado. Aun así, cualquier sugerencia que insista en la necesidad de coordinar las actuaciones y las competencias ofrece en sí misma interés y resulta bueno que se reflexione sobre ella.
La proposición no de ley que hoy se debate, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, plantea en sí misma profundas dificultades para que el Grupo Parlamentario Socialista le preste su apoyo.
En primer lugar, me parece necesario insistir en que el modelo que apoyamos es el modelo desarrollado por el Gobierno y que no ha tenido tiempo suficiente para consolidarse. Una de las críticas más contumaces, manifestada por el Grupo Parlamentario Popular en sus intervenciones hacia la política del Gobierno, ha sido los cambios producidos en la ubicación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y las modificaciones en su estructura que, según sus planteamientos, han motivado un freno en el desarrollo de los objetivos del Plan Nacional sobre Drogas. En este sentido, percibo una contradicción, puesto que a los 20 días de manifestar esta situación, ustedes, los firmantes de esta proposición no de ley, firmaban la mencionada proposición. Desde nuestro punto de vista, si ésta se llevara a cabo significaría un quebrando absoluto del actual Plan Nacional, una muy seria reorganización administrativa y una importante revisión legislativa.
Asimismo, de forma insistente, el Grupo Parlamentario Popular dice en sus exposiciones que en política tenemos que acostumbrarnos a evaluar resultados; de acuerdo. En este sentido poco seria resultaría una evaluación de un sistema que ha finalizado su definición hace tres meses, el último --como antes he señalado-- en junio de este año. Por mantener un mínimo de seriedad y coherencia, debemos dejar que la nueva estructura, que ha alcanzado un nivel funcional y organizativo suficiente para iniciar una nueva fase, profundice en sus cometidos.
En segundo lugar, la propuesta que se realiza significaría que en nuestro país se abandonaría el modelo de coordinación y se implantaría un modelo de intervención operativa, modelo que no está instaurado en ningún país de la Unión Europea y que, según se desprende del texto propuesto --que también ha señalado el interviniente de Izquierda Unida--, nos acercaría al modelo americano que ya se ha demostrado ineficaz y que en estos momentos se encuentra en revisión.
El sistema que se produce entrañaría, asimismo, una duplicidad de estructuras entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Otras unidades policiales también serían receptoras de denuncias, también tendrían objetivos claros con delitos relacionados con la droga y, por tanto, a tal efecto tendría que crearse otro sistema de coordinación.
Todo esto restaría eficacia al objetivo principal e, indudablemente, incrementaría el gasto público. No supondría una mayor especialización, como ustedes dicen, señores del Partido Popular, puesto que la especialización ya existe, y nos lo demuestra el éxito que están teniendo en sus actuaciones las diferentes unidades y servicios que están interviniendo. No nos interesa tener policía ni servicios especiales de droga, sino que la policía y los servicios que existen trabajen y tengan éxito en la lucha contra la droga.
En tercer lugar, un sistema como el propuesto por ustedes, de dependencia de todos los medios y servicios, es imposible ante la variedad de órganos de competencia en el ámbito que nos ocupa y que desde su ubicación están contribuyendo de forma muy eficaz al control del tráfico de drogas.
Estos, por otra parte, no sólo se encuentran bajo la dependencia del Ministerio de Justicia e Interior, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también en el de Economía y Hacienda, del que depende el Servicio de Vigilancia Aduanera, con competencias mucho más amplias que las de represión del tráfico de drogas, aunque hay que señalar los excelentes resultados que en este sentido están teniendo y que su nueva ubicación supondría el abandono de funciones tradicionalmente encomendada a la aduana, lo cual impediría el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Unión Europea.
En la misma línea se encuentra la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Infracciones Monetarias, en la que ya está representado el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y que, además de las funciones relacionadas con los capitales provinientes del narcotráfico, tiene otras muchas. Y no hay que olvidar tampoco la necesaria coordinación y cooperación con las diferentes policías autonómicas y locales.
Por todo lo expuesto, la propuesta que contiene la iniciativa que se examina parece escasamente realista y poco conforme con la naturaleza y las características del Plan Nacional sobre Drogas y de la Delegación del Gobierno, que correría el riesgo de sesgar su actividad abandonando su principal función coordinadora y pudiendo apartarse de otras muchas facetas que tiene el problema, como la preventiva, la asistencial, la de incorporación social, etcétera. Asimismo, entraría en contradicción con el modelo autonómico y con los contenidos del pacto local. Por otra parte, la Delegación del Gobierno no está concebida para que de la misma dependan órganos cuya competencia recae de lleno en ámbitos funcionales propios de otros departamentos ministeriales y de los entes autonómicos.


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Para concluir, manifestaré que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta de forma clara y decidida por el modelo existente, modelo de coordinación operativa, en cuya estructura se encuentran implicadas todas y cada una de las instituciones competentes, incluyendo la Fiscalía General del Estado, que permite tener buenos niveles de coordinación con las autoridades administrativas y policiales de ámbito internacional. Por supuesto, tiene como un objetivo irrenunciable la coordinación interministerial e interautonómica, y es ésta la base para que en nuestro país sean cada día mayores los esfuerzos dedicados a la lucha contra la droga y que sean también más los recursos con los que cuenta la sociedad para enfrentarse al problema.
Por tanto, la posición de nuestro Grupo es contraria a la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Abad. (La señora Martínez Saiz pide la palabra.
Tenemos muy poco tiempo, porque es posible que alguna de sus señorías desee tomarse un café y a las diez y media viene el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. No obstante, como la Senadora Martínez desea hablar y esto es un Parlamento, le voy a conceder la palabra. Todas las consideraciones previas acerca del tiempo son simplemente para rogarle brevedad.


La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Creo que el representante de Izquierda Unida no me ha entendido bien o no ha leído bien, porque con nuestra proposición no intentamos, ni muchísimo menos, restar todas las demás competencias del Comisionado para la Droga; nosotros decimos una unidad especial. Es más, la intención del Gobierno en la persona del que fue Delegado del Plan Nacional sobre Drogas, señor Garzón, y me imagino que mientras fue Delegado del Gobierno trabajaría para un Gobierno y con órdenes del Gobierno, era: veinte funcionarios especialistas de la Guardia Civil, veinte de la Policía y veinte del Servicio de Vigilancia Aduanera; era la creación de un Cuerpo especial, no que todo girase alrededor de esa unidad.
Nosotros, señorías, seguimos teniendo dos importantes dudas: por qué la Presidencia de esa Comisión de Lucha contra el blanqueo está presidida por el Secretario de Estado de Hacienda; si el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria van a estar fuera, porque los hechos son más tozudos de lo que se dice, y el Servicio de Vigilancia Aduanera está en este momento fuera de la lucha contra el blanqueo, y el Gobierno pretende sacarla también de la Ley de Contrabando, y ustedes lo saben.
Pero, además de eso, señorías, les voy a leer algo muy llamativo que antes no he leído pero creo que es ilustrativo: En el transcurso de las fases de la «operación de cuellos blancos» --operación hecha a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional--, el número de efectivos dedicados al asunto se reduce al mínimo, en contraste con operaciones anteriores donde se llegaron a emplear todos los funcionarios disponibles. Hay duras críticas por parte de los responsables locales y nacionales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el desarrollo de estas últimas operaciones donde, curiosamente, el ochenta por ciento de las personas llamadas a declarar ejercían actividades industriales, empresariales, y en la mayoría de los casos justificaban su vinculación económica con otras personas ya detenidas por narcotráfico en fases anteriores a través de sus actividades en negocios y empresas, poniendo encima de la mesa de los jueces y fiscales la contabilidad «B» de sus empresas que el Ministerio de Hacienda, a través de las inspecciones, no había sido capaz de averiguar desde el punto de vista tributario, intentando con ello desconectar las operaciones económicas descubiertas en las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera con el narcotráfico y apoyarlas, en todo caso, con infracciones o delitos contra la Hacienda pública.
Señorías, ¿qué coordinación está haciendo el Gobierno ahora para averiguar todas aquellas actas complementarias del Ministerio de Hacienda, que se está limitando a aceptar el pago del acta complementaria --y esto es muy grave, señorías, porque tiene que ver contra el blanqueo-- sin averiguar, a través de especialistas de lucha contra el blanqueo, de donde proviene ese dinero? ¿Por qué Hacienda no tiene la coordinación necesaria con los fiscales de lucha contra la droga y con la Comisión del Blanqueo para que, realmente, esas actas complementarias se sigan, desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo, para saber dónde va ese dinero? ¿Por qué hay actas complementarias de más de 500 millones de pesetas, en operaciones de compraventa de inmuebles, que es donde dice el Servicio de Vigilancia Aduanera y donde dicen los expertos que se está blanqueando dinero, y resulta que Hacienda se limita a aceptar el pago del acta complementaria sin enviarlo para que se averigüe de dónde viene ese dinero? Señorías, no nos engañemos, es necesario que todos los especialistas en la lucha contra el blanqueo trabajen a las órdenes del Delegado del Gobierno para la lucha contra la droga. Es necesario, y es necesario que se siga hasta el final. No podemos asistir a lo que estamos asistiendo, señorías, que a los investigados por el Servicio de Vigilancia Aduanera en la «operación cuellos blancos» les sea más fácil poner encima de la mesa su contabilidad «B» para justificar la procedencia de un dinero que viene del narcotráfico, y que nadie siga esto hasta el final.
Señorías, nosotros sólo estamos pidiendo que no se olvide esa coordinación; nosotros estamos pidiendo que los mejores efectivos estén a disposición de la lucha contra la droga y contra el blanqueo. Y, señorías, el tiempo perdido en esto es muy importante, son miles de millones de pesetas, y eso no es justificable. No podemos esperar más, porque lo que se está haciendo actualmente es nada. ¿Dónde están las operaciones de lucha contra el blanqueo en aplicación de la Ley de Blanqueo? Yo reto a cualquiera de ustedes a que pongan encima de la mesa una operación como la MUFA, como la Everest, como cualquier otra. Ninguna desde que se aprobó la ley. Y no me vengan a decir ustedes que es porque se llevan las diligencias secretas. No, es mentira, no hay ninguna. Por tanto, nosotros creemos que no es hacer ninguna cosa

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nueva, es profundizar en eso que decía la representante del Grupo Socialista, pero eso no se hace apartando a los funcionarios especialistas del Servicio de Vigilancia Aduanera de lo que han estado haciendo hasta ahora, a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional, actuando como policía judicial, señorías.
Espero que sus señorías lo reconsideren de nuevo y que dentro de unos meses no nos tengamos que arrepentir de la decisión tomada hoy en esta Comisión. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
Tiene la palabra la señora Abad.


La señora ABAD PINILLOS: Muy brevemente, deseo señalar ahora, pues no lo he hecho antes, que me parece que ustedes tienen una contradicción seria en sus planteamientos, y mezclan lo que es la lucha contra la droga y los problemas que ésta ocasiona en la sociedad actual con otros asuntos.
Sigo insistiendo en que tanto la Comisión de Blanqueo como el Servicio de Vigilancia Aduanera no tienen sólo la competencia que usted quiere otorgarle. Y voy a decirles que ustedes, por una parte, están pidiendo que se profundice en el sistema de coordinación, y que hasta ese punto estamos todos de acuerdo, en ese sentido tenemos que profundizar y, por otra parte, ustedes piden la creación de una unidad. Ustedes tienen una argumentación que, la verdad, no me parece coherente en ninguno de sus puntos. Y no nos vengan aquí con datos y más datos sobre operaciones o no operaciones. Yo creo que en la comparecencia que posteriormente vamos a tener del actual Delegado del Gobierno tendremos ocasión de escuchar cuál ha sido la evolución en estos últimos meses de la nueva estructura de coordinación.
Sigo insistiendo en que hay que dar coherencia a la actuación en este sentido, hay que dar la oportunidad de que se profundice en el modelo y hay que seguir con el modelo de cooperación y coordinación en vez de con el modelo que ustedes proponen que, realmente, no es un modelo que nuestro Grupo apoye en estos momentos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, le diría a la señora Martínez que mi Grupo, y yo personalmente, nos hemos cansado de decir en esta Comisión que el problema fundamental de la droga, desde nuestro punto de vista, lo genera la enorme plusvalía que produce precisamente la droga, y que la única forma eficaz de luchar contra la droga es acabar con esa enorme plusvalía; por tanto, la lucha contra el blanqueo de dinero es esencial.
Después de sus palabras, podría parecer que es la primera vez que hablamos aquí de blanqueo de dinero y que el único Grupo interesado en la lucha contra el blanqueo es el suyo. Yo sé que su Grupo está interesado en la lucha contra el blanqueo, pero, créame, el mío también, y estoy seguro que todos los demás.
Yo lo que no acabo de ver, ni veía antes, ni acabo de ver ahora mismo es que su proposición sea el instrumento eficaz para luchar contra el blanqueo y para luchar contra todo el mundo del narcotráfico; no lo acabo de ver, y por eso he dicho antes que oiría atentamente sus explicaciones, como las he oído, y las de todos los demás, para ver si me aportaban alguna luz. Le repito que, estando de acuerdo en la importancia vital, fundamental, probablemente la primera de la lucha contra el blanqueo, no creo que el instrumento que usted nos ofrece sea la panacea que vaya a resolverlo. Por tanto, sigo en la misma duda respecto a su proposición en la que estaba al principio.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
La redacción de la proposición está redactada en los términos de «el Congreso de los Diputados insta al Gobierno...» Señora Martínez, creo interpretar su opinión también de que habría que corregir el texto que vamos a someter a votación en el sentido de que en lugar de «el Congreso de los Diputados» serían «Las Cortes Generales instan al Gobierno... (La señora Martínez Saiz hace signos afirmativos.) Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 10; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Reanudaremos la sesión dentro de cinco minutos. (Pausa.)

--COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS. (5.713/000176; C. P. 212/000777.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Este segundo punto del orden del día trata de la comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, don Carlos López Riaño, para informar sobre las líneas generales a desarrollar en su Departamento, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La vinculación antigua del señor López Riaño a esta Comisión quizás haga un poco superfluo decirle que sea muy bienvenido de nuevo a esta Comisión.
El señor Delegado del Gobierno tiene la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, señoras y señores Diputados, yo creo que no es necesario que ocupe mucho tiempo de mi intervención en significar cuál es la sensación que me produce estar aquí en la mañana de hoy.


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Desde luego, tengan la seguridad de que es la dificultad mayor que he padecido nunca en mi vida parlamentaria, porque habiendo estado ahí con ustedes durante toda una legislatura, es probable que sea difícil sentir mayor respeto por la Institución en la que me encuentro.
Agradezco al Grupo de Izquierda Unida que haya solicitado mi comparecencia en esta Comisión. He tenido hasta aquí un período de reflexión política, de organización administrativa, de toma de contacto con los problemas de la droga en nuestro país en mi condición de Delegado del Gobierno y de Secretario de Estado, formando parte de un proyecto, a mí me parece que progresista, con contenidos sociales muy importantes que supone el desarrollo de la política del Ministerio de Justicia e Interior. Desde esa situación el agradecimiento de esos meses en los que he podido trabajar, en los que me han permitido sus señorías dedicar ese tiempo a la organización y a la reflexión, he sacado una primera conclusión: creo que nuestro país necesita sedes, por llamarlas de alguna forma, para debatir con rigor y con serenidad la problemática de la droga en nuestro país. Tenemos algunas de naturaleza excelente que nos pueden permitir avanzar seriamente y rigurosamente en las respuestas a esta problemática; sin duda, una de ellas es la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales. Tengo la sensación, y se la quiero transmitir a ustedes después de estos primeros meses de dedicación al cargo y a la tarea política que supone, que la mayor respuesta que una sociedad puede dar al tema de la droga nace en el seno de los impulsos de esa propia sociedad, y que las Administraciones Públicas a todos los niveles no somos sino coadyuvantes de ese impulso social para que realmente los resultados puedan ser considerados positivos.
Un segundo encuentro, también me parece de suma importancia, es lo que podríamos llamar las relaciones interautonómicas, correspondientes a la distribución de poder en nuestro Estado.
Nuestro Estado, como saben sus señorías, es un Estado de las Autonomías, es un Estado descentralizado, y yo tengo que decir que el encuentro de todo el esfuerzo de las Autonomías de nuestro país en el Plan Nacional contra la Droga es la segunda sede de reflexión importante con que nuestra sociedad cuenta para dar respuesta a este conflicto social.
La tercera sede, sin duda es el Parlamento y, dentro del Parlamento, esta Comisión. Yo participé con sus señorías en un consenso en el año 1991 que dio lugar a que todas las Administraciones públicas recibieran un nuevo impulso en el desarrollo de sus programas, recibieran también el respeto que les producía que una institución de este altísimo nivel fuera capaz de iluminar con sus resoluciones el camino a seguir de entonces hacia adelante.
Hoy, que prácticamente hemos conseguido entre todos y entre todas las Administraciones poner en marcha lo que fueron aquellas conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado, me parece que no me excedo en mi atribución de mero coordinador de esos esfuerzos como Delegado Nacional del Plan Nacional contra la Droga si les solicito a sus señorías una intensa colaboración con dicho Plan Nacional a efectos de dar en esta legislatura un nuevo impulso que acredite la presencia parlamentaria en nuestra sociedad para discutir, debatir y dar resoluciones como se hizo en aquel momento. Me consta, porque el señor Presidente de la Comisión me lo ha comunicado informalmente en alguna ocasión, que tienen tomada sus señorías la decisión de iniciar ese trabajo. Tengan por seguro que la Delegación del Plan Nacional está abierta y al servicio de sus señorías para que esas resoluciones puedan llegar a la opinión pública.
También es sabido que la propia Comisión va a comparecer en hechos o actos sociales, que va a intervenir en una visita importante a una parte de nuestro territorio. Pueden ustedes imaginarse la satisfacción que produjo en el equipo dirigente del Plan saber que, por lo menos desde el Parlamento español, había una respuesta serena y rigurosa a la tensión que sin duda vive nuestra sociedad en estos días.
¿Cómo está el tema de la droga en nuestro país? ¿Cuál es la dimensión de este conflicto? He aprovechado el día de hoy para anunciarles también que ha sido puesta a disposición de sus señorías la Memoria del Plan Nacional. Créanme --y permítanme una sonrisa-- que una de las tribulaciones más grandes del Delegado del Plan Nacional contra la Droga es conseguir que ustedes reciban la Memoria antes que los medios de comunicación y antes que cualquier otra institución del Estado. Creo que en esta ocasión, casi bordeando la imposibilidad física, lo hemos conseguido. Tienen ustedes en su poder la Memoria correspondiente al año 1993.
Me parece que los indicadores que contienen esa Memoria son de tal importancia, en muchos aspectos muy positivos, estimulantes y optimistas, que no quisiera yo que en la comparecencia de hoy, si ello es posible, agotáramos todo lo que se refiere al análisis de esa Memoria. Y ya aprovecho para decirles que quedo a disposición de ustedes para una tarea reiterada; que no sea esto una comparecencia solemne del primer día, sino que sea una tarea de trabajo en colaboración, poniéndome a la absoluta disposición de la Mesa de la Comisión a efectos, quizá, de ir analizando esa Memoria sectorialmente, de ser capaces de intercambiar opiniones respecto del alcance y desarrollo de algunos de los programas relacionados con este asunto.
¿Cómo está el problema de la droga en nuestro país? Desde luego, menos tenso. Me van a decir ustedes: pero ¡si hace tan sólo unos días determinado acto judicial ha producido una conmoción social! Eso es cierto. Sin embargo, ello no nos debería llevar a la conclusión de que el tema de la droga en España está en peor situación que lo ha estado en etapas precedentes, porque ni siquiera los ciudadanos españoles lo entienden así. Con ser éste un problema de suma importancia para ellos, lo sitúan ya en un nivel de sus preocupaciones inferior a aquel en que estuvo situado en algún momento del pasado.
¿Qué significa eso? Significa algo que me parece esencialmente político.
En el debate sobre la droga en una sociedad, ¿qué estamos discutiendo en realidad? Estamos discutiendo la capacidad de solidaridad de las Administraciones públicas. Cierto que se puede hablar de las situaciones

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individuales y concretas y que asimismo se puede hablar de los efectos de la droga en el individuo, que son los que producen y generan todos los programas de atención al drogodependiente y que eso es de suma importancia, pero lo que quizá caracteriza al modelo de la sociedad española como respuesta al conflicto de la droga es la creencia, como dice nuestra Constitución, de estar formando parte todos de un Estado social y de Derecho.
Desde el individualismo --no me atrevo a definirlo ideológicamente--, desde la consideración de que sólo el individuo tiene que manejar esta clase de asuntos para sí y no debe comprometer a la sociedad en esfuerzos de ningún tipo, ni financieros ni asistenciales porque, al fin, es la voluntad del hombre la que decide qué consumir o no o en qué engancharse en este mundo que vivimos a finales del siglo XX, lo cierto es que predomina entre nosotros, creo que afortunadamente, el concepto de una sociedad de bienestar y, como consecuencia de ello, de una sociedad solidaria, solidaridad que no pertenece en exclusiva, cómo iba a ser así, al Gobierno central, solidaridad que es compartida --a veces no sabemos transmitirlo incluso desde la propia Delegación-- por todas y cada una de las Administraciones públicas de este país. Es decir, que no hay ayuntamiento hoy, no hay prácticamente ayuntamiento importante, de cierta relevancia demográfica, e incluso ayuntamientos pequeños, que no tengan un plan asistencial y un programa para hacer frente al tema de la droga.
No hay Autonomía en nuestro país que no haya desarrollado excelentes programas respecto de la respuesta a este conflicto personal y social.
Hay algunos ejemplares. No me atrevería a establecer un «ranking» o un escalafón, porque el esfuerzo de todas las Administraciones autonómicas es de tal magnitud, que en este momento se puede decir que, probablemente, es nuestro país uno de los más sólidos y más maduros en su configuración organizativa para responder ante una situación como es la drogodependencia o el abuso del consumo de drogas en nuestra sociedad.
Tenemos, pues, elementos e instrumentos de suma importancia. Tenemos, por fin, el Plan Nacional que es, a mi juicio, si tuviera que definirlo, la sede absoluta del consenso. Si no tenemos un consenso básico, lo cual no es obstáculo para hacer diferentes apreciaciones o diferentes análisis sobre la realidad social, si no tenemos un consenso en este punto, probablemente, además de estar quebrantando una solicitud de los ciudadanos españoles que lo desean, estaremos haciendo más difícil la lucha integrada contra la droga.
Señorías, el Plan Nacional ha sufrido en los últimos meses una transformación muy importante. Algunas voces críticas han dicho: se ha perdido el tiempo con esa transformación. Pues bien, yo creo que no solamente hemos ganado tiempo, sino que hemos ganado una estructura que podría ser modelo incluso --yo lo pretendo-- para la Unión Europea en el sentido de que cada vez el fenómeno institucional dé una respuesta integrada, que no es otra cosa que el avance que hemos dado en estos meses, es decir, el tener capacidad para analizar las relaciones de prevención pero también las relaciones de represión contra el narcotráfico, es, probablemente, una de las cuestiones más creativas que hayan surgido en los últimos meses.
Del esfuerzo de mi antecesor, que se dirigió en este sentido a la sociedad y a los organismos públicos, y del de los antecesores, que ya vieron en la configuración del propio Plan que en el mismo figura la posibilidad de que atienda ambos aspectos, prevención y represión, creo que hemos llegado al punto de una etapa de madurez. Además, creo que podemos confiar en que el modelo elegido, en el que conviven y cohabitan ambos esfuerzos, es muy importante, como les decía a sus señorías. ¿Por qué? He comprobado durante estos meses que los elementos que conforman el área de la represión, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en contacto con los elementos del área de prevención, adquieren un nivel de conocimiento y de formación policial que, probablemente, sea un punto de referencia a desarrollar en mayor amplitud.
En la mañana de hoy, antes de mi comparecencia, han discutido ustedes una proposición del Grupo Popular en la que se piden mayores competencias en cierto modo, mayor responsabilidad de la unidad político-administrativa, Secretaría de Estado-Delegación del Plan Nacional para la Lucha contra la Droga.
Si me lo permiten, aunque ya lo han resuelto sus señorías soberanamente, añadiré solamente que, en esa dirección, sin que tengamos que decidirlo en la mañana de hoy, podemos continuar trabajando. Pero hagámoslo --sería una petición de mi parte-- con la serenidad política suficiente para que lo que hemos hecho hasta ahora, que es comprometido y no fácil, funcione.
Esa convivencia entre los aspectos de represión y el mundo de la prevención han servido, lo he dicho ya, para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adquieran un mayor nivel de formación, pero también para que desde las áreas de la prevención se sepa que es muy difícil justificar éticamente una lucha contra la droga si los aspectos represivos no funcionan en nuestro país con la suficiente eficacia dentro del marco de nuestras leyes.
Sin una represión organizada en el marco de una legalidad incontrovertible y sin una prevención que conozca el alcance de esas posibilidades y esa respuesta ética y política al problema, probablemente será un modelo que quede cojo en alguno de sus aspectos.
El haber dedicado tiempo a la construcción de esa parte de la Secretaría de Estado y de la Delegación del Plan, que a partir de ahora va a constituir un órgano de inteligencia en la lucha contra la droga --deseo que sea el órgano que tenga mayor información de las operaciones que se han desarrollado y se desarrollarán en este sentido en nuestro país-- me parece de suma importancia. La función de la Secretaría de Estado en este aspecto no es la de interferir los elementos operativos del sistema contra el narcotráfico, pero hemos hecho ya, puedo decirles a sus señorías que de forma ejemplar y explicaré por qué, algunas operaciones que justifican más que sobradamente la creación de los gabinetes especiales de la Secretaría de Estado para la coordinación de los esfuerzos de la lucha contra la droga. Hubo una operación en Pontevedra, recién tomada posesión de mi cargo, respecto de la que les puedo decir que decidimos

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que se hiciera conjuntamente con elementos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Tradicionalmente se ha considerado que a veces han existido piques en este asunto. Pues bien, señorías, cuando se trabaja desde una visión integrada de respuesta al problema de la droga, esos piques, si existían, desaparecen por completo. Y no es verdad que no hayamos hecho nada en los últimos meses. Se ha hecho mucho y los medios de comunicación lo saben mejor que nadie porque lo han transmitido diariamente. Raro es el día en que no se produce una noticia respecto de alijos importantes incautados a los criminales organizados, raro es el día que no hay una noticia positiva en este sentido, porque creo que hay un clima de trabajo excelente en nuestro país.
Entiendo, señorías, que para luchar contra la doga en ese área de la represión son necesarias dos cosas: una magistratura comprometida y una política profesionalmente formada. En términos generales, ambas cuestiones están consolidadas en nuestro país y, a pesar de pequeños avatares, o de pequeñas circunstancias, o de conflictos puntuales, como se dice ahora, o de situaciones que analizan hechos concretos, lo cierto es que en el conjunto operativo tanto la Magistratura española como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de nuestro Estado tienen una formación profesional de altísimo nivel. Probablemente, es un instrumento que otros Estados podrían sentir con cierta envidia. Y hay temas de corrupción en ambos sectores. Pero si los hay, señorías, aquí está el compromiso, formando parte también del compromiso global del Ministerio de Justicia, de luchar contra la corrupción en nuestro país. Y si hay elementos de corrupción en ambos sistemas, judicial y policial, corresponde a los jueces, dada la Constitución de nuestro país, resolver el conflicto de esa situación en la Magistratura y nos corresponde a nosotros, desde el Ejecutivo, dar respuesta en cuanto a que no aceptaremos ningún nivel de corrupción en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y ese clima, ¿por qué? ¿Por qué existe un clima positivo en este sentido? Porque creo, señorías, que se ha producido un fenómeno muy importante, y es que se ha llegado al tema de la droga desde una percepción global de los ciudadanos españoles de naturaleza esencialmente cultural. En este momento, en nuestro país los ciudadanos no es que quieran convivir con este problema, pero considero que lo tienen situado en los límites o en el marco de su debida magnitud. El grado de información que se ha desarrollado en los últimos años es muy importante y ello nos lleva a tener la sensación --y me remito al área de la prevención-- de algunas respuestas positivas u optimistas. En general, nuestros jóvenes rechazan cada día más el contacto con un mundo que se vincula al del fracaso personal, a un mundo sin salida, a un mundo que rompe la reconstrucción de una serie de valores de vida en equipo, de vida en grupo e, incluso, de respeto individual.
¿Pero, cómo ha sido posible esto? Sin duda, por el esfuerzo sistemático que esas Administraciones públicas han desarrollado desde la perspectiva de ese Estado del bienestar al que me refería. Algunos lo ponen en cuestión. Consideran, como dije antes --y habrá tiempo de analizar ese asunto en el futuro--, que es el plano individual el que deber regir definitivamente estas cuestiones. No obstante, esa respuesta colectiva ha servido para que los chicos y las chicas de nuestro país tengan hoy un concepto de la droga radicalmente distinto del que tuvo esta sociedad tan sólo hace diez años. La droga supuso entonces probablemente un fenómeno implicado en una situación político-social, en un despertar --entendido positivamente y a veces negativamente-- hacia la libertad colectiva. Sin embargo, hoy día no funcionan esos elementos o esas consideraciones en nuestra sociedad. Afortunadamente, los jóvenes se plantean con más fuerza si ésta es una moda aceptable, asumible, o si, por el contrario, es algo que el tiempo va dejando traspasado o «demodé».
Por tanto, creo que por ahí es por donde los esfuerzos han tenido éxito.
Son ellos, con sus propios valores, en su propio discurso colectivo, los que van decidiendo que merece la pena luchar por vivir en un mundo con mejor calidad de vida. La idea de la calidad de vida ha funcionado en nuestra sociedad, hasta tal punto que hoy el rechazo de la juventud hacia el tabaco, hacia el alcohol, a pesar de que las cifras de los consumidores de alcohol juveniles aumenten --pero fíjense que digo de los consumidores de alcohol juveniles, porque no es cierto que aumente exacerbadamente el consumo de alcohol global en nuestra sociedad--, el entendimiento de que hay otras pautas de conducta más aprovechables, como el deporte o el contacto ecológico con la naturaleza, o, simplemente, el preservarse tal vez en un mundo competitivo para estar en condiciones y no partir desde una plataforma de fracaso hace que nuestra juventud ofrezca hoy día en este sentido un aspecto o una visión mucho menos conflictiva del problema que lo fue antaño.
Probablemente, en edades superiores a las juveniles hay un problema soterrado, un problema potencial cuyo desarrollo no coincide con las cifras --por eso soy reacio a manejarlas--. Probablemente, en nuestra sociedad hay una generación madura, una generación comprometida con la propia sociedad, quizás tensa en eso que llamamos el estrés laboral y diario, que tiene contacto con el mundo de la droga, existiendo un número importante de consumidores en ese estamento social o en ese segmento de edad, pero sin producir conflicto social. Habría que decir entonces que ahí existe un riesgo potencial que posiblemente en su día estará relacionado con el tratamiento médico de salida de esa situación, lo que probablemente requerirá un nuevo modelo o diseño de las respuestas asistenciales para estos individuos y ciudadanos de nuestra sociedad que hasta un momento concreto han controlado el consumo de drogas pero que se puede, insisto, disparar. Por eso hablamos en el Plan de un riesgo potencial, que está ahí y que sería hipócrita desconocer.
A mí me parece que todos los esfuerzos que se realicen --pensando en el futuro-- para tener una respuesta asistencial y sanitaria nueva y específica en este sentido, sería muy importante a tener en cuenta como una previsión, que no debíamos de dejar ahí, en el sentido de no ser capaces de tomar este asunto en nuestra mano.


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Probablemente ya hoy haya que modificar algunos esquemas del método que podríamos llamar asistencia. No es lo mismo --lo estamos viendo-- la unidad asistencial adecuada a un heroinómano que la dedicada al tratamiento de cocainómanos, porque no es el mismo el origen o plataforma social donde se produce el consumo de uno y otro. Creo que estamos, en consecuencia, en un momento de novedades en el que hay que innovar nuestra propia cultura o patrimonio cultural en este sentido: médico, asistencial, sociológico, cultura, etcétera. Estamos en un momento excelente, señorías, para dar un impulso en la dirección en que yo, además, creo que nuestra sociedad quiere que lo demos. Un impulso más racional aún, más atractivo, en el sentido de menos tenso pero más creativo y eficaz y, en definitiva, adquirir ese nivel de solidez ciudadana, de colectividad, que es, como digo, el mayor o mejor instrumento que tenemos para luchar contra este asunto.
Hay que ir inexorablemente --voy a ir concluyendo, señor Presidente-- a cifras concretas. Los medios de comunicación siempre nos exigen que al final aterricemos en algunos datos --no sin razón-- que sean más o menos espectaculares. Podríamos decir que respecto del alcohol España está considerada en el momento actual como el tercer consumidor de alcohol puro por habitante en Europa. El 53,4 por ciento de mayores de 16 años han consumido alguna bebida alcohólica durante el mes anterior a la encuesta. El 41,2 en la última semana. El 15,3 cuatro veces o más en la última semana y el 90,2 lo ha consumido alguna vez.
Un reciente estudio de don Domingo Comas, presentado en el Instituto Nacional de la Juventud, demuestra, sin embargo, un cierto abandono por parte de los jóvenes en España del consumo de alcohol en esa misma área de la juventud en relación con el consumo del mes precedente al momento en que se desarrolla la encuesta.
El hachís sigue siendo, sin duda, la droga más consumida en nuestro país.
Yo quiero dejar ahí un punto de reflexión en la Comisión. Probablemente en el futuro habríamos de trabajar respecto del tema del hachís con unas informaciones, consideraciones o aspectos que podrían ser novedosos si sus señorías decidieran ir en esta dirección, desde luego, con mucho cuidado al tomar la decisión. Ya en Francia, por ejemplo, respecto del hachís y su consumo, se han celebrado reuniones de expertos de alto nivel que consideran que quizás hay que dedicar un punto de reflexión al consumo de esta droga. Sin embargo, va descendiendo, aunque probablemente no como tal hachís --si me permiten esta expresión no muy formal--, sino en la medida del sentido de calidad de vida, de que inhalar --es la misma cultura que hay frente al tabaco-- un producto artificial no es conveniente para la salud. Otra razón no cabría explicar.
La cocaína presenta un consumo superior al de la heroína. Lo sabíamos.
Esa tendencia sigue manteniéndose. El 4,2 por ciento de los encuestados lo había consumido alguna vez. Es una cifra alta, si se tiene en cuenta comparativamente las que se refieren a la heroína o a otros modelos de droga.
El crack es la droga más barata, con lo cual la relación precio-droga a veces --si me permiten utilizar una expresión usual-- tambalea. Y no está nada claro que la disminución del precio de una droga esté en relación --no tenía por qué estar-- con la nocividad o el peligro que su consumo supone. Afortunadamente, está muy poco extendido en nuestra sociedad.
Estamos muy abiertos a analizar el problema de las drogas de diseño. Es un problema conocido por parte de sus señorías en la Comisión. Yo creo que ésta fue la primera en advertir en el año 1991 la importancia que tenía este asunto. Ya el Senado había hecho anticipadamente reflexiones de suma importancia también en esa dirección. De modo que correspondió al esfuerzo de ambas Cámaras el señalar que en nuestro país podría producirse un problema relacionado con lo que llamamos drogas de síntesis.
En cuanto a estas drogas, nos preocupan dos aspectos: primero, que son presentadas a la juventud --en general a la sociedad--como drogas absolutamente inocuas, que estimulan el ocio, la diversión y que no entrañan ningún peligro. Hay literatura científica sobre algunas posiciones en el debate respecto de las drogas de síntesis que quieren ir en esa dirección, que quieren decir que dichas drogas no son como las otras drogas. Eso no es cierto, con lo cual estamos acumulando un riesgo de cara al futuro.
Probablemente, en estos momentos estamos añadiendo al problema de la droga en España un aspecto menos conocido, de peor o más difícil manejo por nuestra parte, como es las consecuencias que pueden producir estas drogas de diseño al ser presentadas sin ninguna garantía de producción, y por supuesto de elaboración, cuando pueden ser objeto de cualquier manipulación, en todo caso malintencionada, para obtener un beneficio mayor del que ya producen en el comercio ilícito habitual --en las zonas de ocio de la juventud--. Preocupación que entraña, precisamente, lo que también corresponde a una de las conquistas del Estado del bienestar, y es que el consumo en nuestro país de sustancias esté garantizado por las autoridades. Si aquí estamos luchando por que todos los elementos que comemos, que usamos en nuestro consumo diario estén catalogados, se sepa cuáles son sus ingredientes, cuál es su fecha de caducidad, parece absurdo que se haya generado en nuestro país alguna literatura en pro de estas drogas de diseño, como que respecto de ellas cabría la legalización.
Es imposible la legalización de estas drogas porque no cumplen ninguna normativa de tipo farmacéutico o sanitario que permitan su control. Con lo cual, en cualquier momento, en cualquier ruta, en cualquier «movida» juvenil de nuestro país podríamos encontrarnos de la noche a la mañana con un hecho que yo, desde aquí ya lo manifiesto, sería de una envergadura, probablemente, incuestionable, que es la gravedad que supondría una alteración o una manipulación de estas drogas en la juventud que cree que usándolas --la familia de las anfetaminas, el «speed», las pastillas--, al no ser heroína --que ya saben lo que es, el aspecto que ofrece y de dónde viene, en la mayor parte de las ocasiones--, al no ser cocaína o alguna de las tradicionales o el propio hachís, prácticamente no se corre riesgo ninguno.
Igual que sucedió cuando debatíamos el artículo 25.2 de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto del consumo

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de las drogas en público, cuando lo sancionábamos administrativamente, quiero decir que yo reitero, después de cuatro o cinco meses al frente del Plan Nacional, mi convicción de que son elementos --si me permiten ustedes la definición-- culturales, de relaciones de comunidad. No son grandes proyectos ni grandes mensajes, sino elementos culturales de desarrollo de la comunidad los que nos ayudarían más que cualquier otra cosa a luchar contra este riesgo. En el caso del consumo en público porque contribuye, como decíamos en el Congreso, a una educación ciudadana, en convivencia y porque, en el caso de la alerta potencial respecto de las drogas de síntesis, tenemos en este momento la capacidad de decir sencillamente esto: que es un consumo enormemente peligroso y que nuestros jóvenes deben saber que corren un grave riesgo porque esas sustancias no tienen control alguno y son absolutamente nocivas o pueden serlo --dramáticamente nocivas-- en un momento determinado.
Para terminar, señorías, y quedar a disposición de ustedes, quiero decirles que el esfuerzo que desarrollamos desde todos los niveles administrativos hace que nuestra sociedad tenga en este momento la sensación de que puede salir adelante, incluso ante conflictos concretos.
Ha habido una importante sentencia estos últimos días, nacida, como todas ellas, desde la independencia del Poder Judicial. No me corresponde a mí --y no lo he hecho en público ni en privado-- definir qué problemática judicial se plantea en el análisis y estudio de dicha sentencia. Sí me corresponde ser sensible al problema que ha sido recibido por nuestra sociedad con un sentimiento, en principio, probablemente, de cierta impotencia. Lo más grave sería pensar que ya es imposible luchar contra el narcotráfico y que las mafias y las organizaciones criminales se asentarán en nuestro país.
Yo creo que digo la verdad, señorías, si les manifiesto que mi convicción es que ese hecho ha sido y es ya pasajero, que ha servido también --y probablemente el día 15 tendremos ocasión de comprobarlo en Pontevedra-- para que quienes a lo mejor estaban un poco dormidos en el tejido social --me refiero a asociaciones, movimientos sociales, personas que desde la base habían luchado contra la droga-- vuelvan a tomarse de la mano y conjuntamente quieran elaborar una respuesta desde esa convicción de que es la sociedad, con sus instrumentos educativos, solidarios, culturales, la que va a constituir precisamente la armazón más sólida de la respuesta en un momento de crisis, ya que, como es obvio, y ahora ya con mayor serenidad lo vemos todos, más adelante podrán ocurrir hechos parecidos.
No todas las sentencias del Poder Judicial van a ser, probablemente, del gusto de todos, pero lo que va a quedar claro en nuestra sociedad es que por encima de esa importante cuestión de las sentencias judiciales está la necesidad y el deseo de agruparnos todos por una sociedad que sea más libre y más democrática.
Yo creo que en ese impulso social y creo que se había dormido un poco. Lo pude comprobar el otro día, el señor Robles también andaba por allí, en la manifestación deportiva de los asociados para la lucha contra la droga, a la que no acudió mucho público. No había muchos ciudadanos de Madrid apoyando la iniciativa, lo cual demuestra que se ha bajado tal vez un poco la guardia en ese movimiento sereno asociativo. Hay que recuperarla; eso es lo que mueve a la sociedad. Al final, la conquista del Estado de Derecho, señorías, tampoco fue nunca una conquista --aunque también-- de sentencias judiciales o de actuaciones policiales, sino que fue el conjunto de la sociedad, desarrollando todos sus estímulos y sus profundas convicciones, el que da o no un paso hacia adelante. Y yo creo que esa responsable --creo yo; estoy seguro de ello-- sentencia judicial ha servido para conmovernos un poco a todos, desde luego, en el Plan Nacional, sin duda alguna, en los dos ámbitos: en el de la prevención, que supone un esfuerzo recuperar esos esfuerzos, pero también en el de la represión, que supone una exigencia de mayor coordinación y de mayor eficacia en la obtención de pruebas y de métodos que puedan llevar a los criminales organizados a las salas de justicia y, como consecuencia de ese proceso, a una condena. Este va a seguir siendo el norte y el horizonte de nuestro trabajo en la Delegación.
Tengo la sensación de haber sido prolijo y largo en mi exposición, pero de ella desearía que quedara en la Comisión el compromiso de que, a partir de ahora, el discurso sea menos solemne y que el intercambio de datos y de información entre el Plan y sus señorías sea más intenso.
Si deciden soberanamente que en un momento determinado van a producir ustedes unas nuevas resoluciones de cara al futuro, lo único que yo puedo decirles es que compartiríamos esa necesidad, esa sensación y, en la medida en que coordinamos los esfuerzos de otras Administraciones, estaríamos en condiciones de servir eficazmente a los intereses que ustedes, señorías, representan para la sociedad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra don Narcís Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
En ningún caso nuestra intención, como bien sabe el señor López Riaño, era ponerle en dificultades ante esta Comisión, aunque podríamos haberlo hecho, sino, más bien al contrario, brindarle la ocasión, a través de nuestra petición de comparecencia, de explicarse respecto a las líneas generales a desarrollar en su departamento, y yo creo que eso es lo que se está produciendo en esta primera comparecencia.
Voy a seguir un poco el hilo de su intervención para hacer algún comentario sobre los puntos en los que coincido y sobre aquellos en los que no coincido.
Yo creo que es cierto que el impulso de la lucha contra la cultura de la droga tiene que nacer de la sociedad, pero estoy seguro, señor López Riaño, de que usted coincidirá conmigo en que ese impulso necesita ser matizado de vez en cuando para que lo que en ocasiones pueda ser una emoción se transforme en una reflexión. Es decir, que desde la necesidad de tomar decisiones o hacer reflexiones políticas lo más tranquilamente posible no nos dejemos

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llevar de impulsos que pueden venir de la sociedad y que pueden estar motivados fundamentalmente por la emoción que generen hechos concretos en momentos puntuales.
Decía usted que la primera conclusión a la que había llegado como Delegado del Gobierno en el Plan era que nuestro país necesitaba sedes donde debatir el tema de la droga, y una de ellas la encontraba usted en la Coordinadora de ONG de Lucha contra la Droga, otra en las Comunidades Autónomas y otra en esta Comisión. Yo creo que la de las ONG y la de las Comunidades Autónomas --fundamentalmente la de la ONG-- es un foro de debate muy importante, con participación muy plural y, digamos, menos formal que la que se produce en esta Comisión, pero esta Comisión necesita ser una sede importante de debate de este tema, entre otras cosas, porque es su obligación y porque, además, sería necesario y yo creo que de interés para todos --intereses elevados, no mezquindades de protagonismos-- que esta Comisión tuviera el protagonismo político y social que debería tener, es decir, mucho más del que tiene actualmente.
Le voy a contar una anécdota de la semana pasada. Fui a un curso sobre drogas que se daba en una institución penitenciaria de nuestro país, con funcionarios de prisiones, y ninguno conocía el informe que esta Comisión editó en 1991. Ni uno. Lo que significa que la repercusión pública del trabajo de esta Comisión, repito, no por cuestiones de protagonismo individual o de grupo, que serían mezquinas, sino por la repercusión sobre la sociedad de la discusión y del trabajo que en esta Comisión se pueda hacer, es de momento bastante escasa. Y repito, en un ámbito tan concreto como es una institución penitenciaria, nadie conocía el informe que se aprobó con votos particulares en 1991, si no recuerdo mal la fecha.
Al mismo tiempo, esta Comisión debería ser una sede de debate del tema de drogas, a ser posible, como tantas veces he dicho --y perdonarán ustedes mi insistencia en ello--, desde el apriorismo, desde el bagaje cultural, político e ideológico de cada cual, pero intentando enfrentarnos a este problema con la menor superficialidad política posible, es decir, con la visión política más profunda, y no en el sentido de utilizar el tema de drogas, como tantas veces hemos repetido, como armas arrojadizas. Es un tema que tiene implicaciones muy sutiles a veces, que se escapan de la lógica natural y deseable de la confrontación política en tantos otros temas entre los diferentes grupos que aquí nos encontramos.
Usted no ha utilizado en toda su intervención los conceptos más ortodoxos para hablar del tema de las drogas: oferta y demanda. Yo vuelvo a ellos, porque me parece que no sólo me sirven, sino que además me son muy útiles para intentar enfrentarme con esos dos aspectos fundamentales que, repito, responden quizá a una visión clásica del problema de las drogas, pero que sigue siendo importante.
Decía usted que se ha producido un cambio cultural en la sociedad española --y yo creo que es cierto-- y que a través de la multiplicidad de acciones de unos y de otros --del propio Plan, de la Administración, de la propia sociedad y de todos y cada uno de los ciudadanos-- se ha ido modificando de alguna manera esa conciencia colectiva respecto al tema de las drogas, si bien yo diría que probablemente no con relación a hace 10 años, sino con relación a hace 20 años. Pero, sin duda, señor López Riaño --y también lo ha señalado usted--, no debemos sentirnos satisfechos simplemente con ese cambio cultural, aunque sí sea muy importante a la hora de enfrentarnos de otra manera al problema de la droga, porque lo evidente es que el riesgo potencial --como usted señalaba-- en importantes capas de la sociedad española sigue existiendo. Si bien hemos dicho en muchas ocasiones que en alguna clase social puede ser la droga la que lleva a la marginación, en la mayoría de la sociedad es la marginación la que lleva a la droga, y en nuestro país, por desgracia, seguimos teniendo tasas de paro, de marginación y de pobreza muy altas, sustrato objetivo sobre el que crece bien la cultura de la droga como escape de la realidad poco afortunada en la que tiene que vivir, por desgracia, demasiada gente; incluso se puede hacer sociología no sólo geográfica, sino de clase social, en función de los tipos de consumo de las diferentes drogas que se realiza en unas u otras zonas. Yo estoy de acuerdo con usted en que hace falta un impulso más racional y más creativo en el futuro inmediato, porque ése puede ser un instrumento muy válido en la lucha contra la droga.
Nos ha dado también cifras de consumo, pero no sé a qué se refiere usted al hablar de la actitud novedosa con la que nos debemos enfrentar al tema del hachís; no sé cuál debe ser esa actitud. Decía que en Francia se han producido reflexiones al respecto, por lo que quizá convendría señalar en qué dirección van las mismas.
El consumo de alcohol es el más tóxico en nuestro país. De todas las drogas, legales o ilegales, que existen en el mercado la que más mortalidad, coste social, económico y sanitario produce es, sin duda, el alcohol, siendo, quizá por sus particulares condiciones, la heroína y la cocaína las que han generado más alarma social. Insisto en que cualquier persona que quiera entrar en un conocimiento más profundo del asunto comprobará que el alcohol es, con mucho, el que más coste en vidas humanas, en dinero y en atención sanitaria genera en nuestro país.
Decía usted que en el Estado del bienestar todo lo que consume una sociedad tiene que estar controlado, y éste es un argumento que, sin duda, puede llevarnos a otros sitios: a intentar ver el problema de las drogas desde otra posición. Porque uno de los problemas que hoy se genera fundamentalmente con las drogas de diseño, a las que usted ha hecho referencia, es que su producción es relativamente fácil y su manipulación también, pero la mala manipulación es igualmente fácil y, por tanto, la posibilidad de acabar tomando drogas de diseño químico fácilmente producibles y, por tanto, fácilmente mal manipulables está en la realidad de cada día; aunque es evidente que existe controversia científica respecto a la toxicidad potencial de estas sustancias, tanto del MDMA --respecto a las anfetaminas, es más vieja la historia--, como del éxtasis, etcétera.
Ha hecho usted referencia al debate que hubo en su día del artículo 25.2, sobre la sanción administrativa del consumo público de droga, en el que usted mantenía una posición y yo mantuve otra que sigo manteniendo porque, sin negar que pueda haber elementos culturales que contribuyan

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a esa educación ciudadana, también la no sanción administrativa tiene elementos culturales, porque --y eso lo discutíamos en su día-- el quitarle a la gente más joven la parte oculta, de atractivo más o menos esotérico que pueda tener el terreno de las drogas también podría tener que ver con ese cambio cultural, al mismo tiempo que otras evidencias más inmediatas, como lo que podría significar de castigo a la familia si realmente se aplicara esta sanción administrativa de forma estricta, que lleva consigo un alto grado de discrecionalidad en su aplicación, como usted sin duda conoce bien.
También decíamos entonces que aquello era expresión --y sigo pensando que en buena parte lo es-- de un importante grado de hipocresía social, y yo utilizaba entonces el símil de la psiquiatría reclusional: lo que generó la psiquiatría reclusional no fue el interés por el --entre comillas-- loco, sino que molestaba a la vista de la buena gente, de la gente bien pensante, y lo que se hizo fue, simplemente, quitarlos de en medio y meterlos en una especie de almacén. Este es el origen de la psiquiatría reclusional en todos los países del mundo, y en el nuestro también. Nos parecía que ese aspecto no era un impulso cultural muy loable en el seno de nuestra sociedad, puesto que, además, nunca la visión de un borracho por la calle había inducido a ningún joven a tomar alcohol; indudablemente, es una publicidad determinada del alcohol, ligándolo a bienestar, a placer, a lujo, etcétera, lo que induce, o puede inducir, al consumo de alcohol junto con otras muchas cosas, no la visión en la calle de un borracho, así como tampoco la visión en una esquina de un pobre desgraciado rompiéndose una vena va a inducir a ningún joven a entrar en el terreno del consumo de heroína. Esta es una discusión que ya tuvimos en su día y he hecho referencia a ella porque usted lo ha traído a colación.
Respecto a las sentencias judiciales, yo creo que desde su responsabilidad y desde la responsabilidad de la Administración lo que hay que hacer es estimular a quien haya que estimular para que los jueces sean capaces de ser absolutamente estrictos con todo lo que signifique garantías procesales, para evitarnos que, por no tener un cuidado escrupuloso con ese respeto a las garantías procesales, salgan por una puerta los que entran por otra y que, amparados en eso --que, además, es amparable y yo defiendo absolutamente la necesidad de unas garantías procesales estrictamente respetadas--, se le escapen a la sociedad española evidentes narcotraficantes, cuando, por otra parte, se utilizan las penas más duras contra el más débil, contra la rama terminal de esa red de narcotraficantes.
Decía usted que la conciencia ciudadana se había dormido un poco respecto al tema de drogas y que convenía estimularla. Fuera de hechos puntuales que generan tensión, con lo que parece que la olla hierva mucho, no es malo que haya poca tensión en el tema de drogas, no es malo que se vea el tema de las drogas de una forma desdramatizada o, al menos, que exista esa dualidad de mantener una cierta tensión cultural sobre el tema, al mismo tiempo que lo desdramatizamos, lo que nos permitirá, sin duda, un acercamiento más racional al mismo. Luego no me parece mal que haya poca tensión social en el tema de drogas; al contrario, me parece muy bien, o que esa tensión social no aumente puntualmente en función de uno u otro hecho determinado.
Acabo por donde empecé. Es la primera vez que usted comparece en esta Comisión como Delegado del Plan, yo se lo agradezco, y el objetivo personal y el de mi Grupo era brindarle la ocasión para que usted nos pudiera explicar lo que nos ha explicado: las líneas generales de su actuación al frente de esta Delegación del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Delegado del Gobierno.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Vázquez, le vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la iniciativa que ustedes han tenido para que yo pudiera comparecer en el día de hoy.
Podía haberse producido por iniciativa propia, pero uno ha estado ahí abajo con mucha vida parlamentaria y me parece que la iniciativa de los grupos es la norma de oro de toda la responsabilidad política en esta Cámara. Como sabía por su señoría que tenían ustedes interés, como grupo parlamentario, en conocer estas manifestaciones --interés que creo que era compartido por los demás grupos, aunque ustedes tomaran la iniciativa--, a mí me ha parecido más coherente con mi forma de actuar que sean ustedes los que me llamen aquí a comparecer, que no tomar la iniciativa, sin perjuicio de que en algún momento me vea en la necesidad de hacerlo.
Impulsos sociales adormecidos o para estimular. Este es un tema en el que, como ha señalado muy bien su señoría, hay que tener cuidado, no sea que abramos una olla que produzca un efecto distorsionante en nuestra vida colectiva. Yo me refería a los impulsos que están canalizados a través de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Una de las apreciaciones más inmediatas que les puedo hacer a los señores comisionados de estos meses de gestión es la de tener la impresión, respecto a las organizaciones no gubernamentales, de que unas desvían sus objetivos de lo que fue el compromiso inicial, otras parecen como relativamente faltas de estímulo en el desarrollo del movimiento asociativo y otras nos reclaman a las instituciones públicas y al sistema democrático una mayor colaboración mutua para salir de esa situación en la que estamos. Es en ese sentido en el que yo hablo de estas cuestiones; no hablo del impulso demagógico --coincido con su señoría--, participo de una cultura común, probablemente en su origen, sobre el respeto a los agentes sociales, además del respeto que tenemos a las instituciones.
Yo creo que en Alemania, por ejemplo --y he tenido ocasión de comprobarlo--, el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales es superior; pesan sobre ellas el 80 ó 90 por ciento de la actividad social en contra de la droga, en planteamientos asistenciales y de prevención.
En ese sentido tenemos un determinado déficit; no tenemos desafortunadamente en nuestro país un movimiento asociativo consolidado en esa dirección, y es por ahí por

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donde tenemos que caminar, porque al fin, fíjense, una de las obligaciones del Plan es, como saben sus señorías, repartir dinero. El año que viene yo tendré que determinar, con el equipo del Plan y con el marco legal que ustedes proporcionan como Congreso y Senado, cómo repartir el dinero para esas organizaciones no gubernamentales, para ayudarlas y para que se estimulen. A partir de ahí, tengo una preocupación: quisiera hacerlo en un sentido de impulso para aquellas que han trabajado mejor, que han tenido el compromiso más firme y que han producido, además, unos resultados más eficaces.
Me decía en una visita personal uno de los convocados del acto del próximo día 15 en Pontevedra, la señora Avendaño, algo que me quedó grabado: mira, vamos a pasar de sentencias y de conflictos jurídicos, lo que queremos hacer en Pontevedra es demostrar que, a pesar de todas las situaciones, aquí seguimos, decimos no al narcotráfico e incluso estamos dispuestos a señalar a los que trafican. A mí eso no me parece demagógico, me parece positivo, y es en ese sentido en el que yo hablo de impulso de la sociedad.
Sobre la idea de mercado o la advertencia que me hace usted de que no he utilizado los términos tradicionales oferta/demanda, le diré que he utilizado los términos de prevención y represión, más o menos, intentando visualizar este conflicto. Señor Vázquez, tengo mis reservas --y usted quizá las compartiría desde un mismo origen teórico de formación inicial en nuestro compromiso político--, tengo mis dudas de si cuando hablamos de oferta y demanda ya como algo que hemos acuñado entre todos no estamos hablando del mercado, y si hablamos del mercado, señor Vázquez, más tarde o más temprano entraremos en las inexorables leyes del mercado, lo cual no quiere decir que no haya estado bien lo de oferta y demanda, pero quiero advertir que probablemente ahí alguien nos seduce --y en su Grupo ustedes siempre han sido muy sensibles a esa seducción maliciosa-- en el sentido de que, hablando de oferta y demanda, casi se normaliza este asunto, y al final a lo mejor es cuestión de precios. Sé que su señoría no va por ahí, que se refiere al acuñamiento que hemos hecho, que, además, es mundial. Yo prefiero --en estoy estoy un poco más comprometido con el origen del debate --seguir utilizando en la medida en que pueda los términos prevención y represión, que me parece que obedecen a esa idea del Estado del bienestar.
En este aspecto, me ha preguntado usted una cosa que, efectivamente, yo he dicho: ¿habría que meditar sobre el hachís? Sí, porque se está haciendo fuera. He puesto el ejemplo en Francia, donde una asociación médica muy importante se cuestiona si la prohibición del hachís tiene sentido. Yo creo que esta Comisión y las autoridades que en nuestro país intentamos dar una respuesta al conflicto de la droga no pueden ser insensibles o ser ese monito que se cierra los ojos ante la realidad y que, a lo mejor, hay avances o proposiciones que puedan ser considerados.
En realidad, podíamos decir que todo el proceso de la inhalación de sustancias se vincula más a un tema que sin duda le preocupa a su señoría, cual es el de la calidad de vida o la posible utilización en libertad de determinados dispositivos que la sociedad nos pone al alcance de la mano, llámense drogas legales en este caso --no las drogas ilegales. Tendríamos que tener ahí una respuesta contra el hachís probablemente más fundamentada en la respuesta general de calidad de vida, en el discurso que hacemos contra el tabaco o contra el alcohol que, sin embargo, están legalizados en nuestra comunidad.
¿Qué quiero decir? Que me parece insensato cerrar las vías de los debates que espontánea y democráticamente surjan en nuestra sociedad, porque a lo mejor tomar decisiones por ese camino también contribuiría a un mayor bienestar de nuestra sociedad. Si no es así, pues no lo haremos; si tras el debate, la información y los datos que tenemos llegamos a la conclusión de que es óptima la posición actual de seguir prohibiendo el comercio de esa sustancia, creo que ésa sería una decisión que hay que tomar conjuntamente. No quiero ir más allá --como suponen sus señorías-- en algo que no me corresponde definir en este momento, cual es la libertad de un debate más general.
Respecto a las garantías procesales, a la respuesta jurídica al problema de la droga, he dicho en público --y algunas personas me han advertido que quizá he adquirido un compromiso excesivo en el sentido de las iniciativas legislativas que se pudieran adoptar en el futuro-- que creo que estamos manteniendo un debate que no podríamos ocultar por mucho que insistamos en ello, y es cómo equilibrar las exigencias de una sociedad democrática madura --claro, hay que partir de la base de que nuestra sociedad es una sociedad madura--, y yo, señoría, parto en mi posición en el debate de esa realidad; es decir, yo creo que como Diputado represento a una sociedad madura y que como gestor gestiono intereses de una sociedad madura. Si yo creyera que no lo es, estaría hablando a lo mejor de pedagogía o de otras cosas. No, yo me sumerjo en el debate actual de mi sociedad. Y, ¿qué dice esa sociedad? Que quiere instrumentos democráticos, punto número uno; legales --como decía su señoría--, en el marco de nuestra Constitución, que hagan posible que los criminales organizados sean condenados en nuestra sociedad y cumplan condena. Me parece que nadie puede obligarnos a convivir con el crimen, y que ni la Magistratura española defiende eso ni nosotros podemos contribuir a un deterioro de tal naturaleza que nos llevara a sostener que ya es necesario o que no hay otra forma sino convivir con quienes están agrediendo a nuestra sociedad cotidianamente. ¿Cómo la agrede? Pues de forma organizada; también lo he dicho en público. Tenemos la constancia de que es verdad que existen en nuestra sociedad organizaciones criminales individualmente considerados: el ladrón, el homicida, el criminal, el estafador, el narcotraficante. Pero, ¿qué sucede cuando todo ese tejido criminal se pone de acuerdo en constituir una organización, en donde hay individuos que hacen un tramo de la conducta delictiva, que son los sujetos activos y los actores, en un tramo de una decisión criminal que empieza en la cúspide de la organización y que termina, por ejemplo, en el alijo, en el caso del narcotráfico? ¿Cuál es la posición del intermediario? Yo creo que no es perder el tiempo, es avanzar; al fin y al cabo, aquí vuelvo un poco a un terreno que tampoco me corresponde --y no voy a seguir por él-- de miembro que fui en su momento

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de la Comisión de Justicia. Creo que esta sociedad no puede renunciar a lo que jamás ha renunciado una sociedad progresista y moderna, y es a diseñar su futuro, a ver cuáles son los problemas del presente y a recomponer el Código Penal en la medida en que eso se produce.
He dicho en público y en privado: tenemos una gran posibilidad --y lo dejo ahí, porque eso sí sería una injerencia en terreno que no me corresponde-- a la vista en el debate del Código Penal. Tenemos la ocasión de consensuar la respuesta de una sociedad madura, que exige a los poderes públicos una definición y que exige un marco de leyes que haga posible que en ningún caso en nuestra sociedad haya crímenes impunes y que además, exige una cosa muy importante: que las penas tengan credibilidad.
No insisto en el tema de los arrepentidos; yo creo que podría formar parte de esa resolución de la Comisión Mixta, creo que es la sede de ese gran debate. Al final, yo pienso que si no lo hacemos aquí, si no lo hacen ustedes, señorías, el debate siempre quedará cojo, y probablemente exento del rigor y de la serenidad que su señoría reclama y que yo comparto. Este asunto no debe ser arma arrojadiza; sería absurdo. Fíjense que la problemática de la droga, si la observamos en la posición territorial de nuestro país, no conduce a ningún aspecto ideológico.
Galicia es un territorio gobernado desde una opción política y democrática; Cataluña lo es también; Castilla-La Mancha, lo mismo; y, sin embargo, el problema no tiene la misma dimensión en todos los sitios.
Sería absurdo, ridículo, que ahora dijéramos que hay algún componente en lo político que hace de Galicia lo que es o de Castilla-La Mancha lo que es. Yo creo que el problema es más profundo. Esa es una cuestión geográfica. La droga entra por Galicia porque hay rías --yo soy de allá, y las conozco--, hay mucho puerto, etcétera. No podemos, no deberíamos vincular a una cuestión política lo que pasa en Galicia, porque no lo es, porque es una cuestión social de mucha mayor dimensión. Y ese mismo tratamiento lo exigiría también en favor de los que diaria y cotidianamente dejan mucho de su tiempo en la lucha en todos los aspectos, preventivos y represivos, en nuestro país contra la droga. Creo que no debe ser arma arrojadiza, sobre todo para que no se desmoralice quien hoy tiene, todavía, una altísima moral, que son las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones sociales, los sindicatos, con los que tenemos una excelente relación, los educadores, los policías, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Sobre el debate del éxtasis, diré que hemos contratado con la Universidad de Granada la elaboración de un informe que estoy deseando tener en las manos, y que compartiré con sus señorías en cuanto que eso se produzca, respecto de las condiciones médico-químicas --no sé si la expresión es correcta-- o químicas y médicas del éxtasis y de las drogas de diseño. El problema no es baladí. No es que yo diga que haya controles, que la sociedad controle el consumo. No; lo que yo quiero es que, cuando menos, sepamos controlar la sustancia, porque --a veces lo he dicho, y a lo mejor estoy equivocado--, con ser difícil la lucha contra la heroína y la cocaína, hoy sabemos lo que son la heroína y la cocaína. Sabemos que es el clorhidrato de coca, en un caso, que es un derivado opiáceo en el otro. Lo sabemos porque hay una literatura médica muy intensa desde el siglo pasado respecto de lo que esta sustancia significa desde el punto de vista farmacológico. Las conocemos. Y yo he pensado siempre que cuando se conoce al enemigo, cuando se conoce al adversario del progreso en esta sociedad, es más fácil combatir contra él. De hecho, en eso siento una cierta tranquilidad. Estamos trabajando sobre cosas que conocemos. Del proceso de la síntesis no conocemos apenas nada, y encima se produce una cobertura respecto del ofrecimiento a los jóvenes, en las barras de las discotecas --esto lo conocemos todos, no voy a perder un segundo en describir cómo se produce ese hecho--, en donde parece normal e incluso saludable compartir las horas de ocio con el consumo de una sustancia que absolutamente nadie conoce ni controla. Y como en nuestro país, por desgracia, hemos tenido asuntos tremendos en el aspecto del control sanitario --no me refiero al control de las conductas; no podría llegar a eso en mi información, hablo del control sanitario--, no sabemos de qué va este asunto. Yo creo que el informe de la Universidad de Granada nos va a permitir avanzar en una posición definitiva sobre este asunto.
Es probable que algunas cosas hayan quedado sin contestar. Yo ruego al señor Vázquez que, si alguna es de su interés, me la reitere. En todo caso, le agradezco una vez más que me haya invitado a comparecer, que me haya obligado a comparecer, en el mejor de los sentidos, y a compartir este momento con sus señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Respecto a la polémica inicial de si oferta-demanda significa aceptar las normas del mercado, etcétera, no soy yo precisamente el más indicado para aparecer aquí como defensor de las normas del mercado. Sigo prefiriendo utilizar, para el estudio del problema de la droga, los conceptos de oferta y demanda, y sobre la oferta, represión, y sobre la demanda, prevención, casándolo con su actitud, porque yo creo que nos permite tener un conocimiento más íntimo del problema. La idea de que droga es igual a negocio y droga es igual a enormes plusvalías está en el origen del problema que estamos tratando. Si no fuera un negocio tan enorme como significa, si no produjera las enormes plusvalías que genera, probablemente la dimensión del problema sería muchísimo menor. La potencia del dinero es de tal magnitud que es capaz de corromper casi a quien se ponga por delante, como hemos tenido ocasión de comprobar con ejemplos recientes.
El estar abierto al debate sobre nuevas posiciones que aparezca en el mundo que nos rodea es mi más que vieja pretensión; o sea que, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo.
Las garantías procesales. Lo que quiero decir es que en un Estado de Derecho --otra cosa será que en el próximo Código Penal hagamos estas o aquellas modificaciones

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que permitan esto o aquello--, en la situación actual, en la de hoy, al mismo tiempo que tenemos que defender, como defensores de dicho Estado de Derecho, el máximo cuidado en el cumplimiento de las garantías procesales, hay que estimular a quien es responsable de velar por esas garantías procesales, para que lo realice de forma y manera que evite las negligencias que hacen que se nos escapen de las manos grandes narcotraficantes en los entresijos que les permite la ausencia de esas garantías, la ausencia --digamos-- del cumplimiento estricto de las garantías procesales, como ha ocurrido en los hechos recientes de la «operación nécora», que todos hemos tenido ocasión de conocer. Como es obvio, a eso es a lo que me refería al hablar respecto de las garantías procesales.
Gracias, señor López Riaño. Estoy seguro de que en un futuro próximo vamos a tener ocasión de discutir sobre éstas y otras cuestiones en esta Comisión.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Gracias, señor Presidente.
Señor Vázquez, estoy totalmente de acuerdo con esta aclaración que ha tenido usted la amabilidad de hacer. En ese ámbito de reflexión creo que somos coincidentes.
Respecto de la oferta y la demanda, tampoco lo vamos a constituir más que en un elemento pasajero del debate. Si sus señorías entienden que es algo que define exactamente las posiciones de este problema, yo lo asumo con toda facilidad.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, nuestro Grupo quiere celebrar y agradecer la presencia de don Carlos López Riaño, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ante esta Comisión, agradecimiento que no se debe exclusivamente a la cortesía parlamentaria.
En su exposición hemos detectado un entusiasmo, un optimismo que no tendría mayores consideraciones si viniera de una persona que no fuera conocedora de la cuestión y de la magnitud del problema, pero cuando este entusiasmo y este optimismo lo pronuncia quien, por anteriores responsabilidades parlamentarias, sí es conocedor de la magnitud del problema, señor López Riaño, debo manifestarle que nuestro agradecimiento alcanza unas cotas altísimas, porque es muy agradable escuchar esta actitud tan decidida y, a la vez, en una persona que se supone que es conocedor de la cuestión. Por lo tanto, valga este agradecimiento de nuestro Grupo.
En su exposición, usted ha manifestado cuestiones en las que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Cuando usted hablaba de los foros de debate principales, tanto en lo que hace a la coordinadora de las organizaciones no gubernamentales como a unas relaciones interautonómicas como a esta propia Comisión Mixta, por supuesto, debemos estar de acuerdo.
En lo que se refiere a las relaciones interautonómicas, deseo aprovechar para manifestar y reiterar, como hemos hecho en anteriores ocasiones, que existe una gran coordinación con el Plan Nacional, y esto es muy de celebrar, porque en un asunto de la magnitud del consumo de drogas todos los esfuerzos son muy de agradecer, y todas las buenas coordinaciones, muy de desear.
Cuando usted se refería a la solidaridad compartida por todas las Administraciones públicas, entendemos que quizá sí debemos ser optimistas, pero se podría ir un poco más allá de donde estamos actualmente, sobre todo para conseguir una eficiencia y una efectividad en los planteamientos. Y cuando digo eficiencia me refiero a eficiencia en el sentido de priorizar las acciones en función de los recursos de que disponemos. Los recursos, señor López Riaño, son limitados, no son ilimitados. Por eso mismo entendemos que, dentro de este proceso de coordinación de todas las Administraciones, quizá uno de los mayores esfuerzos debe ir en la línea de esa priorización, para que se vaya en punta de lanza a unos objetivos comunes con los recursos limitados de que disponemos.
Y cuando hablo de efectividad me refiero a la resolución de los problemas en el menor tiempo posible. Sé y me consta que en las cuestiones que estamos tratando hablar de resolución en tiempo puede parecer una ilusión o no estar tocando con los pies en el suelo y no plantearnos el tema con el pragmatismo suficiente, pero sí es cierto que a veces hay planes o acciones puntuales que requieren de un mayor esfuerzo en lo que a esta efectividad se refiere.
Quiero plantear algunas preguntas que me ha suscitado su intervención. La primera se refiere a que es bastante frecuente que cuando se habla del tema de las drogas se cita el alcohol, la heroína, el hachís, las drogas de diseño y, sin embargo, nadie habla del tabaco, cuando resulta que continúa siendo en toda España la primera causa individual de muerte causada por ese hábito susceptible de ser prevenido. Entendemos, por tanto, que este hábito continúa teniendo su importancia y su magnitud, por lo que no debería ser olvidado dentro de un Plan sobre las drogas.
También quisiera formularle otra cuestión. En este Senado tenemos una Comisión Especial de Juventud que está aún en período de elaborar sus resoluciones. Dentro de los estudios que ha realizado esta Comisión está, evidentemente, el consumo de alcohol por los jóvenes, uno de los trabajos más intensos que esta Comisión ha realizado. No obstante, me gustaría conocer su opinión al respecto en cuanto que conviene que el mensaje que se pueda producir también debería introducir la diferenciación entre lo que es el consumo de alcohol, que no tiene que ser necesariamente peligroso para la salud, y lo que es en sí el abuso del alcohol, lo que sí incide muy negativamente, no sólo en cuanto que origina alteraciones de la función hepática

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--como aquí se ha manifestado-- produciendo, por tanto, cirrosis hepática, sino en cuanto que el mayor daño que se está produciendo actualmente entre los jóvenes por el consumo de alcohol en fines de semana es un daño cerebral y progresivo, ya que está demostrado por pruebas analíticas a través de «scanner» cerebrales que el tamaño de la corteza cerebral en estos consumidores está disminuyendo, con lo cual a lo mejor no llegan a tener una cirrosis hepática pero pueden acabar teniendo una idiocia. Creo que esto es lo suficientemente importante como para que se hable de ello claramente.
Por último, señor López Riaño, quiero decirle que, en cuanto al Plan de salud de la Generalitat de Cataluña, usted sabe --y le reitero mi agradecimiento-- que está ya dentro de estas priorizaciones por objetivos y control por resultados. Celebramos que exista esta buena coordinación con el Delegado del Drogas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Bertrán, por sus amables palabras.
Aprovecho la ocasión para manifestarle una idea que tenemos en el Plan Nacional respecto del siguiente asunto. En algunas Comunidades, concretamente en la que dirige su partido político, Comunidades que tienen también Gobiernos locales dirigidos por otros partidos políticos, por ejemplo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, etcétera, hay un alto nivel de experiencia en este asunto.
Si observamos los programas de la Generalitat en el Ayuntamiento de Barcelona --por poner un ejemplo que no sirva de arma arrojadiza o que no tenga un sentido electoralista en ningún aspecto--, veremos que hay un gran nivel de respuesta a estos conflictos. Pues bien, querríamos que ese nivel de experiencia no se quedara solamente ahí, y que personalidades de los programas catalanes contra la droga pudieran intervenir, no solamente formando parte del equipo del Plan en sus salidas al exterior, a la sociedad europea, a la comunidad internacional, sino que intervinieran también interiormente. Esto es algo que no nos costaría demasiado dinero y que, sin embargo, produciría un excelente resultado. Y es que, como en otros territorios, la solución del problema a lo mejor no se ha desarrollado con la misma dedicación o intensidad. Sería bueno que esas experiencias fueran compartidas.
Por poner de ejemplo un tema concreto no relativo a la sociedad catalana en su conjunto, pero que consta como dato en la Memoria, los tratamientos a base de metadona no se proporcionan por igual en todas las Comunidades Autónomas españolas, con lo que habría que preguntarse por qué. Hay una Comunidad --no quiero que tampoco nadie pueda sentirse aludido-- que no tiene ningún programa de metadona, mientras que hay otras Comunidades pioneras en el desarrollo de esos programas. No veo ni siquiera una relación de tipo ideológico o partidario en esa situación. Sencillamente se trata de que los expertos de una Comunidad determinada han optado por un modelo mientras que los expertos de otras Comunidades han optado por otro.
Por tanto, no estaría de más que, aprovechando también el desarrollo de estos programas en Euskadi o en la propia Galicia, donde hay también una experiencia notable al respecto, o en la Comunidad de Madrid, pudiéramos intercambiar --eso sí, formando parte de un solo equipo-- experiencias en este sentido. Y es que, al final, señor Bertrán --esto no lo he dicho en mi primera intervención--, en realidad tenemos la obligación de construir un nuevo instituto en esta área, un observatorio español contra la droga, necesidad que procede de la existencia del Observatorio Europeo contra la Droga que, como saben sus señorías, tiene su sede en Lisboa, y de ahí la importancia del encuentro que tuvo lugar el fin de semana pasado. Hay que estimular entre todos, entiendo yo, con el máximo grado de consenso, el desarrollo del observatorio español en Europa. Ese será un cómodo lugar de encuentro de todas esas experiencias y de todo el desarrollo a que usted se ha referido.
Por último, respecto de las alusiones que su señoría haya podido hacer al tabaco, al alcohol, a otras respuestas que no han sido explicitadas por mi parte, creo que tendremos tiempo para ir aclarando la importancia de todos estos asuntos.
En cuanto al tabaco, sin duda alguna se está produciendo un nuevo problema, la incorporación de la mujer al hecho de fumar, lo que se traduce en una mayor probabilidad de que empiece a padecer determinadas enfermedades que hasta ahora eran típicas del varón. Es decir, cada vez hay más cáncer de pulmón entre la población femenina y cada vez es más frecuente, desgraciadamente, el infarto, pero no solamente en mujeres maduras sino también en mujeres jóvenes, lo que está seguramente relacionado --como usted ha dicho muy bien-- con el abuso de drogas como el tabaco, que producen una nueva patología en el marco de lo que era tradicional en la mujer. En este aspecto tengo que decirles --y no quisiera hacerles perder más tiempo que el que ya les estoy robando en sus dedicaciones en la mañana de hoy-- que sin duda habrá tiempo de insistir, cuando tengan lugar las resoluciones de la Comisión, en que efectivamente hay determinadas drogas legales cuyos efectos son de una altísima nocividad en nuestra sociedad. Eso es indiscutible.
Muchas gracias, señor Bertrán.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero sumarme a la intervención del señor Presidente dando la bienvenida a esta Comisión al señor López Riaño, que viene hoy en una calidad diferente a la que estábamos acostumbrados hasta ahora, en calidad

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de Secretario de Estado para el Plan Nacional sobre Drogas. Además, deseo darle la bienvenida sinceramente como preámbulo y expresión del afecto personal que sabe que le tengo, y asimismo por el reconocimiento que ha realizado en esta Comisión como portavoz de un grupo político durante los años en que hemos venido trabajando en el seno de la misma para intentar encontrar ese punto de acuerdo y ese consenso. Pero como también es nuestra obligación evaluar hoy aquí muchas de las políticas que el Gobierno está siguiendo o debería estar siguiendo, quiero que se interprete que nuestras palabras van a ser de crítica en ese sentido, es decir, hacia lo que en este momento está suponiendo, a nuestro juicio, una desorientación manifiesta por parte del Plan Nacional sobre Drogas.
Señor López Riaño, tengo que decirle en el tono más informal que me es posible --puede entenderlo así--, que compruebo con satisfacción que estos meses que usted ha pasado al frente de la Secretaría de Estado no le han hecho perder sus cualidades, por ejemplo, lo buen parlamentario que es usted. Lo que sucede es que no veníamos tanto a juzgar aquí su cualidad parlamentaria, que sabemos que es importante y dilatada, sino más bien a juzgar precisamente su capacidad como Secretario de Estado, es decir, la capacidad de impulsar realmente la política del Gobierno y resultar ese punto de encuentro, porque con frecuencia hay que pasar de las musas al teatro y de la teoría a la práctica, sobre todo cuando se tiene la enorme responsabilidad de liderar e impulsar los programas políticos para los que usted está en esa Secretaría de Estado.
Quiero decirle, por tanto, señor López Riaño, que no se trataba hoy, a mi juicio, de conocer su visión personal que, por otra parte, es tan genérica, ambigua y amplia en algunos casos que es difícil no compartirla. El 99 por ciento de las cosas que ha dicho hoy en esta Comisión son expresiones recogidas en el debate político, en la reflexión común de esta sociedad y de los grupos políticos durante muchos años, y, salvo en matices muy peculiares --incluso en algunos aspectos, a mi juicio, de nuevo preocupantes, como le dije al anterior Delegado del Gobierno, al plantearlos tan a la ligera--, es fácil coincidir en ese 99 por ciento de las cosas que usted ha dicho.
Pero se trata, como digo, de evaluar programas y la acción del Gobierno.
Es decir, no ha empezado el señor López Riaño desde hace cinco meses a impulsar la política del Gobierno. Se Supone que hemos iniciado una Legislatura hace ya más de año y medio y que lo que estamos pretendiendo es ver qué hace este Gobierno y el partido que lo soporta durante una Legislatura que, como digo, ya dura año y medio, tiempo durante el que tendrá usted que reconocerme no ha pasado por momentos precisamente de calma y serenidad, sino que, por el contrario, precisamente desde el inicio de esta Legislatura, el Plan Nacional de lucha contra las drogas y la Delegación del Gobierno han pasado por avatares diversos y cambios profundos en algunas circunstancias que, indiscutiblemente, han marcado, a nuestro juicio, la eficacia o ineficacia de lo que en estos momentos está siendo la acción del Gobierno y de la Administración Central.
Y de eso se trataba, a mi juicio, hoy, de conocer qué ha sido de las cosas que el anterior Delegado del Gobierno anunciaba, porque como alguien ha dicho también esta mañana: algo digo yo que tendrá que ver con el actual Gobierno y con el partido que soporta al Gobierno. Y si me apura usted más, ya ni siquiera de evaluar lo que dijo el anterior Delegado del Gobierno, quien, tuve la ocasión de recordar, era el que de verdad había enunciado las famosas 32 medidas que este Gobierno iba a poner en práctica para desarrollar un programa global de lucha contra las drogas.
Esperaba por parte del Secretario de Estado que nos hablara de esas famosas 32 medidas y nos dijera qué ha sido de cada una de ellas, en qué estado de realización se encuentran, qué pasos se van a dar para poner en marcha muchas de las cuestiones que se plantearon en esas comisiones, o, incluso, de las que ha manifestado el señor López Riaño en estos cinco meses que lleva al frente de la Secretaría de Estado. Por el contrario, hemos oído, insisto, declaraciones en muchos casos de sentido común pero vacías de medidas concretas, de programas y compromisos concretos, con fechas y planteamientos, que es lo que en esta Comisión queremos oír.
Hay una técnica que se ha utilizado frecuentemente por los responsables de la Administración, que es la de diluir las responsabilidades. Y en esta área concreta en el que nos encontramos, en el área de la lucha contra las drogas, se utiliza ya con demasiada frecuencia. No obstante, deseo volver a los orígenes, es decir, cuando surge en el año 1985 el Plan Nacional tiene la finalidad, entre otras cosas, de coordinar también los esfuerzos de la Administración Central. Usted ha hecho aquí una referencia, extraordinariamente compartida por todos, sobre la importancia de las organizaciones no gubernamentales --la compartimos, la apoyamos y la impulsamos--, ha hecho una referencia a la importancia de las Comunidades Autónomas --qué duda cabe, de hecho están siendo cada día más las que soportan el peso de la parte asistencial y preventiva de manera más notoria y clara, y, de hecho, son pilar fundamental del Plan Nacional-- y ha hecho también referencia a la labor de este Parlamento.
Pero se le ha olvidado hacer referencia a lo más importante, a la labor de la propia Administración Central del Estado.
Llevamos algunos meses asistiendo a comparecencias de los diferentes Ministros que tienen competencia sobre los temas que afectan al Plan Nacional y hemos notado importantísimas carencias en los compromisos que se adquirieron en su momento en la Comisión Mixta o por el propio Gobierno. Y le quiero recordar que en la constitución del Plan, en el Decreto de 1985, se hablaba precisamente de las funciones de coordinación y de impulso entre los diferentes estamentos de la Administración Central del Estado como una de las piezas fundamentales. Hasta tal extremo es así que se creó el grupo de coordinación interministerial. Y hasta tal extremo es así que fue una de las piezas fundamentales que esgrimió el anterior Secretario de Estado en esta Comisión como base para desarrollar su política. Y tan es así que recordarán ustedes que se aprobó un Decreto ampliando la composición de ese grupo interministerial

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a otros Ministerios, como el de Asuntos Exteriores, por poner un ejemplo, porque se consideraba pieza fundamental en la lucha contra la droga. De eso no hemos oído nada. Y no hemos oído nada, ¿sabe usted por qué, señor López Riaño? Porque desde el año 1991 no se ha vuelto a reunir el grupo de coordinación interministerial.
Creo que ya está bien de pedir responsabilidades a la sociedad, ya está bien de pedir responsabilidades a las organizaciones no gubernamentales, ya está bien de pedir responsabilidades a las Comunidades Autónomas; empecemos por pedir responsabilidades a ustedes mismos, que son los que están instalados en la Administración Central del Estado, los que se dotan de unos instrumentos que después no convocan y no reúnen, y los que, por tanto, convierten en papel mojado muchas de las cosas de las que se publican en los Boletines Oficiales del Estado. Por tanto, de esto es de lo primero que hay que hablar hoy aquí, de por qué no se reúne el grupo de coordinación interministerial, qué se ha hecho de la importancia que se le dio por el anterior Delegado hace tan sólo seis meses a la incorporación de determinados Ministerios, cuáles son precisamente los programas que se han puesto en marcha y cuándo va a ser la próxima reunión de coordinación.
En el acta de la última reunión del grupo interministerial, que fue el 15 de julio de 1991, es curioso comprobar cómo en aquel momento --hace ya más de tres años-- ya se hablaba de la necesidad y la urgencia y de los compromisos que el Gobierno adquiría en determinados aspectos de la lucha contra las drogas. El más notorio de todos, sin lugar a dudas, es el campo legislativo. Pues bien, todos, a excepción de la Ley de Prevención --que, como usted bien sabe, primero, se aprobó con mucho retraso, y, segundo, todavía está pendiente de desarrollo reglamentario y de algunos aspectos tan importantes como la ley del fondo--, a excepción de ese compromiso, todos los demás, absolutamente todos desde el año 1991 están totalmente sin realizar. Y son cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la relativa a la oficina técnica, que los propios Ministros decían que se iba a poner en funcionamiento.
De eso, insisto, es de lo que tenemos que hablar; qué ha sido de los compromisos del Gobierno, qué ha sido de las medidas enunciadas por los anteriores Delegados del Gobierno, porque la labor de este Gobierno no empieza con la del señor López Riaño como Secretario de Estado, sino en el momento en que comienza esta nueva Legislatura, y, si me apuran ustedes, desde el momento en que el partido que soporta este Gobierno tiene la responsabilidad de marcar la política de la lucha contra las drogas.
Estamos de acuerdo, como le he dicho, en ser un punto de encuentro. Sabe usted que en ese sentido vamos a hacer todo lo posible, y lo hacemos desde el ámbito nacional, en el Parlamento nacional, como fuerza política, y lo hacemos las Administraciones autonómicas en las que tenemos responsabilidades. Sabe usted que colaboramos de la forma más leal en ese conjunto. Pero tenemos también la obligación de señalar que el Plan no solamente es un sitio de encuentro. El Plan debe ser también un proyecto de programas, de medidas concretas que hay que ejecutar, y no solamente enunciar.
Esperaba también, señor López Riaño, que muchas de las cosas que usted ha dicho siendo ya Secretario de Estado, algunas muy importantes y que tienen una trascendencia fundamental para nuestro país, las hubiera matizado, desarrollado y explicado con más profundidad en esta comparecencia. Por ejemplo, este verano, el día 19 de julio, respecto de un tema de una importancia vital, refiriéndose a la cuestión del blanqueo de capitales en Gibraltar, hizo una afirmación tan extremadamente dura e importante como que el Peñón era un centro internacional de blanqueo de dinero, paraíso de criminales organizados. Cito literalmente un fax de la Agencia Efe y después reproducido también por otra agencia como es Colpisa: «Riaño dice que Gibraltar es un paraíso de criminales.» Me parece que cuando el señor López Riaño hace una afirmación de esta naturaleza es porque debe tener la información suficiente como para ello.
Y qué duda cabe --y saben sus señorías que es un tema que preocupa a la sociedad española, que preocupa y que afecta gravemente a la comarca de Algeciras y del Campo de Gibraltar-- que debe tener, por tanto, su respuesta. Lo que le quiero decir al señor López Riaño es que, coherentemente con esa afirmación, debe explicar en esta Comisión, o donde crea conveniente, qué va a hacer el Gobierno, es decir, qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar que Gibraltar siga siendo, como él dice, un centro internacional de blanqueo de capitales, que está, además, perjudicando de forma gravísima a las comarcas españolas que se ven afectadas por ese centro internacional de blanqueo de capitales; qué medidas va a tomar el Gobierno de la nación para que Gibraltar deje de ser dicho centro, o para que el Gobierno británico presione a su vez al Gobierno de la Roca para que eso deje de ser así, o qué medidas complementarias de desarrollo integral se van a seguir tomando, porque según se desprende de la afirmación, hecha de esa manera, es evidente que el señor López Riaño tiene una buena información sobre lo que allí pasa, pero nos parece que la respuesta es escasa.
El señor López Riaño dice en otras declaraciones, en un importante medio nacional: «Evitaremos que la trama gallega se convierta en mafia.» Y yo le digo: señor López Riaño, ¿cómo va a evitar el Gobierno que la trama gallega se convierta en mafia? Yo quiero conocer cuáles son las medidas que usted va a aplicar, las que el Gobierno va a impulsar para que las tramas gallegas o de otro orden se conviertan en mafia. Es una preocupación que ya hemos expresado más de una vez en esta Comisión. Es verdad que hay un peligro real en nuestro país de que la delincuencia no organizada se convierta en delincuencia organizada. Nos preocupa a todos, pero el Gobierno tiene una responsabilidad adicional, tiene que traer iniciativas a esta Cámara, tiene que traer proyectos a esta Cámara, para evitar, precisamente, y para ser más eficaces en la lucha contra las mafias organizadas.
Dice el señor López Riaño: «Falta legislación contra el crimen organizado.» Señor López Riaño, es usted el Secretario de Estado. Si falta legislación contra el crimen organizado, dígannos ustedes qué legislación va a traer a esta Cámara el Gobierno, la Secretaría de Estado que usted impulsa,

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para ser mucho más eficaces en la lucha contra el crimen organizado. Y de eso es de lo que yo creía que hoy íbamos a hablar aquí, de medidas y proyectos concretos y, como mínimo, de la evaluación de las que ya se nos han anunciado, no solamente por el anterior, sino, como ya tuve la ocasión de decir, por, incluso, el anterior.
Repito de nuevo --porque es un hecho que se puede comprobar fácilmente leyéndose las actas de esta Comisión-- que desde la dimisión del señor Solans, con escasísimos meses en los que estuvo como responsable el señor Villoslada y con el período transitorio del señor Garzón, no se ha hecho ni un solo proyecto nuevo en la Delegación para el Plan Nacional de lucha contra la droga. Todo lo demás ha sido enunciar una y otra vez medidas que ya conocíamos, proyectos bien intencionados, pero que duermen en el cajón y en las buenas intenciones de los responsables de la Administración. Yo creo que hay que romper esa dinámica, porque está paralizando la eficacia de la lucha contra la droga a nivel central y está desanimando, desmotivando importantes esfuerzos que se habían conseguido movilizar en la sociedad española durante estos años atrás, en muchas Administraciones autonómicas y también en algunos colectivos sociales --como usted ha reconocido precisamente hace un momento-- que demandan más de la Administración y que, entre otras cosas, demandan claridad, iniciativas, liderazgo, que es lo que tiene que hacer, a mi juicio, en este momento la Secretaría de Estado.
Usted no ha entrado en profundidad en el análisis de la Memoria, porque me imagino que, entre otras cosas, la va a presentar usted esta tarde a los medios de comunicación, pero como yo no voy a tener la ocasión de estar en la rueda de prensa para poderle preguntar a usted algunas cosas, voy a tener ahora --si a usted no le importa-- la ocasión de hacerle algunas preguntas o algunos análisis sobre las cifras.
Por cierto, usted ha hecho, como siempre, un juego inteligente con el uso de las cifras y de la Memoria, porque, por una parte, ha hecho la afirmación de que no le gusta utilizar demasiado las cifras y escudarse en ellas, pero al final de su intervención ha utilizado las cifras.
Lógicamente, ha dado usted las cifras que creía más convenientes en este momento, las que creía que a los medios de comunicación le pueden resultar más interesante escuchar. Pero hay otras muchas más cifras en la Memoria del año 1993 que hay que estudiar y evaluar.
Tengo que decirle que es encomiable, y siempre lo he admirado mucho, el optimismo con el que usted se expresa, pero me da la sensación de que ese optimismo es un tanto, en este momento, infundado, señor López Riaño.
Creo que del análisis profundo y frío de la Memoria del año 1993, del análisis reflexivo de las declaraciones que hacen importantes personalidades del mundo de la Magistratura, de la Fiscalía, de los medios policiales, de los medios sociales en nuestro país, en este momento precisamente no puede derivarse un optimismo demasiado profundo.
Por el contrario, hay una preocupación de que de nuevo se nos están escapando algunos aspectos importantes de la lucha contra la droga, como ahora voy a intentar demostrarle.
El mismo Secretario de Estado me hizo notar el sábado que teníamos la Memoria en el casillero, por lo que he tenido escaso tiempo para poderla estudiar. El la ha estudiado, pero he podido comprobar que los temas fundamentales, como consumo, percepción social u otros muchos temas a los que ahora me referiré, todos y cada uno de ellos han tenido un empeoramiento en la Memoria del año 1993 respecto del año 1992. Por ejemplo, en la página 38, cuando se le pregunta a los españoles sobre la percepción que tienen sobre si ha mejorado o empeorado, el 55 por ciento de los españoles dice que ha empeorado; un porcentaje mayor de los que lo decían en el año 1992. En la página 17 --que usted ha mencionado de pasada--, cuando se habla de tendencias de consumo, nos estamos yendo a unas cifras de consumo de sustancias tóxicas que en todos y cada uno de los casos, salvo mínimamente y de forma casi anecdótica en el tema de la heroína --y, como usted bien sabe, más bien asociado al drama de lo que significa en este momento la infección de VIH--, en todos y cada uno de los demás parámetros hay un aumento importante de consumo, tanto de cannabis como de coca como de crack, y no digamos de las drogas sintéticas. Por cierto, hago un paréntesis para recordar que esa preocupación que en algún caso se ha expresado en esta Comisión fue manifestada por mí como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su momento, y fue entonces el señor Solans el que dijo que no tenía ninguna trascendencia para España, ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo. La Delegación del Gobierno no consideraba en aquel momento que el problema de las drogas sintéticas fuera para nuestro país. Pues precisamente por no tenerlo en cuenta en aquel momento y no disponer de la capacidad de adaptarse, hoy en este momento estamos viendo cómo de forma dramática se ha producido una escalada en el consumo y, por tanto, también en el tráfico de las drogas sintéticas.
Si nos vamos, por ejemplo, a la página 37, sobre la preocupación que produce en los españoles, sigue siendo el segundo factor de preocupación entre los españoles y muy a distancia del tercero, que es la inseguridad ciudadana. Si se les pregunta a los españoles sobre las preocupaciones o los riesgos que tendrían sobre algún familiar cercano, en el año 1993, el 62 por ciento de los españoles siguen sintiéndose preocupados ante la posibilidad de que algún hijo o familiar consuma. Es un porcentaje mucho mayor que el que había en el año 1992, que era del 51 por ciento. Por tanto, hemos pasado del 51 por ciento de preocupación al 62,7 por ciento.
También ha aumentado.
Si hablamos de otro tipo de preocupaciones, en cuanto a la persecución de los delitos o en cuanto a la idea de la mayor represión, en todos y cada uno de ellos se demuestra que la sociedad española sigue reforzando su preocupación, su inquietud y sigue demandando del Gobierno más prohibición, más dureza en la actuación contra el narcotráfico. Por tanto, insisto, se pueden derivar datos muy distintos a ese optimismo que usted nos menciona.
En la página 42, cuando se habla de la implicación de la Administración Central del Estado, hay un 45 por ciento de españoles que dice que no es suficiente y que debería hacerse más por parte de la Administración Central del Estado.


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Curiosamente, solamente el 11 por ciento lo dice de las Comunidades Autónomas. Es decir, el ciudadano percibe que hace más la Comunidad Autónoma y hace menos la Administración Central en la lucha contra la droga. Por tanto, alguna circunstancia debe existir.
Si hablamos de detenciones, han aumentado; si hablamos de decomisos, han aumentado; si hablamos de la situación en nuestro país en relación con el contexto europeo, seguimos siendo el primer país en cannabis y en cocaína y el cuarto en heroína. Eso creo que también es un motivo de enorme preocupación.
Si se les pregunta a los españoles el porcentaje de gente a la que se le ha ofrecido droga en el año 1993, también ha aumentado respecto del año 1992. Por tanto, existe otro factor de preocupación.
Por cierto, ahora que he mencionado el tema del cannabis, que sigue siendo para nuestro país uno de los principales problemas, aprovecho para decirle, señor López Riaño, que, como dije al anterior Delegado del Gobierno, sin cerrarnos a ningún debate de tipo intelectual ni político, creo que cuando se tiene la responsabilidad de estar en la Secretaría de Estado, cuando se hacen determinadas afirmaciones, hay que valorarlas y pensarlas muy bien y hay que elegir el foro en el que han de hacerse y efectuarse cuando se tienen ya muy meditadas y muy valoradas; es decir, si realmente ese mensaje que se lanza a la sociedad es el más correcto.
Usted ha lanzado hoy un reto sobre la posible legalización del consumo de cannabis, es decir, la liberalización de la distribución, que me parece extraordinariamente peligroso porque es una evidencia que, independientemente de los grados y de los riesgos o equilibrios que producen determinadas sustancias, el cannabis es intrínsecamente una sustancia tóxica que produce deterioro en muchos aspectos, físicos y psíquicos, y la resignación o aceptación de ese hecho lleva implícita una concepción de valores en la sociedad que, a mi juicio, no debemos resignarnos tan fácilmente a aceptar.
Yo creo que en este momento no debe ser una de las prioridades de la Delegación, ni siquiera de esta Cámara, plantearnos esa modificación, entre otras cosas, por coherencia con nuestras propias posturas internacionales. Como ya recordé en su momento, España ha firmado convenciones internacionales que nos comprometen, y mientras los grupos internacionales en los que nosotros libremente nos hemos incorporado, porque hemos decidido seguir esa política, no cambien o no cambiemos todos consensuadamente esa política, creo que no debemos lanzar mensajes contradictorios a la sociedad porque podría ser que algún chico que en este momento esté consumiendo cannabis diga: ¡Hombre, resulta que al final de todo esto, hasta lo van a liberalizar y al final tendrán razón los que decían que no era tan malo que se consumiera cannabis. No creo que sea ésa la línea de trabajo, sino que, más bien por el contrario, es bueno reforzar mensajes claros a la sociedad española.
Si vemos la situación en instituciones penitenciarias, ya tuve la ocasión, cuando valoramos la anterior memoria, de explicar nuestra gran preocupación; de hecho, hemos presentado una iniciativa en esta Cámara para produndizar en este tema. Solamente 12.000 de los más de 40.000 reclusos que hay en nuestro país, según la Memoria, han recibido lo que llaman algún tipo de información. Después se detalla en la Memoria que «algún tipo de información» consiste en haber distribuido 10.000 folletos, es decir, que ni siquiera los 12.000 han tenido acceso a un folleto por recluso. Considerando que ésa sea una forma eficaz de hacer prevención en una población con claros síntomas de marginación e incluso con unos niveles de desarrollo cultural limitado, no sé si se puede deducir que es una forma eficaz de hacer prevención en los centros penitenciarios.
Pero si además nos vamos a valorar la actuación por centros, vemos que sigue siendo todavía insuficiente. Como recordé entonces al anterior Delegado, la competencia en instituciones penitenciarias, a excepción de Cataluña donde está transferida, es exclusiva del Estado Central, y en los centros españoles de instituciones penitenciarias no se están haciendo todavía programas de tratamiento de desintoxicación ni de información, y ésa es una deficiencia grave, a mi juicio, de la Administración Central del Estado.
Si hablamos de Presupuestos Generales, señor López Riaño, me parece que tenemos que detenernos en este tema con algo de tranquilidad. Se nos anunció, cuando celebramos otros debates, que era inminente la presentación de lo que llamamos entre todos coloquialmente la ley del fondo. Incluso, una Diputada que es miembro de esta Comisión tuvo la ocasión de preguntar al Gobierno sobre ese tema, y se nos volvió a decir que el proyecto estaba ya poco más o menos ultimado y que iba a venir a las Cámaras en un corto período de tiempo. Pero es que, releyendo las actas de las comparecencias, eso mismo se nos dijo exactamente hace un año y medio. Efectivamente, hace un año y medio se nos dijo que ya estaba ultimado el proyecto y que era cuestión poco menos que de días para que llegara a esta Cámara.
Por tanto, las afirmaciones que se hacen en este momento tienen, a nuestro juicio, poca credibilidad porque se ha dejado pasar un año y medio sin traer el proyecto a la Cámara. Y cuando digo que se ha dejado pasar, quiero decir que se ha dejado pasar la oportunidad de utilizar fondos decomisados a los narcotraficantes para poder mejorar la lucha contra las drogodependencias.
Los últimos datos del Servicio de Vigilancia Aduanera contenidos en la memoria del año 1993, que supongo que usted conoce perfectamente, hablan de 22.000 millones de pesetas decomisados a los narcotraficantes. En una contestación a una pregunta escrita al Gobierno, por el contrario, se habla de dinero contante y sonante, es decir, aproximadamente 2.700 millones de pesetas en 1993. En todo caso, a pesar de la disparidad de las cifras, es una cantidad sumamente importante, que estaría casi multiplicando por dos la capacidad efectiva del Plan Nacional de Lucha contra la Droga, si pudiéramos realmente haber utilizado de forma razonable y eficaz ese mecanismo que nos daba la ley del fondo.
Se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado una enmienda que trataba de paliar en aquel momento la

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demanda social en ese sentido. Había una demanda social, y sigue habiéndola por parte de las Organizaciones no Gubernamentales, de que se utilicen los fondos que se decomisan a los narcotraficantes. Como el Gobierno no fue eficaz y no presentó ese proyecto de ley, tuvo que buscarse el artilugio de presentar una enmienda a través de los créditos ampliables en los Presupuestos Generales del Estado. Así se hizo el año pasado, es decir, se creó un crédito de 25 millones de pesetas, ampliable hasta los 500 millones de pesetas, que no se ha utilizado durante el ejercicio actual, y eso me parece una gravísima responsabilidad.
Y no me valen, señor López Riaño, disculpas de orden administrativo ni de orden interno, porque la voluntad política --y usted es legislador, no es que lo haya sido, sino que sigue siendo Diputado y sigue apoyando al grupo mayoritario-- está para eso, para cambiar las normas obsoletas, las normas anticuadas, y ahí es donde se nota la capacidad de liderazgo de un Gobierno y de un partido, cuando es capaz de resolver situaciones anacrónicas y de impulsar nuevas medidas que hagan eficaces las cosas que nos proponemos en este Parlamento.
De hecho, hoy, a estas alturas, lo cierto es que los bienes que se siguen incautando a los narcotraficantes no los podemos utilizar, no se están utilizando en beneficio de las víctimas que han sido afectadas por el tráfico criminal de los narcotraficantes. Ni hay ley del fondo ni se ha utilizado el crédito ampliable que estaba previsto en los Presupuestos del año 1994, y eso me parece una gravísima responsabilidad, una negligencia importante por parte del Gobierno que está en deuda con la sociedad a la hora de responder sobre este tema.
Por tanto, como le he dicho antes, yo no tengo una visión demasiado optimista, y no la tengo porque creo, insisto, que desde hace dos años se ha perdido el norte. Ha habido demasiados cambios, demasiados vaivenes dentro de la Secretaría de Estado, dentro del Plan Nacional, con cambios de responsables, con cambios de ubicación, con demasiadas enunciaciones de buenísimas intenciones que después no se han llevado a la práctica. Ha habido una larga lista de medidas anunciadas, de las cuales también hay una larga lista de incumplimientos, pero poco más se ha hecho.
Y tengo que basar mis afirmaciones no solamente en estos juicios que puede alguien considerar subjetivos, sino que los estoy basando en los datos de la Memoria que se nos acaba de entregar; los estoy basando en los análisis de la Memoria de la Fiscalía Especial del Estado, que están también aquí y que son los de este año, por lo que son datos objetivos del Fiscal Especial para la Lucha contra la Droga. Los estoy basando en afirmaciones de personas a las que yo creo que tenemos que dar algún juicio, como son, por ejemplo, el propio Fiscal Especial para la Lucha contra la Droga, que públicamente acaba de decir --como le hemos escuchado todos los españoles en medios audiovisuales-- que no se puede seguir con la situación actual, que no existen los medios suficientes, que la legislación española está obsoleta, que se realizan operaciones internacionales en las que nos faltan instrumentos legales y mecanismos administrativos para poder ser eficaces. Y tenemos también que basarnos en personas como el señor Bueren --y hago referencia a su nombre porque él lo ha dicho públicamente--, que algo, digo yo, debe de saber sobre este tema, que ha dicho literalmente: Faltan medios judiciales y policiales para luchar contra el narcotráfico y contra el blanqueo de dinero, lo que ha llevado al Estado a una grave situación de inoperancia, con grave riesgo de que las leyes se conviertan en papel. Esto lo ha dicho el señor Bueren, que digo yo que alto tiene que saber de este tema.
Si lo unimos a lo que acaba de decir el Fiscal Especial para la Lucha contra la Droga; si lo unimos a los datos de la memoria de este año; si lo unimos a los datos de la propia Fiscalía Especial y si lo unimos a la evidencia de lo que nos están demandando todos los días los ciudadanos, de lo que nosotros percibimos y de lo que ha sido, lamentablemente, la experiencia de estos últimos años en los vaivenes del Gobierno, yo creo que no estamos en la mejor de las situaciones.
Es, por tanto, necesario, señor López Riaño, cambiar el ritmo. Creo que hay que abandonar este discurso de planteamientos teóricos y hay que proceder a recuperar el terreno perdido. Hubo un pilar fundamental por el que se consiguieron éxitos importantes, que fue precisamente el hecho de poner de acuerdo a las diferentes Administraciones del Estado para que el tema funcionara; otro pilar fundamental fue cooperar con las Organizaciones no Gubernamentales, pero el otro pilar que es la Administración Central del Estado hay que ponerlo a funcionar definitivamente.
Creo que hemos perdido un tiempo importante. Yo confío plenamente no sólo en sus buenas intenciones y en su capacidad porque le conocemos por los años que lleva usted aquí, pero tiene usted que reconocer que hay que volver a replantearse determinados temas y que hay que dar explicaciones de alguna de las cosas que el Gobierno se comprometió a hacer.
Me estoy alargando demasiado, pero no puedo dejar de citar los compromisos. Insisto en que supongo que se mantienen vivos, porque no creo que fueran los compromisos del señor Garzón; supongo que serían los compromisos del Gobierno. ¿Qué ha sido de las 32 medidas anunciadas aquí? Aquí se nos anunciaron dos encuestas públicas que iban a hacerse inmediatamente y que íbamos a conocer, una al final del año 1993 y otra al final de 1994, y no sabemos nada en este momento. Aquí se nos habló de la incorporación al grupo interministerial, y no conocemos qué ha pasado con ese tema. Se nos anunció la publicación inmediata de un manual sobre el alcohol, que no ha sido publicado. Se nos anunció la puesta en marcha inmediata de programas de prevención en el ámbito laboral y de la Comisión con sindicatos, etcétera, que tampoco ha salido más allá de la propia formulación, de la propia firma de esa Comisión, y no hay programas concretos.
Por no leerles todas y cada una de ellas, en el ámbito legislativo se nos anunció la tan traída y llevada, y tantas veces anunciada, ley sobre el tema de los precursores. Se nos anunció la ley del fondo y se nos anunciaron, por ejemplo, medidas de coordinación con el Plan Nacional del Sida, sobre el que en este momento tampoco hemos

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hablado y lo hemos pasado como si no tuviera relación una cosa con la otra. En el ámbito de instituciones penitenciarias se nos anunciaron cambios importantes en la legislación que permitieran el cumplimiento de penas dentro de los centros penitenciarios, etcétera. Todo eso está enunciado en las, si no recuerdo mal, 32 medidas, que se dijo que fueron del señor Garzón, y yo vuelvo a recordar que fueron del señor Villoslada y que fueron del señor Solans, que fue quien realmente enunció aquellos planteamientos, salvo, lógicamente, algunas aportaciones que cada uno de los que han sido responsables han hecho por su propio conocimiento personal o por su propia experiencia. Pero, señor Garzón, de todo ello --del tema de la regulación de los agentes infiltrados, de las entregas vigiladas, que había que desarrollar y controlar mejor, del proyecto de ley sobre los procedimientos de cooperación judicial internacional, etcétera-- usted no nos ha hablado, y de eso es de lo que hay que hablar, porque este Gobierno se comprometió a un proyecto legislativo amplio que no se ha cumplido.
Para terminar, tengo que decirle que nos va a tener aquí, en esta Comisión y en el Parlamento, como siempre, de la forma más constructiva, así como también lo haremos en donde tengamos responsabilidades en otras Administraciones, pero que le vamos a demandar, señor Delegado del Gobierno, que asuma la responsabilidad que tiene de impulsar la coordinación, en primer lugar, de la propia Administración central del Estado, para desde allí, con la autoridad moral que da el hecho de que la primera que está cumpliendo es ella, poder demandar a la sociedad, a las demás fuerzas políticas y a las demás Administraciones un compromiso en la misma línea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Delegado del Gobierno.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Robles, por el afecto que ha manifestado en el inicio de su intervención y por el reconocimiento a una tarea parlamentaria. Créame que cuando uno decide asumir responsabilidades en el Ejecutivo --y sin duda le ocurrirá en alguna ocasión a usted mismo--, se siente no que el sistema parlamentario sea gravoso, pero uno sí rehuye hacer discurso estrictamente formal, y de hecho yo creo que ha sido así: en la mañana de hoy yo no me he sentido más que responsabilizado con las cosas que digo y que quiero hacer llegar a la opinión pública, y antes que nadie a sus señorías.
Para llegar a un primer acuerdo, yo le propongo que no me diga que estoy instalado aquí, en el poder, porque le tendría que decir: no se instale usted, don Gonzalo Robles, en la oposición. Para avanzar en esta nueva etapa sería muy conveniente que nos deslastráramos del entendimiento de que cualquiera de nosotros que tenga la responsabilidad de hablar de este asunto está instalado en ninguna parte, y a partir de este primer acuerdo, yo estoy de acuerdo de que avanzaremos en el consenso que usted finalmente propone.
Por no cansar a la Comisión no les he dicho a sus señorías en qué estado está el cumplimiento de las proposiciones que don Baltasar Garzón hizo aquí. También creo que ha sido un lapsus, señor Robles, y cuando usted al final me ha llamado señor Garzón --me parece que así será recogido en el «Diario de Sesiones»-- he querido ver que usted mismo entendía que había una continuidad, que yo siento. Yo creo que en los momentos difíciles es bueno que se produzcan cambios, no pasa nada, eso ayuda a la sociedad a vernos mejor y a saber qué es lo que no sabemos hacer y que es lo que tenemos que hacer mejor. Y repito que no he querido hacerles perder el tiempo a sus señorías, pero dejo a disposición de la Mesa, si así se considera necesario, el estado de ejecución en el momento actual de las proposiciones que el señor Garzón hizo en esta Comisión.
Por ponerles unos ejemplos --cuando ustedes consideren que es fatigoso me lo dicen--, la primera proposición del señor Garzón era: «Medidas de coordinación, cooperación y diseño. Estrategias de intervención en la lucha contra la droga: un congreso nacional sobre el Plan Nacional sobre Drogas». El llamado congreso nacional sobre el Plan Nacional sobre Drogas sería el resultado del debate aprobado por la Conferencia Sectorial; este debate, que, articulado alrededor de diferentes cuestiones sectoriales, trataría de implicar en el mismo a las distintas instituciones, está en marcha. Durante 1994 la Delegación del Gobierno ha financiado a un conjunto de ONG para que puedan implicarse en esta tarea.
Punto número dos: «Ampliación del grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas». El grupo interministerial ha sido ampliado con la presencia de los Ministros de Economía y Hacienda, y Exteriores, si no recuerdo mal.
El punto número tres era la creación de un consejo asesor en materia de lucha contra la droga. Aquí he sido yo quien ha tomado la decisión de dedicar un tiempo a la reflexión sobre la creación de un nuevo consejo por dos razones: en primer lugar, desde el punto de vista del ahorro presupuestario y, segundo, teniendo en cuenta la política coordinada con las Administraciones periféricas, puesto que algunas Autonomías, algunos partidos que tienen su funcionalidad política en alguna autonomía, han manifestado su rechazo, señor Robles, a que se cree un nuevo organismo en donde nos metamos todos, cuando piensan que el Plan es exactamente ese organismo.
Punto número cuatro: «Adopción de medidas de cooperación y contacto con las ONG». La Delegación ha continuado esas medidas, las ha intensificado y ha repartido más de 36 millones con respecto al año anterior.
El punto número cinco era la «Participación de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento con los problemas del sida», tema que le ha interesado siempre a su señoría. Durante el año 1994, es decir, durante la gestión del señor Garzón y la mía propia, la Delegación ha incrementado muy significativamente su colaboración con el Plan Nacional del Sida. Ha participado activamente en la

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Comisión Nacional de Coordinación y ha establecido un grupo de trabajo conjunto.
En el punto seis: «Potenciación y consideración del papel de España en los organismos públicos internacionales». España ha continuado su participación activa en todos los foros internacionales. Durante 1994 ha recibido la visita, que usted conoce, del JIFE y ha superado el examen --al que no he querido referirme porque me parecía demasiado estimulador para mí mismo-- autoevaluador del GAFI. Se ha enfatizado el seguimiento de los convenios bilaterales, especialmente con Francia, Alemania y Portugal. Yo mismo estoy desarrollando una política en relación con gobiernos extranjeros, dentro y fuera de la Unión Europea, y yo creo que la Comisión podrá analizar más adelante si ha sido eficaz o no.
Señor Robles, yo creo que en menos tiempo no se puede dar mejor cumplimiento a aquellos compromisos, pero por si hubiera dudas en la Comisión, yo dejo aquí --para no cansar a sus señorías-- el estado de la cuestión.
Esta Comisión produjo en su día --como usted ha dicho muy bien-- unas resoluciones, importantísimas para mí en este asunto --no sé para su señoría, supongo que también--. El problema es que casi todas están en marcha, y por eso yo al principio de mi comparecencia insinuaba la posibilidad de llegar a un debate en el seno de la Comisión que produjera nuevos compromisos. Yo creo que si no nos instalamos, por mi parte en el poder y por su parte en la oposición, seremos capaces de diseñar nuevos compromisos a cumplir, porque, sencillamente, los que habíamos adoptado en esta Comisión, en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, han sido cumplidos, y éste es el problema que tenemos: el haber dado cumplimiento a muchos de los compromisos y tener, sin embargo, la sensación de que se puede mejorar.
En cuanto a la reunión interministerial se celebra una vez al año, y últimamente --en eso lleva usted un punto de razón-- lo que se ha preferido es que la intervención de los Ministros de cada ramo se haga en las conferencias sectoriales. Por eso le quiero decir, señor Robles, que no es verdad que no se hayan producido durante todos los años, lo que ocurre es que se han hecho de forma distinta a partir del año 1993. Se puede considerar si la reunión de la interministerial aborda nuevos problemas y es necesaria en estos momentos; mi voluntad es convocarla, pero quiero decirle que no por ello ha dejado de trabajarse por parte del Gobierno en ese sentido.
En cuanto a los datos de la Memoria, lo primero que le agradezco, señor Robles, es que utilice usted la Memoria del Plan; esos datos --algunos de ellos no muy ventajosos para quien dirige el Plan-- están en la Memoria del Instituto. No son datos de fuera, son datos que nosotros traemos aquí a la reflexión de sus señorías y de la opinión pública en general. Ello significa que se ha hecho esta Memoria desde el mayor grado de objetividad y neutralidad posible, que no queremos engañar a la opinión pública, y menos, señoría, a esta Comisión, que hay datos que no son todo lo gratos que desearíamos, pero todos los indicadores a los que usted se ha referido han mejorado.
Usted, cuando cita la opinión de los españoles en este tema, la cita ciertamente pero no todo el pasaje de la Memoria en la que, si pone usted en relación esa encuesta con las de períodos anteriores, verá que en este asunto hay un problema de representación social muy importante. Muchas personas que nunca han tenido el problema de la droga ven en ésta un grave problema; es decir, hay un problema de representación social, según hablan los expertos, que es incuestionable y que tenemos que asumir. Pero la confianza de nuestros ciudadanos en la red asistencial, que es coparticipada con otros gobiernos, y no solamente desde el Gobierno central, es muy alta en este momento. Y el crédito de las instituciones públicas, tanto ayuntamientos, sean del partido que sean, tanto Autonomías, las gobierne quien las gobierne, como del Estado es cada vez mayor. Nuestros ciudadanos acuden en este sentido cada vez más a los centros de asistencia. Unicamente, como dato negativo, observo que hay una disminución en las llamadas unidades hospitalarias integradas en el sistema del Insalud. ¿Por qué? Porque muchas de esas competencias han sido absorbidas por las Comunidades Autónomas en sus programas regionales. Y mire si fueron importantes las resoluciones de esta Comisión, señor Robles, que hoy podemos decir aproximadamente lo que nos gastamos los españoles en este asunto.
Fíjese, las Comunidades Autónomas, cuyos representantes yo recuerdo que comparecieron ante esta Comisión, en el ámbito de la que se creó un estímulo evidente de mejora entre unos y otros, supone que aproximadamente se gastan hoy en nuestro país 14.000 millones de pesetas, lo cual significa un aumento extraordinariamente considerable respecto de lo que tan sólo antes de aquella resolución de sus señorías se gastaba en este país. Con lo que se gasta el Estado central a través del Plan, unos 3.800 millones de pesetas, que repartimos a las organizaciones no gubernamentales y a las propias Comunidades Autónomas, la cifra aumenta la cantidad que acabo de decir; para aumentarla definitivamente en los programas que todos los Ministerios del Gobierno establecen ahora en la lucha contra la droga, a la que hay que añadir, como digo, unos 6.000 millones más.
En resumen, podemos decir que hoy los españoles nos gastamos 24.000 millones de pesetas, independientemente de todo lo que invertimos en el área educativa, en el pago a los profesores, en los programas especiales, en lo que podríamos llamar el sueldo de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no deja de ser una inversión en este asunto; es decir, específicamente en el ámbito de lo que podríamos denominar la responsabilidad asumida. Pero, de verdad, señor Robles, yo he dejado de ser jacobino en cuanto que he tomado contacto con la realidad de este problema. El Gobierno central tiene responsabilidades, algunas las ha señalado usted y las ha criticado legítimamente. La inmensa mayoría de las cosas que ha dicho son competencia y responsabilidad de otras autoridades, y el deber y la tarea del Plan es ofrecerles a ustedes el esfuerzo conjunto de esas administraciones que a mí, sin embargo, me parece que de la lectura de esta Memoria de 1993 se deriva un cierto optimismo.


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Me hablaba usted de la legalización o no del cánnabis. Yo también pienso que en estas cosas hay que arriesgar el titular. Y es probable que los medios de comunicación digan que yo he dicho que hay que legalizarlo. No, señoría, soy consciente de que en mi sociedad hay un debate importantísimo sobre la legalización o no de las drogas en nuestro país; sería miope no ver esa realidad. Y, le voy a decir más, autoridades intelectuales, sectores de la magistratura o de la medicina pueden estar de acuerdo en esa opción; es una opción que algún congreso ha determinado como posicional para determinados sectores de nuestra sociedad.
Yo creo que es una barbaridad --y lo digo con esta expresión-- legalizar las drogas contra las que luchamos en el momento actual; es una barbaridad porque no tenemos en este momento una evaluación de los efectos y del coste económico que esto supondría en la sociedad moderna, en la sociedad occidental. No hay ningún Estado que se atreva a dar ese paso. Pero, en el seno de esos Estados, sin miedo ninguno a la realidad, hay determinados análisis de tipo científico, educativo o sociológico que indican que no parece razonable tratar de la misma manera a sustancias distintas.
¿Qué he querido decir? Que me parece que ése es un importante debate a hacer, si sus señorías lo estiman conveniente, porque la obligación de la Secretaría de Estado es cumplir las leyes que existen y que se dan en nuestro sistema democrático. Ese es el único marco que limita la actuación del Delegado o del Secretario de Estado, pero ese no es el marco definitivo, señoría. Supongo que somos capaces de hacer las cosas mejor y que, de hecho, el compromiso que tenemos con la sociedad es hacerlas cada vez mejor.
En el sistema penitenciario se ha avanzado mucho. Fue una inquietud del señor Garzón; sus contactos con la institución Secretaría de Estado para Administraciones Penitenciarias fueron eficaces, y yo creo que si usted lee exactamente lo que dice la Memoria también podrá admitir que, después de una situación de análisis crítico, la Memoria señala los avances en programas, en asistencia, en la situación en el ámbito del sistema penitenciario. No habrá ningún inconveniente en ampliar esta posición en el futuro, o bien a través de mi modesta persona, o bien a través de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, doña Paz Fernández Felgueroso. Creo sinceramente, señor Robles, que se ha avanzado en ese asunto.
Me habla usted de los presupuestos, de la ley del fondo y de una cantidad que aprovecho para decirle que a lo mejor está equivocado, no me atrevo a decir que sea un error reiterado. usted, cuando quiere fijar la cifra que podríamos disponer en el futuro, utiliza la cantidad, si no me equivoco, de 22.000 millones de pesetas, que devienen de una información del Servicio de Vigilancia Aduanera. Le digo, señor Robles, porque usted se lo preguntó al señor Ministro, que esa cantidad se refiere a todo lo incautado por ese servicio pero, usted, que es jurista, reconocerá que no es lo mismo las mercancías, bienes o productos decomisados y objeto de sentencia definitiva judicial que van a nutrir la ley del fondo. Y le advierto esto porque, si no, estaremos cometiendo un desenfoque social, estaremos informando mal a la comunidad.
En este sentido, lamentablemente la cifra es menor, señor Robles; incluso en una estimación que yo he hecho recientemente en la Delegación no alcanza ni siquiera el crédito ampliable que tenemos; es decir, lo que los jueces y magistrados definitivamente podrían poner a disposición del Fondo es una cifra, como le digo, muy inferior a la que usted maneja. La que usted maneja es la totalidad de las incautaciones, y la que tenemos que manejar, de acuerdo con la ley que ustedes dictaron y la cláusula adicional a la Ley de Blanqueo, es estrictamente la que los jueces definitivamente consideran que debe ingresar en el Tesoro Público. No son bienes que estén a la disposición de la Secretaría de Estado en su determinación. Yo no puedo determinar cuántos son en cada ejercicio económico, tengo que esperar y aguardar a que la autoridad judicial, una vez más, me diga cuál es la cuantía. Y en eso estamos, si es la Fiscalía Especial contra la Droga, el Poder Judicial o la propias salas de Gobierno quienes han de certificar al Ministerio de Hacienda una por una qué cantidades en un determinado ejercicio han sido, no ya decomisadas, sino objeto de sentencia firme. Y esas cifras son las que podemos disponer usted y yo, de acuerdo con la norma presupuestaria, para repartir esos bienes. (El señor Robles Orozco: ¡Yo, no!) Usted también porque vota los presupuestos, señor Robles.
Continuando con las medidas legislativas y para tranquilizarle, es verdad, señor Robles, que la ley del fondo está siendo estudiada en el equipo del Ministerio de Justicia y, a la mayor brevedad, la vamos a presentar a las Cámaras. Es una ley, como acabo de decir, delicada.
Probablemente al legislador --cuando yo estaba sentado donde ustedes-- le pareció suficiente aquello que hicimos como adición a la Ley del Blanqueo de Dinero, pero nos equivocamos en una cosa, en que, según me dicen los expertos, hicimos depender todo ello del capítulo II que, como sus señorías saben, se refiere a reuniones, estudios, programas, pero a lo mejor la Delegación y ustedes deseaban distribuirlo para las organizaciones no gubernamentales, o para las Autonomías, o para otro tipo de programas. En la Ley del fondo tendremos ocasión de rectificar aquel acuerdo que alcanzamos y que hoy nos mediatiza relativamente en lo que yo creo que usted compartiría y que sería la disponibilidad de esos fondos. Se estructuró ese asunto, quizá de forma no totalmente conveniente, y habrá que aprovechar la ocasión de la Ley del fondo para hacerlo.
La misma dificultad tengo con el crédito ampliable. El crédito ampliable está ahí, pero no es un dinero --eso sí que sería reprochable-- que tuviera la Delegación y que no hubiera usado; es un dinero que la Delegación tiene derecho a exigir, pero cuya intermediación es absolutamente imprescindible por parte del Ministerio de Hacienda y la autoridad judicial. La destrucción de las substancias, de las propias drogas decomisadas, viene siendo un problema por su cuantía, porque se trabaja bien en este asunto, aunque se critique, como es lógico. Debo recordar la responsabilidad que ustedes pusieron en la disposición de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de que, en nuestro país, los jueces deben determinar el destino de la

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droga incautada. Yo, conjuntamente con la autoridad del Ministerio, los gobernadores civiles y la Fiscalía especial, estoy intentándolo. Eso es algo de lo que no hemos hablado, pero que a mí me preocupa, como es evidente.
El Fiscal especial ha dicho que necesita más medios. Yo conozco bien la Fiscalía, porque es mi obligación. Creo que sí. Lo ha dicho el señor Ministro de Justicia hace no más de cuarenta y ocho horas: «Entiendo que la Fiscalía exija mayores medios.» Tenemos un proyecto que hemos expuesto a la sociedad: es la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio quiere que esa Fiscalía Anticorrupción tenga todo el apoyo de sus señorías en las votaciones presupuestarias, y que hagamos, de verdad, una Fiscalía especializada en nuestro país. A lo mejor también es el momento de aprovechar para ver qué se puede hacer en torno a la investigación de patrimonios criminales, qué podría hacer una unidad especial dotada de excelentes medios, con el apoyo que no han tenido hasta ahora estas instituciones --en eso lleva usted razón-- y qué sentido positivo podíamos dar a esa idea, que ya es un compromiso, creada por el Ministerio de Justicia.
Para terminar, respecto a las declaraciones del señor Bueren, Magistrado de la Audiencia Nacional --con el que tengo la obligación de colaborar, y lo hago con gusto todos los días que sean necesarios en nuestro trabajo y respetando mutuamente lo que es la independencia del Poder Judicial y lo que es el compromiso del Poder Ejecutivo--, le diré que me parece livianamente injusto que don Carlos Bueren nos dijera esas cosas en el mes de agosto, porque en dicho mes don Carlos Bueren y yo mismo tuvimos ocasión de coordinar dos operaciones muy importantes en Pontevedra, una fue la «operación René», en la que se han utilizado unos medios materiales que creo que son muy dignos. Lo que pasa es que también comprendo que don Carlos exija más medios del Gobierno y que sea mi obligación proporcionárselos, y en eso estoy todos los días. Al final, la Secretaría de Estado, por definirla en ese aspecto de gabinetes de lucha contra el narcotráfico, es una apoyatura diaria y permanente al sistema judicial. Todo cuanto los jueces de este país puedan pedir al Gobierno lo canalizan a través de la Secretaría de Estado, y yo le puedo decir, señor Robles, que todo cuanto nos han pedido en este período de tiempo se ha puesto a su disposición. Por ejemplo, todo lo necesario para suspender las cuentas corrientes, más de doscientas, en la primera operación de Pontevedra, la que podríamos llamar «nécora II», por denominarla de alguna forma y, desde luego, todos los elementos materiales del servicio de vigilancia aduanera para la persecución del barco que dio lugar a la «operación René», y que supone la captura de 900 kilos de cocaína, aparte de las implicaciones criminales que de ahí se dedujeron.
Me parece normal, me parece sensato que se nos exija más, pero no debíamos ser tan cicateros o tan faltos de generosidad como para no reconocer que hay canales gubernamentales que permiten que todas las lagunas que en ese sentido pueda encontrar un juez en nuestro país, por imperio de la ley, por simpatía a la institución y porque ahí se ha creado una relación que yo creo que es muy evaluable en esta Secretaría de Estado, se irán soslayando en el futuro.
No sé si he olvidado alguna cosa que interese a su señoría. Me parece que hemos hablado de todo. En cualquier caso, señor Robles, yo sé cuál es la consideración personal que nos tenemos, lo que hemos sufrido y padecido y también compartido en esta Comisión. Le reiteraría el compromiso inicial.
No nos instalemos, yo, como Delegado Nacional, en la creencia de que el mundo empieza conmigo y acaba conmigo, que sería una solemne ridiculez, pero usted tampoco lo haga --créame, señor Robles-- en la imperiosa necesidad de descalificar una obra que, en parte, es compartida por Administraciones de las que usted, como representante del Partido Popular, forma parte, ya sea Galicia, ya sea Cantabria, ya sean las Baleares, ya sean tantas Comunidades como ustedes dirigen y gobiernan en este momento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
Tiene la palabra el señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Intentaré ser breve porque, de lo contrario, forzosamente sería reiterativo en mi intervención.
Señor López Riaño, a mí me gusta más la segunda parte de su intervención, porque creo que es más realista. Las afirmaciones que he hecho las he expuesto basándome, como usted ha reconocido al final, en los datos de la Memoria y en afirmaciones que no sólo he hecho yo, sino que han manifestado otras personas a las que tenemos que suponer, por lo que son y por lo que representan, que deben hacerlas con algún criterio objetivo.
Por lo tanto, las he hecho con el espíritu constructivo que siempre nos ha guiado en esta Comisión. Creo que, al final, su segunda intervención nos ha demostrado que la primera afirmación que he realizado sobre el optimismo de sus declaraciones no estaba carente de sentido. Es decir, que su segunda intervención ha sido mucho más comedida y hemos pasado de ese entusiasmo inicial al reconocimiento de lagunas importantes, de deficiencias importantes, de necesidades todavía importantes y de los datos que realmente arroja la Memoria y que, como usted ha reconocido bien, no siempre son lo positivos que al Gobierno le gustaría que fueran ni, probablemente, a las demás fuerzas políticas y a la sociedad española. Eso es lo que yo he querido poner de manifiesto. Creo que un optimismo infundado no es un buen punto de partida para un proyecto político como es el diseñar una política global de lucha contra la droga, sino que, al revés, debe hacerse una reflexión serena y realista sobre cuál es realmente la situación, por lo que nos afecta a nosotros y por lo que hacen los demás, en esta cuestión tan extraordinariamente compleja.
Hay que empezar reconociendo que hemos perdido un tiempo importante, que ha habido momentos de desorientación y de cambios --que los ha habido--, y que ese tiempo hay que recuperarlo. He seguido poniendo de manifiesto que, con ser verdad que en el Estado de las Autonomías y en este asunto tan importante tienen que jugar y juegan un papel fundamental otras Administraciones y las fuerzas sociales, no puede utilizarse la

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técnica de la responsabilidad fundamental, que es la del propio Gobierno y de la propia Administración central. Señor López Riaño, yo creo que está bien que aquí hablemos de las Comunidades Autónomas, está bien que hablemos de las organizaciones no gubernamentales, pero tenemos que hablar de lo que compete directamente al Gobierno, y en eso es en lo que yo quería que usted centrara su intervención.
Como también ha quedado de manifiesto, sólo faltaba que no se hubieran hecho algunas cosas, pero de las que se enunciaron entonces son muchas más las que quedan por hacer que las que realmente se han hecho. Porque de nuevo hoy se nos dice que van a ser traídas inmediatamente, pero tampoco están aquí, y con ese discurso llevamos ya, en algunos casos, dos años.
Permítame que le diga, porque usted se ha parado en su lista en algunos puntos --y seguramente lo ha hecho para no cansarnos--, que yo puedo empezar a la inversa la lectura de esa lista y decirle, por ejemplo, que fue un compromiso firme la ampliación del número de unidades adscritas a la Fiscalía Especial Antidroga en materia de investigación, cosa que no se ha hecho y que usted acaba de reconocer que es necesario hacer en mayor medida. Fue un compromiso firme agilizar las normas que regularan la cooperación judicial internacional y facilitar los procedimientos de extradición; no se ha hecho. Fue un compromiso firme abordar y ampliar la regulación y legislación denominada entregas vigiladas. Fue un compromiso firme la regulación normativa de las colaboraciones con la Administración de Justicia, agentes infiltrados y protección del Estado. Fue un compromiso firme aumentar las dotaciones a los medios de seguridad del Estado, que tampoco se ha hecho. Fue un compromiso firme promover la elaboración de proyectos necesarios para el cumplimiento de penas o para que la prisión provisional se produzca en condiciones que favorezcan su reinserción social. Tampoco está ese proyecto en esta Cámara. Yo no lo conozco. También fue un compromiso firme la elaboración de proyectos que regulen los procedimientos de suspensión del procedimiento penal iniciado y ejecución de la pena impuesta, sustituyéndolo por medidas de desintoxicación y rehabilitación en centros públicos o privados nuevos.
Tampoco hay un proyecto específico que yo conozca a ese respecto. Y así podríamos seguir hablando.
Hay cosas, por tanto, que indiscutiblemente quedan por desarrollar. Yo no dudo de que el Gobierno tenga la intención de hacerlo; lo que digo es que esta Cámara no conoce todavía unos proyectos concretos que son, por cierto, pieza fundamental para que podamos adaptarnos --en palabras del propio Delegado del Gobierno, en palabras del Fiscal Especial Antidroga, en palabras de la Magistratura--, para que podamos modernizarnos y nos podamos dotar de los instrumentos jurídicos necesarios para conseguir ser eficaces. Pero repito que ello no sólo en palabras del señor Bueren, quien supongo que cuando hacía esas manifestaciones no se estaría refiriendo a una operación concreta respecto de la que no tengo por qué dudar --estoy seguro de que se le proporcionaron todos los medios necesarios--; me imagino que sus manifestaciones partirían de un criterio más general, con lo cual supongo que no se estaría refiriendo exclusivamente a una operación concreta.
Sin embargo, hay algo mucho más reciente. El día 6 de octubre, importantes miembros del Consejo General del Poder Judicial vuelven a dar exactamente el mismo mensaje: faltan medios para la lucha contra el narcotráfico; es necesario utilizar mecanismos más modernos, más eficaces contra la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, insisto en que por diferentes canales, por diferentes estamentos que se ven muy afectados y que están muy implicados diariamente en la lucha se transmiten los mismos mensajes: adaptación de la legislación española, modernización de los mecanismos judiciales y legislativos, modernización de los medios materiales y aumento de medios económicos, materiales y de todo tipo para poder realmente ser más eficaces, y asimismo para que esos datos de la Memoria --que no me he inventado yo, que son, por tanto, exactamente los que ustedes han publicado, datos que no reflejan precisamente una situación muy favorable-- puedan también ser modificados. Eso es lo que todos queremos.
La sensación que ha habido en los últimos dos años, es decir, lo que me da la impresión que quieren transmitirnos el Fiscal, los jueces y también otros estamentos es una especie de desmoralización, una especie de sensación de que nos estaba ganando la batalla el tema del narcotráfico.
Creo que la alarma que ha provocado, por ejemplo, la cuestionada sentencia de la «operación nécora» no se ha concretado exclusivamente en la discusión sobre una sentencia judicial, sino en la sensación de que probablemente no se estaba haciendo lo suficiente y se estaba perdiendo la batalla en un tema tan importante como es el de las redes organizadas contra el narcotráfico. De eso se trata.
En cuanto al tema presupuestario, señor López Riaño --con esto acabo--, efectivamente, hay una diferencia muy notable --usted tiene razón-- entre lo que se decomisa y lo que después, por sentencia judicial firme, se pone a disposición del Tesoro Público. Pero es que precisamente yo me estaba refiriendo a eso. Yo ya le he aceptado de antemano que me han llegado Memorias diferentes con datos diferentes. En todo caso, le diré que los 22.000 millones de pesetas de que habla la Memoria del Servicio de Vigilancia Aduanera corresponden a decomisos procedentes directamente del narcotráfico, y así lo cita. Yo también me sentí muy extrañado, motivo por el que pedí confirmación de todos esos datos. Si después, en una contestación por escrito que me envía el Ministerio de Justicia, se me dice que esa cifra se convierte en 2.700 millones, yo me lo creo porque, evidentemente, entre medias hay alegaciones y se producen diferentes situaciones, con lo cual esa cifra no tiene por qué materializarse. Pero, en todo caso, entre los 2.700 millones de pesetas, los 500 o los 400 millones que podrían haber sido utilizados, millones procedentes del decomiso a los narcotraficantes, hasta las cero pesetas que en este momento se han utilizado hay un abismo. Por eso digo que ahí es donde se distingue la capacidad de cambio político que debe tener un Gobierno, un partido político, para impulsar las modificaciones oportunas que hagan que las leyes, como decía el señor Bueren, no sean leyes de papel. Hagamos, pues, que las cosas que aprobemos en esta Cámara,

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la Ley del fondo o el famoso crédito ampliable, no sean una ley o un crédito de papel, sino que realmente sean instrumentos eficaces. Y si nos hemos equivocado, traígase a esta Cámara la reforma legislativa necesaria para que usted disponga, y le aseguro que nosotros lo aprobaremos encantados y le proporcionaremos todos los instrumentos que necesite, de esos fondos y cuantos se les decomisen a esas organizaciones en beneficio de su verdadera víctima, la sociedad, a la que todos queremos ayudar.
De nuevo le reitero que, si ustedes crean los mecanismos, estaremos encantados de acudir, como hemos hecho en otras ocasiones, al desarrollo de los mecanismos legislativos o al de cuantas medidas sean necesarias para hacer eficaz la lucha contra la droga.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Señor Robles, muchas gracias.
Creo que también su segunda intervención ha dejado de lado parte de su pesimismo en la primera, con lo cual podríamos contraer un segundo compromiso: yo podría atemperar mi optimismo, pero también es bueno que se atempere desde la oposición la idea del pesimismo, la idea de que no se hace nada.
Ha dicho usted que hay desmoralización. Yo creo que no. Para que haya desmoralización lo primero que es necesario es que no haya voluntad política de hacer un trabajo o de asumir una tarea, pero ni dentro del equipo de la Delegación ni más aún, si cabe, entre quienes acaban de llegar a la Delegación, como son, por ejemplo, los miembros de los gabinetes --y habrá ocasión de que sus señorías conozcan el funcionamiento inmediato de esos gabinetes de la Delegación--, se podrá encontrar mayor nivel de moral que en estos funcionarios que están trabajando por una causa tan hermosa --por decirlo tal cual es-- como la lucha contra la droga.
Señor Robles, nosotros no formamos un equipo desmoralizado, a pesar de las contingencias históricas de la Delegación de estos últimos meses, porque hemos recibido una buena herencia, una herencia construida por personas responsables que hemos asumido, si me apura usted, con la sensación de estar viviendo, con esos cambios, una nueva etapa.
A partir de ahí, creo que podremos trabajar conjuntamente. Muchas de las cosas que usted exige las pueden producir las Cámaras. Yo puedo insinuar, por ejemplo, la iniciativa legislativa y ustedes pueden apoyarla o no como Comisión Mixta y, en definitiva, el Congreso y el Senado decidirán cuáles son las nuevas leyes de nuestro país. Pero hay una referencia que usted ha pasado por alto cuando ha dicho que muchas de estas leyes no están presentadas. No; muchas de las leyes que usted ha mencionado son artículos que forman parte del Código Penal, cuya reforma va a ser sometida a la consideración de ambas Cámaras. En ese sentido, creo que tendremos una ocasión de oro para poder complementar lo que usted ha insinuado y yo comparto, señor Robles: la necesidad de avanzar todos los días en una mejora de los medios y de los instrumentos.
Pero créame --y con esto ya termino, señor Presidente--, también en ese resumen de una experiencia de cuatro meses, la suma de los medios sin voluntad política dice bien poco. No se trata tal vez en este momento de tener muchísimos más medios materiales. Creo que todos debemos tener, yo el primero al frente de la Delegación, el sentido de la profesionalidad que usted reclama y que yo comparto; el sentido de que para llevar un juicio, un proceso, hace falta el mayor respeto a las leyes y la mayor eficacia procesal; el sentido de que los funcionarios públicos que combaten el narcotráfico huyan de la corrupción personal y colectiva.
Todo eso me parece mucho más importante que el alcance de los propios medios, con ser importantes los medios que el Estado nos proporciona a todos para luchar contra esto.
Y termino definitivamente mi intervención, señor Presidente, diciendo que voy a ser convocado a la Comisión de Presupuestos. Espero que en ese momento tendremos ocasión de centrar más aún nuestras intervenciones.
Por último, si me lo permite, quiero agradecer a todos los grupos la amabilidad que han tenido con esta mi primera comparecencia. Espero que eso no comprometa...


El señor PRESIDENTE: Falta aún intervenir el representante del Grupo Socialista. (Risas.)

El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Perdón, señor Presidente. No me daba cuenta de que aún tiene que intervenir mi Grupo. Estas son cuestiones de identificación con el pasado. (Risas.) Que me perdone el señor Rodríguez Zapatero.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Riaño.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que el Grupo Socialista podría comprender perfectamente el lapsus del señor Delegado porque se ha sentido bastante identificado con el planteamiento, con el tono y con el discurso político que ha sabido apreciar.
No obstante, como es obvio, el Grupo Socialista debe en este momento fijar su posición en esta primera comparecencia del Delegado Nacional para el Plan contra la Droga, de don Carlos López Riaño. Esa posición ha de ser, en primer término, coincidiendo con la del resto de los Grupos, la de expresar nuestra satisfacción más íntima porque sea precisamente don Carlos López Riaño quien comparezca hoy en esta Comisión. Para el Grupo Socialista eso significa mucho en este momento. Y el revulsivo de ánimo y de moral al que, lógicamente, se han referido en el contexto del debate varios Grupos se produce sin duda en esta Comisión también para nuestro Grupo.


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Quisiéramos, en primer lugar, hacer una breve referencia, una reflexión que, inevitablemente, ha estado también en las palabras del Delegado y del portavoz de algún otro Grupo sobre el momento social en que se produce esta primera comparecencia del Delegado después de una importante sentencia, la famosa sentencia sobre el caso «nécora», que ha provocado, lógicamente, la preocupación profunda de las instituciones, de los grupos políticos y de la sociedad. Me quedo más allá de la discrepancia, que creo que es compartida, aunque a veces no manifestada, por responsables políticos sobre el contenido de la misma. Me quedo con lo que creo que para el Grupo Socialista es más importante: esa reacción no ha derivado nunca a un terreno de la irracionalidad, sino al terreno del debate, del estímulo a la reacción social, de la profundidad en la solidaridad en las políticas contra las drogas y el crimen organizado, y eso, incluso, desde la propia base de la sociedad.
Creo que esta Comisión Mixta se debe felicitar porque eso sea así. Insta al Delegado del Gobierno, porque me consta que en esa tarea está en primera línea, a que continúe por esos derroteros y que, lógicamente, esa reacción sea un elemento más de acicate para esta tremenda lucha contra la droga en las sociedades modernas y contemporáneas y también en la nuestra. Por ello he de felicitar también a la Mesa de esta Comisión, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por la iniciativa que ha tenido en relación con el viaje que vamos a celebrar esta semana a Galicia, al propio foco de la situación social.
Inevitablemente, en el desarrollo de la comparecencia se ha producido una alusión a la Memoria sobre el estado de situación, una Memoria que creo que este año es más rica en contenido, lo que se agradece, porque es una demanda de todos los Grupos, ya que no es sólo una exposición fría de porcentajes y de cifras, sino que contiene valoraciones de fondo importantes que ayudan mucho más a comprender el fenómeno en el que estamos.
La verdad es que la Memoria, para intentar ser objetivos, después de una parte del debate al que hemos asistido en último término, tiene claroscuros, como, seguramente, no podría ser de otra manera y que posiblemente es lo que se percibe de la propia realidad social. Se ha resaltado con más énfasis alguna de las parte negativas, pero, inevitablemente, al Grupo Socialista le corresponde resaltar algunas de las que se han omitido, seguramente sin intención, sino fruto de la dificultad de leer todo en poco tiempo, pero hay algunas que son ciertamente importantes, y algunas de ellas bastante significativas. Por ejemplo, es importante que se haya estabilizado el número de personas admitidas a tratamiento ambulatorio por opiáceos o cocaínas, como refleja la página 29, o es muy importante, como refleja la página 20, que haya un descenso notable en el número de muertes producto directamente de la adicción a los opiáceos y a la cocaína: de 809 muertes --según datos de la Policía, si bien los dos parámetros podrían ser utilizados--, se ha pasado a 662. Asimismo, el número de casos de sida por vía parenteral sigue una tendencia de descenso, lo cual es importante.
Sin embargo, en el contexto del debate sobre las responsabilidades de unos y otros, creo que cada vez va a ser más difícil en nuestra realidad política saber hasta dónde llega la responsabilidad exclusiva del Gobierno central, la de las Comunidades Autónomas y la de los ayuntamientos, pero lo hemos dicho muchas veces. La segunda intervención nos ha hecho recuperar del Grupo Popular algo más de esperanza en ese sentido. Estamos ante un problema nacional --de ahí quizá la propia definición del Plan--, donde ciertamente la confrontación política resulta de poco interés para los ciudadanos, de escasa rentabilidad política y, seguramente, lo que provoque en los propios grupos sea el esfuerzo de tener que estar manteniendo el listón. No obstante, para no defraudar algunas de las cuestiones que se han podido dejar en el ambiente, es significativo también que uno de los datos de la encuesta sobre lo que opinan los ciudadanos revele con nitidez --creí que esto no se le iba a pasar a algún portavoz de algún grupo parlamentario-- que la Administración central aparezca, en opinión de los españoles, como la Administración que más se ocupa de los problemas relativos a la droga.
Fíjense en que aparece incluso ligeramente por encima de las instituciones privadas, lo que llamamos ONGs, y resulta significativo porque creo que existe en la conciencia social una alta valoración --que compartimos desde el Parlamento-- de la labor que realizan las mismas.
Pues bien, el 30 por ciento de los españoles considera que es la Administración central la que más se ocupa de estos problemas; el 29 por ciento, las instituciones privadas; el nueve por ciento, las Comunidades Autónomas y el 6,7 por ciento, los ayuntamientos. Por el contrario, cree que debería ocuparse más la Administración central un 45 por ciento; las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, el 11 por ciento y el 14 por ciento, las instituciones privadas. Todos estos datos son bastante interesantes. Pero más allá de eso podríamos concluir que no parece que exista en la conciencia social, en la opinión pública, un desvalor hacia la labor del Gobierno central, sino más bien lo contrario. Eso no quiere decir, lógicamente, que el estado de situación sea satisfactorio, pero sí parece que el clima social lo es en la actitud de los ciudadanos ante la problemática y en la reacción que creen percibir de las propias Administraciones, y así lo hemos podido comprobar hace unos días, como comentaba antes, por lo que respecta a la sentencia respecto del caso «nécora».
Por consiguiente, cada vez que hay un incidente, aunque sea grave, en el recorrido, como ha sido el de la sentencia del caso «nécora», no deberíamos poner nuestro sistema globalmente en cuestión. Esa es una preocupación que mantiene el Grupo Socialista. Considerando las imperfecciones que hay que mejorar en nuestro Ordenamiento jurídico, proyectos de ley que urgimos desde aquí al Delegado y a la Secretaría de Estado, al Gobierno, en definitiva, que sean una realidad, creemos que el entramado institucional, las políticas definidas están, básicamente, en la buena línea, y en algunos aspectos en la muy buena línea.
Creo que todos podremos coincidir --y si hay que atribuir el mérito a las Comunidades Autónomas lo debe hacer esta Comisión mixta-- en afirmar que en el terreno asistencial hemos tenido una evolución muy positiva, como recoge la propia Memoria, y que en el terreno de la prevención

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se ha avanzado, porque, inevitablemente, hay que ir a los grandes conceptos. La conciencia social y la cultura del rechazo son cada vez más fuertes y en ese sentido ha colaborado toda la sociedad: el Gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, las ONGs, etcétera.
Es verdad que este campo ha mejorado notablemente, como lo es también que en el problema de la represión de la lucha contra el narcotráfico, de la lucha contra lo que hoy día cada vez con más nitidez aparece consolidado como organizaciones criminales, resulta mucho más duro, puesto que seguramente la problemática tiene una vertiente internacional que a un solo Gobierno o país se le puede escapar en buena medida. De ahí el que nos parezca absolutamente necesario profundizar mucho más en los instrumentos que se reflejan en la Memoria y que el Delegado del Gobierno ha manifestado respecto de la política de cooperación internacional.
Creemos que es ahí donde en buena medida está la clave.
Por otra parte --y en ese sentido posiblemente estemos ante un problema de imaginación jurídica o referente a que al Derecho no le pase lo que a menudo le sucede, que va por detrás de la realidad--, hay que penetrar con mayor profundidad en el problema de la ingeniería financiera que está detrás de las redes del narcotráfico y del crimen organizado. Creo que ésa sería una labor fundamental. Por tanto, insto al Delegado a que se aumente el presupuesto en materia de investigación en las diversas partidas del plan, porque me parece fundamental que se pueda avanzar en esa dirección e intentar dar donde realmente se pueda hacer más daño al crimen organizado, que creo que es, ciertamente, en estos momentos el gran reto del Gobierno y de todas las fuerzas políticas. En la actualidad, existen redes que muchas veces ni siquiera los instrumentos normativos son capaces de destruir, teniendo que prever todas las garantías y cautelas que exige un Estado de Derecho, que, desde luego, no va a arrumbar o a poner en cuestión lo que se pueda derivar de la actividad del narcotráfico.
Al Grupo Parlamentario Socialista le es muy querido el tema de la Ley del fondo y del decomiso, que quiero recordar que es fruto de una enmienda de dicho Grupo tanto en la Ley del blanqueo como en los propios Presupuestos Generales del Estado. Desde nuestra perspectiva, el Delegado ha explicado bien todos los problemas jurídicos que comporta ese proceso, pero sería un avance que antes del 31 de diciembre, dentro del año presupuestario, pudiera estar a disposición del Plan la cantidad de dinero que sea, y que el Plan ya tenga previsto cuál va a ser la distribución de la hipotética cantidad que se produce. Espero que tanto en la Ley del fondo como en la Ley de precursores tengamos la agilidad necesaria y que todos los Grupos estén en esa dirección que me parece absolutamente imprescindible.
Todos los Grupos somos conscientes de que vamos a tener una gran oportunidad de contribuir desde esta Comisión, con la modestia que lógicamente nos pueden dar los medios que una Comisión Mixta tienen para este cometido, con el nuevo informe, con la actualización del informe de 1991, tarea que vamos a emprender, y es voluntad del Grupo Parlamentario Socialista que sea una tarea de consenso de todos los Grupos, que sea una tarea de implicación social en la medida de nuestras posibilidades y, desde luego, que sea una tarea en la que la Delegación del Plan esté lo más implicada posible en asesoramiento y apoyo para que la actualización del informe nos permita a todos poner esas alternativas que a veces se echan de menos. Pero podríamos lanzar la pelota en la otra dirección y decir que a veces también se echan de menos iniciativas parlamentarias que hayan podido afectar a esta cuestión más allá del debate, que es siempre interesante.
En definitiva, reiterando el agradecimiento por su presencia aquí y nuestra satisfacción por la línea que yo creo que se ha deducido de su intervención, esperamos que esa colaboración sea intensa a partir de ahora, sobre todo en lo que más preocupa a esta Comisión Mixta con carácter inmediato, que es la definición de un nuevo informe, que espero que entre todos los Grupos podamos hacerlo interesante, imaginativo y que incorpore nuevas ideas y nuevos proyectos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor López Riaño.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (López Riaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con suma brevedad, pero no exenta de afecto y de agradecimiento por el respaldo que el Grupo mayoritario de la Comisión manifiesta a través de don José Luis Rodríguez Zapatero.
Creo que ha hecho un buen análisis de la Memoria, por lo menos ha recogido algunos de sus importantes aspectos optimistas y positivos. Me compromete, por otra parte, a realizar algún acto definitivo respecto de la situación presupuestaria de la Delegación, de la situación del crédito ampliable y de la Ley del fondo. Voy, por todos los medios, a intentar dar cumplimiento a ese compromiso que me exige su señoría. Yo creo que antes del 31 de diciembre esta Comisión podrá tener noticia exacta de la situación de esos asuntos, y será grato ver una vez más que la comparecencia de autoridades ante esta Comisión es la fuente de los compromisos más importantes que en este asunto se pueden adoptar.
Aprovecho también esta intervención para lo que anticipé antes por error creyendo que se había finalizado la intervención de los Grupos, para agradecer a todas sus señorías la presencia en la Comisión y el trato que yo creo que sólo entre colegas es posible, el trato de afecto pero también de exigencia y de rigor con que me han manifestado sus posiciones como Grupo o sus posiciones políticas.
Con ese agradecimiento, adquiero también el compromiso de quedar a disposición de ustedes para todo lo que deseen. Ese último reto del informe de la Comisión lo asume la Delegación como propio, abre todas sus fuentes de información y todo el debate que esa Delegación contiene en su seno, y eso queda a disposición de sus señorías en la medida en que nos lo indiquen desde la Mesa de la Comisión.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Riaño.
Le agradecemos su comparecencia porque creemos que va a contribuir a que esta Comisión lleve a cabo el papel que se le supone asignado.
Quisiera informar a los miembros de la Comisión de dos asuntos: en primer lugar, que el viaje previsto este jueves a Galicia de una delegación de la Comisión, por una decisión de la Mesa del Senado, ha quedado aplazado.
En segundo lugar, quiero recordar a los portavoces y miembros de la Mesa que a continuación tenemos una reunión.
Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y cuarenta minutos.

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