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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 7, de 19/10/1993
 


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 1993 V Legislatura Núm.7 PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA DROGA PRESIDENTE: DON ANTONIO MARTINON CEJAS Sesión núm. 2 celebrada el martes, 19 de octubre de 1993, en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DIA: -Delegación de facultades en la Mesa (números de expediente: S.
572/000002; C. D. 042/000007) -Comparecencia, a petición propia, del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Excmo. Sr. don Baltasar Garzón Real (números de expediente: S. 713/000014; C. D. 212/000014)

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Se abre la sesión a las once horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Comenzamos la reunión de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de la Droga.


-DELEGACION DE FACULTADES EN LA MESA (S. 572/000002, C. D.
042/000007)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día: Delegación en la Mesa de las facultades relativas a las solicitudes de comparecencias y petición de información y documentación.
¿Puedo entender que existe conformidad por parte de la Comisión? (Pausa.) Muchas gracias.
Por otro lado, y en cuanto a las normas de funcionamiento de la Comisión se refiere, la Mesa y la Junta de Portavoces proponen que la Comisión se rija por el Reglamento del Congreso de los Diputados, si fuera necesario utilizarlo en algún momento de sus trabajos. ¿Se entiende adoptado este acuerdo? (Pausa.) Muchas gracias.


-COMPARECENCIA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (S. 713/000014, C. D. 212/000014).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que se refiere a la comparecencia de don Baltasar Garzón, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Bien venido a la Comisión. Su señoría tiene la palabra.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados y Senadores, comparezco ante la recién creada Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga, a petición propia. Mi intención era, además, haber presentado la Memoria de actividades de 1992 en este mismo acto, para que nos sirviera de motivo de reflexión y discusión de los problemas que en ella se recogen, y de su contenido en general. Pero, a pesar de ser ese mi firme deseo, circunstancias coyunturales han impedido que dicha presentación se produzca. La convocatoria adelantada de elecciones y la sustitución del Delegado anterior por quien les habla, han imposibilitado que la Memoria se presentara en las fechas en que era habitual otros años, y esas circunstancias hicieron aconsejable no retrasar más su presentación pública.
No obstante, hubiera sido mi deseo que los grupos parlamentarios hubiesen tenido conocimiento del contenido de la Memoria antes de su presentación en rueda de prensa pero, como he señalado, circunstancias ajenas a mi voluntad han impedido que eso fuera así, aunque su remisión se hizo de forma anticipada.
En cualquier caso, la asunción de responsabilidades por mi parte, al frente de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, hacía necesaria mi comparecencia, para que expusiera ante esta Comisión los nuevos proyectos y los que ya se están ejecutando y, a la vez, para pedir y ofrecer una colaboración intensa de la Delegación a esta Comisión, ya que considero que éste debe ser el foro en el que se lleven a cabo un debate intenso y las discusiones que sean necesarias, porque entiendo que tenemos que afrontar el problema de la droga entre todos los sectores implicados.
Comparezco, señorías, con una doble motivación, de preocupación e ilusión, por la responsabilidad que tengo que ejercer.
Preocupación, porque no cabe desconocer que la droga es uno de los problemas que siguen siendo acuciantes, uno de los más importantes para todos los españoles. Por ello, debe constituir un principal motivo de reflexión.
No nos podemos engañar: los problemas que plantean las drogas no tienen una solución fácil; probablemente, sea muy difícil encontrar una solución global y que satisfaga a todos los afectados. No obstante, como ya he dicho, es necesario el esfuerzo y la colaboración de todos los sectores implicados: Administración, administraciones autonómicas, ayuntamientos, organizaciones sociales, Parlamento, etcétera. Tendremos que ponernos, de forma conjunta, manos a la obra.
La droga ha sido, y será siempre, un tema prioritario, no sólo en España, sino en el resto de los países civilizados, y en todos en general. Por eso, debe intentarse afrontar esta cuestión con medidas que afecten a cada uno de los frentes en los que hay que desplegar esas actividades: a los de la prevención, la rehabilitación y la represión y, además, hacerlo de una forma coordinada, tanto interna como externamente, es decir, dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas.
He dicho que también comparecía con ilusión. Efectivamente, lo hago así, porque estoy convencido de que se están aportando soluciones válidas que muestran la tendencia a una reducción constante, tanto del consumo de estupefacientes, como del daño que se produce por los hábitos de consumo de determinadas sustancias. Bien es cierto que en otras se está detectando un aumento del consumo. También se está produciendo un cambio de hábitos de consumo. Todo esto hay que entenderlo con la relatividad necesaria, porque en asuntos como éste no se puede, evidentemente, hacer una afirmación global, genérica y definitiva.
Que esto es así se demuestra en la última memoria de situación de la delegación del Plan Nacional sobre Drogas, la memoria correspondiente a 1992, en la que se constata que en la última década ha descendido la tasa de utilización de derivados del cannabis y de la heroína y del número de drogadictos por vía parenteral. En cambio, aumenta ligeramente el consumo de

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cocaína y lo que puede ser más preocupante -dedicaré parte de mi exposición posterior a ello-, se produce un aumento en el consumo de las drogas llamadas vulgarmente de diseño.
También estoy seguro de que entre todos podemos encontrar y aportar nuevas soluciones. Esfuerzo éste en el que estoy convencido, señorías, y así sería deseable, que vamos a converger todos y cada uno de los interesados en esta cuestión. El diálogo permanente con los representantes del pueblo, que ya he iniciado con otros sectores sociales, va a permitir la creación de ese frente común que haga eficaces las labores de coordinación e impulso que corresponde a la delegación del Plan Nacional sobre Drogas.
La magnitud de los problemas que las drogas plantean exige que se les haga frente para paliar sus efectos desde posiciones lo más amplias posibles y siempre, insisto, con soluciones coordinadas, expresión ésta que me oirán bastantes veces a lo largo de mi exposición. El acopio de esfuerzos y la unidad integradora de actuación son fundamentales para formar una especie de punta de lanza que penetre en el corazón del fenómeno.
Acabo de hablar de los problemas, y lo hago en plural porque son varios. Está el problema de los toxicómanos, que son las víctimas inmediatas; está el de la incidencia, siempre negativa, en el grupo social de este fenómeno; el de la actividad delictiva que precede al consumo; el del dinero sucio o ilícito que pone en circulación; el de la corrupción que genera ese dinero y que a veces alcanza hasta los propios servicios del Estado y, en definitiva, el de ser una de las actividades principales y preferidas de las organizaciones criminales.
Todos estos frentes han de ser abordados y hacer en todos ellos una política inteligente. Ninguno de ellos debe olvidarse. Para ello, acepto y pido cualquier sugerencia, cualquier iniciativa, cualquier manifestación crítica que pueda ayudar a superar las deficiencias del actual diseño y que nos puedan servir de apoyo para el desarrollo de nuevas medidas de intervención. Esta petición la hago con total y absoluta sinceridad. Entiendo e insisto en que el foro de debate adecuado debe ser el de esta Comisión de estudio.
Nuestra sociedad está demandando una solución al respecto y todos estamos obligados a conseguirla o, por lo menos, a intentar buscarla. Un problema de Estado requiere una solución de Estado y en una solución de Estado todos los interlocutores sociales han de estar implicados. La democracia es un sistema de discrepancias, pero también de encuentro y acuerdos y esa, evidentemente, es su virtud.
Situaciones como a la que nos enfrentamos exigen una política de amplio compromiso y consenso, consenso que si se plasma en la generalidad de los sectores sociales implicados, ha de plasmarse necesariamente en las instituciones, ha de tener un reflejo institucionalizado entre sus legítimos representantes.
Hay que evitar a toda costa una disociación con el sentir social, ya que únicamente saldría beneficiado por el problema que hoy nos reúne, el de la droga, la sociedad. Con ello no solicito indulgencia ante mi gestión, sino todo lo contrario: exigencia de responsabilidad en la misma.
Antes me he referido a la necesidad de aunar voluntades y buscar soluciones coordinadas. Estas dos ideas son las que han de presidir cualquier reflexión sobre cuál es el estado actual y cuáles son las vías que han de abordarse, que han de seguirse para ponerle solución. Ya la conferencia sectorial de marzo de 1993 aprobó, a propuesta de la comisión interautonómica, que sería conveniente, necesario abrir un proceso de reflexión, a fin de reelaborar los contenidos y prioridades del Plan Nacional sobre Drogas.
Se impone abrir un debate general a través del primer congreso nacional del Plan Nacional sobre Drogas, en el que se pongan a prueba las actuales estrategias y se estudien otras vías. A este debate ha de acudirse sin conclusiones apriorísticas y sin postulados inamovibles, aparte de los ya indicados de buscar el consenso y las políticas coordinadas.
A partir de ahí, entiendo que debemos plantear con claridad todas y cada una de las reflexiones que sean menester, todas y cada una de las discrepancias. Se trata, en definitiva, de hacer un parón, de analizar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien; si lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer o si, por el contrario, estamos absolutamente disociados de lo que es el devenir de la sociedad en esta materia.
Entiendo que esta reflexión es importante. Así la he compartido con representantes de Naciones Unidas y próximamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar a partir del día 26 de este mes, en mi intervención propondré también que esta reflexión se lleve a cabo a nivel internacional. Para ello, insisto, cuento con el apoyo de hecho del Director ejecutivo del organismo de fiscalización internacional de drogas, del PNUFID.
Un debate de esta naturaleza, siendo imprescindible, en ningún momento debe suponer una dejación o un frenazo en la acción de la Administración en este campo. Para actuar, lo primero que se requiere es conocer la realidad sobre la que vamos a trabajar. Es necesario contar con un sistema fiable y lo más riguroso posible de análisis de esa situación real, de esa realidad. Por eso, se está elaborando un proyecto de ley para la creación del observatorio español sobre drogas. Dicho observatorio supondrá la creación de un sistema nacional de información integral sobre las drogas, que se ocupará de la captación sistemática de información, del análisis de esa información y, en definitiva, de potenciar, adecuar y hacer más operativa la información de la que se disponga, de la información aportada, evitando que se pierda esa información, con lo cual

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perderemos posibilidades de atacar y de conocer ese problema.
Por tanto, se tendrá que reforzar el sistema estatal de información sobre toxicomanías, el SEIT, completándolo con datos provenientes de distintas instituciones, como pueden ser la Fiscalía especial antidroga, el Ministerio del Interior, ayuntamientos, institutos anatómicos forenses, etcétera. Es decir, se trata de abordar en su integridad esta información, estableciendo, además, con carácter fijo un sistema de encuestas de ámbito nacional. En la Comunidad Europea -también en esta línea- se está preconizando y desarrollando lo que será en el futuro el observatorio europeo sobre drogas.
La necesidad de contar con más información como instrumento fundamental para la prevención eficaz, invita a desarrollar e inspira dos encuestas. Una ya se está elaborando -la encuesta de población global nacional- y, probablemente, sus resultados los tendremos a finales del mes de noviembre o primeros de diciembre, hecho del que oportunamente informaremos a sus señorías. También se está trabajando en el diseño de la encuesta sobre población escolar y aspiramos a que los resultados se produzcan a más largo plazo: entre octubre y noviembre del año 1994. En estas encuestas, sobre todo en la primera quizá ya no sea posible, pero sí aspiro a que en la primera memoria del año 1993 se introduzcan datos que actualmente no se recogen relativos, por ejemplo, al blanqueo de dinero y a otra serie de puntos que muestren -como decía antes- una visión más globalizada de todos los aspectos del problema.
La ya aludida necesidad de consenso y de abrir amplios frentes, debe inspirar las actuaciones del grupo de coordinación interministerial. En este sentido también se está trabajando en la elaboración de un borrador de Real Decreto para ampliar el número de ministerios que tienen presencia en este grupo de coordinación, es decir, extenderlo a los de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y de la Presidencia.
Por su parte, la Conferencia Sectorial y la Comisión Interautonómica seguirán siendo el marco y el foro de consenso y relación con las Comunidades Autónomas. Pero en esa suma de esfuerzos no puede olvidarse los que surgen de la sociedad, los cuales deben canalizarse y aglutinarse para que el conjunto de todos ellos tengan un peso específico ante la propia sociedad y ante las propias instituciones. Para ello, la Delegación del Gobierno quiere impulsar -ya está trabajando en ello- la creación del consejo asesor en materia de lucha contra la droga. En efecto, al ser la droga una lacra social que afecta a la sociedad en su conjunto, ésta debe implicarse necesariamente en su erradicación y en esa línea se enmarca el proyecto de creación de ese consejo, para que constituya una especie de vehículo de participación social. En él queremos que tengan presencia asociaciones de ayuda a toxicómanos, asociaciones juveniles, personalidades de relevancia, medios de comunicación, organismos no gubernamentales, etcétera. En este sentido, ya se han llevado a cabo varios contactos y entrevistas personales con los potenciales interesados. En definitiva, se trata de dar los primeros pasos -en ello también pido la ayuda y colaboración de la Comisión- para que ese foro de consenso social sea lo más amplio posible.
Pero tampoco podemos olvidarnos de trabajadores y empresarios en un tema como el de la droga. Soy consciente de que en este ámbito los problemas serán mayores, si cabe, por la especial sensibilidad de estos temas y por las dificultades añadidas que puedan presentarse y afectar a la relación laboral. Pero es necesario avanzar y, por ello, ya estamos trabajando y contactando con los representantes de las centrales sindicales y estamos a punto de hacerlo también con los representantes de la CEOE, con el fin de diseñar lo que podría ser el proyecto o borrador de convenio tripartito que diera paso a la creación de la Comisión Nacional para el estudio de todos los problemas y temas de prevención en el ámbito laboral. Es cierto que ya en algunas Comunidades Autónomas se ha abordado la creación de dicha Comisión.
Debemos plantearnos marcos de actuación en política social y asistencial que incidan principalmente sobre programas específicos e inespecíficos de prevención, lo mismo que sobre las medidas de rehabilitación y de reinserción social y personal de los toxicómanos. Pero, señorías, tampoco debemos olvidar que es competencia de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas la propuesta de programas y la actuación en la lucha contra el tráfico de drogas, así como la evaluación de las acciones y políticas realizadas por los Departamentos Ministeriales implicados en este tema. Esto significa una gran responsabilidad porque no ha de eludirse ningún tema y no dejará de cuestionarse un solo tema que se considere que se está llevando a cabo inadecuadamente por cualquiera de los departamentos afectados. La labor de la Delegación ha de ser crítica en todos los ámbitos, comenzando por la propia Delegación y, a su vez, de apoyo permanente a las políticas coordinadas que se inicien y exija la sociedad. Este ámbito de programas represivos, aunque distinto a los anteriores, es necesariamente complementario a ellos. Es lógica y, además, imprescindible en ese sentido la intervención de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas en el diseño de una política criminal en materia de tráfico de drogas.
Entre los problemas prioritarios que pretendo acometer en materia de política social -aparte de los que ya he ido enunciando con carácter general- quiero prestar una atención preferente a los siguientes: En primer lugar, al derivado del uso de drogas legales y, principalmente, el alcohol. Cada día el alcohol es un tema de mayor preocupación por su principal incidencia e influencia en la juventud. Si en relación al consumo de drogas clásicas se constata un progresivo envejecimiento

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de la población consumidora -20,4 años de edad media en el año 1992-, la proporción se invierte alarmantemente cuando se trata del inicio al consumo del alcohol. Quizá conozcan los datos estadísticos que les voy a citar, pero por ilustrar la exposición no está de más mencionarlos. A partir de los trece años el 60 por ciento de los jóvenes confiesa haberse emborrachado alguna vez y el 70 por ciento se convertirá en bebedores habituales. En este ámbito, los problemas no afectan sólo a la salud individual del propio sujeto -problemas de alcoholismo, enfermedades, etcétera-, sino que también afecta a la propia seguridad de los demás. No olvidemos que el 50 por ciento de los accidentes de tráfico tienen su origen en la ingestión de alcohol. Este provoca el 40 por ciento de los 7.000 muertos anuales en accidentes de tráfico -uno de cada tres tiene menos de 25 años-, el 20 por ciento de los accidentes laborales y unos 12.000 muertos por cirrosis hepática frente a las 809 muertes producidas por la droga, según los datos policiales del año 1992. Por ejemplo, en Estados Unidos y en la atención sanitaria que esto supone, representa un 5 por ciento del gasto sanitario.
Toda una generación que ha reaccionado de forma tajante contra las drogas ilegales y contra el tabaco, no ha sabido hacer frente al alcohol. Por tanto, queda en el aire la pregunta de por qué esto ha sido así, y tendremos que reconocer que es necesario hacer un debate reflexivo -empezando por los que tenemos la obligación de actuar en la prevención y la responsabilidad de adoptar, emitir o preconizar normas- sobre si la política que se está llevando a cabo es la adecuada, si la evolución del problema social al que nos estamos refiriendo tiene un tratamiento posible y si existe posibilidad de prevenir el fenómeno o, en cualquier caso de paliar sus efectos. Y para ello no debemos olvidar otra serie de datos que quizá también conozcan ustedes. Alrededor del alcohol se ha organizado uno de los primeros sectores económicos del país: 260.000 puntos de venta, uno por cada 150 habitantes; 300.000 familias que, directa o indirectamente, viven del alcohol, de la producción, de la comercialización, etcétera; unos 4.000 millones de pesetas en publicidad de alcoholes de más de 20 grados en 1992. Es decir, una suma de intereses a los que aterra el posible desenganche del público joven, lo cual nos indica la enorme contradicción en la que nos tenemos que mover en esta materia.
Si difíciles son las soluciones que se pueden afrontar para luchar contra las drogas ilícitas, tanto más lo son las que se pueden ofrecer para luchar contra el consumo de las drogas lícitas. Sólo en el ámbito de la prevención y de la información se puede hacer una labor importante, además de algunas medidas legislativas, y al margen, por supuesto, de la rehabilitación, fenómeno que viene impuesto ya por la existencia del propio problema, no existiendo diferencia alguna respecto de los efectos producidos por drogas ilícitas en las atenciones y rehabilitación. En ello vienen ocupándose tanto la Delegación como las organizaciones no gubernamentales y las comunidades autónomas. En este punto es digna de mención la normativa que existe en el País Vasco y en Cataluña en los aspectos de prevención, legislación digna de todo encomio.
Dentro de este ámbito tan escabroso que es el de la publicidad, desde la Delegación, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad y Consumo, se impulsará la correspondiente normativa que regule estos aspectos y que establezca las sanciones correspondientes con criterios rígidos de vigilancia y control.
Asimismo, se abordarán los proyectos necesarios, conjuntamente con el Ministerio del Interior, para ampliar y hacer efectiva la fiscalización y control de determinados entornos en áreas de expedición de alcohol; para impulsar también las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia y, en otro orden de cosas, para la publicación de un manual, «Actuar es posible; los problemas del alcohol en la atención primaria», que tiene como objetivo sensibilizar y ayudar a la formación del personal sanitario y protocolizar algunas actuaciones. Para final de este año, probablemente, se tenga ya este manual.
En definitiva, estas medidas y cualesquiera otras que se pueden afrontar, y entiendo que esta Comisión debe trabajar para ampliar cualquier tipo de medidas, para modificarlas, porque nadie está en posesión de la verdad en un tema tan farragoso como es éste, debemos adoptarlas en conjunto, y todas con una idea común, que es la de generar una cultura de rechazo al fenómeno drogas entendido en su más amplio sentido.
Una segunda cuestión sería la del sida. El 64,1 por ciento de los 19.815 casos de sida notificados en España hasta el 30 de junio de 1993 eran consumidores de drogas por vía parenteral.
Entre los diagnosticados en 1992 esta proporción era muy similar: el 64,3 por ciento, que representaba un número de 11.791. Al ser el registro acumulativo, tenemos que al día mencionado de junio de 1993 se ha convertido España, con 12.709 casos, en el país europeo con mayor número acumulado de casos de sida entre consumidores de droga. Todo ello habiendo disminuido, según los datos de la memoria, el porcentaje de casos en 1992, pero todavía siguiendo la línea ascendente.
En tercer lugar, está el tema de la atención de los drogodependientes en las instituciones penitenciarias, en las cárceles, del que luego me ocuparé.
Por último, tampoco debemos ignorar que un frente de gran importancia es el de las drogas llamadas químicas o de diseño y, en concreto, el conocido vulgarmente como éxtasis. El éxtasis está creciendo en su influencia entre los sectores más jóvenes, lo cual ya implica un cambio en sí de hábitos porque antes era al contrario: era una droga que podía ser utilizada por personal adulto y de un estamento social determinado.
Si durante todo el año 1992 -y son datos que constan en la memoria- los decomisos al respecto fueron de 45.352 pastillas, al día 1.º de octubre de 1993

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-aunque estos datos son provisionales-, tenemos que la cifra de aprehensiones ha aumentado en más de un cien por cien: son 96.256 pastillas, salvo error u omisión, las que ya se han aprehendido.
Esto quiere decir que, al margen de la mayor efectividad que al respecto pueda tener la actuación policial, se constata un posible aumento de consumo de esta sustancia. A pesar de ello, todavía estamos a tiempo, en este caso, de conseguir la no implantación de este tipo de drogas no sólo con medidas policiales, sino también con medidas de contenido social.
Para seguir una exposición ordenada, voy a referirme a los programas que se van a acometer en materia de política social.
Como sus señorías podrán comprobar, hay una línea de continuidad, si bien se intentará hacer un especial hincapié en las medidas genéricas preventivas.
En cuanto a políticas de prevención, todo lo que se haga es poco.
Sólo a través de la prevención y concienciación social puede conseguirse una labor real de lucha contra la droga.
Esto es algo que está calando en todos y cada uno de los países de nuestro entorno cultural. Incluso en Estados Unidos, y será probablemente fruto de un análisis al final de este mes cuando se presente la política del Presidente Bill Clinton en materia de drogas, se va a producir una reinversión de los términos, potenciándose las cuestiones sanitarias de prevención, fundamentalmente, es decir, la incidencia sobre el control de demanda, sin dejar, por supuesto, el tema de control de la oferta.
Por lo que a nosotros nos compete, se va a acentuar la participación de la Delegación del Gobierno en el desarrollo del convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Educación y Ciencia para la ejecución de actividades de educación para la salud en la escuela, tanto en el problema del sida como en el del alcohol y el de las drogas en general, a cuyo efecto ya se está formando la correspondiente comisión de trabajo. Se van a potenciar también las políticas de concienciación ciudadana a través de campañas publicitarias, bien realizadas por la propia delegación, bien a través de la colaboración en el diseño de la campaña realizada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, con la cual ya existe un convenio que habrá de ser debidamente analizado y evaluado en la próxima reunión de la comisión interautonómica, que tendrá lugar, probablemente, a mediados del mes de noviembre.
Se prevé también la realización de programas de publicaciones específicas con folletos informativos, materiales didácticos y de otro tipo de publicaciones. En este campo ya se está desarrollando la elaboración de un boletín informativo, la revista Comunidad y Droga, que sirva de aglutinante de las distintas instituciones públicas y privadas comprometidas en la actuación en la lucha contra la droga, que sirva de vehículo informativo de una política común, de plataforma de discusión de intereses compartidos y de elemento de transmisión de las estrategias correspondientes.
Promover la creación de la ya citada Comisión Nacional, entre sindicatos y empresas, para la realización de programas preventivos en el ámbito laboral como una forma de corresponsabilidad de los agentes sociales.
Realización, en esta materia, de una ponencia de evaluación de la formación de postgrado, que se presentará también en la próxima reunión de la Comisión interautonómica, cuya última reunión, en la que se dio por finalizado el trabajo, fue el día 8 de octubre de 1993; ponencia que coordinaba la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Incidir en programas entre los más jóvenes para prevenir el consumo de las drogas de diseño, en colaboración con organismos no gubernamentales y Comunidades Autónomas, tema que también se abordará en la Comisión interautonómica mencionada. Y en general, con carácter inespecífico, promover la implantación de programas de garantía social y formación ocupacional entre los jóvenes.
El campo legislativo, dentro del ámbito genérico de la prevención, también ha de reforzarse. De hecho, actualmente está tramitándose en el Congreso, como ustedes saben, el proyecto de ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, con la intención de abordar la normativa sancionadora administrativa que impida la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero procedente de estas ilícitas actividades. Actualmente, por otra parte, se está a punto de concretar -probablemente en este mes, o en el próximo- el borrador de anteproyecto de ley sobre Medidas de Control de Sustancias Químicas Catalogadas, es decir, los conocidos normalmente como «precursores» o sustancias que, desviadas ilícitamente, son utilizadas para la fabricación de drogas, evitando así su desvío para esa fabricación. En este mismo mes, insisto, se contará con dicho borrador, en el que, bajo la coordinación de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, participan representantes de Aduanas, Comercio Exterior, Dirección General de Farmacia, Subdirección General de Productos Químicos, Farmacéuticos y la Unidad Central de Estupefacientes.
En lo que se refiere a las políticas de rehabilitación o reinserción, debe reconocerse que éste ha sido uno de los temas prioritarios de la Delegación y de todos y cada uno de los planes autonómicos en materia de drogas. Los problemas que crea la drogodependencia en los toxicómanos estaban -y están- requiriendo una urgente articulación de programas de asistencia en general.
La labor, en este sentido, insisto, ha sido encomiable por parte de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones no gubernamentales; pero debe continuarse en esa línea y abundarse en alguno de sus aspectos. Así, desde la Delegación se va a incidir especialmente en establecer un contacto fluido con las propias organizaciones no gubernamentales, estableciendo

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las correspondientes comisiones de trabajo, con la aquiescencia, en su caso colaboración, de las propias Comunidades Autónomas, a impulsos de la Delegación, para tomar contacto real con el problema, al ser estas asociaciones, estas organizaciones, las que directamente lo viven. También se procurará habilitar -en este punto, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y según las necesidades- los centros que constituyen la red de tratamiento ambulatorio, centros de día o comunidades terapéuticas, así como unidades de desintoxicación. Se llevará a cabo también el seguimiento de la aplicación de las normas de acreditación en centros públicos y privados con el fin de garantizar el derecho de los drogodependientes a un tratamiento eficaz y adecuado, y asimismo la elaboración de programas de apoyo educativo-laboral y de tiempo libre que favorezcan la rehabilitación en el entorno familiar y en las condiciones más adecuadas a su consecución.
Igualmente, dentro de este campo de actuación se va a desarrollar la participación de esta Delegación en la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida, así como en el Subcomité de Prevención que asesora a la Secretaría General del Plan del Sida.
Un proyecto a potenciar es el programa de sustitución de opiáceos a través de metadona. Un 49 por ciento está a favor de esta medida, si bien, y en cualquier caso, deberá estudiarse la posibilidad, con todos los reparos que sea menester, del suministro gratuito de sustancias estupefacientes a los toxicómanos, con el control médico correspondiente si fuera indicado, y simultanearlo, siempre, con el correspondiente tratamiento de rehabilitación. Insisto en que será un tema a debatir y éste puede ser el foro adecuado. Como inciso también, seguiremos muy atentamente en este tema la evolución de la experiencia piloto que se está llevando a cabo en Suiza.
En materia de centros de emergencia social, se presentará, antes de final de año, un anteproyecto de diseño de un recurso cuya función principal es conectar con los grupos más marginados y que padecen la adicción a sustancias estupefacientes para servir de atención social. De hecho, ya se está llevando a cabo una experiencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña que está produciendo importantes resultados.
En el plano legislativo, tampoco ha de olvidarse los problemas que plantean el terreno de la asistencia y del tratamiento de los drogadictos en materia penitenciaria. Así, es pretensión de esta Delegación promover la elaboración de los proyectos que regulen los procedimientos de suspensión del procedimiento penal iniciado y de ejecución de la pena impuesta para los delincuentes toxicómanos, sustituyéndolos por medios de desintoxicación y rehabilitación en centros públicos y privados homologados. No tiene ningún sentido, a mi modo de ver, que al toxicómano se le reconozca su estatus de enfermo y que, por causa de la delincuencia inducida que la drogodependencia genera, no se le dé un tratamiento alternativo que pueda ser de mucha más eficacia que la propia aplicación de la mera medida privativa de libertad en orden a la resocialización, social y personal, del sujeto.
Promover la elaboración de los proyectos que fueran necesarios para que el cumplimiento de penas o la prisión provisional de los internos toxicómanos se produzca en condiciones que favorezcan su reinserción social y también, principalmente, la persona.
El sistema, por tanto, ha de ser combinado: una normativa que regule la suspensión del procedimiento de la pena impuesta, para la que siempre deberá haber un límite, que será cuestión a discutir parlamentariamente si ha de ser de dos, tres, cuatro años; y otra que acoja los casos en los que, superándose dicha penalidad, se ha de llevar a cabo un tratamiento igual que el de fuera, rehabilitador, pero dentro de la propia prisión. No se trata, por tanto, de meros programas de atención al toxicómano, sino de auténticos programas de recuperación psíquica y física del sujeto que, llegado el grado correspondiente, pasaría a la comunidad terapéutica exterior, ganándose así un tiempo en su recuperación que, de otra forma, sería probablemente imposible de obtener. Con esto no se hace sino dar un cumplimiento avanzado a lo que será la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas en la Asamblea General del Estudio de la Fiscalización Internacional de Estupefacientes, en la que anima a los Estados a adoptar, en los sistemas penitenciarios y de justicia penal, los programas adaptados en particular al tratamiento, a la rehabilitación e integración social de los delincuentes drogadictos; sistemas, en definitiva, que tiendan, e insisto una vez más, no sólo a rehabilitar socialmente al sujeto sino a recuperar su propia personalidad.
En el mismo sentido, se elaborará un proyecto que amplíe las actuales regulaciones en el sentido de facilitar, de acuerdo con Instituciones Penitenciarias, el cumplimiento en libertad de las penas de los toxicómanos seropositivos en fase cuasi terminal, ampliando así la solidaridad con estos enfermos, permitiéndoles una salida digna. Para este cometido también deseo que se arbitre el contacto fluido y necesario con la Comisión Mixta; la visión de todos será siempre más completa que la de uno solo.
Solidaridad es decidir siempre en favor de los más necesitados de protección, y cualquier sistema legal ha de ser lo suficientemente flexible como para hacer compatible la respuesta del sujeto a la sociedad y la reinserción que la sociedad ofrece al sujeto que infringió la norma.
Finalmente, y en cuanto se refiere a la represión, la Delegación Nacional del Plan Nacional sobre Drogas no puede ser ajena a un ámbito tan importante como éste. Primero, por razón de sus propias competencias, que han de ser las de coordinar políticas relativas al tráfico de drogas y evaluar las realizadas por otros departamentos y, segundo, porque cualquier política de drogas es una combinación de represión y prevención;

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las distintas opciones estarán en potenciar uno u otro aspecto, el de la prevención o el de la represión.
En esta materia debe mantenerse el sistema existente de represión selectiva, en el sentido de que sólo deben merecer reproche jurídico-penal las conductas de tráfico de drogas, las de tráfico de capitales, por supuesto, y no las de autoconsumo. Esto no es en absoluto contrario a los compromisos contraídos por España al firmar y ratificar la Convención de Viena de 1988, sino que se ofrece el sistema de sanción administrativa al consumo con tratamiento alternativo, con lo cual queda perfectamente cubierta tal laguna.
Actualmente se han solicitado los datos de aplicación de esta norma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y en concreto del acogimiento a los programas alternativos de rehabilitación, que de momento no han podido tener todavía aplicación práctica ya que el Decreto de desarrollo es de julio de 1993. De todas formas, se van a reclamar los datos tanto al Ministerio del Interior como a los Ayuntamientos, Policías autónomas, etcétera, es decir, a todos los organismos que tienen responsabilidad en la imposición de sanción administrativa, para ver realmente el alcance de la aplicación de esta norma en este punto concreto.
Por otro lado, la no penalización del consumo no puede entenderse en ningún momento como la materialización de la despenalización del consumo. El consumo nunca estuvo penalmente sancionado en España; afirmar lo contrario se opone a la realidad y da pie a creer que existe una polémica entre penalización y despenalización. Esta polémica -a mi modo de ver- es falsa y pretende esconder una más importante, a saber: si al toxicómano, por el mero hecho de serlo, se le ha de convertir en un delincuente o si, por el contrario, el toxicómano es un enfermo y ha de ser tratado como tal. La opción está entre castigar o curar, y yo creo que a los enfermos, en este caso, se les debe curar.
La tipificación de las conductas de tráfico de drogas y blanqueo debe afrontarse en el futuro Código Penal, que adecue las penas a la gravedad de las acciones y que haga posible el cumplimiento más acorde con la pena impuesta. Se evitarán así distorsiones que actualmente se dan entre el cumplimiento impuesto y el efectivo, pero no deben exacerbarse de tal forma que lleguen a violar abiertamente la Constitución.
Por lo que se refiere a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de otras instituciones que tienen competencia en el ámbito de la represión, es imprescindible dotar de medios e instrumentos adecuados que permitan mayores cotas de eficacia. Existe ya un acuerdo con el Ministerio del Interior para suministrar material de atención primaria a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para las situaciones de emergencia en las que se pueden encontrar. Esto en cuanto al tema de atención inmediata, pero cualquier proyecto debe estar presidido por las ideas de coordinación y de adecuación al fenómeno que se combate, y en tal sentido se impulsarán los proyectos correspondientes.
Las características que en muchos casos presenta el tráfico de drogas como actividad internacional y propia de organizaciones criminales deben guiar la forma de lucha contra el mismo, y de no hacerse así se corre el riesgo no ya de la ineficacia, sino de que nos quedemos absolutamente alejados del fenómeno que se trata de combatir. El crimen organizado es una realidad; su penetración en el entramado social es algo evidente y real, no aceptarlo así denota, en el mejor de los casos, un desconocimiento del fenómeno y, en el peor de ellos, una despreocupación intolerable. Hay que afrontar el problema en profundidad y ofrecer soluciones drásticas y eficaces, huyendo del parcheo del edificio que, teniendo los cimientos flojos, incluso el mismo parche puede motivar su derrumbe.
Se hace imprescindible abordar la regulación normativa de los colaboradores con la Administración de Justicia, agentes infiltrados o encubiertos y su protección por el Estado. En ese sentido, no puede olvidarse la iniciativa que en el Senado ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos relativa a la protección de testigos y cuya génesis conozco perfectamente desde mi posición profesional anterior.
Asimismo, es necesario abordar una mejor y más amplia regulación de las denominadas entregas vigiladas, aspirándose a que exista una regulación internacional uniforme como base para una mayor explotación de la figura y para prevenir distorsiones peligrosas.
Así lo propondré también en Naciones Unidas, y adelanto que es la propia intención del PNUFID en esta materia.
En el ámbito procesal, deben agilizarse las normas que regulen la cooperación judicial internacional y facilitar los procedimientos de extradición, siguiendo con ello, además, las indicaciones al respecto de Naciones Unidas, procurando cada vez más ir hacia espacios judiciales policiales más amplios que permitan combatir un hecho que es mundial como el de la droga.
También se está impulsando en lo necesario la ampliación del número de unidades adscritas a la Fiscalía Especial Antidroga en materia de investigación del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y también se impulsará, al menos desde la Delegación, que esas unidades se hagan extensivas también a los fiscales territoriales delegados para la lucha contra el narcotráfico.
Por último, se impulsará la elaboración de un plan conjunto de inspección patrimonial con el Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Tributaria, Ministerio del Interior y Fiscalía Especial Antidroga que facilite la cooperación técnica con la Inspección de Hacienda en las tareas de investigación de este tipo de delito.
Por otra parte, es necesario elaborar programas de cooperación con el Consejo General del Poder Judicial en materia de formación, de drogodependencias, cursos,

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organismos internacionales y otros temas puntuales, siguiendo también en este punto las sugerencias del Informe provisional del Secretario General de Naciones Unidas, que se hará público a finales de este mes.
También se propugnará el replanteamiento del papel de España en materia de drogas en los organismos internacionales, procurando que nuestra presencia sea una presencia activa y beligerante; procurando, asimismo, buscar los puntos de unión con otras políticas, con otros países en materia de droga e impulsar los acuerdos correspondientes, así como facilitar en su caso la posibilidad de que esta Comisión también pueda concurrir y estar presente en organismos internacionales si así lo decide la propia Comisión.
Entiendo que las treinta y ocho medidas enumeradas -más la que diré a continuación- pueden ser instrumentos útiles para hacer frente al problema de las drogas. Evidentemente no son los únicos; para eso estamos aquí.
Por último, quisiera hacer una mención a un tema que, evidentemente, no puede pasar desapercibido en los tiempos de crisis, y es el de las restricciones presupuestarias que atravesamos. ¿Cómo se van a financiar todos estos programas? Como habrán tenido conocimiento sus señorías, la semana pasada comparecí en la Comisión de Política Social para exponer, a requerimiento de la misma, cuáles eran las líneas del presupuesto de la propia Delegación; el Plan Nacional sobre Droga es algo más amplio; el dinero que se invierte en el tema de droga es mucho más amplio, como ustedes saben perfectamente, que el propio presupuesto de la Delegación, en honor a la verdad, es bastante exiguo; siempre es mejorable.
No es éste quizá el lugar idóneo -salvo que sus señorías opinen lo contrario- para reproducir la discusión sobre esos presupuestos. Los límites presupuestarios, en cualquier caso, podrán retrasar los proyectos, pero no podrán obligarnos a renunciar a los postulados. Sin embargo, sí les adelanto que el compromiso adquirido de redacción de la Ley del Fondo Nacional de lucha contra las drogas se está ultimando.
Conseguiremos de esta forma que queden afectados los bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito a las políticas de prevención, rehabilitación, represión y cooperación internacional en la materia, en el marco de las competencias de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas.
Como es lógico, los bienes decomisados de estas actividades ilícitas deben redundar en beneficio o en la eliminación de los problemas que ellos mismos generan. Hasta la elaboración definitiva y entrada en vigor de esa ley se está diseñando ya un régimen transitorio. En la disposición adicional tercera del proyecto de Ley sobre prevención del blanqueo de capitales, si es que finalmente llega a aprobarse en ese sentido, se recoge el carácter afectado de dichos bienes y efectos, así como la posibilidad de concesión de créditos ampliables en virtud de la previsión de ingresos que puedan reportar; es decir, existe una clara intención de que se ponga en marcha este fondo. Además, no puede ser de otra forma y, si así no se hace, estaremos legislando en vacío, porque crear una ley del fondo para que no pueda aplicarse antes de cuatro, cinco o seis años es algo que, cuando menos, puede parecer un sarcasmo. Por eso, insisto, hay que arbitrar la forma transitoria para que este fenómeno no se produzca.
Con independencia de este proyecto y para dar respuesta a la insufiencia de medios materiales, han de recordarse -y con esto termino- dos cosas: primero, que una buena política contra la droga necesita algo más que el dinero, necesita la colaboración -a la que ya me he referido varias veces-; y, segundo, que el presupuesto -esto ya lo he dicho antes- con el que tenemos que contar no es sólo con el de la Delegación, sino con el conjunto de todo el Plan Nacional sobre Drogas.
Por eso me atrevo a decir, sin que ello implique dejación de mi responsabilidad, que los resultados alcanzados en estos temas no serán éxitos o fracasos de un Gobierno, partido o departamento ministerial, que tendrá su cuota de responsabilidad -y así se acepta-, sino que serán los éxitos o fracasos de toda la sociedad.
Quiero acabar como empecé: solicitando la colaboración de la Comisión en el buen seguro caso de que en el diálogo y en el consenso encontraremos puntos de reflexión, puntos de avance y medidas legislativas y de cualquier otro orden para paliar los efectos de este fenómeno.
Muchas gracias, señorías, y quedo a disposición de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Iniciamos en este momento el turno de portavoces de los distintos Grupos, con un tiempo estimado y orientativo de diez minutos por Grupo Parlamentario.
¿El Grupo Mixto desea intervenir? (Pausa.) No hay ningún representante de este Grupo.
¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) No hay ningún representante.
¿Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco? (Pausa.) No hay ningún representante.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Narcís Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Mis primeras palabras, sin duda, tienen que ser para saludar la presencia del señor Garzón en esta Comisión, para desearle éxito en su trabajo y mostrarle nuestra colaboración en todos los temas a los que ha

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venido refiriéndose, a los que posteriormente haré mención.
Después de este saludo y esta oferta de colaboración, quiero empezar por criticar algo que él mismo ha señalado, y es la forma de presentación de la Memoria del Plan Nacional sobre Drogas a la Prensa antes de que esta Comisión tuviera conocimiento de la misma. No es esa una buena forma de empezar, señor Garzón. Sin duda, los medios de comunicación -la sociedad española- tiene derecho a conocer los contenidos de esa Memoria, pero creo que es una condición lógica que esos contenidos los conozca previamente esta Comisión. Nos ha dado usted razones de calendario; en esta ocasión se las aceptamos por ser su primera comparecencia, pero le rogamos que esa circunstancia no se vuelva a producir y que los representantes de la soberanía popular, que somos los Diputados y Senadores aquí presentes, tengamos primero conocimiento de los detalles de esa Memoria y, posteriormente -en el mismo acto si usted quiere- lo comunique a la sociedad, cosa a la que yo le animo, pero por ese orden.
Sin duda, coincido con usted en que esta Comisión tiene que ser el foro adecuado de debate de todos los temas relacionados con el estudio del problema de la droga; tema que, sin duda, tiene que ser prioritario en nuestra actividad política, independientemente de que tenga más o menos actualidad periodística. Sabe usted bien que, de forma esporádica, aparece un gran interés en los medios de comunicación por los temas de la droga, y después parece que pierden actualidad y quedan un poco anodinos en el contexto de la sociedad.
Yo creo que independientemente de esas circunstancias, que se deben a factores que nosotros desde luego no controlamos, es conveniente que todos tengamos la droga muy presente en nuestra actividad cotidiana porque, sin duda, es un gran problema político que plantea este país. Y, para hablar de la droga, sería deseable que todos los Grupos aquí representados evitáramos o huyéramos de la politización superficial o epidémica del problema de las drogas, y que cuando habláramos de los conflictos que esta situación genera en la sociedad y de las posibles soluciones lo hiciéramos de una forma profundamente política, no epidémicamente política; es decir, no utilizar la droga como arma arrojadiza, sino como un tema en el que, desde las diferentes posiciones que aquí se pueden expresar, podamos reflexionar conjuntamente y llegar a soluciones o, al menos, a acercamientos más completos que si se produjeran desde una sola óptica.
No tengo tiempo de entrar en todos los temas que usted ha tratado. En la legislatura pasada, esta misma Comisión elaboró un informe sobre el problema de la droga que se aprobó en el mes de junio de 1991, y probablemente sería del máximo interés que en las siguientes reuniones de esta Comisión hiciéramos una especie de evaluación del mismo. Es decir, qué recomendaciones de las contenidas en ese informe han sido llevadas a la práctica, y cuáles no lo han sido, de forma que pudiéramos evaluar lo más objetivamente posible algunas de las medidas que en ese informe se contienen. Porque, señor Garzón, usted ha hecho una larga disertación que en esencia yo comparto en la actitud y en las medidas que propone, pero reconocerá que ha sido una buena colección de desiderata, desiderata que todos podemos compartir; pero, al mismo tiempo, desde mi Grupo le ofrezco la colaboración para que estos desiderata se conviertan en realidades. También le avanzo nuestra posición vigilante para impulsarlos, teniendo en cuenta que no va a ser fácil.
Quizá no es el momento de reflexionar sobre el conjunto del problema de la droga -ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y sin dudas otras ocasiones tendremos- pero más allá de todas las medidas que se han dado, creo que conviene hacer una reflexión sobre qué significa el consumo de drogas hoy en nuestro país en el contexto de unos índices de paro elevados, de desarraigo familiar, de falta de modelos válidos, de problemas sociales que se refieren fundamentalmente a los colectivos sociales más afectados por la droga, como es la juventud. Sigue siendo cierto que en nuestro país no llegan al 20 por ciento los jóvenes entre 18 y 29 años que tienen independencia económica y que, por tanto, difícilmente pueden plantearse un proyecto de futuro y, en consecuencia, son más fáciles de acceder a ese supuesto paraíso momentáneo que después es el desastre absoluto. Es decir, todas esas reflexiones yo creo que conviene hacerlas en esta Comisión, quizá no en esta su primera comparecencia, pero podrán ampliar o completar más la panoplia de medidas que usted nos ha dado que, sin duda, yo comparto. Habrá que hacer algunas cosas antes de todo eso. Antes de enfrentarnos con el problema de la droga, tendremos que preocuparnos de los problemas sociales en los que se mueve la sociedad española y que, sin duda, abonan el terreno para que una parte de nuestra juventud, y no tan juventud, caiga en este problema de la droga. Los problemas de la oferta y la demanda, la preferencia en la acción contra la oferta o contra la demanda, sin duda pueden parecer casi opciones ideológicas, sobre qué poner el acento, si sobre una o sobre la otra. Yo estoy de acuerdo con usted en algunas cosas muy concretas, sobre la necesidad de no tener apriorismos en el debate. Yo creo que eso es fundamental, que no vengamos aquí con una posición, digamos cerrada, de verdades aparentemente absolutas; que vengamos todos con la necesaria capacidad de duda sobre nuestras propias propuestas, y que de esa duda y de esa reflexión colectiva podamos sacar luz. Yo creo que efectivamente es momento de pararse y reflexionar. Probablemente la evaluación de las medidas que se proponían en este informe que elaboró la anterior Comisión sea un buen momento para pararse y reflexionar sobre la utilidad de estas medidas, sobre qué medidas podemos

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implementar para que el problema si no desaparece, al menos disminuya en sus aspectos más sangrantes.
Pienso que va a ser muy importante esa encuesta de datos referidos a población escolar, que puede darnos un panorama bastante duro de cuál es la realidad de la droga en ese sustrato de la sociedad española y, sin duda, de los datos podremos sacar conclusiones que nos pueden llevar a proponer medidas interesantes, como las propuestas muchas veces ya pero que no se han llevado a la práctica: el control del absentismo escolar, el control del fracaso escolar, etcétera, terreno abonado para que los jóvenes entren en esa dinámica.
La reflexión o la discusión sobre marginación y droga; para algunos sectores de la sociedad es la droga la que lleva a la marginación y puede ser cierto en algunas capas sociales; para otros, entre los que me encuentro, es fundamentalmente la marginación lo que lleva a la droga en la mayoría de los casos, y no al revés. Y tendremos de atajar problemas previos para poder enfrentarnos al asunto de las drogas con más entidad.
Coincido con usted en la importancia del alcohol. Se dice, y es cierto, que el alcohol está en las raíces de nuestra cultura, también las drogas que se han utilizado, incluso las más nuevas, están en las raíces de la cultura occidental, y si no de la occidental, sí en la del ser humano. Es el uso indebido y la pérdida de uso ritual de ciertas drogas lo que genera los grandes problemas de los que hemos hablado. El alcohol es hoy más peligroso social y económicamente que muchas de las drogas para luchar contra las cuales hemos elaborado muchas propuestas, y hemos pasado bastante del alcohol cuando, repito, probablemente éste sea más caro -entre comillas- en los terrenos sociales y económicos en la vida cotidiana de nuestra sociedad, sin necesidad de recurrir a un poco el señuelo de la infancia, porque a todos nos golpean esos porcentajes del sesenta y tantos por cien de jóvenes de menos de trece años que consumen alcohol y que alguna vez se han emborrachado. No caigamos en la idea de que es sólo un problema de la juventud más precoz; no, es un problema muy arraigado en el seno de la sociedad española, en la juventud y en la edad adulta, en todas. En todas genera problemas sociales, y en todas genera problemas graves difíciles de combatir. Coincido con usted en que probablemente sea igual o más difícil, quizás por la penetración o capilarización del consumo del alcohol en nuestra cultura, luchar contra el alcohol que contra otras de las drogas clásicas.
Me parece esencial, y creo que eso lo podemos compartir todos, la idea de que hay que poner el acento, entre los muchos que hay que poner, en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Mientras la droga siga siendo un gran negocio va a ser difícil que podamos luchar contra ella con seriedad. Mientras la cantidad de sustancia que se maneja produzca las infinitas plusvalías que genera va a ser difícil que nos podamos enfrentar al problema seriamente e impedir la corrupción que usted mismo ha señalado, incluso de las propias fuerzas del Estado. Creo que detrás de esa idea hay una explicación del por qué de la extensión del problema, del por qué de la capilarización de la oferta y del estímulo a la demanda.
Mientras siga siendo un enorme negocio como es, va a ser difícil que podamos enfrentarnos a él.
Otro tema muy importante es el de la sustitución con opiáceos, estudiar la posibilidad del suministro gratuito de opiáceos a toxicómanos con control sanitario es algo que nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones y que si somos capaces de enfrentarnos al problema sin apriorismos creo que va a aportarnos ventajas.
Nuestro Grupo apoya las propuestas complejas pero necesarias respecto a la suspensión de procesos y ejecuciones de penas, sustituyéndolas por rehabilitación en centros homologados para drogadictos que estén en esa circunstancia. Estoy de acuerdo con esa idea de la solidaridad concebida como decisión siempre a favor de los más necesitados, idea que hay que llevar a la práctica cotidianamente.
Acabo, señor Garzón, señor Presidente, con lo que empecé, creo que los desideratum que usted ha expresado, sin duda, todos los que estamos en esta Sala los podemos compartir y cuente con la colaboración de mi Grupo para llevarlos adelante y, al mismo tiempo, con la actitud vigilante del mismo para estimularle si hace falta en el celo adecuado para la consecución de medidas que intenten al menos paliar -creo que con paliar sería más que suficiente- los efectos que la droga está teniendo sobre nuestra sociedad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra, el señor Garzón.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Gracias, señor Presidente.
Gracias, por la bienvenida del representante del Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Yo agradezco la actitud vigilante; en modo alguno, me preocupa la actitud vigilante e incluso inspectora. Lo que haga la Delegación lo va a hacer de cara a la sociedad porque es a la sociedad a la que debe de rendir cuentas, por supuesto, al margen del propio Parlamento a través de esta Comisión.
Siempre estará dispuesto a aceptar esa vigilancia entendida no sólo como censura de lo que se puede hacer, sino como apoyo en los proyectos que también se puedan iniciar. Toda vigilancia conlleva aceptar lo que de bueno se esté haciendo, como usted muy bien ha dicho, y esa es mi idea. Yo no tengo ninguna idea apriorística, o tengo muy poquitas, en materia de droga. Soy de las personas que cree que el respeto a la diversidad en esta materia

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es absolutamente esencial, donde las posturas más encontradas pueden ser debatidas y, necesariamente, al final, encontraremos un punto de unión, que será el único a través del cual podamos avanzar, y que no sea una política de vaivenes hacia atrás o hacia adelante. Eso sí perjudica. Lo que hay que procurar es diseñar una política de Estado entre todos -todos tenemos que estar implicados en ella-, que sea progresiva, es decir, que siempre vaya hacia adelante, reconociendo y enmendando los yerros que haya, cuando haya que hacerlo, pero no insistir en una política que no solucione o palíe el problema.
Por eso comenzaba mi exposición, o las medidas que presentaba, diciendo que es necesario hacer lo que los ingleses llaman un parón de reflexión, para plantearnos qué estamos haciendo en materia de drogas, porque, a lo mejor, estamos haciendo cosas en las que la sociedad va absolutamente disociada de lo que nosotros pretendemos. Y no olvidemos que trabajamos todos para la sociedad.
Esa es la idea, la idea del debate es plantear todas las alternativas, hacer una evaluación del Plan Nacional sobre Drogas, hacer una evaluación de las medidas que se presentaron por la Comisión Mixta, que unas están cumplidas y otras incumplidas, y todas tendrán su explicación, o quizás alguna no la tenga, pero se puede discutir sobre ella.
En cuanto a la forma de presentación de la Memoria, tengo que contarle tal como ha sucedido la historia, y usted la juzga, la evalúa, y yo acepto el veredicto de todos y cada uno, aunque sea discrepante.
Efectivamente, era costumbre durante los dos últimos años, si no recuerdo mal, que la Memoria se presentara por el Ministro, entonces de Sanidad, a los Grupos Parlamentarios. Mi intención firme y decidida era hacer lo propio. Sucede que por la no formación de la Comisión, ha habido el problema de que, en el tiempo, ha coincidido la constitución de la Comisión, el jueves de la semana antepasada con la presentación de la Memoria a los medios de comunicación el viernes.
El Ministerio de Asuntos Sociales, y, personalmente, la Ministra, iba a hacer esa convocatoria a los Grupos Parlamentarios para presentar la Memoria, pero se optó -a mi modo de ver, acertadamente, o, en cualquier caso, es el criterio del Ministerio-, para que no se pudiese pensar que había algún tipo de interferencia por parte del Ejecutivo respecto del Legislativo en convocar a los Grupos Parlamentarios, por una solución intermedia, que era la de remitir la Memoria a cada uno de los representantes o de los portavoces de los Grupos Parlamentarios para que tuviesen conocimiento de aquélla antes de la presentación.
Me consta, por información de alguno de los Grupos presentes en la Cámara, que, debido a una remisión errónea, de esa Memoria se tuvo conocimiento, con el «puente» y demás, el lunes o el miércoles. En definitiva, lleva usted razón, lo conocieron ustedes a través de los medios de comunicación, lo cual nunca debería haberse producido. En eso coincido con usted. Pero insisto en que era firme el propósito de que eso no ocurriera. Es más, entiendo que la envergadura de la Memoria, los datos que se dan en la misma, exige -eso ustedes lo debatirán, la Mesa lo decidirá- que dediquemos una sesión, que puede ser una próxima -cuando ustedes dispongan-, para estudiar detenidamente todos y cada uno de los puntos que en esa Memoria se recogen, que se extienden a un período de tiempo que no ha sido de mi responsabilidad, pero que objetivamente acepto, y además, como se trata de analizar y de evaluar aquello que se ha hecho, sea positivo o negativo, creo que debemos de fijar o en cualquier caso ver la fórmula de analizar y estudiar la Memoria en todos sus aspectos.
Comparto su afirmación de que en esta materia hay que huir de la politización. Creo que una buena política sobre drogas es aquella en la que seamos capaces de discutir políticamente los distintos planteamientos sobre esta materia, pero sin hacer bandera a favor o en contra. Es algo que debemos dejar aparte.
Debemos trabajar conjuntamente, y discrepar, y llegar a acuerdos o no llegar, pero, en cualquier caso, entender que éste es un problema general, social y de Estado.
Sobre la posición vigilante, ya le he contestado antes; hay que hacer una serie de planteamientos, de reflexiones, antes de llevar a cabo determinadas medidas. Efectivamente, de eso se trata. Hay medidas que no se pueden paralizar; hay medidas de impulso legislativo, que debemos de ir abordando y debemos de ir ampliando, medidas que probablemente no lleven ni siquiera luego la rúbrica de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, sino que será el Departamento ministerial que corresponda el que presente esos proyectos. Pero, evidentemente, cuando yo hablo de impulsar, de cooperar, se trata precisamente de eso: de cooperar e impulsar los distintos proyectos, o motivar la generación de esos proyectos, en los distintos Departamentos ministeriales, cuya política puede tener algo que ver en materia de drogas.
En cuanto a la encuesta de población escolar, diré que exige tiempo, precisamente porque, como bien dice el informe provisional del Secretario General de Naciones Unidas, en el tema de educación hay que ser absolutamente cautos, porque no siempre ni las encuestas, ni las posiciones de educación adoptadas, ni el tratamiento que se pueda hacer pueden siempre ser positivos, sino también negativos, y pueden volverse en contra.
En consecuencia, sí le puedo decir que ya hay un grupo de expertos trabajando en los criterios, en los baremos que se van a utilizar para desarrollar esa encuesta escolar, a fin de que a lo largo de 1994 se puedan ir recabando los datos, respecto de los que estoy convencido que la aportación de la propia Comisión puede ser importante, en ese debate sobre la Memoria, o en cualquier otro que aborden ustedes, o que abordemos

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conjuntamente, para que también sea tenida en consideración en esa evaluación, en esa confección.
Evidentemente, comparto íntegramente con usted la idea de que primero es marginación, y luego droga, y no droga y, como consecuencia, marginación. Hay que analizar, y probablemente esa reflexión sea necesaria en ese debate; aquí y en cualquier momento es preciso analizar las auténticas raíces del problema: las desigualdades, la marginación, la falta de relación familiar de padres con hijos, el excesivo consumismo, la materialización absoluta de las costumbres dentro de la propia familia, etcétera, y no vertir siempre el problema en el tema del alcohol, o en cualquier otro tema, sobre juventud o sobre determinados estamentos, sino hacer una reflexión respecto de todas estas cuestiones, porque seguro que llegaremos a coincidir en cuáles son las causas, y a partir de ahí, cuáles pueden ser las soluciones. A eso me refería antes con ese debate, con ese sistema de información integral, que queremos conseguir en el proyecto de ley del observatorio sobre drogas, respecto de lo que, si usted me pregunta qué idea tengo al respecto, le puedo apuntar pocas cosas que sean distintas de decir que hay una serie de planteamientos sobre los que vamos a trabajar, y ya estamos trabajando en ellos, para que cuanto antes salga a la luz, y evidentemente después con toda la aportación de todos los sectores sociales y parlamentarios implicados.
En cuanto al alcohol, sólo un dato. Es cierto lo que usted dice, que es uno de los temas más preocupantes, pero, además, no olvidemos que esa preocupación aumenta, si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los inicios al consumo del alcohol viene de mano de la propia familia. Los porcentajes son alarmantes en ese sentido; es la propia familia la que considera que el alcohol en sí es algo aceptado, como usted muy bien decía, y que no hay problema; los problemas vienen después.
En consecuencia, cualquier política de prevención sobre alcohol tiene que, como decía también, generar esa cultura al rechazo, y tiene que empezar por la aceptación de la propia familia.
La lucha contra el blanqueo de capitales es evidente. Aquí no hay ninguna ideología que sustente a un grupo u organización criminal determinada para desarrollar sus actividades delictivas, sino que lo que hay, pura y simplemente, es el vil metal, es el lucro económico. Si conseguimos de alguna manera que ese lucro económico no se produzca, o, cuando menos, hacemos más difícil que el beneficio se produzca, estaremos en el buen camino dentro de ese ámbito represivo-selectivo que yo hacía.
En cuanto a la sustitución de opiáceos, diré que, evidentemente, yo sé que es un tema muy polémico. El 68 por ciento de los ciudadanos españoles en la encuesta, y se refleja en los datos de la Memoria, es contrario a ese suministro gratuito de droga; por su parte, el 49 por ciento es partidario de los sustitutivos, a base de metadona. Quizás tengamos que analizar y explicar adecuadamente lo que es una cosa y lo que es otra, para ver si con esa explicación se sigue manteniendo la misma tendencia, o, en cualquier caso, es un elemento a discutir.
Y en cuanto a las medidas de suspensión, yo sé y soy consciente de que son muy complejas, son difíciles de llevar a cabo, pero eso no nos debe de impedir que trabajemos precisamente con mayor vocación de conseguirlo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra don Josep María Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, cómo no, quiero agradecer la comparecencia del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y también decirle que hay una voluntad expresa de nuestro Grupo Parlamentario de colaborar en esta materia hasta los límites exhaustos que permitan la capacidad física de los Senadores y Diputados que formamos parte de esta Comisión.
Yo, señor Delegado, no voy a analizar cada una de las treinta y nueve medidas que usted ha propuesto, porque sería un trabajo para el que habrá lugar en la Comisión, pero sí voy a decirle que, en su práctica totalidad, nuestro Grupo podría estar de acuerdo, tal como podíamos estarlo en lo que usted mismo manifestó en un reciente artículo, en un periódico de amplia difusión, en el que hacía unas declaraciones sobre la represión del blanqueo de dinero procedente del tráfico internacional.
Artículo magnífico con el que -y vuelvo a insistir- nosotros podríamos estar totalmente de acuerdo. Pero precisamente del contenido de este artículo al que me refiero, y escuchada con mucha atención su intervención en la Comisión de hoy, entendemos que sería bueno que clarificara, no porque nuestro Grupo tenga ninguna duda, sino porque entendemos que sería bueno, la siguiente cuestión: Usted ha hablado de que la droga ha sido y continuará siendo un tema prioritario; en esto todos estamos de acuerdo. Y usted se ha referido a las tres cuestiones que más importancia le merecen en esta cuestión, que son: la prevención, la rehabilitación y la represión; y nos ha parecido que usted cuando habla de represión hace un especial énfasis, que podría tener alguna relación con su actividad profesional anterior al cargo que en este momento usted ejerce.
Nos gustaría clarificar si el Plan Nacional sobre Drogas tiene intención de variar alguna prioridad de lo que hasta ahora se consideraba como tal, que era, sobre todo, la prevención, el registro y la rehabilitación de toxicómanos, para dirigir los esfuerzos más hacia la represión. Y vuelvo a insistir en que no es que tengamos

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dudas, pero entendemos que sería bueno que usted clarificara este aspecto.
Es evidente que nosotros tenemos que estar de acuerdo en que usted proponga soluciones coordinadas y una política inteligente.
Cuando usted ha dicho lo de política inteligente no sabe qué ánimo ha generado en este portavoz, porque entendemos que es tarea ardua y difícil conseguirla, pero incluso las utopías merece la pena esforzarse por conseguirlas.
Lo que ya nos preocupa, y por eso también reclamamos que nos lo explique, es cuando usted habla del proyecto de ley de creación de un sistema estatal de información sobre drogas, que probablemente, por lo que usted ha explicado, es necesario, pero nos gustaría que nos aclarara si esto puede afectar a la excelente colaboración que existe en este momento con las Comunidades Autónomas sobre el Plan de Drogas. Usted ha reconocido la labor que se está realizando hasta este momento en las Comunidades Autónomas, y entendemos que tienen ya unos sistemas de registro, que están conectados precisamente con el registro estatal y que funciona a la perfección; entonces, nos gustaría conocer cuál es la intencionalidad que significa algún cambio respecto a la situación actual y que justifique este proyecto de ley.
Excelente nos ha parecido la propuesta de un borrador de Real Decreto, al que usted se ha referido, para extender a los Ministerios de Economía y Hacienda, Asuntos Exteriores y Presidencia el Grupo de Coordinación Interministerial. Nuestro Grupo, señor Delegado, entiende que todo lo que se está haciendo con respecto al problema de la droga es muy importante, que las medidas que usted ha propuesto son de una relevancia extraordinaria, pero quizá el abordar con energía la producción de la droga, o sea, abordar la producción de la droga a través de una colaboración internacional será probablemente una de las medidas más eficaces para evitar su posterior consumo.
En esto sucede igual que con el tabaco, respecto del cual, por cierto, no se ha abordado la cuestión y sí con el alcohol. El tabaco dejará de consumirse cuando la población que actualmente consume tabaco y algunos de sus señorías que están en esta Comisión, que todavía continúan fumando, vayan a los estancos y ya no lo encuentren. Entonces, se habrá acabado el problema del tabaco, y no con otras medidas que tienen muy buenas intencionalidades, pero que su efectividad es más que cuestionable.
Por tanto, señor Delegado, nuestra felicitación por esta iniciativa, sobre todo en lo que hace referencia a la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores en esta coordinación interministerial.
He dicho que no voy a analizar punto por punto, pero, evidentemente, sí me gustaría referirme a su propuesta y que, muy inteligentemente, ha dicho que deberá de estudiarse la administración gratuita de opiáceos a drogadictos. Usted sabe respecto de esto, y no sólo por la encuesta que se hizo a la población española, que reflejó que ésta estaba de acuerdo en que no se produjera esta administración gratuita, sino también porque yo creo que hay un debate en el mundo científico internacional sobre esta cuestión, que está muy avanzado, que no es una iniciativa reciente, sino que hace tiempo que se está debatiendo esta cuestión, y yo creo que será muy interesante someter a debate este tema en esta Comisión porque probablemente tendremos la posibilidad del concurso de estudios ya realizados, que nos serán de gran utilidad para tomar una decisión.
No quisiera terminar, señor Delegado, sin hacer referencia a que le agradezco mucho, y con esto concluyo, señor Presidente, el que usted haya dicho que vamos a converger todos. Es evidente que con esta expresión debo estar de acuerdo, y el Grupo de Convergència i Unió también.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra el señor Garzón.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias al representante de Convergència i Unió por las palabras cariñosas de acogida y de recibimiento, y de la voluntad expresa de colaboración.
Yo le clarifico inmediatamente la cuestión que usted me planteaba. Creía que había quedado clarificada con la enumeración de medidas, donde claramente se ve que la Delegación seguirá cargando la mayor parte de sus esfuerzos en los ámbitos de prevención y en los ámbitos de rehabilitación que le son propios, sin olvidar -creo que lo he dicho así, y, si no, lo digo ahora- el campo de la represión o el campo del tráfico de drogas, porque está entre las competencias de la propia Delegación. Y entiendo que una política global de drogas tiene que afectar a los tres campos, necesariamente.
Entonces, mi labor ahí, y la de la Delegación, será la que corresponda en el impulso de cada una de las políticas al respecto.
En cuanto a la explicación sobre el Observatorio Nacional de Drogas, diré que me da terror pensar que se ha podido transmitir o percibir por mi parte y por la de ustedes que se quería prescindir de las Comunidades Autónomas en esta materia. Todo lo contrario. De lo que se trata es, precisamente, de optimizar al máximo todos los sistemas de información, y cualquier proyecto que se haga respecto de ese Observatorio Nacional sobre Drogas, que, digamos, puede estar a imagen y semejanza de lo que es el Observatorio Europeo de Drogas; siempre y en todo caso tendrá que contar con cada uno de los interlocutores en esta materia, cuales son, empezando por la Comisión de Estudio, continuando por la Delegación, continuando por las Comunidades Autónomas, por los Organismos no

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Gubernamentales y por las demás instituciones que tengan algo que decir en esta materia. O sea, todo lo contrario: de apoyo absoluto y de optimizar esos recursos.
El tema de abordar la producción de la droga, controlar o, incluso, eliminar la producción de aquellas plantas, de aquellos productos, que son los que dan inicio a una determinada clase de drogas, porque otros son de naturaleza estrictamente química, realmente es una utopía, como la del tabaco también. Si no fuera por respeto a la Comisión, en donde nos encontramos, contaría una anécdota bastante interesante, que ocurrió en Venezuela, y que después, si quiere, se la puedo comentar, que refleja bastante bien esta cuestión.
En cuanto a la administración gratuita de opiáceos -insisto-, es un tema que planteo a la Comisión y que someto al debate, para que, precisamente, como consecuencia de ese estudio, de ese conocimiento más amplio, podamos o seguir diciendo que no, o, quizás, decir que sí. De eso se trata en un debate.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gonzalo Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, bien venido señor Garzón a la Comisión Mixta, aunque ya tuve ocasión de entablar con usted un diálogo y un debate en la Comisión de Política Social del Congreso. Con motivo de los presupuestos, y, por tanto, de tener nuestro primer encuentro parlamentario, pero, aunque ha sido así, le reitero la bienvenida a la Comisión, que esperamos que sea lo más frecuente posible. Y quiero enlazar esta afirmación con una valoración general de lo que, a mi juicio, deben ser las relaciones entre la Comisión, la Delegación del Plan y, en general, nuestro trabajo, en donde mucho tiene que ver la actitud que tenga la Administración para con esta Comisión, y, a su vez, la voluntad que tengamos los diferentes grupos políticos de que la Comisión esté llena de contenido realmente.
Sumándome a las afirmaciones que antes ha realizado algún otro Grupo Parlamentario, tengo que decirle que, como usted bien conoce, porque así se lo expresé después de la comparecencia de presupuestos, a nuestro Grupo le ha producido un profundo malestar la forma de operar, porque precisamente el mismo día que constituíamos esta Comisión tuvimos una reunión informal de la Mesa y Portavoces, en donde una de las cosas que precisamente pedimos con absoluta claridad es que no se volviesen a producir situaciones, a nuestro juicio, irregulares, de respeto hacia la Comisión parlamentaria, no solamente en el tema de la presentación de la Memoria, sino de otras muchas circunstancias y actividades que realiza el Plan, y que a esta Comisión, que no es una comisión legislativa, que es una comisión de estudio, le interesan de manera muy especial.
Si nosotros tenemos que actuar como catalizador de esos acuerdos que usted nos demanda permanentemente, si nosotros tenemos que actuar como impulsores de esos acuerdos, necesitamos tener la información, la presencia y la actividad acorde con esa situación.
Por tanto, permítame que le diga que el hecho de no haber presentado la Memoria, la primera actividad importante, a esta Comisión, a nosotros nos parece un hecho lo suficientemente relevante como para pasarlo por encima, máxime cuando el día 23 de marzo fue la última reunión que tuvo esta Comisión con el anterior Delegado del Plan, el señor Villoslada; desde entonces, por diferentes motivos, incluida la disolución de las Cortes, no había habido reunión, y se nos ha presentado la Memoria del Plan ya bien entrado el mes de octubre, y estamos hablando de la Memoria del año 1992, es decir, que la conocemos y la recibimos a finales del año 1993.
Pero hay un hecho mucho más grave, y que me servirá también para, después, otras partes de mi intervención. Si uno se lee -si tuviéramos la costumbre que tienen, por ejemplo, otras asociaciones o entidades o sociedades, como paso previo al orden del día, de leer las actas de las anteriores Comisiones- el acta de la Comisión del día 23 de marzo de 1993, primero, observa que el señor Villoslada ya nos leyó entonces la Memoria que usted ha presentado hoy. Y yo no veo ningún motivo para que si el señor Villoslada conocía en marzo de 1993 los datos de la Memoria de 1992, hasta octubre de este año no hayan sido hechos públicos por parte de la Delegación.
Insisto, cualquiera que se lea detenidamente este acta, comprobará que ya se reflejan aquí los datos, uno a uno, de cada uno de los temas que después han sido publicados en la Memoria.
Por tanto, no existe ninguna justificación, señor Delegado, para no haber conocido públicamente, no solamente el Parlamento, sino también la opinión pública, precisamente con unas elecciones por medio, lo que aquí se dijo y que parecían ser simplemente indicadores. Bueno, al final, han terminado siendo los verdaderos indicadores del problema de la droga. Por cierto -y luego se lo volveré a decir en alguna otra ocasión-, no es que haya continuismo o no es que haya proyección de las cosas que usted nos ha dicho, es que todo lo que usted nos ha dicho, señor Delegado, está ya dicho por el señor Villoslada en esta Comisión, y si quiere usted, nos detenemos, uno a uno, en los puntos a que usted ha ido refiriéndose, y verá que, para dejarle a usted un margen de maniobra, le diré que el 99 por ciento de las cosas que usted nos ha mencionado como proyectos están dichos el 23 de marzo de 1993, e invito a los medios de comunicación y a los demás representantes políticos a que se lean el acta de esta Comisión para

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comprobar que lo que yo digo es exactamente la verdad.
Haciendo, pues, hincapié en que esta Comisión va a depender mucho de la voluntad de todos, pero, desde luego, de la Delegación del Gobierno, como paso previo, le diré que, en todo caso, este Grupo, que ha tenido mucho que ver, como usted bien conoce, en la existencia de esta Comisión, no va a renunciar, en el caso de que no se nos dé otras posibilidades, a otros mecanismos de control parlamentario, si es que esta Comisión no cumple la función para la que ha sido constituida.
Dicho esto, y con tono que intentaré sea lo más sereno posible, en el tono de acuerdos que usted nos demanda, y que como usted bien sabe no solamente por nuestras exposiciones en esta Comisión, sino porque como usted conoce el Plan Nacional tiene mucho que ver con la coordinación real con las Comunidades Autónomas, en donde hay responsables de nuestro Grupo Político, de nuestro Partido, que están ejecutando sus programas y están ejecutando acciones concretas del Plan Nacional, señalaré que es obvio y es innecesario decir que en todo aquello que repercute en beneficio de la sociedad, todos los partidos y los gobiernos sensatos están colaborando en la misma línea. Por tanto, yo creo que no se trata tanto de pedir repetidas veces la idea del consenso; se trata de aplicar los acuerdos, se trata de aplicar los consensos, de verdad, y ponerse a hacer actividades concretas, en beneficio, como he dicho antes, de los actuales afectados y de los posibles afectados futuros.
Dicho esto como introducción, a mí me parece obligado, señor Delegado, que antes de entrar a analizar lo que es su proyecto de programa, lo que el Plan Nacional quiere hacer en el próximo ejercicio, debamos entrar un poco en el análisis de lo que ha sido la presentación de la Memoria. No parece razonable que podamos diseñar un programa o que podamos decidir la existencia o la continuidad de determinados proyectos, si no evaluamos adecuadamente los datos de la Memoria; aunque ya sé que usted no ha tenido una responsabilidad durante este año que le haga directamente responsable, valga la redundancia, de estos datos, sí le puedo decir que hay un Gobierno y un Partido que sustenta a esa mayoría, que sí que tiene una continuidad en esa responsabilidad, y que me parece, por tanto, paso previo el análisis de esta situación.
Tengo que reconocerle que por primera vez, creo, se le escucha a un Delegado del Plan afirmaciones claras y contundentes sobre algunos aspectos, sobre algunos problemas que nosotros hemos denunciado permanentemente, y que también permanentemente se han intentado desdibujar, y eso nos agrada, como, por ejemplo, la posible relación que usted establecía entre los decomisos y, por tanto, el mayor aumento en el consumo, como sucede en lo relativo a las incautaciones de las pastillas de éxtasis, que usted ha mencionado, o el reconocimiento en esta Comisión y en declaraciones públicas suyas sobre el hecho de que en España, como en el resto de los países, se decomise entre el 10 o el 20 por ciento máximo de la droga, que significa que el 80 por ciento está circulando por nuestro país, cosas que también se han dicho en esta Comisión y que otras veces no se han querido reconocer con esta claridad.
Ha habido, digo, un intento, una vez más, de minimizar lo que a nuestro juicio es una situación bastante decepcionante de los parámetros que en este momento marcan la situación de la droga en nuestro país. Por cierto, no es que sólo me lo parezca a mí, sino que, como usted se ha encargado de decir estos días en los medios de comunicación, así le parece al 68 por ciento -creo- de la población española, o quizá a algún porcentaje mayor -si me equivoco en el porcentaje, corríjame-.
Efectivamente, la población española tiene una percepción bastante pesimista de la situación actual, y supongo que cuando hay un porcentaje tan amplio de la población española que tiene una percepción pesimista, es porque realmente la situación no es muy halagüeña. En realidad, la situación de lo que la gente percibe en la calle, de lo que la gente ve en sus círculos más próximos, de lo que la gente observa entre los sectores jóvenes, no es muy halagüeña.
Podemos pasar, si le parece, a temas muy concretos, como, por ejemplo, el consumo, y permítame que le diga que otra de las cosas que me gustaría que la Memoria hiciera con mayor rigor en el futuro es intentar usar siempre los mismos parámetros.
Porque usar, por ejemplo, el concepto de una década para referirse al consumo de hachís, o referirse, por ejemplo, para el último año, para los temas de heroína, es no comparar siempre los mismos parámetros. Creo francamente que es erróneo decir que en una década ha disminuido el consumo de cannabis, cuando hay encuestas realizadas por entidades bastante serias, como es la Universidad Complutense de Madrid, que hizo público su informe hace muy pocos meses, o como es, por ejemplo, la entidad Proyecto Hombre, que nos demuestran, por el contrario, que hay un rebrote del consumo de cannabis entre los jóvenes en BUP y en 1.º de Formación Profesional. Por tanto, en el concepto de la década, es posible. Desde luego, en el último año hay un análisis que nos indica en este momento una preocupación en el aumento del consumo.
Me parece que eso viene a reafirmar, a decir, que la situación del cambio de hábitos del consumo de heroína es un hecho positivo, pues lo es en función de una enfermedad añadida que se llama sida, pero en sí mismo, en cuanto a lo que estamos analizando aquí, que es la cultura o no de rechazo a ese consumo de drogas, es decir, el volumen de gente que en este país consume droga, a mí no me parece que sea en sí mismo un hecho tan halagüeño. Que la gente no se la inyecte en este momento, está muy bien: estamos disminuyendo el riesgo de contraer el sida. La gente, como se ha reconocido, está inhalándola, está esnifándola, y ha aumentado el consumo de cocaína, ha aumentado el consumo

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de cannabis, ha aumentado el consumo del alcohol, ha aumentado el consumo de los psicofármacos y, por tanto, ha aumentado también el consumo de las drogas de diseño. Por consiguiente, si ha aumentado el consumo de todos estos parámetros, creo francamente que en este momento la situación real del problema de drogas en nuestro país no puede considerarse como una situación mejor que la que teníamos hace un año, cuando se presentó la Memoria del año 1991.
Si hablamos de las muertes, debo decir que también se ha intentado minimizar, y se ha dicho que disminuye por primera vez.
Disminuye por primera vez, porque significa que, según las estadísticas oficiales, han disminuido en nueve casos.
Tengo que decirles, por cierto, que el sistema de recogida de datos que utiliza el SEIT nos da datos de seis ciudades, pero no nos da datos globales. Entonces, yo prefiero, si no le parece a usted mal, coger los que ustedes mismos publican en la Memoria, que son los datos de la Policía, y que nos hablan de 809 casos.
Es decir, significa que las muertes por reacción aguda a las drogas se mantienen prácticamente en las mismas cifras. Pero en el esfuerzo por traslucir que lo que se produce es un envejecimiento de la población, se ocultan datos que ya tuve la ocasión de decir al señor Villoslada en este misma Comisión, y es que la Memoria de la Policía nos dice algo que a mi juicio es realmente preocupante, y que cambia la visión que se está intentando dar de envejecimiento de una población que produce fallecimientos, y es que este año se ha triplicado el número de muertes en jóvenes menores de dieciséis años. Se ha triplicado el número de jóvenes menores de dieciséis años que han fallecido. Y entre dieciséis y dieciocho años, se ha duplicado. Por tanto, también hay que analizar eso: qué es lo que está pasando. Junto con ese envejecimiento real de la población, están falleciendo jóvenes por debajo de los dieciséis años y está falleciendo el doble de jóvenes entre dieciséis y dieciocho años, y eso también me parece un dato lo suficientemente preocupante.
En efecto, como usted dijo y como dice la Memoria, la sociedad percibe esto como un dato preocupante, y la sociedad percibe esta situación como bastante poco esperanzadora. Datos de la Memoria.
¿La droga decomisada? Pues tener el récord de ser el primer país en decomiso de hachís y de cocaína y el cuarto de heroína, al margen de lo que siempre se pone como coletilla -la capacidad operativa de los medios policiales y demás-, me parece que denota algún otro problema de fondo, y es que nuestro país no sólo es punto de paso y se ha convertido en algo que, por cierto, usted denuncia en un artículo que luego tendré la ocasión de comentar, es decir, en la posibilidad de que aquí existan ya redes organizadas que están operando con otras finalidades, demuestra, por tanto, que también hay un aumento del consumo, y para esto me acojo a su propio argumento, el que usted ha dicho respecto al decomiso de las pastillas de éxtasis.
Reducción de la demanda. La Memoria que usted ha presentado nos habla con un énfasis especial de la prevención. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque desde este Grupo de la oposición y desde otros grupos se ha denunciado permanentemente que tenemos que plantearnos qué hacer en este momento en el ámbito de la prevención. Solamente el 17 por ciento de los presupuestos se ha venido destinando a la prevención. Y en el preámbulo del documento de las Naciones Unidas, que usted ha nombrado varias veces aquí esta mañana, en el del año pasado, 1991, se abre ese informe recordando precisamente a todos los Estados que una pieza fundamental y clave para el éxito en la política contra la droga es la prevención. Además, advierte que cualesquiera otros éxitos en otros ámbitos de la política represiva o de la política de rehabilitación están condenados al fracaso si no hay una buena política preventiva. Recuerdo que también hemos hablado aquí de esa cuestión. Se quiere hacer un esfuerzo en algo que resulta meridianamente imposible de aceptar. Se dan las cifras en términos absolutos, y se dice que han participado en ámbitos de la prevención, por ejemplo, 11.000 profesores, pero no se dice que esto represente el 3 por ciento de los profesores del país. Y recordemos que hemos optado por un modelo de educación para la salud, en el que hay que implicar a los profesores en la aplicación de la educación para la salud. También recordará que el señor Solans nos comunicó en algún momento determinado una encuesta por la cual sólo el 20 por ciento de los profesores están dispuestos a hacer algún tipo de curso de preparación. Si unimos esa falta de disposición al hecho real del escaso número de personas o de profesores que están participando en su preparación para poder aplicar los cursos de educación para la salud, nos da el hecho constatado de que en este momento en la inmensa mayoría de los centros escolares la educación para la salud es una teoría, pero no es un hecho. A eso, además, hay que sumarle que el día 23 de marzo el propio señor Villoslada nos reconoció que, en efecto, llevábamos un año de retraso en la aplicación de la educación para la salud, porque todavía se estaban preparando los materiales necesarios para poder dar estos cursos.
Por tanto, a mí me parece, francamente, que la prevención, sobre todo en el ámbito de la prevención escolar, deja mucho que desear, y las cifras arrojan claramente una insuficiencia, por no volver a hablarles a ustedes de algo que no dice la Memoria, pero que a mí me parece de nuevo extraordinariamente importante, que es la utilización de los medios de comunicación públicos, especialmente las televisiones públicas, en una acción mucho más eficaz, no sólo de información, sino de formación y de prevención en los sectores más jóvenes de la población española.
Hay otro asunto realmente importante, que es el ámbito de las instituciones penitenciarias. De nuevo

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en este terreno nos pasa un poco como en lo relativo a la prevención. Se dan las cifras, y se nos dice que han participado 5.400 reclusos en cursos de información y, como es lógico, es difícil entender lo de información o cursos de información como una labor realmente de prevención, y se dice que hay programas de rehabilitación en los que han participado 2.900 reclusos. Esto significa que sólo el 13 por ciento de los reclusos ha recibido algún tipo de información, y esto significa que sólo el 7,25 por ciento de los reclusos ha participado en algún proyecto de rehabilitación. Cuando estamos hablando de que en nuestro país hay 40.000 reclusos de los cuales un altísimo porcentaje son drogadictos, ustedes hablan del 43 por ciento, y otras encuestas se refieren al 60 por ciento, quiere decir que entre el 40 y el 60 por ciento de la población reclusa de nuestro país son drogodependientes y solamente el 13 por ciento ha recibido algún tipo de información y solamente el siete por ciento ha participado en algún programa de rehabilitación. Por tanto, ambas cosas me parecen extraordinariamente preocupantes y creo que queda un largo camino por recorrer.
Solamente el 53 por ciento de los centros tiene en este momento algún tipo de programa de tratamiento, por no hablar, por ejemplo, de que el Ministerio de Asuntos Sociales ha disminuido en el año 1992 en 44 millones de pesetas las subvenciones que destina a las Organizaciones no Gubernamentales.
Ha sido un repaso rápido, pero me parecía obligado el que se conociera cuál es nuestra valoración de la Memoria. Creo que una lectura detenida y crítica, que es como hay que hacer la lectura de la Memoria si nos queremos plantear una rectificación de objetivos y de programas, nos revela que en este momento la situación nos obliga a hacer a todos una reflexión en los términos del Plan Nacional que, por cierto, tengo que decirle, que este Grupo le hizo una petición al respecto al señor Solans en alguna otra Comisión, como usted recordará, ha podido leer o le han podido informar. Ha sido el Partido Popular quien en alguna ocasión y también en una interpelación parlamentaria en la anterior Legislatura ha dicho que es necesario, después de ocho años de vigencia del Plan Nacional, sentarse claramente a decidir por dónde van las líneas, si se están aplicando los presupuestos adecuadamente, si hay programas que ya no son prioritarios o si, por el contrario, hay otros que sí lo deben ser. Por tanto, en esto va a contar con nuestro apoyo, ya que nuestra posición fue esa; en este momento no se puede seguir a piñón fijo, hay que hacer una parada, hay que repensarse el Plan y hay que reorientarlo para atajar los problemas que la sociedad española tiene en este momento.
Esto que nos parece fundamental me da pie a iniciar lo que usted ha presentado hoy como proyectos del Plan. Quizás tiene una justificación razonable pero a mí me parece que cuando ha habido unas elecciones por medio y cuando se anuncia la existencia de un nuevo delegado y, además, a ese nuevo delegado se le añade un rango administrativo distinto y se le rodea de una expectativa importante, uno espera recibir en esta Comisión una avalancha de nuevas ideas, de nuevos impulsos y de nuevos programas que justifiquen primero, esa expectativa, segundo, la existencia de ese nuevo rango administrativo e, incluso, como ya tuve la ocasión de decirle el otro día en la Comisión de Presupuestos, la existencia de ese nuevo aparato administrativo que va conexo con su Secretaría de Estado y que nos va a costar a los españoles unos cuantos millones de pesetas más.
Creo que no ha sido esa la situación. Y como no me gusta quedar por mentiroso quisiera que se pudiera leer el acta del día 23 de marzo de 1993 donde, dejándole a usted un margen de discrecionalidad, ya están dichas el 99 por ciento de las cosas que hoy nos ha contado. Le puedo citar en qué página del «Diario de Sesiones» están dichas todas y cada una de las cosas que aquí se mencionan. Por ejemplo, se habla sobre el congreso del Plan Nacional en la página 17,61, de las grandes encuestas nacionales, que usted nos ha mencionado hoy, en la página 17,62, y así podríamos seguir. Podríamos mencionar, además, que también se nos habla del convenio que se va a firmar, como usted ha dicho, con la CEOE, con los sindicatos, en la página 17,63 y así sucesivamente. Podemos hablar de la LOGSE, de los presupuestos, del fondo; es decir, señor Delgado, no ha dicho realmente ninguna novedad importante.
Tengo que reconocerle que lo más novedoso de su intervención, y no porque sea realmente novedoso que hablemos de ello en las Cortes Generales, sino porque lo diga precisamente el Delegado del Gobierno en esta Comisión, ha sido la última parte en la que ha hecho referencia a lo que puede entenderse como el esfuerzo legal o como dicen los americanos, a los que usted va a visitar pronto, «el esfuerzo en la ley», es decir, toda aquella parte legislativa, de prevención, de creación de leyes, que es en la que el Delegado del Gobierno, mientras esto no se rectifique, tiene menos competencias. Por tanto, nos agrada ver que usted tiene esa preocupación. Nosotros la hemos tenido muchas veces y así lo hemos puesto de manifiesto con nuestras iniciativas parlamentarias. Ahora que alguna ilustre Diputada se arriesga a decir que se alegra de que el Partido Popular apoye la Ley del Blanqueo de Capitales, me gustaría recordarle que la proposición no de ley por la cual se llevó ese proyecto de ley a las Cortes fue precisamente, según consta en una nota del letrado, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, le diré que estamos de acuerdo plenamente con todas esas iniciativas y preocupaciones, pero no entendemos muy bien cómo las va a aplicar usted, porque francamente la última parte de su intervención nos parece que se sale del ámbito de sus competencias. Mientras no se rectifique el contenido de sus competencias, eso pertenece en estos momentos

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a otros ámbitos ministeriales y no al suyo y me parece innecesario pasar revista a todas ellas.
Nos parece muy bien que se reelabore el Plan y que se mejore el sistema de información con las encuestas nos parece muy razonable. No hay que olvidar que es un sistema que tiene algunas imperfecciones y que está, por tanto, reflejando datos muchas veces equivocados incluso en algunas Comunidades Autónomas en donde existen entidades municipales de una importancia fundamental, no me importa mencionarlo. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que usted bien conoce o conocen otros responsables de la delegación del Plan, muchas veces no se han recibido o no se han transmitido las informaciones adecuadamente de determinados ayuntamientos por falta de conexión adecuada con el Plan Regional de Lucha contra la Droga. Esa es una labor que hay que mejorar y que hay que cambiar.
Paso a hablar de los consejos asesores. Me parece que usted nos ha anunciado hoy 10 nuevas comisiones, ese es el número que he contado. Y tengo que decirle que me da la sensación, señor Garzón, que usted ha cambiado la mejora en los Presupuestos por un aumento en las Comisiones. Usted ha renunciado a más competencias y a más presupuestos, pero nos ha anunciado una cantidad de comisiones que nos van a permitir dialogar mucho, pero no sé si nos van a permitir hacer muchas cosas más. Si uno lee los Presupuestos Generales del Estado, que ya tuvimos la ocasión de verlos el otro día, observa que el Capítulo IV ha quedado congelado; es decir, la capacidad real es exactamente la misma en términos porcentuales, en términos reales yo creo que menos, ya se lo dije el otro día.
Va a poder usted hacer menos con el presupuesto de este año que con el del año pasado y si usted tiene el mismo presupuesto nos parece bastante difícil que pueda abordar nuevos proyectos.
Usted ha dilatado la cuestión diciendo que eso no significa renunciar a ello, que usted los va a mantener como objetivos, que espera ese fondo que proviene de los decomisos. Pero hoy por hoy, no existe esa legislación, no existe ese fondo, y usted queda limitado, primero, porque no tiene más competencias y, segundo, porque no tiene más dinero. Sin competencia y sin dinero nos vamos a tener que conformar con tener más de lo mismo. No es mía la expresión, supongo que usted la recordará, que decía que en España la lucha contra la droga está más cerca del quijotismo que de la efectividad. Yo no la he dicho, supongo que a usted le suena de algo, y como a usted le suena de algo y no la ha dicho hace tanto tiempo, resulta que estamos en la misma situación que motivó esa expresión: sin más competencias y sin más dinero y eso significa, señor Garzón, que en estos momentos seguimos en España en la misma situación de quijotismo a la que usted hacía referencia tan sólo hace un año.
Entramos en el tema del alcohol. Usted, efectivamente, nos habla de la preocupación que reflejan las encuestas sobre el alcohol, preocupación que todos tenemos. En este momento la Memoria destaca una multiplicación por cuatro de los casos de personas sometidas a tratamiento de desintoxicación por alcohol. Usted mismo ha aportado las cifras de consumidores entre jóvenes, ha hablado también de las cifras que mueve en este momento la industria del alcohol, cosa que es cierta, pero no puede servirnos de excusa. Y no debe servirnos de excusa porque hemos de profundizar en otras direcciones, ya que el tabaco, como usted bien sabe, mueve cifras tan importantes como las del alcohol, las industrias internacionales o las multinacionales que están detrás de las grandes compañías de tabacos también tienen unas enormes cifras invertidas en publicidad y en incitación al consumo, etcétera, y hemos de mencionar que en la reducción de consumo de tabaco ha habido éxitos importantes. Hay actitudes distintas entre la población juvenil española y entre las nuevas generaciones hacia el tabaco que no hacia el alcohol.
Si se ha conseguido iniciar una tendencia favorable respecto del tabaco, teniendo como tienen también detrás unos intereses importantes, creo que el alcohol no puede servirnos como argumento fundamental, pero quizá ahí habría que preguntarse algo más. Usted habla de las grandes compañías privadas, pero, ¿por qué no se pregunta usted mismo cuáles son los intereses del Estado, qué pasa con los impuestos provinientes del alcohol? En este momento en que estamos en una situación de crisis una de las primeras decisiones que ha adoptado el Gobierno ha sido precisamente subir los impuestos del alcohol, es decir, no se renuncia a percibir unos ingresos mayores por lo que al alcohol se refiere. Por eso digo que su análisis es incompleto y, sobre todo, un tanto desesperanzado. Creo que el tema del tabaco nos abre esperanzas en esa dirección y por ello pienso que un análisis más serio podría despejarnos otros problemas en cuanto al consumo del alcohol, pero no solamente el referido a la industria privada.
Por otra parte, y refiriéndome a otros temas que usted ha mencionado como, por ejemplo, las drogas de diseño, existe una normativa vigente que permitiría a diferentes administraciones intervenir sobre determinados bares o círculos en los que se distribuya alcohol a menores de 16 años. A nosotros nos parece que, existiendo esa normativa, hay que hacer un esfuerzo para que la misma se cumpla. No podemos preguntarnos solamente ¿qué está pasando? Hay muchas responsabilidades compartidas y debemos hacer lo posible para que se cumplan todas esas armas legales que nos permitirán a todos mejorar esa situación.


El señor PRESIDENTE: Señor Robles, de conformidad con la Mesa y con la Junta de Portavoces yo le había concedido un tiempo orientativo de unos diez minutos, pero su señoría ya ha consumido aproximadamente el triple. Le ruego que, dentro de un plazo razonable,

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ya que también desearán intervenir otras personas, concluya su intervención.
Gracias.


El señor ROBLES OROZCO: Voy a intentar sintetizar en esta parte, pero, señor Presidente, después del tiempo que lleva sin reunirse esta Comisión, dada la gravedad de los temas que estamos tratando, la importancia que tienen y el hecho de que hoy cuente esta Comisión con la presencia del señor Garzón, el señor Presidente debería hacer posible que el principal Grupo de la oposición pueda expresar, en términos de tiempo y de detalle, la opinión que nos merece la exposición del señor Delegado del Gobierno. Por tanto, contando con su generosidad, voy a intentar expresarme de modo más sintético.
Estaba diciendo en cuanto a las drogas de diseño que, aunque no quiero valorar el dato en sí mismo, éste sí me sirve para hacer una afirmación. En esta Comisión y en otros ámbitos parlamentarios hemos hablado en muchas ocasiones de determinadas cuestiones, de las drogas de diseño y, en relación con el sida, del aumento de su transmisión por vía heterosexual. Pues bien, en muchas ocasiones la Administración nos ha contestado diciéndonos que en este momento eso no se percibía como una cuestión de gravedad. A mí me parece una falta de responsabilidad que se diga que en este momento no se considera este tema como de gravedad cuando lo que hay que hacer es tener la capacidad de adelantarse a fenómenos a los que España, previsiblemente, no es ni va a ser ajena. Es mejor poner la barrera antes de que se produzca el fenómeno que intenta paliar los efectos una vez que éste ya esté en marcha.
Con esto quiero decir que debemos tener la capacidad de adivinar lo que a nuestro país -inmerso en un conjunto de países occidentales con la misma tendencia y en la misma situación- le va a acontecer probablemente en los próximos meses y en los próximos años para que no tengamos que lamentarnos después en cuanto a aumentos de unas situaciones que en otras ocasiones hemos despreciado por no considerarlas de importancia para nosotros.
Volviendo al tema de presupuestos, usted decía antes que no solamente se invierte el tema económico que invierte la Delegación. Efectivamente, no sólo se invierte el tema económico que invierte la Delegación, sino que invierten los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, pero aquí estamos hablando de lo que invierte la Administración central. Esta invierte fundamentalmente a través de la Delegación, a través del Ministerio de Educación -que yo sepa ya no se invierte a través del Ministerio de Sanidad- y algo a través del Ministerio de Justicia. El Ministerio del Interior interviene a través de la medida represiva pero no invierte en los programas de prevención y rehabilitación. Por tanto, quiero decirle que si graves son los recortes y especialmente el estancamiento del Plan nacional, más grave me resulta ver que eso mismo ha sucedido en educación, y vuelvo a unirlo con el planteamiento que yo hacía antes en cuanto al desarrollo de la educación para la salud.
He podido examinar ya los presupuestos del Ministerio de Educación y creo que este año vamos a tener el mismo problema, es decir, se congelan los presupuestos y la posibilidad de ejecutar programas concretos de educación para la salud.
Volviendo al argumento de antes, contamos con menos dinero, por lo cual uno de los temas prioritarios que usted ha citado aquí, el tema de la prevención escolar o el de impulsar ese convenio con el Ministerio de Educación, no veo que tenga una plasmación presupuestaria adecuada.
Si el otro día le decía a propósito de los Presupuestos Generales que me hubiera gustado conocer antes el programa para poder evaluarlos, hoy tengo que decirle francamente que me alegro de haber conocido antes el presupuesto para poder evaluar ahora su programa. Conociendo el presupuesto que tenemos, sé con seguridad -como usted lo sabe, señor Garzón- que bastante supondrá conseguir mantener lo que ya estaba en marcha. Lamentablemente, todos los objetivos que usted nos ha enumerado van a tener que retrasarse ya que no hay plasmación presupuestaria. Si no existe esa plasmación no hay política que se pueda desarrollar.
En cuanto a la rehabilitación, señor Garzón, yo tengo una duda.
Usted nos ha hablado poco de ello; ha hablado de una comisión con las organizaciones no gubernamentales, nos ha hablado de participar en el Plan del sida y también de otra comisión, pero no nos ha hablado de una cuestión que, por cierto, era un compromiso electoral del Partido Socialista en las últimas elecciones y que se refería a la creación de 150 nuevos centros de rehabilitación. Me gustaría saber cómo se va a plasmar la creación de esos 150 nuevos centros de rehabilitación y con qué presupuesto se va a realizar.
En cuanto a la situación penitenciaria, ya le he dicho la valoración que me merece la Memoria. Creo que es muy escasa la acción penitenciaria o de rehabilitación que se realiza en las prisiones españolas, pero, además, nos parece que esta situación no está bien enfocada. Usted nos dice que va a impulsar la posibilidad de que la mayoría de las unidades penitenciarias españolas realicen programas de tratamiento.
Esta es una petición que nosotros hemos realizado en múltiples ocasiones en coherencia con que si estamos diciendo que la inmensa mayoría de la población penitenciaria es drogodependiente, es necesario que en aquellas que no puedan acogerse a esas medidas de suspensión de la pena se puedan facilitar esos programas.
Usted ya sabe que el Ministerio de Justicia tiene un proyecto para la construcción de veinte macrocárceles. Pues bien, no cuadra demasiado ese proyecto con su filosofía -que nosotros compartimos- de adaptar más las nuevas instalaciones a la finalidad rehabilitadora de las personas que están o van a estar allí ingresadas. Las nuevas macrocárceles, de las que se nos habló

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en la Comisión de Justicia en la anterior legislatura, nada tienen que ver con esas prisiones rehabilitadoras con unidades de tratamiento de desintoxicación que a nosotros nos gustaría y que parece que a usted también.
Hay otras cuestiones sobre las que tampoco conocemos su opinión aunque supongo que nos la podrá dar, por ejemplo, si está usted a favor o no del cumplimiento íntegro de las penas de los narcotraficantes y si va a impulsar esta medida en el nuevo Código Penal.
Y he dejado para el final la parte que más le gusta, esa parte en que se le ve con entusiasmo quizá debido a su anterior profesión, a la que tanto se ha dedicado y conoce tan bien, y en la que le gustaría tener competencias aunque veo que tiene pocas. Me refiero a la parte dedicada a la represión, a la parte legal de la lucha contra la droga. Hay un artículo suyo, publicado el lunes 11 de octubre en un importante periódico de Madrid, que usted titula: «La lucha contra la droga, ¿y ahora qué?» En todo el artículo no se habla de prevención escolar, de prevención en los medios de comunicación ni de rehabilitación. A lo largo de todo el artículo se habla de un tema real, que es un problema que a nosotros también nos preocupa, como son las redes organizadas, las mafias del crimen organizado, la necesidad de potenciar la actuación policial, y se hacen afirmaciones que creo tienen una carga subliminal muy importante. Por cierto, yo me alegro de que por una vez un responsable del Gobierno las deje entrever y, además, como su señoría va a estar sentado con responsables del Gobierno, creo que va a ser positivo que pueda establecer las bases para que esto cambie.
En su artículo usted dice, por ejemplo, que es necesaria una actuación coordinada contra este mal y que tiene que haber una conciencia clara de lo que se quiere conseguir superando reticencias y corporativismos torpes y absurdos. A nosotros nos gustaría saber a qué corporativismos torpes y absurdos de refiere y cuáles son esas reticencias que impiden que exista una mejor coordinación.
También señala usted que tiene que existir una acción inteligente contra la delincuencia organizada, y que su puesta en marcha no puede esperar. Por lo que se ve, esto significa que, hasta la fecha, no se ha puesto en marcha una acción inteligente de lucha contra la droga y las redes organizadas.
Por tanto, señor Garzón, ¿cuáles son realmente sus competencias en esta materia? Me gustaría saber si las tiene, si las va a demandar, qué va a poder hacer desde la Delegación y cuál es su valoración acerca de lo que se está haciendo en esta materia en los Cuerpos de Seguridad. Quisiera saber si hay algún proyecto sobre coordinación de los Cuerpos de Seguridad, así como si el Plan Nacional va a tener algo que ver con ese asunto.
Francamente, insisto en que, a no ser que se modifiquen sus contenidos, poco tendrá que ver.
En cuanto al fondo, tema al que nosotros damos una importancia real porque también ha constituido una petición de esta Comisión, es cierto que en la redacción de la ley de blanqueo -que, por cierto, únicamente no se ha aprobado por la disolución de las Cortes- se remite a la Ley General Presupuestaria pero, que yo sepa, en este momento dicha Ley no contempla ningún fondo destinado a estos fines. Por otro lado, también quiero anunciarle que nosotros consideramos que el fondo debe destinarse prioritariamente, y de forma casi exclusiva, a las labores de prevención y de rehabilitación, ya que son las personas individuales y las asociaciones de forma colectiva las que padecen el problema de la droga, por lo que, a nuestro juicio, el Estado no se debe beneficiar directamente del decomiso de este fondo, sino que las propias familias y los afectados deben ser quienes reciban el beneficio del decomiso de estos bienes procedentes del narcotráfico.
Por tanto, insisto, señor Garzón, en que la intención nos parece razonable, pero en este momento no se ve su plasmación; no existe la posibilidad de aplicar este fondo en este ejercicio presupuestario y, a no ser que hoy nos dé otra información, lo cierto es que no se va a poder disponer de él en un plazo razonable.
Pido disculpas al Presidente y al resto de los miembros de la Comisión por el tiempo que estoy empleando. El compareciente siempre tiene la posibilidad de ordenar su intervención, pero nosotros lo tenemos que hacer sobre la marcha, y me he tenido que referir tanto a la valoración de la Memoria, como a la de los programas.
También he de decirle, señoría, que la colaboración que usted ha pedido la tiene por anticipado, porque la están demostrando nuestros gobiernos autonómicos y municipales, allí donde se les demanda esa coordinación. En cuanto a los acuerdos parlamentarios, son ustedes los responsables de impulsarlos y cumplirlos, e incluso de hacer que funcionen Comisiones como ésta.
Respecto a lo que usted ha expuesto, llegaríamos básicamente, sin ninguna dificultad, a muchos puntos de acuerdo, pero lo que hace falta no es que se anuncien Comisiones e intenciones, sino que los programas se cumplan y estén respaldados por una posibilidad presupuestaria real y de competencias, para que se puedan desarrollar. En esa línea, por descontado, nos va a encontrar, y probablemente también a una inmensa mayoría de la sociedad española.
Los datos que refleja la encuesta son lo suficientemente preocupantes como para ver que, a pesar de los esfuerzos que todos hemos realizado en esta tarea, el

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campo que tenemos por delante es extraordinariamente amplio y complejo, y probablemente habrá que dedicarle más esfuerzos políticos, económicos y de coordinación, empezando, por descontado, por lo que usted y yo hemos señalado: por una reorientación del Plan Nacional, que permita que seamos mucho más eficientes en la lucha contra la droga en los próximos años.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Garzón.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Gracias, señor Presidente y, gracias, señor Robles, por sus palabras de bienvenida.
Iré contestando, punto por punto, a cada una de las cuestiones que su señoría me ha planteado. Yo no quería que éste fuera el momento de analizar la Memoria, pero tampoco tengo inconveniente en hacerlo, puesto que son ustedes los que mandan, y yo el que responde. En cualquier caso, sin duda habrá más ocasiones para valorar sus datos.
Con respecto al malestar que ha manifestado por que no se haya presentado la Memoria, ya le expliqué los motivos el otro día, de forma particular, como también lo he hecho aquí, a los representantes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por lo que doy por reproducido lo dicho con anterioridad. Por otra parte, la Delegación no tendrá ningún problema en facilitar la mayor información posible, tanto nacional como internacional.
En cuanto al hecho de la presentación de la Memoria en octubre de 1993, si su señoría ha dejado entrever -y corríjame si me equivoco- que podría estar motivado por razones electorales, desde ahora le digo que no es así, sino que simplemente se ha tratado de un problema de ejecución material por parte de la empresa que tenía que imprimir la Memoria. Como eso consta documentalmente, no tengo inconveniente en señalarlo. Si no era esa su intención, no tenga en cuenta lo dicho.
Por otro lado, procuro leer cada uno de los documentos sobre los que sé que se me va a preguntar. En consecuencia, he leído muy bien el acta del señor Villoslada y también su intervención. Daba por hecho que me iba a preguntar sobre las cuestiones a las que se ha referido, pero no quiero tratar de la discusión sobre la anterior comparecencia del Delegado, sino que voy a dar una valoración esquemática de los datos que usted ha aportado y de la que usted ha hecho sobre los puntos concretos de la Memoria.
Si el 99 por ciento de los proyectos que usted dice que yo he mencionado estaban ya reflejados en esa Memoria, no debe tener la preocupación que ha mostrado acerca de que se produzca una congelación y que, al menos, debemos aspirar a lo que ya teníamos en proyecto. Sin embargo, yo creo que hay algunos otros. Usted puede enjuiciarme como quiera pero, tanto si se ha presentado uno, dos, 20, 30 ó 40 proyectos -los que ya estaban reflejados, o los que puedan llegar-, creo que la filosofía que he tratado de transmitir se refiere a que esos son los que, en este momento, tanto a la Delegación, como a mí personalmente, se nos ocurren como medios que hay que utilizar. Por supuesto, muchos de ellos han sido presentados, ofrecidos y debatidos por ustedes, nadie lo discute, y creo que aquellos que merezcan la pena, tendrán que seguir adelante.
Evidentemente, hay cosas que la Comisión Mixta Congreso-Senado que se han cumplido, y otras que quedan por cumplir. Por tanto, los proyectos que no se han ejecutado se tienen que considerar como proyectos que hay que realizar; el hecho de que no se hayan llevado a efecto no significa que se abandonen, sino que hemos de retomarlos, continuar con ellos y conseguir -si es que antes, por circunstancias que no vienen al caso, no se han podido llevar a la práctica- que en esta ocasión se puedan llevar a cabo.
Hay algunos proyectos más. Usted dice que en el campo del impulso legislativo es donde menos competencias tenemos, pero creo que también he dejado claro que desde la Delegación vamos a impulsar proyectos, aunque a veces probablemente no aparezcan como propios de la Delegación, puesto que la iniciativa parlamentaria le corresponderá a otro departamento ministerial. Precisamente una de las funciones de la Delegación es impulsar las políticas de coordinación, evaluar las que se lleven a cabo, y coordinar la distintas políticas y programas ministeriales. Nada impide que en cada uno de los campos que afecten a la droga, tanto en el de la prevención, como en el de la rehabilitación, o en el del tráfico, la Delegación emita su opinión e impulse la política correspondiente que, por supuesto, después será o no aceptada por el correspondiente departamento ministerial. La labor, entre otras, de la Delegación será conseguir que la aceptación sea la mayor posible, así como el apoyo de la propia Comisión de estudio.
Por otra parte, la relación con las Comunidades Autónomas es ciertamente buena, y lo va a seguir siendo. La labor fundamental la llevan las Comunidades Autónomas y también los ayuntamientos, cuya participación se canaliza a través de aquéllas. En definitiva, se trata de conseguir el máximo consenso, la máxima aplicación de todos y cada uno de los proyectos que están en marcha, se hayan ejecutado o no. Como digo, se trata precisamente de conseguirlo; por lo menos, vamos a intentarlo. Ya sé cuál es el presupuesto -ya tuvimos ocasión de debatirlo el jueves pasado- y creo que todavía se pueden conseguir mejoras.
En cualquier caso, vamos a aspirar a que lo que ya está en marchase siga realizando, y en lo que se refiere a lo que está por conseguir, todos tendremos que luchar

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para que así sea. Si no se consigue, no será por falta de intención y de trabajo de la Delegación. Soy consciente de que formo parte del Ejecutivo y de que hay una política general en materia presupuestaria a la que me tengo que someter, pero, precisamente por eso, tenemos que encontrar las fórmulas para llevar adelante los proyectos, conjugándolos con esas restricciones de tipo presupuestario.
En cuanto a que intento minimizar los parámetros dentro de lo que es la Memoria, por ejemplo, en lo que se refiere a la cuestión de la percepción social del problema, yo creo que no.
La Memoria es bastante clara en cuanto a la exposición de la percepción social. No es el 68 por ciento de la población el que dice que el problema de la droga va mejor o peor; es el 42 o el 43 por ciento, que dicen que está más o menos igual; un tanto por ciento menos elevado dice que ha ido a peor y un tanto por ciento, también menos elevado, que ha ido a mejor.
Como antes he mencionado, el 68 por ciento de los ciudadanos estiman que no deben utilizarse procedimientos de entrega gratuita de sustancias a toxicómanos. También he hecho la valoración al respecto, con lo cual no voy a entrar en ello otra vez.
En lo que se refiere a mejorar los parámetros de la Memoria creo que a lo largo de mi prolija exposición ya he hecho mención a ello, aunque quizá no con el excesivo detalle que precisa hacerlo cada uno de estos temas, porque, insisto, yo había pensado que la Memoria iba a ser objeto -y debe serlo de todas formas- de estudio detenido por parte de la Comisión y del Delegado del Plan Nacional sobre Droga.
En cuanto a los parámetros que se han utilizado para establecer que en la última década se ha producido una disminución de los hábitos de consumo en derivados del cannabis -no un aumento-, podemos introducir esos parámetros y otros más. Es decir, podemos tomar el parámetro de diez años y también, por qué no, el del año o los dos años anteriores. La cuestión está en optimizar al máximo los datos que presenta la Memoria, no para que sirvan de protección a nadie, sino par que reflejen la situación real del problema; de eso se trata y creo que todos nos vamos a encontrar en esa dinámica.
Es cierto que hay determinadas organizaciones no gubernamentales u otras instituciones que hablan de unos porcentajes distintos o diferentes de los que maneja la Delegación. Sin querer decir que esos porcentajes sean erróneos, sino todo lo contrario, pueden ser muy ciertos, hay que tener en cuenta un matiz que usted ha pasado por alto. La Delegación del Plan Nacional sobre Drogas habla de datos globales y, por tanto, más allá de lo que es Proyecto Hombre, de lo que es la población universitaria o de lo que es cualquiera otra de las organizaciones no gubernamentales.
Es decir, globaliza mucho más los datos y necesariamente tienen que ser diferentes.
En cuanto a los cambios de hábitos, es un hecho constatado que éstos se han producido y en gran medida -probablemente en un tanto por ciento muy elevado- en la cuestión de la heroína.
Hay una huida de la vía parenteral o inyectada a vías de inhalación o de fumar, evidentemente por el miedo al contagio del sida. ¿Quiere ello decir que es mejor un sistema que otro? Cuando menos, el sistema de inhalación o de fumar la droga producirá esos efectos nocivos y en muchos casos letales, pero quizá no nos dé ese espectáculo que estamos acostumbrados a ver con las jeringas clavadas en los brazos cuando la muerte se produce por sobredosis. Eso no es ni mejor ni peor. No podemos hablar de posiciones mejores o peores, pero de lo que sí podemos hablar es de que hay un cambio evidente en las costumbres.
En cuanto a las muertes, he de decir que, cuando utilizo datos estadísticos me da un miedo terrible porque, normalmente, al final la realidad no desmiente cada uno de los datos estadísticos que damos y, en cualquier caso, el valorar una serie de circunstancias o de elementos por los cuales se tiene en cuenta un baremo determinado y otros por los que se tiene en cuenta otro diferente nos puede llevar a desconexiones. Es cierto que el SEIT afecta a seis ciudades importantes de este país, pero, si me apremia, entre el noventa y tantos al cien por cien es ahí donde se producen las muertes por sobredosis.
La técnica del SEIT es más depurada que la de la policía aunque es mejorable y se trata de mejorarla al máximo, introduciendo más elementos a tener en cuenta. Ello no quiere decir que tengamos que abandonar las estadísticas de la policía que responden a unas coordenadas muy concretas, pero tendremos que encontrar la fórmula para que no haya distorsiones o ambas cantidades se compenetren. También estamos trabajando en ello al respecto.
Le insisto que me da pánico manejar las cifras cuando estamos hablando de muertes. La policía establece una disminución de 813 a 809 fallecimientos por reacción aguda a sobredosis. Ahí se incluye incluso algún ajuste de cuentas o muertes relacionadas con este tipo de fallecimientos. Le puedo avanzar con la provisionalidad, insisto, que me dan las cifras que manejo en este momento, que a 30 de septiembre del año 1993 las muertes registradas por reacción aguda a drogas y recogidas por la policía, es de 492. Quedan tres meses para finalizar el año y en un índice, por muy elevado que sea, no nos llevará, afortunadamente, más allá de los 620 casos; es decir, casi 150 casos menos registrados del año 1993 respecto al año 1992. Creo que esto es un motivo para que todos nos alegremos. Insisto en que son datos provisionales facilitados por la policía.
En la comparecencia del señor Villoslada, usted decía que había un aumento de muertes entre los jóvenes de menos de 16 años y que era un fenómeno a tener en cuenta. Por supuesto que sí. Pero en cuanto al porcentaje que usted planteaba ya en aquella ocasión, si no recuero mal -se lo digo porque he comprobado los archivos de la Delegación, precisamente porque imaginaba que esta cuestión se iba a producir aquí-, se hizo

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el estudio correspondiente y de los seis casos que recogía la Memoria de la policía, cuatro no eran menores de 16 años -según se pudo conocer después- y uno respondía a un ajuste de cuentas.
Debió de ser uno, dos o tres -corríjame-, no sé exactamente, pero los datos son esos.
Es decir, no era la cantidad que usted manejó aquel día.
En cuanto a los decomisos llevamos razón los dos. Por una parte, hay que alegrarse y tenemos que felicitarnos de que la policía española -policía, Guardia Civil o vigilancia aduanera, no hay que olvidar el gran desarrollo de actividades que realiza esta institución- consiga cuantas más aprehensiones mejor. Usted conocerá perfectamente que mi filosofía no va tanto al ámbito de la represión -tampoco es cuestión de analizarlo ahora aquí-, como al control y la recepción de alijos, y cuantos más alijos mejor, sino de otra forma muy distinta de ataque a las organizaciones criminales, a la infraestructura, al blanqueo de capitales, a los aspectos financieros, etcétera. Pero eso creo que es conocido por todos los que estamos aquí y tampoco hay que abundar en ello.
También es verdad que si hay muchos alijos aprehendidos, eso indica que España no es sólo un tránsito de paso de las sustancias. Las estadísticas que he estado manejando evidencia que España no sólo es el puente de paso de determinadas sustancias hacia Europa, sino que también es país de consumo.
Somos terminales en cuanto a la heroína. Por ejemplo, somos paso de cocaína y de hachís y también somos terminales en cuanto a las drogas de diseño. En consecuencia, no cabe ocultar que hay una estrecha relación de estos dos problemas.
En cuanto a la reducción de la demanda, creo que a lo largo de mi exposición he puesto un especial énfasis -si no ha quedado claro lo pongo ahora- en los aspectos preventivos. He dicho que hay que generar una cultura al rechazo. Soy consciente de los problemas del alcohol. Los he resaltado bastante claramente. No rehúyo ningún tipo de responsabilidad que en el futuro me pueda corresponder. He dicho que hay que coordinar los esfuerzos en un tema tan delicado como es el tema del alcohol, que si delicado es luchar contra la droga ilícita, más lo es en el caso del alcohol; que hay que exigir cumplimiento de la normativa; que hay que procurar que se lleve con el máximo rigor ese cumplimiento de la legislación vigente y que hay que abordar una mejor regulación y una más exhaustiva y rigurosa legislación de publicidad. Por supuesto que la Delegación no va a ser quien presente a la sociedad esos proyectos, pero sí está dentro de las competencias de la Delegación impulsarlas y, por lo menos, intentarlo lo vamos a intentar; es más, ya le he dicho que estamos trabajando.
Usted se ha referido a que se crean diez comisiones. Diez, quince, veinte, las que sean necesarias. Cuando yo utilizo la expresión comisiones, me refiero a comisiones de trabajo.
Cuando he utilizado la expresión de comisiones de trabajo las ONG, es que ya he contactado con la coordinadora de las ONG y con una serie de organizaciones diciéndoles que en la delegación del Plan Nacional sobre Drogas van a tener el foro abierto para exponer todos y cada uno de los problemas que les afectan, precisamente para la propia información de la delegación y para trabajar conjuntamente con ellos, por ser el voluntariado aquel que cataliza realmente el problema. Yo a esto lo he llamado comisión, pero también puede llamarse contacto, grupo de trabajo, etcétera, es decir, se trata de canalizar de alguna manera esa comunicación más fluida, que yo entiendo que debe hacerse y que, insisto, ya estamos llevando a cabo.
En cuanto a que se puede mejorar la prevención, es evidente. Para eso estamos aquí y no creo que nadie dude de que se va a poner énfasis en la prevención, como internacionalmente se está reconociendo. Antes decía que en Estados Unidos se va a producir una inversión importante, realzando y resaltando los aspectos preventivos, sanitarios y de control de demanda. Pero eso no nos puede hacer olvidar todo lo demás, y a eso es a lo que yo me he referido.
En lo que se refiere a que es necesario mejorar todos los esfuerzos en educación y otros, estoy de acuerdo con usted.
Insisto en que la relatividad de los datos estadísticos es muy importante. También habría que resaltar que hay un coordinador territorial dentro del Ministerio de Educación y Ciencia en cada uno de los territorios que se ocupa de estos asuntos.
Conseguir que más profesores sean expertos en estas materias, estudien, concurran a cursos, etcétera, es una de las intenciones permanentes de la delegación y con o sin presupuesto, le aseguro que voy a intentar que esos convenios se lleven adelante. Habrá algunos que sea imposible, pero lo voy a proponer y voy a insistir y no por el hecho de que se me diga que no lo voy a conseguir, lo voy a dejar de hacer. Tenga usted en cuenta que suelo ser bastante terco en mis planteamientos.
Es cierto que el esfuerzo en educación para la salud es y debe ser continuo. En esto le puedo decir que no tenemos sino que continuar la política de la delegación y de todas y cada una de las Comunidades Autónomas, lo mismo que en los aspectos preventivos. Aquí no tengo que anunciar nuevas medidas espectaculares, sino simplemente continuar, porque creo que se va por buen camino. Se pueden optimizar todos los recursos y las medidas, y pienso que en eso nos encontraremos.
En cuanto a que se lleva un año de retraso, tengo que decirle que vamos a intentar adelantarlo. Deduzco, por el contenido de su intervención, que el plazo de un año que me dio el otro día en la Comisión hablando del presupuesto está casi a punto de retirarlo.
Espero que mantenga ese plazo, por lo menos para tratar de llegar al final del mismo con una serie de proyectos aprobados.
Ha hablado de la utilización de los medios de comunicación públicos. Evidentemente hay que cargarlos, pero no solamente en los públicos, sino también en los

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privados y habrá que establecer los convenios necesarios. Ya hay convenios, como le decía antes, con la FAD, que habrá que evaluar en todo su alcance para que podamos canalizar de alguna forma ese contenido, esa carga educativa a la que usted hacía referencia, con la que estoy totalmente de acuerdo. En la anterior comparecencia usted llegó a emitir, incluso, un porcentaje de emisión pública en los programas educativos.
Quisiera que me dijera su fuente de información, porque he tratado de conseguirla y no me ha sido posible en el escaso margen de tiempo que he tenido.
En cuanto a instituciones penitenciarias, tengo que decirle que sí se han hecho cosas. Usted planteaba en su anterior comparecencia por qué en los programas preventivos de prisiones sólo ha participado un 13 por ciento de los reclusos, si no lo recogí mal. No es cierto que sólo un 13 por ciento de los reclusos se haya beneficiado de los programas preventivos en los centros penitenciarios. Este porcentaje corresponde al de internos que han participado en programas específicos. Además de estos programas, la institución penitenciaria desarrolla estrategias, como usted perfectamente sabe, de distinto nivel, destinadas a objetivos de prevención sanitaria: control de patologías, información de riesgo, vacunaciones, reducción de daños, etcétera, que van dirigidas a la totalidad de la población reclusa. Entonces, no es exacto decir que sólo el 13 por ciento ha participado. Hay que tener en cuenta que la necesidad de optimizar resultados obliga a diversificar las actuaciones, contemplando distintas fórmulas que se acoplen a las poblaciones diferenciadas y a los niveles de motivación muy diversos que concurren dentro de cada prisión.
También ha planteado usted, en ese nuevo desarrollo de macrocárceles, que iban a ser difícilmente compatibles con las medidas que ofrecemos de suspensión de procedimiento de cumplimiento dentro de la prisión, pero con un tratamiento alternativo que haga posible no sólo la rehabilitación social, sino la personal del sujeto en aquellos casos que estén por encima del tope de pena que necesariamente se tiene que establecer en los primeros. Yo le puedo decir que en alguno de los contactos mantenidos con el Secretario de Estado para Instituciones Penitenciarias ya hay en algunas de las prisiones o macrocárceles que están en proyecto la posibilidad, y estamos trabajando en ello, de que determinadas alas, pabellones, etcétera, se acomoden para cumplir adecuadamente esa finalidad.
Yo sé que es difícil y complicado presupuestariamente. Tenemos un ejemplo en Tenerife-II que está funcionando, y yo creo que bien.
Es cuestión de generalizar la cuestión.
Por otra parte, en 1992 hubo programas especializados con equipos específicos en cincuenta centros penitenciarios, además de otros veintiún centros, donde existieron programas sobre drogodependencias, aunque de carácter menos desarrollado. En 1991 hubo 43 centros con programas específicos -en consecuencia, ha habido un aumento-, montados en colaboración con los recursos autonómicos y comunitarios.
En cuanto a los proyectos, decía usted que con mi nombramiento se había creado una expectativa importante. Esa es la valoración que cada uno le ha querido dar. Para mí es la de que me han nombrado y he aceptado el cargo. Yo no quiero generar expectativa, sino trabajar y hacerlo en conjunto y conseguir proyectos no para el éxito personal, sino para el de la función y misión que hoy nos reúne aquí.
En lo que se refiere a la justificación del rango, tengo que recordarle que le di una respuesta que no compartió conmigo en la Comisión de Presupuestos. La reitero aquí y la doy por reproducida, ya que consta en las actas del Congreso.
En cuanto al aparato administrativo del que me he rodeado, sí le quiero contestar, porque no es justo que usted dé la impresión de que me he rodeado de una superestructura, con la cual nos estamos moviendo como tentáculos, como pulpos. No, el Gabinete está formado por un Jefe de Gabinete y por dos técnicos, dos asesores ejecutivos, que es lo mínimo que existe. La dotación presupuestaria es la mínima que se podía establecer y le dije -y ahí es donde quizá no estemos de acuerdo- que el rango de Secretario de Estado no tenía que haberse dado ahora, sino mucho tiempo atrás por la importancia de sus funciones, aunque tengo las mismas competencias -no lo reconozco por primera vez, como dijo usted el otro día, sino desde hace mucho tiempo-, a pesar de que se insista en que yo doy a entender que quiero tener otras competencias.
Otra cuestión es el esfuerzo legal. Yo creo que ya está dada la respuesta del esfuerzo legal. Aunque considere que no es competencia de la delegación, yo pienso que sí lo es. Vamos a hacer ese esfuerzo. El esfuerzo legal implica que la delegación impulse todas aquellas políticas que tengan relación con la droga, al menos así lo entiendo yo, y creo que de la lectura del Real Decreto-ley de 1985 no se desprende otra cosa. No tiene que ser necesariamente la Delegación o el Ministerio de Asuntos Sociales quien presente la iniciativa parlamentaria.
Evidentemente, yo tendré algo que decir, la delegación, no quiero personalizar, por ejemplo, en el cumplimiento íntegro de las penas; en el blanqueo de capitales; en todos los temas de prevención; en la suspensión de procedimientos, rehabilitación, etcétera. Tiene que decir bastante porque, entre otras cosas, es el organismo que representa a todo el Estado español en organismos internacionales, en Naciones Unidas. Sí tenemos que decir bastante, y creo que es una de las misiones importantes.
En cuanto al Consejo asesor, espero que cuando nos sentemos a hablar y a discutir y a armonizar los proyectos coincidiremos casi al cien por cien. El consejo asesor no me parece un organismo al que se tenga que minusvalorar; si estamos hablando de la implicación social, creo que hay que potenciar iniciativas de este tipo. Sobre cómo encajar el tema presupuestario, pienso

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que será cuestión que tendremos que ver y analizar, pero al menos tenemos que empezar a trabajar en el diseño de lo que ha de ser el consejo asesor. Por el hecho de que no haya dinero que nos lleve a ejecutar todos y cada uno de los proyectos que quisiéramos no vamos a renunciar a diseñarlos y a intentar ponerlos en práctica entre todos.
Evidentemente, los presupuestos son de momento los mismos, y creo que se puede intentar, a través de la Ley del Fondo o de cualquier otro mecanismo, que se refuercen esos presupuestos de la Delegación.
En cuanto a la Ley del Fondo y al régimen transitorio, tendremos que esperar a que se apruebe la correspondiente disposición transitoria. Tendremos que esperar al debate sobre la Ley General Presupuestaria y ver si hay acoplamiento presupuestario dentro de la misma para que, inmediatamente que se regule esa Ley del Fondo, pueda entrar en funcionamiento.
Mi aspiración es, como he dicho antes, que no se haga una mera norma vacía y hueca, sino que tendremos que establecer un sistema que permita que ese fondo funcione inmediatamente. Si me pregunta en este momento cuáles son mis fórmulas, tendría que decirle que no las tengo totalmente diseñadas y que tenemos que esperar a la coyuntura específica de la Ley de Presupuestos y del proyecto que está en el Parlamento.
Referente a la calificación de quijotismo, evidentemente, todos los esfuerzos que se hagan son pocos. La afirmación que yo hice hace un año en un foro muy concreto y muy determinado yo quisiera que al día siguiente, hoy, fuera distinta, y aspiro a que sea así. Si el esfuerzo de todos era necesario entonces, también lo es ahora. ¿Que es quijotismo tratar de que las cosas vayan mejor? Por supuesto que sí, pero es que si no es con el esfuerzo de todos, no conseguimos avanzar.
Cualquier elemento que sirva para que esa conjunción de políticas coordenadas siga adelante es bueno tenerlo en cuenta.
En cuanto al alcohol, en ningún momento he dejado de traslucir que sirva de excusa que hay alcoholismo que afecta a los jóvenes para no tomar medidas, sino todo lo contrario. Creo que hay que analizar en profundidad por qué se está produciendo ese fenómeno y, una vez analizado, establecer las medidas que puedan paliarlo, pero además -y lo he dicho también- en ningún momento eso implica dejación de la acción de la Administración. La Administración está obligada, por mi mano o por la de quien corresponda, a tomar las medidas, y lo que hará la Delegación será impulsar esos acuerdos, esos proyectos, porque el alcoholismo, el alcohol, es uno de los puntos principales de interés del Plan Nacional sobre Drogas, no sólo de la Delegación, sino también de las comunidades autónomas y de organismos no gubernamentales, y se viene trabajando en ese ámbito desde hace bastante tiempo.
En lo referente a las drogas de diseño, creo que, aunque es una amenaza evidente que se está arraigando, precisamente por eso, y ante la gravedad de esta cuestión, hay que tomar medidas preventivas urgentes para evitar que por lo menos este tipo de drogas tomen también carta de naturaleza en nuestro país.
Igualmente, en cuanto a la gravedad de las cuestiones de sida, drogas de diseño, como le he dicho, yo no creo que haya falta de sensibilidad por parte ni del Ejecutivo ni de la Delegación de Gobierno a la hora de tratar estos temas. Todo lo contrario: yo creo que hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, del Ejecutivo y también de todos los demás sectores implicados para que la lucha contra este fenómeno sea también lo más efectiva posible.
En relación con el presupuesto, usted sabe perfectamente que no es sólo el de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas, como usted muy bien ha dicho, sino que hay también en comunidades, en otros ministerios, en Sanidad también lo hay en los temas relativos al Insalud. Ya le explicaba el otro día el cambio en el capítulo IV de los conceptos 421 a 456. En consecuencia, hay presupuestos en otros departamentos ministeriales que se van a utilizar y se están utilizando en esta misma política de prevención.
Respecto a la rehabilitación y la creación de centros, no sé si usted recuerda -yo sí lo recuerdo- que en el programa de las elecciones de la formación política a la que yo pertenezco se mencionaban los centros -150, si no recuerdo mal- en colaboración con las comunidades autónomas. Le invito a que mire el programa, y probablemente encontrará esa muletilla, que es muy importante porque usted sabe que hay que contar en este tema con las comunidades autónomas. Yo lo he dicho en mi exposición, no he eludido el aumento de centros, aunque no he precisado el número, pero he dicho que se promoverá la creación de centros contando con la colaboración de las comunidades autónomas y de todas las entidades implicadas.
En cuanto a la represión, en lo referente al cumplimiento íntegro de las penas, el Delegado que le habla y la Delegación tiene al respecto una posición bastante clara. No se trata de que el cumplimiento de las penas se mantenga en su integridad, sino que la pena tiene que ser cumplida en los justos términos que sirvan de respuesta a la conducta y a la condena en concreto de que se trate. No hay que generalizar. Primero, este debate se tiene que producir dentro del Código Penal. Al efecto, la Delegación emitirá su opinión, como ya la ha emitido también en relación a la proposición de la ley del Grupo Popular para el Congreso.
Lo que yo digo es que, dentro del marco de regulación general de penas, hay que establecer las penas que sean adecuadas a las conductas que se trata de reprimir, pero no se puede hacer equivalente la conducta de unos y de otros, sino que hay que establecer el régimen amplio del cumplimiento de pena que sea respuesta adecuada y, por supuesto, que no se produzca ese incumplimiento de hecho que actualmente se produce en determinadas conductas que son muy perturbadoras. Me refiero, evidentemente, a narcotráfico y

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terrorismo, por ejemplo, pero la regulación de la cuestión de las penas es mucho más amplia que todo eso, y creo que en su momento tendremos ocasión de debatirlo con amplitud.
En cuanto al último tema, sobre la represión, me pregunta usted si me gustaría tener más competencias. ¿Quiere usted que se lo diga claramente? No. Estoy dispuesto a decirlo una y mil veces; he explicado que no tengo más competencias, que no persigo más competencias, pero que ello no me va a hacer renunciar, no como persona, sino como Delegado del Plan Nacional sobre la Droga, a impulsar las políticas que correspondan, coordinar las políticas que afecten al tema droga en los distintos departamentos ministeriales y evaluar aquellas que los demás apliquen sobre estos temas, porque es mi competencia como Delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
Así pues, en cuantos casos sea preciso, y que sean competencia de la Delegación, emitiré mi parecer y daré a conocer mi punto de vista para que se tenga en cuenta o, en su caso, por lo menos conste como emitido.
En cuanto al artículo que me menciona, yo me alegro de que lo haya leído porque es una reflexión interesante para todos.
Dice usted que no hablo de la prevención, de la rehabilitación, pero tengo que decirle que es un artículo de prensa, no es un tratado. Si quiere usted, en cualquier momento tendremos ocasión de hablar de la rehabilitación, de la prevención, etcétera; yo lo menciono, y creo que queda perfectamente clara cuál es la idea al respecto en los temas de rehabilitación, de prevención, de participación del voluntariado, etcétera. Déjeme, por favor, la iniciativa intelectual, que yo emita mis opiniones al respecto.
No puedo renunciar a mi acervo profesional y, evidentemente, si soy o no soy experto en determinados campos, el tiempo lo dirá, pero es lo que creo al respecto, así como que es necesario hacer esa política inteligente. Ahí quedan expuestas cuáles son las ideas de Baltasar Garzón, a la sazón Delegado del Plan Nacional sobre Drogas.
Creo que están prácticamente contestadas todas las cuestiones. Le insisto en que estoy convencido de que, aparte de lo que es la dialéctica parlamentaria, nos vamos a entender perfectamente en este foro porque todos estamos trabajando en la misma línea, con diferencia de criterios, pero en la misma línea y, por supuesto, aceptando todas las críticas y todas las omisiones que, por mi parte, se puedan cometer para, precisamente, corregirlas.
Gracias.


El señor PRESIDENTE Gracias, señor Garzón.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don José Luis Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.


En primer lugar, al igual que el resto de los Grupos Parlamentarios, queremos transmitir nuestro saludo al Delegado del Plan del Gobierno de lucha contra la droga, así como transmitir nuestro agradecimiento, en primer lugar, porque se haya producido la iniciativa de su comparecencia desde la propia Delegación, lo cual creo que hay que valorar en sus propios términos y, en segundo lugar, porque haya sido tan rápida esa iniciativa desde su nombramiento y desde la constitución de la Comisión Mixta en esta legislatura. Bien es cierto que esa rapidez ha tenido una reciprocidad quizá poco comprensible, porque lo que han sido rápidos son el examen y el juicio, es decir, en este caso parece que al Delegado actual se le ha privado del período de tiempo que, evidentemente, se da en la función y en la responsabilidad.
Más allá de esas consideraciones, quería resaltar que hemos apreciado en su exhaustiva exposición una voluntad de impulso claro de lo que han sido todas las políticas integradas en el Plan Nacional sobre Drogas, reflejadas en buena medida en la Memoria y que, además, responde básicamente ese conjunto de medidas -y esto me gustaría subrayarlo, porque creo que es muy importante- al Informe que esta Comisión Mixta elaboró y aprobó en su día por amplia mayoría o, incluso, por unanimidad. Por consiguiente, ese me parece un punto de referencia importante. No estamos en un momento de ruptura. Se ha dicho aquí que el Informe, o la exposición, o muchas de las propuestas de medidas, son continuistas; creo que eso es positivo, porque si algo exige la lucha contra la droga -seguramente el señor Garzón lo conoce bien- es la tenacidad y la coherencia en las políticas que, si están respaldadas por la inmensa mayoría de los Grupos Parlamentarios, han de ser bien venidas y bien recibidas. Con otra posición correríamos el riesgo de ruptura, de incoherencia, de no continuidad, y creo que eso no sería positivo.
Desde esa valoración, creo que la Comisión Mixta para el Estudio de la Droga -quiero poner énfasis en esa expresión- debe evaluar en este momento o debe intentar aportar, lo que creo que es la labor de los Grupos, más que una labor de examen, o de juicio, una labor de colaboración, de aportar alguna idea, de intentar transmitir alguna sugerencia, incluso de profundizar en alguna de las cuestiones que aquí se han planteado, porque, insisto, no creo que éste sea el momento del examen, o de un juicio previo.
No obstante, no puedo obviar alguna de las cosas que se han dicho aquí y entrar ya en una línea de examen del examen, porque creo que también nos es lícito a algún Grupo Parlamentario.
Se ha referido aquí, como uno de los elementos críticos, que la Memoria que se nos ha presentado, y que en principio iba a ser, no sé si será así, la voluntad de

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la Mesa o de la Junta de Portavoces analizada en una sesión de la Comisión Mixta, había sido ya referida, básicamente, por el anterior Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas. Creo que esa invocación al Acta que hemos tenido aquí ocasión de escuchar, por parte de algún Portavoz, ha sido algo sesgada en el contenido. Voy a leer textualmente algunas de las referencias que se hacen en ese Acta que, obviamente, todos hemos leído y que yo, casualmente, tengo aquí, porque lo que en su día hizo el señor Villoslada, fundamentalmente, fue hacer «proyecciones», y así está matizado en su propia intervención; hay dos incisos, los únicos que se refieren en la Memoria de 1992 que, concretamente, dicen, en la página 1.759: «En cuanto al consumo en sí, los datos de que disponemos en este momento no son completos, porque todavía no tenemos toda la información». Nos permiten afirmar que durante 1992, y hace una especie de previsión, página 1.760, inciso: «En el año 1992» -dice el anterior Delegado del Plan- «todavía no tenemos los datos finales; calculamos por extrapolación que hay, aproximadamente, unos 40.000 drogodependientes». Por tanto, hago una invocación al rigor para que, cuando se está haciendo un examen de la envergadura del que aquí algún Grupo ha pretendido plantear, seamos perfectamente rigurosos con lo que en su momento se ha dicho y con la coherencia que supone presentar ahora una Memoria de la totalidad de la información sobre el año 1992.
En ese sentido, también tendría que hacer otra referencia, porque ha habido un pequeño comentario sobre los compromisos electorales del Grupo, o del Partido, Socialista, sobre los 150 centros que, evidentemente, son un compromiso del Partido Socialista en la última confrontación electoral y que parece que a algún Grupo le suponen un referente excesivamente ambicioso. Quiero resaltar que la evolución habida en estos años respecto a la creación de centros con las Comunidades Autónomas ha sido tan positiva que, por ejemplo, de 525 centros en el año 1991 pasamos a 635 centros en 1992. Si el compromiso electoral del Partido Socialista es de 150 en la legislatura, me parece que es fácilmente alcanzable.
Exactamente igual respecto a las alusiones a la política en relación con las instituciones penitenciarias. Soy personalmente muy sensible en este tema, y quiero decir que en este ámbito sí se ha producido un cambio, un vuelco y un esfuerzo tremendo en los últimos años desde la hoy Secretaría de Estado en todo lo que afecta a políticas de prevención y de asistencia en materia de drogadicción. Me atrevería a decir que quizá viendo los datos, que se pueden evaluar desde los años 1985 y 1986, el cambio ha sido radical: de una ausencia, prácticamente, de políticas, a una situación en la que seguramente la mayoría de las personas -si son muchas, como aquí se ha dicho- afectadas tienen, en estos momentos, algún tipo de atención o de políticas de prevención.
Desde esa perspectiva, y con alguna matización que podríamos incorporar, quisiera, básicamente, hacer una consideración inicial para luego transmitir alguna pregunta o alguna sugerencia al Delegado. Esa consideración de carácter general viene dada por una reflexión que, al hilo de las intervenciones, he tenido. Creo que más allá del debate -y en esto comparto la posición del Delegado-, de las cifras, de los datos, de una y otra evolución, de una y otra problemática, hay algo que me parece que, en términos políticos, tiene que tener mucho más valor, porque siempre las cifras son legibles y manejables en función de las propias circunstancias, como pasa con el tema de los decomisos.
Yo creo que la valoración es cuál es la percepción política que tenemos los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos, sobre el fenómeno social que se está produciendo. En ese sentido, quiero destacar, porque a veces se hace, seguramente, de pasada, que algo tendrá que ver lo que entre todos se está haciendo cuando es constatable -insisto, más allá de las cifras- que la inmensa mayoría de la juventud española tiene, en estos momentos, una reacción francamente ilusionante y francamente positiva ante el fenómeno de la droga. Creo que esa es la mejor campaña publicitaria que la sociedad española puede tener, y se está desarrollando. Eso, haciendo labor política, estando un poco en la calle, creo que es una percepción notable. Sin duda alguna, aunque la inversión sea lo mejor a más largo plazo, ahí habrá una reflexión importante. En segundo lugar, tengo otra percepción, traducida en imágenes, y es que creo que hoy la sociedad española es consciente de que la lucha activa, la represión contra el narcotráfico, es una realidad. Las imágenes de los juicios a las que estamos asistiendo de algunas de las redes más significativas, también es evidente. Por tanto, permítasenos transmitir, no una posición de complacencia, porque, evidentemente, en esta materia nunca la podrá haber, pero sí de cierta esperanza, sobre todo pensando en el futuro con la actitud que percibimos en amplios sectores de la juventud.
Desde esa reflexión que, seguramente, es un fruto y un esfuerzo colectivo, como corresponde a la filosofía del Plan que creo que el Delegado ha relatado y expuesto con absoluta coherencia, voy a hacer alguna pregunta o sugerencia que me gustaría pudiera responder el Delegado. En el informe que esta Comisión Mixta aprobó, y también en la Memoria, hay una consideración muy significativa -ya que la política de coordinación se pone siempre como referente en esta materia- sobre la importancia que las Corporaciones locales, básicamente los ayuntamientos pero también las Diputaciones, pueden tener en el papel decisivo de prevención y colaboración en la represión, dada la cercanía institucional, política, que tienen con los ciudadanos. Nos gustaría que nos comentara cuáles son en ese terreno -porque, insisto, es uno de los puntos del

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Informe- las perspectivas o la opinión de la Delegación.
En segundo lugar, compartimos plenamente -y el Grupo Socialista va a dar su apoyo inequívoco en este caso a la Delegación del Plan- todo lo que sean políticas tendentes a disminuir ese fenómeno del alcohol, especialmente entre la juventud, seguramente alternativo, preocupante, pero que creo que estamos todavía en un momento bueno para atacarlo con dureza. Va a encontrar en el Grupo Socialista el apoyo a todas las iniciativas que requiere en estos momentos la situación, que está preocupando seriamente a muchas familias españolas y que posiblemente exigirá alguna medida legislativa y alguna acción paralela.
Obviamente, el Grupo Parlamentario Socialista apoya la creación del Consejo Asesor en materia de lucha contra la droga. Es un compromiso electoral del propio Partido Socialista y creemos que puede ser un foro importante, sobre todo de participación de la sociedad, que a través de sus organizaciones adquiere una relevancia especial en esta tarea.
Creemos también -como algún otro Grupo ha señalado- que es necesario intensificar los programas educativos, de formación, no sólo en el ámbito del Ministerio de Educación, sino en otros en los que ya se han iniciado, que son incipientes. Hay uno de ellos que, quizá, tiene una especial sensibilidad, como es el de los funcionarios de prisiones, donde seguramente se debe hacer una labor mucho más beligerante -que ya se ha venido desarrollando- por el foco de reproducción de mecanismos de comportamiento negativos que supone para muchas personas.
Obviamente, también tendrá nuestro apoyo inequívoco la ley del fondo. Hay que matizar que la ley de presupuestos aún no ha sido aprobada, hay un trámite parlamentario que cumplir y, desde luego, la articulación jurídico-financiera que exige esta medida novedosa -novedosa, sin duda alguna, pero creo que de amplio calado político- de existencia de recursos para la lucha contra la droga va a requerir el compromiso de todos.
También ratifico el apoyo a la ley que en estos momentos está en tramitación parlamentaria sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aunque sí voy a hacer alguna consideración sobre su importancia. Ha habido en este punto alguna alusión a una Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y yo no puedo dejar de manifestar que el Grupo Socialista constata el cambio radical de actitud de algún Grupo en torno a esta ley; un cambio que yo creo que ha sido aconsejado por la prudencia, pues era inexplicable alguna posición anterior, y que nos gustaría que permaneciera, porque en el trámite de aprobación de la ley el Grupo Parlamentario Socialista ha incorporado ya en Ponencia enmiendas que endurecen el proyecto y que, sin duda alguna, atacan el problema -en mi opinión, quizá, el fundamental- del control de la oferta y, por consiguiente, en buena medida, el de la prevención en esa dirección.
También creemos que es necesario atacar medidas como las que ha propuesto el Delegado del Plan sobre la situación penitenciaria, o que puedan afectar a alguna reforma, incluso, del Reglamento, de la Ley Penitenciaria o del Código Penal. En ese sentido, vamos a trabajar con la suficiente prudencia.
Y, para terminar, diré que entendemos -por lo menos esa es la opinión del Grupo Socialista- que la Comisión puede estar hoy tranquila sobre las perspectivas de futuro, porque hemos escuchado un conjunto de medidas coherentes, sensatas, que van en la línea de lo que esta Comisión ha venido debatiendo, a veces en círculo cerrado -como algún portavoz dijo en algún momento-, y yo creo que no es necesario seguir hablando siempre de lo mismo. Hay novedades, aunque seguramente algunos no han sabido valorar la importancia de las mismas, y desde nuestra perspectiva, y en ese esfuerzo conjunto, creemos que la Delegación del Gobierno para la lucha contra la Droga va a ayudar a esta Comisión a que siga cumpliendo ese papel de foro de referencia institucional, de representación del pueblo en todo lo que es la lucha contra la droga.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Garzón.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Gracias, señor Presidente, y gracias también al portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión por la bienvenida.
Es cierto que a primeros de septiembre solicité la comparecencia ante la Comisión a través de la Ministra de Asuntos Sociales.
Después, por problemas parlamentarios, no ha llegado a constituirse hasta el 10-11 de octubre. Hubiese sido mi deseo -lo he vuelto a decir- que la primera comparecencia, el primer contacto hubiese sido el de presentación de la Memoria, por deferencia hacia los Grupos Parlamentarios y por deferencia hacia la Comisión, pero, a la vez, hubiera sido poco operativo si, presentada la Memoria en ese momento, no hubiésemos tenido el tiempo necesario para debatirla, estudiarla y poder hacer un nuevo examen y una reflexión profunda sobre el contenido de sus datos -como he solicitado antes de que se haga otro momento-, como probablemente habría sucedido.
En cuanto a que las medidas van muy en la línea del Informe emitido por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio del problema de la droga, es cierto, y es cierto también que ya algunas de ellas están recogidas en ese Informe. Hay algunas -como decía- que se han cumplido, otras que están por cumplir y, en cualquier caso, será éste el foro donde tengamos que

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debatir las causas por las cuales no se han llevado a efecto y se pueden acometer de nuevo.
Respecto a la pregunta que me hacía sobre la participación de los municipios en el Plan Nacional sobre Drogas, es cierto que los municipios son, quizá, la entidad administrativa más próxima al problema -de hecho hay importantes municipios que tienen planes de drogas: Madrid, Valencia, o cualquier otro que podamos mencionar aquí-; es cierto que debemos procurar que haya un contacto fluido, es un tema abierto, y es cierto que se ha planteado ya en alguna ocasión, y así, en el propio diseño del Plan Nacional sobre Drogas, cuando se crea en Consejo de Ministros el 24 de julio, se habla de los ayuntamientos como la Administración más cercana al ciudadano para que se tenga que oír lo que esta Administración tiene que decir al respecto. De momento, la actuación se viene haciendo a través de las Comunidades Autónomas; hubo alguna polémica al respecto en alguna Conferencia Sectorial, pero en líneas generales la situación es que la participación se lleva a cabo a través de las Comunidades Autónomas, aunque también es cierto que a lo largo de 1991 y 1992, con el objeto de reforzar una colaboración más fluida con el Plan Nacional sobre Drogas, se organizó un seminario que culminó con un documento en el que se recogían las principales recomendaciones de municipios, Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias.
En consecuencia, aparte de las intervenciones puntuales que la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas tiene en colaboración con determinados planes municipales, es un tema abierto que podrá ser estudiado y que podrá ser debatido tanto en esta Comisión como en cualquier otro foro.
En cuanto a las demás cuestiones que ha planteado su señoría, respecto al alcohol, evidentemente, reitero lo dicho anteriormente; es una misión que debemos imponernos analizar las causas por las que se produce ese quebranto de la tendencia de rechazo hacia el alcohol, como lo hubo respecto del tabaco y las drogas ilícitas; tendremos que analizar las causas, que son bastante profundas, y ahí debemos encontrarnos todos.
En relación al Consejo Asesor, estoy totalmente de acuerdo.
Finalmente, en cuanto a la importancia de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales es fundamental, y yo aspiro a que en el trámite parlamentario se dé la salida adecuada a esa disposición transitoria, que sirva, a través de la Ley de Presupuestos, para que podamos iniciar la aplicación de la Ley del Fondo -una vez que esté aprobada por el Parlamento- inmediatamente.
Yo creo que esa es una misión que a todos como parlamentarios -por mi cualidad de tal también- nos corresponde decidir y aprobar, porque es un elemento importantísimo para continuar con las medidas que hemos expuesto y que, en gran parte, van a estar también muy limitadas por las restricciones presupuestarias que este año venidero tendremos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE Habíamos acordado abrir un segundo turno de portavoces, pero dado lo avanzado de la hora, si los señores Senadores me indican de forma gráfica que no resulta imprescindible ese segundo turno, podemos dar por zanjado este asunto. (El señor Robles Orozco pide la palabra.) El señor Robles indica que desea intervenir en ese turno. En consecuencia, como habíamos acordado, aunque no hemos cumplido lógicamente el tiempo asignado de diez minutos, ruego encarecidamente en este segundo turno a los portavoces que acepten, ya no con carácter orientador, sino como un criterio inflexible del Presidente, un tiempo de cinco minutos.
He hecho grandes esfuerzos en esta primera reunión de la Comisión para no comenzar ya con una especie de primer altercado con ninguno de los portavoces, y me gustaría poder acabar esta reunión de esa forma. El sentido común, la experiencia parlamentaria y lo que resulta obvio hace innecesario que dé más explicaciones; es decir, el tiempo es algo importante para todos y con un esfuerzo intelectual, que seguro que no debe ser excepcional, se puede intentar en poco tiempo exponer las ideas que todos tenemos derecho a expresar.
Por tanto, fijo en cinco minutos el tiempo que asigno a cada uno de los portavoces e incluso le rogaría al señor Garzón que si desea responder a alguna cuestión -ya que éste es un turno fundamentalmente de pregunta y petición de aclaraciones- lo haga de forma conjunta a los cuatro portavoces, pues quizá pudiéramos ganar cinco minutos, ya que habrá señores senadores que desearán estar presentes a las cuatro de la tarde en el inicio del Pleno, y yo me siento, además, obligado a garantizar el ejercicio de ese derecho, que también es una obligación.
Don Narcís Vázquez, ¿desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra don Josep María Bertrán.


El señor BERTRAN I SOLER: Gracias, señor Presidente.
Con mayor brevedad que en mi primera intervención, quisiera pedirle al señor Presidente que constara en acta que la brevedad de mi primera intervención fue generada porque pensaba que en esta Comisión no debía analizarse la Memoria -pero después he visto que quizá sí que tenía que haberme alargado- y no quisiera que esto se interpretara en función de que nuestro Grupo no da mucha importancia a esta cuestión, que sí se la da, y lo estamos demostrando en nuestra Comunidad Autónoma, donde tenemos competencias de gobierno.
Con mucha brevedad, yo quisiera decirle al señor Delegado que cuando él ha situado en el terreno de la utopía mi referencia a la intervención en la producción,

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evidentemente, yo me he referido a esto, no en función de una iluminación mesiánica de este Portavoz en este momento, sino en un refrendo que puedo situar en el informe del Club de Roma, en el Comité de Expertos de la Comunidad Europea -al cual me honra pertenecer- y en el último informe de la Asociación Médica Mundial.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE Muchas gracias, señor Bertrán.
Tiene la palabra don Gonzalo Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Le garantizo que va a tener usted toda nuestra colaboración para no tener ningún tipo de altercados, pero le recuerdo también, señor Presidente, muy amablemente, que la función de estas Comisiones y del Parlamento fundamentalmente es agotar los temas, por lo menos como reglamentariamente se nos concede; y ha sido siempre la tradición de esta Comisión.
Brevemente, quisiera intervenir, porque me parece hasta cortés con el propio señor Delegado, tener un turno de réplica de forma que alguna de las cosas que él me ha preguntado a mí yo se las pueda aclarar y algunas cosas que me han quedado sin saber de su intervención yo se las pueda también preguntar a él.
Quiero empezar por algo a lo que el señor Delegado venía preparado para contestarme, en base a mi intervención en la comparecencia del señor Villoslada, y luego contestaré también al señor Portavoz del Grupo Socialista.
Si las encuestas o si los datos que elaboran los organismos oficiales del Estado están mal, eso, evidentemente, es culpa de los organismos oficiales del Estado; es decir, si la Policía confecciona erróneamente sus memoria, tendrá que ser la Policía la responsable de sus datos. Por tanto, los datos que yo he usado en esa Comisión son los datos de la memoria de la Policía. Si mi intervención ha servido para que la propia Delegación revise esos datos y comprobemos que solamente dos casos no eran menores de dieciséis años, me parece razonable. Pero es no quita la gravedad de los datos que yo he aportado. Es decir, es importante el aumento, sea del triple o del doble, de muertes en menores de dieciséis años, y es importante, sin lugar a dudas, el aumento -que usted no me ha rectificado- en menores entre dieciséis y dieciocho años. Por tanto, los datos siguen siendo válidos e, insisto, la responsabilidad no nos la puede usted imputar a nosotros sino, en todo caso, a los organismos oficiales, que son los que elaboran los datos que tenemos aquí.
En cuanto al acta de la sesión del día 23, yo también le puedo leer, por ejemplo, la página 1.760, donde no se habla de proyecciones, se dice, literalmente: Las cifras de 1992 son bastante parecidas a las del 91; durante 1992 ha habido 27.000 detenidos, frente a los 28.000. Es decir, se están dando datos en valores absolutos y, por tanto, estos son los datos que se aportaron en el acta y que figuran aquí. Además, por cierto, no hace falta irse a lo que se dijera en aquel momento, lo que hace falta es ver los datos que dio en este acta y ver los que dice en este momento la Memoria. Y, si comparamos los dos, nos damos cuenta de que lo que dice el acta es lo que dice la Memoria. Por tanto, es curioso que se hable de proyecciones cuando había una clara idea de lo que en ese momento estaba pasando. Como, por otra parte, es razonable; si la Administración funciona bien, es de suponer que en marzo de 1992 ya sepa lo que ha pasado en 1991, o en marzo de 1993 sepa lo que ha pasado en 1992. Si no, tendremos un mal sistema de recogida de datos.
También se me ha olvidado plantearle que en esa misma comparecencia el señor Villoslada nos habló de un informe -del que, por lo menos, nuestro Grupo no dispone, y me gustaría saber si otros Grupos disponen de él y, si no, yo lo quisiera solicitar- que evaluaba el informa -valga la redundancia- de la Comisión Mixta en su momento; es decir, su cumplimiento. Y se nos dijo que incluso lo podíamos recoger y tener. Yo, como portavoz de mi Grupo, no lo poseo, y me gustaría saber si la Delegación dispone de ese informe y si se nos puede hacer llegar a los diferentes Grupos Parlamentarios.
Muy brevemente, voy a exponer algunas cosas que me han quedado en el tintero. Quiero volver a insistir en la importancia que tiene la política presupuestaria, señor Garzón, porque de lo que dicen los Presupuestos se deduce si después se puede hacer las cosas que usted nos dice, y solamente le daré un ejemplo, para que el señor Presidente no me tenga que llamar al orden.
Usted, por ejemplo, nos ha hablado de la política de comunicación, de las políticas de información y de las campañas; incluso nos ha citado campañas similares como las que ha realizado la FAD, por ejemplo, o a través de campañas de comunicación. Pues en la Memoria de los Presupuestos Generales de este año, donde se especifica en qué se va a emplear dice claramente: Campañas de Publicidad, Spot de Televisión: en el año 1993, 40; en el año 1994, ninguno. Radio y Prensa: en el año 1993, 120; en el año 1994, 20. Disminuye en 100. Material gráfico: en el año 1993, 10; en el año 1994, 5. Material audiovisual: en 1993, 2; 1 en 1994. Es decir, señor Garzón, no es que lo mantengamos, es que se le pega un recorte impresionante; y ésta es la labor de publicidad y de comunicación que se supone que, con el presupuesto que a usted le han dado, va a hacer la Delegación. Por tanto, si hemos estado escasos durante estos años, no digamos con los datos que nos aporta la propia Memoria presupuestaria. Los Presupuestos Generales del Estado reflejan lo que se puede hacer a lo largo del próximo año y, francamente, lo que le han dejado a usted es bastante poco. En consecuencia,

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eso me sirve para hablarle de nuevo de los presupuestos y de la política de comunicación.
Segunda cuestión. ¿De dónde he sacado el dato del 0,82 por ciento? Pues del Consejo de Administración de Radiotelevisión, que tiene una pregunta contestada a su Director General, tanto a los Consejeros como a los propios parlamentarios; en el Registro de la Cámara figura lo que denominan la parrilla de programación, y en una contestación parlamentaria figuran los tiempos de cada uno de los conceptos que se han hecho. Ahí los puede usted encontrar.
Tercera cuestión. En cuanto a si son o no son específicos los cursos de asistencia en las prisiones o los que realizan los cursos, francamente, la Memoria induce a serios errores; es decir, que si no se leen con profundidad, parece que estamos haciendo una labor de prevención extraordinaria. Yo no creo que se pueda comparar la misma calidad de prevención al menos -con todos mis respetos-, a unos cursos impartidos para unos docentes o para unos padres que se sientan y tienen una serie de horas lectivas, con haber participado en una carrera de lucha contra la droga, por muy lícita y estupenda que sea.
Porque, según esto, se dice: han participado 50.000 señores corriendo y, por tanto, han hecho una programación preventiva inespecífica. Pues mire usted, habrá hecho una programación inespecífica pero, desde luego, no creo que se pueda considerar una formación en la prevención de lucha contra la droga.
Lo mismo pasa en el ámbito penitenciario, realmente quien ha participado es ese trece por ciento, y los demás, en todo caso, habrán recibido algún tipo de información que no una formación. Y los cincuenta centros significa que hay otros 43 que no tienen ningún tipo de unidad de tratamiento específico.
Eso es lo que hay que decir, no diga usted que hay 50, es que hay 43 donde no se hace ni un solo programa de actividad específica.
Y eso es lo que me parece que nos tienen que interesar. Por cierto, quiero recordarle que Instituciones Penitenciarias, a excepción de Cataluña, es competencia exclusiva del Estado, y es curioso que ustedes cada vez que ponen la coletilla dicen «en colaboración con las Comunidades Autónomas» ¡Y tan en colaboración! Como que la mayoría de los programas en Instituciones Penitenciarias los montan las Comunidades Autónomas o algunos ayuntamientos, pero no desde luego con presupuesto del Gobierno central. Esto es como lo de los 150 centros que promete crear el Partido Socialista. Mire usted, si yo me quiero comprar un piso, y me lo quiero comprar con mi primo debería consultarle antes a mi primo. Porque decir que voy a crear 150 centros con las Comunidades Autónomas, está muy bien, pero habrá que saber primero si las Comunidades Autónomas están dispuestas, qué presupuesto van a aportar y en qué fase lo van a hacer. Porque quien ha creado la inmensa mayoría de los puestos de rehabilitación en este país precisamente han sido las Comunidades Autónomas con sus presupuestos. Y quiero recordarle que el 40 por ciento del Presupuesto total del Estado lo aporta la Administración Central y el 60 por ciento las Comunidades Autónomas. Por tanto, no hay que olvidarse de ese importante tema.
En cuanto a la valoración que usted hace de que vamos por buen camino en educación para la salud, con un año de retraso, sin el material, con el problema de los profesores, me parece una ligereza, pero, en todo caso, tendremos tiempo de hablar de ello adecuadamente, pero, desde luego, no le puedo aceptar el hecho de que los cambios de costumbres en el consumo signifique una mejora en los datos de consumo. Lamentablemente los datos de consumo en este momento son lo suficientemente preocupantes para terminar en lo que estamos hablando durante toda esta sesión. Es decir, cuando las cifras que nos da la memoria son las que son, cuando llevamos ocho años de trabajo en el Plan, precisamente es el momento de decir si estamos siendo eficaces o estamos siendo, como usted decía hace un año, un poco quijotes en la lucha contra la droga. Eso nos toca a todos valorarlo, es el momento de reflexionar sobre ello, es el momento de decir si estamos yendo por el buen camino, si estamos acertando en la línea que debemos hacerlo y si vamos a ser capaces entre todos de modificar lo que tengamos que modificar. En esa actitud, insisto, tiene usted muestras, y tienen muestras las diferentes personas que han pasado por la Delegación, de nuestra actitud y de la actitud que tienen las Comunidades Autónomas y depende de que ustedes también sean capaces de implicarnos a todos en esa misma política de acuerdos que usted nos demanda.
Por otra parte, quiero decirle que espero que no tardemos tantos meses en volver a ver a un Delegado en esta Comisión y que tengamos la ocasión de poder charlar sobre este tema u otros que puedan traernos a iniciativa de la Delegación o a iniciativa de otros Grupos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE Gracias, señor Robles.
Tiene la palabra el señor Garzón.


El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (Garzón Real): Gracias, señor Presidente.
Brevemente, quiero decir que conozco los informes del Club de Roma y demás, se trataba un poco de polemizar sobre la posibilidad, sobre la viabilidad de llevar a cabo ese proyecto de eliminación total de la oferta. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con usted, evidentemente, pero insisto en que a pesar de los estudios que hay al respecto, lo veo bastante inviable en estos momentos y en un futuro próximo.
En contestación al representante del Grupo Popular, respecto a los datos de la memoria, no se trata de traer preparadas las respuestas, sino de saber más o menos

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de qué se iba a hablar en esta sesión, y yo suponía, como en realidad he acertado, que se iba a hablar de una serie de temas que el representante del Grupo Popular ya expuso en la comparecencia del mes de marzo de 1993. En consecuencia, lo único que he hecho ha sido ser previsor ante esa posibilidad y venir informado porque, entre otras cosas, no tenía la responsabilidad en ese momento, y me tengo que informar al respecto. Yo he procurado recoger una serie de datos; creo que reconocer los fallos y los errores es de sabios. En ningún momento yo le he imputado al representante del Grupo Popular que se haya equivocado en la utilización de los datos. Le he dicho que en los datos utilizados en esa comparecencia posteriormente se constató que había habido algunas deficiencias en la estadística y que en realidad de los datos que se habían ofrecido sólo cuatro tenían realmente menos de 16 años -si antes me he equivocado en el dato ahora queda corregido porque lo estoy leyendo- y uno de ellos no había muerto por sobredosis sino por ajuste de cuentas. ¿Que son preocupantes los demás datos? Evidentemente, no se trata de minimizar que son graves y preocupantes, insisto, para eso estamos aquí. No se trata tanto de decir no se ha hecho, no se ha hecho, sino de ver lo que podemos hacer, y arrastrar todo lo que no se ha hecho para poder llevarlo adelante.
En cuanto al informe de evaluación de la Comisión Mixta, creo que se puede referir a este informe -digo creo, porque es el que se me ha facilitado en la Delegación de Propuesta de Medidas 1991-1992 de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de la Droga-. Informe de Situación de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, marzo 1993, donde se recogen, pero para andar por casa, una serie de anotaciones que en cuanto las tengamos, evidentemente, no habrá ningún problema en facilitárselas, y es probable que incluso estén aquí, en el Senado. Me informa el Director General del Plan, que está entre nosotros, que este informe está en el Senado. También usted en el tema de televisión me remitía a los registros del Congreso. En cualquier caso, es lo de menos, si esta información no está, se la proporcionamos.
En cuanto a la publicidad, nuevamente insiste usted en la reducción de las partidas presupuestarias. Sé cuál es el presupuesto, todavía estamos en trámite de discusión presupuestaria, e insisto en que aspiro a que se puedan corregir esas deficiencias y que, incluso, se pueda mejorar el presupuesto de la Delegación. Cuando se cierre ese ciclo podremos hablar usted y yo, y decir si lleva uno razón o la lleva el otro. En cualquier caso, eso no implica que tengamos que hacer el esfuerzo común al que he hecho tantas veces referencia. Respecto a la información de televisión, realmente yo había indagado para conseguirla, para ver si efectivamente, al día de hoy, seguía habiendo un porcentaje similar, había disminuido o había aumentado, para el mero conocimiento de la Comisión Mixta.
Como no he conseguido localizar esa información, se lo he mencionado.
En cuanto a los centros penitenciarios, los que hay, ahí están, y lo que tendremos que conseguir no es presentarlos como un logro para ocultar o minimizar aquello que no se ha hecho, sino para constatar una serie de elementos objetivos que están ahí.
Evidentemente, se tiene que seguir en esa dinámica y ya le he dicho que en ello estamos.
En cuanto a la presentación de las propuestas en los ámbitos preventivos de educación y demás, en modo alguno creo que yo haya actuado con ligereza; no es mi intención hablar a la ligera de ningún tema, y menos de éste; si no sé hablar del tema, normalmente me callo, escucho y aprendo. Pero yo creo que mi obligación es presentar el proyecto de trabajo conjunto, y después, entre todos, tratar de llevarlo adelante, cada uno con su responsabilidad.
En cuanto al cambio de hábito de consumos, evidentemente es un hecho objetivo que está constatado en la Memoria; yo no sé si la próxima Memoria constatará lo mismo o no, si habrá una evolución o no; el hecho de que haya un cambio de hábitos es importante.
Eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo; es importante, es un hecho objetivo, y tendrá que ser valorado adecuadamente; si eso supone un avance o no, o supone una cultura de miedo hacia las consecuencias de la utilización de la vía parenteral o a qué responde; para eso también tenemos que reflexionar sobre estas cuestiones.
Yo creo que con esto están prácticamente contestadas todas las preguntas. (El señor Vázquez Romero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Vázquez Romero.


El señor VAZQUEZ ROMERO: No voy a preguntarle nada al señor Garzón, voy a rogar a la Mesa que, a través de los servicios de la Cámara, nos proporcione a los diferentes Grupos una copia de esa valoración de la Ponencia, elaborada en su día por la Comisión Mixta.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Delegado, le agradezco, en nombre de la Comisión, el tiempo que nos ha dedicado y su ofrecimiento para futuras comparecencias.
Se levanta la sesión.


Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.

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