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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 21/12/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 194 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 192 celebrada el jueves, 21 de diciembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con el Diputado don José Ramón Lago Freire (número de expediente 240/000002) (Página 10271)

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 124.1, de 17 de julio de 1995 (número de expediente 121/000108) (Página 10271)

--Proposición de Ley de ordenación del comercio. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 10.1, de 26 de julio de 1993 (número de expediente 122/000002) (Página 10276)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 238.1, de 30 de octubre de 1995 (número de expediente 110/000195) (Página 10290)

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--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 239.1, de 30 de octubre de 1995 (número de expediente 110/000196) (Página 10290)

--Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 241.1, de 6 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000197) (Página 10290)

--Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 242.1, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000198) (Página 10290)

--Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y La República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 243.1, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000199) (Página 10291)

--Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 244.1, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000200) (Página 10291)

--Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en México el 23 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 245.1, de 13 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000201) (Página 10291)

--Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 247.1, de 25 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000202) (Página 10291)

--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 248.1, de 25 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000203) (Página 10291)

--Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 250.1, de 25 de noviembre de 1995 (número de expediente 110/000205) (Página 10291)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía. (Procedente del Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 129.1, de 23 de septiembre de 1995 (número de expediente 121/000114) (Página 10292)

Debate de propuestas de resolución sobre Planes remitidos por el Gobierno:

--Debate de propuestas de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras remitido por el Gobierno (número de expediente 201/000001) (Página 10300)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para tratar del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado (Página 10271)

Al Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita (Página 10271)

Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita intervienen los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria); López Garrido (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya); Pedret Grenzner (del Grupo Socialista), y Arqueros Orozco (del Grupo Popular).


A la Proposición de Ley de ordenación del comercio (Página 10276)

Para fijación de posiciones en relación con las enmiendas del Senado a esta proposición de ley, intervienen el señor Chiquillo Barber y la señora Rahola i Martínez (del Grupo Mixto); y los señores Mardones Sevilla (del Grupo de Coalición Canaria); Homs i Ferret (del Grupo Catalán, Convergència i Unió); Aguirre Rodríguez (del Grupo Popular), y Martín Mesa (del Grupo Socialista).
Interviene el señor Ministro de Comercio y Turismo (Gómez-Navarro Navarrete).
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, son aprobadas por 320 votos a favor.
En diversas votaciones se aprueban las enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del comercio.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 10290)

Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino de España y la República del Ecuador, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995 (Página 10290)

Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25 de agosto de 1995 (Página 10290)

Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados (Página 10290)

Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995 (Página 10290)

Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995 (Página 10291)

Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995 (Página 10291)

Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en México el 23 de junio de 1995 (Página 10291)

Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA) (Página 10291)

Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas

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y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995 (Página 10291)

Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995 (Página 10291)

Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino de España y la República del Ecuador, es aprobado por 317 votos a favor y dos abstenciones.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, es aprobado por 322 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con la Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados, es aprobado por 320 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre Entidades Territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, es aprobado por 320 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República de Indonesia, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995, es aprobado por 320 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995, es aprobado por 310 votos a favor y 13 abstenciones.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado «ad referendum» en México el 23 de junio de 1995, es aprobado por 323 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Memorandum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA (NAMMA) y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EFA (NEFMA) en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado (NETMA), es aprobado por 307 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995, es aprobado por 319 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión en relación con el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Lituania, por otra, firmado «ad referendum» en Luxemburgo el 12 de junio de 1995, es aprobado por 322 votos a favor y uno en contra.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 10292)

Proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísimas sequía (Página 10292)

En defensa de las enmiendas mantenidas al dictamen intervienen los señores Madero Jarabo (del Grupo Popular) y Ríos Martínez (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Alonso Conesa, en nombre del Grupo Socialista.
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado.


Votación de Conjunto en relación con algunas disposiciones de la proposición de Ley de Ordenación del Comercio (Página 10300)

Realizada dicha votación de conjunto, correspondiente al carácter de Ley Orgánica de esas disposiciones,

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son aprobadas por 321 votos a favor y una abstención.


Debate de propuestas de resolución sobre Planes remitidos por el Gobierno (Página 10300)

Debate de propuestas de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras remitido por el Gobierno (Página 10300)

En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida (del Grupo Vasco, PNV); Chiquillo Barber (del Grupo Mixto); Martín Menis (del Grupo de Coalición Canaria); Ríos Martínez (del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya); Sedó i Marsal (del Grupo Catalán, Convergència i Unió), y Posada Moreno (del Grupo Popular).
El señor Jerez Colino interviene para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Socialista y para fijar la posición con respecto a las propuestas de resolución presentadas por otros Grupos Parlamentarios y defendidas con anterioridad.
Se procede a las votaciones de las propuestas de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACION CON EL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE (Número de expediente 240/000002)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al debate correspondiente al punto VIII del orden del día, quiero comunicar al Pleno que la eventual votación correspondiente al carácter orgánico que pueda resultar de las votaciones del punto 26 del orden del día, tendrá lugar a las 12 del mediodía o en el momento posterior en que el estado del debate en curso lo permita.


ENMIENDAS DEL SENADO:

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del comercio.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

--AL PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA (Número de expediente 121/000108)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio. Estamos en sesión.
Cuando quiera, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre de Coalición Canaria, voy a fijar nuestra posición respecto de las enmiendas del Senado en relación con este proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Comenzaré diciendo que Coalición Canaria va a votar todas y cada una de las enmiendas que nos eleva la Cámara Alta, entendiendo que la mayoría de las mismas son correcciones técnicas de estilo y clarificadoras de algunos de los textos del articulado que salieron de este Congreso. Pero dentro del segundo grupo, que valoramos de manera significativa y al que vamos a prestar también nuestro voto de apoyo positivo, quiero destacar, señorías, las siguientes.
En primer lugar, las enmiendas introducidas por el Senado al artículo 10, que crea delegaciones de las Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita. Creo que es un acierto disponer de estas comisiones provinciales, sobre todo teniendo en cuenta que la ley va a fijar unos criterios de evaluación de aquellas personas que alegan tener una carencia de medios económicos para acceder a la tutela judicial y que es importante la consagración en el texto legal de estas Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita.
Destacamos también la enmienda del Senado al artículo 12, que introduce los criterios de ponderación en el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los supuestos de «litis consortio». La «litis consortio» no la habíamos considerado en profundidad

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en el debate en el Congreso de los Diputados y esta introducción nos parece muy oportuna.
Igualmente, destacamos la enmienda del Senado al artículo 17 para aportar datos que permitan conocer la situación económica real del solicitante. Una gran componente del texto legal está dirigida fundamentalmente a garantizar el conocimiento de la situación económica, tanto basado en criterios objetivos como en criterios subjetivos. Esto es importante --después lo diré en una valoración general de este importantísimo texto legal, y recalco importantísimo texto legal, ya que no es una ley judicial más de trámite--, porque viene a desjudicializar el procedimiento de objetivar si el que demanda la tutela judicial tiene o no medios económicos al hacerlo más administrativo, más funcionarial. Son los funcionarios de los juzgados y de los colegios profesionales de abogados o de procuradores los que tienen que tener unos criterios objetivos para valorar la situación económica real del solicitante. Por tanto, creemos que con la enmienda del Senado se introducen en el artículo 17 unas mejores garantías.
Finalmente, la enmienda al artículo 25 --casi al final del texto- - viene a dar un mayor sistema de reconocimiento jurídico en los requisitos complementarios que pueden establecer las comunidades autónomas competentes. En estos momentos, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene abierta una demanda de transferencia respecto a las administraciones de justicia para que estén suficientemente dotadas económicamente desde el departamento central del Gobierno y que así la Comunidad Autónoma de Canarias pueda realizar plenamente esta actuación.
Dicho esto, Coalición Canaria quiere poner énfasis en la importancia, como acabo de decir, señorías, de este texto jurídico de la asistencia jurídica gratuita. Nada más y nada menos que los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución consagran el derecho de toda persona a acceder a la tutela judicial efectiva, que será gratuita cuando no tenga medios, como señala el artículo 119 de nuestra norma fundamental. A esto se añadió en su día, en el año 1986, la Ley número 25 sobre las tasas judiciales, que vino a privar a la Administración de un sistema, de una base, de una bolsa económica, para atender los honorarios profesionales de abogados, procuradores o cualquier otro profesional que tuviera que intervenir en la obtención de pruebas, etcétera. La Ley, afortunadamente, regula y entiende que es un compromiso, señalado tanto por el Tribunal Internacional de Derechos Humanos como por nuestro Tribunal Constitucional, que el Estado es solidario y es el responsable de atender la financiación económica de los costes.
Qué duda cabe que era necesaria una ley singular para atender la tutela judicial efectiva con la asistencia jurídica gratuita. Si bien en 1985 aprobamos aquí la Ley Orgánica 6/1985, del Consejo General del Poder Judicial, y en sus artículos 20 y 44 se daba reconocimiento «de iure» a lo que viene hoy día a desarrollar este texto legal, se ha visto que quedaba insuficiente y que era una pieza jurídica más --la Ley del Consejo General del Poder Judicial-- que contemplaba, de una manera solapada, la forma de introducir ahí lo que he señalado antes como un derecho reconocido en los artículos 24, 25 y 119 de la Constitución Española, y contribuía también a la dispersión de atender este problema. Por tanto, la ley tiene, a nuestro juicio, un primer valor, que es su vocación unificadora para proveer de los recursos económicos necesarios a los que aleguen y demuestren su insuficiencia económica.
Tengo que reconocer aquí, porque ya participamos en el debate en mayo de 1994, la feliz iniciativa que tuvo el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al presentar la moción correspondiente que le honra, y quiero resaltarlo porque fue una aportación tremendamente interesante, que viene a demostrar que cuando las iniciativas parlamentarias de los grupos aquí existentes contribuyen a mejorar y a enriquecer todo nuestro acervo jurídico, esto resulta verdaderamente positivo para nuestra Cámara.
Cuando pasamos a la aplicación del contenido material del derecho, hay que reconocer que esta ley extrae principios que han estado recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se vienen a consagrar en un texto unificado. Es, por consiguiente, este reconocimiento del derecho el que también viene a significar algo que da garantía jurídica: el reconocimiento de que va a haber criterios objetivos para valorar la pobreza del demandante de la tutela judicial, como criterios subjetivos para apreciar también a aquellas personas que están en ese límite difícil entre suficiencia o insuficiencia de recursos, que la aportación de una declaración de la renta, del IRPF, como se hace a veces en los contenciosos con las becas estudiantiles, da a entender que, a lo mejor, tiene medios suficientes y resulta que por circunstancias aleatorias o temporales no los tiene.
Creemos que es importante, y de aquí que haya que destacarlo, que esta ley trate de descargar de trabajo a los juzgados con una actuación, que era puramente judicial hasta ahora, y que pasa a ser administrativa. Por tanto, creemos que los colegios profesionales van a encontrar el soporte necesario en esa fase de actuación. Esperemos que no haya necesidad de habilitar recursos de estos demandantes vía colegio profesional a la tutela judicial final.
Finalmente, quiero destacar, señorías, dos aspectos fundamentales de la ley para Coalición Canaria. Primero, el compromiso de financiación pública para que la garantía económica quede plenamente asegurada. Antes he citado la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Derechos Humanos, la cual suscribe plenamente Coalición Canaria, como igualmente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional cuando ha habido demandas en querellas para acceder a la tutela judicial que había sido impedida por causas económicas

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del demandante. Segundo, la ordenación competencial. A Coalición Canaria, como formación nacionalista que defiende fundamentalmente el título VIII de nuestra Constitución, le satisface plenamente el que se haya dado aquí reconocimiento pleno a las competencias de las comunidades autónomas nos satisface tan plenamente y esto motiva, una vez más, nuestro apoyo con nuestro voto positivo a la aprobación de este importantísimo texto legal que consagra verdaderamente los principios de un Estado social y de derecho. Las palabras social y de derecho alcanzan aquí todo su pleno significado política y democrático.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, constituye una satisfacción para el Grupo Parlamentario que represento la culminación de una legislatura con la previsible aprobación del que ha sido bien definido por el señor Mardones como un texto importantísimo, que es parte esencial, efectivamente, de un Estado social y democrático de Derecho. Satisfacción por esto y satisfacción porque haya sido nuestro Grupo el que, en su momento, como recordaba el señor Mardones, planteó la necesidad de una regulación adecuada de la justicia gratuita en nuestro país.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hace algo más de un año defendió en este hemiciclo una interpelación sobre la justicia gratuita en nuestro país, que dio lugar a una moción aprobada unánimemente por los grupos parlamentarios y que está en el origen de lo que luego ha sido un proyecto de ley que ve su culminación en el día de hoy.
Decíamos entonces que no había en nuestro país una auténtica garantía de un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución como es el de la justicia gratuita, y que esta situación tenía unos efectos de enorme injusticia para amplísimas capas de nuestra población. Recordábamos que la utilización del servicio público de la justicia es de enorme magnitud en España.
Entre cuatro y cinco millones de trámites judiciales se inician cada año. Es decir, que los ciudadanos y ciudadanas españoles, a lo largo de su vida, intervienen en tramitación judicial varias veces. De esos actos judiciales depende la garantía de sus derechos, como sucede en un Estado de Derecho en el que la garantía de los derechos atraviesa siempre el sistema judicial.
Si ese sistema judicial no es justo, y la injusticia arranca del no acceso a la justicia gratuita, se puede decir que los derechos básicos de las personas no están garantizados.
Esto es lo que sucedía y sigue sucediendo con la justicia gratuita, que es de enorme importancia también. Se puede calcular que más de un tercio de los procedimientos judiciales van por esta vía. Los ciudadanos y ciudadanas se acogen a ella por carencia de medios económicos. Desde luego, ese porcentaje es mucho mayor en los procedimientos penales, pero también en procedimientos civiles, en contencioso-administrativos y en los laborales. En todos los órdenes de nuestra jurisdicción se calcula que más de un tercio, repito, de los ciudadanos --incluso sobrepasa la mitad en algunos casos--utiliza la vía de la justicia gratuita.
Esta justicia no es realmente justicia ni es igual ni es realmente gratuita, porque no se extiende a la orientación previa al proceso; porque no se extiende, fundamentalmente, a la utilización de pruebas en el proceso; porque no es gratuita la obtención de certificados notariales o registrales, ni gratuita la utilización de peritajes necesarios para la prueba durante el proceso. Además, el servicio de justicia gratuita, administrado por los colegios de abogados a su leal saber y entender --hay 82 colegios de abogados, cada uno con su sistema particular--, hace que el Estado no se responsabilice realmente del aseguramiento de este derecho a la justicia gratuita y que, por tanto, el panorama sea más propio de la beneficiencia del siglo XIX, de una justicia para ricos y otra para pobres, que de una justicia que demanda ya el siglo XXI. De ahí que entonces planteásemos esta interpelación que dio lugar a una moción muy detallada, aprobada unánimemente a iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario el 10 de mayo de 1994, moción que establece la necesidad de un nuevo procedimiento de verificación de la justicia gratuita desjudicializado, que amplía el servicio de justicia gratuita a la orientación previa al proceso y a los peritajes o gastos notariales o registrales, que establece que los abogados que intervengan en ese servicio tienen que ser digna y suficientemente remunerados y que toda esta regulación, la exigencia de especialización y de formación a estos abogados tiene que estar tutelada, orientada y regulada uniformemente por el Estado a través del Ministerio de Justicia e Interior. Esa era básicamente la demanda de esta moción aprobada unánimemente, repito, en esta Cámara el 10 de mayo de 1994. Esto dio lugar a que el Gobierno --cosa que no siempre es habitual, en este caso sí hubo un cumplimiento por su parte a lo que le instaba la Cámara-- mandase un proyecto de ley de justicia gratuita; se envió no en el plazo establecido pero, por lo menos, con suficiente tiempo para que en la penúltima sesión previsible de esta legislatura en esta Cámara podamos llegar a aprobar este proyecto de ley, que ha atravesado el trámite del Congreso y del Senado, que ha mejorado su contenido y que, por tanto, se ha adecuado a las exigencias de la moción. No venía así en el proyecto de ley original, no se adecuaba suficientemente a las exigencias de gratuidad de la moción aprobada en su momento por la Cámara, pero se ha acercado, a nuestro juicio suficientemente, después del trámite parlamentario.
Por tanto, con la aprobación de este proyecto de ley, que culmina hoy, se puede decir que aquellas familias

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que tengan unos ingresos económicos por debajo de las 125.000 pesetas aproximadamente, y en casos excepcionales por debajo de las 250.000 pesetas, según sus circunstancias familiares, estado de salud de sus integrantes o las obligaciones económicas que tengan, incluso por debajo de 250.000 pesetas como unidad familiar, tendrán acceso a una orientación previa al proceso gratuito; también tendrán acceso a un asesoramiento, a una ayuda, a una asistencia de abogado y procurador gratuita durante el proceso, y los extranjeros no residentes legales en España también tendrán una utilización gratuita de este servicio en los casos de procedimientos penales. Y algo que se introdujo en el trámite parlamentario en esta Cámara: en el caso del procedimiento de asilo también tendrán una gratuidad en el asesoramiento en toda su extensión.
Además, la obtención de copias notariales, de actas notariales será gratuita, y en el caso de los certificados notariales o registrales habrá una rebaja del 80 por ciento en los aranceles, rebaja que también se consiguió en el trámite en esta Cámara, ya que el proyecto de ley venía con una rebaja de sólo el 50 por ciento. Estos gastos arancelarios serán reducidos a cero en el caso de que la familia en cuestión que esté litigando acogida a justicia gratuita tenga unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.
Todo esto configura suficientemente a nuestro juicio una regulación de la justicia gratuita absolutamente necesaria en los albores del siglo XXI en España, y la sitúa en un nivel de suficiente conformación a las exigencias de nuestro texto constitucional.
Esto ha sido mejorado técnicamente en el Senado; se han añadido algunos elementos nuevos que amplían incluso este campo, y nosotros votaremos a favor de estas enmiendas, que, por cierto, tienen una errata en la disposición adicional cuarta, ya que la referencia que se hace al artículo 28 debe hacerse al 27.
Entendemos que debería ser corregida en este trámite por la Cámara. Es una sencilla modificación que corresponde a una errata producida en el trámite del Senado.
Termino, señor Presidente, volviendo a señalar la satisfacción de que aquella iniciativa que nuestro Grupo tuvo hace más de un año, haya sido culminada por este proyecto de ley que permitirá que familias españolas, en determinados casos por debajo de ingresos de 250.000 pesetas, puedan acogerse gratuitamente a unos servicios que se amplían a todo el campo de asesoramiento jurídico y que supone una aportación fundamental al concepto de Estado social que ha podido hacer esta Cámara. Esto se añade en esta legislatura a otras normas de enorme importancia en el campo de la justicia, que constituyen un elemento de satisfacción de la labor legislativa tan diferente al ambiente político vivido a lo largo de esta difícil legislatura; con ello se da una aplicación correcta.
Seguiremos atentamente la ejecución de esta importante ley, pero creemos que será una correcta correspondencia a lo exigido en los artículos 24 y 25 de nuestra Constitución, y concretamente a lo dicho en el artículo 119 de la misma: el derecho a una justicia que sea justa, a una justicia que sea igual y a una justicia gratuita que sea efectivamente gratuita. Este es el sentido de esta ley, que con el voto positivo a las enmiendas del Senado culminaremos en cuanto a la necesidad de que nos adecuemos también en este campo a las exigencias de un Estado social y democrático de derecho.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET GRENZNER: Señor Presidente, señorías, nos hallamos en el trámite de fijar la posición del Grupo Socialista respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Ha sido éste un proyecto de ley que ha iniciado su trámite con una actividad parlamentaria, cual es la moción aprobada por unanimidad el 10 de mayo de 1994 por esta Cámara, y que ha sido cumplida con un respeto absoluto a todos y cada uno de los puntos aprobados por la Cámara en el proyecto de ley remitido a la misma por el Gobierno.
Es lo cierto que si el proyecto de ley remitido a la Cámara era un buen proyecto, la actividad legislativa lo ha mejorado, lo ha convertido en un proyecto que esperamos que dentro de poco se convierta en ley, que es el que permite pasar de una situación del llamado beneficio de pobreza, del patrocinio de pobres al que se refieren las constituciones de la Congregación de Abogados de Madrid de 1959, o las constituciones de los Abogados de Barcelona de 1295, al auténtico cumplimiento del artículo 119 de nuestra Constitución que consagra el derecho real de los ciudadanos a un servicio público de justicia y, por tanto, en condiciones de igualdad, a un servicio público de justicia gratuita para aquellos para los que fuere necesaria.
Ha tenido este proyecto el inicio en una moción parlamentaria que ha sido debatido con amplitud, pero con celeridad --esto demuestra que en otros proyectos también hubiera sido posible debatir en profundidad temas importantes, pero con la celeridad necesaria para ser aprobados en esta legislatura--, y fue aprobado con la única abstención del Grupo Popular en la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, actuando con capacidad legislativa plena.
Este amplio consenso conseguido en el Congreso de los Diputados se ha visto aún ampliado en el Senado, donde a consecuencia de las actividades de consenso, con un sinnúmero de transacciones realizadas en ponencia y comisión, el texto que nos ha sido remitido ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Entendemos que ello es importante, puesto que, como hemos dicho antes y han dicho los oradores que

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me han precedido, estamos ante un texto de gran importancia, algo que convierte una caridad en un derecho exigible por los ciudadanos.
Su contenido, dado que no ha pasado en trámite previo por el Pleno del Congreso, es quizás necesario explicitarlo con brevedad, pero en los puntos más importantes.
Nos encontramos, en primer lugar, con una ampliación del ámbito del derecho a la justicia gratuita. Pasamos de la tradicional asistencia técnica a cargo de abogado o, en su caso, representación a cargo de procurador, a una ampliación extraordinaria, puesto que no sólo estos técnicos jurídicos son objeto del beneficio --del derecho ya-- de justicia gratuita, sino que se extiende a las pruebas periciales, que son las que actualmente suponen una carga económica insostenible para muchos justiciables, y se extienden también a las actuaciones, a veces necesarias, de notarios, gratuitas en algunos casos, y otras actuaciones notariales y ante registros de la propiedad y mercantiles, que quedan reducidas a un 20 por ciento de su costo y a la gratuidad total cuando el beneficiario no llegue a tener unos ingresos familiares superiores al salario mínimo interprofesional fijado en cada momento.
Pero se ha ampliado también de forma considerable el ámbito personal de los posibles beneficiarios de la justicia gratuita.
Así, el límite general queda fijado en unos ingresos familiares del doble del salario mínimo, pero, por vía excepcional, es posible acceder a alguno de los contenidos de la justicia gratuita cuando los ingresos no sean superiores al cuádruple del salario mínimo. Entendemos que en esta situación es realmente difícil sostener que alguna persona, algún ciudadano pueda quedar fuera del derecho al acceso al servicio público de justicia por razones económicas.
Pero se ha ampliado también más allá de lo que era exigible, de acuerdo con la Constitución y los tratados, al establecer, como se ha destacado antes por otro interviniente, el derecho a la justicia gratuita por parte de los extranjeros, aun cuando no residan legalmente en España, para los aspectos penales, y lo que es importantísimo, en la vía administrativa, incluso en la administrativa previa, en los procedimientos de asilo; es decir, en aquellos casos en que realmente el ciudadano extranjero puede encontrarse en la situación de mayor desamparo. Aquí, por la vía parlamentaria, por la actuación de SS. SS., vamos a proteger y a dar una posibilidad de defensa a estas personas.
Pero no sólo aquí en el ámbito personal y de contenido del derecho hay modificaciones; se ha destacado antes, pero hay que insistir en ello. Se desjudicializa absolutamente el procedimiento de concesión de la justicia gratuita, de reconocimiento de tal derecho, y se hace con una intervención fundamental de los colegios de abogados. Entendemos que es importantísima, y se ha conseguido ya con carácter previo, la complicidad de todos los agentes sociales intervinientes. Los colegios de abogados lo han estado gestionando, lo quieren seguir gestionando; lo están haciendo con las dificultades de coordinación de la existencia de 83 colegios de abogados en nuestro país, pero con una eficacia elogiable, y lo van a continuar haciendo.
Se crea un órgano administrativo nuevo, un órgano colegiado, cual es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, de carácter provincial y con posibles delegaciones, como se ha destacado también antes, que es la que va, en definitiva, a reconocer a los ciudadanos tal derecho. Ello descarga de un trabajo no jurisdiccional. y en muchas ocasiones perfectamente inútil, a los órganos judiciales sobrecargados de trabajo.
Saben SS. SS. que no era en absoluto extraña la situación en que la sentencia sobre el denominado incidente de justicia gratuita recaía con una posterioridad de dos o tres años respecto a la sentencia recaída en el pleito principal. Esta situación va a variar de una forma absoluta con el nuevo sistema que se pone en marcha en este texto.
Evidentemente que el amparo judicial sólo a los jueces puede estar atribuido y por ello en la ley se establece un recurso posible ante el órgano jurisdiccional correspondiente respecto a la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Con ello, entendemos, se da cumplimiento perfecto al principio de tutela judicial efectiva establecido en la Constitución y se coordina y cohonesta con una necesaria modificación del procedimiento, puesto que el actual, pese a estar en sede judicial, en realidad, por la práctica, suponía una no efectiva tutela judicial, ya que, o no existía, o era tardía, o estaba hecha, en muchas ocasiones por el exceso de trabajo que he dicho anteriormente, sin un auténtico examen de la situación en cada caso.
Es cierto que esto no sería suficiente si no se completara también con otros aspectos que se recogen en el proyecto de ley.
Entendemos de suma importancia el compromiso de la financiación pública del servicio de justicia gratuita y entendemos que es de importancia también notable el hecho de que se establezcan unos mínimos de formación y de especialización necesarios por parte de los profesionales que cumplan con el servicio de justicia gratuita. Se establecen, además, como se indicaba en la moción aprobada en mayo de 1994, por el Ministerio de Justicia e Interior, oídos los consejos generales de la abogacía y de los colegios de procuradores de España.
Esta condición de mínimos que debe establecerse por parte del Ministerio sirve, a nuestro entender, para garantizar la igualdad de los ciudadanos en cualquier caso ante el servicio de la justicia, pero es además perfectamente respetuosa tal como viene desde el Senado --y lo era ya en el Congreso--, con la posibilidad de cada comunidad autónoma, que tenga asumidas o asuma en el futuro competencias respecto a la justicia, de establecer requisitos complementarios, de aumentar los mismos para poder prestar tan importante servicio por parte de los profesionales.
Se establecen --y con ello voy concluyendo-- unos elementos de régimen disciplinario para los profesionales,

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indicando que determinadas actividades, determinadas corruptelas que a veces se producen, supongan necesariamente la separación perpetua del servicio de justicia gratuita. Creemos que ello es necesario para elevar el prestigio de su prestación, ya que no es posible que se continúe diciendo que hay dos tipos de asistencia: una para los ricos y otra para los pobres. Entendemos que con este proyecto ello queda eliminado y que damos realmente cumplimiento --y acabo, señorías-- al mandato del artículo 119 de la Constitución.
Y para continuar con el consenso básico, con el acuerdo logrado a base de discusión, de transacción, de muchas horas de trabajo en esta Cámara y en la Cámara alta, solicito a SS. SS. el voto unánime a este proyecto de ley, a todas las enmiendas presentadas por el Senado, si bien hay que indicar, como se ha dicho también antes por otro interviniente, que se ha deslizado un error puramente técnico en una de ellas. Es la referente al último párrafo del número 2, de la disposición adicional cuarta, por el que se da un nuevo texto al artículo 121 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se hace una referencia al artículo 28 del texto del proyecto, que es claramente errónea, puesto que dicho artículo se refiere a tema distinto al que hace mención la disposición adicional cuarta. La cita debiera ser realmente al artículo 27, que es el que regula el procedimiento para la renuncia al cobro de honorarios por parte de los profesionales y no el procedimiento para la renuncia a los servicios de los profesionales con mantenimiento de los otros beneficios de la justicia gratuita, que es a lo que se refiere el artículo 28.
Estoy convencido de que los portavoces de los distintos grupos que han examinado con la atención que les es habitual las enmiendas aprobadas por el Senado, van a manifestar el acuerdo con esta observación puramente técnica que realiza mi Grupo y que ha realizado con anterioridad el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Con ello, señorías, concluyo solicitando una vez más el voto favorable a este proyecto, con el cual vamos realmente a añadir un junco más al haz de derechos de los ciudadanos, al que convierte realmente en sujeto de derecho en un Estado social de Derecho como es el nuestro.
Muchas gracias y nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.


El señor ARQUEROS OROZCO: Las enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita son mejoras del texto y, por ello, el Grupo Popular anuncia que votará a su favor.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arqueros.
--PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL COMERCIO (Número de Expediente 122/000002)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del comercio.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir en este turno para realizar la defensa del texto en su conjunto y de las enmiendas que vienen del Senado, en relación con esta ley de ordenación del comercio minorista, que inició su andadura en julio de 1993 con la tramitación de una proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), denominada entonces ley de comercio. Fue una de las primeras iniciativas de esta legislatura y, aunque ha tardado en ver su luz definitivamente, ha valido la pena, porque el sector implicado en esta ley que hoy debatimos esperaba una regulación normativa, máxime cuando se ha llegado a un nivel de consenso y de reconocimiento de unos puntos básicos para que este pequeño comercio, en su mayoría, sea beneficiado por una ley que venía solicitando desde hace muchos años.
Los objetivos iniciales de la ley, que Unión Valenciana comparte casi en su integridad, son: la modernización de las estructuras comerciales, la corrección de los desequilibrios existentes entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales, la vigilancia más estricta para las grandes superficies, puesto que entre los años 1989 y 1995 los hipermercados han proliferado en el Estado español, de 108 a 225, y hay casi un millar de supers, grandes establecimientos. Consideramos que era importante dotar de mayores competencias a las comunidades autónomas para la fijación de los horarios comerciales, uno de los puntos más espinosos de esta ley.
Con esta ley se ha dado un paso importante, porque cubrirá el vacío existente en materia de regulación de comercio interior, como he señalado al principio de mi intervención. Esta ley servirá para que, si se combina con otras medidas, nuestro pequeño comercio pueda afrontar el futuro con ciertas dosis de optimismo. Y digo que si se combina, porque, si no, esta ley por sí sola no servirá para nada, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, para defender el futuro del pequeño comercio, del comercio tradicional para el próximo siglo.
La ley en su conjunto es positiva, pero es mejorable, aunque voy a apoyarla sin reservas porque creo que se ha avanzado. Esta ley se tiene que complementar con otras medidas que permitan el empujón que todos queremos dar al pequeño comercio. Por ello, creo que deben marcarse unos objetivos mínimos para un plan de modernización del comercio interior, en el que se intente conseguir como objetivos mínimos los siguientes: El incremento de la competencia en los mercados minoristas, incremento de la dimensión económica de las empresas, mejora de las transferencias de tecnología,

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mejora de la distribución espacial de la oferta comercial y una mayor información para los consumidores. Estos son los puntos mínimos que esta ley debe aportar para lograr la modernización del comercio interior.
Es necesario también realizar una reforma interna, fuerte, una reforma decidida del marco laboral que afecta a los pequeños y medianos comerciantes; hay que reformar íntegramente la fiscalidad, revisando el sistema de estimación objetiva en cuanto a los signos, índices y módulos, así como una reforma del Impuesto de Actividades Económicas.
Esta ley va a determinar un proceso de cambio en el comercio. Los grandes comercios piden un cambio radical, aunque ello cause la muerte a miles de comercios tradicionales.
El comercio pequeño y mediano ve en esta ley un punto de luz que les ayude a salir adelante sin traumas ni crisis. Clama, sobre todo, por la igualdad de oportunidades, igualdad que hasta el día de hoy no ha tenido porque no ha tenido el respeto del grande.
Unión Valenciana --ya para concluir-- tiene muy clara una premisa y es que, apoyando a este pequeño comercio, como creo que vamos a hacer mayoritariamente hoy, estamos defendiendo la supervivencia de nuestros centros históricos, los barrios tradicionales de nuestros pueblos y ciudades, que tienen vida gracias a su tradicional actividad comercial. Démosle una oportunidad, pero que no se quede aquí la reforma en defensa del pequeño comercio, impulsemos otras iniciativas para permitir que, desde la igualdad, pueda competir con los grandes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la ley de ordenación del comercio ha tenido una tramitación larga y complicada, muy a menudo más sometida a las diferencias y reconciliaciones entre las partes que a su contenido. En todo caso, se ha querido presentar, más por elementos ajenos a la Cámara que propios, como una confrontación entre consumidores y comerciantes. Y, ahora sí, desde algunas opciones de la Cámara, como una guerra particular entre comercio tradicional y grandes superficies comerciales.
Entendemos que limitar la ley a estos conflictos o pretendidos conflictos significaría un reduccionismo empobrecedor, que limitaría, por su mismo contenido, la necesaria crítica a la ley, que es lo que tenemos que hacer. No hay, no tiene por qué haber, una contraposición entre consumidor «versus» comerciante, instigada más por las malas conciencias de una determinada forma de comercio, que quizás así limpia su imagen, producto de prácticas que se saben negativas para el conjunto del sector. Por ejemplo, el establecimiento de prácticas monopolísticas de la distribución, el uso y abuso de las peores formas de contratación, más allá incluso de los contratos basura, o el establecimiento de medidas draconianas en las formas de pago. Que esta realidad se esconda bajo el pretexto de la defensa de los intereses del consumidor resulta, como mínimo, chocante.
Falta saber si la ley que se somete a aprobación del Congreso resuelve los verdaderos problemas del sector comercial y, sobre todo, si lo hace bien.
La ley tiene tres grandes temas, como son una cierta regulación de las grandes superficies comerciales, una cierta regulación de los horarios y la definición y regulación de ventas especiales, como son los saldos, las liquidaciones, las ventas en cadena, etcétera. Todo, con el establecimiento del correspondiente régimen sancionador.
Con referencia a las grandes superficies comerciales, establece de manera taxativa una segunda licencia, a otorgar por las comunidades autónomas. Resulta inverosímil que una competencia expresamente reconocida a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, bajo el título competencial de Urbanismo y Ordenación del territorio, venga ahora a establecerse con carácter general. Parece más razonable pensar que, estando capacitadas, como están, las comunidades autónomas para establecer esta segunda licencia, más valdría dejar que libremente decidiesen si quieren o no establecerlo. Y, lo que es más grave, se plantea esta segunda licencia siguiendo prácticamente al pie de la letra el modelo catalán, un modelo que resulta como mínimo discutible en sus resultados y funcionamiento. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el momento de revocar una denegación de licencia por parte de la Generalitat, hacía un análisis profundamente negativo del ordenamiento establecido por la Ley catalana de equipamientos comerciales, especialmente por el mismo defecto de que falta esta misma ley, que ahora se somete a aprobación.
La otorgación o denegación de las licencias viene delimitada por unos vagos efectos sobre la estructura comercial, calcados de la Ley catalana, con los efectos que el sector comercial tradicional de Cataluña ya conoce.
Evidentemente que no es la ley el lugar para delimitar exactamente todos y cada uno de los pasos a establecer para decir si una gran superficie comercial es positiva o negativa. Pero, si se quiere ser consecuente, y la ley no ha querido o no se ha atrevido, como ha pasado en Cataluña, hace falta fijar los mecanismos de evaluación, a fin de evitar arbitrariedades y subjetividades, que es exactamente lo que sostiene la sentencia que hemos comentado: que las decisiones se han tomado sin elementos objetivos. Unos elementos, además, que haría falta establecer con la imprescindible participación, decisiva, de ayuntamientos y, sobre todo, de asociaciones representativas de consumidores y de usuarios, así como de los intereses de los comerciantes. Insistimos en que ésta, en conjunto, es una regulación

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que hace falta que la establezca cada comunidad autónoma, en uso de sus propias competencias, pero si la ley cree que tiene que regularlo, y nosotros creemos que no, tendría que hacerlo bien.
Con referencia a los horarios, la ley hace un ejercicio de ambigüedad política y establece la libertad de horarios y, al mismo tiempo, el mantenimiento del régimen actual. En este sentido, resulta lamentable que no sea capaz de ver la totalidad del problema. Así, destaca la ausencia de consideraciones sobre los derechos de los trabajadores asalariados del sector comercial y, más allá, el análisis de los problemas del encaje de las nuevas formas de vida, de trabajo y de consumo, y los horarios comerciales.
No se ha hecho, por ejemplo, una apuesta por un modelo de ocio no ligado al consumo o por un reparto del trabajo que haga que haya para más, pero menos horas y más repartidas, en lugar de decretar por las buenas la libertad de horarios, con la excusa de que la gente no tiene tiempo de ir a comprar. Y, cuando mantiene provisionalmente el régimen actual, se olvida de los ayuntamientos a la hora, por ejemplo, de establecer las áreas turísticas. Es cierto que hace falta esperar que la autonomía local venga del lado de las comunidades autónomas, pero creemos que, si la ley quería ser tan detallista, como mínimo podía establecer algún tipo de planteamiento, en este sentido, que sea reconocimiento del principio constitucional de autonomía local.
Y es que la ley, a nuestro parecer, es fundamentalmente un pegote, un pegote que tiene claros efectos positivos; tapa agujeros, ciertamente, pero no es una solución completa. Si, como dice la exposición de motivos, se busca corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas comerciales, se podría haber entrado en la regulación fiscal, por qué no, por ejemplo, que es una buena fuente de desequilibrios, especialmente con relación a las tarifas del Impuesto de Actividades Económicas --esto no lo ha planteado--, o en la tributación por módulos. ¿Por qué la ley no coge el toro por las astas? ¿Por qué no coge el tema de los módulos, auténtica sangría del pequeño y mediano comercio? Evidentemente, esto escapa de una ley de comercio minorista estricta, pero hace falta también ser conscientes y evidenciarlo en la ley.


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego concluya.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.


En conjunto, la ley se apropia de parte de las definiciones y regulaciones establecidas en la legislación emanada del Parlamento de Cataluña. La paternidad de la proposición de ley es manifiesta, especialmente por lo que hace a las grandes superficies comerciales y a buena parte de las definiciones de las ventas especiales.
Sobre este último punto tenemos que decir que, en conjunto, resultan claramente positivas las definiciones y regulaciones de las nuevas formas de venta. Lamentablemente, la realidad va más deprisa que la ley y seguro que pronto existirán formas no previstas, pero es bueno que se intente seguir el ritmo de la realidad.
La ley, en cambio, tiene un aspecto muy negativo en el momento de establecer el carácter básico de buena parte de su contenido.
Pensamos que esto va en contra del ejercicio de las competencias autonómicas en materia comercial y en materia de protección del consumidor. El hecho de que artículos sobre la instalación de las grandes superficies comerciales, las ventas a pérdida, las rebajas, los saldos, las liquidaciones, etcétera, tengan la condición de básicos supone una gran limitación del margen de maniobra de las comunidades autónomas con competencias reconocidas en materia de comercio interior y de defensa del consumidor, que resultan vacías de contenido bajo la excusa de la omnipresente competencia estatal de las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica que fija el artículo 149.1.13 de la Constitución.


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, le ruego concluya.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Estoy concluyendo, señor Presidente.
Con referencia a Cataluña, esta ley puede suponer una invasión de competencias ya ejercidas por el Parlamento de Cataluña, que ha promulgado leyes como la de equipamientos comerciales, la de regulación de ventas especiales, la de disciplina del mercado y de defensa de consumidores y usuarios o el estatuto del consumidor.
En resumen, es una ley incompleta con medidas positivas, es cierto, como es poner un poco de orden en la definición y regulación de ventas especiales, pero con importantes faltas, producto de la indefinición y del miedo. Y para finalizar, puesto que ya no puedo ejercer más tiempo mi derecho a la palabra, es una ley incompleta. A pesar de todo, y con sus efectos positivos, que los tiene y no los hemos escondido, contará con nuestro voto favorable, un voto a todo aquello que supone poner un poco de orden en muchos aspectos hasta ahora no tratados a favor de definiciones y regulaciones que han demostrado en parte tener una utilidad, un voto a favor de medidas implícitas de contención de las grandes superficies comerciales y de alguna de sus prácticas distorsionadoras, como, por ejemplo, el retraso abusivo en los pagos; un voto a favor de un cuadro sancionador de prácticas contra el consumidor y de prácticas de competencia desleal, pero un voto a favor que no suponga dejar de trabajar para una mejora más profunda, más integral, del comercio, del marco comercial.
Hay que votar esta ley porque es un impulso al pequeño comercio, y éste, para nosotros, representa el gran articulador de la sociedad civil de un país, el eje de sus barrios, el gran creador de centralidad, y, ante

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modelos más especulativos de economía, el pequeño y medio comercio significa sobre todo la base de un modelo de economía productiva más justa, más racional, mejor articulada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre de Coalición Canaria, fijamos nuestra posición respecto de las enmiendas que llegan del Senado a esta proposición de ley de ordenación del comercio minorista.
Efectivamente, larga ha sido su tramitación y debate en esta Cámara, incluso desde legislaturas pasadas, cuando tomó la iniciativa parlamentaria el Grupo Catalán (Convergència i Unió), iniciativa que nosotros también tuvimos ocasión de debatir y apoyar. En las sesiones de trabajo de la Ponencia creada entonces, de la que este Diputado formó parte, vimos la complejidad y el hondo principio de intereses económicos, comerciales, sociales y de todo tipo, que existía en el sector del comercio de distribución, del comercio minorista. Allí se escucharon las opiniones de las agrupaciones del pequeño comercio español, red y sustento de tantos puestos de trabajo y de tantas economías familiares y domésticas, vimos los intereses de las grandes superficies de distribución, de los súper y de los hipermercados y también los del sector de los consumidores.
Armonizar estos intereses ha sido el gran trabajo, la gran dificultad y el gran reto que ha entrañado llegar hoy a este término.
La proposición de ley que hoy nos llega, incluso habiendo matizado con el calificativo de minorista al comercio genérico que allí se planteaba, trata de buscar fundamentalmente este equilibrio, equilibrio en un punto conflictivo, que se ha centrado, diríamos que casi exclusivamente, en el talón de Aquiles de todo procedimiento comercial discutido, que es la libertad de apertura del comercio, la libertad de horarios.
Dicho esto, quiero añadir que el texto que salió de esta Cámara llega amplia y profundamente enmendado por el Senado. De los proyectos de ley que han venido del Senado a lo largo de esta legislatura, que este Diputado recuerde, pocos han venido con tal cúmulo de enmiendas. Por citar el último, el controvertido de la Ley de ordenación del seguro privado. Esto es testimonio de la preocupación, importancia y trascendencia de estos textos legales.
Aunque la mayoría de las enmiendas del Senado es de carácter técnico y aclaratorio de algunos textos salidos de esta Cámara, hay que destacar la gran labor realizada con estas enmiendas, puliendo y complementando el texto que se remitió desde el Congreso de los Diputados. A nuestro juicio, es muy acertada la gran mayoría de estas enmiendas, contribuye a introducir nuevos conceptos de matices y de figuras en un mundo tan complejo como el del comercio y, por tanto, viene, señor Presidente, a dar seguridad jurídica a esta proposición de ley para cuando se transforme en ley. También se introduce en estas enmiendas una serie de figuras complementarias que vienen a consolidar el principio de clarificación del texto, y, por tanto, de seguridad jurídica.
En lo que he calificado de fundamental, reflejado en el artículo 16, del capítulo IV, de horarios comerciales --la importancia de este título queda reflejada en que su materia se refiere solamente en un solo artículo, el 16--, señala la plena libertad de horarios, como demanda una sociedad dinámica, moderna y con la presión de los consumidores, y viene a buscar un equilibrio con las disposiciones transitorias, concretamente en la primera.
En primer lugar, queremos destacar la labor de ordenación que han realizado las enmiendas del Senado del texto que salió de esta Cámara, con una sola disposición transitoria, pues ya viene con varias disposiciones transitorias, lo que consideramos positivo porque permite una mejor interpretación de la sistemática en los próximos años.
Queremos destacar lo que hemos dicho, señor Presidente, el principio de equilibrio que trata de buscar esta ley, cuando ya en el mismo texto que habíamos aprobado nosotros en el Congreso señalábamos el límite del 1 de enero del año 2001, para que entrara en vigor plenamente el artículo 16. Creemos que éste puede ser plazo suficiente para que el comercio pueda adaptar y adecuar sus estructuras comerciales (unificación de ventas, concentración del mismo, transportes, etcétera) para poder responder al reto que los grandes hipermercados y las grandes superficies le plantearán en el futuro. Esperemos que a esto contribuya tanto esta legislación como la muy importante y complementaria de las comunidades autónomas.
Coalición Canaria quiere reconocer aquí el principio que se hace de competencia a favor de las comunidades autónomas que tienen que regular esta materia. En Canarias, por coincidir allí tanto una dispersión del territorio por el hecho insular como ser zona turística, esta ley concede salvedades en la libertad de horarios comerciales, junto a las restricciones de la disposición transitoria primera, para que, con la competencia de las comunidades autónomas, el comercio que se señala y que esté ubicado en zonas de gran afluencia e influencia turística pueda tener otro tipo de flexibilidad. Nosotros entendemos que la disposición transitoria primera viene, pues, a tratar de equilibrar y armonizar el juego de intereses legítimos, ya que, además, en este momento, nuestro país, con sus circunstancias de desempleo, no puede permitirse el lujo aleatorio y alegre de ir en detrimento de un pequeño comercio, al que se le señala un plazo para adaptarse, pero que es el generador de tantos puestos de trabajo.
Por estas razones, señor Presidente, Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las enmiendas que vienen del Senado, y también el carácter de ley orgánica.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en este último trámite del debate de la proposición de ley de comercio con gran satisfacción. No podía ser de otra forma, puesto que ésta es una iniciativa instada por mi Grupo parlamentario con insistente constancia de su necesidad; de no haber mantenido una posición tan contundente y tan insistente para que España pueda tener una ley de comercio, tengo dudas sobre si hoy podríamos estar celebrando esta sesión.
Quisiera trasladarles a ustedes algunas observaciones y consideraciones en este último debate de la ley de comercio, que es una ley que ha tenido una singladura muy compleja en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Dos años. Dos años de tramitación es mucho tiempo para una ley en la Cámara legistlativa y quisiera traslardarles, como digo, algunas observaciones sobre las enmiendas y sobre toda la tramitación que hemos ido desarrollando.
Esta es una ley que finalmente deseo que sea una ley de consenso y no porque mi Grupo lo desee caprichosamente, sino porque es una ley que, a lo largo de esos dos años, ha tenido un gran esfuerzo de diálogo con todos los grupos políticos. Pero no solamente con los grupos parlamentarios y políticos, no solamente con el Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió), en el marco del diálogo con el Gobierno y con los demás grupos, sino que ha sido una tramitación con un estrechísimo diálogo con la sociedad.
Todos los ponentes hemos mantenido un constante y permanente contacto, diálogo, conversaciones, con todas las realidades hoy relacionadas en esta ley: con el comercio pequeño, con el comercio tradicional, con el comercio de las grandes superficies, con las organizaciones de consumidores, con los expertos, con las asociaciones que de alguna forma se veían implicadas en las distintas modalidades de venta y de actividades de distribución en España.
El comercio y la distribución en España se está transformando profundamente, quizás como no lo está haciendo ningún otro sector económico en estos momentos, y una ley que viene a pautar, a ordenar el marco legislativo de esta realidad tan importante, que acumula el 14 por ciento del producto interior bruto en España, no podía hacerse de otra forma, sin el diálogo, sin el constante contacto con la realidad a que va destinada. Ha sido así. Por eso, pido legítimamente a todos los grupos parlamentarios que en este último trámite se adhieran, para que esta ley nazca con un gran consenso político.
Se nos recuerda por los medios de comunicación que es la ley de un sector, que es la ley de otro sector. No es cierto. Es una ley de equilibrio, es una ley que ha alcanzado un equilibrio de intereses contrapuestos, legítimamente todos ellos; es una ley de equilibrio. Y una ley de equilibrio debe nacer de esta Cámara con el consenso político. Por eso, lo reclamo de todos los grupos parlamentarios. Todos hemos dejado en ese equilibrio que hemos alcanzado algo de nuestras posiciones, algo de nuestras tesis. No es estrictamente la ley de nadie. Es la ley de todos y debe ser la ley que debe garantizar la transformación y la modernización del comercio en España.
Y es una ley moderna, es una ley con novedades, con importantes novedades legislativas, que no existían en nuestro ordenamiento jurídico y por primera vez van a aparecer en esa ley en estos momentos.
Quiero manifestar que se implanta la segunda licencia en España, para ordenar, simplemente ordenar, el proceso de implantación; no negarlo, no oponerse al mismo proceso de implantación de todas las nuevas modalidades de distribución que puedan aparecer en España en un futuro, pero sí pautarlo, ordenarlo, que no sea sólo y exclusivamente la Administración local la única competente para autorizar un proceso de implantación; que sea alguna otra administración de mayor nivel y mayor perspectiva de la realidad de su sector la que pueda intervenir en ese proceso. Y nos parece bien. Esto se hace recogiendo lo que ya es una realidad en otros ordenamientos jurídicos, probado y constatado, que es bueno que exista una segunda licencia en España.
Hay también novedades importantes en cuanto a obligar la constitución de la Comisión de Equipamientos Comerciales en España, que algunas comunidades no tienen.
Ahora todas deberían establecerla. ¿Por qué razón? Para implicar a todos de la realidad del comercio, para que las organizaciones de consumidores, de comerciantes, puedan participar también y puedan ser escuchadas en el proceso de implantación de las nuevas modalidades de distribución en España.
Esta ley introduce una gran novedad: se prohíbe que las instituciones financieras puedan vender. Una prohibición de coraje, sin duda, de coraje. Las instituciones financieras que hagan de instituciones financieras y el comercio que haga de comercio. Esa clarificación es positiva, muy positiva.
Tiene otra gran novedad también, y es que se prohíbe la venta a pérdida. ¿Cuánta literatura jurídica ha generado en Europa la prohibición de venta a pérdida? No sólamente en España; en Alemania, en Francia, en muchos países.
¿Qué redacción se ha incorporado en esta ley? La más reciente de las sentencias de los tribunales constitucionales de Europa. Las conclusiones a las que han llegado las últimas sentencias de los tribunales constitucionales de Europa. Este es un pretexto que va a servir para dar consistencia jurídica a una problemática no bien resuelta porque es complicada, muy complicada. Pero la redacción es moderna, muy actual.
Otra novedad, señorías: el derecho de desistimiento, derecho que protege el principal derecho que debemos

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proteger en esta ley, que es el derecho del consumidor. Más del sesenta por ciento de los artículos de esta ley, señorías, y habrá que explicarlo a partir de hoy, son artículos redactados desde la protección del derecho del consumidor. El derecho de desistimiento es un ejemplo. Se protege al consumidor por encima de cualquier otro legítimo derecho que se regula en esta ley. El consumidor va a ver en esta ley un mayor marco legal que le va a permitir poder tener mayor capacidad de transparencia y de protección en el mercado para que no sea engañado, ni manipulado, ni instrumentado.
Hay otro tema importante, otra novedad, y es la limitación. No se puede limitar la cantidad de venta de productos. No se va a poder limitar el volumen, la cantidad de venta de productos en el mercado, en defensa del consumidor, como tampoco se podrán subir los precios en razón a la cantidad; si se compra mayor volumen no se pueden subir los precios; esto va en defensa del consumidor.
También se regula el sistema de pagos, una gran novedad en nuestro ordenamiento jurídico. No hemos recogido la ordenación francesa, que se ha constatado no ha sido útil, no ha sido positiva, y hemos ido a una, digamos, nueva regulación del sistema de pagos, en la que, sin duda, España innova un elemento importante. Vamos a ver cómo se implanta ese proceso. El sistema que se establece es perfectamente posible para que en España no vaya creciendo el problema de ir difiriendo los mecanismos de aplazamientos de pago para que el mercado pague cada vez más tarde a sus proveedores.
Sin duda, una gran novedad de esta ley, que va a tener incidencia positiva, son las rebajas, cuestión conflictiva que ha generado muchas controversias y sentencias, que se pauta, se normaliza en defensa del consumidor, para que éste sepa cuándo el mercado le ofrece rebajas y cuando está permanentemente en rebajas, pero encubiertamente. Habrá un período de rebajas y el consumidor sabrá que entonces se le están ofreciendo productos en esas circunstancias.
Sistema que se establece para los horarios comerciales. Esto es lo más controvertido, lo más polémico; es lo único en que, al final de esta larga tramitación de dos años, se mantienen diferencias sustantivas entre los grupos parlamentarios. En todo lo demás hemos sido capaces de alcanzar consensos. Hemos alcanzado el consenso en casi todo; en ese punto hay discrepancias. ¿Es que negamos en esta ley la libertad de horarios? No, y lo quiero decir porque últimamente, en estas semanas, están apareciendo muchos artículos en los medios de comunicación interpretando falsamente esta ley. Ahí no se niega el principio de libertad de horarios en España, pero se hace otra cosa muy distinta, y es que, sin negar el principio, se establece un proceso de aplicación que no es automático ni global en todo el territorio español. No negándose el principio se cede la competencia a la comunidad autónoma para que ella pueda establecer el principio de libertad de horarios mañana mismo, tras la publicación de esta ley. Que la sociedad española sepa que cada comunidad autónoma tiene la posibilidad, porque se le da en esta ley, de establecer plena libertad de horarios en su ámbito territorial, pero lo debe hacer la comunidad autónoma.
¿Por qué razón? Porque la realidad del comercio no es exactamente la misma en los distintos ámbitos del territorio español; no es lo mismo el comercio en Canarias que en Murcia, que en Baleares, o que el comercio en Madrid, o Barcelona. Que sea la comunidad autónoma más cercana y más próxima a la realidad del comercio, quien asuma esa decisión que, si se adopta, va a tener una incidencia importante en la actividad del comercio.
Señor Presidente, quiero indicar que esta ley es muy novedosa; va a permitir el proceso de modernización del sector del comercio; combina los intereses del pequeño comercio, del consumidor y del gran establecimiento, sin negar la transformación y la modernización de esta actividad. Esta ley --me remito a algunos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra-- no es un pegote; no es, en absoluto, un pegote. Mi deseo es que quien ha calificado esa ley de pegote hubiera asistido a la Ponencia y a la Comisión a lo largo de la tramitación, ya que nunca he tenido ocasión de escuchar sus razonamientos, porque no he tenido posibilidad, no la he visto en aquellos debates, y hoy nos dice que la ley es un pegote. No es cierto, no es un pegote. España podrá estar satisfecha de que esta ley, complicada, que regula intereses controvertidos y contrapuestos, aparezca en un marco de consenso y de diálogo muy estrecho. No es un pegote.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego concluya.


El señor HOMS I FERRET: Voy concluyendo, señor Presidente.
La verdad, señor Presidente, es que quiero hacer unas referencias a un último aspecto importante y sustantivo de esa ley que vamos a aprobar en esta Cámara: vamos a aprobar todas las enmiendas que vienen del Senado, porque vienen a ratificar y a mejorar toda la tramitación que hemos realizado en el Congreso; pero, además, en el Senado se adopta una decisión sustantiva, importante. El Senado propone a esta Cámara que consideremos una disposición final segunda que da carácter orgánico a tres preceptos de la ley: al artículo 16, a la disposición transitoria primera y a la disposición adicional sexta. Con ello mi grupo desea expresar el deseo de que toda la Cámara sea consciente de lo que estamos considerando en estos momentos.
Es cierto que la comunidad autónoma de Balerares tiene un problema, una cuestión hasta ahora no resuelta. Es la única comunidad en España que no tiene competencias ejecutivas ni normativas en materia de comercio. Aquellos personajes que asistieron al pacto autonómico para reordenar las competencias se olvidaron del comercio. Esta ley viene a resolver aquel

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problema. Se concede a la Comunidad Autónoma de Baleares la competencia ejecutiva en materia de comercio, sólo la ejecutiva, y ello debe tener carácter orgánico porque así lo establece nuestra Constitución.


El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: También se da un segundo paso y es que la disposición transitoria primera que regula el período transitorio de la libertad de horarios sólo pueden aplicarla aquellas siete comunidades que en sus estatutos tienen reconocida la competencia normativa en materia de horarios y son las que podrían establecer y regular en el período transitorio el régimen de libertad de horarios. Hay otras nueve comunidades en España que no podrían establecer ninguna regulación sobre horarios comerciales porque no tienen competencia normativa en sus estatutos y, en consecuencia, de acuerdo con lo que se ha establecido en esta ley, se implantaría automáticamente el principio de libertad de horarios en su territorio.
Para que todas las comunidades autónomas en España puedan tomar esa decisión, el Senado nos propone que también esa disposición transitoria primera sea orgánico para que esas otras nueve comunidades, entre las que están Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Baleares también, Canarias, Murcia, etcétera, tengan capacidad de regular y, si regulan, puedan dar pauta en el proceso transitorio de la libertad de horarios en su ámbito territorial.
Nos parece acertada esa decisión, pero para que sea un hecho, es conveniente proceder a la votación de conjunta de estos preceptos y el Senado en su mensaje motivado nos dice que no puede disociarse el contenido del régimen transitorio de horarios comerciales del artículo 16 donde se establece el principio general de libertad de horarios. No se puede desgajar el principio de su régimen transitorio y el Senado nos recomienda en su mensaje motivado que en ese desglose se arrastre el principio del artículo 16, su régimen transitorio que es la disposición transitoria primera, y luego también la disposición para Baleares.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor HOMS I FERRET: Todo ello da contenido a una ley que va a nacer de esta Cámara en ese último trámite, que va a ser la ley de cesión de competencias a las comunidades autónomas, a las nueve que no tienen competencia normativa en materia de horarios y a Baleares estrictamente en su competencia ejecutiva.
Deseo y pido a toda la Cámara que vote favorablemente esa decisión en bien de esta comunidad autónoma de Baleares y de las otras nueve comunidades para que solidariamente todas las comunidades tengan ámbito competencial para regular el régimen de horarios en España.
Con ello, señor Presidente, termino alegrándome de ese último trámite, felicitando a todo el sector y a los destinatarios de esta ley ya que pueden sentirse muy satisfechos, porque hoy es un gran día para el mundo de la distribución y del comercio en España; damos un gran paso político que va a favorecer la modernización del comercio en España y felicito a todos los grupos que hemos mantenido un contacto, incluso a aquellos que no han sabido venir a lo largo de estos dos años de diálogo y debate.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Por fin, después de dos años y medio tenemos Ley de comercio, parece ser que gracias a Convergència i Unió porque el señor Homs hoy está tan contento como si ya fuera mañana y le hubiese tocado la lotería.
En todo caso, es una ley que ha tenido en esta Cámara un trámite largo, pesado, porque se presentó, si no recuerdo mal, en junio o en julio de 1993, tuvo aceptación inicial de toda la Cámara que vio la necesidad de esta ley, pero luego, inmediatamente después de esta aceptación inicial como ley necesaria e imprescindible, viene el largo período de silencio. No se sabe qué es la ley y resulta que entra de lleno en los entresijos de la negociación política.
Por cierto, al señor Solbes parece que no le gusta nada.
Convergència i Unió se convierte en esta ocasión en una organización que quiere regular y parece ser que algunos de los ministros más liberales del Gobierno no quieren liberalizar tanto.
Llegamos a un momento en el que, a partir de un proceso de debate habido con determinados sectores de la sociedad, en el que, por nuestra parte, también hemos hecho las aportaciones necesarias, porque hemos estado vinculados a los sectores del pequeño comercio, de los consumidores, y otra humilde aportación inicialmente, con la propuesta de ley, anterior a la del Grupo Catalán (Convergència i Unió), pues la nuestra fue presentada en la anterior legislatura.
Finalmente, después de una propuesta inicial, salieron varias propuestas más. Hubo una negociación, repito, muy farragosa y, por último, llegamos a este acuerdo.
Debo decir que las leyes son fruto de una determinada correlación de fuerzas, y ésta también es fruto de dicha correlación en la que los proponentes se dividen entre los intereses clientelares que hay en algunos casos, en relación al pequeño comercio, ya que no se trata de defender de forma tan estricta y justa los interés del pequeño comercio, sino, a veces, intereses clientelares, muy legítimos todos ellos y, naturalmente, la inevitable aceptación de la gran superficie por otro lado (y aquí está la otra parte de la moneda, pero se remite, en este caso, al año 2001, a ver qué pasa en el año 2001), entendiendo gran superficie como la que hay en

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estos momentos instalada, es decir, la gran superficie que pertenece ya, en un 35 por ciento, a los grandes grupos transnacionales que, como todo el mundo sabe, tanto en el sector comercial como en el industrial, tienen sus principios, sus intereses, hacen sus negocios, recogen sus dividendos y, luego, hacen lo que les conviene, en algunos casos, largarse.
La ley que vamos a aprobar hoy, que es la ley posible, tiene elementos de conflicto y de contradicción, como contradictoria y conflictiva es la sociedad en la que se mueve, que veremos más adelante cómo la vamos manejando en los próximos años y, naturalmente, en el marco del año 2001.
En Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos defendido o hemos intentado defender los intereses de la pequeña y mediana empresa y del consumidor. Así continuaremos haciéndolo, aunque no se han recogido algunos elementos importantes que nosotros planteábamos como, por ejemplo, el elemento de participación de los implicados en la ley. Nosotros proponíamos que lo mejor a nivel de cada comunidad autónoma, a nivel general y a nivel de ayuntamiento o de municipio, sería que hubiesen participado los que forman parte en estos momentos de la mesa del comercio estatal, que son prácticamente todos: sindicatos, pequeños empresarios, medianos empresarios, consumidores, etcétera. Este aspecto, como otros, no se ha tenido en cuenta, pero, a pesar de ello, consideramos que, en lo fundamental, esta ley es la ley posible en estos momentos concretos: una ley que puede articular el funcionamiento del pequeño y del gran comercio en nuestro país, los intereses de los consumidores, algo fundamental, y, por tanto, vamos a votarla a favor, salvo algunos artículos y alguna disposición transitoria, incluso su carácter orgánico, en los que tenemos algún matiz.
Nos parece que es, además, un elemento importante como ley de bases; en este caso concreto, mi grupo no tiene temor alguno a que se produzca una invasión de las competencias autonómicas, como señalaba anteriormente una ilustre Diputada. A mí me parece que es peor la invasión de los intereses transnacionales que la invasión de una ley de bases, de carácter federal en este caso concreto de carácter estatal, y que, a partir de esta ley de bases, pueda incidir en la realidad concreta de Cataluña; nos parece que ello es mejor, ya que a mí me preocupa fundamentalmente la invasión de las transnacionales, de los grandes grupos, que muchas veces perjudican intereses económicos y sociales de nuestro país sin aportar nada a cambio y que se marchan, repito, en el momento que sus intereses no están bien defendidos en España.
Por tanto, vamos a votar, en lo fundamental, esta ley, porque nos parece que es positiva en el momento concreto. Sobre las contradicciones del futuro, continuaremos debatiendo políticamente, porque aparecerán y porque, naturalmente, hay intereses diversos en nuestra sociedad, y los hay en esta ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias señor Presidente.
Concluimos hoy el largo debate de una ley que ha tardado en tramitarse algo más de 110 semanas, una ley que en esos dos años largos ha conseguido que esta Cámara y la mayoría de los partidos políticos hayan mantenido un contacto estrecho con el sector en todos sus niveles, pero desde mi grupo tengo que afirmar que es una ley que no ha conseguido el consenso de los grupos parlamentarios por la vía del diálogo entre ellos, sino por la vía de las votaciones en Comisión y en Pleno. Sí es cierto que ha habido diálogo entre dos grupos de la Cámara, pero no es cierto que el diálogo entre esos dos grupos se haya hecho extensible al Grupo Popular. No obstante, el Grupo Popular tiene hoy que mostrar su satisfacción por el hecho de que en el conjunto mayoritario de los preceptos de esta ley se haya alcanzado un punto de coincidencia. Nada tenemos prácticamente hoy que reservarnos ni que matizar respecto a los preceptos del Título I, y mucho menos respecto a los preceptos de los Títulos II y III, donde creemos que podrán estar los mayores aciertos de esta ley; por supuesto nada tendremos que objetar al Título que habla sobre inspección y sanciones. Saben SS. SS., ponentes de otros grupos, que el Grupo Popular todavía mantiene hoy una discrepancia que consideramos básica, pero ya anunciamos que va a ser una discrepancia que no vamos a expresar con nuestro voto negativo, por una razón muy sencilla: dentro de esa discrepancia, hay una parte en la que coincidimos, y es el hecho de que resulta necesario corregir el déficit competencial de las Islas Baleares.
Ha sido mi grupo en el Senado quien ha tomado la iniciativa de proponer esa corrección del déficit competencial de las Islas Baleares. El derecho que tienen las Islas Baleares a tener el mismo nivel de competencias que el resto de comunidades autónomas en materias de comercio interior, nos hace condicionar el sentido de nuestro voto en el resto del rango orgánico de esta ley, aunque seguidamente explicaré en qué consiste la discrepancia que mantenemos todavía viva en torno a la transitoria primera.
Por tanto, estamos ante una ley que creemos presenta buenas novedades, que creemos pone, encauza y reglamenta actividades comerciales sobre las que había un vacío legal que generaba una inseguridad jurídica al consumidor y, por tanto, consideramos que estamos ante una ley que, sin duda, va a favorecer el ordenamiento interno de la distribución comercial minorista.
El Senado ha aprobado aproximadamente 59 modificaciones de la ley de ordenación del comercio minorista. El Grupo Popular considera que 50 de esas 59 modificaciones son meras correcciones técnicas, son meras correcciones de estilo o, en cualquier caso, correcciones

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gramaticales. Por tanto, a esas 50 enmiendas el Grupo Popular va a votar favorablemente, pero hay nueve enmiendas que todavía guardan algún contenido de fondo, y sobre todo hay una enmienda que consideramos no sólo tiene contenido de fondo, sino que es trascendente para la ordenación del comercio. Es la enmienda relativa al carácter orgánico, por la que se elevan a este rango el artículo 16, la disposición transitoria primera y la adicional sexta. Por la importancia y trascendencia voy a ordenar la explicación, respecto a esta enmienda, y la posición de mi grupo.
Como conocen SS. SS. la disposición transitoria contiene dos partes bien distintas: un primer inciso, por el que se hace permanente y definitiva la transferencia de competencias en regulación de horarios para las comunidades autónomas; y una segunda parte que es la redacción literal del decreto Gómez- Navarro, que sustituyó al decreto Boyer; un decreto que gozó en esta Cámara de votación unánime.
Nuestra discrepancia está con el primer inciso, sólo con el primer inciso y no por razones de carácter ideológico, sino por razones de respeto a sentencias del Tribunal Constitucional. Sus señorías saben que el Tribunal Constitucional ha dictado diferentes sentencias, en julio de 1993, por las que ha declarado la competencia en materia de regulación de horarios, una competencia reservada y exclusiva del Estado, por tanto, no transferible a las comunidades autónomas.
El Tribunal Constitucional termina diciendo en sus sentencias cosas tales como: Dicha medida --refiriéndose a las competencias de horarios-- debe tener un carácter básico y, en consecuencia, ha de aplicarse a la totalidad del territorio del Estado, aunque ello implique la consiguiente reducción de las competencias normativas asumidas por las comunidades autónomas en materia de comercio interior. Y sigue añadiendo: estamos, pues, ante un supuesto para conseguir objetivos de la política económica nacional que precisan una actuación unitaria en el conjunto del territorio del Estado. Frente a estas razones no cabe oponer el interés de una comunidad autónoma de proteger ciertas categorías de establecimientos comerciales, ya que la finalidad de la medida estatal se enlaza con la protección de intereses generales. Estos párrafos están contenidos de la sentencia del Tribunal Constitucional; por tanto, pretender en el inciso primero de la transitoria, transferir de forma definitiva las competencias a las comunidades autónomas, es estar nítidamente en contra del sentido de estas sentencias del Tribunal Constitucional.
Por si cupiera alguna duda, ha habido una habilidad calculada en el Senado, y aprovechando la defensa por parte del Grupo Popular de la enmienda para restablecer las competencias de las Islas Baleares, para corregir el déficit competencial al que tenían y tienen derecho las Islas Baleares, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), de la mano del Grupo Socialista, han querido componer una nueva ley orgánica, dentro de esta ley ordinaria, que tuviera dos aspectos distintos: uno referente a horarios, artículo 16 y transitoria primera, y otro referente a la corrección de competencias en las Islas Baleares.
Creo que son dos leyes orgánicas de contenido absolutamente distinto que podrían, deberían y tendrían que haberse tramitado de forma distinta para poder producir una votación de forma separada y no ha podido ser así. Esta ley orgánica, presenta un alto grado de vulnerabilidad en materia y en términos de constitucionalidad, y también está presentando un alto grado de vulnerabilidad por su tramitación. Me remito, señorías, a leerles, a ustedes portavoces que han tenido la responsabilidad de elevar a rango de orgánica estos dos preceptos de la ley ordinaria, el artículo 130.2 del Reglamento de esta Cámara que, al estar regulando sobre proyectos y proposiciones de ley orgánica, dicta y establece el siguiente ordenamiento: Si la calificación de la ley como orgánica se produjera habiéndose ya iniciado el debate en Comisión, el procedimiento se retrotraerá al momento inicial de dicho debate. Verde y con asas. Estamos en una tramitación que no se ajusta a lo establecido en el Reglamento de la Cámara; por tanto, señorías, no sólo es vulnerable en términos constitucionales, sino que también es vulnerable en términos del Reglamento interno de la Cámara. Por tratarse de un precepto que pretende otorgar transferencias de competencias a las comunidades autónomas sobre una competencia básica del Estado exige, sin duda, un notable y más profundo debate.
Señores de la mayoría, no vale que una mayoría coyuntural y ya rota en este Parlamento quiera resolver un problema estructural de esta manera «hábilmente calculada», dicho entre comillas. A nuestro grupo le parece que este procedimiento y el inciso primero de la transitoria única abre un amplio campo para la impugnación.
El resto de enmiendas que vienen del Senado, señorías, señor Presidente, mejora el texto salido del Congreso incorporando regulaciones sobre la venta multinivel, sobre el uso de los datos censales... Aquí quiero hacer una advertencia. Considero que esta enmienda presentada por mi grupo en el Senado ha sido poco reflexionada. Es una enmienda que eleva a ordinario un precepto que está regulado en la LORE, en la Ley General Electoral de 1985. Por tanto, no creo que sea posible --es una reflexión que paso al resto de los grupos-- enmendar a través de una ley ordinaria el contenido de una ley orgánica. Me estoy refiriendo a la capacidad que se otorga para utilizar los datos censales para actividades de comercio. Aunque sea una capacidad limitada; aunque haya sido en su momento una propuesta de mi grupo, creo que se ha reflexionado poco y hoy sería bueno que lo hiciéramos aquí.


El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, le ruego que concluya.


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El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Digo que sería bueno que reflexionáramos el sentido de nuestro voto respecto a esta enmienda porque es también bueno leer lo que dice la LORE cuando habla de la utilización de los datos del censo: Queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral a excepción de los que se soliciten por conducto judicial, artículo 41.2 de la LOR. Una ley orgánica que prohíbe esta utilización no puede ser modificada por una ley ordinaria. Por tanto, considero que, aunque mi grupo produjo esta enmienda, todavía estamos a tiempo de rectificar lo que creo no es un acierto en términos jurídicos.
Nuevamente --y termino, señor Presidente-- las enmiendas del Senado subsanan un vacío legal que existía respecto a la regulación de franquicias que también viene a mejorar el texto inicial.
En definitiva, señor Presidente, señorías, mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que vienen del Senado. No va a obstaculizar con sus votos en ningún caso el nivel orgánico de los tres preceptos que se pretenden elevar, pero queremos anticipar que, con la disculpa de cubrir la corrección del déficit competencial de las Islas Baleares (hecho absolutamente legítimo, derecho adquirido por Baleares y, por tanto, al que había que otorgar primacía sobre el resto de los artículos, como mi grupo propuso en el Senado), se ha pretendido aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer permanente una transferencia de competencias a las comunidades autónomas que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional.
Además, insisto, se ha utilizado un procedimiento que está en contra de lo que establece el Reglamento en su artículo 130.
Demasiados aspectos en un solo inciso que presentan puntos de vulnerabilidad y puntos para poder impugnar esta ley que consideramos necesaria para la ordenación del pequeño y mediano comercio español.
Señor Presidente, por estas razones, el sentido del voto del Grupo Popular va a ser favorable al conjunto de las enmiendas que hoy vemos que nos envía el Senado en relación con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, de entrada debo poner de manifiesto que el Grupo Socialista va a dar su apoyo a todas y cada una de las enmiendas que nos llegan del Senado: catorce enmiendas del Grupo Socialista, catorce enmiendas de Convergència i Unió, siete del Grupo Popular, cinco de Coalición Canaria y de Izquierda Unida, dos de Eusko Alkartasuna y una del PNV. Son un conjunto de enmiendas que vienen a mejorar sustancialmente determinados aspectos de la Ley de Comercio y, puesto que vienen a mejorarla, va a tener el apoyo explícito del Grupo Socialista.
Se ha dicho aquí, y yo quiero reiterarlo, que esta es una ley que ha tenido un largo trámite. Cuando debatimos en su momento la proposición de ley de comercio, probablemente en la primera semana de sesión ordinaria de esta legislatura, dijimos que era una proposición que no nos gustaba, que presentaba muchas incoherencias, que era muy perfectible, que, no obstante, la votábamos para enmendarla sustancialmente a lo largo de su tramitación parlamentaria.
Pues bien, han pasado dos años y yo les digo, señorías, que en absoluto han sido dos años baldíos, en absoluto; han sido dos años enriquecedores y esclarecedores, y ¿por qué? Porque esta era una ley muy sensible. Si ustedes recuerdan perfectamente, a lo largo de 1993 el sector comercial, sometido a un profundo proceso de reconversión, de transformación, estaba en muchos aspectos, casi me atrevería a decir, en pie de guerra con el tema de los horarios, con el tema de las rebajas, con el tema de las ventas a pérdidas o la cuestión de la venta en establecimientos bancarios.
El sector se apaciguó de forma importante con el Real Decreto-ley de horarios de diciembre de 1993. Sin embargo, para afrontar la regulación del comercio interior, para afrontar la regulación del comercio minorista, era necesario contar con un texto que fuera suficientemente consensuado. Efectivamente, como se ha dicho aquí, los diferentes grupos políticos hemos consensuado: nos hemos reunido con todas y cada una --pocas han faltado-- de las agrupaciones sectoriales o territoriales de comerciantes, con organizaciones de consumidores; los diferentes grupos políticos nos hemos reunido incluso con las comunidades autónomas y, al final, tenemos un texto, señorías, que probablemente no guste a todos. A mí no es el texto que más me gusta. Creo que todos hemos renunciado y lo hemos hecho en pos de conseguir un texto que sirva al sector. Todos hemos renunciado para que sea un texto que sirva a los consumidores, que sirva a la transformación del pequeño comercio; porque, señorías, debo poner de manifiesto de forma muy clara que esta ley es muy importante, y lo es por una razón bien sencilla, porque sirve a un sector tremendamente importante. Es un sector que aporta el 12 por ciento del producto interior bruto; es un sector, señorías, que ocupa a dos millones de personas; es un sector que ocupa a 800.000 pequeños comerciantes. En definitiva, es un sector que moviliza una parte muy importante de los recursos económicos de este país. Pero, además, señorías, es un sector sometido a un profundo proceso de reconversión de transformación. Es un sector, señorías, que se enfrenta a cambios importantes por el lado de la demanda. Las pautas de los consumidores han variado sustancialmente; ha habido una tremendamente importante incorporación de la mujer al trabajo. Este es quizás uno de los signos más representativos de

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estos últimos tres o cuatro decenios, y esto implica un cambio en los hábitos de compra, hay una mejora de calidad de vida, hay una mayor renta «per capita» de la familia española y esto hace que la demanda cambie.
Pero es que también cambia la oferta. Estamos ante profundas transformaciones desde el punto de vista de la oferta. Por ejemplo, hay una gran concentración de la oferta. Señorías, este es un elemento esencial. El comercio tradicional, hace diez años, en el sector de la alimentación comercializaba en torno al 35 ó 40 por ciento de cuota de mercado; actualmente está en un 15 ó 20 por ciento el pequeño comercio tradicional. Por el contrario, la gran superficie, el gran hipermercado ha más que doblado su cuota de mercado igualmente en diez años; es decir, ha habido un enorme proceso de concentración por esta vía.
Pero están apareciendo nuevas vías de venta: la venta a distancia, la venta en franquicia; están apareciendo nuevos segmentos de oferta que, naturalmente, requerían que esta transformación del pequeño comercio, esta transformación del sector de la distribución se hiciera de forma ordenada, de forma que sirviera al propio sector y que sirviera al conjunto de los consumidores.
Señorías, permítanme que les diga mi profundo convencimiento de que, sin ser una ley que levante entusiasmos en nadie, es una ley que a todos nos sirve y sirve a este proceso de forma clara y manifiesta.
La ley afronta los grandes problemas que tiene el sector de la distribución; por ejemplo, afronta problemas de competencia desigual entre los distintos segmentos comerciales. Existe un problema de competencia desigual entre gran y pequeña superficie en plazos de pago. Existe un problema de desigual competencia en el tema de venta a pérdidas. Existe un problema de desigual competencia en las rebajas o en horarios comerciales.
No me voy a extender mucho, porque ya otros intervinientes anteriormente lo han hecho de forma clara y manifiesta, pero es una ley que entra a regular estos aspectos ordenando el comercio interior, ordenando el sector de la distribución y permitiendo que este pequeño comercio haga su proceso de reconversión, como les decía, de forma ordenada, de forma adecuada, de forma no traumática, que es, desde nuestro punto de vista, absolutamente esencial.
Señorías, se está hablando mucho últimamente de una de las enmiendas que nos vienen del Senado, del tema de las rebajas, de si era conveniente o no establecer un período; si debía ser a final de año, a principios, o, como la enmienda que planteaba el Partido Popular, a partir del 7 de enero.
A nuestro juicio, creo que se está olvidando uno de los aspectos más esenciales en el tema de rebajas, y es que es algo que va a beneficiar al consumidor, porque no solamente se establece cuál será el período de rebajas, sino que, en defensa del consumidor, se establece qué tipo de productos se pueden ofertar en rebajas.
Se prohíbe expresamente ofertar productos fabricados expresamente para rebajas; se prohíbe ofertar productos que no hayan sido ofrecidos al consumidor con anterioridad a precio normal, etcétera.
Podíamos estar entrando en una situación en la que el consumidor realmente no supiera ni qué producto le vendían, ni cuándo realmente se le estaban ofertando productos en rebajas. Ahí entra de forma muy clara la ley, precisamente dando garantías al consumidor.
Creo que levanta un importante consenso el establecimiento de plazos, y van a ser las comunidades autónomas las que, dentro de estos períodos preestablecidos, podrán determinar, con plena libertad, en función de las peculiaridades autonómicas --los que creemos en el Estado de las autonomías pensamos que esto es bueno--, cuándo, en qué momento podrán establecer sus dos meses de rebajas.
Sin duda, señorías, había un tema, creo que también importante, que ya se suscitó a lo largo del debate parlamentario en el Congreso, pero que los grupos convinimos, de alguna forma, sustanciarlo en el Senado. Es el tema de las competencias de determinadas comunidades autónomas, como es específicamente el caso de Baleares. El Estatuto de Autonomía de Baleares efectivamente, no contempla las competencias ni de desarrollo legislativo, ni ejecutivas en materia de comercio. La realidad, señor Aguirre, es que Baleares ahora mismo ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia ha aceptado un recurso de las grandes superficies impidiéndole que desarrolle el Real Decreto- ley de horarios. Esa es la realidad. Si no es por una serie de grupos parlamentarios --la mayoría de la Cámara, la práctica totalidad de la Cámara, menos ustedes--, se vuelven a quedar ustedes solos de nuevo, señor Aguirre, en otro tema más, porque por mucho que usted diga desde estos micrófonos que apoyan el que Baleares tenga competencias, si no votan ustedes el carácter orgánico de la transferencia de competencias a Baleares, de nada sirve. ¿Va a servir a Baleares? Baleares a ustedes se lo demandará. Va a servir a Baleares porque el Grupo Socialista, porque el Grupo Catalán (Convergència i Unió), porque el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque el Grupo de Coalición Canaria, etcétera, vamos a votar favorablemente este carácter orgánico que permitirá a Baleares desarrollar competencias ejecutivas en materia de horarios, pero no solamente a ellos, sino también a Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, La Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid, desarrollar competencias legislativas y, en definitiva, sostener en igualdad de condiciones a todas las comunidades autónomas.
Porque sí hay algo que está muy claro, es que el Decreto-ley de horarios del año 1993 ha funcionado, y ha funcionado porque muchas veces desde esta tribuna, o desde otros foros, nos manifestamos por la inmediata entrada en vigor de la libertad de horarios. Sin embargo, todas las fuerzas políticas cuando, gobernando con mayoría suficiente en las diferentes comunidades autónomas, ha habido la oportunidad de desarrollar el Real

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Decreto-ley de horarios, con la única excepción de Madrid, que incrementó los ocho domingos y festivos mínimos a doce, las restantes comunidades autónomas han convertido los ocho mínimos en ocho máximos. Y es sencillamente porque todos somos conscientes de una realidad: el sector comercial requiere ordenar el proceso de transformación. Y en este aspecto quiero recordar a SS. SS. que el Gobierno aprobó, el Grupo Socialista defendió en esta tribuna y se aprobó por esta Cámara un plan de modernización del comercio interior; un plan de modernización que creo que es tremendamente importante y está absolutamente ligado a esta ley; un plan de modernización que va a permitir que se inyecten recursos financieros --probablemente en torno a 60.000 millones de pesetas-- que van a inducir una inversión de más de 300.000 millones de pesetas para favorecer la modernización del sector, para favorecer el...


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor MARTIN MESA: Voy terminando, señor Presidente. Como decía, para favorecer el asociacionismo dentro del sector. Va a favorecer, en definitiva, que se produzca de forma ordenada la transformación del comercio español, y será a partir de ese momento cuando estemos en perfectas condiciones para la entrada en vigor del artículo 16 de la ley, que establece la plena libertad del comerciante para fijar los días y el horario de apertura y cierre de sus establecimientos. Y va a ser el Gobierno central, junto con el Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, los que van a poder establecer en cada momento cuándo en su comunidad autónoma se dan las condiciones de ordenación del sector y de modernización del sector para que entre en vigor.
Y termino, señor Presidente, señorías, poniendo de manifiesto que el Grupo Socialista, ya en el año 1993, en nuestro programa electoral decíamos que éramos partidarios de instrumentar las medidas necesarias para favorecer la competitividad del comercio español, para favorecer la transformación del comercio español.
Señores Diputados, señoras Diputadas, después de la sesión de hoy, ya tenemos un plan de modernización del comercio y ya tenemos una ley de ordenación del comercio minorista, y estaremos en condiciones de garantizar un planteamiento que es irrenunciable para el Partido Socialista, cual es el que el pequeño comercio siga poblando los centros históricos de nuestras ciudades pero, señorías, un comercio moderno, un comercio competitivo, un comercio capaz de atender a las necesidades de la demanda. Y, señorías, esta ley ayuda a ello.
Esto es todo. Muchas gracias. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa.
Señor Aguirre, tiene la palabra a los solos efectos de replicar a la parte de la intervención del señor Martín Mesa que ha contradicho a su intervención.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Martín Mesa, le ruego que ahora preste atención a lo que le voy a decir, porque está claro que, o antes yo no he sabido explicarme, o usted estaba distraído.
La iniciativa para corregir el déficit competencial que contiene el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en el Senado, parte de una enmienda del Grupo Popular. Creo que con su gesto afirmativo confirma que es el Partido Popular el que pone en marcha el mecanismo para esa corrección. En el Senado esa enmienda goza del voto unánime de toda la Cámara. Hoy, en este último trámite, donde vamos a expresar nuestro voto en torno a las enmiendas del Senado, le he anunciado --y por si no lo entiende se lo repito-- que el Grupo Popular va a votar que sí al carácter orgánico de la disposición adicional sexta nueva, que es la de las competencias de Baleares, a la transitoria primera y al artículo 16. Le hago la salvedad, por si todavía no se ha enterado, de que la disposición transitoria primera tiene un inciso que presenta indicios de inconstitucionalidad y que la tramitación que se ha llevado en esta Cámara creo que no guarda ninguna coincidencia con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara y, por tanto, está tramitándose el carácter orgánico de una forma no establecida por el Reglamento de la Cámara.
Si con esto no le queda suficientemente claro, le reitero a S. S.
que vuelva a leer el «Diario de Sesiones» y espero que después sí le quedará claro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre. (El señor Martín Mesa pide la palabra.) El señor Martín Mesa tiene la palabra.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Producto del, a nuestro juicio, continuo cambio de posición del Partido Popular, ha podido ser la inadecuada interpretación.
Ustedes han cambiado mucho a lo largo de la tramitación de la ley. Prueba evidente es que hoy van a votar en contra de enmiendas que ustedes mismos han planteado.
En cualquier caso, señor Aguirre, no debemos sino felicitarnos todos porque al final hayan visto la luz y algo que ustedes plantearon, y con lo que todos hemos estado de acuerdo desde el principio, permita que las comunidades autónomas --Baleares, particularmente-- que no podían desarrollar el tema de los horarios puedan hacerlo. Pero habrá de comprender S. S. que ustedes mismos han tenido una marcha absolutamente fluctuante e indecisa a lo largo de toda la tramitación, y prueba evidente es que incluso hoy van a votar en contra de enmiendas que ustedes plantearon en el Senado. Esto es lo que puede inducir a error. Si ustedes hubieran tenido un planteamiento mucho más claro

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y directo durante toda la tramitación, no se habría producido esto.
Es todo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Mesa. (El señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.) Señor Aguirre, a efectos de que la Cámara tenga perfecta constancia, en relación con esta ley y las enmiendas del Senado se han suscitado cuestiones de interés e importancia que han sido objeto de tratamiento detenido por la Mesa y la Junta de Portavoces. Estas cuestiones se referían, básicamente, a la votación de esas enmiendas, no a la tramitación subsiguiente, que ha sido pacífica y consensuada, nadie ha propuesto que tuviesen que volver a Comisión y, por tanto, eso no ha sido controvertido ni motivo de ninguna clase de acuerdo ni en la Junta de Portavoces ni en la Mesa, con independencia de que sea el criterio de S. S. respetable --y que yo respeto--, pero digo esto a efectos de que quede claro cuál es la controversia que se había suscitado reglamentariamente en torno a esta cuestión.
Tiene la palabra el señor Ministro de Comercio.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Señor Presidente, señorías, voy a intervenir brevemente para hacer algunas reflexiones sobre lo que significa la ley de comercio que hoy va a aprobar el Congreso.
En primer lugar, quiero decir que esta ha sido la ley con la que hemos vivido toda la legislatura. El proyecto de ley fue presentado por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el mismo día que tomaba posesión este Gobierno y va a aprobarse en el penúltimo Pleno de esta legislatura. Ello quiere decir que ha sido un trámite largo y que se ha sometido a un gran debate.
¿Por qué todo esto? Evidentemente, porque el comercio afecta al cien por cien de los ciudadanos. Es un tema de una extraordinaria incidencia social y, por tanto, de una extraordinaria incidencia política, que repercute directamente en dos millones cien mil personas que trabajan en el sector comercial y en el cien por cien de los ciudadanos como consumidores. Por consiguiente, es una ley en la que había que lograr el mayor consenso posible. Y eso es lo que hemos intentado a lo largo de todo este proceso, no sólo el consenso parlamentario, sino el consenso social; hemos intentado y hemos buscado que hubiese acuerdos entre el conjunto de asociaciones de las diferentes formas comerciales; hemos intentado y hemos buscado que los consumidores apoyasen una ley que fuese razonable y que respondiese a la realidad social de nuestro país, porque, evidentemente, la crítica fundamental que se podía hacer al decreto-ley de 1985 es que, aunque probablemente en abstracto no fuese un mal decreto-ley, no respondía a la realidad social de nuestro país; es decir, en una sociedad democrática, la gobernación de un país es un pacto social entre los gobernantes y los gobernados y, por tanto, no es un despotismo ilustrado, donde, en abstracto, alguien pueda considerar qué es lo mejor para el país. Ese planteamiento conduce a que hay que hacer una ley posible, una ley aplicable, una ley realista para nuestro país, y la ley que hoy se aprueba - -y no voy a entrar en detalles, que ya han sido debatidos y expuestos por los ponentes que han intervenido-- es una ley que se ajusta a esa realidad y que intenta dar una respuesta al comercio español hoy. No intenta dar una respuesta para el año 1970 ni para el 2005, sino que intenta canalizar y regular lo que es hoy el comercio español, los problemas que tiene hoy el comercio español y lo problemas que tienen hoy los consumidores españoles. A eso intenta dar respuesta; intenta impulsar una transformación del sector comercial español para que cumpla mejor su papel social, para que sea un intermediario más eficaz y eficiente entre el productor y el consumidor; intenta que el ciudadano, con el mismo dinero, consiga mayor capacidad de compra, porque el coste de intermediación sea más bajo basado en una mayor eficiencia y eficacia.
Es una ley de consenso, y eso quiere decir que no es la ley de nadie. Evidentemente, si el Gobierno hubiese hecho una ley, no sería exactamente ésta, como probablemente tampoco sería exactamente ésta si la hubiese hecho el Grupo Popular o Convergència i Unió. Es una ley de consenso, y eso significa que cada uno ha renunciado a parte de sus objetivos al plantearse la ley; eso significa que, evidentemente, el artículo 43.1 o el 74.2 --me estoy refiriendo a artículos inexistentes-- a alguien no le gusta. Desde algunos medios de comunicación se ha intentado plantear que hay discrepancias sobre la ley dentro del propio Gobierno, que no hay una posición común. Tengo que decir que eso no es cierto. Es verdad que a mí, o a otro ministro, o a otro, hay algún artículo que no nos gusta. Evidentemente. Una ley de consenso significa que se han pactado una serie de cosas con el conjunto de las fuerzas políticas, y más siendo un Gobierno en minoría, como es el nuestro, y se ha llegado a un acuerdo asumible por todos; eso significa el pacto político; eso significa gobernar en minoría; eso significa haber buscado, no sólo un consenso político, sino un consenso social lo más amplio posible. Creo que hemos hecho el esfuerzo de dedicarnos intensamente durante dos años y medio a intentar conseguir el máximo consenso posible, y creo que hemos conseguido lo mejor que puede tener nuestro país hoy.
Se ha criticado que la ley es extraordinariamente restrictiva y no es verdad. Decimos que queremos parecernos a Europa --yo soy claramente de los que quiero que nos parezcamos a Europa--; pues tengo que manifestar que probablemente esta ley es la más liberal de todos los países europeos después de la inglesa. Desde luego, es, sin comparación, mucho más liberal que la francesa, que la alemana o que la italiana, sin ninguna comparación, y, por tanto, es restrictiva en la medida en que había libertad absoluta y que ahora

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hay una canalización y un precepto legal, pero tengo que decirles que el precepto legal está perfectamente razonado y que las cosas que plantea son las que consideramos que es indispensable regular en defensa del consumidor, en defensa de la igualdad de oportunidades del conjunto de los comerciantes y en defensa de la posible competencia entre pequeños comerciantes y grandes superficies; es fundamental para prestar servicio al consumidor.
Por tanto, se trata de una ley razonable, de una ley que aborda los problemas fundamentales que tiene hoy el comercio y de una ley para hoy y para los próximos años. Es muy posible que dentro de siete u ocho años haya que hacer otra ley; seguro; porque el comercio y la sociedad evolucionan y la ley tiene que dar respuesta en cada momento a las necesidades que la sociedad plantea.
Quiero mostrar mi satisfacción por la ley que hoy se aprueba; creo que es una ley positiva, que marca un gran final de legislatura, que responde a una parte importante de las expectativas de la mayor parte de las personas implicadas en este sector, sin ignorar al consumidor. He leído que esta ley ignora al consumidor. No es cierto. Ni lo hemos ignorado en las negociaciones, ni lo hemos ignorado desde el punto de vista sociológico. El Gobierno ha encargado encuestas para saber cuál era la opinión de los consumidores sobre la regulación de este sector. Hemos preguntado: ¿Usted quiere una regulación o no la quiere? La respuesta es que hay una división prácticamente al 50 por ciento entre las personas que quieren libertad absoluta, en términos comerciales, y los que quieren una regulación restrictiva. En concreto, un 48 por ciento desea una regulación restrictiva y un 46 que no quiere ningún tipo de regulación.
La segunda pregunta decía: ¿Usted quiere una regulación, o una libertad absoluta que perjudique a los pequeños comerciantes? La diferencia en este caso era de 15 puntos a favor de los que querían la regulación. Pero en la respuesta a la primera pregunta había algo más de un 50 por ciento que quería regulación. Esto quiere decir que la sociedad española está dividida sobre este tema. Por tanto, no se puede decir que hemos actuado clientelarmente para los comerciantes, ignorando al consumidor.
Creo que esta ley es razonable y desde luego muestro la satisfacción del Gobierno porque esta ley se apruebe en esta legislatura. Felicito a todos los grupos, y expresamente al Grupo Popular. Me alegro muchísimo de que vuelva al redil, después de haber ido a rastras en la mayor parte de la tramitación de esta ley; me alegro de que hoy se incorpore y vote a favor de la misma. Con ello adquiere el consenso político necesario para ser una ley consensuada en su globalidad, al margen de discrepancias puntuales en algún aspecto concreto, en lo cual no voy a entrar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley de ordenación del comercio. Enmiendas a los artículos 8.2, párrafo primero; 23 y 26.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 17; abstenciones, 131.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 26.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 148.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 172; en contra, 16; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 40.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 183; en contra, 135; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 185; en contra, cuatro; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. Enmienda consistente en la disposición transitoria segunda nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 304; en contra, cuatro; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición transitoria primera, párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 186; en contra, cuatro; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición transitoria primera, regla tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 304; en contra, 16; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 318; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 184; en contra, cuatro; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición final segunda en lo relativo a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al resto de la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 317; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a esta proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 317; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Habiéndose aprobado por el Pleno las enmiendas introducidas por el Senado referentes a la disposición adicional sexta y a la disposición final segunda en relación con el artículo 16 y la disposición transitoria primera de la proposición de ley de ordenación del comercio que le fue remitida por el Congreso, corresponde proponer al Pleno, a tenor de lo dispuesto por la Mesa y la Junta de Portavoces, el desglose de los preceptos citados en una proposición de ley orgánica complementaria de la ordenación del comercio minorista, aprobada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución en relación con el artículo 150.2 que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución, repito, será sometido a una votación final de conjunto, como ha sido anunciado, a las doce o en el momento posterior en que el debate en curso lo permita.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--PROTOCOLO MODIFICATORIO DEL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR, FIRMADO EN QUITO EL 25 DE AGOSTO DE 1995 (Número de expediente 110/000195)

--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25 DE AGOSTO DE 1995 (Número de expediente 110/000196)

--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS (Número de expediente 110/000197)

--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA FRANCESA SOBRE COOPERACION TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995 (Número de expediente 110/000198)

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--ACUERDO DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA, HECHO EN YAKARTA EL 30 DE MAYO DE 1995 (Número de expediente 110/000199)

--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE INDONESIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, Y PROTOCOLO HECHO EN YAKARTA EL 30 DE MAYO DE 1995 (Número de expediente 110/000200)

--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MEXICO EL 23 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000201)

--MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO NUMERO CINCO RELATIVO A LA INTEGRACION DE LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL APOYO EN SERVICIO DEL MRCA (NAMMA) Y LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EFA (NEFMA) EN LA AGENCIA OTAN DE GESTION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y LA LOGISTICA DEL EF2000 Y DEL TORNADO (NETMA) (Número de expediente 110/000202)

--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE ESTONIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000203)

--ACUERDO EUROPEO POR EL QUE SE CREA UNA ASOCIACION ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPUBLICA DE LITUANIA, POR OTRA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN LUXEMBURGO EL 12 DE JUNIO DE 1995 (Número de expediente 110/000205)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
¿Desea algún grupo intervenir en relación con alguno de estos dictámenes? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación de los mismos.
Protocolo modificatorio del Convenio de doble nacionalidad entre el Reino de España y la República del Ecuador.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 317; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 322.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Denuncia del Canje de Notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresion de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperacion trasnfronteriza entre entidades territoriales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo de promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República de Indonesia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 310; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República de Indonesia para evitar la doble imposicion y prevenir la evasion fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 311; abstenciones, 12.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; votos a favor, 323.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Memorándum de entendimiento número cinco relativo a la integración de la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y el apoyo en servicio del MRCA y la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la produccion y la logística del EFA en la Agencia OTAN de gestión del desarrollo, la producción y la logística del EF2000 y del Tornado.
Comienza la votación. (Pausa)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; votos a favor, 307; votos en contra, dos; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Estonia, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; votos a favor, 319; votos en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros por una parte, y la República de Lituania, por otra.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; votos a favor, 322; votos en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 55 HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA DEL SEGURA Y SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CREDITO POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE PESETAS AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO LEY 7/1995, DE 4 DE AGOSTO) (Número de expediente 121/000114)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Madero.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, me corresponde intervenir, en nombre del Grupo Popular, en este debate sobre el dictamen de la Comisión de Presupuestos, referido al proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al objeto de financiar determinadas obras.
Como recordarán SS. SS. --y si no aquí estamos para recordárselo- - el Gobierno y, en su nombre, el Ministro de Obras Públicas, el señor Borrell, que estaba presente hace un momento en la sala y ahora no lo está, decició efectuar este trasvase de 55 hectómetros cúbicos, con carácter extraordinario, desde el Tajo al Segura ante la situación de extrema gravedad --bien es cierto- - que había generado la fuerte sequía en el sureste español.
Esta decisión la plasmó el Gobierno de la nación en el Real Decreto-ley 7/1995 y los grupos parlamentarios de esta Cámara decidimos su convalidación al tiempo que expresamos unánimemente nuestra decisión de que fuera tramitado como proyecto de ley y como tal, señor Presidente, señorías, ha sido debatido en la Comisión de Presupuestos y el dictamen de la misma se debate finalmente hoy, en este Pleno.
Este proyecto de ley tiene dos partes bien diferenciadas; una, el trasvase en sí que el Gobierno decidió, como he señalado anteriormente, que se hiciera hace meses y, por tanto, cualquiera que sea el sentido del voto de esta Cámara, no va a influir en una decisión que ya es irreversible.
La otra parte, el Real Decreto-ley que se tramita como proyecto de ley, es la aprobación de suplementos de créditos al Ministerio de Obras Públicas por un importe

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ya citado de 15.000 millones de pesetas para determinadas obras.
Subrayamos el término: «determinadas obras», porque mi Grupo entiende que lo que hay que hacer es determinarlas, es decir, expresar concreta y claramente en qué obras se van a invertir esos 15.000 millones de pesetas.
En coherencia con lo que anteriormente he expresado, el Grupo Popular presentó, defendió en Comisión y defiende en este Pleno las enmiendas correspondientes para la determinada y concreta asignación de esos fondos que queremos aprobar. Así nos parece de total oportunidad política y de verdadera solidaridad interterritorial que esos recursos sean aplicados en obras a realizar en la región cedente del agua.
Señorías, la sequía no ha afectado solamente al sureste español, al sureste peninsular. La sequía ha afectado en buena parte al total del territorio peninsular y de las propias islas y este verano se produjo un trasvase extraordinario de agua desde una región, Castilla-La Mancha, que no tenía agua hacia otra, Murcia, que todavía tenía menos. Parece obvio que cuando aparece una compensación económica, ésta venga a paliar las múltiples carencias que tiene la región cedente.
No pretendemos, señorías, reproducir en el Pleno el debate que se suscitó en la Comisión. Simplemente queremos señalar algunos aspectos que nos parecen de interés.
En primer lugar, tal como he indicado hace unos momentos, el Grupo Popular entiende que por justicia, por solidaridad y por lógica, las compensaciones a un trasvase extraordinario corresponden a la región cedente de la cual no voy a hacer aquí una apología de carencias y niveles de infradesarrollo, sobre todo, en algunas de sus comarcas, pero entendemos que ésta es una ocasión extraordinaria y única de restañar injusticias históricas con una zona que lo da todo a cambio de nada o de muy poco --y estoy hablando de Castilla-La Mancha--. Efectivamente, en la región cedente, en la región desde la que se trasvasa el agua del Tajo y, en especial, en las provincias de Cuenca y Guadalajara, por una pésima gestión del trasvase Tajo-Segura y por una cicatera aplicación de la ley que lo regula, se está provocando la depresión más absoluta en las zonas cedentes de agua. A los murcianos les sale cara el agua. Los habitantes del sureste pagan cada año una cantidad importante por el agua que reciben, pero esos fondos no llegan, ni de lejos, ni en la cuantía ni en la forma adecuada, a las zonas cedentes.
Los pueblos ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, las comarcas alcarreñas de Cuenca y Guadalajara, los municipios colindantes a la cuenca Tajo-Segura, son zonas, como es conocido por SS. SS., de fuerte depresión económica y en clarísima regresión poblacional y social. Ni han recibido el apoyo financiero que regularmente debían recibir para su desarrollo, ni se han hecho las obras de compensación que deberían haberse realizado en otros momentos. Dichos fondos y obras ni son producto de mi imaginación ni son un capricho de mi Grupo. Son claramente las obligaciones que el Gobierno socialista tiene con unos territorios, explicitadas en la ley que regula el trasvase de aguas del Tajo al Segura.
Reiteramos, una vez más, señorías, la oportunidad de nuestras enmiendas, en el sentido de aplicar esos 15.000 millones de pesetas a obras concretas en la zona cedente, es decir, en Castilla-La Mancha, reparando así, en parte, una injusticia que viene de lejos y que se está agudizando de diez años a esta parte.
Además, señor Presidente, señorías, el Grupo Popular ha presentado, como anexo único en su enmienda número 9, una relación concisa y concreta de obras a realizar en cada pueblo y en cada comarca. No pretendemos ni deseamos una aplicación indeterminada y arbitraria de unos fondos, sino que se apliquen a inversiones perfectamente definidas que detallamos en el anexo único de la citada enmienda.
Se adujo en Comisión, por el portavoz del Grupo Socialista, que no correspondía hacer algunas de estas obras al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Reitero nuestro argumento de que muchas de las obras que pedimos ya debieran estar hechas si se hubiera aplicado adecuadamente la legislación vigente y si se hubiera gestionado correctamente la ley que regula el trasvase Tajo-Segura. Cabe preguntarse dónde está escrito que esas obras que nosotros pedimos las tenga que hacer tal o cual administración.
Las obras que proponemos son absolutamente necesarias. Han sido consultados los pueblos, las diputaciones y la propia autonomía de Castilla-La Mancha. Son, repito, absolutamente necesarias.
Incluso sería deseable que se produjera una concurrencia de las administraciones local, autonómica y central, con lo cual, la aportación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (los 15.000 millones que aparecen en este proyecto de ley), serviría para coadyuvar a unas inversiones mayores, para hacer una red de servicios mucho más completa y para llevar a cabo unas obras de todo punto necesarias, como son la captación y conducción de aguas, su depuración, restauración de comunicaciones, pozos comunitarios para la agricultura, etcétera.
Señor Presidente, señorías, ni un solo grupo parlamentario ha indicado y definido en qué obras concretas han de invertirse los fondos que aquí pretendemos aprobar como suplemento de crédito al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. No entendimos en la Comisión la postura del Grupo Socialista negándose a aceptar una relación exacta y concreta de inversiones que mi Grupo propone, propiciando una indefinición total, dejando la aplicación de unos fondos a la arbitrariedad del Ministerio y renunciando a la asignación concreta de esta Cámara, que es lo que entendemos que debería hacerse.
Concluyo, señor Presidente --y cumplo mi promesa de brevedad--, diciendo que el Grupo Popular apoya

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sin reservas la concesión de los suplementos de crédito que el Gobierno propone en el presente Real Decreto-ley, y que deseamos que su aplicación se haga en las obras que se indican en nuestra enmienda número 9.
Para esta enmienda, y para el resto de las que quedan vivas para este Pleno, solicito el voto favorable de la Cámara, apelando, como decía al principio, a la lógica, a la justicia y a la solidaridad con una parte de España que lo ha dado todo a cambio de casi nada.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que la tramitación de un Decreto-Ley, como fue el del trasvase Tajo-Segura, de 55 hectómetros cúbicos, y un suplemento de crédito, unía dos cosas: hay una necesidad para una sequía y, aparte de eso, hacemos unas obras de infraestructura y nos damos un crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas. Se pidió que se tramitara como proyecto de ley y, por tanto, aceptarlo suponía mejorar el texto de este proyecto. Los esfuerzos inútiles llevan a melancolía; al final, la tramitación de este proyecto termina hoy aquí, no va a ir al Senado, no va a volver y se va a quedar tal cual estaba en el Decreto-Ley. Pero ¿por qué hemos mantenido nuestras enmiendas a este debate? Por cumplir aquello que fue nuestra demanda de que se tramitase como proyecto de ley y para que se debatiera lo que proponíamos modificar de aquella propuesta.
El trasvase del que ahora mismo hablamos está realizado, con el agua se ha regado y los bancales tienen el agua distribuida. Por tanto, no es un problema de ese recurso. Lo que mi Grupo plantea como discusión es el crédito extraordinario, estos 15.000 millones de pesetas, para qué se da ese crédito extraordinario y qué obras se van a hacer. Por parte del Grupo Popular --después me referiré a sus enmiendas-- se ha propuesto una distribución de estos 15.000 millones de pesetas distinta a la que el propio proyecto propone. El proyecto dice que se van a gastar en obras hidráulicas de carácter excepcional 14.500 millones de pesetas y en obras de saneamiento y depuración 500 millones de pesetas. El Grupo Popular lo distribuye de otra manera, diciendo que son obras excepcionales para compensar ese volumen de trasvase que se ha hecho. Yo no considero que eso sea así, por lo menos así no lo es en el proyecto. Este proyecto venía con otro relativo a otro trasvase de 53 hectómetros cúbicos que iban a ir al Alto Guadiana para que se abasteciesen Ciudad Real y los núcleos de población a la orilla del Tajo-Segura.
¿Para qué iba este crédito? Fundamentalmente para la realización de obras y actuaciones de carácter hidrológico destinadas a asegurar el abastecimiento de agua a numerosas poblaciones y a paliar en lo posible los gravísimos efectos de la sequía. ¿Qué pretenden las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida? Que las obras que estaban medidas, presupuestadas y que justificaban estas cuantificaciones que figuran en el artículo 2 del proyecto, y que anunció de viva voz en su comparecencia el propio Ministro, señor Borrell, cuando presentó el proyecto aquí, se añadan y que se especifiquen, porque si no se especifican obra a obra y actuación a actuación venimos a decir algo así como que aprovechando que hemos hecho un trasvase, damos al señor Borrell 15.000 millones para que él los pueda gastar en obras de saneamiento y depuración o en obras hidráulicas.
Además, hay otra enmienda nuestra que va dirigida al artículo 5, porque en el mismo se autoriza este crédito y se exime de los efectos de las limitaciones para autorizar transferencias de créditos que establece el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, que precisamente dice en su letra b): No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplemento o transferencia. En el artículo 5 de este proyecto de ley se viene a autorizar al propio Gobierno para que estas obras se queden dentro del Programa 512A, gestión de infraestructuras y recursos hidráulicos, y dentro del Programa 441A, que es saneamiento y calidad de aguas. Si este artículo queda así, estos dineros pueden destinarse a estas obras, a otras obras o moverse en todo el programa que hay ahí. Hemos reducido las limitaciones que nos da la Ley General Presupuestaria, hemos reducido las limitaciones de la Ley de Presupuestos. ¿Por qué? Porque hemos puesto un dinero para que sea administrado. Eso es lo que nosotros no compartimos del proyecto del Gobierno. Creemos que cuando se hace un crédito extraordinario hay que decir para qué, con qué cuantía cada uno y precisarlo. Como nosotros no queríamos ir a una competición de propuestas que no se deben entender en la forma que se han planteado, hubiéramos preferido que ese anexo se indicase por el Gobierno en el trámite de este proyecto y en el de nuestras propias enmiendas. Esto no ha sido así y nos hemos encontrado con que no vamos a tener esa posibilidad de anexo.
La enmienda número 6 de Izquierda Unida pretendía que esta actuación de trasvase no estuviese sujeta a una actuación permanente de decreto y que se creasen unas condiciones para que hubiese una medidas generales de actuación contra la sequía en las que se pudiesen recoger elementos valorativos para que el debate no se hiciese trasvase a trasvase, porque esto lo que hace es provocar una tensión permanente entre la cuenca cedente y la que demanda ese agua.
Se me puede decir que esto lo tiene que hacer el Plan Hidrológico Nacional. Pero, mientras tanto, como aquel del chiste, ¿hay alguien más? Porque el Plan Hidrológico puede tardar uno, dos, tres años, la sequía también puede durar uno, dos, tres años y cada actuación va a ir

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por un decreto. Este año hemos tenido cinco decretos de sequía.
¿Va a ser ésa la fórmula? ¿Fórmula por la que un decreto va a tener que ir acompañado permanentemente con un crédito? Esta es un arma y una forma de gobernar que no creemos que sea la más ajustada.
Retiro la primera enmienda, enmienda que ya retiré en Comisión pero que ha venido mantenida al Pleno, que pretendía que el agua que se trasvasara se midiese en el complejo Entrepeñas Buendía -- porque en ese control público que es donde está el agua se puede saber qué volumen se puede mover-- en lugar de hacerlo en la parte de Bolarque, que es donde está la central eléctrica; aunque es cierto que hay movimientos de agua que no son trasvasados y que lógicamente es mejor hacerlo desde Bolarque.
La propuesta del anexo del Grupo Popular no la podemos votar porque, señorías, aprovechando que hay un trasvase aquí se introducen unas obras que me gustaría comentar. El portavoz del Grupo Popular ha venido a decir que son obras necesarias y urgentes. Ahora bien, les voy a leer algunas para que podamos ver si eso es así o no. Por ejemplo, en Albacete, actuaciones en los municipios de Almansa, Bonete, Hellín, La Roda y Caudete, para reparar las redes de distribución de aguas al objeto de evitar las pérdidas que oscilan del 50 al 30 por ciento. Díganme ustedes qué ayuntamiento de Albacete o de Toledo no tiene la misma pérdida de agua en la distribución, incluidos también los de la región de Murcia o los de Almería. Porque aquí cada vez que se habla del trasvase se cita Murcia, pero, además de Murcia están Almería, Alicante y Hellín que es una parte de Castilla que no está en la parte alta (el canal tiene un volumen de hectáreas en distribución; en este último riego es verdad que no, pero en la distribución del Tajo-Segura, sí).
Ustedes proponen más cosas. Se han reunido con los alcaldes de la zona y han hecho un listado de obras. Esto me parece bien, pero lo lógico es que el Gobierno del Estado hable con el Gobierno de la región y con los gobiernos municipales. Les voy a leer algunas propuestas que ustedes hacen: Mejora de reposición en servidumbres en la carretera Guadalajara-971, Guadalajara-998, Nacional-320. Otra: Pozos comunitarios para recuperar cultivos leñosos, vid, almendro y frutales en Guadalajara. ¿Este es el sitio para poner esta relación de obras? ¿Son estas obras las que deben de ir? ¿Obedece esto a una propuesta estudiada y coordinada entre las Administraciones? Nosotros preferimos que las propuestas sean las que anunció el Gobierno, y que han sido discutidas, en lugar de las que se nos puedan ocurrir en cada momento. De lo contrario, en cada discusión entraríamos en una negociación que provocaría más confrontación, aunque sé que su objetivo es positivo. Su objetivo es bueno ya que intentan conseguir que la cuenca que hace un esfuerzo reciba lo que no ha recibido en el desarrollo de la Ley del Trasvase. Estoy de acuerdo en que eso sea así, pero con este procedimiento no estamos logrando el objetivo que ustedes proponen. No se está logrando ir a este tipo de concreción.
Por todo esto nuestro Grupo va a votar en contra de la enmienda que hace referencia a la cuantificación, debido a que distribuyen 2.000 millones por un lado y 12.000 por otro en razón a los argumentos que ustedes han dado. En cambio, votaremos a favor de la otra enmienda que propone declarar de utilidad las obras. Esto nos parece lógico, porque, si no se declaran de utilidad, la actuación sobre ellas puede tener una limitación determinada.
En todo caso espero que el tema del agua en este país entre en la dinámica de ser discutido, de ser consensuado y acabar con las batallas sistemáticas ya que como decía en la Comisión, y por la poca experiencia que tengo, por este motivo han surgido más que pequeñas discusiones. El tema del agua tiene que ser un problema conjunto de todos los españoles para evitar confrontaciones equivocadas que no nos llevaría a ningún camino, sino a una batalla de roba agua/buena gestión del agua. Y esa dinámica, esa dialéctica, jamás ayudará a resolver un problema de Estado como debe ser el problema del agua.
Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para turno en contra, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Alonso Conesa.


El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender un turno en contra de las enmiendas que han presentado, tanto el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como el Grupo Popular, al proyecto de ley por el que se autoriza un trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se concede un crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la grave situación de sequía.
En primer lugar, señorías, quiero definir que mi Grupo va a votar en contra de estas enmiendas, como hizo en Comisión, por coherencia al contenido y al objeto de este Decreto. Hemos tenido en la Cámara en los últimos días un debate importante sobre el agua que vinculaba dos decretos, el relativo al trasvase Tajo- Guadiana y el que hace referencia al trasvase Tajo-Segura.
Mi Grupo quiere hacer especial hincapié en el contenido global de ambos decretos y el debate del agua y, desde luego, justificar su voto en contra a las enmiendas, especialmente del Grupo Popular, debido a la incoherencia, a la falta de sentido de Estado que tiene en un tema tan grave y tan importante como es el reparto de un bien escaso como el agua.
El Grupo Parlamentario Socialista no va a mantener en cada región el discurso que interesa oír electoralmente

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a los ciudadanos, como ha venido haciendo el Partido Popular tanto en la región de Murcia como en la de Castilla-La Mancha.
Nosotros, los socialistas, señorías, no vamos a decir a los ciudadanos de la región de Murcia que el trasvase Tajo-Guadiana quita el agua a los agricultores de la región de Murcia y de Valencia, como ha hecho el Partido Popular. Vamos a apoyar ese trasvase, como hemos hecho en Comisión y como venimos haciendo permanentemente, porque es un ejercicio de solidaridad y de reparto de un bien escaso que hace falta en todos los lugares.
Por tanto, señorías, el Partido Popular demuestra una supina falta de responsabilidad y, desde luego, un gran electoralismo cuando acude a la región de Murcia a decir esto a los ciudadanos.
Tampoco los socialistas vamos a decir a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que, como ahora explicaré al referirme a la enmienda, el reparto de los 15.000 millones de pesetas se hará no para compensar nada, sino para actuar sobre el problema de la sequía, y por tanto derivar a obras prioritarias para actuaciones hidráulicas o el abastecimiento del agua, no para compensaciones.
No vamos a decir a los ciudadanos, como hace el Partido Popular, que van a tener tal o cual arreglo de carretera o tal o cual repoblación forestal aprovechando esta circunstancia y que son los socialistas los malos, tanto en la región de Murcia como en Castilla-La Mancha.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista en su conjunto, tanto si habla un Diputado de Castilla-La Mancha como si habla un diputado de la región de Murcia o cuando habla un Diputado de la Comunidad Valenciana, mantiene el mismo ejercicio de responsabilidad y de coherencia ante un problema tan grave como el que está planteado.
Miren, señoras y señores Diputados, la coherencia del Grupo Popular en sus enmiendas. En la enmienda al artículo 1, apartado 1, demuestran claramente su graves contradicciones. Hablan permanentemente de la necesidad de los trasvases en algunos sitios cuando les interesa, pero cuando lo traducen a textos legales es cuando notamos dónde se esconde el verdadero carácter insolidario e incapaz de abordar este problema del Partido Popular. En esta enmienda se dice, respecto del trasvase a la cuenca del Segura que se autoriza por una sola vez y con carácter extraordinario. Miren ustedes, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a defender, como lo ha venido haciendo, que no se haga por una sola vez. Ojalá haya suficientes recursos como para no hacer trasvases, pero si hay que hacer trasvases, como ha venido haciendo el Gobierno de España, el Gobierno socialista, los hará con el rigor y la responsabilidad que corresponde. Y aquí es donde se demuestra la falta de visión y de responsabilidad del Grupo Popular cuando en un sitio dice una cosa y luego lo traslada de manera distinta a otra.
Señorías, también quiero hacer referencia a la otra enmienda importante que mi Grupo va a rechazar relacionada con el artículo 2 y que se refiere a la distribución del crédito extraordinario.
Como digo, será fácil para el Grupo Popular acudir a Castilla-La Mancha y decir que los socialistas nos hemos opuesto a arreglar a algunas carreteras y a repartir el dinero a razón de 3.000 millones por provincia y se ha acabado el problema. (Un señor Diputado: ¡Así es!) Miren ustedes, los parlamentarios socialistas defendemos que este crédito se enmarque en el objetivo con el que viene, optimizar las inversiones que hay que hacer en los recursos hidráulicos e ir consiguiendo que el agua y las infraestructuras que se necesitan estén más ajustadas para que pueda utilizarse lo mejor posible. No viene para compensar nada, señorías, viene para esto.
Ustedes han cogido el listado del plan provincial de algunas diputaciones y algunos ayuntamientos, lo han trasladado aquí, con una alta irresponsabilidad, reitero, porque estamos hablando del agua y no estamos de cualquier cosa, y pretenden poner de manifiesto que nos oponemos a que se arreglen carreteras o a que se arreglen espacios forestales. Pues, miren ustedes, no nos oponemos. Es más, quiero decirles que los socialistas nos sentimos orgullosos de la importante gestión que están haciendo los gobiernos socialistas y especialmente el del señor Bono para corregir estas carencias y estas deficiencias mediante otros instrumentos presupuestarios, y que no pensamos que a río revuelto haya que aprovechar cualquier circunstancia para justificar estas cuestiones.
Por tanto, quiero dejar claro que el Grupo Socialista defiende y mantiene el contenido del texto que propuso el Gobierno porque se van a aplicar las medidas contenidas en el mismo para cubrir las necesidades, los recursos hidráulicos y las infraestructuras que la cuenca precisa.
Por último, señor Presidente, señorías, quiero dejar claro desde la posición del Grupo Parlamentario Socialista que cuando celebremos tanto el debate de los trasvases como el importante debate relacionado con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, respecto al que estoy seguro de que en pocas fechas lo desarrollaremos y todos expondremos nuestras respectivas posturas, el Grupo Popular tendrá oportunidad de decir qué tipo de plan hidrológico quiere, si está de acuerdo con el que hay en este momento, conocido por los distintos sectores a los que les preocupa y les interesa esta cuestión, si prefiere cualquier otro plan, cuántos trasvases le van a parecer bien y qué tipo de infraestructura se necesitaría. Ese será el momento de ver una vez más la coherencia o no coherencia del Grupo Popular.
Señorías, los socialistas de un punto a otro de España vamos a defender, lo estamos haciendo ya, el Gobierno lo ha venido demostrando, la necesaria aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Quiero acabar mi intervención, señoras y señores Diputados, manifestando a los agricultores de la región de Murcia y de Valencia que el Gobierno de España ha conseguido el agua que se ha necesitado desde

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1982, con más o menos problemas pero la ha conseguido. También hay que decir a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que la responsabilidad del Gobierno de España ha hecho posible encontrar ese equilibrio para que no haya enfrentamiento entre una comunidad y otra, que es algo ajeno a la voluntad de solidaridad y de responsabilidad que tiene este Gobierno y que tiene el Grupo Parlamentario que lo sustenta.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alonso.
Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de réplica, entre mi natural tranquilidad y el catarro que tengo le aseguro, señor Alonso, que quizá no llegue a decir las cosas tan insensatas que usted acaba de decir.
Dice: incoherencia supina, falta de responsabilidad, falta de sentido de Estado.Vamos a empezar por lo último.
Efectivamente, en el debate del Plan Hidrológico Nacional --por cierto, ha habido bastantes años para que la Administración socialista lo trajera a esta Cámara-- nos veremos, y ya le anticipo nuestra opinión: el agua y el Plan Hidrológico Nacional son un tema de Estado, en el que lo deseable sería que todos nos pusiéramos de acuerdo.
Señor Alonso, de incoherencia, demagogia y de hacer en cada sitio un discurso no nos digan nada a los del Partido Popular, cuando S. S. aquí está profiriendo términos absolutamente contrarios a los que dice su partido, con el señor Bono, al que usted ha mentado, Presidente regional, a la cabeza. Mayor demagogia, mayor incoherencia, no cabe.
Nadie se ha negado en esta Cámara y ningún Grupo Parlamentario se niega a que en un momento dado se haga un trasvase como el que hizo este verano el Gobierno. Este verano el Gobierno decidió hacer el trasvase, porque así lo demandaba la gravísima situación, ya que se perdía un patrimonio nacional, como son los plantíos y los cultivos leñosos de Murcia, que es de todos, que corría grave riesgo y aunque no había agua se sacó de donde se pudo y se enviaron 55 hectómetros cúbicos, por cierto con gran sacrificio también de la zona receptora del agua en detrimento de sus usos domésticos.
Por tanto, cuando ha hecho falta agua en Murcia, desde Castilla- La Mancha, desde Cuenca, desde Guadalajara jamás se ha negado, jamás nadie ha impugnado la Ley del Trasvase Tajo-Segura, que por cierto es la Ley reguladora para el flujo de esos volúmenes desde la zona cedente a la zona receptora, a la zona de la que usted procede y parece ser que todavía no se ha enterado de cómo están ocurriendo las cosas.
Mire, señor Alonso, cuando este verano se hizo el trasvase desde la cabecera del Tajo, desde el sistema Buendía-Entrepeñas, hacia las zonas del sureste peninsular, el primero que se opuso, repito, fue el Presidente señor Bono. Luego, de incoherencia y demagogia no nos hable. Pero es que, además, aquí todos dijimos que sí y lo que estamos pretendiendo ahora con nuestra enmienda es, modestamente --ya veo que ni por ahí-- que a una zona superdeprimida, que a unas comarcas que necesitan estos recursos y muchos más se apliquen, eso lo dice mi Grupo y lo dice con la cabeza bien alta, esos dineros, esos fondos, esos recursos porque, entre otras cosas, desde hace doce o trece años, precisamente desde que el Gobierno socialista gobierna en España, no se han recibido como debiera --y si lo ha hecho el Gobierno regional, también gobernado por ustedes un montón de años, no ha dado cuentas-- las cantidades en la naturaleza, en la cuantía y de los modos en que debieran haberse producido, precisamente por mor de la Ley del Trasvase Tajo-Segura.
Su señoría, por tanto, no puede hablar de insolidaridad con unas tierras que he dicho en mi primera intervención, y lo repito ahora, que lo han dado todo a cambio de nada o de muy poco, y no tiene más que darse un paseo por mi querida tierra alcarreña de Cuenca o La Alcarria de Guadalajara, y precisamente a esos pueblos que están en el sistema Entrepeñas-Buendía-Bolarque, que ya perdieron las mejores tierras, que perdieron su mejor gente, que es el tesoro mejor que puede tener un pueblo, ahora se les niega incluso las obras que la Ley dice que había que hacer. En aquellas zonas y en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha, y no me mezcle el Real Decreto 7/95 con el 8/95, porque, entre otras cosas, ya veremos cuándo se hacen las obras que prevé el trasvase a la cuenca alta del Guadiana. Aquí sí que había unos fondos para aplicación inmediata, para lo que apelaba precisamente a la generosidad del Grupo Socialista y veo que con ella no contamos.
Les diré también, señorías, que habla el Grupo Socialista, el señor Alonso en su nombre, de optimizar recursos hidráulicos. ¿Me quiere decir qué es optimizar? ¿Me quiere decir qué es lo que va a optimizar? ¿Me quiere decir cuáles son esos recursos? ¿Me los quiere cuantificar? Nuestro Grupo lo ha dicho claramente en su enmienda número 9: una serie de obras, de las que, por cierto, parece que le hacen gracia o incluso a veces lo expresaba con cierta reticencia si no mofa. Repito que muchas de ellas son obras que deberían estar hechas, incluso las de las comunicaciones que estropearon los embalses de Buendía, Entrepeñas y Bolarque y que jamás se han hecho. Parece ser que tampoco ahora se van a hacer; parece ser que tampoco ahora le ha llegado el turno a esas zonas deprimidas, que lo dan todo, también su tierra y sin embargo no reciben nada, no de su tierra, en este caso de su cicatería.
Al final veo que lo que el Grupo Socialista quiere exclusivamente es dar, mediante este proyecto de ley, un

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cheque en blanco al señor Borrell para que invierta los 15.000 millones donde quiera. Si ustedes con sus votos lo consiguen, esa es su responsabilidad. A nosotros nos hubiera gustado más que esta Cámara hubiera asumido su responsabilidad y hubiera fijado en el proyecto de ley las obras concretas, las asignaciones concretas y los recursos concretos. Y, por cierto, no me diga si tal o cual obra es de titularidad local, provincial, regional o nacional porque en ningún sitio del proyecto de ley ni del Real Decreto-ley está dicho que tenga que ser para obras con determinados fines, con determinada titularidad.
He dicho en mi primera intervención y lo ratifico ahora que lo ideal sería coadyuvar entre todas las administraciones a una cofinanciación, del tal manera que incluso estos 15.000 millones de pesetas podían verse multiplicados cuando interviene el resto de las administraciones. De todas maneras, y parodiando a Machado, le diré, señor Alonso, que ni vale nada el fruto cogido con sazón ni aunque le alabe el bruto ha de tener razón.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Madero.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, a mí me gustaría poder argumentar lo que ha sido nuestra posición y plantearle al señor Presidente que la enmienda número 1, de Izquierda Unida, ha sido retirada por la argumentación que se nos dio en la propia Comisión. Lo digo para que a la hora de votar quede claro que esa enmienda ha decaído.
Podemos entrar en una discusión frontal bien de partidos o bien de regiones que defienden lo mejor para cada sitio. El problema de cada planteamiento está en el rigor de nuestras propuestas y en la credibilidad para llevarlas adelante.
El portavoz del Grupo Popular ha argumentado en su enmienda que lo que pone en el texto es que la decisión de trasvasar 55 hectómetros cúbicos en contra del informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura no se puede volver a repetir. Por eso propone que sea extraordinario y por una única vez. Yo le diría, para la tranquilidad del portavoz del Grupo Popular, que si esta argumentación era para el año 1995 y al año 1995 le quedan aproximadamente unos días, sobraría esto de «por una única vez y de carácter extraordinario» porque no creo que de aquí al 31 de diciembre, so pena de que sea el día 28 de diciembre, pueda hacerse una actuación distinta. Por tanto, esta enmienda número 1 no tendría virtualidad.
Yo insisto, señor Presidente, en que habría que especificar para qué obras es el crédito extraordinario de 15.000 millones de pesetas; segundo, en que no se debería dar para cualquier actuación que puedan tener los programas de saneamiento o los programas de recursos hidráulicos, sino concentrarlo en la obtención de recursos para hacer frente a la sequía; y tercero, en que deberíamos hacer frente no a una actuación puntual y cada vez sino que debería haber un marco global para hacer frente a la sequía, donde se recogieran estas actuaciones mientras presentamos el Plan Hidrológico, que deberá de discutirse con los condicionantes de los planes de cuenca y con los condicionantes del plan de regadío.
Entiende mi Grupo que en la medida en que se cumplan esos requisitos no tendremos ningún problema para discutir el Plan Hidrológico cuando se presente. Pero ahora estamos discutiendo este crédito extraordinario y, la verdad sea dicha, la explicación que nos ha dado el portavoz del Grupo Socialista de por qué se dan 15.000 millones de pesetas, para qué se dan y con qué garantías de cumplimiento se van a ejecutar, no nos ha convencido, porque yo no entiendo que sea por un carácter de compensación, sino para unas obras medidas, argumentadas, incluso presupuestadas. Inclusive, si no se quieren delimitar, ofrézcase la posibilidad que haya una disposición transitoria que diga: el Gobierno precisará en el plazo de equis tiempo estas obras.
En todo caso, estoy convencido de que el clima del debate del agua lo deberemos mejorar cuando venga el Plan Hidrológico. Si no, no podremos abordarlo porque hay que decir lo mismo en cada una de las regiones. No podemos decir cosas distintas en cada una de ellas.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Alonso.


El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Yo lamento que al representante del Grupo Popular su proceso de afección gripal le haya impedido defender con ahínco su posición.
Yo, que no la tengo, he defendido la mía porque estoy convencido de que el problema del agua es un problema de Estado, que en este debate todos debemos hacer el mayor esfuerzo para encontrar puntos de encuentro y no de diferencia y, lo que es tan importante como esto, que seamos capaces, ante un recurso escaso como es el agua, de decir en Murcia, en Valencia y en Castilla-La Mancha algo que nos pueda unir y no algo que nos pueda enfrentar.
Y desgraciadamente, señor representante del Partido Popular, su Grupo, en el trámite parlamentario de los dos últimos decretos, lo único que ha hecho en las comunidades de Castilla-La Mancha y de Murcia ha sido decir cosas distintas en uno y en otro lugar, y ahí están los medios de comunicación que lo recogen.
Para no entrar en esa polémica, señoría, quiero decirle dos cosas. Quede claro que al Grupo Socialista le parece necesario e imprescindible que todas las carencias

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y deficiencias que tienen lugares como Cuenca, Guadalajara y todo el territorio de Castilla-La Mancha encuentren solución. Nosotros decimos que este no es el debate ni el lugar donde hay que arreglar carreteras. Estamos diciendo que el Gobierno quiere gastar esos 15.000 millones en obras hidráulicas, saneamiento y depuración. Esto es lo que tiene prioridad y a ello nos referimos.
Quiero decir a S. S. que el Gobierno de España, conjuntamente con el Gobierno de Castilla-La Mancha, tienen otros muchos planes que irán dando respuesta --como ha venido sucediendo hasta ahora-- a las necesidades legítimas de Guadalajara, de Cuenca y de otros lugares. Lo que sucede es que ustedes --y lo reitero una vez más- - a río revuelto, y porque están las elecciones próximas, quieren meterlo todo en el mismo saco, y no puede ser.
Las enmiendas que ustedes han presentado lo único que hacen es corregir el objetivo con el que se hizo la ley; el objetivo es prever dinero para que se puedan optimizar los recursos. Usted me pregunta qué es optimizar los recursos hidráulicos, y yo le digo que realizar las obras que se precisen para que el agua llegue a los sitios con todo su caudal, llegue en mejores condiciones y podamos todos utilizarla como un bien escaso, que lo es.
Finalmente, quiero comentar su última enmienda. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero este trasvase hace referencia a una sola vez. Y quiero añadirle que los socialista seguimos manteniendo que el agua, por ser un bien escaso y por la necesidad de repartirla, habrá que llevarla allá donde más se necesita y, desde luego, tantas veces como haga falta. Esto es lo que de verdad siembra un ejercicio de solidaridad ante un bien escaso como es el agua. Ustedes eso no lo quieren entender y tenemos posiciones diferentes, pero reitero, y concluyo, señor Presidente, señorías, que el Grupo Socialista se opone a estas enmiendas, no porque no sean necesarias las obras en Castilla-La Mancha, sino porque este no es lugar en el que hay que incluir las inversiones para hacer estas infraestructuras.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alonso.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Pasamos a las votaciones correspondientes, tanto de las enmiendas como del dictamen de la Comisión. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones relativas al dictamen del proyecto de ley por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden suplementos de créditos al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Enmiendas del Grupo Popular.
Enmienda número 10.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 140; en contra, 174; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 125; en contra, 193; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Enmienda número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 146; en contra, 174; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 2 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen de este proyecto de ley.
Artículos 1.¼ y 3.¼ del dictamen. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente al resto del dictamen, excepto la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 299; en contra, dos; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 301; en contra, uno; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen relativo a la exposición de motivos.


VOTACION DE CONJUNTO:

--EN RELACION CON ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA PROPOSICION DE LEY DE ORDENACION DEL COMERCIO

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del texto desglosado de la proposición de ley orgánica complementaria de la de ordenación del comercio minorista, aprobada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución en relación con el artículo 150.2.
El texto de esta proposición estará integrado por una exposición de motivos con el mensaje motivado del Senado relativo a estas enmiendas y por un texto compuesto por tres artículos: el artículo 1.¼ será la disposición adicional sexta, el artículo 2.¼ será el artículo 16 y el artículo 3.¼ la disposición transitoria primera, lógicamente del texto de la ley de comercio al que se referían las enmiendas.
Votación de conjunto de esta proposición de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 321; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto la proposición de ley orgánica.


DEBATE DE PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE PLANES REMITIDOS POR EL GOBIERNO:

--DEBATE DE PROPUESTAS DE RESOLUCION SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS REMITIDO POR EL GOBIERNO (Número de expediente 201/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto duodécimo del orden del día, debate de propuestas de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras remitido por el Gobierno.
Propuestas de resolución del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender las propuestas del Grupo Parlamentario Vasco al Plan Director de Infraestructuras. Empiezo por manifestar que, desde nuestro Grupo Parlamentario, hemos asistido con interés al cambio de filosofía que, en el tratamiento de la planificación de las infraestructuras, se ha operado desde el Gobierno central.
Destacamos el esfuerzo que se ha realizado en la coordinación de diferentes modos de transporte, llevado a cabo por un documento marco cuya credibilidad puede estar un tanto en tela de juicio por el largo período de ejecución del mismo.
Nos encontramos con un documento atípico, no es un instrumento de ordenación territorial, tampoco es un instrumento urbanístico previsto en la legislación sectorial en la materia; a lo sumo podríamos concebirlo como la figura sectorial del plan nacional de ordenación.
El punto de partida de que surge el plan es la necesidad de que exista una coordinación entre los distintos tipos de infraestructuras y efectuar una concepción integral del transporte, recordando, señorías, que la competitividad de la economía, en unos momentos de internacionalización y apertura de los mercados, depende también, en buena medida, de la disponibilidad de infraestructuras físicas, carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.
Nuestro Grupo Parlamentario también se felicita de que en el ámbito ferroviario se contenga, en el Plan Director de Infraestructuras, la red ferroviaria hacia el País Vasco, que responde a las necesidades de infraestructuras indicadas en la Conferencia sectorial correspondiente, y que engloba la «Y» vasca.
No obstante, sí querríamos hacer una serie de consideraciones en relación a nuestras propuestas. En primer lugar, referirnos a que el Plan Director de Infraestructuras es un documento globalizador de las infraestructuras de la Administración central, de aquellas que son competencia del Gobierno central, y que el estudio de su redacción no altera de ninguna manera el sistema de distribución competencial. Por ello, planteamos, en nuestras propuestas de resolución números 2 y 3 fundamentalmente, que este Plan no comprende la totalidad de las infraestructuras del Estado, sino aquellas que están intrínsecamente ligadas a las competencias de la Administración central. En estas dos propuestas de resolución planteamos la necesidad de que se haga referencia a la existencia de planes de infraestructuras de las comunidades autónomas, de manera que no haya, de cara al exterior, de cara a la Unión Europea, una plasmación, una visualización de que éste es el único plan de infraestructuras

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que existe en el Reino de España; en la medida en que nos estamos encontrando en un Estado de composición política del poder distribuido, es necesario que se haga también referencia a que existen planes de infraestructuras autonómicos respecto a acciones que son de competencia de las comunidades autónomas. En ese sentido van las propuestas de resolución 2 y 3 de nuestro Grupo Parlamentario.
La propuesta de resolución número 4 pretende hacer una estructuración temporal de las actuaciones que se contienen en el Plan Director de Infraestructuras.
La propuesta de resolución número 5 pretende incluir, dentro del Plan Director, una previsión de que haya un debate serio y sosegado sobre el futuro del ferrocarril en España. No se ha realizado tal cuestión y, por tanto, el Plan Director de Infraestructuras, en materia de ferrocarriles, ha tendido a mejorar o parchear --si queremos decirlo en términos coloquiales- - las líneas que en materia de ferrocarriles ha planificado el Gobierno central, pero sin que haya habido una planificación seria con un debate político en la Cámara.
Entendemos también que era necesario incluir en el Plan Director de Infraestructuras el tramo ferroviario que va entre Miranda de Ebro y Vitoria, que no se debe diferenciar en cuanto a sus características del tramo entre Valladolid y Miranda de Ebro, por lo que sus parámetros deben mejorar para elevar su velocidad de diseño a 200 kilómetros/hora.
La propuesta de resolución número 7 va dirigida a que el Gobierno informe anualmente, a través de algún mecanismo parlamentario, de la ejecución del Plan Director y de los planes sectoriales que lo desarrollan. Y la propuesta de resolución número 1 de nuestro Grupo parlamentario va dirigida a incluir también, dentro de las infraestructuras, la línea 2 del metro de Bilbao, que es una previsión importante que no contiene el Plan Director de Infraestructuras. En el mismo, dentro de las actuaciones concertadas, en las tendencias, se habla de la línea 1 del metro de Bilbao, y es importante contemplar, entre las previsiones, la línea 2 del metro de Bilbao, sobre todo teniendo en cuenta que el Plan Director de Infraestructuras, en lo que se refiere a la concertación de actuaciones en el área de la ría de Bilbao, no está adecuado a las planificaciones que han efectuado las instituciones vascas (Diputación Foral de Vizcaya y Gobierno Vasco), porque se olvida de esa línea 2 del metro de Bilbao y la posibilidad de una tercera línea, citando, en cambio, inversiones en infraestructura ferroviaria explotada por Renfe en la margen izquierda, claramente alejadas de lo que se entiende por concertación. La construcción, dentro del horizonte del Plan, de la línea 2 del Metro reduce considerablemente la necesidad de una parte importante del listado de actuaciones, tanto en lo que respecta a las cercanías como a la red ferroviaria.
Pero además, señor Presidente, hay otra consideración, y es que hace un mes se ha puesto en marcha la línea 1 del metro de Bilbao. Existe un deseo social muy extendido entre todos los ayuntamientos de la margen izquierda del gran Bilbao para que se haga la línea 2 del Metro, e incluso consideramos que es conveniente que exista una continuidad en la dinámica de construcción del ferrocarril metropolitano no dejando inactivos equipos importantes especializados que han trabajado en la línea 1. Por eso es de destacar el consenso político que hay en la Diputación foral de Vizcaya, el consenso político que hay en el Gobierno vasco, el consenso político a nivel de Vizcaya y del País Vasco entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco para que el Gobierno central participe en la financiación de la línea 2 del Metro de Bilbao, tal como lo está realizando con el metro de Madrid.
Si analizamos el Plan Director de Infraestructuras, vemos que es curioso que dentro de las actuaciones concertadas relativas a la revitalización de Madrid se hable de acometer las mejoras del Metropolitano de Madrid, y de ninguna manera se haga referencia a la Línea 2 del Metro de Bilbao.
Nuestro Grupo Parlamentario plantea al Gobierno --y hace un llamamiento a la sensatez del Grupo Parlamentario Socialista-- que lo mejor es destinar los recursos financieros que en este momento se están planteando por parte del Gobierno central a la línea que tiene Renfe entre Bilbao y Santurce para el transporte de pasajeros, destinarlos, repito, a la construcción de la línea 2 del metro de Bilbao para el transporte de pasajeros, dejando la línea actual entre Bilbao y Santurce para el transporte de mercancías. Este es el sentir de la propuesta de resolución número 1, a la que nuestro Grupo Parlamentario da mucha importancia, y respecto a la cual no queremos vernos discriminados a previsiones expresas que se contienen en el Plan Director de Infraestructuras respecto al ferrocarril metropolitano de Madrid, y es por lo que solicitamos la inclusión de esa previsión específica de coparticipación. No decimos en cuánto, pero sí una coparticipación en la financiación de la línea 2 del metro de Bilbao, tal como ha planteado el Partido Socialista en Vizcaya y el Partido Socialista en el País Vasco a través de los señores Maturana y Martín Martínez, portavoces en esta materia del Partido Socialista.
También, señor Presidente, queríamos hacer referencia, en cuanto a la regulación del ciclo del agua, a los recursos hídricos, a una serie de propuestas de resolución que proponemos. Una es la número 8, que hace referencia a que en el Plan Director de Infraestructuras se contenga el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que se aprobó el 17 de febrero de 1995 y en el que figuran diferentes planes de saneamiento de las comunidades autónomas, incorporándose también en la planificación de los recursos hídricos al Plan Director de Infraestructuras la necesidad de regulación de recursos en los ríos

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Herrerías y Cadagua para abastecimiento de agua de las cuencas del alto y bajo Nervión.
Es necesaria también, como propuesta de resolución número 10, una planificación especial integradora del ciclo del agua, de manera que se afronte la relación entre aguas superficiales y aguas subterráneas.
En materia de puertos, he de señalar que se hace una planificación portuaria desde un modelo vigente, como es el modelo centralizado de la Ley de Puertos y Marina Mercante, y consideramos que los puertos no pueden ser sólo una herramienta para el mercado exterior, pues la eficacia para asegurar un buen tratamiento de las mercancías debe promover la captación de tráficos de distribución así como el comercio exterior de otros países. Entre los objetivos modales de los puertos, se habla de especialización de puertos base, de contenedores, pero sólo en el Mediterráneo; no se hace referencia a ninguna especialización de puertos básicos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gatzagaetxebarría, vaya terminando, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, voy terminando.
No se hace referencia a ninguna especialización de puertos básicos en la cornisa cantábrica, y, por ello, nosotros solicitamos que se incluya dentro del PDI que el puerto de Bilbao quede considerado como puerto especializado de base de contenedores. Así lo dice la propuesta número 12.
La propuesta 13 pide que se incluya en el Plan Director de Infraestructuras algo que en el puerto de Bilbao ya se está realizando, de hecho, pero sin tener esa catalogación específica que el Plan Director de Infraestructuras no contiene, que es el que sea calificado como un puerto de zona de actividades logísticas. El Plan lo discrimina en relación al puerto de Barcelona. Y hay una previsión específica, en relación al puerto catalán, en la que se califica a éste como un puerto de actividades logísticas, cosa que no se dice para el puerto de Bilbao.
En materia de costas, queríamos hacer referencia también, señor Presidente, a una serie de consideraciones, en concreto a una propuesta de resolución relativa a que, a la hora de proteger el litoral, la aplicación de la Ley de Puertos y Marina Mercante está originando una serie de disfunciones, se están desafectando del dominio público portuario algunas zonas que van a ser gestionadas, no por los entes portuarios, sino por la Dirección General de Costas. Y eso está haciendo que los ayuntamientos se involucren en el mantenimiento de esta zona de dominio público.
Creemos que es importante dejar claro en el PDI que el mantenimiento y acondicionamiento, así como la conservación de zonas portuarias desafectadas del dominio público portuario y que se afectan al dominio público costero, corresponde a la Administración central.
Por último, y con ello finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario hace referencia, en materia aeroportuaria, a que se contenga la previsión del cumplimiento del acuerdo, en materia de infraestructuras, entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, sobre las obras de ampliación del aeropuerto de Sondica en sus diferentes fases; la primera fase, en materia de adjudicación, se ha efectuado esta misma semana. Pero pensamos que es importante que esta cuestión tenga una plasmación en el Plan Director de Infraestructuras, tal como se contiene a la hora de acciones concertadas en otras entidades, en otras actuaciones metropolitanas, como puede ser en Sevilla, en Barcelona, en Madrid y en Valencia, fundamentalmente, donde ya se concretan determinadas actuaciones. En el caso del País Vasco no quedan suficientemente concretadas, sobre todo, y termino, señor Presidente, en lo relativo a la construcción de la línea 2 del ferrocarril metropolitano, que ha recibido el consenso unánime de todos los grupos parlamentarios; sobre todo, del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco y esperemos que también lo reciba así en esta Cámara en el día de hoy.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con la máxima brevedad posible para dejar constancia de seis propuestas de resolución a este Plan Director de Infraestructuras, presentadas por Unión Valenciana y que quieren poner de manifiesto un poco, aunque sea en uno de los últimos actos parlamentarios, el mal sabor de boca que muchas veces, al hablar de infraestructuras, hemos tenido que padecer los valencianos en los últimos años. No es victimismo, pero no quería dejar pasar la oportunidad para, por lo menos, transmitir ese pesimismo que se nos ha metido a todos en el cuerpo, al ver cómo han pasado años y años de gobiernos, de distintos colores, que han priorizado las inversiones en unas u otras comunidades, pero el turno a la Comunidad Valenciana casi nunca ha llegado.
Hemos presentado seis propuestas de resolución, numeradas de la 15 a la 20, y quería resaltar brevemente algunas cuestiones, no sin antes decir que el impulso adoptado en el Congreso, crear esta Ponencia del Plan Director de Infraestructuras, me parece positivo. Espero que, aunque muera la legislatura, no muera este impulso que creo que debe tener este Plan Director de Infraestructuras y que el próximo Parlamento que salga de las elecciones de marzo tome lo positivo que hay en este Plan, que lo hay, e intente aglutinar a todos los grupos desde el consenso; que intente recoger iniciativas, proyectos de inversiones de futuro que nos permitan a todas las comunidades del Estado español afrontar con garantías el futuro, incluyendo, desde luego, la

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Comunidad Valenciana, que no aparece excesivamente bien parada en este primer informe de la Ponencia.
La primera de las propuestas es la referente a dotar de las inversiones necesarias, por la especial incidencia económica y social que tienen para la comunidad valenciana determinadas infraestructuras en carreteras. Por eso, solicitamos la inclusión en el PDI, con el calificativo de máxima prioridad, de la autovía Valencia-Teruel-Zaragoza-Huesca-Somport, hasta Francia, porque pensamos que ese eje vertebrador de la costa mediterránea con el sur de Francia es muy importante.
También pedimos la ejecución definitiva de la autovía Valencia- Madrid, a su paso por el río Cabriel y su entorno, que permita, de una vez por todas, cerrar esta vía tan importante para la conexión de la meseta con la costa valenciana, así como la ejecución inmediata del proyecto de ensanchamiento del by-pass o circunvalación de Valencia en todo su trazado.
Pedimos el apoyo de esta propuesta porque son indudables los efectos positivos macroeconómicos, sectoriales, regionales y, sobre todo, de competitividad que, de ser considerada, podía tener para el conjunto de la economía española y valenciana.
La segunda de las propuestas es la enmienda número 16, que recoge la petición de integrar, para que se financien vía fondos de cohesión comunitarios y redes transeuropeas de transportes, obras de la importancia del tren de alta velocidad que enlace a la comunidad valenciana con los grandes proyectos y ese plan integral de reforestación y lucha contra la desertización del conjunto del área mediterránea. También solicitamos una inversión peculiar en materia aeroportuaria en los aeropuertos de Alicante y Valencia y los puertos de la Comunidad Valenciana.
Otras inversiones que nos parece que deben ser consideradas prioritarias, en materia de infraestructura ferroviaria en la Comunidad Valenciana --la 19 muy especialmente--, son: que se consideren prioritarias las inversiones en la Comunidad Valenciana y en la cuenca mediterránea, en materia de infraestructura hidráulica, porque ya hemos hablado anteriormente de los graves problemas que afectan al sur y al este del Estado español a causa de la sequía. Considerando esta situación hidráulica dramática, pensamos que deben priorizarse las inversiones del Estado en la mitad sur y este del Estado español en los próximos años, máxime cuando, según el propio Ministerio de Obras Públicas --así se me dice en una contestación parlamentaria--, son prioritarios los trasvases Tajo-Segura y del Ebro al norte de Castellón. Considerando que es un tema especialmente sensible y necesario, pensamos que es imprescindible su reconocimiento como obra e inversión prioritaria.
La última de las propuestas de resolución es la referente a inversiones en materia de infraestructura turística en la Comunidad Valenciana. Son muy importantes para el conjunto de la economía española.
Para concluir mi intervención, como he dicho al principio, quiero intentar transmitir ánimo, ya que el sabor de boca que tenemos los valencianos es un poco agrio, amargo, porque hemos quedado relegados de las grandes inversiones de los últimos años.
Presento y mantengo estas propuestas para su consideración, debate y posible inclusión en los estudios e informes sectoriales que, con posterioridad al Plan Director de infraestructura, puedan elaborarse en sus diversas versiones y vertientes. Con ese ruego de especial sensibilidad hacia la Comunidad Valencia, espero que sea tomada en consideración alguna de estas iniciativas, si no en el PDI en su conjunto, sí en los estudios e informes sectoriales que, como consecuencia del PDI, espero que se elaboren en los próximos años.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria y para la defensa de sus propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Martín Menis.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria quiere comenzar a defender sus propuestas de resolución haciendo unas consideraciones generales que coinciden casi exactamente con el análisis que hicimos en la primera intervención, hace cerca de dos años, en esta tribuna.
Queremos dejar claro desde el principio que consideramos que el PDI es un instrumento eficaz y necesario para la futura gestión de las infraestructuras del territorio del Estado. También queremos dejar claro, como se dejó en la Ponencia a los comparecientes, que las infraestructuras hoy son motores de desarrollo --el crecimiento económico y social depende en buena parte de ello-- y que son un instrumento de cohesión de la nueva Europa. Asimismo queremos dejar claro que el PDI constituye un buen análisis territorial, aunque también creemos que sus propuestas sectoriales no se derivan de dichos análisis, sino de las diferentes políticas practicadas por cada dirección general, así como que las políticas sectoriales se tratan con diferente profundidad. Pienso que, para poder hacer propuestas de resolución, tendríamos que hacer una crítica constructiva que nos permitiera hacer esas propuestas, por lo que destacamos esa primera crítica al Plan, porque creemos que estamos ante terapias que no siempre se corresponden con los excelentes diagnósticos que se realizaron en el análisis territorial.
Hay una segunda discrepancia, mostrada por diferentes comparecientes y en la Ponencia, en la actuación modal del Plan entre carreteras y ferrocarriles, priorizar el orden en el que habría que realizar las inversiones.
El Plan nos lleva a cinco consideraciones generales: que ha de ser un Plan flexible y deslizante, con capacidad para ser actualizado cada cierto período de tiempo (podemos poner cada cinco años), de acuerdo con las necesidades prioritarias. Se ha de homogeneizar

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más el tratamiento de los diferentes sectores del PDI; en el caso de costas, uno de los más insuficientes, se ha de configurar una entidad única de gestión del litoral. Se ha de establecer mecanismos de coordinación con las comunidades autónomas. Se ha de establecer mecanismos de seguimiento y control eficaces por parte de este Parlamento y, sean cuales sean los gobiernos del futuro, se ha de mantener, al menos, los mismos niveles de inversión en tanto por ciento del PIB, para que este gasto de inversión genere renta y desarrollo y podamos aguantar y sostener el gasto social que irá incrementándose en los próximos años.
A modo de conclusión de esta primera parte del análisis, diré que creo que la gran mayoría de los problemas y avances detectados en la Ponencia han sido recogidos en las propuestas de todos los grupos. Yo creo que honra a los ponentes de los dos grupos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, así como a los de los Grupos Catalán (Convergència i Unió), Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Mixto (Unión Valenciana), el esfuerzo por aunar criterios y por presentar propuestas positivas y pragmáticas.
Las propuestas de resolución del Congreso de los Diputados pensamos que han de ser la base de la primera revisión del PDI, para la que no hay que esperar mucho. Somos de los que creemos que un plan está para ejecutarse, pero también para cambiarse. La propia esencia de un plan significa que debe modificarse y adaptarse a las circunstancias.
Coalición Canaria quiere destacar que aquí siempre ha querido hacer una política de Estado. Sin embargo, el Estado, bajo el punto de vista territorial, tiene dos territorios muy diferenciados en España: la España peninsular continental y la España archipielágica; y, dentro de esa España archipielágica y como fuerza nacionalista canaria, destaca la situación más difícil del archipiélago canario, fragmentado en siete islas, alejado, en la costa africana, y con grandes problemas de comunicación. La insularidad se medía antiguamente por el tiempo: el tiempo que tardábamos en llegar a Europa o a la península; hoy se mide en términos económicos. La tecnología nos ha dado soluciones para esos problemas. Es necesario tener medios de transportes y las infraestructuras son un elemento fundamental para resolver ese problema de 20 por ciento de incremento de costo de vida hoy, en las islas mayores, y un 50 por ciento de incremento, en las islas menores.
Por ello, durante más de dos años de la tramitación, hemos insistido reiteradamente en la necesidad de singularizar el tratamiento de las regiones insulares por su radical diferencia territorial con el continente. Así lo entienden y lo han expuesto todos los expertos y la práctica totalidad de los grupos políticos, lo cual ha conducido a un amplio acuerdo parlamentario sobre ese punto, del que nos alegramos, y sobre la necesidad de un documento específico para la realidad multifragmentada y alejada de Canarias que sea el arranque de un programa concreto de actuaciones.
Se ha recogido en una transaccional, que agradecemos, lo mismo que hacemos por el apoyo de todos los partidos y todos los grupos políticos que se han comprometido en ello. Y las mismas razones que han llevado a esta Cámara a aprobar un REF justifican ahora un anexo, un documento específico para Canarias, que en Canarias se empieza a denominar el REF de las infraestructuras.
Creemos que es necesario que la inversión de la Administración central sea en términos similares al menos a la media nacional, en pesetas por habitante, derivada de los fondos que se asignan en el PDI, y queremos destacar la importancia de los transportes para un territorio alejado y fragmentado, como Canarias, que es muy superior a la de un continente. Pensamos que deben contemplarse medidas de transporte público alternativas a las actuales, para resolver los problemas medioambientales y de contaminación. Debe resolverse el problema de la financiación de infraestructuras vitales, como son puertos y aeropuertos, que no deben hacerse con cargo exclusivamente a los usuarios, como se propone para el resto del Estado, ya que nuestro puertos y aeropuertos son la alternativa a las comunicaciones por ferrocarril en la España peninsular.
Y tenemos una serie de propuestas de resolución puntuales, como la sugerencia de estudiar la viabilidad de un establecimiento en Canarias de un segundo registro de aeronaves, que probablemente nos ayudaría a resolver una buena parte de los problemas de comunicación, porque favorecería el establecimiento de empresas que hoy tienen sus bases en diferentes puntos europeos.
En definitiva, Coalición Canaria va a apoyar gran parte de las resoluciones transaccionales, las resoluciones del Grupo Socialista, del Grupo Popular, de Convergència, del PNV, de todos aquéllos que han presentado resoluciones positivas y que han hecho un excelente trabajo en la Ponencia. Nos da pena que no se haya llegado a un gran consenso, al que, probablemente en otras circunstancias políticas, si no fueran meses casi preelectorales, se hubiera podido llegar, más teniendo en cuenta que estamos refiriéndonos a un plan que tiene de horizonte el 2007, que va a tener tres legislaturas, que pasarán diferentes gobiernos por él, que las infraestructuras tienen un período de gestación muy largo y que, por tanto, el consenso de esta Cámara, para que la política sea continuada, no llevará más que beneficios para España. Retiraremos aquellas enmiendas que han sido recogidas en las transaccionales propuestas, fundamentalmente en una transaccional donde se contemplan todas las necesidades de producir un estudio específico, un documento específico para Canarias, que nos lleve a podernos incorporar, igual que el territorio peninsular, en un plan director de infraestructuras que va a ser fundamental para toda España.
No me extiendo más, el tiempo se me ha agotado. Me hubiera gustado poder ampliar los criterios que nos parece

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que debe ser fundamental incluir en ese documento específico de Canarias, pero lo aportaremos, como fuerza política, en su gestación, ya que en el propio acuerdo ha quedado claro que tiene que ser un documento consensuado entre la Administración central, la administración autonómica y los propios entes locales, especificando claramente los cabildos. Es un acuerdo que espero que obtenga el apoyo de la mayoría de esta Cámara.
Por último, quiero felicitar a la Ponencia. Durante dos años hemos trabajado mucho y ello nos ha ayudado a tener una visión global del problema de las infraestructuras y del desarrollo del futuro de toda España, incluida la España archipielágica, a la que todos los componentes de la Ponencia han dedicado especial atención y han estudiado con mucho cuidado durante todos estos meses, pues a mi no me quedaba otro remedio que destacar y preguntar continuamente por esa especificidad de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y para la defensa de sus propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a exponer la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en este primer final del debate en el Parlamento, del Plan director de Infraestructuras, respecto a su oportunidad, tramitación y circunstancias.
La propuesta del PDI entró en la Cámara en marzo de 1994 y se ha realizado un gran esfuerzo para analizar, estudiar, profundizar y conocer opiniones contrapuestas sobre un documento que, si bien pretendía hacer un inventario de actuaciones del año 1993 al 2007, para esta Cámara va a ser a partir de 1995.
¿Desde qué dinámica ha mirado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya este trabajo? Desde el esfuerzo de intentar poder precisar nuestra opinión, entendiendo que el PDI es un plan del Gobierno, un plan del Gobierno que ya está siendo línea de trabajo del propio Ejecutivo. Lo que nosotros debíamos considerar es cómo ha funcionado en la etapa 1993-1995, para ver de qué manera han podido ir evolucionando esos compromisos, en lugar de posicionarnos en el sí o no al PDI.
La posición de mi Grupo no es hablar del sí o no a la propuesta del Gobierno; ni siquiera tenemos la pretensión de reelaborar, desde la Cámara, una serie de propuestas concretas para que se pueda especificar mejor, hacer un calendario mejor de inversiones, concretar ciclos de actuaciones o ir a una financiación más detallada. No es nuestro objetivo ése, ir a lo concreto.
¿Desde qué vertiente hemos abordado la elaboración de nuestras propuestas de resolución? Hemos partido de qué es lo que se necesitaría próximamente para definir qué territorio tenemos para vivir los ciudadanos, qué territorio tenemos para trabajar, qué territorio tenemos para proteger y cómo nos comunicamos dentro de ese territorio. Por tanto, la posición de nuestro Grupo está contemplada desde la dinámica, no de una discusión dogmática de sí o no, sino de qué haríamos, qué corregiríamos y qué aportaríamos nosotros a esta discusión.
A mí me gustaría hacer tres grandes reflexiones de lo que va a ser nuestra primera propuesta de resolución, que engloba cuatro o cinco grandes precisiones. Nosotros creemos que el PDI debería partir de un mayor nivel de concreción de política territorial, más que ser una suma de proyectos sectoriales, muy poco desarrollados en comunicaciones y poco en otras vertientes; debería ser un compromiso colectivo del Gobierno, donde hubiese una proyección presupuestaria más detallada; una propuesta global del Gobierno, donde la centralidad no sea la competitividad de los espacios, la competitividad de nuestro país a nivel económico, sino que la centralidad sea el ser humano, cómo vive mejor el ser humano y cómo produce mejor; cambiar la centralidad que propone la propuesta.
Y esto no es baladí, porque el documento que se nos entrega en las Cortes, en su Página 20, cuando habla de la tendencia a la concentración de inversiones, dice: La tendencia de concentración económica en grandes áreas metropolitanas europeas y el incremento de desigualdades territoriales de él emanado no ha cambiado, en líneas generales, hasta la actualidad, y es muy discutible que en el futuro pueda cambiar. Es decir, acepta como futuro, como idea territorial que van a agudizarse los desequilibrios. Es más, termina diciendo que el área centroeuropea será más directamente beneficiada, mientras que se incrementarán las desigualdades para las zonas donde no podamos actuar. Este es el primer defecto que nosotros creemos que debe corregirse. No hay que concentrar inversiones; no hay que apostar por polos que hoy tienen vías de desarrollo, para que se desarrollen más. Hay que integrar y mejorar todo el territorio.
Por eso hay algunas propuestas de resolución a favor de las que después votaremos.
Más adelante, define que las perspectivas de las infraestructuras vuelven a ser lo mismo: buscar espacios competitivos a nivel económico; espacios territoriales, no empresas competentes, no un país competente en función de su estructura, sino espacios donde ubicar actividad económica y social.
Nosotros creemos que el segundo elemento que debería tener esa propuesta del Gobierno es plantearse concertar, comprometer a comunidades autónomas y municipios en una actuación común. No ha habido ese proceso de trabajo. No hay una concatenación de propuestas, no hay una derivación de actuaciones de lo que afecta a varios territorios con lo que afecta a una comunidad. Es necesario avanzar en esa concertación

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conjuntada de actuaciones territoriales de todas las administraciones.
En tercer lugar, pensamos que es necesario introducir un gran debate social que comprometa a toda la población en el futuro que decidamos, en el qué y en el cómo nosotros haríamos una reelaboración, pero sin partir del criterio de tirar por tierra todo lo que hay. No; con este documento que hay, vamos a reelaborar, partiendo de estos tres criterios. Y nos gustaría precisar qué queremos hacer, cuánto nos cuesta --no podemos seguir en los ripios de la Expo o en los de las Olimpiadas--, qué dinero tenemos para invertir con un criterio de autoridad, porque el arte de la política es administrar recursos escasos y dar prioridad a unas actuaciones o a otras.
Por eso, Izquierda Unida va a recoger el reto que lanzaba el señor Borrell, que decía: Aquí está la propuesta del Gobierno, esto es lo que hay, cojan el lápiz y la goma, apunten y borren.
Nosotros queremos aceptar ese reto, vamos a decir de dónde vamos a borrar y qué queremos hacer, porque ése es el arte de dar prioridad, ése es el compromiso que Izquierda Unida quiere contraer con ustedes.
Primero, nuestra orientación, en el qué, sería reducir la apuesta por las infraestructuras de gran capacidad: 5.000 kilómetros de autovía se plantean en el PDI para los próximos años; se habla del tren de alta velocidad para dos grandes ejes; la conexión intercuencas, grandes obras hidráulicas; nosotros creemos que eso no es lo más importante. Decía el Ministro: Tenemos un país con muchas carreteras, hemos mejorado, hemos avanzado. Y yo le decía en la Comisión: Sí, Augusto fue un emperador, construyó 4.000 kilómetros de carretera en España; Carlos III fue otro emperador y construyó 5.000 y el Gobierno del señor Borrell o el Gobierno del señor González va a construir 6.000. Pero hablamos de emperadores; no tiene nada que ver con ser de izquierda o de derecha, con ser más progre o menos progre. Han aportado recursos y han administrado recursos. No es lo más prioritario para hoy.
No decimos que no sea importante; la prioridad hoy es vertebrar y conectar todo el territorio español, conseguir una mayor cohesión interna para conexionar España con Europa, pero todas las vertientes de nuestro territorio tienen que avanzar.
Segundo, no creemos en la concentración de inversiones. Hay que distribuir en todo el territorio.
Tercero, pensamos que las comunicaciones tienen que escorarse frontalmente hacia la carretera y no recoger el esfuerzo del ferrocarril. Hay que reconocer una cosa: con los dineros que aquí se propone es un esfuerzo ya comparado con lo que se está haciendo. No quiero decir que no se proponga un esfuerzo. Lo que nosotros decimos es que esa concentración de ferrocarril va hacia el tren de alta velocidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya concluyendo.
El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente.
Nosotros creemos que habría que caminar hacia el ferrocarril no especializado en cercanías y alta velocidad, sino el ferrocarril como un elemento más para poder recuperar una dinámica de vertebración de nuestro territorio. Y la intermodalidad. La concentración de inversiones va a significar que en el triángulo País Vasco-Madrid-Valencia hacia el Este se hace una inversión fuerte, pero hay polos del territorio español que se encuentran poco concretados, como Asturias, Galicia, Extremadura y Castilla, el sureste español. Es decir, si concentramos inversiones, si llevamos esas actuaciones de gran dimensión hacia esas zonas, estamos provocando desequilibrios en un sitio donde deberíamos plantearnos el desarrollo sostenible del mundo rural. No podremos evitar el abandono de los campos si no asentamos población, dando recursos.
Intermodalidad. Intermodalidad en aeropuertos. ¿Cuántos aeropuertos españoles tienen el acceso por ferrocarril? Intermodalidad en los puertos; solamente se plantea en tres.
Potenciar no solamente Algeciras, Valencia, Barcelona y Bilbao, sino también otros puertos, Alicante, Cartagena. ¿Por qué no Gijón? Hay una opción de concentración, no una opción de integración y vertebración de todo el territorio.
La verdad, señor Presidente, es que nos gustaría que el compromiso y la conclusión que este Congreso elevara al Gobierno fuera que la gestión de estos planes especiales partiese de concitar el encuentro entre las administraciones y la sociedad, partiera de poner al ser humano ante el interés del territorio, partiera de marcar prioridades dentro de nuestras posibilidades y austeridad, y dotarnos de un método de seguimiento de estas inversiones.
Me gustaría --y con esto termino, señor Presidente-- que, como conclusión, pudiéramos poner algo diferente del final de «Cien años de soledad», de García Márquez. Ustedes saben que Aureliano, el protagonista, busca en las previsiones de Melquíades, busca en esos pergaminos y acelera la lectura para conocer cuál es su futuro, el futuro suyo. La verdad es que estaba previsto que la Ciudad de los Espejos sería arrasada por el viento. El libro titulado «Cien años de soledad» termina todo lo escrito diciendo que es irrepetible para siempre y desde siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la Tierra. Yo espero que sí tengan una oportunidad sobre la Tierra en el 2012 los territorios que hoy podemos dejar con esta opción por una posición más competitiva de cara al futuro; es decir, avancemos en todo el territorio español, avancemos y seamos todos un poquito más competitivos, aunque los polos más competitivos tengan que verse un poco mermados.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para defensa de las propuestas de resolución del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, señorías, el Plan Director de Infraestructuras --lo hemos dicho desde el Grupo Popular-- fue un gran esfuerzo de planificación. Se ha mejorado a lo largo de la tramitación, pero creemos que es un esfuerzo fallido porque no es un auténtico plan director.
¿Por qué decimos esto? Recuerdo brevemente que el plan director supone obras por valor de 18,6 billones de pesetas y una financiación para ejecutar esas obras entre 1993 y el año 2007.
Pues bien, desde el punto de vista de las obras, cada vez se han añadido y se están añadiendo más obras por comunidades autónomas, por nuestras propias resoluciones, por necesidades que surgen, y se comprueba que los proyectos que se hacen necesitan mucha mayor inversión.
Desde el punto de vista financiero cada vez se ha visto y se ve que año tras año no llegamos al nivel mínimo de financiación presupuestaria y no se moviliza la estrategia presupuestaria. Por tanto, el PDI supone --y lo digo aquí taxativamente-- que un tercio de las obras contempladas en el Plan Director de Infraestructuras no se van a iniciar en este período. ¿Quiere eso decir que el PDI no sirve para nada? No, en absoluto. El PDI es un esquema director que marca hacia dónde hay que ir a largo plazo con unos planes sectoriales, pero si queremos que sea útil es necesario --y nosotros lo especificamos en nuestra primera resolución-- establecer prioridades. Esas prioridades nos dirán qué tercio de las obras contempladas en el PDI no van a iniciarse, y de las que quedan, de esos otros dos tercios, cuáles se van a empezar dentro de dos años y cuáles dentro de ocho o de diez, porque la situación no es la misma. Nosotros hemos dado prioridades concretas, abiertas, eso sí, a otros grupos, pero concretas en proyectos cuyo análisis coste-beneficio muestre una contribución mayor a la competitividad, infraestructuras que debían haberse acometido en planes ya concluidos e incluso dentro de los campos del PDI, conservación de carreteras y mayor utilización de las actuales autopistas de peaje, ahorro de agua y modernización de regadíos, depuración de aguas residuales, etcétera.
Por otro lado, es preciso cambiar el marco financiero. ¿Por qué? Yo les digo, señorías, que si observamos la inversión que se ha realizado en España no ya por el Ministerio de Obras Públicas, no ya las del PDI, sino todas las que ha hecho el Estado desde 1982 a 1995 --y ha supuesto una inversión importante--, como la deuda pública entre esos años ha crecido más que la inversión, resulta que de todo lo que se ha invertido no está pagado nada.
Comprendo la teoría que dice que las inversiones deben financiarse con deuda pública porque no toda la inversión deben pagarla los que viven en ese momento, porque la van a disfrutar generaciones futuras; pero una cosa es eso y otra cosa es que no se haya pagado absolutamente nada. ¿Qué ocurre ahora? Que aquellos polvos traen estos lodos. Ahora tenemos un nivel de deuda pública que hemos de rebajar y entonces nos encontramos con una situación muy difícil para financiar presupuestariamente el PDI. Nosotros decimos que la solución no es, en modo alguno, establecer un impuesto recaudatorio, llámese subida de quince pesetas en la gasolina, una ecotasa, sistemas que cambien la presión fiscal. Nosotros estimamos que si hay que adoptar alguno de esos impuestos, y puede estudiarse, tiene que ser dentro de una reforma del sistema fiscal directo e indirecto que no suponga aumento de la presión fiscal.
En segundo lugar, creemos que hay que dar una participación mucho mayor en el tema extrapresupuestario a la financiación privada, con un marco legal estable y con un impulso político que permita participar a todos y hacerlo con transparencia y con claridad.
En nuestras 90 resoluciones no sólo consideramos el PDI como tal, sino también lo que supone de futuro de las infraestructuras; de ahí que en nuestras resoluciones tengamos en cuenta temas que considero importantes, como, por ejemplo, la concertación con las comunidades autónomas, que es vital para el futuro de la planificación y de las obras públicas.
Los desequilibrios territoriales. No podemos crear una periferia próspera con un centro cada vez más desierto, y hay que estudiar cómo afecta cada uno de los planes que se adopten a esos desequilibrios.
La ejecución del PDI, porque se van a hacer muchos billones de pesetas. ¿Cómo se sacan a concurso esas obras? ¿Cómo se hacen los proyectos? ¿Cómo se adjudican? Todo eso lo consideramos de suma importancia.
Hay que continuar en carreteras y el programa de autovías y, al mismo tiempo, centrarnos en la conservación, la seguridad vial y la gestión del tráfico.
Pensamos que se necesita un ferrocarril moderno para España, pero que mantenga también las líneas regionales, aunque tengan un débil tráfico, en colaboración con comunidades autónomas y que contemple el AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa, teniendo en cuenta qué financiación se le da.
También el transporte urbano colectivo e intermodal; o los recursos hidráulicos, donde creemos que debe haber un desplazamiento de recursos de la creación de nuevas infraestructuras de trasvases a ahorro del agua, modernización de regadíos, gestión de la demanda.
Es importante modificar los temas de impacto ambiental. Hay que estudiar los planes como tales, no obra por obra y hay que tener muy en cuenta la depuración de las aguas. Al final, creemos que deben ser dos organismos distintos, dos ministerios distintos los que ejecuten las obras y los que juzguen su impacto ambiental.
Insistimos, lógicamente, en el trato especial a Baleares y Canarias, que deben tener un capítulo distinto y

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la investigación y el desarrollo, que están muy mal tratados financiera y diríamos intelectualmente en el PDI que debe mejorarse.
Finalmente, claro, un nuevo marco económico y financiero al que antes ya me he referido.
Este es nuestro planteamiento global. No quiero detallar cada una de nuestras propuestas --podría pero es imposible por el tiempo-- , pero son noventa y están estudiadas todas las posibilidades, constituyendo, creo, un conjunto claro, coherente hacia el futuro de cómo tratar las infraestructuras en España.
Nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos con los demás grupos en aquellos planteamientos nuestros que sean compartidos por los demás, pero mantendremos los que no sean compartidos y lo haremos para que nuestras resoluciones se voten, porque estamos convencidos de que en nuestras resoluciones hay una forma, coincidente en unos casos, alternativa en otros, de desarrollar las infraestructuras en el futuro.
Ahora quiero centrarme en una idea que considero esencial y que hemos visto a lo largo de la tramitación del PDI, especialmente en la ponencia. Por encima de las diferencias de cómo hacer las cosas, de cuándo se harán las cosas, es absolutamente necesario el esfuerzo de la sociedad...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Posada, vaya terminando.


El señor POSADA MORENO: Voy terminando, señor Presidente.
Es necesario el esfuerzo público y privado de la sociedad para mantener las infraestructuras en un nivel tal que permitan la modernización de España y la competitividad internacional.
Tengo que decir que me causó una desagradable impresión la manifestación del ministro, señor Solbes, cuando con un intento, creo que didáctico, dijo que para conseguir estar de acuerdo con el sistema de Maastricht en el año 1999 y poder acceder a la moneda única, bastaría, dijo, en primer lugar con subir quince pesetas el litro de gasolina. Luego añadió otra cosa que todavía me pareció más desafortunada: bastaría con contratar la mitad de obra pública que contratamos ahora. Eso no se puede decir ni como ejemplo didáctico porque sería retroceder en nuestra competitividad internacional.
Se ha dicho aquí, y con esto termino, señor Presidente, que este plan a doce, trece, catorce años debe hacerse de tal forma que se tenga en cuenta que habrá cambios de gobierno. Indudablemente los habrá, y varios, en este período, pero no sólo habrá cambios de gobierno. Habrá cambios también de ritmo de crecimiento económico. Ahora mismo hay unas restricciones fuertes; quizá en el futuro no haya tantas, pero puede haber una recisión como la del año 1993; puede haber otra situación y las ayudas europeas a partir de 1999 disminuyan y fuertemente. Puede ocurrir que haya nuevas necesidades sociales, que sea preciso cubrir con urgencia y puede ocurrir también perfectamente que este sentido europeista que ahora domina a la sociedad española se retraiga; o que el Estado autonómico cooperativo, que en estos momentos está funcionando razonablemente bien, se desplace a un centralismo, que sería ineficaz, o hacia un regionalismo insolidario. Todo esto puede ocurrir. Además puede ocurrir que se cambie la administración que lleva las obras públicas; eso ocurrirá seguro.
Puede haber errores, puede haber aciertos, pero yo creo que es crucial --y esta es la idea de nuestro grupo y espero que lo compartan todos los grupos de la Cámara-- mantener siempre en todos esos avatares una idea y es que sin un gran esfuerzo inversor en infraestructuras no hay futuro para España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posada.
El señor Sedó tiene la palabra para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, hoy estamos en esta Cámara en el último trámite del PDI. El Gobierno presentó a la Cámara, el 25 de marzo de 1994, a el Plan Director de Infraestructuras aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo solicitando la celebración de un debate ante el Pleno de la misma sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007; en resumen, el PDI.
La comunicación del Gobierno iba ligada a actuaciones en comisión para también crear una ponencia dentro de la misma; y el jueves 19 de mayo de 1994 la comunicación del Gobierno se debatía en esta Cámara; se debatía aquí y figura en el «Diario de Sesiones».
Entonces nosotros decíamos que el debate del PDI debería llevarnos a una intervención de tipo generalizada y global que sirviera para fijar la línea básica de cuál va a ser nuestra posición final a lo largo de lo que será un verdadero debate. El debate de aquel día era simplemente la presentación.
En Comisión ha habido un gran debate, debate que ha durado más de dos años. El debate se ha reducido en ponencia pero después ha sido aprobado su trabajo por la Comisión.
Creíamos que el debate no tenía que ser único, que debía ser un debate prolongado en el tiempo, con muchos debates encadenados, y así más o menos ha sido.
Resaltábamos que el Plan Director de Infraestructuras era un Plan del Gobierno, aprobado por el Gobierno y, por tanto, las resultantes que nosotros podíamos sacar de dicho plan eran desarrollos parciales que debería promover el ministerio.
Quiero poner de manifiesto que todos los grupos hemos trabajado mucho, muchísimo. He de felicitar a

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SS. SS. y autofelicitarme por el gran trabajo realizado, no sé si finalmente consensuado, pero todos los grupos han colaborado con nosotros, colaboración que agradezco en este trámite.
En mayo de 1994, cuando tuvo lugar el primer debate, nosotros decíamos que el PDI marcaba un dibujo final deseable, pero que era solamente un documento inicial de trabajo. En toda asamblea de trabajo se necesita un primer documento que, aunque posteriormente no quede nada de él, es el origen del trabajo y del consenso y al que todos los grupos presentan sus enmiendas.
Tanto en Comisión como en ponencia se ha trabajado mucho, pero el 21 de junio de 1995 se presentó a la Comisión el informe de la ponencia que estudiaba el Plan Director de Infraestructuras. Este documento es el resumen de todo el trabajo realizado por la ponencia. Se ha trabajado muchísimo. Se dedicaron 25 sesiones a comparecencia y hay kilos y kilos de papel en documentos e informes. El 10 de octubre de 1995 termina el trámite de la Comisión con la presencia del señor Borrell y se abren los tres días de plazo para la presentación --si hubiere-- de propuestas de resolución en aplicación del artículo 197, que dice que podrán presentarse ante la Mesa propuestas de resolución, pero no era necesaria su presentación.
Nuestro grupo ha presentado doce propuestas de resolución, todas ellas con un carácter bastante genérico, no hemos entrado en prioridades concretas. Muy rápidamente comentaré alguna de estas propuestas.
En la primera propuesta de resolución nosotros establecemos que el Plan Director de Infraestructuras es un elemento inicial de planificación positivo en lo que supone de proyecto sobre el que hay mucho que trabajar, sin embargo, desde que se inició no se ha adelantado nada. En este sentido nuestras críticas van dirigidas al ministerio. Desde el establecimiento del PDI el ministerio ha trabajado a través de planes puente que caducaban en el año 1995 como, por ejemplo, el del ferrocarril, o en 1994 y no conocemos ninguna otra cuestión que haya desarrollado el PDI. Quizá fundándose en que el PDI está en la Cámara, el ministerio desarrolla aquello que más le interesa, pero no conocemos ningún plan puente nuevo. Por tanto, nuestra primera propuesta de resolución es la consideración del PDI como el elemento inicial de un aran debate que posiblemente deba ser transformado, pero que sirve de base inicial para el mismo.
Otra propuesta de resolución --que coincide con otros grupos-- pone de manifiesto la ausencia en el PDI del tratamiento de los temas autonómicos. Otra cuestión importante que consideramos en una resolución es que el desarrollo del PDI estaba previsto desde el año 1993 al 2007, y debería tener un plazo más flexible.
Tenemos una resolución en la que hablamos de un plan puente cero.
Desde 1993, en que puso en marcha el PDI, hasta ahora, hay muchas obras que han quedado en el tintero --tengo una lista, al menos de las de Cataluña, pero el tiempo no me permite mencionarlas una a una--, y creemos que es necesario este plan puente cero para que recoja y reprograme todas las actuaciones iniciadas y que han tenido o tienen incidencia y otras que están comprometidas y no iniciadas todavía. Falta este plan puente, que debe ser de 1996 en adelante, porque el desarrollo del PDI va a tardar mucho más.
También teníamos una resolución muy importante sobre el Plan Hidrológico, una resolución muy concreta, que decía que este plan deberá disfrutar de una especial atención.
En cuanto a los temas medioambientales, estábamos de acuerdo con las modificaciones que había introducido la segunda edición del PDI, y en otras resoluciones nos referíamos a temas concretos, como el mayor aprovechamiento de las autopistas, además de tener, cómo no, una propuesta de resolución, la número 12, que se refería con carácter genérico a la dedicación que merecen las islas Baleares y la problemática insular Canaria.
Verdaderamente, nosotros habíamos presentado 12 propuestas de resolución, cuando en total hay 187, y hubiésemos querido entrar en el juego de las transacciones, pero, al final, analizando a fondo el tema --se lo digo para que conste a la hora de las votaciones--, retiramos las 12 propuestas de resolución porque consideramos que son genéricas; puesto que el plan es del Gobierno, que lo trabaje, que lo adelante. Además, en la propia revista del ministerio del mes de diciembre se dice que el el plan tiene un largo proceso de evaluación. Muchos proyectos que acoge --continúa diciendo-- han comenzado a desarrollarse o están siendo implantados en este momento, incluso antes de la aprobación global del plan. Eso no es verdad. Ese plan no necesita aprobación global; es un plan aprobado por el Gobierno.
En estos momentos estamos en el trámite de conocimiento de la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sedó, vaya concluyendo, por favor.


El señor SEDO I MARSAL: Sí, señor Presidente.
Decía que estamos en un trámite de conocimiento de la Cámara y, en todo caso, de hacer aportaciones a través de las resoluciones.
Por otra parte, este artículo de la revista del ministerio también dice lo siguiente: Inicialmente, el Plan Director de Infraestructuras no tenía por qué pasar el trámite del visto bueno en el Congreso de los Diputados. La Constitución Española - -sigue diciendo-- permite que los proyectos de planificación del Gobierno, como en el caso del PDI, sean aprobados simplemente por el Gobierno. Que ahora se diga esto desde el ministerio, que a lo largo de los dos años haya habido críticas públicas del ministro a la Comisión --que después se han solventado-- como si la Comisión no trabajase, nos ha hecho llegar a la conclusión de retirar hoy nuestras propuestas de resolución. La posición óptima,

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que hubiésemos querido, sería que al documento informe --en este documento simplemente se relatan todas las personas que han comparecido y todos los documentos que hemos recibido-- se añadiera como un documento consensuado global las 187 propuestas de resolución que han presentado los grupos.
No entramos a defender nuestras propuestas de resolución ni vamos a entrar en las votaciones de las demás; consideramos que todas las proposiciones, las 187, son válidas y tienen mucho interés (aunque quizá en alguna concreta tuviéramos nuestras pegas, casi siempre en el tema temática autonómico) y, como sabemos que van a ser publicadas por los servicios de la Cámara, sacamos el resumen positivo de que, gracias a todos los grupos, que han trabajado con un alto grado de consenso tanto en Ponencia como en Comisión --aunque, en este momento, nosotros estemos fuera del consenso de votaciones--, la Comisión ha llegado a hacer un buen informe, unas buenas resoluciones, que, unidas a la publicación de la Cámara y de lo que hoy se aprobará, darán al ministerio una pauta sobre lo que piensan los grupos parlamentarios.
Por tanto, creo que lo que vamos a aprobar, lo interesante es la alternativa que se puede dar desde una de las propuestas de resolución que nosotros redactamos, en el sentido de que el PDI y, sobre todo, su desarrollo, tenía que soportar unas alternativas durante un largo plazo. Todos estos documentos deben ser leídos por quienes tienen capacidad de desarrollar el PDI y solicito al grupo mayoritario de la Cámara que tenga bien en cuenta que se ha de hacer llegar al ministerio el documento que la Cámara redacte, con todas las propuestas de resolución que los grupos han presentado a las que anuncio nos vamos a abstener, abstención que no va contra nada sino a favor de todo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Jerez, tanto para la defensa de sus propuestas de resolución como para fijar posición respecto al resto de propuestas de resolución defendidas.


El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, señorías, en el debate de este final de mañana se terminan prácticamente dos años de trabajos continuos, que han descrito la mayor parte de los portavoces de los grupos, y nos encontramos en el último momento para que el Plan Director de Infraestructuras tenga algo que pretendió desde el principio, que es el mayor consenso posible, desde el reconocimiento de que es un documento que nace del Gobierno. Pero si la complejidad del documento nos puede llevar a confusión, es bueno, que describamos el momento procesal en que nos encontramos.
El Plan Director de Infraestructuras ha sido debatido, como elemento de globalidad, en distintos momentos y, sobre todo, en una Comisión el pasado mes de octubre. De ese debate podemos decir que prácticamente el 90 por ciento de la representación de la Cámara ha considerado que es un documento útil y necesario.
Además, es la primera vez que se plantea una planificación global de todas las infraestructuras del país. En ese sentido de análisis de la globalidad, podemos decir que el documento presentado por el Gobierno ha tenido la aceptación de la representación de una inmensa mayoría de la Cámara. En sus trámites y en el estudio de la ponencia esa utilidad y necesidad han sido acentuadas por la mayor parte de los grupos políticos.
Por tanto, podemos decir y podemos reconocer el trabajo del Ministerio de Obras Públicas en esta dirección, porque el documento, aunque lógicamente tiene discrepancias, en su globalidad es aceptado.
Es más, se ha producido más un mejoramiento del texto que un análisis de su globalidad, y ese mejoramiento va a suponer que aquel conjunto de proposiciones que se presenten, bien transaccionadas, bien propias de cada grupo, van a enriquecer el texto que nos presenta el documento global del Plan y que lógicamente estará en poder del Gobierno, con total compromiso político de esta Cámara, para que ese espíritu que engloba el Plan Director de Infraestructuras pueda presidir los distintos planes sectoriales durante los próximos 14, 15, 16 y, decíamos con acierto, un horizonte flexible que pueda tener el Plan Director de Infraestructuras.
He de agradecer a los grupos políticos esa imagen global que se presenta del Plan Director de Infraestructuras. Asimismo, debo decir que, por parte de mi grupo, se han introducido 16 enmiendas, la mayoría de ellas sacrificadas en función de enmiendas transaccionales y ha participado en otras tantas, por un total de 24, que espero tengan el máximo consenso dentro de esta Cámara.
Se han tocado aspectos del ferrocarril que el Plan Director de Infraestructuras trata de manera muy especial, intentando el fomento del ferrocarril en la situación más concreta de la intermodalidad; la necesidad de consensuar con las autonomías los ferrocarriles regionales y el fomento de los contratos-programa, abriendo también un debate en torno al ferrocarril que consideramos interesante.
También en los aspectos hídricos hemos incorporado todo lo que se habló en el Consejo Nacional del Agua, dando prioridad a inversiones en torno al ahorro y a la reutilización del agua, porque entendemos que era una intención del Consejo Nacional del Agua y que nos puede además abrir el camino al Plan Hidrológico Nacional, en la idea de que son necesarias también las intercomunicaciones de cuencas en momentos determinados como situación imprescindible a la hora de resolver los problemas hídricos del país.
Mi Grupo ha introducido enmiendas relativas a zonas urbanas, sobre todo en los enlaces de ferrocarril

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en cercanías y en la conexión con los distintos medios de comunicación. Se ha hablado, y todos los Grupos están de acuerdo, de la necesidad de distinguir la insularidad, tanto de Baleares como de Canarias, pero distinguiendo, en el caso canario, una situación especial y excepcional, como es su distancia, las características especiales de renta y la sensibilidad en los temas medioambientales que caracterizan el conjunto de las Islas Canarias. Por tanto, hay un reconocimiento, tan amplio como sea necesario, en ese carácter específico que tienen las Islas Canarias.
También se ha intentado buscar fórmulas complementarias de financiación, y yo destacaría aquí el planteamiento de la ecotasa como un elemento más de financiación que creemos interesante en la búsqueda de muchos y variados elementos que pueden complementar la financiación del Plan Director de Infraestructuras.
Asimismo, nos ha preocupado el futuro y los trámites de futuro que pueda tener el Plan Director. Así, hemos introducido revisiones anuales de control de cómo se van realizando los distintos planes sectoriales del Plan Director de Infraestructuras, la necesidad del consenso entre las autonomías y municipios, porque, aunque las grandes obras públicas son del Estado, sin embargo, el territorio donde se desenvuelven debe estar de acuerdo con la implantación de esas obras públicas.
También, por supuesto, estamos en la idea de intentar un método de revisión que no sea realizado a espaldas de esta Cámara y que suponga que, cada revisión del plan, cuente en sus momentos y en los temas importantes con el conocimiento al menos de la Cámara.
Se introduce en la enmienda transaccional 19 un apartado indicando las relaciones con Portugal, porque en todos los aspectos no cabe duda de que la interconexión con Portugal tiene una singularidad que debemos reconocer también en estas propuestas que se presentan.
Y quería resaltar de una manera muy especial los aspectos medioambientales, a los que se ha dirigido la mayor parte de las propuestas de mi Grupo. Reconocemos que el Plan Director de Infraestructuras hace una apuesta muy importante por los temas medioambientales, pero también el Grupo Socialista ha querido incidir en los aspectos interesantes, como la utilización de infraestructuras abandonadas, así como la realización del impacto ambiental. En función de la experiencia que tenemos, consideramos que la declaración de impacto debe ser previa al proyecto y en una situación más integral para que se contemplen obras de distinto tipo que puedan incidir de una manera conjunta en los territorios a través de su evaluación en proyectos integrales.
Asimismo, el respeto a la biodiversidad en los distintos puntos, y de una manera especial en las zonas costeras, ha sido otra preocupación de nuestras propuestas. Por tanto, pensamos que, por parte del Grupo Socialista, hemos hecho una tarea importante en mejorar un texto ya extraordinario que nos presentó el Ministerio de Obras Públicas.
Tenemos que decir que las transaccionales que están pactadas evidentemente van a ser apoyadas por mi Grupo, y he de añadir de una manera especial que las propuestas 124 y 170, creo recordar, presentadas por el Partido Popular, contarán con el apoyo de mi Grupo, así como otra transacción que, aunque no era sobre una presentada por el Grupo, sí se contiene en una serie de enmiendas del Partido Popular.
De cara al Partido Nacionalista Vasco, quiero decir que nos parece aceptable --y por eso la quiero dejar «in voce»-- que, al final de una transacción que engloba la propuesta 81 del Partido Socialista, al final del primer párrafo, se introduzca otro párrafo con el siguiente texto: «en el reconocimiento de la existencia de planes autonómicos de infraestructuras».
Quiero decir también que, reconociendo el esfuerzo de todos los grupos, teniendo en cuenta que las enmiendas de algunos de ellos, como las del señor Chiquillo, dentro del Grupo Mixto, tienen un carácter muy concreto, como otras muchas, y hemos huido de las concreciones en esta incorporación de propuestas, porque podríamos entrar en un debate de peticiones de distintas autonomías, huyendo de esas concreciones, no podemos admitir situaciones concretas presentadas. Esto no quiere decir que estas propuestas vayan a ser rechazadas en la realidad, pues muchas de ellas pueden ser claramente asumidas; en este sentido, hablaría de la línea 2 del Metro de Bilbao. Sin embargo, en un análisis de cómo ponernos de acuerdo, hemos creído, y así lo ha decidido la mayor parte de los grupos, que las situaciones presentadas tenían que ser generales.


Nada más. Como estamos terminando la mañana del penúltimo día, quiero decir simplemente que espero que lleguemos a un consenso y, por supuesto, felices Pascuas a todos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jerez.
La Presidencia entiende que los portavoces de todos los grupos parlamentarios tienen ya relación de las transaccionales que el Grupo Socialista les ha ofrecido y, si no expresan nada en sentido contrario, entiende que retiran la propuesta de resolución correspondiente para que pueda ser votada la transaccional. (El señor Posada Moreno pide la palabra.) ¿Señor Posada?

El señor POSADA MORENO: Gracias, señor Presidente.
En efecto, así es en las transaccionales que nos han ofrecido y que acepto como representante del Grupo, pero quiero señalar tres transaccionales que no acepto. ¿Es pertinente?

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí. Hay que indicarlo para someter a votación la propuesta de resolución del Grupo Popular.


El señor POSADA MORENO: En primer lugar, respecto a la resolución 80 del Grupo Socialista, transaccional con nuestras resoluciones 154 a 159, que hace referencia a la financiación, no podemos aceptarla porque, si bien recoge alguno de nuestros puntos, lo hace de una forma tímida e insuficiente y, sobre todo, mantiene la ecotasa, con la que estamos frontalmente en desacuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces, la transaccional número 80 no será sometida a votación, porque no tiene ninguna enmienda a la que acogerse. En consecuencia, se someterán a votación las propuestas de resolución del Grupo Popular números 154 a 159.


El señor POSADA MORENO: Exactamente.
Otra transaccional a nuestras resoluciones 92, 93 y 94 hace referencia a los desequilibrios territoriales. Reconozco que los dos párrafos de esa propuesta transaccional recogen bien el espíritu de lo que manifestamos en nuestras resoluciones, pero hay un punto que no se contempla. Por eso, pudiera ser aceptada, pero pidiendo al Grupo Socialista que se añada este tercer párrafo: El Congreso de los Diputados recomienda, asimismo, que el MOPTMA, en colaboración con las comunidades autónomas, evalúe, en lo que sea posible, la contribución de los planes sectoriales a la corrección o, al menos, al no agravamiento, de los desequilibrios territoriales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para que quede claro a la Presidencia ¿aceptaría la transaccional siempre que se admitiera la adición que S. S. plantea?

El señor POSADA MORENO: Exactamente.
Finalmente, hay una transaccional con nuestras resoluciones 129, 130, 134, 135 y 136 que hace referencia a puertos y aeropuertos.
No vamos a aceptar esa transaccional porque, si bien coincidimos con ella en que apoyamos la autofinanciación del sistema portuario y aeroportuario, sin embargo, no se recogen nuestras resoluciones relativas a la organización del sistema y a las posibilidades de profesionalización y privatización. Por tanto, no aceptamos la propuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por tanto, se someterán a votación sus propuestas de resolución números 120, 130 y 134 a 136.
Con relación a la transaccional a las propuestas de resolución 92, 93 y 94, ¿acepta el Grupo Socialista la adición expresada por el señor Posada?

El señor JEREZ COLINO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, al no aceptar la transaccional de la 80, la 80 del Grupo Socialista permanece viva y debe votarse.
Aceptamos la incorporación del texto que nos ha dicho el portavoz del Grupo Popular para incorporar a las que figuraban con los números 92, 93 y 94 y, al no ser aceptada la relativa a la 129, 130, 134, 135 y 136, debe desaparecer porque no tiene alternativa nuestra y, por tanto, no es objeto de votación.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Así lo entiende la Presidencia, señor Jerez.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para manifestar que aceptamos las transacciones propuestas por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, retiramos las propuestas de resolución números 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, manteniendo el resto, que serían la 1, 6, 9, 11, 12, 13 y 14.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Coalición Canaria retiraría las números 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42 y 45, ya que las considera aceptadas en las transaccionales, y mantendría --algunas están en las líneas de transaccionales, pero son temas específicos, no de obras pero sí de detalle, y que querríamos mantener-- las números 22, 25, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47 y 48.
Respecto al resto de los grupos, pediríamos votación separada de la 129 y 134, del Grupo Popular, y de la 72, del Grupo Socialista, porque creemos que podría entrar en contradicción con la política que proponemos y que incluso está en una de las transadas sobre la financiación extrapresupuestaria de puertos y aeropuertos; simplemente es para que nosotros no entremos en contradicción.
Antes habíamos indicado a la Mesa que la 21, referente a costas, la queríamos separada, pero vamos a votarlas todas conjuntas y las vamos a apoyar, aun cuando creemos que aquí hay una diferencia entre la España real y la España oficial. Estamos de acuerdo con la transaccional de costas; no estamos de acuerdo con lo que está pasando en realidad en costas; pero como estamos hablando del texto, vamos a apoyar las transaccionales.
Respecto a las del Grupo Vasco (PNV), de las que quedan vivas, querríamos votación separada de la 8 y la 9.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, la 8 no continúa viva.


El señor MARTIN MENIS: Entonces sólo la 9.
Entiendo que retiraron las números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La número 6 continúa viva.


El señor MARTIN MENIS: Entonces pediríamos votación separada de la 6 y 9; de Unión Valenciana la 15 y 16, y del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya las números 49, 50, 51, 52, 53, 58, 65 y 66.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, la Presidencia le ruega que, por favor, si es posible en un momento nos pase una nota especificando estas votaciones separadas. Le ruego que lo haga llegar a los servicios de la Cámara.


El señor MARTIN MENIS: De acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ríos, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, nosotros retiramos las enmiendas que están afectadas por transacción y sólamente, como le hemos pasado a la Presidencia una agrupación de enmiendas pero el Grupo Popular no ha aceptado la transacción, queremos decirle que, en el grupo de las enmiendas del Partido Popular, donde están las enmiendas 83, 97, 107 y 132, se deben agrupar también la 129, 130, 134 y 135, que no han sido aceptadas como transaccionales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego unos momentos de paciencia para poder ordenar, espero que sin errores, las solicitudes de votación separada de las propuestas de resolución.
A la vista de las distintas solicitudes, no es tarea fácil, sino más bien compleja; pero para que las votaciones puedan tener el resultado que SS. SS. apetecen, permitan que lo preparemos en la debida forma. (Pausa.) Votaciones de las propuestas de resolución sobre el Plan Director de Infraestructuras.
Propuestas del Grupo Vasco (PNV).
Propuesta número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, seis; en contra, 157; abstenciones, 146.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuesta número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 25; en contra, 143; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuesta número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 10; en contra, 144; abstenciones, 155.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Restantes propuestas del Grupo Vasco (PNV).
En cada una de las ocasiones en que haga referencia a las restantes propuestas de un Grupo, se entiende que son las que se mantienen vivas por no hacer sido retiradas o no estar afectadas por transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas del señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto.
Propuesta número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 156; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuesta número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 10; en contra, 157; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuesta número 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 11; en contra, 157; abstenciones, 141.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuesta número 19.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 155; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Restantes propuestas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 24; en contra, 143; abstenciones, 141.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas del Grupo de Coalición Canaria.
Propuestas números 37, 40 y 43.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 10; en contra, 157; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuesta número 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 149; en contra, 143; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Propuesta número 47 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 133; en contra, 141; abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Restantes propuestas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 24; en contra, 142; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Propuestas números 49 y 53.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 150; en contra, 142; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.
Propuesta número 60.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 147; en contra, 141; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Propuestas números 50, 51 y 58.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 25; en contra, 143; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas números 54, 55, 56, 62, 63 y 64.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 19; en contra, 142; abstenciones, 148.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Restantes propuestas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 16; en contra, 142; abstenciones, 151.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas. (El señor Ríos Martínez, pide la palabra.) Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, en la agrupación de propuestas del Grupo Socialista van unidas las números 72 y 77.
Yo le pediría que las separase para su votación. Y respecto a la propuesta 80, que no está agrupada en las restantes, como ha decaído la transaccional que han ofrecido, no sé cuándo se

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vota. Pedimos que se vote por separado la citada propuesta número 80.


El señor PRESIDENTE: Propuestas del Grupo Socialista.
Propuesta número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 290; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta Propuesta número 72.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 146; en contra, 16; abstenciones, 147.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Propuesta número 77.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 291; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Propuesta número 80.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 125; abstenciones, 30.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Restantes propuestas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 167; en contra, 123; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.
Propuestas del Grupo Popular.
Propuestas números 83, 97, 107, 132, 130 y 135.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 137; en contra, 143; abstenciones, 29.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas números 85, 91, 96, 102, 106, 108, 110, 118, 126, 131, 137, 161, 174 y 175.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 133; en contra, 157; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas números 129 y 134.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 125; en contra, 143; abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Propuestas 124 y 170.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 283; en contra, tres; abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.
Restantes propuestas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 145; en contra, 142; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.
Propuestas transaccionales.
Propuesta transaccional en relación con la propuesta 65, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 166; en contra, uno; abstenciones, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Propuesta transaccional en relación con las propuestas 101, 103, 116, 115, 120 y 121, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 277; abstenciones, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.


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Propuesta transaccional en relación con la número 117, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 275; abstenciones, 32.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta transaccional en relación con las propuestas números 67, del Grupo Socialista, y 21, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 276; en contra, 15; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta transaccional en relación con las propuestas números 78, del Grupo Socialista, y 140, 141 y 142, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 277; en contra, 14; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Restantes propuestas transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 290; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes propuestas transaccionales.
Señorías, llegado este momento todos los años la presión de la hora hace que lo que SS. SS. esperan y yo deseo decir pueda verse empañado por la premura o por la urgencia, pero pueden estar seguros de que no resta sinceridad, ni autenticidad ni vehemencia al deseo de felicidad para estas Navidades y para siempre.
Se levanta la sesión. (Aplausos.)

Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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