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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 190, de 13/12/1995
 


CORTES GENERALES DIARIODE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 190 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 188 celebrada el miércoles, 13 de diciembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 10054)

Preguntas (Página 10054)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política económica y medidas para fortalecer nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de protección social similares a los de los países de la Unión Europea (UE) (número de expediente 172/000134) (Página 10081)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política general de consumo y medidas legislativas, administrativas, económicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación de nuestro sistema de protección al consumidor con el de los países de nuestro entorno (número de expediente 172/000133) (Página 10092)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 191, de 14 de diciembre de 1995.)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 10054)

Preguntas (Página 10054)

Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los nuevos compromisos del Gobierno con los Estados Unidos de Norteamérica para una mayor integración en la estructura militar de la OTAN ante el nombramiento del nuevo Secretario General de la Alianza Atlántica? (Número de expediente 180/001578) (Página 10054)

Del Diputado don Rodrigo de Rato Figaredo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Asume el Presidente del Gobierno la responsabilidad de los perjuicios causados al interés general por el despilfarro que dio lugar a importantes desviaciones del gasto en 1992, inadecuadamente reflejadas en las cuentas públicas según el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General del Estado de dicho ejercicio? (Número de expediente 180/001585) (Página 10055)

Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué gestiones ha efectuado el Gobierno ante la Unión Europea, para corregir las discriminaciones que sufre Euskadi, en las ayudas de la Política Pesquera Común? (Número de expediente 180/001536) (Página 10056)

De la Diputada doña María Lucía Gómez García, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales en relación con la imagen de la mujer en los medios de comunicación? (Número de expediente 180/001564) (Página 10058)

De la Diputada doña Manuela García Villamayor, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la política seguida por el Ministerio de Asuntos Sociales para erradicar la violencia contra las mujeres? (Número de expediente 180/001565) (Página 10058)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la aprobación del Decreto que regula las familias numerosas de tres hijos? (Número de expediente 180/001572) (Página 10059)

De la Diputada doña Joaquima Alemany i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido hasta el momento presente la asignación y distribución del presupuesto de 1995 destinado al fomento y promoción de las asociaciones de voluntariado? (Número de expediente 180/001579) (Página 10060)

De la Diputada doña María Jesús Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Asuntos Sociales: ¿A qué se debe el retraso en el desarrollo de los principios y mandatos de la Ley de Integración Social del Minusválido aprobada en abril de 1982? (Número de expediente 180/001592) (Página 10061)

De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué grado de desarrollo se encuentran los trabajos de elaboración de un nuevo plan cuatrienal de vivienda? (Número de expediente 180/001566) (Página 10062)

Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista del Congreso,

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que formula al Gobierno: ¿Tiene prevista el Gobierno la constitución de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga para resolver los acuciantes problemas que está originando el creciente tráfico de pasajeros? (Número de expediente 180/001567) (Página 10063)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la resolución del Consejo de Estado sobre la adjudicación del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) de la autopista Benavente- León a Aulcasa? (Número de expediente 180/001568) (Página 10064)

Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las obras de la Casa del Mar de Ferrol? (Número de expediente 180/001571) (Página 10065)

Del Diputado don José Ramón Fernández Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿A qué achaca el Gobierno el rechazo generalizado que se ha producido en Comunidades Autónomas del territorio MEC al proyecto de adscripción de alumnos y profesores de Enseñanza Primaria a los Centros de Educación Secundaria Obligatoria? (Número de expediente 180/001590) (Página 10065)

Del Diputado don Eduardo Rodríguez Espinosa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿Piensa el Ministerio de Educación y Ciencia cumplir el mapa escolar que publicó este año para los Centros de Educación Secundaria Obligatoria? (Número de expediente 180/001591) (Página 10067)

Del Diputado don Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Qué medidas concretas piensa adoptar el Gobierno para esclarecer plenamente si dinero procedente de fondos reservados terminó aplicándose al pago de alguna declaración a propósito de la investigación en torno al caso «Lasa y Zabala»? (Número de expediente 180/001586) (Página 10068)

Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de las relaciones de don Luis Roldán Ibáñez, ex Director General de la Guardia Civil, con el ex Presidente del Gobierno de Navarra, don Gabriel Urralburu, que dieron lugar al importante enriquecimiento de éste? (Número de expediente 180/001587) (Página 10069)

Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Cuál es la causa por la que los coches de la Policía Nacional carecen de seguro de daños a terceros? (Número de expediente 180/001593) (Página 10070)

Del Diputado don Francesc Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía: ¿Tiene la intención el Gobierno de incluir a un representante del sector de empresas productoras de carbón en el Comité Consultivo previsto en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional? (Número de expediente 180/001580) (Página 10071)

Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reactivar el consumo privado, dada la caída del mismo a lo largo del último trimestre y la vuelta a niveles de gasto similares a los de hace seis años? (Número de expediente 180/001538) (Página 10072)

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Del Diputado don Nestor Padrón Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno que, en los Decretos-Leyes a aprobar como consecuencia de la prórroga del presupuesto del año 95 para el próximo ejercicio, se contemplen medidas de incremento de la financiación de las corporaciones locales, tal como estaba previsto en el Proyecto de Presupuestos para 1996? (Número de expediente 180/001569) (Página 10073)

Del Diputado don Antonio Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones encuentra el Gobierno para explicar la reiterada subida del índice de precios al consumo en Canarias por encima de la media nacional, especialmente en el grupo de alimentación? (Número de expediente 180/001570) (Página 10074)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Han cobrado ya los Ayuntamientos afectados la compensación por la condonación del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I. rústica) por causa de la sequía? (Número de expediente 180/001573) (Página 10075)

Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para compensar a aquellos municipios que han recibido menores ingresos por Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como consecuencia de las bonificaciones que se aplican a las cooperativas? (Número de expediente 180/001581) (Página 10076)

Del Diputado don Julio Bassets Rutllant, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el papel de España, como Estado miembro, en la Agencia Europea de Evaluación de los medicamentos? (Número de expediente 180/001561) (Página 10077)

Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas adoptará el Gobierno para evitar la masificación en los servicios de urgencias de los hospitales públicos, que obliga a ocupar los pasillos con camas y ha dado lugar al fallecimiento de un enfermo en una sala de espera? (Número de expediente 180/001588) (Página 10078)

De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio para evitar las listas incontroladas de medicamentos de utilidad terapéutica baja en el INSALUD? (Número de expediente 180/001589) (Página 10079)

Del Diputado don Manuel Núñez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para las Administraciones Públicas: ¿Qué razones alega el Gobierno para justificar el elevado número de comisiones de servicio que ha utilizado durante el año 1995? (Número de expediente 180/001594) (Página 10080)

Interpelaciones urgentes (Página 10081)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política económica y medidas para fortalecer nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de protección social similares a los de los países de la Unión Europea (UE) (Página 10081)

El señor Frutos Gras defiende la interpelación urgente del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que los análisis económicos y los datos de la contabilidad nacional apuntan casi sin excepción, en primer lugar, a que hay una expansión económica y, segundo, que, como consecuencia de esa expansión, hay una salida de la crisis, aunque a su juicio existe bastante triunfalismo sobre el particular, ya que, aun aceptando

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la existencia de una expansión económica, es mucho mas problemático llegar a la conclusión de que existe una salida de la crisis, entendiendo ésta como crisis económica, social y estructural.
Observando la realidad económica y las secuelas sociales de la misma en nuestro país llegan, por el contrario, a otro tipo de conclusión, como es la existencia de importantes incertidumbres que crean temor en una parte importante de la ciudadanía, lo que se manifiesta en el gasto familiar de las personas con rentas más bajas, provocando al mismo tiempo importantes disfunciones estructurales.
Frente a la afirmación de que el déficit público y los salarios crean el paro, la inflación y la perdida de competitividad, tiene que reconocer que tales elementos tienen alguna incidencia, pero ciertamente relativa, ya que mayor importancia atribuye a la debilidad productiva profundizada después de la extraordinaria laminación industrial habida en los últimos diez años en este país. Tampoco cabe olvidar el fraude en los impuestos o la Seguridad Social, corruptelas a todos los niveles e incluso la propia crisis política.
Rechaza también la tesis de que el mercado lo soluciona todo y el desmantelamiento de lo público, en la línea de lo sucedido recientemente con el Instituto Nacional de Industria o el de Hidrocarburos, facilitando sobre el particular algunas cifras comparativas respecto a la participación del tejido industrial en el producto interior bruto y número de trabajadores ocupados en ese sector en los años 1975 y 1994, agregando que otros países europeos han perdido muchos menos puestos de trabajo por defender mejor su sector industrial.
Frente a la actual situación, su Grupo propone, en primer lugar, una decidida política de fomento de la actividad económica en todos los terrenos y, segundo, una política industrial decidida con una clara oposición al proceso de privatización total o parcial.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) señalando que desconoce cuál es la apreciación del señor Frutos sobre las razones de urgencia que le han llevado a presentar esta interpelación y que, después de leer su texto y escucharle, cree que se podría haber presentado hace cinco años y seguramente se volverá a presentar dentro de otros cinco años.
Expone que el interpelante hace un análisis de la realidad económica de forma dispersa, utilizando una serie de datos de forma no excesivamente conexa, lo que de alguna forma le obligará a ser relativamente inconexo en la respuesta.
En primer lugar, le resulta difícil aceptar las dudas sobre la salida de la economía española de la crisis, cuando estamos creciendo a ritmo de aproximadamente el 3 por ciento, cifra bastante impresionante si se observa lo que está sucediendo en el resto de la Unión Europea. Por otra parte, se habla de la crisis como si ese crecimiento no hubiera permitido en el año 1994 superar las cifras del PIB de 1992, a pesar de haber padecido una gravísima crisis en 1993.
Sobre la desaparición del tejido industrial afirma que el señor Frutos se ha basado en datos no coherentes, y sin considerar aspectos tan importantes como las mejoras tecnológicas, que llevan aparejadas una menor cantidad de mano de obra, o una apertura de la economía mundial que también ha tenido sus repercusiones.
Muestra, por tanto, su radical desacuerdo con que la filosofía del tejido industrial en nuestro país está desapareciendo, cuando la realidad es que se está transformando, como sucede en toda modernización, consecuencia de una apertura de nuestra economía.
Expone finalmente algunas consideraciones en torno a la reforma del mercado laboral, a los problemas de protección social y a la lucha contra el fraude, para concluir manifestando que lo que se están planteando es un problema de debate de orientación política que no responde a la realidad. Señala que estamos apostando por algo que desgraciadamente les parece fundamental, y es integrarnos en la Unión Europea, decisión que evidentemente supone ventajas e inconvenientes, siendo en su opinión las ventajas claramente superiores a los inconvenientes. En todo caso, es una decisión que no se puede adoptar a la carta, sino aceptando todas las reglas del juego y no sólo las que más nos convienen.
Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret (del Grupo Catalán Convergència i Unió), y Montoro Romero (del Grupo Popular).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política general de consumo y medidas legislativas, administrativas, económicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación de nuestro sistema de protección al consumidor con el de los países de nuestro entorno (Página 10092)

El señor Burgos Gallego defiende la interpelación del Grupo Popular, cuya doble finalidad es evaluar la política general que en materia de consumo se está realizando en nuestro país y, en segundo lugar,

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considerar las estrategias de futuro ante lo que ya constituye un gran cambio en las relaciones de consumo en el ámbito de la Unión Europea. Añade que el Grupo Popular piensa que la política de consumo tiene una incidencia directa en el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos, y hoy nadie duda que lograr la máxima eficacia a través de la competencia y libre concurrencia en el mercado, garantizando al mismo tiempo la protección de los legítimos intereses de los grupos sociales, especialmente los más necesitados, constituye el papel primordial del Estado en la actividad económica.
Recuerda que la Constitución, en su artículo 51, recoge los derechos básicos del consumidor, que han de ser garantizados eficazmente por los poderes públicos. En desarrollo de ese precepto se aprueba en el año 1984 la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobación que genera importantes expectativas, que de alguna manera se han visto defraudadas en el transcurso del tiempo. Si a la inconcreción de muchos de sus preceptos y su excesiva generalidad se une la falta de desarrollo reglamentario, se comprenderá que muchas de sus posibilidades hayan quedado en mero papel mojado, arrastrándose hasta ahora las consecuencias de sus defectos.
Agrega que se han aprobado además normas de muy diverso rango en los últimos años, pero de forma muy deslavazada, en materia de consumo, con vacíos muy importantes y con retrasos notables en algunos casos. En definitiva, abundante y pormenorizada legislación pero sin cumplimiento en la inmensa mayoría de sus disposiciones.
Menciona, por otra parte, el retraso en la trasposición de las directivas comunitarias, junto con nuestro modelo de organización administrativa, con competencias asumidas por las administraciones local, autonómica y general del Estado, todo lo cual exigía un esfuerzo de coordinación que tampoco ha tenido lugar.
A la vista de todo ello desearía conocer qué planes tiene previsto desarrollar la señora Ministra.
En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán) afirmando que la política de consumo de este Gobierno es, a su juicio, plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno, impulsando precisamente la presidencia española durante este semestre las actividades de la política comunitaria de consumo, lo que ha merecido una valoración muy positiva.
Realiza un repaso de algunos de los logros alcanzados, con mención de las tres resoluciones adoptadas por el Consejo a iniciativa de la presidencia española, que han contado con el apoyo de todas las delegaciones, adquiriendo en consecuencia la política de protección al consumidor una dimensión superior que trasciende al propio mercado único.
Finaliza mencionando la notable base legislativa desarrollada por España en los últimos años.
Replica el señor Burgos Gallego, duplicando la señora Ministra.
Para fijación de posiciones interviene el señor Vázquez Romero (del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya).
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Antes de pasar al punto quinto del orden del día, con carácter previo a la continuación de la sesión vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte del Diputado proclamado electo don Jesús Vicente Mingo Benítez, en sustitución de don Javier Solana Madariaga.
Don Jesús Vicente Mingo Benítez, ¿jura o promete S. S. acatar la Constitución?

El señor MINGO BENITEZ: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Jesús Vicente Mingo Benítez ha adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS NUEVOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO CON LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA PARA UNA MAYOR INTEGRACION EN LA ESTRUCTURA MILITAR DE LA OTAN ANTE EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE LA ALIANZA ATLANTICA? (Número de expediente 180/001578)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, preguntas.
Pregunta número 21, del señor Ríos Martínez.


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El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, según el Gobierno, el Gabinete de prensa norteamericano filtra a los medios de comunicación que el nombramiento del señor Solana está realizado con el compromiso de incorporar a España en la estructura militar integrada de la OTAN para tranquilizar a unos diputados republicanos o por un problema de mala conciencia. Al día siguiente, el señor Presidente, para tranquilizar a los españoles votantes del sí o también por un problema de conciencia, niega la mayor y afirma: España no modificará su «status» en la OTAN.
Inmediatamente, el señor Solana, ya casi consentido Secretario General, dice: La OTAN de hoy no tiene nada que ver con la de ayer. En cuatro o cinco años será otra cosa y España estará plenamente integrada en esa realidad defensiva. ¿Tendrá estructura militar esa nueva OTAN? ¿Contra quién? ¿Mandará soldados? ¿ Decidiremos por referéndum? El tema de la OTAN ha sido toda una antología del truco político y el quehacer nefando de un partido: ahora no a la estructura militar, sí a acciones militares; mañana en la OTAN de Solana sí, por la puerta. ¿Cuáles han sido los compromisos del Gobierno de nuestro Estado para poder acceder a la Secretaría General de la OTAN por parte del señor Solana?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, no ha habido ningún compromiso por parte ni del señor Solana ni del Gobierno en relación con el «status» de España en la OTAN.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ríos, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que la respuesta del señor Presidente deja en mal lugar al señor Solana. La ubicación de un español al frente de un organismo internacional siempre debe ser un honor. En todo caso, debería especificarse para qué va a ser Secretario General, por qué va a ser Secretario General y por quién.
Lo cierto y verdad es que nosotros aparecemos más como socios americanos que europeos. Es decir, más que de seguridad nuestra posición ha sido de buenos colaboradores, buenos embajadores y buenos pajes de los intereses de la Administración norteamericana.
Hay un poeta, socialista, cartero, de Murcia, se llama Sánchez Bautista, que refiriéndose a Quevedo, a la novela picaresca, dice: «Cuánto no ver y ver ni hacer oídos, y tanto como ven y están oyendo ojos míos, de muchos, ¿no es horrendo de que seáis, no siendo, enceguecidos?» (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Presidente, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, aparte de su fuga poética, la verdad es que no parece poder resistir que quince países se pongan de acuerdo para reconocer que España cumple un papel internacional importante; quince países. De ellos, uno es Estados Unidos, el resto son fundamentalmente países europeos, con Canadá.
Se ha propuesto que haya un Secretario General de la Alianza, que sin duda es uno de los puestos de mayor responsabilidad en la política internacional, que sea español. Algo tendrá que ver la actitud, la acción de España en esa política internacional. Yo creía que todos los españoles de buena fe podían y deberían sentirse orgullosos de que hubiera habido esa distinción para España, no digo para una persona sino para España, pero algunos no lo pueden soportar y tratan de empañar la decisión de dieciséis países como si hubiera sido algo duramente peleado por nosotros. Pues no, ha sido propuesto por los demás y yo me siento y satisfecho y orgulloso por mi país. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON RODRIGO DE RATO FIGAREDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ASUME EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL INTERES GENERAL POR EL DESPILFARRO QUE DIO LUGAR A IMPORTANTES DESVIACIONES DEL GASTO EN 1992, INADECUADAMENTE REFLEJADAS EN LAS CUENTAS PUBLICAS SEGUN EL DICTAMEN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE DICHO EJERCICIO? (Número de expediente 180/001585)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor De Rato Figaredo, sustituido para este trámite por la señora De Palacio.
(Rumores.)

La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente el Tribunal de Cuentas acaba de plantear ante la opinión pública, con crudeza y rigor contable, que el año 1992, el año de los fastos y de los fuegos artificiales, se sumó a sus récord en despilfarro y malabarismo presupuestario, porque supuso modificaciones por un importe de 4,27 billones de pesetas, es decir, casi el equivalente a la cuarta parte de los Presupuestos aprobados por esta Cámara, sin contar las transferencias de crédito.
Modificaciones destinadas no sólo a gastar más, sino a gastar en conceptos y destinos distintos a los aprobados por las Cortes.
Señala, además, el Tribunal de Cuentas que, efectuados los ajustes pertinentes, el déficit final es más del

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doble del inicialmente previsto; que se trasladó al ejercicio siguiente cerca de un billón más de gastos contraídos en ese año 1992, que si se hubieran imputado directamente al presupuesto de ese año significarían el incumplimiento por parte de su Gobierno del límite legal establecido para el déficit anual, ocultando a los españoles la factura real de las fiestas de 1992 de manera consciente.
Por ello le pregunto; ¿asume, señor González, como Presidente del Gobierno, la responsabilidad de esta actuación denunciada por el Tribunal de Cuentas y los perjuicios para el interés general derivados del despilfarro, o como siempre se ha enterado por los periódicos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Tiene la palabra el señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, como Presidente del Gobierno asumo todas las acciones que fueron necesarias por parte del Gobierno para el esfuerzo del año 1992 y desde luego me parece que nada tiene que ver con lo que dice el Tribunal de Cuentas su calificación de despilfarro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Léase el informe, señor Presidente.
Pero es que además ese mismo año, mientras gastaba con tanta alegría y de manera tan incontrolada, usted, como Presidente del Gobierno, aprobaba el famoso decretazo del desempleo, que supuso uno de los recortes sociales más importantes que ha habido, seguido al poco tiempo del medicamentazo, y a pesar de esos recortes no sólo no se corrigió el déficit público, sino que casi se duplicó en el año 1993, con el consiguiente salto absolutamente explosivo de la deuda pública española, agudizando la crisis, lo que supuso, además, la peor recesión económica de los últimos treinta años y la destrucción de casi un millón de puestos de trabajo. Ha sido incapaz de controlar los recursos públicos, los recursos económicos; ha perdido un tiempo precioso en años cruciales; ya no cumplimos ninguno de los criterios de convergencia de Maastricht.
Señor Presidente, asume esa situación. Asume entonces que es responsable de habernos alejado de Europa, sobre todo en los últimos años y que será su sucesor (Rumores.) el encargado de llevar a cabo ese gran esfuerzo de modernización y de saneamiento que permita, a pesar de su gestión, que España esté de pleno derecho en la Unión Europea, en la convergencia real.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Tiene la palabra el señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Como saben todos los españoles, señoría, soy el responsable de alejar a España de Europa y ustedes los responsables de acercarla. Esta es una evidencia en la opinión pública.
Usted es quien no ha leído el informe del Tribunal de Cuentas, y como no lo ha leído, por ejemplo, no es capaz de distinguir que más de la mitad de eso que llama desviaciones del presupuesto son movimientos financieros, entre otros, amortizaciones de pagarés del Tesoro que no se habían previsto.
Pero, además de eso, el resto de los créditos han pasado por esta Cámara y se han votado aquí, y usted, si quisiera ser rigurosa -- cosa a la que no acostumbra su Grupo--, tendría que decir qué créditos de sanidad, de defensa o de otra naturaleza no hubieran apoyado o votado.
Yo por mi parte sí asumo la responsabilidad de haber hecho todo lo preciso para que el año 1992 fuera lo que fue: los Juegos Olímpicos, la exposición de Sevilla, más de mil kilómetros de autovías, Sefarad-92, la capital cultural de Europa, etcétera.
Ustedes nunca lo han asumido porque no les ha interesado nunca la modernización de España. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GESTIONES HA EFECTUADO EL GOBIERNO ANTE LA UNION EUROPEA, PARA CORREGIR LAS DISCRIMINACIONES QUE SUFRE EUSKADI, EN LAS AYUDAS DE LA POLITICA PESQUERA COMUN? (Número de expediente 180/001536)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Gatzagaetxebarría Bastida, que tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué gestiones ha efectuado el Gobierno ante la Unión Europea para corregir las discriminaciones que sufre Euskadi en las ayudas de la política pesquera común? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., los criterios que se aplican a las ayudas del IFOP son similares a los establecidos para

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los fondos estructurales, siendo uno de sus objetivos primordiales el reducir las diferencias entre las distintas regiones de la Unión Europea para, de esta forma, avanzar en la cohesión comunitaria. En la distribución de los fondos asignados a las zonas objetivo 5.A, y como consecuencia del reparto indicativo adoptado en la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada en septiembre de 1994, al País Vasco le corresponde el 60,18 por ciento de los fondos del IFOP destinados a estas comunidades, de acuerdo con el objetivo de la cohesión comunitaria y de la reestructuración y modernización de nuestro sector pesquero. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Verdaderamente se nos ha hecho difícil escuchar en las debidas condiciones la respuesta del Ministro, por tanto, nos encontramos en una situación un tanto de indefensión porque no tenemos una argumentación muy exacta de lo que acaba de decir el señor Ministro en su parte final. Lo que sí queremos decir es que en el sector pesquero vasco hay una enorme preocupación por el diseño que, en cuanto a la política pesquera común, se ha realizado en lo relativo a la plasmación de las ayudas a las estructuras pesqueras.
Sabe usted, señor Ministro, que, dentro de los diferentes objetivos que tiene el reglamento del IFOP en sus distintas áreas, en lo que concierne a la modernización y a la nueva construcción, que es el núcleo de la pregunta de nuestro Grupo Parlamentario, hay una discriminación que no tiene justificación alguna. En el País Vasco, cualquier modernización, cualquier nueva construcción de un buque pesquero tiene una subvención como tope del 40 por ciento, mientras que en otras comunidades autónomas del Cantábrico, como puede ser en Cantabria, en Asturias, o en Galicia, puede llegar hasta el 60 por ciento. Eso está originando que flujos financieros de inversión importantes del sector naval, del sector de la industria auxiliar naval, del sector pesquero de altura al fresco y de bajura estén realizando en este momento nuevas inversiones en Galicia.
Por ello, señor Ministro, es importante conocer qué está haciendo el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo parlamentario de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de 1 de marzo de 1995, en el que se establecía que el Gobierno defendiera ante la Unión Europea el que, ante el nuevo paquete financiero que entre en vigor años más tarde, una vez finalizado éste, se establezcan, en relación con el sector pesquero español, criterios de discriminación basados en elementos del sector pesquero, no en elementos de ordenación general o de criterios generales de economía. ¿Por qué, señor Ministro? Porque usted, cuando va a Bruselas, defiende por igual al sector pesquero vasco, al sector pesquero asturiano, al sector pesquero gallego o al sector pesquero cántabro, puesto que estos pescadores de la Cornisa Cantábrica operan en el mismo caladero. Pues bien, a la hora de modernizar, de hacer obras de reparación, de mantenimiento, de modernización de sus buques, e incluso de nueva construcción, el índice de ayudas es totalmente distinto. Existe una homogeneidad en toda la actuación, tanto de recursos como de mercados, mientras que en el ámbito de las estructuras para todas estas incidencias y actuaciones a realizar no hay ese tratamiento homogéneo, y es necesario corregir esa disfunción, esa discriminación que no tiene fundamento alguno, y usted sabe mejor que nadie que el sector pesquero vasco y gallego están en la misma situación.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias.
Como sabe, el instrumento financiero de ordenación pesquera no es solamente un instrumento sectorial, sino un instrumento de cohesión entre las diferentes regiones europeas, y eso es lo que determina una clasificación de las regiones en función de su nivel de desarrollo y una discriminación en ciertos tratamientos de las ayudas para algunas de las actividades de reestructuración y de modernización del sector.
Es cierto que en la construcción de nuevos buques el límite máximo en las zonas objetivo 5.A es del 40 por ciento y en las objetivo 1 el 60 por ciento, pero eso no afecta a la construcción naval, porque es irrelevante que esa construcción se produzca en el País Vasco, en Cantabria o en Galicia, ya que todas pueden recibir el mismo nivel de ayuda: el elemento de discriminación se produce como consecuencia de donde tenga el puerto base el buque en concreto. Además, hay otras ayudas para desguace, para sociedades mixtas, para asociaciones temporales de empresas o para paralizaciones temporales, en las que el armador recibe la misma ayuda pública en unas regiones que en otras; lo único que las diferencia es qué administración pública es la que realiza la ayuda, si es la administración comunitario o es la administración nacional, y en qué porcentajes, puesto que en ambos casos están recibiendo la misma ayuda.
Recientemente, por otro lado, se ha firmado un convenio con el País Vasco con el fin de cofinanciar las ayudas nacionales para la paralización definitiva de la actividad en determinados buques, que prevé 1.000 millones de pesetas de la Administración general del Estado, lo que supone dos tercios de financiación total frente a un tercio que aporta la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA LUCIA GOMEZ GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION? (Número de expediente 180/001564)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, de la señora Gómez García. Tiene la palabra.


La señora GOMEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el segundo Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres aprobado en 1993, y cuyo período de actuación concluirá a finales de este mes, planteaba, como objetivo genérico, la difusión de una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad actual. Dentro de este objetivo se configuraban como fines específicos la eliminación de la imagen discriminatoria de las mujeres y el evitar que la publicidad utilice la imagen de la mujer o se dirija a ésta desde sus roles tradicionales.
Convencida de que los medios de comunicación pueden cooperar al necesario cambio de actitudes por medio de actuaciones tendentes a que los mensajes que recibe la sociedad de manera consciente o inconsciente sean acordes con la realidad social actual, es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de Asuntos Sociales en relación a la imagen de la mujer en los medios de comunicación?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gómez García.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ciertamente los estereotipos ligados al sexo siguen presentes. Desgraciadamente, los medios de comunicación y los mensajes publicitarios transmite todavía esa imagen que reproduce papeles tradicionales y estereotipados. Este hecho constituye uno de los factores fundamentales de la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres y, sobre todo, uno de los mayores obstáculos para la participación plena de hombres y de mujeres en todos los ámbitos de la vida social.
Por ello, para el Ministerio de Asuntos Sociales es una prioridad el que los medios de comunicación ofrezcan una imagen de la mujer acorde con su realidad actual y con la diversidad de papeles que hoy desempeña en la sociedad, igual que la diversidad de papeles que desempeñan los hombres.
Es uno de los objetivos, como usted ha dicho, del segundo Plan de igualdad de oportunidades de las mujeres, que se aprobó en enero de 1993, que está a punto de finalizar ahora y evaluaremos en enero del próximo año.
¿Qué hemos querido hacer en desarrollo de ese objetivo, para que se vea y se transmita una imagen de la mujer acorde con su realidad? Eliminar, por un lado, la imagen discriminatoria de las mujeres y, sobre todo, potenciar su presencia en los medios de comunicación y en la vida pública. Como instrumentos para llevar a cabo estos objetivos hemos hecho un observatorio de la publicidad, único en el mundo y que ahora están poniendo en marcha en otros países europeos, que es un foro de observación, análisis y canalización de las denuncias que originan los anuncios sexistas y que se realiza a través de un teléfono. Y también hemos creado un Consejo asesor de imagen en el que están presentes las empresas publicitarias y las asociaciones que trabajan en esta materia, a fin de colaborar con el Instituto de la Mujer en materia de imagen y, sobre todo, en cumplimiento de estos objetivos.
Puedo decirle, y ésta es una satisfacción que hemos tenido en Presidencia española de la Unión Europea, que a iniciativa de esta Presidencia hemos conseguido una resolución en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado 5 de octubre de 1995 relativa a la imagen de los hombres y de las mujeres en la publicidad y en los medios de comunicación. Esta resolución pone de manifiesto la necesidad de que los medios de comunicación, los medios publicitarios, los gobiernos y las fuerzas sociales adopten medidas concretas para garantizar esa igualdad de oportunidades y destacar las funciones de la mujer en todas las áreas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MANUELA GARCIA VILLAMAYOR, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POLITICA SEGUIDA POR EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES? (Número de expediente 180/001565)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora García Villamayor. Tiene la palabra.


La señora GARCIA VILLAMAYOR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, supongo que estará usted de acuerdo conmigo en que la violencia física, psíquica y sexual, tanto dentro como fuera de la familia, es una realidad que, desgraciadamente, las mujeres sufrimos en el mundo y, por supuesto, en España. Esto constituye un problema de vital importancia en la sociedad de hoy y es fuente de transtornos que precisan para su

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tratamiento y solución del apoyo de los poderes públicos, así como de un cambio de actitud de toda la sociedad.
Sabido es por todos la preocupación que el Grupo Socialista tiene en este tema, y supongo, señora Ministra, que estará usted de acuerdo conmigo en que no se puede hablar de superación de las desigualdades mientras siga existiendo la violencia hacia la mujer.
El segundo plan de igualdad de oportunidades para la mujer establece una serie de medidas tendentes todas ellas a erradicar la violencia contra la mujer. Teniendo en cuenta que este mes de diciembre finaliza el plazo de duración del mencionado plan de igualdad, creo que estamos en un buen momento, señora Ministra, para hacer balance de los resultados obtenidos. Es por ello por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la política seguida por el Ministerio de Asuntos Sociales para erradicar la violencia contra las mujeres? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Villamayor.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señorías, la cuestión relativa a la violencia que se ejerce contra las mujeres en el área doméstica constituye una de las lacras más graves que sufre nuestra sociedad, y no sólo en el área doméstica sino en otras circunstancias en las que la mujer padece esas agresiones específicas por el mero hecho de pertenecer a ese sexo; por tanto, es un objetivo prioritario de la política que desarrolla el Ministerio de Asuntos Sociales en relación con la igualdad de oportunidades.
Precisamente usted se ha referido al segundo plan de igualdad de oportunidades, donde hay una serie de medidas relativas a esta materia y cuyo objetivo es contribuir a erradicar estas agresiones y esta violencia contra la mujer. Fundamentalmente hemos trabajado en el área de las medidas sociales, pero también en el área de la interpretación y la aplicación de las normas existentes. Se ha trabajado con el área de la aplicación judicial, con el área del Ministerio Fiscal y, desde luego, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ahí son importantes los trabajos y los convenios que se han realizado desde el Instituto de la Mujer, en el sentido de concienciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la atención a las mujeres maltratadas que acuden a las comisarías denunciando estos hechos.
También es importante el trabajo que se ha llevado a cabo en cooperación con el Consejo General del Poder Judicial, precisamente para ir en la línea de interpretación acorde con los objetivos de luchar contra la violencia sobre las mujeres, contra las agresiones que existen hacia las mujeres en el área doméstica; por tanto, para sensibilizar a quien aplica las leyes en el sentido de que las condenas sobre la norma legal que tenemos vayan en la línea de los objetivos que perseguimos.
Igualmente se ha trabajado en todo el tema de las casas de acogida. Hoy es una realidad que hay un número bastante amplio de casas de acogida para mujeres maltratadas, en las que se trabaja para hacer un seguimiento de las causas que han llevado a esa violencia, y también de la atención psicológica a las mujeres y a los niños que han sido víctimas de esta violencia. Se ha trabajado con el programa de salud y servicios sociales y, sobre todo, atendiendo de una forma multidisciplinar a las mujeres que sufren estas agresiones.
Es importante también la formación y la sensibilización de las personas, los profesionales, los colectivos que están implicados en el tratamiento de estos grupos.
Hay que atender especialmente el análisis de la violencia y las repercusiones que tiene sobre las mujeres esta violencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO SOBRE LA APROBACION DEL DECRETO QUE REGULA LAS FAMILIAS NUMEROSAS DE TRES HIJOS? (Número de expediente 180/001572)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, de la señora Rodríguez Ortega. Tiene la palabra.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, la aprobación del Decreto que regula las familias numerosas de tres hijos era un tema pendiente derivado del compromiso adquirido en esta Cámara hace un año y por estas mismas fechas. Cuando en el mes de diciembre pasado aprobamos la que se conoce como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1995, la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, adoptamos el compromiso de regular esta nueva situación. Esta regulación respondía a un hecho que se ha puesto de manifiesto en los últimos años, y es que ha descendido notablemente la tasa de natalidad en nuestro país hasta colocarse en 1,2; por tanto, una familia con tres hijos es algo, si me lo permiten, casi excepcional que debe contar con las mismas medidas de protección que las familias con cuatro o más hijos. En esta Ley de Acompañamiento se recogían, entre los beneficios para estas familias, los relacionados con las tasas universitarias para el curso académico 1995-1996.
Por este motivo, a principios de curso se produjo una demanda importantísima en relación a la expedición

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de títulos de familias numerosas de tres hijos y algunas comunidades autónomas, entre otras la de Andalucía, han reconocido esta condición a bastantes familias. Incluso, según las previsiones existentes, más de un millón de familias se verán afectadas por la aprobación de este Decreto, familias que, por otra parte, han acogido favorablemente la aprobación por el Gobierno de este Decreto.
Por todos estos motivos, señora Ministra de Asuntos Sociales, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la aprobación del Decreto que regula las familias numerosas de tres hijos? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señorías, la ampliación del concepto de familia numerosa a las compuestas por tres hijos supone, un nuevo desarrollo de las previsiones constitucionales y, desde luego, un mandato que recae, en cuanto a su desarrollo, fundamentalmente sobre las comunidades autónomas.
Me parece que lo importante es valorar que hoy hay una realidad demográfica que hace que las familias numerosas de cuatro, cinco o seis hijos sean muy poco frecuentes y, sin embargo, hay que dar ya un tratamiento de familia numerosa --así lo hemos considerado- - a las de tres hijos.
Este fue un acuerdo de la Ley de acompañamiento a los presupuestos generales del año pasado y lo que hemos hecho este año ha sido desarrollarlo reglamentariamente por parte de la Administración General del Estado, a fin de homologar a nivel nacional, para que luego los desarrollos desde cada comunidad autónoma atiendan a los casos que consideren convenientes.
El primer principio que se ha defendido con esto es un concepto plural de familia abierto a las nuevas realidades sociales emergentes y, por tanto, se van a beneficiar de esta norma las familias, con independencia de que sea una relación institucionalizada o no, que tienen tres hijos o más. Sobre todo, hemos querido adaptar la acción del Gobierno a la nueva realidad sociodemográfica.
Es necesario enfrentarnos a una realidad demográfica muy distinta de la existente hace muchos años, cuando se aprobó la Ley de 1971 y, sobre todo, a una realidad de competencias, en cuanto a las actuaciones de las administraciones públicas, muy distinta de la de 1971. Como es obvio, hoy aumentan cada vez más las competencias de las comunidades autónomas en la nueva implantación autonómica. Pero no por ello deja de ser obligatorio el que, por parte del Estado, se lleve a cabo esa función de homologación.
Lo importante es que, desde nuestro punto de vista, afecta únicamente a dos áreas: a la reducción en las tasas de las universidades, que aún no se han transferido, y a los descuentos en los transportes de competencia estatal. Lógicamente, ésas son también las dos posibilidades que desarrollan hoy las comunidades autónomas en todo lo relativo a la reducción de las tasas universitarias.
En cualquier caso, estábamos pendientes --y por eso nos hemos retrasado un poco en cuanto al desarrollo reglamentario-- de los resultados de la ponencia que sobre familia se constituyó aquí en el Congreso de los Diputados. Todavía la ponencia no ha concluido sus trabajos, pero parece que en esta semana los terminará.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA JOAQUIMA ALEMANY I ROCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL HA SIDO HASTA EL MOMENTO PRESENTE LA ASIGNACION Y DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE 1995 DESTINADO AL FOMENTO Y PROMOCION DE LAS ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO? (Número de expediente 180/001579)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora Alemany i Roca.


La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, durante el año 1994 se promocionaron 37 programas de formación del voluntariado, con una dotación de 430 millones de pesetas, según la Diputada ponente en la reunión de la Comisión de Política Social y Empleo del día 15 de noviembre, en la que se debatía el proyecto de ley del voluntariado.
En la Orden de 27 de enero de 1995, por la que se convocan ayudas y subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se destinaban más de 223 millones de pesetas a programas de formación y promoción del voluntariado.
En la resolución de 14 de julio de 1995 se publicaba la lista de entidades subvencionadas para estos programas. En dicha resolución aparecen 30 entidades subvencionadas que representan un importe global que supera los 400 millones, en vez de los 223 inicialmente previstos.
Señora Ministra, ¿podría explicarnos, más allá de lo que aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado, cuál ha sido la distribución de este presupuesto tan considerablemente incrementado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Señora Ministra.


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La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, desde el Ministerio de Asuntos Sociales ya en el ejercicio de 1994 pensamos que debíamos ampliar las cantidades destinadas a la formación de los voluntarios. Uno de los objetivos del Ministerio en cuanto a sus prioridades políticas ha sido fomentar la participación ciudadana para colaborar en el diseño de las políticas más adecuadas para cada colectivo en los que desarrollamos nuestra acción, así como para que colaboren en la ejecución de las políticas.
Naturalmente que uno de los elementos básicos y fundamentales es la formación de los voluntarios, porque nos hemos visto ante la realidad en España de un espíritu bastante dispuesto a hacer actuaciones de tipo voluntario, a realizar actuaciones altruistas y a colaborar, través de las asociaciones, de una forma voluntaria, pero nos hemos encontrado con que ese colectivo, que era numeroso, que estaba motivado, sin embargo, carecía de organización y, sobre todo, de formación. Hemos visto también cómo ante sucesos internacionales, como la guerra y los problemas de Ruanda o de Bosnia, había una enorme disposición de los jóvenes, sobre todo, y en general de la sociedad española, para actuar como voluntarios y, sin embargo, esas personas no tenían la formación adecuada. Por tanto, no eran útiles precisamente para lo que debían serlo, que era colaborar de esa forma voluntaria.
Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar tres líneas, una de apoyo financiero, con el 0,5, otra de reconocimiento de la labor, valoración de lo que significa entregar de una forma altruista tu tiempo a labores humanitarias, a labores de fines de interés general, a labores de apoyo a los demás, de preocupación por los temas colectivos, con ese concepto nuevo de ciudadanía, de compromiso con los temas sociales; hemos querido impulsarlo por la vía del reconocimiento y de la valoración y también, naturalmente, reforzar los cauces para una buena realización, un buen trabajo como voluntarios. De ahí que hayamos aumentado las concesiones de subvenciones para la formación de voluntarios y, como usted muy bien ha dicho, prácticamente las hemos duplicado.
Hemos destinado 406 millones de pesetas del 0,5 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas precisamente a estos programas de formación y fundamentalmente los destinatarios han sido asociaciones acreditadas durante muchos años de trabajo en la formación de voluntarios, como Cruz Roja, Cáritas, como grupos que tienen acreditado el trabajo de una forma voluntaria...


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es verdad que el informe que usted nos ha dado ha sido económico, pero detrás de todo esto hay una filosofía.
En estos días se está debatiendo, como usted muy bien sabe, el proyecto de ley del voluntariado. El Partido Popular y el Partido Socialista parece ser que están de acuerdo para aprobar un texto que supondrá un recorte de las libertades individuales, que no reconocerá el trabajo que están llevando a cabo las entidades de voluntariado y que supondrá un control por parte de los organismos públicos a los cuales se les capacita para crear voluntariado.
El voluntariado debe ejercerse de forma completamente altruista, sin ánimo de lucro, sin incentivo alguno. Es un hecho que, dentro de los organismos públicos, la esencia del voluntariado se desvirtúa. Esa esencia se fundamenta en la libertad de elección, en el compromiso de las personas voluntarias y en una autonomía de acción de las organizaciones de voluntariado. Estos principios de libertad, de autonomía, deben ser respetados, deben ser potenciados por los poderes públicos. La participación del voluntariado en la actuación pública debería ser excepcional y se debería regular por convenio o bien por acuerdo con las entidades privadas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.


--DE LA DIPUTADA DONA MARIA JESUS SAINZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES: ¿A QUE SE DEBE EL RETRASO EN EL DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS Y MANDATOS DE LA LEY DE INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVALIDO APROBADA EN ABRIL DE 1982? (Número de expediente 180/001592)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, de la señora Sainz García.


La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿a qué se debe el retraso en el desarrollo de los principios y mandatos de la Ley de Integración Social del Minusválido aprobada en abril de 1982?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no existe ningún retraso, salvo el derivado de la obstrucción que hemos padecido en la última conferencia sectorial por el representante de la Consejería de Bienestar Social de Asturias, que nos impidió aprobar el plan de acción que estaba comprometido en esta Cámara.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCIA: Señora Ministra, su respuesta es ya el colmo. En primer lugar, dice que no ha habido retraso en el desarrollo de la LISMI y usted misma ha reconocido, el 4 de diciembre en un medio de comunicación, el incumplimiento de la Ley cuando anuncia un plan para el mes de enero que desarrollará la LISMI, aprobada hace trece años. ¿Por qué no la han desarrollado? O por incompetencia del Gobierno o por falta de sensibilidad social para atender a las personas más débiles que en muchas ocasiones viven dramas personales y familiares, como el que hemos oído esta misma mañana en un medio de comunicación.
Ante esa realidad, pretenden ahora engañar, una vez más, a la opinión pública y a las personas con discapacidades, hablando de un plan que van a sacar previsiblemente en enero cuando ya sean Gobierno en funciones. Y no me diga, además, que ello obedece a un mandato del Senado a propuesta del Grupo Popular, porque el Grupo Popular pretendía otras cosas, y una enmienda descafeinada del Grupo Socialista llevó a cabo los últimos resultados.
Nuestro Grupo viene denunciando, no ahora, sino hace muchos años, ese retraso en la aplicación y desarrollo de la LISMI. Ahora usted quiere sacar adelante un plan, pero sólo teórico, con medidas y objetivos absolutamente generales, en el que, por cierto, no figura todavía ese censo completo y diferenciador de las personas minusválidas. Pero lo más grave --y es lo que usted no ha dicho, faltando a la verdad de lo que sucedió en esa sesión-- es que las comunidades autónomas --todas, no una-- le han dicho, además, que lo pretende presentar sin financiación económica, sin compromiso presupuestario que le dé credibilidad.
Ello revela, señora Ministra, que no hay voluntad política de solucionar los problemas de un sector que requiere toda nuestra atención, sin demagogias, y ello no se puede utilizar, a las puertas de una elecciones, con fines electoralistas.
Hay que señalar, además, que no pueden tener credibilidad, porque en el proyecto de presupuestos para 1996 se recortaban en 500 millones las atenciones a minusválidos y a la tercera edad.
Carecen de credibilidad porque en trece años no han podido --no han querido-- desarrollar la LISMI, y es inadmisible que el electoralismo siga presidiendo las actuaciones de un Gobierno que, sin credibilidad, porque los hechos lo han contrastado, pretende engañar una vez más.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sainz.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señoría, la verdad es que me llama la atención el planteamiento de S. S., porque si alguien ha tenido voluntad política de desarrollar para el colectivo de minusválidos y otros colectivos políticos de igualdad de oportunidades ha sido el proyecto socialista y ha sido este Gobierno. (Rumores.) Permítame, señoría, que le diga que esta Ley ha merecido de esta propia Cámara el reconocimiento y la valoración muy positiva, y así consta en las actas, del desarrollo de la LISMI. Precisamente con ocasión de la presentación de una moción y de una interpelación se acordó, con el voto del PP --y consta también en esta Cámara--, que traeríamos un plan de acción para la integración de las personas con minusvalías en el plazo de tres meses. (Rumores.) Y esta Ministra, de acuerdo con la estructura actual... (Rumores.) Señorías, un respeto, silencio...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
De acuerdo con esa moción, trajimos a la conferencia sectorial un plan para la integración de las personas con minusvalía. Y precisamente en la última conferencia sectorial hubo una desigualdad total de las comunidades autónomas regidas por el PP (Rumores.) y eso fue lo más sorprendente, porque cuando me he referido a Asturias es porque fue la única comunidad que boicoteó --y no con un consejero, sino con un director general-- el plan de acción y fue imposible aprobarlo.
Tengo que decirles, señorías, por si no lo conocen, que precisamente la Consejería de Madrid y la de Castilla y León, entre otras, aplaudieron el plan, lo recibieron con apoyo y dijeron que había que aprobarlo, con independencia del trabajo que había que realizar para poner en común la financiación relativa al plan. Y por la obstrucción de un director general de la Consejería de Asturias, no tenemos aprobado el plan, como deberíamos tenerlo, y además por un acuerdo unánime de esta Cámara que, afortunadamente, ha habido otros representantes del PP que han entendido que era un tema general...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE GRADO DE DESARROLLO SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE UN NUEVO PLAN CUATRIENAL DE VIVIENDA? (Número de expediente 180/001566)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, de la señora Pelayo Duque.


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La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Plan de Viviendas 1992-1995, elaborado y puesto en marcha por el Gobierno de la nación con el objetivo principal de favorecer el acceso a una vivienda a quienes no pueden hacerlo en las condiciones del mercado, ha venido desarrollando a lo largo de su vigencia una serie de actuaciones que es necesario destacar por cuanto que el plan, como se ha evidenciado por amplios sectores sociales y económicos de nuestro país, arroja unos aspectos muy positivos: no sólo se han construido alrededor de 400.000 viviendas a lo largo del plan, sino que ha movilizado un volumen de recursos financieros de cerca de dos billones de pesetas, ha supuesto un freno en la tedencia alcista en los precios de las viviendas y ha reactivado el sector de la construcción y, como consecuencia de ello, el fomento del empleo, la creación de empleo en nuestro país.
Los éxitos del plan, tanto cualitativos como cuantitativos, y, sobre todo, el acierto de las normas puestas en vigor, junto con el tipo de colaboración del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con las comunidades autónomas en el proceso de gestión del plan han instaurado una vía de hacer política en vivienda que, por los resultados, puede y debe ser continuada, dado que, a mayor abundamiento, las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas y corporaciones locales.
Por ello, próximo a concluir el Plan 1992-1995, le pregunto al Gobierno en qué grado de desarrollo se encuentran los trabajos de elaboración de un nuevo plan cuatrienal de vivienda.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los trabajos se encuentran ya muy avanzados, prácticamente terminados, puesto que la reciente conferencia sectorial, celebrada en Avila los días 23 y 24 pasados, logró consensuar entre la Administración central y las comunidades autónomas unas líneas de actuación para los próximos cuatro años.
Como usted sabe, los consejeros de comunidades gobernadas por el Partido Popular acudieron a esa reunión pidiendo una prórroga por un año del actual plan de vivienda y no conseguimos sacarles ni una sola idea novedosa sobre cuáles eran sus planteamientos en política de vivienda, limitándose a repetir que pedían la prórroga por un año de la política desarrollada por los socialistas. Después de convencerles de que esto sería muy negativo para el sector, puesto que sembraría una incertidumbre indeseable, aceptaron el diseño de un marco normativo para los próximos cuatro años --que ellos se siguen empeñando en llamar prórroga--, que consiste en la elaboración de un plan que, partiendo del éxito conseguido por el Plan 1992-1995, introduce un conjunto de modificaciones, flexibilizando el segmento de familias que pueden recibir ayudas, consolidando las políticas de rehabilitación, aumentando las medidas destinadas a fomentar la urbanización de suelo con destino preferente a VPO, abriendo la posibilidad de que el Estado participe, junto con las comunidades, en la financiación de las VPO de promoción pública y reforzando las ayudas a los jóvenes y al primer acceso alargando los plazos de amortización del régimen especial. Todo ello configurará un nuevo plan que, en alguna medida, será continuación del anterior --por eso, en cierto sentido se puede llamar prórroga--, que para el período 1996-1999 pretende financiar 500.000 actuaciones y que espero pueda ser sometido a la firma de las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial a celebrar previsiblemente en el mes de enero en Santander.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTA EL GOBIERNO LA CONSTITUCION DE UNA SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO DE MALAGA PARA RESOLVER LOS ACUCIANTES PROBLEMAS QUE ESTA ORIGINANDO EL CRECIENTE TRAFICO DE PASAJEROS? (Número de expediente 180/001567)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Martínez Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, desde el momento mismo de su inauguración, el nuevo aeropuerto de Málaga viene experimentando un importante crecimiento en el tráfico de pasajeros, como lo demuestran las cifras siguientes: En el año 1994 se ha recuperado la tasa media anual de cinco millones y medio, propia de la época anterior a la crisis económica mundial de comienzos de los años noventa y de la depresión consecuencia de la Guerra del Golfo. En las alturas del año en que nos encontramos, se puede afirmar casi con toda precisión que serán unos 6.200.000 las personas que utilicen el aeropuerto este año y lo previsible para finales del próximo es que sean cerca de siete millones de personas.
Si se mantuviera el ritmo actual, según estas cifras que acabo de indicar, según estas tasas de crecimiento, lo previsible también es que a final de siglo sean nueve millones de personas las que utilicen cada año el nuevo aeropuerto de Málaga.
Sucede, señor Ministro, señorías, que ese elevado número de usuarios, y a diferencia de lo que suele pasar

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con otros aeropuertos nacionales o extranjeros, se mueve conforme a unas pautas que podrían exigir, dentro de no mucho tiempo, la construcción de una segunda pista.
Se trata de una afluencia que tiene un fuerte carácter estacional, es decir, de una afluencia muy concentrada en determinadas épocas del año, y sobre todo en los domingos y festivos respecto al resto de los días de la semana.
Personalmente tengo mis dudas de si sería en estos momentos adecuada, si sería racional, desde el punto de vista del uso de los recursos públicos, de los recursos que son de todos, una optimización de esos recursos en la construcción de una segunda pista en estos momentos.
De lo que no me cabe ninguna duda es de que es absolutamente necesario hacer las previsiones pertinentes, sobre todo en materia de suelo, para que, cuando llegue ese momento, que calculo no puede ser mucho más allá de los últimos años de este siglo o los comienzos del siguiente, pueda construirse esa segunda pista que sería absolutamente necesaria.
Son estas las consideraciones, señor Ministro, que me llevan a formular la pregunta al Gobierno de si tiene prevista, y en qué términos, la construcción de una segunda pista en el aeropuerto de Málaga.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene usted mucha razón en la forma en como plantea su pregunta y las consideraciones que hace.
En el momento presente no es necesario dotar al aeropuerto de una nueva pista de vuelo, ya que las actuales instalaciones tienen capacidad suficiente para atender un tráfico de once millones de pasajeros al año. En 1994 Málaga registró un total de cinco millones y medio de pasajeros, estimándose que para el 2000 alcance los siete millones, todavía muy por debajo de los once millones de capacidad que tiene el aeropuerto. El tráfico es de 3.500 pasajeros hora punta, y esos datos no implican, obviamente, que no puedan producirse situaciones de congestión en momentos puntuales de tráfico.
Sin embargo, con el número actual de movimientos y el que previsiblemente soportará el aeropuerto en los próximos años, de acuerdo con las previsiones razonables, no creemos que se justifique a medio plazo la puesta en servicio de una nueva pista de vuelo. Ello no es óbice, obviamente, para que, en situaciones futuras, y ante el aumento de uso previsto del aeropuerto, se realicen las adecuaciones necesarias para aumentar la capacidad, entre las que podría incluirse la construcción de una nueva pista.
Para ello y por ello, el plan director del aeropuerto de Málaga contempla la necesidad de reserva de terrenos, como sugiere S.
S., para esta potencial segunda pista paralela que debería entrar en servicio, en todo caso, más allá del 2004.
En definitiva, a la vista de los últimos datos de crecimiento de tráfico en el aeropuerto de Málaga, es prematuro establecer un horizonte concreto para una segunda pista, que no es necesaria, pero sí deben incluirse, como se esta haciendo, en los planes futuros de expansión y previsión de reserva de suelo las actuaciones necesarias para que, cuando llegue ese momento, el aeropuerto no haya quedado axfisiado por una falta de previsión en las necesarias reservas de suelo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA ADJUDICACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (MOPTMA) DE LA AUTOPISTA BENAVENTE- LEON A AUCALSA? (Número de expediente 180/001568)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, como bien conoce el señor Ministro, en los sucesivos planes que afectan al desarrollo de la comunicación entre el norte y el noroeste de España quedan algunos importantes proyectos en desarrollo, entre otros el que afecta al tramo relativo al desdoblamiento de Benavente-León que, como bien el señor Ministro, sufre una importante intensidad de tráfico.
Ya desde el II Plan de Carreteras y el Plan puente se ha venido contemplando la ejecución de una autopista en este tramo, y se había producido ya una adjudicación a Aucalsa, concesionaria de la autopista León-Campomanes, que ha tenido un incidente de recorrido, podríamos decir, como consecuencia de una resolución del Consejo de Estado que ha provocado inquietud en cuanto al mantenimiento, por un lado, de la voluntad y, por otro, de la posible previsión en el tiempo de la ejecución de este tramo Benavente-León, que comunicaría León y Asturias, ya por doble vía, hacia el centro de España y especialmente hacia Madrid. De ahí que tengamos interés en conocer cuáles son las causas, y fundamentalmente las consecuencias, desde el punto de vista de la voluntad política y de la previsión, que ha tenido la decisión del Consejo de Estado sobre la adjudicación

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del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la autopista Benavente-León a Aucalsa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PQBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ya se había elaborado el correspondiente estudio informativo de trazado y la preceptiva declaración de impacto ambiental para poder prolongar la concesión de Aucalsa hasta Benavente, y en el trámite de expediente, al solicitar el informe preceptivo del Consejo de Estado, el Ministerio constató, con una cierta sorpresa, que este alto órgano consultivo entendía que la concesión no podía efectuarse directamente a Aucalsa y que la longitud del nuevo tramo era demasiado larga como para poder entender que se prolongaba el tramo previamente concedido. Con el máximo respeto al criterio del Consejo de Estado, y aun discrepando de él, el Ministerio ha decidido rehacer el expediente y actuar de acuerdo a como le sugiere el Consejo de Estado, efectuando un concurso público para proceder a una concesión separada de la que tiene en este momento Aucalsa, desde Asturias hasta León. Ello cambia el trámite necesario para actuar y ahora tenemos que efectuar un proyecto de construcción, como paso previo a la convocatoria del concurso. Este proyecto de construcción hubiese sido efectuado por Aucalsa, una vez que se le hubiese prolongado la concesión. Ahora tenemos que hacerlo desde el Ministerio para que los posibles concesionarios sepan de qué se trata a la hora de concursar, y eso, naturalmente, cambia el orden de los acontecimientos. No tanto los retrasos, puesto que ese proyecto de construcción en cualquier caso tenía que haberlo hecho Aucalsa, una vez hubiese sido concesionaria por prolongación de la concesión; ahora lo tiene que hacer la Dirección General de Carreteras y proceder a la convocatoria de un concurso público, para que el adjudicatario proceda a construir las obras según el proyecto que saquemos a concurso.
Pero puedo asegurarle que no ha cambiado ni un ápice la voluntad del Ministerio de construir esta autopista en los plazos, técnica y jurídicamente, más cortos posibles.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO COMENZAR LAS OBRAS DE LA CASA DEL MAR DE FERROL? (Número de expediente 180/001571) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Couce Pereiro.


El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, varios son los retrasos, como usted sabe, que lleva el proyecto de la Casa del Mar de Ferrol. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio que comiencen esas obras?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Grinán Martínez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, superadas ya las dificultades que habían venido obstaculizando la ejecución del proyecto de la construcción de la Casa del Mar de Ferrol, el proyecto definitivo, que asciende a 362 millones de pesetas, fue aprobado ya por la oficina supervisora de proyectos. En estos momentos se está tramitando el preceptivo expediente de contratación, se va a adjudicar mediante subasta, previéndose la adjudicación para finales del mes de enero y el comienzo de las obras en febrero. Puedo añadir que el plazo de ejecución previsto para las obras es de quince meses, por lo que, si el si el plazo se cumple --y no hay razón para que no se cumpla--, la construcción de la Casa del Mar de Ferrol puede estar terminada en el ejercicio de 1997.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Couce.


El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, agradezco su información y solicitaría del Ministerio un seguimiento preciso de esta importante obra para Ferrol y su comarca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON FERNANDEZ IBAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR.
MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿A QUE ACHACA EL GOBIERNO EL RECHAZO GENERALIZADO QUE SE HA PRODUCIDO EN COMUNIDADES AUTONOMAS DEL TERRITORIO MEC AL PROYECTO DE ADSCRIPCION DE ALUMNOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA A LOS CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA? (Número de expediente 180/001590)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Fernández Ibáñez.


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El señor FERNADEZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
¿A qué achaca el Gobierno el rechazo producido ante el proceso de adscripción de alumnos y profesores a los centros de educación secundaria obligatoria?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Ibáñez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no comparto en absoluto la afirmación contenida en su pregunta, en la que da por hecho la existencia de un rechazo generalizado al proyecto de adscripción de alumnos y profesores como resultado de la implantación del nuevo sistema educativo.
Es indudable que todo proceso de reforma, de cambio, genera inquietudes en los receptores de los mismos y más cuando el proceso afecta a un aspecto tan básico y generalizado como es la educación. Pero inquietud no es, en ningún caso, igual a rechazo.


Es cierto que se han producido puntuales manifestaciones de disconformidad con las líneas trazadas por el Ministerio, pero éstas también han originado expectativas, sugerencias y aportaciones de gran valor que, junto con las discrepancias, están siendo analizadas por los servicios técnicos, para introducir las correcciones que consideren oportunas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Fernández Ibáñez tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ IBAÑEZ: La verdad, señor Ministro, es que se ha producido, y se sigue produciendo en este momento, un rechazo generalizado al proceso de adscripción de alumnos y profesores a los centros de educación secundaria obligatoria, rechazo que está movilizando a padres, alumnos, profesores y corporaciones locales, todos ellos con el ánimo de que lo que ellos estiman, y yo comparto, descalabro organizativo no se lleve a efecto. Es cierto también que se está llegando a acuerdos con algunas direcciones provinciales que están paralizando el proceso de adscripción de algunos alumnos. Reflexione, señor Ministro, ante el hecho de que es precisamente en aquellos lugares donde se les dice a los alumnos que el curso que viene seguirán en las mismas condiciones educativas en donde están paralizándose las movilizaciones.
No le extrañe, señor Ministro, que exista además un gran recelo en la opinión pública. Al fin y al cabo, en los centros en donde se ha implantado la ESO con carácter experimental se ha detectado un mayor fracaso escolar, y utilizo datos del Servicio de Inspección Educativa.
Sin embargo, la verdad, señor Ministro, es que estos acontecimientos están dejando al descubierto la nula planificación del Ministerio en estos últimos diez años, una falta de financiación y unos pies de barro, en definitiva, que ponen al descubierto, como le decía, la planificación de su Ministerio.
No es usted el único culpable, señor Ministro. Ha tenido usted tres antecesores en el cargo que no se han ocupado de la planificación, por lo que usted va a heredar esta bomba de relojería, en términos políticos, que posiblemente le estalle en la cara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
El señor Ministro de Educación y Ciencia tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, espero que su humor macabro no lo haya expresado con realismo o que la intención no sea ésa.
Señoría, no se trata de rechazo general. Ha habido protestas, como ya he manifestado, y dado que S. S. es Diputado por La Rioja, puedo hacer referencia a los problemas que ha suscitado en dicha Comunidad Autónoma. En particular, la adscripción de alumnos del colegio de primaria Las Gaunas, de Logroño, a un centro de formación profesional situado justamente enfrente del citado colegio. Se han hecho manifestaciones y durante tres días los alumnos no entraron en clase. Parece ser que el motivo radicaba en que los padres preferían y exigían que sus hijos fueran adscritos a un instituto. Igualmente, otro foco de conflicto estuvo motivado por el hecho de que estaba previsto que un grupo de 20 o 25 alumnos de poblaciones rurales de la sierra de Cameros continuaran sus estudios en Logroño y residieran en las instalaciones del CEI de la capital. Otros pequeños conflictos surgieron por el proyecto de fusión de determinados centros de primaria que tenían por objeto conseguir un centro mejor dotado de infraestructuras y con mayor racionalización de los medios personales. Todos estos asuntos han sido objeto de negociación entre la Dirección Provincial del MEC, organizaciones sindicales y federaciones de APA de La Rioja.
La situación al día de hoy es la firma de un acuerdo, al que se han sumado Comisiones Obreras y la Federación de APA, en el siguiente sentido: no se ha aceptado la petición de adscribir los alumnos de Las Gaunas a un instituto, existiendo actualmente normalidad académica; se ha aceptado una subvención singular al conflicto de la Sierra de Cameros, permaneciendo los alumnos en sus colegios, en los que cursarán el primer ciclo hasta que se acuerde una solución definitiva, y se ha aceptado la petición de no fusionar los centros previstos.
Finalmente, el pasado lunes se celebró una manifestación, convocada por Comisiones Obreras, con el lema «En defensa de la escuela pública», que fue aprovechada por sectores descontentos para otros fines.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON EDUARDO RODRIGUEZ ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿PIENSA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA CUMPLIR EL MAPA ESCOLAR QUE PUBLICO ESTE Año PARA LOS CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA? (Número de expediente 180/001591)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Rodríguez Espinosa, que tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Educación y Ciencia, en el documento de trabajo sobre la red de centros, hecho público por su Ministerio en marzo del presente año, se especifica que esa propuesta inicial es la base del mapa escolar de cada provincia y solo podrá ser modificado en caso de que se produzcan cambios demográficos no previstos que cambien el entorno productivo o que surjan nuevas situaciones sociales. Los cambios anunciados hasta la fecha en las distintas provincias o las negociaciones con los sindicatos no responden a estos criterios y, a estas alturas de calendario, no se sabe cuántos cambios se van a realizar en realidad; qué es lo que queda vigente de esa propuesta inicial ni cuántos nuevos cambios se van a seguir introduciendo.
De aquí, señor Ministro, la pregunta que le formulo. ¿Piensa cumplir el mapa escolar que publicó este mismo año su Ministerio para los centros de la ESO?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, obviamente sí, se piensa cumplir el mapa escolar publicado, porque es el resultado de un estudio riguroso, dirigido a garantizar el servicio público de la educación en el marco establecido por la Logse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Rodríguez Espinosa, tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, o no le informan o no quiere enterarse de lo que está pasando, pero estas dos posibles circunstancias no se corresponden con la realidad ni con su respuesta. A título de muestra le puedo señalar que los profesores, en este momento, no conocen ninguna disposición que regule los criterios que se van a seguir para cambiarles de puesto de trabajo ni el procedimiento para asignarles uno nuevo, qué centros van a seguir incorporándose a la reforma para poderlos considerar a la hora de participar en los concursos de traslados, la forma de elegir asignaturas afines, condiciones concretas en las que se ha de producir necesariamente el desplazamiento, situación de los profesores de latín, de griego y de filosofía.
En un segundo aspecto se están aplicando sistemas de incorporación de alumnos a los centros de ESO que no están contemplados en el documento de trabajo del propio Ministerio ni en ninguna disposición posterior, y como botón de muestra le voy a servir tres modelos que se piensan aplicar en la provincia por la que soy Diputado. El director provincial manifiesta que, en Alcázar de San Juan, los alumnos se mantendrán en los centros de primaria sin que tengan aulas de tecnología ni de música; que en Puertollano se va a utilizar un doble turno sin contar con las aprobaciones de las APA ni de los claustros, y que Ciudad Real asegura se van a construir no sé cuántas decenas de aulas de aquí a septiembre sin saber en qué tiempo ni con qué partida presupuestaria. Y por si esto es insuficiente, la tipología de centros que se contempla en el documento del MEC es la de instituto de secundaria, en la que haya ESO, Bachillerato y FP.
Pues bien, en las negociaciones con los sindicatos los representantes de su Ministerio hablan de institutos que se construyan con tamaño suficiente, de centros de EGB contiguos a los institutos...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Espinosa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, el mapa escolar ofertado es una propuesta abierta y como tal susceptible de modificación, y ello no sólo por posibles variaciones en los diferentes factores utilizados en su elaboración --cambios demográficos, exigencia de un entorno productivo concreto, distintas situaciones sociales, etcétera--, sino también por las aportaciones realizadas por la comunidad educativa, las administraciones locales y los agentes sociales, a los que se les ha sometido a consulta siguiendo la línea de actuación de este Ministerio en pro de la participación de los sectores afectados. Todos ellos configurarán el mapa escolar de la provincia de Ciudad Real, que tendrá una red de centros disponibles en el curso 1997/98, no refiriéndose por tanto a los que corresponden al momento de la implantación generalizada de la Logse que es el año 2000, según el calendario establecido.
No obstante, por los datos que S.S. me facilita, si a mí no se me hubieran dado esos datos y fueran ciertos,

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exigiré las responsabilidades que correspondan, y asumo la responsabilidad en su caso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER PEON TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE MEDIDAS CONCRETAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER PLENAMENTE SI DINERO PROCEDENTE DE FONDOS RESERVADOS TERMINO APLICANDOSE AL PAGO DE ALGUNA DECLARACION A PROPOSITO DE LA INVESTIGACION EN TORNO AL CASO «LASA Y ZABALA»? (Número de expediente 180/001586)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Peón Torre.


El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desgraciadamente, este último lunes hemos comprobado una vez más que en la lucha contra ETA no hay atajos y que la impaciencia por encontrar soluciones rápidas, cediendo a planteamientos de diálogo y negociación sin condiciones previas, alienta a los violentos a matar con más saña y más horror. El Gobierno debe despejar de una vez por todas actuaciones poco claras de estos últimos meses en la lucha contra ETA, entre ellas las que afectan a la polémica en torno al cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo y los acuerdos que en el seno de la Comisión de coordinación policial del País Vasco se han venido alcanzando y aplicando sin que la opinión pública, ni esta Cámara ni los integrantes de los Pactos de Ajuria Enea y de Madrid tengan conocimiento concreto de su contenido. La falta de información ha extendido la sospecha de que existen compromisos asumidos por el Gobierno con el PNV o con el Gobierno vasco para un nuevo repliegue policial que no obedecería a necesidades de un mejor servicio, sino a nueva estrategia del PNV. Nos preocupa que el cuartel de Intxaurrondo, su cierre y traslado, haya podido ser comprometido en esa nueva estrategia, que nos parece equivocada.
No ayudan a la claridad las informaciones sobre pagos con fondos reservados para obtener alguna declaración inculpatoria a propósito de determinados casos judiciales. Es preciso saber si dichos pagos se han producido desde el Ministerio del Interior y con qué intención. Por todo ello, señor Ministro, esperamos su respuesta a la pregunta que figura con el número 26 en el orden del día de la sesión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe S. S., el uso de los fondos reservados y también su control parlamentario ha sido reglamentado recientemente en una ley aprobada por esta Cámara, según la cual el Gobierno informa ante la Comisión encargada de entender de los secretos oficiales en este Congreso de los Diputados tanto del uso que se hace semestralmente como del destino final de dichos fondos.
El Gobierno viene haciendo un uso reglamentario excepcionalmente cabal de esta ley. Por tanto, los fondos se están aplicando de acuerdo con la misma, y el control parlamentario se desarrolla de acuerdo con esta ley en la Comisión correspondiente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Peón tiene la palabra.


El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Mire, señor Ministro, yo no le preguntaba sobre el destino final, sino sobre qué se iba a hacer para investigar si esos fondos se han aplicado a ese destino.
Señor Ministro, este Diputado preguntó al Gobierno en junio cuál era el tenor literal de los acuerdos alcanzados sobre estos temas en la famosa Comisión de coordinación policial del País Vasco, que no es secreta. Pues bien, su Gobierno me envía hace pocas semanas una mera relación de los temas sobre los que se han alcanzado acuerdos, pero no sobre el contenido concreto, que era lo que yo les pedía.
En consecuencia, ¿cómo se extrañan, señor Ministro, de que tengamos no ya sospechas sino certezas de que no quieren contestar, de que no quieren decirnos exactamente cuáles son esos compromisos, esa nueva estrategia política y policial y cuáles son las razones que les están moviendo a actuar de esa manera, si no reúnen el Pacto de Ajuria Enea, si no nos contestan a lo que les estamos preguntando? Señor Ministro, es preciso recuperar el máximo consenso en la lucha contra ETA en torno al Pacto de Ajuria Enea y al Pacto de Madrid para cohesionar la firmeza democrática ante los violentos y ante quienes les apoyan, pero ustedes tienen su responsabilidad, señor Ministro. Deben asumirla. Tienen la responsabilidad de no provocar la sospecha de que van por libre, de que no cuentan con los demás en esa tarea. Nosotros no podemos responder a una exigencia de complicidad en actuaciones que vulneran la ley o dar cheques en blanco para actuar unilateralmente. Por tanto, señor Ministro, rectifiquen. Háganlo por el bien de todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la verdad es que tengo que decir que estoy sorprendido.
No alcanzo a comprender, se lo aseguro,

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qué tiene que ver el uso de fondos reservados en la investigación del llamado caso Lasa y Zabala con el despliegue policial en el País Vasco. Créame que no le entiendo. Si S. S. quiere saber cuál es la posición del Gobierno sobre el cuartel de Intxaurrondo, pregúntelo así y con toda seguridad se le contestará, con toda seguridad. Ahora bien, S. S. formula una pregunta a la que luego no se refiere y me hace un alegato sobre la lucha antiterrorista que, en términos generales, yo tengo que decir que comparto.
Comparto el consenso, cómo no, comparto la eficacia y el apoyo a las fuerzas policiales, como no, y comparto, desde luego, la presencia de la Guardia Civil en el País Vasco y en el cuartel de Intxaurrondo luchando contra los terroristas. Y ya que usted no me pregunta, en este turno oral, en relación con lo que en teoría me iba a preguntar de acuerdo con el escrito que tengo encima de la mesa, le tengo que decir que la información a la que usted se refiere ha sido desmentida por la Secretaria de Estado de Interior.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUANDO TUVO EL GOBIERNO CONOCIMIENTO DE LAS RELACIONES DE DON LUIS ROLDAN IBAÑEZ, EX DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, CON EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DON GABRIEL URRALBURU, QUE DIERON LUGAR AL IMPORTANTE ENRIQUECIMIENTO DE ESTE? (Número de expediente 180/001587)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Ramallo García.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, ¿cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de las relaciones de don Luis Roldán Ibáñez, ex director General de la Guardia Civil, con el ex Presidente del Gobierno Vasco, don Gabriel Urralburu, que dieron lugar al importante enriquecimiento de éste último?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha tenido conocimiento del tema por el que usted se interesa a medida que se han ido dando a conocer a la opinión pública las investigaciones de los juzgados de Pamplona y de Madrid que están investigando ambos supuestos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ramallo tiene la palabra.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Yo esperaba de la fina inteligencia del señor Ministro que hoy hubiera dicho algo distinto, porque es increíble, señor Ministro, que ustedes no se hubieran enterado de que el clan navarro del señor Roldán y adheridos, entre los que están el señor Urralburu, habían conseguido un enriquecimiento importantísimo. El señor Urralburu, ganando 400.000 pesetas al mes como Presidente de la comunidad autónoma de Navarra, ha hecho patrimonio de 250 millones de pesetas.
Hace más de un año que en la Comisión de investigación denuncié yo, precisamente, en una rueda de prensa, este enriquecimiento -- comprendo que no le guste, es molesto, pero es que los números son así-- y la esposa del señor Urralburu me amenazó con una querella criminal que, por cierto, no interpuso.
El Gobierno, según parece, y se deduce del sumario de las escuchas ilegales en el Cesid, confirma que grabó y espió desde el primer español al último. Pero ustedes, a lo que se ve, en un acto de negligencia irresponsable, no han conseguido enterarse de lo que verdaderamente era importante para el pueblo español.
El auto del magistrado señor Fernández decreta prisión para el señor Urralburu por un delito continuado de cohecho, cifrando en 258 millones de pesetas lo defraudado. Y hay algo más. Se han pagado estudios electorales hechos para el Partido Socialista de Navarra por compañías (y eso quiere decir financiación del Partido Socialista) que intervenían en obras con las que tuvo que ver el señor Urralburu. Luis Roldán convirtió a Urralburu en una máquina de hacer dinero, pero lo grave, señores Diputados, es que esa máquina de hacer dinero es de dinero que pagamos todos los españoles, de dinero que viene de los impuestos. Perdóneme que le diga, señor Ministro, que ni usted se cree que se han enterado ahora, porque no considero que estemos gobernados por ineptos, pero por irresponsables sí, señor Ministro.
Mire usted, en el caso de la autovía de Leizarán se llevaban el dinero a espartas mientras estaban siendo asesinadas por ETA muchas de las personas que estaban intentando construir aquella autovía. ¿Cuándo van a devolver el dinero de los españoles que han dejado robar? Señor Ministro, esa es la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Presidente.


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Señor Ramallo, primero, lea usted bien los sumarios, porque justamente lo que dice el sumario de las llamadas escuchas es lo contrario de lo que usted ha dicho aquí y lo contrario de lo que ustedes sostuvieron en esta Cámara. Lea usted bien el sumario.
Justamente lo que dice y lo que sustenta el sumario, y no precisamente porque lo digan miembros del Gobierno, sino técnicos independientes, es que el Gobierno dijo aquí la verdad, aunque ustedes se negaron a reconocerlo. Por tanto, no utilice usted ese ejemplo. Estúdiese bien el sumario y deje de decir cosas que no son ciertas. (El señor Ramallo García: ¡Pero si nos lo han enviado a todos!) Déjeme acabar, que yo le he escuchado muy respetuosamente. Déjeme acabar. No se ponga nervioso.
El Gobierno está colaborando con las investigaciones judiciales y parte de los trabajos que está realizando el Juzgado de Pamplona lo está haciendo porque el Gobierno ha puesto a su disposición, y así se recoge en el sumario, los datos que obraban en poder del mismo. Eso que quede claro. El Gobierno está siendo prudente.
Usted ha hecho una excursión por la financiación de los partidos políticos, y cómo se entera la gente, que a mí me lleva al Mediterráneo. Pero mire usted, no voy a ir por ahí. Voy a ser más prudente que usted, entre otras cosas para ser fiel a lo que le he dicho aquí en varias ocasiones: no me gusta su estilo parlamentario. (El señor Ramallo García: Ni a mí el suyo.) Tengo que decírselo. Usted es el autor de una famosa frase, que seguramente pasará a los anales de la historia parlamentaria, según la cual el señor Roldán se encontraba en un sitio húmedo merced al peso inhabitual de sus zapatos. Todavía estoy esperando que desmienta esa frase, señor Ramallo. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!.--Aplausos.)

El señor RAMALLO GARCIA: Se me ha parafraseado. Yo no he dicho nunca lo que ha dicho el señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, el turno de preguntas lo conoce S. S. perfectamente. Son dos turnos que cada Diputado o miembro del Gobierno dosifica con el contenido y el tiempo que quieren. Señor Ramallo, no tiene la palabra.


El señor RAMALLO GARCIA: Es que lo ha convertido en una pura mentira. Ha mentido y lo sabe.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, no tiene la palabra.


--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUAL ES LA CAUSA POR LA QUE LOS COCHES DE LA POLICIA NACIONAL CARECEN DE SEGURO DE DAÑOS A TERCEROS? (Número de expediente 180/001593) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor De Torres Gómez.


El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la causa por la que los coches de la Policía carecen de seguro de daños a terceros?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Los vehículos de la Dirección General de la Policía tienen, según la información de la que dispongo, el seguro obligatorio de vehículos a motor, seguro que cubre la responsabilidad civil frente a terceros, por lo que, a mi juicio, no es exacta la información de la que dispone su señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor De Torres.


El señor DE TORRES GOMEZ: Efectivamente, señor Ministro, tengo que darle la razón en eso. Pero tengo aquí la póliza de ese seguro de automóviles y entre las exclusiones generales --que son muchas-- está la del conductor de los mismos vehículos, por lo que en la pregunta faltaba haber puesto «cobertura suficiente.» Pero, señor Ministro, eso es poner de manifiesto lo accesorio para soslayar lo principal.
Como S. S. sabe, la actuación de los funcionarios policiales en la persecución y en la captura de delincuentes o en la rápida intervención para la que son requeridos produce a veces lesiones en los derechos a terceros. Cuando tal ocurre, siempre que los daños se hayan ocasionado en el ejercicio del cumplimiento del deber de estos funcionarios, debe responder económicamente el Estado, lo que podría subrogarse en la correspondiente compañía de seguros mediante la existencia de la oportuna póliza. Esto es lo lógico y lo normal.
Pero esto, que tan normal parece, no es, sin embargo, lo que ocurre en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que la situación en que se encuentra la asistencia jurídica de los funcionarios inmersos en estos accidentes y la de los seguros de los vehículos que usan hace que muchos de ellos tengan que hacer frente por sí mismos a responsabilidades derivadas de accidentes en la conducción de esos vehículos y, como S. S.
sabe --y si no lo sabe se lo digo--, hay suficientes sentencias judiciales declarando dicha responsabilidad en su perjuicio.
Esta situación de los seguros de vehículos fue planteada en el Consejo de Policía, sin que se tomara ningún tipo de resolución, si acaso que sobre el mes de marzo de 1996 podrá quedar resuelta, pero es que los

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funcionarios policiales llevan más de dos años sin garantía suficiente y con continuos embargos de haberes por actuaciones policiales, de las que precisamente fueron felicitados por sus superiores. Ahora se pretende dejarlo para marzo de 1996, después de las elecciones, para que otro lo solucione, y mientras tanto, señor Ministro, ¿quién garantiza la cobertura a estos funcionarios por los hechos ocurridos con anterioridad? Existe una enorme contradicción entre las aseveraciones del Subdirector General de Gestión, que el pasado día 4 de este mes señalaba, al parecer con cierta satisfacción, la relación de seguros, como usted dice, que sirven de cobertura a estos funcionarios, y las exigencias de las organizaciones sindicales que, ante la dura realidad, se quejan amargamente del embargo de sus haberes y de los de sus compañeros por hechos de esta naturaleza, lo que implica que o bien no hay seguro o, desde luego el existente no es bastante.
En definitiva, señor Ministro, la realidad demuestra...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Torres.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Los vehículos de la Dirección General de la Policía, como le indicaba anteriormente, están cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros mediante el seguro obligatorio de vehículos a motor. Este seguro, como S. S. conoce bien, cubre la responsabilidad civil por daños materiales o corporales causados a terceros hasta los límites del seguro obligatorio.
Los límites, que están actualizados por un Real Decreto de 1992, ascienden a 4.500.000 pesetas para daños materiales; un máximo de 16 millones para los daños corporales de cada víctima, con independencia de su número; gastos de asistencia sanitaria ilimitada para centros reconocidos por el Consorcio con un límite de 100.000 pesetas para centros no reconocidos, y finalmente una indemnización de 5.800 pesetas diarias por baja laboral hasta un máximo de dos años.
Aun así debemos tener en cuenta que la Ley de Supervisión de Seguros Privados, en su disposición transitoria duodécima, ampliaba los límites de aseguramiento obligatorio, con efecto desde el 1 de enero de 1996, a 56 millones de pesetas por cada víctima, en los daños a las personas, y a 16 millones de pesetas por siniestro para los bienes, sin perjuicio de posteriores modificaciones por vía reglamentaria, en virtud de la habilitación de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor.
En consecuencia, no sólo existe una cobertura de daños a terceros para los vehículos de la policía, sino que las cuantías se han incrementado en un 400 por cien y se ha habilitado al Gobierno para poder ampliar estos límites sin necesidad de tener que recurrir a una ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCESC HOMS I FERRET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE INCLUIR A UN REPRESENTANTE DEL SECTOR DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE CARBON EN EL COMITE CONSULTIVO PREVISTO EN LA LEY DE ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL? (Número de expediente 180/001580)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Homs i Ferret, que tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene la intención el Gobierno de incluir a un representante del sector de empresas productoras de carbón en el comité consultivo previsto en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Homs, el Gobierno tiene la intención de hacer cumplir la Ley y, por tanto, de cumplir con las previsiones establecidas en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional al regular la comisión del sistema eléctrico nacional. Nada impide, a la vez que nada exige, el que estas empresas tengan un representante.
Pero más bien habría que decir que es una cuestión de interpretación el que una empresa o la representación de las empresas productoras de carbón deban tener un puesto. Lo que sí está previsto en la Ley es que haya una representación de las empresas del sector eléctrico, no necesariamente de las empresas del sector de carbón. Por eso le puedo decir que tendremos que hacer una interpretación cabal. Hay un puesto correspondiente a diferentes agentes, a comunidades autónomas, a la Administración del Estado, a las empresas del sector eléctrico, a los consumidores y usuarios y a otros agentes, y tal vez en este último capítulo pueda caber, incluso si no hay una previsión explícita.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias señor Presidente.
Señor Ministro, atendiendo a la conyuntura en la que se encuentra en estos momentos el sector del carbón, que no es otra que la de un proceso de ajuste, proceso de ajuste no exento de complicaciones, puesto

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que toda la transformación y reestructuración que debe experimentar ese sector no va a ir acompañada de las medidas complejas que deberían tomarse, nosotros entendemos que por la vinculación y la relación que hoy tiene la producción de carbón con la producción de energía eléctrica, quizá en esta etapa inicial en que nos encontramos, sería oportuno que la comisión tuviera algún representante.
Usted sabe perfectamente que el 43 por ciento de la energía del sistema español se produce con carbón y, atendida la transformación que experimentará el sector, quizá sería interesante y muy positivo que la comisión tuviera una representación en los próximos tres, cuatro o cinco años para poder integrar todas las decisiones que tome el sector eléctrico y aconseje la comisión con las que necesariamente tiene que tomar el sector de la producción de carbón, puesto que su futuro va muy vinculado a la producción de energía eléctrica. Usted sabe, por ejemplo, que la Unión Europea está contemplando en estos momentos los proyectos y los programas de ajuste y de transformación del sector que España está planteando, y quizá sería interesante que todas esas decisiones que se tienen que tomar en el futuro en el ámbito de la energía eléctrica pudieran estar estrechamente relacionadas con las que necesariamente se tienen que tomar en el sector de la producción de energía de carbón.
Creo que tiene usted razón cuando dice que la ley no obliga directamente a ningún representante del sector del carbón, pero tampoco lo prohíbe, como usted muy bien ha dicho, y yo creo que en las distintas modalidades de representación --por comunidades autónomas, por la Administración del Estado, por las compañías eléctricas, por los consumidores y usuarios y por los agentes sociales-- deberíamos encontrar la fórmula para que el sector del carbón tuviese un representante en ese comité.
Nada más, señor Ministro; nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Homs.
Entiendo su criterio, y lo que le puedo decir en estos momentos es que me comprometo a analizar esa cuestión, aunque, como he dicho anteriormente, no debiéramos confundir los problemas del sector del carbón con los problemas del sector eléctrico, por mucha que pueda ser su vinculación. Hay otros mecanismos para analizar los problemas de las empresas del carbón, como los hay para analizar los de las empresas del petróleo, o los de las empresas del gas, que son también materias primas utilizadas para la producción de electricidad. Pero insisto en que nada está prohibido y que, por tanto, puede ser objeto de un análisis y, como he dicho anteriormente, me comprometo a que esto se pueda analizar con algún sosiego, a la vista de los criterios expresados por otras representaciones que sí tienen establecido en la ley el derecho a formar parte de ese comité asesor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA REACTIVAR EL CONSUMO PRIVADO, DADA LA CAIDA DEL MISMO A LO LARGO DEL ULTIMO TRIMESTRE Y LA VUELTA A NIVELES DE GASTO SIMILARES A LOS DE HACE SEIS AÑOS? (Número de expediente 180/001538)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Frutos Gras.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reactivar el consumo privado, dada la caída del mismo a lo largo del último trimestre y la vuelta a niveles de gastos similares a los de hace seis años? Debería añadir que el consumo privado que se ha visto afectado, afecta sobre todo, valga la redundancia, a las rentas más bajas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Posiblemente su análisis y el mío tienen un punto de partida diferente. Para S. S. un crecimiento del consumo privado del 1,8 por ciento es un mal crecimiento, pero desde mi punto de vista no lo es. En un año como el actual, con un crecimiento al tres por ciento, el que crezca más la inversión y el sector exterior que el consumo privado me parece que no es un mal resultado.
Por otra parte, nosotros pensamos que en el año 1996 --y así se estableció en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado--, en la medida en que aumente el empleo y se mantenga la misma propensión marginal al ahorro, lógicamente aumentará el consumo privado. Por tanto, el consumo privado es cierto que tiene el aspecto positivo de incrementar la demanda interna, pero presionando la inflación, sobre todo si incentivamos de forma atípica la demanda privada interna, pero es mucho mejor modelo de crecimiento el que actualmente está en marcha, basado más en la exportación y en la inversión que en el consumo privado. El consumo privado no está mal; en mi opinión crecerá más el próximo

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año, y ese crecimiento es positivo desde otros puntos de vista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Es obvio, señor Ministro, que tenemos discrepancias bastante importantes. El gasto familiar ha bajado un 1,5 por ciento en el tercer trimestre de este año y retorna al nivel de 1989. El consumo real de alimentación ha caído hasta cantidades inferiores a las de 1989. El consumo real de alimentación afecta sobre todo a las capas más humildes de la sociedad a las rentas más bajas. Las familias mantienen por tanto, cautela, mucha cautela en sus gastos; y en esto coincido con muchos analistas y con muchos políticos. Mantienen su desconfianza en la solidez de la recuperación económica y se agrandará todavía mucho más esta desconfianza en el momento que vean que en este mes de noviembre hay 20.000 parados más, entre los cuales está una parte importante de los de larga duración, mujeres, etcétera.
Por tanto, los gastos de los hogares siguen cayendo tras tres años de persistente descenso. La bajada de un punto y medio del tercer trimestre sobre el mismo período de 1994 es más grave, ya que en este año 1994 hubo un gasto muy reducido. A nuestro entender todo esto se debe a la transferencia de las rentas salariales a las rentas del capital; es decir, más beneficios para los que tienen más y menos beneficios para los que en este momento podrían gozar de una cierta reactivación económica; menos cobertura al desempleo, lo cual también afecta a las familias más humildes; más precariedad en el empleo, con lo cual se amplia el temor que la gente tiene; un sistema fiscal más regresivo y una moderación salarial extraordinaria, según cifras del propio Ministerio de Economía y Hacienda; no son cifras mías sino que son las que da el propio Ministerio.
En definitiva, señor Ministro, creo que esta políticas, que ustedes consideran tan acertadas para la reactivación de la economía y para que ésta se traduzca en lo que debe suponer cualquier acción política, en que la gente note que vive mejor, no se ven en la realidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Su señoría saca una conclusión que no es necesariamente compartible. Su señoría dice: Cómo el consumo de alimentación ha bajado, están peor las rentas más bajas. ¿Por qué no hace la inversión del argumento y dice: Los precios de la alimentación tienen un mejor comportamiento y, en consecuencia, es necesario utilizar menos dinero para alimentación. También se puede hacer otra formulación: En la medida en que las familias tienen una mayor propensión al ahorro, están gastando menos en alimentación y teniendo un comportamiento más coherente y ahorrando para el día de mañana. Yo creo que ésa es la situación que realmente se está produciendo. No creo que nadie prescinda de los gastos básicos de alimentación como consecuencia de la evolución de rentas.
Por otra parte, S. S. saca algunas conclusiones que no puedo compartir. La menor cobertura del desempleo tiene otro tipo de argumentos. El problema de la precariedad lo hemos tratado muchas veces. Sus señorías no se dan cuenta de que lo que ustedes llaman empleo precario en su contexto sería falta de empleo. No es que el empleo actual, si fuera permanente, existiera; seguramente no existiría y la situación sería mucho peor, como también creo que sería peor con otros elementos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO QUE, EN LOS DECRETOS-LEYES A APROBAR COMO CONSECUENCIA DE LA PRORROGA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 95 PARA EL PROXIMO EJERCICIO, SE CONTEMPLEN MEDIDAS DE INCREMENTO DE LA FINANCIACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES, TAL COMO ESTABA PREVISTO EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 1996? (Número de expediente 180/001569)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Padrón Delgado. Tiene la palabra.


El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a raíz de la devolución del presupuesto de 1996, y teniendo en cuenta sus inmediatas declaraciones y las manifestaciones que hizo el otro día en la Comisión de Presupuestos, está previsto un decreto-ley para corregir el problema planteado de incremento de salarios de funcionarios y el de la Seguridad Social. Las corporaciones locales, como consecuencia de ese decreto de incremento de salarios, van a ver incrementados sus gastos corrientes. Y en la Ley de Presupuestos para 1996 se contemplaba un incremento del fondo de cooperación municipal del 7,54 por ciento. La pregunta va dirigida a si en ese decreto-ley que el Gobierno va a aprobar el próximo día 29, según sus manifestaciones, se puede contemplar alguna medida que corrija la situación financiera de las corporaciones locales teniendo en cuenta el índice de inflación habido y que estaba previsto en la propia ley de presupuestos, porque las corporaciones locales no tienen

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culpa de la devolución del presupuesto. En todo caso, el Gobierno en la Ley de Presupuestos para 1996 lo que hacía era dar cumplimiento a los acuerdos que había habido con la FEMP. En este sentido, señor Ministro, la pregunta es si cabe esa posibilidad para corregir una situación que va a provocar problemas financieros a las corporaciones locales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señor Padrón, es un tema que todavía no está decidido. Cuál es la lógica del decreto-ley. En primer lugar, tenemos que aceptar la decisión de la Cámara que ha optado por la prórroga del presupuesto del año 1995. Nosotros consideramos que hay que incrementar los salarios de acuerdo con los compromisos del Gobierno. Es cierto que la Cámara tendrá que decir si acepta o no esa modificación. A partir de ahí, es cierto que en teoría se podría plantear una dificultad de financiación en las corporaciones locales y está bien planteada su pregunta. Lo que sucede es que tendremos que analizar si ese problema se plantea de forma tan inmediata que sea necesario incluir en el decreto- ley esa modificación o se puede hacer frente a esos pagos en un momento posterior del año presupuestario. En opinión del Gobierno tendrá que existir un presupuesto para el año 1996.
No es cierto que no se puedan librar cantidades adicionales que permitan resolver el problema financiero de las corporaciones locales por encima de doceavas partes en los primeros meses. En consecuencia, lo que habría que plantearse en un momento posterior sería una aprobación del presupuesto que tendría que pagar esos derechos que, en todo caso, las corporaciones locales van a devengar y que el Estado podría transferir en la segunda parte del año. Esos son los problemas que tendremos que estudiar y esos serán los argumentos que tendrán que tomarse en consideración para adoptar la decisión de incluir o no en el decreto-ley. En mi opinión, lo que es evidente es, en primer lugar, que si incrementamos el 3,5 por ciento tendremos que tomar las decisiones coherentes en temas de corporaciones locales. En segundo lugar, los derechos se van a devengar en todo caso. El problema es, por tanto, de liquidez, que se podrá resolver con el decreto-ley, si es imprescindible hacerlo, y si no tendrá que resolverse con el presupuesto futuro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Gracias, señor Ministro, por la contestación. Veo que el tema le preocupa y que ha sido objeto de estudio.
No hubiera planteado el problema, señor Ministro, si, en el mes de abril o mayo estuviese el presupuesto. Pero hay que tener en cuenta, según las previsiones, que no podrá haber un presupuesto, contando con la constitución de las Cámaras, la formación del Gobierno, etcétera, posiblemente hasta pasado el primer semestre del año. Si bien es verdad que en el segundo semestre podrá ser corregido ese problema, lo cierto es que durante un primer semestre, señor Ministro, las entidades locales van a tener ese problema.
Por todas estas razones, le agradezco que se tome interés para ver una posible solución que no agrave la situación financiera de las corporaciones locales.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
No es interés del Gobierno, evidentemente, crear problemas a las corporaciones locales. En el caso de que viésemos que no se puede librar la cantidad correspondiente para hacer frente a esos pagos, tendríamos que plantearnos cuál es la solución, que puede ser el nuevo presupuesto o pueden ser, en todo caso, los créditos extraordinarios necesarios para hacer frente a los derechos y a los créditos devengados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO MARTINON CEJAS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES ENCUENTRA EL GOBIERNO PARA EXPLICAR LA REITERADA SUBIDA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO EN CANARIAS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL, ESPECIALMENTE EN EL GRUPO DE ALIMENTACION? (Número de expediente 180/001570)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martinón Cejas. Tiene la palabra.


El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el índice de precios de consumo en Canarias viene subiendo, como tónica general, a lo largo del año por encima de lo que sucede en el conjunto del territorio nacional. Es especialmente significativa la subida en el grupo de alimentación, que llega a ser tan espectacular como que en el mes de septiembre el índice acumulado durante los últimos doce meses llega a ser el 13,1 frente al 4,6 por ciento nacional, lo cual indica que triplica prácticamente la media nacional, en una comunidad autónoma que tiene un régimen específico de abastecimiento que supone una ayuda

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de la Unión Europea superior a los 30.000 millones de pesetas.
Por ello le formulo la siguiente pregunta aprovecho para corregir el texto que ha sido publicado, pues hay una errata donde dice «índice de precios al consumo» debe decir «índice de precios de consumo»: ¿Qué razones encuentra el Gobierno para explicar la reiterada subida del índice de precios de consumo en Canarias por encima de la media nacional, especialmente en el grupo de alimentación? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Son ciertos los datos que S. S. ha dado. Es cierto que éste es un elemento de preocupación para todos. Todos somos conscientes de la importancia que para Canarias tiene una evolución correcta del índice de precios al consumo, especialmente en alimentación, como consecuencia de la prestación de servicios, especialmente turísticos, que son fundamentales para las islas.
¿Cuáles son los problemas, las razones y dónde está la dificultad mayor? Cuando uno analiza con cierto detalle lo que está sucediendo con la alimentación, ve que hay dos elementos explicativos del fenómeno. En primer lugar, las islas tienen un régimen de importación libre, incluso subvencionada en algunos casos, por lo cual en teoría no debería tener un comportamiento peor que la península, excepto --y este es un tema importante-- por dos elementos que sí pueden haber influido en este período: la evolución de los tipos de cambio del precio de venta de ciertos productos, lo que se ha producido en los últimos años, y la elevación de los precios internacionales de ciertos productos, que también se ha producido. Es cierto que juega el elemento compensatorio que en estos momentos está funcionando en términos de Unión Europea y que está favoreciendo que ese incremento no sea superior.
Hay otra cuestión que me gustaría destacar y es que un elemento fundamental de ese incremento del índice de precios al consumo se ha producido en las patatas. En el resto de España se ha producido una caída del 2,7 por ciento, pero en Canarias ha habido sólo una caída del 0,1 por ciento. Esto hay que interpretarlo también en relación con un punto, en mi opinión relevante, que es la protección específica que se da a los cultivos de medianías de las Islas canarias, especialmente las papas. Definimos en su momento un modelo determinado que permitiese facilitar la producción en esa zona a cambio de un mayor precio al consumo. Sería relativamente fácil aceptar la importación de patatas en Canarias, pero S. S. sabe como yo que puede plantear problemas relevantes fitosanitarios, aparte de otros de otra naturaleza, y en consecuencia tenemos que buscar un equilibrio razonable.
En definitiva, a mí el problema me preocupa como le preocupa a usted. Yo creo que tenemos que poner en marcha todos los mecanismos necesarios para resolverlo, pero también tenemos que ser conscientes de las dificultades que podríamos crear con cierto tipo de soluciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Según entiendo, señor Ministro, los tipos de cambio y la subida de precios internacionales son dos elementos que han podido contribuir a esta subida exagerada, así como la protección que de hecho existe a la papa canaria. A mí me da la impresión, y me atrevo a sugerirlo, que algo han tenido que influir también las estructuras comerciales deficitarias que existen en Canarias que permiten que buena parte de la alimentación pase por pocas manos, incluso que se llegue a situaciones de acaparamiento de mercancía. Yo creo que, siendo conscientes de que hay una competencia de la comunidad autónoma, algún tipo de preocupación debe generar en el Gobierno de la nación esta situación.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HAN COBRADO YA LOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS LA COMPENSACION POR LA CONDONACION DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI RUSTICA) POR CAUSA DE LA SEQUIA? (Número de expediente 180/001573)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, para paliar los efectos de la sequía el Gobierno arbitró en 1994 --también lo ha hecho este año, pero lógicamente la pregunta va referida al año anterior-- una serie de medidas entre las cuales se encuentra la condonación del impuesto de Bienes Inmuebles, en concreto el de rústica, por causa de la sequía. Pero al propio tiempo, como era lógico, para que los ayuntamientos no vieran mermados sus recursos, el Gobierno en el mismo decreto previo una compensación económica por las mismas cantidades que habían sido condonadas. Los ayuntamientos han cumplido los requisitos que se formularon en la reglamentación posterior enviando una documentación, y

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en estos momentos muchos de ellos ya han percibido las cantidades de esa compensación, pero hace un tiempo faltaban algunos.
Por tanto, mi pregunta es literalmente: ¿Han cobrado ya los ayuntamientos afectados la compensación por la condonación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI rústica) por causa de la sequía? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que sustancialmente sí, pero de todas formas voy a darle los datos, y no me refiero únicamente a 1994. Entre 1992 y 1994 la compensación prevista por bienes inmuebles en IBI rústica se ha pagado por un total de 12.545 millones de pesetas. Queda todavía algo pendiente; quedan pendientes exactamente 3.419 millones de pesetas al día de hoy, el 21,4 por ciento del total.
¿Por qué queda pendiente? En la mayor parte de los casos por tramitación administrativa o por falta de cumplimentación al cien por cien de los expedientes. En el momento en que esas documentaciones estén completadas, evidentemente se pagarán, y a mí me gustaría que no quedase nada pendiente al que tiene la documentación en regla absolutamente a fin de año. Hemos empezado ya también a trabajar con la compensación del año 1995. En este momento se han recibido solamente siete solicitudes de las 40 provincias afectadas y el importe total es de 1.342 millones de pesetas, calculamos que el 15 por ciento del total. También esas cifras, en la medida en que los expedientes estén terminados, se van a pagar.
Por tanto, no hay ningún problema de tesorería, no hay ningún problema de impagos por parte del Gobierno central. Simplemente es un problema de cumplimentación de los requisitos burocráticos para hacer frente a esas deudas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES SE HAN LLEVADO A CABO PARA COMPENSAR A AQUELLOS MUNICIPIOS QUE HAN RECIBIDO MENORES INGRESOS POR IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) COMO CONSECUENCIA DE LAS BONIFICACIONES QUE SE APLICAN A LAS COOPERATIVAS? (Número de expediente 180/001581)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Carrera i Comes.
El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, en su artículo 33 sobre beneficios fiscales reconocidos a las cooperativas protegidas y, en concreto, en su apartado 4 hace referencia a que gozarán de una bonificación del 95 por ciento de la cuota del IAE. En el mismo apartado 4 se indica que, previas las compensaciones que sean necesarias, la Dirección General de la Coordinación con las Haciendas Territoriales ordenará las compensaciones que procedan con cargo a un crédito ampliable que se consignará a tal efecto en los Presupuestos Generales del Estado. Por ello le dirijo la siguiente pregunta: ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para compensar a aquellos municipios que han recibido menores ingresos por el IAE como consecuencia de las bonificaciones que se aplican a las cooperativas? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
La compensación de los años 1992 a 1994 se ha efectuado a todas las entidades locales solicitantes que han aportado todos los documentos de los ejercicios correspondientes. Por tanto, no hay nada que quede pendiente de los años 1992 a 1994 teniendo completo el expediente. Si hay algún problema de completar estos expediente debe resolverse, evidentemente, y a partir de ese momento se pagarán sin ninguna dificultad.
¿Qué sucede con lo que afecta al año 1995? Los expedientes presentados durante el primer semestre han sido ya tramitados todos por la Dirección General de Coordinación con Haciendas Territoriales, ya se han dictado las resoluciones correspondientes aprobatorias, cuyo importe está pendiente de pago por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y también se irá haciendo frente de acuerdo con el proceso normal de pagos. Ahora lo que estamos haciendo es examinando los expedientes que se han presentado durante el segundo semestre del año. El sistema de compensación a las diputaciones provinciales del porcentaje correspondiente al recargo provincial en la cuota IAE de las cooperativas con derecho a bonificación se efectúa de oficio por la Dirección General de Coordinación con Haciendas Territoriales, a la vez que se compensa a los ayuntamientos solicitantes. Es cierto que existen algunas diputaciones provinciales que han instado directamente a la compensación que les corresponde junto con las de los municipios de su territorio, que se les había atribuido competencias en materia de gestión y recaudación tributaria. Por lo tanto, no hay ningún problema específico. Simplemente es el problema de la tramitación norma y no está, en mi opinión, planteándose ninguna dificultad específica en

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estos casos. Los que no han cobrado cobrarán cuando los expedientes estén finalizados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Ministro, por la información.
Mi pregunta iba dirigida no tanto a la concreción del año 1995, que por lo que veo va siguiendo ese curso, sino más bien, por los contactos habidos con algunas corporaciones locales, de municipios pequeños cuyas quejas no eran de este año sino a partir de la aplicación de la IAE --por tanto de 1990--, como si en el transcurso de todos estos años no se hubiera cobrado la compensación correspondiente.
Por tanto, a la vista de la información que facilita el señor Ministro, debe consistir en un fallo de notificación. Tomo nota de ello. Conectaremos con los municipios que se han dirigido a nosotros e intentaremos resituar la cuestión, porque --repito-- no ocurre sólo en el ejercicio actual del año 1995, sino que estos hechos se remontan al año 1990. Por tanto, hay algo que no concuerda con los informes que nos acaba de facilitar el señor Ministro.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Es cierto que el procedimiento es relativamente complejo, exigen una serie de certificados y es verdad que en algunos casos esos certificados no se han cumplimentado verdad que al día de la fecha hay bastantes expedientes incompletos. La Dirección General de Coordinación con Haciendas Territoriales lo que hace es requerir que se completen esos expedientes para realizar los pagos correspondientes. Por tanto, yo le pediría que informe a los ayuntamientos afectados y que si hay alguna dificultad se pongan en contacto directamente con la Dirección General de Coordinación para ver dónde está el problema y subsanar los posibles defectos que actualmente tienen los expedientes para hacer los pagos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JULIO BASSETS RUTLLANT, DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL PAPEL DE ESPAÑA, COMO ESTADO MIEMBRO, EN LA AGENCIA EUROPEA DE EVALUACION DE LOS MEDICAMENTOS? (Número de expediente 180/001561)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Bassets Rutllant.
El señor BASSETS RUTLLANT: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, cuando presenté esta pregunta --pregunta que formularé a continuación-- lo hice conjuntamente con otra que complementaba a ésta y que era la siguiente. ¿Ha adoptado el Ministerio de Sanidad y Consumo alguna medida para agilizar la actividad en cuanto a la evaluación de los medicamentos? A esta pregunta la señora Ministra me respondió en su última comparecencia de forma satisfactoria.
Con sorpresa pero con satisfacción, he tenido conocimiento hace un momento de que en el último Consejo de Ministros se ha aprobado un real decreto --que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado--, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas. El real decreto introduce para España el nuevo procedimiento para aprobar medicamentos en la Unión Europea consistente en que, después de la autorización concedida por cualquier Estado miembro, los restantes deben reconocer dicha autorización en los mismos términos. Este nuevo sistema se irá consolidando hasta su plena entrada en vigor en el año 1998. Si existieron discrepancias deberán ser resueltas por la Agencia Europea para la evaluación de los medicamentos. Con ello se pretende garantizar la pureza, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, tanto en el uso humano como en el uso veterinario, así como los niveles máximos de residuos medicamentos en los alimentos de origen animal.
Por todo lo dicho anteriormente es de mayor actualidad, si cabe, la pregunta que formulo al Gobierno: ¿Cuál es el papel de España, como Estado miembro, en la Agencia Europea de evaluación de los medicamentos? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bassets.
Tiene la palabra la señora Ministra.


El señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Bataller): Gracias, señor Presidente.
Señor Bassets, efectivamente es un asunto capital, a la hora de hablar de política farmacéutica, lo que ha supuesto la entrada en vigor de un nuevo sistema de evaluación de los medicamentos a nivel europeo, tomando como base el reglamento del Consejo del año 1993, por el que se creó la Agencia Europea de evaluación de medicamentos que, como sabe S. S., tiene su sede en Londres.
A la hora de explicar el papel que nuestro país tiene en este nuevo sistema de evaluación, quiero recordar que la estructura básica de la Agencia consta del Consejo de dirección, de los comités científicos y el Secretario permanente. España está representada en el Consejo de Dirección por la Directora General de Farmacia para los medicamentos de uso humano y por el

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Director General de Sanidad Animal, del Ministerio de Agricultura, para los medicamentos de uso veterinario. Nuestro país ya ha realizado en el Consejo de Dirección algunas propuestas, que me parecen significativas, relativas a la necesidad de armonizar en mayor medida las condiciones de autorización de los medicamentos y garantizar, de esta forma, que existan criterios similares tanto si el registro se efectúa por la Agencia como por un Estado miembro. Por ello se acaba de organizar un grupo ad hoc, que se ha reunido la semana pasada en Bruselas, atendiendo --como ya he dicho-- una iniciativa española. Hemos impulsado también, a través de nuestra representación en el Consejo, un proyecto de colaboración con el Centro de Traducción de Luxemburgo, con el fin de garantizar que las traducciones de los textos científicos de los medicamentos a las once lenguas oficiales se realicen con las máximas garantías.
Esto supone un asunto de especial transcendencia en esta materia.
Por lo que se refiere a los comités científicos, que son el Comité de Especialidades Farmacéuticas y el Comité de Medicamentos Veterinarios, tengo que decir que tienen como misión la de adoptar decisiones comunes sobre autorización de medicamentos de uso humano y veterinario en base a criterios de eficacia, de calidad y de seguridad. Esta constituido por todos los Estados miembros y, por tanto, España también está representada. Se reúne mensualmente en la sede de la Agencia, bajo la presidencia de un representante elegido por los miembros de cada comité.
De las ocho primeras solicitudes de autorización de medicamentos presentadas a la Agencia para su evaluación --como usted sabe, su entrada en funcionamiento ha sido muy reciente--, España ha sido ponente de un interferón BR combinante, cuya evaluación, por ser un medicamento obtenido por biotecnología, planteaba ciertas dificultades técnicas. Esto significa que, en la actualidad, aunque nosotros no contamos con...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTARA EL GOBIERNO PARA EVITAR LA MASIFICACION EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LOS HOSPITALES PUBLICOS, QUE OBLIGA A OCUPAR LOS PASILLOS CON CAMAS Y HA DADO LUGAR AL FALLECIMIENTO DE UN ENFERMO EN UNA SALA DE ESPERA? (Número de expediente 180/001588)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Burgos Gallego.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué medidas adoptará el Gobierno para evitar la masificación en los servicios de urgencia de los hospitales públicos, que obliga a ocupar los pasillos con camas y ha dado lugar al fallecimiento reciente de un enfermo en una sala de espera?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, las urgencias son uno de los elementos fundamentales en el funcionamiento del sistema sanitario, de forma que constituyen un objetivo permanente en todos los planes del Insalud. Ello se refleja, por ejemplo, en que en todos los planes directores de los hospitales del Insalud se han incluido sistemáticamente presupuestos destinados específicamente a los servicios de urgencia, lo que ha permitido que en los últimos seis años se hayan realizado 37 remodelaciones y mejoras en los servicios de urgencia.
En las urgencias, que en el servicio público funcionan correctamente, que son utilizadas mayoritariamente por los ciudadanos --un 89 por ciento expresa su preferencia por las urgencias en el sistema sanitario público-- y atienden al 92,6 de la población española, se producen períodos punta por razones que van desde la climatología a los puentes de vacaciones. En esos momentos determinados se producen aglomeraciones que en ocasiones dificultan la utilización de los servicios. Como S. S. no me expresa a qué caso se refiere, no puedo darle datos, pero si me precisa trataré de darle una explicación.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la situación de los servicios de urgencia en nuestros hospitales es una situación límite. La demanda creciente y objetiva de asistencia especializada inmediata evidencia permanente y cotidianamente la falta de medios materiales y humanos, la organización caótica en muchos casos y siempre fácilmente desbordable y, sobre todo, que los ciudadanos están buscando el servicio de urgencias debido al fracaso de la organización sanitaria ante la burocracia administrativa y, fundamentalmente, ante las galopantes listas de espera. El problema de las urgencias en España es que ya no son un término para describir situaciones en que objetivamente existe un riesgo para la vida o la integridad física de las personas, sino que, por obra y gracia de un modelo sanitario ineficiente,

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congestionado y desesperante para muchos ciudadanos, se han convertido en una mera asistencia fuera del horario administrativo habitual de la atención programada de nuestros centros. En definitiva, la mala organización de nuestro sistema hace que recaiga sobre los verdaderamente necesitados el uso y abuso indiscriminado del servicio de urgencias, su devaluación asistencial, la sobrecarga de los servicios y la presión excesiva sobre los profesionales.
Desde que en 1988 el informe del Defensor del Pueblo denunció frontalmente la situación de la asistencia médica de urgencias en nuestro país, no se han dado más que tímidos pasos en la reforma de esos servicios de urgencias para dotarlos de medios suficientes y, sobre todo, de un sistema de valoración inmediata de riesgos para el enfermo, que a veces puede llegar por su propio pie a los servicios, pero tiene que esperar un tiempo excesivo para recibir asistencia que algunas veces, como en caso dramático al que me refería, es vital para su propia supervivencia.
En definitiva, hay que acabar con el espectáculo de las camas en los pasillos de los servicios de urgencia, hay que acabar con las camas cruzadas en los ingresos de los servicios de urgencia. Todo eso evidencia la falta de organización, la falta de medios, la falta de credibilidad de los ciudadanos en un sistema sanitario cuya única puerta de entrada para ofrecerles la atención inmediata y oportuna que precisan es el servicio de urgencias.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, tengo que lamentar que S. S. utilice un servicio como el de urgencias para soltar su discurso demagógico, injusto y falso.
Las urgencias del sistema sanitario público, señoría, funcionan muy bien. En el año 1994 se han atendido 4.179.786 urgencias, con una media de 11.450 al día; 422 intervenciones quirúrgicas; con una media de médicos de urgencia por día que alcanza 2.400.
Como son muchos (9 de cada 10 ciudadanos) los que utilizan las urgencias de la sanidad pública, sus afirmaciones, señoría, no se corresponden con la opinión de estos millones de personas que pasan a diario por urgencias.
Lamento que nuevamente un asunto tan serio y tan importante, en el que se ha avanzado tanto en la mejora de su funcionamiento, se utilice por S. S. para descalificar de manera global, injusta y falsa el funcionamiento del sistema.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL MINISTERIO PARA EVITAR LAS LISTAS INCONTROLADAS DE MEDICAMENTOS DE UTILIDAD TERAPâUTICA BAJA EN EL INSALUD? (Número de expediente 180/001589)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, de la señora Fernández- Capel.


La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, ¿qué medidas ha adoptado el ministerio para evitar las listas, llamémosle incontroladas, de medicamentos de utilidad terapéutica baja en el Insalud?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señora Fernández-Capel, como usted conoce, en 11 junio de 1993 la Dirección General del Insalud estableció la publicación periódica de boletines u hojas de información farmacoterapéutica, a las que S. S. se refiere.
En el año 1993 se elaboraron 208 y en ninguno de ellos se incluyeron marcas comerciales, ni listas negativas por las que S.
S. de interesa.
En el año 1994 se publicaron 316, y en cuatro se detectaron ese tipo de listas o utilización de marcas. Con este motivo se dirigió un escrito, el 7 de julio de 1994, a la dirección provincial del territorio donde se había producido esta publicación, señalando que no era ése el criterio para estos boletines.
Durante el año 1995 se han detectado nuevamente algunos boletines que incluían marcas comerciales. Por ello, en fecha 6 de abril de 1995, se remitió otra nota reiterando las indicaciones de que sólo se trataba de hablar de principios activos y en ningún caso de marcas comerciales.
Hasta octubre de 1995 se han editado 112 boletines de los cuales en cinco hemos detectado nuevamente esa interpretación incorrecta de lo que son las guías terapéuticas.
Puedo asegurarle, señoría, que desde la Subdirección General de Atención Primaria se remitió la nota de 6 de abril de 1995 y que desde entonces en ninguno de los boletines se incluyen relaciones de marcas comerciales.
No obstante, y para unificar criterios, la dirección general, con fecha 29 de noviembre de 1995, ha enviado instrucciones a todas las gerencias de atención primaria

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para precisar el contenido, la finalidad de los boletines y evitar equívocos, que son malas interpretaciones de lo que constituye una política farmacológica que avala la Dirección General.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández-Capel.


La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, le planteamos este problema hace casi año y ustedes lo habían negado siempre.
Podríamos haber aclarado en una conversación esto que ustedes han negado siempre, pero la responsabilidad de un Diputado cuando trae preguntas a esta Cámara, en el ejercicio de la representación que le reconocen los artículos 111 y 66 de la Constitución, y por respeto al pueblo soberano que nos ha encomendado esta misión, es demandar en ella la respuesta en el ejercicio de control del Gobierno.
Le puedo asegurar, señora ministra, que no ha sido grato tropezar con el muro e irracionalidad de un Gobierno atrincherado, que no ha admitido ser controlado y por principio ha negado siempre la mayor.
Ni cuatro ni cinco listas; le puedo decir ahora mismo otras más: Cantabria, 95; Talavera, 94; Ciudad Real, 94; Melilla, 94; Plasencia, 94. ¿Sigo? Y no han sido incontroladas, señora ministra; son oficiales de las áreas de salud, porque oficialmente se han remitido a esta Diputada a esta Cámara hace muy pocos días.
Ustedes lo han negado, señora ministra, o no se han enterado de lo que estaba pasando en su ministerio, y se pierde un tiempo precioso por no oír lo que la oposición, en el ejercicio de sus derechos, les está diciendo, o no dicen la verdad sobre sus actuaciones. En cualquier caso, señora ministra, las dos situaciones son graves.
Nuestra responsabilidad en la denuncia está asumida, pero asuman ustedes la suya y actúen. No se le pueden descontrolar otra vez.
Actúen y, si con incontroladas, controlen, porque hemos perdido un año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, si usted considera que la actuación que le he explicado, consistente en remitir circulares aclaratorias y en detectar los casos en que eso se ha producido, es una actitud irracional y de negación, pues difícilmente voy a convencerle en los minutos de que ahora dispongo. He negado, y niego, que desde la Dirección General del Insalud o desde el Ministerio de Sanidad se esté haciendo una política farmacológica o de uso racional del medicamento consistente en publicar listas, diferentes, de medicamentos negativos con marcas comerciales. Eso lo he negado y lo seguiré negando.
Naturalmente reconozco que en cientos de boletines que se han editado (en cuatro, en dos, no en esas cifras que S. S. me dice ahora y que no conozco) se han producido interpretaciones incorrectas, que hemos corregido a través del correspondiente instrumento, que es la instrucción.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL NUÑEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUE RAZONES ALEGA EL GOBIERNO PARA JUSTIFICAR EL ELEVADO NUMERO DE COMISIONES DE SERVICIO QUE HA UTILIZADO DURANTE EL AÑO 1995? (Número de expediente 180/001594)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Núñez Pérez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, ¿qué razones alega el Gobierno para justificar el elevado número de comisiones de servicio que ha utilizado durante el año 1995?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno en todo momento ha utilizado la comisión de servicios, de acuerdo a lo previsto en la Ley de medidas y al Reglamento de provisión de puestos de trabajo, para cumplir determinados puestos en caso extraordinario, de urgente necesidad y de forma restrictiva, buscando siempre un mayor servicio al ciudadano y no la satisfacción de necesidades personales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, Presidente.
Señor ministro, las 12.213 comisiones de servicio concedidas en los primeros nueve meses de 1995 son un número excesivo y altamente sospechoso. ¿Por qué? Porque según el artículo 64 del Reglamento vigente, pueden utilizarse sólo en caso de urgente e inaplazable necesidad y pueden prorrogarse un año. Por tanto, o estamos ante prórrogas ilegales o estamos ante la utilización generalizada de lo excepcional, pues además de

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las concedidas este año, suman 69.394 las concedidas en los cinco años anteriores. Tratándose de supuestos urgentes e inaplazables, son demasiadas, señor ministro, y no tienen ninguna justificación; pero sí tienen, por desgracia, mucha explicación.
El simple análisis de los datos que figuran en el Registro central de personal demuestra que el 60 por ciento de los puestos cubiertos por concurso de méritos, ya estaban ocupados mediante comisiones de servicios. En términos claros, en estos últimos seis años se han realizado cerca de 70.000 libres designaciones encubiertas. La opinión generalizada de los funcionarios tampoco ofrece dudas. Es «vox populi» entre ellos que las comisiones de servicio son la antesala de las libres designaciones.
¿Qué quiere que le diga, señor ministro? Que nadie se rasgue las vestiduras, porque esta técnica figura, no en una ley, figura ni más ni menos que en el manual de procedimiento de gestión de recursos humanos de su ministerio. La comisión de servicios -- dice-- es la solución más fácil y cómoda para sortear lentitudes y rigideces de los concursos. Elocuente confesión de parte, señor ministro. La politización de la función pública en los términos que ustedes han llevado a cabo, conculcando los principios de mérito y capacidad, ha conducido a los funcionarios a un estado de desmoralización y a la Administración pública a un alto grado de ineficacia. No huya usted, señor ministro, a otras geografías para justificar lo injustificable, refiérase a la Administración general del Estado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Núñez, usted ya se pone la venda antes que la herida porque sabe que usted dice exactamente lo que ustedes hacen donde tienen responsabilidades de Gobierno. (Rumores.) La Administración general del Estado no lo hace, porque esas doce mil y pico que usted decía y que ha obtenido usted del Registro de personal que creó el Gobierno socialista cuando empezó a gobernar (ustedes no lo crearon y cuando usted era ministro no sabía ni las comisiones de servicio ni siquiera los funcionarios que tenía a su cargo), le tengo que explicar que es exactamente la misma cifra que se repite año tras año durante los que usted ha analizado. Por consiguiente, no aumentan las comisiones de servicio, sino que se mantienen constantes, y se hacen para cubrir los puestos de urgente necesidad, como son los funcionarios docentes, porque en otro caso no se dan clases a los alumnos, o los funcionarios de los juzgados, porque no se podrían celebrar los juicios. Esto es exactamente lo que hace la Administración general del Estado: cubrir los casos de urgente necesidad con esas comisiones de servicio que, por lo demás, están completamente reguladas y vigiladas, y sabe usted que se mantienen constantes a lo largo de los años.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA ECONOMICA Y MEDIDAS PARA FORTALECER NUESTRO TEJIDO PRODUCTIVO Y ALCANZAR TASAS DE EMPLEO Y NIVELES DE PROTECCION SOCIAL SIMILARES A LOS DE LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA, UE (Número de expediente 172/000134)

El señor PRESIDENTE: Punto sexto del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Interpelación, del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política económica, medidas para fortalecer nuestro tejido productivo y alcanzar tasas de empleo y niveles de protección social similares a las de los países de la Unión Europea.
Por el Grupo proponente de la interpelación, tiene la palabra el señor Frutos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor FRUTOS GRAS: Señoras Diputadas, señores Diputados, los análisis económicos y los datos de la contabilidad nacional, por todo lo que está saliendo estos días, apuntan casi sin excepción a dos cosas: en primer lugar a que hay una expansión económica y, en segundo lugar, como consecuencia de lo primero, que hay una salida de la crisis, yo creo que de forma bastante triunfalista.
Independientemente de que podemos aceptar que hay una expansión económica, no vamos a negarlo, es mucho más problemático y conflictivo llegar a una conclusión en relación a la salida de la crisis económica, entendiendo ésta como una crisis económica, social, estructural. Es decir, si escarbamos en la realidad económica y en las secuelas sociales que tienen esta realidad y la situación económica de nuestro país, las estructuras y el funcionamiento de las mismas o los cambios que hay, llegaremos a otro tipo de conclusiones que crean importantes incertidumbres, crean temor en una parte importante de la ciudadanía que se expresa, como he intentado explicar anteriormente en mi pregunta al Gobierno, en relación al mismo gasto familiar de las personas o rentas más bajas y crean fuertes disfunciones estructurales, como posteriormente intentaré demostrar.
Se dice que el déficit público y los salarios crean el paro, la inflación y la pérdida de competitividad. Yo no voy a negar de forma rotunda y absoluta que estos elementos

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tienen incidencia en la inflación, en la posible pérdida de competitividad, pero creo que tiene una incidencia bastante relativa, porque, al mismo tiempo, se obvia lo que consideramos nosotros más importante como la incidencia en la inflación y en la pérdida de competitividad, que es la debilidad productiva agudizada o profundizada después de la extraordinaria laminación industrial que ha habido en los últimos diez años en este país.
Se obvia, por ejemplo, el fraude de impuestos, fraude a la recaudación de impuestos, o el mismo fraude a la Seguridad Social, corrupciones y corruptelas a todos los niveles, que dan una imagen de la Administración pública y del quehacer político bastante desastrosa y, naturalmente --lo pongo para que vea que no aprovecho la ocasión para meter cizaña ni hurgar en la herida- -, la crisis política algo tendrá que ver también en todo eso. Se proponen tesis, de forma cada vez más rotunda, con afirmaciones cada vez más ideológicas --perdón, pseudoideológicas--, tesis y prácticas de carácter radicalmente liberal.
El mercado. El mercado lo soluciona todo, aunque, como se acercan las elecciones, en el último período parece que se dice, para polemizar con los señores de la derecha, a pesar de que luego practican la misma política: no, no, el mercado no lo soluciona todo; el Estado tiene que intervenir, porque si no, las personas más desfavorecidas son las afectadas.
Desmantelamiento de lo público. Se dice que no, que es la derecha la que va a desmantelar, pero se continúa, a través de una serie de leyes, de legislaciones y, como, por ejemplo, el debate que tuvimos hace poco en relación a la liquidación del Instituto Nacional de Industria o del Instituto Nacional de Hidrocarburos va en esta línea.
Hay determinadas incertidumbres sobre las pensiones (podrán cobrarse, no podrán cobrarse; qué cantidad; tiene que haber reforma), aunque naturalmente, como esta mañana se ha hecho de forma solemne pero poco creíble, todo el mundo ante las elecciones dice: no se preocupen ustedes, que las pensiones no sufrirán. Ojalá no sufrieran, pero tenemos la mosca detrás de la oreja, y muchos ciudadanos también la tienen.
Al mismo tiempo hay reformas fiscales más regresivas desde el punto de vista social, que no hacen un papel de activación de la economía, sobre la base de su propia filosofía, no de la nuestra, que es diferente.
El pleno empleo prácticamente ya se descarta. Aquí cuando hay un aumento de medio punto de la tasa de ocupación ya sacan ustedes las castañuelas y hay jolgorio; sin embargo, nadie se propone como objetivo para el futuro un pleno empleo, por ejemplo, en el objetivo del año 2000, este emblemático año 2000. Cuando Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya habla de pleno empleo estamos hablando incluso de la posibilidad de tener unas cuotas de paro más o menos en torno al 10 o 12 por ciento, la medida que hay en estos momentos en la Unión Europea; es decir, la tasa de cobertura al desempleo es más baja que en el conjunto de la Unión Europea, el 20 por ciento como mínimo. La tasa de siniestralidad, como sabe todo el mundo, es bastante más alta en muertos y en trabajadores tullidos como consecuencia de accidentes en los centros de trabajo. Todo ello se produce a pesar de que los salarios reales han crecido desde 1987, nueve puntos menos que la productividad, sin crear más trabajo, trasvasando renta de estos salarios, como he intentado explicar en la anterior pregunta, a las rentas empresariales, a los beneficios de las empresas.
En definitiva, a nuestro entender ustedes se merecen un suspenso en política social y laboral. A lo mejor tienen incluso un aprobado justo en macroeconomía, en macromagnitudes de la situación económica, pero al mismo tiempo, cuando esta macroeconomía no se traslada al conjunto de la ciudadanía y ésta además lo ve como propio y tiene una tranquilidad ante el presente y ante el futuro, creemos produce esto que he dicho: que hay, en definitiva, un efecto en la política social y laboral que merece un suspenso.
Continuamos en esta misma línea. Nosotros pensamos que la moderada expansión que hay en estos momentos con las políticas concretas que están aplicando, no es capaz de vencer significativamente al paro. Se reconoce de forma objetiva por todo el mundo --ustedes mismos lo reconocen-- que en el año 1996 puede haber el 22 por ciento de paro. Si esto es darle un mordisco fuerte al paro que tenemos en este momento que venga Dios y lo vea. Pero es que además esto se produce en un momento que en España, por ejemplo, hay seis puntos menos de presión fiscal que en la Unión Europea --lo siento, señor Montoro, pero sabe que es así--; que el 76 por ciento de la recaudación por IRPF corre a cargo de los asalariados --que esos sí cotizan religiosamente a través de la nómina--; y que las rentas del capital y las rentas derivadas de las actividades profesionales y empresariales son el 8,3 por ciento, en un caso, y el 10 por ciento en otro, en definitiva no llega siquiera al 19 por ciento.


El Instituto de Estudios Fiscales, no nosotros, ya lo dijo hace tiempo, y continúa reiterando que hay tres billones de fraude, es decir, el 5,5 por ciento del producto interior bruto, que es una cifra más o menos equivalente al déficit público, que hay más imposición indirecta (cada vez se van decantando más los impuestos hacia una imposición indirecta que castiga naturalmente al consumo por abajo, es decir, a las rentas más bajas, a los sectores más humildes de la sociedad) y, además, se producen reducciones que impiden tener una mayor recaudación por parte del Gobierno y hacer una política más social, si tuviera voluntad política de hacerla.
En ingresos, las reducciones se concretan en 77.000 millones en los planes de pensiones según el informe económico y financiero de los propios Presupuestos Generales del Estado para 1996; en un gasto fiscal en vivienda de 368.000 millones; en fondos de inversión colectiva, 300.000 millones más; en la libertad para la

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amortización en el Impuesto de Sociedades, 200.000 millones más.
Ya hemos tenido debates en relación a lo que esto representaba sin que se vea una mejora significativa en todo ello, con la reforma estructural en el tipo de trabajo que hay y en el tipo de economía productiva que existe.
Aparte de valoraciones triunfalistas que ha hecho recientemente el señor Ministro de Trabajo u otros ministros en relación a que se han creado en este período 110.000 contratos indefinidos más que en 1994, con lo cual parece que se venga a decir: ¡viva la reforma laboral que está dando sus frutos! al mismo tiempo sabemos, saben ustedes, lo dicen sus informes, los informes de su ministerio y de otros ministerios, que un gran porcentaje de estos contratos es a tiempo parcial, varias horas a la semana o al mes en muchos casos. Ya sé que usted me contestará: vale más esto que nada. Efectivamente, y menos todavía que una pedrada en la dentadura. Eso está claro, en eso estamos de acuerdo. Pero, en definitiva, dicho incremento que se plantea desde el Gobierno no representa una variación importante de la contratación indefinida en el conjunto. Datos concretos, le pongo un ejemplo. El primer semestre de 1994 fue un aumento del 3,4 por ciento; en el primer semestre de 1995, del 3,9 por ciento.
En definitiva, «la creación de empleo» --entre comillas--, su creación de empleo durante este período ha justificado importantes medidas de ajuste en lo laboral y, sobre todo y de forma especial, como si fuera el buque insignia, la reforma laboral de 1994. En estos momentos ya están ustedes vislumbrando, esperan a que pasen las elecciones porque se dan cuenta de que lo más significativo de la creación de este empleo es lo precario.
Por eso su antiguo socio el señor Roca o Convergència i Unió en su conjunto está diciendo ¡cuidado! se está creando un empleo muy malo y esto es malo para el conjunto de la economía. Por tanto, vamos a ver si pactamos con los sindicatos un empleo más indefinido y, al mismo tiempo, unas indemnizaciones más bajas en caso de despido.
Hay una degradación de las condiciones laborales y sociales de un amplio segmento de la población, y, si no me creen ustedes váyanse a los despachos laboralistas o a los propios despachos u oficinas sindicales y entérense de lo que piensa la gente, de lo que dice la gente, o de que muchas veces la gente ni tan siquiera se atreve a defender leyes que están aprobadas desde hace 25 o 30 años en este país. El propio Gobierno lo reconoció ante el Consejo Económico y Social en su documento sobre la reforma laboral; están reconociendo exactamente todos estos datos que estoy dando, por tanto, no me invento nada.
Intento ampliar estos datos para que tengan una vigencia política. Así se explica que a pesar de las cifras millonarias de contratación, las últimas que hemos conocido hoy, en muchos casos el empleo neto no ha aumentado o se ha incrementado muy poco, y hay un factor grave en términos generales para el sistema productivo, y es que la temporalidad, tal y como anunciaba inicialmente, está produciendo una descualificación y una desprofesionalización de los propios trabajadores, lo cual conduce, efectivamente, a un resultado negativo para el conjunto de la economía, incluso para las políticas que ustedes dicen defender con sus medidas.
Si miramos el aspecto industrial (no sé qué me va a contestar usted, ya me contestaron algo hace poco tiempo) nos encontramos con que desde 1982 con la feroz reconversión industrial que se ha producido para reducir la capacidad productiva y el empleo en determinados sectores como la minería, la siderurgia, el sector naval, electrodomésticos gama blanca, textil, equipo eléctrico, con la continuación de estas políticas a través de la integración del Acta Unica y del Tratado de Maastricht, nos encontramos con que la industria se ha visto como el sector más confrontado con la competencia del resto de países de la Unión Europea y del resto de países del mundo, y que la política macroeconómica recesiva que se ha practicado durante años, la política monetarista --de la cual estaban ustedes tan orgullosos cuando Carlos Solchaga era el ministro-- ha mantenido deprimida la economía, siendo el elemento estructural que ha producido determinados problemas que ahora estamos arrastrando. Esto ha afectado en su conjunto y fundamentalmente a la industria y, además, ha venido agravado por esta célebre frase, seguida de una política concreta, de que sin política industrial, solamente con la acción del mercado se podía desarrollar extraordinariamente la industria.
Resultados. Pérdida de tejido industrial. En 1975 había más del 29 por ciento de producto interior bruto, que venía a través de la producción industrial.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya concluyendo, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Estoy terminando, señor Presidente.
En 1994 es el 21 por ciento. En 1975, para redondear más los datos, había 3.368.000 trabajadores en el sector industrial; en 1994, había 2.479.000 trabajadores, es decir, una reducción de más de 800.000 trabajadores. Además, por si acaso me contesta usted que es un proceso que ha ocurrido de forma más o menos semejante en la Unión Europea, le digo que ha habido países de la Unión Europea --como Italia y otros-- que han defendido mucho mejor su sector industrial y han perdido muchos menos puestos de trabajo. Lo que pasa es que nosotros vamos con la Fe del converso; con el europeísmo que está fundamentado en la fe del converso y nos encontramos con que desprotegemos toda nuestra producción, en este caso concreto nuestra producción industrial.
Señor ministro, ¿dónde cree usted de verdad que van a ir las criaturas que se van sumando al paro día tras día? ¿No piensa que a estas alturas sería ya necesario hacer otra política? Sin redundar más en todos

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los temas que hemos planteamos, nosotros le proponemos tres acciones posibles, que desarrollaremos la próxima semana en la moción que vamos a presentar seguidamente.
En primer lugar, una decicida política de fomento de la actividad económica en todo los terrenos, y esto quiere decir un compromiso fundamental desde el Estado, desde el sector público y desde la empresa pública, aunque sólo sea por la dimensión reducida de las empresas privadas españolas en relación a las empresas de su entorno, con las cuales tienen que competir.
Segunda acción. Una política industrial decidida. Si sobran puestos de trabajo o capacidad productiva en determinados sectores, subsectores o empresas, dígase, pero dígase al mismo tiempo dónde tenemos que potenciar y desarrollar nuestra capacidad industrial a través de una política industrial decidida, naturalmente por el Gobierno que gobierna, pero discutida y aprobada en este Parlamento, y con una selección de actividades. Es decir, no pensamos nosotros, como ustedes piensan, que el mercado lo asigna todo y que soluciona todos los problemas que puedan aparecer, sino que haya, junto con este impulso del mercado, una planificación democrática de todas las necesidades de este país y de las potencialidades. Esto quiere decir seleccionar, planificar democráticamente, ver qué sectores potencialmente en España --y en el conjunto de Europa y del mundo-- serían necesarios y qué podríamos hacer con nuestra capacidad productiva instalada, con nuestra cultura industrial, con nuestro tejido productivo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, termine, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Ahora sí termino.
Por tanto, ver las necesidades que tenemos y también las carencias que tenemos, ver las ventajas que podría representar que la economía española compitiese en determinados segmentos de la actividad internacional, la calidad, ver las necesidades reales de la producción. Naturalmente --para terminar--, esto representaría, como he señalado antes, un impulso muy decidido por parte del sector público y de la empresa pública.
Por tanto, volvemos a reiterar nuestra oposición al proceso de privatizaciones, totales o parciales. Parciales, en las que se privatiza lo rentable de una empresa y se deja en el sector público lo no privatizable. En definitiva, una acción pública de fondo, con el protagonismo del sector público potenciando la financiación. Esto podría representar, a nuestro entender, además del endeudamiento necesario cuando sea preciso y de las transferencias que vienen de la Unión Europea, intentar tener una suficiencia tributaria y una mejor distribución de la carga fiscal para poder hacer frente a todas estas necesidades. Sobre esta base, nosotros pensamos que podría haber una verdadera reactivación, que no representara un «bluff», un eslogan, y que dentro de cuatro meses nadie se acuerde de la misma. Pensamos que esto sería sentar las bases para otro tipo de política en este país.
Espero que lo hagan ahora. No vayan ustedes a proponernos esta política si, por ejemplo, en marzo pierden ustedes las elecciones, estén estos señores en el Gobierno (señalando a los bancos del Grupo Popular), y entonces les acusen de querer hacer una política de derechas. No, ustedes habrán abierto la autopista para esta política de derechas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente, señoría.
La verdad es que ignoro cuál es su apreciación, señor Frutos, sobre las razones de urgencia que le han llevado a presentar esta interpelación. Tras leer el texto de la misma y tras escucharle a usted creo que esta interpelación se podría haber presentado hace cinco años y seguramente se volverá a presentar dentro de cinco años.
Su señoría hace un análisis de la realidad de forma dispersa; utiliza una serie de datos de forma no excesivamente conexa y permítame que le responda a algunos de ellos, desgraciadamente también tendré que ser relativamente inconexo dando respuesta a sus puntos de vista.
Primer elemento. Se me hace difícil mantener la tesis de que hay duda sobre la salida de la economía española de la crisis.
Nuestra economía está creciendo a ritmos de aproximadamente el 3 por ciento. Si su señoría sigue lo que está sucediendo en el resto de la Unión Europea verá que esa cifra es impresionante.
Todavía ayer se producían las últimas revisiones del crecimiento en la República Federal Alemana, donde para el tercer trimestre se habla de crecimientos por debajo del 2 por ciento, del 1,5 después de haber tenido crecimientos del 2,9 y de algo más del 2 en el primer y segundo trimestres de este año. Incluso cuando hablamos de previsiones para finales de este año y para el próximo vemos que nuestra economía está creciendo a tasas claramente superiores a las de los restantes países de la Unión.
En segundo lugar, S. S. habla de la crisis como si ese crecimiento no nos hubiera permitido ya en el año 1994 superar las cifras del PIB del año 1992. Dicho en otros términos, a pesar de haber padecido una gravísima crisis en el año 1993 esa crisis de producción está superada. Y S. S. se basa en una teórica dificultad en el sector industrial y utiliza argumentos evidentemente parciales. La desaparición del tejido industrial se basa en dos datos: primero, el 25 por ciento del PIB era industrial en el año 1985, ahora es el 21 por ciento. Me

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parece que no es ningún dato especialmente coherente. Tenemos que hablar de la evolución del PIB industrial en términos absolutos y no la participación en términos del PIB total, porque lo que S.
S. está planteando con su argumentación es algo totalmente distinto a lo que intenta plantear y es que hay sectores más dinámicos que la industria en España y hay otros que están participando más en el PIB, lo cual, por otra parte, es coherente con todo el mundo: hay menor producción industrial y hay, evidentemente, mayor participación de otros sectores en el PIB.
Ello, por otra parte, es consecuencia de dos elementos que comprendo que a veces son difíciles de aceptar, pero que son bastante coherentes: primero, mejoras tecnológicas que hacen que sea imprescindible --y me vínculo al segundo punto que ha planteado, que es la reducción de la mano de obra-- utilizar menos mano de obra para producciones parecidas. En segundo lugar, una apertura de la economía mundial que S. S., dado el origen político del que procede, debería en cierta medida aceptar.
Parece bastante razonable que nosotros seamos cada vez importadores netos de ciertos productos de países menos desarrollados, que sin duda alguna va a permitir mejorar los niveles de riqueza de los mismos y a largo plazo mejorar no sólo la distribución del trabajo a nivel internacional, sino también mejorar la riqueza en términos absolutos.
Estoy en radical desacuerdo en esa filosofía de que el tejido industrial de nuestro país está desapareciendo; se está transformando, como en toda modernización y sobre todo una modernización consecuencia de una apertura de nuestra economía.
En el siglo XIX había gente que se oponía al maquinismo, al comercio o a la apertura de las fronteras, pensando que eso introducía problemas de paro a corto plazo, lo cual por otra parte sucede ser cierto, sin embargo a medio y largo plazo era claramente positivo, como nos ha demostrado la historia.
Su señoría, al final, se basa en un punto fundamental, y es decir que nuestra economía no genera empleo, y utiliza el concepto de paro siempre en ese concepto ambivalente que utilizamos del concepto de paro. Su señoría utiliza el concepto de paro EPA. Yo creo que el concepto de paro EPA es un concepto correcto, responde a las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra, pero recordemos lo que quiere decir paro EPA; son aquellos que no teniendo trabajo quieren trabajar, pero es cierto que también podríamos plantearnos en qué condiciones quieren hacerlo. Yo en estos casos siempre hago referencia a un punto concreto. Si su señoría analiza la EPA no sólo en su primera página sino en la páginas siguientes verá que el 72 por ciento de la gente que quiere un trabajo en nuestro país no quiere ese trabajo en un lugar distinto al de su lugar de su residencia, lo cual es perfectamente lícito, yo no estoy diciendo que eso no sea correcto, pero sí nos demuestra una cosa y es que estamos hablando de amas de casas o de mujeres que no han trabajado en el pasado, o estamos hablando de hijos de familia que evidentemente sólo trabajarían en ciertas condiciones. Yo creo que en términos sociales y en términos personales son parados, pero tengamos muy claro qué es lo que significa ese paro.
A su señoría parece que le preocupa la importancia de la reforma del mercado laboral, y dice que no ha servido para nada. Yo discrepo. Yo creo que ha servido claramente para algo el hecho de que creemos 280.000 empleos, con una tasa de crecimiento del 3 por ciento, cuando en circunstancias anteriores esa tasa del 3 por ciento era el mínimo necesario para empezar a generar empleo, lo cual nos pone de relieve que la reforma ha sido un éxito desde el punto de vista de la generación de empleo. Podríamos entrar en el debate de si ese empleo es precario o no lo es y en qué circunstancias se produce. Mi posición es muy clara; su señoría la ha repetido y yo creo que no vale la pena insistir en ello. Mi opinión es que el trabajo sin la reforma sería mucho menor.
Respecto a los problemas de protección social, que parece que a S. S. le perturban tanto, a estas alturas casi siento un cierto rubor al recordar algo que es absolutamente evidente. La elevación del bienestar social en nuestro país y su progresivo acercamiento al patrón común europeo ha sido uno de los logros fundamentales de estos años. Ya sé que hay países más desarrollados que el nuestro, con niveles de protección mayor, pero yo creo que ese no es nuestro problema, nuestro problema ahora es precisamente cómo asegurar el sostenimiento futuro de lo actualmente conseguido.
Su señoría se ha referido también a la lucha contra el fraude y a otro tipo de medidas. Yo le diría que ese concepto de los tres millones de fraude es un concepto del que podemos hablar largo y tendido, pero no cabe duda que en la lucha contra el fraude también se ha mejorado de forma sustancial en los últimos años, y el último informe que hemos presentado a la prensa sobre efectos de la unidad de las medidas adoptadas en la lucha contra el fraude nos pone bastante de relieve cuáles son esos resultados.
Su señoría, al final, lo que está planteando es un problema de debate de orientación política, y le preocupa mucho esa orientación que habla de liberalismo o de dependencia del mercado como rector único. Yo creo que eso le conviene a su discurso político pero no responde a la realidad. Para S. S., los planteamientos del Gobierno y del Partido Socialista se basan única y exclusivamente en ese neoliberalismo y en ese mercado, cuando S. S. sabe que eso no es cierto.
Es verdad que estamos muy lejos de la planificación centralizada, y también es verdad que ese modelo no nos gusta, no nos gustan planteamientos excesivamente rígidos en ese tipo de supuestos.
Sin embargo, voy a darle algún dato que me parece relevante en este punto. Cuando nuestro sector público se encuentra en torno al 50 por ciento del PIB y el gasto que más ha crecido ha sido el de protección social y el de inversiones

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públicas hablar de una no presencia del Estado a mí me resulta francamente difícil. Cuando el Estado, por otra parte, incentiva la inversión y la creación de empleo a través de múltiples instrumentos o se regula normativamente la actividad económica en su conjunto hablar de neoliberalismo me parece, como mínimo, un exceso.
Su señoría dice que el problema es que estamos obsesionados por algunos objetivos macroeconómicos que parece que no acaban de gustarle. Es verdad que estamos obsesionados por el déficit público y la inflación, pero también estamos obsesionados por algo que me parece fundamental, y es que sólo corrigiendo déficit público e inflación podremos generar más empleo. De eso yo, personalmente, estoy convencido. No creo que con más déficit y con más inflación, al final, este país genere más empleo.
Muchas veces utiliza la cifra del déficit público en nuestro país. ¿Realmente no les preocupa que en el año 1996 tengamos que pagar tres billones y medio de pesetas en intereses? Verdaderamente, ¿podemos plantearnos incrementar el déficit público a través de medidas de mayor apoyo de una u otra naturaleza a las muy importantes que ya se están aplicando? ¿Su señoría no piensa que al final también afecta a los ciudadanos la devolución de la deuda y el pago de intereses? ¿Cree S. S. que es mantenible de forma indefinida una política de ese tipo? Es verdad que nosotros estamos apostando por algo que estratégicamente nos parece fundamental, y es integrarnos en la Unión Europea. Y es verdad que esa decisión no se puede adoptar a la carta. Eso supone, evidentemente, ventajas e inconvenientes.
En mi opinión, si analizamos esas ventajas y esos inconvenientes, las ventajas son claramente superiores a los inconvenientes. ¿Que puede haber problemas puntuales en ese proceso? Sin duda alguna.
Que el crecimiento de nuestra economía desde el año 1986 no puede explicarse sin la apertura del mercado para mí es evidente. Y que sin ese crecimiento no podríamos haber aumentado ni el empleo ni la mejora de rentas, para mí también es un hecho que no merece la menor duda.
Yo comprendo que S. S. podría definir un modelo distinto. Podría pensar, y vuelvo a la fiscalidad a la que S. S. ha hecho referencia, en una fiscalidad diferenciada para los capitales en nuestro país. Las rentas de capital podrían tributar más que lo que lo están haciendo en este momento. ¿Cómo resolvería S. S. la contradicción con la libertad de movimientos de capital? No me diga que suprimiendo la libertad de movimientos de capital, que significa tanto como no cumplir las obligaciones derivadas de nuestra presencia en la Unión Europea. Cuando entramos en un club tenemos que entrar aceptando todas sus reglas y no podemos decir que aquella parte que no nos conviene no la aceptamos y únicamente aceptar la parte que nos conviene. Pero junto a eso hay otro tipo de elementos que yo creo que son importantes.
Estamos en un contexto internacional cada vez más abierto. No sería razonable pensar que podemos seguir siendo un país exportador sin ningún tipo de obstáculos en los mercados de otros países y que, al mismo tiempo, nuestro mercado pudiera cerrarse.
Yo creo que ese modelo no nos lo aceptarían nunca terceros. En consecuencia, de lo que tenemos que hablar es de que estamos integrados en un mercado mundial. Esa tesis de la aldea global, que si se puede aplicar a algo se puede aplicar específicamente y, sobre todo, para la economía, yo creo que es evidente.
Al final es verdad que si no aceptamos las reglas del juego e intentamos actuar de forma diferente pagaremos un precio: pagaremos un precio alto y, de hecho, lo estamos pagando ya, en la medida en que no somos tan eficientes como otros, vía tipos de interés. Y, señoría, tipos de interés reales excesivamente altos sí penalizan, de verdad, al Estado en sus gastos, a los consumidores, a la inversión y, en definitiva, al empleo.
Por lo tanto, yo creo que no es cierta la afirmación de que podríamos vivir mejor sin preocuparnos de esos objetivos macroeconómicos. Rotundamente no. Yo creo que nuestro mayor nivel de bienestar nos lo da precisamente el preocuparnos de políticas macroeconómicas sanas que, al final, permitirán generar más empleo.
Es cierto que esa generación de empleo va a crear más actividad y nos permitirá reconsiderar la redistribución de recursos. En la medida en que, por un lado, la necesidad de redistribución de recursos es en algunos casos creciente y, por otro lado, las posibilidades de recaudación son limitadas, yo creo que es absolutamente imprescindible que crezcamos para disponer de más recursos.
Su señoría plantea un problema, que es el problema de la mayor fiscalidad. Es un tema del que yo estoy dispuesto a hablar en cualquier momento. Tenemos una presión fiscal alta o baja. Su señoría ha dicho, y es cierto, que tenemos una presión fiscal por debajo de la media comunitaria, prácticamente 10 puntos por debajo de países como Francia, 6 puntos por debajo de la media.
Es verdad que sólo hay un país que tiene una presión fiscal más baja que la nuestra en la Unión Europea, pero no es menos cierto que la estructura de nuestra presión fiscal puede estar penalizando el empleo en algunos casos. Y esa penalización del empleo a lo que nos llevaría es a una mayor presión en imposición indirecta, que ya sé que a S. S. no le gusta, pero que es el modelo de todos esos países de niveles de bienestar social o de protección social más elevados que aquellos a los que S. S. hace referencia.
El problema del paro es, sin duda alguna, subjetivo y es el nuestro. La diferencia fundamental entre su planteamiento y el nuestro, en cuanto al paro, es que nosotros vemos bastante evidente que para resolver el problema del paro hay que conseguir dos cosas. Primero, crecer, y para crecer creemos que es importante hacer frente a los problemas de déficit y de inflación; en segundo lugar, tener un mercado laboral más flexible.


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Ese mercado laboral más flexible y esa reforma laboral que a S.
S. parece que le desagrada, creo que es el elemento fundamental para que al final trabaje más gente en nuestro país. Además de ello se han puesto en marcha otras medidas enormemente interesantes desde el punto de vista del fomento del empleo.
Esa gama de opciones va desde la formación y los programas de fomento del empleo, hasta medidas que S. S. considera como beneficiosas para las empresas, en la medida en que permiten su capitalización, pero que no tienen otra finalidad que disponer de mayores recursos para inversión y acabar generando empleo.
Difícilmente veo cómo se puede pensar en empresas que sin recursos puedan invertir y puedan generar empleo. Su solución, evidentemente, está en ampliar el sector público --y algún comentario haré finalmente a sus propuestas concretas-- que, en mi opinión, sin embargo no es razonable por todo tipo de argumentos a los que posteriormente me referiré. Mi opinión es que las medidas adoptadas por el Gobierno: política macroeconómica sana, políticas de apoyo, formación, incentivación a la contratación, reforma del mercado laboral, están siendo claramente positivas y creo que las cifras son evidentes.
Su señoría plantea una opción en tres principios de actuación cara al futuro. El primer problema que S. S. plantea es el fomento de la actividad económica. Su señoría, sin embargo, plantea una cierta contradicción; por una parte, critica los gastos fiscales y, por otra habla de fomento de la actividad económica. ¿Dónde cree S. S. que van los gastos fiscales que se están destinando, por ejemplo, a la política de vivienda? ¿Dónde cree S. S. que van, en definitiva, los fondos de inversión que, al final, lo que permiten es financiar el déficit público y disponer de fondos a largo plazo para que la actividad funcione en mejores términos de lo que lo hace actualmente? Su señoría llega a dos conclusiones. Primero, queremos un sector público mayor y queremos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya concluyendo, por favor.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Voy concluyendo.
... unas empresas públicas mayores. Un sector público mayor no es imprescindible, no es ni siquiera necesario. Creo que el Gobierno tiene que actuar a través de leyes, a través de normas, pero no tiene por qué actuar directamente en la actividad económica, excepto si hay intereses estratégicos específicos. El problema de las empresas públicas es distinto. En el pasado, cuando las ayudas públicas eran delimitadas, podía utilizarse la empresa pública como elemento de actuación social; hoy, en el contexto comunitario, con la prohibición de ayudas, ese no es el modelo que pueda funcionar. Por tanto, la política de privatizaciones más bien lo que pretende es lo contrario de lo que S. S. quiere, y es, evidentemente, que esas empresas sigan funcionando y que sigan generando empleo. La política industrial decidida está claramente definida en las actuaciones del Gobierno y creo que es difícil dar apoyos mayores de los que actualmente se están planteando.
Finalmente, una mejor distribución de la carga tributaria.
Evidentemente estoy dispuesto a hablar de ello, pero seguramente con los datos en la mano, los resultados no son los que S. S.
querría, sino algo totalmente diferente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, reconozco que formalmente ha mejorado usted.
Simplemente me ha dicho que esta interpelación la podía haber presentado hace cinco años o la puedo presentar en el año 2000.
Ha mejorado usted. Antes nos descalificaba con toda una serie de calificativos que no viene a cuento reproducir ahora, pero veo que está mejorando formalmente. A lo mejor es que como la situación política y social está dura es mejor templar gaitas para el futuro a ver qué pasa.
Usted dice que salimos de la crisis. ¡Seguramente! Yo le digo que hay reactivación económica. Se puede afirmar desde su posición que salimos de la crisis. Se puede aceptar desde su filosofía que podemos salir algo de la crisis pero el Ministerio de Economía y Hacienda en su informe de coyuntura económica de octubre de este año, dice: La amortiguación en los crecimientos del consumo reflejada en la contabilidad nacional trimestral podría responder entre otros factores --atento, señor Ministro, porque no son mis palabras-- a cambios en la actitud de las familias tras el intenso retroceso del empleo en la última recesión: la temporalidad predominante en los puestos de trabajo creados, las elevadas tasas de paro alcanzadas, la moderación de los crecimientos salariales y las posibles consecuencias de las políticas de consolidación fiscal sobre los futuros sistemas de pensiones, todo lo cual lleva a aumentar la tasa de ahorro. Es lo único que ha dicho usted, que a lo mejor es que aumenta la tasa de ahorro y eso es positivo. Y nosotros podríamos añadir que los elevados tipos de interés redundan y van en esta misma dirección.
En segundo lugar, me dice que la participación de la creación industrial en el producto interior bruto español no es tal, que se tendría que contrastar con otras coordenadas, con otros baremos. Yo le he hablado de ocho puntos de descenso. Desde 1975 hasta ahora ha disminuido del 29 al 21 por ciento de participación en el producto interior bruto. Son cifras oficiales, no me las invento yo. Esta es una disminución real y ha añadido que esto ha reducido puestos de trabajo de forma muy significativa. Se ha reducido casi un millón de puestos de trabajo en esos 20 años. Son cosas concretas,

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cosas muy concretitas. No le estoy hablando en abstracto.
Contésteme en este mismo plano y dígame: que hay más sector industrial, hay más producción industrial y esto es un cuento, eso del 21 por ciento es un cuento que se han inventado los periodistas. Por cierto, a finales de agosto ya salía en todos los medios de comunicación. Salía en los informes económicos de todos los analistas, etcétera.
Dice que utilizo el concepto de paro de la EPA y que hay gente que quiere el trabajo en su propia casa y no sé qué y no sé cuántos. Entre otras cosas nosotros hemos razonado que el hecho de que una persona tenga el trabajo muy cerca de su vivienda facilita cosas para nosotros fundamentales. Por ejemplo, ahorro energético, no tener que desplazarse tanto, etcétera. En fin, una serie de ahorros en el dispendio de cada ciudadano trabajador que se tenga que desplazar. Usted, por ejemplo, encontrará muy normal que de Castilla-La Mancha vengan miles de trabajadores cada semana, a veces cada día, haciendo trayectos de cuatro e incluso cinco horas para venir a trabajar, es decir, que duermen prácticamente en el autocar. Yo lo encuentro bastante poco moderno. A lo mejor usted, en esta flexibilidad y movilización del mercado, lo encuentra muy moderno. Yo no. Yo lo encuentro del siglo pasado. Lo que pasa es que en vez de ir en carretas van en autocar e incluso les ponen video. ¡Mira si pueden estar contentos esos trabajadores! Por tanto, el concepto de paro de la EPA es el concepto de paro que hay de gente que dice: Mire, yo trabajaría, pero no puedo trabajar porque no encuentro un puesto de trabajo. Y el INEM es un organismo absolutamente inútil, inepto, que no sirve para nada salvo para apuntar quien está. No hace ninguna política activa para intentar emprender acciones para solucionar algunos de estos problemas.
Asegurar la sostenibilidad de las prestaciones sociales. Aquí me plantea una cosa bastante importante. Señor Ministro, como ministro de un gobierno socialista, ¿qué le parecen las movilizaciones sociales que se están produciendo en Francia, con una dura negociación con los ministros de turno y con el Primer Ministro? Puede decirme: No, yo no digo nada, me callo, aunque estoy de acuerdo con la política de Juppé, pero me callo porque como yo también soy gobierno y hago las mismas políticas vale más que me calle. Pero que no resulte que pasado mañana o el próximo mes de abril o mayo, si ustedes no ganan las elecciones, nos saquen del baúl de los recuerdos unas políticas enfrentadas a las mismas que está practicando el señor Juppé en Francia en estos momentos. Me gustaría que me dijera si usted está de acuerdo con la actitud de sindicatos y trabajadores en defensa de algo que consideran justo, justísimo.
¿Por qué se tienen que pagar tres billones en 1996 en intereses? Se lo pregunto ya que ha sacado usted esta cifra. ¿No tendrá esto absolutamente nada que ver, señor Ministro con determinadas políticas que se han hecho en este país desde los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y la mitad de 1993? ¿No tendrá nada que ver con aquellas políticas monetaristas de una fuerte peseta? Ustedes decían que en el conjunto de Europa había muchos países, sectores sociales que nos envidiaban por lo bien que funcionábamos. (Incluso creo recordar que Major, cuando hizo una visita a España y se discutía sobre los fondos estructurales europeos, los FEDER, etcétera, dijo que nosotros en España teníamos mucho dinero. Véase la Expo, los Juegos Olímpicos, no sé qué y no sé cuantos. Es decir, alharacas.) Pero detrás de esta política no había nada en concreto. Entonces, dígame usted cómo se forman esos tres billones de deudas. ¿Me lo quiere explicar usted? ¿De dónde vienen? ¿Es porque ahora a los trabajadores, y sobre todo a los más humildes, se les pagan más pensiones, más servicios sociales, más vivienda, etcétera, o hay algunos elementos estructurales que vienen determinados por una política económica y financiera suicida? Dígamelo usted, por favor.
Movimientos de capital. No podemos rechazar lo que no nos conviene. Cada vez que oigo el término, el concepto, la palabra «globalización» me pongo a temblar, y con eso coincido, fíjese usted, con un pensamiento tan revolucionario, tan ultramontano como, por ejemplo, es el del director de «Le Monde Diplomatique», que en su artículo «La pensée unie» habla en concreto de una serie de cosas que son posibles hacer en este mundo. Dice que según ustedes, según los que defienden estas políticas, la mano invisible corrige las asperezas y los disfuncionamientos del capitalismo, los signos orientan y determinar el movimiento general de la economía, ... Es decir, todo lo hace el mercado.
Naturalmente, desde «Le Monde Diplomatique» este señor, cuyo pensamiento está bien estructurado intelectualmente pero no va más allá de un pensamiento socialdemócrata con una cierta dignidad, dice estas cosas tan concretas --no las digo yo--, y las escribe en la Francia que en estos momentos está viviendo las movilizaciones que está habiendo.
Por tanto, señor Ministro, yo no le hablo a humo de pajas. Yo estoy convencido de que el programa que defendemos desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en estos momentos concretos en el terreno económico, social y laboral o en el terreno incluso de las finanzas y de la economía en general es un programa que podríamos llamar socialdemócrata en el sentido mejor entendido. Lo que pasa es que como ustedes tienen una política -- y por eso tengo que repetirlo y continuaré en mis trece-- como máximo --y hago concesiones-- social-liberal, esta política social-demócrata no es la que practican ustedes, porque chocan con cualquier argumentación de desarrollo programático social- demócrata en cualquier país de Europa y también lo que podría ser en España.
Por tanto, señor Ministro, aquí, efectivamente, hay diferencias importantes, pero no porque nosotros vayamos a venir con el programa de gota. Nosotros venimos

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aquí con un programa muy modestito, muy concretito, muy pragmático, muy poco revolucionario. Es verdad que luego en otros aspectos nosotros queremos desarrollar algo que nos parece absolutamente transformador a finales del siglo XX como es unificar el debate, el análisis sobre la economía con algo fundamental que es la ecología --es decir, la ecología política-- , entendiendo que en este mundo y con todas las cosas que están ocurriendo ya nunca más se podrá decir que el problema de la derecha es que cuando gobierna no reparte bien y nosotros haremos lo mismo pero repartiremos mejor. Esta vieja fórmula de la vieja izquierda periclitada no es la que defendemos nosotros. Por tanto, tenemos aspectos del programa más allá de lo que es lo económico, lo social y laboral, que naturalmente se pueden calificar de transformadores porque son pautas culturales en las cuales no hemos entrado ni tan siquiera en una mínima discusión seria en nuestro país.
Usted me dice dónde van determinados gastos fiscales: en vivienda y luego, además, en fondos de inversión. Pues en vivienda muchos de estos gastos fiscales van a viviendas que afectan a un segmento de la población que quizá no tenga mucha necesidad de ellos porque ya tiene una cobertura económico-social básica para poder hacer frente a sus necesidades. Cuando me habla de fondos de inversión, pues no sé, a lo mejor reforzando desde otro punto de vista, incluso, la filosofía de la gente en cuanto a que batalle o luche para que haya una buena seguridad pública, unos buenos servicios públicos.
Porque es paradójico, señor Ministro, que en el momento que hay posibilidades en nuestro país y en el mundo, a través de los desarrollos científicos y técnicos y de las fuerzas productivas, de crear más riqueza, ¿qué me importa que haya menos gente parada si somos capaces de crear, conjuntamente, una riqueza superior en la población? Ustedes dicen que como son menos los que pagan la Seguridad Social, tienen que reducirse los servicios de la misma.
Esto no es así.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya, señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Termino, señor Presidente.
No es así en la medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas, la tecnología y la ciencia ponen al alcance de cualquier sociedad mínimamente estructurada --es decir, moderna-- la posibilidad de desarrollar de forma extraordinaria los servicios y los productos que ofrece el conjunto de esa sociedad.
Por tanto, si aumenta la riqueza (y como no hay un aumento demográfico importante, y en nuestro país menos), empezara alertar aquí de lo que puede pasar dentro de diez años me parece que es, como mínimo, suicida; es redundar en unas políticas que ya han demostrado su fracaso.
En definitiva, señor Ministro, usted a lo suyo y con los suyos, y yo a lo mío y con los míos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Frutos.
No suele ser mi estilo, señor Frutos, descalificar; más bien suelo ser templado en mi expresión. En todo caso, me alegra que S. S. me haya dado el aprobado y considere que he mejorado.
Tengo la impresión de que, en su opinión, sólo he mejorado en la forma, porque veo que en el fondo seguimos teniendo discrepancias bastante sustanciales.
Hace referencia S. S. a un informe del Ministerio de Economía, pero, como siempre, trabuca usted los datos. Es verdad que el consumo no va mal, con un crecimiento del 1,8 o 1,9 como consecuencia del menor empleo, pero no del menor empleo actual, sino del menor empleo debido a la crisis del año 1993. Es verdad que si la temporalidad no existiera podría ir mejor el consumo, pero es que si no existiera la reforma del mercado laboral, seguramente no existirían tampoco esos trabajadores temporales.
Es cierto que la gente tiene un mayor temor a la crisis, y en ese sentido hay un mayor propensión al ahorro, pero creo que eso es bueno para el futuro del país. Como también creo que es bueno todo un planteamiento mucho más racional del consumo de lo que era en el pasado.
Yo no creo en los modelos de crecimiento basados en un consumo privado muy alto a largo plazo. Los datos a los que yo he hecho referencia son los que usted ha mencionado, pero S. S. vuelve a trabucarlos con el producto industrial. En su primera intervención se ha referido al 25 por ciento del PIB en el año 1985 y al 21 por ciento en el año 1994, no al 28 por ciento. No me parece un sistema excesivamente ortodoxo comparar en un caso los datos de 1985 y 1994 y en otro caso los datos de 1975 y 1994.
Es verdad que en un proceso como el de la modernización industrial, que lleva veinte años, la caída del número de trabajadores como consecuencia de las mejoras tecnológicas, de las mejoras de inversión y de las mejoras de productividad tiene que darnos una caída de trabajadores importante, en España y en el resto del mundo, y lo que se está produciendo es una sustitución de ese tipo de empleo por otro de otra naturaleza. Mi argumento fundamental es que mida usted la evolución del Producto industrial en términos de valor, incluso si quiere S. S.
deflactando esos términos de valor, y entonces podremos empezar a entendernos. Si S. S. utiliza medidas absolutamente

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heterogéneas, creo que será difícil que hablemos.
El problema del concepto del paro EPA es el que yo le he comentado. Ya he dicho que ese colectivo se considera de parados, pero no cabe la menor duda que hay una parte muy importante de nuestros desempleados que sólo trabajarían en determinadas condiciones. ¿Es eso lo que el Estado debe favorecer? Señoría, tengo mis dudas. Yo creo que muchas de estas personas pueden generar su propia actividad si lo considerarán pertinente.
Plantea S. S. un problema fundamental: qué sucede con Francia y si estamos dispuestos a asegurar la permanencia de las prestaciones sociales. Históricamente, ningún Gobierno de este país se ha comprometido tanto como éste en asegurar las prestaciones sociales, ninguno, y este Gobierno lo seguirá haciendo porque es una parte consustancial de su filosofía.
A su señoría le preocupa qué es lo que yo opino del problema francés. Se lo voy a decir de una forma muy clara. En mi opinión, el problema francés hay que analizarlo con algunos datos de partida que me parecen esenciales.
En primer lugar, un error que no se debe cometer nunca es hacer promesas que luego no se puedan cumplir cuando uno tiene posibilidades de acceder al Gobierno. Cuando uno no tiene posibilidades de acceder al Gobierno puede hacer las promesas que quiera, pero cuando puede acceder al Gobierno no debe hacer promesas que luego son incumplibles.
En segundo lugar, no compare usted los problemas del sistema de seguridad social francés con los problemas que se pueden plantear en España. Mire las cifras en términos absolutos o relativos, como S. S. prefiera, y verá que la diferencia es sustancial.
En tercer lugar, no olvide S. S. --lo he dicho en mi intervención anterior-- que Francia tiene una presión fiscal aproximadamente diez puntos superior a la de nuestro país; que tiene ya en marcha una contribución social generalizada para financiar la Seguridad Social, y que, además, ahora se plantea poner en marcha otro impuesto adicional a la contribución social generalizada para resolver temporalmente los problemas que puede generar el poner al día las cuentas de la Seguridad Social.
Por tanto, nada tienen que ver un caso y otro. En mi opinión, la política que ha puesto en marcha este Gobierno de ir clarificando las cosas de forma permanente nos permite resolver los problemas sin esfuerzos mayores que los que ya hemos planteado.
Nuestra posición, la posición del Ministerio de Trabajo --todavía no le he discutido, pero es sustancialmente coincidente con la posición del Gobierno respecto al sistema de pensiones--, está establecida en un libro rojo publicado por el Ministerio de Trabajo, donde se ve claramente cuáles son nuestras opciones fundamentales.
Evidentemente, el problema de la deuda tiene que ver con políticas de gasto en el pasado, pero mire S. S. cuáles son las políticas de gasto que han crecido más y seguramente verá que el problema de la deuda tiene que ver con políticas de una y otra naturaleza que es conveniente corregir, y yo vincularía esto con una de sus últimas frases. Su señoría dice: no parece razonable que porque haya menos pagos en la Seguridad Social haya que apostar por menores prestaciones. Ahí entraríamos en un debate interesante en el que yo estoy en radical desacuerdo con usted.
Si estamos hablando de un sistema contributivo, evidentemente el sistema tiene que estar equilibrado financieramente. Si estamos hablando de un sistema no contributivo, y puedo aceptarle que por razones de protección social podamos establecer unos sistemas de protección social mínima, evidentemente el sistema es totalmente diferente, pero en ese caso estaremos hablando de una protección social de acuerdo con criterios de otra naturaleza, financiada con fondos públicos, pero no por el propio sistema. Y, desde luego, si de lo que estamos hablando es de la parte de las prestaciones contributivas, creo que hablar de un déficit permanente del modelo es la mejor garantía para que, a largo plazo, el sistema salte por los aires.
Comprendo que a S. S. le puede preocupar esa idea de la globalización, pero la idea de la globalización no es algo que únicamente sea consecuencia de pactos internacionales y de aceptación, sino que es consecuencia de la propia tecnología y no se puede luchar contra los hechos, es muy difícil luchar contra la innovación. Le puedo asegurar que, por muchos tipos de normas restrictivas que pudiésemos poner en marcha en nuestro país o en cualquier otro, la globalización, por lo menos en algunos aspectos esenciales, se seguía produciendo, y la tiene usted desde la inmigración ilegal hasta las entradas y salidas de capital no controladas, tráfico de mercancías que encuentran en países donde existen restricciones a la importación sistemas indirectos para que, al final, se produzca el comercio; en definitiva, es muy difícil ponerle puertas al campo.
Su señoría intenta contraponer un programa socialdemócrata de Izquierda Unida frente a un programa social-liberal del Partido Socialista. Depende de lo que usted entienda por social-demócrata y depende de lo que usted entienda por social-liberal, lo que sí puedo decirle es que lo que nosotros planteamos es un programa que, de acuerdo con la realidad existente en el mundo en que vivimos, tenga una protección social suficiente, establezca un sistema de reparto equitativo y permita la creación de empleo, que, al final, es nuestro objetivo fundamental.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs.


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El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muchas gracias.
Muy brevemente, para expresar la posición de mi Grupo en torno al contenido de esa interpelación que ha planteado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Mi Grupo sólo tiene intención de expresar su total disconformidad con los argumentos que se han vertido en la misma. No compartimos nada de lo que usted ha expresado, nada. No podemos compartir ninguno de los argumentos que usted ha razonado. El catastrofismo que usted ha transmitido a la Cámara sobre la situación actual no lo entendemos ni lo podemos apoyar ni compartir.
Simplemente quiero decirle que si usted presenta una moción consecuencia de interpelación con los mismos argumentos que nos ha transmitido, vaya por delante que la vamos a votar en contra.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere, arropado por la interpelación que ha presentado Izquierda Unida, expresar su opinión en relación con el asunto que estamos tratando en el debate parlamentario de esta tarde, asunto que, tal como define la interpelación de Izquierda Unida, trata del fortalecimiento del tejido productivo, del incremento del empleo en nuestro país y de la preservación del bienestar social o del sistema de protección social.
Efectivamente, Izquierda Unida, en la formulación de esa interpelación, ha combinado perfectamente lo que podemos llamar los mimbres del desafío de las políticas económicas y de las políticas sociales de nuestro tiempo. Esas políticas económicas y sociales tienen que hacer frente a la conjugación de la necesidad de tener un tejido productivo moderno, de crear empleo y de preservar ese bienestar. Lo que ocurre es que tiene que hacerlo ateniéndose a las nuevas condiciones que vive la España de este final del siglo XX. Esas nuevas condiciones se llaman: nuestra integración en la Unión Europea; nuestra llegada final a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria de Europa, y se llama, en definitiva, la respuesta de la economía de la sociedad española a los desafíos inherentes a nuestra integración en la economía mundial.
Estamos necesitados de adaptarnos a esas condiciones. No hay tiempo. El calendario es realmente exigente para adaptarse a esas nuevas condiciones y tenemos que reaccionar como sociedad y aplicar en nuestro país esas políticas económicas correctamente orientadas hacia esos objetivos.
Tenemos que felicitarnos también de que vivamos un mundo en el que se estén produciendo cambios significativos en las grandes ideologías que ha dominado este siglo.
La intervención esta tarde del señor Frutos, en su turno de réplica, ha sido bastante aclaratoria cuando, como representante de Izquierda Unida, se ha arropado la ideología social-demócrata en los planteamientos de política económica. Esto es positivo para España, porque no les quepa duda, señorías, que España necesita una izquierda razonable, una izquierda moderna, y en ese sentido no tenemos más que felicitarnos de la llegada del Grupo de Izquierda Unida hacia esas posiciones donde va a competir --en competencia leal sin duda alguna-- con el Partido Socialista. Ya tenemos dos grupos social-demócratas en la Cámara en franca competencia. Bienvenidos los social-demócratas porque pronto será la oposición parlamentaria en nuestro país, y es importante para España, para la economía española, para las expectativas frente a los agentes económicos, que la Izquierda en España sea moderada, razonable, una izquierda que plantee las transiciones políticas y las reformas económicas sin traumatismos, sin revanchismos, con una concepción actual de lo que significan esos cambios para nuestro país.
Tenemos que advertir, desde el Grupo Parlamentario Popular, que no es fácil la combinación de lo que plantea Izquierda Unida en su interpelación; no es fácil, pero es posible. Lo que sucede es que la sociedad española está urgida a cambiar el eje de lo que llamamos el bienestar moderno. El eje del bienestar está en el ciudadano, está en el servicio a ese ciudadano, y no en el bienestar del Estado. El concebir el bienestar como un servicio fundamental para el ciudadano es el gran cambio de nuestro tiempo. Y en esa nueva concepción del bienestar, la necesidad y el desafío que tenemos --en ese sentido la urgencia-- es crear empleo, porque esa creación de empleo es la aspiración fundamental de la sociedad española, la principal preocupación de los españoles desde hace ya más de quince años. Y es que, señor Presidente, sin empleo, sin una auténtica y efectiva creación neta de empleo, no es posible que haya ni bienestar social ni bienestar individual.
El Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular ha dicho reiteradamente a la sociedad española que si hay algo que pone en riesgo las prestaciones sociales en España, si hay algo que pone en riesgo las pensiones, es la falta de ocupados, es la falta de empleo, es la falta de cotizantes a la Seguridad Social, en definitiva, es la falta de personas que trabajen, que paguen los impuestos y, de esa manera, fortalezcan y saneen el sistema de Seguridad Social. Además, es que si no hay empleo, si no hay creación de empleo, realmente no es posible tener una sociedad vertebrada, una sociedad donde imperen los valores de la tolerancia y del respeto mutuo, y menos aún será posible tener una sociedad justa donde tengamos una equitativa distribución de la renta.
Para crear empleo en nuestro país es importante, en primer término, consolidar la recuperación económica,

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demasiado incipiente, y además una recuperación económica que no es percibida por los ciudadanos españoles. Tenemos que sacarla de esa categoría de recuperación técnica para convertirla en una recuperación perceptible, en una recuperación social, en una recuperación que entre en el hogar y en el bienestar de los españoles, y para eso es fundamental bajar los tipos de interés, que afortunadamente ya están bajando en España, por fin, adivinando un cambio político, apostando por lo que significa un cambio de gobierno y, en ese sentido, generando una confianza ante los mercados financieros que es fundamental para que se consolide la recuperación económica, para conseguir más crecimiento económico en el futuro y, en definitiva, más creación de empleo; como lo es también introducir reformas en mercados, en servicios y en sectores productivos que es importante modernizar en nuestro país; como lo es también aplicar políticas de pequeña y mediana empresa, porque en el futuro la creación de empleo estará en la pequeña y mediana empresa, estará en ese trabajo autónomo como fuente fundamental del empleo del día de mañana. En ese sentido, es fundamental que las políticas macroeconómicas encuentren su versión, su aplicación en el estímulo de una nueva generación de pequeña y mediana empresa, de la que depende esa creación de empleo.
No quiero exceder el tiempo reglamentario, pero sí deseo hacer un llamamiento a que estos cambios han de ser percibidos por la sociedad española como unos acontecimientos positivos. Tenemos que luchar contra la incertidumbre que se está apoderando de nuestra sociedad, presentando los cambios de políticas económicas y las reformas estructurales como acontecimientos positivos que redundarán en el bienestar de los ciudadanos. La incertidumbre es un mal, un peso, un lastre que está restándonos capacidad de crecimiento económico; está pasando en España y está pasando en otros países europeos. Y si en esta carrera final de la Unión Económica y Monetaria de Europa nos dejamos dominar por la incertidumbre, realmente estamos poniéndonos cuesta arriba el llegar con éxito, no ya como opción política sino como país, a la culminación de la Unión Económica y Monetaria en este final de siglo.
Por tanto, tenemos que presentar a los ciudadanos que es posible realizar esos cambios de política económica, que es bueno y oportuno introducir esos cambios desde un debate sosegado de alternativas, desde un debate dominado por la racionalidad y lejos de los apasionamientos. De esa manera no desconcertaremos más a una sociedad que ya está bastante desconcertada por una crisis de gobierno que, como se ha demostrado una vez más con la intervención del señor Ministro de Economía, no tiene proyectos de futuro y gasta la mayor parte de su tiempo en criticar a la oposición.
Acabo, señor Presidente, con un resumen de cuál es la visión y cuál es la opción que plantea el Partido Popular para la sociedad española, afrontando ese desafío, esa combinación entre lo que significa el fortalecimiento del tejido productivo, la recuperación de empleo, el incremento de empleo neto y la preservación del bienestar social. El propósito del Partido Popular es contar con un Estado eficaz en los planteamientos y en la prestación de los bienes y servicios públicos que los españoles demandan, es fortalecer una social civil que es la base de la libertad del individuo y que no será posible si no somos capaces de crear más empleo, especialmente para nuestros jóvenes, y seguir fortaleciendo esa economía a través de la mejora de la competitividad como única vía, como único fundamento para que España sea un miembro de la Unión Europea, de la comunidad internacional, cada vez más próspero y también más solidario con esa comunidad internacional.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA GENERAL DE CONSUMO Y MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y POLITICAS A ADOPTAR PARA CONSEGUIR LA HOMOLOGACION DE NUESTRO SISTEMA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR CON EL DE LOS PAISES DE NUESTRO ENTORNO (Número de expediente 172/000133)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre política general de consumo y medidas legislativas, administrativas, económicas y políticas a adoptar para conseguir la homologación de nuestro sistema de protección al consumidor con el de los países de nuestro entorno.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Burgos Gallego.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular presenta hoy esta interpelación, que juzgamos importante, con una doble finalidad. En primer lugar, evaluar la política general que en materia de consumo está realizando nuestro país y, en segundo lugar, considerar las estrategias de futuro ante lo que ya constituye, sin duda, un gran cambio en las relaciones de consumo en el ámbito de la Unión Europea tras el Tratado de Maastricht y que España tiene que afrontar en numerosas vertientes.
Nuestro Grupo piensa que la política de consumo tiene una incidencia directa en el nivel y en la calidad de vida de los ciudadanos, y nadie duda hoy que lograr la máxima eficacia, a través de la competencia y la libre concurrencia en el mercado pero garantizando al mismo tiempo la protección de los legítimos intereses de los grupos sociales y, sobre todo, de los más necesitados, constituye el papel primordial del Estado en la

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actividad económica y, si me apuran, incluso, a ser posible, el único que debe jugar ese mismo Estado.
Nuestra Constitución, en el artículo 51, recoge los derechos básicos del consumidor: seguridad, salud y legítimos intereses económicos que han de ser garantizados eficazmente por los poderes públicos. Además, considera básicos la promoción de la información y la educación del consumidor, el fomento de sus organizaciones representativas y el derecho de audiencia y representación. Y esto es así porque la política de consumo como política autónoma tiene su nacimiento en los años 60 y, por ello, solo las constituciones modernas, entre las cuales se encuentra la nuestra, hacen referencia expresa a estos derechos positivos.
Por tanto, como consecuencia de este derecho básico constitucional se procede a la aprobación, en el año 1984, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin duda, señorías, se generaron importantes expectativas con aquella aprobación, que el camino recorrido desde el año 1984 se ha encargado, en alguna medida, de demostrar como defraudadas.
Desde el primer momento surgieron posiciones contradictorias y dispares sobre, por ejemplo, el alcance de la definición de la propia noción de consumidor en nuestro país. Aquella Ley consideraba al consumidor solamente como el usuario final de los bienes o servicios, exigiendo la concurrencia de un empresario o un comerciante y apoyando la noción de consumidor, refiriéndola a aquellos que acceden a esos bienes o servicios únicamente para su uso particular. Estas discrepancias ya se han plasmado en algunas normativas, por ejemplo, de ámbito autonómico, y así, la Generalidad de Cataluña, en su estatuto del consumidor, contempla una figura mucho más amplia, donde se recoge la posibilidad de que el pequeño y el mediano empresario puedan reconocerse en determinados casos como consumidores y puedan acogerse a alguna de las posibilidades que contempla la legislación.
Queremos decir, señorías, que una ley, como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que pretende establecer los derechos del consumidor y que ni siquiera es capaz de constituir un concepto de consumidor vigente en todo el Estado, no puede decirse que esté cumpliendo razonablemente con su función. Sin embargo, obviamente, no es éste el único obstáculo con el que nos encontramos.
La falta de desarrollo reglamentario de esa Ley General, la inconcreción de muchos de sus preceptos, su excesiva generalidad, hacen que muchas de sus posibilidades hayan quedado en mero papel mojado.
Ustedes saben que aquella Ley fue muy criticada desde el punto de vista técnico-jurídico. Las consecuencias de sus defectos las hemos venido arrastrando hasta ahora. Pudo ser --nadie lo duda, nadie lo ha dudado nunca-- un buen motor, pero eso fue inicialmente. Lo importante en una ley no es tanto su aprobación como su cumplimiento, como su posterior desarrollo, y ahí, señorías, se ha fallado tremendamente. El problema no son las leyes que tenemos, sino su conocimiento por parte de los ciudadanos y, sobre todo, su aplicación práctica y el seguimiento que los poderes públicos hacen diariamente de ese cumplimiento.
España ha aprobado, además, normas de muy diverso rango en estos últimos años, pero lo ha hecho de forma muy deslavazada en materia de consumo, con vacíos muy importantes, con retrasos notables y flagrantes en algunos casos. Abundante y pormenorizada legislación, pero sin cumplimiento en la inmensa mayoría de sus disposiciones. Por otro lado, nos hemos escudado permanentemente en las directivas comunitarias para no legislar en España con anticipación, y cuando Europa aprobaba las directivas, tardábamos y seguimos tardando años en trasponerlas a nuestra propia normativa, a nuestra legislación nacional. Así pasó con la Ley de crédito al consumo, que España tuvo que aprobar después de haber recibido numerosos apercibimientos de sanción por parte de la Unión Europea. Así pasó con la Directiva sobre productos defectuosos, que España tardó años en trasponer. Así está ocurriendo en estos momentos con la Directiva sobre cláusulas abusivas, cuyo anuncio de aprobación se ha producido en esta Cámara en numerosas ocasiones, y todavía hoy seguimos pendientes de que el Gobierno remita a esta Cámara la legislación prometida.
Recuerdo que tenía que haberse producido antes de diciembre del año 1994 y que llevamos más de un año de retraso. Y así está pasando, por ejemplo, con los contratos de adquisición del derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
En esta Directiva última que he citado incluso España pidió, cuando se aprobó, que se acelerara el tiempo en que obligatoriamente tenía que trasponerse a las legislaciones nacionales. Pues bien, después de aprobarse, España, a pesar de haber sido una de las impulsoras de que se restringiera el tiempo para trasponerla, es la que probablemente con más retraso lo vaya a hacer.
No nos caracterizamos, señorías, por la agilidad y por el interés a la hora de reforzar nuestro ordenamiento jurídico con medidas de protección al consumidor. La propia evolución de la sociedad, del mercado y de las estructuras institucionales, exige una permanente adaptación de la normativa, y los retrasos en esto constituyen ya de por sí, por ser meros retrasos, un notorio perjuicio para los consumidores españoles.
Por otro lado, nuestro modelo de organización administrativa, con competencias asumidas por las administraciones local, autonómica y general del Estado, exige un esfuerzo permanente de coordinación entre administraciones, coordinación que no significa supeditación y mucho menos imposición, y desde luego la opinión sobre la actuación de los responsables del Ministerio en materia de consumo, en esta labor de coordinación, no es, señorías, muy favorable. Si hacemos extensiva esa coordinación a otros departamentos de

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la propia Administración del Estado, nos hace llegar a la conclusión de que en este momento carecemos realmente de una política de Estado en materia de consumo, en la que la primacía del consumidor prevalezca sobre las actuaciones unilaterales de algunos departamentos de esa propia Administración.
Recordemos, por ejemplo, el carácter retroactivo con que el Ministerio de Economía y Hacienda regulaba en este país actividades importantísimas para todos los ciudadanos, incluyendo el propio Impuesto sobre la Renta, o las numerosas disposiciones del Ministerio de Industria y Energía, que considera permanentemente al consumidor en España en una situación de desigualdad frente a las grandes empresas industriales, o la falta de desarrollo de las previsiones de protección al consumidor de la propia Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, o la instauración, como mero ejemplo, de la lectura estimativa en el cobro del suministro eléctrico. Solamente poniendo estos ejemplos resulta evidente que el consumo no tiene un peso específico en su Departamento, ni desde el punto de vista del reconocimiento presupuestario. Las cantidades destinadas a los servicios, a los problemas de consumo, son absolutamente ínfimas, pero resulta más evidente todavía que su Departamento es incapaz de transmitir el criterio, para nosotros básico, de que la política del consumo no puede ser ejercida por los órganos que sólo tienen como fin último la protección de los consumidores. El reto es darse cuenta de que la política de consumo ha de hacerse por toda la Administración, que no es estanca, que no es vertical, y hay que extender esa sensibilidad absolutamente a todos los ámbitos. En España no hay cultura, no hay tradición de políticas transversales, y en materia de consumo eso es especialmente evidente.
Hay un aspecto esencial en el cual nuestro país apenas ha avanzado nada en estos últimos años, y es precisamente el descender la figura del consumidor, del usuario, a la propia relación de éste con la Administración. Ni ésta ni los servicios públicos fundamentales que la Administración presta se están caracterizando precisamente por la protección del usuario y por la plena promoción de sus derechos.
Hace muy pocas fechas la propia Comisaria responsable de estas materias en la Unión Europea decía que era incluso más heroico que lo que usted afirmaba, reclamar contra una multinacional, incluso era más heroico reclamar, desde el punto de vista de los consumidores, frente a la propia Administración y, además, hacía una referencia muy clara a que países como España tienen un importantísimo retraso en relación con otros países europeos en este sentido. Un claro ejemplo de esto podría ser también la exclusión del nuevo Código Penal de las faltas de los funcionarios como causa de responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Uno de los aspectos que más preocupan en el actual panorama del consumo es el que hace referencia precisamente a las discriminaciones y a los desequilibrios a la hora de ejercitar unos derechos como son, por ejemplo, el derecho a la información o el acceso al sistema arbitral de consumo. Sistemas de información se han puesto en marcha en nuestro país en más de 800 ayuntamientos en los últimos años, sistema arbitral de consumo se ha instaurado en algo más de cincuenta juntas arbitrables constituidas. Pero toda esta incipiente infraestructura en materia de consumo se está poniendo en cuestión por la falta de colaboración de la Administración central, por la falta de colaboración del ministerio competente en esta materia. De hecho, la desaparición de las ayudas a las corporaciones locales, en colaboración con las comunidades autónomas, ha supuesto, está suponiendo un duro golpe para la extensión y la consolidación de esos servicios, y algunos ayuntamientos ya han declarado que no podrán mantener aquellos servicios que pusieron en marcha hace tiempo.
Por tanto, hoy el panorama es muy variopinto en nuestro país.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, vaya concluyendo.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy acabando.
Consumidores que, por el hecho de residir en zonas rurales o en determinadas ciudades, no pueden acceder a recursos de información o a ese sistema arbitral, disparidades en razón de las condiciones sociales o en razón de la pertenencia a grupos específicos de población, como pueden ser los niños, como pueden ser los ancianos, o como pueden ser las personas con minusvalías, y eso es algo que viene siendo reclamado por los propios planes de la Unión Europea desde hace años y que en España sigue sin avanzar de forma decisiva.
Una responsabilidad clara de la Administración es no haber conseguido todavía que las empresas de titularidad pública, o aquellas de titularidad privada que están prestando servicios de interés público, se hayan sometido ya en toda su extensión al sistema arbitral de consumo, o que unas lo hagan en unas provincias y no lo hagan en otras.
En esta intervención no me gustaría dejar de hacer referencia a la situación de nuestro movimiento asociativo, del movimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios. En pocos asuntos relacionados con el consumo existe más disparidad entre las grandilocuentes declaraciones de su Departamento y la realidad, tal distancia entre las apelaciones a la necesidad de configurar un movimiento asociativo independiente y las prácticas que ustedes realizan; el uso de fondos públicos con absoluta discrecionalidad, con flagrante discriminación, con descarada tendenciosidad ha sido una constante todos estos años hasta el punto de haber sido puesto en evidencia por el Tribunal de Cuentas hace no demasiadas fechas. Con un Consejo de Consumidores y Usuarios que, tras cuatro años operando, no puede dar

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un balance más pobre en sus actuaciones; con una falta de sensibilidad, fundamentalmente de las empresas públicas, a la hora de dar cobijo a la representación de esos usuarios. En definitiva, con un rosario de incumplimientos de la Administración en la puesta en marcha de planes específicos, orientados fundamentalmente a la educación y a la información de los consumidores, que son, como usted señora Ministra sabe muy bien, dos de los pilares básicos que el programa de acción comunitaria presentado por la comisaria Bonino establecía como prioridades absolutas. Muy poco se ha hecho en ese sentido en estos últimos tiempos. Nos gustaría...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, termine, por favor.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy a acabar, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya acabando no.
Termine, por favor, en un minuto.


El señor BURGOS GALLEGO: Nos gustaría conocer cuáles de esos planes está previsto desarrollar. El acceso a la justicia, entre otros, sigue todavía sin ser aspecto esencial en la promoción de los derechos de los consumidores.
Por ello, señora Ministra, señorías, la nueva orientación en la Unión Europea, que nos exige más que nunca configurar un modelo nuevo de relaciones de consumo, basado precisamente en la integración de todas las actuaciones institucionales y sociales en esta materia, nos lleva a presentar esta interpelación, para debatir, para discutir realmente a qué altura estamos en España respecto a la situación del resto de los países, cuáles son las perspectivas de futuro y si, en los próximos años, los consumidores españoles van a seguir siendo consumidores de segunda categoría en el ámbito europeo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Burgos.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Señor Presidente, señorías, la política de consumo de este Gobierno es, a nuestro juicio, plenamente homologable a las políticas de consumo de los países de nuestro entorno. Señor Burgos, el enfoque con que S. S. plantea esta interpelación, precisamente haciendo referencia a la Unión Europea, al marco comunitario, me permite exponer cuáles son los grandes objetivos de nuestra política de consumo, haciendo un repaso de un acontecimiento reciente, concreto, que da una idea cabal --me parece-- de cuál es nuestra situación en relación a la Unión Europea, cuál es el liderazgo que ha ejercido la presidencia española en materia de consumo y en qué se ha plasmado, en un Consejo de Ministros tan reciente como el celebrado el 9 de noviembre, que veo con satisfacción que S. S. ha seguido en la medida en que se ha referido aquí a los comentarios de la Comisaria responsable, señora Bonino.
El Consejo de Ministros que acabamos de celebrar es un buen exponente, señor Diputado, de cómo está la política de consumo en España en relación con la política comunitaria y de cuáles son los objetivos políticos que ha impulsado esta presidencia y que me permiten hacer la afirmación con la que he empezado esta intervención.
La presidencia española se había planteado dar, en el semestre comunitario, un impulso a las actividades de la política comunitaria de consumo, y ha sintonizado perfectamente, no sólo con la política de la Comisión, que ha valorado muy positivamente nuestras iniciativas, sino que ha constituido una revitalización de una política que, en el ámbito europeo, tiene un reflejo evidente, como, por ejemplo, que en la anterior presidencia, la francesa, ni siquiera se celebró el Consejo de Ministros.
Por tanto, en un repaso breve, pero que nos permite señalar algunos de esos logros, permítame que le diga qué hemos hecho en ese Consejo. En primer lugar, hemos conseguido desbloquear una Directiva, que llevaba bloqueada desde el año 1991, que es la de la publicidad comparativa. Ha sido fijada la posición común del Consejo y ha sido aprobada. Hemos realizado un debate importante sobre otra propuesta de directiva presentada por la Comisión que me permite contestar a una de las preocupaciones que S. S. ha suscitado. Su señoría ha hecho hincapié sobre él, a su juicio, poco desarrollo normativo en materia de consumo. Pues bien, he de decirle que el sentimiento que compartimos varios responsables en la Unión Europea, y que desde luego comparte la Comisión, es que una excesiva proliferación de normativa comunitaria, sin el adecuado traslado de la información al consumidor, ha tejido un conjunto que no mejora la protección del consumidor, sino que a veces constituye un motivo de dificultad. Esto viene al caso de la propuesta de directiva que estoy explicando a S. S., porque consiste en la revisión de una directiva ya aprobada que contiene un sistema de fijación de precios y que no ha entrado en vigor por decisión comunitaria, dada su enorme complejidad técnica.
Al hilo de esta revisión, hemos tenido ocasión de debatir cómo no se trata tanto de seguir desarrollando normativamente, prolijamente y con minuciosidad la normativa de consumo, que a juicio de todos los comunitarios es suficientemente extensa, como de ser eficaces en hacer conocer al consumidor cuál es el contenido de esa normativa. De manera que discrepamos, señor Burgos, no hay poca normativa, hay mucha normativa de desarrollo en materia de protección

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de los consumidores y a veces su complejidad técnica impide el adecuado conocimiento por parte de los consumidores.
Tanto es así que, como S. S. conoce, se ha celebrado en Madrid un foro de comunicación precisamente dedicado a ver cuáles son los mecanismos que nos permiten mejorar la información y la formación del consumidor para que llegue a su conocimiento todo este trabajo normativo y técnico que ya está hecho. De manera que la valoración que S. S. hace no es desde luego la nuestra, pero tampoco es la que se ha realizado en el foro comunitario.
Además, en el Consejo de Ministros que acabamos de celebrar hemos debatido la comunicación de la Comisión, que ha presentado cuál es su programa de prioridades en la política de los consumidores en los próximos años, que ha sido valorada muy positivamente por parte de todos los Estados miembros y que contiene algunas de las reflexiones que acabo de hacer a su señoría.
Finalmente, el Consejo ha adoptado tres resoluciones, a iniciativa de la presidencia española, que han contado con el apoyo de todas las delegaciones. Una se refiere a los productos milagro que, como S. S. conoce, constituyen un problema que ha irrumpido en nuestras sociedades y que son una amenaza para la buena fe del consumidor. Otra se ha producido sobre crédito al consumo, en la que se especifican las áreas prioritarias de actuación y, finalmente, una sobre educación e información al consumidor, que trata de dar respuesta a las necesidades planteadas en la actualidad por un mercado tan complejo como en el que nos movemos y a las dificultades con las que se enfrenta ese consumidor.
De manera que la simple enumeración de los acuerdos adoptados, la noticia de la aprobación de la Directiva, que desde el año 1991 estaba bloqueada, demuestran que las consecuencias de la presidencia española en la política comunitaria de consumo han sido eficaces, señor Burgos, créame, y demuestra también que nuestros objetivos políticos en materia de consumo están en perfecta sintonía con los comunitarios, que son compartidos y que desde luego no avalan de ninguna manera la afirmación que S. S.
ha hecho respecto a una situación de desigualdad.
No es sólo, sin embargo, el aspecto de la información el que nos preocupa, con ser prioritario. También S. S. ha hecho referencia al asociacionismo, al acceso a la justicia, problemas que han sido objeto de atención preferente en el desarrollo de la política de consumo y que han conseguido un nivel de resolución en España que desde luego no justifica las afirmaciones que S. S.
se ha permitido.
La política de consumo en el marco de la Unión Europea, señor Diputado, como S. S. ha puesto de manifiesto, ha sufrido un importante cambio cualitativo tras la aprobación del Tratado de la Unión, porque ya no se persiguen únicamente objetivos económicos, sino que se crea una ciudadanía europea que atribuye derechos políticos fundamentales a todos los ciudadanos de los Estados miembros. La política de protección al consumidor adquiere así, en ese marco, una dimensión superior que trasciende al propio mercado. La base jurídica contenida en el artículo 129 a) refuerza el concepto de ciudadanía europea y representa un cambio cualitativo frente a la situación anterior, en la que el objetivo comunitario fundamental era la consecución de ese mercado único.
España ha sido consciente de esta situación, y la prueba es que en su regulación de los derechos de los consumidores, en la ley que S. S. ha citado, se ha anticipado notablemente a la regulación en otros países comunitarios. Pero es que ya en el año 1989, cuando España asumió por primera vez la responsabilidad de la presidencia comunitaria, se impulsó la propuesta que desembocó en la resolución del Consejo del año 1989 sobre prioridades para la potenciación de la política de protección al consumidor, y que dio lugar al primer plan de acción con vigencia trienal de los años 1990 a 1992, plan de acción que, como usted sabe, marcó un modelo que se ha convertido en la fórmula adecuada para continuar desarrollando esta política.
Como consecuencia de estos planteamientos, ha tenido lugar la creación de una muy estimable y notable base legislativa, que constituye un auténtico derecho comunitario del consumo, además de definir actuaciones concretas a las que después me referiré.
El segundo plan de acción trienal, el que abarca desde el año 1993 a 1995 y que, por tanto, vence en estos días, va más allá y dirige ya su objetivo prioritario a situar realmente el mercado interior al servicio de los consumidores además de evaluar las demás políticas comunitarias desde el punto de vista de los intereses de los propios consumidores. En el ámbito nacional, se ha materializado en actuaciones concretas conectadas muy directamente con estos esquemas.
Su señoría ha hecho referencia al impulso del asociacionismo, plasmado en la regulación que en el año 1990 se hizo con la creación del Consejo de Consumidores y Usuarios, en desarrollo del precepto constitucional y de la ley a la que ha hecho referencia su señoría. Pero a continuación ha añadido algo que yo debo rechazar enérgicamente, porque me parece una valoración que excede a la crítica de las políticas del Gobierno que S. S. ha subido a esta tribuna a hacer, porque el Consejo de Consumidores y Usuarios engloba las asociaciones de consumidores, que a mí me parece que han hecho una labor absolutamente estimable.
Como S. S. conoce, la normativa vigente establece que todas y cada una de las disposiciones que afectan a los intereses de los consumidores, y le aseguro que son casi todas, sean objeto de informe por parte de ese Consejo, y ese Consejo ha evacuado cientos de informes en este período sobre todas las disposiciones de carácter general, aportando la defensa de los intereses de los consumidores. Por tanto, ha hecho un trabajo que yo sí quiero reconocer hoy aquí y valorar adecuadamente,

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y desde luego rechazar la valoración que S. S. ha hecho. No obstante, quiero decirle que está en fase de tramitación un proyecto de decreto que modifica la representatividad del Consejo, tratando de adaptarlo a la situación del año 1995 y de hacerlo más representativo por la vía de dar cabida en él a representantes de los consejos de consumidores de ámbito autonómico y a todas las asociaciones, federaciones y confederaciones de asociaciones y de cooperativas de consumidores de ámbito nacional. Por tanto, yo creo que el Consejo sí ha realizado una importante labor que debemos agradecer, estando además en tramitación una modificación de su composición que se adapte a la configuración autonómica del asociacionismo y que, por tanto, tenga más carácter representativo.
Pero no menos significativo, señor Diputado, es lo que se ha hecho en el impulso al acceso a la justicia, mediante el desarrollo del sistema arbitral, que S. S. valora pobremente y que, por el contrario, a mi me parece que los datos demuestran que se ha hecho un gran trabajo. Contamos en la actualidad con 53 juntas arbitrales, de ellas una es de ámbito nacional, 16 de ámbito autonómico, 33 municipales y tres provinciales, y no puede contraponer S. S. las 800 organizaciones municipales, que tienen mucho que ver con el número de municipios que hay en nuestro país, con el número de juntas arbitrales, porque, en la medida en que están referidas al ámbito autonómico, tenemos 17 autonomías y, por tanto, las diferencias de cifras no pueden guardar relación. Pero las cifras son muy elocuentes, créame, porque el número de entidades adheridas al sistema arbitral, que S. S.
pretende que sea imperativo, y que creemos que por su propia definición el sistema arbitral no debe serlo, en este período ha sido de 136 asociaciones de consumidores, 672 asociaciones empresariales y 84.766 empresas. Las peticiones de arbitraje que se plantean se están resolviendo en un período medio de tres meses y a diciembre de 1994 ascendían a 24.234. De manera que, dada la fecha de su constitución, me parece que estas cifras no permiten descalificar ni su entidad ni la trascendencia del trabajo que están haciendo.
Por otra parte, la articulación de las políticas de consumo en el marco del Estado autonómico tampoco me parece que sea merecedora de la descalificación que S. S. ha hecho. Por el contrario, la articulación del Plan Estratégico de Protección del Consumidor para el período 94-97, aprobado el 22 de mayo de 1994 por la Conferencia Sectorial del Consumo, demuestra que las políticas de consumo sí se están articulando adecuadamente, de acuerdo con la configuración de nuestro Estado.
Por otro lado, la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas, como consecuencia de la ley orgánica aprobada en el año 1992, ha aumentado, como S. S. conoce, las competencias de las comunidades autónomas y ha permitido constatar un plan de trabajo, de cooperación entre la Administración central, las autonómicas...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Voy concluyendo, señor Presidente.
...y las entidades locales que en absoluto parece que pueda justificar esa valoración que S. S. ha hecho.
De manera que ni en el ámbito del asociacionismo, ni en el del sistema arbitral como sistema de impulso de acceso a la justicia, ni en el ámbito de la cooperación institucional entre las distintas autoridades del Estado, me parece que pueda sostenerse con fundamento que nos hallamos en una situación ni de desventaja ni de falta de culminación de políticas.
Su señoría ha citado los 800 servicios de consumo de los ayuntamientos, pero esa cifra habría que ponerla en relación también con que más de 700.000 consumidores españoles están agrupados hoy en asociaciones y, por tanto, el interés y la implantación en nuestra sociedad de la defensa de los consumidores a través de sus movimientos asociativos me parece que ha recorrido un largo camino, que no ha frustrado expectativas sino que, por el contrario, nos hace afrontar hoy la política de consumo con un horizonte que es mucho más esperanzador de lo que S. S. indica.
Finalmente, acerca del número de actos normativos, le diré que, por ejemplo, hasta el presente, señor Diputado, se han aprobado 25 leyes, 65 reales decretos, más de 27 órdenes ministeriales por la Administración central del Estado y, por tanto, hablar de falta de desarrollo normativo me parece también faltar a la constatación histórica.
Hay un entramado jurídico importante; hay un impulso del asociacionismo, que se ha demostrado muy eficaz en la sociedad española, y hay unos objetivos políticos de defensa de consumo que nos han permitido afrontar la presidencia española de la Comunidad Europea, también en esta materia, le aseguro que con una cierta brillantez.
Gracias, señor Presidente

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.


Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la verdad es que usted mantiene permanentemente en esta Cámara un nivel de autosatisfacción preocupante. Nosotros nos preguntamos qué habría hecho Europa sin ustedes, qué habría hecho Europa sin la presidencia española en este semestre o, más bien, qué habrían hecho ustedes en este semestre si no hubieran estado dedicados a la presidencia española.
En todo caso, me gustaría plantearle algunos de los aspectos que usted ha pretendido contestarme. Yo creo que, tal vez, no ha escuchado convenientemente mi

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primera intervención,porque si no algunas de las afirmaciones que usted me otorga creo que no tendrían ninguna justificación.
Precisamente yo he reiterado que lo que nos sobra en este país probablemente sea esa abundante y pormenorizada base legislativa.


Yo no he dicho que hiciera falta más legislación o más reglamentos, o que tuviéramos que incrementar nuestra normativa en relación con el consumo. Lo que he dicho, y lo sigo manteniendo, es que, en relación con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios --que es una Ley que ustedes los socialistas trajeron aquí en el año 1984--, existe una absoluta falta de desarrollo reglamentario, con independencia de que se hayan articulado muchas normativas autonómicas, muchas normativas estatales, con independencia de que se haya desarrollado otro ámbito normativo; esa Ley, que al fin y al cabo es la más importante, y en la que tenemos que basar toda la política del consumo en nuestro país, tiene un preocupante nivel de desarrollo, yo no sé si porque ya no confían en esa Ley -- probablemente algo haya de eso-- o, simplemente, porque ustedes no tienen capacidad política para desarrollarla, o no están capacitados para tomar las decisiones políticas que permiten desarrollar esa legislación.
Me voy a permitir no hacerle mención de todos los aspectos de esa Ley concreta que están pendientes de desarrollo. Simplemente algunos, como las cláusulas abusivas, como el régimen de garantías, como las responsabilidades derivadas de la prestación defectuosa de los servicios, como la regulación de las oficinas de información de titularidad privada, como la ausencia de reconocimiento oficial de los ensayos y análisis comparativos, como el reconocimiento del acceso de las asociaciones de consumidores a los medios de comunicación social. El artículo 17 está pendiente de desarrollo, después de once años, cuando estamos hablando de que una de las bases fundamentales de la política de información y de educación de los consumidores es la labor de las asociaciones. ¿Cómo es posible que ustedes no hayan regulado el acceso de las asociaciones de consumidores, que la Ley establece, a la televisión pública o a las radios públicas, o a todos los medios de comunicación pública? Eso es impulsar el asociacionismo y lo demás, señora Ministra, con todos los respetos, son zarandajas.
Y no he dicho yo --mejor dicho, me he limitado a repetirlo en esta Cámara-- que la labor del Consejo de Consumidores y Usuarios haya sido pobre; es que lo han dicho los propios componentes del Consejo de Consumidores y Usuarios, y no tengo más que leerle uno de los editoriales de una de las revistas de consumo de mayor difusión en este país, precisamente la de una de las asociaciones que pertenecen a ese Consejo de Consumidores y Usuarios. No lo digo yo; yo no descalifico a las asociaciones por el hecho de que no hayan tenido en ese Consejo ni la personalidad jurídica que les permitiera actuar con libertad, ni los medios materiales, ni la capacidad económica, ni la proyección que ellos mismos han reclamado a la Administración y que se les ha negado reiteradamente. Lo dicen ellos textualmente: Nuestro mandato termina con un balance pobre en resultados y logros y sin haber podido o sabido conectar con el conjunto de la sociedad española, por falta de personalidad jurídica, escasa dotación económica, lo cual ha motivado que hayan tenido que ser las propias organizaciones de consumidores las que han tenido que financiar los gastos.
Esto no lo digo yo, lo dicen las asociaciones de consumidores. No nos atribuya ser los meros trasmisores de algo que usted, por otro lado, tendría que conocer porque es la responsable del Ministerio. Lo que pasa es que, al final, quien sube aquí a descalificar a los demás normalmente no es la oposición, que viene con datos y con opiniones, sino que normalmente es su Gobierno, porque no tiene otros argumentos que echarnos a nosotros en cara.
El programa de acción comunitaria que usted ha citado, presentado por la Comisaria Bonino, establecía como prioridades mejorar la información, mejorar la educación, el movimiento asociativo.
¿Usted cree que puede hablarse con rigor en este país de políticas informativas sobre consumo? ¿Usted cree que puede hablarse con rigor en este país de utilización razonable, de utilización oportuna de los medios de comunicación social, como agentes formadores en consumo? ¿Usted cree que puede hablarse de programas de formación en materia de consumo en el sistema educativo con rigor y con seriedad para afrontar, por ejemplo, los gravísimos problemas que tenemos en nuestra juventud de consumo de alcohol, o de tabaco, o de otro tipo de sustancias? ¿Usted cree realmente que se puede hablar de programas en el ámbito escolar con rigor y seriedad? ¿Usted cree que puede hablarse con rigor y seriedad de información y educación para los consumidores en nuestro país, cuando no se ha puesto en marcha ni una sola campaña de ámbito nacional coordinada con todas las comunidades autónomas y con todos los agentes sociales y asociativos que se mueven en este mundo? No hemos sido capaces ni siquiera de articular una campaña. Miren a ver si les da tiempo estas navidades de poner en marcha algo concreto, aunque sólo sea, por ejemplo, la lucha contra la publicidad exagerada a la que nuestros jóvenes o nuestros niños se tienen que enfrentar todos los días en la televisión y que supera con creces lo establecido por la normativa. Ni siquiera hemos sido capaces de que cuando llegue la campaña de verano o la de Navidad todos los recursos existentes en el país en materia de consumo se puedan orientar en una sola dirección y rentabilizando los recursos, que es lo que se hace en un país civilizado. ¿Qué acciones han desarrollado desde el Instituto Nacional de Consumo (que es el gran desconocido en este país en cuanto a sus funciones y a su nivel de actividad) para formar al personal que trabaja en esas oficinas de información

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al consumidor o en el sistema arbitral o en todos los estamentos sociales o institucionales que trabajan en el consumo?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Burgos, vaya concluyendo.


El señor BURGOS GALLEGO: Termino ya.
Señora Ministra, no me confunda el sistema arbitral con el acceso a la justicia porque no tiene --y usted lo sabe-- absolutamente nada que ver. El sistema arbitral es un mecanismo extrajudicial y cuando yo hablo de acceso a la justicia le hablo de la conciencia que hay en este momento entre la judicatura o entre la abogacía de los temas y de la problemática del consumo, que no existe, y eso lo ven todos los consumidores todos los días.
Me podía dar usted su opinión desde su Ministerio, que supuestamente es competente en materia de consumo, sobre la creación de las fiscalías de consumo en este país. Me podría decir si considera que es algo perseguible, si es algo positivo, si es algo por lo cual usted está trabajando, o si, por el contrario, no está realizando básicamente nada, o han realizado alguna iniciativa con el Consejo General del Poder Judicial precisamente para incentivar el conocimiento del mundo judicial, del mundo de la judicatura en estos temas.
Presentamos señora Ministra, para terminar, un campo abonadísimo para las prácticas abusivas, para la propaganda engañosa, para la circulación de productos sin garantías ni controles, con una inspección de consumo infradotada y minusvalorada, con un movimiento asociativo tremendamente intervenido y dependiente de las subvenciones públicas, con recursos institucionales cada vez más insuficientes e incluso en retroceso, como sus propios presupuestos ponen de manifiesto año tras año.
Necesitamos que esa nueva orientación de la Unión Europea tenga también su traslado en España y que consigamos cumplir el artículo 51 de nuestra Constitución para conseguir un consumidor auténticamente protagonista de las vicisitudes del mercado, con un mercado realmente orientado a la calidad, a satisfacer las necesidades del usuario, para conseguir así restaurar la confianza del ciudadano en la primacía de la calidad, de la responsabilidad y de la satisfacción del usuario y del consumidor como ejes del mercado del futuro.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Burgos.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, si no le he entendido bien su valoración de la normativa, le ruego me disculpe, pero he vuelto a escucharle atentamente y S. S. ha vuelto a decir que no le importa el número de leyes ni de decretos ni de órdenes que se hayan hecho, que lo que usted dice es que no se ha desarrollado suficientemente la ley de consumidores. Yo tengo que insistir en que sí se ha desarrollado, señor Burgos. La limitación del tiempo, y naturalmente el interés en no aburrir a SS. SS. excesivamente, me impide leer la relación que tengo aquí de normas: Detalle de normas promulgadas a partir de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, en desarrollo de la ley, señor Burgos.
Son 17 folios de leyes, decretos, órdenes, circulares, normas de todo rango que afectan a materias de asociacionismo, de etiquetado de productos, de control de productos alimenticios, de publicidad, de seguros, de ventas, de normalización y homologación, etcétera, y que yo pongo a su disposición. Porque S. S. puede decir que hay un artículo de la ley que está sin desarrollar y naturalmente tendrá razón, pero no me puede decir que no se ha hecho un desarrollo adecuado de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. De manera que, en el desarrollo normativo, se ha hecho un esfuerzo enorme, señor Burgos, a pesar de que, naturalmente, queden pendientes algunos aspectos de la ley. Como digo, fue una ley pionera, que se adelantó a los países incluso comunitarios y que contiene una regulación muy completa y muy exhaustiva de todos los ámbitos de la política de consumo.
Su señoría hace referencia al balance del Consejo de Consumidores y cita lo que ellos opinan. A mí me parece que honra a los miembros del Consejo que consideren que su trabajo no ha sido suficiente y que aspiren a una mayor presencia, a mayores medios, a mayores instrumentos. Y eso qué tiene que ver con la valoración que yo hago de su trabajo a lo lara, o de estos años, de cómo han estado presentes en todas y cada una de las disposiciones de carácter horizontal, que a S. S. le preocupan y con razón; política de consumo o es horizontal o no será eficaz. Y eso, el Consejo de Consumidores lo ha conseguido haciendo imprescindible su dictamen en cada una de las normas que se han promulgado. De manera que el Consejo valora su propio trabajo, se valora asimismo. Yo hago una valoración y S. S. hace otra. Y, además, yo, como responsable de la política de consumo, estoy impulsando una modificación que mejora la composición del Consejo y que trata de reforzar su capacidad de actuación, que no está vinculada necesariamente a las dotaciones financieras, señor Burgos, porque no podemos mezclar todo. ¿Los consumidores tienen que sostenerse a sí mismos como entidades representativas de la sociedad civil o hay que anclar de la Administración del Estado todas y cada una de las actuaciones que tengan que llevar a cabo? Por tanto, vincular la eficacia de la política de consumo desde las asociaciones a la capacidad del Estado de subvencionarlas con fondos públicos es una cuestión cuando menos discutible, señor Burgos. En todo caso, está sujeta a los avatares presupuestarios que no siempre permiten atender a todo lo que desde todas

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partes, y especialmente desde su Grupo, se reclama como financiable por el Estado, al mismo tiempo que se dice que hay que reducir las cuentas públicas.
Luego, S. S. cuando habla de consumo, hace referencia a la retroactividad del Impuesto sobre la Renta o al consumo de alcohol entre los jóvenes. Señoría, la política de consumo afecta a todo y consumidores somos todos, pero no puede usted hacer responsable a la política de consumo de este Gobierno de cosas tan dispares sin incurrir en una generalización difícil de atender. Porque, el problema del alcoholismo entre los jóvenes es un problema de salud pública, es un problema de educación, y S.
S. considera que los programas educativos no están suficientemente desarrollados en las escuelas. ¿Y eso es una carencia de la política de consumo? Pues es una vinculación, señoría, yo creo que exagerada.
Me pregunta qué hemos hecho desde el Instituto Nacional del Consumo. Por lo visto hemos hecho poca propaganda, porque le aseguro que trabajar se ha trabajado mucho. Y si S. S. puede afirmar que el Instituto Nacional del Consumo es el gran desconocido, es porque nos hemos hecho poca publicidad, lo que, por otra parte, no está entre nuestras prioridades. Pero le voy a hacer referencia a algunas de las cosas que se han hecho en el Instituto de Consumo recientemente y de manera significativa.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Consumo presta apoyo técnico y analítico a todos los órganos de control de las comunidades autónomas a través del Centro de Investigación y Control de la Calidad --el CICC-- y a través del laboratorio del propio instituto, en el que se vienen analizando una media de 7.000 muestras anuales, señor Burgos, muestras de productos que constituyen además un ejercicio de la cooperación institucional.
Las competencias de ejecución de consumo, señoría, son de las comunidades autónomas, de manera que a la hora de pintar ese panorama desolador sobre lo que se ha conseguido en consumo, piense S. S. qué parte está imputando a las competencias de las comunidades autónomas, que, como digo, tienen transferidas las competencias de ejecución. Pues bien, sin ser competente el Instituto Nacional del Consumo de manera directa, está realizando una labor de laboratorio y de control de calidad que se plasma en 7.000 muestras anuales. Además, el Instituto está cooperando con las comunidades autónomas en la selección, diseño y programación de las campañas nacionales de inspección, señor Burgos. Durante este año se han realizado tres campañas nacionales: sobre servicios financieros, sobre equipos terminales y uso público, excluidos los del servicio telefónico básico, y sobre productos milagro. Estas campañas se complementan con las más de 98 campañas de inspección de carácter regional que son realizadas por los servicios de inspección de consumo de las comunidades autónomas también con el apoyo y la cooperación del Instituto Nacional de Consumo.
Según los datos de que disponemos, durante 1994 más de 130.000 actuaciones inspectoras, con cerca de 11.000 tomas de muestras y análisis, representan la concreción material de esa labor que S.
S. dice desconocer y que yo tengo mucho gusto en comunicarle. De estas actuaciones, 300 se refieren, por ejemplo, a productos milagro. La incidencia de estas actuaciones por parte del Instituto Nacional de Consumo, en cooperación con las comunidades autónomas, ha hecho que desaparezcan del horizonte que se ofrece al consumidor un porcentaje de productos milagro verdaderamente relevante en relación con lo que pasaba hace un año. Algo han tenido que ver estas actuaciones, además de haber llevado el problema al ámbito europeo en el Consejo de Ministros, como he dicho anteriormente. Por cierto, es verdad que estamos satisfechos con la Presidencia Española en la Comunidad, señor Burgos; estamos satisfechos no tanto como Gobierno, sino como país, y me parece que S. S. también debería estarlo. Porque no es irrelevante desempeñar con dignidad, con éxito y con una cierta brillantez, la labor de presidir la Unión Europea. Por tanto, reconozco que estamos satisfechos, pero me gustaría que usted lo estuviera también.
El sistema de intercambio rápido de información, la red de alerta, es otro de los mecanismos concretos en los que trabaja el Instituto que ha demostrado gran eficacia a nivel nacional y comunitario. Se ha implantado en desarrollo de una directiva que afecta a la seguridad general de los productos y en el que el Instituto Nacional de Consumo es el punto de conexión nacional para productos no alimenticios notificados a través de este sistema y la Dirección General de Salud Pública del Ministerio para los que son alimenticios.
Se ha creado desde el Instituto una escuela de consumo, señor Burgos, como nuevo servicio del Instituto Nacional del Consumidor, que ha organizado ya más de 200 cursos en colaboración con universidades y con otros centros formativos, que precisamente atiende esa preocupación de S. S. en el sentido de formar a los técnicos no sólo de las asociaciones de consumidores, sino también de las diferentes administraciones públicas de consumo y, por tanto, más de 200 cursos avalan esta labor formativa que a S. S. le preocupa, pero que también está desarrollándose.
En el ámbito de la investigación o del estudio, espero que S. S.
tenga conocimiento de los resultados del estudio.
Realizado en el ámbito comunitario sobre accidentes domésticos y actividades de ocio, que constituye un dato fundamental a la hora de valorar y de ser útil a la vida cotidiana de los consumidores.
A S. S. le preocupa la publicidad. En el ámbito del control de la veracidad de la publicidad, quiero decirle que en el año 1994 se ha realizado un programa --que continúa en el año 1995-- en el que se han revisado 3.240 horas de televisión; se han seleccionado un total de 683 anuncios publicitarios, que han sido estudiados y analizados a la luz de la normativa vigente; se han realizado 227 peticiones de cese o modificación de publicidad

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a un total de 89 empresas; se han realizado 23 recomendaciones a empresas y asociaciones empresariales, todo ello por el contenido de los anuncios, señor Burgos. De estas peticiones --y me estoy refiriendo al año 1994-- el 33,5 han sido atendidas voluntariamente por los anunciantes. Insisto en que las competencias de ejecución corresponden a las comunidades autónomas, no al Instituto Nacional de Consumo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Concluyo, señor Presidente.
El 33,5 por ciento ha sido atendido voluntariamente; el 21 por ciento se ha comprometido a adaptar todas las campañas posteriores a las sugerencias efectuadas y el resto se ha remitido a los correspondientes órganos de control de las comunidades autónomas para la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores. Se ha creado la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, señor Burgos; se han realizado convenios con fabricantes de material eléctrico, con el Instituto Nacional del Consumo para el fomento de la calidad del material eléctrico; se ha realizado un código de autorregulación publicitaria entre cerveceros de España y los consumidores; se ha llegado a acuerdos con las asociaciones integradas en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas para la correcta interpretación en materia de normativa de etiquetado y presentación; se ha hecho un convenio del Instituto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Detergentes y Productos Afines y la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Derivados; se ha concertado con la Asociación Nacional de Fabricantes de Juguetes un convenio para la elaboración de un código ético relativo a la publicidad dirigida a la población infantil.
¿Le parece a S. S. que todo esto es ignorar estos problemas? A nosotros nos parece el resultado de un esfuerzo serio, de un trabajo serio, de una actuación que, más allá del estricto ejercicio de las competencias, ha ido a unas vías de autorregulación, de convenios y de actuaciones de cooperación con las demás administraciones responsables de consumo, que me parece que sí están siendo valoradas adecuadamente por los consumidores.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Sin duda, el Grupo Popular y el Gobierno, a través de su Ministra de Sanidad y Consumo, están debatiendo un tema de enorme interés, un tema que afecta a la globalidad de los ciudadanos y que, por tanto, exige la mayor precisión a la hora de referirse a él. Creo que es estéril entrar en un debate sobre cantidad de legislación elaborada, cantidad de exámenes de tal o cual tipo realizados por parte de la Administración, un poco en el sentido de si la botella está medio llena o medio vacía, a la hora de abordar un tema tan importante como éste; creo que ni es bueno un cierto aire triunfalista ni tampoco es buena la visión catastrofista, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque sería de desear que hubiéramos avanzado muchísimo más en este campo --y desde la entrada en vigor de la Ley General de Protección del Consumidor de 1984 se ha avanzado en este terreno--, queda tantísimo por hacer que de muy mala manera podríamos permitirnos tener un aire triunfalista.
Yo, señora Ministra, no creo que por el hecho de que en el papel --desgraciadamente sólo en el papel-- se hable ya de la ciudadanía europea, los intereses de los ciudadanos españoles sean ya iguales a los intereses o a las posibilidades de ejercer sus derechos de la mayoría de los ciudadanos europeos, sobre todo en aquellos países que tienen una mayor tradición de asociacionismo y de protección del consumidor que el nuestro. Es evidente que en nuestro país, en función de la disparidad geográfica, existe también disparidad en el nivel de protección de los consumidores, junto con una relativa debilidad de las organizaciones de consumidores y usuarios, que es cierto que forma parte de eso que se ha dado en llamar sociedad civil, pero, sin duda, también desde la Administración se tiene la responsabilidad de estimular ese tipo de asociacionismo, ya que, al final, redunda en beneficio de todos, y no sólo en el campo de la protección al consumo, sino que, en cualquier campo, cualquier medida que se pueda tomar desde la Administración y que genere aumento de asociacionismo en nuestro país siempre será positiva.
Entiendo que usted se sienta satisfecha por esas tres iniciativas que han adoptado en el Consejo Europeo: la lucha contra los productos milagro y la publicidad engañosa, que dice usted que en el último año ha disminuido sensiblemente, y es cierto, pero todavía podemos enchufar la televisión, oír la radio o leer la prensa y encontrarnos con abundante publicidad engañosa sobre los llamados productos milagro, todavía hay muchos productos milagro en el mercado español; el crédito al consumo, otra de las iniciativas, que se reguló por ley en esta Cámara en marzo de este año, y era una de las directivas de la Unión Europea no introducidas en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la Administración española fue apercibida de sanción en 1994, y, por último, una que me parece muy importante, la educación e información del consumidor. Uno se puede sentir satisfecho de haber adoptado esa iniciativa, pero de ahí a que se haya capilarizado y sea real que existe un nivel adecuado de información y de educación

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de los consumidores españoles que nos ponga realmente en pie de igualdad a la hora de exigir que se cumplan los derechos que tenemos los consumidores queda un enorme trecho. Y ese enorme trecho únicamente se salva si hay una fuerza, una voluntad política y una dedicación, que no sé si su Ministerio está en la actualidad en condiciones de poder asegurar.
Por otra parte, me alegro, y lo digo sin ninguna ironía, de la iniciativa del Grupo Popular en lo que significa una especie de freno al neoliberalismo rampante y a las virtudes absolutas del mercado. Me alegro y lo digo sin ninguna ironía. Esperamos esa moción, consecuencia de este debate, para estudiarla atentamente y poder votarla favorablemente si el objetivo que intenta cumplir es proteger más a los consumidores españoles. Pero yo le recordaría una anécdota --como ya somos pocos en el hemiciclo-- de la Administración americana, con el Presidente Reagan a su cabeza, pretendiendo acabar con la FDA (Food and Drug Administration). Ni el señor Reagan consiguió, afortunadamente, acabar con la FDA, el adalid del neoliberalismo económico. Por eso digo, sin ninguna ironía, que me alegro de esta iniciativa del Partido Popular, que supongo tiene como fin último aumentar el nivel de protección de nuestros consumidores, es decir, de todos los ciudadanos españoles, entrando en alguna contradicción con otras líneas, aunque sean paralelas, de otros tipos de políticas en los que ese neoliberalismo es mucho más evidente.
Creo, para acabar, señor Presidente, que el tema nos debería de preocupar muchísimo a todos; que no deberíamos entrar en ese debate de cuántas directivas se han transpuesto o no, o la cantidad de desarrollo legislativo, porque también, dicho al aire de esta intervención, en nuestro país --y es una opinión--, en general, el problema no es tanto de legislación como de voluntad política de hacer cumplir lo legislado. Es decir, nos encontramos, sin duda, con algunas lagunas legislativas sobre algunos temas que hacen falta, y esta es una de las partes esenciales de la actividad de esta Cámara, pero la otra, que es la exigencia política por parte de quien tiene la responsabilidad --es decir, de la Administración-- de hacer cumplir esas leyes que aquí elaboramos o que son transposición de directivas europeas, es la que no siempre es tan evidente. Repito, el problema no es tanto, en general, de legislación, como de voluntad política de hacer cumplir lo legislado.
En el informe referido al año 1994 pero emitido en julio de este año, el duodécimo informe anual sobre el control de la aplicación de Derecho comunitario, por citar un ejemplo, de las 50 directivas que había que haber transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico, a 31 de diciembre de 1994, España se habían traspuesto 41, un 82 por ciento. Parece mucho, y lo es; sin embargo, mirando el cuadro de todos los países de la Europa a Doce --todavía a Doce-- somos el último país en nivel de transposición de directivas. Es cierto que algunas de las que aquí están por transponer lo han sido en ese tiempo desde 1994 hasta el día de hoy, como esa a la que nos referíamos anteriormente de crédito al consumo. Siguen estando pendientes de transposición algunas muy importantes, la 92/59, seguridad general de los productos, por ejemplo, o las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que son de enorme interés y que son también desarrollo de esa Ley general de protección al consumidor.
Acabo, señor Presidente, reiterando que mi Grupo considera este tema de vital importancia. Vamos a estudiar atentamente la moción que nos presente el Partido Popular, y si el objetivo de la misma es proteger y aumentar el nivel de conciencia ciudadana en la exigencia de sus derechos en tanto que consumidores, la consideraremos positivamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
El Pleno continuará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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