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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 179, de 24/10/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 179 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 177 celebrada el martes, 24 de octubre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

--Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (número de expediente 154/000003) (Página 9477)

Modificaciones en el orden del día (Página 9493)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 135.1, de 30 de septiembre de 1995 (número de expediente 121/000120) (Página 9493)

--Proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 137.1, de 13 de octubre de 1995 (número de expediente 121/000121) (Página 9493)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 180, de 25 de octubre de 1995.)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Página 9477)

El señor Solé Tura presenta el informe de la Comisión. Comienza recordando que hace cincuenta años, como todos los señores Diputados saben, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, acontecimiento importante que justifica que este Congreso lo conmemore con el debate y aprobación del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y las posibles reformas de Naciones Unidas.
Desde su nacimiento, en un contexto muy distinto del actual, han ocurrido muchos acontecimientos, siendo la situación en este momento completamente distinta a la del momento fundacional y también a la de los momentos ulteriores de la guerra fría, planteándose por tanto nuevos retos, y de ahí la necesidad de hablar de posibles reformas.
Da cuenta a continuación del proceso seguido para la elaboración del informe hasta su aprobación por la Comisión, señalando que éste se centra en el análisis de los cambios ocurridos en el escenario mundial desde 1945, en las nuevas tareas de las Naciones Unidas y en las posibles o necesarias medidas de reorganización que éstas deberían llevar a cabo para responder adecuadamente a las nuevas exigencias. Anticipa que las posibles reformas son necesarias, pero indudablemente problemáticas, por no decir extremadamente difíciles de llevar a cabo, bien sea por la propia estructura de la organización, muy especialmente del Consejo de Seguridad, bien por la carencia de los medios financieros necesarios.
El conjunto del documento se resume en una introducción, cuatro capítulos de análisis y propuestas y un capítulo final de catorce conclusiones y recomendaciones, además de diversos cuadros estadísticos y de una documentación importante que se proponen insertar en la publicación final del informe.
Concluye exponiendo esquemáticamente el contenido de dicho informe, fundamentalmente de las conclusiones y recomendaciones a que se llegan en el mismo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda Unida; Muñoz-Alonso y Ledo, del Grupo Popular, y Estrella Pedrola, del Grupo Socialista.
Sometido a votación el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, es aprobado por 311 votos a favor.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 9493)

El señor Presidente expone que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de Telecomunicaciones por Cable.
Sometida a votación, se rechaza la avocación en cuestión por 136 votos a favor, 174 en contra y una abstención.


Modificaciones en el orden del día (Página 9493)

El señor Presidente somete asimismo al Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 4 a 7. Se acuerda dicha exclusión por asentimiento.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 9493)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996 (Página 9493)

Proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 9493)

El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), presenta los proyectos de ley, en nombre del Gobierno, manifestando que se trata de unos Presupuestos adecuados al programa de convergencia, que permitirán que la economía siga creciendo, creando empleo y reduciendo sus desequilibrios macro-económicos; unos Presupuestos en los que el déficit del Estado disminuya hasta el 3,4 por ciento del producto interior bruto, se genere un superávit que estabilice la deuda, el gasto financiero no crezca en términos reales y la presión fiscal se reduzca. Sin embargo, dado el clima expresado ante estos Presupuestos, aun antes de conocerlos, se ve en la necesidad de defender la misma necesidad de

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que dichos Presupuestos existan. Cree que es la mejor alternativa frente a cualquier otra, sea cual sea la hipótesis que se haga acerca del devenir político en los próximos meses. Pedirá, por tanto, que en un ejercicio de responsabilidad se permita una tramitación parlamentaria que, a través de la discusión y de las enmiendas correspondientes, dé como resultado unos Presupuestos para 1996 adecuados a nuestra realidad y necesidades.
Añade que, como Ministro de Economía y Hacienda, son los terceros Presupuestos que presenta, y cada uno de ellos en un contexto político y económico diferente, y hasta ahora los hechos han desmontado unas tras otra las críticas y las descalificaciones que los grupos de la oposición vertieron sobre la política económica del Gobierno, plasmada en los dos últimos Presupuestos y en el programa de convergencia.
Considera que la realidad es la que es y, en base a ella, tienen que adoptarse las decisiones políticas por parte de quienes se sienten comprometidos con el futuro de España, antes de cualquier afán de llegar al poder a cualquier precio, para mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de los españoles.
Hay que partir de dos datos importantes, el primero de los cuales es que se han anunciado elecciones generales para marzo próximo, y difícilmente el Gobierno que salga de esas elecciones estará en condiciones de abordar ningún tema presupuestario antes del mes de junio o julio, lo que supondría añadir un elemento de riesgo e incertidumbre innecesario. El segundo dato es el hecho de que la economía española está avanzando en la recuperación, la creación de empleo y la convergencia con Europa, como reconocen todos los analistas independientes y valoran de forma positiva.
Considera, asimismo, que estamos en un momento importante de la vida española y de la construcción europea, en el que en pocos meses se va a decidir mucho sobre el futuro, y los Presupuestos para 1996 constituyen una pieza clave en este proceso, que no pueden permitirse eludir o perder. De la discusión de los Presupuestos, de su debate y enmiendas, debe salir un impulso positivo para nuestro país, y negar esta posibilidad pidiendo su devolución, optando por tanto por la prórroga de los de 1995, es hacer un flaco servicio al país, sobre todo cuando se hace por razones extrapresupuestarias.
Expone seguidamente las líneas básicas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aludiendo a la efectividad de las medidas perseguidas a través de los mismos y los objetivos prioritarios a alcanzar, mencionando diversas cifras encaminadas a esos fines.
Termina señalando el señor Ministro de Economía y Hacienda que el Gobierno cumplirá sus compromisos con la sociedad española, que no debe verse perjudicada en sus intereses inmediatos por la actitud del Parlamento. El Gobierno garantiza en todo caso que impulsará las medidas necesarias para revalorizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios de acuerdo con lo pactado, e igualmente adoptará un acuerdo para limitar las obligaciones reconocidas comprometibles, de manera que se garantice el cumplimiento de los objetivos previstos de déficit del 3,5 por ciento del PIB. El Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la continuidad del crecimiento económico, la creación de empleo y la convergencia con Europa durante 1996, y la mejor forma para conseguirlo es a través del Presupuesto que hoy defiende ante la Cámara.
El señor Aznar López defiende la enmienda de totalidad del Grupo Popular. Destaca que se hallan ante el debate más importante de los que celebra la Cámara a lo largo del año, los Presupuestos Generales, que son el principal instrumento político con que cuenta el Gobierno para hacer realidad sus objetivos. Añade que se disponen a deliberar sobre unos Presupuestos cuyo ejecutor se está despidiendo, en una Cámara que tiene anunciada su disolución y al servicio de otra futura voluntad popular que todavía no conocen.
Expone que en el clima de degradación creciente que caracteriza la situación política española, existe ya la convicción generalizada de que la presente legislatura está agotada, que se está prolongando artificialmente una situación indeseable, que en otras circunstancias hubiera sido resuelta hace mucho tiempo.
Nadie niega que deben celebrarse elecciones, ni siquiera el Gobierno, que ha anunciado la disolución de las Cortes para marzo de 1996, y en este clima defiende la enmienda de totalidad a los Presupuestos.
Afirma que no se puede gobernar sin Presupuestos, ya que no son un simple cálculo de ingresos y gastos, sino el reflejo del programa político del Gobierno y las directrices de su actuación.
Precisamente hoy ese carácter instrumental importa mucho más que el detalle y las cifras que encierran. El plan que reflejan los Presupuestos es inseparable del Gobierno que los inspira, de sus intereses, de sus intenciones y de sus objetivos políticos. Es el Presupuesto de un Gobierno determinado, para unos fines determinados y no sirven para otro Gobierno ni para otros fines ni en otras circunstancias. Debe, por tanto, elaborarlos el Gobierno responsable de su ejecución. Naturalmente, los Presupuestos también deben ser controlados por la Cámara, pero no por cualquier Cámara, sino por la que les dio su aprobación,

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y paradójicamente está anunciada la disolución de esta Cámara.
Agrega que lo que pide la Constitución, lo que exige la racionalidad democrática elemental y el más puro sentido común es que no son los Presupuestos los que condicionan la voluntad popular, sino que sea la voluntad popular la que determine la composición del nuevo Gobierno y el carácter de sus Presupuestos.
En consecuencia, si, como se dice, vamos a celebrar elecciones en el mes de marzo, estos Presupuestos carecen de toda lógica.
Añade el señor Aznar que si los Presupuestos son rechazados, el Gobierno y su Presidente no podrán seguir ocultando que han perdido la confianza de la Cámara, e ignora si son conscientes del daño que pueden causar a las instituciones con su actitud y su comportamiento. Si no se está obligado a disolver las Cortes por la devolución de los Presupuestos, no tiene que haber nada que obligue a disolver en enero. Consecuentemente, tienen que llegar a la conclusión de que se apela continuamente al mes de marzo para tener las manos libres y, cuando llegue marzo, hacer lo que más convenga, tratándose por tanto de un ardid, un subterfugio, para eludir las responsabilidades que al Gobierno le corresponden.
Termina el señor Aznar afirmando que si los Presupuestos son inoportunos, además son inadecuados y no son los que necesita España, representando un fiel reflejo de la falta de credibilidad económica del Gobierno. Votarán, por tanto, por su devolución, y esperan que el Gobierno y su Presidente acepten y respeten las decisiones mayoritarias del Parlamento, siendo capaces de asumir sus consecuencias también cuando les son desfavorables y que, sin más dilación, antepongan los intereses generales a su permanencia en el poder.
Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda, replicando el señor Aznar López y duplicando el señor Ministro.
El señor Ribó Massó, defiende la enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que han sido diversos los medios que han calificado este debate como el de una moción de censura encubierta. Para su grupo parlamentario representa la constatación de que este Gobierno no dispone de mayoría parlamentaria, pero no porque no haya grupos que no compartan su política económica y presupuestaria, sino que la han perdido por motivos políticos. Hay grupos en la Cámara que coinciden con la política económica continuista de estos Presupuestos, criticada incluso por el Gobernador del Banco de España. Considera que existen otras políticas posibles en muchos frentes y en su enmienda de totalidad se contienen esos criterios. En definitiva, no se les derrota por desavenencias con los Presupuestos, con los que coinciden fundamentalmente tres grupos de la Cámara, sino por motivos políticos, y esta derrota, de producirse mañana, significa la dimisión, ya que no existe en democracia parlamentaria avanzada ningún ejemplo de un Gobierno que, con la devolución de los Presupuestos, continúe gobernando.
Añade que el propio Gobierno ha dicho que están preparando un Decreto-ley, que deberá requerir también de una mayoría, preguntando al señor Solbes con qué mayoría piensan contar y cuál es el contenido del Decreto-ley en cuestión. Recuerda también que el señor Ministro, en declaraciones anteriores al debate, manifestaba que si no se les aprueban los Presupuestos es que no les deja gobernar y, sin embargo, presentan unos Presupuestos poco dirigidos a gobernar sobre los problemas que más preocupan a la población, planteando alcanzar la convergencia europea nominal, pero sin hablar de la convergencia real y planteando, asimismo, reducir el gasto y fomentando la desregulación. Están, en suma, ante una serie de parches desordenados y que además se presentan sin ninguna voluntad de negociación y proponiendo recortes que van a afectar sensiblemente a la calidad de vida de la población a medio plazo.
Se trata de una política presupuestaria que ataca la progresividad del gasto público, que resitúa a la baja las prestaciones de carácter social, que mantiene gastos fiscales de dudosa eficacia y que mantiene una desigualdad de servicios según el lugar de origen de los ciudadanos. Se continúa apostando por un crecimiento basado en la moderación de costes laborales y en la reforma del mercado de trabajo, con una creación de empleo de poca calidad, precario y mal retribuido.
Contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) señalando, en relación con la falta de mayoría parlamentaria a que aludía el señor Ribó y la consiguiente petición de dimisión del Gobierno, que si tal carencia de mayoría parlamentaria les impidiese tomar ninguna decisión, esa línea argumental podría tener una cierta razón de ser, pero es evidente que hay muchos Gobiernos que están gobernando en minoría en muchos países, aunque reconoce que la ausencia de Presupuestos no es una situación cómoda y sí complicada y difícil. No acepta, sin embargo, la conclusión de que la inexistencia de Presupuestos implique una convocatoria inmediata de elecciones, que es algo que corresponde decidir al Presidente del Gobierno y respecto de la que existe la alternativa de la moción de censura.


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Acerca del tema del Decreto-ley, aclara que en este momento no está preparado, existiendo simplemente el compromiso del Gobierno a garantizar la presentación de la norma que afecta a funcionarios y pensionistas, siendo todo a partir de ahí juicios de valor sin ninguna base real.
En cuanto a la afirmación de que se trata de un Presupuesto continuista y a la falta de apoyo del Gobernador del Banco de España, le gustaría que las declaraciones del Gobernador se leyesen en su integridad y no solamente en los titulares de algunas agencias o periódicos. Se trata de declaraciones que comparte totalmente, porque el Gobernador ha dicho lo que ha dicho y no lo que pretenden que dijo.
Hay otras cuestiones a las que se ha referido el enmendante, como la relativa a las pensiones y el Pacto de Toledo, o sobre determinados impuestos, sobre todo lo cual no tiene ningún inconveniente en hablar en el momento oportuno y de manera más amplia. Comparte desde luego la preocupación por los gastos sociales, aunque hay una serie de aspectos expuestos por el señor Ribó que no puede compartir, como el de que se apueste por un crecimiento basado en la reducción de costes laborales e incremento del empleo precario o temporal, que debe aclarar que, si no fuese así, no existiría.
Replica el señor Ribó Massó, duplicando el señor Ministro.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


--INFORME APROBADO POR LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

--INFORME APROBADO POR LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) (Número de expediente 154/000003)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Punto primero del orden del día. Informe aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma institucional de la Organización de las Naciones Unidas.
Para la presentación del dictamen de la Comisión, tiene la palabra el señor Solé Tura.
El señor SOLE TURA: Señor Presidente, señorías, como ustedes saben, hoy hace cincuenta años que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Es un acontecimiento importante y creo que es también importante que este Congreso lo conmemore con la discusión y la aprobación de un informe que se encargó a la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y las posibles reformas de Naciones Unidas.
Como ustedes saben, las Naciones Unidas surgieron en un contexto muy diferente al actual. Surgieron al final de una guerra terrible, que estuvo a punto de destruir el mundo y muy concretamente Europa. Fue un intento de estabilizar la paz y de impedir el estallido de nuevas guerras como aquélla.
Desde entonces han ocurrido muchos acontecimientos. La situación es completamente distinta a la del momento fundacional y también a la de los momentos ulteriores de la guerra fría, y, por consiguiente, se plantean nuevas exigencias, o sea, nuevos retos, y hete aquí la necesidad de hablar de posibles reformas.
Quiero empezar narrando a SS. SS. cuál ha sido el proceso de elaboración de este informe.
Como ustedes saben, en la IV legislatura se creó una Ponencia, en febrero de 1993, con este mismo objetivo. La disolución de las Cortes impidió que la Ponencia pudiese llevar a cabo sus trabajos.
En enero/febrero de 1994 se creó una nueva Ponencia, que tuve el honor de presidir. Esta Ponencia es la que ha elaborado el informe que ahora estamos sometiendo a su consideración.
Partimos de un plan de trabajo basado en los siguientes ejes: Primero, la comparecencia de autoridades, de altos funcionarios, de profesores, de expertos y de militares que han participado en operaciones de paz. Fueron unas comparecencias enormemente interesantes, enormemente ilustradoras, de lo que está ocurriendo y de las posibilidades de nuevas reformas.
Desde esta tribuna quiero agradecer a todos los que comparecieron ante la Comisión su actitud y su contribución, y quiero expresar a todos ellos --algunos están hoy presentes en este hemiciclo-- nuestro más profundo agradecimiento, el mío personal y el de toda la Ponencia.
En septiembre de 1994, la Ponencia visitó la sede de las Naciones Unidas. Tuvimos numerosas reuniones de trabajo con altos ejecutivos de la ONU y representantes permanentes de las delegaciones más importantes y de los grupos geográficos más significativos.
Fue muy importante aquella presencia en la propia sede de las Naciones Unidas, y quiero expresar también desde aquí nuestro agradecimiento a la labor del embajador representante permanente de España en las Naciones Unidas, don Juan Antonio Yáñez Barnuevo, y a todos los miembros de la representación permanente su colaboración y su eficacia organizativa.
Tuvimos también el honor de recibir en esta casa al Secretario General de las Naciones Unidas, señor Butros

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Gali, con el que mantuvimos una importante reunión.
Finalmente, el informe ha sido redactado por algunos miembros de la Ponencia, ha sido aprobado por la Comisión, y el resultado es el informe que hoy tienen ante ustedes y que estoy presentando.
Quiero agradecer también, antes de entrar en el fondo del asunto, la labor de los servicios de la Cámara, especialmente a los Letrados que nos han acompañado en todo ese periplo, doña Lidia García y don Manuel Gonzalo, y a sus colaboradores por la labor realizada en el asesoramiento y en la puesta a punto de toda la documentación.
Como he dicho, el informe aborda los nuevos retos y las posibles reformas de las Naciones Unidas. No entra, por consiguiente, en el análisis de organismos especiales ni en el de organismos especializados, como la OIT, la FAO, la Unesco, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Se centra en el análisis de los cambios ocurridos en la escena mundial desde 1945 y el posterior final de la guerra fría, en las nuevas tareas de las Naciones Unidas y en las posibles o necesarias medidas de reorganización que ésta debería llevar a cabo para responder adecuadamente a las nuevas exigencias.
Tanto por las comparecencias de los expertos como por nuestra propia experiencia en la sede de las Naciones Unidas, hemos podido constatar que las posibles reformas son necesarias pero indudablemente problemáticas, por no decir extremadamente difíciles, bien sea por la propia estructura de la Organización, muy especialmente la del Consejo de Seguridad, bien por la carencia de medios financieros necesarios.
Hemos dedicado también un importante espacio del informe a analizar las formas, las consecuencias, las conclusiones y las posibles recomendaciones a hacer sobre la participación de España en los organismos de las Naciones Unidas, muy especialmente en las operaciones de paz.
El índice de materias explica por sí sólo, no ya el contenido del informe, sino los puntos que hemos considerado más importantes para nuestra reflexión y nuestras propuestas. El conjunto del documento se resume en una introducción, cuatro capítulos de análisis y propuestas y un capítulo final de catorce conclusiones y recomendaciones, además de diversos cuadros estadísticos y de una documentación importante que nos proponemos insertar en la publicación final del informe.
¿Cuál es el resumen de nuestras conclusiones, señorías? Primero, sobre los nuevos retos creo que ya está todo dicho. Es indudable que estamos ante una situación completamente distinta a la de 1945, los años de la guerra fría. Se han agudizado algunos de los problemas que existían en el momento fundacional, aunque ahora son mucho más agudos, como el narcotráfico, el terrorismo, el blanqueo de capitales o el deterioro del medio ambiente. Sin embargo, es cierto que, desde el punto de vista de la guerra, no estamos ante la lógica de los bloques, sino ante una situación completamente nueva en la que lo que predominan son guerras internas de Estados y no tanto las guerras entre Estados.
También es cierto que se han producido cambios fundamentales en la estructura de nuestra civilización. Nos encaminamos hacia un mundo abierto a nuevas posibilidades, por consiguiente también a nuevas contradicciones. Es cierto que nos encontramos también ante manifestaciones de fragilidad del sistema democrático en todas partes.
El resultado de todo ello es una conciencia, cada vez más extendida entre las mujeres y los hombres de todo el mundo, de la necesidad de definir con claridad unos mismos derechos y de contar con instrumentos para protegerlos y hacerlos efectivos.
Por eso se requieren, cada vez más, soluciones compartidas en toda su dimensión internacional e inspiradas en la interdependencia y en la solidaridad de los pueblos del mundo.
Ahí es donde se inserta el papel de las Naciones Unidas. De ellas se espera un papel activo y decisivo en las operaciones de mantenimiento y de construcción de la paz, un papel activo en el control de los armamentos y en la lucha por la no proliferación de las armas nucleares. También se espera de ella una importante acción en la protección y desarrollo de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, así como el impulso de las políticas de desarrollo y de cooperación y también lucha decidida para la protección del medio ambiente y la ordenación de las relaciones comerciales en todo el mundo.
La ONU ha hecho frente a estas exigencias con instrumentos de los que en parte ya disponía, y ha tenido que improvisar otros, a veces con pocos medios económicos y humanos, tanto en el terreno militar, como en el civil y, desde luego, en el terreno financiero.
Por consiguiente, los grandes retos con que se enfrenta le obligan a plantearse si cuenta con los mecanismos necesarios, si sus instituciones son las más adecuadas, si se debe proceder o no a reformas institucionales y estructurales y, en caso afirmativo, cuál es y cómo deben llevarse acabo.
Nosotros creemos que es necesario realizar algunas reformas, pero sabemos también que no va a ser tarea fácil, que vamos a chocar con muchas dificultades, tanto por la propia estructura del Consejo de Seguridad, como por el desarrollo de los propios acontecimientos mundiales.
Me quiero referir muy concretamente al Consejo de Seguridad. Esa es la institución básica en el funcionamiento concreto, real y cotidiano de la Organización. Pero hoy no parece lógico que los cinco países que en 1945 se consideraron los principales vencedores de la II Guerra Mundial sean los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sigan disponiendo de un derecho de veto sobre las principales decisiones

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de la ONU. Sin embargo, es muy difícil llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema.
La fórmula más razonable sería la ampliación del número actual de miembros del Consejo de Seguridad en ocho o diez miembros más, con los siguientes criterios: Aumentar la presencia de grupos regionales, hoy poco representados; atribuir mayor presencia a los países que más contribuyen realmente --subrayo realmente-- a la financiación de la Organización; dar mayor presencia a los países que aporten mayores efectivos a las operaciones de paz y también a los que aporten mayores efectivos a las diversas misiones de la Organización.
En cuanto al derecho de veto, creemos que no es aconsejable extenderlo a otros países, más bien se debería tender a suprimirlo totalmente o a reemplazar el sistema actual por otro de mayorías muy cualificadas. Entendemos, además, que ese conjunto de medidas que acabo de enunciar es la opción que más conviene a nuestro propio país.
En cuanto a la Asamblea General, sabemos que es una institución muy representativa y, al mismo tiempo, muy heterogénea. En ella se dan muchas contradicciones y difícilmente puede decirse que corresponde a lo que es hoy la relación real de fuerzas en el mundo.
Consideramos necesaria su modificación, pero sabemos que va a ser también extremadamente difícil. Por ello pensamos que es mejor proceder a algunos retoques, por ejemplo la reforma de las comisiones de trabajo para que las mismas puedan tratar temas especiales y emitir informes que luego se sometan en períodos cortos, a aprobación por parte de la Asamblea General, así como también pequeñas modificaciones, por ejemplo, en la ponderación del voto y en la institucionalización de las aprobaciones por consenso, en las declaraciones presidenciales, etcétera.
Nos parece fundamental que la Asamblea General pueda establecer relaciones concretas con los Parlamentos nacionales. Por ejemplo, en ese sentido, apoyamos la conclusión de un acuerdo formal entre la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria, que permita reflejar en el plano internacional la relación existente en el plano nacional entre Gobierno y Parlamento. Pensamos también que es necesaria una mayor relación entre la ONU y los Parlamentos nacionales y en ese sentido, consideramos que en las sesiones plenarias de la Asamblea y en cuantos actos sea posible, las delegaciones de cada país, que se componen sólo de representantes de los gobiernos, deberían incluir sistemáticamente una representación de sus Parlamentos respectivos.
En cuanto a la institución de la Secretaría o más exactamente del Secretario General y de la Secretaría, creemos que es un órgano fundamental en la estructura y el funcionamiento de las Naciones Unidas y que en gran parte de él depende el éxito de la Organización. Por consiguiente, debe recibir todo el apoyo de los países miembros, y más del que recibe actualmente, tanto en el plano político como en el financiero. En definitiva, las Naciones Unidas constituye una organización de Estados y no tiene una voluntad política propia. Sus problemas como organización provienen básicamente de las imprecisiones, las insuficiencias, las contradicciones y los mandatos que reciben sus órganos ejecutivos y de las dificultades operativas y financieras que tiene la Organización. Por ello creemos que es necesario apoyar los esfuerzos de renovación, incluso de renovación de la propia estructura administrativa, emprendidos por el Secretario General y dotarles de los instrumentos políticos, financieros y organizativos necesarios para ello.
Acabo de hablar de financiación. Señorías, este es un tema clave en el presente y en el futuro de la ONU, y me refiero a la precaria situación, que afecta tanto al presupuesto ordinario como a los presupuestos de financiación de las operaciones de paz. Muchos Estados miembros, empezando por los dos más importantes, Estados Unidos y Rusia, no atienden el pago regular de sus cuotas. España es uno de los países que con más regularidad ha cumplido con el pago de las cuotas. Eso nos da más legitimidad para exigir a todos los países miembros no sólo el cumplimiento de sus deberes financieros, sino también la posible revisión de las cuotas actuales.
No cabe duda de que uno de los grandes retos de la ONU es actualmente responder a los grandes problemas de la paz y del desarme y para ello decimos y afirmamos que la ONU no puede ni debe ser un gendarme universal, es decir, no puede ser una organización militar permanente. Las Naciones Unidas deben perfeccionar y desarrollar sus mecanismos y sus posibilidades de acción para las operaciones de paz, pero para ello necesitan establecer unos criterios claros y contar con unos instrumentos precisos. Entre esos criterios consideramos que es fundamental el consentimiento de las partes, que seguirá siendo un requisito indispensable y, en todo caso, el uso de la fuerza siempre deberá limitarse a los objetivos políticos definidos por el mandato.
En todo caso se deberá aplicar una especial atención al desarrollo y aplicación de los conceptos de diplomacia preventiva y el despliegue preventivo, elemento clave que va vinculado a otro. No pensamos que las Naciones Unidas --insisto-- deban tener una fuerza permanente, pero en cambio, sí se ha puesto de relieve la necesidad de contar con unidades de una fuerza de despliegue rápido de carácter preventivo. En ese sentido, quizá habría que profundizar en uno de los aspectos más importantes del asunto, que es el que se refiere a la creación de unas posibles fuerzas de reserva a disposición de la Organización, es decir, de unidades y medios que cada Estado designaría y que se podrían preparar y organizar en cada país con criterios generales establecidos, compartidos y aplicados por todos los países que aporten dichos contingentes,

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sin perjuicio de que la decisión final sobre su participación en una misión concreta la adopte en cada caso el propio Estado.
Sin embargo, hay que decir que a pesar de la creciente importancia de las operaciones de paz, la actividad principal de las Naciones Unidas sigue siendo la protección y el desarrollo de los derechos humanos en todo el mundo. En este sentido saludamos la institucionalización de un algo comisionado para los derechos humanos y pensamos que es muy importante insistir, fortalecer y apoyar la labor de atención a los refugiados, la ayuda humanitaria, la cooperación, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y también los aspectos civiles y los procesos de consolidación de la paz, tales como la asistencia técnica, la supervisión de las elecciones o la organización de policías civiles. No es necesario que insista, señorías, en la decisiva labor de la ONU en la promoción de la igualdad efectiva entre los sexos y la lucha contra la discriminación racial, sexual o religiosa.
Dedicamos también algunas consideraciones a la relación entre la ONU y las organizaciones regionales, por un lado, y las ONG, por otro. Pesamos que tras el fin de la guerra fría se abre una nueva perspectiva para un mayor papel de las organizaciones regionales, porque la complejidad y diversidad de los conflictos actuales requerirá esfuerzos más articulados, tanto para la prevención de los conflictos como para las misiones de observación y supervisión. En algunos casos, las organizaciones regionales pueden ser especialmente idóneas para asumir responsabilidades ante conflictos que ponen en peligro la paz y la seguridad en sus respectivas regiones.
Lo mismo cabe decir de las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, que son un cauce fundamental para difundir e impulsar las políticas de la organización. Sabemos que esto se ha hecho ya y conferencias como la Medio Ambiente, la de Población o la de la Mujer han puesto de manifiesto la capacidad que las Naciones Unidas tiene para cooperar con las ONG. Creemos que la ayuda humanitaria a la consolidación de la paz exige una presencia creciente de las ONG y, en ese sentido, pensamos que debemos apoyar absolutamente su papel.
Otra de las conclusiones es la que se refiere a la jurisdicción internacional. Este cincuenta aniversario de la fundación de la ONU debería ser la ocasión para que todos los Estados miembros -- y subrayo la palabra todos--, y muy especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que aún no lo han hecho, acepten la competencia general del Tribunal Internacional de Justicia sin reserva alguna, en virtud del artículo 36 de su Estatuto, por medio de una declaración del tipo de la que España realizó en 1990 y que es una declaración modélica. Asimismo, seria deseable que se perfeccionen algunos aspectos competenciales y procedimentales del Tribunal Internacional de Justicia para que éste instituya el obligado cumplimiento de sus propias decisiones.
Finalmente, hemos sacado algunas otras conclusiones, que voy a resumir brevemente, sobre el papel de España en las nuevas tareas de las Naciones Unidas.
Consideramos que España ha demostrado en estos años un grado de compromiso, de capacidad y de preparación que la equiparan a cualquiera de los países con mayor tradición y envergadura de la Organización, especialmente en lo que se refiere a las nuevas dimensiones de las operaciones de paz. Pensamos que la experiencia adquirida por nuestro país en la actuación y formación de unidades policiales, la participación de unidades militares, la presencia de organizaciones españolas no gubernamentales en misiones de mantenimiento de la paz, de reconstrucción de Estados y de consolidación de la paz ha sido y es altamente positiva, y lo mismo cabe decir del papel de nuestras Fuerzas Armadas.
Al mismo tiempo, creemos que España ha demostrado una especial capacidad para desarrollar operaciones de paz en determinadas zonas, como Iberoamérica y Africa, así como en la antigua Yugoslavia, y que ha desarrollado una importante actividad diplomática, militar y humanitaria en organizaciones regionales.
Sin embargo, pensamos que los nuevos retos exigirán una relación más estrecha y una permanente atención del Gobierno, de las Cortes Generales y de todas las fuerzas políticas y sociales para discutir y resolver de manera constructiva los nuevos problemas que se vayan presentando.
Pensamos que la participación de España en las operaciones de paz es una expresión visible de nuestro compromiso con los principios de la Carta que hoy conmemoramos; es una proyección de nuestra política de paz y de seguridad, y subrayo el carácter internacional y solidario de la defensa. Por eso, es necesario decir que la participación española se ajusta a unos criterios: que su participación en operaciones de paz se hará siempre bajo la autoridad de las Naciones Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad; que requerirá la existencia de un mandato que defina claramente los objetivos políticos, los medios necesarios y el plazo previsto para la operación. Creemos --ya ha sido así y lo deberá seguir siendo-- que, desde el punto de vista doctrinal, la participación española siempre deberá estar regida por los principios de imparcialidad, de consentimiento de las partes y de no recurso a la fuerza salvo en casos de legítima defensa, y aunque España no debe especializar unidades de manera permanente y exclusiva, sí es esencial preparar las que necesitemos para que puedan ser llamadas a desempeñar tales misiones. Por eso, pensamos también que seria importante crear un centro especializado en la formación de cuadros de mandos militares y directores de programas civiles para las operaciones de paz, así como potenciar el centro de formación de policías ya existente y estudiar la creación de otro centro o unidad

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especializada en la localización y desactivación de minas antipersonal.
A nuestro juicio, los contingentes españoles que intervengan en operaciones de paz deberán estar compuestos exclusivamente por profesionales y voluntarios. También pensamos que la creciente participación de la mujer en esas tareas tiene mucha importancia, y en la posibilidad de la incorporación de reservistas a las operaciones de paz en el futuro.
Señorías, en todo esto es muy importante el papel del Parlamento.
Pensamos que es necesario introducir mayor flexibilidad en los mecanismos de información del Parlamento y aumentar la implicación de éste, de nuestro Congreso y Senado, en las cuestiones relativas a la labor de las Naciones Unidas. Los Presupuestos Generales del Estado deberán recoger de manera homogénea las diferentes contribuciones, obligatorias y voluntarias, a la ONU, con una estimación lo más detallada posible de la previsión de gastos de nuestra participación en operaciones de paz, así como de los retornos recibidos o comprometidos.
Señorías, deben estudiarse medidas que favorezcan una mayor vinculación del Parlamento y, a través de éste, de la sociedad con los militares o civiles que intervienen en las operaciones de paz es beneficioso.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Solé Tura, vaya concluyendo, por favor.


El señor SOLE TURA: Termino enseguida, señor Presidente.
Pensamos que la tarea del Parlamento es generar en los ciudadanos una actitud solidaria favorable a la participación española en operaciones de paz, así como transmitir dichos valores a las generaciones futuras y educarlas en libertad para la paz. Creemos que incluso sería bueno diseñar programas adaptados a los distintos niveles educativos para familiarizar a las nuevas generaciones con esos problemas.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Solé Tura.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, quiero intervenir muy brevemente porque realmente hoy, 24 de octubre, es un día muy importante para aquellos que siempre hemos trabajado y hemos confiado en que debe haber organismos e instituciones que velen por lo que queremos todos, que es la paz y la seguridad en el mundo.
Hoy hace cincuenta años que entró en vigor la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y debe ser un día de congratulación para todos, si bien, aunque se han hecho cosas muy importantes que no habría que relatar aquí, siempre queda un poco el sinsabor de que se podían haber hecho muchas más, y en la mente de todos está el referente de la interminable guerra --aunque parece que en vías de solución-- en la antigua Yugoslavia.
El balance de los cincuenta años de existencia de la ONU se contiene en numerosos documentos y actuaciones recogidos en los archivos de los órganos fundamentales dentro de su organigrama; decisiones del Consejo de Seguridad, resoluciones y recomendaciones de la Asamblea General, sentencias y dictámenes del Tribunal Internacional de Justicia, sin olvidar los informes de conjunto y las declaraciones especiales de la Secretaría General. Pero hoy nos enfrentamos ante lo que se ha definido como retos y vicisitudes de la ONU, y en este punto la Ponencia ha desarrollado un trabajo importante --quiero felicitar por ello a los integrantes de la misma-- valorando lo que se ha hecho e intentando poner algunos puntos sobre las íes y algunas soluciones para que la ONU sea cada vez más ese instrumento por la paz y por la seguridad en el mundo, y es evidente que se ha puesto el dedo en la llaga.
En su estado actual, la Organización de las Naciones Unidas sólo puede garantizar la paz de forma precaria y por medios rudimentarios, como ha sido puesto de manifiesto, no muy ágiles, de negociación o de persuasión. Como se puso de manifiesto el pasado domingo, existen unos graves problemas de financiación que pueden estrangular el futuro de las actuaciones de la Organización, y creo que nadie puede permitir que esto ocurra porque el papel que ha jugado ha sido muy importante y decisivo, pero creo que el papel que tiene que jugar en el futuro ha de ser todavía más importante y decisivo.
¿Habrá que abandonar la Organización de las Naciones Unidas a las consecuencias dirimentes de una crisis endémica, que durante mucho tiempo ha sido y será el tema principal de las preocupaciones de la Secretaría General, como es la financiación? Yo creo que no podemos permitirlo. Por eso, desde aquí, quiero valorar muy positivamente la intervención del Secretario General, así como la del Presidente del Gobierno español puesto que creo que ha de producirse un ejercicio de responsabilidad, seriedad y compromiso por parte de los países comprometidos a la hora de cumplir con sus obligaciones para que la ONU, que es la casa de todos por la paz y la seguridad, pueda tener esa autonomía financiera que le permita cumplir los importantes retos a los que ha de enfrentarse en el futuro. Esa financiación es uno de los retos, una de las asignaturas pendientes que tenemos; no es el único, es evidente. La ONU y sus orígenes ideológicos se confunden, como todos sabemos, con el de la Sociedad de las Naciones que en 1920 empezó a andar, después de la Primera gran Guerra Mundial. La trilogía del programa de la Sociedad de Naciones --arbitraje, seguridad y desarme--

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sigue siendo actual y sigue siendo vigente para la Organización de las Naciones Unidas, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando sin desmayo. Estos tres capítulos siguen siendo una asignatura pendiente de la Organización de las Naciones Unidas tras cincuenta años de funcionamiento.
Ningún progreso se ha alcanzado por el momento en las cuestiones de desarme; a pesar de los grandes esfuerzos en ello, Francia y China nos lo ponen difícil cada día. Yo quiero en el día de hoy, después de cincuenta años y honor a esas personas que han trabajado incansablemente por que esto funcione, hacer una crítica dura sobre todo a un país como Francia que está olvidando uno de los principios básicos que desde el año 1920, en la Sociedad de Naciones, y, ahora, en la ONU, es fundamental para el futuro de la paz y la seguridad, el desarme. Y por ello quiero aprovechar esta ocasión para aquí, ante todos los Diputados, manifestar esa condena a lo que es cerrar las puertas e intentar poner cortapisas a los objetivos y principios básicos que inspiraron en su día a la Sociedad de Naciones e inspiran en el día hoy y deben inspirar en el día de mañana a la ONU.
Es evidente, y se ha puesto de manifiesto en la Ponencia, que hay que redimensionar las instituciones, las organizaciones, el organigrama y el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas. Me parece positivo el trabajo de la Ponencia, me parece positivo el planteamiento que a través de nuestro Ministerio y el pasado domingo por parte del Presidente del Gobierno se manifestó en la asamblea general, y, desde ese voto de confianza a lo que se ha hecho, ese voto de confianza a todos aquellos que han trabajado sin desmayo por que la paz y la seguridad sean un día una realidad total y absoluta en todos los rincones de nuestro mundo, sí que es verdad que hoy, después de cincuenta años, podemos dar un paso más adelante en el trabajo para que la ONU se adapte al mundo de hoy.
Con ese feliz cumpleaños va mi intervención, mi congratulación a los trabajos que se han realizado y mí deseo de que los Diputados del Congreso de los Diputados del Estado español tomemos el testigo para que trabajemos por un mundo mejor y evitemos que la paz sea puesta en entredicho por aquellos que, desde la sinrazón, intentan poner trabas a un trabajo serio, riguroso y fundamental para nuestro futuro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MANDONES SEVILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, Coalición Canaria, como miembro también copartícipe en la Ponencia que ha redactado el dictamen visto en Comisión de Asuntos Exteriores, se suma al mismo, que apoyará en su integridad, desde un planteamiento democrático y político, porque los demócratas y los tolerantes se han sentido en España cómodos con la referencia a Naciones Unidas. Cuando no estábamos en ella, por razones de exclusión política por la Dictadura, y cuando estamos, ahora, en ella.
Nuestra valoración no quiere ser una valoración de almoneda, de centrar una serie de problemas en un déficit presupuestario, porque la transformaríamos en una especie de coro de morosos.
Nosotros lo que queremos es situarnos en el lenguaje con que, hace cincuenta años, los que se llamaron nosotros los pueblos de las Naciones Unidas dejaron en el frontispicio de la carta fundacional de San Francisco unas ideas que ya venían de atrás. Y vienen de atrás, de un organismo que fracasó, la Sociedad de Naciones. Y aquí, en este mismo hemiciclo, en las Cortes de la II República, una voz definió aquellos principios, una voz que yo quiero recordar hoy aquí, porque fue representante del legítimo y constitucional Gobierno español, del Gobierno de la II República, don Salvador de Madariaga. Principios de los derechos fundamentales del hombre en los que hay que tener fe. La dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. El tema es tan importante que los fallos no pueden ser ni de tipo presupuestario ni de tipo orgánico, porque aquella Sociedad de Naciones fue fracasada en sí misma, con conflictos como la propia guerra civil española, y no digamos con la Segunda Guerra Mundial.
Hoy llegamos aquí con este estudio de la Ponencia para hablar de los nuevos retos y la reforma institucional. Quisiera comentar la reforma institucional que propone en este magnífico trabajo la Ponencia, y quiero reconocer tanto el trabajo paciente de nuestro Presidente, el señor Solé Tura, como del letrado asesor y de los servicios de la Cámara, que han permitido que un problema tan complejo y amplio se pueda haber metido en una sistemática de cinco puntos y un sexto de conclusiones.
Sé también que cualquier enfoque que se haga de Naciones Unidas, como éste, puede estar gravitando no ya hacia el síndrome de lo que yo llamo el comité de morosos para las cuestiones presupuestarias, sino a otra parte, también preocupante, que es el síndrome de los cascos azules, y que carguemos más la mano en todos los problemas de conflictos internacionales de tipo bélico en que tienen que intervenir, o vienen interviniendo, las Naciones Unidas bajo la figura del casco azul o de la bandera azul.
Efectivamente, hoy en día, dependiendo del Secretario General de Naciones Unidas, hay un ejército inconmensurable, que no lo tienen muchas potencias, cuya eficacia es a veces dudosa, porque junto a triunfos espectaculares en determinadas actuaciones en los conflictos internacionales hay otros fallos de esos que el señor Butros Gali llama los conflictos huérfanos. Para nosotros los españoles hay uno, sensible para

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Canarias por su inmediatez, a 100 kilómetros, el conflicto del referéndum de autodeterminación del antiguo Sahara occidental español, conflicto verdaderamente huérfano.
De la sistemática que hemos seguido en la ponencia, en aras de la brevedad, señorías, voy a señalar nada más que aquellos aspectos que, a juicio mío, como portavoz de Coalición Canaria, queremos destacar. En primer lugar, en la contribución de España a las operaciones de paz, el papel del Parlamento. Esto es fundamental.
Se ha dicho muchas veces que la Asamblea de las Naciones Unidas tiene un déficit parlamentario, porque no es una Asamblea de representantes de la soberanía popular, vía parlamentaria, sino de los gobiernos. Pues bien, o vinculamos, en estrecho contacto, la voluntad de los parlamentos democráticos nacionales con la reforma de las Naciones Unidas, con su Asamblea, o podemos estar en una de las vías de fracaso. De aquí que sea importante la sensibilidad de un Parlamento con lo que pueden hacer las Naciones Unidas de hoy y para mañana.
Cuando se habla de la reforma de la Carta, siempre nos hemos fijado fundamentalmente, señorías, no ya en aspectos puramente burocráticos internos, sino en los que hacen referencia a unos de los puntos neurálgicos de Naciones Unidas: el Consejo de Seguridad. Y ha sido así por una razón, porque las Naciones Unidas son el organismo más universal que existe, afortunadamente, en este momento. Y por ser universal es un centro de poder. Y este centro de poder sigue siendo monopolizado por cinco grandes ponencias, a través de su Consejo de Seguridad.
De aquí que todo lo que ahí hagamos, en su desarrollo, es positivo, incluido, señorías, tener un Comité lo más representativo y ejecutivo posible de Estado Mayor. Porque a lo que no está dispuesta Coalición Canaria es a admitir aquí la palabra preponderante a los generales del Pentágono, a los generales de la OTAN, en decir que basta ya de doble llave y que de haber una sola llave sea la de la OTAN y no la de Naciones Unidas. Esto es importante, porque la llave maestra principal debe seguir siendo el referente democrático por excelencia, que es las Naciones Unidas. Esta es la verdadera razón de que tengamos que poner énfasis en desarrollar el actual capítulo 7 de su Carta fundacional y, sobre todo del Comité de Estado Mayor. En nuestra Ponencia esta recomendación está hecha.
¿Qué decir de las conclusiones? El grupo de trabajo ha elaborado catorce, y yo solamente voy a destacar cuatro, porque en este síndrome de los cascos azules que tenemos, y se dice, y yo lo tengo que reconocer aquí como una especie de autocrítica, se hace poca referencia a organizaciones que son Naciones Unidas, porque Naciones Unidas no es solamente un alto edificio en Nueva York.
Los demócratas españoles en el régimen pasado encontramos refugio de ideas en la Asociación de Amigos de la Unesco y ahí están esas organizaciones que hoy en día son verdadero patrimonio de riqueza de las Naciones Unidas. De ahí nuestro voto permanente, porque Naciones Unidas es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, su lucha contra todas las plagas y enfermedades de todos los primeros, segundos y terceros mundos; hoy enarbola los comités de coordinación en la lucha contra el sida, como lo ha enarbolado en la lucha contra la viruela o el cólera; ahí está la FAO, donde los pueblos del Tercer Mundo han encontrado la solución a sus problemas de hambre, donde los pueblos del primer mundo desarrollado han encontrado un foro de discusión técnica y científica; ahí está Acnur, y ahí está la Unesco, hasta presidida por un español. Todo eso son Naciones Unidas, algo fértil que no podemos dejar perder, y donde hay que tener un sentido de solidaridad. Y ese sentido de solidaridad para que esto no sea una ceremonia del cinismo, no de morosos en el pago, porque a mí me preocupa mucho más que las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia solamente las haya suscrito, en un concepto de voluntariedad, el Reino Unido, y ni Rusia, ni los Estados Unidos, ni China, ni Francia las han suscrito, como hizo también España para su honra en 1990; se han sometido a este criterio jurisdiccional del Tribunal Internacional de Justicia.
Mal Derecho de ejemplo podemos dar a los pueblos.
En estas tres últimas conclusiones, señorías, permítame, señor Presidente, hacer énfasis en tres. En la octava, la protección y desarrollo de los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los grandes hitos que honran a una organización como Naciones Unidas, porque está en su propia Carta fundacional, porque está en el espíritu de los demócratas que han luchado por esto. Y les diría más, muchas de las actuaciones que se derivan de los cascos azules, de las actuaciones militares o paramilitares que realizan las Naciones Unidas, están justificadas en razón de la defensa de derechos humanos, la lucha contra aquellos regímenes autoritarios o totalitarios que los conculcan, las situaciones de guerras civiles donde se pisotean con la masacre de los ciudadanos, con su propio asesinato que ha justificado la razón moral fundamentalmente, porque ésta es la fuerza, junto al Derecho Internacional, de las Naciones Unidas.
Señorías, cuando hemos hablado de esa jurisdicción internacional y de esos derechos humanos, al final llegamos a la decimocuarta, el papel del Parlamento y la sociedad. Ese papel que antes reivindicaba para nuestro Parlamento, para que todas esas decisiones sean democráticas, para que si hay un déficit democrático nos sintamos avergonzados cuando vemos esa tremenda soledad del Secretario General, que todavía sigue siendo menoscabada por propios miembros del Consejo de Seguridad, que les son mucho más cómodas las líneas de mando militar vía Pentágono, vía OTAN o vía otra asociación de este tipo, que, aun estando bajo control democrático, no lo están tanto en comparación

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con el marco universal que representan las Naciones Unidas.
Quiero también rendir homenaje --y termino, señor Presidente, con la adhesión a este informe-- y poner de manifiesto el sentido de adhesión a todas esas organizaciones de las Naciones Unidas como FAO, OMS, Unesco, Acnur, etcétera, que he citado anteriormente, la Oficina Internacional del Trabajo, no nos olvidemos de ella porque también está ahí; y también a las organizaciones no gubernamentales, que todas ellas hoy en día las circunscribo en España, en la que tienen una representación amplia y pluralista, la que da el sentido de la tolerancia de la Carta de San Francisco, tolerancia para convivir como buenos vecinos, que es la Asociación para las Naciones Unidas de España. Estas organizaciones son hoy día acompañantes de todo un sentimiento de adhesión hacia las Naciones Unidas, cuando se pone en su frontispicio la declaración universal de los Derechos Humanos, cuando son todas organizaciones de participación civil, participación civil, como aquella añorada Asociación Española de Amigos de la Unesco que nos permitió, desde una semiclandestinidad y una tolerancia a veces mal entendida, hablar de los problemas de una deseada democracia para España.
Que, en las líneas de reflexión aportadas por la comunicación que hemos firmado todos los portavoces para ser dirigida a todas las altas instancias institucionales del Estado español y de los organismos internacionales, vea, en este mensaje de esperanza, la misma, pero esta vez sin el indeseado fin de la frustración, con que aquel español ilustre, Salvador de Madariaga, lo vio también en la década de los treinta.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mandones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con las arcas prácticamente vacias y con una cierta crisis de identidad, la ONU conmemora estos días el 50 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de Naciones Unidas.
La ONU no es perfecta, muchas veces su actuación es lenta, en ocasiones, sus decisiones están condicionadas, pero el saldo de su vida, hasta ahora, es positivo y vale la pena mantenerla. A pesar de todos estos claroscuros, repito que el balance de cinco décadas de actividad de la Organización de Naciones Unidas es positivo y, sin duda, en la era actual, la existencia de la ONU sigue siendo tan necesaria al menos como hace cincuenta años. Eso si, debe existir el compromiso de todos, absolutamente de todos, de hacer de la ONU un instrumento útil para la paz y el desarrollo de la humanidad.
Se exige, ahora más que nunca, la existencia de una autoridad internacional con gran capacidad de intermediación y de pacificación. Por tanto, creemos que el 50 aniversario debería ser el punto de partida de una organización reformada desde la forma de financiación hasta la de sus objetivos, puesto que en estos momentos hay un concepto que domina el pulso de la ONU, reorganizar y redefinir la Organización, ya que hay que tener en cuenta que, sin profundas reformas en su estructura, la ONU no sobreviviría. Por ejemplo, y simplemente lo doy como un ejemplo entre muchos más, es hora de reconocer que las Naciones Unidas deben dirigir sus limitados recursos para las prioridades del mundo centrándose en las tareas que mejor realiza, aunque quizá el problema sea que nadie ha decidido aún cuáles deben ser los fondos y las tareas que realmente mejor realizan.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar sin duda el informe de la Ponencia sobre nuevos retos y reforma institucional de Naciones Unidas. Lo va a hacer, uno, por su oportunidad al conmemorarse ahora los cincuenta años de la creación de la ONU. Dos, porque esta conmemoración ha motivado reuniones y declaraciones, pero sobre todo valoraciones sobre Naciones Unidas a las que es importante que se añada el informe de la Ponencia y, sobre todo, la propia decisión de este Pleno.
Tres, se trata de un informe extenso, con capítulos densos y significativos, que contienen no todo lo que hay que decir sobre Naciones Unidas, pero, sin duda, sí mucho de lo que hay que tratar.
Cuatro, contiene unas condiciones extensas, incluso me ha parecido en algún momento que demasiado extensas, pero también son asumibles en cuanto creo que por parte de todos los grupos será fácil ver lo importantes que son, aunque en alguna de ellas a mí en particular me pareció que faltaba una cierta contundencia o concreción, pero en el fondo reflejan exactamente el contenido de los capítulos del propio informe.
Finalmente, vamos a apoyarlo porque se ha hecho, sin duda, un gran trabajo, y el consenso, con leves matices, ha presidido todo el debate de la Ponencia.
¿Qué remarcaría de este informe además de lo que ya los otros portavoces y el propio Presidente de la Comisión han dicho? Antes que nada, que es una reflexión serena en el ámbito político y parlamentario sobre algunos de los retos de la política internacional en este fin de siglo.
Que a la organización se le pide hoy un papel activo y decisivo en las operaciones de la paz, así como una actividad cada vez más intensa en la protección de los derechos individuales y colectivos, cooperación y desarrollo y una nueva relación con las organizaciones no gubernamentales.
Que la ONU ha intentado hacer frente a estas exigencias, pero ha tenido que improvisar y hacer frente a los problemas nuevos con sus viejas estructuras; por tanto los resultados en algunos casos han sido claramente insuficientes.
Que los cambios que se propongan deben ser la consecuencia de una toma de posición clara sobre el papel

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que la Organización de las Naciones Unidas debe desempeñar en esta nueva situación mundial. Y que, tras una etapa de intensa actividad, el panorama futuro no permite un excesivo optimismo, ya que hay serias dificultades en reunir los medios necesarios y el consenso, este consenso que debería existir siempre en el Consejo de Seguridad, puede que no sea siempre posible.
Haré unas consideraciones sobre las operaciones de paz. Hay carencias claras como la limitada capacidad para comprometer recursos; la inexistencia de logística propia; la imposibilidad de realizar a corto plazo un despliegue aprobado, y que las soluciones que se proponen son dispares y a veces incluso contradictorias, ya que van desde dotar a Naciones Unidas de los medios necesarios y a que la ONU no deba convertirse en, lo que hemos venido definiendo en el propio informe, un gendarme universal.
Además, parece aconsejable la colaboración con las organizaciones regionales; que nuestra participación debería estar regida sobre todo por los principios de imparcialidad, consentimiento de las partes y no recurso a la fuerza; que hay que tender a una participación selectiva, bien cierto, y que los contingentes deben ser exclusivamente profesionales y no deben ser, al fondo y al final, una carga insoportable.
Una referencia al Parlamento. Es preciso introducir una mayor racionalidad en los mecanismos de información; presentar una estimación detallada de las previsiones de gastos, así como remitir un estado de situación y una referencia también a las reformas institucionales, de las que marcaria las siguientes: primero, es el momento ideal para llevar a cabo la reforma de la Carta. Segundo, modificación del procedimiento de adopción de las decisiones. Tercero, ampliación moderada del Consejo de Seguridad, donde España debe aspirar a una mayor participación.
Cuarto, reformas de las comisiones principales de la Asamblea General. Quinto, modificación en los procedimientos de votación de los organismos políticos. Sexto, indicar que la carencia mayor que sufre el propio Secretario General es, sin duda, la falta de apoyo político por parte de los propios estados miembros.
Séptimo, que la situación financiera es no sólo precaria, sino insostenible.
Finalmente, unos apuntes sobre las conclusiones, dado que parte de su contenido acabo de exponerlo. Dentro de los nuevos retos habría que hablar de narcotráfico, terrorismo, blanqueo de capitales, medio ambiente, control de armamento, no proliferación de armas nucleares, protección y desarrollo de los derechos humanos e impulso de las políticas de desarrollo y cooperación.
Dentro del Consejo de Seguridad, que no parece lógico que los cinco países sean los únicos miembros permanentes y sigan disponiendo de un derecho de veto, que es importante aumentar la presencia de grupos regionales y que hay que tender a suprimir el derecho de veto.
En líneas generales, que la ONU no debe ni puede ser una organización militar permanente, que es importante la institucionalización de un alto comisionado para los derechos humanos, que las organizaciones no gubernamentales, entre otras cosas, son elementos de concienciación de la opinión pública y favorecen el apoyo social a las actuaciones de las Naciones Unidas y que España ha demostrado una especial capacidad en determinadas zonas. Esto seria todo.
Sólo me queda un breve resumen, señor Presidente, señorías. La ONU no es perfecta, pero vale la pena mantenerla; el balance de cinco décadas es positivo y continúa siendo necesaria, como hace 50 años; hay que aprovechar el 50 aniversario para reorganizar y redefinir la organización. Nuestro Grupo entiende que se ha elaborado un buen informe, con un buen trabajo de los servicios de la Cámara y, sin duda, de la propia Ponencia y su Presidente.
Estoy seguro de que también hoy se mantendrá el consenso que se ha impuesto durante todo el debate de la Ponencia.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar esta intervención por el capítulo de los agradecimientos, que hago extensivo a los servicios de la Cámara, en especial al letrado de la Comisión de Asuntos Exteriores, don Manuel Gonzalo, y a su equipo. También quiero agradecer --no es una formalidad hacerlo-- a todos y cada uno de los comparecientes, tanto del mundo de la universidad, del Derecho y de las relaciones internacionales como del campo de las ONG, del propio Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ejército español, sus opiniones, que, sin duda, han contribuido a enriquecer este informe.
Entrando en materia, señorías, el informe que nos ocupa es, en su globalidad, un documento importante y oportuno, aunque ciertamente nace sin una vocación exhaustiva y centrado fundamentalmente en dos capítulos, reforma institucional y operaciones de mantenimiento de la paz, dejando de lado agencias importantes de Naciones Unidas, como la FAO, la OMS, la Unicef, la Unesco, etcétera.
Decíamos que es un documento, en su globalidad, importante y oportuno y conviene recordar --aunque se haya dicho anteriormente-- que estamos celebrando en estos momentos el 50 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco, firmada en el año 1945 por 41 países miembros. En este informe, en especial en su apartado número 5, se hace una buena descripción de las circunstancias que llevaron a la firma de esa Carta y de la evolución de esas circunstancias en la comunidad internacional, que hacen hoy estrictamente necesarias las reformas de estas Naciones Unidas para poderse enfrentar a los nuevos retos que

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la realidad internacional representa. Se señalan algunos anacronismos evidentes en la Carta todavía vigente, como la referencia a Alemania, Italia y Japón como estados enemigos. De los 41 miembros firmantes iniciales, hemos pasado a 185, que recogen la práctica totalidad de la comunidad internacional.
En el capítulo VI se hace un análisis adecuado de los nuevos retos a los que se enfrenta Naciones Unidas, a quien se pide hoy un papel activo y decisivo, tanto en operaciones de mantenimiento y construcción de la paz, como en la construcción de naciones, a partir de sociedades invertebradas, nacidas recientemente tras la explosión de alguna de las grandes potencias. También se le pide que trabaje intensamente en el control del armamento y en la lucha por la no proliferación de armas, especialmente las nucleares, así como una actividad, cada vez más intensa, en la protección de los derechos individuales y colectivos, y un incremento en la tarea de protección de los derechos humanos y de la cooperación al desarrollo. También se le exige una nueva relación con las ONGs y una acción determinante en la protección del medio ambiente a escala mundial. Asimismo, se dice en este apartado quinto que, si antes la ONG se encontraba con el obstáculo de la «guerra fría» para su funcionamiento, ahora también choca ocasionalmente con el obstáculo de la lucha por el predominio de tal o cual potencia frente a otras, o incluso frente a la propia Naciones Unidas, que a veces se presenta como una especie perturbadora de la estrategia política, militar y económica de alguna que otra potencia.
En los capítulos IX y X de este informe se establece la tipología de las operaciones de paz, y se hace un repaso a las misiones desempeñadas por Naciones Unidas en los últimos años, casi todas amparadas en el capítulo VI de la Carta, aunque en algunas de ellas últimamente se recurre al capítulo VII. Se señala adecuadamente, como referencia fundamental, el documento «Agenda para la paz» del Secretario General de Naciones Unidas. Se hace referencia a un tema candente, como es el derecho de injerencia humanitaria y a la consiguiente revisión del concepto de soberanía, que necesita, sin duda, de mayor consenso, que sólo podrá ser producido por una modificación radical del «statu quo» existente en Naciones Unidas desde su nacimiento, evitando acciones discrecionales que a veces aparecen más como defensoras de determinados intereses geoestratégicos que como del interés global de las naciones miembros de Naciones Unidas.
En el capítulo de las carencias de Naciones Unidas se detallan las mismas haciendo especial hincapié en la limitada capacidad de Naciones Unidas para comprometer recursos en operaciones aprobadas, junto con la inexistencia de una capacidad logística propia, condicionada en ambos casos por los déficit financieros con los que se mueve la organización.
Y conviene señalar dos hechos esenciales. Primero, que Naciones Unidas es una organización de Estados. Por tanto, es lo que los Estados quieren que sea. Y la segunda circunstancia, paradójica, es que sus primeros aportadores en porcentaje son sus mayores deudores, es decir, Estados Unidos y Rusia.
Entre las propuestas de solución que se contienen a título descriptivo en el apartado 12, se señala la necesidad de que Naciones Unidas pueda disponer de fuerzas permanentes, lo que todavía no tiene el consenso necesario, o bien que disponga de una fuerza de despliegue rápido de tipo preventivo encuadrada en el concepto de diplomacia preventiva defendido por su Secretario General.
También, cada vez más, se va abriendo paso la idea de la creación de unas fuerzas de reserva a disposición, las llamadas «stand by forces», así como la creación de comités de estado mayor «ad hoc», que podrían paliar, junto con la financiación adecuada, no pocas de las principales carencias actuales de ONU.
En el apartado 14 se revisa, también correctamente, la colaboración de ONU con OTAN que, en nuestra opinión, sin negar esa evidencia, podría haber sido una parte prescindible del informe. Pero no quiero entrar en más detalles.
En el apartado 15, sobre las medidas operativas que deberían reformarse, se cita adecuadamente la necesidad de extender la autoridad del Secretario General respecto de la financiación de operaciones, así como reestructurar el sistema de financiación de las mismas. Y también se señala la necesidad de un programa de formación para misiones de paz de ONU, tanto para personal civil como militar, que haga más homogéneos los conceptos cooperativos y fije un código de conducta común.
Otro apartado importante en el informe es el que hace referencia a la necesaria atención a la opinión pública, pues si bien ONU no es un gendarme universal sí es, o sí debe ser, cada vez más, el foro privilegiado de discusión y solución de conflictos, que cada vez son más intraestatales y que precisan de la necesaria credibilidad de ONU, basada, entre otras cosas, en combatir la noción de que existen unas causas más justas que otras.
De la misma manera, establecemos en el informe la eficacia de las sanciones que impone ONU a través de su Consejo de Seguridad, y que deben garantizar siempre la llegada de asistencia humanitaria a la población del país objeto de esta sanción, para no producirse la doble sanción a los ciudadanos, es decir, por una parte, tener que soportar a su tirano local y, además, tener que soportar las acciones económicas que ONU, en teoría en defensa de esos ciudadanos, les añaden.
En el apartado 16 se señala la contribución de España a las operaciones de paz, en las que nuestro país ha jugado un papel relevante, especialmente las desarrolladas en Angola, Namibia y Centroamérica. La experiencia de esa participación es positiva.
En el apartado 18 se establece qué criterios deben regir la participación de España en estas operaciones de

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paz, basada en la imparcialidad, en el consentimiento de las partes y en el no recurso al uso de la fuerza, excepto en casos de legítima defensa. En este apartado, señorías, se encuentra el escollo fundamental para que mi Grupo pueda votar favorablemente este informe.
En las páginas 61 y 123, en su último párrafo, se dice: «La participación española en operaciones de paz se hará siempre bajo la autoridad de Nacionales Unidas y por mandato de su Consejo de Seguridad, bien bajo responsabilidad directa de la ONU o bajo la de otras organizaciones», lo que, a nuestro parecer, abre la posibilidad de enviar efectivos españoles a supuestas misiones de paz sin la responsabilidad directa de ONU. Este nos parece un punto crucial. Mi Grupo ha expresado en múltiples ocasiones su apoyo a misiones de paz bajo la autoridad y la responsabilidad de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.
La redacción actual de esta frase a la que nos referimos cambia esa situación y, desde luego, no cuenta con nuestro consenso.
Afortunadamente, a lo largo de esta misma mañana hemos podido ir limando las asperezas que podía haber entre nosotros, y parece que hemos llegado a un consenso adecuado de supresión de ese párrafo final que creaba un conflicto a mi Grupo.
En el apartado 19 se señala, como ya deciamos al principio, que ONU es una organización de estados --aunque paradójicamente en la Carta de San Francisco se empieza con la frase: Nosotros, los pueblos del mundo-- y sus delegaciones únicamente gubernamentales. En un cuadro que se adjunta al informe se puede comprobar que nuestro país se encuentra entre los que menos control disponen sobre misiones de paz. Se hacen recomendaciones en el informe para cambiar esta situación. Es un cuadro, el número 2, que está en la página 71, cuya lectura recomiendo atentamente a sus señorías.
En cuanto a los aspectos más específicos de la reforma institucional necesaria, se señalan los anacronismos existentes y la ausencia de consenso entre los miembros de Naciones Unidas, especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, para modificar estos anacronismos. Se señalan diferentes posibilidades de ampliación y modificación del Consejo, de los que posteriormente nos ocuparemos.
En el apartado 22 se señalan las incoherencias de la Asamblea General en donde, como ejemplo, 50 microestados, que significan el 0,5 de la población mundial, disponen del 30 por ciento del voto de la Asamblea General, lo que sin duda avala la necesidad de establecer criterios, como la ponderación del voto, a través de criterios demográficos, económicos, políticos, los que sean, y también utilizar más la población por consenso, las declaraciones institucionales, etcétera, para intentar darle, a través de esos mecanismos de ponderación del voto, mayor credibilidad a las decisiones de la Asamblea General.
En el apartado 23, las referencias al Secretario General y a la Secretaría, recogen la necesidad de aumentar el apoyo político y financiero al mismo, corrigiendo los defectos típicos de una burocracia lenta, compleja, pesada y costosa, como es la actual de Nacionales Unidas. España es actualmente el noveno contribuyente al presupuesto ordinario de ONU, con el 2,24 por ciento del mismo, y afortunadamente no se encuentra entre la lista de morosos.
En el apartado 25 se establecen las características del Consejo de Administración Fiduciaria. En el 26, las funciones del Tribunal Internacional de Justicia, y se señala la paradoja de que únicamente Gran Bretaña, de entre los miembros del Consejo de Seguridad, acepta la competencia general del TIJ sin ninguna reserva. Hay que saludar, y conviene hacerlo, la declaración del tipo de las que realizó España el año 1990, aceptando la competencia del TIJ sobre las cuestiones que le atañen.
Pasando al capitulo de las conclusiones, las primera, sobre nuevos retos de Naciones Unidas, y la segunda, sobre el nuevo papel de ONU, ya las hemos comentado en la parte expositiva del documento. La tercera, sobre la reforma del Consejo de Seguridad, está centrada en cuatro cuestiones: Si hay que ampliar el número de sus miembros, si hay que ampliar al mismo tiempo el número de permanentes y con qué criterios, si hay que otorgar o no el derecho de veto a los nuevos miembros, o si hay que eliminar o no el derecho de veto de los miembros permanentes.
En el informe señalamos la dificultad de dar una respuesta concluyente a cada una de las preguntas. En concreto, mi Grupo, considerando que sin el derecho de veto no hubiera sido posible la existencia de Naciones Unidas y, por tanto, dándole al derecho de veto la importancia que ha tenido a lo largo de la historia, seria más partidario de encontrar mayorías muy cualificadas o minorías de bloqueo, quitando ese anacronismo del derecho de veto, sabiendo que, sin el necesario consenso de los miembros que lo poseen, eso no va a ser posible en corto plazo, pero convendría trabajar en esa perspectiva para ir actualizando los recursos de que dispone ONU, su estructura, a la realidad del momento internacional que vivimos.
Ante una eventual ampliación del Consejo, junto con los criterios de población y del PIB, España puede reivindicar --y creemos que debe hacerlo--, por su contribución al presupuesto ordinario y, en particular, al de operaciones de paz, un puesto permanente en dicho Consejo, si el mismo se amplia. Las fórmulas de ampliación...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, vaya terminando.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo rápidamente, Presidente. Las fórmulas de ampliación son numerosas. No hay consenso definitivo sobre ninguna. A mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le parecería correcta la inclusión en el Consejo de Seguridad

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de representantes de los grandes bloques geográficos, que ahora mismo están insuficientemente representados, Y con unos períodos de rotación equivalentes a los de otros países con muchísima menos repercusión política dentro de Naciones Unidas.
La cuarta conclusión se refiere a «La Asamblea General» y en ella se constata la existencia de un déficit de control estrictamente parlamentario, que podría suplirse --nos parece una fórmula adecuada-- con un acuerdo entre ONU y la UIP para paliar este llamado déficit democrático, además de las cuestiones referidas al voto de los países miembros en la Asamblea General, al que nos hemos referido anteriormente.
Las conclusiones quinta y sexta, relativas a «El Secretario General y la Secretaría» y a «La financiación», respectivamente, ya las hemos comentado anteriormente. La séptima, referida a los aspectos de «El mantenimiento de la paz y el desarme», también contiene algunos aspectos ya citados, pero queremos destacar un párrafo, que dice literalmente: «No puede aceptarse ni el más mínimo indicio de doble rasero ni dar la menor impresión de parcialidad» en las decisiones de Naciones Unidas. Entendemos que es la mejor vía para garantizar la credibilidad necesaria para hacer operativa su acción.
En cuanto a la conclusión octava, relativa a «La protección y el desarrollo de los derechos humanos», nos parece positiva la institucionalización de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como el trabajo de ONU en la promoción de la igualdad efectiva entre los sexos y la lucha contra la discriminación racial, sexual o religiosa. Son desiderata que hay que llenar de contenido y que hay que empujar, pero nos parece que es la dirección correcta desde la credibilidad de Naciones Unidas, y potenciarla puede ser el instrumento más adecuado sin duda para trabajar en esa dirección.
Las conclusiones novena y décima se refieren a organizaciones regionales y ONGs, que no comento por premura de tiempo. La decimoprimera es relativa a «La jurisdicción internacional», y ya hemos hecho antes referencia al Tribunal Internacional de Justicia. En la decimosegunda se estudian los problemas de España ante las nuevas tareas de la ONU, con especial referencia a las operaciones de paz. Hemos hecho ya comentarios a las mismas, dirigidos a la financiación especifica para estas misiones, así como al presupuesto ordinario de la ONU. Los criterios de imparcialidad, de consentimiento de las partes y no recurso al uso de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, que se recogen en la conclusión decimotercera, entendemos que deben estar en el frontispicio de las misiones de paz en las que participe España. La última de las recomendaciones, relativa a «El papel del Parlamento y la sociedad», ya la hemos citado anteriormente.
Como conclusión, señor Presidente, señorías, creo que de mis palabras se desprende claramente que consideramos el informe positivo, y además oportuno, pero que la redacción literal de las páginas 61 y 123, como he señalado anteriormente, nos creaba dificultades. Parece que, afortunadamente, con la buena voluntad y la sensibilidad de los diferentes grupos parlamentarios, hemos conseguido eliminar esos escollos y volver al consenso en el que nos hemos movido a lo largo de los trabajos de la Ponencia, por lo cual mi Grupo se felicita y, si ese hecho finalmente se produce --estoy seguro de que así va a ser--, lo votaremos favorablemente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la Palabra el señor Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Señor Presidente, señorías, el 50 aniversario de la fundación de Naciones Unidas, que se está celebrando en este año de 1995, no puede ser sólo la ocasión para conmemorar las bodas de oro de la firma de la Carta de San Francisco y la puesta en marcha de la ONU, acontecimientos que parecían abrir una era de paz mundial y de entendimiento entre todos los pueblos de la tierra. En el Grupo Popular creemos que hay que aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre la situación actual de la Organización y sobre el papel que debe desempeñar en un contexto histórico y político muy distinto del de 1945 y en el que el propio concepto de comunidad internacional es más complejo y está más trabado que hace 50 años. Esa será la mejor manera de celebrar el medio siglo de vida de Naciones Unidas y de rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que, como se dice en el preámbulo de la Carta, se propusieron preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso social, dentro de un concepto más amplio de libertad.
Tales han sido también las motivaciones de la Ponencia sobre nuevos retos y reforma institucional de Naciones Unidas que hoy rinde cuenta de sus trabajos ante este Pleno. En cualquier caso, es evidente que no se han abordado todos los problemas que afectan a la ONU, sino sólo algunos de los más significativos.
Los trabajos de la Ponencia, que se han prolongado durante varios meses, se sintetizan en el informe cuyo contenido ha descrito el señor Solé Tura, que ha presidido nuestras tareas con eficacia, comprensión y tolerancia. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos colaborado desde el primer momento con entusiasmo y dedicación, y puedo asegurarles, señores Diputados, que ha sido una experiencia satisfactoria. A lo largo de varios meses hemos tenido ocasión de hablar con muchas personas: funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, representantes permanentes de varios países ante Naciones Unidas en Nueva York, funcionarios de la Organización, profesores y expertos. Especialmente significativos fueron los encuentros con los miembros de nuestras Fuerzas Armadas con experiencia

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directa en operaciones de mantenimiento de la paz. De todas estas personas aprendimos mucho, y yo lamento exclusivamente que, por razones obvias, en el informe se refleje sólo una parte muy pequeña del acervo informativo acumulado durante estos meses y de los debates, formales e informales, que hemos mantenido los miembros de la Ponencia. Han quedado fuera de la atención de la Ponencia aspectos tan importantes como los organismos especializados de Naciones Unidas, previstos en el artículo 57 de la Carta: OIT, FAO, Unesco, etcétera, el Consejo Económico y Social, o los organismos regionales. Hay que subrayar, por cierto, que muchos de estos organismos podrían ser suprimidos o revisados a fondo, como pedían ayer, en Nueva York, algunos líderes europeos.
Volviendo a nuestro informe, si se ha prestado mucha atención a las operaciones para el mantenimiento de la paz, no se han abordado las importantes cuestiones que plantea la ayuda al desarrollo, el desarme o los derechos humanos. Quizá será necesario en otro momento político volcar la atención de esta Cámara sobre estos problemas, de cuyo análisis se deducirá, sin duda alguna, una visión completa de Naciones Unidas que la que ha quedado reflejada en el Informe.
Llegamos a este aniversario en un momento en que arrecian las críticas contra Naciones Unidas. La misión humanitaria y de mantenimiento de una inexistente paz enviada a Bosnia, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la decepción y, como decía recientemente una revista internacional, se ha producido el eclipse total del prestigio de la institución. Se critica también su burocracia que, a lo largo de estos 50 años, ha crecido hasta unos extremos inimaginables. No deja de ser muy expresivo que Karl Paschke, nombrado recientemente Subsecretario General de Inspección de Servicios, haya podido decir, después de siete meses en el cargo: Pienso que Naciones Unidas es un buen ejemplo de despilfarro e ineficacia.
Resulta muy fácil presentar cargos contra unas Naciones Unidas que han tenido que adaptarse a un mundo en rápida mutación y que ha pasado de sus 51 miembros fundadores a los 185 países que hoy día constituyen una organización en permanente crisis financiera, porque muchos de sus miembros, especialmente algunos de los más significados y con más compromiso con la misma, no cumplen con sus obligaciones contributivas. Como suele recordar el actual Secretario General, señor Butros Gali, Naciones Unidas no tiene voluntad propia y depende totalmente de sus Estados miembros, especialmente de los Cinco Grandes, que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad.
Si tantas veces hemos visto a unas Naciones Unidas paralizadas ante una crisis, las causas de la inacción y de la parálisis hay que buscarlas siempre en los Estados miembros, que anteponen sus propios intereses a la flexibilidad necesaria para llegar a un acuerdo aceptable para todos y a la generosidad para implicarse en los esfuerzos de solución. Así ocurrió especialmente durante la guerra fría, cuando tantas y tantas veces el veto soviético hacía imposible la búsqueda de soluciones. Pero si ya no existen aquellos obstáculos, otros nuevos, como los de índole financiera, siguen lastrando la eficacia de la ONU.
Sería injusto y miope, sin embargo, no ver la otra cara de la moneda. Es verdad que el mundo ha ido dando tumbos de una crisis a otra durante este medio siglo, pero seguramente las cosas habrían sido mucho peores sin Naciones Unidas. La Organización ha funcionado como un gran foro político mundial, en cuyo seno se han debatido muchos conflictos que, sin ella, se habrían dilucidado en el campo de batalla. Con otra organizaciones internacionales, Naciones Unidas ha jugado un papel esencial para evitar la tercera guerra mundial. Naciones Unidas también ha sido un lugar de encuentro de las élites gobernantes de todo el mundo y ha hecho posible el conocimiento mutuo, haciendo más fácil la tolerancia y la comprensión de los motivos ajenos. En el ámbito de Naciones Unidas, asimismo, se ha llevado a cabo, además, una impresionante tarea de desarrollo y perfeccionamiento del derecho internacional, a través de centenares de tratados, convenciones y acuerdos. Las relaciones internacionales, tanto públicas como privadas, han dado un salto de gigante bajo la égida de Naciones Unidas, estableciéndose cauces para las soluciones de conflictos entre países, pero también entre individuos. Estamos celebrando, precisamente, el decenio de las Naciones Unidas para el derecho internacional y, como señalamos en el informe, sería de desear que cuando este decenio culmine en el año 2000 la aceptación por más Estados de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de Justicia contribuya a hacer más efectivo el imperio de la ley en la comunidad internacional.
Naciones Unidas se enfrenta, pues, con el ineludible compromiso de su necesaria reforma si quiere sobrevivir en un mundo tan distinto al de hace 50 años. No puede extrañar que se hayan oído voces que repiten la vieja máxima: renovarse o morir, y que entre la utopía y el posibilismo se estén lanzando múltiples proyectos de reforma. De ahí también que algunos hablen de la necesidad de reinventar o refundar Naciones Unidas, porque lo que está claro, y en lo que parece haber acuerdo general, es que, si Naciones Unidas no existieran, habría que inventarlas. Abba Eban, un conocido intelectual y exgobernante israelí, ha dicho, en efecto, que la idea de vivir sin un marco unitario de relaciones, ahora más que nunca sería demasiado insensata.
Por todo lo anterior, es seguramente preocupante la actitud de aquellos países que, como se refleja en el informe, se muestran poco propicios a la reforma o la limitan a meras cuestiones de detalle. Este inmovilismo podría hacer de este quincuagésimo aniversario una ocasión perdida para lograr que todos los pueblos de la tierra se sientan más identificados con la

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Organización y más comprometidos en sus tareas de mantenimiento de la paz, evitación de conflictos, desarme, ayuda al desarrollo y lucha por los derechos humanos.
Naciones Unidas sigue siendo, por tanto, más necesaria que nunca en este mundo que se encamina hacia un siglo XXI en el que el desarrollo de las tecnologías, de la comunicación y de los transportes, la globalización de la economía y la intensificación de las relaciones de todo tipo entre todos los pueblos y naciones hace imprescindibles cauces múltiples de entendimiento. En un mundo en el que los problemas desbordan las fronteras estatales, Naciones Unidas debe abarcar todos los pueblos del planeta, haciendo realidad el principio de universalidad que, como muestra el caso de Taiwan, hoy día no tiene todavía plena vigencia.
Parece oportuno recordar que en este año se cumple también el cuadragésimo aniversario de la entrada de España en Naciones Unidas, donde fue admitida el 14 de diciembre de 1955, diez años después de la fecha fundacional que hoy conmemoramos. La España democrática se ha convertido en un activo miembro de la Organización, como lo muestra su participación en diversas operaciones de mantenimiento de la paz, que se han saldado, en casi todos los casos, con éxitos patentes. Somos también uno de los Estados miembros que más escrupulosamente cumple con sus obligaciones financieras. Hay consenso entre todos los Grupos de esta Cámara en el sentido de que la participación en Naciones Unidas es uno de los vectores más significativos de nuestra política exterior, ya que es esencial para fortalecer la presencia internacional de España.
Señorías, en el informe que se presenta a la aprobación del Pleno hemos abordado algunos aspectos del sistema de Naciones Unidas que, en nuestra opinión, requerirían una reforma más urgente, sin dejar de considerar los obstáculos que se oponen a la misma.
Hemos reflexionado así sobre la necesaria ampliación del Consejo de Seguridad, la agobiante crisis financiera que ha llevado a la Organización al borde de la bancarrota, la jurisdicción, que deseamos ampliar y reconocida del Tribunal Internacional de Justicia, o el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz, que no pueden juzgarse sólo por casos como los de Bosnia o Somalia, sino por otros como los de América Central o Kuwait.
Como es natural, hemos dedicado una especial atención a cuál debe ser la posición de España y de qué modo se pueden atender mejor sus legítimas pretensiones de una mayor presencia e influencia en la comunidad internacional.
Nos ha parecido también muy importante destacar la conveniencia de que los Parlamentos y, por tanto, este Congreso de los Diputados, estén en el futuro más vinculados a los trabajos de Naciones Unidas y con más información e incluso algún tipo de presencia en las delegaciones nacionales ante la Organización.
Esa será la manera de conectar la opinión pública con la acción de Naciones Unidas.
Quiero terminar esta intervención, señor Presidente, señorías, agradeciendo a mis colegas, miembros de la Ponencia, el espíritu de equipo que ha estado presente en todo momento en nuestros trabajos, su capacidad para escuchar los puntos de vista de todos y para lograr una síntesis en la que todos nos sentimos reconocidos y con la que todos nos identificamos, y quiero agradecer también muy especialmente la aportación imprescindible de los servicios de la Cámara.
Deseo, finalmente, expresar la apuesta decidida del Grupo Popular por unas Naciones Unidas capaces de estar a la altura de los nuevos retos de nuestra época. Creemos que si las estructuras y procedimientos de trabajo de la Organización están muy lejos de la perfección, los valores en que se inspira y que están plasmados en el preámbulo de la Carta de San Francisco y en el capítulo I, dedicado a los propósitos y principios, tienen un valor imperecedero. Nunca en la historia de la humanidad se habían hecho tantos esfuerzos ni volcado tanto entusiasmo para lograr el ideal de la paz universal, como los realizados en el marco de Naciones Unidas. Creemos, por eso, que hay que perseverar en esa tarea con una decidida voluntad de perfección.
Finalmente, señorías, quiero decir que, por parte de nuestro Grupo, aceptamos el voto particular de Izquierda Unida, en el sentido de suprimir las frases que aparecían en las páginas 61 y 123, pero debemos también dejar claro que no compartimos las conclusiones y las consideraciones que se han hecho desde Izquierda Unida.
Para nosotros es perfectamente posible imaginar operaciones bajo la responsabialidad de la OTAN en el marco del Tratado de Washington y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Creo que esta puntualización es importante para que quede claro nuestro punto de vista y el porqué de nuestra aceptación de esta última propuesta.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Muñoz- Alonso.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista desea, en primer lugar, expresar su satisfacción al ver la llegada a este Pleno del informe elaborado por la Ponencia y aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores.
La elección de la fecha de hoy, cuando se cumplen 50 años de la entrada en vigor de la Carta de San Francisco, sin duda representa un homenaje a la Organización de Naciones Unidas. En cualquier caso, yo creo que refleja nuestro natural apego a la simbología.
Pero mucho más importante que todo eso es el hecho de que contiene una reflexión política e institucional

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sobre el papel actual y el futuro de una organización que ha experimentado profundos cambios, que ha visto pasar el número de sus miembros de 51 a 185 a lo largo de su historia; una reflexión en un mundo que ha pasado de la muy poca deseable estabilidad de la guerra fría a la menos deseable inestabilidad de los conflictos actuales; un mundo donde predomina la pobreza y la superpoblación, y donde existen profundas y crecientes diferencias en nivel de desarrollo; un mundo donde persisten como signos visibles la intolerancia política, la intolerancia cultural y religiosa; pero también un mundo donde la democracia se extiende de manera progresiva, donde la solidaridad se acrecienta, y en un mundo que alza cada vez con más fuerza su voz ante las violaciones de los derechos humanos. Es también una reflexión desde un país que no mereció el honor de estar en la creación de Naciones Unidas, pero al que la restauración de la democracia le ha permitido recuperar el terreno perdido y adquirir un peso y una proyección internacional considerables.
Este es un informe que, además, se hace desde la autoridad moral con que cuenta nuestro país de estar claramente comprometido con Naciones Unidas, de tener un papel preponderante impulsor de la labor de Naciones Unidas, como lo ha demostrado durante nuestra presencia en el Consejo de Seguridad con nuestra participación en las operaciones de paz, etcétera.
Por algunos intervinientes se ha planteado la cuestión del ámbito que debía haber cubierto el informe. Esa fue la primera cuestión que nos planteamos en los trabajos de la Ponencia. Al final, conscientes de la labor primordial en materia de desarrollo de problemas alimentarios, de medio ambiente, de salud, de política social o de empleo que ejercen las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, considerando que esos temas son tratados por otras comisiones o han sido tratados por el Pleno en otras ocasiones, decidimos centrarnos en dos aspectos que considerábamos esenciales y que forman parte del nudo gordiano del futuro de la organización; por un lado, el de la reforma institucional, por otro, el de las operaciones de paz que por su impulso reciente crean un escenario que requiere de una definición.
Nos hemos planteado los cambios que eran necesarios para hacer la Organización más democrática, más transparente y capaz de responder a los nuevos retos. Hemos llegado a la constatación de las dificultades que plantea una reforma que, en lenguaje de los constitucionalistas, sería una reforma total, una reforma que afectase a los elementos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, los problemas para la revisión de la Carta, dados los procedimientos establecidos para la misma.
Hemos constatado la existencia de un derecho de veto que a ninguno nos gusta, que consideramos también que ha tenido una incidencia y unos efectos positivos, pero constatamos que en la actualidad se ha convertido, afortunadamente, en una práctica vergonzante dentro del trabajo del Consejo de Seguridad.
Hemos abordado el debate, desde una perspectiva política, a veces excesivamente académico, sobre la ampliación del Consejo, y hemos llegado a una conclusión, entendiendo que la propia carta define muy claramente cuáles deben ser los criterios para la composición del Consejo. Hemos planteado la necesidad de que el Consejo se debe ampliar y de que España puede y debe aspirar legítimamente a una presencia más frecuente dentro del Consejo de Seguridad, puesto que es uno de los países que en mayor medida contribuye al presupuesto y a la composición de las operaciones de paz.
En lo que se refiere a la Asamblea, y lo han expresado antes otros intervinientes, hemos tratado también de apuntar las líneas que debieran seguir las reformas que permitieran a la Asamblea una mayor transparencia, una mayor democratización que le permitiera, en definitiva, más operatividad. En cuanto a ese déficit democrático, la propuesta de dotarla de una asamblea parlamentaria, como propone la Unión Interparlamentaria, puede ser la vía más adecuada.
Hemos abordado las limitaciones con que se encuentra el Secretario General, sobre el que suelen caer las lluvias de todos los problemas de las Naciones Unidas. Se ha explicado ya que Naciones Unidas no es otra cosa que la suma de las voluntades de los Estados. Pero es cierto que existe una burocracia que debe ser reformada, que la Organización encuentra limitaciones desde el punto de vista financiero y organizativo, y también desde el punto de vista de los instrumentos a disposición del Secretario General. Esa es una responsabilidad de los Estados, ya que hay graves problemas financieros, y me remito a lo que han dicho otros intervinientes.
Hemos contemplado el papel de las organizaciones regionales y las no gubernamentales; hemos abordado, con algunas propuestas muy concretas, los nuevos papeles y los nuevos compromisos que se deben adquirir con relación a las competencias del Tribunal Internacional de Justicia. Finalmente, también hemos tratado de la capacidad de Naciones Unidas para impulsar el desarme y responder a los retos que plantea la paz y la seguridad. Una Organización que ha pasado de estar realizando 13 operaciones de paz entre los años 1948 a 1988, a poner en marcha 23 operaciones desde 1988 hasta la fecha; una Organización cuyo Consejo de Seguridad se ha visto inmerso en una especie de orgía de resoluciones, tratando de dar respuestas a la evolución de los diferentes conflictos. Y todo ello con medios considerablemente limitados y, como consecuencia, dando quizá la impresión errónea de que el Consejo de Seguridad, de que Naciones Unidas debía asumir el papel de gendarme universal o, si se prefiere, de bombero universal, algo con lo que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Pero es cierto que muchas veces la opinión pública percibe ese mensaje erróneo, como

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percibe también el mensaje erróneo, por parte del Consejo de Seguridad, de que no hay unos criterios objetivos a la hora de definir las razones por las que Naciones Unidas interviene o decide no hacerlo en una situación de conflicto.
Hemos abordado las carencias prácticas, los problemas de tipo operativo con los que se encuentran las operaciones de paz de Naciones Unidas. Hemos destacado la importancia que tiene la diplomacia preventiva y la importancia que puede tener un despliegue preventivo, en plazo corto, para impedir la extensión de un conflicto, y hemos abordado también medidas como, por ejemplo, la creación de un comité de estado mayor «ad hoc» para determinadas operaciones más complejas o las medidas de desarme y microdesarme que deben impulsarse.
Finalmente, señor Presidente, el informe que hoy deseamos aprobar analiza el papel de España en relación a las operaciones de paz.
Un papel que se inicia muy recientemente, en 1988, y se hace como un reflejo de la voluntad política, contando, además, con un amplio apoyo de la opinión pública, pero que hasta hoy no había sido objeto de una expresión de voluntad parlamentaria, que sí hace el informe. Con la aprobación de este informe el Parlamento confiere carta de naturaleza a nuestra participación en las operaciones de paz. Define esa participación como la expresión visible de nuestro compromiso con los principios contenidos en la Carta, es --y la define-- como una proyección de nuestra política de paz y seguridad y subraya, al mismo tiempo, el carácter internacional y solidario de la defensa. Destaca también el carácter integral de la paz al vincular la cooperación al desarrollo con las operaciones de paz. Se establecen lo que, a nuestro juicio, deben ser los criterios que deben presidir nuestra participación en operaciones de paz, que deben realizarse siempre bajo la autoridad de Naciones Unidas y en virtud de un mandato que debe definir claramente los objetivos políticos de la misión, junto a la incorporación de principios doctrinales esenciales para el éxito de la misión de paz. Por ejemplo, la imparcialidad, el consentimiento de las partes o el no recurso a las fuerzas, salvo en legítima defensa; la especialización regional, en la medida de lo posible, de España; las iniciativas para que España también desarrolle una actividad específica en ámbitos concretos, como la creación de un centro de formación de expertos en desactivación de minas, policía, etcétera, y las medidas dirigidas a lo que hasta ahora ha sido una información abundante --bien por iniciativa del Gobierno o bien de los grupos parlamentarios en Comisión y en Pleno-- sobre las operaciones de paz o sobre los conflictos que han originado dichas operaciones, con el fin de que éstas se puedan racionalizar. Finalmente, en lo que se refiere al papel del Parlamento y la implicación de la sociedad, muy especialmente de los jóvenes, en los problemas de la paz y la seguridad.
Señor Presidente --y con esto querría acabar--, no voy a entrar en el otro debate que se ha planteado. Nuestro Grupo va a apoyar la iniciativa de que se supriman algunos párrafos del informe.
Entendemos que lo importante ahora es el debate que estamos manteniendo sobre el papel de Naciones Unidas y, señor Presidente, querría terminar expresando mi agradecimiento --como lo han hecho los demás intervinientes-- a aquellas personas que han comparecido y han contribuido con su aportación y presencia física a los trabajos de la Ponencia. A aquellas otras que nos han aportado documentos, estudios y análisis. Quisiera agradecer también su apoyo al personal de la Cámara, de Secretaría, así como agradecer su participación a los miembros de la Ponencia y destacar una de las carencias que tiene nuestra práctica parlamentaria, que son las limitaciones en cuanto a medios de investigación, a medios de apoyo técnico específico en las distintas materias para las comisiones, lo cual ha requerido un mayor esfuerzo por parte del personal de Secretaría y de los miembros de la Ponencia.
Por tanto, señor Presidente, si Naciones Unidas es una suma de Estados, hoy, con la aprobación de este informe, queda clara cuál es la voluntad española: seguir impulsando la transformación y la consolidación del papel de Naciones Unidas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Estrella.
Tiene la palabra el señor Solé Tura.


El señor SOLE TURA: Gracias, señor Presidente.
En nombre de todos los grupos parlamentarios quiero someter a la consideración de la Presidencia y de la Cámara un voto particular que consistiría en suprimir dos párrafos del texto que vamos a someter a votación; concretamente, las dos últimas líneas de la página 61. Se trataría de suprimir la frase que dice: «... bien bajo responsabilidad directa de la ONU o bajo la de otras organizaciones.» Y en la página 123, también en las dos últimas líneas, las palabras: «... bien bajo responsabilidad directa de la ONU o bien bajo la de otras organizaciones, como la OSCE.» La petición consiste en que al someter a votación el texto se entienda que estas frases ya no figuran en él.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Solé Tura.
¿Algún grupo parlamentario de la Cámara se opone a la admisión a trámite y a la modificación del dictamen en los términos expresados por el señor Solé Tura? (Pausa.) Muchas gracias.
Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación relativa al informe de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre los nuevos retos y la reforma intitucional de la Organización de las Naciones Unidas. El informe se somete a

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votación con la supresión de las dos frases de las páginas 61 y 123 a las que se ha referido el señor Solé Tura en su última intervención.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de telecomunicaciones por cable.
Vamos a someter a votación esta propuesta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la avocación propuesta.


MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos cuarto a séptimo. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión del orden del día de los puntos de referencia.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1996 (Número de expediente 121/000120)

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000121)

El señor PRESIDENTE: Segundo punto del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Debates relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996 y al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente, señorías, defenderé hoy ante esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado para 1996, aprobados por el Gobierno y remitidos a la misma en cumplimiento del mandato constitucional.
Son unos presupuestos adecuados al Programa de Convergencia que permitirán que la economía española siga creciendo, creando empleo y reduciendo sus desequilibrios macroeconómicos. Unos presupuestos en los que el déficit del Estado disminuye hasta el 3,4 por ciento del producto interior bruto, se genera un superávit primario que estabilizará la deuda, el gasto no financiero no crece en términos reales y la presión fiscal se reduce.
Pero antes de defender estos presupuestos concretos, y dado el clima ya expresado ante los mismos, aún antes incluso de conocerlos, permítanme que defienda, frente a las enmiendas presentadas, la misma necesidad de que existan. Creo que es la mejor alternativa frente a cualquier otra, sea cual sea la hipótesis que hagamos acerca del devenir político en los próximos meses.
Por tanto, pediré que, en un ejercicio de responsabilidad, se retiren o voten en contra las mociones de devolución presentadas y se permita una tramitación parlamentaria que, a través de la discusión y las enmiendas correspondientes, dé como resultado unos presupuestos para 1996 adecuados a nuestra realidad y necesidades.
Como Ministro de Economía y Hacienda son los terceros presupuestos que presento, y cada uno de ellos lo he hecho en un contexto político y económico diferente. Los de 1994, que presenté ahora hace dos años, se plantearon para sacar al país de la crisis económica más grave y difícil de cuantas hemos sufrido, y realmente lo conseguimos. Los de 1995, hace un año, los presenté ante esta Cámara como presupuestos que consolidarían el proceso de recuperación y de creación de empleo, y así ha sido.
Hasta ahora, los hechos han desmentido, unas tras otras, las críticas feroces y las descalificaciones que los grupos de oposición vertieron sobre la política económica del Gobierno, plasmada en los dos últimos presupuestos y en el Programa de Convergencia.
Me abstendré de repetir algunas de las opiniones que merecieron por parte de la oposición anteriores presupuestos por entender que es legítimo, en democracia, incluso la exageración ridícula que sólo busca el titular del día y el olvido posterior. Pero también lo es señalar ahora, con claridad, quién se equivocó y quién tenía razón al defender la política económica y presupuestaria que hemos seguido estos años. Cualquiera que contraste lo que se dijo que pasaría y la evidencia de lo que ha pasado situará a cada uno ante sus

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responsabilidades. Espero y deseo que ese contraste entre lo que se dijo y lo que ha pasado sirva para rectificar algunas de las principales críticas que ya se han expresado sobre los presupuestos que ahora presento e incluso sirva también para ayudar a adoptar una actitud más constructiva ante los mismos.
Creo que la realidad es la que es, y en base a ella y no a la que nos gustaría que fuese tienen que adoptarse las decisiones políticas por parte de quienes se sienten comprometidos con el futuro de España, no desde un afán de llegar al poder a cualquier precio, incluso el de la tierra quemada, sino de hacer algo desde el poder o de la oposición que mejore las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de los españoles.
¿Cuál es esa realidad? Creo que hay que partir de dos datos que, como tales, hay que tomar. El primero, se ha anunciado ya por quien tiene la facultad constitucional para ello que las elecciones generales serán en marzo próximo. Es posible que esto no guste por igual a todos; unos, porque preferirían antes, y, otros, sin duda alguna, porque las preferirían después. Pero el dato con el que tenemos que contar si hablamos de realidades y no de quimeras es ése, serán en marzo, y el Gobierno y su Presidente ya han dado cumplida cuenta de por qué se estima que ésta es la mejor fecha, por otra parte muy próxima al momento actual.
A partir de ahí, conviene hacer la siguiente reflexión. El Gobierno que salga de esas elecciones difícilmente estará en condiciones de abordar ningún tema presupuestario antes del mes de junio o julio, y el primer asunto presupuestario debería ser en esas fechas el presupuesto para 1997, que no se presenta como un presupuesto fácil al deber reducir el déficit al 3 por ciento del producto interior bruto para cumplir el Programa de Convergencia y evitar los peligros que el no hacerlo tendrá tanto desde el punto de vista de los mercados como desde el punto de vista de nuestras responsabilidades con la Unión Europea.
En esas condiciones, y sea cual sea el signo político de este futuro Gobierno, el no disponer de un presupuesto en vigor y adaptado a la realidad de 1996, sería añadir un elemento de riesgo e incertidumbre innecesarios, incluso si, como esperamos, será el Partido Socialista el encargado de formar gobierno y presentara nuevamente el mismo presupuesto que hoy traemos a la Cámara.
Cualquier otra de las soluciones alternativas posibles sería peor, y no sólo por razones administrativas y de funcionamiento de los distintos servicios de la Administración, tanto central como autonómica y local, sino por el contexto económico tan específico que vivimos, con un proceso claro de unión monetaria en marcha y con unos mercados financieros influyentes que reaccionarían negativamente ante la posibilidad de no acceder a esa moneda única entre los primeros países que lo hagan.
El segundo dato de la realidad actual al que quiero referirme es el hecho de que la economía española está avanzando en la recuperación, la creación de empleo y la convergencia con Europa.
Todos los analistas independientes y los organismos internacionales reconocen este hecho y lo valoran de forma positiva. Tras dos años de esfuerzo colectivo hemos estabilizado un crecimiento superior al tres por ciento, una creación de mil empleos diarios y unos avances innegables, aunque algunos los consideren insuficientes, en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, principalmente inflación y déficit público.
No ha sido fácil quebrar la tendencia al alza de ambos y reconducirlos por una senda de reducción, en línea con lo previsto por el Gobierno en el Programa de Convergencia, que, por segundo año consecutivo, también cumpliremos este año.
La existencia de unos presupuestos restrictivos ampliará el margen para, en su caso, reducir los tipos de interés e incentivar la actividad y el empleo. Por ello es todavía más incomprensible que quienes han prestado su apoyo a esa política en anteriores presupuestos, que no difieren ni en su filosofía ni en su concepción ni en su materialización de los que ahora se presentan, los nieguen ahora, cuando se confirma la bondad de la política económica seguida: reducción del déficit, mantenimiento del gasto social, apoyo a la economía productiva. Sólo lo explican razones electoralistas y el haber cedido a la presión de quienes, reclamando mayorías suficientes para sí han venido negando a otros el derecho a formarlas, entorpeciendo, aunque no impidiendo, el que funcionara una mayoría más que suficiente en lo que llevamos de legislatura.
Considero que estamos en un momento importante de la vida española y de la construcción europea en el que, en pocos meses, se va a decidir mucho sobre el futuro. Los presupuestos para 1996 constituyen una pieza clave en este proceso que no podemos permitirnos eludir o perder. De su discusión, de su debate y de sus enmiendas debe salir un impulso decisivo para nuestro país.
Por ello, el negar incluso esa posibilidad de discutirlos pidiendo su devolución, optando, por tanto, por la prórroga de los de 1995, es hacer un flaco servicio al país, sobre todo cuando se hace por razones extrapresupuestarias. Es decir, cuando se pretende instrumentalizar el debate de presupuestos para conseguir otros objetivos que tienen previstos otros cauces en la Constitución.
El Gobierno cree que es importante contar con unos presupuestos para 1996, los que ahora presento o los que salgan del debate parlamentario que, evidentemente, el Gobierno aceptaría, pero el no presupuesto es la peor de las opciones, en cualquier caso.
Además, creo que los que presento ahora son los más adecuados a nuestros retos y explicaré por qué.
A lo largo de 1995 se han ido consolidando las favorables perspectivas de crecimiento de nuestra economía. Las previsiones actuales apuntan a que en este ejercicio se alcanzará una tasa de crecimiento real del 3,1 por ciento, que llegará al 3,4 en el próximo año. Pero,

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lo que es más importante, el patrón de crecimiento que caracteriza este nuevo ciclo expansivo se está asentando sobre bases más sólidas y equilibradas. Por un lado, el componente más estable de la producción, el producto interior bruto privado no agrícola, ha crecido a lo largo de 1995, en crecimiento intertrimestral, a más del cinco por ciento, lo que representa una tasa próxima a las máximas alcanzadas en el ciclo expansivo anterior. Por otra, el hecho de que el crecimiento esté sustentado, en gran medida, en la inversión, cuya previsión de crecimiento para este año y el próximo es superior al ocho y al 7,5 por ciento respectivamente, es una garantía de la durabilidad y sostenibilidad del proceso expansivo. También se espera una recuperación del consumo privado, con una tasa de crecimiento medio del tres por ciento para 1996, frente a una cifra algo inferior al dos en 1995. Ello contribuirá a reforzar las expectativas de inversión empresarial, especialmente en lo que se refiere a los bienes de equipo, cuya tasa de crecimiento superará el 10 por ciento en 1996.
En definitiva, frente al período inicial de recuperación, el mayor protagonismo del crecimiento económico va a venir de la mano de la demanda interna, principalmente de la inversión, al tiempo que existe una mayor recuperación del consumo privado.
Uno de los aspectos más positivos del actual entorno de crecimiento económico ha sido la fuerte aceleración del empleo neto generado, a lo que no ha sido ajeno, junto a la moderación de los salarios, el favorable impacto de la reforma laboral que impulsamos en 1992. De una tasa de crecimiento de empleo negativo del 0,9 en 1994, en 1995 esperamos un crecimiento positivo del 2,4 por ciento, y se situará entre el 2,4 y el 2,6 en 1996. Dicho en otros términos, entre 1995 y 1996 se crearán entre 550.000 y 600.000 nuevos puestos de trabajo. Este ritmo de creación de empleo, junto al moderado avance de la población activa, ha permitido en los últimos meses ir consolidando la tendencia firme de reducción de la tasa de paro, con previsiones del 22,9 para 1995 y del 21,15 para 1996, sin descartar la posibilidad de que esa caída sea aún mayor.
En cuanto a la corrección de otro de los desequilibrios básicos de nuestra economía, la inflación, el balance de los meses que llevamos transcurridos de este año puede considerarse parcialmente satisfactorio. El último dato conocido de septiembre sitúa la tasa interanual del IPC en el 4,4 y se espera que a finales de año incluso nos podamos mantener por debajo de la misma. Quizá para algunos los avances en este terreno han sido escasos. Sin embargo, hay que señalar que el año 1995 ha sido un ejercicio atípico en materia de precios. Han confluido una serie de factores que han condicionado el nivel y el perfil de la tasa de inflación. La imposición indirecta, que se aumenta en enero de 1995, la sequía y las heladas, el incremento de los precios de materias primas, las turbulencias de los mercados monetarios han actuado de forma negativa en cuanto al crecimiento de la inflación. Pero una vez agotados los efectos de estos factores transitorios, el comportamiento de la inflación a partir del segundo semestre ha iniciado un proceso de desaceleración que se espera que continúe y se consolide en los próximos meses para situarse ya, en el primer trimestre de 1996, por debajo del 4 por ciento, y ello nos permitirá alcanzar el objetivo previsto en diciembre del próximo año del 3,5 por ciento; objetivo que es compatible con una reactivación del consumo privado, que no supondrá una presión adicional de la inflación, ya que estas posibles presiones se contrarrestarán con las medidas de política fiscal y monetaria diseñadas.
A este respecto la referencia para nuestra economía y para nuestra política económica en el próximo ejercicio seguirá siendo, sin duda, el comportamiento y evolución de las cuentas públicas, cuyo control, garantizando el estricto cumplimiento de los objetivos del déficit, es esencial para no inducir expectativas de inflación y presiones sobre el tipo de cambio que obliguen a mantener una orientación restrictiva de la política monetaria por más tiempo de lo que sería necesario. Nuestro énfasis se centra, pues, en la reducción del gasto público a través de compromisos y actuaciones discrecionales que garanticen, de forma simultánea, la contención efectiva del gasto público a medio plazo, preservado al mismo tiempo la calidad y oferta adecuada de bienes y servicios públicos. Este compromiso de reducción del gasto no se trata de una mera declaración de intenciones, sino que se encuentra apoyado en las distintas medidas que hemos ido adoptando en los últimos meses, tanto de carácter sectorial, de saneamiento presupuestario y racionalización del gasto, como de carácter normativo. Y entre estas últimas citaría el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 13 de enero pasado, por el que se aprobó un conjunto de medidas para el seguimiento y control del déficit contenido en el Programa de Convergencia o, más recientemente, el proyecto de nueva ley general presupuestaria elaborada por el Gobierno y enviada a esta Cámara. Indudablemente, la efectividad de estas medidas, que se dirigen a reforzar la credibilidad de las cifras presupuestarias y a implantar una conducta efectiva de racionalización y control del gasto a medio plazo, no sería suficiente si no estuviesen acompañadas por resultados tangibles. Esos resultados se están produciendo ya y son precisamente los que nos animan a seguir en la misma línea de política presupuestaria.
En 1994, el objetivo en déficit de las administraciones públicas quedó ampliamente cubierto con una necesidad de financiación del 6,6 por cien del PIB, es decir, una décima por debajo del objetivo previsto en el Programa de Convergencia. En particular, las administraciones centrales presentaron un déficit del 5,5 del PIB, dos décimas inferior al límite establecido. Por lo que se refiere al ejercicio actual, a 1995, la recuperación de los ingresos a medida que avanza el año y el control riguroso a que se está sometiendo la ejecución

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del gasto nos inducen a pensar que se cumplirá holgadamente el objetivo del déficit del 5,1 por ciento del producto interior bruto establecido en este ejercicio para las administraciones centrales, lo que, unido al comportamiento esperado de las administraciones territoriales, debe permitir cumplir el objetivo del 5,9 de déficit en términos de PIB, fijado para todas las administraciones públicas.
A todo ello, hay que unir otro dato que considero sumamente importante, el de las desviaciones presupuestarias. Este ha sido uno de los elementos que más ha alimentado las críticas de falta de rigor y disciplina del presupuesto. A este respecto tengo que decir que la desviación final del presupuesto no financiero del Estado, en 1994, fue tan sólo del 0,6 por ciento respecto a los créditos iniciales y que en 1995 estas desviaciones se situarán en el entorno del 0,1 --repito, del 0,1-- por ciento, cifra que representa los registros más bajos de los últimos quince años.
Todos estos resultados son el claro exponente de que estamos en el buen camino para seguir avanzando en el proceso de consolidación presupuestaria que nos conducirá a los niveles de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht. Por esta misma razón, los Presupuestos Generales del Estado para 1996 van a continuar la dinámica de rigor y disciplina que ha caracterizado la política presupuestaria de los últimos ejercicios, contribuyendo a afianzar el modelo de crecimiento equilibrado y sostenido de nuestra economía.
Los presupuestos que hoy defiendo tienen cuatro objetivos fundamentales: reducir el déficit, garantizar una cobertura efectiva de los gastos sociales, racionalizar el gasto público y apoyar la competitividad, el crecimiento y el empleo.
El objetivo prioritario de la política presupuestaria ha sido y es la reducción del déficit, en particular de su componente estructural. De acuerdo con el escenario de consolidación fiscal previsto en el Programa de Convergencia, que para 1996 establece un objetivo de déficit del 4,4 en el conjunto de las administraciones, situaremos el déficit público en el año 1996 en esa cifra, que nos pueda llevar al déficit del 3 por ciento en el año 1997. El cumplimiento de este escenario en el cuadro de objetivos de la política económica actual es absolutamente irrenunciable, no sólo por cuanto permitirá situar a nuestra economía en condiciones de acceder a la fase final de la Unión Económica y Monetaria, sino también porque constituye la principal garantía de credibilidad de la propia política presupuestaria y contribuye a reforzar la confianza y expectativas de los agentes económicos en una evolución sostenida y no inflacionaria del crecimiento económico a medio plazo.
En el marco de esa estrategia de política fiscal, los presupuestos de 1996 cumplen de forma estricta el objetivo del 3,8 por ciento del PIB establecido en el Programa de Convergencia para las administraciones centrales, y ello supone una reducción de 1,3 puntos del déficit respecto al año 1995. Este esfuerzo resulta incluso más acentuado en el ámbito de la Administración del Estado, cuyo presupuesto de gastos no financieros crece tan sólo un 3,3 por ciento respecto a 1995, lo que unido a un crecimiento de ingresos previsto del 8,3 nos situará el déficit del Estado en el 3,4 por ciento, una décima por debajo de lo previsto en el Programa de Convergencia. Es importante destacar, además, que siguiendo la línea de los dos años anteriores, en que se produjo una notable disminución del déficit primario, los presupuestos de 1996 presentan su superávit primario equivalente al 1,2 por ciento del PIB, hecho que refuerza la solidez de la política de consolidación fiscal del Programa de Convergencia.
Decía que el segundo objetivo básico del presupuesto es la garantía de la cobertura efectiva de los gastos sociales. La elevación del bienestar social en nuestro país y su progresivo acercamiento al patrón común europeo en el marco del desarrollo del Estado del bienestar ha sido uno de los logros más importantes de los últimos años. Ello ha exigido un esfuerzo continuado en el que no sólo se han incrementado los recursos destinados en el presupuesto a este área de gasto, sino que también se han acometido una serie de reformas estructurales fundamentales, dirigidas a mejorar la eficacia protectora y la calidad de las prestaciones y a reforzar los aspectos solidarios y activos del sistema de protección social.
Una vez alcanzados unos niveles de protección que aseguran el papel del sector público como garante de las igualdades básicas de los ciudadanos en materia de educación, enfermedad, vejez o desempleo, el principal reto de la política de gasto social es garantizar el mantenimiento de la cobertura efectiva de la misma.
Por esta razón, las políticas de gasto social siguen siendo un núcleo de atención prioritaria en 1996. Con una dotación de más de quince billones y medio de pesetas, suponen el 53 por ciento de los recursos asignados en el presupuesto y crecen en su conjunto un 1,9 por ciento en relación con el año 1995. Este crecimiento está influido notablemente por el importante descenso que se registra en el gasto por desempleo, un 14 por ciento menos que en 1995, y evidentemente está compensado por subidas en otros gastos importantes, destacando sobre todo la política de sanidad y pensiones, que se ven incrementadas en un 7,5 y un 7,1 por ciento respectivamente.
En el ámbito de la sanidad, y dentro de un marco de mejora de la gestión, aumentando la calidad de los servicios y el uso racional de los recursos, se mantiene la vigencia del modelo de financiación aprobado en el año 1994 y acordado con las comunidades autónomas que tienen transferida la gestión sanitaria. Se contempla un marco de crecimiento asociado a la evolución nominal del PIB, lo que persigue proporcionar una oferta equilibrada que garantice la equidad del acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio nacional. Por ello, la dotación para sanidad en los presupuestos de 1996 asciende a 3 billones 580.000 millones de pesetas,

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que representa algo más del 12 por ciento de los recursos totales. Por otro lado --y éste es un tema también importante--, la financiación de la sanidad por parte del Estado aumenta progresivamente, al mismo tiempo que disminuye la procedente de cotizaciones sociales. De esta forma, el presupuesto del año 1996 financia con impuestos el 82,6 por ciento del gasto total del Insalud, frente al 77,3 en el año 1995.
En cuanto a la política de pensiones, el gasto presupuestado para 1996 asciende a siete billones y medio de pesetas, siendo la política de gasto que mayores recursos absorbe, un 25,7 del presupuesto total, y con ello se garantiza plenamente otro de los objetivos de la política social actual del Gobierno: la cobertura real y el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que han sido revalorizadas en un 3,5 por ciento en función del IPC previsto para 1996, más un aumento adicional en compensación por la desviación de la inflación producida en 1995.
La otra política social destacada en el presupuesto es la protección al desempleo que, como antes señalaba, presenta en este ejercicio una disminución notablemente significativa, que supone quebrar la tendencia alcista de los últimos años. Pero ello no significa, en absoluto, que estemos dando una menor cobertura real a los desempleados, sino que, por el contrario, esta disminución se explica o es consecuencia de dos factores: el favorable clima de creación de empleo y la disminución del número de desempleados que se está produciendo en los últimos meses, a lo que ha contribuido de forma decisiva el conjunto de reformas y medidas adoptadas en los últimos años, tanto para potenciar la capacidad de generación de empleo como para lograr un mayor equilibrio financiero y un proceso de racionalización del gasto en este sistema de protección.
El tercer gran objetivo del presupuesto es continuar el proceso de racionalización del gasto, que hemos venido instrumentando con las distintas medidas adoptadas en los últimos años, con el objetivo de adecuar, en un marco de progresiva modernización del sector público, la oferta de bienes y servicios públicos a las exigencias actuales de nuestro desarrollo económico y social. De esta forma, el presupuesto para 1996 ha sido sometido a una profunda revisión, aplicando la presupuestación base cero, que ha dado lugar a los siguientes resultados. En primer lugar, se han revisado todas y cada una de las partidas del presupuesto, lo que ha permitido reconsiderar los recursos puestos a disposición de cada programa de gasto, con un doble objetivo: por una parte, respetar las prioridades que atienden a necesidades ineludibles derivadas de gastos amparados por derechos subjetivos, leyes o convenios con otras administraciones y, por otra, introducir criterios de eficacia, eficiencia y economía en la asignación y gestión de los recursos. A este respecto quisiera señalar que las partidas que crecen en este presupuesto son, junto al gasto social, el mantenimiento del poder adquisitivo de las retribuciones de los empleados públicos, los gastos financieros de la deuda pública y los compromisos de financiación de la administración territorial y la administración europea.
La política de deuda pública, con una dotación de prácticamente tres billones y medio de pesetas, es la que registra un aumento más importante consolidado del 19 por ciento respecto al presupuesto de 1995. Ello es consecuencia del crecimiento de la deuda pública en circulación emitida en los últimos ejercicios para hacer frente --es cierto-- a los déficit acumulados, pero también, y no conviene olvidarlo, como resultado de las emisiones que en 1993 se realizan para permitir prescindir al Tesoro de la apelación al Banco de España a partir de 1994, y cumplir así los requisitos contenidos en esta materia en el tratado de la Unión Europea. La dotación para las administraciones territoriales aumenta la dotación un 8,6 por ciento y este crecimiento es consecuencia no sólo del sistema pactado con las mismas, sino también del traspaso de distintas competencias a las comunidades autónomas sobre todo en materia de educación y servicios sociales. Finalmente, los compromisos de nuestra participación en la Unión Europea nos han supuesto una dotación de prácticamente 900.000 millones de pesetas, es decir, un 4,4 por ciento más que en 1995.
En el ámbito de la política de personal, y junto al mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las retribuciones, se ha aplicado una política de racionalización de recursos humanos al servicio de la Administración, que se conjuga con la puesta en marcha de planes de empleo en determinados sectores, como instrumento que persigue una mejor distribución de las plantillas, y con la disminución de los efectivos de personal, partiendo, con carácter general, de una oferta de empleo público nula. En conjunto, los gastos de personal activo en el presupuesto consolidado ascienden a 3 billones 505.000 millones de pesetas, lo que sitúa su crecimiento en el 2,9 por ciento. Este moderado crecimiento incorpora el coste de actualización de retribuciones del 3,5 por ciento, junto a los efectos de la política de amortización neta de plazas vacantes, reorganización administrativa y traspaso de competencias a las comunidades autónomas.
Siguiendo con este repaso de la política de racionalización del gasto, me gustaría citar también el esfuerzo relativo a los costes de funcionamiento ordinario de la Administración, continuando el proceso de mejora de los mecanismos de gestión pública, dentro del marco de las ideas presentadas en el proyecto de la nueva ley general presupuestaria. En base a la misma se establece la reducción de una serie de organismos, citados en la ley de presupuestos, y también la refundición de otros, entre los que cabe destacar, especialmente, la supresión del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios y el Servicio Nacional de Productos Agrarios, cuyas funciones son asumidas por un nuevo organismo autónomo, el Fondo Estatal de Garantía

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Agraria. También hemos acometido un importante proceso de reorganización en el sector público empresarial. A este respecto quiero recordar la creación de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio. También se suprimen, consecuentemente, el Instituto Nacional de Hidrocarburos y el Instituto Nacional de Industria, lo que nos permite no sólo una nueva ordenación, sino también una racionalización más correcta del gasto público. Por último, quiero citar entre las medidas de reorganización, incluidas en el proyecto de ley de acompañamiento, las modificaciones que definen el régimen jurídico de un ente público, el Instituto de Crédito Oficial, que se configura de forma distinta al pasado con el objeto de facilitar el cumplimiento de las tareas que deben corresponderle dentro del sistema financiero.
Fruto de las medidas de racionalización de los gastos corrientes, el capítulo 2 del presupuesto consolidado, que recoge los gastos de funcionamiento operativo de la Administración, y cuya dotación para 1996 asciende a un billón 64.000 millones de pesetas, se reduce en un 3,7 por ciento respecto a 1995. Esta disminución, que puede parecer en principio moderada, sin embargo tiene que tener en cuenta que cerca del 35 por ciento de estos gastos se destina a atender los gastos de asistencia sanitaria del Insalud, que crecen un 8,4 por ciento. Si descontamos los mismos, el resto del capítulo 2 del presupuesto consolidado desciende en un 9,1 por ciento. El mismo rigor se ha aplicado a la política de revisión de transferencias corrientes, especialmente en el área del gasto donde no existen compromisos legales o ineludibles. En particular, el capítulo 4, de transferencias corrientes, crece tan sólo un 1,5 por ciento respecto a 1995. El 73,3 por ciento de estas transferencias se destinan a la Seguridad Social y a la financiación de las administraciones territoriales, con un crecimiento conjunto del 11 por ciento, lo que significa que el resto de las transferencias se reducen en un 18 por ciento.
Querría hacer una referencia especial a la inversión pública, que ha dado lugar a algún debate --en términos de prensa-- en los últimos días. En lo que se refiere a la inversión pública, se ha dado una mayor prioridad a aquellos proyectos de inversión ya comprometidos o en fase de ejecución y también a las actuaciones que se cofinancian con fondos procedentes de la Unión Europea.
Asimismo se practican, en el resto de las inversiones reales y en las transferencias de capital, reducciones variables en función de la incidencia económica y social. En conjunto la inversión pública disminuye en el presupuesto del Estado un 5 por ciento respecto al presupuesto inicial del año 1995. Sin embargo, esta disminución es tan sólo del 1,9 por ciento si la comparamos en términos efectivos, es decir, con la previsión de liquidación de este ejercicio. Este es, sin duda, uno de los aspectos más discutibles del presupuesto. Pero hay que ser conscientes de que las dificultades para lograr una inmediata reducción de ciertas partidas de gasto, así como el compromiso asumido de mantener el gasto social, unido a la ineludible necesidad de garantizar el objetivo de déficit, nos ha obligado a extender los criterios de restricción presupuestaria también a la inversión pública. Este contexto de restricción financiera nos ha llevado a priorizar los proyectos de inversión cofinanciados a los que anteriormente he hecho referencia.
Creo, sin embargo, que en una etapa de expansión económica el papel del sector público, como impulsor del crecimiento, debe centrarse en actuaciones de carácter básicamente horizontal, siendo la iniciativa y el capital privado los que protagonicen de forma directa el progreso de la economía productiva. En este sentido, la política de consolidación fiscal contribuirá a la formación de un mayor volumen de ahorro nacional, liberando recursos destinados a financiar la continuidad del proceso inversor privado, e incidirá posiblemente sobre la prima de riesgo implícita en los tipos de interés y en la estabilidad del tipo de cambio. Todo ello permitirá afianzar la expansión equilibrada de nuestra economía y la reducción del desempleo de carácter cíclico. Por ello, y desde una perspectiva a medio plazo, es necesario que esta orientación de la política fiscal se complemente con una actuación decidida que dé continuidad al proceso de reformas estructurales. El desempleo español se caracteriza por tener un elevado componente estructural, asociado a las condiciones de oferta de nuestra economía. Por tanto, las reformas adicionales en los mercados de bienes y servicios y de factores productivos son absolutamente necesarias para reducir dicho componente estructural del desempleo.
Sin embargo, y junto a estas actuaciones de carácter horizontal, la política pública a través de actuaciones sectoriales, tanto por el lado del ingreso como del gasto, sigue siendo fundamental para crear un nuevo marco que favorezca y estimule el desarrollo de los factores de competitividad. Como señalaba, desde el punto de vista de la demanda, la disminución de la inversión pública va a suponer una menor aportación del sector público a la demanda agregada. Desde el punto de vista de las condiciones de la oferta, los efectos negativos de esta reducción deben ser matizados en un doble sentido. Primero, porque esta disminución se contempla como una medida de carácter transitorio. En segundo lugar, el esfuerzo inversor diferencial de las administraciones públicas españolas, en relación con los países de nuestro entorno, ha permitido incrementos sustanciales de nuestro stock de capital público que, en la actual coyuntura, otorgan un amplio margen de maniobra para ralentizar o reducir su ritmo de acumulación, sin que ello suponga renunciar a la política de inversión pública, que seguirá manteniendo dicho esfuerzo diferencial en este y próximos ejercicios. Se han priorizado las infraestructuras básicas y el transporte, cuyo peso en el conjunto de la inversión real del presupuesto consolidado

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se sitúa en el 52,3 por ciento, aumentando incluso su participación respecto a 1995, mientras que la inversión asociada al funcionamiento operativo de los servicios es la que más reducción experimenta.
En la vertiente de las políticas activas de gasto, debe destacarse el crecimiento del 7,5 por ciento que registra la política de fomento del empleo. La dotación presupuestaria de esta política, que asciende ya a 383.000 millones de pesetas, se destinará, entre otras actuaciones, a subvencionar a las empresas que creen empleo estable, a bonificar las cuotas de la Seguridad Social de los contratos realizados al amparo de las medidas de fomento del empleo, a la realización de programas de formación profesional ocupacional, tanto de parados como de ocupados, y a la mejora de la gestión y funcionamiento de los servicios públicos de empleo y colocación del Inem. Todo ello supone un importante cambio de orientación en la política de empleo que instrumenta el Gobierno al priorizar las políticas activas en detrimento de las políticas pasivas.
Por el lado de los ingresos, el Estado, a través del régimen de deducción por gastos en formación profesional, actividades de exportación e investigación y desarrollo, otorgará unos beneficios fiscales a las empresas; este régimen figura en la Ley del Impuesto de Sociedades, cuya entrada en vigor está prevista para comienzos de 1996. En conjunto, la suma de las subvenciones otorgadas a través de las políticas de fomento del empleo y de los beneficios fiscales de la política tributaria, van a suponer una ayuda equivalente a más de cinco décimas del producto interior bruto. Junto a todas estas medidas, en la Ley de Medidas Fiscales de Orden Social y Administrativo se introducen también modificaciones que mejoran la tributación, tanto de las personas físicas como de las sociedades, y otras dirigidas a la lucha contra el fraude.
Señorías, en la recta final hacia la moneda única es mucho lo que se juega nuestro país, no sólo por lo que significa estar en el núcleo duro de la construcción europea desde el principio, sino también por las negativas repercusiones de no estar y el riesgo de quedar relegado a ser un país periférico. La política económica seguida por el Gobierno está facilitando nuestro acceso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria desde el principio, y en esa línea se inscriben los presupuestos que hoy presento. Se puede tener una visión distinta de cómo hacerlo, se pueden tener unas medidas alternativas a las propuestas del Gobierno, pero la importancia del asunto no debería llevarnos a negar de antemano la posibilidad de discutir los presupuestos en el Parlamento para encontrar, entre todos, un consenso de futuro en estos asuntos de tanta trascendencia. Reitero, y así lo haré hasta el final, mi llamamiento a todos los grupos parlamentarios para discutir y acordar estos presupuestos, que deben permitirnos situar a nuestro país en la puerta de entrada de la moneda única.
El Gobierno manifiesta su predisposición para ello; en este debate se verá la de cada grupo político, salvo que se quiera hurtar a la opinión pública este debate por el procedimiento de negarse incluso a su realización.
Señorías, no voy a decir, como el Primer Ministro francés, tras dos años de Gobierno de la derecha, que estamos en una situación de emergencia financiera nacional; pero sí creo que las cosas que necesitamos discutir en estos presupuestos son de suficiente trascendencia para el presente y el futuro de nuestro país, excesivamente volcado en la exégesis del pasado, como para que su tramitación, rechazando las enmiendas a la totalidad presentadas, permita poner de manifiesto las alternativas que cada uno defiende con voluntad de llegar a un acuerdo. Si esto no ocurre, si la defensa de intereses partidistas o electorales se antepone a todo lo demás y la mayoría de este Parlamento rechaza incluso discutir los presupuestos, y por tanto la posibilidad de negociar y pactar enmiendas, anuncio ya que el Gobierno respetará la Constitución: se prorrogarán automáticamente los presupuestos en vigor para 1995, que es la situación prevista para cuando el 1.º de enero de 1996 no haya aprobado unos presupuestos nuevos.
Pero el Gobierno cumplirá también sus compromisos con la sociedad española, que no debe verse perjudicada en sus intereses inmediatos por tal actitud del Parlamento. El Gobierno garantizará en todo caso que impulsará las medidas necesarias para revalorizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios de acuerdo con lo pactado. Igualmente, adoptaremos un acuerdo para limitar las obligaciones reconocidas comprometibles, de tal manera que se garantice, con un recorte del gasto en otras partidas, el cumplimiento del objetivo previsto de déficit del 3,5 por ciento del PIB.
El Gobierno va a hacer, pues, todo lo que está en su mano para garantizar la continuidad del crecimiento económico, de la creación de empleo y la convergencia con Europa, también durante 1996. La mejor forma de conseguirlo es a través del presupuesto que hoy defiendo en esta Cámara; sin embargo, SS. SS. tienen la palabra.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Enmienda de totalidad del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Aznar. (Rumores.)

El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, estamos, sin duda, ante el debate más importante de los que celebra la Cámara a lo largo del año, el de los Presupuestos Generales del Estado que son el principal instrumento político con que cuenta el Gobierno para hacer realidad sus objetivos; también, la mejor oportunidad para que el Gobierno ratifique el apoyo parlamentario que sostiene su programa. Pretender que las circunstancias en que se produce este debate no pesen sobre él sería, en todo caso, un intento inútil.
Nos disponemos a deliberar sobre unos Presupuestos cuyo ejecutor se está despidiendo, en una Cámara

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que tiene anunciada su disolución --el propio Ministro lo ha dicho aquí esta tarde-- y al servicio de una futura voluntad popular que todavía no conocemos. Además, a la luz de las enmiendas presentadas, no parece que podamos esperar otro resultado, salvo el de la devolución del proyecto de ley al Gobierno.
Señorías, en el clima de degradación creciente que caracteriza la situación política española, cuyos detalles no voy a enumerar ahora, existe ya la convicción generalizada dentro y fuera de España de que la presente legislatura está agotada, que se agotó hace meses y de que se está prolongando artificialmente una situación indeseable que, en otras circunstancias, hubiera sido resuelta hace mucho tiempo. Nadie, ni siquiera el Gobierno, discute esta realidad; nadie niega que deben celebrarse elecciones y creo que muy pocos dudan de que, por razones que nada tienen que ver con el interés de los españoles sino más bien con los intereses particulares, bien del señor González o del señor Pujol, no se han celebrado todavía. (Rumores.) El mismo señor González, Presidente del Gobierno, lo ha reconocido así, primero, al rechazar las elecciones durante el segundo semestre del presente año, alegando los esfuerzos titánicos que requería la Presidencia de la Unión Europea; y, segundo, al anunciar reiteradamente que las elecciones generales tendrán lugar en el mes de marzo de 1996. El caso es que se ha anunciado la disolución de las Cortes, y es en este ocaso de legislatura, en este clima final en el que hemos de abordar el debate que hoy nos ocupa, y en el cual mi grupo defiende una enmienda de totalidad.
Yo no sé si habrá muchas personas o si otros creerán al señor González u otros miembros del Gobierno cuando mencionan el mes de marzo. Yo no, pero les quiero tomar la palabra; les quiero tomar la palabra porque estamos tratando de unos presupuestos que nos presenta un Gobierno que dice que, tanto se aprueben como no se aprueben, se marcha. No digo más; digo que el Gobierno que nos presenta los presupuestos para el año 1996 es el mismo Gobierno que confiesa que no va a gobernar el año 1996. (Rumores.) No podemos olvidar... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor AZNAR LOPEZ: No podemos olvidar que el Presupuesto del Estado es, como he dicho, el instrumento político más importante en manos de un Gobierno para llevar adelante su programa durante el próximo año. Señorías, no se puede gobernar sin presupuesto, y nada plasma mejor las intenciones de un Gobierno que el presupuesto donde se recogen sus criterios en materia de ingresos y sus preferencias para distribuir la renta pública.
No estamos, señorías, pues, ante un simple cálculo de ingresos y de gastos, sino, repito, ante el reflejo del programa político del Gobierno y las directrices de su actuación; y hoy ese carácter instrumental importa mucho más que el detalle concreto de las cifras que encierra.
Evidentemente, los Presupuestos Generales del Estado los elabora, y debe elaborarlos el Gobierno; pero no cualquier Gobierno. No estamos, señorías, ante un gesto administrativo neutral, no estamos, por decirlo de esa manera, ante un presupuesto políticamente incoloro, como si se tratara del presupuesto de una comunidad de vecinos. El plan que reflejan los presupuestos es inseparable del Gobierno concreto que los inspira, de sus intereses, de sus intenciones y de sus objetivos políticos. Es el presupuesto de un Gobierno determinado, para unos fines determinados, en un período de tiempo determinado, y no sirve para otro Gobierno, para otros fines ni en otras circunstancias.
Debe elaborarlos el Gobierno responsable de su ejecución, el Gobierno cuyo programa político haya inspirado los presupuestos.
Naturalmente, los presupuestos también deben ser controlados por la Cámara, pero no por cualquier Cámara, sino por aquella que les dio su aprobación porque contaba con el refrendo popular para hacerlo. Pues bien, señorías, nos encontramos en una situación en la que, como decía al principio y paradójicamente, deliberamos sobre unos presupuestos cuyo ejecutor se despide, con la Cámara anunciada su disolución y al servicio de una voluntad popular aún desconocida.
Y bien, según afirma quien puede hacerlo, las elecciones se van a celebrar en marzo y, en consecuencia, ignoramos, naturalmente, el Gobierno al que corresponda ejecutar, si son aprobados, los presupuestos que hoy debatimos. Sin duda, señorías --se han precipitado un poco antes--, no prejuzgamos ni yo prejuzgo, en absoluto, cuál ha de ser el Gobierno que resulte de dichas elecciones, pero lo obvio es que será distinto del actual; será distinto del actual, voten lo que voten, elijan lo que elijan y cualquiera que sea el resultado de las elecciones. A efectos políticos, jurídicos y administrativos se tratará de otro Gobierno, de otra legislatura y de otra investidura. Estaremos, señorías, en una legislatura nueva o, si se quiere, ante una legitimidad nueva; por eso, estamos ante unos presupuestos cuyo ejecutor no existe.
Esta Cámara, señorías, no será la encargada, en su actual composición, de controlar estos presupuestos. Si las elecciones deben celebrarse en marzo, es necesario que esta Cámara se disuelva en enero, no sabemos si el día 1.º, el 31 o el día que se quiera; pero, desde luego, en enero, (enero, mes de descanso parlamentario), y hace que estas sesiones parlamentarias deban concluir en diciembre, por lo que estamos ante uno de los últimos actos parlamentarios de esta legislatura. De modo, señorías, que tan pronto como entrasen en vigor estos presupuestos el Gobierno adquiriría la condición de cesante en funciones y la Cámara quedaría reducida a su Diputación Permanente. Me reconocerán ustedes que no dejaría de ser una forma bastante

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singular y original de comenzar un ejercicio presupuestario.
(Rumores.) Ahora bien, puede ocurrir, señorías, que el nuevo Gobierno comparta los criterios del actual en materia de ingresos y gastos, pudiera ser; pero pudiera ser que no, y en este segundo supuesto, señorías, ¿cuál sería su capacidad para gobernar con una ley presupuestaria elaborada desde criterios opuestos a los suyos, por un Gobierno que ha desaparecido y cuya voluntad ya no cuenta durante un mandato parlamentario concluso, y que son hijos de una legitimidad que ya no está en vigor? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor AZNAR LOPEZ: ¿Cabe mayor contrasentido, señorías? Sería, efectivamente, un gran contrasentido, porque estaríamos eligiendo al Gobierno que mejor se adapte a unos presupuestos del pasado, en lugar de elegir al Gobierno que elabore los presupuestos del futuro.
Lo que pide la Constitución, lo que exige la racionalidad democrática elemental y el más puro sentido común, es que no sean los presupuestos los que condicionen la voluntad popular, sino al revés, que sea la voluntad popular quien determine, en todo caso, la composición del nuevo Gobierno y el carácter de sus presupuestos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.-- Rumores.) Todas las razones que ha dado el señor ministro son perfectamente válidas para llegar a esta conclusión. En resumen, señorías, si como se dice vamos a celebrar elecciones en el mes de marzo, estos presupuestos carecen de toda lógica.
Señor Presidente, no sería responsable por mi parte abandonar esta tribuna sin hacer algún comentario, aunque breve (Rumores.) sobre las consecuencias de este rechazo mayoritario a los presupuestos, que es la primera vez que se produce en el curso de nuestra democracia.
¿Qué significa, señorías, que se devuelvan los presupuestos al Gobierno? No es una pregunta retórica, es una pregunta formal, que debemos hacer al Gobierno. Nos gustaría saber qué ha previsto el señor González, hoy ausente, para el caso de que los presupuestos sean rechazados por la Cámara. Es una pregunta que está obligado a responder el Presidente del Gobierno, más allá de la mecánica del automático de decir que va a haber una prórroga, o más allá, por supuesto, de la frivolidad de decir que da igual lo que decida esta Cámara porque las decisiones ya están tomadas y lo que aquí se decide, se debate y se aprueba, en todo caso es irrelevante.
Eso no puede ser así... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Aznar.
Señorías, guarden silencio.
El señor AZNAR LOPEZ: No puede ser, señorías, porque la teoría del régimen parlamentario sostiene que el Gobierno debe contar con la confianza del Parlamento; sostiene también que una de las formas en las que puede expresarse y se expresa la retirada de esa confianza es precisamente ésta: la devolución de la ley más importante, que son los presupuestos.
Si los presupuestos son rechazados, el Gobierno y su Presidente no podrán seguir ocultando que han perdido la confianza de la Cámara. Ahora bien, ya sabemos que todo lo que aquí se diga tiene una referencia al mes de marzo, y es que al ausente señor González el mes de marzo le sirve realmente para todo: le sirve para serenar al señor Pujol; para preservar la presidencia europea; para comentar las incidencias del Tribunal Supremo; para aceptar --espero que en buena lógica democrática, respetando las mayorías-- las comisiones de investigación que aprueba el Senado; y le sirve también mañana para responder a la devolución de los presupuestos. Marzo aparece en el discurso político del Gobierno como una fecha mágica, como una especie de apagafuegos o de bálsamo Fierabrás que vale para todo, literalmente para todo: para justificar el pasado y por supuesto también para justificar lo que venga.
Yo no sé, ni conozco a nadie que sepa, cual ha sido la razón por la que se ha escogido --el Ministro de Economía y Hacienda lo ha vuelto a repetir esta tarde aquí-- el mes de marzo. Aquí no se ha explicado. ¿Por qué en marzo? ¿Por qué en marzo y no en otro mes? (Rumores.) ¿Por qué en marzo y no en el otoño de 1996? ¿Qué lógica política tiene marzo? ¿Qué lógica política? (Risas.-- Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor AZNAR LOPEZ: ¿Cuál es la razón de someter a una Cámara con la disolución anunciada a este debate de presupuestos? Nosotros creemos que se trata de adelantarse a disolver las Cortes antes de que estas circunstancias y estas Cortes se lo impongan.
El Gobierno y el señor González saben que desde hace meses no está en condiciones de prolongar su mandato, entre otras cosas porque sabe que serían rechazados estos presupuestos. Lo sabe todo el país desde el pasado mes de julio cuando se hizo esa escenificación de la ruptura pactada con el señor Pujol.
En julio este Gobierno, y su Presidente, se quedó sin apoyos parlamentarios, y ahí se cancelaron las condiciones que permitieron la investidura de este Gobierno y de su Presidente en 1993. Lo que ha ocurrido es que no se ha querido reconocer esa circunstancia, y se ha prolongado la situación para dar la cancelación del respaldo hasta el mes de septiembre o el mes de octubre.
Desde entonces no se hace otra cosa por el Gobierno y su Presidente que ganar tiempo, nada más que ganar

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tiempo porque desde entonces se sabe que en cuanto se produjese, entre otros, este debate, el más importante del año, la falta de apoyo al Gobierno quedaría descubierta inmediatamente.
Tal vez por eso, para amortiguar los efectos de ese rechazo anunciado, antes de que las Cámaras dejen en clara minoría al Gobierno y exijan la disolución de la legislatura, se anticipa el propósito de disolver; se prefiere decir que las Cortes se van a disolver y va a haber elecciones en marzo, porque ya estaba decidido, y no porque lo que diga la soberanía popular, que representa esta Cámara, lo imponga o determine. Eso, señorías, es disfrazar la cuestión, porque lo importante no es discutir sobre una cuestión de fechas, no es así; estamos claramente entre una cuestión de motivos. O se disuelve por una razón o por otra; se disuelve por la conveniencia del Presidente del Gobierno, o se disuelve porque los principios en que se basa la democracia así lo exigen. Eso es lo que se pretende ignorar primero, y disfrazar después, y yo no sé si ustedes y el Presidente del Gobierno son conscientes del daño que puede causar a las instituciones con su actitud y su comportamiento.
Señorías, nosotros creemos que se tiene tanto interés en plantear las cuestiones de esta manera, para que lo que es un acto político trascendental, la devolución de los presupuestos, pase ante la opinión como que no tiene ninguna importancia. Si la devolución de los presupuestos no obliga al Gobierno a nada, eso significa que pueden cambiarse por encima de cualquier declaración de opinión cuando se quiera; si no se está obligado a disolver las Cámaras porque se devuelven los presupuestos, no tiene que haber nada que obligue a disolver en el mes de enero.
Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que se apela continuamente a marzo, como ha hecho ya el Ministro de Economía, para tener las manos libres y hacer en marzo, o cuando sea, lo que más convenga. Se trata, por tanto, de un ardid, un señuelo, un subterfugio más para eludir las responsabilidades que al Gobierno hoy le corresponden.
No nos manden ya más mensajes en relación con marzo, no ofrezcan letras de cambio sin firma. Estamos, aquí y ahora, y se van a devolver con toda probabilidad los Presupuestos Generales del Estado. Esa es la cuestión, y a esa cuestión, por encima de cualquier automatismo, por encima de cualquier disimulo, se debe responder en los términos políticos que exige la soberanía popular representada en esta Cámara. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Señorías, conforme señala el Reglamento de la Cámara en su artículo 110, una enmienda a la totalidad versa sobre la oportunidad de los principios o el espíritu del proyecto de ley.
La segunda razón de esta enmienda de totalidad tiene que ver con esto último, con el contenido de los presupuestos. (Un señor Diputado: ¡Ah!) Si hasta aquí he afirmado que eran inoportunos, ahora defenderé que son inadecuados.
Estos presupuestos, señorías, dígase lo que se diga, no son los que hoy necesita España. Este proyecto de ley es un fiel reflejo de la falta de credibilidad de la política económica del Gobierno. Más allá de las cifras, más allá de los argumentos numéricos, la herencia que dejan los gobiernos socialistas es una aguda falta de credibilidad de la política económica. Cuando una política económica, una política presupuestaria no es creíble a los ojos de los ciudadanos, ante los agentes económicos, su incapacidad será total para resolver sus problemas. La recuperación de la credibilidad es condición necesaria para facilitar el descenso de los tipos de interés. Es requisito obligado para fortalecer el crecimiento económico y para que los españoles perciban, que no lo perciben, que la recuperación aumenta su bienestar.
El fracaso de la credibilidad, señorías, tiene su exponente más visible en la elevada prima de riesgo que los mercados financieros internacionales imponen a España, y la crisis política del Gobierno es la causa más directa de la exagerada diferencia de los tipos de interés de nuestra deuda a largo plazo, frente a los países que merecen la confianza de los inversores.
Ocurre, además, señorías, que los presupuestos, en nuestra opinión, están mal diseñados y son manifestación de la impotencia de este Gobierno. En 1995 el déficit público apenas se habrá reducido unas décimas, a pesar de un crecimiento de la economía superior a lo previsto, y ello gracias a una aplicación incorrecta de los recursos obtenidos por las privatizaciones. En los Presupuestos de 1996 las reducciones del gasto difícilmente son creíbles o se practican donde no se debe, que es sobre la inversión. Se hacen previsiones llenas de voluntarismo, por ejemplo, en lo que concierne a la tasa de recuperación del consumo privado. Se aumentan los impuestos pese a lo que se ha dicho, el 0,7, a pesar de lo cual crece la deuda hasta casi el 67 por ciento de nuestro producto bruto, a pesar también de lo que se ha dicho.
Conviene recordar, señorías porque parece que las responsabilidades son de todos los demás y de toda la sociedad española, excepto de aquellos que están en el Gobierno que sólo en intereses de deuda vamos a pagar, en 1996, una cantidad similar a la que pagamos en todas las pensiones de jubilación, en lo que nos cuesta la sanidad, mucho más de lo que nos vamos a gastar en educación y más del doble de lo que suman la política exterior, la de defensa y la de seguridad conjuntamente. El 670 por ciento de crecimiento de deuda de 4 billones a 40 billones en los últimos años y de 18 puntos a 600.000 millones por punto en los últimos cuatro años es, señorías, un auténtico, escándalo de despilfarro por parte del Gobierno. (Rumores.) A esto, señorías, se añade la ausencia de reformas estructurales que el Gobierno no está en condiciones políticas de acometer como, por cierto, recientemente le acaban de recordar.
Estamos de acuerdo, señoras y señores Diputados, que el calendario que impone nuestra aspiración de

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entrar en la tercera fase de la Unión Monetaria es muy exigente.
Ya hemos perdido 1994 y 1995 y no podemos permitir que suceda la mismo con 1996. Está en juego el proyecto europeo de España, así como la continuidad misma de la recuperación y de la creación europea. De ello va a depender el futuro económico de la España de comienzos del siglo XXI. Para entrar en los plazos establecidos en esa Unión, para aprovechar sus ventajas y despejar incertidumbres que empañan el futuro, nuestra política económica, sin más dilación debe ganar eficacia en el objetivo de reducción de la inflación y el déficit público, acometer las reformas --y tener capacidad para hacerlo-- que procuren la capitalización de la economía, la eliminación de nuestras rigideces y la mejora de la competitividad internacional. Ha llegado la hora, por tanto, de acometer reformas económicas globales completas y coherentes, reformas que afecten al sector público, a sectores claves para el funcionamiento económico, como, la energía, los transportes, las comunicaciones o las finanzas. Reformas que modernicen nuestra economía y que permitan utilizar nuestro elevado potencial de crecimiento, que es la única forma de resolver el problema del empleo y garantizar un futuro mayor de bienestar.
Centrándonos en los presupuestos, el cambio que hay que imprimir ha de sustentarse en una amplia reforma del sector público y entiendo por tal una reforma que englobe el gasto, el sistema impositivo y las empresas públicas. El efectivo control del gasto, señorías, reclama una ley presupuestaria que ponga término a los problemas de laxitud que provocan las frecuentes e importantes desviaciones del pasado. Reclama, asimismo, vincular el control interno del gasto a la Presidencia del Gobierno y reclama potenciar las funciones del Tribunal de Cuentas y de estas Cámaras.
Un más férreo control del gasto ha de ir acompañado de la supresión de departamentos ministeriales, de la eliminación de altos cargos y de la implantación progresiva del principio de administración única. A ello debe añadirse la revisión de los gastos de funcionamientos de las administraciones y de las empresas públicas. Las reformas de los grandes servicios públicos constituyen también una necesidad perentoria para que el coste de los mismos no se convierta en su peor enemigo y para que los españoles puedan recibir servicios de mejor calidad. Una política de reformas es la antítesis de una política de recortes ciegos que olvidan los criterios de eficacia y de productividad.
Quienes pretenden erigirse en defensores exclusivos del Estado de bienestar se olvidan de que lo que ponen en riesgo es la falta de empleo, que lo que corrompe es el exceso de burocratismo y los excesos o abusos que se pueden generar.
La reforma de los impuestos debe acometerse antes de cualquier otro objetivo encaminado a crear empleo: cambios fundamentales en las principales figuras tributarias --en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto sobre el Patrimonio y en el IVA o en los impuestos especiales-- son claves para estimular el ahorro y canalizarlo hacia fórmulas de medio y largo plazo y para promover la modernización de la empresa y su expansión internacional.
Desgraciadamente, la propia creación de empresas a menudo se ve desanimada por la existencia de impuestos que nada tienen que ver con el beneficio real. Además, la reforma tributaria global del sistema impositivo es un paso previo para cambiar el sistema de financiación de comunidades autónomas y corporaciones locales, de acuerdo con la aplicación de auténticos principios de corresponsabilidad fiscal.
También es urgente reordenar el sector público empresarial para clarificar su futuro, para erradicar del mismo monopolios y oligopolios. Una política clara de privatizaciones siempre es preferible a las reconversiones dramáticas a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados. En sus manos, los ingresos de las privatizaciones se han malgastado en financiar gastos ordinarios en vez de reducir el endeudamiento público.
Por supuesto, la principal preocupación de nuestra sociedad es el paro, problema que afecta especialmente a jóvenes y mujeres. Por ello, los Presupuestos del Estado deben enfocarse a la creación de empleo, lo que implica favorecer permanentemente un entorno de iniciativas y oportunidades productivas de las cuales va a depender en última instancia esa creación de empleo.
En definitiva, señorías, los Presupuestos deben ser un programa, un instrumento al servicio de unos objetivos. Además, de las otras consideraciones expuestas con anterioridad no veo que ese instrumento que hoy presenta el Gobierno sea útil para alcanzar los objetivos que hoy demandan la economía y la sociedad española.
Votaremos por que sean devueltos al Gobierno y esperamos de éste y de su Presidente que acepten y respeten las decisiones mayoritarias del Parlamento; que sean capaces de asumir sus consecuencias, también cuando le son desfavorables; que asuman sus responsabilidades sin más dilación y que, aunque sea por una vez, antepongan los intereses generales a su permanencia en el poder.
Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Aznar, debo reconocer que esperaba algo más de su intervención (Rumores y protestas.), que ha tenido un doble contenido: un contenido más político, de por qué se plantean los problemas que se plantean y por qué pedimos la aprobación del Presupuesto y,

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otro, que ha pretendido ser --digo «pretendido ser» porque no lo he visto-- más técnico respecto a los problemas del mismo.
Permítame que dé la vuelta a la respuesta y empiece por el segundo punto.
Su señoría ha hecho una serie de afirmaciones que creo que le han explicado bastante mal. No ve por qué no se percibe por parte de las familias la evolución del crecimiento, cosa que es bastante evidente, cualquiera lo sabe. En cualquier proceso de crecimiento, poco a poco, se va generando una mejor situación y sólo se percibe a partir de un cierto momento. Su señoría sabe que en el consumo privado con un crecimiento del 2 por ciento, se inicia la percepción y estamos convencidos de que ese crecimiento será del 3 por ciento el año que viene. Su señoría dice que no sabe por qué. No se lo han explicado, pero se lo explico yo ahora. Por una razón muy sencilla, porque la entrada de 250.000 personas más en el mercado de trabajo, manteniendo la misma propensión marginal al ahorro que existe en este momento, da un crecimiento del tres por ciento del consumo.
Su señoría insiste mucho en su preocupación por la prima de riesgos y se rasga las vestiduras porque nuestro diferencial con Alemania está en el cuatro y pico. Es cierto, desgraciadamente está en el cuatro y pico, una cifra muy mala, pero no hay que olvidar que nuestras cifras históricas estaban en el cinco y en el seis por ciento y que este mismo Gobierno, que usted tanto denosta, fue el que consiguió el mínimo histórico de diferencial con Alemania, situándolo en el dos veintitantos por ciento en el mes de febrero del año 1994.
Su señoría ha hecho también referencia a una serie de temas en los que tienen razón, pero que convendría que le explicaran. Es cierto que el déficit disminuye con las privatizaciones, pero disminuye el déficit de caja, no en contabilidad nacional donde las privatizaciones no cuentan.
Hay otra serie de temas que me gustaría poder discutir con cierta tranquilidad y con cierta calma porque en muchas de las cosas a las que S. S. ha hecho referencia, si las matizara un poco más, a lo mejor podríamos incluso llegar a algún acuerdo. Sin embargo hay otras que no comparto, como por ejemplo esa idea de la política de recortes ciegos. Yo he dicho que hemos puesto en marcha un presupuesto base cero, sobre el que hemos estado trabajando desde principios de año, con objeto de definir exactamente dónde está el margen de maniobra del recorte. No ha habido laxitud en el control del gasto en el pasado y tampoco la hay ahora. Yo comprendo que esto de las cifras es muy pesado, pero entre las cifras que he dado he hecho referencia a que la ejecución del Presupuesto de este año tiene una desviación del 0,1 por ciento; si eso es laxitud, que venga Dios y lo vea.
(Rumores.) Su señoría ha hecho referencia también al problema de la financiación de las comunidades autónomas, en el que estoy totalmente de acuerdo: mucha más corresponsabilidad y mucha más seriedad. Sin embargo, hay un punto al que no me he referido nunca y dado que S. S. sigue insistiendo en algo que me molesta especialmente --en ese famoso agujero y todo lo que se oculta-- le voy a decir una cosa. Desde que se producen las elecciones autonómicas, hay cuatro comunidades autónomas que solicitan mejorar su margen de endeudamiento porque dicen que hay agujero en sus comunidades autónomas. Las cuatro que nos lo han pedido son del Partido Popular, pero seguramente lo que S. S. no sabe es que, de las cuatro, dos de ellas ya eran del Partido Popular. (Risas.) Digo esto porque está bien modificar esos temas, conocer de lo que estamos hablando y saber cuáles son los problemas.
Su señoría se ha referido a otros problemas de más enjundia, de más profundidad, sobre los que también me gustaría hacer algunos comentarios. Su señoría ha partido de un razonamiento que me preocupa porque, llevado a sus últimas consecuencias, llegaríamos a la conclusión de que nunca se pueden hacer Presupuestos en año electoral. Su señoría ha partido del supuesto de que cómo vamos a hacer Presupuestos si al final los va a aplicar otro. (El señor Ollero Tassara: ¡Puedes renunciar!) Evidentemente que podemos hacer Presupuestos aunque haya elecciones, ¡hasta ahí podíamos llegar! La obligación del Gobierno es presentar su Presupuesto antes del 30 de septiembre, y eso es lo que hemos hecho.
Su señoría hace un razonamiento y dice: «Ustedes tienen la responsabilidad, ya que, al poner en marcha un proceso electoral, en marzo no pueden hacer Presupuestos». Hagamos un razonamiento sobre la base de su propio análisis. Imaginemos que se convocasen elecciones mañana, se celebrarían en un día tan bonito como el 25 de diciembre, o el 19, o el 20, da igual, a efectos de mi argumento es lo mismo; lógicamente, esas elecciones nos llevarían a un nuevo Gobierno no antes de primeros de febrero.
Yo comprendo que ustedes piensan que van a ganar y que, como no están de acuerdo con nuestro Presupuesto, van a hacer otro radicalmente distinto. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que necesitan, desde que fuesen capaces de sentarse en una mesa, para hacer ese Presupuesto? (Risas.) Yo puedo aceptar que ustedes son razonablemente inteligentes y que en un par de meses o tres pueden tener el Presupuesto, pero me imagino que ustedes saben que después tiene que venir al Parlamento y tiene que ser aprobado y que, incluso a través del procedimiento de urgencia, eso supone tres meses más; estaríamos hablando por tanto de la entrada en vigor de ese Presupuesto en el mes de julio. Eso es lo que he intentado ponerles de relieve en mi argumentación y en mi presentación. Sean ustedes conscientes de que, hagamos lo que hagamos, no vamos a tener Presupuesto nuevo hasta el mes de junio o julio.
Es más, SS. SS. dicen otra cosa que me ha sorprendido a lo largo de estas últimas semanas, que es: «Nosotros no haremos Presupuesto sino que prorrogaremos

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el que tenemos». Me parece bastante poco serio, porque yo creo que hay que hacer un Presupuesto, y yo creo que gane quien gane las elecciones tiene que hacer Presupuesto. Es cierto que nosotros lo tenemos más fácil porque esperamos ganar y volver a presentar el mismo Presupuesto que tenemos. (Aplausos en los bancos el Grupo Socialista.) Su señoría se plantea que por qué marzo. Lo hemos dicho muchas veces. Hemos puesto marzo, en primer lugar, porque consideramos que es importante, damos mucho relieve a la Presidencia española en la Unión Europea y consideramos razonable terminar ese período con tranquilidad; período que, por cierto, está yendo bastante bien, pero como ese tipo de cosas no tienen gran importancia en este momento, pasan desapercibidas. En segundo lugar, porque había un programa legislativo importante con múltiples normas en la Cámara que considerábamos razonable que fueran aprobadas. En tercer lugar, porque por los problemas a los que ha hecho anteriormente referencia, es decir, que vamos a tener Presupuestos muy tarde, nos parecía razonable tener la posibilidad de discutir unos Presupuestos este año. No le digo, señor Aznar, los Presupuestos del Gobierno, le digo cualquier Presupuesto que esta Cámara defina y sea capaz de pactar.
Evidentemente, a partir de ahí, habría un argumento que a mí me parece fundamental: que la persona a la que le corresponde tomar la decisión de cuándo son las elecciones es el Presidente del Gobierno y, por las razones que ha estimado oportuno, son el mes de marzo.
Es cierto que eso ya supone un avance muy significativo respecto a lo que inicialmente estaba previsto. En consecuencia, yo creo que estamos en el debate de si son galgos o son podencos, que la sociedad va a entender mal, porque yo creo que al final esta idea de si es marzo, es enero o es febrero, lo entiende mal la sociedad.
Su señoría plantea un último problema: ¿qué consecuencias tendría el rechazo presupuestario? Y dice: «No se lo plantean seriamente». Incluso usted hace una afirmación, que me parece grave, hablando de frivolidad y diciendo que nos da igual. No, no nos da igual en absoluto, nos parece muy importante que haya Presupuesto; le hemos dado una gran importancia, y, de hecho, hemos insistido permanentemente en la necesidad de que exista Presupuesto. Somos conscientes de que si no hay Presupuesto, habrá problemas y complicaciones adicionales en este país.
Por lo tanto, no somos frívolos en absoluto. Lo que sí pretendemos es ser coherentes, y ya he notado en mi intervención adicional que cuando yo, de forma enfática, decía que respetaremos la Constitución, como es evidente y no puede ser de otra forma, ustedes han tomado el rábano por las hojas porque lo que yo estaba diciendo era algo un poco distinto. Quiere decir que no jugaremos a ese juego al que tan habituados nos hemos visto en los últimos tiempos, aquel de «como a mí me viene bien, yo le digo no al Presupuesto y, luego, ya hablaremos y negociaremos un decreto-ley que de hecho nos permita poner en marcha el mismo Presupuesto al que le he dicho que no por unas u otras razones». A eso es a lo que el Gobierno ha dicho no, el Gobierno ha dicho que aplicaremos la Constitución en el sentido de que la Constitución define de forma muy clara que cuando no hay Presupuesto se aplica la prórroga del presupuesto. Por lo tanto, el Gobierno hará frente a sus responsabilidades, tomará las decisiones necesarias para ponerlo en marcha.
Es cierto que S. S. plantea el tema de forma mucho más ambiciosa, porque S. S. dice que lo que habría que hacer cuando a uno le rechazan los Presupuestos, es convocar elecciones y dimitir.
Bueno, es una opción que sin embargo usted pudo haberla ejercido en su momento y no la practicó. Ya sé que ese tema, evidentemente, no le gusta. Usted tuvo la experiencia personal de que le rechazaran unos presupuestos, ése es un hecho, (Rumores.), los presupuestos del año 1989. (Rumores.) Es cierto que usted en aquel momento no dijo nada, le dejó todo su protagonismo a su Consejero de Economía, que era el señor Pérez Villar. (Rumores.-- Protestas.) No hemos sido capaces de encontrar una sola referencia de sus posiciones sobre aquel presupuesto. Usted, un par de meses más tarde, aprobó el presupuesto con una formación distinta de aquella con la que inicialmente se planteó.
Ya comprendo que cada uno toma las decisiones que estime oportunas, pero le repito que sigo creyendo en lo que les he defendido inicialmente. Creo que este país necesita unos Presupuestos; creo que es mucho mejor la opción de Presupuesto que la de no Presupuesto, y creo, evidentemente, que cada uno debe adoptar las decisiones que estime oportunas, pero, sin duda ninguna, responsabilizándose ante la sociedad de las decisiones que tome.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, lamento decirle, señor Solbes, que yo no esperaba más de usted. Por tanto, tengo que decirle que a mí su intervención no me ha podido defraudar, ni siquiera en la expresión que ha dicho usted manifestando claramente su ignorancia del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, puesto que allí no es posible disolver el Parlamento, sencillamente porque no se tiene facultades para ello. Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor AZNAR LOPEZ: Señorías, sí he dicho antes, en mi intervención --que por cierto no ha debido

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ser bien escuchada por el señor Ministro de Economía--, que no se trataba de una cuestión de fechas (Un señor Diputado: ¡No se te entiende!) Se trata de responder a la lógica política de la Cámara en un momento determinado, como corresponde a un régimen parlamentario que es, naturalmente, un régimen de mayorías. Y la lógica política, la normalidad política, en cualquier país democrático, no consiste en que un Gobierno presenta los Presupuestos y anuncia la disolución de las Cámara, eso no es la normalidad. El Gobierno puede presentar los Presupuestos y anunciar la disolución de las Cámaras, y eso se podrá considerar normal, pero eso no es un calendario lógico normal. Lo normal es saber si el Gobierno, que recibió su investidura de esta Cámara con arreglo a un apoyo determinado, la mantiene o no la mantiene; si tiene la confianza de la Cámara o si no la tiene, y, si no la tiene no puede seguir gobernando ni ahora ni en marzo. Esa es la realidad. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Por tanto, aquí no se trata de una cuestión de empecinamiento en una fecha determinada, es una cuestión de respeto a las reglas del funcionamiento parlamentario cuando no se tiene la mayoría con la cual uno llegó claramente al Gobierno. Esa es la realidad de las cosas.
Y tiene usted razón, señor Ministro de Economía, en que la situación es, sin duda, una situación delicada, grave; tan grave que en esta Cámara la mayoría le está diciendo que lo que se requiere es la disolución. Y usted sabe que lo que esperan los agentes económicos es la disolución. Y, naturalmente, usted sabe también que desde el mes de julio conocen que esta situación se iba a producir. Contesten por qué mantienen esta situación, para qué mantienen esta situación si no es para ganar tiempo, con independencia de lo que significa la mayoría parlamentaria de esta Cámara; a ver por qué otra razón se mantiene esta situación.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Me gustaría mucho, señor Ministro de Economía, que los esquemas fundamentales de nuestro país, en línea con nuestra convergencia económica, hubiesen mejorado, pero tengo que decir que en convergencia nominal no hemos mejorado sino empeorado, en todos los datos, y en la convergencia real, por desgracia, no nos movemos.
Señorías, señor Ministro de Economía, señores del Gobierno, los responsables de esta situación son ustedes. Y ahora, para culminar su faena, anuncian y convocan una campaña electoral, nada menos que de cinco meses de duración, en todo un ejercicio de responsabilidad. Cuando se anuncia la convocatoria de elecciones se hace todo ese ejercicio de responsabilidad para luego venir a pedir confianzas ajenas. (Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! El señor AZNAR LOPEZ: Ustedes han perdido la confianza de esta Cámara, están obligados a sacar las consecuencias y pueden entender que atrincherarse en el poder es una buena fórmula.
Nosotros creemos que no. Creemos simplemente que en un régimen parlamentario es mejor cumplir las reglas.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy mal! ¡Muy mal!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
¡Silencio, señorías! Señor Ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a hacer tres comentarios. Es evidente que usted no podía convocar elecciones en Castilla y León, pero había otras fórmulas para hacer frente a la responsabilidad de la devolución presupuestaria. (Fuertes y prolongados rumores.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¿Cuáles?--Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Dimitir! ¡Dimitir!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En segundo lugar, S. S. plantea un modelo de lógica política invirtiendo prácticamente lo que son los instrumentos constitucionales para la consecución de ciertos objetivos. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: si lo que se quiere es cambiar el Gobierno, si lo que se quiere es convocar unas elecciones, siempre ha existido la moción de censura, y ahí la tienen a su disposición para cuando la quieran ejercer. (Fuertes rumores.) Y no vale ese argumento de que no la plantean porque no tienen la mayoría. (Un señor Diputado: ¡Y la de confianza también!) Su señoría también hace referencia a que los agentes económicos esperan la disolución y que la responsabilidad es nuestra porque sabemos que se iba a producir esto desde hacía seis meses. Yo no lo sabía, me lo temía, me lo temía. (Fuertes y prolongados rumores.) Y es cierto que hemos intentado un esfuerzo para que el debate volviera a la racionalidad que, desgraciadamente, no hemos conseguido.
Por último, señorías, los datos económicos los sigue usted teniendo equivocados. En la convergencia real, por ejemplo: inflación, 5,1-4,9-4,5; déficit, 6,6-5,9-4,4. (Protestas.-- Rumores.) Es cierto que en deuda aumenta y en tipos de interés es mucho más volátil y fluctúa en función de los años. Que le hagan a usted los números y seguramente podremos hablar mejor.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio!

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El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, pido la palabra.


El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, tiene la palabra. Un minuto, una precisión.


El señor AZNAR LOPEZ: Si me lo permite, señor Presidente, sólo voy a consumir cinco segundos.
Señor Ministro de Economía, no deja de ser una expresión asombrosa y muy notable, digna de que quede reseñada en las actas de esta sesión, que el Ministro de Economía del Gobierno no sabía que todos los grupos habían anunciado su rechazo a los Presupuestos, y que simplemente se lo temía. (Aplausos.-- Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra el señor Ribó. (Fuertes y prolongados rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, han sido diversos los medios que han calificado este debate como el debate de una moción de censura encubierta. Para nuestro Grupo Parlamentario representa, sin lugar a dudas, la constatación de que este Gobierno no dispone de mayoría parlamentaria. Pero matizando lo que hemos escuchado hace un momento, señor Solbes, ustedes no disponen de mayoría parlamentaria no porque no existan grupos parlamentarios para que compartan con ustedes la política económica y presupuestaria, que la comparten sustancialmente Convergència i Unió y el Partido Popular, sino que ustedes han perdido la mayoría parlamentaria por motivos políticos.
Coinciden ustedes en una visión continuista de la política económica, coincidieron y coinciden con Convergència i Unió, e incluso el Partido Popular, en lo poco que conocemos de sus avances de política económica, parece que se mueve con la misma matriz, quizás profundizándola, como lo demuestran sus propuestas sobre el IRPF, sobre la reducción de la tabla por arriba o la reducción de la prescripción. Una política económica continuista que está en estos Presupuestos, que ha sido incluso criticada por el Gobernador del Banco de España como tímida, a medio camino, y que no escriben ni en el proyecto de presupuestos ni en el posible Decreto-ley que posteriormente intente enmendar la derrota de este debate. Una política continuista que ha sido desmentida en sus asertos más importantes --y lamento mucho que antes no se entrase en estas cuestiones--, aquel aserto de que desregulación iba a significar empleo; el reajuste que usted mismo tuvo que proponer al Gobierno en enero de 1995 en unos Presupuestos recién estrenados; el que en años de crecimiento no llegen a crecer los ingresos; el fracaso de las previsiones sobre el IVA y el que el cuerpo social, por temor, por inseguridad, no reanime lo que ustedes están esperando: el consumo.
Existen otras políticas posibles. Usted recordará que un antecesor suyo se hizo famoso por aquella frase «no hay otra política económica que la nuestra» --Solchaga dixit--, que llevó a un fracaso estrepitoso de la llamada «época de los milagros», que nos ha dejado un peso enorme, que arrastramos en deuda, y hoy aquella política incluso es tratada en las universidades como algo que nunca se debe hacer. Hay políticas diferentes, señor Solbes, las hay en muchos frentes. Ustedes las negaron en las pensiones, y debates parlamentarios e incluso la huelga general les hicieron rectificar. Por eso nosotros presentamos una enmienda de totalidad que contiene criterios de políticas diferentes.
Voy a intentar desarrollar estas tres ideas: no se les derrota por desavenencias en los Presupuestos, donde coinciden sustancialmente tres grupos parlamentarios de esta Cámara, se les derrota por motivos políticos de estos otros dos grupos parlamentarios; la política presupuestaria que presenta es el continuismo y hay otras políticas presupuestarias posibles.
En primer lugar, la derrota, que puede producirse mañana si nadie llega a variar su posición anunciada, significaría dimisión, señor Solbes. Yo no soy muy ducho en el Estatuto de Castilla y León, pero le aseguro que no hay democracia parlamentaria avanzada que nos pueda servir como ejemplo de un Gobierno que, con la devolución de los Presupuestos, continúe gobernando. Es de manual, señor Solbes, la derrota de una ley tan importante como son los Presupuestos, la ruptura de la confianza en una ley tan trascendental, significa dimisión.
¿Quién gestionará el no, señor Solbes, famosa frase que ustedes acuñaron? Porque podrían cambiar la política presupuestaria e intentar otro camino buscando otros consensos. ¿Por qué este empecinamiento? No argumentemos sobre chantaje, porque usted estos días --quizá movido por su predecesor en el chantaje, el señor Saavedra, en el tema del Senado y Canarias--, ha llegado a afirmar que las autonomías y la sanidad sufrirán un colapso financiero. Me gustaría que explicase a qué se refería cuando decía colapso financiero.
¿O es que no son responsabilidad de ustedes los defectos de financiación de la sanidad o de las comunidades autónomas, que se reiteran en estos presupuestos? Los presupuestos de 1996 siguen las líneas de 1995, siguen las líneas de la política económica que ustedes llegaron a crear con Convergència i Unió. Las argumentaciones que conocemos por escrito de la enmienda de totalidad de Convergència i Unió se alejan de cualquier disparidad sobre ello. Nos hablan de oportunidad, de elecciones, de coherencia de mercados, de institución internacional.
¿Dónde está la famosa gobernabilidad o estabilidad que habían pactado? ¿Por qué se produce una ruptura, que es básicamente partidista, cuando se quiere evitar por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència

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i Unió) costes electorales de continuar apareciendo suscribiendo una determinada política que han elaborado de forma conjunta? ¿Por qué, señor Solbes, son tan irresponsables usted y los máximos mandatarios de Convergència i Unió y se tiran a la cabeza una enmienda a la totalidad de los presupuestos o un recorte en la financiación autonómica, dos temas tan serios, pura y simplemente por motivos partidistas? ¿Por qué lo hacen, cuando además se sabe que están preparando un decreto-ley y que, tras la derrota de mañana, ustedes ya están situados en el 20 de noviembre y que, por lo tanto, este debate, si tenemos en cuenta el decreto-ley, puede tener un cierto tufo de tongo en lo que se refiere al posicionamiento de determinados grupos parlamentarios? Ustedes preparan un decreto-ley, incluso lo han dicho desde el Gobierno, que deberá requerir también de una mayoría. ¿Con qué mayoría piensa contar, señor Solbes? ¿Cuál es el posible contenido de ese decreto-ley? Quizá avanzaríamos hoy y mañana el debate si usted entrase de forma valiente en este tema y no se refugiase, como ha hecho en su intervención inicial, en la estricta presentación de una serie de figuras, números y políticas que ya conocemos los que hemos tenido que estudiar estos presupuestos.
La demostración de esta coincidencia se ha visto en esta Cámara muy a menudo. Estos presupuestos siguen con el monetarismo, siguen con la desregulación laboral, siguen con los gastos fiscales, tres temas que han sido abogados por Convergència i Unió y por el Grupo Popular. Discutimos los presupuestos cuando ya hemos discutido la modificación de la Ley de Delito Fiscal, reduciendo las cuantías y las sanciones ante el fraude, o la Ley General Tributaria, poniendo trabas a la inspección, o una política de privatizaciones, medidas fundamentales para la política presupuestaria, ya discutidas y aprobadas, en donde han coincidido estos tres grupos.
Señor Solbes, en los presupuestos que usted nos presenta vemos la continuidad de la política del Gobierno del PSOE, una política acuñada junto con Convergència i Unió y que en algunos aspectos ha fracasado estrepitosamente. Usted nos dice, en declaraciones anteriores al debate, que si no se les aprueban los presupuestos es que no les dejamos gobernar. Sin embargo, presenta unos presupuestos que están poco dirigidos a gobernar sobre los problemas que más preocupan a la población. Se plantean, como primer objetivo, reducir el déficit y la inflación, y no creo que nadie, desde una perspectiva racional, pueda discutir el enunciado de este objetivo. Vamos a discutir el cómo y el con quién. Se plantean alcanzar la convergencia europea nominal y no hablan --a pesar de que usted ha tenido un lapso en una de sus réplicas al señor Aznar-- de la real, cuando incluso la comisión Europea ya está desarrollando estudios que abogan por subrayar la importancia de la convergencia real y se plantean continuar su crecimiento reduciendo el gasto y fomentando la desregulación.
¿No cree usted, señor Solbes, que continúan abordando el problema del déficit, sobre el cual --repito-- este Grupo parlamentario ha entrado y continuará entrando en su debate, con una rigidez que ya llevó al señor Solchaga a hablar de la reducción al uno por ciento, que fue un fracaso estrepitoso, cuando incluso se intentó imponer el gobierno central a las comunidades autónomas y a los poderes locales? ¿No cree usted que hablando de reducir el déficit de forma mecánica, demasiado mecánica, como quien pudiese decir que si sube el déficit bajo el gasto --y lo están haciendo en partidas tan importantes como el Fondo de Compensación Interterritorial, que va a disminuir las inversiones, que va a perjudicar a las comunidades autónomas más pobres, que son las que deberían recibir los mayores porcentajes de inversión bruta, que son las que deberían recibir los beneficios de aquellos fondos de nivelación, que no llegan ustedes a cuantificar, o recuperar la deuda histórica-- van a incrementar, las desigualdades territoriales? ¿No cree usted que rebajar gastos de infraestructuras, después volveré a ello, no significa alejarse del potencial crecimiento respecto a Europa, y no digamos lo que afecta a la investigación o a la formación? ¿No cree usted que estamos ante una serie de parches desordenados, que además nos los presenta sin ninguna voluntad real de negociación, como aquella negativa que ya practicaron en la Mesa social de 1993, cuando expulsaron a los máximos dirigentes sindicales de cualquier tipo de acuerdo social en líneas presupuestarias? Y le hablo en nombre de su Grupo parlamentario que está dispuesto a ir a fondo incluso en políticas de austeridad, pero realmente de austeridad, realmente de reequilibrio o de redistribución de la riqueza.
En los presupuestos que usted presenta propone unos recortes que van a afectar sensiblemente a la calidad de vida de la población a medio plazo, y usted lo sabe mejor que nadie. Lo pueden disimular hablando de una inflación controlada por la moderación salarial y, sin entrar en los presupuestos, de otros factores que, ya está más que demostrado, son los auténticos causantes de la inflación. Se puede demostrar cuando, a pesar de todas las apelaciones a Europa, mantenemos diferenciales tan importantes sobre el paro, salarios, inflación, déficit, no el de productividad, que hemos alcanzado gracias a la destrucción de empleo. Y cuando otros Estados, como Portugal o Irlanda, por darle una comparación a la baja en la tabla, no tienen tantas diferencias en tantos indicadores de convergencia real respecto a Europa; quizá también pesarían aquí los escándalos políticos que arrastra este Gobierno desde hace tres años, que no facilitan la recuperación de credibilidad.
Usted presenta una política presupuestaria que ataca la progresividad del gasto público, que resitúa a la baja, por más juegos de azar que quiera realizar hoy,

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las prestaciones de carácter social, que mantiene gastos fiscales de dudosa eficacia, y le voy a recordar cifras de sus propios estudios, y que mantienen una desigualdad de servicios según el lugar de origen de los ciudadanos.
Ustedes continúan apostando por que el crecimiento se base en la moderación de costes laborales y en la reforma del mercado de trabajo. Lo diré muy rápidamente; la ocupación o el paro, que sería muy importante tenerlos presentes en el debate presupuestario, me parece a mí, la creación de empleo de poca calidad, precaria, mal retribuida, de menor coste y de menor calidad profesional continúa creciendo. Todos los estudios desde los del BBV hasta los del propio Banco de España lo señalan. ¿Así se avanza hacia una economía eficiente? El 36 por ciento de contratación, precaria; el 50 por ciento ya entre las mujeres. El 94 por ciento de contrataciones comunicadas al Inem, temporales, manteniendo una tasa de paro «grosso modo», disminuyendo sensiblemente las prestaciones por el paro, según los estudios del Gobierno, manteniéndose las aportaciones de las cotizaciones. Algo menos del 50 por ciento del paro no recibe ninguna prestación. Hemos pasado del 63 por ciento en 1993 al cuarenta y nueve y pico por ciento en 1995. En este año, 400.000 personas han perdido la prestación. Tome usted las cifras del Inem: 1.300.000 personas; o las de la EPA, 1.600.000 personas, ya no reciben prestación por paro, cuando la OCDE nos dice que para el año 2000 tendremos la mayor tasa de paro de toda la OCDE y nos la sitúa en el 18,6 por ciento, o cuando estudios serios recientes nos dicen, y titulan, que el beneficio sigue creciendo a costa del empleo. El beneficio de las empresas creció en los seis primeros meses un 13,8 por ciento, mientras que en el mismo período el empleo descendió un 1,6 por ciento. Y recuerde, señor Solbes, y recuerden señores de Convergència i Unió que los gastos fiscales, que los volvemos a aumentar, ahora son 2,4 billones, no han creado la confirmación de su aserto hace un año, anunciado con tanta solemnidad: que iban a generar, en paralelo, la recuperación del empleo. No hay ninguna posibilidad de demostrar aquel aserto. Hay posibilidad de argumentar sobre cifras que lo contradicen frontalmente, cuando no hay control ni relación directa ni en la creación de empleo ni en la modernización de empresas, en la enorme factura que está pagando el erario público español por el continuo incremento de gastos fiscales indiscriminados y con un consumo, insisto, que no se recupera, que expresa no sólo temor o inseguridad, sino fractura social y una creciente desigualdad. Crecen las desigualdades y crecen los colectivos que situamos en aquello que llamamos la marginación.
A partir de esta consideración sobre su presentación triunfalista de los presupuestos, permítame que le diga, señor Solbes, que no nos creemos sus compromisos fiscales ni financieros; no los creemos o por voluntaristas o porque, incluso, ni se basan en las cifras, que ustedes nos aportan, de lo que están ingresando este año. En primer lugar, por el enorme peso que arrastran de la carga de la deuda de aquella época milagrosa del señor Solchaga.
Gastamos tres veces más en pagar intereses que en inversiones e infraestructuras. Hemos incrementado los gastos financieros un 12,4 por ciento, ya sea por déficit acumulado, ya sea por incremento de los tipos de interés. Qué poco conoce el ciudadano español que quizás el Ministerio más importante está para pagar los errores de un Gobierno como el de usted, señor Solbes, que año tras año creyó en milagros y fue acumulando aquella losa.
No nos podemos creer incrementos como el que usted anuncia sobre el IVA. Los datos de 1995 usted mismo los califica de mala evolución, y en 1995 aumentaron un punto el IVA para recuperar la baja de cotizaciones sociales, propugnada también con Convergència i Unió. Y ahora nos sale usted con unas declaraciones en las que nos dice que reducir más las cotizaciones para impulsar la actividad es el cuento de la lechera. De acuerdo, señor Solbes, pero no sean hipócritas.
Fueron ustedes los que empezaron reduciendo, de la mano de Convergència i Unió, pensando que iban a promover actividad.
Han añadido dificultades a la propia Seguridad Social, porque no se ha cumplido aquella partida de ingreso que iba a compensar la baja de cotizaciones. Y ya que estoy hablando de Seguridad Social, señor Solbes, de paso le digo: ¿dónde está el cumplimiento de los compromisos del Pacto de Toledo, que se debían aplicar en estos presupuestos, para mantener de verdad que el superávit de las pensiones contributivas no sirva una vez más para demagogias sobre quiebras futuras y para sufragar gastos que debían empezar a ser sufragados desde otras partidas presupuestarias? Ustedes han renunciado, de verdad, a mejorar la estructura de los ingresos, a los principios constitucionales de progresividad y equidad. Sabe perfectamente que el 67 por ciento de los ingresos del presupuesto consolidado proviene de los asalariados. Si había IRPF, sí había cotizaciones a la Seguridad Social. Algo que tampoco sabe el ciudadano de a pie y que poco se le explica.
Quizá entonces estaría algo más harto y escandalizado con determinadas opciones de política económica. ¿Dónde están las medidas y los programas en esos presupuestos para combatir un fraude que ya tiene un volumen similar al déficit? A nosotros nos gustaría poder entrar en un debate pormenorizado de toda una serie de medidas de ingresos sobre los cuales no sólo podemos poner una nube de incredulidad sino, también, una crítica desde la perspectiva constitucional y desde una dimensión progresista, sea en los retoques que han hecho en el IRPF, sea en la opacidad del Impuesto sobre Sociedades, sea en un Impuesto del Patrimonio que continúa sin tocar a las grandes fortunas. En general, en el nulo alcance de progresividad

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y que están imponiendo una regresión objetiva en la escala de ingresos.
Quizás el contenido continuista y conservador de los presupuestos que nos presenta salta mucho más a la vista en los gastos y en los recortes que ustedes anuncian en gastos.
Recortan partidas tan importantes como las infraestructuras, y aquí le haría una doble crítica: la de desarrollo económico y la de la sostenibilidad. Continúan apostando por la carretera y el transporte individual sobre el ferrocarril y el transporte colectivo. A pesar de un plan muy desarrollado de autovías y de que dicen que están acabando de cumplir y que por ello no necesitan tanto dinero, la apuesta es de 2,5 a uno de carreteras sobre ferrocarril. Están reduciendo programas que afectan al uso social del transporte colectivo.
Al mismo tiempo que estamos discutiendo en esta Cámara, con plazo de enmiendas pendiente, un Real Decreto-ley sobre obras hidráulicas (que se refiere prácticamente a saneamiento e infraestructuras y que anula de verdad el debate sobre este tema que nos presentan ustedes en su enfoque en los presupuestos, porque además dejan el tema como partida superampliable en el Decreto) nos hablan de un incremento en torno al 8 por ciento.
Bajan ustedes partidas tan importantes como el I+D un 6,3 por ciento. ¿Cómo vamos a ser más eficientes, señor Solbes? ¿Es una variable marginal para el Gobierno el I+D? Si se aprobasen los presupuestos, estaríamos en 1996 en la partida de I+D en términos inferiores a los de 1988. Y nos llenamos mucho la boca de que vamos a ser eficientes, competitivos, modernos y vamos a hacer frente a esta creciente deuda tecnológica --porque es creciente-- que tenemos respecto a otros Estados de la misma Unión Europea.
Reducen partidas tan importantes como la vivienda, como la aplicación de la Logse, como la energía, y vuelvo a la sostenibilidad, señor Solbes. Se destinan tan sólo 7.000 millones de pesetas a normativa y desarrollo energético, y dentro de una partida sin especificar no se sabe cuánto va a ahorro y eficacia energética y energía renovables. ¿Dónde está el futuro, señor Solbes? No hace falta exhibir ningún ecologismo fundamentalista para saber que los Estados más avanzados y eficientes hace años que están invirtiendo en estas partidas que ustedes o amagan en los presupuestos o recortan incluso en lo que es partida global.


El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.


El señor RIBO MASSO: En general, reducen la inversión pública y está muy lejos de aquella promesa electoral del PSOE, del año 1993, del 5 por ciento del PIB.
Me gustaría tener tiempo para poner dos ejemplos vergonzantes para su opción política en lo que se refiere a estos recortes.
Sólo se los enuncio. Lo que afecta a entes territoriales, a municipios, a poder local, que vuelven a retroceder en la financiación pública por más que sus alcaldes y concejales participen en declaraciones manifestando que aquello es el primer escalón de la democracia y que, como ya le he dicho, afectan a comunidades autónomas, en general, y, en particular, a las que se deberían beneficiar de los fondos de nivelación.
Y un segundo ejemplo aún más importante, en cuanto a su cuantía, es lo que afecta a la moratoria nuclear. Nos hablan de avalar 730.000 millones de pesetas que van a ir en beneficio de empresas privadas que en su día cometieron el error de conseguir determinadas centrales y que van a cobrar por desmantelarlas, cuando se ha demostrado que son absolutamente innecesarias. ¿De qué hubiera servido tener más centrales nucleares? Pregunta que lanzo a usted y a algunos Diputados también de Convergència i Unió cuando nos decían que íbamos a volver a la época de los candiles cuando se decretó la moratoria y que no han entrado nunca a estudiar las verdaderas alternativas a este problema.
Nuestro Grupo parlamentario propone en su enmienda --tengo el honor de subrayar que es quizá la más concreta, precisa y extensa en la línea de política alternativa a la que representa la del presupuesto que usted nos presenta en esta Cámara-- objetivos de creación de ocupación en paralelo a ir reduciendo la factura medioambiental, de redistribución de la riqueza o disminución de los desequilibrios territoriales y con una serie de instrumentos que los tiene enunciados en la enmienda y que no voy a tener tiempo de poder desarrollar.
Señor Solbes, en definitiva, creo que hoy no estamos discutiendo sus presupuestos, que además sabe usted perfectamente que no van a salir aprobados. Estamos discutiendo una serie de apuntes, que sirven de excusa para posicionamientos diversos a otros grupos parlamentarios que coinciden con su política económica y presupuestaria, con la del Gobierno actual. Una serie de apuntes elaborados por técnicos de un Ministerio, quizás muy poco discutidos y asumidos por ministros del Gobierno, que son suficientemente inteligentes para saber que no hay posibilidad alguna de trabajar en ningún futuro sobre estas cifras. Y estamos en esa situación, pura y simplemente, por motivos políticos, que están anunciando a voces que en diciembre vamos a discutir apaños. Hablemos quizá hoy de esos apaños, señor Solbes; vamos a ganar tiempo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ribó, S. S. ha presentado su enmienda a la totalidad sobre la base de tres líneas fundamentales. En

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primer lugar, no estamos hablando del tema presupuestario. En opinión de S. S., estamos hablando de un problema político: la existencia o no existencia de una mayoría parlamentaria que permita llegar a ciertos resultados, con independencia del contenido que tengan los presupuestos. En segundo lugar, habla de un continuismo de los presupuestos. En tercer lugar, no ha hecho referencia --aunque ha hecho alguna alusión, no la ha expuesto con detalle-- a sus políticas alternativas. Pues bien, seguiré su línea de razonamiento e intentaré hacerle algunos comentarios que me parecen relevantes.
Para empezar, S. S. plantea el problema de naturaleza política: si no hay mayoría parlamentaria, ustedes tienen que dimitir. Si no existiere mayoría parlamentaria para tomar ninguna decisión, esa línea argumental podría tener una cierta razón de ser.
Evidentemente, hay muchos gobiernos que están gobernando en minoría en todos los países. No cabe duda de que la situación de no presupuestos no es una situación cómoda, y es evidente que va a ser una situación complicada y difícil. Sin embargo, lo que no acepto --y lo he dicho ya anteriormente en el debate con el Grupo Popular-- es que se saque la conclusión de que la inexistencia de presupuestos implica una convocatoria inmediata de elecciones, que es tal vez la conclusión a la que S. S. quiere llegar, por dos razones: Primero, porque ya se ha dicho por parte del Presidente del Gobierno cuándo se van a producir esas elecciones, y creemos con bastante fundamento que es el momento óptimo para hacerlo. En segundo lugar, porque es evidente que esas elecciones corresponde definirlas al Presidente del Gobierno y que, desde luego, SS. SS. quieren, como he dicho antes, la alternativa de la moción de censura. Está en su mano. Pónganse de acuerdo con el grupo parlamentario que estimen oportuno. A nosotros esa foto nos gustará mucho y ver cuál es la decisión que SS. SS. toman sobre ese punto concreto.
Su señoría utiliza algunas palabras que me resultan en cierto modo incómodas. Su señoría habla de chantaje, chantaje que yo estoy haciendo, según S. S., en la búsqueda de un consenso en el tema autonómico y sanitario. Primero, me gustaría que estas palabras se midieran; segundo, me gustaría que se supiera de qué se está hablando y, evidentemente, que se hablase con precisión.
Yo he dicho siempre, y lo vuelvo a repetir, que, por razones de coherencia, esta Cámara puede hacer dos cosas: aceptar la discusión parlamentaria y llegar al presupuesto que se estime conveniente o no aceptarlo. No aceptarlo significa la prórroga del Presupuesto del año 1995. Por lo tanto, no será el Gobierno sino ustedes los que quitarán el dinero al sistema público de sanidad y a las comunidades autónomas. Nosotros lo hemos puesto en el presupuesto y en el presupuesto está. Si ustedes se niegan a aprobar el presupuesto, es evidente que son ustedes los que lo rechazan.
Y yo, desde su Grupo Parlamentario, haría una reflexión más: ¿Piensan el golpe que ustedes están dando al sistema de sanidad o al sistema de Seguridad Social con la decisión que van a tomar? Me parece que, como elemento de reflexión para el próximo futuro, sería bueno que SS. SS. lo hicieran. Si lo pensaran con cierta seriedad, llegarían, tal vez, a la conclusión de que su apuesta puede ser beneficiosa a corto plazo, pero enormemente arriesgada a medio o a largo plazo.
Parte S. S. de un juicio de valor que tampoco le puedo aceptar, y es que ya hay preparado con Convergència i Unió un decreto-ley, que se va a aprobar en un momento determinado, etcétera.
Evidentemente, no hay decreto-ley preparado y lo único que he dicho, y lo vuelvo a repetir, es que, en ese momento, el Gobierno únicamente se compromete a garantizar la presentación de la norma que afecte a funcionarios y pensiones. A partir de ahí, todo son de valor sin ninguna base real que intentan deformar la realidad en función de lo que a SS. SS., por otro tipo de razones, les puede preocupar.
Hace referencia S. S. a un presupuesto continuista; presupuesto continuista, dice, que se basa en una serie de argumentos, que SS. SS. no comparten, y dicen: ni siquiera el Banco de España está de acuerdo con ustedes. A mí me gustaría que las declaraciones del Gobernador del Banco de España se leyesen en su integridad, no en los titulares que algunas agencias o algunos periódicos han expuesto. Me preguntaron ayer, en Bruselas, a una pregunta sobre este tema concreto, que qué opinaba sobre las declaraciones del Gobernador del Banco de España, y dije que las comparto totalmente, porque el Gobernador del Banco de España no ha dicho lo que pretenden que diga sino lo que realmente ha dicho. El Gobernador del Banco de España ha dicho dos cosas: primero, los presupuestos, tal como están planteados, son necesarios y, segundo, sin embargo, estos presupuestos no nos garantizan a medio plazo la consolidación de la reducción del gasto necesario y es imprescindible adoptar medidas estructurales adicionales, puntos con los que estoy absolutamente de acuerdo.
A partir de ahí, hay una política continuista, y S. S. hace un repaso, que yo querría también comentar, sobre la evolución de ingresos y gastos, partiendo de una afirmación sobre la convergencia nominal y real. A SS. SS. no les gusta nada la convergencia nominal, porque, dicen que es algo que está definido en Maastricht. A SS. SS. les preocupa incluso ese concepto de reducción del déficit; parece que la reducción del déficit les molesta, puesto que siempre lo matizan y dicen: no, no estamos contra el déficit, sino contra una reducción del déficit tan rápida y que se haga a medio plazo; es habitualmente la fórmula que SS. SS. utilizan. Lo que sucede es que nunca encontramos cuándo es razonable ese medio plazo para la reducción del déficit. A mí me interesa y me preocupa mucho hacerlo a muy corto plazo, porque cada punto de tipos de interés me cuesta 300.000 millones de pesetas al año y el déficit adicional correspondiente, por ejemplo, al déficit del

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año pasado, nos introduce en el modelo de financiación de este año, 300 o 400.000 millones de pesetas más. Luego podremos hablar de esas cifras, si a S. S. le interesa, con el máximo interés.
Hablan SS. SS. de una convergencia real, que es verdad que cada uno la puede definir como estime conveniente, pero que se está produciendo, según le digo, en la medida en que nuestro nivel de renta per cápita se va aproximando al comunitario. ¿Que hay, evidentemente, puntos en los que esa convergencia real no se produce? Es posible, pero no cabe duda de que, en términos globales y en las cifras que mejor miden esa convergencia real, se está produciendo lo mismo que en la convergencia nominal.
A partir de ahí, S. S. hace una afirmación, diciendo: no creo en los compromisos fiscales y financieros del Gobierno y, a continuación, hace unas referencias que, desgraciadamente, tengo que rebatir y comentar, porque creo que o S. S. no ha trabajado bien el presupuesto o no ha entendido exactamente qué es lo que en el mismo viene.
Dice S. S.: no creo en el incremento de ingresos del IVA tal como está planteado. Está bastante bien explicado. Hay cuatro argumentos por los cuales el IVA, el año próximo, va a subir de forma sustancial: primer argumento, el incremento del consumo privado será del 3 por ciento en vez del 1,9 por ciento. Segundo argumento, el año que viene se aplicarán los nuevos tipos para las grandes empresas, doce meses en vez de once, y para las pequeñas y medianas empresas, cuatro trimestres en vez de tres trimestres, como este año. Tercero: este año hemos puesto en marcha en la Ley de Presupuestos y en la de Acompañamiento del año pasado, el sistema de decalaje comunitario, que ha supuesto una pérdida de 90.000 millones de pesetas este año en la base. En cuarto lugar, hemos acelerado las devoluciones para las empresas que están aplicando el tipo reducido, que el año pasado se devolvían en el ejercicio siguiente, y que introducen otros 200.000 millones de desfase en cuanto a la base de cálculo para el año siguiente.
Por tanto, hay bastantes argumentos para explicar por qué el IVA va a funcionar de una determinada forma, y esos argumentos están claramente explicados en los presupuestos.
Su señoría plantea el problema del IVA-cotizaciones y hace una referencia que yo nunca he hecho refiriéndome a la baja de cotizaciones sociales. Siempre he dicho que la baja de cotizaciones sociales es importante en términos cuantitativos. Mi afirmación sobre el cuento de la lechera, que sí la he utilizado más de una vez, se suele referir a esas propuestas fiscales que nos dicen que vamos a bajar los impuestos y que, como consecuencia de esa reducción, todos los españoles se apresurarán a ir a pagar sus impuestos sin ningún tipo de coacción. Ese es el modelo en el que no creo, que no se refiere a cotizaciones sociales, sino que se refiere a otros temas.
Su señoría habla del Pacto de Toledo y dice: ¿Dónde está? Evidentemente, por nuestra parte no hay ningún inconveniente en hablar del Pacto de Toledo y, desde luego, en plantear las soluciones que en el mismo se plasman.
Hace S. S. referencia a otros temas muy variados: la opacidad en el sistema de sociedad y el IRPF. Es cierto que hemos puesto en marcha un sistema que a mí me parece más razonable que el existente anteriormente. Tenga en cuenta S. S. que, en el sistema preexistente al actual sistema de sanciones, era necesario pagar más del 100 por cien de la cantidad afectada para que el sistema pudiera, digamos, reconocer el dinero negro existente en el país.
¿Cuál era el efecto práctico? Que, evidentemente, no funcionaba.
Comprendo que esos modelos teóricos están muy bien, pero en la práctica sirven para muy poco.
Podríamos hacer referencia a muchas otras cosas, especialmente, por ejemplo, a un tema que es muy querido para SS. SS., que es el problema del fraude. Sobre el fraude se ha hecho mucho; le doy los últimos datos que, por otra parte, están publicados en el primer semestre de 1995, sobre efectos de la unidad del fraude.
En activos financieros han aumentado el 3,5 por ciento los contribuyentes y el 630 por ciento la deuda tributaria; en el sector inmobiliario ha aumentado el 25 por ciento la deuda tributaria; en los programas IVA ha aumentado el 168 por cien la deuda descubierta; en profesionales ha aumentado más del 12 por ciento, etcétera.
Quiero decir con ello que el problema del fraude, siendo un tema muy importante --estamos trabajando sobre él--, evidentemente es algo que nos da un cierto margen de actuación, pero no pensemos que con el fraude se resuelven todos los problemas.
Sus señorías dicen: «No, no; en lo que no estoy de acuerdo es en esa política de gastos que ustedes están planteando. Queremos más gastos.» El problema de querer más gastos es que, o queremos más déficit, o queremos más ingresos. Más ingresos parece que a SS.
SS. les plantea alguna dificultad, incluso en lo que ya estamos sugiriendo en este momento. Es cierto que SS. SS. siempre recurren a la tesis de la famosa presión fiscal, y yo le diría que estoy dispuesto a hablar de ella. Seguramente, si descomponemos, en función del consumo, trabajo y capital, y los comparamos con los países con los que estamos compitiendo, SS.
SS. verían que ese margen de mayor presión fiscal al que habitualmente hacen referencia, evidentemente no ofrece tantas posibilidades como S. S. estima conveniente.
Su señoría ha hecho referencia a que no le gusta la reducción de gastos de inversión. A mí tampoco, pero ya he dicho anteriormente que estamos hablando de una reducción del 1,9 por ciento; que seguimos con los gastos de inversión en infraestructuras más importantes de toda Europa; que pensamos que es bueno que se reduzca el tipo de interés para ofrecer mayor actividad a la iniciativa privada, y pensamos que es la iniciativa privada la que puede sustituir, generando más empleo,

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a alguno de los problemas que en estos momentos se plantean.
Su señoría dice que en I+D hay problemas. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha tenido un tratamiento bastante bueno en este presupuesto, dejando una situación parecida a la que anteriormente tenía. Hay reducción, evidentemente, muy ligera, pero bastante razonable en función de lo que el presupuesto plantea.
En el tema de la moratoria nuclear, es como si de repente ésta surgiese, como si no fuese un problema que existe desde hace años y que lo que hay que intentar hacer es resolverlo. Ese es el problema. No nos planteemos ahora si unos gastos que están realizados van a absorberse de una forma u otra. Si nos planteamos el tema de esa manera, nunca llegaremos a una solución práctica.
La idea de que es vergonzante reducir la financiación a entes locales y comunidades autónomas, ya he dicho anteriormente que no es una decisión del Gobierno, sino que es una decisión que, en su caso, este Parlamento adoptará cuando devuelva el presupuesto y opte por la prórroga del de 1995.
Es verdad que a SS. SS. les preocupan los gastos sociales y hacen referencia a una serie de puntos, que desgraciadamente yo no puedo compartir. Su señoría dice que estamos apostando por un crecimiento que se basa en la reducción de los costes laborales y del incremento del empleo precario, y saca una conclusión, y es que el empleo precario, si no fuese precario, sería el mismo. Mi opinión es que el empleo precario, o el temporal --que me gustaría mejor denominar-- si no fuese temporal, no existiría.
Ese es nuestro distinto enfoque. Sus señorías siguen apostando de forma corporativa por aquellos que tienen trabajo y que tengan mejores condiciones; nosotros seguimos apostando por que más gente tenga trabajo en este país.
Es evidente que tampoco ha analizado con mucho detalle los temas de gastos fiscales, porque, cuando S. S. hace referencia a que los gastos fiscales los volvemos a aumentar, lo que no ha hecho S. S. es leerse lo que la memoria dice sobre gastos fiscales. El sistema de cálculo de este año es radicalmente distinto. Se basa en una memoria diferente que se ha acompañado al proyecto de presupuestos de este año. Hemos puesto en marcha unos grupos especiales, en el Instituto de Estudios Fiscales, para establecer una nueva metodología que, por primera vez, nos va a permitir establecer niveles de comparación con el pasado. Por tanto, sacar la conclusión de que este año los gastos fiscales tienen algo en que parecerse a los del pasado, yo creo que no se puede hacer.
Es cierto que S. S. al final acaba con su modelo alternativo que no ha expuesto, pero su modelo alternativo la verdad es que yo no lo veo. No lo ha aplicado ningún país del mundo, no creo en él, y es evidente que ese modelo, en el que en teoría con más gastos se genera más actividad, más ingresos y todo funciona mejor, la verdad es que no está funcionando en ningún sitio, ni se plantea en la práctica.
A SS. SS. yo les haría una pregunta. Un sistema de mayor endeudamiento y de mayor recurso al mercado financiero, ¿quién nos lo financiaría? ¿Creen ustedes que alguien les prestaría dinero para poner en marcha ese programa alternativo de presupuestos? Yo, desgraciadamente, creo que no. Y le puedo asegurar que, como responsable de que cada semana el Tesoro Público tenga que recurrir a los mercados para captar 400, 500.000 millones de pesetas, ese modelo alternativo que ustedes plantean no lo veo. Más bien veo el modelo alternativo contrario, consistente en la reducción del déficit que nos permita la reducción de tipos de interés, que sí nos acabará permitiendo poner en marcha políticas activas que tanto ustedes como nosotros deseamos. La diferencia es que ustedes escogen un camino que nosotros no podemos aceptar porque creemos que, en vez de llevarnos a la buena senda, nos llevaría al precipicio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Ribó tiene la palabra.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señor Ministro, claro que se puede gobernar en minoría, señor Solbes. Hay muchos países del mundo donde hay gobiernos en minoría, y donde hay mayorías parlamentarias circunstanciales.
Yo no le he argumentado (y no utilicemos la vieja técnica de contradecir en la discusión con algo que el otro no ha dicho) sobre la minoría. Le he dicho: déme usted ejemplos de democracias parlamentarias avanzadas donde la devolución del presupuesto no signifique dimisión del Gobierno. O, si usted quiere, un cambio fundamental de política presupuestaria, buscando otros apoyos para conseguir aprobar unos presupuestos. Es una disyuntiva muy sencilla. Pero ustedes no están discutiendo con Convergència i Unió y con el Partido Popular un cambio de política presupuestaria. A ustedes les están diciendo que ellos les devuelven los presupuestos porque no quieren que continúen gobernando. Hoy su argumentación formal o real, depende de qué grupo, no es sobre la política presupuestaria, señor Solbes, es peor aún. Déme ejemplos de gobiernos estables, con gobernabilidad --palabras que ustedes y Convergència i Unió se pusieron en la boca muy a menudo-- que continúan en estabilidad y gobernabilidad con los presupuestos devueltos, no en minoría. Y si quiere hablar de minorías, recuerde que continuamos sin diálogo y que hace tiempo ya que ustedes optaron, no casualmente de forma caprichosa por un socio, sino porque significaba una coincidencia sustancial

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en la política económica. No miraron hacia la derecha para buscar socios porque tiraron una moneda al aire, no; sino porque allí está la coincidencia sustancial en la política económica, continuista y conservadora. En matemática parlamentaria, si hay otro contenido, sabe que hay otras posibilidades. Incluso su incapacidad de diálogo. Yo le he sacado el ejemplo del año 1993, cuando expulsaron de la mesa de negociación social a los máximos dirigentes sindicales. No les expulsaron materialmente, señor Solbes, pero les pusieron en una tesitura, que los llegaron a sacar de la mesa. Su nula capacidad de diálogo le lleva hoy a repetir el chantaje. Dice: No hemos hecho ningún chantaje. Pero hoy lo ha vuelto a pronunciar y ha dicho: Serán ustedes los responsables... Y nos describe las iras que nos van a caer encima. Hablemos en serio, señor Solbes.
Le he hecho una pregunta. Si usted dice que si no se aprueban los presupuestos habrá un colapso financiero en la sanidad y en la financiación autonómica, explique el colapso, señor Solbes.
Aproveche el turno de réplica para explicarlo. ¿Quién será el responsable de este colapso? ¿Cómo habremos llegado a este colapso, por la votación de mañana, o por la gestión presupuestaria gubernamental, de años ha, de ambos temas, señor Solbes? Al final, resultará que hay unos poderosísimos resortes que surgen, aunque esta vez sólo con una votación. Esa es la pregunta que le he hecho. Y usted sabe mejor que nadie que, en temas tan serios como el de pensiones, que usted ha vuelto a sacar como chantaje, nuestro Grupo parlamentario fue el único que proponía unas actualizaciones y unas reformas que se nos negaban desde el Gobierno --con su antecesor, señor Solchaga-- porque no eran posibles. Y argumentó igual que usted: ¿Dónde están en Europa? No se puede llegar por los números, etcétera. Hubo una huelga general, y después sí fue posible. Y no fue un regalo de su Gobierno, fue una propuesta parlamentaria, secundada después por una serie de actuaciones sociales. Entonces sí que era posible.
Hubo un cambio sustancial sobre este problema, ya que usted ha sacado el ejemplo de las pensiones.
Si quiere, continuamos buscando los ejemplos que ha sacado sobre quién ha ido impulsando determinadas políticas sobre la función pública. ¿Cuántos años han negado ustedes políticas de función pública, que todo el colectivo de la función pública reivindicaba, y nosotros estábamos proponiendo en el Parlamento, señor Solbes? ¿O todo se ciñe a mañana y ustedes no tienen ninguna responsabilidad antes de mañana? Señor Solbes, dice que no hemos estudiado bien los presupuestos.
Yo creo que quien no los ha estudiado bien es usted, porque no me responde si son ciertas o no las previsiones de ingresos. En 1995, en el año que estamos, a las semanas de haber aprobado los presupuestos su Gobierno ya rectificaba. No los habían estudiado bien ¿no?, y hacían recortes importantes a la semana de entrar en vigor. Quizás había un mal cálculo. Se lo digo con toda humildad para no tener que hacer la aseveración que ha hecho usted. Ocurre este mismo año, señor Solbes, en la recaudación sobre el IVA, y está recogido en un libro que ustedes nos han facilitado, o sea, es de fuentes gubernamentales. En el año 1994 esperaban recaudar dos billones y medio, y van por un millón y medio; y en el año 1995, de dos billones 600.000 millones, nos quedamos en un billón cuatro cientos noventa y pico mil. Quizá sus cifras son equivocadas; son las que nos facilitan ustedes. ¿Quién hace mal los cálculos? ¿Acaso no miran ustedes las cifras que nos facilitan para basar la continuidad de esta política? De aquí viene nuestra crítica. No son creíbles las previsiones que hacen ustedes sobre ingresos. Solamente le he mencionado el déficit porque no tenemos tiempo --yo aún menos que usted por acotación parlamentaria y reglamentaria-- de entrar a discutir en serio sobre el déficit. No ha encontrado usted en ningún lugar de nuestra enmienda una propuesta de mayor endeudamiento. No argumente como un disco rayado sobre algo que no tiene nada que ver con las propuestas que se hacen.
En nuestra enmienda proponemos rebajar una serie de partidas e incrementar otras; curiosamente proponemos rebajar gastos fiscales e incrementar gastos en educación y formación, por ejemplo. No me argumente que lo que estamos propugnando no pasa en Europa porque, por ejemplo, señor Solbes, impuestos finalistas, que ustedes se niegan a aceptar, como las ecotasas, están en vigor en muchos países europeos. Otra crítica manida para descalificar la seriedad y racionalidad con que nuestro Grupo parlamentario --hasta ahora el único-- está entrando, de verdad, en el debate presupuestario. No en el debate político al que le van a llevar, para otros, eso sí, a justificar su cambio o la derrota de mañana, a pesar de su coincidencia fundamental en la política económica.
A nosotros nos preocupa mucho las pensiones y la Seguridad Social y por eso le he preguntado sobre el Pacto de Toledo. Usted sabe cuáles eran los compromisos que no vemos reflejados en los Presupuestos. ¿O es que no se acuerda de que llegamos al compromiso de separar las pensiones contributivas de las no contributivas, y de que el Estado llegaría a sufragar la universalización de la Sanidad, cuando en estos Presupuestos estamos por encima del 80 por ciento o algo más? ¿O es que estos compromisos no los adquirimos? Quizás estamos equivocados. Creo que es lo que suscribimos todos.
Señor Solbes, puede usted hacer una réplica basada de nuevo en las puntas de lo que he dicho e incluso de lo que no he dicho.
Pero usted no me ha contestado sobre temas importantes: sobre la relación lineal entre gastos fiscales y creación de empleo, señor Solbes, y qué tipo de empleo y con qué estudios. Yo le he mencionado estudios que no los ha hecho Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. No me ha contestado usted sobre si ha caído o no la cobertura del desempleo...


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El señor PRESIDENTE: Señor Ribó, le ruego concluya.


El señor RIBO MASSO: Concluyo, señor Presidente.
O sobre la precariedad y su relación con la eficiencia económica.
O sobre recortes en I+D o en otras partidas y el relanzamiento de la economía.
Y, por último, señor Solbes, ya sé que la moratoria nuclear existe. Sólo he querido poner un ejemplo de cómo continúan con una política conservadora y en beneficio de los poderosos. Es el usuario, el contribuyente, el que va a pagar --y nos lo recuerdan los Presupuestos-- unas facturas multimillonarias por unas obras faraónicas que no servirán para crear energía, cuando había vías alternativas --que provocaban entonces la hilaridad de algunos Diputados, que ahora espero que tengan el honor de reconocer cuán equivocados estaban-- y que, una vez más, en una sociedad llamada de mercado, no los va a asumir quien ha hecho el riesgo de la inversión, los va a asumir el contribuyente y el usuario. Y esto es lo que ustedes están protegiendo al alimón con otros grupos parlamentarios que les dicen no, no por esto, sino por motivos políticos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ribó, voy a intentar desgranar, aunque a usted no le guste, los puntos que ha planteado, porque intentaré ir de acuerdo con su lógica. ¿Supone la minoría la posibilidad de gobernar? Sí. ¿La devolución presupuestaria implica la absoluta imposibilidad de tomar decisiones? Evidentemente plantea problemas graves, pero ya hemos hecho referencia a ese punto anteriormente y ya hay una decisión del Presidente de Gobierno bastante clara en cuanto a convocatoria electoral. Si lo que S. S. está planteando nuevamente es si esas elecciones son en marzo, son en febrero o son en enero, podemos entrar en una discusión de fechas que no me parece que sea muy relevante. Si S. S. lo que quiere es conseguir el triunfo político de que mañana se convocan las elecciones, me parece un pequeño disparate en función de otras prioridades que creo que el país tiene.
Su señoría hace referencia a una política económica continuista.
Yo prefiero hablar de proseguir en la misma línea en la política económica, porque S. S. utiliza la palabra continuista con un tono indudablemente peyorativo. Ahora, si vamos a seguir creciendo al 3 por ciento, si vamos a reducir el déficit, si conseguimos que la inflación se sitúe alrededor del 4 por ciento y si generamos 350.000 empleos al año, creo que no está mal seguir en ese continuismo; la verdad es que me preocuparía cambiar.
Su señoría hace referencia a mi incapacidad para el diálogo recordando las famosas negociaciones del año 1993. Creo que nadie ha estado más horas que yo sentado intentando llegar a un acuerdo. Esa filosofía de que en el diálogo, cuando no hay acuerdo, la culpa es de la otra parte, normalmente no la acepto.
Yo puedo ser parcialmente responsable de aquel fracaso, pero exactamente en la misma medida que lo fue la otra parte. Creo que se hizo lo que en aquel momento había que hacer, aunque seguramente se hubiera hecho mejor de forma pactada que de forma no pactada.
Vuelvo a decirle que nunca he utilizado la palabra chantaje y nunca la utilizaré; no es mi estilo, aunque otros prefieran utilizarla. Pero no es chantaje, es un hecho, y vuelvo a repetirlo: el presupuesto introduce un incremento en ciertas partidas según acuerdos que tiene el Gobierno con comunidades autónomas, con funcionarios, con una serie de agentes. Si ese presupuesto se rechaza, seamos serios, señor Ribó, ¿de quién es la culpa del rechazo del presupuesto, del Gobierno que lo ha presentado o de aquellos que rechazan el presupuesto? Es cierto que este año se produce un elemento adicional: hemos hecho un esfuerzo excepcional para la sanidad, lo que nos permite no sólo mejorar la deuda del pasado, sino, por segundo año consecutivo en la historia, aceptar un incremento para la sanidad en función del PIB nominal, lo cual da un tratamiento excepcionalmente bueno a la sanidad; era el año en el que, por fin, conseguíamos que el sistema de financiación sanitario cristalizara con crecimientos excepcionales. Eso es lo que el Gobierno quiere; no es el Gobierno el que dice no a ese presupuesto, son ustedes los que dicen no a ese presupuesto. Por tanto, no hay chantaje; hay que hacer frente a sus responsabilidades. Si ustedes quieren optar por eso, que puede tener dividendos políticos a su favor, tengan también la responsabilidad de aceptar lo que ustedes hacen.
A partir de ahí, es cierto que no soy yo el que dice que la sanidad y las administraciones autonómicas se quedarán sin esa financiación; siguen teniendo derecho a tenerla, sólo que no hay dinero, porque el presupuesto de 1995, prorrogado, no nos permite disponer de esa financiación y, evidentemente, existirá una deuda, deuda que traerá consigo echar marcha atrás en el sistema y permitirá tener un debate en el futuro, que a ustedes les gustará mucho, sobre lo mal que funciona la sanidad y las deudas que tiene como consecuencia de que no se ha sido capaz de resolver el problema de la sanidad. Ese debate lo tendremos en el futuro y no planteado por nosotros.
Evidentemente, hay otro tipo de problemas, a los que S. S. ha hecho referencia: las pensiones, también habría mucho que hablar de la Función Pública, y los ingresos. Su señoría sigue sin entender el problema de los ingresos; le he dicho que están bien calculados y le he puesto un ejemplo, que es el IVA, donde el diferencial de base entre el año 1995 y 1996 es superior a 250.000 millones. Esa es la razón por la cual el crecimiento es tan rápido, unida al mayor crecimiento del consumo más el cálculo

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de los meses. Si a S. S. le divierte, podemos entrar impuesto por impuesto, pero le voy a dar un dato: es cierto que el IVA este año va peor de lo inicialmente previsto, pero todos los ingresos fiscales acumulados en este momento sólo tienen un diferencial de un punto en cuanto al crecimiento previsto en el presupuesto del año 1995. Teníamos previsto un crecimiento del 8 por ciento y en este momento estamos creciendo al 7 por ciento. Y no me mezcle eso con el acuerdo de enero de 1995, que no tiene nada que ver.
El acuerdo de 1995 es un acuerdo de gastos, no es un acuerdo de ingresos y se produce como consecuencia de dos factores: la aplicación del artículo 11 de la Ley de Presupuestos. Le vuelvo a recordar la historia, señor Ribó. Ese acuerdo se toma como consecuencia de dos factores fundamentales. En primer lugar, la modificación de los tipos de interés que se produce a final de año y que genera un desfase financiero de 150.000 millones de pesetas; en segundo lugar, los cálculos previstos en créditos ampliables que en aquel momento ya se considera que hay que poner en marcha. Ello nos lleva a tomar la decisión de reducir 150.000 millones de pesetas de gastos y a hacer una reserva de 400.000 millones de pesetas para otros gastos que iban a ser ampliables en el futuro. No hay ninguna desviación de ingresos en ese momento. Es más, le repito algo que ya dije entonces: el acuerdo de primeros de enero estaba previsto tomarlo en todo caso, al igual que este año lo tomaremos a finales de diciembre o a primeros de enero, precisamente para respetar la obligación que tenemos, de acuerdo con Maastricht, del 3,5 por ciento en cuanto a déficit.
Su señoría ha hablado de nuevos impuestos, se ha referido a la ecotasa y ha dicho que ya está en vigor en muchos países europeos. No, no es cierto, hay una discusión comunitaria al respecto; ayer mismo tuvimos un profundo debate sobre este tema y hay un cierto acuerdo sobre el período transitorio, no así sobre el régimen definitivo, y es urgente aceptar el régimen transitorio, porque los dos países que han puesto en marcha la ecotasa, si no aceptamos ese sistema, tendrán que suprimirla, porque es ilegal de acuerdo con el modelo comunitario.
Su señoría ha dicho que no ponemos en marcha el Pacto de Toledo.
Sí lo ponemos en este Presupuesto, que ustedes van a rechazar, en esos dos puntos a los que S. S. ha hecho referencia.
Concretamente, hay un principio de separación entre lo contributivo y lo no contributivo, y hay una transferencia adicional de 100.000 millones de pesetas para la sanidad, que se descuentan de la aportación histórica de la Seguridad Social, y pasan a ser aportadas por el Estado, con lo cual, el porcentaje de participación del Estado a la sanidad sube del 74 por ciento al 82 u 83 por ciento. Es un principio de aplicación que rechazan también SS. SS. al rechazar el Presupuesto. Esa es la realidad y ésos son los elementos con los que tendríamos que hablar.
Su señoría ha hecho referencia a gastos fiscales y de creación de empleo, de recortes en las prestaciones, de eficiencia económica, de relanzamiento económico, de moratoria nuclear... Podemos entrar en este tipo de debates si a S. S. le interesa, lo que sí le puedo decir es que, en cuanto a prestaciones, especialmente la de desempleo, que es la que a S. S. le puede preocupar, no hay ninguna modificación normativa y que los resultados económicos son consecuencia de dos factores, en primer lugar, la aplicación de las normas que ya se pusieron en marcha en su momento, y, en segundo lugar, la clara mejora de la situación económica que está permitiendo, por una parte, la posibilidad de mayores recursos para el seguro de desempleo, y, por otra parte, menores prestaciones. Esa es la realidad, y yo creo que es importante que SS. SS. la tengan clara para que cuando mañana emitan su voto sepan exactamente lo que están votando, porque posteriormente decir que los resultados que se consiguen con ese voto en contra no eran los que se pretendían, me parecería inaceptable. Evidentemente, cada uno puede hacer lo que estime oportuno, pero hay que ser coherentes en la toma de decisiones.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
Medio minuto para decir que espero humildemente coherencia, la coherencia que, tras una derrota presupuestaria, hace que un Gobierno aquí, y en cualquier latitud que usted me pueda decir, dimita.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que creo que, puestos a hablar de coherencia, ustedes tendrían que tomar buena nota de más de un hecho que hemos vivido en los últimos días.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El Pleno se reanudará mañana a las diez de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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