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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 177, de 18/10/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PEMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 177 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 175 celebrada el miércoles, 18 de octubre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Preguntas (Página 9378)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a la vivienda en los próximos años (números de expedientes 172/000122) (Página 9404)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión en la inminente reforma de la Organización Común de Mercado ( OCM) del Sector hortofrutícola, para defender dignamente los intereses españoles (número de expediente 172/000124) (Página 9412)

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con el destino de las ayudas al sector del automóvil y en especial con las otorgadas a la multincional Volkswagen para el mantenimiento de la marca SEAT (número de expediente 172/000125) (Página 9425)

(Continúa el orden de día en el «Diario de Sesiones» número 178, de 19 de octubre de 1995.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 9378)

Del Diputado don Tomás Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para las Administraciones Públicas: ¿Qué razones aduce el Gobierno para que no se permita que los símbolos oficiales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en especial su bandera, aparezcan junto a los de España en Instituciones estatales radicadas en esa Comunidad? (Número de expediente 180/001453) (Página 9378)

Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuál es el resultado de los contactos y reuniones mantenidas entre los Ministerios de Interior de los Estados francés y español y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco para crear una comisaría conjunta en la zona de la antigua frontera de Irún? (Número de expediente 180/001399) (Página 9379)

De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo entrará en funcionamiento el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife? (Número de expediente 180/001438) (Página 9380)

De la Diputada doña Matilde Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno adoptar algunas nuevas medidas para el próximo año a la vista del balance que realice sobre la «Operación paso del Estrecho» del verano de 1995? (Número de expediente 180/001439) (Página 9381)

Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué evolución han experimentado las solicitudes de asilo desde la modificación de la Ley en mayo de 1994? (Número de expediente 180/001440) (Página 9382)

Del Diputado don Francisco Alvarez-Cascos Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excelentísimo señor Ministro de Justicia e Interior: ¿Ha interesado el Gobierno al Fiscal General del Estado que promueva alguna actuación en orden a la defensa del interés público, con el fin de impulsar la intervención del Fiscal especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, en el pago de 600 millones de pesetas, presuntamente con destino al PSOE, para conseguir unas exenciones fiscales a favor de la corporación industrial Banesto? (Número de expediente 180/001467) (Página 9382)

Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuáles son las razones de la pasividad de los responsables del orden público con motivo de los gravísimos incidentes ocurridos en la ciudad de Ceuta el 11 de octubre? (Número de expediente 180/001450) (Página 9384)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Comparte el Gobierno la tesis de la existencia de autoridades judiciales partícipes en lo que únicamente el propio Gobierno insiste en calificar de «operación contra el Estado»? (Número de expediente 180/001451) (Página 9385)

Del Diputado don Joan Miquel Nadal i Male, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué criterios tiene el Ministerio de Justicia e Interior en relación a ubicar, de manera distinta a los acusados en los juicios orales, a los efectos

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de conseguir una mejor comunicación con los defensores? (Número de expediente 180/001464) (Página 9386)

Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para mejorar los haberes pasivos del colectivo de la Policía que se halla en situación similar a la establecida en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 28/1994 para la Guardia Civil? (Número de expediente 180/001465) (Página 9387)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno regular la extensión a los socios trabajadores de las Cooperativas de trabajo asociado la protección en las situaciones de desempleo temporal y parcial? (Número de expediente 180/001433) (Página 9388)

Del Diputado don Rafael Ballesteros Durán, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Respecto al Centro perteneciente al Ministerio de Defensa llamado Patronato Militar de Enseñanza de Ronda, hay, en estos momentos, conversaciones con la Junta de Andalucía para su cesión a la misma? (Número de expediente 180/001434) (Página 9389)

Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué razones han justificado que el Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente utilizase, el pasado día 9 de octubre, un avión F-18 de las Fuerzas Armadas de la Base de Zaragoza? (Número de expediente 180/001448) (Página 9389)

Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Por qué el Gobierno ha presentado conflicto de jurisdicción frente a la petición de documentos presentada por el órgano judicial en relación con documentos del CESID relacionados con el caso GAL, no entregando la documentación solicitada? (Número de expediente 180/001468) (Página 9390)

Del Diputado don Alfonso Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Educación y Ciencia: ¿Considera el Sr. Ministro que las infraestructuras de Canarias son moneda de cambio para encubrir las responsabilidades políticas de don Felipe González en el caso GAL? (Número de expediente 180/001447) (Página 9391)

Del señor Martínez Blasco, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno a las amenazas políticas vertidas por el Ministro don Jerónimo Saavedra hacia aquellos Grupos Parlamentarios que respaldarán la iniciativa de constituir una Comisión de Investigación sobre los GAL? (Número de expediente 180/001466) (Página 9393)

Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno publicar el decreto que garantice la gratuidad de los medicamentos para los enfermos de SIDA? (Número de expediente 180/001452) (Página 9394)

De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el comportamiento y perspectivas de la inflación? (Número de expediente 180/001435) (Página 9395)

Del Diputado don Manuel Couce Pereiro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno adoptar medidas especiales para apoyo a la inversión en el municipio

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de El Ferrol, teniendo en cuenta que se va a revisar el Reglamento de desarrollo de la Ley 50/85 de Incentivos Económicos Regionales? (Número de expediente 180/001437) (Página 9396)

Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra el proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan, diseñado para tratar conjuntamente los vertidos de Campo de Criptana? (Número de expediente 180/001431) (Página 9397)

Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cómo justifica el Sr. Ministro su vuelo en un F-18 de las Fuerzas Armadas de la Base de Zaragoza? (Número de expediente 180/001449) (Página 9397)

Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Quiere explicarme usted la posible paralización en la construcción de la presa de Itoiz? (Número de expediente 180/001454) (Página 9399)

Del Diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso por la que RENFE debía proceder, antes del 17 de agosto de 1995, a la rehabilitación y apertura de los apeaderos de Vilassar de Mar-Cabrera y Premiê de Mar? (Número de expediente 180/001463) (Página 9400)

Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los proyectos y medidas concretas que el Ministerio de Asuntos Sociales ha realizado o tiene previsto realizar para fomentar y canalizar la participación de los ciudadanos en acciones de voluntariado de interés general? (Número de expediente 180/001430) (Página 9401)

Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la resolución aprobada por el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia? (Número de expediente 180/001441) (Página 9402)

Del Diputado don Antonio Guinea de Toro, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre la resolución aprobada por el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea sobre cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud? (Número de expediente 180/001442) (Página 9403)

Interpelaciones urgentes (Página 9404)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a la vivienda en los próximos años (Página 9404)

El señor Andreu Andreu explana la interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya precisando que al hablar de las ayudas a las viviendas, tanto de las presentes como de las pasadas y las futuras, no se ciñen únicamente a los resultados de un plan de vivienda y, en concreto, a los resultados del último Plan elaborado por el Gobierno al que pertenece el señor Borrell.
Su Grupo piensa que la política de viviendas es algo mucho más amplio. Incluso el capítulo de ayudas fiscales por parte del Estado no se mueve en una dirección de progreso sino más bien al contrario, en una dirección claramente conservadora que podría gestionar muy bien el Partido Popular, ya que hoy en día quien recibe más ayudas a la vivienda es quien más tiene, quien más puede desgravar fiscalmente.


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El Grupo de Izquierda Unida quiere que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, es decir, que todos los españoles tengan una vivienda digna, pero ocurre que el Gobierno no ha conseguido romper la inercia de la política de vivienda desde los tiempos de la UCD y aun reconociendo que se han producido mejoras sustanciales en la gestión de esa política, no se ha producido en cambio una variación de directriz en ella.
Expresa su convencimiento de que una nueva política de vivienda ejercería efectos beneficiosos para que los españoles pudieran acceder a ese bien que la Constitución les reconoce, e igualmente sería beneficioso para la economía española, y de ahí que insistan en reclamar un giro importante en la actual política.
En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) señalando que hay quien cree que el acceso a vivienda, como a tantas otras cosas, debe regularlo el mercado, llevando su confianza en el mercado hasta esos extremos. Sin embargo, gente más razonable como el interpelante y quien ahora les habla, creen que el mercado no es capaz de facilitar el acceso digno a la vivienda a todo el mundo, y por ello seguramente los padres constitucionales dijeron que la vivienda no era una mercancía sino un derecho, como tantos otros, que tenía que ser garantizado no por el mercado sino por la acción consciente, responsable y colectiva de la sociedad políticamente organizada. Por ello, el acceso a la vivienda, en cumplimiento del mandato constitucional, ha sido siempre un objetivo del Gobierno socialista, tanto más cuanto más afectara a quienes no pueden hacerlo en condiciones de mercado.
Expone a continuación el señor Ministro diversos datos relativos al importante avance producido, entre los años 1992 y 1995, que demuestran que el Gobierno ha cumplido sus objetivos, agregando que se propone seguir trabajando en el marco de sus competencias para seguir dando una respuesta positiva a un problema que sigue siendo grave en nuestra sociedad. Reconoce que a ello han contribuido los acuerdos con las comunidades autónomas, ya que las competencias en materia de vivienda son fundamentalmente autonómicas e íntegramente la gestión. En este sentido, considera que las críticas deben dirigirse a aquellos gobiernos autonómicos, que son los responsables de la gestión y a los que el Gobierno no puede ni quiere sustituir.
Expone, por último, algunas de las medidas concretas existentes, así como el importantísimo paquete de medidas que están encima de la mesa para su discusión, fundamentalmente con los responsables autonómicos, afirmando que se trata de un tema apasionante, complejo y diverso que es muy difícil desarrollar en una intervención parlamentaria necesariamente breve.
Replica el señor Andreu Andreu. Para fijación de posiciones, hace uso de la palabra el señor Ortiz González, en nombre del Grupo Popular. Interviene de nuevo el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión en la inminente reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del sector hortofrutícola, para defender dignamente los intereses españoles (Página 9412)

El señor Pascual Monzo defiende la interpelación del Grupo Popular. Comienza destacando la importancia del sector al que afecta la reforma de la normativa comunitaria, facilitando varias cifras sobre su producción y cuantía económica, pudiendo afirmar que se trata del sector más importante de la producción agraria española no sólo por su volumen económico, sino también por ser un cultivo eminentemente social, dada la gran cantidad de mano de obra que necesita, por ser difícil de mecanizar. Afecta, por tanto, a un elevado número de puestos de trabajo y considera que se les ha venido discriminando negativamente. En esta situación, y ante la perspectiva de modificación de la actual normativa, que nuevamente nos puede perjudicar, habría que reflexionar seriamente, ya que la mayoría de programas operacionales en estos momentos, tal como están redactados, no son interesantes para España. Pide, por tanto, al señor Ministro que en la próxima reunión del Consejo de Ministros se rechace la propuesta de la Comisión, para la presentación de otra nueva más acorde con la realidad, las necesidades y los intereses agrarios españoles.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna). Considera que el interpelante comete un primer error fundamental respecto a la regulación del sector de frutas y hortalizas y, sobre todo, respecto a sus implicaciones para España, que atribuye a su desconocimiento absoluto de la cuestión. Expone que el telón de fondo de esta reforma del sector hortofrutícola comunitario está en la necesidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado europeo, derivada de compromisos adquiridos en el seno del GATT. Sobre este particular recuerda que se

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presentó un documento de reflexión con la descripción del sector y su situación general, así como algunas líneas generales de la reforma que se pensaban proponer, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las organizaciones profesionales agrarias y de productores, ocurriendo que las dos propuestas ahora aprobadas por la Comisión siguen las líneas generales esbozadas en ese documento de reflexión. Los objetivos buscados fundamentalmente consisten en mejorar la eficacia y la calidad de la producción hortofrutícola comunitaria ajustando la producción a la demanda.
Alude a los elementos fundamentales contemplados para alcanzar los objetivos perseguidos, aclarando que España es el país comunitario con significación en el sector hortofrutícola que retira menos cantidades de producto. Expone asimismo algunas de las principales características de la propuesta comunitaria y termina afirmando que nos hallamos ante una reforma fundamental de los intereses españoles. Cree que la propuesta de la Comisión es aprovechable si se introducen ciertas modificaciones recogiendo nuestras principales demandas, siendo éste el reto y el mejor servicio que pueden hacer a nuestra agricultura, para lo que ofrece toda su colaboración personal y la de su Ministerio.
En cambio, no podrán contar con él para atender voces, a su juicio irreflexivas, pidiendo el rechazo y el veto de las propuestas de la Comisión, porque cree que no es ése el camino.
Replica el señor Pascual Monzo, duplicando el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones, intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Tubert i Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y señora Rivadulla Gracia, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y, en especial, con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el mantenimiento de la marca SEAT (Página 9425)

El señor Ribó Massó defiende la interpelación de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
En nombre del Gobierno le contesta el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba).
Para fijación de posiciones interviene el señor Subirón García, en nombre del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON TOMAS BURGOS GALLEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUE RAZONES ADUCE EL GOBIERNO PARA QUE NO SE PERMITA QUE LOS SIMBOLOS OFICIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, Y EN ESPECIAL SU BANDERA, APAREZCAN JUNTO A LOS DE ESPAÑA EN INSTITUCIONES ESTATALES RADICADAS EN ESA COMUNIDAD? (Número de expediente 180/001453)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 26, del señor Burgos Gallego.


El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones aduce el Gobierno para que no se haya permitido que los símbolos oficiales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y en especial su bandera, aparezcan junto a los de España en instituciones estatales radicadas en esa Comunidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, como ya aclaró la señora Ministra de Cultura en su intervención ayer en el Senado, el Gobierno no se opone, todo lo contrario, al uso de las banderas de las comunidades autónomas en los edificios oficiales, si bien el Gobierno venía rigiéndose, como es lo normal, por la Ley de 28 de octubre de 1981, en materia del uso de la bandera nacional. Repito, la Ministra de Cultura aclaró ayer explícitamente que no sólo no tiene ningún inconveniente, sino que le parece muy adecuado, si los gobiernos regionales, en este caso el de Castilla y León, lo solicitan, poner también, junto a la enseña nacional, su propia bandera. Con esto, supongo que se verá usted satisfecho.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: No exactamente, señor Ministro, porque esa solicitud ya se ha hecho en reiteradas ocasiones por parte de los representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tanto verbalmente como por escrito. Eso lo sabe usted, señor Ministro, porque el propio Presidente de la Comunidad Autónoma se lo hizo llegar a usted personalmente hace ya varios meses.
Desde nuestro punto de vista, ustedes han venido actuando con auténtica deslealtad constitucional hacia una Comunidad Autónoma como la de Castilla y León, con un Gobierno que siempre ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar con los símbolos y las instituciones de España.
No se les ha estado solicitando una concesión graciosa, sino, precisamente, el escrupuloso respeto y cumplimiento de esa Ley 39/1981, que usted esgrimía. Ustedes se han negado reiteradamente, en una actitud absolutamente cicatera, absolutamente incompatible con la democracia que dicen representar, a satisfacer las legítimas demandas de los castellanos y los leoneses. Y ha tenido que amenazar el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con llevar el tema al Tribunal Constitucional, ha tenido que amenazar el Presidente con no estar presente en los actos institucionales y gubernamentales convocados por el Gobierno de España, y ha tenido, incluso, que aprobarse mociones en los ayuntamientos de esta Comunidad a favor del uso de nuestra bandera, para que ustedes ahora den marcha atrás en su actitud absolutamente insostenible y reconozcan lo que es para nosotros una demanda irrenunciable, el uso de la bandera de Castilla y León, como nos reconoce la Ley y como, por otra parte, nos reconoce el derecho a ejercer nuestras propias competencias, junto a la bandera de España, a la que nunca renunciaremos, y que debería ser su preocupación fundamental en otros territorios de nuestro Estado, donde no se cumple precisamente esa legislación vigente. (Rumores.) Nada más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma y Blasco): Muchas gracias, señor Presidente.
No diga usted estas cosas ni se apropie de las banderas que, como usted ha dicho bien, nuestra bandera debería ser un «nuestra» genérico para hablar de todos, y no la suya, del Partido Popular, que no lo es.
La bandera de Castilla y León, afortunadamente, es de todos los castellanos y leoneses y también de todos los ciudadanos españoles. Todos los ciudadanos españoles y el Gobierno se sentirán muy honrados, desde luego, con que ondee en los centros oficiales, tanto estatales como de la propia Comunidad.
Creo que está usted equivocándose exponiendo un tema como conflicto cuando realmente no lo es. Da la impresión de que, planteándolo así, uno pudiera sentirse tentado a decir: Pues no tiene usted razón. Pero como no se trata de decirle que no tiene usted razón, sino de solucionar un conflicto artificialmente creado por usted, porque el Gobierno, repito, se siente muy honrado de que ondee la bandera de Castilla y León en todos los centros oficiales, no vamos a discutir por eso. Naturalmente, si usted quiere discutir, siempre encontrará otros motivos de mayor diferenciación y enfrentamiento que el que ahora acaba de elegir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUAL ES EL RESULTADO DE LOS CONTACTOS Y REUNIONES MANTENIDAS ENTRE LOS MINISTERIOS DE INTERIOR DE LOS ESTADOS FRANCES Y ESPAÑOL Y EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DEL GOBIERNO VASCO PARA CREAR UNA COMISARIA CONJUNTA EN LA ZONA DE LA ANTIGUA FRONTERA DE IRUN? (Número de expediente 180/001399)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, del señor Albistur Marín.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
La pregunta está relacionada con el acuerdo bilateral francés- español respecto a la creación de una comisaría conjunta en la zona de la antigua frontera de Irún.


El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, ¿cuál es la pregunta?

El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, lo que he dicho. He hecho un resumen de la pregunta, porque si no, después, usted no me va a dejar tiempo. Como aquí hay que jugar con el tiempo, señor Presidente, uno hace economía. Espero que no cuente este tiempo para la respuesta.


El señor PRESIDENTE: Bromas aparte, están, naturalmente, garantizados todos los derechos cronométricos de los señores Diputados. A la hora de formular sus preguntas, SS. SS. saben si tienen que ser largas o cortas y el tiempo que les va a llevar poderlas formular,

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pero por lo menos deben hacer la referencia concreta a que la pregunta es la que figura en el orden del día, si no la quieren repetir.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
En efecto, señoría, con ocasión de la reunión bilateral franco- española los días 7 y 8 de julio, se examinó en profundidad el funcionamiento de la única, hasta este momento, comisaría conjunta, que, como S. S. sabe, es la de La Perthus, de La Junquera. Como consecuencia del análisis de funcionamiento de esa comisaría conjunta, combinado con los sistemas de control de patrullas móviles, se llegó a la conclusión de que era un buen sistema y se adoptó el acuerdo de instaurar cinco comisarías conjuntas, una de las cuales va a ser la comisaría a la que S. S.
se refiere, concretamente la de Irún-Hendaya.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Ministro.
Por lo que veo, no queda aclarado cuáles son todos los alcances de los acuerdos. A efectos de poder conocer a fondo toda la finalidad que se persigue con ello, quisiera recordar que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de Policía del País Vasco declaraban al Gobierno vasco como máxima autoridad en Euskadi en materia de seguridad. Este principio ha ido consolidándose con diferentes acuerdos, el último de ellos en julio de 1995, en materia de coordinación y policía judicial, que establecen protocolos de coordinación entre la Ertzantza y las Fuerzas de Seguridad del Estado.
De la lectura de todos estos preceptos y acuerdos interadministraciones y de la realidad cotidiana de la Comunidad Autónoma Vasca se desprende que la actividad de la Ertzantza es la de una policía ordinaria, y expresamente toca los temas que están citados en los acuerdos bilaterales, como son las actividades delictivas: el narcotráfico, terrorismo, tráfico internacional de vehículos robados.
Ya le preguntaré en concreto, señor Ministro, cuál es o ha sido el grado de participación del Gobierno vasco y la Ertzantza en este acuerdo y si se ha mantenido algún contacto previo o posterior, con objeto de seguir mejorando la coordinación.
Asimismo, sería interesante conocer si el señor Ministro considera fundamental que la Ertzantza aporte a este trabajo en común información, medios materiales, humanos y dispositivos territoriales, y si no considera un error, desde la perspectiva de la coordinación, que, dadas las competencias del Gobierno vasco en estas materias, no se tenga en cuenta, desde el principio de estos procesos de coordinación internacional, su papel central en la actividad policial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
Señoría, realmente si hablamos de fronteras exteriores, es obvio que carece de toda competencia la policía autónoma. De esto estábamos hablando exactamente, del control de la frontera interior, desde el punto de vista del espacio Schengen, pero exterior, desde el punto de vista de las relaciones España y Francia. Las comisarías conjuntas, combinadas con el sistema de patrullas móviles, tienen como finalidad establecer que la abertura del espacio Schengen sea compatible con la seguridad y el control de las fronteras.
Si dejamos ese tema y hablamos de otros puntos de coordinación global de las relaciones entre España y Francia, es evidente que para otro tipo de temas, como es la seguridad ciudadana o cualquiera de las competencias propias de la comunidad autónoma, en ese plano sí que es conveniente y necesario una adecuada coordinación con todas las policías que tienen responsabilidad en la materia. En fronteras exteriores, sólo es competente el Cuerpo Nacional de Policía.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO ENTRARA EN FUNCIONAMIENTO EL PALACIO DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE? (Número de expediente 180/001438)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora Pelayo Duque.


La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la construcción de un Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife ha sido una vieja aspiración de muchos ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, que ha sido compartida por los sucesivos gobiernos socialistas. Recuerdo, por ejemplo, la visita que llevó a cabo a Santa Cruz de Tenerife, siendo gobernador civil Eligio Hernández, el Ministro de Justicia Fernando Ledesma, a efectos de intentar recabar de las autoridades municipales la cesión de los terrenos necesarios para la construcción de ese Palacio de Justicia.
Siendo luego Ministro de Justicia Tomás de la Cuadra, conseguimos, a través de un complicado convenio, en el que tuve el honor de participar, porque también

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en aquellos momentos era portavoz en el Ayuntamiento del grupo municipal socialista, un convenio para que el Ayuntamiento de Santa Cruz cediera los terrenos necesarios a efectos de poder construir la sede física de los distintos órganos de la Administración de Justicia en la capital tinerfeña. El Palacio de Justicia se ha construido, a pesar de los augures o de los malos augures de determinados representantes de la oposición. Está ya terminado, como digo, y se encuentra ubicado en la Avenida 3 de mayo, de Santa Cruz de Tenerife. Hoy se sienten todos tan orgullosos de esa construcción, que incluso en la última campaña municipal que llevó a cabo el grupo gobernante de Santa Cruz de Tenerife, entre las realizaciones que se estaban llevando a cabo, figuraba precisamente la construcción de ese Palacio de Justicia.
Sin embargo, por una nota que ha aparecido hace poco en la prensa da la impresión de que va a existir un retraso en la puesta en marcha, como consecuencia de las deficiencias en el cableado telefónico y, sobre todo, de que tiene que haber un concurso para llevar a cabo el traslado físico del mobiliario al Palacio de Justicia.
La necesidad de que Santa Cruz cuente con las instalaciones adecuadas es evidente y por eso hago la pregunta al señor Ministro de Justicia. ¿Cuándo entrará en funcionamiento el citado Palacio de Justicia? Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, le constan al Ministerio los esfuerzos de su señoría en el logro de ese objetivo que, afortunadamente, ya es una realidad. (Rumores.) En septiembre terminaron las obras del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, que va a permitir albergar los 21 órganos unipersonales de la capital, así como las tres secciones de la Audiencia provincial, y, lo que es más importante, tiene previsiones para cuatro nuevos órganos unipersonales y para una futura cuarta sección de la Audiencia.
Además, hay una planta entera disponible para necesidades futuras. En definitiva, es el gran Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife del presente y del futuro.
Las obras, como su señoría ha recordado, terminaron en el mes de septiembre. En este momento, estamos en la fase de instalación de servicios y mobiliario, concretamente de los sistema de voz, de datos, los equipos ofimáticos, mobiliario y otros temas menores; también la contratación, a la que su señoría se refiere, que ha salido, por cierto, en el Boletín oficial del día 12 de octubre.
Pese a esa evidente necesidad de realizar esos trabajos complementarios, aseguro a S. S. que, desde luego, a primeros de enero entrará en funcionamiento el Palacio. Mis equipos me dicen que probablemente antes, pero ante la Cámara prefiero ponerme en lo peor y lo peor sería que entre en funcionamiento en el mes de enero del año 1996.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE FERNANDEZ SANZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNAS NUEVAS MEDIDAS PARA EL PROXIMO AÑO A LA VISTA DEL BALANCE QUE REALICE SOBRE LA «OPERACION PASO DEL ESTRECHO» DEL VERANO DE 1995? (Número de expediente 180/001439)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, de la señora Fernández Sanz.


La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el importante número de trabajadores marroquíes que durante el verano atraviesan nuestro país ha llevado a nuestro Gobierno, año tras año, a tomar medidas para producir un paso por nuestro país lo más positivo posible.
La imagen que, a través de los medios de comunicación, tenemos de la «Operación paso del Estrecho» del año 1995 es muy positiva y quisiera preguntarle qué evaluación han hecho ustedes y qué propuestas van a hacer de cara a seguir mejorando este paso de marroquíes o magrebíes por España en el verano, por respeto a estos trabajadores y por respeto a los inmigrantes magrebíes que trabajan en España y que, como usted conoce perfectamente, desean colaborar en esta operación cada año un poco más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
Señoría, en efecto, los datos reales nos dicen que este año la «Operación Estrecho» ha sido particularmente positiva, tanto en cuanto a la fluidez del paso de viajeros y de vehículos como en cuanto a la ausencia de esperas prolongadas o de incidentes, pese a que la situación, efectivamente, planteaba algún conflicto por problemas bilaterales que todas SS. SS. conocen.
Un buen síntoma de ellos es que no ha sido ni siquiera preciso utilizar las zonas de emergencia que habíamos establecido en los alrededores de Algeciras para los supuestos de que se dieran situaciones de bloqueo del puerto o de la ciudad.
Hay un fenómeno interesante. El año pasado observamos un descenso del 4,5 en la circulación de pasajeros

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y vehículos; este año el descenso ha sido más importante, concretamente del 12,5. En definitiva, en los dos últimos años el tráfico ha disminuido casi en un 17 por ciento. Pese a esa disminución, la respuesta prudente, desde el punto de vista del Ministerio, y es la que se va a adoptar, es que no se va a disminuir ninguna de las medidas tomadas, sino al revés, se van a intensificar, para garantizar de manera estable, no sólo la seguridad en el tránsito, sino, fundamentalmente, la dignidad de los trabajadores que con todo derecho pasan a su país para tener unos días de descanso.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EVOLUCION HAN EXPERIMENTADO LAS SOLICITUDES DE ASILO DESDE LA MODIFICACION DE LA LEY EN MAYO DE 1994? (Número de expediente 180/001440)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Aguiriano Forniés.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Ministro de Justicia e Interior, en la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados que modificaba la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, se instaba al Gobierno a adoptar las medidas precisas para garantizar la necesaria claridad en el examen individualizado de las solicitudes de asilo y a impedir la utilización fraudulenta con fines de inmigración económica del sistema de protección de refugiados.
Las razones anteriores, unidas a la polémica que en su momento produjo la modificación mencionada, hacen conveniente que se mantenga una información detallada sobre la aplicación y efectividad de la normativa que garantiza la condición de refugiado. Por eso le pregunto: ¿Qué evolución han experimentado las solicitudes de asilo desde la modificación de la Ley en mayo de 1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguiriano.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Presidente, señoría, los datos del año 1991 eran de ocho mil y pico solicitudes; en el año 1992, pasaron a 11.000; en el año 1993, a 12.000 --digo cifras redondas.
Sin embargo, efectivamente en el año 1994 se produce por primera vez una inflexión a la baja en el descenso de solicitudes, situándose en torno a 11.000, pese a que, en realidad, hasta el mes de junio de ese año se seguía aplicando el sistema legislativo anterior.
Esa tendencia se ha confirmado plenamente en el año 1995.
Concretamente, a fecha de 30 de septiembre hay 4.600 solicitudes, lo cual significará que a final de año rondaremos las 6.200. Por tanto, la inflexión es evidente y muy importante.
¿A qué se debe? Sin duda, a que el nuevo sistema legislativo es más adecuado para resolver el problema de la verdadera naturaleza jurídica del derecho de asilo. Pero, además, ha habido otra serie de factores evidentes que conviene tener en cuenta.
Por un lado, la desaparición prácticamente de solicitudes de buen número de países tradicionalmente solicitantes, como sería el caso, por ejemplo, de Polonia, Bulgaria, Ecuador, Senegal.
En segundo lugar, como consecuencia de la normalización del colectivo dominicano, que era un problema real y que se regularizó, y además la exigencia complementaria de visado.
En tercer término, una reducción drástica de las peticiones procedentes de la República Popular de China, como consecuencia de algo muy concreto, que es la desarticulación de las mafias chinas en España de inmigración ilegal.
Junto a eso, es cierto que ha habido otros fenómenos, como es uno fundamental: el establecimiento de cupos para trabajadores extranjeros. Eso ha permitido, en definitiva, junto tanto a la legislación como a la acción política global del Gobierno, que el derecho de asilo recupere la naturaleza que le asignaba el artículo 13.4 de la Constitución. En definitiva, una medida que tiene su lógica para proteger a los refugiados políticos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿HA INTERESADO EL GOBIERNO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE PROMUEVA ALGUNA ACTUACION EN ORDEN A LA DEFENSA DEL INTERES PUBLICO, CON EL FIN DE IMPULSAR LA INTERVENCION DEL FISCAL ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION, EN EL PAGO DE 600 MILLONES DE PESETAS, PRESUNTAMENTE CON DESTINO AL PSOE, PARA CONSEGUIR UNAS EXENCIONES FISCALES A FAVOR DE LA CORPORACION INDUSTRIAL BANESTO? (Número de expediente 180/001467)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Ministro de Justicia e Interior, en funciones de Presidente, y no señor Presidente en funciones de Ministro de Justicia e Interior, como ayer se proclamó usted (Rumores.), ¿ha interesado el Gobierno al Fiscal General del Estado que promueva alguna actuación en orden a la defensa del interés público, con el fin de impulsar la intervención del Fiscal Especial contra la corrupción en el pago de 600 millones de pesetas, presuntamente con destino al PSOE, para conseguir unas exenciones fiscales a favor de la corporación industrial Banesto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
Señoría, no. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, en funciones de Presidente, supongo que es usted consciente de la gravedad de la afirmación que acaba de hacer, porque ha sido usted, su Gobierno y su Grupo los que han propuesto la creación del Fiscal contra la Corrupción, que se supone que, en casos flagrantes de corrupción, como es el pago a un partido, o a un intermediario con destino a un partido, para gestionar unos favores del Gobierno, es un caso manifiesto de corrupción.
Es un hecho también que nadie discute que los 600 millones de pesetas han desaparecido de Banesto. (Rumores.) Es un hecho que nadie discute que el señor Conde ha declarado ante un juez que ha entregado esos 600 millones de pesetas personalmente a un intermediario con destino al Partido Socialista. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: A mí, señor Belloch, y a mi Grupo, sus capacidades para perseguir jueces en función de sus responsabilidades en la revelación de secretos o en la prevaricación, probablemente impulsado por su subconsciente como antiguo miembro del Consejo General del Poder Judicial, nos parecen muy respetables, pero no son la clave. La clave es si los 600 millones de pesetas se han pagado o no se han pagado.
Por eso, señor Belloch, lo grave es que a usted no le preocupe esto; lo grave es que esto no le preocupe a su Gobierno; lo grave es que el Fiscal Anticorrupción no intervenga en un caso manifiesto de corrupción. Y le voy a decir más, señor Belloch: es una torpeza por su parte y por la de su Gobierno. Porque a usted y a su Gobierno les debería importar saber si ese dinero que ha salido de Banesto ha llegado al PSOE o se ha quedado en el camino de Argentia, de Las Bahamas y de los intermediarios. (Rumores.) Por el bien de su Partido, le interesaba acelerar la clarificación del hecho verdaderamente preocupante. Lo preocupante no es la revelación del secreto, es el secreto revelado, señor Belloch. Y a usted, a fin de cuentas, no le interesa el secreto. (Rumores.--Aplausos.--Un señor Diputado: ¡Qué desastre!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez-Cascos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señor Cascos, efectivamente, usted no ha leído nunca el Estatuto de autonomía del Ministerio Fiscal. Y digo de autonomía porque lo que hace el Estatuto Fiscal es consagrar la autonomía funcional de la Fiscalía General del Estado. (Rumores.) Si usted hubiera leído ese Estatuto, y no digamos si encima supiera algo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comprendería que cuando hay un juez que investiga unos hechos, un fiscal asignado a ese caso, y se verifica un proceso penal sobre unos mismos hechos, el Gobierno no es que no pueda, es que no debe, bajo ningún concepto, no sólo dirigir instrucciones, sino ni siquiera excitar el celo del Ministerio Público. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Venga ya!) Eso dicen el Estatuto del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Su señoría, en definitiva, desconoce en esta ocasión el principio que se llama de autonomía funcional del Ministerio Fiscal.
Segundo pequeño problema. Usted desconoce un pequeño dato: el Gobierno, efectivamente, nombró al Fiscal Anticorrupción. Se le olvida un detalle: no ha tomado posesión de su cargo. Los términos literales de su pregunta suponen incitación a un delito: el de anticipación de funciones públicas. (Rumores y protestas.-- Risas.) Convendría que leyera también el Código Penal.
Tercera observación. Usted, señoría ya sabemos, tenía una peculiar concepción del Poder Judicial. Su peculiar concepción del Poder Judicial consiste en decir que los jueces y magistrados deben dictar sus sentencias de acuerdo con la opinión pública interpretada por su señoría. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados: ¿Y los 600 millones?) Esa es una concepción que lo menos que se puede decir de ella es que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho.
Hoy usted nos ha ilustrado sobre otros terrenos de sus vastos conocimientos jurídicos sobre el principio de autonomía del Ministerio Fiscal. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, silencio!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Usted quiere un fiscal del Gobierno. Lo ha demostrado. (Rumores.) No lo hace así el Gobierno. El Gobierno respeta el modelo constitucional de un fiscal general del Estado. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Eligio!--Rumores.) Y ya, para terminar, un último comentario. No sabe cómo me alegra su vuelta a la vida política y parlamentaria. Nada aporta ciertamente a los conocimientos jurídicos, pero ilumina con un potente foco intelectual las zonas oscuras del verdadero pensamiento político del Partido Popular, del que usted es, dignamente, su Secretario General. (Rumores y protestas.-- Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Silencio, señorías!

--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUALES SON LAS RAZONES DE LA PASIVIDAD DE LOS RESPONSABLES DEL ORDEN PUBLICO CON MOTIVO DE LOS GRAVISIMOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE CEUTA EL 11 DE OCTUBRE? (Número de expediente 180/001450)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor González Pérez.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
¿Cuáles son las razones de la pasividad de los responsables del orden público con motivo de los gravísimos incidentes ocurridos en Ceuta el día 11 de octubre?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
No ha habido pasividad de los responsables de las Fuerzas de Orden Público.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor González.


El señor GONZALEZ PEREZ: Señor Ministro, el responsable máximo de los desgraciados sucesos de Ceuta es el Gobierno. Y lo es porque ustedes han permitido que en estos años se formara en Ceuta una bolsa de inmigración ilegal. Ustedes no han controlado el perímetro fronterizo con Marruecos, pero sí han establecido un filtro estricto en el puerto de Ceuta, convirtiendo esta ciudad en el gueto de la inmigración ilegal.
Ustedes han llevado a la desesperación a ese colectivo haciéndoles promesas incumplidas. Ustedes han contribuido a engrosar esa bolsa de inmigración ilegal, trasladando a Ceuta inmigrantes recogidos en la península. Ustedes no han sabido exigir a Marruecos el cumplimiento del Tratado bilateral sobre inmigración ilegal. Ustedes no han atendido las peticiones que desde estos bancos se han venido haciendo desde diciembre de 1994 que denunciamos la situación, insistiendo en los meses de febrero, marzo, abril, mayo o junio de este año y el día 27 de junio de este año, haciendo gala de un cinismo supremo, el Gobierno contesta por escrito que el número de inmigrantes ilegales en Ceuta es de 150. ¿Me quiere decir el señor Ministro qué medidas adoptó el Gobierno para que en ese breve período de tiempo se triplicara el número de inmigrantes ilegales en Ceuta? Señor Ministro, el día 10 de julio pasado ya hubo una situación similar, y desde ese día casi a diario se venía advirtiendo que la situación volvería a estallar. Es más, en boca de los inmigrantes centroafricanos, cuando estallara, se iba a enterar toda España, y vaya si se ha enterado. Lo deplorable, señor Ministro, es la necia actitud de la Delegada de Gobierno y la incompetencia de un gobierno que ha venido haciendo oídos sordos a una crónica anunciada.
Mire usted, el no atender los llamamientos hechos desde el Grupo Popular por el mero hecho de ser oposición, determinan el talante vanidoso de su actitud y de los que le rodean. Señor Ministro, si a este Gobierno le quedara un ápice de dignidad, cosa que dudo, cesaría fulminantemente a quien por omisión ha sido responsable político de lo acontecido, y si la soberbia de la que hace gala el Gobierno se transformara en comprensión y actuación eficaz hacia los problemas que sufre Ceuta con la inmigración ilegal hace muchos años, no se volverían a vivir situaciones que estoy seguro que el pueblo de Ceuta deplora. Por cierto, señor Ministro, el actual Presidente-Alcalde de Ceuta lo es como consecuencia de los votos de sus compañeros del PSOE y no del Partido Popular, como S. S. ha manifestado públicamente, señal inequívoca de lo informado e interesado que ha estado usted durante este tiempo por los problemas de Ceuta.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señoría, el problema de Ceuta sí es un problema serio y, por tanto, en este tema no creo que debamos hacer alardes de esgrima parlamentaria, sino enfrentarnos realmente a ese problema

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serio. Ni siquiera me voy a molestar --no lo permite tampoco el tiempo-- en explicar los hechos, las conductas de cada quien --se podría hablar mucho-- pero sí subrayar que, efectivamente, el Gobierno, sólo desde el mes de julio, había logrado ya realizar más de cien o bien expulsiones, o bien ingresos en la península y que, en definitiva, de manera constante y permanente se adoptaban medidas. Pero mucho más importante me parece indicar las medidas concretas que se van a adoptar o intensificar frente a los problemas reales --eso sí-- que existen en Ceuta.
Las medidas van a ser las siguientes. En primer lugar, impermeabilización de la frontera. Mientras se realizan las obras definitivas que S. S. conoce, desde mañana mismo se va a proceder a la instalación tanto de unas alambradas alrededor de toda la zona como asimismo de zonas de alumbrado. Se han enviado ya dos unidades básicas de la Guardia Civil, lo que equivale a cien miembros de la misma. Se va a enviar para la zona y para el control de la frontera un helicóptero con misión específica de control.
En segundo lugar, se trata de lograr la reducción del número de inmigrantes, y para ello es necesario realizar dos tipos de medidas complementarias. Por un lado, será necesario enviar, en este caso con autorización judicial, al conjunto de personas que participaron directamente en los alborotos a centros de recogida en la península, a centros de internamiento en la península. Al propio tiempo deberemos dotar de la documentación suficiente a los inmigrantes para, en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, procurar su estancia dentro de centros de acogida adecuados en la península. En tercer lugar será preciso un trabajo conjunto y no demagógico con las administraciones locales para lograr, en todo caso, un establecimiento serio y riguroso fuera del perímetro de la ciudad de los actuales inmigrantes, dotándoles del adecuado sistema de asistencia social y sanitaria. Será preciso aumentar, y para eso se han enviado cien miembros,...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA TESIS DE LA EXISTENCIA DE AUTORIDADES JUDICIALES PARTICIPES EN LO QUE UNICAMENTE EL PROPIO GOBIERNO INSISTE EN CALIFICAR DE «OPERACION CONTRA EL ESTADO»? (Número de expediente 180/001451)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Comparte el Gobierno la tesis de la existencia de autoridades judiciales partícipes en lo que únicamente el propio Gobierno insiste en calificar de «operación contra el Estado»?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
La posición del Gobierno, por cierto, ya ha quedado expuesta en una sesión que tuvo lugar el día 5, y a la cual, según creo, S.
S. no pudo asistir.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, para su desgracia la posición del Gobierno está siendo fijada por el propio Gobierno o por terceros, en nombre oficioso de ese Gobierno, de forma muy diferente.
Lo que resulta absolutamente lamentable es que el Gobierno insista en la tesis de la conspiración y de la participación en ella de autoridades judiciales; tesis, además, absolutamente inútil, desmentida en primera instancia por quien fue, en su momento, el vocero original de dicha tesis, es decir, el señor Sancristóbal. Lo que resulta inaceptable es que a estas alturas portavoces oficiosos de ese Gobierno se permitan groseramente amenazar a las asociaciones profesionales de la judicatura intentando cercenar su libertad de opinión. Lo que resulta inaceptable, señor Ministro, es que S. S. utilice esta Cámara para lanzar veladas chanzas contra la actuación de algún juez concreto en relación con su obligación de atenimiento a secreto sumarial, o que este Gobierno utilice al Fiscal General del Estado instando o no instando, según le rueda la bola, al propio Gobierno. Y, en definitiva, lo que resulta inaceptable, señor Ministro, es que a estas alturas el Presidente del Gobierno aún se atreva a instar al Consejo General del Poder judicial a que introduzca orden en la judicatura cuando el desgobierno socialista ha llevado a este país a cotas mayúsculas de desgobierno.
Lo que aquí sucede, señor Ministro --y eso no tiene vuelta de hoja--, es que existen unos hechos que sólo penalmente corresponde sentenciar a los jueces. Pero esos mismos hechos existen en una vertiente política y tienen que ser explicados por este Gobierno ante el pueblo español y ante esta Cámara. Y SS.
SS., el propio Gobierno o voceros que se sientan muy cerca de usted, están intentando crear un clima social que impida dar credibilidad al trabajo puramente profesional de ciertos jueces.
(Rumores.) Lo cierto es, señor Ministro, que todas esas circunstancias le alejan a usted y

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a este Gobierno de quienes hoy visten la toga, y, lo que es peor, acreditan que S. S. piensa que durante un tiempo se puede abrir un paréntesis en el compromiso personal del servicio a la ley por el mero hecho de ser Ministro, y ésa no es una posición aceptable en ningún caso. (Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Vuelvo a insistir que el día 5, en nombre del Gobierno, el Ministro de Justicia e Interior expuso los criterios precisos y claros sobre esta materia. Entonces SS. SS. consideraron oportuno no discutir con el Gobierno sobre esos temas y creo que abandonaron esta Cámara.
No me interesa lo más mínimo polemizar con S. S., señor Gil Lázaro. Sí que me interesa, sin embargo, el problema del Poder Judicial. Respecto del Poder Judicial, y por respeto al Poder Judicial, me parece importante dejar claro que este Gobierno, si ha tenido una línea precisa y constante ha sido la de respetar hasta sus últimas consecuencias la independencia del Poder Judicial en todas sus fases. Jamás nos hemos permitido ni criticar ni elogiar las resoluciones judiciales, como S. S. ha realizado en múltiples ocasiones en función estrictamente de los intereses sectarios de su partido político. Esa no es la política del Gobierno. El Gobierno se limita a hacer uso de las facultades legales que tiene --precisamente las que he tratado de explicar a su Secretario General, que supongo que tampoco habrá aprendido nada en esta ocasión--, que consisten en instar del Fiscal General el ejercicio de las acciones penales cuando entiende que una conducta puede revestir los caracteres de delito.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOAN MIQUEL NADAL I MALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS TIENE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR EN RELACION A UBICAR DE MANERA DISTINTA A LOS ACUSADOS EN LOS JUICIOS ORALES, A LOS EFECTOS DE CONSEGUIR UNA MEJOR COMUNICACION CON LOS DEFENSORES? (Número de expediente 180/001464)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Nadal i Male.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la pregunta también va de jueces, fiscales y salas pero en otros términos y en otro tono quizá más asequible a los ciudadanos.
¿Qué criterios tiene el Ministro de Justicia e Interior en relación a ubicar de manera distinta a los acusados en los juicios orales, a los efectos de conseguir una mejor comunicación con los defensores?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
Conoce S. S. perfectamente que aquí la pauta está en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica reguladora del Jurado. En ella se establece un principio fundamental, que es asegurar la comunicación entre el acusado y su defensor. A partir de ahí, tanto la Administración del Gobierno del Estado como las comunidades autónomas que tengan competencia en la materia --caso de Cataluña-- tendrán que ajustar sus previsiones materiales en la confección de las salas de jurado al mandamiento contenido en ese artículo 42.2 de la Ley orgánica.
Puede ocurrir que no sea preciso un modelo único; puede, y es lo normal --por lo menos así será en los territorios que dependan del Ministerio de Justicia e Interior a estos efectos--, que los acusados se coloquen en un banco al lado de su defensor, aunque, ciertamente, también se pueden colocar delante, pero lo que es evidente es que todos tendremos que cumplir el garantizar la comunicación, respetando, asimismo, las facultades del magistrado presidente, que, lógicamente, tiene facultades de orden público interno, de seguridad, que, a su vez, deberán ajustarse a ese principio básico de la comunicación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el tema se sitúa de una forma definitiva en la supresión del banquillo de los acusados. La ubicación en la sala de una manera diferente a la actual puede provocar una situación de comunicación más factible con el letrado, pero es evidente que la colocación en la sala tal como está planteada en estos momentos lo que sí provocará es un distanciamiento con todos los elementos del juicio; especialmente, dará una sensación delante del jurado realmente terrible. La situación del banquillo de los acusados es un elemento que prácticamente ha desaparecido en todas las administraciones de justicia y creo que, con independencia

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de la ubicación que cada una de las autonomías, según sus competencias, le pueda dar, sería justo y lógico que el Ministerio se expresara a favor de la supresión de la ubicación en este estricto sentido.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En cualquier caso, lo que le garantizo es que trataremos de coordinar con todas las administraciones que tienen competencias para que la solución sea idéntica. Desde luego, tengo en cuenta su observación.
Por otro lado, el propósito del Ministerio es que eso pudiera extenderse a la totalidad de procesos y no solamente a los de juicios por jurado. De hecho, el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal prevé la extensión del sistema a la totalidad de juicios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LOS HABERES PASIVOS DEL COLECTIVO DE LA POLICIA QUE SE HALLA EN SITUACION SIMILAR A LA ESTABLECIDA EN LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA DE LA LEY 28/1994 PARA LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/001465)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Carrera i Comes.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
También en la línea anterior, aunque quizá en un tema de menor impacto de titulares o quizá de esgrima parlamentaria, como decía el señor Ministro en anteriores preguntas, pero que a nuestro entender también es importante.
Señor Ministro, en abril de este año le hice una pregunta oral en el Pleno, interesándome en saber en qué punto o situación se encontraban los estudios para determinar el número de posibles afectados de la Policía Nacional con respecto a la revisión del haber pasivo. En su respuesta, el señor Ministro me indicó que los estudios se habían convertido ya en propuesta, propuesta que además era propósito del Ministerio introducir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1996. Por todo ello, le dirijo la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para mejorar los haberes pasivos del colectivo de la Policía que se halla en situación similar a la establecida en la disposición adicional quinta de la Ley 28/1994 para la Guardia Civil? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, además, en este caso fue decisiva la intervención de su Grupo, porque recordará que fue una enmienda de su Grupo en el Senado la que permitió esa modificación, lo que ocurre es que fue posterior a la Ley 26/1994, que regulaba la segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía, y ese desfase temporal impidió su posible aplicación, salvo, precisamente, por la vía de una reforma legal.
Como consecuencia de los estudios realizados, hemos comprobado que, pese a la enmienda, dentro de la Guardia Civil todavía podían quedar personas que no se viesen beneficiadas por ese sistema y, sobre todo, que existían cuerpos distintos de la policía y de la Guardia Civil respecto a los cuales la respuesta que se dio en su momento podría ser la justa. Por tanto, y de acuerdo con lo que ya le indiqué en su momento, en el anteproyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social --la normalmente conocida como ley de acompañamiento-- se prevé la reforma de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de clases pasivas, lo que redundará en la mejora de las pensiones de retiro ya causadas, pero también en el reconocimiento de una nueva pensión civil, computándose servicios civiles y militares. Lo único que hace falta es que SS. SS. aprueben esa ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carrera, tiene la palabra.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Mi pregunta estaba planteada incluso al margen del camino que pueda seguir la Ley de presupuestos y la de acompañamiento para 1996. Yo diría que el hecho de que esté contemplada o no en dicha Ley, en principio no tendría nada que ver con el propio resultado que puedan tener los presupuestos, aunque sí es cierto, señor Ministro, su aplicación práctica. Por tanto, dado que me dice que se contempla, habrá que ver qué pasa con los presupuestos, en lo que no voy a entrar en estos momentos, aunque sí le diría que, en todo caso, creo que esta aplicación podría tener un tratamiento diferenciado al margen del resultado final.
Gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REGULAR LA EXTENSION A LOS SOCIOS TRABAJADORES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO LA PROTECCION EN LAS SITUACIONES DE DESEMPLEO TEMPORAL Y PARCIAL? (Número de expediente 180/001433)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Olabarría Muñoz, que tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿cuándo piensa el Gobierno regular la extensión a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado afiliados al Régimen General de la Seguridad Social, la protección por desempleo en su modalidad suspensiva total y parcial?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted sabe, existe un proyecto normativo que ha pasado ya la tramitación en la fase administrativa previa que pasan todos los reales decretos, es decir, tiene los informes de asociaciones, corporaciones interesadas en el asunto y del Consejo de Estado. Ahora mismo está en discusión política, porque hay una serie de puntos de este real decreto que están todavía sin resolver. El decreto está en fase de Consejo de Ministros, por así decirlo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría, tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su información, no demasiado prolija, ésa es la verdad. Tiene cierto componente de decepción, porque nosotros sabemos que ese proyecto normativo existe hace mucho tiempo, no sabría evaluar en este momento cronológicamente cuánto, pero nos preocupa que no se termine de resolver y que no haya una convicción política uniforme en el Gobierno. Quizás esta pregunta, señor Ministro, la deberíamos dirigir también a los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda en relación a la superación de una disfunción, que es una disfunción incluso de inconstitucionalidad y puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la Constitución, cual es el no reconocimiento a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado afiliados al Régimen General de una protección integral del desempleo, de la protección por desempleo, cuando su cotización a esta prestación, a la financiación de esta protección, es íntegra, ésta sí que es integral, y desde esa perspectiva entendemos que se puede vulnerar el principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución y el mandato promocional de las sociedades cooperativas que consagra otro precepto de la Constitución, que es el artículo 129.
Señor Ministro, estoy satisfecho porque el Real Decreto 1.043, de 19 de junio de 1985, ya reconoce, por fin, tras luengos años de lucha, al sector cooperativo la protección por desempleo en determinados supuestos a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado, en el caso de extinción, por despido improcedente, por causas tecnológicas, económicas o de fuerza mayor o por no superación del período de prueba, pero todavía falta por reconocer la protección de desempleo en su concepción más integral, es decir, en los supuestos suspensivos, ya sean éstos de carácter total o de carácter parcial.
Esta es una discriminación que usted, por su propia sensibilidad, no está dispuesto a mantener. Nos gustaría saber qué otros ministros están dispuestos a remover esta discriminación que resulta anticonstitucional y que vulnera los principios de la justicia material más elemental y el mandato promocional constitucional en relación al mundo cooperativo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Olabarría, no vaya tan deprisa porque el Ministro de Trabajo tiene serias dudas sobre este proyecto. Le estoy hablando como Ministro de Trabajo. Tengo serias dudas, y usted, que es fino jurista, las va a comprender, primero, por la propia naturaleza de la prestación de la situación de desempleo, que en este caso concreto prácticamente quedaría su declaración al arbitrio de las mismas personas que se beneficiarían de esta prestación por desempleo parcial. En segundo lugar, también porque la propia regulación del desempleo parcial o de las suspensiones de contrato merecen una reflexión mucho más profunda, teniendo en cuenta las situaciones que hoy día se están produciendo.
Ya sabe usted que soy partidario de que todas las figuras suspensivas del contrato reciban desempleo, pero que el desempleo sea gestionado directamente por los empresarios y sindicatos en este caso, y lo sea en función también de las necesidades que ellos mismos

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quieran cubrir y con la financiación que ellos mismos quieran otorgarse.
Por tanto, ya le digo que no es un supuesto cuya naturaleza sea tan clara, y yo mismo mantengo serias dudas sobre la regulación de este supuesto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL BALLESTEROS DURAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿RESPECTO AL CENTRO PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE DEFENSA LLAMADO PATRONATO MILITAR DE ENSEÑANZA DE RONDA, HAY, EN ESTOS MOMENTOS, CONVERSACIONES CON LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA SU CESION A LA MISMA? (Número de expediente 180/001434)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Ballesteros Durán.


El señor BALLESTEROS DURAN: Señor Presidente, señor Ministro, en los últimos años, el Ministerio de Defensa ha seguido una política de cierre o de transferencia a otros organismos de centros que antiguamente dependían del mismo, como hospitales militares, centros de intendencia, centros de enseñanza, etcétera.
En la ciudad de Ronda existe un centro dependiente de dicho Ministerio, llamado Patronato Militar de Enseñanza, donde cursan sus estudios actualmente, y en régimen de internado, unos 250 alumnos hijos de militares y de personal civil adscrito al Ministerio de Defensa.
Nuestra pregunta es, señor Ministro, si tiene conocimiento de que existan conversaciones o negociaciones entre dicho Ministerio y la Junta de Andalucía para la cesión de este centro a la misma.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballesteros.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ministerio de Defensa mantiene conversaciones desde el mes de abril de este año con el Ministerio de Educación y Ciencia con objeto de efectuar la cesión de uso de los centros docentes públicos no universitarios sometidos a convenio entre ambos departamentos, Educación y Defensa.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene competencias plenas en materia educativa, hemos mantenido contactos, en efecto, con la Consejería de Educación de la Junta para tratar la cesión de uso de los colegios o institutos pertenecientes al Ministerio de Defensa y ubicados en dicha Comunidad.
En una reunión mantenida en junio de este año, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía manifestó la imposibilidad de absorber los 391 alumnos del Instituto de Bachillerato General Alamán, integrado en el Patronato Militar a que se ha referido su señoría.
A causa de ello se inició el estudio de un acuerdo para mantenerlo en funcionamiento, de forma que se asegure la escolarización de los alumnos alojados en la residencia del citado patronato, así como para compartir los costes de los servicios, que pasarían a ser comunes.
Se ha remitido a la Junta de Andalucía un borrador de un posible acuerdo y estamos en este momento esperando la opinión de la Junta para perfeccionarlo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUE RAZONES HAN JUSTIFICADO QUE EL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE UTILIZASE, EL PASADO DIA 9 DE OCTUBRE, UN AVION F-18 DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA BASE DE ZARAGOZA? (Número de expediente 180/001448)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Seco Gordillo.


El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones han justificado que el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente utilizase, el pasado día 9 de octubre, un avión F-18 de las Fuerzas Armadas de la Base Aérea de Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Ejército del Aire tradicionalmente ha autorizado a volar en sus aviones, como acompañantes, a personas ajenas al propio personal de vuelo. El objetivo que se pretende con estas iniciativas, al igual que con otras de esta índole, es dar a conocer la capacidad y la modernización de nuestros ejércitos.
Quisiera resaltar, señoría, que estas autorizaciones no originan ningún gasto extra, pues se aprovechan vuelos de instrucción, ni alteran tampoco para nada el régimen de normal funcionamiento de las unidades.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Seco tiene la palabra.


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El señor SECO GORDILLO: Señor Presidente, nos encontramos en presencia, una vez más, de un flagrante caso de patrimonialización de los bienes públicos por los miembros del Gobierno socialista. Una vez más tenemos que denunciar ante la sociedad española que ciertos miembros del Gobierno consideran los bienes públicos como si fueran propiedad privada y los utilizan en su provecho particular para la satisfacción de sus más íntimos caprichos.
Con no ser éste el primer caso, y mucho nos tememos que tampoco será el último, de utilización particular caprichosa e indebida de los bienes públicos --podemos recordar el del Presidente del Gobierno, señor González, navegando en el Azor, o el vuelo del señor Guerra en el Mistere, cuando era Vicepresidente del Gobierno para llegar a tiempo a los toros--: con no ser el primer caso, decía, sí es, en cambio, el que mayor gravedad reviste. En primer lugar, porque no es sólo que un Ministro del Gobierno socialista use privadamente un bien público, sino que otro Ministro del Gobierno socialista active toda la cadena de mando del Ejército español para que un compañero de Gabinete pueda ver cumplidos sus caprichos. Y, en segundo lugar, porque no estamos ante un bien público cualquiera, sino que es uno de los más sofisticados cazabombarderos existentes en el mundo, cuyo valor es superior a los tres mil o cuatro mil millones de pesetas, afecto, por si lo anterior no fuera suficiente, a una finalidad importantísima, como es la defensa nacional. Y es que ninguna de las explicaciones ofrecidas por el señor Ministro puede resultar mínimamente justificativa del desafuero cometido.
Se ha dicho en esta Cámara o en la prensa que se trataba de un vuelo programado que el señor Borrell aprovechó. Señor Ministro, o le han engañado, lo que no podemos creer, o, lo que es peor, pretende engañar al pueblo español, porque el aparato utilizado por el señor Borrell es un modelo biplaza, con mando doble, que sólo vuela, como el señor Ministro sabe perfectamente, para la instrucción de los nuevos pilotos que van llegando a la unidad, nunca, nunca en vuelos ordinarios para mantener su operatividad.
Y la justificación de que el señor Borrell quería ver desde el aire las Hoces del Cabriel resulta tan disparatada, señor Ministro, que no sólo se descalifica por sí sola, sino que descalifica, además, a quien la hace, por lo que no merece el menor comentario.
Señor Ministro, ¿de verdad piensa convencernos de que el vuelo del señor Borrell en el F-18 es algo que debamos aplaudir? No nos engañemos, señor Presidente, estamos sencillamente ante una actuación irregular del Ministro de Defensa que, autorizando y ordenando el vuelo privado del señor Borrell, ha cometido un gravísimo abuso de poder. Nos encontramos ante un uso irregular de los bienes afectos a la defensa nacional, que no puede tener más consecuencia, señor Ministro, que su dimisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Seco.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no estamos ante ningún caso de abuso, y menos ante ningún caso de abuso de poder. El Ministro de Obras Públicas y Transportes fue invitado hace tiempo por el Ejército del Aire a visitar sus instalaciones. Visitó, además de otras instalaciones, la base aérea de Zaragoza, y participó en un vuelo perfectamente programado para ese día, un vuelo de instrucción que se convierte en un vuelo de demostración. Un vuelo perfectamente programado, insisto, señoría, para ese día. Y esto, desde la perspectiva del Ejército del Aire, no significa sino una muestra más de la estrecha colaboración que viene manteniendo nuestra fuerza aérea con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, cuyo titular es el señor Borrell, que, entre otras, tiene la competencia sobre aviación civil, sobre seguridad en vuelo y sobre cuestiones relacionadas con la circulación aérea.
Señoría, no nos encontramos ante una circunstancia excepcional, ni en la fuerza aérea española ni en la fuerza aérea, probablemente, de ningún país. Forma parte de una práctica tradicional en la cual han participado personajes públicos de la sociedad española; han participado, entre otros, periodistas o han participado autoridades de los municipios donde las bases aéreas se encuentran enclavadas. No hay en este caso, señoría, por más que se empeñe, ningún abuso que corregir.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE EL GOBIERNO HA PRESENTADO CONFLICTO DE JURISDICCION FRENTE A LA PETICION DE DOCUMENTOS PRESENTADA POR EL ORGANO JUDICIAL EN RELACION CON DOCUMENTOS DEL CESID RELACIONADOS CON EL CASO GAL, NO ENTREGANDO LA DOCUMENTACION SOLICITADA? (Número de expediente 180/001468)

El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Ríos Martínez.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señor Ministro, el Gobierno, para decir que no a la creación de comisiones de investigación, se ha escudado en dejar actuar primero a la justicia. Pero ante cuatro requerimientos de documentos al Cesid, al finalizar el plazo del último, usted, a las nueve de la noche y en el

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juzgado de guardia, presenta una hipotética cuestión de competencia a través de un conflicto de jurisdicción. ¿Cree el Ministro de Defensa que ésta es una forma de ayudar a la independencia judicial y colaborar para aclarar la comisión de actos terroristas y la posible implicación en éstos del Cesid, del que usted, hoy, es el responsable político?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno y el Ministro de Defensa cumplen estrictamente con la legalidad. La ley obliga a guardar reserva sobre determinadas materias que están declaradas secretas, como SS. SS. sabe muy bien. Ante un requerimiento de la autoridad judicial, ante un nuevo requerimiento del juez de la Audiencia Nacional, se ha decidido utilizar los mecanismos legales que pueden resolver el problema, y resolverlo definitivamente y de una vez. Esta es la razón por la que el Gobierno y el Ministro de Defensa han decidido promover un conflicto de jurisdicción. Y lo promueven a las nueve de la noche, a la finalización de un plazo, por cierto de cuatro días con algunos días festivos por medio, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ríos, tiene la palabra.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Ministro, la ley también le obliga a auxiliar a la justicia. En todo caso, hecha la ley, hecha la trampa. Esta parece ser la línea de actuación de su Gobierno.
Si quiere ayudar a la buena imagen de los servicios de inteligencia y colaborar a mejorar la propia justicia, reformen y precisen la Ley de Secretos y, mientras tanto, acaten la jurisprudencia del Supremo. No cabe alegar secreto alguno cuando se está investigando un delito. Lo contrario, señor Ministro, se puede entender como intentar dilatar la acción efectiva de la justicia, obstaculizar la investigación de un delito o buscar el doblegar la opinión del Tribunal Supremo, ya emitida.
Señor Ministro, esta actuación del Gobierno está hecha bajo su interés político, aun a riesgo de poder rozar la inconstitucionalidad, porque no nos encontramos ante una cuestión de competencia, sino ante la negación de información y auxilio al órgano competente para investigar este delito.
La verdad es que no sé si nos encontramos ante una improvisación de un Gobierno a la defensiva, ante una nueva cortina de humo para ocultar algo importante, o ante la oferta de un nuevo escudo humano para poder salvar después la cara el propio Presidente. En todo caso, esa teoría del juez malo y el Gobierno bueno, esa teoría de Garzón contra Pertierra o el GAL y Saavedra creemos que intenta tapar entrar en el tema de fondo.
Desde luego, la actuación no es la de un Gobierno decidido a aclarar y a limpiar las actuaciones negativas del Estado, ni está ayudando a aclarar la comisión de un delito. Más bien parece la actuación de un Gobierno que para ayudar en su defensa a algunos de sus miembros no entrega los papeles para que no los empapelen.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, realiza usted juicios de valor que son muy graves, entre ellos la imputación de un delito a este Ministro de Defensa que le habla. Señoría, no hay ninguna obstrucción, no hay ningún entorpecimiento de la actuación de la Justicia; hay un intento de cumplir estrictamente con la legalidad. Hay una legalidad señoría, que me obliga a guardar reserva frente a todos de las cuestiones que conozco por razón de la responsabilidad que desempeño y que están clasificadas como secretas, con una sola excepción, con la excepción de los representantes de la soberanía popular o de su comisionado el Defensor del Pueblo. Sabe S. S.
que he practicado con rigor esa excepción presentando el material clasificado que se me requería ante los diputados que tienen acceso a los secretos oficiales de esta Cámara, pero deseo que la cuestión se resuelva finalmente y por esa razón, acudo o promuevo que se acuda a un tribunal, a una instancia independiente con la cual el Gobierno no tiene nada que ver, que es el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales.
Esto significa, señoría, el funcionamiento normalizado de las instituciones y, antes que ninguna otra cosa, significa respeto al Derecho, significa respeto al Estado de derecho, significa respeto a la autonomía y al buen funcionamiento de la Justicia.
Otra cosa es echar leña al fuego de una polémica artificial que en nada, esto sí que en nada favorece nuestro sistema de convivencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor, Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ALFONSO SORIANO BENITEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CONSIDERA EL SEÑOR MINISTRO QUE LAS INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS SON MONEDA DE CAMBIO PARA ENCUBRIR LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS DE DON FELIPE GONZALEZ EN EL CASO GAL? (Número de expediente 180/001447)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 del señor Soriano Benítez de Lugo.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Gracias, señor Presidente.
Hace escasos días, creo que el pasado lunes día 9, el señor Ministro de Educación nos dejaba atónitos cuando respecto a un posible apoyo de la minoría nacionalista canaria en el Senado a la Comisión investigadora de los GAL decía en televisión, desde Las Palmas de Gran Canaria --y cito textualmente--, que los nacionalistas canarios no pueden estar poniendo la mano allá -- refiriéndose a Madrid-- pidiendo dinero para acá --es decir, para Canarias-- y luego haciendo lo que les da la gana. Si van por libre, que sigan por libre; el Gobierno responderá en la medida adecuada.
¿Considera el señor Ministro que las inversiones en Canarias con cargo al Estado --no creemos que el señor Ministro se refiera a otros dineros-- pueden ser moneda de cambio para encubrir responsabilidades políticas de don Felipe González en el caso GAL?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, evidentemente no, en primer lugar porque nada tienen que ver las pretendidas responsabilidades que S. S. achaca al Presidente del Gobierno con la educación ni muchísimo menos con las infraestructuras educativas de Canarias.
En segundo lugar, porque sabe muy bien S. S. que desde los años ochenta las competencias en materia de educación han sido traspasadas íntegramente a la Comunidad Autónoma de Canarias y, en consecuencia, no se realiza ninguna inversión en infraestructura educativa desde hace diez años. Esa es la razón por la que tengo que rechazar su pregunta y el sentido de la misma.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Soriano.


El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Realmente, no sé a qué se refiere el señor ministro, porque yo no le he hablado de las infraestructuras educativas. Lea usted la pregunta número 24 en el orden del día que dice literalmente: ¿considera el señor Ministro que las infraestructuras de Canarias son moneda de cambio? etcétera. No sé de dónde se saca lo de educativas. El subconsciente le ha debido haber traicionado. Léalo, léalo usted en el punto número 24.
Sinceramente, señor ministro, creo que sus afirmaciones fueron un desahogo en el que le traicionó el subconsciente una vez más, harto de haber padecido, primero, como Presidente de Canarias y, luego, como ministro del Gobierno socialista las consecuencias frente a Madrid de un permanente doy, para que me des, auténtica razón de ser de los nacionalistas canarios.
La aceptación de muchos de estos planteamientos no impidió que le presentaran una moción de censura que le costó el Gobierno de Canarias, ni que usted intentara otra vez --parece ser masoquista-- un nuevo acuerdo después de las últimas elecciones autonómicas sin tener en cuenta que el PSOE ya no es un valor al alza y que el futuro inmediato es del Partido Popular.
Usted debería reconocer, como persona de clara trayectoria democrática --y se lo digo en el mejor de los tonos--, que lo que denunció en televisión ha sido práctica habitual en los últimos años, por lo que sus palabras sonaban inevitablemente a chantaje.
Amenazar a todos los canarios con cerrar el grifo de los dineros para infraestructuras, que no para infraestructuras educativas como usted dice, si los Senadores nacionalistas canarios no se doblegan ante los deseos del Gobierno es sencillamente impresentable, máxime cuando desde su Gobierno y desde su partido se lleva meses hablando de conjuras, de chantajes y de conspiraciones para defenderse de lo que se les viene encima.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soriano.
A efectos de que quienes siguen el debate puedan tener cabal idea de la confusión que se puede haber creado, y a la que ha aludido el señor Soriano en su intervención, he de decir que la pregunta presentada originariamente en el registro se refería a las infraestructuras educativas y esa pregunta que fue objeto de una corrección posterior en el sentido que figura en el orden del día. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
También, con su permiso, para los que siguen el debate he de decir que al señor ministro le llegaría la versión corregida, por tanto el señor ministro ha contestado a algo que no se le había preguntado.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: No estoy echando una mano ni un capote al señor ministro.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Yo tampoco a ningún diputado, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: He dicho que la pregunta originaria era ésa, que luego ha sido corregida en el sentido que figura en el orden del día y que lógicamente conocen todos los señores Diputados.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Y el señor ministro también, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: También, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, tengo la comunicación en el sentido que he expresado, pero no hay por mi parte ningún inconveniente en responder a la corrección introducida posteriormente por S. S.
En primer lugar, señor Soriano, quiero agradecerle, el buen tono de su intervención, no frecuente en esta Cámara. En segundo lugar quiero decirle que, en gran medida, su intervención viene a explicar la razón de la mía, y es que no está relacionada con un problema coyuntural que actualmente se debate en otra Cámara sino con la historia de mi presencia en Canarias, de mi condición de Secretario general de los socialistas canarios, y usted ha resumido muy bien los distintos momentos importantes de estos últimos cuatro años.
Ayer manifestaba a un compañero de grupo que no dejaba de ser curioso que fuera el Grupo Parlamentario Popular el que expresara estas preocupaciones acerca de posibles chantajes, posibles presiones o posibles deseos de venganza contra el pueblo canario cuando durante estos años, hasta las elecciones autonómicas, hemos venido oyendo críticas frecuentes a la actitud de Coalición Canaria de conseguidor, de pedidor, etcétera, ante el Gobierno central.
Quiero garantizarle que no existe ningún tipo de restricción ni ningún tipo de amenaza en las palabras que pronuncié sino que simplemente era una queja reiterada que ya había expresado a lo largo del mes de septiembre acerca de la incesante serie de peticiones de miles de millones de pesetas para Canarias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO A LAS AMENAZAS POLITICAS VERTIDAS POR EL MINISTRO DON JERONIMO SAAVEDRA HACIA AQUELLOS GRUPOS PARLAMENTARIOS QUE RESPALDARAN LA INICIATIVA DE CONSTITUIR UNA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LOS GAL? (Número de expediente 180/001466)

El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva, del señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor ministro, usted suele ser muy sincero y eso le ha costado bastantes problemas. Yo creo que el día 9, como en algunas otras ocasiones, usted dijo lo que pensaba y eso le ha traído problemas. Personalmente vi en televisión, por tanto era imagen y sonido, las declaraciones que usted hizo ese día y usted dijo lo que dijo, y vino a decirles a los canarios que no podían servir a dos señores. Por eso nuestro grupo le formula hoy la siguiente pregunta: ¿Qué explicación da el Gobierno a las amenazas políticas vertidas por usted hacia aquellos grupos parlamentarios que respaldaran la iniciativa de constituir una comisión de investigación sobre los GAL?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, usted tiene el valor de hacer referencia a algo infrecuente en la vida política que es la sinceridad.
Efectivamente, muchas veces estamos dominados por la hipocresía, y hay muchos, incluso, que hacen pero no dicen, y otros que decimos pero no hacemos. (Risas.) Esa es la consecuencia de la sinceridad.
No tema nadie, ni los canarios, y mucho menos algunos que los representan que son los miembros de Coalición Canaria, que haya en mis palabras ningún sentido de amenaza, de restricción o de influencia al respecto.
Quiero mencionarle alguna de las gestiones que se estaban efectuando el mismo día, o con posterioridad, a las declaraciones del día 9. Ese mismo día estaban reunidos los representantes del Gobierno de Canarias con la Dirección General de Empleo, para concretar las cifras de contribución de la Administración central en la ejecución del Plan de Empleo de Canarias y se ha concretado una cifra superior a 5.000 millones de pesetas. La pasada semana el Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado por el Partido Popular con mayoría absoluta, ha firmado también un acuerdo con representantes de los Ministerios de Cultura y Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente donde se comprometen a restaurar las casas consistoriales, el Castillo de La Luz y el Teatro Pérez Galdos, de Las Palmas.
El sentido de mi intervención tiene el alcance que he señalado al señor Soriano en relación con el contexto de la vida política que vivimos, padecemos, disfrutamos, como queramos calificarla, en la Comunidad Autónoma de Canarias. Cualquier otra lectura no corresponde a la intención, ni al sentido de mis palabras.
Garantizo que los canarios no tienen por qué temer; además, hay pruebas evidentes de no haberse recibido nunca de mi actuación sanción alguna, como se me pretende achacar.
Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, en mi tierra también se dice eso de «perro ladrador, poco mordedor», pero sus palabras, fruto de la sinceridad que yo le reconozco, plantean dos problemas políticos importantes. Uno, las características de los acuerdos parlamentarios que sustentan al Gobierno. ¿Los canarios están recibiendo lo que deben? ¿Los catalanes --me refiero al Gobierno de Cataluña-- están recibiendo lo que deben o están recibiendo una contraprestación a cambio de... y que cuando se cambia esa fidelidad se cortan las contraprestaciones? Segundo problema político. ¿Es posible que antes de una votación parlamentaria un ministro del Gobierno, usted o cualquier otro, pueda hacer una amenaza a un grupo parlamentario? Usted sabe que la Constitución protege a estas Cámaras e impide, incluso, manifestaciones para evitar que se coaccione la voluntad de los parlamentarios. Es un problema político muy grave. Un ministro, dos días antes de una votación, dice: Si esa votación se produce en este sentido, ocurrirá esto. Usted, que es sincero, ha puesto sobre la mesa dos problemas políticos graves.
¿Qué cabe hacer ahora, además de la sinceridad de reconocer que usted aunque amenace no puede llevar a cabo las amenazas? Debe disculparse ante las Cámaras, además de ante el pueblo canario, porque no ha debido hacer esa amenaza al Parlamento. En todo caso, reconocer, para que todo el mundo sepa, que las relaciones que sustentan a los grupos que apoyan al Gobierno están basadas en la contraprestación.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar que las relaciones entre el Grupo de Coalición Canaria y el Gobierno de Canarias a lo largo de esta legislatura no están montadas en torno a un «do ut des», en absoluto. La prueba más evidente es que Coalición Canaria ha votado hoy a favor del veto y en contra de una ley que es de mi departamento, la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Dirección de Centros y aquí votó abstención. Repito que no hay correlación entre los beneficios que por razones objetivas ha recibido Canarias a lo largo de esta legislatura, con el comportamiento parlamentario, que respeto pero que obviamente no comparto, que tiene el Grupo de Coalición Canaria.
En absoluto puede haber amenazas a la vida parlamentaria ni a ningún grupo parlamentario por ese enjuiciamiento que hago en mi tierra de lo que está ocurriendo. Se han obtenido una serie de beneficios para Canarias a lo largo de estos años y no se valoran debidamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PUBLICAR EL DECRETO QUE GARANTICE LA GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS PARA LOS ENFERMOS DEL SIDA? (Número de expediente 180/001452)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, como usted ayer contestó una pregunta similar o muy parecida a la que yo le formulo, creo que es necesario entrar directamente sobre lo que han sido sus propias afirmaciones ayer en el Senado a una Senadora del Grupo Popular. Usted manifestó que el decreto sobre el que yo le pregunto, que es el llamado de gratuidad de los enfermos del sida, para que puedan cotizar al 10 por ciento las medicaciones, iba a estar en noviembre. Permítame decirle, con todo el respeto y en términos lo más afectuosos posibles, que su palabra políticamente vale poco, porque ésta es la cuarta vez que usted da una fecha y es la cuarta vez, me temo mucho, que se va a volver a incumplir. No lo digo de oídas. Le puedo señalar todas las veces que ha venido a esta Cámara o al Senado en que usted ha comprometido una fecha en concreto. Habló de septiembre; la última vez, en diciembre de 1994, habló de inmediatamente, y usted recordará que ésta es una iniciativa que surge en marzo de 1993 y en noviembre de 1992. Estamos hablando exactamente de una iniciativa de hace tres años, y en tres años usted ha tenido tiempo suficiente para dar una fecha a estas Cámaras por cuatro veces consecutivas, y las cuatro veces incumplirla. Tres años son tiempo suficiente, yo creo, para hacer un decreto-ley. Ayer usted decía que estas cosas necesitan su tiempo, su tiempo son exactamente tres años y todavía no está el decreto; decreto, por otra parte, que es bastante rácano, y permítame que se lo diga, señora ministra, porque usted sabe que solamente se va a referir a los enfermos que ya tienen sida declarado, que no son, por tanto, el grueso más importante de las personas que padecen este problema en nuestro país, que son los seropositivos; estamos hablando, por tanto, aproximadamente de 10.000 personas y no de los 120.000 que en este momento aproximadamente son los seropositivos de nuestro país. Por tanto, señora ministra,

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por favor, demuestre usted algo más de sensibilidad traducida en rapidez, en urgencia y, si es posible también, en menos racanería en el próximo decreto que ha de venir alguna vez, suponemos, para beneficio de unas personas que ya tienen de por sí unos problemas de salud y sociales muy importantes.
Durante tres años, señora ministra, han sido muchas las personas que podrían haberse beneficiado; todavía estamos a tiempo de que sean otros muchos los que se puedan beneficiar. Esperamos, sinceramente, que esta vez definitivamente en noviembre conozcamos de alguna forma el decreto que, aunque también como se ha anunciado, entrará después de tres meses en funcionamiento, puede abrir la esperanza y puede abrir la solución a muchas personas que padecen un problema de salud y un problema social tremendamente grave.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Robles, como S. S. conoce, efectivamente el día 10 de marzo de 1993 la Comisión de Política Social y Empleo aprobó por unanimidad instar al Gobierno para extender a los enfermos de sida la gratuidad de la prestación farmacéutica; es verdad que fue en marzo de 1993. La primera vez que yo anuncio el cumplimiento o el desarrollo de este mandato es el 14 de diciembre de 1994, señoría, y desde entonces, hemos estado trabajando en la elaboración del decreto. Comprendo que a veces, cuando no se tiene la responsabilidad, no es fácil valorar lo que constituye una tramitación difícil, especialmente difícil en esta materia, por varias razones. Primero, porque esto constituye una modificación sustancial de la prestación farmacéutica en España y tiene cierta dificultad técnica. Segundo, porque no había datos publicados en la literatura médica nacional e internacional y, por tanto, tuvimos que hacer un estudio de costes de la medicación extrahospitalaria. Además, ha habido que preservar la confidencialidad en la dispensación del medicamento. Todo esto ha constituido dificultades técnicas; créame que ha sido laborioso elaborarlo.
A partir de ahí se inició la tramitación administrativa en el mes de julio. Ha informado la Comisión Nacional de uso racional del medicamento, ha informado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se ha seguido toda la tramitación administrativa y ahora está en el Consejo de Estado. Nadie más interesado que este Gobierno en que esa medida sea efectiva, señor Robles, se lo aseguro, pero los tiempos de la elaboración de normas son los que son. Lamento ponga en duda que esta iniciativa estará en vigor inminentemente, pero le aseguro una vez más que así será.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA OPINION DEL GOBIERNO SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACION? (Número de expediente 180/001435)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11 de la señora Balletbó i Puig.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, desde los «shocks» de los años setenta, hemos estado todos obsesionados por el temor de la inflación. Parece que más recientemente, en los últimos meses, el tema de la inflación en los países industrializados ha dejado de preocupar bastante. Además, la bajada de los tipos de interés ha tenido como objetivo reanudar el tema de las inversiones y del consumo.
Yo quería saber, señor ministro, cómo ve el tema y el comportamiento de la inflación, desde el punto de vista de la economía española, y las perspectivas que el señor ministro tiene en relación con este tema.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto que la inflación, aun habiéndose reducido, sigue siendo un tema que preocupa a todos los países, y también al nuestro; y es cierto que el comportamiento de la inflación en España en el año 1995, siendo mejor de lo esperado, todavía no es suficientemente bueno.
En cambio, en lo que conocemos hasta ahora, sí hemos tenido un comportamiento dual, totalmente distinto en el primer cuatrimestre del segundo. En el primer cuatrimestre hemos visto cómo los precios pasaban, desde diciembre del año 1995, del 4,3 al 5,2 en el mes de abril. ¿Por qué se produce esta subida? Por varias razones, en primer lugar, es relevante una subida de la imposición indirecta, que tiene algunas contrapartidas desde el punto de vista de reducción del déficit que son importantes para el país. En segundo lugar, la evolución del tipo de cambio de la peseta. En tercer lugar, la sequía, que juega un papel fundamental en alimentos, y sobre todo la evolución de precios de materias primas, especialmente a finales del pasado año, que acaban incidiendo también en la producción en España. Todo ello hace que este primer cuatrimestre tenga un comportamiento atípico. A partir de ahí empezamos ya con un comportamiento

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mucho mejor. Una reducción sustancial de la inflación, que nos permite prácticamente retrotraer la situación a un momento muy parecido al de diciembre del pasado año; de hecho volvemos a pasar de ese 5,2 al 4,3 en el mes de agosto y al 4,4 en el mes de septiembre, que es una buena cifra, y ello se debe, en gran medida, a un cambio, a una reversión de las tendencias anteriores.
Es verdad que la sequía sigue teniendo sus efectos, por ello los precios están a un nivel más alto. Los precios de materias primas disminuyen, la incidencia de la imposición indirecta ya no tiene el efecto previsto, y todo ello unido a un buen comportamiento de los salarios, que creo hay que reconocer como tema fundamental (hay que agradecer el comportamiento que han tenido los trabajadores este año en el tema salarial), nos permite pensar que a final de año nos encontraremos con una inflación muy próxima el 4 por ciento. Ello nos va a permitir, dado que a principios del pasado año hubo un salto, que para el mes de abril o mayo nos vayamos aproximando a ese 3,5, objetivo que todos deseamos y que nos permitirá, sin duda alguna, avanzar más en la reducción de tipos de interés, que es al final lo fundamental.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor ministro. Me alegro muchísimo de que las medidas económicas del Gobierno den estos magníficos resultados y quizás puestos a lamentar lamento que ese éxito económico en relación al tema de la inflación no lo puedan compartir el próximo año algunos otros grupos parlamentarios, como lo han compartido durante el presente, por su tozudez en relación al tema de los presupuestos. En cualquier caso, el éxito será exclusivamente entonces del Gobierno socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, pero sobre todo del Ministro de Economía.
Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL COUCE PEREIRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES PARA APOYO A LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE EL FERROL, TENIENDO EN CUENTA QUE SE VA A REVISAR EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 50/85 DE INCENTIVOS ECONOMICOS REGIONALES? (Número de expediente 180/001437) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Couce Pereiro.


El señor COUCE PEREIRO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, teniendo en cuenta las dificultades para las inversiones que atraviesa la zona de El Ferrol, ¿piensa el Gobierno adoptar medidas especiales para apoyar la inversión en aquel municipio, teniendo en cuenta que se va a revisar el reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985, de Incentivos económicos y regionales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Couce.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Couce, el comportamiento del Gobierno respecto a Ferrol ha sido siempre intentar darle el trato más beneficioso posible en términos de incentivos. Somos conscientes de las dificultades por las que pasa la zona y por tanto esa opción, que en el pasado estuvo muy claramente definida, sigue siendo una prioridad.
Es cierto, sin embargo, que hemos tenido algunas dificultades a lo largo de los últimos tiempos. En primer lugar, hemos tenido un problema de definición del volumen máximo de ayudas que la Comisión Europea podía aceptar para Ferrol. Inicialmente la Comisióno sólo admitía un 50 por ciento de ayudas para esta zona; después de una complicada negociación, en la que se pudieron poner de relieve las especialidades en que se encuentra Ferrol, pudimos pasar ese 50 por ciento a un 60 por ciento y sólo el 7 de septiembre de este año, es decir, prácticamente hace muy pocas semanas, la Comisión Europea ha reconocido a El Ferrol el límite máximo de incentivación de subvención neta equivalente del 60 por ciento.
A partir de ahí, ¿qué nos corresponde hacer? Evidentemente, tenemos que trabajar con el reglamento que desarrolla la Ley 50 del año 1985. Ese reglamento permite delimitar las zonas y definir el máximo de ayudas. Evidentemente, la nueva legislación comunitaria nos obliga a su modificación y a su cambio. En consecuencia, es intención del Gobierno hacer el máximo esfuerzo posible --por otra parte, siempre lo hemos hecho-- para mantener el tope de incentivación previsto en la comarca de El Ferrol, que es indudablemente el más elevado. Es verdad que siempre tendrá que ser dentro de las coordenadas en que se mueve la política de incentivación regional, cuya dotación presupuestaria está sometida, como el resto del Presupuesto, al principio básico de contención del déficit público. Sin embargo, la política más permanente de apoyo, de ayuda, en el máximo permitido por la legislación comunitaria, desde luego se seguirá desarrollando.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ALCAZAR DE SAN JUAN, DISEÑADO PARA TRATAR CONJUNTAMENTE LOS VERTIDOS DE CAMPO DE CRIPTANA? (Número de expediente 180/001431)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Martín del Burgo.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente giró una reciente visita a la provincia de Ciudad Real, en concreto a municipios de la denominada gran Mancha, que sufren, como dos tercios de la geografía nacional, esta pertinaz sequía o, lo que es lo mismo, nulos índices pluviométricos.
Estas circunstancias pueden agravar las situaciones y calidades de las aguas superficiales, potables o residuales. En esta dirección, la responsable del medio ambiente, competencia del Estado, anunció el interés y apoyo del departamento por el proyecto y para el proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan. Este proyecto comprendería asimismo, en principio, obras de bombeo de aguas residuales de Campo de Criptana y colector de agua depuradora hasta el río Cigüela.
Tenemos conocimiento de que en el «Boletín Oficial del Estado», de 12 de mayo del año en curso, y como obras declaradas de interés general, aparece en la Comunidad Autónomas de Castilla-La Mancha esta actuación. Dado el interés y la necesidad medioambiental del proyecto para ambos municipios y comarca, mi pregunta, señor ministro, es: ¿En qué situación se encuentra el proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Alcázar de San Juan, diseñado para tratar conjuntamente los vertidos de Campo de Criptana? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en virtud del reparto competencial establecido por la Constitución, mi ministerio sólo ha intervenido desde 1992, en la construcción de estaciones depuradoras que hubiesen sido declaradas de interés general; declaración que permite, y sólo eso, la intervención de la Administración central del Estado.
En el caso particular de Castilla-La Mancha, el Real Decreto-ley 5/1993, de 16 de abril, declaró de interés general la depuración de vertidos de aguas residuales que afectasen a las Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera y cuenca alta del Guadiana, por evidentes razones de interés ecológico que trascendían el autonómico. Con posterioridad, en marzo de 1995, se firmó un convenio entre el MOPTMA y el Consejero de Obras de dicha Comunidad Autónoma sobre actuaciones del Plan Nacional de saneamiento y depuración. En ese anexo figura la ampliación y mejora de la depuradora de Alcázar de San Juan. Es una depuradora de vieja concepción, diseñada con un tratamiento obsoleto, que aunque fue modificado y mejorado con posterioridad, no permite depurar el volumen total de agua residual a tratar debido a los vertidos que se incorporan desde Campo de Criptana.
Estas exigencias han obligado a realizar estudios previos, necesarios para elaborar un pliego de bases que contemple todas las acciones imprescindibles para el buen funcionamiento de la depuradora. En la actualidad, este pliego de bases se encuentra en fase de aprobación técnica, y espero que en breve plazo se pueda proceder a licitar la obra, cuya contratación se realizará, como hacemos ante casos urgentes, por el procedimiento de concurso de proyecto y obra conjunto. Es previsible, por tanto, que se pueda contratar dentro del próximo año, con un presupuesto muy elevado, cercano a los 1.000 millones de pesetas, para el cual contamos ya en el proyecto de ley de Presupuestos para 1996 con una partida, específicamente asignada al mismo, de 200 millones de pesetas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martín del Burgo.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Simplemente para agradecer la confirmación del señor ministro en favor de estas actuaciones; este agradecimiento lo expreso en nombre de ambas localidades.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿COMO JUSTIFICA EL SEÑOR MINISTRO SU VUELO EN UN F-18 DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA BASE DE ZARAGOZA? (Número de expediente 180/001449)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 del señor Fernández Norniella.


El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Borrell, cuando el señor González, Presidente de Gobierno, para practicar el deporte de la pesca, subió al «Azor», o el señor Guerra, Vicepresidente del Gobierno, para superar un atasco de tráfico y llegar a los toros, pidió un avión Mystère para que le recogiera, lo hicieron por causa de una necesidad subjetiva.
La ocasión en cada caso, según los interesados, lo merecía.
Ahora llega usted y no sabemos si por ilusión juvenil, si por cuestiones técnicas relacionadas con las Hoces del Cabriel, si por realizar un sacrificio personal prestándose a una prueba especial en un avión de combate o por ganar altura y notoriedad con vistas a su candidatura en el PSOE, coge un avión de combate, un F-18 de la base de Zaragoza, y va y viene por el aire como si de un concurso de acrobacia aérea se tratase.
¿Trató usted de darse un paseo, de visitar las Hoces del Cabriel, de conocer los mandos del avión y poco más o, por el contrario, el tema fue mucho más allá y usted hizo un simulacro aire-aire o aire-tierra? ¿En qué consistió su plan de vuelo, señor Borrell? ¿Puede darnos algún detalle? ¿Cómo justifica el señor Ministro su vuelo en un cazabombardero F-18 totalmente equipado de la base aérea de Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Recuerdo al señor Ministro que tiene la obligación de contestar a la pregunta en los términos con que figura en el orden del día.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo justifico como parte de una visita del ministro responsable del sistema de control de navegación aérea a una base militar y como muestra de interés y de aprecio por las actividades del Ejército del Aire. Debería usted saber que este tipo de visitas son habituales en todos los países, forman parte de las relaciones entre las administraciones civil y militar y sirven para conocer y divulgar la importancia que tienen nuestras Fuerzas Armadas, de cuya preparación y capacidad me siento orgulloso, más todavía después de mi visita.
Por otra parte, también debe saber que no es la primera vez que visito instalaciones militares, ni que tengo el honor de participar en actividades en vuelo del Ejército del Aire, ni tampoco soy yo el primer responsable político que ha volado en un F-18.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Borrell, esperaba que nos diese una justificación un poco más convincente. Sus explicaciones, señor Borrell, resultan tan arteras como cuando usted trató de justificar a don Felipe González en los escándalos Rubio y Roldán diciendo que también Jesucristo había tenido doce apóstoles y que dos le salieron rana.
Señor Borrell, conteste usted a lo que yo le digo, porque todos sabemos --y lo han demostrado ustedes hasta la saciedad-- que para ustedes los bienes públicos son bienes mostrencos y que, como tal, los usan en cualquier tiempo y lugar en beneficio propio. (Rumores.) Señor Ministro, podríamos hablar con usted y con los señores del Gobierno socialista --no presentes aquí-- de que ese tipo de actuaciones las vienen realizando desde siempre, desde el año 1982 en que llegaron al poder. Y las vienen haciendo por lo que le he dicho antes, porque consideran los bienes públicos como bienes privados. Esperaba de su causticidad de siempre que usted contestase de otra forma un poco más racional, pero lo único...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Es obvio, señoría, que ninguna de mis respuestas iba a impedir la lectura de lo que usted tiene preparado para valorarlas. Y también es obvio que todo se puede ridiculizar, banalizar y despreciar. Pero creo que comete usted un error si trata de asimilar una visita institucional de un ministro a un ejército, como ocurre --insisto-- en todos los países del mundo, con algo parecido a como si yo me hubiera colado gratis en un tíovivo de feria.
¿Entiende usted la diferencia clara que hay entre una representación institucional, entre una muestra de aprecio, respeto y, si usted quiere, admiración por los hombres que son capaces de poner al servicio de nuestro país un material sofisticado y complejo, que requiere de mí una atención y, si usted me permite, un elogio, con un divertimento personal como si se tratara de un parque de atracciones? ¿No ha visto usted nunca en la prensa internacional las fotografías de ministros y responsables políticos de muchos países democráticos (Un señor Diputado: Volando), volando sí, demostrando este afecto, este respeto hacia sus Fuerzas Armadas? ¿Cree usted que haciendo estas cosas no se contribuye a un mejor conocimiento y divulgación de lo que un ejército es y de lo que representa para un país? Creo que sí, señorías, y ojalá ustedes fueran capaces de entenderlo también.
Gracias, señor Presidente. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUIERE EXPLICARME USTED LA POSIBLE PARALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE ITOIZ? (Número de expediente 180/001454)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Gayarre Bermejo. Tiene la palabra.


El señor GAYARRE BERMEJO: Señor Ministro, ¿sería tan amable, después de la sentencia de la Audiencia Nacional, de decirme si es posible la paralización de la presa de Itoiz?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): La literalidad de su pregunta, que es a lo que supongo que tengo que contestar, es: ¿Quiere explicarme usted la posible paralización en la construcción de la presa de Itoiz? Pues bien, señoría, si su pregunta se refiere a las consecuencias de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, quiero y puedo. Si se refiere a cualquier otra causa de posible paralización, no puedo porque no quiero. (Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gayarre.


El señor GAYARRE BERMEJO: Señor Ministro, es interesante que usted diga que no quiere, y me refiero concretamente a la sentencia de la Audiencia Nacional.
La sentencia cuestiona su construcción y dice que el embalse no tiene cobertura legal, no se justifica su necesidad e incumple la normativa medioambiental. Señor Ministro, no quisiera polemizar, porque en esto usted me gana, pero sí hacer unas consideraciones.
(Risas.) El Estado lleva gastados unos 8.000 millones que, unido a lo presupuestado en infraestructuras por el Gobierno de Navarra, hace un total de 10.000 millones de pesetas. Señor Ministro, usted sabe perfectamente que una obra tan importante debe cumplir con todas las medidas que exige la Ley. De la lectura de la sentencia se transmite la impresión de que, lamentablemente, el Ministerio no ha hecho bien las cosas. En mi opinión, sus asesores deberían haber marcado el camino legal para hacerlas.
Estoy seguro de que ahora sí se lo van a hacer. No voy a ser yo quien le acuse de una actuación un poco difícil, entiendo que es difícil, pero comprenda que la opinión pública de Navarra tiene motivos para pensar que así ha sido.
Por tanto, hay que dar ejemplo de diligencia al ocupar puestos de responsabilidad. Usted, señor Ministro, no hace mucho lo insinuó: «Trabajaré con intensidad y con compromiso.» Eso es lo que dijo y a lo que tendrá que atenerse si es posible que usted ocupe la futura Presidencia del Gobierno de España.
Usted sabe lo importante que es esta obra para Navarra. Aunemos esfuerzos, no creemos contradicciones; estamos comprometidos con estas obras los agricultores, ganaderos, sindicalistas, ayuntamientos, etcétera. Navarra está ilusionada con este proyecto; deseo que se subsanen las deficiencias lo antes posible para que no vuelvan a ocurrir estas contradicciones, ya que hacen que nuestra sociedad pierda la confianza en sus dirigentes, en usted y en mí, que somos quienes tenemos que dar ejemplo de coherencia y respeto. Por tanto, no diga que no quiere, sea coherente y, por lo menos, respéteme.
Tenga la seguridad de que el Grupo Popular le va a prestar total apoyo. (Risas.--El señor Jerez Colino: ¡Cómo disimulas!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Me deja usted muy tranquilo, señoría, al saber que cuento con el total apoyo del Partido Popular. La verdad es que para mi proyecto político ese apoyo no sirve de gran cosa. De manera que se lo agradezco.
Espero también que cada una de las cosas... (El señor Fernández- Miranda y Lozana pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Usted por qué no se calla un ratito? (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): La verdad es que supongo que a partir de ahora cada cosa que haga o diga será juzgada en la perspectiva que acaba de anunciar el preguntante. Ahórrense esfuerzos.
En lo que se refiere a la presa de Itoiz, me he permitido preguntarle cuál era la causa por la que formulaba su pregunta.
Posible paralización, dice usted, y no dice nada más.
Paralización, ¿derivada de qué causas? (El señor Gayarre Bermejo pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Gayarre!

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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Naturalmente, pero yo contesto a lo que me pregunta, no a lo que usted supone que me pregunta.
En ese sentido, una vez que usted ha aclarado la razón de su pregunta, le comunico --cosa que espero que sepa ya-- que el abogado del Estado ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia, que entendemos que no se ajusta a Derecho, aunque tenemos por ella el máximo respeto, ocioso es decirlo; que no es una sentencia firme y, por tanto, su ejecución no es ni preceptiva ni automática; que estamos estudiando los perjuicios económicos y laborales, y también los riesgos que podría conllevar la paralización y los daños económicos y sociales que originaría esta situación; que lo estamos haciendo en plena colaboración con el Gobierno de Navarra, con cuyo Presidente mantuve una reunión 24 horas después de conocida la sentencia; que las obras de Itoiz son el resultado de una colaboración entre muchos partidos políticos, entre ellos el suyo y el nuestro; que este espíritu de colaboración ha hecho posible que se convalidara el Real Decreto-ley que autorizaba la presa de Itoiz como obra de interés general del Estado, y que la Unión Europea ha archivado la queja que consideró que el expediente administrativo no se había tramitado correctamente desde el punto de vista medioambiental.
Por todo ello hemos presentado recurso. Estamos estudiando la situación y actuaremos conforme a Derecho.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP SANCHEZ I LLIBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE ¿QUE ACTUACIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO POR LA QUE RENFE DEBIA PROCEDER, ANTES DEL 17 DE AGOSTO DE 1995, A LA REHABILITACION Y APERTURA DE LOS APEADEROS DE VILASSAR DE MAR-CABRERA Y PREMIA DE MAR? (Número de expediente 180/001463)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuándo RENFE va a proceder a la reapertura de los apeaderos de Vilassar de Mar-Cabrera y Premiá de Mar, comarca del Maresme en cumplimiento de la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y aprobada por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios de la Comisión de Infraestructuras el pasado 10 de mayo de este año, en la que se instaba al Gobierno a la reapertura urgente de dichos apeaderos, construidos hace más de 30 años y nunca puestos en funcionamiento? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
El tenor literal de la resolución por la que se aprobó la proposición no de ley que cita S. S. instaba al Gobierno a realizar determinadas actuaciones. De todas ellas, la única que tenía un plazo determinado era que Renfe tuviese un estudio terminado antes de tres meses sobre las adaptaciones necesarias, a realizar en los andenes y habilitación de aparcamientos. Renfe encargó un minucioso estudio al respecto, cuyas primeras conclusiones se recibieron a principios del mes de septiembre pasado, concretamente el día 7.
Posteriormente, se ha profundizado en el análisis, estando en estos momentos en disposición de llegar a las siguientes conclusiones: primero, la captación de nuevos clientes en las nuevas estaciones es limitada; segundo, la población a la que serviría se halla en buena parte cubierta por la oferta de las actuales estaciones de Premiá y Vilassar de Mar; tercero, la estimación de demanda adicional de las nuevas estaciones se cifra en 220 en Vilassar y 390 en Premiá.
Por tanto, y en atención al significativo volumen de inversión preciso para estas estaciones, que superaría los 300 millones de pesetas, y a la vista de previsiones de demanda adicional débiles, Renfe concluye que la viabilidad económica no es evidente.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que sería necesario dotar a esta estaciones de aparcamientos para automóviles, dada la dispersión de población existente en la áreas geográficas de influencia. Ello (por cierto, incluido en la propuesta en cuestión a través de una enmienda del Partido Socialista), es un hecho que condiciona en cualquier caso la apertura de los apeaderos, y para lo que hace falta contar con que las administraciones municipales estén dispuestas a contribuir con el suelo necesario, ya que Renfe no dispone del mismo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.


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De la intervención del señor Ministro deduzco que Renfe va a decir que no a la resolución aprobada en la Comisión de Infraestructuras por la que se instaba al Gobierno a la rehabilitación y apertura de los apeaderos de Vilassar de Mar- Cabrera y Premiá de Mar. Era un compromiso firme de la Comisión, por el que se instaba al Gobierno para que éste transmitiera a Renfe la necesidad urgente de la rehabilitación y apertura de dichos apeaderos.
Respecto a la contestación que me ha dado el señor Ministro, entiendo que estos datos no pueden ser comparados a la realidad existente en estas dos poblaciones, ya que concretamente en los últimos veinte años su número de habitantes se ha incrementado de 20.000 a los 70.000 que existen en estos momentos y que ascienden a 100.000 en los meses de verano.
Comunicarle también al señor Ministro que realmente existe la posibilidad de poner aparcamientos delante de estos apeaderos, que insisto, están construidos desde hace más de treinta años y que existen terrenos que posibilitan su construcción, ya que uno de ellos es propiedad de Renfe y otro es propiedd del Ayuntamiento de Premiá de Mar.
Entiendo, señor Ministro, que si Renfe no accede a la construcción de dichos apeaderos está incumpliendo una resolución aprobada en la Comisión de Infraestructuras, en la que por unanimidad de todos los grupos políticos, incluido el Grupo Parlamentario que da apoyo a su Gobierno, nos pondríamos en una posición bastante difícil de comprender por todos los ciudadanos de la comarca del Maresme, ya que, en definitiva, con la apertura de dichos apeaderos haríamos justicia a todos estos ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): No saque usted conclusiones precipitadas. Se pidió que se encargara un estudio y éste se ha hecho. El estudio refleja la necesidad de cuantiosas inversiones para una débil atracción de tráfico. Eso no quiere decir que Renfe vaya a hacer o deje de hacer. Simplemente ha hecho lo que se le encargó: estudiar y conocer el coste y el potencial beneficio social que se derivaría de unas actuaciones que no están descartadas, sino que siguen bajo estudio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS PROYECTOS Y MEDIDAS CONCRETAS QUE EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES HA REALIZADO O TIENE PREVISTO REALIZAR PARA FOMENTAR Y CANALIZAR LA PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO DE INTERES GENERAL? (Número de expediente 180/001430)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Guinea de Toro.


El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, en nuestro país es cada vez más elevado el número de ciudadanos y ciudadanas que están interesados en colaborar de forma altruista y solidaria en la resolución de los problemas que aquejan a los sectores más necesitados de nuestra sociedad.
Pienso sinceramente que el voluntariado social, que el Gobierno socialista empezó a fomentar, constituye el instrumento idóneo para que en un moderno Estado social de Derecho la satisfacción de los intereses generales deje de ser considerada como una responsabilidad exclusiva del Estado para convertirse en una tarea compartida entre el Estado y la sociedad. Además, constituye también la vía idónea para canalizar los sentimientos de solidaridad, de corresponsabilidad y de profundización en la democracia que entiendo, como socialista, han de ser funciones de un Estado de bienestar.
Por ello, señora Ministra, es necesario conseguir que cualquier ciudadano o ciudadana, y en especial los jóvenes, podamos ofrecer nuestra ayuda desinteresada en el mundo de la cooperación. Por ello creo que por parte de los poderes públicos es necesario apoyar y fomentar de forma decidida el voluntariado social.
En este sentido, señora Ministra, me gustaría saber cuáles son los proyectos y medidas concretas que el Ministerio de Asuntos Sociales ha realizado o tiene previsto realizar para fomentar y canalizar la participación de los ciudadanos en acciones de voluntariado de interés general.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señoría, precisamente el movimiento asociativo como elemento vertebrador de la participación ciudadana desempeña un papel cada vez más importante en los fines que tiene encomendados el Ministerio de Asuntos Sociales.
Como ya he puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones ante esta Cámara, uno de nuestros objetivos es incrementar la participación ciudadana en la ejecución de las políticas públicas de bienestar social.
Planteamos actuaciones que dinamicen el papel y la participación de las organizaciones no gubernamentales

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para crear ese tejido democrático y eficaz, que sea capaz de corresponsabilizarse en la construcción de una sociedad más justa y más solidaria.
Estas actuaciones que llevamos a cabo desde el Ministerio de Asuntos Sociales las articulamos en tres líneas: En primer lugar medidas de apoyo financiero. En segundo lugar, el reconocimiento de la labor que realizan las personas voluntarias, reconocer ese trabajo y valorarlo socialmente para que se produzca un aumento de esa participación. En tercer lugar, reforzar los cauces de comunicación entre las organizaciones del voluntariado y los poderes públicos.
Desde el punto de vista financiero, apoyamos, desde el 0,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con subvenciones a cargo de esa asignación. Desde hace ya dos años hay un capítulo prioritario para programas destinados a formar a los voluntarios. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones con un espíritu de apoyo, de colaboración, con un elemento de generosidad en la sociedad, pero poco organizado y peor formado.
Por eso damos una importancia estratégica fundamental a la formación de los voluntarios, para que puedan ser eficaces en esos aspectos en los que prestan su colaboración.
Este último año, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, hemos promocionado, mediante la subvención, 37 programas de formación, tanto básica, general, para realización del voluntariado, como la especializada. La dotación total ha sido de 430 millones de pesetas.
Además --y esto es importante-- hemos promovido el proyecto de ley del voluntariado, que se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria en esta Cámara y que seguramente tendremos ocasión de ver mañana. Este proyecto trata de satisfacer las demandas de los propios voluntarios, que venían reclamando la necesidad de un marco jurídico apropiado a su labor y que al mismo tiempo sirviera como reconocimiento de su tarea y como impulso para consolidar este ámbito en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO SOBRE LA RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA UNION EUROPEA RELATIVA A LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA? (Número de expediente 180/001441)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17 del señor Guinea de Toro.
Señor Guinea de Toro.
El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, este año que vivimos --1995- - ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Tolerancia. En este marco los países de Europa, y España entre ellos, están llevando a cabo diversas campañas en este sentido. A pesar de los progresos realizados gracias a los esfuerzos hechos por los Estados miembros del Consejo de Europa para garantizar los derechos fundamentales de las personas, a nadie se nos escapa que la violencia racista y xenófoba sigue existiendo en sus diversas modalidades y que el paro existe en los países europeos y las dificultades económicas que conlleva dejan a muchas personas fuera de lo que pueda ser la participación digna en la vida social. Esta situación, al final, actúa como caldo de cultivo para actitudes racistas y xenófobas.
La eliminación, señora Ministra, de toda forma de discriminación racial requiere de la coordinación y elaboración de normas nacionales eficaces; de otra manera, las consecuencias para la cohesión social en Europa serían muy desfavorables.
En este sentido, señora Ministra, me gustaría que me hiciese la valoración sobre la resolución, aprobada en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea, sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea de Toro.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias.
Señor Presidente, señoría, la aprobación, por unanimidad de los quince países de la Unión, de la resolución relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia en los ámbitos de empleo y de asuntos sociales, que ha tenido lugar el pasado 5 de octubre en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, podemos valorarla como un auténtico éxito, tanto desde el punto de vista de los objetivos que se había planteado España como Presidencia de la Unión Europea en este semestre, como desde el punto de vista del fortalecimiento de las políticas sociales comunitarias de cara a la Conferencia Intergubernamental de 1996, que modificará el Tratado.
Es un tema de una enorme preocupación, ya que la desaparición de las fronteras interiores entre los países miembros facilita la libertad de movimientos migratorios, tanto para los ciudadanos comunitarios como para los extracomunitarios, y, lamentablemente, la xenofobia y el racismo van surgiendo como una reacción hacia culturas y formas de vida distintas. Es un fenómeno que puede afectar también a los nacionales miembros de los países de la Unión y que aumenta

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además en momentos como el presente, en el que la inestabilidad del mercado laboral favorece los sentimientos de recelo hacia los trabajadores extranjeros.
Esta resolución es --hay que decirlo-- la primera que se toma en la Unión Europea, y además por unanimidad, sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia. Por tanto, sienta un importante precedente en la articulación de una política social común en esta materia y pretente, fundamentalmente, reforzar las medidas que favorezcan la convivencia y la tolerancia en la sociedad, con una especial incidencia también en el mercado de trabajo. En un año como éste, que ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Tolerancia, es además doblemente oportuno que hayamos sido capaces de tomar esta decisión.
Se trata de prevenir las situaciones de discriminación y desigualdad, tanto en el acceso al puesto de trabajo como en el ejercicio del mismo, y también de aumentar la formación de los trabajadores extranjeros para facilitar su integración social. En este sentido, la presidencia española ha sabido responder a una preocupación que nos han manifestado desde distintos ámbitos, tanto desde las instituciones como desde las ONG que trabajan en este área y desde los documentos comunitarios. Un ejemplo es que esta resolución se hace eco de la reiterada petición de esta medida --una medida de estas características-- que nos ha hecho el Parlamento Europeo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUINEA DE TORO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO SOBRE LA RESOLUCION APROBADA POR EL CONSEJO DE MINISTROS DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA UNION EUROPEA SOBRE COOPERACION CON TERCEROS PAISES EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD? (Número de expediente 180/001442)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18 del señor Guinea de Toro.
Señor Guinea de Toro.


El señor GUINEA DE TORO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hablemos ahora de juventud. El pasado 5 de octubre también se presentó una resolución, a propuesta del Gobierno español a través de su Ministerio, sobre cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud. Se manifiesta de este modo el deseo de intensificar la cooperación en el ámbito de los intercambios y de la movilidad de los jóvenes con países de Europa Central y Oriental y en el contexto del necesario diálogo Norte-Sur.
Señora Ministra, personalmente pienso que para dar respuesta al contenido del artículo 48 de nuestra Constitución, que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural, no nos podemos ceñir sólo y exclusivamente a nuestras fronteras. En este sentido me parece muy positivo que se tome este tipo de iniciativas de intercambio con otros países.
Me gustaría saber la valoración que hace el Gobierno sobre la resolución aprobada en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Europea sobre la cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinea de Toro.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señoría, lo primero que quiero es agradecer el interés mostrado por temas de tanta importancia para la vida real, como son los reflejados en estas resoluciones y que afectan de una forma muy especial a la juventud.
Como ha dicho S. S. tomamos una resolución en el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de 5 de octubre, sobre cooperación con terceros países en el ámbito de la juventud. La valoración que desde el Gobierno hacemos de esta resolución es muy positiva, porque es fundamental promover y es fundamental ampliar el espacio de participación de la juventud en la construcción europea, poniendo de relieve el inmenso potencial que la juventud representa para nuestras sociedades.
Esta iniciativa --que es de la Presidencia española-- se fundamenta en las conclusiones del Consejo Europeo de Essen. Las posibilidades que nos ha ofrecido el marco de determinados programas y medidas comunitarias dirigidas a los jóvenes nos han permitido hacer un informe desde la Unión Europea para poder avanzar en esta línea. El contenido de la resolución incide en cinco ámbitos fundamentales. La cooperación entre estructuras gubernamentales y no gubernamentales de la juventud, todo lo que es la participación del movimiento asociativo de jóvenes, poniendo un acento especial en la cooperación entre las estructuras juveniles no gubernamentales, como son, sobre todo, los consejos de juventud. Somos conscientes de la importancia de la vertebración de la sociedad civil, en este caso de los jóvenes, en el proceso de la consolidación de la construcción europea.
El segundo aspecto que contiene la resolución y que es de extraordinaria importancia es la formación de animadores, que representa un ámbito que incide en dotar de una nueva dimensión al trabajo en materia de juventud. Conocer y comprender la diversidad cultural y social supone el punto de partida para prevenir situaciones de intransigencia, intolerancia y racismo.
En este

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campo los animadores juveniles tienen un cometido de primordial importancia y, en este sentido, enlaza esta resolución con la que antes he contestado con motivo de otra de sus preguntas. También es necesaria la información a los jóvenes en los aspectos de educación, formación, empleo, ocupación del tiempo libre, de prevención de riesgos, facilitando la interconexión de las redes que ya existen. Por último, el intercambio de jóvenes que favorece también una mejor comprensión de las situaciones respectivas de los jóvenes participantes y el desarrollo de un espíritu de solidaridad mutua.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO PARA ORDENAR LA AYUDA A LA VIVIENDA EN LOS PROXIMOS AÑOS. (Número de expediente 172/000122)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre criterios del Gobierno para ordenar la ayuda a la vivienda en los próximos años.
En nombre del Grupo proponente de la interpelación, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Ministro, supongo que convendrán conmigo en que cuando hablamos de las ayudas a la vivienda, tanto de las presentes, como las pasadas y las futuras, no nos ceñimos únicamente a los resultados de un plan de vivienda y, muy concretamente, no nos ceñimos a los resultados del último plan de viviendas que elaboró el gobierno al que pertenece el señor Borrell.
Nosotros pensamos que la política de ayudas a viviendas y la política de viviendas es algo mucho más amplio, e incluso nos atrevemos a decir, y creo que con claro fundamento, que los planes de vivienda sin duda son una parte importante, pero, cuantitativamente, no son la parte mayor del conjunto de las políticas de ayuda a la vivienda. La parte fundamental de la política de ayuda a la vivienda está en el capítulo de las ayudas fiscales que se plantean por parte del Estado y que, normalmente, las ordena el Gobierno previa aprobación de la Cámara a través de los presupuestos de cada año. Ahí es donde está el monto fundamental de la ayuda a la vivienda que realiza el Estado y gestiona el Gobierno. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Nosotros consideramos que ese monto sustancial de ayuda a la vivienda no se mueve en una dirección de progreso, sino más bien al contrario: se mueve en una dirección claramente conservadora, en una dirección en la que podría gestionar muy bien el gobierno del Partido Popular, en vez del gobierno del señor Borrell, puesto que, más o menos, en España, hoy por hoy, quien recibe más ayuda a la vivienda es quien más tiene, quien más puede desgravar fiscalmente; en última instancia, quien en su tabla de deducciones del IRPF puede poner una cantidad mayor porque ha invertido más en vivienda.
Entonces, fíjense por dónde, el capítulo más sustancial de la ayuda a la vivienda en nuestro país, que nosotros ciframos en 350.000 millones de pesetas aproximadamente, no va en la dirección de ayudar a las personas que están más necesitadas de vivienda.
Nosotros creemos que la política de vivienda que se viene realizando en España es una política gravemente lastrada por lo que significa el sector de la construcción en nuestro país. En los propios Presupuestos Generales del Estado de 1996 se especifica cómo la construcción es nada más y nada menos que el 13,5 por ciento aproximadamente del producto interior bruto -- unos 9 billones de pesetas--, una cantidad importantísima, y, a nuestro juicio, esto hace que las políticas de viviendas vayan más en la dirección de favorecer el mantenimiento de toda la industria que, evidentemente, no está dedicada únicamente a la construcción, pero que, cuando falla la obra pública, ve en la construcción la manera de continuar teniendo esa incidencia en el producto interior bruto, y está gravemente lastrada por ello y más dedicada a eso que a conseguir unos efectos en el sentido que marca el artículo 47 de la Constitución española: que todos los españoles tengan una vivienda digna.
Por eso, nosotros creemos que, a pesar de que el plan de vivienda haya movilizado unos recursos, fundamentalmente privados, de aproximadamente dos billones de pesetas, a pesar de eso, como muy sinceramente dice el documento que nos ha dado el Ministerio de Obras Públicas, cuya sinceridad sin duda agradecemos, uno de cada tres españoles considera que el problema de la vivienda no ha cambiado apenas a pesar de este plan de vivienda --lo dicen a través de las encuestas que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas-- y esto es porque esos dos billones de pesetas movilizados por el plan de vivienda (que, evidentemente, no significan dos billones de gasto público, porque el gasto público se ciñe a 60.000 millones de pesetas aproximadamente; en el último ejercicio, 23.000 millones de pese- tas) no son más que subsidios a los préstamos y consiguen movilizar esos dos billones de pesetas, a pesar de movilizar de esa manera tan cuantiosos recursos privados, el problema de la vivienda es percibido por más del 65 por ciento de los españoles como que la situación se encuentra prácticamente inamovible.
Esto nos ratifica en nuestra idea y nos hace pensar que no tenemos una posición apriorística sobre lo mal que lo hace el Gobierno; no, lo que ocurre es que el

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Gobierno no ha conseguido romper la inercia que se viene aplicando a la política de vivienda desde los tiempos de la UCD, y sigue moviéndose bajo esa directriz. No queremos decir que lo haga igual; evidentemente, nosotros creemos que ha habido mejoras sustanciales en la gestión de esa política, pero desde luego no ha habido una variación de directriz en esa política, y por eso pensamos que en España las necesidades de vivienda son tan imperiosas, porque, a pesar del parque tan elevado de viviendas que existe en nuestro país, a pesar de que existe un panorama que no tiene nada que ver con el que se produce en el resto de los países europeos, en España el 70 por ciento de las viviendas son viviendas principales, el 15 por ciento secundarias y el 15 por ciento desocupadas. Eso no tiene nada que ver con la forma en que funciona en el resto de los países europeos y con cómo está dividida la ocupación de la vivienda. Pero eso es lo que explica que la política de vivienda esté generando la formación de pasivos, más que una política que está creando las posibilidades de acceso a capas que se ven necesitadas.
Nosotros pensamos que lo que hay que plantear cara al futuro no es sólo un nuevo plan de vivienda, que sí; creemos que hay que plantear un nuevo plan de viviendas que vaya corrigiendo paulatinamente el sector, porque desde luego no pensamos que los cambios se puedan hacer de la noche a la mañana, y que un sector como el de la construcción, que significa tanto en el producto interior bruto de nuestro país, pueda sufrir un cambio radical; pero el problema es que tampoco sirve, que tampoco se está produciendo un cambio indiciario en el sector, y es necesario que se empiece a producir ese cambio indiciario; nosotros pensamos que es importante que se produzca y que todas las otras políticas, que no son la mera política presupuestaria de un plan de vivienda, empiecen a cambiar en nuestro país.
Por lo pronto, vamos a empezar a darles ideas, porque creemos que se debe acabar con la política de desgravaciones fiscales sobre la vivienda que han venido aplicando los sucesivos gobiernos, no solamente del PSOE, sino que ya aplicaban los gobiernos anteriores al PSOE, y que desde luego el PSOE no ha roto con ellas, sino que ha continuado la gestión en esa misma línea.
Nosotros pensamos que los recursos que se han venido destinando, porque en última instancia las desgravaciones fiscales son recursos «non natos» del Estado, tienen que empezar a ir desviándose en el sentido de apoyar políticas directas de vivienda, políticas que deben ir destinadas fundamentalmente a la creación de parques de alquiler. Le digo parques de alquiler, ni siquiera le digo en un principio parques públicos, de alquiler; luego, que sean parques públicos y privados de alquiler; en cuanto a los privados, porque nosotros creemos que es una manera de no incitar a que se creen estos pasivos inmobiliarios que, además, suponen la tumba del ahoro de millones y millones de españoles. Eso, por una parte. En cuanto a la creación de parques públicos de viviendas de alquiler, porque pensamos que es la única forma de acceder a la vivienda que tiene una importantísima capa de españoles que hoy en día quedan fuera de cualquier posibilidad de ayuda.
El otro día cuando debatíamos sobre los presupuestos con la señora Narbona y sobre cómo se habían repartido las ayudas a la vivienda según los diferentes niveles de renta, nos decía la señora Narbona que el 90 por ciento de las ayudas se habían producido a los niveles de renta que estaban por debajo del 3,5 del salario mínimo interprofesional, sin que nos pudiera dar el dato de cuántos estaban más cerca del 2,5 que del 3,5 y es que nosotros pensamos que, en el entorno del 2,5, se produce una línea crítica que incluso son de alguna forma expulsados de las propias operaciones que se sujetan a subvenciones oficiales, porque es una línea crítica que ni ofrece garantías para poder afrontar los créditos hipotecarios, ni ellos mismos son capaces en muchísimas ocasiones de afrontar la posibilidad de acceder a la vivienda por la propiedad, y de esa línea crítica para abajo hay una bolsa de españoles, que cada vez se convierte en más crónica, que no tienen ninguna posibilidad de acceso a la vivienda, y estas personas, estos hombres y mujeres, la única posibilidad real que tienen a acceder a la vivienda es que mensualmente puedan acceder a una línea de alquiler que esté en consonancia con los niveles de renta que están manteniendo, y que no está en los niveles de pago de alquiler que se produce en casi todas nuestras ciudades, que son francamente elevados para este nivel de renta que se produce en España. Por tanto, consideramos que es muy importante también que haya esta ayuda a la vivienda pública en alquiler, aunque repito que no de forma exclusiva, pues no nos fijamos únicamente en lo público.
Nosotros creemos que una nueva política de viviendas, y no sólo un nuevo plan de vivienda, ejercería efectos beneficiosos, estamos convencidos, para que los españoles pudieran acceder a ese bien que la Constitución les reconoce, sino que también sería francamente sano para la economía española. Sería sano que se planteara una política de vivienda radicalmente diferente que no estableciera que tantísimos recursos privados fueran a un bien que, o queda vacío en muchas ocasiones, o es del máximo lujo.
Hemos de lamentar que no se haya producido este cambio en la política de vivienda. Ni siquiera las propuestas de las que el Gobierno alardea que han significado cambios importantísimos han tenido los efectos que el propio Gobierno cree que han tenido. La ley que precisamente se elaboró a iniciativa de Izquierda Unida sobre la posibilidad de cambiar los préstamos hipotecarios, tampoco ha tenido unos efectos tan beneficiosos como se presume en muchos de los documentos hechos públicos por el Gobierno, por muchas causas, la primera de ellas, por cómo quedó redactada y, la segunda, por lo poco transparentes que son las diferentes

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entidades bancarias. Muy pocos son los españoles que han podido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, vaya concluyendo.


El señor ANDREU ANDREU: Voy concluyendo, señor Beviá.
Muy pocos son los españoles que han podido acceder a préstamos hipotecarios más baratos que los anteriores. También cuestionamos la rentabilidad que haya podido tener la creación de los fondos inmobiliarios, pues pensamos que no han sido excesivamente operativos.
En cualquier caso, creemos que esa nueva política de viviendas que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reclama debe ser una seña de identidad de la izquierda, cara al futuro.
Yo comprendo que el Partido Popular quiera seguir con la misma política que ha venido llevando hasta ahora el Gobierno socialista, porque es una política que le viene muy bien; viene muy bien a los sectores que la derecha representa, porque es una política que, en el fondo da pocos quebraderos de cabeza. Lo comprendo perfectamente. Lo que no comprendería sería que cualquier persona que se dijera de la izquierda no se planteara la necesidad de dar un giro importantísimo en la política de vivienda, para moverse en la tendencia en la que nosotros hemos intentado modestamente transmitir en esta intervención.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señorías, hay quien cree que el acceso a la vivienda, como a tantas otras cosas, debe regularlo el mercado; que basta con que quien quiera comprar compre y quien quiera vender venda. Incluso hay quienes dicen que el suelo tiene que ser de libre disposición y uso por parte de sus propietarios y que cualquier interferencia política en la asignación de usos al suelo es muy contradictoria con el objetivo de que todo el mundo tenga vivienda. Hay gente que lleva su confianza hacia el mercado hasta estos extremos. Gente más razonable --entre ellos usted y yo y también el profesor Galbraith cuando dice que la vivienda es el gran facaso de la economía capitalista-- creemos que el mercado no es capaz de facilitar acceso digno a la vivienda a todo el mundo, y por eso seguramente los padres constitucionales dijeron que la vivienda no era una mercancía, era un derecho, y que, como tantos derechos, tiene que ser garantizado, no por el mercado, sino por la acción consciente, responsable y colectiva de la sociedad políticamente organizada. Por ello, el acceso a la vivienda, en cumplimiento del mandato constitucional, ha sido siempre un objetivo del Gobierno socialista, tanto más cuanto más afecta a quienes no pueden hacerlo en condiciones de mercado.
Yo siento tener que hablar de lo que hemos hecho, pero no puedo evitar recordar que el plan de vivienda 1992/1995 vino a sustituir un hueco creado por un conflicto competencial importante, porque dice la Constitución que la vivienda es competencia autonómica, y, llevada al extremo esta interpretación constitucional, ni usted ni yo estaríamos hablando hoy aquí de lo que en teoría no nos competería. Después de este vacío lleno de conflictos, resueltos por el Tribunal Constitucional, desde 1992 a 1995 creo que hemos avanzado mucho, aunque sin duda de forma harto insuficiente, en la solución de un problema que sigue siendo, y lo reconoce el Gobierno antes que nadie, uno de los más graves y más sentidos por nuestra sociedad. Pero el Gobierno tiene que explicar lo que ha hecho, sobre todo cuando, al decir que lo iba a hacer, recibió como respuesta la incredulidad y la falta de apoyo que pusieron de manifiesto todos los grupos de la Cámara, incluido el suyo, señoría.
Cuando en la primavera de 1991 y hasta 1992 concebimos un plan con el que pretendíamos facilitar el acceso a la vivienda a 400.000 familias, recibimos el escarnio y la mofa como respuesta.
Y hoy podemos presumir de que hemos conseguido financiar 494.000 actuaciones protegibles, de las cuales 401.000 en vivienda, y otras 94.000 derivadas de operaciones de suelo, lo que representa haber cubierto el 103 por ciento de los objetivos que nos propusimos cuatro meses antes de haberse agotado el plazo que nos dimos para hacerlo. Cumplir un plan, superando los objetivos, en menos tiempo de lo previsto y con un coste presupuestario muy parecido al que se había autorizado, es algo, señoría, de lo que podemos sentirnos satisfechos todos los que hemos contribuido a ello.
A 29 de septiembre, hemos movilizado financiación calificada para 522.000 actuaciones protegibles, y el 90 por ciento de las familias que se han beneficiado de este plan tienen ingresos inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional; es decir, hemos concentrado las ayudas en la demanda más necesitada de ellas.
Y aunque salgan por ahí voces discordantes, que uno no sabe muy bien a santo de qué vienen --como es el Tribunal de Defensa de la competencia que se gargariza diciendo que la política de acceso a la vivienda es mala porque incentiva el fraude fiscal; ¿quién será ese tribunal para opinar sobre la política de vivienda, qué competencias tendrá y a santo de qué vienen este tipo de críticas? Que se dedique a lo que tiene que hacer, que es controlar la competencia entre agentes económicos, en vez de plantearse si las ayudas fiscales que concedemos, o los subsidios que damos para ayudar a la familia a acceder a la vivienda son o no adecuados

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con la política fiscal--, aunque surjan voces, repito, a veces totalmente fuera de coro, y aunque el Partido Popular diga que no hemos resuelto los problemas de la vivienda, lo cual es obvio, negando que hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, creo que es necesario que sepa la Cámara, y a través suyo el país, que el Gobierno cumplió con sus objetivos y se propone seguir trabajando, en el marco de sus competencias, para seguir dando una respuesta positiva a un problema que sigue siendo grave en nuestra sociedad.
A ello han contribuido los acuerdos con las comunidades autónomas, que usted parece ignorar, señoría. Vivimos en un país muy descentralizado y las competencias en materia de vivienda son fundamentalmente autonómicas, la gestión es integramente autonómica. El Gobierno central puede intervenir desde los instrumentos fiscales y presupuestarios, de carácter horizontal, que tienen la potencia que tienen, pero no más. Puede hacer normas básicas, cuyo carácter de básico es permanentemente discutido por algunos grupos parlamentarios, para incidir en las políticas de suelo, pero no puede gestionar el suelo. ¡Ya quisiera yo ser el ministro de urbanismo de un país como Francia, o tener la capacidad de actuar en países tan descentralizados y federalizados como son Alemania o Estados Unidos! Pero podemos hacer lo que podemos hacer. Y cuando hemos intentado hacer más, el Tribunal Constitucional nos ha recordado los límites de la acción del Estado.
Por tanto, señoría, sitúese antes que nada en el contexto institucional de este país y dirija sus críticas a aquellos gobiernos autónomos que son los responsables de la gestión y a los que este Gobierno no puede ni quiere sustituir.
El plan se ha cubierto en todos sus objetivos y, después de ello, hemos iniciado un conjunto de actuaciones complementarias para garantizar un cierre ordenado de este plan, y para ello reunimos a la Conferencia Sectorial de la Vivienda el pasado 12 de septiembre, para hablar de las líneas básicas del futuro y tratar de cerrar ordenada y constructivamente una dinámica muy positiva, demasiado positiva a los ojos de algunos, que ha superado las previsiones del plan y amenazaba con hacerle morir de éxito. Ese plan no había fracasado, había tenido un éxito mayor del previsto, y eso podía acabar empañando su propio éxito. Para ello, propusimos ampliar la financiación convenida en un importe no inferior a los 200.000 millones de pesetas, para atender el exceso de demanda, demanda que proviene, no lo olvide, en un 90 por ciento, de familias que ingresan menos de tres veces y media el salario mínimo interprofesional. Creamos grupos de trabajo para estudiar las líneas básicas del futuro plan de vivienda 1996-1999; hicimos de ponente, aportamos nuestras ideas y canalizamos las calificaciones que se produjesen hasta finales de la vigencia del plan para las comunidades de Madrid, Baleares y Cantabria hasta el 31 de octubre, y el resto hasta el 15 de octubre, y que no tuvieron asignación en el año 1995, para que la puedan tener con cargo a los recursos del nuevo plan en las condiciones existentes en el período 1992-1995. Y posteriormente conseguí, el Gobierno lo entendió así, autorizar una financiación adicional de 267.000 millones de pesetas, que permitirá atender nuevas concesiones de préstamos, de manera que este año, sólo este año, habremos canalizado a la vivienda, apoyada fiscal y financieramente, casi un billón de pesetas; algo que nunca se había visto en la historia de la política de vivienda de este país; mucho más importante, en términos relativos, que lo que la prensa pregona como gran novedad que hacen otros países vecinos nuestros; casi un billón de pesetas orientados a fomentar la construcción de viviendas destinados a aquéllos que nunca podrían obtenerlas en condiciones de mercado.
De esta forma, garantizamos la financiación para las Comunidades Autónomas de Madrid, Cantabria y Baleares --por cierto, no gobernadas por el Partido Socialista--, cuyo grado de ejecución va más retrasado, para que puedan alcanzar también el cien por cien del cumplimiento de sus respectivos objetivos.
Quizá convenga recordar aquí quien fue o quiénes fueron los que en 1991 y en 1992, cuando hablábamos de 400.000 viviendas, dijeron eso tan gracioso de que serían, para los 400.000 amigos del señor Benegas, que solamente aquéllos que estuviesen involucrados por relaciones de dependencia o complicidad (parasitismo, dijo alguien) con el Partido Socialista tendrían acceso al maná de estas ayudas. (Un señor Diputado: ¡Se dice cada cosa!) ¡Sí, se dice cada cosa, señoría! Cada cosa que conviene ser recordada para que el debate político... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Diga usted qué es lo que se hace mal en política de vivienda y lo discutiremos! ¡Diga usted qué es lo que se hace mal en política de vivienda y lo discutiremos! Y empiece por saber que, mal o bien, quien lo hace son las administraciones competentes en la gestión que son las comunidades autónomas. Sí, se dice cada cosa, señorías, que, a la vista de los resultados, conviene acudir a la Cámara para plantar cara y replicar con los hechos a la infamia y a la calumnia, en ésta como en tantas otras cosas. Pero también conviene venir, como ha querido hacer, y se lo agradezco, señor Diputado, a aportar ideas para el debate, a aportar ideas para diseñar nuevos planes, nuevos objetivos y nuevos instrumentos, lo que no han querido hacer ustedes, señorías, (Señalando los escaños del Grupo Popular) al reunir la Conferencia Sectorial y negarse a discutir el nuevo plan so pretexto de que no habían tenido tiempo de situarse en la política en cuestión y que, en cualquier caso, tendría que ser su gobierno, su hipotético gobierno, quien lo hiciera el próximo otoño. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.) Eso mismo me dijeron ustedes cuando presenté el plan director de infraestructuras antes de las elecciones de 1993. Me dijeron que no estaban

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dispuestos a discutirlo porque su gobierno, que vendría después, lo haría mejor, y ya van para tres años.
A grandes rasgos, señorías, sin entrar en un detalle pormenorizado de su contenido, el documento que sometimos a la consideración de las comunidades autónomas y que es de lo que me gustaría debatir con un Diputado al que me consta interesado por encontrar nuevas líneas de acción que permitan resolver, desde una visión de izquierda, los problemas de la gente que la necesita, porque ellos solos no serían capaces de hacerlo; un conjunto de líneas que, sin duda, van para fomentar el mercado de alquiler, de forma que éste se consolide como una alternativa eficaz a la tradicional fórmula de adquisición de vivienda. Nada deseamos más que eso, señoría.
Pero también deseamos potenciar la calidad y el uso sostenible de los recursos en la edificación mediante el acondicionamiento de las ayudas a la implantación de mejoras tendentes al ahorro energético, la prioridad a la rehabilitación y regeneración urbana, de forma que se evite la existencia de viviendas desocupadas, la degradación del patrimonio inmobiliario, las emigraciones cotidianas entre centro y periferia de una ciudad que se extiende sin limite ni orden, mal que les pese a esos neoliberales que creen que basta con que el mercado dibuje sobre el suelo la ciudad que la relación de beneficio y especulación considere mejor hacer. Fomentar el ahorro a largo plazo (y eso no iba por ustedes) destinado a la financiación de la vivienda y fomentar la disponibilidad de suelo urbanizado a costes asequibles.
Sí, el mercado de alquileres es un objetivo que el Gobierno se propone consolidar como alternativa eficaz frente a la adquisición. Para ello, nos proponemos objetivos realistas como el de equiparar gradualmente el exiguo parque español de viviendas en alquiler, doblando su porcentaje hasta acercarlo al 30 por ciento del total y aumentando la parte del parque cuyo coste para el inquilino resulte inferior al correspondiente acceso a la propiedad, de lo contrario nunca conseguiremos cambiar las actitudes individuales.
Hay medidas concretas. Concentrar el gasto público estatal en las familias con niveles de ingresos medios y bajos, dando especial atención al primer acceso a la vivienda y limitando los subsidios de tipos de interés a los beneficiarios con ingresos de hasta 3,5 veces el salario mínimo interprofesional. Y no denigre ni critique usted el subsidio al tipo de interés, porque seguramente podríamos imaginar medidas más interesantes en teoría pero, en la práctica, todos los países acaban haciendo lo mismo, acaban subsidiando el tipo de interés como forma de diluir en el tiempo el coste de las ayudas para involucrar el esfuerzo personal del que las recibe al esfuerzo colectivo de la ayuda que recibe. Hay que dar prioridad a la promoción y a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler con rentas tasadas, simplificar las figuras de protección, revisar la figura de vivienda a precio tasado y territorializar al máximo --eso quiere decir municipio a municipio-- los objetivos físicos del plan; establecer nuevos elementos de control de la actuación de las entidades de crédito, simplificar el sistema de ayudas estatales y revisar las actuaciones protegibles en materia de suelo. Es un conjunto importantísimo de medidas que están encima de la mesa para que sean discutidas, no tanto por los parlamentarios, señoría, porque pocas competencias hay aquí para ello, sino por los responsables autonómicos de la gestión que, por el momento, han demostrado un escaso entusiasmo en hacerlo.
Sí, tiene usted razón, y sabe que en esta materia soy un librepensador; en el tema de ayudas fiscales a la vivienda la polémica ha sido planteada muchas veces, desde cuando era Secretario de Estado de Hacienda hasta ahora en mis actuales responsabilidades. Es verdad, en el perfil de las ayudas que reciben los ciudadanos españoles existía un gran bache; en la cola, los que tienen rentas muy bajas y que, por tanto, no pueden beneficiarse de las desgravaciones porque su marginal es bajo, tienen ayudas directas, casi de tipo social, más que de acceso a la vivienda; en la parte superior, tipos marginales altos implican ayudas muy importantes a través de unas desgravaciones que en España son las más generosas del mundo occidental; y entremedias había y sigue habiendo una población cuyos marginales son bajos y por tanto las ayudas fiscales poco significativas pero que, en cambio sus rentas son altas y no tienen acceso a las ayudas directas. Por eso estamos trabajando, discutiendo, razonando y argumentando frente a los intereses creados, que son muchos, y frente a las inercias sociales, que también son muchas, para que las ayudas al acceso en propiedad y el acceso en alquiler tengan una tendencia a la equiparación, para no modificar, por supuesto --ocioso es decirlo, aunque algunos lo proclamen-- los derechos adquiridos, pero sí para plantearse el futuro en base a un equilibrio mejor entre lo que significa el esfuerzo de inversión y la necesidad social de tener acceso a un techo.
En la vivienda, señoría --y usted no lo puede negar--, coinciden muchos y muy diversos intereses, coinciden factores de muy diferente índole. ¿Qué es una vivienda? ¿Es una inversión? Sin duda lo es. Pero también es un bien de primera necesidad. Cuando se compra, cuando se accede a una vivienda ¿a qué ayudamos? ¿Al inversor, que hace un esfuerzo de ahorro e inversión igual que el que podría hacer comprando acciones de una empresa industrial, o estamos ayudando a satisfacer un derecho básico garantizado por la Constitución? Las dos cosas a la vez; unas veces más una cosa y otras veces más otra, pero no le queda ninguna duda a S. S.
que, en términos de macroeconomía, la inversión en vivienda es un elemento más de la formación bruta de capital fijo de un país y por ello requiere ayudas fiscales orientadas a fomentar la inversión en momentos en los que ésta declina. Eso justificó,

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en su día, ayudas que después fuimos reduciendo cuando no tenían la misma intensidad ni la misma necesidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya terminando.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Acabo, señoría, porque el tema es tan apasionante, complejo y diverso que es muy difícil en una interpelación parlamentaria necesariamente breve dar respuesta a lo que estoy seguro es un esfuerzo de buena voluntad para llegar a soluciones más positivas, más todavía de las que podemos tener.
Por ello, invito a su grupo parlamentario y a todos los grupos a participar a través de sus representantes en los gobiernos autónomos y, si es necesario, la creación de una ponencia en Comisión que involucre en el Parlamento de la nación toda la reflexión necesaria para que el siguiente plan de vivienda se pueda aprobar antes de final de año. No cedamos a la tentación oportunista de demorarlo todo para un después que otros ambicionan protagonizar, porque esto significaría demorar durante demasiado tiempo la puesta en obra de medidas, que son imaginables y son concretables, de las cuales depende el bienestar de muchas familias españolas y la posibilidad de acceder a una vivienda de forma más rápida y más eficiente.
Agradezco su interpelación. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que usted ha dicho. Y estoy seguro de que podremos avanzar, desde una perspectiva progresista, en la consecución de un objetivo indeclinable porque está en nuestra Constitución y reconocido es que el mercado sólo no es capaz de resolver: el derecho a una vivienda digna para todos. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, créame sinceramente que me alegro de que, por lo menos teóricamente, estemos de acuerdo en algunas cosas sobre cómo debe ir la política de vivienda, aunque seamos críticos con los resultados de la política de vivienda que se ha venido realizando. Cuando digo con la política de vivienda digo lo que digo, no con el plan de vivienda. No recuerdo, señor Ministro, que ni yo ni mi grupo nos hayamos mofado de su plan de viviendas. Otra cosa es que dijéramos que, tuviese o no tuviese éxito, dudábamos que solventara los problemas de vivienda existentes en nuestro país. Los datos son bastantes significativos, a pesar de esas 205.000 viviendas de nueva construcción. Las actuaciones, como usted bien sabe, no son lo mismo que en las viviendas de nueva construcción, a pesar de la cantidad de vivienda a precio tasado que ha salido al mercado.
Después de todo, ese concepto de la vivienda a precio tasado ha servido fundamentalmente para que los stocks que tenían muchos inmobiliarios los hayan podido sacar a la venta, cuando habían quedado inmovilizados porque el mercado no soportaba más presión por parte de los inmobiliarios. A pesar de todo eso, como ya expuse al principio, dos de cada tres españoles perciben que la situación de acceso a la vivienda no ha mejorado. A pesar de que todas las viviendas que se han inducido por el plan de viviendas no constituyen más que el 20 por ciento del conjunto del parque de vivienda que se ha construido en este país, porque el 80 por ciento ha sido libre, a pesar de la cantidad de viviendas que se han construido en este país, dos de cada tres españoles perciben que la situación de acceso a la vivienda no ha mejorado.
Señor Ministro, tiene usted todo el derecho a manifestarse satisfecho porque los objetivos que se ha planteado los ha cumplido. Otra cosa es que esos objetivos sean los correctos, pero todo esto le debería hacer reflexionar. El hecho de que se construya mucha vivienda no significa necesariamente que el problema del acceso a la vivienda mejore de forma sustancial. Se puede construir mucha vivienda que sea inaccesible a los sectores de población que lo necesiten y se puede despilfarrar mucho dinero. El despilfarro inmobiliario, que es el título de un libro que publicó en los años setenta un urbanista italiano que se llamaba Pietro Indovina, del Partido Comunista Italiano, se ha planteado desde la II Guerra Mundial en todas las sociedades occidentales y muy particularmente en las latinas ha tenido unos desarrollos absolutamente extraordinarios. España es víctima de ello, hasta el punto de los datos que he manifestado al principio de mi intervención y que no voy a reiterar, del peso tan importante que tiene la vivienda en el conjunto de nuestra economía e independientemente del uso que esa vivienda vaya a tener.
Nosotros nos alegramos de que usted comparta muchos de los criterios intelectuales, entre comillas, de cómo debe variar la política de vivienda. Lo que nosotros lamentamos es que durante el ejercicio de su ministerio se haya variado tan poco en esa forma de actuar. Yo no le digo que lo haya gestionado mejor o peor. Sin duda lo ha gestionado mejor que otros ministerios, seguro que más correctamente. Pero desde luego --usted quizá no podrá convenir eso conmigo-- le puedo asegurar de la forma más objetiva que no han cambiado sustancialmente esos temas. Recojo el guante de la Ponencia. Ojalá sea posible, aunque me temo que el curso legislativo que queda ya es muy corto, pero tampoco hace falta que sea muy grande, no hacen falta muchas comparecencias, no hace falta tampoco mucho tiempo para llegar a conclusiones. Yo creo que sería positivo que esta Cámara planteara cómo debe ser el futuro de una política de vivienda, no solamente de un plan de vivienda, para que realmente todos esos españoles y españolas

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que no tienen posibilidad de acceso a la misma, a pesar de todos los planes de construcción de vivienda en propiedad que se planteen, tengan la oportunidad de estar acogidos al artículo 47 de la Constitución. Ojalá podamos contemplarlo. Ojalá los tiempos no nos lleven a la continuación de estas políticas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En este turno de fijación de posición, que obviamente no es el turno en el que el Partido Popular expondría su alternativa de vivienda, quiero, en primer término, manifestar nuestra coincidencia en no pocos aspectos con el sentido y el propósito de la interpelación de Izquierda Unida. Me propongo hacer unas precisiones sobre algunos de los extremos y de las afirmaciones que ha hecho el portavoz de Izquierda unida y después, al hilo de la intervención del señor Ministro, voy a hacer algunas reflexiones sobre el éxito del Plan de Vivienda 92-95, su marcha en estos momentos, los problemas que le aquejan y la actitud del Partido Popular y de las comunidades autónomas --hasta donde yo lo conozco-- donde gobierna el Partido Popular, para dar respuesta a algunas de las alusiones que ha hecho, más o menos veladamente, el señor Ministro.
Respecto a la interpelación de Izquierda Unida, comparto su preocupación por la insuficiencia del plan, pese a las afirmaciones rotundas del señor Ministro. Comparto algunas de sus afirmaciones como, por ejemplo, la necesidad de potenciar el alquiler. Estoy claramente en desacuerdo con que la ratio legis de este plan de vivienda, y desde luego de los planes de vivienda anteriores que yo he conocido y he vivido, fuera impulsar el sector de la construcción. Este plan de vivienda y los planes de vivienda anteriores sin duda benefician al sector de la construcción, pero su propósito inspirador es dar cumplimiento, en la medida en que ha sido posible, al mandato constitucional del artículo 47. En este punto no soy crítico con el Plan de Vivienda 92-95 del Gobierno socialista.
Dicho esto, quiero referirme al llamado éxito del plan de vivienda. Creo que, efectivamente, el plan ha tenido un éxito formal, ha tenido un éxito de acuerdo con unos objetivos trazados ad hoc. Si el plan se hubiera fijado unos objetivos todavía más bajos, el porcentaje de cumplimiento, señor Ministro, habría sido superior. Me cuestiono, señor Ministro, si efectivamente se puede hablar de éxito del famoso plan de las 460.000, que coincidía, por cierto, con los teléfonos a que había que llamar de aquella cooperativa llamada PSV --es una observación de pasada, pero es una coincidencia no casual--, que en su diseño, y según el informe de la comisión de expertos que en su momento formó el Ministerio, sólo cubre el 40 por ciento de las necesidades de viviendas detectadas entonces --me refiero al año 1991-- que se cifraban en 920.000 viviendas. Si se puede calificar de éxito un plan que, según la documentación recientemente remitida por el Ministerio a las comunidades autónomas, evidencia que las necesidades de vivienda en su ejecución no solamente no se han reducido sino que han aumentado, puesto que ahora se habla de un 1.100.000 viviendas como estimación de necesidades, más que las 920.000 del año 1991. Si se puede calificar de exitoso un plan durante cuya vigencia se han dado los siguientes datos, señor Ministro: el precio de la vivienda en Madrid ha pasado de cuatro millones y medio, en términos promedio, a quince millones, ha aumentado en 3,2, mientras que los salarios se han multiplicado por 2,5 y el IPC por 1,7. Si se puede calificar de exitoso un plan cuyos efectos --vuelvo a citar el caso de Madrid-- significan que la aportación familiar para el acceso a una vivienda absorbe el 48 por ciento de los ingresos familiares. Si se puede calificar de exitoso un plan que por imprevisión o por mala gestion en materia de suelo, empezando por la normativa estatal en esta importante cuestión, ha posibilitado que la incidencia del suelo haya superado, el año 1994, en términos de promedio nacional a la incidencia, en términos, repito, de precio final del metro cuadrado, del coste de la construcción. La incidencia del suelo se sitúa, aparte de aquellos casos donde llega al 50 y al 60 por ciento, en términos de promedio en el entorno del 45 por ciento. Si se puede calificar de exitoso, finalmente, un plan que ciertamente ha cumplido los objetivos trazados ad hoc en términos de viviendas financiadas, pero que ha supuesto un fracaso relativo en materia de actuaciones de suelo, en materia de rehabilitación y en materia de viviendas en alquiler. Y basta ver los datos estadísticos que facilita el propio Ministerio a este respecto. Esto en lo que concierne al plan.
Yo felicito al señor Ministro porque se sienta satisfecho del plan. Y tengo que decir, en nombre de los ciudadanos que todavía tienen un dificilísimo acceso a la vivienda, que mi grupo se siente mucho menos satisfecho de la marcha de este plan.
En segundo lugar, quiero referirme a la marcha del plan de vivienda 1992-1995 en el momento actual. Como sabe el señor Ministro, en este momento, hay dos problemas serios: uno de financiación y otro de diseño del plan cuatrienal venidero.
Respecto a la financiación del plan, en el último tramo, el que llama el señor Ministro correspondiente a la etapa de morirse de éxito, el plan ha fracasado. En el mes de julio se habían agotado los recursos financieros, cumpliéndose un pronóstico del Partido Popular en la materia y ha sido preciso arbitrar 267.500 millones de pesetas. A pesar de ello, se van a quedar sin atender del orden de 100.000 calificaciones ya concedidas,

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lo cual revela que no hay suficiente ni siquiera con esta ampliación de financiación que ha acordado el Consejo de Ministros recientemente. Entonces el Gobierno ha apelado a un fenómeno muy fácil, a inventarse un año de diez meses. Se ha producido el cierre anticipado, que tenía lugar lógicamente a 31 de diciembre del año en curso, y se ha establecido el criterio, por Orden Ministerial de 25 de septiembre del año en curso, del cierre anticipado y la admisión de calificaciones desde el 15 o el 30 de octubre según las comunidades autónomas de que se trate.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ortiz, por favor concluya.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy acabando, señor Presidente.
El señor Ministro ha hecho un ajuste entre necesidades y recursos sencillamente reduciendo los doce meses de duración de un año normal a un año de diez meses, como va a resultar siendo este año 1995.
Por otra parte, el proceso de elaboración del nuevo plan de vivienda, que se ha plasmado en dos documentos, el de líneas básicas del Ministerio, a que se ha referido el señor Ministro, y el borrador de decreto, que puede suponer el señor Ministro que conozco porque se ha facilitado a las comunidades autónomas, de ninguna manera constituyen un plan. Quedan por recorrer muchas etapas para que exista propiamente un plan de vivienda. Señor Ministro, de las competencias que corresponden al Estado en materia de vivienda, que son incuestionables, los recursos financieros, la fiscalidad y la determinación de los esquemas de protección, con lo que se ha avanzado hasta ahora a lo sumo se puede afirmar que se han definido los nuevos esquemas de protección: cuánto se subsidia, hasta dónde se subsidia, cuáles son los tipos de actuaciones. Pero quedan en la penumbra más absoluta los objetivos que se propone el plan para el futuro, los recursos financieros necesarios, los recursos presupuestarios.
¿Cuáles van a ser los recursos fiscales para los próximos cuatro años? ¿Cuál va a ser el esquema de desgravaciones fiscales en materia de vivienda? ¿Se van a ampliar? ¿Se van a reducir? ¿Se va a apelar al instrumento fiscal para fomentar, por ejemplo, el alquiler o la rehabilitación? Sobre esto, señor Ministro, no sabemos nada. Ante ello, señor Ministro --y aprovecho esta presencia en la tribuna--, tengo que desmentir la afirmación, que según algún medio de comunicación social ha hecho el señor Ministro, de que el Partido Popular en sus comunidades autónomas impide y bloquea el plan de vivienda 1996-1999, sencillamente porque no hay todavía plan de vivienda 1996-1999.
Señor Ministro, seguiremos cooperando, con el mejor espíritu, en el ámbito de la conferencia sectorial y en la instancia parlamentaria que el señor Ministro quiera, para hacer entre todos un plan de vivienda 1996-1999, aunque no le oculto --el señor Ministro lo sabe-- que mi grupo preconiza una prórroga del plan vigente actual, no por todo el año 1996, hasta el momento en que estén definidas plenamente las variables que componen el auténtico plan de vivienda. Cuando este plan de vivienda esté definido en todos sus aspectos, deberá ponerse en vigor el nuevo plan de vivienda, pero no antes, señor Ministro. Si no actuamos de otra manera corremos el riesgo de dar solución de continuidad a la política de vivienda, y esto es algo que ni quiere el Gobierno ni, desde luego, quiere el Partido Popular.
Acabo, señor Presidente, ahora ya de verdad, diciéndoles al señor portavoz de Izquierda Unida y al señor Ministro: no hay viviendas de derechas ni viviendas de izquierdas. Va a perder el pulso de preocupación social si se lo echa al Grupo Popular. Repito, no hay viviendas de derechas ni viviendas de izquierdas, igual que la política de vivienda no está al servicio de los ciudadanos de derechas ni de los ciudadanos de izquierdas; está al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, quiero agradecer la positiva disposición del portavoz del Grupo Popular a colaborar en la definición de un plan de vivienda que pueda estar terminado cuanto antes. Es evidente que nadie quiere que se produzca una ruptura en la continuidad de una política de vivienda y si, llegado el caso, no hubiésemos sido capaces entre todos los agentes institucionales de definir un nuevo plan, todos estaríamos de acuerdo en que habría que prorrogar el actual. Pero eso no debe servirnos de excusa para demorar los trabajos necesarios para intentar conseguir el objetivo que propuse en la conferencia sectorial, y que debo reconocer que no fue acogido con gran entusiasmo por los consejeros de su partido. Pero aceptando y valorando en todo lo que vale, que es mucho, su positiva actitud, espero que se transmita a los representantes de su partido en los grupos de trabajo para que consigamos ese objetivo general de la sociedad española, que es definir una política de vivienda más intensa y más adaptada a las necesidades de nuestro país.
Déjeme decirle sólo dos cosas, señoría. Primero, no hay viviendas de izquierdas ni de derechas. Lo que sí hay es políticas de vivienda de izquierdas o de derechas. Las casas, una vez construidas, no tienen colaboración política, pero la política que ha permitido construirlas sí. Y le aseguro que hay en eso diferencias ideológicas muy grandes. En eso y en todo, afortunadamente. En democrácia no hay nunca una sola política posible. En democracia hay distintas alternativas. Ustedes representan una, nosotros representamos

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otra. La concepción de qué es el suelo y cómo se urbaniza y en beneficio de quién, a quién hay que ayudar y cómo son rasgos distintivos de las políticas que alumbran los que nos sentimos de izquierdas y los que responden a otros planteamientos ideológicos igualmente respetables.
En segundo lugar, comprendo que usted no pueda aceptar que el Gobierno ha tenido un éxito al cumplir los objetivos de su plan de vivienda. Lo ha aceptado --y se lo agradezco-- con todos los matices que usted ha añadido. Pero déjeme que le refresque un poco la memoria. Usted dice: Hombre claro, han conseguido las 460.000, han conseguido más, han superado el objetivo, y si en vez de proponerse 400.000 se hubieran propuesto 200.000 todavía hubieran conseguido más. Déjeme que le recuerde --no sé si fue usted, pero en todo caso los portavoces de su grupo-- que cuando anunciamos que iban a ser 400.000 dijeron que era un objetivo desmesurado e inalcanzable. (El señor Ortiz González: Yo no.) No sería usted. Le hago el beneficio de la duda: Pero entonces era desmesurado e inalcanzable y ahora resulta que lo fijamos tan bajo, tan bajo que tuviésemos todas las garantías de conseguirlo.
En fin, son aguas pasadas. Lo importante es que hay 460.000 familias a las que se ha ayudado a acceder a la vivienda. Y con eso no puede usted hacerme decir lo que no digo. No decimos que este plan haya resuelto los problemas de la vivienda en España ¿Cómo podríamos decirlo? Ha contribuido a resolverlo en la misma dimensión que se lo propuso. No sé si es mucho o es poco. Es lo que nos propusimos, señoría. Y es sin duda insuficiente. Por eso desde las filas del Partido Socialista debo rechazar aquellas observaciones que a veces emanan de técnicos de la Administración que dicen que bastante se ha hecho ya con ayudar a los que no pueden acceder a la vivienda con sus propios medios y que basta con confiar en el mercado. Hay que confiar en el mercado para producir mercancías, pero no para garantizar derechos. Y la vivienda es un derecho y como tal tiene que seguir siendo ayudada sistemática y permanentemente, como decía al principio, por la voluntad consciente, colectiva y organizada de la acción pública que representamos.
Muchas gracias (Aplausos.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA POSTURA DE VA A MANTENER EL GOBIERNO ANTE LA PROPUESTA DE LA COMISION EN LA INMINENTE REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA, PARA DEFENDER DIGNAMENTE LOS INTERESES ESPAÑOLES (Número de expediente 172/000124)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la postura que va a mantener el Gobierno ante la propuesta de la Comisión en la inminente reforma de la organización común de mercado del sector hortofrutícola, para defender dignamente los intereses españoles. Para su exposición tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre la propuesta de reforma de normativa comunitaria de la organización común de mercado de frutas y de hortalizas.
Aunque ya lo he dicho alguna vez, quiero recalcar la importancia del sector que vamos a debatir, no en balde las frutas y hortalizas representan 78 millones de toneladas, lo que quiere decir que es un 16,6 por ciento de la producción final agraria de toda la Unión Europea. Los gastos que reciben este sector están, unos años con otros, entre el 2,6 y el 4,7 por ciento de los fondos comunitarios. En España las frutas y hortalizas representan el 35 por ciento de toda nuestra producción final agraria. Somos el segundo país de la Unión Europea, después de Italia, con una producción del 26 por ciento del total de la Unión Europea. Representa también el 53 por ciento de toda la producción vegetal en España. Este sector reúne más de un millón de explotaciones agrarias con una superficie total de 1.715.000 hectáreas. La superficie media de nuestras explotaciones es de 1,9 hectáreas por explotación en frutas y de 1,26 hectáreas por explotación en hortalizas. Por tanto, tenemos un gran porcentaje de pequeñas y medianas explotaciones: el 38 por ciento tiene menos de una hectárea y otro 38 por ciento están entre 1 y 5 hectáreas. Las frutas y hortalizas también representan el 51 por ciento de las exportaciones agroalimentarias españolas.
Por tanto, señorías, resumiendo la importancia económica y social de este sector, tenemos que decir que estamos ante el sector más importante de la producción agraria española, no solamente por el volumen económico, sino porque es un cultivo eminentemente social. Necesita gran cantidad de mano de obra, porque es difícil de mecanizar; para las innumerables tareas de cultivo, como podas, recolecciones, vendimias, etcétera. Por tanto, nos estamos jugando una cantidad importante de puestos de trabajo, más de un millón, no solamente de agricultores sino de trabajadores fijos, trabajadores no fijos, incluso los que dependen de la industria agroalimentaria.
La normativa actual del Reglamento comunitario 1.035, del año 1972, con algunas modificaciones, se creó cuando la Comunidad Europea la formaban seis países para defenderse precisamente de las exportaciones españolas. Por tanto, esta normativa ya se hizo en su momento en contra de nuestros intereses, y es la que en gran parte rige actualmente. Con el Tratado de Adhesión del año 1986 no se modifica el citado reglamento. Se nos aplica un período de adhesión muy duro,

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de diez años, con trabas arancelarias superiores a las de países terceros, cuando la Comunidad Económica Europea tenía un grado de abastecimiento del 40 por ciento y cuando era y sigue siendo el primer importador mundial de frutas y hortalizas, cantidad que aumenta considerablemente de año en año. Con el mercado único europeo del año 1993 se adelanta el período de adhesión, pero seguimos con ciertas discriminaciones en cuanto a ayudas, en cuanto a los mecanismos complementarios de los intercambios para esos productos, en cuanto a los períodos de comercialización.
Finalmente, este año han entrado en vigor, como consecuencia de la Ronda Uruguay, lo que se llaman las normativas del GATT. Esto supone para futas y hortalizas, en cuanto a exportación, una disminución del 36 por ciento de subvenciones, a la exportación, las restituciones, el 21 por ciento de la disminución en el volumen exportado, y en cuanto a importaciones, desmantelar la protección arancelaria en un 20 por ciento. Por tanto, en un mercado tremendamente abierto todavía tenemos que dar muchas más facilidades para importaciones de productos de terceros países y exportar menos nosotros.
Ante la perspectiva de modificación de la normativa, el año pasado la Comisión publicó el denominado «Documento de reflexión sobre evolución y futuro del sector de frutas y hortalizas», documento que fue criticado y rechazado por el sector agrario español porque no se adaptaba a su necesidades (así se lo dije al señor Ministro en la interpelación que tuvimos hace varios meses), y se tenía que haber influido sobre él para que hubiera tenido en cuenta las características españolas. Como consecuencia, el 7 de septiembre de este año la Comisión presenta una propuesta de reglamento para la OCM de frutas y hortalizas; propuesta de reglamento, señorías, que los que lo hayan seguido en los medios de comunicación habrán visto cómo casi todo el sector agrario la ha rechazado por unanimidad. No están de acuerdo con esta propuesta porque la consideran lesiva, señor Ministro, para los intereses españoles. ¿Por qué es esto así, señor Ministro? Se lo voy a decir. Primero, en lo que se refiere, como propuesta, a las normas de calidad, se aprueba una modificación de normas, las denominadas CEE-ONU, que son las correspondientes al grupo de trabajo de la comisión económica de Naciones Unidas que son más permisivas que las actualmente vigentes en la Unión Europea y que en cierta manera nos pueden perjudicar, señor Ministro, porque con ellas vamos a perder preferencia comunitaria al facilitar el acceso a productos de terceros países de menos calidad que los nuestros. Además, señor Ministro, contradice el documento de reflexión, donde hacía precisamente un gran loa a las normas de calidad europeas; en cambio, ahora vemos que las rechaza y pretende imponer otras.
La propuesta también habla de las organizaciones de productores de futas y hortalizas (OPFH), que son organizaciones en las que se agrupan los agricultores para comercializar sus productos en común. Según decía el documento de reflexión, y también lo dice la propuesta de la Comisión, serán los instrumentos fundamentales para desarrollar la nueva normativa comunitaria, la nueva OCM, tanto en lo que se refiere a retiradas como a medidas estructurales.
Pues bien, señorías, resulta que, mientras los países del Norte de Europa comercializan porcentajes de un 60 o un 70 por ciento de sus frutas y hortalizas, con lo cual puede ser un mecanismo válido para desarrollar esta normativa, en España actualmente comercializamos en hortalizas un 6 por ciento, a través de organizaciones de productores, y en frutas un 35 por ciento.
Estamos en unos niveles bajísimos en lo que precisamente va a ser el futuro instrumento de desarrollo de la normativa, con lo cual vamos a empezar ya cojos con esta propuesta de la Comisión.
Luego, los criterios de reconocimiento de OPFH; habrá que reunir un número mínimo de socios, un volumen mínimo comercializable a determinar según el artículo 45, que es el que se refiere al denominado futuro comité de frutas y hortalizas frescas. ¿Qué criterios va a seguir este futuro comité, que no sabemos cómo va a ser? ¿Va a seguir tan restrictivo como hasta ahora? En lo que se refiere a períodos de adaptación, no hay ayudas para las OPFH ya reconocidas que no cumplan los nuevos requisitos, y para las nuevas, que es lo que fundamentalmente nos interesa en España, se recortan las ayudas al recortar los períodos de ayudas para gastos de funcionamiento administrativo de cinco a cuatro años.
Falta, señor Ministro, un período importante de adaptación para los países como España o como Portugal, que tenenos un índice muy bajo de organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
En cuanto a los fondos operacionales, señor Ministro, la Comisión propone dos finalidades: la financiación de las retiradas, por un lado, y la financiación de programas operacionales, por otro, condición «sine qua non» para poder retirar, y todos sabemos que la retirada es la política esencial de sostenimiento de rentas de la PAC.
Dice que la parte de fondo operacional que puede dedicarse a la financiación de retiradas no podrá ser superior, a contar desde la fecha de aprobación del primer programa operacional, el primer año de un 40 por ciento; el segundo, de un 35; el tercero, de un 30; el cuarto de un 20; y el quinto y siguientes, de un 10.
Por tanto, las únicas que se van a poder aprovechar de estos mayores porcentajes van a ser las OPFH ya constituidas, que nosotros tenemos en muy poca cantidad. Pero es que para poder retirar una OPFH, señor Ministro, va a tener que hacer un desembolso en lo que se refiere a la segunda finalidad, programas operacionales, para mejora de la calidad de los productos, para medidas a desarrollar la utilización de técnicas respetuosas con el medio ambiente o para el control de residuos.
En España apenas se invierte en las OPFH, entre otras cosas no lo necesitan porque las medidas respetuosas

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con el medio ambiente se refieren sobre todo a nitratos en el suelo, que es un problema de Dinamarca y de países del norte, no nuestros, o los residuos plaguicidas, en los que tenemos menos problemas que los países del norte, porque, debido a las mayores temperaturas que hay en España, se degradan antes. Pero resulta que, para poder retirar producto, una OPFH va a tener que hacer un gran desembolso para hacer programas operacionales de cosas que no interesan a las OPFH españolas, con lo cual ya me dirá usted cómo va a ser atractivo este programa fundamental para el desarrollo de la propuesta.
La financiación de los fondos operacionales tiene que pagar el 50 por ciento el agricultor, un 45 por ciento la Unión Europea y un 5 por ciento los Estados miembros, en las zonas objetivo 1. En las no objetivo 1, el agricultor sigue pagando el 50 por ciento; la Unión Europea, el 40 por ciento y los Estados miembros, el 10 por ciento. Aquí ya hay una cofinanciación, señor Ministro, que es una novedad en la política agraria comunitaria y que no se dio en la reforma de la PAC de 1992 con los productos continentales.
Habría que reflexionar, señor Ministro. Si una OPFH no hace un programa operacional, no puede retirar. Y, le vuelvo a repetir, la mayoría de programas operacionales en estos momentos, tal como están redactados, no son interesantes para España. Hasta ahora, todas estas medidas que proponen los programas operacionales han sido voluntarias en todos los cultivos. No comprendemos por qué ahora son obligatorias en frutas y hortalizas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.
Sobre la solidaridad financiera, señor Ministro, se aparta de las ideas de la propia Comisión en el documento de reflexión de julio de 1994. Porque, le vuelvo a repetir, esa cofinanciación del 50 por ciento --ECU público, ECU privado, como ya se decía entonces- -, simplemente es para ahorrar presupuesto comunitario. Supone un agravio respecto a las reformas de las OCM continentales y más en un producto, como le he dicho antes, que es tremendamente barato, porque apenas gasta el tres y pico por ciento de media de los fondos comunitarios y, encima, se propone reducir un cinco por ciento los fondos comunitarios que reciben las frutas y hortalizas durante el período 1996-2001.
En cuanto a la retirada, señor Ministro, le he dicho antes que el régimen de intervención es una política de sostenimiento de rentas. Pero es que nos la hemos cargado, señor Ministro, con esta propuesta. Primero, el máximo de retirada en una organización de productores --aparte de los problemas que he dicho antes-- es el 10 por ciento de su producción; primera limitación. No es atractivo. Segundo: máximo del 10 por ciento del fondo operacional, como le he dicho antes, a partir del quinto año. Los precios de retirada se van a reducir un 15 por ciento en cinco anos. Si tenemos en cuenta que los que se van a aplicar van a ser la media de los precios más bajos en cada especie, quiere decir que los rebajamos un 50 por ciento. Los precios de intervención en los productos continentales se rebajaron y hubo unas compensaciones económicas en ayudas a la superficie. Señor Ministro, ¿porqué no se ha aplicado el mismo criterio a frutas y hortalizas? ¿Por qué este agravio comparativo en esta pérdida de renta de los agricultores? Yendo rápidamente, porque se nos pasa el tiempo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pascual, ha pasado ya mucho. Procure terminar en un minuto.


El señor PASCUAL MONZO: Señor Ministro, con los tratados preferenciales estamos vulnerando constantemente la preferencia comunitaria. Están fracasando los precios de entrada y los controles en frontera. Seguimos dando --y hoy estamos asistiendo, por desgracia, a un espectáculo más-- concesiones a terceros países, en este caso a Marruecos como contrapartida al tratado en pesca con este país, que vuelve a pagar otra vez el mismo sector, el de frutas y hortalizas, señor Ministro.
Tampoco queda definido en esta propuesta lo que en el documento de reflexión se señalaba respecto de los denominados productos pequeños de gran importancia de carácter local o regional, porque dice que se tomarán medidas, sin especificar cuáles, en el Comité de Gestión. Cuando, simplemente hace falta ampliar precios de retirada válidos para productos importantes para España y ayudas a la transformación, como por ejemplo, en el caso del espárrago o del albaricoque.
Las interprofesionales, señor Ministro. ¡Si no tenemos interprofesionales en España! La propuesta de la Comisión a este respecto no es que se quede coja, sino sin poder andar. Acabamos de aprobar la ley marco de interprofesiones. Después de estar más de 10 años en la Comunidad Económica Europea, acabamos de aprobar una ley marco de interprofesiones. Lo mismo le podría decir respecto a los productos transformados, señor Ministro, donde tenemos que competir con el dumping social, donde hay que incluir productos españoles que se quedan fuera.
Por tanto, señor Ministro --y acabo ya de verdad, señor Presidente--, con esta propuesta se vulnera el acuerdo denominado Jumbo, de ministros de Exteriores, Comercio y Agricultura, de septiembre de 1993, donde se decía que para los sectores con OCM para modificar, el Consejo y la Comisión se encargarán de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar las rentas agrícolas y la preferencia comunitaria y serán tenidos en cuenta en estos sectores las condiciones y los principios agrícolas y financieros que se hayan

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aplicado en el conjunto del sector agrícola, señor Ministro. Esto se ha incumplido totalmente, así como se han vulnerado los dictámenes del Comité Económico y Social y del Parlamento Europeo, que se han manifestado también en contra de esta propuesta.
Señor Ministro, en la próxima reunión del martes que viene del Consejo de Ministros, si, como parece previsible, se va a debatir la propuesta de la Comisión de reforma de la OCM de frutas y hortalizas, le pido que la rechace, que cumpla con el mandato de la moción aprobada recientemente aquí en el Congreso de los Diputados de liderar la reforma de la OCM de frutas y hortalizas --cosa que no ha hecho, porque la ha liderado Holanda en vez de usted--, que devuelva la propuesta a la Comisión, que devuelva el toro a los corrales, como dijo con el tema del vino...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Partor): Señor Pascual, termine, por favor.


El señor PASCUAL MONZO: ... y que nos traiga una nueva propuesta acorde con la realidad, las necesidades y los intereses agrarios españoles.
Muchas gracias, señor Ministro. Y perdón, señor Presidente, por el tiempo. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a dar cumplida respuesta a algunas de las observaciones, de los comentarios, de las críticas que ha realizado S. S. y a otras muchas que se han suscitado por parte de organizaciones profesionales, representantes sectoriales, a lo largo de los últimos días.
Para empezar, le diré que comete usted un primer error fundamental en lo que se refiere a la regulación del sector de frutas y hortalizas, sobre todo en la regulación del sector y sus implicaciones para España. Esa afirmación de que la retirada es la política fundamental de sostenimiento de las rentas de la Política Agrícola Comunitaria para las frutas y las hortalizas es un disparate de tal magnitud que está reflejando un desconocimiento absoluto de dónde provienen las rentas del sector de frutas y hortalizas español desde que ingresamos en la Unión Europea.
Y le daré algunos datos para que pueda usted conocer con precisión cuál es la importancia de las retiradas de frutas y hortalizas para el sector de frutas y hortalizas español y para darle respuesta a algunas de las cuestiones que usted no ha planteado, y me sorprende porque son más importantes.
Las propuestas recientemente aprobadas por la Comisión Europea para modificar las organizaciones comunes de mercado de los sectores de frutas y hortalizas frescas y transformadas son las últimas que quedaban pendientes desde la reforma que se inició en 1992. Para España, como efectivamente ha dicho, las frutas y hortalizas representan un sector fundamental --un 25 por ciento de nuestra producción agraria--, un sector muy arraigado en algunas comunidades autónomas, con una fuerte vocación exportadora --destina a la exportación alrededor del 26 por ciento de la producción--, gracias precisamente a su competitividad. Y quiero decirle también que ha multiplicado por dos sus exportaciones en toneladas y, por tres, sus exportaciones en valor a la Unión Europea desde 1985 hasta la actualidad. Por ello, las condiciones del sector son muy diferentes a las de los sectores que constituyen el grueso de la reforma, que fundamentalmente fueron realizadas para los productos continentales, precisamente por la competitividad de nuestras producciones.
El telón de fondo de esta reforma del sector hortofrutícola comunitario es la necesidad de adaptación a las nuevas condiciones del mercado europeo derivadas de los compromisos adquiridos en el seno del GATT. Hay que recordar que, como viene siendo habitual, últimamente, para las propuestas importantes la Comisión, presentó un documento de reflexión con la descripción del sector y su situación general, así como algunas líneas generales de la reforma que pensaba proponer.
La delegación española, que dice usted que no ha liderado esa reforma, dio una cumplida respuesta a este documento, aceptando sus líneas generales y presentado determinadas objeciones, de acuerdo con las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones de productores. Las dos propuestas aprobadas ahora por la Comisión --la de frescas y la de transformadas-- siguen las líneas generales esbozadas en el documento de reflexión y los objetivos buscados son fundamentalmente mejorar la eficacia y la calidad de la producción hortofrutícola comunitaria, ajustar la producción a la demanda y reducir progresivamente las cantidades intervenidas, las cantidades retiradas del mercado, reorientar el gasto, reduciéndolo en retiradas y aumentándolo en la mejora de la calidad y de las estructuras de la producción y comercialización, así como aplicar los compromisos derivados de la Ronda Uruguay del GATT y simplificar la normativa actual. Para conseguir estos objetivos las propuestas se basan en los siguientes elementos fundamentales: Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas deben adquirir mayor importancia, transformándose en el eje fundamental de la nueva reglamentación con responsabilidades en la planificación de la producción y en la promoción de la calidad. Con objeto de evitar intervenciones masivas se reducen los precios de retirada el 15 por ciento respecto de los más bajos aplicados en la campaña 1995-1996, desapareciendo los actuales calendarios de retirada. Para compensar esta reducción, las OPFH dispondrán de un fondo operativo constituido al cincuenta por ciento

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entre cuotas de sus socios y aportaciones públicas de la Comunidad y del Estado miembro. Sólo podrán retirar el diez por ciento de su producción y, sólo de acuerdo con la propuesta, podrán utilizar el diez por ciento de su fondo para complementar los nuevos precios de retirada o para conceder compensaciones por tiradas de productos que hasta ahora no podían beneficiarse del mercado. Se mantiene la protección exterior, derivada de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT y se reafirma la necesidad de normas de calidad.
En cuanto a las frutas y hortalizas transformadas, se mantiene prácticamente la situación actual con una mayor flexibilidad en la distribución de las cantidades transformadas de tomates con derecho a ayuda, que irá primando progresivamente a los más competitivos.
Se establece la posibilidad de aplicar medidas específicas para los productos sensibles que sufran una fuerte competencia internacional. Con estos elementos, ya podemos adelantar que las propuestas de la Comisión presentan varios aspectos, en mi opinión, más favorables que la regulación actual. En primer lugar, un mayor protagonismo y responsabilidad de las organizaciones de productores en la planificación y calidad de la producción, organizaciones en las que deberían integrarse la totalidad o al menos la mayor parte de los agricultores. Esta concentración de la oferta es fundamental para la mejor defensa de sus intereses. Es cierto que partimos de un porcentaje bajo de producción canalizada a través de las organizaciones de productores, pero tenemos la experiencia de otros sectores en los que ha sido necesario constituir desde cero organizaciones de producciones, como en el caso de los frutos secos o del plátano, y el ritmo de constitución de estas organizaciones de productores ha sido extraordinariamente vivo y nos ha permitido aprovechar plenamente el potencial de gestión de la oferta que se transfería a las organizaciones de productores. Habrá que hablar sobre el período transitorio o el período de adaptación, pero no nos cabe ninguna duda que potenciar a las organizaciones de productores constituye un instrumento fundamental, de interés para nuestro sector, en la regulación futura del sector de frutas y hortalizas.
Estas organizaciones de productores van a tener una mayor flexibilidad para retirar del mercado frutas y hortalizas, ya que podrán retirar cualquier producto en cualquier momento de la campaña y no sólo los catorce productos actuales y durante los calendarios actualmente establecidos. Es cierto que se reducen los precios de intervención o retirada, pero esta reducción se compensa con la puesta a disposición de las organizaciones de productores de los fondos operativos para que la producción adquiera un protagonismo y capacidad de gestión en la regulación del mercado. Además, se contempla la posibilidad de aplicar medidas específicas a los productos más sensibles.
Debo señalar que se ha descartado la modificación inicialmente prevista para los transformados de cítricos que incluía una reducción sensible de las ayudas y que seguirán rigiéndose por el mismo reglamento actual, sin modificación. Estas dos propuestas están provocando numerosas críticas por parte de algunos sectores, en algunos casos no suficientemente justificadas y voy a referirme a ellas.
En primer lugar, se critica la bajada del precio de retirada o de intervención en un diez por ciento, la cofinanciación de los fondos para las mismas y la limitación de retirar, como máximo, el diez por ciento de la producción. Debo recordar que esta bajada de precios estaba prevista en el documento de reflexión, que la delegación española se mostró básicamente de acuerdo, como la mayor parte de las representantes del sector, aunque con cierta reserva, sobre los límites exactos de la reducción en su aplicación para cada producto. Hay que aceptar un principio de coherencia en la propuesta de la Comisión. El modelo propuesto gira sobre la base de la creación de un fondo operativo. Quiero destacar que España es el país comunitario con significación en el sector hortofrutícola que retira menos cantidades de producción. Y también que en España las rentas proceden, fundamentalmente, del mercado, destino tradicional de la mayor parte de nuestros productos, y que las retiradas no son más que un elemento de ajuste coyuntural, una red de seguridad.
Sobre el límite del diez por ciento para las retiradas, quiero decir que España sólo ha alcanzado este límite en el caso de las manzanas, mientras que en Grecia se ha retirado el 34 por ciento, en Francia, el 29 por ciento, en Holanda, el 20 por ciento y en Bélgica, el 18 por ciento. Existen países en los que para diversos productos se producen retiradas espectaculares, como, por ejemplo, Grecia, donde se retiran entre el 61 y el 64 por ciento de los melocotones y de las nectarinas.
Por otra parte, hay que señalar que la retirada máxima del 10 por ciento de la producción no llegará hasta el cuarto año de aplicación de la nueva OCM, pero sí quiero insistir en que la financiación de estas retiradas es plena del Feoga-Garantía y no es, como se ha dicho en algunos momentos, una cofinanciación del Estado miembro o de las organizaciones de productores. Las organizaciones de productores pueden utilizar el fondo de operaciones para complementar el precio de retirada, pero la financiación íntegra comunitaria de este precio de retirada está prevista así en la propuesta.
La cofinanciación de los fondos operativos de las organizaciones de productores tiene su explicación en que los objetivos fundamentales de los mismos serán establecidos por cada organización y dirigidos a medidas de adaptación al mercado: mejora de la calidad, de la promoción y de la comercialización.
Otra cuestión es que, además, con estos fondos pueda complementarse el nivel de los precios de retirada. Es cierto que el 50 por ciento de la aportación pública a estos fondos se distribuye con una cofinanciación de los Estados miembros del 10 o del 20 por ciento, en función de que se trate de zonas fuera de objetivo 1 o de regiones

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objetivo 1; la delegación española seguirá planteando en los debates esta cuestión de la reducción de la aportación nacional, pero, en todo caso, hay que significar que es más una cuestión de principios que un auténtico problema financiero.
En la funcionalidad y la utilización de los fondos operativos, se están produciendo varias críticas, algunas de las cuales compartimos plenamente, que se refieren a la limitación del 10 por ciento del fondo que puede destinarse a compensar retiradas del mercado. La delegación española va a pedir en los debates que el fondo tenga la suficiente agilidad para facilitar el protagonismo de las organizaciones de productores en la gestión del mercado y que se elimine esa limitación o se incremente sustancialmente.
Otra crítica muy generalizada está siendo que la reforma deje fuera varios productos sensibles para nuestro sector y no incremente la relación de productos con precios de retirada.
Las dos propuestas incluyen exactamente los mismos productos que actualmente, y además, un artículo, a petición española, estableciendo la posibilidad de aplicar medidas específicas para aquellos productos que con una importancia económica y social en ámbitos reducidos, locales o regionales, sufran los efectos de la competencia exterior. Estamos pensando en el ajo, para el que en estos momentos disponemos de una cláusula de salvaguardia, o en el problema de los espárragos de conserva, para los que es necesario concretar una solución que garantice fondos y medidas suficientes para hacer frente al problema de viabilidad y competitividad de esta producción tan importante en muchas zonas españolas.
De la no ampliación de la lista de productos con precio de retirada, quiero decirles que es cierto, pero las organizaciones de productores pueden retirar todos los productos que no tengan precios de retirada con una compensación, en este caso a cargo del fondo operativo de la organización, y hay que analizar, aunque no hay que excluir la posibilidad de ampliar estas listas, el efecto de arrastre que puede tener para otros productos por parte de otros países en los que nosotros no tenemos ningún interés. Ese es un aspecto sobre el que hay que reflexionar.
Otras críticas se refieren a que las propuestas no respetan el principio de la preferencia comunitaria y que la disminución de la protección exterior de los acuerdos de la Ronda Uruguay no se compensan directamente. La primera crítica, la de que se disminuye la protección comunitaria, no tiene sentido en este momento, puesto que las propuestas no hacen más que incorporar los acuerdos establecidos en la Ronda Uruguay del GATT y, que, por tanto, estos compromisos no se puedan modificar. Por otra parte, pretender que esta adaptación a estos acuerdos en el seno del GATT se realice mediante ayudas directas es irreal en términos presupuestarios, es inconsistente, pues la renta del sector debe provenir fundamentalmente del mercado en función de la calidad, y es contraria a los intereses específicos españoles, puesto que si se acepta que, en general, somos más eficaces que los productores de otros Estados miembros, las ayudas directas concedidas con carácter general tienden a disminuir la diferencia de eficacias, tienden a reducir nuestra ventaja competitiva. La compensación, como antes he mencionado, se realiza fundamentalmente por la vía de los fondos operativos, para que las organizaciones de productores adquieran el necesario protagonismo y capacidad de gestión en la regulación del mercado.
También se ha criticado que no se incrementen los fondos comunitarios destinados al sector hortofrutícola. El objetivo para nuestro sector, como ya he destacado, es que las rentas provengan fundamentalmente del mercado y no de las ayudas, y menos aún de las retiradas o de las intervenciones. Que una OCM cueste más o menos dinero no quiere decir que esté saneada ni que signifique un mejor sostenimiento de las rentas del sector, ya que con una menor dotación presupuestaria puede fortalecerse un sector y sostener sus rentas y sostener su competitividad; vincular las rentas del sector con el presupuesto en el sector de frutas y hortalizas significa estar muy alejado de la realidad, y, sobre todo, del futuro de nuestro sector y de su competividad en el marco europeo.
De lo que se trata es de que el dinero se gaste en líneas de trabajo que fortalezcan nuestra capacidad de competir, nuestras organizaciones de productores, nuestra vocación exportadora en un sector en el que, repito, somos competitivos, tenemos un fuerte potencial desde el punto de vista de la capacidad para competir y para ganar cuotas de mercado y tenemos que aprovechar recursos que en estos momentos, como ya he dicho, no aprovechamos porque en este país no se retira producto del mercado. En la actualidad, los recursos presupuestarios destinados a la retirada no nos benefician en absoluto porque en este país no se retira producción y lo que debemos hacer es reorientar esos recursos presupuestarios hacia otras medidas decididas por las organizaciones de productores para hacer competitivos sus productos.
En el sector de frutas y hortalizas transformadas, las criticas son menos numerosas y se centran, en el caso del tomate, en la conveniencia de establecer un umbral comunitario para las cantidades que tienen derecho a ayuda, reivindicación que la delegación española viene manteniendo desde hace varios años, pero hay que valorar como bastante positivo que la propuesta de la Comisión permita una movilidad de las cuotas nacionales en función de la cantidad realmente elaborada por cada Estado miembro.
Señorías, nos encontramos ante una reforma fundamental para los intereses españoles, quizá la reforma más trascendente para España dentro del sector agrario y creo que la propuesta de la Comisión es aprovechable si se introducen determinadas modificaciones, a algunas de las cuales me he referido anteriormente.


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Consideramos que es un documentos aceptable como base para las negociaciones, por lo que me parece lo más práctico, que nos centremos conjuntamente en aquellos aspectos que consideremos fundamentales y en aquellos que deben ser preferentemente modificados para conseguir entre todos una reforma de la OCM que contemple nuestras principales demandas y permita la necesaria adaptación de nuestro sector hortofrutícola a las nuevas condiciones del mercado europeo.
Este es nuestro reto y el mejor servicio que podemos hacer a nuestra agricultura. Para ello les ofrezco toda mi colaboración personal, así como la del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para lo que no podrán contar con nosotros es para hacer caso a las voces que se han alzado, en mi opinión, de forma irreflexiva, pidiendo el rechazo y el veto de las propuestas de la Comisión, porque creo que éste no es el camino.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, no me extraña que nos pase lo que nos pasa, porque me da la sensación de que de frutas y hortalizas usted entiende más bien poco. Usted no ha venido aquí a contestarme, usted ha traído aquí el documento redactado por sus responsables en el Ministerio y se ha dedicado a repetir varias de las cosas que dice en la propuesta, que ya lo he dicho yo, y apenas me ha contestado a algunas cosas para disimular su intervención.
Por lo tanto, no me extraña la propuesta que nos quiere colocar la Comisión. Usted dice que han hecho sugerencias para modificar la propuesta de la Comisión, yo digo que de poco han servido, porque no se ha notado. Además, prácticamente todo el sector, y no solamente en los medios de comunicación, ha dicho que rechazaba esta propuesta. Por la Ponencia de la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea, el martes de la semana pasada y esta mañana ha desfilado todo el sector y prácticamente todos han rechazado, e incluso muchas organizaciones han hablado de vetar esta propuesta, señor Ministro. No se trata de algunas voces aisladas, sino de todo el sector. Y no es que la propuesta sea mala. Lo peor que me sabe como político, así como a mi Grupo Parlamentario, es que esta propuesta está hecha para los intereses de los importadores del norte de Europa de frutas y hortalizas. Recuerdo que la primera importadora mundial de frutas y hortalizas es la Unión Europea, y usted y su Ministerio, reiteradamente en los medios de comunicación nos quieren vender la burra diciéndonos que esta propuesta es buena para España. No, señor Ministro. Le he planteado temas muy concretos a los que no me ha contestado. Ha pasado por encima de ellos como si fueran ascuas, señor Ministro.
Han llevado la negociación de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas con un secretismo absoluto. No han contado con las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas ni con las organizaciones agrarias ni con el sector transformador, ni con el sector exportador.
La mayoría de las organizaciones, así como los grupos parlamentarios, nos hemos tenido que agenciar el documento de propuesta, en francés, como hemos podido, porque el Ministerio no ha hecho absolutamente nada por consultar cuál era la opinión de las organizaciones en este momento, y más cuando la semana que viene tiene que aprobar o rechazar esta propuesta.
Ha hablado de las OPFH, las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, el instrumento más importante para desarrollar la nueva OCM de frutas y hortalizas. Señor Ministro, siempre se ha considerado que la intervención era la política de sostenimiento de rentas en la política agraria comunitaria, eso no me lo invento yo, siempre se ha dicho así desde Bruselas.
Usted ha afirmado que en España retiramos poco. Es verdad, señor Ministro, retiramos muy poco, pero ¿por qué retiramos poco? Porque no tenemos organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que son los instrumentos válidos para retirar productos. Como no tenemos instrumentos para retirar producto, no lo retiramos. Señor Ministro, yo personalmente, he tenido que retirar en mi campo, con el tractor, productos porque no los he podido vender, porque no han tenido precio de retirada, no han tenido intervención. Con muchos productos españoles ha pasado eso.
Señor Ministro, ¿qué cantidad de frutas se ha visto tirada en los barrancos sin tener ayuda para esa retirada? ¿Eso no cuenta? Deje los despachos y salga a los campos españoles, pero no a hacerse una fotografía como aquella de los borreguitos sino a aprende de verdad lo que está pasando en este país.
Usted ha hablado de las OPFH poniendo como ejemplo las de los frutos secos. De ellas se ha hablado mucho en las comparecencias de la Ponencia de la Comisión Mixta de la Unión Europea, y no es precisamente un modelo a seguir, porque ¿qué hemos conseguido con las OPFH de frutos secos? Que las grandes multinacionales se hagan con la producción española de frutos secos eso lo sabe muy bien y no es nada ético que venga a esta tribuna a ponerlo como modelo sabiendo lo que pasa.
Le vuelvo a repetir, señor Ministro, que para retirar, aparte de todos los inconvenientes y cupos que van a ponernos para ello, es condición «sine qua non» y lo dice el documento, tener un programa operacional de residuos, de medidas medioambientales y de mejora de la calidad. Pregunte a las pocas organizaciones que tenemos actualmente en España cuánto se gastan en estas actuaciones, pegúnteles si estos programas son

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atractivos para llevarlos a cabo. Van a tener que inventarse programas operacionales, que además no sirven para nada, para poder retirar.
Tampoco me ha hablado de la preferencia comunitaria, señor Ministro. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con los terceros países? Seguimos haciendo concesiones a los terceros países, señor Ministro. Hoy mismo, según noticias que nos están llegando parece ser que se ha logrado una especie de acuerdo con Marruecos.
Después de dejar en ridículo al sector de la pesca de este país, porque no hemos solucionado el tema de la pesca, encima hacemos concesiones, una vez más, en tomates, cítricos, plantas, etcétera. O sea, que no salvamos un sector, pero hacemos concesiones en otro y lo hundimos. No comprendo, señor Ministro, la forma de intervenir de este Gobierno socialista.
El 19 de mayo de 1995 --contestada con registro de fecha 5 de julio de 1995-- tengo presentada una pregunta escrita sobre las concesiones al Reino de Marruecos en el sector hortofrutícola, a cambio de la firma de un nuevo acuerdo en el sector pesquero. Me contestan textualmente: El sector pesquero tiene unas especiales características que le diferencian de cualquier otro y que no obligan a darle un tratamiento diferenciado. Particularmente no existen vínculos relevantes entre la producción pesquera y agraria, por lo que las políticas a seguir en cada sector son independientes.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Voy terminando, señor Presidente.
Las negociaciones en curso entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos pretenden alcanzar un acuerdo pesquero satisfactorio para ambas partes. El futuro acuerdo, que tiene una gran importancia para una gran parte del sector pesquero español, sólo regulará las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea en materia de pesca. Mentira, señor Ministro, se han saltado ustedes esto a la torera, porque han hecho concesiones en frutas y hortalizas.
Por tanto, y acabo, señor Ministro, efectivamente, las frutas y hortalizas son un sector barato para la Unión Europea, pero que sea barato no quiere decir que, encima, tenga que ser cicatero.
El dinero se puede invertir en muchas cosas, señor Ministro, por ejemplo en mejorar nuestras estructuras productivas y en mejorar nuestras organizaciones de productores.
Señor Ministro, le vuelvo a preguntar --y no en mi nombre, no en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sino en nombre de prácticamente la totalidad del sector, que ha rechazado frontalmente, y ahí están los documentos escritos que nos han entregado en la Ponencia de la Comisión Mixta, donde figura la palabra veto--; le vuelvo a preguntar, decía si ustedes lo único que pretenden con esto es poder vender a la opinión pública que gracias a la Presidencia española se ha conseguido una OCM de frutas y hortalizas, con la excusa de que la anterior era muy mala. Si, señor Ministro, la anterior era mala, pero ésta es casi tan mala como la anterior, y dio la oportunidad de que pasaran 23 años, desde el año 1972 del que es la normativa actual, hasta el año 1995, sin modificarse la normativa de frutas y hortalizas, y no sabemos cuantos años más se va a tardar en volver a modificar.
Por tanto, señor Ministro, no podemos perder este tren. Somos miembros de pleno derecho y queremos una OCM que sea digna para los intereses agrarios españoles. No queremos una OCM a cualquier precio, y si lo que pretenden ustedes es una rentabilidad política con el sector de frutas y hortalizas, piense, señor Ministro, que eso a la larga lo pagarán con creces.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pascual.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ha dicho en su intervención que no hemos tenido reuniones con los representantes del sector. Mire usted, sí hemos tenido oportunidad de reunirnos reiteradamente con representantes del sector para discutir el documento de reflexión, que fue objeto de presentación en un documento a la Comisión, ampliamente consensuado, y posteriormente venimos manteniendo, desde que conocimos los primeros borradores, múltiples reuniones con representantes del sector para analizar las características de esta reforma. Creo que se está produciendo un cierto efecto de contagio o una decantación en la opinión pública entre quienes claramente defienden un sector de frutas y hortalizas español que tiene que lanzarse a competir y a conquistar mercados europeos, y quienes defienden un concepto intervencionista en la regulación del sector de frutas y hortalizas.
A nosotros --por mucho que digan que lo que queremos es una reforma como la de los productos continentales-- no nos interesa una reforma como la de los productos continentales, no nos interesa una ayuda por hectárea, ni nos interesa una superficie máxima garantizada, no nos interesan contingentes de ningún tipo.
Nos interesan unas reglas de juego suficientemente amplias para permitirnos competir, y nos interesa fortalecer la capacidad de nuestras organizaciones de productores para gestionar esa oferta, para poder realizar, con esos planes operativos, los programas de calidad o de mejora medioambiental, o de adaptación de sus estructuras productivas o comerciales, lo que ellas designen, lo que ellas diseñen, lo que necesiten para fortalecer su capacidad de competir, y éste es el instrumento fundamental de la nueva regulación

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del sector, que es mucho mejor que lo anterior, dotar a las organizaciones de productores de un instrumento potente --potente si lo mejoramos para eliminar algunas de las rigideces que se introducen en la propuesta de la Comisión, y en esa línea hay que trabajar--, un instrumento potente para que nuestras organizaciones de productores puedan avanzar en su modernización, en el fortalecimiento de sus estructuras de producción y de comercialización, en sus planes de calidad.
De nuevo quiero decirle que se equivoca rotundamente si sigue pensando que la retirada es un instrumento para el sostenimiento de las rentas del sector. La retirada de producción es un elemento de ajuste coyuntural que tiene muy poca importancia en esas rentas del sector, que no constituye un elemento fundamental, y, sobre todo, no constituye un elemento fundamental en el caso del sector de frutas y hortalizas. En una red de seguridad, y como tal red de seguridad hay que mantenerla, pero no somos nosotros los principales perjudicados por una reducción de los precios de retirada, sino otros países, los que retiran una parte muy importante de su producción, por lo que en estos momentos están recibiendo una cuota muy relevante de esos recursos presupuestarios que a nosotros no nos benefician porque no retiramos. Por tanto, que esos recursos presupuestarios se puedan reorientar, esos recursos del presupuesto comunitario destinado a las frutas y hortalizas que ahora se destinan a retiradas se puedan reorientar hacia fondos de operación que puedan ser auténticamente aprovechados por nuestras organizaciones de productores, representa una mejora notable respecto a la situación actual.
Hay otros elementos importantes en la reforma, como la posibilidad de que se puedan retirar productos que ahora no se retiran, y de que se puedan retirar durante todo el año, cosa que ahora no sucede.
Por tanto, hay avances muy importantes que hay que valorar. Ya sé --se lo digo con total sinceridad-- que ustedes no quieren que aprobemos la reforma, ya lo sé, y ahora empiezo a creer esos rumores que me han llegado en Bruselas de que el dictamen del Parlamento Europeo se va a retrasar para que no podamos aprobar la reforma durante la Presidencia española. Ahora empiezo a entenderlo. Ustedes están interesados en que la reforma no se apruebe durante la Presidencia española. (Grandes y prolongados rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Y la verdad es que lo siento. Los sectores más profesionalizados, los sectores más presentes en los mercados internacionales nos están diciendo que es necesario que esta reforma, con algunas modificaciones, se apruebe, y que se apruebe cuanto antes, que se apruebe durante la Presidencia española.
Sobre la preferencia comunitaria quiero decirle que lo que hace la propuesta de la Comisión es recoger ya algo que se ha plasmado en decisión y en legislación comunitaria, me refiero a los acuerdos del GATT. No hace más que trasladar a la reglamentación de la OCM los acuerdos del GATT, sin introducir ninguna modificación.
También quiero decirle que se está especulando mucho con las concesiones agrícolas y su vinculación con las concesiones pesqueras. Mire usted, el año pasado se hizo un acuerdo con el tomate que ustedes criticaron mucho, un intercambio de cartas, un canje de notas que establecía unas concesiones en materia de tomate a Marruecos, en materia del precio de entrada a cambio de un contingente. Ese acuerdo ha permitido que nuestras exportaciones sigan creciendo y que, de hecho, en cuatro años hayamos multiplicado por dos nuestras exportaciones de tomates a la Unión Europea, las hemos aumentado en más de 300.000 toneladas en cuatro años. Ahora estamos discutiendo sobre si concedemos tres mil, cuatro mil o cinco mil de más en el contingente con Marruecos, y estamos hablando, insisto, de un sector que ha aumentado sus exportaciones en más de 300.000 toneladas en los últimos cuatro años. Por tanto, hay que colocar cada cosa en su justa medida, y además vinculadas al acuerdo de asociación y no a otros.
En lo que se refiere a los cítricos, aunque seguramente tendremos oportunidad de debatirlo más en detalle, quiero decir que existen dos mecanismos de protección para el sector que se pueden utilizar, si bien hay que decidir o hay que optar por el más importante. Uno de ellos es el de los precios de referencia y el otro es el de las limitaciones cuantitativas. ¿Cuál es más importante? A mí me parece más importante el de las limitaciones cuantitativas, puesto que da más seguridad al sector respecto de cuál va a ser la evolución en los próximos años de sus principales competidores, que el de los precios de referencia, porque los precios de referencia no impiden que se pueda producir un incremento importante de las exportaciones vinculado a cosechas extraordinariamente fuertes o a cualquier otra razón, y, sin embargo, la limitación cuantitativa reduce notablemente la incertidumbre del sector respecto de cuál va a ser el comportamiento de sus competidores en los mercados en los que compite. Desde ese punto de vista, los acuerdos que se están discutiendo en estos momentos son acuerdos razonablemente satisfactorios para nuestro sector, porque optan por una limitación cuantitativa, optan por impedir que aumenten las exportaciones de nuestros principales competidores a cambio de establecer unas concesiones en precios que les faciliten el mantenimiento de sus exportaciones tradicionales de acuerdo con la media de los últimos años.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Ruego que guarden silencio, porque el señor Mardones tiene interés en que SS. SS. le escuchen.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria tiene interés en que se apruebe la OCM de frutas y hortalizas en el ámbito de la Unión Europea, pero con plena satisfacción de los agricultores españoles y de todas aquellas organizaciones, tanto en el marco del sector hortofrutícola canario como en el de otras comunidades autónomas españolas, que no sólo tienen depositadas sus esperanzas en la obtención de un buen acuerdo, sino que también tienen depositadas las rentas de muchos agricultores en la armonización del sector agrario fundamentalmente. Si se consigue un buen acuerdo hortofrutícola, ese 18 por ciento del producto interior bruto que se genera en Canarias a través de este sector tendrá continuidad y estabilidad, podrá armonizarse con el sector de servicios o del turismo fundamentalmente y hacer que Canarias sea una región no sólo agrícola, sino sociológicamente armónica.
Señor Ministro, yo le he escuchado con mucha atención y me congratulo de la iniciativa que ha tenido el Grupo Popular al presentar esta interpelación, porque es necesario mantener vivo el diálogo en un problema preocupante como éste, y más cuando nos encontramos a las puertas de que la Unión Europea apruebe la OCM para los productos hortofrutícolas.
Yo creo, señor Ministro, que ha habido poco diálogo, fundamentalmente con las organizaciones que, como se ha señalado aquí, son escasas en España.
El diseño que viene haciendo la Unión Europea, y que usted ha expuesto hoy aquí, es algo muy bonito de escuchar, pero hay que situarlo dentro de las circunstancias. Parece que existe un diseño, sobre todo en el sector que a mí más me preocupa, no tanto de los transformados en este momento sino de las hortalizas y frutas frescas donde se inserta más el segmento de producción canaria en este momento, que, en abstracto, resulta bonito oír, pero situándolo en el marco del problema complejo que actualmente tenemos en España es tremendamente complicado. Se dice, por ejemplo, y usted lo ha citado aquí, que hay que efectuar una adecuación de la producción a la demanda. Los productores lo que sí sabemos son los productos nuestros, los españoles; la demanda está en todo el mercado de la Unión Europea. Y la producción tiene ahora una serie de limitaciones, alguna de las cuales no se alcanza.
Ya se ha denunciado aquí el tema, por ejemplo, de las ayudas a la retirada de producción. Pero si no hay mecanismos de retirada se termina como en Canarias, en que los productores de tomate los tiran a los barrancos y tienen que regular su excedente de producción por esa vía. Por tanto, salvo que estemos haciendo un abonado especial de los barrancos, lo que estamos haciendo también es un deterioro del medio ambiente, porque aquí se ha hablado de la mejora de la calidad y del medio ambiente. Si no recibimos las ayudas por la retirada, aunque sean con un límite del diez por ciento, poco podemos hacer en un fenómeno al que usted no se ha referido, pero que se está produciendo, que es la descapitalización. Si el agricultor está empleando unos medios de capital en producir y tiene que retirar por la vía de tirarlo a los barrancos, no hay nada que permita una recuperación de un capital empleado en la producción. De este círculo vicioso hay que salir cuanto antes y salir bien con el nuevo acuerdo que tengamos.
Señor Ministro, posiblemente en Canarias no se entienda lo que acaba de decir aquí de que se respetan, por ejemplo en el sector tomatero, acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT. Por las noticias que nos acaba de dar parece que la delegación española se basa más en limitaciones cuantitativas que en precios de referencia.
Si en el acuerdo de revisión firmado con Marruecos, en enero de 1995, conseguimos limitar a 130.000 toneladas el tomate, eso se va a dejar inamovible. Pero por las noticias que tenemos, insisto señor Ministro, los acuerdos del GATT fijaron un precio de entrada en 920 ecus, y esas 130.000 toneladas pueden empezar a entrar en la próxima campaña, desde el uno de noviembre hasta el 31 de marzo, no a los 920 ecus que se acordó en el GATT, sino a 560. Y aquí viene otra de mis denuncias. Si aceptamos su planteamiento, que de entrada es correcto, de ajustar la producción a la demanda, eso funciona en abstracto siempre que la demanda sea atendida por producciones en su mayoría comunitarias.
Porque quien va a atender la demanda van a ser también las 130.000 toneladas de tomate procedentes de Marruecos.
En este contexto es donde nos sentimos alarmados y preocupados, señor Ministro, y le trasladamos esta preocupación en la medida en que si usted también se ofrece a una colaboración esto se pueda resolver. En este momento, la alarma en el sector de producción del tomate en Canarias es altamente preocupante, y está justificada por las noticias que se tienen, incluida esta reducción sensible del precio de entrada de los 920 ecus, que decía el acuerdo del GATT, a los 560, porque los negociadores de Marruecos han desplazado y comprimido habilísimamente las dos negociaciones del acuerdo pesquero con el acuerdo de asociación.
En la primera semana de este mes se ha recibido la visita en España de nuestro compatriota don Manuel Marín, Comisario de Asuntos Exteriores para el sur del Mediterráneo, que se ha entrevistado con usted y con el Presidente del Gobierno, según las noticias de que disponemos, para urgir a España en esta solución. Si en el acuerdo de asociación Marruecos ha presionado

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lo suficiente para modificar precios de entrada del tomate en ecus, tal como decía el GATT, y ahora se le ajuste otra tarifa de precios, eso es tremendamente preocupante, aunque el negociador español...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Mardones, vaya concluyendo.


El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Por todo ello, señor Ministro, nos alarma que España acepte un proceso permanente de negociación y concesiones continuas a Marruecos y a cualquier otro país productor. Nadie se cree en este momento que Marruecos vaya a respetar los acuerdos pesqueros durante cuatro años y nos va a plantear continuamente una renegociación, incluso vía acuerdo o asociación. Cuando leamos el acuerdo de asociación vamos a ver qué sorpresas desagradables nos llevamos.
Por todo lo demás, y por la propia letra de los acuerdos que hay ya previamente establecidos --los documentos que conocemos o que usted nos ha dado a conocer aquí; incluso los que hemos obtenido por esta vía que ha señalado el portavoz del Grupo Popular, que no era a través del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español, sino por otros intermediarios en Bruselas-- , nosotros tenemos que señalar aquí que esta propuesta de la Comisión, incluso en la creación de fondos operativos para dar mayor protagonismo a las organizaciones de productores, debía haberse hecho ya, señor Ministro. Por tanto, nuestra tremenda preocupación es que vayamos a llegar tarde --y aquí también está nuestra cooperación-- en el sector hortofrutícola español.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece muy interesante que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado la interpelación que en estos momentos se está sustanciando en la Cámara, en la medida en que coincide con unos trabajos parlamentarios que se están efectuando también en la Cámara, en una ponencia «ad hoc» constituida en la Comisión Mixta para asuntos relacionados con la Unión Europea. Esto le da fuerza, le da vida a la negociación que en este momento se está teniendo. Hemos asistido a un debate interesante en la exposición inicial efectuada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y la réplica e información que nos ha dado, por parte del Gobierno, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Efectivamente, nosotros estamos preocupados porque a lo largo de los trabajos de la Ponencia hemos visto una postura bastante contundente de las organizaciones agrícolas, incluso dirigidas a plantear una oposición total. No obstante, no se nos escapa que quizás planteamientos contundentes y duros son, en definitiva, estrategias o herramientas de negociación para hacer más acorde a los intereses españoles el resultado final de la misma. Por tanto, creemos que quizás hay que ponderar, hay que moderar y hay que valorar las cosas en sus justos términos. Tampoco las descalificaríamos, tampoco las echaríamos en un saco roto, pero verdaderamente el sector agrario español tiene que adoptar, quizás en determinadas situaciones, posturas maximalistas para defender por lo menos determinadas posiciones que hagan rentable el ejercicio de la actividad agraria.
Por otro lado, en el día de hoy a nuestro Grupo Parlamentario nos ha llamado la atención que tanto el Ministro como el Secretario General de Mercados, señor Barreiros, hayan manifestado en la Cámara que la retirada de los diferentes productos hortofrutícolas va a ser financiada por el Feoga al cien por cien. Esta afirmación nos tranquiliza, nos parece bien. Además, se habían suscitado algunas dudas y nuestro Grupo Parlamentario no tenía una concepción clara sobre tal criterio o sobre la metodología a seguirse y, en definitiva, sobre los principios a aplicar en la retirada. Por tanto, si eso va a ser así, sin perjuicio de que, efectivamente, se produce una reducción de esos precios de retirada, nos parece una buena noticia.
Al margen de ello, el que se instrumente un mecanismo, una herramienta, como pueden ser los fondos operacionales, nos parece correcto, pero quizás --y eso lo ha manifestado todo el sector agrario español en los trabajos que estamos haciendo en la Cámara-- la participación financiera pública comunitaria debía ser mayor. No se nos escapa, por otra parte, que en todo esto hay un conflicto político --como ha habido en otra serie de sectores económicos, sobre todo en el sector pesquero, en definitiva, en el control del mercado-- entre los países nórdicos y los países del sur. Los países nórdicos disponen de unos determinados sistemas de producción, tienen unas características específicas en la producción, y los países del sur tenemos otras. En definitiva, aquí se nota --como se ha notado en la negociación de la reforma del OCM del vino-- la diferente contraposición de intereses. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario ve nuevamente que hay esta contraposición de intereses y que el Gobierno central debe actuar en defensa de estos intereses de la agricultura del sur de Europa buscándose aliados en los países del sur.
Queríamos hacer también alguna pequeña referencia al tema de la preferencia comunitaria. Evidentemente, la búsqueda de solución a este tema es difícil, porque tenemos un marco, unos parámetros a los que atenernos. Se llegaron a unos acuerdos internacionales suscritos en Marrakech con ocasión de la Ronda Uruguay del GATT.
En el capítulo agrícola hay una reducción

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de las exportaciones subvencionadas a terceros países y, a su vez, hay un compromiso de reducir el apoyo interno a la agricultura europea, en definitiva, hacer compatibles los diferentes intereses que había entre el modelo europeo de agricultura y el norteamericano.
Eso ha supuesto que juntamente con acuerdos preferenciales que pueda haber, por ejemplo con los países del FPG, en definitiva, los países del Pacto Andino, haya unas quiebras tradicionales respecto al principio de preferencia comunitaria y vemos que por el mismo mecanismo de la reforma reglamentaria no vamos a dar solución, porque hay unos parámetros superiores y además con una jerarquía normativa superior al reglamento que en su caso se adopte, como es el acuerdo internacional del GATT.
En definitiva, señor ministro nos gustaría que se defendieran en el reglamento todas las medidas dirigidas a la protección de productos sensibles españoles, como pueden ser el ajo, del que dependen zonas importantes de la geografía, en este caso de Extremadura, o el espárrago en Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Por tanto --y voy a finalizar, señor ministro--, nuestro grupo parlamentario ve este momento con preocupación, vista la disparidad de opiniones que hay entre el sector y la posición política que el día de hoy el ministro ha expuesto en el Parlamento, pero también somos capaces de ponderar que las diferentes posiciones o las diferentes voluntades manifestadas en sus distintos puntos de vista y tan contrapuestas que pueden obedecer también a estrategias que se siguen en la negociación.
En la medida de lo posible, lo interesante, a nuestro juicio --y de hecho por eso se ha creado un grupo de trabajo en la Cámara--, sería buscar un consenso, el mayor posible en la Cámara y con el mayor respaldo político posible, para que como se ha realizado con la reforma de la OCM del vino el Gobierno tenga un mandato parlamentario, con respaldo mayoritario, y si es posible unánime de las fuerzas de la Cámara, a la hora de actuar en el foro de negociación de la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Tubert.


El señor TUBERT I ALSINA: Señor Presidente, señorías, señor ministro, para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, decirles que compartimos las inquietudes expresadas por el grupo proponente y las inquietudes que han venido expresando los distintos representantes del sector, ya sean organizaciones profesionales, ya sean las cooperativas, ya sean entidades vinculadas con el mismo sector, que han ido compareciendo durante estas dos últimas semanas en la ponencia que para el caso teníamos abierta en la Comisión Mixta de la Unión Europea.
Compartimos la inquietud, pero, evidentemente, mantenemos la postura que expusimos en el mes de julio de que la reforma es capital para el Estado español y que cabía aprovechar la Presidencia española; en este caso añadimos a ello la opción que pueda dar la Presidencia en la próxima reunión del Consejo de Ministros.
En todo caso, aquí también se ha hecho un retrato de la importancia de este sector, que es marcadamente mediterráneo, en el que la Unión Europea es especialmente deficitaria, sólo cubrimos el 40 por ciento y esto lo ha hecho sensible a lo que son las últimas negociaciones de los acuerdos del GATT. Es un sector que implica al 30 por ciento de la producción final agraria del Estado español; en este sector somos el segundo productor europeo y el primero a nivel de exportación, especialmente dentro del área de influencia de los países comuntiarios.
Pero el hecho de aprovechar la Presidencia tampoco exime al Gobierno de que el acuerdo a que se llegue al final sea un acuerdo que pueda ser ya no sólo asumido, sino que se ajuste a lo que es la propia necesidad del sector. El hecho de la Presidencia hay que utilizarlo como un elemento de influencia, no como un elemento de flaqueza.
A mí me ha preocupado especialmente el debate de hoy porque nos hemos limitado a discutir la propuesta, tal como está planteada, y la propuesta tal como está planteada en este momento, nuestro grupo entiende que evidentemente no es aceptable. En ello creo que coincidimos muchos. Es mejor que la situación anterior pero hay una serie de elementos que cabe mejorar. Si desde el Gobierno se asume el compromiso de trabajar en la línea de mejorar esta reforma y de incluir parte de los criterios expuestos, partiendo de los que el mismo sector nos ha hecho llegar, con los que nuestro grupo parlamentario coincide y que intentaré esquemáticamente referir, será una buena línea de trabajo y valdrá la pena. Si el Gobierno consigue convencer a la Comisión, introduciendo los elementos que voy a referir, creo que sí pordríamos todos recapacitar la postura tomada con referencia a la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
La reforma tiene dos bases, una lo que son las asociaciones de productores y otra el sistema de financiación, que es el gran dilema. Evidentemente, una reforma estructurada en torno a las asociaciones de productores de frutas y hortalizas nos abre muchas incógnitas, especialmente en un país como el nuestro en el que hay una flojísima implantación de este tipo de organizaciones. Todos sabemos que en el sector hortícola no pasa del 10 por ciento y en el sector de frutas y cítricos nos movemos alrededor del 30 por ciento. En el momento que esto es la base de la reforma implica que tiene que haber un período de adaptación que nosotros

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entendemos mínimo de seis años. Además, hay que canalizar recursos públicos para fomentar la constitución de nuevas organizaciones en el Estado español para logar lo que es la fusión y la unión de muchas de las ya existentes, porque los parámetros que marca la Comunidad son de dimensión mucho mayor y a ellos habrá que ajustarse.
Por otro lado, también con referencia a las organizaciones de productores, entendemos en nuestro grupo que cabe unificar criterios. Ya hay una complejidad de reconocimiento de lo que es una organización de productores en los distintos países de la Unión Europea, pero el efecto distorsionador se multiplica con los distintos criterios que vienen aplicando cada una de las comunidades autónomas dentro del Estado español. Para nosotros es especialmente importante que se unifique al menos dentro de nuestras fronteras, en el sentido de que un productor sólo pueda pertenecer a una organización de productores y que la práctica totalidad de su producto --se podía dejar al margen de lo que es la venta directa--, si no la totalidad, tiene que ir canalizada a través de esa organización pero en todo caso conceptualmente tiene que ser, repito, toda la producción a través de la organización. Hay un principio básico, y es que las organizaciones tienen que moverse por principios de control estrictamente democrático. No podemos repetir el error que se ha dado en el reconocimiento de organizaciones de productores en frutos secos, donde, aunque son casos esporádicos, hay algunos monopolios que distorsionan totalmente lo que es el principio de que la ayuda llegue al agricultor para garantizar su estabilidad, su continuidad en la producción, en definitiva, lo que es su renta.
Por lo que se refiere a la financiación, hay que hacer algunas consideraciones. Se prevé un recorte presupuestario de 100 millones de ecus dedicados a esta reforma. Yo no voy a discutir en qué partida o cómo hay que aplicarlos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Tubert, vaya concluyendo.


El señor TUBERT I ALSINA: Lo cierto es que hay que respetar el principio de solidaridad financiera, hay que dotarlo suficientemente. Si no hay suficientes recursos en el Feoga- garantía hay que acceder a los del Feder o a los del Fondo Social Europeo. Es una experiencia que ya se ha desarrollado y también podría aplicarse aquí.
Cabe asegurar un cien por cien de la financiación comunitaria en la aportación pública, así como que no se apliquen bajadas de precio a bloques en concepto de retirada, mucho menos cuando absorbemos sólo el cuatro por ciento de lo que es el presupuesto comunitario en un sector que abarca cerca del 16 por ciento.
Hay otras consideraciones generales, como es no olvidar las recomendaciones del Consejo Jumbo, hacer referencia a la no normalización, que tiene que ir en todo proceso de comercialización desde el origen hasta los puntos de venta. Hay que hacer referencia a lo que son los fondos operacionales. En el período de transición cabe hacer una aportación decreciente, y en lo referente a la intervención se pueden ampliar los 14 productos hoy reconocidos por la normativa. A nuestro entender, el límite del 10 por ciento del volumen que está sujeto a retirada hay que aumentarlo incluso al 25 por ciento; por lo que se refiere a lo que no es prioritario en este momento del Estado español, los avatares del mercado puede que lo hagan necesario. En todo caso, hay el efecto corrector que se ha mencionado antes, en el sentido de que en España no había opción de retirada al no haber implantadas muchas organizaciones de productores.
Querría hacer una referencia expresa a lo que son las medidas que cabe tomar con el sector de frutos secos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Tubert, medio minuto tiene para terminar.


El señor TUBERT I ALSINA: Voy terminando.
Entendemos que en frutos secos no cabe limitar los sistemas de protección a la existencia de los actuales planes de mejora. Cabe asegurarse un futuro más largo para que puedan mantener su competitividad.
Finalmente, entendemos que sería bueno que el propio ministerio contemplara las propuestas formuladas por las 17 comunidades autónomas en el documento de trabajo de la Comisión 2 del Comité de Regiones de la Unión Europea, y consensuara con los propios partidos políticos un documento base, en tanto en cuanto no se llegue a un acuerdo a nivel comunitario. Para todo ello estaremos nosotros abiertos, colaboraremos y entendemos que si éste es nuestro esquema bien seguro el ministerio tendrá un elemento clave para trabajar y unos parámetros que si algún día llega a convencer a la Comisión, tanto el sector, como nosotros se lo reconoceremos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Tubert.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, señor ministro, antes de que pueda manifestar que nuestro grupo no está a favor de la reforma, quiero decirle que sí estamos a favor de ella; además, entendemos que tendría que ser una reforma urgente.
Ya dijimos, en el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, la importancia de aprovechar esta ocasión para sacar adelante la reforma de la OCM del vino y la de frutas y hortalizas. Usted señaló en una comparecencia que la reforma del vino la veía muy lejana, por

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cuanto los puntos de coincidencia no existían, y, en cambio, la reforma de frutas y hortalizas estaba más madura.
Quiero decirle, señor ministro que estamos a favor de la reforma, pero no a cualquier precio y como parece ser que ve demonios de campañas que alguien organiza, quisiera manifestarle que los grupos representados en la Cámara estamos participando en una ponencia, en la que han comparecido desde organizaciones agrarias hasta la Confederación de Cooperativas. Han venido Cepex, Intercitrus y otras organizaciones importantes que agrupan el 80 por ciento de la comercialización y de la exportación de productos hortofrutícolas. Como para muestra basta un botón, le voy a decir lo que nos han dejado por escrito y supongo que usted también debe tener.
Hay una organización que dice que esta propuesta de reglamento de OCM y de frutas y hortalizas no garantiza la renta ni el empleo del sector, no contribuye a mejorar la gestión y, desde el punto de vista del sector español, no adapta la OCM a la realidad de la producción hortofrutícola española. Dice muchas cosas más y termina manifestando que la reforma es necesaria y urgente, pero en sus líneas actuales puede provocar, en los próximos años, una grave crisis social y económica. Intercitrus, por su parte, nos pide que de continuar la propuesta de reglamento en los mismos términos en los que está, solicitemos el veto para la misma. Así iríamos siguiendo con distintas organizaciones también agrarias, incluida la Confederación de cooperativas que nos ha manifestado que la reforma es necesaria, pero no, desde luego, en estos términos.
Señor ministro, usted ha basado su intervención en que nosotros somos competitivos, que nuestra voluntad debe ser seguir siendo competitivos y que, por tanto, no deberíamos basar toda nuestra estrategia comercial ni de presencia en los organismos comunitarios en el mecanismo de retirada. A mí me ha preocupado muchísimo su intervención de esta tarde, pero me preocupó también la intervención del Secretario General de Producos y Mercados, señor Barreiro. Uste tiene a todo el sector que le está diciendo los puntos de preocupación y cómo puede incidir eso en el sector hortofrutícola y ustedes están llevando la guerra por otra parte (parece ser que ni los documentos se han pasado, parece que ha habido, efectivamente, una falta de transparencia), y tampoco extrae algún tipo de conclusión de las intervenciones de los grupos presentes en la Cámara. Me preocupa que pase como otras veces y cuando vamos a la negociación no es importante la propuesta de Reglamento que tenemos sobre la mesa, lo importante es saber qué va a hacer usted, en qué temas va a incidir y hasta qué punto vamos a ceder en relación a los temas de solidaridad financiera y en relación a los temas de preferencia comunitaria.
Efectivamente, ahora somos competitivos, pero cuando discutíamos las repercusiones que tendría la Ronda Uruguay se nos dijo: Está pendiente la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, allí se establecerán las garantías suficientes. Ahora, cuando entramos en la reforma de la OCM de frutas y hortalizas, se nos dice que eso ya lo teníamos que haber discutido cuando el GATT. La cuestión es que hay productos sensibles que están sin regular; la cuestión es que debido a los acuerdos preferenciales que se están negociando, debido a la dificultad de controlar los precios de entrada, el tema de la preferencia comunitaria no está resuelto y la cuestión de la solidaridad financiera tampoco.
Señor Atienza, el sector de frutas y hortalizas --se ha dicho aquí-- absorbe solamente el 5 por ciento de los gastos del Feoga- garantía, representando a sectores mucho más importantes de la producción. ¿No nos ha querido decir que la línea directriz presupuestaria está prácticamente agotada? ¿Que estamos entrando nuestros productos y usted ya no tiene recursos como para decir que de la misma forma que se han financiado otras reformas tienen que ser financiadas las nuestras? No use el argumento de que el conjunto de las fuerzas políticas y el conjunto del sector quiere medidas proteccionistas solamente basadas en la retirada; piense si las organizaciones de productores van a tener suficiente financiación para su constitución y para su funcionamiento.
Estamos, como se ha dicho aquí, muy atrasados; estamos en unos niveles de organización muy bajos, que representan el 7 por ciento en el sector hortícola y el 30 por ciento, creo en el sector frutícola; estamos tan bajos en relación al nivel de organización que puedan tener, por ejemplo, en Holanda, con niveles del 80 por ciento o en Francia con niveles del 60 por ciento, que muchos fondos europeos no nos van a llegar, sencillamente, porque no tendremos organizaciones que estén en condiciones de hacerse cargo de la gestión de las mismas.
Por tanto, no basamos la reforma en las retiradas; queremos seguir siendo competitivos, pero queremos que en esta reforma existan los requisitos y los elementos para hacer posible que eso sea realidad.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rivadulla.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA INDUSTRIAL DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL DESTINO DE LAS AYUDAS PUBLICAS AL SECTOR DEL AUTOMOVIL Y EN ESPECIAL CON LAS OTORGADAS A LA MULTINACIONAL VOLKSWAGEN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MARCA SEAT (Número de expediente 172/000125)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al apartado 35 del orden del día: Interpelación urgente

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del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política industrial del Gobierno en relación con el destino de las ayudas públicas al sector del automóvil y en especial con las otorgadas a la multinacional Volkswagen para el manteniemiento de la marca SEAT.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, sabe que este tema lo hemos venido planteando desde el principio de la legislatura y que la intención de la interpelación, una vez despejada la incógnita sobre la Comisión Europea, es pretender dar transparencia a una política de ayudas públicas en el proceso de negociación de la multinacional Volkswagen respecto a la marca y a la fábrica SEAT.
Queremos discutir y buscar la justificación del Gobierno en las ayudas y sobre todo de lo que consideramos ha sido desde el ministerio una ingenuidad, y a veces desidia, que puede dejar SEAT, la empresa más emblemática de España, en un proceso de desmantelamiento.
Sabemos que la crisis económica afectó especialmente al sector industrial; sabemos que el sector se perdió el 10 por ciento del empleo total; que dentro del sector industrial el sector automovilístico fue quizá el más afectado y que en la mayoría del mismo se saldó la crisis con expedientes de regulación de empleo, por cierto aplicados con extricto rigor. Por eso la crisis de SEAT tiene una especial importancia. Recordaría señor Rubalcaba, que con el señor Eguiagaray tuvimos una larga discusión en Comisión donde al final llegamos a un acuerdo sobre la cifra que se hubo de invertir por parte del erario público para sanear SEAT antes de vender a Volkswagen, a pesar de que el ministro al principio iba deambulando por cifras mucho menores a la real. Se acerca a los 400.000 millones de pesetas lo que ha costado sanear SEAT antes de su venta; una venta que también fue aplaudida por el Gobierno de la Generalitat y que se justificó como la única salida para el futuro industrial de SEAT, Por cierto los detalles de la venta aún no los conocemos; continuamos con la callada por respuesta por parte de su Gobierno cuando pedimos el contrato que se firmó en aquella venta; parece un secreto de alto nivel.
SEAT a Volkswagen le cuesta 80.000 millones de pesetas, primera cifra que llama la atención especialmente cuando la comparamos con las ayudas. A cambio de estos 80.000 millones Wolkswagen recibe un patrimonio sustancioso, como es Landaben, oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, La Coruña o Valladolid; el centro técnico de Martorell, la fábrica de cambios en el Prat, las fábricas de Martorell y zona franca, y una impresionante red comercial que permite a Volkswagen conseguir cuotas de penetración en el mercado español de hasta el 15 por ciento, cuando apenas había despegado en esta política.
SEAT tenía entonces capacidad para producir 450.000 coches, en cambio, Volkswagen, comprando SEAT, desde el principio no hace ninguna inversión; destruye 9.000 puestos de trabajo; desmantela zona franca (se ha creado el eufemismo de un parque tecnológico, que es un cierre productivo y una disminución de puestos de trabajo), y la crisis continúa. Los trabajadores de SEAT están en estos momentos con salarios muy por debajo de los de sus colegas alemanes y con índices de productividad, reconocido por la empresa, por encima de los de sus colegas alemanes.
Volkswagen puso unas condiciones hace muy poco y aquí empieza el nuevo capítulo de la historia que hoy quisiéramos aclarar, que se inyectase dinero público y se llegó al acuerdo de 30.000 millones por parte del ministerio y 6.000, más 2.000 para formación, por parte de la Generalitat.
Volkswagen continúa utilizando el instrumento de regulación de empleo, expedientes que va incrementando a la par que se aumentan las horas extraordinarias y los trabajos en fines de semana. En el mes de noviembre, por ejemplo, SEAT alcanzó una producción récord de vehículos en Martorell con 34.000 unidades. Los sindicatos han intentado la solución de reducir o eliminar horas extraordinarias para disminuir el número de trabajadores afectados y, como sabe usted, hasta ahora con un diálogo de sordos entre la dirección y el comité de empresa.
Aquí es donde surge el último embrollo, especialmente cuando la Comisión Europea pide datos sobre esta operación y ustedes, para nosotros de forma incomprensible, los mantienen bajo el más absoluto secretismo. Este es el motivo de la interpelación.
Queremos que nos den explicaciones de las verdaderas razones de las fórmulas de financiación, que en su día no convencieron a los sindicatos, a la opinión pública ni a la misma Comisión Europea.
Usted sabe perfectamente que se iban a financiar programas de ayudas a infraestructuras de tecnología industrial --los llamados PATI-- o ayudas para sectores básicos de transformación --los STB-- y que en ninguno de estos proyectos se preveían los 2.000 millones de pesetas, aunque ustedes decidieron financiar nada menos que 34 proyectos.
Se abre un proceso de investigación por parte de la Comisión Europea. Parece --y lo dejo en los términos más relativos que puedo--; parece que ocultan datos incluso al señor Van Miert, de la Comisión, y se abre un expediente. ¡Ya es vergüenza que presidiendo la Comisión Europea se nos abra un expediente con acusaciones de que ocultamos datos y con intentos de picaresca! Es curioso que el presupuesto de 1994 contemplase sólo 8.500 millones de pesetas para todas aquellas acciones y, el de 1995, 7.500 millones para SEAT, cifras que no cuadran con las promesas hechas y los acuerdos firmados con Volkswagen. Además, curiosamente, serán las partidas gestionadas de forma directa por la Dirección General de Industria, que no pasan por ningún canal de valoración y control de proyectos con criterios

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que regían hasta ahora sobre el I+D, de acuerdo con los parámetros del ministerio y eso puede llevar a la sospecha de que parte de este dinero ha ido directamente a la cuenta de resultados de Volkswagen.
El 25 de abril, señor Ministro, este diputado tras dos meses obtiene respuesta del Ministerio de Industria a preguntas por escrito. Se me dice que no se había hecho efectiva ninguna de las ayudas, afirmación que nos debemos creer, porque viene por vía oficial, pero que es de dudosa credibilidad de acuerdo con la evolución de aquel embrollo.
Tras la autorización del Comisario Europeo, su Gobierno debería responder qué ayudas han sido financiadas, con cargo a qué partidas, con qué mecanismos de selección de proyectos, cómo se han evaluado, cuál es el grado de ejecución de las mismas; preguntas que responden a la legalidad que ustedes y nosotros debemos observar de acuerdo con lo que está vigente.
Además, sería curioso que nos aclarasen --lo que puede basarse aún en indicios--, que, a pesar de que el pacto es tripartito, entre Volkswagen, Ministerio y Generalitat, parece --y lo vuelvo a poner en términos relativos-- que los 8.000 millones que debía aportar la Generalitat han sido asumidos por el Gobierno central.
¿Ha cumplido o no el Gobierno de Cataluña con su compromiso? Y, si no lo ha cumplido, ¿por qué?, ¿a cambio de qué? Señor ministro, nuestra critica en la interpelación se dirige básicamente a un tema que lo resume todo: ustedes y el Gobierno de Cataluña, hasta hoy han carecido de autoridad para exigir a una multinacional como Volkswagen que cumpla la parte que le corresponde del acuerdo, porque hasta ahora han ido distrayendo al personal sobre una serie de operaciones de financiación pública sin contrapartidas. Hay ejemplos claros de lo contrario, como el hecho de que el «Córdoba» se comercialice en Latinoamérica bajo denominación, de otra marca, que apunta, como he dicho al principio, al temor --dejémoslo en temor-- de que se vaya a desmantelar la marca SEAT.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la interpelación que formula S. S., al menos la que llegó al Gobierno, tiene dos partes claramente diferenciadas: una de carácter más general sobre la política industrial en relación con las ayudas públicas al sector del automóvil y otra que hace referencia, en particular, a las otorgadas a Volkswagen para el mantenimiento de la marca SEAT. Desarrollaré a continuación ambos temas, de forma breve pero diferenciada.
El sector de automoción, al que S S. ha hecho referencia, tiene que hacer frente en la actualidad a dos tipos de problemas: El primero, los de carácter estructural, que se refieren a la necesidad de lograr notables mejorías de competitividad en el medio plazo para poder afrontar la agresividad creciente de la industria de automoción en otros países que actualmente tienen unos niveles de competitividad superiores --el caso más claro es Japón-- o que pueden tenerlos en el medio plazo, que es el caso de países asiáticos y de la Europa Oriental.
Interesa señalar que la competencia en este sector --y a esto también hacía referencia S. S. en su intervención-- se establece no sólo entre empresas diferentes pertenecientes a áreas distintas, sino que también tiene lugar entre las distintas plantas de una misma empresa multinacional para atraer las inversiones de ésta.
El otro tipo de problemas a los que tiene que responder el sector es el derivado de una coyuntura negativa de la demanda de vehículos. Por una parte, los problemas de carácter coyuntural se pretenden atender básicamente por medio de la aplicación de medidas generales de tipo económico y laboral, no estrictamente industriales. Por otra parte, y dado que la demanda de vehículos depende fundamentalmente de la evolución y perspectivas de la renta disponible, las medidas generales de política económica que tienden a recuperar ritmos más elevados de generación de renta y empleo contribuyen también de manera directa a mejorar el comportamiento de la demanda de vehículos. Finalmente, y dentro de este apartado, hay que mencionar la posible aplicación de medidas de carácter fiscal o financiero de apoyo al sector --es el caso del plan Renove-- que, en todo caso, deben ser coherentes con las orientaciones generales de política económica, tales como la reducción del déficit público.
La política específicamente industrial pretende contribuir a la superación de problemas de carácter estructural y a la mejora de los factores básicos de competitividad de las empresas, por lo que no tiene una incidencia significativa en la corrección de desequilibrios coyunturales.
Las actuaciones en el ámbito de la política industrial, por otra parte, suelen ser de dos tipos. En primer lugar se trata de apoyar desde el Ministerio de Industria y Energía la realización en España de proyectos de gran importancia económica y con efectos de arrastre sobre otras empresas de la cadena de valor añadido del sector y, en segundo lugar, se trata también de apoyar, a través de medidas tanto desde la Administración Central como desde los programas horizontales del Ministerio, aquellos proyectos relacionados con políticas de coordinación con las comunidades autónomas.
El otro bloque al que me refería de actuaciones dentro de la política industrial se refiere a los llamados programas horizontales de apoyo al desarrollo tecnológico en sus diversas facetas.
El Ministerio de Industria y Energía --lo conoce S. S. bien-- tiene una serie de programas --el plan de actuación tecnológico- industrial, el programa industrial y

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tecnológico-medioambiental, el plan nacional de calidad--, que, en general, apoyan la mejora de factores de competitividad, fundamentales en la industria de automoción --la capacidad en I+D, calidad de productos y procesos o la formación en tecnologías avanzadas.
Hay que indicar, por último, que la política industrial nacional se enmarca, como no puede ser de otra manera, dada nuestra pertenencia a la Unión Europea, en las orientaciones y criterios establecidos al respecto a nivel comunitario.
En lo que se refiere al sector de automoción me interesa destacar aquí dos cuestiones: por una parte, la existencia de unas directrices comunitarias específicas sobre ayudas estatales al sector de fabricación de vehículos a motor y, por otra, el acuerdo Unión Europea-Japón sobre autolimitación de las exportaciones japonesas de vehículos a la Comunidad, con vigencia hasta finales de 1999.
El objetivo de las indicadas directrices es, en definitiva, limitar la posibilidad de concesión de ayudas para evitar la distorsión de la competencia a nivel comunitario que podría derivarse en otro caso. En base a dichas directrices deben notificarse a la Comisión, para su aprobación previa, todas las ayudas a empresas fabricantes de vehículos que se pretendan conceder, al margen de esquemas aprobados por la Comisión, e incluso las que, enmarcándose en programas aprobados por la Comisión, se refieran a inversiones superiores a 12 millones de ecus --1.900 millones de pesetas aproximadamente--, cifra frecuentemente superada por los proyectos de inversión de las empresas fabricantes de vehículos.
Paso a continuación, en este marco global que acabo de esbozar, a hablar de las ayudas públicas otorgadas a Volkswagen para el mantenimiento de la marca SEAT.
Me interesa desde el principio precisar que la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea no ha aprobado todavía el expediente de concesión de ayudas a SEAT. Esta es una decisión que deberá tomar la Comisión, y lo que existe en este momento es un compromiso del Comisario encargado de Asuntos de la Competencia, el señor Van Miert, de presentar al resto de sus colegas una propuesta favorable a la aprobación de las ayudas.
Estoy prácticamente seguro --lo está el Gobierno-- de que esta propuesta realizada tras un análisis riguroso de la documentación que se ha presentado a los servicios de la Comisión sobre el plan de reestructuración de SEAT y las ayudas a dicha empresa, será aprobada por la Comisión próximamente, aunque formalmente esta decisión no se ha tomado todavía.
Existen, por tanto, unas perspectivas muy favorables para que las ayudas públicas, tanto de la Administración General del Estado como de la Generalidad de Cataluña sean definitivamente aplicadas dentro del enfoque de reestructuración de la empresa en el que están siendo analizadas. El objeto de estas ayudas es favorecer las inversiones que tiene que llevar a cabo la empresa para garantizar su mantenimiento como una empresa integral de fabricación de vehículos, esto es, con capacidad no sólo para el montaje de vehículos, sino también para el diseño y comercialización bajo una marca propia. La ayudas van dirigidas en buena medida a apoyar inversiones en el centro técnico de SEAT, a través de la cuales se llevará a cabo el desarrollo de nuevos modelos y las mejoras y actualizaciones de los existentes.
Aunque otras empresas fabricantes de vehículos instaladas en España realizan también actividades de I+D, ninguna de ellas dispone de un centro con la capacidad del que tiene SEAT, y las ayudas que se pretenden conceder tratan de mantener esta singularidad por los efectos beneficiosos que tienen no sólo sobre la propia empresa, sino también sobre todo el entramado de empresas industriales y de servicios que existen en torno a ella y sobre la capacidad más general de desarrollo e innovación del sector del automóvil en España.
El objeto de las ayudas es, en definitiva, el mismo en el enfoque actual de reestructuración que en el enfoque que inicialmente se presentó a la comisión de ayudas, a la I+D, ya que lo único que ha cambiado es la presentación de las medidas de apoyo de las administraciones, junto, ahora, a todas las actuaciones llevadas a cabo por la empresa y la inclusión de todo ello en lo que se ha denominado plan de reestructuración. El análisis como ayudas a la I+D planteó algunas dificultades para su aprobación por la Comisión, ya que los criterios que aplica ésta para delimitar qué inversiones son susceptibles de ser consideradas como investigación más desarrollo, a efectos de poder recibir ayudas, son enormemente restrictivos, por lo que ante la posibilidad de que las ayudas fueran más fácilmente aprobadas dentro de un enfoque glogal de reestructuración, sugerido por la propia Comisión, se decidió reorientar la presentación hacia este enfoque.
En esta nueva orientación ya no es preciso analizar proyecto a proyecto, con los servicios de la Comisión, el contenido mayor o menor de I+D de cada uno de ellos, sino que las ayudas, que sin embargo van dirigidas exactamente a las mismas inversiones que en el enfoque anterior, se evalúan en función de su contribución a la viabilidad de SEAT como empresa integral de fabricación de vehículos y teniendo en cuenta en todo caso, la reducción de capacidad, ya registrada por SEAT como elemento determinante para justificar que no produce un efecto negativo sobre la libre competencia en la comunidad europea.
Como S. S. conoce, el acuerdo de 11 de julio de 1994 entre Volkswagen, SEAT, el Ministerio de Industria y Energía y la Generalidad de Cataluña tenía como objetivo básico --ya me he referido a él-- el mantenimiento de SEAT como empresa autónoma dentro del Grupo Volkswagen con capacidad para el diseño, fabricación y comercialización de vehículos. Los compromisos básicos contenidos en dicho acuerdo, a los que S. S. ha hecho referencia, eran los siguientes. El Ministerio de Industria y Energía se comprometía a conceder ayudas

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por importe de hasta 38.000 millones de pesetas a diversos proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que debería llevar a cabo SEAT. La concesión de esas subvenciones se condicionaba, en todo caso, al cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria al respecto.
La Generalidad de Cataluña se comprometía por su parte a conceder un volumen global de subvenciones de 8.000 millones de pesetas a distintos proyectos de formación de personal e innovación tecnológica. Los compromisos de SEAT y Volkswagen se concretaban fundamentalmente en los siguientes puntos: Ejecutar proyectos de desarrollo de nuevos productos e innovaciones existentes (el importe total de los proyectos que SEAT se comprometía a presentar al Ministerio de Industria ascendía a 174.000 millones, mientras que los proyectos que debería presentar a la Generalidad de Cataluña ascendían a 28.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar 5.000 millones de gastos de formación); mantener la entidad y funciones básicas del centro técnico de SEAT; tender a la plena utilización en condiciones competitivas de las capacidades productivas de SEAT; elevar el grado de contenido nacional de las compras de piezas y componentes de SEAT y no solicitar a las administraciones públicas ayudas extraordinarias para la cobertura de los costes de reestructuraciones laborales.
En el acuerdo de julio antes mencionado y en el que con fecha de 29 de julio de 1994 firmaron SEAT, Volkswagen y la Generalidad de Cataluña se indica que Volkswagen podría disponer, en concepto de anticipo a cuenta, de subvenciones con cargo al Instituto de Crédito Oficial, también al Instituto Catalán de Finanzas y, en cumplimiento de dichas previsiones, el 22 de julio de 1994 se firmó un contrato de préstamo entre el ICO y Volkswagen y el 2 de marzo de 1995 el correspondiente contrato entre el ICF y Volkswagen.
La Comisión, a partir de la firma de los acuerdos y contratos de préstamos citados, ha requerido en diversas ocasiones información relativa a las ayudas concedidas a SEAT. Las respuestas dadas por el Ministerio de Industria y Energía se mantuvieron siempre en los siguientes términos: que a Volkswagen no se la habían concedido ayudas, sino préstamos del ICO y del ICF en condiciones de mercado; que existía el compromiso del Ministerio de Industria y Energía y de la Generalidad de Cataluña de notificar a la Comisión las ayudas que fueran teniendo intención de conceder, siempre de acuerdo con lo dispuesto en la normativa comunitaria; que las ayudas del Ministerio se enmarcarían en todo caso en los programas ordinarios de apoyo a actuaciones de innovación tecnológica y medioambiental aprobados por la Comisión.
En cumplimiento de lo indicado en el apartado anterior, el 24 de febrero de 1995 se notificaron a la Comisión los proyectos de I+D presentados por SEAT en el año 1994. Las ayudas para las que se solicitó la aprobación de la Comisión ascendían a más de 7.000 millones de pesetas y correspondían a inversiones por encima de 37.000 millones, realizadas en 1994 en el marco de dichos proyectos. En el escrito dirigido a la Comisión se indicó que las ayudas de los daños posteriores serían objeto de ulterior notificación.
Los acuerdos y los contratos de préstamo, a los que S. S. se refería, no se entregaron a la Comisión por ser documentos privados, que no hay obligación de facilitar y que contienen información empresarial de carácter confidencial que en nada afecta al análisis de las ayudas de SEAT. En todo caso, en dichos documentos se condiciona la adopción de cualquier medida a su sometimiento siempre a la normativa comunitaria y nacional. No obstante, una vez notificados los proyectos subvencionados, y ante la insistencia de los servicios de la Comisión, previa autorización de Volkswagen y SEAT, se facilitó a aquéllos la lectura íntegra de todos los acuerdos y contratos de préstamo.
Tras múltiples conversaciones --muchas de ellas conocidas-- con la Comisión para una mejor adecuación de las medidas de apoyo al Tratado de la Unión Europea, se llegó, de forma convenida, a la apertura del procedimiento de examen previsto en el artículo 93.2 del citado tratado a que he hecho referencia anteriormente. En este marco de colaboración con los servicios de la Comisión, se acordó asimismo la rápida presentación de una nueva notificación en la que las ayudas previstas se enmarcan dentro de un plan global de reestructuración de SEAT. La aceptación de esta nueva notificación se recoge en carta de la Comisión de fecha 1 de agosto de 1995.
El plan de reestructuración integra las actuaciones laborales, formativas, financieras e industriales que han llevado o llevará a cabo SEAT con las medidas de apoyo de la Administración, centradas exclusivamente en los ámbitos industriales y de formación. Las ayudas de la Administración van dirigidas fundamentalmente, al igual que en el enfoque anterior, a proyectos de inversión centrados básicamente en garantizar la capacidad de desarrollo tecnológico del centro técnico de SEAT.
¿Cuál es la situación actual de la tramitación del expediente en la Comisión? Como S. S. seguramente conoce, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 12 de septiembre de 1995, publicó la comunicación de la Comisión referente a la propuesta de ayudas al Grupo Volkswagen en favor de su filial SEAT, S.A., a otros Estados miembros y partes interesadas, dando el plazo de un mes para que se remitan las observaciones a propósito de dichas ayudas. Los representantes de la Dirección General 4 de la Unión Europea han realizado diversas visitas a las instalaciones de SEAT los días 24 y 25 de julio y 2 de octubre de este mismo año y se ha remitido una amplia información a la Comisión --el 13 de septiembre y el 5 de octubre-- en contestación a las preguntas formuladas sobre el plan de reestructuración. Como también señalaba anteriormente, existe el

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compromiso de la Comisión de resolver el expediente en el curso del presente mes de octubre.
De acuerdo con la última información disponible, el Comisario responsable de Asuntos de la Competencia va a proponer, como también indicaba, la autorización de las ayudas a SEAT una vez confirmada la reducción de la capacidad productiva de la misma como consecuencia del cierre de la planta de zona franca y el no incremento de la capacidad del Grupo Volkswagen en el horizonte del plan de reestructuración.
Termino señalándole que las ayudas, una vez que sean aprobadas por la Comisión, se irán concediendo a SEAT conforme se vayan realizando las inversiones programadas y se vayan cumpliendo los compromisos adquiridos por SEAT-Volkswagen en los acuerdos tripartitos de julio de 1994. Naturalmente, la Administración General del Estado y la de la Generalidad de Cataluña realizarán un seguimiento de las inversiones y los servicios de la Comisión también irán verificando que los objetivos para los cuales se conceden las ayudas se van cumpliendo efectivamente.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señor Ministro, la primera parte de su intervención --el marco de referencia, el sector del automóvil-- es explicable en su respuesta porque el tema le puede quedar lejano. Lo es menos en el caso de que la respuesta la hubiese dado el señor Eguiagaray, porque él le podría haber advertido que sobre ello ya hemos discutido largo y tendido y hemos llegado a aprendernos la lección, pero nunca está de más recordarla.
Sobre el tema de SEAT, quería recordarle que nosotros nos hemos manifestado, como otros grupos de esta Cámara, al igual que el Gobierno, en favor de que la Comisión apruebe las ayudas, pero estamos discutiendo otra cosa, que es la implicación de dinero público español, del Gobierno y de la Generalitat, en el tema de SEAT. Se lo voy a precisar.
Se lo voy a precisar recordándole, en primer lugar, que este Diputado no ha conseguido aún, vía los canales reglamentarios establecidos, que el que el Gobierno le facilite la información; o sea, usted ha dicho en su intervención que «ya conocen ustedes el acuerdo tripartito». No, ustedes están negando el acceso transparente al acuerdo tripartito por parte de los que representamos la soberanía popular; primera cuestión.
Le podría decir el señor Eguiagaray que peticiones nuestras sobre estas documentaciones hasta ahora han tenido la callada por respuesta, lo cual no puede esconderse bajo el secretismo de los créditos a que usted ha aludido cuando ha hablado de la Comisión, ya que ha llegado a decir que después se ha permitido su lectura por parte de la Comisión. Nosotros hablamos de dinero público, de una operación que, pase o no por una fase crediticia, es y acabará siendo aportación de dinero público. Ya sabe perfectamente que el ICO y el ICF están haciendo de puente temporal en esta operación, y por esto, en primer lugar, recelo, no por ganas de crítica o mala fe, sino incluso por ignorancia, pero por una ignorancia sospechosa y por una ignorancia que ustedes quieren mantener; y no sólo sobre este Diputado sino sobre el Comité de empresa y sobre una serie de agentes que, en principio, parecería que son los más interesados cuando son los únicos que están cumpliendo a rajatabla sus compromisos, los durísimos compromisos que se adquieren con los expedientes.
En segundo lugar, señor Ministro, usted sabe que para garantizar realmente, como usted lo define muy bien, la continuidad de SEAT, no de la marca sino incluso de la producción SEAT, se deberían establecer unas ayudas de contenido tecnológico que aún desconocemos si se han utilizado así o no, qué garantías tenemos y dónde Volkswagen ha exhibido las pruebas pertinentes para saber que aquello ha servido para lo que usted acaba de describir.
Desconocemos si el Gobierno lo ha comprobado, o el de la Generalitat; nos imaginamos que no, porque no ha sido definido así en ninguna parte.
Las aportaciones de capital público, normalmente, deberían ir acompañadas de control. Ustedes lo rechazaron en su día, rechazaron fórmulas de participación en el capital social y en el consejo de administración, lo rechazaron ustedes y la Generalitat, y sacaron la idea peregrina de que esto no pasaba en ninguna parte. En Wolfsburg (Alemania), pasa por el Gobierno del «lander»; en Suecia, la Volvo pasa por el Gobierno correspondiente; en Estados Unidos, la Chrysler, que ha pasado por el mismo proceso, pasa por esta fórmula. No regresemos a falsos debates sobre la nula utilidad o el anacronismo de la participación en el control social de este capital.
Además, usted sabe que las empresas que reciben ayudas deben presentar una garantía bancaria hasta acabar el proyecto.
Desconocemos, y reiteramos nuestra pregunta, si el Gobierno tiene constancia de esos avales, ya que incluso nos imaginamos que ni han sido requeridos a la Volkswagen en toda esta operación. Al igual que tiene obligación de presentar memorias, como antes aludía, a medida que se van ejecutando los proyectos. Como mínimo, hasta ahora el Gobierno --lo debo decir así, señor Pérez Rubalcaba-- ha ocultado esta información. Si la tiene, no lo sé.
Nos tememos que no la tiene, que está actuando en este tema, como he dicho al principio, con desidia o con ingenuidad, como el Gobierno de la Generalitat, porque no dispone de la información mínima que se requeriría en cualquier otro caso, quizás por el paradigma Volkswagen-SEAT. Además, le vuelvo a preguntar respecto a este tema no sólo sobre los avales, que están exigidos por ley, sino si

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es cierto o no que ustedes sustituyen a la Generalitat en esta película, si existe este compromiso en toda la operación.
El señor Eguiagaray ha hecho un pronunciamiento de gran irresponsabilidad, como mínimo de negligencia. Ha dicho en todo este proceso que no tiene importancia que el «S 5», el modelo que debe sustituir al «Toledo», no se fabrique en España. Esto es una auténtica barbaridad, porque ya es el primer paso para que se desmantele Seat. El día que se confirme que el «S 5» no se fabrica en España, tendremos no sólo palabras del Grupo Parlamentario de Izquerda Unida-Iniciativa per Catalunya o del comité de empresa o de analistas que lo están publicando en revistas muy serias del sector, sino una comprobación fehaciente de un proceso. Lo ha dicho el Ministro de Industria y Energía.
¿No pasaría nada? Pues sí pasaría y mucho. Es urgente que se entre en el modelo sustantivo del «Toledo», que tiene una caducidad anterior a la del «Ibiza» o del «Córdoba» y que están saliendo mucho mejor. Es urgente que se comprometa a que se fabrique aquí cuando se consigan los compromisos de que los dineros destinados a investigación no sean para modelos Volkswagen, que sufren incluso la pequeña competencia del modelo SEAT, sino para SEAT.
Ustedes, igual que el Gobierno de la Generalitat, tienen la responsabilidad, y yo diría la obligación, de exigir a Volkswagen el cumplimiento de las siguientes actuaciones. Primero, mantenimiento del volumen de empleo. (No me las invento yo, señor Pérez Rubalcaba. Están en todo el proceso y con letra gruesa.) Segundo, el desarrollo de investigación de nuevos modelos de gama media y alta.
Tercero, el compromiso de fabricar y comercializar en España los sustitutos de los modelos actuales, empezando por el «Toledo».
Y, cuarto, que lo ha eludido, el compromiso de que el 13 por cierto de los componentes se fabriquen aquí. Estamos en el 54 por ciento. Ustedes, en aquella Comisión, afirmaron con gran solemnidad que pasaríamos al 67 por ciento y sabe que no sólo no hemos avanzado ni un medio por ciento, sino que estamos retrocediendo. Y sabe también que la deuda de SEAT con Volkswagen se va ampliando porque Volkswagen, de forma leonina, cobra a SEAT estos componentes a precios muy superiores que el mercado español, cuando la industria auxiliar del automóvil en España ya tiene centros productivos para algunos de estos componentes, que deberían haber ido --y esto suena a ironía-- al famoso parque tecnológico de la zona franca, donde no han ido en absoluto.
Repito, el señor Eguiagaray, en nombre de su Gobierno, se comprometió solemnemente --y ya han pasado muchos meses-- a que este 13 por ciento se iría aumentando. Pues se va recortando.
Señor Ministro, anuncio que la moción buscará el consenso en la dirección, a pesar de los claroscuros que tenemos por la falta de información que ustedes niegan, del cumplimiento de esos compromisos, porque creemos que SEAT tiene futuro. Pero ya que somos representantes de lo público, nos lo queremos creer con garantías, no con ingenuidad ni con desidia.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ribó.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRON GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del Grupo Popular, tanto respecto al tema concreto de SEAT, del que aquí hemos hablado, como a los términos en que la interpelación se presentó en el Registro de la Cámara: hablando de las ayudas en general a la industria automovilística.
La automoción, señor Ministro, es uno de los principales sectores industriales de la economía española. Parece que sobra el decirlo y que los datos cantan. Representa el 5 por ciento del producto interior bruto, da empleo de manera directa o indirecta aproximadamente al 10 por ciento de la población activa española y supone el 25 por ciento de nuestras exportaciones.
En el momento en que se produce este debate, como consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, estamos ante una nueva recesión de la industria de la automoción en España, con una caída de venta, en los últimos tres meses, que amenaza con conducirnos nuevamente a una crisis del sector, con las consecuencias que de ello se derivarían para la economía española.
Todo esto sucede --y digo sucede porque puede llegar a ser un suceso-- cuando tras la crisis del año 1993 teníamos la esperanza de que el presente año 1995 fuera el de la estabilización definitiva para el sector. De hecho, en el mes de enero, desde el Ministerio hablaron de un crecimiento del 10 por ciento con respecto al año anterior. Pero la realidad, que se empeña una y otra vez, con preocupante frecuencia, en desmentir al Gobierno, nos dice que a final de año, por el camino que vamos, se va a registrar una disminución en las ventas de entre un 8 y un 10 por ciento.
Esta situación nos parece que es consecuencia del marco económico en el que se desenvuelve la automoción en España; que es el resultado, en gran medida, de la política industrial del Gobierno, y si no hacen falta muchos ejemplos cuando hay alguno que sea concluyente, podemos aportar el de que, como todos sabemos, nuestra industria fabrica los coches más baratos de los países de nuestro entorno que, sin embargo, se encarecen como consecuencia de las cargas y de los gravámenes fiscales con que se ve afectado el automóvil en España. Así pues, en realidad, nuestras empresas

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compiten en desventaja en relación los países de la Unión Europea.
Por tanto, cuando se habla de ayudas a la automoción, nosotros decimos que lo que el sector necesita, fundamentalmente, son dos cosas: primera, la mejora del entorno en que las empresas realizan su actividad y, segunda, el desbloqueo de la situación política que dé una nueva esperanza a los ciudadanos y anime al consumo interno. Porque la industria de la automoción en España no puede seguir basándose exclusivamente en las exportaciones. No seremos nosotros quienes no digamos que la empresa española debe exportar, y cuanto más mejor, y con las ayudas suficientes, pero el dato del mercado interno, que hay que fortalecer, si es uno de los argumentos que más tienen en cuenta las empresas inversoras a la hora de establecer sus inversiones en un país o en otro. Y como no fortalezcamos nuestro mercado interno, al final, las inversiones se desplazarán a los países del Este, con el grave daño que esto supondría para nuestra economía. Somos el quinto país productor de automóviles y el octavo en cuanto al mercado, y esto es un desequilibrio y un aviso de futuro para nuestra economía.
Centrándonos ya en el caso de SEAT, que ha estado en el origen del debate que mantenemos, como consecuencia de las esperanzas que tenemos de que las ayudas autorizadas por la Comisión de Asuntos de la Competencia lleguen por fin, quiero trasladarle la posición del Grupo Popular, que es la de compartir el criterio de que la empresa SEAT mantenga su capacidad de diseño, fabricación y comercialización de vehículos. Queremos que SEAT siga siendo una marca.
Hemos apoyado las conversaciones tendentes al logro de las ayudas europeas para SEAT, como lo hemos hecho con otras empresas españolas con graves problemas, pero también le digo que hubiéramos preferido que la negociación hubiera sido más eficaz, que se hubiera conseguido la autorización con mayor rapidez y evitando incertidumbres que se siguen produciendo, que hubiera sido más clara, sin tantas sombras, que hubiéramos conocido en qué términos se iba produciendo y que hubiera sido más transparente.
Entendemos, por otra parte, que los acuerdos están para ser cumplidos; que quienes llegaron a los acuerdos son quienes están comprometidos a su cumplimiento y que quien debe controlar esos acuerdos es, únicamente, el Parlamento, dada la importancia que tiene para la economía española la situación de la industria automovilística.
De todas formas, vamos a apoyar todos los intentos de transparencia que se hagan, queremos conocer en qué términos se van realizando los acuerdos, y siempre estaremos en esa búsqueda de la transparencia.
En definitiva, señor Ministro, me va a permitir que le diga que su intervención me ha sonado absolutamente a teoría. Nos ha expuesto, una vez más, un catálogo de buenas intenciones. A estas alturas del partido, y cuando el árbitro está mirando el cronómetro, ya es hora de que pasemos de la teoría a la práctica, señor Ministro, porque ustedes son el Gobierno, son ustedes los que tienen que gobernar, y lo que nos tienen que decir aquí en si van a permanecer impasibles mientras nuestras empresas compiten en desigualdad de condiciones, en peores condiciones, con las empresas de la automoción de otros países o si van a hacer algo.
Si van a cambiar en algo el marco en que se desenvuelven, si van a hacer simple y llanamente que las empresas puedan competir en un plano de igualdad con las empresas europeas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Souvirón.
El Pleno continuará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.


Corrección de error. En el «Diario de Sesiones» número 170, correspondiente a la sesión plenaria del martes 26 de septiembre de 1995, página 9068, en el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nueve señores Diputados, figura erróneamente don José Manuel Pérez Corgos, cuando su nombre verdadero es don Jesús Manuel Pérez Corgos.

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