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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 175, de 05/10/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 175 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 173 celebrada el jueves, 5 de octubre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 105.1, de 3 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000089) (Página 9288)

Declaración institucional:

--Sobre el Acuerdo interino entre el Gobierno de Israel y la OLP (Página 9304)

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados:

--Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar sobre las entrevistas realizadas a propósito de material sustraído al CESID (número de expediente 210/000031) (Página 9304) --Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno, para informar sobre las entrevistas realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales

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de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del CESID y otras informaciones relacionadas con el GAL, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el Congreso (número de expediente 210/000032) (Página 9304)

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:

--Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 156/000021) (Página 9315)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 9288)

Proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados (Página 9288)

Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Ramallo García, del Grupo Popular, y Martínez Noval, del Grupo Socialista.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado debatidas anteriormente.


Declaración institucional sobre el Acuerdo interino entre el Gobierno de Israel y la OLP (Página 9304)

El señor Presidente somete a la Cámara la adopción de una declaración, a propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de los portavoces de los Grupos, por la que el Pleno muestra su satisfacción por el Acuerdo interino firmado en Washington por Israel y la OLP, que supone un paso de gran trascendencia en el proceso de paz en Oriente Medio, iniciado en la Conferencia de Madrid, en octubre de 1991, y reitera su convicción sobre el carácter irreversible del proceso de paz.
Se aprueba por asentimiento.


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados (Página 9304)

Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar sobre las entrevistas realizadas a propósito de material sustraído al CESID (Página 9304)

Solicitud de comparecencia del Presidente del Gobierno ante el Pleno, para informar sobre las entrevistas realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del CESID y otras informaciones relacionadas con el GAL, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el Congreso (Página 9304)

En nombre del Gobierno informa el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), exponiendo que en fechas recientes la opinión pública ha tenido conocimiento de que el Gobierno ha mantenido contactos con diversos asesores jurídicos de los señores Conde y Perote, imputados en diversos procedimientos judiciales en los que se trata de depurar su responsabilidad penal, las del primero, derivadas de su gestión al frente de Banesto, y las del segundo, por la sustracción de documentos clasificados como secretos en el momento de su cese como alto cargo del CESID.


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Señala que ha participado personalmente en esos contactos y ésa es la razón por la que, en nombre del Gobierno, comparece ante esta Cámara para ofrecer informaciones, explicaciones, sobre el marco y el contenido y también sobre el balance de tales contactos, lo que realiza a continuación.
Intervienen el señor De Rato Figaredo, la señora Aguilar Rivero y los señores Molins i Amat, Anasagasti Olabeaga, Mauricio Rodríguez y Chiquillo Barber, para expresar la renuncia de sus respectivos Grupos Parlamentarios a la fijación de posiciones en este debate, por entender que debió ser el Presidente del Gobierno quien interviniese en el mismo, reservándose, por tanto, para un futuro debate la fijación de posiciones.
El señor Almunia Amann fija la posición del Grupo Socialista.
Interviene de nuevo el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe).


Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación (Página 9315)

Solicitud de creación de una Comisión de Investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Página 9315)

En nombre del Grupo proponente interviene el señor Trillo- Figueroa Martínez-Conde. Cree que sería redundante intentar de nuevo, aquí y ahora, hacer una relación de las fechorías del GAL, banda criminal a la que se atribuyen 27 asesinatos, 24 heridos y dos secuestros, entre otras cosas. Señala que si el Grupo Popular plantea ahora la creación de una Comisión de Investigación sobre los hechos y las responsabilidades políticas derivadas, es porque todos los procesados del GAL pasaron a autoinculparse y a aducir que cumplían órdenes de sus superiores. Menciona también el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior y, por si todo ello fuera poco, aparecen con posterioridad diversas informaciones en torno al organismo principal de la inteligencia del Estado, que asesora directamente al Presidente del Gobierno.
Al hilo de todo lo expuesto, cree que se puede hacer un esfuerzo para comprender los verdaderos límites de la responsabilidad política que quieren esclarecer en la Comisión que proponen. Se les podrá decir que para ello están actuando los tribunales de justicia, para depurar las responsabilidades penales que puedan derivarse, pero sucede que la responsabilidad política no es la misma que la responsabilidad penal. Alude al artículo 76 de la Constitución, según el cual hay plena compatibilidad entre la investigación judicial y la investigación política, porque las comisiones de investigación del Congreso y del Senado podrán actuar sobre cualquier asunto de interés público. Poder Judicial e Investigación parlamentaria son absolutamente independientes, por la sencilla razón de que tienen un objetivo distinto: la responsabilidad penal en los tribunales de justicia y la responsabilidad política en los foros parlamentarios, la cual compete a quienes están en el ejercicio de la función pública.
Termina pidiendo el apoyo de la Cámara para que la verdad resplandezca en beneficio de todos, para que no se atribuyan a los tribunales de justicia decisiones que no tienen que asumir y para que, por fin, este Parlamento pueda pasar la página del GAL.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Barrero López, anunciando que se van a oponer a la creación de la Comisión de Investigación sobre las actividades del GAL pedida por el Grupo Popular. Piensa que esta Cámara debería haber creado y aceptado esa Comisión en el año 1983; no lo hicieron entonces y seguramente se equivocaron. Hoy no es necesario, porque la justicia al fin va a resplandecer y los jueces, de manera transparente y profunda, van a hacer justicia. Por consiguiente, no van a aceptar que se superponga un juicio paralelo a un procedimiento judicial, no teniendo, por tanto, sentido alguno la creación de una Comisión de investigación cuando ya se está ultimando la investigación penal. La Comisión de investigación que ahora se solicita no aportaría nada al descubrimiento de unos hechos y sí podría considerarse como una intromisión ilegítima en la conducta del órgano jurisdiccional cuya labor podría entorpecer y para la cual éste tiene competencias exclusivas, según el artículo 117.3 de la Constitución. La labor de la Comisión resultaría perfectamente inútil, ya que nada añadiría a la averiguación excluyente de los hechos, ni tampoco al prestigio de la Cámara, que se incorporaría de manera tardía a la tarea investigadora, superponiéndose a la actuación de los tribunales de justicia, únicos encargados del enjuiciamiento de los hechos.
Termina expresando la convicción del Grupo Socialista respecto a que el Gobierno ha actuado siempre con respeto a la legalidad en su lucha contra los terroristas,

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como lo ha venido afirmando con rotundidad el Presidente del Gobierno desde el año 1983, proclamando su repulsa a cualquier tipo de terrorismo.
Replica el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde, duplicando el señor Barrero López.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Albistur Marín y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, así como los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV), Molins i Amat, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor Presidente informa de que dos Grupos Parlamentarios, el Socialista y el Catalán (Convergència i Unió), han solicitado votación secreta y por papeletas para este punto del orden del día, por lo que la votación se hará por llamamiento, en la forma habitual y por papeletas.
Realizada la votación y verificado el escrutinio, el señor Presidente dijo que el resultado de la misma es de 340 votos emitidos: 161 a favor de la creación de la Comisión, 176 en contra y tres en blanco, por lo que queda rechazada la solicitud de creación de la Comisión de investigación.
Se levanta la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROYECTO DE LEY SOBRE SUPERVISION DE LOS SEGUROS PRIVADOS (Número de expediente 121/000089)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado. Al proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con estas enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con gran brevedad voy a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario, Coalición Canaria, respecto a estas enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
En términos generales, nos parece que en su mayoría --salvo algunas excepciones que luego mencionaré-- las enmiendas introducidas en el trámite del Senado han perfeccionado y enriquecen una serie de cuestiones, fundamentalmente técnicas, aclaratorias del texto para darle un principio de seguridad jurídica y despejar encertidumbres que pudieran derivarse de lecturas distintas.
Se mantiene el espíritu de adaptarse a las directivas comunitarias, salvo en algunas cuestiones. Por tanto, señor Presidente, dado este grado de aceptación, nosotros vamos a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado, excepto aquellas que voy a señalar.
En primer lugar, las enmiendas que están dirigidas al artículo 13, referente al capital social y fondo mutual. Aparte de algunas inseguiridades que se pueden contemplar en la letra b), del punto 1, vemos que en el texto remitido por el Senado no se califica qué tipo de asistencia se está dando, si es una asistencia en viajes o lo que nosotros entendemos que debería haber sido una asistencia sanitaria. Por ello, vamos a votar en contra de las enmiendas dirigidas al artículo 13.
Votaremos también en contra de las enmiendas a la disposición adicional decimosexta. Creemos que es preferible y más claro el texto que salió en su día de este Congreso de los Diputados; concretamente es la enmienda número 164 de las tramitadas por el Senado.
Finalmente nos vamos a oponer a la enmienda que está dirigida a la disposición transitoria tercera, enmienda número 165 en el trámite del Senado. Nosotros proponemos, señor Presidente, volver al texto original. Hay aspectos que se refieren a las fechas respecto a los que se han producido sustanciales cambios en el trámite del Senado, por ejemplo, en las letras a), y especialmente en la b) y siguientes, donde se hace un desplazamiento, a nuestro juicio excesivo, de las fechas en que tiene que estar en su integridad desembolsado y escriturado el capital social exigible a 31 de diciembre de 1993, que nuestro texto original remitía a 31 de diciembre de 1996 y que el Senado eleva hasta el año 2000. Pues bien, en esa misma línea y por parecernos mucho más razonable y mucho menos distorsionador sobre el sector del mercado de empresas aseguradoras y sociedades de seguros privados, nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda del Senado a la disposición transitoria tercera.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, debo reconocer que, desde mi Grupo Parlamentario, abordamos en su día este proyecto de ley con gran preocupación y con el total rechazo a diversos aspectos que contemplaba el texto inicial remitido por el Gobierno a esta Cámara. Es cierto que no presentamos enmienda a la totalidad porque considerábamos que era necesario no demorar otra legislatura una ley que ya había sufrido suficientes retrasos y sobre todo porque, por una parte, era necesario cumplir con la obligación de adaptar nuestras normas a las directivas comunitarias y, por otra, actualizar la normativa a la realidad de la actividad aseguradora. Sin embargo, había muchos aspectos del proyecto de ley que considerábamos necesario cambiar, como así quedó reflejado en las 61 enmiendas que presentó nuestro Grupo Parlamentario.
Hoy se puede decir que, tras los debates en la Comsisión del Congreso y su paso por el Senado, el texto de la ley ha quedado sustancialmente mejorado. No obtante, seguimos convencidos de que hubiera sido más lógico haber recogido en leyes aparte la regulación de los planes de pensiones y mutualidades, regulando la llamada previsión social complementaria de forma separada de la propia supervisión administrativa del seguro privado. Además, este criterio es compartido por el Consejo Económico y Social en su informe al proyecto de ley y avalado por la normativa existente en la mayor parte de la Unión Europea hasta el punto de que, en estos momentos, hay un proyecto de reglamento de la Unión Europea, de 31 de agosto de 1993, por el que se prevé aprobar próximamente el estatuto de la mutualidad europea.
Al margen de esta propuesta, que no fructificó, es cierto, y así hay que reconocerlo, que la regulación de estas entidades ha quedado mejorada con la incorporación de las enmiendas aprobadas en aspectos como la condición de mutualista para las personas jurídicas, la incorporación de los socios a la ampliación de prestaciones y, fundamentalmente, la equiparación en el tratamiento fiscal de las cantidades abonadas a las mutualidades y planes y fondos de pensiones, sin olvidar las singularidades que, dentro del mutualismo, tienen las cooperativas de socios trabajadores, colectivos estos que, en el País Vasco, agrupan a más de 300 cooperativas y 20.000 socios mutualistas integrados en una entidad de previsión social voluntaria, con una sigularidad en su forma de gestión de eficacia demostrada, singularidad en el hecho cooperativo, con un sistema de prestaciones difícil de establecer a través del Régimen General de la Seguridad Social y un equilibrio financiero automático que hace que sea una figura ejemplar en este campo del cooperativismo y concretamente del mutualismo. Por ello considerábamos que era totalmente necesario que se especificara en el punto 1 de la disposición adicional decimotercera, que modifica el artículo 71 de la Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, la posibilidad de reducir de la base imponible las cantidades abonadas a la mutualidades de previsión social por los socios trabajadores para la cobertura de todas las contingencias especificadas en este artículo, incluido el desempleo para los citados socios trabajadores.
Me satisface que esa propuesta de nuestro Grupo Parlamentario, a través de la enmienda 140, haya sido aceptada por todos los grupos mediante transacción en el Senado. Por la misma razón, y teniendo en cuenta los mecanismos específicos y diferenciados de cobertura de estos socios trabajadores, era absolutamente necesario contemplar nuestras enmiendas número 103 y 114, que fueron aprobadas en el Senado y que deberían haber sido recogidas en una sola enmienda, ya que hacen referencia al mismo punto 3, e) del artículo 64, pero que, sin embargo, tienen dos objetivos distintos y no excluyentes. Por una parte, la enmienda 113 posibilita la incorporación a la mutualidad derivada de la negociación colectiva y, por otra, la 114 posibilita la incorporación a la mutualidad derivada de acuerdos adoptados por los órganos representativos de las cooperativas. Son enmiendas enfocadas por y para los trabajadores en un caso como es el de la negociación colectiva, con una incidencia en todas las empresas, y, en el otro caso, en beneficio de estos socios trabajadores.
Por lo tanto, espero que SS. SS. ratifiquen estas enmiendas aprobadas en el Senado. Lo que hace que seamos optimistas sobre el futuro de estas entidades que cumplen un papel fundamental, en un momento en que se está poniendo en cuestión el futuro del sistema público de pensiones y de la Seguridad Social, el propio Estado del bienestar, es que las mutualidades de previsión social son piezas fundamentales por la singularidad de sus propios objetivos y composición, por las contingencias que cubren, que son las mismas que atiende la Seguridad Social básica obligatoria, aumentando o complementando las prestaciones que ésta concede, y por el hecho de que, en definitiva, el mutualismo es fundamentalmente previsión social complementaria. Se ha conseguido, como digo, en cierto modo este reconocimiento, pero quedan aún aspectos que desde nuestro punto de vista deberían haberse modificado, por ejemplo, la posibilidad de practicar el coaseguro y ciertos límites en la ampliación de las prestaciones.
Por lo que respecta a las modificaciones que recoge el proyecto de ley sobre los planes y fondos de pensiones, creemos que hay aspectos que deberían haberse mejorado, como con los relacionados con la comisión de control y los requisitos para la desaparición del promotor de los planes asociados. Esto iba en línea con las enmiendas que presentó nuestro Grupo Parlamentario. Sin embargo, consideramos muy positivo haber recogido en el debate del Senado nuestra propuesta de enmienda número 142, transaccionada, para clarificar la posibilidad legal de los ayuntamientos para financiar y promover planes de pensiones, capacidad legal que no quedó suficientemente clara a partir de la integración

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de la Munpal en el Régimen General de la Seguridad Social.
Otro de los aspectos que nos ha preocupado ha sido el tratamiento dado a las entidades de asistencia sanitaria, un colectivo importante por muchas razones, por la configuración específica que lo diferencia del seguro de enfermedad, por la especialización de las empresas que lo componen y la labor social que han desarrollado a lo largo de su historia; un colectivo importante por el número de entidades que lo integran, el personal empleado y el número de asegurados que tiene, lo que hace que represente más del 20 por ciento del sector asegurador.
En este sentido, nuestras enmiendas han pretendido diferenciar explícitamente la prestación de asistencia sanitaria del seguro de enfermedad, reflejando en el texto de la ley la personalidad propia que este colectivo tiene en la realidad social. Sin embargo, aun reconociendo en diversos artículos de la ley el carácter diferencial del ramo de asistencia sanitaria, al no hacerlo extensivo en todo el texto, hay algunos aspectos que han quedado oscuros. Me refiero en concreto a los capitales mínimos necesarios, en donde no se recoge específicamente el ramo de asistencia sanitaria, con lo que se debe de entender que en este caso queda englobado dentro del de enfermedad, puesto que, en el caso contrario, se penalizaría considerablemente al sector si se entendiese que está en el apartado de restantes ramos, a los que se les exige un capital mínimo de 500 millones de pesetas.
Otro sector de la actividad aseguradora que nos ha preocupado ha sido el de los agentes mediadores y los corredores de seguros.
Entendemos que estas figuras realizan una labor muy importante en la intermediación comercial entre las compañías de seguros y el asegurado, por lo que era necesario regular adecuadamente la representación de las sociedades de correduría y preservar su independencia societaria como elemento fundamental para un mejor servicio al asegurado. Curiosamente, esta circunstancia, reflejada en la regulación de vínculos estrechos o participaciones significativas por parte de las entidades de crédito ha sido eliminada en el Senado, debido al cambio de actitud de los grupos parlamentarios que dieron su voto favorable en el debate en el Congreso.
Finalmente, me voy a referir al ámbito competencial, el ámbito competencial de esta ley. En el caso del País Vasco, la Comunidad Autónoma tiene competencia en el desarrollo legislativo y ejecución dentro de su territorio de las bases en materia, entre otras, de la ordenación del seguro. En este aspecto no podemos estar satisfechos con el texto de la ley, ya que lo consideramos restrictivo en su regulación de las competencias de las comunidades autónomas. Creemos que debería de haberse eliminado la vigente limitación que hace de las competencias autónomicas la Ley 33/1984, que exige la acumulación del domicilio fiscal, el ámbito de operaciones y localización de riesgos en el territorio de la comunidad autónoma, así como la competencia exclusiva del Estado en la autorización administrativa de entidades aseguradoras, que elimina cualquier posibilidad de actuación autonómica. Por otro lado, el proyecto de ley pretende sustituir la competencia legislativa plena de las comunidades autónomas en materia de mutualismo por una simple competencia de desarrollo normativo, declarando básicos todos los preceptos de esta ley, sin tener en cuenta el régimen tributario propio de los territorios históricos forales y el concierto económico del País Vasco, así como el convenio económico de Navarra.
Como resumen, señorías, desde nuestro Grupo Parlamentario reconocemos mejoras del proyecto de ley, conseguidas en los trámites parlamentarios, que esperamos se ratifiquen, por lo que respecta a las enmiendas aprobadas en el Senado, en el Pleno de hoy; pero también hay que reconocer que quedan lagunas, puntos oscuros y un tratamiento negativo al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Este es desde nuestro punto de vista, el balance final que hacemos sobre este farragoso y complicadamente técnico proyecto de ley. Anunciamos que nuestro Grupo, en coherencia con nuestra postura en el Senado, dará su apoyo a todas las enmiendas que votó favorablemente en el Senado, que son, creo recordar, todas excepto las que tienen relación con nuestro nivel competencial.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en este trámite de fijación de posición de las enmiendas que proceden del Senado al proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados con satisfacción; con satisfacción porque éste ha sido un proyecto de ley muy complejo, ha tenido una tramitación parlamentaria complicada, viene ya de lejos, se interrumpió el debate parlamentario en la anterior legislatura, lo empezamos de nuevo al comenzar la legislatura actual, y transcurrido todo ese tiempo, pasados ya casi dos años, finalmente esta Cámara, en el último trámite, va a dar la aprobación al nuevo marco legal de regulación de los seguros privados, y no solamente de lo que hoy es la materia legal que va a definir el desarrollo de ese sector, sino también de toda una serie de cambios importantes que se incorporan en toda normativa jurídica que regula los fondos de pensiones y la que regula las mutualidades de previsión social.
Hace escasos meses se aprobaba en esta Cámara el Pacto de Toledo.
En él había un compromiso, señorías, de potenciar el sistema complementario de previsión social, el sistema que complementa las prestaciones que la Seguridad Social concede a los ciudadanos de España. Esta es una ley que da un paso importante en la dirección de potenciar aquellas entidades que desarrollan

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las funciones complementarias a la Seguridad Social. Se potencia y se adapta al sector a las normativas comunitarias en relación con los seguros, se hace lo mismo para lo que pueden ser los planes y fondos de pensiones y también se potencian las entidades de previsión social, tanto las mutualidades de seguros como las de previsión social.
La verdad, señorías, es que al final de este trámite nuestro Grupo se posiciona satisfactoriamente ante todas las modificaciones que el Senado ha incorporado. La Cámara Alta mejora todavía más esa compleja ley, incorpora aspectos técnicos y sustanciales que van a ser positivos en su aplicación para la función última que debe tener esa ley de ordenación en un marco más homogéneo con Europa y de potenciar el sistema complementario a la Seguridad Social. Por consiguiente, en términos generales, a nuestro Grupo le parecen satisfactorias las modificaciones que incorporan estas enmiendas que introduce el Senado.
Particularmente, me gustaría referirme a algunas de ellas.
Sin duda, en el Senado se resuelve un viejo contencioso, debatido larga e intensamente en el Congreso, en torno a si los capitales exigibles a las entidades son o no suficientes, si son excesivos, si son demasiado elevados y si deberían modificarse. El Senado incorpora, en un conjunto de enmiendas, una reconsideración de los capitales, no de los que por ley deberán suscribirse sino de los que deberán desembolsarse. La verdad es que, sin introducir cambios sustanciales en lo que son los capitales exigibles para las entidades de seguros, sí se da un paso sustantivo en cuanto a la exigencia de suscribir el 50 por ciento de esos capitales.
También se incorporan unas adaptaciones parciales, puntuales, para unas determinadas entidades de seguros, aquellas que no hacen prestaciones económicas pero sí las hacen de servicios sanitarios. Para esas entidades de seguros que llevan a cabo prestaciones de servicios sanitarios se exigen unos volúmenes impresionantes de capitales, que no se modifican, pero se les exime de que su desembolso pueda ser el 50 por ciento. Se garantiza la solvencia, se garantiza la cobertura financiera, pero no se les somete a la presión de, prácticamente tener que retirarse de sus actividades y tener que cerrar.
Creo, señorías, que también se da un paso importante en todo lo relativo al ámbito de las mutualidades de previsión social. Esta ha sido una cuestión profundamente discutida en el Congreso de los Diputados, tanto en la anterior legislatura como en la presente. La verdad es que toda la cuestión se resumía en dejar las cosas como están o en retroceder en el marco que hoy tienen.
Es decir, en la ley se incorporaba una serie de modificaciones que restringían el ámbito de actuación de las mutualidades de previsión social, especialmente porque se cuestiona el carácter obligatorio y el marco fiscal. Estos son los dos elementos fundamentales.
En relación con el marco fiscal, se les eliminaba la posibilidad de que todas las aportaciones que hicieran los ciudadanos a estas entidades pudieran ser deducibles, exactamente como lo son hoy.
En el Senado se ha vuelto a reconsiderar esta cuestión y se mantienen las cosas tal como están. Creo que es una buena decisión. No se potencian estas entidades mediante un nuevo marco fiscal, porque no es así, aunque luego algún portavoz que me va a suceder en el uso de la palabra me dirá y me justificará que sí, y como no podré replicarle, ya le anticipo que no se mejora el régimen fiscal de las mutualidades de previsión social; sólo se les mantiene el derecho que hoy tienen, para que no entren en un proceso de cierre y de eliminación. Por tanto, le anticipo que no debe tener prejuicios. Créame, se mantienen las cosas tal como están y creo que es una buena decisión, porque esas entidades sí cumplen un papel importante de complementariedad a lo que son hoy las funciones que desarrolla la Seguridad Social. Por consiguiente, creo que esos cambios que se mantienen son interesantes y positivos y resuelven algunos puntos que corresponden a olvidos, a vacíos legales que en el trámite parlamentario hemos resuelto, porque entre las entidades de previsión social, las mutualidades, no sólo existen las que hacen referencia a los colegios profesionales, que han sido intensamente debatidas, sino también aquellas mutualiades que son de empresa o aquellas otras que proceden de cooperativas, con lo cual creo, señorías, que esas enmiendas son positivas en sí mismas.
Por último, señor Presidente, se incorporan unos cambios sustantivos en todo lo referente al régimen fiscal de los planes y fondos de pensiones. Ahí, sin duda, tenemos una cuestión importante a dilucidar en el debate de esta mañana. Se han planteado en el Senado unas modificaciones que, a mi entender, potencian los planes de pensiones. Creo que ésta también es una buena vía para fomentar la complementariedad al sistema público de pensiones, sobre lo cual sí que va a haber discrepancias y temores. Creo que el paso que se da, elevando el límie financiero de las 750.000 a un millón de pesetas, no tocando el régimen fiscal, sino, simplemente, elevando el límite financiero, supone permitir que el ahorro mensual situado en los planes de pensiones pueda pasar de unas 68.000 o 69.000 pesetas al mes a unas 78.000.
Es decir, se eleva en 10.000 pesetas la capacidad de poder ahorar en un plan de pensiones. No creo que este incremento pueda preocupar a un Ministro de Economía o a un Gobierno con vistas a dar su aprobación a esa modificación.
La disposición adicional undécima tiene otro alcance. Incorpora un cambio fiscal importante en las aportaciones a los planes y fondos de pensiones, no en el origen sino en la recuperación de esos recursos cuando se dispone de ellos a partir de los 65 años.
Reconozco que el cambio que se afronta en este punto es sustantivo, y, estando mi Grupo de acuerdo en que ése sería un buen paso, quizá se debería tomar esa decisión en un marco de reflexión más homogéneo, más compacto, más sereno y no alterando parcialmente algunas

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modificaciones que influirían en el régimen fiscal y jurídico y que harían que se tuviera que proceder a otras adaptaciones.
Estamos de acuerdo en aceptar esas modificaciones y entendemos las razones. En cualquier caso, sería aconsejable desplazar en el tiempo esos cambios y permitir una revisión más completa de ese cambio fiscal para no alterar el sistema financiero español, porque ello provocaría posiblemente unas ventajas relativas a los planes de pensiones, que mi Grupo entiende que deberíamos darlas, pero quizás eso debería hacerse en un marco de revisión global para evitar la alteración de estrategias en el sistema financiero y desajustar y desequilibrar los procedimientos de ahorro en el mercado.
Por último, señorías, mi Grupo se opone totalmente a la disposición final segunda. La disposición final segunda define los aspectos competenciales de esta ley, lo que es competencia exclusiva del Estado y lo que es competencia de las comunidades autónomas. Ahí hemos mantenido una discusión intensa, constante de discrepancias con el Grupo Socialista y las mantengo y las reitero. No nos parece aceptable ni lo que está en la disposición final actualmente en el texto aprobado por el Congreso, ni lo que quiere hacer el Senado y la enmienda que nos propone. En absoluto estamos de acuerdo y me sumo a las expresiones del portavoz del Grupo Nacionalista Vasco.
No obstante estas obervaciones, que son parciales, ésta es una muy buena ley con la que todo el sector y el destinatario de la misma va a tener un marco fiscal, un marco legal, un marco jurídico mucho más europeo, para resumirlo en términos muy simples, que el que teníamos hasta la fecha. Con su aprobación esta mañana se da un paso importante de modernización de toda la legislación que regula este sector, que es relevante para el desarrollo económico en España. Posiblemente la Cámara esté de acuerdo en un 80 por ciento en lo sustancial y las discrepancias sean marginales, y las que yo he comentado son muy puntuales. Yo creo que deberíamos coincidir toda la Cámara y todos los grupos en poder dar luz verde a estas enmiendas que proceden del Senado.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como decían mis predecesores, ésta es una ley no sólo muy importante sino también muy compleja y sobre la que es muy difícil ahora, en el último trámite en este Pleno, especificar las distintas posiciones políticas en función de las innumerables enmiendas, muchas de ellas presentadas como inocentes enmiendas, pero muchas de ellas, señorías, cargadas de intencionalidad política, en una o en otra dirección. Mi intervención va a servir para señalar el porqué de nuestra oposición parcial a muchas de las enmiendas introducidas en el Senado, pero, sobre todo, para intentar explicar las razones políticas de esta oposición.
Se nos decía hace un momento, por parte del portavoz de Convergència, que esta ley venía a complementar perfectamente lo acordado por todos los grupos en el Pacto de Toledo. Señorías, esto no es así, esto no es así. Esta ley viene a modificar de forma importante un tema crucial, un tema de calado político profundo, tan profundo que hemos llegado a un acuerdo entre todos los grupos de la Cámara, es decir, preservar un sistema público y universal de Seguridad Social, esta ley viene a minarlo de forma importante, porque no convierte las mutualidades en entidades complementarias de la Seguridad Social, sino que pretende convertirlas, y lo consigue si se aprueban las enmiendas, en entidades sustitutorias. Esta es una de las trampas importantes en esta ley que vamos a aprobar si se aprueba en estas condiciones.
Por ejemplo, esta ley viene a dar carta de naturaleza, y se contradice la disposición adicional decimoquinta con el artículo 1.º de la propia ley, a la posibilidad de que los individuos con trabajo dependiente puedan elegir libremente entre la Seguridad Social o el mutualismo. Esta es una carga de profundidad enorme al sistema público de Seguridad Social. El artículo 1, en su apartado segundo, dice específicamente que esta ley no puede afectar ni al Régimen General ni a los regímenes específicos de la Seguridad Social, pero después, en la disposición adicional decimoquinta, se dice que quien quiera puede integrarse en un régimen específico o puede integrarse en una mutualidad. Después, en la adicional decimotercera, se dan beneficios fiscales exorbitantes, extraordinarios, a las mutualidades. Esto es, señores del Grupo Socialista, minar el sistema público de Seguridad Social, esto es decir que se cierra una ventana y abrir una puerta para que se cuelen los que quieren convertir las mutualidades en el sistema sustitutorio y dinamitador de la Seguridad Social, los que quieren, y lo dicen en sus programas políticos --Convergència i Unió--, convertir las mutualidades en sistema sustitutorio en el régimen de la previsión social y sobre todo en el régimen de la asistencia sanitaria. Esto está dicho y sostenido por el Conseller de Sanidad en Cataluña. Esta es la deriva de Convergència i Unió, del Partido Nacionalista Vasco, señorías.
Sepan lo que están ustedes votando, señores del Grupo Socialista, si votan las enmiendas tal como vienen del Senado. A ustedes les ha pasado, señores del Grupo Socialista lo que, en el recio y quizás un poco duro refrán castellano, se dice: «Quien con niños se acuesta, meado se levanta». (Rumores.) Ustedes hicieron un pacto en este Congreso con unos límites y este pacto, señorías...
(Continúan los rumores.) Cuando retiren los pañales, podré continuar. Este pacto, señorías, les ha sido revolcado, les ha sido ampliamente revolcado y

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sobrepasado en el Senado por la coalición conjunta de la verdadera derecha de este país, PNV, Convergència i Unió y Partido Popular, y se han quedado ustedes desarbolados en el Senado. Por lo tanto, no es baladí lo que vamos a intentar votar aquí después, de forma muy compleja y complicada, en las distintas enmiendas. Son cargas de profundidad al sistema público de Seguridad Social, son cargas de profundidad pretendiendo equiparar las mutualidades y los planes de pensiones, cuando el régimen, la solvencia y la capacidad de futuro son totalmente distintos.
Mutualidades, el gran paladín de las mutualidades. ¿Quieren que hablemos de mutualidades de determinados colegios profesionales y cómo están? ¿Quiere que hablemos, señor Ministro de Economía, de la Mutualidad del Banco de España? ¿Quiere que hablemos? Hablaremos en la Comisión de la Mutualidad del Banco de España.
¿Este es el futuro del mutualismo de previsión social, no ya complementaria sino sustitutoria, que ustedes nos proponen después del Pacto de Toledo? ¿Estos son los beneficios fiscales que ustedes están dispuestos a aceptar en la adicional decimotercera para las mutualidades? ¿Este es su sistema de Seguridad Social que ustedes dicen defender, público, universal y de reparto? ¿Es esto? No es esto, señorías. Si ustedes mantienen estas enmiendas, estan diciendo una cosa y haciendo otra.
Esto es lo que probablemente a nosotros nos llevará --y les ofrezco un pacto-- a votar favorablemente la elevación de los capitales financieros de aportación a los planes de pensiones y la modificación del artículo 28 de la Ley de Planes de Pensiones, porque nosotros continuamos queriendo que los mejor tratados sean los planes de pensiones, porque ésta sí es seguridad social complementaria, ésta no amenaza la Seguridad Social pública, ésta es de verdad complementaria y no sustitutoria. Las mutualidades son sustitutorias, quieren serlo en el programa político de un partido importante en una comunidad industrial e importante, la de Cataluña. Figura en el frontispicio de su voluntad política sustituir la Seguridad Social por las mutualidades, por la Alianza, por la Mutualidad del Hospital General de Cataluña. Esto está dicho, publicado y sostenido. No me lo invento yo, señorías.
Ustedes están abriendo la puerta a la dinamitación de la Seguridad Social pública. En cambio, potenciando los planes de pensiones estamos seguros de que mejoramos la seguridad social complementaria, cosa con la que nuestro Grupo, junto con los sindicatos, siempre ha estado de acuerdo, y no abrimos ninguna puerta falsa a la dinamitación del sistema público de Seguridad Social. Esta es la posición central que nos va a llevar a ejemplificarla en las distintas votaciones.
Por lo tanto, señor Ministro de Economía, señores portavoces del Grupo Socialista, nosotros les proponemos que podríamos cambiar nuestro voto en estas dos enmiendas que he señalado si ustedes cambian su voto en los beneficios fiscales a las mutualidades; beneficios fiscales, señor Ministro de Economía, que su Dirección General de Tributos denuncia como escandalosos. Yo no sé a qué carta quedarme, si a lo que dice la Dirección General de Tributos o a lo que votará ahora el Grupo Socialista o a lo que usted va a decidir como Ministro de Economía y Hacienda. Su Dirección General de Tributos pone el grito en el cielo en los beneficios fiscales que el señor Homs dice que no son nada, que quedan como antes. No opina así la Dirección General de Tributos, señor Ministro de Economía. Me gustará oír lo que dicen los compañeros del Grupo Socialista y cuál es la posición final.
Para que vean ustedes hasta qué punto esta ley va dinamitando el sistema público de Seguridad Social, les voy a dar otro ejemplo, otra perla. Hasta ahora los mutualistas debían ser siempre y también los tomadores del seguro. Según la enmienda al artículo 9, los asegurados ya no es necesario que sean mutualistas. Es decir, pervertimos la esencia de lo que es una mutua de seguros aceptando que pueda haber asegurados que no sean mutualistas.
Sobre la voluntariedad, artículo 64.3.e) que ha defendido con especial insistencia el representante del Grupo Vasco (PNV), nosotros no tenemos nada en contra, antes al contrario, de los socios trabajadores de cooperativas, nada. Pero nosotros tenemos un principio al que no queremos renunciar y es el que los sistemas complementarios de la Seguridad Social han de ser voluntarios. Cualquier atentado contra esta voluntariedad, señorías, es atentar contra el sistema público de Seguridad Social. Y ustedes lo quieren hacer para los colegiados, ustedes lo quieren hacer para los socios de cooperativas de trabajo.
Quisiéramos encontrar una solución. En las leyes no se puede hacer menciones «ad personam», por supuesto que no, y todos sabemos de qué cooperativa estamos hablando, solvente, importante y bien gestionada. Lo sé perfectamente. Pero en política a veces también hay que estar a los principios y para nosotros es un principio indeclinable el que el sistema complementario de Seguridad Social deba ser inexcusablemente de forma transparente, absolutamente voluntario. Y digo al ilustre representante del Grupo Vasco (PNV) y a quien representa que si tan buena es esta cooperativa de socios trabajadores, que estoy seguro que lo es, no tengan miedo, nadie se marchará. Tendrán ustedes un doble refuerzo, un doble premio. Por vía de la voluntariedad continuarán ustedes prestando un buen servicio, creciendo y haciendo un servicio a la sociedad, pero no nos hagan abdicar, y creo que el Grupo Socialista tampoco debería abdicar, de este principio fundamental: lo complementario es voluntario. Lo público es obligatorio. Señorías, fíjense bien en lo que van a hacer en estas votaciones.
Finalmente, y no es una enmienda que venga del Senado, porque así quedó sancionado en el Congreso, nuestro Grupo continúa defendiendo que hubiese sido bueno en esta ley obligar a la banca a hacer públicos

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sus compromisos internos de pensiones. No entendemos por qué el Grupo Socialista es renuente a esta proposición. No lo entendemos cuando grupos bancarios importantes, la banca pública, Argentaria, bancos medianos, muchas cajas de ahorros, lo han hecho y les ha ido bien. ¿Por qué se permite esta discriminación de estas empresas, sobre todo de los bancos, respecto de otras empresas en las que sí se obliga a hacer públicas las previsiones para planes y fondos de pensiones? No lo entendemos, señorías. No entendemos la razón política. Creo que no la hay. Serán presiones, será timidez; no lo sé, pero no entendemos su posición.


El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.


El señor ESPASA OLIVER: Voy a concluir, señor Presidente, repitiendo nuestra oferta. Nosotros, que estamos en condiciones de votar la elevación financiera de las aportaciones en planes de pensiones al millón de pesetas; nosotros, que si ustedes no cambian de criterio, también estaremos de acuerdo en diferenciar lo que son rendimientos del trabajo aportados a un plan de pensiones de lo que es el rendimiento mobiliario de aquella aportación, es decir, la modificación del artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, cambiaríamos nuestra posición, si ustedes cambian la suya, en el tema de mutualidades. Si ustedes cambian la suya, nosotros cambiamos la nuestra.
Señores del Grupo Socialista, ustedes hicieron unos pactos que después les han fallado, les han traicionado en el Senado. «Quien con niños se acuesta...»; no continúo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señorías, debatimos hoy el texto final que nos remite, con su mensaje motivado, la Cámara Alta, el Senado, sobre la ley de ordenación y supervisión de seguros privados. Y lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestra perplejidad ante el texto que nos llega del Senado y buscar la explicación de la razón por la que se produce este texto en muchos casos contradictorio y, en otros, de difícil aplicación cuando aparezca esa ley en el «Boletín Oficial del Estado».
Señorías, esta es una ley que el Gobierno aprobó en la legislatura anterior, que era para trasponer unas directivas comunitarias referidas a la actividad aseguradora y que, al no ser aprobada definitivamente en los dos trámites parlamentarios de Congreso y Senado, por la disolución de las Cámaras, ha vuelto a ser presentada de forma tardía por el Gobierno, que incluso tuvo aparcada la ley durante meses después de aprobada, según decía, porque había diferencias entre diversos ministros del mismo Gobierno del señor González.
Esto ha llevado a que, una vez en marcha el proceso legislativo, tanto en el Congreso como en el Senado, la ley se haya visto a uña de caballo. A ello añadimos que esta ley lleva materias que pueden ser conexas, pero que son heterogéneas, como toda la materia de seguros, mutualidades de previsión social y fondos de pensiones; a cada una, por propio mérito, tendría que habérsele destinado, yo creo un proyecto de ley, una ley. Pero no; en un «totum revolutum», como dijo el Senador Olivencia en el Senado, se trata de regular seguros, mutualidades de previsión social, fondos de pensiones, y la verdad es que yo siento pena de quienes tengan que aplicar esta ley en su vida diaria.
Señores, yo les condeno a que en el próximo fin de semana hagan el ejercicio, yo creo que de masoquismo, de leer e intentar entender esta ley. Van ustedes arreglados. Es una ley que, además, ha motivado --y yo llevo ya una vida parlamentaria extensa, desde 1977-- incluso una nota de la propia Secretaría del Senado, en la que trata de aclararnos que allí se han aprobado artículos con enmiendas distintas que son contradictorias y que, de ver hoy la luz y pasar al «Boletín Oficial del Estado», tendríamos que decir que no sabríamos qué se aplicaría, si la enmienda 6 o la otra. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Diputado, este Diputado habla a quien le parece, no tiene que pedirle permiso a usted para nada; si acaso, al Presidente. (Risas.) Señoras y señores Diputados, creemos que es muy difícil no decir algo al Gobierno: Señores del Gobierno, ustedes quieren cumplir un programa electoral con leyes que les manda un Gobierno agostado, como los Presupuestos del Estado, que se mandan para divertimento del Ministro del ramo y que no se van a aprobar. Yo le adelanto, señor Ministro, que en la ley de acompañamiento, si se aprueba, tendremos que poner enmiendas para tratar de adecuar esta ley y que se pueda entender algo en algunos de sus puntos, porque si no, sería difícil.
Quisiera decir al señor Espasa, no como réplica sino como demostración de que cada uno tiene su idea de lo que se aprobó en el pacto de Toledo, y nosotros lo aprobamos, señor Espasa, que el sistema público es el centro de todo lo que es la seguridad y la previsión de los españoles, pero que hay un sistema complementario. Usted dedica sus votos a lo que es su filosofía política y nosotros a la nuestra, evidentemente; luego, el pueblo dirá quién tiene más o menos aceptación.
Señorías, me parece que no merece la pena el esfuerzo que ustedes han hecho al haber desperdiciado la ocasión, yo creo histórica, de haber hecho de los fondos de pensiones un instrumento que sirviera para la canalización del ahorro hacia la financiación de las empresas, para poder crear puestos de trabajo. Yo creo que han sido temerosos al abordar lo que hoy es el sistema de financiación en los principales países del

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mundo occidental. Yo les prometo que, si el pueblo español da la confianza al Partido Popular, nosotros abordaremos en profundidad y sin miedo lo que hay que hacer con los fondos de pensiones y, también, llevar a su sitio lo que son las mutualidades de previsión social. Evidentemente, nuestras críticas no sirvieron; hoy, tampoco. Nosotros creemos que van a pagar las consecuencias los ciudadanos, que son los destinatarios finales de la norma. Yo les vuelvo a decir: relean este «totum revolutum» en el «Diario de Sesiones» y, sobre todo, en el «Boletín Oficial del Estado».
En la Comisión del Congreso vimos esta materia con competencia legislativa plena y hubimos de sufrir --señor España, ¿lo recuerda?-- un trámite extraño según el cual, por la vía de enmiendas transaccionales, no aceptadas ni sometidas a la aceptación de los demás grupos, se modificó toda la ley, en un proceso que duró desde las cinco de la tarde hasta las dos de la mañana. El resultado fue que no sabíamos ni lo que votábamos y, en tal supuesto, mi Grupo optó por abstenerse, porque no se podía hacer otra cosa. En el Senado se han presentado 468 enmiendas; mi Grupo, el Popular, ha presentado 174, se han aceptado 27, más las transaccionales, que son el fruto de un diálogo --es cierto que lo ha habido en el Senado-- y nosotros vamos a ser totalmente respetuosos con lo que los Senadores del Grupo Popular han hecho en aquella Cámara. No se puede venir aquí a decir que no tiene nada que ver lo que los Senadores del mismo Grupo Parlamentario hacen en el Senado con lo que se hace en el Congreso. Nosotros nos sentimos solidarios con lo que allí se ha hecho y también nos sentimos concernidos por la firma que pusimos en las enmiendas transaccionales, de tal forma que nuestro voto hoy no irá contra esas enmiendas transaccionales. Los grupos que así lo hagan demostrarán poca seriedad y que están por el chalaneo. Hoy quiero yo ver, cuando se habla de pinzas entre grupos diferentes, quiénes hacen al final la pinza verdadera en esta ley, porque me temo mucho que va a ser entre el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, y me remito a la intervención del señor España.
Señorías, repito que vamos a votar en contra de aquello que ya votamos en contra en el Senado y vamos a votar a favor de aquello que votamos a favor.
Señor Presidente, quiero dar unas explicaciones que estimo necesarias para que se entienda el sentido de algunos de nuestros votos, porque van a poner de manifiesto cuál es el texto que hemos recibido y cómo no se puede legislar montado en motocicleta, señorías, a toda velocidad, sin saber siquiera lo que se está aprobando, porque de lo que se trata es de que el señor González diga que ha aprobado su programa, y no se trata de eso. Se trata de que hagamos leyes que sean propias de un Parlamento serio, porque lo que estamos haciendo, señorías, yo no lo considero serio.
La falta de coherencia, de sosiego y de sistemática en la votación final en el Pleno del Senado a distintas enmiendas aprobadas han determinado que se produzcan incongruencias en el texto final resultante, que les voy a comentar brevemente.
En primer término, en el artículo 13 se han aprobado dos enmiendas que suponen la adición de dos nuevos puntos, ambos con el número 6, y que tratan de la misma materia, pero sin ser plenamente coincidentes; es un artículo con dos puntos 6, aprobados los dos en el Senado y que dicen cosas contradictorias.
Los dos nuevos puntos pretenden establecer una norma específica de reducción de capitales o fondos mutuales para entidades de asistencia sanitaria de ámbito geográfico y personal reducido. La diferencia básica entre los dos nuevos puntos es que el primero de ellos prevé como ámbito de aplicación tanto las compañías de asistencia sanitaria como las de deceso y aplica la reducción a aquellas que actúen en un ámbito territorial con menos de dos millones de habitantes o coincidente con una comunidad autónoma.
Por el contrario, el segundo no se refiere al ramo de decesos y contempla el supuesto de ámbito territorial no superior al de una comunidad autónoma. Vamos a pedir, por tanto, votación separada del segundo de los dos nuevos puntos y vamos a votar favorablemente al primero, porque coincide con la enmienda número 252, del Grupo Popular, que se presentó en su día en el Senado.
De todos modos, si no se aprobara ninguna de las dos versiones de este punto, merecería la pena, a lo mejor, apoyar la segunda. Lo que es contradictorio es que vengan dos textos que no son iguales.
En segundo término, en el artículo 64 se ha producido una situación similar, pues el Pleno del Senado ha introducido dos versiones distintas de la letra e), punto 3, de este artículo, referido a la voluntariedad o no de la incorporación de mutualistas a la mutualidad de previsión social. Las dos versiones, señorías, son válidas por igual, pero ambas tienen un defecto: la primera de ellas no contempla el supuesto de las cooperativas como excepción a la voluntariedad para la incorporación a una mutualidad de previsión social, mientras que la segunda no contempla como excepción la negociación colectiva, que sí es contemplada en la primera. La enmienda número 319, del Grupo Popular, contemplaba en el Senado ambas excepciones, además de la de los colegios profesionales, que sí es tenida en cuenta por las dos versiones en la letra e), punto 3, del artículo 64, que se aprobó por el Senado. En consecuencia, a este Grupo le interesa que se aprueben las dos, aunque sea absurdo, señorías, pero queremos que se aprueben las dos. Una solución satisfactoria, no sé si es posible, sería la de que se admita la refundición técnica de las dos versiones de este punto, de forma que la resultante contemple las tres excepciones a la voluntariedad que entre ambas versiones se admite: colegios profesionales, cooperativas y negociación colectiva.
En tercer término, una situación aún más complicada se produce respecto a la disposición adicional primera en relación con el artículo 13 y la disposición transitoria tercera, en lo que hace referencia al seguro

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de asistencia sanitaria. El Senado, señor Presidente, admitió la incorporación de un nuevo número 20 en la clasificación de los riesgos por ramos que se hace en el punto 1 de la disposición adicional primera, tal y como proponía expresamente la enmienda número 332, del Grupo Popular, en el Senado. Sin embargo, no fue admitida la enmienda número 331, de este mismo Grupo Parlamentario, que hacía congruente con la asistencia «ex novo» del ramo de asistencia sanitaria la descripción del ramo de enfermedad que se hace en el punto 2 de la misma disposición adicional primera, por lo que en esta misma disposición se contiene un número 2, en el cual la asistencia sanitaria aparece como formando parte del ramo de enfermedad, y otro número, el nuevo 20, que configura la asistencia sanitaria como ramo independiente. Dado que este Grupo propuso la independencia del ramo de asistencia sanitaria, naturalmente no vamos a votar contra el nuevo número 20, pero tenemos que decir que resulta incoherente.
En cuarto término, la incoherencia resultante de lo comentado en el apartado anterior, en el número 3, se complica porque, aunque en esta disposición adicional sea incorporado como independiente el ramo de asistencia sanitaria, no se ha hecho lo mismo en el artículo 13 de la ley que prevé los capitales mínimos para cada uno de los ramos, por lo que el nuevo ramo de asistencia sanitaria quedaría englobado en la referencia a otros ramos que se hace en el artículo 13.1.c), que exige 500 millones de capital como mínimo, cuando la voluntad unánime de los grupos del Senado fue que se defendiera la existencia independiente del grupo de asistencia sanitaria y que quedase incorporado al apartado b) del citado artículo 13.1, que sólo exige 350 millones de pesetas de capital.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.


El señor RAMALLO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
Este error no se habría cometido de haberse aceptado la enmienda 249 del Grupo Popular, que sí hacía referencia expresa a la asistencia sanitaria. Este error no es subsanable en este trámite y lo único que queda --así lo hará este Grupo-- es presentar en su momento una proposición de ley para tratar de adecuar esto a lo que se quería.
En quinto término, se produce otra incongruencia respecto a la disposición transitoria tercera, que prevé el régimen transitorio de adaptación a los nuevos capitales mínimos. La versión del Senado se ha redactado sin tener en cuenta que el artículo 13 había sido modificado por una enmienda del Grupo Popular, conforme a la cual ya no se exige el desembolso íntegro de los nuevos capitales, sino únicamente el 50 por ciento. Por el contrario, la disposición transitoria tercera está redactada como si el artículo 13 exigiese el desembolso íntegro del 100 por cien, ya que no fue tenida en cuenta una enmienda transaccional del Grupo Popular al considerar los otros grupos que era demasiado complicada y extensa para estudiarla sobre la marcha, cuando la verdad es que si era extensa, es porque la materia es difícil y extensa. En esta situación, no tiene remedio y lo que procede es anunciar que el régimen transitorio de acomodación deberá adaptarse al objetivo final, que es el que figura en el artículo 13, mediante una iniciativa legislativa a presentar inmediatamente --iniciativa legislativa que ya he anunciado--, pues ni vale el texto aprobado por el Congreso ni el del Senado.
A ver quién arregla esto.
Lo mismo pasa con un error cometido en el 1.b) de esta misma disposición adicional tercera, que prevé el desembolso íntegro del capital mínimo, conforme al artículo 13. Ese capital sólo debe desembolsarse al 50 por ciento. La verdad es que ese apartado quería referirse al capital mínimo exigido por la legislación anterior como primera fase de la adaptación transitoria a lo que se dispone en la presente ley, pero una enmienda aceptada en el Senado ha suprimido este matiz, dejando un texto absurdo. En consecuencia, procede pedir votación separada de la disposición transitoria tercera y abstenernos, ya que no se puede votar sí porque, repito, el texto es absurdo e incongruente con el articulado de la ley, pero tampoco se puede votar que no, porque sí debe existir un régimen transitorio de adaptación a la nueva cifra de capitales y fondos mutuales mínimos que exige el artículo 13 de este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, no he mirado el reloj en las demás intervenciones, pero le pido, y estoy seguro de que me lo va a conceder, la misma generosidad. Estoy terminando.
Un nuevo error ha sido el cometido en el Senado al incorporar a la disposición adicional dos apartados nuevos con el número 17, en virtud de los cuales se da nueva redacción, en ambos a la vez, al artículo 28 de la Ley reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Vamos a ver cuál de los números 17, que son contradictorios, queda vivo después de la votación.
(Rumores.) Hay más incongruencias en lo que se refiere a planes y fondos de pensiones, ya que, por un lado, el límite se establece en un millón de pesetas y, por otro, sólo se pueden desgravar 750.000 pesetas. De cualquier forma, señor Presidente, hago alivio en cuanto a tiempo, según la exigencia de S. S., que no en cuanto a respeto por parte de los señores Diputados, ya que, señor Presidente, para expresarse hay que hace acopio de voz. Es muy difícil expresarse, señor Presidente, más cuando no se tiene la garganta bien; yo requeriría al señor Presidente para ver si se callan los señores Diputados. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo, concluya.


El señor RAMALLO GARCIA: Concluyo, señor Presidente, pero he echado de menos la protección del señor Presidente para que se me oiga, y la sigo echando. (Continúan los rumores.--Varios señores Diputados: ¡La hora! ¡La hora!) Señor Presidente, cuando lo que se dice aquí le gusta al Grupo mayoritario, no pide la hora, cuando está oyendo lo que no le gusta, siempre pide la hora. (Varios señores Diputados: ¡La hora! ¡La hora!-- Rumores.) Ve cómo tengo razón.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ramallo.
Señorías, guarden silencio. Señor Ramallo, le ruego concluya.


El señor RAMALLO GARCIA: Sí, señor Presidente, si me dejan.
Concluyo.
Señor Presidente, este instante del trámite del proyecto es una confirmación de lo que vengo diciendo, no se puede legislar así en nombre del pueblo y para el pueblo para darle leyes que no se pueden cumplir porque están intrínsecamente mal hechas y son malas.
Señor Presidente, éste es el producto de un Gobierno que lo que tiene que hacer es irse, porque esto es impresentable. (Fuertes protestas y rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo, yo comparto con los portavoces, excepto con usted, los calificativos que se han hecho del contenido de este proyecto de ley. Es verdad, lo ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, el portavoz de Convergència i Unió, el señor Espasa, que ésta es una ley farragosa, es una ley que creo que alguno calificó de endiabladamente compleja, es una ley muy técnica. No voy a modificar ninguno de esos calificativos. Estoy de acuerdo con todos ellos. Pero, señor Ramallo, tengo que rechazar tajantemente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que el resultado de esta discusión parlamentaria sea una ley que va a ser ininteligible en el «Boletín Oficial del Estado», tengo que rechazarlo tajantemente; y le voy a recordar, señor Ramallo, que si hay algún Grupo Parlamentario responsable de algún párrafo en la ley que resulte incongruente es su Grupo Parlamentario.
(Varios señores Diputados: Muy bien.--Rumores.) Señor Ramallo, usted ha recordado desde la tribuna que hay dos enmiendas del Partido Nacionalista Vasco aprobadas que son contradictorias entre sí, la 113 y la 114, que se refieren al artículo 64.3.e), en materia de mutualidades. El Grupo Socialista votó en contra de las dos enmiendas. ¿Me quiere decir con qué votos se aprobó en el Senado la enmienda 113 y la enmienda 114? Con los de su Grupo Parlamentario. (Rumores.) Con los de sus Senadores. (Rumores.) Señor Ramallo, ha citado usted también el famoso artículo 13, que se refiere a capitales mínimos. Ahí hay tres enmiendas aprobadas que tienen alguna incongruencia entre sí. Se las digo yo, no hace falta que las busque: la 168, de Convergència i Unió; la 399, del Grupo Socialista, y la 252, de su Grupo. ¿Me quiere decir quién sacó adelante la enmienda de Convergència i Unió si nosotros votamos en contra de ella? (Rumores.) Señor Ramallo, todo eso es lo que tratamos de corregir con nuestra votación aquí en el Congreso.
Además, ha dicho usted cosas muy importantes, desde el punto de vista político, referidas a planes de pensiones, que no quisiera pasar por alto en modo alguno. Dice usted que, cuando tengan la oportunidad, van a cambiar la ley de planes para, valientemente, proporcionar a los españoles --se supone que no a muchos españoles, señor Ramallo--... ¿Usted sabe qué porcentaje de los partícipes que aportan a planes llegan a dotar anualmente su plan de pensiones con 750.000 pesetas, que es el límite? Exactamente el 5 por ciento de los partícipes que en este momento aportan ahorro personal a los planes de pensiones. Y dice que ustedes van a hacer una legislación valiente. Ya le aviso, señor Ramallo. Si ustedes van a llegar a donde han llegado los ingleses, léase lo que los ingleses han concluido después de fiascos muy considerables en sus sistemas de planes de pensiones. Hay un informe muy profundo y muy curioso para usted y para su Grupo, en relación con el sistema de planes de pensiones británico, en el que ensalzan y ponen en valor la legislación española curiosamente, señor Ramallo, la que ustedes quieren modificar para acercarse a sistemas de previsión complementaria mucho más liberales, por qué no, y mucho menos controlados también que el nuestro.
Señorías, me interesa también contestar a algunas apreciaciones del portavoz de Izquierda Unida. No tenemos, señor Espasa, ningún problema de humedades en el Grupo Parlamentario Socialista, ninguno. No hay absolutamente ningún problema. El proyecto de ley salió de esta Cámara camino del Senado con un acuerdo entre el Grupo Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Socialista y en el Senado ha sufrido algunas modificaciones que eran consecuencia de desacuerdos también que se habían manifestado aquí, en el Congreso de los Diputados.
Pero una cosa por otra, señor Espasa, ya que usted nos acusa a nosotros de haber sido poco previsores en relación con cambios de posición de otros grupos. ¿Quiere que lea --aquí no lo tengo, pero sí en el escaño-- cuál fue el sentido del voto de sus Senadores en relación con las enmiendas del Grupo Popular, de Convergència

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i Unió, del Grupo Socialista y las suyas propias? No lo voy a hacer, señor Espasa, porque se sonrojaría al ver que Senadores de su Grupo Parlamentario apoyaron las enmiendas que apoyaron en el Senado, con el sentido de esas enmiendas, con el calado político de esas enmiendas.
Cuando uno se expresa desde esta tribuna y acusa a otros grupos parlamentarios de algunas cuestiones, tiene que saber si tiene su espalda cubierta o no, y en este caso, señor Espasa, su espalda no esta cubierta; usted tiene un techo de cristal que tirando una piedrecita bien pequeñita quiebra en mil pedazos. Sus Senadores no siguieron en esta ley ningún criterio que tenga que ver con la izquierda, ni con el progresismo, ni con nada parecido, señor Espasa; votaron lo que en aquel momento les pedía el cuerpo, dicho en lenguaje castizo, si ustedes me perdonan.
Señorías, nosotros vamos a mantener en lo básico las posiciones que hemos mantenido en el Congreso y en el Senado y produciremos algunos cambios, incluso, en relación con cuestiones que apoyamos en el Senado, porque una reflexión posterior nos ha conducido al convencimiento de que hay algunas cuestiones en las que no teníamos toda la razón y eso creo que es un proceso y una posición muy legítima. Pero me quiero referir a algunas de ellas en particular.
En lo que se refiere a mutualidades, señor Espasa, rechazo tajantemente las acusaciones que usted hace a los socialistas y al Grupo Socialista. Lea conmigo el artículo 64, que empieza diciendo: Las mutualidades de previsión social son entidades voluntarias aseguradoras que ejercen una modalidad complementaria del sistema público de seguridad social obligatorio. Luego ya en el artículo 64 queda bien claro que las mutualidades de previsión social son voluntarias; primera cuestión que a usted le preocupa.
Para nosotros son voluntarias.
Segunda cuestión. Las mutualidades de previsión social son sistema complementario de la Seguridad Social pública y vamos a votar favorablemente la enmienda 113, del Grupo Parlamentario Vasco, para que sean obligatorias aquellas mutualidades que proceden de la voluntad colectiva de socios cooperativistas. No así en el caso de mutualistas de colegios profesionales, donde somos partidarios de que siga siendo una opción voluntaria para los colegiados estar afiliados o no a una mutualidad. Pero en el caso de cooperativas, en las que democráticamente se pueda decidir si esa mutualidad de la cooperativa es o no obligatoria, esa previsión y esa posibilidad, señor Espasa, la vamos a apoyar.
¿Pone eso en quiebra el sistema público de seguridad social? ¡Por favor, señor Espasa! Usted lo dijo desde esta tribuna: es una experiencia interesante que ojalá se repitiera por otros lugares de la geografía española.
Exagera usted cuando dice que esa enmienda puede llevar a dinamitar, a debilitar el sistema público de Seguridad Social, porque no hay nada de eso. Además, no hay detrás de nosotros ninguna evolución ni trayectoria histórica que permita defenderlo, porque las mutualidades no han aumentado, sino que han ido reduciéndose. Una de las más importantes, la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Local, ha acabado integrándose en el sistema público de la Seguridad Social.
Por tanto, señor Espasa, lo único que hacemos es dar un tratamiento, en la medida en que es posible, equiparable a las tres figuras de previsión social complementaria, que son los planes de pensiones, las mutualidades y los seguros.
No quiero concluir mi intervención, señorías, sin referirme a una cuestión a la que también ha aludido el portavoz del Grupo Catalán (Convergéncia i Unió): la enmienda 360, del Grupo Parlamentario Popular, a la disposición adicional undécima, que modifica el artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Comparto los argumentos que el señor Homs ha dado desde esta tribuna para rechazar esa modificación en el artículo 28, por dos motivos. Uno, porque esa enmienda da a las prestaciones de los planes de pensiones un tratamiento fiscal más beneficioso que a las prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. Eso para nosotros no es coherente.
Pero, segunda parte, coincidiendo con lo que decía el señor Homs: si aprobamos esa enmienda, señor Ramallo, cometeríamos también un delito de ininteligibilidad a que usted se refería. ¿Por qué digo esto? Porque por una enmienda nuestra, concordada con otros grupos, es decir, una enmienda transaccional, modificamos la fiscalidad de las aportaciones a planes y mutualidades derogando lo que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 contenía en esa materia y llevando la regulación al artículo 71 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ustedes tratan, no en aportaciones, sino en prestaciones, de modificar no el artículo 25 de la Ley de IRPF del año 1991, que sería el lugar preciso, sino el artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. De manera que, si aprobamos su enmienda 360, haríamos más ininteligible todavía el proyecto, porque las aportaciones a mutualidades y planes de pensiones quedarían reguladas fiscalmente en la Ley del IRPF y las prestaciones de mutualidades y de planes de pensiones quedarían reguladas en el artículo 28 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
¿No ve usted, señor Ramallo, que cuando se hacen esas denuncias tan estridentes y tan ruidosas desde esta tribuna hay que tener conocimiento y conciencia de lo que se está diciendo? Insisto una vez más en ello para señalar que, si es que esta ley es ininteligible y oscura, su Grupo Parlamentario es el que más ha contribuido a ello.
Pero, señorías, no quiero concluir sin dejar sentado que esta ley pone las condiciones para solventar un problema muy importante: el del reforzamiento de las

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garantías que los trabajadores españoles necesitan para que los compromisos que con ellos adquieren sus empresas en cuanto a previsión social complementaria se hagan realidad. No necesito recordar que hay miles de trabajadores españoles que han visto que, conducidas a la bancarrota sus empresas, esos compromisos, que estaban materialiados en fondos internos, acabaron por ser compromisos frustrados, inexistentes. Lo que hace esta ley es obligar a externalizar esos compromisos y, en definitiva, a dar mayores garantías a esos compromisos que las empresas adquieren con sus trabajadores.
Por último, señorías, y mal que le pese al señor Ramallo, no me quiero ir de esta tribuna sin recordar que este proyecto de ley forma parte de los compromisos del Gobierno socialista en lo que se refiere a reformas estructurales presentes en el programa de convergencia.
Por ello, señorías, yo creo que hoy estamos de enhorabuena, porque modificamos una cuestión muy importante para el sector financiero español. Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El señor Ramallo García pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para replicarle al señor Espasa, ya que he sido aludido en innumerables ocasiones en su intervención. Quiero decirle que sus argumentos en relación con las posiciones de nuestro Grupo son absolutamente falsos. Confunde usted a esta Cámara y a la opinión pública que está siguiendo este debate. No sustituimos el sistema público de pensiones por ningún otro; no hacemos lo que usted dice. Léase usted, por favor, con detenimiento los papeles. Entienda la materia antes de juzgarla desde la tribuna de la forma que lo está haciendo.
Le recuerdo que sólo el principio de la opcionalidad, a la que usted hacía mención, se aplica al régimen de autónomos y para las prestaciones de incapacidad laboral transitoria para cuya financiación tiene unos gravísimos problemas la Seguridad Social, que se la quita de encima porque no puede resolver esos problemas y los pasa a la sociedad para que sea ésta quien los cubra. Y la disposición duodécima dice concretamente, señor Espasa, que podrán optar por entidades gestoras que sean mutuas de accidentes de trabajo. Confunde usted mutuas de accidentes de trabajo con mutuas de previsión social cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se habla en esa disposición del subsidio por incapacidad temporal. Señor Espasa, por favor, léase usted bien las leyes antes de emitir esos juicios de valor tan contundentes que ha hecho usted desde la tribuna.
Estamos por mantener el sistema público de pensiones en España, tal como está definido en nuestro ordenamiento jurídico, y no lo alteramos. Estamos por potenciar un sistema complementario. Y el sistema complementario, señor Espasa, no es solamente una modalidad --fondos de pensiones-- sino, además, mutualidades de previsión social y entidades de seguros. Esas tres modalidades son las que nuestra Constitución y el ordenamiento jurídico consagran como complementarias del sistema público de pensiones.
Y esa ley lo único que hace es afianzar el sistema público de pensiones y complementar adecuadamente los sistemas complementarios.
No es verdad, en absoluto, señor Espasa --y termino, señor Presidente--, lo que usted ha dicho en relación a que nos queremos cargar el sistema público de pensiones. Quiero decirlo con contundencia por que los medios de comunicación no se llamen a engaño con sus palabras, que son confusas. En cuanto a las mutualidades de previsión social de colegios profesionales, le quiero decir que se mantienen las cosas como están porque hoy tienen el derecho de deducción de las aportaciones que la ley anteriormente eliminaba. Y se les mantiene como está porque están desrrollando una función complementaria del sistema público de pensiones. Señor Espasa, le ruego reiteradamente que antes de emitir esas opiniones, las analice y las estudie con mayor detalle.
Nuestro Grupo sí tiene dudas sobre si aprobar precipitadamente esa enmienda que cambia todo el marco fiscal de los planes de pensiones, como ha sucedido con una enmienda puntual que se ha aprobado en el Senado. Estamos por revisar el sistema fiscal de los planes de pensiones. Queremos hacerlo con serenidad y sosiego en todas las disposiciones jurídicas para que no genere distorsiones en el sistema económico y financiero, y lo vamos a intentar hacer.


El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego concluya.


El señor HOMS I FERRET: Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decirle al señor Espasa, dado que nuestro Grupo ha sido el que ha defendido el asunto con más ardor, quizás por unos intereses también determinados --porque las mutualidades de previsión social, como usted conoce, son fundamentalmente las que están implantadas en el País Vasco-- que me ha sorprendido porque no ha salido a defender sus

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enmiendas de la ley del seguro. Usted ha salido a atacar al mutualismo laboral; su preocupación es única y exclusivamente ésa. Yo creo que su problema es como el de tantos: hablar de oídas. Y como no quiero que usted hable de oídas, le voy a invitar a que venga al País Vasco, a Mondragón, a que conozca el munto cooperativo, a que hable con uno de esos 20.000 socios trabajadores --porque incluso alguno le votará a usted o a su Grupo-- y le diga cómo funciona el sistema, a ver si se encuentran discriminados y si después usted cree que el sistema de mutualismo laboral dinamita el sistema público de la Seguridad Social. Desde luego, al sistema público de la Seguridad Social no hace falta dinamitarle mucho; esa es la verdad, bastante mal está. Lo que tenemos que hacer entre todos es buscar, primero, unas opciones alternativas y, segundo, apuntalar el sistema público de la Seguridad Social. Para apuntalar el sistema público de la Seguridad Social habrá que buscar esas alternativas a los sistemas públicos.
Señor Espasa, usted no sabe cómo se toman las decisiones en el mundo cooperativo: en asamblea general; el mayor sistema democrático que existe. ¿Cómo puede S. S. ignorar estas cosas? El problema está en que usted no conoce el mundo y la realidad del sistema cooperativo. Para ello, le reitero que queda usted invitado a conocerlo y estoy seguro de que, a partir de entonces, va a ser S. S. uno de sus mayores defensores.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Tiene la palabra el señor Ramallo. (Rumores.)

El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El señor Martínez Noval... ¡No se enfade tanto, hombre, estamos en el debate de una ley! (Fuertes rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, un momento.
Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo, utilice el turno para la réplica al señor Martínez Noval, que la Presidencia se cuidará de ampararle en este derecho. No intente establecer el silencio por su cuenta.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, estoy iniciando mi turno dirigido al portavoz socialista sobre su propia intervención. Le he visto crispado y le estoy aludiendo.
Sintonizo con el señor Presidente del Gobierno y le digo: Sosiego, señor Diputado. (Rumores.) Dígame, señor Presidente, para qué es el turno de réplica.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Ramallo consuma el turno de réplica que le he concedido para contestar al señor Martínez Noval.
El señor RAMALLO GARCIA: Si S. S. me lo permite, lo voy a hacer.
Señor Presidente, el señor Martínez Noval ha cargado las culpas sobre mi Grupo. El texto viene acompañado de una nota de la Secretaría General del Senado, que ha llegado «a posteriori» advirtiendo de las incongruencias de una ley. El culpa a mi Grupo de enmiendas que se han aprobado, de otras que no se han aprobado y dice que, en consecuencia, somos responsables. No, señor Presidente. El responsable es quien ha llevado esta ley a uña de caballo, quien hizo que en la Comisión correspondiente del Congreso las enmiendas transaccionales se nos entregaran a las doce y media de la noche, cuando todavía se estaba tramitando la ley. Señor Martínez Noval, haciendo un ejercicio de responsabilidad, tuvimos que abstenernos porque no sabíamos lo que ustedes habían negociado con el Grupo del señor Pujol en esta Cámara. Eso es así. Y eso ha venido por lo que ha venido. Ustedes han negociado aquí con el Grupo del señor Pujol y ahora parece que han negociado con el Grupo del señor Anguita. Me parece muy bien, pero de lo que ha ocurrido no nos eche la culpa.
En la enmienda número 20, por la que se aprueban los ramos para establecer como ramo separado el de asistencia sanitaria, mi Grupo presentó --porque este tema quedaba cojo si sólo se aprobaba la enmienda-- una enmienda transaccional adecuándolo. La contestación de los grupos fue que eso estaba bien pero que era muy tarde para estudiarlo. Y es que había que concluir la ley para cumplir el calendario que el señor González quiere antes de irse. Ahí está el fondo de la cuestión.
Esta ley, señor Martínez Noval, es muy importante. Yo no tengo tanta autoridad como usted para hablar de planes y fondos de pensiones, porque yo no he sido Ministro de Trabajo; S.S., sí.
(Rumores y protestas.) ¿O no lo ha sido? Yo comprendo que usted lo recuerde con añoranza o sin añoranza, pero S. S. ha sido ministro de algo, lo que ocurre es que a lo mejor o a lo peor, pasó inadvertido. Usted tuvo ocasión de haber actuado para que los fondos y planes de pensiones hubieran servido para algo que nos preocupa a los españoles: para complementar el sistema público de pensiones y para canalizar el ahorro hacia la financiación de las grandes sociedades y de las pequeñas, para que el ahorro se movilice, porque si no hay ahorro no hay inversión y si no hay inversión no hay puestos de trabajo, señor ex Ministro. Usted ha podido hacer esto, pero no lo ha hecho.
No me hable usted de ingleses; estamos en España y vamos a hablar de España. Y hablando de España, le anuncio que mi Grupo se tomará en serio este asunto y lo hará de verdad. Ustedes están desde el año 1982 y no han sabido hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Señor Ramallo, le ruego concluya.


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El señor RAMALLO GARCIA: Concluyo.
Señor Martínez Noval, yo le recomiendo, si tiene ganas, que se vuelva a releer el texto de la ley un fin de semana, y cómprese una aspirina porque le va a hacer falta.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Homs, lo más fácil para replicar a una intervención es, o bien descalificarla, o bien tergiversarla. Usted ha hecho ambas cosas, y eso es algo que no corresponde a un parlamentario de su categoría. No le corresponden, señor Homs. Usted pretende confundir a la Cámara diciendo que el señor Espasa no se lee los papeles y no sabe de lo que habla.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, no lo digo yo ni lo dice Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo dice la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda. Si se aprueba la enmienda 451 del Senado se admitirá la reducción en la base imponible, en términos demasiado amplios, de las aportaciones efectuadas a las mutualidades, tanto con carácter sustitutorio como complementario de la Seguridad Social.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, ustedes han «desfiscalizado» de forma importante las aportaciones a las mutualidades.
Señor Homs, señores del Grupo Socialista, señores del Grupo Popular, con la introducción de la posible voluntariedad en la adscripción a las mutualidades ustedes hacen una jugada maestra: las pueden convertir en obligatorias y las desgravan fiscalmente.
Esto es lo que a nosotros nos parece que atenta contra el sentido público y universal del segmento profesional de la Seguridad Social. Nosotros no estamos contra las mutualidades, lo que no queremos es que las mutualidades tengan o puedan tener carácter, tendencia o posibilidad sustitutoria de la Seguridad Social.
Complementaria, la que sea; sustitutoria, ninguna.
Señor Homs, su partido y el Gobierno al que usted da su apoyo en una comunidad autónoma tiene como objetivo político, explicitado públicamente, que las mutualidades de asistencia santiaria puedan recibir las cotizaciones de la Seguridad Social para prestar el servicio, es decir, pasar la moviola al revés, del siglo XX al siglo XIX. La evolución de la Seguridad Social, señor Homs, ha sido la agrupación de las iniciales y primitivas mutualidades en sistemas públicos y universales de Seguridad Social, sin embargo, usted y su Grupo, con la anuencia del Grupo Socialista, quieren pasar la moviola a revés, del siglo XX al siglo XIX, no del XIX al XX. Esto está explicitado en su programa y en los discursos de su conseller de Sanidad. Por tanto, no estoy hablando a humo de pajas.
Termino, señor Presidente, dirigiéndome al representante del Partido Nacionalista Vasco, que también ha intentado tergiversar mis palabras. Sin mencionar a la repetida cooperativa, he mostrado en la tribuna mi respeto y mi admiración por el trabajo hecho. He dicho que si no podíamos aceptar la enmienda era por una cuestión de principios, no por el tema que estábamos abordando. Nuestra cuestión de principios es que queremos preservar absolutamente el carácter voluntario en todo sistema de previsión social complementario que no sea el de la Seguridad Social pública.


El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, le ruego concluya.


El señor ESPASA OLIVER: Termino.
Esta enmienda rompe ese principio. No tergiverse mis palabras y no me enfrente con quien no me he enfrentado. Les he atendido, les he oído y ellos conocen mis razones. Por favor, no tergiverse usted mis palabras.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Martínez Noval.


El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo, no tengo ningún problema de desasosiego, estoy perfectamente tranquilo.
La cuestión --supongo que estará de acuerdo conmigo-- es que, desgraciadamente, el ambiente no está para discutir la Ley del Seguro Privado, y para que a uno se le escuche hay que elevar en alguna medida voz.
Usted no me ha aclarado --dudo de que lo pueda hacer-- qué pasó con esas enmiendas que yo le decía que su Grupo había votado en incoherencia con otras que también apoyó su Grupo Parlamentario; qué pasó con las enmiendas números 113 y 114 del Grupo Parlamentario Vasco. Ustedes apoyaron las dos y las dos son contradictorias. Y eso usted no me lo puede negar.
Por cierto, señor Presidente, aprovecho la ocasión para decir que desde la tribuna me equivoqué. De manera que la enmienda que nosotros vamos a apoyar, la modificación producida en el Senado que vamos a apoyar es la contenida en la enmienda 114 y no en la 113. Insisto en ello a efectos de claridad del acta. Nosotros seguimos siendo partidarios de que las mutualidades de previsión social sean voluntarias para los afiliados a los colegios profesionales, y, sin embargo, si los órganos democráticos de las mutualidades de cooperativas deciden que sean obligatorias para sus socios, lo sean en esa medida. Enmienda número 114, corrijo la numeración que yo expresé desde la tribuna.
Señor Ramallo, yo he sido lo que usted ha dicho, pero usted parece desconocer que el Ministro de Trabajo no tiene ni una sola competencia en materia de planes y fondos de pensiones, que es una cuestión del Ministerio de Economía y Hacienda, sector financiero, Dirección General de Seguros, Subdirección General de Planes

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y Fondos de Pensiones (Rumores.) Al responsable del Departamento de Trabajo y Seguridad Social lo que le compete es la defensa y desarrollo del sistema público de Seguridad Social obligatorio.
El sistema complementario, señoría --piense usted por qué razón, porque esa razón en su momento tenía calado político--, no se localizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sino en el Ministerio de Economía y Hacienda.
No tenemos un acuerdo con nadie distinto del que tuvimos aquí, en el Congreso, señoría, de manera que está usted completamente equivocado. Esta ley ha tenido en el Congreso y en el Senado el apoyo de dos grupos parlamentarios, que en toda ocasión han sido los mismos. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTINEZ NOVAL: Por último, señor Espasa, ha aducido usted un informe de la Dirección General de Tributos para rechazar una enmienda transaccional que nosotros apoyamos al artículo 71, que modifica la fiscalidad de las aportaciones a mutualidades y planes de pensiones. Siga leyendo el informe, porque, después, el informe también recomienda rechazar la enmienda 360 del Partido Popular en lo que se refiere a la fiscalidad de las prestaciones. No se quede usted sólo en la primera parte, hágame caso, siga leyendo la segunda y rechace esa enmienda 360 del Partido Popular. Se lo recomiendo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones relativas a las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
La primera votación se refiere a las enmiendas de contenido idéntico introducidas por el Senado mediante las cuales se ha sustituido la expresión «seguro de enfermedad cuando otorgue prestaciones de asistencia sanitaria» por la nueva expresión, en la terminología del texto del Senado, «seguro de asistencia sanitaria».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 41; en contra, 296.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 1.2; 5.1.b); 9.2.b); 64.2 y 69.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 318; en contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 13.1, «in fine».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 178; en contra, 159.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 161; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 318; en contra, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.6, primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 176; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 13.6, segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; favor, 26; en contra, 312.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a los artículos 44.2 y 64.3.h).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 181; en contra, 155; abstenciones, una.


El señor Presidente: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 64.3.e), primer párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al artículo 64.3.b), segundo párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a los artículos 18.1 y disposición adicional séptima, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos. 338; a favor, 162; en contra, 176.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición final primera, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 137; en contra, 183; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional primera, apartado 20.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 160; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional decimosexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional undécima, apartados 4, 10 y 16, disposición transitoria decimoquinta, apartado 4 y disposición transitoria decimoquinta, apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 184; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la disposición transitoria tercera.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 161; en contra, 177.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas a la disposición adicional undécima, apartado 13, y disposición adicional decimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 18; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 13.1, c) y a la disposición adicional undécima, apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 333; en contra, tres; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Enmienda a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 306; en contra, 26; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al primer bloque de la disposición adicional undécima, apartado 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 201; en contra, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición adicional undécima, apartado 17, segundo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 153; en contra, 185.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 319; en contra, 19.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas. Parece ser que he omitido proclamar el resultado de la votación relativa a las enmiendas a los artículos 13.1.c) y disposición adicional undécima, apartado 3. El resultado de la votación, que han podido ver SS. SS. y que ha quedado registrado, es: votos emitidos, 338; votos a favor, 333; en contra, tres y abstenciones, dos. Con lo cual, han quedado aprobadas las enmiendas a las que se refería la votación.


DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE EL ACUERDO INTERINO ENTRE EL GOBIERNO DE ISRAEL Y LA OLP.


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, propongo a la Cámara la adopción de una declaración a propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de los portavoces de los grupos.
El Pleno del Congreso de los Diputados manifiesta su satisfacción por el Acuerdo interino de Taba, firmado en Washington por Israel y la OLP, que supone un paso de gran trascendencia en el proceso de paz en Oriente Medio, iniciado en la Conferencia de Madrid en octubre de 1991.
Reitera su convicción sobre el carácter irreversible del proceso de paz.
Con los acuerdos de Taba se han alcanzado compromisos sobre cuestiones tan complejas como la situación territorial de Cisjordania, el repliegue del ejército israelí, el acceso a los lugares sagrados, la gradual liberación de prisioneros palestinos o la celebración de elecciones para los órganos legislativos y ejecutivos palestinos.
Saluda el firme compromiso de los dirigentes palestinos e israelíes con la construcción de un espacio de paz y convivencia, basado en el mutuo reconocimiento de derechos, y les insta a seguir avanzando en aquellas cuestiones del proceso que aún están pendientes: refugiados, estatuto de Jerusalén, etcétera.
Insta al Gobierno a seguir impulsando, en el ámbito bilateral y en el de la Unión Europea, la consolidación y extensión del proceso de paz en Oriente Medio.
¿Aprueba el Pleno esta declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada. (Aplausos.)

COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, PARA INFORMAR SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PROPOSITO DE MATERIAL SUSTRAIDO AL CESID (Número de expediente 210/000031) --SOLICITUD DE COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO, PARA INFORMAR SOBRE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE SU GOBIERNO CON REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUPUESTOS RESPONSABLES DE LA SUSTRACCION DE MATERIALES DEL CESID Y OTRAS INFORMACIONES RELACIONADAS CON EL GAL, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO (PNV) Y POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 210/000032)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Solicitud de comparecencia del Gobierno ante el Pleno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203 del Reglamento del Congreso de los Diputados, para informar sobre las entrevistas realizadas a propósito de material sustraído al CESID y solicitud de comparecencia para informar sobre las entrevistas realizadas por el Presidente y miembros de su Gobierno con representantes legales de los supuestos responsables de la sustracción de materiales del CESID y otras informaciones relacionadas con el GAL formuladas por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV) y Popular en el Congreso.
Para informar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior. (Los señores Diputados de los Grupos Popular, Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), Coalición Canaria y Mixto, excepto los señores Rato Figaredo, señora Aguilar Rivero y señor Ribó Massó, Anasagasti Olabeaga, Mauricio Rodríguez y Chiquillo Barber abandonan el hemiciclo.) (Protestas del Grupo Socialista.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Fascistas! ¡Que no vuelvan!--Varios señores Diputados: ¡Herri Batasuna! ¡Demócratas! ¡Fuera!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señorías, en fechas recientes la opinión pública ha tenido conocimiento de que el Gobierno ha mantenido contactos con diversos asesores jurídicos de los señores Conde y Perote, imputados en diversos procedimientos judiciales en los que se trata de depurar su responsabilidad penal, las del primero, derivadas de su gestión al frente de Banesto, las del segundo, de la sustracción de documentos clasificados como secretos en el momento de su cese como alto cargo en el Cesid.
He participado personalmente en esos contactos y es ésa la razón por la que en nombre del Gobierno comparezco

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ante esta Cámara, para ofrecer información, explicaciones sobre el marco y el contenido y también sobre el balance de tales contactos.
Una vez más el Parlamento debería convertirse en el foro central de debate y control político del Gobierno, lo que sin duda beneficiaría y clarificaría los términos mismos de la cuestión.
Desde este momento inicial quiero, en nombre del Gobierno, dejar claro lo siguiente: la única y exclusiva razón para que se hayan mantenido las conversaciones, que a continuación relataré, es la obligación que el Gobierno tiene de tratar de recuperar o neutralizar un material altamente sensible para la seguridad de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos o, si lo prefieren, para la seguridad del Estado, porque es lo mismo; material sustraído del Cesid, presuntamente entregado a terceros y que está siendo utilizado y, en las más de las ocasiones, manipulado y, en algunos casos, difundido. Todo ello con el propósito, un propósito no conseguido, de tratar de condicionar la actividad y las decisiones de distintas instituciones del Estado incluido el Gobierno.
En segundo lugar, quiero decir que estos contactos concluyen cuando el Gobierno constata que ya no son útiles para la finalidad que se perseguía: la recuperación o neutralización efectiva de ese material sensible. El Gobierno opina que tal recuperación no se produce precisamente por su negativa a ceder a ninguna de las peticiones que le son formuladas, de manera directa o indirecta.
Además de estas afirmaciones, permítanme que les haga dos consideraciones de carácter general. La primera de ellas es que el Gobierno está obligado a explorar cualquier vía que le permita recuperar la documentación que afecta a la seguridad de los ciudadanos, con los únicos límites de someterse a la ley y de no aceptar presiones que le sitúen fuera de ella. Esa es la responsabilidad del Gobierno y, efectivamente, la hemos ejercido.
Segunda, los contactos mantenidos no han permitido acumular evidencias o material probatorio que justifique la posibilidad de una denuncia por el Gobierno ante las instancias judiciales. No está excluido, sin embargo, que ello pueda producirse más adelante, en cuyo momento, sin duda, acudiríamos a los tribunales. ¿Cuándo? Cuando se confirmen las conjeturas, hoy por hoy conjeturas, que barajamos. Pero eso no impide tener la plena convicción política de que las cosas son tal y como las expondré a continuación en nombre del Gobierno. Y paso, a continuación, a informarles sobre los propios contactos considerados en sí mismos.
El pasado día 23 de junio, el Presidente del Gobierno recibió en una dependencia de la Presidencia, y estando yo presente, al letrado del Colegio de Abogados de Madrid, don Jesús Santaella.
Esta conversación ha sido uno de los contactos mantenidos por el Gobierno con los representantes legales de los señores Mario Conde y Perote. Efectivamente, con anterioridad a esta entrevista el mismo letrado había mantenido conversaciones conmigo y, con posterioridad ha celebrado otras conversaciones con cargos públicos del Gobierno.
A la vista de los juicios emitidos sobre estos hechos, el Gobierno solicitó comparecer ante la Cámara. Y comparezco para disipar las dudas que los ciudadanos puedan tener en relación con estas entrevistas. Quiero contestar a las preguntas que se puedan estar haciendo acerca de las razones que la justificaron sobre el contenido y sobre las supuestas presiones a que se puede haber visto sometido el Gobierno. En su nombre, pues, me dirijo a SS.
SS.
¿Cuáles eran esos problemas vinculados con la seguridad de todos, con la seguridad del Estado? El Gobierno conocía en ese momento, fecha 23 de junio, la sustracción de información sensible de la sede del Cesid y tenía la convicción moral de que el sustractor la había hecho llegar a terceras personas, a las que el señor Santaella representaba. Por lo demás, era posible, y así se comprobó, su utilización y manipulación en función de intereses personales, económicos, políticos o procesales. En efecto, las primeras actuaciones judiciales adoptadas tras la denuncia formulada el día 17 de junio por el entonces director del Cesid, general Manglano, habían sido entendidas suficientemente fundadas por el titular del Juzgado Militar Central número 1 como para ordenar el ingreso en prisión del coronel Perote, el día 18 del mismo mes, y acordar su procesamiento el día 21, concretamente, por delitos de revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales, previsto y penado en el párrafo primero del artículo 53 del Código Penal Militar en relación con el artículo 54 del mismo texto legal. Pero, al mismo tiempo, personas de la mayor autoridad, y que cuentan con el respeto personal e institucional del Gobierno, advirtieron a su Presidente de la existencia de información secreta relacionada con los servicios de seguridad en poder o a disposición de algunas personas, así como del riesgo cierto de su posible difusión.
Por último, cualquiera que siguiera los medios de comunicación con una cierta cotidianeidad habría podido conocer cómo parte de este material secreto, debidamente manipulado, naturalmente, junto con otras informaciones falsas, estaba siendo suministrada, programada y metódicamente enviada a determinados medios de comunicación, y que éstos, efectivamente, la difundían.
Es en este preciso contexto en el que el Gobierno accede a mantener contactos con el abogado defensor de quien, en un principio, sólo representaba al señor Conde y terminó representando al señor Conde y al señor Perote. Contactos que, en la fecha indicada, incluyen una entrevista del señor Santaella con el Presidente del Gobierno, a la que ya me he referido.
Entrevista, por lo demás, que, a conciencia, se quiso mantener en la sede de la Presidencia del Gobierno y no en cualquier otro lugar, sobre la que siempre se tuvo la seguridad de que terminaría siendo divulgada y asumiendo, desde el

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momento mismo de la decisión, el coste de que posteriormente fuera mal interpretada.
¿Cuál fue el contenido? La entrevista puede resumirse brevemente.
El señor Santaella aprovechó la misma para formular una serie de opiniones y criterios, tendentes a subrayar su convicción sobre la irregularidad o la injusticia cometida con ocasión de la intervención de Banesto y, asimismo, sobre lo injustificado de los beneficios obtenidos o derivados de dicha intervención. El Presidente del Gobierno se limitó, primero, a respaldar la decisión adoptada por el Banco de España; segundo, a recordar que la adjudicación del antiguo Banesto se produjo mediante procedimiento público incontestado; y tercero, a mostrar, una vez más, su respeto a la independencia de los jueces y tribunales. Y algo más, desde mi punto de vista mucho más importante. Reclamó del señor Santaella la aplicación real y efectiva de su proclamado sentido de Estado para que, en el ejercicio legítimo de su derecho de defensa, respetase siempre la seguridad y la defensa de España.
Antecedente de esta entrevista fueron las conversaciones que, en mi despacho oficial, mantuve con el señor Santaella. Como ya he tenido ocasión de explicar, a primeros del mes de abril, el letrado don Gerardo Viadas, jurista conocido y miembro de la Junta del Colegio de Abogados de Madrid, me comentó que Jesús Santaella --también miembro de esa Junta-- insistía para que le concertara una entrevista conmigo. A pesar de las reticencias iniciales, opté finalmente por celebrarla, estando presente en la misma Gerardo Viadas; circunstancia, por cierto, que, con el transcurso del tiempo, se ha demostrado útil. Durante el curso de dicha entrevista, el señor Santaella manifestó sus reticencias y preocupación por la tramitación judicial del caso Banesto y, en especial, por lo que se refería a la designación del magistrado don Manuel García Castellón como juez instructor del caso. En dichas conversaciones, que se desarrollaron en términos estrictamente jurídicos, me expuso los razonamientos de tal índole en los que pretendía sostener su tesis, ante lo cual me limité a darme por enterado. Santaella introdujo también la cuestión económica, señalando que la intervención del Banesto había producido un gran perjuicio patrimonial al señor Conde, y que consideraba que el máximo beneficiario de la operación era el Banco de Santander, adjudicatario final del Banco intervenido, llegando a sostener la tesis de que debía ser el propio Banco de Santander el que tendría que indemnizar a su cliente. Los hechos posteriores han acreditado sobradamente, como más adelante indicaré, que tales opiniones, meramente escuchadas, no fueron, en ningún caso, tenidas en cuenta, ni por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Servicio Jurídico del Estado, a través de dos dictámenes precisos, claros y concretos.
Pero como quiera que, en definitiva, esas entrevistas, como la realizada con el Presidente del Gobierno, se habían desarrollado en términos correctos, tanto de fondo como formales (incluso incluyeron una afirmación solemne del señor Santaella de que renunciaría a la defensa de sus representados si, en el ejercicio de la misma, se comprobara que era incompatible con los intereses superiores de la seguridad de todos), en la semana siguiente se mantuvieron contactos reiterados entre el propio señor Santaella y distintos cargos públicos, con un único fin, que ya he expuesto al principio de mi intervención: el de tratar de recuperar o neutralizar la documentación sustraída.
Los primeros contactos tuvieron lugar con varios responsables de distinto nivel del Cesid; posteriormente asumió la responsabilidad de los mismos el director del Gabinete de la Presidencia, que ha celebrado varias reuniones, tanto con el señor Santaella como con él mismo y con el señor Gómez de Liaño, también letrado del Colegio de Abogados de Madrid y en quien sólo concurre, que se sepa, la condición de cabeza del equipo jurídico del señor Conde. Estas reuniones, más largas, más complejas, presentan una nota característica: Lo que ante el Presidente del Gobierno, o ante mí mismo, fue una simple exposición de criterios jurídicos o criterios de principio, a partir de ahora se transforma, de manera creciente, en el planteamiento de peticiones concretas.
Es verdad que los letrados reiteran su convicción de que la intervención de Banesto fue irregular, pero también ofrecen la búsqueda de la fórmula más adecuada para la localización de tales documentos, así como el cese de su difusión, y solicitan del Gobierno distintas gestiones ante el Banco de España, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia Tributaria, el presidente de una importante entidad financiera o el propio Cesid en su relación con los tribunales militares.
Con ocasión de la última entrevista mantenida el 1.º de septiembre, se da un paso más. En esta fecha, los abogados de Mario Conde y Perote piden que bien el Gobierno directamente, bien mediante la intervención de un tercero, se satisfaga al señor Conde una importante suma de dinero en concepto de reparación por los perjuicios que le ha ocasionado la intervención de Banesto, de modo que logre recuperar la situación patrimonial que tenía en el momento de la intervención.
En estas conversaciones, el Gobierno recordó a sus interlocutores algunas obviedades: su obligacion de respetar la autonomía del Banco de España; la independencia del Poder Judicial; la neutralidad de la Agencia Tributaria. Les hizo ver la imposibilidad de acceder a una transacción económica, que exigía el reconocimiento simultáneo de una supuesta arbitrariedad, que el Gobierno no comparte, y la inviabilidad, desde luego, de una presión del Gobierno sobre personas privadas para que asuman responsabilidades por completo ajenas a ellas o para que concierten contratos, si estos no responden a sus específicos intereses, y

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les instó, una vez más, a respetar los intereses de la seguridad del Estado.
La conclusión es obvia: la negativa del Gobierno a aceptar cualquiera de sus pretensiones provoca el fin de los contactos con los representantes de los señores Conde y Perote. Y no ha habido más desde entonces, y desde aquí, descalifico a cualquiera que, usando en vano el nombre del Gobierno, pretenda sostenerlo.
No era posible ya continuar las conversaciones, pues se había agotado su recorrido, y se situaban, en ese momento, en el límite mismo que separa el diálogo, los contactos, de la presión intolerable.
El Gobierno accedió a estos contactos --obvio es decirlo y reiterarlo-- con el decidido propósito, como los hechos luego han demostrado de manera palmaria, de no conceder nada no ya que fuere contrario a las leyes, sino, simplemente, contrario a la dignidad del Estado o a las exigencias de la ética.
A estas alturas, la opinión pública conoce perfectamente que cada sugerencia acabó en una frustración, y cada frustración fue seguida del inevitable nuevo éxito informativo del laborioso periodismo de investigación. (Risas.--Aplausos.) Se ha puesto en duda por algunos que el Gobierno, durante ese tiempo, haya perseguido salvaguardar realmente la seguridad y defensa del Estado; y se ha llegado a afirmar que no ha hecho sino protegerse y defender sus propios intereses.
El Gobierno ya ha explicado el alcance de lo substraído en la comparecencia realizada por el Ministro de Defensa, el pasado lunes, día 2 de octubre, ante la Comisión de Secretos Oficiales de esta Cámara. En esa sesión, ha puesto a disposición de los Diputados habilitados la información con la que cuenta.
Entenderán, por ello, que, en mi exposición de hoy, el Gobierno respete el secreto inherente a la documentación legalmente clasificada y no desvele datos o detalles correspondientes a la misma, además porque no es imprescindible para explicar cabalmente lo ocurrido.
Puedo decirles que afecta, sin duda, a los intereses de la seguridad y defensa nacional, puesto que alcanza a un elevadísimo número de documentos, en los que, entre otras cosas, se contienen: información sobre datos relativos a la organización, estructura, medios, procedimientos operativos específicos y fuentes de información de la propia Agrupación Operativa del Cesid; misiones asignadas al Cesid, de acuerdo con sus propios planes de información; actividades de inteligencia exterior vinculadas con la obtención de información que afecta a la defensa militar de España o a la seguridad nacional; actividades de contrainteligencia sobre servicios extranjeros; inteligencia interior; inteligencia militar; estudios y operaciones de prevención de actividades terroristas; estudios sobre métodos de lucha antiterrorista e información sobre actividades anti-ETA, en las que se recogen infraestructuras económicas y tecnológicas que incluyen la identificación de empresas-pantalla para el desarrollo de las actividades, ya sea en el interior, ya sea en el exterior de España; identificación de agentes del Centro; informadores y colaboradores; despliegue operativo del Centro; seguridad de embajadas españolas o seguridad de personalidades.
Son asuntos tan obviamente vinculados a la seguridad y a la defensa nacionales que, francamente, cualquier valoración en sentido contrario sólo se puede hacer desde esa obsesión de mantener una tesis que el tiempo demuestra equivocada.
Los jueces decidirán en su día. No vengo hoy para hablar de problemas jurídicos, entre otras cosas porque no vengo como Ministro de Justicia e Interior, sino en nombre del Gobierno de la Nación, pero en este momento es obligación política ineludible para el Gobierno reiterar ante SS.SS. nuestra convicción de que la documentación presuntamente sustraída en su día por el coronel Perote ha sido transmitida a otras personas. Nuestra responsabilidad, la del Gobierno, la de la Cámara y fuerzas políticas responsables, exige que nos acerquemos a ciertos ámbitos de la Administración y del Gobierno con un sentido, podemos decir, común o sentido de Estado, que en muchas ocasiones viene a ser lo mismo.
La defensa nacional y la seguridad del Estado, y más aún cuando frente a ella aparecen traiciones y tráfico de información sensible, obtenida legal o ilegalmente, no pueden ser una cuestión de partido ni munición para el enfrentamiento político; al menos, no deben serlo mientras subsista un ápice de responsabilidad en quienes intervienen en la vida pública. No pueden serlo porque no se trata de un problema de este Gobierno, sino de cualquier gobierno. No comprenderlo sólo es muestra de ceguera política y de oportunismo; es una muestra de irresponsabilidad, porque ceder, admitir que los intereses particulares puedan prevalecer ante los generales por cualquier razón es el primer paso para dañar el edificio de las instituciones. Si hoy es un partido y un gobierno el que se enfrenta a esta situación, mañana puede ser otro. Si fuera real la posibilidad de que grupos, partidos o personas logren hacer prevalecer sus propios intereses particulares o partidarios sobre el interés general, estaríamos dando un segundo golpe, quizá irreversible, al sistema institucional de que nos hemos dotado.
Si esta idea no es un patrimonio común y alguna fuerza política con responsabilidades de control o de gobierno no es capaz de asumirla, el daño no será para este Grupo Socialista, para este Gobierno o para el Partido Socialista, sino que lo sufrirá la totalidad del sistema político español. En este envite nos jugamos mucho todos, todos los que queremos que en nuestro país impere el Estado de Derecho, en el que todos seamos iguales ante la ley y los órganos del Estado actúen con estricta sujeción al enmarque constitucional.
En esta situación, la responsabilidad del Gobierno es evidente: gobernar. Pero la de la oposición también

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debería ser evidente, porque, entre todos, nos jugamos el futuro.
Quiero responder a dos cuestiones que planteaba al inicio: cuál ha sido el resultado de las conversaciones mantenidas por el Gobierno con esos representantes legales y si ha habido o no chantaje al Gobierno.
El Gobierno, como decía ayer el Presidente, aún no ha logrado recuperar la documentación a la que me vengo refiriendo, pero sí ha podido avanzar decisivamente en el conocimiento del alcance de la sustracción padecida por el Cesid y de los itinerarios seguidos por los documentos objeto de la misma, como también se ha podido perfilar la identidad de quienes eventualmente, de manera directa o indirecta, han participado en estos hechos.
Todo ello ha permitido, en primer término, adoptar medidas de contraseguridad que reduzcan los riesgos para el Estado; en segundo término, neutralizar en buena parte posibles difusiones ulteriores y, en tercer término, avanzar, creemos que decisivamente, en el proceso de investigación.
Sin duda, quedan extremos por determinar y, por ello, quedan también responsabilidades que depurar y combatir, pero en estos meses hemos avanzado en todo ello de manera efectiva. No contamos aún --lo decía al principio-- con los datos que permitan depurar este tema en sede judicial, es decir, con los datos suficientes como para permitirnos afirmar que aquí existen responsabilidades penales --ciertamente, las convicciones políticas no pueden confundirse con los hechos jurídicamente relevantes en el marco de un proceso--; en el momento en que el Gobierno dé ese paso, acudirá con esos datos a los tribunales.
Sin entrar a valorar las dificultades que para la investigación suponen siempre las filtraciones periodísticas, constato, sin embargo, que a través de ellas la opinión pública, los ciudadanos, han podido saber que existen voluntades que anteponen sus intereses personales, del tipo que sea la salvaguarda, a los elementos básicos de la supervivencia del Estado, que no son sino el patrimonio común de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de este país, y que frente a esa voluntad sólo puede imponerse la voluntad contraria, la de los representantes del propio Estado.
La segunda de las cuestiones --que en ocasiones ha pretendido plantear de manera incluso polémica-- es la del eventual chantaje al Gobierno. Me gustaría aclararlo. En términos estrictos, que son los que tienen relevancia desde un punto de vista jurídico, es cierto que ninguna de las conversaciones que sostuvimos tanto el Presidente como yo mismo y otros representantes del Gobierno, con el objetivo de recuperar la documentación, permiten por sí mismas configurar un chantaje en términos jurídicopenales. Por tanto, en el curso de esas entrevistas, efectivamente, no se hicieron observaciones que pudieran permitir llegar a esa conclusión, porque no las hubiera tolerado no ya el Presidente, yo mismo tampoco, ni ningún órgano del Gobierno de la Nación.
Pero si examinamos la secuencia de los hechos con una perspectiva política, sí que podemos observar que las apariciones, siempre en los mismos medios de comunicación, de información pretendidamente desestabilizadora y frecuentemente manipulada, va unida siempre a demandas sugeridas al Gobierno, y no atendidas por éste, de los imputados.
Valoren ustedes, señorías, la situación; pero yo creo que la describe objetivamente lo que les he indicado. ¿Existe conspiración? Pues que cada cual lo llame como prefiera.
Ciertamente, es una palabra que para algunos tiene una connotación negativa y desagradable, porque nos recuerda otros tiempos. Lo que me parece evidente, en todo caso, es que existe una operación política, una concurrencia organizada de intereses particulares no satisfechos, en unos casos de tipo estrictamente económico, en otros de naturaleza procesal, en otros en busca de una impunidad imposible; otros actúan a veces simplemente por el interés de obtener cuotas de poder social o económico no alcanzadas, y en fin, a otros únicamente les mueve el resentimiento.
Es evidente que en ningún momento el Gobierno ha intentado un pacto con traidores y delincuentes, ni se ha planteado jamás ceder a sus peticiones. Es obvio, por otro lado, que el Gobierno no puede, y jamás lo pretendería, influir sobre procesos judiciales en marcha ni sobre la inspección del Banco de España.
Cualquier insinuación en este sentido no es sólo un agravio al Gobierno, lo cual me parece muy grave, aunque sea tan usual, sino también un agravio a las instituciones a las que nos referimos.
Esto es así por causas tan obvias que sólo el acusado proceso de deterioro del sentido común, a que se refería el Presidente no hace mucho, al que estamos asistiendo en la sociedad española, sólo esa pérdida de sentido común hace necesario simplemente recordarlo, pero no hay más remedio que hacerlo, y recordar cosas obvias: el Gobierno tiene la obligación de mantener el ordenamiento jurídico surgido de la Constitución de 1978, aún a costa de su propio y episódico interés político, e incluso del interés con mayor razón de las personas que coyuntural y episódicamente representamos funciones en el Gobierno; y el Gobierno tiene que actuar y actúa exclusivamente por razones de interés general, y lo que no va a permitir es que a esas funciones de carácter general, a esas finalidades o intereses generales puedan anticiparse los intereses particulares de espías desleales o de sospechosos de graves delitos económicos, que han llegado a poner en peligro la integridad del sistema financiero español.
Lo esencial, con todo, es que el Gobierno no ha accedido nunca a ninguna de las peticiones que le han sido formuladas, ni el Banco de España ha modificado el ritmo contenido en sus informes, ni el Consejo General del Poder Judicial ha cambiado el Juez Instructor del caso Banesto (aquí, entre paréntesis, habría que indicar que la única intervención del Gobierno se produce a través del servicio jurídico del Estado con dos dictámenes que, de manera precisa y clara, mantienen la legalidad del nombramiento del señor García

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Castellón y la procedencia, en consecuencia, de que continuara al frente de la instrucción), ni se ha satisfecho cantidad indemnizatoria compensatoria alguna al señor Conde, y desde luego, la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha resuelto, con total independencia, devolver la causa iniciada por la sustracción de documentos del Cesid al Juzgado Militar Central número 1, y el Coronel Perote está de nuevo en prisión por decisión del juez competente.
Estos han sido los hechos, éstas sus causas, estos sus resultados, éstas sus circunstancias.
Con esta posición el gobierno cree que da respuesta a las preguntas que los acontecimientos últimamente conocidos han podido suscitar en SS. SS. y también en las ciudadanas y ciudadanos de este país.
Señor Presidente, señorías, en 1993 el Partido Socialista concurrió a las elecciones generales llevando como argumento principal de su programa el compromiso radical de abanderar la lucha contra la corrupción y por la regeneración de la vida política. Este compromiso fue asumido íntegramente por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Ha sido éste un compromiso que se ha plasmado en buen número de leyes aprobadas en este Parlamento y completadas con decisiones simultáneas del Gobierno, que coinciden todas ellas en hacer más difícil la corrupción y en sancionar más duramente a quienes incurran en comportamientos corruptos.
Pero sobre todo este compromiso ha exigido una actitud vigilante, una decisión silenciosa, una determinación militante de no amparar nunca conductas irregulares, una resolución de no ceder ante los abusos de poder. Sabíamos que este proyecto desencadenaría muchas resistencias y provocaría movimientos desestabilizadores. Aún así decidimos hacerlo y aun asi lo estamos llevando a la práctica, incluso cuando con ceguera de miras y sólo por el afán obsesivo de descalificar al Gobierno se producen movimientos de solidaridad objetiva con quienes a sí mismos se sitúan fuera del sistema con la soberbia que les proporciona el poder, el dinero o la información. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Este que estamos analizando es un buen ejemplo de ello.
Quiero poner de relieve, cuando ya concluyo, la convicción del Gobierno de que estamos asistiendo en estos días a una nueva manifestación de la pérdida de sentido común que caracteriza, desgraciadamente, a la sociedad española. Sólo desde ese esquema puede entenderse que unos hechos como los que hoy hemos analizado y sobre los que, a salvo de excepciones explicables, existe acuerdo en que el gobierno no ha abdicado de sus responsabilidades y se ha empeñado en su obligación básica de salvaguardar la seguridad y la defensa nacional, estén dando lugar a un debate desproporcionado y desmesurado.
Lo diré una vez más y será la última por el momento: el Gobierno ha afrontado, por todos los medios que dentro de la ley estaban a su alcance, una tarea impescindible para quien tiene atribuida por la Constitución y las leyes la misión de velar por la defensa y seguridad de los españoles, la de recuperar o neutralizar cualquier información o documentación que pueda poner en peligro, dentro o fuera de España, nuestra supervivencia como Estado, como Nación. También la de evitar que informaciones o documentos que sólo deben obtenerse y sólo pueden estar en manos de los órganos llamados a servir a la comunidad, puedan ser utilizados en beneficio propio por personas ajenas a los mismos. Señorías, esta misma actitud, se lo aseguro, es la que va a mantener el Gobierno en el futuro.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que deseen intervenir para fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Popular tengo que manifestar mi profunda repulsa a la negativa del Presidente del Gobierno, Felipe González, a comparecer ante el Pleno de esta Cámara en este momento, habida cuenta de que en la Junta de Portavoces la mayoría de los votos de esta Cámara, respaldados por todos los Grupos parlamentarios menos por el del señor González, le exigió su comparecencia.
Esta circunstancia, sólo esta circunstancia, el respeto a la voluntad popular, debería haber bastado para que el señor González diera hoy cuenta de lo que la mayoría de esta Cámara pretende. Pero es que, además, en este caso es precisamente y personalmente el señor González quien autorizó y protagonizó unas conversaciones y al que le afectan directamente unos hechos que son la base de esas posibles presiones que hemos leído en la prensa recientemente.
El desprecio del señor González a la voluntad popular, representada por esta Cámara, supone, en opinión del Grupo Popular, una gravísima erosión de las instituciones democráticas, que, efectivamente, son patrimonio de todos.
Por tanto, en nombre del Grupo Popular renuncio en este momento a fijar posición sobre este tema y anuncio que de manera inmediata procederemos, a través de los cauces que nos da el Reglamento, a volver a exigir la comparecencia del señor González para que dé explicaciones aquí de lo que él sólo puede dar. Muchas gracias.
(Un señor diputado del Grupo Socialista pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Gracias, señor Rato. Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


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La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario no va a hacer uso formal de nuestro de intervención, pero sí queremos manifestar que nuestra actitud política hoy es en defensa del Parlamento. (Rumores.) Aquí, precisamente aquí, reside la soberanía popular. Aquí está representado nuestro pueblo y aquí tiene la obligación política moral y ética de comparecer el Presidente del Gobierno, el señor González.
Queremos, en nombre de nuestro Grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, debatir este tema. Nos preocupa, nos importa y nos interesa. Pero queremos debatirlo con quien tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Lo planteamos con absoluta claridad hace 15 días ya en la Junta de Portavoces, con el resto de grupos parlamentarios: pedimos al Gobierno que compareciera en el Pleno de hoy quien debe hacerlo: el Presidente del Gobierno.
El Gobierno ha desoído la petición de todos los grupos parlamentarios, excepto del que apoya al Gobierno. Por eso también vamos a pedir formalmente que el señor González comparezca en esta Cámara y ese día será el que podamos debatir un tema en el que él ha sido el protagonista principal. Debe una explicación a este Parlamento, debe venir a él porque no se puede consentir que el Presidente del Gobierno desprecie al lugar donde reside la sobernaía popular: al Parlamento español.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Molins.


El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Conoce la Presidencia de la Cámara, como conocen la Junta de Portavoces y la opinión pública, el sentir de nuestro Grupo Parlamentario respecto a que éste es un tema en el cual el Gobierno sólo podía ser representado por su Presidente, por el contenido y por la participación directa que el señor Presidente del Gobierno ha tenido en los hechos que aquí venía a relatar el Gobierno.
Por eso nuestro Grupo Parlamentario entiende que el debate viene disminuido por el hecho de que no haya sido el Presidente del Gobierno quien le haya representado en este acto y no va a entrar a debatir la exposición hecha en nombre del Gobierno por el señor Ministro de Justicia e Interior.
Conste que alguna perla del contenido de su discurso nos podría llevar a ello. Es imposible pensar que es la sociedad española la que ha perdido el sentido común. Normalmente, cuando eso ocurre es quien lo dice el que debe vigilarse a sí mismo. Pero, como digo, señor Presidente, no vamos a entrar en el contenido de la exposición del señor Ministro y haremos uso reiteradamente de los mecanismos que el Reglamento del Congreso nos ofrece para intentar que esa voluntad, como ya ha sido dicho, mayoritaria de este Parlamento, sea recogida por el Gobierno y en particular por su Presidente para que comparezca ante esta Cámara a debatir sobre este tema.
Comprendemos, señor Presidente, que en algún momento de esa exposición el Presidente del Gobierno pudiera hacer uso de la necesidad de callar. Nosotros lo comprenderíamos y no le obligaríamos a mentir desde esta tribuna. Pero ello no empece para que sea él y nada más que él quien debe dar explicaciones sobre este tema ante la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo parlamentario no va a intervenir en este acto, y nuestra actitud no significa una postura de menosprecio a la intervención del Ministro, señor Belloch, a quien respetamos, sino simplemente a que consideramos que en una situación como la que se está viviendo, después de haber recibido el Presidente del Gobierno en la Moncloa al abogado Santaella y después de haber dicho públicamente que hay una concurrencia organizada de presión, como ha dicho el Ministro, señor Belloch --por evitar la palabra chantaje o extorsión o presión indebida--, tiene que ser el Presidente del Gobierno quien debe intervenir en este acto.
Nosotros insistimos en que esto no es un acto de menosprecio al Parlamento sino de dignificación del propio Parlamento. Este es un sistema parlamentario y el Presidente del Gobierno tiene que someterse al control parlamentario. Nosotros, incluso, fuimos un poco más lejos y hubiéramos deseado que el pasado lunes, en la reunión de secretos oficiales, hubiera también comparecido el Presidente del Gobierno. No pudo ser. En este acto tampoco puede ser. Por esta razón, nuestro Grupo Parlamentario no va a intervenir en este momento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Utilizo mi turno, muy brevemente, para explicar la actitud de mi grupo ante el debate que tiene lugar.
Yo creo que la intervención del Ministro de Justicia e Interior ha puesto en evidencia que hay una pérdida

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--ha dicho textualmente-- de material altamente sensible que afecta a la seguridad del Estado, a la seguridad y a los intereses de la defensa nacional. Es decir, el objeto del debate no es la visita del señor Santaella ni las andanzas de un grupo de pillos, diría yo, que ha intentado presionar, chantajear -- utilícese la expresión que se quiera-- al Estado sino un debate mucho más importante como es cuáles son las responsabilidades del Gobierno en una de sus obligaciones más importantes: la custodia de los secretos de la seguridad del Estado español.
Yo creo que ese debate obligaba a la presencia evidente, en la que todos los grupos han coincidido, del Presidente del Gobierno en esta Cámara. Es un asunto altamente delicado y obliga a que el Presidente del Gobierno haga un debate, nos dé una explicación, y con responsabilidad política, en defensa de los intereses del Estado, el Parlamento español adopte posiciones claras ante una situación tan difícil y delicada como la que aquí se ha señalado.
Yo creo que si el Presidente del Gobierno, ante una situación tan grave, ha tenido que intervenir directamente, recibiendo a los que presionaban al Estado, por la misma razón está obligado a dar una explicación en esta Cámara. No es posible que el Presidente del Gobierno sirva para negociar con un pequeño grupo de conspiradores de opereta y al mismo tiempo el Presidente del Gobierno no venga a dar una explicación a esta Cámara, al órgano de la soberanía popular. Por ello, nosotros no queremos degradar el debate.
Creemos que la sociedad española no ha perdido su sentido común, en contra de lo que ha dicho el señor Belloch. Lo que creemos es que el Parlamento español es responsable y defiende el sentido común de la defensa de la democracia. Nosotros creemos que no se puede producir hoy una grave ruptura entre Gobierno y Parlamento, a pesar de la situación que se está produciendo en este momento.
Por eso este debate, señor Presidente del Parlamento, sólo debe ser aplazado. Hoy tiene lugar con las explicaciones, insuficientes sin duda, del Ministro de Justicia e Interior, pero este debate deberá tener lugar dentro de dos semanas, porque todos los grupos parlamentarios hemos firmado la exigencia de que el Presidente del Gobierno explique cuáles son sus responsabilidades en la custodia de los secretos del Estado.
Por eso, ante un debate simplemente aplazado --así lo entendemos porque si no, se crearía un vacío peligroso de confrontación entre Parlamento y Gobierno--, esperaremos a dar nuestras opiniones. Y queremos decir también aquí que esperamos que ese debate sirva para que este Parlamento actúe enérgica y fuertemente contra todo grupo de pillos y conspiradores que vayan contra el Gobierno, pero al mismo tiempo actúe con la misma firmeza denunciando las actitudes irresponsables del Gobierno en todo este asunto.
Aquí no hay dos bandos, señor González, ni dos bandas, como ha dicho desgraciadamente el Fiscal del Estado. Hay tres bandos y uno es el que defiende los intereses del Estado, los intereses de la democracia y la dignidad de este Parlamento que exige su presencia.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve, no sin antes agradecer las palabras del Ministro, señor Belloch, y su papel, pero es evidente que, ante la gravedad de los hechos --la no comparecencia en el día de hoy del Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso-- los partidos integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, a los que me honro hoy en representar, consideramos esta no comparecencia una provocación y un intolerable desprecio a los representantes de la soberanía popular.
Consideramos que no es de recibo que tenga tiempo para entrevistarse con chantajistas y no comparezca ante esta Cámara.
Su conducta significa la quiebra del Gobierno con el Parlamento y con la sociedad a la que representamos, que merece todo nuestro respeto. Por ello el Grupo Mixto ha avalado esa petición de comparecencia, por la gravedad de los hechos, para próximas semanas, esperando que dé la cara, dé soluciones y transmita tranquilidad a esa sociedad que no ha perdido el sentido común, sino que ha perdido toda confianza en ustedes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, ante todo quiero agradecer, en nombre del Grupo Socialista, la comparecencia del Gobierno a petición propia ante este Pleno, así como la información que nos ha aportado a través del Ministro de Justicia e Interior.
Mi Grupo no quiere desaprovechar esta oportunidad de conocer en detalle y valorar el modo en que ha actuado el Gobierno para tratar de recuperar el material clasificado que fue hurtado al Cesid hace algún tiempo. Otros han optado por dejar vacíos sus escaños y renunciar a expresar sus criterios al respecto. Lo sentimos. Lo sentimos por el respeto que esta Cámara nos merece y también por la frustración con la que muchos ciudadanos van a escuchar el clamoroso silencio de una parte de sus representantes. A nuestro modo de ver la gravedad de los asuntos que hoy nos trae aquí debiera haber pesado más que las cuestiones formales que se acaban de alegar.
Yendo al motivo del debate para enjuiciar las razones del Gobierno, conviene remontarse a lo que viene

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sucediendo en nuestro país desde que, a finales del pasado año, los jueces decidieron la prisión preventiva de algunas personas, presuntamente relacionadas con los GAL, y también la de don Mario Conde en relación con su gestión en Banesto. En principio nada tiene que ver un sumario con otro, como tampoco existe relación ninguna de ambos con la causa que se sigue desde junio contra el Coronel Perote, acusado de haber sustraído material clasificado del Cesid, pero a lo largo de estos meses, hemos ido comprobando con reiteración cómo los destinatarios de acusaciones ante la justicia sobre hechos tan distintos entremezclan sus estrategias de defensa, mantienen relaciones entre ellos de distinta índole y actúan movidos por una conjunción de intereses en contra de los intereses generales y del imperio de la Ley.
Algunas de estas personas se conocían y habían mantenido relaciones profesionales entre sí; o tenían lazos de amistad al margen de su vida profesional. Otros, simplemente han coincidido en prisión. En fin, los señores Conde y Perote, encausados en sumarios absolutamente distintos, tienen el mismo letrado. Y éste, el señor Santaella, no lo es de ninguno de los procesados en el sumario de los GAL, pero ya el pasado mes de marzo sostuvo, en un artículo publicado en «El Mundo», que la solución de esa causa --la de los GAL-- debiera venir por la inculpación y posterior exoneración de culpas del Presidente del Gobierno, a través de la vía prevista en el artículo 102 de la Constitución.
Por más que la idea parezca peregrina, hizo su camino, generó incluso un debate público, en el que participaron medios de comunicación, juristas, políticos e incluso algún magistrado y acabó siendo descartada por el Fiscal General. Lo relevante no es tanto la discusión en sí cuanto el dato de que al lanzar su tesis el señor Santaella ya ostentaba la condición de abogado defensor del Conde, aunque pocos lo sabían entonces. Durante estos meses, esa idea, lo que se ha venido a denominar el punto final, ha sido barajada de un modo u otro por las defensas de otros encausados.
Prácticamente todos ellos han diseñado su estrategia procesal tratando de implicar con sus declaraciones al Gobierno, y muy en particular a su Presidente, en los hechos de los que se les acusan. En paralelo, desde algunos ámbitos se ha sostenido que la serie de denuncias, filtraciones de documentación clasificada y demás muestras de un mal llamado periodismo de investigación, al que venimos asistiendo, sólo tendrá fin cuando don Felipe González abandone la Moncloa.
En coherencia con esa tesis, el señor Alvarez-Cascos ha formulado recientemente sus ideas sobre la relación entre una hipotética opinión mayoritaria de los ciudadanos y la impartición de justicia por parte de los tribunales, ideas que chocan frontalmente con la independencia del Poder Judicial y las normas básicas de un Estado de Derecho.
Vuelvo a los hechos.
El periódico «ABC», poco sospechoso de veleidades progubernamentales, decía el pasado 14 de junio --cito literalmente-- que asistimos a una bien articulada operación de filtración de documentos. Fin de la cita. Y llegaba a la conclusión de que si no dejaban el Gobierno el Presidente y el entonces Vicepresidente del mismo --vuelvo a citar literalmente--, inevitablemente se producirá una escalada en la publicación de documentos que afectan a la misma estructura del Estado.
En septiembre hemos sabido, a través de sus propias declaraciones, que el señor Ansón, director de «ABC», fue informado personalmente de ese riesgo del que hablaba su periódico la víspera de una comparencia del General Alonso Manglano ante el magistrado que instruía el llamado «caso Crillón». Asimismo, el ex Presidente Suárez --según hemos sabido también en el mes de septiembre-- había sido receptor hace meses de este tipo de confidencias. Pues bien, dos días antes de que en junio «ABC» advirtiese de los riesgos de utilización de material sensible para el Estado, «El Mundo» ya había comenzado a publicar informaciones en torno a las escuchas ilegales del Cesid y a documentos clasificados, de cuya sustracción y revelación está acusado el Coronel Perote, que nombró al señor Santaella como defensor.
Un día después del aviso de «ABC», el 15 de junio, otro periódico publicaba fotos de Conde y Perote a la salida de una reunión que habían mantenido en un domicilio privado. Desde entonces, desde el mes de junio hasta ahora, se han ido conociendo otros muchos hechos, que no sigo relatando por ser de dominio público, hasta llegar a la revelación de la existencia de contactos entre el señor Santaella y el Gobierno. A partir del momento en que estos contactos se hicieron públicos, todas las piezas del puzzle comienzan a encajar.
Hoy, a estas alturas, pocos dudan de que el material secreto y sensible para la seguridad del Estado, de cuya sustracción se acusa al Coronel Perote, está siendo utilizado como prenda para tratar de lograr la exoneración de responsabilidades penales. En términos jurídicos, esa actitud podrá tener la calificación que corresponda, no es de mi incumbencia definirla, pero, en términos políticos, estamos ante un grupo de personas que intentan echar un pulso al Estado. Con ese trasfondo se explica que el señor Santaella persiga entrar en contacto con el Gobierno, como también se comprende perfectamente que el Gobierno intente, por todos los medios legales a su alcance, recuperar el material sustraído del Cesid.
El Ministro de Justicia e Interior nos acaba de contar cómo se desarrollaron esos contactos, cuál fue su contenido y cuáles eran las pretensiones del abogado y de sus defendidos, así como también nos ha ratificado que el Gobierno no ha accedido a ninguna de esas peticiones, como se puede constatar fácilmente.
Podrá ser opinable si los contactos debieron mantenerse a un nivel u otro, el Presidente del Gobierno lo

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decía ayer mismo en la sesión de control, pero es obvio que el Gobierno como tal ha actuado con rectitud y con firmeza. Porque, señorías, ¿qué otra cosa podría hacer un Gobierno que se encuentra ante el supuesto que nos ha relatado el Ministro? ¿Debe cruzarse de brazos, negándose a explorar las posibilidades de recuperar el material sustraído para evitar de una vez por todas su utilización y difusión? No cabe otra respuesta que la que el Gobierno dio ante esa disyuntiva.
A mi juicio, recrearse en la discusión sobre la forma de los contactos, sin entrar en el fondo del asunto, es una manera de esquivar lo fundamental. Y el fondo de la cuestión no es otro que el que ese material sensible para la seguridad del Estado no sólo fue sustraído, sino que está siendo utilizado contra el propio Estado para conseguir del Gobierno peticiones inatendibles o para cambiar de Gobierno.
Siguiendo con atención el desarrollo de los acontencimientos de estos meses, se empieza a ver con nitidez que ante cada actuación de la Justicia contra determinadas personas y ante cada denegación por parte del Gobierno o de los jueces a las peticiones de esas personas se ha replicado con una precisión casi matemática.
La réplica ha venido a través de la difusión, casi siempre en el periódico «El Mundo», de documentos secretos sustraídos del Cesid o atribuidos impropiamente a ese organismo, o con la publicación de pretendidas investigaciones, cuyo denominador común es el intento de acoso y derribo del Presidente del Gobierno, de sus colaboradores más próximos, actuales o pasados, e incluso de su entorno familiar; y el acoso y derribo que se persigue incorpora también el intento de implicar al Presidente y a otros miembros de sus Gobiernos en los sumarios abiertos contra quienes les acusan.
No hay que ser un lince para saber distinguir, entre tanta mentira y tantas medias verdades, quién es quién en esta historia y el papel que cada uno juega en ella; quién defiende al Estado y quién trata de instrumentalizarlo en su propio beneficio; quién quiere que se haga justicia y quién teme que ésta actúe y trata por todos los medios de impedirlo; quién pretende chantajear y quién actúa con rectitud. Para saber de qué lado está cada uno, no hace falta disponer de pruebas en términos jurídicos, porque el criterio político no necesita seguir los cauces del proceso penal para expresarse.
Además, no basta con mirar al presente. Los mismos ciudadanos que asisten entre atónitos e indignados al mercadeo que algunos quieren practicar con los secretos de Estado, se preguntan con razón qué pasará de ahora en adelante. ¿Es que las elecciones de marzo van a resolver todos los problemas? Imaginemos por un momento que estamos ya en abril o en mayo de 1996 y que el Gobierno surgido de las próximas elecciones se acaba de constituir. Sea cual sea su composición y sea cual sea su color político, ¿podrá cualquier gobierno despreocuparse de la recuperación del material robado al Cesid? ¿Se le seguirá pidiendo a ese gobierno lo mismo o algo similar a lo que se le ha pedido al actual Ejecutivo? ¿Se seguirá utilizando la filtración y el amago de difusión como arma disuasoria? Mucho me temo que no estamos ante un riesgo pasajero. Por eso, sea quien sea quien ocupe el Gobierno, ese tipo de problemas no se soluciona pasando página. Detrás de esa página habrá otra, pero el relato, los protagonistas y la trama seguirán estando presentes, sin que cambie el papel que cada uno haya querido representar en esa historia.
Por eso es tan importante responder con claridad a la pregunta que ayer hacía aquí en este hemiciclo el Presidente del Gobierno: ¿De qué lado está cada cual? Porque en este asunto no participan dos partes equiparables de las que las fuerzas políticas democráticas se puedan distanciar por igual dejando solo al Gobierno. Están en juego asuntos demasiado serios como para responder con la lógica del a bote pronto y del regate en corto, en palabras que empleó hace pocos días mi compañero Jordi Solé Tura.
Lo que está en juego, señorías, hace impensable la abstención, y, por supuesto, no se podrá resolver desde el silencio y la inhibición. Con ello sólo se estará firmando por quienes los practiquen letras de cambio que alguien se encargará de pasar al cobro en su momento.
Por eso, señor Presidente, desde el Grupo Socialista entendemos y apoyamos la actitud del Gobierno en relación a los hechos que estamos debatiendo. Lo único que lamentamos de verdad es que, pese a todo, no haya logrado sus propósitos y que la seguridad del Estado siga corriendo riesgos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia, señor Presidente. Muchas gracias.
Antes que nada, quiero rectificar un error material grave en la lectura de mi texto, referido a la supuesta pérdida de sentido común de la sociedad española. Es obvio que la sociedad española es la única que conserva el sentido común. En el texto literal me refería a la pérdida de sentido común que caracteriza a la situación política española. Es la situación política la que ha perdido el sentido común, no los ciudadanos, afortunadamente para todos. Ruego, por tanto, que conste esta rectificación, que me parece trascendental.
Otra cuestión menor. El Fiscal General del Estado no habló de bandas, se molestó expresamente en rectificarlo, para decir claramente que había sido una manipulación la utilización de esa expresión; habló de partes.
Sin más precisiones, me parece que el Gobierno sí tiene algo que decir frente a la actitud de los grupos

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parlamentarios, que han decidido no intervenir en este debate.
Es evidente, como recordaba el señor Anasagasti, que no tiene nada que ver ciertamente con la persona que ocupa la intervención, sino que es un planteamiento de otro tipo, pero habrá que examinar también ese aspecto. ¿Cómo no va a tener legitimidad el Ministro de Justicia e Interior para introducir este debate, cuando el Consejo de Ministros le ha designado para ello y encuentra su base en la legislación de esta misma Cámara? ¿Cómo se puede llegar a decir que es una provocación que el Consejo de Ministros ejerza sus funciones y lo haga dentro del marco de la legalidad de esta Cámara? No sólo se trata de legitimidad, por reconocer esa expresión clasica de origen, en cuanto a la designación, sin no de ejercicio. ¿Qué más lógico que sea el Ministro de Justicia e Interior, que es el que ha estado en los contactos, como he explicado expresamente, que los conozco y que encima da la pequeña casualidad de que soy el responsable de la política criminal, de la lucha contra los delincuentes? Por lo tanto, sinceramente, esas explicaciones, en opinión del gobierno, no bastan. Como ayer ya decidieron algunos filtrarlo, ya había reflexionado sobre ese tema. Me parece que hay algunas cosas bastante evidentes. La primera de ellas, desde mi punto de vista, es una conducta alejada, digámoslo así de los cánones, de los usos parlamentarios; es realmente excepcional, no tiene prácticamente antecedente. Me preocupa la gravedad del precedente que SS. SS. han establecido.
Convendrán conmigo también en que, además de no tener precedente y apartarse de los usos parlamentarios, el Congreso parece ser el sitio adecuado para el debate y no llevarlo a otro sitio, como supongo que se hará a través de conferencias de prensa unilaterales. (Varios señores Diputados: Eso es.) En tercer lugar, esto no es algo nuevo. Desde los albores mismos de la historia de la democracia, incluso más allá de la política, el Congreso es el lugar elegido para el debate y ustedes han optado por otra fórmula. Eso obliga a reflexionar por qué.
Mi conclusión, dado que sus argumentos me parecen insuficientes, con todo respeto, es que tienen una concepción instrumental del control parlamentario a la acción política del Gobierno, y el Gobierno no; tiene una concepción sustancia. Pero cuando se tiene una concepción instrumental, será para un objetivo y dentro del marco de una concreta estrategia. ¿Cuál es ella? Sinceramente, la que ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: desgastar la figura personal del Presidente del Gobierno, Felipe González. No puede tener ningun otro sentido. Ustedes no quieren tener información, quieren mantener una estrategia concreta, que aquí es de desgaste y fuera de aquí, desgraciadamente en muchos casos, se traduce en una auténtica operación de intento de linchamiento moral de Felipe González. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Y cuando persiguen ese objetivo, efectivamente, no les falta algo de razón. Ustedes saben que Felipe González es el bastión básico del proyecto socialista.
Porque su objetivo no es Felipe González siquiera; es el conjunto del proyecto socialista el que ustedes tratan de liquidar con esta forma de hacer política. A lo mejor siguen temiendo, por mucho que digan, que Felipe González termine encabezando la candidatura socialista a las elecciones generales. (Aplausos.) Y les horroriza, señorías.
Para el Gobierno esto no es un instrumento; esto es algo sustancial. Lo he tratado de decir anteriormente, porque realmente incide en uno de los ejes cardinales del conjunto de la política de esta legislatura, que era la lucha anticorrupción.
Sobre eso deberíamos debatir, porque este es un caso típico y significativo. Cómo desde una posición de poder económico se puede llegar a lograr un clima social de intoxicación permanente.
Creación de un clima social que tiene como premisa intentar, a su amparo, lograr la impunidad de personajes de esta calaña.
Ciertamente, cuando el Gobierno, cuando el partido decidió que un objetivo básico era la lucha contra la corrupción y el Presidente lo configuró como una de las líneas maestras de esta legislatura, nosotros sabíamos que la lucha contra las tramas de corrupción iba a ser muy difícil, porque los corruptos no se resignan. Es así de simple, seorías. Los corruptos están dispuestos a utilizar toda clase de mecanismos, legales o ilegales, fraudulentos o de cualquier tipo, porque no van a renunciar voluntariamente a las situaciones de privilegio que ilícitamente habían obtenido de manera previa. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Sabíamos, además, que se podía volver contra nosotros, que no podía ser gratuito; que, en definitiva, confrontarse con ellos, iba a tener sus costes, pero sabíamos, sobre todo, que estábmaos obligados como Gobierno a pagar esos costes en beneficio del interés general.
Yo querría, para terminar, hacer una reflexión, si me lo permiten, a los grupos de la oposición. Es verdad que la responsabilidad básica en la lucha contra la corrupción corresponde al Gobierno --¡Claro que es verdad!--, pero los grupos de oposición también tienen sus responsabilidades, por lo menos aquellos grupos de oposición que quieran ser responsables.
Al menos, una petición muy concreta me atrevería a hacer: que se dé un mensaje nítido a los corruptos; que la política contra los corruptos que ha iniciado este Gobierno es una política de Estado y que, en consecuencia, los corruptos sepan que no va a depender ni de la prolongación de la legislatura ni de quién forme el Gobierno siguiente tras las elecciones generales. Den este mensaje nítidamente. (Fuertes aplausos en los bancos socialistas.) Por tanto, nada de ambigüedades, por favor. Sobre la ley del punto final, ninguna ambigüedad. Ninguna ambigüedad sobre la necesidad de dar la vuelta a la página, ninguna ambigüedad. De ella se aprovechan

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los corruptos. Por lo menos, un mensaje nítido en este tema me parece que es una petición razonable y, además, les garantizo que la sociedad --la sociedad que queremos los socialistas-- no permitiría esas leyes de punto final.
Creo que los demócratas tenemos un deber muy claro, tenemos que recuperar el espacio publico, el espacio de la política. Los socialistas lo estamos intentando; no estaría mal que cundiera el ejemplo.
Termino, señor Aznar --como acostumbran ustedes a hacer cuando interviene persona distinta del Presidente, para referirse al que se encuentra en esta tribuna-- (Risas.), con una sola pregunta: ¿No se le ha pasado, señor Aznar, por la imaginación la posibilidad de que por una vez en la vida, y sin que sirva de precedente, sería conveniente estar a favor del Gobierno, aunque sea contra Roldán, contra Perote o contra Conde? Nada más, muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los bancos socialistas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias. señor Ministro.


IX SOLICITUDES DE CREACION DE COMISIONES DE INVESTIGACION:

--SOLICITUD DE CREACION DE UNA COMISION DE INVESTIGACION PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES POLITICAS QUE RESULTEN DE LA CREACION, ACTUACION, FINANCIACION Y ENCUBRIMIENTO DE LOS GRUPOS ANTITERRORISTAS DE LIBERACION (GAL), FORMULADA POR 85 SEÑORES DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 156/000021)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, solicitudes de creación de comisiones de investigación.
Solicitud de creación de una comisión de investigación para determinar las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formulada por 85 señores Diputados del Grupo Popular.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Trillo.
(Fuertes rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (Pausa.) Cuando quiera, señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, si fuera posible consultar, a través del sistema informático, cuáles son los temas que más iniciativas han merecido durante el último año de esta legislatura, menguante, probablemente aparecerían en la pantalla el déficit público y el GAL. No dejará de ser decepcionante para quienes en el futuro estudien este período histórico comprobar que este Parlamento fue incapaz de aprobar unos Presupuestos que recortaran el déficit público y de crear una comisión de investigación que de una vez esclareciera los hechos del GAL.
Pero, fíjense, habrá una cosa aún más difícil: ni el más avezado historiador de la por lo demás prestigiosa Escuela Catalana de la Historia conseguirá explicar por qué el mismo grupo, el de Convergència i Unió, hizo imposible, al tiempo, que se aprobaran unos Presupuestos y que se creara esta comisión de investigación.
Lo van a tener difícil. Van a tener dificultades para explicar una paradoja que lleva a romper con un Gobierno en algo tan decisivo como los Presupuestos y a apoyarle rotundamente en algo tan no menos decisivo como una comisión de investigación.
Señorías, probablemente sería redundante intentar de nuevo, aquí y ahora, una narración de las fechorías del GAL, porque todas SS.
SS. saben --y yo creo que la mayoría de los españoles también-- que a esa banda criminal se le atribuyen veintisiete asesinatos, veinticuatro herido y dos secuestros, entre otras cosas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) También saben SS.SS. que por estos hechos se juzgó a aquellos comandos mercenarios que pudieron capturarse, y que se condenó ejecutoriamente a dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por haber organizado o colaborado en la organización de tales comandos asesinos, Como también saben SS.
SS. que en estos momentos están actuando los Tribunales de Justicia, incluso el propio Tribunal Supremo, para depurar las responsabilidades penales de quienes aparecen presuntamente como sus principales responsables.
¿Por qué entonces plantea el Grupo Popular, precisamente ahora, la creación de una comisión de investigación sobre los hechos y las responsabilidades políticas que se deriven del GAL? ¿Por qué precisamente ahora? Lo diré con palabra precisa, que no es propia, para dotarla así de mayor neutralidad: «De febrero a ahora han ocurrido hechos nuevos muy tremendos (sic). Todos los procesados del GAL --Sancristóbal, Planchuelo, Alvarez, Hierro, Damborenea--, a más de Amedo y Domínguez, pasaron a autoinculparse, a aducir que obedecían órdenes de sus superiores y a señalar el conocimiento del Gobierno. Eso tiene un valor político de tan enorme peso que ¿cómo no iba a hacernos dudar si ha motivado nuestra ruptura de compromisos con el Gobierno?» Huelga cualquier comentario cuando la cita del portavoz del Grupo de Convergència i Unió en esta Cámara es tan expresiva de lo que ha ocurrido, como él mismo dice, de febrero a ahora.
Sin embargo, permítanme que añada algo más: todo eso ha sido leído por muchos como un paso de la sospecha a la certeza moral.
Lo haré de nuevo con palabras ajenas, con las de un jurista independiente, un intelectual prestigioso, Luis María Díez- Picazo, director del departamento de Derecho Público del Instituto

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Universitario Europeo, en el diario «El País»; Una cosa es sospechar y otra cosa es saber que una parte del aparato del Estado estuvo detrás de la guerra sucia contra el terrorismo.
Además, a todo ello han venido a sumarse tres acontecimientos que no pueden sernos indiferentes. En primer lugar, el Grupo Popular supo, como todas SS. SS., por informaciones de todo género, que con los fondos reservados del Ministerio del Interior se habían cometido irregularidades que apuntaban al pago de sobresueldos, a la compra de voluntades y al pago de silencios. Pretendimos, por ello, una comisión de investigación parlamentaria en esta Cámara y se nos negó por la mayoría, y nos forzaron a ir a los tribunales --porque es un Estado de derecho aquel donde, al menos en los tribunales, se exige el cumplimiento de la ley-- y allí han sido ratificados muchos de los indicios que públicamente se expusieron entonces.
Por si fuera poco, con posterioridad hemos sabido que del organismo principal de inteligencia del Estado, el que asesora directamente al Presidente del Gobierno, no sólo salen pruebas documentales sobre el caso del GAL, sino que además parece que en algunas de ellas, que tanto han preocupado, por cierto, al Gobierno, se demuestra que existió el planeamiento y coordinación de las actividades del GAL y de la guerra sucia desde las más altas decisiones de Gobierno. Y por si esto fuera poco, la reacción del Gobierno es la que acaba de conocerse: la negociación, el chantaje. Es igual, es igual.
Permítanme, para concluir sobre la necesidad de esta comisión que vuelva a recurrir a palabras ajenas, a palabras de cuya neutralidad no puede espero, dudarse, de nuevo las del señor Molins: Todo el pueblo español tiene derecho a una explicación sobre el GAL, que ha de servirse en público. Efectivamente. Pero como se han dicho también muchas cosas, van a permitirme, señorías, señor Presidente, salir al paso de algunas de las afirmaciones que hemos escuchado estos días sobre las intenciones que mueven al Grupo Popular, al que en este momento me honro en representar, porque, al hilo de esas argumentaciones, creo que se puede hacer un esfuerzo para comprender cuáles son los verdaderos límites de la responsabilidad política que queremos esclarecer en la comisión que proponemos.
Se ha dicho que el Partido Popular y otros muchos apoyan ahora una comisión de investigación del GAL porque, entre comillas --y lo subrayo para los taquígrafos y para todos--, «ha salido mal».
Señoras y señores Diputados, con la responsabilidad que proporciona a mi Grupo Parlamentario saberse alternativa de Gobierno, con el respaldo mayoritario de los españoles en las dos últimas confrontaciones electorales, con lo que ello implica de compromiso y de denuncia, permítanme, para que quede en el «Diario de Sesiones», subrayar lo evidente: que la muerte premeditada y alevosa de una persona es siempre un asesinato, sea quien fuere su autor, sea quien fuere la víctima; que la ley, la ley penal, en un Estado de derecho, no distingue, y ésa es su grandeza y su servidumbre para los servidores públicos; que, de la misma forma, el secuestro es un crimen contra la libertad, sea quien fuere su autor, sea quien fuere la víctima; y de la misma forma lo son contra la libertad y la dignidad de las personas la tortura, el atentado, la extorsión y el chantaje. Y me dirán de seguro hoy mismo que para eso están actuando los tribunales de justicia, para depurar las responsabilidades penales que puedan derivarse de semejantes atrocidades. Ciertamente, para eso están actuando los tribunales de justicia, pero hay un tipo de responsabilidad distinta. Hay un plus adicional que afecta a quien tiene encomendado lo que los italianos llaman el «indirizzo político», la dirección política del Estado, la impulsión de la dirección política del Estado. Hay un plus en la conducta de los gobernantes que es el correlato de ese plus que deriva del poder de dirigir la comunidad a la que sirven o deben servir. Por eso la responsabilidad política no es la misma que la responsabilidad penal. Salgo con ello al paso de ese argumento sostenido tantas veces y de manera capital estos días --y quizá debieran guardar mayor silencio desde el puesto institucional que ocupan-- de que no deben confundirse responsabilidades políticas y penales y, por tanto, no deben confluir la investigación penal y la investigación política. ¿Cómo se puede decir desde tan altas responsabilidades semejante dislate? Señorías, cualquier lector de la Constitución Española, sin necesidad de interpretación, porque ya se sabe que cuando hay claridad no es precisa interpretación, al leer el artículo 76 sabe que hay plena compatibilidad entre la investigación judicial y la investigación política, porque las comisiones de investigación del Congreso y del Senado podrán investigar cualquier asunto --dice-- de interés público. Y la Constitución, el constituyente, intuyendo lo que es una realidad práctica en la vida parlamentaria de otras democracias europeas, proclama, de manera que hace ver que la investigación política es previa, que las conclusiones de la investigación parlamentaria no serán vinculantes para los tribunales de justicia. ¡Naturalmente! ¿Y saben SS. SS. por qué? Yo creo que sí lo saben, incluso quienes defienden esa supuesta incompatibilidad. Porque Poder Judicial e investigación parlamentaria son ambas potestades inquisitivas, supremas en su orden, absolutamente independientes, como dice la Constitución, por la sencilla razón de que tienen un objetivo distinto: la responsabilidad penal, en los tribunales de justicia; la responsabilidad política, en los foros parlamentarios, que no son la misma. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal compete al ciudadano y es exigible ante los tribunales; la responsabilidad política compete a quienes están en el ejercicio de la Función pública. Por eso el procedimiento es distinto. Y no se rige una comisión de investigación parlamentaria por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¡faltaría más ! Ni siquiera le son predicables las garantías del

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artículo 24, ¡faltaría mas! Hay quienes debieran recordar los esfuerzos de la Mesa de esta Cámara para evitar trasladar siquiera sean apuntes de responsabilidad desde lo investigado en algunas comisiones, célebres en esta Casa, a los procesos judiciales, porque no se han producido las declaraciones con las mismas garantías, porque no son los mismos los objetos de la investigación política que los de la investigación judicial. Son absolutamente distintos. Es distinto el procedimiento, distinto el foro donde han de plantearse.
¿Cómo se puede pretender que es cabal, que es prudente que todo un país espere a la decisión el Tribunal Supremo para saber si hay o no responsabilidades políticas en el Gobierno? ¿Quién encomienda al Tribunal Supremo que tenga que dilucidar las responsabilidades políticas del Gobierno en España? ¿Cómo se puede sostener un dislate semejante? Ni el Tribunal Supremo es competente para eso ni se respeta su independencia cuando se le hace pronunciarse sobre cosas en las que no debe entrar. Hay que actuar previamente aquí.
¿Y cuáles son esos actos, cuáles son esos ámbitos distintos entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal? Puede haberlos confluyentes. Naturalmente que hay unas gravísimas responsabilidades políticas, que las habrá si así se acuerda en su día, si los tribunales declaran responsable penalmente a algún miembro del Gobierno en el caso del GAL. Naturalmente que habrá unas gravísimas responsbilidades políticas, pero hay, puede haberlas y creemos que las hay, responsabilidades políticas, hubiere o no responsabilidades penales ante el Supremo, hubiere o no responsabilidades penales.
Estos días se ha querido recurrir por algunos, y parece que por algunas, a la memoria histórica. Adelante, háganlo, pero no hace falta encargar dictámenes a los historiadores. Basta irse a la biblioteca del Congreso, si no se tienen en la propia, para repasar los discursos de don Indalecio Prieto, en 1922, o los artículos de don Julián Besteiro, en 1923, y encontrar clara doctrina que diferencia entre las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales. No hace falta, señorías, quienes tan inquietos están por la historia, que vayan a otros ámbitos, que vayan a otros fueros intelectuales; lo tienen en el suyo, repasen, repasen. Repasen y verán cómo no es un invento del Grupo al que represento.
Hay un tercer argumento que nos va a ir permitiendo delimitar, señor Presidente, cuáles son, cuáles pueden ser esas responsabilidades políticas distintas de las responsabilidades penales. Fíjense, al hilo de un tercer contraargumento arrojado cínicamente contra el Partido Popular, se dice: El Partido Popular o sus predecesores pedían mayor dureza en la represión y en la lucha contra el terrorismo cuando en 1983 el terrorismo azotaba con singular dramatismo este país. Y es verdad, es verdad que el Partido Popular o sus predecesores pedían mayor dureza.
Pero no es lo mismo pedir toda la fuerza del aparato del Estado contra el terrorismo que colocarse a su sombra para constituir grupos armados, al margen de la ley, contra el terrorismo. No es lo mismo. Esa actitud legítima aún más nuestra posición de hoy.
Fíjense, un Estado puede tomar decisiones muy graves, asumir en la lucha contra el terrorismo medios extraordinarios. Cuando considere que la situación es excepcional lo puede hacer recurriendo globalmente a las situaciones de anomalía. Cuando considere que hay una amenaza concreta lo hace reaccionando con la cláusula «Salus publica suprema lex esto», reaccionado con toda la contundencia del ordenamiento. Acabamos de ver un caso que algunos torpemente han querido comparar con el GAL. El Gobierno de Gran Bretaña decidió que unos agentes dispararan y mataran a quienes parecía iban a atentar contra un objetivo de seguridad del Reino Unido --al menos así lo entendían ellos-- y han sido condenados por el Tribunal Europeo por desproporcionalidad. Pero fíjense en la diferencia, no se planea una acción global contra el terrorismo. Se responde a una amenaza concreta. No se pone en marcha la contratación de unos mercenarios; se ejecuta por agentes de la seguridad del Estado.
No se oculta ningún gobierno de sus propias responsabilidades.
Dan la cara incluso si ha habido error. No se esconden y siguen sin afrontar sus responsabilidades.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, vaya concluyendo, por favor.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Voy concluyendo, señor Presidente. Muchas gracias.
Déjenme decirles que aquí surge ya una expresión clara de responsabilidad política, porque es una gravísima responsabilidad política defraudar la confianza del pueblo y engañarle, y engañar a esta Cámara. Y es una farisaica actitud calificar de extremistas, incluso de peligros para la democracia a quienes ahora incluso, todavía con mayor cinismo, se quiere hacer aparecer como cómplices, porque quienes pidieron la máxima dureza en la lucha contra el terrorismo desde esos bancos lo hicieron siempre con sometimiento a la ley, y es una hipocresía quebrantar la ley, ocultarla y venir a este Parlamento, o fuera de él, a decir lo contrario, a presumir de respeto democrático y con la otra mano bajo la mesa pagar a grupos armados terroristas, como lo ha sido el GAL. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Hay responsabilidades políticas, señorías, cuando se traiciona la confianza del electorado. Hay responsabilidades políticas cuando se utilizan para uso propio los bienes que se han puesto para el servicio público. Hay responsabilidades políticas --y puede haberlas en el caso del GAL-- si se comprueba que se tomó la decisión de actuar, la de encubrir o la de financiar; si se comprueba que efectivamente se implicó no ya a un departamento, sino al que asesora especialmente al Presidente del Gobierno, si ha habido una coordinación

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y un planeamiento que sólo el Presidente del Gobierno podía determinar. Hay responsabilidades políticas cuando se conocen ciertos hechos y no se evitan, pudiendo evitarse. Hay responsabilidades políticas cuando se tolera, sin castigo, sin responsabilidad disciplinaria o penal, cierto tipo de actuaciones. Hay responsabilidades políticas cuando se fomentan ciertas actitudes como modelo de conducta, a través de premios, ascensos o promociones profesionales; también ahí hay responsabilidades políticas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine, por favor.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Hay responsabilidades políticas cuando se entorpece la investigación interna, judicial o parlamentaria, y desde luego las hay cuando no se investiga.
Hay responsabilidades políticas cuando, en el Parlamento y fuera de él, se proclama una cosa y, de forma oculta, se hace otra, defraudando lo que se está diciendo públicamente al pueblo. Hay una responsabilidad política, por tanto, distinta de la penal, directiva, por acción y por omisión, que es la que corresponde ventilar a este Parlamento, y que, sin hacerlo, llevará a este Parlamento, y a los que vengan quizás, a la frustración.
Finalmente, señor Presidente, no puedo dejar de aludir a otro argumento manejado, de nuevo, estos días: cómo es posible que el Partido Popular apoye una comisión de investigación sobre el GAL y se niegue a que exista una comisión de investigación sobre el acuartelamiento de Intxaurrondo, de la Guardia Civil. Pues bien, señorías, por lo antedicho y porque, evidentemente, los miles de hombres que han pasado durante estos años por Intxaurrondo no están allí por dependencia política. Están allí en virtud de disciplina y no tienen que responder políticamente. Si hay errores, tienen que responder disciplinariamente, tienen que responder penalmente, naturalmente. Ya lo han hecho --ya se recordaba el otro día--, ya se está haciendo y se seguirá haciendo, naturalmente que sí. Pero señalar a Intxaurrondo indiscriminadamente es injusto, señorías.
Pretender que se investigue un acuartelamiento de la Guardia Civil por responsabilidades políticas es un absurdo, señorías.
Poner bajo sospecha a más de 7.000 hombres de la Guardia Civil es una injusticia, señorías, y efectivamente es poner en peligro la seguridad del Estado.
Ahora bien --lo diré con toda claridad--, si la comisión entiende que quien ha tenido responsabilidades directivas, allí o en cualquier otro centro directivo, puede aportar elementos para el esclarecimiento de las responsabilidades políticas del Gobierno, que es quien ha de responder políticamente, el Partido Popular no se va a oponer a su comparecencia, antes al contrario.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Termino, señor Presidente, dirigiéndome --no sé, me temo que con escaso futuro-- al Grupo mayoritario de esta Cámara, porque pretendería, señoras y señores Diputados, que reflexionaran sobre esta última oportunidad. (Rumores.) A juicio del Gobierno, hay sólo dos hipótesis: o el Gobierno resulta implicado en la organización, actividades, encubrimiento y financiación del GAL o resulta que es una maquinación conspirativa. Vamos allá. Esclarezcamos cuál de las dos hipótesis es cierta. ¿Es que hay miedo a la verdad? Si hay una trama, es el momento de desmontarla. La comisión puede lograrlo, y de manera particular...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Trillo, termine en medio minuto, por favor.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Sí, señor Presidente, concluyo ahora mismo.
Entre SS. SS. se sienta quien está señalado por sus más inmediatos colaboradores como Ministro del Interior responsable directo de aquellos casos. Lamento que no esté ahora presente y guardaré la ausencia. Pero a ustedes, señores de la mayoría, les digo: ha reclamado su derecho a defenderse el señor Barrionuevo, tiene derecho a defenderse el señor Barrionuevo, tiene derecho a defender su trayectoria política. ¿Es que SS. SS. no se fían de lo que pueda decir el señor Barrionuevo? ¿O es que el Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso no se fía de la Cámara? ¿O no se fía de sus señorías? (Rumores.) Dejen votar al señor Barrionuevo, dejen que ejerza su derecho de defensa.
Señor Presidente, concluyo ya. Les sigo pidiendo el apoyo para que la verdad resplandezca en beneficio de todos. Les pido el apoyo para que personas, instituciones y Gobierno recuperen su honor si lo merecen; para que no se atribuyan a los tribunales de justicia decisiones que no tienen que asumir. Les pido también su apoyo para que esa comisión sirva para redimensionar un aparato de seguridad del Estado más democrático. Y les pido también su apoyo para que este Parlamento pueda pasar la página del GAL.
Ustedes pueden volver a negarse. No sería, entonces, el primer crimen de Estado que quedara en la sombra de la leyenda, pero, en este caso, la Historia ya sabría quiénes son los que han escrito la nueva leyenda negra.
Gracias. (Aplausos.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en nombre de mi Grupo, nos vamos a oponer a la creación de la comisión de investigación

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sobre las actividades del GAL, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tengo que decir, señor Presidente, señorías, que visto desde este momento, desde el momento actual en que vivimos, desde una democracia asentada como la que tenemos, visto desde 1995, piensa este Diputado que esta Cámara debería haber creado o haber aceptado una comisión de investigación sobre los GAL en 1983. No lo hicimos, señorías, y todos, seguramente, nos equivocamos.
Esta Cámara, que no actuó en su momento de esa manera hace doce años, sí pudo haber sido interpelada no por SS. SS del Grupo conservador, sino por las víctimas inocentes que perdieron la vida y por aquellos que, aunque culpables de horrorosas y terribles muertes, tenían derecho, sin duda, a un juicio justo.
No interpelan ustedes, señorías. Es posible que a esta Cámara, que no quiso, que se equivocó en su momento, la interpelen estos ciudadanos. Pero, hoy, señor Trillo, señor portavoz, ya no es necesario. La justicia, por fin, va a resplandecer; los jueces, por fin, de manera transparente y profunda, van a hacer justicia.
Hoy no vamos a aceptar que se interponga un juicio paralelo frente a un procedimiento judicial. Hoy, señor Trillo, tiene un escasísimo sentido. No tiene sentido alguno la creación de una comisión de investigación cuando ya se está ultimando la investigación penal. Aquella comisión de investigación, es decir, esa que ustedes quieren solicitar, que no solicitaron hace años sino ahora, nada aportaría al descubrimiento de unos hechos y sí podría considerarse como una intromisión ilegítima en la conducta del órgano jurisdiccional, pues, señores de la derecha de este país, esa comisión de investigación que ustedes solicitan, la actuación de esa comisión, sin duda alguna podría entorpecer la labor investigadora del órgano jurisdiccional, para la cual tiene competencia exclusiva de acuerdo con el artículo 117.3 de la Constitución. De esa manera, indirectamente, esta Cámara sin duda alguna, incidiría también en la independencia de los magistrados.
Puesto que la comisión de investigación no podría llevar a cabo la calificación jurídica de los hechos ni la imputación de tales hechos respecto a determinadas personas, su labor resultaría perfectamente inútil. Esa comisión, nada, nada añadiría a la averiguación excluyente de los hechos ni tampoco al prestigio mismo de la Cámara, que se incorpora de manera tardía a la tarea investigadora, superponiéndose a la actuación de los tribunales de justicia, únicos encargados del enjuiciamiento de los hechos.
¿De qué se trata entonces? ¿Se trata realmente, como aquí se ha venido en decir, de investigar responsabilidades políticas, a pesar de la posibilidad de confrontación entre competencias? No, señorías, no interesa a esta derecha investigar responsabilidades políticas; esta derecha, según la ya llamada doctrina Aznar --por cierto, incapaz de asumir las propias--, entiende la responsabilidad política siempre que se predique de los otros, a ser posible socialistas, siempre que tenga carácter previo a cualquier investigación. Además, la deciden quienes acusan, tiene como fuente la publicación de algún escándalo, verdadero o falso, en un diario, y, como consecuencia, la inmediata exigencia de dimisión de algún miembro del Gobierno o de su Presidente. Esta es la doctrina Aznar en los temas de responsabilidad política.
Por tanto, no es necesaria porque es previa. Algo hemos aprendido los demócratas de toda la vida en estos dos años de legislatura.
(Rumores y risas.) Atento sin duda a esta curiosa doctrina, el portavoz de su propio Grupo, con ocasión del debate acerca de la creación de la comisión de investigación sobre Intxaurrondo, afirmaba --abro comillas--: «Ahora creemos sinceramente que la depuración de responsabilidades políticas ya sobra. Están más que claras. Desde febrero a hoy la actuación de la justicia ha convertido en superflua e innecesaria la creación de una comisión de investigación sobre la responsabilidad política del caso GAL» -- cierro comillas--. Lo decía su portavoz. Y, señor Presidente, consecuente sin duda con esa permanente incoherencia de los conservadores, tras excitar --como han hecho hoy desde la tribuna para otro tema-- al resto de los grupos parlamentarios a solicitar esa comisión de investigación, decía --y abro comillas para que vean lo que su portavoz decía sobre ello--: «Comprometo en este momento el voto favorable de nuestro Grupo a dicha comisión, aunque ya nos parezca innecesaria» --cierro comillas--.
Entonces, si la creen innecesaria, ¿por qué la presentan? ¿Por qué la votan si la creen innecesaria? ¿Qué razones hay si la creen innecesaria? ¿No será, señor Presidente, que quienes han instrumentalizado la acción de la justicia, mediante la denuncia permanente en los juzgados, desconfían de la independencia judicial ahora y prefieren el juicio inquisitorial paralelo? No parece que importe mucho la independencia judicial, la independencia de jueces y magistrados, a quienes reparten alabanzas o descalificaciones, según el discurrir de la actuación judicial y así jalean la publicación fascicular de sumarios secretos en detrimento de las garantías procesales más evidentes; o bien, aplicando la torpe doctrina Cascos, advierten al tribunal cuál debe ser el signo de sus resoluciones, amparándose en un veredicto popular imaginario pero coincidente con sus propios deseos; o ensalzan al final, a quien, desde la cúpula del Poder judicial, califica a representantes del pueblo, a representantes de esta Cámara, de amigos de asesinos y ladrones, convirtiéndose, por cierto, en triste vocero de la estrategia desestabilizadora de alguna derecha de este país. (Rumores.) Tampoco se cree, señor Presidente, en la labor objetiva que una Comisión de Investigación pudiera llevar a cabo, pues quien hoy solicita que se investigue aquí, niega esa posibilidad en el Parlamento gallego sobre unas supuestas facturas falsas en Interior --por cierto, no sometidas a investigación judicial todavía--, solicitada por todos los grupos parlamentarios, en una clara

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postura, señor Presidente, de hipocresía política propia de especialistas en la ley del embudo. Se quiere convertir --algún ejemplo hay en este momento mientras hablo-- una vez más este Parlamento en el escenario de la batalla de quienes postulan la política como un espectáculo agresivo y ensombrecen su auténtica función, atendiendo, evidentemente, con carácter exclusivo, a cálculos de rentabilidad electoral; esa política, señor Presidente, destructiva y radicalizada, que sólo atiende a la lamentable consigna de echar carnaza, del todo vale, de cuanto peor, mejor; esa forma de hacer política que pasa de manera fulgurante, rápida, de la sospecha al indicio y de éste a la acusación y a la condena, buscando, señor Presidente, sin duda, el descrédito del Presidente del Gobierno, de su Gobierno, de los socialistas, en un esfuerzo tan torpe como inútil, destinado a arruinar el proyecto socialdemócrata en nuestro país, esfuerzo, por cierto, señor Presidente, inútil.
Si no se considera necesario, si parece que es interponerse en el camino del procedimiento judicial, ¿en nombre de qué Estado de Derecho vamos desde este foro a alentar las declaraciones sobradamente conocidas de algunos de los personajes más sórdidos y siniestros de la historia reciente? ¿En nombre, señor Presidente, de qué Estado de Derecho va a servir este foro de amplificador de las denuncias del arrepentido acusador, del apologeta del terrorismo, o del vendedor de dossiers? ¿En nombre de qué Estado de Derecho, señor Presidente, tenemos que servir de altavoz los parlamentarios a la estrategia de la defensa de los acusados? ¿En nombre de qué Estado de Derecho, ahora que el proceso penal está concluyendo, vamos a avalar en este foro a quienes tratan de imponerse a la voluntad popular, cambiar las reglas de juego y dictar las condiciones de la vida política? Se trata, señorías, de repetir el mensaje y que su insistente repetición convierta lo falso en verdadero. Se trata de mantener la sospecha continuada, apelando, señor Presidente, lo hemos escuchado dentro de la Cámara y fuera de ella, a las más curiosas esencias democráticas y al no menos curioso concepto de Estado de Derecho. Se consolida el principio de culpabilidad al margen de todo proceso penal, principio de culpabilidad gracias al cual en él toda calumnia encuentra amparo, todo adversario político se convierte en reo y toda defensa deviene imposible. Ese principio de culpabilidad política, no de responsabilidad política, de culpabilidad política que nos lleva por el túnel del tiempo a las épocas más decadentes de nuestra historia, donde también primaba la injuria sobre la razón o la sospecha sobre los datos.
Señor Presidente, el Grupo Socialista cree profundamente, profundamente, que el Gobierno ha actuado siempre con respeto a la legalidad en su lucha contra los terroristas. Así lo ha venido afirmando con rotundidad el Presidente del Gobierno desde 1983 y desde el mismo año, para quien ha querido escucharle, viene proclamando su repulsa a cualquier tipo de terrorismo.
Hoy, señor Presidente, una vez más, con toda la solemnidad posible, desde esta tribuna, mi Grupo condena de manera radical y sin paliativos los crímenes del GAL. No hay, para los socialistas, terroristas buenos y terroristas malos, repelemos cualquier forma de terrorismo antes y ahora. El terrorismo, señor Presidente, va contra el Estado de Derecho, valor básico de la izquierda y cuya consecución y consolidación en nuestro país ha sido protagonizada de manera especial por muchos socialistas, algunos de los cuales hoy son injustamente calumniados.
Señor Presidente, porque creemos en la justicia queremos que todos dejen trabajar a los jueces, que los jueces trabajen en paz. Ellos resolverán sobre las responsabilidades a que hubiera lugar, en su caso, con estricto respeto a las garantías del procedimiento judicial y haciendo, sin duda alguna, caso omiso de procesos inquisitoriales paralelos.
Señor Presidente, termino, con la certeza y estando también seguro de que además esa actuación judicial transparente y profunda hasta al fondo permitirá poner a cada cual en su sitio, recuperando la imagen, tan dañada por ustedes, por cierto, de quienes en el marco de la legalidad han estado siempre, y a veces solos, antes y ahora, luchando por la paz y por la tolerancia frente a los violentos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Barrero.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor Presidente.
Señor Barrero, hace usted un discurso en el que, lejos de buscar la contraargumentación a lo que yo he tratado --serenamente, espero-- de delimitar como responsabilidades políticas que ahora debieran esclarecerse en el caso del GAL, mezcla los argumentos derivados de la tesis --he visto debilitada tesis-- de la confusión entre la investigación judicial y penal con las alusiones poco chistosas --no ha generado ningún entusiasmo en los miembros de su Grupo-- a la llamada doctrina tal o doctrina cual, y nada sobre el fondo del asunto, ni sobre los argumentos que yo he expuesto, ni sobre los hechos que tan cabalmente expone en sus últimas declaraciones el portavoz de Convergència i Unió.
Por cierto, que no estaría de más, aunque no me hace la gentileza de escucharme el señor Molins, que aclararan las suculentas razones que les han llevado a cambiar hoy de opinión, al parecer.
Sería muy bueno que se conociera qué razones abonan hoy su negativa y su contradicción con lo que yo he leído de sus recentísimas declaraciones. Yo no le quiero forzar. Estaríamos encantados de conocer esas razones, pero

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también estaremos encantados en cualquier caso de saber cuál va a ser el costo de futuro. Hay próximamente unas elecciones catalanas y también a ello nos atenemos.
Vuelvo al señor Barrero. Sus alusiones a la doctrina Aznar, Cascos, etcétera --que, insisto, no han tenido mayor éxito--, podía haberlas omitido. Empezaré por decirle que no es la doctrina Cascos o Aznar, es la doctrina de responsabilidad política, desde luego del Partido Popular y, por fortuna, de muchos otros, incluso de algún miembro de su partido. Porque hay quien con tiempo terminó presentando su dimisión, no por hecho propio, pero por hecho de otro, que no podría haberse realizado sin, aparentemente, haber tenido el consentimiento del responsable político.
Hay quien ha asumido la responsabilidad política por la fuga de Roldán de manera inmediata, presentando su dimisión en esta Cámara. Y, desde luego, recuerde, intrapartido, los señores Naseiro, Palop y Sanchís abandonaron todas sus responsabilidades, incluido el partido mismo. (Rumores.) Recuerden más, pedimos una comisión de investigación en esta Cámara, que ustedes, para no crear precedentes que les perjudicaran, negaron. Y recuerden aún más, recuerden cómo recientemente ha reaccionado el Partido Popular en el injustamente, a mi juicio, llamado caso Cañellas.
Tome buena nota de lo que es la doctrina de la responsabilidad política, que, insisto, señor Barrero, no la ejercemos en monopolio, pero nosotros la ejercemos. (Rumores.) Déjeme añadirle ya alguna consideración adicional que sé que no va a tener mucho éxito, porque veo que está embravecido aquel tendido. (Rumores.) Señor Barrero, usted ignora no sólo los hechos nuevos a los que hacía referencia la cabal enumeración de las declaraciones del señor Molins. Por ejemplo, usted ignora que ayer mismo la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de nueve implicados.
Fíjese, los implicados y los procesados no son algo banal, no son algo ajeno a las filas del Grupo de la mayoría. Son quienes fueron Secretario de Estado de Seguridad, Director para la Seguridad del Estado, Secretario General del Partido Socialista del País Vasco, Comisarios Jefes de la Lucha Antiterrorista...
(Rumores.--Varios señores Diputados: ¡No!, ¡no!) Sí, sí. Al Partido, estoy seguro que de muchas de SS. SS. --me gustaría pensar que de todas SS. SS., pero, desde luego, de los dos referentes históricos que antes he citado-- le gustaría que se esclareciera la verdad en nombre de la dignidad de todos. Le gustaría que se esclareciera la verdad.
Usted ha vuelto a hacer una confusa mezcla de algo que yo creo que ha quedado bien claro, no sólo en términos constitucionales, sino en términos políticos: la responsabilidad penal y la responsabilidad política, la investigación judicial y la investigación política. Yo, por si no le han convencido mis argumentos, le voy a leer dos más próximos a su orilla. (Varios señores Diputados: ¡No!, ¡no!) Sí, señorías, con todo respeto: Los hombres piden justicia y equidad --leo-- y esa justicia y equidad no pueden sentirse satisfechas viendo cómo transponen los umbrales del presidio los culpables exentos mientras los culpables mayores, para no rendir cuentas a los jueces, se escudan tras una Constitución que ellos mismos han violado tantas veces. Son palabras, señorías, de don Julián Besteiro, sobre las que debieran reflexionar. (Rumores.) Y más. Sobre responsabilidades penales y responsabilidades políticas, en un memorable discurso, en 1922, en el que hubo incluso de suspenderse la sesión para continuarlo al día siguiente, dado el agotamiento del verbo siempre brillante de don Indalecio Prieto, decía don Indalecio Prieto: El Parlamento, dentro de su soberanía, puede acusar al Gobierno de responsabilidad por actos, por omisiones, por negligencias engendradoras de cualquier catástrofe y yo no puedo suscribir la teoría de que no es lícita la acusación porque los hechos que se imputan a los inculpados no constituyan ninguno de los delitos que los confeccionadores del Código Penal dejaron previstos.
Aténgase a sus propios precedentes.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Trillo.
Señor Barrero.


El señor BARRERO LOPEZ: Señor Presidente, intervengo con mucha brevedad, primero, para felicitar al señor Trillo por las buenas lecturas que veo que tiene, de don Julián Besteiro, y le animo a que profundice sobre ellas porque es posible, incluso, que pudiera cambiar de banco como consecuencia de ello. (Varios señores Diputados: ¡No, no, no!) Parece que mis propios compañeros dudan de que incluso el propio magisterio del profesor Besteiro fuera suficiente para cambiarle a usted de mentalidad.
En todo caso, yo sí que quería ser muy breve.
De su intervención, que yo no dudo que haya podido ser brillante pero que he entendido en escasa medida, fundamentalmente porque ha ido dirigida en gran parte al portavoz de Minoría Catalana, y su contraargumentación y réplica también, he creído deducir que buscaba usted una vez más, por las dificultades de confrontación entre competencias judiciales y parlamentarias, enfocarla sobre las responsabilidades políticas que se deducirían previsiblemente de esa comisión de investigación que usted solicita y que no solicitó --insistía yo-- hace años. Y ponía de manifiesto --lo mantengo otra vez, lo ratifico-- mi sorpresa ante las dificultades que ello supondría, toda vez que desde hace tiempo, desde hace meses, la investigación judicial está en marcha, y que, incluso, está finalizando. Por lo tanto, pocas claridades habría con referencia a la averiguación de hechos, escasas porque no es nuestra función con referencia a la imputación de los hechos, con referencia a personas, y posible confrontación entre una competencia y otra. Eso

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parece bastante evidente. Hasta tal punto parece evidente, señor Trillo, que, si no recuerdo mal, hace pocos días han dicho ustedes no a una comisión de investigación en Baleares por este tipo de argumentos también, porque había una investigación judicial previa, que ya está finalizando.
Lo que yo solicitaba y lo que le solicito ahora, señor Trillo, es que mantenga algún tipo de coherencia, que la mantenga, fuera de la Cámara y dentro de la Cámara, en una comunidad y en la Cámara, en un ayuntamiento y en una comunidad, para que aquellos que podamos contraargumentar vayamos tranquilamente por el camino de la lógica y del sentido común y no nos volvamos locos, porque lo que ustedes creen que es algo normal, que es la incoherencia, para quienes tenemos un cierto sentido común y cierta responsabilidad nos parece absolutamente ilógico. Eso es lo que intentaba decirle desde esa tribuna. (Un señor Diputado del Grupo Popular pronuncia unas palabras que no se perciben.) Aparte, no sería malo, señor Trillo, que aplacara a su correligionario de vez en cuando.
Por cierto, creo que ha puesto usted el ejemplo de una comisión de investigación de carácter interno, no parlamentario, con referencia al asunto Naseiro, etcétera. No le animaría yo mucho, señor Trillo, a que pusiera ese ejemplo ni aquí ni fuera de la Cámara, porque parece, hay noticias, publicadas y dichas incluso por el propio imputado, de que uno de los culpabilizados por ustedes, exclusivamente a nivel interno, por cierto, cobra su buena nómina como asesor del señor presidente del Partido Popular. Al menos fue una de las cuestiones que planteó en su día en la Comisión de Estatutos de esta Cámara. Mírelo, ratifíquelo, señor Trillo, porque me parece que no es un ejemplo de los que usted pueda poner aquí o fuera de aquí. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Barrero.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera señalar que la iniciativa que nos trae a debatir en esta Cámara al final de la mañana como punto último del orden del día, además de considerarla necesaria, en cuanto que es un ejercicio de salud política, es también una iniciativa largamente reclamada por la sociedad vasca y por sus representantes nacionalistas en esta Cámara.
Sin embargo, aunque estamos satisfechos, no estamos del todo tranquilos porque hemos advertido un cierto juego de ambigüedad en el Partido Popular a la hora de solicitar una comisión de investigación sobre el GAL y rechazar, sin embargo, la semana pasada, en Junta de Portavoces y en este Pleno, una comisión de investigación sobre el cuartel de Intxaurrondo.
Igualmente nos ha parecido, cuanto menos de mal gusto, que el Partido Popular presentase unilateralmente la iniciativa de crear una comisión de investigación sobre el GAL cuando han existido conversaciones entre todos los grupos para elaborar una propuesta conjunta, propuesta que, de llevarse a cabo, va a constituir el sello de esta movida legislatura y, prácticamente, la llave que cierre la puerta.
No quisiéramos pensar que el Partido Popular está jugando a doble banda. Por un lado, está aprovechando el tirón del GAL para atacar al Gobierno y por el otro se está demostrando que no tiene una clara intención de que se investigue el GAL --lo ha ratificado su portavoz hace unos momentos-- ni a Galindo ni a Intxaurrondo, cuando cualquiera es consciente de que ambos son intrínsecamente lo mismo. En cualquier caso, no sabremos si la propuesta va a fructificar o no hasta que no se posicione el portavoz de Convergència i Unió, cuyos votos son necesarios para la creación de esta Comisión.
Hace apenas unos días debatíamos en esta Cámara la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el cuartel de Intxaurrondo, que fue rechazada por socialistas y populares. Ya entonces hice un razonamiento que considero necesario repetir.
Uno de los vicepresidentes del Partido Socialista Obrero Español en el País Vasco, ausente ahora mismo en esta Cámara, aunque su voz se ha hecho notar contra los miembros del Partido Nacionalista y contra mí cuando salíamos en el debate que se ha producido anteriormente, decía este cualificado demócrata, martillo de herejes nacionalistas --argumentando contra la creación de la comisión para investigar Intxaurrondo--, que se trataba de someter a la Guardia Civil a un juicio paralelo e inquisitorial. Y lo ha dicho el señor Barrero otra vez. En primer lugar --y no me voy a alargar en ello--, está mal utilizado el término inquisitorial, porque en la Inquisición había un juicio previo y hasta la posibilidad de hacer defensas. Pero ése no es el caso. Lo que yo quiero subrayar es que éste es un brillante argumento, brillante, para juzgar y calificar una iniciativa de grupos parlamentarios con representación popular tan válida y digna como la suya.
Siguiendo con este razonamiento, ustedes, señores de Convergència i Unió, argumentan ahora que la creación de una comisión de investigación sobre el GAL equivaldría a establecer un juicio paralelo con los sumarios ya abiertos. A mí me parece que esto es una nueva burla a esta Cámara y una grave falta de respeto a sus miembros y su reglamento, precisamente cuando se pretende hacer un uso de los instrumentos de control de que dispone este Parlamento y que este Parlamento se ha dado a sí mismo. ¿No es ésta precisamente una de las vías legítimas para establecer responsabilidades políticas? ¿No es confundir y desvirtuar la actuación parlamentaria querer equiparar

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las responsabilidades políticas con las responsabilidades penales? Señores de Convergència y Unió, ustedes, que han estado tan listos y dispuestos para solicitar y apoyar que se investigara la corrupción y los delitos económicos, ¿por qué votan sí a la investigación de Intelhorce y no a la investigación al GAL? Porque el caso GAL, lo he dicho más de una vez en esta Cámara, es, con mucho, el más grave y perturbador caso de corrupción de la democracia española, y lo es porque ha corrompido de raíz la esencia del ejercicio de la política y de la democracia.
La lucha antiterrorista no puede ser utilizada frívolamente como un arma arrojadiza entre unos y otros, entre unas comunidades y otras. La paz no es patrimonio de un pueblo, sino de todos los pueblos del Estado, y la paz y la prosperidad que unas partes del estado disfrutan no se pueden lograr a costa de depositar y mantener los residuos de la antidemocracia en casa de otros.
Siento decir que ustedes no son solidarios. Ustedes tienen la solidaridad de quien da la mano pero mira hacia otro lado.
Ustedes tienen un peculiar sentido del Estado, se lo reconozco; realmente reconozco que han sido y son coadyuvantes, pero, paradójicamente, con su actual negativa, coadyuvan a apoyar a quienes desde los aparatos oscuros del Estado no quieren que se limpie una actuación vergonzosa dentro de un Estado democrático, y además coadyuvan a dar un respiro a quienes, desde la derecha más dura, se oponen a la creación de la comisión, aunque la proponga el propio Partido Popular, porque, en el fondo, esos sectores, esos sectores, están de acuerdo con la creación y actuación del GAL.
No hay razón moral ni política alguna, porque con los principios no se juega, para oponerse a una investigación sobre el GAL o sobre Intxaurrondo. Al contrario, hay mil razones morales y políticas de respeto a los derechos humanos, a la integridad y a la honestidad en el ejercicio del Gobierno para hacer una investigación y para hacerla ahora.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Albistur, termine, por favor.


El señor ALBISTUR MARIN: Termino, señor Presidente.
Parecerá muy duro decirlo así, pero si algún partido mantiene todavía su posición de negarse a una comisión de investigación tendremos todo el derecho del mundo a pensar que su discurso sobre la ética y la limpieza es falso.
Hace unos momentos nos ha llegado una propuesta, firmada por los representantes del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán, en la que piden votación secreta mediante papeleta. Bienvenida sea esa petición si es para votar en conciencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El 27 de julio de este año celebramos ya un debate intenso y, a mi modo de ver, importante sobre el caso GAL. Quizá el debate más grave que puede ver en democracia un Parlamento, aquél que sitúa a un Gobierno como cómplice activo o pasivo de la práctica de un posible terrorismo de Estado.
Creo que dos meses después no tiene mucho sentido, más allá del gusto por la reiteración, volver a repetir argumentos ni a recuperar una a una las graves preguntas que desde hace tantos años permanecen sin respuesta. Ahí están los muertos, los fondos reservados, los silencios pagados, los delincuentes arrepentidos que bruscamente recuperan voz y memoria, y sobre todo ahí está la sospecha, esa sospecha terrible, de que ha habido sangre entre pasillos oficiales, que ha podido funcionar ese lema peligroso e indigno que contamina e hiere de muerte a un Estado de Derecho, el todo por la Patria, entendido como un todo vale, incluso la guerra sucia.
Sin embargo, desde mi punto de vista, lo importantes no es repetir el mismo debate de julio, e incluso el mismo que haremos en las próximas semanas cuando la petición de una comisión que investigue el caso GAL, que hemos planteado diferentes partidos, entre ellos el mío, se vea en el Parlamento, lo importante hoy es que, en el encubrimiento de la guerra sucia, en el bloqueo para que no puedan ser investigadas las complicidades y las responsabilidades políticas de la guerra sucia, el partido que gobierna probablemente cuente hoy con la ayuda inestimable, si no cambian de actitud, de ese aliado natural que es Convergència i Unió, un aliado capaz de salvarle nuevamente la cara, a pesar de las reiteradas declaraciones de ruptura.
Desde el punto de vista político, lo más relevante hoy no es sólo el fondo de la cuestión, la gravedad de lo que se debate, sino la actitud de un partido político (Convergència i Unió) que hace declaraciones de intenciones pero que después dará sus votos para evitar que sepamos qué ocurrió desde 1983 con el caso GAL. Así, como mínimo, se han pronunciado públicamente, aunque intenten esconderse --espero que sea para cambiar de actitud-- bajo la votación secreta. Serán ustedes, señorías de Convergència i Unió, los protagonistas principales, y también seguramente con su actitud, los responsables que nuevamente un caso gravísimo que afecta directamente a la seguridad y a la confianza de todos en el Estado de Derecho sea amagado, bloqueado y hurtado del Parlamento. Después, irán a Cataluña y hablarán del exceso de crispación, de la necesidad de sosiego, hablarán de responsabilidad política, y, con un punto de desprecio

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hacia los demás, se mostrarán como bandera de esa responsabilidad.
Pero, ¿y la crispación que se genera ante la frustración de un Parlamento que es permanentemente bloqueado en su labor de control? ¿Y la necesidad de que el sosiego venga de conocimiento de lo ocurrido, de la depuración de responsabilidades y no del silencio cómplice con quien cometió los abusos? ¿Y la irresponsabilidad que representa que ustedes no permitan que sepamos qué ocurrió? Si no cambian sus votos, por su causa no sabremos por qué el Gobierno no investigó ni tomó ninguna medida para impedir el funcionamiento de los GAL durante muchos años. Por su causa, si no cambian de actitud, a causa de la complejidad de Convergència i Unió, no sabremos por qué cuatro miembros de los GEO fueron detenidos en Francia en 1983 por intentar un secuestro. Será a causa de esos votos de bloqueo que no podremos saber por qué funcionarios del Ministerio del Interior participaron en el secuestro de Segundo Marey; por qué en 1984 los mismos que están hoy procesados fueron ascendidos a cargos de máxima relevancia en el Ministerio del Interior. Y hay muchas más incógnitas que no podremos desvelar en su responsabilidad política.
Será gracias a ese voto cómplice que hoy no podremos saber cómo se explica que toda la cúpula de Interior esté implicada en un sumario judicial, y cómo afecta al propio Consejo de Ministros.
Será gracias a esa complicidad que más de veinte muertos no tendrán ni el derecho a la investigación parlamentaria. Serán, pues, cómplices de devaluar el Parlamento, de añadir intranquilidad a la situación y de enviar el mensaje a los ciudadanos de que ya no hay nada en qué creer porque todo vale.
Algún día nos tendrán que explicar qué sacan a cambio, qué se esconde, qué se tapa, cómo se devuelven este tipo de favores. En todo caso, no pongan el nombre de Cataluña en medio de este fregado sucio.
Acabo con una última reflexión. Votamos a favor de esta Comisión por coherencia, a pesar de la actitud ambigua del Partido Popular en este caso y a pesar también de no haber permitido que nuestra propuesta de investigación se viera hoy. En todo caso, venga de donde venga la iniciativa, siempre votaremos a favor de la claridad y la depuración de responsabilidades políticas y en contra de aquellos que quieran pasar página a los crímenes de Estado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo de Coalición Canaria quiere manifestarse con toda claridad en un debate de una enorme importancia política y moral para la democracia española.
El debate que está abierto hoy aquí sobre la oportunidad o no de la creación de una comisión de investigación sobre el asunto GAL, en el fondo es un debate sobre si el Parlamento español quiere o no condenar el terrorismo de Estado.
Se va a crear un antecedente histórico fundamental, dentro de las tradiciones democráticas de este país, de que todos los grupos políticos condenen un hecho que nadie puede ya negar. Este debate tiene lugar apenas semanas después de que altos cargos de la seguridad del Estado, los responsables máximos de la seguridad del Estado a lo largo de una serie de años, se hayan autoinculpado; repito, autoinculpado. Ya no hay ningún debate sobre si estos hechos ocurrieron o no, no sólo hay veintisiete cadáveres sino que hay una autoinculpación de que el Estado español, a través de altos responsables, organizó la guerra sucia y, por tanto, el terrorismo de Estado. Ese es el hecho. De ese hecho se desprenden responsabilidades criminales y responsabilidades políticas. Sería lamentable que el Parlamento español, hoy, no dejara establecida una jurisprudencia moral y política sobre el problema de la responsabilidad política, diferenciada de la responsabilidad penal o criminal.
Nosotros tenemos muy claro que las responsabilidades penales de los que organizaron e hicieron el GAL las tiene que tratar el Tribunal Supremo. De ninguna manera podemos nosotros hacer un juicio paralelo; de ninguna manera el Parlamento debe entrar en la consideración de las responsabilidades criminales de unos u otros señores, aunque se hayan autoinculpado. Este Parlamento sólo puede entrar en la responsabilidad política, y la responsabilidad política es por acción y organización directa, por omisión o negligencia, por lo que fuera, que implicara que un hecho tan grave, gravísimo, como que el Estado español haya organizado a lo largo de los ochenta un terrorismo de Estado y una guerra sucia no tuviera responsabilidades políticas. Las tiene. Y no tienen nada que ver con las responsabilidades penales. Nosotros quisiéramos que este asunto se resolviera no llevando al Presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo.
Estamos convencidos de que por las acusaciones habidas y por los hechos denunciados, no hay base para una inculpación de responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno. No estamos deseando que la democracia española dé el espectáculo tan tremendo que está viviendo ahora Italia con Andreotti. No nos gustaría que acabáramos así.
Si este Parlamento no condenara unos hechos claramente demostrados como los que han caído sobre la democracia española, esa indignidad, esa mancha terrible sobre la conciencia moral de este país no la lavaríamos y no se exoneraría.
Por tanto, señoras y señores Diputados, creemos que las responsabilidades de la guerra sucia tienen que ser limpiadas de la conciencia moral y política de España

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con una declaración política del Parlamento español, y esa declaración política tiene que ser la consecuencia de una Comisión de Investigación. No estamos pidiendo que la Comisión de Investigación que se debería crear fuera una especie de juicio sumarísimo, de juicio paralelo, de inculpación previa de hechos de carácter criminal. Simplemente hay que sacar una conclusión: se ha producido terrorismo de Estado y el Parlamento lo condena, así como a los responsables que lo han permitido, por acción u omisión, en este caso el Gobierno.
El terrorismo no es sólo un problema moral terrible, sino, además, como ha dicho alguien, una estupidez. Los resultados de esa acción terrorista han conseguido alimentar más al terrorismo nacionalista, o como se quiera llamar, de ETA. Junto al crimen está la torpeza, porque creer que se puede actuar frente a ETA con técnicas parecidas a las que se utilizaron contra la banda Baader Meinhoff y otras, teniendo detrás un movimiento social, es una grave irresponsabilidad y una torpeza política.
No se trata de que algunos digan cínicamente aquí que de lo que se trata es de actuar eficazmente contra una banda terrorista; mentira. Lo que han hecho es alimentarla; lo que han hecho es impulsar más los problemas de Euskadi, del País Vasco. Por tanto, junto a la responsabilidad moral, está la responsabilidad de la torpeza política de una acción. En último término, se ha intentado resolver lo que era un problema de ineficacia policial o de falta de colaboración internacional con una utilización ilegal de medios.
Señorías, dicen que en un país civilizado la ley siempre derrota al crimen, menos cuando el crimen sustituye a la ley. Esto es lo que estamos discutiendo en este momento.
Nuestro Grupo pediría que se crease la Comisión de Investigación, si no ahora dentro de quince días, en que se volverá a votar conjuntamente la creación de una Comisión de Investigación sobre el GAL e Intxaurrondo, que haya una declaración del Parlamento español contra el terrorismo de Estado y de las responsabilidades políticas del Gobierno por acción u omisión. No hacer de un asunto tan delicado y tan grave una cuestión electoral. Las razones de Estado de ninguna manera pueden esconder un crimen, porque de lo que se han autoinculpado los responsables de la seguridad del Estado no es sólo de haber matado terroristas. Más grave aún, de haber secuestrado a un inocente que se llama Segundo Marey. Este es el gran problema; se han autoinculpado de secuestrarle. Y Marey ha preguntado a la sociedad española: ¿Y quién me devuelve a mí los 10 días que estuve en el infierno del secuestro? Sólo se los puede devolver, moralmente, una declaración política de denuncia de la democracia española.
En las tradiciones democráticas europeas, de varios siglos, el asunto Dreyfus fue un ejemplo de cómo la cobardía de la razón de Estado pretendió meter a un inocente en una cárcel de la Isla del Diablo. Aquí hay un inocente que se llama Segundo Marey. ¿Hay o no un solo colectivo en la democracia española? Hay 3.000 intelectuales que lo han denunciado, pero, además de los 3.000 intelectuales que integran ese colectivo hace falta que el Parlamento español tenga la gallardía, el coraje moral, la dignidad de denunciar el terrorismo de Estado, y que a todos los grupos, sean o no consecuentes en sus actuaciones de hoy o de antes, no nos digan, como está diciendo aquí el Grupo Socialista, que nosotros tenemos culpa, pero ustedes también. De lo que se trata es de que nadie tenga la culpa de que este Parlamento guarde un silencio cómplice con hechos comprobados y con la denuncia de una guerra sucia que ha llenado de vergüenza y de indignidad a España.
Mi Grupo Parlamentario pide que, ahora o dentro de 15 días, se cree una Comisión de Investigación que, con carácter rápido y urgente, sólo llegue a una conclusión: que el Gobierno es responsable de un acto, por negligencia, acción u omisión, de terrorismo de Estado. Los altos responsables de la seguridad del Estado se han autoinculpado y el Parlamento, por tanto, tiene que condenarlos. Y si no hay condena, ¿quién ha condenado un hecho que todo el mundo ya conoce? El Parlamento no puede esconderse y huir de una realidad con la que se enfrenta: la democracia española necesita una declaración política y moral y recuperar que la responsabilidad política es diferente de la responsabilidad penal.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.


Señoras y señoras y señores Diputados, señor Barrero: El criterio político no necesita de cauces legales para expresarse. Lo ha dicho su portavoz, el señor Almunia, en su intervención en el debate anterior. A mayor abundamiento: Es el Congreso el lugar del control de la acción del Gobierno, palabras del Ministro de Justicia e Interior. Creo que sirven las dos citas de miembros de su Grupo Parlamentario y del Gobierno para anular la argumentación que ha realizado usted, desde esta tribuna, en su turno en contra.
Con relación a la postura del Grupo Popular, desde el Grupo Vasco entendemos, señor Presidente, que está llena de sutilezas; jesuítico, se dice. Centran el objeto de investigación en un foco político a la medida de sus propias conveniencias. Conveniencias que, evidentemente, no coinciden con el objeto de la investigación solicitada más que en algunas de sus posibles consecuencias políticas. Para el Grupo Popular está clarísimo: Felipe González es el responsable político de todo.


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Pero quien tiene las conclusiones elaboradas y predeterminadas difícilmente puede tener interés en la investigación, porque las evidencias de las torturas, de los asesinatos, de los secuestros, de las desapariciones, están donde están. Esos son los hechos ciertos, los hechos conocidos, que permiten, tras rigurosa investigación --algunas a nivel judicial, otras a nivel político- -, establecer corolarios.
En nuestra opinión, señor portavoz del Grupo Popular, se equivocan de metodología de trabajo. Pretenden investigar los GAL y orillar Intxaurrondo. En nuestra opinión, esta posición, legítima por supuesto, es como querer aplaudir con una sola mano.
Por ello, en la medida en que las argumentaciones se complementan y vamos escuchando cómo van planteando las cuestiones en relación con estos temas, es más patente y evidente la dificultad de argumentar desde las posiciones del Grupo Popular. Aun reconociendo que llevan bastantes semanas queriendo hilar fino, cuanto más hablan y más argumentan más evidencian lo superfluo de ese planteamiento, porque a veces tiene pinta de un juego de manos: GAL, sí; Intxaurrondo, no; cargos políticos, sí; cargos de designación administrativos, no, rompiendo, incluso, sólidas y clásicas posiciones que mantiene en temas de Administración Pública el Grupo Popular. El señor Núñez les puede ilustrar al respecto.
Señor Trillo, los GAL han sido el catalizador de una lamentable sucesión de hechos delictivos cometidos desde el seno mismo de la Administración del Estado, dirigidos y coordinados desde el mismísmo Ministerio del Interior --se lo puede creer o no, pero es así--, que, amparada en la lucha antiterrorista, consintió desde enriquecimientos ilícitos hasta secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Esa es la realidad.
Es más. El GAL que más torpezas cometió, el GAL que más actuó, el GAL más sanguinario, GAL que se refugiaba en Intxaurrondo es el GAL que permanece más oculto. Desgraciadamente, en estas situaciones suelen acertar esta serie de gente a saber enconcharse en sus propias posiciones. Es el GAL que permanece más oculto. Señor Trillo, ¡la de mantas que guarda todavía el señor Roldán y lo que ocultan! ¡No les llama la atención lo callado que permanece Roldán en relación con todos estos temas? Ahora me dirijo al Grupo Socialista. Señor Barrero, cuando en un Estado democrático hay evidencias preclaras de torturas, hay muertos, hay asesinados, hay secuestrados y desaparecidos con nombres y apellidos, hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado democrático altos cargos de la Seguridad del Estado se autoinculpan (se autoinculpan, señor Barrero; el ex secretario de Estado para la Seguridad se autoinculpa) de hechos catalogados en el ordenamiento legal como terrorismo de Estado, es que hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado democrático las encuestas de opinión indican que el 76 por ciento de los ciudadanos está convencido de que los GAL fueron creados, organizados y patrocinados desde el propio Ministerio del Interior, es que hay que constituir inmediatamente una comisión de investigación. Le he oído decir en su anterior intervención que habría que haberlo hecho el año 1983. No sé si le he oído mal. ¡Pero si los GAL comenzaron a actuar en 1983, señor Barrero! ¡Si hasta 1987, en lo que se conoce en este momento, los GAL seguían actuando! ¡Si en lo que se refiere a Intxaurrondo, Gurutze Yanci muere en manos de la Guardia Civil el año 1992, señor Barrero! ¡No se quiera engañar! ¡No se quiera engañar! Los datos son datos, son datos objetivos, empíricos.
Otra cuestión es las posiciones que quiera mantener cada grupo en el propio debate. No niegue hechos conocidos y probados.
Cuando en un Estado democrático el Gobierno ha roto la confianza que el Parlamento depositó en él para la utilización de los fondos reservados de una forma nítida y sistemática, la investigación política se impone por su propio peso.
Cuando en un Estado democrático los medios de comunicación social hablan de escuadrones de la muerte, de terrorismo de Estado, citando con nombres y apellidos a los que presuntamente cometieron tales barbaridades, la Cámara legislativa de ese país, en cumplimiento de sus funciones de control de Gobierno, debe conformar una comisión de investigación.
Cuando en un Estado democrático funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado son condenados por los tribunales de justicia con sentencias firmes por torturas y malos tratos, son indultados por el Gobierno y, además, dados de alta en la nómina de pensionistas del Ministerio de Defensa, es que el Congreso tiene la obligación de investigarlo en clave política.
Cuando en un Estado de Derecho se impone el fajín de general a escondidas, en la clandestinidad, negándose el acceso a los medios de comunicación social, no invitándose a los representantes electos de la circunscripción en la que se ha servido --señor Barrero, ¿a quién se servía?--; cuando no se invita a los representantes electos de esa circunscripción, en esos casos hay que investigar políticamente.
Cuando en un Estado de Derecho altos cargos del Ministerio del Interior se niegan públicamente a asistir a dicho acto, cuando oficialmente se asciende a general --¿a quién?-- al «héroe de la guerra del norte» --así se le llama--, el Congreso tiene que reaccionar y establecer lecturas de lo que acontece en clave política.
Cuando los medios de comunicación social acusan, con nombres y apellidos, de ser el jefe de la banda terrorista a quien es nada más y nada menos que el Presidente de la Comisión Constitucional de esta Cámara, el Congreso no puede permanecer mudo y paralítico. Si no, cierren esta Cámara, señorías, proclamen que éste es un Estado con sombras y que, «de facto», se está caminando a una solución pactada de punto final que, «de iure», no se quiere reconocer, diga lo que diga el Ministro de Justicia e Interior. Porque si no tuviéramos

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suficientes sombras, con toda esta dinámica se está estableciendo otra de sombras sobre sombras, más sombras; albarda sobre albarda.
Señor Presidente, el Grupo Vasco entiende que los GAL han dado jaque al Estado de Derecho en una partida que los demócratas debemos ganar con rigor, con limpieza y con transparencia. Para los que tengan alguna duda, traeré a colación una cita del Consejero de Interior del Gobierno Vasco, del señor Atutxa, de ayer mismo. Decía el señor Atutxa: Investigar los GAL es luchar contra ETA. Recordaré también una declaración del Presidente de la Generalidad de Cataluña: En materia antiterrorista, lo que diga el Partido Nacionalista Vasco.
Sí quisiera, señor Molins, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, manifestarles que, en caso de que el sentido del voto en esta votación, que es fundamental en lo que se refiere a la normalización y pacificación del País Vasco, fuera libremente decidida por ustedes en sentido negativo, nosotros lo consideraríamos como una agresión --se lo quiero decir en nombre del Partido Nacionalista Vasco con toda claridad--; una agresión a los propios principios; una agresión a lo que es un planteamiento claro y demócrata de normalización y pacificación del País Vasco; una agresión a una concepción ética de la vida y de la política que creíamos compartir con ustedes; una agresión a una forma de colaboración, y también una agresión a los ciudadanos vascos a los que intentamos representar, porque entendemos que el empeño de poner tierra de por medio frente a actuaciones tan graves, sólo da alas y argumentos a los terroristas y a los fascistas.
La democracia, señorías, no admite sombras. No demos pie a hablar de connivencia institucional para tapar y olvidar actuaciones políticas tan lamentables. Se extiende entre los ciudadanos, como una mancha de aceite, el convencimiento de que, pase lo que pase, en este Estado no pasa nada, que no existen mecanismos democráticos para hacer cumplir la legalidad a los ricos, a los poderosos, a quienes disfrutan del poder.
Señorías, solicitamos desde el Grupo Vasco un serio esfuerzo de reflexión previa a la votación que se nos anuncia. Abramos las puertas y las ventanas de una época negra, de un bienio negro, del Ministerio del Interior, evidentemente con rigor y con responsabilidad, para que no se puedan repetir jamás las declaraciones de la actual Secretaria de Estado de Interior el año 1993, señor Barrero: «Desde que estoy yo» --se entiende que en la Secretaría de Estado para la Seguridad-- «se cumplen la Constitución y la legalidad en Intxaurrondo».
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergencia ¡ Unió), tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, solicita el Grupo Popular el voto favorable de la Cámara para la creación de una comisión de investigación que determine las responsabilidades políticas que resulten de la creación, actuación, financiación y encubrimiento de los Grupos Antiterroristas de Liberación, propuesta por 85 Diputados de su Grupo Parlamentario. Se trataría en esa comisión de investigación de investigar unos hechos ocurridos --ya se ha dicho aquí-- entre los años 1983 y 1987, y determinar las responsabilidades políticas que de esos hechos pudieran derivarse.
Conocen todas SS. SS., porque a lo largo de las diversas legislaturas y en particular en la presente hemos tenido ocasión de expresarlo reiteradamente, cuál es la opinión de nuestro Grupo respecto a las comisiones de investigación, la importancia de respetar lo que a nuestro entender es no sólo la voluntad ya expresada mayoritariamente por esta Cámara, sino también una necesidad, que es que en esas comisiones de investigación no se interfiera la acción de la justicia. Saben SS. SS. --en algún caso muy reciente así lo pusimos de manifiesto-- cómo para nosotros es evidente que la simple existencia de actuaciones judiciales no cierra la posibilidad, como no podía ser de otra manera, de que este Parlamento investigue al mismo tiempo por su cuenta las responsabilididades políticas.
Es en este caso concreto cuando nos parece absolutamente imposible que la existencia de una comisión de investigación sobre esos hechos pueda no interferir la acción de la justicia; acción de la Justicia que, al margen de otro sumario instruido y completado con juicio hace ya algunos años, lleva en este nuevo sumario prácticamente un año de actuación y que ha concluido la instrucción primera del juez de instrucción con un suplicatorio al Supremo, donde está en este momento a consideración del mismo desde hace dos meses.
Estando, por tanto, tan extraordinariamente avanzado el procedimiento judicial, nos parece --insistimos-- absolutamente imposible que aquí pueda producirse una investigación que no interfiera, en los términos en los que creemos debe producirse esa no interferencia, en las actuaciones judiciales. Pero hay más.
Las responsabilidades políticas que hoy desean exigirse a través de la investigación derivan precisamente de esas actuaciones judiciales, porque habiendo pasado prácticamente ocho, diez o doce años, en algunos de los casos, desde los hechos cuyas responsabilidades políticas pretenden determinarse hasta hoy, no ha sido sino hasta febrero de este año cuando a esta Cámara le ha surgido la necesidad de investigar --insisto, de investigar-- esas responsabilidades políticas.
¿Qué había ocurrido en febrero de 1995 que no hubiera ocurrido en los nueve o diez años anteriores? Precisamente la apertura de un nuevo sumario judicial. Es decir, las responsabilidades políticas que hoy

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desean investigarse derivan de unas actuaciones judiciales que están en el punto prácticamente último, con el sumario prácticamente completo, con las actuaciones judiciales prácticamente terminadas.
Las responsabilidades políticas no se derivan, lo sabemos muy bien, exclusivamente de las responsabilidades penales, que dependen de los tribunales, pero la investigación que los tribunales están llevando a cabo sí puede, y debe servir, para, a partir de ella, depurar las responsabilidades políticas. A nosotros, sinceramente, se nos escapa que este Parlamento pueda ir más allá en la investigación, insisto, en la investigación de los hechos de lo que son capaces de alcanzar los propios medios de la Justicia.
Para los que necesitan, pues, para depurar las responsabilidades políticas, mayor información (que eso es, en definitiva, lo que aporta una investigación: información, conocimiento de hechos) para poder, con pleno conocimiento de causa, depurar las responsabilidades políticas que de esos hechos pudieran derivarse, recogerán, recogeremos, y con profusión estoy seguro, información suficiente de las actuaciones judiciales. En todo caso, estoy seguro de que será información difícilmente mejorable por una hipotética investigación que pudiera llevar a cabo esta Cámara.
Otros, y ha quedado claro en el debate y en las intervenciones que me han precedido, no necesitan ya investigar para depurar responsabilidades políticas, tienen ya concluido su propio juicio sobre esos hechos. Ese no es nuestro caso, pero aquellos que ya tienen concluido su juicio sobre los hechos porque entienden, de acuerdo con su propia responsabilidad --que es legítima, que no discuto--, que ya conocen suficientemente los hechos, ¿para qué desean investigarlos? Si están convencidos de que de los hechos que ya se conocen, que para ellos están suficientemente demostrados, ya se derivan unas responsabilidades políticas, que lo exijan por otros mecanismos que tiene la Cámara y que no son precisamente los de una comisión, cuyo objetivo es investigar, no depurar las responsabilidades políticas, que ésa sería la consecuencia última y final de la investigación.
Por lo anto, y resumiendo, porque es imposible en este caso concreto investigar sin interferir la acción de la Justicia, porque no vemos factible mejorar en una investigación de esta Cámara, la investigación que la propia Justicia está realizando, y porque algunos, que ya parecen tener decididas esas responsabilidades, no requieren para nada la investigación que solicitan, nuestro Grupo Parlamentario votará negativamente a esta propuesta.
Debo reconocer, señor Presidente, señorías, que los duros ataques, no sólo hoy sino en días precedentes, sobre nuestra hipotética posición negativa nos han hecho reflexionar, y en nuestra decisión final ha tomado un valor importante para nosotros el hecho de que con nuestro voto negativo no bloqueamos, ni vetamos, ni hacemos imposible la creación de esta misma comisión de investigación en otros ámbitos parlamentarios.
Nuestro voto, señor Presidente, ni hace imposible ni veta la creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria.
Lo saben las señoras y los señores Diputados que ante esta Cámara han demostrado su intención de votar favorablemente a esta propuesta. Pero nuestra convicción respecto a nuestro voto es firme, y nuestro voto será negativo aquí y en cualquier otro lugar en donde nos sea solicitado. Insisto, nuestra posición no bloquea, no veta, no hace imposible la creación de la comisión en sede parlamentaria.
A lo largo de la legislatura han existido múltiples propuestas, como decía anteriormente, de creación de comisiones. Todas, excepto una, la del GAL --en febrero y hoy, por las mismas razones--, contaron con nuestro voto favorable. Todas, excepto una, la del GAL. Las conclusiones de esas comisiones han sido aprobadas por práctica unanimidad. En alguna ocasión --recuerdo, por ejemplo, las conclusiones de la Comisión Roldán--, no fue así. En las más significativas, señoras y señores Diputados, es decir, en aquellas en las que el voto de nuestro Grupo era decisivo para completar una mayoría en contra de esa iniciativa, nuestro Grupo ha recibido, hasta donde alcanza mi memoria, peticiones procedentes de Diputados pertenecientes al Grupo proponente para votar en contra de la propuesta de su propio Grupo. (Rumores.) En el tema que hoy nos ocupa, también ha sido así. (Rumores.) Hemos recibido peticiones desde el Grupo proponente para que, con nuestro voto negativo, impidiéramos que prosperara una iniciativa tan insensata, sin sentido, peligrosa.
Son, evidentemente, sus calificativos, no los nuestros. Suponemos que nuestro voto negativo les habrá tranquilizado. Nuevamente, nuestro Grupo actúa con responsabilidad y sentido de Estado.
Insisto, son sus palabras, que no las nuestras, aunque en esta ocasión coinciden con nuestra opinión. No sé, señor Presidente, si con nuestro no tranquilizan ya su conciencia, pero, si así no fuera, nuestro Grupo Parlamentario, conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, ha solicitado, de acuerdo con los artículos 85 y 87.2 del Reglamento, el voto secreto y por papeleta para la votación subsiguiente a este debate.
Hoy, como decía, hemos oído nuevas críticas a esa posición de nuestro Grupo Parlamentario. Algún portavoz ha demostrado en su intervención atender más y mejor a las entrevistas que se publican en medios de comunicación que a los debates de esta Cámara, porque, de haber atendido a éstos, se habría enterado, hace ya meses, de los motivos por los que nuestro Grupo Parlamentario ha dado por concluida su colaboración con el Gobierno socialista. Nada hay de nuevo ni de contradictorio ni en mis declaraciones ni en nuestra posición política, reiteradamente expresada, con nuestro voto de hoy.
Algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho gala de una notable doble moral, que le permite tildarnos de cómplices por nuestro voto

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de hoy, negándonos a la creación de esta comisión, cuando a él mismo, a ella misma en este caso, le permite compartir gobierno con ésos que ella llama --que nosotros, no-- corruptos y asesinos. (Rumores.) Pero nos duelen especialmente las críticas recibidas del Grupo Parlamentario Vasco y del señor Xabier Albistur. Nunca, compañeros del Grupo Parlamentario Vasco, nunca nuestro Grupo Parlamentario ha criticado sus decisiones, ni siquiera aquellas que no entendíamos, y a pesar de que no siempre esta actitud de respeto ha sido correspondida. Pero sus argumentaciones de hoy no pueden quedar sin respuesta. Se nos ha dicho --no tanto en la intervención del Grupo Parlamentario Vasco como en la del señor Xabier Albistur-- que nuestra posición de hoy es un impedimento para la paz, y eso no puede, creo yo, quedar sin respuesta.
Señores Diputados, señores del Grupo Parlamentario Vasco, nuestras condenas a las acciones del GAL han sido, en todo momento, claras y rotundas. Las repetimos hoy. Nuestro convencimiento de que las actuaciones del GAL son contrarias a los intereses de la lucha por la paz y que provocaron dolorosísimos pasos atrás en la lucha que los demócratas, es decir, ustedes, nosotros y, por suerte, muchos más que ustedes y nosotros, llevamos contra los violentos, también lo hemos ratificado en numerosas ocasiones. Nuestro convencimiento de que si del conocimiento de los hechos de esas actuaciones judiciales se derivan responsabilidades políticas, los demócratas (que espero no sólo con una minoría sino con una amplísima mayoría) denunciaremos esas responsabilidades políticas por contrarias a los intereses de la convivencia democrática y en beneficio de la lucha por la paz. Dudo mucho de que, seriamente, ustedes puedan dudar de que ésa será siempre la actitud de nuestro Grupo Parlamentario.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quiero comenzar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reseñando y denunciando la intransigencia, la cerrazón y la sinrazón demostradas por el Grupo Popular al negarse a acumular iniciativas iguales, sin duda, con el propósito de impedir que se relacione algo que es imposible separar: GAL, Rodríguez Galindo e Intxaurrondo.
Me va a permitir aquí, señor Trillo, que le haga una observación crítica, porque cuando, en su intervención anterior ante la Cámara, se ha referido a Intxaurrondo, lo ha hecho jugando a la confusión y desde la demagogia política. Nosotros, cuando pedimos la investigación sobre Intxaurrondo, no estamos pidiendo que se investigue a un acuartelamiento, no estamos poniendo bajo sospecha a un Cuerpo, como es el Cuerpo de la Guardia Civil, que nos merece todo el respeto. Sin embargo, toda la Cámara, absolutamente toda la Cámara, sabe y conoce de irregularidades, de interrogantes, de sospechas y dudas más que fundadas sobre actividades que se han llevado a cabo en el Cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, cuando estaba al frente de él el recientemente ascendido por el Gobierno del PSOE a general, Rodríguez Galindo. Por tanto vamos a desterrar la demagogia y a hablar desde la claridad. Queremos investigar el GAL, pero, desde luego, queremos también investigar actividades que van concatenadas con la trama GAL, que tienen su sede en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, y que tiene unos responsables,... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Aguilar.
Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.) Continúe cuando quiera, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Les decía que vamos a hablar sin demagogia, con claridad y con lealtad a la propia ciudadanía, no confundiéndola. Por tanto, no se diga más que quienes apostamos por la investigación sobre esas irregularidades cometidas en Intxaurrondo es que estamos poniendo bajo sospecha a todo un Cuerpo como el de la Guardia Civil, porque, sencillamente, es incierto.
Ahora bien, dicho esto, vamos a plantear la posición política de nuestro Grupo Parlamentario en relación a la propuesta. No se preocupen, pues, los autores de la iniciativa, porque todos no somos iguales. Nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, somos coherentes en las posiciones políticas y no respondemos a lo que se pudiera considerar una provocación por parte del Grupo Popular a nivel político: no vamos a decir no a la propuesta del Grupo Popular, sino que lo que hacemos es rechazar el comportamiento que el Grupo Popular ha tenido para con una propuesta de diversos grupos parlamentarios de la Cámara que era exactamente igual.
Ahora bien, señorías hay que manifestar en este Parlamento que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya fue la fuerza política que, a través de su Grupo Parlamentario, planteó en esta Cámara la necesidad de una comisión de investigación sobre los GAL.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la única fuerza política que ha tenido una posición idéntica y coherente en relación a lo manifestado en el Parlamento vasco y en este Congreso de los Diputados en favor de la investigación. Nosotros no tenemos un doble lenguaje; nosotros somos la fuerza política que desde 1983 está denunciando y demandando la necesidad de desvelar e investigar la trama GAL. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha actuado y se ha pronunciado en relación

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a los GAL desde la coherencia política y desde la convicción profunda de que era y es una asignatura pendiente que hay que superar obligatoriamente, investigando, desvelando y demandando todas y cada una de las responsabilidades que se derivan de la práctica del terrorismo de Estado; es más, nos atreveríamos a decir que después de todo lo que sobre el GAL se ha dicho, se ha escrito y se ha actuado desde un poder como el Judicial, que, en un Estado social, democrático y de Derecho, como el nuestro, debe tener independencia, ya no tendría que ser necesario que se ofrecieran más argumentos para que este Parlamento coincidiera en la conveniencia, en la necesidad de conocer las responsabilidades políticas que se derivan de la organización desde el Estado de una banda asesina que ha provocado 27 muertos y un clima de alarma social sin precedentes.
Señoras y señores Diputados, hablar del GAL es hablar del Cesid, es hablar de Roldán, es hablar de intervenciones de algunos miembros de la Guardia Civil, es hablar de la utilización indebida de los fondos reservados, es hablar también de determinadas personas de la Policía Nacional que han actuado en los GAL; en definitiva, es hablar de quienes han estado políticamente al frente de ministerios como el de Defensa, el de Interior o el de Justicia; es hablar de un Gobierno, el del PSOE, y de un Presidente, Felipe González; es hablar de responsabilidades políticas por acción o por omisión y negligencia y justamente es la razón de Estado la que aconseja, obliga a no pasar una página de la historia de este país llena de interrogantes, de oscuridad, de tachaduras y de sangre, una página que de ninguna manera se puede pasar sin más, porque afecta a nuestra democracia; que de ninguna manera puede tener un punto y final, aunque se pretenda a través de apaños, de amnistías, de indultos o de leyes buscadas a propósito para tal fin. Aquí no puede haber punto y final de ninguna de las maneras y, desde luego, hay que decirlo claro y alto y hay que decirlo ya.
Señoras y señores Diputados, hablamos de 27 asesinatos cometidos utilizando el dinero de los contribuyentes, y, de hecho, debemos defender a los ciudadanos y a las ciudadanas, a nuestro sistema democrático, a nuestra Constitución y, señorías, se les defiende investigando, para llegar a conocer toda la verdad. Investigar significa determinar responsabilidades políticas y eso, justamente eso, es obligación de este Parlamento. No confundan a nuestro pueblo hablando de la actuación de la justicia, diciendo que las decisiones de los tribunales son suficientes. No lo son y hay que decirlo aquí, en este Parlamento, porque los tribunales deben castigar los delitos, pero junto al delincuente, al que aprieta el gatillo, está quien lo ordena, quien lo paga, quien lo consiente o quien calla. Por eso, se debe investigar aquí, en este Parlamento, para llegar hasta el final. Por eso, no se debe, intencionadamente, confundir los terrenos y las competencias que a cada poder corresponde ejercer. La justicia se ocupa de responsabilidades penales y civiles; a las instituciones democráticas, a este Congreso de los Diputados le corresponde determinar las responsabilidades políticas. Son dos poderes, el Legislativo y el Judicial, trabajando con independencia, y cada cual desde su competencia, que no se interfieren, sino que, como está ya aprobado en el caso de la Comisión Roldán, desde este Parlamento colaboramos y contribuimos en positivo con la propia Administración de Justicia. No busque nadie, pues, excusarse, esconderse tras la justicia. Hablemos de las decisiones políticas que hay detrás de la trama GAL, porque, señores del Gobierno y del PSOE, están incurriendo en gravísimas contradicciones. Han manifestado hasta la saciedad la disciplina, la jerarquización con la que se procede a actuar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en el área de Interior. Pues bien, admitiendo que eso es así, ha de entenderse que con el mismo sentido de la disciplina actuaron quienes hasta ahora están encausados, encartados y autoinculpados en el caso GAL, Alvarez, Planchuelo, Sancristóbal, Vera. ¿De quién cumplían órdenes o instrucciones? ¿A quién obedecían? ¿A quién hacían caso? Y en el Cesid, ¿actuaron sin orden alguna? ¿Sólo porque a alguien le pareció bien hacerlo dentro del Cesid, el Cesid como tal, actuó? ¿A quién respondían las actuaciones del Cesid, a quién encubrían y a quién obedecían? Porque se están contradiciendo permanentemente. ¿Se actúa con jerarquización y con obediencia dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y dentro de las instituciones del propio Estado como el Cesid? Si se actúa así, está claro que aquí no actuaron por su cuenta unos cuantos, sino que alguien les amparó, alguien les ordenó y alguien les pagó, y esto tiene que ser aclarado necesariamente por este Parlamento, porque son muchas las interrogantes a las que hay que responder, y hay que responder desde aquí, no desde la Administración de Justicia que tiene sus competencias y su papel, y si pretenden con sus votos amordazar a este Parlamento, nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tenemos que decir que la verdad siempre termina por ver la luz, aunque le pese a algunos de los que hoy niegan la posibilidad de esta comisión de investigación. Aunque también es verdad, señor del PSOE, que a la hora de votar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio!, señorías.
Señora Aguilar, vaya concluyendo.


La señora AGUILAR RIVERO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que también es cierto, señores del PSOE, que a la hora de la verdad siempre encuentran a un compañero de viaje, como Convergència i Unió, que está poniendo en peligro, que está tirando, en cierta medida, por la borda la tradición democrática de su fuerza política, y es algo muy difícil de entender; Convergència

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i Unió que sigue --a escondidas cuando puede, y en público, como hoy, cuando ya no le queda más remedio-- unida, ligada a la política del PSOE y del Gobierno. ¡Qué papelón le ha tocado hacer aquí al portavoz de esta fuerza política! Yo lo comprendo, es su papel, pero lo cierto y verdad es que Pujol dice una cosa a la prensa, dice una cosa desde Cataluña, pero su Grupo, a la hora de la verdad, aquí hace otra. ¿A quién creer? A nadie. Los hechos son los que hablan, y sus hechos hoy es decir no a la investigación. Ignoramos a cambio de qué, seguro que a cambio de algo. (Varios señores Diputados del Grupo Catalán, Convergència i Unió, pronuncian palabras que no se perciben.) Su voto seguro que lo han cambiado. Pero sepan que con su negativa a la investigación en el tema GAL hacen un flaco favor al Estado porque no quieren limpiar; un flaco favor a la ciudadanía porque le niegan que conozcan la verdad sobre la trama GAL y un flaco favor a este Parlamento nuestro, al que con su actitud debilitan y merman en sus competencias.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya considera, y así lo manifestamos en esta Cámara, que una regeneración de la vida pública no puede pasar nunca por silenciar el caso GAL. Al Estado se le defiende investigando, no llenando y tapando las cloacas.
Es más, si no tienen nada que ocultar, señores del PSOE y de Convergència i Unió, ¿por qué la resistencia a investigar el tema GAL? ¿A quién tienen que proteger con esta negativa permanente a esta investigación? ¿A quién esconden?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: En relación al GAL no caben --concluyo, señor Presidente-- y así lo dice con total claridad Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ni pactos, ni silencios, ni acuerdos. Sólo es posible investigar y aclarar y si se tiene que hacer --y se tiene que hacer, señoras y señores Diputados--, se debe hacer con valentía, con coraje, con inteligencia y tino, pero sobre todo hay que hacerlo para que el pueblo no pierda confianza en las instituciones democráticas. Nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, queremos hacerlo, queremos investigar, nuestras manos están limpias, nuestra coherencia sobradamente demostrada. Mi Grupo va a votar a favor de esta iniciativa, aunque algunos intentarán por todos los medios que no salga adelante. No tienen razones de Estado ni razones políticas, pero como dijo Abraham Lincoln, siguiendo un proverbio chino, se puede engañar a una persona toda la vida, a todos durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo y, si hoy lo impiden, sepan los Diputados del PSOE y de Convergència i Unió que un día se sabrá la verdad de la trama GAL y será ese día en el que la responsabilidad por acción, omisión o negligencia os la demande y os la señale toda la sociedad. Será ella quien os la venga a demandar.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos de Izquierda Unida.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación correspondiente. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Del desarrollo de la sesión, señorías, han podido conocer que dos grupos parlamentarios, el Socialista y el Catalán (Convergència i Unió), han solicitado la votación secreta y por papeleta para este punto del orden del día.
Votar «sí» es votar a favor de la iniciativa de la creación de la Comisión de Investigación; votar «no» es votar en contra y votar abstención es reflejar esa actitud en la papeleta.
La votación se hará por llamamiento en la forma habitual. Les ruego contribuyan con su diligencia al buen orden de esta votación.
Comienza la votación.


Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores Diputados.
Terminada la votación, dijo.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escrutinio.


Terminado el escrutinio, dijo.


El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 340; a favor, 161; en contra, 176, en blanco, tres.
Queda rechazada la solicitud de creación de la comisión de investigación.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y veinte minutos de la tarde.

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