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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 170, de 26/09/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 170 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 168 celebrada el martes, 26 de septiembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 9067)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 102.1, de 2 de enero de 1995 (número de expediente 122/000078) (Página 9068)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 119.1, de 10 de abril de 1995 (número de expediente 122/000099) (Página 9077)

Proposiciones no de Ley:

--De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos patrimoniales, o en su caso la indemnización económica correspondiente, a las personas que se vieron privadas de los mismos, por razones político-sociales, en virtud de una legislación excepcional del período de la guerra civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 100, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 162/000105) (Página 9087)

Página 9064


--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al ahorro y uso racional del agua. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 245, de 13 de junio de 1995 (número de expediente 162/000211) (Página 9096)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el uso racional del agua «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 245, de 13 de junio de 1995 (número de expediente 162/000212) (Página 9096)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno, en relación con la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados (número de expediente 173/000093) (Página 9103)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer los criterios de política general que desarollará el Gobierno en consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias (número de expediente 173/000094) (Página 9110)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 171, de 27 de septiembre de 1995.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por los nuevos señores Diputados (Página 9067)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 9068)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable (Página 9068)

El señor Alcaraz Masats defiende la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que, durante trece años, el Gobierno que ha venido siendo apoyado por un Grupo Parlamentario con mayoría absoluta no ha tenido entre sus previsiones la aprobación de una ley de telecomunicaciones por cable. Se presentó hace ya diez meses un proyecto de ley respecto del que se acaba de pedir la decimotercera prórroga para la presentación de enmiendas parciales, por lo que antes de terminar la legislatura quizá sea la de hoy la última oportunidad para aprobar una ley de telecomunicaciones por cable.
Alude a la carrera a la que se está asistiendo en torno a la comunicación por cable, a la que califica de negocio del siglo y también uno de los elementos fundamentales del poder político, informativo y financiero en el siglo XXI, con distintos ayuntamientos interviniendo en esa carrera a través de la concesión de licencias, y donde sobresale el acuerdo entre Telefónica y Canal Plus, acuerdo que no se entiende sin el aval del Gobierno, todo lo cual se habría evitado de haberse promulgado oportunamente la ley correspondiente. Añade que el acuerdo en cuestión ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia y distintas normas de la Unión Europea, por lo que consideraría una grave irresponsabilidad terminar la legislatura sin una ley de telecomunicación por cable.
Concluye expresando la posibilidad de llegar a acuerdos sobre el texto de la nueva ley, aunque habrá de hacerse en los próximos días si de verdad se quiere que esta ley salga adelante.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), la señora Mato Adrover, del Grupo Popular, y el señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista.


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Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley debatida, por 31 votos a favor, 260 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad judicial (Página 9077)

El señor Gil Lázaro defiende la proposición de ley del Grupo Popular, manifestando que la finalidad esencial de la misma estriba en profundizar en el régimen de garantías individuales que nuestra Constitución reconoce a todo ciudadano en orden a la defensa de sus derechos fundamentales y que, por tanto, deben tener también una correlación adecuada en la situación singular de aquellos que, legalmente privados de libertad, se encuentran internos en establecimientos penitenciarios. Afirma que la reforma viene aconsejada por motivos conceptuales de fondo, pero resulta también una necesidad dimanada de la experiencia y es oportuna a tenor de recientes sucesos que provocaron, cuando menos, estupor en la opinión pública nacional.
Se pretende perfilar mejor el contenido de determinados aspectos del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de manera que en el futuro ni provoquen interpretaciones jurisdiccionales contradictorias ni permitan a la Administración acomodar el sentido de aquél a sus conveniencias políticas ni acarreen consecuencias indeseadas en la prevención y la persecución de los delitos de terrorismo.
Añade que con la reforma que proponen tratan de garantizar que en lo sucesivo ningún hipotético criterio de eficacia policial o política llegue a anteponerse a las más elementales exigencias de lo jurídico. Se trata también de lograr en la Ley General Penitenciaria una más clara previsión de ciertos supuestos, de manera que se impidan instrumentaciones torticeras de la intención original del legislador para dar apariencia de legalidad a decisiones tan bochornosas como las que dieron pie a que el señor Sancristóbal pudiera abrir los noticiarios de la televisión desde Alcalá Meco por mor de la sola decisión de la autoridad administrativa.
Les importa, por consiguiente, sustraer del vigente artículo 51 de la Ley General Penitenciaria cuanto de ambiguo hay en orden a limitar la actuación discrecional de la Administración, y les importa muy especialmente atribuir a la autoridad judicial toda decisión que comporte excepcionalidad de un derecho como el de las comunicaciones, así como cualquier otra que implique limitación de las correspondientes de los internos con sus abogados y procuradores. También entienden que el curso de la actualidad aconseja introducir en nuestro ordenamiento una expresa regulación de un supuesto nuevo concerniente a la determinación de la autoridad judicial, como única legítima para decidir acerca de la celebración o no de aquellas comunicaciones de internos con profesionales de los medios de comunicación cuya finalidad sea la posterior difusión pública del contenido de dicha comunicación.
Termina expresando el deseo de que el texto que hoy someten a la consideración de la Cámara sea entendido, no como una conclusión cerrada, sino como el punto de partida desde el que poder alcanzar durante su elaboración parlamentaria un muy amplio acuerdo entre todos para corregir las insatisfacciones que al menos a su Grupo le produce el tenor del actual precepto.
Para fijación de posición intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergéncia i Unió); López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular por 131 votos a favor y 165 en contra.


Proposiciones no de ley (Página 9087)

De los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos patrimoniales, o, en su caso, la indemnización económica correspondiente a las personas que se vieron privadas de los mismos por razones político-sociales en virtud de una legislación excepcional del período de la guerra civil (Página 9087)

En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Martínez Blasco recuerda que en octubre de 1991 ya tuvieron oportunidad de debatir este tema con ocasión de una proposición de ley presentada por el Grupo Vasco. La razón fundamental del Grupo Socialista para oponerse a la misma fue la de dificultades técnicas. Ahora se han unido cuatro grupos de la Cámara

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para traer una proposición no de ley, y si bien es cierto que existen dificultades técnicas para llevar a cabo la propueta, por eso piden que el Gobierno elabore un proyecto de ley para dar salida a este problema. Reiteran lo ya dicho en el año 1991 de que es preciso culminar el proceso de la amnistía y reconciliación entre los españoles, cerrando una de las heridas de la guerra civil. Familias, individuos y organizaciones políticas fueron expoliados de su patrimonio y de sus derechos por su opinión política y cree que no se entiende el cierre de todas las heridas de la guerra civil si no se restituyen los patrimonios y los derechos expoliados durante aquellos años.
Reconoce, una vez más, las dificultades que existen para ello; de ahí que los cuatro grupos proponentes pidan que se haga de la mejor forma posible desde el punto de vista técnico, a sabiendas de que la cuestión técnica no es la más importante. Creen, en todo caso, que no es cuestión de que les venzan las dificultades sino que es la voluntad política la que deben vencer y que, en los casos en que no sea posible restituir los patromonios y los derechos, al menos que se conceda una indemnizacón económica.
Intervienen asimismo en apoyo de la proposición de ley los señores Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, hace uso de la palabra el señor Caldera Sánchez-Capitán.
Para fijación de posiciones interviene el señor Cisneros Laborda, en nombre del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición de ley debatida, es aprobada por 296 votos a favor.


Del Grupo Socialista del Congreso, relativa al ahorro y uso racional del agua (Página 9096)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el uso racional del agua (Página 9096)

La señora Pelayo Duque defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista. Comienza afirmando que el agua es un bien de todos y para todos, a la vez que es un bien escaso, principios que deben guiar cualquier reflexión o aproximación intelectual sobre el problema del agua en nuestro país. Desgraciadamente no siempre ha sido así y basta recordar algunos debates habidos en la Cámara. De ahí que considere más eficaz y solidario con la situación que padece el país y los ciudadanos afrontarlos desde el plano constructivo y la voluntad de conseguir concesiones o aproximaciones. Aclara que la proposición nace con una vocación modesta, sin querer desconocer la acción ingente que se ha venido realizando en los últimos años para afrontar problemas estructurales y conyunturales como consecuencia de la escasez de recursos y de rigores en nuestro país. La iniciativa es una contribución a la política medioambiental de nuestro país y se hace desde la consideración primera de lo que debe ser una adecuada política conservacionista, que es la de proteger y conservar los recursos naturales escasos, y el agua lo es. La iniciativa permite, por otro lado, retomar el tema del agua en la Cámara e intentar reconstruir determinados consensos, y de ahí que solicite su aprobación porque permitiría al Gobierno realizar una campaña de ámbito estatal, promoviendo un uso adecuado y el ahorro del agua.
Termina fijando la posición de su Grupo en relación con la proposición que sobre el mismo tema ha presentado el Grupo Popular.
La señora De Palacio Valle-Lersundi, defiende la proposición de ley del Grupo Popular, manifestando que, una vez más, este Pleno se ocupa de un tema lamentablemente de absoluta actualidad en los últimos años en España cual es el problema de la sequía. Debaten hoy dos proposiciones no de ley, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular, fijando, en primer lugar, la posición de su Grupo sobre la proposición socialista. Alude a algunos problemas y defectos en la gestión del Gobierno, aclarando que cuando formulan críticas de una realidad lo que se pretende es plantear unas acciones de carácter futuro lo más consensuadas posible entre las fuerzas políticas, al entender que en una cuestión vital para el desarrollo de nuestro país como es el agua hay que intentar la mayor unidad, la mayor comunidad de criterios entre todas las fuerzas políticas.
Concretándose en la proposición no de ley del Grupo Socialista, anuncia que la votarán afirmativamente porque es prácticamente coincidente con algunos de los puntos que contiene la proposición del Grupo Popular y se trata en este momento de hacer propuestas positivas.
Respecto a la proposción de su Grupo piden, en primer lugar, que se remita a la Cámara un plan nacional sobre medidas aplicables para el ahorro y la reutilización del agua, conforme a lo acordado en los años 94 y 95. Por otra parte, hacen referencia a los recursos y resortes de la Ley de Aguas que, en su

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opinión, han sido insuficientemente aplicados, cuando no absolutamente inaplicados.
Otro punto de la moción hace referencia a los convenios con las administraciones municipales y comunidades autónomas en orden a mejorar las redes de distribución y también con las comunidades de regantes en orden a modificar toda la cuestión de acequias y redes de distribución respecto a los regadíos.
Finalmente, hay un punto que es coincidente con la proposición del Grupo Socialista, reflejando su confianza en la educación de los ciudadanos para la correcta utilización del bien escaso que es el agua.
Para fijación de posición intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquiereda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista es aprobada por 287 votos a favor. Asimismo, se aprueba la proposición no de ley del Grupo Popular por 288 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 9103)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política agraria del Gobierno en relación con la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados (Página 9103)

La señora Rivadulla Gracia defiende la moción de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, manifestando que los puntos de la moción guardan una íntima relación con el Real Decreto 4/95 que actualmente se tramita como proyecto de ley. Debe enterderse, por tanto, que los puntos a los que se refiere en su intervención serían exigibles para aquellas situaciones de catástrofe como pueden ser la sequía y las heladas. No se trata, por consiguiente, de plantear ayudas con carácter generalizado, sino con carácter conyuntural para aquellos años que se consideren catastróficos.
Concluye exponiendo el contenido de los puntos que integran la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Pascual Monzo, del Grupo Popular, y Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convengència i Unió), y al señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Inida-Iniciativa per Catalunya.
Se someten a votación los distintos apartados que integran la moción.


Página

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para conocer los criterios de política general que desarrollará el Gobierno en consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias (Página 9110)

El señor Gil Lázaro defiende la moción del Grupo Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Valls García, del Grupo Socialista, y Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabara los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se aprueba la moción del Grupo Popular por 260 votos a favor.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Comienza la sesión.
Previamente a iniciar el tratamiento del orden del día previsto para esta tarde, tenemos el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de dos señores Diputados, que sustituyen a otros dos Diputados que han presentado su renuncia.
Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de los siguientes Diputados, proclamados electos por la Juna Electoral Central, para

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prestar el juramento o promesa de acatar la Constitución.
En primer lugar, don José Manuel Pérez Corgos, en sustitución de don Antonio Gómez Vázquez.
¿Jura o promete acatar la Constitución?

El señor PEREZ CORGOS: Sí, juro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En segundo lugar, don Hipólito Fariñas Sobrino, en sustitución de don Augusto-Joaquín César Lendoiro.
¿Jura o promete acatar la Constitución?

El señor FARIÑAS SOBRINO: Sí, juro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, don José Manuel Pérez Corgos y don Hipólito Fariñas Sobrino han adquirido la condición plena de Diputado.
Enhorabuena. (Aplausos.)

TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, REGULADORA DE LAS TELECOMUNICACIONES POR CABLE (Número de expediente 122/000078)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, debate acerca de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya reguladora de las telecomunicaciones por cable.
Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
A estas alturas del debate, con la forma de gobernar y los contenidos de la gobernación del Partido Socialista Obrero Español, nosotros pensamos que el PSOE no tiene proyecto (proyecto global, proyecto de futuro) respecto al tema de las telecomunicaciones y singularmente tampoco hay proyecto respecto al tema de la comunicación, es decir, de los medios de comunicación social.
En todo caso, tal como hemos ido criticando a lo largo de esta legislatura y en anteriores, puede existir cierto mercadeo de cara a la captación de influencias, de cara al reparto de minutaje o espacios; pero no hay más allá en cuanto a una concepción global de un tema absolutamente esencial ya en el presente y, sobre todo, de cara al futuro.
A nuestro juicio, incluso puede ser que de manera encubierta utilizando una astucia que en algunos sentidos ya parece una especie de estrategia liberal de alegalidad, no exista ley general de telecomunicaciones, no exista ninguna referencia al tema singular de la comunicación de la televisión por cable y que, por tanto, empiece a imperar, como está ocurriendo actualmente --bastaría con leer hoy los medios de comunicación, la prensa escrita-- la ley de la selva, que significa también la ley del más fuerte, la ley de la gente que tiene mayor potencia o mayor velocidad a la hora de ir instalando las redes de cable o a la hora de, por la vía de los hechos ya que en absoluto hay legislación precisa ni abstracta, no existe legislación, ir concediendo las licencias e, incluso, los títulos habilitantes.
A nuestro juicio, jamás este mercado ha estado más intervenido de una manera absolutamente parcial desde el punto de vista de los más fuertes, desde el punto de vista de una política «natural» -- con comillas-- de concentración y, consecuentemente, desde el peligro que empieza a correr la información plural o la telecomunicación desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. Cada vez está más abierta la puerta de una telecomunicación para ricos y otra para pobres en el marco de esta falta absoluta de legalidad que estamos padeciendo.
Todo esto se ve con muchísima más claridad en el tema que hoy nos ocupa, el tema del proyecto estancado de telecomunicaciones por cable del PSOE que nosotros hemos tenido que traer aquí en la versión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El proyecto del Partido Socialista Obrero Español está hoy aislado y estancado, quizá de forma premeditada; no queremos caer en tentaciones de inocencia. Durante trece años el Gobierno que ha gobernado a lo largo de varias legislaturas, apoyado en un grupo de mayoría absoluta, no ha tenido en sus previsiones aprobar una ley de telecomunicaciones por cable. Hace diez meses presentó el proyecto de ley, respecto al cual se acaba de pedir en la Mesa del Congreso la decimotercera prórroga para la posibilidad de interponer enmiendas parciales. Estamos terminando la legislatura y hoy aquí quizá tengamos la última oportunidad de que se pueda aprobar una ley de telecomunicaciones por cable.
¿Realmente el Gobierno y el Grupo que le sustenta quieren, pretenden negociar de verdad? De otra parte, ¿el Partido Popular quiere también sinceramente negociar? Esto es lo que se anda diciendo por ahí de cara a superar este espacio peligrosísimo de alegalidad; alegalidad que se cubre con una sentencia del Tribunal Constitucional que permite, creo que inconscientemente, el terreno de un neoliberalismo salvaje que estamos empezando a sufrir. Y digo que lo permite inconscientemente porque en la misma sentencia del Tribunal Constitucional se habla también, de manera explícita, de la irresponsabilidad de los legisladores en

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este tema. Estamos, consecuentemente asistiendo a un auténtico desmadre, a la carrera del siglo --precisamente del siglo XXI--, de cara a las consecuencias que tiene la comunicación por cable, de cara al negocio del siglo y de cara también a uno de los elementos fundamentales del poder político informativo y financiero en el siglo XXI: el imperio de la telecomunicación.
Estamos asistiendo a que distintos ayuntamientos se hayan lanzado a por todas en el marco de esta alegalidad: Jerez, Santander, etcétera. Los alcaldes del Partido Popular ya han dicho también que van a por todas y de manera urgente, de cara incluso al establecimiento de la telecomunicación por banda ancha, de cara a la concesión de licencias, de cara a todo lo que se ponga por medio en el terreno de esta falta de legalidad. Pero no sólo los alcaldes del Partido Popular, también el señor Maragall, Alcalde de Barcelona, en alianza con la Generalidad de Cataluña, con la US West y con empresas privadas, está también en el proyecto de la banda ancha de cara a la concesión de licencias en el marco de la ciudad de Barcelona. Esto, por lo visto, es lo que ejemplifica que, por debajo de las palabras del Partido Socialista Obrero Español y en el terreno de los hechos, de que la ley no sale adelante, en el terreno de que no hay voluntad de que exista una ley, se está imponiendo, por la vía de los hechos, la auténtica política que persiguen --y que coincide y se parece como una gota de agua a otra-- tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español. Ahí están las declaraciones de los alcaldes del Partido Popular y la vía de los hechos que ha elegido el señor Maragall, es decir, se trata de estrategias idénticas.
Desde luego, la cima del desmadre ha sido el acuerdo entre Telefónica y Canal Plus, un acuerdo que no se entiende sin el aval del Gobierno y, un poco más allá, no se entiende sin una estrategia consciente del Gobierno de dejar hacer, eso, sí, apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional, y permitir el acuerdo, el pacto que se ha establecido. Hay que tener en cuenta que si hubiese una ley, si se hubiese promulgado la ley, esta sentencia del Tribunal Constitucional estaría superada y no se hubiese permitido el pacto que se ha hecho entre Telefónica y Canal Plus, que supone la concesión de un dominio por la vía de los hechos, de una concentración insuperable que puede tener pegas muy fuertes, incluso en el seno de la Unión Europea, como la ha tenido la alianza, la fusión de la MSG Media Service, que ha sido anulada por la Comisión Europea en función de su contradicción con el Reglamento de Fusiones y con acuerdos fundamentales normativos de la Unión Europea.
Esta fusión, avalada por el Gobierno, consolida más la idea de que se trata de una estrategia consciente, premeditada, de que no exista ley, de que no se apruebe la ley en esta legislatura. El acuerdo Telefónica-Canal Plus incluso empieza a cambiar este texto del Gobierno que está en la Cámara, que no se puede discutir porque no supera el plazo de las enmiendas parciales (estamos batiendo los récord de prórrogas); empieza a cambiar el texto de la propia propuesta del Gobierno, por ejemplo, cuando en éste se dice que Telefónica sólo podrá empezar a transmitir televisión por cable a los seis meses de haber concedido la licencia del segundo operador en el límite territorial que corresponda. Por tanto, desde la vía de los hechos, hay ya una rectificación respecto al texto del Gobierno. Un texto que se discutirá (no en esta legislatura, teniendo en cuenta la voluntad real del Gobierno, del partido que le sustenta) en el marco de la presión, de los hechos consumados, de una realidad cristalizada, de una realidad interesada e intervenida dentro de uno, dos, tres o más años. Además, este acuerdo Telefónica-Canal Plus no tendrá posibilidad de ser matizado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado o de la ley de acompañamiento, como ha dicho el señor Borrell, porque no hay ninguna garantía de que estas leyes se vayan a aprobar en el seno de esta Cámara al final de la presente legislatura.
Se trata, a nuestro juicio, de un acuerdo (dada la estrategia real del Gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, ya que no interesa que exista una ley), en el caso del convenio Telefónica-Canal Plus que ha llevado a una vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia, de la competencia desleal y las distintas normas y reglamentos de la Unión Europea.
Señorías, a nuestro juicio se trataría de una grave irresponsabilidad si se acaba esta legislatura sin una ley de telecomunicaciones por cable. Aún habría tiempo, a partir de hoy, si se toma en consideración la proposición, perfectamente matizable en función de los reagrupamientos que de la mayoría se produzcan en torno al texto definitivo a partir del trámite de la toma en consideración de nuestra proposición de ley. En todo caso, habría que discutir el papel de Telefónica como primer operador y el tema de la autoridad concesional en el marco de un Estado de las autonomías, en camino, a nuestro juicio, hacia la consolidación de un Estado federal.
El texto de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podría ser el lugar de encuentro de una síntesis posible. En este sentido Izquierda Unida plantea el papel de Telefónica como primer operador, las condiciones que deben darse para que, como dice la Comunidad Europea, no existe un fenómeno patológico de concentración, el protagonismo necesario de las comunidades autónomas y ayuntamientos en el marco constitucional, en el marco de lo que es el Estado de las autonomías, y la necesidad de un control democrático de las telecomunicaciones y del arbitraje en torno a los conflictos que se puedan producir entre los distintos operadores.
Para nosotros el primer título habilitante debe ser el de Telefónica como primer operador; operador que esté muy imbricado en la idea de servicio público esencial y que, como mínimo, ha de tener el 51 por ciento de las acciones. Respecto al otro 49 por ciento, pensamos

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que si es empresa pública puede entrar en la sociedad de este primer operador; pero si es empresa privada, según el artículo 13 que proponemos, podría acceder a un máximo en este 49 por ciento del primer operador de cinco millones de habitantes o del 50 por ciento de una comunidad autónoma.
Respecto a la autoridad concesional, nosotros tenemos en cuenta tanto el artículo 149.1.21.ª, de la Constitución, en cuanto a las competencias exclusivas del Estado de cara al papel de las telecomunicaciones, como el 149.1.27.ª, que asigna la capacidad normativa de desarrollo y ejecución a las comunidades autónomas en el tema de los medios de comunicación social, tema que hemos explicado hasta la saciedad, obtuvimos una propuesta del Grupo Socialista a favor y que inmediatamente retiró hablando exclusivamente, a partir de entonces, de contenido, que creemos es constitucional y que acerca estos contenidos de nuestra proposición de ley a planteamientos que han hecho, por ejemplo, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) o el Grupo Parlamentario Vasco. Es cierto que han ido más allá, pero están más lejos del proyecto de ley del Gobierno que de nuestro propio texto que ahora defendemos.
También planteamos la necesidad de constituir un consejo de la comunicación, como he dicho anteriormente, para defender la pluralidad, la transparencia y la igualdad de oportunidades.
Nuestras diferencias con el texto del Gobierno están sobre el tapete. Algunas de ellas se pueden salvar, pero no vemos voluntad negociadora, a pesar de que el señor Borrell aceptó el otro día nuestra propuesta de empezar a hablar.
El texto del Gobierno es absolutamente concentrador por lo que se refiere al 49 por ciento de las acciones del primer operador; y no sólo es concentrador en este aspecto, sino que, en función de que acepta como normal, como viable el acuerdo Telefónica-Canal Plus, desvía a Telefónica de su carácter de servicio público esencial y empieza a dejar de defender su papel esencial como primer operador de las telecomunicaciones por cable.
Hay una diferencia también esencial entre nuestra concepción y la del Gobierno. El texto del Ejecutivo es absolutamente centralizador, dogmáticamente centralizador. Cualquier tipo de concesión de licencia, sea para un ayuntamiento en los límites estrictos de su término municipal, sea para varios ayuntamientos o sea para una comunidad autónoma, siempre estará en manos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Nosotros pensamos que eso no es presentable en los momentos actuales en el seno del Estado de las autonomías. A nuestro juicio, cuando el término municipal sea el ámbito del segundo operador, la licencia la dará el ayuntamiento; si supera el término municipal de un ayuntamiento, la licencia la dará la comunidad autónoma; y, si supera el ámbito de una comunidad autónoma, la licencia --en este caso sí-- la dará el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. En el texto del Gobierno no existe, en absoluto, control democrático de transparencia, de pluralidad, de igualdad de oportunidades.
Termino, señor Presidente. Si la preocupación del señor Borrell, de los diputados que en este sentido están interviniendo y de la señora Salgado es sincera; si se trata de una preocupación real, no de una astucia que encubre otro tipo de estrategia, existe a partir de aquí la oportunidad de establecer un proceso en el marco de este texto que nos lleve a una ley en el horizonte de dos meses y medio que parece ser quedan para terminar esta legislatura, puesto que, a lo que parece, si se cumple la palabra del señor González --¡que el Señor me esté oyendo!--, terminaría convocando elecciones aproximadamente a mediados del mes de enero. Si pasan diez, quince días a partir del debate que estamos celebrando aquí, posiblemente no daría tiempo para culminar todo el proceso de Ponencia, Comisión, Pleno --si se pide la avocación--, la remisión al Senado y la vuelta, máxime si tenemos en cuenta que la negociación con Convergència i Unió ha durado nueve o diez meses y no ha llegado a término. ¿En nueve o diez días podríamos sintetizar esto si se sigue manteniendo la voluntad férrea del Gobierno de defender un texto absolutamente dogmático en cuanto a la concentración y absolutamente dogmático al no otorgar un papel específico en la concesión de licencias a ayuntamientos y comunidades autónomas? Por otra parte, no sabemos tampoco si es sincera la predisposición del Partido Popular a gobernar y a tener una ley del cable.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Lo que sí hemos visto por la propuesta que el señor Maragall está consolidando de acuerdo con la Generalidad, con la US West y con empresas privadas, es que si se consolida la propuesta de los alcaldes del Partido Popular de ir a por todas en las redes de banda ancha y en la concesión de licencias, tanto el PP como el PSOE estarán mucho más cómodos en este marco de política neoliberal sin la ley. Por tanto, sería mentira que se quiere una ley de telecomunicaciones por cable.
Se está haciendo aquí simplemente un paripé, un teatro diciendo que después de 13 años todos queremos la ley, que después de 10 meses sin poder tramitar el texto que aquí se entregó todos queremos sacarlo adelante, pero no es verdad. Lo que interesaría tanto al PSOE como al Partido Popular, de cara a esta política neoliberal, es que siga sin existir la ley, para que los alcaldes del PP, por una parte, y para que el señor Maragall, por otra, vayan con más prisa porque tienen más poder y se carguen la posibilidad de la competencia leal

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en el marco de una política pluralista y de una información objetiva.
Por tanto, señor Presidente, es posible llegar a acuerdos, claro que es posible llegar a acuerdos, por ejemplo, que concurse Telefónica, mesas tripartitas paritarias para la concesión de licencias; pero si no se llega a acuerdos en el plazo de siete, ocho, diez días ya no es posible la ley, y entonces nosotros nos confirmaríamos en nuestra sospecha de que lo que ustedes quieren es que no exista una ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria fijo la posición ante esta proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones por cable que nos presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Aunque si entrásemos en el fondo de la cuestión del texto del proyecto se trataría de una idea profundamente técnica, yo diría de un marco técnico con aquellas salvedades de consideraciones de servicio público y lo que pueda tener de valoración política, nosotros no queremos entrar en ese apartado porque sería cuestión de tomarlo en consideración de las enmiendas correctoras pertinentes. Vamos a hacer, por tanto, una toma de posición puramente política, y en esa línea --adelanto-- vamos a votar favorablemente y a apoyar esta proposición de ley. Motivos: en primer lugar, porque sirva de testimonio político y de acicate a lo que ya parece para Coalición Canaria muy lamentablemente llamativo el largo período de demoras que tenemos en la Cámara --en la aplicación correcta, por supuesto, del tratamiento reglamentario--, pidiendo aplazamientos y nuevos períodos de presentación de enmiendas al proyecto del Gobierno de regulación de telecomunicaciones por cable. Esto tiene que tener alguna razón política de fondo. Como nosotros no estamos en ninguna de estas negociaciones, queremos con toda la naturalidad parlamentaria, que prospere un proyecto que regule esta materia.
Con eso entraríamos en el segundo aspecto que nos lleva a votar también favorablemente. La razón de esta necesidad de legislación es situarnos fuera de la ambigua e improcedente situación actual de alegalidad. Para un sistema democrático es bueno regular materias como la que aquí nos incumbe, donde están desde las autopistas de la información hasta el régimen de televisiones en transmisión de señal por cable, y no mantenernos en la alegalidad. Pero, bueno, ¿qué es la alegalidad? ¿Cómo se puede justificar desde un sistema de control parlamentario a la administración una demanda que hay desde los distintos estamentos económicos y sociales de regular esta materia? Una situación de alegalidad no hace nada más que corromper un sistema que tendría que estar regulado. La alegalidad aquí no es que se haga infracción de ley; la alegalidad es predisponer situaciones de dominio o privilegio que pueden llevar a resultados perversos de lo que se trata de regular en detrimento de aquellas personas físicas o jurídicas que tienen derecho al uso y ejercicio de libertades en los medios de comunicación y telecomunicación. Esa situación de alegalidad favorece a quienes ni siquiera tienen el impudor que van a tener otros, de ir a aprovecharse de esa circunstancia. Queremos que ninguna institución pública caiga en la tentación de aprovecharse de ese vacío legal para actuar en consecuencia, haciendo ya una toma de posiciones, que es, ni más ni menos, que los hechos consumados. Entrar a legislar cuando sobre toda España se haya producido ya la política de hechos consumados es muy grave. ¡A ver quién levanta esas seudoconcesiones o autoconcesiones que se puedan dar de sistemas de telecomunicaciones por cable! En tercer lugar, vamos a apoyar favorablemente esta proposición de ley porque vemos que en su texto de declaración de principios se parte del principio de legalidad --contemplado en la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones-- y se hace, como bien ha resaltado aquí el portavoz proponente, con un carácter muy distinto del que trae el proyecto del Gobierno que es eminentemente centralista. Hay un reconocimiento --y figura en uno de los párrafos más destacados de la exposición de motivos-- cuando se otorga a los ayuntamientos y comunidades autónomas el protagonismo a la hora de la delimitación de las demarcaciones para el establecimiento de las redes de cable. Desde el Grupo de Coalición Canaria valoramos este tema muy positivamente, sobre todo en un territorio como el Archipiélago Canario donde es competencia de la Comunidad Autónoma todo aquello que esté por encima del marco municipal y que para nosotros se circunscribe en la isla. No sería comprensible una ley de telecomunicaciones en la que una limitación, debida a la discontinuidad de los espacios geográficos, impidiera un sistema de cableados interinsular.
Finalmente, en cuarto lugar, realizado un análisis técnico del proyecto, entendemos que está estructurado correctamente, mejorable --desde nuestro punto de vista-- mediante las enmiendas correspondientes, pero no es ésta la cuestión primordial, porque ya he dicho al principio de mi intervención que hacíamos una valoración política de la necesidad de que en España exista, de una vez por todas, una ley de telecomunicaciones por cable, con el fin de evitar las circunstancias que he denunciado.
Por estas razones, vuelvo a decir, señor Presidente, que el Grupo de Coalición Canaria apoyará con su voto la toma en consideración de esta proposición de ley.


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Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por boca del señor Alcaraz, plantea hoy la toma en consideración de una proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones por cable.
Es un tema de actualidad. No hace falta que subraye la importancia creciente de las telecomunicaciones en nuestro futuro ni el valor estratégico del sector ni su condición decisiva en la competitividad de nuestra economía. Estas cuestiones están, día tras día, en los medios de comunicación y cada vez se debaten más en diferentes ámbitos, incluso en ámbitos que se alejan de lo que constituye estrictamente el tema de las telecomunicaciones, porque --repito-- sus implicaciones son diversas.
En este panorama futuro los servicios de telecomunicación que circulan a través del cable, que utilizan la vía, la carretera, la autopista del cable, padecen desde hace tiempo --como ya se ha dicho por quienes me han precedido esta tarde en el uso de la palabra-- de la falta de un marco legal adecuado que establezca las reglas del juego en que deberán moverse los distintos agentes, léase Administración pública, operadores de servicios y redes, proveedores de servicios en general y también los usuarios. Es un marco, que, como todos sabemos, está aún pendiente de aprobación. Es bien sabido que el proyecto que el Gobierno aprobó tan valientemente en el último Consejo de Ministros del año 1994 y que remitió a continuación --a finales de enero-- a la Cámara sin saber siquiera aproximadamente -- porque parece que no se había consultado con otros grupos parlamentarios de la Cámara-- si contaba con mayoría suficiente para tramitarla, este Proyecto aún no se ha transformado en ley.
Nosotros pensamos que el nuevo marco sí es el adecuado y que tendrá como resultado práctico la promoción de nuevas redes de infraestructuras de telecomunicaciones capaces de ofrecer a la sociedad, a medida que lo demande, nuevos servicios. Por ello, nos parece importante que se legisle. A nuestro Grupo Parlamentario le parece tan importante como al que más que se legisle sobre este tema. Además, también nos parece importante, muy importante, que se haga pronto, pero es fundamental que se legisle bien, no de cualquier forma, porque la importancia decisiva del sector de las telecomunicaciones bien lo merece.
¿Cuáles son los principales criterios de la futura regulación del cable? Para nuestro Grupo Parlamentario son, fundamentalmente, tres.
En primer lugar, la creación de un entorno de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicación. Entendemos que la creación de este entorno en el sector permitirá un mayor dinamismo y un mayor crecimiento económico, y dará a los ciudadanos la posibilidad de obtener unos mejores servicios a unos mejores precios; es decir, de obtener un servicio óptimo en cuanto a precio, calidad e innovación. Para conseguir este objetivo, deberemos contar con infraestructuras y servicios alternativos capaces de ofrecer los servicios en competencia, pero hasta el momento aquí sólo han existido unas infraestructuras ligadas a Telefónica, por lo que la Compañía, como saben ustedes, se encuentra en una situación muy ventajosa de salida frente a aquellos que han de constituir las otras alternativas de competencia.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario piensa que la futura ley debería motivar, y no desincentivar, la iniciativa privada, para que emprenda proyectos de este tipo --que son proyectos no especulativos y con una inversión muy cuantiosa-- con una clara perspectiva de viabilidad. Ello sólo se conseguirá evitando conceder una posición de excesivo privilegio a Telefónica, contrariamente a lo que es en estos momentos el planteamiento del proyecto gubernamental.
El segundo criterio en cuanto al nuevo proyecto de ley es conseguir la mayor universalización del servicio. Esta, señor Presidente, señorías, es una idea tradicional, tanto en el sector de los servicios básicos de telecomunicaciones --léase teléfono-- como en el de la comunicación audiovisual --léase televisión--.
No en vano una de las obligaciones que se le han impuesto desde los poderes públicos a los operadores tradicionales ha sido la de extender los servicios a toda la población, con independencia de la rentabilidad puntual de muchas de estas actuaciones de extensión del servicio.
En el desarrollo de los nuevos servicios, y muy especialmente del de la televisión por cable --que no nos engañemos, hoy por hoy es el único servicio que justifica el cableado--, el criterio de universalización creemos que es fundamental. La necesidad de involucrar al capital privado en las inversiones necesarias para el desarrollo de las nuevas infraestructuras obligará a establecer compromisos que afecten al desarrollo y extensión de los nuevos servicios. Para ello es fundamental que la ley defina la configuración de las demarcaciones de cableado, de forma que haga posible que la administración concedente pueda configurar paquetes, pueda configurar demarcaciones que compensen el derecho de cablear ciertos municipios, fundamentalmente ciudades grandes, que son rentables por sí, con la obligación de cablear otros que no lo son. Si no lo hacemos así, si dejamos que todo el mundo vaya por libre, si no ponemos algún tipo de límite o introducimos alguna instancia superior que pueda corregir la facultad municipal de constituirse en demarcación, nos vamos a encontrar con que esta ley va a

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servir para incrementar la desigualdad entre los ciudadanos que habitan en un municipio rural en relación a aquellos que habitan en una capital mediana o grande.
En definitiva, señor Presidente, señorías, es exactamente lo mismo que hemos hecho con el teléfono o que han hecho o están haciendo algunas comunidades autónomas para conseguir la extensión, la universalización del servicio del gas canalizado.
En tercer lugar, definir las competencias de los distintos niveles de administración, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y los distintos estatutos de autonomía, y no como desde el Gobierno se pretende, es decir ignorando la configuración autonómica del Estado e insistiendo --permítanme que les diga-- con cierta prepotencia para que los demás caigamos en la cuenta de nuestro error y nos dobleguemos a la inaceptable pretensión uniformizadora de un proyecto de ley que se limita -- ruego a SS. SS. que tomen nota de ello para de alguna forma, poder contrastarlo con la información que sesgadamente, desde el Ministerio de Obras Públicas, se viene dando a través de los medios de comunicación-- a reconocer la facultad de las comunidades autónomas a emitir un informe con carácter no vinculante para cuando uno, dos o más municipios de una misma comunidad quieran constituirse en demarcación. Ese es el papel que el proyecto de ley del Gobierno otorga a las comunidades autónomas, ningún otro. Pues bien, ello nos parece lamentable.
¿Cómo encaja la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en este planteamiento? De entrada debo decir, señor Alcaraz, que en cuanto a los criterios que he planteado el punto de partida de su iniciativa es mejor que el del Gobierno, lo reconozco. De entrada, matiza la posición dominante que el proyecto gubernamental confiere a Telefónica, matización en la que nosotros entendemos que debe abundarse y que representa un aspecto positivo de su proposición de ley. Confiere además una competencia compartida entre municipios, comunidades autónomas y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la configuración de las demarcaciones y diseña un esquema competencial que, sin satisfacer plenamente nuestros planteamientos, sí que supone un paso adelante ya que, de entrada, reconoce la competencia autonómica en materia, por ejemplo, de televisión por cable, como de otro lado establece el artículo 149.1.27.ª de nuestra Constitución, aunque no lo reconoce el proyecto del Gobierno, a pesar de la solidísima formación constitucional que pretende tener algun Ministro cuando, contundentemente, se pronuncia sobre lo que es constitucional y lo que no lo es. Por último, establece de nuevo un sistema competencial compatido, según los casos, para autorizar la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable.
Evidentemente, hay aspectos de la proposición que no nos satisfacen, bastantes, pero siguiendo el criterio tradicional de nuestro Grupo Parlamentario de votar favorablemente la toma en consideración de las proposiciones de ley, siempre y cuando su contenido no se oponga básicamente a nuestros planteamientos políticos, nuestro voto va a ser favorable a su toma en consideración.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Para fijar la posición del Grupo Popular tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señorías, todas las iniciativas parlamentarias que se presentan en esta Cámara tienen sentido para nuestro Grupo, tanto las que persiguen el control del Gobierno como las que suponen una aportación positiva a la regulación de algunos aspectos de nuestra sociedad. Pero en este caso, señor Presidente, sucede que algunas iniciativas, cuando se sitúan en el contexto parlamentario, son inexplicables, y en ocasiones también la obstinación por mantenerlas puede situar a algún Grupo en la incoherencia de sus propios comportamientos.
Es público y notorio, señorías, que nos encontramos en estos momentos en el trámite de enmiendas al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable que presentó el Gobierno, al que algunos grupos parlamentarios han presentado enmiendas de devolución con texto alternativo, entre otros, señorías --no se sorprendan--, el Grupo Parlamentario que hoy suscita este debate.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable que en estos momentos se está tramitando en la Cámara. Asimismo, la semana pasada, con motivo de la comparecencia del Ministro Borrell en esta, Cámara, tanto mi Grupo Parlamentario como el portavoz en esa ocasión de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, hicimos una oferta de diálogo y consenso al Gobierno sobre el futuro de la regulación del cable en España. Estas dos premisas, en primer lugar que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya presentado una enmienda de devolución con texto alternativo al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable y en segundo lugar que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya manifestado también su disposición al diálogo y al consenso con el Gobierno, hacen difícil comprender el mantenimiento para su debate de esta proposición de ley. Yo diría, si no fuese porque es bueno que se realice cualquier debate, que también es incomprensible que hoy estemos debatiendo esta cuestión.
Con toda claridad, sin leer el texto de su proposición de ley, mi Grupo hubiera votado afirmativamente su toma en consideración, y lo hubiéramos hecho para, después, modificar su contenido durante el trámite parlamentario, como hemos hecho en otras muchas ocasiones y, además, lo hubiéramos hecho porque hace

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mucho que venimos clamando en el desierto gubernamental sobre la importancia de regular este asunto.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario que hoy presenta esta proposición, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, cuando ya ha presentado un texto que está dispuesto a negociar con el Gobierno, manteniendo hoy el debate de esta proposición de ley sobre el mismo asunto, ese mismo Grupo que habla de la sinceridad de los grupos parlamentarios para regular el tema del cable, de la prisa que hay en regular el tema y la importancia de que se regule lo antes posible, votó en contra de la toma en consideración de una proposición de ley anterior sobre esta misma materia de mi Grupo Parlamentario.
Parlamentaria y jurídicamente no tiene ningún sentido esta proposición que presentan, de la que ya conocíamos su texto a través de la enmienda con texto alternativo que han presentado en el mes de mayo al proyecto de ley de telecomunicaciones por cable. Creemos que es un poco ridículo debatir el mismo tema que estamos en estos momentos tramitando vía proyecto de ley del Gobierno. Si lo que pretenden con el debate de esta proposición en el día de hoy es trasladar a la opinión pública que su Grupo Parlamentario gana en iniciativa al Gobierno llegan un poco tarde, y llegan tarde por dos motivos: en primer lugar porque ya hay un proyecto de ley y, en segundo lugar, llegan tarde porque mi Grupo, como primer Grupo de la oposición, como Grupo que lidera a la oposición en iniciativas, ya presentó un texto que fue rechazado por esta Cámara.
Señorías, el Parlamento no está para discutir quién queda mejor sino para abordar cuestiones que necesitan regulación. ¡Qué gran favor se hubiera hecho a esta Cámara y se hubiera hecho fundamentalmente a la inversión en cable para España si se hubiera votado que sí a la toma en consideración de la proposición del Grupo Popular que se debatió en esta Cámara hace ya un año y medio! Podríamos tener ley del cable desde hace ya un año y por tanto inversiones en España.
Señoras y señores Diputados, señores de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en política como en la vida no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no se pueden impedir debates de proyectos de la oposición y, después, pretender atribuirse la paternidad de la regulación de las telecomunicaciones por cable.
Por más reflexiones que he estado haciendo estos días respecto a este asunto, no encuentro ninguna explicación para que se mantenga esta proposición en estos momentos. Ya han utilizado ustedes la vía de la enmienda con texto alternativo, ya han utilizado también la vía parlamentaria que permite las enmiendas parciales; todo esto parece que es un poco inexplicable. Lamento mucho anticiparles que no votaremos favorablemente si se somete a votación esta proposición y le pido expresamente al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que retire el texto antes de votarlo. La propia sensatez y el sentido común nos invitan a decir que sí o que no a su texto alternativo en el debate de totalidad, y por supuesto también a estudiar con todo detenimiento sus enmiendas parciales con el máximo esfuerzo para lograr un consenso que tanto su Grupo como el nuestro han ofrecido en esta materia. (Rumores.) Creo que no es necesario que les diga que nos parece incongruente y nos parece un ejercicio de incoherencia votar hoy favorablemente a la tramitación de esta proposición de ley cuando estamos debatiendo y tratando de consensuar entre los grupos un proyecto de ley. (Rumores.) Los señores del Gobierno no están legitimados ni moral ni políticamente para criticar el mantenimiento de su proposición, nosotros sí que lo estamos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, un momento por favor. (Pausa.) Puede continuar cuando quiera.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Decía que los señores del Gobierno no están legitimados ni política ni moralmente para criticar que ustedes mantengan esa proposición; nosotros sí lo estamos porque hemos sido el primer grupo que ha estado preocupado por la regulación de esta materia dada la incompetencia, los incumplimientos y la dejación del Gobierno en este asunto.
Estoy segura, señor Presidente, que los Diputados de Izquierda Unida no nos quieren pedir nuestra complicidad para esta comedia, y por eso vuelvo a repetirles que retiren la proposición antes de someterla a votación. Si no atienden nuestro ruego, por respeto al Parlamento votaremos que no a la misma, sin perjuicio de que, como he anunciado antes, meditemos nuestro voto a su enmienda a la totalidad, con texto alternativo, cauce idóneo en este momento. Como hemos dicho también, con la máxima atención y con el mayor deseo de lograr un consenso estudiaremos las enmiendas parciales que puedan presentar a esta misma proposición.
No se pueden jugar todas las vías parlamentarias porque cuando así se hace a veces queda en evidencia la incoherencia de algunos planteamientos.
Señores de Izquierda Unida, con este gesto, aunque no lo pretendieran, creo que hoy han hecho un gran favor al Gobierno.
No tengan la más mínima duda de que si esta iniciativa se hubiera presentado antes que el proyecto del Gobierno hubiera contado con nuestro voto afirmativo para seguir adelante y para ser admitida a trámite. Eso es lo que nos diferencia. Cuando ustedes impiden la tramitación de algunos proyectos o algunas proposiciones, hacen un favor al Gobierno. Nosotros creemos que hoy, con esta operación, que más parece de marketing o de imagen que una operación

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parlamentaria, de nuevo están haciendo un favor al Gobierno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, nos encontramos con una proposición de ley formulada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya que no trata sino de poner en estos momentos el énfasis sobre un debate que tendría que ser conducido a otras instancias, en las que el acuerdo puede producirse --me estoy refiriendo a la Comisión-- y en las que la posibilidad de entendimiento en absoluto está descartada, y así se planteó por parte del Ministro en la Comisión de Infraestructuras el día pasado. En modo alguno, por parte del Grupo Socialista, existe ningún tipo de cerrazón. En todo momento hemos sido flexibles para que el texto que asumimos en defensa del Gobierno pueda ser modificado y en aspectos importantes. Creo que hemos estado en todo momento en buena armonía con los grupos para intentar que ese acuerdo fuera un éxito, pero también creo que todos tenemos que declararnos responsables de que después de nueve meses no hayamos conseguido llegar a un acuerdo.
Efectivamente, se han producido prórrogas de enmiendas, pero la prórroga de enmiendas no la decide solamente el Grupo Socialista; la prórroga de enmiendas se decide en unos ámbitos de esta Cámara en los que hay colaboraciones de otros grupos para que la prórroga se produzca. Pero con independencia de ello, pienso que hay que hacer una pormenorización de qué es lo que ha pasado desde el momento en que este proyecto de ley entra en esta Cámara.
Con fecha 21 de diciembre, Izquierda Unida presenta esta proposición de ley reguladora de las telecomunicaciones por cable en este Congreso y se publica el 2 de enero de 1995. Como es lógico, y a la vista de la ebullición que había en estos momentos, Izquierda Unida sabe perfectamente cuáles son los cauces por los que se mueve, debido a los anteproyectos que existen, la posición del Gobierno.
Con fecha 6 de febrero de 1995, el «Boletín Oficial de las Cortes» publica el proyecto de ley de telecomunicaciones por cable, aprobado por el Gobierno, que en estos momentos se halla, como ya he dicho antes, en fase de enmiendas. Junto con la regulación de la telefonía, la televisión local y la trasposición de la directiva comunitaria en materia de telecomunicaciones por satélite, constituye uno de los aspectos importantes del compromiso del Gobierno en materia de telecomunicaciones, aprobado el 7 de octubre de 1994. Es decir, se están siguiendo unas pautas que estaban planteadas desde ese momento por parte del Gobierno en un tema, como es el de las telecomunicaciones, en el que la innovación tecnológica, la modernización y las investigaciones están permitiendo que sea cambiante, que continuamente esté modificando sus apreciaciones y sus componentes técnicos, en el que, por consiguiente, sea muy difícil llevar a cabo la regulación de un tema con tanta diversidad, con tanta modificación, a lo largo de los tiempos.
Como he dicho antes, todos los grupos deseamos regular cuanto antes las telecomunicaciones por cable, pero si aceptáramos la proposición de ley que hoy plantea Izquierda Unida nos encontraríamos --y usted ha dicho que si dentro de siete días no hay un acuerdo esta proposición o esta regulación no sale adelante-- con que el propio Reglamento de la Cámara está obligando a abrir un nuevo plazo de enmiendas de 15 días, con lo cual nos vamos a mediados de octubre para que los grupos hagan efectivas sus propuestas ante la Comisión, en este caso la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Es decir, no avanzamos nada aprobando esta proposición de ley, porque lo único que conseguimos es encontrarnos con dos textos, con un nuevo plazo de enmiendas --15 días más--, que se abre a partir del momento en que se apruebe y se pase a Comisión, y lo que hacemos es que este problema, que a todo el mundo nos preocupa según he escuchado en todas las intervenciones que ha habido, no se solucione y no tenga salida alguna positiva.
Además, si vamos a la comparación de los dos textos, si comparamos el proyecto de ley del Gobierno y la proposición de ley de Izquierda Unida, creo que nos encontramos con una serie de coincidencias, que son estimables, y con una serie de divergencias, si las analizamos todas --como pasa con esta proposición de ley, como pasa con la propuesta que tiene el Grupo Popular o con la que tiene Convergència i Unió--. Aquí se trata de que todos sepamos ceder un poco en nuestras pretensiones; de que esa cerrazón que, a veces, algunos grupos llevan metida en la frente, sepa ceder en un momento determinado para conseguir ese apoyo, ese acuerdo y ese entendimiento que es necesario en este tema concreto.
Si de verdad queremos llegar a un acuerdo y queremos ver de qué bases partimos, el portavoz del Grupo Socialista, en la última sesión de la Comisión de Infraestructuras, hizo una oferta sobre los tres o cuatro puntos que creo que son los nudos gordianos para que salga o no adelante este proyecto de ley, y sobre esos puntos es sobre los que había que trabajar con algo más de seriedad.
Repito que hay diferencias y que hay coincidencias. Hay coincidencias en cuanto a la finalidad del proyecto; hay coincidencias en cuanto al contenido material; hay coincidencias en cuanto a la forma; hay coincidencias en cuanto a la regulación de la interconexión de las redes; hay coincidencias en cuanto a ese derecho

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transitorio en las actuaciones que se han llevado a cabo hasta este momento. Es decir, hay una serie de coincidencias entre los dos proyectos. Pero, ¿dónde están las divergencias? Ustedes plantean una mayor intervención administrativa en este proyecto, y yo no acabo de entender cómo algunos grupos están diciendo que eso tiene que ser así. Ustedes están planteando que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente abra un registro para inscribir las empresas, las sociedades anónimas que quieran ser concesionarias de ese servicio. Eso es lo que ustedes dicen en la proposición de ley. Ustedes otorgan a las comunidades autónomas unas competencias que van en contra de lo que según nuestro criterio, es competencia exclusiva del Estado, como es la concesión de los servicios de telecomunicación. Es más, en ustedes, que siempre han presumido de defender los intereses de los ayuntamientos, me extraña que en esta proposición de ley no incluyan la facultad de los ayuntamientos de fijar sus propias demarcaciones, y que lo que hagan sea decir que las demarcaciones las fije la comunidad autónoma.
Creo que este tipo de temas no son tan baladíes y que son aspectos que, desde nuestro punto de vista, no pueden ser asumibles. Nosotros hicimos en su momento una propuesta y al final sale otra un poco más compleja, si ustedes quieren, para ver si, de una vez por todas, conseguimos desbloquear el debate de este proyecto.
También hay otra serie de diferencias respecto de los gestores.
En el proyecto del Gobierno nosotros defendemos a Telefónica de España con su propia red, más otro concesionario, que puede tener red propia o puede utilizar la de Telefónica, también con unas limitaciones respecto a la forma de programación, con un 40 por ciento de programación independiente, con la finalidad de garantizar la pluralidad, la autonomía y la independencia que ustedes quieren dar a determinados tipos de iniciativas de carácter privado que pueda haber respecto al uso del cable en materia televisiva. Pero lo que ustedes están planteando son operadores de telecomunicaciones por cable con red propia --ahí hay un punto de coincidencia-- y operadores sin red propia, lo que sucede es que ustedes pretenden aquí que no haya límite alguno en cuanto al número de operadores. Creo que nos estamos moviendo en unos terrenos demasiado complejos y, por lo tanto, hay que aquilatar mucho de qué manera se define cada uno de estos procesos porque, si no, se puede organizar un pequeño lío en cuanto a los sistemas de autorización y de concesión de este servicio. Además, creo que esta distinción que usted plantea supone una menor rentabilidad de la segunda red de cable, puesto que como el primer operador tiene red propia, al segundo operador, que acuede sin ella, se le disminuye parte de esa rentabilidad. Entendemos que con ello se frenaría la extensión del cable a todo el territorio y se concentraría en territorios demasiado específicos.
En el ámbito de la demarcación, nosotros planteamos un mínimo y un máximo. Ustedes están planteando un máximo. Imagino que, en ese espíritu de entendimiento, no habría dificultad alguna para llegar a un acuerdo, que no irían por ahí las dificultades, pero sí las habría a la hora de establecer quién aprueba las demarcaciones y a quién afectan. Nosotros proponemos que sean los ayuntamientos, las comunidades autónomas y la Administración central del Estado, y ustedes están planteando que sea solamente, a petición de los ayuntamientos, la comunidad autónoma y, si hay varias comunidades autónomas, la Administración central del Estado. Respecto al tratamiento de ese título habilitante, ustedes también plantean una cierta contradicción en cuanto a lo que es el uso de la concesión o autorización para que ese título habilitante se pueda otorgar. La concesión supone que se tiene que aplicar al uso del dominio público y a la gestión de un servicio, mientras que la autorización se estaba aplicando a la gestión de ese servicio. De ahí que, a la hora de hablar de una u otra figura para utilizarla en el otorgamiento del título habilitante, también haya que perfilar cuál es el contenido de ese título habilitante y a qué nos estamos refiriendo, circunstancia que en su proposición de ley creo que queda bastante oscurecida.
Nosotros pensamos que su proposición de ley es más intervencionista que el proyecto de ley del Gobierno. Por ejemplo en lo que respecta al servicio de televisión por cable, en el proyecto de ley del Gobierno se dice que el concesionario está obligado a distribuir programas propios y hasta el 40 por ciento de programadores independientes, la televisión por ondas hertzianas, tanto la estatal, las privadas y las de ámbito nacional, y las de las comunidades autónomas y televisión local cuando la haya. Sin embargo, ustedes, en su proposición de ley, obligan al concesionario a distribuir a través de la red solamente la señal de televisión local. Entre otros, estos son los aspectos que nos llevan a evaluar que su proposición de ley no puede ser admitida por el Grupo Socialista y, también, porque pensamos que no contribuiría en nada a desbloquear esta situación de «impasse» que tenemos con este proyecto de ley que creo que merece la atención de todos nosotros.
Y en la línea de lo que ha planteado la señora Mato...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Morlán, termine, por favor.


El señor MORLAN GRACIA: Termino, señor Presidente.
Le rogaría que retirara esta proposición de ley, que entráramos a discutir en el entorno del proyecto de ley y que, en ese entorno del proyecto de ley, se asumiera entre todos los grupos políticos esta propuesta básica

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para hablar. Creo que se hace una propuesta aquí con toda claridad y transparencia, lo que siempre hemos planteado. No creo que haya nada de extraño que así se haga ahora, antes y después.
Entendemos que es una propuesta básica que puede servir para desbloquear la ley de telecomunicaciones por cable.
En principio, pretendemos que la competencia autonómica debe existir para aprobar demarcaciones constituidas por dos o más municipios de su territorio. Ahí tiene que jugar la comunidad autónoma; si no, el ayuntamiento.
En segundo lugar, estamos dispuestos a hablar sobre la modificación de los límites poblacionales de las demarcaciones, como ya he indicado anteriormente.
En tercer lugar, estamos dispuestos a que se constituya una mesa interadministrativa, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, comunidades autónomas y ayuntamientos, encargada de resolver los concursos de operadores de telecomunicaciones por cable, en cuyo caso el título habilitante, porque no puede ceder esa concesión, esa posibilidad, lo daría finalmente el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
En cuarto lugar, estaríamos de acuerdo en que hubiera una participación de los ayuntamientos y comunidades autónomas en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos que se convoquen.
En quinto lugar, redefinir si se considera necesario el papel que la ley asigna a Telefónica de España sobre la base de aumentar su neutralidad.
En último lugar, una referencia expresa a las competencias autonómicas derivadas de la aplicación del artículo 149.1.27 de la Constitución Española, al que usted también ha hecho referencia.
Creo, señorías, que, si sobre este esquema argumental, sobre estos puntos, se empezara a trabajar, conseguiríamos desbloquear este proyecto de ley, conseguiríamos generar las suficientes expectativas para que este proyecto de ley se aprobara en esta legislatura, en este período de sesiones.
Sin embargo, como es lógico, hay un requisito previó que usted esté dispuesto a retirar esta proposición de ley, porque entendemos que la buena disposición al diálogo y al entendimiento la va a tener usted encima de la mesa por parte del Grupo Socialista en todo momento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
¿Señor Alcaraz?

El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, para un brevísimo turno de cuestiones de orden.
Hoy se ha pedido la prórroga...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Alcaraz.
No hay turnos de cuestiones de orden, pero la Presidencia entiende que se le ha formulado una propuesta y una pregunta y en torno a ello se le concede la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente. Quince segundos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Hoy se ha pedido por el Grupo Popular, señor Presidente, la prórroga número trece en el plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley del Gobierno. Anteriormente, fundamentalmente a iniciativa de los grupos de Convergència i Unió y Socialista, se pidieron doce prórrogas. Esto, por una parte.
Por otra parte, señor Presidente, hace diez días el señor Borrell dijo que esta ley ya no saldría porque no hay tiempo para su tramitación. Lo dijo hace diez días. Habiendo tenido varios contactos con el Ministerio, con el Grupo Parlamentario Socialista, pensamos que no encontramos cauce de encuentro y, habida cuenta de que puede darse el hecho de que esta ley no salga adelante durante esta legislatura, lo que nos parece una seria irresponsabilidad, no queremos asumir esa situación de irresponsabilidad. Pensamos que en este acto sí la asumen el Grupo Popular y el Grupo Socialista y, con independencia de que ellos puedan llegar a un acuerdo, al que nosotros quizá podamos sumarnos parcialmente, no pensamos que debamos retirar la proposición de ley de telecomunicaciones por cable. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación correspondiente. (Pausa.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, reguladora de las telecomunicaciones por cable.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 31; en contra, 260; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL REGIMEN DE COMUNICACIONES Y VISITAS DE LOS INTERNOS EN ORDEN A QUE ESTAS SEAN AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL (Número de expediente 122/000099)

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El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad judicial.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular somete hoy a la toma en consideración de la Cámara una proposición de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuya finalidad esencial estriba en profundizar en el régimen de garantías individuales que nuestra Constitución reconoce a todo ciudadano en orden a la defensa de sus derechos fundamentales y que, por tanto, deben tener también una correlación adecuada en la situación singular de aquellos que, legalmente privados de libertad, se encuentran internos en establecimientos penitenciarios.
Esta reforma viene aconsejada, sin duda, por motivos conceptuales de fondo, pero resulta también una necesidad dimanada de la experiencia, y es oportuna a tenor de recientes sucesos que provocaron, cuanto menos, estupor en la opinión pública nacional.
Se pretende, por tanto, hacer de este texto un instrumento útil para movilizar la voluntad del legislador en pro de perfilar mejor el contenido de determinados aspectos del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de manera que en el futuro ni provoquen interpretaciones jurisprudenciales contradictorias, ni permitan a la Administración acomodar el sentido de aquél a sus conveniencias políticas, ni acarreen consecuencias indeseadas en la prevención y la persecución de los delitos de terrorismo.
Decía recientemente el señor Ministro de Justicia e Interior que sólo lo ético es práctico; y merece hoy ser invocada esa máxima a efectos de llamar al esfuerzo y a la responsabilidad de los Grupos Parlamentarios para llevar adelante una reforma como la que proponemos, en la que, en definitiva, estamos tratando de garantizar que en lo sucesivo ningún hipotético criterio de eficacia policial o política llegue a anteponerse a las más elementales exigencias de lo jurídico, desde el contrasentido, además, de dotar a aquél de rango de norma legal. También se trata de lograr en la Ley Orgánica General Penitenciaria una más clara previsión de ciertos supuestos, de manera que se impidan instrumentaciones torticeras de la intención original del legislador para, sobre aquéllas, dar apariencia de legalidad a decisiones tan bochornosas como las que dieron pie a que el señor Sancristóbal pudiera abrir los noticiarios de la televisión pública desde Alcalá-Meco, por mor de la sola decisión de la autoridad administrativa.
Por lo dicho, nos importa, ante todo, sustraer del vigente artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria cuanto de ambiguo hay en orden a limitar la actuación discrecional de la Administración, y nos importa muy especialmente atribuir a la autoridad judicial toda decisión que comporte excepcionalidad de un derecho como el del secreto de las comunicaciones, así como cualquier otra que implique limitación de las correspondientes a internos con sus abogados y procuradores.
Del mismo modo, entendemos que el curso de la actualidad aconseja introducir en nuestro ordenamiento una expresa regulación de un supuesto nuevo, concerniente a la determinación de la autoridad judicial como única legítima para decidir acerca de la celebración o no de aquellas comunicaciones de internos con profesionales de los medios de comunicación cuya finalidad sea la posterior difusión pública del contenido de dicha comunicación.
Por la importancia de esta reforma, queremos que el texto que hoy sometemos a la consideración de la Cámara sea entendido por SS.
SS. no como una conclusión cerrada, sino como el punto de partida desde el que poder alcanzar después, en su posterior elaboración parlamentaria, un muy amplio acuerdo entre todos que permita, finalmente, corregir las insatisfacciones que al menos a nosotros nos produce el tenor del actual precepto. Aún más, señor Presidente, señoras y señores Diputados. Hay también consideraciones de eficacia que, lejos de verse entorpecidas o mermadas de prosperar esta reforma, se reforzarán sensiblemente al no ser sus resultados susceptibles de cuestionamiento jurídico en virtud del procedimiento de obtención.
¿Puede decirse con seriedad que restar a los Directores de los establecimientos penitenciarios competencia para ordenar la suspensión o intervención de las comunicaciones de los internos entraña menoscabo para la seguridad de los centros o reduce los márgenes operativos para la evitación de delito, especialmente en casos tan sensibles como los de terrorismo? Nosotros creemos que no.
¿Puede decirse con seriedad que la adecuada organización material y regimental de los establecimientos penitenciarios no permite que, en todo caso, la suspensión o intervención de comunicaciones sea previamente acordada por el juez? Nosotros creemos que no.
¿Puede decirse, en definitiva, que limitar esa suspensión o intervención a la sola competencia del juez limita, a su vez, las posibilidades reales de acceder a información o pone en riesgo la finalidad perseguida con la suspensión o intervención? Nosotros creemos que no.
Por el contrario, en la mente de todos están las vicisitudes procesales acarreadas por mor del vigente sistema de decisión adminsitrativa y cómo de ellas se ha derivado la imposibilidad de actuar plenamente, siquiera en un primer momento, contra personas ejercientes claramente como correos de la banda ETA y sus presos, cuando a tenor, además, del contenido de la correspondiente intervención no cabía duda material al respecto.
En todo caso, existe además una consideración incontrovertible, desde nuestro punto de vista: si toda intervención

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de comunicaciones de un sujeto en libertad y, por tanto, en situación de poder eludir la acción de la justicia y la finalidad misma de la intervención, sólo puede ser articulada a partir de la previa autorización del juez, no hay argumento que avale el que se prescinda de tal imperativo, cuando por la propia prisión del afectado existe un absoluto control material, tanto de los movimientos e iniciativas del mismo como de los tiempos y modos de acceso a él de las personas con las que comunica, de manera que ni tan siquiera el factor de una hipotética sorpresa, imprevisión o urgencia pueden aceptarse como consistentes para dar pie al mantenimiento de un régimen de excepción que de suyo no se sostiene.
Cierto es, como bien comprenderán SS. SS., que la inspiración de esta reforma del artículo 51 tiene para mi Grupo su referencia más profunda en la necesidad de una revisión definitiva de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a efectos de establecer una nueva distribución de competencias entre órganos jurisdiccionales y Administración en lo concerniente a la ejecución de las penas para lograr aquello que hoy precisamente no se consigue, esto es, que de forma indubitada correspondan a la jurisdicción de vigilancia penitenciaria, como extensión del tribunal que fue sentenciador, todas aquellas atribuciones inherentes al desarrollo del principio de hacer cumplir lo juzgado y, sobre ello mi Grupo está en condiciones de poder ofrecer una propuesta de modificación de los artículos 76 a 78 de la Ley que ahora nos ocupa.
En conjunto, por tanto, la propuesta de reforma del artículo 51, que hoy sometemos a la consideración de la Cámara, resulta útil para equiparar plenamente a los ciudadanos internos en un centro penitenciario a cualesquiera otros en lo que concierne al estatus de garantía de su derecho a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Resulta útil para sustraer del ámbito de aplicación de un derecho fundamental la sola decisión inicial de la Administración como base para someter a aquél a situaciones de excepción. Y resulta útil para definir con claridad extremos quizá descriptivamente confusos en su redacción legal vigente y que, por ello, han dado pie a interpretaciones, a nuestro juicio, alejadas claramente de la intención con la que el legislador determinó en su momento su inclusión en la ley.
En este sentido, baste recordar a la Cámara la sesión de 26 de enero de 1995 de la Comisión de Justicia e Interior para comprender no sólo la necesidad de precisar lo dispuesto en el actual apartado tres del artículo 51, sino también para incorporar una previsión en orden a un aspecto sensible del derecho de expresión y comunicación de las personas sujetas a privación de libertad. Así, por una parte, la mención vigente --y hago cita literal-- «a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad» sólo es aceptable de interpretación en el conjunto de la finalidad asistencial que para el interno tiene la relación de personas y cometidos que desempeñan singularizadas en el señalado apartado tres, y debe ponerse en conexión finalista --sólo puede ponerse en conexión finalista-- con la voluntad original del legislador penitenciario, expresada en la exposición de motivos de la Ley Orgánica cuando se afirma que el penado no es un ser eliminado de la sociedad sino una persona que continúa formando parte de la misma, incluso como miembro activo.
Por eso, y en la medida en que Constitución y Ley Orgánica General Penitenciaria refieren el concepto de trabajo como vehículo capital en la dinámica de la reinserción, parece útil que la previsión del apartado tres lo sea a personas debidamente acreditadas en lo relacionado con la actividad profesional o laboral que dicho interno venía desempeñando con anterioridad a su privación de libertad, porque así se singulariza también la mejor defensa de sus propios intereses de carácter económico no afectados por la adición de la sentencia y se da cuerpo concreto a esa mencionada presencia activa del interno en el contexto social en todo cuanto no esté sometido a la expresa limitación por la condena y naturalmente, respecto del cuidado y el mantenimiento de los medios legítimos de vida de que disponía previamente a la misma.
Por otra parte, de los hechos motivadores de la referida sesión de la Comisión de Justicia e Interior y de la propia debilidad argumental esgrimida en ella por el señor Ministro, y brillantemente contestada entonces por mi compañero señor Trillo, se acredita la necesidad de acudir a una nueva adición como la que proponemos, de manera que en lo sucesivo quede taxativamente expresado que corresponde en exclusiva a la autoridad judicial permitir o denegar aquellas comunicaciones de internos con medios periodísticos cuya finalidad sea la difusión pública del contenido de las mismas. No se trata con ello, señor Presidente, señoras y señores Diputados, de imponer ningún régimen gratuito de censura, sino de establecer las cautelas precisas en orden a la protección de los intereses generales de la justicia, tomando como referencia la doctrina afirmada reiteradamente por el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, en virtud de la cual se autoriza a los Estados a determinar limitaciones en el ejercicio de ciertos derechos de personas internas en establecimientos penitenciarios siempre que la decisión efectiva sobre la práctica de esa limitación esté sometida a la autoridad judicial y el supuesto de limitación se halle previamente previsto en el ordenamiento vigente.
No cabe tampoco plantear una crítica atenida a las posibles consecuencias materiales que, en orden de una supuesta sobrecarga de trabajo para los juzgados, pudiera acarrear esta nueva exigencia, porque la limitación del supuesto de hecho, esto es, difusión pública de declaraciones, determina una singularidad apreciablemente cerrada en su número y cuando además, por la posible trascendencia del mismo, resulta imprescindible acudir a una clara ordenación de aquél, completando lo dicho en el artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento

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Criminal, a fin de corregir las negativas consecuencias que sin ella pudieren derivarse a partir del insatisfactorio precedente creado por la Administración en el caso del señor Sancristóbal y contradictorio, además, con la actitud sostenida por aquélla respecto de otros internos.
En todo caso --y con ello concluyo, señor Presidente--, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular solicita el voto favorable de SS. SS. a la toma en consideración de esta proposición de ley para que todos podamos hacer nuestro el viejo adagio jurídico que mantiene que cuando hay claridad, no es menester interpretación, y que, por tanto, con la claridad de la nueva norma evitemos en el futuro conflictos de interpretación que, en último grado, se instrumentan en contra de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Y más allá de esta imporante adición, la modificación que deseamos de los apartados dos, tres y cinco del vigente artículo 51 se atiene a nuestro convencimiento en orden a que en ningún caso, por excepcional que éste aparentemente sea, la Administración penitenciaria puede estar más legitimada que un juez para decidir respecto de la tutela y ejercicio de los derechos fundamentales, porque no aceptar tal aseveración equivaldría a negar un cimiento básico de nuestro sistema. Por tanto, hay que decir que sólo un juez puede decretar previamente, en régimen de autorización, la suspensión o interrupción de las comunicaciones de un preso.
Así pues, señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular entiende que a partir de la toma en consideración de esta proposición de ley, abierta desde luego a una voluntad de acuerdo en su tramitación parlamentaria con todos los grupos de la Cámara, estaremos todos, sin lugar a dudas, en situación de perfeccionar en lo concreto una parte singular de nuestro ordenamiento para acomodar aquélla a los valores que, en abstracto, convenimos en su momento que fueran inspiradores de nuestro Estado de derecho y que, sin duda, deben regir también en el contexto de la relación penitenciaria, porque ni desde un punto de vista intelectual ni político ni jurídico ni material se argumenta razón suficiente para establecer en ella un género o régimen de excepción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Garcias, señor Gil Lázaro.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de Coalición Canaria fijo nuestra posición para la toma en consideración de esta proposición de ley que, a los efectos indicatos por el portavoz proponente, señor Gil Lázaro, nos trae el Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros consideramos que se encierra una serie de valores positivos en la modificación que se propone del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, la número 1 del año 1979, en razón fundamentalmente a tres principios, dos de ellos ya enunciados en la exposición de motivos de la propia proposición de ley. Por un lado, la garantía de los derechos fundamentales del interno, cuestión consagrada en nuestra Constitución, y que la Ley General Penitenciaria 1/1979 ya consagra también en su preámbulo. No olvidemos, señorías, que ésta es la más temprana ley postconstitucional. Aprobada la Constitución Española, es el número 1 de las leyes del nuevo período democrático. Después de las Cortes Constituyentes, este Parlamento aprueba un documento jurídico fundamental, que está basado en este principio de la garantía de los derechos fundamentales de internos, reclusos o penados. Lo viene a consagrar en un principio fundamental para que la pena impuesta, en cualquiera de sus medidas --bien por sentencia firme, como penado, bien en las prisiones preventivas, como internos, como reclusos--, no se vea agravada por un comportamiento interno administrativo en la institución penitenciaria, es decir, dentro de la cárcel. Por otro lado, la evolución de los tiempos y de las circunstancias, desde 1979 hasta aquí, ha venido también a evidenciar que es necesario el principio de seguridad jurídica. Este principio de seguridad jurídica es necesario para todas las partes: para el interno, para la Administración de justicia, Instituciones Penitenciarias, para el Poder Judicial, y para la sociedad en su conjunto, porque si no están armonizados los derechos fundamentales de los internos, pero sobre todo los principios de seguridad jurídica que se explicitan también en el preámbulo de la citada Ley Orgánica 1/1979 --vuelvo a decir que plenamente constitucional--, estaríamos en el principio de la inseguridad jurídica o de la indeterminación.
Las modificaciones que se pretenden en esta proposición de ley atienden, fundamentalmente, a nuestro juicio, a evitar que se produzca una suspensión o intervención de dichas comunicaciones por mera resolución de naturaleza administrativa efectuada por la propia administración interna de instituciones penitenciarias, en el caso más inmediato, o por el Departamento de Justicia, en el siguiente. Hoy en día, con esa ambigüedad de dualidades que se produce en un solo departamento de Justicia e Interior, es muy importante que prevalezca el principio de justicia sobre el principio de orden público o de interior, al cual puede verse llamada, en una tentación política, una decisión con uso administrativo, no judicial, por las autoridades del Departamento, que se pueden sentir más autoridades de Interior que de Justicia. Por tanto, nos parece oportuno que para dilucidar esa ambigüedad y para darle claridad y seguridad jurídica, estas decisiones tienen que ponerse en mano judicial, por lo que la modificación

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del artículo 51 de la Ley Orgánica 1/1979 debe dejar claro, sin ninguna duda, que son unos profesionales del mundo del Derecho -- en este caso los abogados defensores y los procuradores-- y que la autoridad judicial es la única que puede hacer las interrupciones de esas comunicaciones que están reconocidas como derecho. Porque se trata de un derecho y no puede ser suspendido por una autoridad administrativa en este caso, a nuestro juicio, sino por la autoridad judicial: bien el juez de instrucción, en un caso, bien el juez de vigilancia penitenciaria, en el otro.
Lo que se propone en los artículos primero y segundo de la proposición de ley del Grupo Popular atiende a las garantías de los derechos fundamentales. La modificación que se pretende en los artículos tercero y cuarto, a nuestro juicio, va a resaltar el necesario principio de seguridad jurídica en el nuevo texto del artículo 51. No es tampoco baladí destacar aquí que en la modificación del apartado dos del artículo 51 que se propone va a desaparecer, acertada y prudentemente, aquella referencia que se traía a los supuestos de terrorismo. Y los departamentos en que se hacen estas intervenciones van a tener las garantías personales de decoro y de idoneidad que les son habituales.
Fundamentalmente en el campo del principio de seguridad jurídica, que es el artículo tercero de la proposición de ley, la suspensión o intervención de estas comunicaciones orales y escritas debe hacerse siempre mediante previa y motivada autorización judicial. No importa que no haya un condicionamiento de la autoridad judicial para la autorización en sí misma, pero en ese principio de suspensión o en el hecho de la intervención es donde debe haber la garantía judicial. Es muy importante que haya esa decisión del juez en un sistema de libertades que consagra nuestra Constitución. Este proyecto de ley fue redactado por el Gobierno de Adolfo Suárez en 1978 sin haberse aprobado la Constitución. Cuando se disuelven las Cortes Constituyentes, este proyecto de ley se devuelve al Gobierno, recibiendo su definitiva aprobación en esta Cámara con el Gobierno nacido de las elecciones plenamente democráticas, postconstitucionales. Allí se introdujo la expresión ambigua de «los profesionales acreditados en relación con su actividad». ¿Quiénes son éstos? En sentido amplio, profesionales acreditados en relación con su actividad pueden ser muchísimos. Esto introduce un principio de ambigüedad, de duda y, por tanto, de inseguridad jurídica.
Consideramos acertado también el artículo cuarto de la proposición a la vista de lo ocurrido con las comunicaciones orales o escritas de los internos con los profesionales de los medios informativos. Creemos que es necesaria aquí la presencia de la decisión judicial para ordenar este tema y dejar a la competencia del Gobierno el desarrollo reglamentario del nuevo artículo 51 de la Ley General Penitenciaria 1/1979.
Por estas razones, señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Gil Lázaro, vamos a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley, que usted con lucidez y con brillantez ha defendido, por una razón fundamental justificativa de nuestra posición.
Entendemos que es inconstitucional esta proposición de ley. En su contenido material contradice dos preceptos de la Constitución -- el número 1, letra a), del artículo 20 y el número 2 del artículo 25--, razón más que suficiente para votar en contra de una proposición de ley que aborda una materia tan importante como la que se pretende regular a través de su contenido articulado. Lo que ustedes pretenden estatuir es una especie de censura judicial previa a un derecho constitucional que en principio no está previsto que se limite para los condenados a penas de privación de libertad, cual es el derecho que consagra el artículo 20.1 de la Constitución, el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Si realizamos una exégesis --que no tiene tampoco por qué ser especialmente sutil, porque el tenor literal de estos preceptos es inequívoco, es claro--, de la proclamación de este artículo en relación con lo que se contiene en el artículo 25.2 de la Constitución, que dice que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo sin ninguna limitación, ustedes están proveyendo en esta proposición de ley una interdicción colectiva de un derecho constitucional de esta magnitud sin ningún tipo de limitación. Comprenderá que la posición, necesariamente, de mi Grupo Parlamentario tiene que ser negativa a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Además, hay otro argumento que utilizar de forma acumulativa a éstos, que ya son suficientemente relevantes, señor Gil Lázaro, cual es que lo que ustedes pretenden en esta proposición de ley ni tiene precedentes ni tiene antecedentes legislativos que se conozcan en ningún país del mundo, ni existe ninguna previsión, siquiera similar, en el Derecho comparado que hemos podido utilizar.
Por estas razones, señor Presidente, porque no hace falta en este tipo de trámites ocupar más espacio temporal que el estrictamente necesario para exponer las razones justificativas de la posición, le tengo que comunicar,

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sintiéndolo mucho, que no podemos tomar en consideración esta proposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la garantía de los derechos fundamentales de los internos y el principio de seguridad jurídica aconsejan impulsar una reforma del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria a fin de que impere, sin excepción, el sometimiento a la autorización judicial previa en todos aquellos casos que comporten suspensión o intervención de las comunicaciones. El hecho mismo de la privación de libertad se constituye en causa que no permite argumentar pretendidas razones de urgencia determinadas por el objetivo de la eficacia en la prevención y persecución del delito para tratar de justificar así una suspensión o intervención de las citadas comunicaciones por mera resolución de naturaleza administrativa. Igualmente, se pretende precisar más el redactado del apartado tercero con la finalidad de determinar cuáles son los profesionales acreditados en relación a su actividad. Finalmente, en la proposición de ley que presenta el Grupo Popular se regula un régimen específico para las comunicaciones de penados y preventivos con profesionales de los medios de comunicación social. No se puede hacer ninguna objeción, a nuestro juicio, a la nueva redacción, del apartado segundo del artículo 51 que pretende la proposición de ley. Se recoge así la doctrina reciente del Tribunal Constitucional --así se dijo en sentencia de 20 de junio de 1994- -, en virtud de la cual el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria autoriza únicamente a la autoridad judicial para suspender o intervenir de forma motivada y proporcionada las comunicaciones del interno con su abogado defensor.
No obstante todo lo dicho, hemos de formular serias objeciones a los restantes apartados de la proposición de ley. Según la redacción que se da al apartado tercero del artículo 51, los internos podrán ser autorizados a comunicar con personas debidamente acreditadas en aquello que esté relacionado con la su actividad profesional o laboral que el citado interno desenvolvía con anterioridad a su privación de libertad, con asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión. Si prosperara esta modificación, los internos habrían perdido, por ejemplo, la posibilidad de llamar al médico que ellos escojan, o requerir los servicios de un notario, o solicitar la asistencia de los profesionales que sean necesarios para el ejercicio adecuado de los derechos civiles, político-sociales, económicos y culturales compatibles con el objeto de su detención o con el cumplimiento de su condena. En este sentido, tampoco podemos compartir la necesidad de establecer un régimen especial para autorizar comunicaciones de los internos con profesionales de los medios de comunicación, como dice el apartado sexto de la proposición de ley. El ciudadano internado en un centro penitenciario continúa siendo titular de todos los derechos fundamentales --así lo dice el artículo 25.2 de la Constitución-- , con excepción de aquellos de los cuales está expresamente privado por decisión judicial o limitado porque así lo disponga una ley orgánica. Hay que observar que, en la legislación penitenciaria vigente, el ejercicio de los derechos por parte de los internos se ha de producir dentro de los límites compatibles con el funcionamiento normal del centro penitenciario. Si no hay ninguna prohibición o limitación, la Administración penitenciaria está obligada a poner las condiciones para que sea posible el ejercicio de estos derechos. De no ser así, el interno tiene derecho a recurrir contra la decisión de la Administración ante el juez de vigilancia penitenciaria.
Finalmente, tampoco parece oportuna la redacción dada al apartado quinto de la proposición: la suspensión o intervención de las comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo sólo lo podrán ser mediante una autorización judicial previa y motivada. Es evidente que hay razones de orden o de seguridad del establecimiento penitenciario en los casos en que hay argumentos fundamentados para creer que el comunicante pueda estar preparando actuaciones delictivas o que atenten contra la convivencia o la seguridad del establecimiento penitenciario, o cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto que aconseje mantener la redacción del actual apartado quinto de la Ley Orgánica General Penitenciarial.
Por todas estas razones, compartiendo la necesidad de regular de nuevo el artículo 51, nos parece que la proposición de ley que plantea el Grupo Popular podría incurrir, en algunos casos, en contradicciones con la propia Constitución por cuanto establece unas limitaciones a derechos fundamentales que los internos siguen manteniendo, exceptuando aquellos casos en que la propia sentencia condenatoria les excluye del ejercicio de tales derechos. Por todo ello entendemos que de dar trámite a esta proposición de ley deberíamos enmendarla desde el principio hasta el fin, con lo cual nos parece más oportuno no darle trámite y pedimos al grupo proponente que reflexione y que, en todo caso, nos presente una nueva redacción de este artículo 51 que respete lo que para nosotros es fundamental: que se siga manteniendo el ejercicio de los derechos fundamentales de aquellos internos que por sentencia o por ley orgánica no han sido privados de ellos.
Muchas gracias, señor Presidente. Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor López Garrido. (Rumores.)

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Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, procedemos a fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en este ambiente algo difuso que está embargando el hemiciclo en este momento --no sabemos bien por qué razones--, en relación con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre las comunicaciones de los internos en establecimientos penitenciarios.
Hay que decir, de entrada, que se trata de una proposición de ley que nos parece oportuna, bien intencionada, que ha estado muy bien defendida y con rigor por el señor Gil Lázaro y cuya redacción no se corresponde, a nuestro juicio, exactamente con esas virtudes que tiene la proposición de ley. Se trata de una proposición de ley oportuna. Pretende que se garanticen los derechos constitucionales de los internos en los establecimientos penitenciarios. Quienes ingresan en prisión pierden algunos derechos constitucionales, fundamentalmente el derecho a la libertad, como es obvio, pero no tienen por qué perder otros derechos constitucionales. En todo caso, podrán estar limitados esos derechos constitucionales sólo en la medida en que sea estrictamente necesario para llevar a cabo la función que tiene un establecimiento penitenciario. No más allá. Es decir, no podría nunca perder un derecho fundamental hasta el extremo de que se perdiese su contenido esencial, como dice la Constitución.
Esto ha sido revalidado por el Tribunal Constitucional, ha sido también expresado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: la última de las sentencias conocidas y destacada es la Campbell y Fell, de 28 de junio de 1984. Es decir, los internos siguen teniendo derechos fundamentales, no pierden esos derechos.
Pierden señaladamente el derecho a la libertad, pero ningún otro derecho, y sólo en la medida en que sea necesario.
El artículo 51 de la Ley General Penitenciaria, en su redacción actual --es una ley que no ha sido modificaca desde el año 1979-- , tiene algunas posibles interpretaciones que chocan con nuestra Constitución. Así ha sido constatado por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia 183/1994, en la que se señala que en las comunicaciones de los internos con sus abogados, salvo el caso de las incomunicaciones decretadas judicialmente, la Administración penitenciaria no puede intervenir, no puede suspenderlas, sin la --repito-- intervención judicial. Por tanto, sí es oportuno un texto legislativo que reforme ese artículo 51 y que lo adecue claramente a nuestra Constitución. Por ello decía que nos parece sumamente oportuna esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la modificación del artículo 51 de la Ley General Penitenciaria.
Examinando uno por uno --y yo voy a intentar hacerlo-- los cuatro artículos de los que se compone esta proposición de ley, creemos que ésta no consigue esos objetivos e incluso --y en esto coincidiría con lo señalado anteriormente por el señor Olabarría- - choca con nuestra Constitución, fundamentalmente en el último artículo de esta proposición de ley relativo a las comunicaciones entre los internos y profesionales de medios de comunicación, profesionales de medios informativos.
El artículo primero establece una modificación adecuada del apartado dos del artículo 51, con la que estamos de acuerdo. Es una pequeña modificación, necesaria después de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, en el artículo segundo coincidiríamos con el señor Casas, que destacaba una, a nuestro juicio, incomprensible limitación respecto a lo redactado en este momento en el apartado tres del artículo 51 de la Ley General Penitenciaria. El artículo 51.3 de la Ley General Penitenciaria se refiere a la autorización para una comunicación de internos con personas relacionadas con actividades profesionales en sentido muy amplio, no dice exactamente cuáles y, sin embargo, la proposición de ley del Grupo Popular lo limita a garantizar en departamentos adecuados comunicación con personas que tengan que ver exactamente con la actividad profesional o laboral que dicho interno venía desempeñando antes de su privación de libertad. Es una limitación que no nos parece que tenga mucho sentido. No sabemos por qué razón la ha introducido aquí el Grupo Popular, separándose de lo que aparece ahora mismo en la Ley General Penitenciaria, que es más amplio y, a nuestro juicio, más adecuado.
En el artículo tercero de la proposición de ley se modifica el artículo 51.5 de la Ley General Penitenciaria. Se dice que la suspensión o intervención de las comunicaciones orales y escritas sólo podrá serlo previa autorización judicial. Aquí el Grupo Popular, claramente, va más allá de la Ley General Penitenciaria, en un sentido de mayor garantía. No sabemos si realmente hay grandes modificaciones. En la práctica se podría optar por que la administración penitenciaria autorice la suspensión o intervención de comunicaciones y luego lo comunique a la autoridad judicial o por que siempre haya que pedir permiso a la autoridad judicial. Son dos posiciones opinables. El Grupo Popular opta --incluso podríamos estar de acuerdo-- por la previa autorización judicial, pero también es posible optar por una intervención de la Administración penitenciaria, siempre con comunicación a la autoridad judicial. Las dos fórmulas son posibles. En todo caso, no tenemos objeciones de fondo a este artículo tercero de la proposición de ley.
Sí las tenemos, y nos parece el más importante de los preceptos, respecto al artículo cuarto de su proposición de ley, al que si pudiéramos ponerle un apellido seguramente le pondríamos Sancristóbal --«artículo Sancristóbal»--, porque nos recuerda esa entrevista que el señor Sancristóbal concedió a Televisión Española,

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que fue vista por muchos españoles, y presentada con una fórmula, diríamos, espectacular y que produjo un cierto escándalo en algún sector de la opinión pública. Con independencia de que haya sido eso lo que hubiera en el trasfondo de la intención del Grupo Popular, que es mucho prejuzgar, centrándonos concretamente en lo que dice y no en lo que pretende, en las supuestas intenciones, la verdad es que tampoco comprendemos por qué las comunicaciones orales o escritas de los internos con profesionales de los medios informativos tienen que ser autorizadas previamente por el juez de instrucción o por el juez de vigilancia penitenciaria en los casos en que no se trate de presos incomunicados. Si son presos incomunicados, sí tiene sentido, pero si no lo son, nos parece que esto vulnera el artículo de nuestra Constitución que habla de la libertad de comunicación. Un preso no comunicado siempre tiene derecho a comunicarse con sus familiares, con sus amigos o con medios de comunicación y no requiere una previa autorización, ni siquiera del juez. Las libertades públicas, los derechos fundamentales, no son derechos que requieran una previa autorización, eso es un dogma en un régimen de libertades. No puede haber una previa autorización, no puede haber una previa censura; podrá haber acciones «a posteriori», si ha habido interferencias en el campo penal, si se ha abusado de ese derecho, pero no previamente, salvo en el caso excepcional, previsto por ley, de los presos incomunicados; sin embargo, para los que no se encuentran en esa situación supondría una limitación exorbitante, innecesaria e inconstitucional de su derecho a la comunicación el requerir una previa autorización de cualquier autoridad pública, puede ser la de la Administración, pero incluso la de un juez. No es necesario pedir permiso a los jueces para el ejercicio de derechos fundamentales, tampoco es necesario en el caso de los presos, salvo en los casos excepcionales de incomunicación a que me he referido. Nos parece que ése es un aspecto muy importante de esta proposición de ley que claramente choca con nuestro texto constitucional.
A pesar de todo ello, y aun estando en desacuerdo con el fondo en estos aspectos, no así en otros que he señalado, también debo decir que, en estos momentos, desde un punto de vista práctico, la admisión a trámite de esta proposición de ley seguramente llevaría mucho más tiempo del que previsiblemente va a durar esta legislatura; en cambio, hay una vía mucho más rápida para producir un cambio en el artículo 51 de la Ley General Penitenciaria, que es el Código Penal, que en estos momentos está en trámite en el Senado.
Nosotros tenemos conocimiento de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que va a ser examinada en el Senado y que modifica el artículo 51. Es una enmienda que ha sido presentada recientemente y con la que no estamos completamente de acuerdo, pero que sí supone una vía posible y más rápida para llevar a cabo esta modificación necesaria del artículo 51, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso, desde el punto de vista del fondo y del procedimiento, creo que en este momento procede que nuestro Grupo Parlamentario no apoye esta proposición de ley. En todo caso, reiteramos que se trata de una proposición de ley oportuna, bien intencionada y bien defendida, como señalaba al comienzo de mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Socialista en torno a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo que hay un error de carácter formal ya que, en todo caso, estaríamos ante una proposición de ley orgánica, obviamente, al tratarse de la materia en cuestión, que intenta modificar un precepto de la Ley General Penitenciaria.
Digamos que el objeto de la modificación que se pretende con la proposición ha dado lugar al desarrollo de diversos debates en esta Cámara, especialmente en Comisión, no siempre con puntos coincidentes de los distintos grupos parlamentarios, pero sí ha permitido, en nuestra opinión, aproximar alguna idea básica, así como dejar constancia de las discrepancias que se manifiestan en torno a cuál debe ser el sistema de nuestro ordenamiento en el ámbito penitenciario para regular y concretar la materia de comunicación, suspensión e intervención de las mismas, de los internos, bien sean preventivos o penados.
Lo que habría que reclamar en primer lugar al Grupo Popular, ya que pretende un cambio en lo que afecta básicamente a los tres primeros artículos de la proposición --el cuarto lo dejaremos aparte porque tiene otro contenido diferente en este caso--, es una justificación en términos históricos.
Esta Ley, con este sistema actual, fue aprobada por unanimidad en esta Cámara, en su día (en ese sentido, supongo que de algún grupo ustedes se sentirán herederos), y, básicamente, aprobamos un sistema de autorización administrativa, con la excepción que la propia Ley establece, tratándose de abogados, u otras comunicaciones con personas que realizan una actividad profesional que lleva implícito el secreto profesional, y un régimen --como decía-- de autorización administrativa con control judicial posterior, control judicial que evidentemente ha de existir, en todo caso, en un Estado de Derecho.
Habría que invitar a esta reflexión, por qué ahora se pretende un sistema alternativo que, sin duda, es constitucional; desde luego, la Constitución permitiría las dos fórmulas, y dudo que alguien racionalmente pueda

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establecer que un sistema es más garantista que otro. Desde luego, países de la tradición garantista y cunas del desarrollo del Estado de Derecho, como Francia, Alemania e Inglaterra, tienen un sistema exacto o muy parecido al español, y el único sistema plenamente judicializado de autorización para suspender o intervenir las comunicaciones de los internos es el sistema italiano, únicamente el sistema italiano. Si es que alguna vez -- creo que hoy no va a ser la oportunidad-- llegamos, al debate de la revisión del fondo del artículo 51, convendría pedir una explicación, que supongo no será pedir demasiado, de por qué ese cambio de actitud ante un sistema que ha funcionado básicamente bien, salvo tres o cuatro asuntos que han tenido una enorme repercusión pública; porque si uno hiciera el balance de lo que los jueces de vigilancia penitenciaria han venido determinando globalmente sobre la actuación de las autoridades penitenciarias en relación con suspensión o intervención de comunicaciones orales o escritas, el balance sería muy positivo para el sistema.
En consecuencia, todos coincidimos en que el primer artículo, con la redacción que la proposición ofrece, quedaría más acorde con lo que ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional, y lo que era una redacción defectuosa ciertamente en el origen de la Ley General Penitenciaria; pero, más allá de eso, no acabamos de comprender por qué existe una pretensión de ofrecer este sistema como un sistema de control o autorización judicial previo, más garantista en todos los casos de comunicaciones orales y escritas; no hay ninguna razón de orden teórico, a no ser que se tenga una concepción, que es lo que preocupa al Grupo Socialista, un tanto atípica, extraña o confundida del Estado de Derecho, dado el tenor de ese párrafo nuevo que se quiere incorporar al artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Nuevamente, le recuerdo lo que sucede en los sistemas de Francia, de Alemania y de Inglaterra.
Lo que es claro es que un sistema absolutamente judicializado de autorización por parte del juez de vigilancia penitenciaria de cualquier tipo de suspensión o de intervención de comunicación restaría eficacia, operatividad y pondría en cierta medida en cuestión la obligación que la Administración penitenciaria tiene en esa especial relación de sujeción que tiene hacia los internos o hacia los condenados o preventivos.
Yo creo que es evidente que a veces el Grupo Popular quiere ir más allá de lo razonable, cuando intenta ponerse en posiciones garantistas. Le recuerdo que también es una posición garantista el que la Administración tenga los instrumentos para cumplir lo que es su obligación como Administración penitenciaria de manera eficaz para que se cumpla la pena de privación de libertad, y también para que los derechos de los internos que no están afectados se puedan cumplir es necesario que la Administración penitenciaria no quede vacía de contenido, porque iríamos a un sistema fracasado seguramente de antemano, o al menos con mucha problemática seguramente.
Insisto en que no cuestiono la posibilidad constitucional, pero sinceramente no veo que en la balanza se aporte algo más de garantías, cuando hay un sistema de control posterior, cuando la resolución tiene que ser motivada, en los casos en que no se exige autorización judicial en estos momentos por parte del director del establecimiento, y con ese control judicial posterior.
El Grupo Socialista, en lo que afecta al volumen más importante del sistema de intervención, por parte de la autoridad judicial, mantiene reticencias importantes, aunque algunas cosas podrían mejorarse en la actual redacción. Ahí está el debate del Código Penal, como señalaba el señor López Garrido. Desde luego, mantiene una discrepancia profunda con el último apartado.
El señor Olabarría, con acierto, como casi siempre en sus argumentaciones jurídicas, ha puesto de manifiesto una posible inconstitucionalidad de ese precepto. Más allá de entrar en ese debate, ciertamente siempre complejo y difícil a la hora de hacer un pronunciamiento, que, más o menos fundado en Derecho, pueda verter en esta Cámara con argumentos en favor de una u otra posición, lo que es evidente es que al Grupo Socialista le preocupa profundamente que al Grupo Popular se le haya ocurrido establecer lo que de una manera evidente, le ha traicionado el subconsciente al proponente en su intervención: antes que ningún grupo parlamentario, porque él ocupó la tribuna en primer lugar, dijo que no se trataba de una censura judicial previa. Es una censura judicial previa. El tenor literal del texto es así. A lo mejor no era la intención o el propósito, pero el tenor literal es una censura judicial previa. Cuando a un recluso se le obliga, para celebrar una entrevista con un medio de comunicación o tener una comunicación oral o escrita, a pedir autorización al juez y ha de concedérsela para poder ejercitar ese derecho a la libertad de expresión, estamos ante una censura judicial, sí, y previa también, pero censura. Los derechos fundamentales y las libertades públicas, como bien explicaba el señor López Garrido, no pueden estar sometidos a autorización previa. Y los reclusos no tienen afectado, ni limitado, el derecho a la libertad de expresión. Sería vulnerar el artículo 25.2 de la Constitución y la Ley General Penitenciaria.
En consecuencia, creemos que ese artículo, en términos políticos, es preocupante, más allá del debate jurídico. Es preocupante que esa concepción pueda subyacer y queremos tener la buena voluntad de pensar que es un error grave, a la hora de redactar lo que se ha puesto en ese precepto.
Como he dicho anteriormente, el Grupo Popular a veces quiere ir demasiado lejos en su intento garantista. En términos históricos, nos parece bien que la derecha de este país esté en esas posiciones, aunque a veces salte el precipicio y se encuentre con que ya no tiene terreno donde caminar, que es lo que le ha pasado

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en este momento al Grupo Popular. ¿Por qué? Porque creo que ha confundido lo que es un Estado de Derecho con lo que pudiera ser un Estado judicial. El Grupo Popular ha llegado a concebir que todo lo que suponga la intervención de un juez es lo más garantista en un Estado de Derecho, y no es verdad. El Estado de Derecho responde a concepciones valorativas y materiales. Y una concepción valorativa es que cualquier derecho se tiene que ejercer sin control previo alguno, ni siquiera el de un juez o de cualquier autoridad pública, aunque el poder de esa autoridad emane de la legitimidad de los ciudadanos. Ese es el problema.
Creo que han confundido una cuestión de fondo, principal, importante, de lo que es el Estado de Derecho, que también tiene limitaciones claras a los poderes que se les pueda atribuir a los jueces, y está muy claramente expresado en nuestra Constitución.
En última instancia, señor portavoz del Grupo Popular, hay una contradicción difícilmente asumible en el fondo de la proposición de ley orgánica, y es que, por un lado, se intenta una opción más garantista en los tres primeros apartados, pretendiendo que solamente sea el Poder Judicial el que pueda autorizar una intervención de una comunicación de un preso, y, al mismo tiempo, y en el mismo texto, se hace una propuesta absolutamente contragarantista, una propuesta limitadora de derechos, una propuesta que supone una clara interdicción del derecho a la libertad de expresión. Yo creo que es una contradicción difícilmente asumible para fijar un sistema mínimamente coherente, que responda a unos principios y a unos valores, en la Ley General Penitenciaria.
Decía el portavoz del Grupo Popular, y con ello termino, que este texto era un punto de partida para posibles aportaciones y modificaciones, así como para intentar lograr un consenso sobre el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Lamento decirle que en esta ocasión --sabe que otras veces en esta materia de lo que es nuestro sistema penitenciario hemos puesto toda nuestra voluntad en estar cerca y en buscar ese consenso-- el punto de partida ciertamente es muy endeble, desde el punto de vista del texto que se nos ofrece, y creo que en los cimientos que ha pretendido construir el portavoz del Grupo Popular hay vicios más que ocultos, vicios bastante evidentes, por utilizar un término jurídico, que impiden...


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego concluya.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: ... que impiden, lógicamente, que el Grupo Socialista pueda dar su apoyo, por lo que votaremos en contra de la proposición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro, conoce S. S. la excepcionalidad del trámite en este tipo de debates. No obstante, a la vista del contenido de algunas de las intervenciones, le doy la palabra para un brevísimo turno de réplica.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, porque, en realidad, algunos de los portavoces intervinientes han entrado en el fondo de la cuestión contradiciendo nuestros argumentos o la motivación de esta iniciativa.
A mí me preocupa especialmente comprobar cómo algún portavoz no parece haber entendido, en esencia, lo que esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular pretende subvertir en función de un principio de experiencia. Desde la admiración personal e intelectual al señor Olabarría le diría que, lamentablemente, no han entendido ustedes el fondo de esta cuestión, porque esta proposición de reforma del artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en esencia, lo que está diciendo, señor Olabarría, es que es mucho mejor que sean sólo los jueces, en todo caso, quienes, con carácter además previo, puedan decretar o autorizar la interrupción o la suspensión de las comunicaciones de los internos; es decir, corrigiendo el vigente sistema de exclusiva decisión administrativa. Ese es el fondo auténtico de la cuestión y ése es el fondo que S. S., de alguna forma, ha calificado como presumiblemente rozando la inconstitucionalidad. Pero aún más: lo que otros portavoces han podido señalar, como el señor López Garrido o el señor Casas, respecto a la posible colisión de derechos del artículo cuarto de nuestra proposición, queda también contradicho en función de lo que es un principio de la experiencia. En ese artículo cuarto --y, por cierto, la expresión censura previa no es mía sino del señor Ministro de Justicia e Interior en aquella brillante sesión de enero de 1995-- nosotros lo que estamos diciendo es que queremos que en un supuesto tasado y excepcional, como es el que se contiene en el artículo cuarto de nuestra proposición, se establezca un régimen de garantía precisamente para la prevalencia del derecho fundamental del interno, en función de un criterio de autorización judicial o, en todo caso, de restricción sólo en función de esa intervención judicial previa, subvirtiendo la realidad que en este momento se plantea, consistente en que es la autoridad penitenciaria la que, de hecho, concede o no esa autorización al interno para entrevistarse con los medios de comunicación y, como ya hemos visto, con profundos contenidos contradictorios en función de la experiencia, cuando no de intereses políticos manifiestos, como en el caso del señor Sancristóbal, que, por cierto, imagino que alguno, a tenor de posiciones posteriores del propio señor Sancristóbal, se habrá arrepentido de autorizar en su momento.
El señor Rodríguez Zapatero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, se planteaba --y yo creo que desde su postura es lógico que se plantee ese interrogante--

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por qué la judicialización, en materia de autorización para la interrupción o suspensión de las comunicaciones, es mejor que el actual sistema de decisión administrativa. Por razones obvias, señor Rodríguez Zapatero, por razones obvias de garantía en la decisión última, que afecta a un derecho fundamental. Por razones absolutamente obvias, porque en la decisión del juez no va a haber contenidos influyentes ajenos a lo que es la aplicación estricta del Derecho, en sus términos más puros, y sí los hay en las decisiones de la Administración, y vuelvo a referirme a la experiencia abundante de estos últimos tiempos. Nos decía el señor Rodríguez Zapatero...


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.


El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
Nos decía, en suma, el señor Rodríguez Zapatero que daba la sensación de que esta proposición del Grupo Popular respondía a una especie de concepción atípica del Derecho y a no se sabe qué vicios. Yo creo, señor Rodríguez Zapatero, que cuando nos hemos visto forzados, en función de ese relato de la experiencia, a tener que plantear y someter a la consideración de la Cámara esta cuestión, será porque esa concepción atípica del Estado de Derecho la tienen otros y la vienen acreditando en función de su balance político otros, y probablemente también porque ciertos vicios están tan instalados en otros que llegan a considerar que es mejor un sistema de decisión administrativa que un sistema previo de autorización judicial, cuando se trata de proteger derechos fundamentales.
Concluyo, señor Presidente, diciendo que esta proposición de ley la presentamos, tal y como he señalado en mi intervención primera, con la voluntad de que fuera un punto de partida y, conscientemente, dejamos abiertos o imperfectos ciertos aspectos de su redacción para que, en una posterior elaboración parlamentaria, pudiéramos llegar a un texto de todos. Se pueden hacer las interpretaciones que se deseen, desde la posición legítima de cada grupo parlamentario y desde los intereses concretos de cada grupo, naturalmente que sí. Lo que no se puede es malinterpretar, voluntaria o involuntariamente, el fondo auténtico de esta proposición. Y el fondo auténtico de...


El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.


El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente. El fondo auténtico de esta proposición es decir que nada justifica que, en nuestro ordenamiento, los ciudadanos libres para la interrupción y suspensión de sus comunicaciones, tengan que estar previamente acreditados por decisión judicial y que los ciudadanos sometidos a un régimen de privación de libertad puedan ver interrumpidas o suspendidas sus comunicaciones por mor de una simple decisión administrativa. A la responsabilidad de los grupos que van a votar en contra de esta proposición queda la continuidad de tal hecho. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre modificación del régimen de comunicaciones y visitas de los internos en orden a que éstas sean autorizadas por la autoridad judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 131; en contra, 165.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), VASCO (PNV) Y MIXTO, SOBRE REINTEGRACION DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES, O EN SU CASO LA INDEMNIZACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE, A LAS PERSONAS QUE SE VIERON PRIVADAS DE LOS MISMOS, POR RAZONES POLITICO-SOCIALES, EN VIRTUD DE UNA LEGISLACION EXCEPCIONAL DEL PERIODO DE LA GUERRA CIVIL (Número de expediente 162/000105)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de ley. Proposición de los Grupos Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos patrimoniales, o en su caso la indemnización económica correspondiente, a las personas que se vieron privadas de los mismos por razones político-sociales en virtud de una legislación excepcional del período de la guerra civil.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.)

El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en octubre de 1991 ya tuvimos oportunidad de debatir este tema con ocasión de una proposición de ley que presentó del Grupo Vasco. Era una proposición de ley articulada. La razón principal para oponerse a la toma en consideración --al final el Pleno

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no la votó-- por parte del Grupo Socialista fue la de las dificultades técnicas.
Ahora cuatro Grupos de la Cámara nos hemos unido para traer una proposición no de ley. Es cierto que hay dificultades técnicas para poder llevar a cabo la propuesta, la voluntad política de reintegrar los patrimonios y los derechos expoliados en aquello que se llamó «la cruzada» en la guerra civil, con el derecho de conquista, y por eso nosotros, entendiendo que existen, lo que proponemos es que el Gobierno, que probablemente tiene mejores medios técnicos, y desde luego más información que individualmente cada uno de los Grupos de la Cámara, elabore un proyecto de ley con el que se pueda dar salida a este problema.
Como ya dijimos en 1991, y volvemos ahora a repetir, señorías, es preciso culminar el proceso de la amnistía y de la reconciliación entre los españoles cerrando una de las heridas de la guerra civil. Familias, individuos y organizaciones políticas fueron expoliados de su patrimonio y de sus derechos, como he señalado, por el derecho de conquista de los sublevados; todo por su opinión política, tal vez porque habían sido concejales o alcaldes de alguno de los partidos y de las fuerzas del Frente Popular, tal vez porque habían expresado su simpatía con alguna de las fuerzas de ese Frente Popular y por eso les quitaron su patrimonio, el individual e incluso el familiar.
Creo que no es entendible el cierre de todas las heridas de la guerra civil si no se restituyen los patrimonios y los derechos expoliados durante aquellos años. Que es difícil lo reconocemos.
Por eso los cuatro Grupos proponentes lo que traemos aquí es una proposición no de ley, para que se haga de la mejor forma que sea posible desde el punto de vista técnico.
Pero lo importante aquí no es la cuestión técnica, y quiero recordar a esta Cámara que problemas técnicos los hubo en cuanto a los tres años de permanencia en las cárceles para conceder la indemnización. Ahí se tuvo que discutir si la permanencia en los batallones de trabajos forzados se debía computar o no. Problemas los hubo para la restitución del patrimonio sindical acumulado; problemas siempre los hay. Estamos hablando de sucesos de hace muchísimos años, estamos hablando de que muchas de las organizaciones políticas que fueron expoliadas no tenían su patrimonio a nombre de las personas jurídicas. En el caso de Izquierda Republicana o en el caso del Partido Comunista de España, que forman parte en estos momentos de Izquierda Unida, las casas del pueblo, por poner un ejemplo, muchas veces no estaban inscritas con titularidad del Partido Comunista de España, la titularidad registral era de personas físicas, de entidades de todo tipo. Siempre, repito, habrá dificultades.
Pero, señorías, no es cuestión de que las dificultades nos venzan, sino que la que debe vencer es la voluntad política.
Espero que hoy esta Cámara, ya que no se presenta un texto articulado en el que se pueden usar como coartada las dificultades técnicas para apoyarlo, exprese --insisto, espero que por unanimidad-- la voluntad política de que sean restituidos los patrimonios y los derechos. En los casos que no sea posible, al menos que se conceda una indemnización económica.
Efectivamente, esto no va a resolver ningún problema, mucho menos al haber transcurrido tantos años, pero entiendo que es de justicia que se cierren las heridas producidas por la guerra civil. Ha habido otros países en los que han tenido procesos similares al nuestro y la restitución de los patrimonios ha sido un elemento imprescindible. Creo que hacerlo con la perspectiva de los años pasados incluso puede ser una ventaja, ya que no estamos hablando de una cosa que esté en caliente, sino con la frialdad, pero también con la serenidad, de obrar en justicia, de restituir lo suyo a quien le quitaron el patrimonio familiar, el patrimonio personal o los locales de la entidades políticas. Lo que se le pide a esta Cámara es que se pronuncie esta tarde sobre la voluntad política de que se restituya ese patrimonio; que el texto lo elabore el Gobierno y lo remita cuanto antes a esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la proposición no de ley que traemos hoy a la Cámara es un intento de reparar en parte algunas de las locuras cometidas durante la llamada guerra civil. No parece que sea necesario justificar demasiado la justicia del intento de reparar, en parte, alguno de los atropellos que durante aquella época se produjeron en España.
Todos sabemos que se incautaron, por razones puramente ideológicas, muchos patrimonios de personas físicas, de sindicatos, de partidos, de organizaciones obreras, de organizaciones civiles, bibliotecas públicas, centros sociales, y también patrimonios individuales de personas no jurídicas sino físicas. Y es verdad, como se ha dicho hoy y se dijo ya en otros debates que tuvimos en esta Cámara respecto a los patrimonios históricos, que es francamente difícil la identificación de esos patrimonios y la concreción en el tiempo actual del valor real de los mismos.
También se ha dicho, y yo me sumo a ello, que las dificultades técnicas no pueden ser nunca el freno que haga imposible intentar reparar una injusticia cometida en el tiempo por los vencedores de una guerra injusta.
Los perjudicados --sobre todo las personas físicas-- yo diría que no solamente quieren recuperar aquello que fue suyo, sino sobre todo que se les reconozca que se cometió con ellos un atropello, un atropello que nunca debió cometerse. Lo que quieren muchos herederos --porque desgraciadamente los primeros propietarios

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probablemente ya ni existen-- es que se reconozca que un día alguien, por la fuerza de las armas, violó aquello inviolable, que es el derecho a la propiedad de unos bienes propios.
Este el acento que mi Grupo querría poner hoy en este debate, porque sabemos lo difícil que es, probablemente imposible en algunos casos concretos, reconocer el patrimonio y devolverlo.
Pero por lo menos que quede clara la voluntad del reconocimiento de que se cometió una tremenda injusticia y una violabilidad de unos derechos que nunca debieron violarse.
Mi Grupo, naturalmente, ha presentado con los demás grupos esta proposición no de ley con el ánimo de consensuar en la Cámara un acuerdo que permita que estos damnificados, que estas personas perjudicadas puedan ser resarcidas de aquellos bienes que un día, como he dicho antes, les han incautado.
Espero que la Cámara sea sensible a esta petición de los distintos grupos que presentamos esta proposición no de ley y que se apruebe por absoluta mayoría.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
No es accidental que la proposición no de ley que debatimos en el día de hoy esté presentada por cuatro Grupos Parlamentarios.
Decía que no es accidental porque la cuestión que hoy debatimos ha sido objeto de debate a iniciativa de grupos parlamentarios como el nuestro, el Parlamento de Cataluña y preguntas que ha realizado el Grupo de Izquierda Unida. En definitiva, vimos que todas las actuaciones, bien se estructuraran a través de preguntas o de proposiciones de ley, caían en un saco roto.
Entonces, al ver que no había manera de articular una iniciativa parlamentaria desde la oposición, estos cuatro Grupos Parlamentarios presentamos una proposición no de ley.
Y digo que no es accidental porque, señorías, está el Grupo Parlamentario Vasco, que representa al Partido Nacionalista Vasco; está el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el cual están partidos como el Comunista o el Socialista Unificado de Cataluña; está el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de cuyo Grupo Parlamentario forma parte también el partido Unión Democrática de Cataluña, y está, dentro del Grupo Mixto, el Partido de Esquerra Republicana de Catalunya.
En definitiva, pensábamos, cuando decidimos presentar esta inicitiva parlamentaria, que teníamos una legitimidad histórica de haber participado en unas Cortes republicanas en la defensa de unos valores, de la libertad y de la democracia, y que había que dar una solución a tal cuestión.
Echamos en falta en esta iniciativa la firma del Partido Socialista Obrero Español. Obviamente, no podemos decir lo mismo del Grupo Parlamentario Popular, porque no existía dicho partido político entonces.
No obstante, sí que hemos de decir que el Grupo Parlamentario Popular, juntamente con el Grupo Socialista, se ha opuesto a la admisión a trámite de iniciativas de la oposición parlamentaria articuladas a través de proposiciones de ley, y, en definitiva, su voluntad para resolver tal cuestión.
La posición del Grupo Vasco, señorías, que es partícipe en esta proposición no de ley, está en clara coherencia con la posición que ha venido manteniendo nuestro Grupo desde hace muchos años.
Así, en esta misma línea, el Grupo Vasco (PNV) presentó en los años 1986 y 1990 proposiciones de ley análogas a las que debatimos ahora que no fueron tomadas en consideración por la oposición del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Igual suerte tuvo una iniciativa del Parlamento de Cataluña.
Señorías, la iniciativa parlamentaria que hoy debatimos pretende reparar, por lo menos indirectamente, una injusticia histórica como fue la incautación del patrimonio a personas, organizaciones políticas y entidades por parte del anterior régimen autoritario.
El patrimonio de los grupos políticos, de los sindicatos y de personas que se mantuvieron en favor de la legalidad republicana fue incautado por el Decreto de 13 de septiembre de 1936 y por la Ley de 9 de febrero de 1939.
Así tras la restauración de la democracia y de las instituciones públicas se han venido adoptando una serie de medidas jurídicas con el fin de corregir las situaciones de injusticia que se produjeron por la dictadura, como la Ley de Amnistía, el reconocimiento de la asistencia sanitaria y pensiones a mutilados y militares que participaron en defensa del legítimo gobierno republicano, pero sobre todo destaca la Ley 4/1986 de 8 de enero, sobre cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
La incautación por el régimen dictatorial franquista del patrimonio de los partidos políticos es una cuestión que al día de hoy necesita ser solucionada mediante una iniciativa parlamentaria como la que hoy debatimos y que, en definitiva, repare la injusticia histórica cometida. Resulta difícilmente presentable el que en una situación de democracia se pretendan buscar excusas para no satisfacer una situación de palmaria injusticia. Desde el Grupo Vasco vemos atónitos cómo 17 años después de las primeras elecciones democráticas sigue sin resolverse una cuestión como la que hoy debatimos.
En su día fueron los poderes centrales del Estado los que cometieron tales despropósitos, y tienen que ser los actuales poderes centrales democráticos los que tienen que reparar el daño causado. Así ha ocurrido con los sindicatos, cuyos bienes fueron incautados

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también por la Ley de 9 de febrero de 1939 y para cuya reparación parcial se aprobó la Ley 4/1986, de 8 de enero.
No obstante, hay que indicar que en relación al patrimonio de los sindicatos, de los partidos políticos y, en definitiva, de particulares despojados existen grandes analogías y también matices diferentes. La Ley 4/1986 perseguía dos objetivos. Por un lado, ceder gratuitamente a las organizaciones sindicales el patrimonio inmobiliario que el anterior régimen había ido creando y acumulando a través de la extinguida Organización Sindical y que al dejar de existir era lógico que los poderes centrales del Estado los cedieran a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales democráticas, ya que había el derecho constitucional de libertad sindical y libertad de asociación que no podía ser controlado y tutelado por el Estado. Pero la Ley 4/1986, además de este primer objetivo persigue otro, que es el de reintegro a las organizaciones sindicales de los bienes y derechos que les fueron incautados por la Ley 9 de febrero de 1939, y es aquí donde se produce una identidad respecto a las situaciones de incautación patrimonial realizadas sobre organizaciones políticas, sobre asociaciones y sobre personas físicas, particulares en definitiva. Es por ello, señorías, que si la Ley 4/1986 además de la cesión gratuita del Patrimonio sindical acumulado por los poderes centrales del Estado, también pretende reintegrar en el pleno dominio los bienes y derechos incautados a las organizaciones sindicales, procede que en el ámbito de las personas físicas y demás personas jurídicas se regule esta segunda finalidad política.
En definitiva, señor Presidente, lo que ha de existir es una voluntad política para restituir los bienes y derechos incautados a las respectivas organizaciones sociales y personas físicas. No podemos escudarnos, señorías, en que existan dificultades técnico-jurídicas, que las habrá y a las que se dará una solución, porque la obligación de un mandatario público es reparar el daño que se ha ocasionado en el ejercicio de una actividad pública, como en estos casos en que se produjo una incautación por motivos políticos.
Muchas veces las dificultades técnicas y de forma existen cuando se quiere que existan para no resolver el problema de fondo, y estas dificultades dejan de existir o no existen cuando hay una voluntad política para solucionar el problema, que es lo que se precisa en el tema que hoy debatimos.
Evidentemente, hay organizaciones políticas o asociaciones que sufrieron incautación patrimonial y que en la actualidad no existen, y otras, a su vez, que se mantienen en la actualidad. En el caso de las organizaciones sindicales ocurría lo mismo, pero como existía voluntad política de esta Cámara de reparar los daños causados, la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986 establece un régimen jurídico de reintegración patrimonial de bienes incautados a las organizaciones sindicales al margen del régimen general de cesión, que nada tiene que ver con las incautaciones patrimoniales de motivación política.
Pero es que, señorías, en el momento actual en que debatimos esto existe un argumento político importante. Los poderes centrales del Estado, el Gobierno a través a su agencia financiera, el ICO, ha otorgado --no decimos que no fuera necesario-- a la Unión General de Trabajadores un préstamo de 12.000 millones de pesetas para hacer frente a su lamentable y crítica situación financiera.
Pero el argumento está en que el Gobierno da ese crédito obteniendo en garantía un patrimonio hipotético que hay que devolver a la UGT, patrimonio incautado a la misma. No hablamos de la cesión, que es objeto de la regulación general de la Ley.
En definitiva, se está haciendo un reconocimiento tácito a la Unión General de Trabajadores, que tiene un patrimonio histórico pendiente de devolución con ocasión de la guerra civil.
Nosotros solicitamos que se le dé el mismo tratamiento a personas físicas, como el hijo de Juan Negrín --miembro del Partido Socialista y último Presidente del Gobierno español de la República--, que ha tenido que litigar hasta llegar al Tribunal Supremo para obtener una reintegración de los bienes de su familia, en Las Palmas de Gran Canaria, incautados por motivos políticos. Lo que nosotros pedimos al Grupo Parlamentario Socialista es que tenga esa voluntad política.
Procesos similares se han visto en escenarios políticos como la Comunidad Autónoma de Euskadi, donde el Parlamento Vasco aprobó el año 1984 una Ley de Reversión de Bienes y Derechos incautados, bienes que se le habían transferido a la Comunidad Autónoma del País Vasco con ocasión del proceso de desarrollo estatutario; bienes que habían sido incautados por el Estado --y en cuyo uso se encontraban la Falange, la Organización Vertical y otro tipo de entidades-- y cedidos por la Administración central. Fue voluntad política del Parlamento Vasco, con el apoyo del Partido Popular, que aquí se opone a tomar una iniciativa parlamentaria de la oposición. El Partido Popular --así consta en el «Diario de Sesiones» del Parlamento Vasco-- estuvo a favor de la reintegración de los bienes incautados, transferidos desde el Gobierno central a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a los particulares y, en definitiva, a sus legítimos propietarios. También lo estuvo el Partido Socialista Obrero Español. Lo que echamos en falta en esta Cámara, que es la representante de la soberanía popular, es que asuma la responsabilidad política que le corresponde, puesto que eso es lo que hoy está en juego. Que se repare esa injusticia histórica.
Como muestra ponemos, repito, la actuación política que se siguió en el Parlamento Vasco por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, la antigua Alianza Popular, Euskadiko Eskerra y el Partido Comunista.
Voy a finalizar, señor Presidente, manifestando que el tema debatido requiere sensibilidad y voluntad política para reparar los daños ocasionados por las incautaciones

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históricas realizadas por el anterior régimen a diversas personas, particulares, familias, sindicatos y organizaciones políticas, por el simple hecho de defender la libertad y la democracia. Por todo ello, solicito el voto favorable de SS. SS.
a esta iniciativa parlamentaria.
Sabemos que el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con el planteamiento que se ha hecho, no sólo en esta iniciativa sino también, en anteriores. El Grupo Parlamentario Socialista hoy nos sorprende con una enmienda que no nos puede satisfacer plenamente. Nos llama la atención que un partido político de la solera democrática del Partido Socialista Obrero Español tenga quizá que marcharse próximamente del Gobierno sin haber resuelto esta injusticia histórica.
En definitiva, lo que hoy plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda lo vamos a aceptar porque nos parece un avance, aunque sea tímido. Entendíamos que se podía haber hecho un mayor esfuerzo. La enmienda del Grupo Socialista la vamos a aceptar, repito en el sentido de que en vez de instar al Gobierno a que elabore un proyecto de ley inste al Gobierno a que se presente en la Cámara un informe sobre la problemática referente a las personas que sufrieron incautaciones políticas. Es un avance tímido, insisto, pero es un avance. Lo vamos a aceptar porque, en definitiva, puede ser un instrumento de trabajo válido.
No obstante, quiero recordarles que en nuestro Grupo Parlamentario, si de todos estos trabajos no surge nada, seguiremos planteando iniciativas sobre esta cuestión, porque no habremos alcanzado una verdadera restauración de las libertades y de la restitución de la justicia, que correspondía a los partidos, a las personas, en definitiva a todo el conjunto de la sociedad que luchaba por la libertad, por la democracia, y que dieron toda una vida por los valores humanos, mientras no concedamos una restitución, no directa pero sí a través de una indemnización o por lo menos un reconocimiento moral.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola (Rumores.)

La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
(Rumores.) ¿Hay un problema de envidia por aquí? Evidentemente, el tono de la reflexión, si SS. SS. me permiten, que hoy podemos hacer los distintos grupos que intervenimos en este debate es muy distinto al que vivió esta Cámara el 12 de abril de 1994 cuando Esquerra Republicana presentó la proposición de ley que tenía como voluntad articular la ley necesaria para devolver los patrimonios incautados durante la guerra civil.
Atrás quedaban otros debates también agrios, como el protagonizado en su momento por el Partido Nacionalista Vasco y que participaba del mismo espíritu de restitución; o como el que, a instancias también de Esquerra Republicana, protagonizó el Parlamento de Cataluña. Años de reivindicaciones, de lucha política y social y de iniciativas parlamentarias que tenían como objetivo común resolver un grave fleco de la democracia: la restitución, por vía democrática, de aquello que había sido expoliado por la fuerza de la armas y la sinrazón. El objetivo común de no permitir que la democracia legitimara lo que había impuesto con sangre y fuego la dictadura. El paso adelante de la devolución del patrimonio a los sindicatos había quedado, pues, como un gesto intermedio, como un compromiso democrático, sólo asumido en su primera fase.
Esta Cámara y todos los partidos representados sabíamos, fuera cual fuera la actitud de nuestro voto, que había que resolver esta asignatura pendiente, que la falta de acuerdo para la devolución del patrimonio a las personas físicas y jurídicas, gracias al bloqueo de los Grupos Popular y Socialista, era una actitud profundamente bochornosa que ponía en tela de juicio esta Cámara.
¿Fueron argumentos de oportunidad política --recuerdo el brillante discurso de Jesús Caldera en su momento-- o excusas de tipo jurídico? Lo cierto es que la Cámara se inhibía de la resolución del problema y con ello se hacía cómplice de la decisión que hubo en su momento y que fue bárbara. Con su silencio legitimaba esa decisión.
Lo dije en el debate de abril de 1994. ¿Puede sostener legalmente esta Cámara una decisión franquista claramente antidemocrática? ¿Convertiremos la desmemoria en complicidad con el régimen anterior? Y aseguré que fuera cual fuera el pronunciamiento de la Cámara, el tema volvería a abrirse permanentemente, como herida abierta que es, hasta que finalmente la Cámara reaccionara.
Hoy, 26 de septiembre de1995, podemos considerar que esta Cámara empieza a reaccionar; que fruto de diferentes factores --la presión ambiental, esperemos que la mala conciencia--, o fruto quizá de la matemática parlamentaria, hoy podemos hablar de un acuerdo histórico.
Con la enmienda del Grupo Socialista, que adelanto que vamos a apoyar, y el probable voto también por unanimidad del Pleno, hoy puede empezar el proceso de restitución, cerrando con ello una etapa de nuestra memoria más negra, un capítulo que con este fleco permitirá cerrar viejas heridas. La democracia es hoy, con este acuerdo, un poco más fuerte; le da un vuelco más, rotundo y comprometido, al pasado.
Permítanme que me felicite y felicite a la Cámara, y permitan que convierta este acuerdo por unanimidad en un homenaje a todas las víctimas de la desmemoria, a todos los hombres y mujeres que por su adscripción republicana y por su lucha por unos ideales no merecen ahora ni el homenaje del recuerdo. Dedico este

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acuerdo, pues, a los que perdieron, a los que se mantuvieron firmes a pesar de todo, a todos aquellos republicanos que víctimas del pacto de silencio fueron casi anulados del recuerdo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
A la proposición de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, mi Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda que pretendo justificar. Sólo en términos reduccionistas podría decirse, como se ha hecho desde esta tribuna, que la posición del Grupo Parlamentario Socialista en las anteriores ocasiones en que tuvimos oportunidad de debatir esta problemática --y fueron cuatro-- para rechazar las iniciativas de diversos grupos de la Cámara se basaba en problemas o cuestiones técnicas. No fue así, señorías. Podría utilizar el debate del 12 de abril de 1994, donde todo el edificio argumental que utilicé para oponer a la toma en consideración de aquella proposición de ley se basaba en un hecho claro, de profundo contenido político además, y era la renuncia de mi Grupo Parlamentario al derecho a la restitución de aquellos bienes tan bárbaramente ocupados. Mejor dicho, como saben ustedes, en nuestro sistema jurídico no se renuncia al derecho, se renuncia a la acción para exigir el derecho al que uno tiene derecho --valga la redundancia-- para ser restituido.
Por tanto, aquella era una posición política que efectivamente valoraba también, aspectos muy completos que giraban alrededor de este problema. Pues bien, hoy y por parte de cuatro grupos parlamentarios se plantea de otro modo procedimental la iniciativa, quizá con mejor fundamento. Vamos a ello.
No cabe duda --y saben ustedes que así lo ha declarado el Tribunal Supremo-- de que para la restitución de estos derechos es exigible una ley especial votada en Cortes. ¿Por qué? Porque la materia, al ser tan compleja, sobre todo al incidir sobre situaciones tan alejadas en el tiempo y al ponerse en cuestión un concepto esencial de la estructura jurídica que todos compartimos, cual es la seguridad --la razón última de nuestra negativa en las anteriores ocasiones-- exige una normativa específica que a su vez entendemos que sólo el Gobierno, y tras un meditado y profundo estudio, puede llevar a cabo. Es decir, el Gobierno con la colaboración interdisciplinar de varios de sus departamentos, con el análisis profundo de la situación y, a partir de ahí, es posible alcanzar una solución a este problema.
Nosotros queremos alcanzarla, pero, fíjense señorías, porque no quiero ser superficial, a qué interrogantes habría de dar respuesta esa hipotética norma legal: Al ámbito objetivo de la ley --es decir, qué se restituye--; al ámbito subjetivo --a quién--; a las reglas para precisar la sucesión de los antiguos titulares y la acreditación de esa titularidad; al procedimiento de restitución; a la valoración de bienes y derechos; a la indemnización sustitutoria en caso de pérdida, deterioro o desaparición de bienes y derechos; a la procedencia o no de indemnizar cuando los bienes y derechos hayan sido transmitidos por el Estado a terceros con anterioridad a la entrada en vigor de esa posible ley; a la aplicación o no de la misma a los supuestos de pérdida de derechos personales, restitución o no de los frutos o rentas derivados de la posesión del patrimonio incautado, etcétera.
Sin embargo, más allá de este cauce procedimental, y voy a resulmirlo brevísimamente, yo creo que hay razones a favor y en contra --no quiero ser juez, mi grupo no quiere ser juez-- para adoptar una medida de esta naturaleza.
En el campo contrario a la toma en consideración, ¿cuáles son las razones más importantes? La dificultad de identificación del sucesor --ya se ha dicho aquí por varias de vuestras señorías cuando han intervenido--; el menoscabo de la seguridad jurídica que deriva del hecho de no existir plena constancia de registros y, a su vez, se superpone el problema de la destrucción de algunos archivos. La norma, además, como dije antes, ha de estar, ha de estar cimentada en la seguridad, no provocar inseguridad, y las dificultades existentes en este momento podrían no garantizar equidad alguna, es decir, que fueran más elevados los costos que los beneficios. La posible onerosidad de la solución, pudiera ser, señorías, tan elevada --digo pudiera, hablo en hipótesis-- que el legislador, cuando exiten necesidades y tiene que cubrirlas con recursos limitados, obliglatoriamente ha de optar sabiendo que la solución de este problema puede retrasar o entorpecer otros muchos a los cuales debemos atención. Es decir, la solución del problema tiene que estar posibilitada desde el punto de vista financiero por los recursos de que dispone la Administración del Estado.
En el campo favorabale, señorías, militan los siguientes argumentos. Sin duda, la ilegitimidad de origen (ya lo dije y agradezco a la señora Rahola el reconocimiento de mi intervención en abril de 1994) de aquel bárbaro acto y el rendimiento, una vez más y desde esta tribuna, de testimonio a la memoria de quienes sufrieron aquellas actuaciones. Por supuesto que sí.
Milita también en favor de la devolución de estos bienes y derechos el elemental principio de reparación histórica, unido al de sucesión en las obligaciones y cargas que pesan sobre los Estados. Jurídicamente, señorías, el Tribunal Supremo --incluso el Tribunal Supremo-- al analizar algunas reivindicaciones, es decir, la acción declarativa de propiedad de determinadas personas frente a aquellas incautaciones, ha venido a

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admitir la posibilidad de que el legislador se oriente implícitamente en el reconocimiento de lo que llama una especie atípica de obligación natural. Hay pues, incluso desde el punto de vista jurídico, un reconocimiento a la necesidad de esa reparación, más allá, por supuesto, de las razones puramente políticas.
El precedente de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de devolución del Patrimonio Sindical histórico, invocando, como es natural, al artículo 14 de la Constitución Española, y la propia Constitución que, como saben ustedes, ordena en su artículo 33 que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social mediando la correspondiente indemnización, admitiendo como una ley la Ley de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, que después fue derogada pero en términos estrictamente jurídicos no anulada, señorías, que pueden conservarse las situaciones jurídicas producidas bajo su vigencia y que el Estado adquirió por ministerio de la ley la incautación de bienes, no cabe la más mínima duda que fue una especie de expropiación sin indeminización compensatoria. Sin embargo, señorías, yo creo que también tenemos que valorar otras razones, en mi opinión, repito, de profundo contenido político y tienen que ver para las personas jurídicas, para los partidos y asociaciones con su vigente o actual naturaleza. Yo quisiera hacer una reflexión sobre esta materia porque estoy seguro que SS. SS. la van a comprender.
Ya dije entonces, en abril del año pasado, que el papel que la Constitución atribuye a los partidos políticos está dotado o transido de «ius publicismo»; es decir, la funcionalidad o la importancia de los partidos políticos sólo es mensurable en proporción directa a su interés social. Por tanto, son menos importantes respecto a los partidos las relaciones de carácter patrimonial, aun siendo importantes porque necesitan medios para desarrollar su función, que el contenido social que la Constitución les atribuye y que en función de la misma es el que debemos respetar.
En relación con esta idea esa reparación histórica a los partidos políticos de la que aquí se ha hablado no puede hacerse en exclusiva o predominantemente a través de esta vía patrimonial, sino, como hizo la Constitución, como hicimos todos, a través del reconocimiento de su importante papel en el sistema parlamentario institucional. Ya dije entonces que existía un autor, un politólogo como Maurice Duverger que afirmaba que el sistema de partidos existente en un país es el resultado de la estructura de su opinión pública, señorías, y añado hoy, con otro autor también dedicado a estas materias, MacPherson, que lo que cree la gente acerca de un sistema político no es algo ajeno a éste, sino que forma parte de él y esas creencias determinan, efectivamente, los límites y las posibilidades de evaluación del sistema, determinando lo que puede aceptar la gente y lo que va a exigir.
Pues bien, de acuerdo con este principio, que puede ser discutible, mi grupo rechazó las iniciativas anteriores no por creer que estaba en posesión de la verdad, en absoluto, sino por considerar que en momentos de austeridad y transparencia se rendía un buen servicio en la renuncia al ejercicio de la acción para exigir estos derechos. Ahora bien, hay que reconocer que el patrimonio acumulado por los partidos y asociaciones lo era estrictamente a través de cauces y aportaciones privadas (saben ustedes que entoces, en el año 1932 y hasta 1939, no existía un sistema depurado, un sistema de financiación pública de estas organizaciones) y, por tanto, es legítimo el derecho a reivindicar aquello que habían acumulado por entrega, por donación, por participación de sus adherentes y militantes. Por tanto, repito, no estamos en el mismo marco que ahora, pero esta reflexión ante la enmienda que les voy a ofrecer debe guiar, señorías, las nuestras.
Por todo ello, porque nuestra postura ahora a través de una enmienda, va a ser favorable a estudiar pormenorizadamente este problema, creemos que tienen que existir límites claros, concisos, jurídicamente perfilados para que no caigamos en los problemas que he señalado en mi intervención. Por todo ello, señorías, sin discutir otras opiniones, repito, vamos a ofrecerles una enmienda que, por las manifestaciones del señor Gatzagaetxebarría, me alegro vaya a ser aceptada. ¿Por qué no la hemos planteado nosotros directamente? Entiendan nuestra posición. Saben ustedes que ahora somos los culpables de todo y, como dijo el presidente de mi grupo recientemente para aquellos que gustan de esconderse tras la virulencia de los ataques al Gobierno, para aquellos que gustan incluso de atribuirnos hasta la responsabilidad de la Guerra de los 30 años --que saben ustedes, se produjo en el siglo XVII-- sería un momento de oro para afirmar que estamos dilapidando las arcas públicas en beneficio particular. No es así, y creo que mi intervención y las de SS. SS. lo demuestran perfectamente.
Por tanto, la enmienda que les proponemos es la siguiente. «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara un informe que analice la problemática referente a las personas que se vieron privadas de sus bienes y derechos patrimoniales por razones politico-sociales en virtud de la legislación excepcional del período de la guerra civil, para definir los criterios que regulen la restitución de los mismos a todas aquellas que, estando incursas en las previsiones de la ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939 y normativa de desarrollo, no incurran en los supuestos contemplados en el artículo 39 del Código Civil, el 1 de septiembre de 1995.
Creemos, señorías, sinceramente que esto abre la puerta a un análisis riguroso, a una coparticipación de todos los grupos políticos en la solución de este problema y, a partir de la presentación de ese informe,

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que nosotros estaríamos dispuestos --si así se solicita-- a fijar marco temporal para el mismo, se elaboren los criterios que permitan desarrollar una legislación que dé satisfacción a la tan legítima y justa reivindicación que ustedes han planteado aquí.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caldera.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y quieran fijar su posición ? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Con la venia, señor Presidente.
Ciertamente después de una intervención tan erudita como la del señor Caldera y tan brillante como la de los portavoces proponentes de la proposición no de ley, nos encontramos en ese trance en el que realmente no cabría decir nada original que fuera interesante ni nada interesante que resultase original.
La lectura de la proposición no de ley suscrita por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida, Convergència i Unió, Vasco y Mixto, sobre reintegración de bienes y derechos patrimoniales o, en su caso, la indemnización económica correspondiente a las personas que se vieron privadas de los mismos por razones político-sociales en virtud de una legislación excepcional del período de la guerra civil, suscita en mi Grupo dos sentimientos o actitudes encontradas. De una parte, la coincidencia absolutamente plena con el espíritu que la anima, con la buena intención que la estimula, incluso con esa voluntad política que con tanto énfasis ha sido invocada aquí atribuyéndole ciertas características taumatúrgicas de estar por encima de todo el inmenso elenco de problemas tecnico-jurídicos que la iniciativa suscita. Comprenderán SS. SS. que desde una perspectiva ideológica un partido como el nuestro, que otorga la más alta primacía al principio tradicional de que las cosas claman para su dueño, estimamos que el derecho de propiedad, constitucionalmente garantizado, debe prevalecer sobre cualquier conculcación o depredación por pretendidas invocaciones revolucionarias que pudieran haberse invocado para justificar su desconocimiento, mucho menos cuando tales invocaciones podían no ser expresión sino de la pasión política, la venganza o la más descarnada codicia, sentimientos que cursan sin freno en el clima turbulento de una espantosa guerra civil. El olvido, la voluntad de reconciliación, a que aquí se ha hecho alusión y de la que la Monarquía restaurada es su auténtica prenda de reconciliación, no pueden ni deben, en ningún caso, asentarse sobre las injusticias concretas y menos sobre la injusticia de un particular que haya podido verse privado de sus bienes, sin otro título que el de su militancia política y al amparo de una legislación de excepción.
Sin embargo, frente a este reconocimiento de la excelente intención de la iniciativa, mucho nos tememos que su plasmación concreta en la literalidad de la proposición no de ley no haya sido todo lo precisa que debiera como para evitar que se susciten esa multitud de problemas, en los que no voy a abundar porque el señor Caldera se ha referido a ellos de forma exhaustiva, de, por lo menos, incalculable proyección.
En efecto, esta proposición no de ley vendría a culminar una sucesión de iniciativas legislativas que desde 1977 se han venido propulsando por esta Cámara para reparar la incautación de bienes y derechos, muebles e inmuebles, efectos y documentos pertenecientes a partidos, organizaciones sindicales, asociaciones y otras personas jurídicas que se vieron privados de ellos a partir del Decreto de incautación de guerra de 13 de septiembre de 1936. Lo haría nada menos que en virtud de un proyecto de ley que habría de operar «ex lege» una reintegración de bienes y derechos en favor de cualquier particular que hubiese resultado afectado; reintegración --y aquí se ha citado jurisprudencia del Supremo muy pertinente al caso-- que desde 1975 hasta aquí han conseguido no pocos particulares, en muchos casos mediante reclamaciones administrativas y, en última instancia, apelando a la jurisdicción ordinaria. A los proponentes de la proposición no de ley no se les ocultarán las numerosas dificultades que se han suscitado en la práctica para resolver problemas incluso más acotados, menos ambiciosos, como los originados por aplicación de la Ley 4/1986, sobre cesión de bienes de Patrimonio Sindical acumulado. Los casi 60 años trascurridos sugieren de inmediato que habrían de sobrevenir enormes dificultades en el plano de la seguridad jurídica, de la precisión registral, para determinar con exactitud la legitimidad sucesoria de los titulares originarios de los bienes y derechos incautados. No es aventurado suponer que una ley concebida en los términos que la proposición defiende sería una fuente de intensísima litigiosidad. Podría suscitarse el problema añadido de que tales bienes y derechos hubieran pasado a ser del dominio público y su posible reversión quedaría sujeta a las limitaciones del artículo 132 de la Constitución, bajo los principios de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad. En el caso de que estuvieran afectos a algún servicio público, habría de plantearse la cuestión previa de su desafectación. Mucho menos podríamos dejar de tomar en consideración la posición de terceros adquirentes de buena fe y la posibilidad de que los bienes de que pretendemos ocuparnos se encontraran incursos en los supuestos contemplados en el artículo 39 del Código Civil.
Por fin, y en último lugar --ciertamente, no último en importancia--, una elemental consideración de prudencia política invita a disponer de una mínima evaluación de los bienes y derechos de que estamos

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hablando para poder ponderar el montante económico de la iniciativa que nos ocupa y las posibilidades efectivas del gasto y de los recursos públicos para hacerle frente.
La consideración de todo este elenco de problemas nos impediría dar nuestro voto favorable a la proposición no de ley en sus términos originarios. Ciertamente, hemos oído al señor portavoz del Partido Nacionalista Vasco y la mayor parte de esas preocupaciones quedaría despejada por la formulación más prudente que se contiene en la enmienda de sustitución defendida por el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, el sentido de nuestro voto se va a formalizar a la vista de cuáles sean los criterios de los grupos impulsores de la iniciativa en relación con dicha enmienda de sustitución. Sería favorable si se aviniesen a ella; en caso contrario, no podría serlo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cisneros.
Si la Presidencia no ha entendido mal, el señor Gatzagaetxebarría, en primer lugar, y la señora Rahola, en segundo lugar, han indicado ya que están dispuestos a aceptar la enmienda.
El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, así es. Los diferentes grupos autores de la iniciativa estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda, pero con una pequeña precisión que también ha expuesto en su intervención el señor Caldera, y es la fijación de un marco temporal. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que estarían dispuestos a aceptarlo y, por tanto, solicitamos al grupo autor de la enmienda que se fijara el plazo de tres meses.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: A los mismos efectos, señor Presidente. Queremos reafirmarnos en la aceptación de la enmienda y también reafirmarnos en la voluntad de crear un marco temporal, que nos parece correcto, según ha dicho el señor Gatzagaetxebarría en su enmienda «in voce», que sea de tres meses.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.
Señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, con la incorporación que se acaba de hacer en este momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa.
Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Hay que resaltar la previsible unanimidad, y en ese sentido nuestro grupo acepta la enmienda del Grupo Socialista, que ahora tendrá que decir si admite el espacio de tiempo sugerido, aunque a nosotros nos gustaría que en lugar de tres meses fuese menor, lo que nos permitiría pronunciarnos durante este período de sesiones sobre el contenido y el alcance que se debe dar a la restitución. De lo contrario, tres meses a partir de la fecha de hoy, da la impresión de que supone situarlo fuera de este período de sesiones, e incluso de esta legislatura.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Aceptamos, como es obvio, la fecha de los tres meses, y simplemente quiero decir al señor Martínez Blasco que no utilice el criterio que ha empleado sino el de la complejidad, que también ha sido reiterado por el señor Cisneros, en nombre del Grupo Parlamentario Popular; la complejidad tan profunda para elaborar en tan poco tiempo un informe de esta naturaleza.
Incluso creo que tres meses es un espacio corto de tiempo, y no podemos disminuirlo porque sería engañar a la Cámara. En mi opinión --pulsada también la opinión del Gobierno-- es imposible hacerlo en menos de tres meses. Por tanto, propongo ese marco temporal de tres meses y le ruego que lo acepte porque, a mi juicio, es el único posible.


El señor VICEPRESIDENTE (Bevía Pastor): Señor Martínez Blasco.
(Pausa.) Vamos a pasar a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Catalán (Convergència i Unió); Vasco (PNV) y Mixto, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda socialista, con las modificaciones acordadas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 296.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


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--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA AL AHORRO Y USO RACIONAL DEL AGUA (Número de expediente 162/000211)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA FAVORECER EL AHORRO Y EL USO RACIONAL DEL AGUA (Número de expediente 162/000212)

El señor PRESIDENTE: Pasamos seguidamente al debate de los puntos 4 y 5, proposiciones no de ley del Grupo Socialista del Congreso, relativa al ahorro y uso racional del agua; y del Grupo Popular relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el uso racional del agua. Se procederá al debate acumulado de estas dos iniciativas, defendiendo cada uno de los grupos autores de las mismas su propuesta y las enmiendas presentadas y fijando posición los grupos, en un solo turno, en relación con ambas proposiciones.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pelayo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Para defender la iniciativa de mi grupo sobre el ahorro y uso racional del agua, debo empezar por una triple afirmación: el agua, señorías, es un bien de todos; el agua, señorías, es un bien para todos; el agua, señorías, por fin, es un bien escaso.
Estos tres principios deberían ser, a nuestro juicio, los vectores de cualquier reflexión o aproximación intelectual sobre el problema del agua en nuestro país. Desgraciadamente, no ha sido así, y prueba de ello es la simple lectura de algunas páginas del «Diario de Sesiones» de esta casa o la literatura que se ha producido a lo largo de años pasados a propósito de los debates sobre la escasez del agua en nuestro país. Refrescar la memoria de SS. SS. sobre el particular y en especial sobre los debates habidos en la Cámara no me parece que sea un ejercicio positivo. Yo creo que es mucho más eficaz y mucho más solidario, con la situación que padecen el país y los ciudadanos, afrontarlo desde el plano constructivo de una reflexión y desde la voluntad de conseguir consensos, aproximaciones, en el concepto que sobre la problemática del agua, sobre la existencia de los recursos y las políticas hidráulicas en nuestro país debamos tener en esta Cámara.
Además, tengo que empezar por decir que esta iniciativa nace con una vocación modesta. Saben SS. SS. que el problema del agua tiene implicaciones no sólo socioeconómicas, técnicas, medioambientales, sino que también hunde sus raíces en la historia de nuestro país. Recuerdo aquí, por ejemplo, que Joaquín Costa, allá por el año 1911, hablaba de los regadíos de Los Monegros y que en el siglo pasado hubo toda una literatura sobre grandes planes o proyectos de trasvases, a fin de combatir los desequilibrios hídricos en nuestro país.
La iniciativa parte de la consideración medioambiental, del recurso escaso agua. Pero la iniciativa no quiere desconocer la acción ingente que se ha venido realizando en los últimos años, precisamente para afrontar los problemas estructurales y coyunturales, como consecuencia de la escasez de recursos hídricos en nuestro país. Yo recuerdo aquí no sólo la aprobación por esta Cámara de la Ley de Aguas en el año 1985, sino también, por ejemplo, la elaboración del reglamento de planificación hidrográfica; la serie de decretos-leyes que se han aprobado a lo largo de los años 1992, 93, 94 y 95 para combatir circunstancias extraordinarias de sequía, tendentes a resolver problemas no sólo de abastecimiento de las ciudades, sino también tendentes a mejorar los cultivos agrícolas; el billón de pesetas invertido en política hidráulica a partir del año 1982; el aumento en un tercio de la capacidad de embalsamiento de los pantanos de propiedad estatal; la importante labor desarrollada para hacer frente al abastecimiento de agua de determinadas poblaciones.
Recuerdo a SS. SS. cómo se ha duplicado en los últimos cuatro años el abastecimiento para ciudades como Sevilla, Granada, Málaga, etcétera. Por último, recuerdo el libro blanco sobre aguas subterráneas o el plan de saneamiento aprobado en este año precisamente sobre saneamiento y depuración de aguas, que, con una vigencia de diez años y unas previsiones de inversión de un billón ochocientos mil millones de pesetas, pretende llevar a cabo el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas y con fondos de la Unión Europea.
La iniciativa tampoco pretende ignorar el Plan Hidrológico Nacional, por cuanto que, como saben SS. SS., en el anteproyecto y en los documentos que contiene, se establecen medidas de ahorro del agua. La iniciativa, por el contrario, a nuestro juicio, es una contribución a la política medioambiental de nuestro país. De ahí que lo hayamos presentado con ocasión del Día Mundial del Medioambiente. Además, desde el punto de vista medioambiental, se hace desde la consideración primera de lo que debe ser una adecuada política conservacionista, que es la de proteger y conservar los recursos naturales escasos. Y el agua, como saben SS. SS., es un recurso natural escaso. Pero además tiene el valor, a nuestro juicio, modesto si se quiere, de conectar con el pacto social y con la responsabilidad medioambiental. Sabemos, señorías, el valor que tiene el que los ciudadanos estén concienciados de determinadas políticas a llevar a cabo por los poderes públicos. Sabemos que si una sociedad comparte la necesidad de ahorrar, de gastar menos agua, de hacer un uso más eficaz del agua, los poderes públicos, las diferentes administraciones que la gobiernan, tendrán

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una labor mucho más fácil para llevar a cabo una gestión más eficaz del uso del agua.
Por otro lado, la iniciativa permite, a nuestro juicio, retomar el tema del agua en la Cámara e intentar reconstruir determinados consensos. Por ello solicito con esta intervención --y paso a continuación a fijar la posición de mi Grupo en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular-- la aprobación de la Cámara. Creo, señorías, que si la Cámara aprueba esta iniciativa el Gobierno podrá realizar una campaña, de ámbito estatal, donde se promueva en la sociedad un uso y un ahorro del agua.
Como saben, esta iniciativa la presentó el Grupo Socialista el día 5, y el día 6 se presentaba por el Grupo Popular una iniciativa que contiene cuatro puntos, de los cuales el cuarto es trasunto, casi textual, de lo que estamos propugnando en la proposición no de ley del Grupo Socialista. Por tanto, me referiré a los tres primeros puntos del Grupo Popular para fijar la posición de mi Grupo.
El Grupo Popular parte de una serie de afirmaciones que me veo en la obligación de rectificar, en aras de la verdad. El Grupo Popular parte de que el Gobierno no ha cumplido los compromisos y mandatos de la Cámara. Tengo que decirle al representante del Grupo Popular que vaya a intervenir que eso no es enteramente cierto. Habría que tener sobre la mesa, como las tengo, las dos resoluciones de la Cámara, más una resolución que se aprobó en el Senado, a instancias del Partido Aragonés y apoyada por el Grupo Popular.
En efecto, señorías tanto en la resolución de 28 de febrero de 1995 como en la de marzo del mismo año, aprobadas en el Congreso de los Diputados, se insta al Gobierno, a efectos de que remita a la Cámara, junto con el Plan Hidrológico Nacional, una serie de planes. El plan agrario, por un lado, y el plan nacional sobre medidas aplicables para el ahorro y la reutilización del agua en sus diversos usos. A este plan se refiere el Grupo Popular cuando en el punto 1.º de su proposición no de ley insta a la Cámara para que el Gobierno proceda a remitir en el plazo de tres meses un plan nacional sobre medidas aplicables para el ahorro y la reutilización de las aguas. A nuestro juicio, con esta pretensión lo que hace el Grupo Popular es apartarse de lo que habíamos votado, unánime y reiteradamente, en esta Cámara en relación con el Plan Hidrológico Nacional y los planes que debían acompañarle y que debía remitir el Gobierno, junto con este Plan, a esta Cámara.
Por ello, hemos presentado una enmienda a este punto 1.º, en la que decíamos que reiterábamos los acuerdos que habíamos adoptado en esta Cámara, a efectos de que el Plan Hidrológico Nacional, una vez cumplidos los trámites legales, se remitiera a la Cámara con el resto de los planes, a tenor de los acuerdos adoptados en esta Cámara, repito.
La segunda propuesta es la de acelerar acuerdos con las administraciones municipales --dice el Grupo Popular-- en orden a promover la modernización de la red de distribución y las medidas de ahorro prioritarias. Da la casualidad, señorías, de que, además de que existe un problema competencial --el Estado con quien realiza acuerdos es con las comunidades autónomas--; la realidad es que el Gobierno ya viene realizando con las comunidades autónomas, y pongo como ejemplo la de Valencia o la de Castilla y León, una serie de convenios a efectos, precisamente, de promover la modernización de determinadas redes destinadas al ahorro del agua. Por eso nosotros, en lugar de acelerar acuerdos, de lo que hemos hablado es de continuar, de que el Gobierno continúe los acuerdos con las administraciones autonómicas, con las comunidades de regantes, que ya se han hecho, y otros sectores afectados como puede, ser, por ejemplo, la iniciativa privada, actuaciones que ya ha venido poniendo en marcha el Gobierno a efectos, repito, de fomentar un uso racional y el ahorro del agua.
La tercera pretensión del Grupo Popular es que se presente en esta Cámara, en el plazo de seis meses, un estudio con una propuesta de modificación de la tarificación de las aguas con destino al riego basada en consumos reales. A continuación, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a su propia proposición.
En definitiva, lo que pretende es que el Gobierno mande un estudio sobre tarifas basado exclusivamente en consumos reales.
La realidad es que, a lo largo de todos los debates que ha habido en nuestro país sobre las políticas hidráulicas ha habido una abundante literatura --la idea del Grupo Popular no es nueva-- en la que se pone de manifiesto la necesidad, o la conveniencia, de cargar sobre las tarifas no sólo el sistema actual sino que también se grave el consumo real del agua en cultivos. Sin embargo, a nosotros nos parece que en todas las tarifas públicas --Telefónica, suministro del servicio eléctrico, etcétera-- el sistema binario es el que se ha demostrado como el mejor. Por eso hemos formulado alguna reticencia a la redacción.
Sin embargo, le queremos adelantar al Grupo Popular que no tendríamos inconveniente alguno en que se reformulara el sentido de esta propuesta, a efectos de poderla apoyar.
Terminamos, señoras y señores Diputados, fijando la posición de nuestro Grupo. Después de haber hablado con la representante del Grupo Popular a lo largo de la tarde, se va a presentar una enmienda transaccional, que espero anuncie a la Cámara para, a continuación, manifestar la posición de nuestro Grupo respecto a cómo quedará definitivamente redactada la proposición del Grupo Popular sobre esta materia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pelayo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


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La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más, el Pleno del Congreso de los Diputados se ocupa de un tema lamentablemente de absoluta actualidad en los últimos años en España, cual es el problema de la sequía. Es cierto que en los últimos años se han reiterado los debates sobre estas cuestiones: sobre la eficiencia y la utilización del agua en España, sobre los recursos hidráulicos, sobre las aguas subterráneas, sobre los problemas de contaminación, en definitiva, sobre la mejor utilización del recurso agua dentro de las distintas políticas en el ámbito nacional. Y eso no tiene nada de extraño porque nos encontramos en un período de sequía y, en este caso como en tantas otras ocasiones, nos acordamos de santa Bárbara cuando truena. Hoy debatimos dos proposiciones no de ley. Una, del Grupo Socialista, que acaba de ser defendida por la Diputada doña Dolores Pelayo, y otra, del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, tomaré posición respecto de la propuesta del Grupo Socialista.
Quiero manifestar que, desde el punto de vista del Grupo Popular, son dos cuestiones muy distintas lo que tiene que ver, por un lado, con lo que son las propuestas positivas de cara al futuro y de cara a lo que debe ser una política del agua, que nosotros entendemos que deben de estar rodeadas del máximo consenso, buscando la máxima cooperación y unanimidad entre las distintas fuerzas de la Cámara, y cuestión muy distinta es lo que nosotros entendemos que es nuestra obligación como grupo de la oposición, de hacer la crítica de lo que es la realización de la política del Gobierno en esta materia. Por eso, nosotros, en distintas ocasiones, hemos suscitado debates vivos en esta Cámara al respecto y, sin negar que ha habido cuestiones que se han hecho - -y lo hemos recordado-- como, por ejemplo, la Ley de Aguas, hemos señalado problemas y defectos en la gestión del Gobierno. Son problemas y defectos en la gestión del Gobierno que, en primer lugar, tienen que ver con la falta de aplicación de esa Ley de Aguas, porque, señora Diputada, es cierto que el año pasado, en diciembre de 1994, se ha aprobado un Libro Blanco de las aguas subterráneas, pero no es menos cierto que ese Libro Blanco, que se publica en diciembre de 1994 cuando la Ley de Aguas data del año 1995, es un catálogo de cuestiones pendientes, que van desde la elaboración del inventario de pozos existentes en España de pozos anteriores a la Ley de Aguas de 1985, de pozos posteriores a la Ley de Aguas de 1985, es decir, el catálogo del registro de los pozos; es también una denuncia sobre los enormes problemas que en estos momentos padecen nuestros acuíferos, problemas de contaminación, problemas de sobreexplotación en muchos casos.
Si hablamos de las inversiones, es verdad que se ha invertido un billón de pesetas desde el año 1982 hasta la fecha, una cifra muy importante, y se ha aumentado de manera muy importante la capacidad de embalse de nuestro país, pero lamentablemente no se ha aumentado de la misma manera la capacidad de regulación, y tiene que saber muy bien la señora Diputada que es muy distinto que haya un embalse con capacidad para regular, por ejemplo, 1.000 hectómetros cúbicos a decir que hay un embalse que tiene un volumen de 1.000 hectómetros cúbicos, son cosas muy distintas.
Los embalses que se están construyendo en este momento tienen una relación de 2,8, de 3, de 3,5, es decir, que hace falta un volumen de 3.000 para una regulación de 1.000, cuando anteriormente había una relación inversa y un embalse de 1.000 muchas veces regulaba anualmente más de 1.000 hectómetros cúbicos.
Por otro lado, esto no tiene nada de extraordinario. Los mejores embalses, los mejores aprovechamientos, fueron los primeros en llevarse a cabo. Tiene su razón de ser, pero quiero decir que, cuando se habla de aumentar las capacidades de embalse, no se puede hablar alegremente de esas cifras, pues no es lo mismo que capacidad de regulación. Hay algunos embalses, y usted lo sabe muy bien, como por ejemplo Guadalcacín-2 construido desde hace ya más de cuatro años, que no sirve para nada, señora Diputada, entre otras cosas porque estaba pensado con arreglo a un trasvase que todavía está en fase de proyecto y tan sólo iniciándose. Es decir, ahí hay unos recursos inutilizados, mal planteados y mal planificados, por no hablar de otros embalses que están en un 25 por ciento o que no se han llenado nunca, como por ejemplo el de La Serena.
Quiero decir que cuando se hacen críticas, son críticas de una realidad y que lo que se pretende con eso es plantear unas acciones de cara al futuro, lo más consensuadas, acordadas, entre las fuerzas políticas, porque entendemos que, en una cuestión vital para el desarrollo de nuestro país como es el agua, hay que intentar la mayor unidad, el mayor consenso, la mayor comunidad de criterios entre todas las fuerzas políticas para sacar adelante un proyecto totalmente esencial para nuestro desarrollo.
Entramos en el contenido exacto de su proposición no de ley. Ni que decir tiene que el Grupo Parlamentario Popular va a votarla afirmativamente por cuanto, como muy bien ha señalado la señora Diputada, es prácticamente coincidente con uno de los puntos de nuestra proposición no de ley que, es cierto, se presentó un día después, lo cual no quiere decir que estuviera hecha un día después, pero son cuestiones que no tienen mayor importancia, a nuestro entender; de lo que se trata es de hacer unas propuestas positivas en este momento.
Paso directamente a analizar nuestra proposición no de ley y las enmiendas que nosotros mismos hemos presentado a nuestra proposición no de ley. Planteamos, en primer lugar, que se remita a la Cámara, en el plazo de tres meses, un plan nacional sobre medidas aplicables para el ahorro y la reutilización del

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agua, conforme a lo acordado aquí en los años 1994 y 1995. Tiene razón la señora Pelayo al decir que nosotros entonces lo vinculábamos al Plan Hidrológico Nacional, pero es que en este momento todos sabemos que, dada la adjudicación de los estudios del plan nacional de regadíos en el mes de junio, no podremos disponer de un plan nacional de regadíos, como pronto, más o menos, hasta dentro de un año. Lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que se desvincule de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional este aspecto concreto referente a las medidas de ahorro y reutilización, pues entendemos que se pueden plantear de manera autónoma, ya que no es lo mismo que un plan de regadíos, que se refiere al 80 por ciento de la demanda; por lo tanto, un plan hidrológico nacional está totalmente vinculado a un plan de regadíos. Sin embargo, respecto a las medidas que son de ahorro y de reutilización, se puede ir avanzando, y eso es lo que pretende precisamente este primer punto.
Además, nosotros hacemos referencia a los recursos y resortes que tiene la Ley de Aguas, que en nuestra opinión han sido insuficientemente aplicados, cuando no absolutamente inaplicados.
Son los artículos referidos a que no se respaldan ni se protegen los abusos, sino al contrario; son los artículos referidos a que con motivo de la elaboración de los planes de cuenca se pueden reconsiderar las concesiones, y ya están prácticamente ultimados todos los planes de cuenca, no aprobados, pero sí ultimados y no se dice nada de la revisión de concesiones. El artículo 75.3 -- los anteriores eran el 48.4 y el 63.3-- que hace referencia a la mejor utilización y a la mejora de los sistemas, precisamente en orden a conseguir ahorros, cuestión que no se ha aplicado por el momento. El artículo 102 de la Ley de Aguas, que habla del fomento desde la Administración precisamente de todo lo que son medidas de modernización y reutilización, incluso de subvención de desaladoras, asunto de gran actualidad, que tampoco se ha desarrollado suficientemente, en nuestra opinión, hasta el momento, porque tan sólo existe un Decreto del Ministerio de Agricultura que subvenciona parcialmente la mejora de regadíos, pero nosotros entendemos que es insuficiente. Por eso pensamos que es bueno hacer una referencia concreta a los artículos de la Ley de Aguas.
Nuestro punto 2.º, debidamente enmendado, hace referencia a los convenios con administraciones municipales y comunidades autónomas en orden a mejorar las redes de distribución, las de conducción y también a los convenios con comunidades de regantes en orden a modificar toda la cuestión de acequias y redes de distribución respecto a los regadíos.
A este respecto hay un acuerdo ya generalizado respecto a que ahí hay todavía mucho que hacer, que se puede conseguir una mayor disponibilidad de recursos sencillamente mejorando lo que son nuestros sistemas de riego, mejorando nuestros sistemas de abastecimiento, nuestras redes de distribución y nuestras grandes canalizaciones.
A partir de ahí el punto 3.º de nuestra proposición lo que hace es plantear algo que venimos arrastrando en los últimos años.
Como muy bien saben SS. SS., la utilización de las aguas de regadío se tarifa en función de dos variables: una referida a la superficie de regadío y otra a los volúmenes derivados. Nosotros entendemos que, como hemos visto a lo largo de estos últimos años, en los años de sequía, cuando la agricultura tiene graves problemas para salir adelante, cuando nuestros agricultores tienen una situación de dificultad enorme, sistemáticamente lo que estamos haciendo es condonar o aplazar el pago de esos cánones relacionados con la superficie, que serían los únicos que pagarían, por cuanto los de volúmenes, tratándose de sequía, lo que pasa es que no riegan, y nuestros agricultores se resisten a pagar ese canon, que es fijo independiente de que rieguen o no, relacionado con la superficie del cultivo.
Nosotros entendemos que en vez de seguir con esta ficción actual, que teóricamente plantea una fórmula binaria de superficie y de volumen derivado, lo que hay que hacer es clarificar definitivamente la cuestión y plantear un sistema de tarifas basado en los consumos derivados por nuestros regadíos, de forma que si hay un año que por razones de sequía, por falta de existencia de recursos no se puede regar, sencillamente nuestros regantes no tengan que pagar ese año, liberándoles de una carga que difícilmente podrán soportar en una situación económica francamente difícil como la que se producirá en una situación semejante, como de hecho se ha venido produciendo a lo largo de estos años por decretos o por acuerdos de Consejo de Ministros; lo que queremos es, sencillamente, que se haga automáticamente, sin que se esté a expensas de un acuerdo o no del Consejo de Ministros.
Por último, el punto 4.º prácticamente es coincidente con el del Grupo Socialista y sencillamente refleja nuestra confianza en que la educación de los ciudadanos, de los hombres y de las mujeres es el punto básico para que todos seamos conscientes de la importancia capital en nuestras vidas del producto agua; para que todos seamos conscientes de que es un elemento limitado, un elemento vital, un elemento sólo parcialmente renovable y que, por tanto, seamos lo más cuidadosos posible en su utilización.
A partir de aquí, señor Presidente --termino--, hemos estado planteando con los distintos grupos la posibilidad de llegar a un acuerdo. Voy a escuchar las intervenciones de los otros grupos para manifestarme sobre las enmiendas planteadas por la representante del Grupo Socialista. Creo que entre todos debemos, en principio, obtener de nuevo un acuerdo general para dar unos impulsos que vayan encaminados a lograr la mejor utilización del recurso agua por parte de los que son responsables en este momento. Por tanto, voy

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a esperar a que hablen los otros portavoces para manifestarme al respecto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De Palacio.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Vamos a fijar nuestra posición respecto a las proposiciones no de ley planteadas por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, relativas a la política del ahorro del agua.
Evidentemente, los temas que hoy se plantean por ambos Grupos nos parecen aceptables, van en la misma línea en cuanto al fondo.
Obviamente, una política hidráulica debe ir a garantizar la existencia de agua suficiente y de calidad para el consumo de los ciudadanos, en definitiva, para toda la estructura económica.
Nos parece bien cuando el Grupo Parlamentario Popular plantea la remisión de un plan nacional sobre ahorro y reutilización del agua, pero quizá debería haber hecho referencia también en ese primer punto a la participación de las comunidades autónomas; queremos pensar que no olvida que las administraciones autonómicas también tienen competencias en la gestión del agua, en la medida en que las cuencas intracomunitarias, que no tienen una trascendencia superior a la de la comunidad autónoma, o sea, ríos que transcurren íntegramente por una comunidad autónoma, son competencia de la misma. Pero no vamos a dar más importancia a tal cuestión.
Lo que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su punto primero, relativo al tema del Plan Hidrológico, juntamente con los planes a que hacen referencia las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados, nos suscita la duda de la preferencia o la prioridad que debe tener la planificación hidrológica como planificación interactiva; es decir, ¿qué debe ir primero, el Plan Hidrológico Nacional o los planes de cuenca? Una política sensata de administración hidráulica nos llevaría a decir que primero tiene que existir una planificación en cada una de las cuencas, tienen que existir los planes de cuenca. ¿Por qué? Porque la finalidad de Plan Hidrológico, y así lo atribuye la Ley de Aguas, es la de coordinar, la de cohonestar lo que los diferentes planes de cuenca dicen. En definitiva, no vamos a empezar por una planificación general si no tenemos la inmediatamente inferior.
También nos parece adecuado el planteamiento que realiza el Grupo Parlamentario Socialista en su primer punto. También se nos han pasado por parte del Grupo Parlamentario Popular una serie de enmiendas transaccionales en virtud de las cuales se daría ya una redacción más concreta al conjunto de las dos proposiciones no de ley, la del Grupo Popular y la del Grupo Socialista. Nuestro Grupo Parlamentario coincide, no podría ser de otra manera, con la filosofía que ahí se mantiene. No vamos a ser más reiterativos. Creemos que los debates de fondo sobre esta cuestión ya se han hecho. Estamos de acuerdo con el documento que hemos recibido en este escaño de manos del Grupo Parlamentario Popular, en el que se hace el resumen de las enmiendas transaccionales que nuestro Grupo estaría dispuesto a apoyar.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, permítanme empezar la intervención de fijación de posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con unas reflexiones derivadas, eso sí, de las dos proposiciones no de ley que debatimos, sobre ahorro y uso racional del agua.
Estoy plenamente convencido de que estamos perdiendo el tiempo.
Una vez más tenemos un debate sobre agua, otro debate; y dentro de pocos días, uno más, al discutir en el Pleno, cuando corresponda, el plan director de infraestructuras, las propuestas de resolución al mismo, y las que correspondan también a los temas del agua.
¿Qué hemos de decir? ¿Repetir que el agua es un bien escaso? ¿Que podría haber cantidad suficiente si la pluviometría fuese generosa y se repartiesen las lluvias de forma más regular en el espacio y en el tiempo? Pero ello no está en nuestras manos.
Las exposiciones de motivos de las dos proposiciones no de ley nos hablan del período de sequía más prologando del siglo; que la escasez del agua constituye un factor limitativo de nuestro futuro; que más de dos millones de españoles tienen problemas de cortes de agua en el suministro; se habla de la industria y de la gravedad del tema en la agricultura, que se ve imposibilitada a efectuar riegos en sus cultivos. Uno, al preparar estos temas -- varios debates hemos tenido últimamente con la convalidación de diversos Decretos-ley que hacen referencia a la sequía--, llega a la conclusión de que no vamos a solucionar nada. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de consensuar, incluso dentro de los propios grupos u organizaciones políticas, sociales, económicas, etcétera, porque en temas de recursos hídricos hay una especie de autodefensa de lo propio, que no permite ni permitirá avanzar.
Cada uno va a lo suyo. Incluso, en la presentación de las dos proposiciones no de ley ya se veía este difícil consenso marcando cada uno de los intervinientes la propia autodefensa. Es humano.
Son varias, muchas, las veces que en esta Cámara, en Pleno o Comisión, se han debatido iniciativas encuadradas

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dentro del esquema del Plan Hidrológico, Plan que dudo muy mucho que el Ministerio sea capaz de traer a esta Cámara, y no lo digo por el poco tiempo que parece le queda a la legislatura. El Ministerio, creo yo, no sabe ya por dónde andar en ese tema. El Plan Director de Infraestructuras dedica escasamente menos de 40 de sus 427 páginas a recursos hídricos, y prácticamente sólo cita brevemente el ahorro de agua. Además, el Ministerio no cumple los plazos de lo acordado en Comisión y en el Pleno de esta Cámara en marzo de 1994 y febrero de 1995.
Repasando el «Diario de Sesiones» tanto de Pleno como de Comisiones podrán confirmar SS. SS. que la posición de nuestro Grupo siempre ha sido en positivo. En estos momentos, verdaderamente, no es así. Es posible que hoy aprobemos lo que se pide en las proposiciones no de ley, probablemente sí, con enmiendas, autoenmiendas del Grupo Popular, una enmienda del Grupo Socialista y, finalmente, una transaccional, pero ¿prosperará todo ello en el Ministerio? Yo lo dudo.
Hace unos años, con reserva más bien de carácter autonómico, considerábamos que el Ministerio de Obras Públicas tenía un titular que, persona de gran rigor en su trabajo y con gran eficacia, desarrollaba sus funciones de una forma adecuada y positiva. El balance global hasta hace relativamente poco tiempo lo podríamos considerar así.
Aceptamos en parte lo que ha dicho la señora Pelayo sobre las realizaciones que se han llevado a cabo, pero muchas de ellas han resuelto sólo temas parciales y, si no parciales, sí fuera de un contexto de un plan general que encuadrase todo el tema hidráulico. Ahora bien, apareció un grado de deterioro. Quizá todo quedó más o menos en que en los equipos del Ministerio, en los muy diversos equipos que el organigrama define, se escapa la gran diversidad de temas que este macroministerio tiene.
Decía antes que nosotros veíamos un gran rigor en el Ministerio.
¿El rigor que podía imponer un control más directo del señor Ministro se relajó? ¿Quizá una dedicación a estudios y actividades Godspelianas le distrajeron? ¿Quizá el Ministerio creció en demasía? No sé, pero la realidad es que muchos temas están encallados y el hidrológico entre ellos, y así seguirá, por mucho que hoy aprobemos más proposiciones no de ley.
Nuestro Grupo es favorable a la redacción de las dos proposiciones no de ley. Votará favorablemente la del Grupo Socialista y aceptará las autoenmiendas del Grupo Popular a su propia iniciativa, que después quedará, en todo caso, resumida si acepta una enmienda transaccional que se nos ha facilitado.
Respecto a la aceptación de esta enmienda, depende de cómo quede el tema, teniendo en cuenta que nosotros teníamos nuestras dudas en el punto primero de la enmienda inicial del Grupo Socialista.
No le dábamos credibilidad.
Para finalizar, señor Presidente, señorías, una vez fijada nuestra posición quiero reiterar una vez más la disposición de nuestro Grupo al consenso, con fuerte debate, cómo no; consenso - --digo-- en el gran pacto de agua que se precisa. La resolución de todos los temas hidrológicos que creemos posible en el tiempo debe lograrse por solidaridad con la comunidad, ya sea comunidad de personas, en la agricultura, en la industria, etcétera. Debe lograrse por humanismo o, incluso, por dignidad personal de todos nosotros y por dignidad institucional. Que fuese hoy realmente el día 0, el día de inicio de una salida distinta nos daría gran satisfacción. Esperamos que sea así.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, crean ustedes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene un gran respeto por las iniciativas que todos los grupos parlamentarios traen a esta Cámara, porque estimamos que hay buena voluntad por parte de los grupos parlamentarios en resolver los problemas que acucian a nuestros ciudadanos y, por lo tanto, mantenemos el respeto a todas las iniciativas y, por supuesto, también a ésta.
Pero permítanme que les diga, señorías, que a estas alturas de la película, con la gravedad que ha alcanzado el problema del agua y con la necesidad que tenemos de que se tomen decisiones políticas importantes sobre la cuestión del ordenamiento del agua en nuestro país, que se encarguen ahora estudios para realizar dentro de seis o de tres meses que pospongan decisiones políticas, que son urgentes no para hoy, sino que eran urgentes hace muchos años, da lugar a que los ciudadanos puedan pensar que este Parlamento, que este Congreso de los Diputados, está años luz por detrás de la resolución de sus auténticos problemas.
Señoras y señores Diputados, manteniendo el respeto a la preocupación que sobre este asunto han trasladado los dos grupos parlamentarios mayoritarios a la Cámara permítanme ustedes decirles que esto no soluciona absolutamente en nada los problemas que tenemos. Yo creo que esos dos grupos mayoritarios luego, a la hora de la verdad, cuando se toman decisiones, son extraordinariamente cobardes --y lo digo respetuosamente-- en la cuestión del uso y ordenamiento del agua, y considero que los ciudadanos se pueden llevar una pésima impresión en cuanto al interés que tenemos en esta Cámara en los problemas reales y en concreto en los del agua.
Permítanme además decirles que cuando estamos tomando decisiones de hacer estudios a seis meses sobre medidas de ahorro de agua y a tres meses sobre otros aspectos de la política hidráulica, mientras estamos haciendo eso, estamos tomando aquí decisiones,

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sin ningún plan hidrológico que lo sustente, nada más y nada menos que del trasvase del Guadiaro al Majaceite; estamos tomando decisiones del trasvase de la cuenca del Tajo al Segura en época de plena sequía en la cuenca del Tajo, y estamos tomando decisiones sobre un futuro trasvase de la cuenca del Tajo a la del Guadiana y esto, además, por Decreto-ley, hurtando cualquier tipo de debate serio y concienzudo político en la Cámara.
Mientras tanto, nos permitimos el lujo de traer iniciativas de esta naturaleza que no son más que encargos de estudios a seis meses, estudios sobre los que luego habrá que tomar decisiones políticas. Y yo me pregunto señoras y señores Diputados, ¿para cuándo las decisiones políticas en la cuestión del agua dentro de esta Cámara? ¿Para cuándo se van a tomar decisiones que realmente comprometan políticamente a la Cámara y al Gobierno que sustenta esta Cámara, sea el gobierno que sea? Por tanto, señoras y señores Diputados, permítanme que muestre mi más completo escepticismo. No quisiera participar o ser cómplice en una ceremonia más o menos farisaica diciendo que queremos tener una actitud racional sobre el uso del agua cuando estamos aprobando decreto --ley tras decreto-- ley de una forma extraordinariamente irracional.
Señoras y señores Diputados, quiero decirles que mientras tomamos decisiones como ésta, en la gestión del agua tenemos problemas importantísimos que no somos capaces de abordar. Es cierto que no tenemos Plan Hidrológico, pero sí tenemos, por ejemplo, unas confederaciones hidrográficas que son un auténtico desastre, organismos que están anclados en el más pretérito de los pasados sin ningún tipo de articulación con el presente, sin ningún tipo de modernización. Además, son organismos que manejan una cantidad de millones impresionante, que se gestionan de una forma absolutamente opaca. Invito a SS.SS., cuando se tramiten los Presupuestos Generales del Estado para 1996 --que se aprobarán o no, pero que se traerán a esta Cámara--, a que vean las cuantiosas partidas destinadas a las confederaciones hidrográficas de las que no se sabe su destino concreto. Después nos encontramos con hechos como el que está sucediendo, por ejemplo, en la bahía de Algeciras, en el que la Confederación Hidrográfica del Sur se ha equivocado, nada más y nada menos, que en calibrar cuáles son los recursos de agua existentes para esa zona, y un día, por sorpresa, dicen que no hay más agua para el Campo de Gibraltar porque la Confederación Hidrográfica del Sur no sabía el agua que tenía. Y en este país no dimite nadie, ni dimiten los responsables de la Confederación Hidrográfica del Sur ni el Director General de Recursos Hidráulicos, señor Baltanás, ni dimite nadie, después que se ha comprobado que han cometido el error de no saber calibrar el agua que realmente existía para abastecer una zona. Errores como esos y gestiones como esas las confederaciones hidrográficas los tienen a barullo. Miles y miles de millones de pesetas para reparar las diferentes conducciones de riego que no se sabe cómo se han utilizado, mientras aquí estamos planteando que dentro de seis meses se nos traiga un estudio de cómo podemos ahorrar el riego en los tiempos futuros.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo Parlamentario cree que hubiera sido mucho más útil que hubiéramos tenido un Ministro que se hubiera dedicado al agua, porque desde hace mucho tiempo tenemos un Ministro que el agua le trae al fresco, le importa un pimiento. Se dedica a las telecomunicaciones, que son poder, pero no se dedica nada al asunto del agua. Si hibiéramos tenido a alguien que de forma responsable se hubiera dedicado al agua, que se hubiera comprometido a resolver los problemas del agua, a coger el toro por los cuernos, sabiendo que a lo mejor tiene que plantear medidas impopulares, que a lo mejor tiene que decir que se restrinjan los riegos en algunas zonas de España; sabiendo que al socaire de que se haga un trasvase no se pueden incrementar indefinidamente las zonas de riego, como ha pasado en algunas de España; sabiendo que cuando se ha dicho que se hacía el trasvase del Tajo al Segura --en eso no hay que engañarse-- iban a aumentar más hectáreas de riego de las que en principio se preveía, algo hubiera cambiado. Me refiero a esta zona de España como a cualquier otra. Que no piense nadie que tengo nada contra ellas. Ni muchísimo menos. Repito: si hubiéramos tenido un Ministro que valientemente hubiera actuado en todos estos problemas, creo, señoras y señores Diputados, que a estas alturas de la película no tendríamos que tomar decisiones puramente simbólicas que quizá pueden servir para limpiar la conciencia colectiva de esta Cámara --incluida la mía-- diciendo que nos preocupamos de los problemas del agua, cuando lo cierto y verdad es que va a pasar otra legislatura sin que esta Cámara, y por supuesto el Gobierno, sustentado por la mayoría de esta Cámara, haya sido capaz de darle al país una alternativa de rigor, una alternativa en la cual pueda tener un porvenir, un futuro la gestión del agua dentro de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
La señora De Palacio tiene la palabra para indicar si acepta o no la enmienda presentada a su iniciativa por parte del Grupo Socialista.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
En lugar de esa enmienda de sustitución, el Grupo Popular propone al Grupo Socialista la siguiente enmienda transaccional. En el punto primero se habla de un plazo de tres meses para enviar el plan nacional sobre

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medidas aplicables para el ahorro y reutilización del agua y sus diversos usos. Nosotros proponemos que ese plazo se amplíe a seis meses.
En vez de una referencia expresa, como nosotros hacíamos, a los distintos artículos de la Ley de Aguas, se debería añadir al final de la propuesta del Grupo Popular un inciso que diga: y de acuerdo con las previsiones contenidas sobre esta materia en la Ley de Aguas; es decir, hacer una referencia genérica.
En cuanto al segundo punto, sustituir el texto de la proposición del Grupo Popular por la redacción del Grupo Socialista. Nosotros hablábamos de acelerar, porque es cierto que algunos acuerdos se están llevando a cabo. Ellos hablan de continuar y no vamos a discutir por una palabra. Entendemos que no es un problema de redacción, sino una cuestión de trascendencia, como es el agua.
Por lo que se refiere al tercer punto, en nuestra proposición, debidamente enmendada, pedíamos que se presentara en esta Cámara en el plazo de seis meses un estudio sobre las tarifas del agua, con una propuesta de aplicación concreta con destino a riegos basada en los volúmenes derivados. Después de lo manifestado por la portavoz socialista, propondríamos un texto que dijera: presentar ante esta Cámara en el plazo de seis meses un estudio sobre las tarifas del agua con destino a riegos basadas en los volúmenes derivados. Es decir, que se suprimiría: con una propuesta de aplicación concreta. Lo lamentamos, pero lo hacemos en aras al consenso y a la unanimidad de esta Cámara sobre una cuestión como ésta. Finalmente, dejaríamos el punto cuarto tal como está.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En consecuencia, el cuarto punto quedaría tal como está en la proposición.
¿Está conforme la señora Pelayo con la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Popular?

La señora PELAYO DUQUE: Sí, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a votar las dos proposiciones no de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa al ahorro y uso racional del agua.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 287.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a medidas a adoptar por el Gobierno para favorecer el ahorro y el uso racional del agua, que se somete a votación en los términos de la transacción acordada en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 288.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA AGRARIA DEL GOBIERNO, EN RELACION CON LA PREVENCION Y REDUCCION DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS METEOROLOGICOS ADVERSOS Y DE PROTECCION DE LOS PERJUDICADOS (Número de expediente 173/000093)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre la política agraria del Gobierno en relación con la prevención y reducción de daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos y de protección de los perjudicados.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, me propongo defender la moción que es consecuencia de la interpelación que la semana pasada presentamos ante esta Cámara.
(Rumores.) En primer lugar, quisiera recordarles, señorías, que los puntos de esta moción...


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla. Señorías, ruego guarden silencio.
Cuando quiera.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Quisiera recordarles, señorías, que los puntos de esta moción guardan una íntima relación con el Real Decreto 4/95, que actualmente se está tramitando como proyecto de ley. Por tanto, debe entenderse que los puntos a los que me referiré serían exigibles para aquellas situaciones de catástrofes como puede ser la sequía y las heladas. No se trata de ayudas que estemos planteando con carácter generalizado, sino con

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carácter coyuntural para aquellos años que se consideren catastróficos.
Señorías, pensamos que la sequía, que ha afectado a un 60 por ciento del territorio y que ha supuesto unas pérdidas de 600.000 millones de pesetas y del 30 al 40 por ciento del trabajo eventual en el campo, debe ser afrontada con carácter de solidaridad estatal, de solidaridad nacional. Es cierto que las comunidades autónomas han habilitado líneas de ayudas --en algunas comunidades más que en otras--, pero pensamos que de esta Cámara debe surgir, con este criterio de solidaridad, una serie de ayudas que vayan a paliar los daños de sequía y heladas.
Me voy a referir a los puntos en los que se pormenoriza la moción y, en primer lugar, al que se refiere al Decreto 4/95 y actual proyecto de ley, que insta a que cuantas ayudas se destinen a la sequía lo sean también para las heladas. Hay regiones, hay comunidades autónomas donde determinados productos -- concretamente los frutos secos, pero también otros productos hortofrutícolas-- han sido dañados seriamente por las heladas y, sin embargo, por parte del Gobierno, no se establecen aquellas ayudas que se contemplan para la sequía.
En segundo lugar, como tuve ocasión de señalar con motivo de la interpelación, nosotros creemos que, aparte de las ayudas que se puedan habilitar para la industria agroalimentaria, para aquellas explotaciones que no se dediquen con carácter exclusivo a la agricultura --que pensamos que también deben tenerlas en cuanto a mejora de estructuras y para su modernización-- hacen falta en nuestro país unas líneas de ayuda directa para las explotaciones familiares agrarias. Y es a eso a lo que se refiere el punto 2 de la moción. Pedimos efectivamente ayudas directas para explotaciones agrarias de tipo familiar con rentas que no alcancen la renta de referencia.
Se me ha dicho por parte de algunos grupos que esto supondría un gasto importante y que podría incrementar el déficit público. Nos estamos refiriendo, señorías, y así lo recoge nuestra enmienda al proyecto de ley, a aquellas explotaciones cuya renta familiar global por unidad de trabajo familiar no supere a la renta de referencia. Por tanto, no deberíamos sumar solamente los ingresos derivados de la explotación, sino aquellos otros que la unidad familiar pueda recibir y que no se deriven directamente del campo. Esto se puede saber y cuantificar muy bien a través de las declaraciones de la renta. De hecho, este sistema --el de la renta global familiar-- sirvió para el Programa de Ayuda de la Renta Agraria --el PARA--, el cual distribuyó ayudas por importe de 5.000 millones de pesetas. Esta es la referencia que nosotros queremos hacer en relación con estas ayudas directas.
Por otra parte, señorías, hay explotaciones agrarias que, debido a que la sequía ha incidido muy negativamente durante dos o tres años, están en una situación de endeudamento crónico y pensamos que la solidariad nacional debría ir a la refinanciación de esta deuda a través de créditos «ex novo» en mejores condiciones, para lo que debería haber ayudas estatales.
En la letra c) del apartado 2 recogemos el hecho de que debería existir un apoyo específico para aquellos agricultores, para aquellos titulares de explotaciones que han suscrito un seguro agrario pero, que al no haberse producido la nascencia del producto determinado --puede se cereal o, en el caso de la viña, que el brote sea muy pequeño-- dicho seguro no entra en garantía.
Estas explotaciones, estas personas, estos titulares no tendrán la prima del seguro y, sin embargo, creemos que deberían tener un apoyo específico, precisamente porque se han preocupado de suscribir un seguro agrario que está en la línea de lo que entre todos pensamos que debería ser el seguro agrario generalizado.
El punto 2 se refiere a la condonación del pago de las tarifas de utilización del agua y de los cánones de regulación. Se me ha sugerido que esto podría crear un grave precedente. Tengan en cuenta, señorías, la situación de aquellos titulares de explotaciones de regadío que se ven obligados a pagar el canon, la tarifa, cuando no ha habido agua para regar. Por ello en esta situación puramente coyuntural es en la que pedimos la condonación de estos cánones de regulación y de las tarifas.
Durante mi intervención en la interpelación expresé que los trabajadores por cuenta propia están sufriendo tremendamente -- nos estamos ocupando de los trabajadores por cuenta propia--, y que esos seis millones y medio de jornadas que se han perdido en el campo significan que 747.000 trabajadores eventuales se van a ver con muchas dificultades para poder disponer este año de las rentas necesarias para sus familias. Efectivamente, a través de los acuerdos con el Inem se han suscrito acuerdos --y valga la redundancia-- que implican la aportación de 5.000 millones de pesetas para la creación de empleo. Nosotros creemos que esas cantidades se deben incrementar y que, además, se debe crear un fondo, dotado de 4.000 millones, para créditos destinados a la financiación de inversiones para la contratación de trabajadores en paro, a través de convenios Inem y ayuntamientos.
El Real Decreto 4/1995, actual proyecto de ley, contempla la moratoria de un año sin interés en la cuota de los trabajadores del campo por cuenta propia. Nosotros creemos que esa medida debería hacerse extensiva a los asalariados del campo por cuenta ajena, que son eventuales, y que dicha medida, en lo que se refiere a la cuota del trabajador, debería tener también el beneficio de esa moratoria durante un año sin interés.
En el punto 5 recogemos nuestra preocupación en relación con las cooperativas de comercialización y transformación que, como saben SS. SS., debido al déficit de producción de materias primas, no van a poder comercializar y transformar los productos como habitualmente

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lo vienen haciendo cada año. En este sentido, nosotros creemos que, en lo que se refiere a los costes fijos, debería haber una ayuda directa para compensárselos, porque, independientemente de que la producción se haya reducido en un 30, 40 o 50 por ciento, los costes fijos van a tenerlos que pagar igualmente. Pensamos que las cooperativas deberían articular una ayuda para esos costes fijos.
En el punto 6 se propone una media que puede suscitar consenso, a excepción de un grupo parlamentario que me ha expresado su no disponibilidad a votarlo. Me refiero al reparto social del agua.
Esta medida se recoge por primera vez en el Decreto-ley 4/1995.
Nosotros creemos que es muy importante que este año se haya recogido, sin embargo, no es suficiente su mero enunciado.
Creemos que hay que vigilar que se cumpla y exigir su cumplimiento, porque, de hecho, ha habido comunidades autónomas que lo han puesto en marcha en años anteriores, lo cual supuso un paso importante, pero después su cumplimiento no ha tenido el nivel esperado. Por tanto pedimos que se exija. El reparto social del agua se puede realizar bien incentivando aquellos cultivos intensivos que utilizan mucha mano de obra, y por tanto estaríamos fomentando el empleo, bien en aquellos cultivos en los que, de no producirse dicho reparto, la renta familiar de los titulares de la explotación se queda a cero, con las dificultades que supone emprender un nuevo año prácticamente sin renta. Esta medida es legal, está recogida en el artículo 56 de la Ley de Aguas en que se regula que en situaciones especiales de sequía se pueden habilitar medidas de estas características.
Por último, señorías, en el punto número 9 recogemos una demanda expresa de las organizaciones agrarias: la constitución de una mesa no de sequía, sino de seguimiento de riesgos climatológicos.
Es cierto que las organizaciones agrarias negocian con el Ministerio; es cierto que las organizaciones agrarias negocian con las comunidades autónomas, pero pensamos que debe haber un foro que sea específico, que se reúna periódicamente y que por parte de los participantes se puedan exigir estas reuniones, porque tampoco es de recibo que se convoque a las organizaciones agrarias cuando a las administraciones les interesa y, sin embargo, en otras situaciones no se las convoque.
A pesar de que anteriormente he dicho «por último», me doy cuenta de que me he dejado una parte muy importante: aquellos puntos que se refieren a la implicación que ha de tener la Unión Europea en todo lo relativo a la sequía y las heladas en nuestro país. Como miembros de la Unión Europea afectados de forma especial por estos riesgos climatológicos, pensamos que por parte de la Unión Europea se tienen que habilitar programas para que se puedan aplicar medidas agroambientales de ahorro de agua.
No me estoy refiriendo a aquel fondo que el Ministro Atienza planteó aquí el otro día, que es un fondo para medidas estructurales, de mejora de infraestructura de regadíos, que sería un fondo de 50.000 millones de pesetas a repartir hasta el año 1999 entre todos los países de la Unión Europea, incluyendo Holanda o Bélgica, que han sufrido heladas; no me estoy refiriendo a eso, sino a aquellas medidas agroambientales que puedan estimular e incentivar el ahorro de agua.


El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, le ruego concluya.


La señora RIVADULLA GRACIA: Termino ya, señor Presidente.
Por ejemplo, en los acuíferos 23 y 24 de Castilla-La Mancha se han habilitado medidas financiadas al 50 o al 75 por ciento, según las zonas, por el Feoga. Realmente se aporta ayuda, se aporta financiación a aquellas propiedades que no riegan para que puedan hacerlo aquellas otras que son propiamente agrarias, que necesitan el agua para las producciones y para poder sacar adelante la explotación. Por otra parte, en la política agraria comunitaria, cuando se tengan que fijar nuevos estabilizadores, que se tenga en cuenta el hecho de que en España hay sequía, lo que se tendrá que considerar a efectos de fijar las superficies y las producciones de referencia.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
A esta moción se han presentado dos enmiendas, una de ellas del Grupo Popular. Para su defensa y para fijar la posición de dicho grupo, tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos una vez más el grave problema que afecta a toda la agricultura y la ganadería española, como son los daños consecuencia de las inclemencias meteorológicas: sequía, heladas, etcétera.
La situación --no vale la pena repetir más los datos; se han repetido sobradamente-- es dramática para nuestro sector agrario, tanto para agricultores como para ganaderos, así como para los trabajadores del campo, ya sean eventuales como por cuenta propia. Frente a esta dramática situación, frente a los graves daños y pérdidas que está sufriendo el campo español, tenemos que denunciar una vez más en esta Cámara la falta de seriedad, de respuesta suficiente por parte del Gobierno socialista a la hora de tomar medidas para tratar de disminuir, de aminorar los daños y las pérdidas de renta de los agricultores. Los reales decretos que se promulgaron en años anteriores para paliar los efectos de la sequía --lo dije el miércoles pasado en la interpelación-- fueron totalmente insuficientes, y este año el Real Decreto-ley 4/1995 sigue siendo totalmente insuficiente, alejado de la realidad agraria, como lo confirma --baste como muestra un botón- - la interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya

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y la moción que estamos debatiendo en estos momentos. Este real decreto-ley es totalmente insuficiente porque solamente se refiere a la sequía y deja totalmente olvidados los daños a causa de las heladas, heladas que han sido muy fuertes y que han azotado a casi la totalidad --bien es verdad que en zonas concretas-- de la geografía española.
Creemos que la moción de Izquierda Unida hace justicia a la parte quizá más vulnerable del sector agrario español como es el de las explotaciones familiares agrarias y el de los trabajadores, y nuestro Grupo Parlamentario la entiende como complemento del Real Decreto-ley 4/1995, que vamos a seguir debatiendo al tramitarse como proyecto de ley, con las correspondientes enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario.
En lo que se refiere a los puntos concretos de la moción, tengo que decir a la proponente que estamos totalmente de acuerdo con el punto 1 de la misma, en el que se propone que se extiendan las ayudas económicas a las zonas afectadas por las heladas, que es algo que no figura en el Real Decreto-ley 4/1995 y que nuestro grupo solicitó en la moción que presentamos en el mes de mayo sobre este mismo tema.
Estamos de acuerdo también con el punto 2 de la misma, en el que se pide el apoyo a las rentas de las explotaciones familiares agrarias y de los asalariados del campo. Al mismo tiempo tenemos que denunciar que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista racanean, como hemos denunciado anteriormente, en la situación del campo puesto que excluyen el punto 1 de la moción en su enmienda de sustitución. También eliminan un tema importante en el punto 2 a), la cuestión de las heladas que, repito, no están contempladas en el Real Decreto-ley. Asimismo, en su enmienda de sustitución, el Grupo Socialista elimina el punto 2 b) de la moción.
En cuanto al punto 2 c) hemos de decir que estamos de acuerdo con el tema de los seguros agrarios, si bien no vamos a entrar aquí a hacer una valoración de los fallos que ha habido en este tema, pero sí hemos presentado una enmienda en la que pedimos que se haga una cita expresa del caso de los viñedos porque no hay que olvidar que hay 150.000 hectáreas de cepas que van a tener que arrancarse como consecuencia de la sequía, así también van a tener que arrancarse en otras zonas, como por ejemplo en la comarca de Requena-Utiel, en la que el pedrisco o las heladas han echado a perder no sólo la producción sino también las cepas.
También estamos de acuerdo con el punto 2 d), relativo a un tema al que aludía nuestra moción del mes de mayo. En este punto vemos que el Grupo Socialista sigue sin querer entrar en la condonación de las tarifas de utilización del agua y de los cánones puesto que parece referirse al Real Decreto-ley, donde no se dice que se condona sino que ya se pagará más adelante, con lo cual, el año que no haya sequía, los agricultores que no hayan pagado durante esos años los cánones de riego van a tener que pagarlos de golpe, y ya veremos qué economía agraria va a poder aguantarlo.
Nuestro grupo también está de acuerdo con el punto 3 de la moción, que pide el apoyo a los asalariados del campo mediante el incremento de los presupuestos destinados a facilitar el empleo para éstos, dada la pérdida de los jornales. Por cierto, el Grupo Socialista también excluye este punto en su enmienda de sustitución, así como también elimina los puntos 4 y 5, que nuestro grupo parlamentario va a apoyar porque creemos que los trabajadores por cuenta ajena deben tener las mismas facilidades que los trabajadores por cuenta propia. Hemos presentado una enmienda de adición al punto 4, que propone añadir, después de «extienda los trabajadores por cuenta ajena», la siguiente frase: «en la parte que corresponda al trabajador».
No estamos de acuerdo con el punto 6 de la moción, en el que se habla del apoyo al reparto social del agua puesto que creemos que ése es un problema en el que resulta difícil establecer qué criterios se pueden adoptar en ese reparto social del agua. Hemos presentado una enmienda de sustitución de este punto 6, que dice lo siguiente: «Apoye el uso racional del agua y aplique los resortes contemplados en la Ley de Aguas a los casos extremos de sequía». Pensamos que en la Ley de Aguas ya aparece definido y creemos que este punto es suficientemente clarificador.
También vamos a apoyar el punto 7 de la moción --al igual que el Grupo Parlamentario Socialista-- un programa de ayudas agroambientales para ahorro de agua en los regadíos, con el que estamos totalmente de acuerdo.
Asimismo estamos de acuerdo con el punto 8 de la moción, que viene modificado en la enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista, que elimina un párrafo importantísimo y con el que estamos de acuerdo, que es la última parte del punto 8 de la moción que dice que debería tenerse en cuenta la existencia de años catastróficos al calcular las producciones y/o superficies de referencia. En la interpelación ya hice referencia a un caso muy concreto, como es que la sequía va a hipotecar nuestro futuro en el arroz, porque empezamos con una superficie máxima garantizada muy inferior a nuestro potencial de producción en un año normal, en un año que no hubiera sequía. Creemos que es importantísimo que conste literalmente ese punto tal y como figura en la moción.
También estamos de acuerdo con el punto 9 y último, pedido en nuestra moción del mes de mayo y con el que también el Grupo Socialista está de acuerdo.
Termino diciendo que, por supuesto, es un esfuerzo económico muy importante, señores socialistas, pero, como dije en mi interpelación del miércoles pasado, Bruselas se va a ahorrar posiblemente más de 200.000 millones de pesetas de fondos comunitarios, con las sequías y las heladas en España, en ayudas a la producción, en destilaciones, en intervenciones, en retiradas,

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en almacenamientos, en restituciones a la exportación. Por tanto, creemos que por parte del Gobierno español hay que hacer un esfuerzo muy importante para que Bruselas se moje y ese dinero que se va a ahorrar vaya para la mejora de las rentas de los agricultores españoles. Señores socialistas, nosotros no tenemos la culpa de que en años de bonanza económica no se hayan tomado todas las medidas necesarias para paliar en lo posible los años de sequía, como no se han hecho las suficientes obras de infraestructura hidráulica. Como no se han previsto estos problemas en años en que los presupuestos generales del Estado lo podrían haber soportado muy fácilmente, ahora estamos en un año de déficit público, económicamente difícil y la realidad está ahí: los agricultores y las explotaciones familiares lo están sufriendo. Por tanto, señorías, creo que hay que hacer un esfuerzo económico tanto desde los presupuestos generales del Estado como desde los fondos comunitarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, si me lo permite la Presidencia, voy a hacer una referencia a las últimas palabras del señor Pascual, que ha hablado de la ausencia de infraestructuras o la presunta ausencia de una política hidráulica que hubiera paliado los efectos de la sequía. Pero de lo que no se da cuenta el señor Pascual es de que por muchas infraestructuras que se hubieran hecho, que habría que discutir si hubiera apoyado su grupo que las cantidades destinadas a programas sociales o de otro tipo se hubieran invertido en más infraestructuras hidráulicas, desgraciadamente, si no llueve, por muchas infraestructuras hidráulicas que se tengan no se llenan de agua. Por tanto, el problema lo seguiríamos teniendo igual y no es falta de previsión, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto en debates sobre el agua que hemos tenido en esta Cámara reiteradamente, como el de hace pocos minutos.
Hecho este excurso en la referencia que hacía el señor Pascual, que creo que no se ajustaba a la realidad, debemos decir desde mi grupo que nos aproximamos a este problema una vez más, desgraciadamente, con la recurrencia de estos últimos cuatro años, no solamente de éste, y que además se ha extendido ya el problema a los regadíos, a esas infraestructuras hidráulicas que existiendo no tienen agua para regar.
Decía el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la presentación de su interpelación, ser partidario de la economía parlamentaria y que creía que era necesaria la interpelación y la moción subsiguiente porque no iba a ser posible la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley dadas las circunstancias políticas. Se confirma que puede ser tramitado, va por el procedimiento de urgencia, está ya en Ponencia, la Comisión se reunirá próximamente y las enmiendas son muy similares a lo que ustedes traen hoy aquí con esta moción. Además, las enmiendas -- hay que decirlo-- son más afinadas en el sentido de que hablan de cantidades concretas que si las sumamos --el señor Pascual no se ha querido referir a ellas porque parece que no las ha estudiado detenidamente-- dan que pensar sobre dónde debemos movernos.
Nuestro grupo se ha aproximado a este problema desde una visión con dos variables. Por una parte, la variable parlamentaria: hay un decreto-ley que se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, está en trámite de enmiendas y puede ser aprobado en esta legislatura. La otra variable es la presupuestaria. Nuestro grupo quiere dejar claro, con absoluta responsabilidad, que nos debemos mover en éste y en tantos otros problemas dentro de recursos limitados y de un marco presupuestario, si no para reducir, por lo menos para no incrementar el déficit. Parece que a su grupo no le importa el déficit, en función de esas enmiendas que anuncian; y al Grupo Popular parece que en este acuerdo conjunto tampoco le preocupa el déficit que pueda producirse con este problema. Con esa doble visión del marco parlamentario, que es la urgencia en la tramitación de las enmiendas que tenemos presentadas al proyecto de ley, y del marco presupuestario, siempre teniendo en cuenta no incrementar el déficit, nos hemos acercado a esta moción, con el ánimo de poder llegar a aproximaciones y acuerdos, como solemos hacer con su grupo y con los demás. Y lo hemos hecho, primero, intentando excluir en nuestra enmienda los temas que en la suya son tratados en el proyecto de ley o por las enmiendas de los demás grupos o por acuerdos Administración-sindicatos que se han producido a lo largo de estos últimos días. Segundo, nos hemos centrado en los temas complementarios asumibles en ese marco presupuestario de no incrementar el déficit, a que me he referido anteriormente, como son los de cooperación con comunidades autónomas, iniciativas propias exclusivas del Gobierno o iniciativas ante la Unión Europea. Por último, también hemos querido incluir, porque parece que sería más adecuado en el marco de una moción, una enmienda que ustedes efectúan al proyecto de ley: una adicional tendente a solicitar un informe sobre los efectos de la sequía, sus consecuencias y los efectos que han tenido las ayudas y las medidas que a lo largo de los últimos cuatro años se han adoptado, ya que, como digo, hemos creído que esta moción era un marco más adecuado que la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley. Por tanto, con esa visión hemos presentado dicha enmienda, que aborda los problemas excluyendo lo que puede ser tratado en el decreto, lo que está tratado con los sindicatos y centrándonos en lo que podrían ser nuevas acciones del

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Gobierno y de las comunidades autónomas ante la Unión Europea.
Asimismo, en su moción se hace referencia al tema de las heladas, al que nos aproximamos en nuestra enmienda haciendo una conjunción de lo que ustedes dicen en el punto 1 y en el 2 c), es decir, relacionando las heladas, señorías --no hay que olvidarlo--, y las pérdidas por heladas con los seguros agrarios. No se puede deslindar el tema de las heladas del de los seguros agrarios, porque si se dan indiscriminadamente ayudas a las heladas de productos asegurados estamos desincentivando el aseguramiento, que es muy importante. Por tanto, lo ligamos al seguro agrario, como ustedes hacen también en el punto 2 c).
Entendemos que si hay que apoyar parte de su moción, porque se rechace nuestra enmienda o porque pueda ser votada separadamente, el apoyo que pueda darse a la extensión de ayudas a las heladas creemos que debe entenderse --y su grupo también deberá entenderlo así por la redacción del punto 1 y el 2 c)-- que deben estar combinadas con la situación de los seguros agrarios y con la existencia o no de aseguramiento del riesgo correspondiente.
Por consiguiente, habrá que hacer un acotamiento muy específico de esa situación y de las zonas en donde se encuentren. En ese sentido es como lo entenderíamos en caso de tener que votar o apoyar esas situaciones.
Los puntos 2, 3 y 4 se refieren a temas que figuran, como les decía, en sus enmiendas al proyecto de ley, donde ustedes ya sí hablan de cantidades que nos llevarían a situaciones que creemos no asumibles en ese marco presupuestario, pero que, de cualquier manera, deberemos discutir al debatir el proyecto de ley y estamos dispuestos a ello. En el punto 3 hablan ustedes del problema de los trabajadores, de problemas sociales de empleo rural, de planes de zonas deprimidas, etcétera. Hay un acuerdo, de hace escasamente diez días, de Gobierno y sindicatos por el que se produce un incremento en este año de 2.500 millones, con lo que ya suman 5.000, en los planes de empleo rural y planes de zonas deprimidas. También se aborda en la mesa de seguimiento continuo de esos acuerdos que vienen desde la Ponencia del PER y los acuerdos Gobierno-sindicatos (ya ha habido una primera reunión el día 22) para tratar fórmulas de compensación, condonación o exoneración de la cuota fija de la Seguridad Social, entre otros temas que ustedes tratan aquí. Es decir, creemos que los puntos 3 y 4 están en tramitación y suficientemente acordados entre Gobierno y sindicatos para no tener que entrar en ellos en este momento. Por otra parte, algunos de ellos están tratados en el propio decreto, por ejemplo los temas de Seguridad Social, y también podremos debatir sobre ellos. Por tanto, creemos que éste no sería el momento de discutirlos, si lo hacemos allí, y por eso los hemos excluido, como decía al principio de mi intervención.
Tampoco hemos considerado el tema de las ayudas especiales a cooperativas, porque entendemos que cuando ustedes hablan de cooperativas lógicamente se refieren a las que define el decreto, en zonas afectadas por la sequía y en las que se haya producido una pérdida de su comercialización de más del 50 por ciento.
Entendemos que estamos hablando de ese tipo de cooperativas referidas en el decreto o proyecto de ley, en los artículos 1.º b), 6.º 2.1 c) o 6.º 3. En ese sentido no las hemos incluido porque también figuran en el decreto-ley, con bonificaciones de intereses, con créditos bonificados, etcétera, o con moratorias y, por tanto, creemos que estaban tratadas. De cualquier forma, si también hay que votar separadamente, en ese marco del decreto podemos estar a favor de que se pueda tener algún tipo de consideración con ayudas especiales, pero será en el marco de las enmiendas del decreto donde podamos concretarlas, siempre teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a esos marcos territoriales de cooperativas y a las pérdidas de comercialización de más del 50 por ciento.
Los puntos 6, 7, 8 y 9 prácticamente los incluimos en nuestra enmienda, aunque con redacciones diferentes, y no tendríamos nada que oponer a ellos, repito, si incluyéramos algo nuevo como el informe que debería presentar el Gobierno en el primer trimestre de 1996, como ustedes proponen en la disposición adicional, sobre las consecuencias de la sequía y los efectos de las medidas adoptadas en los últimos años, lo cual creemos que será muy importante conocer y deberíamos solicitarlo así porque nos daría una visión más real y de conjunto de lo que han supuesto las ayudas y las consecuencias que han tenido para las rentas agrarias en las zonas que han sufrido la sequía, no sólo este año sino en los últimos cuatro años.
En definitiva, señorías, creemos que es una enmienda razonable y pediremos que se apoye, aunque por las conversaciones que hemos tenido parece que no va a ser así. Y si hay que votar separadamente, creo que he expresado los criterios con los que nuestro grupo votaría los puntos y en qué sentido haría las votaciones respecto a las heladas y respecto a las ayudas a las cooperativas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la que propone un conjunto de medidas para paliar los daños derivados de situaciones catastróficas para la agricultura, de origen climático, especialmente las referidas a la sequía y a las heladas. La moción se justifica debido a los insuficientes contenidos del Real

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Decreto 4/1995, en lo que, en el momento de su trámite, coincidimos todos los grupos de la Cámara al darle nuestro voto favorable y proponer su trámite como proyecto de ley, para enmendarlo y mejorarlo. También se justifica por la desconfianza de que, durante su trámite como proyecto de ley, no se garantice la aceptación de las enmiendas del tenor de las que propone la moción de Izquierda Unida, lo que induce a nuestro Grupo a hacer una selección de las propuestas para valorar favorablemente unas y posponer otras para su debate en Comisión. La moción parte también de la presunción, o del recelo, de que la actual situación de inestabilidad política actúe impidiendo la definitiva aprobación del proyecto de ley, que incluya las necesarias ayudas de sostenimiento de los agricultores del sector aquejado por la sequía.
Nuestro Grupo opina que nos hallamos ante una situación excepcionalmente grave, de auténtica emergencia nacional --en ello coincidimos todos-- y, como tal, está urgida de medidas inmediatas que precisan de la colaboración de todas las administraciones y de la urgente asunción de competencias y ayudas en el ámbito comunitario europeo, que superan en mucho los 50.000 millones de pesetas acordados, para cuatro años y para toda la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado en Burgos. Desde el Grupo Catalán apoyamos, pues, la presentación de una moción independiente o paralela a las medidas previstas en el Real Decreto-ley de la sequía, en la que se apruebe un conjunto de medidas complementarias y de aplicación más inmediata. En el supuesto de que no se llegue a consensuar su contenido entre los proponentes de la moción y los enmendantes, que es lo más probable a tenor de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en la tribuna, deseamos efectuar las siguientes consideraciones.
Respecto al punto 1, referido a la inclusión de los seguros, que la moción redacta de forma genérica para las heladas, nuestro Grupo apoyaría el concepto de aplicar ayudas a aquellos cultivos susceptibles de este seguro pero que no hayan entrado en garantía en el instante de producirse el daño, más aquellos otros cultivos que, como los frutos secos, no tienen todavía cubierto por el seguro este riesgo de heladas.
En cuanto al punto 2, que propone ayudas directas exclusivamente para las explotaciones familiares agrarias, tal como lo han estado haciendo algunas comunidades autónomas pero sin esta exclusividad, aunque sí con una gradación basada en el número de hectáreas y a la renta de estas explotaciones, nuestro Grupo entiende que ahí se debe implicar claramente a todas las comunidades autónomas afectadas y también a una imprescindible cofinanciación de la Unión Europea, debido a que la partida económica necesaria rebasa, por su gran magnitud, la capacidad financiera de las comunidades autónomas y del Estado. Además, el punto 2 d) se refiere al tan debatido tema de la condonación de las tarifas de utilización de agua por cánones de amortización de las infraestructuras de regadío; condonación referida a los años de la sequía y también a las deudas anteriores, lo que significaría a nuestro juicio un precedente de imprevisibles consecuencias y un agravio comparativo respecto a las explotaciones de secano. Pero como, a la inversa, también es difícil justificar el cobro de un canon si no se pueden utilizar, total o parcialmente, los caudales mínimos necesarios, nuestro Grupo entiende que, sin que el pago de las tarifas signifique condonación ni una simple moratoria como prevé el Real Decreto- ley, se debería arbitrar algún procedimiento de compensación exclusivamente por los años en que la sequía haya impedido el uso de los regadíos. Por lo tanto, no a la condonación de todas las deudas de las tarifas, no a una simple moratoria, sí a que se arbitren procedimientos de compensación.
Respecto a los puntos 3 y 4, de apoyo a las rentas de los asalariados del campo y a los beneficios de las cuotas de la Seguridad Social, no los votaríamos favorablemente, pues existe un acuerdo Inem-sindicatos por el que ya se destinan dos partidas de 2.500 millones de pesetas para estos conceptos.
En cuanto al punto 5, que propone la concesión de ayudas a las cooperativas, más allá de lo que determina el propio proyecto de ley, para compensar en parte el incremento de los gastos fijos ante la disminución de sus productos y sus ventas respecto a su giro habitual, nuestro Grupo también lo votará favorablemente por nuestras convicciones de fomento del cooperativismo y con el objetivo de no arriesgar la viabilidad de las cooperativas, en la que se fundamenta también la de muchos de sus agricultores asociados.
Respecto a los puntos 6 y 7 de la moción, de reparto social del agua y de ahorro de la misma en los regadíos, el punto 8, de asunción del conjunto de la problemática derivada de la sequía en la Política Agraria Común, y el 9, de constituir unas comisiones de seguimiento de las catástrofes agrarias, serían también votados favorablemente por nuestro Grupo Parlamentario.
Finalizo, pues, señor Presidente, solicitando la votación de los puntos 1, 5, 6, 7, 8 y 9, separada de la de los puntos 2, 3 y 4, en dos bloques.
Nada más, muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo proponente de la moción, tiene la palabra la señora Rivadulla para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas a la moción.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
En relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista, por una cuestión reglamentaria, entendiendo que podríamos aceptar alguna de las enmiendas que plantean estos Grupos, y al haber manifestado los mismos que están dispuestos a votar separadamente parte de nuestra moción, no

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aceptaríamos estas enmiendas, pero sí solicitamos a la Presidencia la votación por separado de los puntos 1, 2, 3 y 4.
Si me permite el señor Presidente, quisiera hacer una aclaración al portavoz del Grupo de Convergència i Unió. El punto número 1 de nuestra moción no se refiere exclusivamente a los seguros agrarios, se refiere a que lo dispuesto en el Decreto-ley de moratoria en el canon del agua, de exención del IBI, todas estas bonificaciones que recoge el Real Decreto, se hagan extensivas también a las heladas.
Quería aclararlo para que supiera exactamente lo que pretendemos que se vote.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Entiendo que lo que solicita S. S. es la votación separada de los puntos 1, 2, 3 y 4. ¿Cada uno de ellos o conjuntamente? (Pausa.) Cada uno de ellos. ¿El resto se puede votar conjuntamente? (Asentimiento.--El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) ¿Señor Fernández-Miranda?

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Solicito la votación separada del punto número 6.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Si no he entendido mal, señor Vidal, se ha referido a la votación separada del punto 5.


El señor VIDAL I SARDO: Habiendo pedido el Grupo proponente la votación separada de los puntos 1, 2, 3 y 4, nuestro Grupo puede votar en conjunto los puntos 5, 6, 7, 8 y 9.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Vamos a proceder a las votaciones.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, votación del apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 286.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 1.
Votación correspondiente al apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 136; en contra, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 2.
Votación relativa al apartado 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 135; en contra, 148; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 3.
Votación del apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 136; en contra, 149; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 4.
Votamos el apartado 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 165; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el apartado 6.
Restantes apartados de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 285; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes apartados de la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA CONOCER LOS CRITERIOS DE POLITICA GENERAL QUE DESARROLLARA EL GOBIERNO EN CONSONANCIA CON LAS VALORACIONES POLITICAS QUE SE DESPRENDEN DEL CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, ASI COMO LAS INICIATIVAS QUE SE VAN A EMPRENDER PARA DAR CUMPLIMIENTO A SUS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (Número de expediente 173/000094)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a la interpelación, para conocer los criterios de política general que desarrollará el Gobierno en consonancia con las valoraciones políticas que se desprenden del contenido del Informe Anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que se van a emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias.
Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

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El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la semana pasada tuvimos ocasión de impulsar con nuestra interpelación una nueva práctica parlamentaria que, en opinión de nuestro Grupo, debiera tener continuidad futura, dada la significación última del informe del Defensor del Pueblo, como exponente de una parte de nuestra realidad social.
Dijimos entonces, y reafirmamos hoy, que en la medida en que lo dicho en el informe sustancia aquellas deficiencias que inciden negativamente en la procura de conseguir que los grandes principios consagrados en nuestra Constitución tengan una plena traducción práctica en la vida corriente de todos los ciudadanos, nos parecía indispensable que en la tramitación institucional del informe no nos contentáramos tan sólo con su reducción al acto que supone la presentación anual del mismo ante las Cámaras, complementando, por tanto, el alcance de dicho acto de presentación a fin de favorecer un ulterior debate con el Gobierno, a los efectos de valorar los diagnósticos que se desprenden del informe y conocer también los postulados previstos en la acción política del Ejecutivo, en pro de corregir lagunas, deficiencias o disfuncionalidades padecidas por el ciudadano y obrantes, en su consecuencia, como rémoras en orden al perfeccionamiento eficaz de nuestra dinámica democrática desde el imperativo de dotar de extensión y efectividad, en definitiva, de realidad, al discurso constitucional.
Cierto es que todo principio --y algo pareció apuntarse de la intervención de algún otro portavoz-- tiene siempre inevitablemente algo de inconcreción, por más que, desde la óptica de mi Grupo, el debate de la semana pasada cumpliera su finalidad esencial como prólogo de una costumbre que deseamos que se consolide en próximos ejercicios y nos permitiera, además, esbozar el balance que se infiere de una lectura con perspectiva de los aspectos capitales de los informes del Defensor correspondientes al último decenio, habida cuenta que los mismos se hacen igualmente patentes en el texto correspondiente a 1994.
Ya señalábamos que en modo alguno era nuestra intención prescindir de un reconocimiento de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno para intentar alcanzar una sintonía entre sus buenas intenciones y los resultados globales de sus políticas en orden a la remoción de aquellas realidades estructurales cuya persistencia impide una plena traducción real del equipaje básico de derechos en lo que debiera ser una cierta y clara reverberación de los mismos en el acontecer cotidiano de todos los ciudadanos.
Pero decíamos también que a estas alturas apreciábamos que el Ejecutivo no había sido capaz, en todo, de dotar de contenido total los derechos de naturaleza social y económica desde los que se cimenta el principio de igualdad de oportunidades; no había sido capaz de conseguir una ordenación ágil que asegurara hacer de la ley el principal factor de igualdad entre los ciudadanos; no había sido capaz de construir una Administración Pública abierta a todos y verdaderamente dimensionada al servicio del interés general; no había sido capaz de desarrollar en lo concreto el compromiso de la solidaridad en toda su extensión con los más necesitados, que es sin duda la base de toda política progresista; y, en fin, no había sido capaz, a pesar de sus buenas intenciones, de acentuar aquellas políticas indispensables para reforzar la calidad de vida de los ciudadanos y para dar satisfacción a determinadas demandas sociales que, por su significado intelectual y material, resultan, según los casos, indicativas del estado de salud o de intensidad democrática de cualquier sociedad.
En ese mismo contexto advertíamos, además, que era preciso entender que la digresión entre hechos y palabras, tantas veces reiterada en la experiencia de los últimos años, constituía, sin duda, una de las más inmediatas urgencias a subvertir, y que ésa era también, en sentido contrario, una manifestación singular del cambio político que el Grupo Parlamentario Popular ofrece al porvenir de España y que inspira en su consecuencia última la gestación de esta iniciativa.
Permítanme, pues, señorías, incidir sobre lo dicho porque en ello reside tanto la causa última de nuestra interpelación como el valor instrumental de la moción que hoy sometemos a la consideración de la Cámara y que se constituye en el soporte concreto para que mañana, cuando gobierne este Grupo Parlamentario, si ésa es la decisión de las urnas, sea posible articular con rigor lo que hoy hemos concebido como oposición.
Nuestra interpelación venía a decir, por tanto, que este Grupo Parlamentario ha querido conjugar unívocamente hechos y palabras de manera que, siendo consciente de su posición, promueve un debate con intención de su mantenimiento en lo sucesivo, cuando de interpelantes pasemos probablemente a ser interpelados y desde la certeza casi próxima de tal hecho.
Nuestra interpelación venía a decir que en democracia la mejor contribución que un Gobierno puede hacer a su propia credibilidad estriba precisamente en favorecer la consolidación de instrumentos de control de la sociedad sobre el Estado y que en ese sentido, alentar, como hemos hecho, un mecanismo nuevo de dación de cuentas del Ejecutivo ante el Parlamento, implica una garantía, no sólo de intenciones, sino de inequívoca yuxtaposición de éstas con su traslación a lo concreto.
Nuestra interpelación, en suma, venía a decir que esa voluntad de servir la futura tarea del Gobierno desde el compromiso principal de la profundización democrática la traducimos ya en propuestas específicas, en propuestas singulares que, como ésta, son sin duda pertinentes para la ejecución de dicho fin último.
En este contexto, el punto 1 de la moción sienta la base para que la continuidad de este debate anual se verifique desde un estricto conocimiento previo por

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los grupos de cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo a las valoraciones y contenidos del informe anual del Defensor.
Y, aún más, proponemos que por este Gobierno se verifiquen las oportunas iniciativas de reforma legal a efectos de elevar dicha comunicación a imperativo jurídico que nos obligue, de modo que el porvenir de la misma, que el porvenir de la posibilidad de continuidad de este debate no quede sujeto a la disponibilidad o conveniencia del Ejecutivo correspondiente.
Estamos, pues, invitando a todos los grupos parlamentarios a dotar a la Cámara de un método que permita el que un futuro gobierno comparezca ante ella para dar explicaciones de aquello que el ciudadano, directamente, a través del informe del Defensor del Pueblo, señala que no funciona.
Estamos, por lo dicho, invitando a todos los grupos parlamentarios a dotar a la Cámara de un método que facilite canalizar el informe del Defensor hacia un debate detallado, constructivo y vivo que comprometa al Gobierno y a los grupos en consonancia con el cariz y la naturaleza de las quejas que en aquel texto se contemplan, entendidas en gran parte como la voz colectiva de quienes individualmente no encontraron en su momento audiencia a su reclamación, y estamos, en suma, invitando a todos los grupos parlamentarios a dotar a la Cámara de un método mediante el cual ni el Gobierno pueda eludir su responsabilidad de afrontar lo dicho por el Defensor, ni el Parlamento pueda sentirse limitado por la carencia de una fórmula bastante para encarar con el Ejecutivo el intercambio de criterios y soluciones en función de las hipotéticas diferencias de fondo o de matiz entre lo que el Gobierno y Defensor concluyen cuando se trata de verificar una valoración de conjunto de nuestra realidad social o del origen de esas fisuras por las que, como decía el informe del Defensor, se evaden determinados derechos de los ciudadanos.
A partir de ahí, parece lógico también que, una vez ofrecidas por mi Grupo vías de futuro, reclamemos igualmente la posibilidad de obtener una ajustada comprensión de la forma en que este Gobierno ha dado traslación real a aquellas recomendaciones y sugerencias de la institución aceptadas en su momento por aquél, porque de esta reflexión se desprenderán, a buen seguro, interesantes valoraciones y porque nos parece que ésta es una demanda elemental para saber de qué manera las aportaciones del Defensor han tenido las consecuencias deseadas por aquél en función de las orientaciones dimanadas de las diversas quejas, y a dar viabilidad a este objetivo se orienta el punto 2 de la moción.
En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha pretendido impulsar una manera nueva de entender el desarrollo parlamentario del informe del Defensor en pro de garantizar que la presencia del mismo en la Cámara no quede reducida a casi una sola expresión ritual o formal y desde el convencimiento de que nuestra iniciativa es útil, tanto para acentuar el debido protagonismo de esta Cámara, como para permitir una mejor interpretación del equilibrio entre instituciones.
Cumplimos con ello una autoexigencia de coherencia, recordando además que la propuesta que ahora formulamos a través del punto 1 de la moción es la misma que ya planteamos en 1987 y que finalmente no tuvo tramitación ante el Pleno merced a un ofrecimiento formal del Gobierno para asumirla de «motu proprio», ofrecimiento posteriormente defraudado en cuanto a que tan sólo dio cuerpo efectivo a esa promesa en una única ocasión, no sin problemas, y respecto del informe anual correspondiente a 1988.
Hoy pues --y con ello concluyo, señor Presidente-- pretendemos también acreditar que el estilo de la gobernación futura de este país va a construirse rompiendo con los absurdos modos del doble lenguaje y del atrincheramiento del Ejecutivo frente a la realidad, para dar un paso a una forma diferente de entender y aplicar las relaciones entre Gobierno y ciudadanos, entre Gobierno y Parlamento y, en este caso puntual, entre Gobierno y Defensor, de manera que de las mismas se desprenda la constancia de una idea capital, esto es, que la obligación esencial de quienes gobiernan se ciñe a no defraudar la confianza delegada por la ciudadanía que legitima su acción en función de los compromisos contraídos ante ella. Por eso, la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular en su aspecto más sustancial quiere ser, ante todo, una contribución concreta a dicha finalidad. En su virtud, recabamos el voto favorable de SS.
SS., sabiendo por nuestra parte, y dejando clara expresión de ello, que seremos los primeros en quedar vinculados por una fórmula de futuro que, en su último alcance, beneficia directamente a una consideración básica de audiencia y respeto hacia el ciudadano, hacia ese ciudadano que, por elevar su queja, merece por parte de todos el mayor grado efectivo de atención.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil Lázaro.
A esta moción se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, sin ánimo de tratar de emular el verbo florido de mi preopinante, únicamente me ceñiré a decir que tengo el honor de subir a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para apoyar hoy, como ayer, cualquier iniciativa que trate de impulsar, de potenciar o de mejorar la labor, que consideramos fundamental, del Defensor del Pueblo. Desde las constituyentes --reconcerlo es de justicia- -, junto con el

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Grupo de Izquierda Unida, antiguo Partido Comunista, y de Convergència i Unió, fuimos los impulsores de esta figura, que nos parece clave en una democracia avanzada, en una democracia que trate de salvaguardar y de potenciar todos los derechos consagrados en una Constitución.
Por ello, fieles a la Constitución y a la tradición del Partido Socialista, fieles igualmente al comportamiento posterior en estos años de actividad del Defensor del Pueblo, yo diría que benficiosa para la ciudadanía, nuestro Grupo adelanta ya que votará favorablemente la moción presentada por el Grupo Popular.
Es verdad que hemos presentado una enmienda, una enmienda sencilla, que va a contribuir, creemos nosotros, a facilitar la labor de esta Cámara y del Gobierno. Unicamente pretendemos en el punto 2 añadir la palabra «principales» o «más importantes», para facilitar, como digo, esta labor.
Mi Grupo no solamente está dispuesto a apoyar los puntos que hoy mantiene vivos el Grupo Parlamentario Popular, sino que estaba dispuesto a apoyar los tres puntos. No sé si SS. SS. conocen que esta proposición ha sufrido una serie de avatares. En primer lugar eran tres puntos, después se cambió el punto primero y posteriormente se retiró el punto tercero.
El señor Gil Lázaro ha estado hablando continuamente de lo que quiere hacer un futuro gobierno. A mi Grupo le hubiera gustado que hubieran mantenido el punto tercero, ya que se hubiera sentido satisfecho de oír, en el plazo de un mes, como pedían, la acogida que ha tenido el Gobieno en el último año de las decisiones y recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Señor Gil Lázaro, cuando hablan en su moción de la Administración del Estado supongo que se refieren a lo que el Defensor del Pueblo denomina Administración central. No me gustaría decirle que Estado somos todos, hasta los malos tratos de los municipales del Ayuntamiento de Madrid. También ésos; todo hay que decirlo.
Ustedes dicen, repito, Administración del Estado; será Administración central o Gobierno de la nación.
Del informe del Defensor del Pueblo resulta que de 3.797 quejas de los ciudadanos, la actuación del Gobierno era correcta, por tanto no tenían fundamento, en 1.732 casos; 1.414, según el Defensor del Pueblo, fueron subsanadas y únicamente no han sido corregidas 38. Es decir, de todas las quejas que los ciudadanos españoles han expresado al Defensor del Pueblo correspondiente a la Administración central o Gobierno de España, no a la Administración del Estado, se ha dejado de subsanar el 1,0007901 por ciento, con lo cual no sé por qué han retirado ustedes este punto. Si dicen ustedes que el próximo Gobierno quiere rendir cuentas, el actual también en este punto, porque de las recomendaciones, de 64 formuladas han sido aceptadas 43, y de 59 sugerencias, han sido aceptadas 26.
Reitero que nosotros vamos a apoyar la moción, pero tenga en cuenta una cosa. El Defensor del Pueblo es un órgano que nosotros estimamos como muy valioso, pero también se puede equivocar, porque por muy democristiano que se confiese el Defensor del Pueblo, tampoco tiene el don de la infalibilidad. Por eso queremos que venga aquí.
Si el Gobierno le ha dicho que no en el 1,0006 por ciento de los casos, permítame por lo menos que tengamos la duda, pero parece ser que todo lo que dice el Defensor del Pueblo va a misa, por seguir con el símil democristiano. (El señor Ríos Martínez pronuncia palabras que no se perciben.) El error lo podemos tener todos, ¿no es así, señor Ríos? Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que el Gobierno venga a esta Cámara a dar cuenta, como hacía con anterioridad, de las recomendaciones, de las quejas, de las sugerencias del Defensor del Pueblo, pues estamos convencidos de que, aun en los casos en que el Gobierno se equivoque, el beneficiado va a ser el pueblo español, los ciudadanos y las ciudadanas. En eso nos van a tener ustedes no delante, pero siempre a su lado, como sucede desde las Constituyentes, no desde ahora, cuando parecía rara esta figura.
(Rumores.) Léanse ustedes los textos y los debates. Bienvenidos al campo del Defensor del Pueblo, como también son bienvenidos a no modificar la antigua Ley del aborto. Es una conquista de los años de democracia. Si ustedes antes la discutían y hoy la aceptan, es una conquista. Bienvenido, a que venga el Defensor del Pueblo a tirar de las orejas al Gobierno. De lo que haya hecho el Gobierno en contra de los ciudadanos nosotros seremos los primeros en pedirle responsabilidades, porque no creemos en la infalibilidad de nadie y porque estamos seguros de que todo esto va a contribuir a una democracia social y avanzada; a una democracia como consagra nuestra Constitución, con una lectura actual, que lo único que tiene que hacer es seguir profundizando en la libertad, en la igualdad y en la tolerancia.
Con el ruego de que el Grupo Popular, por economía procesal, podríamos decir, acepte nuestra enmienda, nosotros con mucho gusto vamos a votar unánimemente esta propuesta.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Valls.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que una cosa es el contenido de la moción, otra es la interpelación y la otra ha sido la intervención del portavoz que la ha propuesto.
Ya que hemos empezado con la misa y con el sermón, yo diría que no por mucho madrugar amanece más temprano, y les pediría que esperen ustedes a ser interpelados, que lo serán, puede que en marzo, en mayo o cuando sea. Lo que estamos discutiendo ahora

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es que este Gobierno venga a contestar el informe del Defensor del Pueblo.
La verdad es que el informe de un órgano elegido en este Congreso, al igual que el Tribunal de Cuentas, no termina con un debate y unas resoluciones en la Cámara. La moción que presenta el Grupo Popular lo que demuestra es que el Defensor del Pueblo ha detectado estas irregularidades, anomalías y mal funcionamiento; el Gobierno se defiende de cuáles han sido esas anomalías y, en función de ello, hay un debate en la Cámara con las resoluciones que procedan. Esa es la virtualidad de la propuesta número 1 actual; creo que es positivo traerlo hoy aquí.
¿Cuál es el objetivo de nuestras enmiendas? ¿Cuál es la realidad que nos encontramos en el informe de este año? Las quejas del año 1994 provenientes del año anterior eran 5.800. Es decir, en el Gobierno se produce una acumulación de un año a otro en el trámite de determinar quejas. Hay un volumen pequeño --porque hay que decir que ha mejorado la relación de la Administración central con el Defensor del Pueblo-- de unas 38 no subsanadas.
¿Qué pretende nuestra enmienda al apartado primero? El Defensor del Pueblo este año ha formulado 91 recomendaciones, de las que han sido aceptadas 61; han sido formuladas 212 sugerencias, de las que han sido aceptadas 74, y hay otra parte de recordatorios de deberes legales y advertencias. Lo que propone nuestra enmienda es que, además de venir a explicar qué ha hecho con las sugerencias y las recomendaciones, diga qué ha hecho con los recordatorios legales y las otras advertencias, y que explique cuáles son las razones de esas quejas que reiteradamente se van proyectando de un año a otro o de las deficiencias que no se han subsanado. ¿A qué obedece? Nos parece bien la precisión que hace el Grupo Socialista, porque no se trataría de ir a todas y cada una de las propuestas, sino a los bloques más importantes.
La segunda enmienda va dirigida al punto segundo de la moción original, que no ha sufrido modificación. Lo que propone es que el Gobierno, en un plazo no superior a dos meses y a partir de la fecha de la aprobación, remita a la Cámara un detalle del grado de ejecución de las recomendaciones y de las sugerencias formuladas desde 1989 a 1994. Volvemos a incidir en los recordatorios legales que el Defensor del Pueblo ha hecho al Gobierno en esta etapa.
No entramos en las advertencias o en la incorporación a esas recomendaciones en el punto tercero. Puesto que usted lo ha retirado, damos por decaída nuestra enmienda.
En el último punto proponemos la adición de un nuevo apartado.
¿Cuál es ese apartado? ¿Por qué nosotros creemos que sería positivo incorporarlo a esta moción, que viene a plantear, cómo vemos hoy en el Parlamento, las reflexiones del Defensor del Pueblo? ¿Cuál sería nuestro cuarto punto? En los tres años en que he estado aquí participando en la tramitación de los tres informes --1992, 1993 y 1994--, en los debates se ha terminado diciendo que ya está consolidada la institución del Defensor del Pueblo --afortunadamente para nuestro país--, que es ya una institución mayor de edad, pero que para su funcionamiento necesitaría unas adecuaciones legales para una mayor consolidación del papel que juega, puesto que el Defensor del Pueblo, como dice este año en el informe, es, por así decirlo, el que conecta con la realidad de la propia sociedad y detecta cómo responde la Administración. Dice que es un eslabón entre la sociedad y la Administración pública. Puesto que eso es así, nosotros pedimos al Gobierno que, recogiendo la experiencia acumulada en todos los años que lleva funcionando la institución, se promuevan las reformas legales necesarias que puedan llevar a un mayor protagonismo del Defensor del Pueblo, una mayor eficacia y, sobre todo, una mayor rapidez en las respuestas para intentar mejorar ese cauce, o puente que supone la institución y subsanar las deficiencias y limitaciones que tiene la propia Administración pública, que, co- mo todo, es perfectible, y eso es tarea nuestra, inclusive la que ustedes puedan tener cuando puedan ser gobierno.
En todo caso, una recomendación: sería bueno que no vendieran la piel del oso antes de cazarlo, porque aquí no hay designio divino para que ustedes ganen las elecciones.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y quieran fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, en nombre de Coalición Canaria fijo nuestra posición en esta moción.
Tal como habíamos tenido ocasión de decir al Grupo proponente en la interpelación de la semana pasada, nosotros vamos a ser consecuentes con aquella línea fundamentado en los siguientes aspectos. En primer lugar, y ciñiéndome a la enmienda del Grupo proponente que suprima el apartado número 3, no hubiéramos tenido ninguna objeción en aprobarlo, como tampoco tenemos nada que objetar al apartado número 1.
Respecto al apartado número 2, nos parece consecuente también la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista dado que, si no, nos perderíamos en la cantidad de sugerencias o propuestas que hace el informe del Defensor del Pueblo anualmente. Es preferible que se refiera a la ejecución material de las cuestiones principales, puesto que hay una serie de

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cuestiones de menor cuantía --digamos en lenguaje jurídico procesal-- que podían ser objeto de un tratamiento global.
Nosotros, señorías, señor Presidente, hemos entendido siempre que del informe anual del Defensor del Pueblo se definían dos destinatarios: uno, esta Cámara y los distintos grupos parlamentarios, para que, a la vista de las denuncias o sugerencias que hace, se tomen las iniciativas parlamentarias pertinentes en las formas que señala nuestro Reglamento. Esto viene siendo así, de alguna manera, incluso en interpelaciones.
El otro destinatario es la propia Administración del Estado. Como bien ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, últimamente no se viene escuchando la voz del Gobierno, qué dice a ese informe del Defensor del Pueblo, y algo tiene que decir porque, a fin de cuentas, el Defensor del Pueblo --es obvio decirlo pero hay que repetirlo-- es el alto comisionado de este Parlamento en la inspección del Gobierno. Sería interesante escuchar la voz de la Administración del Estado, bien estando conformes, bien diciendo qué aspectos ha venido corrigiendo en las denuncias al Defensor del Pueblo o bien mostrando sus discrepancias. El Gobierno está legitimado para decir su criterio político.
Nos parece acertada, por tanto, la introducción de la terminología que emplea el Grupo proponente del juicio político que le merecen al Gobierno determinadas observaciones del informe del Defensor del Pueblo, que tienen, junto a una lectura puramente de procedimiento administrativo, en su caso, una interpretación política, pudiendo puede alegar el Gobierno razones para no haberla acatado. Esto, repito, creo que es importante.
Nos ha parecido oportuna la enmienda al punto número 1 del propio Grupo Popular, que propone empezar ya con una terminología de promover de inmediato reformas legislativas en la misma línea de permanencia. Creemos que esto es bueno, y debería estar ya recogido en una ley que complementara la vigente del Defensor del Pueblo, para que el Gobierno, a resultas del informe anual, se viera ya obligado, por este imperativo legal, a dar cuenta a esta Cámara todos los años de aquellas actitudes, modificaciones, resoluciones y respuestas que venga dando al informe del Defensor del Pueblo. Y esto hacerlo, además, por contestación escrita en documento único, para que las Cámaras --como se trata además de una comisión mixta Congreso-Senado-- puedan saber cuál es la posición política y las sugerencias o recomendaciones que el Defensor haya hecho, si han sido aceptadas o rechazadas por las razones políticas que alegue, en su caso, el Gobierno.
Por tanto, nos faltaba esta tercera figura, la del representante del Gobierno que nos trajera aquí a la Cámara su punto de vista frente al Defensor del Pueblo. Porque en la realidad --y ahí están los debates de presentación anual--, una vez que hemos escuchado el informe verbal sobre el soporte escrito que trae el Defensor del Pueblo, quienes únicamente se pronuncian aquí son los portavoces de los grupos parlamentarios, incluido el del Gobierno, pero no el Gobierno. Creemos que esta moción, presentada acertadamente por el Grupo Parlamentario Popular, viene a resolver la situación y, por tanto, nosotros la vamos a apoyar con las enmiendas que sean aceptadas, incluso las presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque están dentro de un proceso de racionalidad y sentido común de esta moción que nosotros la vemos positiva.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Gil Lázaro, el pasado miércoles, durante el trámite de presentación de la interpelación, le decía que no intuía qué tipo de moción iba a presentar usted. Me imaginaba que posiblemente lo que se pretendía era presentar una moción instando al Gobierno para que hiciera bien las cosas, de conformidad con lo que sugería el Defensor del Pueblo. Como ya puse de manifiesto en el debate de la interpelación, si se presentaba una moción que nos pareciese adecuada votaríamos favorablemente. Creemos que la moción está bien formulada, pensamos que suscitará el consenso y la unanimidad de toda la Cámara, aunque sí quiero recordarle un dato pintoresco del debate de hoy. Parecía que usted se interpelaba a sí mismo viéndose en el Gobierno y el señor Valls ha aprovechado la ocasión para dar carnés de credibilidad democrática sobre temas que no tenían nada que ver con el que hoy estábamos debatiendo.
De todas maneras, yo creo que con esta moción vamos a dar un paso importante para que la relación entre la Cámara y el trabajo que realiza el Defensor del Pueblo sea más eficaz. Todos valoramos siempre positivamente los informes que hace el Defensor del Pueblo, y el hecho de que el Gobierno tenga que explicar el grado de cumplimiento de las recomendaciones que figuran en informe servirá a toda la Cámara --incluso al Gobierno-- para hacer una valoración del tema fundamental que subyace detrás de la moción y de la interpelación, y es que procuremos, entre todos, que la Administración tenga un buen trato con los ciudadanos y que, al margen de cuál sea el gobierno de turno, la relación entre el ciudadano y la Administración, a través del Defensor del Pueblo, corrija errores en el trámite de las pequeñas cosas del día a día en las relaciones del ciudadano con la Administración, y se llegue a satisfacer el interés de esos ciudadanos que, en

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definitiva, es el bien final que perseguimos todos los grupos parlamentarios.
Creo que es una moción acertada, con unas enmiendas que perfeccionan el texto de la misma. Votar este texto por unanimidad es una buena decisión que va a tomar esta Cámara porque, en definitiva, acercaremos más el trabajo del Defensor al seguimiento que la Cámara debe hacer del mismo.
Nada más. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Gil Lázaro tiene la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Quiero señalar, si se me permite, para ilustración de la Cámara, que el hecho que han citado algunos portavoces de la retirada del punto 3 de nuestra moción es en función sólo de razones de economía procesal. Entendemos que en un adecuado cumplimiento por el Gobierno del punto 2 de la moción --y no tenemos la más mínima duda de que así va a ser-- iba implícitamente incluido el sentido de lo que originariamente era nuestro punto 3. En ese contexto vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, porque, efectivamente, entendemos que precisa el alcance del punto 1.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero señalar que nos parece oportuna la modificación propuesta al punto 1 en cuanto a la inclusión en él de una expresión concreta, la expresión «recordatorios», que sin lugar a duda completa el alcance de ese punto 1. Entendemos --si nos lo permite así el Grupo enmendante-- que el resto de esa enmienda de modificación, con exclusión de la palabra «recordatorios» que incorporaríamos al texto, es probablemente --dicho en términos descriptivos y con la mayor consideración hacia dicho Grupo proponente-- una redundancia del sentido de nuestro punto 1.
Vamos a aceptar íntegramente la adición que nos propone al punto 2. Creemos que, efectivamente, esa añadidura «in fine» de la referencia a las actuaciones derivadas de los recordatorios de deberes legales y advertencias formuladas en este período complementan debidamente y perfeccionan el sentido del punto 2.
La enmienda de adición al punto 3 desaparece en la medida en que dicho punto 3 ha sido retirado por nosotros.
Finalmente, una última consideración en relación con la enmienda de adición propuesta al nuevo punto 4. Nosotros vamos a pedir al Grupo Federal de Izquierda Unida que nos permita no aceptar formalmente hoy aquí, en el contexto de esta moción, esa enmienda concreta, por entender que quizá trasciende el alcance mismo de esta moción. Pero, al mismo tiempo, queremos señalarle que la reflexión que comporta esta enmienda nos parece oportuna, importante e incluso necesaria para avanzar en este terreno de perfeccionamiento institucional de lo que es el Defensor como tal y de su relación con el Ejecutivo y con el Legislativo. En este sentido, quiero señalar al Grupo proponente de la enmienda que, aceptándonos el hecho de que no admitiéramos la enmienda, en cualquier caso estaríamos dispuestos a votar favorablemente la toma en consideración de cualquier iniciativa de reforma legal que propusiera el Grupo de Izquierda Unida, orientada precisamente con carácter sustantivo a dar cumplimiento a este punto 4 de la moción.
Concluyo, señor Presidente, felicitándonos --yo creo que debemos felicitarnos todos-- por el alto grado de consenso alcanzado y, si se me permite, felicitando al portavoz del Grupo Socialista porque en este debate ha dicho una de esas frases que hacen historia. Ha dicho que hasta cuando el Gobierno se equivoca lo hace en beneficio del pueblo. Esa aseveración, sin lugar a dudas, merece estar en el lugar de otras que ya figuran con carácter propio en la historia de las ideas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La no presencia del señor Ríos en este momento impide a la Presidencia preguntarle si asume que la primera enmienda sea recortada y reducida, pero supongo que sí.
Por tanto, vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas, con las precisiones y modificaciones resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 260.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y cinco minutos de la noche.

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