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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 14/09/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 166 PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 164 celebrada el jueves, 14 de septiembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Dictámen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta.):

-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 39930 y 40545) (Página 8879)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

-- Acuerdo entre España y Rumanía para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 193.1, de 29 de abril de 1995 (número de expediente 110/000156) (Página 8879)

-- Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 191.1, de 27 de abril de 1995 (número de expediente 110/000157) (Página 8879)

Página 8876


-- Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 192.1, de 27 de abril de 1995 (número de expediente 110/000158) (Página 8879)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley Orgánica de contrabando. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 93.1, de 5 de diciembre de 1994 (número de expediente 121/000078) (Página 8880)

-- Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 108.1, de 28 de marzo de 1995 (número de expediente 121/000092) (Página 8893)

-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 116.1, de 12 de mayo de 1995 (número de expediente 121/000101) (Página 8910)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

-- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 134.1, de 8 de junio de 1995 (número de expediente 122/000112) (Página 8910)

Votaciones de conjunto:

-- Del proyecto de Ley Orgánica de contrabando (Página 8919)

-- Del proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (Página 8919)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

-- Proyecto de Ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 115.1, de 12 de mayo de 1995 (número de expediente 121/000100) (Página 8919)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para tratar sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores Diputados.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 8879)

Acuerdo entre España y Rumanía para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Bucarest el 25 de enero de 1995 (Página 8879)

Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, hecho en Madrid el 13 de febrero de 1995 (Página 8879)

Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del acuerdo de Schengen, hecho en Bonn el 26 de abril de 1994 (Página 8879)

En relación con el punto 37 del orden del día, sobre el Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín, intervienen para fijación de posiciones los señores Robles Fraga, en nombre del Grupo Popular; Vázquez Romero, en nombre del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa

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per Catalunya, y Martínez Martínez (don Miguel Angel), en representación del Grupo Socialista.
Sometido a votación el dictamen relativo al Acuerdo entre España y Rumanía para la promoción y protección recíproca de inversiones, es aprobado por 254 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el dictamen relativo al Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel, es aprobado por 256 votos a favor y dos abstenciones.
Asimismo es aprobado el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen por 149 votos a favor y 111 abstenciones.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 8880)

Proyecto de ley orgánica de contrabando (Página 8880)

La señora Cava de Llano y Carrió defiende las enmiendas del Grupo Popular. Comienza reconociendo la necesidad de revisar la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, sobre contrabando, no sólo por sus trece años de vigencia sino también por la realización del mercado interior comunitario el 1 de enero de 1993, que supuso la supresión de los controles fronterizos entre los Estados miembros. Esa libertad de circulación de mercancías exige compatibilizar las facilidades para su libre movimiento con la necesidad de mantener la represión del contrabando. En este sentido, considera correcta la ley que se va a aprobar por la Cámara.
Mantienen, sin embargo, diversas enmiendas al dictamen de la Comisión con el deseo de mejorarlo, exponiendo seguidamente el contenido de tales enmiendas.
El señor Vázquez Romero defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, congratulándose, en primer lugar, del alto grado de consenso que acabó produciéndose en los debates en Comisión en relación con este proyecto de ley y que en buena medida resuelve problemas importantes, actualizando una legislación, ya que el cambio de circunstancias políticas, como la entrada en vigor del Acta Unica de la Unión Europea, había dejado obsoleta la anterior Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio.
Añade que, a la vista del difícil equilibrio que ha sido necesario conseguir, es preciso actuar con cautela a la hora de tratar las enmiendas mantenidas para este Pleno, precisando la postura del Grupo Izquierda Unida sobre el particular. El señor González de Txabarri Miranda defiende la única enmienda que su Grupo mantiene al proyecto de ley, insistiendo en las palabras de los anteriores enmendantes en relación con el alto grado de acuerdo alcanzado sobre el mismo, aunque sería lamentable que no fuesen capaces de establecer un consenso aún mayor sobre algunos de los temas objeto de la ley.
El señor Mardones Sevilla, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, defiende la enmienda número 18 a la disposición adicional única del proyecto del Gobierno, por considerarla insuficiente pese a los avances habidos en el trámite de Comisión.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene el señor Rodríguez Zapatero, en nombre del Grupo Socialista, expresando su esperanza de que, si no todas las enmiendas que se mantienen para este trámite, sí algunas de ellas puedan ser retiradas y fortalecer así el consenso ya alcanzado en gran medida por la flexibilidad de buena parte de los Grupos Parlamentarios y, desde luego, por la flexibilidad del Grupo Socialista, al intentar aunar el máximo de voluntades para llegar al mejor texto global posible, incluso desde el punto de vista técnico y desde la perspectiva de la eficacia social a la que está llamada una ley orgánica de contrabando, ley que, como han dicho algunos intervinientes anteriores, era necesario actualizar tanto por la trascendencia social y económica de esta materia para algunas zonas de nuestro país como por la eliminación de las fronteras interiores de la Unión Europea.
A continuación procede a fijar la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas objeto de debate.
Replican la señora Cava de Llano y Carrió y los señores Vázquez Romero, González de Txabarri Miranda y Mardones Sevilla, duplicando el señor Rodríguez Zapatero.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas, así como del texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (Página 8893)

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En defensa de las numerosas enmiendas al texto del dictamen intervienen los señores Ollero Tassara, del Grupo Popular, y Cruz Orive, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Monzón Suárez, del Grupo de Coalición Canaria, y el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV).
En turno en contra de las enmiendas interviene, en representación del Grupo Socialista, el señor Nieto González.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como del texto del dictamen correspondiente al proyecto de ley orgánica, que es aprobado.


Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 3.020.942.990 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional (Página 8910)

Sometido directamente a votación al no haber sido objeto de enmiendas, se aprueba el dictamen por 312 votos a favor y una abstención.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 8910)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (Página 8910)

El señor Valls García defiende las enmiendas del Grupo Socialista. Expone que deberían considerar este trámite como una continuación del debate celebrado el 11 de mayo último. El Grupo Socialista, en unión de otros Grupos como el de Izquierda Unida y Convergència i Unió, consideró oportuno presentar una proposición de ley con el fin de poder plasmar en lo que espera que sea texto definitivo de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado todas las enmiendas que se aprobaron en el Senado, y así consta en la exposición de motivos de la misma proposición de ley. Piensa que deben ser fieles con lo que acordaron en el Senado y respetar las decisiones que allí se tomaron. Sin embargo, aunque en un principio se ciñeron a reproducir sólo aquellos aspectos que consideraron más relevantes de las enmiendas del Senado, el Grupo Socialista ha reconsiderado su postura y no sólo hace suyas aquellas enmiendas sino que ha incrementado el número de las mismas con el fin de reproducir literalmente el dictamen aprobado en la Cámara Alta y ser totalmente fieles a lo allí pactado y acordado. Consiguientemente, va a pedir a todos los Grupos que respeten las votaciones celebradas en esta Cámara el citado día 11 de mayo.
La señora Alemany i Roca defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), expresando una vez más su posición favorable al proyecto de ley y valorando asimismo de forma positiva el texto de esta proposición de ley orgánica por considerar conveniente asumir las enmiendas aprobadas en su momento por el Senado y que no fueron recogidas en la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado. Ello no obstante, su Grupo, por razones de oportunidad legislativa, formula ahora nuevas enmiendas con objeto de mejorar al máximo el contenido de la Ley 5/1995, actualmente en vigor.
Expone finalmente el contenido de estas enmiendas.
El señor Padilla Carballada defiende las enmiendas del Grupo Popular. Señala que no va a reproducir las objeciones que tenían a la vigente Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, ya que son perfectamente conocidas las posiciones de todos los Grupos de la Cámara en relación con esa Ley, añadiendo respecto a las enmiendas del Senado que es bueno que se incorporen a la misma.
Termina explicando el contenido de las enmiendas de su Grupo.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), y López Garrido, de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Se procede a las votaciones de las enmiendas relativas a la proposición de ley orgánica.
Se somete a votar el texto de la proposición y a la votación simultánea de conjunto, siendo aprobada por 193 votos a favor, uno en contra y 127 abstenciones.
Asimismo, en votación de conjunto, es aprobado el proyecto de ley orgánica de contrabando por 321 votos a favor.
Igualmente se aprueba en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes por 177 votos a favor, 138 en contra y seis abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 8919)

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Proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente (Página 8919)

El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) presenta el proyecto de ley, manifestando que el mismo responde a la necesidad de adaptación del derecho español a las directivas comunitarias, en particular a la 90/303. Señala que hoy en día la regulación del derecho de acceso a la información medioambiental está recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, pero la necesidad de una nueva ley indica que la ley vigente es más restrictiva de lo que establece la directiva comunitaria antes mencionada y que desean trasponer. Esa directiva reconoce el derecho de cualquier persona física o jurídica a acceder a la información sobre medio ambiente, sin que para ello sea obligatorio que demuestre un interés determinado.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el señor Alcaraz Massats.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor Gortázar Echeverría.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Martín Menis, del Grupo de Coalición Canaria; Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Dávila Sánchez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad debatida por diez votos a favor y 285 en contra.
Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
(Sesión secreta):

DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEéORES DIPUTADOS (Número de registro 39930 y 40545)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

-- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y RUMANIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN BUCAREST EL 25 DE ENERO DE 1995 (Número de expediente 110/000156) -- ACUERDO SOBRE PROTECCION DE INFORMACION CLASIFICADA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL ESTADO DE ISRAEL, HECHO EN MADRID EL 13 DE FEBRERO DE 1995 (Número de expediente 110/000157) -- PROTOCOLO RELATIVO A LAS CONSECUENCIAS DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE DUBLIN SOBRE CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE APLICACION DEL ACUERDO DE SCHENGEN, HECHO EN BONN EL 26 DE ABRIL DE 1994 (Número de expediente 110/000158)

El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Desea intervenir algún grupo en relación con los puntos de este apartado del orden del día? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles Fraga.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Popular se abstendrá en el Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín, por cuanto que en él, no habiendo sido enmendado como solicitó el Grupo Popular, aparece la posibilidad de que Gran Bretaña pueda, unilateral y automáticamente, extender las disposiciones de este Tratado a Gibraltar y que por tanto Gibraltar sea declarado tierra de asilo, lo que nos parece contrario a los intereses españoles, sin entrar a discutir y sin poner en cuestión --repito e insisto-- la cuestión de la soberanía, el Tratado de Schengen, ni el Convenio de Dublín.
Se trata de una posibilidad que afecta gravemente a los intereses nacionales de España y es lo que motiva la abstención del Grupo Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles Fraga.
Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Vázquez tiene la palabra.


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El señor VAZQUEZ ROMERO: Por razones distintas a las expresadas por el portavoz del Grupo Popular, mi grupo también se va a abstener en la votación de ese Protocolo referido al Convenio de Schengen. Son razones que hemos explicitado en otras ocasiones, cada vez que se ha tratado el mismo tema.
Pensamos que Schengen es un acuerdo no comunitario, que regula materias de alta sensibilidad, a pesar de la opinión recientemente expresada por algunos Estados haciendo responsable a Schengen de la entrada de emigrantes que han generado problemas en sus países. Pensamos que es un acuerdo que restringe gravemente los derechos de las personas; repito que es un acuerdo no comunitario, como en otras ocasiones hemos referido y somos contrarios a la aplicación del mismo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Miguel Angel): Señor Presidente, nosotros sí estamos a favor del Acuerdo de Schengen y además lo estamos responsablemente; por tanto vamos a votar a favor de este protocolo que es un protocolo de profundización del mismo.
Estamos a favor porque el Acuerdo de Schengen es uno de los que realmente está contribuyendo a la construcción de Europa y no sólo eso sino a la evidencia, por parte de los ciudadanos, de que Europa es una unidad que no reconoce fronteras interiores, uno de los elementos que de verdad y palpablemente permite ver al ciudadano europeo y al no europeo que esta realidad se va construyendo. Por eso estamos a favor y como estamos a favor votamos responsablemente lo que aquí se nos ofrece; así lo dijimos en Comisión.
El tema de Gibraltar se ha planteado reiteradamente. En el Grupo Socialista pensamos que por parte del Gobierno se hacen las salvedades absolutamente suficientes, yo diría que en algunos casos sobradamente suficientes para cubrir aquellas preocupaciones que indica el Grupo Popular. Quiero poner de manifiesto una posición que afortunadamente se salva con la actitud de nuestro grupo y es que abstenciones en temas como éste sólo tienen sentido porque hay otros grupos que mayoritariamente votan a favor; si todos nos abstuviéramos estaríamos contribuyendo a que la posición minoritaria de Izquierda Unida fuera la que se llevara el gato al agua con 10 o 15 votos que son los que ese grupo aporta.
Por tanto responsablemente y por estar de acuerdo con el protocolo que aquí se nos presenta, el Grupo Socialista va a votar a favor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Vamos a proceder a la votación.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores. Acuerdo entre España y Rumanía para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.
)Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 254; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo sobre protección de información clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 256; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Protocolo relativo a las consecuencias de la entrada en vigor del Convenio de Dublín sobre ciertas disposiciones del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 149; abstenciones, 111.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTRABANDO (Número de expediente 121/000078)

El señor PRESIDENTE: Punto décimo del orden del día: dictámenes sobre comisiones legislativas. Proyecto de Ley Orgánica de contrabando.
Antes de iniciar el dabate de este punto del orden del día comunico al Pleno que las votaciones correspondientes al proyecto de Ley Orgánica de Contrabando, al Proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes y de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley del Tribunal del Jurado, tendrán lugar a la una de la tarde o en el momento posterior en que el estado del debate lo permita, en el bien entendido de que se efectuarán las votaciones correspondientes de conjunto a todas las leyes orgánicas que hayan sido debatidas. Si quedase alguna

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ley orgánica por debatir, se efectuará la votación de conjunto por la tarde, anunciándola oportunamente.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Cava de Llano (Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones. Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños (Pausa.) Cuado quiera, señora Cava.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, hoy por hoy nadie puede dudar de la necesidad de revisar la Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio, sobre contrabando, no sólo por sus trece años de vigencia sino también por la realización del mercado interior comunitario el 1.º de enero de 1993, que significó la supresión de los controles fronterizos entre los Estados miembros.
Esa libertad de circulación de mercancías sin que se sometan a control en el cruce de fronteras interiores exige compatibilizar las facilidades al libre movimiento de esas mercancías con la necesidad de mantener la represión del contrabando.
Es común a la amplia mayoría de los países de nuestro entorno y ámbito social que en sus ordenamientos se incluyan normas especiales que penalicen el contrabando y los delitos conexos a través de leyes especiales no incluidas en los respectivos códigos penales. Así se ha hecho también con esta ley que, a nuestro parecer, es correcta.
La nueva ley que hoy debatimos podíamos considerarla como una ley mixta que regula y tipifica a la vez no sólo los delitos de contrabando, sino también las infracciones administrativas, tal y como se hizo con las leyes de 1830, 1904, 1929 y 1982, incriminando las conductas más graves y dando la consideración de infracciones administrtivas a aquellas otras que suponen un ataque de menor entidad al bien jurídico protegido. La distinción entre estos delitos e infracciones viene marcada, en principio, por las cuantías de los géneros o mercancías objeto de contrabando, pero existen también otras circunstancias que excluyen la tipificación como infracción y se tipifican directamente como delito, no por razón de su cuantía sino por el objeto sobre el que recae en el contrabando o por el modo de llevarlo a cabo. La competencia para conocer de estos delitos e infracciones viene determinada por la naturaleza de la infracción, de tal forma que los tribunales ordinarios conocerán de la comisión de los delitos y la Administración aduanera de las infracciones administrativas, todo ello en función de su propia competencia territorial.
Señorías, el grado de consenso obtenido por los distintos grupos parlamentarios es importante, puesto que, como he dicho al comienzo de mi intervención, nadie puede dudar de la bondad y oportunidad de la presentación de esta modificación de la ley; sin embargo, han quedado vivas unas enmiendas por parte del grupo que represento, que se refieren, primero, a la cuantía de determinados géneros; segundo, al concepto de organización y, tercero, a la competencia funcional del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Frente al criterio del proyecto de ley de no considerar delito de contrabando el de productos estancados --me estoy refiriendo básicamente al tabaco--, más que cuando el valor de las mercancías sea igual o superior a tres millones de pesetas, nosotros, mediante la creación de un nuevo apartado, el 1 bis en el artículo 2, pretendemos que se considere delito de contrabando el de tabaco y otros productos estancados, siempre que el valor de las mercancías objeto de contrabando sea igual o superior a un millón de pesetas. ¿Por qué esta postura, señorías? Porque en la realidad es muy frecuente el contrabando de pequeños alijos de tabaco en cuantías cuyo valor es inferior a tres millones de pesetas, por lo que de ponerse el límite de delito en esta cantidad se estará rebajando a mera infracción administrativa una conducta que en la práctica no sólo supone una gran merma de ingresos para la Hacienda pública, sino también un enorme problema social que debemos resolver entre todos.
¿Qué está sucediendo en la actualidad? El límite actual de un millón de pesetas entre infracción administrativa y delito de contrabando ha creado una red de contrabandistas que, con pequeñas furgonetas, se desplazan a diario a los puntos de venta cargados de alijos que no sobrepasan las 990.000 pesetas, para no incurrir en delito de contrabando. Estas personas están suficientemente preparadas en cuanto a insolvencia y titularidad de los medios de transporte que utilizan para eludir cualquier responsabilidad administrativa.
Señorías, consideramos que las ganacias de los contrabandistas, llamémosles furgoneteros, llamémosles vendedores directos, así como las pérdidas de la Hacienda pública, son suficientemente importantes como para no pretender elevar la cuantía del límite entre el delito y la infracción, ya que si no estaríamos multiplicando por tres las ganancias de los contrabandistas y, a la vez, multiplicando por tres las pérdidas de la recaudación del Estado.
La enorme carga fiscal que sufren los cigarrilos es precisamente el motor que pone en marcha y mantiene su contrabando ya que su elusión permite grandes márgenes, y conste que estamos de acuerdo con esa carga fiscal como elemento disuasorio para el consumo de tabaco. El detalle de la carga fiscal que les voy a explicar puede darnos la medida del fraude que se comete con el contrabando. El primer impuesto que se elude es el impuesto comunitario arancelario sobre la importación. Este fraude viene a resultar de 50 pesetas por cajetilla. El segundo impuesto eludido es español y se trata del impuesto especial sobre tabaco, que representa unas 139 pesestas por cajetilla. El tercero es el IVA, del 15 por ciento, más el recargo de equivalencia del 4 por ciento, que supone 47 pesetas. Totalizando estos impuestos, el fraude fiscal alcanza el valor de

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236 pesetas por cajetilla, que se convierten íntegramente en beneficio de los contrabandistas por el efecto de su evasión.
Estos números, aplicados a fundadas estimaciones de venta de 150 millones de cajetillas al año, suponen una defraudación en España de cerca de 200.000 millones de pesetas anuales, pérdidas nada despreciables para el Tesoro público.
También queremos destacar que se espera una intensa reactivación del mercado de contrabando de tabaco debido al incremento de la fiscalidad por las exigencias de la Unión Europea, que dio a España un período de cinco años para adaptarse al nivel mínimo de imposición exigido por la Unión, y ese nivel mínimo se alcanzó el día 1.º de enero de 1995.
Hemos dicho con anterioridad que el hecho de que nuestro grupo intente que no se modifique el límite de un millón de pesetas, actualmene existente para la deferenciación entre delito e infracción administrativa, no tenía por objeto únicamente penalizar la vulneración de las normas que rigen el tráfico transfronterizo, con consiguientes pérdidas para la economía nacional. Hay otro aspecto, señoría, de igual o mayor importancia para nosotros, que es el problema social que el contrabando implica, que supone la transgresión de unos valores en una sociedadd y la apología de un sistema de vida que genera ingresos rápidos y cómodos que incitan a no buscar otras formas de trabajo más dignas. Me explicaban hace unos días que en determinados puntos de la geografía española, en los que el modus vivendi viene a ser la venta de cigarrillos de contrabando, cuando se preguntaba a los niños del lugar qué querían ser cuando fueran mayores, con todo orgullo respondían: yo winstonero como mi padre. La entrada de dinero fácil en una familia hace que se respete y admire una profesión tan poco edificante como la de contrabandista.
El mismo criterio, señorías, referente a la cuantía aplica nuestro grupo al contrabando de especímenes de fauna y flora, ¿por qué?, porque prolifera cada día en nuestro país la importación ilegal de especies protegidas, como ha sido denunciado reiteradamente por organizaciones ecologistas. De ahí, la adhesión de España al Convenio de Washington, que recalca la importancia de preservación de la fauna y flora silvestre desde los puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y económico, exigiendo la cooperación internacional para la protección de ciertas especies, contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional. El daño que se causa con este comercio ilícito tiene un valor antiecológico que es independiente de la cuantía de los especímenes introducidos de contrabando, por lo que el Grupo Parlamentario Popular propone que esta práctica sea delito a partir no de los tres millones que se habla en el proyecto de ley sino a partir del valor de un millón de pesetas.
Hasta aquí, la explicación de las enmiendas 30, 31, 32 y 34.
La siguiente explicación se refiere a la determinación de qué entendemos por organización. Nuestra enmienda pretende determinar qué se entiende a efectos de esta ley por organización, ya que el artículo 2.º, apartado 3, letra b), agrava el tipo penal cuando el contrabando se realiza a través precisamente de una organización. Entendemos que es preciso acotar el concepto dado su carácter definitorio del tipo penal agravado. Para ello, proponemos la adición a continuación del texto del proyecto de lo siguiente: A estos efectos, se entenderá por organización la conjunción de medios materiales y personales bajo una dirección unificada con cierto carácter de permanencia en el tiempo y con la finalidad, exclusiva o no, de cometer delito de contrabando.
Fíjense ustedes que el proyecto de ley establece que cuando el contrabando se realiza a través de una organización constituirá siempre delito, con independencia totalmente de su cuantía, lo que supone evidentemente una modalidad agravatoria, con independencia, como digo, de su cuantía. El término organización constituye en este proyecto de ley lo que podíamos llamar como un concepto jurídico indeterminado, por lo que quien deba aplicar la ley deberá constituirse poco menos que en legislador ad hoc para solucionar los casos que le plantee.
Creo que el contenido de la enmienda se explica prácticamente por sí solo y que la agravación del tipo debe quedar determinada de tal forma que no admita interpretaciones distintas de la literal.
En cuanto a nuestra última enmienda que viene numerada con el 36, relativa a la Disposicion Adicional =nica, se refiere a la competencia funcional del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Esta enmienda, señorías, constituyó desde el principio el punto de fricción entre la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, por un lado, y el Grupo Parlamentario Socialista, por otro. Me estoy refiriendo concretamente a la disposición que regula la organización funcional.
Mi grupo ha pretendido, mediante la presentación de la enmienda, otorgar carácter de policía judicial y de cuerpo y fuerza de Seguridad del Estado a los funcionarios de Aduanas que tienen encomendadas funciones de persecución y descubrimiento de los delitos de contrabando, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.
¿Cuál es la razón de ser de esta enmienda? La razón de ser es evitar la situación que se está produciendo en España de que estos funcionarios --me estoy refiriendo al Servicio de Vigilancia Aduanera-- que realizan una valiosa función de represión del contrabando, paralela a la que realizan las fuerzas policiales y la Guardia Civil, carezcan de los instrumentos legales necesarios para realizar con eficacia su trabajo. El Servicio de Vigilancia Aduanera, señorías, ha demosrado en los últimos años tres condiciones que son fundamentales para la lucha contra el contrabando: honestidad, claridad y eficacia en sus actuaciones. Ahora, con esta nueva

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ley es el momento de reclamar que el Servicio de Vigilancia Aduanera se considere como policía judicial y como cuerpo y fuerza de Seguridad del Estado.
Quede claro que nuestro grupo parlamentario no pretende restar en este terreno competencias a la Guardia Civil ni a nadie.
Nuestro Grupo quiere simplemente apoyar a quienes se han mostrado eficaces, sin que esto quiera decir que otros no lo sean ni mucho menos. Queremos que se refuercen y que no disminuyan los medios existentes en un nuevo marco de cooperación internacional, tal y como se recoge en el Título VI de la Unión Europea. Se trata, pues, señorías, de sumar, no de restar ni de dividir. Queremos aprovechar todos los medios humanos y materiales existentes para afrontar la lucha contra el contrabando en aras a conseguir la optimización de los resultados.
En el texto...


El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano, le ruego concluya.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Sí, señor Presidente.
En el texto del proyecto que el Gobierno envió a esta Cámara, lejos de clarificar y ratificar de una vez por todas la competencia del Departamento de Aduanas, y más concretamente de su dirección operativa y policial, como es el caso de Vigilancia Aduanera, se omitió, repito, se omitió totalmente este servicio.
Es decir, que, a pesar de la evolución siempre creciente de los resultados cuantitativos de la lucha contra el contrabando, el Gobierno estaba frenando el desarrollo de un marco jurídico adecuado para los funcionarios de este servicio, y todo ello a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial había informado con respecto a esta Ley el 21 de septiembre de 1994, que la prevención de dotar a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera con el carácter de cuerpo y fuerza de Seguridad del Estado y a la postre de policía judicial, entraba estrictamente en su ámbito competencial, era necesario y, concretamente decía, justificado.
Pues bien, dada la posición contraria del resto de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda en la que por lo menos ya se aludía al Servicio de Vigilancia Aduanera y decía que desenpeñarían funciones de policía judicial siempre que fueran requeridos para ello por los juzgados, pero fíjense que quedaba siempre al arbitrio de los juzgados, de los tribunales o del ministerio fiscal el apelar o no a este Cuerpo.
Posteriormente, en Comisión y de forma sorprendente, Convergència i Unió cambió inesperadamente de postura alineándose con el Grupo Socialista y presentado de forma conjunta una enmienda transaccional que si bien --es justo reconocerlo-- mejoraba muchísimo la anterior enmienda, no lo hacía de forma totalmente satisfactoria para mi Grupo; y no era satisfactoria porque no otorgaba el carácter de policía judicial, sino que establecía que actuaría según señala la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque no se recogía tampoco el carácter y atribuciones de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el cumplimiento de sus funciones de persecución de los delitos y porque, inexplicablemente --no lo llegamos a entender--, en el último párrafo se establece que el Servicio de Vigilancia Aduanera y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado actuarán coordinadamente ¡Ya nos lo imaginamos! ¡No faltaría más! Todo el mundo actuará coordinadamente.
En definitiva, señorías, el Servicio de Vigilancia Aduanera está actualmente viviendo una gran indefinición jurídica desde el aspecto competencial. El proyecto de ley que hoy debatimos, tal y como quedó en Comisión, deja nuevamente a los componentes de este colectivo de 1.800 funcionarios en el mismo grado de precariedad jurídica en el que prácticamente estabancon la Ley de Contrabando anterior de 1982. No perdamos, pues, señorías, esta ocasión histórica, regulemos nítidamente su campo competencial y otorguemos el carácter de polícia judicial y cuerpo y fuerza de Seguridad del Estado a un colectivo, como el Servicio de Vigilancia Aduanera, que tanto por su eficacia como por su operatividad como por sus buenos resultados bien lo merece.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cava de Llano.Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.Mi Grupo quiere empezar por congratularse del alto grado de consenso que acabó produciéndose en el debate en Comsiión de este proyecto de ley, que en buena medida resuelve problemas importantes para el presente y para el futuro de este tema en nuestro país y que consigue, además, actualizar una legislación que obviamente con el cambio de circunstancia política, la entrada en vigor del Acta Unica de la Unión Europea, había quedado obsoleta, que es la anterior Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio.
Fueron muchos los debates que se produjeron, tanto en Ponencia como posteriormente en Comisión, alrededor de este proyecto.
Las posiciones de cada uno de los grupos, en algunos temas, eran concordantes y en otros había una discrepancia de base sobre un tema al que después me referiré, en concreto a las funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera. Creo que el nivel de acuerdo alcanzado finalmente puede satisfacer las legítimas aspiraciones, tanto de la funcionalidad de la ley como de los funcionarios de ese Cuerpo que, con el contenido final de ese dictamen de la Comisión, ven

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satisfechas su reivindicaciones y la operatividad de su función. Por lo tanto, teniendo en cuenta los difíciles equilibrios que ha habido que conseguir en este tema, nos parece que sería útil mirarlos con otra óptica.
Entrando en la defensa de las enmiendas de mi grupo que quedaban vivas, que son la número 6, 9, 11 y 14, la primera de ellas, la número 6, al artículo 2, apartado 2.º, pretendía introducir la modificación respecto a un tema similar al anteriormente explicado por la portavoz del Partido Popular en cuanto al valor acumulado de los bienes, mercancías o géneros considerados como delito de contrabando. En el texto del proyecto de ley, la cuantía para ser considerado delito es a partir de tres millones y mi grupo, en su día, defendió esta enmienda en la misma dirección, pero, recapacitando y teniendo en cuenta las modificaciones que hemos establecido en el -- espero-- próximo Código Penal, nos parece que podríamos entrar en alguna que otra contradicción si disminuimos el dintel económico para considerar delito y no sanción administrativa lo que son delitos de contrabando, fundamentalmente ligados a tabaco. Por tanto, en este trámite retiro la enmienda número 6 de mi Grupo.
La enmienda siguiente, la número 9, al artículo 8, pretendía introducir un párrafo en el que se hiciera posible que las labores de tabaco aprehendidas por una acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Servicio de Vigilancia Aduanera o de la Polícia Judicial fueran lo más pronto posible destruidas para evitar lo que en algunos casos ocurre, como es la reintroducción ilegal; es decir, la vuelta de ese mismo producto, desde el país en que ha sido vendida la mercancía decomisada, pensando en la calidad del producto que finalmente se oferta a los ciudadanos. Es decir, si el tabaco decomisado es reintroducido por otras vías en los circuitos de consumo habitual, se está ofreciendo a los ciudadanos de este país un producto de baja calidad a un precio similar, o no similar, pero en cualquier caso de baja calidad. Nos parece que es una enmienda de tono menor que también en este trámite vamos a retirar. Por tanto, queda retirada la enmienda número 9.
La enmienda más importante que todos los grupos presentamos es la que hacía referencia al principio de mi intervención, que intentaba enmendar la Disposición Adicional Unica, primera, por la que pretendíamos satisfacer la funcionalidad del Servicio de Vigilancia Aduanera, que antes de la discusión en Comisión quedaba malparado en el proyecto de ley, no se atendía sus peticiones, incluso menospreciadas sus funciones y desconocida la gran operatividad que había desarrollado en el pasado reciente de este país, lo cual nos parecía absolutamente intolerable que quedara así en el proyecto de ley.
Después del debate en la Comisión, el texto final al que se llegó, como decía al principio, nos parece que es suficientemente adecuado a las necesidades y a las reivindicaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y que su papel casa correctamente dentro del mundo de la represión, de investigación y persecución del contrabando, dentro de lo que es polícia judicial y que al estar amparado en artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite su perfecta incardinación en dicho Servicio. Por tanto, si la voluntad de todos los grupos fuera la de mantener el texto de esta Disposición Adicional =nica del proyecto de ley tal como está después del paso por la Comisión, y sólo en esa circunstancia, nosotros retiraríamos nuestra enmienda. En el caso de que cada grupo mantuviera la suya, probablemente mantendríamos también la nuestra, aunque, repito, la redacción actual nos parece suficientemente satisfactoria.
La última enmienda de mi Grupo, la número 14, pretendía introducir una nueva disposición adicional con la intención de evitar la reiteración en el contrabando, en el fraude y en la evasión fiscal por parte de empresas, estableciendo que aquellas empresas a las que les fuera decomisada anualmente una cantidad superior al 5 por ciento de la que realmente declaraba como exportada, fuera sancionada, de forma que tuviera que limitar su nivel de exportación y, por esa vía, acabar con un agujero importente de fraude fiscal actualmente existente. Por parte del Grupo Socialista se nos decía que este tema está regulado, y es cierto, por los tratados del GATT y por directivas de la Unión Europea. No es bueno, en técnica legislativa, ser excesivamente reiterativos, pero quizá, en temas que no están contemplados específicamente en nuestra legislación, pueda ser útil introducir este tipo de preceptos que impidan una práctica que actualmente es bastante habitual. Por tanto, a expensas de oír la intervención de los demás grupos, voy a mantener viva la enmienda número 14, aun siendo consciente de que, al menos parcialmente, este tema está regulado por el GATT y por directivas de la Unión Europea.
Acabo, señor Presidente, señalando, como decía al principio, que nos podemos congratular del grado de consenso conseguido en el seno de la Comisión y, más allá de lo que son legítimas aspiraciones de cada uno de los grupos, creo que deberíamos respetar el equilibrio que en ella se consiguió, facilitando de esta manera que el trámite de esta ley fuera lo más rápido posible para poder conseguir que este período de sesiones no concluyera sin que esta ley fuera aprobada. Creemos que debería ser interés de todos los grupos de esta Cámara que en este período de sesiones, dure lo que dure la legislatura, se consiga que la ley orgánica de contrabando entre en vigor.
Y una última cuestión, señor Presidente, dirigida quizá a los servicios de la Cámara. En el texto del dictamen de la Comisión que se ha editado hay un error, que espero que haya sido ya comunicado a los servicios de la misma, y es que, al haberse introducido un segundo punto en la disposición adicional primera, que es el que regula las funciones del servicio de vigilancia, se han deslizado los números consecutivos y se

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establece, si no se subsana este error, que este punto no sería ley orgánica, lo que sería inconstitucional. Por tanto, como corrección de errores, hay que excluir el apartado 2 de la disposición adicional de la disposición final segunda en la que se establece el carácter de la ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.Señoras y señores Diputados, el Grupo Vasco mantiene una única enmienda a este proyecto de ley, que curiosamente se llama de contrabando. Uno diría que más bien habría que referise a la represión del contrabando. Se dice en la literatura que el título de la novela es sustancial para lo que luego la novela contrae, y quizá los puntos que los anteriores portavoces han estado exponiendo desde esta tribuna podrían referirse precisamente al origen, a la etiología que tiene el propio título de este proyecto de ley de ser un proyecto de ley de contrabando, sin más.
Entendemos, como han indicado tanto la portavoz del Grupo Popular como el de Izquierda Unida, que ha sido un debate interesante, tanto en ponencia como en comisión, que hemos sido capaces de establecer los puntos centrales del debate en relación a la situación que el contrabando genera en este país y que también hemos sido capaces de ir, de alguna forma, poniéndonos de acuerdo en los puntos principales que en relación a este proyecto de ley se iban sustanciando.
Desde nuestra perspectiva exiten dos temas que, por su consideración económica, fiscal y por la situación social que generan, tienen todavía que madurarse más en este trámite del Pleno del Congreso o, en su caso, después, en el Senado, porque sería lamentable que no fuésemos capaces de establecer un consenso todavía más general en relación a estos dos temas. ¿Y cuáles son estos dos temas? El primero que el portavoz de Izquierda Unida explicaba con rigor, en relación a quién o a quiénes se debe encomendar la represión --pues de esto estamos hablando y no de otra cosa-- de las actividades de contrabando, las funciones que la Guardia Civil debe tener en relación a esta materia, al seguimiento del propio contrabando, y las funciones que se deben asignar y establecer en la ley al Servicio de Vigilancia Aduanera, cuerpo de gran prestigio y adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. Creo que éste es uno de los puntos nucleares en que aunque se ha avanzado en los trámites de Comisión --ya que hubo una enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo Catalán de aproximación entre las posturas--, desde la perspectiva del Grupo Vasco, todavía no se ha llegado a sustanciar suficientemente o a acercarse en un proceso de catarsis entre las posturas que mantenían los distintos grupos. Porque hay que hacer notar, señor Presidente, que al inicio del debate partíamos de una postura mayoritaria en la Cámara, de todos los grupos salvo el Socialista, donde se intentaba de alguna forma subrayar y elevar a la categoría de esta ley las funciones del Servicio de Vigilancia Aduanera en detrimento de las que la Guardia Civil ejerce en relación a esta materia. Postura mayoritaria en los inicios y en los trámites de los trabajos de la Ponencia, que llegó hasta los trabajos de la Comisión, y que esta enmienda transaccional entre los Grupos Socilista y Catalán (Convegència i Unió) hacía avanzar en la línea que todos los grupos llevábamos manteniendo desde el inicio del debate. Entendemos que el contenido de esa enmienda transaccional supone un avance, pero que no es suficiente por lo que después haré notar.Entendemos que existe también un segundo problema en relación a los contenidos de las enmiendas que se recogían por parte de todos los grupos, con excepción del Grupo Socialista, respecto de los equilibrios que deben existir entre los distintos agentes que operan en relación a las materias que son objeto de contrabando. Estoy hablando de los expendedores de las tabacalerías, de la venta del propia tabaco, etcétera. Entendemos que el equilibrio que se busca y que está recogido en este momento en el dictamen de la Comisión tampoco es suficiente.
Es verdad que el Grupo Vasco presentó una enmienda de alguna forma «provocadora» --enre comillas-- con objeto de suscitar el debate en la Comisión, indicando que debería considerarse delito el propio contrabando de tabaco, en cualquier caso. Era, en cierto modo, una enmienda provocadora, señor Presidente, porque entendemos que éste es un problema social grave. Los que vivimos en zona de costa observamos con estupor cómo las viviendas suben de precio, cómo se genera una economía sumergida, que no sorprende a los que intentamos ser legales, como dicen ahora los jóvenes, y observamos una serie de movimientos económicos y fiscales que ciertamente son de sorprender. Los que además de vivir en costa tenemos un problema terrorista fuerte allí donde vivimos, observamos también con estupor cómo la lucha contra el contrabando se convierte precisamente en una excusa, en una serie de caminos obscuros que convierten nuestras sociedades en auténticos quesos gruyer, ciudades saturadas, obturadas, donde las Fuerzas de Seguridad encuentran canales obscuros por debajo de la ciudad a través de los canales de contrabando para poder traficar con droga, para poder entrar en el tráfico internacional de armas y para de algna forma entrar también en el mundo terrorista. Anteponiendo el mundo terrorista desde una lógica ciertamente entendible pero también discutible, nos encontramos con que el contrabando puede ser hasta una labor heroica, patriótica, muy significativa pero que, al fin y a la postre, está rompiendo los cimientos de la propia sociedad. Y no se trata, señor Presidente, de hacer moralina. Se trata

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de traer a esta casa, de exponer ante el Pleno del Congreso de los Diputados aquellos aspectos que están en la sociedad y que están en la calle. El ciudadano que vive en San Sebastián, el ciudadano que vive en la costa en nuestras ciudades observa con estupor todos estos movimientos sociales, observa con estupor esta economía sumergida que mueve miles de millones de pesetas, observa con estupor que no se reprime con la suficiente serenidad toda esta serie de actividades y observa que los ciudadanos que intentan vivir a tenor de lo que las leyes y la convivencia pacífica y ciudadana indican y denotan son al final los segundones, los parias de la sociedad, y yo creo, señor Presidente, que éste es el debate que se debe suscitar: cómo el legislador ataca esta serie de situaciones que están ahí, que son de dominio público. Es muy fácil venir aquí y hacer un discurso teórico sobre lo que el contrabando es, debe ser, debe generar, pero en este Estado el contrabando mueve miles de millones de pesetas. Es verdad que con las cantidades y parámetros que se recogen en este proyecto de ley estamos en sintonía con lo que en el Código Penal, con lo que en las leyes fiscales más modernas, más actualizadas se está recogiendo. Eso es cierto y es así, no lo vamos a discutir, pero resulta que esas leyes, esos parámetros están en referencia a otras situaciones que no generan este conflicto social, son situaciones que no conllevan una degradación casi hasta el extremo, diría yo, en la convivencia social.
Por ello, entendemos desde el Grupo Vasco, señor Presidente, que la actual redación en relación con los parámetros económicos para considerar la actividad de contrabando como infracción administrativa o como delito de contrabando debería de revisarse en los trámites que todavía quedan en el Pleno de esta Cámara o en el Senado. Retiramos la enmienda provocadora que presentaba el Grupo Vasco, entendiendo que existían otras enmiendas que podían abordar de alguna forma, por indicar otros parámetros distintos al recogido al iniciar el proyecto de ley, este tema y recoger la problemática que estábamos exponiendo. Hacemos un llamamiento al Grupo Socialista particularmente, para que sea consciente de esta situación, para que no se mueva sólo con parámetros económicos, con parámetors fiscales, siendo conscientes de la degradación social que al fin y al cabo la pagamos todos los ciudadanos que como yo intentamos vivir dentro del marco de la legalidad.
Finalmente, señor Presidente, quisiera hacer una reseña especial sobre quiénes deben intervenir en esta labor de represión del contrabando, me refiero a la enmienda que el Grupo Vasco mantiene viva para este Pleno. Comparto la exposición que han hecho tanto la portavoz del Grupo Popular como el portavoz de Izquierda Unida en sus propios términios, y sí quisiera hace notar que desde nuestra pespectiva las funciones del Servivio de Vigilancia Aduanera deberían considerarse con mayor cualificación, con mayor rango de ley desde la observación de lo que ha pasado en los últimos años.
Se nos acusa sistemáticamente de actuar contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Señor Presidente, debo decir que desde la experiencia del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco aquí existe un cuerpo de seguridad que ha actuado con rigor, que ha actuado con profesionalidad en lo que es la represión del contrabando como es el Servicio de Vigilancia Aduanera. Quede dicho, señorías, y tenga el mismo valor que decir que, según nuestra opinión, las Fuerzas de Seguridad del Estado encuadradas en la Guardia Civil no merecen esa misma consideración. Asúmase con el mismo valor, dése el mismo valor a lo uno que a lo otro, pues suponemos, señor Presidente, que todos son funcionarios del Estado, profesionales. A un diputado, portavoz de una serie de ciudadanos, le corresponde la tarea de explicar ante el Pleno del Congreso de los Diputados lo que esa opinión mayoritaria recoge; opinión que, como hemos podido ver en Comisión y en Ponencia, es muy compartida entre los grupos de esta Cámara.
Desde esa perspectiva, entendemos que la actual redacción que se recoge en el proyecto de ley en relación a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera no es suficiente porque en la enmienda que se aprobó no se recoge el carácter de resguardo fiscal del Estado para este Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que es fundamental; tampoco aparece en la enmienda el carácter que ostentan sus medios aéreos y navales de auxiliares de la Armada Española, lo cual, de recogerse, elevaría a rango de ley orgánica el simple decreto ministerial, que en la práctica no hace más que generar problemas; no se otorga expresamente sino indirectamente, lo que constituye un problema; por intentar un acercamiento, por querer generar consenso, podemos provocar al final un problema de interpretación al no otorgar expresamente el carácter de policía judicial y hacerlo indirectamente; además, no se recogen el carácter y las atribuciones de Cuerpo de Seguridad del Estado para el cumplimiento de sus funciones.


El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri, le ruego concluya.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Termino, señor Presidente.Por ello, haremos un llamamiento a los grupos de la Cámara para que, en relación a estos dos temas, se señale quién debe reprimir estas actividades de contrabando y en qué parámetros se debe considerar delito de contrabando; que en relación a estos dos temas, el Pleno de esta Cámara sería capaz de suscitar un consenso mayor que el que hemos encontrado en el trámite de Comisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.


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Enmienda del Grupo de Coalición Canaria. Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, para este trámite de Pleno, Coalición Canaria mantiene viva una enmienda, la número 18, dirigida a la disposición adicional única entonces en el proyecto de ley que remitió el Gobierno, que hoy queremos mantener porque nos parece insuficiente, pese al avance, como ya han reconocido los otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tanto del Grupo Popular como del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como del Grupo Vasco (PNV).
Señorías, aunque se ha hecho un evidente avance de perfeccionamiento, dicho perfeccionamiento es malo; es malo porque deja una inseguridad jurídica fundamental y en una inseguridad, yo diría que física, al Servicio de Vigilancia Aduanera. Se ha querido hacer una componenda y las componendas son malas. Cuando a un servicio se le encomienda lo que viene a decir la disposición adicional primera del dictamen que nos viene de la Comisión y se le quiere dar estas potestades, hay que reconocer lo que verdaderamente tiene que ser su naturaleza administrativa en el Estado. Para nosotros, el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene que tener el carácter de cuerpo de Seguridad del Estado y de policía judicial. Por esta razón, vamos a apoyar las enmiendas concordantes con los otros grupos porque ésta es la filosofía de fondo. Aquí no cabe hacer planteamientos de celos de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía con respecto a otro cuerpo del Estado.
Señorías, aunque hay una mejora en cuanto a la designación de las funciones, se dice, por ejemplo, en el apartado 2 de la disposición adicional primera, ahora de organización funcional, que los funcionarios integrados en el Servicio de Vigilancia Aduanera procederán a la investigación, identificación, detención y puesta a disposición judicial de los autores. Y en el apartado 3 se vuelve a decir que actuarán coordinadamente en la investigación, persecución y represión. ¿Ustedes saben qué tipo de catadura personal tienen los delincuentes que se dedican a estas actividades reprimidas aquí o es que pensamos que van con un ramo de flores en la mano? Van armados. El Servicio de Vigilancia Aduanera tiene que tener una protección. No se trata solamente de disuadir al delincuente o al que haga la infracción administrativa del contrabando del delito de contrabando por el mero hecho de presentarse un señor con un carné de funcionario del Estado. Tiene que tener unos medios disuasorios y para su propia defensa personal.
Aquí no estamos hablando solamente de medios físicos materiales, de que en función de las lanchas rápidas que puedan emplear los contrabandistas haya que dotar al Servicio de Vigilancia Aduanera de lanchas rápidas del mismo número de caballos o que hagan el mismo o superior número de nudos para poder aprehender a la embarcación sobre la que se hace el contrabando. No se trata sólo de eso. Estamos hablando aquí de las personas físicas que tienen que cumplir lo que se está diciendo en la disposición adicional primera. Yo no entiendo cómo se puede decir en la tercera, habiéndose perfeccionado, que actuarán coordinadamente en la investigación el Servicio de Vigilancia Aduanera y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Quién los coordina? Porque veo muy difícil que si no tienen todos una consideración de policía judicial y de funcionarios de la seguridad del Estado, alguien se llame a coordinarlos, alguien que tenga capacidad administrativa suficiente para hacer esta coordinación. Si estamos viendo problemas de coordinación en cuerpos de la seguridad del Estado como la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, ¿qué va a pasar ahora cuando damos estas funciones a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y no les protegemos? Yo no me explico cómo el Servicio de Vigilancia Aduanera, por sí mismo, podrá acceder a la detención y puesta a disposición judicial de los presuntos delincuentes cogidos en delito de contrabando por el propio Servicio de Vigilancia Aduanera. Supongo que al menos llevarán grilletes o esposas para podérselos poner a estos presuntos que van a ser entregados al juez, pero habrá que ver con qué medios se van a tratar de defender los delincuentes del acoso de este cuerpo de vigilancia fiscal del Estado.
Nuestra enmienda quiere dar estas garantías jurídicas plenas para que el funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera, cumpliendo lo que dice la disposición adicional primera, lo que va a tener que cumplir por imperativo legal de los apartados 2 y 3, fundamentalmente, organización funcional, tenga esa protección máxima que da el ordenamiento jurídico del Estado. Y esa protección de las personas físicas funcionarios del Estado, no la protección puramente jurídica de las instituciones jurídicas del Estado, se da en la consideración de seguridad de policía judicial y de cuerpos de seguridad del Estado, y para eso tratamos de recuperar con nuestra enmienda la figura citada aquí explícita y expresamente del resguardo fiscal del Estado, porque están defendiendo un bien común del Estado frente al delito.
Nosotros también queremos decir, en apoyo de lo que se ha dicho aquí en relación con las otras enmiendas, que estamos plenamente de acuerdo porque desde Canarias este tema nos preocupa muchísimo. Esta ley tiene que tener en la represión del contrabando una lectura específica desde Canarias porque son específicas nuestras leyes fiscales. Se da la circunstancia de que con este proyecto de ley se trata de pasar de uno a tres millones de pesetas la cantidad que señalaba la Ley orgánica de 1982 de represión del contrabando. Ahora se pasa a tres millones de pesetas para que pierda la consideración de delito y pase a ser infracción administrativa. Como bien ha señalado la portavoz del Grupo Popular, en el sector del tabaco esto no se debería

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hacer, porque el contrabandista de tabaco segrega y reparte sus alijos. Va a meter la mercancía en lanchas, en furgonetas o en el medio de transporte que emplee en alijos inferiores a un millón de pesetas en su valor estimado para que no sea delito, con lo cual no se está haciendo la disuasión fundamental, sobre todo en el sector del tabaco. Y esto en Canarias nos preocupa enormemente.
Nuestro grupo parlamentario ha traído aquí iniciativas y ha hecho preguntas a los señores ministros sobre el contrabando de tabaco, y más en este momento con la crisis en que se encuentra por imposición de la compañía estatal Tabacalera sobre la industria de tabaco canario, que la está desmontando y anulando puestos de trabajo. El pasar de uno a tres millones de pesetas para que sea considerado de ahí para abajo infracción administrativa y de ahí para arriba delito en Canarias nos perjudica y no estamos dispuestos a votar a favor esta disposición del proyecto que llega hoy a la Cámara. De ahí que nosotros tengamos que apoyar las enmiendas que vienen a mantener en un millón de pesetas lo relativo al contrabando.
Porque hay otras cuestiones que no se cuantifican, aunque se invoque el Tratado de Washington, para evitar el contrabando de especies vegetales y animales que están sujetas al citado Tratado de Washington. Aquí no hay una cuantificación y debería hacerse, mediante desarrollo reglamentario, en cuanto a los aspectos textuales que tiene esta ley.
Por todas esas razones, señorías, nosotros, señor Presidente, mantenemos nuestra enmienda y apoyaremos las concordantes con lo dicho de los otros grupos parlamentarios de la oposición.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, tomo la palabra para consumir un turno en contra de las enmiendas que quedan vivas al proyecto de ley orgánica de contrabando; no de todas ellas, porque tengo la esperanza de que algunas sean retiradas en este trámite y podamos fortalecer el consenso que creo que venía, en alguna medida, condicionado favorablemente por el hecho de que en su día no hubiera ninguna enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de contrabando. Pienso que ello marcaba un poco la buena orientación global de la ley que remitió el Gobierno a esta Cámara y ha marcado también, en cierta forma, lo que ha sido el propio debate en Ponencia y en Comisión, que ha estado seguramente caracterizado por la flexibilidad de buena parte de los grupos parlamentarios y, desde luego, por la flexibilidad del Grupo Socialista, al intentar aunar el máximo de voluntades para llegar a un texto que globalmente fuera incluso mejor desde el punto de vista técnico y desde la perspectiva de la eficacia social a la que está llamada una ley orgánica de contrabando; ley que, como han señalado algunos grupos parlamentarios, aparecía como necesaria en tanto en cuanto era menester hacer una actualización de las previsiones en relación con la lucha contra este fenómeno, que tiene una importancia históricamente vinculada a los problemas de Hacienda y fiscales, también hoy lógicamente, pero que hoy también tiene una trascendencia social y económica importante para algunas zonas de nuestro país. Creo que esa actualización era además imprescindible, en tanto en cuanto el mercado único en el seno de la Unión Europea, la eliminación de las fronteras interiores abogaba una configuración distinta de nuestro país que tiene, desde esa perspectiva, una importancia singular. Asimismo conviene recordar que la regulación del ámbito penal y administrativo venía establecido ya desde hace bastantes años. Por último, era evidente que había que introducir algunas nuevas figuras en relación con el contrabando y abordar toda la problemática relacionada con el Servicio de Vigilancia Aduanera y con su respaldo jurídico en la función pública que desarrolla de persecución del contrabando.
Por tanto, el Grupo Socialista está globalmente satisfecho del contenido del proyecto de ley, pero tiene que discrepar de los puntos que quedan en cuestión y va a intentar aclarar algún elemento que preocupa aún a algún grupo parlamentario, procurando apelar a la razonabilidad y a lo que parece más positivo para el contenido de la propia ley.
Seguramente, en relación con la cuantía para la distinción entre infracción administrativa y delito que, como el proyecto recoge y el Grupo Socialista sostiene, ha de pasar de un millón a tres millones en la práctica totalidad, salvo alguna excepción como la droga y algún otro producto, para la consideración de delito de contrabando, algún grupo tiene la legítima tentación de pensar que el mantenimiento de un millón en el tabaco podría ser una medida disuasoria, una medida incluso preventiva. Lamentablemente, la experiencia constata que eso no se produce en la realidad, que simplemente hacer un mayor esfuerzo represivo, o tener una mayor tentación represiva, en unos delitos de esta naturaleza que como antes hemos comentado, y los grupos también han sostenido, tienen una vertiente sociológica, cultural, muy distinta a la que se puede analizar en otro tipo de contrabando, yo creo que no se logra impedir con que mantuviéramos la cuantía en un millón.
Hay que tener en cuenta que una política criminal adecuada es aquella que toma distancia, que permite la objetividad, que intenta que no haya una incriminación excesiva en un país con una Constitución que proclama el Estado social y democrático de derecho. Desde luego, el orden penal no puede estar sobresaturado de una infinidad de hechos delictivos. Además,

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en muchos de estos casos, como antes señalaba, esa política represiva no juega un papel disuasorio. Yo creo que el papel disuasorio debe estar orientado fundamentalmente a medidas de naturaleza económica, social, de integración, cultural, en buena medida, y no a ir incrementando la política represiva penal. Esa es una política, en términos penales, que no siempre produce efectos disuasorios y, desde luego, sería equiparar el producto, el tabaco como tal, a nada más y nada menos que las sustancias estupefacientes que están fuera del comercio lícito, compararlas en cuanto a la naturaleza del contrabando.
Se ha abordado por el Grupo Popular la cuestión de definir lo que es una organización. Yo creo que el legislador en esto tiene que tener cautela. Ha habido ya problemas en otros ámbitos legislativos, en otros terrenos penales, cuando se ha intentado definir lo que es una organización. Hay una línea jurisprudencial interpretativa, explicativa de lo que es organización a efectos criminales. Creo que es más correcto, desde un punto de vista estrictamente de técnica legislativa, no hay una cuestión de fondo. Incluso si entráramos en una cuestión de fondo creo que la posición del Grupo Popular sería poco coherente con lo que expresa en relación con el debate del punto anterior, puesto que tengo la impresión de que la enmienda que defiende el Grupo Popular, al definir organización, es restrictiva en cuanto a que un tribunal pudiera entender en pocos casos que hay una organización y, por consiguiente, llegaríamos a que en pocas ocasiones se podría aplicar el tipo agravado. Yo creo que es más correcto, que da más posibilidades, e insisto en que el Tribunal Supremo ha ido definiendo qué es una organización desde el punto de vista criminal.
En relación con la cuestión del Servicio de Vigilancia Aduanera y, por tanto, en relación con los servicios del Estado, los funcionarios públicos del Estado que realizan la tarea de la lucha contra el contrabando, yo comprendo que resulte bastante fácil halagarlos desde esta tribuna, porque son notorios los éxitos que en la lucha contra todo tipo de contrabando ha tenido en nuestro país el Servicio de Vigilancia Aduanera en los últimos años, y por ello los halagos fáciles es seguramente necesario hacerlos cuando se está debatiendo concretamente esta ley. Seguramente si estuviéramos debatiendo una ley que pudiera rozar el campo de algún otro servicio del Estado, o de alguna otra fuerza del Estado, los escuharíamos igual desde esta tribuna. Yo creo que hay que mantener, al menos cuando se pretende ser grupo mayoritario, una posición equilibrada, constatando por lo menos los éxitos, el buen hacer, la profesionalidad del Servicio de Vigilancia Aduanera que, por cierto, se ha producido, también con Gobiernos socialistas. Ha sido el Ministerio de Economía y Hacienda el que ha ido dotando de medios materiales, de alta tecnología, de recursos al conjunto del servicio para que haya podido desarrollar una función. En esa dirección, el Grupo de Coalición Canaria debería tener tranquilidad. Pero aquí se han aportado algunos argumentos para la configuración del Servicio de Vigilancia Aduanera que no son correctos, desde el punto de vista de lo que se quiere buscar.
Yo creo que en ningún momento el Servicio de Vigilancia Aduanera ha reclamado ni pretendido ser fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. El problema que ha tenido en el desarrollo de su función no ha sido que haya dependido del Ministerio de Economía y Hacienda, ni que no haya sido cuerpo o fuerza de seguridad del Estado, porque medios ha tenido. El problema quizá es de interpretación jurídica sobre la naturaleza y la posición ante el Poder Judicial en relación con el desarrollo de sus actividades y, sobre todo, con la investigación previa y la persecución de los delitos de contrabando. Deberíamos ser serios y objetivos a la hora de plantear la cuestión en sus justos términos y deberíamos, por tanto, tener presente que la preocupación estaba situada en el terreno de su status jurídico y el reconocimiento del mismo.
Señorías, con el texto aprobado en la comisión, fruto de la enmienda transaccional que el Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) han recalcado, parece evidente que esa posición jurídica queda perfectamente definida en los térmios en que la Ley orgánica del Poder Judicial define lo que es la policía judicial. Por tanto, sólo alguien que no sepa leer o interpretar un texto legal podría discutir la calidad que les atribuye esa disposición. Por cierto, supongo que los servicios de la Cámara habrán tomado nota del error que existe en el texto porque ha de tener, sin duda, el carácter de ley orgánica.
Y señorías, habría una disfunción tremenda, aparte de que no respondería a ninguna lógica, ni siquiera a la lógica de cómo es la organización de los servicios de vigilancia aduanera en la mayoría de los países, lo que pasa es que hay grupos parlamentarios que a la hora de intentar superar cualquier tipo de barreras, sin reflexionar mucho, ni ideológicamente ni estratégicamente son capaces de ponerse en cualquier posición. Ni es así en la mayoría de los países europeos ni encaja con el modelo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos hemos dotado en este país, que está en la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Seguramente si ese camino fuera el que tuviera la tentación de seguir el grupo parlamentario, haríamos un servicio de vigilancia aduanera menos ágil y posiblemetne menos eficaz para el tipo de lucha que realiza contra el contrabando, con un estatuto radicalmente distinto que como es obvio le separaría enormemente de un funcionario normal de la Administración del Estado, con unas circunstancias yo creo que muy negativas para su función. Obviamente sería una disfuncionalidad notable que hubiera un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado en un ministerio como el de Economía y Hacienda, estando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Ministerio del Interior. Tanto es así, señora portavoz del Grupo Popular, que el informe del Consejo del Poder Judicial, que obra en mi

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poder, al anteproyecto de ley, precisametne lo que decía es lo contrario de lo que usted ha manifestado aquí, que era bueno que fueran fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Decía literalmente el texto del informe: La equiparación que se contiene en esta disposición final podría originar en la práctica ciertas disfunciones derivadas de la dependencia orgánica de dicho servicio de un departamenteo ministerial distinto del Ministerio de Justicia e Interior.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero, le ruego concluya.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Concluyo ya, señorías, con este tema que me ha parecido que ha sido en el desarrollo de la ley orgánica de contrabando el más importante.
Yo haría una reflexión al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha mantenido esa posición, y al Grupo Parlamentario Popular. Creo que con la ley de contrabando se da un avance importante en la definición de la lucha contra este problema, que se mejora, que se modernizan los instrumentos, que se da el respaldo jurídico adecuado y, además, que se deja en su punto de equilibrio, porque quiero recordar que la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobada por unanimidad prácticamente en esta Cámara, atribuyó la lucha contra el contrabando también a al Guardia Civil. Por tanto, es bueno que esta ley haga una llamada a la coordinación. Por cierto, señor portavoz de Coalición Canaria, sí hay instrumentos de coordinación entre ambos cuerpos e incluso están regulados en el ámbito del Plan Nacional para la Lucha contra la Droga.
En definitiva, el Grupo Socialista, después de haber tenido una posición ampliamente razonable, comprensiva y abierta en el trámite de Ponencia y Comisión, no va a respaldar las enmiendas que han defendido los diferentes grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
La señora Cava de Llano tiene la palabra.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, el representante del Grupo Socialista, señor Rodríguez Zapatero, dice que el informe del Consejo General del Poder Judicial no dice lo que yo he dicho que dice. Aquí lo tengo a disposición de la Presidencia y de la Cámara.
Este informe, en su epígrafe noveno, cuando se refiere a la disposición final primera del anteproyecto, dice: Por último, el número 2 de la disposición final primera del anteproyecto establece que el Servicio de Vigilancia Aduanera tendrá la consideración de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y sigue diciendo que la inclusión de este apartado 2 en la disposición final primera se hace necesaria, que son las palabras que ha utilizado esta Diputada.
Por último, no entiendo cómo puede hablar de disfunción cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera está adscrito al Ministerio de Hacienda y la policía judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo están al Ministerio del Interior, porque eso es tanto como que el señor Rodríguez Zapatero reconozca la incapacidad de los dos departamentos ministeriales para coordinarse. Puede haber perfectamente una dependencia orgánica de un Ministerio y funcional de otro, que es lo que ocurrió, pongo por ejemplo, cuando se creó el Plan Nacional contra la Droga, que se atribuyó la coordinación y la dirección de los distintos departamentos ministeriales e incluso de los demás órganos que tenían algo que decir en este tema. Por tanto, pido al señor Rodríguez Zapatero que no reconozca públicamente una falta de coordinación que estoy segura de que con buena voluntad podría haber.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cava de Llano.
El señor Vázquez tiene la palabra.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.De las cuatro enmiendas que mi grupo mantenía vivas para debate en este Pleno, en el trámite anterior hemos retirado las números 6 y 9 y hemos dejado pendiente la número 11, que forma parte de la sustancia fundamental de esta ley, la situación del Servicio de Vigilancia Aduanera. Finalmente, retiramos la enmienda número 11 de mi Grupo y aceptamos como positiva la redacción del punto 2 de la disposición adicional primera porque, como decíamos en la tribuna después de oír a los demás portavoces, nos parece que resuelve suficientemente el problema funcional del Servicio de Vigilancia Aduanera, considerándolo de facto como policía judicial con arreglo a los artículos 443 y 446 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que satisface la funcionalidad y las legítimas reivindicaciones de sus componentes.
Retiramos también la enmienda número 14, en función de que, como referíamos anteriormente, la regulación de los temas de contrabando por parte de empresas extranjeras lo está ya tanto por el GATT como por directivas de la Unión Europea. Por tanto, no hay enmiendas de mi Grupo que someter a votación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.Comparto con el señor Rodríguez Zapatero que el orden penal no deba estar sobresaturado, pero compartirá

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con nosotros, señor portavoz del Grupo Socialista, que tampoco esto puede ser un cachondeo. El ciudadano normal, que asiste a actuaciones en relación con materias de contrabando, tiene muchas veces la sensación de que el conjunto de componentes que inciden en esta materia está más cerca del cachondeo que de un país serio. Da la impresión a veces, señor Rodríguez Zapatero, de que el concepto barojiano del contrabandista sigue vigente todavía en este país; ese concepto idealizando del contrabandista que pasaba el Pirineo, que generaba trabajo a su alrededor, y que además era mecenas de muchas actividades sociales en su propio entorno. Entendemos, señor Presidente, que hay que superar ese concepto decimonónico que llevaba también a decir a Baroja: ¡Qué país, Mikel Arena! Oyendo algunos argumentos da muchas veces la impresión de que Baroja sigue todavía vivo entre nosotros y que los estereotipos literarios por él prefigurados sirven incluso de base a algunos discursos.
Exactamente lo mismo sucede en relación al segundo punto que manteníamos nosotros como enmienda viva para este Pleno. Usted se ha puesto todas las medallas en relación al Servicio de Vigilancia Aduanera. Seguro que legítimamente, no le voy a poner ninguna cortapisa en ese sentido, pero reconocerá conmigo también, señor Rodríguez Zapatero, que no ha hecho ninguna referencia a la segunda parte del tema. ¿Nos quiere decir algo de la Guardia Civil? También eso se ha denotado en el debate y se ha expuesto una situación real, porque el conflicto no se da por poner más medallas al Servicio de Vigilancia Aduanera, sino porque las funciones represoras en relación a las materias de contrabando, en nuestra opinión, no se ejercen con suficiente diligencia. En relación con esa materia el silencio ha sido su única contestación. Evidentemente, existe una posición muy maniquea en relación con este tema. Usted hablaba de que sus posiciones son equilibradas, responsables. Supongo que no querrá dar a entender que los que manifestamos posiciones no concordantes con las suyas seamos unos desquilibrados y unos irresponsables.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor González de Txabarri.
Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con gran brevedad he de decir que, oídos estos argumentos, nos ratificamos en el mantenimiento de nuestra enmienda y votaremos las que son concordantes con la nuestra.
Quiero dejar aclarado, porque en las palabras del portavoz socialista ha habido un silencio o un falsa interpretación, que Coalición Canaria a través de su enmienda de lo que está en contra es del contrabando. Todos contra él, con todos los instrumentos físicos y jurídicos de la Administración del Estado, empezando por el soporte de esta nueva ley orgánica que vamos a votar hoy en el Parlamento. El planteamiento de nuestra enmienda, hecha a favor de la Administración del Estado, incluye con todas sus prerrogativas a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera y no va contra nadie. Bienvenidos sean todos los alijos capturados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Polícia, que tienen encomendados funciones de represión del contrabando, y del servicio de resguardo aduanero con la tradición que se ha mantenido. Nosotros apoyaremos el apartado número 1 de la disposición adicional primera y su pleno mantenimiento.
Nosotros no vamos en contra de ningún otro cuerpo ni administración jurisdiccional ni competencial que tenga que ver en la lucha contra el contrabando. Lo que decimos es que se dé el pleno reconocimiento jurídico en esa misma igualdad.
Estamos a favor, no en contra de nadie ni de ningún cuerpo, por supuesto, y nos alegramos y felicitamos por la tradición que tiene el resguardo fiscal y el viejo Cuerpo de Carabineros que hereda la Guardia Civil para que esto se mantenga con claridad. Esto es lo que quería hacer constar para el «Diario de Sesiones» al mantener nuestra enmienda.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Seré breve, pero no quiero no dejar en el aire algunas de las cuestiones que se han planteado.
Quiero decir a la representante del Grupo Popular, señora Cava, que no podemos tener dos textos distintos del informe del Consejo General del Poder Judicial. El penúltimo párrafo de ese informe dice textualmente que la equiparación que se contiene en esta disposición final --equiparación a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que era la materia a la que yo me refería-- podría originar, en la práctica, ciertas disfunciones derivadas de la dependencia orgánica de dicho servicio de un departamento ministerial distinto del Ministerio de Justicia e Interior. Lo dice el Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente yo no había entrado en el análisis en relación con la consideración de policía judicial, que es lo que el informe del Consejo ampara de modo inequívoco, porque considera que es necesario. Por tanto, situemos las cosas en sus justos términos.
Quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida la retirada de la enmienda en relación con ese tema y la actitud constructiva que ha mantenido en todo el debate.No sé por qué el Partido Nacionalista Vasco se empeña en que hablemos y hagamos un debate sobre la Guardia Civil, porque no estamos debatiendo una ley que hable en ningún momento de la Guardia Civil ni en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


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Yo creo que tendríamos que tener al menos esa prudencia. Yo he querido decir en el debate que el Servicio de Vigilancia Aduanera ha desarrollado una gran labor, que tiene que estar en primera línea de fuego en la lucha contra el contrabando -- como está--, que el Gobierno, señor portavoz de Coalición Canaria, señor Mardones, en estos años ha ido dotándolo de medios materiales muy adecuados y muy potentes que han sabido ser bien utilizados por la profesionalidad del Servicio de Vigilancia Aduanera, pero en dotación de medios están --a nuestro juicio- - razonablemente bien.¿Cuál era el problema pendiente ante esta ley? Que era la oportunidad de dotar también de un respaldo jurídico que venía complejo por la legislación y que sinceramente con el texto de la ley queda más que razonablemente bien. Creo que así es la opinión del propio Servicio de Vigilancia Aduanera, al menos de muchos de sus representantes. Su consideración de policía judicial y su respaldo con un carácter de ley orgánica creo que es un avance importantísimo.
¿Y es tan extraño que el Grupo Socialista considere razonable que tiene que haber coordinación en la lucha contra el contrabando entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil? No. Es sencillamente lo deseable y es necesaria esa coordinación. Es coherente con la posición del Grupo Socialista y de esta Cámara, que en su día, cuando aprobó la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado atribuyó a la Guardia Civil también la lucha contra el contrabando, y SS. SS. y los grupos parlamentarios, la mayoría de los que hoy están haciendo ese discurso sobre alguna fuerza o cuerpo de seguridad del Estado, han reclamado en esta Cámara, presupuesto tras presupuesto, más dotaciones para la Guardia Civil del Mar, cuya misión fundamental es la lucha contra el contrabando. Y si viniera ahora aquí una ley que abordara las competencias de la Guardia Civil, seguramente estaríamos oyendo ese discurso de loa, de aplauso a la Guardia Civil, solicitando más competencias y más respaldo. De ahí, señor represnetante del PNV, que el Grupo Socialista intente - -porque es su responsabilidad de gobernar y su vocación de grupo mayoritario-- una posición equilibrada y no esté en ninguna tendencia de parroquia, como he querido interpretar en su exposición, que desde luego está lejos de las intenciones del Grupo Socialista.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Vamos a proceder a las votaciones.
Ya saben, señorías, que en ese debate de los dictámenes se debaten las enmiendas que se han mantenido vivas. Los grupos que no tienen enmiendas no tienen voz en el debate.
Votaciones relativas al proyecto de ley orgánica de contrabando.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor López Garrido pide la palabra.) El señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda número 36.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular, excepto la número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 36, del Grupo Popular.Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 130; en contra, 165; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 1, del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, ocho; en contra, 164; abstenciones, 134.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 18, de Coalición Canaria.
Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 133; en contra, 164; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Votaciones relativas al dictamen de este proyecto de ley.
Votación correspondiente al artículo 2 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 182; en contra, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la disposición adicional primera del dictamen.Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 176; en contra, 129; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa al resto del dictamen, excepto la exposición de motivos.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación correspondiente a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES (número de expediente 121/000092)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del dictamen de la Comisión relativo al proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ollero.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, el debate de este proyecto ofrecía una interesante oportunidad para ver realmente cómo iba a utilizar su campo de juego el nuevo Ministro, ese reducidísimo campo de juego de proporciones indefinidas que se le ha concedido. No sé, de entrada, si interpretar su ausencia de hoy como un apoyo entusiasta al proyecto de su predecesor. Quizá sea ésa la lectura que debamos hacer. En todo caso, el señor Ministro, que no tendrá ocasión de hacer grandes cosas por la educación, sí tenía la oportunidad por lo menos de impedir que se consumaran algunas que, a juicio de nuestro Grupo, no van a ser especialmente positivas, entre otras este mismo proyeco de ley.
Se ha convertido en algo enormemente difundido ya la convicción de que la LOGSE está fracasando; y está fracasando fundamentalmente por la falta de apoyo del profesorado, y muy especialmente del profesorado de los centros públicos, cuyo entusiasmo por el proyecto es incluso notablemente inferior al de los centros privados, que en su día lo criticaron de manera bastante acerba. Pues bien, este proyecto de ley no sólo no rectifica las causas de esa falta de motivación del profesorado, que son fudamentalmente haberse visto marginados en la gestión de los centros y haberse visto faltos absolutamente del respaldo de la Administración cuando han asumido en esos centros cargos de gobierno, sino tampoco el hastío y el desánimo ante la política clientelar y de instrumentalización política que el Partido Socialista ha venido llevando a cabo en los últimos años. Este proyecto no sólo no rectifica eso, sino que tiene prácticamente como finalidad fundamental consolidar todo lo que se ha hecho en ese aspecto.
En ocasiones se nos ha hecho notar desde el Grupo Socialista que estas previsiones anteriores, y ahora consolidadas en el proyecto, afectan a todas las administraciones públicas. Precisamente por eso, el Grupo Popular vota en contra, porque en aquellas administraciones públicas donde tiene responsabilidades de gobierno no le interesa en absoluto hacer política clientelar ni instrumentalizarla. Por tanto, esto no le sirve para nada. Yo no sé si al decir eso el Grupo Socialista está implícitamente explicando el voto positivo que recibe de otros grupos distintos del nuestro. En todo caso, para nosotros el argumento no es válido. Lo que es evidente es que el fracaso de la LOGSE, que se explica por esa desmotivación del profesorado, se va a ver consolidado y reforzado con esta ley, si llega a aprobarse, ya que su único objetivo, como he dicho, es perpetuar las causas de esa falta de motivación.
El Grupo Popular, por el contrario, propone una serie de enmiendas que, entre otras cosas, apuntan a devolver el protagonismo al profesorado y, en concreto, promover la función del claustro en los centros, que ha sido recortada de una manera poco razonable. En concreto, nuestras enmiendas proponen que el claustro de profesores elabore una terna para la elección de director y que el consejo escolar elija a alguno de los miembros de esa terna. Pensamos que los únicos que están en condiciones de acreditar a un candidato a director son los profesionales de la enseñanza, que son los que están en condiciones de evaluar méritos, como dice esta ley, porque quien no es profesional no está en condiciones de evaluar mérito alguno. Podrá evaluar la confianza política o la confianza personal que le pueda merecer la gestión del candidato, pero nunca sus méritos, porque de eso no sabe nada, y no es bueno mezclar unas cosas con otras.
Proponemos también que sea el claustro el que elabore la propuesta de directrices del proyecto ecucativo del centro, que debe elaborarlo el claustro con el equipo directivo y no el equipo directivo por su cuenta; que el director tenga que oír al claustro para designar los cargos que a él le competen o para proponer su cese.Aprovecho, de cara más bien a los servicios técnicos, para advertir que se ha deslizado una errata en la redacción

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del dictamen de la Comisión en el artículo 11.1.a), donde se ha escapado una preposición, en, que no es fruto de una enmienda, sino simplemente de un lapsus y convendría corregirlo.
Para el Grupo Popular, el sistema de participación --que, al fin y al cabo, deriva implícitamente de la Constitución y en su día ya fue desarrollado parcialmente por el Gobierno de la UCD, y que luego fue plasmado en la LODE--ha sido, sin duda, la víctima principal de esta política a la que antes me he referido. Pero, para nosotros, realmente el fallo no ha sido del sistema en sí, sino un fallo del uso que se ha hecho de él. Por tanto, ante esta situación, lo que pretendemos es dar una nueva oportunidad, mediante una mejora, al funcionamiento de ese sistema de participación.
El Gobierno se ha empeñado en los últimos años, a través de sus disposiciones, en considerar al director de los centros, por ejemplo, más como un representante de la Administración que como un representante de la comunidad educativa. En la misma memoria del proyecto se registra esa especie de contradicción que surge al verse una misma persona obligada a desempeñar dos funciones que a veces entran en conflicto, pero el proyecto, inequívocamente, opta por que el director aparezca como representante de la Administración antes que como representante de la comunidad escolar. Eso explica que sólo pueda ser candidato quien la Administración estime oportuno, quien esté acreditado por la Administración. Por tanto, se rompe la contradición, pero precisamente desvinculando aún más al director de la comunidad escolar, en vez de, por el contrario, vincularlo a ella.
El Grupo Popular se opone a este planteamiento y quiere poner fin a esta política socialista, que ha llevado, como consecuencia, a la designación a dedo de la mayoría de los directores escolares, tras conseguir que el malestar de los profesores se traduzca en una negativa casi generalizeda a ocupar dicho cargo. Pensamos que si se replantea esta participación, precisamente reconociendo al profesorado el protagonismo que merece, no se procudirá esa actitud de inhibición a la hora de asumir esas responsabilidades.
Ante esta crisis de la utilización del sistema de participación, saben dos actitudes: una, por la que opta el proyecto, que es consolidar lo ya hecho; otra, la que propone el Grupo Popular, que es recuperar el sistema que creemos que es válido, creemos que al menos cabe intentar una vez más que funcione, y aquí es donde surgen, lógicamente, nuestras enmiendas.
El proyecto opta claramente por consolidar lo hecho. La Administración, como ya he señalado, es la que va a acreditar a los candidatos, y no la comunidad escolar.
Además los va a acreditar retroactivamente. Serán precisamente aquellos profesores que se han prestado a colaborar, más con el Ministerio, como excepción, dentro del general desánimo de sus compañeros, los que se van a ver acreditados de manera retroactiva por las disposiciones de esta misma ley. Es curioso que un problema reconocido como es el de la ausencia o escasez de candidatos se resuelva --entre comillas--, paradójicamente, en este proyecto dificultando aún más el ser candidato. Antes faltaban canditatos y ahora habrá profesores que puedan querer ser canditados y no podrán serlo. Por otro lado --no quiero olvidar un matiz--, a la hora de aplicar retroactivamente esta ley, el proyecto no distingue, por ejemplo, entre aquellos profesores que han sido directores de un centro elegidos por la comunidad escolar, a los que tendría sentido reconocerles esa acreditaión que ya tienen, de aquellos que han sido, pura y simplemene, designados a dedo, a los cuales lo único que hay que reconocerles es, quizá, su buena voluntad o su grado de identificación con las autoridades ministeriales, en algún caso. Pensamos que es la confianza del centro la que debe acreditar al candidato, y es absurdo que un candidato que podría contar con la mayoría absoluta de la comunidad escolar no pueda ni siquiera presentarse si no le da un certificado de adecuada conducta, una acreditación, la Administración de turno. No estamos, en modo alguno, a favor de esta pintoresca situación, que lo único que hace es complicar todavía más la presentación como candidato en un momento, insisto, en que la mayoría acaban siendo designados a dedo porque no hay candidato alguno.
Parece poco disimulable, en ese contexto, que a lo que se aspira es a colocar a los leales antes de un inminente abandono del poder. Por eso, rechazamos de manera drástica ese sistema de acreditación.
Queremos, sin embargo, recuperar el sistema de participación, intentar, en un nueva oportunidad, que llegue a cobrar vida, evitando, entre otras cosas, toda posibilidad de designación directa por la Administración. Nosotros entendemos, lógicamente, que un director de un centro necesita una formación específica y un apoyo, más que nada, pero pensamos que esa formación debe recibirla a la vez que desarrolla sus funciones. Al fin y al cabo, para ser director provincial -- que en algunos casos es quizás más que ser direcor de un centro escolar-- no se exige acreditación alguna. Por tanto, me parece que esta es una exigencia excesiva. Lo que hace falta es apoyo, no solamente formativo, sino también, fundamentalmente, para que el director se sienta, a la hora de defender los intereses de su comunidad escolar, respaldado por la Administración.
Curiosamente hay una coincidencia gracias a una enmienda que introdujo el Grupo Socialista, equivalente a una del Grupo Popular, en la que se prevé una segunda vuelta en la elección.
La diferencia es que en nuestro caso proponemos que en la segunda vuelta se elija entre los dos que hayan sacado más votos en la primera, mientras que el Grupo Socialista sigue exigiendo mayoría absoluta en segunda vuelta, con lo cual, de no conseguirse, habrá designación a dedo y a la mejor será director un profesor que está en minoría absoluta, porque incluso puede ser ajeno al centro, si está

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acreditado por la Administración, lo cual nos parece que es un despropósito. Nosotros proponemos dos cosas, como ya he dicho.
Primera: que haya una terna que propone el claustro, con lo cual no hay formalización específica de candidatura; segunda: que, en defecto de esa terna, cualquier profesor que sea miembro del consejo escolar podrá ser votado, puesto que, si ya está participando en el consejo escolar, hay que entender que está en condiciones de asumir esa responsabilidad.
Este es nuesto planteamiento, y quiero recordar aquí una cosa, haciendo una llamada a la sensatez al Grupo Socialista, insistiendo en un detalle que es puramente técnico. En el momento actual, en el dictamen de la Comisión, en ningún artículo --a no ser que haya cometido un error al revisarlo; error que admitiré con sumo gusto-- se especifica de manera directa cuál es la duración del mandato del diretor. Se especifica cuál es la duración del mandato del director designado a dedo, se especifica cuál es la duración del mandato de los órganos unipersonales que designa --porque se habla de designación-- el director, pero en ningún momento se dice cuánto va a durar el mandato del director. Además, hay una disposición adicional que señala que en los centros privados durará el director lo mismo que en los públicos, y no se dice cuánto dura. Creo que, por lo menos, hasta ahí debería llegar el sentido común y aceptar alguna enmienda que subsane ese absoluto dislate.
Cuado defendimos la enmienda a la totalidad en el Pleno, resaltamos la curiosa circunstancia de que se señalara un período de mandato a los directores, incluso a los designados a dedo, de cinco años, cuando el presidente González se había referido humorísticamente, días antes, a que hablar de cinco años era hablar de más de un legislatura. Parece que el argumento ha hecho mella, porque el Grupo Socialista ha cambiado el plazo y lo ha dejado en cuatro años. Es decir, en una legislatura de un grupo que tenga suficiente apoyo, no de las del Grupo Socialista que ya vemos en estos días que no llegan a cuatro años.
Hay otra previsión introducida vía enmienda, y es que haya un máximo de tres períodos para el director. La verdad es que no entendemos muy bien esta previsión y nos hemos puesto a ella.
Si lo que se quiere insinuar es que no es bueno que el director esté mucho tiempo, tres períodos nos parece demasiado. Si, por el contrario, puede estar tres períodos no sé por qué no puede estar cuatro. Tal vez lo que haya sea un cierto miedo a que el director de una comunidad escolar cobre tal liderazgo que pueda crear problemas a la Administración, pero insisto en que al Grupo Popular eso no le preocupa lo más mínimo y está gobernando ya en muchas administraciones. Por tanto, no apoyamos esa medida restrictiva.
Insistimos en otro aspecto. Hay una disposición transitoria que puede originar problemas graves, a la que proponemos una enmienda en la que se dice que en la duración de los mandatos se tendrá en cuenta el momento de la elección. Y ahí debería cortarse esa disposición. Ha habido comunidades autónomas con competencia plena, varias, que han hecho elecciones cuando estaba en trámite esta ley y esos directores ya están elegidos. No tiene sentido alguno que a esos directores se les impida permanecer en su cargo los tres años a los que les daba derecho a permanecer la normativa entonces aplicable y jurídicamente ganarían, sin duda alguna, ese recurso, si lo plantean. Creo que eso supondría aumentar la conflictividad.
Suficientes recursos tiene ya el Ministerio, que tarda años en resolverlos, para meterse en nuevos problemas. Hace falta respetar esas autonomías donde libremente han optado por hacer elecciones, porque no estaban vinculados por una norma que aún no se había aprobado aquí.
El Grupo Popular rechaza las previsiones un tanto humillantes de consolidación parcial de complementos para los directores escolares. Parece que es una visión un poco mercenaria del cargo. Parece insinuarse que si no hay candidatos es porque no hay dinero, lo cual creo que es realmente ofensivo para los profesionales de la enseñanza, a los que no viene mal el dinero --de eso tengo experiencia personal porque he actuado como tal--, pero no creo que tiendan a condicionar su ejercicio de cargos docentes por ese motivo. Y es curiosa la coincidencia de otros grupos en ese rechazo. Por otra parte, no se les reconoce esos complementos a quiene asumen otros cargos directivos...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya terminando, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor Presidente.
No se les reconoce, decía, a quienes asumen otros cargos directivos con no menos esfuerzos.
Nos oponemos también a la desvirtuación de la representatividad en la participación que supone el que algo que no estaba en el anteproyecto se haya incluido aquí y es que se le regala un miembro en el consejo escolar, sustrayéndolo a la elección en este caso de los padres, a la asociación de padres más representativos, lo cual está hecho claramente para consolidar las situaciones de hegemonía que puede haber en la actualidad.
Pasando a otros temas, consideramos fundamental, ya lo dijimos aquí, que se pueda con claridad garantizar la libertad de elección de centros a los ciudadanos escolarizados en centros estatales. La elección de centros no es sólo entre centro estatal y centro privado. Tiene que existir el derecho a elegir entre los centros estatales, lo cual vendrá muy bien para los profesionales de la docencia. Por ejemplo, no tiene sentido que el Ministro -- que hoy no está aquí-- haya anunciado enseñanza biling?e en determinados centros estatales y que el acceso a esos centros públicos acabe dependiendo más de la zona de residencia que de la voluntad de los padres y de la capacidad de los alumnos.
Hay que

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revisar eso. Y quiero recordar que el Grupo Socialista, vía enmienda, ha eliminado del texto de la ley la elección de centros y la ha sustituido por la implicación en el entorno. Tiene que haber derecho a elegir.
Por último, señor Presidente, quiero pasar a referirme a un aspecto arquetípico de la política clientelar del Partido Socialista en estos años, que es la inspección educativa, algo que repercute enormemente en la calidad de la enseñanza y algo que ha sido un ejemplo de maniobra poco presentable, consistente en desmantelar un cuerpo de claro prestigio pero presuntamente deficitario en adhesión política, poner como excusa que hay que pasar a un nuevo modelo no especializado y de carácter temporal, nombrar sin concurso-oposición a centenares de funcionarios, para luego, cuando ya están nombrados, descubrir que era mejor lo de antes, proponer que se vuelva a lo de antes, integrar de una manera directa a todos ellos con la ayuda de las enmiendas de Minoría Catalana --porque curiosamente ha habido un reparto de enmiendas, y el Grupo Socialista ha enmendado unos títulos y el Grupo Catalán otros- - y pasar a un sistema en el que todo el mundo queda integrado, porque incluso aquellos que por no hacer un concurso-oposición que subsane su falta de titulación, o simplemente por no haberlo superado, son admitidos como inspectores extracorpóreos, no quedan integrados en el cuerpo pero se les mantiene en sus funciones hasta que se jubilen.
El Grupo Popular propone una oposición-concurso, porque realmente primero hay una oposición y los que la superan entran en una fase de concurso, y un turno especial para los que han estado desarrollando esa función, porque respeta enormemente a esas personas, muchas de las cuales dicen, con razón, que están ahí por ese sistema porque es el que había, no porque ellos lo hubieran pedido. Por tanto, una persona que está ahí y que, además, ya tiene una experiencia no tendría ningún problema en demostrarla en algo que, al fin y al cabo no va a tener mayor trascendencia. Solamente aquel que estuviera convencido de que no está en condiciones de superar un mínimo contraste, ni siquiera contando con su experiencia, podría verse afectado por esta prohibición del Grupo Popular, que, por otra parte, admite que completen su plazo el resto de los inspectores.
También hemos insistido en que se desarrolle la alta inspección, algo que nos parece fundamental en un Estado de las autonomías. Tan absurdo es negar, como ya hemos denunciado aquí, las competencias de las comunidades autónomas como pretender que un Estado de las autonomías funcione sin Estado...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Concluyo, señor Presidente.Por tanto, es lógico que se asuma esa previsión recogida incluso en los estatutos que tienen mayores competencias, y se regule el funcionamiento de la alta inspección.
Concluyo. Este proyecto, por un lado, pone a prueba la credibilidad del nuevo Ministro que en estos días intenta convencer a los ciudadanos de que van a ser un objetivo preferente de su gestión los idiomas, cuando este proyecto, que él no ha retirado, prácticamente deja fuera de combate al cuerpo de profesores de escuelas de idiomas creado por la LOGSE hace muy pocos años, y lo desdibuja hasta hacerlo desaparecer.Creemos que en el fondo este proyecto rebosa oportunismo poco disimulado, con una fórmula nuevamente discutible para llevarlo a la práctica, y, eso sí, reconoce la necesidad inaplazable de admitir fracasos como que la participación está atascada y que la inspección que se desmanteló hay que volverla a plantear.Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.Para la defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Cruz Orive.


El señor CRUZ ORIVE: Gracias, señor Presidente.Señoras Diputadas y señores Diputados, cuando se presentó a esta Cámara el proyecto de ley orgánica de la participación, evaluación y gobierno de los centros docentes ya el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó una enmienda a la totalidad solicitando la devolución al Gobierno de dicho proyecto de ley aduciendo una serie de motivos que voy a recordar hoy aquí, puesto que dichas motivaciones son las que han alimentado el conjunto de enmiendas que hemos presentado y que tras el paso por Comisión en su gran mayoría permanecen vivas, de noventa y siete enmiendas aún no hemos retirado setenta y siete. Quiero significar que no seguimos manteniendo las enmiendas por el talante que hayan podido ofrecer los representantes del Grupo Socialista que sustenta la acción del Gobierno, sino que, desgraciadamente --creo que es más grave--, continuamos manteniéndolas por la lejanía política que hemos tenido en las concepciones de este proyecto de ley.
Nosotros afirmábamos y afirmamos que el porvenir de la reforma educativa requiere legislar sobre el desarrollo del Título IV de la LOGSE, sobre el Título V, sobre compensación de las desigualdades en la educación, y sobre la financiación que haga posible el cumplimiento de los objetivos planteados en ella.Respecto a este último aspecto, he conocido con estupefacción (agradezco aquí la presencia del señor Ministro porque iba a meter un breve paréntesis sorprendido de que no estuviera presente en este debate, que considero muy interesante), después de la reunión de la Mesa del Congreso que, en el actual período de sesiones,

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este Congreso de los Diputados no va a tramitar la proposición de ley marco reguladora de la financiación del sistema educativo, promovida por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras y primera iniciativa legislativa popular que ha llegado al Parlamento avalada por quinientas mil firmas.Así pues, ante las graves carencias que observamos a diario, ante las dificultades producto de los recortes económicos que embargan a la implantación de la reforma, esta ley es una cortina de humo, pues no recoge los aspectos que debería recoger y los que recoge lo hace de manera deficiente, como luego expondré.En segundo lugar, el proyecto modifica la Ley Orgánica de 3 de julio de 1985, reguladora del Derecho a la Educación, LODE, la propia LOGSE y la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, lo que lleva a regular múltiples y variados temas inconexos unos con otros, originando una gran dispersión temática sin hilo conductor y regulándolos, además, de forma parcial, permaneciendo el cuerpo legislativo principal en las leyes que se modifican.
Flaco favor hacemos a la sociedad legislando de manera tan enrevesada; de 56 artículos, 16 son disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.En tercer lugar, y quizás desde el punto de vista político sea lo que más nos preocupe, quiero significar, porque para nuestro Grupo tiene una gran importancia este aspecto, que en un momento de crispación de la vida política y de crisis, no en sentido peyorativo, crisis producto del cambio, de lógica desorientación en la comunidad educativa por lo que supone la implantación de la reforma, esta ley pretende nacer sin el consenso que obtuvieron las leyes que pretende modificar. ¿Por qué añadir un grado más de crispación? Este proyecto tuvo un precedente cuando, en enero de 1994, el Ministerio de Educación y Ciencia presentaba el documento titulado «Centros educativos y calidad de la enseñanza», concretado en 77 medidas. Aquellas medidas fueron contestadas en su momento desde el campo sindical, con lo que se fue deteriorando el diálogo, llegándose en enero de este año 1995 a darse a conocer el anteproyecto del actual proyecto que estamos debatiendo, donde se recoge parte de las 77 medidas y al que desde un primer momento se oponen todos los sectores educativos, fundamentalmente el estamento docente.
En este triste capítulo de falta de diálogo, de consenso, incluyo la felinidad con la que se ha llevado el debate de este proyecto y las fechas tan inoportunas, período vacacional, o con las aulas recientemente abiertas, como si se buscara la nocturnidad y pasar de puntillas, no sea que la comunidad educativa se entere, discuta y se confronte con las medidas que se proponen.
Por entrar directamente a los contenidos, dado la brevedad del tiempo de que dispongo ¿cuáles son estas medidas y qué propone este proyecto de ley? En el Título preliminar, artículo 1, se sigue interpretando restrictivamente el artículo 55 de la LOGSE, aunque se haya modificado aumentando alguna de las responsabilidades de la Administración para garantizar la calidad de la enseñanza. En nuestra enmienda 113 salvamos la totalidad del referido artículo 55 y añadimos medidas presupuestarias para garantizar la aplicación de las acciones señaladas. Hay que significar que esta especie de coletilla que hemos introducido en numerosos artículos de que se garantice presupuestariamente el conjunto de medidas ha sido desechada artículo por artículo.
El Título I, de la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo, casi es más extenso que los siete artículos que lo desarrollan, divididos en dos capítulos, de la participación, por un lado, y la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los recursos de los centros educativos, por otro.
No supone, a pesar de las mejoras realizadas en la Comisión, un avance significativo en el fomento de la participación; no se abordan los problemas que se han detectado desde la aplicación de la LODE en lo referente a la participación de alumnos, padres y el personal auxiliar y al propio funcionamiento de los consejos escolares. Nuestra enmienda número 114 trata de reconocer en pie de igualdad las asociaciones de alumnos y alumnas y las APA para participar en el funcionamiento de los centros docentes. Con la enmienda 116 pretendemos garantizar la dotación de recursos que haga viable la realización del proyecto educativo del centro.Lo más novedoso de este título está, sin duda, en el artículo 7.3, en el que, en el marco de la autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros públicos, se posibilita la obtención de ingresos económicos complementarios a través de la utilización de su infraestructura y demás medios de los que se disponga fuera del horario escolar.
Coincidiendo y apoyando la utilización de los centros escolares por el conjunto de la sociedad, consideramos que no se limita suficientemente lo que podría convertirse en una abusiva explotación, donde la obtención fácil de recursos económicos primara sobre una necesaria jerarquización de prioridades en las actividades, como establecemos en nuestra enmienda 120: prioridad para actividades de las APA y asociaciones de alumnos, actividades que fomenten la participación juvenil, actividades de las asociaciones de profesores, todo ello controlado por el consejo escolar, y rechazo expreso a la realización de actividades de tipo industrial o comercial lucrativas.
Del análisis del Título II se desprende, a través de 19 artículos, que el acceso a la dirección de los centros es uno de los ejes básicos y de las motivaciones principales que han impulsado este proyecto.
La novedad también está en que figura como requisito para ser candidato a director el haber sido acreditado por la Administración. No se agotan los mecanismos

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para que el director salga elegido entre los propios docentes del centro y a la menor dificultad se faculta a la Administración para que lo nombre a dedo y desde fuera del centro.Se debilita el concepto de equipo directivo, se consolidan complementos retributivos con posterioridad a la duración del mandato, pudiendo dar lugar a la creación de una casta de ex directores con los subsiguientes agravios comparativos para otras funciones.Es verdad que en la Comisión se nos recogieron aspectos no desdeñables, hecho que también quiero resaltar: Se redujo el mandato del director de cinco a cuatro años, aunque me entra la duda de que esté recogido en el artículo específico, pero en el espíritu del debate en Comisión sí que se habló de reducirlo de cinco a cuatro años; que el consejo escolar se renueve por mitades cada dos años y que su mandato sea de cuatro; o que los alumnos puedan ser elegidos miembros del consejo escolar a partir del primer ciclo, es decir, a partir de los 12 años. Pero las 29 enmiendas que mantenemos van en el sentido de apoyar el espíritu de la LODE y de la LOGSE, no transgredirle planteando soluciones a las lagunas y deficiencias que se observan a diario en la aplicación de la reforma educativa.
Si hay problemas de participación, potenciemos la misma reconociendo la asistencia a las reuniones del consejo escolar, el carácter de deber público ineludible a efectos de tramitación del permiso laboral. Pedimos menos intervencionismo de la Administración y más participación del consejo escolar. Las soluciones existen dentro de los centros y del claustro de profesores. Evitemos la profesionalización rutinaria de la función directiva. Apoyemos y formemos a los futuros directores, a los equipos directivos. Favorezcamos la convocatoria de proyecto de innovación. Experimentemos con diferentes modelos de dirección. Todos estos apectos que han quedado en la cuneta y eran parte sustancial de esas 29 enmiendas a este capítulo.
El Título III, de la evaluación, consta de un solo capítulo y tiene ocho artículos. La evaluación del sistema educativo arrastra en España carencias históricas. Es uno de los instrumentos más importantes al servicio de la mejora de la calidad de la enseñanza, pero se recoge de forma superficial, breve (ocho artículos nada más) y sin aportar nada interesante.
Los dos aspectos más novedosos y a la vez peligrosos del articulado son la publicidad de los resultados de la evaluación de los centros docentes y unir los resultados de la valoración de la función docente con el futuro desarrollo profesional del profesorado, pues pueden fomentar el individualismo y la insolidaridad entre los propios enseñantes, rompiendo el criterio de trabajo en equipo e incluso puede favorecer el engaño entre éstos y los padres y madres posibles electores del centro.
Nuestras enmiendas, desde la 170 que plantea la supresión del Título III, van orientadas a lograr una evaluación interna y externa, formativa, continua y correctiva, evitando que se convierta la evaluación en una amenaza para nadie o que se posibilite una clasificación de centros según sus resultados.En el Título IV el proyecto de ley plantea la creación del Cuerpo de Inspectores de Educación con carácter estable, acceso mediante concurso-oposición, exigiendo a los aspirantes el título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto, asignándole la función de control y sancionadora.
Este título, tal como ha quedado configurado, es otro de los aspectos básicos que nos alejan de un posible acuerdo y que nos inducen, junto al Título II, a valorar negativamente el conjunto del proyecto de ley.
Nuestro Grupo, dejando clara la importancia que tiene para las administraciones educativas y para el conjunto de la sociedad la supervisión del sistema y coincidiendo con las funciones definidas para la inspección educativa, porque estamos de acuerdo con el artículo que las define --incluso poníamos alguna más, como la de asesoramiento al consejo escolar del Estado, etcétera--, apuesta, por tanto, por la vuelta a los orígenes de la Ley 30/1984, de la Función Pública, estableciendo la función inspectora como un destino temporal, al que se accede desde los cuerpos docentes establecidos en las disposiciones adicionales décima y decimocuarta de la LOGSE, sin la exigencia de titulación superior. Nuestras enmiendas definen un modelo diferente de concurso público, concurso de especialización y prácticas tuteladas. También defendemos el equipo de inspección y el programa de actuación.Del conjunto de enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y finales, destaco las que tienden a que el personal docente de los centros privados concertados sea equiparado de una vez al de los centros públicos, tanto en condiciones de trabajo como salariales, y que la composición, funciones, etcétera, de los órganos colegiados de los centros concertados se rijan por los mismos criterios que los públicos; que se asegure la no discriminación de alumnos y alumnas por razones económicas; que se controle el cobro de cuotas, para que no existan abusos, etcétera. Hago un breve resumen de lo que pueden ser los aspectos más importantes de estas enmiendas a las disposiciones citadas.
En definitiva, y concluyo, lo más novedoso y mejor desarrollado en este proyecto de ley orgánica no va precisamente en la línea de la orientación progresista de la reforma. Más bien parece gestarse un contrarreforma. Se revisa, a peor, la LODE, al romperse el concepto de equipo directivo y potenciar la figura del director jerárquicamente y más vinculada a la Administración. Parece que se apuesta por modelos de inspección obsoletos o, cuando menos, antiguos, anteriores a nuestra Constitución; se incentiva el alquiler de locales de los centros públicos con afanes mercantilistas; se vincula la evaluación del profesorado a su promoción profesional y, lo que es más grave, parece que, en lugar de construir y articular un compromiso

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con los sectores afectados, se ha optado por la vía del cumplimiento burocrático.Este proyecto de ley dice cosas que pueden conectar muy bien con una parte cuantitativamente importante de la sociedad: gestión, eficacia, control del sistema educativo, evaluación de profesores, calidad, elección de centros... No cuesta un duro; es una ley barata. Los mayores costes estarían en los complementos retributivos de los directores, y pasa la responsabilidad de la calidad de la enseñanza a los centros y a los profesores. Allí parece ser que se ventila la calidad de la enseñanza en este país.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cruz, vaya concluyendo, por favor.


El señor CRUZ ORIVE: Termino, señor Presidente, en estos mismos momentos.
Como campaña de imagen de un Gobierno en dificultades políticas puede valer, pero flaco servicio se hace a la aplicación de la reforma educativa y a sus postulados progresistas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Cruz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZON SUAREZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna para defender las enmiendas que Coalición Canaria mantiene vivas al proyecto de ley orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. Concretamente, al Título I mantenemos vivas las enmiendas números 74, 75 y 77.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en su enmienda número 74, considera que el alumnado y el personal docente de la administración y servicios, como sectores de la comunidad educativa genéricamente incluidos en la redacción actual, deben ser citados de forma explícita, de tal modo que se destaque la necesidad de su participación, de una parte y, de otra, la consideración que esa misma participación merece a la administración educativa.
En el mismo sentido, nuestra enmienda número 75 hace hincapié en la participación de las corporaciones locales en la gestión y funcionamiento de los centros, que no debe limitarse, a nuestro entender, al reconocimiento de un derecho, tal como se establece en este artículo 3, apartado 1, del proyecto de ley, sino que debe ir más allá, exigiéndoseles la obligación de su colaboración en el desarrollo de actividades concretas, de carácter extraescolar, de modo que se impliquen de forma directa en la labor educativa que los centros docentes desarrollan.
En cuanto a la enmienda número 77, a este Título I, la damos por defendida en sus propios términos.
Por lo que se refiere al Título II, y a la enmienda número 80, Coalición Canaria entiende que las enseñanzas artísticas tienen unas características que las hacen de hecho equivalentes a las de rango universitario. Por ello, defendemos que el proyecto de ley que discutimos excluya de su aplicación en el artículo 9.º a esos centros superiores, para los que debe diseñarse un modelo organizativo y de gobierno específico.
En cuanto a la enmienda número 81, en el artículo 10, apartado 4, creo que hay un error de transcripción, puesto que en el dictamen de la Comisión se repite el mismo texto en los puntos 4 y 5, desapareciendo el que originalmente era el punto 4, que hacía referencia a la representación de los padres en el consejo escolar. Si estoy en lo cierto, la citada enmienda que presentamos al proyecto se justifica por considerar que sería un trato discriminatorio el que las asociaciones de padres puedan designar a un miembro en el consejo escolar y no dar la misma potestad a las asociaciones y sindicatos de estudiantes.
Con respecto a las enmiendas números 86, 87, 88, 89, 90 y 92, consideramos un lamentable retroceso respecto a la actual normativa la pretensión de que sólo pueda acceder a la función directiva el profesorado acredictado por la Administración, como se ha dicho aquí por los grupos que me han precedido en el uso de la palabra. Defendemos que desaparezca del proyecto el requisito de previa acreditación exigido para poder ser candidato a la dirección de un centro docente, manteniendo al menos la vigencia de los términos en que se expresa la LODE.
A este mismo título doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas números 83, 85 y 95, y retiramos las enmiendas números 82, 94 y 96, así como la 91 y 97, estas últimas por entender que el texto del dictamen de la Comisión se acerca a nuestra propuesta.En el Título III Coalición Canaria mantiene vivas cinco enmiendas, las números 98, 99, 100, 102 y 103. En lo que se refiere a las enmiendas números 100 y 103, se mantienen en sus propios términos.
Respecto a las otras tres enmiendas a este título sobre la evaluación, las números 98, 99 y 102, entendemos que el desarrollo de las competencias asumidas en materia de educación, que incluye por supuesto la evaluación del sistema en el ámbito de gestión de las respectivas administraciones, tiene que permitir que la intervención en esa evaluación sea de participación plena y no de mera pasividad, de tal modo que el análisis de la evolución del sistema se realice en colaboración directa con los órganos autónomos encargados de la evaluación de todos y cada uno de los elementos que lo integran y, en todo caso, con la intervención de la inspección educativa.
En cuanto a las enmiendas números 104 a 110, ambas inclusive, que este Grupo Parlamentario mantiene al Título IV, creemos que la admisión del término «categoría de inspector» supone aceptar la creación del cuerpo de inspectores, lo que a nuestro juicio implica

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un grave y peligroso retroceso respecto a normas legales anteriores, y se nos plantea un modelo de inspección educativa absolutamente burocratizado, inmovilista y contradictorio con los principios educativos propugnados por la LOGSE.
Por lo que se refiere a las diposiciones adicionales, doy por defendidas en sus propios términos las enmiendas que presentamos.
En conclusión, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, con las enmiendas presentadas a este proyecto de ley, pretende la consecución de una norma coherente con el modelo educativo que, iniciado en 1985 con la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, se perfeccionó con la de Ordenación del Sistema Educativo en 1990.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Monzón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Vasco, PNV, y por el Grupo Mixto, señor Albístur, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.Señorías, el Grupo Vasco mantiene vivas para este debate 36 enmiendas. Voy a intentar defenerlas en este turno, así como fijar la posición de nuestro Grupo en torno al propio proyecto de ley.
El Grupo Vasco entiende que ha sido un debate enriquecedor y sosegado, porque hemos tenido tiempo y disponibilidad para poder hacerlo tanto en el trámite de Ponencia como en Comisión, máxime cuando este debate devenía de uno previo suscitado por el propio Ministerio de Educación, que ha estado abierto a los propios sectores educativos y a la participación de las administraciones educativas.
Entendemos, señor Presidente, que estamos hablando, en el tema de educación, de la reforma de la reforma. La LODE del año 1982 y la LOGSE posterior, de alguna forma, han ido adaptando las reformas en el sector educativo y este proyecto referido a la participación, a la valoración, al gobierno de los centros docentes, evidentemente indica la capacidad de corrección de aspectos sustanciales de la LODE y de la LOGSE que necesitan actualización, lo que, en nuestra opinión, demuestra que se está cerca de la realidad educativa y que además existe cintura suficiente para poder abordar un debate clarificador en el tema educativo tendente a la corrección de las deficiencias que se detectan y a la potenciación de aquellos aspectos positivos del proceso educativo. Desde el punto de vista del Grupo Vasco, es una reforma adecuada y correcta en la dirección que hemos venido reiterando significativa y reiteradamente durante muchas de nuestras tomas de posición en el tema educativo. Es una apuesta por la profesionalidad de todos los que participan en el ámbito educativo, por que los agentes educativos, cada cual en su nivel, pueda desarrollar sus funciones con competencia y disponibilidad. Es evidente que las reformas educativas difícilmente se pueden hacer en el marco legislativo, pero también es indicutible que sin marco legislativo es imposible realizar reformas en el ámbito educativo, y como este proyecto de ley está en la línea de una apuesta por la calidad en la educación, por la autonomía de gestión de los centros educativos y por la participación de los agentes sociales en los programas educativos está en la misma línea que el Partido Nacionalista Vasco en este tema.
Como he indicado anteriormente, mantenemos 36 enmiendas vivas a este proyecto de ley, que clasificamos en seis apartados y que voy a intentar defender.En primer lugar, entendemos que esta reforma es tímida en relación con la autonomía de los centros docentes. Se hace mucha referencia a ese concepto de autonomía de centros docentes y, sin embargo, nos parece que el texto que recoge el proyecto de ley es todavía excesivamente prudente, excesivamente pudoroso, diríamos nosotros, de cara a que ciertamente los centros educativos, tanto los públicos como los privados sostenidos con fondos públicos, puedan de verdad ser autónomos en su gestión económica, en su gestión pedagógica y que los propios profesionales del sector puedan, de alguna forma, tener las riendas reales de los centros educativos en materia curricular o en materia de gestión. Entendemos que el Grupo Socialista y el Ministerio están todavía excesivamente anclados en conceptos que en el mundo educativo están quedando obsoletos.
Por ejemplo, el concepto de titularidad de los centros creemos que no es un criterio de calidad, y seguimos sin entender por qué los proyectos del Ministerio de Educación se vertebran en función de la titularidad de los centros, como si el ser titular de un centro público o de un centro de iniciativa social fuese per se un criterio de calidad. En un proyecto de ley en el que estamos hablando de participación, de calidad de la educación, resulta sorpresivo que la vertebración del propio proyecto de ley venga vehiculizada desde esta perspectiva. Se hace una normativa, una legislación para los centros públicos y allí, como un apéndice, como una coletilla al final, se indica que aquellos centros de iniciativa social, aquellos centros sostenidos con fondos públicos también deberán cumplir esta normativa.
Entendemos que éste es uno de los conceptos que el propio tiempo irá corrigiendo y un buen conjunto de enmiendas que presenta el Grupo Vasco (PNV) a este proyecto de ley, que mantiene vivas para este trámite del Pleno, van en esta dirección.
La autonomía de los centros no es un concepto etéreo, es la consideración y la consecuencia de una práctica que en los centros educativos se puede desarrollar. La autonomía pedagógica, o de organización, o de gestión debe concluirse de una práctica en la que el claustro de profesores, el consejo escolar, los propios padres

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que están en los centros educativos puedan disponer de una serie de herramientas económicas, de una serie de herramientas pedagógicas que permitan concluir que el centro es autónomo en su gestión y en su diseño curricular. Da la impresión muchas veces de que el debate se hace al revés; se dice que los centros tienen que ser autónomos, pero luego las herramientas reales para que esos centros puedan ser autónomos son ciertamente cortas y no posibilitan esa participación.Como modelo en este sentido entendemos que los objetivos que están recogidos en este proyecto de ley son básicamente los mismos que se recogen en el proyecto de la ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca. Nos parece que, sobre la autonomía de los centros, el proyecto de ley que actualmente estamos discutiendo es tímido y queda corto en relación a las previsiones recogidas en la ley del Parlamento Vasco. En nuestra opinión, la ley del Parlamento Vasco es más rigurosa en lo académico y más moderna, más progresista, más solidaria incluso, en lo social.
Entendemos también, en la referencia a la autonomía de gestión y económica de los centros educativos, que los centros de titularidad pública debían poder obtener ingresos en su propia gestión, evidentemente con las limitaciones que determinan las administraciones educativas, pero sin limitar su propia capacidad. ¿De qué autonomía estamos hablando si con lo único que se cuenta es con unos recursos muy limitados que las administraciones públicas ponen en manos de estos centros y no existe ninguna posibilidad más de obtener ingresos ni de poder adscribirlos a gastos del propio centro? Exactamente igual, si, en relación a las plantillas y a la gestión del personal de los centros educativos, la legislación es excesivamente intervencionista, como es en este caso, ¿de qué autonomía de gestión estamos hablando? En un segundo bloque, en relación a la participación en los órganos de gobierno, pensamos que se fomenta con esta ley la participación del mayor número de sectores con incidencia en los centros, integrando a los agentes reales, pero nos parece que esta participación puede todavía vehiculizarse de una forma más ágil y más integradora imbricando, por ejemplo, a los agentes laborales que se mueven en relación a un centro educativo, a fin de lograr una mayor eficacia, e insertando la educación en el mundo real en el que debe vivir.
En tercer lugar, en relación al debate que se ha suscitado sobre las funciones del director del centro educativo, el Grupo Vasco (PNV) quisiera un director de centro educativo más profesional, con autoridad académica y ética y, por decirlo con claridad, aquí también con mando en plaza. El mando en plaza se reclama en otros sectores con toda claridad y parece que en el mundo educativo esto queda más diluido.
Digámoslo con claridad. Mientras en los centros educativos no existan directores con autoridad académica, con autoridad ética y con mando en plaza, difícilmente podremos estar hablando de que los centros educativos puedan asumir las reformas ni en lo ético ni en lo académico. De un mando no jerárquico, sino académico y ético, es de lo que estamos hablando, evidentemente para que su actuación se rija por criterios académicos de gestión y por criterios pedagógicos de participación. Nosotros entendemos que estas funciones podrían haberse detallado de una manera más rigurosa en lo académico y más transparente en lo ético.
Quisiera hacer notar también, en cuarto lugar, un aspecto que, desde el punto de vista de la calidad de la educación, no se ha recogido, ni siquiera se mienta, en el propio proyecto de ley en referencia a la normalización ling?ística de aquellas comunidades autónomas, como la vasca, con una lengua oficial distinta del castellano.
Seguimos, señor Presidente, sin conseguir que este tema de la normalización ling?ística entre en nuestros proyectos de ley.
Si en el debate anterior decía que la Guardia Civil es un tabú en este país, tema del que no se puede discutir, aquí tenemos un segundo tema tabú: los medios de comunicación editorializan, hablan, creamos grandes conflictos sociales y aquí nosotros somos incapaces ni siquiera de hablar del propio tema de normalización de las lenguas oficiales de este país.
Vivimos en un país pluriling?e, pero no queremos ni mentar el tema pluriling?e en nuestros proyectos legislativos. Yo creo que esto nos tendría que llamar a la reflexión, por qué el melón ling?ístico está en la sociedad, genera grandes conflictos entre nosotros y los legisladores preferimos obviar el tema, como si obviándolo diéramos alguna solución al mismo.
En nuestra opinión, existen fundamentos suficientes para abordar este tema y alguna enmienda del Grupo Vasco va en ese sentido, en la consideración de que en un tema educativo en el que se habla de calidad, la normalización ling?ística debe estar incluida. El mero hecho de constatar que no hay ni una sola referencia a esta cuestión, en nuestra consideración es un hecho digno de ser notado.
La calidad, señorías, en este país, es biling?e o triling?e.
El monoling?ismo es un concepto de no calidad y, si no, nos estamos engañando en temas educativos. Agradezco que asienta el señor Ministro.
Señor Presidente, quisiera hacer notar un tema que nos preocupa: los ámbitos competenciales en educación. Yo quisiera agradecer al Ministerio de Educación y al Grupo Socialista el esfuerzo que se ha hecho durante el trámite de este proyecto de ley para acomodar sus ámbitos competenciales a la actual situación competencial en materia de educación en aquellas comunidades autónomas, como la vasca, que tenemos materia exclusiva tanto en lo que respecta a función pública como a educación.
A lo largo del proyecto de ley, en las materias de inspección, de dirección y de participación de centros se ha conseguido, título por título, establecer, en nuestra opinión correctamente, los títulos competenciales. Existen algunos matices, en algunos temas, que se han

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ido introduciendo vía enmiendas transaccionales o vía enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto a los que el Grupo Vasco entiende que en el Senado, dado que cumple una función como Cámara territorial, deberían ser vistos, en el sentido de que el actual dictamen de la Comisión de Educación en relación a este proyecto de ley indica que los reglamentos que debe desarrollar el Gobierno podrían tener carácter básico, asignando al Gobierno una serie de funciones vía reglamentaria.
Existen dos referencias en el tema de inspección y otra en el de módulos educativos, que esperamos que sean subsanadas.
Solicitamos al Grupo Socialista su análisis, dado que han sido introducidos en el trámite de Comisión.
Para terminar, señor Presidente, nosotros entendemos que hay que felicitar al Gobierno por haber suscitado este debate, que creemos que es muy interesante, incluso está recogido en libros y publicaciones que ha realizado el Ministerio.
Pensamos que el debate en esta Cámara ha podido fijar las posiciones de cada uno de los grupos en relación a los temas que no se abordan. A nosotros nos parece que el futuro en educación avanza en la línea de lo que recoge este proyecto de ley, con más autonomía de los centros y con menos intervencionismo, con más respeto a la pluralidad y menos uniformismo, con más profesionalidad y más vocación de los educadores, y menos burocratización y menos funcionarización de los mismos.
En esa línea estamos y esperamos que estos toques finales en el tema competencial puedan ser recogidos en los sucesivos trámites que tenga esta ley en esta Cámara y en el Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.Para un turno en contra y por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, estamos hoy debatiendo en Pleno el dictamen de la Comisión de Educación, recientemente aprobado en la misma, sobre el proyecto de ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. Por cierto, dictamen que fue aprobado por la Comisión de Educación y Cultura sin ningún voto en contra, por lo cual me ha provocado alguna sorpresa esta mañana oír alguna de las intervenciones que se han producido; supongo que habrá sido solamente el tono, no el fondo.
La verdad es que el proyecto de ley ha arrojado al final, en la Comisión, un dictamen aprobado sin votos negativos, a pesar de ser un proyecto que había aparecido como polémico en algunos sectores educativos, que había sido también inicialmente criticado por algunos grupos parlamentarios, fuertemente criticado. Yo creo que ha sido posible esta votación en la Comisión porque al dictamen se han incorporado, desde mi punto de vista, gran cantidad de propuestas, que han ido recogiendo los diversos grupos parlamentarios, de aquellos colectivos sociales que tenían algún interés en que se incorporasen a este proyecto de ley para mejorar la calidad de la educación de nuestro país; procedentes del profesorado, de los padres, de los alumnos, en general de la sociedad. Y también porque se han producido incorporaciones importantes y abundantes de muchas de las enmiendas presentadas por los diversos grupos parlamentarios.
El proyecto de ley que estamos hoy debatiendo ha sido bastante diferente del que fue presentado inicialmente en esta Cámara hace unos meses, aunque mantiene las líneas maestras de aquel texto. Evidentemente, es un proyecto que ha sido, desde mi punto de vista, bastante enriquecido con todas estas aportaciones que, sin lugar a dudas, han venido a contribuir, a reforzar el gran objetivo que persigue, que no es otro que mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, mejorar la calidad de la enseñanza en nuestro país, incidiendo en la mejora del funcionamiento de nuestros centros escolares, especialmente de nuestros centros escolares públicos. En ese sentido, el proyecto de ley, señorías, fomenta la participación en el centro escolar, se incrementa de una forma importante el papel que tiene asignado el consejo escolar en cada uno de los centros, se incrementa el papel del claustro de profesores y también se da más protagonismo a las asociaciones de padres que funcionan en los centros escolares.En segundo lugar, el proyecto de ley dota de mayor autonomía a los centros escolares, tanto en la definición del proyecto educativo como en la gestión de los recursos económicos. Este proyecto de ley, cuando sea ley, va a posibilitar, sin lugar a dudas, que todos los centros educativos públicos puedan tener los recursos suficientes para garantizar una enseñanza de calidad y, desde nuestro punto de vista, en condiciones de igualdad a todos los alumnos que asistan a los centros, utilizando estos recursos con autonomía suficiente.
Este proyecto de ley desde luego va a evitar que los centros públicos sean centros clónicos, permítanme la expresión, sino más bien todo lo contrario, que los centros sean centros singulares, que realicen su propia oferta educativa y que hagan público su proyecto educativo para que, puesto en conocimiento de la sociedad, de los padres, de los profesores o de los alumnos, puedan optar por uno u otro centro, teniendo siempre garantizada una enseñanza de calidad en todos y cada uno de los centros que conforman el sistema educativo público; eso sí, insisto, como centros con características singulares.
En tercer lugar, el proyecto de ley pretende aumentar la eficacia de la dirección de los centros escolares, pieza clave, pensamos nosotros, para la buena marcha de cualquier centro educativo.
En cuarto lugar, fomenta la formación del profesorado. En quinto, facilita la evaluación del sistema educativo,

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tanto en lo referente a la evaluación de centros, a la evaluación del profesorado, como a la de las propias administraciones educativas.
En sexto lugar, se refuerza el papel de la inspección y, finalmente, desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley pretende --y creo que ello será posible, será más fácil, cuando se publique-- la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.
Repito que se han incorporado enmiendas de todos los grupos. Es verdad también que muchas han quedado sin incorporar, como han puesto en evidencia los portavoces de los diversos grupos que han intervenido a lo largo de la mañana de hoy, enmiendas algunas importantes.
Voy a intentar contestar a todas las intervenciones, no haciendo referencia a cada una de las enmiendas, porque sería un debate excesivamente largo y tendría poco sentido, pero sí remitiéndome a las respuestas que los portavoces socialistas han ido dando en la Comisión de Educación de forma puntual a todas y cada una de las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. Me referiré a aquellas enmiendas o grupos de enmiendas que SS. SS. han considerado que tienen mayor calado. Si me lo permite, las agruparé en dos o tres bloques. Aquellas enmiendas referentes a la dirección de los centros públicos, referentes a la inspección educativa, y aquellas enmiendas --si el tiempo lo permite-- referidas a la evaluación en su conjunto.
El texto del dictamen, en lo que se refiere a los equipos directivos de los centros públicos, como saben SS. SS., opta por un modelo muy sencillo que consiste en mantener como principio básico la elección del director del centro, tal y como está establecido por la LODE, que fue la Ley Orgánica que reguló esta materia. Por lo tanto, el director será elegido por el consejo escolar, de acuerdo con la normativa marcada por la LODE. Será elegido entre profesores del centro; será nombrado por cuatro años. A este repecto quisiera aclarar una duda que ha planteado el portavoz del Grupo Popular, donde es posbile que tenga parte de razón, puesto que hay que interpretar el texto. Nosotros quisiéramos que esto quedara claro. El proyecto del Gobierno planteaba la duración del mandato de los directores por un tiempo de cinco años. La situación actual es que los directores son elegidos y posteriormente nombrados por un período de tres años. La mayoría de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas planteaba un mandato de cuatro años. El Grupo Socialista, en el trámite de Comisión, presentó una enmienda transaccional, que afectaba a varias enmiendas -- creo recordar a enmiendas de los Grupos Parlamentarios Vasco e Izquierda Unida-- que decía que la duración del mandato fuese de cuatro años. Nos parece que eso está recogido en el artículo 24.1, duración del mandato de los órganos de gobierno; dice que la duración del madato de los órganos unipersonales de gobierno que corresponde designar en el centro será de cuatro años. Creemos que es una redacción genérica que sirve para todos los órganos unipersonales de los centros, pero si SS. SS. entienden que debe quedar más claro y explícito que la duración del mandato de los directores elegidos sea de cuatro años, el Grupo Parlamentario Socialista se sumará al resto de los grupos, para, en el trámite del Senado, formular una enmienda conjunta con el fin de aclarar esto, puesto que la voluntad política del Grupo cuando presentó la enmienda transaccional en base a enmiendas del PNV e Izquierda Unida era ésta y no otra. Por tanto, queremos que quede claro en el trámite que ustedes consideren oportuno.
En el texto del dictamen, para ser director, decimos que el profesor debe ser previamente acreditado para poder ejercer esa función, para poder ser elegido para esa funicón. La acreditación, tal y como se regula en el proyecto de ley, puede ser adquirida por cualquier profesor; no es una acreditación que vaya a limitar las posibilidades del profesorado para poder acreditar esa condición de candiato a director. Lo que se pretende con esta acreditación es una mayor profesionalización, una mayor capacidad y mayor formación de aquellos canditatos, que una vez que sean elegidos directores puedan ejercer mejor su función; esto, sin lugar a duda --a nadie se le escapa--, va a redundar en el mejor funcionamiento de los centros docentes. Este es el esquema, el espíritu y la letra de la propuesta que se contempla en el dictamen en lo que se refiere al modelo de dirección: director elegido, acreditación previa para garantizar su formación, para que de esta forma sea posible una dirección más eficaz en los centros escolares.En este senttido se han incorporado algunas enmiendas, pero es verdad que hay otras que, de ser incorporadas, desvirtuarían totalmente el sentido del dictamen aprobado por la Comisión.
Si se incorporasen las enmiendas al respecto de Izquierda Unida y del Grupo Popular que quedan vivas, estaríamos desvirtuando lo que acabo de decir. Porque, ¿qué plantea Izquierda Unida? Izquierda Unida plantea que la eleccón del director sea por el consejo escolar. Así figura en el texto que hemos aprobado en Comisión. Nosotros pedimos que exista una acreditación que demuestre la capacidad y la formación de los cadidatos a director y que esa acreditación la realice la Administración. Izquierda Unida también está planteando una acreditación, pero que se realice por el consejo escolar.
Creemos que es muy complicado, que sería tremendamente difícil para los consejos escolares llevar a cabo esa «acreditación» - -entre comillas si usted quiere, señor Cruz-- que pide el Grupo de Izquierda Unida.
En cuanto al modelo del Grupo Popular --el señor Ollero se ha detenido en él--, tengo que decir que es bastante diferente.
El Grupo Popular propone un modelo de dirección que podríamos llamar «pre-Lode». Es un modelo de dirección que pretende que la elección del director se realice quitando parte de las competencias

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que actualmente tiene el consejo escolar. El Grupo Popular pretende que sea el claustro el que elija en terna y que, posteriormente, de esa terna, el consejo escolar elija a la persona que va a dirigir el centro. Consideramos que eso es restar competencias al consejo escolar, que es el órgano encargado del control social de los centros escolares. Eso, por un lado.Por otro lado, aunque critica la acreditación que deben tener los candidatos a la dirección, está planteando de una forma indirecta que la acreditación la dé el propio claustro de profesores. Nosotros pensamos lo mismo que decía de Izquierda Unida: que, en el primer caso, estamos llevando la acreditación de los méritos de un candidato a director a un órgano que no ha de cumplir esa función y en el caso que ustedes plantean, estaríamos corporativizando en exceso la acreditación de los méritos de la persona que opte al cargo de dirección.Por tanto, las enmiendas en este sentido, tanto de Izquierda Unida como del Grupo Popular, van a contar con nuestro voto en contra, porque, insisto, el modelo de dirección que se plantea en el proyecto tiene dos ejes básicos claros, desde nuestro punto de vista, ejes que no deberían romperse: uno, que se mantenga la elección por parte del consejo escolar con todas sus consecuencias y, en segundo lugar, que a los candidatos a directores se les exija una formación previa, para, de esta forma, garantizar una dirección más eficaz cuando sean elegidos para desempañar estas funciones.En lo que se refiere a las enmiendas a la inspección, tengo que decir que el modelo de inspección que se dibuja en el proyecto de ley desde nuestro punto de vista viene a culminar --y ha sido muy criticado por el Grupo Popular; yo entiendo la crítica que hacen, aunque, evidentemente, no la comparto-- el proceso de reforma de la inspección educativa que se inició hace más de diez años a través de la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, reforma que en aquel entonces significó la integración en un solo cuerpo de los tres cuerpos de inspeción existentes; que significó definir claramente cuál era la función inspectora, y que significó el acceso a la función inspectora desde los cuerpos de funcionarios docentes. Ese es un modelo que ha venido funcionando bien en algunos aspectos y en otros no tan bien. Renococía en Comisión y quiero reconocer en este Pleno que este modelo de inspección que se crea con la ley 30/1984 lo que hace es que no establece la función inspectora con carácter de permanente, que, a lo largo de estos años de funcionamiento, se ha demostrado que es algo fundamental para un perfecto desenvolvimiento de la función inspectora; es fundamental dar carácter permanente a la función inspectora y a las personas que ocupan esta función.
Por tanto, la nueva regulación desde nuestro punto de vista debe dar, creemos que lo da con la redacción que tiene en el proyecto, da consistencia a la inspección como un servicio integrado y da estabilidad a la función inspectora.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nieto, vaya terminado.


El señor NIETO GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.En ese sentido, el proyecto crea un Cuerpo de Inspectores de Educación, que será un cuerpo docente, al que se deberá acceder después de hacer ejercido al menos diez años la docencia en cualquiera de los cuerpos docentes no universitarios en que está ordenada nuestra función pública docente, se deberá ser licenciado universitario y realizar un concurso-oposición para acceder a la misma.
Estas son las características del Cuerpo de Inspectores de Educación que se crea con este proyecto de ley --insisto-- recogiendo esencialmente las características que en estos momentos tiene la función inspectora, acceso desde los cuerpos de funcionarios docentes, una experiencia previa a la docencia de al menos diez años, un concurso-oposición para acceder y tener la licenciatura universitaria.Además, en el proyecto de ley se dice cuáles deben ser las funciones esenciales del Cuerpo de Inspección que, por resumir, desde nuestro punto de vista quedarían englobadas en dos palabras: deben ser funciones de supervisión y funciones de orientación y apoyo a los centros escolares.En ese sentido, no podemos aceptar las enmiendas que realizan por un lado, Izquierda Unida, y, por otro, el Grupo Popular, por razones muy diversas. En el caso de Izquierda Unida, porque se pretende que se mantenga el sistema que se creó en el año 1984, sin tener en cuenta las modificaciones que se han ido introduciendo posteriormente.
Creemos que fue un buen modelo por aquel entonces, pero que en la fase en que nos encontramos hay que dar un paso más en el sentido que lo da el presente proyecto de ley.En lo que se refiere al planteamiento del Grupo Popular, el Grupo Popular quiere que el Cuerpo sea un Cuerpo Superior de Inspección de Educación no docente, un cuerpo formado por funcionarios no docentes al que se acceda, no desde los cuerpos de funcionarios docentes, sino que se acceda habiendo sido al menos seis años docente en la enseñanza pública o en la enseñanza privada; al mismo tiempo, pretende que las funciones o la función esencial que debe cumplir la inspección en el modelo del Grupo Popular es el de la supervisión, el del control, no hace ninguna incidencia en otro tipo de funciones.
Por tanto, señor Presidente --con esto termino--, nos opondremos a estos dos bloques de enmiendas, porque consideramos que el modelo que se diseña con la creación del Cuerpo de Inspectores de Educación en el proyecto de ley viene a cubrir estos objetivos claves que persigue el proyecto, que es crear un cuerpo de estas

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características --insisto docente--, procedente o reclutado entre los profesores de los cuerpos docentes públicos, que cumpla una doble función o un doble papel, por un lado de supervisión del sistema escolar, y de orientación, por otro.Para terminar, haciendo referencia a lo que planteaba el señor González de Txabarri en su última intervención, decirle que es verdad que durane el trámite de Ponencia y Comisión los aspectos competenciales creo que han quedado bastante bien resueltos en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo y analizando. Sin embargo, hay algún fleco que resolver, flecos consecuencia de la incorporación de enmiendas que se han ido produciendo a lo largo del trámite de Comisión especialmente, que han dejado sin resolver un par de flecos que a nuestro juicio, como decía el señor González de Txábarri deben ser resueltos, y desde luego, nosotros estaremos en esa dinámica en el trámite del Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
Para un turno de réplica, tiene la palabara el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, el portavoz socialista no ha podido evitar la tentación de consumir medio turno no en contra, sino a favor del proyecto, lo que ya se hizo en su día aquí. Por un momento he entendido que daba por contrariadas las enmiendas, al igual que a veces se dan por defendidas, y que se acabaría el debate.
Vuelvo a plantear algo que antes afirmé, y es que la LOGSE está sufriendo una crisis grave, de la que tiene noticia todo el mundo, supongo que también el Grupo Socialista, y que se atribuye a la falta de motivación del profesorado. Entendemos que promover la función del claustro mejorará esa situación.
Dice el portavoz socialista que nuestra propuesta es pre-LODE.
Claro, aquí he aludido a la Constitución, que es anterior a la LODE. La historia de la humanidad no empieza con la LODE. Por supuesto que sí, hay que partir de la Constitución, de ahí partimos; y partiendo de ahí no es cierto que con nuestra propuesta se limiten más las competencias del consejo escolar, en absoluto.
Señor Nieto, creo que es bueno elaborar leyes haciendo previamente algunos ejercicios de simulación de sus resultados. Con este texto que usted trae aquí, ¿está seguro de que no se va a dar el caso de que en más de un centro haya un solo profesor acreditado, sobre todo al principio? Por tanto, no va a haber una terna para elegir. Va a haber «lo toma o lo deja»; o eligen a éste o nombramos a dedo a otro, que puede ser ajeno al centro, porque al anterior ya lo han rechazado. ¿Cuántos directores ajenos al centro va a haber con esta ley? Eso es lo que tiene que plantearse cuando hace la ley: cuáles son sus resultados. No me diga que dar a elegir entre tres limita más la competencia que dar a elegir entre uno, y eso esta ley no lo evita; es más, puede que al principio sobre todo lo facilite.El director que diseña esta ley representa a la Administración, lo dice claramente, y eso es algo que va a tener un reflejo y va a afectar incluso a la reforma. La escasez de candidatos se complica en la medida que se dificulta la condición de candidato.
Pasando a aspectos de detalle, en efecto, como ha dicho el portavoz socialista, sería muy oportuno que en el Senado se introdujera una enmienda, porque el artículo 24.1 habla de la duración del mandato de los órganos unipersonales que corresponde designar en el centro. En ese capítulo se habla de dos tipos de órganos: el director, que se elige (a no ser que den por hecho que van a designar a todos, cosa que es posible) y los órganos unipersonales que designa el director. Lógicamente, en ese contexto, se presta a confusión. Debemos tener un cierto orgullo, si se quiere, de trabajo bien hecho. Somos legisladores, hagamos buenas leyes, pongamos cosas que gramaticalmente digan lo que tienen que decir; no hablemos de designación cuando estamos hablando de elección. Por tanto, esa enmienda sería muy oportuna.
En cuanto a la duración, el Grupo Popular sostenía tres años para mantener una simetría con la duración del plazo del consejo escolar; enmienda cuyo espíritu ha acogido el Grupo Socialista en la medida que no solamente ha cambiado la duración del mandato del director de cinco a cuatro, sino que cambia también la del consejo escolar a cuatro, con lo cual se consigue lo que proponíamos, y es que no haya una asimetría forzada que redundaba también en falta de representatividad, puesto que el director se desligaba del mandato propio del Consejo Escolar. Insistimos en que habría que respetar los directores elegidos por comunidades autónomas.
En cuanto a su alusión a que con esta ley los centros se convierten en centros singulares, no hace sino resaltar una enmienda a la que no ha aludido. Si los centros son singulares, ¿cómo no se eligen? ¿Cómo se va a compatibilizar que los centros tengan singularidades y obligar a un alumno, por vivir donde vive, a tener que ser educado con esas singularidades? Eso es algo que no cuadra y que, además, remite también a la Constitución. Por tanto, habría que tenerlo en cuenta.
Siguiendo con detalles concretos, nuestro grupo retira la enmienda 306, porque aunque formalmente no ha sido aprobada en ningún momento, sin embargo, está asumida en el texto.
Ignoramos cómo, pero así es. Por tanto, entendemos que de facto ha sido asumida y la retiramos.
Su señoría ha aludido a la inspección. Bueno, pues puestos a contar la historia, ¿por qué no la cuenta entera? ¿Por qué el proyecto habla de categoría y no de cuerpo? Somos nosotros los que hemos pedido un cuerpo. ¿Por qué hace nada no se atrevían a proponer un cuerpo y sí una categoría? Algo pasaba, porque desmantelar

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un cuerpo, nombrar sin concurso-oposición a centenares de funcionarios, volver a formar el cuerpo y meterlos dentro es algo realmente que, por utilizar un término castizo, canta enormemente. Esa es la cuestión. Ustedes no se atrevieron a ponerlo en el proyecto. Lo han asumido vía enmienda. Dice que en aquella época eso iba bien. ¿Por qué? ¿Porque los inspectores no eran adictos o sospechosos de serlo? Ahora sí viene bien. ¿Por qué? Fíjese lo que dice la Memoria del proyecto. La Memoria del proyecto se refiere expresamente a esa circunstancia para decir que una vez que se ha adoptado la permanencia indefinida en los servicios de inspección de los funcionarios, resulta necesario revisar el sistema de acceso, ya que fue concebido para una situación muy distinta, con el fin de hacerlo más acorde con las nuevas necesidades de la inspección. Estamos totalmente de acuerdo; en lo que no estamos de acuerdo es que se mantenga a unas personas que han entrado con unos requisitos que se consideran insuficientes. Estamos tan de acuerdo que pedimos lo que pedimos: que también ellos pasen por ese concurso-oposición, a lo cual no tienen por qué oponerse --y me consta-- muchos de ellos, puesto que con la experiencia adquirida y su formación, porque muchos de ellos son ajenos a cualquier tipo de marejada, pueden perfectamente superar esa situación.
Su señoría no ha aludido para nada a la alta inspección, a la que se han presentado enmiendas de bastante calado, y sería interesante pronunciarse sobre el particular porque también tiene que ver con la Constitución. El artículo que proponemos dice: La alta inspección garantizará los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de enseñanza, el respeto de las facultades atribuidas al Estado, la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y de las leyes que desarrollan el artículo 27 de la Constitución, que se han hecho aquí, y en los últimos años siempre a propuesta del Grupo Socialista. No sé qué inconveniente tienen ustedes en que se hable de la alta inspección.Para terminar, he de decir que S. S. se ha sentido movido a explicar un voto del Grupo Popular. Voy a explicárselo yo, ya que al fin y al cabo soy el portavoz. En efecto, el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad del proyecto, con lo que dejaba clara su absoluta discrepancia con su contenido. Presentó luego 96 enmiendas parciales, que se han debatido artículo por artículo en Comisión. Dado que en Comisión fueron aceptadas algunas --bien es verdad que de una entidad relativa-- y todas ellas han contribuido a mejorar notablemente el texto, por adoptar una actitud de espera abierta, optamos por abstenernos, a la espera de lo que pasara en el trámite del Pleno. Le anticipo que si en la votación que se producirá a continuación (usted sale aquí ahora para tomar postura al respecto, por eso se lo quiero facilitar), si de su intervención se deduce que nuestras enmiendas relativas al Capítulo III del Título II, al Título IV en su integridad, a la disposición adicional primera y a las transitorias segunda y tercera no van ser aprobadas, votaremos en contra de esos aspectos del texto, para así dejarle aclarada cualquier duda sobre el particular.Nada mas, muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ollero.


El señor Cruz tiene la palabra también para un turno de réplica.


El señor CRUZ ORIVE: Gracias, señor Presidente.En realidad, quería empezar este turno por lo que ha finalizado el señor Ollero. Nuestro grupo también se abstuvo al finalizar los trabajos en la Comisión, en la medida que considerábamos esa abstención como un paréntesis abierto hasta la realización de este Pleno. Estaba el verano por medio, había negociaciones con los sindicatos, había posibilidades de mejoras sustanciales en los que han sido puntos vitales de desacuerdo, de distanciamiento, como además el señor Nieto bien ha recogido: el Título II, el Título IV, el tema de la acreditación del director, el de la inspección, en los que quizás podríamos haber avanzado. No era ninguna posición maximalista, hubo una abstención, pero lo que sí estaba claro es que no hubo votación a favor.
Aunque también da poco lugar en estos momentos al debate (quizás lo agotamos en aquella Comisión y tengamos que retomarlo a continuación de este mismo Pleno, antes de su tramitación en el Senado), me referiré a los puntos que podrían ser de confrontación o de más distanciamiento, como he dicho anteriormente. Uno es el relativo a la acreditación del director. No sé por qué la Administración está haciendo tal caballo de batalla en estos momentos. Si no entraña ninguna concepción diferenciada de lo que la LOGSE podría determinar en este sentido, así como reglamentaciones anteriores, ¿a qué introducir un elemento de distorsión y, como he dicho anteriormente, de crispación? Podríamos, incluso, considerar que lo que la Administración puede hacer es acreditar o certificar los méritos de los candidatos. Muy bien. Si se han realizado evaluaciones, si se conocen sus currícula, si se conoce su experiencia profesional, no cabe duda que la Administración podría acreditar, o certificar incluso, ciertos méritos para, a la hora de la candidatura, poder ser examinada con rigor por el conjunto del consejo escolar. Mantener y no enmendar el tema de la acreditación sólo tiene una lectura posible, que lejos de la susodicha autonomía de centros y de lo que se está hablando, es una dependencia, una subsidiariedad del director así elegido respecto a la Administración, que es quien le acredita o quien le puede quitar la acreditación. Es decir, es dispendio de la Administración otorgar o retirar esa acreditación. Este es uno de los temas, al margen de otros, que no entendemos porque creemos

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que la elección del director va muy unida a la presentación de un programa y a la presentación de un equipo, porque se elige al director y a un equipo y a éste no se le elige a dedo con el director, sino que al equipo directivo lo elige el consejo escolar, que es bastante diferente. En fin, ahí hay un largo camino, que espero sea de encuentro, y creo que la comunidad educativa también nos tendrá que decir muchas cosas en este sentido.
Respecto a la inspección, sí recogemos lo que ha podido ser la experiencia del modelo que estamos viviendo en estos momentos. En lo que no tenemos confianza es en volver a modelos ya obsoletos, a modelos que, se quiera o no, ya están determinados. Ahí sí que se puede decir que no hay ningún tipo de innovación. Es evidente que hay que crear un cuerpo de inspectores para controlar, pero cuando ya no tienen que volver a su cuerpos de origen, lógicamente --la función crea el órgano--, se van separando del cuerpo de origen y se especializan en unas funciones que, por mucho que digamos que son de ayuda al colectivo que están evaluando, no cabe duda que controladora y sancionadora serán los adjetivos que mejor definirán, en el transcurso del tiempo, en el devenir de la propia función, a este cuerpo de inspectores. Nosotros ahí sí tenemos en cuenta la experiencia que ha habido para evitar los fallos. No hay que cambiar el modelo, sino evaluar qué hace falta. A ver si el INCE realiza documentalmente la evaluación del conjunto del sistema educativo y, a partir de esa evaluación y de estudiar los fallos que hayan podido cometerse y las lagunas que se conocen, vamos mejorando y preparando mejor a nuestros inspectores, dotándoles de más medios, que trabajen en equipo, que tengan programas de actuación más colectivos, que estén más metidos en la vida diaria de los docentes y de los centros, etcétera, y mejoraremos su funcionamiento. Ahí hay también un largo camino de encuentro.
En las funciones inspectoras, ahí no se nos puede decir que tenemos una visión simplista. He reconocido que en antiguo artículo 34, actual 35 --creo-- del proyecto, se señalan las funciones de la inspección, con las que estamos completamente de acuerdo. Es decir, en ese sentido no se nos puede acusar de superficialidad o de estar torpedeando la función inspectora, ni mucho menos.
Estas son las cuestiones fundamentales que quería aclarar. Por ello y por lo que he señalado en mi intervención inicial respecto al conjunto de los capítulos, la posición de nuestro Grupo va a ser contraria a este proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cruz.
Señora Monzón, ¿quiere consumir un turno de réplica? (Denegaciones.) Señor González de Txabarri, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quisiera agradecer al señor Nieto la oferta de transacción realizada, que evidentemente, por razones técnicas, debe quedar para el trámite en el Senado porque reglamentariamente no podríamos hacerlo ahora.
Endendemos que es un gesto de voluntad que hace que el proyecto de ley en su conjunto, desde nuestra perspectiva, sea respetuoso con los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en materia de función pública y de educación.
En relación al debate general, quisiéramos hacer constar que el Grupo Vasco va a apoyar este proyecto de ley, con todas las deficiencias que se quiera. Muchas veces da la impresión de que se está buscando la perfección y uno tiene la convicción de que, por mucho que se busca, la perfección no existe. El mero hecho de constatar que los contenidos de la reforma que se pretende con este proyecto de ley van en la dirección correcta y ayudan a que la educación en este Estado sea de mayor calidad, creo que hace un buen servicio al conjunto del Estado y pone en su sitio muchas de las discusiones que están en la sociedad.
A veces sorprende oír decir en esta Cámara, en la propia Comisión, que la educación en este país está incluso peor que en Albania. Como persona proveniente de este sector, creo que hay que reivindicarlo y cuando desde el propio sector se quiere decir en esta Cámara que todo está muy mal creo que se tiene muy poco contacto con la realidad educativa y, sobre todo, se tiene muy poco contacto con la realidad educativa en el ámbito internacional. Creo que si en este Estado podemos estar muy orgullosos de alguna materia es precisamente en el ámbito educativo y en el de la investigación. Por ello pienso que todos los grupos, en eso que se llaman temas de Estado, debemos considerar con más cariño el tema educativo, que es, al final y en el fondo, la mejor inversión de cara al futuro, y ser capaces de aunar más fuerzas. Entiendo, señor Presidente, que es muy doloroso oír algunas afirmaciones que se hacen desde la tribuna. Creo que hay que reivindicar el sector de la educación, hay que reivindicar a los profesionales de la educación y hay que reivindicar la labor de un ministerio que demuestra, día a día, estar intentado la sintonía con la realidad educativa, siendo capaz de corregir incluso aquello que se sostuvo en su momento. Creo que esa demostración de cintura política es lo mejor que puede realizar un político y la propia clase política.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Con toda brevedad, señor Presidente.
Las últimas intervenciones de los señores Cruz y Ollero nos demuestran que han veraneado juntos o

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próximos, porque han pasado de la abstención, en la Comisión, al voto negativo en el Pleno. En cualquier caso, han dado unas explicaciones no muy convincentes, pero es una decisión de cada grupo que libremente adopta en cada momento.
Voy a contestar con toda brevedad a dos o tres cuestiones que han sido planteadas tanto por el señor Ollero como por el señor Cruz. Dice que quitamos competencias o no queremos que tengan competencias los profesores. En el proyecto de ley que estamos debatiendo quedan reforzadas --y simplemente hay que leer el texto-- las competencias del consejo escolar pero también las del claustro de profesores, especialmente en lo que se refiere a la elaboración del proyecto educativo del centro. No es que haya una rebaja en las competencias del claustro y, por tanto, en las del profesorado, sino justamente lo contrario.
Es verdad que en el tema de la elección del director usted plantea la propuesta de una terna que salga del claustro y eso puede interpretarlo, si quiere, como un reforzamiento de las competencias del profesorado. Sin embargo debería poner en esa misma balanza, para ver de qué lado se inclina, señor Ollero, lo que ustede pretende en relación con el acceso a la inspección. El acceso a la inspección, en el texto aprobado por la Comisión y apoyado por este grupo, es muy claro: el acceso debe ser desde los cuerpos de funcionarios docentes.
Por tanto, está claramente apoyando al profesorado de los centros públicos, está claramente reforzando la posición y el papel del profesorado de los centros públicos, para que puedan acceder a la inspección como una culminación lógica y natural de la carrera docente, mientras que usted está planteando que se acceda desde fuera de los colectivos docentes públicos.
Ponga eso también en la balanza para ver quién apoya al profesorado de la enseñanza pública en este proyecto de ley y quien intenta no apoyarlo a través de diversas vías como puede ser ésta.
Dice usted que el director no puede ser otra cosa que el representante del centro. Desde nuestro punto de vista, y así consta en el dictamen, el director debe ser el representante del centro, pero también debe representar a la Administración educativa. Un centro no es un ente que está colgado en el vacío y que no tiene conexión alguna o no está inmerso en un sistema educativo. Un centro debe funcionar con autonomía en la gestión, en la elaboración del proyecto, en la utilización de los recursos económicos, en todo lo que usted quiera, y en ese sentido el director debe ser el representante del centro, pero también el director debe ser el representante de la Administración educativa a la que pertenece ese centro escolar.
Voy a aclararle otra cuestión que usted planteaba: Pregunta por qué hemos pasado de la categoría a Cuerpo de Inspección.
La Ley 30/1984 contempla entre otras situaciones administrativas posibles la existencia de categorías o de Cuerpos. El redactor del proyecto, en este caso el ministerio, optó por la primera, por la categoría y a lo largo de la tramitación del proyecto de ley, teniendo en cuenta las enmiendas planteadas por diversos grupos, entre otros el suyo, se ha ido a un modelo diferente que es el de un Cuerpo de Inspectores, eso si, diferente al que usted plantea, puesto que el Cuerpo que aparece contemplado en el dictamen es un cuerpo docente, pero un cuerpo docente con unas características muy determinadas, como explicaba antes.
Finalmente, usted dice por qué razón rechazamos las enmiendas a través de las cuales pretenden que se regule el funcionamiento, las competencias, la organización y qué tipo de funcionarios deben ejercer la alta inspección. Nosotros dijimos en Comisión --y quiero repetírselo también en el Pleno-- que creemos que la alta inspección tiene una enorme importancia, pero pensamos que su regulación no debe hacerse en este proyecto de ley. Este proyecto de ley regula cuestiones que se refieren al ámbito de los centros escolares y pensamos que la alta inspección debe ser regulada en una norma de otro carácter, en una norma de carácter más general en la que se regule el funcionamiento de la Administración, por poner un ejemplo.
Termino. He de decir al señor Cruz que usted critica la necesidad de acreditación para ser candidato a director y, sin embargo, en las enmiendas que usted plantea propone una serie de requisitos, toda una serie de méritos que deban ser tenidos en cuenta para ser candidato a director. Desde mi punto de vista está planteando mal la cuestión. No está planteando que no exista acreditación, lo que quiere es que la acreditación la valore el consejo escolar, de la misma forma que el Grupo Popular pretende que la lleve a cabo el claustro.
Nosotros consideramos (y no solamente nosotros como Grupo Socialista sino otros grupos que han apoyado este proyecto de ley en los diversos trámites), que esa acreditación de los méritos, de la formación se lleve a cabo por la Administración educativa. Nos parece más lógico y más racional. Por eso votaremos en contra de las enmiendas de su grupo que lo plantean en esos términos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Nieto.
¿Algún grupo parlamentario que no haya participado en este debate quiere fijar su posición? (Pausa.) Vamos a pasar a la votación de las enmiendas y del dictamen de este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--El señor González de Txabarri Miranda pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: ¿Señor González de Txabarri?

El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias señor Presidente.


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Para anunciar que el Grupo Vasco, a la vista de cómo ha ido el debate y las posiciones que se han mantenido, retira todas sus enmiendas... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor González de Txabarri.
Señorías, ruego guarden silencio.
Señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Vasco retira las enmiendas que ha defendido a este proyecto a la vista del debate que se ha producido.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a este proyecto de ley.
Enmiendas del Grupo Popular números 247, 248, 268, 275, 276, 280, 282, 284, 285, 286, 289, 290, 292, 297, 305, 324, 326, 327, 330, 334, 335 y 338.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 143; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 252, 253, 258, 259, 325, 329, 331 y 333.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 126; en contra, 170; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 124; en contra, 180; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Enmiendas 114, 116, 125, 127, 131, 137, 142, 143, 157, 158, 166, 167, 196, 209.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 139, 140, 144, 170, 175, 183, 184 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 14; en contra, 294; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 13; en contra, 166; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Enmiendas 75, 88, 89 y 100.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 143; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 91.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 131; en contra, 170; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 97.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 130; en contra, 182.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 81, 90, 104, 105, 106, 107, 108 y 109.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 17; en contra, 296; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


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Enmienda número 92.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, cinco; en contra, 297; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 82, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103 y 110.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 19; en contra, 171; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 80 y 83.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, cinco; en contra, 178; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, cinco; en contra, 169; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen.
Votación relativa al Capítulo III del Título II; Título IV; disposición adicional primera y disposiciones transitorias segunda y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 168; en contra, 140; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa al resto del dictamen, excepto la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 169; en contra, 14; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 170; en contra, 12; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 3.020.942.990 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAéIA TRANSMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1993, POR LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES NACIONAL (número de expediente 121/000101)

El señor PRESIDENTE: Dictamen correspondiente al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, correspondiente al ejercicio de 1993, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
No se han mantenido enmiendas al dictamen de este proyecto de ley.
¿Desea algún Grupo intervenir en relación con el mismo? (Denegaciones.) Vamos a proceder a la votación relativa al dictamen del proyecto de concesión de un crédito extraordinario para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 312; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO.
(Número de expediente 122/000112).


El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.
Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Debo señalar a SS. SS. que existe un error en el orden del día impreso: no es proyecto de ley, sino proposición de ley orgánica.


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Enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, quisiera llevar al ánimo de todos ustedes que este trámite que empezamos hoy deberíamos considerarlo como la continuación del debate que celebramos en este hemiciclo el día 11 de mayo de este mismo año.
Nuestro Grupo Parlamentario, en unión de otros grupos, como Izquierda Unida y Convergencia i Unió, consideró oportuno presentar una proposición de ley con el fin de poder plasmar, en el que esperemos que sea definitivo texto de la ley orgánica del Tribunal del Jurado... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor VALLS GARCIA: ...todas y cuantas enmiendas se aprobaron en el Senado. Así consta en la exposición de motivos de la proposición de ley que estamos debatiendo, y quiero empezar la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista haciendo mías las palabras con que mi compañero, el señor Cuesta Martínez, defendió la toma en consideración de la proposición.Creemos que debemos ser fieles a lo que acordamos, transamos y pactamos en el Senado. Creemos que debemos ser respetuosos con las decisiones que allí se tomaron. Por ello, aunque en un principio el Grupo Parlamentario Socialista y los demás grupos proponentes se ciñeron sólo a reproducir aquellos aspectos de las enmiendas del Senado que nos parecieron más relevantes, el Grupo Parlamentario Socialista ha reconsiderado su postura y no sólo hace suyas todas aquellas enmiendas presentadas, sino que ha incrementado el número de ellas con el fin de reproducir literalmente el dictamen aprobado en el Pleno de la Cámara Alta, con el fin, como decía al principio de mi intervención, de ser fieles a lo que pactamos, cedimos y acordamos, para ser respetuosos con lo acordado por aquella Cámara.
Por ello, anticipo que mi Grupo va a pedir a todos los grupos que respetemos las votaciones que celebramos en esta Cámara el citado 11 de mayo. Creemos que no existen motivos para que los grupos que votamos en un sentido determinado cambiemos hoy nuestro voto. Por ello anuncio ya, señor Presidente, la retirada de las enmiendas número 30 y 33 del Grupo Parlamentario Socialista, que difieren, aunque muy poco, de lo acordado por el Senado.
Sin embargo, señorías, si se toman ustedes la molestia de mirar las enmiendas que presenta hoy el Grupo Socialista, podrán comprobar que no son más que enmiendas técnicas. Por ejemplo, la primera de ellas propone que donde dice «corresponda» se sustituya por «correspondan».
En la segunda suprimimos una reiteración. En la cuarta, donde dice «catedráticos y profesores titulares de disciplina jurídica», en concordancia con lo aprobado por el Senado, lo extendemos a «profesores universitarios de disciplina jurídica». Por ello les decía que el primer bloque de enmiendas mantenía lo sustancial de esta proposición de ley, y en el segundo bloque lo único que hemos hecho es rastrear -- creemos que con fidelidad y exactitud-- las enmiendas del Senado.
Sin embargo, señorías, permítanme que haga una especial referencia a la enmienda número 31 de mi Grupo. Por un error tipográfico que no hemos podido encontrar en el basamento jurídico a lo largo de todo el debate, en el texto que se nos remite se alude a «audiencias provinciales», y puesto que a lo que se refiere la citada enmienda no es estrictamente al mecanismo del jurado sino a un precepto de la ley de Enjuiciamiento Criminal, a la ley procesal que va a tener vigencia para todos los juicios y no sólo para el jurado, pedimos el apoyo de los grupos a esta enmienda para suprimir el término «provinciales», con el fin de que se pueda hacer una segunda apelación cuando corresponda a otros tribunales además de las audiencias provinciales. Creemos que la supresión del adjetivo «provinciales» está más en consonancia con ello.Este es, señorías, brevemente, el sentido de nuestras enmiendas. No quisiera tener que repetir que lo que pretendemos es respetar el espíritu y la letra de lo que aprobaron nuestros colegas del Senado.
Haciendo nuestras todas las palabras vertidas tanto en la defensa del primitivo proyecto como después en la proposición de ley, únicamente me queda por recordar que espero que hoy ya demos ese paso importante para instaurar la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, para implantar los principios de oralidad y de celeridad, para apartar, por lo menos en una parte de nuestro ordenamiento jurídico, el principio inquisitivo.
Por último, he de decir con satisfacción, señor Presidente, señorías, que la ley vigente, con las enmiendas del Senado que hoy tratamos de introducir definitivamente en ella, afortunadamente está ya siendo objeto de estudio y de crítica por parte de estudiosos del tema, y afortunadamente también la mayoría de los comentarios a que he tenido acceso van encaminados a entenderla como una ley positiva, como una ley necesaria, como una ley buena.
Permítanme que haga una cita del primer libro que conozco sobre esta ley. En ella, un catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, de la Facultad de Derecho de San Sebastián, profesor Antonio Lorca, dice textualmente: «Me aventuro a indicar que la mejor opción legislativa sobre el jurado es la española, la opción que hunde sus raíces en nuestro Derecho histórico. La vigente ley es en gran medida fiel a nuestro derecho sobre el jurado. No es desde esta perspectiva ni una ley sorpresiva ni fuera de contexto. No se copia ningún ordenamiento jurídico foráneo.
Simplemente, la opción legislativa que adopta la vigente ley del jurado refleja o, mejor, apuesta por un modelo

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de jurado que es patrimonio ante todo de nuestra historia jurídica.» Resulta halagador oír estas palabras sobre un proyecto de ley, hoy ya ley, en el cual --repito mis palabras del debate anterior-- creo que al menos seis grupos de la Cámara pusimos el mayor esfuerzo en el diálogo para sacar la ley del jurado de todos. Por lo tanto, estas alabanzas son alabanzas para todos los que trabajamos en ella; lejos, estas reflexiones de la cátedra, de aquellos que trataron de mofarse de la ley vigente llamándolo jurado cañí.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Enmmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intervengo para manifestar una vez más nuestra posición favorable a este proyecto de ley.
Nuestro Grupo Parlamentario valora positivamente el texto de la presente proposición de ley orgánica, toda vez que ha resultado del todo conveniente asumir aquellas enmiendas aprobadas en su momento por el Senado y que no fueron recogidas en la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado.
Sin embargo, ello no obsta para que nuestro Grupo Parlamentario por razones de oportunidad legislativa formule ahora unas cuantas enmiendas con objeto de mejorar al máximo el contenido de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, actualmente en vigor.
En este sentido, señorías, y mediante las enmiendas números 1 y 2, en consonancia con lo que se aprobó en el Senado, hemos considerado oportuno concretar qué delitos se atribuirán al conocimiento y fallo del tribunal del jurado, suprimiendo los delitos de omisión del deber del socorro, los delitos contra la intimidad y el domicilio, así como los delitos contra el medio ambiente por considerar, en general, que la valoración de los mismos requiere un grado de conocimiento específico, dada la naturaleza técnica y también jurídica.Asimismo, mediante la enmienda número 2 consideramos más oportuno citar tipos concretos de los delitos contra el honor y suprimir el delito de amenazas debido a la consideración demasiado técnica del mismo.
Mediante la enmienda número 3 se pretende una refundición del artículo 3.4, actualmente en vigor, con la modificación propuesta en el texto de la proposición de ley orgánica, toda vez que el mismo no es incompatible con el hecho de que deba ofrecerse una solución ante el supuesto de que los jurados puedan verse perturbados por el propio magistrado-presidente.Con la enmienda número 4 debe contemplarse la posibilidad de que un miembro del jurado pueda tener un vínculo de parentesco con el imputado y, en consecuencia, incurrir en una causa de prohibición para formar parte del mismo.
Mediante la enmienda número 5 se considera que basta con especificar en el texto actualmente en vigor que las partes a quien debe darse nuevo traslado son las acusadoras. Y mediante la enmienda número 6 se pretende que algo tan fundamental como es la determinación de los delitos que se imputan al acusado figuren en el auto que dictará el magistrado que vaya a presidir el tribunal del jurado.
Con las enmiendas números 7, 8 y 9 se pretende dar cumplimiento a las expectativas del colectivo profesional de los secretarios judiciales, adaptando el texto de la proposición de ley orgánica a la legislación concordante en vigor, respetando la independencia orgánica y funcional del secretario respecto del juez y teniendo en cuenta sus competencias, sobre todo en relación a la práctica de notificaciones, en general, y citaciones, en particular.
Finalmente, las enmiendas 10 y 11 proponen la supresión del artículo 49 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, y del artículo 846 bis, c) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que dirimir sobre la existencia o no de la prueba de cargo puede condicionar el fallo del jurado.Señorías, se ha recordado insistentemente que la elaboración y aprobación de esta Ley del Tribunal del Jurado responde a un mandato constitucional que ha tardado casi diecisiete años en hacerse efectivo, pero finalmente hoy esta Cámara va a dar cumplimiento a dicho mandato. Este hecho debería ser motivo de gran satisfacción para todos y cada uno de nosotros, señoras Diputadas y señores Diputados, porque, como muy bien se ha dicho, y ha dicho un prestigioso profesor de Derecho, todo buen demócrata ha de aplaudir que la Constitución se cumpla íntegramente, pues el primer gesto democrático consiste, para todos, en respetar la norma fundamental como regla esencial de convivencia. Es sabido que el jurado ha existido siempre en los períodos de democracia, en los períodos de libertad. La democracia debe procurar la articulación de todos los instrumentos que permitan la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Precisamente, señorías, el jurado es uno de estos instrumentos; un instrumento decisivo para la democratización y el acercamiento de la Administración de justicia a los ciudadanos. La instauración del jurado supone un paso más en la consolidación del sistema democrático. Es preciso hacer un esfuerzo para que esta institución no fracase. Es preciso romper con la mala historia que de esta institución había en este país. Hay que aprender de la historia para seguir avanzando en la reafirmación de un sistema democrático, de un sistema sólido

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y moderno. Hay que avanzar de manera eficaz. Para todo ello es imprescindible, como bien se dice en la exposición de motivos del proyecto de ley, una elemental prudencia que aconseja la graduación en el proceso de instauración de esta institución. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha manifestado a lo largo del debate partidario de esta graduación. Hemos dicho en otras ocasiones que apostábamos por una ley del jurado moderna, ambiciosa en sus objetivos y mesurada en su puesta en práctica. Los procesos de modernización son, señorías, como una larga escalera en la que hay que avanzar peldaño a peldaño. La ley que hoy aprobamos es uno de estos peldaños; un peldaño básico, fundamental, pero que sin duda alguna no agota este camino. Habrá que dar otros pasos, habrá que continuar con acciones concretas, precisas y parciales para conseguir un resultado global: la modernización de nuestras instituciones y de todo nuestro sistema político. La Ley del Jurado deja abierto este camino. Lo deja abierto de una manera explícita cuando en la exposición de motivos se hace referencia a que el legislador, en el futuro, a la vista de la experiencia, valorará la ampliación progresiva de todos los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento. A lo largo del debate parlamentario, como también ya ha mencionado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, se ha producido un enriquecimiento y una mayor concreción del proyecto inicial.
Consideramos que entre todos los grupos hemos hecho un buen trabajo y que debemos alegrarnos de haber conseguido finalmente dar cumplimiento, señorías, a este mandato constitucional.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.


El señor Valls tiene la palabra.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presiente, yo me he referido a la enmienda número 33, pero los servicios de la Cámara me acaban de aclarar que se trata de la enmienda número 18. Es decir, mi Grupo retiraría las enmiendas números 18 y 30. En mi exposición dije que eran las números 30 y 33, pero la 33 es un error. Ahora mantengo que retiro las números 18 y 30.
uchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo Popular ha presenteado pocas enmiendas a este proyecto de ley que responde, sin duda, a un trámite desordenado y azaroso de la actualmente vigente Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y que ha exigido el presentar esta iniciativa legislativa a causa de que, como recordarán SS. SS. la votación de conjunto de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, tan esperada y deseada por muchos ciudadanos y, desde luego, por muchas de SS. SS., no contó en su momento con las asistencias parlamentarias necesarias para su aprobación. Esa es la razón de que aquí nos encontremos.
Naturalmente nosotros no vamos a hacer un ejercicio de exceso parlamentario ni reproducir todas las objeciones que teníamos al texto de la vigente Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, porque suponemos que ni las vacaciones ni ninguna otra circunstancia habrán variado el criterio de SS. SS. en relación con esa ley y con la postura que los distintos grupos parlamentarios y los Diputados integrantes de esta Cámara habían mantenido en relación con la misma. Entendemos también que es bueno que se incorporen las aportaciones del otro cuerpo colegislador, el Senado, aunque sea con esta fórmula, por llamarla de algún modo y sin ningún ánimo irónico, un tanto ortopédica, y naturalmente con mucha más razón en relación con aquellas iniciativas de enmienda que contaron con el apoyo del Grupo Popular del Senado. En definitiva, como ha dicho muy bien el portavoz del Grupo Socialista y, aunque ésete no lo ha dicho, como ha sucedido con el Grupo de Convergència i Unió, lo cierto es que ambos grupos han presentado enmiendas al margen de aquéllos que el Senado había incorporado. Poco he de decir en relación con las del Senado más que mantener aquí, como es natural, la misma postura que expresamos en relación con la votación de las propias enmiedas del Senado. Eso ha sido y poco más lo que han constituido nuestras enmiendas, es decir aquella parte en que discrepamos de las enmiendas del Senado, algunas de ellas, porque a su vez eran enmiendas en relación con preceptos que nosotros aquí también habíamos enmendado, fundamentalmente de supresión.
En este trámite tranquilo, en el que parece que hay pocas circunstancias de sentimiento mayor, quisiera hacer una apelación a todos los grupos parlamentarios. En una de nuestras enmiendas, la número 12, proponemos de nuevo lo que fue el contenido de la enmienda que determinó la incorporación al texto de la ley de la previsión contenida en el apartado cuarto del artículo 3.º de la Ley del Jurado. Esa previsión legislativa nace de una enmienda del Grupo Popular. En ella nosotros interesábamos, en la tramitación parlamentaria en esta Cámara, el que se contemplara el hecho de que los jurados que en el ejercicio de su función se consideraran inquietados o perturbados en su independencia, en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pudieran dirigirse a su Consejo General para que les amparara en el desempeño de su cargo. De esta Cámara salió este precepto, con la modificación introducida por el Grupo Socilista de que en vez de dirigirse al Consejo General se pudieran dirigir a la sala de gobierno, y del Senado volvió el texto con la modificación, consistente en que esas pretensiones de amparo se dirigieran al magistrado presidente. En primer lugar, cuando una enmienda se formula

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por un grupo hay que entender que tiene su coherencia. Yo les pido aquí que ya que tenemos esta posibilidad de recapacitar, contemplen ustedes la coherencia de nuestra enmienda y no la dejen descoyuntada, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, hay dos razones tan claras como éstas. Las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia son órganos de gobierno interno de los tribunales y no tienen encomendada por la Ley Orgánica del Poder Judicial la función de velar por la independencia de los tribunales. El magistrado presidente no es que carezca de esa función, es que es parte del tribunal. Por consiguiente, ¿cómo vamos a pedir al presidente que ejercite una función que ya le viene exigida como integrante mismo del tribunal? El presidente del tribunal del jurado es integrante del tribunal.
Por tanto, yo entiendo que las dos fórmulas, la que aquí se adoptó en el sentido de encargar esta función a la sala de gobierno --porque no tiene dicha sala esas funciones-- y la que el Senado introdujo de encargárselo al magistrado presidente, dejan sin ningún contenido real este precepto. Por ello, les ruego que lo reconsideren y que vuelvan ustedes a la idea de la enmienda que consiste en encargárselo al órgano que tiene encomendado por la Ley Orgánica y por la Constitución velar por la independencia de los tribunales y todavía más.
(Pausa.) No haga gestos, señor Valls, porque S. S. no se lo ha leído. Léaselo. No me pregunte dónde lo dice, lo dice ahí. Yo les ruego que atiendan a la idea de la enmienda y que después sean consecuentes. Si ustedes consideran a los jurados integrantes de aquellos que administran la justicia, denles el trato que tienen aquellos que administran la justicia. Y si los jueces y magistrados --sólo ellos y sólo cuando ellos se sienten inquietados o perturbados-- pueden acudir al Consejo General del Poder Judicial, no den ustedes un trato distinto a los jurados.
La enmienda número 13 pretende volver a mantener el texto que salió de esta Cámara en relación con que la competencia del tribunal del jurado se habrá de determinar por la pena en abstracto. Razones doctrinales, que no es momento de enumerar, hacen más aconsejable esa solución --que es la que figuraba en el proyecto de ley-- que la que se intenta introducir con esta modificación, coherente y armónica con la que pretendió el Senado, entre otras cosas porque para el momento de la determinación de la competencia, naturalmente, sólo la pena en abstracto podrá ser un criterio seguro y, desde luego, será un criterio muchísimo más rápido.
Voy terminando, señor Presidente. Haré solamente dos pequeñas alusiones. En primer lugar, la enmienda número 15 al artículo 37 tiene una absoluta sintonía con otra enmienda del Grupo de Convergència i Unió. En los términos en los que la ley lo dice, parece que el magistrado está prejuzgando el delito que integran los hechos. Lo que se está haciendo es una relación, y a la relación parece mejor la idea de señalar a continuación el delito o delitos que a su juicio pudieran constituir los hechos que decir solamente los delitos que constituyen los hechos. Esta enmienda es pareja a la de Convergència i Unió y nosotros la apoyaremos. Si SS. SS. desean presentar una enmienda transaccional, nosotros no tenemos inconveniente en que quede incorporada como una síntesis.Nuestra enmienda 16 tiene un error. Hay que entender que no se pretende la supresión --como en ella se dice-- del artículo 2.1 de esta proposición de ley, sino del artículo 504 bis 2, tal y como figura ya en la ley vigente. Hago esta matización afirmando que ése es el contenido de nuestra enmienda, atendiendo a que nos encontramos en un debate de lectura única ante el Pleno de esta proposición de ley.
Termino diciendo que estaban ustedes muy seguros. Nosotros -- como saben-- votamos en contra de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha sido una de las razones fundamentales de nuestra postura ante el proyecto y lo va a seguir siendo en cuanto a la votación de conjunto y a la proposición que hoy se debate, en la que también nos vamos a abstener. Era tan sorprendente esa regulación de la prisión provisional o preventiva que han necesitado ustedes volver a redactar el precepto. Las razones que se han dado una y otra vez para justificar la introducción de la Ley orgánica del Tribunal del Jurado de una tan importantísima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal eran que, ante el jurado, el principio acusatorio había que llevarlo a sus últimos extremos. No es momento, no vamos a entrar ahora en un debate de lo que debe ser y cómo tiene que ser el principio acusatorio, pero sí les he de decir, naturalmente, una cosa es un principio que informa el proceso penal de acuerdo con la Constitución, y eso ha determinado que se operaran importantes reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otra cosa es un sistema. Nosotros lo que hemos dicho y reiteramos una vez más en este acto es que, desde luego, lo que no consideramos oportuno es modificar una institución como la prisión provisional sin modificar el sistema. El Tribunal Constitucional, en una serie de sentencias en las que ha examinado reiteradamente las facultades del juez de instrucción en la tramitación de los procesos penales, ha recordado el rigor constitucional de estas facultades de los jueces de instrucción, y yo les digo que en la tramitación del proceso de jurado y en la tramitación de los demás procesos penales también.
Naturalmente lo que no pueden hacer es mezclar, en la voluntad de llevar aquí el principio acusatorio a sus últimas consecuencias, un sistema acusatorio formal, que es el que sigue vigente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y es el que sigue encomendando al juez de instrucción la investigación y su dirección, con una especie de voluntad utópica de empezar a instaurar la instrucción por el Ministerio Fiscal.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.


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El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.Volvemos a decir que modifiquen ustedes --como es natural, a esos efectos se modificará cuando tenga que ser modificado y si se llega a esa conclusión-- el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal; hagan ustedes un fiscal que además de imparcial sea independiente, y entonces nosotros entenderemos que se pueda llegar no a una, digamos, interpretación absolutamente ingenua del principio acusatorio, sino a un sistema acusatorio distinto. Mientras tanto, esto, además de sospechoso, es jurídicamente un disparate. Por tanto, mantenemos esta enmienda con todo vigor, con toda energía.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.¿Grupos que deseen fijar su posición en relación con este proyecto de ley? (Pausa.)Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, Señor Presidente.Señorías, Coalición Canaria está en la misma línea de apoyo a esta proposición de ley que nos trae la iniciativa de los grupos parlamentarios Socialista y Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, como lo hicimos en su momento procesal en el Pleno de esta Cámara la pasada primavera al dar nuestro apoyo a las enmiendas que venían del Senado y que, por el Reglamento de la Cámara --el quórum ante las leyes orgánicas--, no pudieron ser incorporadas al texto final.
Coalición Canaria se felicita de que, después de tres lustros de estar apareciendo esto en la letra aparcada de nuestra Constitución, en el artículo 125, veamos hecha una realidad completa y democrática la institución del jurado. Esto viene a significar nada más y nada menos que el reconocimiento de la mayoría de edad judicial de los ciudadanos de nuestro país para actuar en la responsabilidad de administración de justicia como pueblo soberano.
Precisamente en abril de este año, en el debate sobre el estado de la nación, cuando se señalaba unánimemente por la Cámara esta prioridad, estábamos consagrando ese principio.
Pero también queremos decir que, compartiendo este optimismo, al que hoy se suma Coalición Canaria, de un amplio sector de la ciudadanía española por poder tomar parte del jurado, es necesario e imprescindible actuar con prudencia. Ya en los hechos previos que se vienen dando desde el mes de junio para preparar la selección de los diversos colectivos de los miles de ciudadanos españoles que extraídos de los censos como marca la ley, vayan a formar parte, con una cuidadosa selección de idoneidad en todos los órganos y en todos los requisitos constituciones, es necesario y también imprescindible actuar con prudencia para su implantación gradual y paulativa. Habrá que hacer una pedagogía con esta institución prácticamente inédita en la democracia española de este siglo, salvo la experiencia de la época republicana, dado que históricamente la existencia del tribunal del jurado ha sido compatible con regímenes democráticos y liberales y ha sido incompatible y suprimida de la legislación en los regímenes absolutistas, dictatoriales o autoritarios. A juicio de Coalición Canaria, un tribunal no va a ser ni mejor ni peor, sino distinto de los que actualmente tenemos, pero precisamente por estar basado en esta democracia parlamentaria y en la Constitución misma va a tener aquí su indiscutible legitimidad. Digo esto porque no han faltado voces a veces procedentes del sector de la judicatura, o de personas respetables en su parecer del ordenamiento jurídico español procesal, haciendo críticas negativas y contrarias a la institución del tribunal del jurado. Por consiguiente, no quepa duda de esta indiscutible legalidad constitucional y parlamentaria.
Señor Presidente, nosotros entendemos que con las enmiendas del Senado y las que se han recogido ahora a iniciativa de esta proposición no de ley, se ha dado entrada a unas mejoras que posibilitan un perfeccionamiento total de todo el concepto de la ley. En términos generales, Coalición Canaria se muestra de acuerdo con la determinación de la competencia del tribunal del jurado para el enjuiciamiento de los delitos que atribuye para su conocimiento y fallo en el artículo 1 y el hecho de excluir --esto es importante-- algunos delitos que podían exigir determinados conocimientos técnicos o científicos por parte del juzgador que no se encuentran en la media ciudadana. Nos parece positivo, al igual que ocurre con las enmiendas que hoy traen diversos grupos parlamentarios a este trámite de aceptación de la proposición no de ley, como es la redacción de la discapacidad que imposibilita para ser jurado, que aquí queda mucho más precisa hoy en día. Por otra parte, la conformación actual de la apelación en la forma que queda regulada esta figura --cuestión importante--, que introduce con un recurso de apelación sui generis, verdaderamente dicho, la imposibilidad de revisar el veredicto del jurado stricto sensu, tan sólo por infracciones que en garantía del procesado se establezcan. Es posible, por tanto fundamentar dicho recurso destacando las garantías que precisamente están fundadas en nuestra Constitución.
Las enmiendas que han presentado los demás grupos nosotros las vamos a apoyar.
Aceptada ya la retirada que ha hecho el portavoz socialista de su enmienda, que vamos a votar, al igual que las de otros grupos, queremos singnificar el apoyo que vamos a dar a la enmienda número 12, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por entender y aceptar sus razones de que cuando se solicita el derecho de amparo, cuando los jurados se sientan inquietados o perturbados en su independencia en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puedan dirigirse al Consejo General del Poder Judicial para que les ampare

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en el desempeño de su cargo. Nos parecen muy convincentes las razones que ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, vamos a apoyar esta enmienda número 12, porque no nos parece sufiente garantía que se remita a la sala de gobierno del órgano jurisdiccional competente pues carece de sentido, como bien ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.Por todo lo demás, Coalición Canaria va a votar favorablemente, tanto en su articuldo como en su consideración de ley orgánica, esta proposición de ley del jurado que viene a la Cámara.Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUéOZ: Gracias, señor Presidente.Voy a hacer una intervención breve desde el escaño --promesa que voy a cumplir de forma estricta-- para comentar en primer lugar al señor Valls, y sin que esto constituya una alusión de naturaleza parlamentaria, que ni yo mi grupo nos sentimos aludidos por esas reflexiones apologéticas del ilustrísimo catedrático de la Universidad del País Vasco, al que usted ha hecho referencia, cuyas expresiones ha reproducido literalmente desde la tribuna. No es una buena ley. Nosotros seguimos manteniendo la ley del jurado ya vigente, que pretende cumplir el mandato contenido en el artículo 125 de la Constitución española. Tenemos reparos no sobre este proyecto de ley que en este momento estamos debatiendo, que lo único que pretende es corregir una disfuncionalidad que en su día se produjo en esta Cámara, cual es el rechazo por el Pleno del Congreso de una serie de enmiendas que venían del Senado con un amplio grado de consenso político --paradoja que se produjo y que en este momento estamos intentando corregir reglamentariamente--, sino sobre la Ley del jurado, la ley matriz, que contiene deficiencias que, desgraciadamente, no han sido objeto de corrección en esta segunda oportunidad que en el debate parlamentario de la ya definitiva Ley del jurado se nos planteaba; deficiencias que --las voy a decir de forma breve y obiter dicta, muy palmaria y muy concretamente, señor Presidente-- hacen referencia al objeto del veredicto, en definitiva, a las competencias del jurado.
Entendemos todavía perturbadoras las importantes competencias que se confieren a un jurado constituido no por profesionales del Derecho, a un jurado absolutamente lego por su propio régimen de incompatibilidades; competencias que hacen referencia a la determinación de la culpabilidad. La determinación de la culpabilidad requiere la predeterminación de algo desde una perspectiva dogmática jurídica muy compleja, como es la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se someten al jurado para su enjuiciamiento. Seguimos discrepando de unas competencias tan amplias para un jurado lego. Seguimos discrepando de algunas cuestiones quizás de menor relevancia jurídica, pero que para nosotros son importantes, como una cuestión que no se corrige en este proyecto de ley que estamos debatiendo en este momento, a pesar de que hay una alusión expresa al mismo, que es la extensión de las competencias del jurado cuando hay delitos conexos y el delito principal es el de prevaricación. Seguimos sin entender que el delito de prevaricación no extienda sus competencias a los delitos conexos cuando es el delito principal y cuando el jurado sea competente. El jurado siempre es competente en relación al delito de prevaricación y éste no tiene una normativa más compleja que algunos de los delitos que ya se atribuyen como competencia expresa del jurado.
Seguimos sin comprender, señor Valls, por qué todavía en el jurado se incumple posiblemente uno de los requerimientos más relevantes del artículo 24 de la Constitución, que es que en el supuesto de que el magistrado presidente aprecie defectos subsanables y el jurado en tres ocasiones o por tres veces consecutivas se niegue a corregir estos defectos subsanables, la consecuencia derivada de esta negativa del jurado a corregir defectos subsanables apreciados por el magistrado presidente no sea la absolución del encausado, que es un requerimiento expreso nada menos que del artículo 24 de la Constitución. Seguimos sin entender también, a pesar de esas reflexiones apologéticas de ese catedrático que usted citaba de la Universidad del País Vasco, por qué el magistrado presidente, no advierte, no provee de un auténtica admonición a los miembros del jurado, de que las únicas pruebas que deben valorar son las válidamente practicadas en la fase de instrucción o las practicadas durante el juicio oral y tantas deficiencias que en su día no fueron objeto de corrección y que este proyecto de ley, que sólo instrumentalmente pretende corregir una disfunción parlamentaria, tampoco ha intentado corregir.
En definitiva, señor Presidente, poco que decir sobre este proyecto de ley; sí muchas cosas que decir, importantes discrepancias todavía sobre el proyecto de ley matriz, el proyecto de ley que desarrolla el artículo 125 de la Constitución, y, desde esa perspectiva, anunciamos que vamos a apoyar el proyecto de ley en su configuración literal. Tenemos renuncias sobre la mayoría de las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios y sólo me resta comentar que con esto contribuimos a corregir aquel paradójico rechazo de enmiendas que vinieron del Senado al Pleno de esta Cámara con un importante consenso parlamentario, al que en su día nuestro Grupo contribuyó.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


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El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.Nuestro Grupo Parlamentario es uno de los firmantes de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la ya vigente Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado. Por tanto, estamos de acuerdo con el contenido de esa proposición de ley, que en su día firmamos y presentamos con otros grupos parlamentarios.
En consecuencia, nosotros no presentamos ninguna enmienda a esta proposición de ley.El Grupo Socialista ha presentado diversas enmiendas que lo que hacen exclusivamente es añadir enmiendas que el Senado aprobó en su momento, que vinieron a esta Cámara y que, como consecuencia de que no se pudo reunir la mayoría absoluta requerida para la aprobación de leyes orgánicas, no puede salir adelante. Por tanto, nuestro Grupo va a limitarse a apoyar esas enmiendas del Grupo Socialista, que lo que hacen es reproducir exactamente aquellas enmiendas que el Senado aprobó en su momento.
Nuestro Grupo, en este trámite sobre esta proposición de ley, no ha querido reproducir un debate más político y más de fondo sobre el conjunto del proyecto de ley del Tribunal del Jurado, que en su momento fue aprobado y que en su conjunto consideramos que es un buen proyecto de ley, aunque podamos discrepar en cuestiones concretas, como consecuencia de nuestras enmiendas no aceptadas en su momento. Pero no hemos querido reproducir de nuevo aquí --repito-- un debate político sobre el conjunto de la Ley del Jurado. Por tanto, vamos a limitarnos a apoyar la proposición de ley, a apoyar las enmiendas del Grupo Socialista, que reproducen exactamente las enmiendas del Senado, e intentar que en la sesión de hoy salga adelante esta proposición de ley, que no pudo hacerlo en su momento por falta de esa mayoría absoluta que requieren las leyes orgánicas.
De todas formas, sí queremos referirnos a la enmienda del Grupo Popular que propone una modificación en el apartado 4 del artículo 3, sobre la posibilidad de los jurados de dirigirse al magistrado-presidente para que les ampare en el desempeño de su cargo si se ven inquietados o perturbados, ya que el Grupo Popular ha hecho un especial hincapié en esta enmienda. El Grupo Popular propone que la queja vaya dirigida al Consejo General del Poder Judicial. Nuestro Grupo --repito- - no quiere salirse del campo que se ha fijado, que son las enmiendas del Senado. Pero, en cuanto a esto, sí queremos decir que, a nuestro juicio, siempre es posible, cuando haya un no amparo de la independencia, referido al cargo de jurado por el magistrado-presidente, y después de ese trámite, oportuno, porque puede ser un filtro que evite que vayan constantes quejas al Consejo General del Poder Judicial, sí que cabe --entendemos-- una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, como consecuencia de las funciones que tiene atribuidas por otras normas ese alto órgano constitucional.Creo que es el momento de reiterar aquí, en este trámite, nuestro apoyo a que en España vuelva a funcionar el jurado, que haya una ley del jurado, que se aplique lo previsto en la Constitución y que ese jurado, que coincidió en nuestra historia constitucional y política con épocas progresistas, vuelva a funcionar, como consecuencia de la aplicación de nuestra Constitución de 1978.
Queremos decir que, en un futuro, como consecuencia de la aprobación de la Ley del Jurado, un Gobierno no podrá proponer y un Parlamento no podrá aprobar, si no es contradiciendo la Constitución, una derogación de la Ley del Jurado. Lo digo porque se ha comentado estos días si un futuro Gobierno podría plantear una derogación de la Ley del Jurado. Entendemos que será posible modificar la Ley del Jurado, será posible mejorarla, pero desde luego no derogarla, no hacer desaparecer ese funcionamiento del jurado, porque eso sí que sería frontalmente contrario a la Constitución. Hasta ahora lo que ha habido ha sido una especie de inconstitucionalidad por omisión, imposible de solucionar; pero una vez que está vigente una Ley del Jurado, una ley que derogase esa ley sería una ley claramente inconstitucional, porque iría frontalmente contra el texto constitucional, que prevé la existencia de un jurado en nuestro país.
Por último, queremos destacar también que, a propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, esta Ley del Jurado contiene una reforma en embrión, ya que hay un encargo a que el Gobierno que sea, el Gobierno de nuestro país en el plazo de un año, envíe un proyecto de ley de reforma del proceso penal. Nos parece de la máxima importancia y, por eso, consideramos que será en su momento una revolución procesal, como ya en parte lo es el cambio que hay en la Ley del Jurado, para ir a un auténtico procedimiento acusatorio y no con los aspectos inquisitoriales que tiene todavía el proceso penal en España. Un adelanto de ello es la prisión preventiva, que realmente sí que es un cierto adelanto de una reforma que debería ser mucho más amplia. Hace algunos años, nosotros estuvimos en contra de la regulación de la prisión preventiva y por eso no nos podemos oponer a que haya una acción mucho más intensa del Ministerio Fiscal y que no pueda concederse la prisión preventiva con la facilidad que se puede conceder en estos momentos en nuestro país. Por ello, nosotros no nos hemos opuesto a ese cambio que, si no se diera, además podría ofrecer problemas de inconstitucionalidad, ya que la prisión preventiva funcionaría de una forma para los procesos de jurado y de otra forma para los procesos que no van al jurado. Eso podría dar lugar a problemas de inconstitucionalidad y, por tanto, creemos oportuno que se haga ahora esa reforma en esta ley, pero desde luego como parte de una gran reforma procesal, introduciendo elementos acusatorios y como parte --que también

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aparece en la Ley del Jurado-- de una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, porque es evidente que ir a un procedimiento claramente acusatorio en la instrucción penal tiene que ir en conjunto con una reforma del estatuto del Ministerio Fiscal, que tiene que ser un estatuto de clara imparcialidad y autonomía, y también con un nuevo estatuto del propio Fiscal General del Estado, que en estos momentos depende en su nombramiento y en su cese, exclusivamente, de las decisiones gubernamentales, lo que no nos parece que sea congruente con un Ministerio Fiscal que tendrá que actuar en el futuro con mucha mayor autonomía e imparcialidad, en un proceso penal que debe ser mucho más acusatorio, más constitucional por tanto de lo que es ahora mismo.
Recordemos que en esta ley ha habido otra reforma importante, que es la desaparición de ese privilegio procesal del antejuicio para los jueces, y que debería ir unida, en un futuro --esa es nuestra intención--, a la desaparición, en la medida en que no choque con la Constitución, de todos los privilegios procesales que tienen en estos momentos otros órganos constitucionales, como es el Gobierno o esta Cámara, desde el punto de vista de los llamados fueros procesales.Por todas estas razones, nuestro Grupo va a votar favorablemente el dictamen de esta proposición de ley y aquellas enmiendas presentadas, en este caso exclusivamente por el Grupo Socialista, que lo que hacen es, simplemente, restituir aquellas que en su momento aprobó el Senado, que nosotros votamos a favor en esta Cámara y que, por ausencia de mayoría suficiente, no pudieron prosperar por ser ésta una ley orgánica.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votaciones correspondientes a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Enmiendas números 17, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 191; en contra, 127; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Enmiendas números 1, 2, 6, 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 150; en contra, 164; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 21; en contra, 293; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Popular. Enmienda número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 133; en contra, 181; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 181; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación correspondiente al texto de la proposición de ley. No habiéndose solicitado votación separada de ninguna de las partes del texto de la proposición de ley, la votación relativa al contenido de la proposición será simultáneamente votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica de esta proposición.Votación del texto de la proposición y votación simultáneamente de conjunto de esta iniciativa por su carácter de proposición de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.
Como es habitual en la tramitación de iniciativas por el procedimiento de lectura única, los servicios de

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la Cámara procederán a los reajustes técnicos resultantes de las enmiendas aprobadas.


VOTACIONES DE CONJUNTO:

-- DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CONTRABANDO.


El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al proyecto de Ley Orgánica de Contrabando.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 321.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado en votación de conjunto el proyecto de Ley Orgánica de Contrabando.


-- DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE LA PARTICIPACION, LA EVALUACION Y EL GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES.


El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al proyecto de Ley Orgánica de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 177; en contra, 138; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en votación de conjunto el proyecto de ley orgánica. (Aplausos.)

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

-- PROYECTO DE LEY SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 121/000100)

El señor PRESIDENTE: Punto duodécimo del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate correspondiente al proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.Enmienda de totalidad de texto alternativo a este proyecto de ley, presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabara el señor Alcaraz. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) (Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños.
Para la presentación del proyecto de ley, previamente tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. (Rumores.) Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio.Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente que el Gobierno presenta a la Cámara responde a la necesidad de adaptar el derecho español a las directivas comunitarias, en particular a la 90/313. Hoy, en nuestro marco jurídico, la regulación del derecho de acceso a la información medioambiental está recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, pero la necesidad de una nueva ley radica en que ésta, la vigente, es más restrictiva que lo que establece la directiva comunitaria antes mencionada y que queremos trasponer.
En efecto, el derecho del acceso a la información en materia de medio ambiente no ha sido reconocido en la Unión Europea de forma expresa y con carácter general hasta la reciente aprobación de esta directiva, que hay que enmarcarla en el IV programa comunitario de acción medioambiental. Esa directiva reconoce el derecho de cualquier persona física o jurídica que lo solicite a acceder a la información sobre medio ambiente, sin que para ello sea obligatorio que demuestre un interés determinado. Esta es, pues, una directiva ampliamente innovadora que abre nuevas expectativas jurídicas en el campo de acceso a la información ambiental, en la línea de lo establecido en la cumbre de Río, que consagra este derecho como un elemento clave al decir que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos a todos los niveles y que en el plano nacional toda persona debería tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de la que dispongan las autoridades públicas incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro y las oportunidades de participar en los procesos de adopción de decisiones, para lo cual los Estados deberán facilitar y fomentar esta sensibilidad y esta participación poniendo la información a disposición de todos y promocionando su acceso efectivo en los procedimientos judiciales y administrativos y, entre éstos, el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Por otra parte, la necesidad de regular este derecho a la información sobre el medio ambiente también proviene de la Constitución Española cuando en su artículo 105.b) reconoce este derecho al establecer que la ley regulará

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el acceso de los ciudadanos a los registros y archivos administrativos de todo tipo.¿Cómo regulamos, pues, este derecho a la información hoy? Lo regulamos en la legislación vigente porque en ese momento, en 1992, la Administración entendió que los madatos de la directiva figuraban ya en sus artículos y, en consecuencia, notificamos a la Comisión de la Unión Europea, como norma de incorporación de esta directiva, la citada Ley 30/1992. Pero no obstante esta creencia del Gobierno español, la Comisión de la Unión Europea inició un procedimiento de infracción por incorrecta transposición de esta directiva al considerar que nuestra legislación era más restrictiva que la comunitaria, por un serie de razones que nos fueron comunicadas con los correspondientes dictámenes motivados.
Esta denuncia por incorrecta trasposición de la directiva hizo necesario elaborar una nueva disposición que superase las limitaciones de la Ley 30. Las novedades que con respecto a dicha ley incorpora el proyecto que hoy someto en nombre del Gobierno a debate de una enmienda a la totalidad, que será presentada después por el Grupo proponente, son las siguientes. Primero, reconocer el derecho no sólo a los ciudadanos españoles sino incluso a aquellos de países terceros en casos tasados. En segundo lugar, reconocer el derecho no sólo en lo que se refiere a documentos que consten en archivos o registros, sino también respecto de los procedimientos no terminados, cuando sea posible separar información que no vaya a experimentar modificaciones hasta que el proceso se termine. En tercer lugar, no tener la condición de interesado para acceder a la información. En cuarto lugar, que el plazo máximo de resolución de las solicitudes sea de dos meses y, finalmente, también establece la exigencia para la Administración de entregar la información que tenga, cualesquiera que sean las Administraciones competentes y el origen de los datos.
Por lo tanto, el proyecto de ley cumple con los objetivos fundamentales de trasponer al derecho interno la normativa comunitaria sin restricción alguna, desarrollar el artículo 105.b) de la Constitución y modificar y complementar algunos aspectos de la legislación vigente. Creemos, por todo ello, que es necesaria y conveniente la aprobación de este proyecto de ley, en contraposición, y por lo tanto rechazándola, a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que será debatida a continuación.
En conclusión, señorías, el objetivo básico de incorporar a nuestras normas internas las directivas comunitarias, la equiparación de nuestra legislación a la comunitaria está plenamente conseguido con la norma que el Gobierno ha aprobado, y el texto alternativo, en opinión del Gobierno, no consigue mejorar ni ampliar el acceso a la información medioambiental. Frente a la posición que sustenta el Grupo autor de dicha enmienda a la totalidad, cree el Gobierno, y somete a la consideración y debate de los grupos parlamentarios, que el proyecto crea el marco jurídico adaptado a la norma comunitaria con formas similares y contenidos parecidos de la directiva, que incluso la supera en algún supuesto, y que establece medidas suficientes como para suprimir barreras y regular con garantías suficientes el derecho del acceso a la información en materia medioambiental.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.Para la defensa y como turno a favor de la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente, señorías, desde el principio de su andadura, la Comunidad Europea, ahora Unión Europea, ha tenido una inquietud seria por el tema medioambiental, que ha protegido no sólo desde su propia cultura, la cultura de los distintos países miembros, sino también desde la necesidad de que se establezca la protección del medio ambiente de manera fundamental a través de la participación de los ciudadanos y de las asociaciones no gubernamentales de todo tipo constituidas por éstos. Cultura, y ahora incentivación, con respecto a las cuales España, como país miembro, va muy atrás, muy retrasada, no se ha incorporado de pleno derecho a la cultura medioambiental, quizás porque el Gobierno español estaba obsesionado por el asunto de las convergencias nominales y no por las convergencias culturales, las convergencias reales en temas tan importantes como la protección del medio ambiente.
La Conferencia de Río, en 1992, a través de su declaración sobre medio ambiente y desarrollo, dio un impulso prácticamente definitivo a esta necesidad de proteger el medio ambiente, no sólo a través de la actuación de las administraciones, sino de la incentivación, de la motivación de los ciudadanos y de las organizaciones no gubernamentales por medio de la participación. En su punto 10 establece lo siguiente la resolución: El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales a través de la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y actividades que ofrezcan peligro a las comunidades. En este marco se desarrolla, partiendo de una etapa anterior, la directiva de la Unión Europea, que se elabora sobre la base del convencimiento de que el acceso a la información en materia de medio ambiente será un medio sólido para garantizar su protección, la participación ciudadana de las personas físicas y de las organizaciones no gubernamentales

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y de todo tipo que puedan promover esta protección participativa y democrática.Pues bien, la Directiva 90/313, de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente, que no se recoge en España de manera adecuada, sino a través de una normativa de mínimos, que no se recoge tampoco en tiempo y forma, deja ver la falta de sensibilidad, la falta de cultura medioambiental de la Administración española, la falta de concordancia con respecto al ritmo que lleva la cultura medioambiental en el resto de los países miembros de la Unión Europea y en las mismas administraciones de la Unión Europea.
El Gobierno español justificó en su tiempo que la aprobación de la Ley 30/1992, del mes de abril, ya nombrada por el señor Ministro, justificaba la necesidad de no trasponer la directiva de la que estamos hablando. Sin embargo, la Comisión Europea se dirigió al Gobierno español indicando que se trataba realmente de un incumplimiento e iniciando un expediente de infracción. Hay que recordar que este expediente de infracción se inicia también a partir de un recurso que presenta la organización ecologísta Greenpeace ante la Comisión de las Comunidades Europeas el 2 de febrero de 1993, a través del cual denuncia el incumplimiento por parte del Gobierno español de la no trasposición de la directiva europea al ordenamiento jurídico español.
Sin embargo, el señor Borrell, que tiene un discurso bastante interesante (como interesante es señalar que ese discurso no siempre coincide con los hechos, fundamentalmente en el tema ecologística y medioambiental), en su comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, a petición propia, el 24 de noviembre de 1993, había trazado los ejes fundamentales de su actuación posterior al frente del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Por cierto que siempre que hacen ustedes declaraciones públicas dicen Ministerio de Obras Pubicas o, cuando más Ministerio de Obras Públicas y Transportes, nunca dicen Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Es el país que menos sensibilidad tiene al medio ambiente y uno de los poquísimos países de la Unión Europea que no tiene Ministerio de Medio Ambiente; Ministerio que, de manera exclusiva, hemos defendido los miembros de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya en esta Cámara, al que se opuso incluso el Partido Popular, que después, sin embargo, cuando enumeró algunas de las cuestiones fundamentales que pondría en funcionamiento a partir del gobierno del Partido Popular, y que se publicó en el diario «El Mundo», decía que sí, que constituiría el Ministerio del Medio Ambiente, porque aquí, efectivamente, no había tenido los reflejos suficientes para estudiar la situación y el ritmo de la cultura medioambiental en el resto de los países de la Unión Europea.
Pues bien, el señor Borrell decía que los tres ejes fundamentales del funcionamiento de su Ministerio (Ministerio que no ha sido nunca del Medio Ambiente) eran, primero, la coordinación interadministrativa en la integración de la política ambiental en las políticas sectoriales. En segundo lugar, establecer el circuito externo de la Administración central, es decir, la relación del Ministerio con comunidades autónomas y entidades locales; y, en tercer lugar, la participación ciudadana (¡casi nada, señor Borrell!, la participación ciudadana) en el tema general del Ministerio y como aquí se decía, específicamente en el tema de la protección, a través de la movilización ciudadana, en sentido amplio, de la estructura ecológica de España.
Siendo consciente de que la responsabilidad de no trasporner la directiva era fundamentalmente del Gobierno (por cierto, que es paralela esta responsabilidad, en el mismo Ministerio a la no trasposición de la directiva de televisión sin fronteras, aquellos argumentos que en su día utilizamos para el retraso sirven para denunciar el retraso que ha tenido en la trasposición de la directiva actual), nosotros presentamos en esta Cámara una proposición no de ley para intentar explicar ese retraso. El portavoz del Grupo Socialista entonces, señor Dávila Sánchez, nos explicaba que había habido un retraso, pero que era plenamente justificable, cosa que nosotros en absoluto compartimos, porque la Ley de Procedimiento Administrativo no da ningún cauce real, excepto una mínima información, pero nunca a la dinámica de una participación ciudadana, que es lo que persigue la directiva, no de mínimos, que nosotros trasponemos a través de nuestra enmienda alternativa con respecto a la estructura ecológica.El contenido de la proposición de ley alternativa que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta, se basa en la necesidad de que no sea una norma legal escasa y de mínimos, como el proyecto de ley que presenta hoy aquí el Gobierno a través de su Ministro, señor Borrell.
Queremos lograr que los ciudadanos autogeneren una dinámica de protección del medio ambiente; es decir se trata de garantizar que todo habitante del territorio español, ya sea ciudadano o residente, tenga acceso a esa información. Y aquí, en principio, el texto del Gobierno establece ya una reducción.
El proyecto de ley lo restringe a ciudadanos comunitarios, fijando para el resto el principio de reciprocidad.
Nosotros también creemos que hay que establecer una diferencia entre la consulta de archivos y registros --única posibilidad que establecía la Ley 30/1992, con respecto a la cual dijo la Unión Europea que era muy corta e inició el procedimiento de infracción-- y que hay que ir a la solicitud de información que contiene el artículo 4.º de nuestro texto alternativo. Al mismo tiempo pensamos que el solicitante no tiene por qué saber cuál es la Administración competente

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con respecto a determinada materia. Tiene que ser la Administración la que guíe la solicitud de el/la solicitante y por eso recogemos esa facilidad a través del artículo 4.º, párrafo cuarto. No debe haber la posibilidad de que rija el silencio administrativo positivo, por ello se obliga a la Administración a resolver, en el plazo de diez días, de forma estimatoria o denegatoria, incluyendo una protecicción judicial para el/la solitante de manera que haya que establecer un mecanismo de protección para que el/la solicitante pueda exigir responsabilidades disciplinarias al titular del órgano responsable.
Establecemos también muchas menos excepciones como causas de denegación de la solicitud, dejando menos margen de arbitrariedad a la Administración, es decir, restringimos las excepciones a favor de el/la solicitante.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya terminando, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.En cuanto al costo del servicio, pensamos que la consulta de archivos y resgistros debe ser absolutamente gratuita. El derecho de acceso a la información también lleva inherente el derecho a la obtención del soporte material que la contenga, aunque en ciertos casos se pueda cobrar el soporte pero nunca el servicio a través del cual éste se obtiene.Las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro, cuya actividad tenga por objeto la protección de la naturaleza, deben tener un trato de favor, tal y como se establece en nuestro texto alternativo.
En definitiva, señor Presidente, señor Ministro, teniendo en cuenta la trayectoria del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente -- esta vez sí-- con repecto a la tardanza (27 meses) en la trasposición de esta directiva, así como el texto escaso y de mínimos que se nos presenta hoy aquí, pensamos que no hay una dinámica de participación real, que no se ha cultivado ese tercer eje fundamental al que aludió el señor Ministro en su comparecencia ya citada y que sería muy conveniente aprobar nuestro texto alternativo o, en todo caso, tener en cuenta las enmiendas que a partir de este texto se pueden incorporar al proyecto del Gobierno, lo que, en nuestra opinión, supondría mejorarlo bastante.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra de la enmienda de totalidad? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, es un motivo de satisfacción debatir este proyecto de ley, después de las reiteradas peticiones que el Grupo Popular y otros grupos de la Cámara hemos hecho al Gobierno para la trasposición de la directiva de acceso de información de los ciudadanos a los temas medioambientales.
El contenido esencial de esta directiva tenía que haber sido traspuesto el 1 de enero del año 1993, es decir, han pasado casi tres años del plazo establecido por la Unión Europea a los efectos de facilitar este derecho de los ciudadanos españoles.Hay que decir que este retraso se nos antoja excesivo. No hay motivos técnicos ni jurídicos para haber demorado tres años la trasposición de la directiva redactada en el año 1990 y por eso nos parece que las excusas presentadas por el señor Ministro no son en absoluto suficientes. Más bien nos parece que, por ineficacia o por miedo a la transparencia informativa, se ha demorado en exceso este proyecto de ley.
También es cierto que parece que se hace con la intención y con la vista puesta en que la oposición obtenga en los próximos meses una información que no ha querido dar el Gobierno. En cualquier caso, la importancia del tema que nos ocupa es evidente.
Los temas medioambientales tienen perjudicados, con nombres y apellidos, y éstos tienen el derecho y la capacidad de reclamar en la medida en que tienen acceso a la información, de tal manera que la información es el elemento esencial para el establecimiento de un medio ambiente de calidad en nuestra nación. Ahora bien, ¿qué información es la que se propone que se facilite a los ciudadanos? Básicamente debe ser accesible, tal como refleja el proyecto de ley, toda aquélla en poder de las administraciones públicas o que éstas soliciten a los empresarios que gestionen servicios relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, es importante preservar los legítimos intereses industriales y comerciales de peticiones de información que, lejos de dedicarse a la mejora de la protección del medio ambiente, se podrían destinar a introducir una competencia desleal por uso de información sensible en relación a los competidores en el mercado, e incluso se podrían beneficiar de planes y proyectos elaborados por terceros. Este es un tema no pequeño y sobre el que llamo la atención de SS. SS. porque es muy sensible y no está suficientemente protegido en el proyecto de ley del Gobierno.
Por ese motivo el Grupo Popular propondrá las correspondientes enmiendas en el artículo 3.º del texto legal.
Hay otras objeciones al proyecto de ley, fundamentalmente referidas a conceptos, garantías, etcétera. Por ejemplo, el concepto de precio público es de muy difícil asidero. Hay algo que se llama tasa, que es mucho más preciso, porque el precio público no parece sometido a una competencia de mercado. No nos parece indicado este planteamiento, pero, en cualquier

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caso, haremos las debidas enmiendas --ya las hemos presentado- - en relación a este proyecto de ley.
Por lo que se refiere a la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no nos parece oportuna ni justificada, en primer lugar, porque no es radicalmente distinta del proyecto que presenta el Gobierno y, en segundo lugar, por una razón todavía más importante, porque dilata el procedimiento de aprobación de una ley que es ugente para la ciudadanía. En función de estas dos razones, nos oponemos al texto alternativo que ha presentado Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.Además, hay razones de contenido, de fondo, por cuanto nos parece que este proyecto tiene una ampliación en la dirección no adecuada de sus contenidos. En primer lugar amplía el derecho a la información a las actividades que afecten o puedan afectar a la salud de las personas. Excede por tanto, el ámbito usual del medio ambiente para afectar a temas sanitarios, de consumo, etcétera. Eso hay que acotarlo mucho más con claridad a lo que son temas medioambientales y no abrir un abanico extraordinario de competencias o de posibilidades.
El proyecto del Gobierno nos parece más equilibrado, más cuidadoso entre el derecho a la información de los ciudadanos y las garantías esenciales de esos derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual que tienen las industrias. Quiere esto decir que en el momento en que haya un interés perjudicado y una información de la Administración Pública, por supuesto, se tiene acceso a esa información. En el momento en que haya un interés directamente afectado y una empresa o industria vinculada a un procedimiento industrial, etcétera, también habrá por parte de los afectados un derecho a la información.
Pero no es indiscriminado y, sobre todo, no está abierto a cualquier información procedente de terceros.En conclusión, señorías, nos oponemos a la proposición de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya por cuanto perjudica la agilización del proyecto del Gobierno que recoge básicamente los contenidos de la directiva y porque es más positivo presentar enmiendas al citado proyecto que dar una alteración absoluta a sus contenidos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortázar.


El señor Alcaraz, para un turno de réplica, tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Veo con sorpresa que el señor Gortázar ha pedido la palabra para defender un turno en contra del texto alternativo al proyecto del Gobierno, pero se ha sumado a él de manera total e idílica diciendo que es mucho más equilibrado. En función de esta asunción del texto del Gobierno, ha explayado muy pocos argumentos que, de otra parte, a nuestro juicio no se tienen de pie.
Manifiesta que nuestro texto amplía las competencias de medio ambiente, puesto que habla de que cualquier materia contaminante o que afecte a la salud pública debe ser comunicada a los ciudadanos, pero S. S. no recuerda --ha hecho manifestaciones de tipo retórico apoyando la Cumbre de Río y sus declaraciones consecuentes--que uno de los puntos fundamentales de la Declaración de Río de Janeiro, específicamente el número10, se refiere a la protección del medio ambiente.La primera contradicción que surge en el discurso del señor Gortázar es ésta: que, por una parte, apoya las resoluciones de la Cumbre de Río, pero, por otra, se contradice rotundamente desde la tribuna, porque en esta resolución fundamental el punto nodal, no nuevo con respecto a ciertos países de la Unión Europea, pero sí nodal, es la necesidad de informar, y ahora que están en mal uso las pruebas nucleares se ve la necesidad urgente de informar de cualquier tipo de contaminación que afecte a la salud humana, a los ciudadanos y a las asociaciones medioambientales de todo tipo. Repito que este texto se recoge, a la hora de ampliar la primera redacción de la directiva de la Unión Europea, en varios países de nuestro contexto europeo.
El señor Gortázar, sin mayor esfuerzo, dice que el texto del Gobierno es más equilibrado, pero no nos aclara en qué sentido. Más equilibrado porque supedita la protección y la información medioambientales a los intereses industriales y comerciales, según hemos creído entender de su exposición desde su tribuna, lo cual nos parece una aberración desde el punto de vista de todo lo que actualmente se está aprobando en la Unión Europea.
En consecuencia, señor Gortázar, para mí resulta un sarcasmo que ustedes hablen de la creación, en el supuesto próximo Gobierno del Partido Polular, de un Ministerio de Medio Ambiente. Me parece que no se justifica, como no se ha justificado la eficacia y la función del señor Borrell al frente de un Ministerio que nunca han denominado de Medio Ambiente y que no ha tendido a la protección del medio ambiente, ni tan siquiera a través de la participación ciudadana, como estamos pidiendo en nuestra exposición, tal como se recoge en nuestro texto alternativo.Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
El señor Gortázar tiene la palabra.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, en la referencia a la que hace usted mención, ustedes eliminan en el proyecto la denegación de datos proporcionados por un tercero sin que éste esté jurídicamente obligado a hacerlo.
Nos parece

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una precaución del presente proyecto de ley y estimamos más adecuado que no se elimine.
Por eso decimos que es más equilibrado que su proyecto y, en consecuencia, nos hemos opuesto a su texto alternativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortázar.
¿Grupos alternativos que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Coalición Canaria considera indudablemente que esta ley es necesaria porque permite garantizar el derecho a la información e implica a todos los ciudadanos en los problemas medioambientales tanto si están directamente implicados como si no lo estuvieran. Sin embargo, Coalición Canaria lamenta el retraso de esta ley, aunque nos hubiera gustado decir que es oportuna.El propio retraso de cinco años desde que se promulgó la directiva comunitaria nos demuestra una falta de voluntad de haberla traído a este Parlamento y quizá no habría estado aquí este proyecto de ley si se hubiera traspuesto la citada directiva comunitaria de cumplimiento obligatorio. ¿Cuántos planes, proyectos y obras erróneas se hubieran ahorrado en este país? Probablemente, muchas. Consideramos que lo importante en este momento es tramitar la ley con la mayor celeridad.
En cuanto al texto alternativo de Izquierda Unida, que renococemos que en muchos puntos es más preciso, estimamos que puede ser incluido en una buena parte por la vía de enmiendas que Coalición Canaria estudiará con todo cariño y apoyará en una buena parte si Izquierda Unida se decide a enmendar el proyecto en su tramitación.
Anunciamos que no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida. Pretendemos que el proyecto se tramite con la mayor celeridad. Presentaremos nuestras enmiendas y apoyaremos las de Izquierda Unida y las de aquellos grupos que vayan a garantizar esa información para que el medio ambiente en nuestro país pase a ser un tema preferente sobre otras prioridades que hasta ahora se han establecido, sobre todo cuando hablamos de las grandes empresas eléctricas, de la grandes industrias y de la contaminación de nuestro medio ambiente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Martín.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que con este proyecto de ley van a quedar resueltos los problemas que se plantearon en la trasposición de la Directiva 90/313 de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente.Creemos que van a quedar definitivamente resueltos estos problemas puesto que el proyecto de ley que el Gobierno ha traído a la Cámara es prácticamente una transcripción literal del contenido de la directiva comunitaria y el derecho que la misma pretende salvaguardar quedará plenamente garantizado en el ámbito español.
Hemos de lamentar el retraso con el que se produce la trasposición de esta directiva puesto que, según se establecía en la propia norma comunitaria, la fecha límite era la de 31 de diciembre del año 1992, así como el intento fallido que supuso contemplar el artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común como el precepto que daba pleno cumplimiento a las exigencias de la directiva, como se nos había dicho repetidamente en esta Cámara por parte del propio Ministro Borrell o de altos cargos de su Ministerio.
Con este trámite se va a superar el procedimiento de queja establecido por la propia Comisión en contra de ese intento fallido, como decíamos, de trasposición. Respecto de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aun valorando el esfuerzo que ha supuesto su elaboración y su presentación, creemos sinceramente que poco aporta al proyecto de ley del Gobierno y que, en ningún caso supone un planteamiento excesivamente alejado del mismo.
Algunas de las propuestas que se incluyen dentro de la enmienda de texto alternativo del grupo proponente podrían ser incorporadas como enmiendas, así como esperamos que sean incorporadas las cinco que nosotros hemos presentado al articulado. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Recoder.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Dávila.


El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías dos palabras, como la hora y el momento del debate en que nos encontramos aconsejan y la sencillez de la posición del Grupo Parlamentario Socialista permiten.
Señorías, hay muchas formas de contar una historia. Algunas parciales e incluso algunas sectarias, pero las hay también más próximas a la objetividad de la situación. Yo quisiera restaurar, respecto de algunas que hemos oído, cuál es la real historia de este proceso de trasposición de la Directiva 90/313. Señorías, esta Directiva, que es de final del año 1990, entra en proceso

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de trasposición en nuestra normativa interna en momentos en los que se está procediendo a la elaboración de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento de Administración Común. En esos momentos el Gobierno cree que en esa Ley, donde se da traslación al derecho que reconoce la Constitución de 1978, en su artículo 105 b), del acceso de los ciudadanos a la información existente en registros y archivos públicos, en ese momento, considera que lo que se está haciendo en la Ley 30/1992 es suficiente como trasposición de la normativa 90/313. Sin embargo, iniciativas que se nos han relatado hacen que desde la Comunidad, en el año 1994, se considere que la trasposición es insuficiente y, a los pocos meses, el Gobierno reflexiona y el Ministro de Medio Ambiente del Gobierno español --lo acaba de reconocer en su intervención-- evalúa que es adecuado reconocer que la trasposición es insuficiente y, por lo tanto, procede remitir a la Cámara un proyecto de ley que subsane esa insuficiencia.
Señorías, sobre ese reconocimiento que ha hecho el Ministro, mi Grupo parlamentario, por mí mismo, que dialécticamente, he contrastado con el señor Alcaraz y el Grupo al que representa durante bastante tiempo diferencias en este sentido, ese Grupo reconoce que el señor Alcaraz tenía no la razón --que es atributo que no le suele adornar--, sino más razón que nosotros cuando decíamos que la trasposición en esa Ley 30/1992 era suficiente. Es cierto que era insuficiente.
Ese reconocimiento lo hacemos y no se me caen los anillos en hacerlo paladinamente. Sin embargo, señorías, ese reconocimiento explícito no puede llevarnos como Grupo a aceptar que el texto alternativo que presenta no está plagado --y lo haremos en trámites posteriores-- de imprecisiones jurídicas y técnicas, no ya sólo en la múltiple reiteración que hace de párrafos que proceden de la otra Ley, sino incluso de contradicciones con la legislación vigente, que han sido precisadas por otros intervinientes. La enumeración que hace de administraciones públicas no se corresponde con la Ley que realmente las rige. El fundamento inconstitucional que se invoca no es el correcto; incluso el debate que ha tenido lugar sobre si tasa o precio público no se corresponde con lo que la Ley de tasas y Precios Públicos establece. Pero sobre todo --y más importante-- hay inadecuaciones con la propia Directiva que pretende trasponer, puesto que hay extralimitación en la asignación de los temas a los que hace competencia.
Se ha citado por otro portavoz la inclusión de la incidencia sobre la salud y en las causas de denegación hay matices extralimitados que veremos en su momento.Señorías, hecha la aclaración de que el Gobierno,y mi Grupo Parlamentario con él, hace reconocimiento de la conveniencia y necesidad de una trasposición más precisa de la Directiva a la normativa interna, este Grupo Parlamentario no va a votar a favor de un texto alternativo que no tiene las calidades que le permitirían competir con el que el Gobierno ha presentado a tramitación en esta Cámara.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor):Gracias, señor Dávila.
Pasamos a la votación de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya presentada al proyecto de ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 10; en contra, 285.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.

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