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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 12/09/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 V Legislatura Núm. 164 Sesión Plenaria núm. 162 celebrada el martes, 12 de septiembre de 1995

ORDEN DEL DIA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 8772)

Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía:

--Del Parlamento de las Islas Baleares, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 3.1, de 8 de julio de 1993 (número de expediente 127/000003) (Página 8772)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la Cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía (número de expediente 130/000031.) («Boletín Oficial del Estado», número 188, de 8 de agosto de 1995.) (Página 8785)

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--Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo- Segura (número de expediente 130/000032.) («Boletín Oficial del Estado», número 188, de 8 de agosto de 1995.) (Página 8785)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre envases y residuos de envases. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 8.1, de 9 de julio de 1993 (número de expediente 122/000085) (Página 8998)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre no proliferación de armas nucleares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 239, de 2 de junio de 1995 (número de expediente 162/000200) (Página 8809)

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre solicitud a la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas en la cuota láctea asignada a España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 146, de 10 de octubre de 1994 (número de expediente 162/000143) (Página 8818)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 261, de 17 de julio de 1995 (número de expediente 173/000090) (Página 8825)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 165, de 13 de septiembre de 1995.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 8772)

Debates de totalidad de propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía (Página 8772)

Del Parlamento de las Islas Baleares, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (Página 8772)

En defensa de la propuesta del Parlamento de las Islas Baleares de reforma del Estatuto de Autonomía intervienen los diputados de aquel Parlamento, señora Munar i Riutort, señor Orfila i Pons y señora Vidal i Burguera, destacando la personalidad y hechos diferenciales de las Islas Baleares que en los últimos años han sufrido un nuevo retroceso autonómico, de lo que es ejemplo claro el pacto autonómico alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE, por el que se quiso homologar a todas las comunidades autónomas.
Destacan que las Islas Baleares tienen todas las características de una nacionalidad histórica y así lo entendieron los Diputados de aquel Parlamento, que, sin un solo voto en contra, dieron su aprobación al proyecto que hoy se somete a este Congreso para su toma o no en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mur Bernad y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; señores Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y López de Lerma i López, del Grupo Catalán (CiU); la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señores Gilet Girart, del Grupo Popular, y Costa i Costa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, es rechazada por 42 votos a favor, 136 en contra y 126 abstenciones.


Convalidación o derogación de reales decretos-ley (Página 8785)

Página 8771


Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía (Página 8785)

Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo- Segura (Página 8785)

El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) explica las razones que han determinado la promulgación de estos reales decretos-ley, manifestando que los mismos fueron aprobados el pasado 4 de agosto ante la situación, caracterizada por la persistencia de la gravísima sequía que requiere medidas extraordinarias y de urgente necesidad. Muestra su seguridad en que ambos decretos-ley, inevitablemente polémicos, serán comprendidos y respaldados por el consejo de administración de la empresa común que se llama España.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (CiU), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora De Palacio Valle-Lersundi, del Grupo Popular, y el señor García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista.
Sometido a votación el Real Decreto-Ley 7/1995, de 4 de agosto, queda convalidado por 285 votos a favor y 18 abstenciones.
Asimismo se aprueba la convalidación del Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por 164 votos a favor y 144 abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-Ley 7/1995, se aprueba por 165 votos a favor y 143 en contra. Asimismo se aprueba la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 8/1995, por 300 votos a favor y tres en contra.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 8798)

Del Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre envases y residuos de envases (Página 8798)

El señor Ribó Massó defiende la toma en consideración de la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Recuerda que el Ministro de Obras Públicas se comprometió en su día a la presentación de un plan nacional de medio ambiente con diversos apartados, entre los que se mencionaba expresamente el de residuos, promesa que hasta el momento no se ha cumplido.
Alude asimismo a la aprobación el pasado 14 de diciembre de una directiva europea de envases y residuos de envases, estando a la espera de que llegue a esta Cámara la trasposición de la misma.
En esta situación, el Grupo de Izquierda Unida quiere superar las lagunas existentes presentando la iniciativa que ahora defiende para intentar recuperar el máximo del contenido progresista de la directiva europea.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo Barber y Albístur Marín y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto; y los señores Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Del Burgo Gallego, del Grupo Popular, y Dávila Sánchez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechaza su toma en consideración por 22 votos a favor, 141 en contra y 140 abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 8809)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre no proliferación de armas nucleares (Página 8809)

El señor De Puig i Olivé defiende la proposición del Grupo Socialista. Expone que, ante la aprobación indefinida e incondicional del Tratado de no proliferación realizado en Nueva York y por la importancia de la materia en cuestión, su Grupo Parlamentario tomó la decisión de presentar esta proposición no de ley para intentar crear un consenso estableciendo unos criterios básicos en el Parlamento español sobre los temas fundamentales de la no proliferación nuclear, al margen de otros aspectos colaterales. Alude a la decisión de Francia de reanudar las pruebas nucleares, que ha producido un escándalo a nivel mundial, decisión que su

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Grupo Parlamentario considera que es un grave error político, al igual que sucede con la decisión de China en idéntico sentido.
Concluye explicando el contenido de los distintos puntos que integran la moción y fijando la posición de su Grupo respecto de las enmiendas presentadas por otros Grupos de la Cámara, a la vez que anuncia la presentación de algunas enmiendas transaccionales.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió), y Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Albístur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria, y Rupérez Rubio, del Grupo Popular.
Sometida a votación la proposición no de ley debatida, es aprobada por 293 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre solicitud a la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas en la cuota láctea asignada a España (Página 8818)

La señora Fernández Díaz defiende la proposición de ley del Grupo Popular por la que solicita que este Congreso inste al Gobierno para que urgentemente negocie con las pertinentes instancias comunitarias al objeto de que sea concedido un incremento de un millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España como cantidad de referencia, y ello después de un estudio exhaustivo de la problemática del sector lácteo, a cuyo efecto se han reunido con los sectores implicados.
La señora Gorostiaga Saiz defiende la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para fijación de posiciones intervienen el señor Tubert i Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del Grupo Popular por 274 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 8825)

Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos (Página 8825)

El señor Montoro Romero defiende la moción del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, por el Grupo de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergencia i Unió); Frutos Gras, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por 116 votos a favor y 154 en contra.
Se suspende la sesión a las once horas y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Como asunto previo al orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte del diputado, proclamado electo por la Junta Electoral Central, don José Luis Landero Mateos en sustitución de doña María Teófila Martínez Saiz.
Don José Luis Landero Mateos, ¿jura o promete S. S. acatar la Constitución?

El señor LANDERO MATEOS: Sí, juro.


El señor PRESIDENTE: Don José Luis Landero Mateos ha adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.


DEBATES DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMIA:

--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES DE REFORMA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LAS ISLAS BALEARES (Número de expediente 127/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: debates de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares formulada por el Parlamento de las Islas Baleares.
Para la defensa de esta propuesta tiene la palabra, en primer lugar, la señora Munar i Riutort.


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La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i Riutort): Señor Presidente, señoras y señores diputados, el tema de la categoría de la autonomía es uno de los importantes que recoge la Constitución; uno de los más importantes porque establece la jerarquía y, por tanto, el peso político de las distintas comunidades autonómas. El reconocimiento de la personalidad de las Islas Baleares, el reforzamiento de nuestra identidad nacional y la consecuencia de unos márgenes suficientes de autogobierno y, por tanto, de decisión, han sido una reivindicación histórica y además justa de nuestra comunidad. Y es que tenemos muchos hechos diferenciales. En primer lugar el geográfico; el ligüístico y también el cultural. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i Riutort): Las Islas Baleares son una nación, un país con lengua propia, con cultura propia, con un Derecho propio, también con historia propia, y hemos sido capaces de conservar, a través del tiempo, nuestra personalidad.
En los últimos años las Islas Baleares han sufrido un grave retroceso autonómico, y un ejemplo clarísimo de ello es el Pacto Autonómico, un pacto que quiso homologar todas las autonomías, todas las distintas comunidades autónomas, y es que desgraciadamente siempre el PP y el PSOE, a pesar de sus muchas diferencias, se ponen de acuerdo a la hora de perjudicar a nuestra comunidad.
El pacto constituyó una grave interferencia en el ejercicio de la autonomía, un importante retroceso competencial, que nació del concepto que existe aún hoy por hoy de la indefinición permanente del Estado de las autonomías. Esta situación ha sido agravada por la interpretación restringida que ha hecho el Gobierno de las competencias que otorga la Constitución a los distintos estatutos, y en concreto al nuestro. Si comparamos nuestro estatuto con el de otras nacionalidades históricas, observamos que en nuestro marco estatutario se introducen conceptos que limitan muchísimo nuestras posibilidades de autogobierno.
Los vascos y navarros reivindicaron el restablecimiento y mantenimiento de los Fueros, ya que el foralismo se conservó prácticamente igual hasta nuestros días. En otras comunidades históricas, como la catalana o la nuestra, el nacionalismo evolucionó de forma diferente. A partir de 1714 los Decretos de Nueva Planta anularon nuestros derechos y nuestras instituciones de autogobierno, a pesar de que fue Mallorca el último reducto que sobrevivió a estos decretos. Así pues, los compromisos del Estado español con las nacionalidades forales estaban muy claros desde el primer momento.
Por otra parte, y por el peso político del Principado catalán, a Cataluña se le reconoció un techo estatutario superior al del resto de las otras comunidades, a deferencia de la nuestra, las Islas Baleares, que con una historia política e institucional paralela vio como todas sus aspiraciones autonómicas se veían frustradas en el Estatuto de 1983. Esto sucedió a pesar de que los principales grupos políticos que participaron en aquellos momentos en las negociaciones del régimen autonómico balear, entre los que estaba el Presidente de la Asociación Balear, hoy Presidente del Congreso de los Diputados, consideraron que era innegociable el acceso a la autonomía por otro artículo que no fuera el que en principio se había acordado, el 151. El resultado de esta situación es, entre otras muchas cosas, que ahora el Estado español cuenta con tres modelos estatutarios: el de las autonomías de concierto, el de las nacionalidades reconocidas como históricas con otras que no lo eran pero a las que han asimilado, y las llamadas de vía lenta.
El Estatuto de las Islas Baleares, de 1983, fue producto de un acuerdo con el Estado para garantizar una transición democrática y para resolver un problema, el de la transición autonómica; un acuerdo a través del cual asumimos la generalización estatutaria; un acuerdo a través del cual asumimos que todos seríamos iguales.
Todos los que negociaron así lo entendieron, pero el Estado no ha respetado este acuerdo y lo ha roto.
El texto presentado hoy por Unión Mallorquina y aprobado por la mayoría del Parlamento balear, el Partido Popular incluido, recoge los derechos que reconoce la Constitución a las comunidades históricas como expresión de nuestra voluntad de afirmación y de defensa de nuestra propia identidad.
La reforma estatutaria se resume en la primera enmienda donde se dice que se modifica «el pueblo de las Islas Baleares» como expresión de su identidad histórica por algo mucho más real que es «los pueblos de las Islas Baleares», porque no somos un único pueblo, sino Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, tres personalidades distintas pero una nación verdadera por el hecho de que los pueblos de las Islas Baleares son expresión de su nacionalidad histórica. Esta modificación reconoce a las islas como una nacionalidad; una nacionalidad sin Estado; una nacionalidad que se conforma ya en el siglo XIII como la realidad territorial del Reino de Mallorca, que se concreta en el mismo momento en que Jaime I otorga a los mallorquines la Carta de Franquezas, Carta que después dio a los menorquines y que hizo entrega más tarde de la Carta de Poblament a los ibicencos. Son setecientos años de historia y refuerzan, cómo no, nuestro sentido de identidad nacional.
En esta reivindicación del Estatuto tenemos precedentes: El anteproyecto de Estatuto de la Islas Baleares, de 1931, y sobre este proyecto saldría el denominado proyecto de Estatut de Mallorca e Ibiza. El proyecto del Monasterio del Cura, de 1977, supuso la

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cristalización de los sentimientos y demandas colectivas del pueblo de las Islas Baleares.
Señoras y señores Diputados, el Reino de Mallorca es anterior a la España de las autonomías; es anterior a la Constitución y por este motivo reivindicamos los setecientos años de su historia, de lengua, de cultura, de instituciones, de conciencia colectiva y de derechos y en nombre de la esencia que nos caracteriza y que nos singulariza como pueblo solicito a los Diputados de esta Cámara que voten afirmativamente la reforma de nuestro estatuto.
Este voto servirá para reconocer el derecho que tenemos a autogobernar nuestro propio destino, tal como reconoce la Constitución aunque desgraciadamente haya muchos grupos en esta Cámara que no crean en el verdadero significado de lo que fue la transición y la profundización del Estado de las Autonomías y esconden, bajo metáforas tan altisonantes como abstenciones positivas, sus íntimos sentimientos poco democráticos contrarios a lo que ha decidido el Parlamento de las Islas Baleares y que demuestran existe aún el sentimiento de una España imperial y totalmente centralista.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Munar.
Tiene la palabra el señor Orfila i Pons.


El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Orfila i Pons): Señor Presidente, señoras y señores diputados, es un honor para mí intervenir en el Congreso de los Diputados en representación del Parlamento de las Illes Balears para defender el proyecto de reforma del estatuto de autonomía; un proyecto que comenzó a debatirse en 1990 y ha necesitado cinco años y cuatro meses para llegar a este plenario. Debe tratarse, sin duda, de la más larga tramitación de un proyecto de ley que se recuerde y que ha necesitado de un constante recordatorio por parte del Parlamneto de las Illes, que año tras año y por unanimidad, ha aprobado resoluciones instando a su rápida tramitación con un resultado, por otra parte, evidente: 281 semanas, 1.967 días, todo un récord de celeridad, agilidad y eficacia que los ciudadanos sabrán apreciar en lo que vale.
Mi país, las Illes Balears, tuvo la desgracia de acceder a la autonomía a través de la vía del artículo 43 de la Constitución.
Fue una víctima más de aquella política del café para todos, pero «light», es decir, sin cafeína, que impulsó la fenecida UCD con el consenso de las fuerzas hoy mayoritarias en esta Cámara. Así con la aprobación de nuestro estatuto se consagraba una autonomía de tercera regional muy lejos del objetivo de autogobierno al que aspirábamos muchos ciudadanos de las Illes. Conscientes de ello, se inició la tramitación de este proyecto consiguiendo, finalmente, la aprobación del Parlamento, en enero de 1991, sin un solo voto en contra. La clara voluntad de la Cámara de soberanía popular de las Illes Balears quedaba perfectamente demostrada. Es precisamente desde esta clara voluntad de los representantes de los pueblos de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que acudimos hoy al Congreso de los Diputados, para pedirles, señorías, que, respetándola, emitan su voto favorable a la toma en consideración de este proyecto. Lo que está en juego, señoras y señores diputados, es el respeto que les pueda merecer la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de las Illes Balears manifestada a través de sus representantes en el Parlamento de ejercer el derecho reconocido por la Constitución, de dotarse de mayores niveles de autogobierno de acuerdo con los mecanismos establecidos por la propia Carta Magna.
Mi país, las Illes Balears, tiene, señorías, todas las características de una nacionalidad histórica. Lengua propia (el catalán), y una cultura y unas tradiciones que, junto con el hecho insular --esta pluriinsularidad que tanto nos marca y condiciona-- exigen un tratamiento específico que de ninguna forma puede verse satisfecho con el actual nivel de autonomía, de autogobierno, contenido en nuestro estatuto de autonomía. Así lo entendieron los diputados del Parlamento que, sin un solo voto en contra --hay que repetirlo--, dieron su aprobación al proyecto que hoy deben ustedes decidir si toman o no en consideración.
Me atrevo, señorías a hacerles una simple reflexión, una llamada a ejercitar la necesaria coherencia en esta cuestión; necesaria, muy especialmente, en unos momentos en los que el ejercicio de la política ha llegado a los más altos niveles de desprestigio precisamente por esta falta de coherencia. Los ciudadanos están dolorosamente hartos de escuchar dobles lenguajes, de asistir, una y otra vez, a una especie de doble juego que posibilita que quienes les representan formulen promesas que jamás se cumplen, abran expectativas que jamás llegan a realizarse, prometan solemnemente aquello que saben irrealizable.
En aras de esta coherencia, pedimos a las señoras y señores Diputados del Grupo Socialista que respeten la actitud de sus compañeros del Parlamento de las Illes Balears y si no avalan con su voto positivo la iniciativa, se abstengan en la votación, como hicieron sus diputados en el Parlamento de las Illes. Somos conscientes de que el texto que llega a esta Cámara tiene mucho que mejorar, que puede sufrir rectificaciones, pero permítanme decirles que sería difícilmente justificable una actitud de bloqueo, de rechazo a la misma posibilidad de reforma, una oposición frontal a una propuesta que emana de la Cámara que representa la voluntad del pueblo de las Illes Balears; un pueblo que tiene cada vez más la sensación de estar ante un Estado muy eficaz como recaudador de impuestos, pero avaro en las inversiones y siempre, siempre celoso de sus competencias.
La misma coherencia pedimos al Grupo Popular. ¿Cómo podría entenderse que el mismo partido que promueve una propuesa y la defiende apasionadamente

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en el Parlamento de las Illes Balears no vote a favor de que se tome siquiera en consideración en el Congreso? ¿No sería el reconocimiento explícito de que los Diputados populares del Parlamento de las Illes actuaron movidos únicamente por motivaciones electoralistas cuando promovían este proyecto? ¿No sería la prueba definitiva del poco peso que tiene el PP de Baleares en el seno del Partido a nivel estatal? Hace unos pocos días una dirigente del PP en Baleares, presente en esta Cámara, pedía un gesto a José María Aznar, un gesto para contribuir a cerrar las heridas producidas por el cese fulminante del anterior Presidente del Gobierno de las Baleares, disfrazado de dimisión y teledirigido desde la cúpula del PP en Madrid. Hoy tienen esa oportunidad; no desautoricen nuevamente a los dirigentes del PP de Baleares.
¿Quieren que les recuerde las declaraciones que sobre la cuestión han ido realizando los dirigentes de su partido en Baleares? ¿Se llegará al absurdo de que determinados diputados del PP, hoy en esta Cámara, voten de forma diferente a como lo hicieron cuando estaban en el Parlamento balear? ¿Qué peso tendrá el llamamiento que realizó hace unos días el Gobierno balear a los diputados del PP para que diesen su voto afirmativo? ¿En qué va a quedar su credibilidad si no lo hacen? Finalmente, espero que el voto de los Grupos Catalán y Vasco, así como el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el de los demás diputados que integran el Grupo Mixto, sea favorable a la toma en consideración, desde la actitud de respeto que suelen mostrar a las iniciativas que provienen de los parlamentos autonómicos.
Señoras y señores diputados, el Pacto Autonómico implicó una reforma estatutaria tan condicionada que no se aceptó la más mínima modificación de los términos pactados, de tal manera que incluso fue imposible modificar pequeñas cuestiones, como aquella equivocación --el lapsus del artículo 24 del Estatuto-- que permite que los Diputados del Parlamento de las Illes puedan ser detenidos, pero no retenidos, al contrario de lo que prevén los demás estatutos de autonomía. Un lapsus que no pudo ser corregido cuando se aprobó la reforma, fruto del Pacto Autonómico, porque las órdenes llegadas a Madrid impedían modificar un solo punto, una sola coma, porque tan absurda llega a resultar la disciplina ciega. Por ejemplo, la nuestra sigue siendo, señoras y señores diputados, la única comunidad desde la que no podemos regular los horarios comerciales siendo, como es, una de las zonas que más problemas tiene referidos a este sector.
Hoy, señoras y señores diputados, las miradas de los ciudadanos de las Illes Balears están centradas en este debate; en él se juega la credibilidad de determinados partidos, pero también, y eso es más importante, el propio prestigio del Parlamento. Del voto de SS. SS. depende el resultado. Sólo espero que un día, pronto, en la próxima confrontación electoral, y sea cual sea su actitud, el pueblo tenga suficiente memoria para no olvidarlo y pedir las correspondientes responsabilidades. En cualquier caso, sepan que si el peso de los votos impide hoy este avance del autogobierno de las Illes Balears, desde ellas seguiremos luchando para conseguirla con la fuerza que nos da la razón, porque, como recordaba el recientemente fallecido cantautor mallorquín Guillem dþEfak... (El orador pronuncia varias frases en mallorquín.) Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Orfila.
Tiene la palabra la señora Vidal i Burguera.


La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Vidal i Burguera): Gracias, señor Presidente.
Señorías, mi comparecencia ante el Congreso de los Diputados en nombre del Parlamento de las Islas Baleares tiene como única finalidad apoyar, defender y promover la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, que contó con el voto mayoritario de los grupos de la Cámara balear hace ya cinco años.
Me toca comparecer en esta respetable tribuna cuando este Congreso de los Diputados está recorriendo los últimos pasos de su carrera, debido a causas de todos conocidas; por tanto, quiero destacar la inoportunidad de este debate. Esta proposición de ley ha estado cinco años en el ángulo oscuro de esta Cámara y hoy se desempolva y se saca a la luz, aun a sabiendas de que no será esta Cámara, con esta composición, quien la apruebe, quien la debata, ni quien la tramite. Esta fue una iniciativa tomada en la segunda legislatura autonómica y estamos ya en la cuarta; por tanto, creo que se ha de denunciar la maniobra dilatoria, el retardar, este debate después de dos elecciones autonómicas, unas europeas, otras generales y estando al caer otras generales, para proponerlo en este momento, cuando la propia Cámara está en trance de disolución.
Señorías, la reforma del estatuto fue planteada por todos los grupos del Parlamento de las Islas Baleares, a excepción del Socialista, debido a la negativa del Partido Socialista y del Gobierno de la nación a ceder competencias a las comunidades autónomas. Eran los tiempos de la larga sequía competencial, del parón autonómico, fomentado y patrocinado por el Gobierno de la nación y por el partido que le daba apoyo. Esto obligó al Parlamento de las Islas Baleares a promover diferentes iniciativas legislativas de modificación del techo competencial que fueron reiteradamente rechazadas por la mayoría de este Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo a materias que para una comunidad con una estructura territorial y política diferenciada debido al hecho insular, que históricamente ha tenido instituciones propias de autogobierno y que tiene unas características de lengua y cultura propias, eran básicas para dar cumplimiento al artículo 138.1 de la Constitución, que obliga al legislador y

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al Ejecutivo a que el hecho insular tenga un tratamiento diferencial y específico.
Las iniciativas propuestas por el Parlamento de las Islas Baleares hacían referencia a temas de tanta importancia para nuestras islas como la enseñanza, aguas y aprovechamiento hidráulico, así como otra serie de competencias que significaban llenar de contenido algunas lagunas de nuestro estatuto.
A la vista del escaso eco que estas iniciativas tenían ante el legislador las reformas de los estatutos de autonomía eran la forma de romper el bloqueo y la manera de atravesar aquel muro infranqueable que el Partido Socialista había levantado en torno a las instituciones del Estado. Se producía al mismo tiempo una situación de agravio comparativo entre comunidades porque las llamadas históricas sí estaban avanzando en la asunción de competencias; se estaba abriendo una grave brecha entre las comunidades históricas y las del 143, cada vez más separadas. La reforma de los estatutos y la denominada asunción diferida de competencias era por tanto una aspiración justa de las comunidades que habían accedido por la llamada vía lenta para equipararse a unos niveles homogéneos de autogobierno, porque vía lenta no significa vía muerta, significa que todos los caminos llevan a la misma meta; aunque unos lo hagan mediante una carrera avanzada de velocidad y otros lo hagan en carrera de fondo el final siempre es el mismo, a no ser que queramos consagrar privilegios de unos ciudadanos sobre otros por el simple hecho de haber nacido en comunidades diferentes. De la misma manera, homogeneidad tampoco es sinónimo de uniformidad; existen hechos diferenciales, objetivos contemplados en la Constitución y solamente estos hechos diferenciales deben dar pie a tratamientos específicos que pongan a esas comunidades en un plan de igualdad con el resto. Los hechos diferenciales, por tanto, son sólo caminos para eliminar los obstáculos que no permiten a unas comunidades situarse en el mismo plano de igualdad que el resto.
En nuestro caso concreto me refiero al hecho geográfico de la insularidad, y más todavía al hecho de ser archipiélago, que nos obliga a la prestación de servicios en cada una de las islas con los costos adicionales que esto supone respecto a una comunidad peninsular. Otros hechos diferenciales de importancia son la cultura y la lengua, que como legado histórico y como señas de identidad es nuestra obligación defender y promover.
Desde que en el año 1991 se presenta esta iniciativa ante esta Cámara muchas de sus propuestas han sido superadas por la propia dinámica de los hechos posteriores. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Vidal.
Señorías, guarden silencio.
Señora Vidal, le ruego vaya concluyendo.


La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Vidal i Burguera): Voy terminando.
En el año 1992 se firma el Pacto Autonómico, mediante el cual se consigue que entren en el mismo muchas de las competencias que hoy se proponen con la reforma del estatuto. El Pacto Autonómico supone la asunción de 32 nuevas competencias, entre ellas aguas, educación e Inserso, de las que antaño fuimos privados.
Señorías, el Parlamento de las Islas Baleares tiene planteada ante esta Cámara otra iniciativa íntimamente relacionada con esta reforma estatutaria; se trata del régimen económico y fiscal que pueda dar cumplimiento al citado mandato constitucional de atención al hecho diferencial y a los costos añadidos que supone el hecho insular. No obstante, éste será motivo de otro debate en esta misma Cámara, y para nosotros, para el Parlamento de las Islas Baleares y para los ciudadanos de esta Comunidad será momento de máxima atención. Pero el motivo de estar hoy aquí es el debate de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía, que pierde cierta virtualidad al haber transcurrido cinco años desde su aprobación por la Cámara Balear; sin embargo, dado que consideramos que el espíritu de la reforma se mantiene vivo, comparezco hoy ante ustedes para cumplir con el encargo parlamentario de su defensa. Ustedes, señorías, tienen la última palabra.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vidal.
Turno en contra. (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en este debate de totalidad sobre la proposición que nos llega hoy del Parlamento de las Islas Baleares, y después de saludar y felicitar a los representantes del Parlamento balear por sus intervenciones, empezaré diciendo que compartiré el tiempo con mi compañera del Grupo Mixto y, que, en aras de la brevedad, en mi intervención, recogeré también el sentir de Unión Valenciana.
Quiero felicitar sinceramente al Parlamento de las Islas Baleares, como mínimo, por la oportunidad que ha tenido de debatir esta tarde aquí su reforma de Estatuto, máxime cuando en un plazo de dos años hemos visto en esta Cámara dos intentos de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, el primero hace dos años, en el año 1993, que fue consecuencia directa del pacto autonómico firmado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dos partidos tan distintos en apariencia y tan iguales en todas aquellas cuestiones de materia autonómica.
Hoy se presenta una nueva propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, ésta aprobada por la voluntad soberana del Parlamento balear, que es anterior en el tiempo a la que ya se tramitó en 1993. Por esas cosas que pasan aquí a la

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hora de incluir en el orden del día de los plenos las propuestas, aquélla, la que correspondía al pacto autonómico, se vio hace mucho tiempo, y ésta, la que hoy se tramita, que es aprobada anterior en el tiempo en el Parlamento balear, ha tenido que esperar dos años para venir hoy a este debate. Por tanto, tengo que felicitarles porque, por hacer mención al caso aragonés, he de recordar a SS. SS. que también estamos esperando desde hace mucho tiempo la oportunidad de debatir aquí una reforma de estatuto de autonomía que fue aprobado por unanimidad de nuestro Parlamento regional y que, al paso que vamos, no sé si será posible iniciar la tramitación y, en todo caso, será muy difícil que ésta concluya.
El Partido Popular y el Partido Socialista, con sus votos, aquí, impiden muchas veces que la voluntad política de los parlamentos regionales no tenga una traducción directa en la tramitación en esta Cámara. Para ellos, lo que es prioritario, lo que es urgente, lo que es importante en las respectivas autonomías, cuando llegan aquí las propuestas deja de ser importante, deja de ser urgente, deja de ser prioritario. Aquí descubrimos el doble lenguaje que en esta materia practican los partidos estatales.
Aquí dicen una cosa; allí, en las respectivas autonomías, dicen otra, y ese comportamiento resulta más habitual cuando se trata de debatir temas autonómicos. Quizás hoy, señorías, con objeto de este debate que tiene lugar sobre la reforma del Estatuto de las Islas Baleares, asistamos una vez más a la esquizofrenia política que invade a los partidos estatales. Allí, el Partido Popular apoyó entusiásticamente el texto que hoy estamos debatiendo. El PSOE se abstuvo. Hoy, al parecer (lo veremos dentro de unos minutos), será otra cosa, demostrando que no hay coherencia o, lo que es peor, que hay una subordinación de los de allí, de los compañeros de estos partidos, a los de aquí, a lo que deciden las ejecutivas nacionales. Por tanto, no es de extrañar, señorías, que con estos comportamientos tan difíciles de entender por los ciudadanos, al final, éstos pasen de nosotros, dejen de confiar en la clase política, porque si somos capaces en asuntos tan serios, que conciernen nada más y nada menos que a la configuración del Estado, si, como digo, los partidos estatales son capaces de hacer estos juegos malabares, no es de extrañar que los ciudadanos pasen de los políticos y que cueste trabajo hacerles creer que hacemos una labor coherente y que estamos buscando lo mejor para el conjunto del Estado español y para cada una de las nacionalidades y regiones que lo integran. En este contexto, señorías, resulta francamente difícil entrar a fondo en el texto presentado, que es lo que hoy deberíamos hacer; evaluar qué contenido político tiene el texto que hoy sometemos a este debate.
Nosotros, en principio, desde el Partido Aragonés y desde Aragón, como profundos autonomistas que somos, respetamos el texto que el Parlamento balear, en uso de su soberanía, ha aprobado. Si allí les parece bien, si allí les parece suficiente, si allí lo encuentran acomodado, nosotros no tenemos nada que decir. Es más, sí que nos gustaría hacer nuestros, del Partido Aragonés y de Unión Valenciana, los argumentos que aquí ha expresado tan magníficamente la Diputada de Unión Mallorquina, en nombre del Parlamento balear. Porque hay que valorar muy positivamente el avance que supone este texto para el autogobierno de las Islas Baleares, un texto que aumenta el techo competencial, que crea figuras como el de la policía autónoma, que trata el tema económico con un régimen especial de concierto, que son en todo caso propuestas novedosas para las autonomías del 143 y que son en todo caso avances muy positivos.
Señorías, yo anuncio que si hoy este texto que se somete a debate supera la votación de totalidad, nosotros seguiremos apoyándolo en el trámite de Comisión. Y, en todo caso, si hoy, precisamente por el comportamiento de los partidos mayoritarios, de los partidos estatales, se produce una votación esquizofrénica y difícil de entender, creo que el debate habrá merecido la pena, aunque solamente sea para hablar de autonomías y para poner de manifiesto el doble lenguaje, el doble comportamiento de algunos partidos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
La señora Rahola tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, les Illes Balears llegaron al año 1990 con unas competencias que eran, y siguen siendo, inferiores a las de cualquier otra comunidad autónoma con lengua propia. Llegaron al año 1990 siendo las únicas islas de la Unión Europea sin un sistema fiscal propio y hoy siguen igualmente discriminadas.
El pueblo de les Illes, mediante sus legítimos representantes en el Parlamento balear, inició el 2 de mayo de 1990 el camino hacia la reforma del Estatuto de Autonomía, que según el artículo 148.2 de la Constitución es el procedimiento ordinario para ampliar las competencias. La vía alternativa, traspaso de competencias mediante una ley orgánica de las Cortes Generales, es un procedimiento extraordinario que no requiere ni en su aprobación ni en su derogación el voto del Parlamento balear, ni lo que es lo mismo, el consentimiento del pueblo afectado. La reforma del Estatuto es, por tanto, de acuerdo con la legislación vigente, la manera de elevar el techo competencial que más respeta y consolida la determinación de la población de les Illes.
Esta nueva circunstancia sería más que suficiente para que esta Diputada y Esquerra dieran su voto afirmativo al proyecto de estatuto y pidieran al resto de la Cámara que obrase en el mismo sentido. Pero sería una frivolidad imperdonable terminar aquí la argumentación, porque si el pueblo de les Illes exige ampliar sus márgenes de autogobierno es más por

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imperiosa necesidad que por ejercitar un legítimo derecho.
Les Illes forman la comunidad autónoma económicamente más activa del Estado español, pero no tienen los instrumentos políticos, económicos y fiscales para sostener en condiciones adecuadas esta actividad. Vayan ustedes desde Palma hasta su universidad y circularán por una carretera de tercera categoría que ha de soportar más de 10.000 vehículos de tránsito diario. Vayan ustedes a sus hospitales públicos y verán que muchos pacientes han de ser atendidos en los pasillos. Vayan ustedes a sus pueblos y encontrarán que en algunos no hay instalaciones deportivas ni tan sólo agua corriente. Les Illes en cuanto a infraestructuras públicas tienen unos déficit que son gravísimos.
Todo esto ocurre en la comunidad con más renta, porque sus habitantes son los que más contribuyen con sus tributos, pero son de los que menos reciben del Estado en gasto público. El drenaje fiscal que soportan estas Illes equivale anualmente al 10 por ciento de lo que producen y esta solidaridad es de 20 a 30 veces superior a la que el Estado considera inasumible para con los países verdaderamente necesitados, por ejemplo el tercer mundo.
Durante los últimos 25 años la inversión de la Administración central en les Illes ha sido un 20 por ciento inferior a la media estatal. Imaginen ustedes el déficit en infraestructuras que han acumulado en este período. Imaginen, por ejemplo, los cientos de miles de millones que se necesitan para dotar a les Illes de unos servicios públicos equiparables a los de cualquier otra comunidad autónoma. Y aquello que no ha hecho el Estado, en la situación actual, no puede hacerlo el Gobierno autonómico pues su presupuesto no alcanza el dos por ciento del PIB de su territorio. Basta constatar que tiene sólo dos funcionarios autonómicos por cada 1.000 habitantes, cuando son seis en la comunidad autónoma que tiene menos.
La Constitución, en su artículo 138.2, afirma que las diferencias entre los estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y es evidente que el actual Estatuto ha implicado una notoria desventaja para la comunidad autónoma de les Illes, que, en este sentido, sería hasta inconstitucional.
Después de tantos años de maltrato fiscal es lógico que la comunidad autónoma de les Illes quiera dotarse de un instrumento que asegure la satisfacción de sus necesidades a la hora de financiar los servicios públicos. Este instrumento es el concierto económico con el Estado, que figura en el proyecto de estatuto y que recuerda el artículo 26 del proyecto de estatuto para Mallorca e Ibiza durante la República: La contribución de los territorios de les Illes de la República española será regulada en cada una por los regímenes económicos que acuerden con el Estado. Este nuevo estatuto, como el republicano, no niega la solidaridad con el resto del Estado sino que la concierta, la acuerda.
Fiscalmente el Estado español ha actuado en les Illes de una manera anómala, si tenemos en cuenta que son las únicas islas de la Unión Europea que no poseen un régimen fiscal diferenciado del del continente. El nuevo estatuto ha de corregir esta anomalía.
Sin embargo, no sólo son económicas y fiscales las insuficiencias que necesitan ser corregidas. Les Illes, por su historia pasada y por su determinación presente, tienen derecho a asumir el máximo autogobierno, y es lo que han hecho con mesura. El proyecto incorpora las competencias que figuran en los estatutos de las otras comunidades autónomas, incluidas las llamadas históricas o del artículo 151.
En su relación con la Corona española, les Illes... (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio por consideración a la Cámara, a la Diputada que ocupa la tribuna y a quienes tienen que realizar su trabajo, que es prácticamente imposible en las circunstancias en las que se está desenvolviendo el Pleno. (Rumores.) Señor Alonso Buitrón, le ruego guarde silencio.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: El proyecto incorpora las competencias que figuran en los estatutos de las otras comunidades autónomas, incluidas las llamadas históricas o del artículo 151.
Entendemos, pues, que en democracia los demócratas estamos obligados a definir las comunidades históricas usando criterios más objetivos que los derivados de la insurrección de épocas anteriores. Les Illes, se reconozca o no, son una comunidad histórica con los mismos derechos que los demás. Esquerra, pues, recogiendo su propio sentir y el sentir cultural balear, que así nos lo ha pedido, votará favorablemente el estatuto propuesto por los ciudadanos de les Illes, porque es de justicia hacerlo, por sentido demócrata y por necesidad económica y política de sus ciudadanos, pero no ignora que entre esta toma en consideración por el Parlamento balear en 1990 y la presentación hoy en esta Cámara del nuevo estatuto se ha producido el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para controlar el proceso de ampliación de competencias de las comunidades autónomas. Este pacto centralista, mal llamado pacto autonómico, tendrá la virtud de hacer abortar por segunda vez en la historia un intento serio de alcanzar cotas importantes de autogobierno por parte de les Illes. En 1936 el alzamiento franquista acabó con las esperanzas de un estatuto avanzado; que la democracia no cometa, pues, el mismo error y la misma grave injusticia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria saluda con gran cordialidad a los tres honorables representantes del Parlamento de las Islas Baleares, mostrándoles nuestra identificación como partido también nacionalista en el ámbito de la España archipielágica, en el archipiélago canario, para sintonizar y comprender lo que es una demanda democrática.
Coalición Canaria va a votar favorablemente y a apoyar con su voto positivo esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía de las Islas Baleares fundamentado en tres razones principales: en primer lugar, porque de su detenida lectura vemos que se contempla y está enmarcado exactamente en los principios de la Constitución Española; de todos los puntos que aquí se traen, ninguno de ellos menoscaba ni se sale del Título VIII de la Constitución Española y, por tanto, es garantía suficiente constitucional para que demos aquí el primer avance de nuestro voto positivo.
En segundo lugar, porque, vistas las actas y documentos de los debates y votaciones ocurridas democráticamente en el Parlamento de las Islas Baleares, vemos que gozó en su momento, junto a las iniciativas de los proponentes, del apoyo mayoritario de la mayoría de las fuerzas políticas allí representadas, y es norma de Coalición Canaria, una vez que se garantiza ese primer principio de adecuación al marco constitucional, apoyar toda iniciativa de un parlamento autonómico del Estado español.
En tercer lugar, porque nosotros sintonizamos muy de cerca y nos congratulamos de que este contenido, que viene aquí democráticamente aprobado en su momento, como he dicho, por mayoría en el Parlamento de las Islas Baleares, viene a reconocer una serie de aspectos que nos son comunes. Lamentablemente, Coalición Canaria se encuentra en la situación de ver que la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias no ha venido parejo con éste de las Islas Baleares para que hubiera sido aprobado por esta Cámara, como hubiéramos querido, pero quiero aprovechar para resaltar que aquellos valores positivos de la España de las autonomías que nos marca nuestro Título VIII de la Constitución pueden encontrar en esta reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares los mejores valores políticos, sociales, económicos y, sobre todo, democráticos de convivencia. Lleven ustedes, honorables representantes, este mensaje de solidaridad.
Vemos que en su modificación del artículo 10 se da entrada y cabida a las nuevas competencias exclusivas de la Comunidad Balear poniéndolas en línea y tono con cualquier otra, salvo alguna de las históricas, del Estado español. Si hacen falta títulos históricos, nosotros, incluso, nos sentimos solidarios con el reconocimiento de una nacionalidad histórica, puesto que en confrontaciones a lo largo de los siglos con otras potencias, la integridad del territorio español tuvo momentos de pérdidas que tuvieron que soportar y sufrir parte de las Islas Baleares.
El artículo 18, en su modificación, nos parece necesario precisamente para armonizar instituciones de ámbito total de la comunidad autónoma con lo que son, en el ámbito de la Comunidad Canaria, los cabildos insulares, en este caso equiparados en la citación expresa que se hace a los «consells» insulares, los tres en que ustedes se constituyen; llevar al ánimo de los insulares que «consells» insulares como los de Mallorca y Menorca y los de Ibiza y Formentera constituyen también parte de esa convivencia democrática es fundamental y nos congratulamos de que esté recogido aquí.
Se señalan competencias en los artículos 28, modificado, y siguientes para el Parlamento de las Islas Baleares, verdadero lugar de encuentro de todos esos principios de convergencia democrática. Se señalan competencias en el artículo 39 a estos citados «consells» insulares, porque no solamente basta este reconocimiento de un hecho de autogobierno insular, que es donde el ciudadano residente en Baleares tiene todos los pros y los contras de la convivencia, desde las limitaciones de recursos hasta la intimidad del hecho democrático, lo que nos parece positivo.
Qué decir de los artículos 56 y siguientes, que vienen a señalar todo un ordenamiento de la Hacienda, de los tributos, de lo que es la administración pragmática de todo hecho.
Por estas razones, en esos tres principios: el constitucional, el del respeto a la voluntad del Parlamento proponente, el de las Islas Baleares, hoy día ante esta Cámara, y el propio contenido, con el que nos sentimos identificados, el voto de Coalición Canaria será firme y concretamente dirigido a posibilitar con nuestro apoyo el avance democrático de este entrañable rincón y parte insular del Estado español, como Canarias, que es Baleares.
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Dando la bienvenida a los representantes del Parlamento de las Islas Baleares, nuestro Grupo Parlamentario anuncia que vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Lo vamos a hacer, señor Presidente, por una consideración esencial, y es que lo que está en juego, en definitiva, es la soberanía del Parlamento de dotarse de un instrumento de ordenación política, un modelo institucional, una autoorganización, de conformidad con la mayoría articulada en el Parlamento de esta Comunidad Autónoma.
Además, señor Presidente, hay otra consideración profunda: la manera de concebir y entender el Estado

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de las autonomías. Si partimos del principio dispositivo en virtud del cual cada comunidad autónoma, en base al principio constitucional de autonomía, tiene capacidad para determinar el grado de autonomía política dentro de ese bloque de la constitucionalidad, integrado primordialmente por la Constitución y los estatutos, estos segundos instrumentos jurídicos tendrán el alcance, el sentido de que las diferentes asambleas legislativas hayan dotado a los mismos, siempre desde ese techo constitucional. Por lo tanto, el principio dispositivo viene a expresar que es cada comunidad autónoma la que va a determinar el grado de autonomía política del que va a disponer en el ámbito de la Constitución.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario es respetuoso con esta iniciativa que plantea el Parlamento de las Islas Baleares y votamos favorablemente su toma en consideración.
Hemos asistido a un debate interesante y coincidimos plenamente con las palabras de la Presidenta del Parlamento de las Islas Baleares en la medida en que lo que se pretende es dotar de un margen de autonomía, que otras comunidades autónomas ya tienen, a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Ese margen de autonomía cabe, lo que hace falta es voluntad política y la voluntad política plasmada, manifestada y expresada por algunos partidos, en concreto por el Partido Popular en las Islas Baleares, entendemos que también ha de plasmarse en ese mismo sentido y alcance en esta Cámara.
Lo que está en juego, si ocurre una decisión en sentido contrario, es la forma de entender el Estado; en definitiva, ese acuerdo que se denominó los pactos autonómicos, en virtud de los cuales dos partidos políticos, los mayoritarios en la Cámara, configuraron la forma de organización del Estado, pero sin que hubiera un proceso de configuración y de toma de opinión y de consulta de poderes políticos autónomos como son las comunidades autónomas.
Se empezó por una negociación de partidos y no de poderes institucionales y ése es el vicio del pacto autonómico, ése es el vicio de configuración de las comunidades autónomas del 143 en cuanto a su desarrollo y a su mayor alcance en relación al techo competencial.
Por eso, como no estamos de acuerdo con ese cercenamiento y esa limitación que se obtuvo en el pacto autonómico, entendemos que se ha de caminar por aquellos derroteros de los que cada comunidad autónoma --y me remito nuevamente al principio dispositivo-- quiera dotarse en su ámbito de organización de estructura política, estructura organizativa y, en definitiva, nivel político de autogobierno dentro del único límite que es el establecido en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución.
Todo lo que esté dentro de esos límites es lícito, legítimo y constitucional. Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario no va a hacer más que votar favorablemente la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Estatuto de las Islas Baleares que ha presentado el Parlamento balear en esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, queremos, en primer lugar, expresar nuestra salutación y nuestro reconocimiento a los honorables Diputados del Parlament de les Illes Balears por su presencia aquí, esta tarde, entre nosotros, y por la defensa que han hecho de esta iniciativa legislativa que surge de su propio Parlamento.
Nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como no podía ser de otra manera, señoras y señores Diputados, va a votar favorablemente esta toma en consideración de una propuesta de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears.
¿Qué se pretende con esta propuesta de ley orgánica de reforma del Estatuto balear? Se pretende, como se señala en la exposición de motivos, una ampliación sustancial de las competencias que ayuden --se dice y aquí así ha sido expuesto-- a un auténtico y más eficaz desarrollo social, económico, cultural y político de les Illes Balears y además se pretende lograr una regulación más funcional de las propias instituciones de autogobierno. Para ello se pretende la modificación de numerosos artículos del vigente Estatuto de Autonomía y además la incorporación de otros nuevos que precisamente van en esa doble dirección: incrementar el techo competencial y además dar una regulación más funcional a las instituciones de autogobierno de les Illes Balears.
Nuestro Grupo Parlamentario, como se ha expuesto a lo largo de todos estos años (de hecho desde el mismo debate constitucional en los años 1977 y 1978), es partidario de que cada comunidad autónoma haga uso constitucional de aquellas posibilidades de incremento de sus competencias y de reorganización o de organización de sus instituciones, y que lo haga en función de dos constantes, al menos para nosotros, como son: una, la realidad --ya lo ha dicho aquí la Diputada señora Munar-- geográfica, lingüística y cultural, una realidad de querer ser; y dos, la de su capacidad, es decir, en función de que cada comunidad autónoma, que es necesariamente distinta de las demás, ni mejor ni peor simplemente distinta, tiene sus propias capacidades de autogobierno y en función de esas capacidades va incrementando las competencias que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, se le reconocen en sus propios estatutos.
Además, somos partidarios de que esto se haga de acuerdo con el artículo 148.2 de la Constitución, y no

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precisamente sobre la base de acuerdos conseguidos en despachos de Madrid, de la capital del Reino. Nos encontramos, por tanto, con algo bastante curioso esta tarde, y es que la voluntad soberana del Parlament de las Illes Balears no sirve para nada porque depende de la voluntad que se consigue en unos despachos de partidos políticos en Madrid. Y esto no es bueno, no es bueno para nadie. Por supuesto que no es bueno para les Illes Balears, para su Parlament y para su Govern, pero no es bueno para nadie porque nos encontramos ante una alteración muy grave de los mecanismos constitucionales de mejora y de profundización del sistema autonómico que a partir de la Constitución de 1978 nos hemos dado a todos nosotros. De hecho, lo que allí, en el Parlament de las Illes, se apoya, aquí expresamente se desautoriza con los votos de los compañeros Diputados que han hecho posible allí lo que aquí les es negado. Nos encontramos, por tanto, con una desautorización, que, desde una lectura -- creemos-- correcta de la Constitución, no es precisamente el mejor instrumento para profundizar en los techos autonómicos, en las competencias autonómicas, en el desarrollo autonómico, en el perfeccionamiento del autogobierno de cada una de las comunidades autónomas. Lo que ocurre, honorables Diputados, es que aquí unos pocos no se fían de ustedes, de muchos de ustedes. Lo que allí votaron aquí les es negado, y esto nosotros debemos denunciarlo; lo hacemos esta tarde. Lamentamos lo que va a suceder dentro de poco con las votaciones, pero queremos expresar nuestra solidaridad con el Parlament de las Illes, con su voluntad de incrementar sus competencias, con su voluntad nítidamente constitucional de ser, cada vez más, lo que cada uno quiere ser.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, en primer lugar quiero lamentar que, por una cuestión reglamentaria, la Diputada de Esquerra Unida de las Illes Balears, Margalida Thomas, se vea obligada a seguir este debate desde la tribuna de invitados, cuando el sitio que le hubiese correspondido es esta tribuna donde está ahora esta Diputada, para poder defender lo que Esquerra Unida de las Illes Balears siente, piensa y desde hace tanto tiempo ha defendido de forma coherente.
Señorías, creo que usar aquí el calificativo de coherente viene muy a cuento. Creo que lo que se está debatiendo, lo que se va a debatir hoy y el resultado de las votaciones van a crear en la conciencia de los ciudadanos, y sobre todo en los ciudadanos de las Illes Balears, una sensación de que lo que aquí hacemos no se aviene con la realidad y con lo que los ciudadanos quieren.
Señorías, nuestro grupo --lo avanzo ya-- va a votar a favor de esta proposición de ley del Parlament de las Illes Balears, de la misma forma que cuando vino la anterior proposición de reforma de Estatuto, producto del pacto autonómico entre el PSOE y el PP, nuestro grupo, a pesar de que manifestamos nuestro respeto al Parlament de las Illes, votó en contra, puesto que en el registro de esta Cámara se encontraba desde 1991 esta proposición de ley que hoy vamos a debatir.
Señorías, pensamos que fue una decisión soberana del Parlamento balear. Pero como ha dicho otro representante, concretamente del Grupo de Convergència i Unió, fue una decisión tomada desde las sedes de los partidos Socialista y Popular en Madrid; fue una decisión que llegó en forma de fotocopia a las distintas comunidades autónomas, donde no se pudo cambiar ni una coma ni un punto, y todo ello a pesar de que el pueblo de las Illes había manifestado la voluntad de, de una vez por todas, adquirir aquellos derechos y aquellas competencias autonómicas que como comunidad histórica, nacionalidad histórica le pertenecen. Porque desde el año 1983, señorías, las Illes debían de haber tenido un estatuto equiparable al de Cataluña, Galicia y Euskadi, por cultura, por tradición, por derecho y por lengua propia.
Contrariamente a esto, nos vimos obligados en esta Cámara a entrar en el debate de un pacto autonómico que se centraba exclusivamente en las competencias y que Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida de las Illes no desecha. Todas las competencias de ampliación son bienvenidas.
Pero no se trata tanto de competencias, señorías, sino de respetar aquella máxima competencia que es la que se refiere a la voluntad soberana de un pueblo, manifestada a través de un debate y de una votación en el Parlamento, como la que se produjo con ocasión del debate de esta proposición de ley de reforma del Estatuto. Como digo, esta reforma que contempla un acercamiento, prácticamente una equiparación a las nacionalidades reguladas por el artículo 151 en materia de financiación, en materia de hacienda, de impuestos, de fortalecimiento de las instituciones, especialmente del Parlamento y los consells insulars, fue obviada por el PSOE y fue obviada por el PP, y allí está la gran incoherencia.
Señorías, con ocasión del debate de reforma del Estatuto, procedente del pacto autonómico, aquí asistimos a un rifirrafe entre representantes del Partido Socialista y del Partido Popular, en el que unos y otros se echaban cosas en cara. Por una parte el PSOE, haciendo descender al Partido Popular de la antigua Alianza Popular, decía que en su momento no habían querido que las Illes se regularan y tuviesen las competencias propias de las comunidades reguladas por el artículo 151. Y el señor Costa, Diputado del Partido Socialista, decía: Nosotros, sí, hace 16 años, queríamos las máximas competencias para las Illes. Pero eso es una historia que pertenece al pasado. Pues bien, señorías, nosotros no pensamos que esto pertenezca al pasado. Hoy tenemos una oportunidad;

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tenemos la oportunidad de votar, y votar favorablemente, una proposición de ley que nos llega como una manifestación amplia, querida, sentida por el pueblo de las Illes, manifestada a través de la votación que tuvo lugar en el Parlament de las Illes Balears.
Señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pensamos que nos estamos moviendo en el marco del Título VIII de la Constitución; pensamos que el derecho de la Comunidad balear a exigir ir al máximo de su capacidad competencial es algo que hoy aquí, con esta votación, tiene que quedar corroborado. Cada comunidad podrá llegar hasta allí donde la Constitución establece y hasta donde sus instituciones soberanas piensan que quieren llegar. Y, señorías, a través de esta proposición de ley que nos llega desde el Parlament de las Illes Balears nos llega también la voluntad soberana de un pueblo que pide ser considerado, que pide que sus instituciones y sus órganos de autogobierno tengan la capacidad de regulación que tienen el resto de comunidades y nacionalidades históricas. Por ello reitero nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
Sin ningún afán polémico y a efectos de claridad y de entendimiento de quienes hayan oído la intervención de la señora Rivadulla, quiero dejar claro que las supuestas dificultades reglamentarias que hayan podido impedir a algún Diputado del Parlamento balear intervenir en este Pleno no son dificultades reglamentarias del Congreso de los Diputados, sino, en todo caso, si es que existen, de la Cámara autonómica.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular ante la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de las Baleares que ha sido defendida por los representantes designados por el Parlamento balear, a los cuales me complace saludar en esta Cámara.
A la hora de fijar posición no cabe duda de que, si no imperase precisamente la fuerza de la razón sobre cualquier otra consideración, el resultado sería muy similar en la forma y en el fondo a lo expresado por los dignos representantes autonómicos, con independencia del contenido concreto de la proposición de ley, en el cual no voy a entrar. Sin embargo, son demasiadas las circunstancias, los acontecimientos que se han producido en el contexto autonómico español entre la aprobación de la proposición y el debate de hoy para que, imperando la fuerza de la razón y no la del corazón, pueda fijar nuestro Grupo Parlamentario una posición semejante a la hasta ahora anunciada desde esta tribuna.
Nos hallamos ante un texto cuya aprobación inicial proviene del ya lejano 29 de enero de 1991, es decir, de los finales de la segunda legislatura autonómica, cuando ahora estamos iniciando la cuarta; aquella segunda andadura legislativa de la cual algunos, cuando no bastantes, de los Diputados que la vivieron no han iniciado la presente o bien se hallan en situaciones o ubicaciones parlamentarias, incluso políticas, distintas. Tal circunstancia ya es un síntoma de que nos encontramos ante una iniciativa parlamentaria en la cual el tiempo ha actuado sobre sus motivos, sus fundamentos, su justificación.
En enero de 1991 habían transcurrido más de cinco años desde que el Gobierno socialista había efectuado las iniciales transferencias y el proceso autonómico se hallaba no solamente paralizado, sino que incluso los métodos de laminación competencial desde el Gobierno y el uso del spending power eran constantes y habituales para con una comunidad autónoma no diferente a las demás pero sí peculiarmente distinta de las demás. Se intentaba abrir caminos de diálogo, de iniciativa legislativa que no obtenían del Gobierno central más que la negativa o la ignorancia. Las reclamaciones, pues, de mayores niveles competenciales surgían motivadamente desde la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como igualmente desde las restantes, fuese del color que fuese el gobierno respectivo. Tal era el caldo de cultivo en el cual se iniciaba en mayo de 1990 un proceso de reclamación competencial que tuvo su plasmación en un documento: la reforma estatutaria cuya toma en consideración hoy se debate; una reforma que el paso del tiempo y algunos acontecimientos han desactualizado, no como reclamación de fondo sino como medio o forma de tal reclamación. En otras palabras, desde una perspectiva puramente competencial, desde la reclamación de mayores cotas de autogobierno, consideramos que hoy, en este día, la vía de la reforma estatutaria no es la forzosamente necesaria. Entendemos que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares aspire a equipararse con las restantes comunidades autónomas, incluidas las denominadas históricas, pero también consideramos que el método a utilizar no puede nacer desde una pretenciosa sustitución del Estado ni, por lo tanto, de las funciones soberanas de esta Cámara. Existen otras vías constitucionales como la del artículo 150.2 y la de la Ley 9/1992, que pueden perfectamente recoger las legítimas aspiraciones de la Comunidad balear, sus ciudadanos, sus conciudadanos y sus representantes. No se trata de coartar su inalterable libertad de reclamación, sino de encauzar constitucional y consensualmente su derecho de petición desde la responsabilidad de una decisión parlamentaria.
Este fue el sistema utilizado, en los denominados pactos autonómicos de febrero de 1992, unos pactos surgidos a semejanza de aquel consenso constitucional que, dando solución a las seculares aspiraciones catalana y vasca, recogiendo la peculiaridad histórica navarra, produjo el Título VIII de nuestra Carta Magna, que estableció y establece la configuración de nuestro

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Estado autonómico; un Estado que se aleja tanto del centralismo jacobino como del federalismo disgregador como del federacionalismo reivindicatorio.
Ahí está el sistema que entiende el Grupo Parlamentario Popular que hoy, en este día, en este momento de nuestra historia política debe guiar el proceso de desarrollo autonómico. En primer término, definir cuáles competencias pueden ser objeto de transferencia o delegación desde el Estado hacia las comunidades autónomas, estableciendo una clara relación entre el artículo 149.1 y el artículo 150.2 de nuestra Constitución. En segundo lugar, subsumir tal definición con la doctrina proclamada del Tribunal Constitucional para, en tercer lugar, adquirir el compromiso de inspirar un gran pacto político a semejanza del que presidió la elaboración del repetido Título VIII, e incluso la íntegra Constitución. Este es el camino que entiende el Grupo Parlamentario Popular que debe seguirse en la actualidad. Y tal creencia puede legítimamente convertirse en afirmación, puesto que desde la oposición al Gobierno socialista, desde una oposición a un gobierno mayoritario, el Grupo parlamentario Popular logró, en febrero de 1992, no buenas palabras, no altisonantes declaraciones, no demagógicas reivindicaciones que no conducen a nada más que al recuerdo del mucho ruido y pocas nueces, sino, por el contrario, en el caso concreto de Baleares, la asunción de más de treinta competencias bien no transferidas, bien en controversia, bien erróneamente recogidas en su Estatuto.
Se trata, en suma, de convertir en obra lo que desde febrero de 1994, en la Convención de Barcelona, se reflejó sobre el papel en nuestro documento denominado «Bases para un acuerdo nacional de desarrollo autonómico»; un documento que viene acontener un compromiso histórico por parte del Partido Popular consistente en afrontar y desarrollar con sosiego, con serenidad, con responsabilidad gubernamental aquello que desde 1988 los diferentes gobiernos mayoritarios socialistas no han sabido o no han podido iniciar: la vertebración de la España autonómica, fundamentando su fortaleza como Estado en la definición, alcance y desarrollo del proceso autonómico.
Tales acuerdos, y en su filosofía, entiendo se halla la ortodoxia de la política autonómica del Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy, en la fecha en que se celebra el presente debate, y a ella se supeditará, lógicamente, cualquier actuación parlamentaria, así como el pertinente voto.
Por congruencia con tales acuerdos, por coherencia con ellos y por la exigencia de actuar desde la responsabilidad meditada y democráticamente contrastada.
Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida a esta Cámara a los parlamentarios de la islas Baleares que han venido a defender una proposición de ley de ese Parlamento, con algunos de los cuales he podido compartir sus tareas durante un largo tiempo, no hasta el momento en que se aprobó esta iniciativa que hoy tratamos. Pero esto forma parte de los recuerdos de la historia.
Lo que hoy nos trae aquí es una proposición de ley del Parlamento de las islas Baleares que data de 1991 y que es una cuestión que nosotros queremos poner en evidencia. En primer lugar, es importante señalar este dato, ya que desde entonces el propio Parlamento de las islas Baleares y el propio Congreso de los Diputados han tenido la ocasión de manifestarse respecto a la reforma del Estatuto de autonomía de las islas Baleares. Es verdad también que si hoy, en septiembre de 1995, estamos tratando aquí esta reforma de 1991 lo es por dos razones.
Primera, porque el Parlamento de las islas Baleares tuvo su ocasión, al aprobar otra reforma distinta a la actual, de retirarla y, segunda, porque los grupos representados en esta Cámara que apoyaron esta reforma no han reclamado su tramitación en la misma. Por tanto, esta no es una responsabilidad de nuestro grupo --no nos sentimos corresponsables del retraso que ha sufrido la tramitación de esta proposición de ley-- sino que es responsabilidad de quienes la impulsaron.
Señorías, el 31 de marzo de 1993 el Parlamento de las islas Baleares aprobó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto incorporar al Estatuto de Autonomía el contenido de la Ley Orgánica 9/1992. Coinciden, pues, en este momento en el Congreso de los Diputados dos iniciativas de reforma del Estatuto de autonomía de la islas Baleares. La iniciativa resultante de la Ley orgánica 9/92 prosperó, siendo aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre de 1993 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» como la Ley Orgánica 9/94, de 24 de marzo.
Este hecho perturba de manera extraordinaria la tramitación de la iniciativa legislativa que hoy se somete a consideración. En primer lugar, el texto que modifica la iniciativa del Parlamento de las islas Baleares ha sido profundamente modificado ya por la Ley orgánica 9/94, de 24 de marzo. Esas modificaciones han afectado de forma singular a las competencias que la iniciativa que hoy tratamos pretende incorporar al Estatuto de autonomía y que hoy ya forman parte del mismo. Así, por ejemplo, títulos competenciales como la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la comunidad autónoma, la ordenación de la Hacienda, el procedimiento administrativo propio, espectáculos, casinos, juegos y apuestas, en materia hidráulica, en educación o en el transporte marítimo interinsular forman parte ya del Estatuto de autonomía de las islas Baleares, y así hasta 32 nuevas competencias que se incorporaron con este proyecto de ley orgánica que fue aprobado también por el Parlamento de la islas Baleares.
El fondo de la cuestión es cómo el Congreso de los Diputados puede dilucidar cuál de las dos voluntades del

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Parlamento de las islas Baleares es la acertada, cómo es posible que una misma institución --el Parlamento de las islas Baleares-- esté de acuerdo con una cosa y otra distinta a la vez, con su misma composición y con las mismas mayorías. El Grupo Parlamentario Socialista no está en contra de la voluntad del Parlamento de las islas Baleares; está en contra de la actitud de algunos grupos en el Parlamento balear que han jugado de manera oportuna algún partidismo político en temas de desarrollo constitucional. Estamos de acuerdo con la voluntad última del Parlamento balear, la que dará lugar al desarrollo de la Ley Orgánica de 1992, y no estamos de acuerdo, como no lo estuvimos en su momento, ni en el fondo ni en la forma de desarrollar el Estatuto de autonomía por la vía que el Parlamento de las islas Baleares propuso en 1991.
La respuesta a esos interrogantes que vivimos la hallaríamos si analizamos cuál es la actitud política de la fuerza mayoritaria en Baleares, del Partido Popular en la islas Baleares. De la mano del populismo más provinciano se proponen reformas, siempre en momentos preelectorales, destinadas sólo a la confrontación partidista, a obtener el aplauso fácil, a exigir a los demás aquello que no se practica: el Estatuto de autonomía en 1991, del cual hoy son sus víctimas, o el régimen fiscal especial en la comunidad más rica de España antes de las elecciones autonómicas de 1995, y esperamos que se manifeste el Grupo Parlamentario Popular. El Partido Popular fue quien apoyó con sus votos la iniciativa que hoy debatimos, con la única finalidad de desgastar al Gobierno Socialista, con la única finalidad de usar un instrumento de desarrollo constitucional para la confrontación política entre el Partido Socialista y el propio Partido Popular.
Tanto fue así que, aun a sabiendas de que la reforma propuesta era, según la calificación del presidente ya cesado de la Comunidad autónoma de las Islas Baleares, el señor Cañellas, un buñuelo, el PP la apoyó y la aprobó. No tuvo ni la valentía ni la sensatez, en el año 1993, cuando se aprobó el desarrollo de la Ley orgánica de 1992, de retirar la propuesta que hoy debatimos, ni tuvo la sensatez de pedir que se tramitara conjuntamente y se debatiera. La mantuvo como un instrumento a esgrimir en la confrontación partidista en las islas Baleares, a pesar de que hoy aquí ustedes la tienen que desautorizar.
Hace pocos minutos acabamos de ver cómo una representante del PP de Baleares defiende un texto que su partido no apoya. El PP se transforma y se adapta a las circunstancias de tal manera que puede estar de acuerdo a la vez con dos cosas distintas, con dos reformas del Estatuto de autonomía diferentes. Puede apoyar la reforma derivada de la Ley orgánica 9/92 y lo que implícitamente ésta niega. Hay motivos profundos en el cambio de actitudes del Partido Popular que hay que buscarlos en lo que está pasando en el Partido Popular de Baleares. Hoy ya no es aquel partido prepotente que menosprecia a sus adversarios políticos. Hoy el PP de Baleares es un partido decadente y humillado que poco después de ganar las elecciones, las primeras elecciones autonómicas por mayoría absoluta, ha visto cómo desde Madrid destituían a su líder por presuntas implicaciones en el cobro de comisiones procedentes del Túnel de Sóller; cómo los responsables insulares de Menorca, Ibiza y Formentera también están sujetos a investigaciones al haber ingresado, en cuentas de las que son titulares, fondos procedentes de las comisiones del Túnel de Sóller. Un partido cuyos alcaldes en las capitales de las islas están sujetos también e implicados en casos pocos transparentes y claros en adjudicaciones públicas, según investigaciones de distintos diarios de las islas.
Este es el fondo de la política que practicaba el Partido Popular en el islas Baleares en estos años, y éstas son las consecuencias que hoy sufrimos.
Pero, señorías, hay un motivo más de preocupación en esa iniciativa: la forma y el propósito políticos de esta iniciativa, el espíritu de la reforma, como lo calificaba una diputada del Partido Popular aquí, que no era otro que el de marginar al Grupo Socialista, el de confrontarse sistemáticamente con el Grupo Socialista; plantear iniciativas inasumibles desde la responsabilidad y desde la sensatez, marginar de la iniciativa de la reforma del Estatuto al Grupo mayoritario en la oposición del Parlamento de las islas Baleares. Cuando esto fue expuesto a través de las intervenciones de nuestro grupo en el Parlamento de las islas Baleares se nos menospreció, y hoy se encuentran con los conflictos internos que ustedes mejor que nadie conocen.
El Partido Popular no quería el acuerdo para desarrollar las normas de una mayor autonomía para las islas Baleares. Sólo pretendía un juego partidista que ha practicado con reincidencia.
Primero con la aprobación de la iniciativa que hoy discutimos sin buscar el consenso necesario y, a continuación, al aprobar la proposición de ley orgánica de 1993 sin querer retirar expresamente la iniciativa que hoy aquí debatimos. En el plano técnico-jurídico hay también razones para rechazar esta iniciativa, desde declaraciones de retroactividad hasta la asunción en exclusiva de todas aquellas competencias en materias que no están expresamente atribuidas al Estado en la Constitución Española, cuando el artículo 149.3 de la misma dice textualmente que la competencia sobre las materias que no hayan sido asumidas por los Estatutos de autonomía corresponde al Estado.
Permítanme decir, finalmente, que el Grupo Socialista siempre ha estado al lado de aquellos que han luchado por conseguir un alto grado de autonomía para las islas Baleares. Lo estuvimos en 1979, en 1983 y lo hemos estado permanentemente. Pero esta autonomía no puede ser a costa del enfrentamiento entre las fuerzas políticas mayoritarias. Tiene que darse desde el consenso, desde el acuerdo, buscando el diálogo y encontrando lugares comunes para hallar puntos de acuerdo en el desarrollo autonómico. El Estado no puede ser la resultante residual de distintos procesos de diferentes autonomías, no puede ser o éste no es nuestro modelo de Estado.
A los grupos que han intervenido aquí hoy, Unión Mallorquina o Partido Socialista de Mallorca, permítanme

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mostrarles mi respeto por la coherencia en su intervención; el respeto que se merece una trayectoria que no compartimos en algunos casos, pero en la que tenemos amplios lugares comunes para el acuerdo. Es seguro que en el largo camino que todavía queda por recorrer hasta la autonomía plena podamos encontrar lugares para el acuerdo entre nuestras fuerzas políticas, ya que compartimos la aspiración última de que las Islas Baleares deben gozar de la máxima autonomía en el marco constitucional.
Finalmente permítanme decir que rechazamos esta iniciativa por tres razones básicas.


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
En primer lugar, por la falta de correspondencia con el Estatuto vigente modificado, por la Ley Orgánica 9/1994. Una buena parte de las competencias reclamadas en el texto han sido incorporadas ya al propio Estatuto; en segundo lugar, por exceder en buena parte los criterios generales de transferencia de la Ley Orgánica derivada del pacto autonómico, y, en tercer lugar, por ser técnicamente mejorable, por tener preceptos de dudosa constitucionalidad. Finalmente, y más importante, es una reforma que no aporta nada sustancial a la autonomía ni a la convivencia de los ciudadanos de las Islas Baleares.
Muchas gracias señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 42; en contra, 136; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEY:

--REAL DECRETO-LEY 7/1995, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL TRASVASE DE 55 HECTOMETROS CUBICOS A LA CUENCA DEL SEGURA Y SE CONCEDEN SUPLEMENTOS DE CREDITO POR IMPORTE DE 15.000 MILLONES DE PESETAS AL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, AL OBJETO DE FINANCIAR DETERMINADAS OBRAS PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE GRAVISIMA SEQUIA (Número de expediente 130/000031) --REAL DECRETO-LEY 8/1995, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DEL TRASVASE TAJO- SEGURA (Número de expediente 130/000032)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito por importe de 15.000 millones de pesetas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, al objeto de financiar determinadas obras para hacer frente a la situación de gravísima sequía.
Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo- Segura.
Para explicar en nombre del Gobierno las razones que han determinado la promulgación de estos Reales Decretos-leyes, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señorías, comparezco para presentar dos Decretos-leyes, uno por el que se autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos de la cuenca del Segura y se conceden suplementos de crédito de 15.000 millones de pesetas del MOPTMA para financiar determinadas obras con las que hacer frente a la situación de gravísima sequía, y el otro por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, para que puedan ser convalidados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de nuestra Constitución. Estos Reales Decretos-leyes fueron aprobados el pasado 4 de agosto ante la situación caracterizada por la persistencia de la gravísima sequía que requiere medidas extraordinarias y de urgente necesidad. Estas normas, aunque están diferenciadas en sus ámbitos y objetivos, están inscritas en un marco global de actuaciones estructurales para corregir los problemas hidráulicos de España. En anteriores ocasiones hemos debatido en este Congreso las características y las consecuencias de la presente situación de sequía; por tanto, no parece necesario repetir en esta ocasión anteriores exposiciones, pero sí quiero recordarles que cuando está concluyendo el año hidrológico 1994/1995 constatamos que los últimos cuatro años constituyen ya el más duro episodio de sequía del presente siglo, durante los tres primeros de los cuales nuestros ríos sólo han recibido el 28 por ciento de los recursos hídricos normales, y en el año que ahora acaba las aportaciones se han limitado a un 15 por ciento. Siendo el presente y el pasado tan desfavorables, la

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preocupación del Gobierno se dirige al futuro y, en particular, al inmediato año hidrológico, que deberá afrontarse con niveles muy reducidos de reservas, tanto superficiales como subterráneas.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Ministro.
Señorías, es imposible seguir las palabras que se pronuncian desde la tribuna. Ruego a SS. SS. que guarden silencio y ocupen sus escaños.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): La hipótesis de que el año hidrológico 1995- 1996 prolongue este período de sequía debe ser contemplada dentro de los escenarios posibles. En el último cuarto de siglo ha habido casos --en Andalucía-- registrados históricamente, de hasta seis años de duración. Esta tensión coyuntural es la que obliga a plantear un conjunto de disposiciones, que el Gobierno aprobó en su reunión del día 4 de agosto, dentro de un plan al que denominamos metasequía --terminología que no debería sorprender a nadie y que, sin embargo, ha sido objeto de jocosos comentarios--, con el cual queremos referirnos a una situación que prolongue la sequía más allá del propio concepto de sequía, para introducirnos en situaciones mucho más difíciles de administrar, en situaciones de agotamiento sistemático de los recursos superficiales y subterráneos.
Es evidente que el recuso al real decreto-ley en estos casos está plenamente justificado, dada la extraordinaria y urgente necesidad de algunas de las medidas y actuaciones contempladas en estas disposiciones, que son complementarias de otras que el Gobierno ha adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros así, en esa misma reunión, se declaró de interés general un conjunto de infraestructuras, en previsión de que esta sequía se prolongue durante el año hidrológico que comenzará el día 1 de octubre.
Estas obras no están encaminadas a resolver la situación del verano --ya pasado--, sino a prevenir situaciones que pudieran reproducirse en el próximo. Estas actuaciones implican una inversión de 45.000 millones de pesetas, que no son abordables con los presupuestos ordinarios del Ministerio para los años 1995 y 1996, que prácticamente se hallan consumidos o comprometidos y ello nos obliga a un esfuerzo de reforma de la gestión del presupuesto del Ministerio, abandonando algunos objetivos en otros programas y recurriendo a una financiación adicional por importe de 15.000 millones de pesetas, que tendrá que ser complementada en otros 25.000 como mínimo, por ajustes en el resto de las inversiones programadas.
Igualmente, en ese Consejo de Ministros el Gobierno adoptó el acuerdo de impulsar --y cuando digo impulsar digo bien-- la instalación de plantas desaladoras temporales o permanentes en el litoral mediterráneo o atlántico español, en colaboración con las administraciones competentes y responsables, con las cuales en estos momentos se están tomando los oportunos contactos que conduzcan a unos convenios de colaboración, que, sin desplazar la responsabilidad, permitan una colaboración intensa por parte de la Administración central. Ha habido otras disposiciones anteriores que adoptó el consejo de Ministros en el mes de julio, que SS. SS. ya conocen puesto que fueron convalidadas a través de los correspondientes decretos-leyes.
En el primer Decreto-ley que hoy someto a su consideración se autoriza un trasvase de 55 hectómetros cúbicos para riego en la cuenca del Segura con recursos procedentes del sistema Entrepeñas y Buendía, aparte, como les digo, de estos 15.000 millones de pesetas de crédito extraordinario, que por las circunstancias de déficit público no ha sido posible aumentar hasta el importe total de la inversión necesaria, que, como digo, tendrá que provenir de ajustes en los presupuestos del Ministerio, para lo cual el Real Decreto-ley exonera a los movimientos de crédito necesarios de las limitaciones que sobre las transferencias de crédito establece el artículo 70 de la actual Ley General Presupuestaria y el 8 de la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La transferencia de 55 hectómetros cúbicos para riego viene acompañada de una reducción de 24 hectómetros cúbicos en el volumen a trasvasar para abastecimiento, es decir que tendrá que ser objeto de un ahorro por parte de las poblaciones situadas en las zonas agrícolas afectadas.
La importancia de esta decisión es independiente de que las reservas del sistema de Entrepeñas-Buendía y las aportaciones de la cabecera de la cuenca del Tajo, estimadas de forma prudente, garanticen el suministro de las demandas abastecidas por dicho sistema en la cuenca del Tajo durante un período de dos años. De hecho, no se ha producido hasta el momento ningún problema en el suministro de tales demandas, e incluso las previsiones actualizadas de la reserva de Entrepeñas-Buendía al final del año hidrológico son hoy algo más elevadas que las que hicimos en su momento para tomar esta decisión. Quiero insistir en ello, señorías, porque este tipo de decisiones involucran conceptos técnicos como reserva estratégica o cálculos probabilísticos asociados a las previsiones de aportaciones al sistema que, a veces, son objeto de discusiones que conviene clarificar para tener clara conciencia de las razones por las cuales el Gobierno ha decidido tomar esta decisión. Una decisión adoptada en el contexto de lo que establece la Ley de Aguas: que el desarrollo de la Constitución asigna al agua el carácter de bien público,

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propiedad de la nación española, que debe ser administrado en función de las circunstancias de cada momento y asignado a los usos que se consideren prioritarios.
Para tomar esta decisión, previamente, otro Decreto-ley autorizó al Gobierno a disminuir desde seis hasta tres metros cúbicos por segundo los caudales mínimos garantizados en el Tajo a su paso por Aranjuez hasta final del próximo año hidrológico. Esta circunstancia, motivada para garantizar en primer lugar el abastecimiento a las ciudades, establecía un marco legislativo en el que cabía utilizar los excedentes así generados para suministrar unos mayores recursos a la cuenca del Segura y prevenir importantísimas pérdidas en capital agrícola. Pero el Gobierno ha creído oportuno que la decisión a adoptar lo fuese a través de una norma con rango de ley para evitar cualquier ambigüedad acerca del espíritu de la anterior norma, y creo oportuno, señorías, dedicar cinco minutos a explicar los balances hídricos del conjunto del sistema Entrepeñas-Buendía para determinar de qué manera y por qué razones el Gobierno ha estimado posible adoptar esta decisión y necesario que se efectuará bajo la forma de una norma con rango de ley como la que hoy someto a la convalidación de SS. SS.
Partiendo de las existencias de Entrepeñas-Buendía en el momento en el que se toma la decisión hay que prever cuáles serán estas existencias al final del año hidrológico, es decir a 30 de septiembre del presente año. Para ello, es necesario establecer el balance del sistema Entrepeñas-Buendía en el período agosto- septiembre de 1995; a continuación es necesario calcular la reserva estratégica del sistema al principio del siguiente año hidrológico, y finalmente, por diferencia, calcular los excedentes trasvasables en esa fecha.
Las existencias previstas a 30 de septiembre de 1995 las determinamos sumando a las que conocíamos que existían el 30 de julio las aportaciones estimadas durante agosto y septiembre, y restando las demandas que debían garantizarse durante estos mismos meses, y así, a los 236 hectómetros cúbicos que incluyen el denominado volumen muerto, al que a veces se califica de no utilizable cuando realmente lo es en su inmensa mayoría, habría que sumarle las aportaciones previsibles durante agosto y septiembre de acuerdo con una cierta ley de probabilidades derivada de la experiencia histórica, que con un 50 por ciento de probabilidades se cifraban en 57 hectómetros y con un 75 por ciento en 48 hectómetros. A ello había que restar las demandas garantizadas en agosto y septiembre para los abastecimientos a Toledo y la Mancomunidad del Algodor, a los regadíos de Estremera, Aranjuez y Zorita, las pérdidas por evaporación, los canales del Taibilla y los caudales mínimos de Aranjuez, computados con su valor de 3 metros cúbicos por segundo, tal como autoriza a hacerlo el anterior Real Decreto-ley. Esto suma 110 hectómetros cúbicos. Con esto garantizamos las necesidades de la cuenca alta del Tajo y las de abastecimiento en la cuenca del Segura. Efectuados los equilibrios de la ecuación, obtenemos existencias previsibles a finales de septiembre entre 183 y 174 hectómetros cúbicos, con probabilidades del 50 o del 75 por ciento respectivamente.
A continuación, calculamos la reserva estratégica, que no es una constante fija para cada año. Es importante señalar este extremo, señorías, porque a veces se opina que la reserva estratégica es una constante universal, fijada para el sistema en cualquier condición. No es así; la reserva estratégica es una variable más de cierre de equilibrio del sistema que depende de las otras.
Así, si las demandas previstas disminuyen, por ejemplo por reducción del caudal mínimo del Tajo, la reserva estratégica también disminuye, porque, para equilibrar la ecuación necesita un valor menor. Por el contrario, si la serie histórica de las aportaciones registradas en el pasado empeora, la reserva estratégica aumenta, porque la probabilidad de cierre exige una reserva estratégica mayor, y eso, que requiere un conocimiento quizá más fino de la dinámica del sistema, conduce a veces en la similar a la reserva estratégica con un valor constante, cuando éste no es el caso.
Calculado el valor de la reserva estratégica para el bienio 1995- 1997, tenemos que introducir una previsión sobre las aportaciones al sistema durante estos dos años, y tal previsión no puede sino efectuarse en términos probabilísticos extrapolando el pasado, con la hipótesis más conservadora, que es suponer que los dos próximos años serán tan malos como los peores conocidos desde que tenemos constancia estadística de este fenómeno, y los peores conocidos precisamente son el 91-92 y el 92-93. Suponiendo que los dos próximos sean tan malos como estos, Entrepeñas-Buendía recibirían 972 hectómetros cúbicos. Con ellos y con las existencias a finales de este año hidrológico hemos de garantizar las demandas garantizables. ¿Cuáles son, señorías? Primero, los abastecimientos humanos en la cuenca alta del Tajo, que requieren 15 hectómetros cúbicos anuales; para Toledo y la Mancomunidad del Algodor y otros pequeños núcleos, necesitamos 15 hectómetros cúbicos, 30 hectómetros en el bienio. Para los regadíos del Tajo, 16.000 hectáreas en Aranjuez, Estremera y Zorita, necesitamos 164 hectómetros al año, 328 en el bienio.
Para el Taibilla en Murcia, abastecimiento humano, 135 hectómetros cúbicos, 270 en el bienio. Para las previsiones de pérdidas por evaporación, que son en función de la superficie de los embalses, la cual a su vez es en función de las existencias, calculado cuál es la superficie media en función de la evolución de las existencias, estimamos 83 hectómetros cúbicos en el bienio.
Y, finalmente, los caudales no consuntivos en el Tajo, 3 metros cúbicos por segundo el primer año, 6 metros cúbicos por segundo en el segundo año, en función de las disposiciones adoptadas por el Congreso al convalidar el anterior Real Decreto-ley. Es un total de

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996 hectómetros cúbicos en el bienio, de los cuales 285 son para mantener caudales mínimos en el Tajo. De estos 996 hectómetros cúbicos, que garantizan absolutamente los abastecimientos humanos y de regadíos en la cuenca alta del Tajo y humanos en la cuenca del Taibilla, equilibramos la ecuación teniendo en cuenta un volumen muerto de 119, aunque sabemos que es utilizable en casi un 90 por ciento, y obtenemos una reserva estratégica de 143. Ese es el valor de la reserva estratégica, de 143, en unos cálculos algo complejos que me he permitido resumir a SS. SS y que están a su disposición en los documentos que fueron distribuidos al acabar el Consejo de Ministros.
Comparada esta reserva estratégica con las existencias previstas, obtenemos un excedente trasvasable de 40 hectómetros o de 31 hectómetros, según que trabajemos con una probabilidad del 50 o del 75 por ciento. El consejo de Ministros estimó más prudente trabajar con una probabilidad del 75 por ciento, cuando siempre habíamos trabajado con una probabilidad del 50 por ciento. Este año aumentamos el grado de confianza en la decisión y elevamos al 50 el umbral de seguridad. Evidentemente, una probabilidad del 50 por ciento es más baja que una del 75, pero ésta no es del cien por cien y, por tanto, incurrimos en un riesgo. Las decisiones, muchas veces, hay que tomarlas en un ambiente de riesgo. Y esta decisión, con las debidas garantías, dentro de lo razonable, permitía solamente trasvasar 31 hectómetros cúbicos, cuando las necesidades mínimas estimadas por el Ministerio de Agricultura eran de 55 hectómetros cúbicos, sin los cuales las pérdidas en capital agrícola estimadas en la cuenca del Segura eran de más de 150.000 millones de pesetas. El Gobierno se enfrenta a una decisión, y ustedes hoy también, como administradores que somos de un bien público común de la nación española, que nos obliga a tomar decisiones con riesgo, con un riesgo controlado pero existente, arbitrando beneficios y perjuicios. Yo quiero llevar hoy a la seguridad de SS. SS. que todas las demandas humanas y de regadíos en la cuenca alta del Tajo están garantizadas con una probabilidad razonable durante el próximo bienio y que tenemos dos colchones de seguridad todavía. El primero es el volumen muerto, que no lo es, que nos permitiría movilizar, en caso de necesidad, 100 hectómetros cúbicos adicionales, y el segundo es el caudal mínimo del Tajo, que durante el segundo año del bienio se mantiene en 6 hectómetros cúbicos y que podría disminuirse generando un ahorro de otros 100 hectómetros adicionales. Y puestos en esta tesitura, el Gobierno y el Parlamento tienen que tomar una decisión, de la que dependen críticamente consecuencias económicas y sociales importantes, y hoy llamo y apelo a la comprensión de todos los Diputados para que entiendan que esta es una decisión que hace el mínimo común denominador de los intereses contrapuestos en toda decisión que involucra el uso de un bien susceptible de alternativas, en un ambiente de riesgo, de un riesgo controlado y contenido en un término de probabilidad cuantificada.
Tomada esta decisión, señorías, tenemos que lanzar a continuación un mensaje, que quiero que tenga especial incidencia en Castilla- La Mancha, de mejora de aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, para que esta infraestructura que comunica el corazón de España con el levante agrícola sirva también para extender sus beneficios a aquellos territorios de La Mancha que sufren hoy también graves problemas de abastecimiento, porque los problemas de abastecimiento en Castilla-La Mancha están fundamentalmente en la cuenca del Guadiana, en el corazón de La Mancha, donde las aportaciones han disminuido y la sobreexplotación de los acuíferos ha hecho que hoy tengamos graves problemas de los ecosistemas, de las explotaciones agrarias y puede, incluso, que de los abastecimientos humanos. Pero eso no es un problema que se pueda resolver trasvasando o no desde el Tajo hasta el Segura; tiene que resolverse extendiendo la capacidad vertebradora del trasvase a otros territorios, poniéndolos también al servicio de Castilla-La Mancha, permitiendo que conduzca hasta el corazón de La Mancha unas reservas hídricas del Tajo que pueden y deben también beneficiar a la Comunidad Autónoma que comparte sus aguas con Extremadura y con Madrid. Por ello, hemos avanzado en forma de Decreto-ley la ejecución de un proyecto contenido en los estudios del Plan Hidrológico Nacional, que prevé trasladar 50 hectómetros cúbicos al año para abastecer la cuenca alta del Guadiana desde el trasvase Tajo-Segura. Lo intentamos hace años, señorías, a través del cauce del Cigüela, desde el propio trasvase, sin necesidad de infraestructuras y transporte, soltar por el cauce del Cigüela esperando que llegase a las Tablas de Daimiel y permitiesen recargar los acuíferos sobreexplotados de La Mancha, pero la extrema sequedad del relieve, la extrema apetencia por el agua a lo largo del cauce, las filtraciones, hicieron imposible que los 30 hectómetros cúbicos utilizados a estos efectos llegasen a destino. Hoy no podemos utilizar el cauce natural del Cigüela como elemento de transporte de estos recursos hídricos que beneficiarán a Castilla-La Mancha desde el Tajo a través del Tajo-Segura. Tenemos que construir una prolongación de este trasvase, un tubo enterrado que, con máximo respeto al relieve y al medio ambiente --no se va a ver--, circule a lo largo del cauce del Cigüela, transportando desde el ATS hasta La Mancha estos 50 hectómetros cúbicos que permitan recargar las Tablas de Daimiel, los parajes naturales conexos, atender las demandas de las poblaciones de La Mancha, antes de que lo hagamos, también de forma complementaria, con los trasvases locales o zonales que estamos abordando para alimentar Toledo desde Madrid y Ciudad Real desde los embalses colindantes.
Es una excelente noticia que ha pasado desapercibida durante este verano y que sería obligación de todos poner de relieve por su importancia política,

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porque cuando esta infraestructura esté construida, el trasvase Tajo-Segura tendrá una capacidad vertebradora del territorio de la Nación española mucho mayor que la que ahora tiene; porque no sería un origen y un destino enfrentados, no unirá dos polos opuestos, servirá también para transmitir recursos a otras zonas que ahora los ven sin poder hacer buen uso de ellos. Además de estos 50 hectómetros cúbicos, se prevé también atender al abastecimiento de los núcleos de población inmediatos al trazado del ATS en las cuencas de los ríos Guadiana y Júcar a su paso por Cuenca y Albacete, asignándoles tres millones de metros cúbicos anuales que garanticen el suministro de una población equivalente de 38.000 habitantes, con una dotación de 220 litros por habitante y día.
La urgencia de esta disposición es compatible con la consideración en la misma de aspectos complementarios relativos a aprovechamientos hidrológicos y a la evaluación de su impacto ambiental.
No es ésta la única forma por la cual podemos ampliar el uso del trasvase Tajo-Segura, tal como nos fue solicitado por la Comisión de Obras Públicas del Congreso. Podemos y debemos buscar nuevas utilizaciones complementarias a una gran obra de infraestructura cuya ramificación por el territorio debe aumentar su importancia y su trascendencia política y su aceptación social: haciendo que haya más recursos en su cabecera; utilizando las aguas residuales de Madrid mejor que lo hacemos ahora; generando así una disponibilidad de recursos adicionales para el desarrollo de los regadíos de la Sagra y el mantenimiento de garantías eficientes a los de la cuenca alta del Tajo.
Si hay un recurso hídrico permanente y estable en nuestro país son sin duda las aguas residuales de Madrid. En colaboración con la Comunidad Autónoma, debemos ser capaces de utilizarlas de una forma coordinada con los recursos del Tajo, para garantizar ese equilibrio hídrico que tenemos la obligación de ir construyendo en la geografía española, de manera que el agua sea un recurso cada vez más común, porque contribuya a un bienestar que resulte de la complementariedad y no del enfrentamiento.
Este decreto-ley es la primera pieza de lo que pretendemos que sea el Plan Hidrológico Nacional. Como es un decreto-ley impositivo, que hermana y aúna voluntades, territorios y recursos, no ha tenido quizá la trascendencia que merecía en los medios de comunicación. Por eso hoy yo, cuando presento los dos decretos-ley quisiera, señorías, que entendieran que las decisiones que el Gobierno toma en un ambiente, insisto, de riesgo controlado, en función de previsiones que ninguna certeza puede sustituir, trata de dar realidad a ese prólogo hermoso de la Ley de Aguas cuando califica ese bien natural como un bien común que los representantes de la Nación española, aquí presentes, tienen la obligación de asignar, buscando su uso más eficiente, equilibrando el territorio, tratando de evitar los enfrentamientos y utilizando las infraestructuras, complementándolas, como es el caso, para conseguir que sus beneficios se extiendan a todos y para todos.
Estoy seguro que por ello, señorías, estos decretos-ley, inevitablemente polémicos serán mejor comprendidos y mejor respaldados por el consejo de administración de la empresa que se llama España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra de la convalidación de uno u otro real decreto-ley? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, debatimos hoy dos nuevos reales decretos que, añadidos a los del mes de julio con el que cerramos el período de sesiones, hace que continuemos discutiendo sobre la lacra que azota a millones de ciudadanos del Estado español que es la sequía. Hoy, en concreto, los Reales Decretos-ley 7 y 8 de 1995, referentes al trasvase Tajo-Segura.
El caso de España es un ejemplo manifiesto de un país con recursos hidráulicos pero, desgraciadamente, muy mal administrados y muy mal repartidos. España, que para muchos es un territorio seco, tiene agua suficiente, como así lo indican diversos estudios, para cubrir adecuadamente nuestras necesidades, pero es evidente que su mala distribución entre la llamada España húmeda y la España seca hace que millones de ciudadanos del Estado español sufran por quinto o sexto año consecutivo su escasez. Las recientes polémicas sobre el traspaso de aguas del Tajo al Segura perfilan esta lamentable situación, es decir, hay suficiente agua, pero está muy mal repartida y muy mal canalizada allá hacia donde hace falta. A la distribución desigual espacial se le une la desigualdad temporal al concentrarse las precipitaciones en primavera y en invierno, estando sometido el resto del año a la sequía, lo que causa grandes irregularidades en el caudal de los ríos españoles, con avenidas torrenciales que erosionan violentamente la superficie y limpian la vegetación, y de esto la Comunidad valenciana tristemente sabe bastante. Qué decir tiene que la Comunidad valenciana es una de las más castigadas por las adversidades climatológicas, o no llueve o llueve demasiado, que tienen lugar a lo largo de todo el año y que afectan con gran dureza a nuestros cultivos y arbolado debido principalmente a las heladas en invierno y a la sequía en verano, agravada por las tormentas del granizo al final del verano, como tristemente se ha vuelto a reproducir en el mes de agosto y principios de

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septiembre en las comarcas agrícolas de la Comunidad valenciana.
Centrándonos en la sequía, motivo de la elaboración de estos dos nuevos Reales Decretos-ley tendentes a la adopción de medidas que yo pienso que con buena intención se han adoptado por el Departamento que usted dirige, respecto al trasvase Tajo-Segura hemos de decir que según el Gobierno, que es el que ha elaborado estos Reales Decretos-ley, se deben a circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, pero no se han puesto de manifiesto en el mes de agosto, que es cuando se aprobaron, sino que en el mes de mayo --y así lo pidieron los agricultores de las comarcas alicantinas y murcianas-- esa necesidad ya era patente y manifiesta. Es patente esta extraordinaria y urgente necesidad, una vez más, cuando el Gobierno es conocedor de esa escasez de agua que padecemos de forma continuada desde hace ya más de cuatro años y que de forma alarmante estamos sufriendo en este presente año, pero ha tenido que esperar al mes de agosto, tres meses después de que los agricultores de Alicante y Murcia lo solicitaran, para que se adoptara la resolución de trasvasar agua.
Se nos dirá que el trasvase Tajo-Segura ha llegado y que los valencianos deberían callar y dar las gracias a este Gobierno central.
Este trasvase ha llegado tarde, aunque más vale tarde que nunca.
En principio, tenía que haberse empezado a regar en julio, pero debido a circunstancias extraor- dinarias, una fisura en el canal en el término municipal de Montalbo, en Cuenca, por un deficiente mantenimiento del canal, el trasvase se vio demorado hasta finales de agosto, ocasionando un gran retraso en la llegada de este río de socorro a los campos del sur de la provincia de Alicante y de las zonas agrícolas de Murcia. Si se hubiese realizado con dos meses o dos meses y medio de antelación, el beneficio que hubiese causado habría sido increíble, ya que gran parte de las cosechas se han secado por utilizar aguas salobres, lo cual se habría evitado si se hubiera permitido su riego en el momento oportuno cuando las explotaciones agrarias lo necesitaban. Se trata de un trasvase que ya era urgente --no me cansaré de decirlo-- en mayo.
Todas estas medidas que el Gobierno ha adoptado de manera extraordinaria y urgente son imprescindibles, pero, repito, han llegado tarde y son consecuencia, sobre todo, de la improvisación y por esos males que afectan a la política hidráulica española de los últimos diez años.
El proyecto de Plan Hidrológico Nacional no llega. Se ha presentado en abril de 1993 al Consejo Nacional del Agua, máximo órgano consultivo en la materia. Durante aproximadamente año y medio, el proyecto fue debatido y analizado en el Consejo, enviándolo posteriormente al Gobierno. Aunque las previsiones apuntaban a que en este último trimestre del año 1995 podría remitirse a las Cortes, de nuevo un parón, de nuevo un retraso y todo hace pensar que los planes no llegarán. Falta el plan nacional de regadío y algunos planes de cuenca van a retrasar, más aún si cabe, el esperado y ansiado Plan Hidrológico Nacional.
Por ello, quiero poner de manifiesto --y no quiero hablar de cifras-- que las causas del trasvase Tajo-Segura han quedado más que justificadas. De todo el territorio nacional, las comarcas de la cuenca del Segura presentaban este verano los niveles más bajos de agua embalsada, como usted muy bien ha apuntado, en torno al 8 por ciento, en consonancia con la pluviometría registrada en los últimos 58 años, y las escasas precipitaciones de este año hidrológico, que han supuesto la menor aportación histórica, un poco más de un centenar de metros cúbicos.
Como consecuencia de todo ello, se ha constatado una reducción de la superficie de los cultivos herbáceos que se puede cifrar en más de 12.000 hectáreas, mientras que la superficie cultivada de las hortalizas ha sufrido una reducción de cerca del 60 por ciento, girando la reducción de los cultivos leñosos en torno al 8 por ciento. Todo ello unido al deterioro visible del arbolado, con pérdidas de rendimiento en sus cosechas y acortamiento de su vida útil, el abandono masivo de parcelas cultivadas con cítricos y otras frutas con hueso y sin hueso. La valoración de toda esta producción en pérdidas supone una cuantía superior --aunque no quiero entrar en cifras porque son dispares-- a 50.000 millones de pesetas, a los que hay que añadir el valor de los jornales no devengados, tanto en labores de cosecha como de poscosecha, que asciende a más de 10.000 millones de pesetas. Si a todo ello añadimos las pérdidas que supone el abandono de superficie arbolada, en particular cítricos, como he comentado, y también el resto de árboles frutales, que se puede cifrar en más de 5.000 millones de pesetas, lamentablemente las cantidades se hacen astronómicas.
Aquí tengo unos datos que usted conoce de las pérdidas de los últimos años 1994-1995, que son superiores a los 100.000 millones en las producciones agrícolas de las comarcas que se pueden beneficiar de ese trasvase Tajo-Segura. Creo que no ha habido mala intención por parte de nadie, ¡Dios me libre de echarle a usted la culpa!, pero sí tengo que recriminarle que estas extraordinarias y urgentes medidas que usted ha adoptado se podrían haber previsto en el tiempo porque, como usted bien ha dicho, la sequía cíclica que estamos sufriendo la llevamos arrastrando de manera agónica durante más de seis años.
Las necesidades hídricas de las comarcas que se benefician de este trasvase requieren una demanda total, por períodos bianuales, de unos 375 hectómetros cúbicos. La aportación del trasvase de estos dos últimos años ha sido de 110 hectómetros cúbicos, con un gran sacrificio y solidaridad --quiero que quede bien claro-- de aquellas comarcas de Castilla que con mayor o menor agrado --creo que con menor-- han hecho el esfuerzo; se han opuesto, creo que lo han entendido, por lo menos las personas que, desde la solidaridad,

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saben que el agua es de todos. Ello lleva a un balance de un déficit de casi 300 hectómetros cúbicos, 150 anuales.
El trasvase ha llegado, pero usted es consciente de que ha llegado demasiado tarde, que en muchas zonas ha llegado en un momento cuyas consecuencias y daños son irreparables. De haberse realizado el trasvase Tajo-Segura en el mes de junio, al mes siguiente de que se pidiera, con un clamor popular muy elevado, por Alicante y Murcia, se podrían haber paliado muchos de los problemas que, por la devastadora sequía, han sufrido los agricultores de las comarcas alicantinas y murcianas. El trasvase solicitado en mayo por los agricultores habría podido salvar nuestras explotaciones que, repito --no quiero ser cansino con los datos--, han sufrido la pérdida de casi el 80 por ciento de la fruta de hueso y de una parte muy importante de los cítricos.
Casi un millón de toneladas de productos de las explotaciones agrícolas de Murcia y de Alicante se han perdido en los años 1994 y 1995.
Si las condiciones climatológicas --esperemos que no-- siguen en los próximos meses, según parece, en particular en la cuenca mediterránea y en Andalucía, les pido sensibilidad, firmeza y más rapidez de reflejos determinando el trasvase de aguas de las cuencas excedentarias por medio de los trasvases y las obras de infraestructura que se requieran en los meses de abril y mayo, porque, de lo contrario, se repetirá de nuevo este año que viene, si no lo remediamos entre todos, el panorama desolador que se ve en las explotaciones agrícolas, como usted bien conoce, de Alicante y Murcia.
Debemos contribuir todos para evitar que no se deserticen más las explotaciones agrícolas de Almería, Murcia, Huelva y Comunidad valenciana.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Chiquillo, termine, por favor.


El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, termino rápidamente.
Lo que sí pido es que esa solidaridad envidiable que han demostrado los pueblos del interior hacia las zonas de la cuenca mediterránea siga el año que viene. Quiero exigir previsión, firmeza y actuaciones serias y responsables, porque con previsión y con solidaridad hay agua para todos, para vivir en paz y con producciones para que nuestros agricultores no tengan que dejar su único medio de vida.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto al Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto, sobre autorización del trasvase a la cuenca del Segura y concesión de suplementos de crédito, así como sobre el Real Decreto-ley 8/1995, de la misma fecha, de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura, dos decretos más para hacer frente a la situación de gravísima sequía que en estos momentos está sufriendo España.
En el debate del día 27 de julio ya comentábamos que la exposición de motivos de aquel decreto-ley (era el número 6 y ahora se tramita como ley), citaba que desde el año 1992 se han aprobado dos reales decretos de medidas para dotar los organismos de cuenca, que se han aprobado cinco reales decretos para ayudas económicas y sociales al sector agrícola, que el Gobierno ha invertido más de 70.000 millones de pesetas y que ha aprobado una importante serie de medidas extraordinarias. Además, el señor Ministro decía que ya estaba preparando otras medidas extraordinarias, algunas de las cuales son las que debatimos hoy, y otras que posiblemente vendrán después.
Ello, junto con el desarrollo de los textos de los decretos-ley que debatimos me lleva a unas consideraciones. El Ministerio está acometiendo diversas obras y actuaciones de carácter hidrológico que suponen un coste muy cuantioso que rebasa las disponibilidades del Departamento. Así se cita en el primero de los decretos-ley.
La pertinaz sequía --como se le llama-- va acompañada, según nosotros, de otra pertinaz sequía en la previsión presupuestaria del Ministerio, dado que el tema ya viene de varios años atrás y se está actuando como si nos cogiera por sorpresa cada una de las incidencias que sobre el tema se presentan. Verdaderamente no hay previsión, aunque sea para extremos graves, como puede ser la presentación de la sequía. Hace demasiados años que es protagonista de la problemática hidrológica del país.
La exposición de motivos del segundo decreto-ley que tratamos hoy, el número 8, nos habla de que «la complejidad del proceso de planificación hidrológica y las prescripciones contenidas en las mociones aprobadas por las Cortes Generales (Acuerdos del Congreso de los Diputados de 22 de marzo de 1994 y del Senado de 28 de septiembre de 1994), han exigido un análisis más profundo del futuro Plan Hidrológico Nacional, pero también ha demorado su aprobación definitiva. Este retraso en la promulgación de la norma legal que aprobara aquél, hace necesario afrontar con carácter de urgencia la regulación de determinadas actuaciones y medidas para la mejora de la utilización del acueducto Tajo- Segura mediante una normativa específica». Con este párrafo, parece que se quiere justificar el retraso como consecuencia de las dilaciones de esta Cámara. No estamos de acuerdo. No es verdad que esta Cámara y su Comisión de Infraestructuras

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hayan provocado retrasos que influyan en tener que tomar medidas urgentes para resolver la situación de sequía.
Además, la exposición de motivos, en el párrafo siguiente, dice: «En este sentido, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados adoptó una resolución por unanimidad, el pasado 14 de marzo, en la que se solicitaba expresamente del Gobierno la presentación de un proyecto de ley para mejorar la explotación del acueducto Tajo-Segura». Es verdad, se aprobó, pero ello no provoca los retrasos que hay en el Plan Hidrológico Nacional. Realmente, la responsabilidad del Plan Hidrológico es del Ministerio, es el Ministerio el que debe trabajar en el Plan Hidrológico y cumplir los plazos fijados en las resoluciones aprobadas, y ya debería haber estado aquí.
Ya sé que el señor Ministro, en declaraciones a algunos medios, dice que los diputados de Convergència i Unió ponemos pegas al desarrollo del Plan; incluso dice que la Comunidad Autónoma de Cataluña no ha presentado el plan hidrológico de Cataluña al Ministerio. Señor Ministro, repase usted las intervenciones de nuestro Grupo, generalmente mías, y verá que nuestra actitud en Comisión siempre ha sido positiva, de consenso, sabiendo que era un gran proyecto que necesitaba un pacto de Estado y que teníamos que trabajar mucho. A finales de 1994, cuando usted nos decía que en tres meses traería a la Cámara el Plan Hidrológico, nosotros le dábamos más tiempo; usted lo aceptó. Después, hemos tenido otros debates. Siempre se han ido alargando los tiempos, pero a usted, en estos momentos, ya no le cabe sino esperar a que venga aquí el Plan Hidrológico. Quizás, el momento político es el que lo puede impedir ahora. El Plan Hidrológico Nacional debería haberse hecho desde su Departamento, pero no han sido capaces de avanzar y de ir consensuando. Yo lo siento, pero así ha sido. Los retrasos no los ha causado la Comisión de esta Cámara. En todo caso, y lo digo claramente, ha sido su Ministerio.
Usted ha dicho que el Real Decreto-ley sobre el Tajo-Segura es la primera pieza de aquel Plan Hidrológico. ¿Lo haremos a plazos, lo haremos por piezas? Yo no creía que pudiéramos considerar esto como una primera pieza del Plan Hidrológico. Usted ha intentado dar un mensaje, y yo quisiera que fuese un mensaje de esperanza para los problemas hidrológicos que el país sufre. Señor Ministro, nosotros continuamos pensando que hay que trabajar mucho para consesuar el Plan Hidrológico. No es cierto que como todavía no tiene un Plan Hidrológico no puede avanzar en otras materias. Cumpla otros plazos que el Ministerio no ha cumplido.
Señor Ministro, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de los dos decretos, puesto que se está trabajando en ello y es algo a lo que en estos momentos la urgencia y la necesidad obliga, pero sí solicitamos que se tramiten como proyecto de ley. Usted nos ha hablado de grandes números y de amplios plazos en todo lo relativo al trasvase Tajo-Segura.
Ustedes creen que el carácter de Real Decreto-ley es suficiente, pero para nuestro Grupo no lo es. Entendemos que, en su tramitación como proyecto de ley, hay que hacer un estudio más detallado de las medidas que la urgencia hace tomar para solucionar este asunto. Nuestro Grupo es consciente de la problemática hidrológica de las regiones que sufren la sequía y, por tanto, convalidaremos los decretos, pero queremos que vengan aquí como proyectos de ley, en el momento que sea, para que se apruebe que estos temas tienen que discutirse como proyecto de ley, aunque, por lo que queda de trámite legislativo, a lo mejor no dé tiempo para ello.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, yo no creo que sea una casualidad que una de las primeras administraciones de Justicia que existieron en España fuera precisamente la de los tribunales de Aguas, y hasta qué punto requiere el agua en España que haya personas justas y personas equitativas que participen en su distribución y en cómo debe plantearse el conjunto de los usos del agua.
En una situación como la que estamos viviendo, en la que existe una pertinaz sequía, hubiera sido una suerte para el país que hubiera habido gente de este talante, que hubiera habido gente equitativa, gente justa, personas ecuánimes al frente del Gobierno; que hubieran, en primer lugar, hablado con sinceridad al país sobre cuál es la situación real y, en segundo lugar, que hubieran intentado llegar a soluciones lo más justas posibles para el país. Siempre se puede equivocar uno, pero lo menos que un ciudadano le puede pedir a un gobernante, no digamos un representante político sino un ciudadano, es que se le diga la verdad sobre lo que está pasando, se le diga cuál es la verdad y cuáles son las situaciones de futuro que tenemos.
Desgraciadamente, no hemos tenido esa suerte. Yo creo que no se nos ha dicho la verdad, que en muchas ocasiones se ha estado incitando incluso a que se sigan con los mismos usos y costumbres con los que se venía actuando durante muchísimo tiempo y, lo que puede ser más grave en esta Cámara, con iniciativas políticas se ha defraudado, no se ha dicho lo que realmente estaba pasando e incluso se ha hurtado cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía el Gobierno, y que tenía fundamentalmente el Ministro del ramo, para actuar en temas como el que nos ocupa.
Para mi Grupo Parlamentario es bastante frustrante que el 27 de julio se debatiera en esta Cámara un decreto-ley en el que se decía que se iba a bajar el caudal ecológico del río Tajo de 6 metros cúbicos por segundo a 3 metros cúbicos por segundo y que los excedentes que resultaran de esta rebaja del caudal ecológico,

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prioritaria y fundamentalmente se destinarían al abastecimiento de poblaciones.
El día 4 de agosto, siete días más tarde, aprobaba el Gobierno un real decreto-ley, por el cual se destinaban 55 hectómetros cúbicos provinientes de estos excedentes para uso de regadío. Ya habíamos advertido en el debate que no estaba clara la intencionalidad que se planteaba con ese Real Decreto-ley 6/1995, debatido el 27 de julio, y que mucho nos temíamos que el verdadero uso que preveía el Gobierno no era el que se nos decía en ese decreto-ley. Creo que lo menos que se puede pedir a un Gobierno es que sea sincero en los propósitos que trae a una Cámara, que no sea falso. Luego se podrá debatir si tiene razón o no. En este sentido, mi Grupo Parlamentario se siente absolutamente defraudado.
Desde luego, mi Grupo Parlamentario considera que no es acertado políticamente respaldar operaciones de esta naturaleza. Solamente el hecho de la gravísima situación por la que pasan muchísimas hectáreas de frutales en la cuenca del Segura impide que mi Grupo Parlamentario vote en contra de la convalidación de este Real Decreto 7/1995, por el cual los excedentes que se obtenían por el Decreto 6/1995 se destinan a usos que no estaban previstos, ni siquiera apuntados en este último Decreto. A nuestro juicio, constituye un fraude importante y consolida el juicio que mi Grupo Parlamentario tenía más o menos esbozado de que estamos ante un responsable político poco de fiar, que estamos ante un responsable político que no dice a este Parlamento cuáles son sus intenciones reales y que, por lo tanto, por pasiva, defrauda a este Parlamento.
Pienso que en este trámite parlamentario no se trata de llegar más allá en este asunto. Nosotros, desde luego, consideramos que los modos de utilización del agua en España deben variar sustancialmente y que sería leal un Gobierno que dijera al país que se debe ir a un plan hidrológico en el cual se debe proceder a unos modos del uso del agua muy diferentes de los que hasta ahora han sido. Pero llevamos diez años, desde que se aprobó la Ley de Aguas hasta ahora, en los que no ha sido capaz el Gobierno de decir sinceramente al país que la situación hidrológica es la que es y que los comportamientos en el uso del agua del país deben cambiar. Muy al contrario, hemos asistido en sucesivos debates parlamentarios en esta Cámara a exégesis, por parte del Ministro de Obras Públicas, de la utilización de los campos de golf, por ejemplo, y de otros usos que son claramente superfluos en un país de nuestra naturaleza. Es llamativo que hoy en Cartagena o en Murcia, en la situación en que se encuentra el levante español, nos encontremos con concejales del Partido Popular que defienden que se construyan campos de golf en estas localidades. ¿Cómo no va a ser así si todavía no se ha planteado un debate sincero en esta Cámara, en el conjunto de la sociedad española, sobre que no se puede ir al uso del agua en España que signifique una desmedida utilización de ella cuando no tenemos recursos que excedan de nuestras posibilidades? ¿Cómo no va a ser así? A lo que mi Grupo Parlamentario no está dispuesto es a seguir sancionando políticas que no planteen claramente a nuestro país que no se puede ir a uso excesivo en el consumo del agua y, desde luego, a respaldar políticas e iniciativas parlamentarias que, por parte del Gobierno, a golpe de decreto-ley, hurten día tras día un auténtico debate sobre el plan hidrológico. Y lo que es peor, hoy incluso se nos anuncia que, a golpe de decreto-ley se va a sacar un plan hidrológico que no se es capaz de debatir sinceramente en esta Cámara. A nosotros nos llena de preocupación que hoy se diga en esta tribuna que se nos trae la primera pieza del plan hidrológico en la forma de un real decreto-ley. Esto es severamente preocupante y merece el rechazo por parte de mi Grupo Parlamentario. Nosotros de ninguna manera vamos a poder ni siquiera abstenernos en la materialización de este segundo real decreto-ley. ¿Cómo podemos nosotros dar carta de naturaleza a que se prevea para los diez próximos años que se trasvasen 50 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo a la cabecera del Guadiana? ¿Cómo puede hacerse eso? Ni siquiera con el ardid que se ha expuesto desde esta tribuna de que es una conquista de Castilla-La Mancha. Creo que no vale la pena plantear las cosas en estos términos, en términos de apoyar a unas comunidades autónomas o a otras o de enfrentar unas comunidades autónomas a otras. Pienso que este no es el debate. De lo que se trata aquí es que de esa cabecera del Tajo, que se encuentra en un situación extraordinariamente grave, no se pueda hacer una previsión como la que se hace en este segundo Real Decreto-ley, donde se prevé que en los próximos diez años va a tener a una media de trasvase de 50 hectómetros cúbicos, aunque sea a una cabecera que se encuentre en la misma comunidad autónoma. No vale este tipo de argumentos, porque parece que se quiere decir a Castilla-La Mancha: conténtese usted con esta operación de lo que le quitamos en la primera. Porque no es ese el argumento; ni se trata de enfrentar una comunidad autónoma con otra en el primer real decreto, ni de contentar a una segunda también con ese real decreto. No es eso.
Lo que hay que hacer, señoras y señores Diputados --así lo piensa mi Grupo parlamentario--, es buscar las medidas de futuro que permitan que los regadíos existentes hoy por hoy en Murcia continúen en esta situación durante muchísimos años, no solamente durante uno, porque si la sequía continúa, ¿qué vamos a hacer el próximo año? ¿Vamos a bajar el caudal ecológico del Tajo de tres metros cúbicos a un metro cúbico? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Señoras y señores Diputados, nosotros pensamos que son soluciones suicidas, para salir del paso, después de no haber abordado el problema durante muchos años y sabiendo que la sequía no es un producto de 1995 ni de 1994, sino de muchísimos años que llevamos sufriendo esta situación. Se debería haber tenido

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mayor valentía por parte del Gobierno y haber traído a la Cámara este plan hidrológico sin escudarse, como se escuda...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, termine, por favor.


El señor ANDREU ANDREU: Voy terminando, señor Presidente.
Repito que sin escudarse, como se escuda, en la exposición de motivos del segundo real decreto-ley, en disposiciones que hayan sido políticamente más o menos erróneas y que haya tomado el Senado o esta Cámara. Tenía esa obligación política, sobre todo después de que la Ley de Aguas se había aprobado en 1985.
Señoras y señores Diputados, la posición de mi Grupo creo que queda bastante nítida. Nosotros no vamos a sancionar esta política que está llevando el Gobierno y, desde luego, con ello tampoco queremos perjudicar a la región de Murcia, por lo que no vamos a plantear nuestra oposición a que rieguen los árboles frutales, que tan necesitados han estado después de tanta sequía en esta región.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más a lo largo de estos últimos años discutimos la convalidación de un decreto-ley, en este caso, de dos, relacionados con la sequía. Especialmente en este último año, estos son el cuarto y quinto decretos-ley sobre esta materia, lo que demuestra la improvisación de un ministerio que se ve desbordado por las circunstancias; circunstancias, sin embargo, previsibles por cuanto que los períodos de sequías prolongados y la irregularidad son un dato de nuestra climatología. Por mucho que diga el señor Ministro que es la más extrema, léanse los escritos del señor Témez, del Cedex, por ejemplo, a este respecto, o los trabajos que ha llevado a cabo el propio Instituto de Meteorología, y verán que es así.
La posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a los dos textos, que revisten características diferentes, es la siguiente: En primer lugar, en cuanto al decreto-ley que autoriza el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y concede suplementos de crédito por 15.000 millones de pesetas, hay que señalar que implica una serie de medidas excepcionales de aplicación inmediata, limitadas en el tiempo, ya sea en su vertiente de concesión de suplementos de crédito o de exoneración de limitaciones en cuanto a capacidad de movilidad de partidas dentro del presupuesto de un ministerio, o en lo que se refiere a la autorización de un trasvase de manera excepcional y única de 55 hectómetros cúbicos.
Señor Ministro, ya que nos hablaba del plan de metasequía, nosotros lo hemos pedido desde el primero de junio y todavía no nos ha sido enviado. Sólo tenemos la información de prensa. Desde luego, si existe ese plan de metasequía, esas previsiones, si de verdad, como dice, todo se engarza en un proyecto global, ¿cómo es, por ejemplo, que este Decreto-ley no lo aprobó junto con el del 7 de julio de este año, donde ya se hablaba de una gestión distinta y excepcional del Tajo-Segura, como ha hecho referencia en su intervención, respecto a la disminución del caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez? Sobre todo, porque si en ese momento se hubiera aprobado ese trasvase de los 55 hectómetros cúbicos extraordinarios, seguramente los efectos beneficiosos para la cuenca receptora hubieran sido mucho más considerables y hubieran permitido salvar de una manera más importante no la cosecha sino los árboles frutales que estaban en peligro y además sus efectos negativos respecto a la cuenca cedente lamentablemente hubieran sido los mismos. Porque, no nos engañemos, éste es el aspecto más polémico de este decreto-ley: 55 hectómetros cúbicos para un riego de socorro ante las pérdidas irrecuperables en cultivos leñosos del Segura. Y hemos de manifestar que es una mala solución que no creo que convenza a nadie, pero, indudablemente, quizá sea, puestos en esta situación, la única solución posible después de que una pésima gestión de la cabecera del Tajo a lo largo de estos años, junto con una sequía importantísima --eso es cierto--, nos ha colocado en una situación absolutamente angustiosa como la de este verano.
En cuanto a los 15.000 millones de suplemento de crédito, que aprueba este decreto-ley, señalo la preocupación que nos merece cómo se están utilizando todos estos recursos económicos extraordinarios por la razón de su mayor o menor eficiencia debido a las prisas que encarecen enormemente el costo de las obras, porque lleva a la selección de proyectos poco maduros muy a menudo, porque produce un escaso control económico y de calidad respecto a las obras que se están adjudicando al amparo de la declaración de urgente necesidad. Si en otras ocasiones, a la hora de aprobar obras de emergencia, declaraciones de interés general o créditos suplementarios, hemos hablado de la necesidad de especificar los proyectos concretos a los que iban destinados esos medios, en este caso hay que denunciar una vez más la petición de un cheque en blanco cuando se habla de obras hidráulicas de carácter excepcional y no se da ningún detalle al respecto. Por ejemplo, no se dice ni tan siquiera si con estos 15.000 millones de pesetas se van a emprender o no obras para garantizar los abastecimientos en Castilla-La Mancha, lugar donde, indudablemente, las necesidades son angustiosas y entendemos

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que sería de justicia emprenderlas de manera absolutamente inmediata.
El Grupo parlamentario Popular ha solicitado ya el cumplimiento de la moción aprobada unánimemente por el Pleno en febrero de este año y que exige que el Gobierno remita un informe sobre los abastecimientos urbanos y las realizaciones llevadas a cabo con el primer Decreto-ley de sequía del año, ampliándolo a estas posteriores medidas de urgencia, de forma que este Congreso pueda hacer un seguimiento exacto de cuáles son esas medidas de urgencia para dar solución a los problemas que tienen planteados muchas de nuestras poblaciones, que en este momento sufren horas y horas de cortes de agua.
A pesar de todo lo expuesto, a pesar de que consideramos que es una mala solución y como consideramos que es quizá la única posible, el Grupo Parlamentario Popular, por sentido de la responsabilidad, en aras a que quede claro y manifiesto que cuando hace falta un compromiso, asumir también desgastes y responsabilidades lo hacemos, vamos a votar favorablemente la convalidación de este decreto-ley.
Paso a hablar del segundo decreto, 8/1995, que, amén de vulnerar el artículo 86 de la Constitución, es un monumento al engaño.
Primero, se titula «De medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura», y hay que decir que lo único a lo que se refiere es a la aprobación del trasvase Tajo- Guadiana y no plantea en absoluto ninguna mejora del aprovechamiento y gestión del trasvase Tajo-Segura --por otra parte, cuestión harto necesaria--, sino que con esta medida lo único que se crea es más confusión. En segundo lugar, vulnera el artículo 86 de la Constitución, como decía, por cuento sus efectos no son inmediatos --harán falta varios años para que se elabore y se culmine este proyecto, en el mejor de los casos-- y, además, no regula ninguna situación provisional ni transitoria, sino que plantea una solución definitiva. Y el señor Ministro, a lo largo de su intervención, no ha hecho ni una sola mención respecto de la urgencia de este segundo decreto-ley.
Desde hace tiempo se viene, además, señorías, denunciando las dificultades que existen en el sistema Entrepeñas y Buendía para hacer frente a las demandas de trasvase de volúmenes desde la cuenca del Segura, así como para mantener las justas exigencias del Tajo en orden a garantizar sus necesidades de abastecimiento, de regadíos, de industrias, amén del caudal ecológico de 6 metros cúbicos por segundo al paso de este río por Aranjuez.
Esta preocupación nos ha llevado a la gente del Grupo Popular a reclamar --incluso a presentar en una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados, de fecha julio de 1994-- a reclamar unos estudios conducentes a analizar las distintas posibilidades de reforzamiento de la cabecera del Tajo con aportes suplementarios. Es más, apoyamos la coincidente moción del 14 de marzo de este año, presentada por el Grupo Socialista, que reclamaba un proyecto de ley --insisto, señorías, un proyecto de ley-- para mejorar el aprovechamiento del Tajo-Segura.
En lugar de cumplir el mandato del Congreso, el Gobierno no envía un proyecto de ley, sino un decreto-ley que invade las competencias de estas Cortes. Envía un decreto-ley que además, según dice el propio Ministro, es la primera pieza de un plan hidrológico nacional que todavía no ha sido capaz de enviar a esta Cámara por razones que sólo a él le son imputables. Envía un decreto-ley que no supone reforzamiento alguno de la cabecera del Tajo, sino que supone un nuevo trasvase de 50 hectómetros cúbicos, como digo, el trasvase Tajo-Guadiana. Por tanto, se aumentan las servidumbres del Tajo sin explicar de dónde van a salir estos 50 hectómetros cúbicos suplementarios, a dónde se van a enviar, para qué usos exactos, con qué costo ni basándose en qué estudios o proyectos y sin decir cómo se va a pagar este nuevo trasvase.
Una vez más este Gobierno pide un cheque en blanco para decir qué hace, para intentar ocultar su propia inoperancia. Pero no contento con esto, en su exposición de motivos, como ya ha sido denunciado por algún otro interviniente, afirma que son las Cortes las que retrasan el urgente plan hidrológico nacional. Y, señorías, quiero denunciar públicamente, con toda solemnidad, que el señor Borrell pretende culpar de los retrasos del plan hidrológico nacional al Partido Popular porque presentó ante esta Cámara una moción que fue aprobada por unanimidad, es decir, fue también respaldada por los votos socialistas, y que exige que el Gobierno remita el plan hidrológico nacional acompañado de una serie de estudios que lo complementen, entre otros, concretamente, un plan de regadíos.
Si todavía no hay plan hidrológico nacional en esta Cámara, señor Presidente, únicamente es responsabilidad del Gobierno socialista, el cual, a los diez años largos de la aprobación de la Ley de Aguas, no ha sido capaz de elaborar un documento digno de ese nombre y, por el contrario, ha invertido el tiempo y el dinero de todos los ciudadanos españoles en producir un anteproyecto de ley a espaldas de los otros Ministerios --del de Agricultura y de los otros afectados-- y que no contempla adecuadamente el problema del medio ambiente. Un documento que plantea unos trasvases en el aire y carece de una financiación fiable. Es decir, un anteproyecto de espaldas a lo que manda la actual Ley de Aguas en vigor, un anteproyecto incompleto que motivó la unanimidad en esta Cámara, como decía hace un momento, y que indudablemente es necesario completar y remitir a la máxima urgencia.
Esto no sólo lo hemos dicho en esta Cámara, sino que ha sido denunciado desde distintos ámbitos, incluso por algunos altos y ex altos cargos de la Administración socialista. Es más, hace unos días, el propio Presidente de Castilla-La Mancha, señor Bono, decía que el plan hidrológico nacional «fue más fruto de una buena ocurrencia electoral que de un sosegado estudio

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hidráulico». El señor Bono, socialista. Por tanto, es absolutamente indignante que diga que el Partido Popular o las mociones aprobadas por las Cortes han demorado la aprobación definitiva del plan hidrológico nacional.
Además, no nos engañemos, con este decreto-ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio...


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, termino muy brevemente, pero estas cuestiones son complicadas.
Con este decreto-ley lo que hace el señor Ministro es buscar una puerta falsa para sortear un mandato de esta Cámara.
Por ejemplo, en su artículo 1.º se establece un trasvase del Tajo al Guadiana por un valor medio de 50 hectómetros cúbicos computados a un período máximo de diez años. Sin embargo, como he dicho, no se dice de dónde procede el agua, si la hay o no, ni las afecciones que produce, sino que se establece sin más ese trasvase.
Tampoco se puede deducir nada de la exposición de motivos que, por otra parte, no tiene ningún valor normativo.
Yo recuerdo a SS. SS. que, conforme a las leyes de los años 1971 y 1980, ya existen unos compromisos que son los siguientes respecto a la cabecera del Tajo. Primero, 180 hectómetros cúbicos/año, que corresponden al caudal ecológico del Tajo, de 6 metros cúbicos por segundo a su paso por Aranjuez, más 600 hectómetros cúbicos para la cuenca del Segura, más, si existieran todavía excedentes, si hubiera margen, 200 hectómetros cúbicos para Almería y, ahora, 50 hectómetros cúbicos más para el Guadiana. Y sencillamente, con esta situación angustiosa, cuando no hay agua en la cabecera del Tajo, el señor Ministro dice --cito textualmente: Hay que construir un tubo. Cuando esté construido la capacidad vertebradora habrá aumentado--. Lo que le pregunto, señor Ministro ¿por construir el tubo habrá más agua en la cabecera del Tajo? Es lo único que hay que preguntarse.
El problema es que no hay agua suficiente. El problema es cómo se puede reforzar la cabecera del Tajo con otros aportes y resulta que el señor Borrell, de un plumazo, con un texto legislativo, pretende generar 50 hectómetros cúbicos más de agua.
Que quede muy claro, mi Grupo no se opone a un futuro trasvase al Guadiana. Entiende que las infraestructuras del acueducto pueden y deben ser utilizadas también para hacer frente a los gravísimos problemas de abastecimiento, tanto en algunas poblaciones cercanas a la conducción del acueducto Tajo-Segura como en la cuenca del Guadiana y que también ha de servir como instrumento para paliar al menos parcialmente los gravísimos problemas que afectan a La Mancha húmeda y muy especialmente a las Tablas de Daimiel. Pero todo eso hay que hacerlo desde el rigor. Todo eso exige estudios que garanticen la viabilidad del proyecto; exige estudios que hoy día desconocemos, aunque los hemos pedido ya hace un mes, cuando apareció el decreto-ley, y además exige dinero, financiación, máxime cuando acabamos de ver, por el otro decreto-ley, que a estas fechas la Dirección General de Obras Hidráulicas tiene más que comprometida su dotación. Sin embargo, este trasvase carece de crédito, de financiación, es decir, no se sabe cuándo se va a realizar y, al menos, no se va a realizar de forma inmediata. Por lo tanto, se entiende todavía menos lo del decreto-ley en vez de enviar un proyecto de ley a esta Cámara con unos estudios...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora De Palacio, termine.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Termino, señor Presidente.
Una vez más afirmamos que en estas cuestiones hay que actuar con rigor, con estudios que garanticen, primero, la existencia de excedentes, segundo, la viabilidad técnico-económica y medioambiental de un trasvase concreto. No se puede seguir jugando con la gente y creando falsas expectativas que no se sabe si se van a poder cumplir. Después de la «guerra del agua» entre Murcia y Castilla-La Mancha se quiere ahora trasladar las tensiones al seno de la propia comunidad castellano-manchega.
Este decreto-ley, señor Presidente --y concluyo-- plantea el trasvase Tajo-Guadiana, como hemos explicado. El decreto-ley no es el instrumento adecuado y el señor Ministro no ha sido capaz de justificar la urgencia.
El problema es que no hay agua en la cabecera del Tajo, el problema es que no hay estudios de este trasvase, el problema es que no aparece partida presupuestaria para financiarlo. En definitiva, señor Presidente, una vez más el problema es que sólo hay palabras, palabras y palabras.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De Palacio.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor García- Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quiero unir mis palabras y mis razones, además de los votos de mi Grupo, a todos aquellos que han anunciado su intención de apoyar uno u otro de los reales decretos o ambos en su conjunto. Y quiero hacerlo especialmente a aquellos portavoces que han sabido sobreponer su contrastado sentido de la responsabilidad al interesado ruido de la turbamulta que algunos están introduciendo últimamente

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wen la situación política nacional. Es un voto especialmente valioso. Es un voto que ha supuesto, además, un acendrado ejercicio de responsabilidad política, en unos tiempos en que ese valor no es el predominante en algunos grupos de la Cámara.
Más que agradecer el apoyo a los grupos que van a unir su voto al nuestro, quiero perder mi tiempo, posiblemente mis palabras, palabras, palabras, en convencer a los grupos que han mostrado su rechazo a uno u otro de los reales decretos, a ninguno de los dos en su conjunto, por fortuna, para que reconsideren su voto.
Aunque no sea necesario en matemática parlamentaria, no hemos tenido hasta ahora en esta Cámara ninguna iniciativa relacionada con políticas del agua que no haya concitado el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Y se podría votar en contra de estos dos reales decretos por alguna razón. La primera, porque causase un daño injustificado en las cuencas cedentes; no es el caso. La previsión que tuvo el Gobierno y esta Cámara al aprobar el Real-Decreto 6/1995 ha producido un incremento en las reservas del sistema Entrepeñas-Buendía desde el cual se puede abordar el trasvase de 55 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura y 50 hectómetros cúbicos a la cabecera alta del Guadiana. No es, por tanto, esa la razón que, de existir, sería compartida por mi Grupo Parlamentario.
Una segunda razón puede ser la innecesariedad de la norma que se nos propone. Parece inútil perder un solo segundo en convencer a los miembros de esta Cámara y a la sociedad de la absoluta necesidad y de la urgencia de las actuaciones que las normas contienen.
La tercera razón pudiera ser por motivos de discrepancia ideológica. No sería ése el caso con Izquierda Unida, con quienes compartimos que una política de aguas debe estar basada fundamentalmente en el ahorro y que únicamente se debe llegar a los trasvases como última solución, después de haber puesto en marcha una serie de medidas que permitan una mayor gestión del agua.
Sí tenemos importantes discrepancias ideológicas en las políticas del agua con la derecha. Pero no me parecería serio que ésa fuese la razón --y creo que no lo es-- por la que el Grupo de la derecha anuncia su oposición al segundo de los reales decretos.
Hay una cuarta razón que no me atrevo a considerar y es simplemente porque sí, porque toca. Como el Gobierno dice «a», yo digo «b», porque sí, porque toca, y luego eso lo visto con una serie de razones sobre si se respeta o no el artículo 86 de la Constitución, que establece que los reales decretos deben hacerse para actuaciones de extrema urgencia y gravedad. Y creo sinceramente, señores Diputados --y me dirijo al Grupo que se va a oponer a este decreto-ley-- que es imposible discutir la urgencia y la gravedad de las obras. Otra cuestión es el tiempo que duren las obras, que durarán dos, tres o cuatro años. Pero existe la urgencia y la necesidad de una comunidad autónoma que está viendo pasar por sus entrañas un acueducto que conduce agua a otras comunidades autónomas y que la Ley del trasvase Tajo- Segura prohíbe taxativamente que se detraiga el recurso de ese acueducto para una cuenca que no sea la del Segura. Si queremos llevar 50 hectómetros cúbicos de abastecimiento humano a la alta cuenca del Guadiana, no tenemos más remedio que plantearlo en una ley. Y se me dirá: pero esto no es una ley, es un real decreto.
Yo estoy conforme en que este real decreto se tramite como proyecto de ley, para alejar cualquier tipo de sospecha o duda que pueda quedar sobre la trascendencia y vocación de continuidad y permanencia de las medidas recogidas en el real decreto. Por consiguiente, tampoco puede ser ésa la razón por la que su Grupo Parlamentario se opone o va a votar en contra de este segundo real decreto.
Yo les ruego, por mantener ese acuerdo que hemos sabido construir entre todos hasta ahora en las decisiones trascendentes que afectan a la política de aguas, que los dos grupos que han anunciado su voto en contra lo reconsideren. Con uno de ellos, Izquierda Unida, porque no hay discrepancia ideológica ninguna al respecto, y con el otro, porque la que hay no nos parece que sea suficiente para oponerse a este real decreto-ley.
Quiero terminar, señor Presidente, más que refiriéndome al contenido de los reales decretos, los cuales han sido expuestos, con la extensión, la profundidad y el rigor técnico que le caracteriza, por el señor Ministro, rechazando algunas afirmaciones que hoy se han hecho aquí y que se repiten de modo sistemático como latiguillo o soniquete que va quedando en la opinión pública. La actuación del Gobierno en política de aguas, incluido las del tiempo de sequía, no puede ser catalogada, en ningún caso, de improvisación. Desde el año 1992, cuando teníamos una reserva de agua de 9 kilómetros cúbicos --ahora nos queda algo más de un kilómetro cúbico--, el Gobierno viene presentando una actividad frenética en órdenes ministeriales, en decretos, en acuerdos, en Reales decretos, que han supuesto más de 140.000 millones de pesetas en obras extraordinarias, amén de que desde el año 1982 se ha invertido más de un billón de pesetas por la Dirección General de Obras Hidráulicas, multiplicando por siete el presupuesto, que era de 20.000 millones en 1982 y de 140.000 millones este año. Si a eso unimos la transferencia de saneamiento a las comunidades autónomas y las políticas de calidad de agua, que han sido segregadas de las inversiones de esta Dirección General, el incremento del presupuesto que los españoles han dedicado a las políticas de agua es espectacular y merece un respeto y una valoración por los miembros de esta Cámara.
Naturalmente, la respuesta del Gobierno ha sido gradual; gradual y proporcionada a la gravedad creciente de la situación que se iba presentando. Por supuesto, si todas las obras que ahora se están planteando --trasvases, desaladoras, mejoras de regadío, etcétera-- hubiesen

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sido planteadas desde el principio, a lo mejor ahora no nos encontrábamos en esta situación, en la que, por cierto, tampoco nos encontraríamos si gobiernos anteriores no hubiesen desembalsado 1.000 hectómetros cúbicos del sistema Entrepeñas- Buendía para satisfacer las expectativas de las hidroeléctricas situadas cuenca abajo; a lo mejor, ahora tendríamos 1.000 hectómetros cúbicos más en Entrepeñas y Buendía.
La respuesta del Gobierno ha sido gradual, porque es lo que exige el sentido común. Una infraestructura cualquiera no se puede plantear para momentos de excepcionalidad. Sería una barbaridad planificar las autovías de entrada a Madrid pensando en el momento máximo de intensidad viaria, la intensidad extrema que se produce en la salida o en la entrada de vacaciones, porque eso produciría un inmovilizado de decenas de miles de millones de pesetas durante el resto del año. La respuesta del Gobierno ha sido enfrentarse permanentemente con la gravedad del problema pero de una forma gradual, poniendo en funcionamiento una serie de medidas extremas que sólo se pueden poner en funcionamiento cuando la situación es de extrema gravedad, como ocurre en estos momentos.
Por tanto, yo pido a los grupos que han anunciado su voto en contra que lo reconsideren, y tranquilizo a aquellos que lo han hecho fundamentándose en que la resolución del 14 de marzo, de la Comisión de Infraestructura, pedía un proyecto de ley de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura anunciando nuestra intención de votar a favor de la tramitación, como proyecto de ley, del segundo Real decreto, el número 8, para que, entre todos, tengamos ocasión de darle el rango legal que requiere, más por tratarse de un trasvase y por imperativo de la propia Ley de Aguas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor García-Arreciado.
Pasamos a las votaciones correspondientes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/1995, de 4 de agosto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 285; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/1995, de 4 de agosto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 164; abstenciones, 144.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
Habiéndose solicitado que se someta a decisión de la Cámara la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado, votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 7/1995.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 165; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley convalidado.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 8/1995.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 300; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley, del Real Decreto-ley.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES (Número de expediente 122/000085)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre envases y residuos de envases.
Tiene la palabra el señor Ribó. (Rumores.--Numerosos señores diputados abandonan el salón de sesiones.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que el tema que abarca esta proposición de ley está dentro de aquellos temas que podían ser considerados de importancia para la civilización.
A pesar de que nuestra sociedad tenga un desinterés relativo sobre los temas profundos de medio ambiente y a pesar de la nula posibilidad de que hoy, en el actual clima político español, se pueda llamar la atención sobre un tema tan importante como éste (es una ironía hablar hoy de envases y residuos de envases), quisiera con esta presentación mantener aquellas posiciones

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que justifican haber calificado este tema como un tema de civilización.
Hasta hoy, la política española de medio ambiente ha seguido las directrices europeas y ha seguido también un conjunto de presiones del mercado. La proliferación de normativas españolas sobre el tema a menudo se limitan a buscar adaptación a la normativa europea, con una respuesta técnica, de valor límite, de producción de agentes contaminantes. Por carecer, carecemos de una ley básica de medio ambiente; carecemos de una administración monográfica sobre el tema de medio ambiente. Seguimos, por tanto, en la sectorialidad del continuo remiendo en materia de medio ambiente.
El Ministro de Obras Públicas se comprometió a la presentación de un plan nacional de medio ambiente con diversos apartados entre los cuales se citaba el de residuos. Recuerdo, señorías, que falta hoy el tan esperado plan nacional de residuos sólidos urbanos, que el Gobierno debería elaborar por mandato comunitario; falta cumplir la promesa del ministro Borrell sobre una ley de envases y embalajes, la cual se retrasó, a nuestro entender, con una falsa excusa de competencias autonómicas, y a sabiendas de que el 14 de diciembre del año pasado se aprobó una directiva europea de envases y residuos de envases, directiva muy contestada por organizaciones sociales diversas, estamos también a la espera de que llegue a esta Cámara la trasposición de la misma. Quiero recordarles que aquella directiva fue un claro recorte de lo que había elaborado el Consejo Económico y Social Europeo, recorte que proviene de las presiones de grupos económicos fuertes y de gobiernos europeos que, encabezados por el Gobierno español, evitaron una directiva con mayor contenido progresista. Este fue un hecho denunciado por más de 40 organizaciones ecologistas, encabezadas por Greenpeace en un manifiesto publicado en junio de 1994. Sabemos que existe un anteproyecto de ley que está en el Consejo Asesor de Medio Ambiente que, a nuestro entender, es tímido en sus objetivos, con contenidos mínimos, estrictamente necesarios por lo que impone la directiva europea. Es un anteproyecto que se ciñe a cuestiones que llegan a pasar por encima la política de prevención y precaución, la reducción en origen, la reutilización de envases o la recuperación. Sabemos que algún otro grupo parlamentario de la Cámara, como es el caso de Convergència i Unió, en su responsabilidad de gobierno en Cataluña, ha reclamado esta misma ley. El Conseller de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña se escuda en el incumplimiento de normativas europeas por la falta de financiación del fondo de gestión de residuos sólidos en Cataluña, dado que no existe una imposición sobre envases.
Pues bien, nuestro grupo parlamentario, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, quiere superar esas lagunas presentando esta iniciativa, intentando recuperar el máximo del contenido progresista de la directiva europea. Pretendemos concretar la gestión y tratamiento de residuos en comunidades locales, de acuerdo con principios de desarrollo sostenible y con una voluntad de reducción sustancial del porcentaje de residuos que se generan en la totalidad del territorio español.
Existe hoy una demanda de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de grupos ecologistas y de grupos sociales interesados en este tema y topamos con cuatro obstáculos que deberían ser superados. Primero, el alza continua en el número de residuos generados, de los que un 50 por ciento son envases; segundo, las insuficiencias financieras, puesto que no existe una ley específica; tercero, el vacío legal que establezca la obligación para las empresas de reintroducir materias primas recicladas en sus ciclos productivos; y, cuarto, la aceptación por parte de la población de la recogida selectiva de la basura, tema que afecta, obviamente, a una política de pedagogía social.
Nuestra proposición de ley se dirige a los tres primeros obstáculos: a frenar el alza, a asegurar la financiación y a promover la reintroducción. La directiva europea deja una enorme libertad a los Estados para aplicar aquellos principios, y nosotros los hemos aplicado a través de una ley impositiva en el contenido ambiental. Propugnamos medidas de tipo fiscal y financiero ante la fabricación y comercialización de envases que aseguren el retorno de los mismos y la incorporación de nuevo de los residuos de envases al ciclo productivo, estableciendo un sistema de etiquetado, de estandarización de modelos de envases, de marcaje de productos y una lista de medidas que acompañan lo anterior.
Marcamos objetivos a tres y diez años. A tres años, que el 60 por ciento, en peso, de la producción de residuos sea retirado para su aprovechamiento; a diez años que este porcentaje llegue al 90 por ciento, inspirándonos en la praxis de aquellos estados más avanzados en estas políticas. Responsabilizamos al Gobierno de esta medida, huyendo del llamado modelo alemán, que hoy propugna la CEOE y que parece es al que va a acogerse el Gobierno, el cual deja en manos de la iniciativa privada la recogida y tratamiento de los residuos de envases.
En nuestra propuesta no se cierra puerta alguna para que existan posibilidades de concesión pública para la gestión privada, pero consideramos que el responsable de esta cuestión, el control y la tutela deben ser públicos, a diferencia, repito, de lo que se apunta en el anteproyecto de ley y de lo que está pidiendo la CEOE.
Establecemos un conjunto de ecotasas, buscando la discriminación, vía incremento del precio proporcional al volumen de residuo que produce cada tipo de envase, quedando obviamente exentos de la tasa ambiental los envases reutilizables, los pequeños y los que se fabriquen con materias biodegradables.
La imposición supone, en cualquier sistema moderno, un elemento disuasorio en la utilización de determinados

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envases. Es una voluntad disuasoria dirigida al productor y al consumidor final del producto, y con una voluntad también de financiar el fondo para la gestión de los envases y los residuos, que serviría para los programas de gestión de residuos domésticos, su recogida selectiva y tratamiento posterior.
Se establece un sistema de depósito para los envases primarios destinados a contener bebidas, de tal forma que el consumidor recuperaría una cantidad pagada en la compra, en el momento que devolviese el envase.
Acompañamos todas estas voluntades, en función de objetivos, con los correspondientes encargos legales, coherentes y consiguientes a lo anterior, para que el Gobierno presentase un proyecto de ley de estímulos fiscales y medidas de apoyo para incentivar la incorporación al ciclo productivo de residuos de envases, para modificar el Impuesto sobre Actividades Económicas en aquellos casos en que se previese espacio suficiente en los establecimientos comerciales para la recuperación, y para llegar a acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias en aquellos programas de medidas sobre ordenanzas fiscales municipales que contemplen las tasas de recogida y tratamiento de residuos domésticos.
Les podría citar la enorme cantidad de literatura escandinava, americana, australiana, alemana, de las sociedades más avanzadas en estos temas, donde se demuestra la repercusión positiva de estas políticas para la economía en su conjunto. Es falsa la afirmación de los que creen que esto grava la economía. Como grupo parlamentario también hemos sido sometidos a la presión de grupos económicos que intentan evitar se avance por el camino por donde discurren las sociedades más civilizadas. Se puede demostrar que una política como la que defendemos en esta proposición de ley tiene efectos positivos en el desarrollo endógeno, sobre el empleo, en el llamado empleo de creación ecológica, sobre la pequeña y mediana empresa, que sería la más directa beneficiada en todos aquellos sectores que como efecto multiplicador se crearían a partir de esas propuestas, y en la misma eficacia industrial.
Por tanto, desde todos los puntos de vista, económico, social, ambiental e incluso de amortización de inversiones, se puede demostrar, repito, por experiencias probadas en sociedades que nos llevan años de ventaja en estas temáticas, el beneficio directo sobre la economía que se puede conseguir a través de estas políticas.
Señorías, la factura medioambiental que existe hoy en España va en incremento y no en decremento. Sé, y repito --más aún en condiciones políticas como las actuales--, que esto puede provocar escasísimo interés en nuestros gobernantes, incluso en algunos que pretenden ser Gobierno, pero generaciones futuras agradecerían que ya se hubiese empezado a enderezar esta cuestión para poder mirar, mucho más allá de horizontes electorales, cómo empezar a disminuir el coste de aquella factura. Es por estos motivos que nuestro grupo presenta esta proposición de ley.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo brevísimamente en nombre de Unión Valenciana para dar mi apoyo a esta iniciativa de Izquierda Unida sobre envases y residuos de envases no sin antes tildarla de pelín oportunista, pero voy a dar mi voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley porque nuestro Estado debe comenzar esos trámites para adoptar las iniciativas legislativas tendentes a aprobar esa normativa propia después del consejo más o menos directo, tras la directiva de la Unión Europea 94/62, de 20 de diciembre de 1994, referente a envases y embalajes.
España como Estado de la Unión Europea tiene un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 1996 y, por tanto, creo que es oportuno que a un año vista iniciemos este camino legislativo tendente a tratar ese terreno tan importante en todo lo que son los residuos y, en particular, lo referente a envases y residuos de envases. La iniciativa que hoy debatimos --estoy convencido-- puede y debe ser mejorada y perfeccionada en el trámite parlamentario que hoy iniciamos; como así se aconseja en todas las directivas de la Unión Europea, hemos de buscar y avanzar en el consenso y, sobre todo, en la premisa básica que subyace en esta iniciativa, avanzar en la defensa del medio ambiente, intentando asemejar nuestra legislación a la de los países más avanzados de nuestro entorno. Hemos de ser conscientes de que los residuos domésticos pueden ser, como creo que ya lo son, un grave problema social y, por tanto, en el ánimo de trabajar por conseguir un medio ambiente más sano y más puro todos debemos contribuir, y hoy podemos empezar dando nuestro apoyo a esta toma en consideración para conseguir un texto legislativo tan avanzado como el que más.
El MOPTMA ha realizado un nuevo borrador --al parecer ya van por el que hace el número diez-- de esta ley de envases, pero el texto definitivo no acaba de cuajar bien por falta de valentía, o bien por falta, sobre todo, de voluntad política de llevarlo adelante tras varios intentos fallidos.
Desde nuestro punto de vista nuestra legislación debe regular con precisión medidas o porcentajes de la reducción de envases, fomentar la reutilización de los mismos, controlar o dar la potestad de control a la administración autonómica y local en esta gestión de los residuos; también creo que debemos plantearnos la penalización de envases más contaminantes; hablemos por ello de la llamada ecotasa. Hoy podemos dar este primer paso para ponernos al mismo nivel de los países

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más avanzados en cuanto a la gestión de los residuos; hoy podemos iniciar el trabajo para reducir los residuos que genera la sociedad en su conjunto iniciándolo en el terreno de los envases, parcela muy importante del sector de los residuos domésticos.
Nuestro medio ambiente creo que nos dará las gracias si nos ponemos de acuerdo desde hoy en trabajar codo con codo por un futuro mejor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, intervengo brevemente para manifestar también la actitud positiva frente a esta proposición de ley fundamentalmente porque viene a cubrir la carencia de una ley que ya debía haber sido presentada y debatida en este Parlamento, sobre todo acompañando, cuando se quiere acompañar, la enorme preocupación que existe en la Unión Europea precisamente para solucionar todo el problema del envase y del embalaje, sobre todo en materia plástica.
Esta proposición supone la aplicación en España de los objetivos y de la política que, en materia de gestión de los residuos de envases, se viene demandando en el ámbito de la Unión Europea. No obstante, en su plasmación práctica, a través de su articulado, plantea, respecto de los objetivos que prevé, pequeñas novedades frente a lo que, desde la Unión Europea, se propuso el 20 de diciembre cuando se aprobó la Directiva.
Sin embargo, quisiera destacar como aspectos positivos para manifestar el apoyo a dicha proposición de ley, la reducción de cinco a tres años del plazo para que el 60 por ciento del peso de la producción de residuos de envases sea retirado del flujo de residuos y para que el 40 por ciento en peso de la producción de cada uno de los materiales de los residuos de envases sea retirado de dicho flujo para ser reciclado. Creo que son temas a destacar como importantes. Por otra parte, también la no utilización o sustitución de sustancias tóxicas y peligrosas en el envasado de productos de consumo doméstico, la desaparición de los envases suplementarios y la sustitución en la utilización de envoltorios para la venta por materiales reciclables y reciclados, tema que aporta novedades.
Quizás el punto más importante de esta proposición es el encargo de la gestión de los residuos de envases, su recogida, clasificación, transporte y tratamiento, a las empresas productoras, transformadoras y envasadoras, pudiendo asociarse al efecto, tal y como sucede hoy en varios países de la Comunidad Europea a través de una legislación específica, y el establecimiento de un doble sistema de financiación de dicha gestión que está basado, por un lado, en lo que se llama en el proyecto de ley las tasas ambientales (parece que, a través de disposiciones fiscales motivadas por criterios puramente ecológicos y aplicables a determinados tipos de envases, se van a liquidar por parte de las empresas productoras de bienes de consumo envasados a la Administración del Estado), y de otro, en el depósito sobre los envases primarios destinados a contener bebidas. Una única preocupación, el tema de posibilidad o viabilidad de financiación de este sistema.
Por tanto, estamos ante un sistema de financiación muy parecido al experimentado ya precisamente en Bélgica, en virtud de una Ley de 16 de julio del año 1993 sobre ecotasas, que aquí también podría dar resultados importantes.
Yo he manifestado mi actitud positiva frente a esta proposición de ley porque viene a cubrir una ausencia y que desde el Gobierno se debería haber tomado como iniciativa, por lo que daremos nuestro apoyo. Sobre todo, al igual que dicha Ley belga, la proposición de Izquierda Unida permite expresamente que las empresas encargadas de la gestión de los residuos de envases puedan asociarse para llevar a cabo dicha gestión, lo que es importante.
Queda una parte importante por desarrollar y por cubrir en esta ley que yo creo que en un debate posterior debería abordarse seriamente, como es el esfuerzo que debe hacerse desde todos los ayuntamientos en la recogida para que resulte eficiente y eficaz todo lo que en esta ley nos proponemos. Esperemos que pueda llevarse a cabo en adelante.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Es obvio que día a día crece la conciencia de que es imposible seguir la carrera de consumo de recursos energéticos que se ha producido durante este siglo. Así, desde el año 1900 aproximadamente hasta nuestros días, el flujo anual de bienes y servicios, el denominado producto mundial bruto, se ha multiplicado por treinta. Cada ciudadano del mundo desarrollado consume ochenta veces más recursos que un ciudadano de un país en vías de desarrollo. En este escenario, claramente insostenible, es clave la regulación de los envases y residuos de envases. Casi todos los productos son envasados para posibilitar su distribución. Los envases adquieren importancia porque protegen los productos contra el deterioro, garantizan la higiene, permiten dar información a los consumidores y facilitan el transporte y su almacenamiento. No obstante, la producción, el uso y la eliminación de los materiales de envasado, tanto si se trata de vidrio como de plástico, aluminio, papel o cartón, pueden empeorar todavía más muchos problemas ambientales. El problema principal que plantean los envases es la enorme cantidad de residuos que generan.
Conscientes de ello, muchos países occidentales, la República Alemana, por ejemplo, iniciaron la regulación

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de los envases y sus residuos en la década de los setenta; a finales de los ochenta y principios de los noventa, con el agravamiento del problema de la gestión de los residuos, la Unión Europea formula una propuesta de directiva relativa a los envases y residuos de envases.
Evidentemente, nosotros votaremos a favor de esta toma en consideración, primero, por coherencia europea, puesto que esta proposición es una copia casi exacta de la Directiva 94/62 del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre de 1994. Por tanto, habría correspondido al Gobierno presentar la propuesta y hay que lamentar que aún no lo haya hecho. En todo caso, es indiscutible que hay que votar a favor. Votamos a favor por coherencia con los planteamientos ecologistas de Esquerra, que se define como Partido ecologista en sus propios estatutos, y también para mejorar así la sensibilidad ecológica, desde el convencimiento de que ésta es cada vez más una obligación de toda la humanidad.
Vamos a votar a favor, pues, a la espera de plantear cuestiones fundamentales, como la gestión municipal, en el trámite parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria quiere, en primer lugar, felicitar al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la iniciativa que ha tenido al presentar esta proposición de ley. Vamos a dar nuestro voto favorable para su toma en consideración porque la consideramos acertada y plenamente oportuna. Incluso yo diría que cualquier objeción que se pudiera hacer a su texto articulado sería siempre más por defecto que por exceso, porque el problema de la contaminación medioambiental hoy en día se presenta como una secuela de la sociedad de consumo, pero también como una irresponsabilidad de las administraciones públicas, y sobre todo como una irresponsabilidad de tantas empresas privadas que, teniendo que comercializar su producto mediante el envase, no quieren hacerse responsables del deterioro que la acumulación de éstos produce en el medio ambiente. Por tanto, junto a esos cuatro obstáculos que acertadamente se contienen en el texto de la proposición de ley --que el portavoz que la ha defendido, el señor Ribó, ha señalado--, comenzando por el primero, por el alza en estos productos, y para justificar lo que acabo de decir respecto a por defecto, porque no solamente es el envase y el producto del consumo doméstico, debo señalar que hoy en día, por ejemplo, el consumo doméstico, para separarlo del industrial, no es solamente el de la bolsa de la basura que sale del hogar, sino todo lo que un hogar genera, empezando por los electrodomésticos, los vehículos, etcétera. El problema de los neumáticos de deshecho es hoy día un problema gravísimo, porque ni pueden ser conducidos a la incineración ni pueden ser eliminados por una aplicación subsidiaria y ahí están.
En áreas del territorio español, como ocurre en las Islas Canarias, donde una superficie limitada soporta no solamente los deshechos de envases de una población de derecho de un millón y medio de habitantes que tiene el archipiélago canario, sino los de ocho millones de turistas, aproximadamente, que nos visitan anualmente, el grado de contaminación, isla por isla, es muy importante, porque no existen instalaciones de reciclado ni de transformación de estos envases o deshechos. Y no me refiero al vidrio, porque la industria privada ha visto que, dado el coste de obtención de envases de vidrio, le resultaba más rentable empezar a utilizar el reciclado del mismo. ¿Pero qué pasa con los envases de hojalata, de duraluminio, de plásticos, de cauchos, etcétera, que están ahí? Esto hay que imponérselo al sector industrial. Señorías, en este Parlamento, a lo largo de los debates ocurridos en la II Legislatura --creo recordar--, en 1983 y 84, se habló de la legislación, oportunamente traída por el Gobierno de entonces, de las explotaciones mineras a cielo abierto, donde las empresas dejaban prácticamente desertizado el territorio, y a estas empresas se les obligó por ley a hacer la reconstrucción de la capa vegetal, de la capa orgánica y la repoblación forestal de estos montes o zonas que habían sido prácticamente modificados en su sistema ecológico por las explotaciones mineras a cielo abierto. Qué duda cabe que aquellas empresas mineras se resistieron o se venían resistiendo, porque lo más cómodo era que, una vez agotados los filones de minerales en explotación, aquello se dejaba en el abandono más absoluto, con el deterioro ecológico evidente, y se les impuso la reconstrucción del medio ambiente que habían deteriorado. ¿Por qué ahora esta Cámara puede admitir reticencias de sectores empresariales que quieren contaminar y no quieren hacer la reparación del daño que se está efectuando? Consideramos que todo lo que se contiene en esta proposición es positivo y daremos nuestro voto para su toma en consideración.
Cualquier otro elemento perfeccionador de la misma, en los trámites de enmienda, para nosotros serán bienvenidos y hechos con nuestra colaboración. Vuelvo a repetir, señor Presidente, nuestro voto de apoyo por el acierto y la oportunidad de esta proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.


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Nuestro Grupo Parlamentario va a fijar la posición relacionada con la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya comenzando por manifestar que nos parece un objetivo loable que a nivel interno español se proceda a una adaptación en cuanto a la gestión, en cuanto al diseño y en cuanto al tratamiento que hay que dar a los envases y a sus respectivos residuos.
Nos parece que forma parte de una de las políticas de la Unión Europea, principalmente de la firma del Acta Unica, porque hasta ese período no había una asunción de competencias directas por parte de la Unión Europea en materia de medio ambiente. Había una construcción consecuencia de la pérdida del efecto necesario en virtud del cual la Comunidad podía regular sobre todas aquellas materias accesorias o complementarias necesarias para desarrollar la materia principal, entiéndase el medio ambiente natural, la agricultura, etcétera, y como complemento, había entendido el Tribunal de Luxemburgo que se podía extender también a otro tipo de áreas para hacer efectivo y dar cumplimiento a una competencia expresa en el Tratado de Roma.
La competencia de medio ambiente se plasma en el Acta Unica, se materializa posteriormente en el Tratado de Maastricht y, por tanto, nuestro Grupo está de acuerdo con el planteamiento de la Iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a través de la directiva. La discrepancia fuerte del Grupo Parlamentario Vasco está en la filosofía política sobre cómo se concibe la distribución del poder político a nivel interno español a la hora de la adaptación y de la trasposición al Derecho interno español de las directivas comunitarias. Ahí tenemos una opinión distinta de la que plasma Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Evidentemente, a lo largo del articulado de la proposición de ley se contiene una serie de declaraciones generales. Se contiene la palabra programa casi una docena de veces: programas de actuación, se dice en el artículo 4, para objetivos; se dice también, en el artículo 5, programas marco de gestión; se crea, en el artículo 8, un registro básico centralizado a nivel del Ministerio de Industria; se crea una nueva tasa con carácter de ley de Cortes. En definitiva, toda una serie de actuaciones con las que tenemos una discrepancia política de fondo, no con el contenido de la iniciativa sino con la política, en la medida en que entendemos que el desarrollo del Derecho comunitario se debe realizar de otra manera; que debe realizarlo quien es competente por razón de la materia, y quien es competente por razón de la materia en cuestión, es decir, el medio ambiente, y dentro del medio ambiente, como género, la especie de envases y residuos de envases, son todas las comunidades autónomas, porque lo establece así la Constitución y los estatutos de autonomía por diversos grados, en diversas modulaciones competenciales. Porque no todas las comunidades autónomas disponen del mismo nivel competencial, mientras que en las comunidades del artículo 143 quedan limitadas, de conformidad con la Ley Orgánica de Transferencias y posteriores modificaciones estatutarias, al desarrollo de normas adicionales de protección del medio ambiente, el resto de comunidades, como Valencia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, disponen de un plus, y es que pueden desarrollar lo básico legislado por el Estado. Y es aquí donde entramos en una filosofía política completamente distinta de la que plantea, no en cuanto al contenido pero sí en cuanto a su regulación y programación, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nosotros entendemos que la trasposición de esta directiva corresponde a los poderes públicos autonómicos y no a los poderes centrales del Estado, y lo repito, señorías: por el sistema de distribución competencial en la materia de medio ambiente.
En este sentido, por consideraciones generales que se hacen a lo largo de la proposición, porque no se hace en todo el articulado de la ley ninguna referencia a las administraciones autonómicas, nos parece que no es una proposición que respeta la distribución del poder político que existe sobre la materia de medio ambiente.
Se habla de un programa marco que tiene que hacer el Gobierno, se entiende el Gobierno central, se habla hasta de un programa de información que tiene que realizar el Gobierno central, de la creación de una tasa pero por ley de Cortes, si hay capacidad legislativa, si hay reservas legales para crear tipos tributarios por parte de las comunidades autónomas en materias que son de su competencia, y de hecho se crean. Por lo tanto mantenemos una discrepancia política de fondo, profunda, sobre cuál es el poder público competente para realizar esa traslación de la directiva al Derecho interno español en materia de medio ambiente. En ese sentido, por esa consideración de orden político, no estamos de acuerdo con la proposición de ley que plantea el día de hoy Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
No obstante, y lo reitero otra vez señor Presidente, hay que adaptar la directiva que regula tal cuestión al Derecho interno español, pero nuestro criterio es que debe corresponder a los poderes públicos autonómicos, en la medida en que las directivas que tengan una regulación de detalle y concreta, tal como ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, se caracterizan porque no son efectivamente vinculantes y directamente aplicables como ordenamiento jurídico positivo y en tal sentido necesitan de una plasmación en el Derecho interno. Nosotros entendemos que su plasmación requiere ser efectuada por parte del Derecho autonómico y no por regulación realizada por poderes centrales del Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


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El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, sin lugar a dudas el tema a que se refiere esta proposición de ley es importante. Desde luego son muchos los esfuerzos que desde los distintos poderes públicos se vienen realizando para reducir la generación de residuos domésticos en general, y nosotros también pensamos que es importante dar un paso adelante comprometiendo definitivamente a la industria en este tipo de políticas. De hecho nuestro Grupo parlamentario así lo ha reclamado repetidamente al Gobierno en esta Cámara, no sólo en ésta sino en anteriores legislaturas, pero es que además, señor Ribó, sabe usted --me consta-- que en aquellos lugares donde tenemos responsabilidades de Gobierno estamos aplicando políticas eficaces de minimización de residuos y recuperación de envases dentro de nuestras posibilidades. Ciertamente nos falta un marco legislativo amplio, el marco legislativo que exige el desarrollo o la trasposición de la directiva del año 1990.
Entrando en el contenido de la proposición en sí, debo decir de entrada que éste excede el objetivo al cual su artículo primero parece referirse, por cuanto si este artículo primero dice que el objetivo es el de reducir los residuos domésticos, a continuación el artículo segundo establece que se aplicará a todos los envases y residuos de envases ya sean comerciales, domésticos o industriales.
El objetivo de la proposición en general no es otro que el de la Directiva comunitaria 94/1962, de 20 de diciembre, a la que ahora me referiré. Es una directiva, como decía, que todavía está pendiente de trasposición al ordenamiento interno español, a pesar de que sabemos que el Gobierno hace tiempo que viene trabajando en una norma en cuyo proceso de elaboración han participado distintas instituciones, distintos agentes sociales, han participado también las comunidades autónomas, pero que no acaba de ver la luz.
Esa directiva tiene por objeto prevenir o reducir el impacto de los envases y residuos de envases sobre el medio. Para conseguirlo determina la necesidad de establecer, en primer lugar, un sistema de devolución, recogida y recuperación; en segundo lugar, sistemas de marcaje e identificación de los envases que permitan reconocer la naturaleza de los materiales usados en su elaboración y, en tercer lugar, los requisitos básicos sobre la fabricación y composición de los envases.
Además, la directiva, para garantizar la adecuada gestión, obliga a los estados miembros a que introduzcan en sus programas de gestión de residuos un capítulo específico para los envases y residuos de envases.
Desde nuestro punto de vista, señor Presidente, señorías, la proposición de ley, en algunos de sus aspectos principales, se aleja de lo que es el contenido de dicha directiva. Así sucede, por ejemplo, en aquello que se refiere a los objetivos de aprovechamiento que describe en el artículo 4.º, ya que cuando se establece que en el plazo de diez años hay que aprovechar el 90 por ciento del peso de los residuos de envases (se establece en el texto que somete a consideración el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya) parece desconocerse que la directiva reserva al Consejo o a los Estados miembros, con la conformidad previa de la Comisión, la facultad de elevar los porcentajes de valorización.
También el artículo 6.º del texto que discutimos, y en el mismo anexo I, que regulan también --aquí sí-- el marcaje de los productos --supongo que se debe referir al marcaje de los envases porque los productos no se marcan--, se alejan igualmente de la directiva por cuanto ésta determina que corresponde al Consejo la decisión sobre el marcaje, o bien cuando se regulan los requisitos que han de cumplir los envases para su comercialización --me refiero concretamente al anexo II de la proposición de ley--, no se contempla, dentro de las concentraciones máximas de metales pesados la relativa al mercurio, a que sí hace referencia la directiva, y en cambio sólo se refieren ustedes al cadmio, al plomo y al cromo.
Asimismo, y con ello termino esta breve comparación con la directiva comunitaria, de la cual trae razón esta proposición de ley, en las disposiciones adicionales primera y segunda se prevén toda una serie de incentivos económicos para conseguir los objetivos de la proposición. Estos objetivos son necesarios y serían loables si no fuera porque la directiva establece que será el Consejo quien aprobará los instrumentos económicos, y sólo si el Consejo comunitario no adopta estos instrumentos, sólo en este caso, podrán hacerlo los Estados.
También la iniciativa legislativa que hoy debatimos tiene un marcado carácter programático, ya que el cumplimiento de la mayoría de sus previsiones y el logro de sus objetivos se hace depender de un posterior desarrollo legislativo o de la actividad programadora de la Administración central. Seguramente este carácter de la proposición de ley debe ser la causa de que no se prevea un régimen sancionador para el caso de incumplimiento de sus previsiones; régimen sancionador que echamos en falta.
Me llama también la atención, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que teniendo como tiene esta proposición de ley un carácter marcadamente medioambiental, su desarrollo queda exclusivamente en manos del Ministerio de Industria y Energía -- que no es precisamente el Ministerio de Medio Ambiente de España- - y, en cambio, al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente sólo se hace referencia en el artículo 13 cuando se determina que el Consejo Asesor de Medio Ambiente deberá debatir el desarrollo por el Gobierno de las previsiones de la proposición de ley. Desde nuestro punto de vista este es también un contrasentido.
Otro aspecto que no compartimos es el escaso respeto, desde nuestro punto de vista siempre, al reparto competencial en materia de medio ambiente que surge del bloque de constitucionalidad. De entrada, no se establece

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expresamente el carácter básico de la norma --carácter básico que luego se desprende del propio texto-- ni se indican los títulos competenciales que se invocan a la hora de legislar. Luego son escasísimos los supuestos en los cuales intervienen las comunidades autónomas --lo ha dicho un anterior interviniente--, o al menos los supuestos en los cuales se salvaguardan estas importantes competencias de gestión y desarrollo legislativo en materia medioambiental que recaen en las comunidades autónomas.
De la ingente actividad programadora que el texto de la proposición de ley atribuye al Gobierno sólo en el artículo 5.º, que se refiere a los sistemas de retorno y gestión y que prevé un programa marco de gestión de envases y residuos de envases, se utiliza una fórmula de salvaguardia de los planes de gestión de las comunidades autónomas. Por poner un ejemplo, en el artículo 11, que crea el fondo para la gestión de envases, que se nutre de las tasas ambientales que las empresas productoras de bienes de consumo liquidarán a la Administración central, se establece que ésta distribuirá territorialmente dicho fondo en proporción a los habitantes de cada comunidad autónoma, pero sólo cuando la comunidad autónoma tenga asumidas competencias --dicen ustedes-- en materia de coordinación del tratamiento de residuos municipales le corresponderá la gestión de la parte atribuida a su territorio. No nos parece muy afortunada esta redacción, ya que las competencias en materia de medio ambiente no se asumen por los estatutos de autonomía en ningún caso en los términos que ustedes reproducen en la proposición de ley.
Volviendo al artículo 5.º que antes he citado, éste dispone que dentro del programa marco de gestión de envases y residuos de envases el Gobierno diseñará un sistema básico de recogida selectiva y gestión de residuos de envases a cargo de las empresas productoras, transformadoras y envasadoras, que podrán asociarse al efecto. Pues bien, esta simple previsión deja mucho que desear a los efectos de salvaguardar las competencias de gestión autonómicas, ya que no se determina quién autorizará los sistemas de gestión que establezca la industria, cómo se identificará que un envase está acogido al sistema, no articula las garantías que aseguren el correcto funcionamiento del sistema o la participación de las distintas administraciones autonómicas.
Por poner otro ejemplo --voy terminando, señor Presidente--, la disposición adicional tercera prevé la presentación por el Gobierno de un programa de medidas de coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias para conseguir que los ayuntamientos contemplen en sus ordenanzas fiscales la tasa de recogida y el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Pero una previsión de este tipo, desde nuestro punto de vista, sin la intervención de las comunidades autónomas supone desconocer el reparto competencial resultante del bloque de constitucionalidad.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, es obvio que, aun compartiendo la necesidad de impulsar la minimización de los residuos generados por los envases, nuestro Grupo parlamentario no puede votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Francamente lo lamento, señor Ribó, porque nuestra disposición era absolutamente abierta a poder considerar una iniciativa de este tipo porque, como he dicho al principio, creemos que es urgente la trasposición en el Estado español de la directiva comunitaria y ustedes con esta proposición de ley abrían la puerta al efecto. Lo que pasa es que entendemos --y creo que ha quedado claro de mi exposición-- que su texto incorpora toda una serie de aspectos bien contradictorios con la directiva comunitaria, bien contradictorios con el concepto de estado de las autonomías que nosotros tenemos y que se desprende del bloque de constitucionalidad, que francamente nos dificultaría mucho poder enmendar este texto. Por tanto --repito- -, nuestro voto no va a poder ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señor Presidente, señorías, mi Grupo Parlamentario comparte la preocupación generalizada en las sociedades avanzadas acerca del notable aumento que se viene produciendo en relación con el volumen de residuos generados por los llamados envases y embalajes. Las consecuencias que esto supone para estas sociedades son un abanico de problemas en relación con su recogida, con su clasificación, su reutilización, su reciclaje o su eliminación.
El volumen, por ejemplo, de residuos generados por envases y embalajes en toda la Unión Europea supera los 50 millones de toneladas anuales, y en España estamos produciendo ya más de 14 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de los que entre el 30 y el 40 por ciento corresponden precisamente a estos envases y embalajes.
Conscientes de esta problemática, la Unión Europea ha elaborado diversas directrices y normas complementarias sobre la materia, y todo ese proceso ha culminado con la publicación de la Directiva 94/62, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases, directiva que da pie a la presentación de esta proposición de ley. Una directiva, por otra parte, que, pese a que la proposición de ley copia párrafos literales de la misma, no aparece mencionada en ninguno de los antecedentes de la proposición de ley ni a lo largo del articulado de la misma.
En este contexto internacional, europeo, aparece esta proposición de ley, que para nosotros resulta, más que ambiciosa, falta de realismo. Esa falta de realismo es la que nos ofrece numerosas dudas sobre su viabilidad práctica. Así, por ejemplo, los objetivos a alcanzar que se imponen en la proposición de ley van más allá

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de los ya de por sí ambiciosos que establecía la propia directiva de la Unión Europea. Esto supone, señorías, dificultades objetivas para encarar, por un país como el nuestro, la retirada masiva de residuos de envases para su reciclaje. La ingente cantidad de residuos de la que estamos hablando supone, en cuanto a plazos y cantidades, unos objetivos tan exigentes que resultan irrealizables. Habría que preguntarse de dónde van a salir los enormes recursos económicos de investigación, desarrollo y capital requeridos para desarrollar procesos masivos de reciclaje. ¿Tiene España en estos momentos capacidad para asumir estos objetivos con más alcance y en menor tiempo que ningún otro país de nuestro entorno? La proposición de ley deja para un programa marco posterior la descripción de los sistemas de entorno y de gestión que se van a implantar, y eso añade grados importantes de inconcreción y de voluntarismo. Teniendo en cuenta, además, que las competencias de los residuos se hallan residenciadas en gran parte en las comunidades autónomas, estas dudas afectan a la capacidad para imponer con realismo dichas actuaciones. Generará sin duda conflictos de competencias, puesto que encomienda al Gobierno la ejecución de la mayoría de las acciones. Creemos, por tanto, señorías, que los objetivos que se pretenden son utópicos, máxime cuando la proposición de ley busca, por otro lado, procedimientos que hoy no existen en nuestro país para conocer los datos fiables sobre la magnitud y la evolución de los flujos de residuos.
La proposición de ley hace hincapié, por otra parte, en la retirada de un flujo importante de los residuos para su aprovechamiento, pero elude entrar en el destino que se les puede dar. De este modo, elude por completo ninguna referencia a algo que sí recoge la Directiva, así como las políticas diseñadas por el V Programa comunitario de acción en materia de medio ambiente, que es la promociónde de la valorización energética como forma de recuperación. Elude contemplar que la política comunitaria en estos momentos coloca en el mismo nivel la reutilización, el reciclado y la eliminación con recuperación de energía. Es una opción, sin duda, la que presenta la proposición de ley, pero la única solución posible y viable en estos momentos es una armonización de todas las políticas europeas para evitar distorsiones. Y sobre todo, señorías, se trata de que los plazos establecidos permitan a cada país ir asimilando los residuos según su propia capacidad de reciclaje y de reutilización reales para que no se produzca lo que en estos momentos ocurre en la Unión Europea, que es que la recogida de envases plásticos, por ejemplo, en Alemania es traspasada a España para que al final el problema que otros generan lo tengamos que resolver nosotros.
La proposición de ley resulta, además, excesivamente reglamentista, por ejemplo, en el marcaje de los productos, estableciendo incluso una simbología, una numeración, un sistema de identificación que a nuestro juicio no debería ser objeto de una ley. Sin embargo, no contempla un adecuado mecanismo de acreditación y de control, lo que deja la puerta abierta a irregularidades que harán inútil el sistema y sobre todo provocarán una efectiva desprotección de los consumidores. La proposición de ley insiste en el reparto de competencias para la gestión de los envases entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Industria y Energía, abundando precisamente en la falta de unificación de competencias, que va a seguir dificultando en nuestro país la gestión de la protección del medio ambiente, incluso dentro de la propia Administración central, que es exactamente lo que usted, señor Ribó, denunciaba en su intervención. Y en cuanto a la participación en la toma de decisiones también es curioso que se indique que el desarrollo normativo será debatido en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y no se mencione para nada a los agentes económicos y sociales implicados, los fabricantes, los transportistas, los almacenistas, los comerciantes o los propios consumidores, que no se tienen en cuenta.
Otro de los temas básicos que presenta su proposición de ley es la implantación de la tasa ambiental, destinada a crear un fondo para la gestión de los envases y los residuos que en principio no establece qué servicios va a prestar, si se van a destinar a crear nuevos centros de reciclado, si se van a pagar con ellos los costes del transporte, si se va a incentivar con ese fondo la reducción en origen. Lo que sí cuantifica, sin embargo, y con mucha exactitud, casi hasta los decimales, es el sobreprecio a pagar en función del material utilizado para el envase. Y desde nuestro punto de vista la implantación de una tasa por unidad de envase nos parece indeseable. La adopción de una medida de estas características tendría, por otro lado, que vincularse a los costes reales de gestión de cada envase concreto porque, ¿por qué el plástico lo establecen ustedes en la proposición de ley más caro si su impacto ambiental, por ejemplo, es menor que el del papel, según numerosos estudios? ¿Y qué hay con las diferencias, por ejemplo, de composición entre los propios plásticos, que hacen que las dificultades para su gestión o reciclado varíen extraordinariamente según los componentes de unos y de otros? Esta tasa tendría, por ejemplo, que relacionarse también con la producción total del mismo o con sus características y, finalmente, también debería ser estudiado su efecto sobre los precios o su influencia sobre la inflación para, en su caso, proceder a una implantación progresiva y no traumática. Esas cuantías deberían fijarse en un desarrollo posterior, y no en la proposición de ley, para facilitar su revisión temporal y su adaptación al avance tecnológico. Por tanto, un impuesto sobre cada envase puede resultar ridículamente caro y, sobre todo, muy discriminatorio contra los recipientes que contienen productos de poco valor, repercutiendo de forma prohibitiva, por ejemplo, sobre sus precios, mientras que los de alto valor en recipientes grandes serían relativamente

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inmunes al impacto de la tasa. Por otro lado, la combinación de la prohibición de ciertos tipos de envases y la imposición de un impuesto regresivo, como éste, sobre envases determinados podrían hacer que el mercado en nuestro país derivase de forma muy importante hacia materiales de más peso, complicando así de forma notable --muy notable, señorías-- los problemas que ya tenemos de desperdicios sólidos. La Directiva no contempla esta propuesta e Izquierda Unida tendría que meditar muy mucho las consecuencias indeseables, no sólo económicas sino también medioambientales, de la misma.
Queremos hacer notar, además, algunos aspectos que nos preocupan por denotar un carácter extremadamente intervencionista de la proposición. Así, por ejemplo, se propugna la desaparición total de lo que se denominan envases suplementarios y la proposición de ley los califica como todo aquello que no se considere estrictamente necesario o cuyo fin sea ornamental o publicitario.
¿Quién establece lo que no es estrictamente necesario? Con independencia de la franca indeterminación de estos términos, las consecuencias que estas medidas tendrían sobre el comercio, sobre el mercado, sobre la competencia serían de tal magnitud, señorías, que francamente dudamos mucho de su realismo al plantearlo. ¿Qué significa que la Administración establezca programas de normalización o estandarización de los envases? ¿Es la Administración la que va a dictar a las empresas cuáles son los modelos de presentación de los productos? ¿Cómo encaja esto en un sistema de libre mercado, donde las novedades en la presentación son continuas y donde son las preferencias y la utilidad para los consumidores los elementos que van a dictar, en todo caso, dichas pautas? ¿Se imaginan ustedes, señorías, a la Administración dictando dichos modelos o restringiendo los tamaños de los botes de mermelada al dictado de los funcionarios y los burócratas y no al dictado de los propios consumidores? ¿Conoce mejor la Administración en estos momentos las ventajas que suponen para las propias empresas los métodos de fabricación, como ustedes plantean en la proposición de ley?

El señor PRESIDENTE: Señor Burgos, le ruego concluya.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy concluyendo, no sin antes decir que las repercusiones sobre el coste final que tendrían sus medidas para los propios consumidores nos hacen dudar muy mucho de la viabilidad y, sobre todo, de la utilidad de algunas de las propuestas contenidas, por no hablar de ese sistema de depósito que ustedes promueven, que de alguna manera existió en su momento en nuestro país y que no tuvo ninguna ventaja objetiva.
Para finalizar, y aunque reconocemos la obligación (y así se lo hemos reiterado al Gobierno) de afrontar con urgencia una regulación de este problema --y la toma en consideración de su proposición de ley podría ser un instrumento para ello--, son tantas las dudas que nos plantea su texto, tantos los planteamientos incorrectos que hay en la proposición de Ley, lo incompleto de su enfoque, lo sesgado de su análisis, que mi grupo parlamentario va a optar por la abstención en espera de que el Gobierno, al menos por una sola vez, pueda presentarnos el texto demandado en forma de proyecto de ley o de decreto-ley, tal como exige la Directiva, lo más pronto posible.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burgos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Dávila.


El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo quisiera poner el énfasis en lo que creo que indudablemente es la causa motivadora de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que imagino que debe ser su objetivo final y principal. Me refiero a que satisfaga la obligación de trasposición que tenemos, como Parlamento, de la Directiva comunitaria 94/62, de diciembre de 1994, y que antes de finales de junio de 1996 debe estar traspuesta en nuestra normativa interna. Es en tanto en cuanto si se satisface ese objetivo y esa motivación donde nacen las primeras y profundas dificultades que mi grupo tiene respecto a esta iniciativa.
Señorías, contemplemos la situación en el contexto general e histórico de la atención de la normativa comunitaria sobre los problemas de envases y residuos de envases. Es una larga tradición, porque la primera de las directivas comunitarias, la 75/442, es de hace veinte años, pero cuando realmente se inicia un posicionamiento comunitario sobre el tema de envases y residuos de envases es hace diez años, en 1985, cuando la Directiva 85/339, restringiéndose a envases de alimentos líquidos, adopta unos posicionamientos que luego son profundamente modificados, y es sobre lo que quiero hacer una brevísima reflexión ante SS. SS. Esta Directiva 85/339, que es el origen de todos los sistemas y posicionamientos legales respecto a envases y residuos de envases en los países comunitarios, ha tenido grandes y profundos problemas. Me estoy refiriendo a que, por un lado, no satisfizo lo que era su objetivo fundamental, que era lograr una armonización de la normativa interna de cada país respecto a los sistemas mediante los cuales se afrontaba el problema de recogida y gestión de los envases y residuos de envases. No ha sido un éxito realmente. Se podría incluso invocar un cierto fracaso, desde luego armonizador, porque dio origen, por un lado, en Alemania a un sistema determinado que no coincide para nada con el sistema que, en cambio, se siguió en Francia en momentos parecidos y que, desde luego, tampoco tuvo reflejo entre nosotros en el Real Decreto que hizo la

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supuesta trasposición de aquella normativa. El problema más fundamental que suscitó esa normativa comunitaria de hace diez años fue que dio origen a problemas de los que no se ha hecho suficiente mención en este debate, y es que en el transfondo de todo lo que estamos tratando o, tal vez, en su objetivo más fundamental está el riesgo de una perturbación de la libertad de circulación de mercancías y productos en el mercado único comunitario. Esto no es hablar de riesgos, sino de historia, porque incluso esta normativa que estoy recordando dio origen, en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, a uno de los posicionamientos más clásicos sobre la cuestión. La Comisión tuvo que recurrir contra Dinamarca cuando el Gobierno danés puso ciertas restricciones a los envases con los cuales la cerveza era comercializada en Dinamarca y limitaciones a cualquier importador que introdujese en ese mercado aquello que no satisficiera esos envases homologados por el Gobierno danés. La sentencia, en el año 1988, del Tribunal de Luxemburgo hizo que el recurso de incumplimiento presentado por la Comisión fuese ganado por ella y la normativa interna danesa tuviese que ser reconsiderada.
Quiero decir con esto que, además de todas las consideraciones ambientales que queramos hacer, tenemos que tener presente que lo que se está jugando en las decisiones que tomemos en este momento es si los productos envasados comunitarios que se comercialicen en España en los próximos meses estarán o no sometidos a las mismas normativas y restricciones, justificadas por todos los planteamientos ambientales que sean, pero que tengan los productos envasados españoles comercializados en el mercado interior común. Por tanto, no sólo es la componente ambiental sino la profunda preocupación por los riesgos de perturbación del mercado. Por consiguiente, hablando en frase de todos los días, la afectación a la competitividad española y las consecuencias que ello tiene de todo orden son las que están en juego. Por tanto, hay que tener muy presente que la crisis en la que entró esa normativa comunitaria de hace diez años, precisamente en los comienzos de los años 1991/1992, cuando en Río hubo una revolución copernicana en la concepción de lo que es la gestión ambiental, cuando se tradujo lo que hoy es el programa de Naciones Unidas sobre la cuestión --Agenda 21-- y cuando en el ámbito de la Unión Europea, en el V Programa marco, abordamos esa nueva situación, se produjeron cambios radicales en el planteamiento de la normativa comunitaria porque ya la filosofía era absolutamente distinta.
Señorías, en más de una ocasión he apelado ante ustedes que hoy el problema consiste en la percepción de que la velocidad a la que se agota la capacidad de absorción del medio natural de los residuos que generamos es incluso mayor que la de los recursos materiales que utilizamos en nuestros sistemas económicos. Por tanto, es la obsesión por la reducción de la generación de residuos, es la obsesión por la inducción del reciclado, es la obsesión por la acción en el origen y no en el final del proceso, es la obsesión por reducir el recurso a los que son las tecnologías límites, como son la incineración o el abandono en basureros, ese cambio absoluto de la filosofía anterior es lo que provocó la crisis de esta normativa comunitaria. Por ello, en el año 1992 la Comisión formuló una propuesta de nueva directiva, pero había que añadir una nueva circunstancia, y es que ya estaba en vigor el Tratado de Maastricht y, por tanto, no sólo proponía un texto la Comisión, sino que en un proceso dialéctico con el Parlamento Europeo se generaba el texto. Por tanto, la Directiva 94/62, que es la que nosotros estamos obligados a trasponer, no se corresponde --y el señor Ribó lo ha dicho-- con lo que fue la primera propuesta de la Comisión ni con más de uno de los posicionamientos que en ese iter legislativo se produjeron.
Volviendo, señorías, al tema sobre el que tenemos que pronunciarnos, yo tenía la impresión al comparar los textos --y el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya me lo ha confesado-- que el texto de su iniciativa de proposición de ley se corresponde con uno de los textos de ese iter legislativo, no con el final. Por tanto, si nosotros intentásemos la trasposición sobre el texto que nos propone y que está sometido a nuestra consideración, estaríamos haciendo la trasposición de una directiva que no llegó a término, cuando tendríamos la obligación de hacerlo de la que está en vigor en la Unión Europea desde diciembre de 1994. Pero no sólo es ese el problema, y con ello, señorías, añado sobre intervenciones anteriores de los demás portavoces argumentos suplementarios y coincidentes con los suyos. Señorías, no se trata sólo de poner en práctica lo que nos propone dicha iniciativa --y lo visualizo ante SS. SS. no porque sea el más importante, pero sí el más intuitivo de los errores que cometeríamos-- es que si lo hiciéramos estaríamos adoptando unas marcas de identificación --unos logos, como dicen en el argot del sector-- que la Directiva no ha aceptado y nos veríamos en la circunstancia de que dentro de un año, cuando el Consejo de la Unión Europea se pronuncie --porque la Directiva le da esa competencia-- sobre cuáles deben ser las marcas de identificación, nosotros tendríamos que invalidar las que hubiéramos acordado. Esto lo cito como lo no importante. Lo importante, señorías, es que los instrumentos económicos mediante los que la Directiva promueve, en una armonización de toda la Unión Europea, los objetivos que designa no están fijados y el Consejo se reserva la capacidad para hacerlo en el momento en que la obligación de trasposición esté terminada, y sólo si el Consejo no hiciese honor a su obligación de indicar cuáles fuesen los instrumentos financieros que deberían ser armonizados entre todos nosotros, sólo entonces y en ese caso es cuando los países miembros tienen capacidad de esas opciones de instrumentos económicos. Esto sería en general. Si vamos a los contenidos de la proposición de ley --y no

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quiero porque ya se ha dicho hasta qué punto suscita problemas jurídicos esa tasa ecológica, que no es fácilmente compatible con lo que indica la Ley de Tasas y Precios Públicos-- veremos que el fondo único de gestión que se propone es jurídicamente incompatible con el hecho de que esos precios tienen que estar fijados en función de quienes tienen la competencia de la gestión de los servicios, que no son otros que las comunidades autónomas, y, por tanto, ese fondo único desde tarifa única no es imaginable jurídicamente en nuestro contexto.
Por último, y tal vez por ser lo más importante, apelo a lo que es una dificultad insuperable desde nuestro punto de vista: que ese modelo de gestión centralizada, jacobino como no soñé en mis tiempos de juventud, es absolutamente incompatible con lo que es hoy el modelo de Estado de las autonomías, donde esas competencias están en manos de los gobiernos que tienen la responsabilidad de la gestión.


El señor PRESIDENTE: Señor Diputado, le ruego concluya.


El señor DAVILA SANCHEZ: Termino, señor Presidente, diciendo que en aquello en que la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no coincide con el contenido de la Directiva que pretende trasponer, no estamos de acuerdo y en algunos aspectos la discrepancia es profunda, y en aquello que pretende trasponer tenemos la convicción de que, como dije antes y con ello termino, si tomásemos en consideración esta proposición de ley estaríamos haciendo la trasposición de la directiva que nunca existió y entonces tendríamos que acogernos, como también se ha dicho por todos los intervinientes, a la evidencia que tenemos todos los grupos de que el anteproyecto de ley del Gobierno está en un estado de avance suficiente como para imaginar que este debate sobre la trasposición de la Directiva 94/62 sí lo podremos hacer, de acuerdo con un texto no sólo coherente con ella sino que ha experimentado todo el debate de conciliación y aproximación con las comunidades autónomas, con los distintos agentes sociales durante los meses transcurridos hasta ahora.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila.
Vamos a proceder a la votación.


El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre envases y residuos de envases.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 22; en contra, 141; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO SOBRE NO PROLIFERACION DE ARMAS NUCLEARES (Número de expediente 162/000200)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre no proliferación de armas nucleares. Tiene la palabra el señor De Puig.


El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, señorías, el 26 de abril celebramos un debate en este hemiciclo en torno a una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la Conferencia de revisión del Tratado de no proliferación nuclear. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) En aquella ocasión no fue posible llegar a un consenso y aprobar un texto completo sobre la posición de esta Cámara en torno a un tema tan importante como el desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares. No se admitieron a trámite nuestras enmiendas ni las de otros grupos, e inmediatamente, a los pocos días, ni siquiera pasó una semana, tenía lugar en Nueva York la aprobación indefinida e incondicional del Tratado de no Proliferación, y por la importancia de la materia, mi Grupo Parlamentario tomó la decisión de presentar esta proposición no de ley para intentar crear, ya que no hubo posibilidad en aquella ocasión, un consenso básico, unos acuerdos básicos, establecer unos criterios básicos en el Parlamento español sobre los elementos fundamentales de la no proliferación nuclear, al margen de otros aspectos colaterales. De ahí la presentación de una proposición no de ley a la que añadimos algunas enmiendas, que quiere ser en definitiva una propuesta de extensión del Tratado de no Proliferación a todos los países, a cuantos más países mejor, pero muy especialmente a aquellos que ya tienen armamento nuclear y no lo han firmado todavía, para proponer a esta Cámara que esté de acuerdo sobre el desarme global y completo, tal como señala el artículo 6 del Tratado de no Proliferación, para que haya un acuerdo en esta Cámara sobre la prohibición total de ensayos nucleares, para que haya un acuerdo sobre el proceso de reducción de los arsenales nucleares actuales, para que haya un acuerdo sobre la prohibición de la no producción de material visible para utilización militar, para que haya un acuerdo sobre un mayor control y verificación sobre el armamento

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nuclear y una mayor capacidad de salvaguardias y de inspección para evitar la proliferación.
Este era el planteamiento, señorías. Lo que ha sucedido es que desde que presentamos nosotros nuestra proposición no de ley hasta hoy han pasado algunas cosas de enorme trascendencia.
Conocen ustedes, porque está en las primeras páginas de los periódicos de los últimos meses, las últimas semanas y los últimos días, que se ha producido un escándalo de nivel mundial con la decisión de Francia de reanudar las pruebas nucleares. Y a ese escándalo se ha sumado también la indignación de muchos dirigentes políticos, de muchos gobiernos, de muchos partidos y de muchos ciudadanos por el hecho de que China también reanudara sus pruebas nucleares.
Mi Grupo Parlamentario cree que la decisión de Francia ha sido un grave error político; también la de China, naturalmente, pero China pertenece a un ámbito que no es exactamente el de los países occidentales, pertenece a una lógica política y geoestratégica que no es exactamente la de Europa, y para intervenir en cuestiones internas de China, como SS. SS. saben, existen dificultades casi insuperables. En todo caso, rechazamos la reanudación de las pruebas nucleares en el caso de Francia y las rechazamos en el caso de China. Creemos que ha sido un grave error político de Francia, del Presidente Chirac; ha sido una burla a los avances que se habían realizado con la conclusión del Tratado de no Proliferación y ha constituido un desafío a gobiernos y a la opinión pública, puesto que no se ha hecho como en otras ocasiones. Desconocemos en este momento si en Francia su Presidente tomó esta decisión por razones puramente tecnológicas y geoestratégicas, es decir, en relación directa con la modernización de su arsenal nuclear, o si, por el contrario, tomó esta decisión por una razón política, por hacer ante el mundo una demostración de capacidad, de firmeza, de voluntad de Francia de demostrar que son capaces de tomar una decisión y mantenerla a todo coste. Tanto en un caso como en otro nos parece un grave error, y Francia va a pagar consecuencias graves de ese error, tanto en el interior --estamos viendo lo que está pasando en la Polinesia y estamos conociendo la opinión de los ciudadanos franceses en relación a la decisión tomada por su Presidente-- como en el exterior, porque conocemos la repulsa general o casi general que ha recibido de todos los gobiernos y de la opinión pública.
Se han condenado estos ensayos, recordemos, en el Parlamento Europeo, por no hablar de tantas organizaciones no gubernamentales, gobiernos, etcétera. Los propios gobiernos de la Unión Europea manifestaron su desaprobación, el nuestro entre ellos; la manifestaron ya en Cannes y la volvían a manifestar el viernes pasado en la reunión de Ministros de Exteriores en Santander. Ha habido un desacuerdo general, y todo el mundo considera un desastre la decisión tomada por el Presidente Chirac. Pero no todo el mundo lo ha condenado y lo ha desaprobado. El Presidente del principal Partido de la oposición, señor Aznar, nos sorprendía --y quizás no nos sorprendía-- con palabras comprensivas y de apoyo a la decisión de Francia. Ahora dice que no, que no es verdad, pero todo el mundo comprendió en aquel momento que se trataba no sólo de un apoyo implícito sino de un apoyo explícito; sin calcular quizá las consecuencias que podía tener también desde el punto de vista de la posición de España en una cuestión como ésta, vimos que se mostraba comprensivo y amable con esa decisión. Pero esto no es lo más grave, a nuestro juicio, sino que el señor Aznar tenía este desliz, este patinazo, en contra y contradictoriamente con los principios que su Grupo Parlamentario ha venido defendiendo en esta Cámara en esa materia: en el debate con el Ministro sobre la no proliferación, en las enmiendas que el Grupo Popular presentó a la proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en una proposición no de ley que sigue en pie en este Parlamento, en la que se dice con toda rotundidad que se está en contra de todo ensayo nuclear y a favor de su prohibición total. No nos corresponde a nosotros dirimir esa responsabilidad, pero no quisiéramos creer que se trata de una posición que va a seguir su Partido y su Grupo Parlamentario. Es un error, un patinazo, como he dicho, un exceso de ganas de quedar bien con el señor Chirac.
En cualquier caso, a nosotros nos parece una irresponsabilidad y pensamos que si el señor Aznar tiene inteligencia política, cosa que en este caso desmiente un poco (Rumores.), debe estar arrepentidísimo de haber dicho lo que dijo a la salida del Elíseo (Continúan los rumores.), porque con la que le está cayendo al señor Chirac dentro y fuera de Francia, es imposible que el señor Aznar crea que actuó correctamente y con una mínima lucidez en el terreno de las relaciones internacionales. (Un señor Diputado: Le pides demasiado.) Además, el tema nuclear es de tal importancia, de tal magnitud política y geoestratégica que nos parece que sobre ese tema no se pueden tener ligerezas ni frivolizar ni mucho menos patinar. De ahí nuestra proposición de ley, que pide a esta Cámara un acuerdo básico sobre los elementos fundamentales de la no proliferación, unos acuerdos inequívocos, concretos, que estén a salvo de toda intervención falta de experiencia política o desconocedora de esta materia. Por eso hemos añadido en una enmienda, señor Presidente, la condena por parte del Parlamento español, a Francia y a China y a cualquier Estado que realice ensayos nucleares. Por eso instamos también al Gobierno a dirigirse a Francia con la idea de que cancele el programa de ensayos en la Polinesia, que es un programa que entendemos ha sido desautorizado totalmente por una aplastante mayoría de políticos y ciudadanos del planeta, exceptuando, como digo, el señor Aznar.
En el punto 1.º de nuestra proposición no de ley, señor Presidente, pedimos la eliminación total y completa de las armas nucleares.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, vaya terminando.


El señor DE PUIG I OLIVE: En el punto 2.º estamos por los esfuerzos de desarme y reducción de las armas nucleares. En el punto 3.º, aceptando una enmienda de Izquierda Unida, pedimos un acuerdo sobre la prohibición de ensayos nucleares de todo tipo.
En el punto 4.º pedimos la prohibición de la producción de material fisible para utilización militar. En los puntos 5.º y 6.º, señor Presidente, pedimos un esfuerzo de los regímenes de control y verificación de la energía atómica y la capacidad de la Organización Internacional de Energía Atómica para realizar inspecciones sin aviso y tener acceso a instalaciones estratégicas.
En la primera de nuestras enmiendas, señor Presidente, añadimos: «A proseguir los esfuerzos de universalización del Tratado de no Proliferación, a fin de que se adhieran al mismo, aquellos países que no lo han hecho todavía y son poseedores del arma nuclear, como Israel, Paquistán o la India.» La segunda, señor Presidente, la convertimos en la transaccional con la enmienda al punto 3.º del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, si aceptan añadir en el último párrafo: «... a fin de que sea concluido en 1996».
La tercera enmienda es al punto 4.º, señor Presidente, y se trata de una sustitución, en realidad de una corrección, para que cuando dice «interrupción de material fisible», diga «interrupción de la producción de material fisible».
Finalmente, señor Presidente, convertimos nuestra cuarta enmienda en una enmienda transaccional a las enmiendas primera y segunda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, así como a la única enmienda presentada por Convergència i Unió. Se trata de una enmienda --y se la voy a entregar, señor Presidente-- que diría: El Congreso de los Diputados condena las pruebas y ensayos nucleares recientemente realizados por Francia y China y los que se lleven a cabo en lo sucesivo por cualquier Estado, e insta al Gobierno, en el marco de la Unión Europea, a dirigirse a las autoridades francesas con el fin de que se cancele inmediatamente, y de forma definitiva, su programa de pruebas nucleares en la Polinesia.
Creemos, señor Presidente, que con estas enmiendas y con esta transaccional podemos llegar a un consenso. Pedimos este consenso, especialmente al Grupo Popular, que sea coherente con sus propias enmiendas a otras proposiciones de ley y con su propio texto de proposición de ley presentado en este Congreso, aunque sea esta vez coherente con los principios y dejando en ridículo a su jefe de filas, el señor Aznar.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, ha anunciado alguna otra enmienda transaccional y le agradecería que me la pasara.
A esta proposición no de ley se han presentado asimismo enmiendas por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, que a estas alturas estemos debatiendo una proposición no de ley que hace referencia a la no proliferación de armas nucleares me produce, como mínimo, una gran intranquilidad, porque quiere decir que una cuestión de esta importancia y envergadura no está resuelta y queda, por tanto, mucho por avanzar. Claro está que los ensayos nucleares recientes me producen algo más que intranquilidad, como es rechazo total y absoluto, incomprensión, e incluso desorientación, y un claro y profundo toque de alerta.
La proposición no de Ley del Grupo Socialista se enmarca en la prórroga incondicional e indefinida del Tratado de no Proliferación Nuclear adoptada en la ONU y que --es cierto-- no logró la unanimidad en esta Cámara, como ha dicho el portavoz socialista, así como en seis puntos, que como fijación de posición del Grupo Catalán y también dentro de la defensa de nuestra enmienda voy a intentar analizar en este trámite, señor Presidente.
Debo manifestar que esta proposición no de ley es aceptable en su conjunto; se podría discutir si falta dureza o claridad, y para esto está la posibilidad de presentación de enmiendas, pero el sentido y el fondo de la proposición no de ley es, repito, aceptable desde el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario.
Proseguir en el objetivo final de la eliminación global y completa de las armas nucleares estableciendo un convenio que conduzca a la desaparición total del arma nuclear, al mismo tiempo que promover la intensificación de los esfuerzos para alcanzar acuerdos que supongan la reducción del armamento nuclear, mientras el primer objetivo no se alcance, yo diría que está en una línea de total coherencia dentro de nuestros propios planteamientos. Insistir en que se concluya un tratado sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares es no sólo urgente sino imprescindible. Reforzar los regímenes de control y verificación a fin de establecer las necesarias garantías de seguridad, así como la aplicación correcta del tratado, y también dotar con mayores medios a la OIEA para el fortalecimiento del servicio de salvaguardias permitiendo inspecciones sin previo aviso y el acceso a instalaciones estratégicas es, repito, imprescindible. Por tanto, en su conjunto, es una proposición no de ley aceptable; si acaso, sería factible completarla con enmiendas, a nuestro entender básicamente de adición, que llegarán a configurar un redactado final.
En esta línea que acabo de indicar, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda adicional

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al párrafo final de esta proposición no de ley remarcando, por una parte, la condena a las recientes pruebas y ensayos nucleares realizados por Francia y China e instando al Gobierno para que, utilizando los medios legales a su alcance y en el marco de la Unión Europea, se impida a los países miembros a realizar estas pruebas y ensayos en el futuro.
Es cierto que a esta proposición no de ley se han presentado más enmiendas de otros grupos parlamentarios, en concreto del propio Grupo Socialista y también de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y, señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a aprovechar para hacer una referencia a las mismas, aunque sea muy brevemente.
Por parte del Grupo Socialista --ya lo ha dicho el portavoz señor De Puig-- se solicita que se incluyan los países poseedores de armas nucleares y que no se han adherido al Tratado de no Proliferación; se pide la fijación --creo que es importante, hacían una referencia a una enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- de la fecha de la prohibición total de los ensayos nucleares, la interrupción --es casi una redacción gramatical-- de la producción de material fisible. Han presentado una enmienda transaccional, en este caso, a nuestro Grupo Parlamentario y que también hace referencia a dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que yo anticipo, y espero que por parte del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya también sea así, que vamos a aceptar por lo siguiente. En esta enmienda transaccional se condenan las últimas pruebas, también se condenan las que se lleven a cabo en lo sucesivo por cualquier Estado --esperemos, eso sí, que no lo haga ninguno--, y que se insta al Gobierno a dirigirse a las autoridades francesas para la cancelación de los programas de pruebas que están previstos. No consta respecto a nuestra enmienda, y es cierto, el intento de impedir a los miembros de la Unión Europea la práctica de estas pruebas y ensayos futuros, pero aceptamos que con la actual legislación es realmente complicado y este intento --ésta era nuestra idea inicial-- ya se contempla en parte en el apartado tercero de la propia proposición no de ley.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, confía nuestro Grupo en que acepte el texto transaccional que ofrece el Grupo Socialista, que afecta concretamente en dos enmiendas. Nosotros votaríamos a favor de la que hace referencia a la prohibición, cuando se pueda incluir -- esperemos que también--, la fecha concreta del año 1996.
Esta es, señor Presidente, la posición del Grupo Parlamentario Catalán, pero no quisiera finalizar sin reafirmar, una vez más, la posición de nuestro Grupo ante un tema de tanta trascendencia como el que ahora estamos tratando: eliminación global y completa de las armas nucleares, prohibición total y absoluta de los ensayos nucleares, condena sin paliativos de ninguna clase de las últimas pruebas. Quiero añadir que no las aceptamos ni las entendemos ni sabemos, en definitiva, adónde conducen; a nuestro entender, sólo al caos y al derrumbamiento de todo principio.
Estas decisiones no les dan ni prestigio ni respeto ni proyección de futuro ni nada de nada, sólo oscuridad y desprestigio.
Nada más y gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Vázquez. (Las señoras y señores Diputados del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, puestos en pie, muestran una pancarta con las palabras: «No pruebas nucleares.»)

El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Presidente, señorías, me gustaría poder estar en este momento en mi escaño para poder ser aún más solidario con mi Grupo manteniendo una de las letras que, de alguna manera, vienen a resumir el espíritu de esta proposición no de ley... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Vázquez.
Como conocen perfectamente SS. SS., el Parlamento es el ámbito por excelencia de la expresión libre, pero la hemos entendido siempre como la expresión oral y no como la expresión plástica.
Estoy seguro de que el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene argumentos más que suficientes para, verbalmente, exponer, con toda la radicalidad precisa, la postura de su Grupo.
(Rumores.) Silencio, señorías.
Puede continuar, señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
A mi Grupo Parlamentario le parece que es una forma, puede que plástica pero clara y evidente, de mostrar lo que es una posición política en contra de las pruebas nucleares, que es el tema que nos ocupa.
Señor Presidente, señorías, a los hombres y mujeres de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como por otra parte a la mayoría de los pueblos del mundo entero, nos parece un atentado grave e intolerable contra el conjunto de la humanidad la reciente reanudación de pruebas nucleares en la Polinesia por parte del Gobierno francés del señor Chirac. Ninguno de los argumentos esgrimidos por ese Gobierno, soporta un análisis riguroso sobre la necesidad o conveniencia de estas pruebas nucleares, ni los supuestamente científicos ni los de seguridad europea ni tampoco los de su supuesta inocuidad. Unicamente desde la prepotencia de quien inicia un mandato puede entenderse esta tropelía.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor.


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Aunque la actitud de SS. SS: del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya es absolutamente cortés y respetuosa, sin embargo, sin duda alguna, impiden que pueda ser atendida de forma adecuada la intervención, precisamente de su portavoz. En consecuencia, esta Presidencia les ruega que, por favor, se sienten en sus escaños y desistan de la exposición o manifestación plástica. De lo contrario, esta Presidencia se vería obligada a suspender la sesión. (Continúan los rumores.) Ya han hecho su manifestación expresa. Ruego que se sienten. (Las señoras y señores Diputados del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya toman asiento en sus escaños y siguen mostrando la pancarta.) Se suspende la sesión por quince minutos.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se reanuda la sesión.
El señor Vázquez tiene la palabra. (Rumores.) Silencio, señorías.
Cuando quiera, señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Decíamos hace un momento que ninguno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno francés soporta un análisis riguroso sobre la necesidad o conveniencia de estas pruebas nucleares, ni las supuestamente razones científicas ni las de seguridad europea ni tampoco su supuesta inocuidad. Unicamente desde la prepotencia de quien inicia mandato puede entenderse esta tropelía; es decir, sólo por afirmar su soberanía, la de Chirac, que nadie discute, la del Estado francés, puede entenderse esta agresión a la comunidad internacional.
Solamente unas semanas después de ratificar de forma indefinida en Naciones Unidas el TNP, y haciendo caso omiso a su contenido, la derecha francesa, en contra de la opinión pública mundial e incluso de su propio país --y conviene recordar que más del 60 por ciento de los franceses está en contra de las mismas--, repito, el Gobierno francés inicia, a pesar de esa presión internacional, esta aventura militarista intolerable.
La reanudación de estas pruebas entraña incalculables riesgos para el medio ambiente y para los seres humanos; nos retrotrae a un concepto de seguridad basado en la amenaza nuclear y no en la confianza mutua; debilita la cohesión exterior de la Unión Europea, comprometiendo una futura PESC y alienta a otros países a poder continuar por el camino de la proliferación nuclear.
Todas estas razones nos parecen especialmente graves.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya condena con la misma fuerza la continuación de las pruebas nucleares por parte de la República Popular China y exige el cese inmediato de estos ensayos. Consideramos imprescindible la elaboración y firma de un tratado que prohíba definitivamente las pruebas nucleares. En esta dirección, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que la Presidencia en este ejercicio del Consejo de la Unión Europea tiene la obligación de proponer y alentar el establecimiento de dicho Tratado. En igual grado, pero en sentido opuesto, Izquierda Unida lamenta profundamente la clara inhibición y debilidad del Gobierno español hasta este momento a la hora de transmitir a las autoridades francesas una clara e inequívoca condena de la reanudación de las pruebas nucleares.
Digo hasta este momento porque en la intervención del portavoz socialista se acepta esta condena por parte del Congreso que, lógicamente, tendrá que asumir también el Gobierno.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera inadmisible el papel adoptado por la Comisión Europea, que ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones derivadas del artículo 34 del Tratado Euratom, y pide su inmediata aplicación y cumplimiento.
Criticamos la hasta ahora posición tibia de algunos gobiernos europeos, en especial el nuestro, con la responsabilidad añadida de ser los presidentes de la Unión Europea, mostrando no repulsa y rechazo sino preocupación. También criticamos la comprensión que algunos partidos de la derecha europea, en España el Partido Popular por boca de su Presidente, han mostrado ante estas pruebas nucleares, aduciendo en todos los casos razones de Estado que, con excesiva frecuencia, se utilizan cuando no hay razones para los ciudadanos. Hechos como estos, violentan las conciencias de la humanidad, especialmente de todos aquellos que desean un futuro en paz y libre de la amenaza nuclear. Nada está haciendo más daño a la imagen de Francia en la comunidad internacional que la política nuclear de su Presidente.
No quiero acabar esta primera parte de mi intervención sin agradecer la labor de algunas ONG, especialmente de Greenpeace, por su trabajo abnegado en hacer que la conciencia colectiva de la humanidad contra las pruebas nucleares haya tenido el testimonio «in situ» de la abnegación de estas personas.
Entrando en las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la proposición no de ley del Partido Socialista, el señor De Puig se ha referido a algunas de ellas. Las dos primeras tienen como objetivo condenar la realización de las pruebas nucleares en las islas de la Polinesia, así como las que se han llevado a cabo en la República Popular China y las que se puedan llevar a cabo en cualquier otro Estado. Al mismo tiempo, dirigir al Gobierno francés, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, la petición de que cancele inmediatamente de forma definitiva su programa de pruebas nucleares. Esto, según ha sido expresado, es el resultado de la fusión de esta enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con la de

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Convergència i Unió, aceptada por el Grupo Socialista, de lo que nos congratulamos.
Nuestra segunda enmienda tiene como objetivo impulsar, desde la Presidencia de la Unión Europea, un convenio que contemple, en un plazo próximo a partir de acuerdos multilaterales de desarme que incluyan a todas las potencias nucleares, la desaparición completa de las armas nucleares, así como una fecha límite para reducir a cero esta clase de armas. En el texto original del Grupo Socialista se hace referencia a los acuerdos Start I y Start II, que dependen de la voluntad de las dos grandes potencias, una ex y otra no ex, Estados Unidos y Rusia, por lo que no son acuerdos de tipo multilateral, excluyendo de los mismos a los otros países como Francia, Inglaterra, la propia China y otros --que son citados a continuación-- que también disponen de ese armamento nuclear. Es cierto que de una lectura hecha con buena voluntad de ese segundo punto de la proposición del Grupo Socialista resulta que se habla de acuerdos como el Start I y el Start II, es decir, se establece la posibilidad, que es nuestro objetivo, de acuerdos multilaterales que lleven al fin perseguido de acabar con el armamento nuclear en todo el globo terráqueo.
Nuestra tercera enmienda, que también ha sido aceptada por el Grupo Socialista, trata de impulsar la conclusión en la Conferencia de Ginebra del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, el CTBT, de modo que contemple la prohibición total de cualquier tipo de ensayo atómico o explosión nuclear en cualquier clase de medio, asegurando la firma de este tratado, al menos por todos los Estados miembros de la Unión Europea, en el horizonte de 1996.
Las dos últimas enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hacen referencia a dos problemas de base. Uno, a nuestra voluntad de que se prohíba por completo la separación, producción y uso del plutonio comercial y militar y del uranio altamente enriquecido. Sin estas sustancias sería imposible el mantemiento de los programas nucleares de los diferentes Estados y, por tanto, haría imposible en la práctica la realización de nuevas pruebas. Nos parece que esto toca tangencialmente también con el uso civil de la energía nuclear, pero sin esa prohibición de acabar con la separación y producción de plutonio, sea comercial o militar (les recuerdo a SS. SS. que la diferencia está únicamente en que por unidad de masa tenga un 90 por ciento de plutonio; si tiene más del 90 por ciento es militar y si tiene menos del 90 por ciento es comercial y, por lo tanto, lo habitual es el comercial enriquecido transformarlo en militar); esto es, si fueramos capaces de terminar con la producción de esos isótopos acabaríamos en gran medida con esta carrera de armamento nuclear.
La última enmienda de nuestro Grupo pretende incluir el establecimiento de una agencia de verificación multilateral encargada de vigilar y garantizar de modo efectivo la seguridad, bajo control internacional, de todos los materiales fisibles, utilizables en la fabricación de armas nucleares.
En la proposición no de ley del Grupo Socialista, se habla de la OIEA (Oficina Internacional de Energía Atómica), ya que pretende dicho Grupo que tenga mayores medios, más competencias y más capacidades para ejercer un control estricto y eficaz. Como decíamos en el debate celebrado en el anterior período de sesiones, uno de los objetivos de la OIEA es la promoción de la propia energía nuclear civil, pero no su uso militar.
Como decíamos anteriormente, si fuéramos capaces de acabar con la producción de plutonio --que termina siendo producto final del desecho del uranio que utilizan las centrales civiles--, estaríamos poniendo fin «de facto» a la posibilidad de mantenimiento de las pruebas nucleares.
En resumen, mi Grupo va a mantener estas dos últimas enmiendas si el Grupo Socialista acepta que se sometan a votación, entendiendo que las anteriores han sido consensuadas tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Es cierto que cuando discutimos anteriormente estos temas no pudimos conseguir una resolución unánime de este Congreso.
Espero de la buena voluntad de todos, especialmente del Grupo Socialista, que haga el esfuerzo necesario para que en esta ocasión podamos, entre todos, aportar la opinión colectiva del Congreso de los Diputados, del Estado español, como una piedra más en lo que es el muro de la conciencia mundial que se levanta contra esas pruebas nucleares, contra ese uso militar de la energía atómica.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entiendo, señor Vázquez, que las enmiendas que dice S. S. que en cualquier caso mantendría, serían las que figuran a los puntos 4 y 5.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Principalmente, una breve intervención para saludar la oportunidad con la que ha llegado a esta Cámara esta proposición no de ley, que es casual, pero que viene en un momento donde está suscitándose un importante debate dentro de nuestra propia sociedad en torno a la utilización de la energía nuclear para fines que no son precisamente de desarrollo tecnológico.
Desde este punto de vista, mantenemos también nuestra posición positiva respecto al texto presentado, aunque las enmiendas, tal como han sido propuestas por el portavoz del Grupo Socialista, lo mejoran de forma significativa, sobre todo con la última enmienda transaccional aceptando la propuesta de los Grupos de

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Izquierda Unida y Catalán (Convergència i Unió), cuyo texto me parece acertado y, sobre todo, está al hilo de los acontecimientos.
No creo que cabe añadir aquí nada más. Simplemente el testimonio que corrobore lo que se ha expresado en esta Cámara. Pero sí quisiera apuntar un tema que viene al hilo del segundo párrafo de la proposición no de ley, cuando se dice que en tanto se cumpla este objetivo --el referido al número uno, relativo al cumplimiento, al cien por cien, del Tratado de No Proliferación Nuclear y además a la inclusión en ese Tratado de países que todavía no lo han firmado--, el Gobierno deberá promover la intensificación de los esfuerzos de desarme nuclear con la conclusión de cuantos acuerdos supongan la reducción del armamento nuclear.
Es un tema estrictamente técnico y, además, está en la línea de lo que es el propio Tratado, aunque creo que hay temas colaterales con el Tratado que están siendo de alguna forma olvidados y que también suponen una cierta doble moral para los estados. Por ejemplo, nuestro propio Estado está manteniendo relaciones incluso de cooperación al desarrollo con países latinoamericanos, cuyo nombre no voy a citar aquí, que en estos momentos tienen importantes contenciosos con otros países del Medio Oriente, del Oriente próximo, donde está planteándose la posibilidad de adquirir y suministrar la bomba atómica. Ese tema debería quedar también contemplado en esta proposición no de ley.
Ya sé que la introducción en una enmienda no es un procedimiento técnico, pero la no relación de ningún tipo, diplomática o de cooperación, con países que no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y que se convierten en suministradores de países que tampoco lo han firmado y son susceptibles de producir la bomba atómica, sería uno de los objetivos que deberíamos cubrir.
Por lo demás, apoyamos los resultados que salen de esta proposición no de ley transaccionada y pactada y solicitamos a todos los grupos que vamos a votar a favor de esta proposición que exijamos al Gobierno el estricto cumplimiento de lo que aquí estamos acordando.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente y con gran brevedad en atención a la hora y al momento en el que estamos debatiendo esta proposición no de ley, quisiera dejar constancia, fundamentalmente, de la posición de Coalición Canaria, que apoya la iniciativa del Grupo Socialista como las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a las cuales nos sumamos y votaremos los consensos que resulten de las enmiendas transaccionales, destacando de una manera fehaciente que la gran responsabilidad de recoger el sentir que hoy tiene la Cámara es del Gobierno español, de su Presidente y, sobre todo, de aquellos Ministros como el de Defensa y el de Asuntos Exteriores, que tienen que hacer valer esta protesta y esta condena ante quien ha desencadenado este proceso.
Aunque la proposición no de ley del Grupo Socialista trae fecha de 11 de mayo, recuerdo el debate que tuvimos aquí en la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la que entonces nos sumamos, habiéndonos mostrado de acuerdo en la prórroga incondicional e indefinida del Tratado de No Proliferación Nuclear, que se había debatido y votado en el seno de las Naciones Unidas, en el buen entendimiento de que las potencias nucleares no hicieron experiencias haciendo explotar sus ingenios nuclea- res. Francia ha roto precisamente el juego. Francia ha roto la baraja. Esto es lo grave, porque lo rompe un país de tradición democrática, el país que fue cuna de la primera Declaración de los derechos humanos, un país que es un socio de España no solamente en la Unión Europea, sino en la UEO, en las instituciones militares y en la OTAN. Si el Gobierno español recoge hoy este parecer de la Cámara acertadamente no puede limitarse tan sólo a expresar una condena y un rechazo --a lo que, por supuesto, Coalición Canaria se suma en primer lugar junto a los demás grupos parlamentarios-- de las experiencias nucleares francesas, sino que, debe rechazar todo el contexto en el que Francia está planteando esta experiencia.
En fechas recientes, tanto los ministros como el presidente Chirac ha dicho que ofrecen a la Europa occidental este arma para su defensa. Pues que se queden con ella. No necesitamos, en el planteamiento que estamos haciendo, dentro del pilar europeo y de la Unión

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Europea Occidental, ofrecimientos de estas armas. Estas armas, ¿contra quién? ¿Quién es la otra alternativa que nos va a amenazar con el armamento atómico en este proceso nuclear? O, ¿es que estamos aquí reinventando una nueva guerra fría con otros contendientes y otros títulos? Esto es lo grave, porque Francia sigue insistiendo, sobre todo con ese caramelo envenenado, en ofrecer este arma para la defensa de Europa Occidental. ¡No, señor! Hay que decirle contundentemente no, porque tan grave como la propia experiencia atómica nuclear hecha en el atolón, en la Polinesia, es, sencillamente, después, este otro lenguaje politico de arropamiento, que es el que tenemos que rechazar y refutar frontalmente.
El Gobierno español tiene que empezar suspendiendo incluso, si es preciso, todo tipo de maniobras militares bilaterales entre las Fuerzas Armadas de España y de Francia. Poner en cuestión el tema del Euroejército del Sur, planteado con Italia, Francia, España y Portugal, si es que Francia quiere tener en su arsenal este tema, porque no creo que en este momento el Reino Unido --el otro socio de la Unión Europea y de la Unión Europea Occidental con armamento nuclear-- se atreva a hacer ninguna experiencia de este tipo. Incluso se les ha señalado que existe en este momento la posibilidad de efectuar programas de ordenador que simulan todas estas experiencias horrorosas, para que se hagan por esa vía y no por la que Francia ha optado.
Este es el fondo de la cuestión, señor Presidente, al que nosotros queremos sumarnos y votaremos favorablemente, en este espíritu, la forma en que ha sido presentada por los grupos proponentes de la proposición no de ley y de las enmiendas, dentro del consenso.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, el pasado día 26 de abril, con la continuación que tuvo lugar el 9 de mayo, discutíamos en esta Cámara la interpelación y la consiguiente moción que tuvo el acierto de presentar el Grupo de Izquierda Unida, en los momentos en que todavía no se conocía cuál iba a ser el futuro del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Precisamente en aquellos momentos, como resaltaba el portavoz socialista en este trámite, y a pesar de un amplio consenso entre varios grupos de esta Cámara, no pudimos llegar a la definición de una postura común sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear porque nosotros y otros grupos de esta Cámara insistimos sistemáticamente en la necesidad de que el Tratado de No Proliferación tuviera una continuación indefinida e incondicional. Y subrayamos la necesidad de que la continuación fuera indefinida e incondicional porque cualquier otra fórmula que se pudiera encontrar suponía pura y simplemente una invitación a la proliferación nuclear, que nosotros quisimos, queremos y querremos evitar en el futuro.
En aquel momento el Grupo de Izquierda Unida no lo comprendió así y como consecuencia de ese debate esperanzador, optimista hasta cierto punto, pero también frustrado, nosotros, el día 10 de mayo, con entrada que tuvo en esta Cámara el día 12 de mayo, presentamos una proposición no de ley en donde de manera sistemática recogíamos todos los aspectos que nos parecen relevantes sobre la no proliferación nuclear.
De hecho, esa proposición no de ley había sido previamente una enmienda de modificación a la totalidad, que habíamos presentado en el trámite parlamentario de la interpelación al mismo texto propuesto por Izquierda Unida. De manera que tuvimos ocasión muy temprana, incluso antes que otros grupos, incluyendo también al Grupo Socialista, de manifestar muy claramente cuáles eran los puntos fundamentales de nuestra política al respecto.
Puedo decir, por otra parte, sin ofender al Grupo Socialista y sobre todo a su portavoz, que, habiendo tenido ellos conocimiento previo de nuestros planteamientos, seguramente en ellos se han inspirado para presentar la proposición no de ley que en este momento estamos considerando, porque, como podrán comprobar SS.
SS., si tienen la paciencia de leer y comparar los dos textos, podrán observar que las coincidencias son prácticamente textuales en muchos de los puntos. De manera que, siendo previa nuestra presentación, es lógico presumir que la inspiración, que, por otra parte, no reclamamos de una manera monopolista, está en ese texto nuestro.
En ese texto nuestro insistíamos en la necesidad de que era necesario conseguir una indefinida e incondicional extensión del Tratado de No Proliferación. Decíamos también que debíamos seguir trabajando activamente, en el marco de las negociaciones de Ginebra, en la conclusión de un tratado de prohibición de pruebas y hacia la reunión del máximo apoyo posible para una extensión indefinida y al mismo tiempo, decíamos en aquella ocasión, con fecha del 10 de mayo, incluso del 9 de mayo, que el Gobierno debería usar de su influencia sobre los gobiernos de los países poseedores de armas nucleares en un intento de persuadirles de que extiendan su moratoria voluntaria sobre pruebas nucleares. En particular, deberá solicitar que la República Popular de China desista de llevar a cabo más pruebas nucleares, tal y como lo hizo tras las pruebas de octubre de 1993 y junio de 1994.
Decíamos también que era necesario seguir con los esfuerzos dedicados a la promoción del desarme nuclear, en particular la puesta en práctica del Tratado Start I y de la ratificación del Start II.
Pedíamos, y seguimos pidiendo, porque no se encuentra en la proposición no de ley del Partido Socialista, la creación de un registro de armas nucleares en las Naciones Unidas.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque tampoco se encuentra en la proposición no de ley del Partido Socialista, que deberíamos persuadir a los cinco Estados poseedores del arma nuclear, miembros del Consejo de Seguridad, para que refuercen sus garantías de seguridad hacia aquellos Estados que cumplen con sus obligaciones de no adquisición y de no proliferación de armas nucleares.
Pedíamos también la necesidad de apoyar los esfuerzos de las negociaciones en Ginebra para producir un tratado que se llama técnicamente «cut-off» para la prohibición de material fisible con finalidades armamentísticas.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque no está en la proposición no de ley del Grupo Socialista, el favorecimiento del desarrollo de un mecanismo de sanciones contra las violaciones del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo porque no está en la proposición no de ley del Partido Socialista, que se debe urgir a todos los signatarios del Tratado de No Proliferación Nuclear más allá de la extensión del Tratado

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a contraer compromisos voluntarios e imponerse a sí mismos límites.
Pedíamos, y pide el Grupo Socialista, que se refuerce la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Pedíamos, y seguiremos pidiendo, porque no está en la proposición no de ley del Partido Socialista, que se utilice la influencia de la Agencia para asegurarse que el límite mínimo fijado para cantidades significativas de materia nuclear susceptible de control sea reducido.
Este era el contenido de la enmienda de modificación que sometimos a la consideración de la Cámara con ocasión de la discusión de la moción consiguiente de interpelación de Izquierda Unida. Este es el contenido de la proposición no de ley que está sometido a la consideración de esta Cámara y que esperamos que dentro de poco sea efectivamente objeto de consideración de la misma. Esa es la política nuclear del Partido Popular. Ha sido y seguirá siendo la política nuclear del Partido Popular.
Desde ese punto de vista, tengo que decirles, señoras y señores Diputados, que, habiendo contemplado cuáles son los textos que se nos somete a nuestra consideración, fundamentalmente por parte del portavoz del Partido Socialista, nosotros vamos a votar favorablemente la proposición no de ley e incluso algunas de las propuestas transaccionales que el propio Partido Socialista somete a nuestra consideración, incluyendo entre ellas, porque la consideramos una lógica consecuencia de nuestra filosofía al respecto, aquella que manifiesta su desaprobación y su condena por la realización de las pruebas nucleares recientemente llevadas a cabo por la República Popular China y por la República francesa. Hasta aquí la postura del Grupo Popular con respecto a lo que hoy nos trae, que es la consideración de una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre los temas relativos a la no proliferación nuclear.
Yo comprendo que el portavoz socialista tenga determinadas dificultades generales en este momento --no lo comparto-- y lo lamento, porque ha introducido toda una serie de consideraciones que en el fondo nos desvían del tema que hoy nos trae aquí, que es el de la no proliferación. Yo comprendo que el Grupo Socialista y su portavoz, encontrándose en estos momentos en circunstancias de dificultad y de sequía política como las que padecen, se aferren a determinadas consideraciones que nada tienen que ver con el tema que nos ocupa. Nos habla el portavoz socialista de patinazos, de ridículos. Ridículos y patinazos los que están continuamente cometiendo, en primer lugar, los miembros del Gobierno socialista, cuando, señor De Puig, todavía no sabemos exactamente qué es lo que el Gobierno piensa sobre el tema de la proliferación nuclear y sobre el de las pruebas atómicas francesas. Tengo ante mí una reciente publicación periódica, diaria, donde, bajo el título «Borrell critica con más dureza que Solana la prueba francesa», nos enteramos de que el enviado especial del periódico en cuestión, que es «El País», presente en un viaje reciente del señor Presidente del Gobierno fuera de nuestras fronteras, donde se decía que había manifestado determinadas expresiones respecto a las pruebas francesas, decía que no escuchó ninguna palabra al respecto ni de Solana ni de González. Fuentes próximas al Gobierno, que exigieron reservas, señalaron que en este asunto Borrell ha hecho la guerra por su cuenta. El Gobierno español sigue la noticia a través de la OID, lamentó la decisión francesa de reanudar las pruebas nucleares y recordó que España está a favor de que se mantenga la moratoria global de ensayos nucleares. Pero una organización ecologista lamentaba que esa manifestación supuesta del Gobierno español tuviera que producirse como consecuencia de una disparidad aparente o real -- no se sabe-- de manifestaciones entre los miembros del mismo Gobierno.
Parece que el señor Borrell se ha dirigido a la Ministra del Medio Ambiente de Francia deplorando el inicio de las pruebas nucleares, pero fuentes cercanas al Gobierno no dan mayor importancia a las dos declaraciones por considerar que la toma de postura de Borrell pertenece al ámbito de sus competencias. ¿En dónde estamos, señores de la mayoría? ¿Dónde está el Gobierno? ¿Qué es lo que piensa el Gobierno al respecto para que vengan ustedes a hacernos consideraciones de tipo ético-moral sobre esta cuestión, que yo soy el primero en lamentar? Estamos completamente de acuerdo en una necesidad y es que en esta Cámara se produzca un debate y se manifieste de manera efectivamente consensuada sobre un tema que debería recoger el consenso y la manifestación generalizada de todos los grupos de la Cámara...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez, le ruego concluya, por favor.


El señor RUPEREZ RUBIO: Estoy terminando, señor Presidente.
Esta es la materia importante que aquí nos trae. Todo lo demás, señores de la mayoría, son puras y simples necesidades coyunturales de ustedes para encubrir lo que es difícilmente cubrible. Un Gobierno que está sometido a la presión pública por las informaciones cada vez más infamantes que conocemos día a día; un partido que está sometido a las consideraciones de dudosa calidad moral que ustedes sufren y conocen mejor que nadie en este país no es nadie para hacer la moral a los demás. Por tanto, atengámonos a lo que son efectivamente las necesidades de buscar un consenso sobre temas importantes para la política nacional, como es el tema nuclear, y dejemos lo demás para el silencio. El silencio pudibundo y púdico que merecen las actuaciones del Gobierno en tantos terrenos de la vida nacional. Ni más ni menos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Antes de dar la palabra al señor De Puig para que manifieste su aceptación o no de las enmiendas presentadas, esta Presidencia entiende, señor Carrera, que la enmienda presentada por su Grupo se considera no mantenida en la medida en que acepta la transaccional. (Pausa.) El señor De Puig tiene que manifestarse con relación a los puntos mantenidos de las diferentes enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, en todo caso, concretar, para que quede bien claro a todos los grupos, cuál es el contenido de la enmienda transaccional y a qué puntos de la proposición no de ley del Grupo Socialista.


El señor DE PUIG I OLIVE: Señor Presidente, con nuestra transaccional aceptamos a trámite la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y las dos primeras enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que habrían quedado refundidas con nuestra propia enmienda en esa transaccional.
En segundo lugar, aceptamos la enmienda número 4 del Grupo de Izquierda Unida por creer que mejora nuestra redacción, aunque, tal como ha manifestado su portavoz, aceptan también el añadido de nuestra enmienda número 2, que se refiere a la fecha de conclusión del Tratado para 1996. Nosotros, señor Presidente, lo aceptamos porque creemos que es coherente con el resto de nuestra proposición y de nuestra enmienda y, desde luego, con lo que han sido las manifestaciones de nuestro Gobierno, de nuestro Ministro, que, en un debate en este plenario, precisó exactamente cuál era la posición del Gobierno en esta materia (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.), desde luego, bastante antes de que el Grupo Parlamentario Popular presentara iniciativa alguna. Si alguien copió, deberíamos ver quién copió. (Continúan las protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Puig, cíñase al contenido de este turno.


El señor DE PUIG I OLIVE: En segundo lugar, tengo que decir que no aceptamos la enmienda número 3 del Grupo de Izquierda Unida, ni tampoco las números 5 y 6, por creer que aquellos puntos a los que se refieren estas enmiendas están mejor redactados en nuestra propuesta y pueden ser votados por los demás grupos aunque en el caso del Grupo Popular supongan una contradicción total con la acción de su jefe de filas, señor Aznar.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre no proliferación de armas nucleares, que se somete a votación con las modificaciones resultantes de las enmiendas aceptadas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 293; a favor, 293.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Socialista.)

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SOLICITUD A LA UNION EUROPEA DEL INCREMENTO DE UN MILLON DE TONELADAS EN LA CUOTA LACTEA ASIGNADA A ESPAÑA (Número de expediente 162/000143)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre solicitud a la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas en la cuota láctea asignada a España.
Tiene la palabra la señora Fernández Díaz.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señorías, el Partido Popular presenta esta proposición no de ley por la que solicita que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que urgentemente negocie con las pertinentes instancias comunitarias al objeto de que sea concedido el incremento de un millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España como cantidad de referencia.
La presentación de esta proposición no de ley en este preciso momento no obedece a una mera casualidad sino a que, como SS. SS.
verán, es la conclusión final de una recopilación de conceptos después de un estudio exhaustivo de la problemática del sector lácteo. Para llegar a dicha conclusión nos hemos reunido con los sectores implicados, tanto productores como industrias transformadoras, distintos agentes sociales, comunidades autónomas y, cómo no, hemos tenido en cuenta las opiniones vertidas en esta Cámara por los distintos grupos que la componen y que han coincidido hasta tal punto que si el Gobierno tuviese por ella el respeto debido ya no sería necesario presentarla porque existe un mandato de una proposición no de ley aprobada en Comisión por todos los grupos políticos, incluido el que sustenta al Gobierno, presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que en uno de sus puntos dice textualmente: Que el Gobierno se comprometa a iniciar con la Unión Europea la ampliación de la cuota láctea asignada a España. Asimismo, existe una proposición aprobada a iniciativa del Partido Popular, en

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uno de cuyos puntos se pide que se renegocie la cuota láctea.
También esperábamos que se llevara a cabo el reparto de la reserva nacional. Como no contamos con una encuesta sobre la situación del sector lácteo en la actualidad, realmente carecíamos del principal indicador.
En todas las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos políticos, si se revisan los boletines de la Cámara, ninguno ha renunciado a la cuota por considerarla una deuda histórica. Unos hemos barajado la producción interna como mínimo; otros, el potencial productivo, que sería lo ideal, pero creo que en este momento, con los indicadores que tenemos, ya podemos cuantificar.
El millón de toneladas que se somete a revisión es una parte de ese error que se produce por negociar a la baja y se aproxima a lo que las empresas están importando para cubrir el consumo interno. Asimismo, este déficit nos obliga a que tengamos que pagar multas supermillonarias que hace que las ayudas al sector provenientes del Feoga se queden en el camino porque hemos de hacer frente a la corrección financiera negativa. Y, señorías, eso, con todos los respetos, es como pisarnos, y luego, pedirnos perdón.
En cuanto al momento idóneo, ya se lo manifesté al señor Ministro en la comparecencia celebrada el 27 de junio. Presidimos durante este semestre la Unión Europea y no debemos pasar por alto esta oportunidad.
Yo no he visto en ningún momento por parte de este Gobierno voluntad decidida de abordar este tema. En la reunión preparatoria celebrada en Segovia, se habló de adversidades climatológicas, OCM de la patata, OCM de las frutas y hortalizas, someramente del vino, apicultura, arroz y hormonas, pero no he visto ni la más mínima referencia al sector lácteo.
Si este Gobierno pierde esta oportunidad para renegociar la cuota láctea y ponernos al mismo nivel de los otros países, aunque sea empezando por la cola, está perdiendo una oportunidad sin precedentes en la historia de las relaciones con la Comunidad, tanto pasadas, presentes como futuras.
Se nos ha pintado este semestre como la panacea, hasta tal punto que el señor González no podía dimitir porque íbamos a perder grandes oportunidades. Pues que empiece a ganar batallas, si es que quiere ganar la guerra.
Estamos en la última fase de la reordenación del sector, es decir, finaliza el proceso normativo para la adaptación a la reglamentación comunitaria. Cuando España firmó el Tratado de Adhesión a la CEE, uno de los flecos fue la cantidad de leche que le correspondía producir. Se fijó el año 1985 como referencia.
Todos sabemos que desde aquellas fechas con muchos esfuerzos la cuota fue ampliada hasta llegar a la de hoy, pero es evidente que lo que se consiguió hasta el momento no es suficiente para desenvolver nuestro mercado y competir con otros países.
Si vemos el cuadro de autoabastecimiento de leche de la CEE correspondiente a los Doce en el año 1993, nos encontraremos con que tenemos: Dinamarca, 197 por ciento; Francia, 106 por ciento; Irlanda, 410 por ciento; Países Bajos, 235 por ciento; España, 76 por ciento.
En la cuota asignada a los países de los Doce, vemos que a Alemania le han adjudicado 28 millones de toneladas con un censo de población de 80 millones de habitantes y a España 5 millones de toneladas para 40 millones de habitantes.
Señorías, en honor a la hora, yo no quiero barajar más estadísticas, pero espero que con las que he mencionado sea suficiente para que reflexionen sobre el tema.
No olvidemos que estas cantidades nos dan el nivel de nuestras importaciones y exportaciones y así no podemos competir con ningún mercado, señorías. Cuando entren en la Unión Austria, Finlandia y Suecia, no se les fija cuota hasta que lleguen a producir por encima del consumo. Tampoco quiero hablar de Italia, que da unos porcentajes bajos pero que produce más de lo que declara y, en cuanto a normativa, hace de su capa un sayo y, contra todo pronóstico, le revisan la cuota y, además, se la aumentan.
Parece evidente que deben reducir producción los países que generan excedentes y que a ningún Estado se le debe fijar cuota mientras no llegue a producir por encima del nivel de consumo interno.
Cuando el Gobierno se pone a repartir la reserva nacional se encuentra con la siguiente situación: disponibles para repartir, 350.000 toneladas. Solicitaron reserva, 58.000 ganaderos; reúnen requisitos, 49.650 ganaderos. Cuota total solicitada, 1.410.000 toneladas. De estos ganaderos, recibirán cuota 15.000. Quedan sin ella 32.000. Es de suponer que si la piden es que tienen en dónde producirla. Por tanto, señorías, esta cantidad permitiría, no sin esfuerzo, mantener un crecimiento razonable de nuestro sector.
Tratar de hacerlo de otra forma es totalmente imposible, y ya se ha demostrado, si bien es cierto que para conseguirlo hay que cambiar el discurso dominante que acepta las normas europeas como principios inmutables, cuando precisamente --y la palabra lo dice-- de una negociación se trata.
Y sin ánimo de pontificar, me atrevo a decir que si el Gobierno no lo consigue, lo tendrá que lograr un sector organizado y la sociedad en su conjunto, pero al final lo lograrán.
Aunque muchas veces parece que el conflicto queda reducido a una mala gestión administrativa del proceso, la clave es la ampliación de la cuota. La falta de planificación y la desinformación sume al sector en un mundo de incertidumbres que nada le favorecen, pero el meollo es el millón de toneladas, o sea, el aumento de la cuota.
No se debió entrar en Europa a cualquier precio. Los países miembros han ganado 40 millones de consumidores y a nosotros, por aceptar todas las reglas del juego, ya vemos lo que nos está ocurriendo con la pesca, las frutas, las hortalizas, el vino.
Los ganaderos han aceptado un esfuerzo extraordinario de modernización técnica y económica y aceptan

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reducir su número a cambio de la promesa de un encuadramiento, de una protección de los mercados y de una paridad de la renta con las otras categorías sociales. Se integran en una economía industrial, se someten a las exigencias de la misma en términos de productos de calidad y de especialización de la explotación, asimilan técnicas nuevas de la producción, pero estas inversiones hay que rentabilizarlas. Gran parte de ellos aún están pagando los créditos solicitados a través de los decretos 1.808 y 1.887.
Las regiones más marginales se conforman con las producciones más difíciles de industrializar, como es la producción de leche y carne, y más exigentes en trabajo. Europa se va convirtiendo en una geografía de regiones especializadas en producciones y, como es lógico, las industrias agroalimentarias tienden a concentrarse en las regiones industriales más dinámicas. Y la pregunta es, señorías, ¿qué va a pasar con las nuestras? ¿Es consciente el Gobierno de que en este momento estamos importando leche en polvo para producir leche? La política europea ya deja entrever una agricultura a dos velocidades, con una agricultura especializada, que se beneficia de la parte más importante de las ayudas económicas destinadas a los mayores productores y una agricultura marginada, que recibe apoyos a tanto alzado, para poder subsistir en las regiones más desfavorecidas.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, le ruego concluya.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente. Ya termino.
España no se puede conformar con las ayudas en forma de limosna para paliar la situación presente. Debe luchar por el futuro y parte de ese futuro lo compone este sector. No debe aceptar la normativa como si ésta no fuera susceptible de cambio. Se modificará cualquier día y nos pillará desprevenidos, y si no al tiempo. En un sector desorganizado como es el lácteo, también hay que tener en cuenta las consecuencias que se derivarán de los acuerdos del GATT. A partir del mes de junio pasado, se ha puesto en vigor. Es lógico que se tema una mayor presión de la oferta comunitaria de leche, principalmente en quesos y otros productos transformados, de países con excedentes como Francia, Inglaterra, Alemania, en fin, aquellos mercados deficitarios en su relación producción-consumo, como es el nuestro. Nuestro Gobierno, señorías, debe adoptar una postura firme para defender nuestro derecho a participar en los mercados internacionales.
Con esta situación, y en un momento en que en Europa se está produciendo a la baja, que los stocks de leche en polvo y mantequilla están bajo mínimos, es muy difícil, señorías, que el Ministro de turno, aunque sea el señor Atienza, pueda dar una explicación razonable.
Y ya, para finalizar, sólo me resta pedirles el voto a una proposición no de ley que, por las razones aducidas, puede satisfacer a todos, porque es el sentimiento expresado por todos los grupos políticos y es lo que el sector está demandando.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.
Por el Grupo Socialista se ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa y para fijar la posición del grupo, tiene la palabra la señora Gorostiaga.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la petición de incremento de la cuota láctea asignada a España por la Unión Europea ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados, principalmente en el último año. Por citar solamente los antecedentes más próximos y más significativos citaré los que les decía, los del último año.
Una proposición no de ley de Izquierda Unida sobre la renegociación de la situación del sector ganadero en general y el lácteo en particular; una proposición no de ley del Grupo Vasco (PNV) sobre cuotas lácteas, ambas debatidas en la Comisión de Agricultura del 14 de septiembre, que dan como resultado un texto aprobado, correspondiente a la primera proposición, en la que ya se pide solicitar a la Unión Europea la ampliación de la cuota para ajustar la cantidad de referencia asignada a las necesidades reales de producción. Asimismo, una moción, consecuencia de una interpelación del Grupo Popular en el Congreso, relativa a las medidas a adoptar en relación a la multa impuesta por la Unión Europea a España por exceso de la producción láctea respecto a la cuota asignada y a las medidas a adoptar para reestructurar en profundidad el sector lácteo español, de 15 de noviembre de 1994.
Una comparecencia del señor Ministro de Agricultura en la Comisión, el 27 de junio de 1995, para informar de los diversos temas relacionados con el sector lácteo. Una pregunta de la Diputada doña Elvira Fernández, del Grupo Popular, en el Pleno del 28 de junio de 1995, en el mismo sentido.
Ahora mismo nos disponemos a debatir, estamos debatiendo ya, otra iniciativa, esta vez en forma de proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular en septiembre de 1994 y retomada hoy, vuelve a incidir en que debe solicitarse una ampliación de la cuota láctea asignada a España.
Aun siendo reiterativa con las anteriormente citadas, quisiera hacer unas reflexiones en torno a la argumentación de la misma proposición, sobre todo por aclarar algunas imprecisiones o medias aseveraciones que se hacen en los fundamentos de la propia proposición.
La asignación de las cuotas lácteas de cada Estado miembro se hace en función de la cantidad de leche y productos lácteos comercializados por sus ganaderos

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en un año determinado (en 1981 para la Comunidad Económica Europea y en 1983 para España) y nunca por el consumo interno, argumento este expuesto en el fundamento de la proposición no de ley. En este sentido, hay que señalar que la Comisión nunca ha aceptado los argumentos españoles para aumentar la cuota basados en el consumo interior y en el déficit comercial. La asignación de la cuota global de España se hizo con los datos del Anuario de estadística agraria de 1983, en tanto que la desviación de 1.500.000 toneladas a que se hace referencia en la proposición corresponde al año 1990. Además hay que aclarar que esta desviación estimada era de 1.450.000 toneladas y que este año la cuota era de 4.550.000 toneladas, mientras que la cuota inicial era de 4.650.000. A esta desviación han contribuido reducciones obligatorias de cuota y el crecimiento de la producción de leche registrado entre 1986 y 1990, al no cumplirse el régimen de cuotas.
El argumento de los errores estadísticos ya fue utilizado por la Administración española para negociar un incremento de la cuota global asignada a nuestro país y dio como resultado el aumento neto de la misma en 592.000 toneladas, acordado en el Consejo de Ministros de Agricultura de 21 de mayo de 1992, más un trasvase de cuota de venta directa a venta a industrias de 150.000 toneladas, con lo cual la cuota de entregas a compradores se situó en 5.200.000 toneladas, es decir, 550.000 toneladas superior a la fijada en el Tratado, a pesar de las reducciones obligatorias habidas a nivel comunitario. La Comisión ha considerado esta ampliación con efecto retroactivo a 1989 en la corrección financiera negativa y, además, no se aplicó a los años 1986, 1987 y 1988, en los que también la producción superó la cuota.
Respecto a la alusión que se hace a Italia, en referencia al acuerdo sobre el paquete de precios agrarios y medidas complementarias para la campaña 1994-95, también se aprecia en los fundamentos de su proposición un error importante que conviene aclarar: parece deducirse de las observaciones que a Italia se le ha concedido un nuevo aumento de cuota para el período 1994-95, lo cual es absolutamente falso, ya que las 900.000 toneladas que se citan para Italia corresponden a la ampliación acordada por el Consejo de Ministros de diciembre de 1992, las cuales, al igual que las ampliadas para España, debían ser revalidadas como definitivas en función del cumplimiento de los comprimisos adquiridos por los Estados miembros en dicho acuerdo. Lo que ha sucedido es que mientras a España se le consolidó la ampliación para el período 1993-94, a Italia y a Grecia se le hizo definitiva su ampliación en el período 1995-96.
En cualquier caso, las 900.000 toneladas concedidas a Italia significan un aumento del 9,96 por ciento sobre su cuota global, en tanto que las 592.000 toneladas para España suponen un 11,9 por ciento de incremento neto.
En cuanto al contenido de la propia proposición debe señalarse, para que quede suficientemente claro, que el Gobierno español no es ni ha sido nunca remiso a formular peticiones ante las autoridades comunitarias, pero teniendo siempre muy en cuenta la oportunidad y las posibilidades de éxito de la misma para no incurrir en un desgaste que pudiera perjudicar a otros planteamientos. Como SS. SS. conocen, las posibilidades de una ampliación de las cuotas lácteas dependen de varios factores, uno de ellos, muy importante, el ambiente comunitario al respecto; otro, los argumentos justificativos de la petición y la oportunidad del momento.
El ambiente comunitario es hasta ahora negativo a un incremento de la cuota global de los Estados miembros. Después de una reducción del 9,5 por ciento de las cuotas asignadas inicialmente --para España solamente un 7,5 por ciento--, se ha logrado una estabilidad de los mercados aceptable y no se quiere correr el riesgo de alterarla. Asimismo, hay que añadir que el riesgo de nuevas reducciones de cuota aún no ha desaparecido y va a depender de cómo evolucionen los mercados con la aplicación de los acuerdos del GATT.
Los argumentos justificativos no pueden basarse en situaciones comerciales deficitarias por una producción interna inferior al consumo. Como les decía, las autoridades comunitarias rechazan este argumento de plano.
Los argumentos basados en errores estadísticos de producción a la hora de asignar la cuota ya han sido explotados ampliamente tanto en la negociación del Tratado de adhesión como en las negociaciones para la ampliación conseguida últimamente.
En resumen, señorías, España ha obtenido un incremento neto de su cuota inicial de 642.000 toneladas con la ventaja de que las mismas no han sufrido la reducción del 9,5 por ciento que afectó a las cuotas iniciales de todos los Estados miembros. Estos datos no pueden ser ignorados ni minimizados. Abundando aún más, los resultados de las campañas de cuotas 1993-94 y 1994-95 señalan que no existe un desajuste entre la leche comercializada y la cuota global. En la campaña 1993-94 las entregas de leche a las industrias superaron ligeramente la cuota en 29.000 toneladas y la venta directa quedó muy por debajo. En la campaña 1994-95 y después de trasvasar 202.750 toneladas de cuota de venta directa a venta a industrias, las entregas y las ventas directas han quedado por debajo de la cuota en 42.800 y 11.150 toneladas respectivamente, siendo inferiores las cantidades en que los ganaderos se han sobrepasado, 182.000 toneladas que las entregas por debajo de su cuota, 224.800 toneladas.
La situación interna del sector es actualmente satisfactoria. La aplicación del régimen de cuotas no ha provocado las catástrofes vaticinadas por algunos. Se mantienen altos precios de la leche al productor, 45,48 pesetas de media en 1995, y las estructuras de producción avanzan hacia metas de mayor eficacia. La competitividad del sector y la evolución del mismo va a depender más de la eficacia productiva que de las

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limitaciones de la propia cuota. Este es el camino que han emprendido la mayoría de las explotaciones ganaderas desde que se promulgó el plan de reordenación del sector y los resultados son bien patentes.
El Grupo Socialista, a pesar de estos argumentos, con los que se desmonta parte de la fundamentación de la proposición del PP, y también a pesar de ser una iniciativa reiterada respecto a otras tomadas en esta Cámara, insiste, no obstante, en que ni este grupo, ni el Gobierno han sido nunca, son ni serán remisos a plantear nuevas reivindicaciones ni peticiones ante la Unión Europea.
Por ello, aceptando el espíritu de la proposición, que sería negociar o pedir ampliación de la cuota, planteamos una enmienda en la que suprimimos de la proposición la expresión «urgentemente» por algunos de los argumentos anteriormente expuestos, que para cualquier petición, de este tipo o de otro, hay que tener en cuenta la oportunidad del momento y el ambiente comunitario, y SS. SS. saben que en estos momentos el ambiente comunitario es claramente desfavorable al aumento de las cuotas.
Asimismo, suprimimos la expresión «un millón de toneladas». Nos parece prematuro aventurar cifras concretas cuando aún no se dispone de un estudio técnico detallado sobre la producción y el consumo nacionales de leche, que analice también las repercusiones que tendría esta cifra, u otra, en el sector. ¿Por qué un millón de toneladas? ¿Por qué no dos? ¿Quién dice que un millón: las industrias? ¿Y la repercusión que tendría en los precios de la leche que perciben los ganaderos esta ampliación u otra? ¿En qué datos nos basamos para pedir esa cantidad precisamente? ¿Por qué no pedimos millón y medio por si acaso?

El señor PRESIDENTE: Señora Gorostiaga, le ruego concluya.


La señora GOROSTIAGA SAIZ: Por tanto, la proposición, con nuestra enmienda, quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que negocie con las pertinentes instancias comunitarias al objeto de que sea concedido un incremento de la cuota láctea asignada a España como cantidad de referencia.
Esperemos que esta enmienda sea aceptada y se pueda seguir manteniendo respecto a este tema el consenso que hemos estado manteniendo en el resto de las iniciativas de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorostiaga.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Tubert.


El señor TUBERT I ALSINA: Señor Presidente, señorías, intervengo por el Grupo Parlamentario Catalán para fijar la posición con referencia a la ampliación en un millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España.
Nuestro grupo se ha manifestado siempre partidario del sistema de contingentación de la producción, del sistema de cuotas, y también ha venido apoyando siempre las iniciativas que se han instrumentado para recuperar y asegurar la rentabilidad del sector. El sector lácteo es capital para el Estado español, para su economía, para su base productiva y para el equilibrio territorial y social de muchas zonas. Se ha dado también apoyo a la reordenación general de este sector en el sentido de contrarrestar el efecto de un defecto de negociación en el momento de nuestra incorporación a la Unión Europea, que bien seguro ha llevado a cierto desconcierto durante un período aproximado de diez años.
La reordenación se ha llevado correctamente, se han cubierto todas sus fases como cabía esperar y, en definitiva hoy, después de las campañas de abandono, de la reasignación de cuota, de la regulación de las transferencias entre particulares, hemos conseguido adaptar nuestra legislación y este sector a lo que era la normativa comunitaria; una adaptación a la normativa comunitaria que evidentemente era imprescindible y cuyo único defecto ha sido que, si en un origen se hubieran hecho mejor las cosas, a bien seguro ni el trámite habría sido tan traumático ni el resultado final, o el momento en que nos encontramos, valorado distintamente por los diferentes sectores sociales.
A nuestro entender, lo único que hasta hoy hemos cubierto es una fase de asentamiento del sector productivo y cabe entrar en una fase de apoyo a todas las iniciativas orientadas a la optimización de los procesos productivos, a la mejora de las rentas de nuestras explotaciones, así como a la mejora de las rentas de las industrias. A nadie se le escapa que esta fase tiene un punto clave que es la ampliación de la capacidad productiva del Estado español y desde nuestro grupo queremos dejar de manifiesto en este momento, si así procede y así se consigue, que ha de procederse a una redistribución de esta cuota con criterios y parámetros marcados por las propias comunidades autónomas, porque hay que corregir el efecto que estamos sufriendo permanentemente y que hemos sufrido durante todo el tiempo en este sector, de que los ajustes de distribución no se acoplan a lo que son las distintas realidades de cada zona de producción.
Nosotros, evidentemente, conocemos las reticencias de la Unión Europea a introducir variaciones en este sector, pero hoy por hoy entendemos que no sólo es necesario sino que es oportuno que se plantee ya desde el Estado español. Partiendo, como no, de una visión europeísta y de un principio de solidaridad, de ninguna manera se puede dejar de tener presente que, dentro del marco del Estado, somos de los pocos países

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que no llegamos al equilibrio entre consumo y producción.
Además, querría mencionar que las zonas especialmente productivas del Estado español son zonas en las que el ingreso de rentas procedentes de otros sectores o el complemento de las mismas rentas procedente de otras vías es especialmente difícil y que el desfase que se produce en éstas queda muy lejos de la realidad que se está dando en los países que generan en realidad el exceso de toda la comunidad, países que han sido aquí citados, como por ejemplo Países Bajos, Dinamarca o Irlanda. En definitiva, el mismo principio de solidaridad nos compromete, pero no tenemos que ser más tolerantes ni más generosos que el resto de países es con nosotros en su postura y en sus planteamientos en sectores muy nuestros, como se está detectando en este momento cuando hablamos de la posibilidad de reforma del sector vitivinícola.
Otras medidas que querría se tuvieran en cuenta son la media de cuota por explotación, el número de vacas por explotación y el rendimiento medio por explotación, tres parámetros que, contemplados desde la óptica que se quiera, estamos siempre por debajo de lo que es la media comunitaria.
También querría mencionar el papel de la industria.
Históricamente ha habido reticencias entre el sector productor y el sector industrial, pero en el año 1990 la cuota que producía el Estado español cubría el 90 por ciento lo que era el consumo.
Hoy esto ha descendido quince puntos, hasta el 75 por ciento, y la situación de la industria española es que tiene sobredimensionada la capacidad de transformación, la capacidad de elaboración y la capacidad de comercialización y, además, está sufriendo una agresión muy fuerte del resto de países comunitarios que han amortizado sus estructuras a base de ayudas que tuvieron en su momento y que las hace más competivas.
En definitiva, el propio sector industrial español puede estar conducido al fracaso y si el centro de gravedad de las industrias lácteas europeas se desplaza hacia el centro de Europa o hacia el Norte, no sólo habría una repercusión sobre el sector productivo sino también sobre los costes que llegan al consumo, así como sobre la renta que se generaría a nuestros agricultores.
Entendemos que la aprobación definitiva de la ampliación de capacidad de producción de un país como Italia es un elemento que cabe referirlo expresamente, porque Italia es un país que entró en la aplicación de las cuotas lácteas desde el inicio y sólo el manifiesto y reiterado incumplimiento de lo que eran sus obligaciones con el resto de países y con la producción láctea de la Comunidad, le ha permitido, hoy por hoy, tener un trato tolerante y que se le concediera una ampliación. Evidentemente es un país cuyos argumentos para haber conseguido esta autorización tienen mucha menos base que los que tenemos nosotros y esto cabe tenerlo presente para próximas negociaciones. También querría señalar, y no pasar por alto, que en la última reasignación de cuota el número de solicitudes fue de alrededor de 50.000, como aquí ya se ha dicho, por parte de nuestros productores, y lo cierto es que la inmensa mayoría quedaron excluidas. Eran productores encuadrados dentro de la normativa, el reglamento les permitía poder manifestar sus necesidades y, además, justificaron la necesidad de ampliación de cuota. Concretamente, en Cataluña se ha dado la circunstancia de que más del 75 por ciento de las solicitudes han quedado desestimadas. Evidentemente, es un compromiso de la Administración reconducir esta situación y un compromiso que a nosotros nos obliga porque, si bien es cierto que no queremos cuestionar los parámetros por los que se ha reasignado la cuota y sabemos que las particularidades territoriales y de sistemas de producción de nuestra comunidad no son parejos a los demás, también es verdad que con una producción del 12 por ciento de la cuota del Estado español y con una necesidad competitiva como el primero, nuestros planteamientos deben ser tenidos en cuenta en una opción de futuro.
Por todo ello y con la confianza de que es una medida de interés para el sector, vamos a apoyar la iniciativa. A nosotros nos gustaría que las dos propuestas planteadas fueran analizadas al detalle y que hubiera consenso en la Cámara, porque entendemos que el objetivo está por encima de las particularidades. Creemos que el hecho de mencionar si es urgente o no, son matices y que concretar un millón de toneladas o no, también es puramente relativo, porque no deja de ser un punto de referencia para entrar en una negociación, pero no es una cantidad que sea irrevocable. En esa línea de coincidencia, si no en la totalidad, sí en los puntos básicos, vamos a apoyar la proposición no de ley porque, en definitiva, se encuadra en los planteamientos que hemos mantenido desde nuestro grupo parlamentario siempre que ha habido posibilidad de referirse al interés de este sector.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tubert.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, intervendré muy brevemente en atención a la hora, para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Como la señora Fernández Díaz ha recordado, una proposición no de ley prácticamente en los mismos términos fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura el día 14 de septiembre de 1994. En ella se pedía una ampliación de la cuota asignada al Estado español por cuanto, no la industria solamente, sino organizaciones agrarias y ganaderas, venían reiteradamente solicitando una ampliación de la cuota porque se entendía que en el momento de la negociación nos habíamos

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quedado, como mínimo, un millón de toneladas por debajo. La proposición no de ley que nosotros traímos, venía avalada por solicitudes reiteradas de organizaciones agrarias y ganaderas y esa proposición no de ley fue aprobada, no en los términos de un millón de toneladas, pero sí en el sentido de que la cantidad que demandásemos como ampliación a la Unión Europea sirviese para garantizar una producción que hiciera rentables nuestras explotaciones. Por ello, en el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya estaríamos de acuerdo en votar a favor de esta proposición.
Pienso que no deberíamos marear más la perdiz porque aquí hay una proposición de la señora Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular, hay una enmienda del Grupo Socialista, pero recuerden, señorías, que cuando nuestro grupo presentó la proposición no de ley en la Comisión de Agricultura, hubo una enmienda del Partido Socialista en la que pretendía que la ampliación que se solicitara tuviese en cuenta los datos reales de la última campaña. Es a eso a lo que nuestro grupo se opuso, y afortunadamente nos opusimos, porque el texto que quedó fue mucho más en consonancia con lo que ahora estamos debatiendo. El texto que quedó fue el siguiente, señorías: Consolidada ya la ampliación de la cuota láctea, España solicita de la Unión Europea una nueva ampliación que se ajuste a las necesidades reales de producción que permitan la rentabilidad de las explotaciones ganaderas en la cantidad de referencia asignada.
Considero que es un matiz importante; creo que no nos deberíamos separar de un texto que aprobamos en septiembre de 1994 y que, de alguna manera, refleja las aspiraciones del sector ganadero de nuestro país.
Efectivamente, en la campaña finalizada el 1.º de abril del presente año, al parecer no ha habido exceso en la cuota, no hemos superado la cuota; pero aquí se ha dicho y, señorías, tengámoslo en cuenta, que las peticiones que hubo de reparto de la reserva nacional se cifraron en 49.600 solicitudes, por importe de 1.500 millones de toneladas. Esto, ¿cómo ha quedado? Solamente 15.400 ganaderos se han repartido 350.000 toneladas.
Significa, señorías, que ganaderos que adecuaron sus instalaciones, que pueden producir más y hacerlas más rentables, se han quedado fuera; significa, señorías, que en los criterios de reparto de la reserva nacional, se dejaron fuera explotaciones ganaderas que estaban por debajo de los 35.000 kilogramos creo que era la cifra que, sin embargo, hasta ahora han vivido de esas explotaciones y, al negarles una cantidad adicional, estamos negándoles la posibilidad de una mayor viabilidad de esas explotaciones. Si tenemos en cuenta que ese tipo de explotaciones se encuentran en zonas desfavorecidas de montaña y en zonas en donde otras producciones permiten la vida y la permanencia de estos ganaderos en el territorio, sería conveniente contar con ello a efectos de solicitar una ampliación de la cuota.
Por tanto, no me ha parecido muy satisfactoria personalmente la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, porque pienso que si el Gobierno socialista cree que ya estamos bien, que podríamos tener un poco más pero que ya estamos bien, difícilmente vamos a encontrar un ambiente comunitario oportuno para presentar, ya no digo de forma urgente pero para presentar con la perentoriedad que requiere el caso, el asunto de la ampliación. Por consiguiente, creo que debería haber un poco menos de satisfacción, un poco más pensar en las necesidades que tienen creadas ganaderos, ganaderos que llegan a lo que entendemos como explotación rentable y las que no; y con ese espíritu deberíamos ir a la negociación para ampliación de la cuota.
Termino ya la intervención, puesto que he prometido ser breve.
Sugeriría, sin embargo, tener en cuenta la enmienda transaccional a que se llegó en la Comisión de Agricultura del mes de septiembre de 1994, que recogería y reflejaría la unanimidad que se planteó en la Comisión de Agricultura.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Díaz.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Voy a fijar la posición correspondiente a las enmiendas presentadas por los grupos políticos.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, no hay más que una enmienda del Grupo Socialista. Le ruego que con la brevedad de dicha enmienda y el tenor de la misma, exprese la aceptación o rechazo. Es un turno de fijación de posición.


La señora FERNANDEZ DIAZ: No podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista porque va en contra de lo que hemos propuesto.
Nosotros nos hemos basado en la urgencia, por una parte, porque estamos presidiendo la Unión Europea, creo que ha quedado claro y, además, en la necesidad de cuantificar, porque en la ambigüedad ya nos hemos movido durante el tiempo que ha tenido el Gobierno para reaccionar y para, si quería efectivamente, plantear la recuperación de esa cuota.
En cuanto a los otros grupos políticos, simplemente, agradecer la buena acogida que ha tenido esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.


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Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Popular, sobre solicitud a la Unión Europea del incremento de un millón de toneladas de la cuota láctea asignada a España.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobada por 274 votos a favor.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA ECONOMICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CONVERGENCIA CON LA UNION MONETARIA EUROPEA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (Número de expediente 173/000090)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Popular subsiguiente a interpelación sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos.
Tiene la palabra el señor Montoro. (Rumores.) (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos reanudado en esta sesión maratoniana los plenos del Congreso de los Diputados con la incertidumbre constituida en factor hegemónico de la vida pública, de la vida política española. (Rumores.) La confianza es una planta que crece muy lentamente en las entrañas de una sociedad, y cuando esa planta se estropea la organización social misma se resiente, sus problemas se agravan, con la consecuencia de que las políticas públicas pierden eficacia.
Conscientes de la situación atravesada, en el último Pleno de control parlamentario del Gobierno el Grupo Popular presentó una interpelación en la que reclamamos al Gobierno de la Nación las medidas de política económica conducentes a remozar el programa de convergencia, aprobado por ese Gobierno y enviado a la Unión Europea en 1994, así como reclamamos el conocimiento de las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 1996.
La preocupación que motivó nuestra interpelación del mes de junio era doble y sin duda alguna severa. En primer lugar, nos preocupaba --y nos sigue preocupando-- que la sociedad española, la economía española, esté en divergencia con Europa. Nuestra inflación va distanciándose de la media europea en 1995, como lo revela el hecho de que nuestra última tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumo --un 4,7 por ciento-- se compara muy mal con la media de los tres países que mejor inflación registran en la Unión Europea, que es tan sólo de 1,16 puntos. Entretanto, el déficit público es tan elevado como para llevar a España a ser incluida en el grupo de países calificados como de déficit público excesivo, con el riesgo que ello supone de ser incluso eliminados en el futuro de la recepción de los fondos de cohesión.
En cuanto a la deuda pública, lo que estamos registrando es un veloz y preocupante incremento del orden de 4 a 5 billones anuales, mientras que nuestros tipos de interés se encuentran situados entre los más altos del mundo por razón de la elevada prima de riesgo-país que estamos pagando en los mercados financieros internacionales, y cuyo motivo fundamental es la crisis política del Gobierno socialista. A ello se añade la humillante devaluación de la peseta que hemos registrado en 1995 y que, en definitiva, es el contrapunto de una estabilidad monetaria que nos es fundamentalmente básica para ser miembros de pleno derecho en la unión monetaria que se está pergeñando en toda Europa.
Así pues, 1995 no es sólo un año perdido en la integración de España en Europa. Es incluso algo más. Corremos el riesgo auténtico de que nos alejemos de ese proyecto europeo, que entremos en franca divergencia con ese proyecto europeo. Señor Presidente, el tren de Europa pasará una sola vez por nuestra estación.
En segundo lugar, el motivo de la interpelación que presentamos en junio es la naturaleza de la recuperación económica que estamos viviendo en España. Sabemos que estamos registrando un crecimiento económico, sabemos que estamos superando las principales consecuencias, las principales características de la crisis que padecimos entre los años 1992 y 1994, pero esa recuperación económica no es percibida por la mayoría de los ciudadanos; esa recuperación económica no ha entrado en el hogar de la mayoría de nuestros ciudadanos; esa recuperación económica no se está traduciendo en un incremento del bienestar de los españoles, e incluso, señorías, esa recuperación económica está siendo amenazada por la permanencia de los desequilibrios básicos de nuestro país y por la permanencia, en definitiva, de los defectos estructurales de nuestra economía. En concreto, la alta inflación que seguimos experimentando y los elevados tipos de interés constituyen un lastre que impedirán que nuestra recuperación económica vaya a más, utilice todo su potencial de crecimiento y, en definitiva, utilice los recursos ociosos que seguimos teniendo en España, entre ellos, principalmente, el del factor trabajo, el desempleo.
El resultado de la interpelación fue frustrante. No recibimos una sola idea nueva por parte del Gobierno, no conocimos una sola línea maestra de los presupuestos

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de 1996 y después de más de dos meses transcurridos desde aquella fecha debemos decir con toda propiedad que seguimos sin conocer nada esencial del presupuesto y asistimos a esas escenas continuadas en las que el Ministro de Economía de nuestro país está llevando adelante --dicen-- una negociación con los agentes económicos, en la que no se explican cuáles son las cifras fundamentales de los presupuestos ni en materia de gasto ni en materia de ingresos ni en materia de déficit público ni en materia de evolución de la deuda pública. Estamos, señorías, ante un proyecto de presupuestos que es un auténtico fantasma que no puede inducir si no es a la desconfianza. Dudamos ya a estas alturas que el presupuesto exista, que el Gobierno tenga un efectivo proyecto de presupuestos.
Y tenemos que reaccionar con prontitud, con diligencia, ante estas carencias que estamos viviendo, ante los problemas que hemos percibido en el comportamiento reciente de nuestra economía. Sabemos, a partir de ese comportamiento reciente, que nuestra economía es demasiado vulnerable frente a las crisis económicas internacionales, demasiado vulnerable frente a la crisis financiera en particular, y sabemos que estamos inmersos en una trampa de credibilidad que tiene un alto coste para los españoles.
En ese marco, en ese contexto el programa de convergencia juega un papel esencial. El programa de convergencia, señorías, es algo así como la guía maestra de la política económica que debe despejar el futuro de nuestro país, el futuro económico de esa España del año 2000 que ya está tan cercana. Debe ser, en definitiva, los carriles sobre los que circule la política económica de España. Y el programa de convergencia que está en vigor en España es un programa que ha fracasado porque han fracasado sus objetivos fundamentales. Me refiero especialmente a la inflación.
La inflación este año será superior a la previsión del Gobierno y ello obligará a revisar todo el cuadro macroeconómico que es algo así como decir que ello obligará a revisar los fundamentos mismos de ese programa de convergencia. A ello se añade que el déficit público difícilmente se conseguirá este año como no sea con la estratagema --una estratagema que por lo demás no engaña a nadie- - de los ingresos de privatizaciones. Además tenemos esta permanencia de altos tipos de interés, que, como decía antes, nos aleja de Europa, junto a la inestabilidad de nuestra moneda que hemos vivido los primeros meses del año.
De hecho, el programa de convergencia ya nació muerto y en ese sentido está siendo desautorizado por los organismos internacionales cuando corrigen al Gobierno en sus previsiones más básicas, en la definición de sus objetivos más fundamentales.
Consecuencia de ese mal programa de convergencia fueron unos presupuestos como los de 1995 que fueron a su vez mal diseñados, mal concebidos para la recuperación económica. De ese fracaso del programa de convergencia se deriva una alta preocupación porque, señorías, están en juego muchas cosas. Está en juego la consolidación de la recuperación económica en primer lugar; está en juego despejar el futuro de la España del año 2000 y está en juego, en definitiva, la solución al principal problema que tiene nuestro país, nuestra sociedad en este final de siglo, problema que se llama la alta tasa de paro.
Señor Presidente, el Gobierno de España no está en condiciones de desarrollar su acción normal. La superposición de escándalos de la mayor gravedad, la continuidad de unos fallos en la elaboración de las políticas económicas y, en definitiva, la manifiesta falta de voluntad a la hora de elaborar y de aplicar políticas económicas que nos son fundamentales, han llevado a este Gobierno a una pérdida completa de credibilidad.
Por esa causa el Gobierno no está en condiciones de elaborar y ejecutar los Presupuestos Generales del Estado para el año 1996.
Precisamente hoy hemos sabido que su hasta ahora principal socio de gobierno, Convergencia y Unión, acaba de anunciar que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos del año próximo.
Entendemos de ese anuncio que CiU desconfía de la capacidad del Gobierno para elaborar los Presupuestos que nuestra economía necesita, y es que la incapacidad del Gobierno es tal, ha llegado a tal punto, que el propio Presidente del Gobierno ha tenido que anticipar las elecciones generales, ha tennido que llegar a anunciar el anticipo de las elecciones generales para la primavera de 1996. Sin embargo, semejante anuncio, lejos de clarificar el panorama económico de nuestro país, lo que hace es venir a ensombrecerlo aún más. Anunciar elecciones generales a seis o siete meses vista equivale a abrir un período electoral de largo trazado, a colocar a todo el país en una situación de transitoriedad, muy peligrosa para la posibilidad de recuperación económica en España, muy peligrosa en el sentido de que puede llegar a convertirse en un lastre, en una amenaza para la propia recuperación de nuestra economía.
Señorías, ¿cómo puede un Gobierno, desamparado de apoyos parlamentarios y enfrentado a un calendario de elecciones generales anticipadas, tomar las decisiones cuando no las ha llevado adelante anteriormente?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, termine, por favor.


El señor MONTORO ROMERO: Acabo en un minuto, señor Presidente, con su venia.
Señorías, ¿cómo puede un Gobierno, que enfrenta unas elecciones generales en situación de desventaja, realizar un presupuesto austero cuando no lo ha hecho en 1994 ni en 1995? Cuando tuvo la oportunidad, este Gobierno no la supo aprovechar. Por eso la moción que presentamos a esta Cámara, la moción del Grupo Parlamentario Popular, es, ante todo, una oportunidad para

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clarificar un ambiente político tan enrarecido como el que domina la vida política, la vida pública española.
En la moción instamos, en primer lugar, al Gobierno a elaborar un nuevo programa revisando los fundamentos y actualizando los objetivos del programa en vigor. Pretendemos, en una palabra, que la política económica española recobre parte de la credibilidad perdida.
Frente al desgobierno existente en materia económica, proponemos una serie de líneas básicas de reformas estructurales como son la reforma del sector público, la reforma del mercado de trabajo, la liberalización y desregulación de sectores clave, la reducción del intervencionismo de la Administración en la vida económica de los españoles, el impulso a la presencia de la empresa española en los principales mercados mundiales y una política efectiva de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son el depósito de esperanza de la creación de empleo del día de mañana.
El contenido de nuestra moción, ese contenido coherente y ordenado de medidas de política económica, nos lleva a solicitar el voto favorable de la Cámara. Solicitamos especialmente el voto favorable de aquellos grupos parlamentarios que sabemos, por conocer su programa económico, por conocer los apartados económicos de sus programas políticos, que son grupos parlamentarios coincidentes en sus planteamientos económicos con el Partido Popular. Y al solicitar que se forme esa votación mayoritaria en la Cámara en estas circunstancias, lo que pretendemos es, en definitiva, aportar, señor Presidente, nuevas cuotas de serenidad a la vida económica española, nuevas cuotas de confianza. En una palabra, pretendemos trasladar a los ciudadanos, a los inversores nacionales y extranjeros, una imagen de confianza en el futuro de España, una confianza que pasa por la aplicación de reformas de política económica mediante unas medidas como las que se contienen en la moción que hoy defiende el Grupo Parlamentario Popular.
La virtud de conseguir esa mayoría...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Su señoría ha pedido un minuto y ya lleva dos. En medio minuto termine, por favor.


El señor MONTORO ROMERO: En medio minuto acabo, señor Presidente.
Decía que ello preservaría el futuro de un debate electoral que se avecina sin duda alguna duro. Ello preservaría las líneas maestras de política económica. Por eso solicitamos la votación favorable especialmente de aquellos grupos como los nacionalistas presentes en esta Cámara, que sabemos que tienen el propósito futuro de ver aplicado un planteamiento de política económica como el que se contiene en esta moción.
Acabo, señor Presidente, diciendo que la recuperación económica de España y el éxito de nuestra integración en la Unión Económica y Monetaria Europea exigen un ejercicio de cordura y serenidad en el que el interés general de España domine sobre tanta política partidista, sobre tanta visión miope de la política como estamos apreciando estos días.
Sabemos que si se rechaza esta moción estaríamos de nuevo ante una demostración de que la actual distribución de los grupos parlamentarios en esta Cámara realmente impide la aplicación de las reformas estructurales que nuestro país necesita. Si se rechaza esta moción estaríamos ante un nuevo argumento para que en España se hagan elecciones anticipadas cuanto antes. De cualquier manera, señor Presidente, estamos convencidos de que estamos muy cerca del final de la legislatura. La economía, el bienestar y, en definitiva, toda España, agradecerán que ello sea así.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente y con gran brevedad en atención a la hora de este largo Pleno del día de hoy.
Desde Coalición Canaria consideramos que es bueno reactivar la conciencia y las directrices del programa de convergencia económica que se había tratado de hacer con la Unión Europea, y hemos intervenido en todos los debates en esta Cámara porque hemos considerado que es necesario la actualización de un programa de convergencia, en este caso como el que se nos propone en la moción de 1995-97 que nos trae el Grupo Parlamentario Popular. Nos gustaría que hubiera un gran consenso porque se trata prácticamente de un programa de convergencia que es una política de Estado en su integridad. Nos parece oportuno que el Grupo Parlamentario Popular presente hoy esta moción. Nosotros la vamos a apoyar con nuestro voto y desearíamos que tuviera también un consenso lo más extendido posible porque en esta política de interés de Estado cabe que confluyan todas las preocupaciones e intereses de las distintas fuerzas políticas parlamentarias.
Creemos que cualesquiera de las fórmulas que bien vía presupuestos generales del Estado, bien leyes de acompañamiento pueda traer el Gobierno son necesarias. Consideramos que en este momento hay un déficit por parte del Gobierno español en redefinir las líneas del programa de convergencia. Este déficit no puede seguir agravándose. Es necesaria una consolidación presupuestaria. Es necesario establecer de nuevo un calendario y líneas básicas de las principales reformas estructurales. El déficit se está agravando cada vez más.
Creemos que es necesario también, dentro de este consenso de todos los grupos parlamentarios, la reforma del sector público.
La moción puede servir como

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punto de encuentro para que esa convergencia sea no solamente del programa sino también de temas y voluntades políticas. Estamos de acuerdo con los planteamientos que trae esta moción, sobre todo aquellos que se refieren a la reforma del sector público, cuestión que en España en este momento es de urgencia y de carácter imprescindible.
Desde Coalición Canaria hemos defendido, señor Presidente, señorías, aspectos que van desde el fomento del ahorro, en el largo plazo, como se propone aquí en los incentivos del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas, con todos los planes complementarios de pensiones, sistemas de plusvalías, estimaciones objetivas, de módulos, etcétera, y sobre todo coincidimos con la actualización de balances. Creemos que en este momento hay una tremenda demanda, por su sensibilidad y por su exigencia, por parte del empresario español de que se quite el corsé que está aherrojando e inmovilizando un factor de dinámica en la empresa española como es el tema de la actualización de balances.
En aras de la brevedad que me había señalado, señor Presidente, y por considerar que el debate de esta moción puede introducir el marco necesario para encontrar precisamente esa necesidad de política de Estado, es por lo que Coalición Canaria va a votar favorablemente esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular incide, una vez más, en pretender que esta Cámara inste al Gobierno a elaborar unas reformas económicas que conduzcan a la implantación, en gran parte, de su programa económico, al amparo, en esta ocasión, de una revisión del programa de convergencia. Se piden medidas de un calado y de un contenido importante. Se pide que se revisen las cifras del año 1995; que se revise el nuevo escenario de consolidación presupuestaria de los años 1996 y 1997. Se pide una reforma estructural que lleva consigo la reforma en profundidad del sector público, una reforma de la tributación en el Impuesto de Sociedades y de Renta, una reforma del mercado de trabajo. En definitiva, lo que aquí está proponiendo el Grupo Popular es prácticamente el programa económico de su Partido. Creemos que son medidas que suenan bien y sobre las que nosotros en muchas ocasiones hemos dicho que estábamos en esa línea, pero son reformas --a mi entender-- que se han presentado de una forma deslabazada, incompleta; son medidas que no tienen una estructura global, que no llegan a profundizar en el contenido, que no establecen los objetivos que se persiguen. No parece claro, además, que exista un equilibrio presupuestario entre las partidas de gastos e ingresos que se van a producir con estas medidas que se pretenden implantar. Algunas de ellas están en estos momentos en debate en esta Cámara, como, por ejemplo, las que ahora se proponen relativas al Impuesto sobre Sociedades, me refiero a la actualización de balances.
Además no se ha tenido en cuenta que este programa tiene que presentarse antes del día 30 de septiembre, es decir, que hay dieciocho días para elaborar estas medidas.
Desde nuestro Grupo Parlamentario somos partidarios en profundizar en reformas estructurales, lo hemos dicho en diversas ocasiones. Creemos que hay que reformar el mercado de trabajo, que hay que liberalizar los servicios públicos, que hay que reformar el sector público empresarial, que hay que hacer una reforma en profundidad de la Administración pública, que hay que incidir en una política monetaria y financiera y en una política tributaria adecuada a la nueva realidad económica que tenemos.
Todo esto lo hemos dicho y somos partidarios de hacerlo, pero no de esta forma. No es la forma ni el momento oportuno para hacerlo.
Señorías, creo que en este aspecto tenemos que ser serios.
Acabamos hoy de conocer que los Presupuestos Generales del Estado para 1996 no van a ser apoyados por la mayoría de esta Cámara, y no van a ser apoyados hoy, antes incluso de conocerlos. Yo creo que esto no es serio; no es serio proponer reformas de las que ni siquiera sabemos si van a estar o no contempladas en los Presupuestos.
En estos momentos, señorías, lo que la sociedad quiere es que se clarifique la situación política en que vivimos. Lo que quieren los agentes sociales, los mercados financieros y los grupos inversores es estabilidad y seguridad y no incertidumbre. Cada día se proporcionan desde algunos grupos políticos nuevas inestabilidades y mayor incertidumbre. En estas condiciones hablar hoy de grandes reformas económicas y estructurales, sin despejar la situación política, creemos que es una falacia.
Por lo tanto, desde nuestro Grupo Parlamentario anunciamos que no vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Homs tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve, dada la tardía hora en que nos encontramos, al fijar la posición de mi grupo respecto a esta moción.


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La verdad, señor Montoro, es que, una vez más, tengo que decirle que el Grupo Popular no acierta a encontrar la forma de plasmar los acuerdos políticos en esta Cámara de manera que secunden reflexiones que en su contenido podían arrastrar un cierto apoyo parlamentario de otros grupos de la Cámara. Al margen de las consideraciones políticas y técnicas que usted ha argumentado en su intervención, tengo que decirle que esta Cámara no puede hoy considerar políticamente una revisión del Programa de Convergencia si queremos tener un mínimo prestigio en Europa.
El Programa de Convergencia fue analizado y votado en esta Cámara por todos los grupos. En su momento presentamos resoluciones que se adicionaron. El programa de Convergencia, como recordarán, fue remitido a la Unión Europea, que lo analizó y se pronunció, y a partir de aquel momento ese programa --que se aprobó en esta Cámara-- tuvo la aprobación genérica de todos los gobiernos de la Unión Europea. Ahora, a tres meses del año 1995, pedir que la Cámara, políticamente, inste al Gobierno a revisar las cifras del Programa de Convergencia, me parece ridículo. Yo ese ridículo no lo deseo hacer (Rumores.) Ahora bien, esa moción contiene un primer punto que es instar a la revisión de esas macrocifras, que francamente, una vez aprobada por esta Cámara, deberíamos remitir al Gobierno de la Unión Europea y pedir que vuelvan a reconsiderar las decisiones que han tomado en base a nuestro programa.
¿Qué nos propone el segundo punto de la moción? El nuevo escenario de consolidación presupuestaria para 1996-1997. Señor Montoro, nuestro grupo cree que ese nuevo escenario lo debe hacer el nuevo Gobierno que salga de las elecciones; del Partido Popular o del Partido Socialista, pero el nuevo. (El señor Rato Figaredo: Eso es nuevo.) En todo caso, pronunciarnos hoy sobre un hipotético bienio 1996-1997, anticipándonos al debate presupuestario para 1996, nos parece un acto de, digamos, una cierta gratuidad política.
El tercer punto son las anunciadas reformas estructurales, algunas de ellas ya iniciadas, otras contenidas en el Programa de Convergencia. Si ustedes tuvieran voluntad de intentar arrastrar un cierto acuerdo de esta Cámara para urgir al Gobierno la aceleración de esas reformas estructurales, necesarias para nuestra sociedad, creo que no debieran pedirnos a toda la Cámara que votemos una modificación del Programa de Convergencia, sino que deberían pedirnos que instemos al Gobierno a acelerar las reformas estructurales, ya que en esas seis dimensiones que ustedes plantean probablemente podríamos coincidir.
Por eso, señor Presidente, nuestro grupo, en aras de contribuir a sumar y no a restar y a recoger lo positivo de su moción, le pediría al Partido Popular que aceptara una enmienda in voce que consistiría simplemente en que en el encabezamiento de la moción, donde se dice «insta al Gobierno a elaborar y remitir una revisión del Programa de Convergencia 1995-1997 antes del 30 de septiembre de 1995...», se suprima la frase «remitir una revisión del Programa de Convergencia 1995-1997 antes del 30 de septiembre de 1995», y dejar el encabezamiento de la moción en instar al Gobierno a elaborar y, a partir de ahí, mi Grupo propondría --y pasamos al punto 3-- que se instara al Gobierno a elaborar un calendario de líneas básicas de las principales reformas estructurales, que nos parecería más sensato atendiendo a la coyuntura política en que nos encontramos. Si el Partido Popular aceptara esa consideración de instar al Gobierno a elaborar unas líneas básicas y un calendario de las principales reformas estructurales, en ese contexto podríamos alcanzar un posible acuerdo.
Que conste, señor Presidente, que de no aceptarse esa enmienda transaccional que planteo in voce, nuestro grupo no podría secundar esa moción, porque de la aprobación de esa moción por parte de la Cámara se derivaría el que el Programa de Convergencia, ratificado por la Unión Europea y aceptado por todos los gobiernos de la Unión Europea, tendría que ser revisado, cosa que a estas alturas no podríamos hacer. No obstante, le transmito que por parte de mi grupo, en los contenidos de estas resoluciones referidas a las reformas estructurales, sí que podríamos encontrar acuerdos. No en la Administración única, porque en ese tema difícilmente vamos a estar de acuerdo con ustedes, pero sí en otras como pueden ser las fiscales, las laborales, las de simplificación de la Administración, o bien las de reformas de las pymes, o en impulsar la presencia de empresas españolas en los principales mercados del mundo, cosa que hemos hecho a través de nuestras enmiendas al Impuesto de Sociedades.
En síntesis, señor Presidente, en aras de la coincidencia por parte de los grupos, propongo que esta Cámara, en lugar de modificar el Programa de Convergencia, lo que haga es instar al Gobierno para que lleve a cabo esa serie de reformas ya iniciadas en parte sobre los seis aspectos que plantea el tercer punto de la moción del Partido Popular. Si dicha enmienda es admitida, nuestro grupo, en ese tercer punto y sólo en él podía estar de acuerdo, pero no en una reforma del Programa de Convergencia.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo va a votar en contra de esta moción por las razones contrarias que acaba de exponer el señor Homs. Seguramente será una reacción muy personal, casi física, telúrica por si acaso, pero cuando oigo la palabra convergencia nominal tengo la tendencia a echar mano rápidamente a la cartera, y me da la impresión

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de que mucha gente en este país debería hacer lo mismo. De hecho hay un acuerdo de fondo, y quizá dentro de unos cuantos meses, después de las próximas elecciones generales, podrán ponerse de acuerdo y a lo mejor no lo harán los mismos protagonistas que lo han estado haciendo hasta ahora.
Yo decía el día 28 de junio --creo no equivocarme en la fecha--, cuando debatimos la interpelación, que la convergencia real, la económica y social de todos los países, es imposible hacerla con los criterios de convergencia nominal; es imposible hacerla. Cada vez estamos más convencidos de que sin un profundo proceso de convergencia real de las economías es imposible llegar a las metas de convergencia nominal (la moneda, inflación, etcétera), con lo cual estamos de acuerdo, pero mediante el proceso contrario al planteado por ustedes. Hoy les añado que la convergencia nominal en inflación, tipos de interés, deuda y déficit sólo será posible cuando haya convergencia real en desarrollo de una verdadera carta social, absolutamente congelada en este momento concreto, de armonización fiscal, desarrollo de una calidad común de vida basada en la racionalidad económica y no al revés, en definitiva, en lo que nosotros llamaríamos, siguiendo las orientaciones de Naciones Unidas, un índice de desarrollo humano a nivel europeo, con las diferencias y contradicciones existentes en los distintos países.
Debo recordar que hace muy pocos días salieron las cifras de lo que representaba en España el porcentaje en el producto interior bruto del sector industrial, un 21 por ciento, muy alejado de cualquier país que se pretenda económicamente moderno. Además, en este caso concreto, en los últimos años ha existido una reducción drástica de lo que representaba anteriormente en el producto interior bruto la parte del sector industrial. Pues bien, con este bagaje, con esta situación, con estas contradicciones, con estos diferenciales en lo que es la convergencia real donde se debería avanzar, nosotros creemos que no tiene sentido plantear ahora rectificaciones de matiz, lo que llama usted una guerra de cifras o revisar las cifras, sino que seguramente lo que tiene sentido es revisar todos los contenidos que en un preciso momento nos han llevado a apoyar determinado tipo de convergencia nominal.
Tradicionalmente no han sido aceptadas ningunas de las propuestas que nosotros hemos presentado históricamente, teóricamente en los dos o tres últimos años, relacionadas con el avance en este proceso de convergencia real. Por tanto, y sin extenderme más, no podemos votar esta moción presentada por el Partido Popular porque ya desde el principio, en su introducción, habla de promover el cumplimiento de los criterios de convergencia, es decir la misma filosofía, la que defienden ustedes, la que defiende el Partido Socialista, la que defiende el PNV, una filosofía con la que no estamos de acuerdo. Nosotros quisiéramos debatir sobre aspectos importantes en política económica, en política industrial y avanzar, si fuéramos capaces de ello en un debate abierto, en esa política de convergencia real con Europa, no otra cosa. Nosotros sabemos que tenemos dieciocho votos, pero estos votos los vamos a continuar poniendo a disposición de una determinada política, no del PP. Ustedes los pondrán a disposición del PP, mañana o pasado mañana. De momento han empezado con la ruptura, un poco teatral, pero mañana los van a poner a disposición del PP, porque naturalmente en la política económica, laboral, etcétera, tienen un fondo similar, señor Homs, y por eso van a estar de acuerdo con ellos, y seguramente nos encontrarán a otras opciones dentro de este Parlamento enfrentados a su política concreta, pero en nuestro caso con las mismas razones y argumentaciones que ahora.
Termino, señor Presidente. Yo creo que ya he defendido suficientemente nuestra posición. Vamos a votar que no, naturalmente, para no coincidir también con ustedes, en este caso concreto, que lo que critican es la forma, porque no se puede desairar a la prepotente Europa, a la prepotente Comisión Europea, desde posiciones que en otras ocasiones ya han tenido un tratamiento en este Parlamento. En este caso concreto ha coincido más con las posiciones del PP, que si consideran que en un momento determinado se tienen que variar determinados posicionamientos de este Parlamento, si se tienen que variar en función de la realidad, pues se tienen que variar, pero ustedes y ellos están en definitiva en la misma política. Por tanto, señor Presidente, vamos a votar en contra de esta moción, porque no va en la línea de rectificación que nosotros creemos que debería reconducirse el proceso de construcción europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la moción del Grupo Parlamentario Popular propone la revisión del Programa de Convergencia en los escenarios macroeconómicos y presupuestarios y la incorporación de nuevas reformas correspondientes al programa del Partido Popular. La moción ha venido sustentada por una interpelación y por una intervención del señor Montoro que yo calificaría de intervención tipo; es la intervención a la que nos tiene acostumbrados desde 1993, y creo que da buena muestra del rigor con el que el señor Montoro analiza la evolución de la economía y tiene por objeto únicamente deslegitimar, descalificar de una manera general, sin ningún rigor, la política económica del Gobierno. El Grupo Socialista va a oponerse a esta propuesta del Grupo Popular por considerarla injustificada, carente de lógica e inconveniente para la evolución de la economía española en el logro de los objetivos de convergencia.
En primer lugar es preciso señalar --porque no se ha dicho aquí y quizás SS. SS. no lo tienen presente-- que

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el Programa de Convergencia de ahora es un programa que fue actualizado el pasado año 1994; fue presentado al Parlamento en julio de ese año y aprobado por el Ecofin en octubre. Estamos hablando por tanto de un programa de convergencia que tiene una vigencia inferior en estos momentos a un año. La actualización que en ese momento realizaron todos los países de la Unión Europea estaba justificada por las consecuencias de la recesión económica y el agravamiento de los desequilibrios producidos que obligaban a la revisión de objetivos y de previsiones macroeconómicas y presupuestarias. El programa vigente desde 1994 se está cumpliendo, y se está cumpliendo sin grandes desviaciones en la parte consumida y sin que en opinión de Grupo Socialista, y a la vista de la evolución de la economía y de los datos conocidos, deban cambiarse los objetivos de la parte pendiente de desarrollo.
En cuanto a las previsiones macroeconómicas hay desviaciones, pero desviaciones en su mayor parte favorables. Desviaciones favorables en el crecimiento económico, que está situado en estos momentos en más del 3 por ciento cuando la previsión para todo el año 1995 era del 2,8 por ciento. Desviaciones en el empleo, señorías, y no se dice. La previsión para este año era un crecimiento del empleo del 1,5 al 1,9 por ciento. En estos momentos el crecimiento del empleo es del 2,2 por ciento y se prevé que acabe el año en el 2,6 por ciento, lo que quiere decir el doble de lo que va a crecer en otros países europeos, como por ejemplo Francia, con un gobierno y un programa como el que pretende aplicar el Partido Popular. Aquí hay que hacer un inciso para decir que algo tendrá que ver la reforma laboral que ha sido aprobada por esta Cámara. Hay una desviación desfavorable en la tasa de inflación, pero hay que tener presente la incidencia de factores transitorios en los primeros meses del año, la sustitución de cotizaciones por IVA, que era un factor que no estaba previsto en el Programa de Convergencia. En el escenario presupuestario se han cumplido los objetivos en 1994 y los datos indican que van a cumplirse en 1995. La desviación del objetivo de inflación y la elevación de los tipos de interés es el argumento que utiliza el Partido Popular para sustentar esta moción. Es un argumento falto de consistencia porque no se puede justificar la revisión de un programa de política económica, un año después de su aprobación, por datos de inflación que, como todo el mundo sabe, tienen un carácter transitorio y todo indica que serán corregidos en el segundo semestre del año. En cuanto a las reformas estructurales, se puede hacer un buen balance del cumplimiento de las contenidas en el programa pero no me extenderé sobre ello.
En definitiva, el Grupo Socialista considera que no debe modificarse el Programa de Convergencia ni en sus escenarios macroeconómicos y presupuestarios, ni en la estrategia que se establece de corrección de desequilibrios, de culminación de reformas estructurales, que sigue siendo una estrategia válida para converger y para aprovechar plenamente los beneficios de la fase de recuperación que iniciamos en 1993.
En cuanto a las reformas que propone el Partido Popular, hay un buen número que forman parte del programa de convergencia y que coinciden con las reformas que propone el Gobierno, incluso con las que ya se han llevado a cabo y que está previsto que el Gobierno culmine en la presente legislatura. No me referiré a ellas porque son conocidas de SS. SS. Quisiera referirme, sin embargo, a las propuestas que son significativas en el programa del Partido Popular. El Partido Popular ha utilizado esta moción, yo diría que de manera fundamental, con el objetivo de tratar de popularizar sus programas de gobierno, que hasta hace poco han sido los grandes desconocidos del proyecto del Partido Popular.
Me referiré de una manera sintética a estas propuestas, aunque el Grupo Socialista ya ha avanzado con anterioridad su posición.
Hay propuestas que poco tienen que ver con los objetivos de la interpelación y de la moción relativas a la política económica.
Por ejemplo, la propuesta de la Administración única. En este sentido, quisiera expresar que esta propuesta supone la ruptura del modelo autonómico de distribución de competencias del Título VIII de la Constitución y del consenso sobre el Estado de las autonomías.
Redefinición de la política de la empresa pública e impulso de las privatizaciones. Hemos tenido recientemente un debate clarificador sobre las posiciones de los grupos en la Cámara, pero el Grupo Socialista no coincide con el Partido Popular, mantiene importantes discrepancias con el Partido Popular en relación con la política de privatizaciones. La política de privatizaciones la entendemos dentro de una concepción del papel del sector público empresarial y no desde un carácter recaudatorio, como plantea el Partido Popular.
En relación con la reforma fiscal, las propuestas son genéricas, aunque conocidas. Las propuestas en relación con la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros tributos elevan a más de un billón el impacto recaudatorio y rompen la progresividad de nuestro sistema fiscal.
La reducción de las cotizaciones sociales --ya se ha dicho con anterioridad en esta Cámara y ha sido manifestado por nuestro grupo-- en los términos que se plantea supone la vulneración del Pacto de Toledo, que exige que una reducción de cotizaciones sociales se compense con el incremento de otros impuestos e implica la ruptura del equilibrio del sistema de la Seguridad Social.
Reforma del mercado de trabajo. Aquí son ustedes deliberadamente ambiguos y genéricos. No se dice nada; únicamente se presentan objetivos en la moción que pueden coincidir con los objetivos y los planteamientos de la reforma laboral. Pero afortunadamente a lo largo de estos meses --la moción se presentó en julio-- el señor Montoro nos ha iluminado con algunos contenidos de esa reforma y del modelo laboral

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del Partido Popular; en las últimas semanas ha concedido una interesante entrevista en un periódico de Barcelona en la que anuncia cuestiones que resultan realmente inquietantes para los trabajadores, que resultan tremendamente inquietantes para las relaciones laborales futuras. El señor Montoro habla de poner los convenios a cero en cada negociación de un nuevo convenio. Esto supone la desregulación total de los derechos de los trabajadores. Creo que los ciudadanos de nuestro país tienen el derecho de pedir al Partido Popular que explicite con más claridad su propuesta laboral, porque lo que empezamos a conocer es realmente inquietante, muy preocupante para todos.
En definitiva, entiende el Grupo Socialista que las propuestas del Grupo Popular son contradictorias respecto a la interpelación y la moción que plantea en relación a la política económica y suponen una carga de profundidad muy seria contra el mantenimiento del Estado del bienestar. En relación a lo primero, no parece factible que puedan alcanzarse los objetivos de austeridad presupuestaria, reducción del déficit y del endeudamiento, mantenimiento de inversiones y gastos sociales, y reducción de ingresos tributarios y cotizaciones sociales.
Señorías --y acabo--, la moción no aporta nada a la política económica para el cumplimiento de los criterios y los objetivos de convergencia, pero ha sido un buen pretexto del Partido Popular para tratar de insistir en su programa de gobierno. La moción ha intentado ser utilizada hoy de manera poco hábil -- diría yo-- por el portavoz del Partido Popular para tratar de que pueda visualizarse la ruptura de la mayoría parlamentaria que ha existido hasta este momento, pero creo que ha habido una respuesta clara por parte del portavoz a que iba dirigido.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Aroz, le ruego concluya.


La señora AROZ IBAÑEZ: Pero para el Grupo Socialista --y acabo, señor Presidente-- esta moción tiene una gran importancia.
Constituye cada vez más la clarificación del programa del Partido Popular. En consecuencia, entiende nuestro grupo que es un aviso serio, una señal de alarma seria para la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país, para los trabajadores, para los sindicatos, para los sectores progresistas de nuestro país, respecto al peligro que el programa del Partido Popular representa para los derechos, para las conquistas sociales de estos 13 años (Rumores y protestas.), para el consenso básico existente en nuestro país sobre cuestiones esenciales como es el Estado de las autonomías o el desarrollo del Estado del bienestar. (Rumores y protestas.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

La señora AROZ IBAÑEZ: Y el Grupo Socialista quiere alertar a los trabajadores, a los sindicatos, a los sectores progresistas sobre el peligro que representa el eventual gobierno de un Partido Popular.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.--El señor Montoro Romero pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aroz.
Señor Montoro, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor MONTORO ROMERO: Señor Presidente, solicito la palabra para emitir la aceptación o no de la enmienda presentada por el señor Homs en forma de enmienda in voce.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No. El señor Homs ha planteado una sugerencia, prácticamente ha sido una reflexión.
(Rumores.) ¡Silencio, por favor, señorías! El señor Homs ha dicho que planteaba una enmienda transaccional, pero como son expertos parlamentarios tanto usted como el señor Homs, conocen perfectamente que una enmienda transaccional es una propuesta de aproximación entre una enmienda existente y un texto que se está debatiendo. En este caso, no habiendo ninguna enmienda existente, no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las once y treinta minutos de la noche.


o ninguna enmienda existente, no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las once y treinta minutos de la noche.


o ninguna enmienda existente, no cabe la posibilidad de una enmienda transaccional. Si lo considera como una enmienda se trata de una enmienda in voce, y como conocen muy bien SS. SS. el Reglamento no contempla la posibilidad de enmiendas in voce en el debate de las mociones.
Así que pasamos a la votación de la moción. (Rumores.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre medidas de política económica para el cumplimiento de los criterios de convergencia con la Unión Monetaria Europea en los plazos establecidos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 116; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las once y treinta minutos de la noche.

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