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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 139, de 05/04/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 Núm. 139 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 137 celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995

Página

ORDEN DEL DIA:

Preguntas (Página 7346)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general para que el proceso de funcionarización se haga con sujeción a los principios constitucionales y a los mandatos legales referidos a la función pública (número de expediente 172/000099) (Página 7346) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia de política pesquera respeto del Derecho internacional (número de expediente 172/000101) (Página 7379)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 140, de 6 de abril de 1995.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 7346)

Del Diputado don Rafael Ribó Massó, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Comparte el Presidente del Gobierno la elaboración y los criterios que se contienen en el «Anteproyecto de Ley del Gobierno», que ha sido conocido por su remisión al Consejo General del Poder Judicial, y en cuyo artículo 32.2 se incluyen previsiones relativas a las competencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo? (Número de expediente 180/001082) (Página 7346)

De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Tuvo conocimiento el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley del Gobierno remitido al Consejo General del Poder Judicial para informe urgente por el Ministro para las Administraciones Públicas, y que contempla la extensión del fuero de la Sala Segunda del Tribunal Supremo a los ex Ministros y Secretarios de Estado? (Número de expediente 180/001084) (Página 7347)

De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información puede aportar el Gobierno sobre cómo va evolucionando la libre elección de especialista en aquellas áreas del INSALUD donde ha sido implantada? (Número de expediente 180/001104) (Página 7349)

Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas concretas ha tomado el Gobierno o piensa tomar, para el total esclarecimiento y depuración de responsabilidades políticas y jurídicas, por el asesinato de José Antonio Lasa Arostegui e Ignacio Zabala Artano? (Número de expediente 180/001083) (Página 7350)

Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué criterios está siguiendo el Ministerio de Justicia e Interior en su relación con la Asociación de Víctimas del Terrorismo? (Número de expediente 180/001086) (Página 7351)

Del Diputado don Julio Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué instrucciones está cursando el Gobierno a funcionarios públicos llamados a declarar en los sumarios que investigan los casos Roldán, GAL y Fondos Reservados, sobre la base de las cuales dichos funcionarios están negándose a declarar acerca de diversos extremos? (Número de expediente 180/001087) (Página 7352)

Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para evitar la reproducción de los graves incidentes callejeros que han convertido al casco antiguo de Pamplona en una zona de máxima inseguridad ciudadana durante los fines de semana además de ocasionar numerosos destrozos en instalaciones públicas y privadas, todo ello con la más absoluta impunidad a pesar de conocer la pertenencia de sus autores a Jarrai y otras organizaciones situadas en el entorno político de KAS y ETA? (Número de expediente 180/001088) (Página 7353)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Por qué el Ministerio de Justicia e Interior no ha

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remitido a la Cámara el Plan de Gestión Económico- Administrativa de Instituciones Penitenciarias que el Pleno le requirió en la sesión del pasado 29 de noviembre? (Número de expediente 180/001089) (Página 7355)

De la Diputada doña Eva María Amador Guillén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Por qué el Ministerio de Justicia e Interior no ha logrado poner a disposición de los Tribunales al presunto autor de los tres crímenes de Alcasser (Valencia)? (Número de expediente 180/001090) Página 7356)

Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿En qué medidas afectará el recientemente anunciado recorte presupuestario al Plan Nacional de Lucha contra la Droga? (Número de expediente 180/001092) (Página 7357)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de ocupación efectiva de las plazas concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria? (Número de expediente 180/001100) (Página 7358)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué zonas hay problemas, por falta de plazas concertadas, para que los objetores de conciencia puedan realizar la prestación social sustitutoria? (Número de expediente 180/001101) (Página 7358)

De la Diputada doña Anna Balletbo i Puig, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con el recuento electoral de las elecciones del 28 de mayo y la Presidencia Comunitaria de España, toda vez que se ha quemado el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid? (Número de expediente 180/001102) (Página 7359) Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de la Presidencia: ¿Cuál es la política s Gobierno en defensa de los intereses de los pesqueros españoles tras los incidentes que se han producido en el seno de la Organización de las Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO) con el apresamiento del buque «Estai»? (Número de expediente 180/001085) (Página 7360)

De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Está dispuesto el Gobierno a remitir a la Cámara el Informe de la Intervención General del Estado sobre la gestión económica y financiera del Ente Público RTVE y sus sociedades, que ha sido negado hasta la fecha por el Director General del Ente Público RTVE, tanto al Consejo de Administración como a los distintos Grupos Parlamentarios? (Número de expediente 180/001093) (Página 7361)

Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo piensa solucionar la Ministra de Sanidad y Consumo el problema de las listas de espera en la sanidad pública, cuyo incremento ha denunciado el Defensor del Pueblo? (Número de expediente 180/001091) (Página 7363)

De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo valora el Ministerio el estudio de los perfiles de facultativos elaborado a través de la prescripción de los medicamentos que realizan, según se recoge en el documento del INSALUD «Indicadores de calidad en la prescripción farmacológica»? (Número de expediente 180/001094) (Página 7364)

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Del Diputado don Carlos Dávila Sánchez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Antes de que el Ministerio de Industria y Energía resolviera autorizar la reanudación de actividad de la Central Nuclear de Zorita habían sido satisfechos todos los requerimientos contenidos en el preceptivo y vinculante Informe del Consejo de Seguridad Nuclear? (Número de expediente 180/001103) (Página 7365)

Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que la Escuela de Organización Industrial cumple los fines para los que fue creada? (Número de expediente 180/001105) (Página 7366)

De la Diputada doña Blanca García Manzanares, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las perspectivas y la estrategia por parte del Ministerio de Asuntos Sociales en la configuración de un sistema público de servicios sociales básicos accesibles a todos los ciudadanos españoles? (Número de expediente 180/001106) (Página 7367)

De la Diputada doña Blanca García Manzanares, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido los resultados del programa «La juventud con Europa», de la Unión Europea, y en particular los alcanzados en España? (Número de expediente 180/001107) (Página 7367)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para posibilitar la integración del Condado de Treviño en el Territorio Histórico de Alava? (Número de expediente 180/001054) (Página 7358)

Interpelaciones urgentes (Página 7369)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general para que el proceso de funcionarización se haga con sujeción a los principios constitucionales y a los mandatos legales referidos a la función pública (Página 7369)

El señor Núñez Pérez defiende la interpelación del Grupo Popular. Expone que desde todos los sectores de la Administración Pública se formulan recursos contra el proceso de funcionarización y funcionarios de todos los niveles levantan su protesta, pensando que por algo será, al igual que también protesta el Grupo Popular. Desea, no obstante, dejar muy claro al inicio de su intervención que esta iniciativa, como tantas otras con la misma finalidad que su Grupo ha presentado en ésta y en anteriores legislaturas, en ningún caso van encaminadas en contra de los empleados públicos sino que, al contrario, tratan de defender los derechos adquiridos por los mismos y que la torpeza del Gobierno está poniendo en peligro. Tratan también de defender los principios constitucionales en que debe basarse la función pública. Por ello, la interpelación tiene por objeto cuestionar la política de la función pública llevada a cabo por los sucesivos gobiernos socialistas, y en concreto el proceso de funcionarización que, a su entender, está bajo sospecha. A su juicio, arranca todo del abuso intencionado en la utilización de las contrataciones laborales que el Gobierno socialista ha practicado desde 1983, quizá porque uno de los vicios más nefastos para la función pública, el clientelismo, encuentra fácil acomodo en ese procedimiento. y consecuencias del mismo, aludiendo al proceso de funcionarización laboral como consecuencia de un error premeditado de los gobiernos socialistas al que se dio carta de naturaleza con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y del que sin ningún pudor se ha abusado antes y después de la sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional, según la cual estos puestos de trabajo han de ser ocupados por funcionarios. Afirma que el error premeditado deriva de la innata desconfianza de los primeros gobiernos socialistas hacia los funcionarios y su calculado objetivo de sustitución a través, por ejemplo, del adelanto de la jubilación forzosa, del uso y abuso de las libres designaciones y del desmesurado incremento del personal contratado laboral en relación con el funcionario. Menciona algunas cifras sobre la evolución del número de contratados desde 1982 hasta la fecha, muchos de los cuales considera que no hubieran sido necesarios si el Gobierno

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hubiese practicado una valiente y acertada política de reasignación de efectivos, sin olvidar que nuestra Constitución, en su artículo 103, establece bien claramente que los principios rectores del personal al servicio de la Administración Pública son el mérito y la capacidad, y en su artículo 23 proclama el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad.
Considera que mediante la generalización de las contrataciones laborales en el ámbito de la Administración se han conculcado tales principios, haciendo mención del contenido del artículo 15 de la Ley 30/1984 que se vieron obligados a recurrir al Tribunal Constitucional, el cual declaró inconstitucional ese precepto y otros muchos de la Ley. Critica, sin embargo, la utilización distorsionada de la sentencia, ya que burlando la doctrina del Tribunal Constitucional se pone en ejecución un proceso de funcionarización que no cumple con lo dispuesto en dicha sentencia, ni tampoco con las exigencias de la Ley 23/1988. Añade que ese proceso de funcionarización ha dado lugar a un elevadonúmero de recursos que, de ser resueltos favo consecuencias para los afectados, independientemente de que la gente se pregunte por qué hace el Gobierno esas cosas y a quién quiere favorecer, pensando también que se trata de dejar colocadas a determinadas personas que ingresaron en la Administración durante su mandato sin otro mérito que la afinidad política.
Termina señalando la necesidad de subsanar las numerosas irregularidades producidas, incluso desde el punto de vista constitucional, y rogaría al Gobierno la presentación de unas medidas que les evitaran tener que presentar ellos la moción correspondiente. En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo), manifestando que el objeto de la interpelación le hace pensar que el señor Núñez t obsesión por recordar el pasado, la historia del tratamiento de la función pública a lo largo de los últimos diez años, más que de proponer una solución para el muy complicado proceso de funcionarización de los laborales si se atienen a la modificación derivada de la sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional. Señala que no contestará a todos los juicios de valor que ha emitido el interpelante acerca de la supuesta desconfianza hacia los funcionarios en el año 1983 por parte del Gobierno socialista, ni a la ampliación del número de contratados laborales como fórmula clientelar porque, al final, ignora si el señor Núñez quiere resolver el problema o dejar el personal laboral tal como está.Es evidente que hay recursos, lo que pone de relieve la complejidad de los intereses que están en juego y, por consiguiente, pendiente, que afecta no ya a los miles de contratados laborales que están trabajando en la Administración General del Estado o en la Administración institucional sino también al múltiple número de trabajadores que desempeñan puestos en las administraciones autonómicas.
Como punto de partida del problema menciona la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de junio de 1987, que determinó la modificación de la Ley 30/1984, a través de la Ley 23/1988, dando una nueva redacción al polémico artículo 15.1. Con fecha 1 de abril de 1991 publicó el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo del Consejo de Ministros sobre la materia, que viene a posibilitar el desarrollo del proceso de funcionarización y que puede afectar a unos 20.000 contratados laborales del total de los 125.000 que existen en la Administración del Estado. Aclara que la incorporación de contratados laborales en puestos propios del personal funcionario no es un tema que nace en 1982 sino que venía produciéndose desde mucho antes de esa fecha. Se trata, pues, de un problema que no se ha generado recientemente sino que existe en la Administración del Estado desde hace un buen número de años y lo único que han hecho los gobiernos socialistas ha sido afrontar el problema de acuerdo con la ley y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Aclarado lo anterior, informa al interpelante sobre el esquema conforme al cual está siendo llevada a cabo la funcionarización, el cual cree que servirá para disipar las preocupaciones del señor Diputado respecto a la forma en que el Gobierno está realizando ese proceso. Afirma que las medidas y garantías existentes y operativas desde el principio se van a mantener, cumpliendo los principios constitucionales y legales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Ministro para las Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV) y el señor Martínez Blasco, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre nuevas actuaciones en materia de política pesquera, exterior, de defensa, así como de coordinación de todas ellas, que tiene previsto el Gobierno para asegurar la actividad de nuestra flota dentro del respeto del Derecho internacional (Página 7379)

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El señor Andreu Andreu d planteada por Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, manifestando que hoy tienen la oportunidad de ver todo el problema relativo a la situación pesquera generado con el apresamiento en aguas internacionales del buque «Estai», y ello desde una perspectiva más serena que en los anteriores debates habidos en la Cámara desde que tales hechos acontecieron. También tienen hoy la oportunidad de decir al Gobierno que cuando negocie en Bruselas haga constar que tiene el apoyo de una Cámara extraordinariamente exigente que va a vigilar estrechamente todo lo que se haga.
Considera también que la Cámara tiene la obligación de controlar lo que ha sido la actuación del Gobierno en todo el proceso desde el apresamiento del «Estai» y anteriormente, que ha llevado a la situación de grave peligro en que nos encontramos para el futuro de la pesca española. Se trata de un proceso que desde el punto de vista legislativo calificaría de muy bueno, pero desde el punto de vista de los gobiernos de España y de los demás de la Unión Europea ha sido muy deficiente, e igual cabría decir respecto al Comisario de Pesca y al conjunto de la Comisión Europea.
Alude al acuerdo tomado en su día en la NAFO, criticando la actuación de la Unión Europea respectoal mismo al abstenerse en la votación corresp las cuotas de la Unión Europea.
Pregunta cómo el Gobierno español consintió que tal acuerdo se llevara adelante hasta sus últimos extremos, pidiéndole que explique a la Cámara qué actuaciones realizó para impedir que ese acuerdo siguiera adelante, siendo tan gravemente lesivo para nuestros intereses y del que proviene la situación en que nos encontramos actualmente.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba), que comienza recordando que la nueva regulación jurídica del mar, que se generalizó a finales de los años 70, supuso un cambio trascendental de las condiciones en las que hasta ese momento se había desarrollado la pesca en el mundo. La extensión de las zonas económicas exclusivas a 200 millas otorgó a los Estados ribereños el control sobre buena parte de las zonas tradicionales de pesca, en las que se concentra, además, gran parte de los recursos pesqueros del planeta. A consecuencia de este fenómeno, los grandes países pesqueros, muchos de los cuales, como España, habían buscado durante siglos realizar sus capturas en mares distantes, hubieron de someterse a la necesidad de utilizar la vía de los acuerdos internacionales de pesca para acceder a sus caladeros tradicionales o a la posibilidad de explotar zonas situadas en aguas internacionales, cuyas potencialidades pesqueras son me a menudo absolutamente desconocidas. Sin embargo, esta nueva situación, lejos de producir, como se creyó en principio, reducciones en la capacidad total de las flotas pesqueras mundiales y en las capturas que éstas realizaban, tuvieron un resultado claramente contrario.
Añade que España ha sido pionera en reclamar de la comunidad internacional la puesta en marcha de medidas encaminadas a garantizar un desarrollo sostenible de la actividad pesquera, adecuando en todo momento el esfuerzo a la situación de los «stocks», planteamiento que España defiende en todos los foros internacionales, y éste es el fin que persiguen cuando promueven y colaboran activamente en el seno de la FAO con un código de conducta de pesca responsable.
Expone a continuación la actuación de España en relación con otros países y en los organismos encargados de regular esta materia, agregando respecto a la situación creada últimamente por Canadá que la actitud del Gobierno se ha mantenido y se mantiene firme a la hora de exigir un rechazo de la Unión Europea a los hechos protagonizados por patrulleras canadienses en lo que España entiende que son claramente aguas internacionales.
Concluye exponiendo el conjunto de medidas adoptadas para proteger los intereses de los pescadores españoles que faenan en caladeros internacionales.
Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro de la Presidencia.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y el señor Fernández de Mesa y Díaz del Río, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON RAFAEL RIBO MASSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA ELABORACION Y LOS CRITERIOS QUE SE CONTIENEN EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO,

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QUE HA SIDO CONOCIDO POR SU REMISION AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Y EN CUYO ARTICULO 32.2 SE INCLUYEN PREVISIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO? (Número de expediente 180/001082)

El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 8 del señor Ribó Massó.


El señor RIBO MASSO: Gracias, señor Presidente.
¿Comparte el Presidente del Gobierno la elaboración y los criterios que se contienen en el anteproyecto de ley del Gobierno que afecta al fuero de los Secretarios de Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, el borrador remitido al Consejo General de debatido y menos aún aprobado por el Consejo de Ministros, pero tengan por seguro que cuando el Consejo de Ministros fije criterio sobre este tema y establezca la redacción definitiva del anteproyecto de ley del Gobierno tanto el Presidente como yo mismo, así como todo el Gobierno, compartiremos los criterios y la redacción del anteproyecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Gracias, Presidente.
Señor Vicepresidente, según nuestras informaciones, este anteproyecto ha estado presente en tres Consejos de Ministros, y por las declaraciones públicas hechas por diversos miembros del Gobierno está clarísimo que estamos ante un caso de descoordinación. Ustedes intentan ofrecer un privilegio que va en contra de todas las tendencias modernas del Derecho Constitucional, no sólo del Derecho Constitucional comparado, que incluso apunta a la supresión de la inmunidad parlamentaria, sino a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional español que, citándole una de las múltiples sentencias que podría argumentar, dice que los aforamientos no pueden establecerse por razones de oportunidad, siendo sólo constitucionalmente admisibles cuando respondan a una necesidad.
Recuerde usted, señor Vicepresidente, cómo en la ley del jurado se ha suprimido el antejuicio a los jueces y cómo se dice constantemente que esto debería ser tarea de los tribunales, no de una ley que es inconstitucional. Ustedes han utilizado ese tema con argumentos y motivos partidistas, como hicieron en 1988, en paralelo a la historia del señor Amedo y ahora a la historia del señor Vera; o sea, por pura oportunidad partidista, están ustedes intentando manipular el Estado de Derecho. (Rumores.) Creo que es un ejercicio de cinismo que ahora se escuden tras una descoordinación entre un ministerio y el resto del Gobierno, y es aún más cinismo cuando ustedes inauguraron esta legislatura hablando del impulso democrático. Llaman ustedes impulso democrático a consagrar una inmunidad habida para cargos que incluso constitucionalmente son de dudosa protección, tal y como se plantea en el anteproyecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ribó.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, el señor Ribó se ha referido, en primer lugar, a la descoordinación en el seno del Gobierno, y creo que no lleva ninguna razón porque la descoordinación se produciría si después de una decisión del Gobierno hubiera posiciones distintas. Por descontado que en el Gobierno hay diferencias de criterios, porque nosotros tenemos verdaderos debates y sí practicamos el principio de que haya discusiones libres en el seno del Gobierno antes de llegar a un acuerdo.
Se ha referido también al privilegio que supone ser juzgado por el Tribunal Supremo. Ha utilizado hasta la palabra impunidad y ha dicho que actuábamos por razones de oportunidad. Ante ello quiero decirle señor Ribó, en primer lugar, que ser juzgado por el Tribunal Supremo en absoluto puede considerarse un privilegio ni una impunidad, y mucho menos aún esto último. ¿Es que alguien cree que el Tribunal Supremo no es independiente, o que es menos justo que otro tribunal? Se trata simplemente, señor Ribó, de utilizar este hecho precisamente con finalidades partidistas. Nadie puede defender jurídicamente que de una ley administrativa como ésta pueda derivarse la más mínima retroactividad. Por eso han utilizado este tema para descalificar al Gobierno, pero cuando se hace sobre el supuesto de que el Tribunal Supremo es menos justo, se está atacando no sólo al Gobierno, sino a las instituciones y esto me parece inaceptable, señor Ribó. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Silencio, señorías.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO VALLE-LERSUNDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA

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AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TUVO CONOCIMIENTO EL CONSEJO DE MINISTROS DEL ANTEPROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO REMITIDO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PARA INFORME URGENTE POR EL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, Y QUE CONTEMPLA LA EXTENSION DEL FUERO DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO A LOS EX MINISTROS Y SECRETARIOS DE ESTADO? (Número de expediente 180/001084)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10 de la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Efectivamente, el orden del día del Pleno de hoy recoge una pregunta oral mía al Presidente del Gobierno sobre las peripecias que han rodeado el borrador de anteproyecto de la llamada ley del Gobierno, destinado a ampliar el privilegio, señor Vicepresidente (puesto que no hablamos de los tribunales ordinarios, sino de un fuero especial), del fuero de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Una gripe impide hoy al Presidente del Gobierno comparecer ante nosotros. Estamos en el trámite de preguntas orales al Presidente del Gobierno contradice la esencia del propósito parlamentario del sistema que hemos organizado de preguntas al Presidente del Gobierno (Fuertes rumores y protestas.) La respuesta...


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Las preguntas al Presidente del Gobierno son preguntas al Presidente del Gobierno, y aquí no sobra la tautología. (Rumores.) El Presidente tiene la facultad, en su caso, de pedir su aplazamiento, pero es que en este caso no ha comparecido ni pide el aplazamiento y en mi nombre y en nombre del Grupo Popular manifiesto la protesta porque esto sea así. (Un señor Popular: ¡Muy bien!--Fuertes rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, un momento.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)

La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
Ante un acontecimiento como el envío al Consejo General del Poder Judicial de este anteproyecto que ha producido legítima alarma social por cuanto pone de manifiesto no sólo descoordinación, sino enfrentamientos en el seno del Gobierno y por cuanto, además, hace pensar en la voluntad de establecer un blindaje de privilegios vitalicios no sólo a los actualmente aforados, sino también a los secretarios de Estado consideramos indispensable la respuesta personal del Presidente del Gobierno.
Por ello retiro en este momento la pregunta para podérsela formular al Presidente del Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Como saben SS.SS. las iniciativas retiradas después de haber sido defendidas o argumentadas dan derecho a contestación por quien puede hacerlo reglamentariamente. (Fuertes rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) El señor Vicepresidente tiene la palabra. (Continúan las protestas.--La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.--Un señor diputado: Eso es fraude.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) No existe en el Reglamento ninguna iniciativa que dé lugar a una argumentación política que no pueda ser replicada en la Cámara. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio, una vez que S.S. ha argumentado políticamente sobre la iniciativa está en su derecho de retirarla, pero el Gobierno tiene derecho a replicarla, en primer lugar, porque cualquiera puede replicar esa iniciativa y, en segundo lugar, porque el Gobierno tiene derecho a intervenir en cualquier momento de un debate en curso en la Cámara. (Fuertes rumores y protestas.--La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio, no tiene la palabra.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, para una cuestión de trámite.


El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, no he argumentado, sino sencillamente he explicado por qué retiro una pregunta. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: En segundo lugar, estamos en un trámite concreto, que es el de las preguntas orales, que es un trámite tasado que tiene sus propias reglas.
En tercer lugar, hay varios precedentes en los que se retira una pregunta en el trámite de Pleno y podrá comprobar S.S. que no hay ninguna respuesta.
En cuarto lugar, hay otro tipo de trámites, por ejemplo enmiendas, cuya defensa se ha producido en el Pleno,

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no ha habido ninguna contrarréplica, porque sobre la misma defensa se ha retirado en el momento desde la misma tribuna.
En este caso creo, por tanto, que no procede la intervención del Gobierno por todas las razones que he aportado. Gracias señor Presidente.
(Fuertes rumores y protestas.-- Apl Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señora De Palacio, para su tranquilidad... (El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señor Hernández-Sito! Para su tranquilidad, señora De Palacio, y la de la Cámara: hay precedentes de retirada de iniciativas después de haber sido defendidas en tér y convencionales que no han suscitado el deseo de ser replicadas por nadie. De eso hay precedentes.
De defensa de iniciativas, en términos polémicos o argumentados, que hayan dado lugar posteriormente a su retirada, no hay precedentes, o hay muy pocos en que, si se ha solicitado, la réplica no se haya concedido.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias, señor Presidente, muchas gracias.
Aparte de las razones de todo tipo que ha aducido la Presidencia por las que el Gobierno no puede, debe contestar a la señora Loyola de Palacio, yo les daré las razones de fondo por las que el Partido Popular quiere retirar esa pregunta: porque se ha dado cuenta del error que han cometido (Protestas en los bancos del Grupo Popular.) queriendo poner en un apuro al Gobierno respecto del envío de ese proyecto de ley al Consejo General del Poder Judicial ( Le dire, señora Loyola de Palacio, la diferencia entre ustedes y nosotros. (Rumores.) El Gobierno ha reconocido el error, ha retirado el proyecto, lo va a discutir y, cuando tenga criterio, lo enviará; pero ustedes son incapaces de esto. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) El señor Trillo ha declarado, en relación a este tema, que pretendíamos alterar las reglas del juego para beneficiar a los que ahora están en la cárcel. El señor Alvarez-Cascos ha dicho que ahora que un Secretario de Estado tiene problemas con la justicia. (Continúan los rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Un momento señor Vicepresidente, un momento.
Señorías, guarden silencio. El señor Vicepresidente tiene derecho a expresarse sin ser impedido de hacerlo. Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias señor Presidente.
Decía que el señor Alvarez-Cascos ha declarado que, ahora que un secretario de Estado tiene problemas con la justicia, queremos ampliar el aforamiento, incluso con retroactividad.
Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros hemos corregido el error y ustedes son incapaces de corregir los despropósitos que, en relación, a este tema, han pronunciado.
(Varios señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INFORMACION PUEDE APORTAR EL GOBIERNO SOBRE COMO VA EVOLUCIONANDO LA LIBRE ELECCION DE ESPECIALISTA EN AQUELLAS AREAS DEL INSALUD DONDE HA SIDO IMPLANTADA? (Número de expediente 180/001104)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de la señora Novoa Carcacia.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno: en España disponemos de un Sistema Nacional de Salud que garantiza a todos los ciudadanos una política de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y asistencia sanitaria, todo ello financiado públicamente. No obstante, el sistema sanitario ha de estar en un permanente proceso de mejora y adaptación a las nuevas circunstancias. En este proceso, uno de los objetivos que orienta la política sanitaria del Gobierno es hacer la sanidad más participativa, tanto para los profesionales como para los usuarios.
La libre elección de médico se inscribe en este marco, subraya el carácter personal y privado de la relación médico-enfermo, y amplía la capac y valoración de la calidad por parte de los usuarios de la sanidad pública.
Señor Vicepresidente: desde octubre de 1993 es ya una realidad la libre elección de médico general y pediatra, mientras que la libre elección de especialista en consultas externas se ha implantado recientemente, como experiencia piloto, en seis áreas de salud, de forma que sus resultados se difundan y permitan ser generalizados.
Por ello le pregunto: ¿qué información puede aportar el Gobierno sobre cómo va evolucionando la libre elección de especialista en aquellas áreas del Insalud donde ha sido implantada?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como usted muy bien ha dicho, el médico general y el pediatra son susceptibles de ser elegidos libremente desde el mes de octubre de 1993. Desde esa fecha, el sistema ha funcionado perfectamente, y con un nivel alto de satisfacción del ciudadano. Por ello, el ministerio pensó extender esa capacidad de elección a los médicos especialistas; pero hemos pensado que debe hacerse después del conocimiento de las dificultades o de las características de esa extensión y, para eso este proyecto que intenta, como el de la libre elección de médico general y pediatra, propiciar una relación de confianza entre el ciudadano y su propio médico, lo hemos impulsado en una experiencia piloto, que finalizará este mes de mayo, en doce especialidades, que cubren el 90 por ciento de las especialidades, y en unas zonas que suman más de dos millones de habitantes, 2.230.000 habitantes. No en todas las zonas se puede escoger entre las doce especialidades, pero sí en un gran número de ellas.
¿Cuál es la experiencia --que aún no ha terminado-- que se deriva de ese proyecto piloto? Se deriva que de los veinticuatro mil y pico ciudadanos que han sido remitidos por el médico de medicina general al especialista, tan sólo 2.001 han pedido cambio de ese médico especialista; es decir, estamos ante 86 cambios por cada 100.000 habitantes, y casi todos se han producido en los ámbitos de tocoginecología, traumatología y dermatología.
¿Qué vamos a hacer a partir del mes de mayo? Con esa experiencia, extender a toda la población afectada por el ministerio la libre elección del médico especialista, no sólo pensando que los ciudadanos tienen conocimiento de ello, sino precisamente para garantizar que cuando la relación de confianza con su médico, por las causas que sea, no fuera satisfactoria, puedan tener posibilidad de cambiar de médico especialista, como ahora la tienen para cambiar de médico general y pediatra. A partir de mayo, esto estará en funcionamiento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS CONCRETAS HA TOMADO EL GOBIERNO, O PIENSA TOMAR, PARA EL TOTAL ESCLARECIMIENTO Y DEPURACION DE RESPONSABILIDADES POLITICAS Y JURIDICAS POR EL ASESINATO DE JOSE ANTONIO LASA AROSTEGUI E IGNACIO ZABALA ARTANO? (Número de expediente 180/001083)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Romero Ruiz.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas concretas ha adoptado usted o piensa adoptar para el total esclarecimiento de las muertes de Lasa y Zabala? En un debate celebrado en esta Cámara, usted anunció la creación de una unidad, compuesta por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía trámite parlamentario, nosotros le pedimos una respuesta precisa, al tiempo que debería usted aclarar en este Pleno cómo piensa colaborar con la justicia durante todo el desarrollo de la investigación, a tenor de los sumarios abiertos en los tribunales por estos brutales asesinatos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, el repugnante asesinato de las personas encontradas en Alicante, muy probablemente Lasa y Zabala, ha provocado en el Gobierno, además reacción de horror, algo mucho más decisivo: la firme y decidida voluntad política de encontrar a los culpables, de encontrar a los responsables y llevarlos ante los tribunales.
En el ámbito del Ministerio de Justicia e Interior ello se refleja, sobre todo, en dos grandes grupos de medidas: por un lado, en el ámbito de la Secretaría de Estado de Justicia, he dado órdenes --cumpliendo-- para que el Instituto Nacional de Toxicología preste, a la debida colaboración a los Tribunales en este tema, una prioridad absoluta sobre el resto de temas pendientes, habiéndose incluso adquirido nuevos medios para realizar algún tipo de pruebas solicitadas por los jueces. En el ámbito de la Secretaría de Estado de Interior --ya lo ha apuntado S.S.--, a través de la creación de ese grupo encabezado por el Comisario General de Policía Judicial y el General Fuentes, de la Guardia Civil, que van a colaborar con la Policía Judicial encargada concretamente del caso, para el esclarecimiento definitivo de estos hechos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Cuando los jueces reclaman la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estén adscritos o no a la Policía Judicial, éstos deben colaborar.
Permítame, señor Belloch, le diga que desconfiamos seriamente de usted y del último talante de las instrucciones

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que está dando en su ministerio para torear a la justicia y no colaborar en el esclarecimiento de algunos hechos. Si ésta fuera su actitud en el caso de Lasa y Zabala, retrocederíamos aún más de lo que ya hemos retrocedido en el aislamiento de los terroristas. Estos crímenes hay que aclararlos para defender la democracia. Los que buscaron atajos, como siempre, logran retrasar las soluciones y alargar los sufrimientos con métodos como éstos, tan crueles contra los derechos humanos, equiparando el terrorismo a otro tipo de terrorismo, porque todo terrorismo tiene la misma similitud y el mismo significado.
Por tanto, pedimos que todas estas medidas que usted anuncia se pongan en marcha de verdad y que la colaboración con la justicia sea, en este caso, más fructífera y leal de lo que está siendo en otros, donde ustedes están dando largas cambiadas, dejando en mantillas a los grandes diestros de la tauromaquia de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el tema es demasiado grave para, en mi opinión, jugar simplemente a la esgrima parlamentaria. Le diré que usted, el 26 de octubre de 1994 dijo: Belloch está en la línea del borrón y cuenta nueva, de punto final a la etapa de Roldán, y no tiene verdadera voluntad política para intentar conseguir que el ex director general comparezca ante la justicia española y dé cuenta de sus actividades. Eso dijo usted entonces; hoy el señor Roldán está a disposición de los tribunales para ser juzgado por la totalidad de los delitos.
Que usted hoy vuelva a repetir que no cree en la voluntad política del Ministerio no tiene ningún valor ni ninguna credibilidad. Le volverá a pasar exactamente lo mismo y de aquí a algún tiempo los jueces, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, desde luego, el Gobierno, cumplirán su compromiso. No piense que sus palabras serán olvidadas, serán simplemente una manifestación más de su talante político. Nada más. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE CRITERIOS ESTA SIGUIENDO EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR EN SU RELACION CON LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO? (Número de expediente 180/001086)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Qué criterios está siguiendo el Ministerio de Justicia e Interior en su relación con la Asociación de Víctimas del Terrorismo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, la Asociación de Víctimas del Terrorismo merece, sin duda, el respeto del Gobierno y en particular del Ministerio de Justicia e Interior; el respeto y la solidaridad que merecen, indudablemente, las víctimas del terrorismo. Le aseguro que en pocos sitios como en mi puesto de trabajo se comprende la necesidad de ser solidarios con las víctimas de esos delitos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es absolutamente inconcebible la respuesta que nos acaba de dar en relación con lo que son los hechos protagonizados por S.S. En términos literales estaríamos absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero la realidad es que usted, señor Ministro de Justicia e Interior, y antes señor Ministro de Justicia, en un caso y en otro no solamente no ha querido recibir a la asociación sino que ni tan siquiera se ha dignado contestar a las reiteradas solicitudes de audiencia que le han formulado.
Lo cierto es que usted, de manera caprichosa e inexplicada, en el mes de agosto, retiró la ayuda que por parte del Ministerio del Interior venía recibiendo esta asociación desde hacía muchísimos años; y lo cierto es que usted hizo coincidir esa retirada de ayuda, de manera sospechosa para nosotros en el tiempo, con algunas declaraciones de representantes de la asociación no compartiendo determinadas políticas sectoriales de su ministerio.
Por tanto, señor Ministro de Justicia e Interior, le estamos dando hoy a S.S. una magnífica oportunidad de rectificar, una magnífica oportunidad de acomodar sus hechos a las declaraciones que acaba de hacer. Pero tenga S.S. muy presente que en tanto en cuanto se siga manteniendo en lo que es la realidad de sus hechos, esos hechos causarán estupor e indignación en cientos de

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miles de ciudadanos españoles que, con independencia de militancias partidistas o políticas, se sienten profundamente unidos a todos aquellos que han sido víctimas del terrorismo, y tenga S.S. en cuenta que en tanto en cuanto no modifiquen sus propios hechos, esos hechos solamente le cubren a usted de vergüenza.
No nos hable de instrumentación. No estamos hablando de una instrumentalización de las víctimas; estamos reprobando un comportamiento de S.S. inaceptable y que, además, no se corresponde con lo que ha sido el comportamiento de otros titulares socialistas de su ministerio. No va a contar con nosotros para ser cómplices de actitudes como la que usted está manteniendo Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, se ha puesto usted la venda antes que la herida. Yo no he hablado de instrumentalización de las víctimas del terrorismo.
En el tema de las víctimas del terrorismo me parece evidente que no se puede tampoco hacer alegatos sin contenido. Primero, no es cierto. Yo he recibido a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Está mal informado. Concretamente, en el despacho correspondiente a la actual Secretaría de Estado de Interior.
Por otro lado, se mantienen constantes contactos con mi gabinete, y es evidente que el apoyo a las víctimas del terrorismo constituye una prioridad para el conjunto del Gobierno y para este Ministerio. Para el conjunto del Gobierno lo evidenciaría simplemente constatar las subvenciones que el Ministerio de Asuntos Sociales otorga a esa Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pasó de 13 millones en el año 1993 a 40 millones en 1994. Esa es la voluntad del Gobierno.
Sin embargo S.S., que sabe algo de técnica presupuestaria, sabrá también que no hay ninguna partida de subvenciones dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Interior. Eso determina que no sea posible dar subvenciones desde el ámbito del Ministerio del Interior. Sí que es conveniente y útil contribuir a una ayuda real a esa Asociación, y para eso he encargado a la Subsecretaría que analice la posibilidad de, por vía del Capítulo 2, por vía de servicios y contratos, realizar encargos específicos en colaboración con las funciones del Ministerio del Interior. En la medida en que eso sea posible, habrá ese apoyo.
El tema es mucho más importante que todo eso. La solidaridad con las víctimas del terrorismo nunca es completa, nunca es satisfactoria. Hasta hoy hemos logrado --incluso representantes de su Grupo lo han reconocido-- el apoyo por daños personales, no así por daños materiales, y además, no basta con el apoyo en medios económicos. De ahí que estemos preparando un plan descentralizado, a través de los gobiernos civiles, de apoyo y solidaridad específica y concreta en cada una de las provincias españolas en materia de terrorismo. Eso es lo importante, señoría (Varios señores Diputados en los bancos del Grupo Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JULIO PADILLA CARBALLADA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE INSTRUCCIONES ESTA CURSANDO EL GOBIERNO A FUNCIONARIOS PUBLICOS LLAMADOS A DECLARAR EN LOS SUMARIOS QUE INVESTIGAN LOS CASOS ROLDAN, GAL Y FONDOS RESERVADOS SOBRE LA BASE DE LAS CUALES DICHOS FUNCIONARIOS ESTAN NEGANDOSE A DECLARAR ACERCA DE DIVERSOS EXTREMOS? (Número de expediente 180/001087)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Padilla Carballada.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es público, por notoriedad, que funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han sido llamados a declarar ante determinados órganos jurisdiccionales, en relación con procesos penales de notoria y pública relevancia también, han invocado el artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar, alegando que estaban obligados a guardar secreto. Como la mayoría de ellos, por no decir todos, señor Ministro, integran la Policía Judicial, entendemos que la misma no puede esgrimir ante la autoridad judicial ese secreto. Por tanto, hay que interpretar que se les han cursado instrucciones jerárquicas para que no presten declaración. Por eso pedimos al señor Ministro que nos indique qué instrucciones está cursando el Gobierno a esos funcionarios públicos para que invoquen esa obligación de guardar silencio.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, el Gobierno no está cursando instrucciones a los funcionarios públicos llamados a declarar ante la autoridad judicial.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Pues entonces, señor Ministro, son unos funcionarios que demuestran, además de las virtudes propias de su profesión, una enorme sagacidad, porque no entendemos qué es el secreto que están en este momento guardando en la instrucción de esas causas, qué tipo de interés del Estado y de intereses generales pudieran estar en el lugar donde se hayan podido hospedar esos funcionarios, los gastos que hayan podido realizar paracumplir sus funciones y, sobre todo, no comprendemos cómo se está colaborando y auxiliando a la Administración de Justicia y cumpliendo las funciones que a la Policía Judicial le señala la legislación vigente al adoptar esa postura procesal, que es una postura impeditiva del descubrimiento del delito y de los presuntos delincuentes.
Señor Ministro, la taumaturgia tiene sus límites; usted, por fortuna, creo yo, no la tiene, y naturalmente, no puede hacer prodigios para que la ley diga lo que no dice o para que pretenda que lo que no dice lo diga la ley. Lo que sí esperamos es que sea más que palabras la voluntad del Gobierno de colaborar en el esclarecimiento de los delitos. Porque el Gobierno y los funcionarios hipotéticamente pueden delinquir, señor Ministro, pero el Estado entendemos que nunca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Es difícil no estar de acuerdo, señoría, con la última frase que ha dicho. Pero, independientemente de eso, en el texto de la pregunta --y me gustaría aclararlo-- usted hablaba de actitud de los funcionarios en los casos Roldán, GAL, fondos reservados, mezclándolo todo. Habrá que aclarar algunas cosas.
Primero, caso Roldán. La cooperación no es que haya sido relativa, ha sido total. Hemos puesto al señor Roldán a disposición de los tribunales y el conjunto del material probatorio practicado se debe sustancialmente a trabajo de la Guardia Civil y de la Policía. Colaboración absoluta, total y plena.
Caso GAL. El Gobierno no avala ni avalará ninguna clase de acción obstruccionista.
Temas de enriquecimiento injusto. Es propósito decidido del Gobierno que cualquiera que se haya enriquecido a costa del dinero público no sólo consecuencias penales, sino que devuelva hasta la última peseta del dinero sustraído. Para ello se perseguirán sus bienes allí donde se encuentren.
Cuarto y final: que los funcionarios policiales no hayan querido revelar las fuentes de su información. Eso no sólo es que sea razonable, es que es estrictamente necesario y exactamente ajustado al principio de legalidad. Estrictamente necesario, porque no puede existir en ningún país civilizado una policía que revelara sus fuentes o sus informaciones. Eso equivaldría a decir que la policía no pudiera producir ningún efecto en la lucha contra la delincuencia y en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Usted, que sostiene eso, señor Padilla, deberá explicárselo a los ciudadanos. Usted, si fuera coherente con su postura, acabaría con la policía española y con la posibilidad de defender el valor de la seguridad.
Nada más. Muchas gracias. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA EVITAR LA REPRODUCCION DE LOS GRAVES INCIDENTES CALLEJEROS QUE HAN CONVERTIDO AL CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA EN UNA ZONA DE MAXIMA INSEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LOS FINES DE SEMANA ADEMAS DE OCASIONAR NUMEROSOS DESTROZOS EN INSTALACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, TODO ELLO CON LA MAS ABSOLUTA IMPUNIDAD A PESAR DE CONOCER LA PERTENENCIA DE SUS AUTORES A JARRAI Y OTRAS ORGANIZACIONES SITUADAS EN EL ENTORNO POLITICO DE KAS Y ETA? (Número de expediente 180/001088).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Del Burgo Tajadura.
Tiene la palabra.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no con ánimo de censurar a las fuerzas de seguridad, sino todo lo contrario, le formulo esta pregunta: ¿Qué medidas piensa ado de Justicia e Interior para evitar la reproducción de los graves incidentes callejeros que han convertido al casco antiguo de Pamplona en una zona de máxima inseguridad ciudadana durante los fines de semana, además de ocasionar numerosos destrozos en instalaciones públicas y privadas, todo ello con la más absoluta impunidad, a pesar de conocer la pertenencia de

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sus autores a Jarrai y otras organizaciones situadas en el entorno político de KAS y de ETA?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer algún matiz al texto de la pregunta. No comparto, señoría, que sea durante los fines de semana; ha sido durante un fin de semana muy concreto y específico, los días 24 y 25 de marzo, en los que, efectivamente, tiene razón su señoría, se provocaron incidentes precisamente protagonizados por personas próximas al entorno político de Jarrai y organizaciones análogas.
Tampoco comparto, sin embargo, que se realizaran en un clima de impunidad, primero porque hubo acciones preventivas previas (de hecho, el Delegado del Gobierno en Navarra ordenó el despliegue de unidades especiales de intervención, hasta un total de 108 agentes) y, en segundo lugar, porque «a posteriori» de los hechos se han abierto cinco expedientes sancionadores y remitido actuaciones al ministerio público.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, creo que usted no conoce muy bien, o no le han informado ciertamente, cuál es la situación de Pamplona los fines de semana. (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Sí, sí!) Es cierto que los incidentes a que usted ha hecho referencia se produjeron esos días 23 y 24 o 24 y 25 de marzo, que tuvieron una extraordinaria virulencia, hasta el punto de que ocasionaron daños por aproximadamente 40 millones de pesetas. Pero es que sistemáticamente, señor Ministro, cada fin de semana se convierte al casco antiguo de Pamplona en una zona de máxima inseguridad, donde los militantes de Jarrai campan por sus respetos, donde toman el pelo a la policía, donde jamás se detiene a nadie, donde hay una impunidad absoluta. Y eso, señor Ministro, tiene que acabar.
Simplemente, señor Ministro, le traigo aquí el clamor de miles y miles de ciudadanos de Pamplona que dicen: ¡Ya está bien! ¡Ya basta! Dicen que hay que tomar medidas enérgicas, porque usted me dice que se produjeron esos incidentes, pero no me ha dicho nada de lo que va a hacer para evitarlos en el futuro, y las medidas que hasta este momento se han tomado no son suficientes. Jarrai es una organización que delinque permanentemente, que se prepara para la delincuenciapermanente, que tiene su sede abierta en Pamplona, que tiene 200 o 300 jóvenes adiestrados perfectamente para la guerrilla urbana, que en cualquier momento, con cualquier pretexto se plantan ante la delegación del Gobierno y gritan «Gora ETA», ante la indiferencia o, por lo menos, pasividad de las fuerzas de seguridad. Después vuelven al casco antiguo de Pamplona, cruzan coches, queman cabinas telefónicas, producen toda clase de desmanes, y así una y otra semana, señor Ministro. Por tanto, le pido, por favor, señor Ministro, especialmente --ya comprendo que tiene usted tantos problemas que afectan a su Ministerio--, qu problema, porque la ciudadanía de Pamplona lo merece.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señoría.
No voy a polemizar sobre si es un fin de semana o todos. La información que tengo de la Guardia Civil, de la Policía y de la Delegación del Gobierno me insiste en lo que le he indicado. Usted reside en la ciudad, pero, en cualquier caso, yo debo aceptar la versión que tengo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No quiero polemizar sobre ese tema.
En todo caso, el tema de fondo que usted plantea sí que es grave. Jarrai, efectivamente, es una organización que de manera constante constituye un peligro para la seguridad ciudadana, en todo caso, y seguramente para cosas más graves si se analiza a fondo. Por tanto, la investigación de sus conductas es una prioridad y en esa línea se están orientando las peticiones del Gobierno hacia el Fiscal General del Estado, por un lado; por otro lado, la Delegación del Gobierno va a mantener con carácter estable las medidas --es decir, la intervención de las unidades especiales-- durante el conjunto de fines de semana, no sólo en Navarra; sabe usted que en la Comunidad Autónoma del País Vasco pasa exactamente igual en los grandes centros urbanos, y además hay órdenes expresas y concretas de que se cumplan en su integridad las medidas previstas en la Ley llamada de seguridad ciudadana --es más largo el nombre--, me refiero concretamente el conjunto de medidas tendentes a identificar a las personas que participan en ese tipo de actos, ya no sólo para iniciar expedientes sancionadores por faltas administrativas graves, sino, sobre todo, para remitir el conjunto de esas actuaciones al ministerio fiscal y, en definitiva, a los tribunales.
Le aseguro a S.S. que en el análisis de fondo del fenómeno Jarrai coincido con usted. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


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--DEL DIPUTADO CON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿POR QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR NO HA REMITIDO A LA CAMARA EL PLAN DE GESTION ECONOMICO- ADMINISTRATIVA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS QUE EL PLENO LE REQUIRIO EN LA SESION DEL PASADO 29 DE NOVIEMBRE? (Número de expediente 180/001089)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Gil Lázaro, que tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué el Ministerio de Justicia e Interior no ha remitido a la Cámara el Plan de Gestión Económico-Administrativa de Instituciones Penitenc Pleno le requirió en la sesión del pasado 29 de noviembre? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
Señoría, tengo la sensación de que debe haber algún error en el planteamiento de su pregunta. El Plan de Gestión Económico- Administrativa, en los términos que recogía el punto 5 de la moción subsiguiente a la interpelación o el Plan de Acción Económico-Administrativa, tal como lo describía en esa interpelación, fue remitido por el Gobierno el 20 de diciembre del año pasado, fecha en que ingresó en el Registro General del Congreso de los Diputados. Aquí tengo el documento que lo avala. Por tanto, no entiendo la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Pues debemos estar hablando de esos innumerables errores de carácter documental o trasuntos de los mismos que suelen ocurrir últimamente en su Ministerio, porque con fecha 6 de febrero de 1995 ingresa en esta Cámara la respuesta del Gobierno de conjunto a la moción aprobada el 29 de noviembre y en esa respuesta de conjunto, simple y llanamente, se hace omisión precisamente del punto 5 de la moción.
Mire usted, a nosostros nos da la sensación de que con este asunto alguien ha intentado jugar de farol, porque fue S.S. en la sesión del 16 de noviembre quien afirmó que tenía dispuesto ese plan. Fue el Grupo Par-lamentario Socialista, presentando una enmienda a nuestra moción, quien nos pidió que hubiera un plazo de tiempo de una semana para poder remitir este plan, y lo cierto es, señor Ministro, que en el conjunto del texto de contestación a esa moción el plan no ha aparecido.
Dice usted que el plan ha llegado a esta Cámara. Pues vamos a verlo, porque desde luego, a poder de este Diputado ha llegado toda la documentación subsiguiente a esa moción y el plan en modo alguno.<ð Creo, señor Ministro, que ese plan, en los términos en que se solicitaba en la moción, no está en esta Cámara. Creo, señor Ministro, que ese plan, en el momento en que S.S. nos lo comunicó en la como tal y más bien me da la sensación (por lo que es la respuesta, además de conjunto a las solicitudes de información que nosotros, que el conjunto de la Cámara adoptó en esa sesión del 29 de noviembre) que aquí se sigue intentando disfrazar el fondo del asunto relacionado con esa moción.
Vamos a seguir hablando en los próximos meses, sin lugar a dudas, de lo que ustedes nos han dicho en esa moción, porque mire usted, en esa contestación dada por el Gobierno a la moción aprobada por esta Cámara, que tenía un enorme calado de fondo, nos da la sensación ciertamente, que se ha intentado cubrir meramente un trámite, pero que no se ha cumplido con fidelidad el mandato de la Cámara, y de eso vamos a seguir hablando, señor Ministro. ¡Faltaría más! (El señor Lago Freire: ¡Arriba España!)

El señor PRESIDENTE: Señor Lago Freire, le llamo al orden.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
La verdad, señoría, ¡qué cantidad de palabras por no reconocer simplemente que se ha equivocado! Es tan simple como eso.
Mire, aquí está: Congreso de los Diputados, Secretaría General, Registro General, 20 de diciembre de 1994. Registro 29651. La copia está aquí: Congreso de los Diputados. El error será, en su caso -- si es que es capaz de atribuírselo--, del Congreso de los Diputados.
Para más señas, tiene en el Congreso el número interno de tramitación 173/61/2. Para más señas, el texto fue remitido a la Comisión de Justicia e Interior el día 27 de diciembre. El texto dice, expresamente: Plan de acción económico- administrativa 1994-1995. A continuación viene el conjunto del plan.
Señoría, limítese a reconocer que incluso usted se equivoca.
No pasa nada. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


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--DE DOÑA EVA MARIA AMADOR GUILLEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿POR QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR NO HA LOGRADO PONER A DISPOSICION DE LOS TRIBUNALES AL PRESUNTO AUTOR DE LOS TRES CRIMENES DE ALCASSER (VALENCIA)? (Número de expediente 180/001090)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Amador Guillén.


La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿por qué el Ministerio de Justicia e Interior no ha logrado poner a disposición de los tribunales al presunto autor de los tres crímenes de Alcasser? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le voy a dar una contestación sincera. Para que un crimen pendiente se esclarezca hacen falta, entre otras, tres condiciones previas: la primera, que exista, obviamente, una voluntad de llegar al fin en el esclarecimiento de esos hechos criminales; la segunda, que exista una planificación policial correcta, y la tercera, que exista un empeño profesional de la policía en encontrar a los criminales.
Le aseguro, señoría, que las tres condiciones se dan. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, además existen otros factores que hacen que no siempre sea posible descubrir un hecho criminal con la celeridad que todos --S.S. y todos los que estamos en esta Cámara-- desde luego, desearíamos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Amador.


La señora AMADOR GUILLEN: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el triple crimen de Alcasser sabe usted que provocó una enorm opinión pública española y las consabidas declaraciones de condena y repulsa. También las promesas de rápido esclarecimiento por parte de sus predecesores los ministros Corcuera y Asunción. Este último, además, anunció que pondría en marcha un grupo especial dedicado a esta investigación. Sin embargo han pasado más de dos años y de los resultados de este grupo solamente se sabe que no se sabe nada. pero no solamente eso. Sí sabemos que ha habido notables abulias en materia de cooperación policial internacional. La policía judicial de Portugal, por ejemplo, dijo que se tardó por parte del Ministerio más de 30 días en resolver trámites burocráticos. pero no sólo esto; además, se sabe que por parte de alguna instancia política gubernamental se ha tratado de minimizar la falta de logros en este asunto aduciendo que el esfuerzo policial que había que realizar tenía que serlo en función de otras investigaciones, que había otras prioridades, como la detención de Luis Roldán.
En definitiva, señor Ministro, han pasado más de dos años y ni se ha detenido al presunto asesino ni se ha dado la sensación de que se haya hecho el más mínimo esfuerzo o, al menos, el adecuado para ello.
Y lo peor, señor Ministro, es que no parece que dispongan ustedes de líneas de investigación que permitan vislumbrar una próxima captura. Lo c en suma, ustedes no saben dónde está Antonio Anglés y la pregunta, señor Ministro, se la he formulado porque un individuo teóricamente declarado como el más buscado por la policía española, sin ayuda de ningún género de organización, como han podido tener otros prófugos, no ha sido capturado.
Por eso, señor Ministro, debería usted contestar por qué no han detenido a Antonio Anglés. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, muchas gracias.
Señoría, hace escasamente un mes, ante la Comisión de Justicia e Interior, el Director General de la GuardiaCivil respondió a preguntas de su grupo parlamentario.
Evidentemente, les explicó con detalle --por tanto, está claro que ése no era el objetivo de la pregunta de hoy-- cuáles eran las circunstancias de la investigación, en qué estado se encontraban; que existía, efectivamente, un grupo especial de la Guardia Civil que sigue teniendo como objetivo prioritario y preferente la investigación; como se han realizado contactos bilaterales y multilaterales de todo nivel para intentar encontrar pistas sobre Antonio Anglés, etcétera.
El esfuerzo es constante y permanente; ni siquiera se ha excluido la posibilidad de fallecimiento y al efecto se mandó la reseña dactilar al conjunto de países de la Interpol para tratar de ponerlas en contraste con cadáveres desaparecidos.
Es claro --lo sabe S.S.-- que líneas de investigación ni se pueden decir aquí ni se pueden decir en la Comisión de Justicia e Interior.
Le digo lo que un anterior Ministerio de Interior le dijo a otro Diputado que le hizo esta misma pregunta: Si quiere realmente saber las líneas de investigación, se las podré decir en mi despacho, no en un acto público, que, obviamente, implicaría ayudar al delincuente, cosa que no es, sin duda, su propósito.


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Lo que más me sorprende de todo esto es que también el crimen de Alcasser considere S.S. oportuno ponerlo montando. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿EN QUE MEDIDAS AFECTARA EL RECIENTEMENTE ANUNCIADO RECORTE PRESUPUESTARIO AL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA? (Número de expediente 180/001092)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor Robles Orozco, que tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué medida va a afectar el recientemente anunciado recorte presupuestario al Plan Nacional de Lucha contra la Droga?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles Orozco.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, concretamente, en la medida de 1.538 millones de pesetas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Robles.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Tenía la esperanza, señor Ministro, que la sensibilidad del Gobierno hubiera hecho posible que esta cifra que usted nos acaba de confirmar hoy no fuera así. Eso significa el 40 por ciento del presupuesto del Plan Nacional de Lucha contra la Droga y es realmente dramático que el Gobierno no haya encontrado otro sitio mejor donde recortar el déficit presupuestario que precisamente en la lucha contra la droga.
Sabe muy bien S.S., lo saben todos los españoles, que la droga es uno de los principales problemas que tiene nuestro país; sabe perfectamente que es el segundo problema que siguen considerando los españoles en su orden de preocupación, y, por lo tanto, precisamente que nos haya usted confirmado este dato significa que muchos de los programas de prevención que se están haciendo, muchos de los programas de asistencia a las personas que sufren el problema, muchos de los programas que desarrollan las organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, muchos de los programas que desarrollan los planes autonómicos, van a verse comprometidos.
Por eso no me extraña que ustedes no hayan tenido el valor, señor Ministro, de convocar la Conferencia sectorial de drogas, que, como sabe usted muy bien, es tradición siempre tenerla celebrada antes del 15 de marzo. Ha pasado esa fecha, no se ha celebrado la Conferencia sectorial porque ustedes no tienen el valor de decirle a los reponsables autonómicos lo que hoy está diciéndonos aquí porque se lo hemos preguntado.
Dígaselo usted ahora a los planes autonómicos que no van a hacer esos programas, dígaselo a las organizaciones no gubernamentales, dígaselo a las familias, y dígame usted, señor Ministro, ¿se puede casar de alguna manera esa preocupación que ustedes hacen permanentemente de forma verbal con una política presupuestaria que da un hachazado mortal al Plan Nacional de Lucha contra la Droga? Es imposible entender su preocupación de lucha contra la droga con esa famosa declaración de «vamos a quebrar el espinazo a los narcotraficantes» --que dijo el señor Presidente del Gobierno-- cuando, después, no hay una política presupuestaria coherente que respalde esas declaraciones.
Por lo tanto, mucho me temo que nos estamos quedando como siempre en una política de declaraciones y de propaganda más que en una política real.
En dos años, señor Ministro, en dos años de legislatura, ni una sola iniciativa parlamentaria ni una sola del Gobierno en materia de lucha contra la droga, la Ley de precursores, la Ley del fondo, el Reglamento del blanqueo de capitales; ahora, por último, el colofón es que ustedes recortan precisamente el Plan Nacional de Lucha contra la Droga en un 40 por ciento. Me parece extraordinariamente grave.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
Señoría, le he dicho la cifra porque estaba convencido de que se iba a equivocar en el porcentaje, y así ha sido. El porcentaje es el 29,5, no el 40 por ciento. Cuando quiera, en técnica presupuestaria se lo podemos acreditar por extenso, aquí o en otro sitio.
En cualquier caso, el problema de fondo es muy grave, el problema de fondo es que la totalidad de capítulos de este Ministerio y de la totalid ha tenido que ajustarse a una política de rigor presupuestario. No hay un solo servicio de mi Ministerio, en

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particular, y de la práctica totalidad de ministerios que para cumplir los objetivos de déficit y rigor presupuestario no hayan tenido que sufrir recortes. Podríamos estar hablando de mi Ministerio, de prisiones, juzgados, Ministerio Fiscal, cualquier otro servicio, como Policía, Guardia Civil, objeción de conciencia, todos, sin excepción, han sufrido esos recortes.
¿Sabe lo que ocurre? Que nosotros, por coherencia con unos objetivos de déficit, lo hacemos y explicamos no creo que de una manera nada confusa. Le he dicho exactamente el número de millones que supone para ese capítulo, como a cualquier otra pregunta que se me formulara de cualquier otro de los objetivos del Ministerio, y que, para cumplir esos objetivos de déficit, hemos tenido que hacer ese esfuerzo solidario.
Ustedes, no; ustedes consiguen decir que van a mantener las prestaciones sociales y, eso sí, al propio tiempo, van a reducir ingresos. Hoy, además, me entero, que no sólo mantendrán prestaciones sociales, sino que ninguno de los capítulos del presupuesto van a observar reducciones, porque se podrían poner en cuestión diversos objetivos básicos de las políticas de un Estado. Simplemente nosotros nos enfrentamos a la realidad y ustedes juegan en la más total de las demagogias. Porque no hay nadie, yo estoy convencido que ni sus votantes, que se puedan creer esa nueva ley de la teoría económica según la cual, reduciendo los ingresos, se puede mantener el nivel de gastos. Eso no han logrado ni S.|S. ni su Grupo ni su Partido que lo entienda ni lo crea nadie en este país.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL GRADO DE OCUPACION EFECTIVA DE LAS PLAZAS CONCERTADAS PARA LA REALIZACION DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/001100)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Justicia e Interior, continuando con mis anteriores preguntas, relativas al tema de la objeción de conciencia y la sustitutoria, y una vez conocido el aumento del número de plazas concertado con las distintas Administraciones públicas, pero también con instituciones privadas sin ánimo de lucro, creo que es oportuno ahora saber el grado efectivo de ocupación de estas plazas, puesto que, en parte con la información facilitada por usted, ya se sabe que el número de objetores en estos momentos está descendiendo y que, por tanto, sería bueno que el número de objetores antiguo, pendiente todavía de realizar la prestación social sustitutoria, pudiera irse reduciendo. Es por ello, señor Ministro, que le formulo la pregunta siguiente: ¿Cuál es el grado de ocupación efectiva de las plazas concertadas para la realización de la prestación social sustitutoria?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señoría, efectivamente, en la actualidad el nivel de ocupación está más cerca del 100 por cien que del 95 por cien, que de manera indirecta le respondí no hace muchos días en esta misma Cámara, dado que las escasas plazas ocupadas no lo están exclusivamente porque están en reserva de ocupación en función de plazas ya adjudicadas y pendientes de incorporación a lo largo de este año. Es más: las cuentas concretas son que, en realidad, de las 50.321 plazas concertadas a finales de 1994, treinta y tres mil y pico se están cumpliendo en este momento, 8.000 se harán entre marzo y junio y 10.809 entre junio y los tres meses siguientes, a las que hay que añadir una nueva incorporación de otras 3.900. De hecho la cifra es superior: son 56.000 en definitiva, como consecuencia de que dentro de este mismo año alguna de las plazas vuelve a quedar vacante y se puede destinar a otro objetor de conciencia.
Se trata, como sabe S.S., de la primera vez que se ha logrado la ocupación efectiva al 100 por cien del conjunto de plazas disponibles. Por tanto, creemos que es un buen resultado, derivado sustancialmente del plan que en materia de objeción de conciencia aprobó el Gobierno hece ya de eso más de un año.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ZONAS HAY PROBLEMAS, POR FALTA DE PLAZAS CONCERTADAS, PARA QUE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA PUEDAN REALIZAR LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/001101)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, señor Ministro, en relación al mismo tema, aunque en otro sentido, suele ser frecuente que los objetores de conciencia puestos a escoger prefieran plazas, en general, situadas cerca de lo que es su residencia habitual. Uno de los problemas que se presenta es cuando en algunas zonas del territorio, casi Comunidades Autónomas enteras, por parte de las distintas Administraciones no suele haber el conveniente nivel de colaboración para que este problema pueda resolverse satisfactoriamente. Es verdad que hay otras instituciones o administraciones que posiblemente concierten plazas con el Ministerio, pero sabido es que precisamente en alguna de estas zonas, donde, además, el número de objetores es bastante elevado, esto se hace difícil de cumplir. Por ello, pensando que en realidad este problema es uno de los que quedan todavía por resolver, le formulo, señor Ministro, la siguiente pregunta: ¿En qué zonas hay problemas, por falta de plazas concertadas, para que los objetores de conciencia puedan realizar la prestación social sustitutoria? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, Presidente.
Como usted sabe perfectamente, señoría, dentro del incremento de la figura del objetor de conciencia, ese incremento fue siempre más intenso en las zonas urbanas que en las zonas rurales y, en consecuencia, ese desajuste de oferta y demanda donde se produce es precisamente en las zonas de mayor concentración urbana. Junto a ello, es bastante lógico que la inmensa mayoría de los objetores de conciencia quieran realizar la prestación social sustitutoria precisamente en las proximidades de su domicilio o residencia. Este doble factor es el que ha determinado un desajuste real.
El reglamento, que se aprobó recientemente --sobre ello tuve ocación de contestar a S.S.--, contiene medidas que van a permitir paliar en buena parte ese problema. Es verdad que los desplazamie margen de problemas de otro tipo, plantean graves problemas económicos que no siempre pueden ser afrontados con los presupuestos que realmente tenemos; sin embargo, como se está acentuando la política de creación de más plazas precisamente en los centros con mayor nivel de urbanización y, en definitiva, con mayor nivel de demanda, pensamos que en lo esencial el tema está encauzado y que se irá resolviendo. La pregunta concreta que hace es consecuencia de lo anterior. El problema se plantea, sobre todo, en las provincias de Madrid, Barcelona, Palencia, Vizcaya, Guipúzcoa y Alicante. Esas serían, quizá, las provincias que en este momento plantean mayores problemas.
En cuanto a capitales concretas, no provincias, además de la capital de provincia correspondiente a las que le he indicado, también hemos detectado graves problemas en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, León, Salamanca y Valladolid. Estas son las zonas de mayor concentración.
El conjunto del reglamento y la experiencia que ya tenemos en materia de gestión, que ha permitido avanzar en otros temas, nos lleva a la conclusión de que a lo largo de este año podremos lograr un equilibrio entre oferta y demanda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO EN RELACION CON EL RECUENTO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DEL 28 DE MAYO Y LA PRESIDENCIA COMUNITARIA DE ESPAÑA, TODA VEZ QUE SE HA QUEMADO EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID? (Número de expediente 180/001102)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Balletbó i Puig.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en esta tarde de sobredosis de preguntas, me parece que, por suerte, ésta es la última y hace referencia a las previsiones en relación con el lamentable incendio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Dado que este año, a pesar de algunos, vamos a tenerla presidencia comunitaria y el Palacio de Congresos y Exposiciones es un edificio que hace falta, y que, además, tenemos elecciones, también a pesar de algunos, sólo de dos tipos, autonómicas y generales, pero habrá que hacer recuento, señor Ministro, ¿qué haremos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría efectivamente, después del fuego, que afectó parcialmente a las instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, la Di correspondiente de la Secretaría de Estado de Interior --me refiero a la de Procesos Electorales-- se ocupó de buscar alternativas para la instalación del Centro de Difusión Nacional del Escrutinio Provisional, relativo a elecciones municipales. Se habían estudiado otras

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dos alternativas posibles; sin embargo, afortunadamente, porque no habrá que cambiar la sede tradicional, tras evaluar los daños realmente causados por el incendio y el tiempo necesario para la reparación de esos daños, la Secretaría General de Turismo, que, como saben, es el órgano del que depende oficialmente el Palacio, nos ha dado garantías de que podrá estar listo y preparado para realizar su tradicional cometido electoral. Por tanto, el Centro de Difusión Nacional del Escrutinio Provisional estará en el palacio donde ha estado tradicionalmente. Ya se sabe que el recuento electoral oficial se verificará, en todo caso, en juntas electorales de zona, sin perjuicio de la publicación oficial autorizada por la Junta Electoral Central y sin perjuicio de las competencias de las juntas electorales de comunidad autónoma.
Por lo que se refiere a la presidencia europea, quiero, primero, aclarar que el conjunto de actividades, sobre todo consejos de ministros, no se van a celebrar en Madrid, sino que habrá consejos de ministros en la práctica totalidad de comunidades autónomas, pero, por lo que respecta a los que se realicen en Madrid, la decisión desde el principio es que no se celebren en este palacio, sino en el recinto ferial Juan Carlos I, que depende del Ayuntamiento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Señora Balletbó?

La señora BALLETBO I PUIG: Sólo quería agradecer al Ministro su contestación sobre las previsiones y soluciones... (El señor Ministro de Justicia e Interior, vuelto de espaldas, conversa con varios señores Diputados.) Bueno, bueno, Ministro...


El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó, señor Ministro.


La señora BALLETBO I PUIG: Nada, nada. (Risas.) Le daba las gracias, Ministro, pero las considero tomadas por usted.
(Risas.)

--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUAL ES LA POLITICA S POR EL GOBIERNO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESQUEROS ESPAÑOLES TRAS LOS INCIDENTES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL SENO DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO NOROCCIDENTAL (NAFO) CON EL APRESAMIENTO DEL BUQUE «ESTAI»? (Número de expediente 180/001085)El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la política seguida por el Gobierno en defensa de los intereses pesqueros españoles tras los incidentes que se han pr de NAFO con el apresamiento del buque «Estai»?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce, el Gobierno ha adoptado distintas decisiones en relación con el conflicto al que usted se refiere, algunas en el ámbito estrictamente diplomático, tanto en lo que se refiere a nuestras relaciones con Canadá como a nuestras relaciones con el resto de los países de la Unión Europea; otras, en el ámbito de la defensa de los pesqueros españoles que actualmente están en los caladeros frente a las costas de Canadá y finalmente un tercer tipo de medidas de tipo jurídico para proteger lo que entendemos que son nuestros derechos a faenar en dichas aguas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Quizá sería usted el interlocutor válido del Gobierno para hablar de estos temas, porque con ello probablemente nos desharíamos de cantidad de declaraciones contradictorias que al final no han conducido a nada.
Señor Ministro, ha pasado prácticamente un mes y de devolución de fianza al «Estai», nada; de devolución de pesca confiscada, nada; de haber reparado los daños a los buques, nada; de haber pagado ni el daño emergente ni el lucro cesante, nada.
Realmente las medidas adoptadas por el Gobierno, en concreto a lo que se refiere esta pregunta del buque «Estai», no se han traducido en modo alguno en una respuesta positiva, por lo menos ni de Canadá ni de la Comunidad internacional.
En cuanto a las declaraciones generales del «Estai» y de la problemática que ha surgido en NAFO, quiero recordarle simplemente, señor Ministro, porque con posterioridad habrá una interpelación, que el señor Ministro de Asuntos Exteriores, el señor Ministro de Agricultura y el señor Presidente del Gobierno han estado diciendo reiteradamente y desde hace veinte días que en modo alguno se aceptaría ninguna rebaja en la cuota, porque eso no era negociable.


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Desgraciadamente, ayer, en el Senado, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación daba la bofetada más sonora a todo el sector y a toda la sensibilidad española diciendo que no se iba a sacralizar el tema de la cuota y que eso ya no era lo trascendental, no era importante.
Señor Ministro, aplicando una metáfora marinera en este sentido, permítame que le diga que España no puede continuar haciendo el pescadito en los foros internacionales y que, desde luego, tiene que quedar muy claro que a los inmaduros en normativa pesquera se les devuelve a la mar y a nosotros constantemente nos están devolviendo a las profundidades, y eso es lamentable para el sector pesquero español. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce bien, después de todo es un experto en la materia, se está discutiendo justamente en estos momentos en el seno de la Unión Europea un borrador de acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Le recuerde que es un conflicto de la Unión Europea, de la pesca europea con Canadá, con el cual el Gobierno español no está de acuerdo.
Justamente mañana hay una reunión de los ministros.
Convendría, pues, que quizá en este debate parlamentario pudiéramos reflejar un cierto acuerdo, y a eso llamo yo aquí, en relación con los Grupos Parlamentarios, para reforzar la posición negociadora del Gobierno español mañana en Bruselas.
Entrando más en concreto en lo que usted dice, yo no he oído nunca declaraciones en relación con la cuota. Sí he oído una cosa que me parece enormemente importante que son declaraciones en relación con los derechos. Como usted conoce bien, es importantísimo que mantengamos cuota de pesca en los caladeros frente a las costas de Canadá, pero mucho más importante que eso es que impidamos que se quiebren las normas del Derecho internacional en materia de pesca, puesto que estamos ante un conjunto de tonelaje en las costas de Canadá del 3 por ciento frente a los 140.000 millones de toneladas que pescamos en el conjunto de los mares internacionales.
Por tanto, lo principal en este momento, lo prioritario, sin duda es que el Derecho internacional no quiebre y en eso estamos volcando nuestro independencia de que también trataremos de conseguir, cómo no, el máximo de cuota para que nuestros pesqueros puedan seguir frente a las costas de Canadá.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿ESTA DISPUESTO EL GOBIERNO A REMITIR A LA CAMARA EL INFORME DE LA INTERVENCION GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL ENTE PUBLICO RTVE Y SUS SOCIEDADES, QUE HA SIDO NEGADO HASTA LA FECHA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RTVE, TANTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION COMO A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS? (Número de expediente 180/001093)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 de la señora Mato Adrover.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿está dispuesto el Gobierno a remitir a la Cámara las auditorías que el Director General de Radiotelevisión Española ha negado tanto a los grupos parlamentarios como al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Su Señoría conoce perfectamente que el artículo 5 del Decreto por el que se regula el control financiero y el régimen presupuestario de Radiotelevisión Española establece claramente que el informe anual, una vez emitido por la Intervención delegada del Ente Público, se remite a la Intervención General para que, a su vez, lo mande al Tribunal de Cuentas.
Según el propio mandato constitucional y el desarrollo legal específico, el Tribunal de Cuentas es el órgano que ejerce el control presupuesta Radiotelevisión por delegación justamente de las Cortes Generales. Cabe entender, y ese es el juicio del Gobierno y también de la dirección de Radiotelevisión Española, que el acceso de los grupos parlamentarios a los informes de la intervención puede realizarse a través de los informes que, a su vez, el Tribunal de Cuentas presenta en esta Cámara.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señorías, estamos desgraciadamente en lo de siempre. No tiene absolutamente nada que ver el discurso del G del mismo Gobierno. No tiene nada que ver lo que dice el Gobierno con lo que hace ese mismo Gobierno. Todos los días se llenan ustedes la boca con declaraciones y grandes afirmaciones democráticas. A veces hablan de la independencia del Poder Judicial, y otras, sin embargo, hablan y hacen alegatos sobre el respeto a este Parlamento.
Cuántas veces les hemos oído hablar de la necesidad del control público, de la necesidad del control del déficit.
Cuántas veces hemos tenido que soportar que ustedes están dispuestos a ofrecer toda la información que sea necesaria a este Parlamento. Pues los hechos son tozudos. El director general de Radiotelevisión Española es Gobierno... (El señor Marcet i Morera: ¡Ya quisiera!) El director g está nombrado en Consejo de Ministros... (Rumores en los bancos del Grupo Socialista.) Sí señorías, está nombrado por el Consejo de Ministros y además tiene la confianza del Gobierno.
Ese Director General se niega a ser controlado por esta Cámara. Es más, ya no se trata de que haya determinadas competencias o determinados controles que se tienen que ejercer por el Consejo de Administración o por esta Cámara. En este caso no hay nada de eso. El Director General de Radiotelevisión Española se niega a ser controlado por esta Cámara y se niega a ser controlado por su propio Consejo de Administración.
Constituye un auténtico abuso y es inaceptable que ustedes se estén riendo de esta Cámara y de un Consejo de Administración designado por esta Cámara.
No se conoce ningún precedente de un director general de ninguna empresa, ni pública ni privada, que se niegue a entregar las auditorías de su propio ente público al Consejo de Administración.
Señor Ministro, sería bueno que nos dijeran qué están escondiendo esas auditorías. Nos gustaría saber si son auditorías de infarto como aquéllas que ustedes decían tener sobre la UCD o contra la UCD. En este caso, serían de doble infarto, porque las pérdidas de Radiotelevisión Española en los años 1993 y 1994 (79.000 millones y 101.000 millones) producen ya cualquier tipo de colapso cardíaco. Les pido que exijan al Director General de Televisión Española que entregue para su control al Parlamento esas auditorías.
Lamentablemente, en Televisión están ustedes marcando un nuevo hito. Un director general que se niega a facilitar las auditorías sobre su gestión a su propio Consejo de Administración.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mato. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Veo, señora Mato, que usted quiere extender el Gobierno hasta el Director General de Radiotelevisión Española en consonancia con la primera... hace gracia, ¿verdad? Ya sopechaba yo que les haría gracia.
Señora Mato, esta discusión no tiene nada que ver ni con la independencia del Poder Judicial, ni con el trabajo de las Cortes Generales; es una discusión bastante más elemental, en la que ustedes sistemáticamente caen en grandes contradicciones.
Los informes de la intervención están en el Tribunal de Cuentas. Espero que no esté usted diciendo que nuestro Tribunal de Cuentas no hace un control riguroso del estado financiero y presupuestario de la Televisión Española. Espero que no esté diciendo usted eso. (La señora Mato Adrover pronuncia pa perciben.) ¡Me deja acabar! Que yo he sido muy respetuoso con usted, y fíjese que ha dicho disparates.
Segundo. Los informes del Tribunal de Cuentas vienen a esta Cámara y se ven en la Comisión de Radiotelevisión Española y en el Pleno. Espero q usted diciendo que el Tribunal de Cuentas no facilita a esta Cámara información sobre aquellos organismos públicos a los que audita o inspecciona. No me creo que esté diciendo eso.
Tercero. Que diga usted que el Director de Radiotelevisión Española se niega al control de esta Cámara cuando pasa un día a la semana prácticamente en esta Cámara contestando muchas preguntas, algunas, por cierto, enormemente impertinentes de su Grupo parlamentario, me parece que es absolutamente intolerable.
Y una última cosa, señoría. Si ustedes quieren que el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española sea un órgano de gestión administrativa y no política y, por tanto, entre a fondo en la gestión de Radiotelevisión Española, tienen el acuerdo del Gobierno. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes quieren un órgano de control político. Por tanto, o lo uno o lo otro. O reclama las auditorías para colaborar entre todos a que Televisión Española se gestione bien, y ahí estaremos de acuerdo, o si quieren seguir haciendo control político desde el Consejo de Administración de Televisión nos encontrarán siempre enfrente. El control político corresponde a esta Cámara. (Aplausos en los bancos del Gruplo Socialista.--El señor Ramírez González pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Ramírez! Gracias, señor Ministro.


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--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO:¿COMO PIENSA SOLUCIONAR LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO EL PROBLEMA DE LAS LISTAS DE ESPERA EN LA SANIDAD PUBLICA, CUYO INCREMENTO HA DENUNCIADO EL DEFENSOR DEL PUEBLO? (Número de expediente 180/001091)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Villalón Rico.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, el informe del Defensor del Pueblo de este año dedica siete páginas a las listas de espera de la sanidad pública. Ya sea desde una visión global o desde el conocimiento de casos concretos la situación parece insostenible. Por esto, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo piensa solucionar la Ministra de Sanidad y Consumo el problema de las listas de espera en la sanidad pública, cuyo incremento ha denunciado el Defensor del Pueblo? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, vamos a continuar con las medidas adoptadas ya en el año 1994 para mejorar la lista de espera y que en síntesis son: mejora de los sistemas de información para tener bien cuantificada la lista; incremento de la productividad quirúrgica de los hospitales, mejorando el rendimiento de los recursos quirúrgicos, y concertación de procesos con centros privados en aquellas áreas o provincias con recursos insuficientes o con situaciones de la lista que exceden la capacidad quirúrgica de los hospitales. Estas medidas han permitido reducir la lista de espera de más de seis meses en un 33 por ciento; desde diciembre de 1994 a finales de enero de 1995 han salido de esa lista más de 4.300 personas. Por tanto, vamos a seguir con estas medidas a lo largo de 1995.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, lo que nos acaba de contar usted aquí, ahora, no es que sea increíble, es que no se lo cree ni usted misma.
Habría que decirle: Con todas esas medidas, ¿cómo están las listas de espera que ha denunciado el Defensor del Pueblo?Dejando a realidad, a la cruel realidad de nuestros días, y es que en los últimos años se han incrementado de forma progresiva las listas de espera debido a la irresponsabilidad y a la incapacidad de los gestores socialistas que, por todo ello, han puesto en peligro la salud de los ciudadanos.
Ustedes no sólo incumplen sus mismos objetivos, los que se proponen realizar, como ha denunciado el Defensor del Pueblo, sino que, además, quieren hacer responsables de ese incumplimiento a los profesionales sanitarios que, de ningún modo, tienen nada que ver con la mala situación ni con el deterioro de la Administración sanitaria.
Señora Ministra, las listas de espera --para las que hace dos años utilizaban de una forma ampulosa, e incluso creo que cínicamente, el término de listas de demora-- constituyen una bola de nieve que se inicia en el año 1982, que ha ido creciendo de forma progresiva y que, por supuesto, en este momento es casi imposible reparar. Pero estoy citando desde el año 1982 y, por tanto, no sólo usted es responsable de la situación actual; usted tiene su cuota de responsabilidad en relación con sus antecesores en el Gobierno, usted tiene su cuota de responsabilidad en el fracaso de la gestión sanitaria y en la impotencia del Gobierno socialista para resolver esta situación.
Para terminar, señora Ministra, y para que no se vaya por los cerros de Ubeda, le voy a dar un consejo o por lo menos le voy a hacer un ruego: No se vaya por los cerros de Ubeda, repito; no conteste refiriéndose a otras comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en sanidad y, por supuesto, no haga referencia a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, porque en el informe del Defensor del Pueblo, referido a las listas de espera, no hay ninguna línea dedicada a estos gobiernos autonómicos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Lo malo de leer lo que se trae preparado, señor Diputado, ese que nada tiene que ver su réplica con lo que yo le he contestado. No he hecho ninguna referencia a comunidades autónomas, pero como S.S. la hace también yo la voy a hacer.
Nosotros tenemos lista de espera y le voy a decir por qué: Porque tenemos un sistema sanitario que funciona, porque todo el mundo sabe que puede acceder a él y porque la calidad del servicio ha hecho aumentar la demanda ciudadana, porque se les atiende. Ustedes, en cambio, cuando gobiernan --y ya se lo dije en el último Pleno--, lo que hacen es mandar a la gente a su casa porque no la atienden. Ustedes no espera, tienen listas de

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espera, tienen lista de exclusión de personas según de dónde procedan y según quiénes sean. (Rumores.) Y tengo prueba documental. Y si el Defensor del pueblo no hace referencia a ello seguramente será porque no lo conoce y me ocuparé de que le llegue.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO VALORA EL MINISTERIO EL ESTUDIO DE LOS PERFILES DE FACULTATIVOS ELABORADO A TRAVES DE LA PRESCRIPCION DE LOS MEDICAMENTOS QUE REALIZAN, SEGUN SE RECOGE EN EL DOCUMENTO DEL INSALUD «INDICADORES DE CALIDAD EN LA PRESCRIPCION FARMACOLOGICA»? (Número de expediente 180/001094)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, de la señora Fernández-Capel.


La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad, ¿cómo valora el Ministerio el estudio de los perfiles de facultativos elaborado a través de la prescripción de medicamentos que realizan, según se recoge en el documento del Insalud «Indicadores de calidad en la prescripción farmacológica»? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, con mucho gusto le reitero la información que ya le di en el último Pleno. Lo valoramos muy positivamente porque es un instru que los medicamentos prescritos sean los más eficaces, seguros y de mayor calidad, y es utilizado por el médico cuando necesita orientación en el momento de seleccionar sus grupos terapéuticos y no medicamentos. Las gerencias de atención primaria del Insalud elaboran perfiles terapéuticos agregados a nivel de subgrupo, según contempla la clasificación anatómico-terapéutica, y estos perfiles se entregan a los distintos equipos y centros de atención primaria como una actividad más de las incluidas en el programa de uso racional del medicamento que viene desarrollándose desde el año 1993 y que le reitero que valoramos muy positivamente.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Fernández de Capel.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, me habla usted de medicamentos y yo le he preguntado por los perfiles de los facultativos. Ustedes han tomado las recetas de los facultativos y unos funcionarios han decidido quiénes administran un tratamiento adecuado y quiénes no. Pero como para saber si un tratamiento es adecuado hay que establecer un diagnóstico y tener un determinado paciente, con peculiaridades no predecibles en ningún caso, usted deberá explicar cómo lo hacen por si el ordenador del Insalud, con su hallazgo, merece el Nobel de Medicina y por supuesto haber acabado con la ciencia médica.
¿Cómo cuantifican la cualidad y la calidad si es aleatoria y no cuantificable ni predecible? El Ministerio sigue en su política de camuflaje d en manos de funcionarios recetas con nombres y apellidos de enfermos y de médicos, entrándose a valorar la capacidad de estos médicos por quienes ni siquiera lo son. Y esto, señora Ministra, es una osadía, una desfachatez y, cuando menos, una impertinencia repugnante.
Pero como hablamos de la relación médico-enfermo, y la relación médico-enfermo es una relación sagrada, supone algo más que un gravísimo atentado a la dignidad profesional, a la intimidad, al secreto profesional y a los artículos 18 y 20 de la Constitución, señora Ministra, que ni siquiera el Estado puede vulnerar.
No camuflen su control sobre el gasto y sobre la prescripción porque se les va la mano, señora Ministra, y el fin no puede justificar los medios. Ustedes anteponen, en este caso, la teleología de su idea a la deontología que, en el ejercicio de la medicina, es imprescindible e irrenunciable.
Señora Ministra, ¿qué profesional puede soportar tanta descalificación, intromisión y vejación, desde la burocracia torpe del Gobierno, como la que someten ustedes a los médicos españoles? Ya está bien, señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández-Capel.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el trabajo a que S.S. se refiere ha sido efectuado a lo largo de varios meses por un grupo de médicos y de farmacéuticos expertos, m campo de atención primaria, habiéndose utilizado bibliografía nacional e internacional sobre metodología y selección de medicamentos. Que S.S.
pretenda descalificar ese trabajo diciendo que lo han hecho funcionarios supone que deberá explicar, tanto usted como

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su Grupo, qué significa esa descalificación diciendo que son funcionarios. Seguramente por eso quieren ustedes echar a tantos, y lo han anunciado ya. (Rumores.) En cambio, yo tengo una magnífica opinión de los funcionarios y creo que estas cuestiones no son sagradas --esos calificativos pertenecen a otro ámbito--, sino que significan la profundización en un trabajo serio y científico que S.S. descalifica aquí con argumentos tan peregrinos que se descalifican por sí mismos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON CARLOS DAVILA SANCHEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ANTES DE QUE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA RESOLVIERA AUTORIZAR LA REANUDACION DE LA ACTIVIDAD DE LA CENTRAL NUCLEAR DE ZURITA HABIAN SIDO SATISFECHOS TODOS LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN EL PRECEPTIVO Y VINCULANTE INFORME DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR? (Número de expediente 180/001103)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Dávila Sánchez.


El señor DAVILA SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, en relación con el recientemente abortado intento de puesta en marcha de la Central Nuclear de Zorita, tal vez debiéramos hablar de las grietas que han aparecido en la vasija del reactor como consecuencia del fenómeno de corrosión intergranular de los aceros bajo irradiación, por otro lado problema bien conocido y tecnológicamente no sorprendente, así como de su relación con los años de funcionamiento del reactor y con la historia química de la explotación realizada. Probablemente también debiéramos hablar del futuro de la Central Nuclear de Zorita y entrar en valoraciones sobre el riesgo nuclear y coste económico de las tres posibilidades con las que se enfrenta el futuro de esa central: la reparación de las grietas detectadas --que es la alternativa aceptada de momento--, la sustitución de la tapa agrietada de la vasija por otra nueva --esto en el supuesto de que sólo afectase el problema de corrosión a la tapa--, o bien, la más concluyente de las opciones, el abandono de las funciones de la central.
Señor Ministro, soy consciente de que no es éste el momento para estas reflexiones generales, tiempo y lugar habrá para hacerlas. Ahora sólo me intereso por saber a quién debemos atribuir la responsabilidad del desconcierto de la opinión pública al ver que el Consejo de Seguridad Nuclear ha suspendido una autorización de puesta en marcha de la Dir la Energía a los muy pocos días de que dicha dirección general hubiera adoptado dicha resolución según informe preceptivo y vinculante del mismo Consejo de Seguridad Nuclear. Alguno de los dos, o tal vez los dos, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria y Energía adoptaron, señor Ministro, una decición o irreflexivamente precipitada o insuficientemente fundamentada, puesto que tuvieron que volver sobre sus pasos en forma que no dudo en calificar de poco favorecedora de la necesaria confianza en las instituciones garantes en España de la Seguridad Nuclear.
Señor Ministro, con el fin de que en fases posteriores del trámite parlamentario podamos atribuir las responsabilidades a quien realmente corr necesario que nos informe sobre si su Ministerio --como lo doy por supuesto-- dio exacto cumplimiento a la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear en lo que atañe a que las autorizac Ministerio están condicionadas, de forma preceptiva y vinculante, por los informes del organismo regulador en España de la prevención contra el riesgo nuclear, que es, sin ninguna duda, el Consejo de Seguridad Nuclear.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Dávila. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, sin duda alguna podemos hablar de todas esas cosas que usted señalaba anteriormente en el momento que corresponda, la verdad es que el contenido de su pregunta es simplemente saber si, antes de que el Ministerio de Industria resolviera autorizar la reanudación de la actividad de Zorita, habían sido satisfechos todos los requerimientos contenidos en el preceptivo y vinculante informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Le tengo que decir que sí. Y si la pregunta es también a qué se debe un cierto desconcierto en algunos medios de opinión pública, probablemente tendré que decir también que, a mi juicio, el Consejo de Seguridad Nuclear actuó bien y naturalmente la autorización del Ministerio, tras el preceptivo y vinculante informe de Consejo de Seguridad Nuclear, se atuvo en todo momento al condicionado que finalmente permitió la realización de una prueba hidrostática y detectar, en consecuencia, un ulterior fallo que en este momento está en trámite de corrección.
Por lo tanto, señoría, el Consejo de Seguridad Nuclear nunca dio un visto bueno incondicional, sino condicionándolo a la existencia de una serie de pruebas, entre otras, una prueba hidrostática y, en segundo lugar, la autorización del Ministerio de Industria y Energía, tras el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, permanentemente condicionó la puesta en marcha

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a que se celebrase esta prueba. Habiéndose celebrado esta prueba y habiéndose detectado otro problema, el Consejo de Seguridad Nuclear está volviendo sobre lo que ya había establecido anteriormente y garantizando, como es su función - -y el control será el de esta Cámara--, la actuación y la garantía de la seguridad de las centrales nucleares.
Por consiguiente, señoría, no creo que ha habido ningún tipo de razón en la actuación del Ministerio de Industria y Energía para el desconcier alude en la opinión pública, pero si tuviera que decir, a la vista de todo el expediente que está en mi mano y de lo que ha ido haciendo el Consejo de Seguridad Nuclear, tampoco veo ninguna razón para ese desconcierto al que usted aludía, con independencia de que en la opinión pública se hayan vertido visiones en muchos casos profundamente desconocedoras hasta de los procedimientos por los que ha actuado tanto el Ministerio como el Consejo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LA ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL CUMPLE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADA? (Número de expediente 180/001105)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Ros Maorad.


El señor ROS MAORAD: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Escuela de Organización Industrial es la Escuela de formación empresarial más veterana de España desde su fundación, hace ya treinta y ocho años.
Ha formado desde entonces directivos y técnicos que ocupan cargos de responsabilidad, tanto en la administración como en la empresa privada.
La Escuela de Organización Industrial, dentro del plan de cualificación técnica e industrial en la empresa, es la responsable, en gran parte, de mejorar la cualificación del personal técnico y directivo de las industrias españolas. A pesar de ello, de cuando en cuando, desde algún partido de la oposición se alzan voces pidiendo su desaparición. Por ello quisiera preguntar al señor Ministro si el Gobierno cree que la Escuela de Organización Industrial cumple los fines para los que fue creada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.


Señor Ministro.El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, a juicio del Gobierno, y desde luego de este Ministro, cumple efectivamente sus fines fundacionales, que no han cambiado, con independencia de que la normativa originaria de 1955 fuera después sustituida por otra normativa de 1978 y de 1988. Estos fines son la promoción de conocimientos, la investigación de la realidad industrial y del medio ambiente, la elaboración y ejecución de programas de perfeccionamiento, de cara a la asistencia técnica de las empresas, y la colaboración con empresas y organismos nacionales y extranjeros.
En todo caso, debo decirle que hace usted una pregunta que responde a una inquietud expresada también en esta Cámara por algún Grupo Parlamentario, sobre si este organismo autónomo comercial funciona en un ámbito en el que la actividad privada es suficiente para cumplir las finalidades de entidades formativas de esta naturaleza. A juicio del Gobierno, no; no se cumplen suficientemente estas finalidades desde el sector privado; en consecuencia, esta no es una escuela de negocios convencional, abarca acciones que no son directamente evaluables económicamente a corto plazo, y acciones que, naturalmente, están muchas veces en línea muy distinta de lo que son las tradicionales escuelas de negocio. Esto no impide, no obstante, un nivel importante de autofinanciación de la Escuela de Organización Industrial y el que en este momento esté embarcada en un importante programa dirigido fundamentalmente a la formación en materia de competitividad de las pequeñas y medianas empresas, de una política de expansión de su actuación en el ámbito nacional e internacional, pero no en competencia con las escuelas de negocios privadas, sino en otros ámbitos.
En concreto, le puedo decir, con mucha brevedad, que está previsto, en el marco del plan de formación para la pequeña y mediana empresa que el Ministerio de Industria aprobará en breve plazo, que se lleven a cabo 536 cursos, la asistencia de más de 12.000 alumnos, y proyectos en torno a los 9.000, que se espera podrán conducir a una generación estimada de empleo de 9.500 puestos de trabajo. Pero ya este año la Escuela de Organización Industrial ha dado 184 cursos, produciendo 38.000 horas lectivas, atendiendo a 5.300 alumnos y, naturalmente, contribuyendo a una formación nueva de sectores que tienen unas necesidades que no son cubiertas por otros centros de formación, y le corresponde en este momento, a juicio del Gobierno y de este Ministro, colaborar en lo que es un auténtico trabajo en favor de la competitividad industrial, especialmente las Pymes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


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--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PERSPECTIVAS Y LA ESTRATEGIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES EN LA CONFIGURACION DE UN SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES BASICOS ACCESIBLES A TODOS LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001106)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora García Manzanares.


La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales: en 1988, el Ministerio de Asuntos Sociales establece un Plan Concertado de Prestaciones Básicas, en mater sociales, al objeto de articular la cooperación interadministrativa en esta materia entre la Administración del Estado, la autonómica y la local, al objeto también de impulsar el desarrollo de una red básica de servicios mediante el apoyo económico y técnico a los ayuntamientos o a las diputaciones en el desarrollo de sus competencias.
Efectivamente, las diputaciones y comunidades autónomas tienen competencia plena en materia de servicios sociales. No obstante, el desigual de normativa autonómica, así como el desarrollo de programas de cada comunidad, que se pusieron en marchacon anterioridad a 1988, plantearon la ne acuerdo básico de mínimos que, con carácter general, garantizara, por una parte, la posibilidad de ofertarunos recursos básicos comunes en materia de servicios sociales y, por otra, subsanara o corrigiera las posibles desigualdades territoriales que pudieran producirse como consecuencia de las diferencias de recursos entre las comunidades.
Pues bien; teniendo en cuenta la evolución y el desarrollo de este plan concertado, y tras unos años --siete ya-- que sin duda permiten hacer alguna evaluación, es por lo que, señora Ministra, le formulo la pregunta: ¿cuáles son las perspectivas y la estrategia por parte del Ministerio de Asuntos Sociales en la configuración de un sistema público de servicios básicos accesibles a todos los ciudadanos españoles? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Manzanares.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señorías, efectivamente, el proceso de implantación del Servicios Sociales es el resultado de un esfuerzo de las tres administraciones públicas, la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local, para impulsar un proceso de cooperación económica y técnica que se inició en 1988 y que se denominó Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, para desempeñarse y tener lugar en las corporaciones locales.
Los objetivos son los de garantizar esas prestaciones mínimas comunes en materia de servicios sociales, pero referidas a tres objetivos: a la lucha contra la exclusión social, a la prevención de la marginación y a la mejora de la calidad de vida.
Con estos tres objetivos, la definición de las prestaciones a que responden las necesidades básicas van en la línea de informar, orientar y poder facilitar a las personas que están en estas circunstancias el acceso a los recursos sociales; la necesidad de fomentar la cohesión, el alojamiento y la calidad de vida en los tres supuestos de estos tres objetivos prioritarios y también, y muy fundamental, la integración social de estos grupos en situación de exclusión o de marginalidad.
Para ello, se contempla en la red los equipamientos. Los equipamientos son fundamentalmente centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida. Los centros de servicios sociales son normalmente equipos multiprofesionales que están dotados con los medios necesarios para dar soporte a las prestaciones básicas, así como generar la información. Los albergues están destinados a dar prestación de alojamiento con carácter temporal a gente sin hogar, sin techo, marginados, para luego promover, a través de ese primer contacto, la inserción personal y social. Y los centros de acogida están destinados a personas en situación de convivencia conflictiva o que no tienen el medio familiar adecuado.
El esfuerzo presupuestario realizado desde 1988 se refleja en que, en 1988, fueron 5.829 millones el total aportado por las tres administraciones; y en 1994, 46.000 millones de pesetas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA «LA JUVENTUD CON EUROPA», DE LA UNION EUROPEA, Y EN PARTICULAR LOS ALCANZADOS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001107)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, de la señora García Manzanares.


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La señora GARCIA MANZANARES: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, entre los objetivos asignados al Instituto de la Juventud en el marco de la política general de su Ministerio figura el de promover las relaciones de cooperación internacional en materia de juventud. Las actuaciones más significativas en este ámbito se han venido desarrollando a través de intercambios y cooperación bilateral entre Europa y América Latina y con la presencia y participación española en organismos internacionales.
En este sentido, uno de los programas, en el marco de cooperación multilateral, es el desarrollo del programa «La juventud con Europa», que tiene como objetivo central promover estos intercambios de jóvenes en la Unión Europa, con arreglo a proyectos conjuntos de grupos de jóvenes, que les pueda permitir adquirir de forma directa conocimientos sobre la vida económica, social y cultural de otros Estados miembros, así como establecer lazos de cooperación entre grupos de jóvenes de diferentes países y reforzar su sentido y su conciencia de pertenencia a Europa.
Por todo ello, señora Ministra, le pregunto: ¿Cuáles han sido los resultados del programa «La juventud con Europa», de la Unión Europea, y en particular los alcanzados en España? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Manzanares.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Presidente, señorías, efectivamente, la cooperación internaci es una de las prioridades en política de juventud que llevamos desde el Gobierno, singularmente la Organización Iberoamericana de Juventud, el Centro Eurolatinoamericano de Juventud en España y también el centro de Cabueñes, en Asturias, donde hacemos una gran parte de los encuentros internacionales.
Dentro de esa cooperación internacional en juventud, destaca especialmente el programa «La juventud con Europa».
Precisamente, en el último Consejo de Ministros de Trabajo y de Asuntos Sociales de la Unión Europea, se aprobó, para el período 1995/1999, «La juventud con Europa», el nuevo programa para estos años sucesivos.
El objetivo de este programa fundamentalmente es el de fortalecer la conciencia europea entre la juventud (es uno de los programas más efectivos) y también ese nuevo concepto de ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas europeos para la juventud. Este programa nos permite, por un lado, la comprensión de la vida económica, social y cultural de cada país por medio de intercambios, y por otro lado, la creación y consolidación de redes de cooperación entre grupos de jóvenes que residen en distintos países de la Unión Europea.
Fundamentalmente se intercambian ideas, proyectos, definición de intereses y, sobre todo, el fortalecimiento de la conciencia europea.
Los programas son de carácter bilateral, trilateral o multilateral. Normalmente participan los estados miembros que forman parte de cada programa. Van dirigidos a jóvenes de 15 a 25 años, y desde el Ministerio de Asuntos Sociales lo llevamos a través del Injuve, que es la agencia coordinadora del programa para España.
Los proyectos normalmente están concebidos para jóvenes desfavorecidos, puesto que siempre este tipo de políticas van hacia grupos sociales que requieren de políticas compensatorias por encontrarse en una situación de mayor dificultad, y también a jóvenes que tengan diferentes orígenes sociales, económicos y culturales. Normalmente incluyen regiones de la Comunidad en las que haya pocas ocasiones de intercambios. También van destinados a jóvenes de zonas periféricas o bien de una zona lingüística restringida.
Desde 1992 a 1994, período en el que se ha desarrollado este programa de «Juventud con Europa 2» --no el que acaba de aprobarse--, ha habido 631 proyectos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR LA INTEGRACION DEL CONDADO DE TREVIÑO EN EL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA? (Número de expediente 180/001054)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Olabarría Muñoz.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿piensa hacer algo el Gobierno para posibilitar la reintegración del condado de Treviño en el territorio histórico de Alava?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Olabarría, me gustaría que el dicho de a la tercera va la vencida se cumpliera, pero debo recordarle que el Gobierno no pude tomar ninguna iniciativa en relación con el tema que plantea, que hay unos condicionantes constitucionales, en la interpretación del Tribunal Constitucional,

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que implica a las instituciones locales y a las instituciones autonómicas en cualquier iniciativa para resolver este problema. Por consiguiente, me remito a ellas. No corresponde al Gobierno tomar posición en relación con el asunto que plantea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, comprendo su laconismo y su falta de ilustración en esta materia porque este conflicto realmente no es con usted, usted ya sabe que este conflicto está articulado con otra institución, detectado por otro partido político, pero la verdad es que esta pregunta se debería generalizar. Lo que yo querría saber es si el Gobierno tiene prevista alguna actuación que, de alguna forma, permita remover o superar lo que no constituye más que un anacronismo histórico-jurídico.
Es el mantenimiento de determinados enclaves en el Estado español en los cuales la práctica totalidad de sus ciudadanos pretenden reintegrarse en aquel territorio en el que están materialmente ubicados. No se conoce por parte de mi Grupo Parlamentario ninguna iniciativa, ningún estudio, ninguna propuesta, ninguna especulación, siquiera, hecha por representantes del Gobierno, tan dignos como usted, sobre las fórmulas de resolver un problema que en algunos casos es casi risible.
Por referirnos particularmente al condado de Treviño, usted conoce cuál es el origen histórico de la ubicación administrativa en Castilla y Le condado. Fue un regalo de un rey inglés a su repostero --al parecer era un buen repostero-- por los servicios de arbitraje prestados por este monarca inglés en los conflictos entre el Rey de Navarra y el Rey de Castilla. Estas cosas no se deben mantener porque carecen de legitimidad histórica, carecen de legitimidad constitucional en este momento, de legitimidad jurídica por ello, y carecen de legitimación política, porque en Treviño y en otros sitios claman ya los ciudadanos porque se superen este tipo de anacronismos y situaciones que provocan, entre otros problemas, desatención administrativa. La lejanía de la Administración de la que dependen estos buenos ciudadanos y sus «muellos» --utilizando la terminología medieval-- sus fronteras, impiden que se les atienda debidamente en el ámbito educativo, que se les atienda adecuadamente en el ámbito sanitario, que se les atienda adecuadamente en cualquiera de los sectores en los que tiene que funcionar la Administración general, de la que dependen, «malgré» ellos, en este momento estos ciudadanos de Treviño. Me gustaría saber si en el Gobierno se está pensando en algún tipo de fórmula jurídica, institucional, que permita superar (sé que está funcionando una Co-misión de enclaves territoriales en el Senado, a ver si por ahí vienen las soluciones) estos anacronismos que no nos colocan precisamente a la cabeza de los estados más modernos del mundo en el ámbito de nuestra organización administrativa.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias señor Presidente.
Señor Olabarría, precisamente la constitución de la Ponencia en el Senado para estudiar las enclaves territoriales, que preside el Grupo Parlamentario Vasco, puede darnos orientación y criterios que permitan al Gobierno tomar posición al respecto. Tenemos el máximo interés en el desarrollo de dichos trabajos, aun conscientes de que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León la que tiene que decir la última palabra. En ese sentido deberán realizarse todos los esfuerzos de comprensión, de explicación, en la misma línea que usted acaba de exponer.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE CARACTER GENERAL PARA QUE EL PROCESO DE FUNCIONARIZACION SE HAGA CON SUJECION A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y A LOS MANDATOS LEGALES REFERIDOS A LA FUNCION PUBLICA (Número de expediente 172/000099)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas de carácter general para que el proceso de funcionarización se haga con sujeción a los principios constitucionales y a los mandatos legales referidos a la Función pública.
En nombre del Grupo interpelante, tiene la palabra el señor Núñez. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor NUÑEZ PEREZ: Con la venia, señor Presidente, señorías.
Señor Ministro, nos alegra mucho verle recuperado de la gripe, estos procesos gripales tan contagiosos que pueden servir incluso de coartada para evitar contestar preguntas difíciles.
(Rumores.) Hay que empezar así, señorías no hay que perder el sentido del humor.


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Esta interpelación fue aplazada, señor Ministro, por su viaje a China, y durante su viaje se armó aquí la de Babel. Así que voy a hablar en el más puro castellano para que no haya confusiones.
Desde todos los sectores de la Administración pública señor Ministro, se formulan protestas y recursos contra el proceso de funcionarización. Auxiliares administrativos y administrativos de distintos cuerpos y escalas, facultativos, cuerpos superiores y cuerpos especiales, todos protestan. Por algo será. Nosotros también protestamos, pero deseo comenzar diciendo, para que quede bien claro, que esta iniciativa, como tantas otras y de la misma finalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en esta legislatura y en otras, en ningún caso y en ningún modo van en contra de los empleados públicos; al contrario, tratan de defender los derechos adquiridos por los mismos que la torpeza del Gobierno está poniendo en peligro; tratan de defender los principios constitucionales en que debe basarse la Función pública. Por eso nuestra interpelación tiene por objeto cuestionar la política de la Función pública llevada a cabo por los sucesivos gobiernos socialistas y, en concreto, el proceso de funcionarización que, a nuestro entender, está bajo sospecha.
Todo arranca, señor Ministro, también a nuestro entender, del abuso intencionado en la utilización de contrataciones laborales que el Gobierno socialista ha practicado sin pudor desde 1983. Quizá porque uno de los vicios más nefastos para la Función pública, el clientelismo, encuentra fácil acomodo en ese procedimiento.
Antes de reclamar al Gobierno las medidas que, a nuestro juicio, se necesitan, permítanme, señor Presidente, señorías, exponer brevemente las causas del problema, la situación real en que se encuentra y las consecuencias del mismo.
El llamado proceso de funcionarización laboral que desempeña puestos de trabajo que, según la Constitución y la sentencia 99/1987, del Tribunal Constitucional, han de ser ocupados por funcionarios, es la consecuencia de un error premeditado de los gobiernos socialistas al que se dio carta de naturaleza con la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y del que --repito-- sin ningún pudor se ha abusado antes y desp sentencia.
El error premeditado deriva de la innata desconfianza de los primeros gobiernos socialistas hacia los funcionarios y su calculado objetivo de sustitución a través, por ejemplo, del adelanto de la jubilación forzosa a los 65 años, a través del uso y abuso de las libres designaciones y, por lo que aquí nos interesa, a través del desmesurado incremento del personal contratado laboral en relación con el funcionario. Baste decir, señor Ministro --y son cifras que facilitan sus propios documentos--, que en 1982 de cada cien personas al servicio de la Administración central y periférica del Estado 80 eran funcionarios y 20 relación llegó a ser de 57 a 43; en cifras absolutas, en 1982 habían 78.000 laborales y en 1995 cerca de 160.000.
Pero nuestra interpelación no se refiere ni pregunta por todos los contratados laborales, sino sola y exclusivamente por los que ejercen y ocupan puestos de funcionarios y que según respuesta dada por el propio Gobierno son 20.345 en los ministerios, sin contar los que existen en los organismos autónomos, en los entes públicos o en las sociedades estatales del artículo 6.º de la Ley General Presupuestaria. A ellos habría que añadir los afectados por las leyes de presupuestos de 1989, 1990 y 1991. Por ejemplo, deberíamos sumar los que han sido funcionarizados en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que según convocatorias del 1 de abril de 1993 y 30 de abril de 1994, ascienden a 7.955. Por todo ello, no sabemos de verdad de cuántos puestos de funcionarios de esa naturaleza estamos hablando.
Este grupo de contratados laborales, y esto sí que es grave, no hubiera sido necesario --y no me estoy refiriendo a las personas, que ya hubo una confusión que me produjo algún disgusto, me estoy refiriendo a los puestos-- si el Gobierno hubiera utilizado a funcionarios sobrantes en otros ministerios mediante una adecuada y valiente, señor Ministro, reasignación de efectivos, con lo cual, además, se hubiera dado cumplimiento a los principios constitucionales y a los mandatos legales referidos a la Función pública. Me estoy refiriendo a usted, pero, evidentemente, sus antecesores y los gobiernos socialistas, que todos tienen el denominador común de don Felipe González, son los responsables.
No hay que olvidar que nuestra Constitución ha dejado bien claro en su artículo 103 que los principios rectores del personal al servicio de l pública son el mérito y la capacidad. A tales principios se une el proclamado en el artículo 23, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad. Permítame completar este sistema aludiendo al principio de reserva de ley, según el cual la designación de si un puesto debe ser o no ejercido por funcionario no puede hacerlo el Gobierno, no se puede hacer en la relación de puestos de trabajos, tiene que hacerlo una ley.
Pues bien, mediante la generalización de las contrataciones laborales en el ámbito de la Administración, llevada a cabo por los gobiernos socialistas desde 1984, se conculcaron tales principios. La culminación formal de esta manera de entender las cosas quedó plasmada en la citada Ley 30/84, en el artículo 15, que señalaba precisamente que en las relaciones de puestos de trabajo podían fijarse puestos reservados a funcionarios. Por ello tuvimos que recurrir y la sentencia 99/87, de 11 de junio, declaró inconstitucional este precepto y otros muchos. El Gobierno socialista tuvo que proceder

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a las oportunas rectificaciones en la Ley 23/88, de 28 de julio, dando, entre otras cosas, nueva redacción al artículo 15, que sentaba el principio claro de que los puestos de trabajo de la administración del Estado y sus organismos autónomos, así como los de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social serán desempeñados por funcionarios públicos.
Le quedaba al Gobierno la papeleta de saber qué hacer con los miles de empleados públicos que ocupaban puestos de trabajo reservados por ley a los funcionarios. La solución venía dada también por la disposición transitoria de la citada Ley 23/88, que en síntesis pretendía garantizar los derechos del personal laboral por dos vías: la primera, indicando que la nueva adscripción de puestos a personal funcionario no acarrearía el cese del laboral que lo venía desempeñando; la segunda, dando la oportunidad a este último para participar en las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos o escalas en que figuran adscritos los correspondientes puestos. Tal oportunidad se podría ejercer siempre que se contara con la titulación necesaria y se reunieran los demás requisitos exigidos por las normas vigentes. Como mérito en esas pruebas de acceso se valorarían, como es natural los servicios efectivos prestados en su condición de laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a la misma.
Hasta aquí todo parece normal. Los laborales no tenían por qué pagar, hasta ahí podíamos llegar, las consecuencias de la actuación no acorde c Constitución del Gobierno socialista.
Con la sentencia citada del Tribunal Constitucional y con la Ley 23/88 se conjugaban de manera equilibrada los dos intereses: el de la legalidad y el mantenimiento de los principios que dan consistencia a la Función pública, por un lado, y el muy respetable de quienes venían desempeñando los puestos indebidamente adscritos por el Gobierno al personal laboral. Lo que ya no resulta tan normal, señor Ministro, siendo absolutamente criticable y rechazable, es el deliberado propósito del Gobierno por justificar el complicado proceso de funcionarización a raíz de estos hechos como una consecuencia obligada de la sentencia; lo que ya no es normal, siendo absolutamente criticable y rechazable, es la utilización distorsionada de la sentencia. El Tribunal Constitucional se limita a declarar la inconstitucionalidad y, consiguientemente, la nulidad del citado artículo 15 de la Ley 30/84. Resulta, por tanto, sorprendente y estrambótico que algunos hayan pretendido justificar el proceso de funcionarización en esta sentencia que señala únicamente, con toda claridad, que los puestos de la Administración tienen que cubrirse con funcionarios, pero ni mucho menos autoriza a decir que los contratados tengan que funcionarizarse a través de convocatorias que no respetan los principios y normas que sirven de base para el acceso y la promoción en la Función pública.Conviene, pues, dejar bien sentada la grave responsabilidad en la que incurrieron los gobiernos socialistas sorteando, por no deci constitucional, porque el problema surge precisamente cuando se pone en ejecución un proceso de funcionarización que no cumple, como hemos dicho, con la sentencia del Tribunal Constitucional ni con las exigencias de la propia Ley 23/88, incurriendo el Gobierno en las siguientes irregularidades.
Primero, en las leyes de presupuestos generales del Estado, correspondientes a los ya citados años 1989, 1990 y 1991, aparece un artículo relativo a creaciones, reclasificaciones e integraciones. Ya sabemos lo que dice el Tribunal Constitucional cuando la Ley de Presupuestos sustituye a lo que es un proyecto de ley sustantivo, como tenía que ser para hacer estas cosas.
Segundo, el artículo 37 de la Ley de Presupuestos da un paso más, estableciendo la posibilidad de un turno especial en las pruebas de acceso, llamadas de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.
Tercero, el mismo mecanismo de creación de especialidades en cuerpos y escalas, con la posibilidad de incorporación a ellas de quienes venían ocupando las mismas obligaciones como laborales, se pone en funcionamiento en los artículos 103 y siguientes de la Ley de Presupuestos de 1991, creando, por ejemplo, por este procedimiento, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Cuarto, el acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, cuyo recurso, como sabe el señor Ministro, está pendiente de sentencia ante el Tribunal Supremo, permite que se hagan convocatorias específicas para el personal objeto de funcionarización.
Quinto, superando lo dispuesto en la Ley 23/88, en todas las normas de convocatoria se da por supuesto que quienes superen las pruebas tendrán derecho a ser designados en el mismo puesto que venían desempeñando como laborales. La reserva expresa de destino, señor Ministro, ¿en qué norma de nuestro ordenamiento encuentra fundamento? ¿Conoce usted el considerando tercero de la sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de abril...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, le ruego que vaya concluyendo.


El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, voy tratando de concluir.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ponga interés en ello.


El señor NUÑEZ PEREZ: Pondré interés en ello. Es que es un tema muy interesante y creo que debe explicarse con claridad.


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Quiere decirse, por tanto, que en esta fórmula de convocatoria, para que le dicen al contratado laboral: «Preséntese usted a la oposición, que le reservamos el puesto y, además, si suspende no se preocupe, se lo volvemos a convocar para usted. Así, puede estar usted suspendiendo toda la vida». ¿Usted cree que eso es presentable desde cualquier punto de vista, digamos, sensato, no ya acudiendo a normas ni a sentencias? En algunas órdenes de convocatoria incluso se incumple un requisito tan esencial como el que señala el artículo 14 del Reglamento General de Ingreso, aprobado recientemente -- todavía no se ha publicado--, el 10 de marzo de 1995, cuando dice que las convocatoriascontendrán, al menos, el número y las características de las plazas convocadas. Cuando se trata de funcionarios, usted lo sabe muy bien, en el Boletín hay que publicar el número de plazas y la base de las oposiciones; en cambio, cuando se trata de contratados laborales en el «BOE» sólo es obligatorio publicar el número de plazas, pero no las bases de la convocatoria; artículo 29 del Reglamento aprobado el 10 de marzo de 1995, que es idéntico al artículo 25 del Reglamento vigente. ¿Puede explicar el Gobierno las razones de esta desigualdad? Séptima irregularidad. La simple lectura de la mayoría de los temarios aplicados en los procesos de selección hace observar que nada tienen qu que son habituales en el acceso normal a los correspondientes cuerpos y escalas. Podemos hablar de la exigencia de un ínfimo nivel de conocimientos y de unas facilidades en el momento del examen que suponen simplemente una burla a quienes desde la calle pretenden acceder a la Función pública teniendo que superar otro tipo de pruebas, otro tipo de exámenes, donde la discrecionalidad está reñida, repito, con la objetividad y el rigor que se les exige.
Ante este cúmulo de irregularidades, no es de extrañar que tanto el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 como las sucesivas órdenes de convocatoria hayan sido recurridas ante los tribunales, con lo que a las irregularidades se añade la incertidumbre acerca del resultado y del destino final del proceso de funcionarización, y sobre todo de la situación en la Función pública de los que han aprobado las oposiciones. ¿Qué ocurrirá, señor Ministro, si los recursos presentados --que yo tengo aquí 24-- obtienen una resolución favorable y se declara la nulidad de las convocatorias? Es casi seguro que esa papeleta nos toque resolverla a nosotros, y me gustaría que nos la dejara resuelta. Los recursos encuentran su razón justificada más profunda en la conculcación que el proceso de funcionarización, tal como lo desarrolla el Gobierno, supone de los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad de derechos en el acceso a la Función pública.Desde un punto de vista más político --ya termino, señor Presidente, y muchas gracias por su amabilidad--, no deja de ser un despropósito que el Gobierno se haya embarcado en un proceso de funcionarización al que nada le obligaba; que lo haga de manera irregular, arriesgándose a un nuevo varapalo ante los tribunales con imprevisibles consecuencias para los afectados, y en el momento más inoportuno desde la óptica de una política coherente de la Función pública. No es de extrañar, señor Ministro, que todo el mundo se pregunte por qué hace el Gobierno estas cosas y a quién quiere favorecer. No es de extrañar que todo el mundo piense que el Gobierno quiere dejar bien colocaditas a determinadas personas que ingresaron en la Administración durante su mandato sin otros méritos que la afinidad política.
Está claro, señor Ministro, señorías, que no estamos generalizando. Está claro que nuestro Grupo sabe que muchos de los contratados laborales para desempeñar puestos de funcionarios han cumplido con eficacia y rigor sus cometidos.
Pero justamente para defender los derechos de estas personas hemos presentado la interpelación y otras iniciativas que tienen la misma finalidad. La defensa de los derechos de estos contratados laborales, algunos de los cuales ingresaron incluso a través de determinados procesos selectivos, no nos impide volver a subrayar que no hubiera sido necesario contratarlos si se hubiera procedido a una correcta y valiente reasignación de efectivos.
El despilfarro de los gobiernos socialistas en este asunto es también espectacular. Las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1994 y 1995 han regulado mecanismos como los planes de empleo y reasignación de efectivos cuya puesta en vigor no se entiende muy bien cómo se puede compaginar con los procesos de funcionarización. Y menos se entiende que en el mismo momento en que se procede a la funcionarización de miles de contratados laborales con funciones administrativas de carácter auxiliar se acuerde con los sindicatos y se plasme en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 1995 la adscripción a personal laboral de puestos ahora de funcionarios en tareas administrativas de carácter auxiliar. Es, permítame la expresión, la pura esquizofrenia. No quiero cansar a SS.SS. con el análisis de las consecuencias que este proceso de funcionarización torpe, irregular y discriminatorio ha producido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, termine, por favor.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya.
Las ha producido en todos los sectores: en los funcionarios, en los propios contratados que ejercen puestos de funcionarios, en los que se qui dentro de la Administración en esos puestos que se reservan,

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porque sí, a los que han entrado en la Administración por un procedimiento mucho más fácil que los anteriores.
Por todas estas razones y para tratar sencillamente de subsanar unas irregularidades que incluso desde el prisma de los principios constitucionales son muy discutibles, yo rogaría al Gobierno que presentara unas medidas que nos evitaran tener que formular la moción correspondiente. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Para contestar, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señor Presidente, señorías, agradezco al señor Núñez la preocupación que tiene por mi estado de salud.
Evidentemente está fuera de toda duda que la gripe era auténtica; no sé si ha tenido poder contaminante, pero eso ya es ajeno a mi voluntad completamente.
El objeto de su interpelación me hace pensar que el señor Núñez tiene una obsesión por recordar el pasado, la historia del tratamiento de la Función pública a lo largo de los últimos diez años, más que de proponer una solución al muy complicado, como S.S. compartirá conmigo, proceso de funcionarización de los laborales si nos atenemos a la modificación d sentencia 99 de 1987, del Tribunal Constitucional.
Yo no voy a contestar a todos los juicios de valor que ha emitido acerca de supuestas desconfianzas de los funcionarios en el año 1983 por parte del Gobierno socialista, ni a esa identidad de la ampliación del número de contratados laborales como fórmula clientelar, porque, al final, uno no sabe si el señor Núñez quiere resolver el problema, funcionarizar o dejar el personal laboral tal como está; en definitiva, nos invade la confusión acerca de su preocupación real por la solución de este problema.
¿Que hay recursos? Es evidente, porque pone de relieve la complejidad de intereses que están en juego, la colaboración imprescindible en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de llegar a un acuerdo con las centrales sindicales más representativas; que ha habido una tendencia mimética también por parte de las legislaciones territoriales autonómicas acerca de pruebas de acceso restringido para los laborales, que luego han sido anuladas por sentencias del Tribunal Constitucional, lo mismo referidos a la Ley de la Función Pública en una comunidad concreta como en otra. Es, por consiguiente, un problema que está pendiente, que afecta ya no a estos miles de laborales que están trabajando en la Administración general del Estado o en la Administración institucional, sino también al múltiple número de trabajadores que desempeñan, después de superar pruebas de acceso, puestos en las administraciones autonómicas.
El punto de partida, como S.S. ha señalado, fue la sentencia número 99 del Tribunal Constitucional, de 11 de junio de 1987, que fue dictada en recurso promovido por el Partido Popular y que determinó la modificación de la Ley 30/1984, por medio de la Ley 23/1988, que dio una nueva redacción al polémico artículo 15.1 de la Ley de 1984. Esa nueva redacción señala, en ejecución de la doctrina sentada en la referida sentencia, que los puestos de la Administración pública deben de ser desempeñados por funcionarios y que sólo podrán ser provistos por personal laboral aquellos puestos que excepcionalmente decida la Administración en aplicación de los estrictos criterios establecidos por la propia Ley 23/1988.
Con fecha 1 de abril de 1991 publicó el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo del Consejo de Ministros, ya mencionado por S.S., sobre la aplicación del mencionado artículo 15 y de la disposición transitoria decimoquinta de la Ley de medidas para la Función pública, así como de los artículos 32, 33 y 39 de las leyes de Presupuestos Generales del Estado, correspondientes a los años 1989, 1990 y 1991. El acuerdo del Consejo de Ministros citado vino a posibilitar el desarrollo del proceso de funcionarización que puede afectar a unos 20.000 contratados laborales, del total de 125.000 que existen en la Administración del Estado.
Haciendo un poco de historia sobre el origen del problema, resulta oportuno destacar que la incorporación de contratados laborales a la Administración del Estado en puestos propios de personal funcionario no es un tema que nazca en 1982: por el contrario, viene produciéndose desde mucho antes de esa fecha.
En buena parte, es consecuencia de la supresión del contingente de contratados administrativos de colaboración temporal que en número de 40.000 existía en 1982. En parte, dichos contratados se reconvirtieron en personal funcionario, y 6.445 lo fueron en personal laboral. Efectuada por la Comisión interministerial de retribuciones la clasificación de los puestos ocupados por personal laboral que requerían la condición de funcionario público para su desempeño, resultó que casi un 30 por ciento correspondía a contrataciones efectuadas antes del 1 de enero de 1983.
En cualquier caso, la Administración del Estado se encuentra en julio de 1988 con, aproximadamente, 20.000 contratados laborales que desempeñaban puestos de personal funcionario.
Para racionalizar esta situación, la Ley 23/1988 estableció, en su disposición transitoria decimoquinta, la posibilidad de que este personal laboral que desempeñaba puestos propios de funcionarios

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pudiera acceder a la condición de funcionario de carrera a través de la superación de las correspondientes pruebas selectivas. Dicho más claramente, no es éste un problema que se haya generado recientemente, sino que existe en la Administración del Estado desde hace un buen número de años.
Lo único que han hecho los Gobiernos socialistas ha sido afrontar el problema de acuerdo a la ley y a la doctrina del Tribunal Constitucional.
El Gobierno era consciente de la complejidad que implicaba la funcionarización, complejidad derivada precisamente de la necesidad de consagrar mandato constitucional de acceso a la Función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, con la obligada consideración de la situación y derechos de los contratados laborales --que me parece ha olvidado en su intervención el señor Núñez--, contratados laborales que desempeñaban sus puestos a pleno rendimiento, puestos a los que habían accedido tras superar en la mayor parte de los casos las oportunas pruebas.
Una vez dicho esto, me gustaría informar a S.S. sobre el esquema conforme al cual está siendo llevada a cabo la funcionarización.
La Administración comienza por negociar todas y cada una de las fases con las organizaciones sindicales, por disponerlo así la Ley 9/1987, de órganos de representación. En este sentido, y por lo que se refiere al período 1995-1997, el reciente acuerdo del mes de septiembre con las centrales sindicales más representativas establece las condiciones a que se debe adaptar el referido proceso. En segundo lugar, la Administración tiene que concretar cuáles son los puestos de personal laboral que han de ser clasificados como reservados a funcionarios. Puedo adelantarles, señorías, que esta fase del proceso se encuentra ya muy avanzada, puesto que se han clasificado ya 20.435 puestos de trabajo. En tercer lugar, cada Ministerio convoca las pruebas selectivas correspondientes. Obligada consecuencia de las mismas ha sido, como suele ocurrir en otras convocatorias, la interposición de numerosos recursos e impugnaciones de funcionarios disconformes. Los tribunales de justicia encargados de resolver dichas impugnaciones dirán, en su momento, la última palabra acerca de si las diferentes convocatorias han respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública. En este momento las únicas resoluciones judiciales producidas en este proceso son los autos del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1992 y de 4 de enero de 1993, que, por cierto, rechazaron la pretensión de suspensión del proceso puesto en marcha por el acuerdo de Consejo de Ministros al que me acabo de referir. Por tanto, en cuanto a la marcha del proceso en la fecha actual, han sido clasificados 20.435 puestos por la comisión correspondiente, convocadas pruebas selectivas para 2.526 plazas y funcionarizados 1.739 contratados laborales en la Administraci En la Administración institucional es de destacar, por su volumen, el proceso de funcionarización que se ha llevado a cabo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se han funcionarizado 6.697 contratados laborales en un período de 15 meses aproximadamente, sin que se haya producido impugnación o conflicto alguno. La funcionarización de los 2.754 contratados laborales en el cuerpo general administrativo, en su especialidad de agentes de la Hacienda pública, supone que esta categoría de profesionales, de gran importancia en la lucha contra el fraude fiscal, en la actualidad está integrada únicamente por personal funcionarizado.
Creo que a la vista de la exposición que acabo de efectuar, habrán podido disiparse las preocupaciones de S.S. respecto a la forma en que el Gobierno está llevando a cabo el proceso de funcionarización. Las medidas de garantía existentes y operativas desde el principio se van a mantener en todo caso conforme a lo previsto en el acuerdo con los sindicatos al que acabo de referirme en el impulso que va a recibir este proceso de funcionarización en el período 1995-1997.
Efectivamente durante este período próximo pueden tener SS.SS.
la plena seguridad de que a los procesos de funcionarización se les continuarán aplicando las siguientes medidas garantizadoras del cumplimiento de los principios constitucionales y legales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública. Primero, las pruebas serán adecuadas al nivel profesional del cuerpo o escala correspondiente y se ajustarán a la normativa reguladora del acceso a la función pública. A este fin, el Ministerio para las Administraciones Públicas continuará examinando por cada Ministerio si la convocatoria se ajusta a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública, antes de proceder a su autorización. Segundo, como norma general, las convocatorias se harán de forma sectorializada. Asimismo, se exigirán conocimientos en cada caso relacionados con las tareas que se desarrollen en el área de actividad correspondiente. Tercero, se procurará facilitar a los candidatos la formación necesaria para presentarse a las pruebas en condiciones idóneas. Cuarto, los procesos de funcionarización no afectarán a las expectativas de los funcionarios en materia de movilidad y promoción.
La ejecución del proceso de funcionarización, estudio de calendario y el establecimiento de criterios se está realizando en el seno de la mesa de retribuciones y empleo, dependientes de la mesa general, compuesta por los representantes de la Administración y de los sindicatos. A modo de ejemplo, permítanme citar el proceso de funcionarización del personal laboral informático en tres campos interdepartamentales, adscritos a los grupos A, B y C, cuyas convocatorias, calendario y criterios

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para su ejecución han sido objeto de estudio recientemente en la citada mesa de retribuciones y empleo.
En su intervención insistió en que la contratación laboral comenzó en 1993 como expresión del clientelismo. Ya he dicho que considero rotundam afirmación y que, por el contrario, la contratación laboral se remonta, nada más y nada menos, creo, a la entrada en vigor del texto refundido de funcionarios públicos del año 1964. Pero es que, además, en este mismo sentido es más fácil que el clientelismo se produzca en aquellos supuestos en los que la contratación laboral se realiza sin pruebas que en los que se hace con ellas, que es lo que está ocurriendo desde 1984.
Sobre la adecuación constitucional de las convocatorias, que también ha sido objeto de la interpelación, estamos convencidos de que todas las convocatorias para laborales han contado con la propuesta, participación y aprobación de los respectivos centros gestores, de las centrales sindicales y, en último caso, de la aprobación del Ministerio para las Administraciones Públicas. Las convocatorias realizadas hasta ahora han sido desarrolladas en ámbitos funcionales en los que el contenido de la prueba venía propuesto por los propios departamentos, por tratarse de convocatorias de cuerpos o escalas especiales. Todo el esfuerzo del Gobierno desde el inicio del proceso ha ido dirigido a dotar a las citadas pruebas de un contenido específico y diferenciado de las de turno libre, en cuanto a que se trata de personal que ha ingresado en la Función pública mediante procedimientos que ya aseguran el mérito y capacidad, siendo dispensados de nuevos enjuiciamientos sobre cuestiones cuyo conocimiento ya fue acreditado en pruebas anteriores.
En esta misma línea me obliga S.S. a recordarle algo que no debería ignorar. En los procesos como el que nos ocupa, el de la promoción interna, se trata de validar los conocimientos teóricos y de forma conjunta valorar el desempeño de la actividad profesional. Me parece más que importante subrayar que, al menos para el personal funcionario que ingresó con posterioridad a 1984, ésta es la segunda prueba selectiva para obtener un puesto de trabajo similar o equivalente (evidentemente me estoy refiriendo al personal laboral), debiéndose aplicar las mismas consideraciones al personal contratado como laboral y que posteriormente participa en pruebas selectivas en el marco del proceso de funcionarización.
En conclusión, señorías, la buena marcha del proceso de funcionarización en el que estamos embarcados en las administraciones públicas puede condensarse en torno a los siguientes puntos que me gustaría subrayar en orden a su percepción con la mayor claridad por parte de todos los colectivos e instituciones implicadas. Primero, será objeto de impulso durante el período 1995-1997. Segundo, los criterios de su ejecución han venido estableciéndose por exigencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, y así va a continuar, entre la Administración y los sindicatos en el seno de la mesa de retribuciones y empleo, y las convocatorias han de ser previamente autorizadas por el Ministerio para las Administraciones Públicas. De este modo se garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales y legales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función pública. Tercero, la configuración de la promoción profesional poseerá un destacado papel en el futuro modelo de Función pública. Y cuarto, el proceso de funcionarización más importante por su volumen, como les he señalado, se ha desarrollado en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se han nombrado 6.697 nuevos funcionarios, habiendo transcurrido todo ello con normalidad y sin impugnaciones.
Creo que con estos elementos se puede disponer de una comprensión satisfactoria del proceso que ha motivado esta interpelación. Quiero concluir insistiendo en no olvidar la situación en que se encuentran esos miles de trabajadores de la Administración pública que superaron pruebas de selección para ingresar en ese trabajo, y naturalmente no se puede ignorar el trabajo que han venido desarrollando al servicio de la Administración pública y que deben pasar a su funcionarización con los requisitos establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional y también con respeto a la modificación introducida en el artículo 15.1 de la Ley de medidas urgentes para la reforma de la Administración pública.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
El señor Núñez tiene la palabra.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, he tomado nota telegráficamente de las cuatro medidas. Impulso es el denominador común de todos sus discursos, que exige el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que exige es que los puestos que tienen que ser desempeñados por funcionarios los ejerzan los funcionarios. No exige más, punto. No exige que ustedes hagan una funcionarización que esté afectada de irregularidades. Eso no lo exige. Exige sólo lo primero. Por eso tuvieron ustedes que modificar --ejecución de sentencia-- el artículo 15 de la Ley 30/1984, a iniciativa de un recurso del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, las cosas que queden claras.
En cuanto a la promoción profesional, son cosas que no tienen nada que ver con este problema. Afecta, por supuesto, a la promoción y a la carrera administrativa la forma en que están ustedes haciendo la funcionarización, pero de ese tema no vamos a hablar ahora, porque entonces le citaría hasta dónde llega nuestra propuesta de profesionalización en la proposición

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de ley del Gobierno y de la Administración del Estado que hace poco nosotros presentamos aquí y ustedes rechazaron.
Por tanto, vamos a hablar del proceso. Usted dice que es complicado. Claro que lo es, pero ustedes son los que lo han complicado, y para precisar --porque en este turno de réplica hay que dar mensajes telegráficos y muy escuetos--, yo no he negado en absoluto que cuando ustedes consiguieron el Gobierno legítimamente después de las elecciones del 28 de octubre de 1982 no hubiera contratados en la Administración. Claro que los había, si se lo he dicho. Léase el «Diario de Sesiones».
He dicho que en 1982 de cada 100 personas, 80 eran funcionarios y 20 laborales, se lo dije yo, y que en 1992 -- también se lo dije-- de cada 100, 57 son funcionarios y 43 laborales. Algo ha pasado ahí. En cifras absolutas, se lo voy a decir también, 78.000 en 1982 y 160.000 en 1995. Son cifras suyas, están en el registro de personal que usted nos manda a los casilleros casi todos los trimestres.
Las cifras son elocuentes, señor Ministro, pero es que los procesos de funcionarización de aquellos 78.000 que ustedes heredaron en el año 1982 se hicieron a través de oposiciones libres, que están ahí, en los «Boletines Oficiales del Estado», sin reservas de puesto y con exigencia de conocimientos muy superiores a los del nivel que actualmente se exige. Ustedes no han afrontado el problema, lo han agravado en número, y el diez por ciento que hay resuelto hasta ahora, de los veinte mil y pico, sin contar los de otros organismos autónomos, lo han hecho conculcando la ley y la doctrina del Tribunal Constitucional.
Quería decirle muy pocas cosas en la réplica, pero algunas es inevitable que se las diga. Por ejemplo, usted, señor Ministro, tan partidario de laboralizar la Función pública, según confesó en una de sus primeras comparecencias en esta Cámara, ¿cómo permite que se utilice con tanto entusiasmo, ligereza e irregularidad la funcionarización de los laborales? Deben funcionarizarse, pero correctamente.
No quiero perderme con el efecto contagio que estas cosas producen en otros sitios, porque, evidentemente, usted ha hecho muy bien en no entrar en esa cuestión, y yo tampoco voy a hacerlo. Simplemente quiero decirle que las irregularidades son tan evidentes que se denuncian en 24 recursos, presentados contra otras tantas convocatorias, que incurren en ilegalidades manifiestas y de importancia tal que minan el sistema de accesoa la Función Pública que establece n básicos, cuales son la igualdad, el mérito, la capacidad y la reserva de ley para su regulación. Ninguno de los cuales se ha respetado en muchas de las convocatorias en el nuevo sistema de acceso.
Le voy a poner un ejemplo que procede de su propia Dirección General de la Función Pública, y se lo voy aleer textualmente.
Este nuevo sistema de acceso, señor Ministro, otorga ventajas desorbitantes, participación restringida en un único turno, reserva de destino e ínfimo nivel de exigencia de conocimientos al personal laboral contratado por la Administración para desempeñar puestos, que según la propia Constitución sólo pueden ser ocupados por funcionarios.
He subido a la tribuna unos cuantos ejemplos del «Boletín Oficial del Estado», aquí los tengo, con las órdenes de convocatorias. No tengo tiempo ni humor pararelatarlas todas, pero si tres eje agradecemos.) Se lo mandaré con una tarjetita a cualquiera de ustedes que les interese.
Unos ejemplos. La orden de 31 de mayo de 1993 convoca pruebas selectivas de ingreso en el cuerpo de observadores de meteorología: seis temas,reserva de puesto, mantenimiento del nivel retributivo, y si no aprueban, pueden repetir o «tripitir». La de 31 de mayo de 1993 convoca pruebas para ingresar en la escala de técnicos facultativos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones: catorce temas e idénticas ventajas.
Pero estas irregularidades e ilegalidades manifiestas las pone de relieve un escrito de la Dirección General de la Función Pública, de 15 de junio de 1994, a propósito de la convocatoria de funcionarios correspondientes a los Cuerpos facultativos de archivos, bibliotecarios y arqueólogos, conservadores de museos y ayudantes de archivos, bibliotecas y museos. Con un rigor y honestidad digna de mejor causa, señor Secretario de Estado (Dirigiéndose al Secretario Administración Pública, señor Méndez Martínez.), está muy bien el informe, hace las siguientes observaciones, que leo textualmente. Supon dejado en el escaño, porque si no tendría que pedirle permiso al señor Presidente para volver por ellas.


El señor VCEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino con la lectura de unos párrafos de este documento.
Dice la Dirección General: El Primer ejercicio de todas las convocatorias remitidas implica la reconversión de los dos ejercicios del turno libre, consistentes en el desarrollo por escrito de varios temas del programa, en la elaboración y posterior exposición oral de un único tema, utilizando el material de consulta que se estime necesario. Este extremo puede convertir la prueba --dice la Dirección General-- en una mera evaluación de la capacidad del candidato para elegir sus fuentes bibliográficas y no en un determinado nivel de conocimientos. Dado que el número de temas de los programas destinados a esta prueba, la única de carácter teórico, es ya bastante reducido la utilización de material de apoyo no resulta adecuada.


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Sigamos. El segundo ejercicio, también de todas las convocatorias, sustituye la resolución de supuestos prácticos por la elaboración de una memoria de orientación ya prevista en la convocatoria, memoria que se puede hacer en casa, para todos los candidatos y para los que no se prevé ni siquiera la defensa ante el tribunal. Teniendo en cuenta el primer ejercicio --dice la Dirección General-- y dada la ex prueba real de conocimientos, esta configuración no se considera apropiada al carecer el ejercicio de tal naturaleza. Lo mismo dice del ejercicio de idiomas. Y concluye, para no cansar a SS.SS.: En de exenciones no justificadas, como la del segundo idioma en los dos cuerpos señalados, el proceso se configura con un amplio margen de discrecionalidad, lo que merma, al menos aparentemente, su rigor y objetividad. No lo decimos nosotros, lo dice la Dirección General de la Función Pública de su Ministerio.
Ante este panorama, señor Presidente, señor Ministro, señorías, el Gobierno permanece pasivo. Un magistral don Tancredo. Y nuestra obligación de hoy es despertarle y decirle que le va a pillar el toro, no a usted, Gobierno, que un buen revolcón bien se merece, sino, a los propios contratados laborales, porque no merecen estar bajo sospecha y porque de esta manera no se respetan, con todas las garantías, los derechos adquiridos por ellos. ¿Qué pasará --le pregunto de nuevo-- si como consecuencia de los recursos se declara la nulidad de las oposiciones celebradas? ¿Por qué tiene que haber discriminaciones dentro de la Función pública y no tienen que tomarse, en estos momentos, otras medidas distintas de esas cuatro gaseosas con las que usted terminó su anterior intervención? Se lo digo con todos los respetos y con la mayor cordialidad. ¿Cómo no se pueden tomar determinadas medidas para atajar estos problemas? Todavía están ustedes con el 10 por ciento funcionarizado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Concluya por favor, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino, señor Presidente.
Para el resto y para los anteriores corrijamos el rumbo, introduzcamos medidas que de verdad planteen el proceso con arreglo a la ley y con respeto, de verdad, a los principios constitucionales y a la doctrina del Tribunal Constitucional.
En esa línea irá nuestra moción, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Ministro. (El señor Torres Gómez: ¿Qué ha pasado en la Junta de Andalucía, es que son todos catedráticos? ¡Vaya una jeta!--Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señor Núñez, quiero reiterarle las cifras. En rales en el conjunto de la Administración General del Estado y organismos autónomos, ascendía a 200.000, un 30 por ciento del total de funcionarios y personal laboral de ese ámbito. En 1994, señor Núñez, el número de contratados laborales desciende a 131.728, es decir, un 27 por ciento del total.
En cuanto a las convocatorias efectuadas, desde la primera, del 10 de junio de 1993, hasta la última, de 21 de diciembre de 1994, se han concluido cinco de ellas sin que hayan sido objeto de impugnación, y en las demás se ha realizado el primer ejercicio y continúan realizándose los restantes ejercicios sin que tampoco exista ningún problema que haya provocado la suspensión por parte de ningún órgano judicial competente.
Yo pensaba que iba a lamentar el ritmo, la lentitud en este proceso de funcionarización, pero precisamente la complejidad del tema es lo que nos ha llevado, en las conversaciones con los sindicatos, a actuar de manera muy prudente para impedir que cualquier exceso en el carácter restrictivo de una prueba pudiera viciar de nulidad su celebración.
En consecuencia, esperamos con la máxima atención la moción, porque si contribuye a aclarar este proceso tan complejo la acogeremos con el máximo rigor. Insisto en que por la complejidad del tema, se lleva arrastrando desde hace años y no es fácil solucionarlo, porque ante los criterios constitucionales --que a mí me gustaría que fuesen otros, en favor de la laboralización, como usted ha señalado-- todavía existentes, hay que actuar con prudencia para evitar la inseguridad jurídica de los que concurren a esas pruebas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nos parece interesante el planteamiento que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular, mediante la presentación de esta interpelación urgente al Gobierno, en la medida en que nos encontramos ante un modelo de articulación de la prestación de los servicios públicos bien en relaciones de naturaleza laboral, bien en relaciones de naturaleza estatutaria.
La aspiración o la finalidad que pueda perseguir la política del Gobierno central en cuanto a la adquisición de fijeza, por parte de contratados de naturaleza laboral temporal, y, a renglón seguido, la funcionarización

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de puestos de trabajo de naturaleza laboral, puede ser una función loable. El problema está, señor Presidente, en si eso tiene correspondencia suficiente, en base al principio de publicidad, mérito y capacidad y, fundamentalmente, al principio de igualdad, puesto que todo respeto al principio de igualdad exige que una actuación administrativa esté fundamentada o soportada en criterios objetivos, razonados y acreditados. Por tanto, pueden existir dudas --lo decía el señor Núñez-- sobre la adecuación al principio de igualdad constitucional de determinadas actuaciones en políticas de funcionarización de laborales, al encontrarnos ante dos regímenes jurídicos de empleados públicos distintos: por un lado, quienes han adquirido la naturaleza de funcionarios con sujeción a la Ley 30/1984 y, por otro lado, los empleados públicos de naturaleza laboral sujetos al Estatuto de los Trabajadores. En ambos casos es doctrina jurisprudencial asentada que es necesario el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad, y ahí se han producido cruces que ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la adquisición de fijeza en el ámbito de la Administración pública de personas que han accedido a la misma sin respetar debidamente estos principios. Existe esa jurisprudencia y, en este sentido, nos planteamos las dudas que puedan existir respecto a la adecuación de determinadas actuaciones del Gobierno en este ámbito.
Coincidimos con el Gobierno en que es más operativo disponer de empleados públicos que estén ligados al Gobierno por una relación de naturaleza estatutaria, por una sencilla razón, porque, cuando se tiende a prestar un servicio público, el estar ligado a una Administración pública con una relación jurídica de naturaleza especial, en virtud de la cual existe una potestad extraordinariamente superior a la que hay en una relación de naturaleza laboral, da una garantía a la Administración a la hora de prestar el servicio. Pero, además, se produce otro efecto, y es que tanto para el ciudadano como para la Administración supone una garantía el tener a los empleados públicos sujetos a una relación de naturaleza funcionarial y no laboral, porque la práctica nos está enseñando que es más fácil gestionar el empleado público de naturaleza funcionarial, aunque parezca un contrasentido, que el empleado público de naturaleza laboral, por la sencilla razón de que la Ley 30/1984 y la legislación autonómica que desarrolla la misma, así como los diferentes reglamentos disciplinarios de los funcionarios de las administraciones públicas, están otorgando una serie de potestades a la Administración a la hora de la movilidad y a la hora de la amortización de plazas, elementos éstos de difícil gestión en el ámbito de las relaciones de naturaleza laboral puesto que requieren la intervención de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo, en los expedientes de movilidad por causasä objetivas, aspectos que no se dan en relaciones de naturaleza funcionarial porque la potestad y la relación que liga a la Administración con el empleado público, en el caso de los funcionarios, es diferente y, por tanto, supone una mayor garantía tanto para la Administración como para el ciudadano, que es lo que en realidad nos debe preocupar a la hora de la prestación de un servicio público.
Sin embargo, señor Presidente, creemos que esas determinadas cautelas a las que el señor Núñez aludía, con respecto a políticas de funcionarización, son adecuadas, porque hay personal que ha accedido a prestar servicios en la Administración pública con unos determinados requisitos, con unas determinadas exigencias que nada tienen que ver con aquéllos que han accedido a la Función pública en base a relaciones de naturaleza de sujeción especial, en definitiva, funcionarios o estatutarios. Por tanto, esa garantía ha de mantenerse también para la cobertura de estas plazas, cuando se proceda a la funcionarización.
Quizá resulte difícil cohonestar y establecer una correspondencia entre los planteamientos que ha hecho el señor Núñez y lo manifestado por el señor Saavedra, pero nuestro Grupo Parlamentario va a estar atento a la solución que quiera aportar el Grupo Parlamentario Popular. Nos parece que hay que hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, que estamos judicializando todas estas convocatorias de funcionarización y, por lo tanto, vamos a esperar a la moción que presente el Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición política definitiva respecto a la política de funcionarización que sigue el Gobierno central en las plazas de laborales.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señor Ministro, es cierto que éste es un problema de todas las administraciones públic da con especial virulencia en otra administración y no en la Administración General del Estado. Por ello yo creo que hay que acertar en la solución.
En un determinado momento las opiniones de los sindicatos, de los sectores públicos, apuntaban a la laboralización por dos tipos de razones. U tenían más derechos los laborales: tenían derecho a la negociación colectiva, tenían derecho a la huelga, tenían derecho a una serie de prestaciones de la Seguridad Social del Régimen General superiores a las de los funcionarios. Por ello los trabajadores, los sindicatos y también los gestores públicos preferían el sistema de régimen laboral.


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Había también --y hay que apuntarlo ya-- razones subjetivas no siempre plausibles. La legislación laboral permitía contratar a quien se quisiera. Se hizo uso y abuso de la legislación de promoción de empleo. Yo conozco listas de empleados que ni siquiera pasaban por el Inem. En virtud de una legislación muy permisiva de contratos de fomento del empleo, sin ningún tipo de prueba, se hacían contratos laborales que fueron renovándose sistemáticamente --aquí lo hemos visto con motivo de la reforma laboral, de forma que los primeros contratos que eran de carácter temporal sistemáticamente se iban renovando-- y ahí han aparecido bolsas. Por tanto, hay razones subjetivas que no hay que despreciar, que están ahí, que causan escándalo --porque todo el mundo sabe cómo fue contratado su compañero-- y eso es lo que crea distorsiones en el debate que se está produciendo.
En estos momentos, en 1995, hay que relativizar el dualismo entre funcionario y personal laboral, porque los funcionarios se han ido acercando a los laborales, tienen derecho ya a negociación colectiva, con unas determinadas limitaciones, hay otra serie de beneficios que se han incorporado, como es el Régimen General de la Seguridad Social, etcétera, que ya no les hace tan diferentes. Por otra parte, los laborales también se han acercado a un punto medio. En estos momentos nadie puede sostener que el régimen de incompatibilidades no afecta a los laborales. Se dice en la determinación de toda la legislación: incompatibilidades de los funcionarios públicos, pero todo el mundo entiende que, aunque haya un contrato laboral, determinados trabajadores están sometidos al régimen de incompatibilidades.
Todo el mundo entiendo hoy en día que en el acceso al trabajo público, aunque sea por el régimen laboral, debe haber una serie de elementos y pruebas objetivas. Por lo tanto, yo creo que se han ido acercando. Yo me uno a la petición de que este tema de la funcionarización --que, efectivamente, está en el capítulo 24 de los acuerdos con los sindicatos de septiembre pasado-- habría que relativizarlo en base a esto, a que, si es posible--si por fin llega--, ese régi ese régimen único flexible y básico de todos ellos y de todas las diferentes administraciones. Probablemente ahí podría encontrarse un punto de solución.
Yo creo que lo fundamental no es si los laborales deben transformarse, sino el problema, muy ubicado en determinadas partes, de los laborales que no han tenido siquiera pruebas.
Yo estoy de acuerdo con el señor Ministro en que en estos momentos hay convocatorias de pruebas de laborales con setenta temas, que no suponen un beneficio especial en comparación con cualquier oposición de funcionarios públicos; no es ése el problema. Lo que escandaliza a todo el mundo es el que no ha entrado por la puerta constitucional del mérito, la capacidad, la publicidad, etcétera.Establecido ahí, yo también sería partidario de que el que haya superado ya las pruebas, tampoco hay ninguna razón para que las repita. Si alguien ingresó en la Administración con un contrato laboral indefinido, mediante unas pruebas que eran tan similares que eran copiadas del régimen de funcionarios, yo no entiendo por qué se les hace repetir la prueba, porque evidentemente también ahí hay una lesión de sus derechos. Si quiere permanecer en la Administración pública, debe repetir las pruebas. ¿Y por qué las tiene que repetir? Si él no eligió que el puesto de trabajo era de funcionario o de laboral. El acudió a una prueba de tal puesto de trabajo. ¿Que le dijeron que era laboral? Pues bien, repitió exactamente el proceso.
Si se llega por fin a traer a esta Cámara el régimen jurídico de los empleados públicos podría tal vez resolverse el problema que ha señalado el señor Núñez, y que yo creo que hay que confesar que es cierto. Es preferible no funcionarizar a hacer el ridículo y cometer injusticias. Si funcionarizar significa que se hace una prueba para pasar el trámite en la que efectivamente se ha descentralizado al máximo, si entre ellos se ha dicho qué es lo que se les tiene que preguntar, si se anuncia que simplemente es escribir y si no lo saben escribir, se les deja repetir, etcétera, yo creo que antes de hacer el ridículo, que es un problema gordo, antes de violentar de esta forma la Constitución, es preferible parar.
Es preferible parar, porque yo reconozco que hay que preservar los derechos de esos trabajadores, sobre todo si entraron con pruebas de acceso similares a las de los funcionarios, de lo que ellos no tienen ninguna culpa. Pero no cometamos tal atropello a la legislación que, además, hagamos el ridículo.
Yo creo que uno de los elementos que habría que cuestionar en estos momentos (a ver cómo es la moción que se presenta), es el tema de la descentralización de las pruebas, que permite demasiados abusos. Otro de los elementos es que, desde luego, el Ministerio debería ser también coherente. No puede, por una parte, firmar con los sindicatos, en septiembre de 1994, un acuerdo que dice que se va a funcionarizar y, por otra parte, remitir a esta Cámara un proyecto de ley --que es ley ya en estos momentos-- donde determinadas funciones auxiliares- administrativas se laboralizan. Así no vamos a entendernos nadie. Debemos saber si vamos hacia la funcionarización o si vamos a la laboralización.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE NUEVAS ACTUACIONES EN MATERIA DE POLITICA PESQUERA, EXTERIOR, DE DEFENSA,

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ASI COMO DE COORDINACION DE TODAS ELLAS, QUE TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PARA ASEGURAR LA ACTIVID NUESTRA FLOTA DENTRO DEL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL (Número de expediente 172/000101)

El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya materia de política pesquera, exterior, de defensa, así como de coordinación de todas ellas, que tiene previsto el Gobierno para asegurar la actividad de nuestra flota dentro del respeto del Derecho internacional.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hoy tenemos la oportunidad de ver todo el problema de la si que se generó ante la opinión pública con el apresamiento, en aguas internacionales, del barco Estai, desde una perspectiva, si se quiere, más serena que en los anteriores debates parlamentarios que se han venido produciendo en esta Cámara desde que aquellos hechos acontecieron.
Después de aquel primer debate parlamentario en el que el conjunto de la Cámara, por unanimidad, otorgó un apoyo cerrado a las reivindicaciones españolas tras aquel ataque, absolutamente ilegítimo, de la Armada canadiense y la resolución que hoy mismo ha tomado la Comisión de Agricultura y Pesca, también por unanimidad, reclamando que no debe ser la cuota pesquera inferior en ningún caso a 18.630 toneladas, que es la cuota que autónomamente decidió la Unión Europea que le correspondía, después de los desgraciados acuerdos de la NAFO, hoy tenemos la oportunidad, en primer lugar, de decirle al Gobierno: señores del Gobierno, cuando negocien ustedes en Bruselas, digan que tienen una Cámara muy exigente, vigilante, que no se fía de ustedes y que, desde luego, les va a controlar extraordinariamente lo que hagan. Esto va a ser un arma de presión allí en Bruselas. Esto es algo que, ejerciendo de oposición responsable, favorece a la posición española.
Aparte de lo anterior, nosotros entendemos que esta Cámara tiene la obligación de controlar la actuación del Gobierno, no solamente en lo que ha sido el proceso más llamativo, la captura del Estai y los sucesos acontecidos después, sino cómo se ha venido produciendo el proceso anterior que nos ha llevado a la situación en que nos encontramos de grave peligro para el futuro de la pesca española.
En este proceso, si hubiera que hacer un juicio global de las actuaciones de las diferentes instituciones, yo me atrevería a decir que los legislativos se han comportado muy bien --y me refiero no solamente a esta Cámara, sino también al Parlamento Europeo-- y los gobiernos han tenido una actuación bastante deficiente, y no me refiero únicamente al Gobierno de España, sino también al Gobierno de la Unión Europea, es decir, a la Comisaría de Pesca y al conjunto de la Comisión Europea, en el que nosotros detectamos actuaciones muy deficientes que merecen nuestra crítica y explicaciones; explicaciones que, en lo que se refiere al Gobierno español, consideramos que se deben esbozar hoy en esta interpelación y en la respuesta que el Gobierno dé.
Para entender la actuación de los diferentes parlamentos, diré que, por ejemplo, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo lamentó profundamente el acuerdo que se tomó en la NAFO y criticó severamente al comisario de Pesca que en ese momento estaba actuando en la Unión Europea por haberse abstenido en el acuerdo por el cual Canadá, junto con una serie de países que se aliaron a ellos, consiguió rebajar la cuota europea desde 40.000 a 27.000 toneladas. En ese acuerdo, que tuvo una primera fase en septiembre de 1994 y una segunda, ahora, en febrero de 1995, la Unión Europea pasa de 37.000 a 3.400 toneladas y Canadá pasa de 6.400 a 16.300 toneladas. Y en esta situación, la Unión Europea se abstiene en la votación.
Me parece absolutamente legítimo y clarificador el juicio que en ese momento hace la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que critica duramente la actuación que tuvo el comisario de Pesca.
Nosotros nos preguntamos cómo el Gobierno español consintió que este acuerdo se llevara hasta sus últimos extremos. ¿Por qué no vetó que este acuerdo se llevara a cabo? Nosotros quisiéramos hoy conocer las explicaciones que el Gobierno nos pueda dar sobre cuáles fueron sus actuaciones para impedir que este acuerdo, gravemente lesivo y en contra de lo que había sido la tradición pesquera en el área NAFO, se llevara a cabo.
Esta es una incógnita enormemente importante, porque de ahí proviene la situación en la que nos encontramos.
No solamente pasa esto. El Gobierno español tenía consciencia clara --o debería tenerla-- de que Canadá estaba acechando y acosando a los diferentes barcos españoles que estaban faenando en el área NAFO. Lo debía saber porque incluso hubo un comunicado del conjunto de los pesqueros españoles que estaban trabajando en esa área; comunicado que se redacta el 1 de octubre de 1994, en el que, entre otras cosas, dice que es conocido por todos el fin que persigue Canadá como miembro de la NAFO, intimidándonos hoy día con buques de guerra, submarinos y aviación, tratando de humillarnos considerando como suyas estas aguas internacionales. El 1 de octubre de 1994, el conjunto de los barcos españoles que estaba faenando en esa área,

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con un comunicado advertía seriamente que existía un acoso importante por parte de la Marina de Guerra y del conjunto de las Fuerzas armadas canadienses que estaban --como dicen ellos-- incluso intentando humillarles.
Nosotros nos preguntamos ¿qué reacción tuvo el Gobierno español cuando conoció este comunicado? ¿Qué actuaciones nos puede decir el Ministro de la Presidencia, que representa hoy aquí al Gobierno, que tuvo el Gobierno español cuando tuvo conocimiento, en octubre de 1994 (como lo debió tener el conjunto de la opinión pública, pero el Gobierno más, porque para eso debe ser el responsable de lo que está sucediendo en el conjunto de los intereses españoles), que estaba produciéndose una situación de esta naturaleza? Después de estos hechos, después de que Canadá presionara de una forma tan brutal en la NAFO para reducir las cuotas de la Unión Europea, salt incluso lo que había sido la mecánica habitual de la NAFO de llegar por consenso, hasta imponer en una votación --en la cual la Unió Europea t unas cuotas que Canadá sabía que estaban absolutamente en contra de la tradición pesquera que se había llevado en esas aguas, después de que Canadá había actuado de la forma en que nos plantea este comunicado de los pescadores españoles, nosotros pensamos que el Gobierno debía tener elementos de juicio suficientes para saber lo que iba a pasar. Por lo tanto, no debería cogernos por sorpresa lo que luego sucedió.
Con lo que luego sucedió, mi Grupo Parlamentario tiene que aplaudir lo que hizo el Parlamento europeo, que, al día siguiente de que se abordara al barco Estai, tomó una resolución que, a nuestro juicio, tiene elementos extraordinariamente interesantes --perdón si me equivoco en algo en una traducción de urgencia--, en la que se insta a la Comisión y al Consejo a mantener las posiciones que se han tomado, defendiendo firmemente los principios de la Ley del Mar; en la que se insta a todos los cuerpos de la Comunidad y a los Estados miembros a apoyar con firmeza las actuaciones contra Canadá; en la que se insta a suspender los acuerdos con Canadá; en la que se reconoce que todos los daños contra el Estai deben ser compensados por la parte ofensora, por Canadá.
Después de una resolución de esta naturaleza, con los apoyos tan importantes que significaba para el Gobierno español y para los pescadores españoles que estaba a bordo del Estai, nosotros no podemos sino hacernos una pregunta que trasladamos al Gobierno. ¿Cómo se puede explicar que con esos apoyos tan importantes, nada más y nada menos que del Parlamento Europeo, el buque Estai decide pagar la fianza, decide volverse a España, dejando en una situación de debilidad política importantísima lo que hasta ese momento había sido una actuación conjunta y de apoyo mayoritario en el Parlamento Europeo y de apoyo mayoritario del conjunto de los países de la Unión Europea? ¿Qué explicación se puede dar a eso? ¿Cómo ac español ante el buque Estai para que no pagara la fianza? ¿Tuvo alguna actuación el Gobierno español? Nosotros también queremos una explicación solvente sobre este asunto, porque, desde luego, el pago de la fianza ha dejado las reivindicaciones españolas en una situación de importante debilidad.
Por lo tanto, señor Ministro, tienen el apoyo unánime que hoy le han prestado todos los grupos para que mañana negocien en Bruselas que España siga manteniendo la cuota-parte de esas 18.630 toneladas, que es la cuota autónoma que ha exigido la Unión Europea. Bien es cierto que el Grupo Socialista ha empleado en su discurso un término que a mí me resulta profundamente familiar. Ha dicho: de entrada, 18.630. Ese «de entrada» tiene rememoraciones antiguas que no le voy a recordar. Aquél «de entrada, no». Pues bien, ahora el Grupo Socialista por lo menos ha dicho que, de entrada, las 18.630 toneladas. Hoy, en la información que ha dado Televisión Española, ya decía que 10.300. Televisión Española omitió el acuerdo de la Comisión de las 18.630. Simplemente dijo que había un acuerdo unánime, pero omitió la cantidad. En cambio, ha dado la cifra de 10.300 toneladas que plantea el Gobierno como posibilidad. Ese «de entrada» ha sido en última instancia un acuerdo unánime. También este «de entrada» me sugiere una reflexión que yo considero no es baladí, sino que es interesante. Nosotros, que estamos en la Alianza Atlántica supuestamente para defendernos de las actuaciones de terceros países, hemos sufrido la agresión de un socio. Pregunto al señor Ministro, ¿qué actuaciones han tenido ustedes dentro de esta organización? Simplemente la pregunto ésto. ¿Qué han hecho ustedes para que eso se aclare?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, vaya concluyendo.


El señor ANDREU ANDREU: Voy terminando, señor Presidente. Por último, y dentro de esta situación, igual que le he hecho notar al principio cuando me he referido a la corrección que, a nuestro juicio, tuvo el conjunto de los órganos legislativos, a nosotros también nos llama la atención el caso de Gran Bretaña. Aunque últimamente se ha producido un movimiento pendular distinto, que nosotros saludamos, de otros órganos periodísticos, que parece tienen una posición más objetiva, sin embargo el señor Major ha dicho cosas gravísimas. ¿Ha actuado nuestro Gobierno ante el de Gran Bretaña exigiendo explicaciones sobre los comentarios del señor Major, que no es cualquier persona, es el Primer Ministro de Gran Bretaña? Señor ministro, y con esto concluyo, este apoyo que le he manifestado en reiteradas ocasiones no exime de

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que nosotros veamos importantes lagunas en el comportamiento del Gobierno español en el proceso anterior y posterior al apresamiento del «Estai». Nosotros consideramos urgente que se aclaren estos conceptos porque de ello depende no sólo el futuro de nuestra flota en el Atlántico Norte. No olvide que al calor de esta situación Marruecos ha exigido posicionamientos mucho más duros y, desde luego, podemos estar en una situación muy difícil si no tenemos una actuación consecuente por parte del Gobierno y también por parte de este Parlamento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor Presidente, señorías, para analizar, aunque sea someramente, las circunstancias que rodean la actividad pesquera de nuestro país en aguas de otros Estados miembros de la Unión Europea o en aguas internacionales, creo que es necesario recordar cómo la nueva regulación jurídica del mar, que se generalizó a finales de los años setenta, supuso un cambio trascendental de las condiciones en las que hasta ese momento se había desarrollado la pesca en el mundo.
La extensión de las zonas económicas exclusivas a 200 millas, consagrada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en 1982, otorgó a los Estados ribereños el control sobre buena parte de las zonas tradicionales de pesca en las que se concentran, además, gran parte de los recursos pesqueros del planeta. A consecuencia de este fenómeno, los grandes países pesqueros, muchos de los cuales como España habían buscado durante siglos realizar sus capturas en mares distantes, hubieron de someterse a la necesidad de utilizar la vía de los acuerdos internacionales de pesca para acceder a sus caladeros tradicionales, o a la posibilidad de explotar zonas situadas en aguas internacionales, cuyas potencialidades pesqueras son menores, incluso a menudo absolutamente desconocidas.
Paralelamente, esta nueva situación, lejos de producir, como se creyó en un principio, reducciones en la capacidad total de las flotas pesqueras mundiales y en las capturas que éstas realizaban, ha tenido un resultado claramente contrario. El incremento en términos globales de la flota pesquera mundial, especialmente la de los países costeros, unido a la concentración del esfuerzo sobre las especies más comerciales, ha puesto de manifiesto la necesidad ineludible de promover medidas de conservación que garanticen el futuro de la actividad pesquera.
España, como país de gran tradición en la explotación de los recursos del mar y como país especialmente afectado por los cambios en la titularidad de los recursos habidos en estos últimos tiempos, ha sido pionera en reclamar de la comunidad internacional la puesta en marcha de medidas encaminadas a garantizar un desarrollo sostenible de la actividad pesquera, esto es, medidas que permitan explotar los recursos, adecuando en todo momento el esfuerzo a la situación de los «stocks».
Este y no otro es el planteamiento que España defiende en todos los foros internacionales bajo la rúbrica de la pesca responsable; este y no otro es el fin que perseguimos cuando promovemos y colaboramos activamente en la elaboración, en el seno de la FAO, de un código de conducta para una pesca responsable. Creo necesario reiterar a SS.SS. que a pesar de estos cambios la vocación internacional de nuestra actividad pesquera sigue manifestándose cl hecho de que un porcentaje muy importante, en torno a los dos tercios de las capturas que realiza la flota española, proviene de caladeros exteriores.
Sin embargo, se da la circunstancia de que mientras nuestra flota, sometida a procesos de reconversión, ha ido encontrando acomodo en acuerdos pesqueros con terceros países, de los que por cierto ahora es titular la Unión Europea, o en aguas internacionales cuyas posibilidades pesqueras hemos investigado y descubierto, las flotas de algunos Estados ribereños se encuentran ante situaciones de sobreexplotación de sus recursos que no permiten absorber su rápido crecimiento y que, por tanto, no pueden responder a las expectativas de desarrollo y de riqueza que generaron para las poblaciones dependientes de la pesca. Como consecuencia de esta mala gestión de los recursos propios por parte de algunos países, la situación de desequilibrio entre las nuevas capacidades de las flotas y los rendimientos que éstas obtienen genera a menudo gran crispación entre la población de muchos Estados costeros, crispación que se refleja a menudo en las actitudes de sus gobiernos a la hora de abordar estos problemas.
Tristemente en ocasiones como las que estamos viviendo en el conflicto con Canadá, este tipo de actitudes crispadas encuentran la salida, clar en un caso como éste, de culpabilizar a la actividad de las flotas de otros países para desviar la atención de sus propias dificultades tanto en la gestión de sus recursos, cuanto en la planificación y el desarrollo del sector pesquero propio.
Frente a estas actitudes España, como miembro responsable de la comunidad internacional y como primer interesado en la conservación de los recursos pesqueros, opone y seguirá oponiendo su compromiso con el respeto tanto al derecho internacional, como a los acuerdos pesqueros con otros Estados en los que participa

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en calidad de parte de la Unión Europea. En estos últimos están previstos severos mecanismos de control de la actividad pesquera, que garantizan el cumplimiento de las condiciones de conservación previstas. Por su parte, la pesca en aguas internacionales está sujeta, como saben SS.SS., a la disciplina de las distintas organizaciones que la regulan por zonas o por especies.
España es parte por sí, como en el caso de la Organización Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, o a través de la Unión Europea, como en el caso de la NAFO, y es impulsora del papel de estas organizaciones en cuyo seno asume y fomenta las medidas de conservación necesarias para garantizar el futuro de la actividad pesquera. En coherencia con este planteamiento nuestro país exige a sus propios pescadores que respeten las medidas de gestión y las normas de conservación allá donde quiera que pesquen. Así, por ejemplo, en el área NAFO los buques españoles se someten a la inspección del cien por cien de sus desembarcos, a un elevado número de inspecciones anuales en el mar y al embarque de observadores científicos --en más del 35 por ciento de los barcos el año pasado--, que analizan constantemente el estado de las diferentes pesquerías.
Pero junto a estas actitudes el Gobierno español mantiene una absoluta firmeza en la defensa de los intereses de nuestro sector pesquero y en la búsqueda de condiciones que le permitan continuar desarrollando su actividad en aguas exteriores con garantías de continuidad y de rentabilidad, firmeza esta que se pone de manifiesto tanto a la hora de que la Unión Europea negocie acuerdos con terceros países en las mejores condiciones para nuestros pescadores, cuanto a la hora de exigir enérgicamente una respuesta adecuada frente a la vulneración de las normas que regulan la pesca en aguas internacionales, en perjuicio, a menudo, de las actividades de nuestros barcos.
El conflicto con Canadá ha sido un claro exponente de la situación que he descrito, al pretender un país costero culpabilizar a otros Estados de sus propios y graves problemas pesqueros. Desgraciadamente la actitud de Canadá en este caso, cometiendo actos violentos y claramente ilegales contra los pesqueros españoles, ha ido mucho más allá del derecho internacional, situándose al margen de toda posible justificación basada en medidas de conservación de recursos.
Frente a la situación creada, la actitud del Gobierno se ha mantenido y se mantiene firme a la hora de exigir un rechazo de la Unión Europea a los hechos protagonizados por patrulleras canadienses en lo que España entiende son claramente aguas internacionales. Nuestra firmeza nos ha llevado también a reclamar ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la reparación de los daños producidos contra intereses españoles, y contra la normativa canadiense que dio pie a los mismos. En esta línea de firmeza, el Gobierno ha desplazado a la zona patrulleras de la Armada, en misión de apoyo y protección a nuestros buques. Finalmente, el Gobierno español continúa realizando en todos los ámbitos las gestiones necesarias para asegurar el restablecimiento de la legalidad internacional en el caladero de NAFO y la vuelta a la situación de normalidad que garantice la conservación de los recursos, al mismo tiempo que la actividad de nuestra flota en estas zonas.
Por todo lo dicho, creo responder a S.S. sobre las cuestiones que plantea la interpelación que debatimos, afirmando que las medidas que se han venido adoptando y que se adoptarán en el futuro para proteger los intereses de los pescadores españoles, que faenan en caladeros internacionales, pasan necesariamente por: Primero. El fomento y el apoyo del Gobierno español a las iniciativas internacionales que, en el ámbito de las Naciones Unidas, se encaminan a regular el ejercicio de la pesca y a buscar la necesaria coherencia y coordinación entre las regulaciones de los Estados costeros y las normas aplicables en aguas internacionales, conferencias sobre especies transzonales y altamente migratorias y elaboración, como decía antes, de un código de conducta para la pesca responsable. España defiende y defenderá la importancia de llegar a un consenso internacional para evitar que inadecuadas medidas de conservación, dentro de las 200 millas, condicionen el futuro de las pesquerías en aguas internacionales. En esta línea, España se opondrá frontalmente a todo intento de ampliar las zonas económicas exclusivas más allá de las 200 millas y a toda propuesta encaminada a conseguir que prevalezcan, en contra de argumentos objetivos de conservación, los criterios impuestos por los países ribereños a la hora de explotar las pesquerías en aguas internacionales.
Segundo. En relación con nuestras flotas que faenan en aguas de terceros países, España continuará su política de apoyo decidido a la suscripción de acuerdos pesqueros por parte de la Unión Europea y al fortalecimiento de los ya existentes, propiciando, como ha hecho hasta la fecha, que tales acuerdos ofrezcan posibilidades adecuadas a las necesidades de nuestros pescadores y alentando a la comunidad ha hacer valer los beneficios sustanciales que estos países obtienen a partir de los mencionados acuerdos.
Tercero. En línea con nuestro compromiso con el ejercicio de una pesca cada vez más responsable que permita un desarrollo sostenible, el Gobie impulsando y exigiendo el respeto, por parte de los pescadores españoles y en todos los mares, de las medidas de conservación de los recursos que resulten de aplicación en cada caso.
Cuarto. En relación con el conflicto con Canadá, España continuará defendiendo firmemente, en el seno de la Unión Europea, una vuelta a la normalidad en el caladero

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NAFO, que en ningún caso permita cuestionar los principios sobre los que deben basarse las decisiones de esta organización, evitando un trato discriminatorio hacia nuestro país.
Quinto. En tanto persista la situación de conflicto en la zona NAFO, el Gobierno mantendrá buques de la Armada en la misma, en misión de apoyo y protección de nuestros pescadores para garantizar su plena actividad. Tanto en este como en otros casos en los que este tipo de medidas sean aconsejables, el Gobierno pondrá al servicio de la defensa de nuestros intereses pesqueros cuantos medios, humanos y materiales, sean necesarios para prevenir y paliar posibles conflictos.
Sexto. En lo que se refiere a las conversaciones mantenidas entre la Comisión Europea y Canadá durante los últimos días para desbloquear el conflicto NAFO, ayer, día 4, el Gobierno manifestó oficial y públicamente el rechazo a las propuestas planteadas por las siguientes razones. En primer lugar, porque no se da plena garantía de resarcimiento de los daños causados, especialmente la devolución de las fianzas entregadas por el armador para liberar al capitán y al buque «Estai«, así como el valor de la carga desembarcada en el puerto Saint John"'s. En segundo lugar, el reparto del TAC -- total admisible de capturas--, propuesto en dicho acuerdo no resulta a juicio del Gobierno español conforme a los criterios objetivos, series históricas de capturas y no criterios políticos que deben regir este tipo de decisiones en los acuerdos regionales de pesca, y en particular en el seno de NAFO. En tercer lugar, no compartimos el planteamiento de zonificación del fletán, que implica el compromiso de la Unión de no pescar en una parte de las aguas internacionales y, por tanto, supone un reconocimiento implícito de la jurisdicción de Canadá sobre las mismas. En cuarto lugar, y a juicio del Gobierno, el mencionado acuerdo no es aceptable porque Canadá continúa poniendo en cuestión las declaraciones de capturas registradas en los diarios de a bordo por la flota europea a lo largo del año 1995. A nuestro juicio, corresponde a la parte contratante investigar cualquier infracción derivada de una infradeclaración de capturas y actuar en consecuencia.
Finalmente, la propuesta, a juicio del Gobierno español, no ofrece las suficientes garantías de que su aplicación práctica no esté condicionad previa por el órgano multilateral NAFO y de aplicación, por tanto, para todas las partes contratantes del mismo.
En todo caso, quiero subrayar a SS.SS. que España está dispuesta a realizar todos los esfuerzos adicionales en materia de inspección y control, siempre que las medidas adoptadas no resulten discriminatorias para la flota española.
No quiero finalizar esta intervención, señor Presidente, señorías, sin manifestar con toda energía y con la seriedad que el caso requiere que vamos a continuar defendiendo las razones que acabo de exponer para decir «no» a la pretensiones de Canadá en todos los foros internacionales. En este sentido, y en nombre del Gobierno, quiero agradecer la posición unánime que viene manifestando la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Cámara, y que esta misma mañana ha vuelto a refrendar en apoyo del sector pesquero español.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro. Señor Andreu, para un turno de réplica.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores diputados, este es un debate difícil, porque nosotros hemos plan preguntas y muy lateralmente han sido respondidas algunas de ellas. Es difícil hacer un debate, que creo da un sentido bastante plano de lo que es este Parlamento, ante preguntas que pretenden ajustarse al hilo de lo que es la actualidad y estar contínuamente en este devenir del debate sobre los hechos que están sucediendo, si no se dan respuestas también al hilo de esta actualidad. Por eso digo que el debate es realmente complicado.
Reiteramos y mantenemos el apoyo a estos puntos que ha planteado el señor ministro, que no están cuantificados en su exposición --y llamo la atención sobre ello--; mantenemos ese apoyo, pero también seguimos manteniendo la sombra de importantes dudas que nos suscita la actuación que ha tenido el Gobierno a lo largo de este conflicto y, sobre todo, en los prolegómenos de este conflicto. Nosotros seguimos pensando que el problema fundamental no se produce en el momento del abordaje, sino que se produce ante la pasividad que existió ante las amenazas que estaba planteando el Gobierno canadiense de querer expulsar al conjunto de la flota de la Unión Europea del área NAFO, ya que las estaba llevando no solamente a las palabras, sino a hechos consumados. Ante esto, nosotros pensamos que las actuaciones del Gobierno español han sido absolutamente lentas, absolutamente tímidas y, desde luego, no han disuadido, en absoluto, al señor Tobin, que es un auténtico pirata con cargo de ministro, de llevar a sus planteamientos más extremos las amenazas más demagógicas que hizo, después de haber arruinado la propia flota canadiense los caladeros canadienses y echar al conjunto de la flota europea, muy especialmente a la española. O al menos intentar echarlas del área NAFO.
Por tanto, estas importantes sombras de duda continúan, y nosotros consideramos que en algún momento tendrán que ser aclaradas, porque el Gobierno, en base a esa unanimidad, que gustosamente le da este Grupo Parlamentario --como creo que el co Cámara--, para que se defiendan los intereses españoles,

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no puede utilizar eso para ocultar lo que ha sido su actuación, que pensamos tiene importantes aspectos de negligencia y que, de alguna manera, deberían ser controlados por esta Cámara. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve.
Quisiera despejar algunas de las dudas que me plateó el señor Andreu en su intervención y que no he contestado, según él, en la mía, no sin an he comentado esta tarde en esta misma Cámara a la pregunta de un diputado del Grupo Popular a juicio del Gobierno estamos ante un conflicto doble. Por una parte, se discute la cuantía de las capturas que la flota española puede realizar en los caladeros de NAFO; y, por otra parte --y esto es mucho más importante a juicio del Gobierno--, se discute el cumplimiento de una serie de principios de derecho internacional que rigen y que regirán no sólo en el caladero NAFO, sino en el resto de los caladeros que en aguas internacionales o de otros países permiten que faenen nuestros barcos pesqueros.
Como decía esta tarde en esta misma Cámara, en última instancia, si España cediera en la aplicación de esos principios internacionales estaríamos poniendo en riesgo una buena parte de la actividad pesquera de nuestra flota y eso es lo que entendemos que en este momento está en discusión encima de la mesa. En ese sentido he querido reforzar en esta Cámara la posición pública y conocida del Gobierno español: no cederemos en lo que se refiere a la aplicación de los principios de derecho internacional que han venido rigiendo y que a juicio del Gobierno deben seguir rigiendo los acuerdos pesqueros entre los distintos países implicados en este sector.
En segundo lugar, eso no quiere decir que no discutamos la cuota dentro del TAC. Sin duda la vamos a discutir y en ese sentido, como he dicho antes, me parece relevante y positivo el acuerdo que esta mañana ha reiterado la Comisión de Agricultura de este Congreso de los Diputados. Después de todo, iniciamos esta tarde y mañana una negociación en la que acuerdos de esta naturaleza deben servir, qué duda cabe y S.S.
lo ha señalado en su intervención, para reforzar la posición española.
Quiero recordarle también (y he hecho una exposición general que me parece interesante en esta Cámara) cuál es la evolución de la actividad pe nuestro país. Es verdad que tenemos conflictos y S.S. ha recordado algunos y es verdad que hay que discutir y negociar acuerdos inevitablemente después de la re- visión de la normativa internacional, en el acuerdo de 1982, en materia de jurisdicción de aguas en países ribereños, a la que me he referido. Pero no es menos cierto que si usted examina la evolución de la actividad pesquera de nuestra flota teniendo encuenta que hay una sobreexplotación, sin duda, de algunos caladeros y que los países ribereños, lejos de disminuir sus flotas, en muchos casos las han aumentado, si tiene usted en cuenta estos dos factores, desde luego negativos para nuestra actividad, deberá concluir que las negociaciones que ha realizado España en el seno de la Unión Europea no nos han ido tan mal. En realidad, estamos hoy pescando 1.400.000 toneladas, que es aproximadamente la misma cifra que pescábamos hace algunos años.
Por tanto, a pesar de las restricciones que se están introduciendo, algunas de ellas lógicas si tenemos en cuenta, como decía, la sobreexplotación de caladeros, no cabe duda que las negociaciones que la Unión Europea ha realizado han beneficiado a la flota española y han permitido que nuestro nivel de actividad sea comparable al de hace algunos años, cuando las circunstancias eran radicalmente distintas, cuando los países ribereños tenían flotas más pequeñas y cuando no había una sobreexplotación que hoy existe sin duda en muchos caladeros internacionales.
Por tanto, aun a pesar de la dureza de las negociaciones y de los conflictos que esas negociaciones han traído consigo, las cosas para nuestra flota pesquera han ido razonablemente bien.
Esa línea de negociación de acuerdo, esa defensa a ultranza de España de la política de acuerdos y de las reglas internacionales en esta materia ha permitido que nuestra flota pesquera hoy siga obteniendo un número de capturas semejante al de hace algunos años.
Me formulaba unas preguntas concretas. Le recuerdo que es verdad que la Unión Europea aceptó el TAC; no es menos cierto que España se opuso y en ese momento se quedó sola dentro de la Unión Europea y tampoco es menos cierto que no se aceptó el reparto de cuotas dentro de ese TAC, que es justamente el origen del conflicto con Canadá y que es justamente lo que estamos discutiendo en este momento con Canadá a través de la Unión Europea y mañana en el Consejo de Ministros de Pesca.
Finalmente, quisiera reiterarle dos cosas más. Me hacía usted una pregunta en relación con el pago de la fianza por el armador del «Estai». No corresponde al Gobierno contestar por qué la pagó. Ciertamente debe ser él quien lo explique. Sí le digo porque en aquella ocasión lo comentamos en público tanto el Ministro de Agricultura como yo mismo, que a juicio del Gobierno ese pago de fianza por parte del armador del «Estai» fue prematuro. Es verdad, como señalaba S.S. antes en esta tribuna, que de alguna forma ha debilitado la posición negociadora del Gobierno español y así lo reconocimos públicamente.


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Las razones por las cuales, a pesar de las recomendaciones contrarias del Gobierno al armador, en el sentido de que no pagara, éste pagó, corr lógicamente, explicarlas al armador y no al Gobierno español; pero a juicio del Gobierno fue prematuro. Teníamos datos suficientes en ese momento encima de la mesa para segurar que en las siguientes horas se hubiera podido producir una liberación del «Estai» en condiciones distintas de aquellas en que finalmente se produjo al pagar el armador la indemnización.
Finalmente, no me queda sino reiterar mi agradecimiento y el del Gobierno por el apoyo que S.S. ha dado en su intervención en varias ocasione negociadora que mañana defenderá el Ministro de Agricultura en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Vasco nos parece adecuado el trámite parlamentario que ahora estamos realizando y que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya formulado la presente interpelación urgente al Gobierno.
Preciso es realizar por parte de los grupos parlamentarios vascos valoraciones y consideraciones políticas respecto a acontecimientos históricos y con trascendencia política que han acaecido desde el pasado 9 de marzo hasta las últimas horas.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que los sucesos que han ocurrido en aguas internacionales reguladas por la NAFO constituyen la crónica de unos acontecimientos anunciados en la medida que, aparte de la flagrante infracción del derecho internacional del mar por parte de Canadá, la Unión Europea, a nuestro juicio no ha mantenido una posición de firmeza y una adecuada posición de defensa de los intereses pesqueros europeos, fundamentalmente portugueses y españoles y, en menor medida, británicos, alemanes y franceses, con unas cuotas muy pequeñas en la pesca de las especies planas, como el bacalao y demás especies asociadas, en aguas de la NAFO.
Decimos esto porque en mayo de 1992 la Comisión Europea acuerda no objetar el cierre de los caladeros (año 1992 3.M y el año 1993 3.NO) como gesto político, según dice el Acta de la Comisión Europea, para normalizar relaciones políticas con Canadá. Ello es fruto de que hay presiones en defensa de intereses comerciales británicos y alemanes por parte de los representantes políticos de estos países en la Unión Europea, y es en ese contexto, como también tuvimos ocasión de debatir en esta Cámara, en el que se ha producido un cierre progresivo de caladeros, haciendo dejación de los intereses europeos, a nuestro juicio, en base a las posiciones que venía manteniendo Canadá.
Además, en todo este conflicto y desde finales del mes de enero, desde que se adoptó el acuerdo de distribución del TAC, de las 27.000 toneladas, se producen dos hechos significativos. En primer lugar, Dinamarca, país integrante de la Unión Europea participa directamente en el seno de la NAFO y mantiene una posición contraria a los intereses de la Unión Europea; es decir, Dinamarca, que es parte contratante en la NAFO, al margen de la Unión Europea, pero que es socio político, socio económico de España en la Unión Europea, actúa en defensa de los intereses de las islas Feroe y de Groelandia, como parte diferenciada del resto de la Unión Europea. Dinamarca, en la negociación política que hubo, se posicionó con Canadá y se abstuvo en la votación.
Segunda consideración, Noruega interviene como parte contratante. Noruega es un interlocutor económico y comercial privilegiado de la Unión Europea y Noruega interviene a favor de los intereses de Canadá, vontando a favor de las posiciones de Canadá (Canadá había actuado inteligente y habilmente comprando votos de otros países de la NAFO). Noruega vota a favor de Canadá en contra de los intereses europeos, cuando lo grave es que este país ha estado hace tres meses a punto de ingresar en la Unión Europea, pero más grave es también que este país es miembro del Espacio Económico Europeo, que este país está en este momento gozando de todas las preferencias arancelarias, de todas las políticas de desarancelización y de entrada en el mercado español de sus productos pesqueros y vota en contra de los intereses europeos y en favor de los intereses canadienses.
Dirán SS.SS. ¿por qué se produce eso? Porque sencillamente estamos en este momento encontrándonos con un juego de intereses económicos: los intereses nórdicos con los intereses de los países del sur. Los países nórdicos en definitiva lo que quieren es la franca y progresiva desaparición de la flota pesquera europea de los países del sur, de la flota pesquera española, de la flota pesquera portuguesa, y esas capturas de especies pesqueras que se realizan por parte de estas flotas españolas y portuguesas, para abastecer fundamentalmente el mercado español como mayor gran consumidor de pescado europeo, realizarlas por parte de las flotas de los países nórdicos. En definitiva, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no hay una correspondencia entre los principios de acceso a los recursos, de acceso a los mercados. El mercado español, el mercado europeo, está enormemente

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liberalizado y --fíjense en la contradicción-- Noruega, país miembro del espacio económico europeo, goza de todas esas preferencias arancelarias y vota en contra de los intereses españoles, vota en contra de los intereses portugueses. Por tanto, ¿qué es lo que está juego? Hay en juego intereses políticos y, detrás de los intereses políticos, intereses económicos, intereses comerciales; se quieren hacer dueños del mercado español, quieren que el pescado capturado por la flota portuguesa, por la flota española, no sea capturado por estas flotas, sino por las de los países nórdicos. Es decir que hay un conflicto Norte-Sur en el trasfondo de esta cuestión.
Quiero también manifestar que el pasado 1 de marzo se aprobó una resolución parlamentaria --este Grupo tiene presentadas en esta Cámara inicia parlamentarias hace tres semanas--, resolución que hemos hecho saber al Gobierno español y a la Unión Europea; queremos que el Gobierno español defienda tales cuestiones en la Unión Europea. Esa resolución decía que hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, que es muy importante que haya un esfuerzo, que haya una intensificación de las políticas de evaluación de los recursos pesqueros.
Decimos esto porque tanto en septiembre de 1994 como en enero de 1995, primeramente por la fijación del total admisible de capturas y, en segundo lugar, por la distribución del TAC, el Consejo Científico de la NAFO ha dispuesto como criterio objetivo, determinante a la hora de la toma de decisiones, los datos científicos aportados por parte del Ministerio de Pesca de Canadá. Canadá ha hecho un esfuerzo de inversión en medios materiales, en medios personales, en campañas de homologación de los recursos, y esos datos son los que han servido de punto de partida y de criterio delimitador del reparto y, en definitiva, de la reducción del TAC y de la distribución de cuotas por parte de los países de la NAFO. La Unión Europea políticamente puede poner en tela de juicio los datos que aporta Canadá, pero no es riguroso, ni es serio el que políticamente uno vaya en contra...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gatzagaetxebarría, vaya concluyendo, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señor Presidente.
No es riguroso ni es políticamente exacto el que uno se oponga sin tener argumentos convincentes, argumentos científicos suficientes, y ése es el fallo que ha tenido la Unión Europea: no tener suficiente información científica para poder contrastar los datos aportados por las autoridades canadienses.
Otra consideración. Nuestro Grupo Parlamentario presentó en la Cámara hace 20 días un sistema distinto de articulación de la NAFO. La Unión Europea está interviniendo en la NAFO como un ente único. Efectivamente, debe ser un ente único, pero la toma de decisiones ha de articularse a través del mecanismo del voto ponderado, porque la Unión Europea está constituida por 15 Estados miembros, pero los que operan en ese caladero son cinco: Francia, Alemania, el Reino Unido, Portugal y España, los que operan en ese caladero de aguas internacionales, y es necesario que, de alguna manera, en el mecanismo de adopción de acuerdos esté reflejado el peso político y el peso pesquero que representa cada una de las partes contratantes del organismo internacional NAFO. En este sentido, no es de recibo --y es necesario buscar un equilibrio-- el que la Unión Europea, con su potencial político y pesquero, pese política y pesqueramente lo mismo que Letonia, Lituania, Estonia, Cuba o Bulgaria. Por tanto, creemos que lo que debemos aportar desde la política en este momento son propuestas sensatas, propuestas encaminadas a buscar soluciones. En este momento no debemos únicamente criticar a Canadá y adoptar medidas contundentes, que también lo debemos hacer, sino que debemos mantener sensatez, cordura, y, en definitiva, mantener una política pragmática de buscar soluciones, y creemos que estos planteamientos que presentamos van en la línea de dar una solución, pequeña, pero práctica, al problema en cuestión.
Finalizo, señor Presidente, diciendo que desde el Grupo Parlamentario Vasco nos felicitamos por la posición que está manteniendo el Gobierno. Nos parece procedente y verdaderamente loable que el Gobierno haya mantenido la posición de defender como criterio delimitador a la hora de la negociación la cuota autónoma que se objetó de las 18.600 toneladas. Creemos que ése es el marco en el que el Gobierno español debe defender su actuación ante la Unión Europea y que no se alcancen parcelaciones, que no se alcancen «boxes» o caladeros propiamente contingentados fuera de las zonas económicas exclusivas de pesca, que es lo que pretende Canadá: buscar parcelas y caladeros específicos en aguas internacionales. Nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar al Gobierno en esa firmeza, en esa contundencia y en ese buen sentido que, a nuestro juicio, ha mantenido el Gobierno en las últimas horas en la defensa de los intereses pesqueros españoles.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergencia i Unio), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, con la detención y secuestro del buque «Estai» por parte de Canadá se inició una agresión de este país a la flota pesquera española, y, por tanto, a la de la Unión Europea, con la evidente intención de reservarse en exclusiva los

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caladeros del fletán negro ubicados en aguas internacionales.
Estas intenciones de Canadá han quedado también más en evidencia durante las negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos, sin que la Comisión Europea haya tenido el coraje suficiente de no iniciarlas, hasta que se hubiera alcanzado el acuerdo previo de restablecer con antelación la legalidad internacional, tan groseramente vulnerada.
Ha quedado, asimismo, demostrado que las denuncias de Canadá contra el «Estai» y la flota española eran falsas, que no había razones biológica ni de uso de redes ilegales, tan burdamente escenificadas, ni de superación de cuotas por parte española. Por tanto, para nuestro Grupo, la ilegalidad de la detención del «Estai» y el acoso a nuestros pescadores es incuestionable, así como la ilegitimidad de los tribunales canadienses para juzgar unos incidentes en los que tendrían que aparecer como acusados quienes la realizaron y no quienes fueron víctimas de ella. <ð Este Congreso no debería olvidar la actuación heróica de la flota pesquera española en aguas de la NAFO que, acosadas sin tregua, destrozados sus aparejos e impedida ilegalmente su actividad pesquera, ha permanecido en la zona defendiendo unos derechos adquiridos por hallarse en aguas internacionales y por ser esta flota la primera que descubrió estas pesquerías y la que las ha explotado y conservado productivas hasta la fecha.
Sin esta actitud de nuestros pescadores hoy el derecho internacional del mar habría recibido un duro revés, que habría sentado, a la vez, un g para todas las flotas que faenan en aguas internacionales. No sólo España, sino todos los países, y especialmente los de la Unión Europea, deberían estarles agradecidos.
Pero el conflicto sigue vivo y cambiante de hora en hora.
Dentro de una semana y media, cuando corresponda tratar la moción, tal vez ya se habrá producido un desenlace de la negociación que deseamos favorable a nuestros intereses; pero, mientras tanto, cualquier acuerdo a que se llegue en las conservaciones bilaterales Canadá-Unión Europea, o en el seno de la NAFO, se debe tener en cuenta, en sintonía con lo anunciado por el señor Ministro, la derogación de la ley de Canadá contraria al derecho internacional, que ha sido utilizada para interferir a nuestra flota más allá de las 200 millas; la no reserva de zonas exclusivas de pesca en aguas internacionales por ningún país; se debe anular el proceso abierto al «Estai» y reparar por parte de Canadá las pérdidas económicas y de material del «Estai» y de las demás embarcaciones a la que se les ha obstruido su actividad. Tal como se ha aprobado hoy en la Comisión, se debe defender para España una cuota mínima de fletán negro de 18.300 toneladas.
Se debe establecer en el seno de la NAFO un reparto por países pes-queros miembros del sistema de voto, po fuera posible, con el del potencial pesquero de cada país. Por último, si no se llegara a ningún acuerdo satisfactorio, al tratarse de un asunto vital para el país, en el caso de no alcanzar una mayoría de bloqueo, ejercer en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea con firmeza el derecho de veto.
Esperamos que esto no sea necesario, pero, en todo caso, el Gobierno tiene nuestro apoyo para seguir defendiendo con firmeza, como lo ha hecho hasta ahora, los intereses españoles.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al Grupo Parlamentario Popular le parece muy oportuna la presentación de esta interpelación por parte de Izquierda Unida.
Yo quiero decirle, señor Ministro, que comparto plenamente lo que usted acaba de expresar aquí esta tarde y tiene todo el respaldo del Grupo P Popular para plantear exactamente en esos términos la negociación que se producirá en el término del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que se celebrará mañana, día 6 de abril.
Yo creo, señor Ministro, que lo que hay que analizar es, por un lado, las declaraciones de buenas intenciones y el respaldo que esta Cámara le está dando al Gobierno (por cierto, hay que recordar que esta mañana se aprobaba en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que recibió el apoyo de todos los grupos de la Cámara, por lo que nos felicitamos), pero hay que recordar, señor Ministro, qué es lo que ha pasado hasta el momento.
Decía usted que, de no haberse abonado los 47 millones de pesetas por parte del armador para la liberación del «Estai», ustedes disponían de d para saber que se hubiera producido probablemente en fechas inmediatas aquella liberación.
Situado el conflicto desde el mes de septiembre, donde no se objeta el TAC por parte de la Unión Europea, habría que preguntarle al Gobierno qué contactos bilaterales mantuvo el Ministerio de Asuntos Exteriores con las partes que integran NAFO (Estonia, Lituania, Cuba, etcétera), para tratar de hacerles ver que el reparto del TAC debería ser el que España querría; preguntado aquéllo y objetado del TAC en el mes de febrero, no es menos cierto, señor Ministro, que ustedes tienen conocimiento desde el mes de enero de que se están produciendo agresiones por parte de guardacostas canadienses a la flota pesquera española.


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El Gobierno español tiene alguna responsabilidad cuando el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en una pregunta formulada al efecto de la Comisión correspondiente, decía que en la Convención de Naciones Unidas del año 1982 sobre derechos del mar, se establece la jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón sobre sus buques en alta mar --según el artículo 92--,así como sobre las personas --en el artículo 117-- que se encuentran a bordo de los mismos. Esto estaba reconocido, porque, efectivamente, es de suyo reconocerl debería de haberse anticipado a esa situación, no sólo porque el sector lo demandaba, no sólo porque el Gobierno tenía conocimiento de ello, sino porque realmente existía el peligro de que pasase lo que lamentablemente pasó. Por tanto, ha habido una cierta negligencia por parte de este Gobierno de no haber tomado las iniciativas que ahora se está viendo y se está demostrando que efectivamente son productivas para lo que son nuestro intereses pesqueros en aguas de NAFO. Por cierto, hay que felicitar a la dotación y a todos los buques de la Armada que están en aquella zona, que están siendo hostigados por patrulleros canadienses. Hoy mismo leíamos las declaraciones del Comandante del patrullero «Vigía» diciendo que mientras acudían a defender a un patrullero nuestro estaban bordeados por otros cuatro barcos guardacostas patrulleros canadienses.
En ese estado de cosas, desde que el día 9 se apresa al «Estai» hasta que el día 29 el Gobierno toma las primeras medidas pasan 20 días. Por tanto, yo tengo mis dudas de que el Gobierno tuviera alguna perspectiva de que efectivamente se iba a liberar el «Estai». Yo realmente, sin conocer en qué se basa el Gobierno, creo que, de no haberlo pagado, a estas alturas continuaría en San Juan de Terranova el «Estai».
Quiero recordarle, señor Ministro, aquellas medidas que anunciaba el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en al Comisión del 15 de marzo, diciendo que «preparamos un "dossier"'"' sobre medidas de retorsión contra Canadá». Voy a leer lo que dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua con respecto a la retorsión: «Acción y efecto de retorcer». No creo que fuera esto lo que deseaba el señor Ministro de Agricultura, a pesar de sus desafortunadas declaraciones con respecto al Ministro Tobin, con quien tarde o temprano tendrá que realizar algún tipo de negociación y lo único que hacen es hacer ver la impotencia del Gobierno al no hacérsele caso ante los foros internacionales. La segunda acepción del diccionario sobre retorsión es: «acción de devolver o inferir a uno el mismo daño o agravio que de él se ha recibido».
Pues bien, si la respuesta del Gobierno español con estas medidas de retorsión es la denuncia ante el Tribunal de La Haya y a las 24 horas la renuncia expresa de nuestro Gobierno al procedimiento de urgencia, sin que esto obligue absolutamente para nada a Canadá; si las medidas de retorsión son la del visado de los pasaportes de los canadienses que visiten España, después del Convenio de Schengen, pudiendo entrar aquí por cualquier otro país, y lo único que conseguimos es hacer más difícil la entrada de los canadienses que vienen seguramente a gastarse sus divisas en España; si esas son las medidas de retorsión que tenía previstas adoptar el Gobierno español, son unas medidas bien pobres después de los anuncios que se vienen realizando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores o desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Dicho todo esto, señor Ministro, la situación actual es preocupante, no sólo por las noticias que nos llegan del sector y por las noticias que llegan de Bruselas, sino por las declaraciones que realizan el Ministro Solana y el Ministro Atienza. Esa es la única preocupación que existe.
Porque si, por un lado, el Ministro Solana declaraba que no iban a negociar ningún tipo de cuota, sino que lo único que se iba a hacer era restablecer la normalidad y la legalidad en aguas internacionales; si el Ministro Atienza declaraba que no permitiríamos la reducción de una sola tonelada en la cuota de las 18.630 toneladas de cuota autónoma, y hoy se producen unas declaraciones --ya está preparada la escapatoria por algún sitio-- diciendo: Ante todo, España no podrá ceder en los principios Internacionales, con las que estamos de acuerdo, todo eso lleva aparejado el restablecimiento de lo que es la devoluci pesca confiscada, reparar los daños que se han producido, pagar el daño emergente y el lucro cesante y restablecer el derecho internacional. De acuerdo. Pero también va incluido el restablecimiento de esos derechos internacionales por parte de un país ribereño como es Canadá, ribereño hasta las 200 millas de la zona económica exclusiva, que en el año 1977 tomaron los países ribereños, pero ni una milla más. Doscientas millas, sí, y ahí dentro, lo que ustedes quieran. Por cierto, han esquilmado sus caladeros durante estos últimos años y han llevado a la ruina a 40.000 pescadores --los canadienses, no nosotros--, no por estar pescando en aguas internacionales. Nos parece muy bien el Derecho internacional, pero las 200 millas de Canadá terminan ahí. Ni una milla más. España lo único que está haciendo es pescar legalmente y, de acuerdo a estos principios internacionales, fuera de esas 200 millas en una pesquería que nosotros hemos descubierto.
Termino, señor Ministro, diciéndole que el Grupo parlamentario Popular desde luego, y creo que esta Cámara también, ha dado muestras de que re Gobierno en todas las medidas que vaya a realizar tendentes a la solución del conflicto, pero no vamos a admitir que, una vez más, España ceda cuota pesquera en aguas internacionales. Porque ese dato que usted acaba

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de dar de 1.400.000 o de 1.360.000 toneladas de pesca actuales iguales que las de hace años es un dato lamentable, señor Ministro, con reducción de flota, con reducción pesquera y, lamentablemente, muchos años después pescando lo mismo.
Por tanto, señor Ministro, el Grupo parlamentario Popular, que apoya lo que haga el Gobierno, y desde luego va a denunciar públicamente lo que que se está haciendo mal, cree que la solución del conflicto pasa por los siguientes aspectos: el primero de ellos, el restablecimiento del Derecho internacinal del Mar en aguas internacionales y el mantenimiento de la cuota en las 18.630 toneladas, de la cuota autónoma que ha fijado la Unión Europea, y, por supuesto, que ese derecho de veto que ha ejercido el gobierno español, que debe necesitar de una mayoría cualificada para que lo ratifique la Unión Europea, ese acuerdo se traslade al Consejo de NAFO, que es, en definitiva, el que tiene auténticas competencias a la hora de fijar el TAC que se pueda pescar en aquellas aguas internacionales.
Recuerdo, por cierto, que de 60.000 toneladas, no de 40.000, señor Andreu, hemos rebajado a 3.000 las depesca española. De 60.000 toneladas, con un informe del Consejo Científico que no dice, en modo alguno, que no se puedan pescar, hemos pasado a 27.000, y España, de 40.000 que pescaba, a 3.600. Creo que es un acuerdo intolerable. Pero el sitio en el que ha de debatirse y en el foro en el que debe quedar perfectamente claro es en el foro de NAFO, que es el foro en el que le pedimos al Gobierno que inste a la Unión Europea para que se debata el reparto definitivo del TAC que España, descubridor de esta pesquería de fletán negro, tiene todo el derecho para seguir ejerciendo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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