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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 132, de 14/03/1995
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1995 Núm. 132 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 130 celebrada el martes, 14 de marzo de 1995

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ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre entregas vigiladas de dinero. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 100.1, de 1 de enero de 1995 (número de expediente 122/000081) (Página 7019) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre protección social, económica y jurídica de la pareja. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 82.1, de 12 de septiembre de 1994 (número de expediente 122/000064) (Página 7024)

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Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga), sobre el respeto de los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas políticos del Estado español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 51, de 8 de febrero de 1994 (número de expediente 162/000073) (Página 7031) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas complementarias para revitalizar la construcción naval. «Boletín Oficia de febrero de 1995 (número de expediente 162/000169) (Página 7036)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política educativa del Gobierno para las enseñanzas medias en general, y, en concreto, respecto de las modificaciones del Real Decreto con las que el Gobierno regulará las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios (número de expediente 173/000072) (Página 7044) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general que adoptará el Gobierno, con carácter de urgencia, contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios de las producciones españolas (número de expediente 173/000073) (Página 7049)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 133, de 15 de marzo de 1995.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 7019)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre entregas vigiladas de dinero (Página 7019)

El señor Robles Orozco defiende la proposición de ley del Grupo Popular, manifestando que el contenido de la misma se explica prácticamente por la redacción de su texto y porque se trata exclusivamente de la ampliación de una modificación que ya se aprobó en esta Cámara ante la misma posibilidad de efectuar entregas vigiladas de drogas. Señala que la experiencia de aquella modificación parcial fue positiva y precisamente el haber observado en la práctica diaria las lagunas que se han producido al dejar incompleta la reforma es lo que ha motivado al Grupo Popular a presentar la iniciativa que ahora defiende. Añade que es una iniciativa que viene a poner al ordenamiento jurídicoä español con el mismo nivel de competencias y con las mismas posibilidades y mecanismos modernizados que tienen los países de nuestro entorno, que se enfrentan con mayor éxito a la lucha contra el narcotráfico.
La proposición de ley tiene por finalidad facilitar y posibilitar las entregas vigiladas de dinero y trata, al mismo tiempo, de modernizar, agilizar y completar la legislación española. Son dos posibilidades que se contemplan en la Convención de Viena y en el Convenio de Schengen y que, por tanto, España tiene la posibilidad de introducir en su ordenamiento jurídico. Afirma que la sociedad demanda que se dote de los instrumentos adecuado a los Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces y fiscales y, dado que la mayoría de los grupos de la Cámara están de acuerdo con el planteamiento, lo que desean es que no se demore por más tiempo este tema y que entre todos sean capaces de crear un instrumento que seguramente va a ser extraordinariamente positivo para luchar contra las drogas, permitiendo realizar una investigación más eficaz y más completa.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cardona i Villa, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo de Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya; y Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley por 123 votos a favor, 140 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre protección social, económica y jurídica de la pareja (Página 7024)

La señora Urán González defiende la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza expresando su condena más enérgica por el asesinato, una vez más, de mujeres en Argelia a manos de integristas islámicos.
Desea, al mismo tiempo, apoyar la lucha que las mujeres argelinas están manteniendo en defensa de sus derechos, que en estos momentos se reducen prácticamente al derecho a seguir viviendo.
Expone seguidamente que el artículo 39 de la Constitución española establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la prote económica y jurídica de la familia. A través de la proposición de ley lo que pretenden es eliminar, con las modificaciones al articulado del Código Civil, a una parte del articulado del Código Penal y a los textos de la Seguridad Social e Impuesto sobre la Renta, la discriminación que en estos momentos padecen las parejas de hecho y las parejas homosexuales de hecho. Menciona también la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 16.3 y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, que contienen el mandato de protección legal a la familia, que no siempre se constituye a través del matrimonio. Considera preciso, por consiguiente, modificar, ampliando su sentido, las normas que en los diversos ámbitos del Derecho contemplan las relaciones familiares. Reconoce que ya se han producido modificaciones en la legislación española que van amparando estos derechos, pero considera preciso que sean capaces de arbitrar los mecanismos adecuados en la legislación para eliminar todo lo que suponga discriminación hacia la pareja.
Alude asimismo a la Resolución adoptada el 8 de febrero de 1994 por el Pleno del Parlamento Europeo sobre igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea considerando que es el momento político oportuno y adecuado para concluir con una discriminación legal que no debería existir.En turno en contr interviene el señor Michavila Núñez. Comienza mostrando su satisfacción porque en esta Cámara se debatan temas que realmente interesan a la sociedad española y a la opinión pública, siendo bueno que la legislación busque fórmulas correctas, coherentes, razonables y adecuadas a problemas que indudablemente se dan hoy en nuestra sociedad. Reconoce que, junto a la materia legal, en nuestra vida social aparecen fórmulas de convivencia distintas del matrimonio que van encontrando alguna acogida y respuesta, bien sea de carácter jurisprudencial, bien sea mediante acuerdos, incluso de rango legislativo y aprobados por esta Cámara.
Aclarado lo anterior, en el sentido y decidido propósito del Partido Popular de luchar contra cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual, el Grupo Popular considera que la iniciativa que ahora debaten no puede merecer el voto afirmativo de esta Cámara. El proyecto de normas que se presentan les parecen sociológicamente de todo punto insuficientes y económicamente insolidarias, jurídicamente incompletas y técnicamente muy deficientes.
Agrega que su Grupo considera que, aun siendo necesario aprobar normas que sienten una cierta homogeneidad en las disposiciones jurisprudenciales y normativas que incidan en las parejas de hecho, éste no es precisamente el mejor favor que se puede hacer a esos ciudadanos para resolver ese conjunto de problemas. Su Grupo prefiere, en consecuencia, esperar a que el Gobierno cumpla con urgencia un mandato que le hizo esta Cámara el 29 de noviembre de 1994, en cuyo debate el Grupo Popular manifestó su deseo de que se proceda a esa regulación. Esperan, pues, una mejor oportunidad para regular esta cuestión, anunciando en este momento su voto negativo a la toma en consideración de la proposición de ley.
Replica la señora Urán González.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco; Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Valls García, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la proposición de ley por 14 votos a favor, 280 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de ley (Página 7031)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga), sobre el respeto de los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas políticas del Estado español (Página 7031)

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El señor Idígoras Guerrikabeitia, del Grupo Mixto, defiende la proposición no de ley presentada, solicitando que esta Cámara inste al Gobierno para que se respeten los derechos de los presos políticosdel Estado español. Afirma que cada vez con más intensidad y desde diferentes instancias y colectivos sociales se viene denunciando la angustiosasituación en la que en estos momentos se encu iniciar una huelga de hambre con el único objetivode defender los derechos que por ley les corresponden. Señala que a los presos políticos les como a todo ser humano, unos fundamentales derechos, como constantemente vienen diciendo el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, agregando que, en estos momentos, estos presos superan la cifra de 600 en las diferentes cárceles del Estado español, negándoseles sistemáticamente su derecho a la información, a la par que se graban las conversaciones más íntimas de manera ilegal y no se respeta su derecho a la intimidad, encontrándose en unas condiciones penosas, a cientos de kilómetros de sus lugares de origen y sin que se resuelvan las solicitudes de libertad condicional, todo lo cual considera ilegal. Agrega que el Gobierno está empeñado en conseguir que los presos políticos renuncien a sus ideas, con un resultado insignificante después de muchos años, siendo hora de que se replantee el que tanto violentar la legalidad únicamente acarrea sufrimiento sin sentido para los presos y sus familiares.
Concluye exponiendo el deseo de que estos presos vuelvan a sus lugares de origen y que se respeten sus derechos, así como la legalidad vigente, afirmando que a un conflicto político le corresponden soluciones políticas, debiendo apartarse todas las tentaciones represivas y toda persecución contra estos presos, que en estos momentos no pueden defenderse.
El señor Anasagasti Olabeaga defiende la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Peralta Ortega, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Azpiro Solano, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley por dos votos a favor, 294 en contra y tres abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas complementarias para revitalizar la construcción naval (Página 7036)

El señor Fernández de Mesa Díaz del Río defiende la proposición no de ley del Grupo Popular. Exponeque, una vez más, plantea una iniciativa tendente a que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a tomar una serie de medidas para revitalizar la construcción naval y la contratación, por parte de los astilleros españoles, de nuevas construcciones de buques. Al mismo tiempo, plantea algo semejante para las empresas navieras españolas y para el sector de la marina mercante, que está atravesando por uno de los peores momentos de su historia, señalando que la proposición no de ley podría resumirse en la creación de un fondo de garantía que cubra el tramo de la hipoteca que hoy en día no cubre la banca oficial, tanto para la construcción naval como para los armadores de los buques. Manifiesta que las cifras de contratación del año pasado, de 160.000 toneladas de registro bruto, están muy por debajo de lo que debería de haber conseguido de acuerdo con la capacidad de los astilleros, cifrada en 400.000 toneladas de registro bruto.
Añade que en un momento en el que esta actividad ha crecido en el mundo España sólo ha conseguido el 1,3 por ciento del total de la cont mundial, lo que es extraordinariamente bajo. Como razón fundamental de este desfase alude a la falta de operatividad del marco legislativo actual, en su aspecto de financiación y garantías en comparación con nuestros competidores.
Alude finalmente al contenido concreto de la proposición no de ley, para lo que pide el voto favorable de la Cámara por considerar que ha llegado el momento de que se tengan en cuenta iniciativas del tipo de la presente.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Andreu Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cuevas Delgado, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); y Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Soc las modificaciones introducidas en el curso del debate, es aprobada por 296 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 7044)

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Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política educativa del Gobierno para las enseñanzas medias en general y, en concreto, respecto de las modificaciones del Real Decreto con las que el Gobierno regulará las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios (Página 7044)

El señor González Blázquez defiende la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Afirma que su Grupo Parlamentario prefiere, ante todo, solucionar los conflictos, si puede incluso antes de que se produzcan, para evitar males mayores, y en este sentido no esperan a que se publique la correspondiente norma en el «Boletín Oficial del Estado» para exponer su postura y procurar evitar que se produzcan los problemas. En el pasado debate se les dijo también que se ocupaban sólo de los derechos y no de los deberes, aclarando que en el proyecto del Gobierno los derechos son muy pocos y limitados mientras que los deberes son demasiados.
Agrega que la moción que ahora defiende cree que es aceptable y puede dar lugar a acabar con unas movilizaciones innecesarias e inoportunas, pidiendo al Ministerio de Educación y Ciencia que acelere el proceso de negociación a partir de las promesas efectuadas a las organizaciones estudiantiles en los últimos días y ratificadas en esta misma tribuna, promesas que Izquierda Unida califica como un paso adelante, aunque no suficiente. Anticipa que, en todo caso, su Grupo aceptará el resultado de la negociación, si se produce, entre las dos partes más implicadas.
Concluye señalando que han procurado que la moción que ahora defiende pueda ser aceptada por todos y espera que el Gobierno no tenga ningún problema para ello.
La señora Cremades Griñán defiende la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Nieto González, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 14 votos a favor, 152 en contra y 130 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general que adoptará el Gobierno, con carácter de urgencia, para conseguir que la reforma de la Organización Común de Mercados (OCM), del sector hortofrutícola, a aprobar por la Unión Europea, entre otros, contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios de las producciones españolas (Página 7049)

El señor Pascual Monzó defiende la moción del Grupo Popular, manifestando que la misma es un tanto extensa, pero la pro hortalizas también es extensa por su cantidad y diversidad. En la moción han pretendido recoger prácticamente todos los aspectos que afectan al sector, aunque bien es verdad que sin profundizar demasiado en ello al considerar que la moción sirve simplemente como planteamiento básico, como orientación, de cara al debate que se va a producir en Bruselas ante la proximidad de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Añade que en el documento básico pretenden que se fije la postura española para empezar a trabajar. Se trata de una moción respecto de la cual pretenden llegar a un acuerdo en la Cámara en relación con el sector hortofrutícola español.
Termina el señor Pascual Monzó exponiendo el contenido de los puntos que integran la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria y la señora Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Tubert i Alsina, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción del Grupo Popular, con las modificaciones introducidas en el curso del debate, es aprobada por 280 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ENTREGAS VIGILADAS DE DINERO (ORGANICA) (Número de expediente 122/000081)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto primero del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley.


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Proposición del Grupo Popular sobre entregas vigiladas de dinero Por el Grupo proponente, tiene la palabra el señor Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser extremadamente breve en mi exposición porque la explicación de la proposición de ley que nosotros presentamos hoy viene dada prácticamente por la propia redacción del texto y porque es exclusivamente la ampliación de una modificación que ya se introdujo en esta Cámara con motivo precisamente de la posibilidad de efectuar entregas vigiladas de droga.
La experiencia de esta modificación parcial, que se llevó a cabo como una experiencia positiva, y el haber observado en la práctica diaria las lagunas que se han producido al dejar incompleta esta reforma, es precisamente lo que ha motivado al Grupo Popular a presentar esta iniciativa; una iniciativa que, por otra parte, viene a poner al ordenamiento jurídico español con el mismo nivel de competencias y con las mismas posibilidades y mecanismos modernizados que tienen los países de nuestro entorno, los países que se enfrentan con mayor éxito a la lucha contra el narcotráfico.
Esta proposición de ley tiene por finalidad, como les he dicho, facilitar y posibilitar las entregas vigiladas de capital, las entregas vigiladas de dinero, y trata, al mismo tiempo, de modernizar, agilizar y completar la legislación española; son dos posibilidades que se contemplan en la Convención de Viena y en el Convenio de Schengen y que, por tanto, España tiene la posibilidad de introducir en su ordenamiento jurídico.
Nosotros presentamos esta iniciativa, señorías, en el contexto de una moción que se debatió en esta Cámara en noviembre del año pasado. Esta moción, que tuvo la valoración positiva, en su expresión verbal, de parte de la mayoría de los grupos, no tuvo su aceptación en aquel momento argumentando precisamente que era mejor posponer el debate para un mayor análisis de estos temas en la Comisión mixta del estudio sobre la droga.
Hemos tenido la sesión de la Comisión mixta, ha comparecido el Secretario de Estado, hemos vuelto a conocer la posición favorable ya expresada de los grupos en estos aspectos y, una vez superado el trámite de esa comparecencia en la Comisión mixta, hemos querido aportar a esta Cámara la posibilidad de iniciar este trámite parlamentario para que no se demore un instrumento en que todos hemos estado de acuerdo en expresar que es un instrumento válido para enfrentar eficazmente la lucha contra el narcotráfico.
Al margen de protagonismos parlamentarios, queremos dar ocasión a esta Cámara de iniciar este trámite, porque es lo que nos está demandando, la sociedad, son los instrumentos que nos están demandando los cuerpos de Seguridad del Estado y los fiscales y jueces en este país. Porque no hay ningún motivo, puesto que se ha expresado el acuerdo de la mayoría de los grupos y puesto que hay una demanda también de la sociedad, es por lo que deseamos que no se demore ni un minuto más este tema y entre todos seamos capaces de crear este instrumento que seguramente va a ser de extraordinaria eficacia, como he dicho anteriormente.
Esta es la continuación de la moción que presentamos en el mes de noviembre y que trata de contemplar todo el entramado jurídico para luchar contra las drogas. Ya se procedió en su momento a promulgar una ley para luchar contra el blanqueo de capitales que era fundamentalmente una ley que contemplaba aspectos administrativos. Por lo tanto, hoy tenemos que completarla con aspectos procedimentales que faciliten la investigación y que la hagan más eficaz. De eso se trata: de hacer una investigación más eficaz y más completa.
La Ley del blanqueo de capitales, que debe ser un instrumento legal --aprovecho para decirlo, señorías--, está incompleta, porque falta todaví el reglamento que prevé la ley y sin el cual no digamos que es un papel mojado, pero, en todo caso, es una ley claramente incompleta.
El fenómeno del narcotráfico en nuestro país, como saben ustedes, es de una extraordinaria gravedad. España ocupa el primer puesto en decomisos de hachís, de cocaína; es el quinto país en decomisos de heroína y el volumen de tráfico de capitales que se estipula que España mueve en cuanto al blanqueo es de, aproximadamente, 540.000 millones de pesetas.
Yo creo que el gran volumen de negocio que supone para los narcotraficantes, la gravedad del problema social que supone para nuestro país, insisto, no nos debería dejar perder ni un minuto más en hacer posible estas modificaciones. Este tipo de modificaciones que presentamos a la ley lógicamente deben estar sujetas a unos determinados principios, que serían, fundamentalmente, que la autorización sólo puede concederse caso por caso, quedando, en consecuencia, determinadas autorizaciones sin carácter genérico; que sólo podrán ser autorizadas cuando sean necesarias para los fines de la investigación, lo que quiere decir que, sin su utilización, sea poco probable o muy difícil descubrir a los miembros de la organización y tener pruebas materiales para demostrar los hechos y la relevancia del delito, lo que significa que sólo se podrá autorizar cuando se trata de un hecho grave organizado.
Como ven ustedes, está contemplada esta reforma con las garantías suficientes en los mismos términos, por cierto, que se hizo en su momento la entrega vigilada de droga.
Yo creo que es innecesario, señorías, extenderme más en la explicación. Es una urgencia y demanda social; es una demanda de los Cuerpos de Seguridad y de las

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organizaciones no gubernamentales. Hemos expresado entre todos la voluntad de proceder a ese tipo de reformas. Estamos poniendo sobre la mesa --valga el ejemplo--, en esta Cámara, la posibilidad de iniciar el trámite parlamentario. Yo creo que la opinión pública, las organizaciones no gubernamentales, los jueces, los cuerpos de Seguridad, los que también son víctimas de este terrible problema de la droga y la grave situación que produce este volumen de negocio tan importante no entenderían de artilugios parlamentarios, de estratagemas de oportunidad política, de estrategias de grupos parlamentarios, sino que lo que nos piden es que no perdamos ni un solo minuto más porque cada minuto que nosotros perdemos lo ganan los narcotraficantes, por lo cual señorías, les pido que tomen en consideración esta proposición de ley orgánica para que iniciemos la posibilidad de esta reforma parcial, en la que estoy seguro que, si algo hay que modificar en el trámite parlamentario, todos llegaremos a acuerdos.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, vamos a fijar la posición de nuestro Grupo, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en relación a la toma en consi la proposición de Ley sobre entregas vigiladas de dinero, presentada por el Grupo parlamentario Popular y en la que se propone la modificación del artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Hemos de decir que participamos de la idea, de los fundamentos con los que se presenta la proposición, destacando dos innovaciones: por un lado todo lo referente a las entregas vigiladas de dinero, dinero procedente, por otra parte, de actividades relacionadas con el narcotráfico, como se contempla en punto 1, y, por otro, la finalidad que se añade en el punto 2, en el sentido de descubrir cualquier acto que represente blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades delictivas.
Por muchos y diversos motivos podríamos justificar nuestra posición concordante, esperamos, con otros grupos de la Cámara, pero por encima de todo, porque entendemos que en la lucha contra el narcotráfico el Estado de Derecho tiene una posición desigual frente a las poderosas mafias organizadas que intervienen en su distribución.
El artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se introdujo a finales del año 1992, contempla la entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como otras sustancias prohibidas. Añadir ahora a dicho artículo la entrega vigilada de dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico no sólo parece lógico y coherente, sino que también es convenien las exigencias y situación actual del tráfico de drogas.
Hay que luchar con todas las bazas, con todas las armas que nos pueda dar el Estado de Derecho frente a esas poderosas organizaciones mafiosas.
Nos parece también adecuado añadir a las finalidades que tienen estas entregas vigiladas, tanto de dinero como de drogas y sustancias, la iden personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas y sustancias, tal y como se contempla ahora en el artículo 263 bis, así como el delito de blanqueo de capitales procedentes de dichas actividades delictivas. Hoy en día entendemos imprescindible su detección para una eficaz y eficiente lucha contra el narcotráfico. En consecuencia, tenemos que estar de acuerdo con el objetivo fundamental de fondo que pretende la proposición de ley.
Por otra parte, el Ministro de Justicia e Interior adelantó en esta tribuna, con ocasión de la interpelación urgente que el mismo Grupo presentó el 26 de octubre de 1994, los criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas.
Ahora bien, el Gobierno tiene previsto presentar un nuevo proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal de manera inminente. Por lo tanto, parece lógico que la modificación del artículo 263 bis de dicha Ley se haga con el conjunto de las modificaciones que se propugnan. Por una simple cuestión de lógica procedimental: no parece éste el momento más oportuno y adecuado para tratar ahora sólo la modificación del mencionado artículo 263 bis que se nos propone.
En consecuencia, y aun participando de la idea, de los fundamentos que ha presentado el Grupo proponente, nuestro Grupo, por lo expuesto, no va a apoyar esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo coincide con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) en que esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es oportuna y necesaria. La verdad es que se podrían suscribir todos los argumentos expuestos por el portavoz de Convergència i Unió.
Nosotros entendemos que la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo de dinero proveniente de

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estas actividades ilícitas debe llevarse a cabo con las máximas facilidades investigadoras, que es precisamente lo que se intentó en su momento con la modificación del artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo que se intenta hacer ahora con esta proposición de ley, cuyo contenido compartimos.
Es decir, se trata de que el Juez de Instrucción pueda autorizar no solamente la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que ya está vigente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que, además pueda autorizar entregas vigiladas de dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Esto es, que se trata, tanto en el párrafo primero como en el segundo, de que la entrega vigilada por el juez de instrucción se extienda a lo que técnicamente se han llamado los precursores; es decir, aquellos elementos previos a la comisión del délito o, como en el caso del blanqueo de dinero, posteriores a la comisión del delito, que también hay que perseguirlos. La lucha contra el narcotráfico no sólo se realiza a través del combate una vez producido el delito, sino de la investigación de aquellos precursores o elementos que van a llevar a la comisión del delito; es el caso del dinero y también de sustancias químicas que, mediante procedimientos de síntesis, pueden llegar a producir drogas.
Nos parece que la proposición de ley completa muy adecuadamente una laguna que existe en este artículo 263 y que en consecuencia, es absolutamente asumible y compartible. Por tanto, repito, compartimos los argumentos expresados por el Grupo precedente. Sin embargo, no compartimos con el Grupo precedente el que d es oportuna la modificación en este momento porque se supone que el Gobierno va a enviar un proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal; no compartimos esto porque hay muchísimos propósitos del Gobierno, incluso compromisos de enviar proyectos de ley que no se han cumplido y que no se sabe si se cumplirán, aunquesería deseable que así fuese. Recientemente hemos aprobado en esta Cámara una modificación del proyecto de Ley del Jurado en el sentido de que haya una reforma muy amplia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y, por tanto, es deseable que esto se haga, pero hasta tanto, no tiene sentido que la Cámara se autolimite sus competencias y que algunos proyectos de Ley, en este caso proposiciones de ley, que son procedentes, oportunos, necesarios, como ha señalado el portavoz de Convergència i Unió, no se tramiten por el hecho de que está previsto que venga la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, hay otra razón: que, aun cuando viniera ese proyecto de ley --que no está en la Cámara; otra sería nuestra posición si el proyecto de ley estuviera en la Cámara--, un proyecto de ley tiene una tramitación mucho más dilatada que la que puede tener esta sencilla proposición de ley, que, la verdad, puede solventarse en muy poco tiempo y, de cara a la lucha contra el narcotráfico, consideramos que es extremadamente útil.
Por eso nosotros vamos a apoyar esta toma en consideración.
Nuestra posición, en principio, suele ser favorable a la toma en consideración de ley si su contenido es aceptable; hasta ahora, las intervenciones de otros grupos nos han convencido de que es así, de que el contenido de la proposición de ley es aceptable, y nos parece que este momento es bueno para tramitar esta proposición de ley, por lo que nosotros vamos a votar a favor de su toma en consideración, ya que, repito, nos parece oportuna, nos parece que esta reforma del artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está bien planteada.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, también con brevedad, en este trámite en relación con la proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 263 bis, intentando ampliar lo que ha sido la reforma de 1992, en virtud de la cual se facultó al Juez y no sólo al Juez, sino también a la Policía Judicial a la fórmula conocida como «la entrega controlada de drogas», y, por tanto, un instrumento posible de investigación de hechos relacionados con el narcotráfico y con el blanqueo de capitales para que pudieran ser más eficaces en esa labor y en esa tarea. (Rumores.) Hoy el Grupo Popular nos presenta una ampliación que en su momento, cuando incluso se produjo la reforma en su día del 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se puso en cuestión por algún grupo --quiero recordar que fue algún grupo nacionalista-- que invocó la posibilidad de ampliar la entrega vigilada de dinero o de capitales (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez Zapatero.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Continúe, por favor.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Posteriormente, yo creo que hemos tenido oportunidad en esta Cámara, en muchos debates y en varios instrumentos normativos, algunos de los cuales está en estos momentos en la propia Cámara, de abordar, creo que en profundidad, creo que con rigor y creo que, a pesar de algún momento de mayor dificultad, con un consenso bastante

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amplio, lo que es en la actualidad un ordenamiento, un conjunto de instrumentos legislativos bastante eficaz contra el narcotráfico y, especialmente, contra el blanqueo de dinero, fundamentalmente como consecuencia de la Ley que establece todo un sistema de controles y de garantías, de una Ley que, por cierto, porque quizá yo creo que ha pasado desapercibido en el conjunto del debate, establece mecanismos suficientes, quizá no globalmente perfectos, pero sí suficientes para abordar alguna cuestión con la que se intenta introducir en la proposición de ley orgánica del Partido Popular, con la que, quiero dejar dicho de antemano, el Grupo Socialista no está en desacuerdo; que quizá exigiría --como toda proposición de ley que intenta en este caso abordar una regulación que tiene una transcendencia jurídica en el orden del proceso penal--, que seguramente exigiría, digo, una mayor reflexión desde el punto de vista técnico-jurídico.
Pero quiero dejar claro, con esa consideración anterior que hacía sobre la situación de nuestro ordenamiento jurídico de los instrumentos lega en la lucha contra el blanqueo de capitales, que nuestro país está en un nivel plenamente equiparable a cualquier otro ordenamiento; incluso cabría recordar que, por ejemplo, el actual 263 bis, que se intenta hoy ampliar en cierta medida, no está recogido en otros ordenamientos europeos y, sin embargo, la práctica de la entrega controlada de droga se produce en esos países al amparo del Convenio de Viena. Conviene recordar esto porque quizá pudiéramos dar la imagen de que estamos en un debate de una sustancialidad excesiva, y yo creo sinceramente que no es así. Está bien la iniciativa. El Ministro en su día anunció un conjunto de medidas de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre ellas la posibilidad de regular la entrega vigilada de dinero, con las garantías jurídicas y técnicas que exige una medida de este alcance.
El Grupo Socialista, creo que coincidiendo con algún otro grupo, entiende que, ratificada la voluntad política por el Gobierno --que también es un compromiso del Grupo Socialista de que esa voluntad se haga efectiva--; convencidos de que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en lo que pueda afectar a los medios de investigación en manos de los jueces y de la policía judicial para una mayor eficacia en la lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo de capitales, los pasos que ya se han dado y entendemos que han sido muy importantes; convencidos también de que en su momento --espero que sea muy pronto-- este proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afecta a varias cuestiones --el Grupo Popular sabe perfectamente cuáles son--, va a gozar seguramente de un amplio consenso y de la posibilidad de que políticamente y desde la perspectiva de una racionalidad legislativa, de una adecuación técnica y de una ordenaciónä normativa conforme a lo que debe ser un proyecto integral, donde cerremos para mucho tiempo el perfeccionamiento de los instrumentos de inv --creo que los penales están básicamente definidos-- que esta Cámara, que el poder legislativo tiene que poner en manos de los jueces y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el plazo de espera para tener esa perspectiva global, para que trabajemos sobre un texto conjunto, para que podamos, en su caso, intentar que el máximo número de grupos parlamentarios esté de acuerdo en esta dirección, el Grupo Popular creo que lo sabrá comprender perfectamente.
En función de esas razones de política legislativa, de no incrementar las leyes especiales o singulares que van modificando lo que, en definitiva, pueda ser visto --la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es mas que el código del procedimento penal español, con la importancia que ello tiene- - en esa perspecitiva de conjunto, por esas razones, repito, y no por razones de fondo, aunque técnicamente en su día discutiremos algunos matices que se introducen en esta proposición --veremos cómo llega el texto del Gobierno--, es por lo que el Grupo Socialista no va a aprobar dicha proposición de ley orgánica. Lo hacemos, insisto y reitero, convencidos de que el compromiso del Gobierno será efectivo, que estamos hablando en todo caso, si esta proposición tiene esa bondad y perfecciona instrumentos de investigación, de dos o tres meses de retraso cuando más, que creo que ciertamente no afecta nada a las previsiones de la ley del blanqueo, para una lucha eficaz contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
En atención a ese conjunto de razones, y teniendo en cuenta la reiteración de los compromisos políticos, el Grupo Socialista no va a apoyar esta proposición de ley y transmite al Grupo Popular que la contribución que hoy supone esta proposición se reproduzca, en este y en otros temas, cuando tengamos el paquete global, la perspectiva general de la modificación de todos aquellos instrumentos de investigación para la lucha contra el narcotráfico.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre entregas vigiladas de dinero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 123; en contra, 140; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


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--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE PROTECCION SOCIAL, ECONOMICA Y JURIDICA DE LA PAREJA (Número de expediente 122/000064)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre protección social, económica y jurídica de la pareja.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y con el permiso del señor Presidente, quiero empezar mi intervención expresando la condena más enérgica por el asesinato, una vez más, de mujeres en Argelia a manos de integristas islámicos. Al mismo tiempo, desde esta tribuna, quiero apoyar la lucha que las mujeres argelinas están manteniendo en defensa de sus derechos, que en estos momentos prácticamente se reducen al derecho a seguir viviendo.
Después de esto, señorías, vamos a seguir hablando de derechos y de libertades, del derecho a la protección, a la convivencia y a la familia, independientemente del origen y filiación que ésta tenga.
El artículo 39 de la Constitución Española indica la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, pero al mismo tiempo este artículo no hace referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesario una interpretación amplia de lo que debe entenderse por familia, consecuente con la realidad actual y con el resto del articulado constitucional referido a la persona.
Por lo tanto, señorías, nosotros venimos a defender una proposición de ley que lo que pretende es eliminar, con las modificaciones al articulado del Código Civil, a una parte del articulado del Código Penal y a los textos de la Seguridad Social y del Impuesto sobre la Renta, la discriminación que en estos momentos padecen las parejas de hecho y las parejas homosexuales de hecho. Lo avalamos no solamente con nuestra Constitución sino, además, con la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 16.3 y con el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966. Contienen el mandatode protección legal a la familia y que ésta no siempre se constituye a través del matrimonio. Se hace preciso modificar, ampliando su sentido, las normas que en los diversos ámbitos del Derecho contemplan las relaciones familiares. Es cierto que ya se han producido modificaciones legislativas en la legislación española que van amparando precisamente estos derechos, pero es preciso que seamos capaces de arbitrar ya el mecanismo y la legislación adecuada para eliminar todo aquello que suponga discriminación hacia las parejas. Por lo tanto, también nos hacemos eco de la Resolución adoptada el 8 de febrero de 1994 por el Pleno del Parlamento Europeo sobre la igualdad de derechos de los homosexuales y de las lesbianas en la Comunidad Europea, que en una de las recomendaciones que hace a la Comisión Parlamentaria dice textualmente que debe incluirse dentro de los textos legislativos y tratar de poner fin, como mínimo, a la prohibición de contraer matrimonio o de acceder a regímenes jurídicos equivalentes a las parejas de lesbianas o de homosexuales y, que la recomendación deberá garantizar los plenos derechos y beneficios del matrimonio permitiendo la inscripción de la convivencia.
Con todo esto, señorías, en el artículo 1.º de esta proposición de ley nosotros decimos textualmente: «Todas las familias tienen la misma protección social, económica y jurídica así tengan su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan por análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual».
Y en el artículo 2.º decimos: «Principio de no discriminación.
Nadie puede ser discriminado por razón del origen o las características del grupo familiar del que forme parte».
Señorías, entendemos que es necesario y que es el momento adecuado, dada la aceptación social que este tipo de familias tienen hoy en nuestra sociedad, que esta Cámara legisle y modifique la legislación para que las parejas no sufran ningún tipo de discriminación.
Voy a hacer referencia especial a aspectos de este tipo de modificación que estamos planteando que nos parecen importantes.
Nos parece que es imprescindible, sobre todo, que se reconozcan los derechos de esta convivencia --además de mediante otras modificaciones-- principalmente en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a los permisos que se pueden obtener por razón de matrimonio. Proponemos que para obtener este tipo de permisos sea necesario solamente la acreditación de la convivencia durante seis meses.
En la Ley General de Seguridad Social planteamos la modificación en el sentido de que todas las parejas, independientemente de su origen y de su orientación sexual, tengan derecho al auxilio por defunción y a la pensión de viudedad. Recordemos que en el mes de febrero del año pasado una sentencia del Tribunal Supremo negó la pensión de viudedad a una mujer por el hecho de no estar casada legalmente con su compañero. Por tanto, señorías, consideramos que este tipo de discriminaciones deben desaparecer y nosotros lo planteamos así en nuestra proposición.


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Para ello --voy terminando-- necesitamos que existan pr con que sean las admitidas en Derecho o con que se acepte la prueba de los registros que algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, adelantándose a la aprobación en esta Cámara de cualquier ley que les obligara a hacerlo y dando respuesta a la necesidad social, ya han empezado a abrir y que van sencillamente a certificar la convivencia.
Señorías, creo que es el momento político oportuno y adecuado para dar satisfacción a las reivindicaciones de igualdad que vienen demandando no sólo los grupos de homosexuales, sino también las parejas de heterosexuales que vienen padeciendo una discriminación legal que, según nuestro texto constitucional, no debería de existir.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Turno en contra? (Pausa.) Señor Michavila.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para consumir, en nombre del Grupo Popular, un turno en contra de la proposición de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Quiero empezar este turno explicativo del voto contrario del Grupo Popular manifestando, en primer lugar, nuestra satisfacción porque en esta debatan temas que realmente interesan a la sociedad española e interesan a la opinión pública. Este debate ya se ha realizado en otras ocasiones y pensamos que es bueno que el legislador busque fórmulas correctas, coherentes, razonables y adecuadas a problemas que indudablemente se dan hoy en nuestra sociedad.
Efectivamente, junto al matrimonio legal, en nuestra vida social aparecen fórmulas de convivencia distintas del matrimonio que van encontrando algunas acogidas y respuestas bien sean de carácter jurisprudencial o bien sea mediante acuerdos incluso de rango legislativo y aprobados por esta Cámara. Quiero recordar que muy recientemente, en concreto en la Ley de Arrendamientos Urbanos, se contemplaban los efectos respecto de la subrogación para las parejas de hecho.
Sentado esto y sentado asimismo el decidido propósito del Partido Popular de luchar contra cualquier forma de discriminación basada en la orie que pudiera existir en nuestra sociedad, decidido propósito que además se justifica en los propios hechos, y muy singularmente en la enmienda que al proyecto del Código Penal ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, específicamente al artículo 491, solicitandouna agravación de las penas para qu por razones de orientación sexual a los ciudadanos españoles, el Partido Popular considera que la iniciativa parlamentaria presentada hoy por Izquierda Unida no puede merecer el voto afirmativo de esta Cámara. Efectivamente, el proyecto de norma que se nos presenta nos parece, sociológicamente, de todo punto insuficiente, nos parece asimismo económicamente insolidario, nos parece jurídicamente incompleto y, desde luego, nos parece técnicamente muy deficiente.
Sociológicamente nos parece insuficiente puesto que no se atiende a regular la realidad social a la que se hace referencia. Es bueno distinguir que existen dos realidades sociales distintas, la de quienes pudiendo contraer matrimonio, no quieren hacerlo, y la de quienes queriendo hacerlo, no pueden hacerlo por impedimentos de la legislación vigente. El proyecto que se nos presenta une en una misma disposición, sin distinción ninguna, ambas situaciones sociales, enormemente distintas. A su vez, no responde a lo que pretende la exposición de motivos, que dice literalmente: dar plena eficacia al principio de protección de la familia en nuestro ordenamiento jurídico. Si se pretende reformar de pleno nuestro ordenamiento jurídico en lo que se refiere a la familia, no entendemos cómo no se aprovecha la ocasión para mejorar algo que reclama también la gran mayoría de la sociedad española, como son las medidas de protección y apoyo a las familias ya constituidas con arreglo a la normativa vigente. Es bueno recordar que España es el país de la Unión Europea con menor apoyo a las familias constituidas según la legalidad vigente, y es bueno en ese terreno, por tanto, seguir prosperando, seguir aproximándonos a los niveles de calidad que en esta materia existen en la Unión Europea.
Y, finalmente, no es sociológicamente completa, porque se refiere exclusivamente a la regulación de una fracción de esa realidad social, que es la relación entre pareja, y además no con efectos de deberes, sino exclusivamente de derechos, olvidando que hoy la evolución de las formas de familia en nuestro país contempla también en su seno lo que las cargas de nuestros mayores suponen.
Económicamente insolidario porque el texto que se nos presenta, de una parte, sólo contempla derechos y en ningún caso deberes, y muy singularmente porque no se protege en este texto al más débil en esa relación de convivencia. Resulta sorprendente, podemos decir que resulta casi insólito, que se haya procedido a hacer una transcripción exclusivamente de derechos y no se proteja al más débil cuando se pueda romper esa relación de convivencia. Por ejemplo, nada se dice de la referencia de bienes adquiridos durante la vida en común; qué compensación tienen las actividades de trabajo doméstico que pueda tener un conviviente en favor de otro durante el período que dure la relación; qué eficacia jurídica se da a las prestaciones o entregas económicas

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de uno en favor de otro; qué régimen jurídico tienen las «litis expensas» entre los convivientes. No se establece el más elemental y mínimo derecho de solidaridad entre la pareja, como es el derecho de alimentos, es decir, no se establece para ninguno de los dos convivientes el derecho de sustento, habitación, vestido y asistencia médica entre sí y con respecto a los hijos, que nos parece un derecho absolutamente elemental y de una mínima dignidad jurídica en una norma de esta naturaleza.
En tercer lugar, nos parece un proyecto jurídicamente incompleto. De aprobarse esta proposición en los términos en los que se presenta a la Cámara, estoy absolutamente convencido de que son muchos más los problemas que se abren que los problemas que con ella se cierran, y ello por una razón: se dan efectos jurídicos a una relación sin definir lo que ésta sea. La convivencia afectiva análoga a la matrimonial aparece como fuente de imputación de múltiples derechos, nunca de obligaciones, desde pensión de viudedad a derecho de sucesión, pasando por el permiso laboral de 15 días y, sin embargo, no se especifica qué se entiende por convivencia afectiva análoga a la matrimonial. Cierto es que no se ha hecho en la Ley de Arrendamientos Urbanos ni en el Código Penal, pero ahí, la matización jurisprudencial puede ser fácil y muy atinada. Aquí sólo se define en un supuesto y, además, contradictoriamente con otro. En un caso, para disfrutar de los 15 días de permiso por contraer matrimonio, se establece la necesidad de estar conviviendo seis meses. En otro supuesto, en el relativo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, se establece la necesidad de estar conviviendo efectivamente dos años. En el resto de los supuestos, no se define la situación jurídica respecto de la cual se imputan tan trascendentales consecuencias jurídicas; no se establece cuál es el criterio de duración general de esa relación afectiva.
Incluso, en muchos casos, parece deducirse del tenor literal de la norma que no se exige ni siquiera duración alguna, sino que, inmediatamente, en el momento en el que se produce el evento jurídico, se dan las consecuencias a esa relación afectiva. Piénsese, por ejemplo, las dramáticas consecuencias que esto puede tener respecto de las sucesiones o respecto incluso del régimen de donaciones. Si no se especifica qué relación tiene esta figura de la convivencia análoga a la matrimonial con respecto a la propia matrimonial, no se dice si puede ser simultánea o no, no se dice si puede ser compatible, cabría incluso la posibilidad, en su tenor literal, de la simultaneidad, multiplicidad o sucesión. Estos perfiles, que no son sino una lectura razonada, lógica del texto, es necesario aclararlos para que, de verdad, encontremos una norma que sea adecuada a la demanda social que en este momento existe en nuestro país.
Finalmente, no podemos dar nuestro voto afirmativo a esta propuesta porque técnicamente es incorrecta. No nos parece que los buenos legis buenos juristas que hay en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hayan tenido la ocasión de ver con detenimiento este texto.
Resulta sorprendente que en una ley ordinaria se pretenda modificar una ley orgánica, por ejemplo, como es el Código Penal; resulta también llamativo, por ejemplo, que se hagan modificaciones que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Pero, quizás, lo más llamativo es el propio artículo 1.º, que mi compañera Diputada que ha defendido este texto ha tenido la bondad de leernos, y que yo quiero volver a leer: «Todas las familias tienen la misma protección social, económica y jurídica, así tengan su origen en la filiación, en el matrimonio o en la unión de dos personas que convivan por análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual».
Estoy absolutamente convencido de que el fin que se pretendía al redactar este artículo 1.º no es el que se consigue con su tenor literal. Sin duda, se pretendía el fin de la no discriminación, en el cual --digo-- el Partido Popular estará siempre el primero para defender la punibilidad de esas conductas y para defender la promoción de la igualdad y la no discriminación por razones de orientación sexual, pero el texto literal que les acabo de leer, es decir, que todas las familias tienen la misma protección social, económica y jurídica, supone, sin lugar a dudas, una carga de dinamita en el Estado social. Ustedes conocerán también --como el Grupo Parlamentario Popular-- que la clave del Estado social consiste precisamente en que el Estado trata de manera diferente a los diferentes; que el Estado trata más y mejor a quien más lo necesita, y no tiene sentido dar los mismos criterios de igualdad a todas las unidades familiares. La aplicación literal de este artículo 1.º, unida a la disposición final derogatoria, supondría, por ejemplo, derogar la progresividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cosa que estoy seguro que ustedes no pretenden pero que sería lo que conseguiría este texto; o supondría suprimir las ayudas de 3.000 pesetas mensuales actualmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico para familias cuya renta sea inferior al millón y medio de pesetas; o supondría reducir las ya muy escuálidas y escasas ayudas que existen en nuestro ordenamiento jurídico para familias con cargas familiares graves por tener un impedido físico profundo en su seno, sea menor de 18 años o incluso mayor sin renta fija. Estoy seguro de que no es eso lo que ustedes pretendían, pero los defectos técnicos con los que se han redactado esta norma nos llevan a esa conclusión.
Otra manifestación de técnica jurídica --y con esto voy acabando, señor Presidente-- es que nos encontramos con que existe una disposición adicional, en la cual, habitualmente, lo que hacen los textos de rango legal es facultar al Gobierno a desarrollar una norma legal,

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es decir, habilitar al Gobierno para que, en el ejercicio de su potestad reglamentaria, proceda a dar aplicación práctica y efectiva al texto que el Parlamento, las Cortes, en ejercicio de su soberanía, han decidido aprobar.
Pues bien, en esta disposición adicional no se habilita al Gobierno a desarrollar aplicativamente la ley, sino que se le habilita exclusivamen disposiciones preexistentes, lo cual sin duda es restringir la propia eficacia que el legislador o el que ha redactado esta norma ha pretendido darle. Además, se introduce un concepto jurídico tan inexistente en nuestro ordenamiento, como es decir las disposiciones sin rango de ley. La habilitación al Gobierno es de las disposiciones con rango inferior a ley, puesto que evidentemente no tienen rango de ley ni la Constitución ni los Tratados Internacionales y estoy convencido de que en ese régimen de habilitación no pretendía entrar el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al redactar esta disposición adicional.
Finalizo ya. La disposición final establece la inmediatividad en los derechos reconocidos con eficacia retroactiva. Eso supondría, por ejemplo de 15 días de vacaciones para quien lleve seis meses conviviendo sería de aplicación inmediata una vez que fuera aprobada esta ley. Me parece que esto llevaría a un enorme desorden jurídico, a una falta de certeza jurídica y a un caos laboral muy notable. Si se hace con efectos retroactivos de 60 u 80 años, cualquier persona que haya tenido una relación afectiva de convivencia de seis meses puede hoy reclamar ese derecho de 15 días de vacaciones; estoy convencido de que es algo que ustedes no querían pero que, sin embargo, dice este texto de ley.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular considera que, siendo necesario aprobar normas que sientenuna cierta homogeneidad en la dispersi a esos ciudadanos para resolver ese conjunto de problemas.
El Grupo Parlamentario Popular prefiere, en consecuencia, esperar a que el Gobierno cumpla con urgencia un mandato que le hizo ya esta Cámara noviembre de 1994, en el cual quiero recordar que mi Grupo Parlamentario manifestó su deseo de que se procediera a esa regulación, pero su voto de abstención fue debido al propósito de reconocer el derecho de adopción respecto de las parejas de homosexuales, situación ésta concreta que pensamos que no favorece la mayor protección de los menores, por lo cual hicimos una excepción.
Dicho esto, sin embargo, esperamos una mejor oportunidad para regular esto y manifestamos que nuestro voto, en consecuencia, será negativo a la toma en consideración de esta proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Michavila.
La señora Urán, para un turno de réplica, tiene la palabra.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Michavila, da la casualidad de que los defectos técnicos son subsanables. Lo que no es subsanable es que precisamente se utilicen esos defectos técnicos para no entrar en el fondo de lo que es la proposición de ley. Y el fondo es la concepción de un determinado tipo de familia a defender -- usted lo decía así-- de forma diferente.
Nosotros consideramos que todas las formas de convivencia son totalmente válidas y, por tanto, protegibles. Da exactamente igual que partan del vínculo matrimonial, que partan del derecho que tienen las personas a decidir libremente cuál es su forma de convivencia y de una convivencia estable, lo que no significa que tenga que ser cambio de pareja de semana en semana. No va por ahí. Nosotros somos conscientes de que tanto las parejas heterosexuales como las parejas homosexuales, suelen ser las más estables y las que tienen más larga duración cuando son parejas de hecho.
Alegaba S.S. que la proposición de ley es económicamente insolidaria porque no protege al más débil. Precisamente, señoría, una de las modificaciones legislativas que ha habido hasta ahora es la modificación de la filiación. El artículo 39.2 del texto constitucional dice textualmente: «Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad».
Con nuestro texto no estamos dejando desprotegidos a los más débiles, porque ya tienen reconocida la protección, sino que lo que estamos haciendo es equiparar a estas familias, a esta convivencia a la convivencia matrimonial. Por supuesto, no somos partidarios de quitar nada, sino todo lo contrario. En la modificación que proponemos en la reforma del Impuesto sobre la Renta hacemos constar y especificamos cuáles son los tipos de familia que tienen derecho a estar incluidos como unidad familiar dentro de las declaraciones del IRPF.
Obligaciones conyugales las tienen todas porque ellos mismos las aceptan día a día, minuto a minuto. Yo creo que todo es modificable y que lo que ustedes han hecho ha sido decir no a una proposición de ley en base a un criterio con el que, por mucho que ustedes digan que están de acuerdo, cuando llega el momento de votarlo, lo rechazan.
A nosotros nos gustaría también haber esperado a la propuesta del Gobierno, pero creemos que estos temas no pueden seguir esperando a que el Gobierno decida qué va a hacer, porque los anuncios del Gobierno, como

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decía antes mi compañero de Grupo, se van siempre diluyendo en el tiempo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, quiero manifestar la opinión contraria de mi Grupo Parlamentario, con relación a esta proposición de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida, entre otras razones, señor Presidente, porque no comprendemos su sentido político. Esta es una materia que ya ha sido debatida en profundidad por esta Cámara en el mes de noviembre del año 1994, utilizando como presupuesto una proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se compele al Gobierno a que estudie todo lo atinente a los problemas de la familia en su consideración más lata, más amplia, en un plazo de seis meses. Luego, hay un problema de extemporaneidad en esta proposición de ley que impide su aprobación y su toma en consideración en opinión de mi Grupo Parlamentario. No sólo hay un problema de oportunidad política y temporal, señor Presidente, --también lo ha comentado el señor Michavila con gran precisión y lucidez--, sino que esta proposición adolece de múltiples deficiencias técnico-jurídicas, que deben ser objeto de corrección.
Mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, va a esperar con atención las propuestas normativas que presente el Gobierno, que tienen una dimens y que nos preocupan. Se lo comentamos al señor Valls cuando fue objeto de debate la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Una proposición de ley de esta naturaleza, aparentemente inocua, sencilla en su contenido literario y material, tiene la capidad de afectar desmesuradamente a la totalidad del ordenamiento jurídico en su dimensión de derecho privado y de derecho público, a todos los sectores sin ninguna excepción y a la mayoría o a un buen número de los preceptos de todos los sectores del ordenamiento jurídico.
Por razones de prudencia, señor Presidente, con estas cosas no se puede jugar, no se puede andar con frivolidad, hay que ser terriblemente cau analizan proposiciones, normas en definitiva si son objeto de aprobación, que tienen esta capacidad de incidir, incluso privando al ordenamiento jurídico de uno de sus valores superiores o de uno de sus bienes más dilectos, cual es su consistencia sistemática.
Señor Presidente, hay que andar con mucha prudencia, hay que analizar, hay que especular con muchas cautelas sobre ese tipo de cuestiones. En definitiva, hay que hacer una valoración muy ponderada de los preceptos constitucionales atinentes a la familia, con carácter general. Ya lo dijimos, seño duda de que el artículo 39 de la Constitución ordena a los poderes públicos del Estado promover jurídica, social y económicamente a la familia en su consideración más amplia, entendiendo por tal a las familias o unidades familiares de naturaleza heterosexual, las constituidas por homosexuales o lesbianas -- las uniones de hecho de esas características--, así como las monoparentales, otra unidad familiar que hay tomar en consideración jurídicamente. Pero también tenemos cautelas y apelaciones que hacer a la prudencia en este ámbito, porque hay otros preceptos constitucionales que tienen el mismo rango jurídico formal que el que hemos citado del artículo 39, y particularmente el artículo 32, que establece que, constitucionalmente, en el ordenamiento jurídico del Estado español, no hay más relación vincular que el matrimonio. Si alguien es capaz de descubrir en la Constitución española otra relación vincular diferente a la del matrimonio que me lo indique, por favor.
En tercer lugar --y para acabar esta breve exposición, señor Presidente--, me querría detener en la exégesis más pertinente, que es la interpretación llamada auténtica o del legislador, del artículo 27 de la Constitución, que consagra el derecho/deber a la educación. En el debate constitucional se consagró --consta en el «Diario de Sesiones» y esto no fue objeto de oposición por ningún grupo parlamentario-- que el artículo 27.3 de la Constitución, cuando se refiere al derecho/deber a la educación --puesto que se configura como un derecho de estas características, como un derecho/deber--, corresponde a los padres; su sentido teleológico es formara las generaciones futuras y se de necesariamente la imagen del hombre y de la mujer como configuración de la diversidad sexual que debe contribuir inevitablemente a la conformación de la personalidad.
Estas son las cautelas contenidas en la Constitución; estas no son reflexiones subjetivas o personales de esteDiputado que les habla o de su Grupo Parlamentario; estos son requerimientos inequívocos de la Constitución en los únicos preceptos atinentes a la familia. Luego, con estas cautelas, con estos requerimientos, el Gobierno se ha comprometido, en un plazo de tiempo determinado, a concretar qué leyes, qué normas jurídicas deben ser objeto de corrección para tender a la necesaria igualdad promocional de todo tipo de unidad familiar; monoparental, homosexual o heterosexual. Pero éstas son las cautelas constitucionales que no afloran, leyendo detenidamente la proposión de ley presentada por Izquierda Unida, en ninguno de sus contenidos materiales.
Desde esta perspectiva, manifiesto de nuevo, señor Presidente, por razones de extemporaneidad, por razones

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de oportunidad, por razones jurídicas y por razones político- materiales, la intensa renuencia de mi Grupo Parlamentario a votar a favor de esta proposición de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve porque con la intervención del señor Michavila y del señor Olabarría poco se puede añadir al debate que tenemos esta tarde.
Nuesto Grupo Parlamentario comparte la inquietud que tiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Este es un tema que está planteado en nuestra sociedad, importante, que hay que regular. De hecho --ya se ha dicho con anterioridad--, esta inquietud es compartida por toda la Cámara, razón por la cual el Gobierno tiene un mandato para presentar un proyecto de ley que aborde en toda su extensión este complejo problema.
Es evidente --y no quiero entrar en cuestiones ideológicas, que es lo que ha hecho la señora Urán en su réplica, porque creo que éste no es el caso en este momento-- que la sociedad española ha evolucionado y mucho. Es evidente que hoy la sociedad está organizada en formas convivenciales muy distintas a las de hace 40 y 50 años. Es evidente también que hace falta una adaptación legislativa a algunas fórmulas de convivencia que se dan hoy en nuestra sociedad y que, probablemente, no tienen el amparo jurídico que deberían tener. Pero no es menos evidente que éste es un tema muy complejo, que no se puede dar un tratamiento unitario legislativo a realidades muy complejas, y que el ejercicio de algunos derechos requiere también el establecimiento de algunos requisitos formales que, comomínimo, sirvan de garantía para cuand función de los derechos que tengan algunos ciudadanos.
Cuando se regulan este tipo de situaciones, como hace la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no sólo hay que regular comportamientos o situaciones, sino también su desarrollo y su resolución. Lo que debe estar en el fondo de una proposición de ley que regule estas cuestiones es qué ocurre con este contrato civil, porque habrá que regular la unión de hecho; habrá que amparar jurídicamente los derechos y obligaciones que los contrayentes establecen a lo largo del tiempo cuando el contrato se disuelve, y de alguna forma los jueces deberán dictar sentencia cuando se produzcan conflictos, cosa harto difícil que pueda ocurir con la proposición de ley que ustedes han elaborado.Creo que hay mucho voluntarismo y poco rigor jurídico, aunque suene muy duro, en est ley. Creo que requiere más calma y tener presentes todos los temas que de ella se puedan derivar. Hay que dar un tratamiento distinto a las uniones heterosexuales y a las homosexuales o lesbianas, porque no es lo mismo, provocan efectos jurídicos diferentes y son situaciones familiares totalmente distintas que no se pueden tratar del mismo modo.
Compartimos la inquietud y estamos de acuerdo en que este tema hay que abordarlo legislativamente. Esperemos a que el Gobierno cumpla con su mandato respondiendo a una demanda de esta Cámara y a que formule el proyecto de ley que regule estas situaciones. Desde el punto de vista jurídico --y es la razón fundamental por la que vamos a votar en contra de esta proposición de ley--, vamos a esperar a ver qué envía el Gobierno, porque es imprescindible que cuando se regulen legislativamente estos temas se tenga en cuenta también qué ocurre cuando dicha unión deja de existir y cómo se amparan derechos que en los matrimonios civiles y canónicos organizados hoy en nuestro derecho vigente se regulan.
Precisamente una de las bases de la Ley del divorcio es regular los derechos que quedan en el momento de la disolución del contrato, para que nadie quede frente a la ley en una situación de desamparo.
Por último --creo que soy repetitivo--, es evidente que con esta redacción introduciríamos un caos interpretativo en los distintos organismos judiciales, porque la diversidad de situaciones que se pueden producir a partir de esta redacción serían múltiples y difíciles de resolver amparando los derechos de las partes.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Casas.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero fijar la posición en este tema, y debo iniciar mi intervención ratificándome en todo lo que mantuve en esta misma tribuna el 29 de noviembre pasado, cuando, con motivo de la presentación de una proposición no de ley de nuestro Grupo, instábamos al Gobierno para que enviase a las Cámaras un proyecto de ley regulando la problemática que nos ocupa.
En el mismo sentido, consideramos que sigue siendo necesaria esta remisión a las Cámaras de un proyecto de ley que acabe con una serie de disc que se dan en nuestra sociedad en materia de uniones. Porque seguimos pensando en el mismo anhelo de conseguir una sociedad democrática avanzada y poner en práctica aspectos que nuestra Constitución contempla

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en lo que pudiéramos llamar el cuadro de honor de los derechos y libertades de los ciu aquella época hacía referencia a los artículo 9.º, 10 y 14 de la Constitución cuando contemplan una serie de mandatos constitucionales que van en el sentido de profundizar en la democracia, de profundizar en una democracia avanzada y, en consecuenci atisbo de discriminación que pueda darse o cualquier ataque a la libertad de las personas y de los grupos.
Quizá sea con el artículo 14 en la mano con el que tengamos que afrontar este desarrollo y abogar por que no exista en nuestro ordenamiento ninguna discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera.
Apoyábamos nuestra petición el Gobierno basándonos en el acuerdo del Parlamento Europeo de 1994 en este mismo sentido.
Pero, señora Urán, debo decirle con absoluta sinceridad que hoy no podemos apoyar el texto que ustedes nos proponen.
Estamos completamente de acuerdo con el fin, pero nos cuesta aceptar su iniciativa porque al querer proteger este derecho creemos que con la tipificación que se le da a esta proposición de ley crearíamos un daño. Conozco esta proposición de ley desde hace tiempo. Su gestación tuvo lugar en un gabinete jurídico de un colectivo. Precisamente hice observaciones no en el sentido de considerar a esta iniciativa peligrosa jurídicamente, pero sí que iba a crear una serie de riesgos y de incertidumbres que no se podrían corregir mediante enmiendas. Usted lo sabe perfectamente. No se podrían corregir porque nosotros creemos que una proposición de ley -- un proyecto de ley en el caso de que lo aprobáramos-- debería indicar una serie de requisitos y especificaciones de las que carece su iniciativa. Respecto a los requisitos para formar uniones de hecho: ¿Cómo se constituye esta unión de hecho? ¿Cómo se disuelve esta unión de hecho? ¿Qué efectos tiene frente a terceros o interpersonales? Señora Urán, pienso que deberíamos de ir conformando --creo que estamos contribuyendo a ello esta tarde-- una opinión de las características que debe tener este proyecto de ley que debería remitir el Gobierno. Por ejemplo, ¿podemos estar todos de acuerdo en que las uniones de hecho pueden ser de personas de de igual o de distinto sexo? Ya tenemos un punto. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que esa unión de hecho debe ser «more uxorio»; que no debe ser cualquiera; que no pueden ser los amigos que viven en un piso; que no puede ser un colectivo de trabajadores o de estudiantes que viven en un piso; que no pueden formar una unión de hecho porque sería desvirtuar lo que queremos regular.
Podríamos decir que esta unión tendría que tener las características de ser pública y notoria; igualmente podríamos decir que fuera estable y duradera, para que no fuera una perversión de ley; podríamos decir que tendría que ser una relación monógama; podríamos decir que debería tener un contenido afectivo-sexual parahacerla más completa. Todo eso no est debería de ser una unión de mayores de edad o, por lo menos, de menores de edad con los requisitos que establece el Código Civil para otro tipo de uniones. Todo esto brilla por su ausencia.
Estoy completamente seguro de que su Grupo y usted están de acuerdo en que debe ser una unión en la que no haya vínculos de parentesco. Estoy absolutamente seguro de que su Grupo y usted estarán de acuerdo en que no debe ser una unión en la que uno de los unidos --vamos a llamarle así-- tenga a su vez otra unión con una tercera persona. Todo eso no se dice en la proposición de ley. Son aspectos fundamentales y mi Grupo estima que son importantes a la hora de pronunciarnos sobre esta iniciativa. Igualmente, para evitar problemas de riesgo jurídico debería especificarse en la proposición de ley cómo se constituye esa unión de hecho. ¿Por la simple convivencia y luego la prueba testifical, o con una declaración de voluntades? Yo le puedo asegurar a usted ahora mismo, señora Urán, que yo no tengo decidido cuál debe ser, pero lo que sí es verdad es que debe estar en la proposición de ley. También tendrán que estar las causas de disolución y el modo, porque así nos evitaremos una serie de riesgos y, desde luego, contribuiremos a formar este tipo jurídico con mucho más rigor y seguridad jurídica precisamente para aquellos a los cuales queremos proteger.<ð Repito que no me inclino por si debe ser una declaración de voluntades ante un registro civil, ante un registro municipal o nada de eso; no. L que sí tiene que haber una característica que dé seguridad jurídica a la hora de declarar, a la hora de poder acreditar ante un juzgado que esa unión de hecho existe.
Igualmente, mi Grupo echa de menos en esta proposición de ley los efectos interpersonales. ¿Qué régimen jurídico debe aplicarse a los bienes de esta pareja? Adelanto una posición de mi Grupo que no está totalmente cerrada y por la que yo personalmente me inclino, así como otros compañeros de mi Grupo: ¿puede ser el régimen de participación mucho mejor que el régimen de gananciales? Lo dejo en el aire, pero evidentemente alguna solución habrá que adoptar y ella no se adopta aquí.
¿Cómo solucionamos una serie de problemas que luego van a tener que regularse o que van a tener efecto jurídico, por ejemplo, en el caso de la incapacitación de uno de los miembros de la pareja? Todo esto en la proposición de ley no se especifica. Igualmente podríamos hablar de una serie de efectos que pueden y tienen que surgir de la unión de hecho frente a terceros y que tampoco se contemplan aquí. Ustedes hablan de una serie de reformas que habría que hacer, por ejemplo, la de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Creemos que está hecha, no hay que hacerla. Por otra parte, permítame que le diga que hay un fallo cuando en el artículo

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7.º de su proposici Ley de la Seguridad Social, hablan ustedes del artículo 174. Pienso que ustedes hablán del artículo 174 vigente, pero copian el texto del anterior, por lo que he podido ver.
Creemos que tenemos que abordar este problema con seriedad, pero, sobre todo, con rigor jurídico si queremos proteger efectivamente situaciones que hoy en día se dan por discriminadas. Por ello, hemos de pensar --como dije en mi anterior intervención aquí-- que es una regulación compleja, que es una regulación difícil, que es una regulación en la que si usted --como supongo que lo habrá hecho-- se pone a estudiar una serie de situaciones que se dan, puede parecer un cesto de cerezas: Se toca un artículo y vienen diecisiete detrás. Yo le puedo asegurar que le he dedicado muchas horas a su estudio y que hoy no me encontraría en situación de poder decir cómo hay que regular completamente esta situación.
El Gobierno tiene un compromiso con la Cámara. Yo le puede adelantar que dentro de un mes aproximadamente va a empezar a circular el anteproyecto. Sabe usted que tiene que sufrir una serie de controles jurídicos pero esperamos que en el menor tiempo posible pueda venir a la Cámara para dar solución a un problema de discriminación que se da en la sociedad. Le puede decir que el interés del Gobierno es mandar cuanto antes este proyecto de ley en el cual están trabajando ya, comomínimo, que yo recuerde ahora mismo, cuatro Ministerios: Justicia, Asuntos Sociales, Asimismo, le comunico a S.S. que el proyecto del Gobierno tardará un poco en venir, puesto que, como es preceptivo al tratarse de materias referidas al Código Civil, tendrá que pasar el dictamen previo de la Comisión de codificación.
En el deseo, en la esperanza de que pronto todos los grupos que en esta Cámara deseamos acabar con esta situación de discriminación podamos ver corregida, de una manera correcta desde el punto de vista jurídico, esta situación y lamentando las imprecisiones jurídicas que podrían crear mayores dificultades todavía a esta nueva situación jurídica que se pretende establecer, reitero que mi Grupo, estando de acuerdo en los objetivos, hoy va a votar en contra única y exclusivamente por no estar conforme, como han dicho otros preopinantes, en la manera de desarrollar y de proteger esta situación con la que pretendemos acabar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Valls.
Se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre protección social, económica y jurídica de la pareja.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 280, abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES IDIGORAS GUERRIKABEITIA Y DIEZ USABIAGA), SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS PENITENCIARIOS Y PENALES DE PRESOS Y PRESAS POLITICOS DEL ESTADO ESPAÑOL (Número de expediente 162/000073)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Mixto, de los señores Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga, sobre el respeto de los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas políticos del Estado español.
Tiene la palabra el señor Idígoras.


El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hace más de un año que desde el Grupo de Herri Batasuna presentamos una proposición no de ley en la que solicitábamos a esta Cámara que instara al Gobierno para que se respeten los derechos de las presas y presos políticos del Estado español. A pesar del tiempo transcurrido desde su presentación, esta proposición tiene hoy más actualidad y urgencia que nunca, porque cada vez con más intensidad y desde diferentes instancias y colectivos sociales se viene denunciando la angustiosa situación en la que en estos momentos se encuentran las presas y presos políticos en el Estado español; situación que incluso ha llevado a algunos de ellos a iniciar una huelga de hambre, con peligro, incluso, para su integridad física, como por ejemplo, los que se encuentran en la prisión de Navalcarnero, Jerez, Bonxe y La Coruña, con el único objetivo de defender los derechos que por ley les corresponden.
El hecho de estar en prisión lo único que supone, ni más ni menos, es estar privado de libertad, pero, al parecer, en el Estado español ser preso político, además, lleva aparejada una persecución particular en la que se le priva de sus más fundamentales derechos que, como a todo ser humano, también a los presos les asiste.
Esto, señoras y señores, no lo digo yo, ni lo dice solamente mi Grupo Herri Batasuna; lo está diciendo constantemente el Parlamento Europeo, l Relator especial de las Naciones Unidas sobre este tema

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y lo están diciendo dos informes, uno del año 1991 y otro del año 1994, del Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa. Todos estos informes y datos están ahí, a pesar de que el Partido Socialista se empeñe en ocultarnos, y dan cuenta de la cruda realidad que poco a poco comienza a ser denunciada a nivel internacional. No está el Ministro de Justicia y del Interior, señor Belloch, pero sí quiero dirigirme a los señores del Gobierno para preguntarles públicamente por qué esos informes no se han hecho públicos y cuál es el motivo que ha llevado al Gobierno a silenciarlos y ocultarlos. Señoras y señores Diputados de esta Cámara, a ustedes también les hago una petición expresa para que soliciten al Gobierno la publicación de estos informes, porque ciertamente la doble moral llega a tal extremo que mientras se ensañan con los presos políticos en general, extensible también al resto de los presos sociales, no se tiene ninguna vergüenza en poner en libertad a Amedo y a Domínguez o a Planchuelo o a Francisco Alvarez, personas presumiblemente implicadas en crímenes de Estado.
En estos momentos existen en las diferentes cárceles del Estado español más de 600 presas y presos políticos a los que se les niega sistemátic derecho a la información, mientras que, de una manera vergonzosa, las cámaras de televisión y los medios de comunicación más importantes pueden hacer entrevistas al señor Sancristóbal en una prisión como la de Alcalá-Meco, con el beneplácito del Gobierno y del señor Ministro de Justicia y de Interior, señor Belloch, no presente en esta Cámara. (Rumores.) A las presas y presos políticos se les graban las conversaciones íntimas de una manera ilegal para, luego, utilizarlas políticamente su derecho a la intimidad. Están en unas condiciones sanitarias penosas, a miles de kilómetros de sus lugares de origen y no se resuelven las solicitudes de libertad condicional. (Rumores.) Hay presos que llevan 16 años en la cárcel, y lo que determina el artículo 60 del reglamento no existe en la práctica para los presos políticos. Todo esto, señoras y señores Diputados, es ilegal.
La política que se lleva contra los presos políticos atenta, pues, contra la legalidad vigente en el Estado. El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, vulnera sistemáticamente la legalidad vigente, aun en contra de las resoluciones judiciales, porque, en realidad, lo que en el fondo existe es un problema político que no se quiere reconocer, al que no se quieren dar soluciones políticas y que se intenta solventar por medio de la dispersión, de la tortura en las cárceles (Rumores.), de las vejaciones, de los chantajes y de la llamada reinserción.
Es por ello por lo que a los presos políticos no se les da un tratamiento jurídico, aunque se nieguen a reconocerlo, y se les da un tratamiento político diferenciado.
Ustedes, señores del Gobierno, a los que me dirijo --y no están presentes--, están empeñados en conseguir, sin escatimar ningún medio, por muy ilegal que sea, que los presos políticos renuncien a sus ideas. El resultado que han obtenido ustedes a lo largo de tantos años es tan absurdo y tan insignificante que ya es hora de que se den cuenta y se replanteen verdaderamente que tanto violentar la legalidad únicamente acarrea sufrimientos sin sentido para los presos y sus familiares. Herri Batasuna, con la presentación de esta proposición no de ley, pretende una serie de objetivos claros y concretos frente a los oscuros objetivos de la dispersión y de la vulneración de los derechos: uno, la restauración de una serie de derechos a hombres y mujeres que les han sido negados de una manera injusta e ilegal; dos, tratar de suavizar el sufrimiento de miles de ciudadanos, familiares de presos políticos, que viven en una situación de auténtica angustia e inseguridad ante el hecho del tratamiento arbitrario y la indefensión que sufren sus familiares presos; angustia e inseguridad ante la presión, ante el chantaje y el ahogo económico al que son sometidos para seguir manteniendo sus vínculos familiares. Por eso y porque además así lo dice la ley, queremos que los presos vuelvan a sus lugares de origen.
No estamos pidiendo ningún privilegio para las presas y presos políticos; estamos pidiendo, simple y llanamente, que se respeten sus derechos y la actual legalidad vigente.
Pero, señores del Gobierno, señoras y señores Diputados, hay otra cuestión que para nosotros, juntamente con ésta, tiene una vital importancia vez por todas, se entienda que la existencia de más de seiscientos presas y presos políticos en el Estado no es ni más ni menos que la consecuencia de un conflicto político entre el Estado y las diversas naciones que componen el llamado Estado de las Autonomías, y es necesario reconocer que a un conflicto político le corresponden soluciones políticas, y que, por tanto, deben de apartarse todas las tentacion la persecución que llevan en este momento contra quienes no pueden defenderse y son de alguna manera rehenes del Estado, como en este caso las presas y presos políticos.
Señores del Gobierno, señoras y señores Diputados, si realmente lo que deseamos entre todos es que desaparezca de una vez por todas el conflicto, si es que lo que deseamos es que desaparezcan con él todas las expresiones de violencia, también tenemos, ¡cómo no!, en primer lugar, que resolver el enorme déficit democrático que existe por parte del Estado, y debemos ser conscientes de todo esto mucho más en este momento, cuando el escándalo de los fondos reservados y los crímenes del GAL son y dicen la clara implicación de los aparatos del Estado, que nos llevan sin lugar a dudas a la conclusión de las claves políticas del conflicto.


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El señor PRESIDENTE: Señor Idígoras, le ruego concluya.


El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a terminar, señores y señoras, diciendo que tenemos que ser capaces en este momento, que hay que tener la suficiente valentía pa represivas inmovilistas y dar pasos hacia adelante. En Europa tenemos claros ejemplos de los que, salvando las diferencias, sí nos enseñan, cuando menos, que en el abandono de la vía represiva, en la creación de una cultura del diálogo, por el camino de la negociación política como instrumento, y en la consecución de todos los derechos democráticos es donde realmente vamos a poder solucionar de una vez por todas que en este Estado no haya más presos políticos y no haya más enfrentamientos.
Termino, señoras y señores, diciendo que, a sabiendas de que este proceso puede ser largo y costoso, sin descartar que podamos llegar a esta vía --y soy optimista en este sentido--, en estos momentos y en esta Cámara solicitamos que, cuando menos, se respeten los derechos fundamentales de los presos, y entre ellos se respete su derecho al cumplimiento de la pena en las cárceles más cercanas a su lugar de origen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Idígoras.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo siempre ha invitado a Herri Batasuna a participar en las instituciones, a hacerse presente, a plantear sus puntos de v el libre juego de mayorías y de minorías. Por esta razón celebramos que Herri Batasuna presente esta iniciativa, aunque nos llama la atención que tenga relación con la situación personal de los presos.
Pensamos que el mejor favor que podría hacer Herri Batasuna a los presos sería pedirle a ETA que dejara de matar, que dejara de extorsionar, q imponer sus criterios con la acción directa, con el secuestro, el chantaje y la mala utilización del nombre de lo vasco para sus fines vinculados a la violencia, porque si Herri Batasuna diera este paso, los siguientes siempre serían más fáciles, porque, además así está contemplado en el propio Pacto de Ajuria Enea y el Pacto de Madrid.
Por eso, hemos de decir que no estamos de acuerdo con la argumentación del señor Idígoras. Es una argumentación tendenciosa y no obedece a la realidad en relación a los presos. Por tanto, la rechazamos. Y la rechazamos por su generalización, aunque no se le oculta que tengamos informaciones conducciones de presos, en provocaciones a los presos y en casos de malos tratos, que denunciaremos en el momento en que podamos aportar datos concretos. Por esta razón, solicitamos al Gobierno y a Instituciones Penitenciarias extremen el celo para que los derechos de los presos se cumplan a «cabalidad».
Es normal que se pretenda facilitar a los presos y a sus familias la cercanía a sus hogares mientras cumplen las penas que la misma sociedad les ha impuesto, pero también los presos tienen el derecho a no ser manipulados (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) Es verdad que hay algunos que se dejan manipular; están en su triste derecho. Hay otros que se dejan engañar.
Hay otros que son irreductibles. Pero hay un sector importante que, conscientes de su situación, desean volver a la sociedad de manera normal, sin venganzas, sin odios, sin manipulaciones, y nosotros tenemos que respetar ese derecho.
Por esta razón, hemos presentado a la iniciativa de Herri Batasuna una enmienda, la misma que aprobó el 4 de marzo de 1994 el Parlamento vasco por mayoría, porque nos parece más completa y porque tenemos que ser consecuentes con lo aprobado en aquella Cámara. No queremos un doble lenguaje. El sentido de la iniciativa es más o menos el mismo que el de la presentada por Herri Batasuna, pero completada con el criterio de que no se obligue a nadie a nada, y siempre y cuando el acercamiento no suponga merma o dificultad para la realización íntegra de sus derechos individuales. Y lo hacemos porque en su entorno, señor Idígoras, se ha llegado a decir la perla jurídica sobre el derecho de todo preso a cumplir íntegramente sus penas, y porque alrededor de los presos de ETA hay siempre el intento de manipulación y de agitación; de agitación de sentimientos, usando de forma indebida las lógicas sensibilidades de sus familiares.
Nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, volvemos a decir que la clave para que la situación de esos presos mejore la tiene ETA, que con cada atentado añade una vuelta de llave más a sus celdas. Señor Idígoras, dígale a ETA que deje de matar, dígale a ETA que deje de ensuciar el nombre de lo vasco, dígale que entierre las armas, dígale que no secuestre, que no robe y que no extorsione, y verá que, en aplicación del Pacto de Ajuria Enea, los presos tendrán la esperanza cierta, no de la cercanía de su hogar dentro de la cárcel, sino de la posibilidad de su salida de la misma en aplicación de las medidas que establece el propio Pacto de Ajuria Enea y el de Madrid, pero para ello es condición que ETA deje de ser una pesadilla y una referencia sangrienta.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

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Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde la legitimidad de ser una fuerza coautora de la actual democracia española --y lo digo con humildad--, una fuerza coautora porque el protagonismo de la democracia española corresponde sin duda a la gran mayoría del pueblo español; una fuerza coautora porque hicimos cultura democrática, ejerciendo derechos democráticos, practicando la democracia cuando no existía en este país --lo digo, señorías, con humildad--, porque tenemos detrás de nosotros --y tenemos también el orgullo de decirlo-- el aval de haber sido la organización política que más dura e intensamente ha sufrido la represión de la dictadura; pues, señorías, con esa legitimidad manifestamos explícitamente nuestro compromiso y nuestra vinculación con la Constitución Española; Constitución que dota a este país, como a los otros países democráticos, como a los otros, de una Cámara --ésta-- en la que se pueden expresar todas las opiniones políticas, todas; por supuesto, aquellas que sean nacionalistas, incluso independentistas, todas las opiniones políticas.<ð En nuestro país no hay persecución por opiniones políticas; no hay presos políticos en nuestro país. En esta Cámara no sólo se puede expresar cualquer opinión política --y celebramos la ocasión de que Herri Batasuna exponga aquí su opinión; desearíamo más frecuencia, y nos extraña que ellos constaten ausencias de esta Cámara cuando la suya es tan clamorosa cotidianamente-- (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) en esta Cámara, señorías, no sólo se expresa cualquier opinión política, sino que, además, se goza del privilegio de la inviolabilidad de las opiniones políticas; privilegio del que los parlamentarios de Herri Batasuna conocen sobradamente.
La democracia de nuestro país, como la de cualquier otro país democrático, como la de cualquier otro, no sólo tiene una Cámara y unas libertades cotidianas; tiene también unos jueces independientes que juzgan sólo con arreglo a la Constitución y a las leyes; jueces que, en su caso, condenan a los presuntos delincuentes en función de las pruebas que se les aportan, y jueces que vigilan por el cumplimiento de las penas, respetando, por supuesto, los derechos de los presos, pero siempre, siempre, desde la perspectiva constitucional de la reinserción en la sociedad y no, como algunos pretenden, en la organización delincuente a la que por su pertenencia han sido condenados.
Desde ese compromiso de nuestra fuerza política con la Constitución, con las leyes de nuestro país, creemos que esta proposición no es aceptable. Cualquier problema, del tipo que sea, esta Cámara está dispuesta a discutirlo. Estoy convencido de que todas las fuerzas de esta Cámara, día a día, intentamos dar solución a los problemas de nuestro país. Esa es nuestra legitimidad y nuestro orgullo.
Gracias (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, ya se han dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra, los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Vasco, varias de las cuestiones que pensaba explicitar desde esta tribuna. Sin embargo, me voy a centrar estrictamente, por no ser reiterativo, en el objeto del debate que plantea Herri Batasuna.
La proposición no de ley, en su parte dispositiva, exclusivamente propone que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno del Estado españo cumplimiento de la legalidad penal y penitenciaria, a través de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, se acuerde lo siguiente: Que las presas y presos políticos tienen el derecho a estar en las cárceles más próximas a su lugar de nacimiento, entorno social y familiar, mientras permanezcan en la cárcel.
Yo hago mío el argumento de que en España no hay presos políticos. La Constitución Española ampara la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de defender todo tipo de idea política dentro del marco democrático constitucional. Esa es la primera objeción que planteamos a las expresiones que literalmente se formulan en la proposición que debatimos La segunda cuestión, y se apela en la proposición a la legalidad vigente, es que entendemos desde el Grupo Popular que no existe expresamente un derecho al encarcelamiento en el lugar más próximo al lugar de nacimiento o al del entorno familiar del preso. Al menos, ese planteamiento que se formula no se deriva del artículo 9 del Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981.
Estimamos también, y es una tercera observación que desde la legalidad vigente todo tipo de cuestiones de orden penitenciario se pueden dilucidar, como muy bien se ha dicho, a través de los tribunales de justicia; en todo caso, los problemas penitenciarios podrán llevarse a través de la Mesa de Ajuria Enea y de la Mesa de Madrid, para proponer a esta Cámara lo que proceda desde esos foros --por cierto, foro de la Mesa de Ajuria Enea que expresa la voluntad mayoritaria de los vascos, no hay que olvidarlo-- para poder traer aquí, si fuera menester, cualquier tipo de cuestión al respecto.
Hay un cuarto punto que nos hace concebir como negativa la propuesta que se debate. Desde el Grupo Popular se entiende que la política llevada desde el

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Gobierno socialista desde el año 1989, la reinserción, ha propiciado el no control por parte de ETA de todo el Colectivo de presos, lo que ha propiciado también que haya quien ha abandonado voluntariamente la violencia, lo cual se ha traducido también en reinserciones concretas de presos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la medida de dispersión es satisfactoria para toda la sociedad y también para muchos presos o ex presos etarras.
Sin embargo, señor Presidente, uno también se pregunta, y lo hace en esta Cámara, qué legitimidad se tiene en plantear estas cuestiones cuando la violencia. Yo sé que es muy duro en el entorno de HB, lo sé, y sé que es muy duro en el entorno de los presos de ETA discrepar, sé que es muy duro reprobar la violencia, condenar el terrorismo, pero afortunadamente algunos lo han hecho, presos incluidos, y han condenado, entre otros, el último atentado de mi compañero y amigo Gregorio Ordóñez.
Quiero recordar, y creo que lo ha hecho el portavoz nacionalista vasco que en esta sociedad democrática es condición inexcusable, es condición sine qua non, que finalice la violencia. Desde ese escenario que todos demandamos y que todos deseamos, no hoy, hace años, tengo el pleno conocimiento de que habrá una gran generosidad por parte de toda la sociedad española, pero no desde otro.
Señor Presidente, si en el futuro se quiere evitar que haya problemas de reagrupamientos de presos o que haya presos mismos, este modesto Diputado ha de decir, con claridad, con sinceridad y con convición, que hay un camino muy fácil. El camino, pura y simplemente, es que ETA deje de matar. ¡Basta ya! (Aplausos.) Concluyo porque también tengo otro convencimiento que reitero.
Desde el fin de la violencia, desde el cese del terrorismo, tengo el convencimi podrá trazar un camino para construir la paz de verdad. En su mano está, señores.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Solano.


El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a fijar su posición negativa a la toma en consideración de la propuesta de resolución contenida en la proposición no de ley de dos Diputados integrados en el Grupo Mixto, y pertenecientes a la formación de Herri Batasuna, relativa (sic) al respeto de los derechos penitenciarios y penales de los presos y presas políticos del Estado español.
El primer punto de discrepancia que tenemos está de entrada, como pueden adivinar SS.SS. y así lo han manifestado todos los grupos parlamentarios, en el propio título de la proposición, ya que en los Estados democráticos --y España lo es p presos o presas políticos, sino simple y llanamente presos y presas que han sido condenados por tribunales de justicia independientes, aplicando las leyes emanadas de la soberanía popular. En este sentido pensamos que el Estado social y democrático de derecho, el régimen de libertades de España es tan generoso y excelso que permite incluso los desvaríos políticos y jurídicos. La única tortura que se practica en el Estado democrático de España es la que practican los terroristas. El único sufrimiento que se padece en España es el sufrimiento de las víctimas de los atentados terroristas. Si bien es cierto - -y coincido con los portavoces de otros grupos parlamentarios- - que es importante que todos los partidos políticos participen, en buena lid, en la vida democrática española, también lo es, en este tema en concreto, que Herri Batasuna diga a ETA que deje de matar y que Herri Batasuna condene siempre todos los atentados y violaciones a la libertad que se producen, todos los asesinatos y todas las extorsiones. A partir de ese momento, la generosidad de las fuerzas democráticas españolas darán una solución definitiva al problema de la violencia en el País Vasco.
Igual consideración de rechazo que la denominación del título de la proposición no de ley merecen para el Grupo Socialista el fondo y el núcleo de la proposición no de ley de que los presos y presas políticos tienen el derecho a estar en las cárceles más próximas a su lugar de nacimiento, entorno social y familiar, mientras permanezcan en prisión. La Constitución Española, en su artículo 25.2, y la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en su artículo 1.º, proclaman que las penas priv de seguridad y las instituciones penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados y que el condenado sometido a pena de prisión, que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales del capítulo segundo del Título I de la Constitución, lo cual no quiere decir, en absoluto, que los presos cumpliendo condena dispongan de un auténtico derecho subjetivo a cumplirla en las cárceles más próximas a su entorno familiar y social. Esto es así porque, como expresa el artículo 25.2 de la Constitución, si bien los condenados a pena de prisión que estén cumpliéndola gozan de los derechos fundamentales del capítulo segundo del Título I, ello es con excepción, obviamente, de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley General Penitenciaria.
Por consiguiente, el colectivo de presos etarras debe someterse, como todos los presos, a una única y común legislación, que es la Ley Orgánica General Penitenciaria, de 26 de febrero de 1979, y su Reglamento de 8 de mayo de 1981.
En este sentido, el artículo 80 del Reglamento

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penitenciario establece que la Dirección Generalde Instituciones Penitenciarias e distintos centros penitenciarios, y los artículos 59, 60, 63 y 65 de la Ley General Penitenciaria y 237, 238, 241, 242.2 y 243.1 y preceptos concordantes del Reglamento estatuyen las normas aplicables a los presos en cumplimiento de las penas que les hubieren impuesto los jueces y tribunales y las especificidades aplicables parala individualización del tratamiento según las peculiaridades de los presos. Así se co de reeducación y reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad, tanto aproximándolos a su lugar de origen, entorno familiar y Social, etcétera, como alejándolos, porque es cierto que los presos etarras --hay que decirlo-- se ven sometidos a una presión, a una coacción que raya en lo delictivo y no pueden tener la capacidad de juicio n sobre su propio futuro.
Evidentemente hay denuncias en este sentido.
La adopción de los acuerdos de esta naturaleza sobre la clasificación de los reclusos se lleva a cabo por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a la vista, precisamente, de las propuestas formuladas por los equipos de observación o de tratamiento o, en su caso, por el director de la Junta de régimen y administración, y los trasl se notifican al juez de vigilancia. Por consiguiente, se cumple la más estricta legalidad democrática en el traslado de los presos etarras. Además, la política de dispersión es una parte del plan de intervención para los presos pertenecientes a bandas armadas y que ha sido elaborada, desde un principio, con el consenso de la totalidad de los partidos políticos democráticos participantes en la Mesa de Ajuria Enea y en el Pacto de Madrid. Cualquier modificación sobre política penitenciaria en materia antiterrorista considera el Grupo Socialista que debe contar con la opinión de todos los partidos integrantes de estos pactos. Con todo, es necesario destacar que, en la actualidad, ya el 11,25 por ciento del total de los presos terroristas de ETA se encuentran cumpliendo condena en centros penitenciarios del País Vasco.
Por todas estas consideraciones políticas y jurídicas, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar en contra de la proposición no de ley defendida por el Diputado integrado en el Grupo Mixto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda defendida por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Idígoras.


El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Señor Presidente, brevemente quisiera hacer dos o tres conside-raciones por alusiones directas que a este Dip este Grupo Parlamentario, se han hecho en cuanto a que se haga una petición expresa a ETA para que deje de matar.


El señor PRESIDENTE: Señor Idígoras, este debate...


El señor IDIGORAS GUERRIKABEITIA: Perdón, señoría.
Me limitaré a la materia.
Este Grupo Parlamentario no acepta la enmienda que el Grupo Parlamentario Vasco ha efectuado por entender que es una enmienda totalmente abstracta y que en ella no se especifica la defensa de los derechos y libertades de los presos y el respecto a la legislación actual.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Mixto (señores Idígoras Guerrikabeitia y Díez Usabiaga).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, dos; en contra, 294; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
(Rumores.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA REVITALIZAR LA CONSTRUCCION NAVAL (Número de expediente 162/000169)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, del Grupo Popular, sobre medidas complementarias para revitalizar la construcción naval.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.) Cuando quiera, señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, plantea nuevamente el Grupo Parlamentario Popular, aunque prácticamente un año después, una iniciativa tendente a que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a tomar una serie de medidas para revitalizar la construcción naval y revitalizar la contratación por parte de los astilleros españoles de nuevas construcciones de buques, y a la vez presentamos --para no perder trámites, por la dificultad que encierra poder introducir una iniciativa de estas características

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ante el Pleno de la Cámara-las empresas navieras españolas y para el sector de la marina mercante de España que está atravesando por uno de los peores momentos de su historia.
La proposición no de ley podría resumirse simplemente en la creación de un fondo de garantías que cubra el tramo de la hipoteca que hoy en día banca oficial tanto para la construcción naval como para los armadores de buques. Todos sabemos que a la hora de construir un barco el 20 por ciento inicial ha de aportarlo el armador y el 80 por ciento restante, a día de la fecha, la Banca no lo facilita; se está dando entre el 50 y el 60 por ciento, y queda un tramo de un 20 por ciento que es necesario que encuentre alguna forma de garantizarlo, por lo que nosotros planteamos la proposición no de ley de hoy.
La cifra de contratación del año pasado de 160.000 toneladas de registro bruto compensadas, aproximadamente, está muy por debajo de la que se debería de haber conseguido de acuerdo con la capacidad de nuestros astilleros, que estaba cifrada en 400.000 toneladas de registro bruto compensadas/año, así como, por supuesto, las entregas que se han realizado de 134.000 toneladas aproximadamente hasta el mes de septiembre del año 1994. Cuando la actividad ha crecido en el mundo de manera que la cartera mundial se ha incrementado en 2,3 billones de toneladas (g-t) de enero a septiembre del año 1994 y los contratos firmados han ascendido a 11,7 billones de toneladas de registro bruto compensadas, España ha conseguido tan sólo el 1,3 por ciento del total de esta contratación, lo que es extraordinariamente bajo. La razón fundamental de este desfase --por llamarle de alguna manera-- es la falta de operatividad del marco legislativo actual, en su aspecto de financiación y garantías, en comparación con nuestros competidores.
¿Cuál es la situación general española en este momento? El sector se ha reestructurado con enormes gastos financieros debido a los retrasos en el pago de las obligaciones asumidas por el propio Gobierno. El mecanismo de crédito a la exportación se ha deteriorado. Se ha limitado el uso del FAD para buques. La marina mercante española está prácticamente desaparecida. La ausencia de instrumentos financieros necesarios ha impedido una contratación normal, forzando a contratos de poca rentabilidad. La ausencia de esos instrumentos financieros situará al sector en condiciones aún más precarias ante la entrada en vigor del Acuerdo OCDE, previsiblemente en enero del año 1996. La última legislación aprobada ha sido y continuará siendo inoperante por graves deficiencias suficientemente advertidas por el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara.
Hay un tema realmente importante, que es la base fundamental de esta proposición no de ley, que es que la banca comercial española ignora el mercado marítimo y que la banca oficial, a efectos del sector, es prácticamente inoperante y muy car tema de las garantías para los créditos es crucial para el sector, desde nuestro punto de vista. No hay más que ver en cualquier gráfico, señorías, que la participación española en la contratación mundial en tanto por ciento ha descendido hasta niveles realmente alarmantes: en el año 1980 teníamos el 5,1 por ciento, en el año 1994 no llegamos ni al 1,5 por ciento en la participación mundial.
El Grupo Parlamentario Popular planteó, el 23 de febrero del año pasado, una interpelación urgente en la que pedíamos varios puntos, entre ellos la creación de un fondo de garantías que no se ha realizado. Curiosamente, de los nueve puntos que presentábamos en la moción consecuencia de interpelación a la semana siguiente, el día 1 de marzo, el único que no se aprobaba era el de la creación de los fondos de garantía, que afortunadamente yo creo que aprobaremos hoy.
Aquel 23 de febrero del año 1994 el Ministro de Industria y Energía nos decía: Fomentaremos la contratación de nuevasconstrucciones de buques --y no se condiciones de financiación similares a las mejores existentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, y, por otro lado, unificar el único instrumento normativo, las ayudas del sector por primas, por financiación, en construcción naval, que tendrían su encuadre en la 7.ª Directiva. Yo le c para creer.
Y el Ministro decía que lamentaba que hubiera juzgado su veredicto mucho antes de saber lo que el Gobierno estaba haciendo y pensaba hacer. Pero el tiempo nos ha dado la razón de una manera clara, porque no hay más que ir a lo que ha pasado con el Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», el 22 de abril, cuyo Reglamento, a través de orden ministerial, se desarrolla el 26 de septiembre. Es decir, desde el mes de febrero, cuando en enero el Partido Popular en esta Cámara plantea la iniciativa, hasta el mes de septiembre que puede ser operativo el instrumento financiero, que finaliza en el mes de diciembre del año siguiente, se pierdennueve meses sin que el sector decreto, al que yo me refiero, en su parte de financiación no ha podido ser utilizado en absoluto. Eso lo contesta el Gobierno en una pregunta escrita que he formulado no hace ni un mes. ¿Por qué? Porque el artículo 12.c) no se ha cumplido, simple y llanamente. Ni las entidades financieras admiten como fiables los plazos de pago de las subvenciones a las que se refiere el segundo párrafo de este artículo 12 en su apartado c), porque saben que se pagará pero no saben cuándo, ni el problema de la obtención de garantías se ha resuelto aún, lo que parece que está en contradicción con la disposición final tercera del propio real decreto. El real decreto es poco competitivo, y lo que se ha utilizado del

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mismo ha sido única y exclusivamente su prima, para lo cual hubiera bastado que se prolongara la anterior normativa existente, tal y como yo mismo en esta tribuna decía el día 1 de marzo del año 1993. Por otra parte, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el señor Borrell, el día 16 de noviembre de este mismo año y en esta misma Cámara, ante una propuesta que el Grupo Parlamentario Popular realizaba de la creación de un fondo de garantías para la marina mercante, contestaba diciendo: Señoría, tomo buena nota de sus sugerencias, las valoro, las estudiaremos y las aplicaremos en todo lo que podamos. Puedo decir, con toda sinceridad, que no fue precisamente una de las intervenciones irónicas que tiene el Ministro Borrell en esta Cámara, sino que eran creíbles sus palabras. Por tanto, creo que ha llegado la hora de que esta iniciativa que plantea el Grupo Popular en este momento pueda ser tenida en cuenta, y por eso pedimos el voto favorable de los grupos del Congreso de los Diputados.
En el primer apartado solicitamos que se impulse y participe en la creación de unos fondos de garantía que se crearían en base a las aportaciones de empresas navieras y siempre dentro de los créditos establecidos en el consenso de la OCDE. En segundo lugar solicitamos un sistema que comprendiera la primera hipoteca y su garantía complementaria. En tercer lugar solicitamos, tal y como se ha venido reconociendo a lo largo de este año en las múltiples comparecencias que han tenido los secretarios de Estado en las comisiones correspondientes, que se favorezca el uso del segundo registro especialde Canarias, mejorando los térmi de fiscalidad y seguridad social de los tripulantes, de forma adicional a lo previsto en la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y situarlo en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea para buques renovados o sustituidos. Señorías, este punto es claro y clave. Nuestras empresas navieras estatales abanderan sus buques en países de conveniencia. Mientras que Trasmediterránea, Elcano y Repsol no se fíen del segundo registro de Canarias, ¿cómo podemos pedir a las empresas privadas, a las navieras españolas, que abanderen sus barcos en un registro en el que ni siquiera el Estado cree? Este es el fundamento de nuestra tercera propuesta. Por todos los argumentos que he dado, con la certeza de que cuanto digo está avalado no sólo por los informes que ha venido dando el propio Ministerio de Industria, que encuentra reticencias en el Ministerio de Economía y Hacienda, y que está claro que el sector apoya en su integridad, el Grupo Parlamentario Popular solicita el apoyo de la Cámara para esta proposición no de ley que presentamos.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de ley del Grupo Popular se han presentado enmiendas por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, van a perdonarme la inmodestia, pero creo que la enmienda q de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es la resolución que más certeramente aborda el problema de la creación de un fondo de garantías que ayude a la construcción naval en nuestro país. Digo esto porque de la propuesta que nos presenta el Grupo Popular nosotros discernimos elementos de cierta confusión, como por ejemplo mezclar el apoyo a la marina mercante con la construcción naval. De esa confusión se deriva el que, por ejemplo, en el punto número 1 que nos plantea el Grupo Popular se nos diga que para potenciar la construcción naval en España es necesario un fondo de garantías que sirva para la adquisición de buques de segunda mano. Realmente este aspecto no lo casamos con lo que sería el apoyo a la construcción naval en nuestro país. Sí lo podríamos entender como un apoyo a la creación de una flota de marina mercante, que, por cierto, se encuentra en una mala situación en comparación con la del resto de los países europeos, pero esto no nos casa con lo que sería el apoyo a la construcción naval. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no nos parece certera la propuesta del Grupo Popular; nos parece un cierto batiburrillo para intentar solventar dos problemas a la vez y, al mismo tiempo, quedarse en medio como Moisés pasando por las aguas, pero sin solventar al final ninguno de los dos. En ese sentido pensamos que nuestra propuesta es más certera que la que plantea el Grupo Popular.
De igual manera consideramos que Izquierda Unida resuelve mejor este punto que la enmienda del Grupo Socialista.
Nosotros decimos claramente que este fondo de garantías debe estar a cargo de algún instrumento de banca pública. Y, si se quiere, nos hemos quedado cortos porque a lo mejor deberíamos haber sido más valientes y haber dicho directamente que en España es necesaria la creación de una banca pública industrial. No es posible, desde ningún punto de vista, el apoyo a la industria, en este caso naval, de ningún país si no existe una banca pública industrial, como existe en todos los países de Europa. Lo que pasa es que en nuestro país hemos pasado de ser los más proteccionistas a los más liberales. Es decir, nosotros más liberales que ninguno: que desaparezca el Banco de Crédito Industrial, que desaparezca el Banco de Crédito Agrícola, que desaparezca cualquier banco público que haya potenciado la actividad productiva. Nosotros hemos sido más valientes que ninguno y hemos traspasado todas las

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fronteras del liberalismo más absoluto. Alemania tiene una banca pública industrial fortísima, sin la cual no sería entendible la potencia de la industria alemana. Y existen bancas públicas que apoyan los sectores productivos en el conjunto de Europa. Nosotros incluso nos hemos quedado cortos.
Hemos dicho que sea el ICO o una entidad pública, o mayoritariamente pública, la que apoye la creación de este fondo de garantías.
La propuesta del Grupo Socialista ya apunta en esa dirección, porque cuando manifiesta que tal provisión se hará a través de las instituciones que el Gobierno designe para tal función, dejándolo en el aire, este aire al final tendrá que ser rellenado con algo. Si el debate sobre la industria en nuestro país es sincero, como dice el Ministro de Industria que quiere que lo sea; si realmente se quiere plantear el problema de la industria en nuestro país en su dimensión real y buscando soluciones, no habrá otra que la creación de un ente público que defienda, que ayude a nuestra industria con créditos que verdaderamente sean de apoyo al sector industrial. Por eso he tenido el atrevimiento de decir que mi Grupo Parlamentario presenta una enmienda que, por lo menos en el punto primero, aborda el problema en toda su complejidad y con mayor acierto que el que se recoge en la proposición del Grupo Popular y en la enmienda del Grupo Socialista.
En cuanto al resto de la proposición, no entendemos muy bien por qué se mezcla el segundo registro con la construcción naval. Creemos que es intentar matar no dos, sino tres pájaros de un tiro: marina mercante, segundo registro, construcción naval. Pensamos que esto no ayuda a la proposición y lo que hace es poner a los grupos parlamentarios en una situación difícil, porque el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ha sido bastante crítico con el segundo registro. Los efectos del segundo registro hasta ahora no han sido excesivamente favorables y, sin embargo, los perjuicios que ha creado sobre el régimen laboral de los trabajadores del mar, de los diferentes barcos de la marina mercante, han sido bastante grandes. Mezclar el segundo registro con el resto de la proposición parece casi un deseo de restar apoyos a esta proposición no de ley, si no, en este sentido, es un error político.
En cualquier caso, mi grupo parlamentario, que sabe funcionan las mayorías y las minorías y es consciente del peso real que tienen en esta Cám desde luego, no se corresponde con el peso real que tienen en la opinión pública española y que pronto tendrán también en esta Cámara), sabiendo todo ello, considera que, a pesar de no ser la mejor proposición no de ley, debe apoyar todo lo que sea el fomento de la construcción naval en nuestro país. En este sentido, creemos que es un hecho positivo que, por lo menos, se plantee la necesidad de este fondo de garantía, y se plantee también que tenga que ser estatal, aunque sea de forma indefinida, que nosotros consideramos no tendrá que ser otra, que no podrá ser otra que la creación de instrumentos de crédito público. Ojalá se rompa esa tradición tremenda que se ha venido sufriendo en los últimos años de dar la espalda a la construcción naval, hasta el punto de que hay anécdotas tremendas como la de que Trasmediterránea haya encargado, nada más y nada menos, que el J.J. Sister a Finlandia. Es impensable que las empresas públicas de un país, con una construcción naval como la que tiene España, hayan encargado barcos de esta naturaleza a Finlandia. Ojalá que estas resoluciones signifiquen un cambio de tendencia y que esta Cámara sea sensible a las necesidades que la construcción naval tiene en España, ya que potenciar este sector es potenciar un sector punta en la industria y no un sector en retroceso, como erróneamente se nos ha venido haciendo creer con desgraciadas actuaciones desde el Ministerio de Industria en los últimos años.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Popular se apoya en su exposición de motivos en un hecho cierto y compartido por todos los grupos de la Cámara, así como por el Gobierno, como es la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de garantías estatales que permita cubrir los riesgos comerciales de la construcción naval en España, lógicamente en el marco de la normativa y las recomendaciones de la Unión Europea.
Al Grupo Socialista le consta que el Gobierno tiene muy avanzados los criterios sobre los que se sustentaría este sistema de garantías, como consecuencia de iniciativas de este grupo y otras de distintos grupos que nosotros hemos apoyado en esta Cámara. De hecho, el Real Decreto sobre primas y financiación, el 442, que aquí se ha mencionado, pone de relieve en su preámbulo que para que los astilleros españoles sean competitivos es necesario, además de ofrecer precio y calidad, que se ponga a disposición de los armadores financiación y garantías semejantes a las de sus competidores.
Además, el citado Real Decreto permite flexibilizar en la aplicación de la prima de funcionamiento --lo ha mencionado el representante del Grupo Popular--, en consonancia con la 7.ª Directiva comunitaria, y este es un aspecto de vital importancia, porque en el primer período que se pretende cubrir, hasta el 1.º de enero de 1996, que ha sido calificado por todos los países constructores como crucial para encarar los primeros años

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de vigencia del acuerdo OCDE, este d que eso pueda empezar a hacerse; este decreto con lo que espero que hoy aprobemos también en esta Cámara.
Con independencia de lo que dice el decreto, y que no estoy de acuerdo con que no haya servido para nada (creo que ha servido para algo, y es cierto que podía haber servido para algo más), estamos de acuerdo con la necesidad de un sistema de garantías. Eso parece claro en las intervenciones que he escuchado, ese sistema para las nuevas construcciones con crédito tipo OCDE y sistema CARI, y así lo ha venido manteniendo, también el Grupo Socialista. Es verdad que ha habido distintas iniciativas y diferentes proposiciones, algunas de una naturaleza y otras de naturaleza distinta. El Grupo Socialista presentó una enmienda, que fue aprobada por esta Cámara, a una moción del Grupo Popular en la que se recogía la necesidad de establecer garantías para la construcción naval. Más recientemente, el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley sobre la situación del sector naval en la ría de Vigo, que fue apoyada por toda la Cámara, y en la que con carácter general, si recuerdan SS.SS., instábamos al Gobierno a realizar los estudios tendente fondo de garantías. Como decía el representante de Izquierda Unida, no se trataba sólo de estudiar la creación de ese fondo, sino hacer los estudios tendentes a la creación del fondo. Esto es lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo que a parte de SS.SS. les parece excesivo. Es verdad que para estas necesidades todo tiempo es excesivo, pero también es verdad que tiene sus dificultades, como intentaré explicar ahora. Con posterioridad votamos favorablemente en la Comisión de Industria, una iniciativa de Izquierda Unida que iba en este sentido.
Como ven SS.SS., compartimos con el Gobierno y con otros grupos de esta Cámara la necesidad de poner en marcha cuanto antes mecanismos de garantía para el sector. Sin embargo, la proposición que se nos presenta hoy mezcla a nuestro juicio -- y se ha dicho ya aquí--, dos asuntos completamente diferentes y, por tanto, su tratamiento también debe ser distinto. Me estoy refiriendo a la conexión que se establece en la proposición entre la situación y los problemas de la marina mercante y los de la construcción naval. Actualmente, la construcción naval exporta el 90 por ciento de su producción, por lo que el apoyo a las empresas navieras no supone necesariamente el incremento de la actividad de construcción en astilleros nacionales. Suponiendo que diéramos ayudas o financiación a las compañías navieras, nada impediría que esas compañías, también se ha dicho aquí, encargaran la construcción de los buques a otros astilleros no nacionales.
Tampoco parece compatible el apoyo a la construcción de nuevos buques con incentivos a la compra de buques de segunda mano.
Creo que esto no favorece para nada la construcción naval sino más bien todo lo contrario. Desde luego, así lo entiende el sector de la construcción naval con el que este grupo ha tenido contactos, y hemos estado valorando estas iniciativas.
Igualmente creemos que es improcedente relacionar ambas cuestiones desde el punto de vista legislativo. En virtud de los acuerdos comerciales internacionales no existe relación alguna por cuanto la 7.ª Directiva comunitaria no contempla ninguna ayuda a las navieras comunitarias, sino sólo a los astilleros de la Unión Europea.
Resumiendo, señorías, y teniendo en cuenta que todos los grupos de la Cámara compartimos lo fundamental, esto es, la necesidad de un sistema d como elemento decisivo para mantener la competitividad con los países constructores y que aún tendrá mayor importancia, como he dicho anteriormente, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE, creo que también podemos compartir las dificultades que existen dada la carencia en nuestro país de entidades especializadas de crédito o entidades que puedan financiar este tipo de construcciones, lo que exige un esfuerzo complementario, y esto, señorías, no es una piedra o una dificultad, esto es una realidad objetiva. Otros países también se han encontrado con esta situación, y lo han resuelto o han intentado resolverlo a través de banca oficial, pero también es cierto que otros países que se nos han adelantado ya tenían una banca especializada para este tipo de actuaciones.
Desde estas consideraciones y en el ámbito de las recomendaciones de la Comisión, de acuerdo con la opinión del sector, como he dicho anteriormente, y contemplando las experiencias de otros p Socialista ha presentado la enmienda de sustitución que a nuestro juicio permite dejar claro el fin que pretendemos que es la puesta en marcha de un sistema estatal de garantías dirigido a la construcción de buques en astilleros nacionales. Se ríe el señor Fernández de Mesa porque es posible que esto pueda tener alguna interpretación dentro de la Comunidad respecto a si es posible que eso se haga o no; yo creo que sí, creo que eso es posible porque los demás países que han establecido sus fondos de garantías lo están haciendo así, la prueba es que aquí no se construye ni un barco financiado por otro sistema que no sea nacional.
También pretendemos definir su naturaleza en el sentido de que se dan garantías de ámbito estatal; resaltar su autosuficiencia para hacerlo viable y competitivo con otros sistemas competidores.
Este es en síntesis, señorías, el sentido de nuestra enmienda de sustitución que no pretende en modo algo enmendar ni una plana; nos parece --lo he dicho antes y lo he reconocido-- que el sentido de la propuesta es el mismo. Lo que sí nos parecía necesario era hacer esta diferenciación y, por tanto, exigía una nueva redacción.
Hay un punto, es verdad, en el que nosotros dejamos en nuestra propuesta que sea el Gobierno el que designe

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las entidades que puedan realizar esta labor. Ahí está la verdadera dificultad del sistema, porque actualmente no existe ninguna entidad con capacidad ni especialización suficientes para hacer esto. Por tanto, esto debe ser objeto de designación por el Gobierno para que se pueda garantizar este tipo de actuaciones.
Por último y en lo que se refiere al tercer punto sobre el segundo registro de Canarias, aunque compartimos también la opinión de otros Grupos tratamiento debería haber sido diferenciado respecto al de la construcción naval, tal como está redactado sentimos no poder aceptarlo y es por lo que también hemos presentado una enmienda de sustitución.
Voy a explicar los motivos de por qué no podemos aceptarlo.
Habla de las necesidades de aplicar mayores bonificaciones fiscales y ayudas a las rentas de los trabajadores.
Recientemente la Ley 42/1994 sobre medidas fiscales y administrativas que hemos aprobado hace dos o tres meses, mejora el tratamiento de las tripulaciones de buques matriculados en este registro incrementando la parte de ingresos exceptuados de gravamen en el IRPF, del 15 al 25 por ciento, y la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social, de 50 al 70 por ciento.
Creemos que esto ya está hecho; no hay que incidir sobre esta cuestión. Sí nos parece --y por eso vamos a aprovechar la iniciativa aunque entendemos que no es del ámbito-- que con un texto alternativo podíamos resaltar algo que nos parece interesante y por lo que venimos trabajando reiteradamente y es que como actualmente se está tramitando el proyecto de Real Decreto por el que se autoriza la inscripción en el segundo registro de Canarias a las empresas y buques destinados al tráfico de cabotaje, nos parece más útil y efectivoinstar al Gobierno a que agilice de buques y empresas navieras de Canarias, teniendo en cuenta el calendario de la liberalización del cabotaje fijado por la Comunidad Europea.
Si estamos de acuerdo en lo fundamental y si además, este texto es aceptado, podríamos dar un paso adelante en algo que nos parece fundamental a la construcción naval en nuestro país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, fijando la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria respecto a esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo parlamentario Popular, en primer lugar, nosotros queremos congratularnos de la oportunidad de esta iniciati debatir el hondo problema, fundamentalmente financiero, del sector de la construcción naval en España. Por tanto, estamos plenamente de acuerdo con el fondo; lo que ocurre es que hay que instrumentar con métodos técnicos esta posibilidad contemplada en los dos primeros puntos de los tres que trae la proposición no de ley del Grupo Popular.
Efectivamente, el problema de construcción naval en España no es un problema de tecnología. Nuestros astilleros, afortunadademente, están en nivel equiparable al de los astilleros con que tenemos competencia en este momento, fundamentalmente en el marco europeo --no me voy a ir al marco japones u oriental--, en el marco de los astilleros holandeses, alemanes, polacos o finlandeses. Nuestra tecnología, por tanto, es puntera y está considerada internacionalmente entre las mejores.
El problema está en la prefinanciación o financiación de la construcción del buque y efectivamente, como se ha denunciado aquí por el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no tiene una buena recepción que la compañía Trasmediterránea, en la última renovación de cuatro buques solamente haya encargado dos, los que hacen la línea interinsular canaria, en astilleros españoles de Unión Naval de Levante y los otros dos grandes buques, que realizan la línea entre Canarias y península, se hayan encargado, hecho y financiado en astilleros de Finlandia y me estoy refiriendo a la Finlandia de antes de la ampliación de la Unión Europea. ¿Por qué se ha tomado esta decisión? La están tomando determinados armadores en España al construir buques mercantes en astilleros holandeses, no por una cuestión de tecnología, de que sean mejores los buques construidos en estos astilleros, ni mucho menos, sino por la cuestión de la financiación, que los créditos que se conceden por empresas asimiladas o hermanadas en «holding» con estos astilleros tienen condiciones financieras mucho más beneficiosas que el crédito oficial o bancario que puedan obtener en España. Por tanto había que instrumentalizarlo. Como hay un riesgo yo creo que es oportuno también, como dice la propia proposición no de ley, arbitrar garantías financieras que llevan el riesgo implícito en la operación que son de altos costes pues estamos hablando de financiación de buques cuyo coste total no es menor de 1.000 ó 3.000 millones de pesetas, por poner una cifra orientativa ante SS.SS. Entendemos que en esta línea de utilizar unos instrumentos de garantía la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista puede tener el mismo fondo que plantea el Grupo Parlamentario Popular.
La última parte de mi intervención está referia al punto 3.
Así como estamos de acuerdo en todo el planteamiento de fondo que se ha hecho y en enmienda socialista que apoyamos queremos también

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señalar que el punto 3, en cierta medida, es ajeno al fomento de la construcción naval en España. Desgraciadamente el tema del segundo registro de buques, el registro canario, no se puso en el marco legal en que tenía que haber estado en su origen (incluso altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda eran en aquel momento favorables), que son las leyes económicas y fiscales del régimen específico de Canarias. De la noche a la mañana en una enmienda en el Senado aquel proyecto de ley de Puertos y de la Marina Mercante aunque en el debate de esta Cámara para nada se habló del segundo registro, en el Senado aparece el segundo registro. Eso ha distorsionado y ahora estamos pagando las consecuencias.
Me ha llamado la atención que en la proposición del Grupo Popular se hable de mejoras no solamente en la bonificación de la fiscalidad, con referencia al REF (para eso estamos pidiendo al Gobierno desde Canarias que de una vez por todas apruebe el reglamento del REF porque si no no podremos avanzar), sino mejora de la Seguridad Social de las tripulaciones. Precisamente la competencia con buques de bandera de conveniencia es que esos buques carecen de Seguridad Social para su tripulación. Por tanto no alcanzamos a entender qué se entiende por mejor, si es reducir esas condiciones o bajar el listón, con lo cual entraríamos en un conflicto de tipo sociolaboral.
Entendemos que la única medida que cabe en este momento, a nivel del Gobierno central, es ir a una liberalización del cabotaje; es decir, forzar a que la homologación con las disposiciones de la Unión Europea vayan por la línea de liberalización del cabotaje. Quiero señalar, sobre todo al portavoz del Grupo Popular, que el registro de buques de Canarias no exige la construcción del buque en astilleros españoles; prueba de ello es que alguna de las últimas matriculaciones son buques nuevos construidos en astilleros holandeses. Nosotros sí iríamos a una rectificación de la actual legislación del segundo registro en la medida que dé también cabida al tráfico d que la propuesta que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que se limita a tener en cuenta el calendario de liberalización del cabotaje, pueda permitir a aquellas navieras españolas que realizan tráfico de cabotaje Península-Canarias, entrar en el segundo registro porque, al menos, con todas sus deficiencias, tendrían una posibilidad complementaria de utilización.
Si el Grupo Popular, estando de acuerdo en el fondo, acepta esta enmienda del Grupo Socialista, nosotros la apoyaríamos coincidiendo en el fondo de la propuesta del Grupo Popular y en la forma en que el Grupo Socialista la trata de hacer real e instrumental.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, para manifestar la posición de mi grupo parlamentario en esta pertinente proposición no de ley presentada por el Grupo Popular. Mi grupo va a votar favorablemente a esta proposición no de ley. Le parecen adecuadas las reflexiones del portavoz del Partido Popular.
Realmente estamos ante una flota de edad avanzada, casi de edad provecta con los porcentajes que estamos comentando; el 56 por ciento de los buques del Estado español tienen en este momento más de 15 años y hay que articular mecanismos financieros que posibiliten la concesión de las ayudas que se prevén en la 7.ª Directiva y que se recomiendan en el panel de financiación del foro de industrias marítimas.
Creo que está bien articulado este fondo de garantía que nos propone el Grupo Popular, mediante la participación en la obtención de sus recursos financieros (por una parte, de las propias empresas navieras, por otra parte, del Gobierno), en la cobertura que pretende el Grupo Popular --muy pertinente-- del tramo no cubierto en el ámbito hipotecario, tanto por el consenso OCDE como por el Real Decreto 442/1994 y también en las apelaciones relativas al favorecimiento de uso del segundo registro de buques, que nos parece una institución muy pertinente y eficiente.
En todo caso pediría al Grupo Popular que busque la manera de sintetizar su propuesta con la enmienda --muy pertinente también-- presentada por el portavoz del Grupo Socialista y también por el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Nos parece que las enmiendas presentadas a la proposición no de ley no son absolutamente contradictorias, son complementarias en algunos de sus aspectos y, por ello seguramente los representantes de este importante sector, que efectivamente adolece de tantos problemas, en este momento nos agradecerían este esfuerzo de síntesis y de comprensión.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría.
Finalmente, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Señorías, brevemente fijaré la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular es de gran interés para todo el sector naval como ya se ha puesto de manifiesto en las intervenciones de todos los portavoces.
Existen unos plazos fijados por la OCDE y una normativa de la Unión Europea que deben

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ser tenidos en cuenta desde el Gobierno para aprovechar las ventajas que puedan obtenerse y, además, favorecer con ello que el sector pueda competir tanto en el mercado nacional como en el internacional.
Por todo ello nuestro grupo es consciente de que debe instarse al Gobierno para que actúe. Ahora bien, el texto de la proposición no de ley en sus tres puntos no tiene claridad suficiente como para ser aplicado de forma concreta. Creemos que una de las enmiendas presentadas, la de sustitución del Grupo Socialista, deja más clara la intención que debe tener la instancia al Gobierno y que sea éste el que en la redacción de toda la normativa necesaria entre en detalles de forma y funcionamiento de cuanto se desea. Además, con ello podría obtenerse un amplio consenso en esta Cámara y, a la vez, la enmienda quedaría bajo la titularidad del grupo proponente.
Por tanto, nuestro grupo tiene intención de votar favorablemente el texto de la enmienda --si ésta es aceptada-- como esperamos y, en todo caso, pedimos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
El señor Fernández de Mesa tiene la palabra a efectos de indicar la aceptación o no de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Uni Catalunya y también por parte del Grupo Socialista.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero manifestar al señor Andreu que lleva toda la razón al decir que nada tiene que ver la construcción naval con la marina mercante; pero también quiero decirle, señor Andreu que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa exclusiva para la marina mercante y otra para la construcción naval que no conseguían entrar en la Cámara. Por ello nos hemos visto obligados a tratar de entrelazar, de la mejor manera posible, algoque está dentro de lo que es el ámbito marítimo español para sacar una iniciativa adela Soy consciente, exactamente igual que S.S., de que son dos puntos totalmente diferentes, pero no queda más remedio que hacerlo. Después de las intervenciones de los señores Mardones, Olabarría, Sedó y Cuevas, diré aquí y ahora que el Grupo Parlamentario Popular lo único que pretende es que esta iniciativa salga adelante y no nos importa que sea exactamente en los términos que plantea el Grupo Parlamentario Popular como en los términos que plantea, acertadamente en este momento, el Grupo Parlamentario Socialista.
Por tanto, sin dolernos prendas a la hora de reconocer quién tiene la razón y quién no la tiene o quién en este momento recoge el sentir de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular no tiene inconveniente en aceptar las enmiendas que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decirle, risa que he echado antes --perdóneme usted-- no tenía ningún carácter ofensivo, sino que era por una conversación que acababa de tener antes d hemiciclo.
Tengo que decir que en el primer punto estamos totalmente de acuerdo porque en síntesis dice exactamente lo que nosotros pretendemos, separand competencia del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pero nos gustaría que se dijera: «... poner en funcionamiento un sistema estatal», es decir, que entre «sistema» y «de provisión de garantías» figure la palabra «estatal». Aceptamos el resto del primer punto, pero con una matización, señor Cuevas, que no pretendo se recoja en este momento en la enmienda que ustedes presentan: la referencia a que la OCDE no considera a España como país único, sino que los acuerdos que toma la OCDE son respecto a la Unión Europea y no a España, y me refiero al último apartado de esta primera enmienda de sustitución, que en modo alguno modificamos y que aceptamos simplemente con la inclusión de que el sistema sea estatal.
El segundo punto que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es exactamente igual al que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, pero r diferente manera y, por tanto, mi grupo parlamentario lo acepta en su integridad.
En cuanto al tercer punto, y teniendo en cuenta que el segundo registro de Canarias, como bien decía el señor Mardones, no sólo tiene que ser atractivo para los buques españoles, sino que tiene que ser atractivo para que buques de otros países acudan a él, el Grupo Parlamentario Popular acepta la redacción que propone el Grupo Parlamentario Socialista, teniendo en cuenta, además, lo que acaba de decir el señor Cuevas en la tribuna, pero nos gustaría que al terminar este párrafo se pudiera añadir una frase que dijera: tendente a mejorar las condiciones del segundo registro especial de buques de Canarias.
Creo, señor Presidente, señoras y señores diputados, que en este acto todos los grupos de la Cámara haremos un gran favor a la construcción naval si esta proposición no de ley sale adelante en los términos que acabo de mencionar.
Muchas gracias señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Cuevas, ¿acepta estas dos modificaciones sobre la enmienda presentada por el Grupo Socialista?

El señor CUEVAS DELGADO: Sí, en los términos que creo haber oído. En el primer punto, solamente se añade la palabra «estatal», de forma que figure «sistema

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estatal», y en el tercer punto añadir el párrafo que se ha leído textualmente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
En estos términos, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista con las modificaciones propuestas al texto de la misma y aceptadas en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 296.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO PARA LAS ENSEÑANZAS MEDIAS EN GENERAL, Y, EN CONCRETO, RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO CON LAS QUE EL GOBIERNO REGULARA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS (Número de expediente 173/000072)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de interpelación sobre política educativa del Gobierno para las enseñanzas medias en general, y, en concreto, respecto de las modificaciones del Real Decreto con las que el Gobierno regulará las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios.
Tiene la palabra el señor González. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños! Señorías, no sé si son conscientes de la descortesía que tienen con el orador que está aguardando para iniciar su intervención. ¡Les ruego guarden silencio! Cuando quiera, señor González.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías, como les anuncié con motivo de la interpela-ción urgente de la pasada semana, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estimó oportuno conocer las propuestas y proyectos del Gobierno en un tema tan importante como es la modificación del Real Decreto 1543/1988, que regula tanto los derechos como los deberes de los alumnos.
Algún grupo político de la Cámara, de éstos que van incondicionalmente de la mano del Gobierno, se extrañó de que mi Grupo presentara una interpelación sobre algo que no había aparecido en el «Boletín Oficial del Estado», y calificaba esta interpelación y estos documentos, estas propuestas del Gobierno, como simples borradores sin importancia. Quiero recordar a quienes así piensan, señor Presidente, que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene otro sentido de la política en su labor de oposición y prefiere, ante todo, solucionar los conflictos, si se puede, antes de que se produzcan para evitar males mayores. Preferimos plantear una alternativa a esperar que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» y buscar luego la forma de explicar nuestra postura, según corran los vientos. Preferimos --es nuestra polí recoja el producto del consenso y no el de la imposición. Curioso y esperpéntico no es presentar una interpelación antes de que se produzcan los problemas; lo más curioso y esperpéntico es ser acrítico y, desde el oportunismo que da una determinada posición en la Cámara, entrar después en el chalaneo y no en la discusión política.
Se decía también, señor Presidente, señorías, que nos ocupábamos excesivamente de derechos y no de deberes. Pero es que, señorías, los derechos en el proyecto del Gobierno son pocos y muy limitados, mientras los deberes eran demasiados, cuasi, diría, draconianos, como les calificábamos nosotros. La moción que hoy presento a SS.SS. en nombre de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya entiendo que es aceptable, incluso, para los escépticos que esperan al «BOE» para su pronunciamiento. En primer lugar, porque les pido paralizar el proceso, tal como se está llevando, teniendo en cuenta solamente la opinión de los consejos sociales y otros órganos educativos y atendiendo menos las reivindicaciones de los estudiantes, que son, como hemos reconocido todos los grupos el pasado día, al fin y a la postre para quienes estamos legislando.
No se va a conseguir, por mucho que se plantee ante la opinión pública los apoyos con los que hoy se cuenta, una verdadera negociación mientras no se negocie --como decía anteriormente- - con los principalmente afectados: los estudiantes. Eso puede producir que se acabe con unas movilizaciones innecesarias e inoportunas.
La segunda parte de nuestra moción se deriva, obviamente, de la primera, y viene a pedir al Ministro de Educación que acelere el proceso de negociación a partir

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de las promesas efectuadas a las organizaciones estudiantiles en los últimos días y ratificadas en esta misma tribuna. Esas promesas fueron calificadas por mi Grupo como un paso adelante, pero no suficiente. Todavía quedan algunos esfuerzos por hacer y entendemos --entiende mi Grupo-- que serán buen la pena para acabar con un conflicto en un momento, como he repetido en varias ocasiones, muy inoportuno.
En cualquier caso, mi Grupo aceptará el resultado de la negociación si ella existe, aunque no sea el texto ideal, y simplemente como producto de una negociación entre las dos partes más implicadas. El Grupo Federal de Izquierda Unida espera que no haya calado en el partido del Gobierno la intervención de alguno de sus socios que, pretendiendo descalificar --creo que con mal estilo y no habitual en ellos- - con muy mal talante nuestra interpelación, venían a pontificar, con argumentaciones a mi juicio y en mi opinión trasnochadas, de que alguien podría confundir las aulas con patios de colegio y las plazas públicas donde manifestarse.<ð La educación en la convivencia y en la tolerancia se consigue mejor integrando en el funcionamiento del centro a todos los sectores implicados. La disciplina que se pretende implantar a través del incremento del poder del director, y sólo del director, y en detrimento de las competencias del Consejo Escolar, no es la mejor forma de educar en convivencia, en tolerancia y en libertad. El Consejo Escolar, órgano colegiado que por ley garantiza el funcionamiento democrático, queda relegado desde una posición vinculante a una función simple de supervivencia.
Señor Presidente, señorías, hemos querido hacer una moción que pudiera ser aceptada por todos. Entiendo que el partido del Gobierno no tendrá ningún problema para aceptarla, puesto que partimos de pedir una negociación de los compromisos que adquirió el señor Ministro con motivo de la interpelación urgente. Decíamos que había sido un paso adelante esos compromisos. Todavía quedan muchos, que no les voy a cansar con su cita, pero que sin duda tendrán la oportunidad de discutir en esas negociaciones con los estudiantes, con las organizaciones estudiantiles, que es lo que, en definitiva, venimos a pedir hoy con esta moción consecuencia de la interpelación urgente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo Popular. Para su desarrollo y para fijar la posición del Grupo, tiene la palabra la señora Cremades.


La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
La huelga que el pasado día 9 de febrero protagonizaron los estudiantes de enseñanza secundaria para protestar contra la carta de derechos y deberes fue masiva, como se ha demostrado.
En 25 ciudades hubo manifestaciones que, sin embargo, contaron con la presencia de pocos alumnos.
El Ministerio de Educación minimizó el seguimiento de paro, y frente al 90 por ciento calculado por los estudiantes, el Ministerio cifró el paro entre un 40 y un 60 por ciento. Otras administraciones autonómicas, como Canarias y Galicia, hablaron de un 70 por ciento. El País Vasco cifró el seguimiento en un 11 por ciento y Cataluña en un 35 por ciento. En Andalucía, la Consejería cifró en un 60 por ciento.
El 80 por ciento de los estudiantes de secundaria de Cataluña, según sindicatos, y el 36 por ciento, según la Generalidad, se sumó a la jornada de huelga convocada a nivel estatal. Estamos hablando de cifras bastante altas para comprender este paro.
Barcelona ciudad y Barcelona comarca, Tarragona, Vallés Occidental y Gerona fueron las zonas con más participación. En la provincia de Lérida, la incidencia fue escasa porque la asamblea de estudiantes del día anterior decidía trasladar la convocatoria al jueves día 16 y posteriormente al día 22. Los estudiantes catalanes pedían más dignidad para la formación profesional, la eliminación de la selectividad, más plazas universitarias y más posibilidades de acceso. En las manifestaciones se gritó contra todo: las tasas, las notas, los contratos de aprendizaje, etcétera.
La carta de derechos y deberes del Ministerio de Educación tiene en Cataluña su paralelismo en la norma aprobada por la Generalidad en diciembre de 1993. Dos de los puntos más conflictivos del decreto que prepara el Ministerio de Educación y Ciencia se incluyen en la normativa catalana: considerar la huelga estudiantil falta de asistencia a clase y no un derecho, y traspasar del Consejo Escolar del centro al Director del mismo las competencias sobre sanciones cautelares e inicio de expedientes. También se quejaron los estudiantes de este decreto.
Los estudiantes dejaron claro que en la enseñanza hay malestar y continúan exigiendo negociación y diálogo. Entre las peticiones de los estudiantes cabe destacar algunas reivindicaciones, puesto que observan su futuro con escepticismo. Los estudiantes aseguran que la reforma supone un recorte de sus libertades y un incremento del poder sancionador de los directores de los institutos. Unas de las medidas previstas en el decreto es la autorización que se concede a los directores para expulsar a los alumnos cinco días sin incoar un expediente disciplinario en el Consejo Escolar, como se hace ahora en estos casos.
El Ministerio de Educación y Ciencia ha convocado a los sindicatos de profesores, a la Confederación de padres y a las asociaciones de estudiantes para celebrar diversas reuniones.
Sin embargo, se quejan siempre de que se realiza esta reunión «a posterior», en vez de «a priori».
En la jornada de huelga del día 22, la exaltación de todos los estudiantes fue manifiesta. Los responsables

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ministeriales aseguraron haber constatado un menor porcentaje de inasistencia a clase de los alumnos y esta nueva jornada de paro parece expresar, según el Ministerio, que el proceso de diálogo está consiguiendo un clima de mayor sosiego para encontrar un acuerdo básico con todos los sectores de la comunidad educativa.
Como ya se manifestó la semana pasada en la interpelación, nosotros abogamos por un mayor diálogo y un mayor consenso para fomentar la disciplina y el orden. Algunas manifestaciones realizadas por insignes profesionales de la Universidad, como las que aparecen hoy de Santiago Grisolia en el diario «ABC», expresan que todavía está esperando una contestación del señor Ministro de Educación. No se puede tolerar ni consentir que falte este diálogo. Además, el Grupo Popular persigue que la principal finalidad de este futuro decreto debe ser la de articular vías de reclamación ante los órganos de gobierno de los centros de la propia Administración educativa y hay que lograr que el marco normativo establecido en el futuro decreto propicie un adecuado nivel de convivencia en los centros a partir de él y, respetando su contenido, los reglamentos de régimen interior desarrollarán un conjunto de normas que faciliten la organización y funcionamiento de los centros, adantándose a su propia realidad y posibilitando un modelo educativo propio. Nuestro Grupo Parlamentario propone una mayor apertura a las propuestas de las asociaciones de estudiantes para canalizar todas las propuestas.
Quisiéramos plantear una enmienda a la moción presentada por Izquierda Unida. El apartado 2 quedaría redactado del siguiente tenor: «A la apertura de un proceso de negociaciones con todas las partes implicadas, y particularmente con las asociaciones estudiantiles, que culmine con la elaboración de un nuevo real decreto». Lógicamente, nuestra postura es para incrementar el diálogo de todas las partes implicadas en los derechos y deberes de los estudiantes de los centros educativos anteriores a la Universidad, para que nuestros estudiantes, alumnos, padres y profesores puedan crear y convivir dignamente.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, para manifestar nuestra posición respecto de esta moción consecuencia de interpelación urgente, que fue presentada el miércoles pasado por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Fijar nuestra posición respecto de esta moción en el sentido de que vamos a votar en contra, como no podría ser menos, y como consecuencia del debate que ya tuvimos la semana pasada. Nos vamos a oponer por la sencilla razón de que al menos nuestro Grupo está a favor del real decreto que nos anunció el señor Ministro de Educación el miércoles pasado; un real decreto que viene a modificar el hoy vigente número 1543/88 y que se propone regular derechos y deberes de alumnos y de alumnas en los centro docentes y las normas de convivencia en esos mismos centros docentes.
El señor González Blázquez, en la presentación que ha hecho de esta moción, dice que mediante ese texto se intenta presentar una alternativa a lo que se está redactando en el Ministerio de Educación y Ciencia, y a este Diputado le sorprende que esta moción, que lo que pide es, pura y simplemente, la paralización de ese real decreto-ley, sea una alternativa a lo que nos expuso el señor Ministro de Educación y Ciencia.
Entenderíamos como una alternativa un cambio de planteamiento en la política que nos aportó el señor Ministro la semana pasada y no una moción en la que se pide la paralización del proceso de aprobación de este Real Decreto.
Nosotros estamos de acuerdo en que por parte del Ministerio de Educación y Ciencia se regulen, repito, derechos y deberes de alumnos y que se haga en el marco de la autonomía escolar que prevé y que ampara la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, la LODE, y que además se dé un mayor protagonismo y una mayor responsabilidad --añado-- al Consejo Escolar, donde están presentes los distintos sectores comunidad educativa; que además se dé, mediante este Real Decreto, un nuevo impulso a la calidad de la enseñanza mediante la ordenación de la disciplina interna de todo el centro; además, con la creación de una comisión de convivencia con la participación de profesores, de padres y de alumnos. Es decir, estamos a favor de crear un marco normativo donde practicar el diálogo y la convivencia en los centros docentes como algo que es básico e intrínseco con la democracia.
Además, este real decreto que está elaborando el Ministerio de Educación y Ciencia, a tenor de lo manifestado por el señor Ministro ante esta visto bueno, tiene el apoyo del Consejo Escolar del Estado, que es un organismo creado por la LODE, que tiene además una representación, la que sea, de todos los sectores que tienen que ver y tienen mucho que decir en torno a la educación, y, además, tiene el visto bueno también del Consejo de Estado.
Por tanto, nos encontramos con un norma cuyo contenido exacto no conocemos, sólo unos borradores, pero que el señor Ministro nos explicitó en pasado miércoles a raíz de la interpelación que presentó el Grupo que hoy propone esta moción.
Tiempo habrá --dije en aquella ocasión y repito hoy-- para hacer una crítica al contenido exacto de un decreto

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que hoy no conocemos y para hacer un seguimiento puntual de su aplicación y evaluar sus resultados. Lo que nosotros no entendimos entonces fue una interpelación sobre un decreto que no existe, y lo que no entendemos hoy es una moción que diga que ese decreto que no existe tampoco exista en el futuro.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, permítame señor González Blázquez que le felicite por su intervención de hoy y la de la semana pasada. Es usted un buen parlamentario, ha tenido que representar un papel determinado y lo ha hecho bien. Tuvo que representar un papel difícil la semana pasada presentando la interpelación, una interpelación que, desde mi punto de vista, y se lo recordó el señor López de Lerma, estaba presentada a destiempo, puesto que la fase de negociación con los implicados está muy avanzada. Y yo creo que también hoy ha tenido un papel difícil, porque ha tenido que defender una moción, desde mi punto de vista, y dicho con todo respeto, que no hay por dónde cogerla. Es una moción que está basada en una interpelación hecha a destiempo y que, por tanto, es bastante irreal, bastante falta de contenido.
Porque, mire, señor González Blázquez, ustedes presentan en la moción dos puntos. Se la voy a leer tal como la tiene usted redactada. En prime paralización del proceso de aprobación, que está en curso, dicen ustedes, de la modificación del Real Decreto 1543/1988. Y piden esto porque, en segundo lugar, dicen que se abra un proceso de negociación, proceso de negociación que a continuación dicen ustedes debe tomar como punto de partida las reivindicaciones ya acordadas entre el Ministerio de Educación y las organizaciones de estudiantes, y de esta forma parece que quieren ustedes decir que así se arreglaría la situación. Así está presentado, así está escrito.
Permítame, señor González Blázquez, que se lo lea al revés.
Usted reconoce que hay una serie de acuerdos entre las organizaciones estudiantiles y el Ministerio de Educación sobre la base de una serie de reivindicaciones planteadas por los estudiantes, con lo cual usted está reconociendo que ha habido una negociación y que ha habido unos acuerdos. Si ha habido una negociación y unos acuerdos, que es lo que usted pide en el punto segundo, que se abra esa negociación, tiene poco sentido que en el punto primero digan que se paralice el proceso de modificación del decreto.<ð Es decir, está usted presentando algo irreal, algo que no tiene sentido, porque está reconociendo que existen acuerdos en reivindicaciones planteadas por los estudiantes y, al mismo tiempo, dice que no ha existido ninguna apertura de negociación, lo cual no es cierto (usted dice justamente lo contrario), y sobre esa base pide la paralización de la modificación del decreto. Por eso le digo que es una moción un tanto irreal, señor González Blázquez, se lo digo con todo respeto, y le ha tocado a usted hacer un papelón, pero, ¡bueno!, para eso se está en algunas ocasiones.
Dicho esto, yo quisiera también decir que, aparte de insistir en que la moción no aporta nada nuevo, yo sí creo que está presentada con un propósito distinto, un propósito claro: para deteriorar la acción del Gobierno en un asunto como éste, y también está presentada claramente para crear confusión ante los ciudadanos. Porque usted quiere transmitir a la ciudadanía que el Gobierno no negocia con los estudiantes, no negocia con los representantes de la comunidad educativa y, al mismo tiempo, también está transmitiendo, aparte de ese mensaje, otro en el que dicen a los ciudadanos que el Ministerio de Educación quiere reducir los derechos que tienen reconocidos los estudiantes en nuestro ordenamiento legal. Y, señor González Blázquez, con todo respeto, ambas afirmaciones que ustedes hacen son totalmente falsas. ¿Por qué? Porque el Gobierno está negociando, el Gobierno ha negociado con los estudiantes y con otros estamentos que componen la comunidad escolar y el Gobierno no está intentando, bajo ningún concepto, reducir los derechos y deberes que tienen reconocidos los estudiantes.
Quizá, llegados a este punto, convenga hacer alguna aclaración. Porque, señorías, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la modificación del Real Decreto 1543/1988, de 28 de octubre, que es un decreto sobre derechos y deberes de los alumnos. Pero, ¿cuál es el contenido de ese Decreto? Permítame que le haga la definición del contenido del Decreto en positivo y en negativo, diciendo lo que regula y lo que no regula.
¿Qué es lo que está regulando el Decreto? El Decreto hace un desarrollo pormenorizado del contenido de cada uno de los derechos y deberes reconocidos por la LODE y, además, establece una serie de actuaciones de las administraciones educativas para hacer efectivos esos derechos y deberes; eso es lo que regula el Decreto. Lo que no regula, señor González Blázquez, es el reconocimiento o definición de los derechos y deberes de los alumnos; eso no lo hace este Decreto. Eso lo hace la LODE.
¿Qué derechos y qué deberes reconoce la LODE, señor González Blázquez? Reconoce, fundamentalmente en cuatro artículos --en el 6, en el 8, en el 42 y en el 57--, una serie de derechos que no se van a modificar porque varíe el Decreto del que estamos hablando: derechos y deberes básicos reconocidos en el artículo 6; derecho de reunión de los alumnos reconocido en el artículo

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8; derecho que se reconoce al Consejo Escolar del centro en lo que se refiere a la resolución de conflictos e imposición de sanciones, en los artículos 42 y 57. Y eso no quiere modificarlo nadie; eso, señor González Blázquez, no queremos modificarlo nosotros, como Grupo Parlamentario Socialista; eso no quiere modificarlo el Gobierno. Nosotros apoyamos, en su momento, la LODE, que es la que regulaba y reconocía los derechos y deberes de los estudiantes; lo propusimos y lo apoyamos entonces, cuando se tramitó la LODE, y lo apoyamos también en este momento.
Lo que pretende el Gobierno, a través de la actualización del Decreto al que estoy haciendo referencia, es algo mucho más sencillo, algo mucho más simple, cual es la actualización de determinadas actuaciones administrativas para hacer efectivos los derechos y los deberes de los alumnos por medio de la modificación del Decreto 1543/1988. Y, ¿cómo se pretende hacer más efectivos estos derechos y deberes que tienen reconocidos --insisto-- por la LODE los estudiantes? Se ha seguidoel procedimiento normal, el adecuado. Primeramente, negociar con los sectores afectados (en este caso, representantes de padres, de profesores y de alumnos) y, a partir de ahí, proponer una serie de modificaciones --insisto- - no en relación con los derechos y deberes, sino con las normas de aplicación en los centros escolares de esos derechos y deberes. Las modificaciones del Decreto actualmente vigente están acordadas con las organizaciones a las que estoy haciendo referencia a lo largo de mi intervención, y van en la siguiente línea --lo decía en la interpelación el otro día el Ministroy lo recordaba hoy el señor L de más autonomía a los centros para la elaboración de sus normas de convivencia; en segundo lugar, facultando al consejo escolar --no obligando ni imponiendo--a delegar en los órganos de gobierno unipersonales la aplicación de ciertas normas de convivencia; en tercer lugar, creando una comisión de convivencia en todos los centros escolares con la participación de profesores, padres y alumnos; en cuarto lugar, potenciando las juntas de delegados de alumnos; en quinto lugar, regulando con mayor precisión el derecho de reunión en el horario escolar del centro, y alguna otra más que, para no ser excesivamente prolijo y no pasarme del tiempo que tengo asignado no voy a enumerar.
En definitiva, señorías --y éste es el gran propósito--, el objetivo es hacer más fácil el trabajo y la convivencia en los centros escolares. No es quitar ningún derecho de los que tienen reconocidos en estos momentos los alumnos, sino, simplemente, dictar normas, que en este caso van a modificar un decreto, para hacer más fácil el trabajo y la convivencia en los centros escolares. Ese es el gran objetivo que persigue esta reforma, ese es el objetivo que nosotros apoyamos y es el que pretende el Gobierno.Sin embargo, dicho esto, señorías, y termino, la interpelación de la viendo hoy, si desde mi punto de vista no ha aportado nada, al menos sí ha servido para algo, y ha sido para abrir un debate, para que estemos debatiendo en este momento un asunto como éste, que es de gran importancia. Ha servido también, permítame que se lo diga, señor González Blázquez y señora Cremades, para que una vez más los Grupos Parlamentarios Popular e Izquierda Unida hayan constituido el frente del no alrededor de un tema como éste, tan importante para la buena marcha de los centros escolares.
Es más, ha servido también para que el Grupo Parlamentario Popular haya sido muy claro, haya clarificado cuál es su posición en un tema import éste. La derecha lo tiene muy claro, señora Cremades, usted lo ha dicho. No quieren comisiones de convivencia en los centros, lo dijo el otro día en la interpelación y lo ha vuelto a recordar hoy; dicen que ya existen demasiados órganos colegiados. Quieren eficacia en los centros --yo eso lo comparto--, pero dicen que quieren ante todo orden y disciplina. Eso ha sido muy clarificador. Yo creo que los centros esc ver cuál es la propuesta que hace la derecha, cuando hace alguna, en un caso como éste.


El señor PRESIDENTE: Señor Nieto.


El señor NIETO GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Por todo ello y por alguna razón más, que si tuviese tiempo enumeraría, votaremos en contra de la moción y también de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en el supuesto de que sea aceptada por Izquierda Unida.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nieto.
Para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Obviamente, no esperaba que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) apoyara nuestra moción. Ya lo expresó claramente en el debate pasado. Pero satisfecho de que ya llame Reales Decretos a las cosas sin que vayan al «Boletín Oficial». Le voy a sugerir que otra vez que quiera apoyar o no una moción aprenda a leer, y no lea sólo la primera línea, sino también las siguientes, porque cuando mi Grupo dice: «paralización del actual proceso de aprobación en curso», lo que quiere decir es que no lo lleven directamente desde el Ministerio al «Boletín Oficial», sino a través de la discusión, del consenso, de la negociación...


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El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que exprese la aceptación o rechazo de la enmienda.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Sin ningún tipo de confusión, perversión, ni nada de lo que se me ha acusado esta tarde al presentar esta moción, tengo que decir al Grupo Popular que no puedo aceptar su enmienda porque se para en un punto a partir del cual viene lo sustancial de la moción.
El Grupo Popular se para diciendo que la negociación con asociaciones estudiantiles culmine con la elaboración de un nuevo Real Decreto. Pero moción de mi Grupo quiere que ya se incorporen, por lo menos, las reivindicaciones que han sido asumidas por el Ministerio después no de la negociación sino de que el Ministerio informara a los estudiantes de que iba a aceptarles determinadas peticiones, porque ese ha sido el talante del Ministerio. Ha lanzado varios papeles, varios borradores; evidentemente, el primero más duro, el siguiente menos duro, y el tercero ya quería que fuera el definitivo con estas reivindicaciones asumidas. Por eso pedimos que se parta al menos de esas negociaciones mantenidas ya.
Esa es la razón por la que no podemos aprobar la enmienda del Grupo Popular. Pero que no vea nadie otras razones, como yo no las veo cuando algún Grupo dicta a otro lo que hay que hacer en materia de educación. Porque en materia de educación, señor Nieto, sus propuestas y las de su Grupo se parecían más a las que hoy yo estoy proponiendo que a las que le dictan desde allí, y algunas veces desde Cataluña por teléfono, obviamente a cobro revertido.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 14; en contra, 152; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE ADOPTARA EL GOBIERNO, CON CARACTER DE URGENCIA, PARA CONSEGUIR QUE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM), DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA A APROBAR POR LA UNION EUROPEA, ENTRE OTROS, CONTEMPLE DE PLENO DERECHO LAS VARIEDADES Y LOS CALENDARIOS DE LAS PRODUCCIONES ESPAÑOLAS (Número de expediente 173/000073)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, subsiguiente a interpelación, sobre medidas de política general que adoptará el Gobierno, con carácter de urgencia, para conseguir que la reforma de la Organización Común de Mercado del sector hortofrutícola a aprobar por la Unión Europea, entre otros, contemple de pleno derecho las variedades y los calendarios delas producciones españolas.
Tiene la palabra el señor Pascual. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como consecuencia de la interpelación presentada la pasada semana, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a este Pleno la subsiguie la que esperamos el apoyo del resto de los grupos. Esta moción es un tanto extensa, pero la problemática de las frutas y hortalizas también es extensa por su gran cantidad y diversidad. En la susodicha moción hemos pretendido recoger prácticamente todos los aspectos que afectan al sector, aunque, bien es verdad, no profundizando demasiado en ellos. ¿Y esto por qué, señorías? Simplemente porque pensamos que esta moción sirve como planteamiento básico, como orientación, de cara al debate que se va a producir en Bruselas ante la proximidad de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. En el documentos base, señorías, pretendemos -- porque vamos a asistir a un período largo de debates-- que se inicie lo que será la postura española para empezar a trabajar. Por lo tanto, señorías, con esta moción pretendemos llegar a un acuerdo de esta Cámara que sirva para llegar al inicio de un acuerdo con el sector hortofrutícola español. La moción consta de dos puntos. En el punto A) solicitamos que España lidere la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Esto lo hacemos por primero, porque España, junto con Italia, es el principal productor de frutas y hortalizas en Europa, aparte de ser el sector más importante dentro de la agricultura española, y segundo, porque el sector hortofrutícola español se enfrenta a un reto más difícil que el del resto de los países miembros, ya que hasta ahora la normativa europea ha contemplado la problemática del resto de los países miembros. España tiene que modificar mucha más normativa que el resto de los países de la Unión Europea, por lo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para tirar del carro de esta reforma. Esfuerzo que va a ser necesario tanto en el Congreso de los Diputados como en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el señor Ministro hasta los funcionarios, así como en el sector hortofrutícola, productores, cooperativas, exportadores o transformadores. En el punto B), señorías, pedimos desde el Grupo Parlamentario Popular que por parte de la diplomacia

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española se haga todo lo posible para cons aprobación de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas tenga lugar durante el mandato español, que será durante el segundo semestre del presente año de 1995. Desde la presidencia europea se puede influir más y mejor y, por las razones anteriormente expuestas, creemos que es totalmente necesario que durante nuestro mandato se apruebe esta reforma. Dentro de la moción, señorías, hay una serie de puntos --el primero de ellos creemos que es muy amplio, de consenso-- en los que pedimos que sigan vigentes los tres pilares básicos de la política agraria comunitaria, en los que se asentó en un principio, cuando ésta se consolidó.
Siguiendo la intervención del miércoles pasado de la portavoz de Izquierda Unida, creemos que hay que iniciar esta reforma desde esos tres pilares básicos. La solidaridad financiera, en primer lugar, con una dotación presupuestaria suficiente; hay que hacer un esfuerzo presupuestario --ya dábamos los datos en la interpelación--. Mientras la producción final agraria de frutasy hortalizas es del 16,6 por ciento este sector sólo recibe de los presupuestos comunitarios, del Feoga-garantía, desde el 2,3 por ciento, como recibió en 1988, hasta los índices más altos, el 4,7 por ciento en 1990 o en 1993. Por tanto, señorías, es un sector tremendamente barato para Bruselas y esto se tiene que plasmar, primero, porque el aumento de la liberalizac mercados comunitarios, como consecuencia del GATT, va a ser tremendo, van a aumentar las importaciones, van a disminuir nuestras exportaciones y con una tasa de cobertura que disminuye anualmnente en un 1 por ciento hay que hacer un gran esfuerzo en esta reforma de OCM para garantizar las rentas de los agricultores; y esto, señorías se consigue, naturalmente, con dinero.
Dentro de la solidaridad financiera estaría incluido el punto 2, de oposición a la disminución de los precios de retirada, como propone el documento de reflexión de la Comisión. No hay que olvidar, señorías, que los precios de retirada son de garantía, es una política de sostenimiento de rentas.
El punto 3, de ayudas a la transformación, es importante como alternativa preferente a la retirada, inclusoampliando a nuevos productos que afe tener estas ayudas a la transformación. Por citar simplemente algunos ejemplos -- habría algunos más--, estarían el albaricoque, el espárrago o la misma cereza. Esto es importante porque en la transformación damos valor añadido al producto, se crean riqueza y puestos de trabajo, se tiene una mejor imagen que con la retirada y, sobre todo, causa menos problemas ambientales.
El segundo pilar básico de la preferencia comunitaria sería, como dice la moción, que se garantice la producción interna frente a las importac originarios de países terceros, dentro de los límites establecidos en los acuerdos del GATT.
El tercer pilar básico es la unidad de mercado, de tal forma, señorías, que no se produzcan discriminaciones de las producciones entre los distintos países comunitarios, tanto en lo que se refiere a la distribución de ayudas como a la comercialización de productos y en el libre tránsito de los mismos dentro de la Unión Europea, reforzando el Acta Unica Europea en lo que se refiere a la libre circulación de mercancías.<ð En el punto 4, señorías, solicitamos que se aproveche la ocasión de la reforma de la OCM para adaptar los calendarios y los períodos de la nueva normativa a las condiciones agroclimáticas españolas; períodos de intervención, precios de entrada o períodos de ayuda a la transformación.
El punto 6 se refiere a las concesiones en tratados preferenciales porque las concesiones a terceros países siempre las hacemos en los mismos productos, productos hortofrutícolas y, además, coincidiendo con los mismos períodos de producción españoles. Debido a que en la normativa actual no se contempla la problemática española, es en esos períodos cuando se tiene menos defensa ante las importaciones de estos productos, y esta pérdida de rentas, señorías, habrá que conformarla de alguna manera.
Los puntos 8 y 9 se refieren a las organizaciones de productos de frutas y hortalizas. Simplemente quiero constatar un dato y es el siguiente: mientras en la Unión Europea se comercializa un 60 o un 80 por cien a través de estas organizaciones de productores, en España tenemos un nivel muy bajo, un 20 por ciento. Asimismo, el documento de reflexión de la Comisión señala como instrumento básico para desarrollar la nueva OCM precisamente las organizaciones de productores.
Acabo mi intervención diciendo que la moción que se apruebe hoy es importantísima para el futuro del sector hortofrutícola español y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos lograr, si se puede, un consenso en esta Cámara en el que como norma básica, como punto de partida podamos seguir trabajando. En estos momentos recojo el testimonio del portavoz socalista de que estamos totalmente dispuesto a seguir con este debate en la Comisión Mixta de la Unión Europea, con el fin de conseguir, junto con el sector afectado (porque es un sector muy difícil y desde mi Grupo Parlamentario comprendemos que incluso en ciertos momentos puede haber contradicciones o planteamientos distintos dentro de dicho sector), que se llegue a Bruselas con una unanimidad de criterios en la postura española para que realmente beneficie a nuestro sector agroalimentario.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pascual.


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A la moción presentada por el Grupo Popular se han presentado enmiendas por parte de Izquierda Unidad-Iniciativa per Catalunya, por el Grupo Socialista, y por el Grupo de Coalición Canaria.
Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, pido la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene S.S. la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, a pesar del orden de presentación, dado que se ha producido una negociación anterior en este punto y la enmienda del Grupo Socialista es la más global y puede comprender acuerdos con el resto de las enmiendas, si es posible, pediríamos defender nuestra enmienda y aproximar las posiciones con las del propio Grupo Popular, lo que abreviaría también el debate de los demás grupos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Roncero, efectivamente, normalmente el orden de defensa de las enmiendas es el orden de presentación en el Registro de la Cámara, pero si hay una circunstancia particular como la que S.S. apunta, creo que por parte del Grupo de Izquierda Unida no habrá ningún inconveniente. ¿no hay ningún inconveniente en que se defienda primero la enmienda del Grupo Socialista? (Pausa.) El señor Roncero tiene la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. En primer lugar, debo agradecer y felicitarnos por la colaboración de todos los grupos en este trabajo previo al debate b consenso, ya desde la semana pasada con motivo de la discusión de la interpelación, para la mejor defensa de los intereses del sector hortofrutícola español.
Nuestra enmienda, a raíz de la intervención en la fijación de posición de aquella interpelación, refleja lo que allí decíamos: recordar principios generales sobre las reformas pendientes de las OCM en general, y de la de frutas y hortalizas en particular, trasladando en nuestro primer apartado siete resoluciones aprobadas ya en esta Cámara en la Comisión de Agricultura con motivo del debate de los Acuerdos del GATT. De aquellas 44 resoluciones siete están trasladadas en nuestra enmienda como primer apartado A), que digo de entrada que estaríamos dispuestos a retirar en aras de ese consenso, puesto que son cuestiones repetitivas que también están reflejadas en los generales que plantea la moción del Grupo Popular. Por tanto, nosotros renunciaríamos a ese primer apartado que refleja esas mociones aprobadas con motivo del G consenso, para que se sumasen nuestros puntos B) y C) a los puntos que pasaré a comentar de la moción del Grupo Popular.
Les rogaríamos que retiraran en este trámite algunos de sus puntos, por razones que muy brevemente expondré y que pueden contribuir al consenso y a profundizar en su conocimiento y en la mejora de los acuerdos que tomemos posteriormente. Son los puntos segundo, quinto, octavo y noveno, que se refieren en conjunto a la gestión de los mercados y que hacen referencia a precios de entrada, a precios de retirada y a organizaciones de productores de frutas y hortalizas.<ð Tal como se actúe sobre esos cuatro elementos, que están interrelacionados entre sí, los resultados pueden ser muy diferentes. Cualquier resolución que tomemos debe ser profundizada en los trámites posteriores que se indican en nuestra propuesta a través de comparecencias, etcétera, en la Comisión Mixta. Creo que podríamos trasladar esos temas a esos debates y llegar a un consenso sobre esos elementos que pueden ser contradictorios según como se manejen los cuatro en su conjunto.
Por otra parte, hay otro punto, el sexto, cuyo principio general es el de que en los acuerdos con terceros países no se perjudiquen los intereses nacionales, los intereses comunitarios o se repartan las cargas equitativamente. Este punto, que está reiteradamente aprobado, parece que va encaminado a pedir ayudas por hectárea. Creemos que en estos momentos puede ser un elemento de debate y de disenso, no de consenso, puesto que también hay posiciones contrapuestas según en qué sectores productores de las frutas y hortalizas nos movamos. Por tanto, podría ser un punto a retirar en estos momentos y sobre el que profundizar en debates posteriores.
Asimismo, les pediría la retirada del punto décimo, relativo a los frutos secos, porque no parecen tener una entidad suficiente como para figurar en una resolución como ésta de tipo general, pidiendo una OCM propia para un sector que puede estar incluido --de hecho, lo está-- en resoluciones que ya aprobamos con el GATT y que estaban reflejadas en nuestras siete primeras propuestas ya aprobadas.
Retirando esos puntos y manteniendo el A) de introducción de su moción, el punto primero, que se refiere a los principios generales de solidaridad financiera, preferencia comunitaria y unidad de mercado; el punto tercero, productos transformados; el punto cuarto, relativo a calendarios de frutas y hortalizas; y el séptimo, a pequeños productos, yo creo que hacemos resoluciones de tipo general sobre principios generales que debe contemplar la OCM y trasladamos el grueso del debate a resoluciones específicas de detalle de esos temas que están interrelacionados a la Comisión Mixta, con lo cual conseguiríamos un buen punto de partida,

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un buen pronunciamiento del Parlamento en este inicio del debate parlamentario sobre la OCM, para seguir profundizando en ese consenso a lo largo de la Comisión Mixta.
Como decíamos el otro día, creo que todos debemos arrimar el hombro, estar codo a codo para defender los intereses españoles en esa Comisión Mixta y sacar de ella una resolución para que el Gobierno español se sienta respaldado y con fuerza para defender firmemente ante la Unión Europea esa reforma que debemos liderar y que debiera ser aprobada, como ustedes proponen también, en la Presidencia española.
Agradezco las intenciones que me han sido manifestadas de la buena voluntad y de la retirada de esos puntos en aras del consenso, y a los demá parlamentarios también les agradezco las manifestaciones previas que han hecho. Debemos felicitarnos todos por caminar por esa senda de consenso en la defensa de los intereses españoles.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Roncero.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario no ha tenido ningún problema en ceder el turno al portavoz del Grupo Socialista porque cree que en este tema, como en otros que hemos tratado en relación con la modificación y reforma de las organizaciones comunes de mercado de los productos meridionales, lo más importante es llegar a un consenso en esta Cámara.
En relación con la moción que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular, nosotros estamos básicamente de acuerdo. Atendiendo a que el Grupo había formulado una enmienda de sustitución que incluía un procedimiento para nosotros muy interesante, pues tenemos una experiencia previa en relación con el debate sobre la OCM del vino en esta Cámara y en el Senado, estimamos que es importante aunar esos esfuerzos, racionalizar el debate y, de alguna manera, sistematizar todo ello para no perdernos en múltiples debates parciales y en dos ámbitos distintos.
En este tema, que es uno de los sectores más competitivos de nuestras producciones agrarias, que más riqueza y más empleo pueden crear, no no por cuestiones partidistas, sino teniendo en cuenta que la postura española debe ser de una gran firmeza poque todos somos conscientes de que las organizaciones comunes de mercado de los productos continentales están ya reformadas; que se han llevado la parte del león del Feoga- Garantía y de lo que significa la línea directriz presupuestaria fijada en Edimburgo. Ahora nos estamos jugando que una vez que esos sectores se están llevando la parte más importante, en contra de que las organizaciones comunes de mercado de los productos meridionales les afectasen recortes importantes creo que estarán todos los grupos parlamentarios independientemente de su ideología.
Entendimos desde el principio que esas dos mociones se podían conjugar. Si el Grupo Popular acepta la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista, en el sentido de que en esta moción se reflejen aquellos puntos en los que todos estamos de acuerdo: el principio de solidaridad financiera de preferencia comunitaria, el que se tengan en cuenta los productos pequeños y algún otro punto que forma parte de la moción socialista, como son el calendario y las variedades; como decía, si el Grupo Parlamentario Popular acepta esta enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista en la que adiciona la última parte de su propia moción, que consiste fundamentalmente en que el debate se remita a la Comisión Mixta, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya estaría de acuerdo. Como quedarían afectadas las enmiendas que nosotros mismos hemos presentado, en aras de ese consenso estaríamos dispuestos a retirarlas, dejando constancia de que esto no prejuzga postura alguna de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con los temas conflictivos, como son los del precio de entrada, de las OPFH y todos los otros puntos que el Grupo Parlamentario Popular plantea en la moción que hoy nos presenta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Para defender la enmienda de Coalición Canaria, tiene la palabara el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria había presentado a esta moción del Grupo Parlamentario Popular tres enmiendas, pero el acuerdo de negociación que se ha anunciado hoy aquí facilita plenamente el trabajo.
Coincido plenamente con lo que acaba de decir la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y apoyamos lo positivo de un documento de síntesis, teniendo en cuenta todos los puntos en los que estamos de acuerdo, tanto en la moción del Grupo Popular como en las enmiendas que hemos presentado los tres Grupos restantes, con el fin de que en el seno de la Comisión Mixta de la Unión Europea encontremos, mediante el debate, el documento definitivo de un sector tan importante como es el hortofrutícola español para definirlo con una buena OCM.
Estas manifestaciones las hago desde la experiencia que en Canarias tenemos con el primer producto frutícola que se segregó del marco global, que ha sido el plátano. El punto décimo de la moción presentada por el Grupo Popular hace referencia específica al sector de

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los frutos secos, sector importante y de gran dimensión en España. Respecto a este tema nosotros estaríamos de acuerdo en que en el seno de la Comisión Mixta los frutos secos tuvieran una OCM propia, como ocurre en Canarias respecto del plátano.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas de reserva, pero coincidimos con el punto primero de la moción del Grupo Popular en relación con la s financiera, con el principio de preferencia comunitaria --fundamental para nosotros en el área del plátano y, sobre todo, del tomate canario-- y con la unidad de mercado. Nosotros quisiéramos advertir --y por eso es importante la reflexión en el seno de la Comisión Mixta--de que cuando hablemos de cofinanciación no se produzca un perjuicio, no vaya a ocurrir que la Comisión acepte --en base al punto 1 a)-- algunas fórmulas que, pudiendo beneficiar y no estando ahora en cuestión --como, por ejemplo, el sector citrícola levantino, valenciano concretamente--, no esté reflejada la defensa de otros productos hortofrutícolas --como figura en la moción-- distintos de los citrícolas y, sobre todo, de pequeños productores. Hemos de ser cautelosos porque, como bien ha señalado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ese exhaustivo derroche que ha habido en los fondos del gasto del Feoga-Garantía lo ha dejado esquilmado para dedicarlo a otras atenciones.
Yo celebro que en el acuerdo se pueda suprimir --si lo acepta el Grupo Parlamentario Popular-- el punto quinto, al que nosotros habíamos presentado una enmienda, no solamente respecto a los mecanismos de aplicación del nuevo sistema de precios de entrada para que sea una efectiva aplicación de la preferencia comunitaria. Nuestra enmienda a este punto pretendía no sólo que se reforzaran los mecanismos o la aplicación del nuevo sistema de precios de entrada, sino también los mecanismos de control y los acuerdos.
En un pasado debate en la Comisión Mixta tuvimos ocasión de debatir este tema respecto del tomate y de los cupos marroquíes y decíamos que no nos preocupaba tanto que se hubiera establecido la cantidad de 130.000 toneladas de tomate marroquí, como exigir a nuestras autoridades aduaneras que las vigilen, con el fin de que Marruecos no nos meta goles por una vía encubierta de entrada de tomate de procedencia marroquí fuera del cupo que tiene asignado. Estamos a favor del acuerdo, pero creemos que después los hombres de uniforme deben vigilar las aduanas de entrada para que éstas no sean un agujero y se desvirtúe este tema. Si este tema también se va a tratar en la Comisión, nosotros no tendríamos inconveniente en retirar nuestra enmienda. Estamos de acuerdo con lo que propone el Grupo Popular, le manifestamos que estamos en la misma línea y decimos que se vigile el cumplimiento en fronteras de los acuerdos que se hayan estipulado para los cupos de productos hortofrutícolas.
Nuestra última enmienda la habíamos presentado al punto sexto de la moción. Teníamos unas especiales reticencias a que las ayudas compensatorias solamente fueran concedidas por hectárea o superficie. Dada la línea de competitividad, los cultivos hortofrutícolas en Canarias no se consideran de una manera decisiva en cuanto a la superficie o a la hectárea, sino a la productividad. En relación con este tema, nosotros intentamos introducir una enmienda complementaria que, sin ir en contra del fondo del punto sexto de la moción, dijera que ello se realizará sin perjuicio del mantenimiento de las ayudas a la producción. Aquí está el secreto fundamental. Si nosotros tuviéramos que optar entre ayudas a la superficie, ayudas compensatorias, o ayudas a la producción, nos inclinaríamos rotundamente, en caso de alternativa, por estas últimas. No obstante, como esto también se remite al marco de la Comisión Mixta, no tendríamos inconveniente en que, recogiéndose estos principios --y vuelvo a citar a la portavoz de Izquierda Unida: esto no significa prejuzgar, sino desear que sea en el marco de la Comisión Mixta-- allí aumentemos, subamos el listón de este consenso conseguido aquí con algo que verdaderamente necesita el sector hortofrutícola español y, en este caso que yo he defendido, el complementario de Canarias.
Nosotros, en un principio de solidaridad, como se lo hemos dicho al Gobierno, invocamos unas ayudas que no existen en la Península, que son las ayudas al transporte, acogiéndonos el acuerdo de Maastrich de considerar región ultraperiférica a Canarias, para estas producciones que se ven obligadas a una competencia y una competitividad en costes de transportes a la hora de colocar sus productos en mercados europeos comunitarios, ayudas que también solicitamos para otros cultivos hortofrutícolas de la producción peninsular que no tienen estos costes adicionales.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún Grupo Parlamentario que no haya intervenido en el debate hasta ahora quiere fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Tubert tiene la palabra.


El señor TUBERT I ALSINA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo me estrené en esta tribuna la semana pasada expresando la posición de mi Grupo en este tema. Ya me gustaría que siempre que tuviera la responsabilidad de defender algo tuviera un apoyo tan unánime, una predisposición tan positiva como la que se está dando en cuanto a la reforma de la Organización Común de Mercado en el sector de frutas y hortalizas.
Nuestro Grupo ya expuso la semana pasada cuál era la única vía que entendía eficaz para conseguir una propuesta defendible en los órganos comunitarios, y apuntamos

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la vía del consenso, que es lo que se recoge hoy aquí; el elaborar una propuesta única que asegurara una postura clara, que diera un ejemplo de madurez del Gobierno español, para que no se repitieran las circunstancias que se dieron en la elaboración de la propuesta relativa al sector vitivinícola.
Nosotros entendimos, y creo que es compartido, que el verdadero reto está precisamente en la posición que tiene hoy la Comisión de la Unión Europea y en la posición de los distintos países que tienen intereses en este sector, aunque sean legítimos.
Entendíamos oportuno aprovechar la circunstancia histórica que se da en este momento; vamos a ocupar la Presidencia de la Unión Europea, lo que permite trabajar en profundidad en este sector, que tiene una fuerte implantación en el Estado español. Además, la reforma de la Organización Común de Mercado permite reconducir determinados flecos que en su momento quedaron pendientes en la incorporación a la Unión Europea y contrarrestar las grietas que han surgido, fruto de una dura negociación de los acuerdos del GATT y que si tienen especial incidencia en algún sector del mundo agrario es precisamente en el sector de frutas y hortalizas. Asimismo, con la implantación de estos sectores en el Estado español cabe garantizar una renta digna, que hoy, con la reforma, puede servirnos de punto de inflexión. La línea adoptada de trasladar el debate a la Comisión Mixta de la Unión Europea va a permitir un trabajo en profundidad, denso y que, a buen contemplar la mayoría de los puntos que nosotros planteamos el otro día, ya sean de influencia directa sobre sectores muy concretos, ya sean colaterales, como puede ser la propia potenciación de las organizaciones de productores, el no permitir que se restrinjan las ayudas para retiradas o el hecho de canalizar, potenciandola transformación, medidas que aseg En definitiva, en coincidencia con los demás grupos, nos congratulamos de las propuestas aportadas a la Cámara, y, con este ánimo, manifestamos que también votaremos a favor.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Tubert.
Tiene la palabra el señor Pascual, para indicar si acepta la propuesta planteada por el señor Roncero o,en cualquier caso, las enmiendas defendidas por otros grupos.


El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
En aras al consenso que parece reinar en la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular va a retirar algunos puntos de su moción.
En concreto, en el apartado A) retiramos los puntos 2.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º y 10.º. Aceptamos de la emienda del Grupo Parlamentario Socialista los puntos B) y C), que habr Parlamentario Popular ya que, como han manifestado todos los grupo parlamentarios, están a favor de la misma. Reitero asimismo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que no renunciamos a ninguno de los planteamientos expuestos que se contienen en los puntos que retiramos en estos momentos, pero si el debate se traslada a la Comisión Mixta de la Unión Europea y hacemos comparecer allí a todos los implicados en el sector hortofrutícola, una vez éstos se pronuncien, podrá cada grupo manifestar su postura con lo cual habremos evitado que en un tema tan importante económica y socialmente se haga electoralismo y que sea por el bien del sector hortofrutícola español.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pascual.
En los términos que S.S. ha indicado, va a someterse a votación la moción debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular. Se somete a votación en los términos resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se supende la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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