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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 15/12/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 115 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 114 celebrada el jueves, 15 de diciembre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. (Nueva denominación aprobada por el Senado: Proyecto de Ley de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 61.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000047) (Página 6155)

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--Proposición de Ley sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 38.1, de 29 de octubre de 1993 (número de expediente 122/000029) (Página 6157) --Proposición de Ley Orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia. (Nueva denominación aprobada por el Senado: Proposición de Ley Orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o con temeridad o con imprudencia.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 66.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 122/000053) (Página 6158) --Proposición de Ley Orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 44.1, de 30 de noviembre de 1993 (número de expediente 124/000001) (Página 6159) --Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares. (Nueva denominación aprobada por el Senado: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente al secreto de las comunicaciones.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 71.1, de 14 de abril de 1994 (número de expediente 124/000003) (Página 6162)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley sobre participación del Reino de España en el décimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 79.1, de 30 de septiembre de 1994 (número de expediente 121/000066) (Página 6164)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 88.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000062) (Página 6165) --Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 89.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000064) (Página 6165) --Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 87.1, de 14 de noviembre de 1994 (número de expediente 121/000074) (Página 6187)

Dictamen de la Comisión no Permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito (BANESTO):

--Dictamen de la Comisión no Permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito (BANESTO) (Número de expediente 153/000002) (Página 6201)

Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1993:

--Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1993 (número de expediente 245/000003) (Página 6219)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 6155)

Al proyecto de ley de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea (Página 6155)

Para fijación de posiciones, intervienen el señor Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Popular, y la señora Romero López, del Grupo Socialista.


A la proposición de ley sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes (Páginsa 6157)

Para fijación de posiciones, intervienen los señores Peñarrubia Agius, del Grupo Popular, y Antich i Balada, del Grupo Socialista.


A la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o con temeridad o con imprudencia (Página 6158)

Para fijación de posiciones, intervienen los señores Cotoner Goyeneche, del Grupo Popular, y De la Rocha Rubí, del Grupo Socialista.


A la proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales (Página 6159)

Para fijación de posiciones intervienen los señores López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Peón Torre, del Grupo Popular; Pérez Mariño, del Grupo Socialista, y Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV).


A la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adicionaun nuevo artículo relativo a la escucha y grabación en las conversaciones no públicas por los particulares (Página 6162)

Para fijación de posiciones intervienen los señores López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cotoner Goyeneche, del Grupo Popular, y Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 6164)

Proyecto de ley sobre participación del Reino de España en el décimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento (Página 6164)

No manteniéndose enmiendas al dictamen, ningún Grupo Parlamentario interviene para fijar posiciones sobre el mismo.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado cuya fijación de posiciones se ha realizado al inicio de la sesión.
Asimismo se somete a votación el dictamen correspondiente al proyecto de ley sobre participación del Reino de España en el décimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento, siendo aprobado por 307 votos a favor.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 6165)

Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta (Página 6165)

Proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla (Página 6165)

Presenta los proyectos de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo), expresando su satisfacción por someter a debate de la Cámara unos proyectos de Ley Orgánica, fruto de un compromiso expresamente asumido por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, incorporado al programa político legislativo para el presente período y reafirmado en resolución adoptada por esta Cámara tras el último debate sobre el estado de la nación. Para el correcto cumplimiento de este compromisopolítico han esperado a que se dieran las condiciones imprescindibles para asegurar su aprobación por estas Cortes con garantías de consenso y estabilidad futura.
Tanto las dificultades políticas comolos problemas técnicos, conocidos por esta Cámara, han hecho que esa exigencia de consenso, instada en reiteradas ocasiones, haya dado lugar a un

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largo proceso de sucesivos acercamientos y distanciamientos entre las posiciones mantenidas al respecto por las principales fuerzas políticas con representación en estas Cortes. Señala que estas dificultades técnicas se reflejaron ya en el contenido de los acuerdos autonómicos de 1981, que en relación con las ciudades de Ceuta y Melilla se limitaron a contemplar una doble posibilidad constitucional, que es que se constituyeran en Comunidades Autónomas, según lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución, o que permanecieran como corporaciones locales con régimen especial de carta. Por otra parte, los propios hechos evidenciaron la complejidad del esfuerzo a acometer, tratándose, por consiguiente, de armonizar las diversas propuestas para dotar de un régimen de autogobierno a ambas ciudades.
En ese sentido, los acuerdos de 28 de febrero de 1992 entre el Partido Socialista y el Partido Popular estaban obligados a moverse dentro de unas coordenadas de razonable prudencia. De esta forma, los acuerdos comprometían a sus firmantes en la continuación de las conversaciones para alcanzar el máximo grado de consenso respecto al régimen de autogobierno para las ciudades de Ceuta y Melilla.
Fruto de aquel compromiso y del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los Partidos Socialista y Popular son los proyectos de ley orgánica consensuados y que, superadas las dificultades previas habidas, tiene el honor de presentar hoy, en nombre del Gobierno, ante esta Cámara. No considera necesario subrayar la trascendencia y alcance que para dichas ciudades, como para el resto de la nación española, habrá de tener la aprobación de estas importantes iniciativas legislativas. Con su promulgación, estos municipios accederán por fin al régimen de autonomía por el que han venido trabajando durante todo este período, régimen que desde su singularidad reunirá a un tiempo el cumplimiento de dos objetivos esenciales, como son, primero, la atribución a ambas ciudades de un amplísimo régimen de autonomía sustantiva, esto es, autogobierno similar en muchos aspectos al que gozan las comunidades autónomas que integran el Estado autonómico y, segundo, cerrar el ordenamiento territorial que posibilita el Título VIII de la Constitución y que ha permitido incorporar a un único proyecto global de convivencia realidades territoriales y culturales ciertamente singulares y diferenciadas, otorgándoles asimismo, cuando ello ha sido necesario, un tratamiento jurídico político igualmente singular.
Explica seguidamente las principales características de estos proyectos de estatuto de autonomía, que se resumen en el establecimiento de un régimen de autogobierno amplio, profundo y sustantivo, régimen ciertamente singular y fruto del consenso y que les obliga destacadamente al mantenimiento de las instituciones municipales y de sus órganos de gobierno, a la vez que otorga a las dos ciudades un conjunto de instituciones, competencias y recursos propios de un régimen verdaderamente autonómico.
Termina agradeciendo a los responsables políticos del Partido Socialista y del Partido Popular que se hayan esforzado en la construcción de este consenso y en nombre del Gobierno hace un llamamiento a la probada responsabilidad de todos los grupos políticos con representación en esta Cámara para hacer un debate que enriquezca y perfeccione los proyectos de ley, teniendo la certeza de que así ocurrirá.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley orgánica de estatuto de autonomía para la ciudad de Ceuta interviene el señor Ríos Martínez.
Procede a la lectura de la disposición transitoria quinta de la Constitución, según la cual se abría la posibilidad a estas dos ciudades para acceder al régimen de autogobierno, constituyéndose en comunidades autónomas si así lo decidían sus propios ayuntamientos. Se trataba, por tanto, de uno de los caucesexistentes para ultimar el Estado de las autonomías y si no se hubiese utilizado dicho cauce sería lógico que estuvieran hoy aquí discutiendo una propuesta a través de otro camino contemplado en la Constitución, pero lo cierto es que en el caso de la ciudad de Ceuta sí existe la voluntad reiterada de su ayuntamiento de constituirse en comunidad.
Justamente por ello, su Grupo ha presentado el texto alternativo aprobado por el ayuntamiento de Ceuta en el año 1990, por unanimidad de sus miembros, y que con posterioridad ha seguido pronunciándose sistemáticamente, hasta 32 veces, en su pleno municipal para constituirse en comunidad autónoma, ya solamente por mayoría y no por unanimidad.
Por tanto, existía un camino para utilizar, que era la citada disposición transitoria quinta de la Constitución, pero el Gobierno ha preferido utilizar otro, que también es posible y que está circunscrito a estos dos territorios. Desearía que el señor Ministro explicase las razones de interés nacional que han llevado al Gobierno o a los dos partidos mayoritarios a ese pacto. Hasta ahora se ha hablado de consenso responsable y pregunta si esta es la razón de interés nacional que justifica el camino elegido.
Izquierda Unida, al presentar esta enmienda de totalidad, lo hace con el objetivo fundamental de que estas dos ciudades, y más en concreto la ciudad de

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Ceuta, que es de la que ahora discuten, puedan acceder a la realidad autonómica. Considerando perfectamente legítimo que los partidos Socialista y Popular hayan llegado a un acuerdo para la tramitación parlamentaria de estos estatutos, pregunta si se puede imponer a una ciudad un Estatuto de Autonomía cuando el ayuntamiento interesado se ha pronunciado por otro camino. Le gustaría que los partidos mayoritarios explicasen qué ventajas tiene para estas ciudades y para la solución de sus problemas organizarse en ciudades con estatutos de autonomía, en lugar de constituirse en comunidades autónomas.
Reconoce que el estatuto presentado va a aumentar las competencias de la ciudad de Ceuta, al recibir actuaciones y competencias que ahora no están en su mano, pero los ciudadanos españoles que viven en Ceuta no van a tener la organización administrativa propia de las provincias y comunidades autónomas y sí otra distinta. En consecuencia, reitera su petición de que se expliquen las ventajas e inconvenientes de este desarrollo autonómico, que ha precisado de un largo proceso de elaboración.
Alude, por último, a algunas de las principales características del estatuto presentado a la Cámara, afirmando, una vez más, que el texto alternativo que defienden pretende que en el caso de Ceuta lo acordado por el pleno municipal sea el esquema básico de discusión, dado que se trata de una propuesta hecha desde la relación que puede existir con la voluntad de los ciudadanos que allí viven.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Paniagua Fuentes, manifestando que, al cabo de varios años, la estructura del Estado diseñado por la Constitución pretende quedar definitivamente cerrada con los estatutos de Ceutay Melilla, tras un largo y proceloso proceso en el que, al final, ha predominado en las fuerzas políticas mayoritarias el espíritu de consenso que guió a nuestros constitucionalistas y a sus sucesores. Afirma que han sido los pactos políticos los que han determinado que se llegue a una solución en la configuración de estas dos ciudades españolas.
Recuerda que ya en el año 1986 el Gobierno remitió sendos proyectos de ley que diseñaban un régimen especial para ambas ciudades con la creación de instituciones que garantizaban su autonomía como entes públicos territoriales y facilitaban un régimen de autogobierno, pero ambos proyectos, que eran leyes ordinarias y no orgánicas, no consiguieron el suficiente acuerdo para salir adelante.
Plantea si es factible, de acuerdo con nuestro texto constitucional, acordar estatutos de autonomía para Ceuta y Melilla sin necesidad de que se constituyan en comunidad autónoma, así como los contenidos máximos y mínimos que deben enmarcarse en los mismos, siendo, a su juicio, la conclusión clara en el sentido de que puede hacerse sin necesidad de utilizar la disposición transitoria quinta, no existiendo obligación para el Gobierno ni para las Cortes Generales aceptar preceptivamente los acuerdos de estos ayuntamientos.
El problema estaría en la frontera entre lo que hasta ahora se ha concebido como estatuto de autonomía vinculado a una comunidad autónoma y los estatutos de autonomía para los dos municipios que ahora debaten, que son casos excepcionales, y en este sentido estima que en ambos proyectos existen aspectos que los asemejan miméticamente a otros estatutos de autonomía, pero también los diferencian. Expresa algunas totales coincidencias y diferencias, reconociendo, no obstante, la existencia de un sentimiento generalizado de incertidumbre entre aquellas poblaciones sobre cuál va a ser su futuro, contra la que resulta difícil luchar, porque no sólo consiste en hacer declaraciones permanentes y continuadas, como las que acaba de hacer ahora el señor Ministro y las que han hecho otros ministros y otros gobiernos españoles sobre la nacionalidad y la pertenencia de Ceuta y Melilla a España, a pesar de que, a su juicio, los derechos de los ciudadanos de estas ciudades están perfectamente recogidos en los estatutos de autonomía y se contemplan con igualdad a los del resto de los españoles.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Paniagua Fuentes.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y González Pérez, del Grupo Popular.
El señor Ríos Martínez, en nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada al Proyecto de Ley orgánica de estatuto de autonomía de la ciudad de Melilla, manifestando que la situación en la tramitación y debate de este estatuto es distinta a la relativa a Ceuta y, por tanto, la argumentación tiene que ser también diferente. En el caso presente hay un respaldo a la propuesta que hoy se tramita, al haber sido aceptada por el propio ayuntamiento de Melilla.
Agrega que en el caso de Melilla hay una situación de mezcla cultural mucho más acentuada que en el caso de Ceuta y de ahí que hubiese resultado importante el reconocimiento de esta realidad cultural. En este sentido, propone que, al igual que ha ocurrido en otros estatutos, se contemple la protección, fomento y apoyo de esta cultura tradicional, lo que, a su juicio, no supone menoscabo de la españolidad de esas zonas.
En todo caso, a través de su enmienda a la totalidad pretenden que la ciudad de Melilla se constituya

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en comunidad autónoma al igual que las comunidades uniprovinciales del artículo 143, definiendo el techo competencial de esta ciudad, competencias exclusivas, así como capacidad legislativa de su Parlamento.
Concluye expresando su voluntad de huir de posiciones maniqueas o cerradas en aras a la consecución de un estatuto en el que se elimine todo lo que pueda existir de negativo para esta ciudad y se recoja todo lo que le beneficie.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Bassets Rutllant, que expresa su satisfacción como Diputado por Melilla de intervenir en el tema que les ocupa. Lo que nunca pensaba es que lo hiciese para pronunciarse en contra de una enmienda a la totalidad de Izquierda Unida y le hubiera gustado que esta formación contase con algún concejal en aquel ayuntamiento para ver si decían allí las cosas que han escuchado esta mañana.
Expuesto lo anterior, desea dejar claro que en el caso de Melilla los tres parlamentarios elegidos democráticamente en representación de dos partidos distintos están de acuerdo con este proyecto y lo van a apoyar, y también veinticuatro de los veinticinco concejales del ayuntamiento están igualmente de acuerdo con el proyecto de estatuto. Considera que se trata de un auténtico referéndum en favor de que Melilla se incorpore a la vertebración o descentralización acometida en España y al Estado de las autonomías, tal como se establece en el preámbulo del proyecto de ley.
Alude a continuación a algunas de las características del proyecto de estatuto y termina expresando su deseo de que al amplio consenso existente en relación con este proyecto de ley orgánica se incorpore Izquierda Unida a través de su apoyo al mismo.
Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Bassets Rutllant.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Sometida a votación la enmienda de totalidad postulando la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley Orgánica de estatuto de autonomía de la ciudad de Ceuta, es rechazada pro 19 votos a favor, 290 en contra y una abstención.
Asimismo es rechazada la enmienda de totalidad relativa al Proyecto de Ley Orgánica de estatuto de autonomía para la ciudad de Melilla por 17 votos a favor y 294 en contra.


Proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (Página 6187)

En nombre del Gobierno presenta el Proyecto de Ley el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que la elaboración del proyecto responde a la necesidad de establecer un instrumento de protección del interés público respecto de aquellas empresas en las que éste ya no exigiera el mantenimiento de los actuales porcentajes de participación pública en su capital social. El Proyecto de Ley se justifica tanto desde sus aspectos sustanciales, por razones económicas y de política industrial, como desde una vertiente estrictamente jurídica.
Considera fuera de discusión que la racionalización del sector público empresarial es un objetivo ineludible admitido por todas las instituciones, por todos los partidos y también por todos los analistas de nuestra economía. En ese sentido, reitera una vez más que ésta ha venido siendo una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno, reflejada en múltiples actuaciones que se han de prolongar y profundizar en el futuro, tal como se pone de manifiesto en el programa de convergencia, que en su última versión señala con claridad la importancia del proceso de reducción de la participación pública en empresas especialmente del sector industrial.
Recuerda procesos significativos de venta de la totalidad o parte de importantes empresas públicas en una línea de racionalización del sector público seguida por todos los países, caracterizada por una mayor tendencia a la liberalización, permitiendo el acceso del capital privado a estas empresas ante la evidencia de que por regla general fortalecen su gestión, su eficacia y su competitividad.
Añade que en España una gran parte del sector público empresarial tiene su origen precisamente en el resultado de un proceso de socialización de pérdidas ante el fracaso de la gestión privada en muchos sectores, aludiendo a algunos planteamientos que se oponen a cualquier medida que suponga una reducción de ese sector público, planteamientos que, a su juicio suponen una ignorancia del interés de la sociedad, incluso del interés por una distribución equitativa de la renta y de la riqueza de la sociedad.
Como objetivo fundamental del Proyecto de Ley, siguiendo la política del Gobierno, expone que se trata de facilitar y favorecer la racionalización del sector público empresarial tomando en cuenta los intereses generales del país, considerando que la gestión y el funcionamiento de las empresas públicas

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debe ajustarse a los principios comunes de rentabilidad, productividad y competencia en los mercados. Menciona asimismo los principios inspiradores del proyecto y sus aspectos más relevantes y termina solicitando el apoyo de todos los grupos para su aprobación, con la voluntad del Gobierno de llegar al máximo de aproximaciones en el proceso de discusión del texto.
En defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Catalunya interviene el señor Frutos Gras, afirmando que en España cobra una especial importancia el papel de un sector público y de una empresa pública, mostrando su desacuerdo global con la política de privatizaciones que plantea el Gobierno y también su desacuerdo con este Proyecto de Ley. Considera que con esta ley, sin haber realizado otras cosas previas, van a sucumbir a la pinza del liberalismo imperante, que es la verdadera pinza que hay en este país y que se va a poner de manifiesto en el momento de la votación. Se encuentran de nuevo con la aceptación acrítica de la enajenación o liquidación de lo público porque aceptan «a priori» que lo público es perverso y que lo privado funciona bien. Sin embargo, nunca aparece lo que ha costado al conjunto del país, al conjunto de los ciudadanos, el reflotar lo privado, como por ejemplo la empresa Seat, que ha costado 400.000 millones de pesetas para venderla a una empresa privada que tiene capital público, teniendo que volver el Estado a intervenir para enjugar las pérdidas de esa empresa. No le extrañaría que un parte de la crisis de Iberia estuviera en esta conspiración general que hay contra lo público en nuestro país, aparte de otros elementos importantes, como haber sido gestionada tradicionalmente mal.
Afirma que nunca han visto otro afianzamiento económico y social en nuestro país que no haya sido fundamentado en el fortalecimiento de sus propias estructuras y, sobre este particular cree que España cada vez tiene un menor margen de maniobra. En base a ello, en la moción presentada en su momento por su Grupo en esta Cámara pedían la constitución de una ponencia para estudiar el funcionamiento de la empresa pública, así como la participación de los trabajadores en su gestión, algo que se olvida en el Proyecto de Ley, y que se informase a las Cortes para cualquier alteración de su patrimonio, todo ello encaminado a lograr la mayor eficiencia a través de una buena gestión, sin perjuicio de acometer las reformas profundas que la misma pudiese necesitar a través del estatuto de la empresa pública, todavía pendiente de aprobación. Se trataba de algo profundamente reformista, nada revolucionario, muy al día de lo que se hace en Europa y, desde luego, alejado de la filosofía privatizadora del Proyecto de Ley, en la línea de lo defendido por Convergència i Unió.
Termina señalando que no votarán a favor del Proyecto de Ley, en primer lugar, por la falta de un estatuto de la empresa pública y, en segundo lugar, porque la venta del patrimonio exige un acuerdo del Parlamento, y esto no se plantea en el Proyecto de Ley. Podría estar más o menos de acuerdo con lo que plantea el Proyecto de Ley si previamente hubieran desbrozado el camino sobre el sector público deseado y qué papel quieren que juegue. Sin embargo, el Proyecto de Ley se refiere sólo a otras cuestiones que parcializan la realidad para ir haciendo caer las fichas del dominó en una política de derribo del sector público, vendiendo un patrimonio que, bien gestionado y con las reformas necesarias, debería ser un elemento clave para la regeneración económica, social y administrativa.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Sáenz Lorenzo, manifestando que, una vez más, se ha intentado convertir el turno en contra del Proyecto de Ley en un debate sobre el papel de la empresa pública, algo que no es nuevo en esta Cámara puesto que en los últimos años lo han venido realizando con gran frecuencia. Hace poco tiempo se produjo precisamente una comparecencia del Ministro de Industria en Comisión exclusivamente con ese objeto y en el propio Pleno se ha debatido el tema a lo largo del último año en tres o cuatro ocasiones. Hoy, el representante de Izquierda Unida ha vuelto a realizar una serie de afirmaciones, algunas de ellas con escaso rigor y conocimiento de cuál es la situación real de la empresa pública en España.
Afirma que la posición del Grupo Socialista no tiene un planteamiento ideológico previo, a diferenciadel que parece que tiene el Diputado enmendante, y condiciona su posición al interés económico y al interés industrial de nuestro país.
Desde este punto de vista, es muy importante que España mantenga una capacidad de producción industrial, que tenga una industria adecuada, empresas con suficiente tamaño para poder jugar un papel a nivel internacional, importándoles menos si el capital de las empresas es público o privado, aunque en España este papel lo está jugando en buena medida el sector público.
Agrega que su concepción de la empresa pública no pasa por la aprobación de un estatuto de la misma, y así lo vienen diciendo en la Cámara justamente porque piensan que la empresa pública debe funcionar en condiciones de competitividad, productividad y eficacia en la gestión similares a las de la empresa privada. La diferencia entre ambas es que en la empresa pública hay que salvaguardar

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la defensa de los intereses públicos y esto es lo que justamente pretende la ley que hoy presentan, para lo que es bueno que algunas empresas públicas estén presentes en los mercados de capitales más exigentes del mundo demostrando una buena gestión y un prestigio de nuestro país en ese terreno, además de obligar a una gestión profesionalizada, en lo que se ha avanzado en los últimos diez años de manera sustancial. En este sentido, considera el Grupo Socialista que el Proyecto de Ley se ajusta a su concepción de la defensa de los intereses públicos desde la empresa pública, partiendo del hecho de que el sector público tiene un papel importante en nuestra economía y que va a seguir teniéndolo en cuanto que no hay, por parte del Gobierno, un plan de privatizaciones definido.
Concluye señalando que esta ley va a permitir que se pueda, en algunos casos, defender con eficacia los intereses públicos aun disminuyendo la presencia del capital. Por tanto, pide el voto en contra de la enmienda de totalidad y a favor del Proyecto de Ley.
Replica el señor Frutos Gras, y replica el señor Sáenz Lorenzo.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albístur Marín, del Grupo Mixto; Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Gamir Casares, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad debatida por 12 votos a favor, 161 en contra y 121 abstenciones.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Dictamen de la Comisión no Permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito (Banesto) (Página 6201)

Presenta el dictamen, en nombre de la Comisión, el señor Muñoz García. Expone que la Comisión, creada el 24 de febrero, ha tenido por objeto el seguimiento de las actuaciones de los organismos e instituciones públicas en relación con la intervención del Banco Español de Crédito por el Banco de España, así como el conocimiento de la situación provocada por la gestión de aquella entidad financiera, respetando el principio del secreto bancario. Es decir, no se ha tratado de una comisión de investigación sino de una comisión de estudio, que ha funcionado con la presencia de representantes de medios de comunicación y que, de forma íntegra, ha visto publicados sus trabajos en los «Diarios de sesiones». La Comisión, por tanto, no ha tenido un carácter omnicomprensivo sino lo suficientemente selectivo y riguroso para poder cumplir, a satisfacción de sus integrantes, el mandato encomendado por la Cámara.
Informa que, para el cumplimiento de sus fines, la Comisión ha contado, además de con las aportaciones realizadas en las cuarenta y cuatro comparecencias celebradas, con una valiosa y abundante documentación, cuya relación consta en el AnexoII del dictamen.
En cuanto a la labor de seguimiento de las instituciones, una vez producidas en la Comisión de Economía y Hacienda las comparecencias del Ministro de Economía y Hacienda, del Gobernador del Banco de España y del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las que se explicaron las motivaciones de la intervención, la Comisión consideró oportuno que los representantes de estas instituciones informaran con carácter previo de cualquier noticia o hecho relevante que se fuera produciendo en relación con la intervención. A tal efecto, la Comisión consideró necesario conocer el plan de saneamiento y recapitalización de Banesto antes de la celebración de la Junta General de Accionistas del Banco y las condiciones de la subasta de las acciones antes de que aparecieran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizada esta fase, la Comisión centró los trabajos en la situación provocada por la gestión, para finalizar con la redacción del informe.
Se refiere a continuación a las intensas actuaciones del Banco de España a lo largo de los años 1992 y 1993 para esclarecer la situación de Banesto y a los obstáculos encontrados en dicha labor hasta llegar a la intervención a finales de 1993, con el nombramiento de administradores provisionales del Banco. Una vez conocida la magnitud del quebranto patrimonial, proponen por unanimidad, el 28 de enero de 1994, el plan de saneamiento y de recapitalización de Banesto, plan aprobado por el Banco de España y reconocido por la Comisión de estudio.
En cuanto al proceso de adjudicación de Banesto, informa que el proceso fue examinado detenidamente por la Comisión, sin que encontraran objeción o necesidad de corrección alguna, adjudicándose, como es conocido, a la mejor oferta, que fue la del Banco de Santander, y que supuso un ahorropara el Fondo de Garantía de Depósitos de 132.485 millones de pesetas, con lo que el coste de la operación ascendió a un total de 292.542 millones, a repartir por mitad, según la composición del Fondo, entre el Banco de España y la comunidad bancaria.
La Comisión valora positivamente el proceso seguido por su transparencia, celeridad y eficacia, proceso que ha puesto de manifiesto, por una parte,

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la idoneidad del marco legislativo y, por otra, la solidez del sistema financiero español. La eficacia de este proceso permitió reducir considerablemente el coste de la crisis para el conjunto de la sociedad española, habiendo supuesto la aportación final de fondos públicos de 96.000 millones de pesetas, tras haber producido un quebranto de 605.000 millones.
Expone que, a juicio de la Comisión, los problemas que condujeron a la entidad a una situación de insolvencia patrimonial se derivan de una combinación de mala gestión, prácticas irregulares, ocultación de información e incumplimiento de la regulación prudencial y contable, todo ello potenciado por una estructura de gobierno de la entidad caracterizada por una fuerte concentración de poder de decisión y control en su principal ejecutivo y por un Consejo incondicional que incumplió su deber de vigilancia, conduciendo a un conflicto grave y creciente entre los intereses de los gestores y de los accionistas, depositantes y trabajadores del Grupo Banesto.
Concluye el señor Muñoz García mencionando el capítulo de valoraciones y sugerencias que realiza la Comisión con el objetivo de mejorar el sistema de prevención de las crisis bancarias, completar los tipos penales específicos y agravar las penas actuales, poniendo a disposición del Fiscal General del Estado la documentación que la Comisión ha conocido y estudiado, así como el propio dictamen emitido.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular, y señora Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 279 votos a favor y una abstención.


Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1993 (Página 6219)

En defensa de las propuestas de Resolución presentadas, intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Mariño del Grupo Socialista, y Olarte Cullen, del Grupo Coalición Canaria.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra la señora Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y el señor Pillado Montero, del Grupo Popular.
Se procede a las votaciones de las propuestas de Resolución objeto de debate.
Se levanta la sesión a las siete y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día, enmiendas del Senado.
Proyecto de ley de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
¿Desea algún Grupo fijar la posición en relación con las enmiendas a este proyecto? (Pausa.) Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre autorización del matrimonio civil por los alcaldes.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre estas enmiendas? (Pausa.) Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Finalmente, enmiendas del Senado a la proposición de ley por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares.
¿Grupos que van a fijar su posición? (Pausa.)

--PROYECTO DE LEY DE RESTITUCION DE BIENES CULTURALES QUE HAYAN SALIDO DE FORMA ILEGAL DEL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA. (NUEVA DENOMINACION APROBADA POR EL SENADO: PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 93/7/CEE DEL CONSEJO, DE 15 DE MARZO, RELATIVA A LA RESTITUCION DE BIENES CULTURALES QUE HAYAN SALIDO DE FORMA ILEGAL DEL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA.) (Número de expediente 121/000047)

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El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez-Alba.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, las enmiendas del Senado que hoy tenemos que ratificar aquí son, todas, enmiendas del Grupo Popular aceptadas en sus términos o enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Socialista sobre las del Grupo Popular, que éste aceptó en su momento, por lo que obviamente estamos de acuerdo con todas ellas.
No obstante, como en la votación que vamos a realizar aquí no existe la posibilidad de distinguir entre la ratificación de las enmiendas incorporadas en el Senado y la valoración final de todo el proyecto de ley, tenemos necesariamente que abstenernos, como postura que mejor expresa nuestra valoración del proyecto en el momento en que, ya finalizada su tramitación parlamentaria, está a punto de convertirse en ley.
No vamos, naturalmente, a votar en contra de un proyecto de ley que incorpora al ordenamiento jurídico español una Directiva que consideramos muy importante para la defensa del patrimonio cultural europeo y, por tanto, del nuestro, y en cuya tramitación, sería injusto no reconocerlo, se han incorporado muchas de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo. Pero tampoco podemos votar a favor de este proyecto de ley porque, precisamente, la inmensa mayoría de las enmiendas que se nos han aceptado no son sino meras correcciones de una relativa trascendencia, sin que se hayan visto recogidas, sin embargo, las aportaciones de mayor calado que sugerimos.
En el debate en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara y en los debates del Senado ya dijimos que, aunque todas las enmiendas presentadas tenían una clara intención técnica y, en este caso, no política, sin embargo, no todas tenían el mismo alcance, y distinguíamos entre las enmiendas meramente formales y las que llamamos entonces de contenido, aportacionesde mayor alcance. Pues bien, aunque se han admitido muchas enmiendas, hay que decir que son casi todas del primer tipo, esto es, aquéllas que estaban dirigidas bien a corregir erratas o introducir mejoras en la redacción, bien a subsanar omisiones, bien a reestructurar determinados artículos. Tan sólo se ha admitido una de las enmiendas de contenido que proponíamos, la que hacía referencia a la consignación de la indemnización como requisito previo para la devolución del bien cultural reclamado. Y aunque sea un dato anecdótico, ni siquiera se ha hecho en sus justos términos, sino a través de una enmienda transaccional del Grupo Socialista.
No se nos ha atendido ni en la introducción de determinadas novedades procesales, como era el traslado de la demanda al poseedor del bien reclamado o la posibilidad de recurso, ni en la subsanación de determinadas omisiones en la incorporación de la Directiva, como era la designación de las competencias de la autoridad nacional en esta materia, ni siquiera en la aclaración del sentido de determinados preceptos, como se pretendía con la distinción entre el concepto de bien cultural y la determinación de los requisitos para que un bien cultural sea susceptible de restitución, o con la clarificación del juego de la diligencia debida como indicio de la buena fe del poseedor, aunque dichas modificaciones se proponían siempre en la línea de la Directiva y suponían mejoras técnicas evidentes.
Incluso, en lo que se refiere a las enmiendas formales, si bien se han aceptado muchas, hay que decir que otras tantas se han dejado sin aceptar sin mayores explicaciones. La mayoría de las aceptaciones han sido siempre mediante enmiendas transaccionales, lo que indica una cierta resistencia, tanto a reconocer los propios errores como a aceptar las propuestas de los demás, aunque sea en temas tan poco políticos como éste.
Quizá sea la inercia de pretéritas mayorías absolutas y sus secuelas la actitud arrogante derivada de aquéllas. No lo sé y no nos corresponde a nosotros juzgar actitudes de otros grupos; sí nos corresponde explicar nuestra postura.
Desde el comienzo no pretendíamos hacer un debate político con ocasión de la incorporación a nuestro Derecho de esta Directiva, sino tan sólo colaborar para que dicha incorporación se produjera en las mejores condiciones posibles. Por eso propusimos numerosas enmiendas. El hecho de que se hayan aceptado muchas formales sólo demuestra que el proyecto de incorporación tenía numerosos errores, algunos de los cuales han sido, afortunadamente, corregidos en el sentido de la Directiva, aunque todavía queda alguno como el hecho de incluir dentro del articulado lo que en la Directiva constituye un anexo o el hecho de ahorrar artículos incluyendo en un mismo precepto contenidos que la Directiva regula en artículos independientes.
Habiendo, pues, anunciado desde un comienzo nuestra sincera voluntad de colaborar en este proyecto de ley, no nos han dejado hacerlo. Es por eso que, aun reconociendo las mejoras que se han introducido en él gracias a la aceptación de muchas de nuestras enmiendas, lamentamos no sentirnos copartícipes y, por tanto, apoyarlo, porque aquí el consenso no es cuestión de cantidad, sino de calidad y, sobre todo, de actitudes, y vemos con pena que una vez más han rechazado nuestra mano limpiamente tendida.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señorías, les recuerdo que estamos en un punto del orden del día que es el debate correspondiente a las enmiendas

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del Senado y que el objeto del debate es aceptar o rechazar las enmiendas del Senado. Como he recordado en otras ocasiones, no es un debate final de conjunto de los proyectos de ley. Les ruego, en la medida en que sea posible, ciñan sus intervenciones a expresar la posición en relación con las enmiendas del Senado y el criterio que les merezcan.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señores del Grupo Popular, a pesar de que no ha sido este turno para explicación de las enmiendas del Senado, tengo que decir que a mi Grupo le sorprende extraordinariamente que se repita hoy aquí la misma actitud que en la Comisión, al justificar una abstención que no tiene ningún fundamento en una Directiva que lo que hace es procurar que fijemos un procedimiento rápido para todos los bienes culturales que, como consecuencia de la apertura de fronteras, pueden entrar ilegalmente en nuestro país. Se trata de fijar un procedimiento --que en la ley se estipula como el procedimiento de justicia ordinaria en lo referido a los juicios verbales-- lo más rápido posible para que se puedan devolver estas obras a los Estados requirentes con las menores trabas posibles. Por tanto, es una Directiva que es necesaria, es urgente, porque evita un tráfico indeseado para todos los países de la Comunidad Europea.
De las enmiendas presentadas en la Comisión y en el Senado, hemos aceptado un bloque importante. De las 35 presentadas se aceptaron más de la mitad, algunas referentes a estilo, otras de más calado, pero he de decir que las discrepancias en ningún momento eran de fondo, ni entonces, en las enmiendas de la Comisión, ni después, en las enmiendas del Senado. A pesar de que S.S. hable de que se aceptaron enmiendas de meras correcciones y no se llegaba a ninguna enmienda transaccional en las aportaciones de mayor calado, tengo que decirle que aquellas aportaciones que piensa que eran de mayor calado se discutieron en la Comisión y estaban fijadas prácticamente en la Directiva.
Cuando habla S.S. otra vez de la designación de las competencias de la autoridad nacional, S.S. sabe que estaba fijada en la Directiva, que se fijó en la Comisión, que era la Dirección General de Bellas Artes, y se aceptó una enmienda, propuesta por el Grupo de Convergència, referida a la posibilidad de que exista un consejo de patrimonio que sea quien establezca la cooperación con las comunidades autónomas.
Así que no tiene ninguna justificación mantener hoy aquí una abstención, a no ser que su Grupo siga insistiendo en abstenerse cuando se trata de directivas que lo que hacen es procurar la agilización de procedimientos que para todos los Estados miembros son necesarios. No tiene justificación, señoría, su abstención; ni entonces la tuvo ni la tiene ahora.
No hable de que en este Grupo hay inercias de pretéritas mayorías absolutas. Tendríamos que hablar de que tal vez exista la nostalgia por su Grupo de mayorías absolutas que, probablemente --y será afortunadamente para este país--, no consigan. (Rumores.) Tengo que decirles, señorías, que no existe ninguna justificación para su abstención en esta ley, en la trasposición de esta Directiva; pierden la oportunidad en este momento de demostrar su categoría política --y no quiero aburrir a SS.SS.-- con un trámite que podríamos perfectamente haber evitado si SS.SS. hubieran estado a la altura de las circunstancias.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.


--PROPOSICION DE LEY SOBRE AUTORIZACION DEL MATRIMONIO CIVIL POR LOS ALCALDES (Número de expediente 122/000029)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre autorización del matrimonio civil por los alcaldes.
Por el Grupo Popular, el señor Peñarrubia tiene la palabra.


El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular va a votar afirmativamente las enmiendas introducidas por el Senado a la proposición de ley de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio por los alcaldes.
Tres son, a nuestro juicio, las novedades que dichas enmiendas introducen en el texto que aprobó esta Cámara. En primer lugar, la precisión de que el alcalde autorizado a celebrar el referido matrimonio será el del municipio donde tenga lugar la ceremonia. En segundo lugar, se amplía y, por tanto, se incorpora la facultad del alcalde en el supuesto del matrimonio de quienes se hallen en peligro de muerte. Y en tercer lugar, se establece un plazo para la entrada en vigor de esta ley que no lo hará hasta el 1 de marzo de año próximo.
Por último, señor Presidente, no quiero terminar mi intervención sin referirme, a modo de resumen, a dos aspectos que han sido denominador común a lo largo del trámite parlamentario de esta proposición de ley.
Por un lado, el amplio consenso suscitado entre los diferentes grupos durante su tramitación y debate, tanto en esta Cámara como en el Senado. Por otro, la voluntad, manifestada por los grupos, y naturalmente plasmada en la proposición, de generalizar para los alcaldes una competencia que hasta la fecha tenían limitada,

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equiparando la facultad de éstos a la de los jueces en cuanto a la celebración de matrimonio civil.
Nada más.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peñarrubia.
Por el Grupo Socialista, el señor Antich tiene la palabra.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hace ahora siete meses, el 10 de mayo, este Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley de Convergència i Unió de modificación de dos artículos del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes. En el consiguiente trámite de Ponencia, tras un trabajo consensuado, como se ha dicho por parte del representante del Grupo Popular, con la participación de todos los grupos, se mejoró el texto ampliando el número de artículos modificados --en realidad se hizo un repaso de todo el Código-- y concretando más el alcance de la reforma legislativa, que fue aprobada finalmente por la Comisión de Justicia e Interior el 25 de octubre, también por unanimidad.
El Senado ha introducido, a propouesta del Grupo Socialista, nuevas enmiendas para, en primer lugar, concretar que los alcaldes o concejales en quienes deleguen podrán oficiar matrimonios en su municipio exclusivamente, cosa lógica y que hay que reconocer que en el texto del Congreso no había quedado suficientemente claro. En segundo lugar, para mantener la posibilidad actual de que los alcaldes celebren matrimonios en casos de extrema urgencia. Finalmente, para fijar también la entrada en vigor de la ley el 1 de marzo de 1995, dando tiempo, como es lógico, a preparar su aplicación. Fue aprobado, también por unanimidad de la Comisión de Justicia, el pasado 24 de noviembre.
Con esta reforma legislativa de la Ley del Código Civil, una vez estudiada y reformada mediante consenso, tanto del Congreso como del Senado, se va a posibilitar, primero, que todos los alcaldes españoles o concejales en quienes deleguen puedan, a partir del 1 de marzo de 1995, oficiar matrimonios civiles en su municipio; segundo, se conseguirá, con toda seguridad, una mayor operatividad y funcionalidad en la celebración de los matrimonios civiles; tercero --pienso que es bastante importante--, la extensión de esta facultad a todos los alcaldes va a contribuir, sin duda, a dignificar y realzar un acto de notoria importancia social.
Es evidente que nuestro Grupo, por estos motivos, va a votar a favor de las enmiendas introducidas por el Senado. Al mismo tiempo, y habiendo hecho un repaso de los Diputados presentes en esta Cámara, en este caso es satisfactorio ver que se aprobará con el voto unánime de la misma. Incluso miembros de esta Cámara que tienen la doble condición de Diputados pero también de alcaldes de municipios grandes, donde hasta ahora no podrían celebrar matrimonios, a partir del 1 de marzo --los alcaldes de Cartagena, Orihuela, Ferrol, Santiago, León, Tarragona, Fuengirola, Valladolid y La Coruña, de distintos grupos parlamentarios-- se unirán a los alcaldes que ya hace tiempo lo hemos podido realizar.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, CON TEMERIDAD O CON IMPRUDENCIA (NUEVA DENOMINACION APROBADA POR EL SENADO: PROPOSICION DE LEY ORGANICA SOBRE MODIFICACION DE DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, DROGAS TOXICAS, ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, O CON TEMERIDAD O CON IMPRUDENCIA.) (Número de expediente 122/000053)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas, tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cotoner.


El señor COTONER GOYENECHE: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para decir que este Grupo Parlamentario se congratula del alto consenso conseguido, tanto en esta Cámara como en el Senado, entre todos los Grupos parlamentarios. Quiero dar las gracias, sobre todo al Grupo Parlamentario Socialista, personificado en don Manuel de la Rocha, con quien hemos hecho un buen trabajo y nos hemos animado a llegar a este consenso, debido a que era necesario introducir en el Código Penal la presente modificación. No era lógico mantener la exclusión de este tipo de conductas del ilícito penal, puesto que suponía mantener una laguna legal contradictoria con las legislaciones penales de otros países.
La verdad es que las enmiendas introducidas a través del Senado son únicamente de corrección de errores o gramaticales.
La única realmente importante es la introducida

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al artículo 42, que además de introducir, cuando se condene a un conductor por su comportamiento al conducir un ciclomotor, que se le privará de la licencia de conducir el ciclomotor o de los vehículos a motor, privará e inhabilitará a dicho conductor para el ejercicio de ambos derechos. Hasta ahora, se podía dar el caso de que con la privación de la licencia de ciclomotor, si el conductor ya tenía el permiso de conducir vehículos a motor, podía seguir conduciendo tanto el ciclomotor como el vehículo a motor. En este caso, en cuanto se prive de la licencia de conducir el ciclomotor o del permiso de vehículo a motor, cualquiera de los dos inhabilitará al conductor para poder seguir conduciendo. En todo caso, lo que sí solicitaríamos a la Administración es que, debido a que esta ley orgánica tendrá un período de entrada en vigor, que es la «vacatio legis», reconocida en nuestra legislación, se informara debidamente a la opinión pública, ya que las condenas y penalizaciones por dichas conductas son altas, concienciando a los conductores de los ciclomotores de que, en el caso de que se les condene, pueden tener penas de arresto mayor y unas multas económicas muy fuertes. Por eso nuestro Grupo, ya desde este momento, va a apoyar, como dijimos, esta reforma y las enmiendas introducidas en el Senado.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para exponer brevemente, en nombre de mi Grupo Parlamentario, la posición favorable a la aprobación definitiva del texto que proviene del Senado de esta iniciativa legislativa, que, como se ha dicho, pretende la modificación de diversos artículos del Código Penal con la finalidad de penalizar también la conducción de un ciclomotor cuando se realiza bajo la influencia de bebidas alcohólicas, de drogas o de algunas sustancias psicotrópicas, propuesta que fue ampliada en el trámite del Congreso también a la conducción temeraria básica cuando es con un ciclomotor, sabido que en muchos casos en ciudades y también en vías interurbanas se están cometiendo infracciones importantes de tráfico no solamente conduciendo motocicletas, sino también ciclomotores.
En el Senado, como se ha explicado, ha habido leves correcciones técnicas e incluso se ha ampliado un supuesto para evitar un fraude previsible que consistiera en que la persona que fuera privada de la licencia de conducción continuara conduciendo con permiso de conducir o viceversa.
A lo largo de todo el trámite parlamentario, en el Congreso y en el Senado, como ya se ha dicho, ha habido un alto consenso entre todas las fuerzas políticas, lo cual muestra cómo esta modificación legislativa era una necesidad derivada del proceso acelerado de mejora técnica en la fabricación de ciclomotores y en el alto riesgo que se venía produciendo con ello. Hemos de agradecer, pues, a todos los grupos ese consenso y hemos de esperar que esta modificación se produzca y sea un elemento más en todo el conjunto de medidas que desde el Gobierno y desde la Cámara se vienen adoptando para disminuir los riesgos en el tráfico, para mejorar la seguridad vial, la seguridad interurbana, para, al mismo tiempo, disminuir el número de víctimas, el número de accidentes que se producen en el tráfico, tanto urbano como interurbano.
Por todo ello, nuestro Grupo va a votar a favor de las enmiendas que provienen del Senado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor de la Rocha.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE PROTECCION A DENUNCIANTES, TESTIGOS Y PERITOS EN DETERMINADAS CAUSAS CRIMINALES (Número de expediente 124/000001)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, nuestro Grupo va a apoyar las enmiendas aprobadas por el Senado en relación con esta proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
Es cierto que el Senado no amplió esta protección a algún aspecto que nuestro Grupo defendió en relación con la necesidad de una indemnización garantizada por el Estado en el caso de que hubiera habido daños a estos testigos y peritos. A pesar de todo, constituye un importante avance --y por eso vamos a apoyar las enmiendas aprobadas por el Senado-- esta proposición de ley orgánica, que va a contribuir, sin duda, a que haya una mayor colaboración con la justicia por parte de los ciudadanos sin que teman sufrir represalias y a que el Estado se encargue de su protección en este aspecto. Se trata de legislaciones ya implantadas en países homologables jurídicamente al nuestro y constituye una importante laguna rellenada por la proposición de ley, hacia cuyos promotores, el Grupo Vasco, en su momento nosotros expresamos nuestra felicitación.
En definitiva, mantenemos el apoyo que hemos venido sosteniendo en todo el trámite parlamentario a esta proposición de Ley y también a las enmiendas aprobadas por el Senado, aun cuando sí señalamos, como hicimos entonces, que aún falta por regular la problemática de los

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llamados arrepentidos, que no está integrada en esta proposición de ley que se refiere exclusivamente al asunto de los testigos y peritos en causas criminales.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, porque la intensidad del orden del día de la sesión de hoy creemos que lo merece.
Señorías, las enmiendas incorporadas por el Senado a la presente proposición de ley orgánica sobre protección de testigos y peritos pretenden la mejora técnica en la redacción y creo que efectivamente, contribuyen a mejorar el tenor de la ley. Sin embargo, dichas aportaciones no se han extendido a la conveniencia de mejorar la intensidad de la protección para facilitar fundamentalmente la lucha judicial contra el crimen organizado. En este sentido constituye una honrosa excepción la enmienda referida al apartado 2 del artículo 3.º La posibilidad de extender las medidas de protección a testigos y peritos aun después de finalizado el proceso judicial, siempre que persista el peligro grave, mejora el nivel de garantías que se ofrece al sujeto amenazado y constituye, a nuestro juicio, una aportación del Senado que perfecciona muy cualitativamente la regulación aprobada en esta Cámara.
No obstante, tenemos que lamentar que nuestro Grupo no viera atendidas las enmiendas que se vio obligado a retirar para transaccionar con el Grupo Socialista un acuerdo que evitara un posible riesgo de inconstitucionalidad de la ley, así como otras que se presentaron en el Senado por nuestro Grupo y que hubieran contribuido indudablemente a mejorar y a resolver incertidumbres y dudas interpretativas que pueden afectar a la aplicación práctica de la ley.
Creemos que la enmienda que ha prosperado en el Senado a los apartados 1 y 2 del artículo 4.º puede plantear algún problema, ya que con dicha modificación se establece un trámite de fiscalización previa por parte del órgano judicial que vaya a conocer del enjuiciamiento de oficio, y sin que ni siquiera lo haya solicitado ninguna de las partes, de las medidas de protección establecidas por el instructor. La falta de inmediación entre el órgano judicial que ha de realizar tal fiscalización con los testigos y peritos protegidos, la ausencia de contacto personal con ellos y que, sin embargo, ha tenido que darse necesariamente con el instructor, puede despertar recelos en los sujetos susceptibles de protección, que pueden ver alterada su situación de garantías por un órgano judicial diferente a aquel ante el que han venido prestando declaración durante todo el proceso.
Comprendemos que nuestra opinión pueda ser discutible, y por ello apoyaremos la enmienda aprobada en el Senado, pero hemos de decir que nos parecía más efectivo el sistema previsto en el texto que fue aprobado en el Congreso.
En definitiva, señorías, es cierto que el texto puede cubrir algunas lagunas legales, como la que existía hastael momento en torno al supuesto del testimonio oculto. Es cierto que se da cuerpo legal a medidas de protección, como la posibilidad de facilitar medios económicos para cambios de identidad, de residencia o de lugar de trabajo, que pueden resultar útiles en la lucha contra determinadas formas de delincuencia. Por esas razones anunciamos nuestro voto favorable a las enmiendas del Senado, que mejoran claramente el texto, dirigido a conseguir esos objetivos. Sin embargo, no nos engañemos, señorías. La alteración de objetivo inicialmente perseguido con la proposición que fue presentada en el Senado puede hacer perder eficacia a esta ley y planteará dudas interpretativas, que esperamos puedan ser resueltas por los tribunales. Las enmiendas del Senado no han contribuido, desgraciadamente, a resolver estas lagunas. Será preciso, por tanto, esa ley contra el crimen organizado a la que aludíamos en nuestra intervención de hace unas semanas y, entre tanto, habrá que contar con la regulación que hoy apoyamos, a pesar de todas sus deficiencias, con la esperanza de que, aunque no vaya a servir para el fin inicialmente previsto, sí sirva, al menos, para mejorar algunas situaciones que merecían la atención del legislador.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente.
Solamente para significar que vamos a dar nuestra aprobación a las enmiendas formuladas por el Senado.
Quería hacer exclusivamente dos matizaciones. La primera, que el proyecto tiene un nuevo nombre, a diferencia del que ha dicho el señor Presidente del Congreso, pues su título es «proposición de ley orgánica de protección a testigos y peritos en determinadas causas criminales», por haberse suprimido la denominación de denunciantes.
En segundo y último lugar, quisiera señalar, por si sirviera de algún tipo de interpretación, que la enmienda aprobada por el Senado al artículo 4.2, cuando especifica los recursos que caben contra una serie de medidas y se refiere a recursos de reforma o súplica, no quiere decir que éstos se puedan interponer en cualquiera de los casos, sino, según se refiere al primero, a recursos contra resoluciones de un juzgado penal y, en segundo caso, de una audiencia provincial o un órgano colegiado.
En definitiva, ésa es la interpretación auténtica que debe darse a este artículo 4.2 del proyecto, pues podría parecer, si no se especificase, que cabrían los dos recursos en cualquier caso.
Nada más que manifestar nuestro acuerdo con las enmiendas del Senado.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Mariño.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo Parlamentario presentó esta proposición de ley, que fue tomada en consideración por el Senado, como es sabido, con la pretensión, con la finalidad de mejorar la eficiencia punitiva de nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente, hechos nuevos han dado una importancia sobrevenida, en nuestra opinión, a esta proposición de ley, señor Presidente. ¿Qué hechos son éstos? Mi Grupo entiende que esta proposición puede contribuir a recuperar parcialmente parte de los espacios que la sociedad civil ha perdido ante decepcionantes sentencias, como la de la «Operación Nécora»; decepción que adquiere ya caracteres de tragicomedia cuando se reconocen posteriormente las excarcelaciones producidas por los condenados en estos juicios.
Señor Presidente, el orden jurisdiccional en este momento en el Estado español no pasa por sus mejores momentos. Ayer tuvimos la oportunidad de debatir con el Ministro de Justicia aspectos del orden jurisdiccional, de la función jurisdiccional atentatorios contra su dignidad, contra su decoro, contra los aspectos rituales que deben caracterizarla necesariamente. Fueron objeto de pormenorización la venta, las filtraciones de sumarios, la utilización de la acción popular para tener acceso a los sumarios y venderlos a los periodistas posteriormente. Declaraciones en los juzgados que muchas veces se asemejan más a «reality shows» o «trush shows» que lo que debe corresponder a una función jurisdiccional, al ejercicio de un poder del Estado.
Tampoco es eficiente, y éste es otro de los aspectos que colocan a nuestra función jurisdiccional en este momento en una posición por lo menos delicada. Entre los motivos que de alguna forma justifican o acreditan esta insuficiencia está uno fundamental: el de la reticencia, el de la renuencia de muchos testigos, de muchos peritos y, en nuestra opinión, también de muchos denunciantes, a declarar, sobre todo, sobre organizaciones criminales a las que éstos han pertenecido o sobre cuyas actividades éstos poseen un conocimiento cierto; renuencias derivadas de los peligros que tienen que afrontar tras estas denuncias, tras estos testimonios, tras estas declaraciones, bien contra su propia vida, bien contra su patrimonio, bien contra su libertad o bien contra la vida, patrimonio y libertad de sus ascendientes, descendientes, cónyuges o personas unidas por análoga relación sentimental y contra sus hermanos.
En definitiva, se prevén distintos mecanismos de protección --unos en la fase de instrucción sumarial, el procedimiento; otros en la fase del juicio oral-- que se centran en el ocultamiento de la identidad de los testigos y de los peritos no denunciantes, al final, como el señor don Ventura Pérez Mariño ha indicado, que asuman la importante y la encomiable función de denunciar a las organizaciones criminales a las que han pertenecido. Son mecanismos de ocultamiento de la identidad, es decir, de los nombres y apellidos, del lugar de trabajo y la transformación de su domicilio en el del juzgado que está instruyendo, a efectos de citaciones, de notificaciones y de la práctica de cualquier diligencia. Son medidas de protección que afectan a su imagen material, a su imagen visual mediante la prohibición, que tienen que garantizar los fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de que se obtengan imágenes fotográficas, videográficas o cinematográficas de los testigos y peritos sujetos a medidas de protección, y por último, en la fase del juicio oral, el magistrado, discrecionalmente, y en el auto de apertura del juicio oral, tendrá que valorar si se debe seguir manteniendo las medidas de protección, si deben ser objeto de modificación o si se deben incorporar otras nuevas.
Este ha sido un debate que hemos mantenido con el Partido Popular; ha sido un debate ilustrativo y sugestivo donde nos hemos puesto afortunadamente de acuerdo al final, y esto es algo que quiero remarcar --y me gustaría que conste en el «Diario de Sesiones»--, como es el buen talante de todos los grupos parlamentarios para encontrar más los puntos de convergencia que los de divergencia. Ojalá en todos los proyectos legislativos esta fuese la inquietud de todos. Hemos logrado ponernos de acuerdo en la compatibilización de algo que es muy difícil de compatibilizar: el derecho a la vida, al patrimonio y a la libertad de los testigos y peritos que declaren contra organizaciones criminales, por una parte, pero también el mantenimiento de los principios esenciales de origen constitucional de nuestro procedimiento, fundamentalmente dos: el de la igualdad entre las partes procesales, por una parte, y, por otra, el derecho, tan elemental, a la defensa. Lo hemos conseguido de forma equilibrada, de tal manera que cualquiera de las partes del procedimiento, en la fase del juicio oral, podrá no sólo interponer recurso de apelación contra las medidas de protección que se adopten, sino que, alternativamente cualquiera de las partes podrá exigir que se le identifique al testigo o al perito que ha sido objeto de medidas de protección, de ocultamiento de su personalidad. ¿Cómo se hace esto, señor Presidente, y con esto acabo? Mediante la manifestación únicamente del nombre y apellidos y nada más, sin ningún otro dato, del testigo o perito que ha sido objeto de medidas de protección de la naturaleza de las previstas en esta ley.
Algunos preceptos concordantes con los anteriores hacen referencia a la lógica modificación, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los plazos para recusación de testigos, en su caso, y algunas cuestiones de compatibilización

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de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento criminal con lo que aquí se está incorporando.
Ya con esto acabo, señor Presidente, de verdad, indicando que, desgraciadamente, no hemos sido capaces, entre todos, de regular la figura del arrepentido; figura compleja dogmáticamente, que representa diversos aspectos de dogmática penal muy compleja. Hemos perdido una gran oportunidad para regular y proteger jurídicamente la figura del arrepentido.
Otro proyecto de ley lo tendrá que hacer. Hemos dejado pasar esta oportunidad, pero, señor Presidente, la sociedad civil en este momento necesita recuperar espacios perdidos en la lucha particularmente contra el narcotráfico. La brutal decepción producida, primero, por las sentencias de la «Operación Nécora» y, luego, por la excarcelación de algunos de sus sentenciados, nos obliga a adoptar medidas de reforma legislativa profundas, en virtud de las cuales, primero, el ciudadano normal recupere la fe perdida parcialmente en la justicia y, en segundo lugar, se mejore todavía mucho más la eficiencia de nuestro ordenamiento punitivo contra fenómenos delictivos tan sofisticados como éstos.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


--A LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE A ESCUCHAS TELEFONICAS Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTICULO RELATIVO A LA ESCUCHA Y GRABACION DE LAS CONVERSACIONES NO PUBLICAS POR LOS PARTICULARES: (NUEVA DENOMINACION APROBADA POR EL SENADO. PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES) (Número de expediente 124/000003)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente las enmiendas aprobadas por el Senado sobre esta proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente al secreto de las comunicaciones.
El Senado ha modificado la redacción tanto del artículo 192 bis como del 497 bis. Yo quisiera referirme solamente a este último y, en concreto, al párrafo que ha sido modificado por el Senado y que, con la nueva redacción, dice: «el que con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento realizare la conducta descrita en el párrafo anterior». La conducta descrita en el párrafo anterior es la de descubrir o revelar secretos o intimidad obtenidos a través de una interceptación de las comunicaciones a través de determinados artificios técnicos; lo conocido vulgarmente como el pinchazo.
Nuestro Grupo entiende que el secreto de las comunicaciones tiene que ser protegido eficazmente. De hecho, probablemente en la Constitución no hay una redacción tan contundente como la que se deriva del artículo 18.3 cuando dice: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones...» Es decir, la Constitución, dentro de la protección del derecho a la intimidad, destaca además dos cosas: de una parte, la protección del domicilio y, de otra parte, el secreto de las comunicaciones. Y dice: Se garantiza. Incluso lo dice en presente; lo hace de una forma extremadamente contundente. Hay que garantizar, en todo caso, el secreto de las comunicaciones, y la verdad es que eso contrasta, como se ha señalado por quien ha estudiado este tema, con una protección insuficiente y primitiva --se la ha llamado así-- de la intimidad en nuestro Código Penal, algo que, por cierto, es objeto de debate en otros países europeos; sirva como referencia el importante informe de la Comisión Calcutt presentado al Parlamento británico en julio de 1990, que trata precisamente estos temas.
En nuestro país, tiempo atrás, ha habido una importante alarma social por el famoso asunto de los pinchazos telefónicos. Esto dio lugar a esta proposición de ley y, muy recientemente --tengo aquí los recortes de prensa--, en octubre de este año, se ha puesto de manifiesto este problema con motivo de la retirada por la Generalitat valenciana de un texto de estudio para niños de BUP, el llamado texto sobre las cintas del caso Naseiro. Ese texto, retirado después por la Generalitat valenciana, incluía una reproducción de fragmentos de las cintas del caso Naseiro, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo, en los que un ex concejal del Partido Popular hablaba por teléfono con otros miembros de su partido sobre su intención de llevar a cabo supuestamente, irregularidades. Esto dio lugar a una importante polémica; desde medios de ese partido y desde otros medios se señaló que eso podría constituir una auténtica intromisión ilegítima en la intimidad y objeto de sanción penal; algún experto penalista, muy conocido, señaló que ese uso, esa publicación de esas cintas, declaradas ilegales por el Tribunal Supremo por la forma de obtención, podría ser constitutiva hasta de delito. Es decir que ésta es una cuestión que hasta hace poco ha estado muy presente en la vida española: el asunto de las escuchas telefónicas o, en este

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caso, de las intromisiones ilegales, porque el pinchazo a las conversaciones del ex concejal del Partido Popular fue realizado por un juez y, sin embargo, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo.
En todo caso, nosotros queremos señalar, en relación con este párrafo enmendado por el Senado, que tienen que darse una serie de condiciones para entender que se da el tipo penal definido en este párrafo; es decir, tiene que haber un origen ilícito de esas grabaciones, tiene que haber un origen ilícito de esa información acreditado, no puramente supuesto --en el derecho penal tiene que haber una absoluta rigurosidad, darse un tipo penal concreto--; además, tiene que haber un conocimiento por parte del medio de comunicación que supuestamente lo piense publicar de que se ha producido la intromisión ilegítima, que esa vulneración del secreto de las comunicaciones tiene un origen ilícito; tiene que darse la divulgación, y, por último, en todo caso, tiene que protegerse completa y absolutamente el secreto profesional de los periodistas, cuya tramitación, en cuanto a la regulación del mismo, el desarrollo constitucional, está en esta Cámara y, desde luego, es aún más urgente, si se pudiera decir, su culminación en cuanto a estas proposiciones de ley presentadas por el Grupo de Izquierda Unida. Si no se dan estas condiciones, prevalecerá siempre y en todo caso, y no podrá delimitarse por ningún motivo, la libertad de información, que consideramos que no está amenazada por estetexto enmendado por el Senado, sino que, al contrario, se refuerza, al reforzar la información veraz y la sujeción, también de los medios de comunicación, al Estado de Derecho, a los valores constitucionales y al derecho a la intimidad, garantizado expresamente en nuestra Constitución en cuanto al secreto de las comunicaciones.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, el señor Cotoner tiene la palabra.


El señor COTONER GOYENECHE: Gracias, señor Presidente.
Con la brevedad del caso, ya que las enmiendas remitidas por el Senado, en opinión de este Diputado, únicamente vienen a suponer una rectificación gramatical, a pesar de que el párrafo tercero del artículo 497 bis se vuelve a redactar, si bien con una redacción que viene a confirmar la que salió de esta Cámara.
Mi Grupo va a apoyar las enmiendas presentadas y admitidas en el trámite del Senado, ya que estamos totalmente de acuerdo con la filosofía de la proposición de ley, y más habiéndose conseguido el objetivo que se pretendía con ella, que era el incremento de las penas que se imponían en el Código Penal vigente hasta ahora.
Estoy totalmente de acuerdo con la disertación que ha hecho el señor López Garrido, en el sentido de que el nuevo párrafo del artículo 497 bis establece que únicamente se podrá estimar que se ha cometido dicho delito cuando se den esas circunstancias, ya que, de otra forma, tendrá que prevalecer siempre el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información. Mi Grupo va a apoyar, con su voto afirmativo, esta nueva redacción puramente gramatical, ya que, lógicamente, confirma la que salió de esta Cámara.
Unicamente quería dejar constancia de la interpretación que nosotros hacemos de este párrafo tercero del artículo 497 bis, porque consideramos que, además de proteger la intimidad de la pesona y el secreto de las comunicaciones, también se debe tener en cuenta la libertad de información y la protección de esa libertad de información.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
También con brevedad, para manifestar el voto favorable de mi Grupo Parlamentario a las enmiendas del Senado, que suponen una mera corrección técnica de lo que ha sido el texto que ha aprobado inicialmente esta Cámara.
Efectivamente, nos encontramos ante una reforma importante del Código Penal que garantiza la protección de un derecho fundamental recogido y reconocido en el artículo 18 de nuestra Constitución: el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad de la persona. Sobre esta cuestión se ha llegado a suscitar el problema de la colisión del derecho a la intimidad con el derecho a la información veraz, a la libertad de expresión. Yo quisiera, en esta polémica, simplemente introducir una cuestión fundamental que es reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, y es que todo precepto debe ser interpretado a la luz de la Constitución. Y el artículo 20 de nuestra Constitución, cuando habla de la libertad de expresión y del derecho a la información veraz, establece también unos límites muy concretos, señalando la barrera del derecho a la intimidad.
Ha habido algún tipo de desasosiego con motivo de la redacción del tercer párrafo del artículo 497 bis, que, en efecto, dice que el que con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta de divulgar o revelar los secretos o la intimidad de otros sin su conocimiento, es decir, la penetración en la esfera de la intimidad y su posterior divulgación, aun a sabiendas de su origen ilícito... Alguien ha visto en este párrafo algún tipo de

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amenaza a la libertad de expresión. Yo quiero dejar muy claro que este párrafo debe ser interpretado a la luz de los preceptos de la Constitución, puesto que el artículo 20 de la misma también plantea límites a esos derechos.
Señorías, por hablar de límites, hay un brillante artículo recientemente publicado por un ilustre jurista, por el que fue Presidente del propio Tribunal Constitucional, don Francisco Tomás y Valiente, que, cuando aborda el problema de los límites de la libertad de expresión, afirma lo siguiente: Contra todo poder, límites. Pero importa insistir en algo previo: cada periodista debe tener conciencia del límite de que su derecho-poder implica responsabilidades y límites porque concurre con otros derechos de otros sujetos. Así de elemental y así de olvidado a veces. Si cada periodista, en lugar de estimar su libertad de expresión hasta el máximo, tuviera conciencia de que tiene límites que son derechos de otros, quizá proliferasen menos ciertos productos periodísticos y, acaso, saliéramos ganando todos en cuanto a la calidad ética y estética de lo que muchos medios nos ofrecen.
Pues bien, señor Presidente, señoras y señores Diputados, con las conductas y con el tenor del párrafo tercero del artículo 497 bis, se está protegiendo también el derecho a la intimidad de la persona, que es un presupuesto básico de la dignidad de la persona, se está protegiendo y se está estableciendo un límite, el límite que la Constitución contempla también al principio y al derecho de la libertad de expresión y de una información veraz.
En todo caso, que nadie vea en este artículo una amenaza a esa libertad de expresión. Si la información en un momento determinado es relevante para la opinión pública y es de las amparadas constitucionalmente por la libertad de información, el periodista que la divulgue actuará penalmente amparado por la causa de justificación de obrar en el ejercicio de un legítimo derecho.
Por lo tanto, señoras y señores Diputados, creo que no hay el más mínimo riesgo que afecte a la libertad de expresión y que hemos conseguido una reforma importante que mejora el nivel de protección en el secretode las comunicaciones y en los derechos fundamentales de la persona.
Hoy la lucha contra determinados fenómenos no puede corromper el sistema de garantías fundamentales. Hay que mantener las garantías fundamentales. No se puede desoír, no se puede olvidar la existencia de derechos fundamentales de la persona.
Y un presupuesto básico de la dignidad, que a su vez es un elemento fundamental para la libertad, es el respeto a la intimidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE PARTICIPACION DEL REINO DE ESPAÑA EN EL DECIMO AUMENTO DE RECURSOS DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE FOMENTO (Número de expediente 121/000066)

El señor PRESIDENTE: El punto octavo del orden del día es el dictamen relativo al proyecto de ley sobre participación del Reino de España en el décimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
No hay enmiendas mantenidas a este dictamen.
¿Desea algún grupo fijar su posición en relación con el mismo? (Pausa.) Entonces, vamos a proceder a las votaciones de los puntos debatidos y de este dictamen.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 93/7 de la Comunidad Económica Europea del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 183; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre autorización del matrimonio civil por los alcaldes.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 301; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
En relación con las proposiciones de ley orgánica cuyas enmiendas introducidas por el Senado van a ser sometidas a votación a continuación, no habiendo solicitud, según se desprende del contexto de las intervenciones, de votaciones separadas, si no hay inconveniente por ningún grupo, se entenderá que las votaciones relativas a las enmiendas del Senado significan la votación de conjunto correspondiente al carácter orgánico de estas proposiciones de ley.
Proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o con imprudencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado correspondientes a esta proposición de ley orgánica.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de protección o denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 305; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al dictamen del proyecto de ley sobre participación del Reino de España en el décimo aumento de recursos de la Asociación Internacional de Fomento.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA CIUDAD DE CEUTA (Número de expediente 121/000062)

--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA CIUDAD DE MELILLA (Número de expediente 121/000064)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día, debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate correspondiente al proyecto de ley orgánica del Estatuto de Autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Para la presentación de los proyectos, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, es para mí una satisfacción como Ministro para las Administraciones Públicas someter al debate de esta Cámara los proyectos de ley orgánica de Estatuto de Autonomía de las ciudades de Melilla y de Ceuta en una iniciativa legislativa que es fruto de un compromiso expresamente asumido por el Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, incorporado al programa político legislativo para el presente período y reafirmado, asimismo, en resolución adoptada por esta Cámara tras el último debate sobre el estado de la Nación.
Como conocen SS.SS., para el correcto cumplimiento de este compromiso político, hemos esperado que se dieran las condiciones imprescindibles para asegurar su aprobación por las Cortes Generales, con garantías de consenso y estabilidad futura.
Tanto las dificultades políticas, como los problemas técnicos conocidos por esta Cámara, han hecho de esa exigencia de consenso, instada en reiteradas ocasiones, tanto por el Gobierno de la Nación, cuanto por el Congreso de los Diputados y el Senado, un largo proceso de sucesivos acercamientos y distanciamientos entre las posiciones mantenidas al respecto por las principales fuerzas políticas con representación en estas Cortes Generales.
Estas dificultades técnicas se reflejaron ya en el contenido de los acuerdos autonómicos de 1981. En relación con la autonomía de las ciudades de Melilla y de Ceuta, se limitaron a contemplar una doble posibilidad constitucional: que éstas se constituyeran en comunidad autónoma según lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Constitución Española, o que permanecieran como corporación local con régimen especial de carta.
Por su parte, también los propios hechos evidenciaron la complejidad del esfuerzo a acometer. Se trataba, al fin y al cabo, de armonizar las diversas propuestas para dotar de un régimen de autogobierno a ambas ciudades. En concreto, y por lo que se refiere a la ciudad de Melilla, ni el acuerdo adoptado por la Corporación melillense el 13 de octubre de 1981 contó con la autorización de las Cortes, ni tampoco el proyecto de ley remitido por el Gobierno en 1986 al Congreso pudo contar, finalmente, con el acuerdo en el que inicialmente se apoyaba.
A partir de las lecciones aprendidas por esta experiencia previa y ante la imposibilidad misma de sentar

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un principio de acuerdo en una cuestión ciertamente esencial para la estructuración y desenvolvimiento futuro del Estado autonómico, los Acuerdos de 28 de febrero de 1992, entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, estaban obligados a moverse dentro de unas coordenadas de razonable prudencia. En este sentido, los acuerdos comprometían a sus firmantes a la continuación de las conversaciones para alcanzar el máximo grado de consenso respecto al régimen de autogobierno para las ciudades de Ceuta y Melilla.
Fruto de este compromiso y del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los Partidos Socialista y Popular, son los proyectos de ley orgánica consensuados que, superadas ya esas dificultades previas, me cumple el honor de presentar hoy, en nombre del Gobierno, ante esta Cámara.
Tengo la certeza de que no es necesario subrayar la trascendencia y el alcance que para las ciudades de Ceuta y de Melilla, cuanto para el resto de la Nación española, habrá de tener la aprobación por las Cortes Generales de estas importantes iniciativas legislativas. Con su promulgación estos municipios accederán, por fin, al régimen de autonomía por el que hemos venido trabajando durante todo este período.
Un régimen que, desde su singularidad, reunirá a un tiempo el cumplimiento de dos objetivos esenciales: Primero, la atribución a ambas ciudades de un amplísimo régimen de autonomía sustantiva, esto es, de autogobierno, similar en muchos aspectos al que gozan las comunidades autónomas que integran el Estado autonómico. Segundo, el cierre del ordenamiento territorial que posibilita el Título VIII de la Constitución. Este ordenamiento nos ha permitido incorporar a un único proyecto global de convivencia realidades territoriales y culturales ciertamente singulares y diferenciadas, otorgándoles, cuando ello ha sido necesario, un tratamiento jurídico-político asimismo singular.
Por cuanto antecede, resulta conveniente y necesario, en este acto parlamentario de presentación, subrayar algunas consideraciones relativas al procedimiento por el que este régimen de autogobierno podrá materializarse: el contemplado por el artículo 144 b) de la Constitución. Ello porque nos sitúa ante una opción constitucional que entraña un supuesto singularizado y al mismo tiempo excepcional, cuyo fin no puede ser otro que permitir que las ciudades de Melilla y Ceuta se incorporen también desde su singularidad y la excepcionalidad de sus características históricas, geográficas, físicas y políticas, en cuanto territorio no integrado en la organización provincial, a la organización autonómica del Estado, de acuerdo con la apreciación de cualificadas razones de interés nacional por parte del legislador orgánico, conforme a lo previsto por nuestra Constitución.
Se trata, por tanto, de una opción responsablemente meditada que, además de resultar plenamente coherente con esa singularidad y excepcionalidad consustanciales al ser histórico y jurídico-político de las dos ciudades, nos permite armonizar el régimen de autogobierno que se quiere atribuir con los condicionantes que se derivan, de un lado, de lo establecido en el artículo 137 de la Constitución y, de otro, de lo dispuesto en el artículo 140 de la norma fundamental.
Creo, en consecuencia, señorías, que tanto la posición institucional de Ceuta y de Melilla, cuanto sus particularidades económico-fiscales y, desde luego, la concurrencia de otros preceptos constitucionales, avalan sobradamente el procedimiento elegido por el Gobierno. No entraré, por tanto, en innecesarias consideraciones sobre otras hipotéticas alternativas procedimientales que la razón práctica y la necesidad de armonizar diversos imperativos constitucionales han aconsejado descartar. Me remitiré, a ese efecto, a cuanto se ha puesto de manifiesto en el transcurso de las conversaciones que el Gobierno ha mantenido tanto con las dos fuerzas políticas mayoritarias en las Cortes Generales, cuanto con los representantes de ambas corporaciones municipales.
En lo que concierne a los estatutos remitidos a esta Cámara por el Gobierno, su aspecto más destacable es la configuración de las dos ciudades como ciudad con estatuto de autonomía. Una configuración que se refleja fundamentalmente en dos elementos esenciales: primero, el mantenimiento de los dos municipios y de sus ayuntamientos, con todas sus potestades y prerrogativas como tales entidades locales; y, segundo, el establecimiento de una organización, unas competencias y unos mecanismos de financiación propios de las comunidades autónomas.
Explicar el alcance de esta configuración ante esta Cámara requiere repasar, siquiera someramente, el contenido de los estatutos y, en particular, las singularidades que recogen.
Uno. Respecto al título preliminar lo más destacable, sin duda alguna, lo más evidente para todos los españoles: la españolidad de Ceuta y Melilla; unas ciudades que, como afirma el respectivo Estatuto, son parte integrante de la Nación española y, por consiguiente, la enriquecen desde su pluralismo cultural y sus particularidades geográficas.
Dos. En lo relativo a la organización regulada en el título II del proyecto, conviene subrayar que ésta se articula en torno a tres instituciones singulares: la Asamblea, el Consejo de Gobierno y el Presidente. Así, los miembros de la Asamblea tienen también la condición de concejales y son elegidos conforme al sistema electoral local. Este órgano representativo de la ciudad goza de potestad normativa y de iniciativa legislativa, potestades ambas --debo subrayarlo-- que superan ampliamente la potestad reglamentaria atribuida por el régimen local a las entidades locales. Similar criterio orienta la configuración del Presidente, que ostenta al mismo tiempo la condición de Alcalde y que mantiene

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un «status» que también puede ser considerado superior al de éste. Por último, y quizás esta puede ser considerada la singularidad más relevante en cuanto a la organización institucional de estas ciudades, el Estatuto atribuye al Consejo de Gobierno --órgano colegiado compuesto por el Presidente y los consejeros nombrados por éste-- las funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad. Se trata, por tanto, de un órgano que no está previsto en el régimen local y que se asemeja en todo a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas.
Tres. En cuanto a las competencias que se atribuyen al proyecto de ley orgánica para cada una de las ciudades, contempla la ordenación de cuatro bloques competenciales diferenciados. Primero, las competencias encomendadas por la legislación básica estatal al municipio. Segundo, las competencias que ejercen actualmente las diputaciones provinciales. Tercero, las competencias que en el futuro puedan ser atribuidas a las entidades locales por el Estado. Y cuarto, todas las materias que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1 de la Constitución española, pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, incorporándose incluso algunas otras no contenidas en dicho listado como, por ejemplo, casinos, juegos y apuestas, cajas de ahorro, prensa, radio y televisión y otros medios de comunicación social o protección civil.
Por consiguiente, se pone de manifiesto, una vez más, que el alcance de los estatutos contemplado en los proyectos de ley orgánica no sólo supera el ámbito competencial de los municipios, sino también el listado de materias previstas en el artículo 148 de la Constitución para las comunidades autónomas que accedieron por la vía del artículo 143.
Cuatro. Una mención destacada merece el régimen económico-financiero que se quiere otorgar a Melilla y a Ceuta. Es éste un aspecto de gran importancia en el que viene a acentuarse la singularidad y amplitud del régimen de autogobierno que se establece en los proyectos de estatuto.
La simple lectura del título V de los proyectos pone de manifiesto esta singularidad: autonomía financiera, titularidad de bienes de dominio público y de patrimonio, Hacienda propia, disposición de los recursos que la legislación de Régimen Local atribuye actualmente o que atribuya en el futuro a los municipios y provincias, y aplicación plena del sistema de financiación autonómica por servicios traspasados y transferencias del FCI y de otros fondos destinados a favorecer el desarrollo son, en síntesis, los elementos más significativos del régimen económico-financiero que el proyecto contempla para las dos ciudades. Todo ello, por supuesto, señorías, compatible con las peculiaridades económico fiscales existentes actualmente por ley estatal que, por otra parte, podrán ser actualizadas con garantía de su mantenimiento.
Cinco. Por último, hay todavía un aspecto importante de los proyectos que merece ser convenientemente subrayado ante esta Cámara. La previsión de creación de una comisión mixta de carácter paritario, con la finalidad de concretar el contenido de los traspasos que las ciudades habrán de recibir de la Administración General del Estado. Los acuerdos de la comisión mixta se aprobarán por real decreto del Gobierno de la Nación, tal y como sucede con los traspasos efectuados a las comunidades autónomas.
En conclusión, señorías, los dos proyectos de ley orgánica de estatuto de autonomía establecen un régimen de autogobierno amplio, profundo y sustantivo. En definitiva, un autogobierno reforzado y auténtico, ciertamente singular; un régimen, en fin, que es, sobre todo, el fruto del consenso, expresado en un acuerdo responsable en todo lo relativo a la imprescindible armonización a estos efectos de diversos preceptos constitucionales, entre ellos destacadamente el que nos obliga al mantenimiento de las instituciones municipales y de sus órganos de gobierno.
La iniciativa del Gobierno se preocupa por preservar el sistema jurídico e institucional del régimen local general, pero, al mismo tiempo, otorga a las dos ciudades todo un conjunto de instituciones, competencias y recursos propios de un régimen de autonomía configurándola como una ciudad con estatuto de autonomía.
Considero, señoras y señores Diputados, que debemos felicitarnos de que estos proyectos de ley orgánica hayan sido finalmente posibles. Es el producto de la experiencia acumulada a lo largo de todo el proceso autonómico, y lo es también de una voluntad política consensuada que ha sido capaz de encontrar una solución razonablemente específica, tan singular como acertada.
Por ello, quiero agradecer a los responsables políticos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español que se han esforzado en la consecución de este consenso y, en nombre del Gobierno, hacer un llamamiento a la probada responsabilidad de todos los grupos políticos con representación en esta Cámara para hacer un debate que enriquezca y perfeccione, de acuerdo con la trascendencia de esta iniciativa, los proyectos de leyes orgánicas de estatuto de autonomía de las ciudades de Ceuta y Melilla presentados por el Gobierno. Tengo la certeza de que así será.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.
Al proyecto de ley orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta se ha presentado una enmienda de totalidad de texto alternativo por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Ríos.


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El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, «las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros». Esto que estoy diciendo ahora mismo no es la posición de este Diputado sino el texto de la disposición transitoria quinta de nuestra Constitución. Es decir, la Constitución abría la posibilidad de acceder al régimen de autogobierno constituyéndose en comunidad autónoma, si lo decidían los ayuntamientos. Por tanto, era uno de los cauces para haber abordado la capacidad de autogobierno y de autonomía y así ultimar el Estado de las autonomías que en este país todavía estaba paralizado a pesar de los acuerdos del año 1981 entre UCD y PSOE, y a pesar de los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista del año 1992. Si no hubiese habido esta voluntad desde los municipios, desde los ayuntamientos, sería lógico que estuviéramos discutiendo aquí una propuesta a través de otro camino de la Constitución, pero lo cierto es que en el caso del estatuto que ahora discutimos, es decir de Ceuta, sí que hay la voluntad reiterada del Ayuntamiento de Ceuta de constituirse en comunidad autónoma.
Por eso este Diputado ha presentado el texto alternativo que aprobó el Ayuntamiento de Ceuta, en el año 1990, por unanimidad de sus miembros, y sobre el que posteriormente ha seguido pronunciándose sistemáticamente, 32 veces en su pleno municipal, para constituirse en comunidad autónoma, ya sólo por mayoría y no por unanimidad. Por tanto, se podía haber utilizado el camino de la transitoria quinta, y hace referencia a que el autogobierno se cifra en constituirse en comunidad autónoma.
Pero el Gobierno ha utilizado otro camino que también es posible, puesto que está circunscrito a estos dos territorios.
No sería lógico que yo dijese que el artículo 144 de la Constitución, en su apartado b), no se refiere explícitamente a Ceuta y Melilla. La Constitución en su Título VIII crea las bases de la organización territorial del Estado. Pues bien, después del capítulo primero, que regula los principios generales, la Constitución en su capítulo segundo regula la Administración local. En el artículo 140 establece cómo hacerlo, y en el 141 dice que el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Pero el artículo 144 no está en el capítulo de la Administración local sino en el capítulo de las comunidades autónomas. Por tanto, es otra vía para constituirse en comunidad autónoma, no en municipio, puesto que el capítulo tercero regula las comunidades autónomas. Dice el artículo 144: «Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: ...» A mí me gustaría, señor Ministro, con total tranquilidad, puesto que su intervención ha sido bastante afable y su posición personal es comprometida en estos temas, que me dijese cuáles son las razones de interés nacional que han llevado al Gobierno, o a los dos partidos mayoritarios, a este pacto. Hasta ahora la razón que se ha dado aquí es el consenso responsable --que creo que lo es-- que intenta armonizar los distintos preceptos constitucionales. ¿Pero esa es la razón de interés nacional? ¿Cuál es para aplicar este apartado b, que dice: «Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial?» Ceuta y Melilla no están incorporadas a la organización provincial, acceden. ¿A qué acceden a través de este artículo? Siguiendo la transitoria quinta o el artículo 144 de la Constitución, siendo cual sea el cauce, es lo mismo: que estas dos ciudades puedan acceder a comunidad autónoma y no a ser ayuntamientos fortalecidos.
Dichos los caminos, que son diferentes, ¿cuál es la otra base constitucional que nosotros hemos utilizado para nuestra enmienda a la totalidad? El artículo 137, con el que comienza el Título VIII y la organización territorial del Estado, y que dice así: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan». Pero no habla de ciudades con estatuto de autonomía. Tendrán que reconocerme que se navega entre dos posibilidades: ayuntamientos con competencias que en algunos sitios son de comunidad autónoma. La figura que ustedes presentan es un estiramiento constitucional. ¿Por qué es así? El Estatuto que ustedes han presentado entró en esta Cámara el día 23 de septiembre y ha sido publicado en el «Boletín de las Cortes Generales» el 14 de noviembre. Mientras tanto se han estado pidiendo informes sobre constitucionalidad. Por tanto, hay una cierta limitación.
¿Cuál es el objetivo que persigue Izquierda Unida con esta enmienda a la totalidad? Fundamentalmente que puedan acceder estas dos ciudades, en concreto la de Ceuta, que es sobre la que estamos discutiendo ahora mismo, a esa realidad de autonomía. Pero hay una decisión que sería el segundo elemento a considerar. ¿Puede actuarse para que accedan al autogobierno y a la autonomía de manera externa? Es legítimo, desde mi punto de vista, que haya un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular; totalmente legítimo. ¿Es legítimo que se pueda usar la tramitación parlamentaria? Totalmente legítimo. Ahora bien, ¿se puede imponer a una ciudad un estatuto de autonomía? Si el ayuntamiento que tiene que pronunciarse ve otro camino, ¿cómo se va a articular esa propuesta? Creo que es totalmente imposible que se pueda tramitar esa actuación.
Dicho todo esto, a mi Grupo le gustaría escuchar del Gobierno o de los partidos que apoyan su propuesta, por qué es mejor organizarse en ciudad con estatuto de autonomía que ser comunidad autónoma. ¿En qué van a ganar? ¿Cómo van a avanzar las ciudades de Ceuta,

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en este caso, y de Melilla? ¿Qué ventajas tienen? ¿Por qué es mejor para ellas? ¿Cómo van a solucionar sus problemas? Tengo que reconocer, porque lo contrario no sería ajustado a la realidad, que este estatuto va a incrementar las competencias de la ciudad de Ceuta porque lo que ahora mismo no tiene en su mano va a recibirlo desde la administración desconcentrada y desde la propia realidad provincial, aunque no tienen diputación provincial. Por tanto, asumen más competencias, pero no se organizan como el resto de españoles. Todos los ciudadanos españoles tenemos un municipio o una provincia con diputación o una comunidad autónoma. Los españoles que viven en Ceuta no van a tener esa organización de la administración, van a tener otra distinta.
Por tanto, a nosotros nos gustaría que se nos dijesen cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas. Usted ha hecho referencia a que el estudio ha sido muy dilatado en el tiempo. Es verdad, han sido dieciséis años estudiando cuál es el mejor camino; dieciséis años desde la Constitución, porque es verdad que el desarrollo autonómico es desde el año 1982, y por tanto es menos tiempo, doce años. ¿Pero cuál es la propuesta que ustedes hacen? Porque nos gustaría asentar nuestro texto alternativo sobre las limitaciones que nosotros encontramos a la propuesta que hace el Gobierno avalada por el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. Nosotros creemos que se trata de una ordenación cifrada en el régimen local, que traspasa actuaciones para el alcalde-presidente o para el presidente de la comunidad, como le queramos llamar, que tienen referencia con la gestión del Estado. No lo digo yo, lo dice el articulado que ustedes nos proponen. Por ejemplo, en el artículo 8.1 se regula el sistema electoral para los cargos públicos y dice: El régimen electoral general para la celebración de elecciones locales. Por tanto, estamos eligiendo una entidad local, no una entidad de autogobierno constituida en comunidad autónoma. También lo dice a la hora de constituir la asamblea, otra de las grandes limitaciones de su propuesta, porque es verdad que la asamblea es un paso más añadido a la realidad del pleno municipal. El artículo 14.1 refiriéndose a la asamblea dice: El Presidente de la ciudad es el que preside la Asamblea. Eso es lo que pasa en un ayuntamiento: el alcalde preside el pleno municipal. En ninguna comunidad autónoma el presidente preside la asamblea.
¿Cómo es posible que el que tiene que controlar al que manda sea el que manda? Mal control va a hacerse. Por eso se está siguiendo el proceso municipal en su propuesta. Pero dice más.
¿Cómo se va a elegir? Utiliza el mismo cauce municipal. Dice: Se elegirá el presidente de entre los que han encabezado alguna de las listas que hayan obtenido escaño. Eso ya ni siquiera se aplica en los municipios. Puede ser alcalde quien no haya encabezado las listas después de una decisión de la corporación. Siguen utilizando para la elección del presidente y la constitución de la asamblea el régimen local.
Hay otra limitación más de la Asamblea: no puede hacer leyes.
Puede impulsar, puede promover, pero no desarrolla legislativamente su realidad. También se circunscribe la limitación que ustedes proponen al régimen financiero --por el que usted ha pasado por encima-- y al régimen jurídico. El artículo 30 del Estatuto que ustedes proponen, cuando habla del régimen jurídico, dice: El procedicimiento administrativo, contratos, concesiones, expropiaciones, responsabilidades patrimoniales, régimen de bienes y demás aspectos del régimen jurídico de la Administración se regularán por lo establecido con carácter general por la legislación del Estado sobre régimen local. Por tanto, están ustedes regulando el régimen local, no una comunidad autónoma. Y en el artículo 32, cuando habla de las normas reglamentarias, actos y acuerdos dictados por la ciudad de Ceuta, hace referencia al contencioso-administrativo. Y en el artículo 36 sobre el sistema financiero dice: Este Estatuto se regulará a través de la legislación financiera local, según se establezca en el futuro para los municipios y provincias. Por tanto, el futuro de estas ciudades es el de ser municipio o provincia, es decir, régimen local no autónomo. Y el artículo 38 también sobre el régimen financiero, dice que la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponderán a la ciudad de Ceuta en la forma en que se establezca en la legislación sobre régimen financiero de las entidades locales. Por tanto, con todo lo que ustedes digan, utilizando una expresión que vendría bien aquí: Aunque la propuesta se vista de seda, en ayuntamiento se queda, por más que ustedes intenten estirar en su razonamiento una posición más desarrollada.
Por tanto, ¿qué pretende la iniciativa de Izquierda Unida? Superar las limitaciones que tiene la iniciativa del Gobierno, sustentada por el amplio marco parlamentario del Partido Popular y el Partido Socialista. Primero, que puedan legislar; que los españoles que viven en Ceuta puedan administrarse ellos mismos, regularse, legislar igual que los murcianos, los extremeños, los andaluces, por ejemplo, sobre comercio interior, sobre puertos, sobre museos, sobre artesanía. Los demás españoles podemos legislar, los que van a vivir allí, no. Por tanto, mi propuesta va en función de los servicios que van a recibir, en función de ser españoles con las mismas posibilidades que otros, no en el camino de otra discusión en la que, si quiere, podemos entrar después. El segundo objetivo que tiene nuestra propuesta es lograr que tengan de verdad un pleno de comunidad autónoma, un parlamento, una asamblea real que controla, impulsa y elige al que gobierna, pero que no es sustituida por el que gobierna. Es verdad que en su propuesta hay un avance, es verdad que va a haber grupos que van a poder controlar, pero presididos por el propio presidente de la ciudad. Hay un mal funcionamiento, a la hora de convocar, no

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se regula una estabilidad en los criterios sobre los períodos ordinarios, no se regula un funcionamiento más o menos estable desde el estatuto; si donde lo tenemos puesto en nuestro Estatuto nos cuesta trabajo evolucionar --y se lo dice uno que ha sido Diputado doce años en su comunidad-- mucho menos más costará cuando el estatuto es tan genérico en lo que respecta a los períodos ordinarios y extraordinarios, como es el caso.
Y el último objetivo es superar la limitación al autogobierno que tienen en sus propios estatutos.
Por tanto, señorías, nuestra reflexión, nuestra propuesta con texto alternativo pretende que, en el caso de Ceuta, lo acordado por el pleno municipal sea el esquema de discusión, puesto que el objetivo fundamental no es ni más ni menos que esas tres razones que he dado: acceder a comunidad autónoma en cuanto al autogobierno, que está totalmente recogido en la propuesta de la Constitución, y que puedan tener su propio parlamento, que puedan legislar y que puedan tener una situación parecida a los demás. ¿Es ésta una ordenación más complicada que puede bordear la Constitución? No, porque exactamente igual que en su propuesta las competencias regionales se asumen por la corporación local, puede darse un funcionamiento de pleno para las decisiones autonómicas y un funcionamiento de pleno para las decisiones municipales, y no tendría por qué haber la complicación que supone la desaparición del ente territorial. En todo caso, es una propuesta que está hecha desde la relación que pueda existir con la voluntad de los ciudadanos que allí viven. En todo caso, espero --y con esto termino, señor Presidente-- que al margen de lo que suceda en el trámite parlamentario --no estamos en lo que decía el señor Ministro, después iremos a las enmiendas al articulado y veremos cómo se puede mejorar el texto--, el puntode partida hoy, sea comunidad autónoma o sea ciudad con estatuto de autonomía, después la aplicación práctica cuente con la mayoría de la ciudad de Ceuta y no con lo que podríamos llamar fuerzas que hipotéticamente puedan ser mayoritarias. El ejemplo de Andalucía está a la sombra de este caso.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para un turno en contra tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA FUENTES: Señor Presidente, señorías, algunos años después, la estructura del Estado diseñada por la Constitución, pretende quedar definitivamente cerrada con el Estatuto de Ceuta y también con el de Melilla, tras, como saben ustedes, un largo y proceloso proceso en el que, al final, ha predominado en las fuerzas políticas mayoritarias el espíritu del consenso que guió a nuestros constitucionalistas y a sus sucesores. Porque, señorías, han sido los pactos políticos los que han determinado que se llegue a una solución en la configuración de estas dos ciudades españolas.
La historia ha sido larga desde que se aprobó la Constitución y con ella la transitoria quinta y el artículo 144. Conviene recordar que allá por 1986, el Gobierno remitió sendos proyectos de ley que diseñaban un régimen especial para ambas ciudades con la creación de instituciones que garantizan su autonomía como entes públicos territoriales y facilitando un régimen de autogobierno. Sin embargo, estos proyectos, que entonces eran leyes ordinarias y no orgánicas, no consiguieron el suficiente acuerdo para salir adelante y decayeron con la tercera legislatura. Señorías, ya en aquel tiempo surgió la discusión sobre qué característica tenía que tener la ley estatal para establecer para Ceuta, también para Melilla, rasgos propios como alternativa a que se constituyeran en comunidades autónomas. Entonces se denominaron estatutos de la ciudad y no existía la posibilidad de ejercer iniciativa legislativa como el proyecto que ahora discutimos, a través, por ejemplo, de su artículo 13, y el catálogo de materias competenciales era mucho más exiguo que el actual, que contempla montes, aprovechamiento forestal, caminos, fuegos, vigilancia y protección de los edificios e instalaciones.
También en los proyectos actuales se habla de cooperación con la Administración del Estado en las correspondientes ciudades.
Señorías, a partir de aquí se han establecido cuatro hipótesis de trabajo que han sido las que han dado lugar en su reflexión al proceso de consenso mayoritario. En primer lugar, la no autorización de la comunidad autónoma y el mantenimiento del ente local existente, con algunas características especiales, como ocurrió en los proyectos de 1986. En segundo lugar, la autorización de la constitución en comunidad autónoma manteniendo el ente local existente. Una tercera posibilidad es la constitiución de la comunidad autónoma y la disolución del ente local existente, que es lo que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La cuarta es el mantenimiento del ente local existente con dotación de mayores competencias, que lo aproximan a una comunidad autónoma. Creo, señorías, que ésta es la base en la que el proyecto del Estatuto de Ceuta se ha fijado. Precisamente lo que se ha plasmado en esta cuarta opción, configuración de Ceuta y de Melilla como ciudades con estatutos de autonomía, puede considerarse como una fórmula intermedia entre una comunidad autónoma y un municipio al que se dota de una amplia capacidad de decisión. Y ello no es caer en aquella idea aristotélica de que la virtud es el punto intermedio entre dos vicios opuestos, porque habría que definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de vicios.
Los conceptos de estatuto de autonomía y comunidad autónoma no son unívocos ni están predeterminados

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ontológicamente, han sido instrumentos para conseguir la más amplia descentralización política que conoce la historia de España contemporánea y han posibilitado el reconocimiento plurinacional y plurilingüe de España. Varios son los artículo, señorías, que han permitido el desarrollo de las comunidades autónomas y los estatutos de autonomía: el 143, el 151; la catalogación de competencias del 148 y del 152. De esto se desprende que no todas las autonomías han de tener los mismos rasgos ni poseer las mismas instituciones. Sólo existe una prescripción formal: los estatutos de autonomía deben ser aprobados por ley orgánica, como señala el artículo 81. Para configurar las autonomías de Ceuta y de Melilla teníamos varias posibilidades: la disposición transitoria quinta, el artículo 144 a), que permite constituirse en comunidad autónoma, y el artículo 144 b), relativo al otorgamiento del estatuto por las Cortes --ya se especificaban los infinitivos «autorizar o acordar» con carácter imperartivo--. A partir de ellas puede adoptarse la que más convenga, de acuerdo con la Carta Magna, para los intereses españoles, de los que sin duda participan ceutíes y melillenses. Desde esta perspectiva se configuran los estatutos de ambas ciudades, que no tienen por qué reproducir miméticamente los de otras comunidades. Cabe plantearse, señorías, si es factible, de acuerdo con nuestro texto constitucional, autorizar o acordar estatutos de autonomía para Ceuta y para Melilla, sin necesidad de que se constituyan en comunidades autónomas, así como los contenidos máximos y mínimos que deben enmarcarse en los mismos.
Señorías, creo que la conclusión es clara: puede hacerse y no es necesario utilizar la transitoria quinta. También los constitucionalistas desarrollaron transitorias que después no han tenido vigencia constitucional. Recuérdese, por ejemplo, lo que fue la transitoria cuarta para Navarra. No existe obligación para el Gobierno y las Cortes Generales, que son las que autorizan o acuerdan, de aceptar preceptivamente los acuerdos de ambos ayuntamientos. El problema estaría en la frontera entre lo que hasta ahora se ha concebido como estatutos de autonomía vinculados a una comunidad autónoma y los estatutos de autonomía para los dos municipios que ahora debatimos, que son casos excepcionales. En este sentido, señorías, estimo que en ambos proyectos existen aspectos que los asemejan miméticamente a otros estatutos de autonomía, pero también diferencias. Las asambleas que se contemplan en los textos carecen de una potestad legislativa formal, y en ello se distancian de los demás parlamentos autónomos: no designan los Senadores ni existe incompatibilidad entre la pertenencia a las mismas y ser miembro del Congreso de los Diputados, ni tampoco prevén las reformas de los estatutos; sin embargo poseen, como decía, iniciativa legislativa, de acuerdo con el artículo 13, ante las Cortes Generales, se contempla la posibilidad de firmar convenios y el reconocimiento de derechos políticos de los vecinos. De las dos vías posibles para acceder a la autonomía se ha optado por el artículo 144.b), dotándolas de un régimen especial, y en esta tesitura se recurre a la utilización de la ley orgánica.
En el caso de que se utilizara, por ejemplo, el artículo 144, que fue específico para la autonomía de Madrid, estaríamos necesitando la constitución de una comunidad autónoma que yo creo que con las peculiaridades de estas dos ciudades, y según el mapa autonómico que se ha diseñado, no parece sensato que adquieran esta condición por el interés nacional, por la propia constitución de las mismas y por su propia historia, por cuanto que no están inscritas en la organización provincial y a través de los estatutos de autonomía puede crearse un instrumento jurídico adecuado a la peculiaridad de los casos de Ceuta y Melilla, que conviene no olvidar que no son ni provincias ni regiones, sino términos municipales. En este sentido, señorías, el pacto político ha dado una salida a la situación: no constitución de comunidades autónomas, pero tampoco regímenes locales especiales, como ya se contempló.
Estatutos de autonomía que dan un carácter excepcional a estas dos ciudades y que cierran en sus aspectos formales el proceso diseñado por la Constitución y utiliza para ello el artículo 114.b), destinado a los que no cumplan los requisitos del artículo 2 de la Constitución. Además, el Estatuto de Ceuta recoge un contenido derivado del artículo 147 de nuestra Carta Magna: los estatutos de autonomía, la denominación de la comunidad que mejor corresponda, la denominación, organización y sede de las instituciones propias, etcétera.
Por todo esto, señorías, no parece pertinente aceptar la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por cuanto que su estatuto parte de un concepto mecanicista, y de alguna manera clónico, de los planteamientos a priori de los estatutos de autonomía como algo prefijado y que puede extenderse por igual y de manera unívoca a todas las zonas e incluso a las que no son propiamente provincias ni tampoco regiones. Tiene además problemas de carencias constitucionales que conviene recordar. Si se plantea como comunidad autónoma a través del artículo 144, por tanto reconociendo la potestad del artículo 143, se están aplicando, con la redacción que se ha hecho, las competencias que se establecen en el artículo 148.1, pero se olvidan las sentencias del Tribunal Constitucional que han venido reforzando las diferencias entre las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, y se aplican competencias del artículo 151 cuando realmente tendrían que pasar cinco años para asumir otras. Por lo tanto, hay una carencia constitucional en el texto propuesto que no corresponde al trámite del estatuto de autonomía que se propone.
Por otra parte, cuando se habla de la regulación del Tribunal Superior de Justicia como una potestad, se

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desconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas no son derivados de los estatutos sino que corresponden a la citada ley. Por otro lado, la dualidad que existe entre la asamblea y el ayuntamiento deja sin efecto la Ley de Régimen Local y los factores de competencias exclusivas que un ayuntamiento tiene reconocidos por dicha ley. Esta dualidad entre en un momento una asamblea y en otro momento un ayuntamiento realmente no especifica claramente cuáles son las funciones fundamentales que han de tener las competencias de un término como es el de Ceuta. Por otra parte, propone modificar la LOREG, la Ley del Régimen Electoral General en la disposición adicional primera. Por tanto, señorías, creo que el concepto que se plantea en este estatuto es aquel que el propio Tribunal Constitucional ha desechado. Las competencias se distribuyen por todas las autonomías y el resto es lo que le queda al poder del Estado. No, yo creo que los constitucionalistas no previeron este tipo de estructura.
Previeron precisamente que se pudieran derivar competencias para las autonomías, pero también competencias del propio Estado.
Además, señorías, el problema puede ser formal, puede ser un problema político, puede ser también un problema que derive de la situación propiamente peculiar de estas ciudades, porque aunque estableciéramos comunidad autónoma, aunque dijéramos que es una comunidad autónoma, que de ahí se derivan por tanto los estatutos de autonomía, los problemas políticos, los problemas de las sensaciones y de los sentimientos que ceutíes o melillenses tienen no van a ser por ello obviados o eliminados.
Estas dos ciudades, señorías, han formado parte de la estructura de la Corona española desde 1415, mucho antes, por ejemplo, de que se conquistara Granada. Por tanto, desde 1415 hasta la actualidad han formado parte de la Corona española o de la portuguesa y después de la revolución de 1640, de la revolta catalana y de la independencia de Portugal, Ceuta, por su propia voluntad, decidió pertenecer a la Corona española.
El posterior Tratado de Utrecht y otros lo han confirmado así.
No obstante, hay un sentimiento generalizado de incertidumbre entre la propia población sobre cuál va a ser su futuro y contra el que es difícil luchar, porque no consiste sólo en hacer declaraciones permanentes y continuadas como las que acaba de hacer ahora el Ministro y como las que han hecho otros ministros de otros Gobiernos españoles sobre la nacionalidad y la pertenencia de Ceuta y de Melilla a España.
Señorías, creo que las ciudades limítrofes, las ciudades con límites, como diría Hermann Broch, siempre viven en la incertidumbre, siempre tienen problemas de identificación.
Esto no puede solucionarse en ningún caso con un problema formal de comunidad autónoma o de autonomía. Yo creo que los derechos de los ciudadanos españoles en Ceuta están perfectamente recogidos en el estatuto de autonomía y se contemplan con igualdad a los del resto de los españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Paniagua, vaya concluyendo, por favor.


El señor PANIAGUA FUENTES: Voy concluyendo, señor Presidente.
Además, señorías, Ceuta tiene una proyección de futuro importante, como la tiene también Melilla, vive dentro de unos límites, y por tanto con esas incertidumbres históricas que siempre ha tenido, por su frontera con Marruecos --Marruecos ha constituido problemas importantes para la historia de España desde finales del XIX hasta la actualidad--, pero al mismo tiempo también tiene una proyección económica y social en cuanto que en ella confluyen tres tipos de culturas y de alguna manera se da acrisoladamente aquello que decía Américo Castro de la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. En este sentido la ciudad de Ceuta es un prototipo de convivencia, y al margen de que las culturas, las lenguas y las nacionalidades tengan siempre dificultades para entenderse y sean muchas veces, como aceites, imposibles de mezclar, sí que es verdad que la convivencia permanente de la ciudad de Ceuta ha de llevarnos, más que a plantearnos incertidumbres y momentos de tensión como algunas veces se han vivido a lo largo de la historia, a una proyección del futuro de las posibilidades que tiene convivir con otras culturas y, además, a tener esa punta de lanza en la convivencia con otras naciones, en este caso con Marruecos, que es un país vecino y, por lo tanto, a mantener las buenas relaciones de vecindad.
Señorías, creo que las ciudades de Ceuta y Melilla a través de sus correspondientes estatutos de autonomía diseñan definitivamente lo que se ha llamado el mapa autonómico español y dan una viabilidad para que los derechos de los ciudadanos ceutíes tengan su pleno reconocimiento en este marco jurídico que ahora defendemos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Paniagua.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, yo le agradezco al portavoz del Grupo Socialista el tono y el contenido del discurso, porque yo creo que parte de una manera de entender la superación de la realidad que vive la ciudad de Ceuta. Yo creo que muchas veces cuando uno echa mano en exceso a problemas de regulación jurídica, de pugna de constitucionalidad,

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lo que quiere obviar es algo que debe estar por encima y por delante: la voluntad política de realizar una actuación. No es una discusión nominalista: ayuntamiento sí, ampliado, o comunidad autónoma. Es el problema de ultimar una declaración constitucional. Yo le he dicho en mi primera intervención que sea por la vía de la disposición transitoria cuarta, sea por la del artículo 144, todos los caminos concluyen en comunidad autónoma. Por favor, mire dónde está ubicado el artículo 144, en qué capítulo de la Constitución, y el capítulo de la Constitución en que está ubicado se llama: «De las Comunidades Autónomas». Es que aunque sea por ley orgánica del Gobierno lo que se está posibilitando por ese camino es que se pueda constituir su capacidad de autogobierno en comunidad autónoma.
Yo no he querido hacer referencia, para que no se me pudiera tildar de radical en la expresión, al tema de las incertidumbres. Ha sido usted el que lo ha sacado, así como la cercanía de Marruecos. Muchas veces con esta situación lo que se plantea es qué limitaciones tenemos. Yo no soy de allí, pero le digo que la sensación que he vivido allí es que la incertidumbre se superaría manifestando mayor autonomía para Ceuta y Melilla ligadaa España que les signifique autonomía de Marruecos. Esa es la sensación que yo me he traído de allí.
Por tanto, ustedes no solucionan con su propuesta el problema de la incertidumbre.
Yo le puedo aceptar a usted parte de las discusiones que hay por medio, inclusive discusiones que nosotros hemos utilizado en debates que hemos tenido con otros estatutos de autonomía.
No es un problema sobre el número de competencias. No habría ningún problema en discutirlas. Podemos discutir si tres más, si cuatro, no, eso no es lo definitorio para ser comunidad autónoma. ¿Qué es lo que define de verdad el desarrollo constitucional de la autonomía? No está en si yo tengo más competencias u otra comunidad tiene menos, no --la Constitución inclusive daba un marco de tiempo para asumir un volumen de competencias, fuese por la vía del 143 o del 151--.
Lo que de verdad diferencia un órgano de régimen local de uno autónomo es su parlamento. Esa es la gran diferencia que añade el proceso autonómico en nuestro Estado, esa es la gran conquista del Título VIII, que los pueblos del conjunto que es España tienen capacidad de elegir soberanamente a su parlamento, que elige en su seno a su presidente, que le controla, que le impulsa y que hace las normas ajustándose a su propia realidad. Esa es la gran diferencia y esa es la que ustedes no solucionan aquí. No me puede decir que es porque yo haya puesto competencias que pusimos, yo se lo reconozco de antemano, para todos los estatutos del 143. Pero yo estaría dispuesto a decir qué competencias se retiran e incluso a darle una graduación de esas competencias. Yo estaría dispuesto a ver qué graduación de competencias se puede dar.
Por tanto, no intente descalificar la propuesta de Izquierda Unida, que en este caso intenta proyectar aquí lo que es la discusión en el propio seno del Ayuntamiento de Ceuta, conforme se ha planteado las treinta y dos veces que se ha discutido allá. No es un problema mecanicista, no he querido traer esto mecánicamente para hacer iguales, no pretendo yo «café para todos», pero sí pretendo lo básico, lo mínimo, lo que diferencia una autonomía de un ayuntamiento; eso es lo que hemos pretendido con nuestra enmienda y lo que pretendemos para la propia Ceuta y Melilla.
En cuanto al Tribunal Superior de Justicia, pues, mire usted, será verdad lo que dice, pero todos los demás estatutos de autonomía lo recogen en su seno; todos. El mío, por ejemplo, el de Murcia, lo recoge. Usted, a lo mejor, no lo ha leído, pero el de Murcia lo pone.
Lo que yo intento decirle es que no debe ser problemade contradicción legal; si hay voluntad política, la discusión puede evolucionar de una manera distinta. Lo que yo sí recojo de su intervención es que la voluntad política no está en eso, no llega ahí, y usted la ha cifradoen una serie de limitaciones de índole de contradicción constitucional en la propuesta que nosotros hacemos, rigurosa, cuando hablaba S.S.
de los cuatro caminos que han desbrozado: municipio como está, municipio con competencias, municipio y comunidad autónoma a la vez y comunidad autónoma asumiendo el municipio. Y ustedes, en esa fase, han concluido que hay problemas de constitucionalidad si la comunidad autónoma asume las competencias del municipio. En nuestra propuesta hemos intentado mantener con los mismos diputados concejales, un funcionamiento para el régimen local con plenos definidos para ello, precisamente lo mismo que ustedes han hecho para la ordenación municipal y autonómica, pero con otra capacidad que ustedes deben reconocer.
Termino, señor Presidente, manifestando que con esta propuesta intentamos traer la reflexión sobre el debate que se vive en el seno de la ciudad de Ceuta, donde nosotros no tenemos presencia municipal y, sin embargo, creemos que es bueno que llegue aquí la realidad que se vive allá. Por eso hemos mantenido esto.
Termino --ahora sí, señor Presidente-- haciendo referencia al consenso, a una especie --lo ha reiterado usted-- de consenso responsable, y stricto sensu parece que el que no se suma al consenso responsable puede quedar en mal lugar. Yo acepto su referencia pero también le voy a decir una cosa. Nosotros, junto con el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, para el acuerdo, hace un año defendimos que se produjera una negociación entre las fuerzas políticas de Ceuta y los grupos parlamentarios con presencia en las Cortes, y le tengo que decir que el consenso se ha hecho con el Partido Popular, pero no con Izquierda Unida, a la que no se ha invitado a esa discusión aquí y, por tanto, no hemos podido participar en ese consenso. En todo caso eso tampoco es óbice, porque éste es el camino para

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producir el consenso en el trámite parlamentario y así lo entiendo y lo acepto. En ese sentido, estamos aportando nuestro granito de arena para que Ceuta pueda fortalecer su concepto español y su capacidad de administración igual que todos los ciudadanos españoles.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA FUENTES: Gracias, señor Presidente.
Me produce una gran satisfacción oír hablar al representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en términos de concepto español para la ciudad de Ceuta, y supongo que también lo hará así para la ciudad de Melilla.
Vuelvo a reiterarle que el problema entre comunidad autónoma y estatuto de autonomía no está tanto en ese concepto previamente diseñado; creo que ésta es una fórmula aceptable habida cuenta de que estamos hablando de dos ciudades con un territorio municipal, con un número de habitantes, que no tiene la categoría de región ni tampoco de provincia, y se ha encontrado una fórmula para darles un estatuto de autonomía manteniendo las competencias municipales, que son imprescindibles de acuerdo con la propia Ley de Régimen Local y que, por tanto, derivan hacia un estatuto de autonomía, a través del 144 b), en el cual las competencias que se recogen, en este proyecto de estatuto y también en el de Melilla, contemplan perfectamente muchas de las competencias que hoy día se establecen para las comunidades autónomas. En este sentido, creemos que es un buen mecanismo jurídico y, formalmente, una buena situación para que los propios ciudadanos ceutíes puedan articular su propia participación política y social dentro de su ciudad.
Fundamentalmente me refería a que creo que, objetivamente, que decidamos aquí --vuelvo a reiterar-- que esta es una comunidad autónoma o un estatuto sólo de autonomía en realidad no resuelve el problema de los sentimientos de los ciudadanos.
Usted ha hablado de los sentimientos de los ciudadanos de Ceuta, y yo he de decirle que conozco esos sentimientos, los tengo presentes, y que históricamente ha sido siempre así, pero contra los sentimientos es muy difícil luchar, señorías.
Es muy difícil que cuando alguien tiene un convencimiento sobre algo, aunque los datos le reflejan otra cosa, aunque se hagan declaraciones permanentes y públicas sobre cuál es la situación, la españolidad, etcétera --ustedes lo han vuelto a hacer ahora, y yo reitero que me alegro de ello--, no por eso vamos a acabar con esta situación interna de los propios ciudadanos.
Porque, señorías, el tema de la relación con el futuro, lo mismo que la relación con el pasado, es siempre complicada. Yo quiero decirles a los ciudadanos de Ceuta que, efectivamente, tienen aquí un buen instrumento para el ejercicio de sus propias competencias, a través de su municipio y a través de esta ampliación de este estatuto de autonomía que se les da, y que a partir de ahí pueden seguir construyendo su futuro, porque, señorías, tengo la impresión que el sentimiento de persecución que pueden recibir los ciudadanos, al final acaba siéndolo. Hemos de desechar esa serie de fantasmas que normalmente existen, lógicamente por su carácter de ciudades limítrofes, como decía anteriormente, para superar un poco la situación y poder realmente dejar constancia de lo que significa la propia construcción de un estatuto de autonomía.
No obstante, señor Ríos, le agradezco el tono y espero que en los trámites correspondientes de la Comisión Constitucional podamos aunar posiciones y llegar a un consenso permanente entre todas las fuerzas políticas de esta Cámara, porque se trata de dos ciudades españolas, dos ciudades que han pertenecido, repito, a la Corona española, en concreto Ceuta, mucho antes que otras ciudades reconquistadas posteriormente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Paniagua.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, quiero hacer una intervención muy breve para señalar la importancia que para nuestro Grupo Parlamentario tinene el inicio de la tramitación parlamentaria del estatuto de autonomía para la ciudad de Ceuta.
Con la aprobación de este estatuto, junto con el de Melilla, cuya tramitación también vamos a iniciar hoy, se completará el proceso, hasta ahora inacabado, de articulación autonómica del Estado. La Constitución, como se ha dicho por parte de los anteriores intervinientes, en su disposición transitoria quinta, ya preveía la posibilidad de que Ceuta, así como también Melilla, se constituyeran en comunidad autónoma si así lo decidían sus respectivos ayuntamientos por mayoría absoluta y así lo autorizaban las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Durante un largo período de tiempo, la reivindicación del ayuntamiento ceutí fue desoída por el Gobierno, reivindicación que, debo decir --no es la primera vez que lo manifestamos en esta Cámara, puesto que así lo hemos hecho cuantas veces se ha planteado una iniciativa parlamentaria en ese sentido--, siempre ha contado con el apoyo y la simpatía del Grupo Parlamentario al que represento. Concretamente, el 28 de septiembre de

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1981 (hace más de 13 años), el pleno del Ayuntamiento de Ceuta aprobaba, por mayoría absoluta y por primera vez, su decisión de convertirse en comunidad autónoma, acuerdo que, como saben SS.SS., fue reiterado por el propio pleno municipal el día 5 de febrero de 1985.
Finalmente, pues, y tras un conato que no llegó a buen fin en el año 1986, el Gobierno ha accedido a aprobar el proyecto de ley de estatuto de autonomía y a remitirlo a las Cortes Generales cuando parece que se han superado aquellas discrepancias que existían entre las principales fuerzas políticas del Estado y que reiteradamente el Gobierno socialista esgrimía como obstáculo para poder proceder a la tramitación y aprobación de este estatuto; Proyecto de estatuto que, una vez tramitado, otorgará a Ceuta la condición de ciudad con estatuto de autonomía, fórmula nueva y original, pero que desde nuestro punto de vista se justifica en el carácter de entidad local a que se refiere el territorio que comprende la autonomía. Ceuta, como Melilla, conservará por tanto todas las atribuciones municipales, complementándose éstas con competencias propias de una comunidad autónoma. Lo celebramos y por ello, nuestro voto va a ser favorable a la continuación de la tramitación, sabiendo que, en posteriores momentos parlamentarios, el proyecto de ley podrá ser mejorado.
Nada más, señor Presidente, señorías. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, muchas han sido las sesiones de investidura en las que hemos oído que el proceso autonómico de Ceuta y, aunque en este caso se esté tratando exclusivamente el tema de Ceuta, también el de Melilla, como digo, muchas han sido las sesiones de investidura en las cuales se ha hablado de que se iniciaba o se iba a iniciar el proceso autonómico de Ceuta y Melilla. En esas mismas ocasiones fueron en las que el pueblo de Ceuta sufrió esa decepción del no empezar ese proceso autonómico. Afortunadamente en esta legislatura parece ser que con la cesión de unos y otros vamos a conseguir el tan anhelado estatuto de autonomía para la ciudad de Ceuta.
Pero, antes de entrar en la fijación de la postura del Grupo Popular, tengo en mis manos un documento que dice: Documentos para la historia de Andalucía. A mí me hubiera gustado que en este documento que dice: Documentos para la historia de Andalucía, como he dicho antes, estuvieran incluidas en las negociaciones de aquel estatuto de autonomía las ciudades de Ceuta y Melilla. Y no se consiguió --eso hay que recordarlo aquí en esta Cámara-- por casi todos los señores que ocupan hoy los bancos de mi izquierda. Se pasó aquel proceso, nos quedamos fuera del marco jurídico de la Comunidad Autónoma andaluza y ha sido un camino que todavía queda por recorrer para conseguir lo que tanto hemos anhelado los ceutíes.
Señoras y señores Diputados, intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario para fijar la posición con respecto a la enmienda a la totalidad que en este punto se presenta por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y he de decir que desde este atril me cabe el honor de representar hoy al pueblo de Ceuta que el día 6 de junio de 1993, con el 52 por ciento de los votos en las urnas, me dio el honor de estar hoy aquí representándole, ya que esta Cámara es la que ostenta para todos los españoles la soberanía nacional.
Empezaré manifestando que el proyecto de estatuto de autonomía que ha presentado el Gobierno es producto de una negociación instada reiteradamente no solamente por los grupos de esta Cámara, como luego se verá, sino que ha sido instada insistente y reiteradamente por el Ayuntamiento de Ceuta. En este apartado he de dejar claras dos cuestiones: en primer lugar, cuando dos partes se sientan a negociar, unos ceden y otros también; por lo tanto, lo que no podíamos hacer en ningún caso es llegar a esa negociación con criterios cerrados, porque no se pretendía, y aunque se pretendiera no se hubiera conseguido, imponer nuestros criterios, porque el Gobierno no lo hubiera aceptado y, en segundo lugar, porque no es la fórmula normal para acudir a este tipo de negociaciones.
Somos conscientes de que el proyecto de estatuto de autonomía de la ciudad de Ceuta no recoge todas nuestras pretensiones, no solamente las del Grupo Popular sino las del pueblo de Ceuta, pero también sabemos que la situación de indefinición jurídico-política en la que se encuentra dicha ciudad no puede ni debe prolongarse por más tiempo. Lo cierto es que si nosotros hoy apoyáramos la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Ceuta se quedaría sin nada, sin comunidad autónoma y sin estatuto de autonomía, que ha sido reclamado en infinidad de ocasiones; por lo del consenso, señor Ríos. Señores de Izquierda Unida, como he dicho, me refiero al consenso, ese consenso que pasa necesariamente por el Grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo que sustenta al Gobierno y que, por tanto, es pieza básica para este fin. Con el devenir del tiempo y cuando esta Cámara cambie en su composición, avanzaremos en el proceso autonómico de Ceuta, porque ése es el compromiso, no solamente de esta persona que hoy está haciendo de portavoz sino del Grupo Popular. Llegado este momento, quiero recordarles, con el fin de refrescarles la memoria que en este mismo hemiciclo y desde los mismos... (Rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento.
Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Como decía, he de recordar, para refrescar la memoria, que, en este mismo hemiciclo y desde los mismos escaños que ocupa Izquierda Unida, rebatiendo precisamente una propuesta del Grupo Popular del mismo tenor que la que hoy se ha traído aquí con el texto alternativo, ustedes decían lo siguiente, y voy a leer textualmente el «Diario de Sesiones» para no cometer ningún error y para que no se diga que falto a la verdad en lo que digo: Nosotros --decía Izquierda Unida-- somos respetuosos con la Constitución, sabemos lo que dice la Constitución y sabemos que Ceuta y Melilla, como parte del territorio, como parte de España, tienen perfecto derecho a poner en marcha el mecanismo que la Constitución dice, pero hay muchas cosas en la Constitución, señorías, que no siempre se ponen en marcha en el momento en que a cada uno nos interesa, sino que se ponen en marcha en el momento en que se logra una cuestión fundamental para no cometer errores en política, que es el consenso. En este caso nos parece, señorías, que un mínimo de prudencia debería llevarles a la consideración de que, en un tema como el de Ceuta y Melilla o en cualquier otro de la configuración autonómica del Estado, el consenso es fundamental. En este caso, me temo que no hay consenso. Por tanto, sigamos discutiendo, sigamos hablando para encontrar una solución a este problema (aquí hago un paréntesis; para el Grupo Popular en ningún momento han sido un problema Ceuta ni Melilla, pero ustedes sí lo decían) y, en nuestra opinión, oportunidad, consenso, para separar las cuestiones referentes a lo que debe ser el status jurídico-administrativo de Ceuta y Melilla, respetar los derechos de los ciudadanos de Ceuta y Melilla en el marco del consenso que debe presidir todo desarrollo constitucional. Y seguía diciendo el portavoz de Izquierda Unida: Yo me temo, y probablemente lo van a saber enseguida, que en esta Cámara no existe ese consenso referente a esta cuestión. Si existiera ese consenso en las conversaciones que se están manteniendo sobre el tema autonómico, nuestro Grupo estaría de acuerdo en encontrar una solución satisfactoria para Ceuta y Melilla. Mientras tanto, evidentemente, no podemos apoyar la propuesta que ustedes hacen, por inoportuna e inconsensuada.
Esto lo decía, no hace mucho tiempo, Izquierda Unida en este hemiciclo.
Señores de Izquierda Unida, estamos convencidos de que en este caso se les podría aplicar lo mismo que nos decían, pero sus circunstancias merecen un análisis de lo que ha sido Izquierda Unida, en especial su núcleo central o fuerza mayoritaria dentro de su coalición, como es el Partido Comunista, con respecto estrictamente a Ceuta y Melilla. Aquí se han dicho cosas que ahora intentaré puntualizar.
Refresquemos la memoria de SS.SS. No sólo en resoluciones congresuales --por cierto, todavía vigentes algunas de ellas-- pedían la «descolonización» de Ceuta y Melilla --y lo digo entre comillas desde mi punto de vista--, sino que incluso en la última asamblea de Izquierda Unida, dos federaciones, como las de Madrid y Navarra, insistían en lo anteriormente manifestado, afortunadamente rechazado, pero que está ahí.
Señor Ríos, portavoz de Izquierda Unida, sin ir más lejos, cerca de S.S. todavía tienen representación en esta Cámara compañeros suyos que públicamente se han manifestado en los mismo términos que lo que se pedía en esas resoluciones congresuales. Lo que sucede es que ahora o bien tratan de presentar una imagen distinta, obviando el virus que todavía persiste en su formación política, o bien están pensando en el 28 de mayo de 1995, lo que traducido al castellano es hacer electoralismo y demagogia. Exactamente igual, por cierto, que quienes hoy ostentan en Ceuta la mayoría municipal que en su día dijeron digo y ahora dicen Diego. Porque a esto que hoy el Gobierno ha presentado, en su día se dijo en Ceuta que sí y ahora se ha dicho que no. Por cierto, señores de Izquierda Unida, no fue aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento de Ceuta todo lo que aquí se ha mencionado.
En resumen, señores de Izquierda Unida, mientras nosotros en estos años de democracia hemos tratado, por convicción, de infundir seguridad y tranquilidad a las poblaciones de Ceuta y Melilla, ustedes se empecinaban en especular con el futuro de las dos ciudades y tal convicción les llevó a que sus formaciones política tuvieran que disolverse en ambas ciudades. Quizá la falta de credibilidad sobre lo que ustedes piensan y luego dicen o hacen, sea la causa de que no tengan representación municipal en la ciudad de Ceuta.
Señorías, sabemos muy bien que como partido que tendrá responsabilidades en el Gobierno de España, el régimen autonómico de Ceuta puede regularse por dos vías constitucionales, usted lo ha dicho aquí. Una, la del artículo 144 b), en el Título VIII de la Constitución, por la que ha optado el proyecto de ley orgánica remitido por el Gobierno, y otra, la de la disposición transitoria quinta, que el Grupo Popular ha tenido presente en todo momento de la negociación, en ello hemos insistido, pero en aras del consenso se ha optado por la postura del Gobierno, la vía del artículo 144 b), lo que no significa que en su día y cara al futuro, a la vista del devenir político, se acuda a la disposición transitoria quinta, posibilidad que mi Grupo en ningún momento descarta.
Es preciso dejar meridianamente claro que la aprobación del Estatuto de Autonomía por la vía del artículo

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144 no supone, bajo ningún concepto, la más mínima duda sobre la españolidad de Ceuta (que es uno de los argumentos que se están utilizando en la ciudad de Ceuta) y por supuesto de su futuro, encuadrado dicho artículo en el Título VIII de nuestra Constitución que regula la organización territorial del Estado. Con la utilización interesada por algunos del mensaje contrario, o sea, de estatuto de autonomía --y no comunidad autónoma-- igual a entreguismo, lo único que se ha conseguido es crispar a la población de Ceuta y enrarecer un clima de convivencia democrática que ha venido siendo ejemplar hasta hace pocas semanas. Por cierto aquí haré un paréntesis. El texto alternativo que presenta el Grupo de Izquierda Unida denota un desconocimiento absoluto del sentir generalizado del pueblo de Ceuta y eso se lo dice el que está viviendo en Ceuta continuamente y no el que va allí de vez en cuando para intentar granjearse las simpatías de algunos amigos.
(Rumores.--Una señora Diputada: Muy bien.) He de decir que en breves fechas debatiremos un Estatuto de autonomía que sin duda...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González Pérez, vaya concluyendo, por favor.


El señor GONZALEZ PEREZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
He de decir que en breves fechas debatiremos un estatuto de autonomía que sin duda será enriquecido con las enmiendas que se han presentado al texto por los grupos de esta Cámara, y espero de la colaboración también de Izquierda Unida, que contiene sustanciales elementos propios de comunidades autónomas. Un texto que es la expresión del final de una negociación que, sin colmar todas las aspiraciones del Partido Popular y del pueblo de Ceuta, sí significará un paso adelante en ese largo y tortuoso camino que empezó hace muchos años con un proyecto de carta municipal a aprobar por ley ordinaria y que concluirá su primera fase --y digo su primera fase-- con la aprobación por ley orgánica de un estatuto de autonomía que, como antes dije, contiene características inherentes a las comunidades autónomas.
Quiero dejar muy claro que del esfuerzo de los ceutíes y del trabajo que llevemos a cabo, tanto en Ceuta como aquí en esta Cámara, dependerá esencialmente que se lleguen a culminar las aspiraciones legítimas de total equiparación.
Para concluir, como le prometí, señor Presidente, terminaré mi intervención con dos citas. Una del filósofo español Eugenio d"'Ors que decía que todo lo que no se comprende envenena, y otra, que pertenece a un poema de Antonio Machado, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--El señor Ríos Martínez pide la palabra.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, ¿con qué objeto solicita la palabra?

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, no solamente he sido citado, he sido aludido personalmente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por alusiones tiene la palabra por tres minutos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, muchas gracias.
Brevemente me voy a referir a la intervención del portavoz del Grupo Popular que ha tenido que justificar no sé qué cosas y nos ha hablado de virus. Hay virus que se curan solos, como la gripe; más bien lo que podíamos tener nosotros sería una bacteria que se combate con un buen antibiótico.
En relación a lo de: donde digo digo, ahora digo Diego, ¿se refería usted al acuerdo unánime, con el voto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ceuta, cuando decía que no se dará el respaldo a ningún estatuto que no recoja ser comunidad autónoma? En todo caso, usted es el que tiene que dar la explicación y no yo.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la enmienda de totalidad al proyecto de ley orgánica del Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta, vamos a pasar al debate de totalidad de la enmienda de totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo de Izquierda Unida, al proyecto de ley orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que la realidad de la ciudad de Melilla...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ríos.
Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que la situación para la tramitación del debate del Estatuto de Autonomía para la ciudad de Melilla, en la Cámara es diferente, por tanto, la argumentación de mi Grupo también. En este caso hay un respaldo a la propuesta que hoy tramita, por mayoría, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular, iniciativa del propio Gobierno, que ha sido aceptada por el propio Ayuntamiento de Melilla.


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El portavoz del Grupo mayoritario decía en una intervención anterior que muchas veces contra los sentimientos no se puede luchar. Pero también es verdad que no se puede construir un país, una región o un municipio sin dar cauce a los propios sentimientos.
Por esto quiero que ustedes entiendan, y lo digo por todas las reflexiones que se hacen aquí, que si echamos mano de hemerotecas todos nos vamos ha encontrar con ellas, y la verdad es que a la gente, a los ciudadanos, a esta Cámara, hay que decirles no solamente lo que les gusta oír, sino lo que deben oír, según nuestras argumentaciones. Por tanto, voy a intentar argumentar, defender, por qué hemos presentado, al margen de que el Ayuntamiento no se haya pronunciado, que en este trámite pueda constituirse en comunidad autónoma, aceptando el trámite del 144 b) y, por tanto la iniciativa del Gobierno, y no haciendo referencia a esa iniciativa de abajo arriba, puesto que no se ha producido en la última instancia; con anterioridad es posible que sí se haya producido.
Pero si a los ciudadanos hay que decirles no sólo lo que les gusta oír, sino también lo que deben de oír, a los gobernantes también hay que decirles lo que deben oír. Yo creo que en el caso de Melilla hay una situación de mezcla cultural mucho más avanzada que en el caso de Ceuta o, por lo menos, una mayor presencia de una cultura, como la bereber, exactamente igual que las culturas de origen de Castilla o la cultura de origen de la propia Península. De ahí que debiera haber sido importante el que se hubiese recogido, como voluntad, como reconocimiento del propio Estatuto la declaración de asumir, trabajar, de luchar por algo que es una realidad cultural a hallar. Casi el 40 por ciento de la población viene de una cultura determinada y de su propia lengua el tamazight, al margen de otras culturas que también son de orígen árabe y no son bereber. Es cierto que es una cultura de origen oral, todavía no está escrita. Yo tengo aquí un texto utilizando caracteres latinos o caracteres del tifinag, pero, en cualquier caso, lo que nosotros estamos proponiendo o intentando incrementar es que se recoja la necesidad, igual que en otras comunidades que tienen un origen lingüístico similar al castellano --como puede ser en el Estatuto de Asturias, en su artículo 5.º--, que se va a proteger, fomentar, apoyar la cultura tradicional.
En todo caso, hay una argumentación que se ha utilizado para que se pusiese una declaración genérica, y es que hoy es más importante hacer hincapié --he entendido yo de la argumentación de los partidos mayoritarios-- en la españolidad de Melilla que en el origen de algunas de las lenguas o de las culturas que allí habitan. Señorías, no podemos esconder la cabeza debajo del ala. Cuando se trataba en Valencia o en Cataluña de componer el Estatuto de Autonomía nadie hablaba de que era menoscabar la españolidad de esas zonas el defender la lengua que allí pudieran tener. Por tanto, ese argumento no debe de servir, para que no pueda parecer que el problema es otro del que en realidad pudiéramos tener.
En todo caso, nosotros, con nuestra enmienda a la totalidad, pretendemos en su articulación, primero, que la ciudad de Melilla se constituya en comunidad autónoma al igual que las comunidades del 143, uniprovinciales, por tanto, haciendo una simbiosis del origen local, por ejemplo, las del 143 uniprovinciales que vienen de la Diputación, como en este caso del propio municipio; segundo, que puedan definirse en el techo competencial de esta ciudad --con el techo que digamos-- competencias exclusivas y, por tanto, capacidad legislativa del propio Parlamento; y tercero, que el propio Presidente de la Asamblea sea distinto, que el Parlamento tenga una mesa, como tienen otros, que tramite las iniciativas que pida cualquier grupo. Por otro lado, el que exista ese Tribunal Superior de Justicia que regule lo que pudiéramos llamar decisión legislativa (y aquí no habría ningún problema en que pueda ser subsumido o tratado con la realidad andaluza) nos parece bien. En todo caso, lo que pretendemos es los ciudadanos de Melilla tengan las mismas posibilidades que tiene ahora cualquier otro ciudadano de nuestro Estado.
Señor Presidente, ¿qué es lo que proponemos con nuestro texto alternativo de Estatuto de Autonomía para Melilla? Ultimar el desarrollo constitucional y el marco autonómico que marcaba hace ya 16 años nuestra Constitución en el Título VIII: todos los españoles deben de tener la misma organización territorial del Estado, es decir, comunidad autónoma.
Aquí quiero decir una cosa. A mí me hablaban en el territorio, cuando yo decía que en España había comunidades autónomas de primera y de segunda, que de segunda B y de segunda A, pero es que a ellos les daba igual ser de segunda B con tal de poder serlo. Por tanto, de lo que se trataría sería de acceder en función de su propia realidad.
Se puede decir que la propuesta de Izquierda Unida tendrá cualquier dificultad, pero --como decía antes el portavoz del Partido Popular-- poner en marcha la experiencia autonómica se puede poner como lo hicieron las comunidades uniprovinciales en su momento, incorporando paulatina y progresivamente nuevas competencias. Yo acepto que el techo competencial sea inferior o distinto al que hemos propuesto nosotros, pero el punto de partida debe ser el constituirse en comunidad autónoma.
En todo caso, estoy convencido de que lo mejor que se puede hacer cuando una situación es controvertida, discutida dentro de una ciudad, es dar la palabra a las gentes que allí viven y que allí habitan. ¿Para qué? Para que no demos la impresión de que en la acción política y en la acción pública invitamos a los ciudadanos a votar para que nos voten a nosotros, que ya sabemos lo que tenemos que hacer, y cuando ya hemos sido votados,

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ya veremos lo que tenemos que hacer. Comprométanse ustedes aquí a, una vez discutido y aprobado, hacer un referéndum en las ciudades de Ceuta y Melilla, porque se podían llevar ustedes una sorpresa, o simplemente verse avalados en su propia posición. Les puedo asegurar que si en un referéndum en las ciudades de Melilla y Ceuta es respaldado el estatuto de autonomía que ustedes proponen, ciudad con estatuto de autonomía, este Diputado no solamente lo va a aceptar sino que se va a sumar a ello. Ahora, convengan ustedes conmigo en que muchas veces ser mayoría en un sitio no significa tener el respaldo de los ciudadanos para un tema en concreto. Les citaba antes el ejemplo andaluz. En Andalucía hubo un pacto de los partidos mayoritarios que, en teoría, representaban a una barbaridad de personas. Cuando se hizo el referéndum el pueblo andaluz conquistó el estatuto de autonomía que se les negaba por el pacto político. Eso es lo que les estoy proponiendo para evitar que las decisiones, en lugar de hacerlas pensando en las ciudades, se hagan pensando en los acuerdos políticos por arriba, partidarios, legítimos, legales, todo lo que ustedes quieran, pero olvidando la otra realidad que nos podemos encontrar en cada paso.
Termino diciendo que venimos a esta discusión con una voluntad: intentar discutir y profundizar lo que puede ser una voluntad de definición huyendo de nominalismos. No queremos plantear bueno-malo, no queremos una discusión maniquea: lo bueno es lo que yo digo, lo malo es lo que nos proponen. Me gustaría que me dijeran por qué es malo constituirse en comunidad autónoma, por qué es negativo para las ciudades, cuáles son las desventajas que tendrían y cuáles son las ventajas que tiene la fabulosa propuesta de constituirse en ciudad con estatuto de autonomía. Nada más señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Bassets.


El señor BASSETS RUTLLANT: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, es para mí una satisfacción ocupar hoy esta tribuna en nombre del Grupo Socialista, en primer lugar, porque es la primera vez que subo a ella, y como Diputado de Melilla me llena de satisfacción que sea para este tema. Lo que nunca había pensado es que iba a subir a esta tribuna precisamente para tomar posición en contra de una enmienda a la totalidad con texto alternativo de Izquierda Unida. No me lo hubiera imaginado nunca. ¿Sabe por qué? Porque llevamos doce años en confrontación política el Partido Popular y el Partido Socialista, y en esos doce años siempre hemos sido los interlocutores.
No saco papeles atrasados ni nada, pero quiero decirle al señor Ríos lo siguiente. En los debates que hemos tenido en Melilla no hemos podido contar con su colaboración, y le voy a decir por qué: porque no existían. El Partido Comunista desapareció de Melilla. Y digo Partido Comunista, no con mala intención, no me ponga esa cara, es que Izquierda Unida todavía no existía. En la época de la que estamos hablando, Izquierda Unida no existía ni en España ni en Melilla. El interlocutor, al principio, fue el Partido Comunista, que después ha estado sin tener presencia en muchos años. Me gustaría mucho que ustedes tuvieran un concejal en el Ayuntamiento para que hubieran podido decir las cosas que ha dicho usted en nombre de personas a las que, en principio, no representa dentro del aspecto municipal.
Dicho eso, en Melilla, en contra del argumento que ha dado sobre Ceuta, los tres parlamentarios de dos partidos políticos elegidos democráticamente --lo que ya supone una especie de referéndum, señor Ríos-- estamos de acuerdo con este proyecto y lo vamos a apoyar. Pero es que, además, 24 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Melilla también están de acuerdo. No sé qué referéndum quiere. Esas son las tesis que hemos defendido y las que estamos defendiendo ahora.
Desde que se aprobó la Constitución Española del año 1978, se adoptó la decisión de proceder a una distribución territorial del poder a través del Estado de las autonomías en un doble sentido. Por un lado, resolver el problema históricamente pendiente de la vertebración territorial de España, y por otro, acercar los centros de decisión política a los ciudadanos. Hoy, con este proyecto que ha presentado el Gobierno, se da el primer paso aquí, en este Pleno del Congreso de los Diputados, y Melilla se incorpora a esta vertebración, a esta descentralización, se incorpora al Estado de las autonomías, tal y como establece el proyecto de ley en su preámbulo, que dice textualmente: integrándose y completando el sistema autonómico que se ha desarrollado a partir de la Constitución Española.
A raíz de esta introducción, ¿qué problemas hemos tenido? Pues aquí en esta Cámara, en el Senado y en Ceuta y en Melilla han existido múltiples debates. Los partidos políticos hemos estado trabajando durante muchos años para llegar al máximo acuerdo entre los grupos parlamentarios. Durante las pasadas legislaturas han existido numerosas iniciativas en el Congreso de los Diputados interesándose por este tema, unas como preguntas escritas, otras como preguntas orales, en Pleno, en Comisión, han existido varias interpelaciones al Gobierno --yo me he dedicado a recopilarlas todas--, mociones, proposiciones de ley e, inclusive, se llegó a acuerdos en los diversos debates sobre el Estado de las autonomías en el Senado y en los debates sobre el estado de la nación. En todas, o en casi todas las iniciativas y debates --porque hay una que es la excepción a la regla-- se ha llegado a un acuerdo, y el acuerdo es pedir el máximo grado de consenso posible. Ese es el acuerdo, y como usted bien ha dicho, no solamente lo

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han votado el resto de los grupos políticos representados en la Cámara, ustedes también. Por tanto, el mandato de esta Cámara con el voto de ustedes es el máximo grado de consenso posible, no otro. Ese ha sido el acuerdo que se ha apoyado durante estos años, que es lo que durante este tiempo --por desgracia demasiado largo-- hemos estado buscando todos los partidos políticos y todos los grupos parlamentarios. Hoy hemos llegado a un importante grado de consenso, que nos gustaría que fuese ampliable al resto de los grupos políticos representados en la Cámara, incluido el suyo. Estamos convencidos de que será así después de haber escuchado sus palabras.
Los socialistas y los melillenses no queríamos un estatuto de autonomía del Partido Socialista, o apoyado sólo por miembros del Partido Socialista, queríamos un estatuto de todos y para todos, pero había dos problemas: había dificultades para adecuar ese estatuto de autonomía a Melilla, y había que conjugarlo con otros temas que tiene la circunscripición, como son las singularidades propias que tenemos en la ciudad.
Teníamos que conjugar, por tanto, dentro del marco constitucional, las singularidades propias de Melilla (es un territorio pequeño, pocos habitantes, peculiaridades económicas fiscales, «insularidad» --entre comillas--, separado de la península por el mar, fronteras con un país vecino y amigo, con el que tenemos vigente un tratado de cooperación, de paz y buena vecindad, no hemos tenido nunca diputación, hemos sido siempre distintos los melillenses, el territorio autonómico coincide con el municipal), y por parte constitucional --hay otras singularidades de la ciudad de Melilla que no enumero, digo etcétera--, existe un imperativo.
El artículo 137 de la Constitución dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en aquellas comunidades autónomas que se constituyan. Por tanto, cuando usted decía que era distinto, no es distinto. La organización imperativa de la Constitución es municipios y provincias, y Melilla como no es provincia, obviamente es municipio, que tiene que mantenerse. Y por este artículo 137 el municipio de Melilla no puede desaparecer, es uno más de los aproximadamente 8.100 municipios españoles, y tiene que seguir siéndolo, porque es igual que los demás, con los mismos derechos y con todo.
Por otra parte, no es imperativa la transitoria quinta, porque usted lo sabe y la ha leído aquí, dice «podrá» y el «podrá» no es imperativo. Tampoco Melilla es una región ni una provincia.
Por ejemplo, usted ha manifestado la diferencia: el artículo 2.º de la Constitución Española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española (en la que, como muy bien ha dicho el Ministro en su exposición, están Ceuta y Melilla) y garantiza la autonomía de las nacionalidades y de las regiones. Por tanto, este es un tema de generalidad y aplicando esta generalidad es por lo que hay que leer el artículo 144, y concretamente el 144.b), que ya no es una generalidad, sino que es una singularidad a esta generalidad.
Por tanto, me gustaría decir, después de todos estos debates que hemos tenido que existen dos términos que tienen que quedar meridianamente claros, sobre todo a su partido, a su coalición en Melilla. Esto no es una carta municipal, lo hemos dicho todos, el Partido Popular, el Partido Socialista y todos los que quieran enterarse del tema, no es una carta municipal, esto es un estatuto de autonomía. Inclusive las enmiendas van a ir por el 144.b), que es una de las enmiendas que se han presentado conjuntamente. No diga más que es una carta municipal; no desorienten a los ciudadanos de Ceuta y Melilla, no es una carta municipal; no es un ayuntamiento que tenga más competencias, es un «ente autonómico», entre comillas, que tiene las competencias del ayuntamiento, que tendrá competencias de las diputaciones y que tendrá las competencias del Estado que sean transferidas.
Otro término que me gustaría que quedase claro, porque lo han preguntado veinte mil veces y se lo hemos respondido veintiuna mil una, pero no queda claro, es: ¿por qué es una cuestión de Estado? Lo he dicho muchas veces, señor Ríos, es una cuestión de Estado porque no es un problema exclusivo de los melillenses, es un problema de todos los españoles, y como todos los españoles están representados en esta Cámara y en el Senado por eso se trata aquí. El problema no es que se resuelva en Melilla. Distinto es si se dijera por parte de alguien: cuestión de Estados, en plural. Eso no lo ha dicho nunca el Partido Socialista y le ruego que se lo transmita a sus compañeros de Melilla, para que no pregunten más porque les hemos respondido siempre lo mismo.
Añadir también que el procedimiento de acceso era importante.
Como SS.SS. conocen el acceso a un estatuto de autonomía tiene diversas vías en nuestra Constitución: el artículo 143, el 144, el 151, la adicional primera, las transitorias primera, segunda, cuarta y quinta, en la que está Melilla; es decir, hay ocho posibles caminos. Dentro del artículo 144 existen tres apartados: el a), que se aplicó para Madrid, como muy bien ha dicho el Diputado Paniagua; el b) que es el que vamos a tratar, y el c) que se usó para los temas autonómicos de Almería y de Segovia. El b) hasta este momento ha estado inédito, no se ha usado. En la Constitución se puso para algo; vamos a usarlo.
Precisamente el artículo 144 se denominó en los debates posteriores a la aprobación de la Constitución coloquialmente como «cláusula de cierre». Bien, pues al artículo 144.b) nosotros le estamos llamando «el cierre del cierre». Usted ha preguntado, ¿cuál es el interés nacional que ha tenido el Gobierno para presentar este proyecto de ley? Yo le contesto, aparte de que se lo puedan contestar otras personas más cualificadas que yo:

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cerrar el mapa autonómico. ¿Le parece poco, señor Ríos? El mapa autonómico español está abierto y nosotros queremos cerrarlo y por eso está aquí este proyecto de ley apoyado mayoritariamente por los Diputados en esta Cámara.
Por tanto, las vías por las que se podría tramitar el Estatuto de Autonomía de Melilla podrían ser dos: el artículo 144,b), por motivos de interés nacional, que ya se lo he dicho, o por lo disposición transitoria quinta en relación con el artículo 144.b). Tan constitucional es una vía como la otra. (El señor Ríos hace signos afirmativos.) Pues si las dos lo son --y me está diciendo que sí--, si son igualmente constitucionales, nosotros tenemos que apoyar la que tenga un consenso, la que tenga un acuerdo, porque los socialistas y los melillenses queremos que este estatuto no tenga los avatares políticos de la alternancia de poder, que deseamos que sea lo más lejana posible. Pero, qué duda cabe, queremos una estabilidad en el Estatuto, que no nos estén cambiando el Estatuto a los melillenses cada equis años. Esa estabilidad, ¿sabe usted cómo se consigue? Con un apoyo mayoritario, apoyo mayoritario que ya existe, pero, para nosotros, corto. Queremos el apoyo del resto de los grupos políticos y queremos también el apoyo de ustedes.
He de decirle que el texto que usted ha enviado (me lo dieron ayer, ustedes lo presentaron anteayer) lo he estudiado; lo he estudiado, anotando cosas encima de su texto. Pero lo he comprobado con otros y este texto que usted está presentando es una plantilla que tienen para todos los proyectos de estatuto de autonomía, sean de donde sean, de Aragón, etcétera, he leído dos o tres y es lo mismo, han cambiado sólo un poquito. También quiero decirle una cosa (aparte de adherirme a todo lo que ha dicho mi compañero Diputado Paniagua para no repetirnos) y es que ustedes crean aquí un montón de cosas. Ustedes piden que se nombre un presidente de la Asamblea distinto al alcalde o presidente de la Asamblea de la ciudad de Melilla, que se cree una Cámara legislativa, que se cree un Tribunal Superior de Justicia, que se cree el Consejo Económico y Social, que se nombre un Senador más, que se cree el Tribunal Económico Administrativo, artículo 46.
¡Usted quiere terminar con el paro en Melilla! El paro en Melilla no se termina creando instituciones fantasmas: se termina aplicando precisamente no este proyecto, sino el del Gobierno.
Estoy seguro de que los melillenses vamos a ser capaces de aceptar el reto tan importante del documento que se nos está poniendo como instrumento y podremos resolver este tema. Se quiere dar un cargo a todos los melillenses. Y me gustaría que me contestara, si puede, quién lo va a pagar. Porque, que yo sepa, la Cámara legislativa de Cataluña la pagan los catalanes y la Cámara legislativa de Melilla, ¿quién la paga, los melillenses? Dígaselo usted a los melillensees y a los ceutíes.
Por último --y termino, señor Presidente--, aparte de la inconstitucionalidad, como ha dicho mi compañero Paniagua, sobre el Tribunal Superior de Justicia, dicen ustedes otras cosas que no es competencia ponerlo en la ley. Yo sé que está en el de Murcia; no está en otros, por ejemplo, no está en el de La Rioja. Usted, o su Grupo, se ha leído la constitución pero no se ha leído las sentencias del Tribunal Constitucional, no se ha leído los debates constitucionales y tampoco se ha leído, o no ha participado, o no ha querido participar, en los pactos autonómicos de Estado. Y nosotros, para hacer el documento que estamos defendiendo hemos tenido esas cuatro cosas en consideración: el texto de la Constitución, el texto de los debates que llevaron a tener esa Constitución con esa determinada letra, las sentencias del Tribunal Constitucional y los pactos de Estado respecto al tema autonómico. Ustedes no lo han tenido en cuenta en su documento; y yo agradezco y respeto que se hayan molestado, en primer lugar, en hacer este documento, cosa distinta es que no estemos de acuerdo, y también le agradezco el enfoque político que Izquierda Unida le da --por lo que usted ha hablado aquí-- a las ciudades de Ceuta y Melilla; se lo agradezco profundamente, porque creo que hay que mirar al futuro y dejar un poco el pasado de lado.
Termino diciendo que hay otra contradicción muy importante y es cuando hablan de la cesión de tributos. Usted no puede poner aquí la cesión de tributos, porque es una competencia del Estado. El Estado los cederá o no, pero usted no puede poner, como pone, que el Estado cederá los siguientes tributos. Ustedes dicen: El Estado cede a la Comunidad Autónoma de Melilla los rendimientos de los siguientes tributos. Y usted mismo ya se los está dando. Esta Cámara ya está tomando posiciones que no son nuestras.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Bassets, le ruego que concluya.


El señor BASSETS RUTLLANT: Termino inmediatamente, señor Presidente.
También hablan de la reforma del régimen electoral general. Yo no sabía que los melillenses éramos tan importantes como para venir aquí y decir: Ahora decimos que se cambie la Ley de Régimen Electoral General y se ponga un Título IV a una Ley como la LOREG, que es una ley orgánica; ahora mismo, después del debate que existió, nos sentamos aquí y la cambiamos en un Estatuto que no es esa misma ley.
Por lo tanto, primero, teniendo en cuenta haber llegado al máximo consenso posible por ahora, ya que queremos que se amplíe con el apoyo de otros grupos parlamentarios, entre ellos el suyo. Segundo, teniendo en cuenta y conjugando las premisas constitucionales y las singularidades de la ciudad de Melilla, evitando a su vez duplicidades de instituciones, duplicidades de

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cargos, que pudieran conllevar solapamientos jurídicos constitucionales de grave dificultad y teniendo en cuenta el principio de reconocimiento de los hechos diferenciales que es compatible con el de la igualdad, respetando la pluralidad cultural y lingüística --ya verá una enmienda que hemos presentado el Partido Popular y el Partido Socialista en la que está recogida parte de lo que usted ha dicho, cuyo debate será con posterioridad--, sobre todo fomentando la convivencia y la tolerancia que ya existe, aumentándola más si cabe y creando permanentemente fuentes de diálogo.
Tercero, habiendo encontrado una fórmula autonómica que cierre de una vez el mapa autonómico español. Cuarto, teniendo un procedimiento adecuado al acceso, como he dicho, al estatuto de autonomía, sólo queda que los melillenses sepamos usar con responsabilidad este documento que vamos a aprobar, y yo le aseguro desde este momento que los melillenses vamos a estar a la altura de las circunstancias con esta responsabilidad.
Quinto, y por último, se me ha terminado el tiempo, señor Ríos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bassets.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, le he escuchado con mucha atención para ver dónde estaba la gran diferencia de todo el sermón de la montaña que usted nos ha hechado.
En primer lugar, ¿estamos dispuestos a cerrar el mapa autonómico? Nosotros, sí. Una pequeña diferencia: ustedes quieren cerrarlo con una regulación de régimen local, no me ha rebatido, toda la regulación de régimen local. No hay referencia a otra, ni electoral ni administrativa, ni jurídica, ni financiera. Nosotros queremos ultimarlo como se ha hecho en las demás comunidades autónomas.
Ha intentado descalificar algunas propuestas, porque hemos dicho que creamos instituciones fantasmas. Eso es llamar fantasmas a los que las hemos creado de verdad. Fíjese qué institución fantasma hemos creado en las demás comunidades autónomas, en todas. ¿Sabe cuál? Un Parlamento y no una parodia de parlamento. ¿Me quiere decir cómo se va controlar el mismo que gestiona? ¿Me quiere decir cómo el presidente del parlamento es lo mismo que el alcalde y el presidente de la ciudad? ¿Cómo va a convocar cuando le pregunte o le interpele? Lo convocará cuando él quiera, a su acomodo. Un Parlamento es Parlamento en la medida en que tiene autonomía del Ejecutivo, y ustedes no lo han solucionado en su propuesta. Han hecho un pleno municipal. Le repito que a mí me parece bien. Le he reconocido que tiene más competencias, que van a tener elementos cuya gestión pueden tener transferidas las comunidades autónomas, pero hay un hecho diferencial entre autonomía y autogobierno, que no es lo mismo. Usted ha hecho referencia a la Constitución y yo voy a hacer referencia a ese artículo 137 que dice que todas las entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, todas, el ayuntamiento, la provincia y la comunidad autónoma. Por tanto, autonomía no significa autogobierno. Yo quiero añadirle autogobierno a esas dos ciudades. Esto no lo he inventado yo.
Este discurso es el que tradicionalmente se ha hecho en toda la discusión.
Usted ha dicho que se ha llegado al mayor grado de consenso posible. Lo que le digo es: ¿por qué el consenso se ha hecho sobre éste y no sobre otros elementos? ¿Cuáles son las dificultades? Usted ha utilizado argumentos más o menos de ordenación jurídica de la Constitución. Con todo el respeto que me puede merecer su argumentación, no es así. La Constitución --se lo vuelvo a leer-- no habla de generalidades en su articulado, no, textualmente: Las ciudades de Ceuta y Melilla (esta especificidad, no habla en genérico, habla de las ciudades de Ceuta y Melilla) pueden acceder por decisión propia a ser comunidad autónoma. Y el artículo 144, con todo el respeto, hace referencia a ese acceso. Pero si usted lo sabe como yo, sólo le ha faltado que se le escapara el argumento, el 144 b) está puesto para Ceuta y Melilla, nadie más puede serlo. Se lo voy a leer: «Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial». ¿Cuáles son? Ceuta y Melilla. Está puesto. ¿Los insulares? ¿Alguno más queda? No hay ninguno más. En todo caso, bien usado está. La primera vez que se ha usado ha sido para Ceuta y Melilla. ¿Es verdad? (Asentimiento.) Pues ya estamos de acuerdo todos. ¿Por qué se ha usado para Ceuta y Melilla? Porque la regulación que señala aquí la Constitución es para el acceso a autogobierno de las comunidades autónomas. Se lo he dicho. Lea el Título del Capítulo donde está este artículo. Yo no soy abogado, pero en la ordenación legal hay un título, dentro de los títulos unos capítulos y dentro de los capítulos están los artículos.
¿Verdad? Pues dentro del Capítulo «De las Comunidades Autónomas» está el artículo por el que se accede a esa condición. ¿Qué significa eso? Significa tres cosas. Comunidad autónoma significa un parlamento distinto del ejecutivo, comunidad autónoma significa competencias para poder legislar, regular. ¿Por qué es mejor para los ceutíes y los melillenses --usted vive en Melilla y conoce sus problemas-- no poder regular el comercio interior, cuando yo sí lo puedo hacer en Murcia, en Extremadura o en Andalucía? ¿Por qué? Los parlamentos de estas comunidades autónomas pueden hacer una ley y lo pueden regular. ¿Por qué es mejor para Ceuta y Melilla no poder hacerlo y que lo hagan desde fuera? No me ha dado el argumento. ¿Por qué no es bueno?

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Dice usted que es que el consenso no lo ha posibilitado, pero si el Partido Popular lo defendía y ustedes también lo defendían, no entiendo por qué no se ha podido hacer. Falta voluntad política; no se diga que son problemas legales, porque todos se pueden superar. Han pasado dieciséis años y juristas tenemos. Como usted sabe, toda ley orgánica se puede modificar con otra ley orgánica, una vez que se llega a un acuerdo político. Ahora que vamos a reformar el Senado y hablamos de la reforma de la Constitución, se producirá un amplio debate, y una vez que llegamos a la voluntad política de hacerlo, lo concretamos en el texto; pero aquí se produce al revés: Tengo dificultades de ordenación jurídica y actúo de otra manera.
En todo caso, cuando yo hacía referencia a esa propuesta, estaba partiendo también de una realidad. No es un problema de territorio pequeño, que lo es, en término municipal y en habitantes (60.000/70.000 habitantes que pueda tener cada una de las ciudades; no sé la cifra exacta, usted la conoce mejor que yo), pero hay ciudades con esa misma población, como Andorra, que tienen un régimen de autonomía y de autogobierno muchísimo mayor. Si en algún sitio está justificado no depender de la Administración central y tener capacidad de autogobierno es en las zonas más lejanas del centro. Por eso hay un tipo de autonomía para Canarias diferente del de las otras comunidades autónomas, porque está más alejado y así es más fácil y mejor. ¿Por qué no lo es para el caso de Ceuta y Melilla? Estoy convencido de que los razonamientos se han hecho, de verdad --se lo tengo que reconocer, porque no vengo aquí a dar lecciones de nada, ni muchísimo menos--, por su parte, por parte del Partido Popular y por la mía, con el objetivo de defender lo mejor para Melilla y Ceuta y lo mejor desde la óptica de una proyección política desde el Estado. Yo tengo que reconocerle una cosa. Aquí hay tres Diputados de Melilla, pero usted me reconocerá que esos tres Diputados de Melilla no son los que están discutiendo esto. Estamos discutiendo esto los grupos parlamentarios del Estado Federal español (Rumores.) o del Estado español, todavía no es federal, en su día se caminará hacia ello. En todo caso, señor Presidente --y con esto termino--, entienda que la argumentación se hace desde la voluntad de extender la misma ordenación administrativa para todo el conjunto del Estado español; ésa es nuestra voluntad. Por lo tanto, no tratamos de apuntarnos más tantos. No vamos allí a predicar y a pedir amistades de nadie, vamos a defender una posición y lo hacemos desde el compromiso que hoy tenemos. ¿Sabe usted por qué? Porque del pasado aprendemos, el presente lo utilizamos para construir el futuro.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Bassets.
El señor BASSETS RUTLLANT: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Ríos. Yo no había leído que él había propuesto también cambiar la Constitución Española. Dice que somos tres Diputados por Melilla. Soy solo, por desgracia; me gustaría que fuéramos tres; pero lo puede proponer por si prospera.
También quería decirle, señor Ríos, ¿es que usted no se ha leído los debates constitucionales? Usted decía que el artículo 144.b) no se había usado nunca y que solamente se había puesto para Ceuta y Melilla, según su interpretación. En el artículo 144.b) no está la interpretación, está la literalidad del porqué y está por Gibraltar también. Yo no lo digo, lo dice el señor Meilán Gil en la página 3.311, del 15 de junio de 1978; eso dice. Y también quiero decirle otra cosa: la transitoria quinta --y no está reflejado en los debates que tuvieron lugar anteriormente a la Constitución, aunque sí posteriormente en mi circunscripción-- se puso por los Parlamentarios melillenses --y además no estaba en el texto inicial--, sólo y exclusivamente para que constase Ceuta y Melilla dentro de la Constitución Española, que tampoco lo digo yo. Pregúnteselo usted al señor García-Margallo o a cualquier otro Diputado de aquella época. Por último, quiero decirle que es verdad el consenso; para mí el consenso es fundamental.
Y hay otra cosa que dice usted a la que no hemos contestado y voy a intentar hacerlo muy rápidamente. En su enmienda a la totalidad con texto alternativo crea una dualidad entre lo que es la corporación local y la comunidad autónoma. Bien. (El señor Ríos Martínez pronuncia palabras que no se perciben.) Pero para mí es dualidad, porque usted recoge aquí las competencias, que es, por lo visto, lo que no entiende, pero no se da cuenta de que está desapareciendo la prestación de servicios municipales. La prestación de servicios municipales sí está regulada y si usted pasa eso a la comunidad autónoma --es verdad que las competencias y el aspecto administrativo están recogidos--, la prestación de servicios desaparece para los ciudadanos de Ceuta y Melilla, y nosotros no queremos que desaparezca. Llegar no solamente a este consenso, sino a este acuerdo ha sido valorando las singularidades no sólo del territorio; es verdad que puede ser un territorio pequeño, un territorio pequeño que, además, coincide con el municipio y que, además de ser municipio, es otra cosa, y esa otra cosa es un municipio, con un estatuto de autonomía suficiente como para poder desarrollar todas las cosas que dice el preámbulo, no solamente el preámbulo del proyecto de ley que ha presentado el Gobierno sino el que usted también pone. Todo eso podemos conseguirlo con el texto que propone el Gobierno, apoyado mayoritariamente por el Partido Socialista y el Partido Popular oficialmente, y ya hemos oído otras intervenciones en el sentido de que también lo van a apoyar otros grupos.


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Yo estoy seguro, agradeciéndole su interés, porque es de agradecer, de que ustedes también lo van a apoyar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Bassets.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Recoder, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió).


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, subo de nuevo a la tribuna, esta vez para realizar una breve intervención en relación al proyecto de estatuto de autonomía de Melilla.
Nuestro Grupo parlamentario celebra el histórico paso que, con la tramitación parlamentaria de este estatuto de autonomía, así como del de Ceuta, que ya hemos debatido en cuanto a la enmienda a la totalidad, estamos dando. De hecho, como decía antes, la distribución política y territorial del Estado en 17 comunidades autónomas hasta el momento había excluido estas dos ciudades. La propia disposición transitoria quinta de la Constitución Española prevé que Melilla junto con Ceuta podrán constituirse en comunidades autónomas si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos por mayoría absoluta y así lo autorizan las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Esta voluntad ya había sido claramente manifestada hace tiempo por el ayuntamiento melillense, sin que hubiera obtenido la respuesta por parte del Gobierno, quien supeditaba la tramitación del proyecto de ley al consenso de las principales fuerzas políticas. Hubo, como es conocido, un conato de estatuto de autonomía en el año 1986, que, por razones diversas, no llegó a cuajar. Hoy, 16 años después de la citada previsión constitucional, comienza el proceso parlamentario que ha de culminar con la aprobación del Estatuto de Melilla.
Sinceramente, nuestro Grupo parlamentario lo celebra y felicita al pueblo melillense, que por fin va a ver materializado su deseo de constituirse en autonomía.
No me cabe ninguna duda de que éste es un proyecto de ley mejorable, como lo suelen ser todos, pero para eso están los sucesivos trámites parlamentarios, para debatirlo y mediante enmiendas intentar modificar el texto que ha remitido el Gobierno.
Nosotros también hemos presentado enmiendas al proyecto de ley en un aspecto que ya ha sido citado, pero que nos parece esecialmente importante, al que nuestro Grupo parlamentario es sensible y que no es otro que el del respeto a las otras lenguas que junto al castellano conviven en la ciudad de Melilla, y me estoy refiriendo concretamente a la lengua de la comunidad bereber.
Nuestro voto, como va a suceder con el relativo a la enmienda de totalidad del Estatuto de Autonomía de Melilla, no va a obstaculizar la continuación del debate que hoy iniciamos.
Todo lo contrario, va a ser un voto decidido en apoyo del proceso autonómico que inicia Melilla. Un voto por lo demás congruente con la actitud que a lo largo de estos años hemos mantenido en relación a la reivindicación autonómica de la ciudad de Melilla.
También, y sobre todo, nuestro voto va a ser favorable a la continuación de la tramitación, y, por tanto, contrario a la enmienda a la totalidad del Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por cuanto el proyecto de ley tiene el aval de las fuerzas políticas que representan la mayoría del pueblo melillense, destinatario, en definitiva, de esta norma y al que queremos felicitar por este paso adelante que, por esperado, estamos convencidos de que será aún más bienvenido.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del Grupo parlamentario Popular en relación con la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativo al proyecto de ley orgánica por la que se aprueba el estatuto de autonomía de, en este caso, la ciudad de Melilla, y que guarda una íntima conexión con el equivalente de la ciudad de Ceuta, por razones obvias y que todos conocemos.
Por supuesto que el voto de nuestro Grupo parlamentario va a ser negativo por una razón muy clara y evidente, y es que nuestro Grupo ha hecho suyo este proyecto de ley desde el momento en que ha pactado con el Gobierno y con el Grupo parlamentario Socialista, en el contexto de lo que ha sido una constante en todo el desarrollo constitucional español en el ámbito autonómico y más recientemente en el pacto autonómico de 28 de febrero de 1992 para desarrollar el Título VIII de la Constitución y que ahora se aplica a los supuestos de Ceuta y de Melilla.
Quiero decir que en los acuerdos políticos firmados el 28 de febrero de 1992 entre el Gobierno de la nación, el Partido Socialista y el Partido Popular, y que, en nuestro nombre, firmó José María Aznar, se hacía referencia a que las partes que habíamos negociado y acordado los conocidos comúnmente como acuerdos autonómicos de 1992, constatábamos la imposibilidad entonces, 28 de febrero de 1992, de llegar a un acuerdo en relación con el desarrollo autonómico de las ciudades de Ceuta y Melilla, pero asimismo manifestábamos el compromiso común de seguir hablando, discutiendo y negociando

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con voluntad de llegar a un acuerdo, para dotar efectivamente, al final, de un estatuto de autonomía a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Eso es lo que hemos venido haciendo y ahora, afectivamente, hemos llegado a una feliz conclusión. Por tanto, como digo, este proyecto de ley que ha defendido el Ministro Saavedra en nombre del Gobierno es también el proyecto de ley que hace suyo, por esas razones, el Grupo Parlamentario Popular. Por lo mismo, como he dicho, evidentemente votaremos en contra de la enmienda de totalidad.
Al señor Ríos, que ha defendido la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, le diré, con todo el respeto e inclusive con simpatía, que ciertamente ha actuado con la fe de los conversos, porque todos tenemos derecho --e inclusive yo diría que hasta cierto punto la obligación-- de ir reformando y modificando nuestras posiciones, pero es que en su caso no hay que irse a las hemerotecas, como usted aludía, para echárnoslas los unos a los otros a la cabeza, en contra de lo que es el espíritu de tolerancia, de comprensión, de diálogo y de acuerdo que inspiró la elaboración de la Constitución y que debe inspirar lógicamente su desarrollo. Es que ustedes hasta anteayer defendían la descolonización de Ceuta y Melilla. Además, hace un momento, cuando usted defendía la enmienda de totalidad, relativa al estatuto de autonomía de la ciudad de Ceuta, fíjese qué argumentación deba: Ustedes, Partido Socialista y, en lo que a mí me toca, Partido Popular, Grupo parlamentario Popular, son tan antidemócratas que no respetan la voluntad (es una figura retórica, pero mire el «Diario de Sesiones» y verá si mi interpretación de sus palabras se compadece o no con la literalidad de lo que allí consta que usted ha dicho); son tan poco respetuosos con la población de Ceuta que el Ayuntamiento se ha manifestado en contra y a pesar de todo ustedes les van a imponer un estatuto de autonomía.
La coherencia, que es exigible siempre en la actuación de todos, y en este caso de los Diputados, les llevaría a ustedes, ya que el Ayuntamiento de Melilla ha sido abrumadoramente mayoritario a la hora de apoyar este proyecto de estatuto, 24 sobre 25 concejales, a no presentar una enmienda de totalidad, por los mismos argumentos que usted ha utilizado echándonos a nosotros en contra en lo relativo a la ciudad de Ceuta.
El Ayuntamiento de Ceuta se manifiesta en contra; por supuesto, la ciudad de Ceuta no es soberana, el pueblo de Ceuta como parte integrante del pueblo español, que aquí está representado, en el que radica la soberanía, no allí. Nosotros estamos absolutamente legitimados por la Constitución, no para imponer, sino para elaborar y aprobar un estatuto de autonomía para la ciudad de Ceuta y para la ciudad de Melilla. Además, en el caso de Ceuta contra la voluntad del ayuntamiento, lo cual es perfectamente constitucional; pero es que en el caso de la ciudad de Melilla con el apoyo absoluto y abrumadoramente mayoritario del Ayuntamiento de Melilla.
Pues bien, lo que hacen ustedes es volver a presentar una enmienda de totalidad y no contentos con eso nos dicen: de todas maneras, si ustedes convocan un referéndum y es favorable, entonces ya nos sumaremos. Me aceptará usted que está llegando a rizar el rizo de verdad, de la incoherencia en su argumentación.
Yo creo que es bueno que ustedes hayan modificado sus posiciones en este caso, y se lo digo de verdad, creo que es bueno, porque, sinceramente, estar hablando de descolonización en lo relativo a Ceuta y Melilla es estar fuera de la Constitución Española y fuera de la realidad de Ceuta y Melilla.
No venga usted aquí a darnos lecciones a los que hemos estado siempre, con una cierta moderación, con responsabilidad en las mismas posiciones.
Yo hablaba de que hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno y con el Grupo Socialista. Hemos llegado a un pacto y un pacto siempre es la cesión mutua de posiciones, porque si no estaríamos en algo que sería distinto, que sería la imposición de la voluntad de una parte sobre la otra parte. Hemos llegado a un acuerdo. Por tanto, el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular hemos hecho una renuncia parcial de nuestras posiciones para hacer posible el acuerdo. Y, precisamente porque hemos hecho ese pacto y ese acuerdo autonómico, le puedo decir que estamos absolutamente convencidos de que lo que hemos hecho es bueno, en este caso, ya que estamos ahora en el trámite del Estatuto de la ciudad de Melilla, sinceramente bueno para garantizar la estabilidad institucional y para cerrar, de una manera definitiva, el ordenamiento territorial español y, por tanto, que no haya ni siquiera dudas en algo tan difícil de controlar como son los sentimientos y las sensibilidades en cuanto a la españolidad de Melilla que, por supuesto, precede a la Constitución, como España precede a la Constitución; a España no la crea la Constitución, la Constitución la organiza territorialmente y organiza su convivencia, según unos principios.
Lo mismo pasa en lo relativo a Melilla en relación con el conjunto de España en el que está evidentemente integrada y seguirá integrada mañana, con este estatuto o con otro.
El Grupo Popular en ese pacto tuvo que renunciar a una cosa, precisamente a lo que usted pedía, porque hemos presentado, en el Congreso y el Senado, en las anteriores legislaturas, diversas proposiciones de ley para que, en virtud de lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Constitución, se constituyera en comunidad autónoma Ceuta y Melilla. Fíjese si lo que usted está diciendo lo conocemos.
Pero precisamente porque entendíamos que ese consenso era fundamental, hemos renunciado a esa parte, entendiendo que no

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renunciábamos a nada fundamental, por supuesto, sino a algo contingente, en beneficio, insisto, de ese consenso que era fundamental para conseguir lo que Ceuta, y en este caso Melilla, necesitan indeclinablemente, que es garantizar, de una manera definitiva, en el conjunto institucional y jurídico constitucional español, su posición; la posición institucional de Ceuta y de Melilla y el cierre de la organización territorial del Estado español. Eso es lo que hemos hecho, sinceramente.
De verdad, señor Ríos, creo que ustedes deben entenderlo así y no me parece que hagan ningún favor trayendo a esta Cámara enmiendas de totalidad, sin perjuicio de que, por supuesto, no cuestiono, faltaría más, el derecho que tienen de hacerlo; no hacen nada a favor de garantizar eso de lo que hablábamos, la estabilidad institucional y procurar echar bálsamo sobre esas susceptibilidades, que pueden ser perfectamente explicables y explicadas, que tienen los ciudadanos ceutíes y los ciudadanos melillenses en relación con su futuro; que estos estatutos de autonomía les va a dotar, no sólo de autonomía, como usted decía, sino de autogobierno. Porque usted, como ponente del proyecto de ley, no es que deba saber, sino que sabe que el Grupo Socialista y nosotros hemos presentado un conjunto de enmiendas para ser tramitadas en la Comisión Constitucional la semana que viene, y hay una enmienda, señor Ríos, la enmienda al artículo 1, que dice: «Melilla, como parte integrante de la nación española, y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía...». Por tanto, lo que usted decía ya está en la enmienda que nosotros, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, hemos presentado y que va a ser debatida el próximo miércoles a partir de las nueve menos cuarto de la mañana en la Comisión Constitucional de la Cámara.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, lo que hemos hecho con el Grupo Socialista y con el Gobierno ha sido seguir en esa línea de consenso, que es el principal activo que el desarrollo constitucional español ha tenido en el ámbito autonómico desde la propia elaboración de la Constitución y que sólo se rompió en una ocasión: en el proceso autonómico andaluz. Precisamente porque esa experiencia fue tan negativa, se volvió a él inmediatamente después, en los acuerdos autonómicos de 1981, entre UCD y PSOE, como usted sabe muy bien.
Por cierto, en relación con el proceso autonómico andaluz, no ignorará usted, señor Ríos --y aquí usted no tiene ninguna responsabilidad--, que en otoño de 1978, cuando se estaba elaborando la Constitución, si el Partido Socialista hubiera hecho posible que Ceuta y Melillahubieran pertenecido a Andalucía, hoy no estaríamos discutiendo esto. Pero aquella experiencia nos sirvió a todos, sobre todo a los que, por romper el consenso --el Partido Socialista--, malbarataron el proceso autonómico, que son los que ahora han venido a otras posiciones, y así, en 1981, UCD y PSOE pactaron, como en 1992 hemos pactado PSOE y PP, y ahora, en 1994, hemos pactado PSOE y PP, precisamente para los estatutos de Ceuta y Melilla. Por tanto, hay un hilo umblical conductor clarísimo desde la elaboración de la Constitución: estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña, la excepción de Andalucía, Galicia, LOFCA en 1980, acuerdos autonómicos de 1981, acuerdos autonómicos de 1992 y acuerdos ahora entre el Gobierno, PSOE y PP para Ceuta y Melilla, lo cual demuestra hasta qué punto estamos desarrollando el título VIII de la Constitución y cómo de una manera absolutamente clara y diáfana se dota a las ciudades de Ceuta y Melilla de un estatuto de autonomía, estatuto que, evidentemente, no las covierte en comunidad autónoma, pero que no es una carta municipal ni convierte a Ceuta y Melilla en unos municipios especiales sin más, y para eso basta con remitirse a la memoria del Gobierno que acompaña al proyecto de ley, o al informe elaborado por la Secretaría General del Congreso de los Diputados, o al acuerdo razonado de la Mesa y Junta de Portavoces cuando admitieron a trámite y calificaron este proyecto de ley.
Para acabar, con la venia del señor Presidente, le voy a citar dos cuestiones, porque creo que es importante que consten a estos efectos, a efectos de interpretar la voluntad auténtica del legislador, en el «Diario de Sesiones».
La memoria que acompaña al proyecto de ley dice: «El aspecto más destacable de la normativa contenida en los estatutos es la configuración de las ciudades de Ceuta y Melilla como ciudades con estatuto de autonomía. Esto implica que se ha mantenido en los territorios correspondientes la existencia de los municipios, entidades locales, y de sus respectivos órganos, los ayuntamientos, con todas las potestades y prerrogativas propias de los mismos, pero, al mismo tiempo, se ha atribuido a dichos municipios una organización, unas nuevas competencias y unos mecanismos de financiación propios de las comunidades autónomas. Es decir, se ha preservado el régimen local íntegro de Melilla, pero se les ha dotado de un elemento de autonomía renovador, integrando así y completando el sistema autonómico previsto en la Constitución española y que se ha desarrollado a partir del texto constitucional».
Esto consta en la memoria que acompaña al proyecto de ley, y usted lo sabe, señor Ríos; por tanto, está diciendo usted la verdad, pero no toda la verdad, y sabe usted que eso, de alguna manera, es faltar a la verdad.
Y esa misma memoria, al final, también explica, en aras al consenso entre el Gobierno, el Partido Socialista y el Partido Popular --y al que, por supuesto, ustedeshan estado invitados permanentemente, y hubiéramos celebrado que se hubieran incorporado--: por la hipótesis que significaba mantener el ente local existente, el Ayuntamiento de Melilla, dotándolo de potestades y

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competencias que lo aproximen analógicamente a una comunidad autónoma.
Eso es así y, por tanto, lo que hace este estatuto es adaptarse como una piel, como un traje, al cuerpo especial de la ciudad de Melilla, que no es ni más ni menos que otras comunidades autónomas u otros entes territoriales españoles, sino que, simplemente, es distinto, y punto. Hemos de tratar de manera distinta lo que es diferente. No es mayor ni menor, no es mejor ni peor, es distinto y, como distinto, lo tratamos con una solución tan singular que creo que no podemos sino felicitarnos y felicitar al pueblo de Melilla, porque, sin duda, a partir de hoy estará en condiciones, una vez finalice la tramitación parlamentaria, de sentirse plenamente integrada en el entramado institucional español y, por supuesto, con un régimen de autogobierno y autonomía muy adecuado a sus necesidades y que va a garantizar, para quien tuviere dudas, su españolidad, que, insisto, estaba garantizada sin este estatuto, como estaba garantizada la unidad de España antes de la Constitución.
Termino, señor Presidente, recordando, desde esta tribuna, al compañero de nuestro Grupo, Jorge Hernández Mollar, que fue Diputado por Melilla en la anterior legislatura y que, como muchos otros, trabajó duramente para que fuera una realidad lo que hoy empieza a serlo, por lo cual todos nos hemos de felicitar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Díaz. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Ríos, durante un minuto, por alusiones.


El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Popular, al inicio de su intervención, ha dicho que yo utilizaba la fe del converso, y he de decir, señor Presidente, señorías, que yo he defendido el documento aprobado en mi asamblea, el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones de 1993 (capacidad de autogobierno para Ceuta y Melilla), y yo creo que respetando la Constitución, con independencia de la posición que en la época de su tramitación cada uno tuviera. Por tanto, lo de converso, cada uno en cada momento, en función del posicionamiento político. Me hubiera gustado que se hubiese rebatido nuestra propuesta, en lugar de acusar de conversos los que están actuando como conversos a las posiciones anteriores, según él mismo ha reconocido. (El señor Fernández Díaz pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Las alusiones no tienen réplica, señor Fernández Díaz.
Pasamos a la votación de las enmiendas de totalidad a los proyectos de ley orgánica de estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla que han sido debatidos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta, presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 19; en contra, 290; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad al proyecto de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de la ciudad de Melilla, igualmente presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 17; en contra, 294.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.


--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL REGIMEN JURIDICO EN CASO DE ENAJENACION DE PARTICIPACIONES PUBLICAS EN DETERMINADAS EMPRESAS (Número de expediente 121/000074)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad relativo al proyecto de Ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
(Rumores.) ¡Señorías, guarden silencio! (Continúan los rumores.) ¡Señorías, guarden silencio; ocupen sus escaños! Señorías, estamos en sesión. Ruego ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Persisten los rumores.) Señorías, espero que sean conscientes de la desconsideración que están teniendo con el orador, que aguarda su cortesía para iniciar su intervención. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuevamente tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar una iniciativa del Gobierno.


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Se trata del proyecto de ley por el que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas. Su elaboración responde a la necesidad de establecer un instrumento de protección del interés público respecto de aquellas empresas en las que éste ya no exigiera el mantenimiento de los actuales porcentajes de participación pública en su capital social. Este proyecto de ley se justifica tanto desde sus aspectos sustanciales, por razones económicas y de política industrial, como desde una vertiente estrictamente jurídica.
En primer lugar, me parece fuera de discusión que la racionalización del sector público empresarial es un objetivo induscutible, admitido por todas las instituciones, por todos los partidos y también por todos los analistas de nuestra economía. En este sentido, no puedo más que reiterar una vez más que ésta ha venido siendo una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno, lo que se ha visto reflejado en múltiples actuaciones que se han de prolongar y profundizar en el futuro, tal y como pone de manifiesto el programa de convergencia.
Como sin duda alguna SS.SS. recuerdan, el programa de convergencia en su última versión, la actualización que en este momento está vigente, señala con claridad la importancia del proceso de reducción de la participación pública en empresas, especialmente del sector industrial, que ha tenido lugar a lo largo de los últimos años, un proceso que se puede medir de distintas maneras. En todo caso, les recuerdo que, en la medida en que se puede cifrar el inicio de este proceso en el año 1985, ha alcanzado en el ámbito de las empresas públicas, dependientes del Ministerio de Industria y Energía en alguna medida, a unas 46 empresas. Les recuerdo, por ejemplo, procesos tan significativos como la venta de la totalidad de Seat, de Enasa, de Entursa, de MTM o la mayoría del capital de Repsol, actualmente en manos privadas, o que una parte significativa del capital de ENCE y de Endesa y prácticamente la mitad del capital de Argentaria han sido puestas en manos privadas mediante su venta en Bolsa. Es un proceso que se ha desarrollado sobre un sector público empresarial, reducido además si se compara con el de otros países de nuestro entorno. Recordarán también, como se cita en la actualización del programa de convergencia, que, de acuerdo con los datos del Centro Europeo de la Empresa Pública, el sector público empresarial alcanzaba un 12 por ciento en la economía española en el año 1985, frente a una media europea del 15,3 por ciento. Pues bien, en el año 1991 --últimos datos disponibles y comparables con los que les acabo de citar-- el sector público empresarial español ha pasado a ser del 9 por ciento, mientras la media comunitaria se sitúa en el 11,8 por ciento. Eso quiere decir que el sector público empresarial español en nuestra economía es aproximadamente la mitad que el francés, que el italiano, que el portugués o que el griego; notablemente inferior, en todo caso, al alemán, al danés o al irlandés, y sólo ligeramente superior al belga y al holandés.
Dicho esto, que sirve nada más que para situar el problema, quiero decir que, al mismo tiempo, la presencia pública en determinados grupos empresariales es, a la vez, una apuesta ineludible si se quieren mantener, en las condiciones de nuestro tejido económico e industrial, núcleos estratégicos de actividad capaces de soportar programas industriales y tecnológicos de alcance que dinamicen el tejido industrial español y garanticen a la vez su supervivencia. Es éste un planteamiento que, formulado en este nivel, me parece compartido en buena parte por los miembros de esta Cámara, con independencia de los matices que sobre él se puedan hacer.
La política, no obstante, de racionalización del sector público de todos los países y también la política de la competencia ha llevado a una orientación dominante y en estos momentos compartida por los gobiernos de casi todos los países, caracterizadas por una mayor tendencia a la liberalización y, en todo caso, a la regulación de los mercados por motivos estrictamente empresariales y a aconsejar algo que la evidencia pone de manifiesto en la trayectoria histórica de casi todos los sectores empresariales públicos: el que el acceso de capital privado a esos mismos grupos públicos significa, en general, una contribución también importante en ocasiones a la eficiencia, no incompatible con lo que antes he dicho. La evidencia es que, por regla general, este acceso de capital privado a las empresas públicas fortalece su gestión, fortalece su eficacia, fortalece su competitividad. En algunos casos se trata de la salida a Bolsa de importantes paquetes de acciones; en otros se trata de la conexión con grupos multinacionales o de la participación en proyectos de cooperación internacional de alto valor tecnológico. En todo caso, el carácter estratégico que se les pudiera dar a algunos grupos empresariales públicos aconseja que se puedan mantener ciertos umbrales mínimos de control que impidan desvirtuar su relevancia y se establezcan medidas precautorias a fin de garantizar el volumen de actividad y las sinergias de todo tipo que dichas empresas generan y que redundan en la consolidación del tejido industrial en nuestro país.
Esta muy lejos, por tanto, de la intención del Gobierno plantear, a propósito de esta ley, el dilema, si quieren ustedes teórico y, en parte, también dogmático, empresa pública «versus» privatización. La titularidad pública o privada de una empresa no es necesariamente --aunque lo sea, a veces, en la práctica-- el factor determinante del éxito o del fracaso de su gestión. Con frecuencia, algunos defensores a ultranza de cualquier proceso de privatización olvidan las ineficiencias existentes también en el ámbito de la gestión privada y otras

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veces también los efectos derivados del tamaño que la persistencia y el mantenimiento --naturalmente, en adecuadas condiciones de gestión-- de algunas empresas o de algunos grupos.
Por otra parte, como he tenido ocasión de repetir muchas veces, no podemos olvidar que en España una gran parte del sector público empresarial tiene su origen y es precisamente el resultado de un proceso de socialización de pérdidas que no es más que la manifestación del fracaso de la gestión privada en muchos sectores.
Desde otros planteamientos, quizá igualmente dogmáticos como los que acabo de citar, se defiende a la vez lo que yo llamaría un sector público estático o inmóvil, opiniéndose a cualquier medida que suponga una reducción del mismo; planteamientos que, a mi juicio --lo digo con toda prudencia--, ignoran el interés de la sociedad y el interés incluso por una distribución equitativa de la renta y de la riqueza en la sociedad, que exige muchas veces otros mecanismos de intervención pública distintos de la mera participación en el capital de sociedades dirigidas a la producción de bienes o de servicios. Por lo tanto, un mayor intervencionismo en la producción no es de ninguna manera por sí mismo equivalente a una mejora del bienestar y ni siquiera a una mejora en la redistribución de la renta o de la riqueza.
Probablemente hay en múltiples ocasiones mecanismos más eficientes para lograr este mismo objetivo.
Al margen de estos planteamientos que acabo de mencionar, la política del Gobierno, y con ella el proyecto de ley que tengo el honor de presentar, se centra en un objetivo fundamental: en facilitar, favorecer --tomando en cuenta los intereses generales del país--, la racionalización del sector público empresarial.
Las empresas públicas son, señorías, o deben serlo, ante todo, empresas y no, desde luego, instrumentos de intervención administrativa. Por ello su gestión y su funcionamiento deben ajustarse a los principios comunes de rentabilidad, productividad y competencia en los mercados. De todo ello se deduce que en unos momentos como los actuales en los que se tiende a disminuir la participación pública en determinadas empresas, es preciso contar con medios que hagan compatible ese objetivo, con la salvaguardia del interés general, máxime teniendo en cuenta que algunos de los grupos industriales más importantes de nuestro país cuentan todavía con una significativa participación pública. Al aseguramiento, por tanto, de ese interés se dirige el régimen jurídico que se establece en el proyecto de ley, a fin de posibilitar un margen de decisión propio en determinados sectores que se consideren de importancia estratégica, importancia y consideración que, naturalmente, es variable a lo largo del tiempo.
Creo conveniente que, junto a estas razones, básicamente de carácter económico, y de política dirigida a la racionalización del sector público, hay la necesidad también de hacer algunas reflexiones sobre los principios básicos que, desde el punto de vista jurídico, han determinado la elaboración del texto que aquí se propone, ya que ello espero que pueda contribuir a un mejor entendimiento también de este proyecto de ley.
En primer lugar, señorías, esta ley --si ustedes la aprueban-- es jurídicamente necesaria. El ordenamiento jurídico español contempla determinados instrumentos de defensa del interés público en el funcionamiento de las empresas. No obstante, figuras tales como la intervención de empresas o las delegaciones del Gobierno, presentes en las sociedades administradoras del monopolio, o la exigencia en determinados casos de autorización del Consejo de Ministros para la adopción de determinados acuerdos por las sociedades estatales, o el control específico a que están sometidos determinados sectores económicos, no son aplicables a los supuestos de enajenación, total o parcial, de la participación pública en el capital social de determinadas empresas, además, por supuesto, de conllevar estas formas de intervención un mayor grado de intervención que el requerido en el proyecto que estoy presentando.
Por ello, señorías, el objeto de este proyecto consiste en establecer un régimen jurídico que faculte a las Administraciones públicas para evitar la adopción de acuerdos que resulten lesivos, salvaguardando así el interés general, definidos por los poderes públicos, en aquellas empresas en las que la tutela pública no puede o no pudiera hacer dejación de algunas de estas responsabilidades interpretadas conformes con el interés general. Este régimen jurídico se configura como un procedimiento administrativo dirigido a preservar este interés general, según establece el artículo 103 de la Constitución. El concepto de interés general, con independencia de que, a veces, a los economistas les pueda parecer una noción jurídica de difícil precisión, es un concepto constitucional y, ciertamente, algo que tiene relevancia en relación con el artículo 103 de la Constitución.
Por lo demás, no se trata sino de adaptar a nuestro ordenamiento jurídico la reserva que otros países, con independencia incluso del signo político de sus gobiernos, ya han establecido para el poder público, en relación a determinados derechos referidos a la gestión y funcionamiento de empresas singulares (empresas estratégicas, empresas de servicio público, ex monopolios privatizados, etcétera) mediante mecanismos como los bien conocidos de las acciones privilegiadas o «golden-share», posibilidad que nuestra legislación mercantil desconoce y cuya modificación en profundidad desaconseja una elemental prudencia jurídica, por tratarse sólo de cumplir un objetivo específico concreto. En consecuencia, ha parecido más conveniente que modificar todo nuestro régimen mercantil para aceptar la posibilidad de acciones estilo «golden-share», proceder a una regulación de tipo fundamentalmente administrativo y no mercantil.


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El régimen de actuación administrativa que aquí se propone encuentra, naturalmente, apoyatura constitucional tanto en el condicionamiento que el artículo 38 de la Constitución establece a la libertad de empresa como en cuanto a los títulos competenciales en que se fundamenta, que no son otros que los dispuestos en el artículo 149.1 6.ª, 13.ª, 18.ª de la Constitución.
En segundo lugar, el proyecto de ley elude voluntariamente la elaboración de una lista de empresas susceptibles de producir una reducción de la participación estatal actual, prefiriendo una determinación no en forma de listado, sino una determinación material de su ámbito de aplicación, en función del porcentaje de participación pública y de las circunstancias en que se desarrolle la actividad de la empresa.
En efecto, ya hemos debatido en más de una ocasión en esta Cámara, quizá con alguna discrepancia, la oportunidad de hacer un listado o de no hacerlo. Saben que el Gobierno ha optado por una política pragmática de avanzar paso a paso, pero no por una política de anuncios que, por otro lado, apenas tendría la posibilidad de extenderse a un listado sustancialmente distinto del que, por otro lado, ya forma parte de las intenciones conocidas del Gobierno.
Sin duda alguna es más prudente, incluso desde el punto de vista de los propios recursos públicos que una política de reducción de la participación del Estado pudiera tener, eliminar efectos anuncios y conseguir aquellas oportunidades y condiciones en los mercados que puedan hacer que estos procesos se desarrollen no solamente en condiciones satisfactorias para el erario público, sino, a la vez, en condiciones de formular estrategias o alianzas adecuadas en función de una política económica y de una política industrial que quiera preservar intereses a medio plazo para el conjunto del país.
En tercer lugar, quiero destacar que el establecimiento del régimen de actuación administrativa no es permanente. Su vigencia vendrá determinada caso por caso, de acuerdo con un procedimiento individualizado instrumentado mediante reales decretos específicos que garantizan el principio de seguridad jurídica.
En cuarto lugar, reviste especial importancia de cara a una efectiva consecución de los objetivos del proyecto de ley la atribución de competencias a las comunidades autónomas y a las entidades que integran la Administración local, para aplicar el régimen jurídico establecido respecto de las empresas que componen el sector público de estas administraciones, aunque, en consonancia con nuestro ordenamiento, el título competencial sea diferente en uno y en otro caso. Para las comunidades autónomas la atribución competencial deriva de la propia Constitución, para las entidades locales es el Estado el que debe realizar la atribución de competencias.
Ello es así, además, porque en el modelo de Estado democrático y descentralizado de nuestra Constitución no se atribuye en exclusiva la defensa del interés público a la Administración General del Estado. En efecto, las comunidades autónomas, así como las entidades locales, sirven también, al igual que la Administración General del Estado, este interés público general. Así lo sanciona la Constitución, que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica a todas las administraciones públicas.
Estos principios, señorías, son los que han configurado el proyecto que, en sus aspectos esenciales, se caracteriza, por tanto, por los siguientes rasgos: la definición material, en primer lugar, del ámbito de aplicación de la ley más eficaz, a mi juicio y a juicio del Gobierno, en términos jurídicos y económicos, que las listas de empresas, como ya he dicho antes. En efecto, se incluyen en éstas las entidades participadas directa o indirectamente por el Estado en más de un 25 por ciento del capital social en la fecha de entrada en vigor de la ley, teniendo además el socio estatal las facultades de control sobre la dirección de la sociedad previstas en nuestra legislación mercantil y siempre que concurran en el desarrollo de su actividad determinadas circunstancias, todas ellas caracterizadas por la concurrencia de un interés público. Asimismo, quedan incluidas las sociedades filiales de estas anteriores, siempre que la sociedad de cabecera ostente una posición dominante en ellas.
En segundo lugar, los actos y acuerdos sujetos a autorización pueden ser todos, alguno o algunos de los previstos en el proyecto, lo que permite una gradación, actos todos los cuales se refieren a decisiones relevantes para la continuidad de la empresa, así como sobre la composición de su capital social.
En tercer lugar, especial garantía reviste para las empresas y para la propia Administración actuante la exigencia de que la aplicación concreta del régimen administrativo de autorización se realice, al menos en el ámbito de la Administración General del Estado, mediante real decreto, que dictaminará el Consejo de Estado, en el que el Gobierno concretará los actos y acuerdos sociales sujetos a autorización administrativa previa, así como la propia vigencia del citado régimen. Este real decreto debe naturalmente ser aprobado con anterioridad a la realización de las operaciones de enajenación. Con esta secuencia procedimental se asegura algo esencial, como es la seguridad jurídica que debe rodear cualquier operación de este tipo, seguridad jurídica que se ve a la vez reforzada al preverse el acceso al Registro Mercantil del contenido de los reales decretos de aplicación del régimen de autorización administrativa.
En cuarto lugar, una vez en vigor el real decreto de aplicación, los actos y acuerdos contenidos en el mismo y que sean adoptados por los órganos sociales de la entidad, requieren para su validez la autorización administrativa prevista. Para que ello no interfiera más

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allá de lo estricta y singularmente necesario en la vida societaria, el proyecto de ley establece un procedimiento ágil y rápido con un plazo de resolución de un mes, recogiendo, además, una de las principales innovaciones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como es la posibilidad de que el procedimiento finalice mediante terminación convencional, esto es acordada, entre la Administración y los propios interesados.
En quinto lugar, la sanción por los actos y acuerdos que no cuenten con la autorización requerida es la nulidad de pleno derecho. Sin embargo, a fin de limitar al máximo las perturbaciones que pudieran producirse en el tráfico mercantil, se legitiman las adquisiciones de participaciones sociales más allá de los límites establecidos, prohibiendo solamente el ejercicio de los derechos políticos correspondientes a las participaciones constitutivas del exceso.
Estos son, señorías, a mi juicio, los aspectos más relevantes del proyecto. No obstante, para concluir esta presentación, permítanme decirles que éste es un proyecto de ley que el Gobierno juzga ajustado y equilibrado. Por un lado, para defender intereses nacionales, que no públicos, relevantes y, a la vez, para racionalizar el sector público y contribuir a que incluso la reducción de la participación pública en la vida productiva de bienes y servicios pueda hacerse en condiciones que no pongan en cuestión intereses públicos sustancialmente relevantes, y la posibilidad también de que las palancas de empresas públicas existentes hoy en nuestro país sean un instrumento de consolidación del tejido económico, del tejido industrial, del que está tan necesitada la economía de nuestro país.
No es una mayor intervención la que late en este proyecto de ley, sino, por el contrario, una garantía de que los procesos de regulación de racionalización del sector público se puedan hacer en condiciones que no pongan en causa intereses legítimos del conjunto del país, insisto, no de las empresas públicas a las que se pueda referir el proyecto de ley.
Algunos países que han avanzado en esta dirección se han reservado instrumentos que yo calificaría de exorbitantes en relación con los modestos que esta ley establece, infinitamente más potentes en ocasiones, incluso planteados por gobiernos de signo ideológico bien distinto al que presenta este proyecto de ley en nuestro país.
Me parece que este país se situaría en una posición de neta inferioridad, no sólo por tener un sector público empresarial notablemente inferior en tamaño, y a veces en capacidad, al que tienen otros países competidores del nuestro si al mismo tiempo no adoptara fórmulas que pudieran, proporcionalmente a los proyectos en curso y a las necesidades de racionalización de nuestro sector público, adoptar también instrumentos que permitan garantizar, no sólo la eliminación de entradas hostiles de competidores tal vez no convenientes desde el punto de vista del interés general, sino que impidiera, mediante un proceso de racionalización y de reducción total de la participación pública en la vida económica, seguir consolidando, como les he repetido ya, un tejido en nuestro país que está obviamente aquejado de una mayor necesidad de alianzas entre el sector público y el sector privado y no tanto de un enfoque de oposición entre ambos.
Este es el sentido del proyecto de ley, señorías; este es el sentido de algo que me parece que forma parte de intereses que pueden ser defendidos desde distintas perspectivas en esta Cámara. Solicito a todos ustedes la aprobación del proyecto de ley con la voluntad del Gobierno de llegar al máximo de aproximaciones en el proceso de discusión del texto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, yo creo que lo que ha venido a remarcar la intervención del Ministro, cuando ha dicho al final que es un proyecto de ley ajustado y equilibrado, es el complejo que tiene el Gobierno y el Partido que le sustenta de ser acusados de intervencionistas. Casi ha sido un alegato contra esta acusación que puede venir de los bancos que están a mi derecha. No lo entiendo. Este proyecto de ley a mí me recuerda un poco la actuación que hacen normalmente los ricos: primero hacen pobres y luego crean asilos para poner a los pobres, para que los atiendan. Es un poco lo mismo. Me referiré en concreto a ello.
El Ministro ha dicho que hay un sector público empresarial mucho más débil, mucho más pequeño que el que hay en el conjunto de la Unión Europea y más allá de la Unión Europea.
Pero al Ministro se le ha olvidado explicar algo que para mí es esencial. Hay países en la Unión Europea y fuera de ella en los que, a través de empresa públicas o privadas, hay un impulso motor al conjunto de la economía, normalmente liderado por el propio Estado, independientemente --repito-- de que las empresas sean públicas o privadas. Dígame, señor Ministro, qué empresa española está en estas condiciones en cualquiera de las regiones españolas para hacer de motor impulsor no únicamente en una región concreta, sino a nivel de todo el Estado y del conjunto de Europa, para no hablar ya del terreno de la competencia internacional. No encontrará prácticamente ninguna. En España cobra una especial importancia el papel de un sector público y de una empresa pública. Nosotros estamos en desacuerdo global con la política de privatizaciones que plantea su Gobierno

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y estamos en desacuerdo con el proyecto de ley; proyecto de ley que podríamos discutir en todo caso si se hubiera avanzado en una serie de propuestas que nosotros hicimos en esta Cámara, a las que me referiré de foma inmediata.
Antes quiero decir que con la política de privatizaciones a este país le va a pasar --en el plano nacional, con la repercusión que luego tendrá a nivel internacional-- como con la venta de empresas a multinacionales o transnacionales, a grupos o «holdings», que llegará un momento en el que vamos a lamentar no tener capacidad de maniobra económica para hacer una política, en el marco de la legislación global de la Unión Europea, fundamentada en nuestros intereses. Además --y lo he reiterado ya en esta Cámara hasta la saciedad--, es la política que hacen prácticamente todos los países europeos.
De nuevo hoy, con esta ley, sin haber hecho otras cosas previas, vamos a secumbir a la pinza del liberalismo imperante, que es la verdadera pinza que hay en este país. Ya se darán cuenta, señor Ministro y señores del Partido Socialista que da apoyo al Gobierno, de los votos que tienen; se va a dar cuenta todo el mundo: la opinión pública y los medios de comunicación de cuál es la verdadera pinza que hay en este país; ya lo verán. Nos encontramos de nuevo con la aceptación, acrítica además, de la enajenación o liquidación --para ser más exactos en el término a utilizar-- de lo público porque es perverso, porque es aceptado ya «a priori» que es perverso. Lo privado funciona bien. Luego me referiré a ello.
Además, se nos toma por indigentes intelectuales. Cuando hay estos debates en esta Cámara --y a veces fuera de ella-- casi nunca aparece lo que ha costado al conjunto del país, a los ciudadanos, flotar o reflotar lo privado, sea en el sector de banca, sea en empresas metalúrgicas, como es el caso de Seat, etcétera. Es decir, sector privado. Una empresa como Seat, por ejemplo, reflotada por el Estado con 400.000 millones de pesetas, luego vendida a una empresa privada que tiene capital público, etcétera, y luego, naturalmente, el Estado ha tenido que volver a intervenir para enjugar los déficit, las pérdidas que tenía esta empresa. No me extrañaría que Iberia debiera una parte de sus crisis --sólo una parte-- a la conspiración general que hay contra lo público en nuestro país, aparte de otros elementos bastante importantes como, por ejemplo, es el de haber sido gestionada tradicionalmente mal.
Nosotros nos oponemos al proyecto de ley porque no hay, por ejemplo, estatuto de la empresa pública, tal como defendimos en esta Cámara en la moción presentada el 10 de febrero de este mismo año; un estatuto de la empresa pública en el cual nos parecía interesante que se remarcaran una serie de funciones, además de las funciones que tiene el carácter estrictamente económico empresarial de la empresa pública.
Nosotros pensábamos que debía ser la empresa pública un instrumento para elaborar, incorporar y difundir tecnología, para ser pionera en el sector de la producción e introducción de técnicas ecológicas absolutamente necesarias que el sector privado no introduce por necesidades propias del escandallo que tiene que hacer de beneficios al final de año, que no quiere entrar en esta consideración, aunque a medio y largo plazo es una consideración en la cual tendrán que entrar prácticamente todas las empresas. Para ser plataforma de ordenación de logísticas, para estar en los mercados internacionales, la empresa pública podría ser el elemento coordinador. Para impulsar procesos de concentración sectorial, para tener una base nacional y, por tanto, internacional efectiva, con economías de escala, para la introducción de tecnologías, técnicas comerciales; es decir, una masa crítica que permitiera a la empresa pública y al conjunto de la economía española tener un pie mejor puesto en Europa y en el mundo que el que tiene ahora.
Yo lanzo una pregunta, porque soy inocente y usted me ha presentado aquí un proyecto de ley que seguramente no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, soy inocente porque debo estar en otro debate: ¿Qué es mejor vender, privado o público, todo el sector aceitero a Italia --Elosúa, Koipe, Ferruzzi, etcétera, ya sabe de qué estoy hablando-- para que el aceite italiano de origen español se haga el dueño del mercado del aceite de oliva a nivel internacional, o intentar desde el sector público español, como mínimo, tener una capacidad de transformación agroalimentaria a través de este sector y poder incidir en el sector privado también, señor Ministro? No tenemos nada que decir a este respecto. Es la ley de la gravedad que va cayendo y se van eliminando empresas.
Vienen empresas extranjeras y compran las empresas españolas y luego resulta que estas empresas se marchan porque ya han hecho una deslocalización y ya han cubierto los intereses comerciales que las guiaban, no han creado ningún puesto de trabajo, ninguna riqueza, ningún tejido industrial, que es lo que ha pasado con un montón de empresas. ¿Nos lo imponen las directivas de la Unión Europea? ¿Es culpa de Maastricht? Dígalo desde esta tribuna, señor Ministro. ¿Es todo esto? ¿Es que no hay nada más que hacer? Reconociendo explícitamente que en el conjunto de los países de la Unión Europea y más allá hay un sector público, en prácticamente todos los países, mucho más amplio que el nuestro y que, en todo caso, los gobiernos de cada uno de estos países tiene una consideración desde el gobierno para hacer políticas de acuerdo con lo que podríamos llamar los intereses nacionales.
Señores, nunca he visto otro afianzamiento económico y social en ningún país que no haya sido fundamentado en el fortalecimiento de su propia estructura. Creo, señor Ministro, que España cada vez tendrá menor margen de maniobra.


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En nuestra moción proponíamos, además de esta serie de elementos fundamentales, a nuestro entender, una serie de cuestiones. La constitución de una ponencia para estudiar el funcionamiento de la empresa pública. Aquí hay un debate, funciona bien, funciona mal; hay problemas derivados de que es una empresa pública, por el solo hecho de tener un carácter público y no privado. Podríamos discutirlo; elaboremos a partir de una ponencia un buen papel que nos permita discutir con profundidad todas estas cuestiones.
Proponíamos, al mismo tiempo, algo que se olvida en su proyecto de ley actual, la participación de los trabajadores como tal a partir de su representación unitaria y de los sindicatos. Proponíamos la información a las Cortes y el consentimiento de éstas ante cualquier alteración del patrimonio, sea venta o sea compra, por parte del sector público. La asimilación y difusión de tecnologías que se podría hacer a través de este sector público. Proponíamos la necesidad de articular eso a través de estudios serios y rigurosos. Insertar mejor el sector empresarial público en el desarrollo de los ámbitos de influencia, es decir, en cada ámbito territorial, para el desarrollo de una industria auxiliar, para el desarrollo de economías externas, etcétera.
Todo esto es lo que planteamos en nuestra moción. Lograr la eficiencia a través de una buena gestión --proponíamos finalmente--, lo que exigiría, naturalmente, una reforma profunda de la empresa pública; reforma profunda que seguramente podría conseguirse a través del debate de un estatuto de la empresa pública en el cual cada fueza política y social en este país podría exponer su idea, podría hacer las aportaciones necesarias para que en este Parlamento trabajáramos con las mejores condiciones y con la mayor profundidad en la elaboración de este estatuto de la empresa pública.
En definitiva, lo que planteábamos iba en la línea de potenciar la democracia industrial desarrollando los sistemas de participación de los trabajadores, el sistema de conocimiento por parte de este Parlamento, como representante de la opinión pública, etcétera. Eso es lo que planteábamos.
Como ven, señores del Gobierno, todo lo que proponíamos era muy reformista, nada revolucionario; muy sacado de programas socialdemócratas en los que se alaboran seguramente papeles muy bonitos que inmediatamente se tiran a la papelera. En todo caso, no es nada revolucionario, no es una bolchevización de la economía española, ni del sector público español; es un programa muy reformista, muy al día, muy de lo que hacen en Europa paisanos suyos, que cuando vienen aquí y ven lo que se está realizando en este país por un Gobierno que se llama socialista, claman al cielo escandalizados, porque en sus países ésto no lo hacen.
Su proyecto de ley adolece incluso de dos medidas que proponía el Partido Popular --¡fíjese usted, la derecha de la Cámara!-- en su proposición de ley del 11 de febrero de 1992. De hecho, con la misma filosofía, no es que la cambiase, es la misma filosofía privatizadora que, en algunos casos --y éso tienen que cuidarlo, señores del Partido Popular--, es un poco más compulsiva. Es, en definitiva, la misma filosofía privatizadora que tienen ustedes, que tiene el Partido del Gobierno, que tiene Convergència i Unió, etcétera. ¿Qué proponían las medidas? Documentación exhaustiva a través de una memoria justificativa de las causas de enajenación o privatización, valoración patrimonial y luego, naturalmente, una contabilización de los cinco años anteriores; es decir, un informe exhaustivo de la historia, del presente y de la perspectiva de futuro de cualquier empresa. Eso es lo que proponía el Partido Popular. Además, como guinda de todo esto, la conservación de derechos y obligaciones por parte de los empleados. ¡Tiene narices! Ustedes, en su proyecto de ley, ni palabra de esto. La conservación de derechos y obligaciones por parte de los empleados. Es decir, que la pinza que seguramente veremos al final, a lo mejor incluso en estas propuestas concretas se empeora, porque la pinza, señor Ministro, señores del Gobierno, en una acción concreta de Gobierno tras otra acción concreta de Gobierno. La pinza no es un elemento voluntario metafísico que alguien pueda crear y que haga fortuna; no, es una acción concreta, una acción política, una acción material. Lo demás son retóricas de pesebre o, en todo caso, para justificar el salario.
De acuerdo con todo lo expuesto, no vamos a votar afirmativamente su proyecto de ley porque no hay estatuto de la empresa pública, que representaría, a nuestro entender, una racionalización, un control democrático, una reforma de los instrumentos objetivos para ver qué es lo más conveniente en cada caso a partir del sector público; porque la venta de patrimonio exige un acuerdo del Parlamento y no se plantea tampoco en su proyecto de ley, porque el Gobierno, en definitiva, es un mero gestor del patrimonio del Estado, como un gestor de una empresa privada es un gestor de esa empresa privada y responde a los intereses de los accionistas, de los propietarios, etcétera; por el razonamiento de justificar las privatizaciones para reducir el déficit público --versión neoliberal suave-- y, además, vender ya que el sector público debe existir sólo para socializar las pérdidas --usted también lo ha citado-- del sector privado, que es la versión más heavy.
Estos argumentos son manidos y, además, falsos, porque pretender solucionar un problema estructural complejo con los ingresos extraordinarios de un solo ejercicio, es táctica de salón y privatizar porque conseguir recursos endeudándose es más caro que la rentabilidad obtenida por estos mismos recursos invertidos en el sector público, es maniqueo.
Esta es la base fundamental...


El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.


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El señor FRUTOS GRAS: Estoy terminando, señor Presidente.
Esta es la base fundamental de su análisis y de su proyecto de ley. Podríamos estar más o menos de acuerdo con lo que plantean si previamente hubiéramos desbrozado el camino sobre el sector público que queremos, qué papel queremos que juegue el sector público, cómo va a intentar desarrollar en el conjunto de la sociedad española el tejido industrial, los elementos de renovación tecnológica, etcétera.
Nos oponemos al proyecto de ley porque no hay propuestas para organizar más participación de los trabajadores ni cláusulas que garanticen el mantenimiento del empleo. No hay nada de todo esto. Me dirá que este proyecto de ley es otra cosa, que se refiere a otras cuestiones. Es parcializar la realidad para ir haciendo caer las fichas del dominó. Esto ya lo sabemos. En todo caso, mi Grupo tiene la necesidad de hacer esta argumentación.
La ley exige la intervención pública para casi todo, menos para abrir un expediente de regulación, que es el que echa a los trabajadores a la calle.
Poco contenido, por tanto, para tan ambicioso continente.


El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, le ruego concluya.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, ahora termino de verdad.
Es un proyecto para seguir adelante con una política de derribo del sector público que, bajo el señuelo de la popularización del capitalismo que facilite el acceso a los pequeños ahorradores a la propiedad de acciones para que sean pequeños capitalistas, vende un patrimonio público que, bien gestionado y con las reformas necesarias, debería ser un elemento clave para la regeneración económica, social y administrativa.
El resumen de todo lo que se plantea es, finalmente, menos sector público y cualitativamente peor.
Muchas gracias, señor Presidente, señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a consumir un turno en contra de la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a este Proyecto de Ley de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas. Una vez más, nos encontramos con que este turno en contra se ha tratado de convertir en un nuevo debate sobre el papel de la empresa pública; debate que no es nuevo en esta Cámara, que hemos venido realizando en los últimos años con gran frecuencia. Hace poco tiempo en la Comisión hubo una comparecencia del Ministro de Industria exclusivamente con este objeto y en el Pleno, a lo largo de este año, ha habido tres o cuatro ocasiones en las que se ha debatido. Llevamos, por tanto, mucho tiempo hablando de las distintas posiciones.
Hoy, el representante de Izquierda Unida ha vuelto a hacer una serie de afirmaciones que yo creo que están hechas, algunas de ellas, con escaso rigor y con escaso conocimiento de la situación real de la empresa pública en España.
La posición de nuestro Grupo --la voy a reiterar una vez más-- no tiene un planteamiento ideológico previo, como el que parece que tiene S.S. respecto al tema. Nuestro Grupo condiciona su posición al interés económico y al interés industrial de nuestro país. Desde nuestro punto de vista, es muy importante que España mantenga una capacidad de producción industrial, que España tenga un tejido industrial adecuado, que tenga también empresas con suficiente tamaño para, en una economía como la nuestra, poder jugar un papel a nivel internacional, y nos importa menos si el capital de las empresas es público o privado, aunque hay que decir que en España este papel lo está jugando en gran medida el sector público. Solamente hay dos grandes grupos industriales en nuestro país y los dos son públicos: el Instituto Nacional de Industria y el Instituto Nacional de Hidrocarburos; y de las pocas empresas que tienen tamaño suficiente para competir a nivel internacional, la mayor parte de ellas son públicas. El señor Frutos parece que lo ignora. Dice que no se pueden citar nombres. Se pueden citar largos listados de empresas públicas que están impulsando nuestra economía productiva y nuestra economía industrial. En el sector del petróleo está Repsol; en el sector del gas, Gas Natural; en el sector de la energía podría citarse a Endesa, y así podríamos seguir. Son todas ellas empresas públicas, con capacidad, bien gestionadas, con prestigio, y algunas de ellas han acudido al mercado de valores internacional. Por tanto, creo que su análisis de la empresa pública dista mucho de la realidad, y nuestro planteamiento es el de defender los intereses económicos y los intereses industriales de nuestro país con empresas públicas.
Nuestra concepción de la empresa pública no pasa por la aprobación de un estatuto de la empresa pública, y así lo venimos diciendo en esta Cámara. El otro día leía un debate de hace más de diez años en el que ya planteabamos esta posición.
Creemos que no hay que aprobar un estatuto de la empresa pública justamente porque pensamos que la empresa pública debe funcionar en condiciones de competitividad, de productividad, de eficacia en la gestión, similares a las de la empresa privada. Por tanto, pensamos que no hay que diferenciar jurídicamente la forma de actuar de la empresa pública y de la empresa privada. ¿Cuál es la diferencia

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entre la empresa pública y la privada? El propietario del capital. En la empresa privada el objetivo de ese capital será el beneficio; en la empresa pública el objetivo será la defensa de los intereses públicos. Eso es lo que hay que salvaguardar y es justamente lo que pretende la ley que hoy traemos aquí: salvaguardar esa única diferencia, importante desde el punto de vista estratégico, que debe existir entre la gestión de una empresa pública y de una empresa privada. Por eso pensamos que es bueno que las empresas públicas acudan al mercado de capitales y es bueno que algunas empresas públicas españolas estén presentes en el mercado de capitales más exigente del mundo, que es el de Nuevo York, y además estén con una alta calificación, lo cual demuestra una buena gestión y un prestigio de nuestro país en ese terreno. Es bueno porque obliga a una gestión profesionalizada y pensamos que la gestión de la empresa pública debe ser profesionalizada.
Además, en este terreno hemos avanzado de una manera muy sustancial en los diez últimos años. Y puesto que pretendemos defender los intereses industriales de nuestro país, también creemos que es bueno establecer alianzas entre el sector público y el sector privado, y ahí está la reciente operación del gas para señalar nuestra posición a este respecto. Es bueno que haya alianzas entre el sector público y el sector privado para que se conforme un holding con suficiente fuerza como para estar presente en los mercados internacionales.
Desgraciadamente tenemos pocas empresas privadas industriales, poco empresario industrial en nuestro país capaz de tener un tamaño suficiente para competir a niveles exteriores, y nos gustaría que existiera más capital privado industrial en nuestro país del que existe.
Por consiguiente, algunas de sus afirmaciones tienen poco que ver con la realidad de nuestro tejido industrial. Nos parece importantísima la presencia del Instituto Nacional de Industria en ese tejido industrial, importantísima la iniciativa del Instituto Nacional de Hidrocarburos en el sector de los hidrocarburos, en el sector del petróleo y en el sector del gas, y nos parece que no hay que llevar a cabo un proceso privatizador. Eso es lo que ha estado planteando el Grupo Popular. Usted nos lo achaca a nosotros y nada tiene que ver con la realidad. El Grupo Socialista y el Gobierno no han planteado en ningún momento un proceso de privatización sistemática de la empresa pública, sino actuar en cada momento con arreglo y en defensa de los intereses industriales de nuestro país. Y en una dinámica de disminución de la presencia pública en la empresa y en los sectores económicos --disminución que se está produciendo en todos los países europeos de nuestro entorno-- se plantean cómo salvaguardar esos intereses públicos, y que en algún caso determinadas empresas con tamaño suficiente para competir en el exterior no pasen a manos del capital extranjero sino que se mantengan con capital nacional, sea público o privado o, si es posible, incluso en colaboración lo público y lo privado. Por eso en los países de nuestro entorno se han planteado distintas normativas, distintas legislaciones que en algunos casos limitan el capital extranjero, limitan el capital en manos de una empresa o de un grupo, dan derechos especiales --las acciones de oro que aparecen en el Reino Unido--, votos diferenciados, digamos que excepciones a la legislación mercantil para tratar de salvaguardar esos intereses públicos.
Y el Gobierno español, con buen criterio, piensa que en estos momentos conviene disponer de una legislación similar en nuestro país que se adapte a la que ya tenemos en España y, además, con un criterio que yo comparto y que ha expuesto aquí el señor Ministro en su intervención: la menor intervención pública compatible con el aseguramiento de esos intereses públicos que defendemos; hay que asegurar esos intereses públicos con el menos grado de intervención. Por ello se plantea una ley en la que la intervención solamente se puede dar sobre unas determinadas empresas --las que tienen una participación pública significativa--, solamente cuando el sector público ha disminuido significativamente su presencia en esa empresa y, por tanto, ha podido cambiar el control de la empresa a través de las acciones presentes. Ha de hacerse mediante real decreto --por tanto con total transparencia--, y la consecuencia de ese real decreto solamente puede ser que determinadas decisiones tengan que tomarse bajo autorización administrativa: decisiones estratégicas de modificaciones significativas del capital, modificaciones del control, de modificaciones del patrimonio; es decir, actuaciones que pueden tener una cierta importancia para el futuro de la empresa.
Por consiguiente, desde el punto de vista de nuestro Grupo, el proyecto de ley que se envía por el Gobierno se ajusta a nuestra concepción de la defensa de los intereses públicos desde la empresa pública y, además, puede permitir que se mantenga esa idea de empresa pública gestionada con eficiencia y que al mismo tiempo esté presente en los mercados bursátiles. Esta ley no va a poner en cuestión la capacidad de intervención de la Administración, va a permitir que las empresas públicas a las que pueda afectar sigan cotizando en los mercados internacionales porque ya esos mercados tienen experiencia de empresas que vienen afectadas por algún tipo de limitación en su capacidad de decisión accionarial.
Pensamos que el sector público español tiene un papel importante en la economía y va a seguir teniéndolo. No hay por parte del Gobierno un plan de privatizaciones definido. Es más, en algunos sectores la ausencia de empresas privadas que puedan llevar iniciativas industriales es significativa, por lo que nos gustaría que hubiera una mayor presencia de las mismas, pero hay empresa públicas muy importantes y con gran prestigio.


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Esta ley va a permitir que en algunos casos se pueda defender con eficacia los intereses públicos aun disminuyendo la presencia del capital. Por tanto, pedimos a SS.SS. que voten en contra de esta enmienda de totalidad y a favor de la tramitación de este proyecto de ley en la Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, muchas gracias.
Señor Sáenz Lorenzo, le agradezco que frente al escaso rigor y pocos conocimientos que siempre expresan los Diputados y Diputadas de mi Grupo, ustedes siempre nos iluminen, sobre todo con una política que, como todo el mundo sabe, va de triunfo en triunfo hasta el triunfo final. No se crea que voy a decir hasta el fracaso final. Le agradezco que nos iluminen porque aunque somos un grupo pequeño con vocación de ser más grandes --y seguramente lo seremos-- aprendemos y, como digo, agradecemos que siempre nos ilustren con sus sesudas y profundas argumentaciones.
Dice usted que no tiene un planteamiento ideológico. Pues aquí todo el mundo tiene un planteamiento ideológico y político: aquellos señores, los del centro, los de aquí, ustedes. Todo el mundo tiene un planteamiento ideológico y político, aunque seguramente no será el mismo. Parece que en este Parlamento en las cosas importantes, de fondo, se hacen las leyes, se hacen las propuestas con una misma ideología que nosotros y yo personalmente no comparto, pero se hace todo con un planteamiento ideológico y político. Ustedes tienen su política y su ideología, y la aplican; aquellos señores también y nosotros también. De modo que, señor Sáenz Lorenzo, no vayamos a desnudar a la política del verdadero ropaje que tiene, que es la ideología y el programa que permite hacer propuestas y todo lo demás.
Dice que no debe haber estatuto porque la empresa pública debe funcionar --y simplifico-- en régimen de competencia con otras en el mercado. Señor Sáenz Lorenzo, nosotros planteábamos en nuestra moción del mes de febrero pasado que las líneas fundamentales para la reforma en profundidad del actual sistema de gestión de la empresa pública deberán orientarse en el sentido de una mayor competencia y autonomía de la gestión de la empresa en función de un óptimo de eficiencia. Y continuábamos diciendo que la reforma profunda del actual modelo de gestión de la empresa pública profunda del actual modelo de gestión de la empresa pública se realice siguiendo criterios de competencia, autonomía y participación. Por cierto, criterios muy alejados de la gestión que parece que se ha desarrollado en Iberia, por poner sólo un ejemplo; hay otros ejemplos en el sector público y en el sector privado, como hay ejemplos también de una máxima eficiencia, según los parámetros de este país, y que nosotros reivindicamos para que continúen sin ninguna cortapisa en el sector público, que ya está disminuido en relación al sector público de la Unión Europea, y para que puedan hacer una serie de cosas que nosotros consideramos fundamentales.
Dice usted que están de acuerdo y que tienen que salvaguardar los intereses, pero al mismo tiempo dice que aquellos señores son los que plantean las privatizaciones a fondo, las heavy, las duras, y con el complejo que tienen ante aquellos señores van haciendo la misma política, porque de hecho comparten la misma filosofía prácticamente en todo, señor Sáenz Lorenzo, en todo. Aquí está la pinza; la pinza en la reforma laboral, la pinza en las privatizaciones, la pinza en otras cuestiones. Ya sabemos, señor Sáenz Lorenzo, que somos minoría en este Parlamento y en la sociedad, todavía. Ya lo sabemos, pero permítanos que al menos hagamos nuestras propuestas sin descalificarlas por falta de rigor, de razonamientos y de conocimientos. Nuestras argumentaciones son nuestras argumentaciones. Es una disputa ideológica, política, programática, y nada más.
Ha dicho que le gustaría que hubiera más capital privado. Eso lo dijeron hace cierto tiempo. El capital privado acude donde hay beneficios y no tienen que expresar con voluntarismo que les gustaría tal cosa o tal otra. Si les gusta eso a lo mejor lo que tienen que hacer es poner un cartel en Ferraz que diga: Se buscan capitalistas privados para invertir en empresa pública. A lo mejor tienen que hacer eso, pero no es necesario porque el capital privado ya acude. Lo que pasa es que el capital privado que ha venido durante muchos años a este país ha sido un capital especulativo del cual, al cabo de un tiempo, ustedes mismos han tenido que renegar porque ha venido a especular, no a crear tejido industrial ni tampoco un puesto de trabajo.
Quiero terminar ya diciendo, porque tampoco se trata de ir a un debate que nos conduzca de nuevo a la melancolía, que en definitiva --y reitero lo que he dicho antes-- ustedes se ponen el parche sin haberse hecho la herida, y en vez de discutir a fondo si la empresa pública necesita estatuto o no, dicen que ese es un debate que ya se ha hecho aquí --yo nunca lo he tenido-- en otras ocasiones, pero es una cuestión que está en el candelero político y económico y merece la pena dedicarse a estudiarla.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Gracias, señor Presidente.
Señor Frutos, yo estoy convencido de que a ustedes no hace falta iluminarles. Hay algunos que están muy

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iluminados y, por tanto, yo creo que en ningún momento ha sido un objetivo por mi parte contribuir a esa iluminación que no me parece, en cualquier caso, positiva.
Nuestra política es socialdemócrata y tiene planteamientos socialdemócratas. No tenemos, como ustedes, una posición ideológica respecto de la empresa pública que nos lleve a decir que es bueno aumentar sistemáticamente el tamaño del sector público. En eso no estamos de acuerdo. Esa es la posición que le he dicho que tenían ustedes desde el punto de vista ideológico. Nuestra política tiene un planteamiento socialdemócrata que, por tanto, defiende los intereses públicos y da un cierto papel a la empresa pública en la economía, buscando fundamentalmente los intereses económicos e industriales, en este caso, de nuestro país.
Ustedes han presentado una moción. Hay una moción aprobada en esta Cámara relativa a la empresa pública que tiene que cumplimentar el Gobierno, en breve plazo, respecto a los criterios de reestructuración del sector público. Estamos de acuerdo en que los criterios tienen que ser de mayor competitividad y de mayor eficiencia, pero no estamos de acuerdo en que tenga que tener una regulación diferenciada respecto de las otras empresas, como no sea del tipo de la que hoy estamos empezando a discutir aquí.
Parece que ustedes tienen obsesión por hablar de la pinza que plantean incluso en temas en los que hay tanta disparidad como el de la empresa pública. Sorprendentemente, hace dos días, en esta Cámara, cuando se estaba discutiendo el problema de Iberia, resulta que coinciden con el Grupo Popular y no con el Grupo Socialista. (Rumores.) Tienen ustedes obsesiones por llevar a cabo pinzas que son absolutamente incoherentes desde el punto de vista político.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Junto con mis opiniones expondré también las del Grupo Vasco en relación a este proyecto de ley.
Nos encontramos ante un proyecto de ley de importancia y trascendencia para determinar el futuro del actualmente denominado sector público y del papel de la Administración, la del Estado, comunidades autónomas y administración local, en la actividad económica, industrial o de servicios, donde es necesario que se produzca una modernización no solamente en los modos de la participación y la gestión, sino también en los fundamentos ideológicos que motivan la actuación de la Administración. Nosotros en principio, y a la espera de los resultados que se obtengan del trabajo en Ponencia, manifestamos nuestro acuerdo con los fines del proyecto de ley, tal y como los describe la memoria, que creo que merecen la pena ser repetidos.
El proyecto de ley objeto de este debate, dice la memoria, tiene por finalidad permitir la preservación de los intereses públicos, a los que reiteradamente se ha venido haciendo alusión, respecto de las actividades de empresas de determinados sectores que hasta la fecha están participadas directa o indirectamente por el Estado, pero respecto de las cuales razones de planificación económica general no imponen ya el mantenimiento de los actuales porcentajes de participación en su capital. Sin embargo, como se producen cruces de intereses, parece ser que mientras las razones que llevaron a la toma de participación del Estado en empresas para la realización, por medio de las mismas, de determinadas actividades comerciales o industriales hoy día pueden desaparecer por resultar absolutamente incongruentes, conviene mantener la defensa de los intereses concurrentes, porque puede parecer no inexorable la participación del Estado en el capital de las sociedades que realicen tales actividades, pero en el pasado esos intereses concurrentes han estado suficientemente garantizados mediante la participación del Estado y de las entidades de derecho público que de él dependían en las sociedades mercantiles que venían desarrollando las actividades afectadas por tales intereses.
Esta participación ha permitido controlar la actuación de tales sociedades o, cuando menos, ha constituido una garantía frente a alteraciones inesperadas y traumáticas --cosa que hemos experimentado en este Parlamento-- de su forma de proceder, lo que ha mantenido la indemnidad de los reiterados intereses generales. No obstante, la participación del sector público en el ejercicio de actividades industriales y mercantiles viene experimentando, hoy día, un general proceso de reducción en el ámbito internacional y de manera muy especial en la Unión Europea.
Dicho esto, y manifestando nuestro acuerdo con los principios expuestos en la memoria, lamentablemente no podemos estar de acuerdo con la enmienda a la totalidad y criterios expuestos por Izquierda Unida, en primer lugar, porque no compartimos la idea de que hoy día exista una conspiración contra la empresa pública. Estamos por la empresa pública, y por la empresa pública productiva y de servicios, y por la toma de participación de la Administración pública en la empresa, pero siempre con unos fines y con unos objetivos claros y desde la puesta en práctica del principio de solidaridad y, sobre todo, del principio de subsidiariedad.
La Administración debe ser impulsora, emprendedora y controladora, pero nunca permanentemente interventora y, sobre todo, sustituir a aquellos agentes sociales, trabajadores o empresarios. Por lo que no estamos es por seguir manteniendo un sector público mal

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gestionado, obsoleto tecnológicamente y reducto --porque creo que hay que decirlo-- de privilegios laborales insolidarios con el resto de los trabajadores industriales del país, o también, injusta o desafortunadamente, competidor, con recursos públicos, de iniciativas privadas paralelas. Creo que es posible y es necesario hacer conciliar el interés público que inspira la política económica general con aquellos otros intereses públicos existentes en determinadas actividades sectoriales.
Sin embargo, uno llega a esta tribuna desanimado, yo diría que hasta fatigado, de tener que reclamar de nuevo y volver a poner el dedo en la llaga, siempre sobre el mismo problema: el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Este proyecto de ley, en su exposición de motivos, establece --voy a leer textualmente el párrafo-- que respecto de las comunidades autónomas es preciso partir de los títulos competenciales que habilitan esta ley, que son los contenidos en el artículo 149.1.6.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución Española. En la medida en que éstos tienen un alcance distinto, del que indudablemente se derivan distintas posibilidades de actuación para las administraciones públicas, se determinan los preceptos que resultan de aplicación directa para todas éstas, diferenciándolos de aquellos que tienen carácter básico, a fin de respetar la distribución constitucional de competencias. De esta manera --según dice la exposición de motivos de este proyecto de ley-- se preserva el ámbito de decisión que pertenece a cada comunidad autónoma que, de suyo, tenga la necesaria competencia para ello.
Hecha esta lectura, tango que decir que, pese a este aparente rigor y respeto a los límites competenciales, consideramos que el legislador ha olvidado --y digo también que ignorado-- la actual complijidad del sector público, que no es únicamente estatal, de comunidad autónoma o local, sino que se producen cruces de participaciones o participaciones conjuntas en unas mismas empresas. Pues bien, de la lectura del proyecto de ley se deduce que hay una interpretación unilateral de la competencia, pudiéndose interpretar que el Estado, de nuevo, considera básica y de su competencia todas aquellas situaciones en las que participa, sometiendo al resto de participantes públicos a su interés o competencia general.
Está pendiente en esta Cámara --y creo que sería un debate de gran interés-- una aclaración de los conceptos sobre sector público (entre comillas) y participación pública (también entre comillas), hecho que ya iniciamos en el debate de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico pero que también, pese a que los partidos con representación autonómica, como es mi caso, pudimos conseguir algunos avances, todavía no hemos quedado satisfechos. Hoy por hoy, no coincidimos, y es más, deducimos que el Estado, la Administración estatal, interpreta que el sector público y la participación pública es sólo de ella; los demás no se sabe qué son, aparecen indefinidos, o son sector público de segunda división. Así pues, a la vista del proyecto de ley que mencionamos, y dada su trascendencia tanto en relación con las competencias propias de las comunidades autónomas como a las repercusiones que el mismo pudiera tener con el sector público de las comunidades autónomas, hemos realizado unas cuantas sugerencias en forma de enmiendas al articulado.
En nuestra opinión, hay dos maneras de enfocar las consideraciones en torno a este proyecto de ley. Una, desde una perspectiva conservadora, es decir, haciendo los mínimos cambios para una aplicación universal de la norma, una vez eliminados los hipotéticos atropellos competenciales (dicho entre comillas); y dos, desde una perspectiva más rupturista, haciendo, y obrando en consecuencia, que la norma sea sólo de aplicación estatal, para lo cual habría que volver a redactar casi en su totalidad el proyecto de ley para su aplicación a las comunidades autónomas. En las sugerencias que hemos realizado, a través de las enmiendas al articulado, se ha considerado una fórmula mixta que conjuga ambas perspectivas de la manera más coherente posible.
Confiemos, señores del Gobierno, señor Ministro, señor representante del Grupo Socialista, en trabajar con pausa y con rigor en la Ponencia, evitando las premuras y el stress que a todos nos producen situaciones como la negociación de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico; colaboremos conjuntamente en cumplir un gran objetivo de modernización del sector público y del papel de la Administración general en la actividad económica, pero con el debido respeto competencial, y todos quedaremos satisfechos, agradecidos y reconocidos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el proyecto de ley presentado por el Gobierno, por el que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, desde la perspectiva de Convergència i Unió tiene un doble objetivo. En primer lugar, posibilitar la privatización de activos de determinadas empresas públicas; y en segundo lugar, la posibilidad de retener en manos de la Administración, es decir, en manos del sector público, determinados poderes de decisión y control sobre dichas empresas, ya que la mayoría de ellas desarrollan actividades relevantes de interés público en la sociedad española.
Resumiendo, posibilitan la privatización de empresas de interés público, sometiéndolas a un estricto régimen de intervención pública, motivo por el cual

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el Grupo de Convergència i Unió va a presentar una serie de enmiendas al articulado para intentar mejorar y agilizar este proyecto de privatizaciones.
El objetivo perseguido por este proyecto de ley del Gobierno tiene aspectos concordantes con la proposición no de ley que presentó nuestro Grupo en la Comisión de Industria y que se aprobó por la mayoría de los grupos parlamentarios que formaban parte de la misma, por la que se instaba al Gobierno a presentar un plan de racionalización del sector público en un breve espacio de tiempo. Constaba de dos puntos fundamentales: en primer lugar, dentro de este plan el Gobierno debería de fijar los criterios que justificaran la presencia de empresas públicas en determinados sectores y la progresiva privatización de aquéllas en las que no fuera necasario su carácter público. En segundo lugar, también había un componente importante como era el de establecer un plan de competitividad del sector público que posibilitara la modernización y la mejora de su productividad.
Por lo tanto, no es de extrañar que en esta ocasión el voto de Convergència i Unió sea desfavorable a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para resumir nuestra posición, Izquierda Unida proponen su enmienda a la totalidad racionalizar y mantener el sector público empresarial. Estamos de acuerdo en racionalizarlo, por eso hemos presentado estas iniciativas parlamentarias, pero en modo alguno estamos de acuerdo en mantenerlo, pues no siempre será ésta la solución adecuada. El Estado no debe tener una vocación empresarial sino, todo lo contrario, una vocación de asistencia, y su actividad empresarial debe limitarse a aquellos intereses estratégicos que justifican la inversión o la intervención estatal para garantizar el cumplimiento de todos estos intereses. Por lo tanto, la posición del Grupo de Convergència i Unió va a ser la de votar negativamente la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gámir.


El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, quisiera empezar por decir que no compartimos las ideas en las que se ha basado la enmienda a la totalidad, es lógico; compartimos parte de algunas de las expresiones o de las ideas que hay detrás, por ejemplo, que el orden hubiera debido ser distinto: primero un estatuto de la empresa pública, sobre el que cada grupo planteara sus ideas, y después una norma tan concreta como ésta.
El representante del Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que lleva diez años votando en contra del estatuto de la empresa pública, y lleva razón, diez años y pocos más, porque hace doce o trece años, exactamente entre 1977 y 1982, y desde los Pactos de la Moncloa, en la época en que estuvo en la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista votaba siempre a favor del estatuto de la empresa pública. Es curioso que cuando se está en la oposición se vote a favor de algo que implica controlar al Ejecutivo en la práctica y que cuando se está en el Gobierno se vote en contra.
Aparte de esto, hay razones de fondo en el desacuerdo con la enmienda a la totalidad, pero por razones distintas podríamos haber votado, como es lógico, una enmienda de devolución.
Nosotros hemos decidido matizar nuestro grado de desacuerdo, porque hay normas del Gobierno con las que estamos de acuerdo, otras con las que estamos en profundo desacuerdo, y en ésta nuestro desacuerdo nos ha llevado a rozar la enmienda de devolución, pero hemos decidido no plantearla. ¿Por qué? Las razones son obvias. Este Grupo Parlamentario planteó en este Pleno para determinados casos la posibilidad de que existieran normas de control en el caso de privatizaciones. Lo hizo incluso desde que desde el Ministerio se empezara a hablar de la «acción dorada» u otros enfoques parecidos como el de esta ley, y por ello es estar de acuerdo con nosotros mismos decir que exista la posibilidad de determinados controles en los casos de privatizaciones; privatizaciones, dicho sea de paso, sobre las que el Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que pertenecen a otros grupos. Parece una contradicción con la declaración del señor Solbes de que en la época socialista se lleva un billón en privatizaciones, sin control y sin estatuto de la empresa pública.
También estamos de acuerdo con que esta forma de control, tras pensarlo detenidamente, se realice mejor por una autorización administrativa previa; con toda franqueza, porque así hay más claridad, más luz, más transparencia, y pensamos que, con el Gobierno socialista, el incremento de luz, de transparencia, es positivo. El decreto previo asegura esa mayor publicidad de lo que se va a hacer.
Por esas razones nos decidimos a no presentar la enmienda de devolución, aunque sin duda la suma de las enmiendas parciales que vamos a presentar configuran de hecho un texto alternativo. Formal y jurídicamente no presentemos un texto alternativo, pero es muy fácil deducir de las mismas el texto alternativo popular que resultaría. Por ejemplo, estamos en profundo desacuerdo con la ambigüedad de la ley y de ahí enmiendas de calado profundo que implican una filosofía distinta --filosofía mucho más europea, dicho sea de paso--; estamos en desacuerdo con el ámbito subjetivo de aplicación.
Es tremendamente discrecional, es poco concreto. Como es lógico, nosotros plantearemos mucha

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más concreción y mucha más discrecionalidad en el ámbito de aplicación a las empresas a las que puede aplicarse este sistema. Tenemos que estar también en profundo desacuerdo con cuándo pueden empezar a emanar estos decretos. La norma del Gobierno socialista es curiosa, casi divertida podríamos decir. Plantea que en el momento en que se venda un 5 por ciento, se puede poner en marcha el sistema del decreto y de la autorización. Esto es curioso. Una empresa cien por cien pública, que venda un 5 por ciento y que se quede con el 95 por ciento, además de tener el 95 por ciento, según esta ley, puede sacar decretos por los cuales tiene que autorizar los actos de los consejos de administración de las empresas en las que tiene el 95 por ciento. No es coherente. Es mucho más coherente nuestro enfoque de que se aplicara en el caso del artículo 42.1 del Código de Comercio, es decir, que cuando se pierda el control real, el control operativo de la empresa sea el momento en que se puedan aplicar estos decretos. Aquí existe una especie de indudablemente no de superintervencionismo sino de suma de intervencionismos innecesarios, como en este caso, casi divertido, en que con el 95 por ciento aún haya que aprobar los actos administrativos que emanen y no cuando se pierde el control efectivo de la sociedad.
También resulta curioso los actos que hay que autorizar porque, según la ley, los decretos que la desarrollen podrían exigir que se autorizaran actos administrativos, por ejemplo para la venta de algún bien mobiliario. Llevado el ejemplo al extremo de lo absurdo puede ser la venta de una silla, porque dice que cualquier activo puede estar incluido en la necesidad de que se autorice administrativamente su enajenación.
Nosotros, como es lógico, más coherentemente, planteamos que sea para aquellos activos que son básicos para el objeto social de la empresa.
Luego, encontramos una fórmula realmente curiosa y es que cuando con cualquier enajenación resulte que quien la compra tiene más de un 5 por ciento de la empresa, directa o indirectamente, en diversos momentos del tiempo, a través de fiduciarios, en cualquier forma, es necesario que el Gobierno dé autorización. Esto, dicho sea sin acritud, es querer quedarse con el dinero y el poder, y del tema del poder en la empresa pública ya se ha discutido alguna vez en esta Cámara.
Si se puede vetar a cualquier persona que se considera poco amistosa para el Ministro o el Gobierno de turno, al final, estarán aquellos más complacientes y con los que se puede pactar incluso la dirección de la empresa. No es éste el sistema lógico porque, además, es un sistema que puede hacer caer el valor de estas acciones en los mercados, hacer caer el valor de acciones de algo que son como joyas de la Corona, en palabras de otro Ministro de este Gobierno, pertenecientes a todos los españoles, y con esta norma se verían desvalorizados los activos de los que son propietarios.
En nuestro caso lo que planteamos es una alternativa mucho más europea y es eliminar la norma de que tenga que existir autorización administrativa para ventas del 5 por ciento, desconocida en el Derecho comparado, y recogemos ciertas ideas del Derecho comparado, de tal forma que en ciertos casos, cuando la inversión extranjera pueda llegar a más del 25 por ciento, se necesite autorización, o que cuando en ciertos casos una inversión privada llegue a más del 15 por ciento, cuando se trate de situaciones monopolísticas, pueda haber autorización.
De hecho las enmiendas son de tal profundidad que implican un proyecto alternativo y, como tal, tampoco podemos votar en contra de la enmienda de devolución, porque sería como decir que estamos de acuerdo con el fondo de esta ley, con la que en realidad estamos en profundo desacuerdo. Entre la postura estadista --digamos-- del Grupo de Izquierda Unida y la postura superintervencionista, hasta ese caso curioso que quizá tiene algo que ver con las contradicciones internas de un partido cuya historia ideológica no va por las privatizaciones y cuando se ve ante ellas se encuentra con tantos problemas de tensiones internas para realizarlas que tiene que llegar al grado de plantear una norma que en algunos casos resulta casi curiosa, es casi un curioso espectro legal que plantean, ante ello parece que ni un enfoque ni otro.
Convendría un enfoque europeo, un enfoque de los que existen en el entorno de los países que han planteado normas sobre la posibilidad de control ex post de las participaciones de empresas públicas que se privatizaban, y en ese contexto es en el que nosotros vamos a formular las alternativas a esta ley.
Por ello, siendo coherentes con esa posición, parece que lo más lógico es abstenernos, tras explicar las razones de ello, en la votación de esta mañana.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gámir.
Vamos a proceder a la votación.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley por la que se regula el régimen jurídico en caso de enajenación de participaciones públicas de determinadas empresas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 12; en contra, 161; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


--DICTAMEN DE LA COMISION NO PERMANENTE SOBRE INTERVENCION DEL BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (BANESTO) (Número de expediente 153/000002)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en el punto décimo del orden del día: dictamen de la Comisión no permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito (Banesto).
Para presentar el dictamen en nombre de la Comisión, tiene la palabra el señor Muñoz.


El señor MUÑOZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde presentar el dictamen de la Comisión no permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito.
Creada el 24 de febrero, su objeto ha sido el seguimiento de las actuaciones de los organismos e instituciones públicas en relación con la intervención del Banco Español de Crédito por el Banco de España, así como el conocimiento de la situación provocada por la gestión de aquella entidad financiera respetando el principio del secreto bancario; es decir, no se ha tratado de una comisión de investigación, sino de una comisión de estudio, que ha funcionado con presencia de representantes de los medios de comunicación y que, de forma íntegra, ha visto publicados sus trabajos en los correspondientes «Diarios de Sesiones». La Comisión, pues, no ha sido secreta, no ha tenido un carácter omnicomprensivo ni exhaustivo, sino lo suficientemente selectivo y riguroso para poder cumplir a satisfacción de sus integrantes el mandato encomendado por la Cámara.
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión ha contado, además de con las aportaciones realizadas en las 44 comparecencias celebradas de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, con una importante, valiosa y abundante documentación, cuya relación consta en el anejo segundo del dictamen.
De alguna manera se ha seguido el consejo de uno de nuestros más ilustres pensadores, que jamás se debe discurrir de producción alguna sin tenerla presente y enterarse bien de lo que es, pues las especulaciones abstractas, cuando no se fundan en el conocimiento real y analítico, están expuestas a notables yerros. En la Comisión, que, entiendo, ha sido ejemplo de comprensión, se ha seguido un método inductivo que ha permitido, con la mayor sencillez, un conocimiento progresivo y suficiente de una cuestión objetivamente extensa y compleja.
En cuanto a la labor de seguimiento en las instituciones, y una vez producidas en la Comisión de Economía y Hacienda las comparecencias del Ministro de Economía, del Gobernador del Banco de España, del Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las que se explicaron las motivaciones de la intervención, la Comisión consideró oportuno que los representantes de estas instituciones informaran con carácter previo a cualquier noticia o hecho relevante que se fuera produciendo en relación con la intervención.
Así, la Comisión entendió necesario, para cumplir con su deber de seguimiento en tiempo y momento útil, conocer el plan de saneamiento y recapitalización del Banco antes de la celebración de la junta general de accionistas de Banesto, y las condiciones de la subasta de las acciones antes de que aparecieran publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» --para poder aportar, en su caso, las consideraciones oportunas-- y de la manera más inmediata posible el resultado de la misma. Finalizada esta fase, la Comisión centró los trabajados en la situación provocada por la gestión, para finalizar con la redacción del informe.
Explicitados estos extremos en relación con el ámbito, características, método y programación de la Comisión, el dictamen aborda, en primer lugar, el seguimiento de las instituciones públicas en relación con la intervención.
El 28 de diciembre de 1993, habiendo quedado establecido que el Banco Español de Crédito se encontraba en una situación de insolvencia patrimonial, en aplicación de la normativa vigente y dándose el supuesto de excepcional gravedad establecido en el artículo 31 de la Ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, de 29 de junio de 1988, el Banco de España acordó la sustitución provisional de los administradores de Banesto. La situación de extrema gravedad, evaluada por la Inspección del Banco de España, fue confirmada por los administradores provisionales y por el informe de auditoría, que cifraron los ajustes necesarios a 31 de diciembre de 1993 en 605.000 millones de pesetas, cifra ratificada por la junta general de accionistas del Banco.
En definitiva, el Banco de España, tan pronto hubo identificado, tras una inspección ardua y laboriosa, el estado de insolvencia patrimonial de Banesto, y una vez perdida la confianza en unos gestores que habían conducido a la entidad a una situación extremadamente crítica, actuó en apoyo del Banco, de sus depositantes, de sus accionistas y de sus acreedores para paliar las consecuencias de la quiebra y preservar la estabilidad del sistema bancario y de pagos.
En grave deterioro de Banesto se produce en el período que abarca la gestión de los administradores destituidos, pues el Banco estaba básicamente saneado al finalizar el año 1989, de acuerdo con las conclusiones de la inspección de 1990 y de las propias manifestaciones de los gestores de la entidad, que en la memoria del ejercicio de 1990 se congratulaban de haber finalizado

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con éxito una etapa centrada principalmente en el saneamiento del Banco.
La Comisión ha constatado que el Banco de España, en cumplimiento de las funciones de supervisión e inspección encomendadas por la normativa vigente, llevó a cabo actuaciones preventivas de forma permanente, intensificando su ritmo y su alcance tan pronto apreció indicios de deterioro en el funcionamiento de la entidad, cursó escritos de advertencia y requerimientos de diversos contenidos, exigió, en noviembre de 1992, la adopción de un programa de saneamiento y facilitó su ejecución cuando la situación que el Banco de España había podido conocer no era todavía de excepcional gravedad, con un plan que contenía un programa de desinversiones, un saneamiento del activo y una recomposición de los recursos propios con una ampliación de capital no menor a los 130.000 millones de pesetas.
También ha podido constatar la Comisión que los escritos dirigidos por el Banco de España a Banesto entre noviembre de 1992 y diciembre de 1993 llamaron la atención sobre las dificultadas halladas por la inspección por falta de cooperación e información; insistieron en la necesidad de una adecuada clasificación de los riesgos; cancelaron una facilidad especial de financiación abierta en noviembre de 1992 para afrontar dificultades de tesorería al haber incumplido los gestores con sus compromisos de reducción de la inversión crediticia; reiteraron las demandas de información sobre la estructura de empresas del grupo Oasis y sobre su situación económica y financiera; conminaron a reclasificar adecuadamente a dudosos una serie de créditos; requirieron ajustes a la baja en la cuenta de resultados y en la declaración de recursos propios consolidados al cierre de 1992, concluyendo que las situaciones e irregularidades expuestas revelan un funcionamiento inadecuado de los órganos de gestión y control de Banesto que el Banco de España no puede dejar de subrayar. Mención especial, decía el escrito remitido el 6 de septiembre de 1993, merece la existencia de sociedades interpuestas no incluidas en los estados consolidados, que impiden un reflejo fiel de la situación patrimonial y financiera del Grupo Banesto y dificultan su supervisión.
A pesar de la intensa actuación del Banco de España a lo largo de 1992 y 1993, dirigida a establecer la situación de Banesto, la falta de reflejo en cuentas de la realidad financiera y patrimonial de la entidad y la obstrucción a la labor de inspección dificultaron la identificación de la situación, que no quedó establecida hasta finales de 1993.
Especialmente relevante es el hecho de que, tras reiteradas demandas por el Banco de España para que adoptase las medidas que garantizasen un tratamiento de los riesgos de acuerdo con lo establecido en la circular del Banco de España 4/1991, e implantar una aplicación informática para el tratamiento de los deudores dudosos, se descubrió, después de la sustitución de los administradores, que Banesto disponía de un sistema de seguimiento informático para su contabilización, y que, en lugar de haberlo integrado en los elementos de clasificación y dotación automática previstos en la circular, se manipuló a conveniencia para alterar la cuenta de resultados y los balances.
Nombrados los administradores provisionales del Banco y conocida la magnitud del quebranto patrimonial, el 28 de enero de 1994 el Presidente de la Asociación Española de la Banca, los Presidentes de los Bancos Central Hispano, Bilbao Vizcaya, Argentaria, Santander, Popular y Español de Crédito propusieron, por unanimidad, al Gobernador del Banco de España un plan de saneamiento y recapitalización de Banesto. Dicho plan, considerado como un todo indivisible, fue aprobado por el Banco de España, por el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y conocido por la propia Comisión de estudio, que también se manifestó conforme. El plan ha supuesto saneamientos con cargo a Banesto por 320.000 millones de pesetas y de 285.000 millones con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, más 41.000 millones de pesetas del valor actualizado de un crédito del propio Fondo, a cuatro años, por importe de 315.000 millones de pesetas.
El plan, cuyas elevadas magnitudes expresan hasta qué punto el saneamiento del Banco excedía ampliamente lo que Banesto podía lograr con sus propias fuerzas, siguió, de modo riguroso, un calendario estricto, en el que se pretendía acortar lo más posible el proceso dada la situación de la entidad y la necesidad de eliminar elementos de incertidumbre a clientes, accionistas y personal del Banco. Este calendario culminó con la colocación de la ampliación del capital social por 180.000 millones de pesetas, suscrita por el Fondo de Garantía de Depósitos a través de un proceso de adjudicación al mejor postor en precio, proceso que fue detenidamente examinado por la Comisión, sin que ésta señalara objeción o necesidad de corrección alguna.
Como es conocido, la mejor oferta fue la del Banco de Santander, y supuso un ahorro para el Fondo de Garantía de Depósitos de 132.458 millones de pesetas, con lo que el coste de la operación ascendió a un total de 192.542 millones de pesetas, a repartir por mitad, según la composición del Fondo, entre el Banco de España y la comunidad bancaria.
Por todo ello, en cuanto a las actuaciones de los organismos e instituciones públicas dirigidas a la normalización de Banesto, la Comisión, como ya señaló en la declaración aprobada por unanimidad el 1 de junio de 1994, valora positivamente el proceso seguido por su transparencia, celeridad y eficacia, un proceso que ha puesto de manifiesto, por una parte, la idoneidad del marco legislativo, que atenúa los inasumibles correctivos

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que impondría el mecanismo del mercado y, por otra, la solidez del sistema financiero español.
De forma especial resalta la eficacia en todo el proceso, que consiguió reducir considerablemente el coste de la crisis para el conjunto de la sociedad española, habiendo supuesto la aportación final de fondos públicos 96.000 millones de pesetas, tras haberse producido un quebranto, recuerdo, de 605.000 millones de pesetas.
En cuanto a la situación provocada por los administradores sustituidos, la Comisión considera que los problemas que condujeron a la entidad a una situación de insolvencia patrimonial se derivan de una combinación de mala gestión, prácticas irregulares, ocultación de información e incumplimiento de la regulación prudencial y contable, todo ello potenciado por una estructura de gobierno de la entidad caracterizada por una fuerte concentración de poder de decisión y control en su principal ejecutivo y por un consejo incondicional que incumplió su deber de vigilancia, lo que condujo a un conflicto grave y creciente entre los intereses de los gestores y de los accionistas, depositantes y trabajadores del Grupo Banesto.
Uno de los errores más graves de su política fue la fuerte expansión crediticia en un período en el que la mayoría de las entidades bancarias españolas actuó con razonable prudencia ante los indicios de recesión económica. Así, el crecimiento de los créditos de Banesto en el período 88/1991 fue del 90 por ciento, frente al 42 por ciento del resto de la gran banca.
Esta estrategia de crecimiento a ultranza, impuesta por el sustituido equipo de gestión, conllevó al desarrollo de una política crediticia equivocada, imprudente y temeraria, que la Comisión considera como una de las causas fundamentales del deterioro patrimonial y, en consecuencia, de la crisis de Banesto.
Otro componente del deterioro patrimonial del Banco fue la elevada concentración de riesgo crediticio y de cartera en su grupo de empresas. La estrategia seguida convirtió al grupo industrial en una fuente de beneficios inmediatos que reducían a la larga la rentabilidad de las participaciones y las hacían más arriesgadas. Así, Banesto se fue desprendiendo de las más rentables y atractivas: grupo cementero, Petromed, Acerinox, La Unión y el Fénix, etcétera, con el fin de obtener beneficios extraordinarios, al tiempo que adquiría otras de menor calidad, en ocasiones a cambio de acciones del propio Banesto. Además, realizó operaciones intragrupo para revalorizar los activos y generar beneficios ficticios. Dado que la normativa vigente impide que estas operaciones tengan reflejo en los resultados y recursos propios del grupo consolidado, los gestores de Banesto soslayaron este impedimento a través de sociedades situadas fuera del grupo consolidable, con financiación otorgada por vías indirectas o con opciones de recompra sin reflejo contable. Todo ello produjo un deterioro final del valor de las participaciones, una fuerte caída de la rentabilidad y elevadas pérdidas para la entidad.
Factor negativo en la gestión de Banesto fue también la política expansiva de los gastos de explotación y de los gastos generales en imagen y publicidad. La Comisión considera, por otra parte, que la personalización de la estructura de gobierno de Banesto en torno a su presidente, con una estrategia que subordinaba el interés de la entidad al suyo personal, explica, entre otras decisiones, las fuertes inversiones en el sector de medios de comunicación; inversiones que son consideradas al negocio bancario y que han producido fuertes pérdidas al grupo. La concentración de riesgos que alcanzó Banesto en este sector ascendió a 70.000 millones de pesetas, realizándose las participaciones, en ocasiones, a través de sociedades interpuestas, pignoración de acciones, créditos impagados, opciones obligatorias de compra y otras prácticas operativas, con lo que se perseguía no dejar rastro de esas operaciones en el balance del Banco y soslayar la normativa vigente relativa a límites de participación en determinados medios.
Respecto a los riesgos crediticios correspondientes a las empresas y profesionales de los medios de comunicación, hay que subrayar la opacidad con que se ha encontrado la Comisión para su conocimiento.
Particular relevancia tienen las actuaciones de los destituidos gestores de Banesto dirigidas a enmascararlas malas prácticas bancarias y ocultar sus consecuencias. En este sentido destaca la creación y utilización de una estructura de grupo opaca, con profusión de sociedades instrumentales, domiciliadas con frecuencia en los denominados paraísos fiscales; el intercambio de paquetes de acciones con empresas de escasa rentabilidad para reforzar la situación formal de recursos propios a costa del deterioro de la rentabilidad; la política de resultados meramente contable, sin respaldo real, cuyas manifestaciones más significativas fueron reflejar beneficios por operaciones ficticias sin auténtico contenido económico, tales como ventas intragrupo o ventas a terceros, que realmente eran financiadas por Banesto y, asimismo, contabilizar como resultados típicos lo que en realidad eran resultados atípicos. De esta política se derivaron elevados riesgos y quebrantos para el Banco, beneficios injustificados para terceros y la descapitalización de Banesto y su corporación industrial.
Los grupos con los que se realizaba este tipo de operaciones fueron, entre otros, Oasis, Dorna, Hachuel y Euman-Valyser, a los que se alude explícitamente en el dictamen. Con estos grupos Banesto tomó participaciones, estableció pactos de recompra, concentró riesgos crediticios y llevó a cabo operaciones que produjeron elevados beneficios a dichos grupos en detrimento de Banesto. En comparecencia ante la Comisión, el presidente

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de uno de ellos reconoció beneficios en dichas operaciones en torno a los 15.000 millones de pesetas.
La Comisión ha estudiado determinadas operaciones sobre las que no se conocen los destinatarios últimos de las mismas y que dieron lugar a desviaciones de fondos del Banco. En el caso de Agencia Trust, se trata de una transferencia ordenada por el ex presidente de Banesto en 1990 a esta sociedad para pagar, en un banco suizo, ocho millones de francos suizos, equivalentes a 600 millones de pesetas. Sobre esta operación, su concepto y destinatarios ha habido, por parte del ex presidente, ambigüedades e insinuaciones que han arrojado dudas sobre la posible implicación de partidos políticos o instituciones. La Comisión trató de esclarecer el concepto y los destinatarios últimos de la operación, sin que ello fuera posible. También las actuaciones de los actuales administradores de Banesto para conocer todos los hechos han sido infructuosas, reclamándose la ayuda judicial para ello.
La Comisión ha corroborado también la imputación del Banco de España a los anteriores administradores respecto a la existencia de permeabilidad entre los patrimonios de las sociedades del Grupo Banesto y los patrimonios de sociedades vinculadas a personas que formaban o habían formado parte del anterior consejo de administración, que conllevó importantes beneficios para estos grupos y las consiguientes pérdidas para la Corporación Industrial y Financiera Banesto y sus accionistas.
En definitiva, del análisis realizado por la Comisión de estudio sobre la intervención del Banco Español de Crédito se constata que las causas de la crisis de la entidad y su grupo de empresas son imputables a la gestión llevada a cabo por los administradores sustituidos por el Banco de España. Esa gestión estuvo caracterizada, entre otros extremos, por reglas inadecuadas de gobierno, abusos potenciados por la situación dominante de los administradores y la realización de prácticas irregulares. Dichas prácticas se reflejaban en graves deficiencias de control interno, en la falta de transparencia, en actuaciones dirigidas a enmascarar la gestión bancaria y ocultar sus consecuencias y en decisiones que beneficiaron a personas y sociedades, entre ellas sociedades vinculadas al ex presidente de la entidad en detrimento de los intereses del Grupo Banesto. En particular, deben resaltarse, como hechos de mayor gravedad, las irregularidades contables, la ocultación de información y la obstrucción a la supervisión de las instituciones financieras, en cuanto vulneraron normas que tienen como objetivo el buen funcionamiento de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero dentro del Estado de Derecho.
En el capítulo de valoraciones y sugerencias --que es donde se ha producido un mayor esfuerzo de aproximación entre los miembros de la Comisión--, la Comisión considera que el marco legal supervisor se ha mostrado, en general, satisfactorio.
Sin embargo, la Comisión, con el objetivo de mejorar el sistema de prevención de las crisis bancarias, considera conveniente realizar el oportuno estudio y eventual reforma de la actual normativa en lo relativo a: Primero, mejorar la operatividad interna de los consejos de administración, reforzando su papel como colegio y el de los consejerosindividualmente considerados, introduciendo mecanismos que les aseguren el pleno conocimiento de la situación de las entidades. Segundo, asegurar la transparencia y control de la gestión del consejo y los accionista. Tercero, perfeccionar y desarrollar los mecanismos correspondientes a los trabajos de auditorías.
Además, la Comisión estima oportuno completar los tipos penales específicos y agravar las penas actuales, en orden a la exigencia de posibles responsabilidades de aquellos gestores que antepongan sus intereses propios a los de la sociedad, o que no ejerzan una adecuada acción de control sobre aquéllos, incluso en el caso de los consejeros no ejecutivos. En todo caso, deberán estudiarse o reconsiderarse situaciones que supongan falsear las cuentas anuales, adoptar acuerdos abusivos con ánimo de lucro personal y en perjuicio de los demás, o hacerlo con abuso de firma en blanco, por mayoría ficticia o con abuso de confianza; negar o impedir el ejercicio de los derechos sociales de información, participación y control, así como el acceso a la información de los supervisores en los casos de sociedades o mercados sujetos a la supervisión administrativa.
La Comisión considera que deben llevarse a cabo todas las acciones pertinentes al objeto de compensar, en la mayor medida posible, la contribución realizada por organismos públicos al plan de saneamiento de Banesto. En este sentido, se insta al Fondo de Garantía en Establecimientos Bancarios a proceder por la vía que estime más conveniente. La Comisión acuerda también poner a disposición del Fiscal General del Estado la documentación que ha conocido y estudiado, que se relaciona en el anejo Segundo del dictamen, los «Diarios de Sesiones» de las comparecencias celebradas, así como el propio dictamen emitido.


El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, le ruego vaya concluyendo.


El señor MUÑOZ GARCIA: Finalmente, la Comisión expresa su reconocimiento a la contribución y esfuerzo colectivo de la sociedad española en la superación de la crisis de esta entidad bancaria, que ha puesto de manifiesto la solidez del sistema financiero español y la eficacia de sus instituciones, y ha acrecentado el prestigio y la autoridad del Banco de España en su función de garantizar el funcionamiento del sistema de pagos y preservar la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario.
Por último, señor Presidente, entiendo obligado agradecer cumplidamente a los miembros de la Comisión

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su excelente labor y dedicación para cumplir el mandato de la Cámara. Han sido, como sugieren nuestros clásicos, rigurosos con la realidad, lógicos en el razonamiento y libres en el pensamiento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Muñoz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, concluimos en este acto los trabajos de una Comisión, que, como los de la Comisión Rubio, de alguna forma han sido paradigmáticos respecto a los temas que correspondía analizar, las conductas de personas que se mostraban en la propia sociedad como ejemplares y a las que, con ejemplaridad, han tenido que poner en su sitio los resultados de los trabajos de la Comisión.
La Comisión ha tenido dos partes: una primera, de seguimiento de la intervención, y, otra segunda, de análisis de las causas de la intervención. La primera parte, fruto de un escándalo dentro del sistema financiero y para el propio sistema financiero, que supuso un grave perjuicio para los accionistas minoritarios y depositantes que causó inseguridad en un sector básico, sostén de la economía española, donde, además, radica la principal referencia internacional de nuestra economía. La intervención fue, a nuestro modo de entender, correcta y, vista desde la perspectiva actual, necesaria, cosa que creo hoy nadie pone en duda. En un país acostumbrado de alguna forma a la actuación rápida, y muchas veces chapucera, se puede decir que en esta intervención ha habido un modelo de actuación profesional, disciplinado, realizado con dedicación, trabajo y oficio, demostrado además por el equipo interventor, que se ha producido desde el Banco de España y desde el propio equipo que entró en Banesto con transparencia en la actuación y con coordinación con la institución financiera principal, que es el Banco de España.
El resultado es que hoy tenemos un banco nuevo; los accionistas y depositantes, fundamentalmente los minoritarios, tienen más garantías, existe y se mantiene credibilidad para el sistema financiero, que también ha entrado en revisión, y se ha producido una clara advertencia sobre determinados estilos de gestión y dirección empresarial y sobre la forma de entender el poder, que afecta al ámbito privado y al público, y que exige un cambio de actitud en la forma de hacer la economía y de manejar e instrumentalizar ese poder.
Hay también una advertencia a la Administración sobre el olvido y abandono de sus funciones de control y protección de los derechos y bienes de personas, sobre sus coqueteos con determinados poderes económicos y sobre su inmadurez e irresponsabilidad al no mantener las debidas distancias y dignidad frente a estos poderes y olvidar la representación de los ciudadanos. En este cuadro y en este marco quiero situar los demasiados miramientos que han existido en una determinada etapa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del propio Banco de España.
La segunda parte del trabajo de la Comisión se refiere al estudio o análisis de las causas y conductas que dieron motivo a la intervención. Para manifestar mis criterios y opiniones recurriré a sintetizar un documento objetivo aprobado por unanimidad en la Junta general de Banesto, celebrada en abril del presente año, que es la demanda social de responsabilidad contra el anterior consejo de administración. Al tiempo, quiero salir al paso de algún plumilla ilustre que arremete frívolamente contra el trabajo y conclusiones de esta Comisión, en un afán de cargar responsabilidades en el Gobierno, instituciones y personas, sacando la cara por el señor Mario Conde personalmente bajo la apariencia de publicaciones críticas, más propias de una prensa económica del corazón que de una prensa objetiva. Son maniobras de distracción, de eludir, por intereses inconfesables o al menos no claros, apuntar a los verdaderos responsables, porque, no nos engañemos, aquí no estamos ante un tema que resulte neutral.
Paralelamente a la actuación de la Comisión y coincidiendo con esta segunda fase, se ha producido un trabajo de imagen, de lavado de cara, de hacer olvidar y confundir hechos y conductas recientes para devaluar y en algún caso intentar ridiculizar a los comisionistas, al trabajo de la Comisión y a las propias comparecencias en la Comisión. Sucedió con el caso Mariano Rubio y ha vuelto a repetirse en este caso. Pero la realidad es machacona, la verdad se impone y las actuaciones publicitarias se han vuelto contra sus propios autores o instigadores, poniendo de manifiesto sus propias vergüenzas.
Por ello nada mejor que recurrir a las palabras y argumentos de los afectados a quienes por lo menos se les supone el derecho a recuperar su patrimonio.
Las actuaciones en Banesto supusieron, en primer lugar, un grave daño a la sociedad. El daño causado por el Consejo de Administración, presidido por don Mario Conde, es tan excepcional y tan de extrema gravedad que ha colocado a una institución financiera tan antigua y prestigiada en el sistema financiero español pura y simplemente en una situación de quiebra que hubiera determinado la desaparición del banco citado si no fuera por las importantes ayudas públicas que, en virtud del plan de saneamiento aprobado por el Banco de España, se han articulado y llevado a la práctica.
Banesto se ha visto seriamente afectado en el prestigio en el desenvolvimiento de su actividad y su credibilidad ante la comunidad inversora nacional e internacional, lo que ha ocasionado el deterioro público de su imagen y su buen hacer; además, la ganancia dejada

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de obtener, el denominado técnicamente lucro cesante, como consecuencia, entre otros, de la pérdida de pasivo, de la capacidad de atracción y de inversores y de la desconfianza provocada en el propio banco. Por otra parte, el incumplimiento por parte de los administradores de sus propias obligaciones, que consideramos es una responsabilidad de los administradores haber cumplido precisamente sus obligaciones, como exige el artículo 133.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas: Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo. No quiere ello decir que el administrador tenga que obtener siempre un resultado positivo, sería rídiculo, pero su obligación consiste en desarrollar un comportamiento diligente en la gestión social, de forma que su actuación sea apta precisamente porque ha sido diligente para producir un beneficio. Es precisamente a partir de este deber de diligencia y como expresión de su cumplimiento, que el administrador está obligado al ejercicio de las funciones o competencias de gestión en la representación --y representación social-- que le corresponde dentro del marco de la ley y de los estatutos de la sociedad, así como a todas aquellas que deriven del propio deber general de actuar diligentemente, cuya concreción vendrá dada por el propio objeto social y que, en síntesis, son una ordenada actuación empresarial y una representación leal.
Corresponde pues a los administradores de una sociedad anónima la obligación de actuar en consecuencia y adoptar cuantos acuerdos fueran necesarios para restablecer la situación patrimonial de la entidad que gestiona; es una responsabilidad particular. No adoptar los acuerdos oportunos e insistir en el ocultamiento de la situación real de la entidad, como parece ser caso claro de los antiguos administradores de Banesto, implica una grave dejación de las obligaciones que como diligentes administradores debieran haber asumido y ha supuesto poner en peligro la propia existencia del Banco.
Por otra parte, se han constatado también conductas y políticas absolutamente contrarias al deber de diligencia exigible a un gestor y a un gestor bancario en particular.
Políticas de actuación seguidas en áreas básicas de la gestión del Banco como el elevado crecimiento del negocio, en los gastos de explotación, en las inversiones permanentes, en la concentración de riesgos, en el control accionarial y autocartera, además de otras áreas, como han sido de alguna forma siempre puestas en evidencia por los servicios de inspección del propio Banco de España. De ahí han derivado los grupos fracasos que han contribuido a colocar a la entidad en una situación patrimonial de excepcional gravedad. A ello hemos de añadir la opacidad y la labor obstruccionista que ha caracterizado el actuar de los ex administradores de Banesto en sus relaciones con el propio Banco de España, lo cual es una muestra más del «modus operandi», contrario al deber de diligencia, y que se traduce en el grave extremo de ocultar la realidad patrimonial a los accionistas y al mercado en general.
Entre las causas enumeradas y la situación final existe una relación de causalidad. La responsabilidad de los administradores es la relación de causalidad entre el incumplimiento de sus obligaciones y el daño sufrido por la propia sociedad. No cabe argüir que han concurrido circunstancias objetivas ajenas a la voluntad de los propios administradores --demandados actualmente--, que han contribuido al fracaso a que venimos haciendo referencia. Muy al contrario, precisamente en situaciones de crisis, como la que atravesaba en los últimos años la banca en general, es cuando se ha de acentuar el deber de diligencia, cuando se ha de poner especial cuidado en la gestión de un patrimonio y de unos intereses que, en definitiva, son ajenos, y lo vengo subrayando durante toda la intervención, a quienes los administran.
En esta situación en especial, y en la especial coyuntura económica que se estaba atravesando, es cuando el deber de diligencia tiene que operar con mayor rigor, excluyendo políticas tan agresivas e imprudentes como las desarrolladas, sin una adecuada valoración y asunción de los riesgos, sin políticas de gestión de explotación que pasan por un incremento desproporcionado de los gastos en relación con la media del sector.


El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego concluya.


El señor ALBISTUR MARIN: Sí señor Presidente.
En este sentido, al resumir finalmente el efecto global de las distintas políticas seguidas por los administradores de Banesto, el análisis de las gestión que resulta de los informes y actas del Banco de España no puede ser más demoledor y expresivo. La demanda social concluye sintetizando y enumerando 17 constataciones de actuaciones que contribuyeron al deterioro de la entidad financiera y ratifican una gestión negligente que ha sido precisamente la causa de la situación de excepcional deterioro, directamente imputable a sus gestores, y que ha motivado el acuerdo de sustitución de administradores adoptado por el Consejo Ejecutivo del Banco de España el pasado 28 de diciembre.
Para finalizar, quisiera subrayar el destacable papel que juega el Parlamento, a través de esta Comisión, en su función de protección y defensa de los derechos y patrimonio de los ciudadanos; en su función de denuncia pública de conductas creadoras de graves conflictos y crisis sociales que ponen en peligro aspectos básicos de la economía; en su función de garantizar actuaciones

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imparciales frente a intereses particulares o de grupos de poder, que utilizan resquicios legales para sus propios intereses y su enriquecimiento personal. También en su función de controlar y ratificar actuaciones institucionales cuyo fin es restituir los derechos ciudadanos conculcados y garantizar que no se repitan en el futuro situaciones que ponen en peligro bienes y patrimonios de individuos y colectivos más débiles. También en su función de reconocer que el único poder es el que dimana de la representación popular que este Parlamento tiene y que, además, en su nombre legisla. No existe otro poder privado o público que pueda alterar las relaciones sociales o económicas legítimamente establecidas.
Las actuaciones de esta Comisión --como referencia también paradigmática a la Comisión Mariano Rubio-- deben constituir una advertencia para toda conducta que amparándose en la aparente impunidad que da el llamado poder económico pretenda dominar con ese poder económico e influir en el poder político, siempre en busca de intereses particulares y no del bien general.
Pero también hay que destacar que estas comisiones de investigación devuelven al Parlamento el prestigio que le corresponde. Una vez concluidas las tareas de esta Comisión, como en su momento la de Mariano Rubio, se puededecir que la democracia ha madurado y que los ciudadanos pueden confiar en las instituciones que eligieron. Ha quedado claro que el juicio político alcanza a todos y que aquí no se salva nadie, a excepción de la ley, la conducta recta y el derecho de los propios ciudadanos.
Para finalizar, quiero reconocer el trabajo realizado, la colaboración obtenida del actual equipo gestor de Banesto, posteriormente del Presidente del Banco de Santander, de la entidades e instituciones que aportaron información, de las personas que contribuyeron con sus comparecencias en la Comisión a aclarar todas las dudas y consultas que la misma les hubo planteado; resaltar el trabajo en la Comisión, sobre todo el consenso en la forma de trabajar y en las conclusiones. Que sirva, ojalá, como modelo para otras actividades de investigación y estudio en el propio Parlamento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albístur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, dentro de la brevedad de mi intervención, dado que nuestros principios fundamentales ya los dijimos y constan en el «Diarios de Sesiones» de la Comisión celebrada hace escasamente dos fechas, Coalición Canaria hace suyo íntegramente el contenido de este informe que la Comisión no permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito, por el Banco de España, presenta ante la Cámara en este momento.
Nosotros queremos hacer una valoración desde el punto de vista de la propia responsabilidad de la Comisión dentro de este Parlamento. No cabe duda que en la intervención por el Banco de España de una entidad de crédito de la envergadura de Banesto, entidad, en primer lugar, privada, en un mundo regido por unas leyes y unas normas encuadradas fundamentalmente en el marco de lo mercantil y de lo financiero, si hay ahí cualquier juego de intereses, legítimos o no, una comisión parlamentaria tiene que defender los legítimos intereses del Estado. Esta Cámara, con responsabilidad ante la ciudadanía española, ante los poderes financieros nacionales o internacionales, tiene que defender un bien de Estado, que es el sistema financiero español.
Eso tiene que quedar claro para que no se trata de sesgar el alcance o los motivos del contenido de este informe; informe que elabora una Comisión de estudio, este informe que elabora una Comisión que ha trabajado con la asistencia de medios de comunicación social, los periodistas. La Comisión, como aquí se dice, no ha realizado un estudio omnicomprensivo; la Comisión aquí trae al final, lo que valora Coalición Canaria para dar su apoyo, el conocimiento de unos hechos que son los que ella ha obtenido. No se han manejado ni extrapolado juicios de valor ni datos externos a los que ha conocido la Comisión. La opinión pública española, a través de distintos medios informativos, o lo que se haya dicho en determinados círculos de intereses legítimos sobre este problema, no los ha tratado ni los ha conocido. Por tanto, sus conclusiones están en razón de las premisas, de los datos que ha conocido la Comisión y que obran relacionados en los anexos.
Por tanto, el informe desde cualquier actitud que se quiera --económica jurídica política o de intencionalidad-- tienen que valorarse en razón de lo que nosotros, como Comisión, podríamos llamar carga de la prueba, que son los datos que figuran en los anexos. Esto es muy importante para salvaguardar un principio de dignidad que estaComisión ha añadido al principio de la libertad parlamentaria para defender un legítimo interés de Estado.
Esta Comisión no tiene por qué actuar de causa defensora en temas que se tienen que ventilar en los juzgados correspondientes y competentes; esta comisión no tiene por qué ventilar ni defender conductas que tienen otras instancias donde han de exigirse las responsabilidades pertinentes. Pero también --a juicio de Coalición Canaria-- esta Comisión pide la lectura no solamente por activa sino por pasiva del dictamen en una prudencia de respeto por un bien y un interés de Estado que hace la Comisión al asumir esta responsabilidad.
No podemos dinamitar todo lo que es un sistema de valores, en este caso, el sistema financiero y bancario español, donde está funcionando el principio de confianza que se exige para todos los inversores, para todos los cuentacorrentistas, para todos los depositantes que existen en el sistema bancario español.


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Digo esto porque se tiene que hacer también una lectura no solamente por activa sino por pasiva para que la hagan otras instituciones y para que se tienten la ropa determinadas figuras, personas físicas o jurídicas, porque la Comisión al final de su informe propone algo importante que son una serie de medidas legislativas de corrección para evitar en el futuro el uso o abuso de prácticas incorrectas, de aprovechamiento de artificios financieros que, no pudiendo o no estando contemplados en su regulación por la actual legislación, han permitido a determinadas personas la búsqueda de caminos para conculcar de manera discreta y elegante la actual legislación.
Este debe ser un mensaje para todas aquellas entidades que realizan, por ejemplo, la práctica del aparcamiento de cartera de acciones mediante el uso de sociedades interpuestas o sociedades financieras dentro y fuera de España. Sepan que ya hay una conciencia política nacida en este Parlamento para ir en persecución de esas actuaciones y de esos intereses que han producido daño al sistema financiero español.
Nosotros pensamos que pueden ser discutibles los contenidos, planteamientos y estructuraciones que en el capítulo I y en el capítulo II tanto el del seguimiento de las actuaciones de los organismos e instituciones públicas en relación con la intervención de Banesto por el Banco de España, como en las cuestiones que se derivan del conocimiento y situación provocada por la gestión de los anteriores administradores del Banco Español de Crédito; eso que puede ser opinable y discutible es una opción legítima y política que adoptó la Comisión. ¿Hacia dónde se podía dirigir un vector de investigación? Pues hacia el objeto intervenido fundamentalmente. No cabe duda que habrá que hacer correcciones en los comportamientos de instituciones como el Banco de España. Afortunadamente ya, desde la creación de esta Comisión hasta el momento actual, esta Cámara votó y aprobó la nueva ley de autonomía del Banco de España, donde se han hecho correcciones ya al filo y al hilo de los acontecimientos anteriores. Aquí se mencionan las distorsiones que se produjeron en la Bolsa de Madrid el día 28 de diciembre, pero también se han denunciado y se han tomado las medidas correctoras sobre aquel consejero del Banco de España que, por una información confidencial, el día anterior vendió acciones de Banesto en la Bolsa de Madrid. Ahí ha habido ya una legislación correctora y cautelar, la nueva del Banco de España.
Habría que poner también coordinación en estas actuaciones futuras entre Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero aquí no podemos entrar en un juego para desviar estas responsabilidades o intereses de las verdaderas responsabilidades del causante por acción, que es el anterior Consejo y Presidente del Banco Español de Crédito.
Por esa razón, nosotros valoramos positivamente, de cara al futuro (sirviendo todo lo ocurrido como experiencia y como antecedente) llevar a esta Comisión, como bien propone ante la Cámara, una serie de modificaciones legales al decir que nosotros consideramos como de alto valor la reforma de legislación que por iniciativa bien del Gobierno, bien de los grupos parlamentarios, pueda realizar esta Cámara.
Por parte de Coalición Canaria, nos sentimos en conciencia satisfechos por el servicio prestado a través de esta Comisión, que ha demostrado tener un sentido de responsabilidad con la cosa pública, tanto institucional como la que, en una sociedad democrática, afecta a los derechos y garantías del resto de los ciudadanos españoles, que depositan su confianza en las instituciones financieras, por supuesto privadas.
Incluso contra la crítica que se pueda hacer aquí de que una comisión parlamentaria debe retrotraerse solamente a responsabilidades políticas de la Administración, creemos que en una sociedad democrática y con un Parlamento que legisla no sólo para el comportamiento del Gobierno, sino para el comportamiento de las instituciones privadas (porque aquí está el poder legislativo de todo el Estado español) tenemos también derecho a exigir responsabilidades a cualquiera de las partes institucionales privadas del Estado español que conculquen la ley y vayan a defraudar la confianza de unos ciudadanos que nos tienen aquí, en este Parlamento, para defender sus legales, legítimos y constitucionales derechos.
Con esta razón y firmeza, Coalición Canaria da su voto de apoyo positivo a este dictamen de la Comisión que aquí nos trae.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con la presentación hoy ante el Pleno de este Parlamento del informe sobre la intervención del Banco Español de Crédito concluye el trabajo de una comisión que nuestro grupo parlamentario considera ha sido de gran importancia; y digo que ha sido de gran importancia por varias razones.
En primer lugar, ha dado respuesta puntual a un grave problema. Cuando el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España intervenía el Banco Español de Crédito, relevando a todo el Consejo de Administración y suspendiéndose la cotización de este valor en Bolsa, se abría un período de incertidumbre y de temor ante las consecuencias que estas medidas pudieran ocasionar. Temor ante la repercusión que para el mundo financiero español podría representar la situación de quiebra técnica de uno de los principales bancos del Estado. Temor por la suerte de los más de 400.000 accionistas y

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de los cerca de 70.000 empleados. Temor de los miles de despositantes ante la inseguridad de su dinero. Temor, en definitiva, a las consecuencias que este hecho podría suponer en los mercados internacionales y en los inversores extranjeros. Hoy podemos decir con satisfacción que todos estos temores están superados.
En segundo lugar, porque al margen de haber vigilado permanentemente el proceso de realización de su plan de saneamiento, y su adjudicación definitiva a una entidad bancaria, ha servido para demostrar una vez más la eficacia de la labor de los representantes de los grupos parlamentarios que hemos intervenido, de la que hay que destacar la labor realizada por su Presidente y los servicios de la Comisión, desde el letrado hasta el último auxiliar.
En tercer lugar, porque consideramos que esta Comisión ha cubierto sobradamente los objetivos para los que fue creada, llegando a un esclarecimiento de los hechos que le ha permitido establecer las conclusiones que están reflejadas en el informe; conclusiones y sugerencias que han sido formuladas --y esto hay que destacarlo-- con total unanimidad por los comisionados.
Tales consideraciones nos permiten afirmar que este tipo de comisiones parlamentarias pueden ser un instrumento eficiente para el Parlamento y para el sistema democrático, analizando actuaciones de personajes de la vida pública o conductas con trascendencia social importante.
En este caso ha dado respuesta a un grave problema. Respuesta al propio Parlamento por su responsabilidad ante unos acontecimientos de magnitud y consecuencias para toda la sociedad. Respuesta a la propia sociedad, transmitiendo la preocupación que para este Parlamento representaba la situación de aquel 28 de diciembre pasado y transmitiendo a la vez la seguridad de controlar y establecer los medios necesarios podrá dar solución lo menos traumática posible para todos los afectados. Y desde luego también una respuesta de apoyo, dentro del marco legal establecido, al proceso judicial abierto contra los gestores del banco.
Señorías, la crisis del Banco Español de Crédito no fue, como decía, una crisis cualquiera, no se enmarca dentro de la crisis bancaria de los años ochenta. Esta crisis provocó la intervención del Banco de España en numerosos bancos y finalizó con la desaparición de gran número de pequeños y medianos bancos y la fusión de otros que están en la mente de sus señorías. Si bien este banco en 1987, cuando se hace cargo del mismo don Mario Conde, atravesaba algunas dificultades, la gestión del propio Mario Conde y su equipo de Consejo de Administración son los causantes, como quedan constancia en el informe, de la situación al 28 de diciembre de 1993.
Creo que hoy nadie duda, salvo el propio Mario Conde, de la necesidad de intervención por parte del Banco de España del Banco Español de Crédito.
Se pudo opinar en su día de la oportunidad del momento de la intervención, si tenía que haber sido antes o si éste era el momento adecuado. En estos momentos este dilema no es ya motivo de debate, por lo menos para nuestro Grupo parlamentario --y creo coincidir en esto con SS.SS.--, porque la intervención y suspensión de un valor en Bolsa de la trascendencia como el que estamos tratando requiere un análisis profundo y medido sobre las consecuencias que para el sistema financiero y para la economía en general puede ocasionar, con lo cual estas decisiones deben ser cuidadosamente tomadas, teniendo la seguridad plena de que no hay otra alternativa. Este es, a nuestro entender, el camino seguido en este caso, como se desprende de las actuaciones de los organismos e instituciones públicas en relación con la intervención del Banco Español de Crédito a través del seguimiento que la Comisión efectuó en su día.
¿Esto quiere decir que estemos plenamente conformes con las actuaciones de los organismos e instituciones públicas? Lógicamente, todo es mejorable siempre, y en esta línea de mejora y superación deben de dirigirse las actuaciones de los responsables del control y fiscalización del sector financiero. Por lo tanto, si no hay una responsabilidad clara y demostrada, como así se desprende de la investigación y como queda reflejado en el informe, somos partidarios de no volver a debatir tanto y de volver a actuar más. Para ellos se han establecido las valoraciones y sugerencias recogidas en la parte final del informe.
Tampoco creo que sea motivo ya de opinar --porque, entre otras cosas, ya se hizo en su momento-- sobre las previsiones de saneamiento y recapitalización o sobre el valor nominal de las acciones después de la reducción de capital, teniendo en cuenta además que el plan de saneamiento fue aprobado por la Junta General de Accionistas del banco el 26 de marzo de 1994.
Lo último que quedaba por analizar a esta Comisión era la gestión de los antiguos administradores del banco, análisis que ha quedado, a mi entender, perfectamente sintetizado en el informe que se presenta y a través del cual SS.SS. pueden hacerse una perfecta composición de lugar.
Podemos decir que don Mario Conde se hace cargo del Banco Español de Crédito en 1987 con un déficit de provisiones, valorado por el Banco de España, de 75.435 millones de pesetas; que a finales de 1989 el banco está prácticamente saneado y que el señor Conde deja el Banco Español de Crédito con un desfase patrimonial de 605.000 millones de pesetas.
Estos son hechos demostrados, hechos incuestionables y que hablan por sí solos. Entre medias hay todo un cúmulo de despropósitos fruto de una gestión nefasta, de aprovechamiento de la institución en beneficio propio y de irresponsabilidad hacia terceros como consecuencia de este comportamiento.


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No hay más que seguir las propias actas de las reuniones del Consejo de Administración. Elimina consejeros incómodos hasta conseguir un equipo de Gobierno dócil y manejable. Cambia los estatutos del banco con el fin de concentrar el poder en el Consejo de Administración y a partir de aquí se inicia un camino de operaciones financieras y de gestión bancaria con las consecuencias que conocemos. Es una gestión alejada de todo ortodoxia de gestión bancaria que se desmarca del resto de la banca; una gestión de los administradores que combinan prácticas irregulares con ocultación de información, incumplimiento de la regulación prudencial y contable; una gestión que prioriza el crecimiento de la entidad, aunque para ello tenga que realizar una política de crecimiento de gasto desaforado (el crecimiento de gastos en 1989 es de 2,95 por ciento frente al 2,43 de la media de los cinco grandes bancos); una gestión que provoca un crecimiento absolutamente imprudente de la inversión crediticia con una falta de control de riesgo muy peligrosa, insuficiente dotación para insolvencias, elevada concentración de inversiones en sectores con alto riesgo y nula rentabilidad (casos como los de Oasis, Kieselstein, Dorna, Hachuel, Euman-Valyser se pueden englobar en todas estas prácticas).
Realiza operaciones intergrupo, a través de la Corporación Industrial y Financiera, con la finalidad de enmascarar la cuenta de resultados, junto con la realización de beneficios atípicos que desvirtuaban los propios beneficios operativos del banco. Crea y utiliza un entramado de sociedades, muchas de ellas domiciliadas en paraísos fiscales, utilizadas presumiblemente para eludir impuestos y para desviar fondos a otras sociedades con intereses personales a costa de un mayor deterioro del banco. Entre estas operaciones podemos destacar las Argentia Trust, Air Products, Carburos Metálicos, etcétera. En definitiva, toda una serie y una gestión que desembocó en un deterioro patrimonial imputable exclusivamente a sus gestores.
El caso Banesto puede quedar como símbolo de un clásico tipo de delincuencia de guante blanco si, como estima la Fiscalía General del Estado, se demuestran los hechos presuntamente delictivos en la gestión de Mario Conde y su equipo. Puede quedar como un símbolo que propicia la exaltación de unos determinados valores representativos del éxito y del poder en nuestra sociedad; valores de admiración hacia personajes que, en breve espacio de tiempo, son capaces de acumular riqueza personal y poder e influencia social; personajes motivo de referencia e imitación a las jóvenes generaciones; personajes que han podido conseguir este «status», aprovechando las oportunidades de un sistema económico eminentemente especulativo, que da más oportunidades cuanto menor es el escrúpulo para realizar este tipo de actuaciones de negocio fácil, basado en el acceso a ciertos aparatos de información e influencia; personajes que utilizan a otros y son utilizados, a su vez, porque todo ello se enmarca en unos círculos de poder y de decisión económica, social y política.
El caso Banesto puede quedar como prototipo del engaño, de la ocultación, de la manipulación, del falseamiento, de la obstrucción en la gestión bancaria. Por una parte, hacia los accionistas, a los que se les tenía engañados sobre la verdadera situación patrimonial; también hacia los depositantes, que confiaban su dinero en una institución de la solvencia y seguridad que tenía el Banco Español de Crédito, donde precisamente estas garantías eran uno de los activos más importantes con que, hasta entonces, contaba el banco; asimismo hacia los trabajadores, cuyos puestos de trabajo han estado en peligro; de la misma forma hacia las instituciones, tanto públicas como privadas, que han tenido que hacer frente a esta situación; en definitiva, hacia la sociedad, en general, que ha asistido con estupor a estos acontecimientos.
El caso Banesto puede quedar como el prototipo de la paranoia del poder, donde todo sirve para acumular riqueza, poder e influencia.
El caso Banesto debe ser una gran lección de lo que no se puede permitir. No se puede permitir, o por lo menos hay que intentar evitar, que personajes como éstos pongan en entredicho a toda la sociedad, a sus valores y a sus instituciones. Es necesario, por tanto, estar más vigilantes ante figuras con trayectorias fulgurantes que acceden a núcleos de poder y poner los medios necesarios para que las luces rojas se enciendan en el momento oportuno. Es necesario, como queda reflejado en el informe, realizar el estudio y eventual reforma de la legislación mercantil de sociedades y del Código Penal, para mejorar el funcionamiento de las entidades de crédito y tipificar los delitos que estas prácticas irregulares merecen.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Todo ello para mejorar el funcionamiento del tráfico mercantil, pero con el cuidado de no estrangular el mismo a través de una legislación excesivamente intervencionista.
Ahora es la Justicia quien debe actuar. Ella debe ser la protagonista y la que debe aplicar todo el peso de la ley en sus justos términos. A ella hay que ayudarla y apoyarla, desde la más estrícita independencia, proporcionándole los medios necesarios.
Esta Comisión, este Parlamento, han cumplido con su trabajo y responsabilidad ante esta situación dando, creo yo, respuesta puntual y eficaz a la sociedad que representamos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


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El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quieremostrar su satisfacción por la unanimidad conseguida en la elaboración del dictamen de la Comisión Banesto por la totalidad de los Grupos parlamentarios que componían dicha Comisión.
En segundo lugar, por el consenso ininterrumpido en aras a la metodología logrado a lo largo de estos diez meses para lograr los objetivos de la Comisión. Realmente esta Comisión ha conseguido, creo yo, unos importantes objetivos y un dictamen elaborado por unanimidad, y ha habido ciertos momentos en que ha sido difícil que la mayoría de los portavoces asumiéramos la metodología impuesta o sugerida por la Presidencia. Pienso que éste ha sido uno de los ejemplos a seguir en esta Cámara y a tener en cuenta de cara a futuras comisiones de seguimiento.
También satisfacción por la colaboración de todos los portavoces de los Grupos parlamentarios, sin excepción, en aras a conseguir un claro objetivo de los dos que la comisión de seguimiento de Banesto se proponía.
Creemos desde Convergència i Unió que, finalmente, el dictamen de la Comisión Banesto va a ser útil a la sociedad española, y no solamente eso sino que pensamos que ya lo está siendo a los diferentes poderes públicos e instituciones de nuestro país en aras a resolver un problema tan difícil de esclarecer --por qué pasó lo que pasó en Banesto-- y también tomar ejemplo definitivo para que no vuelva a ocurrir.
Quisiéramos dejar constancia de la felicitación de nuestro Grupo Parlamentario al Presidente de la Comisión, que con un estilo práctico, objetivo y útil ha dirigido a todos los portavoces parlamentarios y hemos conseguido entre todos esta unanimidad en dicho dictamen. Nuestra fecilitación también a los demás miembros auxiliares de la Cámara que han colaborado a lo largo de esto diez meses en este trabajo continuado de la Comisión. Y, cómo no, también felicitar y agradecer el trabajo del Letrado de la misma, que nos ha asistido ininterrumpidamente durante estos últimos meses.
¿Por qué se produjo la intervención en el Banco Español de Crédito? Nosotros entendemos que hay una única causa importante en dicha intervención: básicamente la intervención del Banco Español de Crédito por el Banco de España, el 28 de diciembre de 1993, se produjo porque existía un quebranto patrimonial de 605.000 millones de pesetas, lo que obedecía a una quiebra técnica por la falta de recursos propios de 246.000 millones de pesetas, con el consiguiente peligro que esto suponía para los cuatro millones de depositantes de dicha entidad, con el riesgo de perder dichos depósitos, con el peligro que también suponía que Banesto presentara suspensión de pagos en función del endeudamiento contraído con entidades españolas e internacionales, peligro que supuso de entrada por la pérdida de valor de los miles de accionistas españoles que habían confiado en dicha entidad, y peligro también en cuanto a la preservación de los 70.000 puestos de trabajo de dicha entidad.
Básicamente, de estos 600.000 millones de pesetas de quebranto patrimonial, es importante tener en cuenta qué cantidades se adecuaban a dicho quebranto. Fundamentalmente hay una cantidad importante que nos ha de servir de reflexión de cara a las futuras sugerencias que podamos adoptar. Concretamente existía un 46 por ciento de dicho quebranto, que ascendía a 281.000 millones de pesetas, que era debido a la falta de provisión de insolvencias crediticias; un 30 por ciento de dicho quebranto estaba basado en la falta de provisión de la cartera de valores, ascendiendo la cantidad a 185.000 millones de pesetas; y un 13 por ciento de dicho quebranto obedecía a la falta de provisión en los fondos de pensiones, alcanzando la cifra de 77.000 millones de pesetas.
También vale la pena constatar que, dentro de las provisiones de insolvencias crediticias, el Banco Español de Crédito alcanzó una morosidad en los últimos años del 45 por ciento de todos los créditos concedidos, cuando la media en el sector de la banca era del 7 por ciento.
La elaboración del plan de saneamiento y la posterior venta de Banesto pusieron de manifiesto la solidez del sistema financiero español, de forma que conviene resaltar que, por la eficacia de todo el proceso, se consiguió reducir considerablemente el coste de la crisis para el conjunto de la sociedad española, ya que la adjudicación de Banesto a través de la subasta a una entidad privada, concretamente el Banco de Santander, al ofertar a 762 pesetas la acción, permitió que de un quebranto de 605.000 millones de pesetas sólo 96.000 millones de pesetas sean correspondientes a la aportación del erario público, de los 163.000 millones de pesetas iniciales que realmente habían de aportarse a través del Fondo de Garantía de Depósitos, resultando finalmente con la adjudicación al Banco de Santander un ahorro de 67.000 millones de pesetas que pagaremos de menos todos los españoles.
Es por este motivo por lo que desde Convergència i Unió valoramos la intervención del Banco de España en Banesto muy positivamente y la calificamos como necesaria y justificada, ya que, aparte de salvar los ahorros de los depositantes, supuso que la adjudicación y puesta en marcha del plan de saneamiento se desarrollara de forma muy transparente y efectiva, que permitió recuperar, a través de la adjudicación, la confianza del mercado de capitales.
Por esta misma razón valoramos los trabajos de la Comisión Banesto como acertados, ya que creemos que se ha contribuido notablemente a reforzar la transparencia y credibilidad de la actuación de las instituciones públicas en dicho proceso, tanto el Banco de España

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como la Inspección, el Fondo de Garantía de Depósitos y otras instituciones públicas que han colaborado decididamente en dicho plan de saneamiento.
En cuanto a los análisis de la gestión, el Presidente de la Comisión ya ha expuesto acertada y muy exhaustivamente cuáles han sido las principales causas que llevaron a la gestión a un quebranto de 600.000 millones de pesetas, pero nosotros quisiéramos resumir que, desde nuestro punto de vista, ha sido una combinación de las siguientes causas: mala gestión, prácticas irregulares, ocultación de información, incumplimiento de la regulación prudencial y contable, estructura de gobierno de Banesto con fuerte concentración de los poderes de decisión, concretamente en manos del ex presidente de dichas entidad, y un círculo muy reducido de consejeros, dando como resultado un conflicto grave y creciente de los intereses de los gestores, de los accionistas, de los representantes de los trabajadores y de los depositantes de Banesto, que podríamos detallar concretamente en las siguientes actuaciones: Una política crediticia equivocada. Banesto se expansionó durante los últimos años en base a un 89 por ciento de sus actividades, cuando el resto de la actividad de la banca privada tuvo una expansión del 42 por ciento en base a sus delimitaciones crediticas, lo cual produjo la morosidad del 45 por ciento, que fue una de las causas básicas del quebranto financiero de Banesto. También hubo una fuerte concentración de riesgo de su cartera de valores en empresas de la misma corporación, traspasando ilegalmente los límites que permitía la ley en esos momentos. Por parte del Banco Español de Crédito hubo inversiones en su grupo y en su corporación, alcanzando la cifra del 66 por ciento, cuando el límite legal establecido era del 40 por ciento.
También hubo actuaciones dirigidas a ocultar a los accionistas, a los auditores y al Banco de España, el deterioro de la calidad de los activos del Banco Español de Crédito, a ocultar el incremento de la morosidad, a ocultar los verdaderos resultados de explotación del banco, incumpliendo la normativa legal existente en aquellos momento.
Asimismo, hubo realización de operaciones intergrupo en base a revalorizar los activos y generar beneficios ficticios a través de sociedades situadas fuera del grupo consolidado con financiación indirecta y con opciones de recompra sin contabilizar en los registros oficiales del banco, con una política expansiva en gastos operacionales que en los últimos cuatro años alcanzó un incremento del 70 por ciento y un gasto desmesurado en imagen y publicidad.
También, desde nuestro punto de vista, y así lo hemos manifestado en las diferentes intervenciones que ha tenido nuestro Grupo en dicha Comisión, una de las causas fundamentales del quebranto financiero de Banesto fue la fuerte concentración en las inversiones en medios de comunicación, alcanzando la cifra de 60.000 millones de pesetas, con unos fines totalmente extra empresariales y sin ningún análisis de rentabilidad a corto, a medio ni a largo plazo.
A lo largo de los trabajos de la Comisión, nuestro Grupo también constató las operaciones realizadas, que nosotros hemos denominado OPE, operaciones especiales, básicamente caracterizadas por la creación y utilización de una estructura financiera muy opaca, con una profusión de sociedades instrumentales ubicadas en paraísos fiscales, unos objetivos de realización de beneficios y un encubrimento de la solvencia que en aquellos momentos tenía el Banco Español de Crédito.
Todas estas operaciones están perfectamente detalladas en el informe que nosotros presentamos para la aprobación en este Pleno y están básicamente referidas a las empresas Oasis, Kieselstein Stiftung, Dorna, Hachuel, Euman-Valyser, Argentia Trust y Air Products, llegando, desde nuestra consideración, a producirse un quebranto en todas estas operaciones que puede llegar hasta los 100.000 millones de pesetas.


El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, le ruego concluya.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Por todo ello, nosotros podríamos resumir la gestión del Banco Español de Crédito valorándola como irregular, heterodoxa, mala y equivocada y nuestro Grupo ha venido calificándola a lo largo de todos estos meses como una gestión imprudente, temeraria y peligrosa.
En cuanto a las sugerencias, nuestro Grupo va a analizar con profundidad las presentadas en el dictamen de la Comisión; vamos a estudiar dichas propuestas y vamos a analizarlas detalladamente para presentar iniciativas parlamentarias dirigidas a mantener la cohesión de los consejos de administración de las entidades financieras, dirigidas a los auditores, para que siempre pueda reflejarse la imagen fiel de la compañía, y dirigidas también a la defensa de los pequeños accionistas para que tengan toda la información suficiente, la conozcan y puedan asistir a las juntas generales de las entidades financieras con los votos perfectamente decididos.
Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión Banesto y sugiere a los demás grupos que sigan dicha iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
(Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, no voy a repetir lo que está

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contenido en el informe de la Comisión --informe, como saben ustedes, aprobado por unanimidad-- y el enorme valor político, ético y de ejemplaridad al que han llegado todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, desde la derecha hasta la izquierda. Acuerdo no forzado; acuerdo gracias al análisis riguroso y sin ningún tipo de prejuicio ni prevención de los hechos. Quiero centrar mi intervención en sacar algunas consecuencias políticas de lo que ha sido el trabajo durante nueve meses de esta Comisión.
La primera consecuencia es la siguiente. La Comisión Banesto ha sido abierta, transparente, pública y, además, eficaz. Yo diría que la más eficaz, precisamente porque era transparente, porque era pública y porque era abierta, y nos ha permitido a los comisionados llegar muy cerca del núcleo central de la verdad. Estoy seguro de que no conocemos toda la verdad de lo sucedido en Banesto, pero hemos llegado muy cerca de estaverdad. Conocemos muchas cosas, que están contenidas en el dictamen, y las hemos conocido sin morbo, sin distorsión de la realidad, con transparencia. Recuerden, señorías, que los que comparecían en la Comisión pertenecían al mundo de la sociedad civil; eran personas que podían venir o no venir a la Comisión; que podían o no contestar, e incluso que podían mentir. Recordábamos --y este Diputado lo ha hecho-- a los que acudían que incluso nos podían mentir, que la Constitución les ampara, que nadie tiene obligación de declarar en su contra.
En cambio, el trabajo de la Comisión, con las respuestas de los comparecientes, con sus verdades, con sus mentiras y con sus silencios ha llegado a la verdad, ha llegado a la verdad de los hechos. Este es un tema muy importante a tener en cuenta políticamente en esta Cámara para ulteriores comisiones, sean de estudio y seguimiento, como ésta --aunque de hecho al final se ha convertido en una comisión de investigación--, sea en futuras comisiones de investigación, como nuestro grupo y otros también ya han preconizado; que éstas pueden y deben ser abiertas y que esto les da mucha mayor categoría, más trasparencia y mucha más entidad y no les limita en absoluto a llegar a la verdad. Recuerden ustedes que los que comparecían en nuestra Comisión, insisto una vez más, no eran funcionarios públicos, no eran personas dependientes de un ordenamiento público, sino que eran personas del ámbito de la sociedad civil, en este caso mercantil y especialmente financiero.
En segundo lugar, lo que ha quedado claro y acreditado por los trabajos de esta Comisión, es que en nuestro país, como no podía ser de otra manera, no hay sistemas peregrinos; hay un solo sistema, el democrático, el de la representación de la soberanía popular que encarnamos los Diputados, una vez unos, otra vez otros, pero, en definitiva, la soberanía popular española encarnada por esta Cámara, y que esta soberanía popular puede hacer comparecer ante sí a los llamados entre comillas «poderosos» por una temporada, a los que haciendo trampas, a los que burlando la ley, a los que bordeando el delito o cometiendo delitos se encumbran rápidamente, pero al final deben comparecer ante la soberanía popular. El caso Banesto ha sido un ejemplo de que cualquier poderoso si contraviene las normas y las reglas democráticas, la arquitectura normativa civil y democrática que esta sociedad se ha dado (y que tiene como garantía a un gobierno y a una oposición que le controla, en definitiva, a unas Cámaras) al final acaba pasando por este tribunal no penal, no jurídico, pero quizá el más importante: el tribunal ético y político de la soberanía popular.
En tercer lugar, ¿qué hemos hallado en definitiva? Yo lo resumiría en una afirmación y cuatro conceptos. La afirmación fundamental para nosotros es que la mano visible del sistema democrático y de leyes de una sociedad y de un Estado de Derecho social, como proclama nuestra Constitución, es superior a la mano invisible del mercado, porque ha sabido actuar a tiempo y prevenir una crisis y un desastre terrible, cual hubiera sido el dejar a los mecanismos de mercado que sucediese lo que debía de haber sucedido, es decir, que Banesto quebrase, porque quebrando estaba. Si esto hubiese sucedido, recuerden SS.SS. que los depositantes habrían quedado todos como máximo con un millón y medio de pesetas, fuese cual fuese su depósito en el banco; que en la quiebra Banesto hubiese arrastrado seguramente a otras empresas y quizá a otros bancos, y esto se ha conseguido gracias a la mano visible del sistema democrático, no a la mano invisible del mercado, que tanto proclama la derecha, el Partido Popular y Convergència i Unio (Rumores), y que a veces practica el PSOE. Por tanto, superioridad de la mano visible democrática sobre la invisible del mercado.
¿En qué ha consistido esta superioridad o en qué han consistido los errores de Banesto? Los comisionados que han hablado antes que yo lo han repetido, incluso exhaustivamente.
Quiero sintetizarlo en tres flases: primero, error estratégico de partida, con una expansión crediticia absolutamente exagerada en un momento de recesión económica. Esto sólo es imputable al error. Segundo, negligencias, trampas, vulneración de la normativa existente en materia de supervisión bancaria, en materia de sociedades anónimas, en materia de regulación mercantil y en materia del propio Código Civil. Todo esto hacía el señor Conde y sus compañeros de Consejo de Administración. Y, tercer nivel, posibles delitos.
Lo que nosotros describimos en las llamadas operaciones especiales serán seguramente --y doctores tienen la Iglesia en este sentido-- delitos si así lo entiende la Fiscalía --parece que la Fiscalía lo entiende como presuntos delitos--, y delitos si así lo entiende en su momento procesal oportuno el juez que previsiblemente abra proceso a la causa de querella presentada

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por la Fiscalía General del Estado. Estos serían muy sintéticamente los elementos fundamentales.
Y una pincelada sobre la intervención de Banesto por el Banco de España. Ya he dado antes las razones positivas de aquella intervención, cómo salvó los depósitos de los accionistas, cómo previó una caída en cascada de otras empresas o incluso de otros bancos, cómo preservó la continuidad del sistema de pagos español. Peroha flotado durante un tiempo la duda --y este Diputado y su Grupo la han tenido-- de si la intervención fue en su momento oportuna. Después de estudiar los hechos, después de nueve meses trabajando sobre el terreno, creemos que esta intervención se produjo en el momento oportuno, aunque con retraso ¿Por qué? Por dos causas fundamentales, que quiero señalar.
La primera y más importante, porque los gestores de Banesto escondían la información al Banco de España, actuaban fraudulentamente frente al Banco de España; pero también por otra razón, porque a partir de una determinada fecha, julio de 1992, cambia el equipo rector del Banco de España, cambia el jefe de inspección, el señor Martín, y pasa a haber otro jefe de inspección. Y queremos señalarlo positivamente porque es a partir de entonces cuando empiezan a cambiar las cosas también desde el Banco de España.
¿Qué recomendamos para el futuro? Lo que está en el dictamen lo hacemos totalmente nuestro. Vamos a votarlo positivamente.
Hemos sido parte activa del consenso logrado en la Comisión y, por lo tanto, estamos de acuerdo con todos los extremos del dictamen y también con las recomendaciones y sugerencias.
Quizá ha quedado en primer lugar una que se presentó a instancia nuestra, aunque ya es de toda la Cámara, como es la de pedir al Fondo de Garantía de Depósitos que recupere, en la medida de lo posible y por la vía que mejor proceda, los 96.000 millones de pesetas que del erario público, de todos los españoles se han puesto para el saneamiento de la crisis de Banesto. Esta fue una iniciativa de nuestro Grupo parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Y, en segundo lugar, otra que no se ha podido recoger en el dictamen, pero que será una iniciativa que presentaremos en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, y espero que todos los grupos la secunden, cual es la creación de una subcomisión bancaria sujeta al secreto bancario, en el seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, para tener conocimiento periódico de la situación del sistema financiero español a través del Gobernador del Banco de España. Insisto, subcomisión bancaria, sujeta al secreto bancario, pero con información periódica de la evolución de este sistema.
Termino, señor Presidente y señorías, con una última reflexión diciendo que ha pasado ya mucha agua bajo los puentes de los famosos versos de don Antonio Machado, de aquellas dos Españas que habían de helar el corazón del españolito que venía al mundo y que no son las mismas. No está la que ora y embiste o la del cincel de la raza, de la que hablaba el poeta, pero sí hay dos Españas: una, pícara, fullera y corrupta, que en el terreno de las finanzas se dedica a lo que se llama ingeniería financiera, que no es más que lo que hemos visto en el informe Banesto y que en el terreno de la política produce prevaricaciones y cohechos, que hay que criticar y así lo hemos hecho desde esta misma Cámara y desde las mismas fuerzas políticas. Y otra España trabajadora, seria y honrada, que se dedica a la industria, a los servicios, a la agricultura o a la política, pero con el objetivo del trabajo bien hecho.
Yo creo que hoy este Congreso de los Diputados, aprobando por unanimidad este dictamen, condena a la primera España, la España corrupta, pícara y fullera de la ingeniería financiera, del pelotazo, y se apunta a una España seria, trabajadora y honrada. Al menos esto es lo que ha querido hacer nuestro grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y lo que pretende representar políticamente nuestro Grupo parlamentario, la España del trabajo, de la honradez y de la transparencia, luchando siempre contra la corrupción, sea en el ámbito político, sea en el ámbito civil. Señorías, recuerden que ésta es una corrupción estrictamente del ámbito mercantil, privado y financiero. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, antes me dirigí al señor Presidente del Congreso en el sentido de que estaba esperando a que me trajeran un vaso de agua, pero, como se alarga el tiempo de la espera, he decidido comenzar ya la alocución para no entretener más a SS.SS. en esta larga sesión parlamentaria de hoy.
Créanme, señoras y señores Diputados, señor Presidente, que, no sin cierto sabor amargo en el paladar, vengo hoy a dirigirme a SS.SS. para darles la explicación de voto del Grupo Popular en relación al dictamen de la Comisión sobre la intervención del Banco de España de los órganos de administración del Banco Español de Crédito.
Y esto es así porque hoy puede que se entierre, y para bien, y por siempre, en España, una cultura, una manera de pensar los jóvenes, una manera de educar a nuestros jóvenes de cómo no deben ser las cosas.
Hemos vivido en los últimos tiempos en una especie de civilización (y quiero distinguir civilización de cultura para aquellos que en los viejos tiempos nos entreteníamos en distinguir estos conceptos tan importantes, tan fundamentales) digo civilización y no cultura, que fue llamada del pelotazo, del dinero fácil, de tener una

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buena vida sin trabajo, de vivir del cuento, en la que el listo triunfaba sobre el trabajador, en la que el ingenio mal entendido, el ingenio del engaño, era válido socialmente; en la que, en definitiva, la inteligencia puesta al servicio de los hombres para contribuir con su sacrificio y su trabajo al servicio público, para sacar a la sociedad adelante, no contaba, sino que lo que era importante de verdad era solamente este supuesto ingenio, listeza, los órdagos, el hablar y no decir; en definitiva, señoras y señores Diputados, señor Presidente, vivir una especie de vida del sueño, una vida del cuento.
Hoy creo seriamente que podemos decir que en España se entierra esta civilización del pelotazo; no cultura, porque la cultura siempre tiene un sentido netamente crítico de lo actual y la cultura del pelotazo nunca es cultura; es solamente una civilización, un estado de cosas, un estado de hechos.
Por esto, créanme, señoras y señores Diputados, que he sentido una gran satisfacción, créanmelo seriamente, cuando, a raíz de la intervención del Presidente de la Comisión, me he visto obligado, he sentido la necesidad de aplaudirle. He sentido la necesidad de aplaudir su intervención a pesar de que el Presidente de esta Comisión, como todos ustedes conocen, pertenece al Grupo que apoya al Gobierno, al Grupo Socialista.
He sentido la necesidad de aplaudirle porque la intervención del Presidente de la Comisión Banesto en esta Cámara esta tarde ha sido la intervención que todos nosotros, los miembros de la Comisión Banesto, hubiéramos podido realizar perfectamente suscribiendo desde la última hasta la primera de sus palabras.
Pero esto no significa que estemos absolutamente de acuerdo con el dictamen de la Comisión Banesto. Nos encontramos con que, efectivamente, de acuerdo con la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, de 29 de julio de 1988, el Banco de España hace lo que tiene que hacer, y lo hace bien, y precisamente por eso hoy el Banco de España se ha ganado debidamente su autonomía; pero no nos engañemos, tampoco es una autonomía que venga debida a la gracia de Dios o a la gracia legislativa; el Banco de España realmente hoy se puede decir que es autónomo, que es independiente del Gobierno, porque ya, y a pesar --lo siento-- del Gobierno, venía intentando serlo con anterioridad.
Nuestra duda se enmarca, señor Presidente, señoras y señores diputados, en relación con la intervención del Banco de España en los órganos de administración del Banco Español de Crédito, en los siguientes términos: ¿Existían o no existían datos suficientes para poder conocer y apreciar que el Banco Español de Crédito estaba atravesando una situación difícil, financieramente comprometida, ya incluso dos años antes de la intervención llevada a efecto por el Banco de España? Ustedes me podrían decir: Es que la inspección se inició en 1992.
Efectivamente se inicia en 1992. Pero, ¿por qué en esa fecha? ¿Es por el cambio en los órganos de gestión del Banco de España o es porque Banesto se niega a comprar Ibercorp? Ahí está la gran duda, que no podremos descifrar nunca. ¿Se intervino a tiempo o se debió intervenir con anterioridad? Digo que no lo sabremos nunca y voy a decirles por qué.
Solamente hay dos personas que realmente podrían decir a esta Cámara y al pueblo español una cosa o la otra, y estas dos personas serían don Mario Conde Conde, que evidentemente no va a decir nada --ya fue preguntado al respecto y no dijo nada--, y don Mariano Rubio, que carece de absoluta credibilidad hoy en el sistema financiero, en la opinión pública española y, desde luego, en la política de nuestra patria.
Por esto, señoras y señores Diputados, ¿se intervino a tiempo o no se intervino a tiempo? Porque ya en 1989 la inversión crediticia de Banesto creció en un 30 por ciento frente al resto del sector bancario que sólo lo hizo en un 15; en 1990, la inversión crediticia de Banesto crece en un 20 por ciento frente al resto del sector bancario que solamente crece un 8,5 por ciento; el año siguiente, en 1991, la inversión crediticia de Banesto crece también un 20 por ciento y el resto del sector bancario un 19 por ciento --se aproximan un tanto--; sin embargo, el año 1992 el Banco Español de Crédito crece un 10 por ciento frente al resto del sector bancario que crece solamente un 5,6 por ciento. Estos crecimientos espectaculares en la inversión crediticia por parte del Banco Español de Crédito no se acompasan en absoluto con las provisiones necesarias para préstamos dudosos otorgados por el Banco Español de Crédito. En definitiva, existen signos inequívocos de alarma financiera en el comportamiento económico del Banco Español de Crédito que hacían más que dudosa la posible solvencia del Banco Español de Crédito en los años futuros, cuando vencieran los créditos otorgados en 1989 y 1990 y, sin embargo, el Banco de España no interviene con firmeza. Firmeza loable, pero ¿oportuna? Firmeza loable, pero, ¿pudo haberse realizado con anterioridad? Se dice que hubo obstrucción por parte del Banco Español de Crédito, y es cierto; pero esta obstrucción que se produjo en 1992 también se produjo en 1991 y en 1990. ¿Y por qué no antes se procuran desvelar estos velos tendidos por el Banco Español de Crédito? ¿Por qué no antes, señoras y señores Diputados? Como les decía, ésta es la gran duda que existe en el asunto Banesto. No es, como dice alguien, que se intervino el Banco Español de Crédito por razones políticas. Nosotros hemos sostenido, sostenemos y deberemos seguir sosteniendo hasta que no se aclare, y realmente es imposible que se aclare por las razones que antes les dije, que nosotros entendemos que el Banco Español de Crédito se interviene tan tarde por razones políticas. En el mes de junio de 1991 comienza el proceso de adquisición de Antena 3 Televisión y Dorna Promoción del Deporte por parte del Banco Español de Crédito, dos elementos fundamentales para el control de la comunicación

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en España. ¿Se debió a esto el que entonces no existieran advertencias serias, muy serias, del Banco de España al Banco Español de Crédito? No lo sabemos y, como les he dicho antes, puede que no lo sepamos nunca. Sin embargo, nosotros apoyamos el dictamen de la Comisión porque, efectivamente, se ha demostrado que el Banco de España, cuando interviene, interviene y bien; cuando inspecciona, inspecciona y bien. Por esto, nosotros, en función de la solvencia que el Banco de España ha demostrado en el sistema financiero español, hemos sido los primeros en apoyar la autonomía del Banco de España.
Y ahí está la figura de don Mariano Rubio, y bueno sería preguntarle si recibió o no instrucciones para intervenir el Banco Español de Crédito o establecer algún tipo de medidas especiales de inspección, sancionadoras, con anterioridad al tiempo esencial y básico en que se realiza la intervención, cual es a partir de 1992. Duda, por consiguiente, que tenemos.
Sin embargo, apoyamos el dictamen.
Es cierto que hemos estado encorsetados y, a pesar de que el encorsetamiento suponga encartonamiento, hemos fijado objetivos claros y definidos al desarrollo de la Comisión, que no es de investigación, como ya se ha dicho, sino solamente de estudio, para informar a la Cámara de lo que hemos conocido.
Los objetivos eran dos; por una parte, el seguimiento de la actuación de los organismos e instituciones públicas en la intervención del Banco Español de Crédito y, por otra, el conocimiento de la situación provocada por los antiguos gestores del Banco Español de Crédito en su situación patrimonial, financiera y económica.
En esta medida, señoras y señores Diputados, nosotros no hemos podido proponerles un elenco claro y definido de posiciones de reformas legislativas, de reformas normativas, de posiciones ante el futuro para que no pueda volver a provocarse nunca una situación como la que se ha producido con el Banco Español de Crédito. No hemos podido. Sin embargo, les puedo anunciar, que nosotros tenemos preparadas tres proposiciones no de ley, que espero que tengan asiento en el Registro de esta Cámara en el día de hoy o en el de mañana, en el sentido de desarrollar aquello que nosotros entendíamos que era un objetivo básico y necesario de esta Comisión de estudio, que no de investigación, del Banco Español de Crédito.
Señor Presidente, comprendo que la exigencia del tiempo es imperiosa, pero permítanme, señoras y señores Diputados --y apelo a su paciencia--, que exponga con brevedad algunos de los aspectos a que se refieren estas proposiciones no de ley que planteamos a la Cámara en días sucesivos.


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Trocóniz, le ruego concluya. Las proposiciones no de ley, si son iniciativas que su Grupo va a presentar, tendrán el momento oportuno de ser defendidas en el orden del día correspondiente y sólo en la medida en que sirva para ilustrar la fijación de posiciones en relación con el dictamen, con la máxima brevedad, refiérase a ellas.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, apelo, voy a decir inclusive a su misericordia, en el sentido de dejarme expresar la concomitancias que puedan existir entre las proposiciones no de ley que se van a presentar en un inmediato futuro y la relación necesaria que tienen con nuestra posición hoy en el asunto Banesto.
Señoras y señores Diputados, por una parte, la Ley de Disciplina e Intervención bancaria, de 29 de julio de 1988, no la ponemos en duda. Créanlo. Sin embargo, entendemos que es necesario que por el Banco de España se haga la correspondiente evaluación de su actualidad, a efectos de verificar que en el futuro no se puedan volver a producir sucesos como el de Banesto.
Es también imprescindible y necesario que el Gobierno realice unos estudios correspondientes para modificar ya sea la Ley de Sociedades Anónimas o la Ley del Mercado de Valores, y en lo referente siempre a la sociedad cotizada en Bolsa, a la sociedad cuyos títulos son objeto de mercado en el mercado secundario, en un mercado de valores, que sus Consejos de Administración tengan una regulación específica y especial; que los derechos y obligaciones de sus administradores estén perfectamente contemplados por mor de la propia sociedad, por mor de sus accionistas, por mor de los terceros, por mor, en definitiva, y por bien del sistema. Asimismo, en lo que se refiere a las relaciones entre accionistas y Consejo de Administración. Que exista fluidez y transparencia. Por esto --voy concluyendo, señor Presidente--, es necesario conocer si el sistema de verificación de cuentas hoy vigente en España es el suficiente, es el necesario, o requiere las reformas que hagan que sea realmente transparente la contabilidad de las empresas cotizadas en Bolsa cara a terceros accionistas y la sociedad.
Por esto, señoras y señores Diputados, señor Presidente, y concluyo, nuestro voto va a ser favorable, como hemos anunciado, al dictamen de la Comisión de estudio sobre la intervención en los órganos de Administración del Banco Español de Crédito llevada a efecto por el Banco de España. Va a ser favorable porque los hechos están ahí, los hechos son perfectamente constatables, los documentos son insoslayables, los testimonios han sido dados, con mayor o menor precisión, puede que, como alguno ha dicho, tomando el pelo a los comisionados --y éramos conscientes de que así se hacía--. Sin embargo, repito, los hechos están ahí.
Es cierta la necesidad de ajustes por 605.000 millones de pesetas, es cierto que la intervención fue necesaria, es cierto que el plan de saneamiento fue bueno,

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es cierto que el sistema financiero español ha sufrido un gran empellón y, sin embargo, ha podido surgir y seguir adelante, como consecuencia de la intervención realizada. Es cierto que, por la mala gestión de don Mario Conde Conde y los antiguos gestores del Banco Español de Crédito, se produjo esta dificilísima situación, consecuencia de una suicida ampliación de los activos crediticios, consecuencia, también, de unas operaciones irregulares con lucros a favor de no sabemos quién los comisionados, pero para eso están el fiscal y la justicia, en la cual creemos profundamente, que lo dilucidarán.
Por esto, señor Presidente, nuestro voto afirmativo, nuestro voto, como tuvimos ocasión de anunciar en Comisión, de sí; un sí, pero, un sí que implica un pero, un pero en el sentido, y eso no lo sabremos nunca, de si el Gobierno estuvo implícitamente combinado con don Mario Conde Conde y el Banco Español de Crédito en su día, a los efectos de retrasar las posibles medidas de intervención, las posibles medidas sancionadoras, las posibles medidas para llevar al orden a esta cuarta entidad financiera española. No lo sabemos ahora, no lo sabremos nunca y, por supuesto, no lo hemos averiguado a lo largo del estudio llevado a efecto por la Comisión correspondiente.
En definitiva, señor Presidente, y concluyo, sí, pero, que, desde luego, queda todavía pendiente en el ambiente y en el aire.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Señor Presidente, señorías, quiero manifestar, en nombre del Grupo Socialista, el voto favorable al dictamen de la Comisión de estudio sobre la intervención del Banco Español de Crédito que se presenta para su ratificación por el Pleno de la Cámara.
El dictamen llega con el voto unánime de toda la Comisión y éste es un hecho que debe ser subrayado necesariamente, porque es la muestra más expresiva de la rotundidad de los hechos y de las conclusiones que de ellos se desprenden.
Hay que señalar también que esta claridad de los hechos y esta unanimidad diluyen forzosamente insinuaciones, dudas, matizaciones, prevenciones o rumores varios que han podido o pueden acompañar los votos favorables.
Los hechos son claros. Es un hecho claro e incuestionable que Banesto estaba en quiebra el 28 de diciembre de 1993, que tenía un quebranto de 605.000 millones de pesetas y que esta cifra de quebranto y la necesidad de saneamiento eran la resultante de aplicar la normativa vigente que garantiza la solvencia de las entidades de crédito.
La identificación de la situación, como ha podido conocer la Comisión, la hizo la inspección del Banco de España en el mes de diciembre de 1993, con unas necesidades de saneamiento de 503.000 millones de pesetas, que posteriormente fueron revisados al alza.
A partir de ese momento el Banco de España actuó sin ningún retraso; no hubo retraso en la actuación del Banco de España.
Se actuó con celeridad y se actuó con transparencia, y todas las instituciones implicadas, el Banco de España, el Gobierno, a través del Ministro de Economía, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, comparecieron ante el Parlamento para dar cuenta de los hechos y de la decisión adoptada.
La Comisión también ha establecido claramente las responsabilidades de los administradores de Banesto en la gestión de la crisis. No hubo, señorías, herencia del pasado.
El banco estaba saneado a final de ejercicio de 1989 y la crisis no puede ser atribuida a la crisis económica, que sufrió toda la banca por igual y en especial las grandes entidades de crédito, sin consecuencias similares. Hubo, como ha quedado claramente probado en la Comisión y explicado, mala gestión bancaria, mala gestión empresarial y transgresión de la normativa prudencial y contable, y fue la gestión, la mala gestión, la que llevó a Banesto, una gran entidad bancaria de nuestro país, el cuarto banco de España, con unos depósitos que representaban el 5 por ciento del sistema, a una situación de insolvencia. También se llevó a la quiebra --y hay que recordarlo-- a La Unión y El Fénix Español, otra entidad sólida aseguradora de nuestro país que hizo necesaria la intervención de la Dirección General de Seguros el 29 de diciembre de 1993.
Se fracasó asimismo, con una gestión desastrosa en el proyecto de la corporación industrial que quedó reducida a una mera sociedad de Bolsa, con participaciones de baja rentabilidad y elevadas pérdidas para Banesto.
Para la Comisión la mala gestión de Banesto ha tenido un elemento explicativo fundamental y ello es necesario ponerlo de relieve para extraer las consecuencias correctas, las lecciones correctas, de la crisis. Este factor explicativo fue la estructura de gobierno de la entidad caracterizada por la concentración de poder en el principal ejecutivo de Banesto, el presidente de la entidad, lo que hizo posible que se desarrollase una estrategia personal que entró en colisión con los intereses de los accionistas, de los depositantes, de los clientes y de los trabajadores del Grupo Banesto.
Dentro de esta estrategia se produjeron abusos basados en la información privilegiada, la realización de operaciones en beneficio de sociedades relacionadas con consejeros y, en particular, con el presidente de la entidad. Se debilitaron --y esto es importante-- los procedimientos

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internos de seguimiento y control de riesgos, así como la información al Consejo y a los accionistas. Se ocultó información a los supervisores al mismo tiempo que, con una costosa política de medios de comunicación y publicitaria, se proyectaba una imagen de solvencia y se pretendía obstaculizar --también externamente-- la supervisión del Banco de España.
La importancia de la crisis de Banesto requiere evidentemente una reflexión sobre el sistema de prevención en España, sobre los mecanismos de prevención y sobre posibles modificaciones del mismo, reflexión que ha realizado también la Comisión de seguimiento de Banesto. Fruto de esta reflexión se incluyen en el dictamen propuestas de modificaciones legales.
La primera reflexión es necesariamente sobre el sistema de supervisión del Banco de España, sobre el sistema de supervisión de nuestro país, una reflexión que no puede hacerse de ninguna manera al margen de lo que ha sido el elemento diferenciador de esta crisis. El elemento diferenciador ha sido el comportamiento de los gestores de Banesto que, con su actuación deliberada de ocultación y de obstrucción, dificultaron la labor normal, preventiva, del Banco de España.
El dictamen considera que nuestro marco legal supervisor que parte de la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que incorporó precisamente la experiencia de las crisis de los años 70 y de principios de los 80, es un marco que se ha mostrado satisfactorio; especialmente hay que tener en cuenta que ha incorporado a lo largo de estos años toda una serie de sucesivas mejoras que han culminado con la Ley 3/1994 de adaptación a la Segunda Directiva comunitaria de Coordinación bancaria.
Nuestro sistema de información prudencial al Banco de España y nuestra normativa contable, señorías, es perfectamente homologable con los de otros países industrializados y con los de la Unión Europea, con un elemento propio que añade mayor rigurosidad, que es el hecho de que nuestro país tiene --y no lo tienen otros países-- un sistema de inspección «in situ» en las entidades de crédito. El sistema de inspección ha mostrado su eficacia dado que ha sido capaz, ha podido superar las dificultades que existían en Banesto --y esta Comisión ha podido constatarlo-- para identificar la situación.
Es evidente que una reflexión concreta, una cuestión concreta se puede plantear respecto al momento en que se toman las decisiones, se pasa de una inspección intensa, con advertencias y requerimientos, a actuaciones interventoras.
Señorías, la respuesta a esta cuestión no puede ser otra que la estrictamente legal. En España, la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito establece con toda claridad que la actuación de intervención sólo es posible en situaciones de extrema gravedad; es decir que se exige que la situación esté probada. No se puede intervenir una entidad sobre la base de sospechas. En el caso de Banesto no hubo retrasos, como decía anteriormente, desde el momento en que se identificó la situación, cosa que quedó hecha plenamente el 15 de diciembre de 1993.
Se ha dicho aquí, se ha recordado, que el Banco Español de Crédito --y a partir de ahí se han planteado interrogantes-- se negó a comprar Ibercorp. Debo recordar, señorías, que el Banco de Santander también se negó a comprar Ibercorp; creo que nadie puede introducir resquemores, insinuaciones, etcétera, sobre los acontecimientos posteriores en los que ha participado el Banco de Santander.
Debo decir también que los datos contables, los estados contables mostraban una situación de Banesto a 31 de diciembre de 1992 --estados contables que podemos sospechar que no eran los reales, porque hemos comprobado manipulación de la contabilidad, ocultación de la realidad--, unas necesidades de saneamiento de 110.000 millones de pesetas. No era una situación de extrema gravedad. Debo plantear aquí una pregunta. ¿Qué hubiera pasado, señorías, en este país, dentro y fuera de esta Cámara, si sobre la base de sospechas, sin una situación probada de crisis extrema, el Banco de España hubiese intervenido Banesto en diciembre de 1992? Creo que esta reflexión es necesario plantearla, porque precisamente alguno de los Grupos de la Cámara hubiera sido el primero en montar un absoluto escándalo sobre una decisión de estas características, basada únicamente en la sospecha.
Para la Comisión, señorías, la conclusión más importante de la crisis de Banesto es que la mala gestión ha sido básica en esta crisis, como la ha sido en otras crisis bancarias, y también que la supervisión tiene sus límites cuando hay ocultación de la realidad y cuando se vulneran las normas de contabilidad y las normas de prudencia.


El señor PRESIDENTE: Señora Aroz, le ruego que concluya.


La señora AROZ IBAÑEZ: Ello hace que se plantee, como plantea el dictamen, que los problemas de gestión deben ser regulados, en primer lugar, por los consejos y por las juntas de accionistas; esto requiere introducir sistemas de control interno que evidencien el funcionamiento y la gestión que se realiza y asegurar que los miembros del Consejo reciben la información relevante para el Banco y que es incorporada a la gestión.
A partir de estas consideraciones que se recogen en el dictamen, en relación al papel de los consejos, también en relación a posibles modificaciones en el Código Penal para complementar los delitos societarios, el Grupo Socialista ya quiere anunciar que, en la medida en que ha participado en la elaboración de estas propuestas,

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y hace suyo el dictamen, presentará en el momento oportuno iniciativas dirigidas en ambos sentidos.
Finalmente, quisiera destacar, señorías, que las conclusiones del dictamen corroboran actuaciones realizadas desde instituciones públicas y privadas; la exigencia de responsabilidades que ha planteado el Banco de España, a través del inicio de un expediente disciplinario, y también las actuaciones del Banco Español de Crédito, que ha acordado la realización de una acción social de responsabilidad, en su Junta General del 26 de marzo de 1994.
La actuación de la Fiscalía coincide también con las conclusiones parlamentarias y pone de manifiesto que todas las instituciones han actuado en demanda de responsabilidades y que no existe impunidad en nuestro Estado de derecho.
Hay que señalar también, dentro de la reflexión sobre el impacto social que este caso ha tenido, que ha coincidido con otros que se han producido en los últimos meses, que aparece en nuestra sociedad una nueva sensibilidad frente a este tipo de actuaciones.
Entiende el Grupo Socialista que todo esto ha de conllevar, desde la reflexión de determinadas prácticas económicas, un cambio en los esquemas de valores y una nueva ética colectiva que incluya también las buenas prácticas en las sociedades, impulsando todo ello de manera colectiva.
Es preciso, sin embargo, situar los problemas en su justo valor y decir que los escándalos económicos, los fraudes económicos no son exclusivos de nuestro país y que la diferencia en España respecto a otros momentos de nuestra historia es que los protagonistas de las quiebras de las empresas salían de éstas ganando dinero, mientras ahora deben afrontarlas y se les está exigiendo responsabilidades.
Quisiera poner de manifiesto, como han hecho otros comisionados, el clima de colaboración que ha existido en la Comisión Banesto, que nuestro Grupo quiere agradecer de manera personal y particular a todos y cada uno de los comisionados.
Quisiera acabar con una última reflexión. El trabajo de la Comisión, que ha sido transparente, que ha sido totalmente abierto, ha permitido clarificar los hechos, pero también darlos a conocer ampliamente y contribuir a formar opinión sobre los mismos. Se han despejado todas las dudas, cualquier sombra de duda que intencionadamente se había tratado de arrojar sobre las motivaciones de la intervención de Banesto.
La Comisión ha sido, por tanto, un instrumento para reconstruir la verdad y el Parlamento ha cumplido con su función de atender los problemas que se plantean en la sociedad.
Gracias, señor Presidente, gracias, señorías. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Vamos a proceder a la votación del dictamen de la Comisión no permanente sobre intervención del Banco Español de Crédito (BANESTO).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 279; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


--PROPUESTAS DE RESOLUCION RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A 1993 (Número de expediente 245/000003)

El señor PRESIDENTE: Punto undécimo del orden del día: propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 1993.
Propuesta de resolución del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. (Murmullos.) Señorías, guarden silencio.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Queríamos también agradecer al portavoz del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haber cedido a este grupo parlamentario primeramente el uso de la palabra por razones de operatividad parlamentaria de este grupo.
(Risas.--Aplausos.--El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la presidencia.) Señor Presidente, ...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Contribuyamos, señorías, con nuestro silencio a la operatividad parlamentaria.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, le damos las gracias nuevamente y, a continuación, vamos a entrar al fondo del asunto, vamos a entrar en materia.
La propuesta de resolución que plantea nuestro Grupo Parlamentario a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial pretende, en definitiva, una cuestión obvia, pero que en la práctica está suponiendo que haya una actuación de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial que no está ajustando su quehacer público...
(Murmullos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Gatzagaetxebarría. Silencio, señorías. Ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.


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Decía que la propuesta de resolución nuestra puede parecer obvia, pero que no lo es, puesto que pretendemos que un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial proceda al cumplimiento de la legalidad constitucional que da amparo a la existencia de ese órgano, de la legalidad estatutaria de los estatutos de autonomía del País Vasco, de Navarra, de las islas Baleares, de Cataluña, de Galicia y del País Valenciano, porque, señor Presidente, han pasado 14 años desde la aprobación de los diferentes estatutos de autonomía y han pasado nueve años desde la aprobación inicial de la Ley orgánica del Poder Judicial y es al día de hoy, señor Presidente, en que todavía en los concursos de traslado para la cobertura de plazas de jueces y magistrados en Baleares, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Navarra, en el País Vasco no se tiene en cuenta el conocimiento de lenguas oficiales distintas del castellano vigentes en estos ámbitos territoriales. Además, en segundo lugar, señor Presidente, tampoco se tiene en cuenta el conocimiento del derecho foral privado o del derecho propio de naturaleza pública administrativo que haya dado a conocer, que se haya dado, en definitiva, a integrar en el ordenamiento por parte de estos poderes públicos autonómicos.
Nos parece esta cuestión grave. Tuvimos ocasión de hacer una pregunta oral al señor Belloch, Ministro de Justicia e Interior, y coincidíamos con él cuando decía que el Consejo General del Poder Judicial estaba incurriendo en una cuestión que doctrinalmente no está todavía muy analizada, que es la responsabilidad política de un órgano constitucional que no cumple con los mandatos de la Ley orgánica del Poder Judicial y con los estatutos de autonomía citados.
Manifestar, señor Presidente, que desde la aprobación de la Ley Orgánica, el año 1985, y de los Estatutos de Autonomía en los años 1980, 1981 y 1982, es en el año 1991, bastantes años más tarde, cuando el Consejo General del Poder Judicial toma una tibia iniciativa de proceder al cumplimiento de esta legalidad estatutaria y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tomado este acuerdo, señor Presidente, inmediatamente, una asociación profesional, en concreto la Asociación Profesional de la Magistratura Española, recurre en reposición y el Consejo General del Poder Judicial suspende la aplicación de este acuerdo, que tanto esperábamos en un Estado autonómico, relativo a la valoración del derecho propio de las comunidades autónomas y de las lenguas oficiales distintas del castellano de estos poderes autonómicos.
Pues bien, en base a este recurso primero en vía administrativa de la Asociación Profesional de la Magistratura, el Consejo General del Poder Judicial suspende un acto que él mismo había aprobado y, además, yendo contra la regla general de los actos de los poderes a los que está sujeto el Consejo General del Poder Judicial, de que los actos están investidos del principio de legalidad y, por tanto, se presumen ilícitos. Sin embargo, aquí el Consejo adopta un acuerdo y lo suspende al mes.
Por tanto, nos parece que, coincidiendo con el señor Ministro de Justicia e Interior, ahí hay una responsabilidad política.
Por cierto, insignes juristas de esta Cámara han analizado las posibilidades de control que existen por parte de las Cortes Generales, que son las que han elegido a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para poder censurar la actividad de gestión, no la actividad jurisdiccional propia, puesto que ésa no es función de esta cámara, pero sí la actividad de adecuación de su funcionamiento y de su quehacer público a la ley que la regula, a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, de este órgano constitucional.
Por ello, señor Presidente, al margen del recurso de reposición previo y al margen del recurso contencioso-administrativo, que en este momento está en sede judicial ante el Tribunal Supremo, al margen de todo eso, nosotros queremos hacer un simple recordatorio al Consejo General del Poder Judicial, y es que se cumpla esta legalidad prevista en los Estatutos de Autonomía en materia de lenguas oficiales distintas del castellano y de Derecho foral y administrativo elaborado por las mismas.
Lo decimos porque el tema, que está «sub iudice», puede tardar bastante tiempo y creemos que son dos cosas que se pueden deslindar. Una cosa es cómo resuelva el Tribunal Supremo tal cuestión --la cuestión de la valoración del conocimiento de estas lenguas-- y otra es hacer el recordatorio, puesto que eso es lo que en este momento, señor Presidente, estamos debatiendo, de si cuando el Presidente del Consejo General del Poder Judicial viene a esta Cámara a dar cuenta de la gestión administrativa, de la gestión de su quehacer público, verdaderamente se adecua al espíritu y a la legalidad de que esta Cámara le ha dotado para hacer sus actuaciones en cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene asignadas. En este sentido es en el que nosotros apreciamos una disfunción importante y por ello hemos planteado esta propuesta de resolución, queriendo recordar al Consejo General del Poder Judicial que efectivamente tiene que cumplir la legalidad estatutaria y la legalidad que esta Cámara le ha dado para que pueda funcionar, que es la ley Orgánica del Poder Judicial.
Termino, señor Presidente, recordando la exposición que hacía el señor Ministro de Justicia e Interior cuando decía que es voluntad del Gobierno --y así lo ha manifestado el mismo-- que esa legalidad se cumpla, y como prueba de ello está el que en el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley orgánica del Poder Judicial de hace unos meses admitió y también la unanimidad de los Grupos de la Cámara, que también se tuviera en cuenta en el acceso a las plazas de jueces

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y magistrados por los turnos tercero y cuarto el conocimiento de lenguas oficiales distintas del castellano, el Derecho foral propio de las comunidades autónomas y el Derecho administrativo generado de las competencias que ellos mismos tienen, de conformidad con el bloque de constitucionalidad.
Por ello, señor Presidente, finalizo diciendo que esto es únicamente un recordatorio que esta Cámara, que es la que ha nombrado al Consejo General del Poder Judicial, tiene la obligación pública de hacer, para controlarlo y recordarle que tiene que ajustar su actuación al principio de legalidad, que es del que le ha dotado esta Cámara para su quehacer público.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo parlamentario ha presentado siete propuestas de resolución consecuencia del debate que hubo hace algunas semanas en esta Cámara sobre la Memoria anual del Consejo General del Poder Judicial que presentó el Presidente del Consejo y Presidente del Tribunal Supremo, señor Sala, y que suscitó un interesante debate en la Comisión de Justicia e Interior, que es sin duda, o debe serlo, el gran debate en el Parlamento sobre el estado de la justicia. La verdad es que no lo ha sido así hasta ahora. El debate sobre la Memoria del Consejo General del Poder Judicial nunca ha sido en esta Cámara el gran debate sobre la justicia, entre otras cosas porque el Consejo General --y es algo que nuestro Grupo señaló reiteradamente al presidente del Consejo-- no se ha comportado hasta ahora como un órgano de gobierno del Poder Judicial, no se ha acabado de creer esa competencia básica que le da la Constitución de ser el órgano de gobierno del Poder Judicial.
Bajo la sombra todavía del Poder Ejecutivo, el Consejo General todavía no lo ha sido y, como no lo ha sido, ese debate de la memoria del Consejo nunca era el gran debate sobre la justicia, pero debe serlo. Por tanto, como consecuencia de ese debate, los Grupos parlamentarios debieran sacar las consecuencias y, como dice la propia Ley orgánica del Poder Judicial, presentar propuestas de resolución. Hasta ahora, que yo recuerde, no se ha hecho nunca. Después de este debate nunca ha habido una presentación de propuestas de resolución y quizá estamos inaugurando una nueva costumbre parlamentaria, que espero que sea seguida en años posteriores, porque, repito, el debate de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial, una memoria importante, debe ser el momento adecuado para que en este Parlamento se estudien, se contrasten, cuáles son los grandes problemas que tiene la justicia y sacar consecuencias de ello.
Nuestro Grupo ha sacado siete consecuencias plasmadas en siete resoluciones, que creemos que se refieren a los aspectos fundamentales de la ineficiencia de la justicia española, que es algo compartido seguramente por todos los miembros de esta Cámara. La justicia española es una justicia ineficiente; de ello existen unas causas --yo creo que cada vez más conocidas, más claras-- que yo voy a señalar, que voy a enumerar muy rápidamente, porque de ahí extraemos las propuestas de resolución que sometemos al debate y a la decisión, a la aprobación de esta Cámara en esta tarde.
La justicia española, en primer lugar, adolece de procedimientos obsoletos. Esto es algo conocido. Habría que ir a un nuevo procedimiento civil que se base en la inmediación y la oralidad de una forma muy clara, que unifique más de un centenar de procedimientos civiles, y habría que ir a un procedimiento penal menos inquisitivo y más acusatorio. En cuanto a este tema de los procedimientos, está previsto que vengan grandes leyes procesales y ésta es una tarea fundamentalmente de iniciativa de Gobierno en la que esta Cámara, sin duda, lo único que tiene que hacer es debatir y aprobar en su momento.
En segundo lugar, nuestra justicia, en el plano contencioso-administrativo, tiene tal atasco en este momento que puede decirse que tenemos una administración pública que no tiene un verdadero control judicial. El atasco judicial de las salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia (la primera escala, porque luego hay escalas inferiores), de la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo es de tal calibre que, probablemente, en un procentaje importante de casos se incumple el principio de la tutela judicial por la justicia tardía, que es en la práctica una denegación de justicia.
En tercer lugar, tenemos en España una planta judicial desequilibrada y lejana que no acierta en la asignación de tareas y que esto es algo que espectacularmente se nota en los procedimientos que tienen que ver con asuntos económicos. En los litigios de contenido económico no tenemos en nuestro país tribunales especializados y en los que hay sobre delitos monetarios, el caso de la Audiencia Nacional, están desbordados, ya que se concentra en ellos todo lo que tiene que ver con delitos monetarios o económicos. No hay una verdadera formación ni reciclaje de jueces en materia de delincuencia económica organizada y esto es algo que se ve como una dificultad enorme del Poder Judicial, es algo que incluso en estos mismos días y en relación con el caso Banesto sobre el que nos acabamos de pronunciar, aparece la impotencia de la justicia para tratar sobre la complejidad enorme, cada vez mayor, de todo el complejísimo mundo económico y financiero.
Por otra parte, tampoco tenemos en nuestro país una justicia cercana al ciudadano, a su lugar de residencia. No tenemos en España algo parecido a lo que hay en

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el Reino Unido, los llamados «magistrate court»; o el caso de los jueces de instancia franceses que resuelven pequeños litigios, numerosas cuestiones de la vida cotidiana, haciendo una justicia rápida y eficaz. No hay, en este aspecto, un juez cercano al conflicto. Hay, más bien, un juez que resuelve el litigio, un juez legalista y burocrático. No existe algo parecido a lo que serían los jueces de barrio, después de que se suprimieron, de forma incomprensible, los juzgados de distrito en nuestro país.
A lo anterior hay que añadir que tenemos una oficina judicial muy poco operativa, con una política de personal realmente inexistente. La oficina judicial española tiene una concepción anticuada, no operativa; tiene una ausencia evidente de medios materiales y sobre ella pesa, hasta ahora, la política de personal absolutamente ininteligible. La oficina judicial, que debía ser un equipo de asistencia al juez con asesoramiento especializado y un tramitación eficaz de los asuntos, sin embargo adolece de esos asesoramientos, de esa documentación, de asesores económicos, médicos, psicólogos, técnicos u otros; además, no hay especialización ni formación suficiente de un personal que cambia y rota a toda velocidad de jueces y de personal judicial, con lo cual no es posible que haya una mínima rentabilidad ni continuidad en el trabajo judicial.
Además --y esta sería una penúltima característica de nuestra justicia-- cuando acaba la sentencia empieza el calvario de las ejecuciones judiciales. La justicia no acaba con la sentencia, sino que tiene que culminar en la ejecución de la misma; pero en todos los órganos jurisdiccionales la ejecución de la sentencia se convierte en un drama de características kafkianas en lo social, donde termina pagando normalmente el Fondo de Garantía Salarial, tras la declaración de la insolvencia empresarial; en lo civil, cuando los embargos son un rosario de notificaciones, desplazamientos, en muy pocos vehículos, y subastas sobre las que planea la corrupción; en lo contencioso, donde la Administración muestra su faz más obstruccionista y desobediente, negándose, reiteradamente, a la ejecución de las sentencias; o en lo penal, donde, al final, tiene que cumplirse la pena, pero, a veces, cuando el penado está totalmente rehabilitado.
Por último, tenemos todavía una justicia gratuita, que no lo es, aunque parece que hay vías de solución. Estamos esperando un proyecto de ley, que tenía que haber llegado ya, consecuencia de una moción aprobada unánimemente en esta Cámara, para regular la justicia gratuita.
A todo esto se añaden nuevas necesidades a los grandes y eternos problemas de la justicia española, como son el tema de la inflacción de la demanda de la justicia o el problema del conflicto económico; por ejemplo, y lo señalaba anteriormente, el caso Banesto. La crisis económica ha llevado a reestructuraciones, a reconversiones industriales, a quiebras y suspensiones de pagos con enormes repercusiones, con un derecho de sociedades que ha adquirido unas características descomunales; a un sistema financiero que ha creado un mundo propio, que no tiene una respuesta judicial adecuada y que en el campo penal aparece de una forma muy grave con una delincuencia económica organizada, al que hay que incluir el gran problema de la corrupción, que se encuentra con una justicia inerme, sin capacidad de investigación y, a veces, hasta de pura comprensión.
Para intentar solucionar algunos de estos problemas van dirigidas modestamente estas propuestas de resolución que se presentan como consecuencia del debate de la Memoria del Consejo del Poder Judicial.
Hemos presentado siete propuestas de resolución que intentan atajar esos grandes problemas, ese diagnóstico de los males de la justicia española.
En la primera de ellas, instando al Consejo del Poder Judicial a proceder a aprobar un diseño de la oficina judicial. Tema crucial, fundamental. El propio señor Sala, Presidente del Consejo, reconocía, en la tardanza del Consejo en enfrentarse a ello, un cierta timidez o falta de valentía para aprobar un diseño de oficina judicial y poner en práctica una experiencia piloto. Así lo señalaba en el debate que tuvimos en Comisión.
La segunda propuesta de resolución proponiendo la creación de juzgados de barrio, pero no en el sentido que hemos escuchado alguna vez al Ministro de Justicia e Interior, con jueces no profesionales, incluso no versados necesariamente en derecho, sino que queremos, al contrario, que los jueces de barrio estén al comienzo de la carrera judicial y traten todos los órdenes jurisdiccionales; asuntos civiles, juicios de faltas en el orden penal, asuntos, incluso, contencioso-administrativos de orden municipal y laborales, fundamentalmente estos tres en una primera fase.
También proponemos que el Congreso inste al Gobierno a enviar un proyecto de ley sobre policía judicial, creación de una verdadera policía judicial, que se llama así en estos momentos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que no lo es en la práctica. Es una vieja aspiración de jueces y fiscales el tener una policía judicial dependiente funcional y orgánicamente de los jueces, precisamente para que éstos puedan arrostrar las tareas importantes de investigación que el complejo mundo de la delincuencia actual les exige.
En una cuarta propuesta de resolución pedimos que se envíe por el Gobierno un proyecto de ley de modificación de lo contencioso-administrativo, otra ley de lo contencioso, para que se pongan en práctica de una vez los juzgados de lo contencioso-administrativo. Es incomprensible que todavía no estén en práctica estos juzgados de lo contencioso-administrativo, que pueden ser unipersonales, que desatascarían esta situación de práctica denegación de justicia en muchas ocasiones,

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tardía justicia en el campo de lo contencioso-administrativo.
Pedimos en otra propuesta de resolución el que se estudien medidas necesarias para agilizar el gran problema de la ejecución de las sentencias, de las resoluciones judiciales, en todos los órganos jurisdiccionales, como dice una de las enmiendas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria.
Señalamos, asimismo, la necesidad de crear órganos especiales de documentación y asesoramiento a jueces y fiscales.
En una última propuesta de resolución señalamos la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial estudie la necesaria especialización de juzgados y tribunales en el orden civil y en el penal, sobre todo en el mundo de lo económico.
Probablemente estaríamos necesitados de ir a una especialización de tribunales, no en la Audiencia Nacional, sino incluso en los juzgados de primera instancia y tribunales superiores, en temas económicos, es decir, en quiebras, suspensiones de pagos, acuerdos societarios, conflictos de derecho bursátil y financiero, propiedad industrial, etcétera, en el campo civil; y también en el campo penal, en temas de fraude y publicidad engañosa, delitos fiscales, aduaneros, bursátiles, societarios, urbanísticos, de medio ambiente, etcétera.
Estas son las propuestas de resolución que presentamos ante esta Cámara. Si fuesen sensibles a ellas podemos decir que hemos sacado verdaderamente provecho de este debate importante de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial que, como digo, tiene que constituirse, ya que ese Consejo es el órgano de gobierno de la Justicia, en el gran momento para estudiar los problemas del servicio público de la Justicia, algo tan necesitado de reformas profundas, no de meros retoques, sino de auténticas reformas profundas hacia las que van destinadas nuestras propuestas de resolución.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
A las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se han presentado enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Coalición Canaria.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, el señor Pérez Mariño tiene la palabra.


El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente.
Por lo que se refiere a las dos enmiendas presentadas son especialmente simples, porque la primera de ellas, que es a la primera de Izquierda Unida, trata sólamente modificar el plazo de tres meses por el de cinco.
En cuanto a la propuesta de resolución número 5, entendemos que en ningún caso el Consejo General del Poder Judicial puede proponer medidas necesarias para agilizar, asegurar, o dar eficacia al cumplimiento y ejecución de las resoluciones judiciales. Por ser eso así, sería imposible aprobar lo propuesto por Izquierda Unida. En consecuencia, nuestras dos enmiendas son meramente técnicas y posibilitarían el que nosotros estuviéramos de acuerdo con lo propuesto por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
No sé si este es el trámite también para consumir un turno en contra.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición con respecto al conjunto de las propuestas, hayan sido o no enmendadas, a la vez de la defensa de las enmiendas.


El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente.
Continúo, por tanto, después de haber dado por defendidas, de esa forma tan simple, las dos enmiendas presentadas a las propuestas de resolución.
Por seguir el turno de intervenciones, en primer lugar, quiero mostrar nuestra oposición a la propuesta del representante del Grupo Nacionalista Vasco (PNV). No es exacto lo que él manifestaba de que el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 23 de octubre de 1991, fue recurrido solamente por la Asociación Profesional de la Magistratura. Lo cierto es que fue recurrido por la Asociación Profesional de la Magistratura, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por la Asociación Judicial Jueves para la Democracia y, además, a título individual, por 68 jueces más. El acuerdo recurrido en reposición por todas las instituciones citadas y por los jueces fue en parte aceptado por el Consejo General del Poder Judicial y, posteriormente, recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa, teniendo su sede en este momento dicho recurso en la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su Sección 1.ª, donde se encuentra.
Como consecuencia de dicho recurso, se suspendió el acuerdo tomado por el Consejo General del Poder Judicial, y ello hace imposible en estos momentos que pudiera instalarse a dicho Consejo General del Poder Judicial para que reglamentase otra vez lo mismo que ya ha hecho en el año 1991 y que en estos momentos se encuentra «sub judice». Si nosotros desde aquí instásemos al Consejo General del Poder Judicial a ello y por tal obligación el Consejo lo volviera a reglamentar, volviera a tomar un acuerdo, supondría, sin duda, un abuso del derecho por parte del Consejo, lo que hace que eso sea imposible. Esa es la única y exclusiva razón por la que nos vamos a oponer a tomar en consideración la propuesta presentada por el Grupo Nacionalista Vasco, por ser absolutamente imposible que ello pueda ser así.


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Por lo que respecta a las propuestas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la primera de las mismas ya hemos objetado que el trámite y el tiempo que creemos oportuno para que se estudie este diseño de oficina judicial, debe ser de cinco meses y no de tres, porque no sería suficiente.
En cuanto a la segunda propuesta de resolución, en la que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretende que el Gobierno apruebe una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que conlleve además el establecimiento de los llamados vulgarmente jueces de barrio con una serie de características, tenemos que señalar que no nos oponemos a que ello sea así, porque el Gobierno ya lo ha previsto y tiene en estudio en este momento una reforma del conjunto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se regularán los llamados jueces de barrio. No es éste el momento oportuno ni existen los estudios pertinentes para poder decir en este momento cuáles deben ser las características que estos jueces de barrio deben tener. Por eso creemos que, en ningún caso, puede aceptarse la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque establecer los jueces de barrio supondría, sin duda alguna, una modificación importantísima en todas nuestras normas orgánicas y sustantivas. Eso conlleva que tenga que hacerse con mucha más tranquilidad, con mucha más moderación y con estudios previos mucho más importantes. Al hilo y al tiempo de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se regulará esta materia y el Gobierno, como ha prometido, en el espacio de esta legislatura, presentará dicho proyecto de ley.
Por lo que se refiere a la tercera propuesta, que hace referencia a la policía judicial, tenemos que señalar la misma razón que a la segunda. El Gobierno en estos momentos tiene en trámite de estudio, de borrador, una regulación de la policía judicial, pero aún no está establecido tampoco cuáles han de ser las características, fundamentalmente de dependencias, que esta policía judicial ha de tener, porque con toda seguridad todos los grupos de esta Cámara queremos que la policía judicial responda a unas características de eficacia, entre otras cosas, que es necesario regular también sin las prisas que se pretenden en este momento, mediante, como se contempla en la resolución, una dependencia de jueces y fiscales que hay que matizar. En esta legislatura también tendrá entrada en esta Cámara una propuesta de regulación de la policía judicial que esperemos sea del agrado de todos los grupos parlamentarios.
A la propuesta de resolución número 4, el Gobierno en estos momentos tiene en trámite muy avanzado de estudio y pendiente de enviar a la Comisión de Subsecretarios lo que será la nueva regulación de la jurisdicción contencioso-administrativa, que abarcará no sólo, como pretende Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la regulación de los juzgados de lo contencioso-administrativo, sino, asimismo, una nueva planta, una nueva ley para regular toda la jurisdicción contenciosa.
Esa es la razón por la que también vamos a oponernos a la misma, sin perjuicio de que podemos señalar que se cumplirán los plazos previstos para que en el próximo período de sesiones entre en esta Cámara el proyecto de una nueva ley en su conjunto.
A la propuesta de resolución número 5, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestamos nuestro acuerdo siempre y cuando el Grupo proponente acepte la enmienda transaccional que he defendido en primer lugar. Esperamos que así sea.
A la propuesta de resolución número 6, que hace referencia a que se inste al Consejo General del Poder Judicial para que cree unos órganos especiales de documentación y asesoramiento de jueces y fiscales, tenemos que decir, en primer lugar, que no es posible porque los fiscales no dependen del Consejo General del Poder Judicial y, en segundo lugar, porque en ningún caso sería competencia del Consejo la regulación de estos órganos especializados para asesoramiento sino que tendría que ser dependencia del Ministerio. Ya se viene haciendo en parte. Ya se trata, dentro de lo que las disponibilidades económicas lo permiten, de dotar a los órganos judiciales de aquellos equipos de asesoramiento que se cree necesario en cada caso, con las lógicas servidumbres económicas que ello conlleva, pero en ningún caso podría instarse al Consejo General del Poder Judicial, y esa es la razón por la que nos vamos a oponer a la propuesta.
A la séptima y última de las propuestas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tenemos que señalar que si se modificase la redacción de la misma estaríamos dispuestos a aceptarla, pero que tal como está en estos momentos redactada es imposible hacerlo, porque el Consejo General del Poder Judicial no puede proponer medida alguna y los acuerdos que adopte en esta materia serían acuerdos que aún no están maduros. Es cierto que cuando existen dificultades en los órganos judiciales españoles y, como decía el señor López Garrido, sobre todo cuando tratamos de asuntos de índole económica estas dificultades son ostensibles, todos pensamos en que sería bueno que existieran unos órganos judiciales especializados. Sin embargo, ello tiene especiales dificultades en la práctica, lo que hace que la cuestión, ni por la doctrina ni por los operadores del Derecho, no esté lo suficientemente madura como para poder tomar una decisión en estos momentos. Creemos que lo sensato sería pedirle al Consejo General del Poder Judicial que estudiara la conveniencia de su establecimiento desde una perspectiva práctica y teórica y, a la vista de los estudios que el Consejo pudiera realizar, los órganos legislativos, el Ministerio o el Gobierno podrían proponer las medidas oportunas.
En consecuencia y para terminar, si se aceptan las dos enmiendas transaccionales votaremos a favor de las

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números 1 y 5 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; si se modifica en algún trámite que no conocemos, si es posible, podríamos mostrar nuestro acuerdo a la séptima; y, en cualquier caso, mostramos nuestro desacuerdo a la --por numerarla de alguna forma-- número 8, del PNV, o primera de dicho Grupo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez Mariño.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria y, a la vez, para fijar su posición con respecto al resto de las propuestas de resolución, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Muy brevemente, señor Presidente, quiero aliviar la preocupación de SS.SS. en cuanto a la finalización de este debate, de este Pleno y, al mismo tiempo, no incurrir en la tentación de dilatarlo, lo que podría suceder de subir a la tribuna. Intervendré por ello desde el escaño.
Mantenemos en principio nuestras siete enmiendas, con las siguientes breves consideraciones que quiero exponer. En primer lugar, nuestra enmienda a la primera propuesta de resolución de Izquierda Unida se basa en que en realidad es el Gobierno y no el Consejo General del Poder Judicial quien tiene que remitir al Congreso de los Diputados el proyecto correspondiente para reformar la oficina judicial, sin perjuicio del informe pertinente y preceptivo del Consejo. No vemos cómo es posible que el Consejo inicie una experiencia piloto, que necesariamente tiene que descansar en una normativa para cuya aprobación no está legitimado el Consejo sino el Gobierno. En cualquier caso, estamos a la espera de los argumentos que nos pueda dar Izquierda Unida para mantenernos o no en la defensa de nuestra enmienda.
Respecto a la segunda propuesta de resolución he de manifestar que no estamos de acuerdo con la misma. Para nosotros es incluso una cuestión de conciencia porque no creemos que la creación de los juzgados de barrio sea la solución que erradique todos los males que actualmente aquejan a la Administración de Justicia en distintos estratos de nuestra sociedad y en cuyos órganos institucionales sí parece creer Izquierda Unida. Es una discrepancia que tenemos con Izquierda Unida. Y como tampoco creemos en la figura institucional de los juzgados de barrio, lamentamos no poder respaldar esta propuesta.
En tercer lugar, hemos presentado una enmienda a la propuesta de resolución número 3. Consideramos, por razones similares a las que ha expresado el señor Pérez Mariño, que se debe elaborar un proyecto de ley no de creación de la política judicial, que ya existe, sino un proyecto de ley sobre su reforma, con el fin de establecer una clara dependencia del ministerio fiscal, de los jueces y tribunales, porque en muchas ocasiones la policía judicial tiene que depender también de los órganos pluripersonales. En cualquier caso, mantenemos nuestra enmienda.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución número 4, he de manifestar que compartimos los razonamientos expuestos por el señor Pérez Mariño desde la tribuna. Creemos que es compatible ese estado tan avanzado en que se encuentra el debate, incluso en distintos segmentos profesionalizados de nuestra sociedad sobre la reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa, con la pretensión que se contiene en la propuesta de resolución número 4 de Izquierda Unida.
En cuanto a la propuesta de resolución número 5, hemos presentado una enmienda al objeto de que la misma se entienda referida a todos los órganos jurisdiccionales y no exclusivamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, como pudiera entenderse mediante una interpretación incluso sistemática en virtud del orden cronológico que se establece literalmente en sus enmiendas.
A la propuesta de resolución número 6 he de manifestar que de su literalidad podría entenderse que los fiscales dependen del Consejo. El señor Pérez Mariño ha hecho una alusión acertada con la que estamos completamente de acuerdo. De ahí la justificación de nuestra enmienda. Pensamos que el texto propuesto debe sustituirse por otro en el que se establezca que el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno a la creación de órganos especializados de documentación y de asesoramiento para jueces y fiscales, ya que los fiscales no tienen dependencia alguna del Consejo General del Poder Judicial, ni el Poder Judicial puede establecer dispositivos de asesoramientos alguno al ministerio público.
A la propuesta de resolución número 7 proponemos una enmienda de adición por la que se inste al Consejo General del Poder Judicial para que remita al Congreso de los Diputados una propuesta que contenga el protocolo de relaciones entre el Congreso de los Diputados y el Poder Judicial. Queremos conocer desde aquí la posición del Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de una obligación que tenemos en el Congreso de los Diputados. Creemos que la Presidencia y el órgano correspondiente deben acometer con la máxima celeridad esta tarea para evitar las disfunciones que se han puesto de manifiesto recientemente en virtud de unas relaciones imperfectas y difíciles entre comisiones de investigación y determinado juez de instrucción. En cualquier caso, estamos a la espera de conocer los argumentos en orden a la aceptación o no de nuestras enmiendas por parte de Izquierda Unida para obrar en consecuencia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.


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¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que quieran fijar su posición? Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, señorías, con relación a la propuesta de resolución presentada por el Grupo Vasco, nuestro Grupo quiere manifestar su total conformidad con la misma puesto que es coherente con el marco normativo vigente, máxime si recordamos la reciente aprobación, hace apenas dos meses, de la Ley Orgánica de Reforma del Poder Judicial en la que se amplía incluso al mérito el conocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano en el tercer y cuarto turno.
La experiencia en esta cuestión nos hace ser prudentes puesto que, como ha manifestado el portavoz del Grupo Vasco, la normativa al respecto no se ha llegado a aplicar aún. Si bien es cierto que en su día se presentó un recurso al Reglamento aprobado por el Consejo General del Poder Judicial que desarrollaba esta materia, ahora con la nueva legislación a la que he hecho referencia, se da la oportunidad de un nuevo desarrollo reglamentario. Por todo ello, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) está de acuerdo con la propuesta del Grupo Vasco de representar la necesidad del desarrollo, sin más dilaciones, de esta nueva ley orgánica del Poder Judicial con un respeto a la misma y a los estatutos de autonomía.
Con relación a las propuestas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos de acuerdo, como hemos manifestado repetidas veces, con la necesidad de un nuevo diseño de oficina judicial pues del buen funcionamiento de la misma dependerá, en buena medida, la agilidad y eficiencia que reclamamos del sistema judicial.
Entendemos la propuesta de Izquierda Unida como la solicitud al Consejo de un diseño de reforma de la oficina judicial porque la fórmula que debe impulsar esta propuesta ha de ser planteada por el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en esta materia y, obviamente, valorando la propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
En cuanto a la propuesta número 2 es de una evidente complejidad a la que no podemos poner plazos como se propone, por lo cual votaremos en contra, al igual que de la número 7 a no ser que se acepte la enmienda que ha presentado el portavoz del Grupo Socialista y también de la número 6, con la que, si bien estamos de acuerdo, la creación de órganos especializados de documentación y asesoramiento representaría la habilitación de los correspondientes créditos presupuestarios. Nos habría parecido mejor instar al Gobierno para que, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas con competencias en la materia, hubiera procedido a la creación de estos órganos.
Con referencia a las números 3 y 4, el portavoz del Grupo Socialista nos ha recordado el calendario y el compromiso del Gobierno respecto al proyecto de ley de creación de la policía judicial y de modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que creemos innecesario que se produzca en este momento un pronunciamiento de la Cámara.
Finalmente, valoramos favorablemente la número 5 si se admiten las enmiendas que se han propuesto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Alemany.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pillado Montero.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con la ineludible brevedad que impone ya la avanzada hora de esta tarde.
La intención que se nos dice está detrás de las propuestas de resolución que hoy nos ocupan, a saber, la intención de que la Administración de Justicia funcione de una vez, obviamente tiene que ser compartida por cualquiera. El funcionamiento de la Administración de Justicia es pieza básica de todo Estado de derecho y, en nuestro caso, en nuestro país, ha merecido, y sigue mereciendo, duras críticas, negativas críticas, de todos los sectores de la sociedad. Y durante estos doce años de Gobierno socialista no puede decirse precisamente que el problema haya desaparecido, ni mucho menos. Se dirá que se han volcado medios materiales, que se han aumentado las dotaciones de personal, que se han hecho importantes reformas legislativas, etcétera. Lo cierto es que el problema sigue vivo, lo cierto es que se dieron palos de ciego, que sobró improvisación e incluso sobró demagogia. Pero ha faltado un proyecto coherente, un orden de prioridades, una dirección clara hacia los objetivos que había que conseguir. En mi opinión personal, y lo he dicho más de una vez, han sido doce años perdidos.
De modo que bienvenidas sean todas las propuestas que tiendan a la solución de este problema. Por ellas hemos clamado todos; por la solución de estos problemas estamos clamando todos, todos los días. Las propuestas que ahora nos ocupan, quizá más oportunistas que oportunas, bienvenidas sean; no son más que una reiteración de lo que pedimos todos, todos los días, aunque de otra manera y de otra forma. Este problema, en todo caso, hay que denunciarlo oportuna e inoportunamente, con ocasión o sin ella.
Ahora bien, una cosa es que compartamos la intención de las propuestas de resolución que se nos traen aquí, y otra cosa es que compartamos las propuestas concretas, las soluciones concretas que se nos apuntan y tal como se nos presentan.


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En principio, la ambigüedad y la amplitud de las propuestas de resolución ya hacen difícil saber cuál es el diseño de la Administración de Justicia que se pretende. Pero, por lo que se ve, y, sobre todo, por lo que se adivina (haciendo una frase fácil), no es muy sencillo compartir tales propuestas.
Así, y comenzando por orden, la relativa a la reforma de la llamada oficina judicial, tengo que empezar formulando un artículo de previo pronunciamiento. Hace pocas semanas terminábamos una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hace pocas semanas, una vez más, se dejó al Consejo General del Poder Judicial huérfano de todo tipo de competencias en la materia de la oficina judicial; hace unas semanas se rechazaron nuestras enmiendas tendentes precisamente a que el Consejo General del Poder Judicial tuviese amplias competencias en materia de oficina judicial, y se rechazaron nuestras enmiendas precisamente con los votos de Izquierda Unida y con los votos del Partido Socialista, que también enmienda y pretende que, aceptando esta propuesta de resolución, la número 1, se le den ahora ciertas atribuciones en la materia al Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Tan pronto se ha arrepentido el Grupo proponente de aquel voto en contra de nuestras enmiendas? Por otra parte, esto de la oficina judicial suena a burocracia judicial. Y es que, en efecto, la Administración de Justicia en buena medida ha pasado a ser una especie de mero despacho de papeles, y lo que aquí se pretende es ver la forma de agilizar ese papeleo. Creemos que no es este el camino.
Previamente, hay que decidir qué sistema de Administración de Justicia es el que se desea. Si se sigue el mandato constitucional, si se apuesta decididamente por la oralidad, la solución al problema del papeleo tendrá que ser muy distinta.
Por eso, lo que es necesario, lo que es urgente, lo que es previo a cualquier otra medida, es promulgar unas nuevas leyes procesales que simplifiquen, que modernicen, esa selva de procedimientos en donde se pierden las mejores energías de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, las mejores energías de las gentes del foro.
Es imposible, pues, hacer ensayos de oficina judicial, es imposible hacerlos sin unas nuevas leyes procesales. En mi opinión personal y simplificando mucho las cosas, desde luego, la mejor oficina judicial es un buen juez, un buen mecanógrafo y un procedimiento judicial sencillo y, por supuesto, un secretario que ordene el trabajo.
Segunda propuesta: creación de juzgados de barrio. Señorías, el tiempo ha pasado factura, el tiempo ha demostrado muy prontamente que fue un error de la nefasta Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 la supresión de la justicia de distrito. La unificación de los cuerpos de jueces y magistrados... (Rumores.)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Pillado.
Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera puede continuar.


El señor PILLADO MONTERO: Decía, señorías, que la unificación de los jueces y magistrados en un cuerpo único no implicaba necesariamente la unificación de los juzgados. Podía y debió haberse mantenido la justicia de distrito, y ahora se quiere inventar algo parecido, pero el invento ya no es necesario. Lo único que hay que hacer es rectificar el error y volver a implantar lo que ya estaba implantado y lo que funcionó durante décadas en nuestro país.
Creación de una policía judicial. Naturalmente que sí. Lo hemos pedido reiteradamente; lo he hecho yo hace poco todavía en esta Cámara, en una pregunta oral, y el entonces Ministro de Justicia parece que estaba muy de acuerdo en la materia, ahora, que ya es también Ministro de Interior, parece que no está por la labor, valga el pareado. En todo caso, nuestro voto es, por supuesto, favorable a la creación, de una vez, de la policía judicial.
Proyecto de ley modificativa de la jurisdicción contencioso-administrativa. También lo hemos pedido reiteradamente; lo he hecho yo mismo en esta Cámara. Lo único que hay que hacer es dar cumplimiento, de una vez, a la Ley orgánica del Poder Judicial, que va a tener diez años de vida, y en esto tiene un incumplimiento clamoroso; y dar cumplimiento, además, a la Ley de Planta. Se da la circunstancia de que ya han pasado los cinco años para la actualización de la Ley de Planta y Demarcación y éste sería un magnífico momento para poner en marcha --no para crear, porque ya están creados por la Ley orgánica del Poder Judicial-- los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Además, es muy sencillo; lo que hay que hacer es fijar las compentencias, desarrollar el artículo 91 de la Ley orgánica del Poder Judicial, hay que desarrollar la Ley de Planta y Demarcación en este aspecto, y por supuesto sería muy oportuno un procedimiento donde prevaleciera la oralidad. Nótese que en problemas de personal laboral al servicio de la administración, estos asuntos se ven por la vía rápida, en un procedimiento oral, en las magistraturas de trabajo. Si el personal es funcionarial, se tarda años en ver un asunto de este tipo ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero es evidente que el Gobierno no quiere que funcione la jurisdicción contencioso-administrativa; yo no encuentro otra explicación a su pasividad.
Medidas para el cumplimiento y ejecución de las resoluciones judiciales; naturalmente. Lo peor que tiene nuestra Administración de Justicia, y ya se ha dicho aquí, es que, después de tardar meses o años en conseguir una resolución judicial, esta resolución no logra ejecutarse o se eterniza la ejecución. Como ya dije antes,

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es prioritaria la reforma de las leyes procesales, lo que nos permitiría sustraer personal de los trámites de la fase declarativa y volcarlos con la fase de ejecución, que además también puede simplificarse.
Creación de órganos especializados de documentación y asesoramiento a jueces y fiscales. ¿Qué se querrá decir con esto? Porque el aspecto de la documentación, si se refiere a facilitar la búsqueda de fuentes de doctrina y de jurisprudencia, lo tiene que resolver, obviamente, la informática, y ya hay en el mercado buenas ofertas al respecto, aunque no completas todavía; si se refiere a la creación de un cuerpo de letrados asesores de jueces y fiscales, estamos rotundamente en contra. Los jueces y fiscales tienen que ser los asesores de sí mismos, para eso están ellos precisamente. Y si se trata de asesorarles en otras materias, la solución está en la práctica de las pruebas periciales durante el proceso, más que en la creación de nuevos cuerpos de peritos forenses.
Por último, en cuanto al discutido tema de la especialización de juzgados y tribunales por materias, en el orden civil y penal, pensamos que en el orden penal sólo cabe, en todo caso, en la fase de instrucción, nunca en la de enjuiciamiento; en el orden civil no es necesaria esta especialización si se consigue una buena formación de los jueces y si se consigue que éstos trabajen con una carga de trabajo normal, que les permita una dedicación razonable a todo tipo de asuntos que entren en sus juzgados.
En cuanto a la propuesta de resolución del Partido Nacionalista Vasco, nuestra postura es la que ya se expuso aquí por el Grupo Socialista. Está pendiente precisamente un recurso contencioso-administrativo contra el desarrollo de esta materia que hizo en vía reglamentaria el Consejo General del Poder Judicial.
En una palabra, señorías, mi Grupo no sólo comparte la inquietud, no sólo comparte la intención, sino que viene pidiendo y proponiendo sin descanso una solución a nuestro problemas de la Administración de Justicia o, mejor dicho, la solución al gran problema de la Administración de Justicia. En cuanto a las fórmulas concretas para llegar a esas soluciones, no nos satisfacen todas las que aquí se nos presentan ni la forma en que se nos presentan. Por tanto, aceptaremos algunas y otras las rechazaremos con nuestro voto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pillado.
El señor López Garrido tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas defendidas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Coalición Canaria.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para fijar nuestra posición en relación con las enmiendas planteadas amablemente por los demás grupos parlamentarios.En primer lugar, debo felicitarme por que las propuestas realizadas por el Grupo de Izquierda Unida en relación con los problemas de la Justicia han tenido una buena acogida en esta Cámara. La intervención del portavoz socialista lo ha venido a corroborar. Algunas de nuestras propuestas son aceptadas y otras no, pero porque el Gobierno ya las está llevando a cabo. En definitiva, creo que se ha hecho un buen conjunto de propuestas en cuanto a los problemas que hoy tiene la Justicia, salvo por lo que se deduce de la intervención del Grupo Popular, que no he entendido exactamente lo que decía ya que comparte la intención...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, no existe un turno en contra. La tramitación es como la de las proposiciones no de ley. Por tanto, respecto a la fijación de posición, no puede entrar en debate.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Decía que no ha habido una posición muy favorable en el caso del Grupo Popular. Desde luego, en esto de la Justicia la pinza entre Izquierda Unida y el Grupo Popular no funciona en absoluto.
Voy a seguir cronológicamente las propuestas de resolución.
Empiezo por la primera, diciendo que aceptamos la transacción propuesta por el Grupo Socialista, en el sentido de ampliar a cinco meses el plazo que se le da al Consejo General del poder Judicial para aprobar un diseño de oficina judicial.
En cuanto a la segunda de las propuestas, el tema de los juzgados de barrio, parece ser --nos contratulamos de ello-- que el Gobierno está pensando introducirlo en la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. Se ha comprometido a hacerlo en esta legislatura. También se ha comprometido a hacer algo respecto a la policía judicial e incluso en el próximo período de sesiones algo respecto de lo contencioso-administrativo.
Nos alegramos de ello. Nos estamos seguros de que lo vaya a cumplir, porque tenemos antecedentes, como la reforma de la Ley que despenaliza la interrupción del embarazo, de que no cumple el Gobierno aquello que en la Cámara señala que va a cumplir. Pero nos congratulamos, en todo caso, de que manifieste esta intención.
Respecto a la propuesta de resolución número cinco, aceptamos la transacción presentada por el Grupo Socialista. Por tanto, se suprimirían las palabras «proponer» y «asegurar», y quedaría la redacción que propone el Grupo Socialista, añadiendo algo que completa y no va al fondo de la cuestión, es decir, lo señalado por el Grupo de Coalición Canaria en el sentido de poner «en todos los órdenes jurisdiccionales».


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En cuanto a la número seis, nuestro Grupo Parlamentario aceptaría la enmienda de sustitución que hace Coalición Canaria, que mejora sustancialmente la redacción de dicha propuesta de resolución.
Y en cuanto a la número siete, el Presidente tiene en su poder una redacción alternativa que sustituye la primera frase por: «El Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a estudiar la conveniencia de la especialización». Creo que es más coherente con el sentido de lo que figura en esta propuesta de resolución.
Por último, aceptaríamos también las propuestas de enmienda del Grupo de Coalición Canaria en relación con la propuesta de resolución número tres, que mejora también la redacción.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Vamos a someter a votación las propuestas de resolución. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Propuestas de resolución del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 12; en contra, 233; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Propuestas de resolución del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que se someten a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista, con las transacciones introducidas en el curso del debate.
Propuestas de resolución números 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 152; en contra, 101.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas.Propuesta número 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, ocho; en contra, 145; abstenciones, 98.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas de resolución números 3, 4 y 5. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera, tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, mi Grupo solicita votación separada de la propuesta número 5, con independencia de las números 3 y 4.


El señor PRESIDENTE: Votamos las propuestas de resolución números 3 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 111; en contra, 144.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Votamos la propuesta de resolución número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 255.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Votamos la propuesta de resolución número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, nueve; en contra, 144; abstenciones, 101.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.
Se levanta la sesión.


Eran las siete y veinte minutos de la tarde.

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