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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 104, de 16/11/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 104 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 103 celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 5346)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de contratación de la Administración Penitenciaria (número de expediente 172/000078) (Página 5369) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política general respecto de la energía nuclear en nuestro país con especial referencia al proceso de selección y criterios empleados en la elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en función de los criterios y requisitos señalados en la Ley 15/1980, de 20 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear (número de expediente 172/000079) (Página 5379)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 105, de 17 de noviembre de 1994.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 5346)

De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: A raíz de las numerosas informaciones publicadas respecto a las operaciones inmobiliarias del Sr. Francisco Palomino y de la preocupación social que dichas informaciones están produciendo, ¿qué tiene que decir el Gobierno respecto a las relaciones de CAE con la Administración del Estado? (Número de expediente 180/000795) (Página 5346)

De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Presidente del Gobierno respecto de las numerosas operaciones mercantiles e inmobiliarias en las que ha participado el Sr.
Palomino y que se han realizado con las distintas administraciones y empresas o sociedades públicas dependientes de la Administración General del Estado? (Número de expediente 180/000793) (Página 5347)

Del Diputado don Fernando Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Conocía el Presidente del Gobierno la relación entre don Francisco Germán Palomino Romera y la empresa Control y Aplicaciones, S.A. (CAE), adjudicataria de numerosos contratos con el Estado y el resto del sector público y, en concreto, subcontratista de determinadas instalaciones llevadas a cabo en el complejo de La Moncloa? (Número de expediente 180/000810) (Página 5350)

Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué condiciones efectuó la sociedad pública SEPES la adjudicación y venta de parcelas en Dos Hermanas (Sevilla), en 1989? (Número de expediente 180/000798) (Página 5351)

Del Diputado don Victoriano Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué condiciones se efectuó, por parte de RENFE, la concesión para la señalización eléctrica del tramo Oropesa-Alcanar? (Número de expediente 180/000802) (Página 5352)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué medidas adicionales piensa adoptar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para impulsar un decidido plan de renovación de la flota de la Marina Mercante? (Número de expediente 180/000817) (Página 5352)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medios está desarrollando el Gobierno para promover la participación de empresas españolas en programas comunitarios y en licitaciones internacionales del Fondo Europeo de Desarrollo? (Número de expediente 180/000775) (Página 5353)

De la Diputada doña Isabel Alberdi Alonso, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué papel jugó el Gobierno en la adjudicación de contratos en la Expo y en el Palacio de Congresos de Madrid? (Número de expediente 180/000801) (Página 5354)

Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Fue el Gobierno español el adjudicatario de los contratos del programa EFA? (Número de expediente 180/000800) (Página 5355)

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Del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en este Parlamento el 3 de marzo de 1992, relativa a las retribuciones del profesorado? (Número de expediente 180/000796) (Página 5356)

De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministro de Educación y Ciencia la adaptación al equivalente femenino de los títulos universitarios? (Número de expediente 180/000806) (Página 5357)

De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la posición de la Delegació española en la reunión preparatoria de Viena de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer, que se celebrará en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995, y cuáles son los trabajos que se están realizando cara a dicha Conferencia? (Número de expediente 180/000807) (Página 5358)

De la Diputada doña Loyola de Palacio del Valle-Lersundi, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué ocultó el Gobierno, en respuesta dada a pregunta del Senador del Grupo Popular don Juan José Unceta, información sobre las obras realizadas en el complejo de La Moncloa? (Número de expediente 180/000811) (Página 5359)

Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que los españoles tienen deberes nacionales para otra autoridad, que no sea la propia y constitucional? (Número de expediente 180/000778) (Página 5360)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Por qué fueron rechazados por el Ministerio de Economía y Hacienda varios proyectos de la empresa Biomédica en Asturias y Galicia? (Número de expediente 180/000804) (Página 5361)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios que llevaron al Ministerio de Economía y Hacienda a conceder ayudas a la empresa Imaging Aberdeen? (Número de expediente 180/000805) (Página 5362)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué relaciones contractuales ha mantenido la Dirección General de Tráfico con la empresa SICE, S.A., desde 1984? (Número de expediente 180/000799) (Página 5363)

Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué quiso decir el Sr. Ministro cuando afirmó en medios de comunicación que los poderes del Estado han decidido hacer un «razonable ajuste de cuentas con el pasado»? (Número de expediente 180/000812) (Página 5363)

Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué opinión le merece al Sr. Ministro de Justicia e interior que un chalet construido en Madrid por el Patronato de Casas de la Guardia Civil, perteneciente a un Comandante de dicho Cuerpo, fuese alquilado a narcotraficantes colombianos y destinado ilegalmente a residencia de ancianos? (Número de expediente 180/000813) (Página 5364)

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Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Presidente del Gobierno sobre la aprobación de un Proyecto de Ley de reintegración de bienes incautados por motivos políticos durante la Guerra Civil a partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles y personas físicas? (Número de expediente 180/000797) (Página 5366)

Del Diputado don José Antonio Alonso Conesa, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué planes tienen el Instituto Nacional de Hidrocarburos y Repsol en relación al futuro de la factoría de Repsol-Butano en Cartagena? (Número de expediente 180/000808) (Página 5367)

Del Diputado don Manuel Milian Mestre, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuál es la situación real de Iberia desde el punto de vista de la viabilidad? (Número de expediente 180/000816) (Página 5368)

Interpelaciones urgentes (Página 5369)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de contratación de la Administración Penitenciaria (Página 5369)

El señor Gil Lázaro explana la interpelación del Grupo Popular, manifestando que la Administración, como instrumento al servicio del ciudadano y del interés general, debe hacer uso de las facultades y recursos de que dispone en atención a un imperativo de transparencia, racionalidad y aprovechamiento máximo de los medios y plena sujeción de sus actos a las formas y límites establecidos. Pues bien, el Grupo Popular fundamenta esta interpelación en la urgencia de poner fin, de una vez por todas, a determinadas prácticas y sombras que han venido siendo y son nota constante en la ejecución de la política de gestión económica y de contratación de la Administración penitenciaria y que por sus consecuencias motivan la preocupación del Grupo Popular.
Reconoce que la complejidad del asunto que les ocupa no puede sustanciarse en un único acto parlamentario, y no pretenden hacerlo, pero lo cierto es que existen indicios de irregularidades suficientes para que pidan explicaciones al Gobierno. Concretamente, piden al señor Ministro que explique a la Cámara por qué de los 418 contratos de obras de reparación, conservación y mantenimiento suscritos por la Administración penitenciaria durante el período 1987-1993, con un importe global de 9.747 millones, sólo 16 fueron por concurso y el resto por adjudicación directa. Pide al Ministro que explique tal número de adjudicaciones directas y por qué se benefició a una sola empresa con estas adjudicaciones directas por importe de más de 1.700 millones de pesetas, o por un valor global de más de 2.400 millones a un conjunto de siete empresas que aparecen también como receptoras de cuantiosas adjudicaciones de obras en acuartelamientos de la Guardia Civil. También debería explicar el señor Ministro por qué determinados proyectos fueron firmados por arquitectos adscritos al Ministerio y, en cambio, los de mayor cuantía por profesionales ajenos al Departamento. Pregunta al señor Ministro si está en condiciones de asegurar que no se ha producido trato de favor alguno hacia ningún particular y si está en condiciones razonables de ilustrar a la Cámara sobre si ha existido o no relación contractual directa entre la Administración penitenciaria y las empresas Talleres Palomino y CAE, o si éstas han realizado o no trabajos en centros a través de subcontratas de obras. Pide también al señor Ministro que aclare por qué todavía no existe un conocimiento exacto en los servicios centrales de cuál es realmente el volumen de ingresos y gastos de los centros penitenciarios cuando en el capítulo de ingresos se habla para el año 1993 de una cifra no inferior a los 11.500 millones de pesetas.
Igualmente debe informar por qué se han realizado compras de material y contrataciones de servicios de espaldas a los requisitos formales exigidos por la legislación vigente y en determinados centros se han realizado operaciones comerciales en manifiesto quebranto de la Hacienda pública y, por tanto, en beneficio exclusivo de algunos de los partícipes en las mismas.
Alude asimismo a la necesidad de aclaraciones en torno a gastos de teléfonos, ingresos procedentes del INEM o por intereses de gastos corrientes, etcétera, así como a lo que se piensa hacer con los casi 1.000 millones de pesetas acumulados desde 1977 y que en concepto de beneficio del organismo tenían que habersse distribuido en los pasados ejercicios y no se llevó a efecto, privando a los internos de una cifra que les correspondía, y a quiénes se ha exigido responsabilidad disciplinaria o política por tan flagrante incumplimiento legal.


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Concluye el interpelante afirmando que las cosas no pueden seguir ni un minuto más como están y, habida cuenta de que el señor Ministro se ha mostrado públicamente partidario de realizar una revisión razonable del pasado, considera que tiene aquí una magnífica oportunidad para comenzar a hacerlo desde su propio Ministerio.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), manifestando que el interpelante ha formulado del orden de 100 a 110 preguntas, lo que evidencia que se trata de meras preguntas retóricas. Afirma que no es posible contestar a cien preguntas en este trámite, por lo que el interpelante debería acudir a la vía parlamentaria correcta que, evidentemente, no es la de la interpelación.
Frente a las preguntas retóricas cree que es legítimo simplemente no responderlas, aunque va a hacer una excepción porque inciden sólo indirectamente en una falsa polémica en torno a CAE. Le preocupa porque, además, ésa es la única novedad que ha detectado del conjunto de planteamientos del interpelante. Respecto del tema de CAE aclara la supuesta actuación o no de esta empresa en los centros de Picassent, Alhaurín de la Torre y Sevilla-2, agregando ya con carácter general que la actuación administrativa se ha atenido a los principios del ordenamiento en materia presupuestaria y de contratación, siendo corregida sistemáticamente cualquier desviación en que se haya podido incurrir y, en su caso, seguido del correspondiente procedimiento disciplinario o judicial. Añade que en los últimos años se han venido superando, cree que de manera positiva, disfunciones que han existido, y que el señor Diputado no conoce, ante el incremento de un 46 por ciento de la población penitenciaria en los últimos cinco años, lo cual generó la necesidad de contratar en ocasiones servicios y obras con mayor urgencia y celeridad de la que en términos de normalidad sería deseable, teniendo que hacer frente a gastos imprevisibles y de imposible aplazamiento.
Alude a continuación a los acontecimientos producidos dentro de los establecimientos penitenciarios entre los años 1989 y 1993, con secuestro de funcionarios, motines y situaciones de crisis como consecuencia de las circunstancias de hacinamiento, frente a cuyos problemas cualquier administrador responsable tenía que buscar soluciones urgentes porque siempre existen prioridades. Aun así, y antes de tener él responsabilidades directas, ya se adaptaron medidas en la línea de intentar normalizar hasta el límite de lo posible los mecanismos de contratación y se materializaron también medidas de mejora orientadas hacia una gestión económica más transparente. Por consiguiente, el propio señor Diputado sabe, porque conoce el tema, que es absolutamente injusto intentar descalificar la gestión de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias.
Termina el señor Ministro señalando que gracias al trabajo anterior ahora lo tienen mucho más fácil y les permitirá presentar un plan de acción económico-administrativa 1994-1995, plan que no sería posible plantear sin la brillante gestión anterior, explicando las principales medidas contenidas en dicho plan, encaminadas a mejorar las técnicas de la gestión. Replica el señor Gil Lázaro, duplicando el Ministro de Justicia e Interior. Para fijación de posiciones interviene el señor Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Aguilar Rivero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política general respecto de la energía nuclear en nuestro país, con especial referencia al proceso de selección y criterios empleados en la elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en función de los criterios y requisitos señalados en la Ley 15/1980, de 20 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear (Página 5379)

El señor García Fonseca defiende la interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que, ante los nombramientos para cubrir las vacantes del Consejo de Seguridad Nuclear y al no poder dar su conformidad a los candidatos nominados, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere manifestar en esta interpelación, primero, que el Ministerio de Industria no ha prestado atención alguna al perfil del Consejero defendido por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que no es otro que el establecido por la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, ni ha atendido a las observaciones particulares sobre los candidatos concretos.
Reitera que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no ha participado ni prestado su consentimiento al nombramiento de ninguna de las vacantes del Consejo de Seguridad Nuclear, y no precisamente por falta de voluntad de su Grupo, anunciando la presentación de una moción pidiendo que se modifique la actual Ley de manera que permita al menos un control parlamentario del Consejo. Menciona las gestiones realizadas cerca del Ministerio de Industria y del Grupo Parlamentario Socialista en torno a la cobertura de estas vacantes, formulando una serie de planteamientos que no

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han tenido ninguna respuesta, agregando que las personas que van a ser designadas, si el proceso se culmina junto con las que ya están en el Consejo de Seguridad Nuclear, no cubren los requisitos requeridos por la ley, con lo que están vaciando de credibilidad a una institución tan importante y necesaria.
Cree que ese vaciamiento de credibilidad y la situación de ilegalidad en que incurren, al menos en el espíritu de la ley, los Consejeros es el favor más flaco que se puede hacer al tema nuclear en este país. Pero lo que más preocupa a su Grupo Parlamentario es que una institución del Estado, y por tanto de interés común, no pueda responder a la confianza de todos los grupos políticos y de la inmensa mayoría de los ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay), manifestando que este debate se plantea desde la frustración del Grupo de Izquierda Unida, frustración que él puede entender, aun cuando no comparte ni los criterios ni las conclusiones a las que su Grupo llega. El interpelante tiene toda la legitimidad para plantear en este momento una discusión parlamentaria en forma de interpelación al Gobierno, pero, de acuerdo con la legislación vigente, está previsto un debate alrededor del cumplimiento de las características establecidas por la ley con relación a los candidatos propuestos para ser nombrados por el Gobierno y que tendrá lugar próximamente en esta Cámara, sobre el que se producirán las correspondientes votaciones.
Agrega que el hecho de que el señor García Fonsecano esté de acuerdo con las personas no le da derecho a pretender que su criterio sea el único válido, y el que no esté de acuerdo con la Ley tampoco le da derecho a deslegitimar una ley aprobada por estas Cortes y que para su modificación tiene los cauces reglamentarios oportunos. Afirma que la falta de acuerdo de Izquierda Unida no desdice la legitimidad del proceso ni el acuerdo alcanzado con otros grupos parlamentarios, como tampoco la idoneidad de las personas que el Gobierno ha entendido que debe proponer a esta Cámara para su ratificación mediante el procedimiento oportuno. Añade que el Gobierno ha obtenido el mayor consenso posible en las circunstancias existentes y el que el interpelante no se sienta de acuerdo con dicho consenso personalmente lamenta no poder remediarlo.
Replica el señor García Fonseca, duplicando el señor Ministro de Industria y Energía.
Para fijación de posiciones interviene el señor Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: A RAIZ DE LAS NUMEROSAS INFORMACIONES PUBLICADAS RESPECTO A LAS OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL SEÑOR FRANCISCO PALOMINO Y DE LA PREOCUPACION SOCIAL QUE DICHAS INFORMACIONES ESTAN PRODUCIENDO, ¿QUE TIENE QUE DECIR EL GOBIERNO RESPECTO A LAS RELACIONES DE CAE CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000795)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 10, de la señora Rahola i Martínez.
Tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
¿Qué tiene que decir el Gobierno respecto a las relaciones de CAE con la Administración del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, en vista de las informaciones aparecidas en los últimos días, el Gobierno ha hecho una investigación de cada caso sugerido o insinuado en esas informaciones, y lo que tiene que decir, señoría, es que la relación de la Administración con esta empresa es absolutamente correcta e igual a la que tiene con cualquier otra empresa. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, gracias.
Su respuesta, señor Presidente, no es satisfactoria, porque no aclara nada; no explica la relación causa-efecto entre la compra de una ruinosa empresa, Talleres Palomino, por CAE y su casi inmediata relación con la obra pública. Ya sé que me va a decir que emitimos juicios de valor sin escucharle; me imagino que lo dirá porque en esta pequeña farsa de los miércoles, donde sólo usted tiene el derecho a réplica, le he oído a menudo el comentario. (Rumores.) Sin embargo, mi respuesta está condicionada a la suya , y la suya no me convence.


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Puedo aceptar, señor Presidente, que usted no supiera a quién vendió Palomino su empresa, sinceramente lo puedo aceptar --es mucho aceptar-- pero, ¿me quiere hacer creer que en ningún momento usted no sabe que su cuñado se enriquece rápida y notablemente gracias a CAE, que CAE tiene como directivo a su cuñado y que trabaja para la Administración Pública? ¿Me quiere hacer creer que es inocente que una empresa compre por 360 millones la empresa del cuñado del Presidente del Gobierno que está en quiebra, y que lo haga gratis, por amor al prójimo? ¿Es CAE una nueva forma de mecenazgo o de filantropía? ¿Nos quiere hacer creer que los beneficios que CAE tiene, gracias a trabajar con la Administración, no tienen nada que ver con haber sido tan generosos con el señor Palomino? ¿Que no es cierto que CAE consigue contratos, incluso contra la opinión de los técnicos? Hay causa-efecto.
Complicidades. El nombre del Presidente necesariamente ha sido usado, y no en vano precisamente. ¿O nos pide que seamos infinitamente ingenuos? Me pregunto, señoría, qué habría hecho un joven líder de la oposición, llamado Felipe González, si hubiera tenido tal cúmulo de indicios y complicidades en sus manos cuando era opositor. ¿Qué nos pide? ¿Que le creamos gratis, a pesar de que no consigue explicarnos el auténtico nudo de la cuestión, el por qué CAE se beneficia con la Administración al tener al señor Palomino como directivo? ¿Qué nos pide? ¿Que no leamos la prensa? (Rumores). Siempre me enorgulleceré del estrecho vínculo entre periodistas y políticos. Nos alimentamos mutuamente, usted lo sabe muy bien, en la defensa del Estado de Derecho. No rompamos nunca ese vínculo. ¿Qué nos pide? ¿Que creamos que todo es una conspiración contra las instituciones? Nunca. Ya sé que no lo hace. Nunca se confunda usted, que es un servidor, como todos nosotros, con las instituciones. Las instituciones las erosionan los señores Roldanes, Rubios; se erosionan cuando se hace un uso perverso de ellas. Señoría, la mujer del César no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo. El cuñado del señor Presidente del Gobierno también tiene que parecer honrado, además de serlo. (Nuevos rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Y, sobre todo, lo tiene que parecer el Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¡Señora Rahola!

La señora RAHOLA I MARTINEZ: Lo tiene que parecer hasta que no consiga convencer a la oposición y a los ciudadanos que no ha tenido nada que ver su parentesco... El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, la llamo al orden por segunda vez. No tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Perdón, es que con tanto ruido no le oía, señor Presidente. (Risas.) Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señora Diputada, yo confío en que su talante es de respeto al Estado de Derecho y al Estado democrático. Seguramente lo que usted trata de dilucidar es que si yo he hecho algún trato de favor a alguna empresa que tenga relación con algún familiar mío, primero; y, segundo, si la Administración, que depende de mí, ha hecho algún trato de favor a esa empresa. Le puedo asegurar solemnemente que nunca he hecho ningún trato de favor. ¿Cómo es posible demostrar eso? En un Estado de Derecho, si hay alguien que afirme eso está mintiendo, se lo aseguro aquí, y tiene que demostrarlo. Ahora bien, si aparece una información sobre uno, tres, cinco o catorce contratos, que se producían antes de esos hechos, durante y después, con esa empresa CAE, mi obligación es investigar esas contrataciones. Así lo hemos hecho en cada caso, explicar lo que ha ocurrido, y tendrá S.S.
toda la documentación sobre todas las contrataciones. Por consiguiente, desvelar cualquier tipo de duda. A partir de ahí, no hay una responsabilidad más para el Presidente del Gobierno. Es decir, no he hecho ningún trato de favor, punto número uno; y dos, he investigado si ha habido algún trato de favor en cualquier órgano dependiente de la Administración y, hasta ahora, según resulta de la investigación, no lo ha habido. Si lo hubiera, habría que depurar responsabilidades.
¿Pero quién afirma en democracia? Pruebas. Yo he investigado.
Es mi obligación, y lo explico. Si alguien afirma que yo he hecho un trato de favor, le ruego que sea demócrata y lo pruebe, y si no, que rectifique. (Fuertes aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO RESPECTO DE LAS NUMEROSAS OPERACIONES MERCANTILES E INMOBILIARIAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL SEÑOR PALOMINO Y QUE SE HAN REALIZADO CON LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES Y EMPRESAS O SOCIEDADES PUBLICAS DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000793)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, de la señora Aguilar Rivero. Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Con rubor y con sonrojo ha visto mi Grupo Parlamentario al Presidente del Gobierno en Casablanca, una vez más desde fuera del país, ponerse a debatir, por un tema de índole familiar, con el director de un medio de comunicación. ¿Cuál es la posición del Presidente del Gobierno respecto de las numerosas operaciones mercantiles e inmobiliarias en las que ha participado el señor Palomino y que se han realizado con las distintas administraciones y empresas o sociedades públicas dependientes de la Administración General del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. Tiene la palabra el señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, si entiendo bien su pregunta, de nuevo se trata de dar respuesta a algo que se insinúa: ¿ha habido alguna relación que no sea clara por parte del Presidente del Gobierno con una serie de empresas, o con una empresa más en concreto, o ha habido por parte de la Administración algún trato de favor en relación con esa empresa? La respuesta, señoría, después de analizar y estudiar los casos, acabo de decirlo, es que no. Si hubiese una demostración en contrario, me gustaría conocerla. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. Tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente de Gobierno, usted sabe que la única realidad es que ha quebrantado, que ha vulnerado, que ha traicionado la confianza que el pueblo español le dio. (Fuertes rumores y protestas.) Se ha convertido... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! ¡Silencio! Continúe, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Se ha convertido no sólo en el Presidente del paro, sino de los escándalos, (Nuevos rumores y protestas.) de las irregularidades, de la opacidad, de la falta de transparencia en la gestión, de la falta de ética en la actuación. En definitiva, en el Presidente de la corrupción. (Continúan los rumores y las protestas.)

El señor PRESIDENTE: ¡Señorías, ruego guarden silencio! Señora Aguilar, continúe.


La señora AGUILAR RIVERO: Usted, señor Presidente del Gobierno, ha faltado a la verdad cuando ha negado trato de favor desde la Administración o sociedades públicas a su cuñado o a empresas con las que de algún modo ha estado relacionado. Y, entre otras, a las pruebas de FEVE le remito.
Lo hemos demostrado, no niegue ya la realidad, señor Presidente del Gobierno. (Rumores.) Señor González, de su familia, evidentemente, hablamos y es a usted a quien le toca demostrar, no sólo negar. (Continúan los rumores.) Pero, además, nosotros consideramos inadmisible su comportamiento, que no es digno de un presidente de gobierno. Hasta ahora, en todos los escándalos ha alegado --que ya es lamentable y grave siendo el Presidente del Gobierno-- ignorancia y/o desconocimiento. Y, para que no llegara a usted, ha ido entregando ministros y diputados de su Grupo Parlamentario.
Esto que nos ocupa es suyo en exclusiva. No puede decir que no sabía. Hablamos, efectivamente, del marido de su hermana. Y por un tema familiar --hermano, en vez de cuñado-- acabó, aunque tarde, marchándose un vicepresidente de gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Ahora le toca marcharse a usted. Se lo pedimos... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar. (Fuertes rumores y protestas.) ¡Gracias, señora Aguilar!

La señora AGUILAR RIVERO: Se lo pedimos en el debate del Estado de la nación...


El señor PRESIDENTE: ¡Gracias, señora Aguilar!

La señora AGUILAR RIVERO: Y ahora se lo pedimos...


El señor PRESIDENTE: ¡Señora Aguilar, no tiene la palabra!

La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, no sé cómo contabiliza el tiempo de las intervenciones. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, he detenido el reloj en diversas ocasiones. No tiene la palabra.


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La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, si me permite un momento...


El señor PRESIDENTE: ¡Señora Aguilar, no tiene la palabra!

La señora AGUILAR RIVERO: Las interrupciones debería usted tenerlas en cuenta.


El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, el debate lo dirige la Presidencia. Señor Presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias, señor Presidente. Con toda brevedad, para insistir de nuevo.
Señora Diputada, lo que es carente de toda ética, y se lo digo con total respeto, es que se hagan imputaciones que no se pueden probar. (Un señor Diputado: ¡Eso!, ¡eso!--Rumores.) Le voy a reiterar que si alguien demostrara que yo he hecho alguna vez un trato de favor, por razones familiares o de otra índole, podría entonces tener en consideración sus argumentos.
Yo lo niego solemnemente en la Cámara. Además, no me vale que usted haga un razonamiento torticero. Porque es verdad que algunos casos de corrupción muy graves han producido un mal ambiente. Por consiguiente, hay un caldo de cultivo que permite que, con fundamentaciones falsas, se hagan imputaciones de esa naturaleza.
Usted cita un caso y yo le ruego que aporte las pruebas a la investigación que sobre ese caso está haciendo el Gobierno para depurar las responsabilidades a que haya lugar. Le ruego que aporte las pruebas y que no se esconda detrás de que no son consistentes, como acabamos de oír estos días del líder político de su Grupo. Apórtelas para que aclaremos y demos transparencia a la vida pública y, si no, rectifique.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Anguita González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
El señor Anguita tiene la palabra.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente del Gobierno, por alusiones. Mi compañera, la portavoz, acaba de manifestar, porque en rueda de prensa se presentaron unos documentos sobre el tema FEVE, que poseemos la documentación, entregada al señor Ministro de Obras Públicas en su momento, con lo cual este Grupo Parlamentario demuestra que ha puesto en conocimiento del Gobierno este caso de corrupción.
La alusión a unas palabras mías, que demuestran la prudencia en un dirigente político, que S.S. no tiene, puesto que utiliza un turno en el cual no ha habido pregunta para aludir a mi persona, lo que demuestra es mi cautela y mi prudencia al no sacar unos documentos porque juzgo que no son pruebas suficientes. (Varios señores Diputados: ¡Ah, ah!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor ANGUITA GONZALEZ: Pero, «sensu contrario», documentos que hacen referencia a la privatización de empresas de Rumasa.
El caso que aquí nos trae, demostrado, es el tema de FEVE.
Pruebas hay, señor Presidente del Gobierno, y su Ministro las tiene porque han sido entregadas por un ilustre parlamentario de nuestro Grupo.
Así que el señor Borrell conteste o le informe, señor González, que S.S. no está informado. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell Fontelles, pide la palabra.) El señor Ministro de Obras Públicas tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): También por alusiones, señor Presidente.
Es cierto que un parlamentario de Izquierda Unida me entregó, en el mes de mayo, una serie de comentarios y observaciones relativos a la empresa FEVE. Recibió respuesta por mi parte.
Ni en esa documentación, ni en ninguna otra había ninguna referencia a ninguna relación entre CAE y FEVE.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.- -El señor García Fonseca pide la palabra.--El señor Romero Ruiz pronuncia palabras que no se perciben.--Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Pregunta número 25. (Continúan los rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías! (Un señor Diputado: Por alusiones.) No hay alusiones. Ha habido una descripción de hechos. No ha habido ni alusión ni mención de ningún señor Diputado.
(Protestas.)

--DEL DIPUTADO DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONOCIA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA RELACION ENTRE DON FRANCISCO GERMAN PALOMINO ROMERA Y LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES, S.A. (CAE), ADJUDICATARIA DE NUMEROSOS CONTRATOS

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CON EL ESTADO Y EL RESTO DEL SECTOR PUBLICO Y, EN CONCRETO, SUBCONTRATISTA DE DETERMINADAS INSTALACIONES LLEVADAS A CABO EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA? (Número de expediente 180/000810)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente del Gobierno, ¿conocía usted, como Presidente del Gobierno, las relación existente entre don Francisco Palomino Romera y la empresa Control y Aplicaciones (CAE), contratista de varios contratos en el sector público, el Estado, y en concreto subcontratista de determinadas instalaciones en el complejo de La Moncloa? Créame, señor Presidente del Gobierno, aunque no se lo crea, que le hago la pregunta, se la formulo, sin ningún espíritu de acritud y para evitar la crispación que existe últimamente en España. Existe una duda y, créanos, nuestro Grupo quiere sólo que se aclare la verdad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. El señor Presidente del Gobierno tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, le agradezco su intención de aclarar la verdad y le contestaré, por consiguiente, con la verdad.
Yo no tenía conocimiento de esa relación, pero el que no tuviera conocimiento de esa relación, ni siquiera de las contrataciones de CAE con las Administraciones públicas, no es un dato relevante. No lo es. Por tanto, se podría partir de la hipótesis contraria, de que tuviera conocimiento, y a los efectos que nos traen aquí, que son los de si ha habido algún trato de favor por mi parte, repito que sería irrelevante. Por tanto, no lo conocía, con lo cual respondo a su pregunta, pero es irrelevante porque no ha habido ningún trato de favor.
Repito: hemos investigado los asuntos que se han mencionado y en ninguno de ellos consta que haya ningún trato de favor tampoco por parte de la Administración.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Gracias, señor Presidente. Señor González, nosotros ni le imputamos, ni creo que imputa nadie en la opinión pública, ni siquiera se puede decir que existe una sombra de duda, que usted diera un trato o no de favor directamente a Control y Aplicaciones como consecuencia de que su hermano político desempeñase un puesto directivo en esta empresa. No es este el problema.
La cuestión es (se lo he preguntado y no me ha respondido; sin embargo, el Vicepresidente del Gobierno sí lo contestó ayer en el Senado) si usted conocía que Talleres Palomino, S.A., fue vendido a Control y Aplicaciones en 310 millones de pesetas más 50 millones de pesetas.
Es cierto, y también consta, que Control y Aplicaciones de repente, de 1989 a 1992, sufre, o mejor dicho, se beneficia de un importante incremento en su contratación con el sector público. Nadie le está achacando nada al señor Presidente del Gobierno. Hay una gran interrogante en el ambiente. ¿Se benefició a sabiendas de usted, o sin saberlo, el señor Palomino y Control y Aplicaciones de su parentesco político con usted? No lo sabemos, señor Presidente del Gobierno. Ahí está la duda; ahí está el interrogante, porque un Presidente del Gobierno no solamente es que no debe tener un trato de favor con nadie; es que, a su vez, si denota o nota, de alguna manera, que alguien cercano a él se está aprovechando de su posición debe reaccionar en consecuencia. Usted, señor Presidente del Gobierno, si no recuerdo mal, tiene un trato muy cercano con su cuñado.
Señor Presidente del Gobierno, ¿está usted dispuesto y aprobaría el que se crease en esta Cámara para que no usted, sino todos, conozcamos a través de una comisión de investigación, qué ha sucedido de verdad en el tema? No nos mueve, señor Presidente del Gobierno, sino el esclarecimiento puro, concreto y exacto de la verdad.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
Tiene la palabra el señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Sigo manteniendo lo que le he respondido antes. Yo no tenía conocimiento de qué tipo de operación de venta se había hecho, y no es mi obligación tenerlo. Sabía que se había vendido la empresa, pero ¿por qué tiene la obligación el Presidente del Gobierno de conocer relaciones mercantiles que son ajenas a sus responsabilidad como tal? (Rumores y risas.) Yo comprendo que eso no es usual en otros pagos en los que sí se entra dentro de esas relaciones mercantiles y se hacen otras cosas, pero ¿por qué tenía yo alguna responsabilidad? Imaginemos un supuesto en el que fuera verdad que ha habido un enriquecimiento, que me parece que tampoco es verdad.
(Rumores.) Imaginemos que ese supuesto se da. ¿Cuál es la relación con mi responsabilidad? ¿Pueden ustedes demostrarla? ¿Creen ustedes en el Estado de Derecho? (Rumores.)

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Ha habido hace muy poco tiempo, hace un año y medio, un problema con un hijo del Presidente de los Estados Unidos saliente. A nadie se le ocurrió atribuir al presidente de los Estados Unidos los problemas que su hijo tenía en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque creen en la democracia. (Fuertes y prolongados rumores.) Interrumpa el tiempo, señor Presidente.
Ustedes van a tener toda la información sobre estos casos, toda, y le voy a hacer una propuesta: cuando analicen toda la información y toda la documentación díganme si están dispuestos a que se cree una comisión de investigación.
(Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

--DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONDICIONES EFECTUO LA SOCIEDAD PUBLICA SEPES LA ADJUDICACION Y VENTA DE PARCELAS EN DOS HERMANAS (SEVILLA), EN 1989? (Número de expediente 180/000798)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Cuevas Delgado, que tiene la palabra.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por lo que estamos viendo hoy en esta Cámara y por lo que hemos leído y oído en días pasados, mi opinión es que estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión, en principio orquestada por un medio madrileño que pretende instalar un clima de sospecha y de erosión permanente en la vida pública, persiguiendo el deterioro de las instituciones y de las personas. ¿De qué forma? Mediante la publicación de titulares escandalosos sobre noticias parciales, sesgadas o simplemente falsas, porque, al parecer, todo vale para desprestigiar ante los ciudadanos al Gobierno y a su Presidente, a lo que se suman con evidente alborozo y escasos escrúpulos algunos grupos de esta Cámara. Frente a esto, señor Ministro, pienso que la única solución es desenmascarar las falsedades, dando a la opinión pública toda la información que sea necesaria desde esta Cámara, para que no quede ningún resquicio a la duda ni a la insidia. Esta pregunta está en relación con los casos que hemos visto --veo que muchos diputados ya no tienen intereses en conocer la verdad--, porque, aunque el Gobierno y otros medios informativos se han hecho eco de los comunicados del Gobierno desmintiendo el trato de favor en la compra de una parcela en un polígono industrial de la empresa pública SEPES, es evidente que persiste el objetivo de intentar confundir a la opinión pública. Por todo ello y porque los ciudadanos tienen derecho a ser informados con veracidad, le formulo esta pregunta, para que desde esta Cámara se aclare si hubo trato de favor a alguna empresa o si se favoreció alguna operación.
Por tanto, señor Ministro, le ruego que conteste a la pregunta formulada, que dice: ¿en qué condiciones efectuó la sociedad pública SEPES la adjudicación y venta de parcelas en Dos Hermanas en 1989?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuevas.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
La venta en cuestión se sometió a las normas fijadas por el Consejo de Administración de SEPES, que se aplican con carácter general a todas las enajenaciones, y en particular en ésta eran las siguientes: obligación de construir en la parcela una edificación industrial sin plazo determinado, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística; constituir una primera hipoteca sobre la parcela como garantía de los pagos aplazados; obligación del comprador de comunicar las transmisiones efectuadas antes de acabar el pago, y pago del importe del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El máximo órgano de la sociedad acordó, en marzo de 1988, fijar los precios medios de venta de las parcelas industriales en ese polígono en la cantidad de 2.500 pesetas por metro cuadrado. El precio que posteriormente se cobró a cada comprador se fijó en función del tamaño, situación y características de las distintas parcelas. Durante el año 1988 se efectuaron 46 operaciones de venta, de las cuales 3 fueron hechas al contado y las 43 restantes aplazadas. Durante el año 1989 se efectuaron 33 operaciones de venta, una al contado y 32 con ventas aplazadas. La empresa pública SEPES ha establecido las mismas condiciones a todos los compradores, en el marco de unas cláusulas generales aplicables a todas las transacciones de la sociedad, sin que se haya concedido ningún trato diferente, ni favorable ni beneficioso, a comprador alguno. Está a disposición de todas SS.SS. la relación de todas las ventas de parcelas efectuadas en este período, así como el plano de situación de las mismas en el polígono industrial de referencia. Podrá usted observar cómo los precios aplicados a la parcela comprada por Talleres Palomino, S.A. son los mismos, y en algunos casos superiores, que los aplicados al conjunto de ventas efectuadas por SEPES en el contexto de dicho polígono industrial.
Por tanto, es absolutamente falso, y estos datos lo demuestran, que SEPES haya concedido ningún trato de favor en plazo, ni en precios, ni en ubicación, ni en financiación, ni en condición contractual alguna a ningún comprador en particular y muchos menos a Talleres Palomino, S.A.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON VICTORIANO RONCERO RODRIGUEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE CONDICIONES SE EFECTUO, POR PARTE DE RENFE, LA CONCESION PARA LA SEÑALIZACION ELECTRICA DEL TRAMO OROPESA-ALCANAR? (Número de expediente 180/000802)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Roncero Rodríguez, que tiene la palabra.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Siguiendo con el tema que nos ocupa de intentar trasladar a esta Cámara claridad, veracidad y certeza sobre las actuaciones de las administraciones públicas en los casos que están presentes hoy día en la opinión pública, es por lo que le formulo la siguiente pregunta, señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿En qué condiciones se efectuó, por parte de Renfe, la concesión para la señalización eléctrica del tramo Oropesa-Alcanar? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, con mucho gusto voy a darle una explicación absolutamente transparente sobre las circunstancias de este contrato, aunque es lamentable comprobar cómo la Cámara asiste regocijada al espectáculo de la acusación y con la más absoluta indiferencia y desinterés al proceso de explicación que permite desmontar las acusaciones. (Aplausos.) Todos asisten ávidos al espectáculo de la acusación. (Rumores.--La señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señoría, usted también. (La señora Martínez Saiz: Le estaba escuchando.) y en cambio nadie escucha cuando se trata de desmontar, con explicaciones irrebatibles, las acusaciones falsas.
El concurso en cuestión fue convocado en septiembre de 1989 y dividido en dos partes: A) enclavamiento electrónico, y B) resto de instalaciones. Para el capítulo A) solamente se presentó una oferta, la de la empresa SEL de señalización; para el apartado B), se presentaron cuatro: SEL, Dimetronic, CAE-Rail, EB Señal y Abengoa. Las plicas se abren el 7 de noviembre de 1989, y las ofertas están aquí, a su disposición, señoría. Al objeto de homogeneizar las ofertas, se decidió incluir en el capítulo A) el suministro y montaje de todos los equipos de los circuitos de vía de alta frecuencia instalada en el puesto central, ya que debían ser suministrados por SEL, por compatibilidad tecnológica. Se decidió incluir en el capítulo A) el suministro de los circuitos de vía en campo, emplazamientos electrohidráulicos y los comprobadores eléctricos, excluyendo el coste de su montaje, que se incluyó con cargo al capítulo B); de esta manera, SEL actuaba como suministrador del capítulo B). El resultado del proceso de homogeneización técnica de las ofertas correspondientes fue el siguiente: Dimetronic, 908 millones; CAE-Rail, 891 millones; EB Señal, 948 millones; Abengoa, 1.092 millones, SEL, 1.224 millones. A la vista de estas ofertas, se adjudicó a CAE-Rail, por resultar la más económica; propuesta que fue aprobada por el Consejo de Administración de Renfe el 29 de junio de 1990 y firmado el contrato el 5 de agosto de 1990. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE MEDIDAS ADICIONALES PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE PARA IMPULSAR UN DECIDIDO PLAN DE RENOVACION DE LA FLOTA DE LA MARINA MERCANTE? (Número de expediente 180/000817)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿qué medidas adicionales piensa adoptar el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para impulsar un decidido plan de renovación de la flota de la marina mercante española? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la renovación de la flota corresponde a las empresas navieras, la mayor parte de las cuales son de propiedad privada, y en el caso concreto de la Compañía

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Trasmediterránea sus planes están incluidos, como en toda empresa pública, en su programa de inversiones. El Ministerio no piensa sustituir las decisiones de inversión que les corresponda efectuar a los agentes económicos privados en un contexto de mercado liberalizado y competitivo. Lo que puede hacer la Administración es potenciar el registro especial de buques y empresas navieras en Canarias, modificando el régimen económico y fiscal de estas islas, como prevé la Ley 19/94, de 6 de julio, incorporando bonificaciones y reducciones de carácter fiscal y de Seguridad Social para los buques y empresas que se matriculen en dicho registro. Estas ventajas, junto con la flexibilización de las condiciones sobre tripulaciones que estableció en su momento la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/92, por la que se creó dicho registro, deberán permitir hacerlo atractivo y competitivo y, a partir de ello, fomentar la inscripción en el mismo de los buques que formen parte de nuestra marina mercante.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. No le falta razón en lo que dice, pero no es menos cierto que, en los últimos años, la marina mercante española ha pasado de 710 buques a menos de 230, lo que, en peso, significa haber pasado de cerca de 7,5 millones de toneladas de registro bruto compensado entre buques a menos de 900.000 toneladas.
Es cierto, señor Ministro, que, efectivamente, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podría no hacer nada, pero le voy a recordar lo que dice el panel de financiación de las industrias marítimas de la Unión Europea, que recomienda a todos los Estados miembros la constitución de fondos de garantía.
El Grupo Parlamentario Popular cree que la coyuntura actual a nivel mundial y, desde luego, a nivel europeo y de los países de la AWES está sometida a un repunte, es decir, a una mayor contratación. Baste recordar que a nivel mundial entre 1992 y 1993 la contratación se ha incrementado en un 63 por ciento, mientras que en España ha pasado de casi un 2 por ciento en el mismo período a menos del 1,30 por ciento. Estos datos nos deben hacer reflexionar, y el Ministerio que usted dirige no debe ser ajeno a que precisamente esta fuga de barcos españoles se produce porque no se dan las condiciones financieras en España, por una lado, y, por otro, proque ese segundo registro de Canarias no es atractivo y nuestra flota mercante, incluidos los barcos de las navieras estatales, están abanderando en países de conveniencia.
Yo, señor Ministro, le ruego que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente haga algo para que recuperemos esa flota de pabellón español tan importante para el tráfico marítimo nacional, incluso para cuando se libere el tráfico de cabotaje. Para ello consideramos importante --y mediante una proposición no de ley así lo haremos y la hemos presentado-- la creación de un fondo de garantías en el que participen, por fin, todos los armadores y también el Ministerio de Obras Públicas, para asumir y para ser capaz de garantizar el tramo de la hipoteca que no se garantiza hoy en día, en torno al 20 o al 25 por ciento, y, desde luego, la potenciación del segundo registro de Canarias. Si el Ministerio de Obras Públicas pusiera en marcha esas medidas, el Grupo Parlamentario Popular retiraría su proposición no de ley, y lo que nosotros pretendemos no es otra cosa que el que vuelvan nuestros barcos a España para ocupar el lugar que nos corresponde dentro del tráfico marítimo, recuperando todos esos barcos que se nos están abanderando en países de conveniencia, precisamente por no ser atractivo ese segundo registro de Canarias que ustedes han creado y todos hemos votado en la Ley 27/1992, Ley de puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tomo buena nota de sus sugerencias, las valoro, las estudiaremos y las aplicaremos en todo lo que podamos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIOS ESTA DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS Y EN LICITACIONES INTERNACIONALES DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO? (Número de expediente 180/000775)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7, del señor Martínez-Pujalte López, que tiene la palabra para formularla.


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El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tenemos informaciones de baja participación de las empresas españolas en los programas comunitarios y en las licitaciones del Fondo Europeo de Desarrollo. Por eso le pregunto qué medios se están poniendo para que esas empresas españolas participen en los programas comunitarios y en las licitaciones internacionales del FED.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas gracias.
El Gobierno tiene desde hace muchos años una manifiesta preocupación por conseguir que aumente el número de ofertas y, deseablemente, el de adjudicaciones de empresas españolas en los concursos multilaterales, tanto comunitarios como del Banco Mundial y de los bancos regionales. Fiel reflejo de ello es, entre otras cosas, la inclusión específica del capítulo multilateral como atención especial en los dos últimos planes y paquetes de medidas en pro de la internacionalización de la empresa española y de la expansión comercial exterior. Las actuaciones regulares de la Administración en este terreno podemos dividirlas en dos grupos: soporte institucional y actividades y apoyos concretos. Desde el punto de vista del soporte institucional, eso significa la representación ante los grupos y comités, como la ALP-FIN, el comité FED, el comité del artículo 29 y consejos de administración, con un seguimiento puntual de los programas y operaciones.
Paralelamente, incluye gestiones con los «DESK-officers» para mejorar el posicionamiento de nuestras empresas interesadas por operaciones concretas, la información de las cuales les es facilitada en España por diversos canales. La Subdirección General de Política Comercial Multilateral del Ministerio y la Dirección General de Información del ICEX dedican parte de su labor a estos cometidos, al igual que la Secretaría de Estado de Comunidades Europeas en su dominio de actuación. El campo informativo sobre noticias de operaciones se cubre mediante los contactos personales, envíos telegráficos sectorializados del ICEX a suscriptores y consultas telefónicas sobre operaciones y trámites. Para las empresas nuevas, en este terreno, se proporcionan simultáneamente oportunidades de formación a través de diferentes seminarios y simposios para empresas, a cargo de funcionarios españoles y comunitarios, organizados por el Ministerio en las diferentes delegaciones territoriales de comercio y en las Cámaras de Comercio.
Tenemos, por lo tanto, un conjunto de acciones que no son suficientes, porque comparto con usted que los resultados no son satisfactorios. Por lo tanto, para todo lo que usted quiera o pueda sugerirnos que puedan ser acciones útiles para conseguir el éxito que todos pretendemos, que es que haya un número mayor de contratos y de adjudicaciones en los diferentes campos multilaterales, estamos a su disposición y encantados de recibir sus sugerencias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Martínez-Pujalte tiene la palabra.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Ministro. Ni la preocupación ni los medios parece que se han traducido en unos resultados satisfactorios. España, señor Ministro, participa con el 8,6 por ciento de la financiación comunitaria, somos el quinto país en nivel de aportación. Sin embargo, no recibimos ni el 7 por ciento de los fondos que la Unión Europea destina a programas horizontales de cooperación, inversión en terceros países, etcétera. Por ejemplo, en el caso de investigación y desarrollo, recibimos el 6,3 por ciento. Tenemos, por tanto, una tasa de retorno negativa, mientras que Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, etcétera, la tienen positiva. Aportamos más de lo que recibimos. En préstamos globales del BEI, llegan menos a nuestras empresas que a las del resto de los países. Mientras las italianas recibieron 591 millones de ecus, las francesas 318, las alemanas 320, las belgas 183, las españolas sólo accedieron a 162. Por último, respecto a los fondos destinados a la política de desarrollo, son utilísimos, como ya indicó hace un tiempo en su comparecencia, para hacer crecer la exportación. Tenemos una participación mínima, señor Ministro, en las licitaciones de ayuda alimentaria y humanitaria. Se ha dado el caso de convocar concursos de suministro de arroz de un tipo que no se producía en nuestras tierras. Y todavía más claro, señor Ministro, se ve si hablamos de los fondos europeos de desarrollo, que tienen financiación aneja al presupuesto comunitario...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor Ministro de Comercio y Turismo, Gómez-Navarro Navarrete, pide la palabra.) Ha consumido todo su tiempo en su primera intervención, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL ALBERDI ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PAPEL JUGO EL GOBIERNO EN LA ADJUDICACION DE CONTRATOS EN LA ESPO Y EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID? (Número de expediente 180/000801)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, de la señora Alberdi Alonso.


La señora ALBERDI ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como hemos visto esta tarde, todos los intentos de un periódico madrileño por conseguir relacionar la actividad profesional de don Francisco Palomino con un supuesto trato de favor por parte del Gobierno resultan no tener ningún fundamento. Lo hemos podido ir viendo a través de las informaciones, puesto que muchas veces se trataba, incluso, de ver supuesto trato de favor por parte del Gobierno cuando eran relaciones entre empresas privadas. En otros casos hemos podido comprobar, a través de las investigaciones que sobre cada caso concreto ha hecho el Gobierno, que no ha existido ningún trato de favor ni a don Francisco Palomino ni a las empresas relacionadas con él en su legítimo ejercicio de su actividad profesional.
Hay un caso que me interesa especialmente, porque todavía no sabemos tan siquiera ni a qué se refiere. Me refiero al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. Se acusa al Gobierno de haber adjudicado unas obras en el año 1992, que yo sospecho y pienso que pueden estar relacionadas más bien con el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid que gestiona el Ayuntamiento que con el que depende del Ministerio de Comercio y Turismo.
En todo caso, es preocupante que no haya ninguna rectificación por parte del periódico que lanza estas acusaciones, y mi grupo cree que realmente es importante que quede claro ante esta Cámara, como lo ha hecho el Presidente del Gobierno hace escasos momentos, que no ha habido ningún trato de favor con respecto a don Francisco Palomino y a las empresas con él relacionadas en el ejercicio de su actividad profesional.
Nosotros creemos que lo que queda de manifiesto es que el señor Palomino ha ejercido su actividad profesional en los años de Gobierno socialista como la venía ejerciendo en los años anteriores. Por lo tanto, nos interesa que quede claro, en aras de la transparencia, que no ha existido ningún trato de favor. Por eso querría que nos aclarara qué papel jugó el Gobierno en la adjudicación de los contratos relativos a las informaciones aparecidas sobre la Expo y el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
Tiene la palabra el señor Ministro de Comercio y Turismo.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas gracias.
Comparto con S.S. y su Grupo Parlamentario la importancia del tema y la necesidad de esclarecer cualquier interrogante o duda sobre supuestos tratos de favor, intentando asegurar a los ciudadanos que ese trato no ha sido nunca dispensado por este Gobierno. Por eso, una de las reglas de juego que debemos imponernos es la atribución concreta de cada responsabilidad a su respectivo responsable.
El Ministerio de Comercio y Turismo tiene entre sus competencias el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en el que realizó obras de remodelación en los años 1988 y 1989 para preparar la presidencia comunitaria. Se adjudicaron contratos el 24 de septiembre y el 30 de diciembre de 1988 a la empresa COMSA de Madrid, y a su vez, COMSA subcontrató la renovación de instalaciones eléctricas con Electrowat y Crespo Blanco, ambas de Madrid, subcontratando asimismo la renovación de instalaciones de aire acondicionado con la empresa Tratair, también de Madrid. Por tanto, puedo afirmar que la empresa CAE no ha tenido ningún contrato con el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid. Si las noticias se refieren al Palacio de Congresos que ha construido últimamente el Ayuntamiento de Madrid, he de decir que el Gobierno no es responsable, y no sé si para ese palacio de congresos se ha adjudicado algún contrato a la empresa CAE.
Con respecto a la Expo, los pabellones de los que fue adjudicataria la empresa CAE fueron los pabellones de Prensa, Fujitsu y el de Galicia. Sobre ninguno de los tres el Gobierno de España tiene ninguna responsabilidad y, por lo tanto, no ha tenido ninguna influencia ni ha jugado ningún papel en la adjudicación de esos contratos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿FUE EL GOBIERNO ESPAÑOL EL ADJUDICATARIO DE LOS CONTRATOS DEL PROGRAMA EFA? (Número de expediente 180/000800)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15. Para su formulación, tiene la palabra el señor De Puig i Olivé.


El señor DE PUIG I OLIVE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero preguntarle acerca del papel que jugó el Gobierno en la adjudicación de los contratos del programa EFA, avión de combate europeo. Debo preguntarle esto porque en esta situación de imputación gratuita y, como se verá, falsa al Gobierno de favoritismos a una empresa, se ha hablado también de una actuación incorrecta del Gobierno.


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Debo excusarme, señor Ministro, porque con lo que le pregunto le estoy pidiendo que me hable de algo que es evidente. Decía Bertolt Brecht: que desgracia para el país en el que hay que demostrar lo evidente. Yo le pregunto una cosa evidente, porque cualquier aproximación, por mínima que sea, a la forma de contratación de los programas EFA, cualquier persona que conozca mínimamente estos temas sabe que la adjudicación por parte del Gobierno español no era posible, con lo cual a los que han imputado al Gobierno un favoritismo, una irregularidad, no sólo cabe imputarles la voluntad de manipulación, de calumnia o de difamación, sino una falta de profesionalidad total, porque si conocieran mínimamente cómo funciona el sistema de contratos del programa EFA sería imposible que hubieran podido imputar tal cosa al Gobierno. En cualquier caso, tengo que preguntarle por lo que es evidente.
Creo que la opinión pública agradecerá una vez más que se complete la información ya dada con todos los detalles sobre esta cuestión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, sobre la ejecución del Programa EFA se han firmado varios acuerdos, varios MOU de entendimiento entre los cuatro ministros de los cuatro países que participan en él. Uno se refiere al marco general del proyecto; otro, a la fase de definición y un tercero a la fase de desarrollo. En el primero de ellos se estableció que la oficina internacional del programa adjudicaría los contratos a dos consorcios industriales: Eurofighter y Eurojet, con arreglo a la legislación alemana. Por lo tanto, ninguno de los cuatro gobiernos ha adjudicado contratos relacionados con este programa; en ningún memorándum se ha asumido compromiso alguno en ese sentido y las competencias de ejecución del programa corresponden a una agencia internacional que se llama NEFMA.
Esta agencia es la encargada, en nombre de los cuatro países de contratar la fase de desarrollo con los dos consorcios industriales que he mencionado, Eurofighter y Eurojet, en los que participa una compañía de cada nación.
El proceso de selección de contratistas se hace directamente por Eurofighter y por Eurojet, aunque la decisión última corresponde a la agencia NEFMA, que es la que discute los precios, la distribución de los trabajos y el endose de la selección. Y esto vale también para subcontratistas.
El programa Eurofighter 2.000 funciona de la siguiente manera.
Eurofighter o Eurojet elaboran las especificaciones de un equipo que son aprobadas por las naciones a través de la agencia NEFMA. Estas especificaciones forman parte del documento base que contiene las consideraciones técnicas del concurso, y una vez que se han presentado las ofertas se hace una selección mediante ese concurso, Eurofighter y Eurojet las analiza, elabora un documento con una propuesta en la que indica quién es el ganador, especificando los trabajos que va a hacer y quiénes van a ser las empresas que van a participar en la ejecución, los porcentajes, los precios y, finalmente, esta propuesta es endosada por la agencia NEFMA, que a su vez luego la remite con la decisión adoptada a los países.
Por lo tanto, ni por parte del Gobierno español ni por parte de ninguno de los otros gobiernos que participan en el programa ha habido ninguna adjudicación a ninguna empresa española directamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HINOJOSA I LUCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿QUE ACTUACIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA POR UNANIMIDAD EN ESTE PARLAMENTO EL 3 DE MARZO DE 1992, RELATIVA A LAS RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO? (Número de expediente 180/000796)

El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 11, tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: La pregunta formulada por mi compañero Rafael Hinojosa, a quien sustituyo, dirigida al señor Ministro de Educación, se refiere a las actuaciones realizadas por el Gobierno para dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada el 3 de marzo de 1992 relativa a las retribuciones del profesorado que espero que el señor Ministro me razone. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
La proposición a la que S.S. se ha referido trata de desarrollar lo dispuesto en el artículo 49 de la LODE que establece el sistema de analogía retributiva entre el profesorado público y el profesorado de la escuela privada. El proceso de analogía retributiva ya era, cuando se aprobó esta proposición no de ley, un proceso en marcha, como S.S.
recordará y como reconoce el propio texto de la proposición.
El 11 de marzo de 1988 se firmó

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el acuerdo de analogía retributiva del personal docente de centros privados concertados entre Ministerio de Educación y Ciencia y los sindicatos representativos de la enseñanza privada. Según este acuerdo las remuneraciones de este personal habrían de ser equivalentes al 95 por ciento de la remuneración del profesorado estatal funcionario. Esta equiparación al 95 por ciento del salario del profesorado público se consigue a partir de octubre de 1993, por lo que puede entenderse que las actuaciones para el cumplimiento de la proposición no de ley están realizadas.
Un acuerdo posterior de Consejo de Ministros, de octubre de 1991, establece un nuevo sistema retributivo que intenta combinar la experiencia docente con la formación del profesorado estatal, estableciendo un complemento de formación para el personal de las escuelas públicas. Los sindicatos de la enseñanza presentaron conflictos colectivos en el entendimiento de que esto suponía un paso más en la consecución de la analogía retributiva, y han recaído sendas sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en los meses de enero y julio de 1994, que reconocen que el sistema de incentivos para mejorar la calidad de la escuela pública no supuso un incremento salarial indiscriminado, sino una modificación del sistema retributivo. Son, por consiguiente, dos sistemas retributivos diversos y no deben confundirse, como dicen las sentencias, analogía con homologación e igualdad, como propusieron varios grupos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lo que mi Grupo pedía en la citada proposición no de ley, aprobada por amplia mayoría de 248 votos a favor, era simplemente que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de equiparar los haberes de los profesores de centros privados concertados con los de los centros públicos.
Tres años más tarde, con motivo de la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, en 1988, el ministerio acordó con las centrales sindicales más representativas que lo dispuesto en el artículo 49.4 de la LODE se iría desarrollando paulatinamente en los seis años siguientes, a partir de 1988 (dato al que se ha referido), con lo que los sindicatos hacían un acto de fe y confianza en el Gobierno.
En la actualidad, y según los datos que nos llegan, parece que aún no se está dando cumplimiento a lo dispuesto ni en la LODE ni en la LOGSE, ni en la proposición no de ley aprobada por esta Cámara el 3 de marzo de 1992, por lo que nos vemos llevados a formular una nueva pregunta: ¿cuándo se va a dar cumplimiento a todas estas disposiciones y acuerdos, señor Ministro? Muchas gracias por su respuesta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Brevísimamente, señoría. Desde el 1 de octubre de 1993 está cumplido el acuerdo de analogía retributiva que se firmó en 1988. Una vez que se han producido las sentencias a las que me he referido en mi intervención, el Ministerio, como siempre, permanece estudiando las propuestas retributivas de los sindicatos, que siempre se producen en nuestras conversaciones. Pero la proposición no de ley, señoría, hay que entenderla cumplida, como dicen las sentencias de la Audiencia Nacional.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA LA ADAPTACION AL EQUIVALENTE FEMENINO DE LOS TITULOS UNIVERSITARIOS? (Número de expediente 180/000806)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Balletbó i Puig.


La señora BALLETBO I PUIG: Señor Ministro, una muestra evidente de sexismo se encuentra, sin duda, en todos los idiomas, especialmente cuando se trata de palabras que, pensadas inicialmente para definir oficios o profesiones masculinas, se vienen usando también para definir esas mismas profesiones cuando vienen siendo ejercitadas por mujeres.
Yo quería saber, señor Ministro, cuándo tiene previsto su Ministerio adaptar de una forma u otra el equivalente femenino a esos títulos universitarios, y creo recordar que el señor Ministro ha hecho alguna declaración al respecto en sentido positivo. Por tanto, sí quisiera que usted me confirmara si esto va a ser en breve y si lo tiene usted previsto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
En efecto, señoría, hay un precedente histórico, una orden del Ministerio de Instrucción Pública de 1931, que quedó sin vigor, que hacía referencia a algunas de estas cuestiones.


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Desde el Ministerio de Educación y Ciencia nos hemos enfrentado con la idea de evitar toda discriminación en materia, en este caso, de aplicación de un lenguaje sexista en todo el conjunto del ámbito educativo, como se corresponde con la universalización de la enseñanza y como se corresponde con la circunstancia de que más del cincuenta por ciento de los estudiantes universitarios sean mujeres.
Hemos recabado un dictamen de la Real Academia de la Lengua Española, dictamen que se resuelve en el sentido de que los títulos deben tener distinta denominación masculina o femenina, según el sexo de la persona que lo posea y, por consiguiente, se ha hecho una orden ministerial (ya está hecha) que ahora debe pasar al trámite de informe del Consejo de Universidades, del Consejo Escolar del Estado y que pasará también a informe del Instituto de la Mujer para tener la autorizada opinión del Ministerio de Asuntos Sociales. Una vez evacuados estos trámites, la orden será firmada y puedo asegurar a S.S. que estará en el «Boletín Oficial del Estado» a lo largo del mes de diciembre, refiriéndose, no sólo a los títulos universitarios adaptados a un uso no sexista del lenguaje, como dice la pregunta, sino a todo el conjunto de las titulaciones que imparte el Ministerio de Educación y Ciencia en todas las etapas educativas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Yo le animo, señor Ministro, en esta dirección y espero que, una vez se haya logrado este objetivo, también podamos avanzar en la misma línea en relación a algunos libros de texto que, lamentablemente, todavía hoy contienen imágenes y conceptos que no se ajustan a la realidad social en la que afortunadamente ya vivimos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, señoría, este es un ejemplo más de avance en la aplicación del principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, dentro de las líneas de trabajo que sobre esta materia se vienen desarrollando, desde hace mucho tiempo, en el Ministerio de Educación y Ciencia. Le aseguro a S.S. que ponemosla máxima atención en evitar la utilización de lenguaje, imágenes o conceptos que puedan constituir algún tipo de discriminación por razón de sexo o por otra razón prohibida por la Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL HA SIDO LA POSICION DE LA DELEGACION ESPAÑOLA EN LA REUNION PREPARATORIA DE VIENA DE LA IV CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER, QUE SE CELEBRARA EN PEKIN DEL 4 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, Y CUALES SON LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO CARA A DICHA CONFERENCIA? (Número de expediente 180/000807)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, de la señora Balletbó i Puig, que tiene la palabra.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, es un hecho positivo que usted atienda, dando peso político y además con su presencia, las diferentes conferencias internacionales que se vienen celebrando al impulso de Naciones Unidas. En ese sentido, yo recuerdo bien que ya estuvo en El Cairo y más recientemente en Viena. Señora Ministra, ¿cuál ha sido la posición de la delegación que usted presidía en esta reunión de Viena, preparatoria de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se va a celebrar en el mes de septiembre en Pekín, y cuáles son los trabajos que en dirección a una presencia española y a un grosor político de contenido hace su Ministerio para atender esta conferencia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en relación a la posición de la delegación española en la Conferencia regional europea preparatoria de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebrará en Pekín en septiembre del año que viene, nos hemos centrado en tres áreas de actuación: la defensa del empleo de las mujeres, en el sentido de no retroceder en las posiciones laborales alcanzadas hasta el momento; el cambio de imagen de las mujeres, en el sentido de ajustar a la realidad las imágenes de las mujeres que difunden los medios de comunicación, haciendo desaparecer los estereotipos sexistas ya clásicos utilizados sobre todo en la publicidad; y el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad tanto en la empresa privada como en la empresa pública, en la Administración y también en el ámbito de la toma de decisiones. Todas estas propuestas se sitúan en la

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necesidad de impulsar un cambio social, que es lo que denominamos el cambio estructural, que va a modificar la situación social, política, económica y laboral de la mujer, su posición en la sociedad y el actual desajuste en el reparto entre hombres y mujeres de las responsabilidades privadas y las responsabilidades públicas. Y relacionado con las responsabilidades públicas, avanzar en campañas y acciones, por un lado, de acceso a esas responsabilidades, participando activamente y de una forma más equitativa las mujeres también, y, por otro lado, con campañas de sensibilización en el reparto de las tareas y responsabilidades familiares.
En cuanto a los preparativos de la IV Conferencia merece destacarse, en primer lugar, el Comité Nacional que hemos constituido para preparar la conferencia. En este comité participan representantes de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas, del Parlamento, interlocutores sociales, asociaciones de mujeres y expertos.
También hemos elaborado un estado de la situación nacional que hemos publicado y presentado precisamente en la preparatoria regional europea y hemos contribuido a la preparación de la plataforma de acción regional que se presentará en Pekín.
Asimismo desarrollaremos una campaña de información a nivel nacional. Quiero destacar la importancia del proyecto Mujeres Rurales, que se va a denominar «España y la Unión Europea. Las mujeres protagonistas en el desarrollo rural», que se va a celebrar en España a nivel local, regional y nacional desde noviembre de 1994 --lo vamos a lanzar la semana que viene-- hasta junio de 1995. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
La señora Balletbó tiene la palabra.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo le animo a seguir en ese papel denámico y, más aún, yo espero y deseo que, en Pekín, la mujer española esté también representada en las mesas de trabajo y en las diferentes comisiones. Estoy convencida de que la delegación que usted encabezará contará con suficientes personas como para que esto sea posible y, en ese sentido, creo que podemos codearnos con cualquier otra representación, incluso escandinava, para tener un papel importante de presencia en este foro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUE OCULTO EL GOBIERNO, EN RESPUESTA DADA A PREGUNTA DEL SENADOR DEL GRUPO POPULAR DON JUAN JOSE UNCETA, INFORMACION SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL COMPLEJO DE LA MONCLOA? (Número de expediente 180/000811)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, de la señora De Palacio. Tiene la palabra.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el 27 de julio de este año, 1994, en contestación a una pregunta del Senador Unceta sobre obras realizadas en el complejo de La Moncloa durante los años 1982 a 1993, se omitía cualquier referencia a la construcción de un búnker en La Moncloa. ¿Por qué?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro, tiene obligación de contestar a la pregunta que está formulada.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Es lo que voy a hacer. Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno, señoría, no ha ocultado al Parlamento ninguna información que deba suministrar de acuerdo con las leyes vigentes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora De Palacio, tiene la palabra.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el 15 de octubre de 1992, el Diputado señor Cisneros preguntaba directamente por la construcción de un búnker en La Moncloa en una trámite presupuestario. En la contestación el Secretario General de coordinación y servicios de la Presidencia ocultó la verdad al responder que una serie de obras se llevaban a cabo y omitir referencia alguna a la cuestión del búnker. El Senador Escuín, en noviembre de 1993, pregunta qué es lo que pasa con las obras de La Moncloa, y dice que si hay una cuestión que sea materia reservada, que por razones de seguridad no se pueda contar, que se diga y lo entenderemos. «No hay nada que ocultar», es lo que dice el señor Subsecretario de Ministerio de la Presidencia, y de nuevo se vuelve a faltar a la verdad en el Parlamento, señor Ministro. Es el 26 de octubre de este año cuando por primera vez, en una contestación presupuestaria, con el sello de confidencial, se nos habla del centro nacional de conducción de situaciones de crisis. Eso se podía haber hecho antes,

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señor Ministro, en las contestaciones al señor Cisneros, al señor Escuín o al señor Unceta. ¿Por qué no se hizo? Porque reiteradamente, durante dos años seguidos, se ha escamoteado, se ha ocultado la información a las Cámaras. No podemos dar credibilidad a sus informaciones cuando comprobamos un engaño como éste, que bien podría calificarse de burla a los representantes de la soberanía nacional.
Hoy aquí, en nombre del Grupo Popular, denuncio que el Gobierno del señor González oculta, falta a la verdad con reiteración y contumacia a las Cortes Generales, que son pieza clave de la democracia. Los que han desprestigiado al Parlamento son ustedes; ustedes sí que deterioran las instituciones, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias. Señoría, el Gobierno da cuenta al Parlamento del carácter secreto de las obras del proyecto CITA con fecha 22 de diciembre de 1989. Posteriormente hay varias informaciones, usted ha dicho algunas, por cierto, no voy a decir manipulando --esa palabra es muy fuerte--, pero sacando de contexto las afirmaciones del Subsecretario de la Presidencia. Reclamo su atención para los «Diarios de Sesiones» de 10 de noviembre de 1993 y de 18 de octubre de 1994 en la Comisión de Presupuestos, donde específicamente se habla de estas obras y de su carácter secreto. Es más, con fecha 30 de septiembre de 1993, en pregunta escrita al Diputado Gabriel Elorriaga --leo textualmente--, el Gobierno dice: Las obras realizadas en el complejo de La Moncloa referidas a la pregunta corresponden, como se ha informado reiteradamente, a los años 1990 y 1991 y tienen carácter secreto mediante acuerdo de Consejo de Ministros, etcétera. Su señoría no puede desconocer en modo alguno que esas obras están declaradas secretas. Es más, S.S.
no puede desconocer que, si quiere información sobre esas obras que están declaradas secretas de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, tiene vías para conocerlas, no hay más que acudir a la resolución del Presidente del Congreso de los Diputados para poder acceder a ella. ¿Por qué no lo ha hecho S.S.? Porque no ha tenido el más mínimo interés.
El Gobierno no ha ocultado ningún dato al Parlamento, es S.S.
la que no ha tenido ningún interés en acceder a esta información. Si lo hubiera hecho, habríamos ido a la Comisión de Secretos Oficiales, como por cierto he solicitado ir la próxima semana para informar de todos los datos sobre estas obras. Por tanto, es S.S. la que no tiene ningún interés. El Gobierno no ha ocultado nada, se ha limitado a cumplir la Ley de Secretos Oficiales. Señoría, para hacer una afirmación de esta naturaleza en el Parlamento es conveniente que usted, además de leer los periódicos, trabaje el «Boletín de las Cortes». (La señora De Palacio del Valle-Lersundi: ¡Qué cara más dura! ¡Pero bueno!--Rumores.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Silencio, señorías.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LOS ESPAÑOLES TIENEN DEBERES NACIONALES PARA OTRA AUTORIDAD, QUE NO SEA LA PROPIA Y CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/000778)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, que formula el señor González Pérez.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cree el Gobierno que los españoles tienen deberes nacionales para otra autoridad, que no sea la propia y constitucional? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Contestaré a ese acertijo diciendo que no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor González.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Esta pregunta viene como consecuencia de que un nacionalizado español residente en Ceuta, arrogándosela representación del colectivo musulmán de la ciudad, realizó las siguientes declaraciones: Los musulmanes de Ceuta permanecerán movilizados con vistas a cumplir su deber nacional y poner en práctica las orientaciones reales, que no eran precisamente las españolas, señor Ministro. Como comprenderá, estas declaracionesde un nacionalizado español crean una lógica inquietud y una doble obligación para el Gobierno español.
Primero, cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales y legales sobre los derechos y obligaciones de los españoles; y segundo, recordar a los gobiernos extranjeros, que pudieran tener alguna tentación de ambigüedad al respecto, que la paz y la seguridad en todo el mundo, y particularmente en el Mediterráneo, sólo se puede construir si, entre otras cosas, existe un respeto

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básico a las normas elementales del Derecho internacional entre las que se encuentran, como usted bien sabe, señor Ministro, la de la nacionalidad. Pero como comprenderá, señor Ministro, y dado que el Gobierno todavía no ha comparecido en esta Cámara al respecto, quería que aquí explicara el alcance de las desgraciadas e inoportunas palabras del Presidente del Gobierno, hace unos pocos días en Casablanca, aceptando la teoría de la célula de reflexión del Gobierno marroquí sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Señor Ministro, o el Presidente del Gobierno ha cometido un gravísimo desliz lingüístico con consecuencias políticas, de lo cual tendrá que ofrecer explicaciones y solicitar excusas, o se ha embarcado en una peligrosa y resbaladiza línea que consiste en abandonar supuestos constitucionales que afectan a la misma soberanía española. En cualquier caso, señor Ministro, querría dejar constancia del estupor y malestar que en nuestro Grupo y en la propia ciudad de Ceuta han producido esas manifestaciones presidenciales y le incito a aprovechar esta ocasión, y otras que se pudieran dar, para emplear la rotundidad, de la que hasta ahora ha carecido el Gobierno socialista, para rechazar cualquier tipo de interpretación que no sea otra que la de afirmar lo que la Constitución mantiene con respecto a Ceuta y Melilla en el contexto de la integridad de la soberanía del Reino español. Me gustaría, señor Ministro, que el Presidente hubiera defendido las posiciones de ceutíes y melillenses con el mismo ardor que al principio de esta sesión.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Podía usted haber empezado por la segunda parte, sobraba la primera. Respecto a la primera afirmación, a que un súbdito español ha hecho unas declaraciones a las que S.S. ha hecho referencia, le puedo decir que como conocemos --S.S. y yo también-- la Constitución sabemos que en el artículo 20 están perfectamente definidos los derechos de expresión que los ciudadanos españoles tienen, con el único límite de cumplir las normas. Si hubiera una conculcación de las normas penales, el fiscal lógicamente actuaría en consecuencia; pero de la mera expresión de unas palabras no se puede deducir ningún delito. Lo sabe S.S. perfectamente y tiene casos de haberlo visto, incluso en este Parlamento, cuando se han hecho afirmaciones en relación con la Constitución y están perfectamente dentro de lo que es el artículo correspondiente de la Constitución. Yo lo lamento igual que S.S. o, permítame que le diga, más seguramente que S.S. por las responsabilidades que tengo. Respecto a la segunda afirmación que ha hecho, vuelvo a decir, una vez más, no más fuerte porque creo que no es necesario, lo diré más claro, que la posición de España en relación con Ceuta y Melilla la conoce S.S. perfectamente. Le rogaría, por favor, que no tratara de complicar un tema de tal importancia para España, para S.S. y para todos nosotros.
Por tanto, quede claro cuál es la posición de España en relación con Ceuta y Melilla, que la conoce perfectamente S.S.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE FUERON RECHAZADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA VARIOS PROYECTOS DE LA EMPRESA BIOMEDICA EN ASTURIAS Y GALICIA? (Número de expediente 180/000804)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, como seguramente conocerá, porque ha sido objeto de profusa información en estos últimos días, un proyecto industrial que se había anunciado en su momento, que incluso hace un año aproximadamente había sido objeto de colocación de la primera piedra por el Presidente de la Junta de Castilla y León, bajo la presentación de un empresa denominada Biomédica que teóricamente iba a crear más de 700 puestos de trabajo, con una inversión de 7.000 millones de pesetas y con una subvención de la propia Junta de Castilla y León de 2.500 millones de pesetas, se ha puesto en cuestión por un conjunto de informaciones, y algunas de ellas ciertamente han provocado una profunda preocupación en la ciudadanía de León y en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Entre esas informaciones ha habido noticias de que proyectos empresariales de la misma naturaleza y perfil patrocinados por esta supuesta empresa (algunos medios incluso han puesto en cuestión su propia existencia en los Estados Unidos, donde teóricamente reside), como decía, hace algún tiempo los mismos proyectos habían sido tramitados por algunas comunidades autónomas ante la Dirección General de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda y rechazados, concretamente en las comunidades autónomas de Asturias y Galicia. De ahí que sea del máximo interés para los ciudadanos de Castilla y León conocer cuáles fueron, en su momento, las razones por las que, si es así, el Ministerio de Economía y Hacienda

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rechazó varios proyectos de la llamada empresa Biomédica.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la sociedad Biomédica tiene su domicilio social, y si existe, en Antillas Holandesas, que no es un país normal desde el punto de vista de realización de inversiones productivas, sino que tiene las características de un paraíso fiscal. Es cierto que esta sociedad no ha planteado inversiones directas en la Dirección General de Incentivos Regionales, aunque sí lo ha hecho participando en otras sociedades que sí han planteado algunos proyectos. Hemos tenido acceso a tres proyectos en los que esta empresa participa. Dos de ello en la zona industrial en declive de El Ferrol y otro en Asturias. En Ferrol hay una empresa que se llama Houba Pharmaceutical Laboratories, cuya actividad se centra en la fabricación de productos farmacéuticos de antibióticos y de anticancerígenos; hay otra que es Integrated Motors Tecnology, que se dedica a la construcción de motores eléctricos. La participación en un caso era del 92 por ciento y en otro del 72 por ciento por parte de Biomédica. En ambos casos las peticiones fueron denegadas. ¿Por qué? Porque las subvenciones solicitadas tenían un deficiente planteamiento financiero, los proyectos eran técnicamente inviables y también planteaban problemas económicos y financieros en cuanto a su viabilidad.
El tercero de los expedientes al que me he referido fue presentado por otra empresa llamada Absorbent Tecnology, Sociedad Anónima, que se dedica a la fabricación de productos médicos, de vendajes, de máscaras y otro tipo de complementos médicos. También en esta empresa participa Biomédica con un 37 por ciento. En este proyecto hay otra empresa conocida y con cierto interés que se llama Sodeco, Sociedad Anónima, y este respaldo de Sodeco fue el que llevó al Consejo responsable de Incentivos Regionales, antes de proceder a elevar la resolución del tema a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a informar favorablemente. Se concedió pero pidiendo una información adicional; información adicional que nunca fue presentada y, sin embargo, cuando insistimos en ella se nos presenta por la sociedad la renuncia a su expediente el día 18 de febrero de 1992.
En conclusión, señoría, de los tres proyectos en los que interviene Biomédica ninguno se ha aprobado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS QUE LLEVARON AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA A CONCEDER AYUDAS A LA EMPRESA IMAGING ABERDEEN? (Número de expediente 180/000805)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Rodríguez Zapatero, quien tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía, también queríamos conocer cuáles han sido los criterios que llevaron al Ministerio de Economía a conceder ayudas a la empresa Imaging Aberdeen que en su día también apareció como un proyecto industrial de mano de la Comunidad Autónoma y cuyo expediente recabó en última instancia en incentivos regionales. Parece conveniente, porque ha habido en el debate público un intento de hacer una comparación, desde nuestro punto de vista seguramente no acertada, convendrá en que es conveniente clarificar a la opinión pública, en general, cuáles han sido los criterios que llevaron a conceder la subvención a Imaging por el Ministerio de Economía y Hacienda, concretamente por la Dirección General de Incentivos Regionales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
El expediente sobre las ayudas a la empresa Imaging Aberdeen Tecnology se presenta el día 22 de diciembre de 1993 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con el informe favorable de esa comunidad autónoma, que es imprescindible para que se produzca la tramitación, el día 10 de febrero entra en la Dirección General de Incentivos Económicos Regionales. El proyecto tiene un cierto interés, pues habla de una inversión de 4.555 millones y 352 puestos de trabajo, en León, con una zona de construcción de más de 15.000 metros cuadrados. Al ser desconocidas las empresas que participaban en esta inversión, el Ministerio de Economía solicitó informe a nuestras oficinas comerciales en Los Angeles y Tel Aviv para que nos dieran información sobre las empresas correspondientes. Dichos informes la verdad es que no indicaban ningún aspecto negativo. En consecuencia, el Consejo Rector de Incentivos Regionales del día 12 de julio de 1994 propone a la Comisión Delegada del 28 de julio la concesión de estas ayudas, pero condicionadas a la obligación de acreditar en el plazo de un año desde la aprobación, esto es,

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antes del 29 de julio próximo, el realizar el 25 por ciento de la inversión y disponer de unos fondos propios mínimos por importe de 1.263 millones de pesetas, que es el 30 por ciento de la inversión. De no cumplirse ambos requisitos en este plazo de un año, es evidente que quedaría cancelada la concesión de la subvención. Dicho de otra forma, el proyecto fue aprobado a expensas de una futura cobertura financiera y cumplimiento de estos requisitos legales que de no cumplirse supondrían la caducidad. Hasta el día de hoy no se ha recibido la aceptación por la empresa de la resolución de la concesión, que fue remitida el 29 de julio, por lo que tenemos algunas dudas. Como dispone de 15 días desde que recibe la notificación para aceptar y dado el tiempo transcurrido, tenemos la impresión de que esa concesión de ayudas no va a ser aceptada y, en consecuencia, que la concesión habrá caducado. En definitiva, y respondiendo a sus dos preguntas: primera, cuáles son las razones que han llevado al Ministerio de Economía a esa concesión, creo que quedan explicadas...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RELACIONES CONTRACTUALES HA MANTENIDO LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO CON LA EMPRESA SICE, S.A., DESDE 1984? (Número de expediente 180/000799)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Rodríguez Zapatero. Tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, en el contexto del conjunto de informaciones --que por cierto han sido objeto de diversas preguntas parlamentarias-- se ha producido, entre otras, la supuesta actitud por parte de la Dirección General de Tráfico de un posible trato de favor, bien es cierto que en un período de años que no coincidirían, en todo caso, con la relación empresarial que ha sido objeto de tanto análisis por parte de CAE y SICE, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, que, como se conoce, ha estado participada por CAE. En todo caso, creo que en la línea de las sucesivas notas informativas que ha emitido el Gobierno en relación con esta cuestión, en la línea de claridad (especialmente el señor Ministro de Justicia e Interior ha insistido reiteradamente sobre la transparencia absoluta en la gestión de la Administración pública), parace conveniente despejar de manera clara y definitiva, corroborando, por consiguiente, en este caso, la nota del Gobierno, cuáles han sido las relaciones contractuales que ha mantenido la Dirección General de Tráfico con la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A., desde 1984, tal y como afirma esta nota.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría, le agradezco su planteamiento. Alguna de las cuestiones está formulada en la propia pregunta.
La empresa SICE, S.A., ha sido adjudicataria habitual de obras relacionadas con seguridad vial, concretamente instalaciones electrónicas en carretera, desde que la Dirección General de Tráfico comenzó a realizar este tipo de actuaciones, precisamente en el año 1984. Las adjudicaciones efectuadas al grupo SICE por la Dirección General de Tráfico, en los últimos diez años, representan el 14,39 por ciento de las adjudicaciones efectuadas por dicho organismo autónomo en ese período. Otros grupos de empresas han sido objeto, igualmente, de adjudicaciones de mayor entidad o importancia. Las empresas del sector tampoco son tan numerosas e importantes.
Concretamente el grupo Etra Ginés Navarro, con un porcentaje global del 14,63 por ciento, o el grupo de Fomento de Construcciones y Contratas, con un 13,7 por ciento, sólo en el período 1990-1994. Antes de ese período no se había dedicado a estas materias.
Por lo que se refiere a las actuaciones del año 1990 --que también en algún momento ha salido directa o indirectamente--, únicamente quiero indicar que hubo tres empresas que resultaron adjudicatarias de obras de la Dirección General de Tráfico en volúmenes muy superiores a los de SICE, concretamente Construcciones y Contratas, grupo Etra y el grupo Abengoa-Sainco. Está claro que hubo incremento en todo el conjunto del sector como consecuencia de las adjudicaciones de las obras de regulación del tráfico en los accesos a Madrid y Barcelona. Pero, desde luego, señoría, no hubo ningún trato de favor al grupo de empresas SICE, tal como usted ha planteado en la pregunta y que, con mucho gusto, le respondo en nombre del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE QUISO DECIR EL SEÑOR MINISTRO CUANDO AFIRMO EN MEDIOS DE COMUNICACION QUE LOS PODERES DEL ESTADO HAN DECIDIDO HACER UN «RAZONABLE AJUSTE DE CUENTAS CON EL PASADO»?

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27. Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué quiso decir S.S. cuando afirmó que los poderes del Estado han decidido hacer un razonable ajuste de cuentas con el pasado? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señoría, las hice en el contexto de una conversación de radio que duró aproximadamente una hora. Afortunadamente, se hizo en un contexto en el que espero que el conjunto de los ciudadanos entendieran el significado preciso de la expresión. En todo caso, por resumirlo mucho, le diría: Uno, no puedo existir siquiera la sospecha de un clima de impunidad; dos, debe hacerse de manera razonable, es decir, sin caza de brujas, sin inquisición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Amén de lo inadecuado de la expresión, impropia en el léxico de un Ministro, nos inquietaba el alcance que S.S. podía querer dar a la frontera de lo razonable, habida cuenta de la difícil coyuntura en la que se encuentra el Gobierno. Y sus palabras de alguna forma confirman nuestras sospechas. Señor Ministro, ¿quiere decir que lo razonable es hacer como que se hace la lucha contra la corrupción, pero sin llegar a traspasar ciertos límites que pudieran evidenciar las auténticas responsabilidades de algunos en ese pasado que se pretende ajustar? ¿Quiere decir que lo razonable es pretender que los ciudadanos se olviden de todo lo sucedido hasta la fecha, como si entre este Gobierno y los anteriores no hubiera relación alguna, y como si no fueran los mismos responsables políticos aquellos que no sabían de los corruptos y éstos que hoy tratan de acreditar un celo de anticorrupción que ya no tiene credibilidad social? ¿Quiere decir que lo razonable es invocar campañas de acoso en vez de aplicarse a saber si algunos se han podido beneficiar en virtud de su cercanía personal al poder? Pero, sobre todo, ¿qué legitimidad tiene S.S. para tratar de acotar una tarea que corresponde ejercitar al Poder Judicial y al Parlamento en el ejercicio de su independiencia y de sus legítimas facultades? ¿Y qué legitimidad tiene S.S. para hablar en nombre de esos poderes? Señor Ministro, aquí los únicos límites los fija la justicia, los fija el sentido real de cuanto ha sucedido y los fija la obligada reparación del daño causado por unos cuantos a la democracia y a las instituciones. Y tenga por seguro, señoría, que el gran límite final lo pondrá, sin duda, el pueblo español en las urnas, sabiendo con decisión atribuir su confianza a quienes desde estos bancos --por más que S.S.
sonría-- acreditan la seguridad de que este país no tenga que volver a vivir sucesos tan lamentables que ustedes no han sabido, no han podido o no han querido evitar. (Aplausos.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en lo que estamos todos de acuerdo es en lo último que usted ha dicho. Los ciudadanos decidirán lo que sea en las elecciones generales. Eso está claro. En cuanto al resto, es una de esas nuevas preguntas para repetir lo de siempre. Es natural que S.S. no sepa qué significa razonable; es natural.
(Risas.) Por muchas razones. Entre otras cosas, por una muy profunda, que concretamente lo razonable es un valor de la Ilustración. Yo creo que esos valores del siglo XVIII, de la Ilustración, de la razonabilidad, el imperio de la razón, son completamente ajenos a su global estrategia política. Es tan obvio que han olvidado el significado de lo razonable, pero razonable es razonable, ¡qué le vamos a hacer!, y significa que nadie pierda el sentido común, que nadie desconozca que siguen existiendo derechos constitucionales, que nadie desconozca qué significa la presunción de inocencia, que nadie desconozca cuál es el papel real y objetivo de cada uno de los poderes del Estado. No tiene S.S. razón el decir que eso sólo corresponde a los jueces. No es verdad. Corresponde a este Parlamento que adoptó una batería de medidas anticorrupción; corresponde al Poder Ejecutivo a través de su iniciativa política en la fijación de prioridades de política criminal; corresponde, sin duda, a los jueces; corresponde, sin duda, al Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal; corresponde al conjunto de la sociedad.
El tema de la corrupción no es, ni mucho menos, un problema que pueda abordarse sólo desde una óptica concreta. Es el conjunto de la sociedad y el conjunto de los poderes del Estado los que están reaccionando (yo creo que de una manera razonable a su vez, aunque usted no entienda el sentido de la expresión) algo de lo que todos debemos alegrarnos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO

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DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE OPINION LE MERECE AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR QUE UN CHALET CONSTRUIDO EN MADRID POR EL PATRONATO DE CASAS DE LA GUARDIA CIVIL, PERTENECIENTE A UN COMANDANTE DE DICHO CUERPO, FUESE ALQUILADO A NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS Y DESTINADO ILEGALMENTE A RESIDENCIA DE ANCIANOS? (Número de expediente 180/000813)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Baón Ramírez.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
¿Qué opinión le merece al señor Ministro de Justicia e Interior que un chalet construido en Madrid por el Patronato de Casas de la Guardia Civil, perteneciente a un comandante de dicho Cuerpo, fuese alquilado a narcotraficantes colombianos y destinado ilegalmente a residencia de ancianos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, hay un dicho anglosajón que dice que los hechos no se discuten; simplemente se comprueban.
Pues bien, a partir de ese dicho, le diré los hechos. Un chalet construido en Madrid por el Patronato de Casas de la Guardia Civil y adquirido, sin limitación de disposición o administración, según escritura que pongo a su disposición, fue alquilado por un comandante de la Guardia Civil a un ciudadano nacionalizado español.
El contrato de arrendamiento, de mayo de 1994, se hizo con el objeto de que fuera dedicado a domicilio del arrendatario. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año 1994, como consecuencia de una actuación policial, se descubrió en el interior de ese domicilio determinada cantidad de droga y además a cinco ancianos alojados, procedentes de un centro público.
Como consecuencia de que se habían incumplido las normas del contrato de arrendamiento, el arrendador procedió simplemente a la rescisión del mismo de manera inmediata, con fecha octubre de 1994.
Esos son los hechos, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, lamento de veras que el Gobierno se encuentre en una política de resistencia porque en esa situación no hay una divisoria clara entre el ridículo numantino y la euforia.
En el caso que nos ocupa resulta que una casa construida por el Patronato de Viviendas de la Guardia Civil fue alquilada a narcotraficantes colombianos y, además, destinada ilegalmente a residencia de ancianos.
La casa está situada impropiamente en la calle Arbol del Cielo, cuando en realidad estaban todos en el limbo: el propietario, el Patronato de Casas, el Director General de la Guardia Civil, siendo además el propietario un comandante cualificado y uno de los enlaces en la comisión Schengen. Mi grupo no ha pretendido, señor Ministro, quiero que lo sepa de verdad, hacer una caza de brujas, nunca, de nada; ni por sistema ni porque esté en nuestro estilo. Lo que sí queremos es que se aclaren los hechos, que se ventilen la responsabilidad, sobre todo de cuantas personas han acompañado a lo largo de siete años al prófugo señor Roldán.
Por lo demás, creemos que la Comisión del caso Roldán se cerró prematuramente. Es cierto --al menos es lo que he leído en los periódicos-- que se ha establecido una comisión de investigación para estudiar ciertas acciones en esa política de construcción y de concesiones del señor Roldán. Yo creo que es malo que desde el mismo órgano se tenga que investigar al investigado. Eso está claro. Es mucho mejor que sea otro. Por eso se cerró prematuramente la Comisión Roldán.
Debe saber, señor Ministro, por lo que respecta al Patronato de Casas de la Guardia Civil que este comisionado, como también otros de la Comisión ha observado severas y graves anomalías en la gestión de esa institución. La primera de tipo urbanístico y constructivo, que no sé si se han superado; pero la segunda y fundamental es que se han desviado del fin lícito y primordial de las casas, cual era que sirviese para vivienda y por el contrario, ha servido de instrumento de especulación.
Debe reconocerlo.
Por eso, y así concluyo, le recomiendo que lea despacio el dictamen que aprobó esta Cámara, porque encontrará muchos motivos para investigar, aclarar y ventilar responsabilidades.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): De nuevo estoy parcialmente de acuerdo con algo de lo que ha dicho S.S., como el anterior representante de su mismo grupo político. Realmente los límites del ridículo no los tiene muy claros el Grupo Popular. Constantemente pide dos cosas contradictorias. Si se investiga está mal que se investigue, porque, ¿cómo va a investigar? Si no se investiga está mal que no se investigue. Ustedes simplemente carecen de la más mínima coherencia o rigor. Por contra, el Gobierno,

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trata de mantener de manera permanente, un clima de seriedad en el conjunto de sus actuaciones, por eso me he limitado en mi primera intervención, en nombre del Gobierno, a relatar los hechos y le he dicho que en esos hechos en el contrato correspondiente no se contenía ninguna limitación de venta ni de arrendamiento a terceros. ¿Que S.S. me dice que sería razonable que se contenga en el futuro ese tipo de limitaciones? Sin duda. De hecho está en la Comisión y esa observación, que es una de las que contiene el dictamen, va a ser tenida en cuenta por el Ministerio.
Lo que no cabe, me parece a mí, es sostener constantemente dos posturas diametralmente opuestas. La finalidad de investigar todos los temas relacionados con esta materia tiene un único objetivo central: conseguir separar aquellas personas que hayan cometido irregularidades del conjunto de la institución que yo sé, que S. S. por lo menos, tiene interés en preservar.
Si todos tenemos interés en preservar la institución de la Guardia Civil, señoría, no haga formulaciones que no solamente sean equívocas sino contradictorias en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO VASCO (PNV); QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LA APROBACION DE UN PROYECTO DE LEY DE REINTEGRACION DE BIENES INCAUTADOS POR MOTIVOS POLITICOS DURANTE LA GUERRA CIVIL A PARTIDOS POLITICOS, SINDICATOS, ASOCIACIONES CIVILES Y PERSONAS FISICAS? (Número de expediente 180/000797)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Gatzagaetxebarría Bastida.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de la Presidencia, ¿qué previsiones tiene el Gobierno sobre la aprobación de un proyecto de ley de reintegración de bienes incautados por motivos políticos durante la guerra civil a partidos políticos, sindicatos, asociaciones civiles y personas físicas? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, no se le ocultan las dificultades materiales y técnicas para delimitar, con la necesaria precisión el alcance de cualquier iniciativa legislativa respecto a la que usted se interesa. La prueba de las dificultades son los debates parlamentarios que su grupo ha suscitado en esta Cámara en anteriores legislaturas.
El Gobierno sigue, pues, estudiando con atención este problema, aunque debo confesar a S.S. que de los trabajos emprendidos hasta este momento además de constatar claramente la complejidad de la tarea no emerge una solución técnica y generalizada satisfactoria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Esta iniciativa parlamentaria pretende recordar la necesidad de reparar una injusticia histórica como fue la incautación de patrimonio a partidos políticos, a sindicatos, a organizaciones sociales, a personas físicas por ser ideológicamente contrarias al régimen ilegítimo franquista; a personas que eran republicanos, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, que eran comunistas, anarquistas, socialistas y, por tanto, señor Presidente, señor Ministro de la Presidencia, es una cuestión que al día de hoy todavía se encuentra pendiente de ser solucionada por parte del Gobierno central. Nosotros entendemos que es necesaria una ley que regule tal cuestión o, en su caso, se dé una solución, por lo menos parcial, mediante la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.
Señor Ministro de la Presidencia, en su día fueron los poderes centrales del Estado los que incautaron, por las razones ilegítimas de diferente ideología política, los bienes a estas entidades bien físicas, bien políticas, sociales o sindicales.
Han de ser los poderes centrales del Estado los que reintegren los daños causados, si no es posible materialmente con la restitución de los bienes sí mediante la reparación de los daños y perjuicios.
No nos vale al Grupo Parlamentario Vasco que se esgriman argumentos de carácter técnico. Hay posibilidades de solución.
Hay grupos políticos que pueden acreditar la solución de continuidad y la condición de herederos de quienes fueron incautados y, señor Ministro de la Presidencia, el ejemplo es que la Unión General de Trabajadores, con ocasión del problema de las viviendas de protección oficial que construía, ha obtenido un crédito de 9.200 millones de pesetas del ICO en base a una garantía del patrimonio histórico todavía pendiente de devolución a dicha organización sindical.
Señor Ministro, hay otra consideración y es que en este momento diferentes sectores de la sociedad pública española, y recuerdo por ejemplo al hijo del que fue insigne Presidente del Gobierno de la II República Socialista, don Juan Negrín también tiene una reclamación

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pendiente ante el Gobierno central. Apelo a la responsabilidad y a la sensibilidad del Gobierno socialista para dar solución a este viejo problema. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Gracias, señor Presidente.
En la primera respuesta aludí a las dificultades y a la complejidad técnica y jurídica del problema que suscita S.S.
Me voy a explicar brevemente, no sin antes decir que no cabe duda alguna que hay argumentos de derecho y de justicia que pueden aconsejar una postura favorable a la devolución patrimonial de los expoliados, desde la misma reparación histórica a la que S.S. aludía hasta el análisis comparativo de situaciones análogas o la propia interpretación más favorable de un precepto constitucional, concretamente el recogido en el artículo 33 de nuestra Constitución. Sin embargo, no es menos cierto que las propias exigencias y garantías, fundamentalmente del artículo 14 de la Constitución, nos exigen el mayor respeto para aplicar el principio de igualdad, cuya realización concreta, como S.S.
reconocerá, no resulta nada fácil en este caso. En efecto, hay dificultades de toda índole: identificación de las personas físicas y jurídicas, derechos en la transmisión patrimonial, ausencia o lagunas registrales y notariales y un largo etcétera. Todos ellos son hechos que además corroboran un aspecto que quiero resaltar: la imprevisibilidad del alcance, tanto jurídico como económico, de una medida de esta naturaleza. Esta es la razón por la que el Gobierno no encuentra una solución.
Se trata, señoría, de hacer una ley que, por supuesto, sea justa con los derechos de quienes fueron expoliados en la Guerra Civil, que, al mismo tiempo, respete la igualdad, que sea económicamente evaluable y que de esa evaluación se derive una financiación posible con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO ALONSO CONESA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PLANES TIENEN EL INSTITUTO NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y REPSOL EN RELACION AL FUTURO DE LA FACTORIA DE REPSOL-BUTANO EN CARTAGENA? (Número de expediente 180/000808)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Alonso Conesa. El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como usted bien conoce, en el cinturón industrial de Cartagena se ha padecido en los últimos años una importante reducción de industrias. Baste recordar la desaparición de Metaleurop, Enfersa, Camisa, Peñarroya; la reducción de FESA, actualmente Potasas y Derivados, etcétera.
Esta situación ha generado un aumento importante del desempleo, no sólo en estas industrias, sino también en la decena de empresas auxiliares que para ellas trabajaban.
Afortunadamente, la reacción del Gobierno de la nación, de la Comunidad Autónoma de Murcia y del Ayuntamiento de Cartagena, con la aprobación del plan especial para el desarrollo de dicha ciudad, ha comenzado a dar sus frutos, al igual que la puesta en marcha de la primera fase de General Electric.
Reconocer estas cuestiones es de justicia, pero he de manifestar, señor Ministro, que aún quedan industrias en este área industrial que pasan por importantes procesos de adecuación. Este es el caso de la factoría de Repsol-Butano, en Escombreras. Dicha factoría, señor Ministro, es la primera nodriza de España, suministradora de GLP en la zona centro, en la zona balear, Levante y Andalucía. Dicha planta, que tiene una capacidad de almacenamiento de 17.000 toneladas de butano y 8.000 de propano, representa una gran actividad para las infraestructuras portuarias, ferroviarias y de transporte terrestre de dicho municipio. Dado, señor Ministro, que en este momento se está discutiendo el plan estratégico de Repsol para el período 1994-1998 del que depende en gran medida el futuro de esta factoría, es por lo que este Diputado quiere conocer los planes del Instituto Nacional de Hidrocarburos y de Repsol para el futuro de la planta de Repsol-Butano, en Escombreras.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, los planes del Instituto Nacional de Hidrocarburos y de Repsol, efectivamente, se instrumentan a través de una filial, que es la filial Repsol-Butano, y se realizan a partir del plan estratégico de Repsol-Butano para el período 1994-98. Dentro de ese plan, la planta a que usted se refiere tiene toda una serie de finalidades y de objetivos que cumplir. Se trata de aumentar la eficiencia de su sistema logístico, de optimizar el esquema de factorías del conjunto de la empresa Repsol-Butano y de su conexión con las actuales fuentes de suministro de gas licuado de petróleo. En ese marco, me complace informarle que se tienen que adoptar disposiciones para mejorar ciertos tramos de

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la red de oleoductos de CLH para el transporte del gas licuado de petróleo e, igualmente, para acercarlas posibilidades de algunas plantas de Repsol-Butano precisamente a los centros de abastecimiento o, en su caso, a los puertos. En ese mismo marco, la planta de Escombreras, que actualmente tiene una capacidad de almacenamiento equivalente al ocho por ciento del total de la empresa, por un importe de 53.150 metros cúbicos de gas licuado de petróleo, conocerá un conjunto de inversiones que se pueden expresar de la siguiente forma.
Aproximadamente, hasta el año 1998, unos 450 millones de pesetas se destinarán, fundamentalmente, a aumentar la eficiencia en los procesos productivos propios de la empresa.
Igualmente, está prevista la adaptación del oleoducto Cartagena-Alicante para el transporte de gas licuado de petróleo, lo que requerirá una inversión cercana a los 500 millones de pesetas en ese mismo período de tiempo.
Debo decirle también, porque quizá le complazca saberlo a usted y a los ciudadanos de Cartagena, que forma parte de la evaluación actual la posibilidad de un nuevo centro de almacenamiento subterráneo. En estos momentos se está evaluando cuál es el lugar idóneo de su emplazamiento y, ciertamente, tendrá que producirse la caracterización de Cartagena como un eventual centro para el almacenamiento subterráneo, quizá en competencia con otras ubicaciones que también puedan resultar idóneas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Alonso.


El señor ALONSO CONESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero agradecerle la claridad con la que despeja el futuro incierto de la actual factoría de Repsol- Butano, en Escombreras, así como el anuncio de las importantes inversiones que se prevén.
Por último, quisiera agradecerle su decisión de que se estudien las condiciones geológicas de Cartagena para ese futuro almacenamiento. Es deseo de este Diputado que el estudio sea conocido por todos los implicados en la empresa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Unicamente, señor Diputado, confirmarle que ese estudio está en marcha, que tienen que reunirse condiciones geológicas y, simultáneamente, buenas condiciones de ubicación, desde el punto de vista de la distribución de los productos, y en ese marco le puedo decir que esa implantación será estudiada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL MILIAN MESTRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUAL ES LA SITUACION REAL DE IBERIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA VIABILIDAD? (Número de expediente 180/000816)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31 del señor Milián Mestre.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la situación real de Iberia, desde el punto de vista de su viabilidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor Milián, Iberia es una empresa que puede ser viable si efectivamente se acometen las medidas que en este momento están siendo objeto de negociación en el plan de viabilidad que se ha presentado a los interlocutores sociales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Milián.


El señor MILIAN MESTRE: Gracias, señor Presidente.
Yo le contestaría con un latinajo: Utinam; es decir, ojalá. Le digo esto porque las noticias que van llegando son alarmantes.
Su explicación a una pregunta mía del mes de marzo fue francamente incómoda para mí puesto que llegó a tratarme incluso de incompetente en materias financieras. En aquella ocasión, yo le planteaba a usted la extraña operación de venta de 12 aviones a la compañía Julyco, para luego adquirir su alquiler en «leasing». Justamente usted habló entonces de que se iba a producir un saldo financiero a favor de Iberia de en torno a 800 millones de pesetas con esta operación, planteándolo como algo muy usual en compañías como British Airways, que venden sus aviones para luego recomprar sus servicios en alquiler. Precisamente es usted el que ha dicho recientemente que la situación de Iberia es seriamente preocupante, hasta el punto de que usted decía que no quería quitar un ápice --cito textualmente-- a la gravedad de este asunto, que podría incluso llevarnos a un escenario de quiebra. Esto era lo que decía usted en esas declaraciones efectuadas hace 48 horas.


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Pues bien, la situación es muy seria (44.000 millones de pérdidas este año), lo que difícilmente se pueden parchear a pesar de que se vendan muchos más aviones, apareciendo anomalías que me gustaría que usted me pudiera precisar. En primer lugar, no son 12 los aviones vendidos para «leasing», sino el 21 por ciento de la totalidad de aviones disponibles, que además se han vendido con la supuesta anomalía, o al menos con el perjuicio evidente, de que un avión de primera mano vendido en segunda mano, evidentemente, pierde valor en precio y en patrimonio. En segundo lugar, se ha vendido la sede central de la calle Velázquez, de Madrid, por 21.000 millones de pesetas. En tercer lugar, se han vendido los servicios de comercialización, es decir agencias propias de venta de billetes. Además, los servicios de «catering», de «handling» han pasado a terceros y se han creado compañías filiales como Viva, que otorgan servicios gratuitos de «handling» por parte de Iberia, cosa curiosa, e incluso se ha otorgado combustible gratuito, siempre a cargo de Iberia, lo que, evidentemente arroja balances potables, desde el punto de vista de la rentabilidad. Resulta que estas compañías filiales como Viva reciben líneas como El Cairo, Túnez, Argel, Estambul, Tel Aviv muy rentables para su explotación.
Hay aerobuses que son desguazados simplemente para obtener las piezas que necesitan en otros aparatos...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Milián.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señor Milián, no quiero discutir de un problema como el de Iberia analizando exclusivamente el problema del «leasing». Ya lo discutimos en otra ocasión y me reitero en lo que le dije entonces, no en aquello por lo que usted se pudo sentir molesto pero sí en lo que dije. Es una práctica usual que seguramente tendremos que seguir utilizando.
Quiero reiterar de nuevo ante S.S., lo mismo que dije ayer en el Senado. La situación de Iberia es difícil y, sin embargo, me lleva a decir que es posible la viabilidad de la compañía, pero solamente al precio de hacer el esfuerzo necesario para garantizar su competitividad. Es verdad que Iberia ha tenido pérdidas y las sigue teniendo; es verdad que ha mejorado en costes, ciertamente, pero es necesario hacer mucho más de lo que se ha hecho en este período pasado, y esto está pendiente de un esfuerzo como el que en este momento se discute en la compañía. Si esa solución no fuera posible, ciertamente, el escenario de quiebra técnica, al que se ha aludido en repetidas ocasiones, tanto por mí como por el Presidente de la compañía, es un escenario que se puede contemplar, pero que yo no deseo. Por eso creo que será posible encontrar un acuerdo, pero no un acuerdo en el sentido en que usted lo dice.
Binter es una compañía de Iberia y, sin embargo, puede ser mucho más competitiva que Iberia, entre otras cosas, porque tiene unos costes operativos notablemente inferiores a los de Iberia, si le sirve de explicación.
De lo que es mucho más necesario hablar en este momento es de un proceso de ajuste de costes que tiene que afectar a toda la compañía para colocarla en la misma situación que a las empresas de transporte aéreo que son competitivas en el mundo.
Este es el trabajo que parece hay que hacer en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS URGENTES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE UNA ADECUADA POLITICA DE GESTION ECONOMICA Y DE CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA (Número de expediente 172/000078)

El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día: interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de contratación de la administración penitenciaria.
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, la Administración como instrumento al servicio del ciudadano y del interés general debe hacer uso de las facultades y recursos de que dispone en atención a un imperativo de transparencia, racionalidad, aprovechamiento máximo de los medios y plena sujeción de sus actos a las formas y límites señalados por el ordenamiento vigente.
En virtud de este principio el Grupo Parlamentario Popular fundamenta la presente interpelación en la urgencia de poner fin, de una vez por todas, a determinadas prácticas y sombras que han venido siendo y son nota constante en la ejecución de la política de gestión económica y de contratación de la administración penitenciaria y que, por sus consecuencias, motivan, desde luego, nuestra preocupación. Es obvio que la extensión y complejidad del asunto que nos ocupa no puede sustanciarse en este único acto parlamentario, y no pretendemos hacerlo; pero es lo cierto que existen indicios de irregularidades suficientes para que podamos y debamos pedir explicaciones al Gobierno, y de ello, señor Ministro, S.S.
tiene que darnos cuenta hoy. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

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Así pues, explíquenos por qué de los 418 contratos de obras de reparación, conservación y mantenimiento suscritos por la administración penitenciaria durante el período 1987-93, cuyo importe global asciende a una cifra no inferior a los 9.744 millones de pesetas, sólo 16 lo fueron por concurso y el resto por adjudicación directa. Explíquenos por qué en gran número de adjudicaciones se sobrepasaron ampliamente los límites señalados en la Ley de Contratos del Estado. Explíquenos por qué se benefició a una sola empresa mediante adjudicaciones directas con más de 1.700 millones de pesetas, lo que representa un valor superior al 10 por ciento del total de la inversión de esos años, y por qué la suma de lo adjudicado directamente a un grupo de ocho empresas rebasa el 50 por ciento del total invertido. Por qué se adjudicaron directamente contratos por un valor global de más de 2.400 millones de pesetas a un conjunto de siete empresas que, igualmente, aparecen como receptoras de cuantiosas adjudicaciones de obra en acuartelamientos de la Guardia Civil. Y por qué determinados proyectos fueron firmados por arquitectos adscritos al ministerio y otros, los de mayor cuantía, por profesionales ajenos al departamento. Explíquenos por qué se realizaron notables inversiones de reforma en centros que fueron inmediatamente cerrados, por qué ciertas obras se desglosaron en adjudicaciones diferentes, o por qué ni las cifras generales de inversión por años, ni las específicas de inversión por centros, coinciden, según qué documento oficial se coteje.
¿Está usted en condiciones, señor ministro, de asegurar que no se ha producido trato de favor alguno hacia ningún particular? ¿Está el señor ministro en condiciones razonables de ilustrar a la Cámara acerca de si ha existido o no relación contractual directa entre la administración penitenciaria y las empresas Talleres Palomino y CAE, o si éstas han realizado o no trabajos en centros a través de subcontratas de obras? ¿Está el señor Ministro en condiciones de garantizar la nitidez y rigurosidad de la SIEP en lo concerniente a sus métodos de facturación y, en todo caso, qué sentido tiene constituir una sociedad estatal cuya única finalidad es la intermediación en la contratación de equipamientos y en la negociación inmobiliaria? Díganos por qué todavía no existe un conocimiento exacto en los servicios centrales de cuál es realmente el volumen de ingresos y gastos de los centros penitenciarios, cuando en el capítulo de ingresos estamos hablando, en 1993, de una cifra no inferior a los 11.500 millones de pesetas. Díganos por qué se han realizado compras de material y contrataciones de servicios de espaldas a los requisitos formales exigidos por la legislación vigente, y no sólo esto, sino también por qué en determinados centros se han realizado operaciones comerciales en manifiesto quebranto de la Hacienda pública y, por tanto, en beneficio exclusivo de algunos de los partícipes en las mismas. Díganos por qué determinado suministro de consumo preferente por los internos es adquirido por un centro a un determinado precio especial, revendiéndolo al mismo precio a un concesionario de servicios del establecimiento, para que éste a su vez lo venda a los internos con alza de un determinado porcentaje, quedando el beneficio injustificadamente en poder del concesionario.
¿Sabe usted, señor Ministro, que algunos centros penitenciarios liquidan al Ministerio de Economía y Hacienda cifras de IVA, por ventas de productos a los internos, que son absolutamente estimativas, al no conocerse en detalle el total de artículos vendidos y el IVA que soporta cada uno de ellos? ¿Sabe usted que en algún centro se están produciendo explotaciones comerciales, por parte del concesionario de otro servicio, sin practicar liquidación alguna a la Administración y sin que conste ningún tipo de autorización legal para asumir dicha explotación? ¿Sabe usted que la administración penitenciaria no tiene certeza alguna de cuál es la recaudación real obtenida por ingresos procedentes de las cabinas telefónicas utilizadas por los internos, de manera que, durante 1993, al menos 36 centros penitenciarios declararon un importe de recaudación inferior al de la facturación que les fue efectuada por la Compañía Telefónica? Tiene que aclarar, señor Ministro, cómo es posible que durante 1992 los centros penitenciarios reconocieran haber recibido un total de 92 millones de pesetas procedentes del Inem para la realización de cursos de formación a los internos, mientras que el Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios asegura que la cantidad total remitida a los establecimientos asciende a 573 millones, y por qué en algún centro penitenciario se ha destinado el importe de dichos cursos a otras aplicaciones, con las consecuencias que de ello se derivan en la legislación vigente.
Tiene que aclarar, señor ministro, el descontrol en relación con los ingresos financieros por intereses de cuentas corrientes de los centros, cuyo importe global se desconoce hoy en su ministerio, y tiene que señalar cómo piensa resolver el problema de la titularidad de los intereses generados por las cuentas de peculio y qué destino se está dando actualmente a esos fondos. Tiene que aclarar qué piensa hacer para alcanzar el cabal orden contable de la administración penitenciaria, precisamente porque es sabido que la tesorería de la mayoría de los centros se caracteriza por su confusión y por la mezcla de los distintos fondos.
No puede dejar de sorprendernos, señor ministro, que a estas alturas aún se insista en modos tales como el que la práctica totalidad de los artículos destinados a la venta en los economatos se compren a proveedores finalistas a precios normales de mercado, o que no existan mecanismos centralizados de control para evitar presuntos fraudes.


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No puede dejar de sorprendernos que en compras al por mayor efectuadas por los servicios centrales, el precio de la unidad del producto resulte, teniendo en cuenta el volumen de la compra, casi similar al precio de unidad de ese mismo producto en venta al público.
No puede dejar de sorprendernos, señor Ministro --y vamos a hacer una somera referencia a ello--, que muy pocas cosas hayan cambiado en la gestión del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, a pesar de los constantes sobresaltos que deparan las noticias procedentes de aquél. ¿Por qué en el Organismo no se rinden para su aprobación las cuentas justificativas de la inversión de los fondos recibidos? ¿Por qué no existe un adecuado control de los pagos efectuados a proveedores o por qué las provisiones de fondos para gastos realizados a justificar se realizan sin ajustarse a un plan de disposición previamente establecido? ¿Por qué se ha consentido que el Organismo presentara en su explotación comercial informaciones desvirtuadas acerca de sus estados financieros y por qué continúa incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 2705/1964, que establece la obligatoriedad de la reunión mensual ordinaria del Consejo de Administración? Pero, sobre todo, señor Ministro, ¿qué piensa hacer S.S. con los casi 1.000 millones de pesetas acumulados desde 1987 y que en concepto de beneficios del Organismo tenían que haberse distribuido en cada uno de los respectivos pasados ejercicios, distribución que no se ha llevado a efecto? ¿Es usted consciente de que esa inaceptable no distribución de los beneficios ha privado a los internos trabajadores en talleres de recibir una cifra cercana a los 200 millones de pesetas, que era, y es, legalmente suya? ¿Qué se va a hacer para que esas cantidades lleguen a sus legítimos destinatarios, las acumuladas, no sólo las del ejercicio de 1993, y qué se va a hacer con los intereses generados por el total de la cantidad no distribuida en todo este tiempo? ¿A quién se ha exigido responsabilidad disciplinaria o política por tan flagrante incumplimiento legal y, si cabe, más aún, por tamaña falta de conciencia social cuando estamos hablando de dinero que es de los presos y no se ha hecho llegar a los presos? Por ello, señor Ministro, las cosas no pueden seguir ni un minuto más como están. No cabe ya que S.S. continúe mirando hacia otro lado mientras que en el seno de la Administración penitenciaria continúan existiendo demasiadas formas inaceptables y muchas explicaciones pendientes y, en este sentido, y sin ánimo exhaustivo, le preguntamos: ¿está en condiciones de asegurar que las contabilidad oficial de Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, la pasada y la presente, es fiel reflejo de los movimientos comerciales producidos en cada uno de los talleres de los centros penitenciarios españoles? ¿Se han investigado y depurado responsabilidades, tal y como ordenó en su momento la Comisión de Subsecretarios y de Secretarios de Estado, por las circunstancias concurrentes en el suministro e instalación de hornos cerámicos en el centro penitenciario de Valencia-2? ¿Se ha preocupado el señor Ministro de averiguar si hubo o no situaciones de favor en la contratación de la infraestructura informática necesaria para la elaboración de datos del llamado sistema Suri? ¿Es cierto, señor Ministro, es cierto que ha habido un uso irregular de fondos de economatos para pagar las instalaciones efectuadas por un determinado proveedor de suministros informáticos? ¿Es cierto, en relación con este mismo asunto, que ese proveedor estuvo realizando operaciones comerciales con la Administración penitenciaria desde 1989 sin que mediara contrato conocido y sin que ese proveedor estuviera inscrito como sociedad mercantil hasta enero de 1993? ¿Es cierto que, a pesar de todos estos supuestos extraños avatares, el citado proveedor ha continuado siéndolo, habiendo facturado hasta fecha reciente por un importe superior a los 200 millones de pesetas, si bien ahora factura a la Siep? ¿Qué responsabilidades ha deducido S.S. por los escandalosos sucesos que afectan a los centros de Sevilla 2 y Valencia cumplimiento en relación con la adjudicación del servicio de máquinas expendedoras automáticas? ¿Puede afirmar tajantemente S.S. que en la facturación de talleres del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, vaya concluyendo, por favor.


El señor GIL LAZARO: Concluyo, señor Presidente.
...por pedidos efectuados por altos cargos de la Administración se consignó el precio real de mercado propio de la tarea realizada, cargándose igualmente, en todo caso, el importe correspondiente del IVA? ¿Puede explicar por qué en la Siep, en un mismo ejercicio presupuestario, se produce una ampliación de capital por valor de 29.386 millones de pesetas y, a la vez, una reducción por valor de 20.800 millones de pesetas? ¿Qué relación existe entre esa reducción de capital y la disminución, a su vez, del inmovilizado material en 18.000 millones de pesetas? ¿A quién se vende ese inmovilizado material, si es que realmente se produce esa venta, o quién es el nuevo titular de ese inmovilizado, si es que la reducción de capital está relacionada con cambios en la titularidad de inmuebles? ¿Cómo es posible que precio histórico y precio de mercado coincidan, si es que, efectivamente, se ha producido esa enajenación? En suma, y concluyo, señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor ministro, hace falta saber si todas estas disfuncionalidades y muchas más en la gestión económico-administrativa y los apreciables flagrantes incumplimientos de la legislación vigente en materia de contratación responden a una sola incapacidad

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de quienes han sido y son responsables de la administración penitenciaria y, lo siento, en última instancia de usted mismo como titular del Departamento, o bien si, tras esa aparente incapacidad, se ha articulado o se articula una deliberada operación en beneficio de terceros, y si así fuere, esta Cámara tendría derecho a saber quiénes son esos terceros y qué intereses han facilitado sus operaciones. Por eso, ya que S.S.
se ha mostrado públicamente partidario de realizar aquello que usted mismo ha denominado como una revisión razonable del pasado, tiene aquí la magnífica oportunidad de comenzar a hacerlo desde su propio ministerio, aunque en verdad no nos extrañaría que el señor Ministro de Justicia e Interior fuera de esos también que, llegado el caso, no tienen recato alguno en demostrar que una cosa es predicar y otra dar trigo. Así pasa lo que pasa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gil Lázaro. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, creo que ha formulado usted del orden de unas cien o ciento diez preguntas. Es evidente que la mera formulación de su interpelación evidencia que son preguntas retóricas. No es posible contestar a cien preguntas, como S.S. ha formulado, y sin duda no es más que un recurso retórico de método. Pues bien, si usted tiene preguntas que hacer hágalas por la vía parlamentaria correcta --preguntas escritas, preguntas orales, comparecencias en la Comisión de Justicia--, pero, ciertamente, en el texto de una interpelación, que se supone que lo que quería saber es qué medidas de gestión económica vamos a adoptar, ha formulado usted simplemente una especie de obras escogidas de su propio repertorio, un conjunto de temas tradicionalmente planteados por S.S. en toda clase de foros parlamentarios.
Frente a las preguntas retóricas, señoría, creo que es legítimo simplemente no responderlas. Sin embargo, voy a hacer una excepción, porque incide, sólo indirectamente, en una falsa polémica en torno a CAE. Me preocupa porque además esa es la única novedad que he detectado del conjunto de sus planteamientos. Respecto del resto de los temas, son los de siempre, resumidamente y formulados a nivel retórico.
Tras esta aclaración en lo relativo a CAE, me limitaré a tratar de contestar con cierto rigor qué medidas vamos a adoptar, tal y como supuestamente planteaba su interpelación.
Respecto del tema de CAE, tres aclaraciones: Picassent. Según los datos de que disponemos, la empresa adjudicataria fue Ginés y Navarro, no se realizó ninguna subcontratación con CAE tampoco ni tampoco con Talleres Palomino, siendo otra empresa la que realizó la seguridad, concretamente Clamer. Eso es simplemente una falsedad integral.
Alhaurín de la Torre. La seguridad activa fue subcontratada con CAE en 1985 por Entrecanales y Távora; por tanto, cuatro años antes de que CAE adquiriera Talleres Palomino.
Tercera falsedad. Sevilla-2 fue construida por Dragados y Construcciones y las obras se realizaron en 1984. En definitiva, como cada vez que plantean algún tema concreto simplemente de oídas, incurren en errores de bulto. Fuera de esa aclaración, que me parecía oportuna en el contexto de estos últimos días, voy a tratar de contestar, con rigor, al contenido real de su interpelación, no al conjunto de preguntas retóricas que S.S. ha tenido a bien formular.
La actuación administrativa en este campo, como planteamiento general, sabe S.S. que se ha atenido a los principios del ordenamiento en materia presupuestaria y de contratación, siendo corregida sistemáticamente cualquier desviación en que se haya podido incurrir y, en su caso, seguido el correspondiente procedimiento disciplinario o judicial. Por ejemplo, entre el año 1988 y 1993, la propia Institución Penitenciaria ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales 19 supuestos y, en lo que llevamos de 1994, 13 supuestos más directamente informados por los servicios de inspección interna de Instituciones Penitenciarias.
En los últimos años se han venido superando, yo creo que de una manera positiva, disfunciones que, sin duda, han existido (dentro del conjunto de sus preguntas hay de todo, como en botica), disfunciones creadas por hechos que S.S. conoce, porque, además, es experto en estos temas. En los últimos cinco años la población penitenciaria se incrementó un 46 por ciento. Ello generó la necesidad de contratar, en ocasiones, servicios y obras con mayor urgencia y celeridad de la que, en términos de normalidad, sería deseable, teniendo que hacer frente a gastos imprevistos y de imposible aplazamiento o a necesidades puntuales de seguridad o equipamiento, como son la manutención o el tratamiento de recursos o la seguridad de los funcionarios.
No se podrán entender el conjunto de medidas que vamos a adoptar en el programa que hemos fijado para estos dos años sin previamente reconocer de manera explícita el extraordinario trabajo llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, antes de que el Ministro que les habla tuviera el honor de tener responsabilidad directa en el tema.
Entre 1989 y 1993, los acontecimientos que se produjeron dentro de los establecimientos penitenciarios los conocen, en general, SS.SS., pero desde luego el interpelante. Tuvimos desde secuestros de funcionarios, motines y situaciones de crisis, como consecuencia, sin duda, de las circunstancias de hacinamiento.


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Frente a esos problemas, evidentemente, cualquier administrador responsable tiene que buscar soluciones urgentes a esos temas, porque siempre existen prioridades. Pese a eso, al margen de superarse los datos estructurales que generaron esos conflictos, antes de tener yo responsabilidades directas ya se adoptaron medidas en la línea de intentar normalizar, hasta el límite de lo posible, los mecanismos de contratación.
A pesar de las dificultades que existían en esta etapa anterior a tener yo responsabilidades, insisto, se materializaron medidas de mejora que iban orientadas a ese objetivo de una gestión económica más transparente y sistemas de contratación administrativos acordes con la obligada compaginación del cumplimiento normativo y con la efectividad funcional.
Sabe S.S. que es absolutamente injusto intentar descalificar la gestión de la Secretaría de Estado de Instituciones penitenciarias. Lo sabe. Me consta porque usted conoce el tema.
Concretamente, la Intervención Delegada, en el informe relativo a los resultados obtenidos en el examen del área de tesorería y movimiento de fondos del año 1992, indicó la necesidad de mejorar los procedimientos por medio de instrucciones puntuales o circulares de carácter general. En el cumplimiento de ese objetivo de mejoras en procedimientos se dictaron nueve circulares que obligan a los centros penitenciarios a extremar el rigor en la aplicación de fondos y rendición de cuentas.
Otros apartados objeto de importantes mejoras durante ese período de tiempo, precisamente el período de tiempo en que había más crisis y más problemas dentro de la vida penitenciaria, fueron, entre otros, los siguientes: el establecimiento, dentro de los programas plurianuales de inversión, de planes anuales de obras y suministros; la adecuación más estricta de los pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado y reglamento general de contratación del Estado; la formalización del procedimiento para las certificaciones de obra. En definitiva, un conjunto de medidas que S.S. conoce, y se hicieron, insisto, al propio tiempo que había que solventar crisis profundas en el seno de la Institución Penitenciaria.
Ahora lo tenemos más fácil. El trabajo anterior es el que ha posibilitado que ahora tengamos mucho más fácil los actuales responsables el presentar, como vamos a hacer, un plan de acción económico-administrativa 1994-1995; plan que, sin la brillante gestión anterior, no sería posible plantear. Voy a entrar ya en el contenido de las medidas que implica ese plan.
Entre las medidas de innovación o mejora, citaría las siguientes: primero, para conseguir una tramitación más rápida de los expedientes que no implique mermas en la legalidad de los mismos se iniciaron ya en mayo del presente año los trabajos para poder obtener por parte del servicio jurídico del propio departamento las preceptivas autorizaciones para utilizar pliegos tipo, encontrándose en la actualidad ya autorizados los pliegos tipo para suministros y asistencia técnica.
En segundo lugar, se realizaron los oportunos cursos para funcionarios de instituciones penitenciarias implicados en la gestión administrativa, de forma que todos ellos tengan una base de conocimiento común y se impidan, por tanto, actuaciones irregulares nacidas en muchas ocasiones por conocimientos dispares o por conocimientos insuficientes en estos terrenos.
Dichos cursos están recogidos en el correspondiente plan de formación para el año 1995, siendo prioritaria la actuación sobre directores y administradores de centros penitenciarios.
En tercer lugar, una de las deficiencias que, efectivamente, se ha observado en algunos casos en las relaciones con empresas adjudicatarias es el no cumplimiento estricto del 185 del reglamento general de contrataciones del Estado.
Dicho precepto, como S.S. sabe, obliga a la empresa adjudicataria a que, en el supuesto caso de que tenga que celebrarse un contrato, lo ponga por escrito en conocimiento de la Administración, tanto del subcontrato a celebrar como la indicación de las partes de obra a que afecte y sus condiciones económicas, a fin de que la Administración pueda visarlo de manera previa. Para conseguir un control de esas subcontrataciones todavía más enérgico se ha efectuado una revisión de esta práctica administrativa, que, insisto, efectivamente en algún caso hemos podido comprobar que no cumplía el precepto citado --como consecuencia de la necesidad de realización de obras urgentes y motivos semejantes-- sobre la base de imponer que se recoja de manera expresa en las cláusulas administrativas particulares de todos y cada uno de los contratos. Al propio tiempo y de manera separada, se obligará a las empresas adjudicatarias de contratos de obra de cuantía superior a 10 millones de pesetas a que se comprometan por escrito a tener informado al órgano contratante de la Administración, en el plazo máximo de diez días, de toda propuesta de subcontratación que se piense realizar.
En cuarto lugar, la exigencia a todas las empresas que liciten para ser adjudicatarias de un contrato administrativo de no solamente la correspondiente proposición económica, sino de la documentación administrativa general, sistema que, como sabe S.S., sí se aplicaba ya, cuando se empleaba el concurso o la subasta como sistema de adjudicación, pero hemos decidido extenderlo a supuestos de adjudicación por contratación directa.
Con esta medida se pretende imposibilitar toda actuación que eventualmente tratase de utilizar empresas inexistentes o constituidas bajo distintos nombres por las mismas personas físicas.


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En quinto lugar, para intentar restringir la utilización de la adjudicación por contratación directa a casos donde la urgencia esté absolutamente justificada y normalizada, se ha establecido un documento normalizado a su vez que se adjunta a la correspondiente propuesta de gasto formulada por el centro demandante, de forma que se pueda determinar fácilmente si realmente los plazos de ejecución justifican el empleo de esta modalidad de contratación.
Se ha estimado, asimismo, que los niveles establecidos por la legislación vigente pueden ser intensificados. Vamos a ir más allá de lo que dicen las normas legales en el intento de reducir las contrataciones por adjudicación directa, sin perjuicio de que, desde luego, tendremos que hacerlas siempre que una urgencia real así lo demande.
Como criterio, únicamente se va a aceptar la contratación directa para los siguientes subcontratos de obra con presupuesto inicial inferior a 10 millones de pesetas, contratos de suministro con presupuesto inicial inferior a cinco millones de pesetas y contratos de asistencia técnica con presupuesto inicial inferior a cinco millones de pesetas.
Procurando además que la adjudicación por contratación directa cumpla con los adecuados niveles de publicidad, se ha establecido para la Subdirección General de Servicios la obligatoriedad de invitar al menos a 10 empresas, cursándose dicha invitación por correo certificado con acuse de recibo, en los supuestos de adjudicación directa antes indicados. Se va a utilizar como herramienta básica para la mejora de la gestión el convenio suscrito por Caja Postal por el que se centralizan todas las cuentas de los centros penitenciarios tanto en el apartado correspondiente a ingresos presupuestarios como en el relativo a ingresos extrapresupuestarios. Este sistema, permitirá, con la instalación de las correspondientes terminales en los servicios centrales de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, tener un conocimiento exacto de saldos y operaciones realizadas en cada una de las cuentas por cada uno de los centros penitenciarios.
Finalmente, en cuanto a la gestión económica administrativa del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios, se han adoptado los procedimientos destinados a corregir y a evitar situaciones como, por ejemplo, las que efectivamente llevaron el procesamiento del primitivo gerente del organismo. La gestión presupuestaria y comercial de Trabajos Penitenciarios ha sido objeto de examen por la Intervención General de la Administración del Estado, y está siendo ordenada de acuerdo con sus observaciones para ajustar su funcionamiento a la legislación presupuestaria de personal y de contratación del Estado e incluso llegar más lejos en las exigencias de control.
Se han impuesto mecanismos formalizados para la adquisición de suministros. En los dos últimos años se han emitido 25 instrucciones para ordenar este campo y el del funcionamiento contable y administrativo. Asimismo, se está conduciendo la actividad comercial del organismo para que se constituya en proveedor importante de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la propia administración penitenciaria, al objeto de rentabilizar mejor el gasto conjunto del Estado y de facilitar más trabajo a los internos.
La consecuencia de ello va a ser una mejor ordenación de los talleres productivos existentes y una mejora en la gestión de compras y ventas. La contabilidad del organismo se está analizando de forma conjunta con la Intervención General de la Administración del Estado al objeto de homologar definitivamente el sistema de información con el de los órganos de control de la Administración y para aplicar adecuadamente el nuevo plan general de contabilidad pública.
Junto a las actividades comerciales, la formación profesional ocupacional que desarrolla el organismo añade, sin duda, complejidad a la situación. En 1994 se van a impartir un total de 540 cursos, que afectan a 8.250 internos; una gran parte de esos cursos se desarrolla dentro del plan de inserción y formación profesional mediante los correspondientes convenios con el Inem y con las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia. Para la gestión de la formación profesional se han dictado, asimismo, instrucciones a los centros adecuando su funcionamiento...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya terminando, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias. Adecuando su funcionamiento al ordenamiento jurídico establecido: contratación de monitores por oferta pública a las oficinas de empleo, ajuste de los gastos de los fines fijados, liquidación de cuentas en la forma establecida.
Respecto de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios --ya muy brevemente--, aunque, como S.S. sabe, es una sociedad de derecho privado que no está sujeta a la contratación pública, mantiene, sin embargo, un sistema de contratación en lo que respecta a la parte de contratación pública aplicando la contratación directa únicamente para contratos inferiores a un millón de pesetas. Para el concurso por invocación en el caso de las cantidades entre uno y cinco y desde cinco millones en adelante, se sigue la técnica del concurso público.
Para garantizar todos estos métodos de homogeneización, en definitiva, de procedimientos administrativos, se creó precisamente la Dirección General de Planificación y Control de la Gestión, creada por el Real Decreto 1334/1994, de creación del Ministerio de Justicia

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e Interior, en el que se constituye esa Dirección General con la finalidad de homogeneizar el conjunto de procedimientos de contratación del Ministerio, teniendo en cuenta, eso sí, las peculiaridades y especialidades de cada una de las materias de que se trate.
En definitiva, señoría, pese a su planteamiento, he tratado de explicarle con algún detalle, el que me ha permitido el tiempo, el conjunto de medidas que vamos a adoptar para mejorar las técnicas de control de la gestión. Unicamente insistir en que este plan de mejora hubiera sido imposible sin el trabajo previo, serio, constante y riguroso realizado desde hace muchos años en la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, antes Secretaría General, antes Dirección General.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, nuevamente S.S., como es tradicional, ha concurrido ante esta Cámara a explicarnos qué es todo aquello que se va a hacer, pero en este caso resulta que lo que se va a hacer viene a tener matices absolutamente coincidentes con el sentido real de mi intervención, lo cual acredita por sí mismo que ésta no andaba en modo alguno descaminada. Su señoría ha comenzado su intervención determinando que yo no he hecho más que realizar un enunciado de preguntas retóricas. Y a mí me sorprende, por lo que puede significar de desconocimiento por parte de S.S. o me sorprendería más por lo que podría significar de intención consciente de S.S. de ocultar determinados datos a esta Cámara, que diga que una intervención como la mía está formulada en un mero tono retórico, cuando responde exactamente al tenor casi literal, en una de sus partes, del informe de la Intervención Delegada del Ministerio de Justicia e Interior relativo a los resultados obtenidos en el ejercicio 1993, en cuanto al control de derechos e ingresos de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, informe que, por cierto, puede decirse que es prácticamente de antes de ayer, porque lleva fecha 19 de septiembre de 1994.
Probablemente, como S.S. anda muy ocupado en buscar la forma de hacer ajustes razonables de cuentas con el pasado, no ha podido leer este informe --y estoy siendo benigno con S.S.--, porque si no tendría que concluir que ha pretendido convertir en literatura mis cuestiones cuando vienen aquí o cuando vienen en este otro documento, también informe de la Intervención Delegada en relación con el funcionamiento del Organismo Autónomo Trabajos Penitenciarios.
Me dice S.S. que en las formulaciones que le hemos hecho sobre la posible vinculación de algunas empresas estamos mintiendo.
Yo le he hecho preguntas, señor Ministro y, por cierto, no me ha contestado si entre las posibles o no vinculaciones de una determinada empresa, la empresa CAE con la Administración penitenciaria, figuran o no obras efectuadas en los centros penitenciarios canarios en el segundo semestre de 1991.
Me ha dicho también S.S. que van a hacer muchas cosas en el ámbito de la gestión económico-administrativa y todo lo que se va a hacer. A mí me da la impresión, porque además lo dicen los organismos fiscalizadores de la Administración, que es consecuencia de lo que no se ha hecho hasta ahora. Y en esos términos no puedo entender cómo S.S. se compromete políticamente, como se acaba de comprometer esta tarde, con la gestión de sus predecesores en este ámbito de la Administración penitenciaria. Y me sorprende, señor Ministro, que haya pasado por alto, como si no existiera, cualquier referencia de las que yo he hecho al sistema, que ha sido nota constante desde el año 1987 a 1993, en lo que afecta a la adjudicación de las obras de reparación, conservación y mantenimiento.
No es literatura que yo le pregunte aquí por qué una sola empresa se ha llevado en adjudicaciones directas el 10 por ciento del total de lo invertido; no es literatura que yo le pregunte aquí por qué ocho empresas se han llevado el 50 por ciento; y no es literatura el que yo le pregunte a S.S. por qué se dan determinadas concomitancias entre adjudicaciones en un ámbito, hoy ya de su Ministerio, el de la Guardia Civil, y en otro ámbito, hoy también de su Ministerio, el de la Administración penitenciaria. Y no son conjeturas, señor ministro, el que a mí me extrañe que en la construcción de los centros nuevos se pase sorprendentemente de un presupuesto de cinco mil y pico millones a otro de casi ocho mil millones sin que aquí ocurra absolutamente nada.
Lo necesario es que de una vez por todas pongamos negro sobre blanco en todos estos procedimientos de gestión, que yo no me los he inventado, que lo reflejan los informes de la Administración. Lo necesario es que usted nos explique para qué se constituye una sociedad como la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios cuando las misiones que les son atribuidas las pueden realizar perfectamente los propios órganos de la Administración y cuando, a tenor de la corta experiencia de funcionamiento de esta sociedad estatal, sólo la intermediación en la facturación y sólo la intermediación en la gestión inmobiliaria «justifican» --entre comillas--, evidentemente, no para nosotros, pero, por lo visto, sí para ustedes, la existencia de este organismo.
Yo quisiera, en definitiva, y para concluir, señor Presidente, que S.S., de una vez por todas, admitiera algo que parece que no quiere admitir, que este ámbito de la administración penitenciaria es de su responsabilidad, que lo que aquí suceda es de su responsabilidad,

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que en este informe de la Intervención Delegada se están relatando situaciones absolutamente quebrantadoras del interés público y que S.S. no ha movido un solo dedo para remediarlo.
Porque este informe exige ceses, señor Ministro, al menos en algún centro, al menos por alguna de las operaciones que retrata, y no tenemos conocimiento de esos ceses.
Por tanto, concluyo, señor Ministro, diciendo que yo seré quien elija los trámites parlamentarios que, en virtud de los derechos que me confiere el Reglamento, puedo utilizar para cumplir con mi deber. Y, desde luego, no se puede intentar descalificar la intervención de un representante de la oposición que no ha hecho ni una sola línea de literatura diciendo que todo lo relatado no es más que vanas referencias a no sé qué. Son concretas referencias a su gestión, referencias que le hace la intervención delegada, referencias que nacen del análisis de los datos que ustedes mismos nos han suministrado y son, en todo caso, referencias que S.S. no puede orillar, por más que en algún caso, como en el de las obras, quiera correr sobre ello un tupido velo de silencio. De esto vamos a seguir hablando y mucho, señor Ministro, porque entre otras cosas, no he sido yo, sino el señor Rodríguez Ibarra el que ha dicho, por ejemplo, que Roldán se hizo rico, sí, pero que el sistema ya estaba inventado. Y no he sido yo, sino S.S., el que una vez más, apenas hace 48 horas, ha vuelto a repetir que el señor Roldán no se hizo rico con los fondos reservados, sino con las adjudicaciones. Pues vamos, señor Ministro, a revisar las adjudicaciones. Muchas gracias. (Una señora Diputada: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muy brevemente. Por cortesía parlamentaria, voy a intervenir en este trámite. (Una señora Diputada: ¡Faltaría más!) Faltaría más, no. Yo decido si intervengo o no y he decidido, por cortesía parlamentaria, intervenir.
¡Naturalmente que va a continuar! ¿Cómo no va a continuar si forma parte de su único programa político? (Rumores.) ¡Si todos sabemos que no tienen más programa político que éste! (El señor Gil Lázaro: ¡El único programa es dar caña!-- Rumores.) De manera que van a continuar ininterrumpidamente, en éste y en cualquier frente, para cumplir su único objetivo: mezclar los datos, crear un clima de confusión, mantener cómo sea vivo el tema de que todo es irregular, de que todo está directa o indirectamente vinculado a temas de corrupción. Por tanto, no me sorprende lo más mínimo.
Lo que es, sin embargo, desde mi punto de vista, bastante razonable es que ese discurso, afortunadamente para el Gobierno de la nación, se les está quedando viejo, apesta, por ser más precisos. Y, francamente, me sorprende que sigan insistiendo en esa misma línea como única política.
Estábamos convencidos de eso, de que, pese a que su interpelación es sobre medidas urgentes que piensa adoptar el Gobierno para el desarrollo de una adecuada política de gestión económica y de contratación de la Administración penitenciaria, a lo que he dedicado una exposición todo lo exhaustiva que el tiempo me permitía, precisamente por respeto al papel de la oposición, estaba claro que esto a ustedes les era radicalmente indiferente. No han dedicado un solo minuto a explicar qué medidas de gestión querrían ustedes proponer o querrían indicar. (El señor Gil Lázaro: ¡Ya lo haremos en la moción!) Ustedes se han limitado a utilizar, insisto, de manera retórica, la técnica de la interpelación.
No se pongan nerviosos. Llevamos ya un día muy animado. ¡Ya está bien! Calma, no pasa nada. (Rumores.) Terminemos, si me lo permiten, de una manera calmada. Insisto en que estábamos tan seguros de que su único discurso iba a ser ése, la acumulación de sus propias obras escogidas, porque todo son repeticiones de lo que usted personalmente viene diciendo durante años, sin ningún matiz. (El señor Hernando Fraile: ¡Te crees muy listo! ¡Sabes mucho!) Ha elegido una técnica parlamentaria --puede usted elegir la que quiera--, pero lo que pasa es que si la utiliza de este modo se va a encontrar con la respuesta que merece, es decir, responder a lo que usted plantea, que es la interpelación. Usted plantea qué medidas de política de gestión vamos a adoptar, y eso sí que lo he contestado, precisamente por respeto a S.S. y a esta Cámara. Lo que no pienso es entrar en su juego de convertir esa interpelación en un reguero de preguntas que sabe S.S. que podrán tener respuesta cumplida, toda la que usted quiera, eligiendo el trámite parlamentario que hace posible contestar a 110 preguntas. Si usted utiliza de manera fraudulenta el trámite de la interpelación (Rumores.), y no retiro la expresión, la mantengo en todos sus términos, sin embargo, desde el Gobierno no vamos a entrar en ese ámbito. Al revés, vamos a contestar a lo que teóricamente S.S. ha preguntado. Y ese es el esfuerzo que hemos realizado.
Sé que va a ser inútil, pero yo lo único que les anuncio es mi propósito de tratar de seguir respondiendo a lo que ustedes plantean y no entrar en su juego, que es ya monotemático, cansino, aburrido, que, sinceramente, están convirtiendo la vida pública en una situación de la que el conjunto de los ciudadanos empieza a estar harto (Rumores.--Risas.), empieza a estar harto, no del clima de corrupción, todo lo contrario. Se sabe perfectamente que el conjunto de la sociedad, no uno en particular, todos, estamos luchando contra la corrupción,

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todos, de manera eficaz y eficiente, y este Parlamento --lo decía a preguntas de un compañero suyo-- a través de sus medidas, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Fiscal, los jueces, el conjunto de los medios de comunicación, en términos generales, todo el mundo está combatiendo contra eso, y lo está haciendo con ganas, con entusiasmo. Sin embargo, ustedes, lejos de alegrarse, como sería lo razonable, de que se haya producido, en definitiva, una reacción global que a todos afecta y que esté, efectivamente, funcionando, que se está acabando afortunadamente con ese, en otros tiempos existente en la opinión pública, clima de impunidad, en vez de eso, lo único que hacen es insistir en la misma técnica de no argumentar, de no decir nada, de no razonar, de no plantear propuestas y de formular simplemente ristras o de acusaciones o de preguntas retóricas.
Por cierto, señoría, no confunda la literatura con la retórica. Usted no ha practicado literatura, sino retórica.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Muy bien, muy bien!--El señor Gil Lázaro pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Qué artículo aduce del Reglamento?

El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, por una cuestión de orden solicitaría, en virtud de lo establecido en el artículo 71.3 del Reglamento, un turno especial, puesto que en dicho precepto se contempla que cuando la alusión (en este caso el señor Ministro nos ha acusado de utilizar fraudulentamente un trámite parlamentario) afecta al decoro o dignidad de un Grupo Parlamentario, el Presidente podrá conceder a un representante de aquél (Rumores.) el uso de la palabra por el mismo tiempo y las mismas condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Con toda brevedad...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La valoración, señor Gil Lázaro, es de la Presidencia y la Presidencia no estima que haya habido nada que haya ofendido a su Grupo.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No tiene la palabra señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, con todo el respeto a la Presidencia... (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro, le llamo al orden. Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. La valoración de la Presidencia sin duda ninguna invalida la actuación del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre yo le solicito formalmente que el señor Ministro retire del «Diario de Sesiones» el concepto «fraudulento», utilizado para el trámite que en este momento estamos viendo.
Si no fuese así, nos obligaría a elevar formalmente una queja a esta Presidencia, por lo que suponemos --perdóneme, termino, señor Presidente-- un abuso incluso del turno cuando la posibilidad de réplica está cerrada reglamentariamente.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández- Miranda, la Presidencia ha entendido que la utilización del término «fraudulento» tenía un valor genérico y en absoluto significaba ninguna imputación dolosa a su Grupo. (Rumores.) Así lo ha entendido. Por tanto, no hay turno.


El señor GIL LAZARO: Nosotros, no. (Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias por la manera de solicitar la palabra.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente. Con mucha brevedad. Es la primera vez que nuestro Grupo sube a la tribuna para fijar posición en una interpelación sobre temas penitenciarios con el actual Ministro, señor Belloch; lo dijimos en el anterior período de sesiones, cuando el Ministro era don Antoni Asunción, y sustancialmente voy a repetir los argumentos que en aquella ocasión utilicé, por cuanto la posición de nuestro Grupo sigue siendo la misma y creo que puede ayudar, esta es nuestra intención, a buscar un mínimo consenso en esta Cámara que facilite, en el trámite subsiguiente a esta interpelación que será el de la moción, llegar a acuerdos en un tema que a nosotros nos parece fundamental, que es de la política penitenciaria.
A nuestro juicio, en términos generales, la gestión del Ministerio en el ámbito penitenciario es correcta. Y voy a decir por qué. Esta es una competencia que tiene traspasada la Administración central al Gobierno de la Generalitat y, por tanto, en parte, mi intervención habla desde el condicionante de ser Gobierno competente en su ámbito territorial en los temas penitenciarios. Creo que es de justicia, cuando se habla de este tema (que es verdad que es un problema grave, que hay que tener

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presente y que hay que abordar en profundidad), tener en cuenta lo que ha sucedido durante la última década en nuestro país, para poder calibrar la respuesta que las administraciones han dado al tema penitenciario. Cuando se hace una interpelación de este tipo, desconocer o no tener presente que ha habido un incremento muy importante de la población reclusa es no poder entender luego cómo y de qué manera ha tenido que responder la Administración ante la avalancha de problemas que esto ha significado. Pero no es sólo la masificación que comporta este incremento de la población reclusa, sino, además, la peligrosidad de algunos de estos reclusos lo que ha obligado a la Administración penitenciaria, muchas veces casi sobre la marcha, a estar constantemente reformando y tomando medidas para mejorar la seguridad de unos centros penitenciarios que en muchos casos están muy obsoletos. Nuestra experiencia de Gobierno nos hizo ya en su día, como Grupo Parlamentario, coincidir con el Gobierno y apoyar el llamado plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, porque entendíamos que una de las vías que había para poner un poco de orden a la masificación y a los problemas que ella conlleva era precisamente la construcción de nuevos centros, hecho éste que a nosotros nos costó durísimas interpelaciones también en el Parlamento catalán --y le decía al Ministro Asunción que precisamente por parte del Grupo Parlamentario Socialista--; tuvimos manifestaciones tremendas de alcaldes que no quisieron sumarse al consenso necesario para que se puedan construir nuevos centros y, por tanto, quitar tensión a la situación penitenciaria. Cuando venimos aquí y se hacen estas interpelaciones, somos sensibles a los problemas que afectan al Gobierno en este tema y queremos actuar con un criterio un poco de Estado --si se nos permite la expresión--, intentando buscar espacios de coincidencia que nos permitan a todos realizar estas políticas que posibiliten, insisto, modernizar la función penitenciaria o el servicio público que hay que dar en este campo del orden público.
Este es un tema en el que, si no hay un mínimo de voluntad de avanzar entre Administración municipal, en algunos casos Administración autonómica y también las Cortes Generales, va a ser muy difícil que nuestro país dé una respuesta moderna a lo que hoy demanda nuestra situación penitenciaria. Por tanto, con esta especial situación que se ha producido, de incremento de la población reclusa, de reclusos con un grado de peligrosidad que ha obligado, sobre la marcha, a reforzar medidas, insisto, en centros muy obsoletos, y las dificultades que distintas administraciones, gobernadas por unos y por otros, han puesto a la administración actuante para llevar a cabo la política penitenciaria, si entre todos no hacemos una reflexión para entender que éste es un tema en el que sin acuerdo es imposible avanzar, va a ser difícil que demos la respuesta que la sociedad española demanda a la situación penitenciaria. Es verdad que se ha tenido que recurrir a mucha contratación directa. Es cierto. Insisto en que por la situación delicada que hemos tenido durante la última década.
Pero lo que mi Grupo no está dispuesto a admitir, bajo ningún concepto, es que se pueda establecer un sinónimo entre adjudicación directa, corrupción, pelotazo, tráfico de influencias. Creo que esto no es admisible. No digo que se haya hecho esta tarde, no lo digo, pero, en cualquier caso, hemos de despejar cualquier duda que pueda hacer que la opinión pública entienda que estamos haciendo estas cosas. La adjudicación directa es un mecanismo previsto en la Administración, excepcional, del que no hay que abusar. Es cierto que se ha abusado de él en la administración penitenciaria. Ya he dicho por qué razones. Me parece que lo que tenemos que hacer es buscar aquellos puntos de modificación de los textos legales, o lo que haya que hacer, para normalizar el sistema de gestión en la administración penitenciaria y evitar que la avalancha de problemas nos obligue a actuar, como Administración, a veces por procedimientos excepcionales. El Ministro ha dado una serie de medidas que se pueden tomar, ha enumerado una buena lista de cosas que se pueden hacer en el futuro, que creo que si se hicieran mejoraríamos bastante y podrían, incluso, llegar a satisfacer el interés legítimo del señor Gil Lázaro de evitar, de alguna forma, que un procedimiento excepcional, como es la adjudicación directa, sea norma habitual en la administración penitenciaria.
Conclusión. ¿Qué es lo que desearía mi Grupo parlamentario? Desearíamos que fueramos todos lo suficientemente responsables --y no digo que nadie deje de serlo, que todos lo somos-- para entender el problema político que esto significa. Si desde la Cámara no damos ejemplo de buscar consenso en temas penitenciarios, no pidamos a un ayuntamiento que sea responsable. Estamos viendo actuaciones que van en contra del interés general en muchos casos y algunos las hemos sufrido en nuestras carnes. Por tanto, a ver si es posible que las medidas que usted proponga en la moción encuentren coincidencia con las que ha anunciado el señor Ministro. En estos momentos, del capítulo de medidas que el señor Ministro ha propuesto --y en esto sí coincido con él-- no conozco la opinión del Grupo Popular. Pero si la intención del Grupo Popular es avanzar en esta línea, entiendo que es posible llegar a este consenso. Me parece que esto debería ser así.
Por tanto, sepan unos y otros que nuestro Grupo parlamentario hará esfuerzos en el debate de la semana que viene para que encuentren puntos de coincidencia que hagan posible que votemos por unanimidad una moción que vaya en la línea de ajustar estos desajustes --que no quiere decir que impliquen corrupciones,

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son desajustes-- que la situación ha provocado. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Si lo consiguiéramos, haríamos un gran servicio a la causa de mejorar la administración penitenciaria de nuestro país.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Casas. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, en nombre de nuestro Grupo parlamentario, celebramos la iniciativa porque nos permite adentrarnos en el funcionamiento de instituciones penitenciarias que afecta, en términos generales, a las condiciones de las cárceles españolas desde una perspectiva distinta a la habitual.
Normalmente en esta Cámara, cuando hemos debatido el tema de instituciones penitenciarias, lo hemos hecho desde la perspectiva de las condiciones de hacinamiento de los reclusos, de las dificultades y penalidades que tienen por las condiciones de las cárceles y de las condiciones en que desenvuelven su trabajo habitual los funcionarios. Esta que hoy se trae a colación, a través de la interpelación, por parte del Grupo Popular, es una vertiente diferenciada que, cierto y verdad, hasta ahora no habíamos debatido en esta Cámara. Y como nos parece fundamental también, para el buen funcionamiento, en general, de instituciones penitenciarias, es por lo que celebramos sinceramente la iniciativa que se ha tenido.
Creo que, a pesar de debatirse en el día de hoy, hay que desdramatizar, hay que hablar con serenidad, con tranquilidad, pero también con claridad. En nuestro Grupo parlamentario vamos también a hacer esfuerzos por favorecer acuerdo y consenso en un tema que, insisto, nos parece fundamental. Y nos lo parece porque la gestión económica y de contratación de la administración penitenciaria ha estado, desde 1989 hasta prácticamente la llegada del señor Belloch al Ministerio de Justicia e Interior, digamos que plagada sobre todo de sombras, que es necesario aclarar.
Esta interpelación y su posterior moción nos dan la oportunidad para, a través del diálogo suficiente entre los grupos parlamentarios, aclarar hasta el final esa gestión llevada a cabo durante todo ese período de tiempo en toda una serie de materias en las que es necesario adentrarse.
En ese sentido, a nosotros, cómo no, nos preocupa lógicamente todo lo que ha sido el sistema de adjudicaciones de obras en el ámbito de instituciones penitenciarias y nos preocupa también algo más, como es la alta de seguridad que se está dando en el ámbito de las obras de seguridad y mantenimiento integral de los centros penitenciarios como consecuencia del hecho de las subcontratas. Un hecho que se produce lógicamente de manera habitual y que comporta automáticamente el desconocimiento de las condiciones económicas por parte de la Administración de cómo se subcontrata con la empresa adjudicataria inicialmente, qué personas realizan su trabajo y con qué cualificación. Eso está teniendo también un impacto económico y de funcionamiento en el ámbito de los centros penitenciarios.
En ese sentido, con total prudencia, nosotros vamos a esperar a la moción que presentará el Grupo parlamentario Popular como consecuencia de esta interpelación, para ver qué instrumentos se proponen con el objetivo de aclarar todo este período de gestión que --insistimos-- nos parece que tiene cierta opacidad.
Además, estamos seguros de la voluntad del Ministro, nos consta esa voluntad, para aclarar. Lo único que hace falta es dar un salto cualitativo y no sólo manifestarla, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, sino ponerla en práctica. Desde ahí es desde donde nosotros pronunciamos la oportunidad de la interpelación y la posibilidad de abrir, a través del diálogo, una investigación suficiente durante este período de tiempo que, con la colaboración del Ministerio, nos pueda hacer ver la luz en todo lo que ha sido el período 1989 hasta la llegada del señor Belloch al frente del Ministerio y, a partir de ahí, nos permita lógicamente buscar --insisto en que desde el consenso y el diálogo--los instrumentos suficientes y necesarios para establecer, en el ámbito de la Administración, lo que nosotros buscamos, la transparencia, la claridad, la eficacia y el control. Eso es justamente lo que demandamos.
Espero que a ello responda la moción del Grupo Popular e insisto en que durante el debate de la misma vamos a estar abiertos al diálogo con todos los grupos parlamentarios para conseguir el objetivo deseado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aguilar.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL RESPECTO DE LA ENERGIA NUCLEAR EN NUESTRO PAIS, CON ESPECIAL REFERENCIA AL PROCESO DE SELECCION Y CRITERIOS EMPLEADOS EN LA ELECCION DE LOS CANDIDATOS AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN), EN FUNCION DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS SEÑALADOS EN LA LEY 15/1980, DE 20 DE ABRIL, DE CREACION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Número de expediente 172/000079)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas de política general respecto de la energía nuclear en nuestro país, con especial referencia al proceso de selección y criterios empleados en la elección de los candidatos al Consejo de Seguridad Nuclear en función de los criterios y requisitos señalados en la Ley 15/1980, de 20 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Para la exposición del contenido de esta interpelación, tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señoras y señores Diputados, Izquierda Unida, ante los nombramientos para cubrir las vacantes del Consejo de Seguridad Nuclear y al no poder dar su conformidad a los candidatos nominados, quiere manifestar en esta interpelación lo siguiente: Primero, que el Ministerio de Industria no ha prestado atención alguna al perfil del consejero defendido por Izquierda Unida, que no es otro que el establecido por la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, ni ha atendido a las observaciones particulares sobre los candidatos concretos.
Segundo, que del perfil básico de consejero constituido por las características de solvencia técnica, independencia y objetividad, estas últimas han sido olvidadas, designándose profesionales íntimamente ligados al sector eléctrico nuclear o a su promoción y justificación.
Tercero, que, con los nuevos nombramientos, el Consejo de Seguridad Nuclear queda constituido únicamente por profesionales de la tecnología nuclear quedando eliminado de su ámbito de interés cualquier otro aspecto de los involucrados en sus competencias y que su propia Ley de creación cita explícitamente, como son la salud pública, el medio ambiente, etcétera.
Cuarto, que la única garantía de imparcialidad del Consejo de Seguridad Nuclear y de que tenga en consideración otros intereses que no sean los del sector nucleoeléctrico pasa por la real objetiva independencia de los consejeros, al menos de algunos de ellos. Sólo el acceso a toda la información sobre los temas que se debatan en el Consejo y el ejercicio de las garantías legales propias de los órganos colegiados, especialmente del voto particular, proporcionan un control interno creíble.
Quinto, Izquierda Unida considera que la composición monolítica del Consejo de Seguridad Nuclear que se pretende y el marco legal vigente dificultan enormemente, si no impiden, un verdadero control externo real del organismo. Su independencia del Ejecutivo, la no definición de mecanismos de control por el Parlamento, al que únicamente están obligados a remitir un informe de actuación semestral, lejos de esa consideración, que se ha difundido más o menos implícitamente por todos los ámbitos, de que el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo que depende de esta Cámara, cuando no es cierto de ninguna de las maneras. La única obligación es la remisión a este Congreso, cada seis meses, de un informe que, por cierto, nunca llega en el plazo y en el tiempo requeridos.
Por lo tanto, este Consejo de Seguridad Nuclear independiente del Ejecutivo, salvo en los nombramientos, y no dependiente de este Congreso, y su definición como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica hacen de él una administración irresponsable, en el sentido literal, y libre de todo control. Por este motivo, Izquierda Unida presentará una moción pidiendo una modificación de la actual Ley que permita, al menos, un control parlamentario del Consejo de Seguridad Nuclear. Y éste es uno de los adelantos que les hago en relación a la próxima sesión en la que nos corresponde presentar, debatir y, en su caso, aprobar mociones.
Resumiendo. Izquierda Unida no ha participado ni ha prestado su consentimiento al nombramiento de ninguna de las vacantes del Consejo de Seguridad Nuclear y, desde luego, no ha sido por falta de voluntad de este Grupo. Este Diputado que les habla puede decir que ya desde el mes de febrero, tanto al propio Ministro de Industria, aquí presente, cuanto a todos los representantes que consideré pertinente presentarles esta cuestión, que iba desde el entonces portavoz, señor Solchaga, a su sucesor en la portavocía, el actual portavoz del PSOE, don Joaquín Almunia, o incluso al portavoz actual del PSOE en la Comisión de Industria y Energía, a todos ustedes mi Grupo, y yo directa y personalmente, les dije: Somos el tercer Grupo de la Cámara, por lo tanto no pedimos ningún favor; exigimos que se cuente con nosotros en un tema de esta naturaleza, donde, además, parece ser, desgraciadamente, que somos el único Grupo que tenemos posiciones diferenciadas del conjunto, al menos globalmente. Les dije: nuestro Grupo no pretende ningún reparto de cuotas. Y añadí: nuestro Grupo está dispuesto a admitir candidatos que incluso estén políticamente afiliados a cualquiera de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara que no sea Izquierda Unida. La única condición que pusimos fue que al menos de uno de ellos nuestro Grupo pudiera tener, con la información pertinente, el convencimiento moral de que se ajustaba a lo que pide la ley; es decir, que además de su competencia, cumpliera lo que la ley pide en cuanto a situación de independencia, que le permita realmente actuar con criterio neutral, objetivo y libre. Todos estos planteamientos hechos por mi Grupo desde febrero no han tenido absolutamente ninguna respuesta, salvo, al final, cuando el señor Ministro me llamó y me dijo que entendiera que la negociación --desde luego, no con nosotros-- le había resultado difícil y que tenía una terna ya cerrada.


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Quiero dejar constancia, por si no queda suficientemente explicitado a través de lo que he dicho, de que no hacemos cuestión del procedimiento seguido, que también, sino que consideramos que sobre este tema y sobre cualquier otro, pero específicamente sobre éste, mi Grupo tiene todo el derecho a discutir criterios concretos, personas y conjunto de personas que van a tener en sus manos una institución tan independiente y de tanta responsabilidad, sobre todo en los años actuales y venideros, en que la problemática nuclear se a agravar, a acentuar, puesto que existen ya unas centrales de primera generación. Esto, al margen de cualquier connotación pro o antinuclear, supone que, lógicamente, aunque sólo sea por razón de edad, empiezan a presentar problemas serios y va a haber que empezar a tomar decisiones realmente importantes, donde van a estar en juego muchos cientos de miles de millones de pesetas y, sobre todo, va a estar en juego la seguridad de los ciudadanos; seguridad que puede ser cuestionada por un tema de un nivel absolutamente superior a ningún otro que se pueda considerar --medioambiental, de contaminación, etcétera- -, como es el asunto de la radiactividad, que es otra galaxia.
Repito que, no es el motivo principal de mi protesta --que también-- el que mi Grupo no haya sido tenido en cuenta, sino que entendemos (y esta interpelación es para expresar esto y que el Gobierno, el señor Ministro, tenga ocasión de convencernos de los contrario) que con las personas que van a ser nominadas, si el proceso culmina en esta dirección, sumadas a las que ya están, este Consejo de Seguridad Nuclear no cumple lo requerido por la ley.
Ustedes están vaciando de credibilidad a una institución, hoy tan importante y tan necesaria. Si yo fuera el Presidente de Iberdrola, inmediatamente haría que las personas que dirigieran el Consejo de Seguridad Nuclear gozaran del consenso, no sólo de esta Cámara, sino de las asociaciones de todo tipo, porque cuanto más se garantizase que la seguridad nuclear iba a tener un control eficiente, lógicamente, los primeros beneficiarios serían los sustentadores de las centrales nucleares. Por el contrario, en la medida en que se vacía no sólo de credibilidad --y al entender de mi Grupo, señor ministro, éste es el caso--, sino que se sitúa en la ilegalidad, al menos en el espíritu de la ley, la terna resultante y el conjunto de los cinco consejeros, es el favor más flaco que se puede hacer el tema nuclear en este país.
Pero no es eso, obviamente lo que preocupa a mi Grupo; lo que preocupa a mi Grupo es que una institución de Estado y, por tanto, de interés común, no pueda responder a la confianza de todos los grupos políticos y de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y, desde luego, le anticipo --creo que es una conclusión lógica de todo lo que he venido diciendo, señor Ministro-- que no goza en absoluto de la confianza del Grupo al que tengo el honor de representar.
Nada más. Muchas gracias. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca. Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor García Fonseca, éste va a ser un debate, supongo que corto; tal vez un debate que se plantea desde la frustración de su Grupo, frustración que yo puedo entender, aun cuando no comparta ni los criterios ni las conclusiones a las que ustedes llegan. Usted tiene toda la legitimidad para plantear en este momento una discusión parlamentaria en forma de interpelación al Gobierno, pero, ciertamente, de acuerdo con la legislación vigente, está previsto un debate sobre el cumplimiento de las características establecidas por la ley con relación a los candidatos propuestos para ser nombrados por el Gobierno que, si no me equivoco, tendrá lugar la semana próxima en esta misma Cámara. No sé si éste es un debate sobre otro debate que es preceptivo celebrar y sobre el cual, incluso, podrán existir las correspondientes votaciones.
Usted ha dicho, a lo largo de su intervención, varias cosas.
Una, que no está de acuerdo con las personas; y dos, que no está de acuerdo con la ley. El que no esté de acuerdo con las personas, desde luego no le da derecho, señor García Fonseca, a pretender que su criterio sea el único válido; y el que no esté de acuerdo con la ley, tampoco le da derecho a deslegitimar una ley que fue aprobada por estas Cortes, salvo que las mismas Cortes puedan tomar otra decisión en un momento futuro, aunque, por supuesto, usted tiene los cauces reglamentarios para plantear las modificaciones oportunas. En todo caso, con ciertas algunas de las cosas que ha dicho. Tal vez las propuestas concretas de personas o de perfiles que ustedes deseaban no han encontrado el acomodo que esperaban, pero, insisto, señor García Fonseca, el que en una renovación del Consejo de Seguridad Nuclear, en el que hay que designar tres nuevos miembros, no encuentre su acomodo precisamente su Grupo, no desdice la legitimidad del proceso, ni el acuerdo que se ha producido con otros grupos parlamentarios, ni, naturalmente, la idoneidad de las personas que el Gobierno ha entendido que debe proponer a esta Cámara para su ratificación, mediante el procedimiento oportuno.
Usted dice que exigen participación; participación la han tenido, la que han podido tener todos los grupos cuando es necesario un proceso de acuerdo, el máximo al que se podía llegar, teniendo en cuenta que finalmente había que concordar entre distintos grupos

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para cubrir tres puestos y reunir una serie de condiciones de carácter, de idoneidad técnica, profesional, etcétera.
Sin duda alguna me atrevo a decir que el Gobierno ha obtenido el mayor consenso posible en las circunstancias existentes, pero es evidente que usted no se siente de acuerdo con ese consenso, y lamento no poder remediarlo, como ya tuve ocasión de decírselo personalmente.
Señor García Fonseca, lo que le quiero reiterar en esta intervención, que forzosamente ha de ser corta, es que esto no le da de ninguna manera derecho a cuestionar ni a las personas ni, desde luego, a la Ley. Usted tiene el derecho personal, como representante de un grupo político, a exponer su criterio. Lo que me parece mucho más discutible es poner en cuestión la legitimidad de los demás o la legitimidad, mientras no se modifique, de una Ley que hasta ahora ha dado los frutos que en este país se esperaba que debiera rendir el Consejo de Seguridad Nuclear.
No pretendo convencerle, por lo tanto, señor García Fonseca.
Unicamente quiero reiterar algo que dice la Ley de 1980 en su artículo 5.º: El presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad nuclear serán designados entre personas de conocida solvencia dentro de las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio.
De acuerdo con estos parámetros, es como se ha producido todo el proceso de discusión hasta llegar a un acuerdo, que era forzoso, necesario, con vistas a obtener la máxima aproximación posible entre grupos políticos que, obviamente, podían tener preferencias y criterios diferentes.
Es verdad que el Gobierno podría haber adoptado otra decisión: presentar una propuesta de nombramiento sabiendo que, de acuerdo con lo que dice la Ley, finalmente, transcurrido un cierto tiempo la propuesta del Gobierno se aprobaría definitivamente. Incluso si no llegara a obtener el consenso que actualmente se ha conseguido. El Gobierno no ha querido hacer eso. Ha querido hacer una aproximación a otros grupos políticos porque entiende que el Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano que debe ofrecer garantías, debe tener la legitimación ante los ciudadanos, puesto que está tratando de una materia especialmente importante.
Me atrevo a decir, y no solamente por los candidatos o el candidato que ha sido propuesto específicamente a instancias del Grupo Socialista, sino también teniendo en cuenta las características de idonedidad de los otros candidatos presentados por otros Grupos, que, a mi juicio, los tres candidatos que han sido objeto del acuerdo del Gobierno, sometido a la consideración de esta Cámara, reúnen las condiciones a las que se refiere al artículo 5.º de la Ley. El que usted no esté de acuerdo, señor García Fonseca, lamento que sea inevitable pero, en todo caso, tendrá ocasión, desde luego, de seguir discutiendo sobre esto en la próxima reunión de la Comisión de Industria en la que se produzca el debate y, eventualmente, en nuevas iniciativas, si lo que pretende es cambiar la Ley y crear condiciones distintas para el futuro.
En todo caso --termino con esto señor Presidente-- el Consejo de Seguridad Nuclear ha cumplido hasta ahora unas funciones importantes. El Gobierno aspira, naturalmente --desde la independencia que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que tener respecto del Gobierno--, a que siga cumpliendo estas funciones. Espero que la Cámara, con su dictamen sobre la propuesta que el Gobierno ha hecho, dé definitivamente luz verde para que el Gobierno pueda proceder a los nombramientos en el Consejo de Seguridad Nuclear.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. El señor García Fonseca tiene la palabra para un turno de réplica.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, de nuevo, señor Ministro, las cosas claras: ustedes con nosotros no han negociado. Habrán obtenido todo el consenso que usted estime y que valore como lo valore. Lo que está claro no es que no haya obtenido el consenso de Izquierda Unida; lo que está claro es que ustedes no negociaron con Izquierda Unida, primer punto. Repito, primer punto el más secundario, porque ahora voy a lo que para mí es lo central.
Señor Ministro, yo he hablado de que vamos a presentar un proposición de ley, e incluso una moción previa para la próxima semana, pidiendo cambios en la ley actual, pidiendo el estatuto del Consejo. Pero cuando estoy haciendo la crítica de los actuales candidatos, es sobre la base de la ley actual, no de alguna ley hipotética que Izquierda Unida tenga en su cabeza y, efectivamente, basados en el artículo que usted ha leído. El artículo 5.º de la ley actual dice: El presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear serán designados entre personas de reconocida solvencia dentro de las especialidades... De reconocida solvencia. No es eso lo que mi Grupo pone en cuestión en relación a los tres candidatos; no es eso. Pero la ley dice algo más: «reconocida solvencia...» y señala una serie de campos: seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores. Y aquí es cierto que son competentes las tres personas, pero monotemáticas en relación a este abanico que plantea la propia ley.


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Pero no es eso todavía lo que mi Grupo plantea como cuestión de fondo. Es que este artículo 5.º continúa diciendo: valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio.
Otra de las mociones que mi Grupo va a presentar para la próxima semana es que se replantee de nuevo esta terna. Y, señor Ministro, como hoy no tengo tiempo, mi Grupo va a aportarle datos elementales, objetivos, fehacientes. Es decir, yo no entro en juzgar cuestiones éticas, internas, etcétera, de las personas propuestas. Supongo que la ley tampoco puede entrar en eso. Supongo que si la ley habla de objetividad y de independencia, se refiere a que estén en una situación objetiva, donde cualquier persona normal, no héroes o personas extraterrestes, pueda realmente actuar con objetividad y con independencia. Esa es, yo creo, la lectura normal, elemental de la ley.
Pues bien, con planteamientos objetivos le voy a demostrar a usted y a toda la Cámara, en lo que se refiere a los tres propuestos, sumados a los dos que quedan (eso sí, voy a admitir gradualidad en la falta de independencia; no es lo mismo la de unos y la de otros; o la de uno y la del resto, si usted quiere), cómo no es posible hablar de situación de independencia que permita esa objetividad e independencia de criterio. Al menos cuatro de los consejeros están profesionalmente ligados a las centrales nucleares, no solamente a las compañías eléctricas, sino a las compañías eléctricas con efectivos nucleares; lo están incluso desde el comienzo de su profesión varios de ellos y, a no ser que sean consejeros eternos, van a volver de nuevo, al terminar su mandato, a trabajar en centrales nucleares.
Si ustedes pueden considerar que ésa es una condición objetiva ante cuestiones tan importantes para la seguridad de este país y que van a afectar en tal grado al bolsillo de las eléctricas como, por ejemplo, cualquier avería de las que ya hay en Garoña o en cualesquiera otras de las centrales de la primera o de la última generación; si usted, señor Ministro, me quiere hacer creer a mí o a no sé quién de esta Cámara --a no ser que le quiera dar de antemano un voto de confianza, diga usted lo que diga-- que esa situación es la que corresponde a lo que pide la ley, señor Ministro, quien quiera creerle, desde luego, es libre de hacerlo y quien quiera votar en ese sentido, por supuesto también, aunque no será mi Grupo, pero a mí esa moto no me la vende y a muchos ciudadanos --esto es lo grave-- tampoco, señor Ministro.
En uno de los medios de comunicación, y no de los hostiles al Gobierno, se dice: Corren malos tiempos para la sensatez. La composición del nuevo Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo, es otro hecho escandaloso (fíjese, aunque dé voces, señor Ministro, porque ése es mi talante físico, con qué mesura estoy hablando en relación a lo que dice la opinión pública, digamos que represente lo que represente) que demuestra, sobre todo, la ignorancia en la materia de quienes lo han elegido. Otros dicen sin remilgos que ha sido una bajada de pantalones anti-lobby nuclear, que vive uno de sus peores momentos con Zorita y Garoña patas arriba, los generadores de vapor de Ascó y Almaraz pendientes de un recambio de coste supermillonario y las piscinas de residuos llenas a rebosar. Con tal panorama, parecía imprescindible avanzar hacia la independencia de un organismo que debe decidir sobre cuestiones tan importantes para nuestra seguridad y para nuestra salud; pero se han dado un montón de zancadas hacia atrás.
Señor Ministro, fuera de esta Cámara, con más o menos acierto --eso ya es cuestión de criterio--, dicen las cosas de manera mucho más directa. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, de nuevo. Señor García Fonseca, había leído esa autorizada cita que, al parecer, se convierte en el argumento de la opinión pública. Si estos son todos los argumentos, ciertamente, con el respeto que me merecen todas las opiniones, incluso las que se publican en medios, según usted, no tan lejanos del Gobierno, uno puede legítimamente discrepar y, de hecho, no es solamente el Gobierno el que discreparía de eso, sino, al parecer, discrepa más gente dentro de esta Cámara.
Si me permite el señor García Fonseca, y sin que esto le parezca mal, le quiero pedir algo. Los juicios de intenciones son siempre muy complicados, y analizar «a priori» la independencia de juicio de las personas es un camino bastante peligroso. Porque, señor García Fonseca, usted, antes de ser Diputado, habrá sido otra cosa; tendrá algún trabajo. ¿Tendré yo la necesidad de dudar de su independencia de criterio por el hecho de que usted anteriormente haya estado haciendo otra cosa y supongo que toda la vida tampoco va a ser Diputado? Yo creo que este es un camino muy peligroso, señor García Fonseca. Permítame que no le aconseje que siga por él.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, me siento un poco extrañado de que sólo sea yo el que decida, dentro de los Grupos parlamentarios y tratándose de una interpelación,...
(El señor Frutos Gras, saliendo del hemiciclo: ¡Pero si ya tenéis uno, hombre!) Muchas gracias.


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Señor Presidente, espero que se marche, porque no acostumbro a dialogar con gente que sale por la puerta.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Evidentemente, ni aunque estuviera sentado en el escaño, señor Nadal; no es éste un momento de diálogo ni de tertulias.


El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, yo quisiera hacer notar dos o tres cuestiones al hilo de la interpelación formulada por el señor García Fonseca, diciéndole de antemano que, desde que coincidimos en la Comisión, nunca he dudado de los principios que informan su forma de trabajar o de que los intereses que representa dentro de esta Cámara sean absolutamente legítimos y éticamente incuestionables. Lo único que quiero establecer, desde un punto de vista formal, es la necesidad de que los Grupos Parlamentarios nos acojamos a un mínimo de procedimiento necesario en el momento de tratar las cuestiones que nos afectan.
La renovación de los tres nuevos cargos tiene que pasar por la Comisión respectiva, y creo que es aquél el lugar exacto donde se tiene que hacer un planteamiento de las cuestiones que sobre la ratificación o no de las tres nuevas personas se nos ocurran a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, al hilo de la intervención del señor García Fonseca, cada uno de nosotros nos sentimos un poco preocupados, porque una de las pocas veces en que la Cámara llega a un acuerdo más o menos genérico, o se produce la posibilidad de que dentro de este contexto general se llegue a un concierto para nombrar las tres personas, es muy triste que se diga que esto no es así y que se cuestiona la ley, que se cuestionan las personas, en definitiva, que se cuestiona todo. ¿Hemos de entender en este caso que por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a partir del momento en que las tres personas hubieran sido de su estimación o de su criterio, o aceptables a lo que se concibe como el formato de la persona, no se hubiera cuestionado las personas ni se hubiera cuestionado la ley? Si las tres personas hubieran resultado idóneas al interés que representa Izquierda Unida, ¿entonces la ley hubiera sido correcta y hubiera sido correcto el nombramiento? Yo creo que aquí existe lo que habitualmente ya empieza a ser una pieza común en esta Cámara: primero nos dedicamos a explicar en los periódicos que Izquierda Unida recurrirá los nombramientos pro-nuclearesdel Consejo de Seguridad Nuclear, que se establecerá un contencioso-administrativo por los nombramientos, que además se quiere modificar la ley, y todas estas cosas se producen a partir del momento en que Izquierda Unida se da cuenta de que las tres personas nombradas no son de su agrado, o porque Izquierda Unida no tiene ninguna persona entre estas tres. Yo creo que, dentro de la norma parlamentaria, lo primero que hay que discutir es si Izquierda Unida plantea la necesidad de modificar la ley. Si se plantea la necesidad de modificar la ley, no tiene por qué cuestionar las personas que actualmente están nombradas. (El señor García Fonseca pronuncia palabras que no se perciben.) No, no las cuestiono, pero no está éticamente solucionado el problema.
Entonces las cuestiono. Lo que no se puede escribir es, «sensu contrario», todo lo que se dice.
Se está discutiendo las personas y la ley. Si utiliza el camino de una interpelación, no se va a la Comisión para tratar la ratificación de las personas y se anuncia por los medios de comunicación un contencioso-administrativo por los nombramientos. En muchas ocasiones, señor García Fonseca --y déjeme decírselo con sinceridad--, le he escuchado palabras que son coherentes, le he escuchado razonamientos dentro de la Comisión realmente prácticos y algunos de ellos aceptables; pero el planteamiento que se hace en estos momentos aquí no es práctico ni aceptable, ni formalmente ajustado a lo que es la ligalidad de esta Cámara. En todo caso, esta interpelación que estamos debatiendo la vamos a repetir en la Comisión. Pienso que sería muy prudente, antes de repetir la interpelación en la Comisión, que ustedes presentaran el texto que ha de modificar la ley actual, porque, si no, no saldremos. Por tanto, sepa que la posición del Grupo de Convergència i Unió es: si se quiere discutir la ley, adelante; si se quiere discutir las personas, adelante; si se quiere poner un contencioso- administrativo, adelante, pero con un orden: primero la ley, después las personas; no las personas, la ley, interpelación y después Comisión.
Esto es todo. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de las interpelaciones urgentes, queda agotado el orden del día previsto para la sesión de hoy.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve horas.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.

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