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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 103, de 15/11/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 103 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 102 celebrada el martes, 15 de noviembre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Gobierno y de la Administración del Estado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 79.1, de 5 de julio de 1994 (número de expediente 122/000062) (Página 5286) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, por la que se declara reserva natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des Freus y Las Salinas de Formentera. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 64.1, de 4 de marzo de 1994 (número de expediente 122/000052) (Página 5298)

Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

--Proyecto de Ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (número de expediente 121/000051) (Página 5307)

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Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a los criterios más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de la Sociedad General Azucarera de España, S.A. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 154, de 31 de octubre de 1994 (número de expediente 162/000148) (Página 5307) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) en el marco de un Proyecto de Ley sobre Cooperación. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 142, de 3 de octubre de 1994 (número de expediente 162/000135) (Página 5313)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación a la corrección financiera negativa (multa), impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la producción láctea, así como para reestructurar en profundidad el sector productor lácteo español (número de expediente 173/000058) (Página 5323) --Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la reforma de la Administración periférica del Estado y, en concreto, sobre la desaparición de la figura del Gobernador Civil (número de expediente 173/000059) (Página 5331)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 104, de 16 de noviembre de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 5286)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, del Gobierno y de la Administración del Estado (Página 5286)

En nombre del Grupo Popular defiende la proposición de ley el señor Martín Villa, manifestando que la falta de iniciativa gubernamental en esta materia durante 12 años justifica la propuesta que ahora defiende, que reconoce que es inusual que venga de la oposición, pero que se ven obligados a presentar por considerarla necesaria. Considera paradójica la actitud de pereza gubernamental cuando las normas que rigen la Administración del Estado y el funcionamiento del Gobierno datan en su mayoría de 1957, normas, por tanto, preconstitucionales, de alta calidad técnica algunas de ellas peropoco acordes con la situación jurídica y administrativa de este momento.Por otra parte, habiéndose producido una transferencia de poder político y administrativo a las comunidades autónomas y ejercido una verdadera autonomía en dichas comunidades autónomas, las corporaciones locales y muy especialmente los ayuntamientos, hubiera parecido de todo punto necesaria la promulgación de la normativa oportuna, dando al Gobierno y a la Administración del Estado, tanto a nivel central como en su presencia en las comunidades autónomas y en las provincias, el perfil adecuado para este momento político.
Añade que la propuesta que realizan está presididapor tres ideas, la primera de las cuales es el respeto al Estado de Derecho; la segunda, la profesionalización de la Administración, y la tercera, la simplificación del aparato administrativo. En basea la primera de estas ideas se produce la no existencia del llamado acto político y cualquier decisión del Gobierno o de la Administración debe ser controlada por los tribunales en el marco de la ley. Respecto a la profesionalización de la Administración, señala que para su Grupo son cargos políticos con responsabilidad gubernamental únicamente el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, si los hubiere, los ministros, los secretarios de Estado y los titulares a primer nivel de la presencia del Estado en las comunidades autónomas, como son los delegados del Gobierno. En cuanto a la simplificación

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del aparato administrativo, el Grupo Popular es partidario de un Estado y de una Administración que tengan la dimensión suficiente, lo que no significa que sea un Estado omnipresente, una Administración excesiva. En este sentido la proposición plantea los mecanismos necesarios para la supresión de un conjunto de aparatos administrativos y políticos absolutamente innecesarios. Termina el señor Martín Villa señalando que un Estado grueso más que fortaleza significa debilidad y el Estado que pretenden configurar en esta proposición de ley es el Estado de la fortaleza suficiente, que no se deriva de una gruesa administración, sino de la Administración con el peso y el volumen necesarios.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Trujillo Oramas. Expone como algo incuestionable que una regulación del Gobierno y de la propia Administración del Estado no es disociable de la acción política del propio Gobierno, y una proposición de ley de la oposición, siempre legítima, lícita y plenamente democrática, no parece el cauce más razonable para regular lo que son aspectos esenciales a la hora de que el Poder ejecutivo pueda realizar su actuación de gobierno diaria. Añade que se encuentran en un contexto muy concreto, recordando la primera comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas, en la que exponía el compromiso del Gobierno de presentar una ley de organización y funcionamiento de la Administración central del Estado. El propio Presidente del Gobierno, en el debate del estado de la nación, asumía dicho compromiso, concretando después el señor Ministro que la iniciativa en cuestión se presentaría en el actual período de sesiones. Considera, por tanto, inadecuada una iniciativa de la naturaleza de la que ahora contemplan instando al Gobierno a presentar el proyecto de ley en este período de sesiones, justificando este hecho por sí mismo el rechazo de la proposición. Sin embargo, desea resaltar que en la propuesta del Grupo Popular observa algunasdeficiencias y carencias importantes, básicamente desde el punto de vista técnico, mencionando algunas de ellas, no encontrando ningún ahorro y sí medidas de incremento del gasto público, elevando al rango administrativo órganos directivos de la propia Administración y judicializando al máximo la vida política al establecer que cualquier acto del Gobierno sea susceptible de revisión en la jurisdicción contencioso- administrativa.
Concluye manifestando que un tema de la envergadura del que les ocupa requiere un documento sin deficiencias técnicas, mucho más elaborado y que entronque con las respuestas que una sociedad moderna como la española demanda de una Administración que también está en proceso de modernización.
Replica el señor Martín Villa, duplicando el señor Trujillo Oramas. Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo Popular por 123 votos a favor, 171 en contra y 18 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se declara reserva natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des Freus y Las Salinas de Formentera (Página 5298)

El señor Alcaraz Masats defiende la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, solicitando que se declare reserva natural Las Salinas de Ibiza y Formentera. Recuerda que la proposición fue ya debatida en esta Cámara en el año 1992, siendo entonces ya derrotada, pero espera que en esta ocasión tenga más éxito y que el Partido Socialista actúe en coherencia con lo que hizo en la legislatura de 1979-1982, en que presentó una proposición de ley parecida a la que en este momento debate la Cámara. Afirma que otros Grupos están defendiendo, a su juicio, más que nada intereses personales so capa de la defensa de la autonomía balear y de la soberanía del Parlamento autonómico. Apoya la proposición en razones históricas, políticas, culturales y de orde ecológico frente a los que han querido convertir el asunto en motivo de especulación, en lugar de proteger el medio ambiente. No encuentra motivos suficientes para oponerse a la proposición en el hecho de que el artículo 21.3 de la Ley de Conservación de Espacios Naturales esté recurrido, y que igual sucedió con la Ley de Aguas y la de Costas en base a una serie de argumentos que después fueron derrotados en el Tribunal Constitucional. Estima que, según la Ley de Conservación de Espacios naturales de 1989, el Estado tiene plena competencia con respecto al tema concreto y singular que hoy plantea ante la Cámara.
Como razones de tipo ecológico y de protección medio ambiental expone que el área de Las Salinas de Ibiza y Formentera constituye uno de los sistemas naturales más ricos y diversos de la Comunidad balear, incluso de todo el Mediterráneo español,

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contribuyendo a ello de forma decisiva la insularidad, dando lugar a variedades únicas en el mundo. Se trata de uno de los más valiosos sistemas naturales a nivel estatal y un mecanismo poco común de la integración entre cultura humana y el medio natural, y en ello se basa la proposición que su Grupo presenta y para la que pide el voto favorable de la Cámara.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Popular, la señora Cava de Llano y Carrió. Coincide con el señor Alcaraz en que no es ésta la primera vez que se habla en esta Cámara de Las Salinas de Ibiza y Formentera, puesto que ya se hizo también en anteriores legislaturas en lo que califica de desmesurado interés de los grupos parlamentarios al plantear este tema continuamente. Considera paradójico que de las casi 80 áreas naturales de especial interés que se contienen en la Ley de Espacios Naturales en relación con las islas Baleares sólo la referente a Las Salinas de Ibiza y Formentera se plantee una y otra vez ante la Cámara, para lo que encuentra una sola razón, expuesta en el debate celebrado el 23 de marzo de 1993, y es la pertenencia de Las Salinas a la familia política del Presidente de la Comunidad balear, el señor Cañellas. Piensa que es un triste argumento que clarifica que el interés ecologista no lo es tanto como el interés electoralista en aquella zona.
Afirma, por último, que Las Salinas de Ibiza y Formentera están protegidas a través de la ley promulgada por el Parlamento balear, realizándose por los grupos ecologistas una serie de actuaciones que han concluido en el más estrepitoso fracaso, e incluso por parte de Izquierda Unida se plantean en el Parlamento de la nación algunas iniciativas sobre el particular ante su falta de representación en la Comunidad autónoma balear.
Concluye aludiendo a razones de tipo jurídico y de índole política para rechazar la propuesta de Izquierda Unida.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando la señora Cava de Llano y Carrió. Para fijación de posiciones intervienen los señores Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Costa Costa, del Grupo Socialista, y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 153 votos a favor, 137 en contra y tres abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 5307)

Proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (Página 5307)

El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria. Se aprueba por asentimiento dicha avocación.


Proposiciones no de ley (Página 5307)

Del Grupo Socialista del Congreso, relativaa los criterios más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de la Sociedad General Azucarera de España, S.A. (Página 5307)

En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Roncero Rodríguez, que alude a la moción presentada en el Senado simultáneamente a la presentación de esta proposición no de ley en el Congreso y al cambio de actitud del accionista mayoritario de la Sociedad Azucarera de España, todo lo cual ha llevado al Grupo Socialista a no mantener en sus propios términos la proposición no de ley, sino intentar consensuar y refundir las posiciones de todos los grupos de la Cámara, yendo más allá del problema concreto de una posible venta accionarial de una determinada sociedad y llegar al debate sobre la reestructuración, futuro y perspectivas del sector remolachero azucarero en el contexto de la industria agroalimentaria de nuestro país. Piensa que es importante tomar posición sobre el futurode este sector y, en consecuencia, el Grupo Socialista pasará a la Presidencia una enmienda transaccional que engloba su propia posición y las enmiendas presentadas por los grupos Vasco (PNV) y Popular para tratar de enmarcar el problema en sus términos actuales y de futuro. Termina dando lectura al texto de la enmienda transaccional presentada, que a continuación entrega a la Presidencia.
En defensa de las enmiendas presentadas y para fijación de posiciones de sus respectivos grupos intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Ramírez González, del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra el señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, y la señora

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Rivadulla Gracia, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista en los términos resultantes de la enmienda transaccional presentada, es aprobada por 293 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) en el marco de un proyecto de ley sobre cooperación (Página 5313)

El señor Hernando Fraile defiende la proposición no de ley del Grupo Popular. Expone que a lo largo de los últimos años los créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se han convertido en España en el principal instrumento de nuestra ayuda oficial al desarrollo. Menciona la legislación reguladora de estos fondos, a la que considera insuficiente y obsoleta y basada en unos criterios que en muchas ocasiones se han incumplido o no se han tenido en cuenta, lo que unido al secretismo con el que el Gobierno ha utilizado este mecanismo de financiación preferencial, con continua ocultación de datos al Parlamento, han provocado la perversión de este instrumento de ayuda oficial al desarrollo, que ha sido concedida o denegada en numerosas ocasiones de forma discrecional y arbitraria, creando redes de intereses en las que la información privilegiada o las influencias han estado a la orden del día. Con ello se ha abierto un claro camino para el desarrollo de la corrupción, tanto en nuestro país como en los presuntamente beneficiados. Han visto también cómo se han aprobado créditos no ligados a la exportación de bienes españoles, como en el caso del metro de Medellín o el famoso caso del azúcar en Venezuela, etcétera. Señala que algunas de estas irregularidades fueron puestas en evidencia en los informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los años 1986 a 1990, que, entre otras cosas, exponían la necesidad de reformar nuestra legislación por considerarla ambigua, cuando no contradictoria. Por todo ello, y basándose en la experiencia acumulada y en los criterios aprobados por esta Cámara, así como la creciente demanda social, es necesario que nuestra ayuda oficial al desarrollo, y en especial los créditos FAD, sean eficaces en la lucha contra la pobreza y se gestionen con transparencia, objetivos a los que se dirige la proposición no de ley.
Menciona finalmente el contenido de los puntos que integran la proposición, para la que solicita la aprobación de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Vázquez Romero, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Cremades Sena, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Albístur Marín y Chiquillo Barber, del Grupo Mixto y Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y de las transacciones realizadas en el curso del debate, es aprobada por 290 votos a favor.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5323)

Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas a adoptar en relación a la corrección financiera negativa (multa), impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la producción láctea, así como para reestructurar en profundidad el sector productor lácteo español (Página 5323)

La señora Fernández Díaz defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate celebrado el pasado día 2, en el que el señor Ministro no contestó a las cuestiones fundamentales que se plantearon, no aclarando quién va a pagar la sobretasa, cómo y cuándo, qué plan financiero tiene el Gobierno para pagar la multa, limitándose a salir al paso, esperar a que se aprueben los Presupuestos y que se celebren las elecciones municipales para retomar la normalidad, que en definitiva supone que el sector se las componga como pueda. Menciona el peso del sector agrario dentro de la economía española y, dentro de aquél, el subsector ganadero, que en su conjunto se ha consolidado y adquirido una importancia creciente en los últimos tiempos, pero no por los buenos oficios del Gobierno sino porque el sector es fuerte y ha sabido sobreponerse. Considera lamentable que el Gobierno a estas alturas no pueda proceder a un diagnóstico de la situación cuando es el momento para reestructurar el sector, para lo que sería conveniente tener el censo del ganado, producción, rentabilidad, ingresos, etcétera.
Termina aludiendo al contenido de la moción, por la que pide al Gobierno que con la máxima urgencia remita a la Cámara un proyecto de ley que recoja los 183.000 millones de pesetas de multa y que

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ésta se pague en anualidades para que los agricultores sepan a qué atenerse sin estar pendientes constantemente de quién va a pagar la multa. Por otro lado, piden que no se utilicen por más tiempo medidas coercitivas para que el sector no crezca, debiendo retomarse el control y poniendo a disposición de los ganaderos los medios para que se desenvuelvan en la legalidad.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por 122 votos a favor y 154 en contra.


Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno respecto de la reforma de la Administración periférica del Estado y, en concreto, sobre la desaparición de la figura del Gobernador Civil (Página 5331)

El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En defensa de las enmiendas presentdas intervienen los señores Mañueco Alonso, del Grupo Popular; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Marcet i Morera, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene la señora Rahola i Martínez del Grupo Mixto.
Sometida a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 20 votos a favor y 239 en contra.
Se suspende la sesión a las 10 y 15 minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Número de expediente 122/000062)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Popular, del Gobierno y de la Administración del Estado.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Martín Villa.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la gubernamental pereza en regular aspectos relacionados con el Gobierno y la Administración del Estado, la falta durante más de 12 años de iniciativas gubernamentales en este campo, explica y justifica una iniciativa que, por venir de la oposición en aspectos que tocan al Gobierno y a la Administración, sabemos que no es habitual, que es inusual, pero que es necesario. Contra pereza, diligencia; y a la pereza gubernamental continuada, innegable, acreditada, la diligencia del Grupo Popular.
Resulta paradójica, además, esta actitud gubernamental cuando las normas que rigen la Administración del Estado y el funcionamiento del Gobierno datan, en su mayoría, de 1957. Son normas preconstitucionales, de alta calidad técnica algunas de ellas, pero ciertamente poco acordes con la situación jurídica y administrativa de ahora.
De otra parte, hubiera parecido de todo punto necesario que, habiéndose producido un proceso de transferencia de poder político y administrativo a las comunidades autónomas, y habiéndose producido de verdad y habiéndose ejercido de verdad una autonomía en las comunidades autónomas, en las corporaciones locales y muy especialmente en los ayuntamientos, no se haya realizado esa iniciativa que dé al Gobierno y a la Administración del Estado, tanto a nivel central como a su presencia en las comunidades autónomas y en las provincias, el perfil necesario para el momento político que deriva de esa transferencia de poderes a comunidades autónomas y corporaciones.
Si me apuran, aunque comprendo que el argumento, por ser de índole política, es más discutible, resulta ciertamente inexplicable que unos gobiernos que han dispuesto hasta la fecha de cómodas mayorías absolutas, que han estado respaldadas por un partido como el Partido Socialista, que debe de tener y que tiene --así lo reconozco-- un perfil de respeto y de cuidado en el terreno de lo público, no se hayan ocupado de este tipo de iniciativas. Eso hubiera parecido normal.
La propuesta que nosotros hacemos está presidida por tres ideas. Una, el respeto al Estado de Derecho. Dos, la profesionalización de la Administración. Tres, la simplificación del aparato administrativo.


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En primer lugar, el respeto al Estado de Derecho. La no existencia de los llamados actos políticos. Cualquier decisión del Gobierno, cualquier decisión de la Administración debe de ser controlada por los tribunales y en el marco de la ley. Es cierto que hay una legitimidad del Gobierno en su origen en virtud de la investidura del Presidente del Gobierno, pero es cierto también que es necesaria una legitimidad en el ejercicio de la labor del Gobierno y de la Administración, fundada en que todas y cada una de las decisiones del Gobierno y de la Administración tienen que estar sometidas a los tribunales. No hay actos políticos y, sobre todo, debemos y tenemos que evidenciar la necesidad de no atribuir la categoría de actos políticos, ajenos al control de los tribunales, a decisiones que formalmente y de fondo deben estar enmarcadas en el Derecho y controladas por los tribunales.
En segundo lugar, la profesionalización de la Administración.
Para nosotros son cargos políticos con responsabilidades gubernamentales únicamente el Presidente del Gobierno, los vicepresidentes, si los hubiere, los ministros, los secretarios de Estado y los titulares a primer nivel de la presencia del Estado en las comunidades autónomas, como son los delegados del Gobierno. Aguas abajo (subsecretarios, directores generales, gobernadores de las provincias) son nombrados por el Gobierno, pero entre funcionarios de nivel superior, lo cual da un perfil profesional a este tipo de responsabilidades.
Algunos de los quebraderos de cabeza en los que estamos en este momento metidos todos, y especialmente el Gobierno de la Nación, se hubieran podido evitar con una administración profesionalizada, una administración en la que las decisiones políticas estén en manos del Consejo de Ministros y del Gobierno, pero en la que la gestión administrativa esté en manos de órganos colegiados o directivos personales que sean servidores públicos elegidos en virtud de su mérito y de su capacidad y no en virtud de la confianza política, que única y exclusivamente debe ser la condición para pertenecer a los órganos estrictamente políticos. En ese sentido, sólo el Gobierno, estimado el Gobierno como el actual Consejo de Ministros más los secretarios de Estado, a los que se les da la categoría de miembros del Gobierno, que pueden y deben pertenecer a sus comisiones delegadas y entre los que se incluye por razón de necesidad en este momento al Interventor General de la Administración del Estado, sólo éstos y los delegados del Gobierno son nombrados libremente.
A partir de ahí, y con la excepción de los secretarios generales para funciones con carácter excepcional y que agrupen aparatos importantes de la Administración, todos serán miembros de los Cuerpos de servidores públicos y sólo los ministros y los secretarios de Estado podrán disponer de gabinetes políticos, suprimiendo la proliferación excesiva con la que hoy cuenta la Administración del Estado.
Establecemos también algunos criterios en torno a las incompatibilidades y en cuanto a la disposición de los fondos reservados, pero si esta proposición de ley mereciera la posibilidad de ser debatida en Comisión y luego en Pleno, habríamos de reconsiderar los aspectos relacionados con estas cuestiones, porque en una, los fondos reservados, a iniciativas de este Grupo y por mandato de esta Cámara, el Gobierno ha remitido su proyecto de ley y, en otra, las incompatibilidades, tenemos un proyecto de ley en la Cámara.
La tercera de las cuestiones es la simplificación del aparato administrativo. Yo soy --mi Grupo lo es y en su nombre yo lo expreso-- partidario de un Estado y de una Administración que tenga la dimensión suficiente; pero tener la dimensión suficiente no quiere decir que sea un Estado omnipresente, una administración excesiva, porque justamente eso sirve para asegurar no fortaleza sino debilidad. En este sentido, la proposición de ley que presentamos plantea los mecanismos necesarios para la supresión de un conjunto de aparatos administrativos y políticos absolutamente innecesarios, no ya sólo en el aparato estricto de la Administración del Estado, sino y muy especialmente en sus organismos autónomos, en sus empresas estatales. De ahí que la creación de estos organismos se haga por una ley acordada en las Cortes Generales, mientras que se dé la posibilidad de su supresión al Consejo de Ministros y se asegure también, como es necesario, una vigilancia de esta Cámara en relación con la supresión de esos organismos innecesarios y la vigilancia por parte de la cámara territorial del Senado sobre la presencia del Estado en las comunidades autónomas y en las provincias. No es cuestión ahora de entrar en discusión sobre el número de altos cargos en 1982 y en 1994, simplemente quiero expresar un ejemplo. En razón de oficio ministerial anterior, y a título personal, yo me declaro partidario, porque creo que tiene enormes ventajas, de la actual configuración del Ministerio de Justicia e Interior. Aparte de otras ventajas habría tenido que traer consigo la de supresión de organismos innecesarios. Es verdad que donde había dos Ministros ahora sólo hay uno, pero donde había un Secretario de Estado ahora hay cuatro; donde había dos Secretarios se dobla también a cuatro y donde había once directores generales ahora hay 17. Significa esto que hemos de realizar una supresión, y no menor, de organismos ministeriales innecesarios para asegurar, de verdad, un Estado con la fortaleza necesaria.
En último lugar, la proposición de ley, como no podía ser menos, y aun a sabiendas de que eso incrementará, y en forma no menor, las dificultades para su aceptación por la Cámara, establece también unos criterios racionales de presencia de la Administración del Estado en las comunidades autónomas y en las provincias.


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Ya sé que por parte de algunos grupos se discute (es respetable esa discusión, cada uno tiene sus propias ideas desde sus planteamientos políticos y desde su propia ideología) la presencia de la Administración del Estado en las comunidades autónomas y, singularmente, la presencia en las provincias. En todo caso nosotros hacemos un planteamiento realista. Hoy coexisten con los delegados del Gobierno y con los gobernadores civiles, también en la periferia, en las comunidades autónomas, un conjunto de aparatos administrativos innecesarios. En nuestra proposición de ley aseguramos que en las delegaciones del Gobierno se integran la totalidad de las funciones, de los poderes, de los organismos, de las personas que tienen todos los ministerios y todos los organismos de la Administración en las comunidades autónomas. Ese Delegado del Gobierno revestido de esa autoridad, con la obligación de dirigir y de coordinar la presencia del Estado en las comunidades autónomas, la presencia de la Administración Central del Estado en las comunidades autónomas, tiene, además, la lógica y constitucional obligación de ser el órgano habitual de enlace con las otras presencias también del Estado, como son las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Ese Delegado del Gobierno, que es al tiempo el gobernador de la provincia donde reside la capital de la comunidad autónoma, es el que delega en altos funcionarios de la Administración del Estado para dirigir su administración en las provincias, en virtud del mandato constitucional, que reconoce también a la provincia como ámbito territorial para el desarrollo de la actividad administrativa del Estado, concebido aquí como el Estado en su Administración Central.
Este es nuestro planteamiento, del que nos sentimos técnica, política y humildemente orgullosos, al que le hemos dedicado muchos de nuestros esfuerzos y al que diligentemente, como he dicho al principio, hemos tratado de compensar la inexplicable pereza gubernamental en este tema.
Soy de los que creen que el Estado a todos los niveles, para ser fuerte, no debe de ser un Estado grueso. Como las personas, y a mí me sucede, un exceso de kilos es producto, con certeza, de segura debilidad. Un Estado en su propio peso, el Estado que tratamos de configurar en esta proposición de ley, es el Estado de la fortaleza suficiente que tiene que coexistir con otras presencias, también del Estado, que también tienen que tener la fortaleza suficiente que no se deriva de una gruesa Administración, sino de una Administración con el peso y el volumen necesarios.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, el señor Trujillo tiene la palabra.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Tomo la palabra para fijar nuestra posición en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley del Partido Popular. El pasado 13 de octubre el propio señor Núñez --hoy no lo tenemos de ponente en esta proposición de ley-- dijo que, probablemente, cuando este asunto se discutiera en la Cámara íbamos a señalar cuestiones como que ya estaba en marcha un proyecto de ley por parte del Gobierno para regular estas materias y que, por lo tanto, no habría lugar a la toma en consideración de una proposición de ley en esta naturaleza.
Con independencia de este aspecto contextual, que me gustaría explicar más detenidamente, convendría señalar que es incuestionable que una regulación del Gobierno y de la propia Administración del Estado no es disociable de la acción política propia del Gobierno, y que una proposición de ley de la oposición, siempre legítima, lícita y plenamente democrática, no parece el cauce más razonable para regular lo que son aspectos gobierno/administración, esenciales a la hora de que el Poder Ejecutivo pueda realizar su actuación diaria de gobierno. Además, como decía, estamos en un contexto muy concreto que resumiría de una manera muy breve. En primer lugar, ustedes recordarán que, en su primera comparecencia, el Ministro para las Administraciones públicas ya señalaba el compromiso del Gobierno de presentar una ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
Posteriormente, tanto en el discurso de investidura como en el debate sobre el Estado de la nación, el propio Presidente del Gobierno asumía ese compromiso por parte del mismo y en la última comparecencia del propio Ministro incluso se señalaba el período en el que se presentaría esta iniciativa, que es el actual período de sesiones. También hay resoluciones, tanto del Congreso como del Senado, adoptando decisiones, instando al Gobierno a presentar una iniciativa de este tipo. Para más inri, con toda seguridad esta tarde votaremos una moción donde se instará al Gobierno a que presente en este período de sesiones, ya en un plazo más concreto, una iniciativa legislativa de esta naturaleza.
Por tanto, esa reflexión general que hacía sobre la proposición de ley del Partido Popular.(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trujillo. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Por tanto, como decía, a esa inadecuación de esta iniciativa por parte de la oposición con respecto a estos temas, a pesar de la legitimidad, se añade ese contexto, que hace ver a todas luces la propia descontextualización de la iniciativa en estos momentos.


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Como señalaba el propio señor Núñez en ese debate en Comisión, éstos podrían ser los elementos sustanciales para fundamentar el rechazo a una iniciativa de este tipo, pero ante un esfuerzo, y se lo reconocemos, señor Martín Villa, de esta naturaleza hecho por el Partido Popular, en modo alguno podemos dejar de profundizar, al menos en aquellos aspectos sustanciales que plantean y, desde luego, no nos podemos resistir a aclarar algunos conceptos, algunos tratamientos, algunas ideas, incluso algunos datos que no son correctos con relación al actual funcionamiento y a la actual realidad de la Administración General del Estado.
El Grupo Popular, para conseguir esos objetivos que señalaba su portavoz, nos presenta una proposición de ley del Gobierno y de la Administración General del Estado que, en realidad ¿qué contiene? Estamos ante una proposición de ley de 62 artículos y una serie de disposiciones, en la que observamos algunas deficiencias o carencias importantes, básicamente desde el punto de vista técnico, sobre las que no me voy a extender, pero que conviene señalar porque son el sustrato de las propuestas políticas de mayor relevancia que plantean. La proposición de ley tiene carencias en lo que respeta a la propia potestad reglamentaria del Presidente del Gobierno; en el artículo 13.2 hay una total indeterminación de esas potestades reglamentarias, ya que ni siquiera se menciona qué normas dicta el Presidente. En el artículo 21.1 se establece que el Consejo de Ministros resuelve los recursos administrativos; tal y como está redactado parecería que todos, aunque no creo que sea ésa la intención de la proposición. Existen también contradicciones en cuanto a la regulación de los miembros de las Comisiones Delegadas. En el Libro II (el que regula la Administración institucional) existen incluso errores de conceptos, ya que, por un lado, se mezclan los organismos autónomos administrativos, y por otro, las sociedades estatales integradas tanto por entidades de Derecho Público como por sociedades mercantiles participadas de forma mayoritaria por el Estado u otros entes públicos, e incluso los títulos de diversos artículos no coinciden con su propio contenido, se dan instrucciones a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas en materias propias de su autoorganización sin ni siquiera señalar que correspondería a normativa básica; incorpora preceptos que deberían ser regulados por leyes orgánicas, como es el caso de la disposición adicional primera; e incluso se atribuye al Consejo de Ministros alguna que otra función que, según el artículo 63 de la Constitución, corresponde al Rey. Puestos de manifiesto algunos ejemplos que SS.SS. sabrán valorar, parece que el sustrato técnico está poco elaborado o, al menos, no bien pensado. Pasando ya a los elementos políticos, a través de este documento ustedes pretenden conseguir una serie de objetivos que, «grosso modo», plantean, como el sometimiento del Gobierno a la ley (incluso pudiera dar a entender que no están sometidas a la ley y al Derecho las actuaciones del Gobierno), la profesionalización de la Función Pública, reducción de altos cargos, transparencia del sector público, e incluso pretenden regular otra serie de materias relacionadas con la gestión de los fondos reservados (por cierto, sorprendente el trato superficial que dan ustedes, en una ley como ésta, a un tema al que han dado un interés relevante), contratos blindados, empresas públicas, regímenes retributivos, contratos de sociedades estatales, etcétera.
Permítanme que señale algunos aspectos de los objetivos más importantes. En primer lugar, y por lo que hace referencia al sometimiento del Gobierno a la ley, la proposición de ley establece, en su artículo 4.2, que la actividad del Gobierno es fiscalizable ante la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, salvo en aquellos casos en que los órganos de gobierno de la nación actúen en su condición de órganos constitucionales o como órganos del Estado sujetos al Derecho internacional. Hace un momento (lo dijeron ustedes también en la presentación pública de esta proposición de ley) señalaba el portavoz del Grupo Popular, señor Martín Villa, que todas las actuaciones del Gobierno estaban sometidas a la ley. Desde luego, convendrán conmigo que ni siquiera la doctrina está señalando que todas las actuaciones del Gobierno se puedan ajustar a lo que ustedes pretenden; son numerosas las sentencias que separan claramente lo que son actuaciones estrictamente políticas de aquellas otras que pueden estar sujetas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Yo creo que ustedes, al regular esta materia, se alejan de uno de los objetivos que debiera ser primordial en una ley de esta naturaleza, y es definir más nítidamente lo que son los ámbitos estrictamente políticos y los ámbitos estrictamente administrativos, e incluso la interrelación que se tiene entre el órgano político (en este caso el Gobierno) y el resto de la estructura administrativa, si bien el Gobierno es cabeza jerárquica de dicha estructura. Podíamos poner multitud de ejemplos donde no parecería razonable plantear que todas las actuaciones del Gobierno pudiesen estar sujetas a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y hay multitud de sentencias que así lo avalan. Recientemente, en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular se dio un caso de esta naturaleza y la sentencia dio la razón al Ejecutivo de turno. Con respecto a la profesionalización, yo creo que el Partido Popular incide en lo que ha sido un error machaconamente reiterado en diversos debates relacionados con esta cuestión y, de entrada, confunde dos principios: Uno, la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios públicos; y, otro, el propio principio administrativo de objetividad en el servicio de los intereses generales. Yo creo que ustedes confunden ambos principios y eso les lleva a hacer ese

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análisis de la Administración que, desde luego, se aleja mucho del que hacemos nosotros.
La profesionalización de los puestos directivos, básicamente y desde nuestro punto de vista, ha de responder a parámetros bien distintos del que ustedes plantean; por un lado, la propia motivación de los empleados públicos en una política de recursos humanos; y, por otro, la propia eficacia administrativa que es la que busca quien tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos dentro de esas estructuras.
En ese contexto debería abordarse la formalización legal de lo que es una práctica que está sucediendo ya en toda la Administración general del Estado, y es que, al día de hoy, el 80 por ciento de los directores generales son funcionarios públicos. Ese debería ser el contexto del debate y no la confusión de los principios que yo señalaba anteriormente.
Ustedes en la presentación de esta proposición de ley públicamente han señalado que se produciría una reducción de altos cargos del Gobierno señalando incluso un amplio crecimiento de los altos cargos desde el año 1983 al año 1994.
Me va a permitir S.S. que, con todo el respeto que le tengo, le corrija porque probablemente quien prepara esos datos confunde, entre otras cuestiones, los términos altos cargos y puestos directivos. Tenemos menos altos cargos que el año 1983; tenemos muchos menos altos cargos que en el año 1983 y, además, las propuestas que ustedes realizan en modo alguno supondrían ahorro, y menos de 50.000 millones. No se olviden SS.SS. que, cuando han estado manejando estos datos, han pasado de 200.000 millones de pesetas a 85.000 millones de pesetas, y ahora van por 50.000. Confunden ustedes los altos cargos con los puestos directivos de la Administración, incluso los puestos de niveles 30, 29 y 28, y eso es lo que les lleva a hacer esas cuentas que evidentemente son erróneas.
Por lo que hace referencia el resto de las propuestas, como les señalaba, ustedes pretenden regular desde los gastos reservados, de manera que yo creo impropia, cuando hay compromiso de presentar una documentación «ad hoc» al respecto, a otras materias retributivas, etcétera.
En definitiva y no les canso, señorías, con un debate que yo creo que hemos tenido repetidamente con relación a los asuntos que S.S. está planteando, presentan ustedes una proposición de ley donde no existen nuevas propuestas organizativas; señalan que pretenden modificar el frondoso organigrama de la Administración y no lo cambian en absoluto. El propio Título II de la proposición de ley recoge exactamente todos los mismos órganos que en la actualidad existen; mezclan ustedes más todavía el nivel político con el nivel administrativo; vuelven a un modelo mucho más burocratizado, manteniendo rígida la ordenación jerárquica, incluso a nivel de negociado, cuando resulta que hoy día en cualquier discusión de adaptación moderna de las estructuras administrativas, el principio de flexibilidad de esas estructuras debería ser un principio claro en la gestión de los recursos humanos públicos y no públicos, en este caso públicos, porque es lo que nos compete.
Incluso, cuando ustedes regulan al propio Gobierno, lo que realizan en una mera transcripción de la constitución; no hay ningún desarrollo constitucional en la regulación del Gobierno, son meras transcripciones de los preceptos constitucionales.
En definitiva, señorías, en las propuestas como las que está haciendo el Partido Popular no vemos ningún ahorro. Hay medidas que incrementarían el gasto público elevando de rango a algunos órganos directivos de la Administración y, como digo, incluso con algunas de sus propuestas parecería que ustedes pretenden llevar a cabo un intento de máxima judicialización de la vida política, llevando a que cualquier acto del Gobierno sea susceptible de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Nosotros pensamos que esta proposición de ley, en los términos en que la han expresado, destila básicamente oportunismo político. Plantean una serie de elementos que supuestamente conllevan mayor ahorro, mejor gestión de los recursos humanos, una Administración más ágil, más flexible; pero, como les digo, en ninguno de los elementos que proponen, aparecen estos supuestos. Desde luego, da la sensación de que ustedes piensan poco en la responsabilidad de gobernar.
Un tema de la envergadura del que nos ocupa, como es regular lo que es el propio Gobierno y la Administración general del Estado, creemos que requiere un documento sin deficiencias técnicas, mucho más pensado, mucho mejor elaborado y que, desde luego, entronque con las respuestas que una sociedad moderna como la española demanda de una Administración que también está en ese proceso de modernización en unos tiempos como los actuales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
El señor Martín Villa tiene la palabra.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la verdad es que escuchando al portavoz del Grupo Socialista, al cual agradezco, por supuesto, el tono en que se ha manifestado, me daba la impresión de que estaba contestando a otro texto, a otra iniciativa.
Ha comenzado por decirnos que resultaba un tanto extravagante si se quiere, que sea un grupo de la oposición quien haga una proposición de ley sobre el Gobierno y la Administración. Yo mismo he empezado por acusar esa situación; pero, ciertamente, si vamos a hablar de las responsabilidades, estarán mucho más en la pereza gubernamental que no en la diligencia de este grupo de la oposición.


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Ha habido muchos ministros en el Gobierno, desde diciembre de 1982, encargados de elevar propuestas, primero al Consejo de Ministros y luego a estas Cámaras, sobre reforma del Gobierno y de la Administración. Lo han sido, hasta este momento, en una situación de extraordinaria comodidad política, con lo cual sus propuestas podían haberse convertido en leyes publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» hace muchos años.
No me gusta, no es mi talante hacer acusaciones genéricas, desde la oposición ni cuando formaba parte del Gobierno, sobre valores como la falta de credibilidad; pero, ciertamente, me tendrá que reconocer S.S. que aun haciendo un acto de fe extraordinario, difícilmente nos podemos creer las sucesivas promesas de los sucesivos ministros de la Administración pública o de la administración territorial, en relación con estos temas. En múltiples ocasiones se han hecho estas promesas y en tantas ocasiones como promesas, esas promesas no se han cumplido. Si al menos esta proposición de ley sirviera para que el actual titular de Administraciones Públicas y el actual Gobierno enviaran, y pronto, un proyecto de ley que sirviera como respuesta a estas inquietudes que nosotros hemos planteado, bienvenido sea.
En segundo lugar, mi competencia --que, en caso de serlo, sería una competencia política y no jurídica-- puede verse sorprendida por una serie de calificaciones de carácter técnico que ma parecen tan genéricas como faltas de autoridad.
Se nos plantea que nosotros establecemos en nuestra proposición de ley la posibilidad de dar instrucciones desde el Gobierno y desde la Administración del Estado a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Tenga por seguro S.S. que hemos sido extraordinariamente respetuosos con ese tema. Se nos dice que no hemos regulado suficientemente bien las comisiones delegadas de Gobierno. Rogaría a S.S. que releyera con cierto detenimiento nuestra proposición de ley en la parte más orgánica de la misma. Me parece que se regula con extraordinaria precisión y pienso que también con acierto. Hay una calificación de superficialidad que S.S. tiene que reconocer me afecte de modo muy directo, y es la superficialidad con que tratamos el tema de los fondos reservados. El proyecto de ley de fondos reservados, que el Consejo de Ministros ha enviado a esta Cámara, es como resultado de una iniciativa del Grupo Popular que prácticamente la totalidad de la Cámara ha hecho suya y casi en la totalidad de aspectos que el Grupo Popular había planteado. Nosotros aquí proponemos las obligaciones o las competencias del Presidente del Gobierno y de los tres ministros (Asuntos Exteriores, Justicia e Interior y Defensa) que tienen capacidad en materia de fondos reservados.
Desde la presentación de nuestra proposición de ley a finales de junio de este año hasta ahora hay un proyecto de ley del Gobierno. He indicado en mi intervención inicial que, como no podía ser de otra manera, nosotros estábamos dispuestos a retirar los dos artículos en que hablamos de los fondos reservados, pero no en virtud de una regulación superficial -- la que hay de esos bancos y en ese Gobierno es la nuestra--, sino en virtud de que ha aparecido una iniciativa, a instancia nuestra, que hace innecesarios esos planteamientos. Luego en relación con el fondo, se ha referido a las tres cuestiones que yo he planteado como ideas en el marco de las cuales se desarrollaba nuestra proposición de ley. Una es la sujeción al derecho; insistimos en ello. Claro que el Gobierno, claro que las decisiones del Consejo de Ministros son políticas; pero el hecho de que sus decisiones sean políticas no quiere decir que no tengan que estar por el fondo, por la forma o por ambos aspectos, sujetas a la ley. Sobre todo comprenda S.S. que desde estos bancos, desde los bancos del Grupo Popular, y yo creo que desde los bancos respetuosos con el derecho y con la ley, se tenga una especial desconfianza al ámbito que el Consejo de Ministros o que el Gobierno quiera establecer para los actos políticos.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa, le ruego que concluya.


El señor MARTIN VILLA: Termino, señor Presidente.
Hace poco, con ocasión del nombramiento del anterior Fiscal General del Estado se trató de lanzar la idea de que, como era una decisión del Consejo de Ministros, era un acto político y, por tanto, era una decisión ajena al control de los tribunales. Comprenda S.S. que tengamos un especial cuidado en relación con ese tema.
De otra parte en lo que se refiere a la profesionalidad de la Administración, persistimos en ello. Me resulta un tanto extraño que desde los bancos socialistas se discuta nuestra posición. Es la posición con la que, parece, ha llegado a acuerdo el Ministro para las Administraciones Públicas con los sindicatos representativos de los funcionarios, cuando les ha asegurado que hasta el nivel de subsecretario iban a ser funcionarios públicos. De otra parte, y acabo ya, señor Presidente, cuando ese tipo de cosas se critica desde términos tan vagos como la modernidad, yo me he echo a temblar. Cuando dicen que me van a modernizar sin decirme de qué manera, yo me echo a temblar. Es como cuando en la vida económica se habla de la ingeniería financiera, también me echo a temblar.
En relación con la supresión de organismos quiero decir que no hemos venido aquí, he insistido, a discutir el número de altos cargos, pero usted y yo sabemos que el número de altos cargos de 1982 y el de 1994 es el que se ha establecido en los bancos populares, y eso

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en relación con una Administración que, sin ser más débil, tenía que ser más delgada en virtud de las transferencias a comunidades autónomas y en virtud de la autonomía de las corporaciones locales.
Señoría, nosotros persistimos en nuestros criterios, y es más, si como parece dada su posición esta proposición de ley no es aceptada, tenga por seguro que S.S. o algunos componentes de sus bancos, si cumplen sus promesas, defenderán una ley muy similar a la proposición que nosotros estamos defendiendo hoy.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Villa.
Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente, y con la máxima brevedad posible.
Señor Martín Villa, en primer lugar, y respecto a la discusión de promesas, incumplidas o no, yo no le voy a hacer mención a todos los compromisos que en esta legislatura han adoptado desde el Presidente del Gobierno hasta el responsable del departamento, o las mociones que se han votado en esta Cámara y en el Senado; incluso el propio programa electoral del Partido Socialista recoge el compromiso de abordar una ley de esta naturaleza. Por tanto, créame que eso va a venir a esta Cámara en breve fecha.
Cuando le señalaba las deficiencias, señor Martín Villa, créame que lo he estudiado con sumo detenimiento, por respeto a una iniciativa de esta naturaleza, y le pongo tres ejemplos que rogaría a S.S. tuviese en cuenta. En primer lugar, el artículo 13.2 no establece ninguna potestad reglamentaria para el Presidente del Gobierno; no menciona ni siquiera las normas que dicta. El artículo 21, f), donde se establece que el Gobierno acredita embajadores, va en contra del artículo 63 de la Constitución, que dice que esa facultad corresponde al Rey.
Así le he nombrado una serie de dificencias técnicas muy importantes, pero desde luego no vamos a hacer sobre eso el debate en estos momentos.
Usted mismo ha reconocido que hay una ley «ad hoc» respecto a los fondos reservados, y ahí es donde habrá que regular la totalidad de los aspectos que van relacionados con este apartado y, por tanto (porque me parece que es un tema menor en el contenido de la ley), no vamos a entrar en ello. La sujeción del propio Gobierno al derecho, la verdad es que, planteado en los términos que ustedes plantean la proposición de ley, pudiera dar lugar a que alguien pensara que el Gobierno no está sometido en estos momentos a la ley y al derecho y, desde luego, yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. No creo que nadie pueda pensar lo contrario, por cuanto sería un disparate jurídico.
Mire usted, señor Martín Villa: cambiar el Embajador de Mozambique, ¿es un acto sujeto a la jurisdicción contencioso- administrativa? ¿Podría serlo? Usted lo creerá porque alguien pueda alegar a lo mejor que eso afecta a sus intereses en la zona, o puede provocar una nueva fase de relaciones, etcétera.
Por poner un ejemplo tremendamente sencillo, la disolución de las Cortes se realiza mediante un decreto. El control formal del decreto parece claro, pero el control de la jurisdicción sobre un acto de esta naturaleza, ¿puede estar sujeto a la jurisdicción contencioso-administrativa? Podríamos poner multitud de ejemplos relacionados con lo que son actuaciones políticas, que creo quedan claras. Además, es un debate doctrinal totalmente superado en todos los países, pero desde luego parece que quien no lo tiene superado es el Partido Popular en España, que tiene una clara reminiscencia de nuestro pasado cercano, usted me lo reconocerá, porque era un debate pendiente en la etapa preconstitucional. Yo creo que doctrinalmente ese elemento se ha superado. Una cosa es discutir determinados límites, pero someter todas las actuaciones políticas a lo contencioso-administrativo, me parece dar un paso atrás muy serio en los avances de la organización de la Administración.
Cuando le hablaba de la formación de la cualificación profesional, le señalaba un dato que creo ha obviado y es que el 80 por ciento de los directores generales actuales son ya funcionarios. Ese marco, esa realidad que tenemos ahora mismo, la hemos de regular de manera legal, pero no partiendo de los principios de que ustedes parten, que era lo que yo le señalaba como máxima diferencia entre el planteamiento de su grupo y el planteamiento de nuestro grupo. Incluso ustedes hablan, como objetivo, del control de la Administración. ¿Es que usted cree que toda la actividad administrativa no es objeto de control? ¿Es que usted duda de la profesionalidad de los funcionarios públicos, que son los que ejercen esas facultades de control? Las pensiones, por ponerle un ejemplo, ¿quién las controla administrativamente? Yo no creo que esa sea la reflexión que ustedes se están haciendo cuando plantean un elemento como el control de la Administración en los términos que lo plantean en la propia proposición de ley.
Cuando hablan de las fugas del Derecho Administrativo y hacen mención a esas otras estructuras heterogéneas dentro de la Administración que tienen que dar respuesta a lo que es una realidad múltiple de los servicios públicos que se prestan por la Administración hoy día, ¿ustedes, de verdad, están planteando esto para la Administración general del Estado sólo o allá donde gobiernan estos principios no valen? Hace escasas fechas recordábamos un dato con relación a la Comunidad Autónoma de Galicia, que maneja el 30 por ciento de su presupuesto en entes y sociedades mercantiles. Son reflexiones que nosotros nos hacemos con relación a su propuesta sobre temas que parece tienen una gran enjundia política.
El otro gran asunto y lo ha vuelto usted a repetir...


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El señor PRESIDENTE: Señor Trujillo, le ruego concluya.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Finalizo, señor Presidente.
Otro gran asunto es el tema relacionado con los altos cargos.
Señor Martín Villa, en la actualidad son poco más de 400 los altos cargos que tiene la Administración general del Estado; poco más de 400 --repito--, muy distinto de los mil quinientos y pico que ustedes mismos contabilizan para el año 1983.
Distintos son los 6.146 niveles 30, 29 y 28 que tenemos actualmente; pero es que usted sabe que en esos niveles tenemos diplomáticos, inspectores de finanzas, embajadores, catedráticos. ¿Es que ustedes pretenden despedir a dichas personas cuando hablan de reducir esos niveles de la Administración? Incluso usted sabe que eso no tiene nada que ver con estructuras orgánicas; por tanto, su supresión, si ustedes decidieran llevarla a cabo, no conllevaría ningún ahorro. Pero es más, y le voy a dar otro dato: la mitad de los niveles 30, 29 y 28 de la Administración general del Estado, acceden por concurso a esos puestos. ¿Usted recuerda cuál era el nivel de libre designación de los puestos públicos en el año 1982? El cien por cien. Al día de hoy, es el 2,7 por ciento. Por tanto, ustedes manejan una serie de datos para dar a entender que estamos ante una organización administrativa donde priman una serie de factores que nada tienen que ver con la búsqueda de la eficacia a la hora de la gestión. En cualquier caso, le emplazo ya que, en poco tiempo, vamos a asistir a este debate sobre un proyecto que va a tratar el asunto con máximo rigor, bastante, muy diferente de los principios que articula su proposición de ley.
Cuando se le escucha, cuando uno lee, sobre todo, las propuestas del Partido Popular, más que cuando se escucha a usted, piensa que el Partido Popular, en materias como ésta, como ocurre también con alguna otra, se le ha parado el reloj.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco respecto a la proposición de ley sobre el Gobierno y la Administración del Estado, planteada por el Grupo Popular. Para empezar, quiero manifestar que, a nuestro juicio, vemos algunos aspectos positivos en la proposición de ley que plantea el Grupo Popular, aunque hay otros aspectos con los que no coincidimos.
Yendo a los aspectos positivos, quiero decir que la posición jurídica y política que la proposición del Grupo Popular atribuye el Gobierno, nos parece que es una posición correcta respecto a las funciones del Gobierno y a qué órganos unipersonales integran el Gobierno. Es una novedad interesante que los secretarios de Estado formen parte del Gobierno y que incluso facultativamente puedan formar parte del Consejo de Ministros. Nos parece también una aportación novedosa que se atribuya potestad de naturaleza reglamentaria a los secretarios de Estado, de forma que puedan dictar actos que integren el ordenamiento jurídico.
En líneas generales estamos de acuerdo con las funciones que se atribuyen al Presidente, al Vicepresidente, a los Ministros y a los Secretarios de Estado. Tampoco tenemos nada que objetar en cuanto a la organización de la Administración central en subsecretarías, secretarías generales y direcciones generales. No coincidimos con el carácter que se quiere dar a los puestos que han de ocupar determinadas personas que se denominan altos cargos. El Grupo Popular, con un planteamiento de profesionalización de la Administración central, propone que altos cargos de subsecretario, director general y secretario general sean elegidos entre funcionarios. Nuestro Grupo Parlamentario entiende que tal cuestión no tiene que quedar limitada únicamente a funcionarios de la Administración central, que esa es una cuestión... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatzagaetxebarría.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Decía, señor Presidente, que la ocupación de los denominados altos cargos -- subsecretarios, directores generales--, por parte de funcionarios exclusivamente, tal y como plantea el Grupo Popular, a nuestro juicio, no es concordante con nuestro planteamiento político. Nosotros entendemos que la profesionalización de la Administración pública no queda garantizada por el hecho de que sean funcionarios los que ocupen esta condición de altos cargos en la Administración central; entendemos que se puede ser perfectamente profesional de la Administración pública sin que una persona tenga relación de naturaleza estatutaria, sin que sea funcionario de la Administración central del Estado.
En lo que sí podemos coincidir con el Grupo Popular es en que será necesaria una reducción de los altos cargos, proceder a reducir el número de cargos existentes, pero no indicar que los cargos únicamente deberán ser ocupados por funcionarios. A nuestro juicio, hay determinados puestos de dirección general o de subsecretaría que son cargos políticos y, en función

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de las circunstancias de cada caso, puede encontrarse un buen profesional para la Administración pública en el seno de la Administración central igual que fuera de ella. Por tanto, nosotros no coincidimos en que se limite la ocupación de estos altos cargos, como denomina la proposición de ley, a los funcionarios. Además hay otra razón, y es que en el planteamiento que efectúa el Grupo Popular no queda claro en qué situación quedan aquellos funcionarios que pasan a ocupar una posición de subsecretario o director general. ¿Pasan a una situación de servicios especiales? No se dice. ¿Pasan a una situación de libre designación entre funcionarios que no ostentan reserva de plaza? Tampoco queda claro. ¿O pasan a un régimen jurídico nuevo, «sui generis», de alto cargo? No queda claro el planteamiento que esgrime el Grupo Parlamentario Popular en esta cuestión. Se dice en la proposición de ley que estos cargos serán ocupados por funcionarios de nivel superior. ¿Qué se quiere decir con ello? ¿Funcionarios que están en el Grupo A y, dentro de él, en los niveles 28, 29 y 30, o es nivel superior de cualquier otro grupo? Puede ser el grupo B o el C; no queda claro de ninguna manera, a nuestro juicio.
En lo que no coincidimos es en el planteamiento que hace el artículo 42. El artículo 42 de la proposición de ley viene a decir que los subdirectores van a ser elegidos por concurso específico de méritos, y a continuación viene a decir: por este mismo procedimiento se otrogarán los respectivos puestos de trabajo a los funcionarios. A nosotros nos parece que eso está prácticamente derogando la Ley 30/1984, de Función Pública, puesto que si establecemos tanto para los subdirectores como para el resto de los funcionarios el concurso específico de méritos, ¿en qué queda el concurso general de traslados y la figura de la provisión de destinos? El Grupo Popular --es justo reconocerlo-- plantea un modelo de organización de la Administración central, ha dado un paso adelante y es justo reconocer que han sido valientes en ello, pero nosotros no coincidimos. Entendemos que el modelo que plantea la Ley de la Funció Pública, donde determinados puestos de responsabilidad pueden ser designados mediante el sistema de libre designación, es correcto. El problema está en cómo se utilice la libre designación. La libre designación utilizada arbitrariamente, utilizada sin ningún soporte y no respetando el principio de igualdad y con carácter nepótico, es denunciable y criticable, pero la libre designación utilizada con sensatez y con racionalidad nosotros la apoyamos. En ese sentido no estimamos que sea oportuno cambiar el sistema de provisión de altos cargos que actualmente está vigente.
Nos preocupa también, respecto a la proposición del Grupo Popular, que desaparece la figura del concurso de traslado general, puesto que dice que todos los puestos de naturaleza estatutaria en la Administración central se regularán por el mismo concurso de méritos específico, y si se acude a un concurso de méritos tan específicos, puede ser tan específico que, al final, estemos en un concurso que sea «intuitus personae», que tenga tales características de detalle, de concreción y de pormenorización de las características de un puesto de traslado que nos encontremos ante una selección de un personal para ocupar un puesto de funcionario realizado con las características personales de una persona en la cual se estaba pensando «a priori».
Por tanto, es una garantía el concurso de méritos específico, siempre que se utilice, lo mismo que la libre designación, de manera sensata, racional y de conformidad con el principio de igualdad, que es el que debe inspirar toda la actuación de los poderes públicos, igualmente en materia de función pública, y es que exista una proporcionalidad entre lo que se está haciendo y el servicio que se quiere prestar.
Por consiguiente, no vemos oportuno este cambio que realiza el Grupo Popular y que, por cierto, en la disposición derogatoria no deroga la ley 30/1984, porque por este mecanismo de asignación de puestos de trabajo que es el concurso de méritos específico queda completamente derogada la Ley de la Función Pública, pues de ello habla expresamente el artículo 42 de la proposición de ley del Grupo Popular.
Queríamos hacer referencia también, señor Presidente, a un tema que plantea el Grupo Popular, que es el de los asesores del Presidente del Gobierno, de los ministros y de los secretarios de Estado. En cuanto a la Presidencia del Gobierno, no se limita el número de asesores que puede tener el Presidente del Gobierno; sí hay una limitación en cuanto a los ministros y a los Secretarios de Estado. A nosotros nos parece que esta limitación del número de asesores está en los Presupuestos Generales del Estado y en la regulación que todos los años se hace de la consignación presupuestaria para que un alto cargo, secretario de Estado o ministro, pueda disponer de personal eventual, de asesores. Por tanto, pueden ser muchos o pocos en función de la tarea que tenga que realizar ese asesor, siete o tres, como se asignan aquí a los Ministros, porque un ministro o un secretario de Estado, por determinadas circunstancias, puede necesitar un año, por tareas coyunturales, 10, 15 ó 20 asesores y otro año sólo uno. Por tanto, creo que el control político de tales cuestiones, en cuanto a la designación de asesores como personal eventual para los secretarios de Estado y para los ministros, lo realiza esta Cámara todos los años cuando debatimos los Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente, la concreción y la limitación exacta del número de asesores no es, a nuestro juicio, lo más oportuno realizarlas en una ley que lo que pretende es la organización de la Administración central. Por la misma razón, el proyecto de ley no determina el número de subdirectores generales, de directores generales, de subsecretarios o secretarios de empleo. En definitiva, se deja a la potestad

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de autoorganización de la Administración central el poder normar tales cuestiones, con la contrapartida de la consignación correspondiente que debatimos todos los años en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que es lo que está dando cobertura, amparo y soporte jurídico a que puedan existir tres, siete, quince o los que fueran. Por tanto, en función de las tareas que corresponda, en cada año presupuestario, organizar a un ministro o a un secretario de Estado, no vemos por qué haya que limitar los asesores a tres o a siete; serán todos aquellos que el Parlamento autorice anualmente. Además, este personal cesa en el momento en que cesa el ministro o el secretario de Estado que le nombró.
En relación a la Administración periférica, tenemos que felicitar al Grupo Parlamentario Popular porque nos parece que ha hecho un trabajo interesante. Tenemos un grado de coincidencia elevado en el planteamiento que ahí se contiene.
Les felicitamos porque ustedes han dado un paso importante al decir que se comprometen a reestructurar, a simplificar y a refundir organismos de los servicios periféricos de la Administración central. Por tanto, yo creo que hay que aplaudir el planteamiento político que realiza el Grupo Popular y, sobre todo, con una propuesta que a mí me parece novedosa, y es que plantea que esa simplificación, esa reducción se realice de conformidad o en coherencia a cómo vayan aplicándose figuras como la transferencia o la delegación. En consecuencia, ustedes abren en el proyecto de ley --y me parece muy interesante y muy loable-- la figura de la Administración única. Yo lo quiero decir porque no se ha dicho aquí y creo que es un tema muy interesante el que servicios periféricos gestionados por la Administración central puedan serlo a través del instrumento que ustedes prevén en el artículo...


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor Presidente.
...el artículo 44, lo que verdaderamente es un paso interesante. Coincidimos también con el principio de unidad de acción y de integración en las delegaciones de gobierno de los órganos periféricos de los ministerios; refuerzan la posición de los delegados del Gobierno. Por otra parte, no coincidimos todavía con la figura que ustedes no denominan ya gobernador civil, sino gobernador de la provincia, y a nosotros eso nos recuerda planteamientos ya vetustos, como si fueran las provincias españolas provincias de ultramar. En ese aspecto todavía no tenemos un grado de sintonía con el Grupo Popular.
Para terminar, señor Presidente quiero, referirme a que, en cuanto a la organización de la Administración institucional, sí nos parece oportuno el que haya una equivalencia retributiva entre cargos, pero tampoco que se deba limitar por parte de esta ley el que a determinados puestos de trabajo, por las razones que sean, porque tiene que gestionar un servicio público importante, igual necesita la Administración central contratar a una persona en una empresa pública que haya que pagarle una cantidad retributiva verdaderamente superior a lo que gana un director general o un secretario de estado, ¿por qué ha de limitarse tal cuestión en base a esta ley de organización de la Administración central? Nosotros, sobre que ese control político, esa función de determinación de los puestos y, en su caso, de la partida presupuestaria se realice en los Presupuestos Generales del Estado, quizá no coincidiríamos tanto. Sí coincidimos con el sometimiento al Derecho administrativo de las sociedades públicas en cuanto a la contratación administrativa. Es un paso interesante. Lo mismo en cuanto a la selección de personal. Yo añadiría únicamente a la propuesta del Grupo Popular que la selección no sólo se realice en base al principio de publicidad y concurrencia, sino, como dice el artículo 103.3 de la Constitución, en base al principio de mérito y de capacidad que no contiene la proposición de ley.
Nos parece también loable el planteamiento que realizan sobre la supresión de los contratos blindados. Nuestro Grupo Parlamentario coincide con ello, así como también con la incompatibilidad para poder pertenecer a consejos de administración por parte de los altos cargos de la Administración del Estado. Nosotros entendemos la incompatibilidad retributiva no funcional siempre que el ejercicio de esa función en un consejo de administración vaya ligado con la función que se tiene en la Administración general.
En consecuencia, nosotros --y así lo anuncio en este momento-- vamos a plantear también la incompatibilidad retributiva...


El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente; termino ahora mismo. ...la incompatibilidad retributiva de los altos cargos con la pertenencia a consejos de administración.
Por tanto, señor Presidente, en base a estas consideraciones, nuestro Grupo Parlamentario tiene sintonías con el Grupo Parlamentario Popular, pero también tiene posturas lejanas en determinados planteamientos y por ello vamos a abstenernos en la votación de la proposición de ley que en este momento estamos debatiendo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.


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Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Para consumir un turno de explicación de nuestro voto con respecto a esta iniciativa parlamentaria.
En primer lugar, quiero decir que el Grupo Parlamentario Catalán efectúa una valoración positiva del intento de objetivar la estructura y funcionamiento de la Administración del Estado, de regular con rigor los órganos que la integran, que subyace en la iniciativa del Grupo Popular.
Sin embargo, hay algunos aspectos que no compartimos de la iniciativa, sobre los cuales no me voy a extender, pero que son, fundamentalmente, aquél que se refiere el mantenimiento de la figura de los gobernadores civiles, sobre lo que no me voy a extender, puesto que de ello se va tratar en una moción posterior en el orden del día de hoy; o, por ejemplo, algunas obligaciones que se establecen con respecto a las comunidades autónomas que deben dar cuenta al Senado de algunas de sus actuaciones como consecuencia de la disminución de la Administración periférica del Estado; o también cuestiones que ya han sido planteadas por algún interviniente anterior relativas a la regulación de los miembros de los gabinetes de los ministros o al número de sus asesores, regulación que nos parece que se realiza desde una perspectiva voluntarista, pero bastante ilógica, en tanto en cuanto, entre otros aspectos, se intenta unificar el número de dichos asesores, cosa que no nos parece razonable, por cuanto entenderán SS.SS. que no parece conveniente que tenga el mismo número de asesores un ministro de Cultura, con unas competencias prácticamente residuales a tenor del bloque constitucional, que un ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por poner otro ejemplo, sin entrar a comentar lo que ya ha sido aducido anteriormente, como puede ser el carácter cíclico de las necesidades de asesoramiento que pueden tener los propios ministros. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario no va a poder votar favorablemente esta proposición de ley, pero no sólo por ello. Quiero decir, en segundo lugar, que entendemos que la facultad autoorganizadora corresponde prioritariamente al Gobierno, por lo que entendemos que una iniciativa como ésta es más propia de un proyecto de ley que no de una proposición de ley, de una iniciativa de la oposición, por tanto.
Es más, en último lugar, es sabido --y también ha sido citado, pero yo lo voy a reiterar-- que, en el muy reciente debate sobre el estado de las autonomías celebrado en el Senado, se aprobó una moción, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, si no recuerdo mal, por la cual se instaba al Gobierno a presentar, antes del fin de este período de sesiones, es decir, antes del día 31 de diciembre de este año, un proyecto de ley de reordenación de la Administración del Estado. Entendemos que, puesto que estamos todavía dentro del plazo que se concedió por dicha moción, sería conveniente esperar al proyecto de ley que deberá traer el Gobierno a las Cámaras.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en un debate que debiéramos de cifrar en si es o no oportuno. Desde nuestro punto de vista, el debate es oportuno, está en la sociedad, está siendo un debate de reflexión en las administraciones públicas y está siendo también un debate de reflexión entre las distintas fuerzas políticas. Otra cosa es si, además de oportuno, es o no oportunista por intentar explicar desde un Grupo de la oposición una iniciativa que le correspondería al Gobierno. En todo caso, ese no va a ser el centro de nuestra posición política en este debate. La verdad es que también pilla al Grupo mayoritario con el pie cambiado. Mientras es el centro de discusión importante, es verdad que dentro del propio Gobierno hay posiciones contrapuestas, hay posiciones en una velocidad distinta para un lado o para otro, si va a ser gradual el proceso en dos años, si va a ser un proceso de regulación de cómo funciona el Gobierno. La verdad es que en Izquierda Unida distamos mucho, tanto en la forma como en los contenidos, del proyecto de organización del poder que tendría el Partido Popular. En cuanto a la forma, puesto que la propuesta debiera de tener dos grandes pilares, dos grandes partes: por un lado, cómo organizar el Gobierno, cómo funcionan en el seno del Gobierno su Presidente, su Vicepresidente, las competencias que tienen las comisiones, y, por otro lado, cómo ese Gobierno de todo el Estado se incardina en la obligación constitucional de la coordinación administrativa, de qué manera se coordina con las otras dos patas del Estado: las comunidades autónomas y los municipios.
En cuanto al contenido, para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya debiera de ser un Gobierno menos presidencialista, más colectivo, más en su conjunto. Por eso hay algunas cosas - -a las que después me referiré-- que no compartimos de la propuesta del Grupo Popular.
Lo que de verdad es importante abordar es cómo se organiza este Gobierno, si los Ministerios tienen una proyección en todo el territorio, si son, como si dijéramos, compartimentos estancos, si mantienen una filosofía

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sobrepasada por la propia realidad, o si los Ministerios obedecen a una política global del propio Gobierno. Es decir, tenemos una posición globalizadoray cada Ministerio funciona coordinado con los demás, tanto en su funcionamiento para la toma de decisiones como en su proyección territorial.
Es verdad que la organización del Gobierno en el territorio está obsoleta. Es verdad que no voy a intentar rebatir los argumentos que ha dado aquí el señor Martín Villa, porque él conoce --quizá mejor que yo-- los intríngulis del poder y, sobre todo, la organización que ha tenido y tiene hoy el propio poder, pero lo cierto es que a nosotros nos da la impresión de que el Gobierno actual es más un Gobierno de estructuración para la ocupación del territorio que un Gobierno para la estructuración y la coordinación de las tomas de decisiones. Nosotros somos partidarios de un Estado más federal, de un proceso federalizante, por el cual nuestro Estado, nuestro conjunto de regiones y comunidades autónomas, plantea un proyecto común en ese proceso europeo, también federal. Por tanto, planteamos la proposición de ley del Grupo Popular en el sentido de que sería bueno no solamente ser oportuno, sino, además, que fuera realizable. Después habrá una discusión dentro del propio Pleno sobre una moción que ha presentado Izquierda Unida para comprometer al Gobierno a traer a la Cámara tanto la organización del Gobierno como su estructuración territorial. La verdad es que, para nosotros, la propuesta que ha hecho el Grupo Popular tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, nosotros seríamos más exigentes en las incompatibilidades. El artículo 7 del título II de la proposición de ley es muy generalizador en el tema de las incompatibilidades de altos cargos. Nosotros seríamos bastante más exigentes. No creemos que sea imprescindible y necesaria dentro de un Gobierno la figura de los Vicepresidentes. Pero es que hay más: en el tema de los asesores se plantea un elenco abierto de asesores para el Presidente y limitado para los Ministros y para los secretarios de Estado, siete y tres, más un director de gabinete. Creemos que es innecesario o, por lo menos, que no sería necesario que fuera tan amplio. Usted me podría responder que ahora es más y que lo que proponen es contener, limitar, aunque haya algún Ministro que esté ajustado a esta propuesta. Nosotros creemos que ahí también se podría dar un proceso más amplio.
Sobre todo, creemos que en la estructuración, en la parte del título III, cuando se habla de la organización de la Administración del Estado en las comunidades autónomas, se entra por una filosofía que pensamos que ya es obsoleta. Se opta por lo que significa mantener los gobiernos civiles; se opta por estos gobiernos civilesy todos los órganos de los ministerios en cada territorio provincial, infraprovincial o supraprovincial, facilitando la relación que tendríamos con la Ley que creó los delegados del Gobierno en el año 1983.
Pero es que, además, creemos que esa propuesta, esa voluntad de suprimir, de ir a la no duplicación de tareas, a esa necesidad de refundir y reestructurar, le faltaría lo que ustedes denominan en el artículo 44.2 un funcionamiento pleno y eficaz, que pasaría precisamente por la superación de los directores provinciales y de los propios gobernadores civiles.
Estoy convencido, señorías, de que la discusión hoy de la proposición de ley podría ser distinta si estuviéramos discutiendo un proyecto del Gobierno. Tengo que reconocer que, una vez tomada en consideración esta proposición de ley, el Gobierno o el Grupo mayoritario podría presentar un texto alternativo, o este Grupo que está hablando, y proceder a la discusión en las diferencias puntuales. Eso es así. Lo que pasa es que la organización de un tema tan importante como la decisión de la autoorganización del propio Gobierno le corresponde a quien en cada caso gobierna. Esto es cierto desde nuestro punto de vista y quizá más relativo desde el punto de vista del Grupo Popular, que está situado en una --digo yo-- excesiva carrera, en la prontitud, para poner en marcha una acción de hipotético gobierno. Lo que sí me gustaría precisar es que esta hipotética puesta en marcha de posición de gobierno está anclada, desde luego, en vino añejo --y no quiero decirlo por el sabor-- más que en posición de renovación y modernización.
Yo creo que la historia de la organización del poder debe superar una estructuración provincial y debiéramos dar paso a lo que ha sido el Estado de las autonomías, un proceso más avanzado.
Por tanto, la propuesta que hoy hace el Grupo Popular en el fondo y en la forma dista del proceso federal que nosotros le daríamos a un proceso que debe de recuperarse, y a eso me gustaría que nos pudiéramos comprometer aquí: recuperar un consenso institucional en el desarrollo de esa Constitución, consenso que se rompió en el año 1981 y que se ha vuelto a romper en el año 1992, consenso que debiera recomponer y ensamblar la multiplicidad de poderes para crear un Estado fuerte. Somos partidarios de un Estado fuerte, pero con distribución distinta. Termino, por tanto, señor Presidente, señorías, diciendo que hoy no podemos apoyar esta propuesta del Grupo Popular y que estamos convencidos que esta Cámara va a poder con posterioridad, si se cumplen los compromisos -- aunque las palabras son aire y van al aire--, estar discutiendo aquí cómo organizar el Gobierno y cómo estructurar territorialmente la parte de gobierno del Estado que es la Administración central. Ese matiz es el que yo no encuentro en el texto de la proposición de ley del Partido Popular.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el Grupo Popular, del Gobierno y de la Administración del Estado. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 123; en contra, 151; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE DECLARA RESERVA NATURAL LAS SALINAS DE IBIZA («SES SALINES»), LAS ISLAS DES FREUS Y LAS SALINAS DE FORMENTERA (Número de expediente 122/000052)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se declara reserva natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas de Freus y Las Salinas de Formentera. En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Alcaraz. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya trae hoy aquí una proposición de ley con el intento de que sea tomada en consideración a fin de que se declare reserva natural Las Salinas de Ibiza y Formentera. Hay indicaciones de voto que permiten augurar que se puede tomar en consideración esta tarde la proposición de ley, pero otros grupos, Convergència i Unió y el Grupo Popular, han anunciado ya su voto negativo.
La presente proposición de ley ya fue debatida en esta Cámara en 1992. Entonces fue derrotada. Hoy vuelve a la Cámara y puede salir con cierto éxito por la puerta del Congreso de los Diputados. Si ello es así, saludamos la recuperación de la coherencia por parte del Partido Socialista Obrero Español, que ya en la legislatura 1979-1982, entonces en la oposición, presentó aquí una proposición de ley parecida a la que nosotros estamos defendiendo en estos momentos. En todo caso, otros grupos, a nuestro juicio, están defendiendo más que nada intereses personales so capa de la defensa de la autonomía balear y de la soberanía del parlamento balear.
Se abre, por tanto, hoy aquí, en el Congreso, posiblemente, una brecha positiva tras una lucha de casi veinte años, tras una gran convergencia social y política con una serie de organizaciones ecologistas.
El Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha sido un instrumento constante a la hora de luchary movilizar, a la hora de crear medios para interpretar el sentir de cierta plataforma, concretamente hace poco de una plataforma cívica constituida al respecto.
Estamos hablando, señorías, de un tema importante por una serie de razones históricas, políticas, culturales y, desde luego, razones importantes de orden ecológico.
Razones históricas porque, a nuestro juicio, existe una especie de cicatriz histórica en el pueblo ibicenco y pueblos aledaños con este tema, tema que alguien, en el devenir del tiempo, ha querido convertir en un tema de especulación y no de protección medioambiental. A nuestro juicio, cuando, en el proceso histórico, las Salinas pasan del Estado a las salineras y de ahí a manos privadas se produce una cicatriz histórica y cultural en la mente, en la conciencia colectiva de gran parte del pueblo de Ibiza y de los pueblos cercanos.
Por tanto, sólo una protección ecológica real, como la que pedimos en esta proposición de ley, podría empezar a superar el escozor que todavía existe por esta cicatriz histórica.
Hay también razones políticas, y lo estamos viendo desde 1977 a esta parte, con las que se ha intentado practicar una especie de estrategia de luz de gas con respecto a Las Salinas de Ibiza y Formentera. En 1977, hay señorías pertenecientes a grupos de esta Cámara que defendieron la figura de parque natural para Las Salinas de Ibiza y Formentera y que hoy se van a oponer a la propuesta de reserva natural. Pasó de parque natural a una serie de reducciones a través de leyes que se aprobaron en el Parlamento balear, como la Ley de Protección de Espacios Naturales. Pero hoy aquí puede producirse una inflexión en positivo de cara al inicio de protección de Las Salinas de Ibiza y Formentera, protección desde la izquierda, protección desde los intereses ecológicos y no desde los intereses inmobiliarios, especulativos, desarrollistas, y protección desde la propia Ley. Que el artículo 21.3 de la Ley de Protección de Espacios Naturales esté recurrido no quiere decir que no se haya de atender esta propuesta que nosotros hacemos, porque también estuvo recurrida la Ley de Aguas con una grave serie de alegaciones que fueron después razonadas en contra por el Tribunal Constitucional. Y lo mismo ocurrió con la Ley de Costas; tuvo serias alegaciones derrotadas por la argumentación del Tribunal Constitucional y ahora también, a nuestro juicio, ha sido atacada por una proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Y esto no quiere decir que nosotros no podamos defender hoy desde la Ley vigente, desde los artículos 14 y 21.3 de la Ley que acabo de citar, la propuesta de constituir una reserva natural en torno a un perímetro determinado que nosotros, a través del anexo, introducimos en esta proposición de ley. En la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales, de la Flora y de la Fauna Silvestres, el Estado tiene plenas competencias con respecto al tema concretísimo y singular que hoy estamos abordando.
También existen razones culturales a la hora de defender Las Salinas de Ibiza y Formentera. Estamos, señorías,

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ante un especial monumento cultural y natural. Me refiero a la alianza que existe allí entre las personas y el medio ambiente. Desde la industria de la sal, desde el trabajo que allí se realiza, desde el proyecto económico que supone la extracción de la sal desde hace muchísimo tiempo, este proyecto económico y de desarrollo no ha entrado en contradicción con el equilibrio medioambiental, con el equilibrio ecológico de la zona; por lo tanto, no han entrado en contradicción intereses económicos ecologistas. Y esto ha sido por una sensibilidad cultural que ha primado por encima del crecimiento, por encima de la destrucción del espacio medioambiental.
Es algo muy infrecuente, desde luego, este fenómeno de integración entre actividades humanas tradicionales y el medio ambiente pero Las Salinas es un monumento, desde el punto de vista del desarrollo, sostenible, concreto. Hay también, señorías, razones de tipo ecológico, de protección medioambiental. El área de Las Salinas de Ibiza y Formentera constituye uno de los sistemas naturales más ricos y diversos de la Comunidad balear, incluso de todo el Mediterráneo español. Contribuye a ello de forma decisiva la insularidad, que acelera los procesos de microevolución, dando lugar a variedades de forma endémica únicas en el mundo. El sistema de zona húmeda, por ejemplo, tiene categoría a nivel internacional y ha sido ya incluido en el Convenio Ramsar.
Existen más de 120 especies de aves acuáticas; es de gran trascendencia la vegetación específica de las márgenes y de la zonas inundables; hay una gran diversidad de medios acuáticos con la existencia de estanques dulces, salobres, marinos e hipersalinos; existen sistemas dunares de gran valor científico y ecológico; los acantilados marinos albergan endemismos de gran importancia. Yo les recomiendo a SS.SS.
que, si tienen una tarde libre, se paseen por allí e intenten ver a la lagartija pitiusa, una lagartija que no huye, que casi parece que te hace frente, que quiere hablar contigo.
Amplísimos pinares y sabinares, sobre todo, en la parte ibicenca. En suma, señorías, hablamos de uno de los más valiosos sistemas naturales a nivel estatal y un exponente poco común, muy singular, de la integración entre la cultura humana y el medio natural. En esto se basa la proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que traemos a esta Cámara de forma recurrente.
Estamos luchando desde hace mucho tiempo, junto a grupos ecologistas, junto al impulso social, cívico y al impulso político en Ibiza y en el resto de los sitios de cara a conseguir esta reserva natural que a partir de hoy posiblemente se consiga por las noticias que le han llegado a este Diputado que les habla con referencia a la intención de voto. En función de los artículos 14 y 21.3 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo; estamos en el centro de la ley, repito, la Ley de Aguas, la Ley de Costas fueron recurridas y se intenta que se modifiquen, pero retienen competencias estatales sobre temas de enorme importancia, como el equilibrio ecológico. Y esto es lo que ahora estamos pidiendo, esa respuesta a la patria verde del medio ambiente por encima de intereses especulativos, desarrollistas o de cualquer otro tipo.
Presentamos una proposición de ley con ocho artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y un anexo donde se expresa el ámbito de la reserva natural, el perímetro concreto, el área concreta a proteger: zona marítimo-terrestre, marismas, humedales, esteros, dunas, terrenos y demás bienes, entre ellos, claro está, naturalmente «Sa Caleta». Si se aprueba hoy, se iniciaría aquí un proceso de enmiendas parciales o a la totalidad. Izquierda Unida, en este sentido, se compromete, lo mismo que ha hecho al elaborar esta proposición de ley, en contacto con grupos, plataformas, áreas de elaboración y movilización de todo tipo, a entrar de nuevo en contacto y a incentivar nuevas formas de lucha y elaboración de cara a las posibles modificaciones que se puedan introducir en el trámite de enmiendas en el debate, intenso y extenso, que a partir de hoy se va a producir en esta Cámara.
Nosotros vamos a seguir contando con la gente, con la necesidad de una síntesis de cara a la protección de este área natural, con la flexibilidad suficiente, pero sin ceder nunca la protección real de Las Salinas a la necesidad de que esa reserva natural tenga un perímetro adecuado y una profundidad en la reserva que no esté edulcorada, reducida, desde ningún punto de vista. Incluso, es más, nosotros hacemos un llamamiento para que en Ibiza, en Formentera, en el resto de las zonas en que están luchando desde hace mucho tiempo a favor de este tema, nadie se desmovilice y llamamos a que se creen nuevos grupos y plataformas para ver hasta qué límite podemos llegar en el trámite de enmiendas, sin que se pueda ver que hayamos cedido en la protección de esta reserva natural. Nosotros pedimos que nadie esconda intereses desde el punto de vista de la soberanía de las comunidades autónomas.
Estamos ante un bien de primerísima magnitud, protegido por leyes concretísimas, como la Ley 4/1989, como la Ley de Costas, como la Ley de Aguas. Por tanto, lo que pedimos es un voto favorable para que concluya esta lucha popular y se cicatricen una serie de reminiscencias históricas, políticas, culturales y ecológicas que se han producido en torno a este tema concreto de Las Salinas de Ibiza y Formentera.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. ¿Turno en contra? (Pausa.)

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Para un turno en contra y por el Grupo Popular, la señora Cava de Llano tiene la palabra.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente. Señoras y señores Diputados, como muchos de ustedes recordarán, no es la primera vez que en este hemiciclo se habla de Las Salinas de Ibiza y Formentera. Se hizo en anteriores legislaturas y se hace en ésta. En este momento existen en el Congreso dos iniciativas sobre este tema: la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que hoy se presenta a la consideración de esta Cámara y una proposición no de ley instada por el Grupo Socialista que se haya pendiente de señalamiento. Sus señorías se preguntarán el porqué del desmesurado interés de esos dos grupos parlamentarios en traer a esta Cámara este tema continuamente. ¿Por los valores paisajísticos y ecológicos de la zona? Pudiera ser, pero fíjense que de las casi 80 áreas naturales de especial interés que se contienen en la Ley de Espacios Naturales de las Islas Baleares sólo la referente a Las Salinas de Ibiza y Formentera se traen a esta Cámara una y otra vez, lo que no deja de ser paradójico y, cuando menos, significativo. ¿Qué otras razones existen? ¿Hay otras razones? Sí, señorías, las hay; hay una razón que lo explica todo y esa razón ya fue manifestada en esta Cámara por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el día 23 de marzo de 1993, cuando, con ocasión del debate de la anterior proposición de ley, también de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en la que solicitaba --igual que ahora-- la declaración de Las Salinas como reserva natural, dijo: No estaríamos hablando de Las Salinas de Ibiza y Formentera si no fueran propiedad de la familia política del Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, señor Cañellas. Triste argumento, señorías, pero triste argumento que clarifica que el interés ecologista no es tanto como el interés electoralista, que ha convertido aquella zona en una mina a utilizar, mina que produce fuertes y golosos dividendos en las batallas electorales contra el Partido Popular. Mejor dicho, esto es lo que ellos creían, porque les diré que, afortunadamente, el tiempo se encargó de demostrar a la oposición lo equivocado de esta estrategia, y al resultado de las elecciones me remito.
Por eso, señorías, esta proposición de ley de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y la proposición no de ley del Grupo Socialista que queda pendiente, igual que las que se debatieron en anteriores legislaturas, podíamos decir que son, no en razón de la zona, no en razón de los valores ecológicos y paisajísticos, sino «intuitus personae», o sea, en razón de las personas que detentan parte de la propiedad de la zona.
Señoras y señores Diputados, Las Salinas de Ibiza y Formentera están protegidas. La Ley del Parlamento de las Islas Baleares 1/1984, de 14 de marzo, de ordenación y protección de las áreas naturales de especial interés, estableció el marco para desarrollar la protección de espacios concretos, por lo que se dictaron distintas leyes, entre ellas, la Ley 5/1985, de 2 de mayo, por la que se declaraban Las Salinas de Ibiza y Formentera y los islotes intermedios como área natural de especial interés. Esta ley fue posteriormente asumida y subsumida por la Ley de Espacios Naturales de las Islas Baleares, que fue votada en contra de la opinión de los grupos mayoritarios por el hecho de que en el último momento un tránsfuga asumió las posturas de la oposición, yendo a la caza de espacios concretos pertenecientes a miembros relevantes de nuestro Partido y concentrando en la Ley de Espacios Naturales toda su labor de oposición, en un intento de debilitar al Gobierno balear. Al ver tan triste votación, nuestro Grupo anunció, ante la inminencia de las elecciones que se avecinaban (me estoy refiriendo a las autonómicas de 1991), que la modificación de la ley sería objeto de nuestra campaña, para que fuera el pueblo de Baleares, y especialmente el de Ibiza, el que decidiera sobre la bondad de una u otra tesis.
La modificación, señorías, se incluyó en nuestro programa electoral; las elecciones se ganaron, como todos ustedes saben, por mayoría absoluta. Por ello, el 23 de diciembre, el Parlamento de las Islas Baleares aprobó la Ley, en cumplimiento de la promesa electoral del Grupo Parlamentario Popular. Pero es que, además, al tiempo que se aprobaba esta ley, los propietarios de Las Salinas de Ibiza y Formentera suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de San José por el que renunciaban a los derechos edificatorios que tenían sobre esa zona, de tal forma que si a seis millones de metros cuadrados de propiedad correspondía la construcción de 200 viviendas unifamiliares, renunciaron y solamente se quedaron con 82. Es decir, señorías, no es que la familia del Presidente de la Comunidad Autónoma tuviera igual trato, es que tuvo peor trato, por propia voluntad del Presidente de la Comunidad. Creo que son gestos para tener en cuenta y lamento que haya gente que no lo crea así.
¿Qué ocurrió entonces? Que los grupos ecologistas, impulsados por las fuerzas políticas de la oposición, decidieran encauzar la lucha por otros frentes. Presentaron una denuncia ante la Comunidad Europea, que, tras la visita de inspección ocular de los técnicos, mereció el archivo, porque consideraron que no cotravenía ninguna de las directivas en materia de medio ambiente. Presentaron también un escrito en la Oficina del Defensor del Pueblo, solicitando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por considerar que la ley del Gobierno Balear vulneraba preceptos constitucionales sobre medio ambiente y normas internacionales, como el Convenio Ramsar, el Convenio de Bonn y el Convenio de Berna; la oficina del Defensor del Pueblo contestó que no había lugar a la interposición porque no se había vulnerado normativa alguna.


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Aún así, los Diputados socialistas del Parlamento balear presentaron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue desestimado. Es decir, todos, absolutamente todos los intentos que ha habido por parte de los grupos de la oposición han abocado en el más estrepitoso fracaso.
Por eso, señorías --y quisiera que esto lo escucharan bien--, partidos políticos que en Baleares jamás han tenido ningún tipo de representación, como Izquierda Unida --y lo digo con todo respeto--, que no tiene ni un solo concejal, ni un solo consejero del Consell Insular, ni un solo Diputado, o partidos políticos que, aun teniendo representación, no tienen capacidad para decidir, lo que hacen es acudir el Parlamento de la Nación para conseguir aquí lo que el pueblo de Baleares les ha negado. (Rumores.) Quede, pues, bien claro, señoras y señores Diputados, que Las Salinas de Ibiza y Formentera están debida y suficientemente protegidas, no sólo a juicio del pueblo de Baleares, representado legítimamente en su Parlamento, sino a juicio de cuantas instituciones y organizaciones nacionales y europeas han sometido Las Salinas a un determinado control. Entrando ya de lleno en la proposición de ley que hoy se presenta a la consideración de esta Cámara, debemos manifestar nuestro rechazo a la misma por razones de tipo jurídico y de índole política.
Razones jurídicas. La proposición que hoy debatimos se basa, según el artículo 1 de la misma, en el artículo 21.3 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna. Pues bien, el expresado artículo está recurrido ante el Tribunal Constitucional por las Comunidades autónomas del País Vasco, de Andalucía, de Canarias, de Cataluña (no sólo por la Generalitat, sino también por el Parlamento) y de Galicia. Existe también un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comunidad Autónoma de Cantabria contra la Ley 6/1992, de 27 de marzo, por la que se declaraba reserva natural a las Marismas de Santoña y Noja. ¿Por qué? Por considerar que se conculca el artículo 148 de la Constitución española. ¿Y qué dice ese controvertido artículo 21.3 impugnado por tantas comunidades autónomas? Ese artículo atribuye, con carácter general, la competencia para declarar parques y reservas naturales a las comunidades autónomas del territorio donde se hallan ubicados. Hasta aquí, todos de acuerdo porque respeta la distribución competencial.
Pero esta regla general, señorías, tiene dos excepciones: una, cuando el espacio natural se encuentre situado en el término de dos o más comunidades autónomas, y, dos, cuando el espacio natural tenga por objeto la protección de los bienes señalados en el artículo 3 de la Ley de Costas, es decir, cuando sean bienes de dominio público marítimo-terrestre, y en esta excepción es en la que no están de acuerdo las comunidades que antes he mencionado y que han interpuesto recurso de inconstitucionalidad.
Este controvertido artículo 21.3, al atribuir la declaración y gestión de los espacios protegidos al Estado por el mero hecho de tratarse de bienes de dominio público estatal, vulnera, además del artículo 148 de la Constitución al que he hecho mención, los artículos 10.3 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y la jurisprudencia constitucional. ¿Por qué, señorías? Porque el artículo 148 de la Constitución reconoce a las comunidades autónomas que puedan asumir competencias en materia de ordenación del territorio. ¿Y en qué concepto pueden asumirse esas competencias? En el que digan los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas a tenor del artículo 149 de la Constitución, ya que es en el 149 donde se recoge una larga lista de competencias exclusivas del Estado, entre las que no aparece referencia a urbanismo, ni a ordenación del territorio, ni a ordenación del litoral. ¿Y qué dice el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, que es el aplicable en este caso, pues se trata de una reserva natural ubicada en el territorio de la Comunidad Autónoma? El artículo 10.3 del Estatuto de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, señorías, dice textualmente: La comunidad Autónoma tiene la competencia exclusiva --repito, exclusiva-- en las siguientes materias. Y en el punto 3 cita: ordenación del territorio, litoral incluido, urbanismo y vivienda. Quiero decir que se trata de una reserva de competencia, de una exclusividad de competencia de primer grado, porque nos encontramos muchas veces con que se dice: serán competencia de la comunidad autónoma, sin perjuicio de las competencias que pueda tener el Estado. Aquí no lo dice el Estatuto de Autonomía; dice: será de competencia exclusiva.
Incluso cita el litoral. He dicho que también va en contra de la jurisprudencia constitucional, porque, como ustedes saben, la sentencia 149/1991, de 4 de julio, declaró nulo e inconstitucional el artículo 34 de la Ley de Costas, que otorgaba competencias a la Administración del Estado para dotar normas de protección invadiendo competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio.
Creo, señorías, que el tema, a la vista de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y de la jurisprudencia constitucional está bien claro.
Comentando el artículo 2 de la proposición de ley, establece una zona periférica de protección en base al artículo 18 de la Ley 4/1989. Esto sí, señorías, con toda modestia, me atrevo a calificarlo de aberración jurídica, porque, aunque diéramos por bueno ese artículo 21.3, que antes comentaba y que está recurrido por seis comunidades autónomas, aun en ese hipotético y negado caso, sólo resultaría aplicable a los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, por lo que en ningún caso tendría el Estado competencia para establecer

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la zona periférica de protección a que se refiere al artículo 2 de la proposición de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Existe también una indefinición total en sus artículos 2 y 3, que conllevan a una inaceptable quiebra del principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. En cuanto al contenido del artículo 3.2, se dice que los terrenos afectados por ese régimen jurídico quedan clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, lo que, señorías, como ustedes pueden ver, constituye una norma inequívoca de contenido urbanístico que vulnera también las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, concretamente la de Baleares, en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Hasta aquí las razones de tipo jurídico.
Existen otras razones a las que me he referido de tipo político. ¿Cuáles son esas razones, señorías? Consideramos que esta proposición de ley lo que intenta es buscar un título competencial estatal que permita regular normativamente Las Salinas de Ibiza y Formentera, de forma distinta a la voluntad mayoritaria del Parlamento de las Islas Baleares. Consideramos que no es lícito secuestrar la voluntad del pueblo balear cada vez que las resoluciones de su Parlamento no sean del agrado de la oposición. Consideramos verdaderamente inadmisible y lamentable puentear al Parlamento de las Islas Baleares, buscando aquí unos apoyos que allí no tienen.
Dejen, por favor, que la Comunidad de las Islas Baleares ejerza sus competencias y acostumbrémonos todos a respetar de una vez por todas el ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas porque, si no, señoría, terminaremos por vaciar el diseño constitucional del Estado de la autonomías, y, créanme que sería una verdadera lástima y un gravísimo error histórico. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Cava de Llano. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Con todos los respetos, señora Diputada, si esto, por algún motivo --usted ha dado alguno--, no es competencia estatal, ¿cómo lo estamos discutiendo hoy aquí? No sé si me explico.
Quiero decir: ¿Por qué sus portavoces en la Junta y en la Mesa no han dicho y ganado, con la Ley en la mano, que usted tantas veces ha evocado aquí, que este tema no se puede ni se debe discutir en las Cortes Generales? Con esta única razón se rebate todo lo que ha leído usted. Por lo tanto, presenten ahora ustedes no sólo un recurso de tipo anticonstitucional, sino también un recurso ante la Mesa y la Junta de Portavoces de este Congreso de los Diputados, porque lo que estamos haciendo aquí es una pérdida de tiempo ilegal, ilegítima, ilícita, etcétera. No tiene usted razón, no la tiene. Una cosa es que haya sido recurrido el artículo 21.3 de la Ley 4/1989, como se recurrió la Ley de Costas o la Ley de Aguas u otras, y otra cosa es que se haya ganado ese recurso. No se ha ganado.
Por lo tanto, tenemos derecho pleno a estar discutiendo aquí esta proposición de ley. Eso es lo que estamos haciendo y no hay ninguna fórmula legal que pueda contradecir esta voluntad nuestra.
Nosotros no queremos saltarnos la soberanía del Parlamento balear, no queremos puentear ese tipo de soberanía, en absoluto. Lo que queremos es proteger Las Salinas de Ibiza y de Formentera.
Yo le quiero decir, señora Diputada, que el Parlamento de las Islas Baleares, mediante los votos del Partido Popular, es cierto, y de sus aliados, en ocasiones, muchas veces de conveniencia, ha incumplido obligaciones del estatuto de autonomía, de la Constitución española y de las directivas de la Unión Europea, incluso dicho desde la Unión Europea, con respecto a problemas de tipo ecológico. Por lo tanto, no queremos puentear nada. Desde el punto de vista de la necesidad de defender un equilibrio ecológico, con la ley y la Constitución en la mano, estamos intentando crear --y parece ser que es posible a partir de hoy-- la figura de reserva natural para Las Salinas de Ibiza y de Formentera. Pero le digo más: si esto no fuera posible a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿por qué no cumple el señor Matutes lo que dijo y firmó, con el Estatuto de Baleares en la mano? Que él defendería el establecimiento de Las Salinas como parque natural. ¿Por qué no lo cumple? No nos diga que ahora nosotros estamos intentando defender aquí Las Salinas cuando el señor Matutes incumple todo lo que dijo.
Desde el punto de vista de lo político, señora Diputada, nosotros, que tenemos algo determinante en lo verde, en lo ecológico --usted no me va a entender cuando yo hable de que para nosotros hay dos límites que el crecimiento económico no puede nunca trascender, uno es el ecológico, otro es el ético; no voy a hablar hoy de este segundo--, desde ese punto de vista, no se queje ahora de que estemos defendiendo aquí esta posibilidad, porque el señor Matutes ha roto su compromiso de declarar parque natural a Las Salinas de Ibiza y Formentera.
Incluso el Partido Popular --por cierto, el alcalde de Ibiza me dijo que apretáramos a fondo en defensa de Las Salinas de Ibiza y de Formentera-- ha votado en ocasiones en contra de las propuestas de sus propios técnicos, como se ha dicho reiteradamente a través de los medios de comunicación y en el propio Parlamento de las Islas Baleares. Señora Diputada, vea que esto lo estamos defendiendo de manera lógica y no sólo legítima.


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Desde este punto de vista yo también quiero recordarle que ninguna de las fuerzas que ha defendido la desprotección, más o menos relativa, de Las Salinas de Ibiza y Formentera ha obtenido jamás la mayoría absoluta en las islas Baleares; jamás. Ustedes están gobernando ahora con un tránsfuga, el señor Peralta, y así obtienen esa mayoría que ustedes dicen que aquí estamos intentando puentear. No es cierto; ustedes no tienen mayoría absoluta allí. Si ustedes quieren hablar en nombre de la mayoría absoluta, convoquen un referéndum para este tema, para Las Salinas de Ibiza y Formentera; si no, no venga usted aquí, como representante del Partido Popular, a hablar de mayoría absoluta, cuando usted no la tiene en la islas Baleares. Pongamos las cosas en su sitio y no intentemos, como dice ahora la gente, «vender motos» desde la tribuna, señora Diputada.
Desde luego que hay razones más que políticas, ecológicas muy fuertes; también políticas, porque ésta es una Cámara política y somos animales políticos. (El señor Robles Fraga: Unos más animales que otros.--Rumores.) Sí, hay gente que cambia los términos. No le voy a contestar a esto, señor Robles. Desde ese punto de vista, hay razones ecológicas fortísimas. Yo he intentado expresarlas en mi primera intervención. He estado conociendo la zona y usted sabe que estamos defendiendo un auténtico monumento natural. Y la Ley de Espacios Naturales, que ustedes han aprobado con esa mayoría absoluta, con socios de conveniencia, reduce muchísimo lo que se aprobó en principio y permite, por ejemplo, construir hasta doscientas casas unifamiliares --ahora explicaré lo que significa unifamiliares-- (Rumores.) en un territorio tremendamente importante para el equilibrio ecológico.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, termine.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Desde el punto de vista en el que ustedes utilizan la palabra unifamiliar, están hablando también, por ejemplo, de La Moncloa. La Moncloa es para ustedes una residencia unifamiliar. Yo he visto las construcciones que se están haciendo y tienen 500 metros cuadrados por planta, con tres plantas; a eso lo llaman vivienda unifamiliar. Y pueden construir hasta 200 en una zona de enorme importancia ecológica. Por favor, no me hablen de que este espacio está suficientemente protegidocuando la Ley de Espacios Naturales, que han aprobado ustedes con esa mayoría absoluta de conveniencia, va contra los intereses ecológicos de la zona.
Desde el punto de vista político yo no quiero derivar este asunto hacia una discusión sobre la familia. Yo lo estoy defendiendo a tope, teniendo en cuenta que hay intereses económicos detrás, lo he dicho. Situando el tema en los intereses ecológicos y desde el punto legal, le he contestado.
No tiene razón para decir que este asunto no se puede discutir aquí cuando se prueba que lo estamos debatiendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Cava de Llano tiene la palabra.


La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Voy a contestar al señor Alcaraz diciendo que me parece muy bien que la Mesa haya admitido a trámite esta iniciativa parlamentaria. Yo también he formado parte de la Mesa de un Parlamento en la que los criterios de admisión son amplios y no se entra a discutir el fondo del asunto.
El señor Alcaraz no me ha rebatido ninguno de mis argumentos jurídicos, absolutamente ninguno, ni de los jurídicos ni de los políticos. Ha hablado de que aquí se han quebrantado leyes. Aquí no se ha quebrantado ninguna por parte de mi Grupo. Los únicos que quebrantan leyes son ustedes, entre otras cosas porque la Ley 4/1989 habla de la existencia previa de un plan de ordenación de recursos naturales que, aunque se está tramitando, no ha sido aprobado. La ley menciona la posibilidad exorbitante de que por motivos excepcionales se salte este requisito, pero ustedes no han alegado ningún motivo excepcional para pretender que se entre en la proposición de ley sin tener previamente el plan de ordenación de recursos naturales.
Otra posible ilegalidad. Ustedes están hablando de dominio público como forma de injerirse en las competencias de las comunidades autónomas a través del Estado, pero lo que no dicen es que todavía no se ha hecho el deslinde definitivo de Las Salinas de Ibiza y Formentera. Se ha hecho un deslinde provisional. Ha habido un escrito de alegaciones de todos los propietarios de la zona y todavía se está a la espera del deslinde definitivo que, como usted sabe, es requisito indispensable.
Usted se refiere al señor Matutes. Lo que tenga que decirle al señor Matutes se lo dice tranquilamente y ya está. Yo desconozco lo que pudo decir el señor Matutes en esta Cámara porque no estaba, pero le garantizo que jamás incumple sus promesas.
Usted habla de que esta ley se ha aprobado contra los técnicos del Parlamento balear. Yo no sé de qué me habla. Le digo que he sido Vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares, he tenido en mi mano todos los informes de los técnicos del Parlamento de las Islas Baleares, y jamás, absolutamente jamás... Está usted mal informado, porque ahora estoy pensando que a usted esto le viene por unos motivos que encontró, en cuanto a la cartografía, el Grupo Socialista. Lo que hizo entonces el Grupo Socialista fue presentar ese recurso de inconstitucionalidad, al que yo he hecho

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referencia, que tuvo un estrepitoso fracaso. O sea que, de eso, nada. Luego dice usted que no le voy a entender cuando me habla de ecología. Señor Alcaraz, hay quien presume de sabiduría y practica la ignorancia. Esta frase no es mía, la dijo el portavoz de Izquierda Unida al portavoz del Partido Socialista en el anterior debate. No presuma usted de lo que no sabe, porque resulta totalmente absurdo.
Por último, quiero decirle que, si hay alguna comunidad autónoma que se caracteriza por la política de defensa del medio ambiente, esa comunidad tiene nombres y apellidos: es la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Y no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el Gobierno de don Felipe González, poniendo a Baleares como ejemplo de protección en el informe enviado a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.
Señores de la oposición, me estoy refiriendo al Parlamento balear, al que ustedes están puenteando, evidentemente.
(Rumores.) Ha hablado usted en su intervención, señor Alcaraz, de aves. Permítame que les dé un consejo: dejen volar tranquilamente a las palomas sobre Las Salinas de Ibiza y Formentera, y vigilen (y me consta que usted lo hace) a los palominos que sobrevuelan Doñana, que ésos sí que son unos pájaros peligrosos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, no puedo más que ser concreto al fijar posición, en nombre de mi Grupo Parlamentario, respecto a la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se pretende declarar reserva natural Las Salinas de Ibiza, las Islas de los Freus y las Salinas de Formentera, por cuanto, aun partiendo de la necesidad de proteger los referidos paisajesnaturales, consideramos que el conjunto de la Cámara podría cometer una intromisión muy notable en las competencias de la autonomía balear, ya que el Parlamento de aquella autonomía cuenta, como es sabido, con su propia capacidad legislativa, contrariamente a lo expresado por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al afirmar que el Estado tiene plenas competencias.
Más allá de la propia predisposición por la defensa del medio natural, lejos del debate político insular que se ha producido, teniendo en cuenta las competencias en esta materia estatutariamente otorgadas al Gobierno balear, que le hacen competente en cuanto a la elaboración y tramitación legislativa de las normas para la declaración de determinados espacios como reservas naturales, cuestión ampliamente expuesta por la portavoz popular, y aún más, basándonos, como se basa esta proposición no de ley, en la Ley 4/1989, del 27 de marzo, de conservación de espacios naturales de la flora y de la fauna silvestre, caeríamos en una notable contradicción en la actuación de nuestro Grupo Parlamentario, dado que impugnamos dicha norma y nos hallamos pendientes de la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional; contradicción, señor Alcaraz, en la que no caemos precisamente al intentar devolver las competencias autonómicas que fueron agredidas por la Ley de Costas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, anuncio el voto en contra de mi Grupo Parlamentario, aun considerando lícita la declaración de reserva natural de los mencionados parajes, por razones estrictas de pura coherencia jurídica y de respeto al sistema competencial. Lo decimos y, en consecuencia, votaremos desde la convicción de que no puede convertirse esta Cámara en una segunda instancia, ni en éste ni en otros casos. Repito: ni en este caso, ni tampoco en otros. Permítame, señor Alcaraz, utilizar, para poner fin a mi intervención, esa romántica metáfora de la lagartija que no le huye, que casi parece hablar con usted. Seguramente no ha intentado pisarla.
En ese caso, huiría de usted y de cualquiera; pero si fuera otro tipo de reptil el que sintiera invadido su medio natural, cualquieracon tamaño suficiente para defenderse, otra cosa muy distinta sucedería. Seguramente usted, y cualquier otro político ecologista, entendería por qué nosotros partimos del respeto al espacio propio de cada comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme, una vez más --y es la tercera--, fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario, el Grupo Socialista, ante una iniciativa que busca la protección de un espacio natural de gran importancia como es en el que están enclavadas Las Salinas de Ibiza y de Formentera. Y permítanme aquellas señorías que no conocen seguramente los avatares históricos de este importante espacio natural que les explique que desde 1977, antes de que tuviéramos un Estado constitucional y democrático de derecho; antes de que un señor que se llama Cañellas lo conocieran más allá de los ámbitos de su familia, mucho antes, en Ibiza y Formentera se produjo la manifestación popular más importante de su historia para preservar ese espacio natural de un intento de urbanización por una empresa explotadora de esas Salinas, que es Ibifor S.A., y de la que no voy a

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decir hoy aquí otra vez quiénes son sus principales accionistas.
Señorías, permítanme recordarles que no es la figura del que hoy es Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares quien ha provocado el deseo de una mayoría del pueblo de Ibiza y Formentera, expresado en las últimas elecciones generales de 1993, de proteger esa importante zona mediante todas las figuras jurídicas que estén al abasto de los grupos que lo único que prentendemos es que no se destroce un espacio natural en el que no hay palomos volando, pero hay muchos buitres. (Rumores.) Por tanto, permítanme sostener mi línea argumental. Mi línea argumental se va a basar en lo que esta Cámara mayoritariamente decidió en marzo de 1993, a propuesta de nuestro Grupo acompañado de otros.
En primer lugar, lo que va a permitir que nuestra posición sea favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley es que se ha ido avanzando en el mandato que esta Cámara emitió al Gobierno del Estado para hacer posible hoy esa toma en consideración.
El mandato que dimos al Gobierno era el de que procediera con urgencia a la delimitación del dominio público marítimo- terrestre de esta importante zona, que es el elemento fundamental para la figura de protección que hoy pretendemos; que incluyera ese espacio en el Convenio de Ramsar sobre humedales, de las Naciones Unidas, cosa que también se ha incorporado ya; y que, finalmente, procediera a elaborar un plan de orientación de recursos naturales que permitiera al Gobierno hacer el proyecto de ley correspondiente a la declaración de esta zona como reserva natural.
Este plan de ordenación de los recursos naturales está prácticamente terminado, sólo está a la espera de ser expuesto al público y, por tanto, permite acompasar la tramitación de esta proposición de ley y de los pasos administrativos que aún quedan por dar, tanto para la delimitación definitiva del dominio público marítimo-terrestre, como para la aprobación definitiva del plan de ordenación de los recursos naturales.
Si aquí estuviéramos en un debate puramente ambiental, estoy seguro de que coincidiríamos con una amplia mayoría, prácticamente la unanimidad, de los miembros de esta Cámara.
¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, la ley en la que se sustenta la figura de protección que hoy pretendemos está recurrida legítimamente por algunas comunidades autónomas, pero sigue el vigor y, por tanto, permite acogerse a ella. Es la única figura que tenemos para proteger esta importante área que está dentro del dominio público marítimo-terrestre. Yo creo, señorías, que lo que hay que hacer hoy aquí es desenmascarar actitudes que en la defensa de intereses particulares, que pueden ser legítimos, arrastran a grupos completos de esta Cámara hacia posiciones que no son proteccionistas ni pueden casar con algo que debemos nosotros mismos tanto a nuestra generación como a futuras generaciones, que es la conservación del importante espacio natural que conforman Las Salinas de Ibiza y de Formentera. Entre la primera manifestación popular, celebrada en 1977, y la segunda, de 1992, ha habido multitud de iniciativas parlamentarias para proteger este espacio. La primera fue para impedir una urbanización de esta zona por parte de la empresa Ibifor; la segunda fue como protesta y verdadera indignación popular --incluso miembros cualificados del PP participaron en ella-- por la desregulación que el Parlamento balear había hecho de la Ley de Espacios Naturales de 1991, que tan sólo modificaba la delimitación de este área, de la que es propietaria casualmente la esposa del Presidente de la Comunidad Autónoma. Fue la única área en la que se modificaron los límites que abarcaba esta importante Ley de Espacios Naturales. Además, fíjense qué ligeras modificaciones: pasar de 200.000 metros para poder construir un área natural de especial interés a 30.000, señorías. Esta es la protección en la que han dejado esta importante zona natural. Los argumentos competenciales lo que esconden aquí es el interés de urbanizar, de especular con esta zona, de enriquecerse, yo creo que legítimamente desde una perspectiva particular, pero absolutamente rechazable cuando se hace desde instituciones públicas, desde perspectivas públicas, desde perspectivas de interés general, utilizando esas instituciones para preservar aquello que sería imposible preservar desde la iniciativa particular. Señorías, ¿por qué no se modificaron las zonas del norte de la isla de Ibiza, que son áreas naturales de especial interés también? ¿Por qué no se modificaron estas zonas, que son de pequeños propietarios, y sí se modificó esa importante zona que básicamente, en su 90 por ciento, pertenece a una sola propiedad? Hay que preguntarse por qué los valores ambientales y naturales de esta importante zona no han sido protegidos. La pregunta es retórica, pero sirve para responderla cada uno de ustedes mismos, también los miembros del Grupo Popular.
¿Estaríamos hoy aquí discutiendo esta iniciativa si este área no fuera de los propietarios que es, o estaríamos ya con un área protegida desde hace diez años, como otras con menos interés dentro de la Comunidad de las Islas Baleares y que, por tanto, no tendría que ser objeto aquí hoy de discusión porque se habría ya protegido? Señorías, 50 endemismos vegetales y animales, 25 elementos expresamente incluidos en la directiva 43/92 de la Comunidad Económica Europea, más de 200 especies diferentes de aves en colonias reproductoras invernantes de primer orden, importantes sistemas dunares, humedales de importancia internacional, islotes que sirven de comunicación entre los dos espacios que integran ese importante espacio natural. ¿Les parece esto poco para tener ésta y todas las discusiones que hagan falta en esta Cámara para poner de manifiesto

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la falta de voluntad de proteger esta importante zona, porque hay intereses poderosos particulares, políticos y económicos que impiden esta protección? ¿Les parecen éstos pocos argumentos? ¿Hay muchas zonas en el conjunto del territorio español que tengan estos elementos científicos a preservar como los que tiene esta zona? ¿No les parece casi vergonzoso tener que venir aquí a proteger una zona que debería haber sido protegida por la Comunidad, porque somos los primeros beneficiarios de la conservación de esta importante área natural? ¿Es que no debería ser la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la que, de verdad, protegiera estos valores que no pertenecen ni siquiera a nuestra generación, sino que tienen que ser disfrutados también por futuras generaciones? Naturalmente que sí. Naturalmente que estamos dispuestos a apoyar orgullosamente cualquier figura que pueda llevar a la protección de esta importante área.
Se ha hablado mucho de la legalidad, pero, insisto, la Ley 4/1989, en su artículo 21.3, especifica claramente --y no ha podido rebatirlo ninguno de los intervinientes-- que son competencia del Estado las reservas naturales que se residencian en áreas de dominio público marítimo-terrestre.
Además, permite también la misma Ley, en su artículo 18, dotar a estas áreas de protección de áreas periféricas de protección. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas y el dominio público marítimo- terrestre, que nos debería aclarar a todos nosotros definitivamente cuál es el ámbito de actuación que tiene el Estado y cuáles son los ámbitos de actuación de las comunidades autónomas.
En lo que es dominio público marítimo-terrestre entendemos que es el Estado el que tiene que intervenir. En este sentido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Acabo, señor Presidente.
En este sentido, vamos a apoyar la proposición de ley.
Lo que nos permite la iniciativa de Izquierda Unida es adelantar una discusión de algo que tendríamos que tener dentro de un mes y medio o dos meses, cuando el Gobierno del Estado hubiera expuesto al público el plan de ordenación de los recursos naturales; es decir, nos permite una economía de medios y de tiempo que esta Cámara debe agradecer.
Es perfectamente posible acompasar la tramitación de esta proposición de ley con los tiempos necesarios para que tengamos definitivamente aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales y definitivamente fijada también la delimitación del dominio público marítimo-terrestre para cuando esta Cámara lo tenga que aprobar.
Esta proposición de ley es mejorable técnicamente. Nosotros vamos a trabajar para mejorarla y para que, de verdad, dote de una protección a esta importante área natural y nos vamos a comprometer en solidaridad con nosotros mismos, el pueblo de Ibiza y Formentera, y con las futuras generaciones de ciudadanos de nuestras Islas. Vamos a comprometernos, señorías, en mantener un espacio con valores ambientales, culturales, científicos y económicos. Valores ambientales que están en la propia exposición de motivos que ha hecho Izquierda Unida; culturales, derivados de la extracción milenaria de la sal y del elemento de comunicación que la sal ha supuesto para las Islas Pitiusas; científicos, porque conforman microorganismos que son irreproducibles en el conjunto del Estado español; y, económicos, porque nuestra economía, señorías, se basa en los servicios y en el turismo, y el soporte fundamental del turismo en nuestras islas no es otro que el territorio, no es otro que la belleza natural, no es otro que precisamente el encanto paisajístico, los valores científicos, y ésta es la zona más representativa de todas cuantas hay en las Islas Baleares respecto a valores naturales.
Señorías, muchas gracias, y esperamos obtener el apoyo suficiente para poder aprobar esta proposición de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
La señora Rahola ha indicado a la Presidencia que había solicitado la palabra, pero la Presidencia no lo había advertido. Tiene S.S. brevemente la palabra para un turno de fijación de posiciones.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, por resolver esta pequeña disfunción entre la Mesa y la montaña.
Voy a ser breve porque, sobre todo, los grandes argumentos ya han sido en su momento utilizados. Esquerra Republicana va a votar favorablemente a esta proposición por tres motivos fundamentales: el histórico, el ecológico y el político.
El motivo histórico, porque entendemos que la lucha en defensa de esa Salinas ha constituido durante años, muchos años, en Las Pitiusas la única movilización popular que ha habido.
Históricamente Las Salinas eran propiedad de los pueblos de Ibiza y Formentera; eran administradas directamente por la universidad y el gobierno autónomo de Ibiza durante los estados de la Corona catalano-aragonesa; eran, por tanto, propiedad popular. Fueron, en su momento, cogidas directamente por Felipe V al acabarse la Guerra de ocupación y, posteriormente, la monarquía española las vendió a la familia Salas de Mallorca, famila de la que, como ustedes saben, forma parte la esposa de Gabriel Cañellas. De resultas de esta venta se formó la compañía Salinera Española, S.A., que las ha explotado hasta el momento.
Entendemos que históricamente es evidente que tienen que volver a estar protegidas popularmente, puesto

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que han sido hasta el momento fruto de la pura y dura especulación. Las Salinas es una zona de gran riqueza ecológica, como ya se ha dicho aquí, y de una belleza natural notable, y han sido tradicionalmente codiciadas por parte de los especuladores inmobiliarios que han intentado repetidamente construir diversos tipos de urbanizaciones.
La movilización popular, en este sentido, ha sido reiterada de manera permanente y además, nos consta, fruto de un trabajo que en su momento se hizo en Ibiza. Incluso hay muchas personas vinculadas al Partido Popular que están a favor de su protección natural.
En todo caso, un último apunte. Señorías, señor Presidente, a autonomistas o a nacionalistas no nos va a ganar nadie. Es evidente que Esquerra Republicana vota a favor de esta proposición porque entiende que no va, en absoluto, a favor de la soberanía de ningún Parlamento.
En este momento tenemos una Ley, la número 4/1989, que está vigente, fruto de la cual pedimos la protección. Si en su momento hay una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la ley, nosotros, que desde el Parlamento pedimos ese recurso, estaremos a favor. Pero mientras ello no ocurra, entendemos que, fruto de la ley que en estos momentos existe, pueden protegerse esas Salinas; que no haya quien se esconda bajo la bandera del nacionalismo, curiosamente en este caso en un punto concreto como es el tema de esas Salinas, cuando lo que hay detrás es la pura y dura especulación en un espacio de alto contenido ecológico que tendría que ser preservado. Fruto de la sensibilidad ecológica y de la sensibilidad nacionalista, es por lo que pedimos su protección y, por tanto, votamos a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley que se acaba de debatir. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la que se declaran reserva natural Las Salinas de Ibiza («Ses Salines»), las Islas des Freus y Las Salinas de Formentera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 153; en contra, 137; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY: --PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA (Número de expediente 121/000051)

El señor PRESIDENTE: Señorías, la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación de este proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LOS CRITERIOS MAS IDONEOS PARA LA VENTA DE UN IMPORTANTE PAQUETE ACCIONARIAL DE LA SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA, S.A. (Número de expediente 162/000148)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista relativa a los criterios más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de la Sociedad General Azucarera de España, S.A.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el pasado 24 de octubre nuestro Grupo presentó simultáneamente una proposición no de ley en esta Cámara y una moción en el Senado relativas a los criterios más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de una determinada sociedad del sector del azúcar en nuestro país que en aquellos momentos estaba siendo estudiada por uno de los accionistas mayoritarios de dicha sociedad. Como quiera que en este plazo de tiempo se ha discutido en el propio Senado esta moción que nuestro Grupo presentó, conjuntamente con esta proposición no de ley, y se llegó allí a acuerdos unánimes sobre este problema; como quiera también que dicho accionista mayoritario ha manifestado su voluntad de paralizar momentáneamente la oferta de venta que tenía puesta en práctica, nuestro Grupo no mantendría en sus términos la citada proposición no de ley, sino que, a la vista de la situación planteada actualmente, con estos debates anteriores habidos en la Cámara Alta, y de las circunstancias que han venido

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acaeciendo en el sector, nuestro Grupo lo que hace es intentar consensuar y refundir las posiciones de todos los grupos, tanto en el Senado como aquí, uniendo las enmiendas que a esta proposición no de ley han sido planteadas por el Grupo Vasco (PNV) y por el Grupo Popular, e intentar en esta reflexión ir un poco más allá del problema concreto de una posible venta accionarial de una determinada sociedad, y llegar al debate de la reestructuración, futuro y perspectivas del sector remolachero azucarero en el contexto de la industria agroalimentaria de nuestro país.
Creemos que esto es importante, debemos tomar posiciones sobre el futuro de este sector, sobre la reforma de la organización común de mercado, sobre los planes de reestructuración, etcétera. Por tanto, nuestro Grupo no defiende en sí mismos los términos de esa proposición no de ley, sino que pasará a la Presidencia --los grupos lo conocen-- una enmienda transaccional que engloba nuestra proposición y las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV) y por el Grupo Popular, para tratar de enmarcar, dadas las nuevas circunstancias que he venido enumerando, el problema en sus términos actuales y de futuro. Como saben SS.SS., el sector remolachero azucarero es de gran importancia social en nuestro país, ocupade manera directa a más de 5.000 personas, da ocupación a empresas auxiliares de diferente tipo, tiene un tejido industrial en el entorno rural y cerca de los productores que se vería afectado muy negativamente sin estas industrias. El sector remolachero también ocupaa más de 40.000 empresarios agrícolas y da el equivalente a unos 10.000 puestos de trabajo, que son indispensables en la agricultura española, en función de las ventajas agronómicas y sociales que presenta ese cultivo.
Sabemos que en la Unión Europea el azúcar se comercializa en función de cuotas que los Estados miembros distribuyen entre las empresas ubicadas en su territorio. La propuesta de reforma de la organización común de mercado en principio tendrá una vigencia de seis años, hasta la campaña 2000-2001, es decir, no supone cambios en este aspecto y garantizará la existencia de cuotas; sin embargo, siguen existiendo presiones de aquellos países que debido a sus altos rendimientos, y esgrimiendo el criterio de especialización productiva, prefieren que la cuota sea comunitaria y que su distribución por empresas la efectúe la Unión Europea.
En caso de que se siga presionando en este sentido y la cuota pudiera perder su carácter nacional, dado que por diversas causas el sector español es menos competitivo que la media europea, podría darse la situación de una tendencia a que la producción de azúcar española se fuera a otros países con condiciones objetivas más apropiadas para su producción. Este hecho sólo se vería frenado por las cuantiosas inversiones que son necesarias para poder estar en condiciones de producir azúcar, freno que no existiría si hubiera empresas que ya tuvieran realizadas esas inversiones en aquellos países que presentan mejores condiciones objetivas. Es imprescindible, por tanto, conseguir una equiparación o una mejora de nuestra competitividad y de nuestros rendimientos nacionales con los comunitarios, así como que las empresas produzcan las cuotas que tienen asignadas para lo que serán necesarios importantes esfuerzos en el sector, y en el sector industrial especialmente, para conseguir esa citada equiparación. La necesidad de realizar estos esfuerzos es mucho más palpable en aquellas empresas que tengan implantación e intereses en el Estado español, siendo menos palpable, por contra, en aquellas otras que, estando implantadas en otros Estados miembros de la UE, pudieran derivar hacia ellos sus esfuerzos no necesariamente de manera premeditada.
Finalmente hay que considerar la importancia relevante que tiene el hecho de que en los distintos foros nacionales e internacionales sean convergentes las opiniones y los intereses de los industriales, de los cultivadores y de las diferentes administraciones, lo que sin tener que estar garantizado, siempre será más fácil conseguir si la empresa tiene una fuerte implantación en el territorio nacional. Por ello, y muy brevemente, señorías, en función de los antecedentes que ya he comentado al principio de mi intervención --de los debates ya producidos en el Senado, de la situación actual y del devenir del problema--, nuestro Grupo presentaría una enmienda transaccional que vamos a pasar a la Presidencia después de leerla literalmente, en la que incluso cambiaríamos el título de la proposición no de ley, que diría proposición no de ley relativa a la reestructuración y modernización del sector remolachero-azucarero español y que tendría el siguiente texto transaccional, con nuestra proposición y las enmiendas que han sido presentadas a la misma por el Grupo Popular y por el Grupo Vasco (PNV).
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y ante la preocupación de esta Cámara por la estabilidad y permanencia de la industria agroalimentaria española: 1.º Trate de que, sin menoscabo de la libertad de mercado, los movimientos accionariales que se puedan producir en la industria agroalimentaria española y en sectores estratégicos tales como la industria azucarera incluyan la participación del sector productor como futuros accionistas, de tal forma que se produzca la integración de la producción en la industrialización para que participen en el valor añadido del producto final y en la mejora de la renta de los agricultores. 2.º Que el caso concreto de la industria azucarera se posibilite un acuerdo satisfactorio entre los cuatro grupos empresariales productores de azúcar para que lleven adelante un plan de reestructuración que tenga en cuenta los equilibrios territoriales, la permanencia del cultivo y

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las inversiones necesarias para racionalizar los costes industriales, incentivar el ahorro energético, depuración de residuos y abaratamiento del producto final. 3.º, y aquí incorporamos literal y prácticamente las enmiendas del Grupo Popular: Remita a la Cámara en el plazo más breve posible una comunicación para su debate en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que contemple: A) Presente y futuro previsible del sector azucarero en España. B) La posición del Gobierno en relación con la futura reforma de la OCM del sector del azúcar, teniendo en cuenta el elevado valor estratégico, económico y social que este producto tiene para amplias comarcas españolas productores de remolacha. Y, finalmente, señorías, respecto a la enmienda del Grupo Vasco (PNV), consideramos que el aspecto concreto de ayudas a la mejora de las rentas de los agricultores en términos generales está contemplado en la redacción que presentamos y su concreción podrá debatirse, podrá hablarse de ella, aprobar resoluciones después del debate que proponemos en esta proposición no de ley, que sería posterior a esa comunicación del Gobierno, y de las posteriores iniciativas o resoluciones que pudiéramos tomar sobre la misma, en donde podríamos ayudar al Gobierno a establecer los criterios para la reestructuración y modernización del sector remolachero- azucarero español. Nada más, señorías. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa y para fijar la posición de dicho Grupo tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Nos parece que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley interesante, porque el sector productor de remolacha y la posterior industria de transformación de la misma en azúcar es un sector importante, estratégico, en el sector primario agrícola español.
Entendemos que la consagración de un sector azucarero fuerte en España pasa por que haya una participación y una estrecha relación o vinculación entre el sector productor con la participación, en la medida de lo posible, en la industria transformadora. Eso es lo que, en definitiva, ha de auspiciarse por parte de los poderes públicos, puesto que, como saben SS.SS., los mecanismos de rentabilidad de la producción de azúcar respecto a otros países de la Unión Europea son inferiores en nuestro país. La eliminación del período transitorio estableció unos mecanismos de ayudas, tanto al sector productor como a la industria transformadora, mecanismos que eran de carácter decreciente en cuanto a las ayudas que se iban a recibir. No obstante, efectos como la devaluación de la peseta han supuesto que la agricultura española, fundamentalmente los productores, hayan podido salir beneficiados al margen de ese sistema decreciente de ayudas que se había fijado.
Por lo tanto, nosotros vemos pertinente que, por parte de los grupos parlamentarios, se auspicie la participación del sector productor en la industria azucarera. En definitiva, es un planteamiento extrapolable, de una manera o de otra, a otros sectores, como puede ser el sector de la industria láctea (que nuestro Grupo Parlamentario ha planteado en una relación de silogismo muy parecido al que ahora estamos debatiendo), respecto del cual entendemos que al existir un mecanismo de producción del azúcar a través de cuotas, hay un denominador común a ambas producciones y a ambas industrias de transformación.
Lo que nosotros planteábamos en nuestra enmienda (que va ser objeto de retirada en la medida en que hemos llegado a un acuerdo transaccional, con la incorporación también de la enmienda del Grupo Popular) era que, con posterioridad a ese debate que va a haber respecto a cómo va a quedar la organización común del mercado del azúcar, para arbitrar la participación del sector productor en la industria, se requiere de unos instrumentos, que en definitiva son las ayudas a través de las administraciones de Agricultura españolas, la central y las de las comunidades autónomas, para que se produzca esa modernización del sector productor y del sector industrial y esa efectiva relación y estrecha vinculación. Por lo tanto, nosotros aceptamos esa enmienda transaccional y entendemos que el posterior debate que próximamente va a haber en relación a la futura organización común del azúcar, con sus modificaciones, junto con la posición política que va a mantener el Gobierno español al respecto, nos va a dar argumentos, información y solidez suficientes para que esta Cámara pueda formular su posición definitivamente sobre esa cuestión. Para ello, es interesante que alcancemos un acuerdo político, si es posible unánime, para que no se avance hacia una modificación de la OCM que tienda a una producción de cuotas de carácter europeo, puesto que lo que pretendemos es proteger al agricultor español y a la industria española, así como al empleo indirecto que está produciendo en nuestra economía.
Por todo ello, quiero manifestar nuestra sintonía con esta enmienda transaccional, y después de la comunicación que realice el Gobierno --esperamos que sea en breve--, fijaremos la posición definitiva por parte de esta Cámara, que en definitiva es la que va a defender el Gobierno, en función del ejercicio que corresponde a esta Cámara del control y del establecimiento de un marco de directrices políticas para el Ejecutivo, que ha de negociar tales cuestiones en el ámbito de la Unión Europea.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Popular.
Para su defensa y para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el propio Grupo Socialista ha cambiado, ha enmendado su proposición, ha aceptado nuestras enmiendas y ha planteado ante este Pleno un debate distinto al que se contemplaba inicialmente en su proposición. Se hablaba en la misma de una toma de posición de esta Cámara respecto al destino que se iba a dar a un importante paquete de acciones de una importante empresa azucarera. Bien es verdad que aunque aquí se han señalado fechas, el Grupo Socialista solamente había copiado la iniciativa que ya se había adoptado en las Cortes de Castilla y León el pasado día 21 de octubre. Es decir, tres días antes de la fecha que señala el registro de la Cámara para la iniciativa del Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en aquella Cámara, unido al resto de los grupos parlamentarios, había presentado para su debate un texto prácticamente igual.
Las circunstancias han cambiado y en este momento, retirada la amenaza de venta de ese paquete accionarial y, por lo tanto, no puesta en peligro la propiedad española de esa importante participación, el Grupo Socialista nos trae esta tarde a nuestra contemplación y al debate una declaración de intenciones que va más allá del futuro de una industria agroalimentaria, cual es el azúcar, para hablar de cuál debe ser la posición de la Cámara, del Parlamento español, en relación a la propiedad de los paquetes accionariales de la industria agroalimentaria. Yo me alegro profundamente, señor Roncero, del importante cambio que ello denota en el Grupo Parlamentario Socialista. Ya no estamos solamente ante una declaración de sector estratégico, como en su día se declaró el aceite de oliva, para que luego el Gobierno no moviera ni un ápice ninguna voluntad cuando se veía que los paquetes accionariales de un sector estratégico como el aceitero cambiaban de manos, cambiaban de propiedad y no eran de propiedad española. Yo me alegro muchísimo, porque efectivamente dicho está que ustedes suelen acertar cuando rectifican. Por lo tanto, bienvenida sea la declaración del Grupo Socialista, bienvenido sea que en esta Cámara se adopten esos criterios de recomendación, dentro de la libertad que reconocemos al mundo capitalista para las adopciones de actitud de mercado en la lucha y defensa de sus intereses, y bienvenido sea que el Grupo Socialista, es decir, el Gobierno Socialista, tome precauciones y alerte en relación a ese cambio de propiedades. Efectivamente en el sector azucarero estamos nuevamente ante un sector estratégico. 175.000 hectáreas en España se dedican a este cultivo. Directa o indirectamente 100.000 personas tienen causa profesional en el sector. Es un sector que produce 7,5 millones de toneladas de raíz y 1 millón de toneladas de azúcar. Es un cultivo insustituible en inmensas comarcas españolas. No hay alternativa agronómica en aquellos regadíos mesetarios que en alturas superiores a los 700 u 800 metros no encuentran ciclo vegetativo más adecuado que para el desarrollo de este cultivo.
Tenemos 1 millón de hectáreas en la cuota comunitaria.
Nosotros no estábamos de acuerdo en su momento en esa asignación tan pequeña. La agricultura española ha hecho un gran esfuerzo en este cultivo, en el que tiene que tener una extraordinaria dedicación, superior a la de sus homólogos franceses; recuérdese que la remolacha en España tiene que ser un cultivo de regadío frente al cultivo de secano que es la práctica habitual en el resto de la Unión Europea. Pues bien señorías, aunque se nos ha dado el margen de que en los próximos seis años no se va a entrar en la disminución o aumento de las cuotas nacionales, existe el peligro latente de que se intente que esta cuota pase de una base nacional a una base comunitaria. Y hay que recordar, señor Roncero, que en este momento la industria azucarera comunitaria prácticamente tiene un solo propietario: el grupo Ferruzzi, grupo del que ya sabemos cómo actúa en España. Por tanto, cualquier pretensión de comunitarizar este cupo pondría en peligro que el derecho individual que asiste a un agricultor pudiera volatizarse porque su industria intentara cambiarlo y radicarlo en sus abastecimientos más allá de los Pirineos. Es bueno, por lo tanto, que tengamos conocimiento de esta estrategia que puede llevarse a cabo por grupos multinacionales. Es bueno que sepamos que el Gobierno socialista apuesta, esta vez, por la defensa de los intereses españoles. Nos hubiera gustado -- repito-- haberle visto en esta posición en anteriores ocasiones. He hablado del aceite pero podríamos hablar de los fertilizantes, como sucedió hace unos años, donde desaparecimos como rectores del destino de la fabricación de fertilizantes en España. Por lo tanto, señoras y señores Diputados, nuestra petición ha sido que el Gobierno comparezca con un comunicado en esta Cámara. Pedíamos que fuera en el plazo de un mes. El Grupo Socialista nos dice que en breve tiempo. Vamos a aceptar esta modificación. Esperemos que en el mes de febrero no tengamos que recordar al Grupo Socialista que aún no ha comparecido el Gobierno. Estudiaremos el comunicado que nos haga llegar el Gobierno y sabremos las posiciones que adoptará frente a la futura reforma.
Se acaba de preguntar por el representante del Grupo Vasco (PNV) qué va a hacer el Gobierno respecto a algo que está pidiéndose por parte del sector productor. ¿Vamos a apostar por cuota nacional o vamos a apostar por cuotas regionalizadas que se aproximen a la esperanza y a la hipótesis más plausible, por parte

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del Grupo Popular, que es la de la cuota individual, aquella cuota que acompaña al agricultor? Con eso, señorías, acabaríamos con la especulación que existe en este mundo industrial. ¿Qué sería de una industria si no tiene cuota? Acabaríamos con la especulación. Si la cuota pertenece a una región o a los agricultures, no tendríamos la tentación especulativa que hemos sufrido recientemente, que por ahora ha desaparecido, pero que nos tememos que pueda volver.
Votaremos que sí al texto alternativo que ha presentado el Grupo Socialista como síntesis de la primitiva posición del Grupo y de las enmiendas que se han presentado y esperamos con mucha atención conocer la estrategia que va a defender el Gobierno socialista para este sector, y nos felicitamos de que, por una vez, el Gobierno socialista y el Grupo que le apoya hayan apostado por la defensa de los intereses españoles para el sector agroindustrial. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias señor Presidente.
A estas alturas del debate y conocidas las enmiendas transaccionales que ya se han expuesto y defendido, apoyaremos, en la medida en que dichas enmiendas sean aceptadas por el Grupo proponente, las transaccionales que sinteticen el sentir de lo que aquí se ha venido defendiendo hasta ahora.
Cuando conocimos esta iniciativa del Grupo Socialista la valoramos positivamente, al ver la preocupación que sentía el Grupo del Gobierno por el futuro del sector azucarero y remolachero, que nos parece de la máxima importacia, pero al mismo tiempo no entendíamos cuál era el sentido de esta propuesta, dado que la mayor parte de las actuaciones que incidían sobre el problema a tratar dependen del propio Gobierno socialista. Daba la sensación de que el Grupo Parlamentario Socialista quería enmendar la plana o dirigir la acción de lo que no se había hecho desde el Gobierno --a nuestro juicio, es mucho lo que no se ha hecho-- y que ha dado lugar a que se haya llegado a esta situación. Afortunadamente la decisión del grupo accionista mayoritario de Azucarera, que en aquellos momentos parece ser que estaba en negociaciones de venta de un paquete importante que dio lugar a esta proposición, ha cambiado, por la razones que sean y, desde luego, respetando mucho la libre iniciativa y el libre mercado que en este caso creo que debe primar en cuanto a la decisión, por parte del grupo propietario, de vender o no vender la mayoría de las acciones, creo que esa decisión de posponer la venta hace, de alguna manera, innecesario lo que aquí se proponía por el Grupo Socialista. Bien es verdad que, a raíz de este problema planteado con las enmiendas transaccionales, vamos a abordar quizá el fondo del problema, que no es precisamente la venta de un paquete accionarial de una sociedad azucarera, sino algo mucho más profundo: cuál es el futuro del sector azucarero de España en relación con las cuotas de la Comunidad Europea. Ese es el verdadero fondo del problema. Y en la medida en que esta proposición sirva para una mayor sensibilización de todos los grupos políticos, pero fundamentalmente del Gobierno, para abordar con acierto este problema, creo que habrá valido la pena el que se haya debatido aquí esta tarde. Y, como digo, apoyaremos las enmiendas transaccionales que se han presentado. Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la primitiva proposición no de ley, relativa a los criterios más idóneos para la venta de un importante paquete accionarial de la Sociedad General Azucarera de España, S.A., que posteriormente ha sido sustituida, incluso en el enunciado, por la enmienda que se ha pactado entre los diferentes grupos.
En primer lugar, quisiera decir a SS.SS. que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se felicita de que en esta ocasión el Grupo Socialista se haya pronunciado sobre la conveniencia de que el sector agroalimentario esté fundamentalmente en manos españolas. No es lo mismo una empresa del sector agroalimentario multinacional que una empresa española. En ese sentido he observado un cambio importante en relación a la primera comparecencia del ex ministro Albero, que me sorprendió de forma muy negativa cuando a una consideración de esta Diputada, sobre la preocupación que sentíamos respecto a cómo las industrias agroalimentarias iban pasándose al sector de las multinacionales paulatinamente, me vino a decir que en realidad no le importaba de quién era la titularidad porque una empresa comunitaria es una empresa española y una empresa española es una empresa comunitaria y que, por tanto, lo que diferenciaba a unas de otras eran matices.
Señorías, no son matices. Es importante que esas empresas agroalimentarias, que son las que hacen que el producto final agrario se multiplique de forma considerable cuando es objeto de transformación, estén vinculadas a la tierra y vayan a incrementar la renta de los agricultores, y que el valor añadiddo vaya a parar a manos de agricultores o industriales españoles.


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En realidad, señorías, no sé que es lo que estamos discutiendo ahora. Hay una enmienda que ha sido consensuada, de cuyo último punto participa la enmienda que había presentado el Grupo Popular. En realidad, esta proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Socialista viene derivada del propósito del BCH --Banco Central Hispano-- de vender un importante paquete de acciones a la sociedad francesa Général Sucrière. Este era un motivo de gran preocupación, pero parece ser que de momento ha quedado solventado por cuanto que el propio presidente del banco ha dicho que tiene la intención de no vender. De cualquier manera, ante la situación del momento actual, que nos ha obligado incluso a cambiar la orientación de la proposición no de ley, diría que, efectivamente, parece que de momento los temores se dispersan, pero el Gobierno no debería bajar la guardia; no debería bajar la guardia porque también se ha oído que esto es coyuntural y que en el momento en que haya un cambio de Gobierno o el señor Atienza no tenga una posición firme sobre este asunto el Banco Central Hispano podría volver otra vez a su intención de vender ese paquete accionarial.
Es importantísimo, señorías, que tengamos en cuenta que, como contempla el punto 1.º de la proposición no de ley, en el caso de que esas acciones se vendieran, fueran a parar a un grupo español, pero no a cualquier grupo español. Eso es lo que nuestro Grupo quisiera someter a la consideración de SS.SS.
esta tarde: no a cualquier grupo español. Habría la posibilidad de que una empresa, Ebro Agrícola, se hiciera con ese paquete accionarial, pero nuestro Grupo no estaría de acuerdo con ello porque consideramos que sería una solución no positiva, ya que nos llevaría a una situación prácticamente de monopolio en el sector que creemos que no es positiva. Por otra parte, Ebro Agrícola, que es la principal empresa envolturadora del país, tiene unas relaciones de gran conflictividad con el sector productor y no pensamos que sea la mejor solución. Ante una situación de cambio de titularidad de las acciones, nuestro Grupo iría hacia sociedades españolas, pero, si puede ser, con contenido cooperativo. En el sector hay una, Acor, que es la que garantizaría, de alguna manera, que la cuota continuara siendo siempre española, puesto que los productores viven del cultivo de la remolacha y tienen voluntad de permanecer en ese cultivo, lo haría que fuera extremadamente difícil que, ante una situación de modificación posterior de la Organización Común de Mercado del azúcar, en la que se fuera hacia el criterio de la especialización y de la comunitarización de la cuota, no se pudiese producir en nuestro país. Porque tenemos que tener en cuenta que, en nuestro país, el cultivo de la remolacha cuenta con condiciones estructurales y climáticas peores que, quizá, con el plan de reestructuración que esta proposición no de ley plantea, pero no es ese el momento en que nos encontramos.
Lamento, señorías, que el PNV haya retirado su enmienda. Y lo lamento porque iba a concretar el punto 1.º de la proposición no de ley del Grupo Socialista, que dice que es importante que se produzca la integración de la producción en la industrialización para que participe en el valor añadido del productor final y en la mejora de la renta de los agricultores. La enmienda del PNV iba en el sentido de garantizar que habría fondos públicos para que esas rentas, efectivamente, estuvieran dotadas. Creo que habría sido importante que el PNV hubiese mantenido esta enmienda, porque muchas veces nos encontramos con que se producen declaraciones en esta Cámara, por parte del Grupo Socialista y por parte del Gobierno, que después no se compadecen en absoluto con la práctica política del «Boletín Oficial del Estado». Me estoy refiriendo, señorías, a cómo se puede decir hoy en esta Cámara que hay una voluntad de que el sector productor participe en todos los procesos de industrialización y que, por tanto, el valor añadido vaya a incrementar las rentas de los agricultores y, por otra parte, se haya publicado el Real Decreto 54/1994, por el que se deroga normativa anterior en la que se establecía la prioridad de las entidades asociativas para acceder a los planes para inversiones de comercialización e industrialización de productos agrarios. Esto, señorías, ha sido derogado hace muy poco, y ahora aquí se nos viene con una declaración de intenciones.
Pues bien, yo pienso que haremos creíble la acción política en la medida en que lo que se dice en esta Cámara después tenga reflejo en el «Boletín Oficial del Estado». Es por eso que lamento que se haya retirado esa enmienda. De cualquier modo, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo va a votar favorablemente esta enmienda transaccional que presenta el Grupo Socialista, que ha sido consensuada con el Grupo Popular, y con el PNV, y vamos a participar activamente en el debate que se produzca como consecuencia de la comunicación que el Ministerio de Agricultura traiga a la Comisión de Agricultura para examinar el futuro del sector de la remolacha.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla. (El señor Roncero Rodríguez pide la palabra).
Tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Para recordar a SS.SS. que también querríamos cambiar el título de la proposición no de ley que, como he dicho en mi intervención, sería el siguiente: Proposición no de ley relativa a los criterios más idóneos para la reestructuración y modernización del sector remolachero azucarero español. El título de la propia proposición, con la transacción, sería ese; quiero recordarlo para que los servicios de la Cámara puedan tomar buena nota de ello.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: De todas manera, señor Roncero, como sabe, el título no se somete a votación.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, que se somete a votación en los términos resultantes de la transacción expuesta por el señor Roncero y aceptada por los grupos que habían presentado enmiendas a la misma. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA NORMATIVA DE LOS FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD) EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE COOPERACION (Número de expediente 162/000135)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo en el marco de un proyecto de Ley sobre Cooperación.
Tiene la palabra el señor Hernando Fraile. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, a lo largo de los últimos años, y desde que España dejara de ser perceptora de ayuda oficial al desarrollo en 1977, procedente de otros países, los créditos FAD o los créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo se han convertido en España en el principal instrumento de nuestra ayuda oficial al desarrollo. Así, en 1993, el ICO realizó pagos a empresas españolas por un importe de 99.230 millones, lo que supone el 63 por ciento del total de nuestra AOD y el 82 por ciento del total de nuestra ayuda oficial al desarrollo de tipo bilateral. Además, este instrumento se basa en una regulación normativa que tiene su origen en el Real Decreto- ley 16/1976, de 24 de agosto, y en los Decretos de febrero y septiembre de 1977, en los que se constituye la comisión interministerial. Además, en 1984, el Gobierno establece una serie de criterios de funcionamiento de esta comisión interministerial, en la que se establece la autorización previa del Consejo de Ministros para aprobar operaciones con cargo a estos fondos. Esta regulación normativa, que a nuestro juicio es insuficiente y obsoleta, ha sido complementada, además, por las disposiciones que se han venido arbitrando a través de las leyes de Presupuestos Generales del Estado, año tras año, en las que se han realizado unas dotaciones que, a nuestro juicio, y vista la experiencia, son irreales, debido a las desviaciones presupuestarias que se han venido desarrollando todos los años.
Como decía al principio, esta escasa e inadecuada regulación jurídica, basada en unos criterios que en numerosas ocasiones se han incumplido o no se han tenido en cuenta, unido al secretismo con el que el Gobierno ha utilizado este mecanismo de financiación preferencial, puesto en evidencia en la continua ocultación de datos al Parlamento, han provocado a nuestro entender la perversión de este instrumento de ayuda oficial al desarrollo, que ha sido concedido o denegado en numerosas ocasiones de forma discrecional y arbitraria, creando redes de intereses en las que la información privilegiada o las influencias han estado a la orden del día.
Además, con ello, se ha abierto un claro camino para el desarrollo de la corrupción, no sólo en nuestro país, sino en los países presuntamente beneficiados, agravado todo ello con que nunca se ha evaluado el desarrollo de ninguno de los proyectos ni tampoco el impacto que los mismos han producido en los países destinatarios de nuestra ayuda. Esto ha posibilitado que se den casos en los que claramente se han incumplido estos criterios y esta escasa regulación. Así, podemos ver cómo se han financiado bienes de consumo, como repuestos a Cuba, o azúcar, hilo o papel a Argelia, cuando estos fondos no están previstos para este tipo de financiaciones. Hemos visto también cómo se han aprobado créditos no ligados a la exportación de bienes españoles, como en el caso del metro de Medellín, de reciente actualidad por su aprobación y autorización en 1993, o el famoso caso del azúcar en Venezuela, para el que nuestro grupo solicitó en esta misma Cámara una comisión de investigación.
También hemos visto cómo se han construido cárceles en Perú o fábricas de cerveza en Cabo Verde; hemos visto cómo se han realizado, a través de estos fondos, suministros de combustible a Guinea Ecuatorial; donaciones a Nicaragua o a Uruguay, consignadas como créditos; centros de comercialización en Panamá, que se pagan, pero que tardan años en construirse por falta de terrenos; créditos para camiones de balasto en Mozambique, entregándose luego muchos menos de los que inicialmente se preveía; líneas de alta tensión en Angola que se convierten, señorías, en líneas de baja tensión y, por último, y lo que a nuestro juicio también resulta grave, venta de material militar o de doble uso, incluso a países inmersos en contiendas civiles, como los casos de Mozambique, Angola, Somalia o Uganda.
Señorías, algunas de estas irregularidades fueron puestas en evidencia, junto a otras más, en el informe del Tribunal de Cuentas de 1986 a 1990. En unas de sus conclusiones se determinaba la necesidad de reformar

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nuestra legislación por considerarla ambigua cuando no contradictoria. Además, señorías, en los últimos 10 años se han producido continuas desviaciones presupuestarias, como decía antes. Se han producido autorizaciones en Consejo de Ministros por un importe cercano a los 600.000 millones de pesetas, mientras que los pagos del ICO sólo han alcanzado los 371.875 millones de pesetas. Esto ha creado un desfase en la actualidad de más de 175.000 millones en los últimos años, que provoca que a partir de septiembre el ICO tenga que suspender pagos al carecer de fondos suficientes, y en ocasiones a ello se acompañe la paralización de los proyectos con el consiguiente desprestigio para España en los países objeto de esta ayuda.
Es necesario recordar que España se incorporó al CAD de la OCDE en 1991 y que hemos ratificado y firmado el consenso en el que se establecen toda una serie de normas y recomendaciones sobre la gestión de la ayuda oficial al desarrollo. Además, el 24 de abril de este mismo año el Comité de Ayuda al Desarrollo realizaba el primer informe sobre nuestra ayuda oficial, que constituía un auténtico varapalo contra la gestión del FAD por parte del Gobierno. Por todo eso, y basándonos en la experiencia acumulada en los criterios aprobados por esta Cámara el 26 de noviembre y otros posteriores, como los de febrero de este año, así como en la creciente demanda social, impulsada por movimientos sociales como la plataforma del 0,7, en el sentido de que nuestra ayuda oficial al desarrollo, y en especial los créditos FAD, tienen que ser eficaces en la lucha contra la pobreza y gestionarse con transparencia, es por lo que hemos presentado esta proposición no de ley. Es una proposición no de ley en la que pedimos que, en el marco de la ley de cooperación y ayuda al desarrollo que se debe remitir a esta Cámara en el período de 6 meses, se proceda a la regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo según una serie de criterios.
El primero de ellos es que el objetivo prioritario de los FAD sea la financiación de exportación de bienes de equipo y servicios españoles que contribuyan al desarrollo de los países beneficiados. Establecemos, mediante este criterio, la prioridad de los FAD en el desarrollo de los países beneficiarios. En el informe del propio CAD, remitido a España y realizado en este año, se decía que España figura entre los países del CAD, en primer lugar, en cuanto a la orientación comercial y, en segundo, en cuanto a la dureza de las condiciones. Además, decía que sigue sin ajustarse a las recomendaciones sobre condiciones financieras y los requisitos de los créditos concedidos a los países más pobres son particularmente rigurosos. Concluía que en el Ministerio de Comercio no se hace valoración de la calidad de la ayuda de los proyectos que se aprueban.
En el segundo de nuestros criterios pretendemos que se definan o se marquen los sectores. Nosotros entendemos que tiene que haber unos sectores de atención prioritaria y considerábamos que fueran aquéllos referidos a la educación, a la sanidad, al medio ambiente, a las infraestructuras y a las comunicaciones.
Este establecimiento de criterios de sectores prioritarios posibilitaría también a nuestras empresas la planificación y desarrollo de sus objetivos e intereses. En tercer lugar, hacemos una referencia al tema del material militar, y para ello pretendemos que se tenga en cuenta lo dispuesto en el consenso de la OCDE, teniendo especial prevención para los países inmersos en conflictos civiles. Ya he hecho referencia al tema con anterioridad, pero hay que decir que entre 1987, por no remitirme a un pasado más lejano, y 1991 se aprobaron más de 14.000 millones para proyectos de este tipo.
En el punto 4 solicitamos que se limite la incorporación de material y patentes extranjeras y que no sea superior al 10 por ciento del importe del crédito. En el caso de que la procedencia de estos bienes fuera de otro país de la Unión Europea, se estaría a lo previsto en los acuerdos internos de la Unión. De esta forma, pretendemos apoyar y fomentar el desarrollo de la industria nacional. En el punto 5 pretendemos que se incluya la obligación del Gobierno de presentar una memoria de evaluación y de seguimiento de cada una de las operaciones autorizadas por Consejo de Ministros ante la Comisión de Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo, del Congreso de los Diputados, recientemente creada, así como ante la Comisión que, a estos efectos, determine el Senado, valorando el impacto de los proyectos desarrollados. Nunca, como decía antes, se ha evaluado el resultado de los proyectos y se ha incumplido la escasa normativa existente en este aspecto.
Además, en el punto 6 pedimos que se contemple la obligación del Gobierno de facilitar la máxima difusión y favorecer el acceso a estos fondos entre los empresarios españoles. Según el CAD, señorías, sólo una pequeña porción de las peticiones de financiación FAD son aprobadas por el Ministerio de Comercio y, además, no existe ningún procedimiento de licitación para la adquisición de los bienes y servicios en España, a pesar de que el propio CAD recomienda, en sus buenas prácticas, que la negociación directa se restrinja a casos excepcionales. Este hecho de no concurrencia favorece el encarecimiento de los productos exportados a través de los sobreprecios.
En el punto 7 establecemos el sistema de unidad de acción y pretendemos que toda nuestra cooperación y ayuda al desarrollo pase a través de una comisión interministerial, respetando los acuerdos del 26 de noviembre de 1992. En el punto 8 hacemos referencia al respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como los procesos de apertura y democratización que deben ser tenidos en cuenta en todo lo que se refiera a nuestra ayuda oficial al desarrollo.


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En el punto 9 pretendemos limitar el pago de comisiones, porque entendemos, señorías, que en créditos gobierno a gobierno no tiene razón de ser la existencia de comisiones más allá de lo que deben ser las comisiones normales en cualquier operación comercial, y creemos que en esto hay que hacer especial puntualización, ya que lo contrario podría producir que estos casos que hemos visto a lo largo de los últimos días se siguieran produciendo en un futuro. También en el punto 10, como final de nuestro decálogo, pretendemos que se establezcan normas relativas a la refinanciación y cobro de la deuda, eliminando la discrecionalidad con la que en la actualidad actúa el Gobierno en este sentido.
Nosotros entendemos, señorías, que los créditos FAD...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando, vaya terminando, por favor.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente. Enseguida concluyo. Nosotros entendemos, señorías, que los créditos FAD son responsabilidad directa del Gobierno en su conjunto, debido a que los proyectos son autorizados en Consejo de Ministros. Por tanto, los mismos afectan al interés general y al nombre mismo de España en el exterior. Por eso consideramos que la situación actual es insostenible y pretendemos superarla haciendo compatible el desarrollo de nuestro país con la ayuda eficaz al desarrollo sostenible de los países del mal llamado Tercer Mundo.
Ese ha de ser el objetivo preferente de una herramienta de cooperación que, como el crédito FAD, que por sus condiciones financieras supone una donación de al menos el 35 por ciento del importe total, debe ser revisado y redefinido por este Parlamento de forma urgente. Por eso es por lo que solicitamos a la Cámara la aprobación de esta proposición no de ley.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y otra por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y también para fijar su posición en general sobre este debate, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero empezar señalando algunos hechos que enmarcan el debate que estamos manteniendo.
Mi Grupo elaboró una proposición no de ley, que entró en Registro el 22 de agosto de este año, sobre la política de cooperación y ayuda al desarrollo, especialmente sobre los créditos FAD que, desde entonces hasta ahora, no ha encontrado hueco para poder se discutida en esta Cámara, por lo que vamos a utilizar este trámite que el PP nos proporciona al haber incorporado una proposición sobre el mismo tema, aunque registrada en octubre de este año, para poder explicitar nuestras opiniones sobre este asunto.
Quisiera empezar por hacer dos reflexiones. La primera, respecto a la importancia creciente de la política de cooperación y ayuda al desarrollo. Esa importancia creciente no se produce exclusivamente por razones solidarias, razones que, sin duda, han sido estimuladas en los últimos meses por acontecimientos como algunos de los que hemos tenido ocasión de contemplar, por ejemplo, la situación de marasmo en Ruanda o la acción decidida de muchos hombres y mujeres que han mantenido una movilización larga y dura como la que congrega a la llamada Plataforma del 0,7 del PIB para el Tercer Mundo, sino también por la acción continuada, ya con solera, de muchas ONG que llevan ese noble sentimiento solidario a su práctica concreta y cotidiana. Decía que no sólo son las razones solidarias las que marcan la importancia creciente de la política de cooperación. Yo creo que hay otras mucho más prosaicas, que son las de nuestro propio interés, es decir, no sé si SS.SS. podrán mantener hoy la tesis de que nuestro país, en el contexto de Europa, pueda tener futuro, entendido el futuro europeo como el de una isla rica, próspera, que come todos los días, que tiene importantes niveles de protección social, rodeada de una gran cantidad de países con miseria. No es posible entender un futuro para nuestro país para el conjunto de la Unión Europea, si no es desde la óptica solidaria que obligue al desarrollo de nuestro entorno; no es posible concebir a Europa como un isla rica rodeada de miseria. Esa reflexión debería ser importante a la hora de valorar el impulso necesario para que esta política de cooperación y ayuda al desarrollo adquiera las dimensiones que debe tener.
La segunda reflexión que me gustaría hacer, señor Presidente, es una especie de alerta sobre las nuevas formas que el neocolonialismo adquiere en estos momentos y que las puede adquirir perfectamente a través de esa política de cooperación y ayuda al desarrollo. Cuando el motor de la política de cooperación que haga cualquier Estado --el nuestro, por ejemplo--, el «Leitmotiv» de esa política sea encontrar retornos, generar crecimiento de la industria en nuestro país, esa forma inadecuada de entender la política de cooperación será una forma de hacer neocolonialismo, lo último que deberíamos hacer si partiéramos del mínimo conocimiento de la experiencia reciente de la humanidad.


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Esas dos reflexiones, repito, deberíamos tenerlas siempre presentes a la hora de hablar de la política de cooperación.
En toda esta política de cooperación, el uso de los famosos FAD es un instrumento fundamental, y a eso se dedica principalmente la proposición no de ley del Partido Popular que nosotros hemos enmendado, así como también las enmiendas que han planteado el Partido Socialista.
Ha sido citada anteriormente la numerosa lista de irregularidades o anomalías que encontró el Tribunal de Cuentas al revisar los créditos FAD. Nosotros quisiéramos señalar, además de los citados, uno muy concreto: entre 1980 y 1990, al menos la cuarta parte de la cuantía total de los créditos FAD formalizados, es decir, 247.996 millones de pesetas, según estimación de centros de la solvencia del Centro de Investigaciones para la Paz, fue destinada a la venta de armas, además a países que se encuentran entre los más pobres del mundo, contradiciendo no sólo los objetivos de la política española de cooperación, que fueron aprobados por unanimidad en noviembre de 1992, sino los criterios objetivos del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE; bien es cierto que nosotros pertenecemos al CAD desde el año 1991.
Estos fondos FAD son un instrumento esencial de la política de cooperación, fondos FAD que, de momento, siguen estando bajo la égida del Ministerio de Comercio, porque tienen como objetivo priorizar nuestro comercio exterior, desoyendo también un documento de la importancia del informe para el desarrollo humano, de Naciones Unidas, que establece que los FAD, como toda la AOD, deben ser un instrumento para luchar contra la pobreza, por las razones en las que intentaba reflexionar al principio, razones de solidaridad y razones de nuestro propio interés.
Entrando en lo que son las enmiendas concretas que hemos planteado a la proposición no de ley del Partido Popular, la primera intenta enmendar el primer punto --y no es un problema gramatical, señor Hernando--, porque cuando ustedes dicen en el punto 1.º que «el objetivo prioritario de los FAD debe ser la financiación de exportación de bienes de equipo y servicios españoles que contribuyan al desarrollo de los países beneficiados», nosotro decimos que «los créditos FAD tienen como objetivo prioritario la contribución al desarrollo de los países beneficiados a través de la financiación de exportaciones de bienes de equipo y servicios». Es decir, el objetivo de los FAD no es estimular el comercio exterior; el objetivo de los FAD es luchar contra la pobreza a través de la concesión de créditos que faciliten nuestro comercio exterior.
No es un problema gramatical, es muy importante conceptualmente dónde se establece la prioridad.
En el punto 2.º de la proposición del Grupo Popular después de su redacción, después de decir que «los sectores de atención prioritaria serán aquellos que realmente promuevan el desarrollo social, cultural y económico de las poblaciones», nosotros añadimos lo siguiente: «Por tanto, se priorizarán aquellos proyectos destinados a atender necesidades básicas de los sectores sociales más desfavorecidos, así como los destinados a recuperar el medio ambiente o impedir su deterioro». No nos podemos olvidar de la importancia que reviste para nosotros la conservación y la recuperación medioambiental también de los países del llamado Tercer Mundo, de los países empobrecidos. El apartado 3.º del Grupo Popular nosotros lo sustituimos por una redacción que dice literalmente: «Las prioridades anteriormente expresadas» --es decir, lucha contra la pobreza, lucha por el desarrollo, etcétera-- «excluyen la utilización de los créditos FAD para la financiación de operaciones de compra» --o venta--«de material militar, así como otros susceptibles de doble uso».
En el informe que aprobó esta Cámara en noviembre de 1992 se señala --y está a disposición de SS.SS.-- cómo a nivel mundial el 80 por ciento de los créditos FAD fueron destinados a aquellos países que gastaban más del 4 por ciento de su PIB en la compra de armamento, de donde se colige fácilmente que la mayoría de los créditos FAD a nivel planetario acaba teniendo como utilidad fundamental la compra de armamento, objetivo que difícilmente se compadece con el desarrollo de las poblaciones más necesitadas, en la lucha contra la pobreza, etcétera. En el punto 6.º el Partido Popular decía que el Gobierno tendrá la obligación «de facilitar la máxima difusión y favorecer el acceso de estos Fondos entre los empresarios españoles».
Nosotros decimos que entre los empresarios españoles «especialmente», pero también hay otros cauces por los que hay que hacer circular la información de los créditos FAD.
Hay otra enmienda de adición, al punto 7.º, que nos parece de más entidad, cuando se habla de esa Comisión Interministerial en la que participan los trece Ministerios que actualmente tienen que ver con la política de ayuda al desarrollo, decimos que debe haber dos cosas importantes. Primera, que quien tenga la responsabilidad final de las decisiones que se tomen en esa Comisión Interministerial debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores y no el Ministerio de Comercio. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha gestionado escasamente el 12,9 por ciento de la AOD total, y nosotros pretendemos que sea fundamentalmente responsabilidad de Exteriores y no de Comercio. Además, parece absolutamente razonable que en esa Comisión exista representación de la Agencia Española de Cooperación, que exista una representación cualificada de las ONG, que tienen el instrumento adecuado para poderlo hacer a través de su coordinadora, así como que tenga representación la Federación Española de Municipios y Provincias, porque en buena medida muchos de los proyectos

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de cooperación y ayuda al desarrollo tienen que ver con actividades de entidades locales y provinciales. Por tanto, nos parece que esa Comisión, sin la participación de ONG, de la FEMP y de la Agencia Española de Cooperación, está insuficientemente dotada y deberíamos completarla.
En el apartado 10 del Partido Popular, cuando se habla de refinanciación, nosotros añadimos al final que se tiene que establecer el plazo improrrogable de un año para que los países receptores de los créditos pongan en marcha los programas, lo que nos parece un tiempo razonable.
En las normas relativas a la refinanciación y cobro de la deuda deberían tenerse en cuenta aquellas circunstancias que obliguen a los países empobrecidos a pagar la deuda en detrimento de inversiones públicas en salud y educación. Se da la paradoja, señorías, de que muchos de esos países a los que teóricamente dedicamos ayuda para luchar contra su probreza, para devolver la financiación que les hemos prestado se ven obligados a restringir sus inversiones propias en aquellas materias que lógicamente comportan desarrollo humano, como educación, sanidad, etcétera.
Finalmente añadimos un último apartado por el que establecemos la necesidad de remitir a las Cortes Generales --al Parlamento--, al Consejo Económico y Social y a las instituciones sociales de ayuda al desarrollo un informe anual detallado de las actividades del FAD, antes de finalizar el primer semestre del año siguiente.
De todos estos criterios que puntualiza el Partido Popular y que nosotros hemos enmendado se desprende una cosa importante y que no está puntualizada: la petición de que en los próximos seis meses el Gobierno se comprometa a traer a esta Cámara una ley de cooperación y ayuda al desarrollo. Señorías, una actividad de la importancia cuantitativa y cualitativa de ésta todavía no dispone de ley. Por tanto, yo creo que la mejor virtud que tiene la proposición no de ley del Grupo Popular es la exigencia de que en seis meses, esa ley esté presentada en esta Cámara.
Conocedores de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a la proposición no de ley...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, vaya terminando.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo enseguida, señor Presidente.
Dice la enmienda que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo más breve posible remita a esta Cámara esa necesaria ley de cooperación. A nosotros no nos parece aceptable que se diga «en el más breve plazo posible» cuando, por otra parte, tenemos constancia de que es una promesa reiterada desde hace años, no unos meses, porque está haciendo falta esa ley de cooperación.
En el segundo punto de la enmienda del Grupo Socialista se dice que se procederá a una más precisa regulación normativa de los FAD. Tampoco nos satisface que se diga «una más precisa». Creo que hay que mantener la exigencia básica de que en seis meses, o como máximo al final del próximo período de sesiones, se haya presentado esa ley; y, por otra parte, que los créditos FAD se regulen por medio de una ley. Si es un instrumento más preciso, como se dice en la enmienda, nuestro grupo no lo va a aceptar. En caso contrario, en el caso de mayor precisión podríamos tomar la posición adecuada.
A pesar de todo, como ustedes saben y lo hemos dicho al principio de la intervención, tenemos presentada en el Registro de la Cámara una proposición no de ley que contiene algunos aspectos similares de la política de cooperación, y en función del resultado final de este debate que estamos teniendo, nuestro grupo estudiará mantener o no viva esa proposición no de ley para propiciar un nuevo debate sobre la política de cooperación en el caso de que no encontremos satisfacción a lo que nos parecen peticiones básicas.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cremades.


El señor CREMADES SENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para defender una enmienda del Grupo Socialista a la proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la normativa de los fondos de Ayuda al Desarrollo en el marco de un proyecto de ley sobre cooperación.
Entendemos que la iniciativa del Grupo Popular es de suma importancia y de gran oportunidad y actualidad. También que la sensibilización social, gracias a la Plataforma del 0,7, ha ido aumentando y nuestra sociedad está mucho más preparada en estos momentos para poder asumir que vayamos mejorando en calidad y en cantidad la cooperación que España destina como la ayuda a los países en vías de desarrollo.
Es cierto, además, que la sensibilización social que existe en la calle también es compartida por la Cámara. Quiero recordar que hay una serie de iniciativas en esta Cámara. Las resoluciones de noviembre de 1992, aprobadas por unanimidad; las resoluciones de febrero de 1994; una Ponencia en el Senado que está estudiando cuáles van a ser las directrices de la futura cooperación en el marco de lo que hemos aprobado en esta Cámara, que cada vez es más importante en nuestro país; la propia creación de la Comisión no permanente de Cooperación y Ayuda al Desarrollo en esta Cámara demuestran que la sensibilidad social por estos temas es también recogida por nosotros mismos con

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este tipo de iniciativas, y algunas otras que no me voy a extender en explicar aquí.
En ese sentido aceptamos la proposición no de ley del Grupo Popular en sus elementos esenciales, que vienen a ser: instar al Gobierno para que presente un proyecto de ley de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, por una parte; y, por otra, que el Gobierno proceda a una más precisa regulación normativa y de mayor rango --incluso de la que hay actualmente-- sobre los criterios FAD o el Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Aceptamos también de conformidad que ambas leyes se atengan a lo dispuesto en las distintas instituciones internacionales, como son el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas; los criterios del consenso, con sus reformas, de la OCDE; los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo; así como también el informe que aprobó esta Cámara, en noviembre de 1992 y otros textos posteriores que se han aprobado por nosotros y por el Senado. Todo esto lo aceptamos en el marco de que esa ley de cooperación tenga que venir a esta Cámara. Es necesario; lo han dicho los respectivos ministros en las comisiones correspondientes y todos entendemos, creo que por unanimidad, que es un tema que hay que regular definitivamente cuanto antes con una Ley de Cooperación.
No podemos compartir y, por tanto, rechazamos, los términos concretos y la forma en que se presenta esta proposición no de ley. Temía que la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Hernando, iba incluso a profundizar sobre los términos escritos en la motivación que hace para presentar la proposición no de ley y en algunos de los diez puntos que plantea en la misma. ¿Por qué no podemos aceptar nosotros esta forma de presentar la proposición no de ley? Muy sencillo.
Porque muchos de los términos que plantea la proposición no de ley y de la intervención del propio portavoz del PP aquí son inexactos. Habla, por ejemplo, de que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas --lo dice en la proposición no de ley y aquí lo ha repetido-- señala que hay irregularidades. No existe la palabra irregularidad en dicho informe, lo han dicho por activa y por pasiva las distintas autoridades que han comparecido en las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Comercio, y en la del propio Tribunal de Cuentas. No existe la palabra irregularidades.
Otros términos que se utilizan son, a nuestro juicio, inconvenientes. Por ejemplo, cuando habla de secretismo, de ocultación de datos, el Diptuado del Partido Popular no se ajusta a la verdad porque hay una serie de iniciativas legislativas, preguntas orales, preguntas escritas, informes, interpelaciones, comparecencias de las autoridades a quienes se ha pedido información sobre los Fondos de Ayuda al Desarrollo, los proyectos y los créditos que han financiado a estos proyectos, y en todos los casos se ha dado la información precisa, incluso en algunos de ellos también se ha entregado hasta la propia dinámica de cómo se ha ejecutado ese proyecto.
Por otra parte, nos parece que la forma en que plantea el Partido Popular su proposición no de ley no respeta suficientemente la iniciativa legislativa que, en un tema delicado y complejo como éste, debiera corresponder al propio Gobierno. Es una proposición no de ley farragosa, compleja, haciendo apelación a un decálogo de puntos que, a lo mejor, ni son todos los que tienen que estar ni tampoco hay por qué destacar estos mismos que el Partido Popular elige en su proposición no de ley. Por tanto, de alguna forma, se coarta esa iniciativa, que creo debe corresponder al propio Gobierno en un tema tan importante y tan delicado como el que estamos tratando en este momento.
Por todas estas razones, evidentemente no podemos aprobar la proposición no de ley en los términos en que la plantea el Partido Popular; pero sí estamos de acuerdo, como he dicho al principio, con sus objetivos esenciales. En algunos de los puntos se hace mucho hincapié y se habla de que no se han cumplido las normas establecidas hasta este momento por organismos internacionales con competencia en este tipo de cuestiones. No es cierto, al menos desde el año 1991 o 1992, que es cuando este país, como aquí se ha dicho, ingresa en estos organismos. La reforma del consenso de la OCDE se pone en vigencia en febrero de 1992, nosotros ingresamos en el Comité de Ayuda al Desarrollo en el año 1991, y las recomendaciones que marcan unas directrices y unos criterios de la política de cooperación para nuestro país, consensuados por toda la Cámara, datan de noviembre de 1992. Sin embargo, no teniendo anteriormente todo este tipo de indicaciones, de criterios, de planteamientos, se apela a un informe del Tribunal de Cuentas que fiscaliza las operaciones realizadas desde 1986 hasta 1990. Por tanto, estamos mezclando con otras algunas cuestiones que entendemos hay que recoger en la ley de cooperación. Cuando se apela a que ha habido esas irregularidades, anomalías o discrecionalidad en los créditos, estamos hablando de un período en el que no teníamos normativa ni estábamos adscritos a esos organismos internacionales que regulan la cooperación, entre otras cosas porque sólo estamos en estos organismos desde 1991-1992 y sería imposible e impensable que cualquier crédito FAD que no estuviera concedido en la justa medida y con los criterios que marcan los organismos oficiales internacionales, el consenso, el CAD, etcétera, se pudiera computar como AOD a la hora de hacer el cómputo global anual de la ayuda que destinamos a los países en vías de desarrollo.
Se habla de cuestiones que ponen en duda lo que esta sociedad y este Gobierno han venido haciendo, con un esfuerzo tremendo, por la cooperación y la ayuda

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al desarrollo, cada vez más clarificadora, cada vez más transparente y cada vez más ajustada a los criterios internacionales sobre AOD, a los que nos hemos adscrito. Eso sí, en la intervención del señor Hernando se habla de redes de intereses, se habla de corrupción, se habla de ocultación de datos, de qué pasa con la deuda y con las comisiones.
Le quiero decir, señor Hernando, que en todos y cada uno de los puntos que plantea su proposión no de ley está clarísimo que el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Cuando usted habla de la deuda, de cómo se refinancia o de cómo se pretende cobrar la deuda, le diré que el Gobierno lo hace donde lo tiene que hacer, en el Club de París, donde lo hacen todos los Gobiernos que han concedido créditos y quieren renegociar, refinanciar una deuda o cobrar la misma a través del Banco Mundial.
Se dice que en estos proyectos de alguna manera no está claro el pago de comisiones. Señor Hernando, en todos y cada uno de los proyectos FAD la comisión correspondiente para la ejecución del proyecto usted sabe como yo que va en el mismo proyecto, clara, nítida y limpia. La comisión es una necesidad no sólo de este país, sino de cualquier otro que concede este tipo de créditos; evidentemente va implícita dentro del propio proyecto y de la ejecución del mismo. Lo sabe usted exactamente igual que lo sé yo.
Habla de que no hay una memoria de evaluación y un seguimiento de cada uno de los proyectos que se han financiado con créditos FAD. Señor Hernando, yo también estaría de acuerdo en que eso fuera así; se está haciendo --y se va en ese camino--, una evaluación de la ejecución. Evidentemente es muy difícil y se necesitarían muchísimos más recursos de los que tenemos en este momento para hacer un seguimiento, una memoria de cada uno de los proyectos, no sólo de cómo se ha realizado y la ejecución del mismo, sino, incluso, teniendo presente, como dice su proposición no de ley, el impacto que tiene en el país.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, vaya concluyendo.


El señor CREMADES SENA: Voy terminando, señor Presidente.
Finalmente, como nosotros estamos de acuerdo en lo que pretenden básicamente con su proposición no de ley, hemos presentado una enmienda de sustitución al texto, que consta de dos puntos, que no huyendo de los principios que ustedes plantean en la proposición dice así: «1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible remita a las Cortes un proyecto de ley sobre cooperación internacional y ayuda al desarrollo, en el que tenga en cuenta los acuerdos de la Cámara de 26 de noviembre de 1992 y los postulados del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas, aprobado por las Cortes en diciembre de 1993».
«2. Asimismo insta al Gobierno a que proceda a una más precisa regulación normativa de los fondos de ayuda al desarrollo (FAD) en base a lo establecido en los citados acuerdos de la Cámara, en el consenso de la OCDE y las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).» Creemos que con nuestra enmienda, si ustedes la aceptaran, estaríamos cumpliendo el objetivo básico que ustedes pretenden y con el que nosotros coincidimos; estaríamos despejando muchas dudas que se vierten aquí, en la tribuna y en el propio texto, sobre la actuación del Gobierno en estos momentos y, de alguna manera, estaríamos huyendo, una vez de más, de no dejarnos lo importante para hacer lo urgente. Lo urgente para ustedes, señor Hernando, es aprovechar cada momento para intentar hacer correr cortinas de humo sobre temas que no vienen a cuento en esta cuestión que estamos planteando; eso es lo urgente para ustedes. Lo importante para todos, creo, es tener muy pronto una ley de cooperación y una regulación, con rango de ley, de los créditos FAD, que es lo que creo nos interesa a nosotros, a la Plataforma del 0,7 y muy especialmente a los países en vías de desarrollo que necesitan ese apoyo de nosotros y del resto de los países desarrollados.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cremades. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Albistur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente porque este tema no es nuevo; viene aquí después de un debate en la Comisión no permanente de ayuda al desarrollo, sobre el porcentaje de aportación del producto interior bruto para la ayuda al desarrollo, que se celebró el pasado día 10 de octubre, prácticamente con los mismos interlocutores que hoy están hablando aquí: el señor Cremades, el señor Hernando, el señor Vázquez y un servidor.
Aquí precisamente quiero manifestar que, a partir de una enmienda presentada por mí personalmente, pero también en nombre del Grupo Vasco (PNV), como ahora también lo hago, se acercaron posturas y nació la enmienda, porque el señor Ministro también levantó la liebre de esa posibilidad, que hoy figura en los presupuestos sobre el 0,5 por ciento de aplicación en este año 1995, el próximo año.
Quiero reconocer la iniciativa del Partido Popular en esta proposición no de ley sobre todo lo que supone de

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acercamiento de posturas de todos los grupos políticos, mejor dicho, en lo que puede ayudar a favorecer con las enmiendas presentadas también por otros grupos este acercamiento de posturas de todos los grupos políticos en esta materia y sobre todo, lo que puede empezar a suponer el que nos dejemos de dar rodeos y entremos de una vez a atajar el problema que está ya denunciado por el Comité Internacional de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y también por una fuerte presión social y que creo que está introducido en el convencimiento de todos los grupos que componen esta Cámara.
Hay aspectos positivos e interesantes en esta proposición no de ley que deberían ser recogidos en una futura y próxima ley, como son el punto cuarto, relacionado con la no incorporación de material o patentes extranjeras; el punto quinto, con la evaluación y seguimiento de cada una de las operaciones autorizadas por el Consejo de Ministros, y el punto octavo, con el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la persona como condición para la ayuda internacional.
Hay otros aspectos que se refieren al posible órgano gestor, a los objetivos de la ayuda al desarrollo, el papel de las ONG y la clara y precisa diferenciación entre ayuda al desarrollo y crédito FAD, que, a mi modo de entender, deberían ser estudiados con mayor detenimiento y yo diría que hasta con mayor alcance y rigor. Se trata de una proposición no de ley, que como diré más adelante, no es la forma más adecuada.
El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha elevado el 2 de mayo de 1994 un informe donde subraya el fuerte peso de los créditos FAD dentro de la ayuda al desarrollo --56 por ciento en el año 1992-- y ha insistido en la debida regulación por este Parlamento de dicha ayuda y en la creación de un organismo único gestor. Nosotros apoyamos también la separación que propugna el mismo Comité, sobre todo entre lo que significan los créditos FAD y todas las ayudas que están marcadas por las características dichas utilizadas por el propio Comité, como son la liberalidad y la donación.
Estamos, sin embargo, por un claro incremento de la ayuda al desarrollo. Hemos presentado dos enmiendas que suponen precisamente abordar el próximo año el 0,50 por ciento del producto interior bruto, bajo dos fórmulas, que esperemos que alguna de ellas sea aprobada en este Parlamento. Estamos por los créditos FAD, pero no por su actual aplicación, sino por su aplicación menos dirigista y dirigida y más de apoyo a la pequeña y mediana empresa para poder acceder a los créditos internacionales.
Hemos presentando una enmienda también para su incremento en los presupuestos del año 1995, que esperamos sea recogida por el Partido que representa al Gobierno, por insuficiencia a la demanda existente y a la posibilidad de oferta que las empresas puedan realizar. Y estamos por defender, dentro de lo que entendemos un claro error de lo que es la interpretación neocolonialista, los créditos de ayuda ligada. No creo que en este tema quepa una disquisición como la que aquí, en esta Cámara, se ha hecho anteriormente, cuando precisamente con nuestra ayuda se está favoreciendo la adquisición de máquina- herramienta de países extranjeros, dejando a nuestra empresas en una grave y dura permanente reestructuración.
Insuficiente nos prece esta proposición no de ley, como decía anteriormente, porque creemos que hay que abordar de una vez el tema con valentía. Nos parece que el tema es tan grave y comprometido que, si se va a proponer una enmienda transaccional en el sentido de crear el organismo único gestor y aprobar una ley que ordene la cooperación internacional, aparte de atribuirnos la paternidad porque presentamos una enmienda similar el pasado día 10 de octubre en la Comisión de Ayuda al Desarrollo que he citado, consideraremos que la apoyaremos únicamente si tiene un plazo, si ese proceso concreto de presentación de esa ley no se hace en los términos, como se ha presentado en la enmienda del Partido Socialista, si no se establece un plazo. En ese sentido tendrá todo nuestro apoyo y consideramos que podremos consensuar una buena y práctica ley en este Parlamento.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Tiene la palabra el señor Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señorías, intervengo en nombre de Unión Valenciana para fijar la postura respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre los fondos de ayuda al desarrollo.
Unión Valenciana, considerando que la fuente de financiación más evidente y clara del Fondo de Ayuda al Desarrollo es la dotación vía Presupuestos Generales del Estado, en el trámite reglamentario de enmiendas a los Presupuestos Generales de 1995 presentó una enmienda relativa a la elaboración de un proyecto de ley de regulación normativa de los créditos para el Fondo de Ayuda al Desarrollo, los créditos FAD. Esta enmienda, de disposición adicional, solicitábamos que quedara redactada de la siguiente manera: «En el plazo de tres meses, el Gobierno presentará un proyecto de presupuestos relativos al control, por parte de esta Cámara, de los fondos de ayuda al desarrollo». Es decir, exigíamos que en el plazo de tres meses el Gobierno presentara un proyecto de ley para regular los fondos, ello debido, esencialmente, a que nuestra enmienda perseguía, igual que se persigue ahora con esta intervención, que, de alguna manera --porque hasta ahora se ha escapado a esta Cámara--, se controlara la concesión, se controlara de una manera seria y a rajatabla cada una

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de estas pesetas que destinábamos al Fondo de Ayuda al Desarrollo.
Dicha enmienda obtuvo un escaso respaldo en la Comisión de Presupuestos el martes pasado por parte de los grupos de esta Cámara. Unión Valenciana presentó esa enmienda y hoy apoya esta proposición debido a que el propio informe del Tribunal de Cuentas señala que la normativa actual es escasa, excesivamente genérica e incluso contradictoria, contiene numerosas imprecisiones y confusiones.
Unión Valenciana dice sí a la cooperación internacional a través de los fondos de ayuda al desarrollo, pero hay que acabar con la ambigüedad, con las irregularidades y las contradicciones. Unión Valenciana ha apoyado el consenso que se ha producido hasta el día de hoy, por lo menos en Comisión, para que sigan destinándose cantidades al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Este año se contempla el 0,5, y Unión Valenciana está de acuerdo en que progresivamente se llegue al 0,7, pero evitando, por todos los medios, la discrecionalidad en esta entrega. Sí a los fondos para el desarrollo, no a los fondos para el armamento. Por ello, atendiendo estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas, que señala que se considera necesario dotar al FAD de una normativa adecuada que supere la indefinición y las contradicciones y que se aborden los aspectos fundamentales, apoyamos esta iniciativa que hoy se debate. De acuerdo con este informe, Unión Valenciana apoya la iniciativa de regular normativamente los FAD, sin más dilaciones, tres o seis meses, aunque las circunstancias aconsejan que se dicten normas reguladoras con la máxima urgencia.
Pido desde esta tribuna que, después del consenso en lo referente al 0,5 del PIB para el año 1995, y progresivamente para llegar antes del año 2000 al 0,7, siga ese consenso, necesario también, para que se regule normativamente, con seriedad y con rigor, el destino último de los fondos de ayuda al desarrollo. Pido ese consenso y esa normativa seria que acabe con las confusiones y las imprecisiones que el informe del Tribunal de Cuentas comentaba.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo. Para fijar la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señor Hernando, creo que constituiría un gran éxito de la Cámara que hoy se aprobara una proposición no de ley instando al Gobierno a remitir a la propia Cámara, en un plazo de tiempo determinado --en ello estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha expresado al señor Albistur--, un proyecto de ley de cooperación exterior. Creo que es suficientemente importante como para que nos planteemos todos los grupos parlamentarios la posibilidad de aprobar una proposición no de ley en este sentido. Como nos parece también importante que se produzca una modificación legislativa que perfile mejor la regulación de los créditos FAD, y creemos nosotros que sería conveniente también que esa regulación se produjera a través de una norma con rango legal. En concreto, quiero hacer especial mención a la importancia de la ley de cooperación internacional o de la ley de cooperación exterior, porque no es algo nuevo en la Cámara. Si no recuerdo mal, en el año 1982 --yo no era Diputado en aquel momento ni usted tampoco-- antes de las elecciones generales, hubo una reunión de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria a instancias de una organización no gubernamental, «Justicia i Pau», en la cual se consiguió la firma de un documento suscrito por todas las fuerzas parlamentarias, con dos compromisos. El primero de ellos era conseguir un incremento progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo con el objetivo de que se llegara a dedicar el 0,7 por ciento de nuestro producto interior bruto. El objetivo sigue ahí, sigue en el horizonte, a pesar de que se ha conseguido una progresividad al respecto. El segundo compromiso era la presentación al Parlamento, y aprobación, de una ley de cooperación exterior.
Estoy hablando del año 1982 y ello no se ha producido. Digamos que hasta ahora no ha habido voluntad por parte del Gobierno de que ello fuera así.
Recuerdo algunas iniciativas en la Cámara reclamando dicha ley. Me viene a la memoria una pregunta que yo realicé --creo que era en 1988-- al entonces Ministro de Asuntos Exteriores, señor Fernández Ordoñez, que en paz descanse, quien me manifestó las dudas que tenía el Gobierno respecto a la necesidad de aprobar una ley de ese tenor.
Por tanto, creo que si hoy conseguimos mandatar al Gobierno para que remita a la Cámara esta ley y que, además, lo haga en un plazo determinado, vamos a dar un paso muy importante en cuanto a perfilar una auténtica política española de cooperación exterior.
Donde ya discrepo en cuanto a la proposición no de ley del Grupo Popular es en aquello que ustedes creen que debe contenerse en esas dos leyes: la que regule la cooperación exterior y la que regule los créditos FAD, porque ustedes, a través de los diez puntos de la proposición no de ley, hacen referencia a algunas obviedades, en tanto en cuanto dicen que esa ley debe contener aspectos que ya están reflejados en el informe que por unanimidad aprobó la Cámara el año 1992, relativo a los objetivos y líneas generales de la política española en materia de cooperación y ayuda al desarrollo.
Hacen referencia a otras cuestiones que, desde mi perspectiva, son opinables, como, por ejemplo, la necesidad

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de crear una nueva comisión internaministerial, además de la que ya existe. No le voy a decir que no estemos de acuerdo con ello, pero tampoco le puedo decir en este momento que estemos lo suficientemente conformes como para votar este punto, así como otros que se contienen dentro de estas diez recomendaciones.
Por último, también le diré que hay otros aspectos con los cuales estamos absolutamente de acuerdo.
Por todo ello, y para terminar, quiero reiterar la necesidad de que seamos capaces de llegar a un acuerdo suficientemente amplio que permita dar ese mandato al Gobierno y nos dejemos de apreciaciones que yo creo disminuirían la importancia de la proposición no de ley. Me refiero a aquellas apreciaciones que han sido realizadas por el propio ponente del Grupo Popular y que, en cierta forma, retoman el hilo de la muy reciente interpelación que fue planteada también por el propio Grupo Popular y defendida por el señor Hernando, relativa a algunas cuestiones que desde su perspectiva eran poco claras, en referencia a algunas operaciones internacionales obradas con los créditos FAD. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder. El señor Hernando tiene la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas que han sido presentadas y defendidas por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por parte del Grupo Socialista.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo tenía intención, en un principio, de aceptar varios puntos de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que entendíamos completaban y mejoraban el texto presentado originalmente por el Grupo Popular. Sin embargo, señor Presidente, con el fin de conseguir un consenso entre todas las fuerzas de la Cámara, como ha sido puesto de manifiesto por los distintos intervinientes, vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, siempre que acepte las transacciones que en este momento le voy a presentar.
En el caso del punto 1, entendemos, señor Cremades, que no podemos aprobar un texto que ya se aprobó en febrero de este mismo año. Por lo tanto, el mandato que se le debe de dar al Gobierno debe tener un plazo concreto. Nosotros, por lo tanto, propondríamos que se eliminara «en el plazo más breve de tiempo posible», y se sustituyera por «durante el próximo período de sesiones». Eso estaría de acuerdo con nuestros deseos, con los de otros grupos y con las propias manifestaciones reiteradas por el Gobierno en este Parlamento.
Además, al final de este primer párrafo añadiríamos una coletilla, que diría: «en diciembre de 1993, así como la moción aprobada el 15 de febrero de 1994 en el Congreso», que de alguna forma viene a incluir también este acuerdo adoptado por unanimidad en la Cámara dentro de los criterios que entendemos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de este proyecto de ley sobre cooperación internacional y ayuda al desarrollo.
En el punto 2 pretendemos que el Grupo Socialista acepte otra transaccional, porque entendemos que la redacción no deja claro el sistema de esa regulación normativa de los créditos FAD. Por tanto, si no se concreta, podríamos encontrarnos con que el Gobierno decidiera, a través de un decreto-ley o decreto legislativo, proceder a la regulación de esos créditos FAD y nosotros pretendemos que esta regulación venga a través del Parlamento. Sustituiríamos algunas de las frases que en el texto se contienen y el texto resultante sería el siguiente: «En el mismo sentido, insta al Gobierno a que remita un proyecto de ley procediendo a una más precisa regulación normativa de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), en base a lo establecido en los citadosacuerdos de la Cámara en el consenso de la OCDE y las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo». Eso haría que nuestro Grupo aceptara esta enmienda, que pudiéramos adoptar este acuerdo por unanimidad, a la vista de lo manifestado por otros grupos, sin que ello suponga, en ningún caso, renunciar a lo que hemos venido manifestando a lo largo del debate y a los criterios que entendemos que tendrán que ser tratados cuando se remitan los proyectos de ley, bien sea uno a través de la ley de cooperación o sean diferenciados mediante dos proyectos de ley. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando. Tiene la palabra el señor Cremades para manifestar si acepta o no el Grupo Socialista las transaccionales planteadas por el señor Hernando.


El señor CREMADES SENA: El Grupo Socialista, en aras también de ese interés por conseguir que venga esta ley de cooperación, creemos que con la enmienda transaccional que presenta el Grupo Popular a la nuestra se completa más el objetivo que todos perseguíamos. Por tanto, aceptamos la modificación que hace a nuestra enmienda.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cremades. Vamos a proceder a la votación correspondiente. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista y de las transacciones que se han precisado en el curso del debate. Comienza la votación.
(Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 290.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--MOCION CONSECUENCIA DE INTERPELACION URGENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACION A LA CORRECCION FINANCIERA NEGATIVA (MULTA) IMPUESTA POR LA UNION EUROPEA A ESPAÑA POR EL EXCESO DE LA PRODUCCION LACTEA, ASI COMO PARA REESTRUCTURAR EN PROFUNDIDAD EL SECTOR PRODUCTOR LACTEO ESPAÑOL (Número de expediente 173//000058)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo Popular, subsiguiente a interpelación, sobre medidas a adoptar en relación a la corrección financiera negativa (multa) impuesta por la Unión Europea a España por el exceso de la producción láctea, así como para reestructurar en profundidad el sector productor lácteo español.
En nombre del Grupo Popular, la señora Fernández Díaz tiene la palabra. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señora Diputada.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en la sesión celebrada el pasado día 2 en esta Cámara, el Grupo Popular presentó, como SS.SS. saben, una interpelación con carácter de urgencia para debatir en profundidad las medidas que piensa adoptar el Gobierno en cuanto a la corrección financiera negativa que la Unión Europea ha impuesto a España por exceso de producción láctea, así como para la reestructuración del sector. Pues bien, señorías, creo que el señor Ministro y esta Diputada, a quien correspondió el honor de interpelarlo, no estábamos en la misma sintonía, y a las actas me remito. El señor Ministro no ha contestado a las cuestiones fundamentales que aquí se han planteado, y algunas de ellas, por urgentes, sería muy importante retomarlas. Por ejemplo, quién va a pagar la supertasa, cómo y cuándo, qué plan financiero tiene el Gobierno para satisfacer la multa, qué garantías puede ofrecer el Gobierno para que a los ganaderos se les respeten las transmisiones por venta o arrendamiento, fechas concretas para la reglamentación de la reserva nacional, cuándo va a realizar el SENPA las segundas compensaciones a los productores, apertura de un período de solicitud de materia grasa, así como medidas generales de reestructuración del sector, entre las que se encontraría el poner a disposición del SENPA los medios materiales y personales necesarios para aprobar, con la mayor eficacia posible, la compraventa de cuota, para que puedan incluir el coste en los planes de mejora de 1987/1991 previstos por las comunidades autónomas.
Señorías, el Gobierno, tal y como nos tiene acostumbrados, ha salido al paso, espera a que se aprueben los Presupuestos, espera a que se celebren las elecciones municipales y retoma la normalidad, que, en definitiva, es que el sector se las componga como pueda.
Este sector viene ocupando, tradicionalmente, un lugar de gran importancia dentro de la economía del país, tanto por su contribución al producto interior bruto como por el enorme porcentaje de población ocupada. A partir del año 1983 asistimos a un proceso de reestructuración muy acelerado, en el que la agricultura pierde peso específico en el marco de la economía española, tanto por el número de activos ocupados como por su contribución al producto interior bruto. En algunas comunidades pasó del 38 por ciento de población ocupada en 1983 al 26 por ciento en 1991, y del 7,3 por ciento del producto interior bruto en 1985 al 4,8 por ciento en 1991.
Dentro del sector agrario, el subsector ganadero ha sido, históricamente, en concreto en las últimas décadas, el de mayor peso en la producción final agraria. El subsector, en su conjunto, se ha consolidado y ha adquirido una importancia creciente, y eso sí es algo que ha reconocido el Ministro, que, por cierto, no sé dónde estará, porque lo que hoy aquí debatimos, aunque parezca una broma, es muy serio, ya que se trata de un montante de 183.000 millones de pesetas.
Señorías, esto sí lo ha reconocido el Ministro, pero no fue por los buenos oficios del Gobierno, que ha dejado el sector en las manos de Dios, sino precisamente porque es fuerte y ha sabido sobrevivir. Es lamentable que a estas alturas el Gobierno no pueda aportar un diagnóstico de su situación. Es importante conocer los efectos que tuvo la aplicación de la cuota desde el año 1985. En este punto sería interesante recordar que la cuota asignada a España de 4,5 millones de toneladas fue en virtud de una encuesta que no se sabe de dónde salió, una encuesta misteriosa, porque aquel año (y estos son datos del Ministerio, no datos que se invente esta Diputada) se produjo en España la cantidad de 6,11 millones de toneladas lácteas.
Señorías, en este momento, para reestructurar el sector, sería conveniente tener el censo de ganado, producción y entregas de leche, rendimiento de las vacas de leche, cuotas medias por explotación, rentabilidad de las explotaciones, ingresos, etcétera, y, a su vez, los efectos sobre la estructura productiva en cuanto al tamaño del rebaño, evolución de las estructuras de los

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rebaños de leche por el número de rebaños, así como los efectos por comunidades autónomas y a nivel nacional.
No tenemos nada de esto, llevamos tiempo pidiendo la encuesta al Ministerio y el Ministerio le ha contestado a esta Diputada con un tocho, donde realmente lo que viene es la documentación por la que se contrata a las empresas, pero no aparece tal encuesta.
En los países en que, como España, utilizaron el sistema de cuotas como mecanismo de reducción de la producción y de la reestructuración, cabe señalar que los flujos de transferencia de leche se produjeron hacia explotaciones más grandes y, por tanto, hacia las regiones con una mayor estructura productiva.
Así, por ejemplo, en Holanda, que tuvo que aplicar una reducción media en la campaña 1984/1985 del 6,2 por ciento, en algunas provincias como Groningen, se produjo un descenso adicional superior a los cinco puntos a mayores de la reducción de la media nacional, mientras que en otras, como Flevoland, hubo un notable incremento en el volumen de cuota, más un 13,9 por ciento. En términos generales, se advierte un aumento del este a expensas del sur y en menor medida del norte.
En el Reino Unido se produjo un movimiento de cuota entre granjas de diferentes tamaños, siendo los pequeños productores los que están vendiendo muy frecuentemente la totalidad de su cuota. Las transferencias se están produciendo desde productores con costes elevados a los que producen a bajo coste, advirtiéndose movimientos de cuota hacia regiones del oeste. Teóricamente, los programas de abandono deberían objetivizar las transferencias hacia áreas más apropiadas para la producción de leche o carentes de alternativas al mismo. Lo cierto es que no es así, como lo demuestra la experiencia Europea, por lo que la liberación a través de los programas de cese en la producción de leche y en su posterior incorporación a la reserva nacional deberá quedar perfectamente establecida en una ley según unos criterios claros y que el Partido Popular sugirió en la proposición no de ley aprobada por el Pleno de esta Cámara en el mes de abril del presente año que tenía que estar resuelta y publicada en el mes de septiembre por un mandato de esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, si ésta es la defensa de la moción que entiende S.S. que es la pertinente, la Presidencia no tiene por costumbre llamar a la cuestión, pero le advierto que el turno es de defensa de la moción y que le quedan menos de dos minutos. Lo que no es posible es, luego, invertir diez minutos suplementarios en la defensa de la moción.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Yo entiendo que esto forma parte de la defensa de la moción.
En la misma se dice legislar y legislar lo que competa, en toda la amplitud, al sector lácteo. Esta ley, que es muy importante para el desenvolvimiento del sector lácteo, entra dentro de la defensa de la moción.
De todas formas, no tengo inconveniente en pasar a la defensa de la moción, porque ya hemos debatido aquí con el señor Ministro, mejor dicho, no hemos debatido, yo he planteado unas cuestiones y el señor Ministro ha contestado a otras. Por eso precisamente traemos esta moción, como consecuencia de la interpelación.
Yo quiero pedirles que el Gobierno, con la máxima urgencia, remita a esta Cámara un proyecto de ley extraordinario como pedimos en esta moción, que contemple los 183.000 millones de multa que se han reconocido, y que esa multa se pague en anualidades, para que los agricultores no tengan que estar constantemente, como ya dije el otro día, con la espada de Damocles sobre su cabeza, pendientes de quién va a pagar la multa.
Asimismo, pedimos que no se utilicen por más tiempo medidas coercitivas para que el sector no crezca. Hay que acabar con esta situación, retomar el control y poner a disposición de los ganaderos los medios para que se desenvuelvan en la legalidad.
El sistema de cuotas no debe entenderse como paralizante del sistema productivo, sino como la protección del derecho a producir.
Aunque Europa presente una tendencia reductora sobre la producción, nunca se debe ser lineal; debe considerar el impacto negativo sobre determinados territorios. En el hipotético caso de que llegue a producirse, deberán soportarlo los países miembros que más han contribuido a generar excedentes: Francia, Irlanda, Países Bajos y Dinamarca.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, le ruego concluya.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Concluyo, Señor Presidente.
El Gobierno español no deberá permitir tal reducción, sino todo lo contrario, habrá de iniciar un proceso de renegociación para conseguir la ampliación de la cuota. Ese es nuestro gran problema, agravado por la lentitud del sistema.
La cifra de autoabastecimiento a nivel nacional es del 76,3 por ciento...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fernández, lamento interrumpirla. Le he llamado la atención sobre el contenido de esta intervención y le he advertido del tiempo que le quedaba.
Sigue S.S. sin defender la moción y ya lleva más de dos minutos rebasado el tiempo. Le ruego defienda la moción, aunque sea mediante simple lectura, pero concluya.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, yo entiendo...


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El señor PRESIDENTE: No podemos continuar el debate ni utilizar la intervención para extenderse sobre cuestiones que son muy interesantes, pero que no hacen referencia a la defensa de la moción.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Yo entiendo que sí, pero bien, señor Presidente. Nuestro Grupo ha presentado esta iniciativa teniendo en cuenta que un tanto por ciento de las explotaciones de nuestro país tienen titulares mayores de 55 años y su sucesión asegurada. Este objetivo tiene que estar en el punto de mira de cualquier programa de modernización. En colaboración con todas las comunidades autónomas, tiene que abordar planes integrales de mejora genética que marquen las líneas básicas siguientes: ampliación del control lechero, dotación de recursos genéticos, creación y potenciación de los soportes estructurales, apoyo sistemático al resto de las líneas complementarias de la mejora. Esta será la forma de incrementar las inversiones, tanto públicas como privadas, en el conjunto de la cabaña ganadera.
Como ha dicho el señor Ministro refiriéndose a la multa, será una aportación solidaria de todos los españoles. Por tanto, pedimos que, con el fin de lograr un equilibrio presupuestario, como se pide en el punto 3 de la moción, se deberán negociar programas especiales para la agricultura, ganadería y pesca que afecten al medio rural en su conjunto, para integrar paulatinamente nuestro sistema agroalimentario en la política agrícola y pesquera común. Año tras año el Grupo Popular, así como otros grupos de la Cámara, venimos denunciando la escasez presupuestaria del Gobierno español para acogerse a las ayudas derivadas de la reforma de la PAC.
Nos tememos que esa tónica no va a cambiar. Hace dos meses la Comisión Europea acordó la imposición de sanciones a los países miembros de la Unión Europea que no cumplieran las condiciones de convergencia establecidas en el Tratado de Maastricht, y esto es como establecer «de facto» una penalización a 10 de los 12 países miembros. Señorías, a pesar de esto, el Grupo Popular propone que se pida al Consejo de Ministros que revierta la multa sobre programas del Feoga- Garantía y del Feoga-Orientación, destinados a las zonas Objetivo 1 y 5B, impulsando programas de desarrollo rural y otros.
Los holandeses dicen: educación, extensión e investigación. Y nosotros pedimos: cuota, cuota, cuota, porque del aumento de cuotas, señorías, depende que este sector funcione o no funcione.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Enmienda del Grupo Vasco (PNV). Para su defensa y para fijar la posición del Grupo, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente para fijar la posición en la moción que ha presentado el Grupo Popular. En el Grupo Parlamentario Vasco estamos de acuerdo con el mecanismo que plantea el Grupo Popular del abono de la sanción impuesta por la Unión Europea por el exceso de producción láctea. No obstante, también entendemos que es adecuado el instrumento que el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación expuso en el debate de la semana anterior en el que manifestaba que la fórmula del abono va a ser una compensación de la Tesorería del Estado en función de los pagos que lleguen progresivamente al Tesoro público por parte del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Nos es indistinto que sea a través del mecanismo del crédito extraordinario, de la compensación en el Tesoro público o de la consiguiente dotación por parte del mismo Tesoro, para que no queden afectados los agricultores españoles en relación a las ayudas, disminuidas y decrecidas con ocasión de la multa establecida por el Feoga.
En relación al segundo punto que plantea el Grupo Popular, nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, tiene una enmienda de modificación precisa en la que decimos que, dentro del programa de reordenación del sector lácteo, se haga referencia también a la industria. El Grupo Popular habla del impulso, de la modernización del sector productor, pero no hace ninguna referencia al sector transformador, y a nosotros nos parece importante impulsar que las entidades de base cooperativa puedan participar en la industria de leche española. Sus señorías saben que en este momento existe una gran capacidad de tranformación de leche en la industria láctea española. Al ser superior la capacidad de producción a la demanda del consumo de leche que todos los ciudadanos realizamos, se está originando una serie de excedentes en el mercado, con un segundo efecto, que es que está creando un mayor coste en la producción, puesto que se tiene mayor capacidad de transformación y de producción por parte de la industria que la que realmente demanda la sociedad española.
Eso está originando también unos costes indirectos que encarecen el consumo de la leche. En definitiva, lo que nosotros creemos es que ha de ser el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que lidere un tema pendiente, como es el de la reordenación y la reestructuración de la industria láctea española. Existen empresas públicas en el mercado, como la lactaria, que, a nuestro juicio, distorsionan de alguna manera el precio del mercado de la leche. Y nosotros somos partidarios, ya se lo hicimos saber tanto al Grupo Parlamentario Socialista como al mismo Gobierno, a la Secretaría General de Alimentación, de que el Gobierno lidere la

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reestructuración de la industria láctea española, posibilitando y dando cabida a que puedan participar en la lactaria española las entidades de base cooperativa de la cornisa cantábrica o del resto del Estado en función de las premuras y de las necesidades de producción que haya en cada una de las zonas del Estado español.
En tercer lugar, señor Presidente, quiero referirme al punto 3 que presenta el Grupo Popular, que es un «totum revolutum», y por el que pretende que a España se le devuelva la sanción que se le ha impuesto por parte de la Unión Europea a través de la deducción de las ayudas provenientes del Feoga. A nosotros nos parece muy bien todo lo que venga al agricultor español, al pescador español, todo lo que vaya dirigido a evitar la erosión, a la protección del medio ambiente, no tenemos inconveniente en apoyarlo, pero sí queremos manifestar que no existe una articulación idónea, sino que esto es, en definitiva, una propuesta que se ha sometido al debate de la Cámara, de carácter muy genérico, y donde se mezclan temas que no tienen una conexión directa, sino que tienen programas específicos. Hay documentos únicos de programación y planes específicos, tanto en reforestación, en industrias agroalimentarias, como en estructuras pesqueras y se hace una propuesta genérica que a nosotros no nos importa apoyar, pero sí nos hubiera gustado que estuviera mejor articulada en cuanto a los fines y los objetivos a alcanzar.
Por último, señor Presidente, queremos señalar que, obviamente, vamos a apoyar el último inciso del punto 3.º de ampliación de la cuota láctea española, porque entendemos que es insuficiente el que se ha adjudicado al Estado español, sin perjuicio, además, de la consolidación definitiva que hace unos meses se otorgó por parte de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa, y para la fijación de la posición del Grupo, tiene la palabra el señor Torres Sahuquillo.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar por advertir a SS.SS. que no es la primera vez que el Parlamento se ocupa del sector lácteo, a propuesta unos veces del Grupo proponente de la moción de hoy, otras veces de mi propio Grupo, otras de otros grupos parlamentarios de la Cámara. No es la primera vez que tanto en la Comisión de Agricultura del Congreso como en este propio Pleno, hemos hablado de los problemas del sector lácteo y de su posible solución. Y no es tampoco menos cierto que no está yermo de medidas o de actuaciones el sector lácteo español, sino que ya hay medidas y actuaciones que se han impulsado desde el Gobierno en favor de este sector.
Lo digo a los efectos de que no perezca que estamos descubriendo en este momento que el sector lácteo necesita una reestructuración o necesita medidas de apoyo. Y quiero recordar a SS.SS. que el Real decreto 1887/1991, sobre mejora de las estructuras agrarias, y el Real decreto 1888, del mismo año 1991, sobre la reestructuración del sector lechero y de los productos lácteos, ya regulan ayudas a las explotaciones lecheras y a su modernización. Que se han producido programas de abandono indemnizado a los ganaderos que han optado por el abandono de su explotación lechera. Que hemos conseguido el aumento y la consolidación del aumento de la cuota lechera asignada a España, con un aumento de 650.000 toneladas respecto a la que tenía, y que esto ha hecho que la cuota actual asignada a España se aproxime bastante al consumo real de lo que se produce en España, aunque es todavía ligeramente inferior. Esta cuota ha sido consolidada en España, y no así en otros países europeos, porque en España se ha cumplido el acuerdo al que se llegó con la Comunidad Económica Europea, y eso también me parece importante resaltarlo. Que también están en vigor los Reales decretos 324, de 1994, sobre transferencias de cuotas entre ganaderos, entre particulares, y la orden del 4 de agosto de 1994 sobre cesiones temporales o alquiler de cuotas. Y que también, al mismo tiempo, va a afectar a las explotaciones ganaderas el proyecto de ley, que en este momento estamos tramitando en la Cámara, de modernización de las explotaciones agrarias. Todo esto lo digo a los efectos de que no parezca que estamos inventando algo nuevo. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular tiene tres puntos. En el primero de ellos solicita que se traiga a la Cámara un proyecto de ley extraordinario para pagar la famosa multa de la leche, la corrección financiera negativa de la Comunidad Económica Europea.
Yo quiero decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que eso no es en absoluto necesario. El procedimiento que se utiliza es muy sencillo y no es nuevo; se viene utilizando desde que España ingresó en la Comunidad Económica Europea.
Ustedes saben que el Tesoro adelanta al Forppa las cantidades necesarias para que éste, a su vez, pueda ir pagando las indemnizaciones de la política agraria común. Y una vez que el Forppa justifica en Bruselas los pagos que ha realizado, ésta remite al Forppa la cantidad y el Forppa a su vez la ingresa de nuevo en el Tesoro. Como consecuencia de la corrección negativa o multa, como se la ha de llamar por el sector lechero, lo que va a ocurrir es que el Forppa no va a poder revertir una cantidad al Tesoro público español porque la Comunidad va a restar en los pagos del Feoga-garantía al Forppa la cantidad correspondiente año a año. Por cierto, quiero añadir aquí que

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ya hay un acuerdo entre el Estado español y la Comunidad Económica europea respecto a las cantidades a pagar y el plazo para hacerlo. Por tanto, no es necesario estipular o detallar más las medidas.
Finalmente, ello crea un descubierto en el Tesoro público con respecto al Forppa que no establece más problemas internos y, por consiguiente, la figura del proyecto de ley es innecesaria y seguramente sería matar moscas a cañonazos.
El segundo punto de la moción del Grupo parlamentario Popular es para nosotros el meollo de la misma, porque habla de que hay que hacer un plan de reestructuración del sector lácteo. Y nosotros estamos de acuerod, está de acuerdo el Grupo parlamentario Socialista, está de acuerdo el Gobierno, que está prácticamente ultimando el plan al que le obliga el artículo 27 del Real Decreto 1888/1991. Sobre este segundo punto es sobre el que versa nuestra enmienda que pretende ser de sustitución a la totalidad de la moción, por considerar que el primer punto es innecesario y que el tercero es un «totum revolutum» que no se sabe muy bien qué pretende. Habla de programas de estructuras productivas, de programas destinados a luchar contra la erosión, la desertización, el desarrollo de las ganaderías autóctonas, y todos estos programas, señorías, están puestos en marcha en España y cuando debatamos la próxima semana en el Pleno del Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 1995 van a ver cómo todos estos programas, dotados con cantidades millonarias, son una realidad. Por tanto, creemos completamente innecesario ese punto.
Respecto a la segunda parte del tercer punto, que habla sobre la ampliación de la cuota, nosotros estamos de acuerdo, pero quiero recordar también a SS.SS. que el día 14 de septiembre del presente año 1994, en la Comisión de Agricultura se aprobó, con el voto unánime de toda la Comisión, de todos los grupos parlamentarios, un punto que dice así: Consolidada ya la ampliación de la cuota láctea a España, solicitar a la Unión Europea una nueva ampliación que ajuste la cantidad de referencia asignada a las necesidades reales de producción que permitan la rentabilidad de las explotaciones ganaderas.
Repito, se insta al Gobierno, en este acuerdo unánime de la Comisión, a que solicite de la Comunidad Económica Europea una ampliación de la cuota. Y nos parece que este Parlamento no puede estar reiterando permanentemente al Gobierno que haga la misma cosa. Si el día 14 de septiembre de este mismo año le hemos pedido al Gobierno que lo haga, nos parece innecesario que lo pidamos de nuevo hoy, puesto que tan válido es el mandato de la Comisión de Agricultura como el del Pleno del Congreso. Por ello, la enmienda de sustitución a la moción del Grupo parlamentario Popular que hemos presentado se refiere práctica y exclusivamente a lo que al sector le preocupa y a lo que el sector necesita. Al sector no le preocupa en absoluto cómo se paga la famosa multa, de verdad que no le preocupa; lo que le preocupa es que no lo tenga que pagar él y el sector no la va a pagar. Al sector no le preocupa demasiado que en otros sectores distintos al suyo se hayan de producir los planes y cómo han de ser. Al sector lechero le preocupa cómo se reestructura su propio sector. Por tanto, nosotros queremos ir al meollo de la cuestión y no distraer la atención.
Por cierto, yo quisiera llamar la atención del Grupo Parlamentario Popular respecto a que, so pretexto de la preocupación que tiene --y desde luego me consta que la tiene la portavoz del Grupo Popular, la portavoz, al menos, sí-- sobre el sector lechero, presenta una moción que es difícilmente asumible por el resto de los grupos. Yo diría que presenta un «totum revolutum» tan difícil de asumir que hace prácticamente inviable que esto se pueda poner en marcha. Y yo no sé si objetivamente lo que busca el Grupo Parlamentario Popular es hacerlo inviable consiguiendo el voto negativo del Grupo Parlamentario Socialista o de otros grupos, porque presenta una moción que no se puede aprobar de ninguna manera.
Me preocuparía que fuera eso, y nosotros vamos a intentar evitar que eso se produzca, así que nuestra enmienda lo que pretende es que el Gobierno, en el plazo de seis meses, elabore un programa específico de ayudas para mejorar la estructura y eficacia de las explotaciones lecheras españolas, la calidad de los productos y la racionalización de la recogida de la leche, respetando las particularidades estructurales de las diferentes zonas productoras, y establecemos, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 1888/1991, una relación de qué cosas tiene que contemplar, al menos, ese programa de reestructuración, cuya lectura obvio a SS.SS. porque sería demasiado prolija. Finalmente, señorías, si el problema que tiene el Grupo Parlamentario Popular para aceptar nuestra enmienda de sustitución --que sí va al meollo de la cuestión, sí va a querer resolver lo que al sector le preocupa-- (Protestas.) es que no quiere que parezca que el Grupo Parlamentario Socialista quiere resolver el problema, yo le digo que se va a equivocar. Y si el problema que tiene es porque no hemos puesto en nuestra enmienda el tema de la ampliación de la cuota, nosotros les ofrecemos desde aquí una enmienda «in voce», si la aceptan, donde, exactamente lo mismo que hemos aprobado en la Comisión de Agricultura del 14 de septiembre, se contenga también en la enmienda respecto a la ampliación de la cuota.
Si con eso ustedes pudieran aceptar nuestra enmienda, encantados. Si no es así, como me temo, ya les anuncio que mi Grupo presentará de inmediato, en la Comisión de Agricultura, una proposición no de ley con el texto de nuestra enmienda de hoy, precisamente para demostrar al sector lechero y sobre todo al Grupo Parlamentario Popular que nosotros sí queremos de

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verdad ir al meollo de la cuestión, al que resuelve los problemas, no a la retórica, y desde luego no al «totum revolutum», que hace imposible, finalmente, que se resuelvan los problemas reales que el sector demanda. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres Sahuquillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la moción del Partido Popular en la que se propone en tres apartados la adopción de medidas para reestructurar y garantizar la viabilidad del sector lácteo del país. La posición del Grupo Parlamentario Catalán respecto al conjunto de la problemática del sector lácteo pienso que ya ha quedado suficientemente establecida con nuestro voto y a travésde los debates de las muchas iniciativas parlamentariasque han sido tratadas en este Pleno y en la Comisión.
Concretamente, respecto a la cuota de producción de leche asignada a España por el Mercado Común en el Tratado de Adhesión, que se estableció en base a las estadísticas de 1983, a nuestro juicio erróneas, seguimos pensando que la cuota no se correspondía con la producción real, que fue muy inferior a la producción real de aquellas fechas. La concesión de 650.000 toneladas de cuota complementaria consolidada en 1993, que de alguna manera debe significar el reconocimiento de aquel error inicial, queda, no obstante, muy por debajo de las necesidades de cuota que precisa nuestro sector lechero para acercarse a las producciones medias de las explotaciones de la Comunidad Económica Europea, producción media de nuestro país que, como reconoció el señor Ministro en la interpelación, queda todavía a una tercera parte de la alemana, una cuarta parte de la francesa, una sexta parte de la holandesa y una décima parte de la del Reino Unido.
Así, pues, ni el país, ni los ganaderos, pueden renunciar a que esta cuota media española por explotación ganadera tienda a aproximarse progresivamente a la media europea, porque si no se logra esta homologación nuestro sector lácteo estará siempre en condiciones de inferioridad para afrontar los retos de competitividad que nos exige el mercado único y quedará inmerso en un permanente proceso de reconversión y de cese de producción lechera, es decir, de falta de garantías de futuro y de estabilidad.
Si a esto añadimos que la cuota actual española no alcanza para abastecer siquiera el 70 por ciento del consumo interno, mientras que la cuota de otros países supera el doble o el triple de su consumo interno, se justifica, a nuestro juicio, la petición final del punto tercero de la moción del Partido Popular, aunque sea reiteración de acuerdos ya refrendados por unanimidad en el Congreso, de que se continúe negociando la ampliación de la cuota española, con la finalidad de que la cuota resultante, una vez redistribuida junto con las 300.000 toneladas de la reserva nacional, permita a las explotaciones ganaderas de nuestro país optimizar su producción, aprovechar sus recursos de base territorial y laboral y amortizar las instalaciones ahora infrautilizadas por cuotas insuficientes.
La permanencia o incorporación de muchos jóvenes ganaderos dependen de ello, debido a que estas explotaciones precisan generar rentas para que sus titulares y para que sus jóvenes ganaderos que desean permanecer en esta actividad, permanezcan en la misma explotación. Contrariamente, la petición contenida en el resto del punto tercero de la moción no es asumible por nuestro Grupo, al entender que ni siquiera puede plantear, con un mínimo de rigor y de conocimiento de las instituciones europeas, que la multa de 183.000 millones de pesetas sea compensada o abonada por el mismo Feoga.
Respecto a esta denominada corrección financiera negativa, o multa impuesta por la Unión Europea a España por exceso de producción de leche en los ejercicios de 1990 a 1993, debemos lamentar que en su cálculo no se hayan apreciado los efectos retroactivos del complemento de las 650.000 toneladas concedidas últimamente a España, con lo que se hubiera reducido de forma importante el monto de la multa. A pesar de este reproche, nuestro Grupo valora positivamente el hecho de que no tenga que ser abonada la multa por los ganaderos, con lo que se complace una de las más justas reivindicaciones del sector lechero. Opinamos que por la forma de pago elegida de la multa, al tratarse de una corrección financiera mediante descuento o deducción de las cantidades que el Feoga ingresa al Estado español, no es necesario proceder mediante el instrumento financiero de proyecto de ley de crédito extraordinario que se solicita en el punto primer de la moción. Nuestro Grupo sí está de acuerdo con la petición obtenida en el punto segundo de la moción y con la necesidad de elaborar un programa de reestructuración y modernización del sector lechero. En cuanto al contenido y objetivos del programa, nuestro Grupo valora como más asumible el texto de la enmienda del Grupo Socialista, pues en ella se recoge una de las constantes reivindicaciones de nuestro Grupo, que es la de que todo el programa de ordenación del sector lechero debe estar impregnado de respeto a las particularidades estructurales de las diferentes zonas y regiones productivas, y que se debe valorar y compensar proporcionalmente el esfuerzo realizado en los planes de abandono por los ganaderos de cada una de las comunidades autónomas.


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Así interpretada la enmienda de sustitución tendrá nuestro voto favorable, por las razones expuestas y porque así se garantiza la no discriminación de las explotaciones y regiones más competitivas en producción de leche. En todo caso, debemos decir que en la relación de objetivos del programa echamos en falta el objetivo que solicita la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, es decir, el incluir la reestructuración del sector industrial y de distribución, sin cuya solvencia y eficacia no se garantiza la viabilidad del conjunto del sector.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con la moción que presenta la Diputada Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Debo decir, en primer lugar, que lamento que la Diputada Fernández Díaz, que hizo en la interpelación una exposición muy detallada y precisa de los problemas a los que se enfrenta el sector lácteo y las causas que derivaron de una mala negociación, haya, a mi juicio, errado en el planteamiento de la moción consecuencia de esta interpelación urgente.
Se podía esperar que, ante una situación en la que a España le va a tocar pagar una multa de 205.000 millones de pesetas, se fuese realmente a la raíz del porqué esa multa debe ser pagada, que no es otra que la que deriva de una mala negociación en cuanto a la amplitud de la cuota. La moción debería incluir la exigencia inmediata de que el Gobierno cumpliese el mandato de la Comisión de Agricultura, a través de la proposición no de ley que nuestro Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presentó a la Comisión y que fue aprobada por unanimidad; que el Gobierno se pusiese inmediatamente a gestionar esa ampliación de cuota que hará que el sector ganadero pueda rentabilizar sus explotaciones.
En relación con el contenido de la moción pienso, al igual que otros portavoces de distintos grupos que me han precedido, que es innecesaria la presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno, por cuanto ya se han establecido unos mecanismos de compensación a través del Feoga-Garantía, por los cuales el Gobierno español durante estos tres años consecutivos irá haciendo efectivo el importe de la multa.
En segundo lugar, yo creo, señora Fernández Díaz, que tendría usted que haber planteado la moción en relación con los problemas que están afectando al sector. Estamos hablando continuamente de reestructuración y lo que le preocupa ahora mismo al sector es cuándo va el Gobierno a presentar la normativa de reparto de la reserva nacional.
Señora Fernández Díaz, esto es a lo que se tenía que haber instado al Gobierno a llevar a efecto en esta moción, porque usted sabe que el Gobierno se comprometió a que el 15 de octubre esa normativa sería ya conocida por el sector y, por tanto, habría entrado en vigor. Todavía no se ha producido y, teniendo en cuenta que nada más que se ha dado un mes de solicitudes, dos meses de gestión de las solicitudes y medio mes para comunicar, nos encontraríamos con que sería comunicado a los ganaderos a dos semanas de la finalización de la campaña, cuando los ganaderos son empresarios que tienen que planificar y esta situación es absolutamente inadmisible.
Hubiésemos podido pensar que también S.S. se hubiese preocupado por exigir inmediatamente al Gobierno el que la normativa sobre transferencias --por otra parte, a nuestro Grupo no le gusta en absoluto la forma en la que el Gobierno la piensa plantear, en el sentido de libre transferencia de cuotas-- fuera conocida ya por el sector y que, por otra parte, se instase inmediatamente al Gobierno a hacer la segunda compensación para que los ganaderos viesen cuál es el importe de la supertasa y tuviesen ya conocimiento de la cantidad que deberían hacer efectiva. Todo eso no se produce.
Por otro lado, en el segundo punto, señora Fernández Díaz, se habla de viabilidad de las explotaciones. ¿Qué viabilidad propone el Grupo Popular? Ni el Grupo Popular ni el Grupo Socialista nos han dicho todavía qué tamaño o tipo de explotación consideran que debe ser objeto de las ayudas prioritarias, si unas explotaciones de una determinada cuantía serán objeto de unas ayudas y las grandes de otras.
De esta manera nos hemos encontrado, señora Fernández Díaz, con que ya llevamos seis planes de abandono, y no se puede hablar de reestructuración cuando ya se llevan seis planes de abandono. Es un plan de reestructuración un poco tardío. ¿Qué tipo de explotación es la que nosotros consideramos, como conjunto de grupos parlamentarios, que debe ser objeto de ayudas prioritarias? Porque nos hemos encontrado en una situación en la que los pequeños han abandonado y han ido a parar a las grandes explotaciones, y ahora hay un 70 por ciento de las explotaciones muy pequeñas y el 30 por ciento restante son muy grandes. El debate debería estar centrado en este punto: hacia dónde vamos a canalizar los planes de ayuda que ahora está proponiendo el Grupo Socialista y cómo se reestructura el sector.
Visto el tercer punto de la moción, he de coincidir con el resto de portavoces que me han precedido en que es un monumento a la confusión. Quizá le venga esta confusión a la señora Fernández Díaz de algo que dijo el Ministro Albero en su tiempo, que supongo que todo

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el mundo recuerda: Que la multa, la penalización, se podría compensar por el Gobierno español con las ayudas a la forestación. Eso lo dijo el Ministro Albero en un momento, después se olvidó y ahora parece que la señora Fernández Díaz lo vuelve a recoger, pero todos sabemos que es algo absolutamente inviable. Vista la enmienda que plantea el Grupo Socialista, nuestro Grupo estaría en condiciones de aceptarla si la asumiese el Grupo Popular, y si aceptase la enmienda «in voce» con un texto que propuso Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en Comisión en septiembre y ahora a través de esta moción: Que el Gobierno se compromete a iniciar con la Unión Europea la ampliación de la cuota láctea asignada al Gobierno español.
Señorías, me da la sensación de que en este tema, como en otros muchos, mareamos la perdiz y hay mucha normativa dispersa. Tenemos el Decreto 18/1987, el Decreto 18/1988, vamos a ir por la ley de modernización de explotaciones y resulta que ahora vamos a hacer, a su vez, una normativa que recoja el plan de ayudas solamente para el sector ganadero.
También quisiera que el Portavoz del Grupo Socialista considerara que en algún momento deberemos hacer coincidir esas normativas que tienen como objetivo la modernización de sector. Si tenemos un proyecto de ley de modernización de explotaciones, que será para las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, planteemos seriamente la reestructuración del sector ganadero en el ámbito de la ley de modernización. Si no, nos vamos a encontrar con los Decretos 18/1987, 18/1988, el plan de ayudas y la ley de modernización.
Me da la impresión de que todo eso debería estar conjugado de una forma global e íntegra. Se ha olvidado que nuestro Grupo, en su momento, planteó, y además se aprobó en Comisión, que se crease la mesa de seguimiento para el reparto, transferencias y, entrega a empresas de las cuotas. Eso no se ha vuelto a mencionar, pero está ahí y pensamos que debe servir de gran ayuda a los ganaderos para que no tengan que moverse al palo de lo que quieran las empresas y a qué ganadero quieran o no favorecer. Pienso que esas cuestiones importan al sector y cada vez que vayamos planteando nuevas iniciativas, deberíamos ir incorporando las anteriores; si no, estamos atomizando las iniciativas y nos olvidamos de ellas a medida que se van produciendo.
Termino ya. Solamente quiero decir que la reestructuración se deberá hacer sobre todo en base a la ampliación de la cuota y, por supuesto, según nosotros, primero, en el ámbito de la ley de modernización, definiendo qué tipo de explotación ganadera vamos a priorizar para integrarlo en la ley de modernización de explotaciones agrarias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Señora Fernández Díaz, tiene la palabra para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido defendidas.
(Rumores.) Silencio, señorías. La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, voy a fijar la posición de mi Grupo con respecto a las enmiendas que se han presentado a la moción del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Díaz, no es un turno, es simplemente para que exprese la aceptación o rechazo de las enmiendas. No es para fijar posición.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, voy a fijar la posición, se lo estoy diciendo. Es que usted hoy se empeña en que no puedo hablar. Simplemente voy a fijar la posición.
Se ha presentado una enmienda del Partido Nacionalista Vasco que sí aceptamos porque realmente no desvirtúa el sentido de nuestra moción. Creo que estoy fijando la posición, señor Presidente.
Aceptamos en su totalidad la enmienda del Partido Nacionalista Vasco. Entendemos que no desvirtúa nuestra posición, sino, al contrario, la amplía, sobre todo porque nosotros incidimos más en el sector productivo y el Partido Nacionalista Vasco incide en el transformador.
No podemos aceptar, lamentablemente --¡Ya me gustaría!--, la enmienda del Partido Socialista, presentada como enmienda de sustitución. La podemos aceptar como enmienda de adición. De lo que nos habla el Portavoz del Partido Socialista es de un Decreto, el 888/91, en sus diversos puntos, que ya lo tiene que estar cumpliendo porque ya está decretado. Dice que lo va a llevar a la Comisión. Me parece muy bien que lo haga porque así nos enteraremos de si tienen alguna política para el sector agrario.
Realmente lo que usted nos propone, señor Torres --y se lo digo con todo el cariño--, es algo que ustedes tienen la obligación de cumplir. Termino contestando a la señor Rivadulla lo mismo. Usted se ampara en la enmienda del Partido Socialista; y yo digo que lo único que tiene que hacer el Partido Socialista es cumplir, no enmendar. Si lo quieren sumar a nuestra moción, por supuesto lo aceptamos; si no, lamentablemente, tenemos que rechazarlo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Díaz.
Por parte de la Presidencia --se lo puedo asegurar-- no hay intención alguna ni deseo de coartar sus derechos a utilizar los turnos correspondientes. Pero al iniciar su intervención diciendo que iba a fijar la posición, el turno de fijación de posición tiene un contenido preciso que ha alarmado a la Presidencia.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Vasco (PNV) al punto segundo. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 122; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PERIFERICA DEL ESTADO Y, EN CONCRETO, SOBRE LA DESAPARICION DE LA FIGURA DEL GOBERNADOR CIVIL (Número de expediente 173/000059)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya consecuencia de la interpelación sobre política del Gobierno respecto de la reforma de la Administración periférica del Estado y, en concreto, sobre la desaparición de la figura del gobernador civil.
Tiene la palabra el señor Ríos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar defender la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ante lo que ha sido el fruto del debate con el Gobierno de una interpelación para conocer la posición del Gobierno a la hora de simplificar la Administración periférica, reordenar el funcionamiento de la Administración del Estado y, sobre todo, adecuarse a lo que debe ser la evolución después de la experiencia del desarrollo constitucional del Título VIII, que nos ha situado, tras el debate de las autonomías celebrado en el Senado, en una nueva demensión. Cierto es que en la Comisión, el 13 de octubre del año 1994, el Ministro que entonces comparecía decía que la Administración se iba a centrar en 17 ejes, 17 comunidades autónomas, coordinadas por las delegaciones del Gobierno.
Precisó después que luego, en cada territorio provincial, sería conveniente una persona, una figura, un gestor o un político --al que ya había hecho referencia con anterioridad-- , para llevar la Administración periférica en esa parte del territorio. Añadía el señor Ministro que las funciones del gobernador civil se estaban quedando reducidas a las prestaciones del INSS, al orden público, a la Agencia tributaria --aun reconociendo que esta última era ya un ente público autónomo-- y al servicio de Correos. Finalizaba diciendo que se encontraban con que las funciones de un gobernador civil eran ésas por más que se quisiera que fueran otras.
El debate nos ha situado, después de la interpelación, en un posicionamiento que el Gobierno no mantiene definido, desde la óptica que Izquierda Unida, y sobre todo Iniciativa per Catalunya, ha ido manteniendo a lo largo de todo este tiempo.
La figura del gobernador como sátrapa del imperio persa o como funcionario de la Administración central hoy deja de tener papel dentro de un nuevo Estado organizado en una Administración pivotada en tres administraciones: la local, la regional y la central. Pero si las funciones son las que decía el señor Ministro, desde luego no justifica mantener una figura con tanta carga política y, sobre todo, simbólica.
Se hace preciso abordar este planteamiento en tres niveles: primero, bajo un nuevo Estado que desarrolle el Título VIII; segundo, con una Administración periférica que debe adecuarse a una nueva realidad, y es que se han consolidado definitivamente unas administraciones autonómicas que, además, representan al Estado dentro de su distribución competencial; tercero, que la organización del gobierno central y sus distintos ministerios en el territorio debe simplificarse.
¿Cuál es la Administración que hoy tenemos? Tenemos una presencia en el territorio de una representación de cada ministerio a nivel de directores provinciales y una representación del Ministerio del Interior, que nombra a un gobernador civil que dentro del cual tiene una actuación determinada. Por otro lado, desde el año 1983 tenemos unos delegados del Gobierno. ¿Cuál sería la óptica para abordar esta actuación? Primero, ver qué competencias pueden situarse o resituarse dentro de las comunidades autónomas y de los entes locales, de lo que hoy realiza la Administración central; segundo, simplificar al máximo para evitar duplicidades; y, tercero, plantearse un papel de coordinación de la tarea del Gobierno en los territorios en manos de los delegados del Gobierno y, a la vez, de coordinación con las distintas administraciones. Por tanto, pierde realidad la presencia en cada provincia, que debiera ser una oficina situada para coordinar la parte de administración desconcentrada que aún no se haya trasladado.
Tengan SS.SS. la certeza de que esta filosofía de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se hace desde la óptica de entender un proceso federal del Estado y no un proceso confederal del Estado, desde la óptica de entender que el Estado debe tener presencia en la Administración desconcentrada que pueda mantener, pero que ésa debe ser ínfima, muy simplificada, que la mayor parte de las competencias deben estar descentralizadas o autogobernadas desde una óptica autonómica. No estamos solicitando la desaparición de todos los territorios de la presencia de lo que pudiéramos llamar la parte del Estado de la Administración central, sino que estamos planteando hacer frente a una realidad que, después de 10 y 12 años de desarrollo del Estado de la autonomías, debiera de proyectarse hacia otra realidad nueva.


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En el seno del debate que se tiene en la sociedad y en el seno de lo que pudiéramos llamar hoy discusión del Gobierno, o de la fuerzas que tienen que aplicar esta posición política, prima más todavía la vertiente de desconcentración administrativa que la vertiente de descentralización. Sobre todo, y más importante, la filosofía del poder de un Gobierno civil, paralelo a un Gobierno militar (que, por cierto, ustedes ya han reformado por ley. Ya tenemos los delegados de Defensa en todas las provincias). Nosotros creemos que en esa figura del Gobernador desde el Interior prima el concepto de control más que el de coordinación administrativa.
¿Cuál sería la propuesta de Izquierda Unida? Primero, que el Gobierno presentara en esta Cámara, antes de terminar el presente período ordinario de sesiones, un proyecto de ley de racionalización, reducción y simplificación de la Administración periférica. Segundo, que se aborde una simplificación de la Administración y una reducción de forma gradual. No estamos pidiendo un salto en el vacío. No estamos proponiendo que de golpe, de la noche a la mañana, se produzca una transformación. Pero sí proponemos un proceso gradual que nosotros ciframos en dos años. ¿Para qué? Fundamentalmente par producir transferencias de competencias, que ahora mismo están en directores provinciales y en gobiernos civiles, de la Administración periférica hacia las administraciones autonómicas y locales, y para redefinir el papel de esa Administración periférica centrada en el delegado del Gobierno desde dos ópticas: primero, que haya una reducción de la Administración central con una oficina en la provincia, coordinada y decidida desde la delegación del Gobierno en cada comunidad autónoma, desde esos 17 ejes que la Administración central del Estado tiene en cada comunidad autónoma. Y segundo, la adecuación de la figura de los delegados del Gobierno haciéndoles depender, no del Ministerio del Interior sino del Ministerio de Administraciones Públicas o, en todo caso, del de la Presidencia. Es verdad que eso está por desarrollar, veremos de qué menera se presenta y de qué manera podremos incidir. Pero ésa es la orientación que nosotros creemos que debe de primar.
Por último, ¿qué nos planteamos como tercer punto de nuestra moción? Que el Gobierno remita, al final de cada año, de estos dos que dábamos de plazo para ese proceso de simplificación, reducción y desaparición de alguna figura de la Administración periférica, información al Congreso de los Diputados del proceso de supresión, simplificación y transferencias de servicios, y la situación o recolocación del personal que en cada caso pueda verse afectado. Señor Presidente, señorías, hacemos una propuesta desde el convencimiento de que es una apuesta decidida por una nueva ordenación del Estado que se encardina desde el proceso que nosotros estamos defendiendo, de una filosofía de desarrollo del Estado de las autonomías, hacia un proceso federalizante del Estado. En todo caso y como mínimo, de simplificación que abarate el costo de esta Administración, añadiendo a la Administración eficacia y eficiencia, puesto que hoy esta figura no garantiza esa eficacia y esa eficiencia. Como se han presentado enmiendas de los distintos grupos, estoy convencido de que al final del debate puede ser que lleguemos a acuerdos en la medida en que estemos por una filosofía --de la que tanto gusta hablar-- de modernización de nuestro aparato administrativo, en lugar de anclarse en viejas recetas que creo que no sirven. En todo caso, el debate nos va a decir si hoy hay sufientes medios para llegar al consenso de toda la Cámara o si sólo hay un grado de consenso para poner en marcha el debate. En cualquier caso, estamos convencidos de que esta discusión va a ser útil, tanto si hoy se produce el encuentro en esta moción, lo que estimularía al Gobierno, como si no sale aprobada por la mayoría de la Cámara, porque el debate de ese proyecto de ley puede hacer que todos nos coloquemos en esa reflexión. En ese sentido damos por bien utilizada la interpelación, damos por bien utilizado el trámite de la moción. Esperemos al final del debate.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos. A esta moción se han presentado cuatro enmiendas. En primer lugar, para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mañueco.


El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, al comienzo de esta sesión plenaria, a primera hora de esta tarde, el Grupo Popular presentaba una proposición de ley sobre el Gobierno y la Administración del Estado en la periferia. Al finalizar esta sesión plenaria, en el último punto del orden del día nos encontramos debatiendo una moción, consecuencia de la interpelación presentada por Izquierda Unida, sobre la reforma de la Administración del Estado y la supresión de los gobernadores civiles. A este respecto el Grupo Popular ha presentado una enmienda a esta moción.
Yo quisiera decir que esta tarde el Grupo Popular ha puesto en conocimiento de los grupos políticos, mediante la explicación que ha dado del contenido de esta proposición de ley, cuáles son los objetivos, la estructura y la forma en que nos proponemos llevar a cabo la presencia del Estado en la Administración de las provincias y de las comunidades autónomas. Por consiguiente, todos ustedes saben y los grupos ya conocen cómo el Grupo Popular pretende llevar a cabo la presencia de la Administración del Estado en las provincias, con eficacia y con eficiencia. Se ha dicho a lo largo de la tarde, por representantes de distintos grupos, que es un

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tema de sumo interés y que es bueno que se debata en la Cámara, puesto que ya se está debatiendo en la sociedad.
Creemos que si somos conscientes de que es un tema que se está debatiendo en la calle, es decir, que la sociedad y la Administración están tomando iniciativas y partido sobre ello, también es importante que cuanto antes se presente ante esta Cámara, donde se elaboran las leyes, el proyecto de ley por parte del Gobierno socialista, puesto que esta tarde nuestra proposición de ley no tuvo oportunidad de ser aprobada, para que podamos debatir sobre ello.
La proposición del Grupo Popular se ha tildado también de sabor a vino añejo. Yo creo que cuando alguien está en la línea de la modernización, de la aplicación de los artículos que en la Constitución se refieren a la presencia del Estado, cuando se sigue manteniendo el contenido del artículo 141 de la Constitución, no se puede hablar de circunstancias pasadas ni de vino añejo sino realmente de un proyecto de futuro para la Administración, que es lo que prentende el Grupo Popular, y por eso lo ha traído a debate.
A nosotros nos gustaría saber cuáles son realmente las proposiciones de ley de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, porque no se trata de andar modificando puntualmente determinadas cuestiones que nos parece que no son acertadas ni adecuadas o que no nos gustan; es decir, vamos a suprimir los gobernadores civiles, y mañana, como decía yo el día anterior, pediremos que se supriman las provincias, ya que tampoco tienen contenido, y en base a ello cada día hacemos una proposición distinta. ¿Cuál es el contenido de su proyecto de ley sobre la Administración del Estado en la periferia? La Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, determina cuáles son las competencias de las provincias, y la Constitución, en su artículo 141, da también carácter de administración independiente y suficiente a la provincia. Y, dentro de esa administración provincial, tiene que seguir encajando la Administración del Estado; y el funcionamiento de la Administración del Estado en la provincia tiene que estar garantizado a través de la coordinación. Bien es cierto que el desarrollo del Título VIII de la Constitución con el contenido de las comunidades autónomas nos lleva a un nuevo desarrollo con la figura de los delegados del Gobierno. A partir de ahí es como hay que regular la presencia de la Administración del Estado en las provincias, a partir de la delegación del Gobierno y fundamentalmente con la dependencia que del delegado del Gobierno tengan los gobernadores en las provincias. Alguien tiene que defender los intereses del Estado, y nada más lejos del proyecto del Grupo Popular que esa figura que ustedes denominan comisarios o gobernadores políticos, porque si nosotros entramos en el criterio de que debe ser un funcionario de nivel superior el que ha de asumirlo, estamos reconociendo un conocimiento y una capacidad funcionarial al margen de cualquier situación política. Es ahora cuando se corre el riesgo de que los gobernadores sean comisarios o gobernadores políticos, porque están defendiendo los intereses de los partidos en la periferia y no los del Estado cuando se plantea un conflicto de competencias entre unos criterios políticos u otros dentro de las mismas provincias. Por consiguiente, nosotros hemos presentado esta enmienda que conocen los señores Diputados y que tiene dos puntos.
El primero habla de impulsar un gran pacto nacional entre todas las fuerzas políticas para definir la distribución de competencias entre el Estado, comunidades autónomas y entes locales teniendo en cuenta los hechos diferenciales de los diversos territorios, con el objeto de racionalizar y simplificar la organización administrativa para una mayor eficacia y un mejor servicio a los ciudadanos.
En su punto segundo decimos que las funciones de los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas las ejercerán en cada provincia los gobernadores, que serán nombrados y separados por el Consejo de Ministros a iniciativa del delegado del Gobierno de la comunidad autónoma respectiva. Los nombramientos habrán de ser efectuados entre funcionarios de carrera y de nivel superior. Este es el criterio del Grupo Popular y esta es la enmienda que presentamos a la moción de Izquierda Unida. Nos gustaría que se entendiera que es un paso más hacia la unificación de criterios que en este momento pide Izquierda Unida. Nosotros sí creemos que es importante que se llegue a un gran acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que cuando la Ley de Administración del Estado venga a esta Cámara lo haga con el mayor consenso posible. Es una ley que tiene que durar en el tiempo y servir para que todos los grupos políticos puedan gobernar en las mismas condiciones, y, por consiguiente, estamos dispuestos a seguir debatiendo y consensuando esta ley. Mientras tanto anticipamos esta enmienda que presentamos a la moción de Izquierda Unida deseando que sea votada favorablemente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Mañueco.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias señor Presidente.
Voy a fijar la posición del Grupo Vasco en relación con la moción, consecuencia de interpelación presentada hace dos semanas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y voy a empezar diciendo que nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con su punto primero. Creo que también es intención

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del Gobierno traer a la Cámara la ley de organización de la Administración central del Estado, donde hay un compromiso de reducción, y, por lo tanto, obviamos en este momento repetir argumentos sobre tal cuestión. Sobre el punto segundo nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda puntual, señor Presidente, con la que pretendemos que haya una coherencia entre los procesos de transferencia y delegación de los servicios periféricos dependientes de la Administración central a las comunidades autónomas, o en su caso también a los municipios, con la reforma de la Administración periférica. Creemos que esta reforma de la Administración central en las provincias tiene que ir en consonancia con un proceso de cumplimiento del desarrollo de los estatutos de autonomía y con la utilización del instrumento jurídico previsto en el artículo 150.3 de la Constitución, que es la delegación. Señor Presidente, a nuestro juicio existen innumerables materias pendientes de traspaso a las comunidades autónomas, tanto a las del 143 como a las del 151, pero también es llamativo que existan materias que la Constitución reserva al Estado en exclusiva y que, a nuestro juicio, pueden ser mejor desarrolladas, gestionadas, aplicadas y, en definitiva, realizadas para el ciudadano por parte de las comunidades autónomas. Hay innumerables materias del día a día de la gestión, como puede ser el servicio nacional de productos agrarios, o todos los servicios de intervención en el litoral, o la ordenación del sector pesquero, que corresponden al Ministerio de Agricultura y que se realizan por parte de los servicios periféricos. Sé que el Ministro para las Administraciones Públicas ha mostrado su sensibilidad para que, a través de este mecanismo de la delegación, las comunidades autónomas puedan plasmar estas competencias que, siendo del Estado --y así aparece en la Constitución--, pueden ser gestionadas más ágilmente, con mayor eficacia y mayor cercanía al ciudadano, por las comunidades. Señor Presidente, si hay servicios públicos de enorme importancia, como la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana y el orden público, que son gestionados por las comunidades autónomas, ¿cómo servicios de segundo o de tercer orden, como pueden ser las obras del litoral, el mantenimiento de las playas, el pago de la ayuda a un ganadero, el pago de la prima del trigo, tienen que ser gestionados por los servicios centrales del Estado, con dependencias todavía en todas y cada una de las provincias? Eso es un anacronismo, señor Presidente, y ha de irse a una adecuación, a una reformulación de los servicios de la Administración central en la provincia.
A mí me congratula, y no me duelen prendas al repetirlo, el planteamiento que ha hecho el Grupo Popular en su proposición de ley, donde diseña un esquema político y jurídico de entender la Administración del Estado, sin perjuicio de que tengamos discrepancias con ello. Antes le hemos dicho al portavoz, señor Martín Villa, que a nosotros nos alegran las previsiones que se contenían en el artículo 44 de la proposición de ley que ustedes han presentado; esperemos que si algún día llegan al poder sean consecuentes con el planteamiento político que ahí se contiene de abrir la posibilidad de aplicar la Administración única que ustedes plantean en su proposición de ley.
En cuanto al apartado a) del punto 2, nosotros coincidimos con el planteamiento de la enmienda --y con esto fijo posición-- que ha efectuado al Grupo Catalán (Convergència i Unió) de proceder inmediatamente a la supresión de los gobernadores civiles en aras a la adecuación al Estado autonómico. No voy a ser repetitivo sobre tal cuestión; creo que los argumentos que se han dado reiteradamente en esta Cámara son suficientes.
No quiero finalizar sin referirme al apartado b). Me parece oportuno, como plantea Izquierda Unida, que la delegación del Gobierno en las comunidades autónomas dependa del Ministerio para la Administraciones Públicas. Parece que esa dependencia por parte del ente público, por parte de la Administración pública responsable del desarrollo del Estado autonómico, responsable del principio de colaboración y coordinación que inspira el funcionamiento del Estado autonómico es la que debe dirigir, establecer las directrices políticas sobre los delegados del Gobierno.
Finalmente, respecto al punto 3, nosotros, como no podía ser de otra manera y porque, evidentemente, guarda coherencia con todo lo que se expone anteriormente, estamos de acuerdo Obviamente, si esta moción consecuencia de interpelación sale adelante, el Gobierno tendrá que realizar un informe sobre los efectos y la incidencia que la aplicación de esta iniciativa parlamentaria pueda tener en cada uno de los capítulos de los Presupuestos Generales del Estado.
Para terminar, y en relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, queremos manifestar que nos parece bien lo que ustedes plantean en el punto primero de que haya un acuerdo, un pacto nacional para la definición de competencias. Creo que no hay ningún problema sobre el tema de las competencias; el problema, más que de competencias, es de financiación de competencias, porque el bloque de la constitucionalidad, en el cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha integrado excepcionalmente la Ley 7/1985, de 2 de abril --como algún otro instrumento legislativo aprobado en esta Cámara, como es el Estatuto de Radiotelevisión Española--, ya establece, ya delimita claramente las competencias, tanto de las comunidades autónomas como del Estado. Puede haber un problema con las competencias de las entidades locales, puesto que, además de lo básico en la Ley 7/1985, la legislación sectorial, bien del Estado bien de las comunidades autónomas, en función del título competencial

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en el que se actúe al regular una materia, puede atribuir un quehacer público a los municipios. El problema, señor Mañueco, está en que muchas veces esta legislación sectorial atribuye competencias sin tener su contrapartida correspondiente en los mecanismos de financiación de las mismas, y los municipios se ven abocados a ejercer determinadas tareas públicas o competencias para las cuales las leyes estatales o autonómicas han establecido una serie de obligaciones, pero sin corresponderse como es debido en los Presupuestos Generales del Estado con la financiación adecuada.
En relación con el punto 2.º, no voy a ser reiterativo, me remito a lo que he expuesto en el debate con el señor Martín Villa, y es que tenemos todavía una discrepancia de fondo.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, nos parece que no llegan al fondo del asunto; se comprometen a presentar el proyecto de ley, vemos en ellas un avance, pero nosotros queremos ser cautos en este tema. Hemos visto planteamientos contradictorios, hemos visto opiniones diversas entre el señor Belloch y el señor Saavedra y vamos a ser cautos, repito, hasta esperar a ver qué es lo que el Gobierno presenta en este período de sesiones y qué posición política definitiva adopta el Gobierno sobre tal cuestión.
Evidentemente, se han producido planteamientos diversos sobre la organización de la Administración central en las provincias, pero no vamos a ahondar en tal cuestión sino que vamos a esperar a ver cuál es la posición política que definitivamente adopte el Gobierno y respecto a la cual nos posicionaremos en el momento oportuno. Por tanto, señor Presidente, nuestro Grupo votará a favor de la moción presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con las enmiendas que ese Grupo Parlamentario tenga a bien admitir del resto de los Grupos. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, mi Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda de modificación a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con la pretensión de aportar la concreción a un debate que, por tratarse de una antigua reivindicación común a diversos grupos, puede que acabe siendo de una densidad en consonancia con la profunda significación que sin duda tiene la supresión de la figura y también de las funciones del Gobernador Civil en el contexto de nuestra Administración Pública. De hecho, ya no debiera existir, porque la Constitución, pieza fundamental del nuevo ordenamiento jurídico y base de nuestra democracia, prescinde, al no referirse a ella, de la figura del Gobierno Civil en beneficio de las delegaciones del Gobierno para el ámbito de las comunidades autónomas donde el Presidente de las mismas ostenta la representación del Estado. Son perfectamente coherentes tanto la mención como la omisión, porque nuestros constitucionalistas miraban hacia un futuro organizado en Estado de las autonomías, mientras tenían a sus espaldas un pasado inmediato en el que los gobernadores civiles habían sido los ejecutores de una política autárquica y centralista, dando la imagen de hallarse su actividad cimentada básicamente en la represión. Tal anacronismo no debía quedar reflejado de ninguna manera en el texto del que debía partir la organización de un Estado en libertad y democracia, que pretendía la convivencia entre comunidades que, aun permaneciendo de un modo u otro unidas a lo largo de cinco siglos, han mantenido su identidad diferencial desde la cultura, las costumbres, la tradición, y desde la voluntad, en algunos casos, de recobrar la capacidad de autogobierno. No en vano la figura política, que no tanto la administrativa, que pretendemos liquidar es la de Gobernador Civil de la provincia.
Si impopular ha sido durante tanto tiempo lo de tener que ir al Gobierno Civil (siempre te llamaban para reprenderte si no para reprimirte) imagínense, señorías, lo que significa el añadido de la provincia. Quizás hemos olvidado el latín que aprendimos en su tiempo, pero, personalmente, me es hoy fácil recordar el descubrimiento del valor etimológico de la palabra provincia: lugar a vencer, lugar a dominar. Tierra dominada durante tantos años por quienes, no bastando esta significación, se les añadió en la autarquía el cometido de jefes provinciales del Movimiento.
Poco más habría que decir para justificar la necesidad constitucional de pasar la página para adaptarnos ya al diseño establecido en la Constitución que no obstante recoge el factor provincial como base de la organización administrativa del Estado, como nos ha recordado esta misma tarde un ilustre parlamentario del Grupo Popular.
Bien es cierto que también podríamos argumentar la defensa de la enmienda de modificación que hemos presentado desde la perspectiva de la historia, remontándonos a la Ley Provincial de 1882, que concreta la figura del gobernador como delegado directo del poder central y jefe superior de la Administración local, cuestión que confirmó en 1955 la Ley de Régimen Local de quien se hallaba en el poder en aquel entonces, confirmada en 1958 por un decreto que establecía el Estatuto de los gobernadores civiles otorgándoles una función eminentemente política. Un siglo y medio antes, la figura del gobernador civil, inspirada en los preceptos de la Francia revolucionaria pero centralista por necesidades de expansión, había sido introducida en España

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por el dominio bonapartista desde una concepción jacobina del Estado y desde el criterio ya mencionado de provincia: tierra dominada, que, lógicamente, convenía al invasor, que fue contestado por las Cortes de Cádiz en demanda de las libertades sustraídas. Luego, en 1849, Narváez reinstauró hasta nuestro tiempo la figura del gobernador y jefe político.
El Estatuto de Autonomía de 1932 hizo una excepción con Cataluña, desapareciendo el cargo y la función. Sin embargo, el penúltimo acto jurídico administrativo (recalco penúltimo), respecto a los gobernadores civiles, lo hace la UCD el 15 de octubre de 1977, al promulgar por decreto su función como representantes permanentes del Gobierno en las respectivas provincias, decreto que entendemos en el camino de la transición. En honor a aquellos gobernadores quiero recordar que en otro momento de otra transición, también en Cataluña, concretamente el 14 de abril de 1931, Lluis Companys, el que sucediera a Francesc Macià como Presidente de la Generalitat, asumió el Gobierno Civil de Barcelona como un acto de servicio a la democracia que se instauraba. Efectivamente, era un paso de transición, como lo fue el Decreto de Adolfo Suárez, del 15 de octubre de 1977. Pero ahora, señorías (a los integrantes de Grupo Socialista mayoritario me dirijo especialmente), tan larga transición está resultando un letargo, un letargo con una dificultosa digestión social, también difícil de comprender, porque ustedes saben como nosotros, porque la sufrieron, como otros grupos que integran esta Cámara, que la figura del Gobernador Civil provincial es democráticamente indefendible, sobre todo porque ustedes también están empeñados en modernizar las estructuras del Estado, y saben que el solapamiento de funciones es el peor enemigo de una buena gestión pública. Cabe recordar sus propios planes de modernización de las estructuras del Estado y con sus propios argumentos y sin olvidar que la moción pretende la reforma de la Administración periférica del Estado, es fácil defender la desaparición de los gobernadores. Sin embargo, tenemos la seguridad de que cualquier debate únicamente es un paso más hacia un final ya muy próximo en que los gobernadores acabarán cayendo irremediablemente.
Por todo ello mi Grupo ha presentado una enmienda dirigida a simplificar las propuestas que nos hace Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, a quien rogamos consideren la eficacia de instar al Gobierno a suprimir la figura de los gobernadores civiles en el marco de la necesaria reforma de la Administración del Estado, con el fin de iniciar así la adecuación de la estructura administrativa estatal a la realidad del Estado de la autonomías, que se haga cuanto antes y eficazmente. Es una cuestión que nos incumbe a cuantos nos comprometimos con un proyecto eficaz y democrático y descentralizado desde el respeto que nos merece la diversidad, el modelo de un Estado de Derecho al que bautizaron como Estado de las autonomías; respeto, por otra parte, que tenemos por la Constitución que nos marca un camino por el que estamos andando, en esto, parca y lentamente.
Nada más señorías. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Finalmente, para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.


El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, señorías, voy a defender, en nombre del Grupo Socialista, la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya y voy a iniciar mi intervención diciendo que, en parte, estamos reiterando el debate que se ha celebrado en la primera hora de esta tarde con motivo de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, aunque esta reiteración nos lleve a reafirmar algunos de los puntos que ya se han debatido o, sobre todo, que deben quedar claros a la luz de la propuesta de Izquierda Unida y de las enmiendas que a la misma se han presentado.
El Grupo Socialista quiere reafirmar que una de las prioridades en su programa electoral, en el programa de Gobierno, en los compromisos adquiridos por el Gobierno e incluso por los acuerdos congresuales del propio Partido Socialista, una de las prioridades --reitero-- es la adaptación de la estructura del Estado a la nueva realidad territorial, políticamente descentralizada, evitando duplicidades administrativas innecesarias y mediante la reordenación y simplificación de la llamada administración periférica.
Esta prioridad que, como digo, ha sido reiterada, se concreta, no de forma exclusiva pero en buena parte, en el compromiso que está contenido en el apartado primero de nuestra enmienda, de remitir a esta Cámara, antes de finalizar el actual período de sesiones, un proyecto de ley de ordenación y funcionamiento de la Administración general del Estado. En este contexto específico es en el que deberá abordarse, en gran parte, la reordenación de la denominada Administración periférica del Estado, racionalizándola, simplificándola y acomodándola al actual reparto competencial entre Estado y comunidades autónomas.
Se trata, desde una óptica autonomista y «federalizante», que es la óptica del Partido y del Grupo Socialista, de cumplimentar uno de los aspectos de la nueva etapa de desarrollo del Estado de las autonomías, que debe impulsarse una vez ha culminado una etapa en la que las comunidades autónomas se han constituido en una pujante realidad en el terreno político e institucional. Este será, en gran parte, el objetivo de la ley de ordenación y funcionamiento de la Administración

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general del Estado; una ley que quiere ser una pieza fundamental de un modelo de reforma de la Administración pública en sus ámbitos central, periférico e institucional.
Esta ley, como han explicitado en comparecencias bien recientes --y antes se hacía referencia a ellas-- tanto el Ministro para las Administraciones Públicas como el Secretario de Estado para la Administración Pública, debe recoger en conjunto la Administración general del Estado, debe deslindar la función de Gobierno de la función administrativa, debe configurar la Administración periférica dentro de la actual fase de desarrollo autonómico y debe incorporar los nuevos conceptos de una Administración moderna.
Este es el debate del contenido de esta ley, porque paralelamente --y ésta es la segunda parte de nuestra enmienda a la moción--, y en el marco de dicha ley, cabe establecer un proceso gradual --y subrayo lo de gradual-- de reducción y simplificación de las estructuras centrales y periféricas de la Administración del Estado, acordes con los ritmos y contenidos orgánicos y funcionales de los traspasos efectuados a las comunidades autónomas y, consecuentemente, llevar a cabo la reordenación de la Administración periférica del Estado.
Quiero recalcar el carácter gradual de este proceso. Nosotros marcamos un plazo: los dos próximos años. Lógicamente, quiero recalcar también el carácter no forzosamente uniforme de este proceso gradual. No todas las comunidades autónomas tienen el mismo grado de desarrollo competencial y lógicamente puede realizarse una adaptación, una reordenación que sea acorde con las características de cada comunidad autónoma. Me parece que éste es un elemento no de matiz, sino que debe contemplarse también en el marco del debate que estamos teniendo.
En cualquier caso, establecemos en nuestra enmienda dos criterios de carácter general a la hora de abordar esta reordenación de la administración periférica. Por un lado la simplificación y reducción de sus estructuras y reagrupación de las diferentes unidades territoriales que aún quedan desconcentradas, de acuerdo con el principio programático del Grupo Socialista, que he señalado, de adaptación de las estructuras del Estado a la nueva realidad territorial, evitando duplicidades administrativas inncesarias; en segundo lugar, configurando a los delegados del gobierno como máxima autoridad de carácter político en la doble vertiente prevista en el artículo 154 de nuestra Constitución: responsables en cada comunidad autónoma de los servicios reservados constitucionalmente a la competencia del Estado, y, por tanto, de su Administración General, y responsables de la deseable cooperación y coordinación entre la Administración general del Estado, las administraciones de la comunidad autónoma y las otras administraciones existentes en la comunidad. Creo que estos criterios, señorías, son suficientes para informar, tanto la orientación general del proyecto de ley, como la actuación correlativa o paralela del Gobierno en este proceso.
No sería bueno, en el marco de una moción, abordar aspectos tan concretos como pretende en algún momento la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como quién tiene que dirigir la oficina o delegación de la Administración central de cada provincia, quién debe nombrar a esta persona o de quién deben depender los delegados del Gobierno, y menos si entramos en un debate nominalista, como se puede pretender en algún momento.
Tiempo habrá, y este será el marco adecuado, de debatir sobre algunas de estas cuestiones cuando analicemos y debatamos la ley de ordenación y funcionamiento de la Administración general del Estado.
En su intervención el señor Ríos se ha centrado en cómo debería ser una figura muy concreta, al igual que lo hacen también alguna de las enmiendas, específicamente la de Convergència i Unió, quizá sin tener muy en cuenta qué es lo que sucede también en la administración en la que ellos gobiernan; sin tener muy en cuenta el papel que juegan los delegados de la Generalitat, que son de alguna forma gobernadores civiles encubiertos.
De algún modo se ha pretendido centrar el debate en esta figura, diseñando en cierta manera el contenido que debe tener la figura que ahora ostenta el gobernador civil u otros delegados. Por cierto, señor Ríos, en su referencia a la alusión que hizo el señor Ministro en su comparecencia en la Comisión debe tenerse en cuenta que estaba mencionando las comunidades autónomas del 151 y no las competencias que aún tiene hoy la administración periférica en las comunidades del 143.
Creo que éste debe ser el marco del debate. Creo que nuestra propuesta de enmienda responde tanto a las pretensiones escritas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como a las pretensiones expuestas de forma oral por el señor Ríos en los términos en los que se ha expresado en la tribuna, como al resultado también del debate de la interpelación que precedió a esta moción, y podría concitar un acuerdo mayoritario de la Cámara, de ser aceptada evidentemente por Izquierda Unida, teniendo en cuenta el momento en que nos encontramos de cierre de una etapa y de apertura de una nueva en el proceso de desarrollo del Estado de las autonomías.
Por ello pido a Izquierda Unida que acepte nuestra enmienda, que sería votada mayoritariamente, yo creo, por esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Marcet.
¿Algún Grupo parlamentario, que no haya intervenido hasta ahora en este debate quiere fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, la señora Rahola tiene la palabra.


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La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
De hecho, señorías, voy a ser breve; y lo voy a ser porque me veo absolutamente incapaz de no repetir los argumentos ya dados en su momento a la interpelación urgente y ahora también por algunos de mis compañeros en esta Cámara, e incluso, yo diría, por los debates que en su momento hubo sobre los gobernadores civiles, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña, por ejemplo. Sólo quiero decir en este sentido que, por enésima vez, nos encontramos con que un debate que tenía que haberse producido ya hace mucho tiempo, que tenía que haber finalizado hace mucho tiempo, con la supresión de una figura administrativa que no está ni constitucionalizada, y que evidentemente representa una doble rémora (la rémora de un Estado centralista que la estructura autonómica tendría que haber superado, y la rémora económica y política que representa la duplicidad de administraciones), aún está pendiente. Desde la perspectiva de Esquerra Republicana, los gobernadores civiles son, económicamente, insostenibles, puesto que se mantiene un cargo que duplica, complica y encarece y entorpece la Administración. Desde la perspectiva política, es evidente que es una burla al pacto autonómico a que se llegó en la transición política y a lo que consagró la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía.
Por tanto, entendemos que políticamente es injustificable mantener un cargo que, además, resulta francamente de mala memoria o innoble, para los que tenemos memoria histórica. Y desde la perspectiva de la utilidad, la eficacia y el servicio al ciudadano, es evidente que los gobernadores civiles son una traba que burocratiza y complica aún más la Administración.
Por tanto, repitiéndonos, es una figura económicamente cara, políticamente injustificable y socialmente irracional, y no hay ninguna razón, ni ninguna dificultad real, más allá de la voluntad política, para asumir de una vez esta asignatura pendiente, y la supresión, por tanto, de la figura de los gobernadores civiles.
No me voy a alargar mucho más, señorías. Entiendo que los gobernadores civiles no tienen sentido; son --repito-- una figura cara, carísima, francamente antipática para aquellos que tenemos memoria histórica y a veces una memoria histórica dura referente a este tipo de figura y, desde luego, claramente innecesaria.
Por tanto, estaremos a favor, por supuesto, de la moción de Izquierda Unida y de cualquier enmienda que represente un paso adelante en lo que tiene que ser finalmente la asunción del pacto de la transición política, la asunción de los Estatutos de autonomía y, por tanto, la supresión definitiva de los gobernadores civiles.
Quiero expresar aquí el hecho de que Esquerra Republicana es especialmente sensible a la enmienda presentada por Convergència i Unió, que pide exactamente esto: la supresión de los gobernadores civiles. Pero, en todo caso, entenderíamos que otras enmiendas, y la misma moción de Izquierda Unida, representan un claro paso adelante para conseguir el consenso de la Cámara para, finalmente, suprimir esta figura que, repetimos, económicamente grava a la Administración, burocratiza aún más y, por tanto, no es ningún servicio y políticamente entendemos que es inaceptable.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Antes de pasar a la votación, es preciso que por parte del señor Ríos se indique si aceptan o no las enmiendas defendidas por los distintos Grupos parlamentarios.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente para decir que el punto 1.º de la enmienda del Grupo Popular, donde habla de impulsar un pacto nacional, nosotros aceptaríamos incorporarlo como punto 1.º de nuestra moción, no así el punto 2.º.
La enmienda del Grupo Vasco nosotros la aceptamos tal cual la propone, puesto que modifica los cuatro primeros renglones de la introducción al punto 2 de nuestra moción.
La enmienda que presenta el Grupo de Convergència i Unió, en lugar de como enmienda de sustitución, nosotros la aceptaríamos como enmienda de sustitución de nuestro punto 2 a). Es decir, en lugar del punto 2 a) de Izquierda Unida, el punto 2 a) de Convergència i Unió.
Y termino, señor Presidente, con la enmienda del Grupo Socialista. Aceptaríamos como sustitución de nuestro punto 1.º el punto 1.º que propone la enmienda del Grupo Socialista; la letra b) del punto 2, en sustitución de nuestra letra b) del punto 2, y el punto 3 también como sustitución del punto 3 nuestro. Pero no aceptaríamos como sustitución el apartado 2 y el apartado 2 a). En esos términos es como nosotros propondríamos la moción.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Eso exige, señor Ríos, en primer lugar, que el Grupo Popular manifieste si está de acuerdo en que su enmienda se reduzca al punto 1 de su enmienda, que figuraría como punto 1 de la moción. El señor Mañueco tiene la palabra.


El señor MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente.
Es tan diverso el punto 1 del punto 2 que no podemos aceptar que entre el punto 1 y no el punto 2. Por consiguiente, si cabe la votación separada, votaríamos

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sí al punto 1 y no al resto. Si no cabe la votación separada, votaríamos en contra de él.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe, señor Mañueco, que, en el caso de que se admita alguna modificación, no cabe votación separada. En consecuencia, no puede figurar como punto 1 el punto 1 de la enmienda del Grupo Popular. Por parte del Grupo Vasco (PVN) no hay inconveniente alguno porque su enmienda ha sido aceptada.
Y ahora, cabe preguntar al señor Baltá si acepta que su enmienda, que era prácticamente de sustitución, quede incorporada a la moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya como punto 2, letra a).


El señor BALTA I LLOPART: Sí, señor Presidente, la acepto tal como ha planteado el portavoz del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Finalmente, si el Grupo Socialista acepta que su enmienda de sustitución quede modificada en los términos que ha planteado el señor Ríos, que, si no ha entendido mal la Presidencia, es mantener el punto 1 de la enmienda socialista como sustitución del punto 1 de la moción; el punto 2, letra b) de la moción ser sustituido por el punto 2.b) socialista y el punto 3, a su vez, sustituido por el punto 3 de la enmienda socialista.
Tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Efectivamente, señor Presidente, coincidimos en lo que ha entendido la Presidencia, lo cual da como resultado una moción Frankenstein, que es un poco difícil de poder aceptar por este Grupo. Nosotros mantenemos nuestra enmienda de sustitución en sus propios términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Eso quiere decir, por tanto, que lo que se va a someter a votación es la moción de acuerdo con el texto presentado por Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, con la introducción de la enmienda del Grupo Vasco (PNV) en el punto 2, y con la sustitución del punto 2.a) por la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Vasco y Catalán (Convergència i Unió), según resulta del debate y de las intervenciones de los Grupos autores de estas enmiendas. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 20; en contra, 239.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez y veinte minutos de la noche.

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