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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 100, de 27/10/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 100 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 99 celebrada el jueves, 27 de octubre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proposición de Ley sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes. (Orgánica.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 66.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 122/000053) (Página 5151) --Proposición de Ley Orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 44.1, de 30 de noviembre de 1993 (número de expediente 124/000001) (Página 5152) --Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 71.1, de 14 de abril de 1994 (número de expediente 124/000003) (Página 5158)

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Debate de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 63.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000049) (Página 5163)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca. (Procedente del Real Decreto-Ley 9/1994, de 5 de agosto.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 78.1, de 26 de septiembre de 1994 (número de expediente 121/000065) (Página 5180)

Votaciones de conjunto:

--Proposición de Ley sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes. (Orgánica.) (número de expediente 122/000053) (Página 5187) --Proposición de Ley Orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales (número de expediente 124/000001) (Página 5187) --Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares (número de expediente 124/000003) (Página 5187)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 5151)

Proposición de ley sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes. (Orgánica.) (Página 5151)

El señor Casas i Bedós, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), expone que la proposición de ley viene a cubir un vacío legal que existía en el Código Penal en relación con la definición del ciclomotor como vehículo y las consecuencias de su conducción bajo bebida alcohólicas, siendo la pretensión de su Grupo, como ya anunció, presentar una enmienda a fin de concretar el grado de alcoholemia que sería necesario para tipificar esta cuestión. Sin embargo, como en el transcurso del debate no han generado un consenso suficiente para que la enmienda pudiera ser aprobada en este momento, proceden a la retirada de la misma,anunciando que en el trámite del Senado profundizarán en la misma línea, aunque con una redacción probablemente distinta.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cotoner Goyeneche, en nombre del Grupo Popular, y De la Rocha Rubí, del Grupo Socialista. El señor Presidente anuncia que las votaciones de conjunto correspondientes al carácter orgánico de las tres proposiciones de ley cuyos dictámenes se debaten esta mañana se producirán al término de los debates previstos en el orden del día de la sesión.


Proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales (Página 5152)

El señor Peón Torres defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Comienza aludiendo a la oportunidad de este debate, a la vista de acontecimientos judiciales recientes, concretamente el denominado Caso Nécora y la polémica suscitada acerca de la adecuada protección o no a la figura del arrepentido y a la validez de su testimonio como prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, pudiendo hacer creer a la opinión pública que esta iniciativa legislativa viene a dar solución a los problemas planteados. Sin embargo,

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creen que, lamentablemente, no va a ser así. Reconoce que la proposición de ley en su redacción original era mejorable al contener ambigüedades que podían afectar a principios constitucionales del proceso penal, motivo por el que su Grupo presentó una serie de enmiendas para despejar incertidumbres.
Afirma que en todo momento, ha existido una clara voluntad de consenso entre todos los grupos para dar con la redacción técnicamente adecuada que buscara el mejor equilibrio entre las necesidades de protección de los testigos y peritos en peligro, al mismo tiempo que se salvaba la validez de sus testimonios respetando las garantías constitucionales de todo acusado. Cree que se han corregido algunas deficiencias, pero, a través de algunas enmiendas, se ha alterado también sustancialmente el objetivo inicialmente perseguido con el texto original, cambiando los propios fundamentos básicos en los que se asentaba la proposición. A su juicio, la nueva orientación del texto que debaten puede privar de parte de su eficacia a la nueva regulación y hacer perder muchos enteros a ese instrumento en cuanto a su utilidad para fomentar la colaboración de los ciudadanos con la Administración de Justicia.
No obstante, como más vale algo que nada, apoyan el nuevo texto, sin renunciar a la necesidad de elaborar una normativa específica que contemple, desde todos las perspectivas, la conveniencia de dotarnos de instrumentos legales útiles y especiales para la lucha contra la delincuencia organizada y, en especial, que trate de la situación del arrepentido y del confidente policial. Consiguientemente, anuncia la retirada de todas sus enmiendas al texto original, excepto una referida al artículo 6 inicial y de cuyo contenido da cuenta a la Cámara.
Concluye anunciando el apoyo de su Grupo a una ley que les parece tímida, que no va a ser todo lo eficaz que hubiera podido ser en la lucha contra la delincuencia organizada, pero no pueden, en cambio, apoyar un artículo que consideran claramente anticonstitucional y que acabaría por apuntillar como inútil la regulación que hoy se proponen aprobar, creando graves problemas de acumulación de recursos de amparo y de inconstitucionalidad en una Administración de Justicia suficientemente colapsada. Esta es la posición que mantuvieron en la votación del dictamen en la Comisión y que mantendrían también hoy si no se modifica ese aspecto de la nueva regulación suprimiendo el artículo 6 del texto original, que ha pasado a ser 4 en el dictamen de la Comisión. Insiste en que, de aprobarse ese artículo en su actual redacción, podría traer más problemas a la Administración de Justicia en la lucha contra la delincuencia organizada de los que pretende resolver.
El señor López Garrido defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que el proyecto de ley fue ampliamente debatido en Ponencia y Comisión, cambiando el texto sustancialmente respecto a su contenido inicial, como consecuencia de un consenso referido fundamentalmente a testigos y a peritos. Aclara que no están ante un proyecto de ley sobre arrepentidos sino simplemente ante una protección de la identidad de testigos y peritos en las causas penales. Sin embargo, su Grupo mantiene para votación dos votos particulares en relación con los últimos artículos que venían en el proyecto inicial y que no fueron incluidos en el dictamen de la Comisión. Son los artículos 11 y 12 del proyecto de ley originario que creen que pueden ser útiles y coherentes para las finalidades de la nueva ley. En turno en contra de las enmiendas a la proposición de ley interviene el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que señala que su grupo parlamentario presentó una proposición de ley que pretende colmar una de las lagunas del ordenamiento penal más características y que gravitan más negativamente sobre la eficiencia represiva fundamentalmente en el ámbito de la represión de mafias de organización de delincuentes, de fenómenos delictivos sofisticados, cada vez más difíciles de reprimir por el ordenamiento jurídico, que no evoluciona de forma pareja a la evolución cada vez más compleja de estos delitos. Pretende cubrir una de las carencias más características de nuestroordenamiento como es la reticencia de determinados testigos y peritos, a consecuencia de amenazas provenientes de las bandas a las que han pertenecido o cuya actividad delictiva conocen. Su Grupo cree que la nueva ley colma la laguna legal existente de forma razonable, equilibrada y satisfactoria. Coincide con el señor Peón en el talante que ha existido por parte de todos los grupos de la Cámara de buscar aproximación de posturas, originariamente muy divergentes, realizando un esfuerzo importante para llegar a puntos de convergencia y que conviene que conste en el «Diario de Sesiones» por tratarse de un caso excepcional, desgraciadamente no muy frecuente en la Cámara.
Dicho esto, insiste en que la proposición pretende incrementar la eficiencia de nuestro ordenamiento primitivo para los testigos y peritos que razonablemente pueden tener reticencias para colaborar con la justicia, aunque aclara que ésta no es la proposición de ley de los arrepentidos, aunque sí atiende parcialmente a los problemas de los mismos.
Expone, por último, el contenido concreto de la proposición de ley, fijando su posición sobre las enmiendas mantenidas a la misma, afirmando de nuevo que, con la norma que se va a aprobar, se

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va a aumentar notablemente la eficiencia punitivade nuestro ordenamiento penal. Para fijación de posiciones interviene el señor Pérez Mariño, en nombre del Grupo Socialista.


Proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares (Página 5158)

El señor Presidente informa a la Cámara que se han retirado las enmiendas que se habían mantenido para su defensa y votación en el Pleno en relación con esta proposición de ley.
Para fijación de posiciones interviene la señora Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y los señores López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Cotoner Goyeneche, del Grupo Popular, y Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Se procede a las votaciones de los dictámenes de Comisión debatidos anteriormente, que son aprobados.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 5163)

Proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa (Página 5163)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna), manifestando que, a través del proyecto de ley, el Gobierno viene a dar respuesta a uno de los compromisos asumidos para la actual legislatura. El Gobierno fundamenta el proyecto de ley en virtud del Título competencial establecido en el artículo 149.1.23 de la Constitución, en lo relativo a la legislación básica sobre protección del medio ambiente.
También, de acuerdo con el artículo 145.2 de la Constitución y el artículo 22 de la Ley 40/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, el Gobierno ha considerado necesario declarar de interés general de la nación el Parque Nacional de los Picos de Europa, que comprende y amplía el ámbito territorial del actual Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Según esta Ley de 1989, se trata de asegurar la conservación presente y futura de estas áreas naturales, poco transformadas por la explotación u ocupación humana, en razón de la belleza de su paisaje, para lo que se les dota de un régimen jurídico especial de protección que, además de hacer posible su conocimiento y disfrute, permitirá el desarrollo de programas educativos y científicos. La protección de los ecosistemas y de la biodiversidad que contienen constituye el objetivo prioritario de cada parque nacional. Recuerda que el establecimiento de nuevos parques nacionales y su consiguiente incorporación a la red estatal o, en su caso, la revisión de los límites ya existentes, ha de ajustarse a unos requerimientos mínimos, a efectos de mantener la calidad y excepcionalidad de los valores que motivaron su establecimiento y justifican su existencia con ese alto nivel de protección. Añade el señor Ministro que hace ya años que se había planteado la ampliación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y que con esta declaración se inaugura una nueva etapa con parques nacionales más grandes, englobando a una cierta población residente que, con fuerte vocación para el desarrollo sostenible de la zona, completan la representación de esta región biogeográfica.
Afirma que el ámbito territorial del Parque Nacional cumple sobradamente los requisitos exigibles el englobar una gran variedad de ecosistemas representativos del bosque atlántico, totalizando una superficie de más de 63.000 hectáreas, que abarcan nueve municipios del Principado de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León.
Menciona destadados rasgos naturales y culturales del Parque Nacional, cuya conservación es de interés general para España, asegurando la perpetuación de la evolución natural del medio y de las especies asociadas. Las características especiales del parque justifican tanto su ampliación como un mayor régimen de protección, con el fin de preservar sus elementos y procesos naturales o de restaurarlos en aquellos casos que se considere conveniente. Alude, por último, el señor Ministro a algunos de los aspectos más destacables del proyecto de ley, mostrando la predisposición del Gobierno para admitir todas aquellas propuestas que tengan por objeto mejorar su texto, en el convencimiento de que el diálogo, el consenso y la integración de planteamientos repercutirán de forma positiva en su contenido.
El señor García Fonseca defiende la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Expone que su grupo se identifica, casi al cien por cien, con lo manifestado por el señor Ministro en cuanto a intenciones, objetivos, criterios, etcétera, pero mantiene discrepancias importantes en cuanto a que los instrumentos y las formulaciones específicas

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que se han plasmado en este proyecto de ley sean los más adecuados para conseguir algo en lo que todos coinciden en gran medida. Por eso, su Grupo ha presentado una enmienda de totalidad, con texto alternativo, con el mayor ánimo constructivo de lograr, entre todos, una ley que sea la más adecuada, en todos sus aspectos, para conseguir estos fines que comparten.
Destaca la importancia del conjunto del macizo de los Picos de Europa desde cualquier punto de vista y los reconocimientos que ya tiene a todos los niveles nacionales e internacionales como para que busquen para este conjunto integrado la figura y la reglamentación más adecuada. Sin embargo, llama la atención sobre la necesidad de darse prisa para regular esta protección o, desgraciadamente, en poco tiempo no van a tener nada que proteger. Menciona alguno de los desaguisados que sólo durante el año pasado se han cometido en los Picos de Europa, a sumar a los que desde hace bastantesaños se vienen cometiendo, resaltando la urgencia en la actuación, ya que en otro caso será completamente inútil que decidan una ley u otra porque ya no servirá para nada. Comprenderán, por tanto los señores Diputados que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentara ya el año 1991 una proposición de ley de protección especial del Parque Nacional, que fue apoyada por el Grupo Popular, quedando meridianamente claro el criterio de su Grupo en el sentido de que los Picos de Europa no pueden ser gestionados de otra manera más que mediante la figura del parque nacional con una única gestión, aunque ésta pueda ser participativa, colegiada, etcétera. Añade que a las razones ecológicas se unen razones de prestigio internacional en absoluto despreciables y que hay también razones de cofinanciación y de desarrollo sostenible, estando su Grupo dispuesto a debatir y demostrar a quien lo desee que la figura del parque nacional aplicada a todo este territorio es el mejor instrumento para asegurar a los ciudadanos aquí residentes el mayor grado de bienestar posible en las condiciones y circunstancias en que viven. Menciona, finalmente, algunas características del texto alternativo que presentan, afirmando que las propuestas en él contenidas recogen mejor que en el proyecto de ley los instrumentos para conseguir los fines que todos persiguen. El señor Gortázar Echeverría defiende la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular. Señala que el señor Ministro no ha dicho a la Cámara nada nuevo que no supiesen y le pregunta si, después de la experiencia de cómo está Doñana o las Tablas de Daimiel, o de la propia gestión de Icona en la Montaña de Covadonga, los ciudadanos de Cantabria, Asturias y Castilla- León van a tener más confianza en el Ministerio que en sus respectivos consejeros autonómicos. De ahí que el Grupo Popular realice una propuesta de administración autonómica sobre la gestión y responsabilidad política directa de esa realidad, a sabiendas de que el Icona no va a estar para las responsabilidades o que el Ministerio va a escurrir el bulto.
La segunda cuestión que plantea es que el señor Ministro se coloca fuera de la realidad, hablando de actividades artesanales por parte de los habitantes del futuro parque nacional, fundamentalmente destinadas al autoabastecimiento, preguntándole si es ésa una perspectiva ligeramente moderna y entusiasta para los jóvenes y propietarios de aquella región.
Afirma que la defensa por parte del señor Ministro del proyecto de ley ha sido pobre, poco consistente y en absoluto realista a los efectos de cambiar la opinión de los afectados por el mismo. Se ha producido una reacción contraria al proyecto de ley por parte de los habitantes de la zona, en gran parte por el contenido del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, en el que hay una enorme cantidad de limitaciones a la explotación y a los usos turísticos de aquellas zonas, con lesión de los derechos de los vecinos y de los propios municipios.
Añade que el Grupo Popular no tiene nada, en absoluto, en contra de los parques naturales nacionales sino que, por el contrario, son pioneros de los mismos y tienen una larga experiencia sobre el particular. Sin embargo, la situación a finales del siglo XX es completamente distinta a la que existía a principios de siglo y la moderna filosofía de conservación no va en la dirección que defienden los socialistas e Izquierda Unida, con una mentalidad expropiatoria e intervencionista alejada de la realidad.
Ateniéndose a la postura de la propia Unescoy la Comunidad Europea, el Grupo Popular presenta un texto alternativo cuyos rasgos fundamentales expone a la Cámara y con el que entienden que satisfacen, en primer lugar, las demandas de los vecinos de la zona, que son los protagonistas de la conservación, y, en segundo lugar, respetan las atribuciones que la Constitución y los estatutos autonómicos reconocen como propios de las comunidades autónomas.
Pide a la Cámara el apoyo para el texto alternativo que abre vías de consenso con los afectados, en contra de los cuales nada se puede proteger. En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Cuesta Martínez.
Comienza afirmando que al Grupo Socialista le satisface más el planteamiento formulado por el portavoz de Izquierda Unida, planteamiento con el que les une mucho más que con el expuesto por el representante del Grupo Popular, en una intervención más de

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su práctica de permanente alarmismo. Desde el principio desea dejar constancia de la satisfacción que al Grupo Socialista le produce la presentación en la Cámara de una iniciativa que coincide sustancialmente con el deseo del Gobierno del Principado de Asturias y con amplios sectores no sólo del Principado sino también de Cantabria y Castilla y León. Aclara que no se trata de considerar a los habitantes de estas zonas como fósiles, según se desprende de la intervención del señor Gortázar, sino de proteger y defender mejor los intereses y derechos de esos vecinos que habitan en un entorno digno de protección. Según lo expuesto por el señor Ministro y según consta también en la memoria del proyecto de ley, se hallan ante la necesidad de garantizar la protección de sistemas y de ampliar los límites del actual Parque de Covadonga hasta un territorio que comprende parte de las comunidades de Cantabria y Castilla y León, además de la de Asturias. Señala que el territorio que se pretende proteger con el nombre de Parque Nacional de Picos de Europa constituye una unidad natural que contiene valores ecológicos, faunísticos, botánicos, paisajísticos y culturales, de tales características que justifica suficientemente la necesidad de dotarlo del régimen especial de protección que se pretende. Menciona algunos caracteres especiales de la zona en cuestión, digna de la protección que se contiene en el proyecto de ley, con el que, además, cumplen un compromiso electoral de junio de 1993, proyecto de ley que, aclara, se inserta, como no podía ser de otra manera, en lo establecido en la Constitución y en los correspondientes estatutos de autonomía. Coincide, por último, con el señor García Fonseca en la necesidad de actuar con urgencia, ya que en otro caso no habría nada que proteger y, en aras a dicha urgencia, el Grupo Socialista se opondrá a las enmiendas de totalidad cuya admisión sólo conducirían a retrasar la protección que todos desean. Replican los señores García Fonseca y Gortázar Echevarría, duplicando el señor Cuesta Martínez.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria, y Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Popular es rechazada por 153 votos a favor, 166 en contra y una abstención.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 5180)

Proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la Bahía de Palma de Mallorca (Página 5180)

El señor Andreu Andreu defiende la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que, a través de la misma, defienden una filosofía muy distinta a la contenida en el proyecto de ley sobre el trasvase de agua del Ebro a Mallorca. Cree que en una decisión de esta naturaleza lo lógico y natural hubiera sido remitirla al Plan Hidrológico Nacional y, sin embargo, se hurta el debate tomando decisiones importantes para que se vaya cimentando poco a poco una modalidad distinta respecto a la distribución de agua en nuestro país. Considera que esta forma de hurtar el debate es una operación políticamente poco limpia y que una decisión de esta naturaleza debería contemplarse en dicho Plan Hidrológico Nacional. Seguidamente se procede a la defensa de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley, interviniendo al efecto los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto, y Gilet Girart del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene el señor Costa Costa, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la enmienda de totalidad del Grupode Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es rechazada por 13 votos a favor y 291 en contra. Asimismo se someten a votación las enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley debatidas anteriormente.
Finalmente, se somete a votación el proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la Bahía de Palma de Mallorca (procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto), siendo aprobado por 289 votos a favor, 14 en contra y una abstención.


Votaciones de conjunto (Página 5187)

Sometida a votación de conjunto la proposición de Ley Orgánica sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes, es aprobada por 304 votos a favor.


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Asimismo es aprobada en votación de conjunto la proposición de Ley Orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales, por 303 votos a favor.
Igualmente se aprueba en votación de conjunto la proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas, por 300 votos a favor y uno en contra.
Se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DEL ARTICULO 340 BIS a), APARTADO 1.º, DEL CODIGO PENAL, CON EL FIN DE TIPIFICAR LA CONDUCCION DE UN CICLOMOTOR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTRAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES (Número de expediente 122/000053)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Siguiente punto del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen relativo a la proposición de ley sobre modificación del artículo 340 bis a), apartado 1.º, del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y otras sustancias estimulantes.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Señor Presidente, como ya dijimos en la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular, nos parece que esta proposición de ley viene a cubrir un vacío legal que existía en el Código Penal en relación con la definición del ciclomotor como vehículo y las consecuencias de su conducción bajo bebidas alcohólicas. Nuestro Grupo anunció que presentaría una enmienda a fin de concretar el grado de alcoholemia que sería necesario para tipificar esta cuestión.
En el transcurso del debate no hemos generado el consenso suficiente para que esta enmienda pudiera ser aprobada, con lo cual vamos a retirarla en este acto, aunque avisamos a SS.SS., a los grupos parlamentarios y al Grupo proponente que, si bien es cierto que compartimos la finalidad del objetivo que pretende esta enmienda, también es cierto que su redacción presenta alguna dificultad de encaje con la estructura del Código Penal.
Por esta razón, anuncio que en el trámite del Senado profundizaremos en esta misma línea, aunque con una redacción probablemente distinta. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Casas.
¿Algún grupo desea fijar posición en relación con este dictamen? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cotoner.


El señor COTONER GOYENECHE: Gracias, señor Presidente.
Ante todo, quiero agradecer al Grupo Catalán la retirada de su enmienda, ya que de esta forma lo que se consigue es una aprobación del dictamen de esta proposición de ley con unanimidad de todos los grupos presentes en la Cámara. La «ratio» de la presentación de la proposición por este Grupo al Pleno de esta Cámara es que la sanción a los conductores de ciclomotores que conduzcan bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas y estupefacientes se asimilara a la que se impone a los conductores de vehículos de motor. Había una laguna que rellenar en el Código Penal, que se venía arrastrando desde 1934, al tratar el Código de Circulación el ciclomotor de forma diferente al vehículo de motor. Debido a la trascendencia social de los accidentes que se han venido sucediendo con estos vehículos, el Grupo Popular consideró oportuno tratarlo exactamente igual que el vehículo de motor.
Este Grupo debe agradecer al letrado de la Comisión, señor García Mexía la ayuda que en todo momento ha dado a la Ponencia. Gracias a él y al entendimiento entre el Grupo Socialista y el nuestro hemos podido llegar a una reforma, no sólo del artículo 340 bis A), 1.º, sino a una reforma en profundidad de otros artículos, como el 340 bis A) 2.º, el 340 bis D), el 565 y una serie de artículos de la parte general del Código Penal, que se han visto modificados por esta proposición de ley. Agradecemos de nuevo a dicho letrado la asistencia jurídica que nos ha prestado.
Por otra parte, debemos congratularnos si, debido a la aprobación de la presente proposición de ley, evitamos que sigan sucediendo accidentes con los ciclomotores, debido a la ingerencia de bebidas alcohólicas sobre todo por personas jóvenes, de entre 16 y 21 años. Creo que nos tendremos que felicitar por haber contribuido a evitar dichos accidentes.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Rocha.


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El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de mi Grupo que, como se ha adelantado, va a ser favorable a la aprobación del informe de esta proposición de ley.
Efectivamente, la proposición pretende que se tipifique la conducta de conducir un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas de la misma manera que la conducción de otros vehículos de motor.
A lo largo del trámite parlamentario, sobre todo en Ponencia, pero también en Comisión, se ha ido viendo en la reflexión colectiva que la iniciativa era técnicamente muy insuficiente, que era necesario regular no sólo un artículo en el que se introdujera este nuevo tipo, sino que había que completar esa regulación con otras facetas, sin las cuales, probablemente, la modificación del Código hubiera quedado vacía. Había que incluir el nuevo tipo en la clasificación de las penas, había que regular su contenido y su duración, había que regular también su consideración como medida cautelar y el abono de esa medida cautelar en el cumplimiento de la pena. Estábamos ante un delito de riesgo, un delito cuya incorporación al Código Penal derivaba de la experiencia, fundamentalmente conocida a través de las estadísticas de la Dirección General de Tráfico, de que, en muchos casos, la conducción de un ciclomotor está suponiendo un mayor riesgo de tráfico que la conducción de otros vehículos. Se deducía de esa estadística de la Dirección General de Tráfico que había otros delitos o al menos otras conductas gravemente irregulares que se estaban cometiendo con ciclomotores y que probablemente era el momento de incorporarlas al Código Penal, fundamentalmente el delito de conducción temeraria básica, lo que se llama la temeridad básica como delito de riesgo, el delito de conducción suicida, el famoso tipo incorporado en 1989 de los conductores suicidas, que se ha visto que en algunos casos eran conductores que iban con ciclomotor, y la falta de la imprudencia, del artículo 566 del Código Penal. La aprobación de esta iniciativa --hay que decirlo-- en un momento en que esta Cámara está ya discutiendo, a nivel de Ponencia, la reforma del Código Penal no supone ir, en absoluto, en contra de lo que ha sido presentado ante la Cámara por el Gobierno, el proyecto de ley de reforma del Código Penal. No sólo en el espíritu --ese proyecto ya recoge estas modificaciones--, sino prácticamente en su letra, lo que ahora estamos haciendo es adelantar la reforma, porque, efectivamente, visto el riesgo grave que supone la conducción de ciclomotores en determinados comportamientos y a determinadas horas en las ciudades, etcétera, parece al legislador, parece a esta Cámara --ha parecido a la Comisión, en todo caso-- que era necesario adelantarse a la reforma.
Por ello nuestro Grupo, señor Presidente, señorías, va a votar a favor. Mucha gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Antes de pasar el debate del siguiente dictamen, quiero comunicar a la Cámara que las votaciones de conjunto corespondientes al carácter orgánico de las tres proposiciones de ley cuyos dictámenes van a ser debatidos esta mañana se producirán antes de levantar la sesión, al término de los debates previstos en el orden del día. (Rumores.) La votación de conjunto correspondiente al carácter orgánico.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE PROTECCION A DENUNCIANTES, TESTIGOS Y PERITOS EN DETERMINADAS CAUSAS CRIMINALES (Número de expediente 124/000001)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley orgánica de protección a denunciantes, testigos y peritos en determinadas causas criminales.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Peón.


El señor PEON TORRE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy una proposición de ley orgánica que puede entenderse especialmente oportuna teniendo en cuenta últimos acontecimientos judiciales, en concreto la sentencia del denominado caso Nécora. La polémica suscitada con la adecuada protección o no, con el tratamiento legal y judicial aplicable a la figura del arrepentido y la validez de su testimonio como prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados, puede hacer creer a la opinión pública que la iniciativa legislativa que hoy nos ocupa puede avenir a dar solución a estos problemas. Sin embargo, señorías, creemos que, lamentablemente, no va a ser así.
Es verdad, señorías, que el Senado nos encomendó el debate y la discusión de una proposición de ley orgánica que parecía atender a una prioridad especialmente sentida por la sociedad española: la necesidad de dar respuesta a la delincuencia organizada, de dotarnos de un marco legal útil, eficaz, capaz de dar respuesta a la capacidad de amedrantamiento de que disponen las organizaciones criminales, sea terrorismo o sea narcotráfico, y que, en muchas ocasiones, deriva en la imposibilidad de contar con testimonios y con pruebas suficientes para conseguir la condena judicial de aquéllos que participan en las actividades delictivas.
Señorías, la proposición, en su redacción original, era mejorable y contenía ambigüedades que podían afectar a principios constitucionales del proceso penal. Por ello mismo, nuestro Grupo presentó una serie de enmiendas que pretendían despejar esas incertidumbres. En todo momento ha existido una clara voluntad de consenso entre todos los grupos para dar con la redacción técnica adecuada, para dar con la redacción jurídica

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que buscara el mejor equilibrio entre la necesidad de protección de los testigos y peritos en peligro al mismo tiempo que se salvaba la validez de su testimonio, respetando las garantías constitucionales de todo acusado. Las enmiendas presentadas conjuntamente por el PNV y por el Partido Socialista han dado lugar, a nuestro entender, a un texto alternativo al presentado originariamente en el Senado. Se han corregido, es cierto, algunas de las deficiencias, pero, al mismo tiempo, nosotros pensamos que se ha alterado sustancialmente el objetivo inicialmente perseguido con el texto original.
¿Qué es lo que ha cambiado? A nuestro juicio, señorías, ha cambiado los propios fundamentos básicos en los que se asentaba la proposición del Senado. Así, si la proposición del Senado se refería a la necisidad de reforzar los instrumentos legales para combatir judicialmente la delincuencia organizada, creemos sinceramente que esta proposición pretende otra cosa o, por lo menos, no pretende con la misma intensidad ese objetivo inicial de la propuesta original. A nuestro entender, esta nueva orientación del texto que ahora debatimos puede privar de parte de su eficacia a la nueva regulación, puede privar, decimos, de parte de su eficacia y puede hacer perder muchos enteros a ese instrumento en cuanto a su utilidad para fomentar la colaboración de los ciudadanos con la Administración de Justicia. Nos parece que no responde a esa necesidad, a la que aludíamos antes, de dotarnos de instrumentos legales verdaderamente eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, creemos que más vale algo que nada y por ello apoyaremos el nuevo texto, sin renunciar, por otra parte, a la necesidad de elaborar una normativa específica que contemple, desde todas las perspectivas penales, procesales, penitenciarias, económicas, etcétera, la conveniencia de dotarnos de instrumentos legales útiles y especiales para la lucha contra la delincuencia organizada y, en especial, que trate de la situación del arrepentido y del confidente policial.
Tal y como ya apuntaron el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el debate de la Comisión, nuestro grupo considera urgente la elaboración de una normativa específica, al estilo de la ley contra el crimen organizado de Estados Unidos o de otras legislaciones similares existentes en Alemania o en Italia.
Por ello, y dado que finalmente el texto que debatimos no se refiere específicamente a esa problemática, anunciamos la retirada de todas nuestras enmiendas al texto original y tan sólo mantenemos una porque creemos que la cuestión a la que se refiere es realmente grave. Estoy hablando de la enmienda que se refiere a la supresión del artículo 6 del texto original y que con el nuevo texto ha de entenderse referida al apartado 3.º del artículo 4.º del nuevo texto aprobado por la Comisión.
Se trata de la regulación prevista para que se produzca el testimonio del testigo o perito protegido en la fase del juicio oral. Ya en la redacción originaria todos los grupos expresaron la necesidad de conciliar la protección del testigo o perito con el respeto a los derechos constitucionales de todo acusado. Pues bien, señorías, creemos que el nuevo texto no sólo no soluciona, sino que incluso agrava los riesgos de inconstitucionalidad que ya se advirtieron en el Senado por parte de los representantes de todos los grupos. El texto aprobado por la Comisión, señorías, establece la posibilidad de mantener el anonimato del testigo o perito incluso en la fase del juicio oral. Concretamente, llega a afirmarse en el texto que hoy se somete a debate lo siguiente: Sin perjuicio de lo anterior, si cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de calificación provisional, acusación o defensa el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya declaración o informe sea estimado pertinente, el juez o tribunal que ha de entender de la causa en el mismo auto en el que declare pertinente la prueba propuesta podrá facilitar motivadamente y, a la vista de las alegaciones hechas por las partes, el nombre y los apellidos de los testigos o peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a los mismos en esta ley. Señorías, el texto dice: podrá facilitar.
En definitiva, se permite legalmente la posibilidad de que un tribunal resuelva mantener el anonimato de un testigo o perito, incluso en la fase del juicio oral, a pesar de que la defensa de los acusados requiera y exija su conocimiento.
Señorías, nosotros pensamos que esta anomalía no se subsana con la previsión contenida en el punto 5 del mismo artículo 4.º del texto que ahora debatimos. Aunque para que pueda ser tenida como prueba de cargo la declaración del testigo o perito se exige el cumplimiento en ese punto de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, se impide así el anonimato del testigo o perito, creemos que la simple negativa a la defensa para poder conocer la identidad de los testigos y peritos que declaren en el juicio oral puede fundamentar el recurso de amparo por vulnerar el derecho a la defensa y a la contradicción con igualdad de armas procesales.
Esta situación ni siquiera tiene que esperar un futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional para que podamos saber a ciencia cierta si es compatible o no con los derechos fundamentales. No hay que esperar porque nuestro Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de afirmar con claridad que no es posible el testimonio anónimo en el juicio oral sin infringir principios constitucionales que son patrimonio y garantía de todos los ciudadanos.
En cierto que el Tribunal Constitucional admite la declaración de un testigo oculto. En este sentido, la actual

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legislación que hoy se propone viene a cubrir la laguna existente hasta hoy sobre esta cuestión, pero en lo que el Tribunal no deja ninguna duda es en la imposibilidad de declaración en el acto del juicio oral de un testigo anónimo.
Así, el Alto Tribunal, en su sentencia de 24 de marzo de 1994, llega a decir textualmente lo que reproducimos a continuación: La referencia a la anterior doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite, pues --son palabras del Tribunal--, concluir que es la imposibilidad de contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo que el citado Tribunal considera contrario a las exigencias derivadas del artículo 6 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y termina diciendo el Tribunal: En la medida en que la posibilidad de contradicción y el conocimiento de la identidad de los testigos, tanto para la defensa como para el juez o tribunal, resulten respetados, han de entenderse cumplidas la exigencias derivadas del artículo 6.3.d) del Convenio y, en consecuencia, también las garantías que consagra el artículo 24.2 de nuestra Constitución.
Señorías, aunque nuestro Grupo va a apoyar una ley que nos parece, como hemos dicho, tímida, que nos parece que no va a ser todo lo eficaz que hubiera podido ser en la lucha contra la delincuencia organizada, lo que no podemos apoyar es un artículo que es claramente inconstitucional, que acabaría por apuntillar como inútil la regulación que hoy podemos aprobar y crear graves problemas de acumulación de recursos de amparo y de inconstitucionalidad en una Administración de Justicia ya suficientemente colapsada.
Esa es la razón por la que nuetro Grupo se abstuvo en la votación del dictamen en la Comisión y ésa es la posición que mantendríamos hoy si no se modifica este aspecto de la nueva regulación.
Nosotros proponíamos en nuestras enmiendas la supresión del artículo 6 del texto original, que va a ser ahora el artículo 4 del dictamen de la Comisión y, por tanto, del actual texto.
Seguimos creyendo que en la fase del juicio oral no puede alterarse la regulación general que establece los fundamentos del derecho a la defensa y que impide la posibilidad de ser tenido en cuenta un testimonio anónimo prestado en el juicio oral. Por ello, ofrecemos en este acto una enmienda transaccional a los demás grupos, a fin de que pueda evitarse, en lo posible, el riesgo de inconstitucionalidad de la actual redacción. Debería sustituirse, en el punto 3 del artículo 4, la expresión «podrán facilitar motivadamente y a la vista de las alegaciones hechas por las partes, el nombre y los apellidos de los testigos y peritos» por la nueva expresión que dijera «deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos y peritos». Creemos, señorías, que, aunque el riesgo de inconstitucionalidad no desaparece totalmente, al menos de esta forma se puede evitar el total anonimato en el juicio oral, que el Tribunal Constitucional prohíbe por vulnerar los derechos fundamentales, en concreto, lo dispuesto en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Esta preocupación, señorías, no es sólo nuestra. Quiero recordar muy brevemente lo que representantes del Grupo Socialista y del Grupo Vasco (PNV), con ocasión del debate de esta misma proposición en el Senado, dijeron sobre esta misma cuestión. En concreto, el Senador del Grupo Socialista, señor Galán Pérez, llegó a afirmar en su intervención sobre esta proposición lo siguiente: Está claro que si la defensa ignora en todo momento la identidad del testigo, no puede establecer que es parcial, hostil o indigno de crédito. Por tanto, no puede ejercer esas garantías del derecho a la defensa que están en nuestra Constitución.
Aún era más contundente el representante socialista al afirmar: Si lo que al final se consigue con la proposición es que fuera «ex lege» posible el apoyo testifical o pericial a una determinada acusación sin que el justiciable conozca ni en la fase sumarial ni en el juicio oral quiénes son las personas que testimonian o dictaminan pericialmente contra él, sencillamente nos parecería inadmisible, porque representaría una regresión al viejo sistema inquisitivo, una ruptura de las garantías del derecho a la defensa, del principio de igualdad de fuerzas y, en definitiva, haría imposible la defensa de este principio de presunción de inocencia. El representante del Grupo Socialista, el Senador Caballero Lasquíbar, decía: Estas medidas de protección que se garantizan en la fase policial y en la judicial de instrucción tienen algún límite una vez que se abre la fase de juicio oral en razón del derecho del acusado a un proceso con todas las garantías, que debe poder conocer la identidad de las personas que han de ser utilizadas para articular una prueba procesal de cargo. Y añadía: Si en el juicio oral decide intervenir el denunciante, testigo o perito, será conocida su identidad, pero permanecerá el resto de medidas del programa de protección. Por último, señorías, incluso el profesor universitario que intervino en la redacción de la propuesta presentada por el PNV, en un artículo publicado en la prensa del País Vasco, escribía: No cabe ocultar que en las enmiendas presentadas por el PSOE al texto inicial del PNV se atisba algún aspecto de ambigua lectura constitucional que, por ende, debería ser reconsiderado o, cuando menos, matizado.
Señorías, quiero agradecer la disposición al consenso que ha existido por parte de todos y que viene a demostrar la preocupación que existe en todos los grupos por la realidad a la que la presente proposición trata de dar adecuada respuesta. Pero ese reconocimiento no puede llevarnos a hacer dejación de nuestra responsabilidad anteponiendo el siempre deseable consenso al riesgo de aprobar una ley o, más concretamente, un artículo de esa ley que a nuestro juicio es claramente inconstitucional.


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Señorías, creemos que de aprobarse en su actual redacción podría traer más problemas a la Administración de justicia y a la lucha contra la delincuencia organizada que los que pretende resolver. Esperamos que con la enmienda transaccional que ofrecemos pueda lograrse el consenso. Consenso que poco antes de iniciar este debate tanto el representante socialista como el representante del Grupo Vasco (PNV), nos anunciaban que iba a ser finalmente imposible que pudiera alcanzarse.
Consenso que esperamos que sirva también para sensibilizar a todos los grupos sobre la necesidad de avanzar más audazmente en la elaboración de una ley contra el crimen organizado que aumente y apuntale lo que hoy aquí se esboza tan sólo tímidamente.
Esperamos finalmente, señorías, que sirva también para garantizar la eficacia y la autoridad de la nueva legislación que hoy podemos aprobar. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley que fue debatido ampliamente en la Ponencia y en la Comisión, como es sabido, cambió sustancialmente respecto del inicial que vino a esta Cámara y se produjo en los artículos actuales un consenso en cuanto a la forma de regular este proyecto, referido fundamentalmente a testigos y peritos. Señalamos ya en la Comisión y repetimos hoy en la Cámara que no estamos ante un proyecto de ley sobre arrepentidos --no es éste el objetivo, todavía no hay una regulación a este respecto, que es muy discutible--, sino simplemente ante una protección de la identidad de testigos y peritos en las causas penales, que, además, se ha ampliado a todos los tipos. Nuestro Grupo Parlamentario mantuvo en la Comisión y mantiene hoy para votación dos votos particulares en relación con los últimos artículos que venían en el proyecto inicial que, sin embargo, no fueron incluidos en el dictamen de la Comisión. Estos dos artículos, el 11 y el 12, originariamente en el proyecto de Ley, pueden ser útiles para las finalidades que seguimos compartiendo de este proyecto de ley. Este voto particular se refiere al mantenimiento del artículo 11 del proyecto inicial, en el que se señala una propuesta de regulación nueva del artículo 367 del Código Penal, que diría: «Si de la revelación...» --es el caso de la revelación de secretos al que se refiere este párrafo-- «...
resultaren graves daños para la causa pública, o para tercero, o» --y aquí viene la aportación fundamental de este artículo-- «consistiere en la divulgación de la identidad o domicilio, o de datos que pudieran facilitar su averiguación de los denunciantes, testigos o peritos que hayan prestado declaración..., las penas serán de prisión menor e inhabilitación especial».
Creemos que esta modificación del Código Penal es perfectamente coherente con el objetivo de este proyecto de ley y que protege, también desde el punto de vista penal y no solamente procesal, la actuación en los proceso penales de testigos y peritos cuya intervención y preservación de la identidad contribuya a la acción de la justicia.
Por otro lado, el artículo 12 del antiguo proyecto de ley no incluido en el dictamen de la Comisión y que nosotros creemos que debería mantenerse, se refiere a que las personas protegidas comprendidas en el ámbito de la presente ley, es decir, aquellos testigos y peritos protegidos procesalmente en este proyecto de ley, que fueran objeto de un ataque contra su vida, integridad, libertad o patrimonio, como consecuencia de una denuncia, de un testimonio o informe, tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado en la cuantía y modo que reglamentariamente se determine.
Consideramos que la protección, en este caso económica, de estas personas es necesaria. Naturalmente, no pueden estar amparadas por el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, por la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Queda un vacío en cuanto a esta protección económica que se vería completado con los objetivos que nosotros asumimos de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Turno en contra de la enmiendas? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor Peón, señor López Garrido, mi Grupo Parlamentario ha presentado una proposición de ley que pretende colmar una de las lagunas del ordenamiento punitivo, del ordenamiento penal más características y que gravitan más negativamente sobre la eficiencia represiva, la eficiencia punitiva de este ordenamiento, fundamentalmente en el ámbito de la represión de mafias, de organizaciones de delincuentes, de fenómenos delictivos crecientemente sofisticados, cada vez más difíciles de reprimir, porque el ordenamiento jurídico no evoluciona de forma pareja a la evolución, al carácter cada vez más complejo de estos tipos, de estos delitos. Hemos pretendido cubrir una de las carencias más características, que es la de la reticencia, la de la renuencia de determinados testigos, de determinados peritos (en el texto original, en el rótulo de la primera proposición de ley presentada y tomada en consideración por el Senado, también los denunciantes); reticencias que provienen de razonables amenazas que puedan derivar, tras su testimonio, tras sus declaraciones, desde sus organizaciones, desde las bandas a las que han pertenecido

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o cuya actividad delincuencial conocen, en razonables riesgos apreciados discrecional y razonablemente por el juez, por el órgano judicial que entiende del procedimiento, contra su patrimonio, contra su libertad o contra su propia vida.
Esto es algo que no estaba bien cubierto por nuestro ordenamiento punitivo. Mi Grupo Parlamentario entiende que colma esta laguna de forma razonable, equilibrada y satisfactoria, atendiendo, como bien han comentado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, a los principios generales que deben caracterizar el proceso penal, la igualdad entre las partes, el derecho constitucional a la defensa, por otra parte, pero también la necesaria protección de determinados testigos y peritos respecto a los cuales haya previsible riesgo de que su vida, su patrimonio, su libertad, el de su cónyuge o persona unida a él por análoga relación sentimental, el de sus ascendientes, el de sus descendientes o el de su hermano, puedan correr. Todo ello apreciado discrecionalmente por el juez.
Quiero empezar estas palabras preambulares con las últimas del señor Peón en su intervención, haciendo una loa necesaria y pertinente al consenso que ha existido y al gran talante intelectual demostrado por todos los grupos parlamentarios de buscar aproximación de posturas, que originariamente muy divergentes. Ha habido un esfuerzo importante que conviene que conste en el «Diario de Sesiones» porque es un caso muy excepcional, desgraciadamente no frecuente en ese Parlamento, el llegar a posiciones desde una predeterminación de la búsqueda de los puntos de convergencia y no de los puntos de divergencia. También quiero hacer una alusión a estas sorprendentes declaraciones del señor Peón mediante una referencia, afortunadamente ésta sí innominada, como los testigos y peritos que son objeto de protección por las medidas que se articulan en esta ley, al profesor universitario que ha redactado este texto. Ha habido colaboraciones universitarias y colaboraciones extraacadémicas de otra naturaleza. Es una proposición de ley elaborada por el Partido Nacionalista Vasco y en la que difícilmente se pueden considerar pertinentes alusiones a las opiniones de determinado profesor universitario, y menos a polémicas, a través de los medios de comunicación del País Vasco, entre el profesor universitario en cuestión, innominado afortunadamente todavía, y el portavoz, a la sazón en este momento, del Partido Popular en la defensa de esta proposición de ley.
Dicho todo esto, esta proposición de ley pretende incrementar la eficiencia de nuestro ordenamiento punitivo para los testigos y peritos que razonablemente puedan tener reticencias para colaborar con la sentencia. Creo que en este momento la pueden tener testigosy peritos y muchos otros denunciantes y arrepentidos, pero ésta no es la proposición de ley de los arrepentidos. El problema de los arrepentidos requiere una norma que regule materias muy diversas y problemas de dogmática jurídico-penal muy complicados, pero también arrepentidos, sobre todo tras la decepcionante y frustrante, social y jurídicamente, sentencia del caso Nécora. Esta decepcionante sentencia ha provocado un auténtico retroceso social en la lucha contra las bandas organizadas, especialmente del narcotráfico. Esto no va a facilitar la colaboración con la justicia, ni de los testigos, ni de los peritos, ni de los denunciantes, ni de los arrepentidos, figura metajurídica todavía, a la que hay que aplicar las características de correo coimputado, pero que también pueden ser testigos y peritos. Esta proposición de ley también atiende parcialmente al problema de los arrepentidos.
Hay que recuperar las posiciones sociales que la sociedad civil organizada ha perdido tras la decepcionante sentencia de la operación Nécora. Tenemos que mejorar notablemente, y a ello va a contribuir esta proposición de ley, la eficiencia represiva de nuestro ordenamiento penal en la atención a determinados fenómenos delictivos ejecutados a través de organizaciones criminales, cuyo funcionamiento es cada vez más sofisticado y más difícil de reprimir. ¿Qué se prevén? En esta proposición de ley se prevén dos tipos de protección.
Protección a peritos y testigos, sus ascendientes y descendientes (así lo prevé el artículo 1.º, que determina el ámbito subjetivo o personal de aplicación de la ley), cónyuge o personal vinculada a él por análoga o equivalente relación sentimental y hermano, contra previsibles acciones de represalia, contra previsibles venganzas contra su persona, contra sus bienes y su patrimonio. Los sistemas de protección atinentes a la fase de instrucción del procedimiento de referencia, al ocultamiento de su identidad, es decir al ocultamiento de su nombre y apellidos, al ocultamientode su lugar de trabajo, al ocultamiento de su profesión. Hace referencia a la posibilidad de que su domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, para la práctica de cualquier diligencia, sea la del juez de instrucción que esté realizando la instrucción sumarial del procedimiento. Y, en definitiva, se refiere a proteger su identidad visualmente, a ocultar visual o materialmente su identidad.
En la fase de instrucción y en la fase del juicio oral se establecen unos mecanismos complementarios de protección a los cuales tiene que proveer ya no sólo la organización o la autoridad judicial, sino que en su caso, y en el ejercicio de sus competencias, han de proveer también el fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son mecanismos de protección que hacen referencia a la imposibilidad de obtener fotografías, imágenes del testigo o perito que es objeto de protección, y la posibilidad de retirada, a la que están obligadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de cualquier tipo de material fotográfico, videográfico o cinematográfico que permita identificar

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visualmente al testigo o perito que es objeto de protección.
Se prevé la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dirección de la fiscalía, protejan durante todo el procedimiento, también durante las fases de instrucción y de juicio oral, al testigo y perito que es objeto de protección a través de las medidas que articula la ley, y se prevé, por último, la posibilidad de uso de coche oficial para el traslado del testigo o perito objeto de protección a la práctica de cualquier diligencia, al lugar donde se haya de practicar cualquiera de estas diligencias, o al juzgado de instrucción. Estas son las medidas de protección que se prevén en el artículo 3º.
Por último, la fase del juicio oral --y con esto acabo ya mis palabras, señor Presidente--, la más relevante. En el auto de apertura del juicio oral el magistrado, también de forma voluntaria, de forma discrecional, apreciando los bienes constitucionales en conflicto, los bienes jurídicos que debe tutelar, es decir, aquellos atinentes y garantizar los principios generales de todo proceso penal, el derecho a la defensa, pero también aquellos atinentes a proteger los derechos fundamentales del testigo o perito protegido y los derechos fundamentales de sus parientes, de sus familiares, podrá ponderar, en el auto de apertura del juicio oral, el mantenimiento de todas las medidas de protección adoptadas en la fase de instrucción sumarial, el cambio de este tipo de medidas de protección, o la incorporación de otras medidas nuevas de protección. Esto es importante, pero también lo es la posibilidad --las palabras de portavoz del Grupo Popular han sido suficientemente ilustrativas para explicar esto--, para compatibilizar estas medidas de protección con los principios generales de todo proceso penal, de prever varias cautelas de naturaleza procesal: la posibilidad de recurso de apelación contra la adoptación de estas medidas de protección en el auto de apertura del juicio oral, recurso de apelación con doble efecto; y se prevé también la posibilidad de que en el escrito de acusación, en el escrito de defensa de cualquiera de las partes, o en el escrito de calificación provisional se pida la identificación del testigo o perito que ha sido objeto de protección. En este caso, el juez, en el texto que presentaba el Partido Nacionalista Vasco, podría también discrecionalmente y apreciando la concurrencia de valores o de bienes constitucionales en contraste, en conflicto, apreciar la posibilidad de proporcionar esta identidad a cualquiera de las partes, a la parte que lo solicitara. Sin embargo, ha dicho algo importante y pertinente el portavoz del Grupo Popular --y con toda honestidad hay que reconocerlo así--: Esto no puede ser una actividad discrecional del juez o del magistrado, esto tiene que ser una actividad reglada, obligada, automática. Y si cualquiera de las partes del procedimiento en el auto de conclusiones provisionales o en el escrito de defensa, solicita conocer la identidad, es decir, sólo el nombre y apellidos --y quiero enfatizar esta expresión, sólo el nombre y apellidos-- del testigo o del perito que ha sido beneficiado objeto de medidas de protección, el juez, en todo caso, tendrá que proporcionar esta identidad a la parte que lo solicite. El nombre y apellidos. Me gustaría que me confirme el portavoz del Grupo Popular que estamos en este punto de consenso, de entendimiento: el nombre y apellidos exclusivamente. Si estamos en este punto de consenso, señor Presidente, mi Grupo aceptará la enmienda presentada por el Partido Popular al artículo 4.º en su número 3.
Por último --y con esto, de verdad que acabo mis palabras, señor Presidente--, una vez conocida la identidad, a través de los procedimientos explicitados, el nombre y apellidos del testigo y del perito que ha sido objeto de medidas de protección de las previstas en esta proposición de ley, aquí hay unas previsiones complementarias. No podemos aceptar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, expuestas y defendidas brillantemente por el señor López Garrido, porque entendemos que se complementa perfectamente y se cierra el contenido material posible de esta proposición de ley con estas previsiones. Conocida la identidad de los testigos y perito, señor Presidente, se prevé que el plazo de recusación de peritos previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal empiece a computar desde el momento en que se conozca la identidad, la filiación de estos testigos y peritos que han sido objeto de medidas de protección, y también se prevé que en un plazo de cinco días, conocida la identidad del testigo que ha sido objeto de medidas de protección de esta naturaleza, las partes, cualquier de ellas, pueda presentar pruebas que relativicen o que pongan en cuestión el valor probatorio a su vez de las pruebas aportadas por el testigo que ha sido objeto de las medidas de protección.
En el artículo último de esta proposición de ley se prevé, con lo cual se colman las medidas de protección, compatibilizándolas perfectamente, a tenor de los requerimientos constitucionales, con los principios que inspiran nuestro proceso penal, que las declaraciones o testimonios de peritos o testigos realizadas durante la fase de instrucción sumarial tendrán que se objeto de ratificación en la fase de juicio oral según las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Señor Presidente, con esto colmamos la laguna del ordenamiento jurídico que comentábamos en el preámbulo de mi intervención.
Vamos a aumentar notablemente la eficiencia punitiva de nuestro ordenamiento penal, vamos a recuperar las posiciones perdidas por la sociedad y la decepción producida por sentencias como la del caso Nécora a través de una proposición de ley que de forma correcta y de forma equilibrada, ateniendo a los requerimientos constitucionales, compatibiliza

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los principales generales del proceso penal con la necesaria protección que se debe conferir a testigos y peritos que en un acto de valor personal, que se debe encomiar públicamente, contribuyen a acabar con determinados fenómenos delictivos que repugnan especialmente a la sociedad.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Señor Pérez Mariño.


El señor PEREZ MARIÑO: Pido la palabra previamente para consumir un turno de oposición a las enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Mariño, he entendido que cedía el turno en contra al señor Olabarría.


El señor PEREZ MARIÑO: Perdón, señor Presidente.
Mi intención era exclusivamente que él interviniese en primer lugar. Puedo prometerle, señor Presidente, que en quince segundos puedo hacerlo desde mi escaño.


El señor PRESIDENTE: Yo le voy a conceder la palabra, señor Pérez Mariño, formalmente, no para turno en contra sino para fijar la posición de su Grupo en relación con este dictamen.


El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente porque los que me han antecedido en el uso de la palabra han explicado de forma pormenorizada esta proposición de ley proveniente del Senado. En primer lugar, y dentro de este mismo turno, pero aprovechando la concesión que me ha hecho el señor Presidente, he de explicar que no aceptamos las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, de forma fundamental, la primera de ellas porque la creemos innecesaria ya que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a la segunda, no la aceptamos porque proteger en este momento, desde una perspectiva civil por parte de la Administración del Estado, a los presumibles testigos o peritos, sería ir mucho más allá que, por ejemplo, a las propias víctimas, que no están reguladas. Por hacer las cosas con un poco de lógica habría que pensar en estos momentos --alguna proposición de ley en este sentido se encuentra en las Cámaras-- cómo se protege a las víctimas para después pensar si es posible proteger también a los testigos y peritos. En cuanto a la enmienda subsistente del Partido Popular hemos de señalar su aceptación porque entendemos que, efectivamente, cubre con ello lo que son los principios que inspiran esta proposición de ley, que es, por una parte, dotar de más eficacia a un procedimiento penal; por otra, de más seguridad jurídica a todos los intervinientes en la misma y, en tercer lugar, respetar las garantías.
El binomio, que no tiene que ser contradicción entre esos principios, es el objetivo de esta ley que yo creo que hemos cubierto con este texto, que, como decían mis antecesores, ha sido especialmente consensuado y que podrá resultar eficaz para luchar contra la delincuencia, lograr la seguridad jurídica y, al mismo tiempo, el respeto a las garantías de los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Mariño.


--PROPOSICION DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA EL CODIGO PENAL EN LO REFERENTE A ESCUCHAS TELEFONICAS Y SE ADICIONA UN NUEVO ARTICULO RELATIVO A LA ESCUCHA Y GRABACION DE LAS CONVERSACIONES NO PUBLICAS POR LOS PARTICULARES (Número de expediente 124/000003)

El señor PRESIDENTE: Concluido el debate relativo a esta proposición de ley, corresponde el debate de la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas y se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares.
Se han retirado las enmiendas que se habían mantenido para su defensa y votación en el Pleno a esta proposición de ley.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con la misma? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) para fijar su posición en relación con este dictamen, tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) considera que en los trámites de Ponencia y Comisión se ha contribuido a mejorar notablemente el redactado inicial de esta proposición de ley. Creemos que la Ponencia ha realizado una labor importante de integración, de síntesis, de todos los planteamientos aportados por los distintos grupos. Nuestro Grupo Parlamentario había presentado siete enmiendas al texto inicial, algunas de las cuales ya fueron aceptadas por la Ponencia, ya sea literalmente o bien en lo que se refiere a la filosofía que las sustentaba.
Nuestras enmiendas proponían unas penas, en términos generales, un grado inferior a las que se establecen en el texto actual. Consideramos que en estos momentos quizá sea útil retirarlas, porque aceptar esta proposición en los términos que queda redactada nos permite dejar abierta la posibilidad de mejorarla tanto en lo que se refiere a la nueva calificación de las penas que se va a hacer en el Código Penal, como a la reconsideración de la punibilidad de todas estas actuaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alemany.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Simplemente queremos mostrar nuestro acuerdo y apoyo a esta proposición de ley, que consiste, como es sabido, en la agravación de determinadas penas para supuestos de tipificación de escuchas telefónicas, así como para la tipificación de una nueva conducta para quienes, no habiendo intervenido en la captación de la información pero conociendo su origen ilícito, procedan a su divulgación. Nos parece que es una reforma adecuada, que persigue asegurar completamente el secreto de las comunicaciones, y nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente al dictamen.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cotoner.


El señor COTONER GOYENECHE: Señor Presidente, señorías, me cabe el honor de, en nombre de mi Grupo Parlamentario, proceder a la fijación de posición sobre el dictamen de la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a las escuchas telefónicas, por la que se adiciona un nuevo artículo relativo a la escucha y grabación de las conversaciones no públicas por los particulares; proposición que fue presentada por nuestro Grupo Parlamentario en el Senado, tomada en consideración en la sesión plenaria del 23 de marzo pasado, y aprobada por la unanimidad de los grupos parlamentarios allí presentes.
La primera regulación penal de las escuchas telefónicas ilegales, tipificándose como delito esta figura, se hizo también a instancia de mi Grupo en el año 1984. En aquel entonces ya se decía que era una realidad social y, además, una necesidad social al evitar estas conductas y tipificarlas como delito. Desde entonces se ha visto que dicha regulación ha sido insuficiente. Prueba de ello son los innumerables casos que se han producido de escuchas ilegales, y, con ello, revelación del secreto de las comunicaciones que viene garantizado por el artículo 18.3 de nuestra Constitución.
El derecho protegido en el artículo 18.3 de la Constitución, que es el derecho al secreto de las comunicaciones --derecho que se puede evitar por una salvedad: salvo resolución judicial, dice la Constitución--, consagra la libertad de las comunicaciones implícitamente y de modo expreso su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así, a través de la imposición a todos del secreto, la libertad de las comunicaciones, siendo cierto que el derecho puede conculcarse, tanto por la interceptación en sentido estricto, que suponga la aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo, o por la captación de otra forma del proceso de comunicación, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado: apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo. El artículo18.3 de la Constitución protege no sólo el proceso de comunicación, sino también el mensaje, siempre y cuando éste se materialice en algún objeto físico. El concepto de secreto del artículo 18.3 de la Constitución española no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma como, por ejemplo, la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales.
La presencia de un elemento ajeno a aquéllos entre los que media el proceso de comunicación es, por tanto, indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado. No hay secreto para quél a quién la comunicación se dirige. Sobre éste no pesa sino en todo caso un simple deber de reserva, un deber que deriva del derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución española.
La grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica no conculca secreto alguno impuesto por el artículo 18.3 de la Constitución, pero podría concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado, por lo que respecto a este comportamiento o actuación es claro que la contravención constitucional sólo podría entenderse materializada por el hecho mismo de la difusión. Quien graba una conversación de otros, dice el Tribunal Constitucional en su ya famosa sentencia 114/1984, atenta, independientemente de toda otra consideración, contra el derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución española. Por el contrario, quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado, pero si procede a su difusión sin la autorización del interlocutor, conculca el artículo 18.1 de la Constitución española, o sea, el derecho a la intimidad.
Ante el dictamen de la proposición de ley por la que se modifica el Código Penal, cuya aprobación ahora se nos propone quiero decir dos cosas. Primera, deseo congratularme de que todos los grupos políticos que hemos constituido la Ponencia hayamos convenido en la elevación de las penas de dichos delitos que se tipifican en los artículos 192 bis y 497 bis, debido a la alarma y preocupación social existente. Prueba de ello son los sucesos recientes acaecidos en este país sobre escuchas telefónicas y grabaciones de conversaciones entre particulares a los efectos de poder presionar en algún momento a esas personas. En segundo lugar,

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quiero dejar constancia de la tristeza que nos produce que se haya cercenado la proposición de ley, dejando fuera de sanción los tipos penales que se regulaban a través del artículo 497 ter de la proposición de ley inicial que venía del Senado. Lo que se intentaba a través de dicho artículo era tipificar como delito y sancionar al que sin consentimiento de todos los participantes escuchare y registrare en cualquier forma una conversación no pública entre otras personas, así como la divulgación o revelación a terceros de lo descubierto, o sacare provecho de ello. Asimismo, se tipificaba y sancionaba al que sin consentimiento de los demás interlocutores, registrare en cualquier forma una conversación no pública en la cual tomaba parte, además de su divulgación o revelación a terceros lo descubierto, o sacare cualquier provecho de ello.
Cierto que la sentencia del Tribunal Constitucional antes mencionada nos viene a decir que la grabación de una conversación por una persona que tomaba parte en dicha conversación o en dicha comunicación es lícita y, por tanto, no se infringe el derecho al secreto de las comunicaciones.
También dice que, en todo caso, existe un deber de reserva por parte del receptor, y el uso que se haga de ello sería una conducta preparatoria y en ese caso podría incurrir en delito.
La mera grabación de una conversación privada entre los que toman parte en una comunicación, como he dicho, no es delito, pero lo que sí se debe penalizar es la divulgación o revelación del contenido de la misma por el motivo que sea y mucho más si se intenta sacar provecho de ello. Cierto que en Derecho Penal existe el principio de intervención mínima en la regulación penal, pero no confundamos dicha intervención mínima con la absoluta dejación de la protección penal de los derechos fundamentales, como son los derechos al honor, a la intimidad personal y a la imagen.
Yo, desde aquí, instaría a mi Grupo en el Senado a que, a pesar de que este artículo 497 ter se haya sacado de la proposición de ley, sean ellos quienes, con una nueva redacción más clara, vuelvan a proponerla en el Senado a través de la correspondiente enmienda, ya que creo que se debe penalizar y sancionar, previa tipificación del delito, dicha conducta.
Dicho esto, quiero entrar a analizar el dictamen aprobado al que, desde ahora, anuncio nuestro apoyo. Como se ha dicho anteriormente, me congratulo de su redacción, ya que se ha aceptado íntegramente el espíritu de los artículos 192 bis y 497 bis de la proposición de ley que venía del Senado, incrementándose --eso sí-- las penas que en la misma se establecían, pero en concordancia con la proposición de ley y con el proyecto de Código Penal que en estos momentos se está tramitando en esta Cámara. Se ha ampliado la tipificación del delito a la interceptación de todas las telecomunicaciones y, además de a la reproducción del sonido, se amplía a la reproducción de la imagen.
Por otra parte, se ha incluido como párrafo tercero del artículo 497 bis la tipificación del delito que nosotros incluíamos en el párrafo tercero del extinto artículo 497 ter, por lo que, desde ahora, se penalizará a la persona que, sin haber tomado parte en su descubrimiento y con conocimiento de su origen ilícito, divulgare o revelare lo descubierto. En este tema, a través de la correspondiente tramitación en el Senado, se tendría que crear un subtipo agravado para la persona que realizando dicha conducta, además lo hiciere con la intención de sacar provecho de lo descubierto.
Señorías, en una democracia como la que nos dimos a través de la Constitución de 1978, la protección de los derechos fundamentales es una de las cosas que este Parlamento debe propulsar y defender con todo tipo de medidas, sobre todo penales. En este tema no cabe que exista ninguna clase de actitud dubitativa, no nos debe temblar la mano. No podemos apelar al principio de intervención mínima en Derecho Penal, ya que la defensa de los derechos fundamentales, a través del Derecho Penal, es de intervención mínima. Cualquier violación de un derecho fundamental debe tener cumplida respuesta penal.
Lo que se intenta defender a través de la presente proposición de ley es el derecho que tienen todos los españoles a una libertad de utilización de las telecomunicaciones, sin injerencias ni interceptaciones de las mismas, ni grabaciones, ni por las autoridades ni por terceras personas, tomen o no parte en las mismas, salvo resolución judicial. No podemos acepta todos los casos que se han venido sucediendo en este país, tal y como pusieron de manifiesto tanto don Francisco Alvarez-Cascos, en una interpelación que efectuó hace poco tiempo ante esta Cámara, como don José Miguel Ortí Bordás en el Senado, en la toma de consideración de la presente proposición de ley. Todo ello pone de relieve que falta una debida adecuación entre libertades formales y libertades reales, por lo cual existe en el conjunto de la sociedad española una sensación generalizada de desconfianza en relación con la garantía de los derechos de los que estamos hablando.
Hoy en día...


El señor PRESIDENTE: Señor Cotoner, le ruego concluya.


El señor COTONER GOYENECHE: Hoy en día ante cualquier ruido en el teléfono cuando mantenemos una conversación tenemos la sensación de que la misma ha sido interceptada y grabada por alguien. Señorías, eso se llama desconfianza y temor a ser controlados. Todos sabemos que existen organizaciones o redes de información y de escucha ilegal en nuestro país, y ello exige una decidida actuación por parte del Legislativo. Por tanto, no tiene que existir lentitud alguna. Ya se ha perdido un tiempo precioso, y nuestro Grupo, al percibir

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una auténtica necesidad social en este sentido, ya en el Senado en 1991 defendió una proposición de ley orgánica para agravar las penas de los artículo 192 bis y 497 bis, la cual fue rechazada en su momento. Se reiteró en una interpelación al Gobierno en noviembre del año pasado en relación al estado patológico, escandaloso y alarmante en que se encontraba nuestro país en esta cuestión la cual tuvo su reflejo en la moción consiguiente, que fue aprobada unánimemente y por lo cual se instaba al Gobierno a que, en el plazo de un mes, realizara las modificaciones legales pertinentes. Se tuvo que presentar la presente proposición de ley debido a la inactividad del Gobierno al respecto. Ya nos tiene acostumbrados a ello, y no sólo a la inactividad sino al incumplimiento de las resoluciones de esta Cámara.
Yo creo que de la única forma que se pueden garantizar los derechos fundamentales es penalizando estas conductas, o bien que el Gobierno garantice, tal como dice la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, eficazmente el secreto de las comunicaciones, y eso a través de la Administración, del Gobierno, que es quien tutela de dicha ordenación de las telecomunicaciones. Por ello, si el Gobierno es inactivo, este Parlamento tiene que actuar.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cotoner.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, con brevedad. En nombre de mi Grupo quiero también sumarme al apoyo al dictamen de la Comisión en relación a esta proposición de ley, que hace una reforma parcial del Código Penal, en el sentido de dotarnos de un instrumento de protección penal como garantía de los derechos regulados, contemplados y reconocidos en el artículo 18 de la Constitución, derechos de honor, intimidad e imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, o, como dice el 18.3 de nuestra Constitución, la garantía en general como instrumento de derecho a la intimidad del secreto de las comunicaciones. Para ello se usa como instrumento de protección penal el tenor de los artículos 192 bis y 497 bis del Código Penal, fruto además de distintas reformas, de distintas adecuaciones a nuestro sistema, la última de ellas proveniente, como ha sido indicado en esta Cámara, de la Ley Orgánica 7/1984, de 15 de octubre, que fue aprobada con un gran nivel de coincidencia y de consenso, como no podía ser de otra manera. ¿Por qué hoy estamos haciendo esta regulación? ¿Por qué hoy estamos introduciendo esta modificación? Porque la generalidad de la doctrina ha señalado que aquella reforma del año 1984, con independencia del Grupo que la haya propuesto, producto, ya digo, del consenso y del acuerdo de esta Cámara, fue insuficiente, como ha indicado la propia doctrina, porque las penas diseñadas no fueron suficientemente disuasorias para proteger el derecho a la intimidad, pero también porque nuestro Código Penal, que viene conociendo sucesivos parches, nuestro Código Penal antiguo, vetusto, no se adapta tampoco a lo que son las innovaciones de los medios, de las nuevas tecnologías, de los instrumentos o de los artificios con los cuales se puede vulnerar el derecho a la intimidad.
En efecto, es necesario acomodar la protección de los secretos al estado actual de la técnica. Mi Grupo se felicita de esta reforma parcial porque, además, recoge un espíritu constructivo de trabajo y múltiples planteamientos por vía de enmienda que, en coincidencia con los planteamientos de otros grupos, ha venido formulando el Grupo Parlamentario Socialista, porque la proposición, tal como nos había sido remitida del Senado, si bien merecía una valoración positiva, tenía importantes deficiencias técnicas, alguna de las cuales implicaba una escasa adaptación a lo que era la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, en concreto, a la filosofía derivada de la sentencia 114/1984, de 29 de noviembre. Y además entendíamos que había que clarificar y reforzar el sistema penal y la sanción de las penas en este tipo de violaciones al derecho de la intimidad y al secreto de las comunicaciones, porque la proposición, tal como nos venía del Senado, quizá por un error, diseñaba un sistema de penas que no se correspondía con el diseño, con la terminología, con la naturaleza del vigente Código Penal a la hora de regular estas conductas delictivas. Por tanto, hemos hecho una adecuación del sistema de penas vigente, agravando la actual regulación, y esto es muy importante, se han agravado las sanciones. Se ha mejorado también el tipo y se ha extendido la protección a la imagen. Se sanciona, como ha sido ya indicado y recordado en esta Cámara, la interceptación de cualquier telecomunicación o la utilización de artificios de reproducción, no sólo del sonido sino también de la imagen. Se protegen todas las modalidades de telecomunicación susceptibles de ser interceptadas y se crea, efecivamente, señorías, un tipo delictivo nuevo del que carecía nuestro Código Penal. Se sanciona penalmente a quien, con conocimiento del origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, divulgase, utilizase, revelase o sacare provecho de lo descubierto, y, ya digo, se recoge la filosofía de nuestro Tribunal Constitucional.
Es cierto que estamos operando una reforma parcial que, además, se inserta en el marco de un Código Penal que ya tiene un proyecto en el horizonte, proyecto ambicioso de nuevo Código Penal. Yo tengo que decir que esta reforma parcial es coherente con el sistema de penas que se contempla, a la hora de establecer una dureza con este tipo de delitos en la regulación, en la

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protección del derecho a la intimidad y del secreto de comunicaciones a través del proyecto del Código Penal que el Gobierno recientemente ha remitido a esta Cámara.
Efectivamente, hay una cierta equivalencia entre las penas que hoy aprobamos en esta proposición y las del proyecto del Código Penal, aunque bien es cierto que el vigente sistema de cumplimientos se modifica en el horizonte del proyecto de Código Penal, pero existe una cierta equivalencia, una cierta coherencia, en la dureza penal, en la reprochabilidad, en las penas que se enseñan con lo que aprobamos aquí en relación a lo que es el proyecto de Código Penal; proyecto que va a permitir mejorar todavía más lo que hoy aprobamos y mejorarlo no sólo en el tipo, como muy bien ha indicado la portavoz del Grupo Catalán, sino también adecuarlo a las penas en esa perspectiva más global de lo que es una reforma total del Código Penal.
Sin perjuicio de todo ello, a nuestro Grupo le parece que en estos momentos hay que felicitarse porque es altamente satisfactorio que, de manera parcial, hoy esta Cámara, desde el consenso, en defensa del derecho a la intimidad y al secreto a las comunicaciones, endurezca las sanciones penales contra las conductas que violen derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos, derechos que los socialistas y todos los demócratas de este país no estamos dispuestos a tolerar que se violen.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a estos dictámenes. Al punto número 34 del orden del día no quedan enmiendas que hayan de ser objeto de votación. En cualquier caso, para que quede constancia y a efectos de claridad, el dictamen de la Comisión relativo a esta iniciativa ha variado la denominación o el título de la proposición que, de acuerdo con dicho dictamen, es proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o imprudencia.
Votación relativa al dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión. En relación con el punto 35, el dictamen ha modificado asimismo la denominación de la proposición, que pasa a ser proposición de ley orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales.
Enmienda transaccional del Grupo Popular relativa al punto 3 del artículo 4.º del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada del voto particular que mantiene al artículo 11 del que mantiene al artículo 12 del texto original.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Voto particular del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 14; en contra, 275; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Voto particular del mismo Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al artículo 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 146; en contra, 159; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el voto particular.
Votación correspondiente al dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión. La denominación del punto 36, según el dictamen de la Comisión, pasa a ser también el de proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas.


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No hay enmiendas mantenidas para su votación en relación con esta proposición. Por consiguiente, se somete a votación el dictamen de la Comisión. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 306.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.


DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA (Número de expediente 121/000049)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, debate de totalidad de iniciativas legislativas.
Debate relativo al proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a presentar en esta Cámara, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa, aprobado el pasado mes de abril, y que viene a dar respuesta a uno de los compromisos que asumimos para la actual legislatura. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El Gobierno fundamenta el proyecto de ley en virtud del título competencial establecido en el artículo 149.1.23 de la Constitución, en lo relativo a la legislació básica sobre protección del medio ambiente. Asimismo, el Gobierno, de acuerdo con el artículo 45.2 de la Constitución y el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, ha considerado necesario declarar de interés general de la nación el Parque Nacional de los Picos de Europa, que comprende y amplía el ámbito territorial del actual Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales de la Flora y Fauna Silvestres, establece que el parque nacional es un área natural poco transformada por la explotación u ocupación humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, posee unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Para asegurar dicha conservación, presente y futura, se les dota de un régimen jurídico especial de protección, que, además de hacer posible su conocimiento y disfrute, permitirá el desarrollo de programas educativos y científicos.
La protección de los ecosistemas y de la biodiversidad que contienen constituye el objetivo prioritario de cada parque nacional. Ahora bien, en un ambiente sometido a la acción del hombre, la salvaguarda de estas muestras esenciales de la naturaleza precisa con cierta frecuencia el uso de técnicas de manejo, con objeto de predecir, prevenir y controlar algunos factores que ponen en riesgo el mantenimiento de la dinámica natural de los ecosistemas y, asimismo, exige restaurar aquellos elementos o territorios que fueron ya modificados de antiguo, siguiendo los avatares históricos.
La red estatal de parques nacionales, que se configura como un sistema representativo del patrimonio natural del Estado, está constituida por todos los parques nacionales, declarados como tales por las Cortes Generales, y tiene por finalidad esencial garantizar su preservación mediante una estructura organizada, coherente y dinámica.
Los objetivos de la red estatal de parques nacionales son: albergar, mantener y coordinar la gestión de una muestra representativa, completa y de alta calidad, de los sistemas naturales españoles, cuya protección y conservación ha sido declarada de interés para la región; establecer, aplicar y actualizar una base doctrinal moderna y avanzada en todo lo que concierne a la gestión de los espacios naturales que la integran, especialmente en materias como conservación, planificación y diseño e implantación de políticas y sistemas de usos compatibles; ofrecer una unidad de imagen, respetando la diversidad de los ambientes que la integran, con el objeto de transmitir, al público en general y al visitante de los distintos parques en particular, una sensación de unidad de gestión y de identidad propia, como expresión del excepcional valor y de interés nacional del conjunto de los elementos que la componen; canalizar, materializar y coordinar la representación del papel de los parques nacionales en los organismos y foros internacionales en los que sea apropiada la participación de los parques nacionales; posibilitar los contactos y el intercambio permanente de experiencias entre los profesionales de los espacios que la integran; establecer y ofrecer de forma permanente y periódica oportunidades de formación y capacitación en materias propias de los parques nacionales y otras áreas protegidas para todos los profesionales que trabajan en los distintos sectores relacionados con la protección y la gestión de los espacios naturales; y, por fin, ofrecer una plataforma de debate, discusión, participación y concienciación pública en materia de parques nacionales y, en particular,

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de protección, conservación y gestión de la naturaleza en general. El establecimiento de nuevos parques nacionales y su consiguiente incorporación a la red estatal o, en su caso, las revisiones de los límites de los ya existentes, ha de ajustarse a unos requerimientos mínimos, a efectos de mantener la calidad y excepcionalidad de los valores que motivaron su establecimiento y justifican su existencia con ese alto nivel de protección. Además, la gestión de estos espacios tiene que basarse en la operatividad y en el realismo derivados de la presencia de asentamientos humanos que reclaman infraestructuras y mantenimiento de usos y aprovechamientos tradicionales.
España, tanto insular como peninsular, comprende un vasto territorio, de más de medio millón de kilómetros cuadrados, surcado de un gran número de ríos y de cordilleras. Todo el territorio español se halla dentro del reino de la flora y vegetación holártico y forma parte de tres regiones biogeográficas: la eurosiberiana, la mediterránea y la macaronésica. Las dos primeras se reparten de forma desigual el territorio peninsular, ya que a la región eurosiberiana sólo pertenecen ciertas comarcas luso-galaico-cantábrico- pirenaicas, en tanto que todas las restantes corresponden a la región mediterránea, y el archipiélago canario se halla dentro de la región macaronésica. Al margen de las cualidades naturales, el factor físico más significativo que diferencia a las regiones eurosiberiana y mediterránea es el clima.
En la actualidad, en la red estatal de parques nacionales se encuentran representados siete sistemas dentro de las distintas regiones biogeográficas del Estado español: la región eurosiberiana, a la que pertenecen las regiones más septentrionales y noroccidentales de España, viene representada por la provincia orocantábrica precisamente a través de los sistemas ligados al bosque atlántico representados por el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y la provincia pirenaica a través de los sistemas ligados a formaciones de erosión y rocas de origen sedimentario de los que es una muestra representativa el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La región mediterránea, a la que pertenecen más de las tres cuartas partes de la península ibérica y de las islas Baleares, está representada por los sistemas ligados a zonas húmedas continentales como el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel o los sistemas ligados a zonas húmedas con influencia marina como el Parque Nacional de Doñana y por los sistemas ligados a zonas costeras y plataforma continental por el Parque Nacional Marítimo-terrestre del archipiélago de Cabrera. La región macaronésica ocupa en España la totalidad de las islas Canarias que son al tiempo centro y área de mayor diversidad de esta región biogeográfica insular del océano Atlántico, y está representada por los sistemas ligados a la laurisilva a través del Parque Nacional de Garajonay y de los sistemas más ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada por los Parques Nacionales de Timanfaya, Teide y Caldera de Taburiente. Sin embargo, actualmente, en la red de parques nacionales faltan por recoger la representación de otros cuatro importantes ecosistemas: los sistemas de la región eurosiberiana ligados a formaciones lacustres y rocas de origen plutónico, los sistemas de la región mediterránea ligados a formaciones esteparias, por un lado, y al bosque mediterráneo, por otro, y los sistemas de la región macaronésica ligados a la vegetación de cardonal y tabaibal.
Por ello, el Gobierno ha considerado necesario completar la red estatal de parques nacionales, aunque conviene dejar claro que el número de sistemas naturales no determina el de parques nacionales que deben declararse, pues puede haber varios parques que representen a un mismo tipo de sistemas, como de hecho sucede --como he comentado-- con los Parques Nacionales del Teide, de la Caldera de Taburiente y de Timanfaya, que representan los tres a sistemas ligados a procesos volcánicos y vegetación asociada.
Por tanto, señorías, puede haber determinados espacios naturales que convenga al interés de la nación que sean declarados parques nacionales porque sus valores ecológicos, paisajísticos, etcétera, son merecedores de tal figura de protección, ya que sus ecosistemas son representativos de algunos de los que contempla la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, con independencia de que tal representatividad ya esté contemplada en algún otro parque nacional declarado con anterioridad. En consecuencia, los parques nacionales del mañana serán más que los de hoy y deberán ser lo suficientemente grandes como para permitir la existencia de al menos un ecosistema completo o, en su caso, de una porción capaz de evolucionar de forma natural y mantener sus características y funcionalidad con un mínimo de intervención humana.
Cronológicamente hablando, el primero de los proyectos de ampliación de la red estatal de parques nacionales es el de los Picos de Europa, hace años planteado como ampliación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Con esta declaración se inaugurará una nueva etapa con parques nacionales más grandes, englobando a una cierta población residente y con fuerte vocación para focalizar el desarrollo sostenible de la zona, completando, a su vez, la representación de esta región biogeográfica. El ámbito territorial del parque nacional propuesto cumple sobradamente con estos criterios, ya que engloba una gran variedad de ecosistemas representativos del bosque atlántico, totalizando una superficie de 63.446 hectáreas que abarcan nueve municipios del Principado de Asturias, de Cantabria y de Castilla-León. Entre las manifestaciones naturales más importantes del futuro Parque

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Nacional de los Picos de Europa destaca una extensa representación de los bosques atlánticos y del hábitat de especies muy amenazadas como el oso pardo y el urogallo. Este sistema natural estaría así mejor representado en la red estatal de parques nacionales.
Además, habría que incluir otros destacados rasgos naturales y culturales, como son: el valor singular de una formación geológica única y completa; una importantísima representación de los fenómenos glaciares y periglaciares cuaternarios, que sin duda constituyen las mejores formaciones geológicas de caliza de montaña, formación Picos de Europa; una gran riqueza del entramado hidrogeológico, originado como consecuencia del proceso cárstico, con unas comunidades de fauna cavernícola de elevado interés científico; extensas praderías cantábricas que constituyen el hábitat de numerosos endemismos florísticos y un patrimonio etnográfico y cultural que se desarrolla en los Picos de Europa a lo largo de miles de años.
La conservación de estos valores naturales es de interés general para España por el carácter excepcional de su flora, fauna geológica y procesos ecológicos esenciales, por el alto grado de conservación y naturalidad de sus ecosistemas al existir un escaso aprovechamiento de los recursos naturales, desarrollándose únicamente actividades tradicionales o artesanales, básicamente destinadas al autoabastecimiento y compatibles con la finalidad de un parque nacional, así como por los especiales valores culturales asociados que proporcionan las pequeñas aldeas y reducidos núcleos rurales que se incorporan. Todo ello configura una muestra altamente representativa del sistema ligado al bosque Atlántico y su declaración de parque nacional implica: que los recursos naturales dentro de este espacio protegido serán gestionados con la mínima interferencia hacia los procesos naturales, para asegurar la perpetuación de la evolución natural del medio y de las especies asociadas; que se considerará un objetivo incuestionable acrecentar o, al menos, mantener la biodiversidad, evitando la desaparición, aunque sea natural, de las estirpes nativas y de sus comunidades, procurando la reintroducción de aquellas que, siendo también nativas, hayan desaparecido; que los valores culturales también deberán preservarse, acometiendo actuaciones encaminadas a fomentar su apreciación por parte del público a través de los adecuados programas de investigación, tratamiento, protección e interpretación; que se considerará el paisaje como uno de los principales valores naturales, preservándolo en su mayor integridad posible. A este respecto, las construcciones, instalaciones y acondicionamientos deberán utilizar tipologías tradicionales, con objeto de procurar su mayor integración en el entorno.
El futuro Parque Nacional de los Picos de Europa es un área que ostenta una representación sobresaliente de valores geológicos, faunísticos, botánicos, paisajísticos y culturales, por los cuales, complementariamente con el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, constituyen una unidad natural y cultural modelada en sí misma por la acción de los tiempos. Dichas características justifican tanto su ampliación como un mayor régimen de protección, con el fin de preservar sus elementos y procesos naturales o de restaurarlos en aquellos casos que se considere conveniente.
El proyecto de ley incorpora algunas novedades al sistema de parques nacionales en vigor. Así, garantiza el cumplimiento de estos objetivos, presentando algunos aspectos como la constitución de un área de influencia socioeconómica que comprende la totalidad de la superficie de los términos municipales afectados, así como la habilitación del régimen económico de compensaciones, al que hace referencia la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y los beneficios económicos del Reglamento 2.078/92, de la Unión Europea, sobre prácticas culturales compatibles con el medio ambiente, que se está poniendo en marcha en estos días y que sin duda va a favorecer las prácticas agrarias en este modelo de desarrollo económico sostenible para el entorno de los parques nacionales.
También se concreta en el proyecto de ley la necesidad del establecimiento, por todas las administraciones públicas implicadas, de un régimen económico complementario a través de un plan de desarrollo sostenible para el conjunto del área de influencia socioeconómica, con el que se viene a satisfacer la necesidad de armonizar los parques nacionales con su entorno económico y social. Esta necesidad de armonización se ha puesto de manifiesto a lo largo de los últimos años a través de la demanda creciente de las poblaciones del entorno de estos espacios naturales, que exigen participación en la actividad económica que se genera como consecuencia de su existencia.
Especial relevancia tiene la constitución de una comisión mixta, integrada a partes iguales por representantes de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria y Castilla y León, para asistir, junto con el patronato del parque nacional, al órgano de gestión del parque. Esta comisión supone una novedad que permite la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones que afectan a la gestión del parque nacional.
Hay otros aspectos destacables del proyecto de ley en el sentido de que pretende ser realista y pionero en un nuevo concepto de parque nacional, permitiendo que los pobladores de la zona puedan sentirlo como algo suyo que deben defender y se integren más en el mismo. Por ello, por la vía de excepción, se permiten los usos y actividades tradicionales que han sido recogidos expresamente en el plan de ordenación de los recursos

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naturales elaborado antes de la remisión del proyecto de ley a las Cortes Generales.
Además de la prohibición genérica de realizar los usos y actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los ecosistemas o la integridad de sus componentes físicos y biológicos, se prohíbe en particular la construcción o remodelación de edificios para fines distintos de los tradicionales, clasificando los terrenos incluidos en el parque, a excepción, por supuesto, de los núcleos urbanos, como suelo no urbanizable objeto de protección especial, pero condicionando el planeamiento urbanístico de dichos núcleos urbanos a lo que indiquen las directrices generales contenidas en el plan rector de uso y gestión del parque.
Si bien la Ley de conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre ya establece que la declaración de un espacio como protegido lleva aparejada la de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados y la facultad de la administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones intervivos de terrenos situados en el interior del mismo, el proyecto de ley contiene un artículo dedicado a declarar dicha utilidad pública e interés social de los bienes y derechos incluidos en el mismo, con lo que sin duda se refuerza el régimen jurídico protector del parque. Al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación correspondería la gestión del parque nacional, al igual que sucede con los restantes que integran la red estatal.
Asimismo, en el proyecto de ley se recoge lo que al respecto determina la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que este departamento estará asistido en la gestión por el patronato del parque. Pero, además, como ya he comentado, el proyecto introduce una novedad, que es la creación de una comisión mixta integrada a partes iguales por representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio que tendrá por misión armonizar e integrar la participación de todas las administraciones en la gestión del parque. La responsabilidad de esta función se asigna a un director del parque nacional, que a su vez coordinará las actividades que se desarrollen en el mismo.
El proyecto de ley, siguiendo las directrices de la Ley 4/1989, crea la figura del patronato del parque nacional como órgano de participación y apoyo a las tareas de gestión de dicho espacio. Aquí también hay que señalar una notable distinción respecto de las leyes de creación de los actuales parques nacionales en cuanto a su composición. El proyecto ya tiene en cuenta la actual estructura competencial que establece nuestro ordenamiento constitucional. La nueva composición del patronato contempla, como no podía ser menos, una representación paritaria entre la Administración general del Estado y las de las comunidades autónomas en las que se asentará el parque.
Conforme prevé la Ley 4/1989, que dedica un título al planeamiento de los recursos naturales, el proyecto de ley establece los siguientes instrumentos de programación y planificación: un plan de ordenación de los recursos naturales, un plan rector de su gestión, planes sectoriales y un plan anual de trabajo. De estos instrumentos, sólo el plan rector de uso y gestión está previsto en las vigentes leyes creadoras de los parques nacionales de la red estatal. Por consiguiente, puede afirmarse que este proyecto de ley también aquí es novedoso, aunque la novedad también venga impuesta por la Ley 4/1989. Esta innovación consiste en la inclusión del plan de ordenación de los recursos naturales, de los planes sectoriales y del plan anual de trabajos del parque. El plan de ordenación de los recursos naturales debe establecer las directrices generales de ordenación y uso del parque y los criterios básicos para su gestión. Los planes sectoriales, que deberán ser informados por la Comisión Mixta, serán los que contengan la regulación de las visitas y el comportamiento de los visitantes, así como la organización de los sistemas de información e interpretación. También regularán la ordenación de los aprovechamientos tradicionales, así como el manejo de especies amenazadas o de aquellos hábitats singulares que se sometan a planes de actuación con ámbito superior al parque.
El plan anual de trabajos contendrá las actividades propias de gestión y administración del parque que se realicen durante cada ejercicio económico. En conclusión, diría que en estos días que comienzan los actos de celebración del 25 aniversario de la creación del Parque Nacional de Doñana, en el que, sin duda, SS.SS. están invitados a participar, es estimulante que una de las iniciativas de la celebración del 75 aniversario del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, se hace realidad con la presentación de este proyecto de Ley. Con la ampliación de Covadonga se constituye un parque nacional que abarca toda una unidad natural, modelada por la acción de los tiempos, plenamente representativa de una región biogeográfica.
En este proyecto se contempla un modelo de gestión de los parques nacionales que incorpora como novedades la coparticipación de las administraciones implicadas, el desarrollo sostenible del entorno de los parque nacionales y la elaboración y ejecución de planes sectoriales en las zonas de influencia. Este parque nacional se integraría en nuestra red estatal con la misma categoría que ostentan los restantes parque nacionales del nivel 2 en la clasificación de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y el reconocido prestigio de la red española se ha puesto de manifiesto en la concesión y renovación de diplomas del Consejo de Europa. De estas conclusiones se deduce que no podemos ceder a la tentación de que la ampliación del parque imponga una rebaja en los objetivos de conservación

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que contribuya a la degradación o la desclasificación de nuestra red estatal de parques nacionales a nivel internacional.
Este proyecto de Ley es una respuesta, por otro lado, a la demanda de centenares de asociaciones ciudadanas sensibilizadas en los objetivos de conservación y constituye, sin duda, un reconocimiento y un homenaje a aquellos pioneros que en 1918 emprendieron el camino visionario de preservar unos valores para las siguientes generaciones.
Hasta aquí, señor Presidente, señorías, he intentado señalar los motivos de este proyecto de Ley. Quisiera ahora trasladar a aquellos grupos parlamentarios que más próximos se encuentren a este concepto de parque nacional, la predisposición del Gobierno --que, con seguridad, compartirá el Grupo Parlamentario Socialista, al ser un mandato de su programa electoral con el que concurrimos a las elecciones generales-- admitir todas aquellas propuestas que tengan por objeto mejorar su texto, en el convencimiento de que el diálogo, el consenso y la integración de planteamientos repercutirá, sin duda, de forma positiva en su contenido.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. A este proyecto de Ley se han presentado dos enmiendas de totalidad de texto alternativo: una, por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y otra, por parte del Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor García Foseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Diputados, al levantarme a rogaros que toméis en consideración la proposición que ha presentado mi Grupo, casi me dan ganas de sentarme y de dar por terminado mi discurso. Sería el mayor homenaje que pudiera rendir a vuestra cultura, que no ha menester, ciertamente, que yo la aliente en el amor a las bellezas naturales y de que yo la ilustre en cuanto a los medios más conducentes y seguros para acrecentarlas y conservarlas. No, señores Diputados, señoras Diputadas, ¿comó voy a pretender ilustraros respecto a cosas que tenéis tan sabidas? ¿Cómo voy a pretender convenceros, si lo estáis más que yo, de que así como para proteger el arte tiene el Estado la declaración de monumentos nacionales, para proteger la naturaleza debiera tener la declaración de parques nacionales? Así hablaba hace casi un siglo el Marqués de Villaviciosa, y ustedes me han permitido que haya comenzado mi intervención con estas palabras que creo son de una gran pertinencia. En todo caso, en mi ánimo está que sirvan como pequeño homenaje a uno de los promotores más preclaros del conservacionismo, particularmente de los parques nacionales, y cuyos restos, como ustedes saben, al menos los que hayan estado por los Picos de Europa, reposan en uno de los parajes más extraordinariamente bellos, nido de águilas y rebecos, como dice la lápida de su sepultura.
Dicho esto tan bonito y tan claro en palabras del Marqués de Villaviciosa, y aterrizando, quizá demasiado brúscamente, en la cotidianeidad, quiero decirle al señor Ministro que mi grupo se identifica, casi al cien por cien, con la exposición que ha hecho en cuanto a intenciones, criterios, objetivos, etcétera. Mantiene, sin embargo, discrepancias, creo que importantes, en cuanto a que los instrumentos y las formulaciones específicas que ustedes han plasmado en este proyecto de ley, sean las más adecuadas para conseguir eso en lo que ustedes y nosotros coincidimos, repito, en gran medida.
Por eso, mi grupo ha presentado esta enmienda a la totalidad con texto alternativo, con el mayor ánimo constructivo de lograr entre todos una ley que sea la más adecuada en todos sus aspectos para conseguir estos fines que compartimos.
Para nuestro grupo el tema de los Picos de Europa es recurrente. No voy a insistir (usted lo ha hecho ya, señor ministro, y además creo que tanto lo suyo como lo mío es innecesario) en la importancia de este conjunto --y subrayo la palabra conjunto-- del macizo de los Picos de Europa desde cualquier punto de vista que se le quiera mirar (geomorfológico, histórico, cultural, paisajístico, etcétera) y los reconocimientos explícitos que tiene ya a todos los niveles, nacionales e internacionales, como para que busquemos para este conjunto integrado la figura y la reglamentación más adecuada.
No voy a extenderme en este punto; pero volviendo a la cruda realidad, sí quiero decirle, señor ministro, señoras y señores diputados que nos damos prisa o, desgraciadamente, en poco tiempo no vamos a tener nada que proteger. Permítanme una brevísima enumeración de los desaguisados que sólo durante el año pasado se han cometido en los Picos de Europa, que se suman a los que, desgraciadamente, desde hace bastantes años se vienen cometiendo.
En cuanto al territorio que pertenece a Cantabria se han afirmado y hormigonado las pistas que suben a Aliva y que desde allí comunican con Vega de Sotres. Si lo conocen se darán cuenta, simplemente con esto, que es una auténtica barbaridad. Por si no lo conocen, simplemente decirles que hoy ya es posible, con un vehículo normal, atravesar todos los Picos de Europa. Se ha ampliado lo que era un refugio de montaña, en Aliva, que se ha convertido en un auténtico hotel de dos estrellas, con varias edificaciones, algunas de ellas de tres pisos. Se han hecho, además, depósitos de agua que, por sus dimensiones, el tipo de agua, etcétera, son auténticas piscinas en el corazón de los Picos de Europa. Se

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ha incrementado en velocidad y en capacidad el teleférico de Fuente Dé, con lo cual es una auténtica romería, en uno de los ecosistemas más interesantes, más bonitos y más frágiles que hay en nuestro continente.
Por parte asturiana también ha habido agresiones, tales como los accesos a Pandébano que si en principio se justificaban para uso exclusivamente agrícola, en la práctica todos los turismos lo invaden. Hoy se puede llegar en moto a la falda de lo que es el monte emblemático de los Picos de Europa, el Naranjo de Bulnes.
Por la zona de Castilla y León, más de lo mismo; se han construido minicentrales en las cabeceras del Sella, se están iniciando obras de más minicentrales y a partir de ahí los tendidos eléctricos, etcétera; todo ello en terrenos, repito, que si se aprueba cualquiera de estas proposiciones de ley, sobre todo la del Grupo Socialista y la de Izquierda Unida que estoy defendiendo en este momento, entrarán en la declaración de parque nacional, en los límites que comprenden el parque nacional.
Por tanto, señoras y señores diputados, la primera parte de mi intervención es simplemente para insistir en que o nos ponemos de acuerdo todos, o al menos la mayoría, la mayor mayoría posible, valga la redundancia, y actuamos con urgencia, o si nos descuidamos va a ser ya completamente inútil que decidamos una ley u otra, porque ya no servirá para nada.
Por esto mismo, entenderán ustedes que mi grupo (y no es por puro afán partidista, que indudablemente lo tengo, sino porque creo que responde a la objetividad, a la verdad) en 1990 presentara una proposición no de ley en idénticos términos, en cuanto a lo sustancial, para la declaración como parque nacional de este conjunto integral, integrado. En aquella ocasión tengo que decirles que el Partido Popular apoyó desde el principio, inequívocamente, esa proposición diciendo textualmente, desde sus primeras palabras, y leo el «Diario de Sesiones». El Grupo Popular va a apoyar la iniciativa parlamentaria que debatimos esta mañana presentada por Izquierda Unida --la va a apoyar y la apoyó--; y el portavoz entonces del Grupo Popular que, por cierto, hizo una intervención brillante, inteligente y, además, muy fundamentada jurídicamente el señor de la Vallina Velarde, decía entre otras cosas: Por eso nosotros entendemos que es oportuna y correcta la figura jurídica que se quiere aplicar al Parque Nacional de Covadonga. Entendemos que no es razonable otra figura, no tiene sentido que parte de un conjunto, el macizo central, el macizo del Cornión, que responde a una unidad con unas características, tenga calificación jurídica de parque nacional y que las otras zonas de esa unidad tengan una calificación jurídica distinta, con menor compromiso de protección, como parque natural simplemente. Cierro aquí las comillas para las señoras y señores taquígrafos, porque es una cita literal del «Diario de Sesiones» del portavoz del Partido Popular, en 1990.
Por tanto, lo que aquí está en juego es un espacio singular, un espacio integrado, que forma una unidad y el hecho de que pertenezca a tres comunidades autónomas no empece para que exija una unidad de gestión. Nosotros entendemos que el hecho de que exija una unidad clara de gestión no impide que esta gestión sea participativa a nivel de todas las administraciones que tienen que ver con el tema, la Administración central del Estado, las administraciones autonómicas y las administraciones municipales, así como también los interesados, los usuarios, los vecinos de la zona; una participación que revitalice incluso instituciones populares, todavía en uso, pero que se van perdiendo y que de esta manera el parque nacional podría no sólo revitalizar ese territorio, sino esas costumbres, esa cultura, esas prácticas tradicionales de todo tipo. Por tanto, en criterio de mi grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, queda meridianamente claro que los Picos de Europa no pueden ser gestionados de otra manera más que mediante la figura de parque nacional y esto, por razones ecológicas, porque un único espacio y espacio integrado necesita de una única gestión, lo que pasa es que la gestión no hay por qué entenderla --que esta es una deformación neoliberal o viejo liberal, igual me da-- como una gestión verticalista, de arriba hacia abajo, unívoca, sino que la gestión única puede ser participativa, colegiada, etcétera.
Además de razones ecológicas hay razones de prestigio internacional que no son, en absoluto, despreciables. Hay razones de cofinanciación que son necesarias y hay, además, razones de desarrollo sostenible. Mi grupo está dispuesto a discutir con quien sea y a demostrar --se cree con capacidad para ello--, que la figura de parque nacional aplicada a todo este territorio es el mejor instrumento, el mejor elemento para asegurar a sus ciudadanos, a sus vecinos el mayor grado de bienestar posible en las condiciones y circunstancias en que viven. Fíjense ustedes, estos territorios de alta montaña no pueden competir hoy en absoluto, con un tipo de agricultura o incluso de turismo intensivo en la Comunidad Europea con una política agraria comunitaria como la que existe, y los señores del Grupo Popular la conocen bien, y si en algo puede diferenciarse y competir es, precisamente, buscando su factor diferencial, buscando sus factores de calidad. Para ello les leo textualmente el análisis de un colectivo de técnicos de mucho relieve, que decía: En consecuencia, porque es la figura de protección más cualificada en relación a su reconocimiento por las instituciones de ámbito internacional, siendo el marco jurídico que más puertas abre al apoyo de las administraciones públicas (regional, estatal y comunitaria) y suponiendo, además, la marca de origen más considerada para sus productos agropecuarios, artesanales y turísticos, la estrategia de desarrollo para las zonas de alta montaña debe orientarse no a competir en modos intensivos y en condiciones desfavorables

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con los valles sino, precisamente, a valorar y conservar sus especificidades paisajísticas y culturales. Es decir, la única opción viable y duradera para los Picos de Europa es la diferenciación de sus productos de montaña por la calidad del entorno ecológico de origen. Adoptar la figura de parque nacional significa el mayor impulso posible en esa dirección.
Por tanto, ya no sólo por razones ecológicas, medioambientales o conservacionistas, sino incluso por el bienestar de las propias poblaciones afectadas, mi grupo defiende con toda fuerza, con todo calor y yo creo que con todo rigor la aplicación de la figura de parque nacional. Es cierto, y con esto termino, señor Presidente, señoras y señores diputados, que nosotros en nuestra proposición de ley insistimos en una serie de conceptos, que nos parecen claves y son los que han motivado que no por afán de intervenir sino por afán de aportar, propongamos una solución correcta a los objetivos que en común buscamos, una serie de ideas-fuerza, que resumo y con ello termino. Nosotros pensamos en un parque nacional, repito, con una gestión integrada más allá de las divisiones administrativas que, sin embargo, es compatible con una cogestión y cofinanciación estatal, autonómica y local, como planteamos en el artículo 9.º de nuestra enmienda de texto articulado.
También planteamos la ampliación de los límites por el oeste, sur y sudeste a fin de hacer efectiva la función de corredor ecológico e incluso, y repito una vez más, precisamente para conseguir los objetivos señalados por el señor ministro. Por ejemplo, uno de los aspectos que subrayaba el señor ministro era este parque como representativo del bosque atlántico. Pues bien, la propuesta que nosotros hacemos de ampliación de algunos de los límites es precisamente para que queden incluidos dentro de este territorio protegido entonces, a proteger ahora, las representaciones más genuinas que existen en esa zona del bosque atlántico y que ustedes las dejarían prácticamente al margen, muy en el límite. No insisto en los detalles porque esto, además, sería cuestión del trámite de enmiendas parciales.
Nosotros también hacemos hincapié en la defensa y apoyo de los usos rurales extensivos. Quien diga que la figura de parque nacional es contraproducente para el bienestar de los vecinos de las zonas, no sabe de qué va la fiesta, o miente por intereses que sería bueno confesara. Es exactamente al revés, y en otros países los municipios limítrofes se pegan por ser incorporados dentro de los límites de un parque nacional. Si aquí hacemos las cosas bien (esa es una condición «sine qua non»), no veo por qué no va a tener que ser de la misma manera. ¡Hombre, y somos capaces de hacer las cosas bien, sobre todo si apoyamos entre todos!

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca, termine, por favor.
El señor GARCIA FONSECA: Termino ya, señor Presidente.
Por eso mi grupo insiste también en uno de los aspectos más nucleares de nuestras propuestas, el de un plan de desarrollo sostenible y asegurar una amplia participación social, mejorando la composición y las funciones del patronato.
Estas son, señoras y señores diputados, las razones por las cuales mi grupo coincide en lo fundamental, en las intenciones, motivos y objetivos que ha expuesto el señor ministro; coincide en aspectos nucleares, quizá en el más nuclear, con el propio proyecto de ley del Gobierno, pero se ha creído en la obligación de hacer una enmienda con texto alternativo, precisamente porque entendemos que en esta propuesta nuestra se recogen mejor los instrumentos para conseguir esos fines que tenemos en común.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, el señor Gortázar, tiene la palabra.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, señor ministro, he escuchado con atención su defensa del proyecto de ley y he de decirle que no he oído nada nuevo que no supiéramos. Permítame que le haga una pregunta muy directa y espero que me conteste. Después de la experiencia de cómo está Doñana, después del sequedal de Daimiel, después de la gestión de Icona en la montaña de Covadonga, con un impresionante «parking» e instalaciones hoteleras en aquella zona, después de haberse incendiado este verano 400.000 hectáreas, bajo su responsabilidad global como dirigente de Icona (ya sabemos que siempre que hay un tema medioambiental que ustedes de alguna manera no pueden usufructuar, desvían rápidamente la responsabilidad, pero usted es el ministro que tuvo que responder ante esta Cámara de esa situación, y responde también de la gestión por el Icona de los parques nacionales); después de todo eso, ¿me quiere usted decir, señor ministro, por qué los habitantes de Cantabria, los ciudadanos de Asturias, los ciudadanos de Castilla y León van a tener más confianza en usted que en sus respectivos consejeros autonómicos? ¿Por qué? Esto no está en absoluto claro. Por eso precisamente el Partido Popular ha hecho una propuesta de administración autonómica sobre la gestión, no la participación y apoyo, sino la gestión y responsabilidad política directa de esa realidad; porque sabemos que, o bien Icona no va a estar para las responsabilidades, o usted va a escurrir el bulto inmediatamente.
La segunda cuestión es que usted se coloca por completo fuera de la realidad. Habla de actividades artesanales, básicamente por parte de los habitantes del

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futuro parque de Picos de Europa, fundamentalmente destinados al autoabastecimiento. ¿Me quiere usted decir qué futuro hay para el autoabastecimiento en un caso como, por ejemplo, el queso de Cabrales? ¿Cree usted que esa es una perspectiva ligeramente moderna, ligeramente entusiasmante para los jóvenes y para los propietarios de esas cabañas queseras? ¿Me quiere usted decir cómo puede ser autoabastecimiento el turismo rural, el de los montañeros, el de los visitantes que tienen derecho a disfrutar esas zonas? Eso no es autoabastecimiento, eso es economía moderna, señor Ministro.
Por otro lado, está la caza. Eso tampoco es autoabastecimiento, salvo que usted pretenda convertir a los habitantes de esa zona en depredadores, volver al Neolítico en alguna de esas cuevas que usted ha mencionado en su exposición. Señor ministro, la defensa de su proyecto de ley ha sido pobre ha sido poco consistente y, desde luego, en absoluto realista, a efectos de cambiar la opinión de los afectados.
Señorías, de todos es conocida la apasionada polémica que ha levantado el proyecto de ley del Parque Nacional de los Picos de Europa, polémica en la que han participado, por un lado, los afectados en contra de ese parque y, a favor, visitantes normalmente bien intencionados ¿Por qué se ha producido esa reacción en contra que no he oído mencionar aquí, salvo por intereses espurios? Se ha producido porque hay nueve municipios con 14.000 habitantes, incluidos dentro de un parque nacional, hecho insólito en el conjunto del mundo civilizado (en el no civilizado no hay parques naturales, ni nacionales); en consecuencia, es una situación realmente insólita.
En segundo lugar, la reacción se ha producido por el contenido del plan de ordenación que ustedes han avanzado previamente, que prohíbe la caza y la pesca. Como ustedes saben sobradamente, la caza en un área de esas características, es lo que permite el equilibrio entre las circunstancias de los habitantes, la producción ganadera y la consecución de recursos para los mismos propietarios de aquellos pequeños cotos de caza.
El aprovechamiento maderero, igualmente, está prohibido o limita de una manera extraordinaria, tanto las maderas como la ganadería. Incluso se veda el pastoreo en buena época del año.
De todas formas, es evidente que en el PORN, en el plan de ordenación de recursos naturales, ustedes incluyen una enorme cantidad de limitaciones a la explotación y a los usos turísticos de aquellas zonas. Ha habido rechazo de los municipios afectados, porque el plan de ordenación es terriblemente restrictivo y ha habido rechazo por la lesión que supone a los derechos de los vecinos, en cuanto vecinos de municipios y en cuanto a ciudadanos de una comunidad. Los alcaldes quedan reducidos a meros guardias forestales de Icona y las comunidades autónomas se limitan a apoyar y participar bien en una comisión mixta o bien en un patronato. Estos, señor Ministro, son hechos; no son valoraciones, son hechos de la situación.
El Grupo Popular, señorías, no tiene, en absoluto, nada en contra de los parques nacionales, naturales, etcétera. Somos pioneros; la tradición liberal conservadora española es quien ha hecho los parques nacionales en este país. En 1916, durante la Restauración --la tradición liberal conservadora-- hicimos esa Ley de parques nacionales. Quiero que sepan ustedes que nosotros en esto no somos nuevos, no somos recién llegados, tenemos una larga experiencia. En aquella época se hacían parques nacionales porque no había habitantes dentro de esas áreas que había que proteger; se convertían en museos de vida natural, entre otras cosas porque el Estado no tenía mecanismos para apoyar áreas de actuación específica.
La situación, a finales del siglo XX, señor ministro, es totalmente distinta y el problema que tienen ustedes es que su mentalidad, tanto la suya como la de sus compañeros de Izquierda Unida, es expropiatoria e intervencionista. La moderna filosofía de conservación no va en esta dirección, señor García Fonseca. Mire usted, el Documento de Río, por un lado, toda la literatura y la documentación de reservas de biosfera de la Unesco, la Directiva de hábitat que, por cierto, firmó el Presidente del Gobierno en Bruselas toda esa documentación importantísima establece el respeto a los derechos adquiridos, establece una vía de acuerdos y de compensaciones a los habitantes de las zonas a proteger. En absoluto se habla de expropiaciones ni de intervenciones por parte del Estado. Es decir, nosotros estamos en una línea o en un planteamiento, de acuerdo con la moderna literatura, tanto de la ONU como de la Comisión Europea, en relación a la conservación de la naturaleza y ustedes están con una mentalidad de finales del siglo pasado o principios de éste, que era muy encomiable entonces, pero que está totalmente sobrepasada. Están ustedes, o es propio de la izquierda, anclados en el pasado.
Nuestro texto alternativo, por contra, es todo lo contrario; establece una serie de conceptos y posibilidades en relación a las siguientes demandas: En primer lugar, dejamos abierta durante un año, la redacción del plan de ordenación de recursos naturales que es lo que realmente inquieta a los vecinos y habitantes de las zonas de Picos de Europa, por la sencilla razón de que tanto las consejerías, como los alcaldes, podrán intervenir y establecer qué pretenden ellos en relación a ese plan de ordenación que ustedes ya han emitido terriblemente restrictivo, como les dije anteriormente.
Por lo demás, el parque natural que nosotros proponemos, señor ministro, es respetuoso con los usos tradicionales de los vecinos, de los propietarios y, a la vez, con la conservación.
Son ellos los que han conservado

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los Picos de Europa. Hay que plantear la conservación no como un castigo, sino como un premio a esa conservación. No tiene sentido que los urbanícolas acudan a castigar a las familias que durante siglos han vivido y han mantenido aquel espacio natural tal como se encuentra en estos momentos.
En consecuencia, políticas de conservación, sí, pero políticas de conservación que respeten los municipios, la autonomía municipal, las actividades de gestión de las comunidades autónomas y, fundamentalmente, los usos tradicionales que han permitido, señorías, que los Picos de Europa sean hoy lo que son. La propuesta que hace el Partido Popular --repito-- el texto alternativo que presentamos, satisface las demandas de los vecinos, que son los protagonistas de la conservación. En segundo lugar, respeta un elemento tan esencial como las atribuciones que conceden la Constitución y los estatutos de autonomía a las comunidades autónomas y, por lo demás, establecemos un elemento de coordinación de los tres macizos.
Se trata de tres parques naturales, constituidos en uno, por supuesto, con un comité de coordinación permanente por parte del Ministerio de Agricultura.
Señorías, el parque nacional que se nos propone, alternativo a nuestra propuesta de parque natural, tiene el peligro cierto de serios riesgos de inconstitucionalidad en una ley que se inmiscuye en las capacidades y competencias de las comunidades autónomas y que se encuentra recurrida por más de cinco recursos en el Tribunal Constitucional.
En función de este argumento, el Grupo Socialista y el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el último debate en la Comisión de Agricultura, expuso que, por el hecho de estar sometida a consideración del Tribunal Constitucional la Ley 4/1989, no debía trasponerse la Directiva comunitaria de hábitat que permite tener una filosofía de conservación mucho más moderna de acuerdo con los intereses de los afectados.
Señorías, los argumentos que entonces se me dieron para no trasponerla, son igualmente útiles para no aprobar una ley que suponga invasión de las competencias de las comunidades autónomas. Decía la representante del Grupo Socialista en ese debate de hace dos semanas, lo siguiente: No nos parece de sentido común, es decir, no le parecía de sentido común que se traspusiera una directiva que había firmado don Felipe González y que yo pedía se traspusiera, lo cual era un espectáculo un tanto surrealista; nosotros pedíamos la trasposición de una directiva firmada por don Felipe González y el Grupo Socialista, por lo visto, no se sabe por qué mecanismos, no la apoyaba, no les parecía de sentido común hacerlo. Nos parecería una falta de respeto al bloque competencial que siguiéramos el mismo camino de profundizar en las diferencias entre lo que opinan las comunidades autónomas y lo que opina el Gobierno central en relación con las competencias en materia de medio ambiente. En aquella ocasión, el Grupo Socialista alegó la condición de «sub iudice» de la Ley 4/1989, para no trasponer una directiva. Sin embargo, no se entiende por qué no se tiene esa misma precaución, y hay prisa por hacer una ley que atenta o que, por lo menos, pone en cuestión las competencias autonómicas que prevé la Ley 4/1989.
Lo mismo decía el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La representante de este grupo decía: En aras a dar un voto de credibilidad al Gobierno (por lo visto, en esta materia, para Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Gobierno tiene credibilidad), pienso que es razonable esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional en el mismo sentido y en la misma materia. Por un mínimo de coherencia, señor ministro, usted debería atender esas precauciones del Grupo Socialista para no incurrir en inconstitucionalidad y lo lógico sería que viera que la figura de parque natural, al menos no va a tener recursos de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas. Termino, señor Presidente, solicitando a la Cámara el apoyo al texto alternativo que presenta el Partido Popular; texto que abre vías de consenso con los afectados. Por cierto, en su intervención, señor ministro, no le he oído hablar más que de eurosiberiano, de macaronésico, de cuevas, etcétera; realmente parecía una exposición geográfica más que la exposición de un político. Quiero que sepa usted que ahí viven personas.
Estados Unidos está lleno de parques naturales y nacionales y la gente no vive dentro, o sea, se convierten en objetos de museo. Tienen ustedes un concepto totalmente troglodítico. No se dan ustedes cuenta de que ahí vive gente. Haga usted el favor de recapacitar un poco sobre esto, que le será bastante útil y, por lo menos, le permitirá salir adelante en determinadas circunstancias parlamentarias.
De manera que, insisto, abre vías de consenso con los afectados, que es muy importante. No se puede conservar algo en contra de la opinión de los afectados. Y usted sabe, o debería saber, la extraordinaria relación que hay entre la mala gestión de Icona en la conservación de los parques nacionales y las enormes cantidades de pérdidas por incendios que hay, muchas veces provocados, como dice el informe de Amigos de la Tierra, en función de las agresiones que perciben los vecinos de esos parques que ustedes han promovido en estos últimos años. En segundo lugar, la propuesta de parque natural que hace el Partido Popular asegura la conservación de macizos en conjunto y a la vez la ordenación, pero con la motivación de los implicados. Aquí estamos ante la extraña situación de que se pretende hacer un gran favor a unos señores que se manifiestan y se empeñan en que no les ayudemos. Francamente, algo está ocurriendo. Si ustedes quieren ayudar y quieren dar un título de

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gloria, como es el de parque nacional, será sobre la base de materias, sobre la base de propuestas, sobre la base de una ordenación positiva, no sobre la base de limitaciones, de amenazas y de su experiencia catastrófica en el Icona. Por último, el tercer factor es que resuelve con seguridad, o por lo menos resuelve, un eventual conflicto de competencias con los Gobiernos de las comunidades autónomas.
Por estas tres razones, señor Ministro, creemos que la propuesta de ley que hace el Partido Popular es mejor que la suya: acuerdo con los vecinos, no conflicto con las comunidades autónomas y, por otro lado, una conservación junto con un equilibrio en la ordenación de los recursos naturales en esa zona. Por todo ello solicito el apoyo de la Cámara.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortázar. Para un turno en contra tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, después de la última intervención a nadie le puede quedar duda de la diferencia de modelos y de prácticas políticas, la práctica permanente del alarmismo. Se nos acusa de trogloditas y en nombre de una presunta modernidad se nos plantea la destrucción de un entorno; y en nombre de un presunto localismo, de un presunto autonomismo, se nos quiere vender como paradigma de la gestión y de la protección medioambiental la gestión del Consejero de Medio Ambiente de Cantabria, por poner un ejemplo, ignorando que, como todo el mundo reconoce y no puede ser de otra manera, no cabe duda de que la protección medioambiental y toda su problemática no puede insertarse en las divisiones administrativas clásicas. Ya digo desde el inicio de mi intervención que a mi Grupo le satisface más el planteamiento, con el que nos une mucho, que ha formulado en esta tribuna el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Quiero también, a la hora de oponerme a estas enmiendas a la totalidad de texto alternativo y de defender el proyecto de ley que nos ocupa, que mis primeras palabras sean para mostrar la satisfacción de mi Grupo por una iniciativa que coincide sustancialmente con el deseo del Gobierno del Principado de Asturias, respecto de lo que los socialistas hemos planteado siempre una coherencia, y de amplios sectores no sólo del Principado sino también de Cantabria y de Castilla-León. Y no es defender un planteamiento como el que hoy nos ocupa considerar a los habitantes o a los ciudadanos como fósiles, sino precisamente proteger y defender mejor los intereses de los ciudadanos y sus derechos también como personas que habitan en un entorno digno de protección.
Como SS.SS. conocen, la Ley de 22 de julio de 1918, en su artículo dos, declara parque nacional de la montaña de Covadonga al macizo de Peña Santa, cuya delimitación se fija por el Gobierno en el Real Decreto de 16 de agosto de 1918, que creaba asimismo el parque nacional del valle de Ordesa o del río Ara. Este proyecto amplía los límites de dicho parque, afectando a varias comunidades autónomas, en concreto al Principado de Asturias, a Cantabria y a Castilla y León.
Como ha sido expuesto en la intervención del Ministro y como se indica en la memoria explicativa del proyecto, estamos ante la necesidad de garantizar la protección de sistemas y de ampliar los límites de lo que en estos momentos estaba en el ámbito territorial del parque de Covadonga a un territorio que comprende las comunidades autónomas de Cantabria y de Castilla y León, además de la de Asturias, dentro del macizo montañoso de los Picos de Europa, por lo que es más propio que este parque reciba el nombre de dicho macizo, ya que la montaña de Covadonga, de aprobarse esta ley, sería una parte del territorio del parque. El territorio que, en definitiva, pretende protegerse con la figura de parque nacional de Picos de Europa constituye una unidad natural que comprende también la zona actualmente protegida en el parque nacional de la montaña de Covadonga, y todo él contiene valores geológicos, faunísticos, botánicos, paisajísticos y culturales de tales características que justifican suficientemente la necesidad de dotarle del régimen de protección especial que se pretende. Yo creo que hay ahí una clave importante de lo que es el espíritu de este proyecto de ley; por ejemplo, las peculiares unidades y tipos de vegetación, que por otra parte no son ajenos al uso tradicional del territorio que realizan las comunidades humanas asentadas en la zona. Si nos fijamos en sus aspectos faunísticos, los Picos poseen un gran interés biogeográfico por su situación en la cordillera Cantábrica, donde confluyen especies de carácter eurosiberiano, en toda su vertiente norte, con otras de carácter más mediterráneo y que penetran por los valles de los ríos Cares y Deva. A ello hay que sumar la existencia de áreas altimontanas, de gran relevancia precisamente en esta zona, que han permitido la persistencia de especies más propias de regiones frías y cuyo área de distribución en el sur de Europa se encuentra fragmentada actualmente. Todo ello hace que la fauna de Picos de Europa tenga una gran representatividad en el contexto de la cordillera Cantábrica, sin menosprecio de otros enclaves de la misma, y que posea una notable singularidad con respecto a la composición faunística de otras áreas de la península Ibérica.
Otro factor importante a considerar es el refugio que las montañas ofrecen, por su mayor aislamiento, a las especies animales que peor soportan la presencia humana.


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En este sentido podemos destacar, por su interés ecológico y conservacionista, las comunidades faunísticas que ocupan las áreas de alta y media montaña en general y, en particular, las que habitan los ríos en sus tramos altos y medios, los roquedos, ecosistemas que aquí alcanzan una destacable representación, y las manchas boscosas que aún se conservan y que tienen un indudable interés por albergar especies muy exigentes en cuanto a sus requerimientos ecológicos. De ello ya nos ha hablado el Ministro y nos ha hecho también un recordatorio el señor García Fonseca a la hora de describirnos, de manera brillante, lo que es un entorno necesitado de protección. Hay que considerar, además, la inclusión de los Picos de Europa en el catálogo de áreas importantes para las aves de España, siendo mencionada como la zona de mayor importancia para aves de alta montaña de la Cordillera Cantábrica.
Yo creo que el debate de hoy ya no es un debate de tipo científico. Los datos avalan la necesidad de esta declaración de interés general y de apostar por este sistema de gestión a través del parque nacional. Estamos cumpliendo también un compromiso electoral. Este proyecto es el cumplimiento del compromiso electoral con el que los socialistas nos hemos presentado en junio de 1993. En los próximos años, decíamos, el medio ambiente será un área privilegiada de la inversión pública destinada a proteger nuestro patrimonio natural, a regenerar áreas degradadas y a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, convirtiendo esa calidad ambiental en un signo distintivo del modelo de desarrollo progresista de España.
Hablábamos de protección de áreas y especies singulares en el patrimonio natural. España --decíamos-- tiene la mayor variedad de especies vegetales y animales, las más extensas áreas naturales de Europa. Esto la hace clave para el equilibrio ecológico del continente. Esta es una de las riquezas por la que asumimos la responsabilidad de su conservación ante las futuras generaciones de españoles y de europeos. Mantener este patrimonio requiere diversas acciones: ampliar la red de parques nacionales, incorporando hábitats todavía no incluidos en ella, y citábamos, entre otras, el de Picos de Europa. Por consiguiente, estamos también cumpliendo lealmente un compromiso electoral de junio de 1993.
Este proyecto de ley se inserta en un marco jurídico y, como no podía ser de otra manera, arranca del artículo 45 de nuestra Constitución: Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Se inserta también en el marco competencial que diseña nuestra Cosntitución, ahora que algunos han planteado dudas, hay que recordar, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no ha decidido suspender la aplicación del último decreto en materia de ordenación de los recursos naturales porque, efectivamente, aun estando pendientes coflictos de competencias, no se estima que se pueda generar tal daño que implique necesariamente una suspensión. Estamos en una línea de favorecer un entorno; estamos en una línea, desde el punto de vista de mi Grupo Parlamentario y del Gobierno, de adaptarnos a lo que es el marco competencial diseñado en el artículo 149.1.23 de nuestra Constitución: El Estado tiene competencia exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias es competencia exclusiva del Estado. También este proyecto de ley se inserta en el marco de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. Por Real Decreto 640/1994, de 8 de abril, se aprobó el Plan de ordenación de los recursos naturales de Picos de Europa, que garantiza los usos adecuados en ese entorno y que no configura a las personas como meros fósiles. Es un plan de ordenación vivo que da unas garantías en la concepción y en el diseño del parque nacional de Covadonga.
Mi Grupo estima que es competencia del Gobierno, a la luz de la Constitución y de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, la conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, la elaboración y aprobación de los planes de ordenación de los recursos naturales de aquellos espacios naturales protegidos respecto de los que sea competente el propio Gobierno para su declaración y gestión, ya sea compartida con las comunidades autónomas o centralizada. Y esta reflexión la realizamos a la vista del juego de la acción de los artículos 4, 15, 21 y 22 de la Ley 4/1989, ya citada.
En consonancia con la citada ley, corresponderá al Estado la declaración de los espacios naturales protegidos cuando éstos estén situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas. Y aunque formalmente el texto alternativo del Grupo Popular da una presencia competencial al Estado central, esa presencia no es garantíade un uso de una unidad de gestión, de una coordinación adecuada para lo que es la protección de un espacio que afecta, rebasa y traspasa el ámbito geográfico de una comunidad para afectar a tres comunidades autónomas.
El proyecto que hoy debatimos --y ésa es la principal diferencia con la enmienda del Grupo Popular-- se acoge a la fórmula prevista en el artículo 22 de la Ley 4/1989, es decir, al sistema más completo de protección que implican los parques nacionales. A partir de ahí, la gestión diseñada se atribuye al Estado, es decir, al Ministerio de Agricultura, estableciéndose un sistema de colaboración de diversas administraciones, a través de un patronato y de la comisión mixta, acorde con el reparto competencial de nuestra Constitución. El diseño

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que se hace en el artículo 6.º de los órganos de gestión es altamente innovador y supone un paso adelante a la hora de lograr ese equilibrio entre el principio de unidad de gestión, que tanto preocupa y que compartimos con Izquierda Unida, con el principio de ampliar la presencia, la participación de todos los afectados, de todas las colectividades y, por supuesto, de las comunidades y administraciones afectadas.
La enmienda que ha sido defendida por el Grupo Popular plantea un modelo distinto y radicalmente opuesto hablando del concepto de parque natural, por supuesto también inserto en el marco de la Ley 4/1989 y, por supuesto, un modelo que, a nuestro juicio y a nuestro entender, no se corresponde con lo que son las necesidades de esa zona concreta, tan querida no sólo para los asturianos sino para muchos vecinos de Cantabria y de Castilla y León y tan respetada en el ámbito internacional. Optan los conservadores por una figura de menor protección en cuanto a la conservación de los espacios protegidos. Del discurso que hemos escuchado en esta tribuna, en nombre, ya digo, de una modernidad mal entendida, ustedes lo que hacen es cargarse un espacio fundamental digno de protección. Crean un diseño de gestión en el que la Administración pasa a tener un papel subsidiario, secundario, de mero coordinador, prácticamente sin funciones, y se crea un consejo permanente interregional sólo con presencia del Ministerio de Agricultura y de las comunidades autónomas afectadas, pero sin ningún planteamiento, sin ninguna referencia, por ejemplo, a la participación social. Olvidan, por ejemplo, que la comunidad más afectada, desde el punto de vista geográfico, es la Comunidad del Principado de Asturias por ser la que tiene mayor porcentaje de terrenos en el parque, y es precisamente esta comunidad la que más fuerte ha apostado por la protección, a través de la figura del parque nacional. El mejor valor de los Picos de Europa, la mejor protección y potenciación turística de los mismos es, señores Diputados, señor Presidente, a través de este modelo de parque nacional.
Con Izquierda Unida nos une una coincidencia fundamental.
Creemos que la enmienda que ha sido defendida esta mañana por el señor García Fonseca no justifica la necesidad de reiniciar una nueva tramitación a través de un texto alternativo; y digo que no justifica porque, como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida, es más lo que nos une que lo que nos separa.
Nos une, efectivamente --y coincidimos con el planteamiento de Izquierda Unida--, que este proyecto apuesta por el modelo de la unidad de gestión.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, vaya concluyendo, por favor.


El señor CUESTA MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
Y de la necesidad de combinar ese criterio de unidad de gestión con el de gestión participativa. En efecto, señor García Fonseca, o nos ponemos de acuerdo y actuamos con urgencia, o no habrá nada que proteger. Por eso mi Grupo entiende que una de las mejores formas de actuar con celeridad, de proteger este espacio, es ser eficaces en la tramitación parlamentaria, no frenar la tramitación de este proyecto de ley que, desde otro punto de vista y necesariamente, va a ser enriquecido, porque yo ahora estoy en condiciones de anunciar que la voluntad política que informa y anima a mi Grupo es la de incorporar, en la tramitación parlamentaria, planteamientos que ustedes están formulando -- algunos de ellos meramente técnicos, otros que buscan lograr ese equilibrio entre unidad de gestión y participación o gestión participativa-- y criterios que han sido defendidos en su enmienda de texto altenativo. Por ejemplo, los planes sectoriales --ahí existe una discordancia-- previstos en el artículo 9 de su proposición deben ajustarse, en cualquier caso, a las limitaciones que corresponde el nivel 2 de clasificación de nuestros parques nacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Creemos que nos separa poco de sus planteamientos. Yo estoy hoy en condiciones de comprometerme a que mi Grupo va a hacer un esfuerzo de aproximación de las posiciones en el trámite parlamentario. Vamos a estudiar las fórmulas que puedan incrementar la presencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos en la gestión, sin merma de la naturaleza del parque nacional y, por lo tanto, del reconocimiento de la competencia del Estado.
En conclusión, señor Presidente, señorías, creemos que el parque nacional de los Picos de Europa es de interés para Asturias, Cantabria y Castilla y León, pero no sólo para ellas. Es de interés porque se establece un marco de protección de la máxima relevancia que supone un reconocimiento internacional a esta unidad de extraordinario valor natural y emblemático, lo que constituye un orgullo y una revalorización de nuestros recursos naturales de importantes consecuencias medioambientales y económicas.
Porque se asegura la coordinación de las políticas territoriales y una explotación equilibrada de los recursos de las tres comunidades autónomas implicadas, impidiendo los excesos en que se incurrió, hasta el momento, desde las otras comunidades en detrimento de la conservación y de los intereses económicos no sólo de la zona asturiana, sino también de algunas otras afectadas en este ámbito. Porque la declaración de parque nacional supone un importantísimo compromiso del Estado y de Europa para con la zona, garantizando la disponibilidad de los cuantiosos recursos económicos que requiere la conservación de los Picos de Europa. Porque el proyecto supone en su conjunto una garantía para la conservación de los Picos y el disfrute de este espacio privilegiado, a la vez que un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del entorno del parque, que no son fósiles, que son ciudadanos, que son

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personas que también van a tener garantizada la promoción de las actividades tradicionales...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, termine, por favor.


El señor CUESTA MARTINEZ: Y van a tener garantizadas todas las consecuencias de lo que es una vida en ese entorno.
Creemos, finalmente, que los Picos de Europa constituyen un espacio de interés general del Estado, albergan valores a recoger en la red estatal de parques nacionales y sobre ellos gravita una serie de amenazas que aconseja inexorablemente y de manera urgente, como muy bien indicaba también el portavoz de Izquierda Unida, su protección como parque nacional. Por eso, creemos que lo más positivo y lo más eficaz es tramitar este proyecto de ley, corregirlo y enriquecerlo con aportaciones que puedan hallar ese punto de encuentro y de síntesis entre la unidad de gestión y la gestión participativa, pero sin merma de lo que es el principio de la competencia del Estado en la materia y sin merma de lo que es el papel de un parque nacional como elemento que garantiza la protección del entorno.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Seré breve, señor Presidente.
Voy a empezar por replicar al portavoz del Grupo Popular, que es quien realmente no sólo ha contestado a lo expuesto por mi Grupo, a través de mi persona, sino que incluso ha llegado al insulto, objetivamente. Digo objetivamente porque yo no me siento en absoluto insultado, pero estará de acuerdo S.S.
conmigo en que, en boca del Grupo Popular en general, y del señor Gortázar en particular, llamar a alguien intervencionista es el mayor de los insultos que puede hacer.
Además, el señor Gortázar me ha llamado cavernícola.
(Rumores.) Es una especie de metáfora que viene de viejo. El señor Presidente, que entiende de las artes clásicas, sabe muy bien que ya el viejo Platón la usaba. En ese sentido este portavoz se siente cavernícola, pero, siguiendo con el mito, al señor Gortázar le veo como una sombra grotesca de la realidad. (Rumores.) En cuanto a lo de intervencionista, señor Gortázar, no sólo no me siento insultado por usted, sino que lo considero un piropo, porque cuando ustedes llaman a alguien intervencionista se refieren precisamente a intervenciones del Estado en favor del bien común o de la mayoría de los ciudadanos. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) Y cuando el Estado, por el contrario, interviene a favor de grupos minoritarios, cuando, por ejemplo, ustedes apoyan fervientemente el que el Estado convierta casi en bonos del Estado la deuda de 700.000 millones de las eléctricas, o como cuando ustedes siempre intervienen a favor del intervencionismo estatal en cualquier tipo de medidas que favorezcan procesos especulativos, etcétera, como es el caso que nos ocupa, o a favor de posiciones y de intereses absolutamente caciquiles, en este caso, señor Gortázar, los intervencionistas son ustedes; en el primero --y a mucha honra-- lo somos nosotros. (Fuertes rumores.--Un señor Diputado: ¿Pero qué pasa, hombre?--Otro señor Diputado: ¡Calla, calla!) Al portavoz del Grupo Socialista quiero decirle que, efectivamente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!.


El señor GARCIA FONSECA: Yo me callo, señor Presidente, porque tengo no sólo gusto sino interés en que el Grupo Popular hable. Desde luego, es la mejor forma de defender --a la contra, pero defender en definitiva-- mis propias posiciones dejarlos hablar a ellos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sí, pero como S.S.
conoce muy bien, se habla en el momento en que el Reglamento permite disponer de un turno. Se trata de intervenciones personales, no intervenciones corales, las que hay que propiciar. (Risas.)

El señor GARCIA FONSECA: Voy a terminar enseguida. En aras de la tramitación más urgente posible de este tema (urgencia -- dados los acosos de todo tipo que permanentemente está sufriendo el enclave que pretendemos conservar-- que he puesto de manifiesto en mi intervención), también por coincidir en lo fundamental y con la promesa hecha por el portavoz socialista de que en los temas importantes, algunos de los cuales he enumerado, están dispuestos y abiertos a llegar a síntesis enriquecedoras, mi Grupo retira la enmienda a la totalidad con texto alternativo que ha presentado. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, igualmente, tiene la palabra el señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERIA: Señor Presidente, señorías, me atendré al Reglamento y me voy a limitar al proyecto que me preocupa --habida cuenta, además, de que se ha retirado el de Izquierda Unida-- que es el del Grupo Socialista.
Dice el portavoz socialista que en este terreno les separa muy pocas cosas del Grupo de Izquierda Unida, lo cual habrá causado gran incomodo en los señores de

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Izquierda Unida, que, sistemáticamente, se empeñan en decir que donde están ustedes es en la derecha y que estamos unidos en todo. No, aquí se ve claramente que la izquierda está en la expropiación y en la intervención y nosotros estamos en el respeto a los derechos y a la ley. (Rumores.) Eso de entrada.
En relación con las competencias de las comunidades autónomas, señor Ministro, yo creo que ustedes deben ponerse de acuerdo con otro gran coordinador del Gobierno que es el señor Borrell, quien me contestó en esta Cámara hace apenas dos semanas poniendo en duda mi lealtad a las competencias autonómicas. Lo digo para que tomen ustedes buena nota a los efectos de coordinarse un poco más porque, por lo visto, ustedes tienen una idea en este terreno y el señor Borrell tiene otra. Yo le recriminaba que no había un responsable de medio ambiente en este país y que no se sabe a quien mirar cuando pasa algo en medio ambiente, si a usted, al señor Borrell, al Presidente del Gobierno; no sé sabe a quién. Y él me decía: señor Gortázar, dice usted que los españoles quieren tener un responsable de la política ambiental al que plantearle que las cosas no funcionan. Efectivamente, yo creo que eso ocurre y, al no haber ninguno, se mira al señor González, que sufre un desgaste en función de esta dispersión de responsabilidades. (Rumores.) Y decía el señor Borrell: No, señoría, en este país, en España, no. En la España que nace de la Constitución y el Estado autonómico la política ambiental es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. A usted no le gustaría, pero es así, y sería bueno que entre todos hiciéramos un esfuerzo para que los ciudadanos lo entendieran.
Yo comprendo que es difícil de entender a veces, ya que el reflejo centralista de muchos años de historia hace que, al final, la gente quiera saber a quien presentar sus quejas, sus descontentos o sus ambiciones y esperanzas.
Por favor, aclárense ustedes sobre si realmente esto del medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas o corresponde al Icona y, en consecuencia, a usted. Esa idea yo creo que debe quedar clara y ustedes en absoluto la han entendido en función de mi proposición relativa a los parques naturales.
La segunda cuestión está relacionada con los habitantes. Es muy importante que comprenda la Cámara que estamos hablando de ciudadanos, de habitantes de un área natural, que tiene un equilibrio con el medio. Y voy a poner un ejemplo de lo que pasaría si ustedes prohíben la caza, como está establecido en la Ley y en el plan de ordenación que ustedes han elaborado.
Desde el año 1967 se permite la caza en los Picos de Europa y solamente en la zona de Castilla y León el aumento del corzo ha sido del 1.613 por ciento; del rebeco, 3.307 por ciento, en un período de tiempo de casi veinte años; del ciervo, 13.150 por ciento y del jabalí 3.847 por ciento.
Si ustedes imposibilitan la caza, no permiten cazar, como está previsto, lo que va a ocurrir es que el equilibrio se rompe.
Porque la caza permite no solamente acopiar recursos, el acceso de un turismo de calidad, que supone recursos para los habitantes, etcétera, sino, además, permite que la gente viva en ese entorno. ¿Saben ustedes cuál sería el efecto de los jabalíes si no hubiera caza con la capacidad de reproducción que tienen? Pues, entre otras consecuencias, lo que le preocupa a cualquier conservacionista, el urogallo, la perdiz, etcétera, desaparecerán. Esto es evidente.
Hagan el favor de tener un poco de sentido común. Aquí de lo único que se trata es, en vez de hablar de Platón, de Aristóteles, etcétera, de tener un poco de sentido común, simplemente esto. Además, el tema de los habitantes es muy importante, hay que oír la voz de los afectados. Ustedes solamente se mueven en el terreno de los parques jurásicos y de los tiranosaurios, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de personas. Y hemos asistido por primera vez a una manifestación masiva en Cangas de Onís, en la primavera pasada; imagino que usted se enteraría de ella. A todos los grupos de esta Cámara nos han llegado exactamente 6.587 firmas de los vecinos afectados, no de turistas, etcétera, sino de personas que viven ahí, con sus carnets y con sus firmas diciendo que, por favor, que no les hagan esta barbaridad. Una enorme cantidad de pueblos, principalmente los nueve afectados y los del entorno, nos han enviado sus firmas y sus mociones de oposición masiva, sea el partido que sea, UPCA, PP, incluso el Partido Socialista. Les podría leer, por ejemplo, algunos de los párrafos dramáticos de Oseja de Sajambre, por citar uno, porque todos son iguales; son realmente patéticos. En este caso, firma el 90 por cien de los vecinos, diciendo que no se les prohíba la caza y los recursos habituales, porque les van a comer los jabalíes. Tengan ustedes un poco de sentido de la realidad y de lo que están haciendo.
Señor Ministro, la voz de los afectados, quizá para otros no, pero para un político responsable es muy importante tenerla en cuenta. Tenemos una situación en la que hay una oposición clara de los afectados, hay un rechazo de parte de la opinión, por lo menos la que representa el Partido Popular, hay un rechazo de parte de la opinión cualificada. Recuerdo unas declaraciones del señor García de Enterría que decía que aquello era una barbaridad, que a nadie se le ocurriría hacer un parque nacional en Los Alpes. Viviendo gente, no se hace en Los Alpes un parque nacional, salvo en el caso de España, que, por lo visto, todavía somos diferentes, señor Ministro. La cuestión es la siguiente: Hemos pasado, en diez años, de 200.000 hectáreas a 2 millones de espacios protegidos. Habida cuenta de cómo está el medio ambiente en este país, la pregunta es: ¿A qué vienen estas prisas, a qué viene este proyecto de parque nacional? Yo se lo voy a decir, señor Ministro. Este parque y su iniciativa política responde a una gran operación de

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propaganda, de tinta de calamar. Realmente, tienen a sus espaldas una gestión medioambiental desastrosa, en incendios, en aguas residuales, en residuos industriales tóxicos y peligrosos; lo tienen terriblemente mal. ¿Y qué hacen? Simplemente lo más fácil, extender las áreas protegidas, siendo incapaces de atender las que ya estaban anteriormente declaradas. Hacen ustedes por extensión lo que no pueden hacer en intensidad.
Por tanto, reitero que, a diferencia de ustedes, nuestro proyecto tiene en cuenta, en primer lugar, al hombre...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gortázar, vaya terminando.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: ..., voy terminando, señor Presidente. Al hombre antes que a las cosas, al hombre antes que a las ideas. Simplemente, quiero señalar que lo que más preocupa a los hombre que viven allí, a las familias que viven allí, es el plan de ordenación; cualquiera que sea la denominación que esta Cámara dé a ese parque, natural o nacional, lo que más les preocupa es ese plan de ordenación.
Quiero que sepan una cuestión. En el momento en que el Partido Popular tenga la responsabilidad del Gobierno, puede modificar perfectamente ese plan de ordenación y quiero lanzar un mensaje de esperanza a los habitantes de esas áreas, de esas zonas, y decirles que el plan de ordenación, que, en su día, modificará el Partido Popular, tendrá en cuenta sus experiencias, sus aspiraciones, sus planteamientos, a los efectos de mantener el equilibrio y la conservación natural entre unos y otros. Ya decía el Conde de Romanones: Que otros hagan las leyes, ya haré yo el reglamento. Yo, en estos momentos, le digo: No sé qué alianza tendrá con los comunistas y con Izquierda Unida, pero haga usted la ley y nosotros haremos el plan de ordenación cuando gane el señor Aznar las elecciones.
Muchas gracias. (Aplausos y rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, con mucha brevedad, porque realmente no hemos oído un solo argumento sólido en defensa de una alternativa en la que ni siquiera el Partido Popular ha creído. No creen ustedes ni siquiera en la alternativa que hoy han defendido en la tribuna, porque usan siempre el doble lenguaje. Es su problema, en algunos sitios, incluso, su discurso es el que hoy hemos pronunciado nosotros aquí en defensa de un entorno y de unos recursos naturales y, en esos sitios, no tienen la gallardía o la valentía para dar la cara. Afortunadamente, hoy la Cámara está de enhorabuena, se ha desenmascarado la alternativa medioambiental de la derecha. (Protestas.) Aquí, señor Gortázar, es donde efectivamente se ve la izquierda, izquierda de la que no reniego, en no derrumbar los Picos, en no usar el doble lenguaje. El liberalismo más peligroso, señor Gortázar, es el de los conversos, el de la ley de la jungla, y ustedes no ponen al hombre por delante cuando hablan del parque nacional, ponen exclusivamente el lucro y el beneficio. (Protestas y rumores.) Al portavoz de Izquierda Unida quiero agradecerle el esfuerzo de aproximación, que va a fructificar en acuerdos y en contenidos en Comisión, lo que va a enriquecer el proyecto y va a ser una garantía para los ciudadanos, no solamente de las comunidades afectados, sino de este país Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad voy a intentar fijar la posición del Partido Aragonés sobre el proyecto de ley de declaración del parque nacional de los Picos de Europa. Voy a ajustarme a lo que el proyecto dice y no entraré en los debates ideológicos que han ensombrecido las propuestas debatidas aquí esta mañana. Se trata simplemente de hablar de la declaración del parque nacional de los Picos de Europa, algo verdaderamente importante, como creo que demuestran claramente las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo que han sido presentadas.
La declaración de parques nacionales, señorías, es siempre un tema polémico, tanto por defecto como por exceso y por el sentido de la oportunidad o incluso por la invasión de competencias. Hoy nos encontramos aquí con un intento de declarar un parque nacional que afecta a tres comunidades autónomas y que plantea numerosísimos problemas.
El proyecto de ley presentado a nosotros no nos gusta ni en la folosofía que lo sustenta ni en el desarrollo de las cuestiones que en él se sustancian. Tiene muchos defectos, tiene muchas carencias y no ha sabido aprovechar la larga experiencia que sobre la gestión de parques nacionales tenemos en España. En Aragón tenemos un parque nacional importante, el de Ordesa y el Monte Perdido, con una gran tradición, con muchos visitantes y con muchos problemas sin resolver, señor Ministro de Agricultura, que dependen todavía de su Departamento, por ese empecinamiento que tienen ustedes

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en absorber, en ocupar competencias que muy bien podrían ejercer las comunidades autónomas. Ni las desarrollan ustedes ni dejan a las comunidades autónomas que se ocupen de resolver esos problemas que se plantean en los parques nacionales.
Tanto el Grupo de Izquierda Unida como el Popular, al presentar estas dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley que ha remitido el Gobierno, creo que merecen el agradecimiento de los Diputados de esta Cámara por el esfuerzo que han hecho.
A renglón seguido, he de decir que nosotros compartimos ampliamente la filosofía que subyace en el texto presentado por el Grupo Popular y que nos gustaría que se tomara en consideración, para luego, evidentemente, intentar colaborar en su mejora a través de las enmiendas parciales. Y nos oponemos por muchas razones, quizá porque compartimos la filosofía del texto del Grupo Popular, al modelo presentado por Izquierda Unida, del que estamos lejos.
Nos gustaría que cuando se tramite este proyecto y se convierta en ley quede claro el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios afectados, que sea un proyecto que prime la participación en la gestión y que la creación de un parque nacional --algo necesario, algo conveniente-- no se convierta en una maldición, sobre todo para los habitantes de las zonas afectadas, que ven cómo, en lugar de convertirse en algo que mejore la protección a la naturaleza, que cuide del medio ambiente, se convierte en un freno al desarrollo.
Creemos que es perfectamente compatible un respeto al medio ambiente, a la ecología, al desarrollo, a la protección a la naturaleza y, en primer lugar, a la protección al habitante de esas zonas donde se pretende ubicar el parque nacional.
Con estas premisas, nuestro Grupo estará atento al desarrollo del proyecto de ley y presentaremos las enmiendas que sean necesarias para colaborar en la mejora de un proyecto de ley que, en todo caso, nos parece muy interesante. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria quiere tomar aquí una posición ante la enmienda que queda viva, dado que se ha retirado la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, me referiré a la del Grupo Parlamentario Popular y su comparación con el proyecto de Ley remitido por el Gobierno. Coalición Canaria no toma un posicionamiento -- porque se ha hablado aquí de eso-- político, sino que lo quiere hacer desde el punto de vista de su reflexión, de su racionalidad y de su experiencia --que el señor Ministro acertadamente ha citado-- de la presencia en el territorio del archipiélago canario de nada más y nada menos que cuatro parques nacionales. Es la Comunidad Autónoma de toda la territorialidad del Estado español, que tiene en este momento mayor número de parques nacionales y en su propia definición jurídica, por tanto dependientes y administrados por el Icona.
Nosotros también deseamos para el proyecto de parque nacional de los Picos de Europa, tal como viene en la intencionalidad del Gobierno, lo mejor para la Comunidad Autónoma cántabra o para aquéllas otras, como la leonesa, a las que también les afecta, junto al núcleo originario de la Comunidad Autónoma asturiana. Pero dicho esto, nosotros lamentamos que la discusión del modelo de gestión de los parques tengamos que hacerla con motivo del parque nacional de los Picos de Europa.
Tal vez, señorías, por lo que aquí hemos escuchado a todos los portavoces, lo que habría que traer a esta Cámara es el debate sobre la modificación o posible modificación del planteamiento, sobre todo en la gestión y dependencia, de los parques nacionales y de los espacios naturales en España. O sea, que lo que voy a decir tendría que ir más en el sentido de una posible modificación de la Ley 4/1989, que es la que contiene la doctrina que estamos aplicando ahora al Parque de los Picos de Europa y que, a lo mejor, dentro de unos meses estamos con el correspondiente a la Isla de Gran Canaria, donde se pretende también traer a un marco legislativo un parque nacional. Y en este sentido, habría que hacer las siguientes reflexiones.
En primer lugar, hay que definir de una vez por todas, para no someter a cualquier proyecto de parque nacional o de parque natural, una filosofía de fondo que entienda cuál debe ser la gestión de los parques. Y esto tiene que pasar por definir perfectamente cuál es el modelo de gestión. El señor portavoz del Grupo Socialista ha puesto el dedo en la llaga. El dice: Nuestro modelo es de unidad de gestión y de participación. Y aquí está el nudo gordiano del sistema: ¿Qué modelo de gestión debemos tener para los parques nacionales y para los espacios naturales protegidos? Porque estamos aquí, por un lado, haciendo uso de la Ley 4/1989 para meter la definición jurídica del alcance de lo que es un parque nacional, pero, por otro lado --y aquí me estoy refiriendo a la Comunidad Autónoma de Canarias--, tenemos unos estatutos, una Ley Orgánica que, en su artículo 34, en el caso de la Comunidad Autónoma Canaria, señala las competencias legislativas y de ejecución en los espacios naturales protegidos. Lo que no se puede hacer es un simple discurso, de una parte o de otra, decir: por una razón política, es mejor este modelo. No. Vamos a ver, objetivamente, qué ha venido ocurriendo con los parques nacionales. Porque, señorías, si nosotros no conseguimos la adhesión, si nosotros no

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conseguimos propiciar e incentivar la colaboración de los vecinos que están dentro de un parque nacional... y éste de los Picos de Europa me preocupa, porque desborda el marco que tienen los parques actuales, que apenas contemplan más de un municipio o de un núcleo de población fija de habitantes dentro de la zona del parque; aquí llegamos a tener nada más y nada menos que nueve municipios con una población estable, población, señorías, que con sus usos y costumbres de agricultura, de cultivo, de ganadería, forma parte del ecosistema. Es que parece que aquí se trata también de abstraer --se lo digo al Grupo Socialista--, como si un ecosistema estuviera solamente formado por la botánica, la zoología y la geografía; está también la población que allí estuviera. Pues bien, si esto es así, vamos a propiciarlo, porque al final, los presupuestos del Icona, los presupuestos del Ministerio de Agricultura, que se definen en algunos artículos del proyecto del Gobierno, no van a garantizar la conservación y mantenimiento. Sólo la población que lo usa es la mejor guardiana y vigilante, frente a incendios forestales, a depredaciones, etcétera, del espacio natural del parque.
¿Qué conseguimos con esto? Que la comunidad autónoma se llame de una manera activa al órgano de gestión. Yo, personalmente, con la experiencia acumulada en los parques nacionales, no le deseo al parque de los Picos de Europa que el Icona les haga un aparcamiento como ha hecho en el Parque Nacional de Timanfaya, en la isla de Lanzarote, porque es una de las agresiones más grandes que hay contra un ecosistema de un parque natural. Es una cosa aberrante que se haya tolerado por quien haya tenido la capacidad jurídica y autoritaria de haberlo impedido.
Posiblemente en el proyecto del Gobierno se contiene todo lo bueno que necesitaría un espacio natural para ser conservado y mantenerse. Pero dice el refrán que lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces se pretende traer a la legislación lo mejor y lo hacemos de imposible cumplimiento. Porque vuelvo a decir que lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo bueno que trae el proyecto del Gobierno, posiblemente con un modelo de gestión, no centralizada, no de unidad de gestión, sino más participativa y respetando a la comunidad autónoma, hágase en su bondad. Porque tengo que reconocer que el proyecto del gobierno, en cuanto a su sistemática, no en el fondo de la gestión, es mejor que la enmienda del Grupo Popular. Yo estoy aquí enjuiciando la enmienda del Grupo Popular en el modelo que pretende, no en un articulado de beneficios, de sanciones, cosa aleatoria y propia de discutirse en la Comisión. Démosle esta competencia de un espacio natural que está en un territorio autonómico, seamos consecuentes con el Título VIII de la Constitución y con los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas.
Les voy a poner un ejemplo, señorías. En el patrimonio de la humanidad que viene señalando la Unesco se refleja uno de los monumentos arquitectónicos y culturales de primerísima importancia mundial. Es el conjunto de la Alhambra de Granada y del Generalife. Pues bien, esto depende de la Junta de Andalucía. ¿Es que una comunidad autónoma va a tener un sentido peyorativo a la hora de administrar un bien cultural o de naturaleza que tienen estos frente a un organismo central? Yo no puedo poner en un nivel de irresponsabilidad a un consejero de agricultura de una comunidad autónoma frente al Director General del Icona, porque yo podré tener, en el marco de las autonomías, más control y exigencia, y las fuerzas políticas parlamentarias, en su parlamento autonómico, sobre el consejero correspondiente, de agricultura, de medio ambiente o donde se ubique esto en la comunidad autónoma.
Lamento que estemos hablando en esta reflexión que yo hago sobre el parque nacional de los Picos de Europea. Hay que ir a replantear cuál es el modelo de gestión en la Ley 4/1989 y que se discuta democráticamente para que cuando venga aquí Picos de Europa, cuando venga el del Roque Nublo de Gran Canaria, cuando venga cualquier otro proyecto para declarar espacio natural protegido, sepamos qué estamos discutiendo como modelo de fondo, independientemente de que se esté en una comunidad autónoma o en otra. Hay que ir a donde está la filosofía o el vicio de origen, que es lo que hay que discutir.
Por estas razones de fondo, el grupo de Coalición Canaria va a votar a favor, porque plantea ese modelo de competencia autonómica que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señorías, el debate del proyecto de ley de declaración del parque nacional de los Picos de Europa nos ha dado ocasión de escuchar la expresión de diversas sensibilidades en torno al proyecto. La voz del señor García Fonseca está enraizada en el propio paisaje que se pretende proteger, lo que justifica la convicción y la pasión, en sentido positivo lo digo, con que ha defendido sus convicciones, que ponen la defensa del medio natural por encima de casi todo. Nos ayuda a todos a situarnos en una posición crítica que es del todo necesaria en el debate, porque ya se han cometido en todas partes demasiados desmanes contra el patrimonio natural.
La voz del portavoz Popular, señor Gortázar, presentando su propio proyecto nos ha situado sobre la realidad de una geografía donde viven nada menos que 14.000 habitantes que han venido desarrollando sus actividades tradicionales, creando una comunidad de intereses

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que también son legítimos si se producen desde el respeto al entorno: nueve municipios, tres comunidades autónomas, confrontación de la realidad natural y la realidad humana o vecinal, confrontación de comunidades autónomas, conflicto competencial con el Estado; todos estos hechos han surgido en una exposición en defensa de un proyecto que esta vez tiene matices autonomistas que compartimos. El señor Cuesta ha hecho, por parte del Grupo Socialista, una llamada a la responsabilidad lógica en quien pertenece al Grupo que da soporte al Gobierno, que esta mañana nos ha presentado el proyecto del parque nacional de los Picos de Europa a través de una razonada y documentada posición por parte del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Responsabilidad en cuanto a evitar nuevas degradaciones, responsabilidad en cuanto al interés del Estado en la conservación del patrimonio natural, responsabilidad en cuanto a los convenios europeos e internacionales respecto a la protección del medio ambiente, responsabilidad también en cuanto a no transigir las estructuras del Estado de las Autonomías, creando conflictos competenciales, llevándonos a una conclusión inadmisible de que son conferidas unas competencias a las autonomías y luego son establecidos mecanismos de control desde la desconfianza.
Comprenderán SS.SS. que en este debate puede haber una cuarta sensibilidad, la que considera necesario establecer los oportunos mecanismos de protección medioambiental desde la convicción de que jamás será efectiva, tendrá éxito una iniciativa de protección ecológica en contra de los habitantes de la zona. Este es el criterio que vamos a defender a lo largo del debate parlamentario que se producirá a partir de este momento.
Quizá el proyecto presentado por el PP no nos complazca plenamente pero el proyecto del Gobierno nos parece intervencionista, al imponer la voluntad del Gobierno, lógicamente matizada por el debate que estamos desarrollando, por encima de la voluntad de las autonomías. Creemos en la necesidad del consenso que haga compatible la realidad social de la zona con el respeto al medio natural que todos los portavoces, sin excepción, hemos defendido. Por otra parte, señorías, es inadmisible en una discusión competencial argumentar en base a un juicio de intenciones --disculpen que miremos más allá del texto-- en el que se otorga a quien reclama la competencia la mala intención en que se ejercerá la misma. Esto, señorías, subyace en el fondo del proyecto de ley del parque de los Picos de Europa.
En mi Grupo Parlamentario, señorías, tenemos esta sensibilidad, aun cuando aparentemente alguna ley no afecte directamente nuestra autonomía, que también nos afecta por nuestra otra sensibilidad de ecologistas responsables y por la convicción de que es preciso proteger un paisaje que nos llena a todos de admiración al contemplarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de la enmienda de totalidad que permanece viva a este proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular al proyecto de ley de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 153; en contra, 166; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS URBANOS DE LA BAHIA DE PALMA DE MALLORCA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1994, DE 5 DE AGOSTO) (Número de expediente 121/000065)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua de los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca, procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto.
Se ha presentado a este proyecto de ley una enmienda de totalidad de texto alternativo por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en el Pleno en el que se debatió la tramitación del Real Decreto-ley ya el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya expresó desde esta tribuna la oposición a sus contenidos. A nuestro juicio, no estaba suficientemente razonado y no eran sólidos los fundamentos por los cuales mediante ese Real Decreto-ley se decidía ese trasvase (mejor que trasvase podríamos hablar de embarque) de agua desde el Ebro hasta Mallorca, a través de Tarragona. Y no estaban suficientemente fundamentados porque, según manifestábamos en nuestra intervención,

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no había garantías de que el lugar al que se destinaba el agua, que era Palma de Mallorca, fuera un lugar que tuviera las suficientes medidas de ahorro y los suficientes mecanismos de racionalización del consumo del agua. Lo que hace hoy el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es presentar una alternativa a ese trasvase mediante una enmienda a la totalidad; una alternativa que necesariamente significa una filosofía distinta, muy distinta, de los planteamientos en los que se basa el proyecto de ley que ahora mismo se está tramitando en este Pleno.
A nosotros no deja de extrañarnos, en cualquier caso, que una decisión de esta naturaleza implique nada más y nada menos que este proyecto de ley, nada más y nada menos que la ejecución de importantes infraestructuras en el puerto de Tarragona. Una decisión de esta naturaleza, para embarcar 10 hectómetros cúbicos, permitan ustedes que nos llame profundamente la atención. Legítimamente nos hace preguntarnos si no nos encontramos ante las infraestructuras para que luego se decidan otras operaciones de embarque, no solamente a Palma de Mallorca, sino no se sabe a qué sitios.
Esto nos lleva a la conclusión de que, con independencia de que el embarque de agua sea de menor o de mayor cantidad, lo lógico y lo racional hubiera sido, en el caso de que hubiera habido que tomar una decisión de esta naturaleza que se hubiera remitido al Plan Hidrológico Nacional. Pero estamos en una situación en que se está hurtando el debate del Plan Hidrológico Nacional y, sin embargo, se están tomando decisiones importantes para que se vaya cimentando poco a poco una modalidad distinta a la distribución del agua en nuestro país. Y esta forma de hurtar el debate, de meter por la puerta de atrás una serie de operaciones de trasvase en España, cremos que es una operación políticamente poco legítima y, en cierto sentido, una burla a las promesas que se han hecho desde el Gobierno para que se racionalizara el uso del agua en nuestro país a través de un Plan Hidrológico.
Independientemente de que el embarque de agua sea de diez hectómetros cúbicos, pensamos que una decisión de esta naturaleza claramente debería haber ido incursa en el Plan Hidrológico Nacional. La filosofía que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su enmienda a la totalidad tiene que ir sobre las premisas de que hay que garantizar el ahorro del agua en Palma de Mallorca y de que hay que garantizar una calidad mejor de la que actualmente se produce en el agua existente. Hay que garantizar que los acuíferos tengan una explotación racional, que no se sobreexploten los acuíferos. Hay que garantizar que la depuración de las aguas implique también la reutilización de las mismas. Hay que garantizar un control democrático del agua y, para ello, en esta enmienda a la totalidad, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya solicita, en su artículo 3.º, la creación de una comisión de defensa del agua. En definitiva, pensamos que de aceptarse esta enmienda a la totalidad significaría incluso un mejor futuro para Mallorca, porque se garantizaría el abastecimiento sostenido del agua y un consumo racional del agua en Mallorca no durante un período corto de tiempo de dos o cuatro años, sino durante mucho tiempo.
Aunque creo que va a ser un llamamiento estéril, llamo la atención de SS.SS. para que reflexionen sobre el proyecto de ley que se ha traído aquí por parte, ya no del Gobierno, sino del conjunto de la Cámara, y que entiendan que este tipo de medidas son pan para hoy y hambre para mañana.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
A continuación, para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Mur. Tiene la palabra el señor Diputado.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a intervenir, en nombre del Partido Aragonés, para defender las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, presentado en su día como Real Decreto-ley. También aprovecharé el turno para fijar la posición respecto de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con el texto alternativo, y por el Grupo Popular.
Empezaré con la visión global del proyecto de ley diciendo que a estas alturas hay que recordar el debate que tuvo lugar aquí, cuando se tramitó la ratificación del Real Decreto-ley, los argumentos de urgencia y de necesidad que se esgrimieron por aquellos que defendían este proyecto de ley, fruto, sin duda, de tanta ineficacia que había llevado a Mallorca y a los municipios que lo circundan a la necesidad extrema debida fundamentalmente a las circunstancias climatológicas de este seco verano. Estamos, a final de octubre, tramitando como proyecto de ley aquel asunto que era urgente. Creo que es una buena oportunidad porque nos ha permitido reflexionar sobre la urgencia y sobre el fondo de la cuestión. La urgencia ya se ve que no era tanta, porque incluso la propia tramitación no va, con sello de urgencia. En cuanto al fondo de la cuestión, porque ha permitido poner de manifiesto varias cosas, la primera es que hay muchas maneras de solucionar el problema planteado, incluso tratándose de un tema urgente. Y no es precisamente la fórmula que aborda el proyecto de ley la más operativa, sobre todo, porque esta fórmula no convence a nadie, por el precedente grave que crea y por la excusa que supone de tantos fallos cometidos y de tantas imprevisiones.


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El texto alternativo presentado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es un buen ejemplo de la cantidad de medidas que se pueden poner a contribución para solucionar este problema ahora aquí y en Mallorca, pero que serían generalizables al resto de España.
Cuando oímos hablar sobre todo en Aragón, de las necesidades sobrevenidas de agua en épocas de sequía, en zonas saturadas por el turismo o en zonas de gran desarrollo industrial, nos llama la atención que a nadie se le haya ocurrido proponer, a renglón seguido, medidas como las que este texto alternativo al proyecto de ley propone aquí: sencillamente, racionalizar el uso del agua y crear medidas para su economía que eviten el despilfarro que de ella se hace. Creo que es un buen ejemplo.
Desde luego, nosotros estamos de acuerdo con el hecho puntual que nos ocupa y, por supuesto, con la filosofía que subyace en el texto alternativo y, por tanto, le daremos el voto favorable. A renglón seguido, por si acaso, también voy a explicar brevemente el contenido de las tres enmiendas parciales presentadas por el Partido Aragonés a ese parece que inevitable proyecto de ley que saldrá de aquí hoy con el apoyo de los dos Grupos mayoritarios de la Cámara, algo que me interesa resaltar. A veces se observa quién o quiénes dicen una cosa en el Congreso de los Diputados, en Madrid, y otra distinta en los territorios afectados, y hoy se pondrá de manifiesto la identidad de criterios, la coincidencia, precisamente a través del voto, de los dos Grupos mayoritarios que, si no hay una reflexión de última hora, apoyarán este proyecto de ley y, por tanto, estarán en contra de la filosofía contraria a este proyecto de ley.
Nuestras enmiendas intentan evitar algunos de los desaguisados que con este proyecto de ley que hoy nos ocupa se van a cometer. La primera enmienda, de adición, propone añadir, al final del punto 1 del artículo 1.º, un párrafo que diga: «El uso de estas aguas estará limitado al abastecimiento de la población, prohibiéndose su utilización para usos industriales y regadíos.» Ya que es un trasvase excepcional, circunstancial y causado por la necesidad de agua para uso de boca, nos parece prudente añadir un párrafo que haga imposible la utilización del agua trasvasada para otros usos, porque, después de conocer la defensa que el señor Ministro de Obras Públicas hizo en el debate de días pasados de la utilidad del agua no para regadío y para cultivar maíz, sino para regar campos de golf, creemos que aquellos usuarios de los campos de golf de Mallorca pueden permitirse el lujo de pagar el costo del agua trasvasada. Sería útil, por tanto, que en el proyecto de ley se prohibiera formalmente su utilización para otros usos que no sea el uso de agua de boca.
Hay otra enmienda de modificación en la que nos gustaría acortar el plazo. El plazo debería finalizar, a nuestro juicio, el 31 de diciembre de 1996, en lugar del 31 de diciembre de 1998, como prevé el proyecto de ley. ¿Por qué acortar el plazo? Simplemente porque nos parece excesivo para un asunto circunstancial que se va a resolver por otros procedimientos, como es la culminación de la planta desalinizadora de agua del mar. En este sentido, hay una enmienda del Grupo Popular que va en la misma línea y que aceptaremos por cuanto no debe contemplarse un plazo tan largo cuando el asunto que se trata de resolver es un asunto concreto y reducido en el tiempo. Por tanto, nos parece de elemental prudencia.
Nuestra última enmienda al punto 1 del artículo 3.º, pretende que la gestión de todas las aguas que se van a trasvasar desde Tarragona hasta Mallorca, se lleve a cabo por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y no, como dice el texto del proyecto, por el organismo que actualemente la realiza. Como SS.SS.
saben hay una Ley, la 18/1981, de 1 de julio, que dice claramente que la gestión de este tipo de aguas procedentes del llamado minitrasvase del Ebro a Tarragona, debe hacerse en beneficio y con la contemplación de la problemática de toda la cuenca del Ebro, de donde sale el agua a trasvasar, antes al campo de Tarragona, ahora, a través de los barcos, a la ciudad de Mallorca. Sería útil y beneficioso para el conjunto de la cuenca que todo lo que tiene que ver con la gestión lo hiciera la Confederación Hidrográfica del Ebro, que abarca, como SS.SS. conocen perfectamente, a todos los territorios integrantes de la cuenca del Ebro. Si estas enmiendas que presentamos fueran aceptadas rebajaríamos lo negativo que tiene este proyecto de ley. Desde luego, si hubiéramos tardado un poquito más en tramitarlo y las condiciones meteorológicas hubieran sido más favorables, con el régimen de lluvias que parece que en los últimos días han afectado positivamente a las zonas de Levante, a lo mejor el trasvase lo habría hecho la naturaleza, en lugar de tenerlo que hacer por un método tan irregular, tan costoso y tan extraordinario, como es llevar el agua del Ebro a Mallorca por barco, todo ello debido a la impericia, a la imprevisión y a la falta de inversiones necesarias en el momento oportuno que ha demostrado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Enmiendas del Grupo Popular. (Pausa.) Para su defensa, tiene la palabra el señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señorías, aprovecharé, igualmente, el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición con respecto a la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida, y a las enmiendas parciales del Grupo Mixto, del señor Mur.
Entendemos que debemos de hacerlo así sin retomar, por descontado, un debate que ya se llevó a término días pasados cuando

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la convalidación del Real Decreto-ley ante esta misma Cámara.
Ello no significa, en modo alguno, hurtar nada a nadie.
El hecho mismo de estar tramitando este Real Decreto-ley como proyecto de ley demuestra bien a las claras que no hay intención alguna de hurto, sino de hablar y extenderse en forma clara sobre un problema muy concreto. Por lo que se refiere a la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de texto alternativo, entendemos que olvida el Real Decreto-ley 475/1985, de traspaso de competencias en materia de obras hidráulicas, hoy ya, en forma homologada, recursos hidráulicos.
El texto alternativo establece una serie de condiciones y competencias que abarcan materias como agricultura, ordenación del territorio, política urbanística, defensa del medio ambiente o la naturaleza, gestión de los recursos hidráulicos... Todo esto está transferido ya y es competencia de la comunidad autónoma y del gobierno de la misma El voto negativo será en consecuencia entendido por parte de un Grupo que se titula Federal y que comprenderá que respetemos las competencias autonómicas en ese campo.
No es ésta la vía a seguir, el Parlamento, sino que debe corresponder al Parlamento de las Islas Baleares, en el bien entendido de que el proyecto de ley (y el Decreto-ley del que trae causa ese proyecto) lo único que hace es autorizar el transporte del agua, es decir, autorizar el que, por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma, se tome la decisión de carácter político de asumir ese transporte, adecuarlo, llevarlo a término dentro de una infraestructura jurídica, soporte jurídico que no existía sin ese Decreto-ley, sin este proyecto de ley que ahora se está debatiendo. Por consiguiente, la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto a la enmienda a la totalidad con texto alternativo será negativa.
Por lo que hace referencia a la enmienda 1 del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la prohibición de usos industriales y regadíos, entendemos que esta cuestión está suficientemente esclarecida en el propio artículo 1.º al especificar que el uso es para abastecimiento de las poblaciones de la Bahía de Palma. No debemos hablar, una vez más, de los campos de golf pues ya se dijo, señor Mur, que hay una normativa específica de la Comunidad Autónoma que establece que los campos de golf solamente se pueden regar con aguas depuradas. Consecuentemente, nuestra postura, tampoco es favorable a dicha enmienda número 1.
En cuanto a la enmienda 2, entendemos que nuestra enmienda a la disposición adicional --como usted ha reconocido en cierta manera-- es mucho más adecuada a las circunstancias en cuanto a ese condicionamiento en el cumplimiento del plazo de la autorización al 31 de diciembre de 1998. Por último, la enmienda 3 del Grupo Parlamentario Mixto se halla en contradicción con la actual normativa, por lo que votaremos en contra.
Entrando ya en la defensa de las enmiendas propias del Grupo Parlamentario Popular, la número 5, de carácter técnico, está relacionada directamente con la número 6, que es de adición de una disposición adicional segunda en la cual se establece una condición al plazo de la autorización, condición que va en cierta manera implícita en la exposición de motivos. Dentro de unos principios y de una filosofía de solidaridad, entendemos que esa autorización no debe ir más allá de las necesidades reales. Cuando esas necesidades reales estén cubiertas por esa planta desaladora y su puesta en funcionamiento, deben decaer las circunstancias extraordinarias. Insisto en que esta enmienda de adición incluye una respuesta a esa solidaridad intercomunitaria, al condicionar la cobertura de las necesidades a esas circunstancias de carácter extraordinario superadas. Por lo que se refiere a la enmienda número 7, establece igualmente una circunstancia absolutamente necesaria, cual es autorizar al Ministerio de Obras Públicas, dentro de sus ámbitos competenciales, para que establezca, mediante las disposiciones legales pertinentes, las exenciones o bonificaciones en las tasas y tarifas portuarias. Eso no es descubrir el Mediterráneo --valga la expresión, en este caso bastante ajustada--, sino, simplemente, reiterar circunstancias que se producen en otros ámbitos territoriales de la nación española. Quizás la enmienda de adición a esa disposición adicional tercera no fuese necesaria, pero la consideramos absolutamente conveniente. En conclusión, pues, la postura del Grupo Parlamentario Popular con respecto a la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida será negativa, como igualmente en cuanto a las enmiendas parciales del Grupo Mixto. Anunciamos el voto afirmativo al proyecto de ley y solicitamos de los restantes grupos idéntico comportamiento respecto a las enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario, siendo así que se trata de enmiendas adicionales al texto, que se integran en él, que lo mejoran y que, por descontado, no modifican en modo alguno el contenido del proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con gran brevedad voy a decir que nosotros no votaremos a favor de las enmiendas presentadas pues estamos a favor del proyecto de ley del Gobierno. Lo decimos

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desde el punto de vista de comprensión de la solidaridad, hablando también como fuerza política de un Archipiélago, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene rasgos no solamente geográficos, sino también estructurales y económicos comunes, como es la dependencia fundamental, en la generación del producto interior bruto para los Archipiélagos Balear y Canario, del turismo para tener allí unas condiciones ecológicas y de equilibrio de población necesarias, y como es la carencia de cursos hidrográficos normales, ríos, etcétera, propios de la geografía peninsular y continental. Nosotros entendemos que tiene que funcionar aquí también un principio de solidaridad recíproca en un problema tan acuciante, como se valora igualmente en Canarias, donde el agua es un bien escaso y tremendamente caro, obtenido precisamente de fuentes naturales subterráneas permanentes en galerías y en pozos, y creemos que el proyecto del Gobierno sabe recoger legal, solidaria y constitucionalmente este principio al que estamos obligados.
Por estas razones, señorías, señor Presidente, nosotros, respetando todas las enmiendas, votaremos en contra de las mismas, porque estamos a favor del texto del proyecto del Gobierno por las razones que aquí se han dado y que apoyamos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, la posición de nuestro Grupo quedó bien determinada en nuestra intervención en esta Cámara en la sesión del 15 de septiembre pasado, en el trámite de convalidación del Real Decreto-ley origen del presente debate de hoy, a través del proyecto de ley con el texto del Decreto. Entonces, nosotros llegábamos a la conclusión de aceptar el Real Decreto-ley sobre la base de que tenía que haber un fuerte consenso. Lo hubo, y hoy espero que también lo haya. Por lo tanto nuestra intervención hoy es para fijar posición respecto a las enmiendas que los diversos grupos han presentado. En primer lugar, en cuanto a la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, he de decir que nosotros no la podemos apoyar porque conceptualmente estamos muy distantes de lo que nos exponen muchas veces y en concreto en este tema, pero además el texto alternativo no creemos que sea tal, ya que trata de otro tema paralelo porque nos da un conjunto de medidas a tener en cuenta en suministros de agua a poblaciones, pero son una serie de medidas de tipo general que no vienen exactamente al caso de la urgencia que en estos momentos existe para el abastecimiento de núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca; por ejemplo, entre las medidas que se proponen, se habla, dentro del punto relativo a la protección de calidad, de desalinización de agua de mar. Este precisamente es uno de los temas básicos que origina la urgencia, porque la planta que ya está prevista todavía no está en condiciones. En el texto se incluye, dándole mucha importancia, la creación de una comisión de defensa del agua, con un tipo de funcionamiento, bajo nuestro punto de vista, demasiado asambleario, y teniendo en cuenta básicamente que las competencias en obras hidráulicas son competencias transferidas, estas medidas a tomar en forma de protección, recuperación y mejora de la calidad del agua y del medio ambiente hidráulico que se nos presentan deberían ser motivo de tramitación a través de una comunidad autónoma. Por lo tanto, nuestro Grupo no va a apoyar esta enmienda. De las tres enmiendas del señor Mur Bernad, la primera nos habla de que se limite el uso de estas aguas al abastecimiento de la población, pero simplemente para su utilización para las necesidades de agua de boca. Verdaderamente pedir esto es una utopía; está muy bien sobre la teoría, pero aquí todo el munto sabe que eso no puede ser ni en Mallorca ni en Aragón ni en Cataluña. El suministro de agua para uso de boca representa unas duplicidades de la red. Hablar así con la vehemencia que se ha hecho, casi rayaría en la demagogia en estos temas hidráulicos. Verdaderamente, ya hay una normativa, como se ha dicho, para deslindar el uso de agua de los campos de golf y, por lo tanto, queda al margen. La utopía sería interesante, si pudiésemos tener una red para usos industriales y una red para uso de boca. Entonces sí que se podría deslindar. Respecto a la segunda enmienda, que nos habla de acortar a 1996 el plazo previsto en el proyecto hasta 1998, creemos que con una enmienda del Partido Popular se soluciona que antes de llegar a este límite se pueda dejar de suministrar agua. Por lo tanto, no la vamos a votar afirmativamente porque vamos a aceptar la otra enmienda.
Respecto a la tercera enmienda, en la que se pide que la gestión se lleve a cabo por la Confederación Hidrográfica del Ebro, creemos que es querer llevar hacia atrás algo que está bien claro. Está muy clara la competencia en estos momentos, tanto por la Ley de 1981, en la que quedaba fijado todo el funcionamiento, como por el funcionamiento que tiene el sistema del Consorcio de Aguas de Tarragona. Las aguas que van a ser objeto de la aplicación de este Decreto-ley podemos decir que tienen nombre y apellidos. Están ya dentro de un sistema, lo que se llama el minitrasvase, esto es, el aprovechamiento de las aguas del Ebro dentro de Tarragona.
Estas aguas ya están dentro de un sistema y, por lo tanto, querer ahora retroceder hacia la posición de que la gestión la realice la Confederación Hidrográfica nos parece que es inadmisible. Posiblemente, la justificación es la intención de obtención o de captación

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de votos en una demarcación, para no dar otra calificación que no quiero dar. Se hablaba de que aquí se dice una cosa y allí se dicen otras. Nosotros no entramos en esto, pero hay que hablar con rigor.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Popular, la número 6, a la disposición adicional segunda, la vemos aceptable porque, dentro de todo, es la que permite la posibilidad de que el plazo de autorización establecido hasta el año 1998 se acorte si verdaderamente la planta desaladora de la bahía de Palma se pone en funcionamiento. Tengo que decir algo más respecto a esta enmienda, que tiene la finalidad de acortar el plazo, y yo dudo que se puedan acortar plazos en el aspecto físico de la realización de las obras. Posiblemente, esta enmienda también tiene una tendencia a equilibrar opiniones dentro de un mismo partido --como decía el señor Mur, se puede decir una cosa aquí y otra en distintas zonas-- dentro de los distintos ámbitos territoriales. Nos es igual, es un tema interno de cada grupo, pero la enmienda es aceptable. Al fin y al cabo, es de adición, no toca nada del texto y puede dar una cierta ventaja en el caso de que se produjese un adelantamiento de las obras.
La enmienda número 7 también es de adición. Pide que haya la posibilidad de bonificación en las tasas de tarifas portuarias. Nos parece que se puede hacer la bonificación si hay solidaridad por todas partes para ceder aguas, porque, dentro de la normativa vigente del Ministerio de Obras Públicas, esta solidaridad puede revertir en una bonificación de las tasas, no de los costes, porque éstos existen.
Por tanto, y en resumen, señor Presidente, nuestro Grupo solamente va a aceptar las dos enmiendas presentadas por el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme continuar en la tramitación de este proyecto de ley, en lectura única, de carácter excepcional y limitado en el tiempo: el trasvase de agua del río Ebro a las poblaciones de la bahía de Palma de Mallorca.
El Real Decreto-ley, convertido en proyecto de ley en esta Cámara, es una acción extraordinaria de la Administración del Estado en una materia competencia de las corporaciones locales y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. No obstante, la relevancia de las obras a acometer y la trascendencia social y económica que la falta de abastecimiento a los núcleos de población de la bahía de Palma de Mallorca, justifican plenamente la intervención de la Administración del Estado, consensuada con las administraciones autonómicas y locales. El Real Decreto-ley arbitra, pues, una solución transitoria, excepcional y limitada en el tiempo, en tanto entran en funcionamiento las infraestructuras planificadas para solucionar definitivamente el abastecimiento de agua a la bahía de Palma de Mallorca, y que no son otras que las de una desaladora en esta bahía y las obras de conducción de aguas desde Sa Costera de Sóller a la misma bahía de Palma de Mallorca y que vienen a suponer inversiones tan importantes como son 14.500 millones de pesetas que gastará la Administración estatal para resolver definitivamente este problema.
Señorías, no es necesario que les explique que la excepcionalidad de la medida lo es también a los ojos de los ciudadanos de las Islas Baleares, que les cuesta creer que el agua que tienen que consumir debe venir en barcos de allande los mares. Esta es, evidentemente, una solución costosa y que resulta aceptable sólo por su carácter temporal y excepcional.
Respecto a los efectos de esta medida sobre el régimen hidrológico del río Ebro, hay que decir que estos son inexistentes, al tratarse de una medida temporal, que no implica ningún incremento de los caudales autorizados en la Ley 18/1981. En el proyecto de ley se establece que los usuarios de Mallorca abonarán la misma tarifa de abastecimiento del Consorcio de Tarragona, lo que garantiza el principio de equidad en los costes que han de ser sufragados y aleja cualquier sospecha de especulación económica en la autorización del uso del agua del Consorcio por parte de los usuarios de Mallorca.
Para despejar las preocupaciones que ha manifestado algún portavoz, el plan hidrológico de Baleares se encuentra ya en avanzado estado de elaboración y prácticamente terminado en lo que se refiere al proyecto de directrices. Señorías, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Parlamento Aragonés Regionalista, la enmienda número 1 es redundante, ya que el proyecto de ley especifica claramente que el destino de las aguas es para abastecimiento. Pero, en cualquier caso, permítanme, señorías, que haga un canto al sentido común de los usuarios de Baleares, a los que considero con un nivel de inteligencia suficiente como para no utilizar agua con fines especulativos cuyo coste en alta, señorías, sobrepasa ampliamente las 380 pesetas. Por lo tanto, señorías, estamos ante una solución transitoria limitada en el tiempo y excepcional, con un alto costo para los usuarios también de los municipios de la bahía de Palma. En cuanto a la enmienda número 2, que se refiere al tiempo de duración del transporte de agua del Ebro a Palma de Mallorca, entendemos que debe entenderse como fecha límite la del 31 de diciembre de 1998.
Ahora bien, en línea con la enmienda del Grupo Popular, después ofreceremos una transacción que persigue los mismos fines que la enmienda del PAR, es decir, que,

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en cuanto se hayan realizado las infraestructuras necesarias para garantizar este abastecimiento, la desalinizadora y la conducción de aguas desde Sa Costera en Sóller a la bahía de Palma, se puedan dar por concluidos los efectos de esta ley.
La enmienda número 3 propone cambiar el destino del canon a pagar por los usuarios de la bahía de Palma. Mi Grupo Parlamentario entiende que debe rechazarse esa enmienda, ya que el destino del canon a pagar por los usuarios es, de acuerdo con la Ley 18/1981, amortizar el revestimiento de los canales del delta del Ebro, revestimiento que es el que permite liberar los cuatro metros cúbicos por segundo que dicha ley autorizó para ser trasvasados a Tarragona. Como la transferencia de competencias hidráulicas efectuada a la Generalidad en 1985 ya contemplaba esta competencia en los regadíos que no sean de interés general del Estado, el mismo decreto de transferencia encargó a la Generalidad la gestión del canon. Y es lógico que esto se mantenga hasta la amortización total de las obras de revestimiento, de acuerdo con el plan aprobado en su día, que terminará el año 2013, desde luego, bastantes años después de la fecha límite que fija el actual proyecto de ley para el trasvase de agua a Palma de Mallorca.
Respecto a la enmienda de totalidad de Izquierda Unida se podrían decir bastantes cosas. Se podría decir que algunas de las cosas que plantea no deberían ser aplicadas sólo a esta ley excepcional, sino que deberían ser de sentido común y de carácter general. La cuestión no es ésta. Lo que propugna la enmienda de Izquierda Unida es una posición testimonial ante esta Cámara en materias que son competencia plena de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, competencias de las que una parte ha sido transferida en 1985, otra en la Ley Orgánica 9/1992, de transferencia de Competencias a comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, y además está la reforma consiguiente del Estatuto de las Islas Baleares, ya que al ser ésta una Comunidad que no comparte cuencas con ninguna otra del Estado español, tiene plenas competencias en política hidráulica. Por tanto, creemos que es imposible la toma en consideración de esta enmienda que, en cualquier caso, ha permitido al Grupo de Izquierda Unida, y creo que ésta era realmente su intención, exponer cuál era su posición en relación a este proyecto de ley que hoy aprobamos y en cuya excepcionalidad insisto.
Restan las enmiendas del Grupo Popular. Respecto a la enmienda que añade una disposición adicional segunda nueva, ofreceríamos un texto alternativo que contiene además de la planta desaladora para la bahía de Palma de Mallorca, el trasvase de aguas desde Sa Costera de Sóller a la bahía de Palma de Mallorca, que son las obras que están declaradas de urgencia para dar solución definitiva al abastecimiento de estos núcleos urbanos. Y en esas circunstancias, en el caso de que estuvieran estas dos obras acabadas, proponemos que los efectos de esta ley terminen en el plazo de 30 días, una vez finalizadas dichas infraestructuras.
Respecto a la enmienda número 7, que añade una disposición adicional tercera, nueva, si bien la Ley de Puertos ya permite al Ministerio de Obras Públicas --y así procede a hacerlo anualmente-- la fijación de las tarifas portuarias, nos parece bien, aunque sea redundante, que conste en la ley que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, establecerá las tarifas portuarias aplicables al transporte de agua para el abastecimiento de las poblaciones de los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca, en el bien entendido de que lo que proponemos es una medida que se está aplicando ya en el único caso conocido en el ámbito del territorio nacional, que es el transporte de agua por barco a Ceuta, que tiene ya una tarifa especial. Tenemos el compromiso de la Dirección General de Puertos de aplicar la misma tarifa y, por tanto, no vemos inconveniente, aunque sea redundante, en que así conste en el proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías, y paso a la Presidencia las enmiendas propuestas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Siendo así que la propuesta de enmienda transaccional a la número 6 del Grupo Parlamentario Popular no hace sino recoger lo que se manifesta en la exposición de motivos en cuanto al trasvase de aguas de Sa Costera-Sóller a la bahía de Palma, entendemos que es aceptable y en esos términos se efectúa. En cuanto a la propuesta de enmienda transaccional a la número 7, leído el texto y escuchada la defensa del señor Costa, entendemos que no modifica la intencionalidad de nuestra enmienda y, consecuentemente, también se acepta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gilet.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.--El señor Mur Bernad pide la palabra.) Señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Solicito que las transaccionales ofrecidas por el Grupo Socialista al Grupo Popular, a la enmienda número 6 y a la enmienda número 7, se voten separadamente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.) Señor Andreu.


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El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, pedimos votación separada de la enmienda número 5, del señor Mur.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu. (Pausa.) Señor Andreu, la enmienda número 5 no es del señor Mur, es del Grupo Popular y no va a ser sometida a votación.


El señor ANDREU ANDREU: Tiene razón, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 13; en contra, 291.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 285; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista en relación con la número 6 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304, a favor, 290; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional propuesta en relación con la enmienda número 7 del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 291; en contra, 12; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación correspondiente al proyecto de ley por la que se adoptan medidas urgentes para el abastecimien-to de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca. (Procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto.) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 289; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIONES DE CONJUNTO:

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente a la proposición de ley orgánica sobre modificación de diversos artículos del Código Penal, con el fin de tipificar la conducción de un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, con temeridad o imprudencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de conjunto correspondiente a la proposición de ley orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de conjunto correspondiente a la proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal en lo referente a escuchas telefónicas. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 302; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.


Era la una y treinta minutos de la tarde.

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