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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 99, de 26/10/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 99 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 98 celebrada el miércoles, 26 de octubre de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 80.1, de 1 de octubre de 1994 (número de expediente 121/000067) (Final) (Página 5070) --Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 83.1, de 13 de octubre de 1994 (número de expediente 121/000070) (Final) (Página 5070)

--Preguntas (Página 5085)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas en España (número de expediente 172/000072) (Página 5108)

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--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de telecomunicaciones y en concreto los objetivos que persigue la liberalización de la misma y los criterios establecidos en el concurso para el segundo operador de telefonía móvil (número de expediente 172/000073) (Página 5118)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación con el proceso de elaboración de la estrategia española para la conservación y uso disponible de la diversidad biológica, de manera que se cumplan los compromisos adquiridos con la firma y ratificación del Convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992 (número de expediente 173/000053) (Página 5128) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para superar la crisis del sector y la carencia de material en las Fuerzas Armadas (número de expediente 173/000054) (Página 5132) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en cuanto a la inserción de la economía española en un contexto internacional crecientemente vinculado a políticas de ajuste estructural, así como sobre su posición respecto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (número de expediente 173/000055) (Página 5137)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 100, de 27 de octubre de 1994.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
(Continuación.) (Página 5070)

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 (Página 5070)

Proyecto de ley de Medidas Fiscales, administrativas y del orden social (Página 5070)

En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, el señor Roca i Junyent, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que recuerda que con ocasión del debate presupuestario del año anterior diversos grupos parlamentarios señalaron que aquellos Presupuestos eran el reflejo de una política económica que no haría posible la recuperación de la economía española. Afortunadamente, aquellas previsiones no se han cumplido y hoy nadie discute que el escenario que rodea este debate es sensiblemente mejor del que se tenía en el 93.
Reconoce, sin embargo, que queda mucho por hacer y, si bien la recuperación se ha iniciado, todavía no existe suficiente percepción social de losefectos de la misma. Hoy se ratifican en que la política emprendida era la que correspondía afrontar y ahora les toca profundizar en ella si quieren seguir avanzando por el camino de la recuperación económica, por lo que no es de extrañar que su Grupo Parlamentario apoye estos Presupuestos Generales para el 95 en la línea de continuidad de la política económica iniciada a partir de las elecciones generales del 93, incorporando nuevas medidas tendentes a facilitar la inversión y la creación de empleo, en el marco de las exigencias de una economía competitiva y cada vez más internacionalizada.
Como medidas contenidas en el proyecto de Presupuestos para asegurar en el 95 una tasa de crecimiento positiva capaz de generar empleo neto y de asegurar niveles más altos de cohesión social en nuestro país menciona, en primer lugar, un esfuerzo de contención del déficit público, con un rigor y austeridad como exigencia ineludible de cualquier política de progreso. Recuerda también que nuestro país, en el campo de las prestaciones sociales, sigue teniendo niveles alejados de las medias europeas, por lo que el objetivo a contemplar es cómo seguir avanzando en tasas de mayor cobertura social y no lo contrario. En todo caso, la sociedad debe saber, y de manera muy especial los pensionistas, que no existe para ellos ninguna alarma en su horizonte y que de lo que se trata de debatir es cómo hacer mejor lo que está haciendo,

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pero nunca dejarlo de hacer. Para la reducción del déficit público propone que a partir de ahora todos los incrementos de recaudación o ingresos del Estado se adscriban de manera inmediata a la reducción del déficit presupuestario. Por lo que se refiere al capítulo de ingresos, pretenden seguir avanzando en el fomento de la economía productiva, estimulando la inversión y facilitando la creación de empleo. Por ello, resultaba imprescindible prorrogar para el 95 el conjunto de medidas fiscales adoptadas para el año 94 en orden a la inversión, internacionalización de nuestra economía y medidas concretas de fomento de la ocupación. Entre estas medidas menciona la deflactación de los tipos y bases del Impuesto sobre la Renta y del Patrimonio, que permitirán a todos los ciudadanos pagar por estos conceptos menos impuestos durante el año 95. Añade que si se quiere crear empleo deberá ser en el marco de una economía competitiva, y para ello es necesario estimular la inversión, favorecer las decisiones empresariales sobre nuevas instalaciones y apoyar el espíritu emprendedor, tanto en el campo fiscal como en el laboral o en el social, y de todo ello hay en estos Presupuestos Generales.
Sobre la reducción de las cuotas de la Seguridad Social y el incremento de los tipos del IVA señala que tales medidas deben ser examinadas separadamente, recordando, respecto de la primera, que su reducción se venía reclamando por esta Cámara desde hace mucho tiempo. En cuanto a las críticas al aumento del IVA, es cierto que tal medida tiene una clara repercusión inflacionaria, como también lo es que nuestros tipos de IVA son inferiores a los de otros paises europeos, añadiendo que no es la inflación la única magnitud que debe ser tenida en cuenta.
A continuación alude a la fuerte polémica habida sobre el contenido y alcance de las denominadas exigencias de su Grupo Parlamentario sobre dos cuestiones que les parecían fundamentales, como son la participación de las comunidades autónomas en la distribución de los fondos de cohesión europeos y la revisión del sistema de financiación de la sanidad pública, recordando simplemente en estos momentos que tales medidas se presentaron como reivindicaciones partidistas y particularistas contrarias al interés general, pero a la hora de la verdad resultó que todas las comunidades autónomas se manifestaron favorables y aceptaron estas medidas por entender que beneficiaban al conjunto de la sociedad.
Concluye reiterando que estos Presupuestos marcan una política de continuidad en relación con la que se inició el año anterior, que ha permitido el inicio de una innegable recuperación económica, lo que sigue siendo un objetivo fundamental y prioritario para su Grupo Parlamentario, a cuyo fin apoyarán los Presupuestos sometidos a la Cámara.
En nombre del Grupo Vasco (PNV), el señor Zabalía Lezamiz señala que por segundo año consecutivo su Grupo Parlamentario no presenta enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales, aludiendo a razones de coherencia política, de responsabilidad social y pragmatismo que expusieron en el debate de totalidad del año anterior y que son válidas en la situación política y económica de hoy. Han comprobado la inclusión en el proyecto de algunos aspectos, como la deflactación de las tarifas del Impuesto sobre la Renta y Patrimonio, o coincidido en otros planteamientos de política económica, constatando la existencia de un cambio de talante hacia la propuesta de su Grupo Parlamentario. Ello no significa que estén totalmente de acuerdo con los Presupuestos que se presentan a la Cámara, pero sí entienden que no hay razones de peso suficientes como para plantear un texto alternativo. Mantienen algunas discrepancias, pero ello no significa una descalificación global a las líneas maestras y a los objetivos de estos Presupuestos, que les parecen generalmente aceptables. Agrega que la dirección emprendida es buena, aunque la intensidad de algunas de las medidas contempladas es insuficiente, y esta visión les permite criticar algunos aspectos cruciales de la política presupuestaria del Estado que, a su juicio, es mejorable.
Menciona algunos de los contenidos principales del proyecto de ley, exponiendo los reparos que les merecen a su Grupo, especialmente en materia fiscal, afirmando que quedan muchas medidas por reformar y crear, debiendo seguir caminando en la consolidación de una política económica, fiscal, financiera, presupuestaria y administrativa y mejorando el marco laboral y de las relaciones entre los agentes sociales. En definitiva, se trata de continuar decididamente con el objetivo de modernizar nuestra economía, haciéndola más competitiva para crear empleo y bienestar social. El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, señala que no ha presentado ninguna enmienda de totalidad al proyecto de ley al confiar en el largo proceso de negociación que se está llevando actualmente con el Gobierno, esperando que tenga un resultado positivo para las partes y sirva para completar el proceso competencial y los recursos para las grandes obras de infraestructura y comunicaciones necesarias con urgencia en el País Vasco. Ello significa que comparten los grandes objetivos planteados por el Gobierno para el gasto público durante 1995, sobre todo en la línea de los objetivos del plan de

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convergencia que, a su juicio, deben compatibilizarse con el mantenimiento del sistema general de protección social en su dimensión de solidaridad y cohesión social, condiciones ambas para un ajuste equilibrado. En este sentido, comparten también el esfuerzo por racionalizar y optimizar el gasto social, priorizando la atención a los colectivos y grupos sociales más desfavorecidos y procurando evitar el fraude fiscal y el fraude social.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, expone su postura crítica hacia el proyecto de presupuestos, que no les impide valorar positivamente el esfuerzo realizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que comparten muchos de los objetivos que inspiran estos Presupuestos, aunque no están de acuerdo con los medios que se establecen para conseguirlos. A su juicio, puede hacerse un mayor esfuerzo en la reducción del gasto corriente y el aumento de la inversión productiva, en especial aquella que sirve para la creación de empleo, incentivando la productividad, reformando las estructuras productivas, junto a un crecimiento del gasto social tan necesario para atender a los más necesitados y a los territorios más deprimidos.
Añade que, desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Aragón, estos Presupuestos son insuficientes no sólo para resolver muchos de los agobiantes problemas que padecen sino para cumplir incluso los compromisos adquiridos y los pactos suscritos. De ahí que haya presentado un conjunto de enmiendas que desean que merezcan el interés de la Cámara.
En nombre del Grupo Socialista, el señor Almunia Amann alude al actual clima de franca recuperación económica negada por algunos como mera posibilidad hace tan sólo doce meses y que hoy no tienen más remedio que reconocer, dando lugar a un crecimiento cercano al 2 por ciento a finales de este año, con un nivel de empleo mayor del que existía a finales de 1993, y todo ello conseguido sin merma de nuestros niveles de protección social.
Frente a las críticas formuladas al proyecto del Gobierno afirma que los Presupuestos presentados son capaces de apoyar la recuperación ya iniciada, son los que permiten que tal recuperación sea duradera, equilibrada, sostenida y, por tanto, genere el máximo número de puestos de trabajo posible.
Se trata de unos Presupuestos austeros como eje del ciclo económico en el que nos encontramos, unos Presupuestos en los que el gasto consolidado crece menos que el producto interior bruto en términos nominales, en los que la presión fiscal tiene su participación en relación al producto interior bruto, a la vez que el déficit se reduce y se inicia una fase en la que el sector privado debe tomar la iniciativa para liderar esta fase de recuperación. Añade que son unos Presupuestos rigurosos para poder ser cumplidos en sus propios términos, realistas al hacer que el gasto aumente sólo donde es necesario que aumente y coherentes con el necesario protagonismo del sector privado, apoyando la economía productiva con medidas reiteradamente pedidas en esta Cámara.
Se trata, en definitiva, de unos Presupuestos que el Grupo Socialista apoya y respecto de los cuales mantiene con otros grupos de la Cámara importantes coincidencias sobre el contenido de la política económica y de la política presupuestaria. En consecuencia, anuncia el voto en contra de las enmiendas de totalidad presentadas.
El señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expresa su agradecimiento a los grupos parlamentarios que han anunciado su apoyo al proyecto de Presupuestos, que por encima de todo han pretendido ser realistas. Aclara, finalmente, que nunca el Gobierno se planteó en la negociación presupuestaria contraprestaciones específicas para una determinada comunidad o un determinado grupo.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995, son rechazadas por 158 votos a favor, 177 en contra y una abstención. Asimismo es rechazada la enmienda de totalidad que postula la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Medidas fiscales, administrativas y del orden social por 135 votos a favor, 177 en contra y 23 abstenciones. Finalmente, es rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo a este último proyecto de ley por 18 votos a favor, 311 en contra y seis abstenciones. Se suspende la sesión a las doce y cincuenta minutos del mediodía. Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 5085)

Del Diputado don Iñaki Anasagasti Olabeaga, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo cree el Presidentedel Gobierno que se pondrá en funcionamiento en Bilbao la Agencia Comunitaria de Salud e Higiene en el Trabajo? (Número de expediente 180/000741) (Página 5085)

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Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera el señor Presidente que el prófugo don Luis Roldán merecía gozar durante siete años de la confianza del Gobierno para desempeñar el cargo de Director General de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000742) (Página 5086)

Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el Gobierno acerca del contenido de las reformas estructurales que tiene previsto acometer en los próximos meses? (Número de expediente 180/000758) (Página 5087)

Del Diputado don César Vilallón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Para cuándo tiene previsto la Ministra de Sanidad y Consumo presentar el Plan General de Salud? (Número de expediente 180/000752) (Página 5088)

Del Diputado don Isidoro Hernández-Sito García-Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno mantener la proporcionalidad establecida en su día a través del Sistema Especial Agrario del IVA, entre el 12% que soportaban y que se ha subido al 15%, y el 4% cargado en las facturas de sus productos? (Número de expediente 180/000749) (Página 5089)

Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones de excepcionalidad han motivado la renegociación de los créditos FAD, que por importe de 24.852 millones de pesetas fueron concedidos a la República de Egipto, incluyendo la cancelación de parte de la deuda y el reescalonamiento del resto? (Número de expediente 180/000745) (Página 5090)

Del Diputado don Neftalí Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué medida piensa el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cumplir el mandato del Congreso de los Diputados aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca el pasado 21 de abril del presente año relativo al posicionamiento del Gobierno español sobre la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino? (Número de expediente 180/000748) (Página 5091)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa presentar el Gobierno objeción al reciente acuerdo pesquero de Halifax entre Canadá y la Unión Europea, que discrimina de manera importante a la flota congeladora española? (Número de expediente 180/000750) (Página 5092)

Del Diputado don Luis Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación tomar alguna iniciativa en relación con el cultivo del arroz, que sufre de la sequía y la salinización de las aguas del Guadalquivir desde hace años? (Número de expediente 180/000767) (Página 5094)

De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: Recientemente la Ministra de Asuntos Sociales comentó la conveniencia de que exista una norma comunitaria que evite la transmisión de valores sexistas y regule un tratamiento equilibrado en los medios de comunicación. ¿Podría ampliarnos esta idea e informarnos de si hay ya algo elaborado? (Número de expediente 180/000759) (Página 5095)

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De la Diputada doña Carmen Figueras i Siñol, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno del acuerdo alcanzado el pasado 1 de agosto con la Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a la participación local en los ingresos del Estado en el quinquenio 1994-1998? (Número de expediente 180/000760) (Página 5096)

Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la retirada en la televisión pública de la serie «El sexólogo»? (Número de expediente 180/000757) (Página 5096)

Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Por qué Telefónica no aclara que con su tarjeta personal las llamadas metropolitanas cuestan hasta cinco veces más que sin ella, desde cualquier teléfono público? (Número de expediente 180/000744) (Página 5097)

De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué importancia concede a los informes de impacto ambiental relativos a obras a ejecutar por ese Ministerio? (Número de expediente 180/000746) (Página 5098)

Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones contempla el Gobierno para las transferencias de las competencias sobre puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma Vasca de cara a que ésta pueda llevar a cabo una gestión directa adaptada a sus necesidades y de forma coordinada con el interés del Estado? (Número de expediente 180/000756) (Página 5099)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los últimos resultados conocidos del plan de extensión del teléfono a las zonas rurales? (Número de expediente 180/000761) (Página 5100)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las inversiones realizadas este año en las costas de la provincia de Tarragona? (Número de expediente 180/000762) (Página 5101)

Del Diputado don Jaume Antich i Balada, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las inversiones previstas para el año próximo en las costas de la provincia de Tarragona? (Número de expediente 180/000763) (Página 5102)

Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas adoptó el Gobierno, durante los últimos cuatro años, para captuar al ex Director de ENATCAR, don Fernando Calvo, evadido de la justicia? (Número de expediente 180/000743) (Página 5102)

Del Diputado don Rogelio Baón Ramírez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Se da por satisfecho el señor Ministro sobre las medidas de seguridad desplegadas en torno a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, celebrada en Madrid recientemente, incluido su acto de clausura? (Número de expediente 180/000747) (Página 5103)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene intención el Gobierno de promover la adopción de medidas que garanticen efecto suspensivo a los recursos presentados por el Ministerio Fiscal contra la concesión de un permiso penitenciario? (Número de expediente 180/000751) (Página 5104)

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De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para que se pueda implantar el jurado en la Audiencia Provincial de Jaén? (Número de expediente 180/000764) (Página 5106)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativa piensa realizar el Ministerio de Justicia e Interior para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la prisión provincial Jaén II, relacionados con el robo de estupefacientes por un recluso? (Número de expediente 180/000765) (Página 5107)

Interpelaciones urgentes (Página 5108)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas en España (Página 5108)

El señor Robles Orozco defiende la interpelación del Grupo Popular. Considera que la presentación de la memoria anual del Plan Nacional de Lucha contra la Droga es un elemento suficiente para que en esta Cámara se produzca un debate en profundidad sobre la problemática y situación de la droga en nuestro país, máxime cuando la memoria de este año refleja una situación preocupante que merece la reflexión de la Cámara.
Entiende que ninguno de los parámetros que se recogen en la memoria refleja una mejoría considerable; más bien, al contrario, todos ellos han empeorado respecto a la situación en el año 1992 en que se publicó la anterior memoria.
Expone diversos datos relativos al estado actual del consumo y tráfico de drogas en España, que refleja la situación preocupante y grave a que antes aludía y que ha llevado a una gran mayoría de nuestros ciudadanos a pensar que la situación ha empeorado, rechazando cualquier política más flexible o más liberalizadora en la lucha contra la droga. Agrega que los datos contenidos en la memoria son lo suficientemente importantes como para plantear si las políticas que se están aplicando son las coherentes, si los medios que se están poniendo a disposición de los jueces y de la Policía son los suficientes, y para decidir desde esta Cámara cómo reorientar la política de lucha contra la droga cree que se debe medir qué resultados está dando el Plan Nacional, qué resultados están dando los responsables y en qué grado son eficaces quienes en este momento dirigen la lucha contra la droga.
Alude a los continuos vaivenes y tumbos que se están dando desde hace dos años con el paso de tres responsables por la Secretaría de Estado correspondiente, debiendo reflexionar acerca de si la situación de la Secretaría de Estado y el Plan Nacional es la más idónea para enfrentarse de forma coherente y decidida contra la droga.
Termina haciendo referencia a las recientes declaraciones del Secretario de Estado, manifestando que ha creado una confusión tan importante y abierto un debate que creían felizmente cerrado, que pediría al señor Ministro que aclarase en la Cámara en qué sentido y en qué términos respaldan al señor López Riaño y la política por éste defendida.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). Comienza refiriéndose a las recientes declaraciones del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga, aclarando que el señor López Riaño no planteó en ningún momento la legalización del comercio del hachís sino que informó sobre la existencia de un debate acerca del contenido de la prohibición. Las palabras textuales del Secretario de Estado fueron que creía que era una barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos en el momento actual, según consta en el «Diario de Sesiones». Añade que la postura del Gobierno, y en particular de su Ministerio, ha sido y es idéntica a la del Secretario de Estado, es decir, la persecución del comercio ilícito de cualquier tipo de drogras o sustancias psicotrópicas. Desea manifestar expresamente que el Secretario de Estado tiene la plena confianza de este Ministro, porque coincide en sus planteamientos programáticos, como es natural, con los del Gobierno y con los del Ministerio. Agradece al interpelante que no haya pedido la dimisión del Secretario de Estado, ya que era preferible aclarar realmente el contenido de su intervención, que es lo que ha tratado de hacer.
Añade el señor Ministro que es claro que existe una política de drogas, una continuidad razonable en la política de drogas desde el año 1985, que el señor Diputado conoce con bastante detalle por haber participado activamente en todos los grupos de trabajo para llegar a la política consensuada en esta materia. Alude a las campañas de concienciación y motivación de la juventud para crear actitudes de rechazo, realizadas tanto desde la Administración central como desde las comunidades autónomas y Ayuntamientos. Por otro lado, en materia represiva es sumamente conocido el conjunto de normas adoptadas, por lo que no va a extenderse sobre este particular.


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Asimismo menciona los proyectos pendientes y las líneas de actuación a seguir sobre esta materia, advirtiendo que en los últimos tiempos se están produciendo nuevos problemas, nuevas situaciones que se deben afrontar, sin perjuicio de mantener esa básica política de continuidad y de consenso en materia de prevención y represión de drogas. Considera necesario reflexionar sobre un buen número de temas nuevos, independientemente de las muchas cosas que ya se están haciendo, como el señor Diputado conoce.
Replica el señor Robles Orozco.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Cardona i Vila, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política general de telecomunicaciones y en concreto los objetivos que persigue la liberalización de la misma y los criterios establecidos en el concurso para el segundo operador de telefonía móvil (Página 5118)

El señor Andreu Andreu defiende la interpelación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza destacando la importancia del concurso convocado el 27 de septiembre último para la creación de un segundo operador de telefonía móvil, preocupándoles seriamente el que nada más realizarse dicha convocatoria aparezcan informaciones en el sentido de que el concurso de alguna manera ya está otorgado, sin que se haya producido ningún desmentido por parte del Gobierno. Cree que esta sería una buena ocasión para que el señor Ministro aclarara todo lo relativo al tema. Anticipa que, a juicio de su Grupo, el pliego de condiciones fomenta la opacidad y es una especie de cajón de sastre, con lo que fácilmente se puede otorgar la licencia a quien se considere oportuno. Pide la mayor transparencia en la adjudicación y que sobre la misma se informe a este Congreso de los Diputados. Apoyarían a la Compañía Telefónica Nacional de España junto a las empresas extranjeras, aunque esta Compañía tampoco sea un modelo de pulcritud y transparencia. Considera también interesante que el señor Ministro explique los planes que se tienen respecto a Retevisión, que parece que está bien colocada para acceder al segundo operador móvil.
Igualmente interesante sería que el señor Ministro informase a la Cámara sobre los planes que tiene respecto a la Ley del Cable y la nueva ley para las televisiones municipales y si se van a traer a la Cámara antes de que finalice el año.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles), considerando ciertamente necesario que se produzca en la Cámara un debate sobre la política de telecomunicaciones, y en este sentido se propone solicitar una comparecencia en la Comisión correspondiente, o bien efectuar una comunicación al Pleno para debatir el contenido del acuerdo que el Consejo de Ministros ha tomado recientemente para pilotar el proceso de cambio en un sector tan importante como éste de aquí a 1998, en que se procederá a la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal, que son los únicos que no lo están todavía. Agrega que las telecomunicaciones serán uno de los elementos característicos y determinantes de este fin de siglo, en un sector estratégico como pocos donde asistiremos a profundas transformaciones técnicas y económicas para hacer frente a nuevas oportunidades, pero también a nuevos riesgos.
Por eso se trata de definir un marco regulador y una política que permita a los distintos operadores, a la sociedad y a los territorios españoles, abordar el proceso de manera que se maximicen las oportunidades y se minimicen los riesgos. El Gobierno no cree que este sector pueda dejarse completamente a las fuerzas del mercado porque sería un mercado profundamente imperfecto. Alude a continuación a la existencia de un mercado más competitivo ante el que tienen que ceder el paso los anteriores monopolios, tratándose, por consiguiente, de aprovechar las ventajas que da la competencia, pero sin perder la voluntad en un servicio público universal, ya que desean ofrecer a todo el mundo un servicio de telecomunicaciones que permita que no queden en el territorio español zonas aisladas del progreso, y eso no lo va a conseguir el mercado solo sino que requiere una acción política que establezca un marco regulador adecuado.
Respecto a la liberalización de la telefonía vocal básica en 1998, que el Gobierno cree posible, igualmente dice que antes hay que conseguir tres condiciones previas, que serían: la primera, garantizar la cobertura en todo el territorio, cosa que todavía no se ha conseguido; la segunda, ajustar las tarifas a los costes y, la tercera, buscar otra forma de financiar el servicio universal.
Concluye exponiendo algunas de las condiciones concretas del concurso del segundo operador, afirmando que el mismo se ha convocado con la máxima objetividad, siendo un compromiso del Gobierno, y en particular de su Ministerio, que se desarrollen el concurso y su fallo con la máxima objetividad y transparencia, en defensa de los intereses nacionales, en defensa de las aportaciones económicas, tecnológicas,

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laborales, financieras y de servicios que se van a ofrecer a los consumidores. Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro. Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Camisón Asensio, en nombre del Grupo Popular.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5128)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación con el proceso de elaboración de la estrategia española para la conservación y uso disponible de la diversidad biológica, de manera que se cumplan los compromisos adquiridos con la firma y ratificación del Convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992 (Página 5128)

El señor Alcaraz Masats defiende la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pidiendo que se elabore ya y con tiempo la estrategia acerca del plan de biodiversidad de cara a la primera reunión de las partes, que se va a celebrar a finales de noviembre en Las Bahamas. Asimismo pide que tal proceso de elaboración se realice de forma abierta, contando con dos vertientes fundamentales a la hora de llegar a conclusiones válidas, como son, primero, el concurso de las comunidades autónomas y, segundo, el concurso de representantes de organizaciones ecologistas y no gubernamentales afectadas por las conclusiones de la cumbre de Río de Janeiro. En tercer lugar, piden que, junto a la ciudad de Madrid, aparezca de nuevo la posibilidad de Sevilla para ubicar allí esta sede, ya que era esta la ciudad propuesta inicialmente. En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista interviene el señor Dávila Sánchez.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Gortázar Echeverría, del Grupo Popular. Sometida a votación la moción debatida, es aprobada por 294 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre política industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para superar la crisis del sector y la carencia de material en las Fuerzas Armadas (Página 5132)

El señor López Valdivielso defiende la moción del Grupo Popular. Alude al debate de la interpelación, en el que, a su juicio, quedó claro que era imprescindible tomar algunas medidas que pudieran sacar a la industria española de Defensa de la lamentable situación en la que se encontraba, estando en juego su propia supervivencia. Reconoce la existencia de discrepancias en el análisis de las causas por las que se ha llegado a esta situación, pero en lo que no había discrepancias es en que era preciso hacer un esfuerzo para intentar mejorar la situación de las empresas españolas del subsector industrial de la Defensa. El Grupo Popular, convencido de que no sólo es necesario sino que también es posible, ha presentado esta moción con la que pretenden que se inste al Gobierno a poner en práctica un plan de medidas que faciliten y ayuden a la recuperación de nuestra industria de Defensa. Destaca los puntos más importantes de la moción, con mención de las medidas que consideran imprescindibles, no observando ningún obstáculo que impida que aquélla cuente con el apoyo del resto de los Grupos de la Cámara.
El señor Marsal i Muntala defiende la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Carrera i Comes, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Sometida a votación, se aprueba la moción del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, por 278 votos a favor y diez abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en cuanto a la inserción de la economía española en un contexto internacional crecientemente vinculado a políticas de ajuste estructural, así como sobre su posición respecto al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Página 5137)

El señor Frutos Gras defiende la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que trae a esta tribuna la voz de Foro Alternativo, que se reunió al mismo tiempo que la Conferencia del Banco Mundial del Fondo Monetario pidiendo el 0,7 por ciento del producto interior bruto para los países empobrecidos, petición a la que se une, naturalmente, con voz propia el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
El señor Montoro Romero defiende la enmienda presentada por el Grupo Popular.


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Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Caballero Alvarez, del Grupo Socialista. Sometida a votación la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es rechazada por 11 votos a favor y 231 en contra. Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación.):

--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1995 (Número de expediente 121/000067)

--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (Número de expediente 121/000070)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Roca.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con ocasión del debate presupuestario del año pasado diversos grupos parlamentarios señalaron que aquellos presupuestos eran el reflejo de una política económica que no haría posible la recuperación de la economía española. Es más, se denunciaba que íbamos a experimentar un nuevo y alarmante crecimiento negativo de nuestra economía.
Afortunadamente, estas previsiones no se han cumplido y hoy nadie discute que el escenario que rodea este debate presupuestario es sensiblemente mejor del que se tenía en 1993. Podrá discutirse si con otras medidas el crecimiento experimentado este año podría ser más importante, si la timidez de ciertas reformas ha impedido sacar más provecho de una favorable coyuntura internacional; todo ello es opinable e incluso en algún supuesto podríamos compartir este razonamiento, pero, en todo caso, lo importante es destacar que el debate ya no está entre crecer o retroceder, sino en cómo crecer más y mejor. No quiero, no obstante, instalarme en ningún examen satisfecho de la situación actual. Queda mucho por hacer y la crisis, en alguna de sus manifestaciones más próximas a la sociedad, sigue estando ahí. No hay duda que la recuperación se ha iniciado, pero no existe suficiente percepción social de los efectos de la misma ni debemos olvidarnos de la fragilidad que acompaña y caracteriza todo este proceso de reactivación económica. También comprenderán SS.SS. que no quiera «negligir» que el acuerdo alcanzado para la aprobación de los presupuestos vigentes se encuentra en el origen de la reorientación de la política económica española.
Como protagonistas de aquel acuerdo asumimos en su día el riesgo de apostar por una política de fomento de la economía productiva que creíamos era imprescindible para sacar a España de una profunda situación de crisis. Hoy nos ratificamos en que aquélla era la política que correspondía afrontar y que ahora nos corresponde profundizar si queremos seguir avanzando por el camino de la recuperación económica.
No es de extrañar pues, que nuestro grupo parlamentario, como ya conocen SS.SS., apoye estos presupuestos generales para 1995. Esto está en la línea de continuidad de la política económica iniciada a partir de las últimas elecciones, de junio de 1993, incorporando nuevas medidas tendentes a facilitar la inversión y la creación de empleo en el marco de las exigencias de una economía competitiva y cada vez más internacionalizada. Es decir, se trata de aprovechar los márgenes más amplios que ofrecen la perspectivas de recuperación para avanzar más decididamente en la adopción de medidas que garanticen una mayor capacidad de crecimiento durante el próximo ejercicio 1995. ¿Cómo afrontan estos presupuestos este objetivo? ¿Qué medidas se proponen para asegurar para 1995 una tasa de crecimiento positiva capaz de generar empleo neto y de asegurar niveles más altos de cohesión social en nuestro país? En primer lugar, estos presupuestos se proponen y proponen a la sociedad española en su conjunto un esfuerzo de contención del déficit público. De hecho siempreexisten argumentos válidos, justos e incluso emotivos para justificar tratos excepcionales que alteren el principio de la austeridad y el rigor presupuestarios; pero hemos de hacer comprender al país que si gastamos más de lo que podemos, esto al final tiene costes muy graves y especialmente para los niveles de renta más modesta de nuestra sociedad.
La austeridad y el rigor no son un capricho, son la exigencia ineludible de cualquier política de progreso, por ello hemos de constatar que nuestro esfuerzo para la contención del déficit sigue siendo insuficiente. Ciertamente este año ha marcado un cambio positivo en este terreno pero un cambio modesto y más simbólico que efectivo. El próximo año 1995 no debe abandonar esta línea si realmente queremos crecer.
Como ustedes saben, en este campo afloran muchas críticas internas y externas. Son muchos los que coinciden en denunciar que el esfuerzo de austeridad es insuficiente. Ayer mismo oímos en esta Cámara alguna voz que lo denunciaba. Es una crítica razonable y justificada, pero,

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¿dónde debe situarse la reducción del gasto público? Porque normalmente estas críticas suelen ir acompañadas de propuestas cuyo efecto inmediato no es otro que el de incrementar el propio gasto público. Aquí todo el mundo pretende ahorrar pero siempre con cargo a los demás.
Esta es una cuestión fundamental de nuestro futuro a cuya discusión deberíamos acercarnos en un clima de sosiego, que no es ciertamente el que ahora preside la vida política española.
Pero también será bueno recordar, primero, que nuestro país en el campo de las prestaciones sociales sigue teniendo niveles alejados de las medias europeas y que, por tanto, el objetivo del debate que proponemos debe contemplar cómo seguir avanzando en tasas de mayor cobertura social y no lo contrario. Otra cosa es que para ello convenga definir nuevos sistemas complementarios e incluso alternativos de protección social, pero siempre con el propósito de facilitar un marco más seguro y estable, no lo contrario. La sociedad debe saber y los pensionistas de manera muy especial que no existe para ellos ninguna alarma en su horizonte. Se trata de debatir cómo hacer mejor lo que se está haciendo, no de dejarlo de hacer.
En segundo lugar, la lucha contra el déficit no se sitúa única ni principalmente en España, en el campo del control presupuestario, que es fundamental, sino también, y de manera muy especial, en nuestra capacidad de crecimiento económico.
Hemos gastado más y hemos gastado mal, pero también hemos crecido mal y desordenadamente y, sobre todo, no hemos aprovechado las épocas de crecimiento para realizar las reformas estructurales imprescindibles y las hemos tenido que iniciar en tiempos de recesión, cosa que hace todo mucho más difícil. Por ello, coherentemente, hemos de proponernos a partir de ahora que todos los incrementos de recaudación o ingresos del Estado se adscriban de manera inmediata a la reducción del déficit presupuestario. Si el crecimiento o incluso el mecanismo de la privatización de los activos del sector público empresarial no se ponen al servicio de la reducción del déficit, nos será difícil avanzar en el campo del saneamiento de los grandes desequilibrios de nuestra economía. En un segundo capítulo, y del mismo modo que en el capítulo de los gastos el objetivo de la austeridad preside el acuerdo presupuestario, en el capítulo de los ingresos hemos pretendido seguir avanzando en el fomento de la economía productiva, estimulando la inversión y facilitando la creación de empleo. Por ello resultaba imprescindible, y así se ha hecho, prorrogar para 1995 el conjunto de medidas fiscales adoptadas para este año 1994 en orden a la inversión, a la internacionalización de nuestra economía y a las medidas concretas de fomento de la ocupación. Pero además era necesario adoptar con coraje nuevas medidas de política fiscal. Una vieja aspiración de esta Cámara que todos, absolutamente todos habíamos solicitado, encuentra para 1995 cumplida satisfacción. Me refiero a la deflactación de los tipos y bases del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre el Patrimonio. Al deflactar la inflación esto quiere decir que todos los ciudadanos, todos, pagarán menos por estos impuestos el año 1995. Aquí no hay duda posible. El que pagaba Renta, pagará el 3,5 por ciento menos que el año anterior. Puede estimarse que sea poco, puede estimarse que convendría un mayor coraje para afrontar una reducción más decidida del Impuesto sobre la Renta, pero lo evidente es que no hay margen para ello. En cambio, la medida adoptada supone una apuesta seria y decidida a favor del consumo para estimular el crecimiento de la demanda interna.
El crecimiento de la economía española durante este año 1994 ha descansado fundamentalmente en el buen comportamiento del sector exterior. Hemos exportado mucho, hemos recibido muchos turistas y esto ha contribuido a tirar de la economía española. Ahora nos conviene estimular la demanda interna y hemos de poner en la mano de los ciudadanos mayores recursos con destino al consumo. Si a ello sumamos un conjunto de medidas puntuales que incrementan el nivel de deducciones, vemos cómo se mejora la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Ciertamente cada una de estas medidas, individualmente analizadas, es criticable como insuficiente.
Por ejemplo, el incremento de las deducciones por el número de hijos. Será poco, es verdad, pero en todo caso será gracias a estos presupuestos cuando por primera vez el concepto de familia tiene una consideración fiscal positiva en España.
Este tema es bastante ejemplar a los efectos de señalar que, si observamos las propuestas de algunos grupos, no se trata de modificar el concepto de las medidas, sino el cuánto de las mismas. No se piden otras medidas; se pide más de las mismas.
En este supuesto el debate no debería dramatizarse, no se defiende una política económica alternativa, sino pura y simplemente ritmos más acelerados de aplicación incluso a riesgo de perjudicar el déficit presupuestario. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Roca. (Pausa.)

El señor ROCA I JUNYENT: Sería injusto no reconocer que también se han formulado visiones alternativas sobre la política económica; visiones ciertamente respetables, pero que no tienen punto de referencia en ningún otro país de nuestro entorno europeo, ni occidental; sería, pura y simplemente, un retroceso en el túnel del tiempo.
Como decía, pues, con estos presupuestos se trata de favorecer e impulsar la demanda interna. Por ello, a la

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señalada reducción de la presión fiscal individual se añade una garantía eficaz sobre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones; y, rompiendo la tendencia de anteriores ejercicios presupuestarios, se contempla también la revisión de los salarios de los funcionarios públicos de acuerdo con la inflación. Aquí también podrá discutirse sobre la suficiencia o la amplitud de la medida que se propone, pero lo cierto es que representa una positiva corrección de la tendencia de devaluación de la función pública, que deberá ir acompañada de otras medidas en el campo de su modernización.
Junto a ello convenía no olvidar que el reto más importante de nuestra economía, e incluso por extensión de toda nuestra sociedad, es el de la competitividad. Este reto está ahí y si no se acepta nos habrá derrotado sin que apenas tengamos tiempo de percatarnos de ello. Es un reto inevitable y de altísima trascendencia social. Si se quiere crear empleo deberá ser en el marco de una economía competitiva y para ser competitivos necesitamos estimular la inversión, favorecer las decisiones empresariales sobre nuevas instalaciones y apoyar el espíritu emprendedor. Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas encuentren en la práctica el marco que reconozca su especificidad, tanto en el campo fiscal como en el laboral o en el social. De todo ello hay en estos presupuestos generales. Desde la práctica eliminación de la doble tributación de los dividendos, que había sido reclamada insistentemente por esta Cámara, a una nueva fiscalidad agraria; desde una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas a la ampliación de las medidas de fomento a la ocupación se da toda un larga lista de significativos cambios en la política fiscal. Ciertamente en este campo se produce una medida que ha levantado polémica y un amplio debate entre algunos analistas económicos. Estoy refiriéndome a la reducción de la cuotas de la Seguridad Social y, por otra parte, al incremento de los tipos del IVA. Una y otra medida deben ser examinadas separadamente. La reducción de la cuotas de la Seguridad Social venía reclamándose por esta Cámara desde hace mucho tiempo. Son muchas las resoluciones de este Pleno que instaban al Gobierno en este sentido y son resoluciones votadas por amplísimas mayorías de esta Cámara.
La razón era bien sencilla, teníamos y nosotros seguimos teniendo la convicción de que esta reducción mejoraría nuestra capacidad de competir en los mercados internacionales. De hecho si la reducción de un punto en la cuota de la Seguridad Social representa unos 200.000 millones de pesetas quiere decir que esta es una importante inyección para nuestra mayor competitividad internacional. Nadie debería negar esta evidencia. Se dice que la reducción de un solo punto es insuficiente, pero también debería recordarse que por acuerdo de este Pleno existe una Ponencia que está estudiando posibles reformas de nuestro sistema de Seguridad Social que podría --y al menos esta es la intención de nuestro Grupo-- proponer una reducción más sensible de estas cuotas en base a segregar del sistema la financiación de las prestaciones no contributivas que no deberían cargar a nuestro sistema productivo, sino ser el resultado de una acción de solidaridad global de toda la sociedad y, por ello, financiarse con cargo a los ingresos fiscales del Estado como expresión de una política de redistribución social de la renta.
Hemos abierto, pues, una vía positiva de racionalidad a nuestro sistema de Seguridad Social para evitar así una excesiva carga sobre el aparato productivo del país. Esto venía reclamándose desde hace tiempo y ahora, cuando se abre esta posibilidad, recibe críticas de los mismos que la habían propuesto en su día. Incluso se dice que no va a generar empleo y puede ser verdad que por sí sola esta medida no genere nueva ocupación, pero lo importante es saber si va a ayudar a mejorar la competitividad de nuestras empresas, porque si ello fuera cierto, y nosotros lo creemos, como mínimo servirá para salvar y conservar muchos puestos de trabajo que, en caso contrario, podrían peligrar. Mayor trascendencia tiene la crítica formulada contra el incremento en un punto de los tipos del IVA. Se ha dicho --y es verdad-- que es una medida que tiene una clara repercusión inflacionaria, es obvio. Ciertamente no es una magnitud «negligible» que ofrece, además, una resistencia notable para aproximarse a la de nuestros países competidores en Europa; es verdad. También lo es, no obstante, que nuestros tipos de IVA son inferiores a los de estos países europeos y, sobre todo, que no es ésta --la de la inflación-- la única magnitud que debe ser tenida en cuenta. Como siempre ocurre deberá buscarse un equilibrio entre todas ellas, de tal manera que al final podamos compatibilizar rigor y austeridad con reactivación.
En este sentido resulta cuanto menos opinable, que una política de reducción de los tipos de interés se condicione exclusivamente a la evolución de la inflación, cuando la experiencia demuestra que esto no ha sido así en los últimos tiempos. Lo cierto es que el incremento en un punto de los tipos del IVA tendrá efectos inflacionarios en nuestra economía; por tanto, deberemos estar atentos a esta evolución para corregir, cuando proceda, las causas de desviaciones excesivas. Tampoco debería descartarse cualquier medida que limite o reparta en el tiempo el coste inflacionario de esta medida. Estos presupuestos, señorías, han venido precedidos de una fuerte polémica sobre el contenido y alcance de lo que se han calificado como exigencias de nuestro grupo parlamentario sobre dos temas que nos parecían fundamentales. Por un lado, la participación de las comunidades autónomas en la distribución de los Fondos de cohesión europeos; y, por otro, la revisión del sistema

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de financiación de la sanidad pública. Les ahorro repetir todo lo que se dijo sobre estas cuestiones; de hecho se presentaban como reivindicaciones partidistasy particularistas contrarias al interés general. Después resultó, a la hora de la verdad, que todas las comunidades autónomas aceptaron la propuesta formulada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que todas ellas se manifestaron favorables a las mismas por entender que beneficiaban al conjunto de la sociedad.
A partir de aquel momento la acusación cambió los argumentos, pero insistió en el sentido de la misma. No se aportaba prueba ni se justificaba; bastaba mantener la acusación con insistencia para que ésta tuviera los efectos que se pretendían en determinados sectores de la opinión pública.
Incluso, a veces, basta con la mera insinuación, como cuando se dice que estos presupuestos iban a costar a los ciudadanos españoles al menos 20.000 millones de pesetas que suponen más de 1.000 millones por cada voto de los diputados de nuestro grupo. Es el estilo de la insinuación calumniosa, tanto más indigna cuando se refugia en la insinuación, porque sabe que no tiene base para la acusación y porque para impresionar a la opinión pública ya basta con insinuar, incluso a sabiendas de que se está mintiendo. Pero estas manifestaciones no ofenden a sus destinatarios, sinoque ofenden a quienes la formulan y ponen de manifiesto el poco arraigo de sus sentimientos democráticos.
En base a este estilo el totalitarismo ha llenado páginas de terror y de persecución. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Pero qué dice!) Lo que digo. La libertad tiene unas exigencias y todos deberíamos estar dispuestos a respetarlas. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Muy bien!) Vuelvo a repetir desde esta tribuna lo que hemos dicho fuera de ella: Estamos dispuestos a debatir cualquier ejemplo que se quiera exponer sobre nuestro pretendido interés partidista o particularista en la elaboración de estos presupuestos; pero en el ínterin nos bastará recordar que cuando se establecen incentivos fiscales para la inversión se hace para todos los inversores españoles...


El señor PRESIDENTE: Señor Roca, le ruego concluya.


El señor ROCA I JUNYENT: ... y que cuando se elimina la doble tributación de los dividendos o se deflactan los tipos y bases de los impuestos es a todos los españoles a los que alcanza esta medida, que cuando se incrementan las deducciones por el número de hijos se establece con independencia de donde habiten las familias, que cuando se mejora la fiscalidad de los trabajadores autónomos o de los agricultores es para los de Andalucía y Galicia, para los de Asturias y de Valencia, para todos. Esta es la realidad y contra ésta sólo vale la prueba en contra, no las descalificaciones genéricas e infundadas que sólo desacreditan, como he dicho, a quienes en ellas se refugian. Estos presupuestos --y termino, señor Presidente-- marcan una política de continuidad en relación con la que se inició con la aprobación de los presupuestos del año en curso. Es decir, contra muchos pronósticos adversos se ha podido definir una acción económica que, apoyada en la estabilidad política, ha permitido el inicio de una innegable recuperación económica. Para nuestro Grupo Parlamentario éste sigue siendo un objetivo fundamental y prioritario. Hemos entendido que nuestro compromiso estaba en hacer viable una estabilidad que garantizase el marco imprescindible para la recuperación económica. Hoy nos ratificamos en esta idea y en este compromiso y por eso vamos a apoyar estos presupuestos, porque representan seguir avanzando en una acción de fomento de la economía productiva para relanzar la inversión, generar empleo y mejorar, en términos generales, los aspectos más relevantes de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Esta decisión, como he dicho, nos ha comportado fuertes críticas y ataques. No hemos sido insensibles a los mismos, pero han pesado más en nuestro ánimo los efectos positivos de nuestra participación responsable en la política española.
Creíamos que éste era el estilo que debíamos oponer a la crítica, el estilo de los resultados que avalan esta acción política. Pero sería absurdo creer que con estos presupuestos basta para asegurar una mejora de nuestras expectativas económicas. Son, ciertamente, un elemento fundamental, pero no basta con ello. Son también otras cuestiones las que condicionan nuestro futuro económico. El día a día, los comportamientos y los hábitos políticos, la serenidad, la voluntad de preservar los valores de la democracia cuentan tanto como la propia política económica al tiempo de definir el clima social que debe acompañar un efectivo relanzamiento de la actividad económica en España. No todo es posible y, sobre todo, no todo es posible a la vez. Estamos saliendo de una muy dura y profunda crisis económica; estamos todavía débiles; son muchos los que todavía no perciben el aliento de la recuperación. El camino que queda por recorrer será menos cuesta arriba, pero es largo todavía. Nada nos podría perjudicar tanto como una excesiva euforia que nos hiciese bajar la guardia. Hemos de estar alerta porque la fragilidad es la nota dominante de nuestra recuperación. Por ello, la euforia no está justificada, pero tampoco ningún tipo de pesimismo. Sólo saldremos de verdad de la crisis si tenemos confianza en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad colectiva. Nadie debe dejarse vencer por los predicadores del desastre, nadie debería caer en la tentación de la inhibición, del esperar que amaine para salir a la mar. Esperar nos sería fatal. El momento es ahora. Dentro de un tiempo puede ser tarde o, en todo caso, más difícil. No será,

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en todo caso, nuestro Grupo quien asuma esta responsabilidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario, por segundo año consecutivo, no ha presentado enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y a su ley de acompañamiento; y no lo ha hecho, entre otras razones, por los mismos motivos que el año pasado.
Creemos que las razones de coherencia política, de responsabilidad social y pragmatismo, que expusimos en el debate de totalidad de los Presupuestos de 1994, son válidas en la situación política económica de hoy. Decíamos, entre otras razones porque hemos mantenido reuniones previas a la elaboración de estos presupuestos con el Gobierno, que hemos comprobado la inclusión de aspectos como, por ejemplo, la deflactación de las tarifas del Impuesto sobre la Renta, Patrimonio y Sociedades y otros aspectos que han sido reivindicaciones permanentes de nuestro Grupo Parlamentario.
Hemos coincidido en muchos planteamientos de política económica y hemos comprobado el cambio de talante hacia las propuestas de nuestro Grupo Parlamentario. Esto no significa que estemos totalmente de acuerdo con los mismos, pero sí pensamos que no hay razones de peso suficientes para plantear un texto alternativo. Hay coincidencias y hay discrepancias, pero en nuestro análisis global hemos considerado que tienen más peso los aspectos positivos que los negativos. Lo que sí nos preocuparía es no compartir sus objetivos: la consolidación presupuestaria, incentivar la creación de empleo y la inversión o el mantenimiento de una protección social efectiva y solidaria. No obstante, esto no significa una descalificación global a las líneas maestras y a los objetivos de estos presupuestos. Como ya he dicho anteriormente, me parecen en general aceptables. Lo único que desearía resaltar es que con un poco más de esfuerzo se podrían haber alcanzado cotas más deseables tanto desde un punto de vista económico como del meramente político. El marco económico actual que se sustenta en el inicio de una recuperación que parece sostenida en el ámbito internacional y estatal, hubiera permitido afinar un poco más la definición de los agregados macroeconómicos y de las prioridades presupuestarias.
En resumidas cuentas, quiero apuntar que la dirección es buena pero la intensidad es insuficiente. Esta visión me permite ahondar y criticar algunos aspectos cruciales de la política presupuestaria del Estado pero que, a mi juicio, fundada en las grandes prioridades políticas del Gobierno es mejorable.
El contexto económico es favorable y tiene que permitir que un comportamiento racional del Gobierno nos reconduzca a una senda de crecimiento sostenido y de bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Este es nuestro objetivo. Sin embargo, debo reconocer que tenemos serias discrepancias en algunos aspectos que voy a exponer más adelante. Pero antes me van a permitir SS.SS. que haga algunas consideraciones generales.
El debate de estos presupuestos generales está profundamente imbricado en el contexto económico que nos encontramos --esto es obvio-- y estoy seguro de que el mismo habrá sido referencia y guía obligada para confeccionarlos. En esta situación económica me voy a basar igualmente para reflexionar y criticar los presupuestos, aportando la visión que a esta respuesta tiene mi Grupo Parlamentario.
El nuevo contexto económico, a todas luces favorable, facilita, sin ninguna duda, que este Gobierno lo haya tenido más fácil, y lo ha tenido porque el dinamismo de la actividad económica va a compensar el esfuerzo, no del todo real ni suficiente, que ha hecho a la hora de confeccionar los presupuestos que discutimos estos días. Podemos dar las gracias, por tanto, a la buena marcha de la economía, pero no en la misma medida al Gobierno que, a mi juicio, debería haber realizado un ejercicio de mayor realismo y compromiso para resolver los auténticos problemas estructurales que presenta la economía, lo que hubiera redundado, sin duda, en una mayor fiabilidad de la actuación del mismo por parte de los agentes económicos.
Hace un año nos encontrábamos con una economía deprimida y con unas expectativas nada favorables. Hoy, sin embargo, vemos el futuro con optimismo moderado y tenemos que evitar que las expectativas decaigan y que ese futuro no sea de corto sino de largo y, a poder ser, de muy largo plazo. Si repasamos las grandes magnitudes macroeconómicas, nos damos cuenta de los problemas que aún subyacen en la evolución de la economía actual. En lo que va de año se ha venido a confirmar el proceso de recuperación económica en el conjunto de las economías occidentales, del cual ya se apreciaban diversas señales en los últimos períodos. Sin embargo, a excepción de en los Estados Unidos, la recuperación de la actividad no está teniendo, por ahora, repercusiones efectivas en los niveles de desempleo. Las perspectivas al respecto son de mantenimiento, al menos en el corto plazo, de las tasas de paro sobre valores estabilizados similares a los actuales. El nivel de desempleo apuntado nos debe conducir, inevitablemente, a una profunda reflexión y ha de constituir el eje del diseño e instrumentación de la política económica. La tasa de paro en España supera en más del doble a la alemana, a la francesa, a la italiana o a la inglesa, por hablar tan sólo de algunos de los países de nuestro entorno a los que deberíamos imitar, al menos en este

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aspecto. La evolución de los precios, que desborda continuamente las previsiones del Gobierno, y la magnitud y la marcha del déficit público son otros de los aspectos que nos alejan de los referentes europeos y que, por tanto, nos inducen a estar preocupados por las asignaturas pendientes de este Gobierno en materia económica. Una economía con problemas de control de la inflación, de déficit público, de bajo nivel de inversión y de elevado desempleo es una economía enferma, a pesar de que el termómetro que mide la evolución del producto interior bruto nos indique lo contrario. Por ello, desde el sector público se tiene que hacer un esfuerzo por corregir los problemas de fondo, aprovechándonos de una buena coyuntura para que los problemas estructurales no nos lleven al desastre en otro momento económico más adverso. No hay que olvidar que tan sólo el control de la inflación del déficit público permitirá reducir los actuales tipos de interés y emprender una sólida etapa de crecimiento económico. Por lo dicho hasta ahora, la orientación estratégica, es decir, con visión de futuro, de los presupuestos que debatimos debería ser la de mejorar la competitividad de la economía, tanto del sector privado como de la propia Administración pública, y ampliar el stock de capital que determinará el potencial de crecimiento económico futuro; todo ello en aras a conseguir un mayor nivel de empleo y, en última instancia, de bienestar para el conjunto de los ciudadanos. El marco descrito es seguramente aceptado por el Gobierno sin muchas reservas y, sin embargo, creo --y ahí están las de mi Grupo-- que hay que apostar por esta estrategia con confianza, para que los agentes económicos no duden de la credibilidad del Gobierno. Además de credibilidad, lo debe hacer con la suficiente intensidad, que hoy es más posible por el favorable contexto económico global.
Nuestramayor preocupación no es que el Gobierno comprenda esta estrategia --competitividad y fomento de la inversión para el empleo--, que la comprende, sino el escaso esfuerzo que ha realizado a la hora de confeccionar los presupuestos en un contexto económico tan favorable, y me explico. Fijar como objetivo del déficit público, en términos de producto interior bruto para 1995, el 4,64 por ciento me parece que refleja poca ambición por parte del Gobierno, ausencia de debates sobre prioridades y pocavoluntad de controlar el gasto público más superfluo. Y ello es más grave si consideramos que esa ligerísima reducción estimada del déficit para 1995 se deriva de factores que no dependen, en gran medida, del propio Gobierno. Se puede decir que otros factores o variables han hecho el esfuerzo por nosotros. Además, hay que tener en cuenta que se prevé un fuerte incremento de la recaudación fiscal, especialmente en el Impuesto sobre la Renta, que hace albergar serias dudas respecto a la idoneidad de las previsiones, siendo optimistas, en unos 250.000 millones de pesetas en el Impuesto sobre la Renta. Aun así, el déficit público se sitúa en 3,2 billones de pesetas, sólo 130.000 millones de pesetas inferior al contenido en los presupuestos del año 1994, lo que nos lleva a temer que incluso podría haber sido superior si las previsiones de ingresos no hubieran sido tan optimistas. En cualquier caso, un año más se constata la falta de una actuación presupuestaria seria dirigida a la reducción paulatina del déficit público. El déficit presupuestario para 1995, que incluso ha sido considerado como máximo por el Banco de España --utilizando al efecto un eufemismo en lugar de incorporar una crítica directa--, puede llegar a poner en cuestión, como así parece que ha ocurrido, la propia participación de España en el Fondo de Cohesión. Por ello, resulta inexorable abordar un proceso de disminución paulatina del gasto público, sin falsas demagogias, pero con la suficiente firmeza, lo que supone, a nuestro juicio, ya un cierto esfuerzo en 1995, que podría situarse en unos 300.000 millones de pesetas respecto al proyecto presentado. Así, si bien el conjunto del gasto consolidado del sector público aumenta en un razonable 3,4 por ciento, ello se fundamenta en una disminución de los pagos a las comunidades europeas del 8,6 por ciento, en un descenso del 8 por ciento de los gastos derivados de la deuda pública existente debido a cambios en el calendario de amortización y el descenso de los tipos de interés y en un moderado aumento de los gastos de protección al desempleo como resultado de la marcha favorable esperada de la economía española en 1995. Desde el lado de los ingresos, tanto los impuestos directos como los indirectos se incrementan un 10 por ciento, en coherencia con el dinamismo económico esperado. Por tanto, se echa en falta un mayor esfuerzo de contención y racionalización del gasto público. El esfuerzo que se demanda tenía que haber ido dirigido a controlar en mayor medida los gastos de personal, los gastos corrientes y las transferencias corrientes, que crecen por encima de la media; por contra, se tenía que haber sido más generoso en materia de inversiones públicas, que crecen tan sólo un 1,3 por ciento y que, a mi entender, contribuyen de forma vital, a la ampliación del stock de capital y al fomento de la competitividad que tanto necesitamos.
Centrándonos en las medidas concretas recogidas en el proyecto de ley de presupuestos y en el de acompañamiento, quisiéramos detenernos brevemente en las que consideramos más importantes.
En primer lugar, y con referencia a la fiscalidad de las personas físicas, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado incorpora la deflactación de las tarifas del Impuesto sobre la Renta en el 3,5 por ciento para 1995, casi lo mismo que la inflación prevista. No hay, por tanto, ninguna disminución de la presión fiscal en términos reales. Por ello, la medida no es un avance en sí, aunque sí lo puede ser en la medida en que no se hizo en los años anteriores. Ese presunto avance de la fiscalidad

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de las personas físicas no debe de embozar el verdadero problema en relación con el Impuesto sobre la Renta: se sigue sin abordar la reducción de las tarifas, en cumplimiento de la Ley 18/1991. Y esta cuestión es más grave y relevante cuanto más tiempo pasa, ya que cualquier medida fiscal que se pueda adoptar, incluida la corrección de la doble imposición de los dividendos, no deviene sino en un puro parcheo, en la medida en que sigue pendiente el aspecto troncal de la fiscalidad personal. Ya hace tiempo que nuestro Grupo socilita que se inicien pasos hacia la reducción de las tarifas del Impuesto sobre la Renta, aunque sabemos que la reducción hasta niveles previstos (entre el 18 por ciento y el 50 por ciento) no puede hacerse de golpe y porrazo. Por ello planteamos un proceso de aproximaciones sucesiva, que mitigue los impactos recaudatorios en los distinto ejercicios. Solicitamos que tal proceso se inicie a lo largo del ejercicio 1995, con un primer tramo de la reducción de la tarifa y de las retenciones entre uno y dos puntos porcentuales.
En segundo lugar, con respecto a la fiscalidad de las personas jurídicas, 1994 ha sido un año repleto de iniciativas tributarias en materia de fiscalidad empresarial, aunque tengo que decir que buena parte de ellas han sido incluso desafortunadas, no siendo sino iniciativas de cara a la galería. El proyecto, sin embargo, no incorpora iniciativas incentivadoras lo suficientemente interesantes para abordar un ejercicio de reactivación económica, apoyando aspectos importantes relacionados con la financiación y la mejora de la competitividad de las empresas, en particular de las pequeñas.
Por ello, consideramos que hay carencias coyunturales y estructurales en el proyecto de ley en esta materia; muchas de ellas, como por ejemplo la actualización de balances, ha sido propuesta por nuestro Grupo a esta Cámara reiteradamente y siempre se ha rechazado, aun cuando hay un consenso generalizado respecto a la idoneidad de tal iniciativa. Por ello, este año, por no ser reiterativos no lo vamos a proponer. Sin embargo, consideramos que el proyecto adolece de iniciativas que acompañen la reactivación económica a medio plazo y que incentiven la generación de empleo. A este respecto, nuestro Grupo propone la inclusión de algunas iniciativas en esta materia, entre las que sobresalen la incentivación de la creación directa de empleo y la creación de un mecanismo de incentivación de la autofinanciación de las empresas, creando una reserva para inversiones productivas que se materialice a medio plazo. No vamos a insistir más en esta figura tributaria, a la que espero poder referirme en la, al parecer, próxima reforma del Impuesto sobre Sociedades.
En tercer lugar, queremos detenernos en la medida tan llamativa de la sustitución de cotizaciones sociales por IVA.
Es evidente que es uno de los aspectos de la reforma del sistema de la Seguridad Social consiste en la paulatina disminución de las cotizaciones sociales, pero esta iniciativa, loable en sí misma, no debe acometerse como un aspecto aislado que pueda encubrir el fondo del problema; sí es un paso adecuado, pero incluso podría resultar ineficaz si no pasa a integrarse próximamente como un apartado de la reforma del sistema. Mientras ésta no se aborde, no debemos adoptar nuevas iniciativas en esta línea que pudieran, en vez de facilitar el proceso, prejuzgarlo únicamente en una línea determinada. Por ello creemos adecuado dictaminar la iniciativa como positiva, pero evidentemente parcial, y esperar a las propuestas que establezca la Ponencia parlamentaria que estudia los problemas estructurales de la Seguridad Social. La elevación de los tipos de IVA para financiar la iniciativa anterior, sin embargo, siendo coherente con la paulatina sustitución de la fiscalidad directa por indirecta, constituye, por otras circustancias, un serio motivo de preocupación. Nuestro Grupo siempre ha considerado como prioridad tributaria la rebaja de las tarifas del Impuesto sobre la Renta que podría ser financiada únicamente, además de por recortes del gasto público, mediante la subida de la fiscalidad indirecta, única que todavía puede crecer. Pero, a nuestro juicio, esta última reserva de subir la presión fiscal indirecta debía haber constituido algo así como la bala en la recámara, cuyo destino fuera compensar recaudatoriamente la rebaja en las tarifas del Impuesto sobre la Renta. Nos encontramos hoy con que hemos disparado esa bala y no se han minorado las tarifas y retenciones de la renta.
Este es el motivo de preocupación. Albergamos serias dudas respecto a que podamos acometer fácilmente tal rebaja, si no es mediante la drástica rebaja del gasto público, aplazada nuevamente por el Gobierno.
En cuarto lugar, el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social suprime definitivamente al artículo 37.2 del Impuesto sobre la Renta referente a los planes de ahorro popular. Entendemos que la articulación de estos productos financieros en nuestro sistema financiero planteaba una serie de dificultades, por lo que su olvido es adecuado. Asimismo nos parece adecuado que la disposición transitoria quinta vuelva a reconocer, con efecto retroactivo, la exención de 500.000 pesetas en incrementos de patrimonio procedentes de participaciones en instituciones de inversión colectiva para aquellos que en 1994 no pudieron materializarlo en planes de ahorro popular. No obstante, entendemos que la exención de 500.000 pesetas debe extenderse para futuros ejercicios, de ahí que hayamos enmendado el segundo párrafo del artículo 3.º de la Ley de Medidas fiscales. Ahora bien, el incidente de los planes de ahorro popular no es más que un detalle en el tratamiento fiscal del ahorro o de las rentas de capital, que es lo mismo, en este país. El tratamiento fiscal de los productos financieros es absolutamente distorsionante y discriminatorio. Los productos financieros emitidos por las administraciones del Estado

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(letras del tesoro sin retención) y los instrumentos para la canalización (fondos de inversión inmobiliaria y fondtesoros) gozan de una fiscalidad privilegiada. Asimismo, a los no residentes compradores de deuda pública estatal se les ofrece el señuelo de la exención plena, mientras tanto a los pobres residentes se nos machaca con retenciones a cuenta del 25 por ciento. La fiscalidad se ha convertido en el primer condicionante del mercado financiero. Gran parte de la llamada innovación financiera no tiene otra razón de ser que la fiscalidad. Los episodios nacionales en esta materia han sido continuos. Primero fueron los seguros de prima única, después la cesión de créditos y los bonos austriacos, y ahora se nos anuncian actas de inspección con sanciones multimillonarias a causa del lavado del cupón (400.000 millones de deuda tributaria), operación que se ha estado efectuando en su mayor parte con la propia deuda pública. Por otra parte, miles de pequeños ahorradores están atrapados en fondos de inversión poco rentables o de rentabilidad negativa, exclusivamente por motivos fiscales. Esto produce una asignación ineficiente del ahorro, cuyo principal beneficiario es la Administración del Estado. Es necesario conseguir una paz fiscal entre la Hacienda y el sistema financiero. Hay que implantar una legislación clara y no discriminatoria que acote el campo de juego. Las actuaciones y sanciones multimillonarias a posteriori tienen poca efectividad porque casi nunca se cobran y los expedientes se estancan en farragosos procedimientos. Es hora ya de elaborar una ley de régimen fiscal de productos financieros que sea clara y neutral y que incluya los productos derivados.
En quinto lugar, en cuanto a la incorporación de las distintas medidas de ámbito laboral, es preciso advertir contra lo discriminatorio del tratamiento de las entidades de previsión social voluntaria, de gran relevancia en Euskadi, en un triple ámbito. Primero, discriminación fiscal en relación a los fondos de pensiones (corregida en Euskadi con normas tributarias forales) que traslada a los fondos de pensiones el ahorro popular y genera flujos financieros de Euskadi al Estado a través de las inversiones en fondos de reserva obligatoria. Segundo, problema de convivencia, al prohibir que se puedan financiar en todo o en parte con recursos públicos las entidades de previsión social voluntaria que existen en las administraciones y empresas públicas; prohibición que no se extiende a los fondos de pensiones (los beneficios fiscales se equiparan a la financiación pública). Tercero, prohibición de constituir una entidad de previsión social voluntaria en convenios colectivos; prohibición que no se extiende a los fondos de pensiones por ser de empleo. Precisamente las que se acuerden en convenio colectivo. En resumen, el fortalecimiento de los fondos de pensiones, con los obstáculos a las entidades de previsión social voluntaria, no sólo genera flujos financieros de Euskadi al Estado, sino que vacía el contenido de una competencia autonómica de carácter exclusivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego que concluya.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino, señor Presidente.
Finalmente, es preciso destacar que nuestro Grupo Parlamentario considera pertinentes las medidas incorporadas en materia de Seguridad Social. Creemos que estas medidas son adecuadas para fomentar el empleo de los colectivos más castigados por el desempleo; son adecuadas también para reprimir el fraude o aligerar los gastos de Seguridad Social, sobre todo en la incapacidad laboral permanente.
Señor Presidente, señorías, he tratado de exponer de forma crítica las consideraciones generales y los aspectos concretos más relevantes para nuestro Grupo Parlamentario del proyecto de ley de Presupuestos Generales para 1995 y su ley de acompañamiento. Puede parecer que lo he hecho cargando excesivamente las tintas en aquellos puntos en que existen discrepancias. Es posible, pero con ello lo que queríamos es llamar la atención del Gobierno. Con los presupuestos Generales no se concluye la política económica del Gobierno, es indudable. Es indudable también que suponen el instrumento más importante. Sin embargo, quedan muchas medidas por reformar y por crear. Hay que seguir caminando en la consolidación de una política económica, fiscal, financiera, presupuestaria y administrativa. Hay que seguir mejorando el mercado laboral y las relaciones entre los agentes sociales.
Hay que avanzar más rápidamente en las reformas tributarias y laborales. En definitiva, es necesario continuar decididamente con el objetivo de modernizar nuestra economía, con la consolidación de la misma en el marco de la Unión Europea y con la consecución de los objetivos que desde nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos insistido: alcanzar una economía competitiva para crear empleo y bienestar social.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo no presenta una enmienda a la totalidad de estos presupuestos porque confía que el largo proceso de negociación que se está llevando actualmente con el Gobierno, en el que se tratan temas que trascienden el propio presupuesto, tenga un resultado positivo para las partes, completando el proceso competencial y los recursos para las grandes obras de infraestructura y comunicaciones, necesarios con urgencia

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en el País Vasco. Ello quiere decir también que se comparten los grandes objetivos planteados por el Gobierno para el gasto público de los Presupuestos del Estado para 1995, sobre todo en la línea de los objetivos del Plan de Convergencia, de cara a la Unión Monetaria Europea, cada vez más próxima, como son la contención de la inflación para aproximarnos a los países con menor inflación en la Unión Europea y la contención, asimismo, del gasto público, con vistas a una disminución del déficit, tratando de llegar a ese mágico objetivo del 3 por ciento del producto interior bruto. Pero quiero subrayar que estos objetivos deben encuadrarse en el principio político de compatibilizarlos con el mantenimiento del sistema general de protección social en su dimensión de solidaridad y de cohesión social, condiciones ambas para un desarrollo equilibrado. En este sentido, cabe señalar también que se comparte el esfuerzo por racionalizar y optimizar el gasto social, priorizando la atención a los colectivos y grupos sociales más desfavorecidos y evitando, porque creo que ésta es una política que debe ser activa, el fraude fiscal y el fraude social. Hoy, más que otros años y en otras sesiones similares a las que estamos ahora protagonizando, se debe incidir especialmente en la necesidad de atajar los problemas estructurales de nuestra economía, en particular, el más importante de todos, el elevado, por sí mismo y en relación con el resto de la Comunidad Europea, índice de desempleo y, sobre todo, el retraso y desfase que se produce entre el crecimiento económico y la creación de empleo, destacando también el propósito señalado de moderar el gasto público, en especial medido en todo lo que se refiere a los gastos corrientes del Estado.
Todavía en este presupuesto siguen apareciendo organismos autónomos, como sacados de la manga o del sombrero mágico del mago, y todavía aparece una Administración fagocitaria, que crea funciones y que no aprovecha las sinergias de la descentralización y de las administraciones de las comunidades autónomas con competencias --con las que el Estado quiere, vamos a decirlo así, volver a competir-- en cultura, industria, comercio exterior, agricultura y un montón de etcétera, que son funciones donde el porcentaje de participación del Estado debe reducirse en base a una colaboración administrativa seguramente más eficaz y directa para el ciudadano, para el empresario y para garantizar un servicio público más barato y eficaz.
El no haber presentado enmienda a la totalidad de estos presupuestos no implica, por otra parte, una plena conformidad con todos los extremos planteados en los mismos. Todavía no vemos que estos presupuestos reconozcan el elemento central de la política económica, como es el impulso a la economía productiva, porque es por ahí por donde podemos atajar nuestro déficit con respecto al núcleo central de la Unión Europea; es por ahí por donde puede venir la recuperación del empleo; es por ahí, en definitiva, como podremos aprovechar el crecimiento económico que parece avecinarse para adecuar nuestras estructuras y configurar una economía menos dependiente de los avatares y vaivenes que han caracterizado a estos últimos años. En ese aspecto, quiero destacar la tímida actuación en los Ministerios de Industria y Comercio en relación, precisamente, al desarrollo de esta economía productiva.
En esa línea van a ir las propuestas que, en forma de enmiendas parciales, pretenden corregir las insuficiencias que hemos podido detectar en estos presupuestos, además de las ya expuestas por el señor Zabalía, que me ha precedido en el uso de la palabra, a las cuales me sumo y reitero. En las propuestas de política fiscal figuran una reducción efectiva de las tarifas del IRPF, teniendo en cuenta el proceso de inflación; el aplicar medidas de desgravación en el Impuesto sobre Sociedades por inversión o por creación de empleo, de modo similar a los incentivos fiscales que se han venido poniendo en práctica por la Comunidad Autónoma vasca y que, pese a las absurdas quejas e improcedentes recursos, están demostrando su eficacia en el impulso y sostenimiento empresarial; medidas de apoyo financiero, también, a la pequeña y mediana empresa, principales generadoras de empleo, destacando el ridículo presupuesto del IMPI, con 8.095 millones de pesetas, para tratar de ayudar al relanzamiento de la pequeña y mediana empresa, que supone el 95 por ciento de las instituciones empresariales de este país y el 70 por ciento del empleo total industrial; y, por último, también figura aquí la revisión urgente de la doble imposición, que afecta directamente al emprendedor y distorsiona la política de aplicación de beneficio empresarial.
Propuestas de política industrial, incrementando las dotaciones previstas para el fomento del desarrollo tecnológico, como uno de los elementos más necesarios para reforzar la competitividad de nuestras empresas. Propuestas de cara al sector exterior, incrementando los apoyos destinados a la exportación, en forma crediticia, potenciando asimismo las medidas tendentes a favorecer la internacionalización de la empresa, apoyo a la creación de las oficinas en el exterior, promoción en ferias internacionales, apoyo a becarios, ayudas que están congeladas, prácticamente, desde el año 1989.
Finalmente, propuestas de cara a la formación, administrando las dotaciones para la formación profesional continua, a través de las fundaciones creadas al efecto y gestionadas conjuntamente por sindicatos y empresarios, o autorizando y permitiendo el acceso a sindicatos y asociaciones empresariales representativas, de acuerdo con el artículo 8.º4 del Estatuto del Trabajador, recientemente reformado en esta Cámara, y a su gestión también territorial por dichas instituciones, de manera que la formación profesional continua sea eficaz

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para los trabajadores de las autonomías que verdaderamente la necesitan.
Todo este conjunto de medidas ha de servir como instrumento destinado a reforzar nuestro tejido industrial, a hacerlo más competitivo en términos de calidad, tecnología, presencia en los mercados exteriores, adecuado aprovechamiento de los recursos humanos y, en definitiva, a generar dinámicas que favorezcan no el enriquecimiento ficticio especulativo, del que tantos ejemplos hemos tenido y lamentamos, y cuyas desgraciadas consecuencias hemos podido conocer y debatir suficientemente en esta misma Cámara, sino buscando el crecimiento real de nuestra economía, el que afecta a la producción y a los servicios, el que contribuye a hacer posible y a consolidar los niveles de bienestar de que disfrutamos.
Esperamos, señor Ministro, que todo el debate presupuestario sirva precisamente para cumplir estos objetivos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
El señor Mur tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Presidente del Gobierno, intervengo en este turno para fijar la posición del Partido Aragonés ante los Presupuestos Generales del Estado para 1995. Un debate que, a nuestro juicio, es un debate importante, quizás el más importante del año --éste es el verdadero debate político--, que nos afecta a todos de una manera tan directa, tanto para el año 1995 como para los años venideros. Algunos de los problemas que tenemos hoy no son sino la consecuencia de carencias presupuestarias de ejercicios anteriores. Las inversiones que no se han hecho antes tampoco podrán hacerse todas en el año 1995, y de las que no hagamos en 1995 seremos deudores para años posteriores.
Queremos dejar fijada nuestra posición en este debate, postura crítica aunque no dejamos de valorar positivamente el esfuerzo realizado por el Ministerio de Economía y Hacienda, ya que compartimos muchos de los objetivos que inspiran estos presupuestos aunque no estamos de acuerdo con los medios que se fijan para conseguirlos. Es posible, señor Ministro de Economía, que las cifras globales que usted ha presentado no puedan ser otras, pero no compartimos la opinión en cómo deberían reasignarse dentro de la limitación presupuestaria. A nuestro juicio, se pueden hacer mayores esfuerzos en la reducción del gasto corriente y en el aumento de la inversión productiva.
Después de unos años en los que el producto interior bruto no crece, desciende la inversión, en especial aquélla que sirve para la creación de empleo y ahora que aparece una leve mejoría en nuestro panorama económico, los Presupuestos deberían apoyar la expansión económica, incentivar la competitividad, reformar las estructuras productivas. Todo ello para que sea posible mantener un crecimiento sostenido y un gasto social, que es tan necesario para atender a aquellos más necesitados y a los territorios más deprimidos. En el capítulo correspondiente a la inversión pública, en estos Presupuestos se pierde una gran ocasión estratégica para mejorar la actividad económica y crear infraestructuras de futuro que nos sitúen en un nivel absoluto mejor al que hemos tenido en los últimos años. El aumento del gasto corriente hace que las transferencias pasen de 17 billones de pesetas, con una subida del 6,5 por ciento respecto del año anterior, prácticamente el doble que la experimentada por la inversión.
Eso supone una subida acumulada del 17 por ciento respecto al año 1993, que nos parece excesiva y exagerada para la situación económica actual.
El gasto social, indicador de la sensibilidad de un gobierno, merece una consideración especial. La prestación por desempleo en este año aumenta solamente un 2 por ciento reduciendo su importancia relativa en el gasto total, mientras que la globalidad de las prestaciones económicas de la Seguridad Social sube un 6,8 por ciento, frente al 17 por ciento del año pasado. Esto nos parece un mal camino. Descienden los fondos destinados a la reconversión y a la reindustrialización y creemos insuficiente lo que se ha destinado a la mejora del sector agrario. Sin embargo, es apreciable el esfuerzo que se hace en las dotaciones para la formación profesional ocupacional y el fomento del empleo. En la Sanidad, a pesar del aumento presupuestario, creemos que se pueden aplicar mejores criterios de gestión que hagan más eficaz el gasto comprometido. En el capítulo de la fiscalidad, en estos presupuestos los impuestos indirectos se consolidan con un mayor peso relativo frente a la fiscalidad directa, y eso es especialmente grave en una situación de elevado desempleo y de crisis económica. En el año 1995, los impuestos indirectos suben un 12 por ciento respecto al año anterior, frente al 10 por ciento de los directos, consolidándose ya una tendencia iniciada en años anteriores. La disminución de los gastos fiscales tendentes a estimular la inversión mediante incentivos, tampoco creemos que es una decisión acertada. La subida indiscriminada del IVA, una de las cuestiones más polémica y debatida, para compensar la necesaria rebaja de la cotización en la Seguridad Social, rebaja que, por otra parte, es claramente insuficiente, nos parece que no es la fórmula más adecuada. Hay otras fórmulas, quizá más complejas, menos simples, menos sencillas, pero que darían un mejor resultado.
Quizás, señor Ministro, eso es en lo que deberían ocuparse para los próximos presupuestos, a la vista del poco éxito que tendrá esta medida en el relanzamiento de la economía para el año 1995. El aumento de la presión fiscal tampoco sirve para incentivar la inversión, para mejorar la competitividad

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y para impulsar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, que son, en definitiva, las creadoras de puestos de trabajo.
Vistos desde Aragón, señor Ministro, estos presupuestos son insuficientes, no sólo para resolver nuestros más apremiantes problemas, los generales y los específicos, sino para cumplir los compromisos adquiridos y los pactos suscritos. Las obras del Pacto del Agua no tienen consignación presupuestaria, aunque estaba previsto en dicho Pacto. Así no se podrá regular el agua y, por eso, se seguirá perdiendo para todos. Después, vendrán los problemas, las medidas excepcionales que tanto dinero cuestan y tantos problemas crean. Queremos contribuir al reequilibrio territorial y a fijar la población en la España interior. Creemos que el crecimiento debe alcanzar a todos y, para ello, hay que redistribuir mejor los recursos.
Por eso, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales que espero y deseo que merezcan su interés. Nuestra crítica, véanla simplemente como una contribución a la mejora de estos presupuestos porque, aunque no nos gustan, señor Ministro, a estas alturas parece que son los únicos posibles.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señoras y señores Diputados, en este tramo final del debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos para el año 1995, no voy a ser el primero en decir ante la Cámara que el momento en que se celebra este debate es muy distinto al clima económico, al entorno económico en el que se celebraba el del año pasado. Ahora vivimos en nuestro país en un clima de franca recuperación económica, clima que hace un año había quien negaba como mera posibilidad. En un año como 1993, en el que atravesábamos por una recesión fuerte, había quien, al comentar los Presupuestos para este ejercicio de 1994, negaba siquiera la posibilidad de podernos encontrar en un momento de recuperación sólo doce meses después de entonces.
Hoy la recuperación es una realidad que incluso reconocen quienes la negaban hace todavía pocos meses antes del verano.
Hoy nadie se atreve a negar que nuestra economía crece más de lo que se había previsto en el esquema macroeconómico presentado por el Gobierno hace un año, que nuestro crecimiento va a alcanzar una cifra muy cercana ya al 2 por ciento, que a finales de este año 1994, nuestro nivel de empleo va a ser mayor que el que existía a finales de 1993, que ello se habrá conseguido sin merma de nuestros niveles de protección social, sin atender a quienes anunciaban que para salir de la recesión había que desmantelar sistemas de protección social, había que reducir el alcance de nuestros servicios de carácter universal.
Ahora, quienes critican la política presupuestaria se refugian en la atribución de la bonanza económica a causas procedentes del extranjero, a causas exteriores, lo cual en parte es cierto, pero en parte, no. Qué duda cabe que tanto el momento de recesión por el que atravesábamos todavía hace dos meses, como la fase de recuperación en la que ahora nos encontramos, en parte se deben, como no puede ser menos en una economía abierta, en una economía integrada en Europa, en una economía que participa como las demás en mercados trasnacionales, a una reactivación que se produce también en países tan importantes para nuestros intercambios económicos y comerciales como Alemania, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos.
También es verdad que si no todas las causas de la recesión podían ser imputadas al influjo negativo de la actividad exterior recesiva de otros países más potentes que el nuestro, no todas las causas que pueden explicar la recuperación en la que ahora nos encontramos y que empezamos a afrontar hace ahora doce meses cuando debatíamos los presupuestos para este año, obedecen en parte a decisiones tomadas en esta misma Cámara, a decisiones que están incluidas en la política presupuestaria de la cual el proyecto de este año es una continuación aunque no una mera copia. Aquí decidimos que había que ajustar y dar realismo al tipo de cambio de nuestra moneda, que había que perseguir una política cambiaria y monetaria que llevase a una reducción de los tipos de interés que todavía eran mucho más altos que los actuales hace quince o dieciocho meses. Decíamos aquí que era bueno, para fortalecer y apoyar un proceso de recuperación, una moderación en el comportamiento de las rentas salariales que se está produciendo en el año presente, en el ejercicio de 1994; y que había que afrontar reformas tan importantes como las que esta Cámara ha aprobado en los últimos meses y, en particular, la reforma laboral.
Los presupuestos del año 1994, además, son unos presupuestos que se están cumpliendo con un grado de ajuste entre la liquidación esperada y las previsiones incluidas en el proyecto que aprobamos el año pasado, mucho más importante que en ejercicios anteriores. Ayer daba muestra de ello las cifras que el Ministro de Economía nos daba en el debate y, por lo tanto, estamos cooperando desde la política presupuestaria a una recuperación en la que, además, estamos entrando, simultáneamente, a como lo están haciendo otros países de nuestro entorno frente a una entrada en anteriores fases de recuperación o reactivación de la economía española que tenía desfases, a veces importantes, con el momento en que el ciclo expansivo comenzaba en otros países de Europa. Además de esta crítica menor que ayer mismo se dirigía desde esta tribuna a la política económica y presupuestaria

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que informa el proyecto de presupuestos para el año 1995, esa crítica de que todo lo bueno procede del exterior y todo lo malo parece encontrarse dentro de nuestras fronteras --no es verdad ni lo uno ni lo otro--, se hace otra advertencia. Se dice que con esta política presupuestaria, con esta política económica, la recuperación --que ya no se niega-- no durará, es una recuperación débil, es una recuperación sin fuerza, es una recuperación de segunda categoría. Frente a esas opiniones, nuestro Grupo Parlamentario opina que es verdad que la recuperación debe ser apoyada por la política presupuestaria. No se producirá por la mano invisible, tiene que haber empujes visibles para que la recuperación sea sostenida, sea duradera, sea generadora de empleo. Creemos que estos presupuestos que hoy debatimos son capaces de apoyar esa recuperación, son los presupuestos que permiten que esa recuperación que ya se ha iniciado sea duradera, sea equilibrada, sea sostenida y, por lo tanto, genere el máximo número de puestos de trabajo posibles. Ello, no porque lo diga el Gobierno al presentar los presupuestos, no porque lo diga el Grupo Socialista, que apoya al Gobierno, u otros grupos que también apoyan esta política presupuestaria frente a otras posibles alternativas, sino porque yendo al contenido del proyecto que nos envía el Gobierno vemos que son unos presupuestos austeros, como lo exige el momento del ciclo económico en el cual nos encontramos; son unos presupuestos en los que el gasto consolidado crece menos que el producto interior bruto en términos nominales; son unos presupuestos en los que la presión fiscal (frente a afirmaciones sin fundamento que ayer se escuchaban, y que fueron bien replicadas por el Ministro) se mantiene, mantiene su participación con relación al producto interior bruto y, por tanto, al aumentar menos los gastos que el producto y al aumentar igual los ingresos que el producto, el déficit se reduce, disminuye, y se inicia una fase en la cual el sector privado debe tomar la delantera, el sector privado debe tomar la iniciativa, debe ser quien invierta, debe ser quien lidere esta fase de recuperación y el sector público puede dejar espacio que en fase de recesión no es ocupado, ni podría serlo, por el sector privado. Son unos presupuestos rigurosos, como lo han sido los de 1994. El año pasado se ponía en causa en el debate, por parte de algunos grupos de la oposición, que las previsiones de los presupuestos fuesen a ser cumplidas.
Hoy estamos en un momento de la ejecución presupuestaria y tenemos unas previsiones de liquidación del presupuesto para 1994 que indican que su grado de cumplimiento, tanto en ingresos como en gastos, es más que satisfactorio y que los objetivos de déficit público fijados hace ahora doce meses se van a cumplir, con lo cual el déficit deja de aumentar con relación al producto interior bruto y comienza una fase de descenso que le llevará, como dice el programa de convergencia, revisado y elaborado por el Gobierno, a cumplir, en el entorno del año 1997, con los requisitos de nivel máximo de déficit previstos en el Tratado de la Unión. Son, además, unos presupuestos para poder ser cumplidos en sus propios términos, realistas, que hacen aumentar el gasto allá donde es necesario que éste aumente, como sucede en el ejercicio del año 1995, por ejemplo, con el gasto sanitario, frente a lo que opinaba el Grupo de Izquierda Unida, tergiversando las cifras o desconociendo el proceso de traspasos a las comunidades autónomas. El gasto en Sanidad, el presupuesto del Instituto Nacional de la Salud y del Sistema Nacional de Salud aumenta y afronta el ejercicio de 1995 sin gastos no presupuestarios, no contabilizados en la liquidación de 1994, en las previsiones del año 1995, y permite mantenter e incluso incrementar los niveles de calidad de la asistencia sanitaria sin necesidad de desbordar, como ha sucedido en ejercicios anteriores, las previsiones presupuestarias.
Asimismo, unos presupuestos en coherencia con ese necesario protagonismo del sector privado; unos presupuestos que apoyan la economía productiva con medidas que todos hemos pedido en esta Cámara, aunque cuando se llevan a la práctica algunos critican, como la reducción del peso de las cotizaciones sociales sobre el coste del factor trabajo y, en general, sobre los costes de las empresas; la sustitución de esos ingresos que deja de percibir la Seguridad Social por ingresos de naturaleza tributaria para financiar prestaciones de carácter no contributivo del sistema de la Seguridad Social.
Son unos presupuestos que, además de hacer esta traslación de carga fiscal desde el factor trabajo a otras bases imponibles menos gravosas para la generación de empleo y para la competitividad, apoyan actividades de inversión de las empresas, actividades de investigación, actividades de formación profesional, como se puede ver en la evolución del presupuesto de gastos fiscales que acompaña a estos presupuestos. Ello es compatible con el mantenimiento de prioridades que siempre ha defendido el Gobierno Socialista en los presupuestos. Ahí está el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, pactado previamente a la presentación de estos presupuestos aquí con las centrales sindicales; ahí está esa expansión del gasto sanitario para cubrir las necesidades que ya están siendo planteadas al Sistema Nacional de Salud, si bien con un mecanismo de control de ulteriores evoluciones del gasto, de modo que éste no pueda crecer en los próximos ejercicios, una vez aflorado el gasto que se venía realizando más allá de las previsiones presupuestarias, no pueda evolucionar en el futuro por encima de lo que crezca el producto interior bruto en términos nominales, o salvo que en la Cámara el correspondiente crédito extraordinario sea aprobado con luz y taquígrafos. Además, se mantienen prioridades en Educación para el desarrollo de la LOGSE; se mantienen otras actuaciones

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que no podían atenderse en años anteriores, aprovechando los nuevos márgenes que da la fase de recuperación económica en la que nos encontramos, por ejemplo, la deflactación de la tarifa de la renta de las personas físicas para que el simple aumento de los precios no eleve la presión fiscal individual de los contribuyentes a este Impuesto, básicamente asalariados; y se aprovechan los márgenes de la recuperación económica para hacer figurar en el capítulo 1 de los presupuestos unos créditos que permiten mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos de acuerdo también con las centrales sindicales que les representan, acuerdo que ha sido suscrito por el Ministro para las Administraciones Públicas.
Tanto el acuerdo sobre pensiones como el acuerdo sobre retribuciones de los empleados públicos, son un síntoma claro, son el ejemplo patente de que el clima social en el cual se desenvuelve la elaboración de estos presupuestos, este mismo debate que hoy celebramos y su aplicación en los próximos meses, es más favorable que el que teníamos hace doce meses.
Es un clima en el cual ya ha sido posible llegar a acuerdos y dialogar sobre cuestiones que habían quedado al margen de las relaciones entre los interlocutores sociales, empresarios y centrales sindicales, o entre éstos y el Gobierno.
No sólo es una política económica, una política presupuestaria bien orientada, según el criterio del Gobierno, o del Grupo Parlamentario Socialista o de otros grupos que también apoyan los objetivos y las líneas generales de este proyecto, sino que es una política económica y una política presupuestaria que cuenta con importantes grados de consenso con los planteamientos que los interlocutores sociales mantienen.
También ellos están aportando esfuerzos y voluntad para afrontar la recuperación económica y traducirla, en la medida de lo posible, en generación de empleo. ¿Esa es la única política posible? No, hay otras políticas posibles y las hemos escuchado aquí ayer. Hemos escuchado una estrategia que basa su discrepancia con este proyecto de presupuestos en creer que hace falta más gasto y más beligerancia en el sector público.
Nosotros creemos --y lo hemos dicho muchas veces en debates anteriores-- que esa estrategia es pan para hoy y hambre para mañana; que el empleo, que todos situamos en primera línea de nuestras prioridades en el mundo en que vivimos, en una economía abierta, en 1995, en el seno de la Unión Europea, no va a venir de una beligerancia única del sector público, no puede venir de una tarea ilimitada de expansión del tamaño del sector público, del gasto que el sector público realice.
Porque, aunque se diga que con ello se busca más empleo, de ello se deriva, en la Europa en la que estamos integrados, tipos de interés más elevados y, por tanto, menos posibilidades de inversión productiva generadora de empleo; más endeudamiento y, por tanto, nuevas tensiones sobre los tipos de interés; más inflación, menos duración de la recuperación económica y, en definitiva, una quiebra de lo que se dice pretender, que es un aparato productivo fuerte, unos empleos estables y un mayor bienestar para la población.
Tampoco es alternativa la otra opción que ayer se explicó aquí, que es la política de menos ingresos, cueste lo que cueste. Aquí hemos escuchado ayer cómo se hacía demagogia con el pase del tres al cuatro por ciento del tipo súper reducido de IVA, poniendo ejemplos de los yates y no sé cuántas cosas más, pero se olvidaba que en estos presupuestos la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a llevar a que todas las rentas salariales tengan una disponibilidad, en el año 1995, del entorno del 3,5 por ciento; se olvidaba que las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social también disminuyen al reducirse las cuotas generales del sistema; se olvidaba que se mantiene y se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones; y se olvidaba que todo ello no sería posible si no se encuentran equilibrios en otras partes del sistema tributario, si no se encuentran equilibrios en otras bases imponibles para poder financiar estas prioridades de más renta disponible para los salarios que vienen pagando lo esencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los últimos años, más renta disponible para las pensiones y más renta disponible, en general, para aquellos que necesitan un margen de maniobra para generar empleo, como son las empresas y personas generadoras de riqueza y de empleo. Esa política de menos ingresos, aunque se añada alguna frase demagógica para despistar, nos llevaría no a menos déficit, como se alega, sino a más déficit. Nos llevaría a recortes de gasto, aunque se dijera ayer por el lider de la oposición que no es obligación del principal partido de la oposición ocuparse de la distribución del gasto en el proyecto de presupuestos que se discute. Eso se ha dicho ayer literalmente por el señor Aznar.
Frente a esa pretendida política alternativa que sólo llevaría a más déficit y a un reparto más injusto o menos justo de la carga tributaria, hay que decir que sólo se puede aspirar a llegar al Gobierno siendo responsable en las propuestas y en las alternativas y no siendo irresponsable en las críticas; que no se puede alegar que todo el gasto público que se dice querer recortar puede recortarse del capítulo de compra de bienes y servicios, que supone exactamente el 4 por ciento del presupuesto consolidado de las administraciones públicas centrales; que no se pueden financiar los ingresos que se dejarían de ingresar si se aplicase su llamada reforma fiscal mediante recortes que no se quieren hacer en el Capítulo I, de retribuciones de los empleados públicos; que no se podría llegar a financiar los ingresos menores de su pretendida reforma fiscal con recortes de inversión pública, que tampoco dicen querer llevar a cabo, aunque luego los practican en algunas de las comunidades autónomas que gobiernan. Y, al final,

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nos encontraremos, aunque también lo negarán, con que la única forma de llevar a la práctica su alternativa de política presupuestaria de menos ingresos para todos, la única alternativa para no aumentar el déficit hasta extremos inconcebibles sería recortar gastos de transferencias. Como, además, dicen --no sabemos si lo dicen para quedar bien o porque lo piensan-- que las pensiones serían intocables, sólo se me ocurren gastos de transferencias importantes para poder ayudar a financiar esa merma de ingresos en un recorte importante de dinero que se destina a la sanidad pública, en un recorte de las prestaciones por desempleo importante o en un recorte importante de las transferencias a otras administraciones públicas, es decir, comunidades autónomas y administraciones o corporaciones locales.
Yo creo que eso se puede decir ocultando dónde se recorta el gasto y tratando de poner en valor pretendidas reformas de ingresos, pero cuando se quiere llevar a la práctica aquí en España en comunidades autónomas o en ayuntamientos, como el de esta ciudad, lo que produce es un aumento de impuestos allá donde se decían que se iban a recortar, y hay impuestos que en los últimos tres años en esta ciudad de Madrid han aumentado el 68 por ciento. Eso llevaría a recortes de la inversión como se produce en la Junta de Galicia, que en el año 1995, si hacemos caso a las informaciones sobre su proyecto de presupuestos, recortaría en 11.000 millones las inversiones que ha realizado en el año 1994 o llevaría a que el capítulo de funcionamiento normal de la administración aumentase más que lo que hacen estos presupuestos, porque, al hacer demagogia sobre dónde se quiere recortar y no estudiar de verdad el capítulo II de los presupuestos, luego no se tienen medidas concretas para saber qué es lo que se puede recortar y qué es lo que no se puede recortar, so pena de dejar paralizada la Administración pública.


El señor PRESIDENTE: Señor Almunia, le ruego concluya.


El señor ALMUNIA AMANN: Acabo, señor Presidente. En resumen, es verdad que podía haber otras alternativas a estos presupuestos, que ayer, con mayor o menor fortuna, se han tratado de explicar en esta Cámara, pero no son alternativas que llevan a fortalecer la recuperación económica, que llevan a fortalecer nuestro tejido productivo, que llevan a equilibrar el sector público, que llevan a mantener el Estado de bienestar que se ha construido en estos años, que llevan a generar empleo. Son alternativas que llevarían a más déficit, más tipos de interés, más inflación y descontrol de unos presupuestos en los que no se quiere entrar en detalle porque no se quiere asumir la responsabilidad, que también la tiene la oposición, de decir qué harían ellos si no fuesen oposición y si fuesen gobierno.
Son unos presupuestos que apoya el Grupo Socialista, muy fáciles de apoyar desde nuestros puntos de vista, desde nuestros presupuestos políticos e incluso son fáciles de apoyar, como lo hemos escuchado esta mañana, por otros grupos parlamentarios, con los cuales hemos llegado a acuerdos sobre el proyecto de presupuestos y con los cuales mantenemos importantes coincidencias sobre el contenido de la política económica y de la política presupuestaria. Son unos presupuestos que creemos que no son sólo fáciles de apoyar, sino fáciles de cumplir, como lo están demostrando los presupuestos de 1994, que van a fortalecer la recuperación, que van a generar empleo, que van a permitir que nuestra economía crezca en torno al 3 por ciento --el 2,8 por ciento-- el año 1995.
Por todo ello, señor Presidente, señoras y señores diputados, votaremos en contra de las enmiendas de totalidad y apoyaremos el proyecto del Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
No voy a hacer perder mucho más tiempo a la Cámara, pero sí querría utilizar una vez más la palabra para dar las gracias a los Grupos que nos han apoyado; agradecérselo en una discusión que sé que plantea numerosas dificultades porque no siempre se ha entendido bien cuál es la naturaleza de estos Presupuestos.
El portavoz del Grupo Socialista ha hecho referencia a algunos de los elementos fundamentales de los mismos. Ha puesto de relieve la complejidad de un Presupuesto que necesariamente se tiene que adaptar a un ciclo que en estos momentos está en fase de cambio, y es verdad que, como bien ha puesto de relieve el portavoz del Grupo Catalán, hemos tenido que buscar un equilibrio difícil entre la lucha contra el déficit y el apoyo a la economía productiva. En ese sentido hemos seguido la misma tendencia que se inició en el año 1994 y esperamos que la credibilidad que hemos ganado con los Presupuestos del año 1994 siga con los del año 1995. Por esa razón el Presupuesto ha pretendido ser, por encima de todo, un Presupuesto realista. Es cierto, y algunos de ustedes lo han planteado --el Grupo Catalán y el Grupo Vasco--, que se podrían haber hecho esfuerzos mayores y es posible que, en función de la evolución del año 1995, esos esfuerzos mayores aún puedan completarse. Sin embargo, en mi opinión, sería irresponsable por parte del Gobierno partir de un comportamiento más optimista de la realidad de lo que hoy parece razonable. Por esa razón, la cláusula que se nos ha pedido reiteradamente de que los ingresos adicionales se utilicen para la reducción del déficit no sólo

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está, evidentemente, en el plan de convergencia, sino que forma parte de la decisión del Gobierno cuando presenta estos Presupuestos Generales del Estado. Es verdad que por parte de algunos otros Grupos se han planteado iniciativas de una u otra naturaleza que podrían en estos momentos suscitarse de no ser o bien inoportuno el momento, desde el punto de vista procesal, o bien porque podrían generar incrementos de gasto público. En ese sentido recuerdo al señor Zabalía que aspectos como los que preocupan respecto a las sociedades (especialmente actualización de balances o cualquier otro), cuando se discuta la Ley del Impuesto sobre Sociedades será el momento en que deberán discutirse. Lo mismo que se pueden plantear fuera de esta discusión aspectos como la ley de productos financieros o sobre las entidades de previsión voluntaria. Al señor Albístur le preocupa, por ejemplo, que no hayamos introducido gasto adicional para las pymes o incluso que determinados elementos de distribución competencial se planteen de tal forma que indirectamente pueda afectar al modelo actualmente existente. No es nuestro deseo esa modificación del sistema y sí es nuestro deseo llevar a cabo un apoyo adicional a la economía productiva, en la medida en que el déficit nos lo permite.
Como también le diría al señor Mur que muchas veces el ciclo retrasado presupuestario respecto al ciclo económico nos hace olvidar que el margen que a veces aparece como posible en función de una realidad económica no lo es de acuerdo con las cifras presupuestarias. Sin embargo, todos esos elementos nos preocupan y en todos esos elementos estamos pensando de cara al futuro. Es verdad que el rigor de los Presupuestos de este año --rigor en el gasto, rigor en el saneamiento, rigor en el procedimiento-- corresponde a la tendencia que el Gobierno ha introducido de forma progresiva para hacer que esos Presupuestos no digo sólo que sean más creíbles, sino que sean más adaptados a la realidad de cada año. Es verdad también que la prudencia con que pretendemos vincularlos a ese realismo nos ha hecho adoptar una decisión que puede ser calificada como de insuficiente en cuanto a la sustitución de cotizaciones sociales por IVA. Sin embargo, yo creo que era la mejor fórmula de las posibles. Partiendo de que el elemento esencial en nuestra decisión debe ser la Ponencia sobre financiación de Seguridad Social que este Congreso tiene que aprobar, parece evidente que las líneas de decisión van en el sentido de financiar más, como dije ayer, lo no contributivo a través de gasto fiscal. Si ello es así, parece que avanzar en un punto en cotizaciones significa ya una mejora y una utilización de un año adicional para resolver este problema, digamos, en una dirección, en la que tendremos que avanzar en el futuro de acuerdo con las conclusiones de la propia Ponencia. Por eso no es extraño que los impuestos indirectos aumenten algo respecto a los directos en función de esta decisión. Comentaba ayer que nos preocupa, sin duda alguna, la inflación, como les preocupa a muchos de ustedes. Sin embargo, creemos que en términos técnicos es perfectamente defendible una inflación del 3,5 ó 3,7 para el próximo año. Pero no es menos cierto que la inflación no es algo que depende única y exclusivamente del Gobierno; depende de todos los agentes sociales. En ese sentido, nuestra demanda a los agentes sociales vuelve a ser, como fue el año pasado, fundamental para que los objetivos de inflación se puedan cumplir. Ello no quiere decir que no existan obligaciones por parte del Gobierno y especialmente en dos campos: uno, fácil, en el que estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador, para que no tengamos dificultades adicionales en inflación, y es el control de precios públicos, y otro, más complejo, en el que necesitaremos la cooperación de la Cámara: son las reformas estructurales. Al Gobierno corresponderán las iniciativas; iniciativas habrá, desde luego, de reformas estructurales y se presentarán en esta Cámara para permitirnos luchar de forma correcta contra la inflación.
Para terminar, quiero agradecer a todos los grupos que han mostrado su disposición a votar favorablemente estos presupuestos y recordar, como lo ha hecho ya el portavoz de uno de ellos, que nunca el Gobierno se planteó, en las negociaciones presupuestarias, contraprestaciones específicas para una determinada comunidad o para un determinado grupo.
Siempre la solución fue global y, evidentemente, en los presupuestos queda claro que ese compromiso inicial de partida es el que actualmente sigue en vigor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Vamos a proceder a las votaciones.
Enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1995.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad. Enmienda de totalidad del Grupo Popular que postula la devolución al Gobierno del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 177; abstenciones, 23.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al mismo proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 18; en contra, 311; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Antes de suspender la sesión quiero informar al Pleno que el punto V del orden del día, enmiendas del Senado, al no haberse recibido la documentación en el tiempo establecido por la propia Junta de Portavoces para el tratamiento útil de estas iniciativas en el Pleno, ha quedado sin contenido, a efectos de que SS.SS. puedan tenerlo en consideración para el desarrollo de la sesión de mañana por la mañana.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON IÑAKI ANASAGASTI OLABEAGA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO CREE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE SE PONDRA EN FUNCIONAMIENTO EN BILBAO LA AGENCIA COMUNITARIA DE SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO? (Número de expediente 180/000741)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Segundo punto del orden del día: Preguntas. Pregunta número 3, del señor Anasagasti Olabeaga.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, el 29 de octubre de 1993 el Consejo de las Comunidades Europeas aprobó la creación de la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El 31 de octubre de ese mismo año el Consejo de Ministros designó Bilbao como sede de la futura agencia. Nosotros consideramos que ésa era una apuesta sensible y solidaria de su Gobierno y la valoramos muy positivamente. El 25 de junio de 1994, este año, se ha aprobado por el Consejo de las Comunidades Europeas el reglamento de la Agencia, y para los días 24 y 25 de noviembre se prevé la primera reunión del consejo de administración de la Agencia, la elección del presidente y la aprobación del perfil del futuro director. Pero nosotros tenemos una cierta sensación de lentitud porque aparentemente la Agencia comenzará de una manera efectiva a trabajar el año que viene y quizá dos años después de haberse aprobado su designación y constitución. Tenemos una triple preocupación.
En primer lugar, una cierta lentitud, que no es atribuible al Gobierno, porque, lógicamente, hay que conseguir acuerdos, pero muchas veces estos acuerdos hay que empujarlos, porque la burocracia de Bruselas y la necesidad de llegar a acuerdos entre países así lo obligan. En segundo lugar, Alemania era partidaria de no incluir los centros temáticos nacionales en la red de información de la futura Agencia. Nuestra tercera preocupación --que creíamos que estaba solventada cuando se aprobó por el Consejo de Ministros la designación de la sede en Bilbao-- se centra en una cierta polémica que ha habido en los últimos tiempos sobre la ubicación en Bilbao o en algún otro lugar. Nosotros consideramos que la sede idónea es Bilbao, el Alcalde de Bilbao dirigió al Ministro Griñán una carta ofreciendo una serie de edificios y la posibilidad de construir un edificio emblemático, y por eso tenemos una cierta preocupación por este asunto. En consecuencia, señor Presidente, nos gustaría que usted nos contestara cuándo prevé usted que se va a poner en marcha esta Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias, señor Presidente. Señor Anasagasti, como usted bien ha dicho, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que se ponga en marcha la Agencia. Nosotros esperamos que en el segundo semestre de 1995 (coincidirá probablemente con la presidencia española) esté en pleno funcionamiento. Ahora bien, los pasos que se han ido dando usted en parte los ha descrito: una semana después de la decisión del Consejo Europeo, ya el Gobierno español propuso como sede Bilbao, como usted sabe perfectamente. En julio del año 1994 ya se aprobó el reglamento; por tanto, se despejan dudas en cuanto a la orientación y el contenido de la Agencia, no debe haber más polémica en cuanto a eso, y el Gobierno ha hecho un esfuerzo, no sólo para agilizar la aprobación del reglamento, sino para que los temas que quedan pendientes, como la constitución del consejo y la aceptación de la ubicación física de la sede, se finalicen cuanto antes. Yo creo que la constitución del consejo de administración, con su carácter tripartito, puede estar efectivamente terminada (y la reunión es previsible que se haga en Bilbao)

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a finales de noviembre, probablemente entre el 24 y el 25 de noviembre, y, a la vez, se han ofrecido varios locales para la sede; ya sabe usted que no depende de nosotros sólo, que sobre todo las instituciones europeas y en particular la Comisión tienen que hacer una evaluación de eso y de toda la puesta en marcha de la Agencia. Sabe usted que se ha invitado por el Ministerio de Trabajo y por la Consejería de Trabajo del País Vasco al Comisario de Empleo y de Asuntos Sociales a que visite Bilbao y, por consiguiente, se va a producir muy rápidamente esa visita.
En definitiva, yo creo que, cumplido el trámite de aprobación del reglamento, realizada la constitución, como esperamos que se haga, del consejo en el mes de noviembre, se han despejado una serie de incógnitas. Sólo queda la fijación concreta de la sede, que será en Bilbao o donde se decida, en el entorno de Bilbao, sin duda alguna (ese no es un tema en el que nosotros tengamos una posición previa), y para mitad del año 1995 estará plenamente en funcionamiento esta Agencia, como le acabo de decir.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SR. PRESIDENTE QUE EL PROFUGO DON LUIS ROLDAN MERECIA GOZAR DURANTE SIETE AÑOS DE LA CONFIANZA DEL GOBIERNO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA GUADIA CIVIL? (Número de expediente 180/000742)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4, del señor Ramallo García.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
El 31 de octubre de 1986 el Gobierno nombró Director General de la Guardia Civil al militante socialista don Luis Roldán, cesando (y subrayo la palabra, señor Presidente) a petición propia el 3 de diciembre de 1993.
Le pregunto: ¿Merecía el hoy prófugo señor Roldán gozar durante siete años de la confianza del Gobierno para desempeñar el cargo de Director General de la Guardia Civil?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, ya he tenido ocasión de contestar a esa pregunta en el mes de abril y en el mes de mayo; también lo han hecho otros miembros del Gobierno. Con los datos de que disponemos, desde luego no tenía merecimientos para gozar de la confianza como Director General de la Guardia Civil.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Mire usted, en los siete años en que Roldán, que comenzó su mandato presentando un currículum falso, dirigió la Guardia Civil, realizó actividades por las que es prófugo de la justicia y reclamado por seis delitos. Según ha constatado la Comisión de investigación parlamentaria, Roldán se enriqueció a costa de la Hacienda pública y puso en riesgo la seguridad del Estado y sigue poniéndola como prófugo, hace ya seis meses, desde su ignorado paradero. Con legítimo derecho le pregunto, señor González: ¿qué Presidente de Gobierno es, que puso a la Guardia Civil, con 70.000 hombres armados, y con ello la seguridad del Estado, en manos de alguien como Roldán? ¿Qué Presidente de Gobierno es usted, que es incapaz de detectar en siete años las actividades de Roldán y cesarlo, cuando, según consta en el dictamen de la Comisión de investigación, las denuncias al Gobierno, sobre contratación irregular en la Guardia Civil, por parte de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas, fueron reiteradas? ¿Qué Presidente de Gobierno es usted, señor González, que no es capaz de asumir, por sí y para sí, una sola responsabilidad política? Nadie en España, señor Presidente, se cree que usted, durante siete años, no supiera lo que hacía Luis Roldán, porque alegar ahora ignorancia sólo puede interpretarse como ignorancia inexcusable o complicidad. Elija usted lo que más le guste.
Hoy, señor González, intenta usted, como siempre, eludir su responsabilidad y no contesta nada. Permítame que le recuerde el artículo 1.º del Reglamento de la Guardia Civil que dice: El honor debe ser la principal divisa de la Guardia Civil; debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. (Rumores.) El 11 de mayo de este año, con ocasión de explicar la inexplicable e inexplicada huida de Roldán usted afirmó en esta Cámara: Voy a terminar mi mandato con honor, sin bajar la cabeza. Hoy, señor González --y se lo digo con pena--, que desde el poder consintió usted, durante siete años...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: ..., poner en riesgo la seguridad del Estado...


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: ..., usted no se irá con la cabeza alta ni con honra. (Protestas.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Presidente. (Rumores.) Silencio, señorías.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Gracias, señor Presidente. Señoría, yo creo que es lógico que le den a usted ese papel. Usted me ha hecho una pregunta y yo le he contestado concretamente a esa pregunta, y, como no podía ser menos, no tenía ningún interés en saber una respuesta que ya conocía en el mes de abril y en el mes de mayo. Ha habido una Comisión de investigación, un dictamen, un debate en esta Cámara --debate que usted parece no querer aceptar--, con responsabilidades políticas ya asumidas, aceptadas por el conjunto de la Cámara --regla del juego que parece que no les afecta--; ha habido, además, y hay, un procedimiento judicial en curso. Por consiguiente, están todos los instrumentos en marcha.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es, en el fondo, el problema que se suscita tras su actitud o su pregunta? El problema fundamental es que ustedes quieren mantener un clima de crispación que haga imposible una recuperación y un sosiego.
(Fuertes protestas.--Aplausos.) Ese es el problema. A pesar de la Comisión de investigación, del debate parlamentario, del pronunciamiento de la Cámara, etcétera, ustedes seguirán haciendo preguntas que ya tienen respuesta, justamente para mantener ese clima. (Protestas.--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Rumores.) Silencio, señorías.


--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DEL CONTENIDO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES QUE TIENE PREVISTO ACOMETER EN LOS PROXIMOS MESES? (Número de expediente 180/000758)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Caldera Sánchez-Capitán.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente del Gobierno, el día 12 de mayo de 1992 debatíamos en esta Cámara y aprobábamos una serie de resoluciones relativas al programa de convergencia presentado por el Gobierno; por cierto, con un amplísimo respaldo parlamentario. Con posterioridad, el Gobierno presentó un balance de ejecución del programa de convergencia, que incluía el desarrollo de las medidas aprobadas por esta Cámara y su puesta en práctica, medidas referentes al mercado de trabajo, a la formación profesional, al sector de las entidades de crédito y seguros, es decir, a la reducción de los organismos públicos, medidas de carácter estructural que fomentaran una serie de objetivos previstos en el programa de convergencia.
Recientemente se ha presentado también en esta Cámara un programa renovado de convergencia, que pretende, sintéticamente, de acuerdo con la presentación del Gobierno, abordar tres puntos esenciales: encontrar los mecanismos pertinentes para que las reformas que precisa nuestra economía nos puedan servir para luchar contra la inflación, mejorar el empleo y diversificar y adaptar la oferta a la demanda en determinados servicios. En relación con todo ello, señor Presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede informar al Gobierno acerca del contenido concreto de las reformas estructurales que tiene previsto acometer en los próximos meses? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente. Señoría, efectivamente, en un proceso de mundialización de la economía y con unas exigencias de competitividad creciente, es imprescindible --ayer por la tarde y esta mañana se ponía de manifiesto en el debate presupuestario--continuar con un proceso de reformas que fortalezcan a nuestro país para ese marco nuevo de competencia internacional. Se han hecho ya algunas reformas estructurales importantes y el Gobierno tiene el propósito de continuar ese programa. Usted hace una pregunta para el futuro inmediato y con toda concreción intentaré dar respuesta de algunos ejemplos de las reformas estructurales que tenemos en curso.
En primer lugar me referiré al acuerdo marco que ha sido adoptado por el Gobierno en la reforma y liberalización de las telecomunicaciones. Esto dará lugar, antes de fin de año, a la segunda licencia de telefonía móvil y también dará lugar a la presentación en esta Cámara de algunos proyectos normativos en relación con la televisión local y con la televisión por cable. No quiero, naturalmente, resaltar la enorme trascendencia que tiene esta modernización y liberalización de las telecomunicaciones desde el punto de vista de la puesta a punto de nuestra economía, en ese marco al que he hecho referencia.


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En el futuro inmediato, también hay la voluntad del Gobierno de presentar una ley de comercio. El proyecto está preparado, se presentará a la Cámara muy pronto, y, naturalmente, pretendemos mejorar la eficiencia del servicio para los consumidores y aumentar la garantía jurídica para las transacciones comerciales. En tercer lugar, le podría citar que hay un proyecto de ordenación del sector de seguros privados, que esperamos que tenga efectos para el aumento de la eficiencia en este sector y también para el aumento de la tasa de ahorro. Hay reformas en materia de ordenación de urbanismo y en materia de suelo, de tal manera que haya más suelo disponible y que haya algo que me parece fundamental, como es el abaratamiento del suelo para que el acceso a la vivienda sea más fácil.
Hay reformas en marcha y que en los próximos meses entrarán en la Cámara y se debatirán aquí, a las que usted ha hecho referencia, como la formación profesional, que es un elemento clave para la competitividad y que sin duda alguna es fundamental para adecuar la oferta a la demanda. Y, además de eso, esperamos que las reformas que están en curso sobre las administraciones públicas, sean...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTO LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO PRESENTAR EL PLAN GENERAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000752)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Villalón Rico.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, ¿para cuándo tiene previsto la Ministra de Sanidad y Consumo presentar el Plan General de Salud? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no sé lo que es el plan general de salud; no existe eso. Quizá S.S. se refiera al plan integrado de salud, que es lo que está previsto en la Ley General de Sanidad o quizá S.S.
se interese por el plan de salud elaborado por el Ministerio, que se convertirá posteriormente en un plan estatal. Si se refiere al plan integrado, nuestra intención es que se apruebe en el año 1995. Si se refiere al plan del Ministerio de Sanidad y Consumo, se presentará al próximo Consejo interterritorial, puesto que ya figuraba en el orden del día pasado y no pudo abordarse por agotarse el tiempo del orden del día. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, le tengo que decir, lógicamente, que me refiero al plan de salud que están ustedes elaborando en el Ministerio. Le tengo que decir... (Rumores.) que ustedes están anunciando desde hace más de dos años el advenimiento de este plan de salud y que, a principios del presente año, ya decían que lo iban a presentar en el mes de abril, pero estamos terminando el año en curso, y ya sea vía presupuestos o por otras vías, nosotros no vemos datos objetivos de que lo vayan a presentar.
Cuando uno se pregunta sobre las posibles consecuencias de estos incumplimientos, a los que usted hacemuchas veces referencia, hay que decir que diferentes comunidades autónomas se han adelantado a las previsiones del Gobierno y han redactado sus diferentes planes de salud. Pero estos planes de salud no están coordinados entre ellas y, por tanto, no hay unas líneas generales de actuación, y así tenemos que en unas comunidades autónomas prevalece la incidencia sobre los recursos humanos o materiales o incluso sobre las infraestructuras sanitarias, mientras que en otras comunidades autónomas prevalecen los criterios de prevención o de educación de la salud. En resumidas cuentas, le tendríamos que decir que esta falta de previsión del Gobierno socialista en materia sanitaria origina una descoordinación general y entre todas las comunidades autónomas. Cuando hacemos este trámite de control sobre el programa socialista, nosotros tenemos que hacer una valoración negativa sobre aquellas propuestas que han hecho ustedes a lo largo del tiempo, ya sea a través de la Ley General de Sanidad o a través de diferentes programas electorales. Y cuando uno realiza un análisis sanitario de los últimos años sobre la gestión del Ministerio de Sanidad, se puede especificar en tres temas: el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos por ustedes, como es el caso al que ahora nos referimos; la ineficacia en la gestión, como se demuestra por las listas de espera, la deuda sanitaria o la desviación de presupuestos, y la tercera gran línea es la corrupción, como se ha puesto de manifiesto en los últimos días.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le noto ciertamente confuso en sus apreciaciones. No es que las comunidades autónomas se hayan adelantado a elaborar el plan de salud; es que el artículo 74 de la Ley de Sanidad dice que el plan integrado debe hacerse recogiendo en un documento únicolos planes de las comunidades autónomas, de manera que difícilmente podríamos hacer el plan integrado si, previamente, no está hecho por las comunidades. Por cierto que hay dos, con las que S.S. tiene buena relación, que no lo han hecho todavía, y le agradecería que les instara a elaborar ese documento.
En cuanto al del Ministerio, que le preocupa a S.S., está terminado y figuraba en el orden del día del anterior Consejo.
Consta de una introducción y seis capítulos; cumple los objetivos señalados por la Organización Mundial de la Salud, y únicamente estamos en espera de reunir todos los planes de las comunidades autónomas para con todas ellas elaborar el plan integrado y someterlo a la aprobación del Consejo interterritorial y después del Consejo de Ministros. Esto por lo que se refiere al plan de salud, señoría, sobre el que espero haber contribuido a aclarar sus conceptos.
Respecto a las demás referencias a las listas de espera y demás cosas confusas que S.S. ha enumerado, le responderé en otro momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON ISIDORO HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO MANTENER LA PROPORCIONALIDAD ESTABLECIDA EN SU DIA A TRAVES DEL SISTEMA ESPECIAL AGRARIO DEL IVA, ENTRE EL 12 POR CIENTO QUE SOPORTABAN Y QUE SE HA SUBIDO AL 15 POR CIENTO, Y EL 4 POR CIENTO CARGADO EN LAS FACTURAS DE SUS PRODUCTOS? (Número de expediente 180/000749)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formulará el señor Isasi Gómez.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo piensa el Gobierno mantener la proporcionalidad establecida en su día a través del sistema especial agrario del IVA, entre el 12 por ciento que soportaban y que ha subido al 15, y el 4 por ciento cargado en las facturas de sus productos?El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, de momento no está previsto modificar esa compensación del 4 por ciento. Las prioridades del Ministerio en el tema de fiscalidad agraria se están centrando en otro tipo de problemas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Señor Presidente, señor Ministro, el régimen especial del IVA, al cual están acogidos la mayoría de los agricultores y ganaderos españoles, estableció en su día una proporcionalidad entre el IVA soportado, el 12 por ciento entonces, e IVA compensado, del 4 por ciento, sin necesidad de presentar liquidaciones, papeles, etcétera, a la Hacienda pública y que fue aceptado por el propio sector. Ustedes, unilateralmente, en 1992, rompieron esa proporcionalidad y ese acuerdo, elevando el IVA soportado al 13 y a los seis meses hasta el 15, y ahora nos anuncian un nuevo incremento hasta el 16 por ciento. Todo ello supone, señor Ministro, un incremento del 34 por ciento, mientras ustedes miran para otro lado, sin elevar, al menos en la misma proporción, el 4 por ciento que ustedes autorizaron en 1985 cargar en las facturas emitidas por los agricultores y ganaderos para compensarse del IVA soportado en la compra de bienes y servicios.
Este 34 por ciento de incremento supone una pérdida para el sector, nada más y nada menos, que de 60.000 millones de pesetas al año, pero, señoría, para el sectormás humilde, para las explotaciones familiares agrarias y ganaderas. Ustedes castigan y abusan de los agricultores y ganaderos más modestos, con explotaciones agrarias modestas también, de alguna manera sacándoles, chupándoles la sangre (Fuertes rumores y protestas.), frente al empresario agrario y ganadero, más poderoso, el cual el IVA que soporta con el mismo porcentaje se lo resarce de Hacienda.
Señor Ministro, ¿cómo pueden hablar ustedes de política social? ¿No sienten vergüenza de sacar los cuartos de esta manera al sector más sensible, más humilde, después de lo que están haciendo con la política agraria que les imponen?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, Presidente.
La fiscalidad del sector agrario es un todo. No se puede analizar la fiscalidad del sector agrario sólo en la

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compensación correspondiente al IVA y en la coherencia entre una cifra preexistente y las cifras posteriores. Es evidente que esa compensación se establece en un momento determinado en un tanto alzado, que no sé si era correcto o no. Le he dicho que, de momento, no era nuestra preocupación fundamental, porque nuestras preocupaciones fundamentales en la fiscalidad del sector agrario van en la dirección de elementos que me parecen más sustanciales que el que S.S. plantea.
En primer lugar nuestra dedicación fundamental se está centrando en la negociación del régimen de signos, índices y módulos. La negociación sobre este tema ha terminado ya y esperamos ponerla en marcha de forma inmediata. También se han introducido otros elementos importantes desde el punto de vista de la fiscalidad agraria. En la propia Ley 37/1992 se establece una reducción importante de los tipos impositivos aplicables a los inputs en actividades agrarias, que también evidentemente minora y deja un menor juego a ese 4 por ciento de compensación al que S.S. hacía referencia. En la ley de presupuestos de este año también hay algunos elementos interesantes desde el punto de vista de fiscalidad agraria.
Por tanto, creo que la fiscalidad agraria hay que estudiarla en su conjunto, y cuando ya sepamos exactamente, si al final se aprueba o no la modificación del IVA al alza, cuáles son los diferentes elementos adicionales que se ponen en funcionamiento, será el momento de estudiar si la compensación esa es coherente con el nuevo modelo o hay que modificarla para adaptarla a esa nueva realidad. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES DE EXCEPCIONALIDAD HAN MOTIVADO LA RENEGOCIACION DE LOS CREDITOS FAD QUE POR UN IMPORTE DE 24.852 MILLONES DE PESETAS FUERON CONCEDIDOS A LA REPUBLICA DE EGIPTO, INCLUYENDO LA CANCELACION DE PARTE DE LA DEUDA Y EL REESCALONAMIENTO DEL RESTO? (Número de expediente 180/000745)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
¿Qué razones de excepcionalidad han motivado la renegociación de los créditos FAD que por importe de 24.852 millones de pesetas fueron concedidos a la República de Egipto, incluyendo la cancelación de parte de la deuda y el reescalonamiento del resto?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Las mismas que hicieron que el conjunto de todos los países integrantes del Club de París decidiesen renegociar la deuda global de Egipto y cancelar el 50 por ciento de la misma.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Ministro, por esta explicación tan explícita que nos ha dado.
Sin duda que para nosotros es conocido, también para el resto de los grupos, que la política de condonación de deuda debe tener un importante papel en el futuro de nuestra ayuda y de nuestra política de ayuda oficial al desarrollo, y que además para ello se deben de marcar criterios y reglas limitando la discrecionalidad y opacidad de las decisiones y, en este caso, señor Ministro, las contradicciones, porque las contradicciones son peligrosas y en este caso han sido puestas en evidencia precisamente por el señor González, quien hace pocos días decía que la deuda egipcia se había condonado mediante sucesivas quitas, cuando en el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, remitido al Comité de Ayuda al Desarrollo en abril de este año, se decía que esa refinanciación de la deuda con Egipto se había realizado en la primavera de 1991, con una condonación por un importe de 898 millones de dólares, unos 12.425 millones de pesetas.
Nos gustaría también saber por qué el señor González sobre el mismo asunto dijo ese mismo día que la condonación de deuda se había producido debido a los impagos que se habían producido por parte de Egipto y que en ese caso no hubo más remedio que tomar esa decisión, cuando en la primavera, como decía antes, de 1991, el peso de la deuda afectaba casi exclusivamente a los intereses, ya que los períodos de carencia de los créditos todavía no habían vencido, y además en ese caso tienen deudas pendientes con España en estos momentos más de 21 países por un importe superior a los 22.000 millones de pesetas. También nos gustaría saber por qué el Ministerio de Comercio y Turismo consigna como un ingreso en el plan anual de cooperación internacional de 1993 una condonación realizada en el año 1991.
Por último, debería explicarnos también si en esa condonación ha tenido que ver algo la presencia como comisionistas de importantes amigos del señor González, como el señor El Assir o el señor Sarasola.


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Esta, señoría, no es más que la historia de la cultura del pelotazo iniciada como germen hace muchos años, que lleva camino de convertirse en la historia del felipismo. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Como es evidente, ya sabía yo que iba a terminar por el final de la pregunta, que no es una pregunta, y sabía que usted iba a colocar el latiguillo que utiliza en todas las preguntas referentes a este tema.
La renegociación de la deuda con Egipto está hecha en el marco del Club de París, del que usted evidentemente conoce cuáles son sus tareas y sus funciones. España renegocia la deuda sin ninguna cancelación en el año 1987 y vuelve a renegociarse en el año 1991 con una condonación del 50 por ciento que acuerdan por unanimidad el conjunto de los países integrantes en el Club de París. Como usted sabe, de ese Club forman parte Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Italia, Suecia, Suiza, Francia, Reino Unido, Noruega, Dinamarca y Holanda.
En esa fecha Egipto tenía deudas vencidas con todos los paises miembros del Club de París, entre ellos nosotros. Dentro de las deudas aseguradas por CESCE había impagos de 273 millones de dólares, y dentro del crédito FAD, deudas por 23,1 millones de dólares.
El acuerdo del Club de París se instrumenta después por acuerdos bilaterales. España firma su acuerdo bilateral de renegociación de la deuda con Egipto el 3 de julio de 1992, el ICO para la parte FAD, y el 14 de julio de 1992, CESCE. Por lo tanto, no puede tener repercusión en los presupuestos más que en los de 1993, que son los siguientes que se elaboran. Esa es la razón por la cual España ha renegociado, con una condonación parcial del 50 por ciento su deuda. Las afirmaciones que siempre le gusta hacer de citar nombres que nada tienen que ver con esta operación, ya sabemos que obedece a su intento de mezclarlos en cualquier cosa y crear aspectos de confusión en una operación que fue firmada por el Gobierno de UCD en el año 1982.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON NEFTALI ISASI GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE MEDIDA PIENSA EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION CUMPLIR EL MANDATO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA EL PASADO 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO RELATIVO AL POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESPAÑOL SOBRE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL VINO? (Número de expediente 180/000748)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿en qué medida piensa el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación cumplir el mandato del Congreso de los Diputados aprobado por unanimidad en la Comisión de Agricultura el pasado día 21 de abril del presente año, relativo al posicionamiento del Gobierno español sobre la reforma de la Organización Común de Mercado del vino?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Congreso el día 21 de abril ha estado muy presente a la hora de elaborar las posiciones en relación a la propuesta de reforma de la Organización Común de Mercado del vino. En el primer Consejo de Ministros de la Unión Europea, celebrado el pasado mes de septiembre, en que se analizó la propuesta de reglamento, expuse claramente la posición básica del Gobierno frente a la nueva reforma, posición que, no podría ser menos, coincide con el planteamiento general de la proposición no de ley, con el sentir de todos los profesionales vitivinícolas, y que S.S. ya conoce porque lo he expuesto ya muy reiteradamente en esta Cámara. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Isasi.


El señor ISASI GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 5 de octubre, en respuesta a una pregunta de este Diputado, dijo lo siguiente: Sobre el tema de la chaptalización, yo no creo que debamos caer en la fijación de un señuelo de una reforma que tiene otros muchos aspectos además de la chaptalización, a los que tenemos que oponernos.
No digamos sí o no a este punto o a otro porque hay otros muchos aspectos que me preocupan tanto como la chaptalización.
Usted, señor Ministro, no quiso comprometerse a no aceptar el documento de reforma de la OCM del vino si se perpetuaba la chaptalización. Por eso le tengo

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que plantear esta pregunta y, en su caso, reclamar el amparo de la Presidencia de la Cámara porque puede estar usted planteando un conflicto de competencias entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Señor Ministro, el pasado 21 de abril, en esta Cámara y por unanimidad, a instancias del Grupo Popular, se tomó un acuerdo, que bien podemos denominarlo histórico dentro del sector, donde en su punto quince dice lo siguiente: Que se prohíba totalmente la práctica de la chaptalización, ya que contribuye al aumento de los excedentes con la introducción en el mercado de alrededor de 20 millones de hectolitros. El pasado día 3, otra proposición no de ley, en este caso del Grupo Vasco, también aprobada por unanimidad, dice: La suspensión total de la práctica de la chaptalización, etcétera.
Aquel día, señor Ministro, al final del debate de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, no le voy a recordar lo que dijo este portavoz que le habla, pero sí lo que dijo el portavoz socialista. Porque si es verdad, decía el portavoz del Grupo Socialista, que esta es una proposición no de ley realmente trascendental para el sector, nosotros también vamos a vigilar para que el Gobierno negocie, y negocie con firmeza, en el sentido que esta proposición no de ley indica.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Isasi.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Isasi, a ver si en su Grupo comienzan a aclararse respecto a lo que quieren en el sector del vino. Ayer mismo ha llegado a mis manos una noticia referente a la intervención del portavoz de temas agrarios de su Grupo, el señor Ramírez, en la que dice: Además, la chaptalización, si no suprimirse totalmente, debe al menos reducirse y llevarse a cabo de forma mixta mediante el enriquecimiento con mosto y azúcar de remolacha. Esta es la posición del portavoz de temas agrarios del Grupo Popular, de acuerdo con lo publicado en los medios de comunicación.
Podría decirles lo mismo sobre el arranque de viñedos. Están ustedes haciendo toda una historia sobre el tema del arranque de viñedos, y tengo también una proposición no de ley, firmada por el señor Rato, que usted mismo defendió en esta Cámara y que, afortunadamente, fue rechazada, en la que dice: Se insta al Gobierno a que incentive, mediante el establecimiento de las ayudas económicas suficientes, el arranque de vides en aquellas regiones productoras con excedentes de vinos de mesa.
Eso es lo que han defendido ustedes, la chaptalización, el arranque de viñedos y otras muchas cosas. (Fuertes rumores.) Lo que yo propongo es que celebren una reunión en su Grupo para ponerse de acuerdo sobre qué quien en el sector del vino y el Ministerio les aportará el asesoramiento técnico.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Ramírez González pide la palabra.) Señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, ruego un turno de intervención por las alusiones de que he sido objeto por el señor Ministro. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Señor Ramírez, tiene la palabra estrictamente para las alusiones que ha habido en la intervención del señor Ministro.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, cuando lea usted un documento le ruego que lo haga en su totalidad. Este portavoz lo que ha dicho es que la chaptalización solamente sería aceptada elevando sustanciamente el grado alcohólico de los vinos que fueran objeto de ella. Por tanto, solamente aceptando chaptalización a partir de los nueve grados. Eso significa dejar fuera de la chaptalización 20 millones de hectolitros de vino que en el norte de Europa se están produciendo. Lea usted bien y no mediatice mis intervenciones. La chaptalización a partir de nueve grados, no apartir de los seis grados que se están autorizando en estos momentos. Por tanto, señor Ministro --que no sabe nada de esto--, sea consecuente con lo que nosotros venimos diciendo. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramírez.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Solamente para tomar nota y ratificar, como dice usted mismo en sus declaraciones --y como dice la prensa- -, que están aceptando la chaptalización con remolacha, cosa que hasta ahora el Gobierno español no ha aceptado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA PRESENTAR EL GOBIERNO OBJECION AL RECIENTE ACUERDO PESQUERO DE HALIFAX ENTRE CANADA Y LA UNION EUROPEA, QUE DISCRIMINA DE MANERA IMPORTANTE A LA FLOTA CONGELADORA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000750)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Fernández de Mesa. Tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿piensa el Gobierno instar a la Unión Europea para presentar una objeción al reciente acuerdo europeo de Halifax entre Canadá y la Unión Europea, que discrimina de manera importante a la flota congeladora española?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Como S.S. seguramente sabe, no existe un acuerdo entre Canadá y la Unión Europea de Halifax. Los acuerdos a los que se llega en el seno de NAFO son adoptados por las partes contratantes y nunca, como afirma S.S., entre Canadá y la Unión Europea.
Supongo que se refiere a la reunión anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, NAFO, celebrada en Canadá del 19 al 23 de septiembre, en la que se han adoptado algunas decisiones que afectan, en general, a las flotas de las partes de NAFO y, en particular, a la flota congeladora. Y supongo que se refiere a la decisión adoptada en relación con la fijación de un total autorizado de capturas para el fletán negro, especie capturada en mayor proporción durante los últimos años por la flota congeladora española. El informe de los científicos para 1995 proponía que, teniendo en cuenta el estado del «stock», se debía limitar la actividad pesquera, reduciendo el esfuerzo pesquero de tal manera que la captura debía ser inferior a 40.000 toneladas, frente a las 60.000 que se estaban capturando actualmente. La posición de la delegación española siempre fue, teniendo en cuenta la incertidumbre de los datos científicos, la de no fijar un total autorizado de capturas. Esta posición, coincidente con la del sector pesquero español, no fue apoyada por ninguna otra parte de NAFO y la Comisión, en nombre de la Unión Europea, propuso un total de 40.000 toneladas, que no fue apoyado por ninguna otra parte, y finalmente un TAC de 27.000 toneladas propuesto por Noruega no fue rechazado por nadie, en contra de la posición española.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente y gracias, señor Ministro.
Supone perfectamente bien en todo lo que le he preguntado, señor Ministro, lo cual quiere decir que sabe por dónde va la pregunta, independientemente de la redacción que se le haya dado.
Quiero decirle una cosa. Ayer hablaba de que le habían metido un gol en la cuestión de materia láctea; en materia pesquera, le vienen metiendo a ustedes goles, pero no sólo eso, sino que meten al Ministro y todo dentro de la portería. En materia pesquera España va perdiendo del orden de 14.000 puestos de trabajo en menos de cinco años. Si negociamos con Noruega, negociamos mal y nos rebajan la cuota; si hablamos del sector del Atlántico Norte y la cuota del bonito, pasa exactamente igual; si hablamos con Marruecos, lo mismo, y ahora, si vamos a Canadá, resulta que nos quieren echar de aquellos caladeros, de fuera de las 200 millas canadienses. Y el Comité Científico, señor Ministro, sabe usted perfectamente que no ha recomendado por debajo de las 40.000 toneladas, sino que ha recomendado que no se superaran las 40.000 toneladas, que es completamente diferente, y usted sabe que las cuotas que Españavenía capturando eran del orden de las 60.000 toneladasanuales y en este momento nos han dejado en 27.000.
El problema no es que la propuesta española o de la Unión Europea no se haya votado, el problema grave es que ni España ni Europa hayan tenido los arrestos suficientes para votar en contra y se hayan abstenido en esa proposición canadiense, con el brazo largo de nuestros muy pronto queridos socios noruegos. Señor Ministro, es lamentable lo que está padeciendoel sector pesquero español por falta de representatividad de nuestro Gobierno. Usted va a Bruselas y dentro de muy poco volverá como Ministro de Agricultura y Alimentación, porque de pesca no quedará nada. Tenga mucho cuidado, señor Ministro, porque, siguiendo por este camino, dentro de muy poco vendrá usted de Bruselas hasta sin cartera.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señor Fernández de Mesa, como seguramente usted sabe, porque se ha comentado a las comunidades autónomas afectadas, las autoridades españolas han iniciado los trámites para que el Consejo de la Unión Europea tome una decisión sobre la presentación de una objeción a NAFO. El plazo de que se dispone es hasta el 11 de diciembre de 1994, por lo que el Consejo de Ministros de la Unión Europea deberá decidir antes de dicha fecha si presenta una objeción al TAC acordado y se adopta un TAC autónomo por mayoría cualificada.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION TOMAR ALGUNA INICIATIVA EN RELACION CON EL CULTIVO DEL ARROZ, QUE SUFRE DE LA SEQUIA Y LA SALINIZACION DE LAS AGUAS DEL GUADALQUIVIR DESDE HACE AÑOS? (Número de expediente 180/000767)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Yáñez- Barnuevo, que tiene la palabra.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la zona del arroz de la provincia de Sevilla supone casi una quinta parte, una amplia zona de las marismas del Guadalquivir, prácticamente de monocultivo del arroz, origen de la riqueza inducida y directa de toda una zona que abarca varios pueblos. La sequía prolongada que vive ésa, como otras zonas del país, han producido el no cultivo del arroz o el cultivo parcial durante varias temporadas. Esta pregunta había sido dirigida a su predecesor, pero no hubo ocasión de plantearla en el Pleno y se lo hago ahora: ¿ha previsto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación alguna iniciativa, alguna medida para paliar o resolver en parte el problema del agua para un cultivo que la requiere en grandes cantidades? Espero su respuesta, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez-Barnuevo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, los problemas estructurales que afectan a las disponibilidades de agua en la cuenca del Guadalquivir y que limitan en buena medida las posibilidades de cultivo de arroz en la desembocadura de este río, están en fase de estudio y, una vez evaluadas las alternativas existentes, se procederá a tomar una decisión.
Independientemente de esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la vista de la baja disponibilidad de agua que se prevé para este cultivo en la próxima campaña 1995/1996, ha dispuesto que las tierras de arroz puedan ser cultivadas con colza de invierno, para que puedan acogerse al sistema de pagos compensatorios establecidos para los cultivos herbáceos y las explotaciones afectadas puedan mantener una actividad económica y un nivel de rentas satisfactorio.
Cara al futuro, las medidas que se adopten para la regulación del Guadalquivir, que están en estos momentos en estudio, junto a la expectativa de una climatología favorable o por lo menos en condiciones de normalidad de la cuenca, deben permitir garantizar la utilización de las 30.000 hectáreas que históricamente vienen dedicándose al cultivo de arroz en el bajo Guadalquivir.
Muchas gracias

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Yáñez-Barnuevo.


El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su respuesta. Utilizo este segundo turno de la pregunta para encarecerle que se dedique una máxima atención a este tema, porque, aparte de cultivos alternativos, la solución, al menos parcial, sería un embalse.
Se habló del embalse de Los Melonares, y los arroceros están, al menos públicamente, manifestándose mucho en esa dirección, que parece que técnica y financieramente es posible. Creo que trabajar en esa dirección sería bueno para ese conjunto de pueblos, y especialmente para El Puntal, que es el pueblo más afectado de la zona, aunque el nombre oficial es el de Villafranco, pero a mí no me gusta utilizarlo, les gusta más a los señores de esos escaños de la derecha. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yáñez.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, solamente quería decirle que comparto plenamente su preocupación porque, además de un factor coyuntural durante estos últimos tres años de sequía, existen problemas de dotación de agua de carácter estructural que es necesario paliar mediante inversiones en regulación en la cuenca. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: RECIENTEMENTE LA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES COMENTO LA CONVENIENCIA DE QUE EXISTA UNA NORMA COMUNITARIA QUE EVITE LA TRANSMISION

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DE VALORES SEXISTAS Y REGULE UN TRATAMIENTO EQUILIBRADO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION ¿PODRIA AMPLIARNOS ESTA IDEA E INFORMARNOS DE SI HAY YA ALGO ELABORADO? (Número de expediente 180/000759)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora Balletbó i Puig.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
En una sociedad mediática como la que vivimos, con una gran influencia de los medios de comunicación, en especial de la televisión, los comportamientos públicos y privados se ven altamente influenciados. En ese sentido, un tema como es el de la igualdad y la emancipación de la mujer se siente perjudicado, en la medida en que esos medios reproducen estereotipos de comportamientos que, afortunadamente, están evolucionando de forma cada vez más en favor de una igualdad.
La señora Ministra, en algunas ocasiones, ha manifestado que en la Comunidad Europea existe el proyecto de elaborar una norma antisexista que trate, no de regular, ni mucho menos, sino de corregir estas disfunciones que algunos medios de comunicación reproducen. Recientemente, la señora Ministra reiteró, en un Congreso de mujeres abogadas que se celebró en Palma, esta idea, y yo quisiera saber en qué consiste, si hay algo más avanzado, o cuál sería la posición de la Ministra al respecto y, sobre todo, si nos puede adelantar algún aspecto de esta nueva normativa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, se está trabajando en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de los responsables de temas de condición femenina y de igualdad de oportunidades sobre un proyecto de publicidad no sexista. Desde la Comisión de la Unión Europea se han marcado, a lo largo de estos últimos años, una serie de directrices para que se tome conciencia de la necesidad de reflejar los papeles femenino y masculino en los medios de comunicación de forma equitativa, promoviendo asimismo el prestar ayudas a las empresas de radio y televisión, precisamente en esta línea, proporcionándoles materiales educativos. Por su parte, el tercer plan de acción comunitario de la Unión Europea, también para la igualdad de oportunidades, tiene tres series de actividades en esta línea.
En primer lugar, sensibilizar a las productoras televisivas sobre los temas relacionados con la igualdad de oportunidades; en segundo lugar, la promoción del debate entre los profesionales de los medios de comunicación sobre la naturaleza de su trabajo y la importancia de la influencia que tienen según el tratamiento que se haga de hombres y de mujeres; y en tercer lugar, la promoción de políticas y prácticas que favorezcan una imagen igualitaria y justa de las mujeres en los contenidos de los medios de comunicación. Por tanto, actividad de la Comisión de la Unión Europea, actividad del Plan de Acción de la Unión Europea vigente, y también en este contexto son importantes los acuerdos del Plan de Acción aprobado por la Unión Interparlamentaria mundial, en el que se destaca el papel decisivo que deben jugar los medios de comunicación en la difusión de informaciones basadas en una imagen positiva de la mujer y una imagen acorde con su realidad actual.
En este contexto, puedo decirle que se está trabajando en la línea de que los medios de comunicación difundan una imagen de la mujer acorde con su realidad actual. Desde el Ministerio de Asuntos Sociales y desde el Instituto de la Mujer, en aplicación del Segundo Plan de Oportunidades, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 1993, están esas líneas de acción claramente estructuradas: Eliminar la imagen discriminatoria de la mujer, mediante campañas de sensibilización, campañas publicitarias, convenios con las distintas televisiones y especialmente con la estatal; potenciar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación y evitar que la publicidad, de cualquier tipo, utilice la imagen de las mujeres de una forma discriminatoria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, yo celebro esta iniciativa. Imagino que una reciente campaña que en estos momentos está en los medios responde a esta idea de la señora Ministra y le animo a seguir en esa dirección, porque, al final, cada vez son más las mujeres que están luchando para un tratamiento de la igualdad y esas imágenes no sólo perjudican sino que, además, a las mujeres que están batallando en el terreno de la vida diaria las indigna.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.


--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN FIGUERAS I SIÑOL, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL ACUERDO ALCANZADO EL PASADO 1 DE AGOSTO CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS,

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RELATIVO A LA PARTICIPACION LOCAL EN LOS INGRESOS DEL ESTADO EN EL QUINQUENIO 1994-1998? (Número de expediente 180/000760)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, de la señora Figueras i Siñol, que tiene la palabra.


La señora FIGUERAS I SIÑOL: Gracias, señor Presidente.
El pasado 1.º de agosto se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias relativo a la participación local en los ingresos del Estado, en el que se establecía, además de la liquidación definitiva correspondiente a 1993, la cantidad inicial de la participación del quinquenio 1994 a 1998, y cuál va a ser su evolución, marcándose un crecimiento mínimo y también un crecimiento máximo. Finalmente, en el acuerdo se incorporaba como novedad la articulación de fondos estructurales y de cohesión que serán destinados a financiar proyectos de las entidades locales. ¿Qué valoración hace el Gobierno de este acuerdo, señor Ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Figueras.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como sabe, ese acuerdo fue fruto de una larga negociación entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Economía y Hacienda y el resultado merece una valoración muy positiva, en primer lugar, porque supone una mejora de las cantidades percibidas correspondientes al año 1993, al establecer una liquidación que aporta un complemento de 93.000 millones de pesetas, que ya ha sido abonado íntegramente el pasado mes de septiembre por el Ministerio y que incluso con anterioridad había habido un anticipo de 18.000 millones de pesetas.
En segundo lugar, el acuerdo establece el método de participación en los ingresos del Estado para el próximo quinquenio, comenzando el 1.º de enero del presenteaño, y esta participación se fija este año en la cantidad de un billón 35.000 millones, lo que supone un incremento sobre el año 1993 del 9,1 por ciento. Tiene la garantía, además, de que crecerá como mínimo lo que lo haga el índice de precios al consumo y también se establece el máximo en función de la evolución del PIB.
Hay otros aspectos que suponen también una mejora en las finanzas de las corporaciones locales, porque a fin de compensar a los municipios afectados por las reducciones de impuestos sobre actividades económicas correspondientes a las centrales eléctricas se dota en los dos ejercicios siguientes con la cantidad de 1.500 millones de pesetas. Se mejora también la participación de las corporaciones locales canarias con un baremo que supone en el año 1994 pasar del 31 por ciento al 36 por ciento en este ejercicio, y ya anualmente irá incrementándose en un uno por ciento, aproximándose al régimen común del resto de las corporaciones locales españolas, y se fijan, además, dos fondos destinados a financiar las infraestructuras en el ámbito local, uno de 30.000 millones, dedicado al medio ambiente, que se financia con el Feder y con los fondos de cohesión a partes iguales, y, otro, de 30.000 millones de pesetas, de los que 15.000 millones provienen del Feder y 5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado, que se dedican a infraestructuras contempladas en el programa de cooperación económica local.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LA RETIRADA EN LA TELEVISION PUBLICA DE LA SERIE «EL SEXOLOGO»? (Número de expediente 180/000757)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Alcaraz Masats, que tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace unos días, en función de un gran debate social en torno al tema, el Consejo de Ministros decidió recabar la retirada de la televisión pública de la serie «El sexólogo». ¿En función de qué criterios hizo esta acción?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Quizá la fórmula que S.S. ha empleado en relación con la deliberación informal que tuvo lugar en el Consejo de Ministros sobre esta serie no es la más acertada. No es recabar del Director General, sino transmitir la preocupación del Consejo de Ministros al Director General. Una preocupación que el Consejo de Ministros entendía razonable, tanto por los contenidos de la serie como por las críticas, y que había suscitado cierta inquietud en amplios sectores sociales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


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El señor ALCARAZ MASATS: Señor Ministro, efectivamente, parece una nimiedad, pero también hay que saludar esa sensibilidad que por una vez ustedes han tenido de elevar a debate cultural lo que no es una nimiedad, máxime cuando se presenta a través de la televisión pública.
Hay que decir que a partir de ahí habría que tomar una serie de medidas en función de las consecuencias que se derivan.
Hubo informes internos de la casa, en marzo y abril de 1993, rechazando la posible contratación de esta serie por machismo, porque denigraba la imagen de la mujer, por falta de calidad y porque después incluso se vio, como ha dicho la Ministra, señora Alberdi, que hay una cierta apología de la violación en algunos de sus guiones. Sin embargo, don Ramón Colom, Director de Televisión Española, se empeñó en contratar esta serie. Se produjo, se ha empezado a emitir y ha sido un auténtico desastre visual. Tanto es así que nosotros convocamos una huelga de telespectadores en el sentido de cambiar de cadena cuando se emitiera algún capítulo. No se produjo la tercera emisión porque se suspendió. Teniendo en cuenta que esta serie ha costado 390 millones de pesetas, cada capítulo ha supuesto unos 195 millones. Si había informes previos para que no se contratara y se efectuó por la insistencia del señor Colom, habría que pedir responsabilidades, habría que tener en cuenta este funcionamiento que no responde al liderazgo estético ni ético ni responde tampoco a una concepción apropiada de lo que es la televisión pública del señor Colom, ahora, dentro de poco, cuando se renueven los cargos.
Habría que atender al liderazgo ético y estético de la televisión pública y a una defensa adecuada de los telespectadores.
Estamos preparando una proposición en la dirección de que se cree la figura del Defensor del telespectador, para que la televisión pública cumpla con el papel que le corresponde en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Le agradezco la valoración positiva que S.S. hace de la sensibilidad del Consejo de Ministros en relación con esta serie. Le repito una vez más que el Gobierno considera acertada la decisión del Director General. A tenor de sus explicaciones, tanto en la Comisión de Presupuestos el día 18 de este mes en este Parlamento como en el Consejo de Administración, se basa en criterios y razones similares a los que S.S. ha expuesto.
Estoy convencido de que en ulteriores sesiones de la Comisión de Control el Director General de Radiotelevisión dará una explicación procedente a las dudas que le suscita a S.S. el procedimiento de Televisión Española en la contratación de esta serie.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿POR QUE TELEFONICA NO ACLARA QUE CON SU TARJETA PERSONAL LAS LLAMADAS METROPOLITANAS CUESTAN HASTA CINCO VECES MAS QUE SIN ELLA, DESDE CUALQUIER TELEFONO PUBLICO? (Número de expediente 180/000744)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6. Para formularla, tiene la palabra el señor Camisón Asensio.


El señor CAMISON ASENSIO: ¿Por qué Telefónica no aclara que con su tarjeta personal las llamadas metropolitanas cuestan hasta cinco veces más que sin ella desde cualquier teléfono público?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la publicidad que Telefónica efectúa en relación con este servicio dice textualmente: Llamar desde cualquier teléfono con la tarjeta personal no implica coste adicional, a excepción de las llamadas metropolitanas. Y a continuación se indica que el precio que se cobra por una llamada metropolitana coincide con el de la llamada provincial.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: La almendra de la cuestión es que en su Orden de subidas y ajuste de tarifas, del «BOE» de 30 de julio, se establece para el uso de la tarjeta personal en llamadas metropolitanas no el coste motropolitano, sino las tarifas provinciales, que son más caras, como sabe. Los costes en pesetas por cada tres minutos de esas llamadas metropolitanas con tarjeta son, por ejemplo, en el caso de las cabinas, en período punta, 97,3 pesetas; sin tarjeta, sólo 17,7 pesetas. Distorsiones semejantes se aprecian en el período normal y en el reducido. Usted ha tomado la decisión política de tan descomunal subida en las llamadas tarjetas.


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Allá usted, pero lo que no hay derecho es que consienta que Telefónica haya engañado, aunque ahora quiera corregir, a los españoles con su propaganda falaz. Señor Ministro, el primer tríptico decía textualmente: «La tarjeta no le costará más que desde cualquier teléfono público». Falso, según su orden ministerial. La segunda oleada de publicidad decía textualmente: «La tarjeta no le costará más, excepto si la llamada es metropolitana.» Reconocía por fin la subida pero se callaba en ese folleto el cuánto. Estamos, por tanto, ante algo que es peor que la mentira, que es la media verdad. Y en la tercera oleada, hablando de tarjetas, dice: «Sin más complicaciones.» ¿Es que no es complicación el que sea cinco veces más cara? En definitiva, señor Ministro, se ha podido corregir, pero se ha estado mucho tiempo engañando a la opinión pública. Y ha ocurrido lo que ya sabíamos: los clásicos atropellos del monopolio.
Usted, el pasado 13 de septiembre, se constituyó en el Senado como precursor de esto folletos explicativos. Explicativos ¿de qué? Explicativos de una extorsión al ciudadano porque muchos días se ha estado engañando en esta misma dirección.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisión.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Usted viene aquí con la réplica escrita y diga yo lo que le diga me suelta lo que tiene escrito. Su pregunta era por qué Telefónica no aclara que en su tarjeta personal..., etcétera.
Y yo le contesto algo que usted no desmiente, que es que en la información Telefónica dice que el uso de esa tarjeta no implica ningún coste adicional a excepción de las llamadas metropolitanas, y a continuación indica que el precio que se cobra en el caso de una llamada metropolitana coincide con el de la llamada provincial. Luego la información advierte claramente --y usted no lo desmiente-- que cuando hace usted una llamada metropolitana le cobrarán el precio de una llamada provincial. Lo dice. Es verdad que no dice cuánto cuesta la llamada provincial pero dice claramente que el precio de una llamada metropolitana es el de una llamada provincial. ¿Lo dice o no lo dice? Claro que lo dice, señoría, y su pregunta era por qué no lo dice. Yo le digo que lo dice.
Luego, a continuación, usted se va por las ramas, por los cerros de Ubeda y explica cosas que nada tienen que ver con el objeto de su pregunta. Pero, ciñéndome a la pregunta, me parece más razonable intentar explicarle la razón por la cual una llamada metropolitana, utilizando esa tarjeta, se factura al precio de una llamada provincial.
Es por una razón técnica. Esas llamadas son facturadas por las centrales digitales de la red, que en el momento actual no son capaces de discriminar el origen y el destino de una llamada, salvo a nivel provincial. Por lo tanto, tienen que aplicar una tarifa provincial porque en el momento actual de digitalización, la central en cuestión, a la hora de facturar, desconoce la información necesaria para ello. Eso se advierte al usuario. Se le advierte que si utiliza ese método de pago, esa tarjeta irá facturada a la escala metropolitana.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.


--PREGUNTA DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE IMPORTANCIA CONCEDE A LOS INFORMES DE IMPACTO AMBIENTAL RELATIVOS A OBRAS A EJECUTAR POR ESE MINISTERIO? (Número de expediente 180/000746)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 de la señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con un Real Decreto de 1986 se aprueba la incorporación de la Directiva comunitaria sobre impactos ambientales, que, por cierto, no recoge el Anexo II de dicha directiva.
En 1988 se aprueba el Reglamento que desarrolla el Real Decreto y en el que queda muy claro que, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o autorización de la obra, el organismo competente suministrará el expediente al organismo administrativo de medio ambiente para que se formule la declaración de impacto ambiental, declaración que determinará la conveniencia o no de realizar el proyecto.
En 1993 la Comisión de la Comunidad Europea nos dice en un documento de medio ambiente que lo que se pretende es que el impacto ambiental se evalúe antes de que se autorice la obra y se empiece su ejecución.
También nos dice con respecto a España que nos hace notar las discrepancias entre el cumplimiento formal y el práctico en los impactos ambientales y también que debemos de garantizar mejor la independencia de la autoridad ambiental que interviene en el proceso del estudio de impacto ambiental.
Señor Ministro, después de estas recomendaciones, ¿qué importancia concede a los informes de impacto ambiental relativos a las obras a ejecutar por su Ministerio?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: (Borrell Fontelles): Señoría, obviamente les concedo la importancia que tienen dentro del marco normativo al que usted ha hecho referencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
La señora Martínez tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Ministro, gracias como siempre por su respuesta, pero la realidad de todo esto es que el 18 de noviembre de 1993, con respecto a la presa de Matallana, decía usted que después de haber leído la declaración de impacto ambiental ha decidido que el proceso se detenga y se paralice hasta hacer un estudio más profundo, pero usted no dijo en el Senado que ese mismo día, a las once de la mañana, se estaban abriendo las plicas para la licitación de ese proyecto.
Sin embargo, lo que es más gordo, señor Ministro, es que el 1 de septiembre, después de haber dicho el Director General de Obras Hidráulicas en este Congreso que el travase del Guadiana-Majaceite tenía realizado el estudio de impacto ambiental y que se había encargado otro más profundo que estaba ya casi a disposición de los que le quisiéramos ver, ese mismo día, después de que el Consejo de Ministros hubiera aprobado, el 20 de mayo, la adjudicación de la obra, aprueban ustedes, en el mismo Boletín, la adjudicación de la obra y la adjudicación de la elaboración del proyecto del estudio de impacto ambiental. Señor Ministro, aquí está en el Boletín.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Hay mucho que mejorar en la práctica de la evaluación de impacto ambiental, porque es una técnica nueva de reciente aplicación en nuestro país. Soy perfectamente consciente de que hay que darle toda la importancia que tiene y las directrices políticas que he dado en mi Ministerio, que también tiene las competencias de medio ambiente, confirman plenamente mi voluntad de que las evaluaciones de impacto ambiental, es decir, los estudios previos y las declaraciones correspondientes, se efectúen con el máximo rigor. Es verdad que hay momentos en los cuales la dinámica administrativa ha ido siguiendo pautas heredadas de anteriores situaciones y he tenido que corregir circunstancias como éstas a las que usted hace referencia. En el caso concreto de la presa de Matallana no me duelen prendas en reconocer que la dinámica de la contratación de la obra se había producido de una forma totalmente discorde con los mecanismos de evaluación y declaración de impacto ambiental.
Por eso decidí que esa apertura de plicas quedara en suspenso, que no se contratara --y no se ha contratado-- hasta que profundizásemos en la evaluación del impacto ambiental y la Comunidad Autónoma de Madrid suministrase una información más precisa sobre las necesidades de agua y una política de ahorro que deteminase la necesidad del agua.
En este caso concreto tiene usted razón. Una descordinación administrativa, una dinámica que debe ser corregida, una disciplina que debe ser impuesta --y a ello me aplico desde la acción política que me corresponde--, una apertura de plicas que ha quedado en suspenso hasta que no profundicemos en la evaluación del impacto ambiental de la obra.
Hay momentos en los cuales se cometen errores. Cuando se cometen, deben ser corregidos y esta propia corrección de errores y este esfuerzo en coordinar la acción administrativa de distintos elementos sometidos a mi control político, no son sino el testimonio y la prueba de la voluntad de dar a las declaraciones de impacto ambiental la importancia que tienen como elemento condicionante de la obra pública.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES CONTEMPLA EL GOBIERNO PARA LAS TRANSFERENCIAS DE LAS COMPETENCIAS SOBRE PUERTOS Y AEROPUERTOS A LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA DE CARA A QUE ESTA PUEDA LLEVAR A CABO UNA GESTION DIRECTA ADAPTADA A SUS NECESIDADES Y DE FORMA COORDINADA CON EL INTERES DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000756)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Ministro, el otro día, ante un par de preguntas referidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se nos acusó a Izquierda Unida de hacer campaña electoral (estábamos en campaña), aunque la pregunta se había formulado antes de entrar en ella.
Por ello, ya fuera de campaña electoral, formulo esta pregunta referida a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en tanto que Izquierda Unida, o Ezker Batua, que es la organización de Izquierda Unida de Euskadi,

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no tenga una representación directa: ¿Qué previsiones contempla el Gobierno para las transferencias de las Competencias sobre puertos y aeropuertos a la Comunidad Autónoma del País Vasco de cara a que ésta pueda llevar a cabo una gestión directa adaptada a sus necesidades y de forma coordinada con el interés del Estado?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no tiene prevista la transferencia a la que usted alude.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Esperaba esta respuesta señor Ministro, pero resulta que el otro día en una respuesta parecida en relación a la posibilidad de transferencia de competencias de empresas de INI a la Comunidad Autónoma del País Vasco se nos dijo, por parte del señor Serra, que se estaba trabajando en este sentido y que probablemente habría una ley no únicamente para una comunidad autónoma sino para el conjunto del Estado.
Yo le hago esta pregunta de acuerdo con el programa de Izquierda Unida y, además, de acuerdo con otras cosas: en primer lugar, de acuerdo con el programa de Izquierda Unida, para reclamar a la Administración central las transferencias de competencias en puertos y aeropuertos, para poder llevar a cabo una gestión directa adaptada a las necesidades objetivas de la Comunidad Autónoma del País Vasco más cerca del terreno donde se producen los problemas; en segundo lugar, y eso debería ser una facilidad para ustedes, porque ahora mismo está en el programa del Partido Nacionalista Vasco; y en tercer lugar, y como elemento importante y de cara a convertir en realidad los discursos autonómicos electorales --es decir, los discursos que hacen todas las fuerzas políticas en campaña electoral--, para reforzar la autoridad política y de gestión del Estado con medidas que partan de que naciones históricas sin Estado, como es el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y sus órganos forman parte del Estado español; son, por tanto, Estado, en la línea que siempre intenta alumbrar el camino de Izquierda Unida de que en este país es necesaria la construcción de un Estado federal.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Frutos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señoría, yo no sé a cuento de qué vienen las disquisiciones sobre si las comunidades autónomas son o no son Estado con respecto a la pregunta que usted me hace. ¡Por supuesto que las comunidades autónomas son Estado! Pero no veo qué quita ni qué añade eso al hecho de que la gestión de los puertos de interés general del Estado -- según dice la Constitución-- corresponda a la Administración central del Estado.
La Constitución habla de una cosa que llama puertos de interés general del Estado y dice que ésos, los de interés general del Estado corresponde su gestión a la Administración central del Estado que lo ha hecho a través de unas autoridades portuarias coordinadas por un ente público.
Podemos discutir, señoría, qué puertos son de interés general del Estado y cuáles no, pero los que lo sean, dice la Constitución que corresponde gestionarlos a la Administración central del Estado. Supongo que la Constitución no hace referencia al conjunto vacío cuando habla de puertos de interés general del Estado; alguno habrá que lo sea, de lo contrario no veo a santo de qué viene que la Constitución hable de ellos.
Pues bien, el puerto de Bilbao, que parece ser que es un puerto que por su trascendencia económica va más allá del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, está calificado como puerto de interés general del Estado y gestionado por una autoridad portuaria dotado de toda la autonomía de gestión, en cuyo consejo de Administración participa la comunidad autónoma y el ayuntamiento o los ayuntamientos de los municipios donde está situada la instalación portuaria correspondiente.
Lo mismo puede decirse de los aeropuertos que forman una red que gestionamos integradamente, compensando pérdidas en unos casos con beneficios de otros. Creo que es un buen modelo, que funciona adecuadamente, que es perfectamente compatible con el Estado autonómico y que no se obtendría ninguna ventaja de su ruptura.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS ULTIMOS RESULTADOS CONOCIDOS DEL PLAN DE EXTENSION DEL TELEFONO A LAS ZONAS RURALES? (Número de expediente 180/000761)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor Antich i Balada.


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El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, hace ya unos meses le formulé una pregunta semejante y entonces los datos que usted me facilitaba eran referidos a finales, aproximadamente, de 1993.
Por considerar la implantación del teléfono rural un tema muy importante --pienso que ésta también es la opinión del Gobierno-- en el sentido de facilitar que los avances tecnológicos se puedan aplicar en beneficio de los sectores que más lo necesitan como son los municipios rurales o las zonas diseminadas, me congratulo, pues, de que con la aportación de Telefónica y de otras administraciones, se posibilite que este plan, que además tenía una duración plurianual, se vaya aplicando y, por tanto, el sentido de mi pregunta es conocer, a la fecha más inmediata posible, cuál es el estado de aplicación de este plan.
Por consiguiente, señor Ministro le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los últimos resultados conocidos del plan de extensión del teléfono a las zonas rurales? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la extensión del servicio telefónico en el medio rural ha recibido, como usted dice, un impulso notable en los últimos años, sobre todo gracias al plan operacional que el Consejo de Ministros aprobó el día 12 de marzo de 1993, que se extendía al período 1993/1996. A finales de 1996 cualquier ciudadano residente en el medio rural podrá disponer del servicio telefónico en su domicilio en los mismos plazos y las mismas condiciones económicas que los residentes en zonas urbanas. Y, por lo tanto, desaparecerá el concepto de extrarradio y la tarifa que se le viene aplicando.
Este plan es muy ambicioso, supera ampliamente objetivos que nos habíamos marcado anteriormente y es posible gracias a la aplicación de la tecnología de acceso celular por cobertura radioeléctrica, además del sistema convencional por red de hilo de cobre. Para ello hemos contado con la imprescindible colaboración de las diversas entidades territoriales y, en aquellos casos en los que no ha sido posible conseguir la colaboración de los responsables autonómicos, Telefónica ha desarrollado un plan supletorio.
También estamos instalando ya un teléfono público de servicio en todas las entidades de población que tengan diez o más habitantes. Los últimos datos, los de agosto de 1994, vienen a confirmar la orientación positiva que apuntaba el pasado mes de marzo al contestar en esta Cámara a una pregunta de S.S.
Así, en el primer año del plan operacional se han suscrito convenios con entidades territoriales que cubren 46 provincias españolas y están en marcha las gestiones de las cuatro restantes. Se sigue aumentando el número de nuevas zonas urbanas que se están creando --que ya son más de mil a 31 de agosto de este año--, lo que da lugar a un descenso correlativo del número de teléfonos públicos de servicio instalados por su escaso interés al poder disponer ya de abono urbano domiciliario. También disminuyen las líneas de extrarradio. A finales del mes de agosto de este año, hemos instalado ya 68.530 líneas de este tipo, sólo en lo que va de año, y en total hemos superado las 461.000. Por lo tanto, el Plan se desarrolla de acuerdo con las previsiones previstas.
En 1996 toda España tendrá teléfono a la misma tarifa.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS INVERSIONES REALIZADAS ESTE AÑO EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000762)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, a partir de la Ley de Costas y de la actuación del Ministerio, la realidad es que las costas han cambiado y han cambiado a mejor. Esto es general en casi todo el litoral español, con la gran extensión kilométrica de costas, y ello requiere el esfuerzo importante que en estos momentos está haciendo su Ministerio. En este sentido la pregunta número 21 va dirigida a conocer cuáles son las inversiones realizadas durante este año en las costas de la provincia de Tarragona.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Antich.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en el año 1994 hemos realizado obras en las playas de la provincia de Tarragona por más de 2.700 millones de pesetas. Se trata de nueve obras contenidas en el plan 1993/1997 de actuaciones en la costa, que aprobó el Consejo de Ministros en abril de 1993. A lo largo de este año se han ido terminando la mayoría de

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estas obras, siete están ya terminadas, de entre ellas, la regeneración de casi 10 kilómetros de playa en Calafell, Vendrell y Roda de Bará, a la que expresamente aludí en diciembre pasado. Hay dos obras que todavía no están terminadas, concretamente la regeneración de las playas situadas a Levante, del término municipal de Cambrils, y la ejecución de su paseo marítimo y la ordenación de la playa de La Rabassada. En cuanto a ésta última, una vez finalizada se habrán eliminado las ocupaciones que interferían tanto en su uso como en estética y se construirá un paseo que tendrá los servicios de playa. No puedo decirle todavía la inversión total del año 1994, pero sí puedo anticiparle que superará los 700 millones de pesetas, que se distribuyen entre los objetivos que constituyen este plan, de los cuales los más importantes son, como le decía, la regeneración de las playas de Calafell, Vendrell, y Roda de Bará, terminada en abril de 1994; aportación de arena a la playa de Altafulla, terminada en junio de 1994; aportación de arena a la playa de El Milagro en Tarragona, terminada en abril de 1994; regeneración de la Playa Cristal, de Montroig del Camp, terminada en julio de 1994; regeneración de la playa del paseo marítimo. A Levante, del Puerto de La Ampolla, terminada en septiembre de 1994; regeneración y paseo marítimo de las playas situadas A Levante, del término municipal de Cambrils, que se acabará en noviembre de 1994; tratamiento de la playa de La Rabassada, que está en ejecución; acceso a la Playa de Sant Jaume d"'Enveja que estará terminada también este año; y accesos y áreas de servicio a la Playa del Trabucador en Sant Carles de la Rápita, que estará terminada también a finales de este año.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAUME ANTICH I BALADA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LA INVERSIONES PREVISTAS PARA EL AÑO PROXIMO EN LAS COSTAS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA? (Número de expediente 180/000763)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Antich i Balada.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, continuando, por tanto, la pregunta anterior, en este caso el sentido de la misma va referido a las inversiones previstas para el año próximo, para el ejercicio de 1995. Por tanto, el sentido literal de la pregunta es cuáles son las inversiones previstas para el año próximo en las costas de la provincia de Tarragona. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Antich.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el año 1995 vamos a continuar este mismo esfuerzo inversor y tenemos identificadas otras once obras que se van a iniciar durante el próximo año, también incluidas en el plan de costa 1993-97. De todas ellas destacaría dos: la primera, la más importante, la ordenación del paseo marítimo de las playas de Levante y Poniente de Salou, que permitirá modernizarlo como un elemento central en la identificación de esta ciudad turística y mediterránea, en el que invertiremos casi 500 millones de pesetas, y la ejecución del paseo marítimo de la Pineda en Vilaseca como continuación de las actuaciones llevadas a cabo en conjunto por el ayuntamiento y la autoridad portuaria de Tarragona, que también supondrá una inversión superior a los 500 millones de pesetas. Además de estas dos, que son seguramente las más importantes, está previsto iniciar obras de instalación y accesos al complejo dunar de la Playa de Riomar en Deltebre; el paseo marítimo de la Playa de Santa Lucía en Perelló; la ordenación y áreas de servicio de la Playa dels Eucaliptus en Amposta; la prolongación del paseo marítimo de Cambrils y el acondicionamiento de la Playa del Regueral; el paseo marítimo de la Pineda en Vilaseca, al que antes he hecho mención; el paseo marítimo de la Playa de Cristal de Montroig, en el que invertiremos más de 200 millones de pesetas; el paseo marítimo de Comarruga, en el que invertiremos 330 millones de pesetas; el paseo marítimo en la Playa de El Arenal, en el que invertiremos casi otros 300 millones de pesetas, y un conjunto de actuaciones complementarias de servicios en la playa al Sur del término de Alcanar, para hacer frente a la erosión que el mar causa en los acantilados que soportan dicho camino.
En su conjunto, como puede ver S.S., unos proyectos ambiciosos e importantes que continúan y continuarán el esfuerzo inversor emprendido en beneficio de las playas de Tarragona, de su línea costera y del desarrollo turístico y protección de su medio ambiente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ADOPTO EL GOBIERNO DURANTE LOS ULTIMOS CUATRO AÑOS PARA CAPTURAR AL EX DIRECTOR DE ENATCAR, DON FERNADO CALVO, EVADIDO DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/000743)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 5 del señor Camisón Asensio, que tiene la palabra para formularla.


El señor CAMISON ASENSIO: ¿Qué medidas adoptó el Gobierno durante los últimos cuatro años para capturar al ex Director de ENATCAR don Fernando Calvo evadido de la justicia?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señoría, se dictó una orden de búsqueda y captura en el año 1990; en consecuencia, a partir de ese momento se puso en marcha el dispositivo usual de pasar la misma a la totalidad de comisarías y cuarteles de la Guardia Civil para su intento de localización dentro del territorio nacional. Por otro lado, la actuación de la policía fue la que requirió en cada momento el Juez de Instrucción en la investigación, tanto de los inculpados como de sus respectivos patrimonios.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: O sea, señor Ministro, que el Gobierno no hizo nada práctico para capturarle. Y no lo ha hecho, porque no le interesaba reverdecer el escándalo de Enatcar, con sus miles de millones de agujero. He ahí el modelo de lucha que ustedes, desde el Gobierno socialista están implantando para luchar contra la corrupción. Aquí tenemos un caso: propiciando por inacción que se esfumen delincuentes para que el pueblo español se olvide del escándalo político. Se mata al perro y se acaba la rabia. De lo contrario, no tiene sentido, señor Ministro, que nosotros, desde la oposición parlamentaria, prácticamente sin medios, solamente con voluntad, le encontremos, y el Gobierno, con toda la potente maquinaria del Estado, no. No le encontraron porque usted y su Gobierno no movieron un solo dedo para ello.
No contaron con nuestro interés en ello, nuestro trabajo, y les hemos cogido en la masa, tanto al prófugo como a ustedes.
A ustedes en la masa de su lucha contra la corrupción, que ahora se ve que es totalmente ficticia, teatral y espuria.
Pero es que, además, usted sabía el paradero en Salta desde el 24 de mayo y el prófugo no se reesfumó hasta mediados de septiembre, casi cuatro meses después. Usted no quería capturarle. No me venga ahora con la monserga de que la culpa la ha tenido la judicatura o el juez Moreiras, que éste ya les ha contestado a ustedes diciendo que el Ministerio del Interior no ha cumplido con los trámites de confirmación del prófugo. Ahora están alardeando de que están desplegando una gran actividad para capturar a Roldán. Como sea la misma actividad que en el caso de Enatcar, apañados estamos, señor Ministro. Nos tememos que van a seguir sin tomar medidas paralelas a la justicia. Ahora, no se preocupe, señor Ministro, que nosotros le volveremos a encontrar al prófugo, esta vez, quizá, quizá, en el Brasil, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camisón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Me perdonará S.S., pero desconozco su currículum y no sé si es usted abogado, jurista, o algo así. Yo espero que no. Si no, sería francamente imperdonable la ignorancia que demuestra en su exposición.
Hay un pequeño detalle: mientras no exista una orden de detención internacional, no pueden hacer nada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nada, salvo cometer delitos.
No pueden hacer nada fuera de España mientras no exista una orden internacional de detención. Esa orden internacional de detención tendré que aclararle que sólo la puede conceder una persona, que es el juez encargado de promover la extradición; y mientras no exista, y a fecha de ayer (esta mañana, si ha cambiado, no se lo puedo asegurar), el juez no había dictado una orden internacional de detención, sin la cual no se puede actuar paralelamente, como usted dice, con la justicia. Hay que actuar de acuerdo con lo que dice la justicia, no paralelamente a la justicia. Hacer otra cosa significa actuar ilegalmente, y le aseguro que en la lucha contra la corrupción los únicos medios no admisibles son precisamente los medios ilegales, que usted, señoría, parece patrocinar.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ROGELIO BAON RAMIREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿SE DA POR SATISFECHO EL SEÑOR MINISTRO SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DESPLEGADAS EN TORNO A LA ASAMBLEA ANUAL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, CELEBRADA EN MADRID RECIENTEMENTE, INCLUIDO SU ACTO DE CLAUSURA? (Numero de expediente 180/000747)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Baón Ramírez.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia e Interior, ¿se da por satisfecho sobre las medidas de seguridad desplegadas

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en torno a la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional celebrada en Madrid recientemente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia, señoría. Supongo que se referirá al acto de inauguración, no de clausura. (El señor Baón Ramírez hace signos afirmativos.) Creo que hay un error en la formulación de la pregunta.
Aclarado eso, le tendría que decir que, efectivamente, en cuanto dispositivo de seguridad estoy plenamente satisfecho.
En cuanto dispositivo capaz de impedir acciones propagandísticas, obviamente no estoy satisfecho.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Gracias, señor Presidente.
En otro país democrático, señor Ministro --téngalo por seguro- -, esta pregunta hubiese decaído o hubiese sido retirada a causa de la previa dimisión del Ministro afectado (Rumores.); eso es indudable. Los españoles sólo con aquel hecho hemos tenido la prueba palpable de que no hay seguridad pública, sobre todo cuando asistimos al espectáculo de dos ecologistas trepando por unas columnas y suspendidos en una viga, en un acto inaugural, que presidían SS.MM. los Reyes, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, desplegando una pancarta y lanzando billetes, dólares falsos. Podrían haber sido terroristas y, en lugar de lanzar papeles al aire, haber lanzado granadas. Imagínese qué tragedia. En verdad nos hemos librado, de lo que yo me alegro y todo el mundo se alegra; pero de lo que no hemos podido desembarazarnos, señor Ministro, es del inmenso ridículo internacional que hemos hecho. Además, eso lo corrobora también --lo que es muy de lamentar-- que en los hoteles donde se hospedaban tantos e ilustres visitantes, asistentes a estas conferencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, les repartiesen impresos, en cinco idiomas --como éste que muestro a S.S.--, recomendándoles que no callejeen por Madrid debido a la falta de seguridad en la ciudad.
No es de extrañar que la gente se pregunte: Si no pueden garantizar la seguridad en un acto al que asisten los primeros mandatarios del país y otras autoridades internacionales, ¿cómo van a garantizar la seguridad en nuestros barrios? Es lamentable, señor Ministro, y usted lo sabe. En Madrid se están sucediendo espontáneamente manifestaciones de gente, en el distrito Centro y en otros distritos, organizando somatenes en demanda de más seguridad y, en definitiva, de más efectivos policiales.
No hay que olvidar, señor Presidente, señor Ministro, que hoy se cumplen seis años desde que se escapó el señor Roldán...
(Varios señores Diputados: ¡Seis años! Un señor Diputado: ¡Serán seis meses!--Risas.--Rumores.) --perdone el lapsus-- y todavía no se sabe ni rastro...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, no voy a hacer ninguna referencia a la mención de dimisión; llevaba unos días sin oírla, pero se la agradezco en lo que vale. Por otro lado, respecto del tema únicamente quiero indicarle que se empeñan en confundir dos planos que yo he tratado de separar. Desde el punto de vista de seguridad, nunca existió riesgo. Usted ha hecho una pregunta que es puramente retórica, y S.S. lo sabe. ¿Qué hubiera pasado si fueran terroristas? Es que si fueran terroristas, no hubieran entrado. El sistema de control era absoluto y no falló en ningún momento. No se entró con ningún objeto metálico, porque el sistema de detección era absolutamente adecuado. (Rumores.) Si lo sabe, ¿por qué tiene que decir expresiones que no se cree, señoría? Evidentemente, no hubo ningún fallo en el sistema de seguridad. Lo que hubo fue un fallo en la concepción del programa, que no estaba pensado para impedir actos propagandísticos de ONG o de organizaciones similares, como consecuencia de problemas en el sistema de acreditaciones y como consecuencia, en definitiva, de las dificultades derivadas de que sea un organismo internacional que quería darle mucho eco y que concedió acreditaciones inadecuadas. Y nada más; no ha pasado ninguna otra cosa.
El resto de su pregunta se ha referido a los temas de seguridad ciudadana, que yo creo que los discutiremos en otro marco, al señor Roldán, etcétera. No insistan en preguntar cosas que saben la respuesta, señoría. Yo creo que ésa no es una buena técnica parlamentaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE PROMOVER LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE GARANTICEN EFECTO SUSPENSIVO A LOS RECURSOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO FISCAL CONTRA LA CONCESION DE UN PERMISO PENITENCIARIO? (Número de expediente 180/000751)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Gil Lázaro.


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El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿tiene intención el Gobierno de promover la adopción de medidas que garanticen efecto suspensivo a los recursos presentados por el ministerio fiscal contra la concesión de un permiso penitenciario? (Ruidos en la megafonía del señor Gil Lázaro.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, señoría, el texto de la pregunta es un poco escueto. No sé si alude a los permisos extraordinarios que concede la Administración o si alude a los permisos ordinarios que concede la autoridad judicial. Según se refiera a unos u otros, habría que introducir matices diferentes.
Respecto de los concedidos por la Administración, le adelanto que, dada la limitación en el tiempo y los motivos tasados que los suponen, no tendría ninguna lógica la suspensión como consecuencia de recurso, porque se quedarían sin contenido. Se concede por fallecimientos de familiares, por motivos tasados en los que no tendría sentido. Si se refiere, por el contrario, a los permisos de carácter judicial, a los concedidos por el juez, en ese caso cualquier posibilidad en esa línea implicaría, como sabe S.S., la reforma nada menos que de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual, efectivamente, es un tema discutible. Le rogaría me aclarara el sentido de su pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro y señores Diputados, ruego traten los micrófonos con delicadeza y consideración. (Rumores.)

El señor GIL LAZARO: Le ruego me disculpe, señor Presidente.
Ha sido un acto absolutamente involuntario.


El señor PRESIDENTE: No, a mí no me ha dolido. (Risas.) Tiene la palabra, señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, estamos ante una cuestión muy compleja. La brevedad temporal de que disponemos, no permite abordarla en toda su extensión. Sin embargo --y si me permite señalarlo--, me parece que hay en su planteamiento un cierto, aunque ligero, grado de maniqueísmo, porque la cuestión fundamental se plantea en unos términos muy claros.
La Ley Orgánica General Penitenciaria no hace ninguna referencia a lo que deben ser las funciones del ministerio fiscal dentro del ámbito penitenciario. Evidentemente está actuando y lo hace en función de las propias previsiones contenidas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el mandato del artículo 124 de la Constitución. Es claro que la institución del permiso penitenciario implica, por una parte, derecho del interno en el proceso de reeducación y de reinserción, pero, por otra parte, tiene que comportar también un grado de seguridad para el conjunto social y exige, en defensa de ese interés social que nuestras leyes atribuyen al ministerio fiscal, que el ministerio fiscal pueda tener una participación activa en el control de los mismos. A nosotros nos preocupa enormemente que, frente a una situación que se viene produciendo, es decir, frente a determinados hechos producidos durante el transcurso de permisos penitenciarios por parte de internos que después han generado un notable grado de alarma social, «a posteriori» la Administración intente atribuir al órgano jurisdiccional (bien sea a jueces o bien sea al propio ministerio fiscal), la responsabilidad de los hechos cometidos, es decir, la responsabilidad de que se haya producido la salida de ese interno. Nosotros creemos que sería necesario en este caso (y, desde luego, instamos a la diligencia en ese sentido al Ministerio de Justicia e Interior), una reforma amplia probablemente de la Ley Orgánica General Penitenciaria en este punto, seguramente también del artículo 217 --hablo de memoria-- de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de otros extremos, a efectos de garantizar el pleno efecto suspensivo de ese recurso del ministerio fiscal, porque, si no, como ha reconocido un auto de la Audiencia Nacional, como reconocen los propios fiscales a través de sus expresiones en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se convierte en un acto jurídicamente inútil. Es necesario, pues, que el ministerio fiscal pueda disponer de esa posibilidad de efecto suspensivo frente al recurso, ...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Sí. Con permiso.
De lo contrario, señor Ministro, carecería de sentido.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, efectivamente, señoría, tiene razón: el tema es muy complejo, usted es un experto y lo sabe.
Le puedo dar, por lo menos, dos apuntes de respuesta que, sin duda, abordan el tema de manera parcial. Uno, el Ministerio de Justicia e Interior está decidido a proponer la posibilidad de que, como consecuencia de la notificación de la concesión de terceros grados

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o progresión de grado, el recurso del fiscal tuviera efectos suspensivos respecto de la concesión del tercer grado, lo que indirectamente incide en el problema que usted plantea, puesto que, como S.S. sabe, son precisamente los permisos de los que están en tercer grado los que no tienen control judicial. Otra cosa distinta es los que tienen control judicial.
Sobre el asunto, en mi caso, por lo menos, no mantengo una postura dogmática; me parece una medida excesiva. Como sabe S.S., el único caso en que se suspende una resolución judicial por interposición del recurso del fiscal en toda nuestra legislación es hoy para los supuestos de libertad en materia de terrorismo; es la única excepción que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Generalizar esa excepción a que las resoluciones de los jueces sean inmediatamente ejecutivas en el conjunto de la política de permisos penitenciarios, creo que, cuando menos, requiere de una meditación y de una evaluación razonada, razonable, pausada y dentro del marco de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA QUE SE PUEDA IMPLANTAR EL JURADO EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAEN? (Número de expediente 180/000764)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, recientemente, ha remitido el Gobierno a esta Cámara el proyecto de ley orgánica del tribunal del Jurado. De esta manera, se cumple el compromiso electoral socialista para regular la participación directa de los ciudadanos en la Administración de Justicia a la hora de juzgar determinados delitos.
Soy consciente, señor Ministro, de que es imprescindible aprobar definitivamente este proyecto para que podamos hablar de la implantación del Jurado y de su entrada en vigor. Sin embargo, y para que a finales del año 1995 o principios del año 1996 pueda funcionar esta institución es necesario hacer previsiones, en algunos casos determinadas reformas, de adaptación de espacio y de dotación de recursos a las audiencias provinciales.
En el caso específico de la Audiencia Provincial de Jaén, a la que se refiere mi pregunta, y al Palacio de Justicia donde está ubicada, se produce en estos momentos un problema de saturación del espacio disponible y, por tanto, de falta de espacio para ubicar las distintas dependencias judiciales. En la provincia de Jaén se ha producido en los últimos años un aumento muy considerable de los órganos judiciales y esto motiva que en el edificio a que me refería estén instalados, además de la Audiencia Provincial, cinco juzgados de instrucción y la Fiscalía. Debemos pensar, además, que necesariamente estará ubicado en el mismo edificio el Jurado, que necesita, al menos, de una sala de vistas y otra de deliberación.
Por otra parte, esta falta de espacio se ha puesto de manifiesto en un informe elaborado por técnicos del Ministerio de Justicia y tengo que decirle que ha provocado cierta inquietud por si esto pudiera provocar dificultad o cierto retraso para la implantación del Jurado en la provincia, inquietud que espero sea absolutamente resuelta en su respuesta.
Como además conozco el interés y la prioridad que el señor Ministro da al establecimiento del Jurado es por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas de orden material piensa adoptar el Ministerio de Justicia e Interior para que se pueda implantar el Jurado en la Audiencia Provincial de Jaén? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Presidente, señoría, desde luego comparto el planteamiento general en que se mueve su pregunta y, desde ese planteamiento general, le puedo asegurar que cuando SS.SS. hayan terminado el trabajo legislativo y tengamos esa ley del Jurado, todas las audiencias provinciales de España, por mucho que corran SS.SS., dispondrán de las instalaciones necesarias para su efectiva entrada en vigor. En el caso de la Audiencia Provincial de Jaén el problema que plantea es cierto y, además, se complica por datos añadidos; se complica por datos positivos, pero en definitiva añadidos. Me refiero, como sabrá S.S., a que entran en funcionamiento en diciembre nuevos órganos judiciales, concretamente la nueva Sección segunda de la Audiencia, el Juzgado número 8 de primera instancia y el número 3 de lo Penal, en definitiva que sobre los problemas de las instalaciones necesarias del Jurado para su puesta en práctica, se añaden los nuevos órganos judiciales que, por otro lado eran muy necesarios, dada la actividad judicial en la provincia.
Pues bien, la solución concreta que me dicen en la Secretaría General de Justicia es que ya se ha alquilado un local, situado en la calle Cronista González, número 4, donde se van a instalar la mayor parte de los

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juzgados y se van a reubicar las instalaciones de la propia Audiencia Provincial que será donde quede la sede del Jurado que, como es lógico, deberá ser en la propia sede del Palacio de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INICIATIVA PIENSA REALIZAR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR PARA ESCLARECER LOS HECHOS OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN LA PRISION PROVINCIAL JAEN II, RELACIONADOS CON EL ROBO DE ESTUPEFACIENTES POR UN RECLUSO? (Número de expediente 180/000765)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Por supuesto, agradezco la información y la respuesta del Ministro a la pregunta anterior.
Concretamente a principios del mes de septiembre pasado se produjo el robo de estupefacientes de una caja fuerte, realizado por un recluso en el centro penitenciario Jaén-2.
Sobre este hecho se han producido ciertas especulaciones como que, además de esta sustancia, pudieran contenerse en la caja fuerte ciertos informes de funcionarios, extremo éste que no se ha llegado a comprobar, ni a probar en ningún momento.
El hecho se produce como consecuencia de que la caja fuerte estaba depositada provisionalmente en las dependencias de un taller ocupacional de este centro penitenciario, debido a que se estaban realizando unas obras en el almacén de inventariado donde en principio estaba ubicada la caja. Esta caja fuerte procedía de la antigua cárcel provincial y el actual director de la prisión ha afirmado que conocía su existencia, pero que no conocía su contenido. También el director actual de la cárcel declaró que había dado cuenta de lo sucedido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Estos acontecimientos, como es lógico, han producido preocupación entre los propios funcionarios del centro y, además, cierta confusión entre la opinión pública.
Por otra parte, hace tan sólo unos días los medios de comunicación difundían la noticia de cese del Director de la cárcel de Granada, que anteriormente lo había sido del centro de Jaén, posiblemente --decían estos medios de comunicación-- como consecuencia de los hechos a que me he referido.
Por todo esto, señor Ministro de Justicia e Interior, desearía conocer las iniciativas que piensa realizar el señor Ministro para esclarecer los hechos ocurridos recientemente en la prisión provincial Jaén-2, relacionados con el robo de estupefacientes por un recluso.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, el incidente que relata es efectivamente grave, yo diría que muy grave. El pasado 23 de septiembre, en efecto, se detectó la sustracción de estupefacientes de una caja de seguridad del centro penitenciario Jaén-2. La Inspección General Penitenciaria inició un expediente para averiguar lo que había ocurrido. La investigación ya está concluida en sus grandes líneas y efectivamente las conclusiones, de hecho, son que la caja de seguridad fue trasladada, en enero de este año, del centro penitenciario Jaén-1 al centro penitenciario Jaén-2 y que en ese traslado se decidió colocar esa caja fuerte en un almacén en que había otra serie de efectos, no custodiada suficientemente y sin que nadie supiera el contenido de la misma. Solamente lo conocemos como consecuencia precisamente de que aparecela sustracción. De hecho, se realizan cacheos inmediatos al conocimiento de la misma y son ocupados 311 pastillas de Rohipnol, 20 pastillas de Bupréx, 9 de Prefín, 30 gramos de hachís y otro tipo de elementos complementarios, no así la documentación a que aludía S.S., que afortunadamente no se sustrajo ninguna documentación de ese tipo. Como consecuencia de esos hechos, se ha entendido que existían responsabilidades, por un lado, del que era Director del centro penitenciario Jaén-1, y lo siguió siendo del centro penitenciario Jaén-2, como consecuencia de no haber cumplido el artículo 121 del Reglamento penitenciario, es decir, el precepto, que obliga a remitir de manera inmediata a la autoridad sanitaria el conjunto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que pudieran ser encontradas precisamente en las labores de registro de la institución. Eso supone una falta suficientemente importante como para haber determinado su cese inmediato. Por otro lado, a continuación se ha abierto un expediente disciplinario.
Respecto al director actual, se ha considerado suficiente un apercibimiento formal, puesto que efectivamente el director anterior no le comunicó la circunstancia del traslado realizado ni el hecho de que siguieran manteniendo en el interior de la caja fuerte estas sustancias psicotrópicas.
Esas son, en síntesis, las medidas adoptadas y lo ocurrido, que realmente es grave.
Nada más.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS, MEDIDAS, OBJETIVOS Y PASOS DE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA AFRONTAR CON REALISMO Y EFICACIA LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL CONSUMO Y TRAFICO DE DROGAS EN ESPAÑA (Número de expediente 172/000072)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día; interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular sobre criterios, medidas, objetivos y pasos de la política del Gobierno para afrontar con realismo y eficacia los problemas derivados del consumo y tráfico de drogas en España.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular ha presentado esta interpelación.
Como recordarán SS.SS., coincidiendo precisamente con la Memoria que se presentó en el ejercicio anterior, el Grupo Popular también solicitó una interpelación. Consideramos que la presentación de la memoria anual del Plan nacional de Lucha contra la Droga es un argumento suficiente como para que en esta Cámara se produzca un debate en profundidad sobre la problemática y la situación de la droga en nuestro país.
Coherentemente con lo que es y significa la Memoria, que es la radiografía de cómo se encuentra el problema de las drogodependencias en nuestro país, creo que es bueno que el Parlamento discuta, como lo hemos hecho parcialmente en la Comisión Mixta, sobre el problema de las drogas en nuestro país. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Ese ya es, en sí mismo, un motivo suficiente, sobre todo cuando la Memoria de este año refleja una situación a nuestro juicio preocupante, una situación que merece la reflexión de esta Cámara. Con mucho más motivo, después de la presentación de la Memoria, y como después pasaré a explicar en mi intervención, el hecho de cuál es la situación del propio Plan Nacional, de cuál es la situación de la Secretaría de Estado, con poca historia en nuestro país desde su creación hace prácticamente dos años, incluso también, y por qué no decirlo, la situación que se ha creado de desconcierto y de desorientación por las declaraciones del máximo responsable de la lucha contra la droga en nuestro país.
Como digo, señorías, la presentación de la Memoria, que es en sí misma un argumento suficiente para poder entrar a debatir hoy cuál es la problemática en nuestro país, refleja una situación extremadamente delicada y grave. Ninguno de los parámetros que se emiten en la Memoria del Plan Nacional tiene una mejoría considerable, bien al contrario, todos y cada uno de los datos que refleja la Memoria, si hablamos de decomisos, si hablamos de detenidos, si hablamos de sustancias incautadas, incluso, como después demostraré, si hablamos de consumo, todos y cada uno de estos temas, incluida la percepción que tiene la sociedad sobre el problema de las drogas, todos han empeorado, se han agravado respecto de la situación de 1992, última memoria publicada.
Muy rápido, porque ya hemos conocido en otras comisiones y también en los medios de comunicación, voy a dar los principales datos porque creo que es necesario volverlos a recordar. En la última Memoria, señor Ministro, el número de detenidos aumenta el 8 por ciento respecto a la Memoria anterior; pero si lo comparamos con lo que debería ser medir en eficacia todo el Plan Nacional, es decir, si lo comparamos con el año en que comienza el Plan Nacional el número de detenidos en nuestro país desde 1985, es decir, desde el año en que comienza el Plan Nacional de Lucha contra las Drogas, aumenta el 230 por ciento. El número de decomisos respecto de la última memoria aumenta el 10 por ciento; pero si lo comparamos con el año 1985, aumenta el 350 por ciento. La cantidad de heroína decomisada prácticamente es la misma, no creo que pueda considerarse un triunfo; pero si lo comparamos con el año 1985, el aumento es del 245 por ciento. La cocaína ha aumentado en el último año el 60 por ciento; pero si lo comparamos con el año 1985, hay que multiplicar por 165 veces la cocaína decomisada. El hachís en el último año ha aumentado el 34 por ciento; si lo comparamos con el año 1985, el 430 por ciento. Las drogas de diseño, esas sobre las que tuvimos oportunidad de hablar en la comisión, y que algún Delegado del Gobierno se permitió el lujo de decir que no tendrían perspectivas en nuestro país y que no teníamos por qué preocuparnos de la situación de las drogas de diseño --estoy hablando del señor Villoslada-- ésas han aumentado este año el 434 por ciento en nuestro país. Los datos son suficientemente graves.
Muertes. Este año se ha presentado a la opinión pública como un éxito parcial el hecho de que hayamos conseguido disminuir el número de muertes. Hay que recordarles, señorías, y usted lo sabe bien, señor Ministro, que las muertes que se recogen en la Memoria son datos estadísticos que reflejan la situación de las grandes ciudades españolas. Por otra parte, la disminución se debe exclusivamente a muertes por sobredosis, como bien sabe también, muertes que han disminuido fundamentalmente porque la vía por la que en este momento se está administrando la heroína está cambiando de la vía parenteral a esnifarse y a otras vías que

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provocan menos riesgos. En todo caso, hay un dato muy importante en las cifras de este año de muertes por sobredosis. Es la franja de edad entre los 16 y los 18 años; es decir, están entrando jóvenes otra vez al sistema de drogodependencias, están enganchándose nuevos jóvenes y suponen un aumento del 74 por ciento, en la franja que va de 16 a 18 años.
Percepción que tienen los ciudadanos del problema de las drogas en nuestro país. Solamente el 16 por ciento considera que ha mejorado. Hay una abrumadora mayoría, y algo tendrán de razón los ciudadanos de nuestro país cuando piensan que ha empeorado la droga para preocuparse. Hay una inmensa mayoría de ciudadanos que se preocupan y piensan que la situación de la droga ha empeorado. Hay datos importantes que creo hay que mencionar aquí porque quizá en el debate es bueno tenerlos en la memoria. Una inmensa mayoría de españoles son partidarios de utilizar más medidas de presión, más medidas de control, ser más estrictos y poner más medios a disposición de jueces, de fiscales y de la policía. Con absoluta claridad; no hay duda de que los ciudadanos españoles están claramente por una política que nos están marcando día tras día, no sólo en las encuestas de opinión, sino a través de las voces más significativas, de sus organizaciones no gubernamentales. El 80 por ciento de los ciudadanos españoles no quieren ni oír hablar de ninguna política más flexible, más tolerante o más liberalizadora en la lucha contra la droga. En cuanto el consumo, como le decía antes --usted lo sabe bien--, ha crecido el consumo de hachís, ha crecido el consumo de cocaína, se ha estabilizado el consumo de heroína y se ha disparado el consumo de las drogas de diseño. El panorama, como usted verá, a nuestro juicio no es muy alentador. Se dirá que eso es lo que pasa en todo el mundo. No, señorías, no es lo que pasa en todo el mundo. En mucho países de nuestro entorno, en países que, sin ser de nuestro entorno, tenemos una gran relación también en este ámbito, por ejemplo, los Estados Unidos, cuando aplican políticas sistemáticas, mantenidas en el tiempo y coherentes, consiguen resultados.
Para ilustrar la proposición, he estado mirando cómo una política de prevención sostenida y mantenida en los Estados Unidos durante 18 años ha conseguido reducir en 25 puntos el consumo de hachís. Por cierto que, en el mismo período de tiempo, la famosa política liberal de Holanda lo ha conseguido reducir exclusivamente 10 puntos. Exactamente en el mismo período de tiempo dos políticas diferentes. Creo, por tanto, que hay políticas que dan resultados si se mantienen en el tiempo y si se mantienen coherentemente. Lo que no se puede hacer es dar vaivenes, decir hoy una cosa y mañana la contraria. Como le digo, creo que los datos son suficientemente preocupantes para que nos planteemos si las políticas que se están aplicando son las coherentes, si los medios que se están poniendo a disposición de los jueces, de los fiscales y de la policía son los suficientes y para que decidamos desde esta Cámara cómo reorientar la política de lucha contra la droga.
Creo que cuando se mira una Memoria, cuando se ve los resultados de la acción de un Gobierno, lógicamente hay que establecer una relación entre quien aplica las medidas que se ponen en marcha y los resultados que se obtienen. Hay que medir, por tanto, qué resultado está dando el Plan Nacional de Lucha contra la droga, qué resultado están dando los responsables, en qué grado son eficaces los que en este momento dirigen la política de la lucha contra las drogas.
Usted sabe que no es la primera vez que se lo digo ni que lo decimos en esta Cámara, el Plan Nacional, la Secretaría de Estado, el Gobierno --como usted quiera llamarlo--, desde hace dos años no hace más que dar vaivenes y tumbos en este tema.
En dos años, señor Ministro, hemos visto pasar al señor Villoslada, hemos visto pasar al señor Garzón, casi vemos pasar al señor López Riaño; hemos estado en el Ministerio de Sanidad, después en el Ministerio de Asuntos Sociales y ahora en el Ministerio del Interior, y en el mismo período de tiempo hemos cambiado tres veces de Director General. Pregúntese a sí mismo si una empresa, cualquiera, en el plazo de dos años cambiase tres veces de edificio, de director general, de consejo de administración y de política (y, por cierto, de vez en cuando lo adornara, unas veces con la distribución de heroína y otras veces con la legalización del hachís), si los resultados serían coherentes con esa situación. Por tanto, creo que hay que reflexionar y reconocer que la situación en que está la Secretaría de Estado y el Plan desde hace dos años no es la más idónea para enfrentarse de forma coherente, de forma decidida, a la lucha contra las drogas, que es una cosa bastante seria, como usted sabe, y, por tanto, en la que tenemos que ser lo más rigurosos posible, lo más exhaustivos posible.
Creo por eso, señor Ministro, que los datos de la Memoria en cuanto a la situación del Plan traducen lo que traducen.
Traducen una parálisis, en este momento, del Gobierno, traducen una parálisis de la Administración en materia de medios, también en materia legislativa, y eso, a nuestro juicio, es extraordinariamente grave. Como le he dicho antes, los tres secretarios de Estado que han pasado en un brevísimo período de tiempo por la Comisión Mixta siempre nos han contado exactamente que iban a ejecutar el mismo plan, curiosamente, las mismas medidas que el anterior y siempre casi todas, por cierto, en un grado de ejecución bastante limitado. Creo que es hora de que por lo menos algunas de esas famosas 39 medidas que se anunciaron se cumpla y podamos evaluar medidas y no aventurar propuestas. Hay dos grandes áreas en las que, a mi juicio, en este momento hay unas enormes deficiencias, como le he

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dicho antes. Primero, parón legislativo. Segundo, parálisis también en cuanto a los medios. Sabe usted, señor Ministro, que desde que hemos debatido en esta Cámara la ley de prevención del blanqueo de capitales y la tipificación en el correspondiente artículo del Código Penal, del delito de blanqueo de capitales, no ha habido una sola iniciativa del Gobierno en materia de drogodependencias. Desde entonces, repito, no ha habido una sola iniciativa del Gobierno en materia de drogodependencias; en el mismo período de tiempo en el que el Gobierno no ha vuelto a traer a esta Cámara ni una sola iniciativa, el Grupo Popular ha presentado seis. Por cierto, la última, felizmente aprobada por el consenso de todos los grupos parlamentarios, permite destruir automáticamente la droga que se decomise. Una iniciativa del Grupo Popular, insisto, felizmente consensuada por todos los demás grupos de esta Cámara.
Creo que también en algunos casos ha habido negligencia, no sólo parálisis sino negligencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, vaya concluyendo, por favor.


El señor ROBLES OROZCO: Usted sabe, señor Ministro, que la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, en su adicional tercera, establecía la posibilidad de crear un fondo que sirviera para luchar contra el narcotráfico y que ese fondo se nutriría fundamentalmente de los bienes decomisados. Usted u otros miembros del Gobierno nos han anunciado varias veces que se va a traer, pero todavía no se ha traído, y lo cierto es que por aquel vacío ustedes llevaron una enmienda a los presupuestos, dotando un crédito extraordinario de 500 millones, que no se ha utilizado, y eso es negligencia. Cuando no se utilizan unos bienes económicos que se pueden poner al servicio de la lucha contra el narcotráfico es negligencia, y no valen recursos a las dificultades administrativas o a otro tipo de cosas, porque para eso está la voluntad política de vencer esos obstáculos administrativos.
Como digo, ésa es la situación en que nos encontramos: lagunas, falta de medios, quejas --creo que hay que citarlas hoy aquí-- de fiscales, del Fiscal Especial de la Lucha contra las Drogas, quejas de significativos jueces, algunos de los cuales, por cierto, han conocido por dentro la Administración y han vuelto a poner el dedo en la llaga de las deficiencias que en este momento tenemos para enfrentarnos a las drogas, además de algunas cosas tan desagradables como lo que ha pasado con la sentencia de la operación Nécora. Todo eso genera confusión y alarma en la población.
Como último punto y muy brevemente me voy a referir a las declaraciones del Secretario de Estado. Era inevitable, señor Ministro, tener que abordar este asunto. El máximo responsable de la lucha contra la droga, el Secretario de Estado, en su primera comparecencia en el Parlamento ha creado una confusión de tal calibre y ha abierto un debate que creíamos todos felizmente cerrado, que creo que tiene una enorme responsabilidad que ha de evaluarse en esta Cámara en términos políticos. Todos pensábamos que esas terminologías, esos planteamientos del Partido Socialista y del Gobierno de hace doce y catorce años estaban felizmente enterrados, pero súbitamente hemos descubierto que todavía quedan reminiscencias en algunas personas. Es cierto que inmediatamente el Presidente del Gobierno, usted mismo, señor Ministro, calificándolo de dislate y, el portavoz del Grupo Socialista, señor Almunia, se han precipitado --yo creo que se han precipitado adecuadamente-- a desautorizar cualquier debate en ese sentido, pero después el señor López Riaño ha sido ratificado. No sabemos en este momento si se ratifica al señor López Riaño en términos de su persona, en términos del contenido de la política que va a desarrollar o cuál es exactamente la filosofía por la que se ratifica al señor López Riaño. Yo tengo un especial interés en saberlo, porque tengo también mi interpretación. Creo que en este momento el Gobierno no se atreve a cesar a un nuevo Secretario de Estado porque sería absolutamente escandaloso que en el plazo de menos de dos años cambiáramos tres veces de Secretario de Estado en materia de lucha contra la droga. Creo que en estos asuntos no hay que jugar con la imagen, hay que jugar con la eficacia y si el Secretario de Estado va a ser el encargado de luchar contra la droga tiene que salir respaldado por ustedes, pero ustedes tienen que decir que respaldan esa política del señor López Riaño.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine, por favor.


El señor ROBLES OROZCO: Termino inmediatamente, señor Presidente. El señor López Riaño nos ha planteado un debate y ahora se explica que, en el fondo, el debate es que nos pongamos a hablar, a discutir, a decir qué es lo mejor para acabar con la droga. Es tanto como si cuando la autoridad monetaria de este país dijera que vamos a abrir un debate sobre la posible devaluación y eso no tuviera ningún efecto inmediato sobre la situación económica del país. Sería absolutamente impensable. Cuando el Gobierno hace una manifestación de ese tipono está diciendo, sin más, que mañana va a convocar un seminario, sino que está diciendo que está planteándose ir a una política de legalización de las drogas y ahora no se puede adornar e intentar disminuir la gravedad de esas declaraciones diciendo que nos oponemos a debatir.
Mire usted, yo no me opongo a debatir nada; por mera conceptualidad no me opongo a debatir nada. Me opongo a que rompamos un consenso que se había conseguido en esta Cámara y en la sociedad española. Las

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declaraciones de un miembro del Gobierno no tienen la trascendencia que tendrían si las hiciera un profesoruniversitario o un comentarista público, sino que tienenla trascendencia de orientar la política del Gobiernoen ese sentido. Por lo tanto, esto es extraordinariamente grave y usted, señor Ministro, tiene que decirnos hoy aquí en qué sentido y en qué términos respalda al señor López Riaño, porque después de hablar de dimitir, de que él mismo reconociera que necesitaba sentirse avalado por su Grupo y por el Gobierno...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine ya por favor, pero ya.


El señor ROBLES OROZCO: Sí, señor Presidente.
Después de todo eso, parece ser que no ha terminado de abandonar la idea y yo quiero que esto se explique.
La Secretaria de Estado también anunció el otro día un plan contra el narcotráfico. Es el momento de conocerlo. Defina hoy el plan del que el otro día habló la señora Robles en el Parlamento diciendo que el Gobierno tenía un plan contra el narcotráfico. Eso es lo que hoy queremos saber, cómo va a respaldar, cuál va a ser la política del Gobierno, qué medios va a poner, cuál es ese plan contra el narcotráfico. Y sobre todo les pedimos una cosa que se ciñan ustedes, por favor, a un documento: el documento de partida y de consenso de esta Cámara, el documento de la Comisión Mixta, que en este momento está a punto de redactar uno nuevo. Sobre todo, yo les planteo a ustedes otro debate distinto. En vez de ese debate sobre la legalización, abramos un debate en profundidad sobre cómo reducir el consumo de drogas en nuestro país, cómo ser eficaces en la lucha contra el narcotráfico y cómo ser eficaces en la lucha también contra el blanqueo de capitales.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la interpelación presentada, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, antes de nada quisiera hacer una aclaración que estoy convencido de que va a tranquilizar notablemente al señor Robles, porque a mí, del texto de la interpelación, precisamente el dato que verdaderamente me alarmó era el supuesto incremento del número de muertos en la franja de edad de 16 a 18 años, tal y como figuraba en la página 167 de la Memoria del Fiscal, en el último cuadro. Pues bien, señoría le puedo tranquilizar, es un simple error tipográfico, son nueve y no 99. Haga usted la suma y comprobará que el total de víctimas es 647, y de ahí precisamente que se diga que se ha rebajado el 74,28 por ciento en esa franja. En definitiva, es un simple error. Lo cierto es que se ha pasado de 35 personas fallecidas en el año 1992 a nueve, con un descenso del 74,28 por ciento. Estos son los hechos, señoría, y como sé que le van a tranquilizar se los comento.
Una segunda consideración previa, antes de proceder a la lectura del texto de contestación a la interpelación, es que yo también le propongo un posible consenso. He repasado todas sus intervenciones a lo largo de estos años, todas las que he podido, y con mucho interés he comprobado que es usted un Diputado competente en la materia, conocedor de ella y, normalmente, serio y riguroso en sus planteamientos, pero veo que hay una constante. Si se incrementa el número de personas detenidas, o si se incrementa el número de sustancias aprehendidas, se sostiene la tesis de que eso significa que hay más delitos, que hemos sido incapaces, en definitiva, de tener una política correcta en esta materia; pero cuando se produce lo contrario entonces se habla de ineficacia. En muchas ocasiones por parte del Gobierno se ha tenido la tentación de decir: más detenidos, más eficacia; más aprehención, más eficacia. ¿Por qué no tratamos todos de matizar un poco más las cosas en este tema? Su señoría sabe y yo también que en el incremento de aprehensiones o en el incremento del número de delincuentes influyen dos factores: uno, en ocasiones, efectivamente el incremento del tráfico; dos, en ocasiones --y es el caso--, el incremento de la eficacia policial. No es posible lanzar el mensaje de que puesto que tenemos una posición brillante, a nivel europeo, en la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado precisamente en temas de narcotráfico, reconocido en todas las organizaciones policiales internacionales, el éxito de nuestras policías se traduzca en la acusación de que se está incrementando el tráfico de esas sustancias. Yo le propongo, señoría, que establezcamos una serie de matices para que no achaquemos todo al incremento del tráfico y, a cambio, yo le garantizo que estaré dispuesto a matizar que, además de la efectividad de la Policía, en ocasiones se produce un efectivo incremento del tráfico de drogas. Hechas estas dos precisiones, me parece que, en primer lugar, estoy obligado a contestarle sobre las supuestas declaraciones del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre la Droga; digo supuestas por lo que después diré. Sobre este tema las precisiones que me pide S.S., desde mi punto de vista, son las siguientes.
Primero, el señor López Riaño no planteó, en ningún momento, la legalización del comercio de hachís, sino que informó sobre la existencia de un debate acerca del contenido de la prohibición. Las palabras textuales, recogidas del acto en el que yo no estuve, pero S.S. sí --yo las he tenido que consultar, lógicamente, en el «Diario de Sesiones» de las Cortes--, del Secretario de

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Estado (no del Ministro, que efectivamente dijo que era un dislate, pero el Secretario de Estado dijo otra cosa más dura que el Ministro) fueron las siguientes: Creo que es una barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos en el momento actual. Es una barbaridad --insiste el Secretario de Estado-- porque no tenemos en este momento una evaluación de los efectos y del coste económico que esto supondría en la sociedad moderna y, en estas circunstancias, ningún Estado se atreve a dar ese paso. Esas son las declaraciones literales que constan en el «Diario de Sesiones». También decía: Pero en el seno de los Estados, sin ningún miedo a la realidad, hay análisis de tipo científico, educativo o sociológico que indican que no parece razonable tratar de la misma manera a sustancias distintas. Estas son las dos frases centrales que reflejaban la postura del Secretario de Estado. Desde luego, la postura del Gobierno y, en particular, de este Ministerio ha sido y es, como la del Secretario de Estado, la persecución del comercio ilícito de cualquier tipo de droga o sustancia psicotrópica. Finalmente decía: Cualquier reflexión sobre la política de drogas sólo puede contemplarse en el contexto de la comunidad internacional. Esta es la realidad de esa --por eso decía-- falsa o supuesta declaración, supuesta polémica.
El resto son frases entrecomilladas, sacadas de contexto, con finalidades que prefiero no calificar.
Sin embargo, si que me parece importante sostener en esta tribuna y manifestar expresamente que el Secretario de Estado tiene la plena confianza de este Ministro porque coinciden sus planteamientos programáticos, como es natural, con los del Gobierno y con los de este Ministerio. Por tanto no debe haber ninguna duda. Le agradezco, por otro lado, que en este momento, pese a lo que aparecía en la prensa, usted no pida la dimisión del Secretario de Estado. Se lo agradezco sinceramente. Me parece poco razonable esa postura inicial que ustedes habían anunciado. Era preferible aclarar realmente el contenido de la intervención, y es lo que he tratado de hacer.
Claro que existe --y su señoría lo sabe-- una política de drogas, claro que existe una continuidad razonable en esa política de drogas desde el año 1985. Además, su señoría lo conoce con bastante detalle porque ha participado activamente en todos los grupos de trabajo, en la Comisión Mixta, en definitiva, en todos aquellos lugares en que se ha ido fabricando entre todos esa política consensuada en materia de drogas. La verdad es que ese consenso de vez en cuando es puesto en cuestión, pero normalmente por ustedes; por ejemplo, cuando insistían --espero que ya no lo hagan-- en la necesidad de penalizar el consumo, o cuando, frente al conjunto de la Cámara, opinaban que era una barbaridad discriminar punitivamente el tratamiento penal de las drogas blandas respecto de las drogas duras. Esos son puntuales rupturas del consenso que normalmente surgen de su Grupo Parlamentario, no del resto de la Cámara, por cierto. En todo caso, no me parece que eso sea lo importante, porque lo esencial --y en eso coincido con S.S.-- es procurar que esos episodios puntuales de disenso, por otro lado legítimo en puntos particulares de una política en materia de prevención y represión de drogas, sea lo menor y lo mayor sea el consenso básico en todos los ámbitos.
Su señoría sabe que preventivamente se han desarrollado campañas de concienciación y motivación de la juventud para crear actitudes de rechazo. En el campo de la lucha preventiva la acción coordinada del Ministerio de Educación y Ciencia, de las consejerías de educación de los diversos Gobiernos autónomos, incluso de los propios ayuntamientos y administraciones municipales ha sido francamente elogiable. El Ministerio de Educación y Ciencia incorporó durante todo ese período de tiempo, ya desde el año 87-88, el tema de la educación para la salud y la educación frente al fenómeno de las drogas como una de esas materias transversales que impregnan el conjunto del sistema educativo, y las cifras son evidentes. En el curso 90-91 había implicados 3.300 profesores en esos programas; en el 91-92 ascendió a 5.800; en el 92-93 ya estábamos en 7.500 profesores implicados directamente en esa actividad cultural y de prevención.
Su señoría sabe también que se ha potenciado en los tres ámbitos --autonómico, municipal y estatal-- la actividad de las organizaciones no gubernamentales. Están realizando actuaciones que se proyectan sobre un conjunto de unos 575.000 ciudadanos y ciudadanas. Las comunidades autónomas, por su parte, han desarrollado 273 programas sobre un conjunto de cerca de 90.000 personas. En los centros penitenciarios y dentro del marco legal se ha tendido a considerar el tratamiento de deshabituación como una indicación que funciona eficazmente para la clasificación del tercer grado. Sobre la materia penitenciaria ya tuve ocasión de informar personalmente a S.S. y en general a la Comisión de Justicia e Interior en un momento determinado.
En materia represiva es sumamente conocido --y no me voy a detener-- el conjunto de normas en esta línea. Más importante me parece, por ejemplo, conocer --y S.S. sin duda lo sabe-- qué valoración está mereciendo el conjunto de reformas legislativas llevadas a cabo en este período de tiempo. En ese sentido me parece relevante el informe sobre la evaluación mutua de España redactado por el Grupo de Acción Financiera Internacional el pasado 8 de abril de 1994. En sus conclusiones señalaba que la impresión general es la voluntad por parte de las autoridades españolas y del sector bancario de cumplir los requisitos internacionales sobre blanqueo de dinero. Destacaban asimismo que con la Ley 19/1993 España ha elegido el enfoque amplio en la lucha contra el blanqueo de dinero, yendo el sistema previsto más allá de las recomendaciones obligatorias.


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El informe concluye que España está en el camino correcto hacia el desarrollo de un programa eficaz antiblanqueo de dinero.
En el terreno presupuestario la Administración central ha pasado de destinar 3.403 millones en 1986 a 9.430 en 1993. Y así podríamos ir avanzando muchos aspectos planteados en debates anteriores.
Me parece más importante decir qué vamos a hacer (ese debate que usted ha propuesto en la última fase de su intervención), qué es lo que puede razonablemente debatirse yo creo que con un protagonismo que sería muy desable de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que sin duda desde siempre ha sido un centro básico en el conjunto de iniciativas adoptadas en materia de prevención y represión de drogas y que en opinión del que le habla debería seguir siéndolo. Por un lado, hay una serie de proyectos legislativos pendientes y que en definitiva se trata de presentar en esta misma sesión. Es verdad, y S.S. tiene razón, que se podrían haber presentado antes --siempre se puede sostener esa tesis--, pero la verdad es que son normas complejas, tanto en la relativa a los bienes decomisados como en lo relativo a la ley de precursores o en lo relativo al reglamento que debe desarrollarla. Efectivamente, son tres compromisos normativos que, S.S. tiene razón, deben cumplirse.
Y lo vamos a tratar de hacer con seriedad y con rigor dentro de esta misma legislatura. No es sencillo anticiparlo porque el tema --y S.S. lo sabe-- es sumamente complejo, implica intereses de muy diverso orden. Ojalá pudiera decirle un plazo más concreto. Yo creo que razonablemente esas normas deberían estar en el Congreso dentro de esta misma sesión, no ya legislatura. Sólo le puedo decir que eso es lo que razonablemente vamos a intentar la Secretaría de Estado y el conjunto del Ministerio de Justicia e Interior. No se lo puedo tampoco garantizar. Sin embargo, en los últimos tiempos se están produciendo nuevos problemas, nuevas situaciones que yo creo que debemos afrontar, sin perjuicio de mantener esa básica política de continuidad y de consenso en materia de prevención y de represión de drogas. ¡Claro que habrá que reflexionar sobre buen número de temas nuevos! Le voy a apuntar algunos que yo creo que responden al grado de preocupación ciudadana actual sobre este tema.
Un problema que me preocupa sustancialmente es si ya estamos en condiciones de estudiar seriamente --en su caso, ante la Comisión con mucho gusto reiteraré este planteamiento-- una regulación que distinga los efectos derivados de la prueba realizada inconstitucionalmente de la prueba realizada ilegalmente. Señoría, usted sabe a qué me refiero. Es complejo, pero desde el punto de vista de la eficacia de la represión puede ser un tema central. Creo que estamos ya en condiciones de intentar trabajar seriamente sobre ello.
Pienso que también estamos en condiciones de ir a una nueva regulación de la intervención telefónica, que amplíe y conecte con mucho detalle las circunstancias, los casos, las formas en que debe acordarse la investigación telefónica como medio de investigación penal. Hay un amplio campo que los tribunales entre tanto van llenando con su práctica jurisprudencial, no siempre coincidente. Quizá ha llegado el momento de realizar una intervención legislativa en este campo.
También seguramente es el momento de estudiar en serio la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con relación al célebre problema de los macroprocesos. Quizá nos están pidiendo los ciudadanos que hay que modificar las reglas de conexidad del artículo 17 y tratar de garantizar que los procesos se verifiquen conforme a mecanismos en que prime la eficacia sobre la espectacularidad. Y también es el momento de regular la figura del agente provocador, aunque sólo fuera recogiendo lo que jurisprudencialmente se entiende por agente provocador.
Es necesario trabajar --y en esa línea la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco nos parece interesante-- en el tratamiento de los denunciantes y es necesario avanzar en los programas de protección a testigos. En definitiva, hay un amplio campo de nuevos problemas que supone tratar de dar una respuesta más eficaz en los ámbitos de la represión del fenómeno del narcotráfico. En esa línea de trabajo le propongo que abramos realmente un debate intenso. El aspecto organizativo de la seguridad del Estado, cara a la represión...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya concluyendo, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias. ... se articula sobre la creación de las comisiones mixtas, que usted y sus señorías ya conocen, y en la reorganización de fuerzas policiales. Algún aspecto concreto quiero destacar. Por un lado, el desarrollo de la Brigada de delincuencia económico-financiera en la Policía judicial, compuesta por cuatro grupos operativos, tres de los cuales se van a destinar exclusivamente a los temas de blanqueo de dinero. En segundo lugar, la reforma y potenciación de los grupos especiales de estupefacientes tanto en la Policía como en la Guardia Civil. En tercer lugar, la reorganización del servicio fiscal de la Guardia Civil, creando un departamento antidroga, con órganos de inteligencia e investigación y competencia nacional. Está prevista una plantilla inicial de 116 componentes. Asimismo se va a incrementar en 438 el número de personas dedicadas en la organización periférica a las materias de investigación en drogas y de delitos fiscales. Se asume, por tanto, una vinculación muy cercana entre el tráfico de drogas, el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Es una evidencia que debemos, creo, afrontar todos desde esa óptica.


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En conjunción con esas medidas continuará el despliegue del servicio marítimo de la Guardia Civil, que está situado actualmente en Algeciras, La Coruña, Cantabria, Barcelona, Murcia, Almería, Málaga y Huelva. Se han instruido actuaciones sobre el consumo y tráfico de drogas de diseño, tema que evidentemente empieza a ser preocupante, como su señoría ha indicado. Evidentemente se están haciendo muchas cosas y su señoría lo sabe. Sin embargo, tiene razón su señoría cuando constantemente en réplicas decía: ¿Pero no es posible mantener un tono optimista o triunfalista en esta materia? Pues claro que no. Es una guerra que nos va a durar hasta el final de siglo y mucho más. Seguramente la guerra más grave, más importante que tiene planteado un país en términos globales. Y en el nuestro es la más grave inmediatamente después de la lucha contra el terrorismo; seguramente constituye la guerra más importante que en materia de seguridad debe y debemos afrontar todos. Lo importante es que sepamos entre todos comprender que un problema de esa altura tiene dimensión de Estado, que sólo puede ir ganando las diversas batallas hasta tratar de controlar seriamente el imperio de los narcotraficantes sobre la base de una política consensuada de integración de las instituciones con los ciudadanos, con la sociedad, y generando la confianza de los ciudadanos en que el conjunto de políticas que las administraciones realizamos en esta materia es de las más eficaces, de las más razonables y en las que se haya alcanzado el mayor nivel de consenso.
Pienso que sobre esa premisa se puede construir el conjunto técnico-jurídico y político de medidas y que podrá continuar como hasta ahora una eficaz política de consenso en la materia.
Nada más, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Robles Orozco.


El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, muchas gracias.
Señorías, lo que el señor Ministro apuntaba como cifras de captura, etcétera, y cómo las hemos interpretado de forma diferente --como usted bien ha reconocido--también muchas veces en las propias filas del Gobierno, sí que tiene una lectura inequívoca, y es que nuestro país sigue estando a la cabeza de Europa en el problema de las drogas, que sigue teniendo un gran problema de drogas y que, por decirlo de alguna forma, es el país número uno, en este problema de nuestro continente, de la Comunidad Europea. Podrá interpretarse de muchas maneras, pero hay también una clara interpretación y es que el consumo de drogas en nuestro país ha aumentado de forma considerable. No nos cabe la menor duda de que los cuerpos de seguridad hacen su esfuerzo. Lo que hace falta es ver si les damos todos los medios necesarios y si ponemos en manos de los fiscales y de los jueces los instrumentos jurídicos modernos y adaptados a los tiempos que vivimos para ser realmente eficaces. De eso es de lo que se trata. Yo he terminado mi intervención diciéndole que de lo que se trata, señor Ministro, es de ser eficaces, de ver cómo modificamos la legislación, cómo adaptamos los recursos que en este momento tenemos y cómo realmente nos adaptamos a un mundo criminal que va casi siempre por delante de nosotros y al que tenemos que atajar en un momento determinado. De eso es de lo que se trata, de ser eficaces. No de si hay más o menos detenidos, sino de si realmente hemos desarticulado las redes mafiosas, si hemos desarticulado la organización. Creo que en eso hay un consenso internacional en este momento. Es decir, lo importante es desarticular la red, lo importante es desmontar la organización, lo importante es evitar el blanqueo de capitales. En definitiva, desmontar el narcotráfico y también el blanqueo de capitales.
Usted ha abordado hace un momento el indiscutible polémico tema de las declaraciones del Delegado del Gobierno sobre el hachís, y ha escogido --permítame que se lo diga-- las frases que consideraba que eran más beneficiosas para el debate o para que figuraran en el «Diario de Sesiones». El señor López Riaño intervino en tres ocasiones al hablar de ese tema y en alguna de ellas lo hizo con bastante más profusión. En todo caso, independientemente de lo que figure en el «Diario de Sesiones», creo que ni usted ni el señor López Riaño ni nadie, en estos momentos, se va a desdecir de las cosas que están dichas en los medios de comunicación. Acabo de leer una entrevista, en una revista de difusión nacional, en la que sin lugar a dudas el señor López Riaño se manifiesta a favor de ese debate, se manifiesta a favor de la legalización del hachís, pone como ejemplo el caso de Holanda y habla de la valentía con la que hay que abordar ese tema. Eso es así y está dicho en una entrevista en «Cambio 16»; lo acabo de leer en este momento. Por tanto, está dicho en el «Diario de Sesiones» y está dicho en los medios de comunicación. Si no hubiese sido así, señor Ministro, usted sabe que el Presidente del Gobierno no hubiera salido inmediatamente a decir que de ninguna de las maneras; si no hubiera sido así, usted sabe que usted no hubiera dicho que es un dislate; si no hubiera sido así, usted sabe que el señor Almunia no hubiera dicho que en ningún caso se va a plantear este tema y que, además, hay otras prioridades.
Por eso, señor Ministro, la trascendencia de nuestra pregunta de si usted respalda la política del señor López Riaño. No es si respalda unas declaraciones más o menos desafortunadas, sino si realmente respalda una política tendente a la liberalización del hachís, que desgraciadamente nos llevaría después hacia otra política de mayor libertad en la distribución y consumo de drogas. Es de una trascendencia fundamental saber

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cuáles son los pasos en los que está el Gobierno trabajando en este momento. Por tanto, no se trata de hacer florituras verbales de si le apoyamos o no. No. Se trata de saber definitivamente cuál es la política del Gobierno en ese terreno. Nosotros --ya lo hemos dicho y lo voy a volver a repetir aquí, aunque me parecía que era innecesario-- no confiamos, sinceramente no podemos confiar, en este momento, en un Secretario de Estado que con su primera declaración ha creado una confusión monumental en el país que ha dado origen a cruces de declaraciones entre las filas del Grupo Socialista, entre cargos del Gobierno, entre organizaciones no gubernamentales y entre otros muchos estamentos del país. No confiamos en él, pero es su responsabilidad. Nosotros ya decimos que creemos que en este momento es un Secretario de Estado quemado, que inicia mal su mandato y que difícilmente va a tener ninguna fuerza moral para desarticular ninguna red de tráfico de hachís un señor que también está pidiendo que se legalice el hachís.
Es su responsabilidad. Es decir, usted le respalda y respalda su política y, por tanto, es el Gobierno el que asume en este momento esta cuestión y la oposición lo que hace es dejar bien claro que para nosotros carece del respaldo moral suficiente para seguir abordando su mandato.
Usted ha hecho referencia a temas que, francamente, no merecen la pena ni plantearlos, porque sabe que el mantener criterios diferentes no significa no haber construido el consenso y sobre eso es necesario extenderse. Pero utilizando la misma forma parlamentaria que usted ha utilizado, señor Ministro, le diré que S.S. sabe que los presupuestos del Estado, en el capítulo destinado a la Dirección de la Guardia Civil y de la Policía, están bloqueados desde hace dos ejercicios y que este año sufren un recorte real en inversiones. Su señoría sabe, como muy bien ha reconocido, que quedan muchas leyes importantes pendientes de traer a esta Cámara: la ley del fondo, la ley de precursores o el propio reglamento de la ley de blanqueo. Su señoría sabe también lo que acaba de decir el Fiscal especial contra la droga en cuanto a medios materiales.
Su señoría sabe perfectamente lo que acaban de decir importantes jueces y magistrados del país en cuanto a los medios que tienen para enfrentarse a la lucha contra el narcotráfico. Su señoría sabe lo que acaban de decir las organizaciones no gubernamentales sobre este tema. Su señoría sabe lo que dicen las encuestas de opinión: el 80 por ciento de los ciudadanos está en contra y el 60 por ciento de los ciudadanos cree que ha empeorado la situación y muchísimos, una inmensa mayoría, pide una mayor dureza también al Gobierno. Su señoría sabe lo que están diciendo todos los días los vecinos de muchos barrios de nuestro país, que se quejan de una falta de eficacia del Gobierno en la lucha contra la droga. Su señoría sabe también que se levantan inspecciones de Hacienda y que Hacienda se limita a conformarse con el pago del acta complementaria, pero no se investiga la procedencia de los bienes de los narcotraficantes. Su señoría sabe que algunas agencias internacionales han puesto en entredicho la colaboración española por falta de instrumentos jurídicos adecuados para poder colaborar en operaciones internacionales.
Su señoría sabe también que no es un buen plazo el que usted nos da, el de la legislatura, para traer estos temas, porque no estamos hablando de retrasar la autovía de Madrid a Valencia, con ser un tema importante sino que estamos hablando de que si retrasamos la legislación, si retrasamos los medios, van a ser más familias, más personas las que van a sufrir este problema en nuestro país, y S.S. sabe que de lo que estamos hablando es del sufrimiento de las personas. Y S.S. sabe que cada día que nosotros dejamos pasar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine, por favor.


El señor ROBLES OROZCO: Termino, señor Presidente.
Su Señoría sabe también que los narcotraficantes, los que se dedican a blanquear dinero, los que se dedican a lucrarse con eso con lo que todos queremos acabar, ésos no van a esperar ni un solo día en adaptar sus medios, en poner más recursos, en intentar ganar la batalla a la sociedad, al Estado, en definitiva, a todos los ciudadanos españoles.
Por lo tanto, porque S.S. sabe que todo eso es así es por lo que le hemos pedido que exponga el plan que anunció la Secretaria de Estado, por eso es por lo que le hemos pedido que concrete los plazos.
Señor Ministro, yo no puedo estar en desacuerdo con las cosas que usted enuncia. La legislación es la que estamos pidiendo, es la que incluso piden las organizaciones internacionales o la Convención de Viena; es lo que el sentido común nos dice.
Lo que ocurre es que llevamos ya tres Secretarios de Estado y algún que otro Ministro y siempre escuchamos los mismos planteamientos y a mí me gustaría que, en vez de anunciársenos los planteamientos, se nos trajeran resultados, que, por lo menos, se hubiera traído alguna de esas medidas a esta Cámara.
Desde hace dos años no han traído ni una sola medida. Los presupuestos siguen congelados y año tras año, comparecencia tras comparecencia se nos vuelve a contar lo mismo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles, termine ya, por favor.


El señor ROBLES OROZCO: Yo lo que le pido es que concrete usted los plazos, que nos diga en qué plazos

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lo va a traer, con qué medidas concretas y qué compromiso va a adquirir en esta Cámara.
En definitiva, le vuelvo a decir, se trata de ser eficaces, se trata de no volver a hacer convenios vacíos. Firmamos siempre convenios vacíos. Hacemos declaraciones de intenciones y no podemos seguir haciendo convenios vacíos y declaraciones de intenciones, sino que tenemos que ponernos a trabajar con el único objetivo de reducir el consumo, de acabar con los narcotraficantes y de evitar el blanqueo de capitales.
Ustedes tienen alguna responsabilidad más que los demás.
Traigan esos proyectos a la Cámara. Nosotros ayudaremos y colaboraremos a que salgan adelante. Den los medios suficientes. Nosotros vamos a traer enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar los medios policiales de la Guardia Civil, de los fiscales y del Plan Nacional. Apoyen esas enmiendas y, con unas cosas y otras, estoy seguro de que esta sociedad podrá enfrentarse con algo más de éxito que el que hasta ahora está teniendo con el crimen organizado, con el consumo de drogas.
Muchas gracias. (Aplausos.--Algunos señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Ministro? (Pausa.) ¿Qué Grupos parlamentarios desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la primera reflexión que nos ha suscitado la presentación de esta interpelación es qué objetivos se pretenden. Ya en la exposición de motivos se manifiesta que de la situación actual y de las medida adoptadas se desprende un futuro negro y, en consecuencia, dadas las repercusiones de todo tipo que se derivan del problema, urge adoptar nuevas medidas para conseguir un nivel de eficacia en la lucha contra la droga. Hasta aquí parece todo muy claro.
¿Pero qué papel entiende el Grupo Popular y su portavoz en la Comisión, el señor Robles, que ha de jugar la Comisión mixta? Esta Comisión, desde el inicio de esta legislatura, continúa los trabajos realizados en la legislatura anterior; en concreto, después de estudiar el grado de cumplimiento del informe que entonces se emitió, está ahora en fase de elaboración de un nuevo informe que, según se acordó en la reunión de la Mesa y Portavoces (precisamente el mismo día que comparecía por primera vez el actual Delegado del Gobierno, señor López Riaño), debe ser presentado y debatido en el seno de la Comisión durante los próximos meses de noviembre y diciembre. Por tanto, la duda que teníamos estaba fundada tanto en el papel que entendemos debe representar la misma Comisión como si es aconsejable, aceptable, adecuado y conveniente presentar esta interpelación en el Pleno de esta Cámara o hacer otra iniciativa en el seno de la Comisión con los mismos o parecidos planteamientos para que fueran recogidos tras el consiguiente debate en el próximo informe presentado. Con las informaciones publicadas en los medios de comunicación el lunes y martes pasado, ya empezamos a ver la cara a las intenciones que se buscaban. Se decía que el Gobierno aclarara si apoya la legalización del hachís, y la constestación fue clara desde las máximas instancias del Gobierno. Se solicitaba la destitución del Delegado del Gobierno en el Plan y la respuesta la ha hecho quien ha correspondido y hoy la ha reiterado. ¿En base a qué se pide? ¿A que ha manifestado el señor Delegado --en un gesto que le honra-- que, de no tener la confianza de sus superiores y de su Partido, presentaría él mismo la dimisión? ¿Son estas las intenciones, dentro de la estrategia de presentar que no hay nada que funcione bien en el país? Vayamos al fondo de la cuestión, es decir, a la conveniencia o no de un nuevo relevo --que, por cierto, volvería a ser criticado por falta de continuidad-- y a los motivos basados en los hecho concretos que se produjeron tras la comparecencia.
El señor Robles justificaba la interpelación con la presentación de la memoria. Yo no voy a entrar en los datos de la misma porque el propio Delegado confirmó en su comparecencia en la Comisión que podía debatirse en otro momento, en otra sesión, porque la memoria se había presentado con cierta premura. Volvamos a recordar la sesión de la Comisión celebrada el día 11. En su primera intervención en la Comisión el señor López Riaño introdujo la reflexión de si no sería conveniente realizar el debate como se viene realizando en otros países, como, por ejemplo, en Francia, donde se celebran reuniones de expertos de alto nivel. En constestación al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Vázquez, el señor López Riaño puntualizó que habría que meditar sobre la cuestión y que la Comisión y las autoridades de nuestro país no podríamos cerrar los ojos ante la realidad; por tanto, sería insensato cerrar las vías de debate que espontánea y democráticamente surgen en nuestra sociedad. Tras el mismo llegarían las conclusiones. En consecuencia, sí al debate --decía-- y no a la legalización.
Mayor concreción hubo aún en la contestación al portavoz del Grupo Popular, señor Robles, página 1057 del «Diario de sesiones», que excuso dar lectura, pero intentaré sintetizar.
Aun a riesgo de algún titular --decía el señor López Riaño-- sobre su legalización, hacía referencia a que hay un debate en nuestra sociedad, posiciones de autoridades intelectuales, sectores de la magistratura o de la medicina y opiniones y acuerdos de algunos congresos. Sin ir más allá, el IX Congreso

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de Jueces para la Democracia que se celebrará este fin de semana en Alicante en un buen ejemplo de ello.
Como ha leído textualmente el señor Ministro, yo creo que es una barbaridad legalizar las drogas contra las que luchamos, porque no tenemos instrumentos de valoración de los efectos y del coste económico que representaría en la sociedad moderna occidental.
Por otra parte --y es importante reflejarlo--, remitía a la consideración de SS.SS., de los miembros de la Comisión este debate y decía que, si SS.SS. lo estimaban conveniente, podría ser un debate importante. Este Diputado que les habla, señor Presidente, señorías, también cree en la conveniencia de que la Comisión lo estudie, sin prejuzgar las conclusiones a que se pudiera llegar. Hasta aquí los hechos tal como se produjeron. Después hubo reacciones de todo tipo de los medios de comunicación y también de distintas opciones políticas.
Excuso hacer la referencia, pero, en cualquier caso, no puedo dejar pasar alguna opinión del Presidente del Partido Popular que arremete contra el señor López Riaño por pedir un debate sobre la legalización del hachís («El País», 14 de octubre de 1994) o bien las propias declaraciones del Presidente del Partido Popular a «Onda 0» en las que decía que su hijo le había preguntado: Papá ¿es bueno el hachís? Creemos, sinceramente, que las cosas se han sacado de su cauce y, por tanto, de su sitio, bien sea porque estamos en una sociedad mediática, con todas sus ventajas o inconvenientes, o bien porque algunas declaraciones también...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cardona, vaya concluyendo, por favor.


El señor CARDONA I VILA: ...han ayudado con más que frivolidad. No es lo más conveniente que un tema, que jamás tendrá justificación alguna, sea utilizado como arma arrojadiza de los unos contra los otros.
Estaremos atentos a la moción consecuencia de la interpelación que hoy se ha presentado y terminaremos como empezábamos: entendemos que el lugar adecuado para el debate de este tema es, hoy por hoy, la Comisión mixta. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cardona. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, yo tengo que empezar por lamentar sinceramente la actitud del señor Ministro, la actitud profundamente defensiva del señor Ministro ante un hecho que quizá pueda haber movilizado algunas conciencias y puede haber generado algún tipo de supuesto escándalo o de escándalo epidérmico, pero que, en cualquier caso, nos parece que esa idea que avanzó el señor López Riaño en esa Comisión mixta, a la que antes se refería el portavoz de Convergència i Unió, esa idea de abrir un debate no solamente está más que justificada, sino que, además, es absolutamente necesaria.
Decía el señor Robles en su interpelación que el 80 por cien de los españoles están en contra de cualquier tipo de legalización. Probablemente sólo miren encuestas a partir de las cuales extrapolan datos y aparecen las cifras del 80 por cien. No sé si será el 80 o qué porcentaje de españoles será.
Lo que sí sé, porque lo conozco, como todos ustedes conocen, es que hay colectivos concretos, numerosos, intelectualmente cualificados que plantean la posibilidad de ese debate, y lo que hizo el señor López Riaño en esa ocasión en la Comisión fue simplemente abrir la posibilidad de un debate. La reacción que por parte del Partido Popular suscitó ha merecido por parte del señor Ministro una especie de marcha atrás, de donde dije digo, digo Diego y entresacar únicamente aquellos aspectos que podrían liberar de no sé qué culpa al señor López Riaño. Sinceramente, creo que la sensación de desconcierto que se puede haber generado en la sociedad española por esas palabras del señor López Riaño en realidad se genera por unas ganas y por una voluntad absolutamente premeditada de politizarlo todo en el peor sentido del término, de hacer política con los temas que, siendo profundamente políticos se tratan siempre epidérmicamente como políticos. Yo no entiendo que alguien se pueda negar a que se haga un debate sobre la legalización, no sólo un debate sobre qué hacemos con el problema de las drogas, ese debate lo tenemos desde hace años en esta Casa, y desde hace años en esta Casa estamos asistiendo a esa presentación anual de las memorias, en las que vemos que hay variaciones arriba o abajo de la cantidad de decomisos, de la cantidad de detenidos, de la cantidad de afectados, etcétera, pero siempre estrictamente desde la misma óptica, y yo creo que es hora, que estamos legitimados moral, ética y políticamente para mirar las cosas desde otra posición, sin prejuzgar nada, vamos a discutir sensatamente, vamos a discutir desde esa otra óptica y veremos a qué conclusiones llegamos. No anatemicemos el problema y lo lancemos a las tinienblas interiores y generemos un gran escándalo que hace, además, que el señor Ministro tenga que dar marcha atrás de una forma, repito, para mí lamentable.
El señor Robles no tiene por qué conocer esta revista, pero pregunte a sus compañeros médicos, que seguramente estarán de acuerdo conmigo en que es probablemente la revista de más prestigio en el mundo de la sanidad, de la medicina. En el «New England Journal of Medicine», portavoz, nada más, de la escuela

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de medicina de Harvard, el 15 de septiembre se publica un artículo en el que se enfatizan ciertos aspectos terapéuticos positivos del radical activo del hachís. Hay cantidades industriales de publicaciones estrictamente solventes que avalan la posibilidad y la necesidad de abrir un debate sensato, tranquilo y reposado sobre esos temas, y de no seguir viéndolos siempre con las mismas orejeras. Claro, si cada vez que alguien se atreve a plantearlo (alguien con posibilidad de llevarlo a cabo, porque, evidentemente, no es igual que lo plantee quien les está hablando, o mi Grupo Parlamentario, con dieciocho Diputados, que lo plantee el señor López Riaño) nos asustamos por el, aparentemente, revuelo social que se produce, nunca estaremos en condiciones de enfrentarnos a ese problema desde otra posible solución, y siempre estaremos insistiendo en las mismas técnicas que reiteradamente venimos machacando, valorándolo en un poquito mejor, un poquito peor, pero sin entrar en el núcleo del problema; y el núcleo del problema es que las drogas son un enorme negocio, que produce unas plusvalías terribles, y mientras siga siendo un negocio y produzca las plusvalías que produce, no nos estaremos enfrentando racionalmente con el problema; estaremos tratando de parchear la solución de los problemas periféricos de ese problema central, y habrá que tener en algún momento la osadía, la valentía política de, sin tapujos, discutir claramente estos temas desde, repito, esa otra posición. A mí me ha decepcionado profundamente la actitud del señor Ministro dando marcha atrás ante esas más que prudentes declaraciones del señor López Riaño. No sé qué moción nos presentará el Partido Popular. Coincido con el Partido Popular en la posible necesidad de que, cada vez que se presente la memoria del Plan, se produzca un debate en esta Cámara, si ese es uno de los contenidos de la moción, yo la apoyaré, pero ya veremos cuáles son los otros contenidos, porque no los conozco. Las cosas que ha avanzado el señor Ministro respecto a temas de modificación legislativa ya tendremos tiempo de verlos, cuanto antes se presenten, mejor; pero, repito, lo que estamos necesitando en esta casa, representante de la soberanía popular, es no tratar epidérmicamente los temas que tienen una densidad muy honda, y deberíamos tener la valentía moral de podernos enfrentar a ellos, al menos en el plano intelectual, desde una óptica distinta, algo a lo que parece ser no estamos dispuestos, por el aparente revuelo que han generado esas más que prudentes declaraciones. Arriesgarse a poner a los Estados Unidos como un ejemplo de lo que sea, en el terreno esférico de las drogas, me parece increíble, pero lo ha hecho...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Vázquez, termine. El señor VAZQUEZ ROMERO: Acabo, señor Presidente.
Repito: estudiaremos la moción que nos presente el Grupo Popular y fijaremos la posición con respecto a la misma en la próxima sesión parlamentaria. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y, EN CONCRETO, LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA LIBERALIZACION DE LA MISMA Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL CONCURSO PARA EL SEGUNDO OPERADOR DE TELEFONIA MOVIL (Número de expediente 172/000073)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política general de telecomunicaciones y, en concreto, los objetivos que persigue la liberalización de la misma y los criterios establecidos en el concurso para el segundo operador de telefonía móvil.
Para la explanación de la interpelación, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
La presente interpelación tiene unos contenidos amplios, que se refieren al conjunto de la política de telecomunicaciones del Gobierno, pero de alguna forma ha sido disparada a esta sesión por el concurso de 27 de septiembre para la creación de un segundo operador de telefonía móvil. Para nosotros, éste es un concurso muy importante porque no solamente se está tratando, según nuestro criterio, de un segundo operador de telefonía móvil, sino que incluso podríamos estar tratando de ver qué empresa o qué conjunto de empresas se queda ya bien colocado para ser el segundo operador de la telefonía vocal en el año 1998. Nosotros estamos muy preocupados porque nada más ponerse en marcha el concurso, ya aparecen continuamente informaciones en el sentido de que el concurso de alguna manera está otorgado. Hasta ahora no ha habido ningún desmentido por parte del Gobierno, ni concretamente por parte del Ministro Serra, que por lo visto es un Ministro que tiene un poder extraordinario y un poder que es bastante opaco a esta Cámara; sin embargo, nos han llegado informaciones que manifiestan que el señor Serra avala a alguno de los grupos de empresas que ofertan, cara al segundo operador de telefonía móvil. Concretamente,

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hay informaciones que dicen que al conjunto de empresas formado por SRM y Cometa lo avala el señor Serra y que es el que está colocado para obtener ese puesto de segundo operador de telefonía móvil.
Yo creo que ésta sería una buena oportunidad para que el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que, al parecer, es quien nos va a responder en esta interpelación, nos especificara y nos aclarara todo lo relativo a este tema.
Según nuestro criterio, el pliego de condiciones de alguna manera fomenta esa opacidad. Nosotros consideramos que el pliego de condiciones es una especie de cajón de sastre con el cual fácilmente se puede otorgar esta licencia de segundo operador a quien se considere oportuno. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Señoras y señores Diputados, en el pliego de condiciones se señala que las empresas que pretendan la adjudicación deben presentar tres sobres. En el primero se debe contener el aval: 2.000 millones de pesetas; eso no tiene ni trampa ni cartón. En el segundo se debe contener todo lo que podría ser el proyecto técnico, pero no se plantean unos criterios de evaluación de ese proyecto técnico y, a la vez, se les exige a estas empresas que presenten unos compromisos según los cuales no transmitan, en sucesivos actos sucesorios o en un mismo acto sucesorio, las acciones que aportan al conjunto de empresas que pretenda obtener la concesión. La exigencia de estos compromisos para nosotros es algo que no ofrece la menor garantía, después de haber visto lo que ha pasado con las televisiones privadas, cuando comprobamos que el 75 por ciento de una televisión privada está en manos de una determinada empresa y más del 80 por ciento en manos de otra, y la legislación establecía que no podía haber ninguna empresa que tuviera más del 25 por ciento. Realmente, a mi Grupo Parlamentario no le ofrece ninguna garantía de transparencia este tema de los compromisos ni tampoco el que no esté claramente determinado cómo se puntúan las características del proyecto técnico. En el tercer sobre se debe contener la cantidad que tienen que aportar las empresas, que tiene que ser, como mínimo, de 50.095 millones de pesetas, de los cuales 95 millones de pesetas son de gastos y ese por encima de los 50.000 millones de pesetas se obtiene en función de una media aritmética, lo que tampoco parece demasiada garantía; sobre todo cuando no van a ser cinco o seis operadores, como pensaba en un principio el Ministro, sino que ya van a ser tres, y muy probablemente hasta sean dos los operadores que se presenten. Por lo tanto, la transparencia de este concurso está bastante en entredicho, y no lo decimos de una manera gratuita. Nosotros creemos que se deben plantear garantías por parte del Ministro en el Congreso de los Diputados, y el Gobierno debe tener un compromiso claro ante el Congreso de los Diputados de dar explicaciones en el mismo momento en que se otorgue la licencia a este segundo operador de telefonía móvil. Yo creo que eso es importantísimo. Quiero manifestar, tanto al señor Ministro como al conjunto de SS.SS., que no es un exceso de celo por parte de mi Grupo parlamentario, porque cuando se planteó por parte de algún otro Grupo parlamentario que, de alguna manera, el Congreso, a través de una Comisión, fuera el que dictaminara cómo se otorgaba el concurso, mi Grupo parlamentario se opuso a ello, porue no creíamos que era misión de los diferentes grupos parlamentarios juzgar aquí cómo se resolvía un concurso.
Evidentemente, esto, a nuestro juicio, es misión del Ejecutivo. Ahora bien, tenemos que decir al Ejecutivo que los mecanismos que ha planteado no nos parecen suficientemente garantes de que sea absolutamente limpio cómo se va a resolver este concurso. También tenemos que decir al Ejecutivo que vamos a exigir que se dé cuenta en el Congreso de los Diputados para que se haga con la mayor transparencia la resolución de este concurso. Todo ello porque pensamos que, en última instancia, en todo este asunto de la liberalización de las telecomunicaciones hay bastante hipocresía, y con esto espero que no se nos considere enemigos acérrimos y tremendos del mercado, pero lo cierto es que hay bastante hipocresía.
Vemos cómo en Francia, en última instancia, el segundo operador está muy ligado al primero, al France Telecom; y cómo ningún país, en el fondo, quiere dejar un elemento tan estratégico como la red de telecomunicaciones al albur de los acontecimientos. Hasta tal punto es así --el señor Ministro me hace gestos de escepticismo-- que en Francia se ha convocado un concurso para un tercer operador que actúe en la banda de 1.800 megaherzios, que, además, supone una complicación técnica extraordinaria. Sin embargo todo ello es así porque difícilmente estos concursos son claros y limpios.
Desgraciadamente, eso es así.
Nosotros, desde luego, hubiéramos apostado en su momento, si hubiéramos tenido capacidad, porque estos procesos de liberalización no hubieran sido tan rápidos como están siendo, sinceramente; la posición de nuestro Grupo hubiera ido en defensa de los intereses nacionales. Pero, en fin, el marco político es el que es, las directivas europeas son las que son y estamos obligados a tener, en el año 1998, liberalizada incluso la telefonía vocal. En ese marco de actuación, nosotros, desde luego, apostaríamos, en primer lugar, porque la Compañía Telefónica Nacional de España fuera lo más potente posible, evidentemente. Con esto creemos, además, que no estamos fuera del marco de lo que son las diferentes compañías de telecomunicación en el mundo, que, aunque el señor Ministro lo sabrá, para ilustrar a la Cámara, se deberá conocer que, de las seis principales compañías de telecomunicación que hay en el mundo, dos de ellas son públicas al cien por cien, otras dos son, en más de un 60 por ciento, públicas y solamente otras dos son privadas, una de ellas totalmente privatizada en los últimos años, la British Telecom.


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Por tanto, nosotros hubiéramos apostado por una actuación en la que se potencie fundamentalmente la Compañía Telefónica Nacional de España. Con ello no queremos dar carta blanca a la Compañía Telefónica Nacional de España, de la que pensamos que tiene también muchísimas áreas de actuación opacas o muy discutible que se esté realizando conforme a los intereses nacionales. Vemos cómo muchas empresas que son dependientes de Telefónica, como Sintel, Alcatel, etcétera, están siendo prácticamente desmanteladas, son empresas a las que no se les está prestando la suficiente atención y cómo, de alguna forma, la Compañía Telefónica tampoco está dando suficiente grado de transparencia en actuaciones como la que tuvo en Perú, dando en subasta una cantidad muy superior a las demás empresas concurrentes, etcétera. No es que nosotros pensemos que la Compañía Telefónica Nacional de España sea un modelo de pulcritud, de transparencia y que sea una de las mejores, no, ni muchísimo menos. Pensamos que hay que mejorar mucho esa gestión, pero, en cualquier caso, apoyaríamos fundamentalmente que fuera ésa la empresa de telecomunicaciones española.
Creo que sería también interesante que nos explicara el Ministro cuáles son los planes que se tienen con respecto a Retevisión, porque ya le anunciaba que son muchas las noticias, y concretamente una de El País del 14 de octubre de 1994, en las que se dice cómo Retevisión puede ser la empresa colocada para ser el segundo operador de telefonía móvil. Y en el propio diario El País, que por cierto es de Prisa, una de las empresas, como usted sabe, que de alguna manera actúa cara a obtener la licencia de segundo operador, se dice que la que obtenga esa licencia, como le planteaba al principio de mi intervención, estaría bien colocada para el acceso a segundo operador de la telefonía móvil en un consorcio con Retevisión.
Creo que sería interesante que nos explicara el señor Ministro cuáles son los planes que existen con Retevisión y que nos diera una explicación, no tan sucinta como la que se nos da en esos papelitos en los que se nos informa del Consejo de Ministros, sobre cuáles son los planes que tiene con respecto a la ley del cable y esa nueva ley que también se prevé para las televisiones municipales, que parece ser que no van a ser por cable sino por onda. Sería interesante que nos explicara estos aspectos el Ministro, porque nosotros tenemos algunas dudas, por ejemplo, sobre la situación de todos estos operadores que se pueden insertar en la red de cable, como se anuncia en ese papel en el que se nos informa de los acuerdos del Consejo de Ministros. También sería interesante que nos ilustrara algo más sobre cuáles son los planteamientos que se van a hacer sobre las televisiones municipales.
Sobre este respecto quisiéramos también conocer si esos compromisos... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, vaya terminando.


El señor ANDREU ANDREU: Termino señor Presidente.
Quisiéramos conocer si se van a cumplir los compromisos de traer a la Cámara los proyectos de ley del cable y de las televisiones municipales antes de que finalice el año para que puedan ser debatidos y en su caso aprobados por el conjunto de los grupos parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
En nombre del Gobierno contesta a la presente interpelación el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, ciertamente es necesario que se produzca en la Cámara un debate sobre la política de telecomunicaciones. En este sentido el Gobierno y el Ministerio responsable de la política de telecomunicaciones se propone solicitar una comparecencia ante la correspondiente Comisión, o bien efectuar una comunicación al Pleno para que éste, en Pleno o en Comisión, pueda conocer y debatir el contenido del acuerdo que el Consejo de Ministros ha tomado recientemente para pilotar el proceso de cambio en un sector tan importante como éste, desde ahora hasta 1998, fecha en la cual se procederá a la plena liberalización de los servicios de telefonía vocal, los únicos que por el momento no lo están todavía. Pero las telecomunicaciones, señorías, serán uno de los elementos característicos y determinantes de este fin de siglo por múltiples razones: tecnológicas, de internacionalización de la economía, de aparición de nuevos mercados y aplicaciones, en resumidas cuentas, de un sector estratégico como pocos, donde vamos a tener que asistir a profundas transformaciones técnicas y económicas y hacer frente a nuevas oportunidades, pero también a nuevos riesgos. Por eso se trata de definir un marco regulador y una política, en el sentido noble de la palabra, que permita a los distintos operadores, a la sociedad y a los territorios españoles abordar el proceso de manera que se maximicen las oportunidades y se minimicen los riesgos.
El Gobierno no cree que este sector pueda dejarse completamente a las fuerzas del mercado, porque sería siempre un mercado profundamente imperfecto, muy alejado del óptimo «adamsmithiano», donde una infinidad de productores se enfrentan entre sí para conseguir optimizar la producción, puesto que como mucho habrá dos o tres operadores en servicios clave porque existen restricciones de tipo tecnológico que impiden

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que éste sea nunca un mercado parecido a los que describen los manuales de teoría económica. Unos servicios que se han desarrollado históricamente bajo la forma de un monopolio estatal, de un servicio público, de un monopolio bien distinto, por cierto, de los que se describieron en el siglo XIX, de importadores de tabaco o café, eso sí, explotaban rentas de situación; un monopolio que tenía su razón de ser en la racionalidad económica de explotar economías de escala evidentes y en la voluntad política de que los beneficios del progreso llegasen a todo el territorio, estableciendo perecuaciones tarifarias que permitían que los segmentos «cremosos» del mercado, los segmentos rentables, pudiesen aplicar sus beneficios a la financiación de los segmentos no rentables, y, por tanto, se estableciera una solidaridad entre usuarios que permitiese un desarrollo equilibrado de los servicios al alcance de todos los españoles, como decía el No- Do, pero de verdad, una extensión territorial que no dejara espacios sin cobertura.
Esta es la razón de ser política y económica de unos monopolios que hoy tienen que ceder el paso a un mercado más competitivo, porque puede haber más de un operador por razones de tecnología y de eficiencia económica y, por tanto, podemos aprovechar las ventajas que da la competencia, pero no queremos perder la voluntad de un servicio público universal.
Queremos las ventajas de la competencia y queremos la voluntad política de ofrecer a todo el mundo en todas partes unos servicios de telecomunicación que permitan que no queden en el territorio español zonas aisladas del progreso. Eso no lo va a conseguir el mercado solo. Eso requiere una acción política, una acción política que establezca un marco regulador adecuado.
Hasta ahora la cobertura universal, el servicio universal, el servicio público, que desgraciadamente goza en nuestro país de poco predicamento, se ha venido financiando a través de estas subvenciones cruzadas. Estas subvenciones desaparecerán al abrir a la competencia los mercados. Hay que buscar mecanismos alternativos de financiación, y por eso cuando el Gobierno dice que cree posible liberalizar la telefonía vocal básica en 1998, dice también que antes hay que conseguir tres condiciones previas, porque si no hubiera condiciones previas, no habría ninguna razón para no liberalizar mañana. ¿Cuáles son esas condiciones previas? Son tres y las anticipo al debate que espero se produzca en esta Cámara en un momento posterior.
La primera, garantizar la cobertura de todo el territorio, cosa que todavía no hemos conseguido. Cien años después de haberse inventado el teléfono todavía hay partes del territorio español y ciudadanos que no tienen acceso a algo que también forma parte del Estado del bienestar: la comunicación concebida como un derecho y no como una simple mercancía. Se puede conseguir antes de 1998, especialmente si Telefónica concentra sus esfuerzos en su programa de radiotelefonía rural. No será la competencia, desde luego, quien cubra las partes del territorio que todavía no están cubiertas, porque si no lo están es porque no es rentable cubrirlas, y en un mercado más orientado por la búsqueda de rentabilidades financieras, estos territorios tienen que ser cubiertos por una acción política voluntarista y no por la búsqueda de máximos beneficios. La segunda condición es ajustar tarifas a costes. No podemos mantener un marco tarifario que obligaría a Telefónica a subvencionar a sus competidores internacionales, de manera que el tránsito por la red urbana, por el bucle de abonados, de las llamadas vehiculadas en su fase internacional o larga distancia por otras empresas pagara un precio de paso inferior a su coste, con lo cual, como le digo, Telefónica estaría subvencionando a sus competidores, lo cual es realmente imposible y además no es una buena forma de establecer una competencia leal y efectiva. También esto puede conseguirse de aquí a 1998, si conseguimos establecer los correspondientes cambios en la estructura de tarifas que permitan acercar costes a precios, o precios a costes, y, por tanto, suprimiendo estas subvenciones cruzadas entre la ciudad y el campo, entre las llamadas urbanas y las de media distancia, entre empresas y particulares, entre lo internacional y lo nacional, que tienen una razón de ser, pero también introducen elementos de ineficacia económica que no pueden subsistir en un contexto liberalizado. La tercera es buscar otra forma de financiar el servicio universal. Señorías, en 26 provincias españolas el servicio telefónico básico es estructuralmente deficitario.
Por la forma en la que está distribuida la población en estos territorios y por la propia configuración física de los mismos, prestar servicios telefónicos es estructuralmente deficitario, y desde luego no serán empresas que buscan maximizar el beneficio derivado de su inversión quienes suministren estos servicios telefónicos. ¿Cómo se financian hoy? No sólo con las aportaciones de los usuarios sino con subvenciones cruzadas, porque la compañía que gestiona el servicio público, el monopolio --palabra poco atractiva, pero que tiene detrás de sí un elemento positivo de subvenciones cruzadas y tarifas perecuacionadas en el conjunto del país--, aplica a las zonas deficitarias los beneficios que obtiene de las superavitarias. Como esto no podrá seguir siendo así, tendremos que buscar un mecanismo alternativo de financiación, que puede ser o la aportación presupuestaria directa, cosa que el Gobierno no desea porque sería aumentar el gasto público, o bien unos mecanismos de tasas de acceso, como existen en Estados Unidos y como se propone establecer la Unión Europea, para que todos los operadores en competencia contribuyan a la financiación del servicio público, pagando un canon por acceder a la red universal, a través de la cual se podrá financiar

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seguir manteniendo un servicio público que tendrá que ser gestionando por un operador, que podrá ser Telefónica o cualquier otro, que se preste a ofrecerlo en las mejores condiciones.
Estas tres condiciones se pueden cumplir antes de 1998.
Creemos que es bueno conseguir cumplirlas antes de 1998 para incorporarnos con casi todos los países europeos a un proceso que puede aportar muchas ventajas si somos capaces de controlar sus inconvenientes, de salvaguardar lo que tenemos, que no es poco, nuestros operadores, nuestros mercados. Hay que abrir nuestros mercados, pero no hay que entregarlos gratis et amore a fuerzas más poderosas que las nuestras sin antes habernos puesto en condición de hacerlas frente.
Habremos, pues, liberalizado todos los servicios, digo bien, los servicios, porque el debate sobre las infraestructuras continúa en Europa y continúa en España y formará parte de un programa que todavía no está definido en todos sus términos, aunque el esquema básico de las leyes de televisión por cable avanzan ya algunos elementos de lo que sería la introducción de competencia en red, no en servicios, sino en red soporte o red portadora en los espacios humanos. Mientras tanto, hemos avanzado en la liberalización de la telefonía móvil, introduciendo un segundo operador que pasará ya a operar en GSM, es decir en la banda de 900 MHz. El primer operador seguirá siendo Telefónica, que mantendrá su servicio de telefonía móvil analógico en la banda de 400 o 500 MHz., que tiene ya casi 400.000 abonados, y una oferta complementaria en GSM, 900 MHz., junto con un segundo operador que será seleccionado por concurso. En la medida en que S.S. se ha referido casi fundamentalmente en su interpelación a las condiciones del concurso de este segundo operador, voy a concentrarme en ellas, aunque ya le he anticipado cuáles son las líneas básicas del proceso de liberalización del único servicio que todavía no esta por liberalizar, que es la telefonía vocal básica, y los riesgos y oportunidades a los que hay que hacer frente de una forma organizada, ordenada y controlada, de manera que la liberalización no vaya acompañada de una desregulación, dejando sólo a las fuerzas del mercado el desarrollo de las telecomunicaciones, porque eso no está en la concepción que el Gobierno tiene de este sector, ya que queremos las dos cosas, queremos liberalizar, pero queremos regular para mantener lo que de positivo tenemos, queremosabrir nuevas oportunidades y garantizar los servicios públicos universales, pues el Gobierno entiende que la comunicación es algo más que una mercancía, es un derecho que debe ser garantizado a través de la correspondiente acción política. Pero hemos de aprovechar también las ventajas que introduce la competencia, porque también es cierto que un monopolio mal regulado o no suficientemente bien regulado introduce ineficacias que pueden ser combatidas desde la presión que un operador ejerce sobre otros a través de una política comercial más agresiva, un control mejor de sus costes salariales u operativos o una optimización más eficiente de sus inversiones.
Esto es lo que hoy permite hacer la tecnología y es lo que nos proponemos hacer en el campo de la telefonía móvil, a través de una concesión por concurso de una segunda licencia a otro operador. No me diga, señoría, que Francia o Alemania son ejemplos de cómo se conceden con transparencia estas licencias de segundos operadores, porque debe de saber que la licencia de segundo operador de telefonía móvil en Francia y en Alemania ha sido concedida sin concurso, a dedo --como llamaríamos aquí--, es decir, discrecional y directamente, a una empresa que tiene solvencia suficiente para hacerlo, pero sin que medie un proceso público como el que el Gobierno se ha propuesto hacer.
El Gobierno hubiera podido conceder esta segunda licencia a un operador público, por ejemplo, a Retevisión. ¿Por qué no? Retevisión, operador de red, pasa a ser operador de servicios, y sacar a bolsa las acciones de una entidad que ve enriquecido su patrimonio con una licencia que le ha sido concedida. No hubiera habido nada en las normas comunitarias que hubiera impedido adoptar esta estrategia. ¿Por qué no lo hemos hecho? Seguramente porque somos conscientes de que eso hubiera chocado con fuertes críticas y de que una oferta competitiva al mercado llamando a quienes pueden hacer ofertas que enriquezcan tecnológicamente, aportando capitales financieros y know how, era, sin duda alguna, mejor aceptado por la opinión pública y tenía ventajas que no podían desaprovecharse.
El concurso se ha convocado, créame señoría, con la máxima objetividad. Y es un compromiso del Gobierno y en particular de este Ministro, responsable del mismo, que se desarrolle el concurso y su fallo con la máxima objetividad y transparencia.
No haga usted caso a quienes digan en los medios de comunicación que el concurso ya está dado, porque, ¿quién lo dice, señoría? Algún medio de comunicación especializado en la crítica permanente y sistemática al Gobierno. No debería a usted extrañarle que esos medios de comunicación, que todos los días tienen que buscar alguna forma de combatir la acción del Gobierno, cuando no la tienen, se la inventen y lancen lo que puede ser una hipótesis, un temor, un infundio: Está dado, eso lo van a dar, seguro, a no sé quién. Lo vamos a conceder a quien mejor oferta haga. Para eso hemos buscado la asesoría de una gran consultora internacional especializada en estos temas, a la que vamos a pagarle esos 95 millones de pesetas, que se suman a los 50.000 de aportación financiera mínima.
Estamos trabajando, con la mayor voluntad de transparencia, en un concurso que no adolece de ninguno de los defectos que usted cree vislumbrar en él, donde se pide a los que concursen que oferten recursos financieros,

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incorporación de tecnología, creación de empleo, niveles de inversión, valor de las tarifas a las que se comprometen a ofrecer el servicio, cobertura del territorio, en fin, todo lo que normalmente deberíamos estar en condiciones de obtener de quien tenga acceso a un mercado y a una actividad susceptible de aportar rendimientos interesantes al capital invertido.
¿Dice usted que no existen mecánicamente establecidos los criterios de valoración de las aportaciones tecnológicas que los concursantes hagan? Eso es imposible de hacer. Eso no se puede medir como se pueden pesar las arrobas de un peso determinado de mercancía. Como en cualquier concurso, habrá que valorar las aportaciones de los concursantes, como se valoran las soluciones técnicas que en una obra pública...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya terminando.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente, termino.
...como se valoran las características técnicas que en un concurso para seleccionar el mejor proyecto de túnel o puente hacen los expertos en el tema, y no se dice tampoco cómo se va a medir de una manera mecánica, predeterminada, inamovible, en consideraciones que requieren de una valoración técnica imposible de obviar. Se puede cuantificar la aportación económica, porque eso se mide en pesetas. Habrá que medir con mayor finura las aportaciones tecnológicas. Se puede medir la creación de empleo, porque se mide en horas-hombre-año, pero tendremos que pasar por una mesa de contratación donde están representantes técnicos, jurídicos y administrativos capacitados para valorar. Es inevitable, eso no se puede obviar. Usted hace un juicio de intenciones cuando dice que teme que el Gobierno actúe arbitrariamente asignándolo a sus amigos. Yo le puedo asegurar a usted que vamos a resolver este concurso con la mayor transparencia, con la mayor objetividad, en defensa de los intereses nacionales, en defensa de las aportaciones económicas, tecnológicas, laborales, financieras y de servicio que se van a ofrecer a los consumidores. Esta es la voluntad del Gobierno en el díficil equilibrio que tenemos que conseguir entre mantener las ventajas de servicios públicos que queremos que sigan llegando a todos los ciudadanos e incorporar mayores grados de competencia y eficacia en nuestro sistema de telecomunicaciones.
Acabo, señor Presidente, reiterando el compromiso del Gobierno de debatir la política de telecomunicación cuando y donde las Cámaras crean oportuno, a través de una comparecencia del Ministro responsable en la correspondiente Comisión, de una comunicación o por cualquier procedimiento que los grupos parlamentarios estimen adecuado, porque sin duda estamos ante un tema de la máxima trascendencia para nuestro futuro económico y para la vertebración económica y social de España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nosotros no hemos dicho que usted, el Gobierno, le vayan a dar a sus amigos ningún tipo de concesión administrativa; no lo hemos planteado en esos términos. De lo único que hemos hablado es de la existencia de noticias, con manifestaciones del Ministro Serra, con manifestaciones del Ministro Eguiagaray, por las cuales se apuesta por una determinada empresa o grupo de empresas como los candidatos mejor colocados para obtener el puesto de segundo operador de telefonía móvil. Usted ha desmentido que vaya a haber favoritismos; me alegra que lo haya hecho. Nosotros, en su momento, cuando se otorgue este concurso, vamos a solicitar que se den las explicaciones necesarias ante el Congreso, para lo cual usted ha mostrado su disposición, de lo que también me alegro. En ese momento, cuando se dé esa concesión administrativa para el segundo operador de telefonía móvil, plantearemos un debate y veremos la transparencia con que se ha celebrado el concurso. Pero no hemos dicho que sea un tema de amigos. Evidentemente, sabemos la lucha entre los medios de comunicación y entre los diferentes medios financieros que esto supone; no se nos oculta que detrás de las empresas hay fundamentalmente medios de comunicación, bancos asociados con empresas de telecomunicación extranjeras. Eso no se nos oculta. Lamentamos que no haya estado presente Retevisión, que para nosotros no hubiera sido un elemento distorsionador o negativo ni mucho menos. Nosotros no hemos criticado lo que ha pasado en Francia ni hemos dicho que fuera un ejemplo positivo o negativo, sino que hemos intentado ilustrarle sobre hasta qué punto los países, y Francia concretamente, con un Gobierno de centro-derecha, han pretendido que sus redes de comunicación no queden fuera de manos públicas; es decir, hasta qué punto tienen valor estratégico estas redes de comunicación. Sin embargo, en España, por criterios que ustedes sabrán, se ha abandonado de alguna manera la posibilidad de ese control por parte de empresas públicas y se saca un concurso al que solamente han concursado empresas privadas. Por tanto, no piense que nosotros hemos planteado el ejemplo francés como algo negativo, ni muchísimo menos; más bien al contrario, y la predicción que yo me permito vaticinarle a usted y a esta Cámara, haciendo

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constar a la Cámara que aunque pueda parecer un tema técnico y aburrido, estamos hablando nada más y nada menos que del 8 por ciento del producto interior bruto del año 2000, que actualmente es el 4 por ciento, o sea, que no estamos hablando de ninguna tontería, y en lo que se están moviendo todos los medios financieros y de comunicación de una forma importantísima, la predicción, repito, que tengo la osadía de vaticinarle, señor Ministro, es que, al final, en la telefonía vocal, el operador que consiga el concurso va a ser un convidado de una especie de duopolio público en el cual él obtenga una parte de la tarta. Ese es mi vaticinio y por eso le he solicitado en la interpelación --usted no lo ha respondido y confío en que responda ahora-- que me informe de cuáles son los planes que el Gobierno tiene con Retevisión, si es cierto o no ese pronóstico que se hace de que Retevisión puede ser quien opte como segundo operador de telefonía móvil, porque es un elemento absolutamente importante según nuestro criterio y según nuestro entender.
También le reitero que nos explique, de una forma más pormenorizada, aunque quizá hubiera sido lo propio hacerlo en el primer turno y no en el segundo, cuáles van a ser los contenidos más importantes que va a tener esa ley de televisión por cable, que no ley del cable, como usted en algún momento ha puntualizado al decir que solamente se intenta que sea el cable para la televisión y no proyectos megalómanos del cable, sobre el que también, poniendo el ejemplo francés, hemos comprobado que, al final, no ha tenido el consumo que previsiblemente iba a tener. También le solicito que aluda a este tema porque creo que es importante que, ante la Cámara, se vayan determinando ya cuáles van a ser esos contenidos y si realmente se va a cumplir el compromiso de que iba a estar antes de final de año. Sería interesante conocerlo. En cualquier caso, tomamos nota, de forma clara y rotunda, de que van a dar ustedes explicaciones sobre cómo se va a adjudicar este concurso, porque nosotros consideramos que va a ser un concurso muy decisivo que va a determinar, de alguna manera, importantísimos conciertos económicos en el futuro en la política de telecomunicaciones en nuestro país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ciertamente, tiene usted razón, no es un tema en absoluto banal ni aburrido; al contrario, es un tema apasionante. El desarrollo de las telecomunicaciones es, sin duda alguna, un aspecto apasionante de la vida política y económica, y me siento muy afortunado de que me haya tocado dirigir el proceso de desarrollo de un sector tecnológicamente tan rico y tan lleno de futuro como es éste.
Lamento mucho no haber podido contestar a todas las preguntas que usted me hace, pero le aseguro que en 10 minutos, incluso en los 15 que la benevolencia del Presidente me ha concedido, es absolutamente imposible explicar una política de telecomunicaciones. Quizás el Parlamento español debería cambiar o buscar métodos de trabajo más adecuados a la complejidad de los problemas que se plantean, porque le aseguro que me siento incapaz de, en 10, 15, ni siquiera en 20 minutos, explicar a la Cámara el porqué y el cómo de las opciones que han sido debatidas y decididas sobre toda la retahíla de temas que usted me ha planteado. Y ya empieza a ser un poco frustrante encontrarse con que a uno le preguntan, no tiene tiempo de contestar, y después se le reprocha que no haya contestado. Yo no le puedo explicar cómo es una ley de infraestructuras urbanas de telecomunicación, cuál es el futuro de Retevisión, qué va a pasar con la telefonía básica y cuál es el desarrollo de la banda ancha en el tiempo de que dispongo para contestar, por mucho que, insisto, haya abusado de la benevolencia del Presidente.
Sin embargo, yendo un poco a lo concreto, ¿me puede decir dónde, cuándo y cómo ha tenido usted conocimiento de declaraciones del Vicepresidente del Gobierno --no del Ministro porque el señor Serra no es Ministro de este Gobierno, es Vicepresidente del Gobierno-- o del Ministro de Industria declarando su preferencia por uno de los competidores? Ha dicho usted que ha leído, que ha oído que el señor Serra y el señor Eguiagaray han declarado su preferencia por uno de los presuntos concursantes; digo presuntos concursantes porque, de momento, todavía no han concursado.
¿Dónde, señoría? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha oído usted a mis compañeros de gabinete decir que prefieren tal o cual de los grupos que van a presentarse al concurso? Le agradecería que subiera a la tribuna otra vez y me lo explicara, porque usted, como mucho, será capaz de decir que algún medio atribuye a algún miembro del Gobierno una intención. (El señor Andreu Andreu muestra una hoja de periódico al señor Ministro.) No, no, usted no ha dicho que un medio atribuye, usted ha dicho que el señor Serra y el señor Eguiagaray han declarado su preferencia por uno de los presuntos concursantes. Tiene usted que ser lo suficientemente responsable para no acudir a esta Cámara a decir que un ministro del Gobierno ha declarado públicamente que prefiere que el concurso se adjudique a uno de los concursantes, porque esto es muy grave, señoría; esto es muy grave. (El señor Andreu Andreu vuelve a mostrar una hoja de periódico al señor Ministro.) No, no me enseñe usted hojas de periódicos. Usted, cuando sube a la Tribuna, no se refiere a un medio de comunicación,

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manifiesta que le consta que un miembro del Gobierno ha demostrado su preferencia por un concursante en un concurso público, por lo que está lanzando una acusación muy grave.
Ya está bien de esta clase de acusaciones, ya está bien. Ya está bien de que se nos acuse sistemáticamente por lo que hacemos o por lo que, según usted, tenemos intención de hacer.
Este no es un sitio donde se juntan juicios de valor o presuntas intenciones. Le digo a usted que el Gobierno ha convocado un concurso con la voluntad de la máxima transparencia, debidamente asesorado y tomando todas las precauciones posibles para que quede palmario frente a la opinión pública que el concurso lo va a ganar quien mejor oferta haga, y no ha habido ninguna toma de posición de ningún miembro del Gobierno a favor ni en contra de nadie. ¿Queda claro? ¿Lo tiene usted claro, señoría? A partir de ahora, cuando usted hable sobre este tema, tendrá una excelente ocasión de rectificar su desafortunada intervención.
En segundo lugar, cuando usted habla de las formas en que se dan las concesiones en Francia y trata de explicarnos que allí se ha entregado todo al sector público, también se equivoca, porque el segundo operador de telefonía móvil no tiene nada de público. Es un grupo privado cien por cien; la Compañía General «Des eaux» es un grupo privado, muy potente, tan potente como otros grupos privados españoles. Y dado a dedo, ¿por qué? Porque le ha parecido bien al Gobierno francés. No me diga usted desde la tribuna que en Francia las telecomunicaciones en el proceso de liberalización se siguen poniendo en manos del sector público, porque no es verdad; sólo por eso, porque está usted equivocado, señoría, el segundo operador es un operador privado, y el tercero también.
Y aquí, en España, vamos a mantener un operador con una fuerte presencia pública, que es Telefónica, y vamos a abrir otro operador, que no será público, porque no sería lógico que el sector público compitiera con el sector público. Supongo que a usted le parecerá lógico que el segundo operador no sea público siéndolo el primero --mayoritariamente, no, pero sustantivamente público-- y que Retevisión juegue el papel de «common carrier», es decir, servicio portador común para quien quiera utilizar sus infraestructuras en la perspectiva de que cuando haya un segundo operador, o un tercero, o un cuarto de telefonía vocal básica, sus infraestructuras puedan servir de base de desarrollo a estos nuevos operadores.
Confundiendo de nuevo lo que es la perspectiva razonable del desarrollo del sector, usted ha dicho que teme, o cree, o supone, o espera, no sé muy bien qué, que el segundo operador de telefonía vocal básica será el mismo que gane ahora el concurso de telefonía móvil automática. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, señoría? El segundo operador de telefonía vocal básica (el segundo, o el tercero, o el cuarto, los que haya, porque allí no hay limitaciones de espectro radioeléctrico como es en el caso de la telefonía móvil) tendrá que tener una red capilar que se extienda por las zonas urbanas, y normalmente lo harán utilizando las infraestructuras de cable que estará autorizado a transportar voz a partir de 1998.
Por lo tanto, el operador de telefonía móvil no tiene por qué ser el operador de telefonía urbana; más bien serán los operadores de cable, que no tiene por qué ser en todas las ciudades españolas el mismo que gane el concurso de telefonía móvil automático.
Creo que ha hecho usted una visión sesgada de cómo el Gobierno está abordando este complejo problema. Creo que ha intentado usted plantear el problema en unos términos que el Gobierno no puede aceptar. Como representante del Gobierno y responsable de la política de telecomunicaciones, no le puedo aceptar a usted que venga a la Cámara a plantear una duda sobre la voluntad de transparencia y de objetividad del Gobierno a la hora de fallar un concurso público de extraordinaria importancia. A continuación creo que ha planteado usted las cosas equivocadamente, en aspectos muy importantes, sobre lo que es la política de telecomunicaciones, me parece que hace imprescindible que la Cámara encuentre un lugar, un momento y un tiempo para debatir este tema con más tranquilidad que ahora.
(El señor Andreu Andreu pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un minuto, señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Estoy acostumbrado a esta posición del señor Borrell de tergiversar las manifestaciones y decir en boca de otro lo que no se ha dicho. Usted leerá el «Diario de Sesiones» y verá claramente que le he manifestado que hay medios de comunicación en los que se asegura que el señor Serra avala determinados operadores en el concurso. Lo he dicho así, literalmente: que avala operadores en el concurso.
Usted lo ha desmentido. Me parece muy bien y me he alegrado de que usted lo haya desmentido. Pero el señor Serra, que tiene un gran equipo de prensa, que es un Vicepresidente absolutamente opaco para lo que quiere y muy claro para lo que no quiere, podría haberlo desmentido claramente, lo podría haber hecho.
Como usted comprenderá, no se me debe poner virginal porque plantee aquí cuestiones de control y le exija explicaciones sobre dudas que están en la opinión pública. ¿O es que usted cree que aquí viene a que se le aplauda por parte de los representantes de la Cámara? Aquí viene usted a ser controlado. Cuando se le plantea un control con corrección y educación, usted no puede responder creyéndose que es un poco la reina de

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los mares, porque no es así. (Risas.) Usted tiene que responder como un ministro al que se le hace una pregunta.
Respecto a lo que usted plantea sobre Retevisión, se lo digo aquí con claridad. Le he dicho incluso dónde viene publicado, en qué periódico viene publicado y cómo esa opinión viene avalada no solamente por ese periódico, sino también por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Se vaticina ya que Retevisión va a ser segundo operador en la telefonía vocal. ¿Que usted me dice que esto no es así? Es su opinión. No tengo nada contra ella ni tengo nada con que demostrar lo contrario. Pero usted no puede descalificar, que es lo que hace, desde una actitud de prepotencia, las opiniones de la oposición. Usted debería tener mucha más humildad cuando es objeto de un control, señor Ministro.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Veo que sus palabras despiertan un murmullo aprobatorio en la derecha de la Cámara. (Rumores.- -El señor Fernández-Miranda y Lozana: Su derecha es ahí.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Con su permiso, señor Presidente, y con su protección. (Risas.) No, señoría, ni reina de los mares ni nada. Sube a la tribuna y advierte, según usted, del riesgo de que el Gobierno, por las noticias que tiene, conceda el concurso de una forma carente de objetividad y en beneficio de un grupo vinculado al Vicepresidente del Gobierno.
Yo le he contestado que eso no es así y que el Gobierno no puede aceptar esta clase de planteamientos porque no se corresponden con la realidad, carecen de fundamento, no están demostrados, son pura y simplemente calumniosos. ¿Entiende usted bien? ¡Calumniosos! Un gobierno no puede aceptar tranquilamente que se diga que un concurso de esta trascendencia está dado de antemano, pase lo que pase, a los amigos del señor Vicepresidente o de cualquier otro. (El señor Andreu Andreu: Avalado, avalado.) Esto, señoría, el Gobierno no lo puede aceptar y eso es lo que usted ha venido a contar aquí. Me remito a la transcripción literal de sus palabras en el «Diario de Sesiones».
Por encima de las formas que usted haya podido adoptar y la contundencia de mi respuesta, yo vengo aquí a ser controlado, sí, claro que sí. Vengo a ser controlado y a contestar a las observaciones que se hagan en la medida en que éstas carecen de fundamento. Porque ser controlado no es ser flagelado, entérese usted. (Risas y rumores.) Aquí no se viene a que le flagelen a uno, aquí se viene a contestar con argumentos a los argumentos de quien controla. Y usted, señoría, no ha expuesto ni un solo argumento. Ha venido con una hojita de periódico, como lector, a decir: Aquí leo que dicen eso. Yo le he contestado que eso que usted lee no tiene ningún fundamento.
Es calumnioso y el Gobierno no lo puede aceptar. Ni reina de los mares ni nada. (Risas.--Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, señorías, voy a intentar fijar la posición de mi Grupo en esta interpelación de Izquierda Unida. Quizá no hicieramucha falta porque ya ha habido bastantes ocasiones en que la hemos expuesto en una línea de coherencia a lo largo del tiempo. Estamos a favor de una rápida y ordenada liberalización de las telecomunicaciones, en beneficio de los intereses nacionales, frente a una postura del Gobierno que ha ido a saltos bruscos, pasando de un monopolismo a ultranza.
El primer converso fue el Tribunal de Defensa de la Competencia, siguió el Ministerio de Hacienda y actualmente todo el bloque del Gobierno está asentado en un clarísimo antimonopolio. Ante tanto converso, entiendo que el señor Ministro de Obras Públicas ha perdido la batalla, y este Grupo se alegra no porque la haya perdido, sino porque se acerca mucho a todas las tesis que coherentemente ha venido manteniendo el Partido Popular. Yo ahora pudiera, si tuviera tiempo, que no lo tengo, recordar todas estas cuestiones de incumplimientos del plan de telecomunicaciones, etcétera. Pero quisiera decir al grupo interpelante que yo no sé si él va o no a rogar o a pedir a los medios públicos, a los medios de información que corrijan lo que dicen, este Grupo no va a pedir que se corrija.
Por ejemplo, el 24 de febrero de este año los medios de difusión dieron la noticia de que el señor Ministro de Obras Públicas reacciona y endurece su postura contra la liberalización de las comunicaciones y contra la telefonía móvil automática, y plantea limitar las posibilidades del cable como respuesta a las presiones de la Moncloa y de Hacienda. Por el estilo, hay varias a lo largo de todo el año.
Citemos, por ejemplo, una del 6 de abril, cuando el Ministro de Hacienda reconoce que hay discrepancias con el Ministro de Obras Públicas.


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Por nuestra parte ha sido de una gran satisfacción también comprobar que el reciente informe Bangemann, concuerda exactamente con la política que nosotros hemos venido propugnando y nos ha preocupado. Estamos en la fase de intentar ahuyentar el fantasma de la no liberalización de las telecomunicaciones en su fase de infraestructura porque fue para echarse a temblar cuando hace muy poco tiempo en Comisión el 16 de febrero, el señor Ministro de Obras Públicas dijo que en materia de infraestructuras... La Comisión después de una larga discusión, aceptó posponer las decisiones hasta el 1 de enero de 1995. La postura entonces era que todos los países, excepto Inglaterra, van a mantener el régimen de operador único. Afortunadamente, esta postura del Gobierno tan reciente está ya incluso derrumbándose si analizamos, por ejemplo, la última comunicación al Consejo y al Parlamento de Europa de la Directiva 13 de la Comisión sobre competencia.
Respecto al acuerdo reciente del Consejo de Ministros, que hubiera servido también para cortar mucha tela en su debido tiempo, quisiera recordar un detalle, y es que se olvida que el concepto de universalidad afecta no sólo a las instalaciones y las cabinas, sino a los precios que sean asequibles, porque nada adelantamos instalando una tarjeta para modernizar un país telefónicamente y luego ponerle la tarifa cinco veces superior o más. Esa asequibilidad, que es fundamental en todo concepto moderno, desgraciadamente está ausente en el acuerdo del Consejo de Ministros.
Todavía queda pendiente, aunque entendemos que hay que ajustar las tarifas a los costes, que Telefónica sigue negándose a desvelar a las Cortes la presentación de los costes reales, lo cual nos hace pensar que estamos ante unos datos absolutamente impresentables.
Telefónica sigue inerme en sus grandes asignaturas, que son la mejora de la gestión y el incremento del tráfico, justamente en unos momentos en que incluso está amenazada con 600.000 bajas cada año.
Tampoco tenemos tiempo de entrar a fondo en los operadores sin red, en la televisión local, en la televisión con cable -- tiempo habrá--, pero el acuerdo del Consejo de Ministros ya habla de actualización del PNT. Estamos siempre actualizando estudios, haciendo estudios de futuro, se quedan absolutamente obsoletos en poquísimo tiempo y se reitera este fenómeno. Se habla en este acuerdo de crear un órgano neutral y nos encontramos con que ya el acuerdo lo hace depender del propio Ministerio de Obras Públicas. ¡Es que algo tendrán que decir otros Ministerios! Por ejemplo, el de Industria acaba de opinar sobre la calidad de la industria, que debe intervenir ahora en el proceso del TMA, de acuerdo con el concurso, si son industrias nuevas para cortar la cinta y celebrar inauguraciones, o es el esfuerzo de la industria ya implantada, y el propio Ministro de Industria acaba de plantear en público su teoría. Algo tendrán que decir Economía, Trabajo, Asuntos Sociales, Comercio, consumidores, etcétera.
En cualto al pliego de condiciones --de esto tendremos ocasión de hablar en profundidad-- sólo voy a tocar algunos aspectos de forma rápida, porque no puedo hacer otra cosa. El texto publicado en el proceso de evaluación no explicita los coeficientes o módulos que aplicará la mesa al valorar la calidad de las ofertas en los cinco primeros grupos. Sólo lo hace en el sexto, en la aportación financiera al Tesoro Público, con lo cual se está transgrediendo el principio de transparencia y el Gobierno va a trabajar sobre criterios inciertos y no publicados.
No existe el derecho de recurso y, sobre todo, no existe el derecho, que nosotros creemos que es fundamental, de que todo el proceso se pueda auditar con posterioridad por una empresa independiente.
Señor Presidente, intentaré terminar aprovechando su benevolencia, con un tema que yo creo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero inténtelo con éxito, señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: Un aspecto que demuestra las contradicciones, incluso en este proceso del concurso, es que muy recientemente, en este mismo año, el Ministerio reparte su publicación en enero y cuando se hablaba de los problemas que podía acarrear el sistema de subasta, vemos que la solución adoptada es una subasta disfrazada de Concurso público.
Subasta, porque ahí hay esos 50.000 millones más la media aritmética. Pues ahora que esa subasta ya está aprobada en este concurso, hay que recordar en esta Cámara que en ese libro del Ministerio de este mismo año se decía lo siguiente: El concurso subasta debería implicar el mismo pago al Estado por parte de Telefónica que el del segundo operador, lo que podría entrar en conflicto con el actual contrato de concesión a Telefónica. Evidentemente, el segundo operador se verá seriamente perjudicado entrando en competencia desleal. Ahora, en el concurso, esta filosofía se traiciona. En ese libro de este año del Ministerio se dice lo siguiente:

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón, termine ya.


El señor CAMISON ASENSIO: Termino.
El concurso-subasta ocasionaría indirectamente un encarecimiento del servicio, ya que el canon inicial representa una carga financiera para el operador, que tendrá que recuperar vía tarifas. Otra vez, en menos de ocho meses, el Gobierno admite esta filosofía.
Por tanto, sirva esto como unas ligeras pinceladas y ya en Comisión estudiaremos a fondo todos los aspectos

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de este concurso. Sobre todo vamos a exigir que sea auditado y conocido en todos los detalles y en toda profundidad.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Camisón.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL PROCESO DE ELABORACION DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y USO DISPONIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, DE MANERA QUE SE CUMPLAN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA FIRMA Y RATIFICACION DEL CONVENIO DE RIO DE JANEIRO, DE 5 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente 173/000053)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno en relación con el proceso de elaboración de la estrategia española para la conservación y uso disponible de la diversidad biológica, de manera que se cumplan los compromisos adquiridos con la firma y ratificación del convenio de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992.
Para la exposición del contenido de esta moción, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender con brevedad la moción que, como consecuencia de la interpelación acerca del plan de biodiversidad, tuvimos ocasión de debatir largamente en esta Cámara, fundamentalmente con el Ministro señor Borrell.
Partíamos de la base de que no se había empezado a elaborar esta estrategia a tiempo y que, por lo tanto, no se iba a terminar de cara a la primera reunión de las partes, que se va a celebrar a finales del mes de noviembre en las Bahamas. Yo creo que esta apreciación nuestra era cierta y viene confirmada en algunas de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. En segundo lugar, nosotros pedimos que ese proceso de elaboración se realice de una forma abierta, contando con dos vertientes fundamentales a la hora de llegar a conclusiones válidas. De una parte, el concurso de las comunidades autónomas y, de otra, el concurso de representantes de organizaciones ecologistas y no gubernamentales afectadas por las conclusiones de la Cumbre de Río de Janeiro, que exigen la elaboración de este plan de biodiversidad a nivel general y también imbricándolo en los sectores económico y productivo. Y, en tercer lugar, en función de los compromisos del Gobierno, rotos sin ningún tipo de justificación, con respecto a la ubicación de la sede mundial de la biodiversidad, pedimos que, junto a Madrid, aparezca de nuevo la posibilidad de Sevilla para ubicar allí esta sede. Y no es porque defendamos en plan localista una sede --la defendemos también, eso sí, porque en este caso está hablando un diputado por la circunscripción de Sevilla--, sino fundamentalmente porque la carta, el escrito oficial que salió del Ministerio de Asunto Exteriores solicitaba la sede para la ciudad de Sevilla, como ya demostramos en su momento. Nos parece que ayudaría a consolidar la sede en España si se mantuviera la postura oficial que desde el principio tuvo el Gobierno de la Nación y que después no mantuvo, rompió de manera injustificada, a través de una decisión improvisada de la señora Narbona, Secretaria de Estado para Medio Ambiente y Vivienda.
Creemos que la moción va bien encaminada y hasta cierto punto coincide de manera notable con muchas de las apreciaciones, algunas de ellas aportadas a la baja por parte del Grupo Socialista en las enmiendas que plantea a esta moción, lo que quiere decir que nuestras argumentaciones eran adecuadas, estaban bien orientadas y, como consecuencia, si nos acercamos en algunos de los puntos en que estamos distantes en este momento --espero la intervención del señor portavoz del Grupo socialista-- podría aprobarse la elaboración de la estrategia en tiempo adecuado, la incorporación de Sevilla a la propuesta oficial del Gobierno para sede de la biodiversidad y la colaboración abierta, con el concurso de las comunidades autónomas y de organizaciones ecologistas, de cara a la elaboración definitiva del plan de biodiversidad.
Esperemos que el acercamiento se produzca y la aprobación se realice para un tema de esta enorme importancia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para defender su enmienda. (Pausa.) Queda decaída la enmienda.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Dávila.


El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, no sólo, como Grupo Socialista, hemos presentado

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unas enmiendas a la moción defendida por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como ha dicho su portavoz, en un intento dialéctico de funcionar a la baja, antes al contrario, señorías. Si intervengo en este momento es porque desde la perspectiva de nuestro Grupo, la moción presentada por el Grupo proponente la estimamos de gran importancia y oportunidad. Tenemos muy claro --y no sabemos hasta qué punto lo es para todo el mundo-- que el tema de la diversidad biológica no es secundario, accesorio, que viene llevado por la inercia de las actividades diplomáticas internacionales, sino que es una cuestión de base donde nos estamos jugando el futuro. No utilizaré los argumentos habituales de índole humanística, la solidaridad con la naturaleza, la solidaridad intergeneracional, etcétera, ni ninguno de los discursos académicos sobre cuántas especies biológicas están destruyéndose simplemente durante el tiempo que estamos haciendo este debate. Expreso la intención y el interés de mi Grupo por el tema en unas aproximaciones, que son habituales --lo eran al menos--, de muchos de los que componemos el Grupo Socialista.
Es evidente para todos que estamos en un momento de transición profunda de las estructuras socieconómicas; eso está claro. Lo que ya no está tan claro es la apelación permanente que se hace al desarrollo sostenible. Señorías, el santo grial del siglo XXI va a ser el desarrollo sostenible, y los que tienen algún recuerdo del ciclo artúrico saben que la pregunta que los Caballeros de la Tabla Redonda nunca sabían contestar es a quién sirve el grial. La pregunta que no contesta ningún responsable político en estos momentos, no sólo en nuestro país, sino en el mundo es, ¿qué es el desarrollo sostenible? Sabemos cuáles son sus límites y sus condicionamientos, pero no cómo ha de ser. Mientras ellos discuten, los responsables de decisiones, y nosotros de su control, tenemos muy claras dos cosas. Una, no habrá modelo de desarrollo que no esté sustentado en unas estructuras socioeconómicas y éstas tendrán como espina dorsal un sistema productivo. Ese sistema productivo, el que fuere, en proporción mayor o menor tendrá una componente de sector primario; ese sector primario, señorías, explotador de los recursos biológicos, viene condicionado por completo por el potencial, por el caudal de diversidad biológica, de información genética de que se disponga en este momento. Por lo tanto, señores, contra lo que nominalmente parecería la más progresista de las opciones, mantener abiertas lo más posible las opciones de futuro, es el esfuerzo en conservar la diversidad biológica. Nosotros aplaudimos la iniciativa del Grupo proponente y la queremos apoyar con el realismo de que algunas de sus expresiones, en su redacción, provocaban, por parte del Gobierno, ciertas lamentaciones de que realidades que no se mencionaban consideraban que debían hacerse. Cuando se pedía el rápido cumplimiento del artículo 6.º del Convenio, el Gobierno nos decía --y nosotros somos tan sensibles a ello como lo somos a la necesidad de conseguir esa aprobación--: que se explicite que se está haciendo un esfuerzo desde hace un año por conseguirlo. No sólo somos sensibles cuando se nos habla de la participación, de la colaboración no sólo de las comunidades autónomas sino de todos los agentes sociales y económicos y organizaciones no gubernamentales en esa definición de estrategia de desarrollo sostenible, sino también al requerimiento del Gobierno de que no sólo no pasa nada sino que es extremadamente justo y coveniente que se explicite que ya hay cauces institucionales, conferencias sectoriales, comisión de conservación de la naturaleza, consejo asesor del medio ambiente y, por tanto, deben ser mencionados.
Su señoría ha señalado el esfuerzo por designar a la ciudad de Sevilla como sede del posible Secretariado permanente del Convenio de diversidad biológica y que ésta sea apoyada.
Señoría, es conocida la sintonía, la sensibilidad de mi grupo, y a veces incluso se ha hablado de nuestra parcialidad, que debe ser entendida como cariño por la ciudad de Sevilla, por tanto, no estamos en contra de ello. Pero también comprendemos el interés del Gobierno de que la oferta al Convenio se abra de manera que no por defender sólo la candidatura de la ciudad de Sevilla perdamos burro y costales al no conseguir traer a España el Secretariado permanente de este Convenio de biodiversidad, que es lo que se pretende. En consecuencia, señorías --y termino con ello--, el interés de este Grupo Parlamentario para demostrar incluso su atención y preocupación en esa visión de futuro de lo que es cualquier esfuerzo razonable y real de conservación y de utilización racional de la diversidad biológica, en apoyo de eso, es por lo que hemos elaborado una serie de enmiendas de adición a los textos de la moción inicial, y, sería para mí una satisfacción, señor Alcaraz, que su grupo estuviera en condiciones de aceptarlas, porque ello permitiría que el Grupo Parlamentario Socialista, el grupo mayoritario de la Cámara, pudiese apoyar con sus votos la iniciativa que su grupo ha tenido y que hemos aplaudido desde su inicio.
Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Dávila.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)

El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, pido la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gortazar, al no haber defendido la enmienda, la Presidencia

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la da por decaída, porque considera que se entiende como retirada, y únicamente así tendría ocasión de poder intervenir en el turno de fijación de posiciones. La Presidencia ha entendido que S.S. había pedido la palabra, señor Gortazar.
¿En base a qué o con qué fin?

El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: A los efectos de fijar la posición de mi grupo en torno a esta moción.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Lo que ocurre es que S.S. conoce el Reglamento y sabe que solamente pueden fijar posición aquellos grupos que no han presentado enmiendas o que, habiéndolas presentado, las hubieran retirado. Por eso, la Presidencia ha indicado que entiende que al no haber estado presente, su grupo la daba por retirada, y en ese momento tiene oportunidad de intervenir en el turno de fijación de posiciones.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Sí, efectivamente, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gortazar. Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar brevemente nuestra posición acerca de la moción planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Referiéndome en concreto a los tres puntos que se desarrollan en esta moción, quiero decir que globalmente la moción nos parece acertada en cuanto a los objetivos que persigue, pero quisiera hacer unas precisiones al respecto. En primer lugar, refiriéndome al primer punto de la moción, para nosotros lo fundamental, lo importante, es que el Estado español esté dando estricto cumplimiento a lo que dispone el artículo 6 del Convenio sobre la biodiversidad, aprobado en la cumbre de La Tierra, en Río de Janeiro, del año 1992, y quiero subrayar que lo importante para nosotros es que se esté produciendo ese desarrollo, como se viene haciendo, y nos preocupa menos, contrariamente a lo que parece ser el objetivo concreto de este primer punto de la moción defendida por el señor Alcaraz, el plazo en que ello se deba hacer. En segundo lugar, y refiriéndome también al segundo punto de la moción, entendemos más precisa la redacción de este apartado tal como viene en la moción alternativa, o enmienda presentada por el Grupo Socialista, en tanto que no desfigura ni modifica el sentido original del punto 2.º de la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero sí, por ejemplo, hace referencia a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que entendemos nosotros que da perfecto cumplimiento a la voluntad que manifiesta el Grupo proponente de que haya participación en la elaboración de la estrategia de biodiversidad de las distintas comunidades autónomas (las comunidades autónomas, como es sabido, tienen participación en esta conferencia sectorial) y, además, nos parece también más precisa la referencia que se realiza al Consejo Asesor de Medio Ambiente, ya que, creemos nosotros, da cumplida respuesta a la voluntad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya cuando manifiesta la necesidad de que participen en la elaboración de la estrategia de biodiversidad los representantes de organizaciones ecologistas y no gubernamentales afectadas. Es sabido que las principales organizaciones ecologistas de nuestro país tienen cumplida y perfecta representación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Y en cuanto al último punto de la moción, nuestro Grupo Parlamentario ha defendido reiteradamente, y lo ha venido haciendo desde que se formuló, la propuesta de Sevilla como sede del Convenio de la Biodiversidad, tal como se propuso inicialmente por parte del Gobierno. Ahora bien, quiero manifestar que al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió le merece suficiente confianza la trayectoria seguida por la señora Cristina Narbona al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, una trayectoria que nos parece sumamente rigurosa y caracterizada por el buen hacer, y por ello estamos convencidos de que cuando se plantean posibles alternativas, o se transforma la propuesta inicial española para Sevilla en una propuesta más amplia, es porque la Secretaría de Estado debe de tener fundados motivos para pensar que ello facilitará la ubicación de la sede en el Estado español que, al fin y al cabo, es lo que en principio debe defender la Secretaría de Estado, evidentemente sin renunciar a que dicha sede vaya a parar a Sevilla, como, repito, se planteó inicialmente y como nuestro Grupo Parlamentario ha defendido desde el primer momento.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gortazar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, confirmo lo dicho de que la enmienda que había presentado nuestro Grupo ha sido retirada. Por tanto, subo a la tribuna exclusivamente para fijar posición en relación a la próxima votación en torno a esta moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida. La importancia del debate que señalaba el Grupo Socialista se debe, más que al contenido de la moción y de la interpelación en su día, al hecho de que discutamos

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aquí temas medioambientales tan pocas veces traídos a esta Cámara, porque realmente el objeto de la interpelación y de la moción subsiguiente es extremadamente inconsistente, si me permiten SS.SS. decirlo. En el fondo, se cuestiona la capacidad del Ministerio de Obras Públicas para elaborar un documento a finales del mes de noviembre y, en segundo lugar, se solicita la ubicación de la sede del Convenio de biodiversidad en la ciudad de Sevilla. En torno a estos dos temas tuvimos aquí, hace dos semanas, un debate extraordinariamente prolongado que realmente no tenía enjundia; al final, podríamos decir: ¿Qué estamos debatiendo si en el fondo todos estamos de acuerdo? De manera, señorías, que estamos en un debate de difícil explicación en cuanto a los contenidos.
El Grupo Popular estableció --lo hice yo en su nombre-- que con toda seguridad el Grupo Socialista sería capaz de presentar un documento a final del mes de noviembre y que no había ninguna duda de que lo hiciera adecuadamente, ya fuera un empleado a tiempo parcial, ya fuera una comisión, mientras que el Grupo de Izquierda Unida señalaba, con toda clase de detalles, las vicisitudes que había tenido la comisión encargada de elaborar ese documento. Estábamos ante la pataleta de ciertas personas que habían sido apartadas de esa elaboración y que habían facilitado ciertas confidencias sobre el procedimiento de elaboración de ese documento. De alguna manera, una vez más, estamos en esta Cámara ante la situación de debatir quién defiende mejor unas posiciones u otras, trayendo a esta Cámara, digamos, peleas que se producen fuera de ella en relación a la representación de grupos de significación ecologista, verde, etcétera. El segundo elemento de debate era que fuera Sevilla la ciudad de la ubicación.
Nuestro Grupo no tiene ninguna objeción de fondo y únicamente se planteó la conveniencia, por razones de eficacia, de que fuera Madrid y eventualmente Sevilla. Realmente el celo de Izquierda Unida en relación a la ubicación de organismos burocráticos en nuestro país responde muy bien a una filosofía muy concreta. Por supuesto que es positivo que haya aquí organismos, cuantos más, mejor. Pero a mí me gustaría que se extendiera ese celo a la hora de ubicar economía productiva, con toda clase de facilidades a las compañías nacionales y transnacionales a los efectos de generar puestos de trabajo, porque la imagen de nuestro país como un elemento de atracción de organismos burocráticos puede ser un poco parecido a lo que en la época de los siglos XVII y XVIII era el traspase de cantidades enormes de dinero, pero sin producción alguna, lo que trajo consigo la decadencia de la monarquía española.
Estamos, señorías, ante un debate con una escasa sustancia en el fondo, realmente no es trascendente, y la posición del Grupo Popular es que, en la medida en que se llegue a una situación de consenso, nos parece adecuada la enmienda que ha hecho el Grupo Socialista y, en ese supuesto, votaremos afirmativamente la solución de que se elabore el documento y que la sede del Convenio de biodiversidad en España se ubique donde sea posible, sea en Madrid o sea en Sevilla.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gortazar. Señor Alcaraz, tiene la palabra para indicar si acepta o no la enmienda del Grupo Socialista, dado que la enmienda del Grupo Popular ha sido retirada.


El señor ALCARAZ MASATS: En primer lugar, quiero celebrar el esfuerzo que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista en la defensa de la enmienda, y también lo que significa el texto mismo de la enmienda. Creo que hay un acercamiento a algo que yo entiendo que la derecha no comprenda bien, porque no hay ninguna tradición ecológica en la derecha española...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, no es momento de ningún debate. Solamente de que exprese si acepta o no la enmienda.


El señor ALCARAZ MASATS: Es que había hecho un paréntesis, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sin paréntesis, señor Alcaraz. (Risas.)

El señor ALCARAZ MASATS: Bien, cierro el paréntesis.
Desde ese punto de vista --puesto que cambia algún aspecto importante y lo matiza--, aceptando esa matización en el punto segundo, aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista. El punto tercero, donde se reincorpora por justicia la ciudad de Sevilla, que era la que figuraba en primer y único lugar, también lo aceptaríamos. Con respecto al punto primero, marcaríamos si no ya el plazo de tres meses, por lo menos el plazo de siete meses para elaboración de la estrategia de biodiversidad, que yo pienso que teníamos que haber presentado a finales de noviembre en la reunión de Las Bahamas.
Por tanto, donde figura tres meses, para llegar a un acuerdo y que esta moción fuese aprobada, propondríamos esta ampliación de cuatro y, en consecuencia, figurarían en lugar de tres, siete meses.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, la Presidencia entiende que, con relación al punto primero de su moción, S.S. plantea el mantenimiento de la redacción del mismo, con la modificación de siete meses en lugar de tres.


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Con respecto a los puntos dos y tres, entiende la Presidencia que acepta las enmiendas del Grupo Socialista.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, nos daría igual incluso el texto de la enmieda de sustitución del Grupo Socialista en el punto primero, pero sustituyendo, en este caso, el «pronto cumplimiento» por «el cumplimiento en el plazo de siete meses», con el texto de la propia enmienda del Grupo Socialista, para evitar mayores obstáculos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Y los apartados dos y tres, ¿los aceptaría tal como están en la enmienda socialista?

El señor ALCARAZ MASATS: Efectivamente, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Dávila tiene la palabra.


El señor DAVILA SANCHEZ: Señor Presidente, coherente con el espíritu que he expresado anteriormente, aceptamos esa precisión temporal de siete meses en sustitución de la más genérica que habíamos introducido en nuestro texto.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Dávila. Vamos a someter a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con la rectificación introducida en el curso del debate en el punto primero.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado, votos emitidos, 294; a favor, 294.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE POLITICA INDUSTRIAL Y PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA PARA SUPERAR LA CRISIS DEL SECTOR Y LA CARENCIA DE MATERIAL EN LAS FUERZAS ARMADAS (Número de expediente 173/000054)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuencia de interpelación, sobre política industrial y presupuestaria del Departamento de Defensa para superar la crisis del sector y la carencia de material en las Fuerzas Armadas. Tiene la palabra el señor López Valdivielso.


El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Cuando debatimos en esta Cámara la interpelación urgente relativa a la situación de la industria española de defensa, que dio lugar a esta moción que hoy vamos a debatir, quedó claro que era imprescindible tomar algunas medidas que la pudieran sacar de la lamentable situación en la que se encontraba y que lo que estaba en juego no era ya su mayor o menor tamaño, su mayor o menor competitividad, su mayor o menor capacidad de evolución o actualización o su mayor o menor rentabilidad, sino que lo que estaba en juego era su propia supervivencia (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López Valdivielso.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor López Valdivielso.


El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Es cierto que había discrepancias en el análisis de las causas por las que unos y otros pensábamos, y pensamos, que se ha llegado a esta situación.
Pero me atrevo a decir que, incluso, esas discrepancias eran relativas y admito que las causas no sean al cien por cien las que yo expuse, ni tampoco las que expuso el señor Ministro, y que, en definitiva, todo se debe al grado, a la modulación o al énfasis que se quiera dar a unas y a otras. En lo que no había en absoluto discrepancias era en que era preciso hacer un esfuerzo e intentar mejorar la situación de las empresas españolas del subsector industrial de la Defensa.
El Grupo Parlamentario Popular, convencido no sólo de que es necesario, sino también de que eso es posible, ha presentado esta moción con la que pretendemos que se inste al Gobierno, pues sólo el Gobierno puede y debe hacerlo, a poner en práctica un conjunto, un plan de medidas que facilite, que ayude a la recuperación de nuestra industria de defensa. Es decir, que éste o cualquier plan no será nunca suficiente si no va a compañado del necesario vigor empresarial, de la necesaria iniciativa del propio sector. Desde los poderes públicos, desde el Gobierno, desde el Parlamento se podrá impulsar, tomar medidas que lo faciliten, pero el protagonismo último, la acción les corresponde a las propias empresas del sector, sean éstas públicas o privadas.


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¿Qué creemos nosotros que se puede hacer? Lo primero es el cumplimiento por parte del Gobierno del mandato dado por esta Cámara el 27 de junio de 1991 en el sentido de que es necesario llevar nuestro gasto de Defensa al 2 por ciento del PIB y además, que en la política presupuestaria del Departamento prime, en el reparto del gasto, el gasto de inversión. Otro aspecto fundamental, a nuestro juicio, es que, cuanto antes, se traiga a esta Cámara para su aprobación una ley de programas para las Fuerzas Armadas, para que, como dice el texto de la moción, se pueda dar una mayor estabilidad en la demanda interna y un mejor planeamiento y coordinación entre el Ministerio de Defensa y el sector. Estos son sin duda los dos aspectos más importantes que van a condicionar la recuperación del sector.
Planteamos otra serie de medidas, como son: la máxima nacionalización de las adquisiciones de defensa y la aplicación de medidas concretas de apoyo a la exportación.
Ambas dirigidas a aumentar la demanda. Creemos que es imprescindible una reestructuración del sector y, desde ese punto de vista, tiene que reordenarse y concentrarse, diversificar su producción y, en todo lo que se pueda, reconvertirla hacia la de bienes civiles. Además, en la medida también en que sea posible y con las cautelas que sean necesarias, se debe de iniciar un proceso de privatización.
Por todo esto presentamos una serie de medidas, concretadas en puntos de la moción, dirigidas a estos objetivos. Para ello es preciso también que en el Gobierno se tomen medidas concretas, se pongan en práctica, acciones concretas que lo faciliten.
Otro paquete de medidas deberá ir dirigido, por un lado, al incremento de la cooperación con otras empresas en el exterior, especialmente entre los países de la Unión Europea Occidental y de la OTAN, y, por otro, a incrementar los fondos dedicados a investigación y desarrollo. Por último, porque es bueno, en todo caso, como dice el texto de la moción en su punto decimoprimero, nosotros consideramos que es imprescindible mejorar el sistema de adquisición y contratación para favorecer la transferencia en las adquisiciones y la competencia entre las empresas del sector.
Es claro que no estamos inventando nada nuevo. Desde luego no estamos inventando la pólvora, y nunca mejor dicho, pero éstas son, a nuestro juicio, un conjunto de medidas que puestas en práctica todas juntas, con voluntad política y con decisión pueden ayudar de manera muy importante al objetivo tan repetido de recuperar nuestra maltrecha industria de defensa.
Consideramos que ni en el fondo de nuestras propuestas, ni en la forma en cómo se formulan puede haber ningún obstáculo que impida que cuente con el apoyo del resto de los grupos de esta Cámara, a los que les pedimos, por ello, que voten a favor de su aprobación.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
Se ha presentado a esta moción una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa y la fijación de la posición del Grupo tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, querría agradecer al señor López Valdivielso la presentación de esta interpelación y de esta moción que nos ha permitido el debate sobre un tema de la trascendencia de éste, por ser un sector crítico de nuestra industria. También agradecerle el tono de su intervención y el propio tono de la moción presentada.
De su exposición y de la enmienda que nosotros presentamos creemos que es importante destacar que existe una amplia coincidencia en objetivos y estrategias. Pueden existir diferencias en la valoración de la gestión, pero no existen diferencias fundamentales en objetivos y estrategias. En este sentido, ya el Ministerio está yendo por la línea que apunta la moción y con la enmienda que nosotros presentamos lo que pretendemos no es dar un enfoque distinto, sino --no me atrevería a decir mejorar la moción del Grupo Popular-- concretar y profundizar más en las propias líneas que ha presentado el Grupo Popular. Creemos que no hay soluciones milagrosas, que el trabajo debe realizarse desde las propias empresas y desde la ayuda del propio Ministerio de Defensa, y también del Ministerio de Industria.
¿Cuáles son las líneas de actuación que el Ministerio debe, puede y está ya realizando? Para nosotros se centran en seis líneas básicas que rápidamente voy a exponer y que son la filosofía que hay detrás de la enmienda que hemos presentado.
En primer lugar, un marco presupuestario y económico que tenga la mayor estabilidad posible. En esta línea van los puntos primero y segundo de nuestra enmienda, recalcando la continuidad del acuerdo del Congreso de 27 de junio de 1991 y también el compromiso de presentación de una ley programa que sustituya a la Ley de Dotaciones y que permita también, por su nueva configuración, un mejor control parlamentario.
En segundo lugar, se está contribuyendo a crear un marco de relaciones fluidas entre el Ministerio y el propio sector, de forma que permita ayudar a la planificación por parte de las empresas. En este sentido van los puntos segundo y tercero de nuestra enmienda que como ejemplos concretos la propia ley programa que ayudarán la planificación de las empresas, y después el funcionamiento que ya desde hace meses está en el seno del Ministerio, de la Comisión Asesora de Armamento y Material, con presencia del sector.


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La tercera línea es el apoyo al I+D, apoyo que en este momento en los presupuestos de 1994 hay que tener en cuenta que ya es importante. Un 25 por ciento de lo que los Presupuestos Generales del Estado de 1994 destinan a I+D, se destina precisamente a través del Ministerio de Defensa. No hay que olvidar, sin embargo, en este campo que en el propio sector de Defensa se usa cada vez más el I+D que proviene del sector civil y que si hasta los años ochenta la relación en investigación y desarrollo era más importante y más avanzada en el sector militar que en el civil, en este momento ya no es así. En todos los países se está destinando mucho más al sector civil, porque desde las propias industrias de defensa resulta más económico y eficaz recurrir a los propios sistemas de investigación y desarrollo de los sectores civiles. La cuarta línea sería el apoyo a la producción nacional, apoyo, en primer lugar, comprando siempre que se pueda en las empresas españolas, y solamente cuando este producto no exista dentro del país, como es en determinados sectores de aviones, misiles y algunos carros de combate, recurriendo a la compra en el exterior, pero recurriendo también a sistemas que permitan un retorno de lo que se compra en el exterior, que haya un retorno hacia nuestra industria de defensa.
En este momento es en el programa de modernización donde se recurre más al exterior, pero de este programa solamente el 30 por ciento es el que debe adquirirse en el exterior; el 70 por ciento ya se adquiere en las propias industrias españolas de defensa. Cuando se recurra al exterior, y este es el camino en el que hay que seguir profundizando, se recurre a mecanismos de compensación como pueden ser la cooperación tecnológica, o la cofabricación. El ejemplo más claro es el Eurofighter 2.000, o bien la negociación de compensaciones, cuyo ejemplo fue la adquisición de los F-18. Hasta el momento, por el camino de las compensaciones se han recuperado ya 516.000 millones de pesetas, de los cuales se han beneficiado 542 empresas e instituciones nacionales. Se han acreditado ya transferencias de tecnología por 61.600 millones de pesetas.
En este momento de cada cien pesetas que se gastan en adquisición de material, entre 90 y 95 revierten directa o indirectamente en nuestro país; 70 directamente, y entre 20 y 25 indirectamente a través de estos mecanismos. En este camino es en el que hay que seguir profundizando. La quinta línea, una de las más importantes que se puede realizar desde el Ministerio en estos momentos es el apoyo a la empresas españolas en la penetración en los mercados internacionales.
Más importante incluso que el apoyo al I+D es el apoyo a la penetración en los mercados. En este sentido, los puntos quinto y sexto de nuestra enmienda concretan dos actuaciones: una que ya se está realizando desde hace un año y otra que se debe poner en práctica en los próximos meses. La que ya funciona es la Oficina de apoyo a la exportación y sus ramificaciones a través de los agregados en las embajadas, que debe seguirse potenciando. La segunda, es la creación de una exposición permanente de nuestros productos de defensa, para lo cual existen ya las consignaciones necesarias. Finalmente, la sexta línea de actuación debe ser la adecuación del sector.
En este punto son las propias empresas quienes tienen la responsabilidad principal. Desde el ministerio el impulso es más complejo, teniendo en cuenta, además, que ya el sector ha avanzado mucho tanto en el campo de la internacionalización y especialmente de la europeización como en la reconversión hacia la producción de bienes civiles. En este momento, por ejemplo, en el subsector naval el 63 por ciento de la producción es civil; en el subsector aeroespacial lo es el 58 por ciento; y en el subsector de armamento lo es en un 55 por ciento. En este camino hay que avanzar. Por tanto, todas aquellas medidas que ayuden a la reordenación, la concentración y la privatización, siempre que comporten innovaciones tecnológicas relevantes o ayuden a su consolidación en el ámbito internacional, son actuaciones que desde el Ministerio deben ser y son apoyadas. A esto responden los puntos séptimo y octavo de nuestra enmienda. Espero que el Grupo Popular acepte esta enmienda, así como que la inmensa mayoría de los grupo den su visto bueno, el voto positivo al resultado de esta moción, con la enmienda que hemos presentado, porque es importante para el futuro del sector de la industria de defensa en nuestro país. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria ha valorado positivamente el fondo y contenido de esta moción que presenta el Grupo Popular. Lo que sí creemos es que, a la vista de los planes de inversiones que han sido planteados por el Ministerio de Defensa y lo que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, igual que el Plan de dotaciones de las Fuerzas Armadas, es necesaria una coordinación y una armonización en lo que apruebe esta Cámara con relación a esa política de inversiones.
Nosotros queremos hacer la doble distinción. En primer lugar, es necesaria una definición clara de apoyo a la industria de defensa española. No pueden repetirse casos como el de Santa Bárbara, como lo ocurrido en el sector de la electrónica militar y de la defensa. Al mismo tiempo, creemos que las inversiones deben

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tener un proceso de racionalización, para el que nos ha parecido muy oportuno el planteamiento, inscribiéndose en el fondo de esta moción, que ha propuesto el Grupo Parlamentario Socialista en la enmienda que ofrece. Nosotros vamos a apoyar con nuestro voto la enmienda que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista --si es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular--, porque entendemos que recoge fundamentalmente la intención de fondo que está en la moción del Grupo Popular, y la armoniza con un tema tan complejo y delicado, y tan de Estado, como es la política de defensa, y más en el área del sector de la industria militar, tanto en aspectos tecnológicos como en aspectos laborales. Nos parece que esta enmienda sabe recoger mejor la forma de armonizarlo con la actual política presupuestaria. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el debate en la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular estuvo centrado en que era urgente tomar medidas para la supervivencia del sector industrial de la defensa, remarcando la aportación esencial que representa al desarrollo tecnológico e industrial. Hubo un posicionamiento general de que era un debate positivo, que la insustria de la defensa está en una situación delicada y, evidentemente, se estuvo hablando de política industrial de la defensa, de política presupuestaria y de carencia de material. Me reafirmo en lo que ya manifesté en su momento: fue una buena interpelación y de un gran contenido. Quedó pendiente --quedamos todos a la espera-- conocer el contenido de la moción, moción que ahora debatimos.
Pues bien, señor Presidente, señoras y señores diputados, estamos de acuerdo con los puntos que contiene dicha moción y, por tanto, vamos a votar favorablemente a los mismos.
Dije en la interpelación que por la importancia del tema sería bueno que se presentara un texto que fuera asumible, y a mi entender esto ha sido así. Durante estos últimos días se han venido manejando varios documentos que, finalmente, han permitido la presentación de una enmienda de sustitución o transaccional que creemos refleja la situación de las empresas, el objetivo de paliar las dificultades del sector y la puesta en marcha de una serie de medidas concretas y eficaces.
Así pues, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser favorable a esta transaccional, por entender --así confiamos-- que va a ser asumida por el propio Grupo Popular y que no desvirtúa, en absoluto, la propuesta presentada inicialmente. Vamos a defender muy someramente el contenido de la transaccional ofrecida y quedamos a la espera de la aceptación o no por el Grupo Popular.
Esta transaccional contiene nueve puntos, que voy a intentar extractar para remarcar sólo la parte que a nuestro entender define la propia moción y a cuyo contenido, repito, vamos a dar nuestra conformidad.
En el punto primero propone tres líneas de actuación: avanzar en el esfuerzo económico en materia de defensa; atención prioritaria dirigida a los programas de modernización de las Fuerzas Armadas; y que el crecimiento debe producirse con caráter sostenido, siempre que sea compatible con la situación económica general.
En el punto segundo se hace referencia al proyecto de ley- programa dentro de un marco económico estable y a un más concreto control parlamentario. En el tercer punto se da protagonismo a la Comisión Asesora de Armamento y Material -- Cadam--. Luego se entra en tres puntos referentes al ámbito de las relaciones exteriores, de la exportación, en el sentido de continuar los procesos que favorezcan la mayor participación de la industria nacional en el suministro de nuevos medios y sistemas, priorizar la cooperación tecnológica --la cofrabicación, se dice-- o la negociación de compensaciones; intensificar la política de apoyo a la exportación y la creación de una exposición permanente de productos de defensa española.
Los puntos siete y ocho están muy directamente relacionados con las empresas, así como el punto noveno, sobre programas de investigación y desarrollo. Sin duda, señoras y señores diputados, todo ello está dentro de una lógica asumible.
También es cierto que no es exactamente el texto final, que podría haber sido el nuestro, pero, repito, son unos puntos que están dentro de unas líneas de actuación que concuerdan con las nuestras.
Como siempre, me queda la duda sobre si las recomendaciones -- yo diría que el texto se queda en recomendaciones-- van a ser cumplimentadas. También es cierto que, al aprobarse --espero que sí--, se asumen unas políticas determinadas que obligan al cumplimiento de las mismas; por tanto, como siempre, estaremos atentos para hacer el seguimiento que requiere la importancia de los temas planteados.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carrera.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, voy a intentar fijar brevemente la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en la propuesta de moción que presenta el Grupo Popular y la enmienda de sustitución que hace

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el Grupo Socialista que, al parecer, va a ser aceptada por el grupo proponente.
Nosotros estamos bastante preocupados por la situación de la industria de la defensa. Ahora bien, plantear el incremento paulatino de defensa, o de las partidas presupuestarias en defensa, no debe ser provocado por una situación de nuestra industria de defensa, sino que debemos plantearnos qué Ejército queremos, de qué manera lo dimensionamos y cómo lo presupuestamos. Nosotros creemos que es más importante un reajuste interno de lo que aquí producimos que el incremento del propio presupuesto. No se soluciona con esa medida; podríamos incrementar la partida de presupuestos y nuestro Ministerio de Defensa seguir adquiriendo fuera lo que puede adquirir dentro, manteniendo obsoletas nuestras propias industrias de Defensa, y teniendo la industria Santa Bárbara para producir cañones o para producir todo lo que es complemento de la defensa, adquirirlo fuera. Por tanto, no es un problema de incremento paulatino de los gastos de defensa; nosotros no compartimos ese criterio. En Europa no siguen ese camino los gobiernos de los distintos países occidentales, ni siquiera Estados Unidos, sino que hay un proceso de reducción progresiva de los gastos de defensa. Claro que aquí se podía manifestar que todos van con el paso cambiado, y podíamos decir aquello de que listo es mi hijo porque es el único que lleva el paso correctamente; pero, quizá, eso no sea lo más apropiado para poder aplicarlo hoy.
El segundo criterio es relativo a un punto al que la moción no hace mención, aunque hay muchos otros a los que después me referiré en los que sí coincidimos plenamente y que están incluso mejor expuestos en la moción que en la propuesta de sustitución que plantea el Grupo Socialista. Es el tema de los programas Konver. Nosotros compartimos la idea de que uno de los caminos para la industria de defensa en España es precisamente acogerse al programa Konver. El programa Konver dice que podrán optar a una ayuda todas cuantas medidas de interés económico y regional supongan transformaciones civiles de actividades de defensa, tales como la producción de bienes y servicios y la ingeniería avanzada; sin embargo, de ningún modo se prestarán ayudas a la reestructuración del propio sector militar. Es decir, podríamos alejarnos de este proceso, de esos grandes volúmenes que Europa está destinando y que va a recibir, por ejemplo, Alemania, un país punta dentro de Europa.
Una vez expuesta la parte que no compartimos de la moción, paso a decir la parte que sí compartimos. En primer lugar, la necesidad de elaborar una ley de programas del Ministerio de Defensa que obligue y oriente la planificación de todas las industrias de defensa que ahora mismo tenemos en nuestro país.
Creemos que es importante el punto tercero de la moción, una máxima nacionalización de las adquisiciones; es decir, a igual calidad, comprar lo de dentro, porque además muchas veces lo barato sale caro. Aquí tenemos el ejemplo de la munición; hay enterrada en el mar Mediterráneo infinidad de munición adquirida en Filipinas y en otros países, pretendidamente más barata, que al final ha salido cara porque la hemos tenido que tirar. Por tanto, también hay que mirar que lo que se tiene hoy puede salir caro a la larga, sobre todo si hay un proceso de reconversión de los puestos de trabajo, como el que aquí se da, y se va a producir fuera.
Estamos de acuerdo en el punto cuarto, en cuanto al apoyo de lo que pudieran ser compensaciones a nuestras empresas; sin embargo, no estamos de acuerdo con la propuesta que se hace de concesión de créditos oficiales a terceros países para adquirir armas; creemos que la ayuda a países terceros debe ir en desarrollo y no adquirir armas para nuestro país.
No compartimos el punto sexto de su moción. Habla de una paulatina privatización de aquellas empresas que tengan viabilidad económica. Si eso se acometiese a corto plazo, las demás empresas del sector que sean públicas terminarían por quebrar. No es lógico privatizar lo rentable y quedarnos para competir con lo que es menos rentable dentro del sector (después me referiré a los otros dos puntos). Por tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esa paulatina privatización, ya veríamos cuál es la parte que se podría privatizar siguiendo el criterio de viabilidad económica.
Podríamos hablar de Bazán, que tiene carga de trabajo sufiente después de la distribución que hay y no sé cómo quedaría Santa Bárbara y otras industrias.
Estamos de acuerdo con los puntos séptimo y octavo. El punto séptimo plantea un plan de diversificación hacia lo que pudiéramos llamar una situación de sobredimensionamiento de su propia producción, es decir, la diversificación en productos; y el punto octavo, la reconversión. Es aquí donde yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo. Hay experiencias en la propia Santa Bárbara, la fábrica de Toledo, y otras experiencias que es producir hacia la industria civil en otras vertientes, lo que puede ser la aeronáutica, lo que puede ser la situación espacial, lo que puede ser energías alternativas. Podemos buscar nuevos niveles de producción para recoger la capacidad de producción que ahora mismo tiene la empresa pública o la empresa de defensa.
También estamos de acuerdo en el punto noveno. El incremento de la cooperación de nuestras empresas con otras empresas con las que podemos cofinanciar o colaborar en la producción de determinados productos que puede adquirir nuestro propio país por estar más avanzado. No se trata por tanto de que nuestras propias empresas vayan a repetir lo que ya existe en el mercado sino de participar en la colaboración con ellos.
Por tanto, señor Presidente, señorías, nuestra posición estaría en el sí, pero... No estamos de acuerdo nítidamente

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con dos puntos y estamos de acuerdo precisamente con una gran parte de la propia proposición.
En la propuesta alternativa todavía hay algunos elementos que se empeoran, aunque es verdad que otros se puedan matizar, más bien podía ser en lo que ya se está haciendo; pero a nosotros no nos corresponde medir lo que ya se está haciendo, sino controlar lo que se está haciendo e impulsar hacia otro lado.
En todo caso, si se aceptara esta enmienda, como se tendría que votar en su conjunto, nuestro grupo tendría dificultad para apoyar la propuesta en su conjunto, aunque algunos puntos sí estaríamos dispuestos a votarlos. Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor López Valdivielso, para expresar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista.


El señor LOPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor Presidente.
Tanto cuando se debatió la interpelación como hoy he insistido reiteradamente en que es necesario tomar medidas que produzcan una mejoría en la situación de nuestra industria de defensa y por tanto lo que queremos es instar al Gobierno a que esas medidas se tomen.
Desde ese punto de vista, aunque nosotros creemos con el portavoz de Izquierda Unida que nuestra moción era mejor que la enmienda que presenta el Grupo Socialista, como para que esto se apruebe habrá que tener en cuenta la enmienda planteada por dicho Grupo Socialista y porque hay una gran coincidencia en los puntos, nosotros, señor Presidente estamos dispuestos a aceptar esa enmienda, que votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Valdivielso.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 278; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN CUANTO A LA INSERCION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL CRECIENTEMENTE VINCULADO A POLITICAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL, ASI COMO SOBRE SU POSICION RESPECTO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL BANCO MUNDIAL (Número de expediente 173/000055)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a interpelación, sobre la política del Gobierno en cuanto a la inserción de la economía española en un contexto internacional crecientemente vinculado a políticas de ajuste estructural, así como sobre su posición respectodel Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señoras diputadas, señores diputados, subo a la tribuna para intervenir y me perdonarán, porque podría hablar desde el escaño, pero tengo un profundo respeto a una serie de personas y organizaciones que están batallando, que han batallado muy duramente por una serie de reivindicaciones que consideramos desde mi grupo imprescindibles para solucionar una serie de problemas. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Traigo, por tanto, a esta tribuna la voz del Foro Alternativo, que se reunió al mismo tiempo que la conferencia del Banco Mundial, y del Fondo Monetario. Traigo la voz del Tribunal Permanente de los Pueblos, de la Comisión del 0,7 por ciento del producto interior bruto para los países empobrecidos, además, naturalmente, de la voz propia de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. Y venimos, tal como hicimos en la interpelación, a hablar claro a través de la moción que hemos presentado.
Que no se preocupe mi portavoz porque estoy hablando extramuros de la Cámara. (Rumores.) Hablemos claro, por tanto, y así sabremos todos dónde está cada uno: el Gobierno y sus socios o aliados, el Partido Popular como oposición al Gobierno...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Frutos, por favor. Señorías, ocupen sus escaños.
Cuando quiera, señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, ¿me descontará el tiempo, verdad? (Risas.) Como decía, el PP como oposición al Gobierno pero con su misma política, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Decía el otro día el Ministro señor Atienza, que sustituía, parece ser, al señor Solbes: ¿Cuáles son las ventajas de este proceso de apertura que, cuestionando las instituciones de Bretton Woods, también se cuestiona? Entendiendo que quien cuestionaba la apertura económica de España era el Diputado que les está hablando y naturalmente el Grupo al cual represento. Y continuaba diciendo: Gamas de productos más amplias y mejores

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precios, ampliar mercados y explotar economías de escala, reforzar la inversión y competir en un mercado liberalizado cada vez más, financiación más fluida parala economía, que tenía estrangulamientos, estabilidadpolítica en España, rebajar el coste de determinadas políticas públicas con aportaciones de la Comunidad. Además, el señor Ministro, nos echaba a las tinieblas de la autarquía franquista, prácticamente, al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y tengo que decir que acompañado por el Partido Popular, obviamente. Ni tan siquiera atendía razonablemente nuestros argumentos. Y continuaba diciendo el señor Atienza: Como dijo el Presidente del Gobierno en el discurso inaugural de la Conferencia del Fondo Monetario, es evidente que más allá de los aspectos sin duda mejorables y de otros que no han supuesto un progreso suficiente para la comunidad internacional la experiencia de funcionamiento del Fondo Monetario y del Banco Mundial ofrece, en términos generales, un balance claramente positivo y es posible que si estas instituciones no existieran en la actualidad deberían crearse de nuevo. Y terminaba diciendo: No cabe duda de que ello da muestra evidente de la capacidad y validez de la labor desarrollada por estas dos instituciones.
No le iba a la zaga el señor Montoro, que decía: Estamos construyendo unas relaciones más solidarias en este mundo integrado, en el mundo del Fondo Monetario y del Banco Mundial. La primera muestra es la disminución de conflictos bélicos que se está registrando. Cito textualmente, señor Montoro, del «Diario de Sesiones» del Congreso. Le da la razón al Ministro en todo lo que representa el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso sí, al final, después de decir que la integración global actual es para superar un retraso secular de dos siglos en España --un retraso que es el causante directo del atraso actual--, afirma que el Gobierno debe hacer el papel de piloto de la nave de la integración económica, social y política en el mundo. Pero el Gobierno --continúa-- lo está haciendo mal; es torpe. Es decir, acepta el mensaje y mata al mensajero. Es lo que viene reiterando en esta Cámara, en el momento en que hay el debate con el partido del Gobierno. Muy de acuerdo con las votaciones concretas del Fondo, pero, naturalmente, leña al mono porque ustedes son la aternancia a este Gobierno. Esta visión triunfalista que al alimón mantienen el Gobierno y el señor Montoro me causa pavor por su simplismo, manipulación y olvido.
Yo agradezco al Gobierno su claridad porque así, a lo mejor, contribuirá a aclarar determinados debates políticos que seguramente tiene la fuerza que le da apoyo en esta Cámara.
Agradezco también al señor Montoro, no sé si futuro Ministro de Economía (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.), su nitidez en la exposición de sus preferencias neoliberales y de sus amores por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Primero tienen que cazar el oso, señores del PP. (Risas.) Les agradezco que cada uno esté con los suyos: ustedes con los suyos y nosotros, naturalmente, con los nuestros. Así será más fácil desmontar sus populismos y progresismos de salón en el momento de hacer propuestas que luego saben que no van a cumplir si tuvieran la suerte de gobernar este país.
(Rumores.) Señores Diputados, señoras Diputadas, se acabó la retórica. En los últimos 46 años no se habían propuesto ni tomado las medidas actuales que se están tomando por el Fondo Monetario y por otros, y también por ustedes. Ni con tanto desparpajo.
Como ahora ya no tienen que competir con el imperio del mal, no han esperado siquiera a recoger los escombros de la ex URSS y ya se ciscan en toda la verborrea social y humanista de la guerra fría. Esto sí, citan ustedes cifras de crecimiento de los últimos veinte años para demostrar las bondades del Fondo Monetario y del Banco Mundial, especialmente el señor Ministro: 3 por ciento de crecimiento de los países industrializados en los últimos 20 años; un 4,8 por ciento en los países empobrecidos; un 1 por ciento en los países de la URSS y aledaños. Se olvidan de un detalle. Nunca explican, tal como lo hacen los informes del mismo Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, cuál es la situación en este mundo empobrecido que dicen que ha tenido durante veinte años un crecimiento del 4,8 por ciento. Parece ser que no le ha servido de mucho. Y no dicen, al mismo tiempo, que el 1 por ciento de crecimiento de la URSS y países aledaños se ha convertido en un menos 40 por ciento de la producción acumulada en los últimos años. (Rumores.), en menos años. Es decir, ustedes avalan no construir una realidad diferente en un país, sino destruir algo que había por no construir algo diferente y mejor de lo que había. (Protestas.) El Fondo Monetario y el Banco Mundial piden aquí recortes de salarios, de pensiones, de sanidad, desregulación, etcétera. Es decir, una verdadera privatización y laminación de conquistas sociales, de mejoras en las condiciones de vida de la personas sencillas. Esto es lo que están pidiendo el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso sí, los tiburones y terroristas sociales que estuvieron en Madrid nunca se rebajan sus rentas ni prebendas, como está bien demostrado en todos los casos. Por tanto, la coincidencia señoras Diputadas, señores Diputados, era perfecta en el fondo y en el contenido entre el Gobierno, que me imagino estaba representado por el señor Atienza, aunque desautorizado aquellos días por la boca del señor Griñán, y el señor Montoro en nombre del Partido Popular. No había diferencias entre un ministro que se reclamó socialdemócrata y un representante de la derecha, sin populismos ni progresimos, señores de la derecha. (Rumores.) Valoraban el papel social y caritativo del Fondo Mundial y del Banco Mundial exactamente igual unos y otros. Es decir, a mí me parecía un manual político de justificación

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del saqueo y del crimen que han puesto en evidencia todas las informaciones documentadas, documentadísimas, del Foro Alternativo, que se ha reunido en Madrid, y, al mismo tiempo, del Tribunal Permanente de los Pueblos. Esto son realidades que ustedes tienen que escuchar; realidades que, además, emanan de los documentos oficiales de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos. Yo no me invento los números, señores Diputados, ni las realidades que afectan a las personas. Yo no me invento el 50 por ciento de miseria total de América Latina. Yo no me invento las mafias del narcotráfico que lavan su dinero en las cloacas de sus bancos. Yo no invento asesinatos de niños, ni el asesinato para robar órganos, ni la venta de éstos. Ni la generalización de la trata de blancas. (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio Señorías!

El señor FRUTOS GRAS: Ni he contribuido a construir proyectos mastodónticos, desastrosos para el ambiente e inútiles social y económicamente, como la presa de Narmada en la India o la carretera de la Amazonia; es decir, desastres por la construcción de mastodónticas obras, pero avaladas todas por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Yo no he inventado al resurgir de viejas enfermedades y el desarrollo de otras nuevas. Yo no inventé el tipo de crecimiento que liquida la capa de ozono. Yo no desertizo ni desertifico territorios. Yo no invento las guerras calientes que sustituyen a la guerra fría como directa responsabilidad de un mundo que no ha avanzado en la superación de sus problemas, ni en Yugoslavia ni en Africa ni en Timor Oriental ni en los ex territorios de la URSS, etcétera. (Un señor Diputado: ¡Eso, vosotros!) Ustedes vienen a decir aquí que todo va arreglándose, pero, en definitiva, los datos concretos de la realidad económica, social y ecológica mundial desmienten las palabras de «tous ensembles» nuevamente. El encuentro, por tanto, aquí no buscó soluciones a la crisis. La crisis --y ustedes lo saben mejor que yo incluso-- es porque hay más capital que posibilidades de inversión. Saben que hay tres billones de dólares circulando por el mundo que no encuentran una colocación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, vaya terminando, por favor.


El señor FRUTOS GRAS: Voy terminando, señor Presidente.
Es por ello que quieren ustedes, plantean ustedes una economía financiera y productiva global a través de un mercado controlado por las trasnacionales, por el Grupo de los 7 o el Grupo de los 24, pero al mismo tiempo no aceptan ni defienden, paralelamente, el desarrollo de un poder político democrático y controlado democráticamente en la Unión Europea ni en las Naciones Unidas ni a través de organizaciones de carácter regional; un poder político que vaya acompañado, naturalmente, de un poder económico regional que atienda las demandas de todos y cada uno de los pueblos.
Nuestra moción, por tanto, tiene un sentido claro y está dividida en cinco apartados. En primer lugar, conocer la posición de todos los grupos en relación a la política del Fondo Monetario y del Banco Mundial sobre los recortes. ¿Están ustedes o no de acuerdo en las propuestas de recortes de todo tipo planteadas por los señores del Banco Mundial y del Fondo Monetario? En segundo lugar, democratizar la participación de España en los órganos de Gobierno del Fondo Monetario y del Banco Mundial. ¿Están o no están de acuerdo en que haya debates en estas Cámaras sobre el control de lo que hagan nuestros representantes en estos organismos? En tercer lugar, tratar de forma solidaria y eficaz el asunto de la deuda para España y para los otros. Es decir, la deuda que tienen contraída países con España y para otros países. En cuarto lugar, insta a la toma en consideración de las conclusiones del Foro y del Tribunal. Y en quinto y último lugar, proponer a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde este Parlamento, desde España, desde el Gobierno español, que solicite a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie en el caso de que determinadas leyes internacionales sean vulneradas por otras decisiones políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial.
Señoras y señores Diputados esta es la moción muy sencilla que planteamos. Hay una serie de apartados, dos o tres, que podrían ustedes votar perfectamente porque son plenamente democráticos (control por esta Cámara de una serie de cosas.) Hay otros que a lo mejor no los pueden votar. Y señores del PP, cuiden un poco sus modales, porque la alternancia en el país no quiere estas broncas que ustedes presentan y que les retrotraen a otras situaciones. (Fuertes rumores.--Aplausos.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Frutos.
¡Silencio, señorías! A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, convendrán conmigo en que hemos asistido al nacimento de una nueva figura parlamentaria. Con la intervención del señor Frutos se ha creado esa

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figura que podríamos llamar a partir de ahora la interpelación a la oposición. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!-- Aplausos.) Eso demuestra que entre los representantes de la Cámara existe la confianza, la casi absoluta seguridad de que pronto el Partido Popular tendrá la responsabilidad del gobierno de España. (Aplausos.-- El señor Martínez Martínez, don Miguel Angel: Eso es lo que quieren éstos.-- Señalando al Grupo de Izquierda Unida.-- Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Continúe, señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Lo que únicamente quería advertir es que la riqueza de la democracia es que hayamos podido escuchar esta tarde una intervención como la del señor Frutos.
Estamos hablando de un asunto muy importante, señorías, estamos hablando de un asunto trascendente del que depende la imagen internacional de España, del que depende nuestro presente y nuestro futuro. Por eso, cuando Izquierda Unida presentó esta interpelación, felicitamos a su Grupo Parlamentario por traer a esta Cámara este debate que entendíamos que era crucial, un debate clave, un debate que conviene abordar con la máxima seriedad, con la máxima ponderación, con la máxima equidad e incluso con la máxima eficacia de contenido. Ese es el espíritu que ha animado la redacción de nuestra enmienda que pretende sustituir la presentada por el Grupo de Izquierda Unida por un texto más ecuánime --como decía-- y menos perjudicial para la imagen internacional de España. La enmienda del Grupo Popular tiene un triple objetivo. En primer lugar, queremos contribuir a crear una conciencia en la sociedad española sobre la importancia de la integración de la economía española en la economía mundial e incluso el hecho de la interdependencia, cada vez más acentuada, que existe entre todos los países del mundo en el ámbito económico. En segundo lugar, con nuestra enmienda de supresión queremos subrayar los beneficios que puede obtener la sociedad española de esa integración en la economía mundial. Y en tercer lugar queremos, a través de esta enmienda, colaborar al cambio de política económica que nos adecue a las exigencias de esa integración en la economía mundial.
Respecto a la importancia, en nuestra intervención en relación con la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida, ya subrayamos que es máxima, señorías. Estamos hablando, nada menos, que de la característica que mejor define este final de siglo. Estamos hablando de la fuente de cambios profundos de orden social, económico y político que está jalonando este final de etapa. Todos los pueblos del mundo buscan se desarrollo a través de la integración de sus economías en el mapa de la economía mundial y eso significa que el mercado, como factor de asignación de recursos, está registrando un triunfo claro, lo que significa que hemos convertido al comercio mundial en el principal motor, en la principal fuente de desarrollo económico moderno. Sin duda este proceso tiene dificultades y complejidades a las que hay que hacer frente.
Estamos ante una nueva división internacional del trabajo, ante un incremento de la competencia en el ámbito mundial al que hay que hacer frente, pero ese es un proceso del que podemos obtener mayores beneficios que costes y, por tanto, es un proceso que hay que contemplar con ilusión, con esperanza y nunca con temor. Es un proceso que hay que abordar desde el convencimiento de que no hay solución alternativa, que la solución de la autarquía es algo ya superado y no hay otra vía que no sea la de la integración en esta economía mundial. De hecho España está viviendo esa integración en Europa, estamos ayudando a construir la Unión Económica y Monetaria de Europa, somos parte de esa integración y prácticamente el resto del mundo está incorporándose de forma decidida a ese proceso que llamamos proceso sin vuelta atrás, un proceso sin reverso.
Este triunfo de la integración económica ha significado el fracaso de los sistemas de planificación central, ha significado el fracaso del socialismo real como modelo de organización política; ya quedan pocos reductos donde el socialismo tenga un cuerpo político director de las sociedades. China, uno de los últimos reductos de esa organización política, se ha incorporado con firmeza y decisión a la economía de mercado, entendiendo que de esa incorporación depende su futuro económico, y desde España tenemos que celebrar la incorporación de China a esa integración en la economía mundial.
En definitiva, señorías, de esa integración depende el éxito futuro de la democracia, depende el asentamiento de las libertades, depende, por supuesto --como decía en mi anterior intervención--, obviamente, el triunfo de la democracia liberal, que es el modelo que postulamos desde el Partido Popular, sin duda alguna. Además, de esa integración económica se deriva un concepto de solidaridad espléndido, una solidaridad más amplia que va bastante más allá de lo que son ayudas directas proporcionadas entre países, ayudas importantes que hay que preservar, pero que sólo son una parte de la solidaridad. La mejor, la solidaridad más eficaz es la que se consigue a través de las aperturas de la economía. Es lo que potencia a las economías de los países menos desarrollados, es lo que favorece los cambios políticos en esos países menos desarrollados. Por tanto, una sociedad que se llama solidaria con el resto del mundo tiene que ser eminentemente abierta. Desde esa solidaridad se constituye la interdependencia

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de las economías mundiales y ese debe se el fenómeno propiciado por los organismos internacionales y, por supuesto, el que desde España tenemos que propulsar, acompañar y favorecer. Los organismos internacionales nos dan sus recomendaciones, que obviamente no son válidas en toda su extensión para nuestras circunstancias, las circunstancias sociales propias, pero eso no quiere decir que haya que desdeñar, que haya que lanzar con cajas destempladas a los organismos internacionales de nuestro entorno. Esa es una actitud suicida que no haría nada más que empequeñecer nuestro presente económico y ensombrecer el futuro de nuestro país.
Para España, señorías, decía que la integración económica es un proceso ilusionante, es un proceso de auténtica oportunidad histórica. Estamos hablando de superar más de dos siglos de aislamiento, estamos hablando de superar de una vez por todas las causas de nuestro subdesarrollo secular, y estamos hablando de eliminar los gérmenes de regímenes políticos autoritarios tan característicos de nuestra historia. Estamos hablando, por tanto, señorías, de algo muy importante, de algo trascendente para nuestro país. Además, la experiencia de la evolución de nuestra economía nos enseña también una lección clara, y es que cuando nuestra economía se ha abierto hemos registrado un crecimiento económico que hoy nos permite estar donde estamos. Gracias a la apertura que registramos en los años sesenta, gracias a nuestra integración en la entonces llamada Comunidad Económica Europea registramos el crecimiento de los ochenta, y gracias a eso hoy tenemos unos problemas económicos, pero bien diferentes de los que padecen otras regiones del mundo que todavía no han abandonado las zonas de subdesarrollo, las mayores carestías de sus ciudadanos. La experiencia de nuestra apertura es positiva y nos anima a seguir en esa experiencia, pero, obviamente, también tenemos que aprender que algo fundamental ha cambiado en nuestro comportamiento económico, tenemos que aprender lo que es un ciclo económico en esa apertura, un ciclo económico diferente en lo sustancial de lo que ha sido el comportamiento de una economía más cerrada como la que hemos tenido antaño. Tenemos desafíos importantes en España, desafíos como es esa legión de parados sobre nuestras espaldas que significa la frustración de nuestra sociedad, sobre todo entre nuestros jóvenes y entre nuestras mujeres, que sufren la marginación mayor del mundo del trabajo de lo que son sus posibilidades de desarrollo como individuos. Eso significa mucho para esta Cámara y eso significa que tenemos que seguir apostando por ese proceso de integración económica en esa economía mundial como fuente de crecimiento económico creador de empleo. Si no lo hacemos así, las repercusiones como la que estamos viviendo ahora serán frágiles, incluso serán flor de un día, puesto que no habremos sido coherentes, no cumpliremos los requisitos esenciales de esa incorporación. Voy terminando, señor Presidente. Nuestra moción pretende insistir en una idea fundamental a transmitir a la sociedad española, y es la necesidad de cambiar la política económica del Gobierno socialista. Cambiar esa política económica significa instalar en España una política económica, hacer efectiva en España una política económica acorde con lo que significan los desafíos de nuestra integración en la economía mundial, lo que conlleva realizar ajustes estructurales, cambios, reformas estructurales que no son otra cosa sino la modernización de nuestro aparato productivo y la actualización de nuestra conducta como agentes sociales y como agentes económicos. El Gobierno socialista es claramente renuente a esos cambios; el Gobierno socialista está hipotecado en sus contradicciones y eso le lleva a realizaciones, a aplicaciones de política económica que son incompletas, parciales, incoherentes, le lleva a ese comportamiento que debemos calificar de timorato en política económica. Es el comportamiento, la actitud de alguien que no entiende el tiempo que le ha tocado vivir. El Gobierno socialista no está teniendo la grandeza, no está teniendo la altura que requieren las circunstancias, este especial momento histórico que estamos viviendo, y eso lo que está provocando es su propio inmovilismo. Lo peor es que está trasladando ese inmovilismo a la sociedad española condenándola a un papel de segundón. Pero España, señorías, no va a conformarse con esa función, con ese papel de de relegada en lo que debe ser el concierto de las naciones en este final de siglo.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Montoro. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muy brevemente, voy a comunicar a la Cámara la posición de nuestro Grupo en esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
La verdad es que, en su momento, cuando se hicieron aquellas declaraciones por los representantes del Fondo Monetario Internacional, ya nuestro Grupo Parlamentario y las formaciones políticas que lo integran dimos a conocer a la opinión pública la poca oportunidad de algunas de aquellas manifestaciones y decíamos que no guardaban proporción con lo que en estos momentos en España y con la situación económica española se podía asumir en torno a las revisiones de algunos de los aspectos que allí se planteaban como propuestas a considerar para poder avanzar en las

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adaptaciones que tiene que tener nuestra economía frente a los retos que tenemos en el marco internacional. Es verdad que las motivaciones que impulsaban a algunas de aquellas observaciones y recomendaciones tenían unas justificaciones que podíamos compartir. Pero en cuanto a la orientación de las medidas que se nos planteaban ya expresamos nuestras discrepancias por razones políticas, por razones de oportunidad y de poca capacidad para asumir determinados compromisos, atendida la situación en que es encuentra nuestra sociedad y nuestra economía. No obstante, señorías, señores del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la moción que ustedes han presentado nuestro Grupo no la puede apoyar. Y si me lo permiten, puesto que lo que ustedes proponen a esta Cámara es que se pronuncie políticamente, que haga una declaración política frente a las declaraciones efectuadas por los representantes de unas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si les parece, atendida la discrepancia que esta Cámara está manifestando en estos momentos, y con el ánimo de no hacer el ridículo internacionalmente, yo les invito a que aparquemos esta cuestión y que ustedes retiren la moción para no dañar la imagen española en el marco internacional de las reflexiones en estas materias económicas. (Rumores.) Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Caballero.


El señor CABALLERO ALVAREZ: Señor Presidente, señorías, no me extraña que el representante de Izquierda Unida haya dirigido su moción básicamente al Partido Popular, y no me extraña porque, después de haber escuchado aquí al Partido Popular, es obvio que comparte las posiciones más duras de cualquier organismo internacional de los que en este momento está en el mundo. (Rumores.) Por tanto, no me extraña en absoluto que se haya presentado esa moción. (Rumores.) Señorías, en los últimos años el mundo experimentó cambios muy notables en la estructura económica; en los últimos cincuenta años las cosas variaron notablemente, y con el cambio de las cuestiones económicas los organismos internacionales también experimentaron cambios. Experimentaron cambios en sus planteamientos, en sus objetivos, aunque en algunos casos no los suficientes. Yo quiero hacer una reflexión rápida sobre qué es lo que permanece vigente, en mi opinión, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, para contestar después a la moción en lo concreto y qué es lo que en consecuencia debería cambiar.
Señorías, los objetivos que se recogen en el convenio de constitución del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial permanecen vigentes. Los objetivos de fomentar crecimiento equilibrado del comercio mundial están ahora más vigentes que nunca; el de promover estabilidad de tipos de cambio es ahora un objetivo vigente, y el de tratar de velar por que no haya restricciones en los tipos de cambio es también un objetivo vigente. Por tanto, se puede compartir que, a pesar de que en el año 1971 las condiciones del mundo, con la ruptura de la convertibilidad del dólar, cambian notablemente, se puede compartir que esto debe ser mantenido como un objetivo bueno y conveniente para el conjunto de las economías. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas de las políticas que para estos objetivos se aplican desde estos organismos pueden ser compartidas y otras pueden no serlo. Porque no cabe ninguna duda de que en toda la historia de estos organismos algunos de sus planteamientos fueron acertados y otros no lo fueron. Por tanto, no cabe --y de ahí viene nuestra principal discrepancia con la moción del Grupo de Izquierda Unida-- el pretender que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son los causantes de todos los males económicos que hay en este mundo.
Pues no es así. Sencillamente, ésta no es la cuestión. Algunos de sus planteamientos sin duda pueden ser rechazados, otros se quedaron anticuados, pero me parece excesivo el pretender que todos los males del mundo en este momento sean aplicables a estos dos organismos.
Lo que sucede es que al hablar de las mociones, señorías, hay que dejarse de retóricas y hay que entrar en los contenidos, porque si se habla del planteamiento desde el Gobierno español sobre el desempleo y sobre su posición sobre gastos de desempleo, es suficiente ver los Presupuestos para el año 1995. Esta Cámara no necesita hacer ninguna manifestación, basta con apoyar los Presupuestos Generales, donde se constata que los gastos de desempleo crecen el 2,1 por ciento con respecto al año pasado. Luego no hagamos retórica, vayamos a los datos y apoyémoslos. Si hablamos de las pensiones, vuelve a suceder lo mismo. No digamos si se apoya o no lo que dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial, veamos qué es lo que dicen los Presupuestos Generales y veamos, por tanto, cuál es la política del Gobierno, y el mantenimiento en los Presupuestos del poder adquisitivo de las pensiones, es otra realidad, y son realidades buenas para este país, que ponen de relieve cuál es la posición del Grupo Socialista en relación con estos temas.
Yo creo que es bueno que el Gobierno informe con una cierta frecuencia en esta Cámara de todo lo que tenga que ver con estas instituciones, con éstas y con otras, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el GATT, con la evolución del GATT, con la Ronda Uruguay, y en algunos casos se está haciendo. En la Comisión de Economía ya tuvimos debate sobre estas cuestiones; dos semanas hace de esto. Por tanto, información estamos teniendo y yo creo que es bueno que se siga teniendo.


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Pero también es bueno que nos dejemos de retórica y entremos en las realidades, y en algo muy importante que aparece en la moción que plantea Izquierda Unida, que es la renegociación de la deuda de los países atrasados y vayamos a las realidades, porque desde el año 1989 se están realizando importantísimos esfuerzos de renegociación de las deudas de estos países y se les están haciendo condonaciones de hasta el 50 por ciento de los vencimientos de las deudas. En este momento España está impulsando, conjuntamente con otros países, que se cambie ese procedimiento y se entre en la condonación del conjunto de la deuda de algunos de estos países. Estas son las realidades en que nos movemos. Incluso podemos hablar de algo más concreto: de esfuerzos que se realizaron por España y por otros países en la renegociación de la deuda de Rusia, de Polonia, de Egipto, de Perú, de Argelia, de Centroamérica, etcétera. Estas son las realidades, esto es lo que el Gobierno español está apoyando y está haciendo. Podría extenderme más en que no es bueno hacer planteamientos bilaterales, señorías, sobre la deuda de estos países, porque si un país condona la suya de forma bilateral, otros países van a exigir que se les pague la de ellos y, por tanto, habrá resultado una transferencia entre países desarrollados. Señorías, desde luego, para plantear las posiciones políticas, yo creo que el Gobierno de España está atendiendo todas las opiniones que se dan en todos los foros, pero no se puede pretender que el Gobierno de España establezca su posición exclusivamente en torno a un foro, que llegó a algunas conclusiones que nos parecen razonables, pero que plantea otras que no son ni siquiera considerables en el terreno de lo que es la realidad económica. Por tanto, señorías y señorías del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a nosotros nos gustaría haber tenido delante una moción que pudiéramos discutir, una moción realista en la que nosotros pudiéramos plantear esto que yo estoy diciendo desde aquí, pero reconocerán SS.SS. que --incluso la propia intervención del portavoz de Izquierda Unida, que primero nos da un montón de leña y después nos pide el voto-- ése es un planteamiento que a todas luces parece difícil de aceptar. En todo caso, nos oponemos, no entusiásticamente, nos oponemos prudentemente, porque el planteamiento de esta moción, sencillamente, no es aplicable.
Lo mismo sucede con el otro extremo; lo mismo sucede con lo que el Grupo Popular plantea. Porque yo creo, señorías, que aquí también oímos planteamientos retóricos; también oímos un planteamiento en la lectura de la enmienda del Partido Popular que, sin ninguna duda, no atiende a lo que está pasando.
Porque se plantean --y leo literalmente--: «Se negocia sin criterios ni principios claves como el GATT, se suceden reacciones extemporáneas en contra de aquellas instituciones».
No, no. Se negocia el GATT de acuerdo con los criterios de que es bueno internacionalizar las economías, y se rechazan determinadas posiciones que, a título personal, algunas instituciones hicieron sobre aspectos de política social, sencillamente, porque nosotros creemos que es bueno mantener posiciones de Estado de bienestar, y algunas personas de algunas instituciones no lo creían así y, por tanto, no solamente no hay contradicción, sino que lo que hay es un modelo diferente de lo que se plantea desde los bancos de la derecha a lo que planteamos nosotros desde los bancos del socialismo. Porque nosotros queremos, señorías, una economía que crezca, que se reactive, que sea competitiva, que permita crecer el empleo y que cree bienestar y, sobre todo, que cree bienestar para los ciudadanos. Y de esta palabra y de estas opciones de política de bienestar no se oye hablar en absoluto en esta moción. Además, oímos un canto, en las intervenciones que aquí se acaban de hacer, sobre el mercado como único elemento regulador que, sencillamente, no compartimos ni desde el ángulo teórico ni desde el ángulo político; no lo compartimos, porque el mercado, señorías, no lo garantiza todo, desde luego, no garantiza la democracia ni las posiciones de bienestar.
Por tanto, señorías, y optando por lo que es nuestra posición de política económica desde el Gobierno de reactivar una economía que funcione, que compita, que sea capaz de salir de la crisis como lo está haciendo, operando en el marco del mercado internacional y ganando la batalla en el marco del mercado internacional, a partir de ahí y de ese crecimiento, podamos crear el empleo, podamos tener mayores asignaciones cada vez por la vía de las condonaciones de deudas y por la de las aplicaciones de ayudas a los países menos desarrollados, podamos tener empleo y bienestar, y esto, señorías, es lo que la política del Gobierno en este momento está realizando.
Por consiguiente, nos oponemos a la moción que nos plantea el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la enmienda que plantea el Grupo Popular. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero. El señor Frutos tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular.


El señor FRUTOS GRAS: Sí, señor Presidente, pero me permitirá decir, en el momento de abordar la aceptación o no aceptación de la enmienda, que una de las grandezas de la democracia no es que yo haga el discurso que he hecho aquí, sino que podamos hacer todos los discursos. Pero, además, mi discurso y la grandeza de la democracia viene avalada por dos millones

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y medio de votos que han dado la confianza a un servidor y al Grupo que está aquí presente.
En segundo lugar,...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, por favor. (Rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías!

El señor FRUTOS GRAS: Permítame, señor Presidente. Ha sido una alusión absolutamente directa e improcedente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, el turno --usted conoce muy bien el Reglamento-- es para indicar si acepta o no la enmienda, y nada más.


El señor FRUTOS GRAS: Sí, sí, inmediatamente, señor Presidente. Pero aquí hay una enmienda y hay una propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que debo contestar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no; no hay más propuestas...


El señor FRUTOS GRAS: La propuesta que retira la moción.
(Protestas y Rumores.) Permítame, señor Presidente, y termino ya. (Fuertes rumores y protestas.) Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, estoy aquí por esos votos; estoy aquí por un programa y una línea y estoy aquí... (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Frutos, no es el momento de explicar las razones por las que ni usted ni ninguna de SS.SS. están aquí, sino exclusivamente para indicar si acepta o no. Exclusivamente para eso. (Fuertes rumores y protestas.)

El señor FRUTOS GRAS: ...por una vida de lucha por la democracia y la libertad, que no sé si tienen estos señores.
(Fuertes protestas y rumores.) Termino. No se acepta, naturalmente, la enmienda presentada por el Grupo Popular, y se acepta la propuesta de retirada de la moción. En todo caso, que retiren a los De la Rosa de la circulación quienes les mantienen. (Fuertes rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Frutos. (Rumores y protestas.) Vamos a pasar a la votación. (El señor Montoro Romero pide la palabra.) Señor Montoro, ¿a qué efectos solicita la palabra?

El señor MONTORO ROMERO: Porque he sido contradicho por la intervención del Portavoz Socialista. (Fuertes rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Montoro, usted conoce perfectamente cuál es la tramitación o el procedimiento en una moción. Es decir, el Grupo Socialista fija su posición y la fija, lógicamente, con respecto a los textos que se han presentado.
No tiene la palabra, señor Montoro.
Vamos a pasar a la votación. (Fuertes rumores y protestas.--El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 11; en contra, 271.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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