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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 91, de 21/09/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 91 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 90 celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 4700)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario (número de expediente 172/000065) (Página 4723) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir el fraude fiscal (número de expediente 172/000066) (Página 4723)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 4700)

Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: De acuerdo con el compromiso adquirido por el señor Presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación, ante la propuesta del representante del Grupo Vasco (PNV) de realizar un debate sobre política industrial, ¿cuándo tiene el Gobierno previsto poner en práctica este compromiso en función de la trascendencia que tiene este asunto, en particular ante las expectativas del relanzamiento económico y el incremento de la actividad comercial exterior de nuestras empresas y la proximidad del debate presupuestario? (Número de expediente 180/000653) (Página 4700)

Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué medida afectan los indicadores económicos conocidos en las últimas semanas a la elaboración de la Ley General de Presupuestos para 1995? (Número de expediente 180/000660) (Página 4701)

Del Diputado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede garantizar el Presidente del Gobierno que no se han pagado con cargo a fondos reservados sobresueldos o gratificaciones a funcionarios o altos cargos del Ministerio de Justicia e interior? (Número de expediente 180/000671) (Página 4702)

Del Diputado don Josep López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones que han llevado al Gobierno a adoptar la medida de prohibir la repetición del COU con objeto de mejorar la nota y así acceder a los estudios universitarios elegidos? (Número de expediente 180/000657) (Página 4703)

Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Educación y Ciencia regular las autorizaciones de los gastos plurianuales de las Federaciones Deportivas Españolas? (Número de expediente 180/000674) (Página 4704)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para posibilitar la plena integración del Condado de Treviño en Alava? (Número de expediente 180/000654) (Página 4705)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existe alguna previsión por parte del Gobierno para mejorar la financiación de los pequeños municipios? (Número de expediente 180/000664) (Página 4706)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración haceel Gobierno del Programa de Cooperación Económica Local del Estado? (Número de expediente 180/000665) (Página 4707)

De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno del clima de crispación respecto a Catalunya que se está generando tanto en el ámbito político como en otros ámbitos, y que está alimentando el enfrentamiento territorial? (Número de expediente 180/000670) (Página 4708)

De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Socialista del Congreso,

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que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene prevista el Gobierno la presentación en esta Cámara de la Ley del Fondo procedente de los bienes decomisados a los narcotraficantes? (Número de expediente 180/000661) (Página 4709)

Del Diputado don Enrique Martínez Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno gestionar en breve plazo, para el puerto de Málaga, la calificación explícita de puerto fronterizo de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000666) (Página 4709)

Del Diputado don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno prorrogar el Plan RENOVE? (Número de expediente 180/000655) (Página 4710)

De la Diputada doña María Dolores Pelayo Duque, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar el acceso de las PYMES a las ayudas a la exportación? (Número de expediente 180/000663) (Página 4711)

Del Diputado don Jerónimo Nieto González, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la cláusula de salvaguardia a las importaciones de la Unión Europea de ajo procedente de terceros países? (Número de expediente 180/000668) (Página 4712)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno tras la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara derogadas por la Constitución las bases 4.ª y 5.ª de la Ley de Bases de 29 de junio de 1911, referentes a la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio e Industria y al pago del recurso permanente? (Número de expediente 180/000679) (Página 4713)

Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las aportaciones hasta ahora realizadas por el MOPTMA para dar cumplimiento al Convenio suscrito en su día con la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, para la reparación y remodelación de las viviendas de los Patronatos Francisco Franco y Nuestra Señora de Candelaria, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife? (Número de expediente 180/000662) (Página 4714)

De la Diputada doña María Dolores Sánchez Díaz, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué posición ha mantenido el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Consejo celebrado el día 20 de septiembre en Bruselas sobre la reforma del sector del vino? (Número de expediente 180/000669) (Página 4715)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué propuestas va a realizar el Gobierno español ante la revisión del tratado pesquero con Marruecos firmado en mayo de 1992? (Número de expediente 180/000673) (Página 4717)

Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cuáles son las razones por las que no se celebran desde el mes de abril de 1994 reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000672) (Página 4718)

Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra.


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Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo ante la Sentencia de la Audiencia Nacional que anula una de las bases de la convocatoria MIR 91/92, referida a las especialidades extrahospitalarias? (Número de expediente 180/000678) (Página 4719)

De la Diputada doña Mercedes Aroz Ibáñez, del Grupo Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la cifra estimada por el Gobierno del fraude fiscal en España? (Número de expediente 180/000667) (Página 4720)

Del Diputado don Cristóbal Montoro Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha estimado el Gobierno la repercusión sobre la cifra de déficit presupuestada de la desviación al alza en el Capítulo 3 de gastos financieros? (Número de expediente 180/000675) (Página 4721)

Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la evidente pérdida de competitividad de la economía española que se recoge en recientes informes sobre esta materia, confirmada por el repunte de la inflación? (Número de expediente 180/000676) (página 4722)

Interpelaciones urgentes (Página 4723)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario (Página 4723)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para combatir el fraude fiscal4723 El señor Costa Climent defiende la interpelación del Grupo Popular. Comienza señalando que el Gobierno carece de un modelo de sistema tributario y, desde luego, de un modelo de sistema tributario acorde con las tendencias internacionales. Los principales objetivos perseguidos por las principales medidas en materia tributaria que han adoptado los sucesivos gobiernos del señor González han consistido, básicamente, en incrementar la recaudación, lo que ha tenido como consecuencia que nuestro país se encuentre a la cabeza de la Unión Europea en crecimiento de la presión fiscal.
Agrega que nuestro sistema tributario se caracteriza por un elevado nivel de complejidad, en parte debido al gran número de normas tributarias y a la falta de estabilidad de esas normas tributarias. Concretamente, entre 1983 y 1993, el número de disposiciones generales en materia fiscal aprobadas o propuestas por los sucesivos gobiernos de don Felipe González se elevan a tres mil, circunstancia que, unida a la defectuosa técnica legislativa y a la incertidumbre sobre qué normas se encuentran en vigor en cada momento, ha incidido en la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario. Se produce así un elevado coste en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, una presión fiscal indirecta, y por otra parte, la citada incertidumbre y falta de estabilidad legislativa inciden en la falta de credibilidad de la política fiscal del Gobierno.
A lo expuesto anteriormente se une el hecho de que en los Presupuestos para 1993 y 1994 el Gobierno socialista no deflactó la tarifa ni los restantes parámetros del IRPF, produciéndose como consecuencia una subida encubierta de este impuesto, con un incumplimiento de los compromisos políticos y electorales del Gobierno del señor Gonzalez.
La segunda crítica que podía atribuirse a nuestro sistema tributario es su falta de neutralidad, falta de eficacia en la asignación de los recursos dentro de nuestro sistema económico. En el IRPF tenemos una tarifa con una estructura que se aleja de todas las tendencias internacionales, penalizando el ahorro y la oferta de empleo. Se echan también en falta unos mecanismos automáticos para corregir los efectos de la inflación.
En cuanto a la tributación de las rentas empresariales, nuestras empresas soportan una carga fiscal muy superior a la media de los países de nuestro entorno, con el importante elemento diferencial del elevado peso de las cotizaciones sociales que soportan las empresas y que reducen drásticamente la rentabilidad de los proyectos de inversión y competitividad de nuestras empresas, representando un verdadero impuesto sobre el empleo. Sucede, además, que nuestro sistema tributario adolece de un marco jurídico adecuado para apoyar y estimular la actividad exterior de las empresas españolas.
Ello da lugar a que nuestro sistema

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tributario sea el más regresivo de todos los que existen en el ámbito de la Unión Europea, no eliminando la doble imposición internacional, además de ser de muy difícil aplicación.
Por lo que respecta al IVA, el Gobierno tampoco ha sido capaz de eliminar todas las distorsiones que su funcionamiento produce en la actividad económica, aunque lo peor de todo es que nuestro sistema tributario determina un desigual reparto de la carga tributaria, resultado que se produce, en parte, por la concreta regulación de las distintas figuras impositivas y, en parte, por el elevado fraude fiscal existente en nuestro país. Personalmente piensa que la responsabilidad de este nivel de fraude fiscal recae principalmente en el Gobierno, porque las principales causas que favorecen y estimulan ese fraude fiscal son responsabilidad del Gobierno, como por ejemplo el rápido crecimiento de la presión fiscal, la gran complejidad de nuestro sistema tributario, la ineficaz gestión del gasto público y la inexistencia de un marco jurídico adecuado para luchar contra las operaciones de ingeniería financiera y la elusión fiscal internacional, todo lo cual justifica plenamente que en estos momentos se acometa una reforma global del sistema. Añade como razones para la mencionada reforma global el cambio de ciclo en el que se encuentra nuestra economía, el vuelco en el panorama político de nuestro país producido el pasado 12 de junio y, por último, el rechazo social que el actual sistema tributario despierta en todos los contribuyentes españoles.
En defensa de la interpelación presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Ríos Martínez. Afirma que en época de tormentas no es bueno hacer muchos cambios y algunos de los cambios que se plantean cuando discuten una política presupuestaria les lleva a algunas complicaciones. Así, por ejemplo, si se quieren mantener los gastos que hoy tiene el Estado y las tareas que desean acometer, el problema que se presenta es que al reducir los ingresos hay que reducir también los gastos, salvo que se acuda a otras alternativas para nuevos ingresos. Izquierda Unida es de la opinión de que debe mantenerse la prestación de servicios sociales e incluso mejorarlos, así como una política de inversión activa para incidir en la economía y en la realidad productiva, e igualmente creen que debe mantenerse un nivel fiscal que hoy no es progresivo. En este sentido, entienden que debe irse a un sistema fiscal más progresivo, orientando la recaudación hacia donde haya mayores recursos.
Sin embargo, la política del Gobierno parece ir dirigida hacia las exenciones a las empresas, al capital, y a un incremento de los impuestos indirectos y retenciones de los impuestos directos, cuando, a juicio de su Grupo, lo que procedería es hacer lo contrario. Se trataría, en concreto, de conseguir una mayor progresividad del sistema fiscal y, por otro lado, de mantener la cifra de ingresos, fundamentalmente a través de la lucha contra el fraude fiscal.
Pregunta al Gobierno qué se ha hecho realmente en esta lucha contra el fraude y sobre la eficacia de la Agencia Tributaria, cuando el propio director del Instituto de Estudios Fiscales acaba de señalar que el fraude en España se cifra en torno a los 3,3 billones de pesetas y cuando todos saben de la existencia de muy importantes bolsas de fraude que, a su juicio, no se atacan debidamente. Concluye expresando su convencimiento de que poco van a resolver a través del presente debate, pero éste puede servir de anticipo a lo que pueda ser el posterior debate de los Presupuestos, en relación con las posibilidades de ingresos y gastos.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Comienza refiriéndose al señor Costa Climent, del que señala que, partiendo de algunas afirmaciones correctas, tal vez extrapolando, llega a conclusiones no tan correctas. Pero, por lo que ve, ésta es una práctica normal en su Grupo. Reconoce, efectivamente, que la presión fiscal en España ha aumentado de forma rápida en los últimos años, pero de ahí no puede sacarse la conclusión incorrecta de que la presión fiscal en España es muy alta, ya que una cosa no tiene nada que ver con la otra. A partir de ahí, el señor Diputado ha realizado una exposición basándose en temas de pasado, en parte en temas actuales y, en bastantes, de futuro, muchos de los cuales y de los problemas que detectan están planteados ya en los Presupuestos para 1995. Reconoce también que se ha producido una expansión del gasto público en nuestro país, si se toma como referencia el año 1982, pero también es cierto que existen factores de contexto económico que tienen su relevancia para analizar la situación.
En cuanto a la situación de las empresas españolas y el problema de la competitividad, se ha referido el interpelante a las cotizaciones sociales, y en este punto es cierto que están muy desequilibradas, pagando mucho más el empresario que el trabajador, siendo en este sentido algo diferentes a los demás europeos, pero también es verdad que nuestra cotización social media es inferior a la media comunitaria y ni siquiera la de nuestros empresarios es más alta que la media comunitaria.
Respecto a la complejidad de nuestras normas tributarias, afirma que tenían que serlo, dado que desde el año 1982 han pasado demasiadas cosas en nuestro país, avanzando de una economía absolutamente cerrada hacia otra totalmente abierta, la

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que en modo alguno podía seguir con el sistema fiscal anterior. Por otra parte, gran número de las modificaciones fiscales a que el señor Diputado hacía referencia son consecuencia de la introducción de la normativa comunitaria en nuestro país.
Rechaza, por otra parte, que exista inseguridad jurídica en nuestro país y, antes al contrario, piensa que las normas tributarias son mucho más exhaustivas y más completas que lo eran en el pasado.
Acerca de la preocupación del señor Costa por el fraude, preocupación compartida por el señor Ríos, está de acuerdo en que la lucha contra el mismo puede ayudarles a resolver parte de nuestros problemas de déficit, pero en todo caso cree que deben analizarse las cifras con cierto cuidado, porque los problemas del fraude existen sin duda en nuestro país, como se dan en todas las sociedades mínimamente desarrolladas.
El señor Ríos pedía que la lucha contra el fraude se plantease especialmente hacia los poderosos, donde existe más posibilidades de recaudar, petición que considera injusta, ya que la función del Estado es intentar luchar contra el fraude donde exista, trátese de poderosos o no.
Sobre la preocupación del señor Ríos por lo que se ha hecho y la actuación de la Agencia Tributaria, afirma que ésta ha realizado un buen trabajo y, en base a sus informes, en estos momentos se van desarrollando una serie de medidas concretas que permitirán convertir dichos informes en actuaciones específicas. En términos globales, considera satisfactorios los resultados que se están obteniendo, en un comportamiento de la Agencia que califica de correcto. Replican los señores Costa Climent y Ríos Martínez y duplica el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Se levanta la sesión a las siete de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: DE ACUERDO CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACION, ANTE LA PROPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO VASCO (PNV) DE REALIZAR UN DEBATE SOBRE POLITICA INDUSTRIAL, ¿CUANDO TIENE EL GOBIERNO PREVISTO PONER EN PRACTICA ESTE COMPROMISO EN FUNCION DE LA TRASCENDENCIA QUE TIENE ESTE ASUNTO, EN PARTICULAR ANTE LAS EXPECTATIVAS DEL RELANZAMIENTO ECONOMICO Y EL INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EXTERIOR DE NUESTRAS EMPRESAS Y LA PROXIMIDAD DEL DEBATE PRESUPUESTARIO? (Número de expediente 180/000653)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 7, del señor Albistur Marín.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, de acuerdo con el compromiso adquirido por usted en el debate sobre el estado de la Nación, ante la propuesta del representante del Grupo Vasco, de realizar un debate sobre política industrial, ¿cuándo tiene el Gobierno previsto poner en práctica este compromiso, en función de la trascendencia que tiene este asunto, en particular ante las expectativas del relanzamiento económico y el incremento de la actividad comercial exterior de nuestras empresas y la proximidad del debate presupuestario?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, el Gobierno mantiene, naturalmente, el compromiso, que considera de la mayor trascendencia. Un debate sobre política industrial es un debate oportuno. Estamos haciendo los trabajos preparatorios del mismo, que consisten en ultimar el libro blanco sobre política industrial por parte del Ministerio, en acabar el debate que se está produciendo en la Unión Europea bajo presidencia alemana, y, después de eso, pretendemos, cuando tengamos las conclusiones, iniciar un debate con los interlocutores, tanto representantes de los trabajadores como interlocutores empresariales, y también una consulta con las comunidades autónomas, que, como sabe usted, son competentes en materia industrial. A partir de ese momento, que calculamos que será a principios del año que viene, podremos hacer el debate con rigor en el Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.


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Gracias, señor Presidente, por su respuesta directa y concisa.
A mi juicio, considero que hubiese sido mucho más oportuno haber podido realizar ese debate con anterioridad al debate presupuestario que va a comenzar próximamente. Creo que es necesario hacer cuanto antes un diagnóstico que recoja las iniciativas de los grupos parlamentarios y habría sido interesante que ese debate hubiese quedado plasmado en los presupuestos de este año. No obstante, me parece aceptable su proposición y compromiso de que, aun retrasándonos en este debate, pueda realizarse teniendo en cuenta ese marco general de la política industrial de la Unión Europea y, además, teniendo como documento base el libro sobre política industrial que está elaborando el Ministerio de Industria. Yo creo que cada grupo parlamentario ha tenido ocasión de proponer medidas que incentiven la actividad empresarial. No podemos decir que el resultado haya sido muy positivo, pero el Gobierno y los grupos parlamentarios no hemos sido capaces de establecer todavía un catálogo consensuado de medidas para activar las empresas y el sistema productivo. Pienso que es el momento de romper con 10 años de política de especulación financiera, que, además, ha contribuido a drenar recursos al sector industrial, y situar, de una vez, al Estado español en el puesto que le corresponde como potencia industrial. También es el momento, como usted ha señalado y me alegra que lo haya hecho, de coadyuvar, junto con los gobiernos de las comunidades autónomas, a recuperar el prestigio industrial a zonas como el País Vasco y Asturias.
Espero que sus afirmaciones del 19 de abril, que ha retomado en este momento, no queden relegadas al año próximo porque creo que sería muy oportuno realizar ese debate dentro del año 1994.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Comprendo, señor Albistur, que hay opiniones sobre el tema, y respeto la suya. Realmente, hemos creído que la opción que adoptamos es la mejor, es más realista y dará más fundamento al debate en esta Cámara porque, si observa, en Europa, prácticamente en todos los países de la Unión, existe la misma preocupación. En este momento, existe --se está elaborando, mediante difusión entre los distintos gobiernos-- un documento, que estará ultimado a fin de año, bajo presidencia alemana, sobre política industrial. Ese documento tendremos que tenerlo en cuenta; tiene una cierta lógica perteneciendo a la Unión. Desde luego, hay medidas ya en los presupuestos sobre política industrial, naturalmente, también medidas de fomento a la exportación, pero, además, para que el debate tenga un verdadero contenido y sea realista, queremos que haya también conversaciones con los interlocutores sociales, tanto trabajadores como empresarios, y, desde luego, respetar el ámbito competencial de las comunidades. Esto es lo que me hace pensar que al final de ese proceso sería más oportuno el debate en el Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE MEDIDA AFECTAN LOS INDICADORES ECONOMICOS CONOCIDOS EN LAS ULTIMAS SEMANAS A LA ELABORACION DE LA LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS PARA 1995? (Número de expediente 180/000660)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace tan sólo unos días, la opinión pública conocía la evolución del índice de precios al consumo del mes de agosto en un 0,6, que alejaba definitivamente la posibilidad de alcanzar el objetivo previsto por el Gobierno para el año 1994 de 3,5 puntos de inflación.
Es evidente que esa información ha causado una cierta preocupación en la opinión pública, así como en los mercados financieros por la lógica consecuencia que el comportamiento de precios pudiera arrastrar en el comportamiento del tipo de interés y en su consiguiente nivel de déficit para este año.
Esto, unido a algunas afirmaciones, declaraciones, incluso rumores que se están, en este momento, produciendo en los mercados económicos, hace muy conveniente por parte del Gobierno despejar esos horizontes.
Por ello, el Grupo parlamentario Socialista pregunta al Gobierno y, más concretamente, al Presidente del Gobierno, el impacto, la incidencia que la evolución de estos indicadores va a tener para el ya casi cerrado plazo de evolución de la elaboración de los presupuestos generales de 1995.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, el Gobierno, naturalmente, tiene en cuenta la evolución de esos indicadores. Yo creo que hoy nadie discute, ni los expertos ni el resto de la ciudadanía, que estamos en una fase

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de recuperación económica y el Gobierno tiene el propósito, que se reafirma justamente porque ha habido algunos datos negativos como el de inflación en el mes de agosto, tiene el propósito de que los presupuestos contribuyan a consolidar la recuperación económica y contribuyan a ello, primero, controlando el déficit. El objetivo de déficit para 1995 coincidirá con el marcado en el Programa de Convergencia y, naturalmente, a través de una reducción del gasto. El gasto público evolucionará en 1995 por debajo del crecimiento del PIB nominal; por consiguiente, habrá una menor participación del gasto público en el gasto total.
Naturalmente, creemos que ese esfuerzo de la Administración central va a ser también acompañado por un esfuerzo del resto de las administraciones territoriales. Y también quiero advertir que esto es compatible con el mantenimiento de las prioridades presupuestarias por parte del Gobierno, tanto en política social (acabamos de hacer el acuerdo de pensiones, aunque algunos dudaban de ello) cuanto desde el punto de vista de algunos servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. Desde luego, el presupuesto pretendemos que sea, en el año 1995, de nuevo, un instrumento no sólo para ayudar a la reactivación, sino para ayudar a la economía productiva y, por eso, habrá algunas medidas orientadas en ese sentido que fomentarán, a mi juicio, la creación de empleo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PUEDE GARANTIZAR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE NO SE HAN PAGADO CON CARGO A FONDOS RESERVADOS SOBRESUELDOS O GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS O ALTOS CARGOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR? (Número de expediente 180/000671)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Trillo- Figueroa.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente del Gobierno, desde 1987 el Ministerio del Interior de su Gobierno ha consumido casi 20.000 millones de pesetas en fondos reservados. Sólo en tres años, 12.140. Se publica a diario que esos fondos se han aplicado al pago de sobresueldos a altos cargos y funcionarios del Ministerio, e incluso el señor Corcuera, ex ministro del Interior, no lo desmintió precisamente. ¿Puede usted hoy garantizar a la Cámara que no se han efectuado esos pagos? El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señoría, sabe usted --yo creo que lo conoce por su cualidad de jurista-- que no es posible hablar, ni declarar, ni comunicar nada sobre fondos reservados; lo sabe unted y, aun así, hace la pregunta. Es la quinta vez que se hace una pregunta en parecidos términos al Gobierno. Anteriormente, el Ministro de Justicia y el Ministro de la Presidencia han respondido y muy recientemente también lo han hecho públicamente. El Presidente del Gobierno no puede vulnerar la Ley de Secretos Oficiales. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Silencio, señorías.
Señor Trillo.


El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Le agradezco la condición de jurista, porque me permitirá que le asesore, señor Presidente. (Aplausos y risas en los bancos del Grupo Popular.) Señor Presidente, el Ministro de Interior y de Justicia puede asesorarle para saber que yo no le pregunto por el uso legal de los fondos reservados para servicios de información, lucha antiterrorista, prevención de la delincuencia. Le estoy preguntando por el uso ilegítimo de los fondos reservados, y ese uso ilegítimo, señorías, no está amparado por ninguna ley, porque es un delito en el artículo 396 del Código Penal, que dice: El que aplicare a usos propios o ajenos los caudales o efectos que pusieren a su cargo. En consecuencia, no hay una ley en el Estado de Derecho --no creo que nadie lo sostenga en esta Cámara-- que proteja un delito y que proteja a delincuentes, señor Presidente. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Usted tiene el deber de investigar a fondo, porque los fondos no son reservados para usted, señor Presidente: se los ha dado esta Cámara al Gobierno del que usted es el depositario de la confianza, y usted tiene que responder aquí del uso de esos fondos.
Le emplazo, señor Presidente, a que si no lo quiere garantizar hoy, abra una investigación interna, lo solicite del Fiscal General del Estado, porque es un delito, señor Presidente, vuelvo a insistirle, o cree usted una comisión de investigación en esta Cámara. Nosotros estamos dispuestos. Le voy a recordar, señor González, y lamento hacerlo, pero ya que el asesoramiento me lo ha pedido se lo hago completo, que en el artículo 395 también se castiga como delito a aquél que, por abandono o negligencia

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inexcusable, diera ocasión a que se cometiera una malversación como la que acabo de citar en el 396, señor González.
Nuestro partido no le desea ese final, pero sepa usted que o aplica la debida diligencia para averiguar hasta la última peseta de uso ilegítimo de fondos reservados o, si se llega a probar un solo caso y usted no ha puesto esa diligencia, no podrá quedarse ni un día en el cargo de Presidente del Gobierno. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!--Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trillo.
Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): La verdad es que su pasión por la política oscurece su capacidad como jurista. Es evidente. (Fuertes risas en los bancos del Grupo Socialista.--Aplausos.) Sobre la base de suposiciones, usted hace afirmaciones que son absolutamente gratuitas. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en que yo haga aquí una declaración, naturalmente de manera capciosa, que vulnere el artículo 13 de la Ley de Secretos Oficiales y, por consiguiente, que me haga incurrir en una actitud delictiva. (Protestas en los bancos del Grupo Popular.) Su señoría sabe absolutamente que esta es la interpretación correcta y sabe también que hay una gran dificultad para que eso se entienda desde el punto de vista de la opinión pública. Por eso, en las próximas semanas habrá un proyecto de ley para que haya un control parlamentario que mantenga el secreto y la reserva, porque sabe usted que es fundamental para el uso de los fondos reservados. Por consiguiente, habrá esa ley y ese control parlamentario. Y yo estaré encantado de que el Gobierno esté sometido a ese control parlamentario, como a los otros. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Protestas en los bancos del Grupo Popular.--El señor Guerra Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!)

--DEL DIPUTADO DON JOSEP LOPEZ DE LERMA I LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ADOPTAR LA MEDIDA DE PROHIBIR LA REPETICION DEL COU CON OBJETO DE MEJORAR LA NOTA Y ASI ACCEDER A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ELEGIDOS? (Número de expediente 180/000657)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, del señor López de Lerma. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías! Señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Gracias, señor Presidente. La Orden de 7 de julio último, sobre condiciones de inscripción y permanencia en el Curso de Orientación Universitaria, publicada el día 12 de julio en el «Boletín Oficial del Estado», tiene la virtud de clarificar algunos aspectos de una Orden anterior, concretamente de 1991, pero conlleva la decisión polémica, por lo observado, de negar la posibilidad de repetir curso a aquellos alumnos de COU que, habiéndolo superado, desean mejorar nota para tener mayores posibilidades de éxito... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Decía, mayores posibilidades de éxito en su acceso universitario. De ahí nuestra pregunta, señor Ministro, sobre las razones que le han impulsado a dar esta Orden ministerial.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la prohibición contenida en la Orden ministerial a la que se ha referido no es una prohibición absoluta. Estos alumnos pueden inscribirse en el Curso de Orientación Universitaria de nuevo, si de lo que se trata es de hacer otra de las cuatro opciones previstas en la normativa relativa a ese curso preuniversitario. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Pero no para seguir, decía, señoría, en la misma opción de la que ya han obtenido resultados positivos. Esto supondría desvirtuar la finalidad del Curso de Orientación Universitaria y supondría dificultar la planificación de los accesos de nuevos estudiantes a la realización de este curso. Aparte de esto, la Orden de julio de 1994 no hace sino establecer de una manera explícita los mismos principios que se habían dispuesto en una orden ministerial de 1991, y que hasta entonces se encontraba vigente.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero agradecer al señor Ministro la información que ha facilitado a la Cámara, pero también manifestar lo siguiente: En primer lugar, me parece absolutamente sorprendente la publicación de esta Orden el día 12 de julio, es decir, en plenas vacaciones estivales, con matrículas ya realizadas o en curso de tramitación, con planificaciones escolares ya realizadas. Me parece que ésa ha sido una decisión del Ministerio muy lenta y, en todo caso, inoportuna en el tiempo.
Una segunda observación. Esta medida restrictiva, señor Ministro, no disminuye el número de candidatos a acceder a la Universidad. En todo caso, lo que pone en evidencia es la necesidad de diversificar con urgencia la enseñanza superior; si no, podemos correr el peligro de tener un país sin niveles medios bien formados. Por último, esta Orden Ministerial lo que hace es maquillar --si me permite la expresión-- un conflicto que lleva años ahí, en la puerta, esperando una solución definitiva. Precisamente hoy he recibido el informe sobre el estado y situación del sistema educativo, que me ha facilitado el Presidente del Consejo Escolar del Estado, y el propio Consejo Escolar del Estado estima --y leo literalmente- - que el actual modelo de acceso a los estudios superiores debe ser revisado con mucha mayor profundidad. Estima también el Consejo que esta reforma profunda es necesaria para evitar que continúen situaciones como aquellas de alumnos que desean cursar una carrera universitaria y no pueden y son enviados a otras facultades, a otras universidades, para realizar unos estudios para los cuales ellos no se han preparado.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la Orden no constituye por sí misma ninguna sorpresa puesto que el régimen ya estaba vigente, aunque es verdad que no establecido de una manera tan expresa, desde 1991. De ahí que el propio Consejo Escolar del Estado, las administraciones educativas, todas, hayan informado favorablemente la emisión de esta Orden Ministerial.
Por otra parte, señoría --volviendo a la pregunta--, la cuestión sería de escasa utilidad. No tiene sentido, seguramente, repetir el Curso de Orientación Universitaria, que sólo forma parte, junto con las calificaciones de otros tres cursos, del 50 por ciento de la nota de acceso a la Universidad, cuando es posible, y esto sí que es perfectamente legal, repetir la prueba de acceso a la Universidad, que constituye el otro 50 por ciento de los componentes de la nota que se tiene en cuenta para el ingreso en los centros universitarios. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA REGULAR LAS AUTORIZACIONES DE LOS GASTOS PLURIANUALES DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000674)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, del señor Carreño Rodríguez-Maribona.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Presidente. La Ley del Deporte señala entre las competencias del Consejo Superior de Deportes autorizar los gastos plurianuales de las federaciones deportivas españolas en los supuestos reglamentariamente establecidos. Pues bien, estos supuestos se limitan hasta ahora, a través del Real Decreto sobre Federaciones, a uno: No podrán comprometer gastos de carácter plurianual cuando el gasto anual comprometido supere el 10 por ciento de su presupuesto y rebase el período de mandato del Presidente.
Creemos que es absolutamente incompleto, injusto y discriminatorio. ¿Por qué? Porque las Federaciones, entidades privadas y con personalidad jurídica y patrimonio propios, tienen muchas mayores limitaciones que el Ministerio, que el Ministro de Educación y Ciencia, que el Consejo Superior de Deportes, que tutelan a aquéllas. Y a éstos la Ley General Presupuestaria les permite contraer compromisos plurianuales (70 por ciento el primer año y así sucesivamente los siguientes), aunque el Ministro o Secretario del Deporte cesen en sus mandatos. De ahí nuestra pregunta: ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Educación y Ciencia regular las autorizaciones de los gastos plurianuales de las Federaciones Deportivas Españolas? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
La Ley del Deporte, señoría, prevé que las Federaciones Deportivas Españolas no podrán aprobar presupuestos deficitarios, que no podrán comprometer gastos de carácter plurianual sin autorización, siempre excepcional, del Consejo Superior de Deportes.
Esta autorización ha sido regulada por medio de un Real Decreto de 1991, de fecha 20 de diciembre, que prevé que esta autorización habrá de darse en el caso de que se cumplan dos supuestos: cuando el gasto anual comprometido supere el 10 por ciento del presupuesto de la Federación correspondiente y cuando ese compromiso rebase el mandato del Presidente de la Federación. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, ya hemos indicado y recordado ambos tanto la Ley como el Decreto, pero insisto, señor Ministro, en la necesidad de desarrollar reglamentariamente, flexibilizándola, la vida administrativa de las Federaciones.
Tengamos en cuenta que hay 18 Federaciones con una subvención inferior a 50 millones de pesetas en 1994; que los gastos fijos de éstas y de las demás Federaciones en gran parte superan ya el 10 por ciento en compromisos plurianuales; que la preparación plurianual de equipos nacionales para compromisos internacionales supera con creces esa limitación del 10 por ciento del presupuesto anual; que los recursos propios de las Federaciones son, en todas ellas, muy superiores al 10 por ciento del total; que Televisión, publicidad, genera importantes ingresos, desde luego muy superiores a ese 10 por ciento, e ingresos, además, plurianuales; y que no es lógico ser más interventor el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones que la Ley General Presupuestaria y la Intervención General del Estado con el Ministro del Deporte y con el Consejo Superior de Deportes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no puedo estar de acuerdo con sus apreciaciones. El Consejo Superior de Deportes emite sus autorizaciones en relación precisamente con el carácter excepcional que la Ley del Deporte y su desarrollo reglamentario --que sí que lo hay, el que le he citado de 1991-- prevé, teniendo en cuenta los ingresos y los presupuestos de las diferentes Federaciones.
De ahí que en algunos supuestos (caso de la Federación de Baloncesto) sea autorizado ese deslizamiento plurianual de determinadas operaciones, y de ahí que para determinadas Federaciones (como hay algún otro ejemplo, que, sin duda, conoce S.S., en que los gastos de amortización y los gastos financieros no pueden asegurarse) no sea posible dar con el carácter ordinario la autorización prevista reglamentariamente por parte del Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior revisa anualmente esas cantidades y sigue consolidándose desde 1991, con la anuencia del Ministro del Deporte, por supuesto, en los dos criterios que están previstos en el Decreto de 1991 en desarrollo de la Ley: que no rebase el 10 por ciento del presupuesto de la Federación, lo cual en el estado actual de las Federaciones parece que es razonable, y, por otra parte, que no se rebase el período de mandato del Presidente de la Federación, lo cual es en sí mismo supuestamente razonable también.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES TIENE PREVISTAS EL GOBIERNO PARA POSIBILITAR LA PLENA INTEGRACION DEL CONDADO DE TREVIÑO EN ALAVA? (Número de expediente 180/000654)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Olabarría Muñoz. El señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, ¿qué acciones tiene previstas realizar para posibilitar la integración del Condado de Treviño en el territorio histórico de Alava?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Como hoy hemos hecho referencia a los conocimientos jurídicos, entiendo que esta pregunta es un poco para que la prescripción no se produzca y que la reitera el señor Olabarría periódicamente, porque a ella contesté hará unos meses. Sólo tengo que decirle que el Gobierno no piensa adoptar ninguna medida en relación con ese tema.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Olabarría.


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El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su admonición. La verdad es que no nos preocupa que se trate de un plazo de prescripción; nos preocuparía que se tratara de un plazo de caducidad. No nos gustaría que usted echara en saco roto una pretensión tan legítima como esta.
Señor Ministro, ¿de qué estamos hablando? Ya sé cuál es su respuesta. La conozco porque, efectivamente, con reiteración, y le diría honestamente que hasta con alevosía en ocasiones, le he preguntado sobre esta cuestión. Sé que usted no tiene nada que hacer. Es un problema de las autoridades de Castilla y León. El Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la disposición adicional décima del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, donde se prescribe un procedimiento de desanexión de enclaves que requiere la conformidad, no sólo de las autoridades de Castilla y León, sino, por si fuera poco esto, hasta de las autoridades de la provincia de Burgos. Y el empecinamiento, las decisiones arbitrarias, ilegítimas, de estas autoridades están impidiendo que se satisfaga la legítima aspiración de casi todos, no voy a decir todos --algún funcionario del Gobierno de Castilla y León que trabaja en Treviño opina lo contrario-- pero casi todos los habitantes de Treviño, como lo han demostrado hace dos domingos en el Treviño Eguna, desean. Que se reintegre su condición de vascos, que se reintegre su condición de alaveses, condición ilegítimamente usurpada por decisiones arbitrarias, por decisiones injustas y sin ninguna justificación ni fundamento, ni jurídico, apelando de nuevo a nuestra condición de juristas, ni histórico, ni razonable, que mantiene en este momento el Gobierno de Castilla y León. Por cierto, provocando importantes tensiones internas en el seno del Partido Popular, puesto que aquí se produce la paradoja de que el Partido Popular alavés pretende legítimamente que los treviñeses puedan incorporarse al territorio de Alava, y a la Comunidad Vasca por ello, y al parecer el partido Popular de Castilla y León opina lo contrario. Hay que acabar con esta disfunción, señor Ministro, que carece de legitimaciones de cualquier naturaleza. De legitimaciones jurídicas, de legitimaciones políticas y de legitimaciones históricas. Usted sabe cuál es el origen de la ubicación de este enclave en este momento. Nada menos, y me gusta enfatizarlo en esta Cámara, que el regalo de un monarca inglés, don Enrique, cuando arbitraba entre las disputas entre el Rey de Castilla y el Rey de Navarra, a su repostero. Fíjense ustedes la legitimidad histórica que tiene la ubicación de este enclave en este momento y su pertenencia administrativa a una comunidad autónoma tan ajena a un enclave que está ubicado justo a la salida de Vitoria como el Condado de Treviño. Con la desatención administrativa que ello lleva aparejada. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Agradezco al señor Olabarría estas aportaciones históricas y reitero la posición y la respuesta anterior.
Creo que sería un lugar procedente esa Comisión General de las Comunidades Autónomas que se ha constituido en el Senado, donde están las representaciones de las distintas comunidades autónomas; allí tendrían ocasión sus compañeros de partido de formular la pregunta a los representantes de Castilla y León.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTE ALGUNA PREVISION POR PARTE DEL GOBIERNO PARA MEJORAR LA FINANCIACION DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS? (Número de expediente 180/000664)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Pau i Pernau.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, durante los últimos años los problemas derivados de la financiación de las entidades locales han merecido la atención de la opinión pública, del Gobierno y también de esta Cámara, que, en distintas ocasiones, ha tenido la oportunidad, a través de la propia tarea legislativa o de control, de tratar esta importante cuestión. El peso demográfico y político de las grandes y medianas ciudades con su específica situación financiera han acaparado casi en exclusiva esta atención. No obstante, miles de pequeños municipios padecen una situación económica y financiera difícil ocasionada por factores distintos, pero igualmente preocupantes. La principal fuente de su financiación, a través del Fondo nacional de cooperación municipal, está vinculada casi exclusivamente al número de habitantes y al esfuerzo fiscal, dos variables que les perjudica, lógicamente, porque el número de habitantes es pequeño y porque el esfuerzo fiscal es menor, ya que su actividad económica es mucho más baja que en otros sitios.
En segundo lugar, porque los coeficientes que padecen, sobre todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, no guardan relación y proporción con las competencias y servicios que estos municipios deben atender y que son exigidos por sus ciudadanos. En tercer

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lugar, porque quizás es más discutible, pero los costes unitarios de los servicios son más elevados en los pequeños municipios al no aprovechar las economías de escala. También se argumenta que algunos ayuntamientos pequeños asumen servicios que en las grandes ciudades no deben atender, servicios como juzgados de paz, consultorios médicos, etcétera. Efectivamente, hay otros sistemas de financiación de los municipios pequeños a través de diputaciones, de cabildos de comunidades autónomas, pero existe una vieja reivindicación que precisa mejorar su financiación.
En este sentido, pregunto al Gobierno: ¿Existe alguna previsión por parte del Gobierno para mejorar la financiación de los pequeños municipios? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señoría, sabe que el 1 de agosto se firmó un protocolo entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias que supone una notable mejora en las condiciones de financiación de todos los municipios españoles y que se incorporará al proyecto de ley de presupuestos para el próximo año.
Efectivamente, en ese sistema de financiación no se entra a considerar los criterios de distribución, que son los que usted nos ha recordado, pero por respeto a la autonomía de la propia Federación Española de Municipios y Provincias el Gobierno no puede entrar a determinar un cambio de criterios para la distribución de esos recursos que se obtienen a través del Fondo Nacional de Cooperación Local.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo, y se refleja en ese protocolo, para que, a través de los programas de obras y servicios que el Ministerio para las Administraciones Públicas distribuye conforme a un decreto del año 1990, también pactado con la Federación Española de Municipios y Provincias, tales recursos se dirijan especialmente a los municipios bien sean de Objetivo 1, bien de población reducida, porque como sabe son los de menos de 50.000 habitantes los que se benefician de muchos de esos programas, igual que a través de las comarcas de acción especial, de las que este año hemos creado tres nuevas, y que están constituidas por docenas de municipios de población inferior en muchos casos a 1.000 habitantes. En consecuencia, es a través de la propia Federación a la que pertenece la Asociación de pequeños municipios, donde debe encontrarse la solución adecuada para el problema que me plantea.
Por parte del Gobierno, efectivamente, no hay más que la voluntad de que los dirigentes de la Federación respeten, consideren, ponderen la situación de estos pequeños municipios; es un problema interno, en definitiva, de una asociación, y al Gobierno no le queda otra postura que señalar que se puede corregir, y así de hecho lo está haciendo, a través de los distintos programas de inversión dirigidos a las corporaciones locales para paliar el problema cuya existencia en cierta medida comparto porque he recibido a la propia Asociación, integrada en la FEMP, de municipios pequeños y me expresó, días antes de la firma del acuerdo de financiación, esta misma cuestión que me acaba de plantear.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL PROGRAMA DE COOPERACION ECONOMICA LOCAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000665)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 del señor Pau i Pernau, que tiene la palabra.


El señor PAU I PERNAU: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente la pregunta que voy a formularle a continuación tiene una estrecha relación con la anterior, ya que los pequeños municipios disponen, además de las propias, establecidas en las leyes correspondientes, y las del Fondo de Cooperación Local, de otras formas de financiación a través de planes provinciales de obras y sevicios, de las subvenciones y ayudas de las diputaciones provinciales y cabildos, de las comunidades autónomas, ahora también de los fondos comunitarios, y las que se derivan del progama de cooperación económica local del Estado. Creo que este programa, que está regulado efectivamente por el Real Decreto de 1990, está gestionado por las diputaciones provinciales, cabildos, comunidades autónomas y se aplica a obras que tienen, lógicamente, una base territorial municipal, pero que en algunas ocasiones tienen un interés incluso supramunicipal. En este sentido, este es un programa importante que ya tiene un cierto recorrido, y estos cuatro años creo que permiten al Gobierno hacer una valoración del mismo. En este sentido le pregunto por la valoración que el Gobierno hace del programa y al mismo tiempo, aunque no se formule en la pregunta, si este programa tendrá continuidad y si habrá algunas posibles modificaciones o mejoras a introducir en el mismo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
El señor Ministro tiene la palabra.


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El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señor Pau, la valoración es completamente positiva y la petición que nos hacen los municipios beneficiarios de estos programas es obviamente su incremento, y así también se ha recogido, con un incremento de unos 6.000 millones de pesetas, en el acuerdo a que he hecho mención en la respuesta anterior.
Las invesiones reales de las corporaciones locales en el período 1989-1993 han venido representando una media anual del 26,7 por ciento del total de las tres administraciones públicas. En valores absolutos para el ejercicio de 1993, los presupuestos municipales, con la excepción del País Vasco y Navarra, contenían la cifra de 758.158 millones de pesetas dedicada a inversiones. La inversión local afectada a los programas de cooperación local ascendió el pasado año a 100.625 millones de pesetas, es decir, supuso el 15 por ciento del total de la inversión prevista en los presupuestos de las corporaciones locales mencionadas Es preciso subrayar la importancia que en 1993 tuvieron las inversiones del programa de cooperación económica local en municipios de menos de 100.000 habitantes, cuyo 60 por ciento en término medio ha sido afectado por las mismas. Estas inversiones se concretaron en 7.766 obras en municipios que tienen una población del 45 por ciento de la nacional. En 1993, el 63 por ciento de la población de estos municipios recibió inversiones procedentes del programa de cooperación económica local.
En cuanto a las aportaciones de las distintas administraciones en el período 1984-1993 mediante la cooperación económica local, se han producido inversiones por un importe de 877.073 millones de pesetas. Como es obvio, tal actividad inversora, al recaer en torno a 8.000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells, y comunidades autónomas uniprovinciales distintas ha supuesto por parte de estas administraciones un esfuerzo de planificación y reorientación del gasto de gran importancia y que quiero subrayar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL CLIMA DE CRISPACION RESPECTO A CATALUNYA QUE SE ESTA GENERANDO TANTO EN EL AMBITO POLITICO COMO EN OTROS AMBITOS Y QUE ESTA ALIMENTANDO EL ENFRENTAMIENTO TERRITORIAL? (Número de expediente 180/000670)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, de la señora Rahola i Martínez. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. ¿Qué valoración hace el Gobierno del clima de crispación respecto a Cataluña que se está generando tanto en el ámbito político como en otros ámbitos y que está alimentando el enfrentamiento territorial?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señora Rahola, como supongo que compartimos el interés de que el tiempo que dediquemos a esta pregunta sea el mínimo para no entrar en la pretensión de aquellos que han desatado este clima de crispación, debo decirle que la opinión del Gobierno y la mía personal como simple ciudadano es absolutamente negativa y de rechazo a tal tipo de actitudes que pretenden inyectar en la opinión pública supuestos agravios comparativos y defender la idea de que en el Estado de las autonomías que entre todos hemos establecido en la Constitución no se encuentran los instrumentos para resolver los problemas si existiesen.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quiero manifestar a la Cámara una actitud previa que está en el fundamento de la pregunta, la voluntad de no crispar más el ambiente con acusaciones a ningún partido político, sino con la voluntad de hacer una reflexión que nace de la preocupación y de la sensatez. No creo que ningún partido en esta Cámara esté limpio de la tentación de utilizar el discurso anticatalán como estrategia política o electoral. Bien al contrario, si hoy han sido partidos de la oposición los que han caído en esta tentación, en su momento fueron altos dirigentes socialistas los que se pasearon por esa frontera frágil que divide el populismo de la demagogia. Es muy fácil, y ustedes lo saben, hacer demagogia sobre Cataluña o sobre lo que Ortega denominaba el problema catalán. Sin embargo, es tan fácil como potencialmente peligroso. Que sirva, pues, esta tribuna para apelar al sentido común, para pedir un esfuerzo de sensatez que devuelva el debate político a sus cauces naturales. De la misma forma que es lícito atacar la política de Manuel Chaves o la actitud de Julio Anguita o Javier Arenas sin que ello signifique criticar a Andalucía, que nadie caiga en la tentación de utilizar el nombre de Cataluña en vano, porque ello genera sólo crispación, enfrentamiento y en según qué ambitos, como el deportivo, puede generar violencia. Estamos jugando con fuego. Confundir Convergència i Unió o cualquier otro partido con Cataluña y basar en ello

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la crítica política es alimentar el enfrentamiento territorial, la incomprensión de los problemas políticos y la perversión del debate.
Apelo, pues, al sentido de responsabilidad de la clase política, ya que no puedo apelar al sentido de responsabilidad de determinados dirigentes deportivos. Reconduzcan ustedes el debate, eviten las tentaciones demagógicas y hagan su lícita crítica política sin confundir ello con viejos fantasmas o viejos odios. Cataluña es una nación como otras con un problema histórico por resolver, pero no tendría que ser el enemigo exterior que sirviera para promocionar obras de teatro de escritores que tienen malas críticas, dirigentes deportivos con problemas de gestión o estrategias electorales. Vayamos, pues, todos con cuidado, porque la mecha del enfrentamiento territorial es tan fácil de encender como difícil de apagar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rahola.


--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTA EL GOBIERNO LA PRESENTACION EN ESTA CAMARA DE LA LEY DEL FONDO PROCEDENTE DE LOS BIENES DECOMISADOS A LOS NARCOTRAFICANTES? (Número de expediente 180/000661)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, de la señora Romero López.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en diciembre de 1993, aprobamos en esta Cámara la Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que preveía la constitución de un fondo procedente de los bienes decomisados a narcotraficantes destinado a prevenir, a rehabilitar y a otras medidas con relación a esta lacra que nos afecta.
En el ejercicio presupuestario de 1994, tuvimos que prever, introduciendo una enmienda el Grupo Socialista, un anticipo de esos fondos, porque no estaba regulado en ninguna ley.
Confiamos en que este año ese mismo anticipo sea una realidad, porque las organizaciones no gubernamentales de ayuda a los toxicómanos necesitan, cada vez más, una ayuda por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Pero no creemos que sea ése el procedimiento y pensamos que esa ley, que es necesaria, debe estar cuanto antes en esta Cámara. Por ello, hacerle al Ministro de Justicia e Interior la pregunta de que para cuándo tiene prevista el Gobierno la presentación en esta Cámara de la ley de ese fondoprocedente de los bienes decomisados a narcotraficantes. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señora Diputada, efectivamente, además de la reforma a que ha aludido en su pregunta, posteriormente la Ley sobre determinadas medidas de prevención del Blanqueo de Capitales, de diciembre de 1993, previó, efectivamente por iniciativa también del Grupo Parlamentario Socialista, una disposición adicional en la que se recogía de manera expresa que fueran capítulos ampliables los destinados a prevención y represión de los problemas de narcotráfico. En ese sentido, desde esa misma fecha, se está trabajando en el área de este Ministerio, concretamente en la Secretaría de Estado de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Como consecuencia de ese trabajo, ya está terminado el borrador de la futura ley --lo tengo en la mano--; lo ha terminado ya la Secretaría de Estado, que lo ha remitido, hace escasos días, a los servicios comunes del Ministerio de Justicia e Interior. En consecuencia, ya estamos en fase de iniciar el camino prelegislativo, tras los trámites normales de Comisión de Subsecretarios.
En todo caso, para no equivocarme, le garantizo que en este mismo período de sesiones se podrá presentar, no me atrevo a decir exactamente en qué mes, pero que ya están muy avanzados los trabajos prelegislativos, desde luego. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE MARTINEZ MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO GESTIONAR EN BREVE PLAZO, PARA EL PUERTO DE MALAGA, LA CALIFICACION EXPLICITA DE PUERTO FRONTERIZO DE LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/000666)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Martínez Martínez, que tiene la palabra.


El señor MARTINEZ MARTINEZ (don Enrique): Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el puerto de Málaga es un elemento de primer orden en la configuración económica de la ciudad y de su entorno más próximo. Con independencia de sus actividades comerciales de buques de pasaje,

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pesqueras, esto es, en lo que se refiere a su dimensión estrictamente turística, el puerto ocupa en estos momentos el segundo lugar en orden de importancia en el Mediterráneo español. Tan sólo tres datos para corroborar esto. Primero, el puerto proporciona en estos momentos alrededor de 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Por otra parte, el número de mercancías ha aumentado en este último año, pese a ser un año de crisis, en más de un 15 por ciento, y en este mismo año de 1993, se han producido --repito--, al margen de lo que son buques de pasaje, más de 160 escalas turísticas, con unos 100.000 pasajeros.
Quisiera subrayar, en un contexto más amplio, las excelentes perspectivas que hay de desarrollo inmediato para los puertos regulares de crucero en el Mediterráneo, como lo prueba el hecho de que en el último año y medio, las líneas de crucero más importantes del mundo han anunciado la construcción de nuevos buques para reforzar o aumentar su presencia en esta zona. Es claro que los puertos que se encuentren, llegado ese momento, en condiciones óptimas --serán, por tanto, los mejor dotados-- estarán también en unas condiciones excelentes para poder captar la mayor parte de ese formidable mercado de turismo.
En lo que se refiere a esta adecuada dotación al puerto de Málaga, quisiera indicar que me estoy refiriendo no solamente a la mejora de sus infraestructuras, que también, sino a lo conveniente que sería para dicho puerto --y ésta es la razón, lógicamente, de mi intervención-- y las ventajas que se derivarían del hecho de que el puerto fuera considerado como puerto fronterizo de la Unión Europea. Se trataría no sólo de un plus jurídico, sino también de un importante factor de percepción psicológica --endentemos nosotros--, que terminaría influyendo, lógicamente, en la capacidad de decisión de las empresas navieras que han de decidir dónde han de arribar o dónde no han de hacerlo sus propios barcos.
En resumen, y teniendo en cuenta este importante factor para Málaga y la costa y lo que supone el turismo dentro del concierto económico nacional, es por lo que le formulamos la pregunta número 17 del orden del día.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, señorías, el problema que plantea S.S. es ciertamente complejo, juegan buen número de factores. El primero de ellos, como S.S. conoce perfectamente, es que, en definitiva, España tiene obligaciones específicas como garante de la frontera sur de la Unión Europea, con una función muy concreta, que es precisamente la de tratar de controlar las presiones migratorias del Magreb. Eso constituye un compromiso internacional de España en el marco de la Unión europea y uno de los elementos esenciales a la hora de poder tomar decisiones en el tema por el que S.S. se interesa. Además, en segundo término, existen también cuestiones relativas a la necesidad de garantizar que los puertos que tengan esa consideración de punto de cruce de la frontera exterior marítima de España, y en definitiva de la Unión Europea, tengan adecuadas instalaciones, tanto en el ámbito de las aduanas como en el ámbito de la inmigración. Frente a esa situación y hasta hace muy poco, el Gobierno solamente había otorgado esa condición al puerto de Algeciras. La decisión adoptada recientemente ha sido la de ampliarlo a Almería, que ha considerado el Gobierno que reunía las condiciones más adecuadas para ser el segundo puerto que sea a su vez punto de cruce de esa frontera exterior. Estamos trabajando en la creación de las instalaciones de aduana y de inmigración en Almería, y nos parece razonable esperar a ver el pleno funcionamiento de ese segundo puerto con esa condición y sólo después analizaríamos la posibilidad de dar ese mismo carácter a otros puertos, y en particular al de Málaga. Entretanto, lo que está claro es que en Málaga seguirá existiendo, y se le seguirá reconociendo, la capacidad de realizar otro tipo de tráficos internacionales de pasajeros, si bien no con el carácter de regular, sino con el carácter ocasional o de crucero. Nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO PRORROGAR EL PLAN RENOVE? (Número de expediente 180/000655)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Espasa i Oliver. El señor Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Desde abril pasado, una medida del Gobierno, aprobada por todos los grupos de esta Cámara, el plan Renove, ha permitido la «jubilación», entre comillas, de más de 150.000 vehículos automóviles, con el consiguiente rejuvenecimiento del parque automovilístico de nuestro país. Dos objetivos que se perseguían, la seguridad vial y la mejora de la contaminación medioambiental, parece que estaban en la base de este proyecto. Sin embargo, tenemos noticias por la prensa de que el Gobierno parece no querer prorrogar este plan, que, en opinión del Grupo que le habla, señor Vicepresidente, ha sido un plan acertado y sería un plan positivo, caso

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de continuarlo en el tiempo. Esta es la razón por la que formulamos esta pregunta, y en alguna medida avanzo ya la posición de nuestro Grupo en nuestra contrarréplica. Nosotros creemos que debería prolongarse este plan, un plan que de alguna forma podríamos calificar como de estímulo de la demanda. No en vano ha aumentado de forma sensible la capacidad de compra de los ciudadanos españoles y no en vano todos los industriales del sector y la patronal del sector están pidiendo que estas medidas, que han sido buenas, continúen aplicándose por más tiempo.
¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno ante esta cuestión?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, comparto el criterio del señor Espasa respecto de la bondad del plan Renove y de sus efectos. Como ustedes saben, el plan Renove fue aprobado para tener una duración de seis meses y, por tanto, su vigencia finaliza el próximo 12 de octubre, pero yo quiero decirle al señor Espasa que es propósito del Gobierno aprobar un nuevo paquete de medidas para que, cuando finalice el plan Renove, tengamos en funcionamiento esas nuevas medidas, que seguirán estimulando la actividad del sector automovilístico en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Espasa, tiene la palabra.


El señor ESPASA I OLIVER: Señor Presidente, espero que entre estas medidas estén también las anunciadas ampliaciones de medidas de apoyo o de estímulo a la demanda para los vehículos industriales, y evidentemente, en su momento, cuando las conozcamos, las juzgaremos, las que el señor Vicepresidente anuncia, de alguna forma como continuidad, con otro nombre, del plan Renove. Simplemente deseo subrayar, una vez más, lo que ha sido y es polémica política entre nuestro Grupo y el propio Gobierno respecto de las bondades de una política económica que estimule la demanda. Creo que aquí tenemos un ejemplo claro de que cuando se ayuda y se estimula la demanda, la economía, en este caso, del sector industrial y más concretamente del de producción de automóviles, mejora. No es ésta, en general, la línea de política económica del Gobierno y quisiéramos que a través de este ejemplo, que este sí le ha salido bien, cambiase de política económica a una que fomentase mucho más la demanda y cambiase de criterio respecto de las políticas de oferta que hasta ahora ha ido siguiendo este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señor Espasa, continuando con la primera parte de su exposición, quisiera subrayar que en las medidas que aprobamos en su momento perseguíamos, como usted ha dicho, no tan sólo incentivar la compra de automóviles --y además incentivarla en una dirección que se ha demostrado muy positiva, es decir, hacia la compra de automóviles producidos en España en vez de automóviles importados, y esto se ha conseguido, porque la compra de automóviles producidos en España ha crecido mucho más que la importación--, sino también incrementar la seguridad en nuestra circulación activa y pasiva, y esto se consigue porque los nuevos vehículos son mucho más seguros que los de hace más de diez años, y también mejorar la calidad medioambiental, porque sus volúmenes de emisión, por los niveles de autorizaciones actuales, son cinco veces inferiores a los vehículos que sustituyen. Son unos 130.000 los vehículos que se han dado de baja hasta el mes de agosto. Nosotros creemos que se debe proseguir con esta política, adaptándola a las nuevas circunstancias.
Con toda cordialidad le digo, señor Espasa, que es una política de ayuda al medio ambiente, a la seguridad vial y también es una política de ayuda a un sector productivo. Se incide en esa política industrial de apoyo, compromiso y cooperación con los sectores productivos y, sobre todo, en el del automóvil, que produce mucho empleo directo e indirecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES PELAYO DUQUE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL ACCESO DE LAS PYMES A LAS AYUDAS A LA EXPORTACION? (Número de expediente 180/000663).


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, de la señora Pelayo Duque.


La señora PELAYO DUQUE: Gracias, señor Presidente.
Señor Vicepresidente, en numerosas ocasiones hemos tenido oportundiad de hablar en esta Cámara sobre las pequeñas y medianas empresas. Las pymes españolas han sido víctimas de la recesión económica y constituyen, sin duda alguna, en la etapa de recuperación económica que vive nuestro país, la base para la renovación

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y recuperación empresariales. Tengo la convicción de que el Gobierno, además de buenas palabras, ha venido llevando a cabo una serie de medidas, tal como ha reconocido paladinamente el Presidente de la Cepyme, para mejorar de manera eficaz no sólo las condiciones de competitividad de nuestras empresas, sino también, por lo que a esta cuestión se refiere, los objetivos de internacionalización y de europeización de las pequeñas y medianas empresas españolas.
Sin embargo, tal como ha puesto en evidencia el Observatorio Europeo de las Pymes, éstas siguen teniendo problemas, entre ellos fundamentalmente, el de la financiación y el del acceso a la información sobre ayudas, mercados, etcétera. Siendo objetivo fundamental de nuestra política comercial el fomento de las exportaciones, es por lo que me permito formular esta pregunta al señor Vicepresidente del Gobierno, en el sentido de qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar el acceso de las pymes a las ayudas a la exportación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pelayo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO (Serra i Serra): Señor Presidente, señorías, como ustedes saben, el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo el conjunto de medidas tituladas de apoyo a la actividad exterior de las empresas españolas, a propuesta del Ministro de Comercio y Turismo, precisamente porque creemos que el apoyo a las exportaciones es apoyo a la producción en España, es apoyo a nuestro crecimiento y es, sobre todo, apoyo a la generación de empleo en España. Estas medidas están destinadas globalmente a apoyar a todas las empresas que exportan, pero no se nos oculta a nadie que en muchos casos tienen particular incidencia en las pequeñas y medianas empresas que no cuentan ni con las redes comerciales ni con los mecanismos de información con que cuentan las grandes empresas, y, por consiguiente, la ayuda que les podemos proporcionar desde la Administración es mucho más útil para ellas y tiene mayor rendimiento. Yo podría decirle, señora Pelayo, que en el marco institucional estamos poniendo en práctica las medidas a que nos comprometimos, sobre todo en lo que se refiere a la coordinación entre las administraciones, las empresas exportadoras y las cámaras de comercio, y me refiero no sólo a la Administración central sino también a las autonómicas.
En relación con la promoción comercial estamos apoyando especialmente a los sectores que se inicien en la exportación --y aquí las pequeñas y medianas empresas vuelven a tener un papel relevante--, a sectores que se orienten hacia mercados emergentes, que tengan un alto contenido tecnológico o que cuenten con marcas reconocidas. Para ello el ICEX está adoptando un papel activo que irá desde identificación de la oferta exportadora hasta el acompañamiento de las empresas a los nuevos mercados, y otra vez aquí quiero insistir en que el papel del ICEX va a ser mucho más productivo y mucho más relevante en relación con las pequeñas y medianas empresas.
Me habló S.S. de la financiación. Se han puesto en marcha ya en junio dos líneas de crédito para financiación e inversión exterior para las pequeñas y medianas empresas que pueden alcanzar un volumen de 25.000 millones de pesetas. Por tanto, le aseguro, señoría, que en los planes del Gobierno está apoyar a este sector, apoyar la exportación y contribuir a que, precisamente por la importancia que tienen las pymes en nuestro sector productivo, tengamos una presencia estable de las pequeñas y medianas empresas españolas en los mercados exteriores.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.


--DEL DIPUTADO DON JERONIMO NIETO GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA A LAS IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA DE AJO PROCEDENTE DE TERCEROS PAISES? (Número de expediente 180/000668)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 19 del Diputado don Jerónimo Nieto González. El señor Zambrana Pineda tiene la palabra para formularla.


El señor ZAMBRANA PINEDA: Señor Ministro, España produce más del 50 por ciento del ajo que se consume en la Unión Europea, siendo Castilla-La Mancha y Andalucía las principales regiones productoras y muy especialmente La Mancha conquense en poblaciones como Las Pedroñeras, Mota del Cuervo o El Provencio, por citar sólo algunas donde constituye la principal actividad económica. Hasta el pasado año la Unión Europea no había regulado el mercado de este producto. Ante la presencia de importaciones masivas procedentes de China que hundían los mercados europeos, España logró de la Unión, primero, un reglamento de certificados de importación que permitió conocer la situación y, después, cláusulas de salvaguardia para las importaciones de China. Como se han detectado operaciones de «triangulación» vía Vietnam y Corea, la cláusula se ha extendido también a estos países.
Dado que en La Mancha conquense 15.000 familias dependen económicamente de la evolución de los precios

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en el mercado del ajo, la pregunta que formulo al Gobierno es la siguiente: ¿cuál es el grado de cumplimiento de la cláusula de salvaguardia a las importaciones que la Unión Europea efectúa procedentes de terceros países en el mercado del ajo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zambrana.
El señor Ministro de Comercio tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas gracias.
Para que se haga usted una idea de la dimensión del problema le diré que la Unión Europea produce al año 312.000 toneladas de ajo, de las cuales en España se produce casi el 70 por ciento, es decir, por encima de las 210.000 toneladas. Por tanto, somos con mucho el primer productor de ajos de la Unión Europea. El año pasado ya solicitamos, como usted bien ha dicho, la cláusula de salvaguardia ante la presencia de una importación muy importante. A pesar de eso, le quiero decir que las importaciones de China ascienden al año alrededor de 10.000 toneladas, y eso no significa más allá del 3 al 4 por ciento de la producción total de la Unión Europea. Por ello, no era tanto por el volumen sino, fundamentalmente, por los precios. Las importaciones de China, que son a muchísimo más bajo precio, significaron una distorsión en los precios de comercialización de los propios ajos europeos, que hizo que solicitásemos y consiguiésemos para el año pasado la cláusula de salvaguardia. Este año, la Comisión se planteó desde el primer momento limitar las importaciones de China a 10.000 toneladas. En los cuatro primeros meses se había importado ya una cantidad muy importante, que hizo que se adelantase un Reglamento de la Comunidad, que entró en vigor el 1 de junio, para limitar todavía más las importaciones de China y, sobre todo, establecer un sistema de gestión mensual de las mismas.
A primeros de junio, al limitarse las importaciones de China, lo que se planteó fue la triangulación, sobre todo a través de tres países: Tailandia, Vietnam y Taiwan. Pedimos la cláusula de salvaguardia y la conseguimos para los dos países que no forman parte del GATT, Taiwan y Vietnam; no la hemos conseguido hasta ahora para Tailandia. Sepa usted que, cuando la cláusula de salvaguardia se le da a un país del GATT, hay que compensarle económicamente --cuando no hay ilegalidades, sino que simplemente produce más barato-- con otro tipo de concesiones comerciales. Por lo tanto, la cláusula de salvaguardia para países miembros del GATT es más difícilde conseguir. En este momento, detectamos desviaciones, sobre todo a través de Birmania, por lo que hemos pedido también la cláusula de salvaguardia para Birmania. Creemos que estamos haciendo todo el esfuerzo para ello. Este año, al haber actuado con anticipación, ha habido menos reflejos en los precios a los que se ha comercializado...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Zambrana.


El señor ZAMBRANA PINEDA: Señor Ministro, efectivamente, este año la campaña va mejor. Estamos en plena campaña hasta finales de año en los mercados europeos y lo que solicitamos del Gobierno es una vigilancia, la ampliación que sea necesaria, en la medida de lo posible, de las cláusulas de salvaguardia a los terceros países, porque ya digo que tiene una incidencia en amplias regiones de la economía española y hay muchas localidades que casi viven del monocultivo del ajo; una vigilancia por parte del Gobierno y de la Comunidad Económica Europea. Hemos de reconocer que las cosas están...


El señor PRESIDENTE: Gracias.


--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA DEROGADAS POR LA CONSTITUCION LAS BASES 4.ª Y 5.ª DE LA LEY DE BASES DE 29 DE JUNIO DE 1911, REFERENTES A LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A LAS CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA Y AL PAGO DEL RECURSO PERMANENTE? (Número de expediente 180/000679)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Martínez- Pujalte, que tiene la palabra.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, el 16 de junio se hizo pública una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba la inconstitucionalidad de la adscripción obligatoria a las Cámaras de Comercio que había impuesto la Ley de 1911. Desde entonces, usted ha hecho diversas declaraciones cuestionando la adscripción obligatoria a las mismas y, por tanto, la vigencia de la Ley 3/1993, que había sido apoyada en esta Cámara por todos los grupos políticos. No sabemos qué razones le han movido a separarse del modelo continental de Cámaras, que recoge la afiliación obligatoria, y por qué no ha optado por el reforzamiento de los fines públicos de estas corporaciones en el sentido previsto por la sentencia del

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Tribunal Constitucional, desarrollando con mayor profundidad el artículo 52 de nuestra Constitución.
Por eso, le preguntamos: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno con respecto a las Cámaras? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas gracias.
En primer lugar, como usted muy bien ha dicho, la sentencia del Tribunal Constitucional es sobre la Ley de 1911, porque la Ley de 1993 no está recurrida. Esto quiere decir que, al día de hoy, la Ley de 1993 está absolutamente vigente y que las empresas tienen que atenerse a esa Ley y pagar las cuotas que les correspondan.
Yo no he puesto en cuestión la afiliación obligatoria en declaraciones, lo que he hecho ha sido leer la sentencia textual del Tribunal Constitucional que hace afirmaciones muy radicales, por lo que implica obligar al Gobierno y a las administraciones tutelantes de las Cámaras de Comercio, que son las comunidades autónomas, a reflexionar en profundidad de qué manera podemos cumplir la sentencia sobre la Ley de 1911 y, al mismo tiempo, hacer más eficaz el papel que las Cámaras de Comercio tienen que cumplir, sobre todo en el campo de la promoción de la exportación.
Estamos trabajando, por tanto, con las comunidades autónomas y con el Consejo Superior de Cámaras en buscar esas fórmulas para que el papel que tienen que jugar las Cámaras se jerza con la máxima eficacia y cumplan con la tarea que les corresponde de impulsoras y promotoras de la exportación española.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro, por sus aclaraciones.
Hay diversas manifestaciones en los periódicos, alrededor del día 2 de agosto, en las que usted respondía más explícitamente sobre su voluntad de llegar a una adscripción voluntaria, pero no ha respondido a la cuestión fundamental, que es: afiliación obligatoria y mayor contenido de los fines públicos o afiliación voluntaria y modificación total de la cobertura jurídica. Señor Ministro, estamos hablando de 85 Cámaras cuyos presupuestos ascienden a 15.000 millones de pesetas y sus plantillas rondan las 2.500 personas; Cámaras a las que en este foro se les han concedido importantes fines para desarrollar en beneficio de la economía. El apoyo que usted ha hecho a la adscripción voluntaria --y hoy estamos hablando del tema jurídico-- lleva emparejado la desaparición de estas entidades como corporaciones de derecho público. Señor Ministro, no repitan ustedes el error que ya han cometido con las Cámaras Agrarias y las Cámaras de la Propiedad.
Usted, por su precipitación en las declaraciones...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Vuelve usted a poner en mi boca palabras que quizás ha leído en algún medio de comunicación. Lo único que he hecho ha sido leer la sentencia del Tribunal Constitucional y ver que dicha sentencia plantea determinadas incógnitas que hay que resolver muy meditadamente y, por lo tanto, que requiere posiblemente algún tipo de medidas y hay que cumplir lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, nos guste o no.
Así pues, no ponga usted en mi boca palabras que no he dicho.
En cualquier caso, quiero manifestar que el papel que el Gobierno quiere jugar es el de potenciar las Cámaras, pero desde el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. A partir de ahí y dentro de esa sentencia tenemos un margen de movimiento, que es el que estamos estudiando, con las comunidades autónomas y con las Cámaras para buscar cuál es el mejor camino de salida para su supervivencia y para que puedan cumplir eficazmente el papel que les corresponde.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS APORTACIONES HASTA AHORA REALIZADAS POR EL MOPTMA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO EN SU DIA CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, CABILDOS Y AYUNTAMIENTOS, PARA LA REPARACION Y REMODELACION DE LAS VIVIENDAS DE LOS PATRONATOS FRANCISCO FRANCO Y NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y SANTA CRUZ DE TENERIFE? (Número de expediente 180/000662)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, del señor Padrón Delgado, que tiene la palabra.


El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, los convenios suscritos en su día entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno de la

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comunidad autónoma, así como cabildos y ayuntamientos, para resolver un grave problema de viviendas construidas en plena época franquista y gestionadas por los Patronatos Francisco Franco, en Las Palmas, y Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, supusieron, no cabe duda, un avance puesto que venían a resolver un problema de miles de familias que viven en unas condiciones verdaderamente inhumanas, en unas viviendas que no merecen siquiera tal calificación puesto que, efectivamente, están en condiciones de insalubridad, son de muy escasa superficie, etcétera. Como digo, éste fue un buen convenio. Sin embargo, nos llegan noticias de que está habiendo cierto retraso a la hora de cumplir el pago de las certificaciones que remiten los gestores de estas remodelaciones de viviendas en unos casos, y construcción de otras nuevas, en el otro, en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Ha habido algunos adelantos en la primera certificación en el caso de Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas, pero, como digo, hay un retraso en algunas certificaciones remitidas, lo cual está dando lugar a problemas financieros para que efectivamente puedan continuar las obras al ritmo deseable, puesto que se trata de corregir una situación que verdaderamente clama al cielo por las condiciones de insalubridad e inhabitabilidad que tienen muchas de estas viviendas.
Estas son las razones por las que requiero al Gobierno, en este caso al Ministro, para que nos informe sobre los posibles retrasos y formas de mejorar, con el fin de que el programa se cumpla en los plazos establecidos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Las actuaciones que se citan en la pregunta del señor Diputado se refieren a dos convenios celebrados por este Ministerio con la administración autonómica y los correspondientes cabildos insulares en junio de 1992, con una vigencia de cinco años, con el objetivo de rehabilitar o reponer las viviendas promovidas en esas islas por determinados patronatos, que ciertamente habían experimentado un proceso importante de deterioro.
La financiación de las actuaciones correspondía, según lo convenido, en un 50 por ciento al Ministerio, un 30 por ciento a la comunidad autónoma, un 10 por ciento al cabildo insular y el otro 10 por ciento al ayuntamiento. Hay una comisión técnica y otra institucional, constituida por siete miembros que representan a las partes contratantes, que vigila la ejecución del plan. Con respecto al convenio de cooperación con la Comunidad Autónoma de Canarias, el cabildo insular de Gran Canaria y el ayuntamiento de Las Palmas, este convenio prevé reponer 5.552 viviendas. La financiación convenida era de 8.500 millones de pesetas, de los que el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente debe aportar la mitad, es decir, 4.250 millones de pesetas a medida que se le vayan presentando los correspondientes justificantes de obra.
Pues bien, a 16 de septiembre de este año de los 8.500 millones de pesetas solamente se han justificado por la comunidad autónoma 457 millones, de los cuales a mi Ministerio le corresponde aportar 228. Hemos remitido los certificados de pago a la Dirección General del Tesoro para que proceda a su abono, pero no podemos pagar más que los 228 que nos corresponden, puesto que solamente se han presentado por valor de 457 millones, dos años después de haber firmado los convenios, sobre un total de 8.500 millones convenidos. En el caso de Tenerife, el convenio afecta a 2.700 viviendas, 8.700 millones de inversión. Solamente hemos recibido justificaciones por valor de 710 millones de pesetas y hemos dado orden de pago por los 355 millones que nos corresponde abonar, el 50 por ciento de lo presentado hasta la fecha.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Los datos que acaba de dar el Ministro no se corresponden con los que me han facilitado los ayuntamientos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. En todo caso, no se trata aquí de establecer una disposición en cuanto a las cifras puesto que, efectivamente, se nos manifiesta que por parte del ayuntamiento de Las Palmas hay presentadas certificaciones por 580 millones de pesetas, que están pendientes de efectuar el libramiento correspondiente.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife, hay certificaciones pendientes de pago del orden de 380 millones.
Si hay una comisión técnica que realiza esta vigilancia, será cuestión de que, efectivamente, se dé cumplimiento...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DOLORES SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POSICION HA MANTENIDO EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EN EL CONSEJO CELEBRADO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE EN BRUSELAS SOBRE LA REFORMA DEL SECTOR DEL VINO? (Número de expediente 180/000669)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 de la señora Sánchez Díaz, que tiene la palabra.


La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, entre los últimos debates que se han suscitado dentro del Estado casi por primera vez una cuestión agraria ha ocupado páginas preferentes de los diarios de mayor tirada nacional, así como espacios significativos en los medios de información audiovisual. Nos estamos refiriendo a la Organización Común del Mercado del Vino. Esto es así, señor Ministro, porque son muchas las familias y territorios que dependen de la continuidad de este cultivo.
Se concita, por otro lado, alrededor de este documento unanimidad de rechazo, ya que en este sentido se han pronunciado esta Cámara y la del Senado. También lo ha hecho el Parlamento Europeo sobre reflexiones al borrador del documento; el Comité Económico y Social de Europa; el Comité de las Regiones Europeas; diputaciones y ayuntamientos... Ha habido una gran unanimidad hacia la posición que mantiene el Gobierno. Recordamos como hitos más importantes la reunión de todos los consejeros de Agricultura del Estado en Mérida, reunión que fue presidida por S.S.; el documento base de cooperativas y organizaciones agrarias; las reuniones de Milán y Bruselas de organismos pertenecientes a las regiones europeas, donde el documento de Mérida fue consensuado con otras regiones europeas; y, finalmente, la reunión mantenida recientemente con el propio representante del Comité de las Regiones Europeas, después de que en Comisión fuese aprobado el documento por unanimidad.
Armado el señor Ministro con la fuerza de la moral y la fuerza de la razón, sabemos que ha conseguido la devolución del documento de la OCM del vino para su reelaboración, cuestión por la que le felicitamos. Ahora bien, el Grupo Socialista, profundamente preocupado por la naturaleza que plantea este debate, así como por la importancia intrínseca del tema, le realiza la siguiente pregunta: ¿Qué posición ha mantenido el Ministro de Agricultura en el Consejo celebrado el 19 de septiembre en Bruselas sobre la reforma del sector del vino? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tuve oportunidad de expresar la posición del Gobierno en el Consejo de Ministros de Agricultura hace apenas 48 horas y puede sintetizarse en una frase muy sencilla: no aceptamos la propuesta de reforma en su redacción actual. Además, en este rechazo constato una unanimidad de posiciones con todas las fuerzas sociales y económicas representativas de este sector y con la inmensa mayoría de las instituciones. Esta unanimidad se aprecia también en toda la geografía española, por muy diferentes que sean las circunstancias y su especialización vitícola. Puede haber diferencias de matices pero la unanimidad se centra en el rechazo a la propuesta. Si me lo permiten, yo diría que aunque ya he manifestado que estoy dispuesto a batirme como Gary Cooper, sólo ante el peligro, tengo que reconocer también que prefiero estar acompañado. En este caso me siento muy bien acompañado.
Yo creo que debemos realizar un esfuerzo para no romper esta unanimidad y plantear el tema como un objetivo político global, sin ofrecer fisuras entre distintas regiones vitivinícolas españolas.
La extraordinaria sensibilidad que genera el vino se debe a que es más que un producto económico y es más que una bebida, es una seña de identidad presente en la literatura, en la historia, en la cultura, en la religión, en las fiestas y en el más hondo sentir de nuestro pueblo. Además, la presencia de las vides es un elemento que caracteriza al paisaje y es una garantía de lucha contra la desertificación, además de dar un destino económico y social a unas tierras que carecen de cualquier otra alternativa.
Aunque consideramos que es necesaria una cierta reforma del sector, porque no es muy favorable la regulación actual al sector vitícola español y porque, además, existen excedentes, la actual propuesta nos disgusta profundamente. Por una parte, hay discriminaciones en el tratamiento que se da al vino con respecto a otros productos continentales; existe un reparto del esfuerzo de ajuste que no responde a los principios de solidaridad que se aplican en otros sectores agrarios; se mantienen prácticas enológicas, como la adición de azúcar, que no se corresponde con el concepto de vino que tenemos en los países mediterráneos y que, además, contribuyen a generar excedentes, y también porque nos preocupa la amenaza para la competitividad que puede suponer para el sector de alcoholes de boca, en particular los brandys. Por otra parte, de forma fundamental porque esta reforma se centra en el arranque como medida básica para el ajuste y en eso no estamos en absoluto de acuerdo.
La negociación acaba de empezar, pero no aceptaremos ninguna reforma que implique ni un arranque obligatorio, ni un arranque masivo del viñedo español. Quiero seguir pidiendo el apoyo de toda la sociedad española y de todos los grupos políticos para seguir defendiendo esta posición.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Sánchez, tiene S.S. la palabra.


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La señora SANCHEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, sólo deseo felicitarle, una vez más, por la postura que ha mantenido en la Comisión y animarle a que continúe en esa posición defendiendo los intereses de tantas familias españolas que en estos momentos ven peligrar sus puestos de trabajo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PROPUESTAS VA A REALIZAR EL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA REVISION DEL TRATADO PESQUERO CON MARRUECOS FIRMADO EN MAYO DE 1992? (Número de expediente 180/0000673)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 del señor Fernández de Mesa, que tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, ¿qué propuestas ha realizado o va a realizar el Gobierno español ante la revisión del Tratado pesquero con Marruecos, firmado en mayo de 1992? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
El actual acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, en vigor desde el 1 de mayo de 1992, tiene vigencia hasta el 30 de abril de 1996, estableciendo que las partes contratantes se reunirán a mediados de este período con objeto de examinar el estado de aplicación del acuerdo y las posibilidades de pesca ofrecidas por Marruecos a la Comunidad.
Hasta la fecha, se han celebrado tres rondas de conversaciones. La Unión Europea considera que dicha revisión debería referirse a determinados aspectos técnicos y administrativos de la gestión del acuerdo, opinión que es compartida por la Administración española. Sin embargo, Marruecos entiende que la revisión a medio plazo debe contemplar un ajuste de las posibilidades de pesca otorgadas a la flota comunitaria basándose en razones socioeconómicos y políticas. Las pretensiones marroquíes superan, con mucho, los límites de una revisión del acuerdo para adquirir el carácter de una auténtica negociación del mismo, pues al trastocar radicalmente su equilibrio sería preciso adaptar la práctica totalidad de sus elementos, incluida la contrapartida financiera. El Gobierno español estima que la propuesta marroquí es inaceptable y que el mecanismo de revisión a medio plazo del acuerdo no puede significar de ninguna manera una ruptura del equilibrio del mismo. Es por ello por lo que el artículo 15 prevé el estado de recursos como principal criterio a ser utilizado en el examen de los mismos.
Así lo hemos manifestado a la Unión Europea en la última ocasión en la reunión que mantuve ayer en Bruselas con el comisario Paleokrassas. La Unión Europea ha hecho suya esta posición, ya que el análisis de la documentación aportada por Marruecos no justifica una reducción de las posibilidades pesqueras, comprometiéndose de antemano a aceptar los resultados y las recomendaciones del comité científico en conjunto.
En este contexto, un trastocamiento del equilibrio de uno de los elementos del acuerdo, como sería la disminución de las posibilidades de pesca para la flota comunitaria, es inaceptable para España, y por ahora también para la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Ministro. Con esa posición, desde luego, no va a estar usted solo ante el peligro; yo creo que va a tener el respaldo de toda esta Cámara, y por supuesto del Grupo Parlamentario Popular, para continuar defendiendo los intereses pesqueros españoles ante el seno de la Unión Europea y, sobre todo, en las negociaciones con terceros países. Pero una cosa son las propuestas que realice el Gobierno español -- que todavía no he oído ninguna, señor Ministro, y me gustaría que usted las dijera-- y otra cosa son las medidas que usted ha anunciado, que nos parecen bien, pero de todos los males, el menor. Yo creo, señor Ministro, que España debe plantear ante Europa, primero, que resulta inaceptable la reducción unilateral del 50 por ciento de la flota española en Marruecos. España no tiene por qué reducir el 50 por ciento de su flota en Marruecos y el resto de los países no hacerlo.
Segundo, es inaceptable que Marruecos pretenda que los buques españoles faenen al norte del cabo Nun, que prácticamente es desplazarnos a 600 millas de Algeciras; es realmente inaceptable. Tercero, es inaceptable también, señor Ministro, que Marruecos, unilateralmente, pretenda que las redes de monofilamento se erradiquen de nuestros barcos, lo que ha hecho que el Gobierno haya ofrecido, según ha sido anunciado por usted, cuatro millones y medio de pesetas

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para que se proceda a esa sustitución de artes, que afecta sólo a 47 barcos españoles, y que los 600 que siguen faenando en los caladeros marroquíes no tengan que efectuar el cambio de ese monofilamento. Realmente, eso es inaceptable. Da la sensación de que Marruecos lo que pretende es expulsarnos de sus caladeros, y en eso creo que no hay nadie que esté de acuerdo en esta Cámara ni en el Gobierno.
Señor Ministro, este Grupo Parlamentario, como en tantas otras ocasiones, estará respaldando al Gobiernode España, en la figura de su Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la Unión Europea, siempre que consideremos que está defendiendo los intereses de España y del sector pesquero español, como creemos que lo está haciendo en estos momentos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Solamente para agradecerle su apoyo al señor Fernández de Mesa y manifestarle que, para reiterar esta posición, he pedido al Comisario Paleokrassas que se desplace a Rabat, que es algo que hará el próximo viernes, con este mandato de defender firmemente el esfuerzo pesquero previsto en el acuerdo entre la la CEE y Marruecos para el período 1992-1996.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE CELEBRAN DESDE EL MES DE ABRIL DE 1994 REUNIONES DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000672)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 del señor Fernández- Miranda, que tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, ¿cuáles son las razones por las que no se celebra, desde el mes de abril de este año, reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Ninguna razón de fondo, señor Diputado, razones de ajuste de calendario, pero ya está convocada y fijada la fecha de la reunión para el próximo día 3 de octubre. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Desde que usted es Ministra ha reunido dos veces al Consejo Interterritorial y me dice en esta ocasión que el día 3 de octubre lo reúne de nuevo, eso sí, con los Presupuestos Generales del Estado cerrados.
Señora Ministra, ¿tengo que recordarle yo que la Ley General de Sanidad concede al Consejo Interterritorial la función de comunicación y coordinación, tanto del gasto como de la planificación sanitaria en España? ¿Tengo que recordarle que hay 17 comunidades autónomas, siete con plenas competencias y 10 que quieren tenerlas? ¿Cómo se relaciona con ellas, señora Ministra? ¿Cómo las coordina? ¿Cómo decide las líneas básicas del gasto y de la planificación sanitaria si no se reúne con ellas? ¿Cómo está en este momento decidiendo un tema tan sustancial como es el saneamiento de la deuda en sanidad; en secreto, con algunas comunidades autónomas, o con todas? Si es con todas, ¿cómo, si no reúne al Consejo? Si es sólo con algunas, ¿a costa de qué, señora Ministra, a costa de ahondar las distancias interterritoriales incluso con comunidades autónomas que tienen transferencias concedidas, o a costa de que las comunidades autónomas que aún no tienen esas competencias plenas en sanidad renuncien a ellas? ¿Qué sucede con el plan integrado de salud, señora Ministra, plan que tienen que coordinar todas las comunidades autónomas para plasmar precisamente en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, como dice la Ley General de Sanidad --y lamento tener que recordársela de nuevo-- las previsiones necesarias para su financiación? ¿Qué tipo de cambio en la financiación de la sanidad pública pretende hacer la señora Ministra si no reúne formalmente al Consejo Interterritorial? ¿No es consciente S.S. de todo esto? ¿No es consciente S.S. de los problemas que está suscitando al hacer dejación de su responsabilidad de convocar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora Ministra, tiene S.S. la palabra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, desde que yo soy Ministra se han celebrado tres Consejos Interterritoriales. Le aseguro a S.S. que no me tiene que recordar la Ley General de Sanidad y le aseguro a S.S. que las grandes decisiones de política sanitaria no se parecen a la novela que S.S. formula con una serie de preguntas que carecen de cualquier fundamento.
El debate y discusión de los temas de financiación de la sanidad se hace en el ámbito donde tiene que hacerse.
Concretamente hoy, se ha visto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, desde luego, es perfectamente conocido por todas las comunidades afectadas, que me han expresado su gratitud por la información que han tenido puntualmente y el diálogo que he mantenido con todas y cada una de ellas a la hora de elaborar las propuestas financieras y las propuestas de elaboración de presupuestos.
Por otra parte, tengo que decirle, señor Diputado, que el contenido de los Consejos que se han celebrado hasta ahora y los órdenes del día evidencian que no ha habido una sola decisión en política sanitaria en este año que no haya sido examinada por el Consejo Interterritorial y comunicada. Por ello, le repito que he recibido la gratitud y la felicitación de los consejeros que se sientan en ese Consejo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA TOMAR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO ANTE LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE ANULA UNA DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA MIR 91/92, REFERIDA A LAS ESPECIALIDADES EXTRAHOSPITALARIAS? (Número de expediente 180/000678)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 del señor Villalón Rico, que tiene la palabra.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, desde hace unos años, su Ministerio y el de Educación y Ciencia tienen un conflicto con los médicos residentes extrahospitalarios que, al parecer, no quieren solucionar. Este contencioso ha llegado incluso a traspasar nuestras fronteras y ha dado lugar a que en su momento interviniera la Comisión de la Comunidad Europea que, primero, solicitó al Estado español aclaración sobre la situación de estos médicos, y, posteriormente, abrió un procedimiento de infracción contra el Estado español por incorrecta transposición de una directiva comunitaria. Por último, en fechas recientes, como usted conoce, la Audiencia Nacional ha anulado parte de la convocatoria MIR del año 1991.
Es por todo esto por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas piensa tomar el Ministerio de Sanidad y Consumo ante la sentencia de la Audiencia Nacional que anula una de las bases de la convocatoria MIR 91/92, referida a las especialidades extrahospitalarias? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
El Ministerio va a acatar, como no puede ser de otra manera, la sentencia, pero, además, como discrepa de su contenido, la va a recurrir en casación, señor Diputado. Vamos a esperar al fallo de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo porque tenemos noticia de que el abogado general, en su escrito de conclusiones, reconoce que la posición española tiene fundamento, y por tanto estamos esperando con expectación esa sentencia para ejecutarla.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
El señor Villalón tiene la palabra.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Una vez más, señora Ministra nos sorprende usted con sus contestaciones parlamentarias que al final no aclaran nada, siembran la duda en todo caso. Lo que ha dicho usted ya lo sabíamos por los diferentes medios de comunicación porque personas de su Ministerio lo han dicho, pero eso no es tomar medidas para solucionar este problema.
Aparte de acatar y llevar a la práctica la sentencia de la Audiencia Nacional y las directivas comunitarias, una de las medidas a adoptar podría ser reformar, por vía de urgencia, la convocatoria MIR de este año, 1994, que dentro de un mes aproximadamente va a celebrar el examen. Hay que dar por sentado que, ante la sentencia de la Audiencia Nacional, están anuladas las convocatorias MIR de los años 92, 93 y 94.
Incluso se debería y se podría hablar con esos médicos que están implicados en el tema. Usted vuelve a decir una cosa para pasar aquí el control parlamentario, y lo único que añade es que van a recurrir. A mí me preocupa que el Gobierno socialista vuelva a establecer diferencias entre los ciudadanos. Si ustedes en una convocatoria MIR exigen las mismas condiciones

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para todos aquellos ciudadanos que se presentan a dicha convocatoria, ¿cómo es que al final se establecen médicos de primera y de segunda categoría? Señora Ministra, le tengo que decir que, como defensor del sistema MIR, me preocupan los planteamientos del Gobierno socialista y de su Ministerio y me preocupa que, en algún momento, haya algunos que puedan creer que...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villalón.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Si S.S. considera que recurrir ante el Tribunal Supremo, formalizar un recurso de casación y esperar al fallo del Tribunal de la Unión Europea es no tomar una decisión, es muy dueño de considerarlo; pero, la decisión del Ministerio de Sanidad es recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, porque no compartimos el fallo, y esperar, como le he dicho, la sentencia.
En todo caso, es interesante conocer que, para S.S., las especialidades que son objeto de debate, como educación física, deporte, medicina legal y forense, etcétera, son igual que el resto de las especialidades.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES AROZ IBAÑEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA CIFRA ESTIMADA POR EL GOBIERNO DEL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000667)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora Aroz Ibáñez.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, el pasado mes de agosto se dio a conocer, por parte del Director del Instituto de Estudios Fiscales, la cifra del fraude fiscal en España, estimada en tres billones de pesetas. Si esa es la cifra, evidentemente estamos ante un hecho altamente preocupante por su repercusión en los ingresos públicos, por lo que supone de agravio a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y porque resta credibilidad al sistema tributario.
Creo que, como país, podemos sentirnos razonablemente satisfechos del desarrollo de la conciencia fiscal en nuestra sociedad, y también hay que reconocer el esfuerzo del Gobierno para combatir el fraude; pero, ante las cifras que se están manejando, es evidente que hay que intensificar ese esfuerzo y actuar en la dirección adecuada. En ese sentido, quisiera transmitirle, señor Ministro, la sensación que existe entre buena parte de los ciudadanos, de que se actúa con mayor intensidad y eficacia entre los contribuyentes fácilmente controlables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que donde realmente están las bolsas importantes, el IVA y las actividades empresariales y profesionales. Por todo ello, señor Ministro, el Grupo Socialista quisiera conocer la estimación que realiza el Gobierno de la cifra de fraude fiscal, y también cuáles son las medidas previstas para mejorar los mecanismos para combatirlo. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aroz.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señorías, el fraude fiscal, por sus propias características, es realmente difícil de cuantificar. Hablar de una medición exacta o de unas cifras, digamos, realistas, es prácticamente imposible. Hablar de una cifra oficial, evidentemente, no tiene ningún sentido. Existen análisis, existen estudios, pero una estadística oficial del Gobierno en cuanto al fraude realmente no existe. Dentro de los organismos que hacen este tipo de análisis, uno de ellos es el Instituto de Estudios Fiscales. Es verdad que el Instituto de Estudios Fiscales ha llegado a ciertas cifras, pero hay que ver con qué metodología las ha hecho y qué es lo que quieren decir, porque siempre el fraude, en estos casos, es más bien un planteamiento residual que una cifra a la que se llega de forma objetiva.
Decía antes que no hay cifra oficial de fraude, no la hay en España, no la hay en ningún otro país, ni yo creo que tiene sentido hablar de esas cifras oficiales. Tampoco creo que sea especialmente útil un debate sobre la cuantía del fraude fiscal en España. Lo que sí podemos decir es que, en términos comparativos y homogéneos, sea cual sea la metodología que se utilice, aparece un descenso de esas cifras en nuestro país y, por tanto, podemos decir que el fraude fiscal va disminuyendo.
Creo que lo importante no es tanto hablar de cuál es esa cifra sino de qué es lo que se está haciendo para luchar contra el fraude. En ese sentido, la labor realizada en los últimos meses es realmente importante. Aparte de normas específicas y de actuaciones de la Inspección, el tema más importante, sin duda alguna, ha sido el del análisis del fraude y la presentación, en base al informe que la unidad de fraude ha elaborado, de un paquete de medidas, previstas para el mes de octubre, precisamente para seguir luchando contra el fraude.
Por supuesto, ahí no estamos hablando única y exclusivamente del control más fácil, también estamos

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hablando de programas especiales para aquellos contribuyentes de mayor riesgo, que son, sin duda alguna, los que más nos preocupan a todos, porque es donde están las mayores bolsas de fraude en este país en el momento actual. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL MONTORO ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA ESTIMADO EL GOBIERNO LA REPERCUSION SOBRE LA CIFRA DE DEFICIT PRESUPUESTADA LA DESVIACION AL ALZA EN EL CAPITULO 3 DE GASTOS FINANCIEROS? (Número de expediente 180/000675)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Montoro Romero.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la subida de tipos de interés es uno de los acontecimientos más graves de la situación económica que estamos atravesando. Ante ello, ¿ha estimado el Gobierno la repercusión sobre la cifra de déficit presupuestada la desviación al alza en el capítulo 3, de gastos financieros? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señoría.
Evidentemente, seguimos con mucho detalle lo que está sucediendo con los tipos de interés y su repercusión presupuestaria. En estos momentos, sin embargo, pensamos que la posible repercusión en el año 1994 no modifica para nada nuestra previsión del capítulo 3. Dicho en otros términos, el margen de que disponíamos es suficiente para hacer frente a cualquier modificación que se produzca de acuerdo con las elevaciones del tipo de interés que se ha producido hasta ahora. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, le recuerdo que en los presupuestos del Estado para el año 1994 la previsión de gastos financieros suponía un importante incremento respecto del año anterior, una cifra cuya tasa anual se elevaba por encima del 23 por ciento y que esa tasa se está viendo superada por la realidad, por la ejecución presupuestaria holgadamente, como se desprende de las cifras que ustedes publican sobre esa ejecución presupuestaria.
Esto significa que han fallado en esa previsión del gasto financiero y ello significa que si usted conserva la misma cuantificación del déficit público es porque está ahorrando otro tipo de gasto y el gasto que está ahorrando, señor Ministro, es el que más necesita la economía española en estos momentos, es el gasto de inversión, es el apoyo a la economía, a la mejora de la competitividad a través de la inversión pública.
El fallo en la previsión de ese gasto financiero, señor Ministro, procede de la incorrección de los objetivos de inflación planteados por el Gobierno, procede de la languidez o de la timidez a la hora de expresar el objetivo del déficit público. Hay que advertir sobre la gravedad de esta circunstancia, porque en definitiva, señor Ministro, estamos pagando muy caro el déficit público en España. Estamos haciendo que las consecuencias de ese déficit público sean las causas del nuevo déficit público; estamos, como advertíamos desde el Grupo Parlamentario Popular, en un auténtico círculo vicioso, en un problema de insostenibilidad de la deuda que los mercados financieros internacionales están sentenciando duramente para nuestra economía. Lo están haciendo en forma de exigencia de una prima de riesgo que en estos momentos la economía española soporta mal y esa prima de riesgo se deriva, en primer lugar, de la incertidumbre política, señor Ministro.
Quiero ligarle estos dos acontecimientos: fallo en la previsión presupuestaria, fallo en la previsión de inflación, recorte de inversión y, en definitiva, decía, incertidumbre política, que nos está llevando a pagar una factura excesivamente alta en forma de elevados gastos financieros.
Ahora, en los presupuestos de 1995, tendrá usted, señor Ministro de Economía, la oportunidad de evitar esta situación.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría parte de datos que no son reales y, en consecuencia, sus conclusiones tampoco pueden serlo. Su señoría dice: los gastos financieros se han disparado, no se están cumpliendo las previsiones del año 1994. Yo le diría que ambas afirmaciones son incorrectas. Primero, el crédito inicial para el capítulo 3, gastos financieros, era dos billones 860.600 millones de pesetas y sigue siendo exactamente la misma previsión de liquidación.


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Sí sabrá S.S. que lo que se ha producido ha sido una financiación a corto en vez de una financiación a largo, que plantea problemas de otra naturaleza, pero no de encarecimiento de los costes financieros.
Su señoría llega a su conclusión desde un argumento que también es equivocado. Dice: en agosto el déficit se ha comportado peor; en consecuencia van muy mal los gastos financieros y, en consecuencia, hay no sólo previsiones de peor comportamiento del déficit, sino también reducción de la inversión por encima de lo presupuestado.
Yo le diría que no. En agosto es verdad que el déficit se ha reducido; lo mismo que dije que en julio la cifra era anormal, le digo que en agosto es anormal. En julio era anormalmente alta la reducción, en agosto ha sido anormalmente baja, porque había que pagar unos intereses específicos en agosto. También será anormalmente baja en septiembre --ya se lo avanzo para que esté usted tranquilo-- y mejorará en octubre, mejorará en noviembre y, sobre todo, mejorará en diciembre como consecuencia precisamente de los gastos que realizamos el año pasado.
En los tipos de interés, evidentemente hay un diferencial algo mayor, sustancialemente mayor respecto a febrero, y es verdad, se lo tengo que aceptar, pero es cierto que ese diferencial no es tan distinto del del pasado año a estas fechas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA EVIDENTE PERDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA QUE SE RECOGE EN RECIENTES INFORMES SOBRE ESTA MATERIA, CONFIRMADA POR EL REPUNTE DE LA INFLACION? (Número de expediente 180/000676)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27.
El señor Montoro tiene la palabra.


El señor MONTORO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
¿Cómo valora el Gobierno la evidente pérdida de competitividad de la economía española que se recoge en recientes informes sobre esta materia y que se confirma en el repunte de la inflación? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, Presidente.
Si S.S. se refiere al informe World Economic Forum, no estoy de acuerdo en la afirmación. Pasamos del número 21 al número 24, pero es verdad que no de los países de la OCDE sino de los países de la OCDE más otros que en las decisiones anteriores del World Economic Forum no se habían contabilizado. Segundo, no me parece correcto que hablar de un repunte de la inflación como consecuencia de un salto específico debido a un incremento de precios concretos, que ha sido el de las tarifas telefónicas; no se puede llegar a la conclusión de que la inflación está repuntando en este país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Montoro.


El señor MONTORO ROMERO: Señor Ministro, la competitividad es el principal asunto de nuestra economía, como lo es de buena parte de las economías del mundo, por no decir de todas las economías del mundo.
La competitividad es un concepto amplio y un concepto difícil de medir realmente, pero es un concepto que define bien lo que es la situación de un país, define bien lo que es la imagen de un país, de una economía ante el mundo, y debe ser aceptado como un objetivo a seguir.
Lo que esos informes internacionales nos están diciendo es que en España estamos perdiendo posiciones en el «ranking» mundial de competitividad, y no es una cuestión que debamos ceñir a lo que es el conjunto de los países desarrollados, debemos verlo globalmente, puesto que cada vez estamos más en una economía global, y uno de los elementos que nos hace perder competitividad, señor Ministro, son los precios de nuestra economía, la falta de dominio, la falta de control del problema de la inflación. Lo que no entiendo es por qué ha dado usted este argumento en el sentido inverso sobre lo que es el planteamiento natural de la pregunta.
La inflación nos resta competitividad frente a los países que logran moderar esa inflación, señor Ministro, y la competitividad en España está rebajándose por la vía de los precios y está rebajándose porque no estamosrealizando los precios de modernización de nuestras inversiones, de nuestras empresas; porque no estamos llevando adelante las reformas estructurales de nuestra economía; porque no estamos sentando lo que son las bases de conseguir esa necesaria, esa urgente, esa apremiante mejora de competitividad de la economía española frente al resto del mundo y porque, como esos informes advierten, en España existe una incertidumbre política, incertidumbre política de la que su Gobierno, nuestro Gobierno, por supuesto de todos los españoles, pero el Gobierno socialista es el protagonista esencial, es el que la está provocando por la falta de definición, de concreción y por la falta de enunciado en cuanto a realización de reformas estructurales. Ahí

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está el fracaso del programa de convergencia, señor Ministro, a la hora de ofrecer esa imagen positiva de España en el mundo, y ahí está el fracaso de ese anuncio de presupuestos para 1995, fracaso que puede ser muy grave porque, en definitiva, señor Ministro, si seguimos dañando la imagen internacional de España, si seguimos perdiendo competitividad por esa vía...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montoro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
De las cosas que ha dicho comparto una, y es que la competitividad es muy importante. Puedo compartir también que la inflación juega en la competitividad, pero no en términos absolutos sino en términos comparativos y en términos de diferencial.
Ahí S.S. saca una conclusión y es que nuestro diferencial de inflación aumenta. Yo le diría que aumenta en unos casos y disminuye en otros. Por tanto, yo no sería tan taxativo en su afirmación, porque no estamos aumentando el diferencial de inflación con la media de países europeos.
Es verdad que la competitividad se mide no sólo con países europeos, también como países terceros pero, por favor, no saque la conclusión de que perdemos competitividad en el informe del World Economic Forum cuando este año hay más países y, como consecuencia de que hay países nuevos que antes no estaban, estamos más atrás. Si usted compara exactamente los mismos países del año 1994 con el informe de 1993 y 1993 respecto a 1992 nuestra situación ha mejorado. En el informe sobre el sector exterior en 1993, que hace el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nuestra competitividad aumenta 10,5 puntos, consecuencia lógica de la devaluación más el comportamiento de la inflación en nuestro país.
A S.S. le preocupan dos cosas. Hay inversión o no hay inversión en este país; hay reformas estructurales o no. No hay más que ver ayer el índice de producción industrial, o el índice de producción de bienes de equipo para apreciar que la evolución no está funcionando tan mal.
Reformas estructurales las hay y las va a seguir habiendo y esa incertidumbre que SS.SS. generan, más que otras cosas, no corresponde a la realidad. Estoy convencido que esa descalificación «a priori», sin conocerlo, del presupuesto del año 1995, eso no ayuda a mejorar la imagen de nuestro país porque me parece que es una apreciación totalmente inaceptable.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA FISCAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DE NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO (Número de expediente 172/000065)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMBATIR EL FRAUDE FISCAL (Número de expediente 172/000066)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes. La Presidencia, vista la similitud de los objetos que se persiguen en las interpelaciones o de la materia a la que se refieren, ha propuesto a los grupos interpelantes y al Gobierno la tramitación acumulada de estas dos iniciativas y habiendo aceptado esta tramitación acumulada, vamos a proceder en la forma habitual cuando se acumulan las interpelaciones. Por tanto, se desarrollarán las dos interpelaciones sucesivamente, y el Gobierno contestará en un solo turno. Se tendrán luego las réplicas de los grupos pertinentes y posteriormente se fijará la posición por parte de los grupos en relación con las dos interpelaciones.
Interpelación del Grupo Popular sobre medidas de política fiscal que piensa adoptar el Gobierno para corregir las deficiencias de nuestro sistema tributario. Por el Grupo interpelante, el señor Costa tiene la palabra.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a iniciar mi intervención haciendo referencia a una frase de un ilustre jurista italiano en materia tributaria que se llamaba el profesor Einaudi. Este ilustre jurista en su obra «Mitos y paradojas de la justicia tributaria» afirmaba que el día que el ciudadano identifique impuesto con contribución, es decir con financiación de bienes y servicios queridos por la ciudadanía y administrados con honradez y rigor, se habrá dado un paso de gigante en la aceptación del sistema fiscal. Lamentablemente en estos momentos esa pretensión del ilustre jurista dista mucho de la realidad y constituye una utopía con el modelo de política presupuestaria que tiene el señor González en nuestro país.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Señor Solbes, su Gobierno carece de un modelo de sistema tributario y, desde luego, de un modelo de sistema tributario acorde con las tendencias internacionales. Los objetivos perseguidos por las principales medidas en materia tributaria que han adoptado los sucesivos gobiernos del señor González han perseguido básicamente incrementar la recaudación. Esto ha tenido como consecuencia que nuestro país se encuentre a la cabeza de la Unión Europea en crecimiento de la presión fiscal. Ha tenido también como consecuencia

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que nuestro sistema tributario se aleje de lo que son considerados los principios fundamentales de los modelos de imposición de los sistemas tributarios avanzados de nuestro entorno económico.
La simplificación de los diferentes tributos, una mayor neutralidad económica, es decir mayor neutralidad en las decisiones de los agentes económicos en materia de ahorro, inversión y empleo, y finalmente una mejora en la equidad y en el reparto de la carga tributaria. Voy a referirme, señor Presidente, a cada uno de estos tres aspectos.
En primer lugar, nuestro sistema tributario se caracteriza por un elevado nivel de complejidad, en parte debido al gran número, a la gran evolución de normas tributarias y a la falta de estabilidad del tiempo de estas normas tributarias. ¿Sabe usted, señor Solbes, el número de disposiciones generales en materia fiscal aprobadas o propuestas por los sucesivos gobiernos del señor Felipe González desde 1983 hasta 1993? Aproximadamente 3.000 disposiciones de carácter general; es decir, una norma distinta cada día en los últimos once años.
Esta circunstancia, unida a la defectuosa técnica legislativa y a la incertidumbre sobre qué normas se encuentran en vigor en cada momento, ha traído como consecuencia dos aspectos importantes que inciden en la estabilidad y en la seguridad jurídica de nuestro sistema tributario.
En primer lugar, un elevado coste en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, una elevada presión fiscal indirecta que en el supuesto del IRPF fue cuantificada en 1992, para 1992, por el Instituto de Estudios Fiscales, en aproximadamente 90.000 millones de pesetas.
Esta incertidumbre, esta inseguridad y esta falta de estabilidad de las normas tributarias han traído consigo una falta de credibilidad de la política fiscal de su Gobierno, falta de credibilidad porque introduce elementos de incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos. Voy a referirme a tres actuaciones que han llevado a la práctica en los últimos tiempos los gobiernos del señor González.
Primero, la regularización fiscal de 1991. Usted sabe, señor Solbes, que en estos momentos una de las principales razones por las que tienen que modificar la regulación del delito fiscal es para poner fin a una polémica y que expresamente figuren exonerados de responsabilidad criminal aquellos contribuyentes que, confiando en los planteamientos de su Gobierno, decidieron regularizar su situación tributaria de forma voluntaria.
Segundo, la contrarreforma fiscal de 1992. El Gobierno del señor González planteó y propuso a esta Cámara una rebaja de la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta, una rebaja que tenía que instrumentarse a través de la reducción de la tarifa en dos fases sucesivas y fijando finalmente un tipo marginal de gravamen en el IRPF del 50 por ciento. Sin embargo, de forma súbita, al cabo de unos meses el Gobierno del señor González decidió en 1992 volver a aplicar la tarifa con carácter retroactivo con los niveles que existían en 1991.
Todavía es más grave, señor Solbes, lo que ha ocurrido después. En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994, de la que usted es uno de los principales responsables, no deflactaron la tarifa ni los restantes parámetros del IRPF.
La consecuencia de esto es clara: una subida encubierta de los impuestos del IRPF como consecuencia de lo que se denomina progresividad en frío y, por tanto, un incumplimiento de los compromisos políticos y electorales adoptados por el Gobierno del señor González. Ustedes han pasado de la inflación durante tres años y como consecuencia de esa no corrección de la inflación han subido la presión fiscal en el Impuesto sobre la Renta de todos los contribuyentes y especialmente de los contribuyentes con rentas más bajas. Usted mismo, señor Ministro, es el responsable de que desde el 1.º de enero de 1994 se encuentren sujetas a tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las amortizaciones de participaciones en fondos de inversión mobiliaria cuando el importe recibido no excede de 500.000 pesetas. Sin embargo, ahora su Gobierno, incumpliendo también sus compromisos electorales y apartándose de lo que usted mismo ha manifestado en esta Cámara en alguna ocasión, ha anunciado no desarrollar reglamentariamente los planes de ahorro popular, y por ello quieren sorprendernos, lo que ya es difícil, con un nuevo parche fiscal y aplicar o suprimir de forma retroactiva la modificación de la que usted es responsable.
Le preguntaría, señor Ministro, con este tipo de actuaciones, qué credibilidad puede tener la política fiscal de su Gobierno. ¿No cree usted que con este tipo de actuaciones se introduce incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos, se crea inseguridad jurídica y se acrecienta el rechazo social a nuestro sistema tributario? La segunda crítica que puede atribuirse a nuestro sistema tributario es su falta de neutralidad, la falta de eficacia en la asignación de los recursos dentro de nuestro sistema económico. Voy a hacer referencia a esta característica, a esta crítica respecto a las principales figuras impositivas.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicastenemos en estos momentos una tarifa con una estructura que se aleja de todas las tendencias internacionales, una tarifa que penaliza el ahorro y la oferta de empleo. Echamos también en falta unos mecanismos automáticos para corregir el efecto de la inflación en la tarifa y en los restantes parámetros del impuesto y que, por tanto, de forma encubierta no se suba la presión fiscal de los ciudadanos españoles, año a año, y

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los agentes económicos puedan dotar de mayor certidumbre las decisiones que puedan adoptar en un momento determinado.
Por lo que respecta a la tributación de las rentas empresariales, señor Solbes, como usted sabe, la empresa española soporta una carga fiscal muy superior a la media de la carga fiscal que soportan las rentas empresariales de los países de nuestro entorno económico. Usted sabe, señor Solbes, que producir en España significa pagar más impuestos que en los países de nuestro entorno y sabe también que la razón, el elemento diferencial, es el elevado peso de las cotizaciones sociales en la fiscalidad de las rentas empresariales, unas cotizaciones sociales que reducen drásticamente la rentabilidad de los proyectos de inversión, reducen la competitividad de las empresas españolas y constituyen un verdadero impuesto sobre el factor trabajo, un impuesto sobre el empleo. En segundo lugar, señor Solbes, nuestro sistema tributario no fomenta y desincentiva la capitalización de las empresas, en parte, porque no tenemos un método adecuado que elimine plenamente la doble imposición económica, con lo que se está incentivando acudir a recursos ajenos para la financiación de los proyectos de inversión. Además, en nuestro sistema tributario, la financiación con recursos propios tiene un coste adicional, el coste del capital, el uno por ciento por el concepto operaciones societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
En tercer lugar, señor Solbes, la política tributaria de su Gobierno no ha puesto en marcha ningún mecanismo para corregir los nocivos efectos que produce la inflación en la tributación de las rentas empresariales. En estos momentos, las rentas empresariales, como consecuencia de la inflación, se ven sometidas a una situación de dispersión de tipos de gravamen en función de los sectores de actividad y se ven sometidas también a un incremento de la presión fiscal, porque las amortizaciones o las ganancias de capital computadas para la determinación de la base imponible son amortizaciones y ganancias de capital meramente nominales.
Finalmente, señor Solbes, nuestro sistema tributario adolece de un marco jurídico adecuado para apoyar y estimular la actividad exterior de las empresas españolas. En estos momentos, nuestro sistema tributario, en materia de fiscalidad internacional, es el más regresivo de todos los que existen en el ámbito de la Unión Europea. Es el más regresivo porque no elimina la doble imposición económica internacional, no elimina la doble imposición jurídica internacional y porque, además, es de muy difícil aplicación. Por lo que respecta al IVA, señor Solbes, su Gobierno tampoco ha sido capaz de eliminar completamente todas las distorsiones que su funcionamiento produce en la actividad económica. Me refiero a los costes financieros que soportan las empresas porque existe un elevado «décalage» temporal para recuperar los excesos de cuotas soportadas sobre cuotas repercutidas, y me refiero también a esa imposibilidad de recuperar las cuotas previamente ingresadas en el Tesoro cuando se producen impagados.
Pero lo peor, señor Solbes (y voy a referirme al último de los aspectos a los que hacía referencia al inicio de mi intervención), es que nuestro sistema tributario determina un desigual reparto de la carga tributaria. Este resultado se produce, en parte, por la concreta regulación de las distintas figuras impositivas que integran nuestro sistema impositivo, pero en parte también por el elevado nivel de fraude fiscal que existe en nuestro país. Tengo que admitir que el Grupo Parlamentario Socialista ha preparado muy bien su estrategia en el momento de formularle la pregunta sobre cuál era el volumen o la cuantificación del Gobierno en materia de fraude fiscal. Usted ha querido quitarle hierro al informe del Instituto de Estudios Fiscales...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, vaya concluyendo.


El señor COSTA CLIMENT: Voy concluyendo, señor Presidente. Ha querido quitarle importancia a esa cuantificación y ha dicho que es muy relativa. Pero constituye una paradoja que los sucesivos Gobiernos del señor González, que han querido erigirse en esta Cámara y ante la opinión pública durante muchos años como los abanderados y paladines de la lucha contra el fraude fiscal, nos conduzcan a una situación en la que, según esas cuantificaciones, tenemos un nivel de fraude fiscal equivalente al 5,5 por ciento del PIB y en torno a los 3 billones de pesetas.
Yo creo --y comparto la opinión de la mayor parte de los expertos en esta materia-- que la responsabilidad de ese nivel de fraude fiscal recae, principalmente, en el Gobierno. Y recae principalmente en el Gobierno porque todas las causas, o las principales causas, que favorecen y estimulan esos niveles de fraude fiscal son responsabilidad del Gobierno. En primer lugar, el rápido crecimiento de la presión fiscal en nuestro país, que ha determinado, como consecuencia de la drástica reducción de la rentabilidad de los proyectos de inversión empresariales en algunos sectores económicos, un fomento y un paso a situaciones de economía sumergida.
En segundo lugar, la elevada complejidad de nuestro sistema tributario, a la que ya me he referido al principio, y que desincentiva y entorpece el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
En tercer lugar, la ineficaz gestión del gasto público y los comportamientos de algunos líderes políticos del Grupo Socialista que han causado una gran aversión ante la opinión pública.


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En cuarto lugar, señor Solbes, la inexistencia de un marco jurídico adecuado para luchar contra las operaciones de ingeniería financiera y la elusión fiscal internacional a través de sociedades ubicadas o establecidas en paraísos fiscales, en países de baja tributación.
Yo creo, señor Solbes, que en estos momentos está plenamente justificado acometer una reforma global de nuestro sistema tributario; está plenamente justificado, por varias razones: en primer lugar, el cambio del ciclo en el que se encuentra nuestra economía; en segundo lugar --y también es un factor sumamente importante--, el vuelco que en el panorama político de nuestro país se produjo el pasado 12 de junio, y, en tercer lugar, el rechazo social que parece que el actual sistema tributario despierta ante los contribuyentes españoles.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine, por favor.


El señor COSTA CLIMENT: Concluyo ya, señor Presidente.
Esas tres circunstancias aconsejan una reforma global. El éxito de esa reforma dependerá del consenso social y político con el que se adopten, y por ello mi Grupo parlamentario le propone un nuevo modelo de sistema tributario, un modelo de sistema tributario más acorde con las tendencias internacionales; un modelo que mejore la posición de nuestro país para mantener y atraer capitales y actividades y mejorar nuestros niveles de empleo.
Confío, señor Solbes, en su responsabilidad política y espero que su Gobierno no obligue a los ciudadanos españoles a continuar ese largo camino en la búsqueda de un sistema tributario más justo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
Para presentar la interpelación del Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías la verdad es que en época de tormentas --y por mi tierra hoy hay tormenta--, no es bueno hacer muchos cambios. Y alguno de los cambios que se plantean cuando discutimos una política presupuestaria, le lleva a alguno a complicaciones. Las complicaciones son que si queremos mantener los gastos que tiene hoy el Estado, las tareas que queremos acometer, el problema está en que, si reducimos los ingresos, tenemos que decir los gastos que reducimos o tenemos que decir cómo vamos a ingresar más. Ahí es donde se sitúa la interpelación que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta a esta Cámara, al calor de lo que está siendo la negociación- concreción de lo que pudiéramos llamar la política presupuestaria o la ultimación de los Presupuestos.
Nosotros somos de la opinión, desde el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de que el Estado debe de mantener la prestación de servicios sociales; debe mejorarlos incluso; debe de tener una política de inversión activa para incidir en la economía y en la realidad productiva y creemos, por tanto, que debe de mantener un nivel fiscal que consideramos hoy que no es progresivo.
Por tanto, lo que nosotros creemos es que debe irse a un sistema fiscal más progresivo, que vaya a orientar la recaudación hacia donde hay mayores recursos. Sin embargo, el andar de la política del Gobierno va hacia un crecimiento de lo que pudiéramos llamar gasto fiscal, las exenciones, que van dirigidas precisamente hacia las empresas, hacia lo que pudiéramos llamar capitales, a un incremento de los impuestos indirectos y a una retención de los impuestos directos.
Nosotros creemos que debe ser al revés: deben crecer los impuestos directos, que solamente han crecido en la recaudación sobre las previsiones del Gobierno precisamente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no habiendo evolucionado así otros impuestos, según la liquidación al mes de mayo, aunque es verdad que todavía no es una cifra a tener en cuenta para el año 1994, pero los impuesto que se han puesto en marcha no han funcionado de manera positiva a nivel de los impuestos directos --el de sociedades, etcétera--, aunque sí a nivel del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y los impuestos indirectos han crecido el 23 por ciento.
Por tanto, la primera idea sería mayor progresividad fiscal y la segunda es: si tenemos que mantener tasas de endeudamiento, para reducir ese endeudamiento, ¿de dónde lo sacamos? Nosotros creemos que hay que sacarlo de dos lados: primero, del fraude fiscal. Creemos que hay cifras de fraude fiscal muy altas.
¿Cómo pagamos los servicios? Los pagamos sacando de donde hay fraude, y el fraude se produce más precisamente cuando el Estado intenta meter la mano en la bolsa de los poderosos; cuando hay que meterla en la bolsa de la nóminas y de las rentas del trabajo, es fácil, es transparente. El sistema deja de ser transparente cuando las rentas no están claras, cuando lo que hay que tributar se puede evadir, cuando podemos trampear la ley, usar la legalidad para vulnerar precisamente la fiscalidad. Por tanto, yo creo que había que acometer una lucha exhaustiva y fuerte contra el fraude fiscal y, sobre todo, mantener líneas de actuación, mantener iniciativas y no ir modificando sistemáticamente. El año pasado nos opusimos a que fuesen exentos los beneficios, los réditos que pudieran generar las ventas

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de patrimonio inferiores a 500.000 pesetas. Este año vuelve a proponerse, cuando el año pasado se retiró. El año pasado se retiró de las exenciones de retención de IRPF la invalidez permanente total porque había que aportar ingresos. ¿Cuál sería, por tanto, el ánimo que mueve a esta interpelación? ¿Qué ha hecho el Gobierno o qué está haciendo para reducir ese fraude fiscal? ¿Entiende el Gobierno que hay excesiva presión fiscal y que, por tanto, el fraude se produce por eso, o entiende el Gobierno que hay falta de credibilidad y de confianza en el Gobierno y en el Estado, falta de transparencia y, por tanto, no se paga porque no hay seguridad en lo que se va a hacer? ¿Está el Gobierno barajando posibilidades de fiscalidad finalista, que el ciudadano vea que cotiza para una cosa concreta y vea eficacia en la gestión? En suma, ¿el Gobierno está trabajando para poner en marcha la Agencia Tributaria? ¿Cómo ha funcionado la Agencia Tributaria en los últimos dos años, una Agencia Tributaria que ha tenido en su camino tres responsables en estos dos años y pico de funcionamiento? ¿Dónde ha dirigido el trabajo contra el fraude esta Agencia? ¿Se ha implicado de verdad al cuerpo de más de 1.300 inspectores que hoy están trabajando con un plan dirigido desde la propia Administración? ¿Se ha cambiado por la Agencia, por así decirlo, el vestido o la forma y el método de trabajo en profundidad? ¿Se ha logrado la coordinación en la Agencia Tributaria del servicio de inspección con el de recaudación y con el de gestión o siguen funcionando como compartimentos estancos? ¿Se ha facilitado el trabajo con rapidez de comunicación entre los distintos departamentos de la Agencia Tributaria? ¿Se ha empezado de verdad a atacar las grandes bolsas de fraude o se ha ido más bien contra el pequeño fraude o el fraude de la renta, que es fácil? Señor Ministro, el fraude no es nuevo; ya hay informes desde el año 1986; año a año hay un estudio que evalúa cuál es la realidad del fraude fiscal; son temas que están detectados y en los que no se mete la mano lo suficiente para hacerlo eficaz. ¿Puede ser el sistema fiscal aún más injusto porque cuando hay fraude se ataca con poca dureza a las grandes bolsas, al dinero negro del IVA, al sector inmobiliario o al sector especulativo y, sin embargo, se ataca con fuerza a la pequeña deuda o se intenta generalizar? El Gobierno el año pasado habló mucho del fraude; por ejemplo, de la ILT, del fraude de la invalidez, del fraude del uso de determinadas prestaciones. Se ha intentado llegar demasiado a la picaresca fomentada y, sin embargo, no se ataca al gran pícaro, al que se lleva miles de millones de pesetas. ¿Existe, por tanto, dentro de esta Agencia una acción uniforme que permita un tratamiento integral? En suma, ¿se van a meter, de verdad, con lo que pudiéramos llamar «paraísos fiscales», donde los beneficios de las sociedades, incluso el patrimonio, está funcionando? ¿Se potencia la investigación con medios suficientes, incluso policiales, o se va a criterios distintos o según cuál sea el inspector de turno? ¿Se piensa, por tanto, en adoptar medidas eficaces, útiles, en el esfuerzo del trabajo que pueda tener toda la Agencia Tributaria? Dos ejemplos pueden servirnos hoy para comentar cómo ha trabajado la Agencia Tributaria. ¿Se puso todala carne en el asador en el «caso Roldán», por ejemplo, o es cierto que se puso un inspector y un subinspector cuando lo pidió la jueza que estaba instruyendo el caso? ¿Es cierto que no se pusieron medios cuando se puso en marcha el trabajo que podía haber en el «caso Rubio», con todo el intrincado que hay ahí en medio, o de verdad aquella vieja unidad de represión y vigilancia del fraude fiscal trabajó en profundidad? En suma, ¿se han utilizado ejemplos eficaces hacia las grandes actuaciones o no? Señor Ministro, el Director del Instituto de Estudios Fiscales, en un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sobre evasión y fraude fiscal, cifraba el fraude en España en torno a 3,3 billones de pesetas; en porcentaje de PIB nos situaba en 3 puntos por encima de países como Francia y Canadá; 3 puntos en un país donde hemos visto elevar la presión en frío sobre las rentas del trabajo, en un país donde hemos visto cómo se incrementan los impuestos indirectos, en un país donde hemos visto desfiscalización de las rentas de capital y donde hemos visto crecer el gasto fiscal previsto para este ejercicio de 1994 en 1,7 billones de pesetas, gasto fiscal que ponemos en circulación, en teoría, para ganar inversión y para fomentar empleo.
¿Se ha hecho algo para ser capaz de frenar las bolsas de fraude estable, paraísos fiscales, actividades empresariales y rendimientos de capital, la ocultación de beneficios en determinadas actividades profesionales y los rendimientos empresariales de personas físicas y los autopatronos? ¿Se ha trabajado en el IVA? Se habla casi de un 0,9 por ciento de PIB, casi 450.000 millones de pesetas de fraude del IVA. ¿Se plantean ustedes actuar sobre él o van a seguir las indicaciones de los que apoyan la concreción del presupuesto, de para reducir la cotización de la Seguridad Social incrementar el IVA? Un IVA que tiene un fraude tan alto va a ser un instrumento indirecto para recaudar lo que el sistema no es capaz de recaudar por otro lado, para meter en circulación dinero en manos de las empresas.
¿Han trabajado ustedes para aclarar todo lo que significan beneficios extraordinarios que no llegan a ser transparentes? Dígame, por tanto, señor Ministro, cuáles han sido los éxitos en cada uno de estos apartados de la gestión de la inspección, de la gestión, de la actuación tributaria de este Gobierno para reducir esas bolsas de fraude. Si el fraude se reduce, el déficit público se reduce a una velocidad mayor que cualquier otra actuación que podamos poner en marcha. Bolsa

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tan grande, es verdad --usted lo decía--, no se puede cuantificar; si es fraude es oculto; por tanto, no podemos saber, máxime cuando hay una actividad determinada de economía sumergida, máxime cuando hay otras actuaciones que podemos tener como irregulares.
En 1986, fíjese usted, en el informe que se hace sobre el fraude se dice que 45.000 entidades jurídicas que debían declarar el Impuesto de Sociedades no hicieron la declaración.
¿Cuántas son hoy las entidades jurídicas que no hacen, teniendo que hacerla, la declaración del Impuesto de Sociedades? ¿Cuál es el fraude en las entidades financieras? ¿Cuál es el fraude en el Impuesto del Patrimonio? ¿Cuándo van a separar ustedes la relación que hacen de IRPF sobre patrimonio, que está siendo injusto, porque el patrimonio lo paga muy poca gente? No es que el Estado deba tener la voluntad confiscatoria, no se trata de ir año tras año quitando la propiedad, sino de evitar el camuflaje que se hace con el uso de la legalidad. En 1986 el fraude estimado de las aduanas estaba cifrado, en la importación, en 17.000 millones de pesetas. Es verdad que el Gobierno recuperó catorce mil.
Quedaron ocultos 3.200 millones. En la desgravación fiscal de la exportación, 12.000 millones; en lo recuperado solamente 1.000, quedaban 10.900, y en el contrabando, de 15.000 millones de pesetas se recuperaron solamente 3.900 y quedaban pendientes 11.900. ¿Cuál es hoy la situación del fraude en las aduanas, en el contrabando, en la importación y en la actuación de la desgravación fiscal de la exportación? En suma, ¿cuál es el objetivo que se marca el Gobierno para 1995 para conseguir mayores ingresos? ¿Van a dotarnos de mayor progresividad fiscal? En suma --y con esto termino, señor Presidente--, yo estoy convencido de que la mejor forma de no desmoralizar a los que pagan es hacer transparente, es hacer claro y eficaz el sistema de la recaudación. Cuando todos los ciudadanos vean fotografiado que al que no paga se le buscan las cosquillas para que pague, estaremos dando el ejemplo de que todos somos necesarios para comprometernos. La mejor forma de moralizar es hacer eficaz la tributación y recuperar la confianza en el Gobierno, es muy importante; se está perdiendo la confianza, la utilidad de financiar o de aportar porque no se ve rentabilidad. Vayamos no solamente a campañas de explicación...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, vaya concluyendo, por favor.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, termino. No esa campaña de los quesitos, de la distribución del presupuesto, sino campaña real y eficaz de explicar la eficacia de lo que se paga con lo que se recibe por parte del propio Estado.
Estoy convencido, señor Presidente, señorías, de que en este debate no vamos a poner en marcha muchas piedras, pero sí podemos aclarar lo que puede ser el debate posterior en la discusión de los Presupuestos a nivel de la posibilidad de ingresos y de la posibilidad de gastos. Desde luego, lo que pudiéramos llamar la lista a los Reyes Magos no va a ser la teoría de Izquierda Unida. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Para contestar a ambas interpelaciones, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar dar respuesta a los temas que se me han planteado, que yo creo que son del máximo interés.
El señor Costa parte de unas afirmaciones correctas y, tal vez extrapolando, llega a conclusiones no tan correctas. Esto, por lo que veo, es una práctica normal en su Grupo. Su señoría parte de una afirmación que es correcta; que la presión fiscal en España ha aumentado de forma rápida en los últimos años, y de ahí saca la conclusión incorrecta de que la presión fiscal en España es muy alta. Una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Es verdad que ha crecido mucho la presión fiscal en nuestro país, pero también es cierto que, excepto el Reino Unido, somos el país de presión más baja en términos de PIB de toda la Unión Europea. Es más: en 1993 ha disminuido respecto a 1992. A partir de ahí S.S. hace toda una exposición basándose en temas de pasado, en pocos temas actuales y en bastantes temas de futuro. Digo temas de futuro, muchos de los cuales, de los problemas que detecta S.S., están planteados ya en los Presupuestos para el año 1995 y que ya han sido anunciados por parte del Gobierno. Espero que en esos puntos concretos estemos, al menos, de acuerdo. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunos comentarios de tipo más general sobre los elementos fundamentales a los que S.S. ha hecho referencia. Se ha producido un crecimiento de la presión fiscal, decía, que ha sido rápido, y ha sido rápido precisamente como consecuencia de una modificación de nuestro sistema tributario y de una lucha contra el fraude, lucha contra el fraude que ha sido importante en este país en los últimos años.
¿Se produce una expansión del gasto público? Sin duda alguna, hay una expansión del gasto público; si tomamos el año 1982 como referencia, indudablemente muy relevante. Es cierto que ese gasto público sufre una restricción significativa en el año 1994 y no es menos

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cierto que hay factores de contexto económico que también tiene su relevancia para analizar la situación.
Su señoría se rasga las vestiduras porque en el año 1992 o 1993 se echa marcha atrás en temas como la deflactación de la tarifa o aproximación de los marginales en el IRPF y olvida la caída de recaudación que se produce en el año 1993 como consecuencia de la crisis. Su señoría, dentro de este planteamiento, dice también que las empresas españolas no están en situación de competitividad. Antes, en la pregunta del señor Hernández Moltó, a la que he respondido, hemos tenido ocasión, es verdad que de forma muy ligera, de hablar de este tema. Yo no creo que haya un problema de competitividad en las empresas españolas como consecuencia de la presión fiscal. Su señoría hace la referencia en un punto concreto, habla de las cotizaciones sociales. Ahí podríamos discutir algo más. Es cierto que las cotizaciones sociales en nuestro país están muy desequilibradas, paga mucho más el empresario que el trabajador y en ese sentido somos algo diferentes que Europa, pero es cierto también que nuestra cotización social media es inferior a la media comunitaria y la nuestra, por parte del empresario, no es más alta que la media comunitaria.
Cuando hablamos de fiscalidad, dejando aparte las cotizaciones sociales, pura tributación, evidentemente no estamos hablando de mayor presión en España que en los restantes países europeos; más bien está sucediendo exactamente lo contrario.
Que son complejas las normas tributarias parece ser una de sus preocupaciones; hemos ido muy lejos en la complejidad de las normas. Sí, lo son, tenían que serlo; tenían que serlo porque desde 1982 hasta ahora han pasado demasiadas cosas en este país. Hemos pasado de una economía absolutamente cerrada a una economía totalmente abierta. No se puede seguir con el mismo sistema fiscal que antes. Su señoría dice: Se están ustedes separando de los modelos vigentes en Europa. Yo le diría que es una afirmación más que discutible. Precisamente como consecuencia de nuestra integración en la Unión Europea, en la Comunidad, desde el año 1986, hemos tenido que ir aproximando en gran medida nuestro modelo fiscal al modelo comunitario.
Gran parte de esas modificaciones fiscales a las que S.S. hace referencia son consecuencia precisamente de la introducción de la normativa comunitaria en nuestro país. Temas tan importantes como la fiscalidad indirecta e incluso temas que se refieren al Impuesto de Sociedades están íntimamente vinculados con la Comunidad, como también lo están todos los aspectos referidos a las tributaciones de capital, que tanto a S.S. como al señor Ríos preocupan, aunque en dirección distinta, y, en cierta medida, ponen ustedes el problema delante de la dificultad porque ninguno de los dos plantea si está de acuerdo o no con los movimientos de capital y lo que les preocupa es la falta de un control de proyecto de capital que, por definición, es prácticamente controlable en términos fiscales.
¿Existe inseguridad jurídica? En absoluto. Yo creo que no hay inseguridad jurídica en este país, yo creo que las normas tributarias son mucho más exhaustivas, son más completas que lo eran en el pasado. Es verdad que hay elementos discutidos en los tribunales; en muchos de ellos se nos ha dado la razón y en muchos otros no.
Nuestra actuación en cuanto a la promoción de la actividad productiva ha sido muy significativa. Por lo tanto, no creo que se esté planteando esa situación de que la fiscalidad vaya en contra de la actividad económica, sino exactamente lo contrario. Creo que esa es la situación real que se está produciendo en nuestro país.
Es verdad también que SS.SS. hablan de un modelo. Me gustaría verlo y estaría encantado de discutirlo. Por nuestra parte, el Gobierno también ha puesto en marcha un modelo, un modelo que se inicia con el libro blanco sobre el Impuesto de Sociedades, que ya está en circulación, que evidentemente implicará una modificación del actual impuesto, que se seguirá con una nueva norma en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que pretendemos clarificar gran parte de los problemas y en la que vamos solucionando muchos de los elementos que a S.S. le preocupan, algunos de los cuales, como decía anteriormente, vendrán ya incluidos en la próxima ley de presupuestos. A S.S. le preocupa el fraude, al igual que al señor Ríos y a nosotros. Y sobre el fraude querría hacer algunos comentarios que me parecen fundamentales y esenciales.
Es verdad que el fraude puede ayudarnos a resolver parte de nuestros problemas de déficit. Sin embargo, yo creo que hay que analizar las cifras, señor Ríos, con cierto cuidado. Su señoría dice que están aumentando mucho los impuestos indirectos y que los directos están cayendo. Sí y no. Si S.S.
analiza las cifras, no de forma absoluta, sino en términos comparativos con las previsiones que teníamos a principios de año en cuanto a recaudación, deberá reconocerme que el impuesto que más ha aumentado en este país, a pesar de que ha caído, es el Impuesto sobre Sociedades, porque las previsiones de recaudación como consecuencia del gasto fiscal eran relativamente bajas y, sin embargo, la realidad nos está demostrando que su comportamiento está siendo prácticamente igual que el del año pasado o incluso algo mejor.
¿Tenemos problemas de fraude? Sí, muy graves, sin duda alguna, como en toda sociedad mínimamente desarrollada. En nuestro caso, esos problemas de fraude se vinculan a problemas de paraísos fiscales, a ocultación de beneficios de determinadas actividades profesionales, a minoración u ocultación de ventas en el caso del IVA, a declaraciones incompletas, a ocultación de

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rendimientos del trabajo, etcétera. Y S.S. me plantea algo que me parece totalmente inaceptable. Su señoría dice: Ustedes deben plantear el fraude en los poderosos, que ahí es donde hay más posibilidad de recaudar. Yo le diría que me parece absolutamente injusto. Por supuesto que hay que plantearlo en los poderosos, pero yo creo que la función del Estado es intentar luchar contra el fraude donde exista. Evidentemente, el luchar contra los poderosos nos va a exigir más medios, más esfuerzo y tendremos que prestar más esfuerzo y más medios, pero yo no creo que el fraude sea aceptable ni para los poderosos ni para los no poderosos.
A S.S. lo que le preocupa es qué hemos hecho. En toda su intervención rezuma esa preocupación de si se está haciendo algo, de si la Agencia está funcionando, qué problemas se están planteando, etcétera. La Unidad de Fraude la planteamos el pasado año con la finalidad fundamental de intentar analizar diferentes aspectos de fraudes que se plantean en nuestro país y no específicamente el fraude fiscal. Ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen informe, que supongo que S.S. conoce, y en estos momentos lo que se está elaborando es la serie de medidas concretas que nos van a permitir convertir ese informe en actuaciones específicas.
Sin embargo, la Unidad de Actuación contra el Fraude no puede hacer olvidar la propia actuación del Ministerio de Hacienda y la actuación del Ministerio, directamente o a través de la Agencia, afecta a numerosas facetas de la vista económica en nuestro país.
Por supuesto que hay una faceta normativa que en estos momentos se centra, fundamentalmente, en la Ley Orgánica por la que se regulan los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria y en el proyecto de ley orgánica contra el contrabando. En cuanto a las actuaciones de la Agencia --que es, sin duda alguna, el instrumento que nos permite luchar contra el fraude de forma más directa--, se pueden centrar en dos grandes líneas: primera, facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, y en ese sentido le puedo asegurar que hemos tenido éxitos relativamente significativos, como ha sido la cooperación con los ciudadanos en todo el impuesto de renta, especialmente en el tema Padre, y segunda, la agilización de las evoluciones tributarias, que en el año 1994 estánfuncionando de forma más rápida que en los momentos tradicionales. También aquí se está produciendo una corrección del régimen de estimación objetiva por módulos, de tal forma que vayamos incluyendo nuevos sectores que permiten ir centrando la situación y ver dónde pueden seguir existiendo bolsas de fraude en el país y hacer frente a las mismas.
A S.S. le preocupa, sin embargo, el gran fraude. Yo diría que también el gran fraude nos preocupa a nosotros. Por eso hemos reforzado nuestro sistema informático, dado que, sin duda alguna, es el elemento fundamental de lucha para intentar captar cierto tipo de actuaciones incorrectas, aunque es verdad que la libertad de movimientos de capital nos está estableciendo una serie de límites de actuación, por lo que a veces resulta difícil compatibilizar esa libertad de movimientos de capital con la lucha contra el fraude de cierto tipo de actuaciones.
Yo diría que, en términos globales, los resultados que estamos obteniendo son satisfactorios, como son también satisfactorios los resultados que, por ejemplo, se están produciendo en el control de las declaraciones con solicitud de devolución, que ha sido otra de las prioridades del año 1994, dado que por esa vía también presumíamos que existían algunas dificultades en cuanto al control del fraude.
A S.S. le preocupa también si está funcionando bien la coordinación entre la recaudación, la inspección, etcétera. Yo le diría que sí. El comportamiento de la Agencia está siendo muy correcto. Su señoría dice que ha habido tres responsables de la Agencia. Yo diría que es cierto; esa afirmación es incuestionable. Pero igualmente es cierto que hubo un responsable de la Agencia que fue sustituido hace un año, y es verdad que su salida, por razones personales, nos ha llevado necesariamente a cambiarlo. Pero no olvidemos que los dos primeros responsables de la Agencia eran personas que habían trabajado durante mucho tiempo con el mismo objetivo y el tercero que lo sustituye, evidentemente, está en la misma sintonía.
En recaudación se está trabajando mucho en programas específicos para el cobro de deudas procedentes de actas de inspección, que está dando un buen resultado. Estamos actuando mucho más que antes en procedimientos concursales con una doble finalidad: por una parte, recuperar los créditos tributarios a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico permite a la Hacienda y, por otra, intentar que se aplique de forma más correcta en estos procesos la normativa que impide que a través de coberturas de métodos concursales y suscripción de convenios, lo que se esté produciendo sea un detrimento para la Hacienda pública.
En el análisis de inspección nos hemos centrado en algunos sectores que podemos llamar de especial riesgo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): En seguida termino, señor Presidente.
Por supuesto, en el sector inmobiliario estamos trabajando cada vez de forma más vinculada con las administraciones tributarias de otros países. Tenemos ya bastante experiencia de alguna inspección conjunta, estamos intentando profundizar en la posible fusión fiscal

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a través de sociedades instrumentales y tenemos una mayor especialización sectorial en las unidades de inspección.
En términos globales, el programa que teníamos previsto de lucha contra el fraude para el año actual a 30 de junio de este año nos da cumplimientos claramente por encima de nuestros objetivos. En ese sentido, yo le diría que la actuación de la Agencia está siendo francamente correcta, que los resultados son positivos y que espero que sigan siéndolo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Para un turno de réplica, tiene la palara el señor Costa.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, tengo que hacerle una pequeña puntualización.
Puede que no comparta los planteamientos que he manifestado a lo largo de mi intervención, pero lo que no puedo aceptar, y se lo digo con todo respeto, es que afirme que no he actuado con rigor en las manifestaciones que he realizado. Y lo que también me va a admitir, con todos los respetos, señor Solbes, es que usted, en cambio, no ha sido riguroso en la crítica a las afirmaciones que yo he realizado, y así se lo voy a demostrar en estos momentos. Sobre el crecimiento de la presión fiscal, sobre la elevada presión fiscal, es cierto que he dicho que en nuestro país ha crecido por encima del crecimiento que ha experimentado en la Unión Europea, y eso usted no me lo ha cuestionado. Usted también sabe que en términos macroeconómicos lo más importante no es la cifra de la presión fiscal, lo más importante es el crecimiento de presión fiscal, y sobre todo cuando se va a acometer una reforma tributaria. Pero lo que sí he dicho es que en nuestro país la presión fiscal sobre las rentas empresariales es superior a la que existe de promedio en la Unión Europea y en la OCDE. No he hablado de la presión fiscal en términos globales; me he referido a la presión fiscal sobre rentas empresariales.
En cuanto al esfuerzo fiscal, usted sabe a qué me refiero si hago mención al esfuerzo fiscal, ¿y cuál es el esfuerzo fiscal en nuestro país? ¿En qué nivel nos encontramos de esfuerzo fiscal con respecto a los países en nuestro entorno económico? Usted me lo puede responder cuando se acerque a la tribuna para replicar a mi intervención.
Respecto a la competitividad y el efecto de la fiscalidad sobre la misma, desde luego la competitividad es un concepto muy amplio, se ha comentado antes aquí en las preguntas que se le han formulado a usted, señor Ministro. Pero lo que no me puede negar es que, de acuerdo con las manifestaciones que realiza, por ejemplo, el último informe de la OCDE, la fiscalidad sobre los proyectos de inversiones empresariales en nuestro país es elevada y eso penaliza la competitividad de las empresas españolas; la penaliza porque reduce los resultados de esos proyectos de inversión empresariales después del pago de impuestos. Y si se reducen los resultados después del pago de impuestos, se incorpora un nuevo coste al proceso de producción que reduce la rentabilidad, la capitalización y, al final, la competitividad de esa empresa en concreto.
¿Es sesgada mi afirmación de que nuestro sistema tributario se aparta de los modelos de sistema tributario que existen en nuestro entorno económico y de las tendencias internacionales? Y no me salga con el tema del IVA, señor Ministro. El IVA está armonizado a nivel Unión Europea y es lógico que en nuestro sistema tributario incorporemos modificaciones que armonicen el IVA a ese nivel de la Unión Europea.
Como usted recordará, yo no me he referido de forma significativa al IVA, pero lo que sí que han hecho ustedes con su implantación en nuestro país es ser muchísimo menos selectivos de lo que han sido (y estoy en condiciones de demostrárselo cuando usted lo desee), en evitar las distorsiones que puede producir la aplicación del IVA en materia de costes financieros; han sido mucho menos selectivos de lo que han sido en la mayor parte de los países que son más celosos con el respeto o con la neutralidad en la actividad económica. Y me refiero a los otros impuestos. La tarifa de nuestro IRPF, en cuanto a número de tramos, solamente es superada por Luxemburgo, y la media de tramos es de 6,1; la media de tipos, del 42,7 por ciento. ¿Cuál es el tipo marginal máximo en España? Solamente está superado nuestro tipo marginal máximo por Francia y por Holanda, luego en la estructura de la tarifa del IRPF tampoco estamos de acuerdo con las tendencias internacionales.
Si me refiero al Impuesto sobre Sociedades, y analizamos el contenido del informe del Libro blanco, las conclusiones a las que podemos llegar son realmente asombrosas. Ustedes, en el Libro blanco, abren un debate de forma tendenciosa y se apartan de todas las recomendaciones en materia de fiscalidad hechas por el Comite Ruding cuando analiza la fiscalidad sobre la renta de empresariales en el ámbito de la Unión Europea.
Ustedes, por ejemplo, no prevén ningún mecanismo en el Libro blanco para corregir el efecto de la inflación; no admiten la aplicación del sistema Lifo en la valoración de existencias; no admiten corregir los costes de adquisición de los activos por el efecto de la inflación para eliminar el gravamen de plusvalías meramente nominales, y no admiten el método de exención para eliminar la doble imposición económica internacional por los dividendos que una sociedad española pueda

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recibir de sus filiales extranjeras. Se están apartando de todos los modelos en materia de fiscalidad directa del ámbito de la Unión Europea. Y se lo digo con toda sinceridad, señor Solbes, este Diputado y mi Grupo Parlamentario tienen un modelo de sistema tributario que están dispuestos a explicarle en cualquier momento; un modelo coherente y un modelo mucho más competitivo que el modelo de sistema tributario que quieren ofrecernos en estos momentos a través del Libro blanco.
Por cierto, el Libro blanco esconde, además, una subida en la presión fiscal sobre las rentas empresariales. Porque ustedes, en el Libro blanco...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo señor Costa.


El señor COSTA CLIMENT: Concluyo, señor Presidente. Ustedes, en el Libro blanco, proponen una supresión de los incentivos generales a la inversión, como la deducción por inversiones en activo fijo nuevo o el beneficio fiscal de la exención por reinversión, y, sin embargo, no tocan ningún otro parámetro del impuesto; por tanto, plantea una subida encubierta de la presión fiscal. Respecto a los anuncios que han realizado, ustedes proponen corregir la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en función de la inflación prevista para 1995. Como decían en el siglo pasado: a buenas horas mangas verdes. Es decir, en los tres últimos años no se ha corregido la inflación. ¿Sabe usted que las familias con una renta de dos millones de pesetas están pagando un 58 por ciento más en impuestos de lo que pagaban, y que, sin embargo, las rentas superiores a 20 millones de pesetas sólo pagan un uno por ciento más? No sé qué quiere que le diga.
Referente al fraude fiscal, ustedes podían haber hecho bastantes cosas a lo largo de este año, y en cambio no han hecho nada. No han puesto en marcha ninguno de los mecanismos normativos que son necesarios para combatir con eficacia el fraude fiscal. No han puesto en marcha la reforma de la Ley General Tributaria y el procedimiento sancionador que tantas veces le ha demandado mi Grupo; no han elaborado ni han difundido un informe sobre el fraude fiscal para que todos los que estamos en esta Cámara y todos los ciudadanos españoles puedan conocer cuál es el nivel de fraudefiscal y puedan hacer sus propuestas; no han planteado ninguna medida para luchar contra la elusión fiscalinternacional, cuando son conscientes de ese problema desde hace muchos años y han intentado resolverlo a través de parcheos, como puede ser, por ejemplo, el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Costa, termine ya, por favor. El señor COSTA CLIMENT: Termino ya, señor Presidente.
En definitiva, he intentado hablarle con rigor y hacer una crítica muy superficial de lo que es nuestro sistema tributario, y le he ofrecido, además, un modelo de sistema tributario que, como le dije anteriormente, cuenta con nuestra colaboración para analizar, para debatir y para poner en práctica en este país, porque nosotros --se lo digo con toda honestidad-- estamos convencidos de que ese modelo que le ofrecemos es el que necesita España en estos momentos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Costa.
También para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, siempre sería bueno que cuando medimos las cosas las midiésemos con la misma vara y no con unidades diferentes. Me refiero al comentario que hacía usted con respecto a la eficacia, a los resultados favorables y a los éxitos por encima de los objetivos previstos de la gestión de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. ¿Por qué digo esto? Por algo muy sencillo. Si se ha sido eficaz en la lucha contra el fraude, si ha funcionado bien la Agencia Tributaria y si estamos situados por encima de los objetivos previstos, ¿cómo es posible que el fraude fiscal haya crecido, según los estudios que estamos barajando? Puede estar equivocado lo que dice el Instituto, puede estar equivocada la Unidad de Lucha contra el Fraude, pero las cifras que se barajaban hace un año lo situaban en torno a dos y pico billones y hoy estamos hablando de tres y pico billones. A lo mejor es que hemos descubierto nuevos almacenes que no conocíamos antes.
Me gustaría hacerle un comentario. Yo no he dicho que ningún fraude, lo haga quien lo haga, es bueno. No es verdad.
Nosotros queremos combatir todo tipo de fraude, lo haga el poderoso o lo haga el débil; no estamos eximiendo de responsabilidades. Lo que sí le he dicho es lo siguiente: ¿no cree usted que se puede cometer una injusticia fiscal si no se actúa con los mismos medios, con los mismos recursos y con la misma fuerza ante el gran fraude que ante el pequeño? Es que ustedes, por ejemplo, en la liquidación del presupuesto, han incrementado la gestión del IVA en importación un 14 por ciento de recaudación hasta el mes de mayo con respecto al año anterior, y un 32 por ciento en operaciones interiores. Es decir, han mejorado la gestión del IVA, igual que han mejorado otras gestiones, pero, ¿cuáles son esos tramos? ¿Han metido de verdad esas grandes bolsas a que yo me refería? ¿Se ha recaudado de ahí, se ha corregido el fraude de esos grandes, o se ha corregido

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de los otros? Eso es lo que le he dicho, que podíamos estar incrementando esa injsuticia fiscal; no le he dicho que quiera tener dos varas. Tan injusta es una cosa como es otra.
Aquí, y no es por simplificar, hay varios caminos a tomar. ¿El fraude se produce por una actuación injusta o porque hay mucha presión fiscal? En los bancos de la derecha tiene usted un análisis.
Le han dicho también que hay exceso de presión fiscal, que las empresas no pueden aguantar más. Teniendo buenos resultados de gestión por encima de lo previsto en el Impuesto sobre Sociedades, hemos mejorado el 2,1 la gestión del Impuesto de Sociedades hasta el mes de mayo, según cifras que nos han aportado ustedes, los impuestos indirectos han crecido en el 23,6 por ciento y los directos solamente el 7,6. Nosotros seguimos pensando que no es bueno el crecimiento de los impuestos indirectos frente a los impuestos directos. Queremos cobrar de forma directa.
Dentro de los impuestos, ha crecido más el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su recaudación, lo que pagamos por nómina, que el Impuesto de Sociedades. En la previsión inicial, señor Ministro, la de los Presupuestos en 1994, significaba una reducción del Impuesto de Sociedades de uno y pico billones a 0,7 billones de pesetas por las exenciones fiscales que íbamos a dar a las empresas para que invirtieran o para que generaran empleo. Pueden haberse producido dos cosas: que haya nuevas sociedades y hayan pagado más o que no se hayan acogido a las exenciones fiscales, puesto que hay más cotización de la prevista. En todo caso, ha bajado más el peso o la presión fiscal sobre las sociedades que sobre las renta de las personas físicas. Eso es lo que consideramos un sistema injusto.
Aquí caben tres caminos: un camino orientado hacia las indicaciones que le hacen desde el banco de la derecha, reducir presión fiscal, ir más a una imposición indirecta, o un camino orientado hacia las indicaciones que le hacen desde los bancos de la izquierda. Usted también puede hacer otra cosa, tomar el camino de en medio, como Salomón, un poquito de aquí y un poquito de allá, para ir cogiendo de todos los lados.
Antes no me ha respondido a una serie de preguntas que le he hecho sobre la actuación de la Agencia tributaria y el funcionamiento de la misma, sobre las bolsas concretas. Me gustaría que me hubiera dicho usted qué se ha conseguido detectar de esas bolsas concretas, como la cuenta de resultados, por así decirlo, en la gestión de lucha contra el fraude.
¿Se va o no se va a subir lo que pudiéramos llamar el mínimo para el delito fiscal? Los cinco millones actuales con los cuales se podía entender delito fiscal, ¿se van a elevar a quince millones de pesetas? Si con cinco millones nadie ha ido a un juzgado para ser condenado, y además el fraude ha crecido, ¿con quince vamos a estar mejor? Respecto al destope del IRPF, ustedes plantean destopar para reducir el tope marginal. El 56 por ciento a los nueve millones y medio, parece ser que se está barajando reducirlo al 54 este año, y de aquí al 1997 llegar al 50 por ciento. ¿A qué renta va a moverse la escala? ¿A qué rentas lo van a llevar? Referente a la incidencia de la inflación, el año pasado nos dijeron ustedes que no podía deflactarse la tarifa del IRPF, no podía proyectarse a la tarifa lo que era la inflación prevista, entonces el 3,5.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ríos, concluya, por favor.


El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
¿Este año se va a hacer con las previsiones del Gobierno? ¿De qué manera se va a corregir la inflación acumulada? ¿Se va a ir de verdad a una progresividad, según los cálculos que ustedes hacían, ya que iban a poner en circulación 100.000 millones para que las familias gastaran? ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué manera se va a presupuestar? En suma, señor Presidente, señorías, lo que le estoy diciendo es que luchar contra el fraude significa recaudar más, reducir déficit, y la política fiscal se puede orientar hacia un lado o hacia otro. En todo caso, en la discusión presupuestaria nos vamos a ver, y yo estoy convencido que en la lucha contra el fraude tendríamos que aplicarle a su Ministerio y a la Agencia tributaria aquello de la finca: manifiestamente mejorable.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Costa, le he dicho que estaba de acuerdo en que se había incrementado la presión fiscal en este país de forma sustancial, y ese era mi punto de partida en la reflexión anterior. Lo que decía también, y S.S. lo ha recogido claramente en su exposición posterior, es que eso nada tiene que ver con la presión fiscal en un momento determinado. Su señoría dice que tiene un efecto macroeconómico, y es verdad que, a corto plazo, sin duda alguna es correcta su afirmación.
Pero sigo insistiendo en mi afirmación inicial: nuestra presión fiscal no es superior a la media de los países de la Unión Europea, sino que es claramente inferior. Su señoría plantea, a partir de ahí, otra afirmación, basándose en las rentas empresariales y en los informes de la OCDE. Es un punto que tendríamos que discutir mucho. En su afirmación anterior dice que las cotizaciones sociales son más altas en nuestro país. Yo

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le diría que no, por lo menos no son esos mis datos, y los podríamos discutir, aunque creo que no es el momento. Son cosas que están publicadas por la OCDE y no vale la pena que discutamos excesivamente.
A S.S. le preocupan aspectos de la competitividad española como, evidentemente, me preocupan a mí y nos preocupan a todos. Dice que la competitividad se ve erosionada por el incremento de la tributación de las empresas. Es posible que un incremento en la tributación de las empresas nos sitúe en una posición menos competitiva en un momento respecto al momento anterior, pero no sáquemos de ahí la conclusión de que nuestra tributación es superior y que, por tanto, aunque perdamos competitividad respecto a nosotros mismos por ese fenómeno, estemos perdiendo competitividad respecto a otros países.
Es verdad que tenemos una aproximación al modelo comunitario, pero no sólo por el IVA, sino por otros muchos factores. Su señoría hace referencia, por ejemplo, al IRPF y dice que estamos peor en los marginales y sólo dos países tienen un marginal superior a nosotros, que son Francia y Países Bajos.
Son países bastante respetables y bastante significativos respecto a lo que sucede en Europa.
En cuanto al Libro blanco sobre el Impuesto de Sociedades, tiempo habrá para discutir los diferentes temas que se han planteado y ver en qué medida las soluciones que SS.SS.
proponen pueden ser o no incluibles. A S.S. le procupa mucho la modificación automática del efecto inflación. A mí es un tema que me preocupa bastante menos. Es decir, creo que esos automatismos pueden tener, sin duda alguna, ciertas ventajas, pero también tienen claros inconvenientes. De acuerdo con mi información y con mi impresión, la doble imposición internacional sí está recogida en el Libro blanco del Impuesto sobre Sociedades, y creo que ahí tenemos también una discrepancia, pero que, en su momento, podremos dilucidar.
Al final, lo que S.S. me plantea es que disponen de un sistema tributario más coherente que el del Gobierno. Evidentemente, pueden plantearlo, no hay ningún problema. Desde luego, en aquellos puntos en que estemos de acuerdo tampoco habrá ningún problema en aceptarlos.
Al señor Ríos le diría que sí aplicamos la misma vara de medir. Lo que S.S. mezcla son dos cosas que no necesariamente son homogéneas. Su señoría dice que el fraude fiscal va peor porque este año ha salido un informe que dice que son tres billones y el año pasado salió un informe diciendo que había dos billones. Me parece una comparación poco coherente. Es decir, lo primero que habría que ver es la metodología de cada uno de esos informes y la coherencia de la cifra en un año y en otro año determinado. No es exactamente el mismo modelo el que se aplica en un caso y en otro.
Me alegro que a S.S. le preocupe, como a mí, que la aplicación de la tributación se haga de forma equilibrada, con independencia de la capacidad financiera de cada uno de los afectados. Y es verdad que el esfuerzo que tendremos que hacer para luchar contra el fraude en cierto tipo de rentas tendrá que ser mucho mayor que en otro caso.
No estoy de acuerdo porque, creo que S.S. sigue interpretando mal las cifras sobre el comportamiento de los ingresos este año. El impuesto sobre Sociedades este año ha subido mucho más, en términos de previsión, que lo que estaba planteado inicialmente. Ello es lógico, porque el año pasado habíamos planteado una reducción importante en el impuesto como consecuencia de las amortizaciones que se habían previsto. Por el de sociedades se tenía que haber recaudado un 20 por ciento menos, y está obteniéndose por encima de la recaudación del año pasado, en consecuencia, con un veintitantos por ciento de incremento. Su señoría plantea el tema de la fiscalidad en términos de derechas, de izquierdas y casi, casi identifica los impuestos directos con la izquierda y los indirectos con la derecha. Yo le diría que ese planteamiento me parece un poco trasnochado. Yo creo que el debate es bastante más complejo y, desde luego, si lo que pretende es una identificación tan simple posiblemente no le seguiría. Yo no me considero situado en los bancos de la derecha; me considero perfectamente emplazado en el sitio en que estoy.
Pienso que en la campana de cristal muchas afirmaciones son absolutamente defendibles, pero en la realidad, decir que los impuestos directos son más justos que los indirectos es una afirmación bastante discutible cuando uno observa la realidad de los sistemas fiscales existentes.
Al final, S.S. se plantea tres problemas. ¿Se va a subir o no el mínimo del delito fiscal? Eso depederá de la decisión que esta Cámara adopte; el Gobierno ha hecho su propuesta. Y yo le diré que la contradicción que se plantea es que, cuando hablamos a nivel individual, posiblemente una cifra alta pueda resultar injusta, y, sin embargo, cuando hablamos de delitos que afectan a actuaciones empresariales, una cifra alta puede ser absolutamente insuficiente. ¿Está prevista la reducción de los marginales en el IRPF? Hay una ley que así lo dice y no me parece que sea un objetivo desdeñable. Pero no está planteada esa reducción en la situación actual.
Por último, es verdad que la deflactación se plantea para este año y no hay progresividad adicional. Como he señalado anteriormente, la modificación de nuestras obligaciones derivadas de la Ley de 1991 fueron consecuencia de una importante crisis económica que, evidentemente, se ha modificado en gran medida, pero no tanto como para que se puedan plantear las recuperaciones a las que S.S. se refiere.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Con la conclusión del debate de este apartado del orden del día sobre interpelaciones ura de esta semana.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.

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