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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 90, de 20/09/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 90 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 89 celebrada el martes, 20 de septiembre de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 4644)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de los minusválidos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 57.1, de 11 de febrero de 1994. (número de expediente 122/000046) (Página 4644)

Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

Página 4638


--Proyecto de Ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos de la bahía de Palma de Mallorca (número de expediente 121/000065) (Página 4649) --Modificaciones del orden del día (Página 4649)

Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación):

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. González Lizondo), sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la Presa de Tous. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 56.1, de 7 de febrero de 1994.
(Corrección de error publicada en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 56.2, de 24 de febrero de 1994) (número de expediente 122/000044) (Página 4650)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a revisar y a adecuar a la actual situación económica y financiera las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, recogidas en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 39, de 20 de diciembre de 1993 (número de expediente 162/000064) (Página 4655) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación del denominado «1% cultural». «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 26, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 162/000044) (Página 4661)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar, potenciar y desarrollar el sector pesquero nacional (número de expediente 173/000049) (Página 4668) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado (número de expediente 173/000050) (Página 4678)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 116.1, de 13 de junio de 1994 (número de expediente 110/000096) (Página 4683) --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 117.1, de 13 de junio de 1994 (número de expediente 110/000097) (Página 4683) --Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 118.1, de 14 de junio de 1994 (número de expediente 110/000098) (Página 4683) --Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 124.1, de 27 de junio de 1994 (número de expediente 110/000099) (Página 4683) --Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990, así como el Protocolo de corrección de errores hecho en Dublín el 24-11-93, y Declaración formulada por España. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 119.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 110/000100) (Página 4683) --Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de

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octubre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 125.1, de 27 de junio de 1994 (número de expediente 110/000101) (Página 4683) --Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 120.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 110/000102) (Página 4683) --Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 121.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 110/000103) (Página 4684) --Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 122.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 110/000104) (Página 4684) --Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 123.1, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 110/000105) (Página 4684)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 91, de 21 de septiembre de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 4644)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4644)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de los minusválidos (Página 4644)

La señora García-Alcañiz Calvo defiende la proposición de ley del Grupo Popular, manifestando que el único objetivo de la misma es tratar de mejorar la condición de vida de los minusválidos, sin que ello suponga una carga para ningún tercero ni para el Estado y los poderes públicos. Añade que presentan de nuevo la proposición de ley a la Cámara por tratarse de un problema vivo y muy duro para los que lo padecen y que es muy sencillo de resolver sin perjuicio ni coste alguno para nadie. Alude a la Ley 3/1990, de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se establece que bastaba la aprobación de las tres quintas partes de los miembros de la comunidad de propietarios para autorizar la modificación de las barreras arquitectónicas de los inmuebles a fin de que los minusválidos pudieran acceder más fácilmente a su piso, pero que se trata de una Ley que ha resuelto muy poco o nada, como se comprueba si se pregunta a los minusválidos o a las asociaciones que los integran.
Destaca la gravedad del problema que supone para unos minusválidos la entrada y salida de casa, especialmente la subida y bajada de escaleras, el cruzar puertas estrechas y tomar los ascensores, por lo que, de hecho, se viene a privar a los minusválidos de su plena participación en la vida política y social que propugna la Constitución, y de la

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situación de igualdad y no discriminación establecida en el artículo 14 de la misma.
Consecuentemente, se trata, en el caso que les ocupa, de reconocer a los minusválidos el derecho de eliminar el obstáculo que supone las barreras arquitectónicas para su libertad de circulación. Es un problema que afecta a miles de personas y que exige una decisión adecuada de los poderes públicos. A este fin, pide a la Cámara la toma en consideración de la proposición de ley, sin perjuicio de que, en debates posteriores, los grupos parlamentarios puedan perfeccionar su texto.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y las señoras Urán González, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández Sanz, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular por 282 votos a favor.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 4649)

Del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de aguas a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca (Página 4649)

El señor Presidente informa a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación del Pleno la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto.
Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley.


Modificaciones del orden del día (Página 4649)

El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la exclusión del orden del día de la presente sesión del proyecto de ley por el que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, cuyo debate de totalidad figura como punto 55 del orden del día. Se aprueba por asentimiento la citada exclusión del orden del día.
Asimismo el señor Presidente informa a la Cámara que la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado someter al Pleno que el debate y las votaciones correspondientes al punto VI del orden del día, sobre convenios internacionales, puntos 33 a 42, tengan lugar hoy martes al finalizar el punto 6.
Se aprueba por asentimiento esta modificación del orden del día.


Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) (Página 4650)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor González Lizondo), sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous (Página 4650)

El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende la proposición de ley presentada. Expone que mucho se ha escrito sobre la rotura de la presa de Tous y mucho se ha hablado en esta Cámara sobre ello, pero en estos momentos, transcurridos doce años de aquella riada y rotura de la presa, aún están por delimitar, en muchos casos, las tierras que se deben entregar a sus virtuales propietarios, familias labradoras que durante siglos las habían venido cosechando.
Señala que en otras comunidades ha habido desgracias, inundaciones y catástrofes y no se ha apelado a ningún tribunal de justicia sino que se ha intentado paliar los daños producidos resarciendo los intereses perdidos, y Unión Valenciana siempre ha estado de acuerdo en que así se hiciera.
En esta ocasión, y aunque sea con retraso, llama desde esta tribuna a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y señores Diputados y pide su apoyo para la toma en consideración y tramitación de esta proposición de ley. Afirma que los ciudadanos de la Ribera del Júcar, en Valencia, han soportado más de once años de abandono del Ejecutivo y otros tantos de desprotección dilatoria del Poder judicial, por lo que sólo les queda pedir el auxilio de esta Cámara. Y él, personalmente, les pide responsabilidad, solidaridad y confianza para con unos ciudadanos que tan sólo solicitan justicia.
Reconoce que la proposición de ley puede tener defectos, pero los mismos cabe subsanarlos durante su tramitación posterior.
Agrega que se ha hablado tanto de Tous, que en este momento sólo espera que todos los grupos apoyen la tramitación de la proposición de ley, y Valencia lo agradecerá.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i

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Unió); Peralta Ortega, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pascual Monzó, del Grupo Popular, y Mohedano Fuertes, del Grupo Socialista. Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto por 298 votos a favor.


Proposiciones no de ley (Página 4655)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a revisar y adecuar a la actual situación económica y financiera las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, recogidas en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre (Página 4655)

El señor Andreu Andreu defiende la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, planteando de nuevo a la Cámara la situación en que se encuentra la vivienda en nuestro país y sobre todo, cómo se encuentran las subsidiaciones y los acuerdos que firma el Gobierno con las entidades bancarias para el otorgamiento de créditos hipotecarios a los usuarios y posibles propietarios de viviendas que necesitan objetivamente subsidiación.
Precisamente la acumulación de préstamos de esta naturaleza fue lo que hizo posible probablemente que el Gobierno, por el Real Decreto 1932/1991, se planteara la ejecución de un plan cuatrienial de viviendas cuando llevaba muchísimo tiempo sin plantear planificación plurianual alguna de vivienda. Añade que, como consecuencia del citado plan, que aún durará hasta el año 1995, el Gobierno se planteó una serie de propuestas con las que se pretendía luchar contra los elevados tipos de interés que se estaban dando en el mercado hipotecario. La disminución de esos tipos de interés ha tenido efectos claramente positivos, porque ha producido que sectores importantes del pueblo español que tenían graves dificultades para llegar a la vivienda hayan podido acceder a ella a través de estos créditos hipotecarios.
Sin embargo, muchas de las condiciones que vinieron a mejorarse con aquel Real Decreto hoy han quedado anticuadas, ya que la bajada de tipos de interés en el mercado hipotecario se ha debido en gran parte a la Ley de Modificación de los Créditos Hipotecarios, gracias a la cual tales tipos de interés quedan por debajo de lo que marcó el Real Decreto del Plan de Viviendas 1992/1995. Por consiguiente, la proposición de Izquierda Unida tiene vigencia completa en su punto primero, por lo que considera que deben ser revisados los convenios que se están realizando con entidades de crédito para rebajar los tipos de interés. En definitiva, la proposición no de ley puede y debe servir para plantear de nuevo una revisión de lo que han sido los conceptos del Plan de Vivienda, a la vista de que han variado las condiciones existentes cuando dicho Plan fue aprobado, inciciendo así en una mejora de las condiciones de acceso de los españoles al mercado de la vivienda.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular, y Velasco Rodríguez, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley debatida por 298 votos a favor y dos abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación del denominado «1% cultural» (Página 4661)

El señor Baltá i Llopart defiende la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Alude a la Ley de 25 de junio de 1975, del Patrimonio Histórico Español, que resolvió una situación de dispersión legislativa que se había prolongado durante decenios, y en desarrollo de la cual se dictó el Real Decreto 111/1986, regulando el denominado uno por ciento cultural. La proposición no de ley que ahora defiende viene a enmendar el texto de ese Real Decreto, a la vista del tiempo transcurrido desde su promulgación y considerando que se ha producido una cierta indefinición respecto a los caminos a través de los cuales el monto económico total de ese porcentaje del uno por ciento llega al área concreta de la cultura. A través de la proposición no de ley plantean que la inversión cultural debiera hacerse en la misma comunidad autónoma en que se efectúa la obra pública, solucionando, por otra parte, una cierta conflictividad que se ha producido entre los diferentes departamentos del Ejecutivo, concretamente entre los Ministerios de Obras Públicas y Cultura, haciendo aún más difícil que los gobiernos autonómicos pudieran opinar o decidir sobre el particular, a pesar de que la obra cultural se ubicara en su territorio.


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Dado que considera que los señores Diputados conocen perfectamente el problema, no estima necesario entrar en más detalles, por lo que se limita a solicitar el voto favorable de los distintos grupos parlamentarios a la proposición no de ley. En concreto, se trata de que los fondos afectados sean transferidos al Ministerio de Cultura y éste los aplique, previa consulta con la respectiva comunidad autónoma, en el propio territorio de la misma.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Cortés Martín, del Grupo Popular; Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, es aprobada por 171 votos a favor, uno en contra y 132 abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4668)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política del Gobierno para garantizar, potenciar y desarrollar el sector pesquero nacional (Página 4668)

El señor Andreu Andreu defiende la moción del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifestando que, después del debate habido el miércoles anterior al plantear la interpelación correspondiente, a través de esta moción Izquierda Unida cree que ofrece a la Cámara la oportunidad de plantearse el problema de la pesca en globalidad. Señala que, hasta ahora, la pesca ha sido objeto de muchos debates parlamentarios que de forma fragmentaria han ido viendo diferentes aspectos de los problemas por los que pasa el sector pesquero. Así, hay numerosas proposiciones no de ley aprobadas sobre la materia, pero hasta ahora este Congreso no había tenido la oportunidad de plantear un dictamen sobre el incremento de los problemas de la pesca en nuestro país. La proposición da la oportunidad a la Cámara de emitir ese dictamen, planteando las modificaciones legales que han de realizarse en el ámbito de nuestra legislación, la cuestión de las competencias con las comunidades autónomas y el papel y la actitud que el Gobierno debe tomar ante la Unión Europea sobre los diferentes problemas que acerca de la pesca hoy se dirimen en el ámbito de la Comunidad. Al efecto, proponen la creación de una ponencia en el ámbito de esta Cámara que pueda debatir y a la que puedan asistir personas cualificadas en los diversos estamentos del sector pesquero, con lo que se podrá tener conocimiento de primera mano sobre las dificultades que tiene el sector, y también los importantísimos problemas laborales que en el mismo existen. Igualmente podrá conocer sobre los dimensionamientos que nuestra flota debe tener y cómo se debe abordar la reconstrucción de muchos de los caladeros nacionales, hoy agotados, y que deben volver a ser útiles y productivos para nuestro país mediante una racionalización en el uso de los mismos. Asimismo pueden abordarse en la ponencia importantes asuntos relacionados con otros países y el referente a las infracciones de pesca, así como cualquier otro planteamiento que pueda hacerse, ya que la ponencia no es excluyente.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular, y Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV).
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Moragues Gomila, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con las rectificaciones resultantes de las precisiones efectuadas por el señor Andreu en el curso del debate, es aprobada por 300 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado (Página 4678)

El señor Aguirre Rodríguez defiende la moción del Grupo Popular, aludiendo al debate del pasado miércoles, en el que intentaban conocer qué medidas iba a adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad presupuestaria, cuyo objetivo central para el Grupo Popular es la reducción del déficit público, así como poner el Presupuesto al servicio de la estabilidad de la economía. En el debate anterior denunciaban la laxitud como característica fundamental del Presupuesto y la existencia del déficit oculto por determinar en el sector público, hechos ambos que han sido avalados por el Tribunal de Cuentas al fiscalizar la

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cuenta general del Estado. Agrega que sus críticas reiteradas a las cuentas del Estado y a los déficit públicos son aisladas, pues otros están advirtiendo con insistencia sobre los riesgos de la permanencia de este déficit, y últimamente la propia Comunidad Europea ha abierto expediente a España por considerar excesivo el citado déficit e insuficientes las medidas del Gobierno para contenerlo. Considera que la reprimenda es merecida y justificada, pero es también bochornosa, y la reacción del Gobierno y de los grupos que le apoyan insostenible. Seguir hablando en materia de política presupuestaria de todo menos de las medidas para recuperar la credibilidad de los Presupuestos, en el objetivo de la reducción del déficit es, a su entender, una auténtica irresponsabilidad.
Afirma que con ese descontrol del déficit público la recuperación económica quiebra, pero el Grupo Popular considera que nos encontramos aún a tiempo de identificar medidas que con el respaldo de una amplia mayoría de los grupos de esta Cámara tengan como objetivo, en primer lugar, recuperar la credibilidad de los Presupuestos y, en segundo lugar, fortalecer su contribución a la recuperación económica.
Estas razones les mueven a presentar esta moción como una propuesta para el diálogo parlamentario, aun siendo conscientes de que algunas ya fueron rechazadas por los votos socialistas en ocasiones anteriores y de que otros grupos no van a poder votar dichas propuestas por estar presos de un pacto que en estos momentos les obliga a no mirar el contenido estricto de esta moción. Expone que la falta de credibilidad de las cuentas del Estado y de su situación patrimonial, denunciadas por el Tribunal de Cuentas, hacen necesario realizar una auditoría que identifique el déficit público real de las administraciones públicas. Asimismo, estima necesario determinar las deudas que las administraciones públicas tienen con los contratistas y proveedores. Y no sólo identificar esa deuda, queda también elaborar un plan especial para su cancelación.
Por otra parte, es preciso que el proyecto de la nueva Ley General Presupuestaria, anunciado por el Ministro de Economía y Hacienda, recoja las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su moción de diciembre de 1993, en cuanto a la contabilidad pública, las modificaciones de créditos y sobre autodisciplina en su ejecución. Igualmente es necesaria la reforma de la intervención General de la Administración del Estado, garantizando la plenaautonomía funcional y una adscripción orgánica superior para reforzar las instituciones de control.
Termina señalando que la moción se completa con un conjunto de propuestas que promuevan una mayor contribución al objetivo de la citada recuperación de la credibilidad de las cuentas del Estado, solicitando para la misma el voto favorable de la Cámara.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hernández Moltó, en nombre del Grupo Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Popular es rechazada por 130 votos a favor, 165 en contra y una abstención.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 4683)

Para un turno en contra del Convenio europeo sobre determinación del primer país a la hora de decidir los procedimientos a seguir en los casos de demanda de asilo intervienen los señores Rupérez Rubio, en nombre del Grupo Popular, y López Garrido, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En turno a favor del convenio interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Balletbó Puig.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de 1994.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 277 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 275 votos a favor. Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979. Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a favor y uno en contra.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a favor y una abstención.
Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio

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de 1990, así como el protocolo de corrección de errores hecho en Dublín el 24-11-93, y declaración formulada por España.
Sometido a votación, se aprueba por 147 votos a favor, 12 en contra y 126 abstenciones.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 283 votos a favor y uno en contra.
Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a favor y una abstención.
Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de 1994. Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 280 votos a favor. Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
Sometido a votación, se aprueba por 284 votos a favor.
Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 123.1, de 17 de junio de 1994.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen por 284 votos a favor. Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al desarrollo del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte de don Joan Horaci Simó i Burgues, Diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central en sustitución de don Josep Grau i Seris.
Don Joan Horaci Simó i Burgues, ¿jura o promete S.S. acatar la Constitución?

El señor SIMO I BURGUES: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Joan Horaci Simó i Burgues ha adquirido la condición plena de Diputado. Bienvenido a la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE RESIDENCIA Y DE CIRCULACION DE LOS MINUSVALIDOS (Número de expediente 122/000046)

El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de los minusválidos.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora García-Alcañiz.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Señorías, de nuevo viene a la Cámara, para su toma en consideración, una proposición de ley cuyo único objetivo es tratar de mejorar la condición de vida de los minusválidos, sin que ello suponga una carga para ningún tercero, ni para el Estado ni para los poderes públicos. Viene de nuevo porque se trata de un problema vivo y muy duro para los que lo padecen, que aún no han encontrado solución en dos medidas legislativas, que han servido más para que la opinión pública no crea en la utilidad de su Parlamento que para lo contrario.
Desgraciadamente es así y hay que decirlo. Ruego a todas SS.SS., pero especialmente a las señorías socialistas, que escuchen, porque el problema es sencillo

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de entender escuchando, por supuesto. Una vez entendido, es también, aunque sólo sea por esta ocasión, muy sencillo de resolver, sin perjuicio ni coste alguno para nadie.
Me refiero, en primer lugar, a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que tuvo lugar por Ley 3/1990.
La modificación estableció que no era necesaria la unanimidad del acuerdo, sino que bastaba la aprobación de las tres quintas partes de los miembros de la comunidad de propietarios, que representan las tres quintas partes del conjunto de la propiedad, para autorizar la modificación de la estructura del inmueble, de derribo de las barreras arquitectónicas. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora García-Alcañiz.
(Pausa.) Cuando quiera.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Decía que la modificación que se pedía era la de derribar las barreras arquitectónicas, a fin de que los minusválidos pudieran acceder a su piso. Esta medida puede parecerles a algunos progresiva, puesto que antes exigía acuerdo unánime y ahora sólo requiere, a partir de esta Ley del año 1990, el acuerdo de la mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios y de la propiedad. Pero, señorías, esta Ley no ha resuelto nada o ha resuelto muy poco, y basta para comprobarlo si se pregunta individualmente a los minusválidos o si se pregunta a las asociaciones que los integran.
Ahora bien, la reforma, señor Presidente, debe entenderse manifiestamente inconstitucional, a pesar de su benevolente intención de reducir los riesgos y los rigores de la antigua ley. Su inconstitucionalidad procede de que en el año 1978 se aprobó la Constitución hoy vigente, cuyo artículo 9.2 determina como responsabilidad de los poderes públicos la de «...promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo... sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social». Para que penetre en la conciencia de cada uno de nosotros la gravedad que el problema tiene, hay que partir del hecho de que la salida y la entrada en casa, en su propio piso, es para un minusválido una verdadera aventura peligrosa, comparable a veces al descenso del Orinoco de una persona plenamente capaz. Remontar las escaleras o bajarlas, atravesar puertas estrechas, evitar verjas y ascensores, que no permiten acoger a un minusválido con su silla o con sus prótesis, constituye un peligro para el propio minusválido y para los familiares o personas que le ayudan.
En estas condiciones, señorías, se impone como opción preferente --se explica--la de no moverse de casa, por lo cual se le priva al minusválido de esa plena participación en la vida política --por ejemplo, el ejercer el derecho al voto--y social que la Constitución propugna. Este trato, que no procede de voluntad humana ninguna sino de una circunstancia personal desgraciada, está prohibido por la igualdad que establece el artículo 14 al proscribir toda discriminación por razón de otras circunstancias diferentes de las expresamente mencionadas. Ante esta desgracia, la natural reacción es la de la pura compasión inoperante y pasiva del Dios le ampare, hermano. Acaso esto pueda hacerlo cualquier ciudadano o persona privada; pero quien no puede hacerlo en modo alguno son los poderes públicos a los que la Constitución obliga de manera taxativa a eliminar las barreras que se oponen a la libertad y a la igualdad de todos los ciudadanos. En este caso se trata, simplemente, de reconocer a los minusválidos el derecho de eliminar el obstáculo que suponen las barreras arquitectónicas para su libertad de circulación.
Debo recordarles, señorías, que esta libertad alcanza tan importante relieve, a pesar de su apariencia modesta, que es la primera que los dictadores eliminan o suspenden cuando ejercitan de manera más arbitraria su poder. Es verdad que la supresión de la libertad de circulación va acompañada normalmente de la supresión de la libertad de información; pero es así, señorías, porque ambas libertades expresan de modo inmediato la dignidad de la persona y su supresión, la servidumbre.
Por consiguiente, no estamos ante un problema más que aconseja una medida legislativa; en realidad, señor Presidente, estamos ante un problema que afecta a cientos de miles de personas, y no quiero decir cívicamentea cientos de miles de electores para no caer en demagogia. El problema exige una decisión adecuada de los poderes públicos, y si esta decisión se toma se verán afectados positivamente por esta iniciativa muchos ciudadanos españoles. La ley de Arrendamientos Urbanos, tantas veces invocada en debates anteriores, recoge en su artículo 25 un proyecto que no aporta solución alguna. Dice lo siguiente: El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en la vivienda las obras que sean necesarias para adecuar ésta a su condición de minusválido o a la del cónyuge o familiares que con él convivan. Como puede comprobarse, señorías, la autorización es para realizar obras en la vivienda, esto es, en el interior de la vivienda, lo cual supone la exclusión de obras en los accesos de la vivienda desde la calle y las salidas a la misma, que por regla general es donde se plantean las dificultades más peligrosas para el desplazamiento de los minusválidos.
De esta manera, llegamos a la conclusión de que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal no ha aportado solución alguna ni tampoco la va a aportar la nueva

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Ley de Arrendamientos Urbanos. Así pues, si lo prometido es deuda --me refiero a lo prometido por el Grupo Socialista--, la deuda, señores socialistas, sigue en pie. Y no es una deuda hacia la Cámara, es una deuda de posibilitar nada menos que el ejercicio de un derecho fundamental mediante la eliminación de los correspondientes obstáculos que impiden la circulación de los ciudadanos. Una postura maximalista llevaría a proponer que se arbitrasen los medios necesarios por los Presupuestos Generales del Estado para realizar obras en aquellos edificios en que viven minusválidos. Pero como lo mejor es enemigo de lo bueno, la proposición de ley, naturalmente mejorable en el trámite de enmiendas, no llega a tanto y se conforma con que los gastos que pueda originar la reforma corran a cargo del beneficiado, a cargo de las personas o entidades que generosamente quieran y puedan ayudarles. De esta manera se obtiene el resultado de no sobrecargar los gastos públicos y, simultáneamente, facilitar la solución del problema por medios adecuados. En definitiva, que la buena voluntad del Dios le ampare hermano se transforme en la mejor voluntad de contribuir a solucionar este problema.
Acaso se podría sostener de una manera maliciosa que esto solamente solucionaría el problema de quienes tienen medios económicos, pero no es verdad. Tal vez lo tendrían más fácil, y ya sería un progreso, si alguien abriera a estas personas los límites que les vienen impuestos por su minusvalía. De lo que se trata es justamente de abrir esta posibilidad para todos los minusválidos y de hacerlo de tal modo que con la ley en la mano puedan buscar fondos de entidades sociales altruistas para la supresión de barreras arquitectónicas, sin más condiciones que las garantías establecidas en esta proposición. Nada se les daría que no se les diera ya por imperativo constitucional.
En último término, y voy finalizando, señor Presidente, nadie tiene derecho a mantener unas condiciones que dificultan gravemente la plena participación social de cualquier ciudadano, aun cuando de momento no se pueda contribuir económicamente a solucionar el problema.
Es de esto de lo que se trata, de resolver el problema. Por ello les pido, señores Diputados, que voten favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Les pido que ayuden a los necesitados, que son los minusválidos en este caso. Les pido que en su momento enmienden y perfeccionen este proyecto de texto legal. Les pido, en fin, que no traicionemos nuestra propia potestad, la que nos otorga el artículo 9.2 de la Constitución de hacer que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, que, sin duda, ha de ser un honroso deber para nosotros. Evitemos el ridículo de votar en contra sin dar razones de peso para ello; razones que nunca se han dado y que no se alcanzan, razones que puedan comprender al menos los minusválidos que precisan de nuestra acción legislativa. Yo tengo la seguridad de que todos los Diputados van a votar en conciencia favorablemente.
Quizá tenía que haber terminado, señor Presidente, pero voy a consumir unos segundos más porque deseo añadir una precisión que me parece contundente para el ejercicio del voto por cualquier personal cabal. Esta proposición de ley implica indirectamente una limitación al libre uso de la propiedad por arrendadores o por copropietarios de elementos comunes; limitación, por lo demás, plenamente justificada por la Constitución.
Pues bien, señorías, no se pide más en esta proposición de ley; no se pide más --repito-- que lo que con aquella otra se dio a los ciudadanos por la Ley 19/1993, la cual autorizó la instalación de antenas de estaciones radioeléctricas de aficionados a cualquier ocupante de un inmueble. Pueden comprobarlo SS.SS. Esta Ley número 19/1993, por unanimidad de toda la Cámara, autorizó a estos radioaficionados, que nos parece bien, pero nos parecería discriminatorio si no se aceptase este mismo reconocimiento para los minusválidos.
Entiendo, señorías, que la razón y la conciencia les obligan a votar favorablemente. Es leal decírselo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la proposición de ley cuyo debate iniciamos hoy aquí pretende alcanzar un objetivo con el que difícilmente podemos estar en desacuerdo dado que, en definitiva, pretende el cumplimiento de las previsiones de la Constitución y, en parte, de la LISMI y de su Título IX sobre movilidad y eliminación de barreras para permitir a los minusválidos la posibilidad de su desplazamiento en cualquier lugar en el que se encuentren a lo largo de su vida.
Desde la aprobación de la LISMI, hay que reconocer que hemos dado algunos pasos, algunos importantes, en la línea del cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución. En la legislatura pasada se aprobó por unanimidad en esta Cámara --a propuesta de nuestro Grupo-- la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, fue exactamente el día 31 de mayo de 1990, y en aquella corrección que hicimos de la legislación vigente ya permitimos dar un paso para que, con la aprobación de las tres quintas partes del total de los propietarios de la vivienda, se pudiesen acondicionar éstas a las necesidades de los minusválidos. Es cierto que no era suficiente,

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que había un colectivo importante, que eran los arrendatarios, que quedaban fuera de aquella modificación. Por eso un año más tarde, en mayo de 1991, mi Grupo trajo a esta Cámara otra proposición de ley precisamente para modificar el artículo 112 de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el sentido de facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas y accesos a las mismas. En aquella ocasión, este portavoz, que fue quien defendió nuestro proyecto, no tuvo la sabiduría de poder concitar a todos los Diputados de la Cámara para que votasen favorablemente, como habían hecho el año anterior.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hinojosa.
Les ruego que guarden silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Decía que en el año 1991, en la propuesta que hicimos a esta Cámara para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, no tuvimos la misma fortuna que habíamos tenido el año anterior con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal y, en consecuencia, no se aprobó aquella proposición, que hubiese facilitado que los arrendatarios hubiesen podido modificar los accesos a sus viviendas y todas aquellas barreras que podían perjudicar los movimientos de los minusválidos. Este es un asunto, señorías --no se les ocultará--, al cual somos muy sensibles todos los Grupos de la Cámara y la sociedad en general. Y es así que algunas comunidades autónomas han legislado ya en este terreno, aquéllas que tenían facultades para hacerlo y otras que, teniéndola, no lo han hecho; pero digo aquéllas que tenían y han legislado ya en esta línea de eliminar barreras. Y así, tenemos que en Cataluña, por ejemplo, se ha legislado y hecho una ley de la vivienda, cuyos artículos 35 y 36 favorecen la accesibilidad de los minusválidos a sus viviendas, a sus locales de negocios, a los edificios públicos, etcétera. Y más tarde, la misma Comunidad Autónoma aprobó una ley de eliminación de barreras, específicamente de eliminación de barreras, en la que quedaba legislada la posibilidad de eliminar todas aquellas barreras que hubiese para el acceso a los edificios públicos, a los parques, a las viviendas, a los medios de transporte, etcétera. Por tanto, está en marcha.
Nosotros creemos que sería bueno que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen también responsabilidad en este problema, fuesen los que legislasen en esta materia, dado que tienen responsabilidad en ello y están más cerca del problema; están más cerca de los individuos, de los colectivos que padecen el problema.
Hoy nos trae aquí, a este debate, la propuesta de ley que hace el PP. Nosotros --vaya por delante, doña Elena García-Alcañiz- - vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Pero queremos decirle, con todo respeto, que este texto es terriblemente mejorable, que este texto nos causa un cierto reparo, porque, tal como está planteado, va a colisionar con el artículo 8.º del Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el artículo 9.25 y, probablemente, con algunos otros que en este momento no tengo presentes y que nuestros juristas nos señalarán en qué medida pueden afectar a las competencias legislativas de la Generalidad.
El texto, señora Diputada, nos parece hecho muy deprisa, con buen ánimo de que se debata el problema, pero sin fijar la complejidad de la aplicación de lo que se aprobará, si se aprobase el texto tal como está.
Como he dicho, nosotros vamos a colaborar con nuestro voto para que se tome en consideración esta proposición de ley, pero ya le advertimos que presentaremos enmiendas en profundidad al mismo texto, porque nos parece que es necesaria su mejora precisamente para que sea aplicable, ya que, como dije al inicio de mi intervención, la Cámara y la sociedad son sensibles a la solución de este tema, y hay que tomar medidas que sean realizables, sin invadir competencias y haciendo que sea posible la realización de aquello que la Cámara apruebe.
En esa línea, señoras y señores Diputados, señor Presidente, mi Grupo Parlamentario da su voto favorable a la tramitación de la proposición de ley. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al igual que el portavoz que me ha precedido, somos conscientes, y así lo queremos decir, de la voluntad que existe, tanto en esta Cámara como en la sociedad, de ir mejorando, a través de leyes y de concienciación social, la calidad de vida de las personas con minusvalías.
He de decirle que mi Grupo va a votar afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley porque compartimos el fondo que plantea, pero también he de aclararles que no compartimos la forma en que está expresada la misma. Por eso le vuelvo a repetir que vamos a votar afirmativamente la toma en consideración, pero al mismo tiempo vamos a presentar enmiendas que mejoren este texto, que tengan en cuenta las competencias de las comunidades autónomas y puedan, además, involucrar a los propios ayuntamientos, que son los que más directamente

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están viviendo los problemas de las personas con minusvalías.
Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad de vida de estas personas, pero al mismo tiempo somos conscientes y tenemos claro que sólo con los avances en la concienciación de la sociedad serán realmente aplicables las medidas legislativas que se puedan aprobar y que, además, será lo único que garantice la mayor integración de estas personas no sólo en cuanto al acceso y a la libre circulación en sus viviendas, sino al resto de la participación de estas personas en todos los aspectos de la vida social.
Por tanto, señorías, nosotros consideramos que no es una cuestión sólo y exclusivamente de ayuda a los necesitados, sino de justicia, que además está en los textos constitucionales y que lo que tenemos que hacer es desarrollarlo. En consecuencia, señorías, la posición de nuestro Grupo es afirmativa, aunque pensamos enmendar el texto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.


La señora FERNANDEZ SANZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a empezar confesándoles que el Grupo Socialista y esta Diputada, encargada de marcar la posición de nuestro Grupo ante esta proposición de ley, hemos tenido muchas dudas sobre la necesidad de una ley formal para regular esta materia cuando existen --y por lo menos hoy aquí debemos recordarlo, y reconocerlo el Grupo Popular-- mecanismos jurídicos importantes y casi suficientes para resolver la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. En primer lugar, la Ley de Propiedad Horizontal y su reforma del año 1990; en segundo lugar, el proyecto de ley de arrendamientos urbanos en el que en este momento nuestros compañeros parlamentarios en el Senado están trabajando; en tercer lugar, la Ley de Integración Social del Minusválido, que mandata y distribuye competencias entre Administración central y comunidades autónomas. Coincido con la reflexión del Diputado señor Hinojosa, de Convergència i Unió, acerca del respeto exquisito a las competencias de comunidades autónomas e incluso existen competencias de las corporaciones locales a través de la Ley de Bases de Régimen Local.
Merecería la pena en este momento recordar, cuando la LISMI delegó competencias en este campo en las comunidades autónomas, las tres comunidades autónomas que fueron las primeras en legislar: la Comunidad Vasca, la Comunidad Catalana y, en tercer lugar, la Comunidad de Castilla-La Mancha. El resto de las comunidades autónomas ha atendido esta responsabilidad a finales de los ochenta. Por último y en cuarto lugar, creo que todos los grupos políticos tenemos que recordar que hay varios reales decretos, unos de tipo general, otros de tipo sectorial, al menos tres de tipo general, que todos debemostener en cuenta: el del año 1982, sobre rehabilitación de viviendas; el del año 1989, sobre accesibilidad para las personas con movilidad reducida ante la construcción de nuevos edificios y el del año 1991, sobre vivienda, que afecta al Plan 1992-1995 y tiene unos apartados dedicados a la financiación y a la actuación, buscando la protección de estas situaciones.
Dicho esto, ¿por qué el Grupo Socialista va a entrar, entramos, y va a tomar en consideración de forma favorable el proyecto de ley que nos plantea el Partido Popular? En primer lugar, porque la Ley de Propiedad Horizontal, insisto, su modificación a través de la Ley 3/1990, habla de un quórum necesario por parte de la comunidad de vecinos para realizar obras de acceso al domicilio y el proyecto de ley que aquí se nos presenta elimina este quórum. Esto es positivo, pero llamo la atención al Grupo Popular y colectivamente a todos los grupos políticos acerca de que algunas veces, las personas que no tenemos una minusvalía, funcionamos de manera paternalista con las personas que la tienen, e imponer no es la mejor forma de que los minusválidos consigan la integración. La integración, sin duda, necesita de diálogo, de negociación y de consenso por parte de los minusválidos, en este caso, con su comunidad de vecinos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Fernández.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Señorías, les ruego guarden silencio en consideración a quien ocupa la tribuna, a quienes tienen trabajo en el hemiciclo y deben cumplirlo sólo de forma eficaz con su colaboración silenciosa y para quienes quieren atender, que son mayoría, a lo que se dice desde la tribuna. Les ruego guarden silencio.
(Pausa.) Cuando quiera.


La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor Presidente.
Hay otro motivo más por el cual el Grupo Socialista toma en consideración la proposición de ley del Grupo Popular.
La Ley de Arrendamientos urbanos resuelve de una manera clara, precisa y contundente el tema de las reformas de la vivienda - -artículo 24--, incluso cuando no existe la posición a favor del propietario de la vivienda. Este proyecto de ley solicita también esa misma claridad cuando habla de locales de negocios arrendados a personas minusválidas o cuando habla del acceso a una vivienda que es alquilada por una persona minusválida.


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Estos son los dos motivos por los cuales el Grupo Socialista va a tomar en consideración esta proposición de ley.
Junto con esto necesitamos dejar bien claro que esta proposición de ley del Grupo Popular tiene muchos defectos.
Si se analiza su título y su artículo 1.º creo que todos coincidiremos en que resulta excesivo afirmar que mediante este texto y sus medidas propuestas se vaya a hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de las personas minusválidas. Tan sólo estamos, en este proyecto de ley, hablando de resolver ciertas dificultades arquitectónicas de movilidad interior y de condiciones de acceso y de uso de la vivienda.
Tampoco estamos determinando los límites de dominio sobre el inmueble. Estamos facultando al usuario de una vivienda para llevar a cabo ciertas obras, incluso cuando tenga la oposición del propietario de la misma. No estamos hablando de derechos fundamentales; no estamos hablando, como se cita en el texto, del artículo 19 de la Constitución; estamos hablando del Capítulo III de la Constitución, de esos principios rectores de la política social y económica para conseguir la integración de los minusválidos.
Su artículo 2.º es totalmente impreciso a la hora de dejar bien claro quién es la autoridad administrativa que informa y avala los proyectos y quién tiene que efectuar una cosa tan sencilla como las certificaciones de minusvalía. Su artículo 4.º habla de no más de 30 días para que una comunidad de vecinos o un propietario resuelva sobre la propuesta del inquilino o del propietario en relación a los accesos. Aquí volveríamos a llamar la atención acerca de la necesidad del diálogo para conseguir, de forma eficaz, la integración. En definitiva, señorías, no podremos hacer una buena ley si no asumimos los defectos graves de esta proposición de ley que hoy nos trae aquí el Grupo Popular. Es necesario, por tanto, que trabajemos con más rigor en este objetivo de hacer frente a la movilidad y al acceso a la vivienda de las personas minusválidas, pero que lo hagamos teniendo en cuenta lo ya legislado. Ha citado la Diputada del Grupo Popular lo poco legislado. Esta es una última publicación del Inserso (Mostrándola a la Cámara.) recogiendo lo legislado por la Administración central y por las comunidades autónomas sin llegar a las corporaciones locales. Hay mucho legislado. Y, a la vez, siendo exquisitos todos nosotros con las competencias y también con las responsabilidades, señorías, de otras administraciones.
Muchas gracias. (La señora García-Alcañiz Calvo, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora García-Alcañiz. (Pausa.) Señorías, ruego guarden silencio. La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Sólo al mero objeto de agradecer a los distintos grupos parlamentarios de la Cámara la toma en consideración.


El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, no existe el turno de gratitud en este debate. (Risas.) Muchas gracias.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Después de tantos años, Presidente, se alegra una de que venga.
La dicha, aunque tarde, es buena; bienvenida sea.
Gracias Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de los minusválidos. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--DEL PROYECTO DE LEY PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 9/1994, DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS URBANOS DE LA BAHIA DE PALMA DE MALLORCA (Número de expediente 121/000065)

El señor PRESIDENTE: La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la Bahía de Palma de Mallorca.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento).
Queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley.


MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia

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somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación del Tratado de Adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, cuyo debate de totalidad figura como punto número 55 del orden del día. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la exclusión del orden del día del proyecto de ley de referencia. La Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno que el debate y votaciones correspondientes el punto VI del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, puntos 33 a 42, tengan lugar hoy martes, 20 de septiembre, al finalizar el punto 6 del orden del día.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):

--TOMA EN CONSIDERACION DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR.
GONZALEZ LIZONDO), SOBRE INDEMNIZACION POR LOS DAÑOS OCASIONADOS COMO CONSECUENCIA DE LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS (Número de expediente 122/000044)

El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, del señor González Lizondo, sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous.
Tiene la palabra el señor González Lizondo. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy, 20 de septiembre de 1994, es un día muy especial para el Diputado que les está hablando, tanto por una serie de circunstancias personales que me permiten estar hoy nuevamente en esta Cámara como porque, tras doce años, da la impresión de que, definitivamente, hoy vamos a acometer esa recta final en relación con una desgracia sucedida en una comarca valenciana, la comarca de La Ribera del Júcar. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) A partir de hoy, con la proposición de ley sobre la indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982, parece ser que esto se va a solucionar.
Señorías, mucho se ha escrito sobre la rotura de la presa de Tous, mucho se ha hablado en esta Cámara y mucho se ha fotografiado. Aquí se ha dicho exactamente que en estos momentos, doce años después de aquella riada, de aquella rotura de la presa de Tous, aún existen campos donde únicamente hay rocas; donde antaño existían naranjos, donde se cultivaba la tierra, hoy en día no hay naranjos y aún están por delimitar en muchos casos las tierras que se deben entregar a sus auténticos propietarios, familias labradoras que durante siglos las habían venido cosechando.
Para relatar la crónica de lo que significa la presa de Tous habría que remontarse al año 1955, año en el que se redactó un proyecto, por lo visto poco estudiado; iniciándose las obras en 1960, se tiene que modificar posteriormente el proyecto inicial al no existir una buena cimentación en el lecho del río Júcar. En el año 1973 se elaboró un nuevo proyecto que rebajaba la capacidad de este pantano, terminándose la obra en el año 1980. Veinticinco años después de iniciarse, veinticinco, por causas climatológicas y por su defectuoso funcionamiento, afirmación que ha sido contrastada, el pantano se desmorona y todo el esfuerzo de 27 años sólo sirve para dos años de funcionamiento efectivo, que se esfuma en dos días, 19 y 20 de octubre de 1982.
Vuelvo a repetir, señorías, que hasta el día de hoy, 20 de septiembre de 1994, y desde el año 1955, en que se pensó lo de Tous, han pasado casi cuarenta años, que una parte muy importante de todos los valencianos hemos venido soportando con problemas, inundaciones y, por último, con esta catástrofe tan importante. En otras comunidades ha habido desgracias, inundaciones, lluvias o catástrofes y no se ha apelado a ningún tribunal de justicia, sino que se ha intentado paliar esos daños resarciendo los intereses perdidos y, desde Unión Valenciana, siempre hemos estado de acuerdo en que así se hiciese. En esta ocasión, y aunque sea con un poco de retraso, llamo desde esta tribuna a la responsabilidad de todos y cada uno de los grupos, de todos y cada uno de los señores Diputados, a los máximos representantes del Estado, a los que, en definitiva, integramos todo el Poder Legislativo.
Los ciudadanos damnificados de La Ribera del Júcar en Valencia han soportado más de 11 años de abandono del Ejecutivo (falta un mes para que se cumplan los 12) y otros tantos de desprotección dilatoria del Poder Judicial; por ello, sólo les queda pedir el auxilio de esta Cámara, auxilio que me da la impresión que hoy vamos a tener unánimemente.
Señorías, pido su apoyo a la toma en consideración y tramitación de esta proposición de ley. Les pido responsabilidad, solidaridad y confianza con unos ciudadanos que tan sólo solicitan ante esta Cámara justicia. Es posible que esta proposición de ley tenga defectos, defectos que se pueden subsanar durante la tramitación de la misma; es posible que las cifras que en aquellos momentos manejábamos (estamos hablando de

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hace prácticamente nueve meses desde que se presentó esta proposición de ley), hayan variado o cambiado. No importa. Su tramitación posterior ofrecerá la posibilidad de que se puedan cuadrar perfectamente las cifras y entremos definitivamente en el proceso final que liberalice, de una vez por todas, a esta serie de miles y miles de valencianos que se encuentran en estos momentos pendientes de esta Cámara esperando que, definitivamente, todos los parlamentarios, todos los grupos políticos, recuerden que los valencianos también tenemos derecho a la solidaridad que hemos manifestado siempre con el resto de los pueblos de España.
Señorías, entiendo que se ha hablado tanto de Tous que solamente se puede añadir una cosa: Ojalá que hoy, 20 de septiembre de 1994, Valencia tenga que agradecer, por una vez en esta Cámara, que todos hemos llegado al acuerdo de que había una razón importante y que, naturalmente, vamos a solucionarlo. Espero que sea así; espero que todos los grupos políticos apoyen la tramitación de esta proposición de ley que, vuelvo a repetir, permitirá, durante su trayectoria, todo tipo de enmiendas, ya que es una labor de todos, y me gustaría que en esta ocasión se olvidara incluso el grupo que lo propone, porque es una razón de Estado, como acostumbran a decir muchos señores Diputados en esta Cámara, y como tal razón de Estado yo renuncio, si es preciso, a su paternidad en aras de que, definitivamente, todos seamos capaces de sacarla adelante. Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Lizondo. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Aunque intervenga con brevedad y desde el escaño, ello no quiere decir que nuestro Grupo no considere la importancia que este tema tiene. La brevedad viene reforzada por la posición categórica expresada ya en otras intervenciones, en el sentido de que la problemática consecuencia de la rotura de la presa de Tous debe resolverse ya.
En esta Cámara han sido varias las posibles actuaciones que se han debatido, a través de diversas iniciativasparlamentarias, proposiciones no de ley, interpelaciones y sus correspondientes mociones e iniciativas en Pleno y en Comisión. Siempre nuestro Grupo ha fijado una posición positiva a su resolución y así, nos parecía suficiente lo hasta ahora ya aprobado. Incluso, en otro aspecto, habíamos mostrado nuestra preocupación por el complicado e inacabable procedimiento judicial.
Nuestro voto será favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, aun cuando su texto deberá ser revisado en el trámite posterior, con importantes enmiendas que lleven la cuestión a su adecuado lugar, principalmente en lo relativo al Decreto-ley 4/1993.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más se discute en esta Cámara y de nuevo en su máximo órgano, el Pleno, el problema de Tous.
Esta reiteración en el debate parlamentario sin lugar a dudas guarda relación con la importancia del tema, derivada de los muy graves daños sufridos por la rotura de la presa de Tous en octubre de 1982, coincidiendo con las lluvias torrenciales que tuvieron lugar en esa fecha.
A nuestro Grupo le parece bueno destacar cómo esta Cámara y su máximo órgano, el Pleno, debate con reiteración los graves problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de cualquier parte del país. Creemos que es importante destacar la relación existente entre los debates de las instituciones y los problemas de los ciudaanos.
Esta reiteración en el debate parlamentario acredita también, sin lugar a dudas, una deficiencia en el tratamiento dado a este problema. Así se constata, señorías, si atendemos a que inicialmente se negó cualquier vertiente o tratamiento político del problema, remitiéndolo pura y simplemente a su solución judicial para, posteriormente, y cuando aquella solución en primera instancia y tras muchos años se había producido, intentar alargar la misma y buscar entonces una solución política.
Ese giro hubiera podido suponer la solución definitiva del problema si se hubieran atendido, como razonablemente era de esperar, los criterios ya sentados en la sentencia judicial.
No se hizo así y al aprobarse el Real Decreto-ley en el que se concretaba esa solución política, nuestro Grupo, considerando idóneo el método de buscar una solución política, no tuvo, sin embargo, más solución que abstenerse ante las importantes limitaciones de dicho Real Decreto-ley. El mismo, sin duda atendiendo a las deficiencias y a la insoportable demora de la solución judicial, hay que reconocer que fue aceptado voluntariamente por una mayoría de los damnificados, no acogiéndose, sin embargo, al mismo una importante minoría nucleada en torno a las asociaciones de damnificados,

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cuyo activismo, difícil durante muchos años, en la búsqueda de soluciones debe reconocerse.
¿Cuál es la solución adecuada al día de hoy a esta situación? Nosotros, señorías, como Esquerra Unida del País Valenciano y como Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, públicamente nos hemos pronunciado por la necesidad de una negociación entre las asociaciones y la representación del Estado para conseguir un acuerdo en el que sin lugar a dudas se deberá atender no sólo a los criterios de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, sino también a los de ese Real Decreto-ley a los que se acogió una parte importante de los damnificados, la mayoría.
Ello no ha sido posible hasta la fecha, señorías. En el día de hoy, al votar afirmativamente la proposición de ley queremos dejar claro que lo hacemos desde Esquerra Unida con la voluntad de manifestar nuestra opinión de que el problema Tous no quedó cerrado con el Real Decreto-ley y de que hace falta una solución al mismo que creemos debe buscarse por la negociación.
Termino, señorías, mi intervención diciendo que si en su día el Ejecutivo se equivocó con la solución que dio en el Real Decreto-ley, debemos hacer un esfuerzo en el Legislativo para encontrar la solución adecuada a un problema grave que desde hace muchos años reclama solución y que, sin lugar a dudas, ya debería haberla alcanzado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, una vez más --esto empieza a parecerse ya a la Ley de Presupuestos Generales que debatimos todos los años--, vamos a debatir la problemática de los afectados por la rotura de la presa de Tous, cuyos efectos asolaron la comarca de La Ribera del Júcar en la provincia de Valencia.
Como muchas de SS.SS. ya saben, el hecho tuvo lugar en octubre de 1982 --por lo tanto hace once años, casi doce, del acontecimiento-- cuando las intensas lluvias caídas por aquellos días llegaron a colmar el nivel máximo de la presa de casi cien metros al no funcionar el aliviadero, desmoronándose la presa construida con materiales sueltos, principalmente de arcilla. Esto provocó una ola de enormes dimensiones, calculándose el caudal en aquellos momentos entre 15 a 17.000 metros cúbicos por segundo, hasta llegar a desaguar los 130 millones de metros cúbicos de capacidad del embalse. Los daños tanto personales como públicos fueron cuantiosos, además de las muertes producidas. Las vicisitudes por las que hubieron de pasar a partir de entonces los afectados de la comarca de La Ribera han sido enormes. Aparte del horror de aquellos momentos, estas vicisitudes han sido no sólo judiciales sino políticas.
Las declaraciones del entonces recién formado primer Gobierno socialista de Felipe González fueron prometedoras y solidarias para con los afectados. Este Gobierno hizo frente a los daños habidos en las obras de infraestructura de carácter público, aconsejando a las personas afectadas que para recibir las indemnizaciones era necesaria una sentencia judicial que declarase culpable al Estado, ya que el Gobierno socialista no se responsabilizaba de los hechos. El proceso judicial se ha hecho largo y penoso. El sumario de la presa de Tous ha sido iniciado por tres veces. La sensación que existe entre los afectados de La Ribera es que se les obligó a entrar en la vía judicial y que curiosa, desmesurada e incomprensiblemente, se está alargando el proceso. Así, señorías, la sentencia emitida por el segundo juicio, sentencia de 23 de octubre de 1990, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia reconoce tanto la culpabilidad de los ingenieros responsables del mantenimiento de la presa, como el derecho a percibir las indemnizaciones por parte de los afectados personados en la causa, en concreto 4.426, como consecuencia de la rotura de la presa, declarando además al Estado español como responsable civil subsidiario, y por lo tanto obligado a pagar las indemnizaciones. Esta sentencia trajo como consecuencia que la mayor parte de los afectados se quedaran sin derecho a percibir las indemnizaciones al no haberse personado en el sumario, puesto que se les aconsejó que estaban suficientemente representados a través del Ministerio Fiscal.
Las declaraciones de los representantes socialistas en aquellos momentos eran que para pagar las indemnizaciones tenía que haber una sentencia firme, motivo que no se cumplió porque inmediatamente el mismo Ministerio Fiscal recurrió la citada sentencia; es decir, se exigía, por un lado, una sentencia firme para indemnizar, pero, al mismo tiempo, el Gobierno, a través del Ministerio Fiscal fue el primero en recurrir la sentencia firme dictada por la Audiencia Provincial de Valencia.
Como consecuencia de los recursos planteados, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dicta auto en fecha 8 de febrero de 1993 declarando nulo el juicio oral de la Audiencia Provincial de Valencia y devolviéndole al mismo tiempo el sumario de nuevo.
Es más, ahora el sumario se debe reiniciar con las declaraciones de todos los afectados, que se calcula que puedan ser unos 34.000. Por tanto, el proceso se va a hacer no ya largo sino eterno. Podrán imaginar SS.SS. la desesperanza y desconfianza de los afectados en la justicia después de estos casi doce años de Gobierno socialista, desconfianza por todas las anulaciones y por haberse convertido

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en un proceso tan largo y con tantos gastos procesales pagados de sus propios bolsillos.
Es verdad que se podía haber solucionado el problema desde un principio si, desde el Gobierno, hubiera habido voluntad --que indudablemente no la hubo, ya lo he dicho desde esta tribuna-- , si se hubiese indemnizado a los afectados y se hubiese subrogado el Estado el derecho de pedir responsabilidades vía judicial. Pero el Gobierno socialista no quiso hacerlo, excusándose en la argucia de que eso era reconocer al mismo Gobierno como responsable de la rotura de la presa, y evidentemente no lo era, porque ganaron las elecciones una semana después de los hechos, pero era mucho más importante preservar la imagen del Partido Socialista que acabar de raíz con el problema desde el principio, problema, señorías, que no causaron y del que no fueron responsables los habitantes de la comarca de La Ribera, pues no construyeron ellos la presa ni tenían a su cargo el mantenimiento y sí en cambio sufrieron las consecuencias. Ahora el proceso está, como he dicho, en el más difícil todavía, con la cantidad de declaraciones que habrá que prestar. Hace más de un año, año y medio en concreto, esta Cámara aprobó una proposición no de ley en la que se decía que, de una forma rápida y justa, se solucionara el problema. Pero, señorías, ¿en qué situación nos encontramos en este momento? ¿Cuál ha sido la forma rápida y justa de solucionar el problema, según se aprobó aquí en el Parlamento? La verdad, a pesar del ocultismo y del secretismo que ha habido con los datos y cómo se ha desarrollado el Real Decreto que en su momento se aprobó, lo podemos calificar de poco exitoso.
Según datos de las propias asociaciones de damnificados, de los probablemente 34.000 afectados, han aceptado la transacción que se les ofreció de unos 21.000 a 23.000. Por tanto, quedan entre 11.000 y 13.000 afectados por acogerse; o sea, aproximadamente la tercera parte. Señorías, creo que es evidente que, por tanto, la solución no ha sido, ni muchísimo menos, justa y ni siquiera rápida, pues nos encontramos año y medio después debatiendo sobre lo mismo. En el debate habido en el Pleno de esta Cámara por una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, y que tuve el honor de defender el 16 de marzo del año pasado, el portavoz socialista tachaba la postura del Grupo Parlamentario Popular de sectaria. Y yo le pregunto al Grupo Socialista: ¿de quién ha sido el comportamiento sectario? ¿No se habrá dado más bien ese comportamiento a la vista de cómo se ha llevado el desarrollo del Real Decreto-ley desde la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, al efectuar ofertas transaccionales a los afectados muy por debajo de sus daños reales, e incluso por debajo de lo que decía el mismo Real Decreto-ley, ya de por sí cicatero, como se valoró por parte de muchos grupos y de los mismos damnificados? ¿Y es una forma rápida y justa, señorías, de solucionar el problema que sigamos hoy debatiéndolo aquí, tanto referido a los damnificados que se han acogido al Real Decreto-ley como a los que no lo han hecho? De éstos, por cierto, hay una representación presente hoy en la tribuna, que se han desplazado desde su pueblo, de Valencia, para asistir a este debate, porque siguen tremendamente preocupados. ¿Es esto, señorías, una forma rápida y justa de solucionar el problema, si de los 19.000 millones de pesetas aprobados como crédito extraordinario para llevar adelante el Real Decreto-ley han sobrado casi la mitad, 9.000 millones, o sea, que solamente hemos utilizado unos 10.000 millones de pesetas? ¿Es esa una forma rápida y justa de solucionar el problema? Yo creo, señorías, que, evidentemente, no.
Por tanto, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular, con la coherencia y con el comportamiento que hasta ahora ha tenido en este tema con los afectados de la comarca de La Ribera, como están haciendo hasta ahora los demás grupos parlamentarios, va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Mixto para poderla seguir debatiendo y poder mejorar al máximo posible las condiciones de los afectados o damnificados de la comarca de La Ribera.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pascual. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mohedano.


El señor MOHEDANO FUERTES: Señor Presidente, señorías, no he intervenido en ningún debate parlamentario sobre esta cuestión, pero he asistido en este próximo pasado a bastantes debates sobre las compensaciones económicas a las víctimas de la rotura de la presa de Tous el 23 de octubre de 1982, y después de haber asistido a ellos, recuerdo --y me parece un símil-- a un eminente parlamentario de este primer cuarto de siglo, que decía que el debate parlamentario --no el fondo del problema que estamos discutiendo sino el debate parlamentario- - le recordaba a la limpieza doméstica, que parecía que ya se había limpiado todo, pero que pasaban cinco minutos y había que empezar de nuevo. Eso es lo que me recuerda este debate parlamentario cuando en estos momentos hay 23.500 personas, de los aproximadamente 27.000 censados en la cifra máxima de perjudicados y damnificados, que han aceptado libremente un convenio transaccional en aplicación del Real Decreto-ley 4/1993. Pero quiero resaltar, antes de explicar el sentido del voto de nuestro Grupo Parlamentario y de razonar por qué el sentido de nuestro voto y cuál va a ser nuestra posición durante la tramitación parlamentaria, que nuestro Grupo Parlamentario

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y concretamente los socialistas valencianos, y por ende el Gobierno, han sido los primeros que han buscado una solución extrajudicial, un pacto y un convenio extrajudiciales, ante lo frustrante del itinerario judicial en este tema. En este país, en el que está tan de moda descalificar y a veces insultar al Gobierno, cualquier bobo se cree sabio cuando objeta alguna cosa. Evidentemente, la rotura de la presa de Tous se produjo antes del Gobierno socialista, y lo frustrante de estas vicisitudes judiciales es fruto del mal funcionamiento de la Administración de justicia, no por falta de medios materiales ni por falta de medios humanos, ni por ninguna interferencia del Fiscal ni del Poder Ejecutivo, porque fueron los 19.000 afectados, que recurrieron contra la sentencia porque el tribunal les negó el derecho a la indemnización los que recurrieron ante el Tribunal Supremo, y fueron las asociaciones Afiva y Apemeda las que recurrieron ante el Tribunal Constitucional con bastante falta de éxito. El dolor humano, los daños materiales, los problemas producidos por la rotura de la presa de Tous no nos deben llevar a esta especie de demagogia y a veces de clientelismo, no de electoralismo, que deberíamos desterrar de nuestra práctica parlamentaria.
Fue el Gobierno socialista el que dictó este Real Decreto-ley al que se acogieron, en plena autonomía de la voluntad, 23.500 personas, que firmaron libremente, y esos documentos están incorporados al proceso judicial, donde hay personas que evidentemente sufrieron daños y que se valoraron, y daños importantes, algunos todavía sin reparar, pero, señoras y señores Diputados, no me gusta subir con papeles a la tribuna, pero los tengo en el escaño: la compañía mercantil más importante de La Ribera reclamó casi 1.000 millones de pesetas por los daños; cuando fueron valorados adecuadamente por peritos independientes, esta compañía mercantil, no un pobre campesino o una persona, tuvo que conformarse con 200 millones de pesetas. Un coleccionista de cubiertos de plata y de oro, que reclamaba 30 millones de pesetas, cuando se fue a valorar y a concretar, tuvo que aceptar una indemnización de 100.000 pesetas. Debemos hacer el máximo esfuerzo y el Grupo Socialista va a contribuir también en este trámite planteado por la proposición del señor González Lizondo para cubrir todos los daños producidos realmente a las personas que todavía desgraciada y lamentablemente no han percibido su compensación, pero sin discriminar y sin producir injusticia a las 23.500 personas que han aceptado y cobrado la indemnización y que han pagado los créditos a las entidades oficiales de crédito. Justicia y no discriminación, y eliminar también esa picaresca, que es un poco la espuma que se crea encima de las aguas tranquilas de las personas que reivindican lo que les pertenece, pero sobre las que a veces se crea esa espuma de picaresca, y los parlamentarios debemos tener el coraje de ponerlo de manifiesto y de evitar que con el dinero, con pólvora ajena, despilfarremos, cuando tanto estamos hablando, señores de los grupos parlamentarios, de evitar el aumento del déficit público, porque si con 11.000 millones de un crédito extraordinario de 19.000 millones se ha compensado económicamente a 23.500 damnificados, no parece razonable que se pida un crédito extraordinario de 60.000 millones para indemnizar a los 4.500 restantes.
Ahí vemos el sentido positivo de la propuesta del señor González Lizondo, que, por otra parte, estaba en una propuesta que habíamos pasado a otros grupos parlamentarios para acabar de cerrar este asunto. La parte positiva es que se amplía el plazo de presentación de solicitudes, que se incluye en el ámbito territorial a tres pueblos que en estos momentos no figuraban en la sentencia pero que fueron afectados por la rotura de la presa, Alcántara de Xuquer, Carcer y Favara, y que también habrá que compensar efectivamente con las costas judiciales y procesales y con todos los gastos que han tenido, aparte de las indemnizaciones que les corresponden, a los miembros de las asociaciones Afiva y Apemeda --que saben que bastantes veces he discutido en Alcira y en Valencia con ellos sobre estos temas con toda claridad--, de los gastos y las cosas que han tenido, y que no han tenido... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Mohedano. Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera puede seguir.


El señor MOHEDANO FUERTES: ... de aquellos gastos que no han tenido otros asociados u otros damnificados y que sí han tenido los miembros de estas asociaciones.
Como el Real Decreto-ley, a pesar de haberse acogido libremente a él, en un trabajo ímprobo de la Delegación del Gobierno, creando equipos humanos para asistir a las consultas de información, para tramitar uno por uno personalmente los convenios transaccionales extrajudiciales con cada uno de los 23.500 afectados, a pesar de este ímprobo esfuerzo y a pesar de los resultados más que positivos de la aplicación del Decreto-ley, todavía queda un grupo de personas asociadas a dos entidades que por su situación específica plantean temas que les diferencian de los demás, y porque hay tres municipios que no estaban dentro del ámbito territorial del Decreto-ley y que lo deben estar, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista, en la misma línea que apoyando e incitando al Gobierno se aprobó el Real Decreto-ley 4/1993, va a apoyar lo que llamaríamos el marco general de esta proposición de ley, pero, al igual que ha manifestado algún otro parlamentario, no todo su contenido, sobre todo en problemas

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de técnica legal manifiesta, ya que se confunde la restitución con la reparación y la reparación con la compensación, elementos claves para este tipo de regulaciones legales.
Tampoco vamos a apoyar aquellos contenidos que crearían una situación de privilegio respecto a 4.500 personas y de discriminación respecto a 23.500, que han aceptado unas cantidades y que las han cobrado ya. Por lo tanto, no queremos incurrir, dentro de un canto general a la justicia o de una compensación justa a quien se lo merece, en una discriminación a 23.500 personas que se verían defraudadas si ahora a los que no han pagado los créditos se los condonáramos, porque los que se han acogido al Real Decreto-ley han pagado sus créditos y sus préstamos. Hubo personas que tuvieron daños de 200.000 pesetas y han pedido créditos de 2 millones. Unos los han pagado y otros no. Los que no los han pagado piden la condonación y no se acogen al Real Decreto-ley. O hubo personas --todos-- que recibieron ayudas directas de las administraciones públicas, anticipos del Consorcio de Compensación de Seguros, o no anticipos, pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, y se han deducido, y todo el mundo ha aceptado que se dedujeran, como es lógico, de las indemnizaciones finales que han recibido. Un grupo minoritario, por mucho que sea su esfuerzo, no puede pretender que lo que se ha deducido a 23.000 no se deduzca y sea condonado para 2.000, 3.000 o 4.000 personas. Que ese sentido de la justicia, pero de la justicia para todos los afectados, para todos los damnificados, sea más o menos de 19.000 millones, pero con un sentido de la justicia y de la no discriminación, del no clientelismo y de evitar esa pequeña picaresca que a veces surge dentro de las grandes reivindicaciones por la justicia y por los derechos que corresponden.
Ese es el sentido de nuestro voto, señor Presidente, y así actuaremos durante el trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mohedano. Vamos a pasar a la votación de la proposición de ley que se ha sometido a debate. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, del señor González Lizondo, sobre indemnización por los daños ocasionados como consecuencia de la rotura de la presa de Tous. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REVISAR Y ADECUAR A LA ACTUAL SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA LAS MEDIDAS DE FINANCIACION DE ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA DEL PLAN 1992-1995, RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO 1932/1991, DE 20 DE DICIEMBRE (Número de expediente 162/000064)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a revisar y adecuar a la actual situación económica y financiera las medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, recogidas en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pone en cuestión de nuevo ante la Cámara la situación en que se encuentra la vivienda en nuestro país, y sobre todo cómo se encuentran las subsidiaciones y los acuerdos que firma el Gobierno con las entidades bancarias para el otorgamiento de créditos hipotecarios a los usuarios y posibles propietarios de viviendas que necesitan objetivamente subsidiaciones. No es la primera vez que se presentan propuestas de esta naturaleza, y hay que tener en cuenta que precisamente la acumulación de las mismas fue la que hizo probablemente que el Gobierno, con el Real Decreto 1932/1991, se planteara la ejecución de un Plan cuatrienal de viviendas cuando llevaba muchísimo tiempo sin que hubiera planificación plurianual alguna de viviendas. Fue precisamente la insistencia que los grupos parlamentarios, y concretamente Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tuvieron sobre estos aspectos los que hicieron reconsiderar la política que el Gobierno había llevado hasta el momento.
Como consecuencia de ese Plan que aún durará hasta el año 1995, el Gobierno estudió una serie de propuestas por las cuales se pretendía luchar contra los elevados tipos de interés que se estaban dando en el mercado hipotecario. En ese momento existían tipos de

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interés de hasta el 15 y 16 por ciento y, por tanto, las propuestas que se hicieron en ese Real Decreto-ley, que popularmente fue conocido como el Plan de viviendas 1992 a 1995, supusieron una disminución real de los créditos hipotecarios, cuando se lograron convenios que iban entre el 11,75 y el 12,5 por ciento. Esto ha tenido efectos francamente positivos, porque ha permitido que sectores importantísimos del pueblo español que tenían dificultades grandes para llegar a la vivienda por lo menos hayan podido acceder a ella a través de estos créditos hipotecarios, independientemente de que al calor de ellos hayan existido problemas graves, como es el del PSV, etcétera.
Pero lo cierto es que muchas de las condiciones que vinieron a mejorarse con este Real Decreto-ley hoy en día han quedado anticuadas. En efecto, la bajada de tipos de interés que se ha producido en el mercado hipotecario ha sido debida en gran parte, según nuestro criterio, a la Ley de modificación de los créditos hipotecarios que presentó el Diputado don Ramón Espasa, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ley que ha tenido una incidencia importante en el tipo de interés del mercado hipotecario. A pesar de que algunas personas se han apresurado a decir que ha sido una ley sin resultados, muy al contrariocreemos que ha influido para que bajen sustancialmente los tipos de interés, hasta el punto de que los créditos hipotecarios que se regulaban conforme a este Real Decreto-ley han quedado por debajo de los propios que se están ofreciendo ahora mismo en el mercado.
Por lo menos hasta hace una semana se estaban dando créditos en el mercado de hasta el 9,50 por ciento. Es cierto que durante la última semana han aumentado un punto los créditos hipotecarios, pero con todo y con ello, quedan por debajo de lo que marca el propio Real Decreto-ley del Plan de viviendas 1992-1995. La proposición no de ley que Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya presenta ante esta Cámara, si bien tiene aspectos que han quedado en cierto sentido anticuados, como es el punto 2 (porque hay que tener en cuenta que esta proposición no de ley se presenta el 3 de diciembre de 1993 y con posterioridad, por un Real Decreto-ley, aparecido en enero de 1994, las subsidiaciones del Gobierno a los créditos hipotecarios se plantean de forma diferente y, por tanto, no cabe hablar en los términos en que lo hacemos en el punto 2 de nuestra proposición no de ley), lo cierto es que en el punto 1 tiene una vigencia total y absoluta. Nosotros consideramos que deben ser revisados los convenios que se están realizando con las entidades de crédito para rebajar los tipos de interés, porque no tiene sentido que con unos tipos de interés del 10,5 por ciento se establezcan créditos del 11,75 al 12,5 por ciento, tal y como marca el Real Decreto-ley de diciembre de 1991 que da lugar al Plan de Vivienda 1992-1995. Esta proposición no de ley puede y debe servir para plantear de nuevo una revisión de lo que han sido los conceptos del Plan de vivienda, Plan que no ha sido revisado hasta ahora en ninguno de sus presupuestos, cuando lo cierto es que han ido variando las condiciones desde su aprobación. Si de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se desprende que de ahora en adelante se va a producir una revisión de esos presupuestos y se van a cambiar conforme varíen las condiciones del mercado, conforme varíen las necesidades de vivienda de los diferentes sectores que las necesiten, creemos que será una proposición de ley que tendrá éxito y que podrá incidir en una mejora de las condiciones de acceso de los españoles al mercado de la vivienda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
A esta proposición se han presentado enmiendas por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, he de decirles sinceramente que cuando tuvimos noticia de la presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en noviembre del año pasado, nos produjo sorpresa no exenta, sin embargo, de cierta satisfacción, por no decir de completa satisfacción, y le adelanto de antemano que va a merecer nuestra completa aprobación.
Analicemos los términos de la impresión que nos produjo su proposición no de ley. Voy a decirle por qué razón nos produjo sorpresa. Nos produjo sorpresa porque no más allá de un mes antes de que ustedes presentasen esta proposición no de ley nosotros introdujimos una enmienda en una moción presentada por ustedes en relación con préstamos hipotecarios que decía exactamente lo mismo que la proposición no de ley que ustedes plantean y, sin embargo, no fue aceptada por ustedes. En consecuencia, sorpresa y al mismo tiempo que sorpresa, satisfacción. Satisfacción no solamente porque sea coincidente con una enmienda que ustedes no quisieron aceptar en su día, sino porque, además, esta proposición no de ley es coincidente al cien por cien con sendas proposiciones no de ley; una, anterior a la que ustedes presentaron y, otra, que hemos presentado en el registro de la Cámara recientemente. En cuanto es coincidente con lo que les propusimos y rechazaron, en cuanto es coincidente con lo que nosotros hemos propuesto en términos análogos, ha de merecer nuestra aprobación. Sin embargo, no podemos negar que creemos imprescindible introducir una serie de matizaciones, pero

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--abriendo un paréntesis-- no se asusten, por mucho que nuestras matizaciones no les parezcan bien (puede que las rechacen porque vengan por nuestra parte, puede que no les parezcan adecuadas en el momento procedimental oportuno en que se tramita esta proposición no de ley, puede que excedan a lo que es estrictamente la traducción a la baja en los tipos de interés subsidiados para la adquisición de viviendas de protección oficial o a tipo tasado), en definitiva --y cierro ya el paréntesis--, nosotros vamos a votar favorablementedicha proposición aunque sean rechazadas las enmiendas que proponemos, que entendemos perfectamente razonables.
La primera medida que ustedes proponen en la proposición no de ley en el sentido de que por el Consejo de Ministros se adopten las medidas oportunas para reducir los tipos de interés a los del mercado, ya fue aprobada por el Consejo de Ministros celebrado el 29 de diciembre de 1993, adoptada por resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Medio Ambiente de 10 de febrero de 1994 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero siguiente, que nosotros por error, absolutamente comprensible, hemos puesto en la enmienda que era del día 14 de febrero, aunque usted convendrá conmigo que es muy fácil confundir la niña bonita, que es el 15, con el 14 de febrero que no deja de ser Día de San Valentín.
La segunda de las enmiendas que proponemos se refiere a que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar el cambio de los préstamos a promotor en préstamos a adquirente, porque si bien hoy sí está previsto en el Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, sin embargo se refieren sólo y exclusivamente a los préstamos cualificados a promotor y que solamente se puedan obtener siempre y cuando se trate de promociones de viviendas de protección oficial, ya sea en régimen general, ya sea en régimen especial. Sin embargo, se están planteando problemas graves y serios en el campo de la promoción y construcción de viviendas en España en relación con las viviendas a precio tasado, viviendas que, bueno es decirlo --es cierto--, en su día ya anunciamos cuando se publicó este Real Decreto; Real Decreto --hoy estoy en plan de paréntesis, pero voy a cerrar el paréntesis--, no Real Decreto-ley, el último Real Decreto-ley que ha habido en España en materia de viviendas de protección oficial es de 11 de noviembre de 1976, posteriormente siempre han sido reales decretos. Aquí cierro el paréntesis y perdónenme.
Como decía, a partir de este Real Decreto de 20 de diciembre de 1991, se establece la vivienda a precio tasado con beneficios sólo para el adquirente. Curiosamente, ha tenido un éxito clamoroso y tiene un antecedente directo en un decreto de la Junta de Castilla y León, de 7 de julio de 1978, que estableció un régimen absolutamente similar, con los escasos recursos presupuestarios con que contaba entonces la Junta de Castilla y León, que ahora se plasma en el ámbito estatal y que, por cierto, la Junta no se inventó nada, como tampoco se inventó nada el Gobierno cuando lo hizo. Es una copia lisa, literal y llana (la copia, cuando es buena, hay que reconocerla, similar a la de los japoneses) del régimen imperante en materia de protección a la vivienda que existe en Francia. Dicho esto y comentadas las viviendas a precio tasado, vamos a hablar, en último término, de la tercera de las enmiendas que proponemos: que se introduzca un tercer apartado en la proposición no de ley en el que también se contemple el supuesto, que se ha dado gravemente en materia reciente de subrogación de préstamos hipotecarios, que los beneficios que se han otorgado a una persona subsidiada de intereses en los préstamos hipotecarios, bien sean para viviendas de protección oficial, bien sean para viviendas a precio tasado, que esa persona que ha recibido estos beneficios no los pierda si posteriomente se acoge a otro régimen de protección o bajan los tipos de interés en el mercado y cambia su préstamo hipotecario, supuesto que no está contemplado en la normativa actual sobre viviendas de protección oficial o de viviendas a precio tasado. Dicho esto, voy a justificarle, no ya porque en su día introdujimos las enmiendas, no ya porque en su día introdujimos proposiciones de ley con términos semejantes, sino la razón de fondo por la cual vamos a apoyar esta proposición no de ley. Cuando en 20 de diciembre de 1991 este Real Decreto-ley estableció tipos subsidiados de interés del 7,5 por ciento para aquellos adquirentes con rentas inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional; con intereses de 9,5 por ciento para aquellos cuyas rentas fuesen inferiores anualmente a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional, y del 11 por ciento para aquellos adquirentes cuyas rentas fuesen inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, se estableció para 1992, por acuerdo de Consejo de Ministros, un interés a satisfacer a la Banca por estos intereses que posteriormente se subsidiarían, del 12,25 por ciento mensual, lo que se traducía en un interés efectivo del 12,96 por ciento de tipo anual equivalente. Pues bien, si hoy, por este acuerdo de Consejo de Ministros que antes les comentaba, de 29 de diciembre de 1993, el tipo a satisfacer a Banca privada y Cajas de Ahorros se establecía en el 9,925 por ciento, ciertamente, el interés efectivo anual se ha reducido en tres puntos; y si bien es cierto que los tipos de interés en préstamos hipotecarios fluctúan últimamente con bastante ligereza, le puedo decir en concreto que con referencia a 16 de septiembre del presente año, es decir, la semana pasada, los tipos de interés para préstamos hipotecarios estaban fijados en el 9,85 por ciento para los préstamos de la Banca privada, en el 10,23 por ciento para los tipos de interés y préstamos hipotecarios otorgados por Cajas de Ahorros y, sin embargo, el tipo de interés de la deuda pública a largo plazo estaba

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en el 8,74 por ciento, cuando es previsible --y por esto le animo en este sentido a que admitan nuestras otras dos inmiendas presentadas a su proposición no de ley-- que en Europa, en nuestros competidores europeos, los tipos de interés a largo plazo están por debajo de dos puntos porcentuales en relación con los españoles y que, precisamente, y por esto, España no se acomoda en este punto a los elementos que determinan la acomodación de nuestra competitividad a Europa y, en definitiva, a nuestra unión al sistema europeo económico. Por todo lo cual y en esta medida, porque el Estado se ha ahorrado considerables sumas de dinero como consecuencia de que ya no sirven para nada los tipos de subsidiación al 9,5 por ciento y al 11 por ciento, que significa que, en lo que se refiere a viviendas de protección oficial, es imposible el préstamo al promotor, cuando siempre es al 9,5 por ciento.
En esta medida y en cuanto significa que el Estado se ahorra mucho dinero, para este año, 1994, estaban presupuestados como subsidiación de tipo de intereses 60.475 millones, dentro de una cuantía global marcada para adquisición de viviendas en 1994 de 629.000 millones y, para 1995, de 430.000 millones de pesetas.
En esta medida creemos que es lógico, es factible, es perfectamente posible, es además necesario e imprescindible para el adecuado desarrollo del sector de la vivienda en España, para que se proteja claramente el derecho social que tienen los españoles para la adquisición de su vivienda, que los tipos de interés subsidiados, tanto en materia de protección oficial cuanto de a precio tasado, bajen al menos dos puntos porcentuales de lo establecido actualmente. Es decir, que los préstamos al 11 por ciento subsidiado pasen a ser del 9 por ciento; del 9,5 al 7,5; del 7,5 al 5,5 y los especiales para primeras viviendas y siempre que sean de superficies útiles inferiores a 70 metros, del 6,5 al 4,5. Lo permite el mercado, lo permiten los Presupuestos y no implica incremento del gasto público.
Por consiguiente, señor Andreu --y termino, señor Presidente-- , nuestro voto va a ser favorable a su proposición no de ley.
Va a ser favorable no sólo porque tiene razón en el fondo, sino porque también, y porque tiene razón en el fondo, nosotros, antes que ustedes, la hemos propuesto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Velasco.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras Diputadas y señores Diputados, con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya nos encontramos con una de las cuestiones de máximo interés social y objeto de gran preocupación para un número importante de personas, como es la posibilidad de acceso a un bien básico: la vivienda.
Posibilitar el acceso a una vivienda digna es, sin duda, uno de los ejes fundamentales de cualquier política social y, por tanto, cualquier medida que nos lleve a conseguir ese objetivo debe ser sujeto de estudio y análisis por esta Cámara.
La proposición no de ley que estamos debatiendo se enmarca dentro del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan Cuatrienal 1992-95, que forma parte de un conjunto de medidas acordadas por el Gobierno en materia de política de vivienda.
Este Real Decreto fija en su artículo 3.º las formas de financiación estableciendo que se atendrá, en cuanto a volumen y asignación de los recursos, a los límites y condiciones establecidos en su capítulo 5.º, en el que encontramos, dentro de su artículo 48, que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, fijará las cuantías máximas de las siguientes magnitudes: volumen de recursos estatales que pueden destinarse a ayudas económicas directas plurianuales y vinculadas a las actuaciones protegibles en materia de vivienda, y volumen máximo de recursos a convenir por el Estado con entidades de crédito públicas y privadas en orden a la concesión de préstamos calificados para dichas actuaciones protegibles.
Analizando este último punto, vemos que estamos ante un valor tasado y cuyas cifras conocemos ya para el cuatrienio. Así, en el año 1992, se fijó en 440.000 millones de pesetas; para 1993, en 560.000 millones de pesetas; para 1994, en 620.000 y para 1995, en 430.000, lo que nos da un monto total de 2,050 billones de pesetas.
Pasado el ecuador de este Plan, podemos afirmar que las previsiones que se efectuaron y los convenios que se fijaron con las distintas comunidades autónomas, se están cumpliendo y ajustando a las previsiones económicas que se establecieron, factores que deben ser tenidos muy en cuenta a la hora de evaluar dicho Real Decreto. Estamos, pues, ante un plan determinado en su ejecución y cuantificado en el cómputo global.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en la presentación de su proposición no de ley, hace un resumen de la financiación cualificada del Plan de vivienda 1992-1995, poniendo énfasis en la exposición de los tipos de interés subsidiados, aplicables en los regímenes especial y general de protección oficial, para fundamentar su proposición no de ley en el hecho de que los tipos subsidiados fueron establecidos en una situación en que los tipos de interés del mercado era muy elevados y que, tras el reciente

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descenso de los mismos, se encuentran ya ofertas de préstamos hipotecarios en el mercado libre que, en ciertos supuestos, pueden resultar más ventajosos que algunos de los tipos subsidiados aplicables y, en coherencia, propone una reducción de los mismos.
Dos son las cuestiones que plantea la proposición no de ley: una está siendo adoptada --yo creo que ha sido aceptado por todos los intervinientes-- de forma recurrente por el Consejo de Ministros. Así, desde comienzos de 1993 fueron adoptados los siguientes acuerdos: el 29 de enero de 1993 que fijó el tipo inicial de los préstamos cualificados en el 12,5 por ciento con un TAE del 13,24 por ciento; el 18 de junio de 1993, que se fijó el tipo inicial en el 11,75 con un TAE del 12,40; y en resolución del 10 de febrero de 1994, y con aplicación del 1 de enero del mismo año, en el marco de los convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha sido establecido en el 9,92 por ciento. Por todo lo cual cabría instar al Gobierno para que, hasta la finalización del plan cuatrienal, siga ajustando los convenios con las entidades de crédito públicas y privadas, de acuerdo con la evolución del precio del dinero en el mercado hipotecario fijo.
Habrá que señalar, no obstante, señorías, que esta situación favorable que hemos tenido, y que ha sido aprovechada por el Gobierno, podría truncarse, según declaraciones recientes aparecidas estos últimos días en los medios especializados, del Presidente de la Asociación Hipotecaria Española, don Gregorio Mayayo, que dice puede producirse una fase rebote y afirma que los créditos hipotecarios a plazo fijo se situarán en los próximos meses entre el 11 y el 11,5 por ciento. Como saben también SS.SS., en fechas próximas alguna de las entidades bancarias ya han subido estos tipos de interés. Ante la otra medida que se propone, la reducción de los tipos de interés resultantes de la subsidiación, habría que hacer las siguientes consideraciones. Primero, que el coste total de las ayudas económicas directas del Plan 1992-1995 en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente está limitado en valores actuales. Segundo, que la evaluación del coste máximo, dada la diversidad de los tipos de ayudas, tanto en cuantías, como en la duración de los períodos a lo largo de los cuales dichas ayudas serían desembolsadas, se efectuó mediante una técnica de homogeneización que permitiera estimar desde el primer momento del plan su coste económico en valor actual, y ésta constituyó la magnitud clave, tanto para asignar las actuaciones del plan por años y comunidades autónomas, como de elemento del control del mismo en sus costes presupuestarios, para evitar desbordamientos por encima de lo inicialmente previstos.
Tercero, el tipo de interés previsto para los convenios de 1993 había sido del 11,5 por ciento, pero la evolución de la situación financiera condujo a un tipo de convenio del 12,5 por ciento y, posteriormente, a la vista de los significativos descensos de los tipos de interés, por parte de diversas entidades de crédito, fue situado, a mediados de 1993, en el 11,75 y, en diciembre, en el 9,92, como hemos dicho anteriormente. Cuarto, a pesar del abaratamiento del coste del plan, que puede deducirse de la bajada del tipo de interés efectivo para los convenios de 1994 y sin conocer cuál va a ser el comportamiento durante el año 1995, podríamos plantear varias alternativas, entre ellas, beneficiar más a los perceptores inicialmente previstos, o beneficiar a mayor número de perceptores.
El Grupo Socialista se inclinaría por incrementar el número de perceptores, aunque podrían estudiarse las desviaciones en el tramo superior de subsidiación, siempre que no repercutan en el potencial de adquirientes con ingresos más bajos.
Para que las opciones anteriores puedan ejercitarse con fundamento y sin peligro de desbordar el coste presupuestario, es preciso tener certeza de que efectivamente se va a producir una reducción del coste del plan en valor actual y habría que tener en cuenta que, como elementos básicos para concretar las cifras en los convenios-marco, se tuvieron en cuenta, tanto la parte del coste total, en valor actual del plan que correspondería a cada comunidad autónoma, como la distribución esperada por cada una de ellas respecto a los niveles de ingresos ponderados relacionada con la subsidiación de los adquirientes de los diferentes tipos de viviendas a que se refiere el plan, supuesto este último necesario para evaluar el valor actual de cada tipo de actuación en cada comunidad autónoma.
La reevaluación del coste medio de cada tipo de actuación protegible en cada comunidad autónoma está siendo completada, pero cabe afirmar que se han producido importantes desviaciones entre lo que las comunidades autónomas previeron respecto a los niveles de ingresos de los adquirentes de las viviendas y la que realmente se está dando, donde se constata una mayor concentración, muy por encima de la esperada, de adquirientes de viviendas situadas en tramos de ingresos ponderados desde 3,5 veces el salario mínimo interprofesional hacia abajo, abundando asimismo en mayor medida de lo previsto los casos de personas o familias que se acogen al sistema de financiación especial para el primer acceso a la vivienda en propiedad.
Como consecuencia de lo anterior, el coste en valor actual del plan se está viendo significativamente encarecido, hasta el punto de que el efecto de la concentración de adquirientes en tramos de ingresos con mayor subsidiación contrapesa, y posiblemente rebase el efecto del descenso de los tipos de interés.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista propone una enmienda de sustitución en el sentido que hemos expresado en nuestra intervención de no alterar el equilibrio presupuestario

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y que pueda compensar alteraciones en algún tramo de subsidiación, siempre que no afecte al posible potencial de compradores con ingresos inferiores. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
¿Grupos que deseen fijar su posición? Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya parte de una consideración inicial que nuestro Grupo comparte, y es que el descenso de los tipos de interés ha traído como consecuencia la pérdida de atractivo de las ayudas del Plan de la vivienda destinadas a los segmentos más altos del propio plan, es decir, aquellas unidades familiares con ingresos ponderados superiores a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario discrepa en cuanto a la solución que se propone en el texto de la proposición no de ley.
Nosotros coincidimos --así tuvimos ocasión de manifestarlo en la última comparecencia en el mes de noviembre de 1993, hace ya tiempo, de la Secretaria de Estado para la Vivienda y el Medio Ambiente-- con la importante bajada de los tipos de interés en nuestro país. Manifestamos entonces, y reiteramos, que creemos que el ahorro derivado de la bajada de tipos de interés --si es que se produce tal ahorro-- debería destinarse a incrementar el número de ayudas existentes.
Cuando en 1991 se diseñó este Plan de la vivienda se pensó en unas horquillas según los niveles de ingresos familiares que se ha demostrado en la práctica del propio plan y ha sido la consecuencia de su éxito que eran insuficientes, se habían quedado cortas. Nosotros pensamos que ante la coyuntura de un posible ahorro es más conveniente otorgar más ayudas del nivel que se ha dado hasta ahora que menos pero mejores. Es decir, nos encontramos con un problema ocasionado por el éxito del propio plan, como decía hace un momento, que está demostrando que la cuantía que en su momento se presupuestó es insuficiente y puede llevar a que el propio plan no sea capaz de atender toda la demanda que se está produciendo actualmente.
Sería conveniente destinar este supuesto ahorro que se puede producir a dotar mejor los segmentos más bajos del propio plan, es decir, aquellos que van destinados a unidades familiares con ingresos inferiores a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional, intereses destinados a este segmento familiar que, como es evidente, continúan siendo competitivos en el mercado. En segundo lugar, pensamos que este ahorro debería destinarse --si fuera posible-- a aumentar el volumen del préstamo protegible. Me explico. En este momento la cuantía máxima del crédito --aquellas ayudas susceptibles de acogerse al plan de la vivienda-- abarca el 70 por ciento del coste total de la vivienda y ello obliga al posible adquirente a realizar un esfuerzo importante, de entrada, que equivale a destinar un 30 por ciento a la adquisición de la vivienda propia. Muchas veces esto no es posible y supone un hándicap para acogerse a dichas ayudas, ya que el nivel de ingresos de los destinarios del plan y las cantidades que se exigen suponen un esfuerzo de ahorro muy importante. Por ello pensamos que el ahorro a que nos referimos debería destinarse --y produciría un efecto más beneficioso-- a incrementar la cantidad de dinero protegible de la totalidad a que se tiene derecho como consecuencia del acogimiento al plan.
Nuestro Grupo Parlamentario --y con ello termino-- cree que si el incremento de tipos de interés, que ya ha sido citado por anteriores intervinientes, no es coyuntural --y ello está por ver--, sí que sería conveniente que se procediera por parte del Gobierno a un reestudio del plan para adaptarlo, dentro de las premisas que he citado, a la nueva realidad del mercado.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
En nombre del Grupo proponente, a efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Nos satisface que el conjunto de los grupos parlamentarios que han hecho uso de la palabra en este debate consideren que las condiciones de créditos hipotecarios que redefinía el Plan 1992/1995 han quedado obsoletas y que, de alguna manera, el Gobierno está ahorrando gran parte del dinero que en principio estaba destinado a dicho plan. Es cierto que hay discrepancias sobre cómo debe ser utilizado ese dinero, pero creemos que el mínimo común múltiplo del conjunto de los grupos parlamentarios es que ese plan debe ser revisado. Por tanto, vamos a aceptar la enmienda de sustitución que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que debe ser revisado --y nosotros entendemos que inmediatamente-- ese plan plurianual de viviendas. Esto no significa que no estemos de acuerdo con muchos de los conceptos que se han planteado aquí por el portavoz del Grupo Popular, pero el hecho de que este plan pueda ser revisado --y mi Grupo Parlamentario va a exigir que se revise inmediatamente, muchísimo antes de que acabe este período de sesiones-- hace que creamos que el fruto de este debate pueda ser positivo y podamos conseguir lo que hasta ahora venía evitando el Gobierno, que era revisar el plan que quedaba obsoleto

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después de la modificación de los créditos hipotecarios.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Vamos a proceder a votación de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 298; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA ACTUAL REGULACION DEL DENOMINADO «1 POR CIENTO CULTURAL» (Número de expediente 162/000044)

El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación del denominado «1 por ciento cultural». En nombre del grupo proponente tiene la palabra el señor Baltá. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.


El señor BALTA I LLOPART: Muchas gracias, señor Presidente.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Señorías, al disponerme a defender, en nombre de mi Grupo Parlamentario, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a modificar la actual regulación del denominado uno por ciento cultural, establecido en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que impulsaba el desarrollo parcial de la Ley de 25 de junio de 1985 del Patrimonio Histórico Español, creo necesario hacer referencia a un texto legal que resolvió una situación de dispersión legislativa que se había prolongado durante decenios, pese a que la promulgación en 1933 de otro texto, considerado en aquel momento de exaltación de las libertades y con ello de la propia cultura, supuso un avance considerable respecto al vacío cultural de aquel momento.
Menos rápida que la República fue nuestra actual democracia pero, sin duda, la ley que hoy enmendamos, en una proporción francamente inferior al procentaje que estamos reivindicando, fue una buena aportación a la defensa del patrimonio histórico, que ha sido complementada con el derecho al desarrollo de otras leyes por parte de los parlamentos autonómicos, como es el caso de la Ley 1807, de octubre de 1993, del Parlamento de Cataluña, que aproxima la preocupación por la cultura patrimonial al ámbito concreto de la autonomía y, en ese sentido, regula la colaboración de las administraciones central y autonómica.
Nuestra proposición no de ley --la que ahora mismo defendemos- - viene a enmendar el texto del Real Decreto de 1986, habiendo transcurrido los años suficientes como para que el análisis de la aplicación del Real Decreto que desarrollaba parcialmente la Ley 16, de 1985, haya demostrado la innovación que significó entonces la aceptación legal del criterio de aplicación del uno por ciento de los presupuestos de obras públicas a la conservación del patrimonio cultural y a la promoción y creatividad de la cultura.
Consideramos que se ha producido una cierta indefinición respecto a los caminos a través de los cuales el monto económico total del porcentaje debe llegar al área concreta de la cultura. Nosotros planteamos en nuestra proposición no de ley la lógica de que la inversión cultural debiera hacerse en la misma comunidad autónoma en que se efectúa la obra pública, criterio que, en su momento, nos fue discutido desde una dimensión determinada del Estado que cedía las competencias plenas de cultura, pero impedía la inversión automática del uno por ciento cultural en el entorno inmediato donde se ejecutaba una obra pública. A lo largo de estos años, la aplicación del porcentaje ha conllevado, con demasiada frecuencia, la agresión del concepto de competencias exclusivas, a menudo en parcelas de la cultura, donde ha sido necesario entrar con calzador en la definición que la ley prevé para la aplicación del uno por ciento. Por otra parte, quisiéramos solucionar una cierta conflictividad que se ha producido entre diferentes departamentos del Ejecutivo, concretamente entre los ministerios que han venido desarrollando obras públicas y controlando su ejecución y el Ministerio de Cultura que, lógicamente debiera, cuando menos, coordinar la aplicación de las cantidades dimanantes de este precepto legislativo.
La presunción, en gran medida cierta, de que la cultura, en sí misma, es una realidad presente en todos los ámbitos de la sociedad y, como consecuencia, en todos los ministerios, ha hecho difícil el control del uno por ciento, alejándose la posibilidad de una necesaria coordinación interministerial y situándose mucho más lejos la posibilidad de que los gobiernos autonómicos pudieran opinar o decidir al respecto, a pesar de que la obra cultural se ubicaba en su territorio. El Ministerio de Cultura ha escuchado las protestas frecuentes de los gobiernos autonómicos cuando, en realidad, no era responsable de la interferencia cultural que promulgaba aquella protesta. No hay necesidad de entrar en más detalles.
Sus señorías conocen perfectamente la cuestión. Hemos preferido plantear una solución positiva a través de esta proposición no de ley para la que, lógicamente,

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solicitamos el voto de los distintos grupos que integran esta Cámara. Desde un cierto sentido de la realidad, proponemos que los fondos afectados sean transferidos al Ministerio de Cultura y éste los aplique, previa consulta con la respectiva comunidad autónoma, en el propio territorio de la misma. La excepcionalidad, que ha sido cuestión frecuente hasta este momento, es altamente complicada. Este es un país con una magnífica historia que ha dejado piedras y patrimonio a conservar. Por otra parte, el apoyo a la creatividad artística puede ser ilimitado y a todos nos agrada que se concrete en el entorno inmediato.
Acabo, señor Presidente, recalcando que la proximidad a las piedras que queremos conservar puede constituir en sí misma una garantía en cuanto a la eficacia de la inversión a efectuar. Por ello mi Grupo Parlamentario solicita la consideración de este voto positivo.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
A la proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) se han presentado tres enmiendas, del Grupo Popular, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Socialista.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cortés.


El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, estamos celebrando un debate que ya se ha repetido en el Congreso y en el Senado con anterioridad y la verdad es que la Cámara tendría que aprovechar esta ocasión para actuar en coherencia, como se manifestó en la Comisión de Educación y Cultura el día 15 de febrero de este año.
La enmienda que presentamos, señor Presidente, a la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) va precisamente en esta línea. Presentamos exactamente el mismo texto que fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura con los votos de los grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida. Y lo hacemos, evidentemente por coherencia, porque no han cambiado las circunstancias que aconsejan que la Cámara se pronuncie para favorecer y hacer efectiva la protección y el fomento del patrimonio histórico español. Pero además de un acto de coherencia con pronunciamiento formal de la Cámara, hay una cuestión, señor Presidente, de respeto a las formas que deben guiar las actuaciones de la Cámara. No estamos, señor Presidente, proponiendo una modificación de la Ley del Patrimonio Histórico Español. Eso sería el caso de una proposición de ley que enmendase determinados artículos de la citada ley. Estamos pidiendo que el Gobierno actúe en función de su potestad reglamentaria para modificar el decreto que desarrolla esa ley.
El texto que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dice cómo se deben redactar tres artículos. Pensamos que esa no es la competencia de la Cámara, esa es la competencia del Gobierno. Lo que corresponde a la Cámara para respetar los principios de la separación de poderes es que se señalen unos criterios que el Gobierno seguirá. Eso es lo que hacemos con las mociones o con las proposiciones no de ley. Por tanto, esta cuestión formal, además de la coherencia, también nos ha llevado a enmendar el texto que se ha presentado. La redacción que se presenta aquí quiere basarse en tres criterios fundamentales que pensamos deben orientar la aplicación correcta del uno por ciento cultural. En primer lugar, el estricto cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico Español. En segundo lugar, conceder al Ministerio de Cultura el debido protagonismo, el que quería la Ley del Patirmonio Histórico en su espíritu y en su texto y el que no ha tenido a lo largo de estos años debido a la escasa atención que han prestado a sus competencias los distintos responsables del Ministerio o al escaso peso político que han tenido dentro del Consejo de Ministros.
Finalmente, el tercer criterio, para nosotros fundamental a la hora de desarrollar la Ley del Patrimonio Histórico en punto a la aplicación del uno por ciento cultural, es que esos recursos que se obtienen para el patrimonio histórico español se utilicen cumpliendo lo que dice la Constitución, que es una de las competencias esenciales del Estado en materia de cultura. Es decir, garantizar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas de acuerdo con ellas. Para eso se creó en la Ley del Patrimonio Histórico Español el consejo del patrimonio histórico, estableciendo un marco de colaboración y cooperación de las comunidades autónomas entre sí y de éstas con el Estado. En cuanto al primer objetivo, que se cumpla la Ley del Patrimonio Histórico, uno empieza a tener ya la sensación de estar arando en el mar. Desde que estoy en esta Cámara, señor Presidente, he tenido la oportunidad de escuchar a tres diferentes responsables del Ministerio de Cultura quejarse simultáneamente de la falta de recursos que tienen en su Ministerio y de la incorrecta aplicación del uno por ciento cultural. Esta queja ha llegado a producirse incluso en los informes que el Ministerio de Cultura tiene que presentar anualmente al Consejo de Ministros sobre la aplicación de este uno por ciento. Pues bien, hoy tenemos un buen ejemplo de cómo el Ministerio de Cultura no cumple con sus responsabilidades más elementales y que, cuando se queja de que le faltan recursos ni siquiera manda al cobrador a por ellos, cuando tiene la posibilidad. He dicho al principio que el día 15 de febrero en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara, con una votación tan mayoritaria como treinta de treinta y tres Diputados presentes, se le dieron al Gobierno unas instrucciones para que reformase el reglamento

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de la Ley del Patrimonio Histórico, en una línea que indudablemente favorecía lo que habían venido diciendo los propios responsables del Ministerio. Señor Presidente, estamos terminando el mes de septiembre y todavía no ha sido capaz el Ministerio de sacar este decreto. Pero, como digo, esa Casa no se caracterizaba precisamente por la eficacia y ya la incompetencia a la que se está llegando, junto con la falta de peso político, está alcanzando niveles que son alarmantes.
Pero vayamos a los otros dos puntos que planteaba yo. Por un lado, que el Ministerio de Cultura tenga el adecuado peso en esta toma de decisiones. Sobre eso hay acuerdo tanto en el texto que plantea el Grupo proponente como en las enmiendas que han planteado otros grupos. Sin embargo, se olvida gravemente en las enmiendas que han planteado los otros grupos, cuyos textos ya nos han sido repartidos, el tercer requisito que nos parece esencial, sustituyéndose una deseable multilateralidad a la hora de tomar las decisiones que afectan a todas las comunidades autónomas y donde hay una responsabilidad estatal para con todas ellas por una no deseable bilateralidad origen de muchos conflictos, de muchas suspicacias, y que es nuestra obligación intentar evitar las tentaciones para no tener luego los conflictos.
La Ley del Patrimonio Histórico Español, como bien sabe la Cámara, tuvo un apoyo muy amplio porque abría muy buenas posibilidades para la protección y la defensa del patrimonio.
El balance, sin embargo, casi diez años después de la entrada en vigor de la ley, es muy insatisfactorio, y si ahora, señor Presidente, en vez de avanzar en la línea de la colaboración entre las comunidades autónomas en el consejo del patrimonio, revisamos esa línea que en otros campos del funcionamiento del Estado de las autonomías hemos querido llevar a las conferencias sectoriales que se han querido impulsar en los pactos del desarrollo autonómico que han firmado los grupos más relevantes de esta Cámara, parece que estamos dando un serio paso atrás en esa línea que abrió la Ley del Patrimonio Histórico, que nunca se ha desarrollado satisfactoriamente ni en el consejo del patrimonio ni en todas las conferencias sectoriales que ha habido, y nos quejamos de la pobre realidad que constituye.
Lo lógico sería --concluyo, señor Presidente-- que mantuviésemos el texto que ya se aprobó por el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida en la Comisión de Cultura y pedir, eso sí, a la Ministra de Cultura que se dedique a hacer alpargatas o a hacer decretos, pero que haga algo, y animar de una santa vez a que se desarrolle un punto tan altamente insatisfactorio en el funcionamiento de la Ley del Patrimonio. Pero por nosotros, señor Presidente, no va a quedar que se logre este acuerdo y que se mantenga en torno a un punto tan importante como es la protección de nuestro patrimonio histórico, que no debe ser objeto de preferencias políticas partidistas o ideológicas. Esa es la razón por la que ofrecemos una enmienda transaccional, aunque nos consta la complejidad procedimental de su aceptación, porque tendría que ser aceptada tanto por el grupo al que se la ofrecemos, que es el Grupo Socialista, como por el Grupo proponente del texto, pero la ofrecemos manteniendo el texto que plantea el Grupo Socialista, simplemente refiriéndonos a que el consejo del patrimonio tiene que jugar el papel que le asigna la Ley del Patrimonio Histórico a la hora de apuntar los planes anuales de conservación del patrimonio. En el consejo del patrimonio están representadas todas las comunidades autónomas y está representado el Ministerio de Cultura, y ese es el lugar natural en que se tienen que tomar estas decisiones. Y luego, cúmplase la ley, aplíquese de verdad el uno por ciento y no tengamos partidas en los presupuestos tan ridículas como, con la cuantía de inversiones que tienen los Presupuestos Generales del Estado, se contemplan (ya sé que es en partida abierta, pero luego resulta que al final, en la liquidación, tampoco se ha incrementado tanto) de 200 millones, por ejemplo, para el uno por ciento cultural.
Creemos que esto tiene una gran importancia, no sólo para la protección y defensa del patrimonio histórico español sino, lo que es quizá más importante, señor Presidente, para una correcta interpretación de lo que debe ser la colaboración de las comunidades autónomas y del Estado dentro del Estado de las autonomías, en la línea en que creíamos que se había emprendido en la pasada legislatura, por un entendimiento en la Cámara, y que lamentablemente observamos que no se pierde oportunidad para desviarse del acuerdo que se había alcanzado de favorecer la multilateralidad en las relaciones de las comunidades autónomas con el Estado y dejar reducida la bilateralidad a aquellas cuestiones en las que es imprescindible. No lo es en el caso del consejo del patrimonio. Simplemente basta con que la Cámara sea coherente con la decisión que ya tomó en la Comisión de Cultura o la que se tomó en el Senado, donde también se planteó esta misma cuestión, optando por una preferencia en favor de una parte concreta del patrimonio, que eran las catedrales. Cualquiera de estas líneas es válida. En cualquier caso, lo que no es válido es que demos un paso atrás y abandonemos esta deseable multilateralidad para entrar en una bilateralidad que será origen de conflictos, de insatisfacciones y de suspicacias que a esta Cámara, como representación de la nación, le conviene no alentar, sino intentar evitar. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cortés, si es tan amable, pase a la Presidencia, por escrito, la modificación que propone a la enmienda del Grupo Socialista.


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El señor CORTES MARTIN: Así lo hago, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente.
Hablando del uno por ciento cultural, parece que hablamos de algo sin importancia, algo nimio, pero tiene importancia tanto absoluta como relativa. Estamos hablando del uno por ciento con respecto a todas las obras públicas financiadas, total o parcialmente, por el Estado, lo cual puede suponer este año unos 4.000 millones de pesetas. No es poca cosa a nivel absoluto, pero lo es mucho más a nivel relativo, teniendo en cuenta lo que supone el monto total del presupuesto de Cultura. El presupuesto de Cultura supone solamente 66.000 millones de pesetas, aproximadamente el 0,3 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado. Si a esos 66.000 millones de pesetas le quitamos (cosa que hay que hacer en los próximos tres o cuatro años) 14.000 millones de la colección Thyssen, le quitamos 19.000 millones para personal del Ministerio y le quitamos, hasta que no se culminen las obras, 4.000 millones del Teatro Real, veremos la importancia relativa, grande, que tiene la aplicación de estos 4.000 millones del uno por ciento cultural, que este año pueden suponer 4.000 millones y el año que viene posiblemente más.
Importancia también teniendo en cuenta (aquí se ha dicho algo anteriomente) que no se cumple la Ley del Patriminio Histórico en su totalidad, ni se le da el protagonismo necesario ni el control democrático preciso al Ministerio de Cultura. El mismo señor Linde, Subsecretario del Ministerio, en su comparecencia anterior a la aprobación de los presupuestos para este año en la Comisión correspondiente, hablaba de la preocupación por una menor aplicación de recursos del uno por ciento de los diversos ministerios, y añadía que el Ministerio de Cultura, dadas las opciones posibles, no tiene protagonismo a la hora de definir los objetivos correspondientes.
Las opciones posibles, según se aprobó en el Real Decreto 111/1986, y singularmente en su artículo 58, son, en primer lugar, que se trata de financiar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística incluidos en los planes anuales de la misma denominación. En la segunda opción, este Real Decreto habla de realizar trabajos de conservación o de enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con preferencia en la propia obra... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento. Señorías, guarden silencio. Es imposible poder seguir la intervención del señor Alcaraz. Ocupen sus escaños y guarden silencio.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
...Con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno, o en cualesquiera de los bienes de interés cultural relacionados con las actividades del organismo correspondiente.
Por tanto, desde el principio el Real Decreto recogía la cooperación necesaria entre todas las Comunidades Autónomas, una dialéctica de multilateralidad, que es lo que después se refrendó en la aprobación que hizo la Comisión en febrero con respecto a qué criterios debieran regir el reglamento aprobado por el Gobierno. En este sentido, nosotros creemos que la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) cambia esta dialéctica, esta lógica interna del reglamento de aplicación del uno por ciento cultural, y nosotros presentamos una enmienda de sustitución en los siguientes términos, en función de lo que he dicho anteriormente, que recoge tanto el espíritu del Decreto como el de la resolución aprobada muy mayoritariamente en la Comisión de Cultura. Para el punto 5 planteamos el texto siguiente: Los trabajos a que se refiere el apartado 3 de este artículo se ejecutarán por la Administración del Estado con un criterio territorialmente integrador, una vez oídas las Comunidades Autónomas. Por tanto, al hablar de criterio territorialmente integrador, implícitamente estamos hablando del Consejo de Patrimonio, lo que quiere decir que esta propuesta no es contradictoria con la aprobada en la Comisión de Cultura. Pensamos que esta es la salida real --ésta u otro texto homologable que se plantee-- para no salir de la lógica que suscitó un gran consenso en la Comisión de Cultura.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. Finalmente, para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos permite debatir de nuevo en esta Cámara sobre la actual regulación del llamado uno por ciento cultural y, además, este debate nos recuerda el que tuvimos en el mes de febrero en la Comisión de Educación y Cultura. Yo quisiera poner de manifiesto, en primer lugar, que tanto las intervenciones que se produjeron en la Comisión como las que se han producido aquí esta tarde y la mía propia, en nombre del Grupo Socialista, coinciden en dos planteamientos.


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Por una parte, todos acordamos la importancia de que el Ministerio de Cultura tuviera una mayor participación, un mayor protagonismo en la decisión de inversión de fondos que proceden del uno por ciento cultural --primer acuerdo que se ha puesto de manifiesto esta tarde aquí, repitiendo lo que ya se produjo en la Comisión--, y, por otra parte, también hemos coincidido en que haya una participación de las propias comunidades autónomas, que se oiga su voz a la hora de establecer unos criterios de prioridades, para que, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, se hagan las inversiones pertinentes con cargo a estos fondos del uno por ciento cultural.
Yo creo que, en definitiva todos estamos ratificando aquel aspecto novedoso y muy importante de la Ley del Patrimonio Histórico Español, en el que se introducía por primera vez la fórmula del uno por ciento cultural. En ese sentido, con la misma convicción y con la misma energía, o más si cabe, lo defendemos desde el Grupo Socialista como un mecanismo y un instrumento válido para el reequilibrio de dotaciones de infraestructura en las distintas comunidades autónomas para conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. Es cierto que la aplicación de este uno por ciento a través del Real Decreto ha provocado algunas disfunciones, ha creado algunos desequilibrios que tendríamos que corregir. El texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, junto con la intervención que hicimos en la Comisión, recoge perfectamente la fórmula para encontrar una mejor aplicación, un mayor nivel de eficacia en la inversión de los fondos del uno por ciento cultural.
Quiero hacer alguna referencia, aunque sea breve, señor Presidente, a las dos opciones, que ya se han citado aquí, que aparecen en el Real Decreto: que sea el Ministerio de Cultura el que invierta este uno por ciento cultural, a través de sus planes anuales, o que sea el propio organismo inversor, organismo público-Ministerio en definitiva, el que realice la obra destinada al uno por ciento cultural. La aplicación de esa fórmula nos ha puesto de manifiesto que, efectivamente, hay una mayor opción por parte de los organismos por esta segunda fórmula, que sea el propio organismo inversor el que realice los trabajos con cargo a este uno por ciento cultural.
Simplemente voy a citar un dato que me parece significativo: en el año 1991 se invirtieron con cargo al uno por ciento un total de 4.289 millones, y de éstos únicamente 465 los gestiona el Ministerio de Cultura, y el resto, 3.824, los restantes organismos.
Hay también un dato que me gustaría añadir en mi argumentación, y es que se ha producido, como decía antes, una cierta dispersión en lo que es la aplicación de estos fondos, puesto que en muchas de las inversiones realizadas por este concepto no ha intervenido el propio Ministerio de Cultura en lo que es la elaboración de los proyectos y el seguimiento de los trabajos. Por tanto, esta fórmula también deberíamos corregirla.
Todo esto, como decía, nos lleva a presentar nuestra enmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió, que persigue defender un mayor protagonismo del Ministerio de Cultura y, como decía antes, también una participación creciente de las propias comunidades autónomas. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista consta de dos apartados. En el apartado A, decimos que los fondos y, por tanto, los trabajos que se deriven de la aplicación del uno por ciento cultural, no se deben decidir unilateralmente por parte del organismo inversor, sino que debe haber un acuerdo previo, un consenso entre el organismo que invierte y el que gestiona, Ministerio de Cultura, porque entendemos que esa es la mejor fórmula para dar salida y desbloquear la situación que se ha venido produciendo en los últimos años. Por tanto, partimos de esta necesidad de acuerdo, de entendimiento, entre ambos ministerios, que nos parece que sería la mejor forma. Además, en esta decisión intervendrá el Ministerio de Cultura, cosa que no ocurrirá si mantenemos los mismos criterios que recoge el actual Real Decreto.
En consecuencia, yo creo que caeríamos en un error si centráramos el debate en cuál es el Ministerio que invierte, si el Ministerio de Cultura o cualquier otro Ministerio, sino que lo deberíamos centrar en qué obras de restauración se van a realizar o en qué tipo de actividades creativas se van a fomentar. En definitiva, el debate tendríamos que centrarlo en la necesidad de dar prioridad a lo que nos está demandando la conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. Ahí deberíamos poner el énfasis y no en cualquier otro debate que sería, desde mi punto de vista, más artificial y que no llegaría a producir los efectos positivos que realmente estamos buscando.
En el apartado B), el segundo de nuestra enmienda, incluimos dos aspectos que también nos parecen muy importantes y que modifican el texto de la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió. Por una parte, incluimos la participación de las comunidades autónomas en la aplicación de este uno por ciento cultural mediante la elaboración de un informe. Por otra parte, nos parece también imprescindible precisar que los trabajos con cargo al uno por ciento cultural se realizarán preferentemente --insisto en la fórmula preferentemente-- y no de manera exclusiva u obligatoria en el territorio de la comunidad autónoma donde se realice la obra pública.
Preferentemente en ese territorio, pero no exclusivamente, porque entendemos que de esta forma aumentarían algunas situaciones de desequilibrio y de desigualdad que se podían haber venido dando hasta este momento. Me refiero, muy brevemente, señor Presidente, señorías, a estos dos últimos aspectos porque me parecen fundamentales y básicos.


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La participación de las comunidades autónomas en la aplicación del uno por ciento cultural introduce incluso un elemento de operatividad. Es absolutamente positivo. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas están compartiendo obligaciones en materia de protección del Patrimonio Histórico Artístico. Por tanto, es lógico que si están compartiendo obligaciones, se compartan las responsabilidades y tengan voz a la hora de decidir y de precisar a dónde va destinada la inversión del uno por ciento cultural. La propia Constitución, señorías, vincula a todos los poderes públicos en la protección del patrimonio. Por tanto, queda enmarcado dentro del contenido de nuestra enmienda. Hay un segundo aspecto que me parece importante, y es que la planificación del uno por ciento cultural debe favorecer la conservación y restauración del Patrimonio. Pero también, y es un segundo aspecto no menos importante que el primero, debe procurar un reequilibrio, debe procurar corregir las desigualdades que puedan existir en estos momentos en cuanto a la dotación de la infraestructura cultural de las propias comunidades autónomas. Nos parece fundamental la precisión y matización de que la inversión sea preferentemente en el territorio de la comunidad autónoma donde se realiza la obra, pero, insisto, no exclusivamente. De ahí que lo introduzcamos en nuestra enmienda. En la propuesta que presenta Convergència i Unió entendemos que existe un cierto riesgo de desigualdad entre las diferentes comunidades autónomas. Se podrían ver privilegiadas aquellas que reciben un mayor número de inversiones y dispondrían también de más fondos, además de recibir las inversiones propias, destinados a su patrimonio cultural. Por tanto, las necesidades del patrimonio --y ahí estaremos de acuerdo los distintos grupos parlamentarios-- no tienen por qué coincidir, de hecho no coinciden, con las propias inversiones públicas realizadas en su territorio. De esa forma conseguiríamos este reequilibrio que persigue el uno por ciento cultural.
Acabo señor Presidente, aunque tendría que hacer una referencia muy breve. De ser admitida nuestra enmienda, y espero que así ocurra por parte del Grupo de Convergència i Unió, no existe ningún tipo de incoherencia o contradicción con el texto que mi Grupo Parlamentario votó afirmativamente en la Comisión de Cultura y que seguimos manteniendo. Estamos dando criterios, en un caso y en otro, para que sea el Gobierno el que, puesto que es responsabilidad suya, modifique la redacción del Real-Decreto. En ese caso, estoy segura que se tendrá en cuenta el reequilibrio entre comunidades autónomas, se tendrán en cuenta las preferencias establecidas en los planes anuales de conservación de patrimonio, en el que sí interviene el Consejo de Patrimonio, y se tendrá en cuenta también un mayor protagonismo del Ministerio de Cultura. Creo que quedan salvadas todas las partes. Nuestra propuesta, a través de esta enmienda a la proposición no de ley de Convergència i Unió, es que sea admitida para que podamos aceptarla. También nos gustaría que coincidiéramos en el voto, como ocurrió de forma mayoritaria en la Comisión con el resto de los grupos parlamentarios. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txábarri. (Rumores.) Señorías, ocupen sus escaños. Guarden silencio, por favor.
(Pausa.) Cuando guste.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Intervendré con la brevedad solicitada desde los escaños.
Desde el Grupo Vasco entendemos que esta iniciativa que presenta el Grupo Catalán es muy oportuna y muy encomiable, a la vista de la aplicación de este precepto que se viene en llamar el uno por ciento cultural y, en consecuencia, digna de apoyo, y que está bien redactada y con rigor en los puntos sustanciales que a estas alturas del debate están prácticamente marcados. Entendemos desde el Grupo Vasco que esta aplicación del uno por ciento cultural en la propia obra pública o en su propio entorno, no se cumple suficientemente.
Así está recogido en los distintos informes que el Ministerio de Cultura ha venido mostrando en la Comisión de Educación y Cultura, tanto en el año 1991 como en el año 1992. Estamos conociendo en estas materias excesivas situaciones de este tipo de incumplimientos sistemáticos de la legalidad y, en consecuencia, hemos podido constatar que existe un grado de amnesia muy significativo en comportamientos de autoridades políticas y administrativas, que incumplen sistemáticamente aspecto que se van aprobando y poniendo en vigor en esta Cámara. Desde esta constatación de la realidad, que está recogida en los propios informes del Ministerio de Cultura, y admitiendo que este concepto del uno por ciento cultural no es un concepto que esté perfectamente claro, definido y que sea unívoco para todos, entendemos que desde el Grupo Catalán se recoge una serie de criterios de actuación que pueden corregir esta amnesia a la que nos hemos referido del Ejecutivo frente a las previsiones del Legislativo y, además, cumplir con las orientaciones que el legislador tenía al redactar este artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.
Entendemos que se recogen unos criterios de actuación claros para la aplicación de este uno por ciento cultural, que desde nuestra perspectiva

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es una medida progresista desde el punto de vista cultural y muy interesante desde el punto de vista presupuestario.
No estamos de acuerdo con una de las consideraciones que ha realizado la portavoz socialista, la señora Rodríguez Ortega, en el sentido de indicar que no se debe centrar el debate en si el Ministerio de Cultura debe tener un protagonismo u otro en esta cuestión. Nosotros entendemos que sí. En esta misma Cámara se ha venido a discutir en ciertas ocasiones sobre la utilidad del Ministerio de Cultura y si, además, no es prioritario ni siquiera central, en una consideración de este tipo, que el Ministerio de Cultura deba tener un papel preponderante en materias como ésta, a muchos grupos nos llevará a considerar que el Ministerio no pinta gran cosa en un Gobierno de este tipo si materias tan importantes, referidas a sí mismo, ni siquiera pueden contar con un peso específico propio dentro de la acción cultural del Gobierno.
Nosotros entendemos que sí. Entendemos que la propuesta del Grupo Catalán es muy razonable, en el sentido de que sea el propio Ministerio de Cultura el sujeto principal del seguimiento de esta serie de actuaciones de tipo cultural; es decir, que en el control, en el destino de las adjudicaciones de las materias culturales sea el propio Ministerio de Cultura el que tenga peso específico en el Gobierno o, si no, habrá que preguntarse cuál es la función de ese Ministerio dentro del propio Gobierno. El considerarlo de otra manera nos llevaría al absurdo que se está dando en el propio Ministerio de Cultura e incluso en departamentos de consejerías de Cultura de comunidades autónomas, donde hay departamentos inversores que cuentan, por la aplicación de este uno por ciento, con más recursos que el propio Ministerio de Cultura para alguno de sus fines. Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes cuente con mayores recursos para museos, y haga un museo de transportes, cuando la política museística del Ministerio de Cultura está prácticamente en cero, es algo llamativo. Entendemos que, en estas cuestiones, los técnicos que han de entender de la materia, los que llevan la coordinación de la política de cultura dentro del Gobierno central y de las comunidades autónomas, deben ser del Ministerio de Cultura; creemos que es razonable subrayar la preponderancia de este Ministerio en materias como ésta.
En segundo lugar, la proposición que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió), va en el sentido de que sea en el entorno de estas obras públicas donde se aplique este uno por ciento cultural, y entendemos que es razonable también señalar que ese era el objetivo del legislador en el momento de redactar este artículo 68 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. En los informes del Ministerio de Cultura de los años 1991-1992 existe una aplicación porcentual en territorios, con una territorialización del gasto en estas materias. Desde el País Vasco y desde Navarra vemos, significativamente, que esto es una lotería que no nos toca nunca; nos toca más la de los ciegos, señora Rodríguez Ortega. Yo tengo mucho miedo a estos adverbios acabados en «mente», como profesor incluso se lo he tenido, por eso de tener que corregir a los alumnos. Ahora dicen que, preferentemente, se aplique en aquellos territorios donde se haga la obra pública. También se dice en ese artículo 68 que, anualmente, el Ministerio debe informar a esta Cámara de cómo aplica el uno por ciento. Usted sabe mejor que yo, señora Rodríguez Ortega, que desde el año 1986 el Ministerio de Cultura ha informado a esta Cámara sólo en dos ocasiones, y tarde, de la aplicación del uno por ciento. Si en ocho ejercicios lo ha hecho tarde y sólo dos veces no entiendo el significado de «anualmente»; no sé yo lo que significará «preferentemente».
Entendemos que la obra pública que se ejecuta en el Estado da suficiente crédito como para que el patrimonio histórico tenga unas garantías mucho más importantes que con las que se encuentra en este momento; tiene un volumen de recursos para destinar a la protección de este patrimonio histórico que incluso por los técnicos se entiende como suficiente para atender a gran parte de las necesidades de ese patrimonio.
Desde estas dos perspectivas, quiero subrayar la importancia de aceptar la enmienda del Grupo Catalán en cuanto al protagonismo del Ministerio de Cultura, por una parte, y en cuanto a que se aplique en el propio entorno en que la obra pública se vaya desarrollando, por otra. Entendemos que desde esa propuesta se pueden arbitrar mecanismos eficaces para facultar al propio Ministerio de Cultura para incidir en las posibilidades, en los objetivos que la propia Ley del Patrimoniole indica y que, en caso contrario, nos estamos perdiendo entre adverbios terminados en «mente» que nos llevan a que unas medidas muy progresistas, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista presupuestario, puedan quedarse en letra muerta o no tengan la suficiente virtualidad, que es como en estos años se ha venido desarrollando. Entendemos que, desde esta medida, la acción cultural puede contar con recursos presupuestarios suficientes, aunque sistemáticamente se viene a decir desde el Ministerio de Cultura que no son suficientes, porque es el propio Ministerio el que no puede concurrir a los mismos.
En conclusión, señor Presidente, en opinión del Grupo Vasco, la propuesta del Grupo Catalán (Convergènciai Unió), actualiza esta problemática, propone mecanismos eficaces, tanto desde el punto de vista legal y presupuestario como desde el punto de vista cultural, y es muy coherente con lo que en relación con esta materia se ha venido aceptando en la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara. En consecuencia, ante una propuesta tan rigurosa sólo cabe, a nuestro entender, el voto afirmativo a esa proposición que realiza el Grupo Catalán y la felicitación más sincera.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txábarri. Antes de conceder la palabra al señor Baltá para que exprese la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la iniciativa de su Grupo, y como cuestión previa, se ha presentado en su intervención, por parte del portavoz del Grupo Popular, señor Cortés, una enmienda transaccional a la enmienda que el Grupo Socialista ha presentado a esta proposición no de ley defendida por el señor Baltá.
Por tanto, quiero preguntar si la portavoz del Grupo Socialista acepta previamente esa enmienda transaccional presentada por el señor Cortés. La señora Rodríguez Ortega tiene la palabra.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Aunque no lo he dicho explícitamente en mi intervención, creía que había quedado puesto de manifiesto que no aceptamos la enmienda transaccional que presenta el Grupo Popular porque -- voy a explicar el motivo de esta postura en treinta segundos, señor Presidente--, tal y como decía, el Gobierno podrá adaptar perfectamente la modificación que haga al Decreto con la proposición del Grupo Popular que aprobamos en Comisión y con esta misma que aprobamos en Pleno. En consecuencia, nos parece innecesario que se haga constar esta parte tan específica que introduce la enmienda transaccional del Grupo Popular puestoque lo que estamos dando son criterios o recomendaciones al Gobierno.
Por tanto, no aceptaríamos la transacción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez Ortega. Señor Baltá, en consecuencia, S.S. tiene que decir si acepta o no las tres enmiendas presentadas en los términos en que han sido planteadas inicialmente por los grupos parlamentarios que han enmendado su iniciativa. Tiene S.S. la palabra.


El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas al texto de la proposición no de ley de mi Grupo Parlamentario, una vez resuelto el tema de la enmienda formulada por el Grupo Popular, debo manifestar ante todo que, conceptualmente, la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene una clara proximidad al texto que reforma nuestro apartado 5. Sin embargo, la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista recoge los puntos fundamentales de nuestro texto: que la decisión final radique en el Ministerio de Cultura y que la aplicación objetiva del uno por ciento se haga preferentemente --hubieramos deseado que no existiera esta palabra, pero nos adaptamos a la excepcionalidad y al pragmatismo que caracteriza a nuestro Grupo-- en el territorio de la cumunidad autónoma, con el informe previo de la comunidad respectiva. Ello hace que, considerando que la aceptación de este texto alternativo significa caminar hacia adelante en los criterios defendidos por mi Grupo, aceptemos la enmienda de sustitución defendida por la portavoz socialista, señora doña Angustias Rodríguez. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baltá.
Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR, POTENCIAR Y DESARROLLAR EL SECTOR PESQUERO NACIONAL (número de expediente 173/000049)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, subsiguiente a la interpelación sobre la política del Gobierno para garantizar, potenciar y desarrollar el sector pesquero nacional. En nombre del Grupo proponente de la moción, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, después del debate que tuvimos el miércoles anterior con la interpelación que el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó al Gobierno sobre la situación de la pesca en España, creo que la moción de hoy da la oportunidad de que esta Cámara se plantee el problema de la pesca en su globalidad.


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Hasta ahora, la pesca ha sido objeto de muchos debates parlamentarios que, de forma fragmentaria, han ido viendo diferentes aspectos de los problemas por los que pasan los pescadores españoles, el sector pesquero. Y así, hay numerosas proposiciones no de ley, que han sido aprobadas, sobre el uso de volantas, sobre la situación en el paro biológico, etcétera. Pero, hasta ahora, el Congreso de los Diputados no ha tenido la oportunidad, ya sea porque las mayorías parlamentarias no lo han querido o ya sea porque no se ha prestado la situación sociológica para este debate, de presentar un dictamen sobre el conjunto de los problemas de la pesca en nuestro país. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Nosotros estamos convencidos de que la moción que hoy presenta mi Grupo parlamentario ante esta Cámara da la oportunidad de que el Congreso de los Diputados emita ese dictamen y plantee cuáles son las modificaciones legales que han de realizarse en el ámbito de nuestra legislación, cuáles deben ser las coordinaciones que se deben dar entre las comunidades autónomas y la Administración central, cuál debe ser el ritmo y el ámbito de competencias que aún hay que trasvasar a las diferentes comunidades autónomas y, un elemento muy importante, cuál debe ser el papel y la actitud que el Gobierno español tome ante la Unión Europea sobre los diferentes problemas que hoy se dirimen en el ámbito de la Unión Europea sobre la pesca, que no hay que olvidar que son muchísimos.
Hoy las competencias que tiene la Unión Europea en materia pesquera son extraordinariamente relevantes y decisivas para el futuro del sector en nuestro país.
Por tanto, la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene dos paquetes perfectamente definidos. Uno se refiere a cuáles pueden ser las iniciativas que dentro del ámbito de esta Cámara se pueden tomar de una forma autónoma y de la cual se pueden desprender iniciativas concretas en forma de leyes, de modificaciones legales, de instar al Gobierno a determinadas actuaciones con respecto a las comunidades autónomas, etcétera. Para ello nosotros proponemos la creación de una ponencia, en el ámbito de esta Cámara, que pueda debatir y a la que puedan asistir personas cualificadas en los diversos elementos fundamentales del sector pesquero. De esta forma se podrá tener conocimiento de primera mano de cuáles son las dificultades que tiene este sector y se podrá saber cuáles son los problemas laborales que este sector tiene y que son importantísimos. También se podrá conocer cuál es el dimensionamiento que nuestra flota debe tener y otra cosa extraordinariamente importante: cómo se debe abordar la reconstrucción de muchos de los caladeros nacionales, porque no hay que olvidar que si España tiene problemas importantísimos en la Unión Europea y en Marruecos para la utilización de caladeros que no son propios es porque los nacionales están agotados; y si esos caladeros están agotados, habrá que plantearse cuáles son las políticas necesarias para que esos caladeros vuelvan a ser útiles a nuestro país, para que esos caladeros vuelvan a ser productivos y vuelva a haber una racionalización en el uso de los mismos. Algo que también es importante legislar, y que creemos que puede abordar esta ponencia, se refiere a las relaciones con otros países respecto a las importaciones de pescado. Creemos que es muy importante que no se puedan producir de una forma impune importaciones de pescado durante las paradas biológicas en otros países, porque con ello estaríamos dando carta de naturaleza a que esas paradas biológicas sólo atañen a los barcos de nuestra flota y no a los barcos de las otras flotas que están pescando en esos caladeros. Creemos que este aspecto también se puede discutir en el seno de esa ponencia y que sobre el mismo se pueden plantear limitaciones concretas que sean de vigencia para el conjunto del Estado.
Desde luego, el planteamiento que hace Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya sobre el ámbito de actuación de esta ponencia no es excluyente. Son cinco los puntos que presenta nuestro Grupo parlamentario, pero hay más y sin duda los aquí expresados pueden ser ampliados según los criterios de los diferentes Grupos parlamentarios porque el ámbito que propone mi Grupo no pretende ser universal, y seguro que se podrá enriquecer con el conocimiento que otros Grupos parlamentarios tengan del problema, como seguro que ya está enriquecido por las propias enmiendas que se planteen y que podrán desarrollarse en la propia ponencia.
Pero no solamente son aspectos de política interna y de desarrollo legislativo interior lo que esta moción plantea.
Hay, como me refería al principio de mi intervención, aspectos que son claramente de relación con la Unión Europea y, a través de ésta, con otros países con los cuales la Unión Europea firma tratados internacionales de utilización de recursos pesqueros.
En este sentido el Gobierno español debe ser extraordinariamente beligerante y actuar con la mayor firmeza, como se dice en nuestra moción, en la utilización de artes de deriva. ¿Por qué? Porque las artes de deriva que están siendo utilizadas hoy, fundamentalmente por países que no son España, están esquilmando completamente los caladeros. Creo que esta contraposición que hay entre artes tradicionales y artes de deriva ha sido dilucidada en los últimos días, con la postura de los pescadores del norte de España. Creo que la postura del Estado es la correcta. Sólo las artes tradicionales pueden permitir que los caladeros pervivan y que puedan seguir utilizándose en el futuro.
Algo también extraordinariamente importante, según nuestro criterio --y estoy convencido que no sólo según nuestro criterio--, es que no es justo que los pescadores

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de otros países que se vayan a incorporar en seguida a la Unión Europea, y estoy hablando fundamentalmente de Noruega, tengan unos derechos superiores a los que tienen los pescadores españoles. En este sentido esta moción insta al Gobierno a que actúe con la mayor firmeza en la Unión Europea, reclamando que los derechos de nuestros pescadores sean exactamente iguales que los de cualquier otro pescador de otras naciones en el ámbito de la Unión Europea. Algo que ha venido reclamando nuestra flota del norte (y no solamente nuestra flota del norte, sino también la del sur de una forma insistente pidiendo objetividad en el tratamiento a nuestros pesqueros en el ámbito de la Unión Europea y de otras aguas internacionales) es la existencia de observadores internacionales comunitarios en los barcos de pesca con capacidad de imponer sanciones. De forma que los inspectores de las aguas territoriales de cada país no se comporten, como de una forma reiterada se vienen comportando, desigualmente según sean pescadores de su propio país o de un país ajeno.
Esto también lo reclama la moción en el sentido de que creemos que es algo extraordinariamente justo.
De igual forma pedimos que se mantengan las posibilidades de captura en los caladeros marroquíes para los pescadores del sur. Estamos comprobando cómo las noticias que van llegando de los acuerdos que se van pergeñando en Rabat para nuestra flota son extraordinariamente gravosos para todos los pesqueros que faenan en esas aguas, que no son sólo pesqueros del sur, sino que también hay que recordar que hay muchos pesqueros gallegos con base en Algeciras y que están faenando en las aguas marroquíes.
Consideramos también en los puntos tercero y cuarto que se debe instar al Gobierno a que se trasvase el conjunto de las competencias que le son afines a las comunidades autónomas, al igual que pedimos que se cree un fondo de investigación necesario para aquello que reclamábamos al principio de nuestra intervención: que sea posible que nuestros caladeros sean útiles en corto plazo para hacerlos útiles también durante muchísimo tiempo.
Hay correcciones que nosotros hacemos en el conjunto de nuestra moción, que son de tipo técnico, como es que en el apartado 2 d), en vez de «condiciones», se diga «posibilidades», al igual que en el apartado 2 a) en que suprimimos lo de artes pelágicas, ya que no todas las artes pelágicas deben tener un mismo tratamiento, aunque yo creo que esto también puede ser objeto de discusión en la ponencia, en el caso de que se apruebe, como tengo el convencimiento de que en los diferentes grupos parlamentarios tendrán a buen criterio aprobar, y se pueda estudiar en ello.
Señoras y señores Diputados, solicito el voto favorable del conjunto de los grupos parlamentarios a esta moción que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en el convencimiento de que será muy positivo para el conjunto de este sector que el Congreso de los Diputados por fin se plantee de un forma exhaustiva el conocimiento de los problemas pesqueros de nuestro país. También creemos que es bueno que se inste al Gobierno a actuar con firmeza en problemas que no admiten demora que plantea el conjunto de la Unión Europea. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Andreu, perdone, la Presidencia no sé si ha entendido bien, pero indicaba S.S.
que sustituía dos términos de su iniciativa.


El señor ANDREU ANDREU: Efectivamente, señor Presidente.
En el punto 2, en su letra a), suprimir el concepto: artes pelágicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Qudaría en: redes de enmalle de deriva.


El señor ANDREU ANDREU: Exactamente, por los motivos que he indicado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Y la otra modificación?

El señor ANDREU ANDREU: La otra modificación sería en la letra d) donde dice: mantenimiento de las condiciones de captura en los caladeros marroquíes, poner: mantenimiento de las posibilidades de captura en los caladereros marroquíes.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Andreu. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Popular y otra del Grupo Vasco (PNV).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a dar su voto afirmativo a la moción presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, consecuencia de la interpelación de la pasada semana, no sin hacer algunas consideraciones, a la que se suma la enmienda de adición que ha presentado el Grupo parlamentario Popular, que compendiaría muchas de las propuestas que se hacen desde el Grupo Federal de Izquierda Unida.
En cuanto al apartado 1 sobre la constitución de una ponencia que estudie los problemas relativos al sector

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pesquero, el Grupo Parlamentario Popular no sólo no tiene el más mínimo inconveniente, sino que la considera necesaria.
Creemos que para que se cree una ponencia para hablar, en este caso concreto, sobre el sector pesquero español, lo realmente idóneo hubiera sido que se hubiera traído una ley general de pesca marítima que hubiera dado lugar, una vez aprobada en esta Cámara, a la ponencia que estudiara los distintos apartados sobre los que habría que debatir y definir el marco legal español sobre la pesca en general, y la pesca marítima.
Repito una vez más que es realmente lamentable que un país eminentemente pesquero, como España, primera potencia europea, con 7.880 kilómetros de costa, a estas alturas del siglo XX no disponga de una ley general de pesca marítima que, de una vez por todas, defina cuáles son las condiciones y relaciones existentes entre la Administración Central y las hoy administraciones autonómicas que existen en España.
Señor Presidente, el Grupo parlamentario Popular, como decía el señor Andreu en su anterior intervención de que el problema de la pesca debería de tratarse en su globalidad, piensa lo mismo e incluimos en una enmienda de adición el que se traiga a la Cámara, a instancia de quien sea, de Izquierda Unida, del Grupo Vasco, del Grupo Socialista, como ha reiterado el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación no sólo en esta legislatura, sino en la anterior, no sólo el Ministro de Agricultura y Pesca, sino también el Secretario General de Pesca Marítima desde el año 1989, ese marco jurídico en el que poder movernos. ¿Por qué está justificada la presentación de esa enmienda? Porque ya hay transferidas competencias al País Vasco, a Cataluña y no por cierto a Galicia, que es la única de las comunidades autónomas que tiene una ley general de pesca --recurrida por el Gobierno socialista-- ante la proliferación y dispersión de disposiciones, ante la insuficiencia significativa del rango normativo de estas disposiciones, que están funcionando con normas de rango inferior, por la falta de adecuación de esta normativa al reparto constitucional de competencias entre la Administración Central y las comunidades autónomas, ante la necesidad de integrar en la normativa nacional los principios de la política común, a la que hacía referencia S.S., y a racionalizar y perfeccionar el régimen de sanciones vigente.
Esto lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular no hoy, sino en múltiples ocasiones. Pero es que da la casualidad de que lo ha suscrito el ex Ministro Albero el 29 de septiembre del año pasado y lo ha ratificado el Ministro Atienza en recientes declaraciones y en su intervención sobre pesca en su primera comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por tanto, nosotros consideramos que el apartado 1 de la moción es aceptable, pero le falta un fleco, y no es otro que el Pleno del Congreso de los Diputados apruebe una ley general que dé lugar a esa ponencia que S.S. propone para que podamos movernos dentro del marco legal y del reglamento de la Cámara. Me voy a detener en el apartado 2 porque es realmente importante. Aunque el Grupo parlamentario Popular va a votar favorablemente, nos extraña la posición de los diferentes grupos que componen la Cámara y, sobre todo, la de los Grupos parlamentarios Socialista y Catalán. El Presidente del Partido Popular hacía este fin de semana unas declaraciones en Vitoria en las que decía prácticamente lo mismo que se dice en la letra b) de esta moción: finalización del período transitorio para el sector pesquero español en la Unión Europea en el mismo momento en que se produzca la incorporación de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega en la Unión Europea.
Pues bien, ni más ni menos que el Ministro de la Presidencia se permitía la licencia (no sé si es que existe divorcio entre lo que aprueba el Grupo parlamentario Socialista y la política del Gobierno, que en algunas ocasiones vemos que sí) de criticar a nuestro Presidente por utilizar el tema de la flota pesquera en la precampaña de las elecciones vascas, acusándonos de proponer una política que en modo alguno se puede tachar de europeísta. El anuncio del Presidente del Partido Popular no era otro que el de la presentación de una proposición no de ley de nuestro Grupo parlamentario, exigiendo que antes de que se proponga el instrumento de ratificación a la incorporación, entre otros países, de Noruega, exista un compromiso jurídico y un compromiso «de facto» de la Unión Europea en el sentido de que ese período transitorio tan perjudicial para España desaparecerá, porque de lo contrario, nos encontraremos ante la ridícula situación --permítaseme la expresión-- de que siendo España un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, no pueda pescar en aguas comunitarias en las mismas condiciones no sólo que el resto de los países de la Unión, sino --lo que es más grave-- con la reciente incorporación de Noruega que cierra sus caladeros, se permite un período transitorio para la incorporación de empresas en su territorio, y aún encima accede a nuestros caladeros en unas condiciones más ventajosas que para España.
Pero no sólo ha sido el Ministro de la Presidencia el que ha realizado este tipo de declaraciones, sino que el portavoz parlamentario del Grupo Catalán decía que tal actitud del Partido Popular ponía en peligro la credibilidad de España como país europeo. Licencias y declaraciones que yo creo que, en determinados momentos, ponen en evidencia la política que se realiza en esta Cámara desde determinados grupos parlamentarios. Porque la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo y, desde luego, España debe ser solidaria consigo misma, y esta Cámara debe ser solidaria con el sector pesquero español, que ha ido

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viendo perder terreno en los últimos años, sin que se alzara la más mínima voz, no desde el Parlamento, sino desde el Gobierno español. Por tanto, hablando de solidaridades o insolidaridades, quiero recordar que ha sido precisamente el Congreso de los Diputados, con un voto unánime de todos los grupos parlamentarios, quien no hace muchas fechas, a las puertas de las elecciones europeas, votaba a favor de una inyección económica para una empresa que estaba ubicada en Cataluña, que representaba un número importante de puestos de trabajo. En este momento y ante esta propuesta estamos hablando de un sector pesquero que en España engloba probablemente, entre puestos de trabajo directos e indirectos, cerca de 500.000 trabajadores que viven de la mar. Por tanto, hablando de solidaridad, creo que es el momento de replantearse si, efectivamente, determinadas políticas en determinados momentos son electoralistas o responden a las necesidades de cada uno de los sectores que representamos todos en esta Cámara.
Señor Presidente, al Grupo parlamentario Popular le llama poderosamente la atención que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya plantee hoy ante la Cámara --con el voto favorable del Grupo parlamentario Popular, por supuesto-- instar al Gobierno de la Nación a que agilice y aumente el trasvase de competencia de puertos pesqueros de la Administración central a la autonómica. No sólo es que el Grupo Parlamentario Popular vote a favor de esa iniciativa, es que ya la planteamos ante esta Cámara y recibió el voto negativo, desfavorable, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por tanto, señor Presidente, señorías, creo que el Grupo Parlamentario Popular, a lo largo de esta legislatura, al igual que en la anterior, lo mismo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lo mismo que el Partido Nacionalista Vasco, incluso que el propio Grupo Parlamentario Socialista, han tratado de poner en marcha una serie de normas y una serie de proposiciones no de ley o mociones que obligaran al Gobierno al cumplimiento de todo aquello que se aprobó en la Cámara y, desgraciadamente --la experiencia lo ha demostrado--, hemos visto cómo en reiteradas ocasiones el Gobierno se ha permitido la licencia de no cumplir acuerdos de la Cámara, incluidos los votados por el propio Grupo Parlamentario Socialista.
Esperamos, señor Presidente, señorías, que esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, una vez aprobada por unanimidad por esta Cámara, sea de obligado cumplimiento para el Gobierno de la nación y represente la auténtica defensa de los intereses españoles ante la Unión Europea de un sector tan agredido en los últimos años como es el sector pesquero español.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fernández de Mesa. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender las enmiendas que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado a la moción consecuencia de interpelación, presentada por Izquierda Unida, relativa a garantizar y desarrollar determinadas medidas en el sector pesquero español.
Como ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la moción contiene dos apartados bien distintos. En el primero de ellos se plantea la constitución de una ponencia que estudie la problemática del sector pesquero español con carácter general, aunque luego se pormenorizan determinadas cuestiones que se deberán analizar en dicho grupo de trabajo, en dicha ponencia.
No obstante, como ha expuesto el portavoz del grupo proponente, entendemos que no queda encorsetado, que no queda cerrado el estudio y el dictamen que, en su caso, realizará la ponencia sobre esos aspectos que se contienen en la moción relativa al punto primero, en la medida en que, efectivamente, como él ha reconocido, hay determinadas cuestiones que no se contemplan ahí y que son verdaderamente importantes y hay que estudiarlas en el grupo de trabajo que se constituya en la Comisión correspondiente de esta Cámara.
En cuanto al primer bloque de materias, diré que, efectivamente, nos parece un paso importante --y nos congratulamos por ello-- que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya haya presentado esta moción relativa a la constitución de la ponencia. Felicitamos al grupo proponente; nos parece una iniciativa muy interesante y creemos que entre todos los grupos parlamentarios podemos, de verdad, hacer un trabajo necesario para dar una salida, para establecer un horizonte, un marco de actuación para el sector pesquero español. Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado unas enmiendas al apartado primero, al primer bloque de materias, relativo a la ponencia, con las cuales queremos matizar, en parte con carácter técnico y en parte con carácter de fondo, de contenido, algunas de las cuestiones que ahí se contienen.
Se habla, efectivamente, del estudio de las condiciones sociolaborales. Nosotros entendemos que se deberían mejorar, en la medida en que se habla de las condiciones sociolaborales derivadas del paro biológico, pero también están las derivadas de las situaciones de agotamiento de la cuota, de la falta de licencia, del acaecimiento de siniestros en la mar, etcétera.
Por tanto, entendemos que en el espíritu de la

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ponencia deben entrar esto aspectos que, mediante una enmienda de carácter técnico, ha presentado nuestro Grupo Parlamentario.
También hacía referencia a que se incluyera en el ámbito de las limitaciones las importaciones de pescado, no sólo, como implícitamente contiene la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aquéllas que vienen de flotas cuyos países no tienen paro biológico; si se lo han establecido a España. La moción se está refiriendo implícitamente a Marruecos, pero no sólo viene pescado de Marruecos; lo que está ocurriendo en estos momentos es que se establece un paro biológico pero los marroquíes siguen pescando para introducir y vender ese pescado en el mercado español. Igual ocurre con otros países de la Unión Europea, en estos momentos con Francia, que tiene agotada la cuota para la captura del boquerón y de la anchoa pero que sigue capturando, y que teniendo, al día de hoy, una cuota autorizada de 9.000 toneladas, según las informaciones de los últimos días, está capturando alrededor de las 22.000 toneladas, y se sigue comercializando en el mercado español anchoa capturada por la flota francesa. En ese sentido se sitúa la proposición de ley cuya toma en consideración se aceptó la semana pasada y el planteamiento que aquí hace Izquierda Unida podría trasladarse perfectamente --entiendo yo--, vía enmienda, en la medida en que complementaría lo que en su día nosotros dijimos en el sentido de evitar esas importaciones cuando se produzcan esas discriminaciones respecto a la flota pesquera española en relación con aquella flota pesquera que pesca en caladeros en los que también España está autorizada a faenar pero a los que se establece un paro biológico, mientras que ellos no lo tienen, y comercializan lo pescado en el mercado español. Por tanto, nos congratulamos por esta iniciativa interesante y pensamos que puede ser fructífera y positiva para el sector pesquero español.
A continuación, señor Presidente, voy a hacer referencia a una serie de cuestiones que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que están al margen de la Ponencia y nada tienen que ver con ella, es otro debate completamente diferente, y donde se plantean una serie de medidas o actuaciones a realizar por el Gobierno español y con las que podemos entrar en otro debate diferente. Señorías, hay que diferenciar el debate de la moción. Uno es la ponencia, que trata de determinadas cuestiones de estudio, análisis y propuestas, y otro es determinadas medidas que pide Izquierda Unida que adopte el Gobierno, en aras de la defensa de la flota española en el ámbito de la Unión Europea y de coordinación con las restantes administraciones pesqueras españolas, así como determinadas medidas presupuestarias a adoptar por parte de la misma Administración Central.
Entrando en esa segunda parte del debate, que nada tiene que ver con la primera, en cuanto a medidas de actuación, nuestro Grupo parlamentario presenta una serie de enmiendas. En primer lugar, una en la que pedimos la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia en materia de pesca marítima, puesto que, como saben SS.SS., el sistema de distribución competencial en materia de pesca es el siguiente: Por un lado, tenemos la pesca marítima atribuida a los poderes centrales del Estado y, por otro lado, la ordenación del sector pesquero, cuyas bases corresponden al poder central del Estado, pero cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a las comunidades autónomas. Pues bien, ha dicho el Tribunal Constitucional que el concepto de pesca marítima abarca aspectos tales como la regulación de las tallas, la regulación de las vedas, el acceso a caladeros y la determinación de los días en que se puede faenar o no, mientras que la ordenación del sector pesquero hace referencia a sistemas de contratación, cofradías de pescadores y condiciones para el acceso a las características de ser armador o ser empresario pesquero. El meollo de la gestión principal, en materia de pesca, está reservado todavía a la Administración central y es allí donde se está produciendo en estos momentos una disfunción muy importante en la geografía española, en la medida en que hemos tenido un conflicto, con una gran dimensión internacional este verano (conflicto de la anchoa, conflicto del bonito, y conflictos que van a venir con posterioridad), y determinadas cuestiones que están todavía centralizadas, que son de mera gestión administrativa y que están en manos del Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación, entiende el Grupo Parlamentario Vasco que deben pasar a las comunidades autónomas, porque todas ellas son cuestiones que forman el contenido de lo que es pesca marítima, según ha sido definido por el Tribunal Constitucional. Nosotros decimos que se reserve el Gobierno central la competencia normativa para que exista una normativa general para todo el Estado en cuanto a artes, en cuanto a vedas, en cuanto a acceso a caladeros, en cuanto a períodos para faenar, pero que la ejecución del día al día, las autorizaciones, el control, la inspección y, en su caso, la sanción se realice por parte de las administraciones autonómicas españolas, en primer lugar en relación con las flotas de bajura y de altura que faenan en las aguas territoriales españolas (12 millas) y, en segundo lugar, a la flota de altura y de bajura española que faena en aguas de la Unión Europea. Reservaríamos al Gobierno central todas estas cuestiones normativas y de ejecución en materia de pesca marítima relativas a flota pesquera española que faena en caladeros de terceros países, en virtud de convenios que tiene la Unión Europea con dichos países, y flota pesquera española que faena en aguas internacionales.
Entendemos que ofrecemos un sistema, una opción y una solución para evitar las disfunciones y los desgastes

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que en este momento se están produciendo de que todo el sector se tenga que trasladar desde Algeciras, desde Gerona, desde Bilbao o desde Gijón a Madrid para gestionar un simple plan de pesca, que lo único que autoriza es faenar en una determinada fecha y en un determinado caladero y pescar determinadas cuotas. Eso es funcional y eso procede, aunque sea normadopreviamente por parte del Estado, que sea gestionado por las comunidades autónomas. Por ello solicitamos la transferencia de la competencia de ejecución en materia de pesca marítima. Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario, en cuanto al tema de las redes pelágicas, lo que somete a la Cámara es íntegramente el texto de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en esta Cámara el pasado 1 de junio de 1994 relativa a que se estudie el impacto que sobre la fauna marina o sobre los stocks está originando el uso de redes pelágicas y semipelágicas. Como SS.SS. saben, este tipo de artes científicamente avanzadas da una ventaja a quien las utiliza, al poder modular, ponderar el ámbito y la bajada de la red en función de la situación en la que esté el banco de pesca y en función de la situación del cardumen pesquero.
Por ello, nuestro Grupo parlamentario, con las dudas que tenemos, propone trasladar íntegramente como moción la proposición aprobada por unanimidad de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Cámara el pasado 1 de junio. A continuación, prevemos también una modificación, a nuestro juicio necesaria, respecto a la que hace referencia Izquierda Unida, en relación a la plena integración de España en la Unión Europea.
Se ha dicho que es necesario condicionar que se ratifiquen los tratados de adhesión de otros países, los países nórdicos, fundamentalmente Noruega, a la Unión Europea, en la medida en que todavía no se ha producido la equiparación plena de la flota pesquera española. Así es. El pasado mes de diciembre de 1993 se llegó a un acuerdo político en virtud del cual España se comprometía a aceptar la ampliación de la Unión Europea, pero a cambio de terminar con el período transitorio y de que se equiparara plenamente al resto de las flotas europeas.
Es un acuerdo político que al día de hoy, a septiembre de 1994, todavía está pendiente de concretar.
¿Qué está pasando en estos momentos en Europa?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gatzagaetxebarría, vaya terminando. Veo que faltan bastantes puntos todavía de su enmienda y se ha terminado su tiempo.
Procure acabar la defensa de su enmienda en el tiempo más breve posible.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Lo que está ocurriendo es que la Comisión Europea ha planteado ya la concreción de ese acuerdo político y pide la eliminación de las limitaciones en las restricciones a España para igualar al resto de las flotas. Irlanda, Gran Bretaña y Francia en este momento dicen que no puede estar España en igualdad de condiciones con el resto de la flota de esos países. A España en esa situación le han metido un gol, porque el Gobierno español ha llegado a un compromiso político en el que no se puede echar atrás y ahora Francia, Inglaterra e Irlanda se están echando atrás y dicen: No, no, ese proyecto de reglamento no puede ser aceptado, puesto que supone la equiparación plena de la flota pesquera española. Se le eliminan las licencias; se le permite las 27 especies que hay y no las siete a que está autorizado; se le permite cambiar de actividad, de palangrero a arrastrero. Efectivamente, señorías, en este momento hay un juego fraudulento por parte de estos tres países respecto a España. El Gobierno español está maniatado y hay que darlo a conocer a la opinión pública --el portavoz del Grupo Popular también lo ha dicho--.
Esa es la realidad. En este momento están intentando dar a España gato por liebre de que firme la ratificación, pero no se garantiza la equiparación plena de la flota española al resto de los países de la Unión Europea por todas la circunstancias que he señalado y de las que tenemos información directa y constante por parte del sector. Señor Presidente, respecto al resto de las enmiendas quería hacer también una especial referencia a que era necesaria una armonización de la legislación pesquera sancionadora. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo entenderá. Hace 15 días un buque pesquero español ha sido capturado por las autoridades francesas y está en este momento en la base militar de Lorient con una multa de 20 millones. Por la misma infracción, la Marina española ha capturado un buque francés, el Cap López, por utilizar redes ilegales, y dicho pesquero está libre con una multa de 5.000.000 de pesetas.
¿Qué ha pasado? Que España tiene tipificada la infracción de la legislación pesquera como ilícito administrativo y Francia como ilícito penal, como delito. Hay que terminar con esa discriminación y para ello es necesario una armonización, una homogeneización de la legislación, para evitar tratamientos discriminatorios, tratamientos distintos ante comportamientos análogos o semejantes.
Señor Presidente, termino señalando que nuestro Grupo Parlamentario entiende que es necesario instar al Gobierno a una mayor participación de las Comunidades autónomas en la ejecución de los fondos dimanantes del instrumento financiero para la orientación de la pesca, y, por último, la situación de la pesca del bacalao en el Artico y en Groenlandia. En este momento, nuevamente, lo que nosotros pedimos es que se ponga fin a la aplicación del principio de estabilidad

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relativa. Groenlandia está exigiendo al Gobierno español la aplicación de este principio, en virtud del cual no puede España entrar al reparto de TAC (Topes Admisibles de Capturas), ni de cuotas en la medida en que es un país que ha entrado a formar parte de la Unión Europea con posterioridad a la firma del acuerdo pesquero Unión Europea, Comunidad Europea en su día, con Groenlandia. Ahora que se está renovando el acuerdo entre la Unión Europea y Groenlandia, el Gobierno español debe forzar a la Unión Europea a que se le reconozca un TAC y una cuota a España para la pesca del bacalao en aguas de Groenlandia. Por todo ello, nuestro Grupo parlamentario, señor Presidente, entiende que el debate se ha dividido en dos tipos de materia, la ponencia, por un lado, y determinadas medidas de actuación que nosotros complementamos a las presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No obstante, hemos tenido información de que el Grupo parlamentario Socialista no va a aceptar la introducción de nuestras enmiendas, lo que fuerza al Grupo de Izquierda Unida a no admitir la introducción de nuestras enmiendas, y por lo tanto, queremos, señor Presidente...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gatzagaetxebarría, termine ya, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, termino, señor Presidente. Queremos, señor Presidente, lamentar que determinadas cuestiones que ahí se plantean como medidas de actuación van a quedar cojas, puesto que si se me dijera que el debate es únicamente para mejorar la ponencia, lo aceptaría, pero si es para también determinar medidas de actuación, queda incompleto tal y como se pueda aprobar con el texto presentado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, con ocasión del debate de la interpelación que ha precedido a esta moción sobrel el sector pesquero, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dijo que compartía con los proponentes su preocupación por mejorar la situación en que se halla el conjunto de este importante sector.
Hoy nos complace poder anunciar nuestro voto favorable al conjunto de la moción, que hemos considerado no enmendar porque, aunque existían matices y precisiones que hubiéramos podido modificar, por ejemplo, el referido a la prohibición de todas las artes pelágicas sin concretar cuáles se prohibían, estos aspectos han sido retirados o suprimidos por el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don Jerónimo Andreu.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con el texto y con el hecho de que el sector pesquero del país es de tal importancia social y económica y se halla sujeto a presiones y a modificaciones de toda índole --unas, debidas a sus propias vicisitudes internas; otras, impuestas por la política pesquera europea e internacional-- que justifican sobradamente la necesidad de la constitución de una ponencia que estudie las contingencias actuales y las repercusiones futuras y que proponga, a la vez, las medidas que garanticen la viabilidad, la continuidad y la competitividad de este sector pesquero.
La constitución de esta pnencia que trate los diferentes puntos que se citan en la moción es una decisión importante de este Congreso para ordenar definitivamente el sector pesquero y paliar sus inquietudes, sea mediante la relación de objetivos que propone la moción o con las modificaciones que proponen las enmiendas. En cualquier caso, nuestro Grupo no hará cuestión del texto definitivo porque, constituida la ponencia, entendemos que ésta tiene que dar cabida a los diversos aspectos que se citan en las enmiendas y a otras que puedan ir introduciéndose.
Asimismo, nos parece oportuno reiterar al Gobierno que defienda ante la Unión Europea, con mayor firmeza, si cabe, la prohibición total de las redes de enmalle a la deriva y que negocie la finalización del período transitorio del sector pesquero español, coincidiendo con la ampliación de la Unión Europea, así como los demás aspectos del apartado del punto 2.
No existe contradicción entre la afirmación de nuestro portavoz, señor Roca, que ha citado el portavoz del Partido Popular, señor Fernández de Mesa, y lo que hoy apoya el Grupo Parlamentario. Convergència i Unió entiende que nuestra posición hoy no condiciona la ampliación de la Unión Europea, sino que, dada esta ampliación con los países nórdicos, que también son potencias pesqueras, nuestro país debe aprovecharlo para negociar la finalización del período transitorio. Yo espero que este matiz no escape a las dotes de fino analista del señor Fernández de Mesa. Esto, señoría, negociar, es hacer Europa. Condicionar, oponerse a la ampliación, es no hacer Europa, y ni siquiera, tal vez, hacer España. En fin, señorías, apoyamos también decididamente el punto 3.º de transferencia a las comunidades autónomas de todas las competencias en puertos, así como el punto 4.º, para potenciar la investigación pesquera.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías, quiero empezar mi intervención reconociendo ante la Cámara la oportunidad de la moción que hoy nos presenta Izquierda Unida como consecuencia de su anterior interpelación. Creo que en momentos como los que hemos vivido, y estamos viviendo, es bueno, para serenar el debate, que se presenten iniciativas parlamentarias del tenor de la que ahora debatimos. Con ello, anuncio ya el voto afirmativo de mi Grupo al conjunto de sus propuestas, como no podía ser de otro modo, dado el alto grado de coincidencia que normalmente se produce con todos los grupos de la Cámara cuando se debaten estas cuestiones, y porque, en un ejercicio de rigor y seriedad, somos capaces de sustraernos a los modos, a las formas de decir, para centrar nuestra atención en el fondo, en las propuestas que se nos presentan. Pienso, señorías, que el grado de conexión alcanzado entre todos los grupos es digno de elogio y debe servir como un acicate más para la defensa de los intereses pesqueros que realiza el Gobierno de nuestra nación. Hablaba de la oportunidad del momento en debatir esta moción. Pienso que, efectivamente, tras algunos episodios de enfrentamientos y tensiones en el sector, que han tenido su lógica repercusión en los grupos políticos, ha llegado el momento de superar la confrontación política y recuperar un clima de sosiego, una visión global del estado de las cosas, y analizar en qué situación se encuentra nuestro sector pesquero y cuáles son sus desafíos futuros en un mundo cambiante, abierto y competitivo. Estoy convencido de la conveniencia de que todos los grupos políticos seamos capaces de hacer un ejercicio de reflexión rigurosa y profunda que pueda aportar planteamientos globales y claros y esa es la principal razón por la cual vale la pena apoyar esta moción. Esta y el necesario reconocimiento al sentido de responsabilidad de un sector pesquero que ha sabido encarar con valentía una reestructuración importante de la política pesquera de nuestro país. Un sector pesquero que, con sacrificio, está ajustando su esfuerzo pesquero a las negociaciones de las cuotas y de los TAC, a la renovación y modernización de la flota, a la que nuestra apuesta por mercados más abiertos nos obliga. Un sector que reclama seguir mejorando los equipamientos portuario-pesqueros; un sector, en definitiva, que quiere ver cómo todos nos esforzamos para que la transformación, la comercialización y la promoción de los productos del mar no sean motivo de enfrentamientos estériles, sino que del estudio de los problemas planteados se derive la mejor solución posible para todos. Por tanto, bienvenida sea esta ponencia que aborde el estudio del conjunto de políticas de la pesca --una política de investigación, una política de conservación y gestión de recursos, una política de control de la actividad pesquera, una política estructural y una política de mercados pesqueros-- y que, además, puede unificar los distintos debates que la proliferación de las iniciativas parlamentarias está ocasionando en estos momentos. En este sentido, y reafirmando nuestro acuerdo con el punto primero de la propuesta, sugeriríamos a los autores de la misma la conveniencia de incluir un plazo para la adopción de las conclusiones, que, a nuestro entender, no debería exceder de los seis meses.
Sugeriríamos también al Grupo proponente que unificara en este punto primero los demás puntos de la moción para que la ponencia pudiera estudiarlos en su conjunto, muy especialmente los puntos 2.c), 3 y 4, los cuales parecen especialmente necesitados de una reflexión en conjunto de los grupos de la Cámara. Querría, asimismo, hacer algunos comentarios sobre el contenido del punto segundo. En cuanto a su apartado a), querría decir que la postura que ha defendido el Gobierno español con el reiterado refrendo de las Cortes es de clara oposición a la utilización de redes de enmalle a la deriva, cuya problemática en la actualidad está debatiéndose a nivel comunitario en tres niveles diferentes: en el Parlamento Europeo, que debe emitir dictamen a principios de octubre sobre un proyecto que prevé la prohibición de llevar a bordo y faenar con redes de deriva para todos los buques comunitarios a partir del 31 de diciembre de 1994; en los grupos de trabajo de la Unión Europea, cuyo grupo de política interior de pesca está debatiendo un proyecto de reglamento del Consejo que prevé la prohibición para todos los buques comunitarios a partir del 31 de diciembre de 1997; en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que examinará en su reunión del próximo 28 la situación de la pesca con redes de deriva, el proyecto de reglamento por el que se modifica por decimosexta vez el reglamento 3094/1986 y la comunicación de la Comisión al Consejo. En el marco de esta reunión, el Ministro español volverá a defender la postura española, favorable a prohibir la utilización de las artes de enmalle a la deriva, que cuenta con el respaldo unánime de esta Cámara. Por ello, no nos causa ningún tipo de problema aprobar otra vez la propuesta que es defendida por el Gobierno desde hace tiempo. Nos parece muy bien la desaparición en este punto de la referencia a las artes pelágicas que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida, pues pensamos que no pueden tratarse todas las artes pelágicas por igual, y, de todas formas, también pensamos que estas artes requieren un análisis pormenorizado que parece lógico esperar que haga la ponencia.


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En cuanto al punto 2.b), que hace referencia al período transitorio para el sector pesquero español, quiero recordar que la declaración del Consejo de Ministros de Asuntos Generales de fecha 16 de marzo de 1994, en su apartado 2, dice textualmente: A este fin, el Consejo aportará, antes del 1.º de enero de 1995, las medidas relativas a las condiciones de acceso a las aguas y recursos contemplados en el Acta de Adhesión de Españay Portugal, aplicables a todos los buques comunitarios. Estas medidas entrarán en vigor a más tardar el 1.º de enero de 1996, para resolver los problemas específicos de España y Portugal. Dado que la adhesión de los nuevos estados miembros está prevista para el 1.º de enero de 1995 y la plena integración del régimen español se producirá en 1996, precisamente para evitar que ningún nuevo país pueda pescar en mejores condiciones que España durante 1995, el Acta de adhesión de los nuevos países somete a las flotas que pueden operar en las mismas zonas que España a las mismas condiciones que tiene la flota española hasta que se produzca su plena integración. Por tanto, señorías, no es cierto que ningún nuevo miembro de la Unión Europea vaya a tener mejores condiciones que las que tendrá España, lo diga quien lo diga.
Sencillamente, no es así.
El punto 2 plantea la problemática de la presencia y funciones de los inspectores comunitarios. Como saben SS.SS., el Reglamento 2847/1993, del Consejo, establece que los inspectores de la Comisión podrán estar presentes en las actividades de control e inspección efectuadas por los servicios nacionales de control, actividad que hoy por hoy es competencia de las autoridades nacionales correspondientes.
Con motivo de los incidentes de la actual costera del bonito, se acordó, con carácter excepcional, reforzar los poderes de los inspectores de la Comisión en cuanto a presencia en los buques, manteniéndose la potestad sancionadora exclusivamente a los Estados miembros. Por eso precisamente me refería a la conveniencia de reflexionar conjuntamente acerca de las posibles modificaciones de estas competencias.
Finalmente, en cuanto al punto 2, apartado d), nos parece bien también el cambio de la palabra «condiciones» por «posibilidades», toda vez que las condiciones del acuerdo de pesca firmado entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea no van a ser objeto de renegociación, pero sí, en cambio, pudieran revisarse las posibilidades de pesca de acuerdo con los informes técnicos pertinentes. En resumen, señorías, sí a la moción, aunque al Grupo Socialista le gustaría más que todos los temas que plantea fueran abordados por la Ponencia propuesta, y muy especialmente añadir al punto 1.º los puntos 2.c), 3 y 4, cuyas conclusiones pudieran estar listas en un plazo no superior a seis meses. Nada más y muchas gracias. (El señor Fernández de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moragues. Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, yo considero que he sido contradicho por el portavoz de Convergència i Unió... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Fernández de Mesa...


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: No he terminado mi exposición.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya ha indicado usted que pide un turno en aplicación del artículo 73 por contradicción.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Contradicho y aludido por el portavoz de Convergència i Unió en la defensa que yo he realizado del punto segundo, apartado b), de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señor Fernández de Mesa, usted sabe que ha consumido un turno en defensa de una enmienda que su Grupo ha presentado a la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En ese turno S.S. ha hecho dos cosas, que estaban perfectamente dentro del turno, que eran: en primer lugar, la defensa de su enmienda y, en segundo lugar, fijar la posición con respecto a aquellos extremos de la moción que su Grupo no enmendaba.
Pero, además, S.S., y la Presidencia lo ha respetado, en el uso de la libertad ha salido fuera, diríamos, de lo que debería ser el contenido estricto y S.S. ha hecho referencia a posturas defendidas por representantes de otros grupos, y lógicamente el señor Vidal al intervenir ha fijado su posición con respecto a la moción, con respecto a su enmienda en el texto escrito y a las manifestaciones que S.S. ha hecho para la defensa de su enmienda.
En consecuencia, no cabe ningún turno de contradicción.
(Algunos señores Diputados: Muy bien, muy bien.--Rumores.) Silencio, señorías.
El señor Andreu tiene la palabra para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas a su moción por los Grupos Popular y Vasco (PNV).


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El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la consideración favorable que han tenido sobre la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
En segundo lugar, quisiera expresar a los grupos parlamentarios que el hecho de que no acepte sus enmiendas no significa, de ninguna de las maneras, un juicio negativo sobre las mismas, sino, muy al contrario, pensar que muchas de las cosas que en ellas defienden y que muy brillantemente lo han hecho los señores parlamentarios podrán se defendidas en la propia ponencia, que podrá incluso hacer un trabajo de recopilación y de nuevos trabajos, que han realizado hasta ahora las Cámaras en el sector pesquero.
Por último, la sugerencia que se me hace desde el Grupo Socislista, entenderá su portavoz que no la asuma, visto que en el tiempo son muy diferentes las conclusiones que se plantean por parte de la ponencia y las indicaciones que se solicita realice el Gobierno español, que son inmediatas y que no pueden esperar a que la ponencia delibere sobre ellas. Las indicaciones que me sugieren tampoco las voy a asumir porque considero que estas instancias al Gobierno son absolutamente inmediatas.
Si me permite, señor Presidente, quisiera decir que en el punto 3 solicitamos que se cambie la palabra «trasvase» por «transferencia». Es una mejora técnica que corrige lo que realmente se transfiere a las autonomías. Son transferencias y no trasvases, que técnicamente es incorrecto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Andreu. Pasamos a la votación. (El señor Presidente, ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya que se somete a votación con las rectificaciones resultantes de las precisiones efectuadas por el señor Andreu en el curso del debate. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 300.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RECUPERAR LA CREDIBILIDAD DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (Número de expediente 173/000050)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuente a la interpelación sobre modidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los Presupuesto Generales del Estado.
Tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, defendíamos el pasado miércoles una interpelación urgente del Grupo Popular, para conecer qué medidas iba a adoptar el Gobierno para recuperar la credibilidad de los presupuestos. Decíamos en aquella ocasión que el objetivo central --y quisiera subrayar esta frase-- de la política presupuestaria para el Grupo Popular es la reducción del déficit público, y decíamos también que resulta prioritario poner el presupuesto al servicio de la estabilidad de la economía. Denunciábamos en aquella interpelación la laxitud como característica fundamental del presupuesto y la existencia de déficit ocultos por determinar en el sector público, hechos ambos que han sido avalados, sucesivamente, en los informes que el Tribunal de Cuentas ha elaborado con motivo de la fiscalización de la Cuenta General del Estado.
Señorías, hemos podido comprobar que nuestra reiterada crítica a la situación de las cuentas del Estado, y en especial al déficit público, sobre el que hemos llegado a afirmar que se encuentra fuera de control, no se trata de una crítica que por sistema realiza la oposición, sino que otros centro están advirtiendo con insistencia del riesgo de la permanencia de este déficit. Ha sido, desde luego, el Tribunal de Cuentas quien ha desautorizado la representatividad de las cuentas del Estado y quien ha confirmado la existencia de déficit sin contabilizar. Han sido los mercados quienes han sancionado nuestro déficit a través de las crecientes dificultades que el Estado está teniendo para cubrir sus emisiones, y finalmente la Comisión Europea abre expediente a España. La Comisión Europea abre expediente por considerar excesivo el déficit y por considerar insuficientes las medidas que adopta el Gobierno para contenerlo. Desde Bruselas se pretende ni más ni menos que reconducir la política seguida por el Gobierno para rebajar el déficit público. Desde Bruselas se advierte que a pesar de la evolución favorable del ciclo económico, en España persiste este desequilibrio y, lo que es peor, está marcando una tendencia a continuar aumentando. La advertencia comunitaria, señorías, añade que podrían imponerse medidas drásticas con plazos y estrechas vigilancias, pudiendo llegar, inclusive, si se produce un nuevo alejamiento del máximo fijado para el nivel del déficit, a sancionar con reducciones

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en los fondos estructurales y en los fondos de cohesión.
La reprimenda, señorías que apoyan al Gobierno, es merecida y la reprimenda es justificada, pero --créanme-- la reprimenda también es bochornosa. La reacción del Gobierno y de los grupos que apoyan al Gobierno es una reacción insostenible.
Seguir hablando, en materia de política presupuestaria, de todo, absolutamente de todo menos de las medidas para recuperar la credibilidad del presupuesto en el objetivo de la reducción del déficit público, resulta, a nuestro entender, una auténtica irresponsabilidad. Señores de la mayoría socialista, si se descontrola el déficit público, la recuperación económica quiebra; si no abandonan su complacencia en administrar sin reformas, la recuperación económica fracasará.
El Grupo Popular considera que nos encontramos a tiempo de identificar medidas que con el respaldo de una amplia mayoría de los grupos de esta Cámara tengan como objetivo, en primer lugar, recuperar la credibilidad de los presupuestos y, en segundo lugar, fortalecer su contribución a la recuperación económica. Estas razones nos mueven a presentar hoy esta moción como una propuesta para el diálogo parlamentario, aun conscientes de que algunas de las que vamos a formular fueron ya rechazadas por los votos socialistas en ocasiones anteriores y aun conscientes de que otros grupos no van a poder votar estas propuestas por estar presos de un pacto que en este momento les obliga a no mirar el contenido estricto de esta moción.
La falta de representatividad de las cuentas del Estado y de su situación patrimonial, denunciada por el Tribunal de Cuentas, y la afirmación que se contiene en el último informe que el Banco de España ha realizado sobre la ejecución presupuestaria --información que viene a advertirnos de la existencia de indicios de problemas presupuestarios en todo el sector público--, hacen necesario, a nuestro entender, realizar una auditoría que identifique el déficit real de las administraciones públicas. Al mismo tiempo, creemos que es hora de considerar el estrangulamiento que en el sector empresarial privado están produciendo los prolongados retrasos en los pagos por parte del Estado. Estas circunstancias nos llevan a incluir en nuestra moción la propuesta de la necesidad de determinar la deuda que las administraciones públicas tienen entre contratistas y proveedores, y no sólo identificar esa deuda, sino también elaborar un plan especial para su cancelación, propuesta esta última que hemos escuchado repetidas veces en boca de otro Grupo Parlamentario y que confiamos en que hoy goce de su apoyo.
Señor Presidente, la moción del Grupo Popular quiere ir más lejos en el compromiso que expresó verbalmente en esta tribuna el pasado miércoles el señor Solbes, en relación con su anuncio de enviar un proyecto de Ley General Presupuestaria que reforme la Ley vigente. A nuestro entender, señores de la mayoría, es preciso que este proyecto de ley recoja las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, transmitidas en su moción de diciembre de 1993, en cuanto a la contabilidad pública, en cuanto a las modificaciones de crédito en sus diferentes figuras y en cuanto a los artículos de la Ley sobre autodisciplina en la ejecución. Resulta imprescindible recuperar el carácter general del sistema de intervención previa, como resulta igualmente imprescindible frenar la morosidad de las administraciones públicas estableciendo límites legales estrictos en el aplazamiento de los pagos a su proveedores y a sus contratistas. Esta moción que hoy defendemos no puede dejar de hacer propuestas que corrijan los impedimentos que tiene el Tribunal de Cuentas para su control sobre todo el sector público, al tiempo que dotar al supremo órgano de los medios necesarios para no acumular ni seguir acumulando retrasos en su función fiscalizadora. La reforma de la Intervención General de la Administración del Estado, garantizando igualmente la plena autonomía funcional y una adscripción orgánica superior compondría este primer bloque de medidas que tiene por objeto la reforma del marco normativo y reforzar las instituciones de control. La moción se completa con un conjunto de propuestas que promuevan una mayor contribución a los objetivos de la recuperación de la credibilidad de las cuentas del Estado, una mayor contribución, repito, de las administraciones públicas. La reducción del déficit público, señorías, sólo puede conseguirse por una drástica y decidida contención del gasto público, lo que nos conduce a volver a proponer el plan de austeridad que ya en su día defendió desde esta misma tribuna mi compañero Manuel Núñez con motivo del debate de presupuestos de 1993 y de 1994. Los gastos de funcionamiento, los organismos públicos que se ha demostrado que están fuera de operatividad, la inflación de altos cargos, de asesores, de cargos de designación directa, son, entre otros, créditos presupuestarios en los que se puede y se debe producir una reducción y, en definitiva, un ahorro que trabaje en favor de la corrección del déficit público. Este plan de austeridad debería complementarlo una reforma y modernización de las administraciones públicas para mejorar su eficacia en la gestión del gasto público y con un irrenunciable, subrayo lo de irrenunciable, pacto para la reducción del déficit público de los diferentes niveles de nuestras administraciones.
Señorías, sólo resta mencionar la necesidad de aumentar y de garantizar el control parlamentario de la ejecución de los presupuestos ampliando a los ministerios la obligación de informar al Parlamento periódicamente sobre dicha ejecución.
Señor Presidente, este control parlamentario presenta hoy, a entender del Grupo Popular, un déficit que viene identificado por el retraso en la puesta en marcha de la oficina presupuestaria. Si hay hoy alguna actitud que merezca el

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calificativo de impresentable es la de aquellos que por inhibición o por desinterés impiden que se cumpla una resolución de esta Cámara como fue la que se adoptó en su día en 1990 para facilitar la labor de seguimiento de los Diputados en relación con la ejecución presupuestaria.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, solicitamos el voto favorable para el contenido de la moción que presenta hoy el Grupo Popular para recuperar la credibilidad de las cuentas presupuestarias. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Se ha presentado a esta moción una enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el objetivo de la moción que presenta el Grupo Popular, según su título, es recuperar la credibilidad de los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros estamos de acuerdo con ese objetivo. Lo que pasa es que en el análisis que se plantea y en las iniciativas concretas, aunque coincidimos en el control presupuestario y en la transparencia de la ejecución del presupuesto casi en el 80 por ciento, en el análisis que hace y en las propuestas para solucionar esta situación nosotros nos distanciamos bastante de las propuestas del Grupo Popular.
Lo cierto y verdad es que el principal problema que tiene la política presupuestaria es que aquí parece que lo que le gustaría al que gobierna es decir: díganme ustedes que me dan 28 billones de pesetas y ya diré yo en qué me los gasto y cómo me los gasto. Por tanto, la discusión presupuestaria está al socaire de mucha concreción que luego el Gobierno modifica sistemáticamente, y no se ajusta ni al marco legal que le queremos establecer ni a las previsiones cuantificadas que fijamos. Por tanto, yo creo que es importante recuperar la idea y la sensación de que cuando presupuestamos estamos haciendo, de verdad, un compromiso entre las administraciones y los administrados para incidir en la realidad económica y actuar durante todo un ejercicio.
La propuesta del Grupo Popular en su introducción dice que el déficit público es una de las principales causas de la fuerte resistencia que existe hoy en nuestro país a la baja de la inflación y de los tipos de interés. Nosotros no creemos que sea una de las principales causas para bajar el déficit público. Por ejemplo, el fraude fiscal puede significar, si de verdad metemos el diente en él, una bajada del déficit público. Pero es que, por ejemplo, en la inflación la economía sumergida incide tanto como el déficit público; el blanqueo de capitales incide tanto. Y, luego, en el tipo de interés, SS.SS. convendrán conmigo en que hay que ver la rapidez con la que la banca, cuando habla de subir intereses, actúa: en menos de una semana ha actuado y ha subido intereses. Sin embargo, esta Cámara aprueba reducir los intereses de las hipotecas, y tarda un año en ver si se aplica o no se aplica. Es decir, el funcionamiento de los bancos también incide bastante en la bajada de los tipos de interés. Por tanto, no partimos del mismo criterio al interpretar el tema del déficit público. Y el gasto público hay que ligarlo con los servicios que queremos prestar, la calidad que queremos prestar y la austeridad en la forma de gestión que queremos abordar.
En todo caso, hemos hecho una serie de propuestas a las distintas iniciativas del Grupo proponente.
Respecto al punto 1, que habla de que una auditoría detecte la deuda que tienen las administraciones públicas con contratistas y proveedores, nosotros pensamos que la cancelación debe ceñirse a los proveedores y los contratistas, no de toda la deuda. Por ello precisamos con nuestra enmienda que sea una cancelación dirigida a contratistas y proveedores de la propia Administración. En el punto 2, nosotros creemos que hay que recuperar --y es la segunda enmienda-- una presupuestación real, como decíamos al principio, y evitar las desviaciones y modificaciones que se producen a lo largo de todo el ejercicio, tanto con créditos que surgen espontáneamente, no previstos, como en modificaciones presupuestarias que se nos van aportando.
En el punto 2, letra b), viene una gran discusión que a mí me gustaría desmitificar con las dos propuestas que ha hecho Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. El Grupo Popular propone: Introducir y aplicar principios de contabilidad pública que den una imagen fiel de los entes públicos, con el mismo nivel de exigencia que se impone a las empresas privadas. Vamos a desmitificar esto de las empresas privadas, porque, ¿a qué nos referimos? ¿A la contabilidad B? ¿Al ejemplo de Banesto? No es un ejemplo de contabilidad toda la iniciativa privada. Por tanto, nuestras enmiendas van dirigidas a introducir las reformas necesarias en la contabilidad pública para que se logre el máximo nivel de exigencia y transparencia que debe de tener todo gasto público. Lo público también tiene que tener exigencias. No renunciamos a que haya una exigencia y una transparencia nítida, una contabilidad clara, al igual que en otros sitios; pero no la comparación.
El punto 2, letra c), habla de frenar la morosidad de las administraciones públicas, estableciendo límites legales estrictos en el aplazamiento de los pagos. Aquí les voy a devolver la propuesta. ¿Cuáles? ¿Los límites que las grandes superficies y que los grandes proveedores tienen con sus empresas? Los que se quedan con las concesiones de la Administración, luego subcontratan; no vaya a ser que a estos subcontratistas les demos unas condiciones, y ellos, con sus subcontratas, no tengan la misma realidad. Por tanto, nosotros les proponemos

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«que tengan las empresas privadas», es decir, «los límites legales que tengan las empresas privadas en su aplazamiento de los pagos». Por consiguiente, creo, que estamos uniendo cada una de las características que pueden funcionar dentro de la Administración.
En la propuesta que ustedes hacen en el punto 2, letra d), nosotros creemos que, al introducir la presupuestación por objetivos de gasto --en lo que coincidimos al cien por cien--, debiéramos de ir a más, y es que en los programas, cuando se establecen unos objetivos, esos objetivos estén cuantificados y digan: si de este programa destinamos a este objetivo una declaración, que la letra vaya unida con las pesetas, y digamos: tantos funcionarios, tantos gastos corrientes, tanta inversión para conseguir este objetivo. Es decir, se trata de objetivar la presupuestación por programas.
En la letra g) del punto 2, cuando habla de recuperar el carácter general del sistema de intervención previa, hay que decir que el Gobierno, en esto, ha enmendado, ha corregido; y ha corregido porque se ha dado cuenta de que la supresión de todo control de la intervención ha sido negativa. Por eso, existe una resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda, por un acuerdo del Consejo de Ministros, que aplica el artículo 95 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria precisamente para introducir lo que es la intervención previa en tres requisitos: la existencia de crédito previo, el órgano competente y otras actuaciones adicionales. Es decir, ya se han dado pasos para introducir esto durante este verano por el Consejo de Ministros. Eso quiere decir que reconocen que se han equivocado al desmontar esa actuación previa. Por tanto, retiro la enmienda que yo le hacía a usted en este apartado, porque nosotros íbamos en una dirección que ya está solucionada con esta decisión. En el punto 4, precisamente cuando habla de la Intervención General, ustedes plantean que la misma funcione con plena autonomía funcional --nosotros estamos de acuerdo-- y añaden «mediante una jerarquía administrativa y una adscripción orgánica superiores a las que tienen en la actualidad». Nosotros no creemos que porque sean hoy directores generales y mañana secretarios de Estado vaya a funcionar mejor. En todo caso la propuesta que añadimos es: «... y plena eficacia de actuación», sin entrar en si debe ser dirección general o una jerarquía superior.
En cuanto al control parlamentario a la ejecución de los presupuestos que ustedes plantean en el punto 5, mediante la oficina presupuestaria, espero que no terminemos esta legislatura que empieza ahora diciendo otra vez que pedimos la oficina presupuestaria en el Parlamento, como ocurrió en la pasada legislatura. Sin embargo, hay una cosa muy fácil que se podría hacer, y es que los grupos parlamentarios tengamos acceso al ordenador de la Intervención General y así estaremos enterados de toda la ejecución al día, al dedillo. No harían falta tantos papeles. Parece que aquí nos llueven los papeles y muchas veces el papel oculta la información. Fíjese con qué medida más concreta tendríamos información hasta de la peseta que se gasta en lápices y en papeles. En el punto 8 ustedes plantean una política de austeridad que hay que reconocer que no se ha abordado por el Gobierno, pero con una reducción lineal en todos los conceptos. Nosotros no estamos de acuerdo en abordar la reducción lineal en todos los conceptos. Es posible que haya conceptos donde sí haya que reducir, pero habrá otros donde haya que ampliar. Es verdad que ustedes hablan de gastos de funcionamiento, pero, por poner un ejemplo, gastos de funcionamiento son el alquiler, la luz y el agua de un hospital o son los de una guardería, a la vez que pueden significar los de los jardines de La Moncloa. Por tanto, no creemos que debahacerse una reducción lineal sino acorde con los objetivos y el presupuesto de cada una de las partidas presupuestarias.
También proponen la supresión de organismos públicos. A nosotros nos gustaría que no se hablara de supresión de organismos públicos, sino de adecuación de los organismos públicos actuales a la realidad que debemos tener del Estado.
Es verdad que hay organismos públicos que hoy pueden no ser necesarios y pueden ser necesarios otras actuaciones públicas.
Por último, la mayor diferencia que tenemos con ustedes es que ustedes encuentran para solucionar y superar la situación actual un sector público empresarial reducido y plantean en el punto 10.a) un proyecto de ley de privatizaciones con el que nosotros a priori no estamos de acuerdo, y no lo estamos por filosofía, tal y como entendemos el compromiso de lo público con el interés general, aunque nosotros respetamos que ustedes planteen lo que sea oportuno. Por eso les presentamos una enmienda de supresión de este punto, al igual que les planteamos la supresión del apartado c), que propone un plan de privatizaciones cuyos resultados se aplicarán a la amortización de la deuda pública. Miren ustedes, pan de hoy puede ser hambre para mañana, el ejemplo lo hemos tenido en muchos países. Una vez que se enajene el patrimonio del Estado, una vez que lo hayamos privatizado, no sabemos después, cuando haya crecido la deuda, como ha pasado en Inglaterra, a qué echamos mano. Por tanto, no creemos que sea la solución, y se lo digo sin ningún instinto de sacralizar ni la privatización ni lo público, no lo hago desde el objetivo dogmático de la discusión. Fíjese si es así que estamos de acuerdo con el apartado d) de este punto 10 que usted propone y que dice: «Un sistema de control por parte del Parlamento de los procesos de privatización y los programas de acción de las empresas públicas.» Termino, señor Presidente, señorías, diciendo que el Grupo de Izquierda Unida está de acuerdo en lo que es

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control y exigencia de transparencia de la política presupuestaria, en lo que es el rigor presupuestario, pero no en el análisis del déficit público ni en las propuestas concretas que se hacen para reducir ese déficit público. Eso no lo podemos cuantificar en 80, en 20 o en 30 por ciento, y es lo que nos lleva a no poder respaldar la proposición de ley en su totalidad conforme está ahora mismo en el texto.
Nada más, señor Presidente, nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Moltó.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi Grupo en relación con la moción que el Grupo Popular ha presentado en esta Cámara esta noche. Quizá habría que dividirla en dos conceptos claramente diferenciados y, probablemente, habría que ayudar a hacerlos coincidir para entender más claramente cuál es la posición de los términos de la moción, puesto que la posición política del Grupo Popular ha hecho inicialmente referencia a una iniciativa que quería ganar credibilidad en los Presupuestos haciéndola coincidir con el concepto de déficit público. Es evidente que la artimaña política no puede esconder razones de falta de concepto. Nada tiene que ver el déficit público con la credibilidad en la gestión de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras muchas razones porque los Presupuestos Generales del Estado marcan, desde el principio, un objetivo y uno de ellos es el déficit que se pretende conseguir a lo largo del año. Bien es cierto que no tiene mala trayectoria el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos en los últimos años por parte del Gobierno, con relación a los indicadores que se basa. Otra cosa es la credibilidad, la eficacia, la garantía con la que los Presupuestos Generales del Estado se van administrando, año tras año.
Sus señorías entenderán perfectamente que mi Grupo no pueda darles la razón, fundamentalmente por una cuestión: porque no la tienen. No la tienen por las dudas que últimamente vienen lanzando a los medios de comunicación, a la opinión pública, a los mercados financieros en base a algo inexistente y a algo que resiste cualquier comparación con relación a la ejecución del presupuesto de cualquier país de nuestro entorno, y no digamos con relación a la ejecución del presupuesto de cualquier Administración pública.
Bueno será que reconozcamos que una parte fundamental del discurso que desde la oposición conservadora se viene haciendo en los últimos meses, y que trae su fundamento en las discrepancias con relación al informe del Tribunal de Cuentas de 1991 y el Presupuesto de ese mismo año en que el Gobierno, el Ministro, distintas intervenciones y sesiones parlamentarias han podido dar ya cumplida cuenta de las discrepancias contables y técnicas estricta y puramente que se produjeron en ese año, no pueden poner en tela de juicio lo que es la eficacia y la transparente gestión de un presupuesto, como es el Presupuesto General del Estado.
Hecha esta salvedad, coincidirán conmigo SS.SS. en que la medicina que se trae para curar la enfermedad al menos es escasa o ha cumplido el plazo de caducidad, entre otras razones porque, de las diez iniciativas que se traen a esta Cámara, seis ya fueron objeto de debate y de aprobación con redacción más cuidada, más rigurosa y más ambiciosos los objetivos que los propios que se traen en el reciente debate del Estado de la Nación en el que, por acuerdo de todos los grupos de esta Cámara, coincidimos en la conveniencia de realizar determinadas mejoras en el ámbito presupuestario, en el ámbito de control, en el ámbito de las institucioines que tienen como responsabilidad la tutela de las garantías presupuestarias, como es el Tribunal de Cuentas.
Señoras y señores diputados, a estas alturas probablemente será, no sé si innecesario, pero incluso, quizá, inconveniente el retrotraernos a trámites que, además, están en marcha. Hay que recordar, por cierto, descubriendo incomprensiblemente alguno de los diputados que ha subido a esta tribuna que la Ley Presupuestaria está siendo tramitada por parte del Gobierno, cuando en repetidas ocasiones he podido escuchárselo al propio Gobierno. Reconocerán conmigo que no descubro nada nuevo tampoco si recuerdo a esta Cámara que una de las brillantes iniciativas que el Grupo proponente trae en esta moción, como es la Ley de Contratos del Estado, está en trámite parlamentario avanzado. Recuerdo a sus señorías que la mejora de las competencias, funciones y estructura organizativa de la ley del Tribunal de Cuentas ha sido ofrecida por el Gobierno a la Cámara y que ha sido comprometida en el proio debate del Estado de la Nación.
Recuerdo a sus señorías también que de cara a la eficacia y al control parlamentario, desde el año 1991 --tienen razón las señorías que lo recuerdan--, esta Cámara asumió el compromiso de poner en marcha una oficina presupuestaria. Por cierto, esta misma mañana (¡lástima que el señor Aguirre no estuviera presente para haberse sumado a nuestra petición!) la Junta de Portavoces y la Mesa de la Comisión de Presupuestos ha aprobado una sugerencia a la Mesa de este Parlamento para que agilice los trámites y las iniciativas correspondientes para que esa oficina presupuestaria pueda ver la luz lo más pronto posible con funciones específicas y propias.
Señoras y señores diputados, entenderán el anuncio que hacía al principio de este debate de lo poco proclive que está el Grupo Parlamentario Socialista a apoyar

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una moción que, además, trae lo que habitualmente es la inercia del debate parlamentario de la oposición.
Se cumple un año menos un día --mañana hará un año-- desde que el propio Grupo Parlamentario Popular, el año pasado en el Senado, presentó una iniciativa de las mismas características que sirve como preámbulo, como elemento de calentar motores, de animación de lo que será el próximo debate parlamentario.
Yo creo que es bueno que sobre el escenario político y parlamentario todos los grupos pongan lo mejor que tienen para hacer que el debate y la gestión del presupuesto sea lo más eficaz y transparente posible.
Señoras y señores Diputados, frente a estas iniciativas que no criticamos por lo inconveniente, sino probablemente por lo innecesarias, por lo tardías o por lo poco originales, porque la mayoría de ellas están en marcha, nuestro Grupo Parlamentario no va a poder votar a favor. Sin embargo, nuestro Grupo sí emplaza a parte de este debate, porque no hemos terminado de conocer exactamente cuál es la aportación que hacía el Grupo Popular en relación con el déficit público.
Será un debate apasionante que tendremos tan sólo dentro de unos pocos días. Lástima no haber encontrado hoy, en este debate previo a los presupuestos de 1995, las sugerencias y las propuestas que tan celosamente lleva guardando su Grupo desde hace muchos años y que yo estoy convencido de que en este próximo debate de 1995 ya no dejarán pasar la oportunidad para darlas a conocer a este Parlamento y a la opinión pública.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.
Para expresar, en nombre del Grupo proponente, la aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Aguirre.


El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida el interés con el que ha leído la moción y sus enmiendas y transmitirle que el Grupo Popular está convencido de que dentro de muy poco tiempo van a poder aceptar todos los puntos de esta moción, porque se está iniciando un proceso de modernización en su programa económico que desde estas filas observamos con mucho interés.
Hoy prácticamente las privatizaciones se hacen hasta en la China Popular. Por lo tanto, no perdemos la esperanza de que, en breve, estén ustedes en disposición de aceptar el conjunto de la moción.
Por estas razones, señor Presidente, rechamos las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, pero le agradecemos el interés con el que ha estudiado nuestra moción.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aguirre.
Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 130; en contra, 165; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción del Grupo Popular.


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Méxicanos, firmado en Madrid el 25 de abril de 1994. (Número de expediente 110/000096).
--Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a las Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición. (Número de expediente 110/000097). --Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de Astrofísica, hecho en Santa Cruz de La Palma (Canarias) el 26 de mayo de 1979. (Número de expediente 110/000098).
--Acuerdo Europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. (Número de expediente 110/000099). --Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990, así como el Protocolo de corrección de errores hecho en Dublín el 24-11-93, y Declaración formulada por España. (Número de expediente 110/000100).
--Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra, hecho en Luxemburgo el 4 de octubre de 1993. (Número de expediente 110/000101).
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Número de expediente 110/000102).


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--Canje de Cartas de fechas 29-7-93 y 19-5-94 constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre el Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrográficas de Montaña, Jaca, 4 al 15 de julio de 1994. (Número de expediente 110/000103).
--Declaración de Aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. (Número de expediente 110/000104).
--Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992. (Número de expediente 110/000105).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Grupos que desean intervenir en relación con este punto del orden del día? (Pausa.) Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, señorías, querría, en nombre de mi Grupo, consumir un turno en contra del Convenio Europeo sobre la determinación del primer país a la hora de decidir los procedimientos a seguir en los casos de demanda de asilo.
Señor Presidente, esta Cámara, prácticamente todos sus integrantes, sabe que la libertad de movimiento de las personas, de las mercancías y de los servicios, es un elemento indispensable para la construcción de lo que en su momento fue el Mercado Común, después la Comunidad Económica Europea y, finalmente, la Unión Europea. Es un elemento indispensable del que nosotros, el Grupo Popular, participamos, compartimos plenamente; es un elemento que ha venido traduciéndose en una serie de instrumentos convencionales de rango intergubernamental, todavía no comunitario, entre los cuales cabe destacar, porque fue ratificado por esta Cámara con nuestro voto favorable, el conocido como Tratado de Schengen; cabe destacar también otros instrumentos de tipo convencional, como el que ahora nos ocupa, así como el relativo a las fronteras exteriores.
Quiero, al respecto, reafirmar y subrayar muy claramente que por parte de nuestro Grupo existe un acuerdo básico sobre la filosofía que inspira estos instrumentos convencionales, trátese del Tratado de Schengen, trátese del de las fronteras exteriores, trátese del tratamiento del asilo. Pero esta Cámara recordará también que precisamente en cuanto al Tratado relativo a las fronteras exteriores el Gobierno español, con buena razón y, ciertamente, con apoyo por parte de nuestro Grupo, decidió no permitir su puesta en práctica porque algunas de las disposiciones de ese Tratado podía suponer --de hecho, nosotros entendemos que supone-- una grave vulneración de nuestras reivindicaciones sobre Gibraltar. Tan es así que en 1991 esta Cámara, en una decisión adoptada unánimemente, dijo --y cito literalmente--: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no suscribir acuerdos sobre las fronteras exteriores de la Comunidad Europea que puedan suponer la perpetuación de su estatuto actual, ni el menoscabo para la posición de España en las negociaciones para conseguir la descolonización de Gibraltar y su reintegración al territorio nacional». Esta fue una decisión tomada por esta Cámara, que sigue fielmente las disposiciones y las actitudes del Gobierno español, que responde a la actitud permanente de esta Cámara, de nuestro Grupo y entendemos que también del Gobierno español. De hecho, el Tratado sobre las fronteras exteriores no ha entrado en vigor, no ha sido firmado por el Gobierno español y, consiguientemente, no tiene ninguna capacidad actuante, hasta el extremo de que el Parlamento Europeo, en el año 1993, constatando una situación no querida pero inevitable en esas circunstancias, cual era la falta de aplicación del Convenio sobre las fronteras exteriores y, consiguientemente, la incapacidad en que se encontraba la misma Comunidad para poner en movimiento lo que era la libertad de movimiento de las personas, adoptó la siguiente resolución: Proponer que el Estatuto de Gibraltar y del aeropuerto de Gibraltar queden temporalmente excluidos de la discusión sobre el problema de la libre circulación de personas. De hecho, a principios de este mismo año, la Comisión de las Comunidades decidió dejar pendiente el aspecto de la aplicación territorial del mencionado convenio de las fronteras exteriores, a fin de no pronunciarse en torno al problema de Gibraltar, que es el único que ha retrasado hasta ahora la ratificación del convenio por algunos Estados miembros, manera perifrástica de referirse a España. La Comisión --seguía diciendo esa resolución-- estima que ese problema ha de solucionarse en negociaciones bilaterales entre el Reino Unido y España.
Esa es la situación por lo que se refiere al Tratado de las fronteras exteriores, y esa mención con cierto detalle no es en absoluto baladí ni ajena al convenio que en este momento nos ocupa, Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
Este Convenio, en su artículo 19, precisamente allí donde contempla el dato de la aplicación territorial del mismo, contiene una serie de cláusulas que en algunos

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casos suponen una exclusión de determinadas aplicaciones. Por ejemplo, el Reino de Dinamarca excluye los territorios de las islas Feroe y de Groenlandia a la aplicación de este tratado, a no ser que hubiera una decisión unilateral por parte del Gobierno danés. Cabe recordar que las islas Feroe y Groenlandia son territorios de soberanía danesa, aunque no territorios comunitarios y, por otra parte, no plantean ningún problema desde el punto de vista de la existencia de los territorios y de la soberanía sobre los mismos. Tanto la República Francesa como el Reino de Holanda excluyen de la aplicación de este convenio los territorios que no se encuentran en Europa: los departamentos franceses de ultramar y las Antillas Neerlandesas, en el caso de los Países Bajos.
Sin embargo --dice el artículo 19--, por lo que respecta al Reino Unido, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte; no se aplicará a los territorios europeos de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido (mención clarísima a Gibraltar), salvo si el Reino Unido efectúa una declaración en sentido contrario. Es decir, el Reino Unido se está reservando, a través de este artículo 19, la posibilidad unilateral de considerar que en Gibraltar se puede producir una situación de primer asilo, y cabe recordar que, tanto en el sistema del Convenio sobre fronteras exteriores como en el sistema de este convenio, aquel territorio o país que decide la aplicación del primer asilo obliga al mismo tiempo a todos los demás a que ese asilo sea automáticamente aceptado como tal. Es decir, en la práctica, se está concediendo a las autoridades gibraltareñas la posibilidad de dictaminar quién, cuándo y cómo pide asilo, y en qué condiciones se otorga el asilo pedido en el territorio de Gibraltar a los que allí lo soliciten.
Esta consecuencia, naturalmente, fue contemplada por el Gobierno español y por ello hizo figurar una declaración al final del convenio, declaración que tiene un carácter puramente canónico y que repite, pura y simplemente, que ese entendimiento del artículo 19 no afectará a las reivindicaciones de España sobre el istmo de Gibraltar. Podrán ustedes comprender, señorías, que este tipo de declaración no tiene absolutamente ningún alcance jurídico y apenas político, entre otras razones porque el mismo convenio al que me estoy refiriendo dice, en su artículo 20, que no podrá formularse ninguna reserva al presente convenio. Decir en una declaración aneja al mismo convenio que el Reino de España declara que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, si el Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España con respecto al litigio que la opone al Reino Unido a propósito de la soberanía sobre el itsmo; esta declaración tiene, como digo, un carácter puramente declamatorio, cuando, además, en otra de las declaraciones anejas al mismo convenio, los Estados miembros --y cito literalmente--: «Consideran que el proyecto de convenio relativo al paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros de las Comunidades Europeas está íntimamente vinculado a otros instrumentos necesarios para la realización de lo dispuesto en el artículo 8.a) del tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, al Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades», es decir, a este convenio. Los mismos Estados parten del convenio que ahora nos ocupa y reconocen que el mismo está estrechamente ligado al Convenio sobre las Fronteras exteriores, convenio que, hasta ahora, con el acuerdo de esta Cámara, el Gobierno español ha venido sistemáticamente negándose a firmar porque entiende que afecta negativamente a los intereses nacionales. Por otra parte, en la misma declaración los Estados miembros recalcan la necesidad de intensificar los trabajos sobre el citado proyecto, de forma que termine, antes de finales de 1990, la entrada en vigor del Convenio relativo al paso de las fronteras exteriores de los Estados miembros, y dicen que debería poder tener lugar lo antes posible, después de la entrada en vigor del presente convenio. Es decir, la entrada en vigor de este convenio, cuya ratificación ahora se nos pide, sería tanto como el signo para la entrada en vigor del Tratado sobre las fronteras exteriores que el Gobierno español, con razón de esta Cámara, se niega a aceptar.
A nosotros nos parece, señorías, señor Presidente, que aquí nos encontramos ante un caso grave; un caso grave porque, por una parte, de una manera indirecta y posiblemente involuntaria, se vulnera una de las manifestaciones más claras y más unánimes de voluntad de esta Cámara sobre algún aspecto fundamental de las relaciones exteriores; un caso grave, al mismo tiempo, porque la manera en que este convenio llega a nuestras manos revela lo que yo llamaría una cierta pereza negociadora. En vez de negociar los términos del convenio, el Gobierno se lanza al procedicimiento, por demás fácil, pero también perezoso, de apostillar una declaración que, repito, no tiene ninguna capacidad, ninguna voluntad jurídica y que en el fondo lo único que hace es repetir la fórmula canónica sabida, cuando de hecho si este tratado fuera ratificado por las Cámaras españolas, si fuera ratificado por el resto de los miembros, nos encontraríamos con que la postura del Gobierno español, que nosotros apoyamos, y la misma postura de esta Cámara serían automáticamente vaciadas de sentido en el momento en que el Reino Unido pudiera decidir unilateralmente que Gibraltar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez, le ruego que concluya.


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El señor RUPEREZ RUBIO: Fuera considerado como tierra de primer asilo. Por estas razones, señor Presidente --y voy concluyendo--, nos parece que el Gobierno debe proceder a la retirada de este convenio de la consideración de las Cámaras.
Nosotros, que hemos estado considerando cuáles eran las opciones que estaban reglamentariamente a nuestro alcance, hemos decidido abstenernos. Y hemos decidido no únicamente manifestar nuestra abstención sobre este convenio, sino invitar a todos los grupo de la Cámara a que se abstengan, para que al hacerlo den un margen de maniobra al Gobierno para proceder a la retirada del convenio. Pensamos que el Gobierno tiene que proceder con este convenio exactamente igual que ha procedido con el Convenio de las fronteras exteriores. Creemos que tiene que proceder a su retirada, creemos que tiene que proceder en cualquier caso a su renegociación de manera que no quede ninguna ambigüedad al respecto. Por eso nos vamos a abstener, porque creemos que el Gobierno debe entrar en un período urgente de reflexión, para que se dé cuenta de las consecuencias graves de la ratificación de este convenio en sus términos actuales, graves desde el punto de vista del texto del mismo convenio, graves desde el punto de vista de la coherencia de la actitud del Gobierno, graves desde el punto de vista también de la manifestación de voluntad de esta Cámara.
Esperamos que, como en otras ocasiones anteriores, el Gobierno recapacite en este caso, que nos parece suficientemente grave, y que proceda a su retirada. También esperamos que esta retirada se produzca antes de que este convenio conozca el trámite senatorial correspondiente, porque, si no es así, nuestro Grupo tendrá que adoptar las medidas correspondientes para, pura y simplemente, oponerse de manera tajante a la ratificación de este tratado. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rupérez. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que había solicitado también un turno en contra, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por razones muy distintas a las que ha expuesto el anterior interviniente desde esta tribuna, va a oponerse a la aprobación de este convenio. Va a votar desfavorablemente, por tanto, en relación con el Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estado miembros de las Comunidades Europeas y pide también, repito, por razones muy distintas a las del anterior orador, la retirada de este convenio.
Para empezar, se trata de un convenio que ha escogido el mal procedimiento, como ya fue advertido a la Comunidad Europea por el propio Parlamento Europeo. Se ha optado por la fórmula de un convenio, una fórmula de relaciones intergubernamentales y no una fórmula de comunitarización, de directiva, que es la que proponía el Parlamento Europeo y la que hubiera sido necesaria para la regulación homogénea de esta cuestión. Se ha ido por un mal camino, por el camino de lo intergubernamental, no de lo comunitario, con unas consecuencias negativas para la defensa del derecho de asilo, que nosotros vamos rápidamente a exponer a continuación.
Se trata, sin duda, de una nueva manifestación de esta dinámica de péndulo que va socavando constantemente el derecho de asilo y de lo cual ha sido una manifestación clamorosa la Ley de modificación del derecho de asilo, que fue aprobada en esta Cámara recientemente y que ha sido recurrida, como ustedes saben, por la Defensora del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. El convenio que se somete a la consideración de la Cámara tiene un contenido --hay que decirlo de entrada-- estrictamente procesal, no entra en el fondo de la cuestión, y esto sin duda es lo más negativo. Lo único que hace es determinar el Estado responsable para examinar una solicitud de asilo que se presenta en cualquiera de los doce Estados miembros de la Unión Europea y, además, establece que, una vez que se ha rechazado una solicitud, los demás Estados no están obligados a admitir una eventual nueva solicitud de asilo. Por tanto, el derecho de asilo no está concebido --si leemos el texto de este convenio--, en ningún momento, como un derecho fundamental o como un derecho humano; no se menciona para nada esto sino como una pura técnica procesal que exime a once Estados de doce de examinar una solicitud de asilo. Con ello se han impuesto las tesis defendidas por los Estados del centro y norte de Europa frente a los Estados del sur de Europa. A los Estados del centro y norte de Europa no les interesa que lleguen a pedir asilo personas que han entrado en países del sur de Europa y que pueden trasladarse con facilidad hacia el norte. Por eso se establece la tesis de que es responsable de examinar el asilo aquel Estado que haya dejado entrar por sus fronteras a los solicitantes. Aunque ese solicitante de asilo haya entrado por Algeciras y se dirija a Frankfurt a pedir asilo, España será la responsable de examinar el asilo y no Alemania, si se aprueba este convenio, y por tanto Alemania podrá perfectamente decir que no es la responsable, aunque esa persona quisiera pedir el asilo en Alemania. La consecuencia evidentemente es que los Estados van a restringir a marchas forzadas las condiciones de examen de solicitud de asilo, porque de esa

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forma evitarán que haya avalanchas de solicitudes de asilo.
Pero además hay un problema de fondo en este convenio, y es que no hay en la Unión Europea, en este momento, ningún tipo de armonización material del derecho de asilo. Señalaba anteriormente que estamos ante una técnica puramente intergubernamental, de cooperación intergubernamental. En el Tratado de Maastricht el asilo es una materia que está en el pilar de Justicia e Interior, en el tercer pilar, por tanto intergubernamental. No es algo que esté armonizado, que esté comunitarizado; se mantiene así. Los Estados rechazaron esa posibilidad por ser una materia extremadamente sensible, y no es de extrañar que cada uno de los doce Estados miembros de la Unión Europea tenga un sistema diferente de asilo, tenga unas garantías diferentes para el asilo, y en consecuencia el solicitante de asilo acudirá, dado que conoce este convenio, al Estado con mayor generosidad. La consecuencia de ello es que habrá otra carrera más para quitar garantías al derecho de asilo, para convertirse en un Estado tremendamente rígido en cuanto a admisiones de solicitudes de asilo porque, si no, la consecuencia será que todas las solicitudes recaerán en el Estado más generoso. Por tanto, la técnica de este convenio es iniciar, como digo, una carrera a restringir el derecho de asilo porque, si no, el último que llegue es el que recibirá más solicitudes.
El que no haya armonización en el derecho de asilo en Europa (esto es poner el carro delante de los bueyes) está establecido claramente por el Parlamento Europeo, en un estudio que se hizo en 1.º de octubre de 1991, en el que se señaló claramente que no había ningún tipo de armonización, que cada país europeo tiene una forma distinta de tratar el asilo. En primer lugar, no hay armonización en el concepto de refugiado. Cada país tiene una definición y tiene una jurisprudencia diferente respecto al concepto de refugiado.
Por ejemplo, en España acaba de desaparecer, merced a esta ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, el asilo por razones humanitarias que, sin embargo, existe en otros países.
El concepto de refugiado de facto es otro concepto dispar en cada uno de los doce países miembros de la Unión Europea. Los sistemas de acceso y garantías al asilo son diferentes en cada país. En España acabamos de aprobar un procedimiento acelerado para examinar las solicitudes manifiestamente malfundadas, cosa que no existe en muchos de los países de la Unión Europea. El concepto de país seguro, que es otro concepto central de la solicitud en este convenio, tampoco está armonizado en Europa. Por tanto, vamos a tener un sistema en el cual una persona solicitará asilo en un país y los otros once miembros podrán negarse a examinar esa solicitud, si es rechazada, cuando hay distintos sistemas, absolutamente diferentes, para reconocimiento de asilo. Con ello se está vulnerando en la práctica, sin duda, el Convenio de Ginebra de 1951, que garantiza el derecho de asilo. Cada país firmante del convenio tiene que examinar la solicitud de asilo y resolver sobre ella y, por tanto, va contra el espíritu de ese convenio el que, a partir del convenio que se somete hoy a nuestra consideración, después del rechazo de asilo en un país, los otros once países de la Unión Europea pueden negarse a examinar esa solicitud de asilo, porque ese es su objetivo.
Y también, naturalmente, se vulnera el espíritu constitucional que establece en el artículo 13 el derecho de asilo. Pero a partir de este convenio, una persona a la que se le rechace la petición de asilo (imaginemos que en Francia, Alemania o Italia) vendrá a España y el Estado español le podrá decir que no va a examinar su solicitud de asilo porque fue rechazada ya en otro país de la Unión Europea. Esto evidentemente vulnera ese derecho subjetivo que se establece en el artículo 13 de nuestra Constitución, el derecho de asilo. Además, este convenio establece un intercambio de información sobre datos sensibles que afecta al derecho a la intimidad de las personas. Recordemos que nuestra Ley de Protección de Datos está también recurrida (es una ley que pertenece también a la nefasta era Corcuera de leyes que han vulnerado derechos fundamentales) por el Defensor del Pueblo, como la última de asilo, ante el Tribunal Constitucional.
Este convenio es defendido (parece que es la única defensa que tiene) para suprimir, para hacer desaparecer ese fenómeno llamado de refugiados en órbita, esos refugiados que piden asilo en un país, este país considera que no es responsable de examinarlo y los manda a otro país, ese país también se niega y lo devuelve al primer país, y así sucesivamente. Pues tampoco se soluciona este problema en este convenio porque, para empezar, esto sólo funciona entre los doce países de la Unión Europea, pero no con terceros países. Un Estado puede enviar a ese refugiado a un tercer Estado y no funciona el Convenio de Dublín; por tanto, tampoco se soluciona el problema de los refugiados en órbita. Pero es que, además (y esta probablemente sea una de las grandes lagunas, uno de los grandes problemas de este convenio), no hay ningún sistema de solución del litigio, de controversia entre los Estados miembros de la Unión Europea firmantes de este convenio. Es decir, si dos o tres Estados miembros de la Unión Europea no se ponen de acuerdo en cuál es el Estado responsable, interpretan mal este convenio, o hay dificultades para su interpretación, no hay ningún tribunal ni control judicial que vaya a solucionar este problema. Ningún Estado se querrá hacer responsable de esa solicitud y el problema del refugiado en órbita seguirá existiendo, porque este convenio no establece ningún control judicial sobre su aplicación, no se puede tampoco intervenir en él desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que es una cuestión no

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comunitarizada, como decíamos, y, por tanto, tampoco está resuelto este tema. Es un convenio técnicamente malo, plagado de lagunas, que no cumple sus objetivos y que lo único que va a producir en la práctica es la violación constante del derecho de asilo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, vaya concluyendo.


El señor LOPEZ GARRIDO: Por esa razón, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo se va a oponer a la tramitación de este convenio y va a votar en contra del mismo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Para un turno a favor del convenio, tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO PUIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Estamos tratando un tema en el que ya, cuando fue visto en la Comisión de Asuntos Exteriores, atendimos a las posiciones de los dos grupos parlamentarios: el Partido Popular, que ha anunciado su abstención, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha anunciado su voto en contra. Efectivamente, en este convenio, el artículo 19, en su párrafo cuarto, incluye una cláusula en virtud de la cual el Reino Unido establece que sus disposiciones no se aplicarán a los territorios europeos en cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido, salvo si el Reino Unido efectúa una declaración en este sentido. Como es natural, esta cláusula no pasó desapercibida, ni mucho menos, para los negociadores de dicho convenio que establecieron una declaración que figura en las actas y que textualmente establece lo siguiente: El Reino de España declara que si, de conformidad con lo dispueso en el artículo 19 del convenio, el Reino Unido decide extender su aplicación a Gibraltar, dicha aplicación se entenderá sin perjuicio de la postura de España con respecto al litigio que le opone al Reino Unido a propósito de la soberanía sobre el istmo. Por tanto, no se le escapó a la delegación este aspecto, ni mucho menos. No se puede, por consiguiente, acusar a la delegación que negoció de pereza ni de negligencia. Más aún, ya antes de la terminación de la negociación del convenio, el 9 de mayo del año 1990, se solicitó un informe a la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores que emitió dictamen. Posteriormente se recabó el informe de la Dirección General de Europa, que con fecha 1 de abril del año 1992 establecía lo siguiente: Sin embargo, esta Dirección General considera que, desde el punto de vista político, puede resultar suficiente la declaración unilateral en actas cuyos efectos jurídicos, aunque más débiles --nos recordaba el señor Rupérez--, no serían, como usted decía, inefectivos; la inclusión en el texto se puede considerar a efectos políticos suficiente para dejar constancia del rechazo español a toda aquiescencia o reconocimiento de la soberanía británica sobre el istmo.
Por tanto, dos observaciones, y dos más. Se recabaron informes al Ministerio del Interior, y nuevamente el dictamen técnico de la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la tramitación, y posteriormente al Consejo de Estado, cuyo dictamen no se oponía a la ratificación del convenio. Por tanto, desde el punto de vista de la diligencia, del esfuerzo, de la atención a un problema de esta magnitud y de esta envergadura, yo creo, señor Rupérez, que quedó absolutamente cubierto. (Rumores.) Pero el Diputado Rupérez argumenta...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento. (Pausa.) Silencio, señorías.


La señora BALLETBO PUIG: Gracias.
Argumenta el cruce de fronteras exteriores de la Comunidad. En este caso yo creo, señor Rupérez, que tampoco tiene suficiente base jurídica ni política, porque es sabido que el convenio sobre fronteras exteriores afectaría de forma vital el concepto de soberanía de España sobre el istmo, al tráfico por la frontera terrestre, a la utilización del aeropuerto y, consecuentemente, al tráfico aéreo. Ratificar el convenio de fronteras hubiera supuesto para España prácticamente la desaparición de los límites fronterizos, y es por eso por lo que tanto mi Grupo como el suyo coincidieron en no hacerlo.
Pero no hay relación directa o inmediata con un convenio cuyo objetivo es asegurar, dentro del espacio europeo, el buen funcionamiento de un derecho humanitario como es el derecho de asilo, problema éste que cada vez va teniendo más importancia en todos los países de la Comunidad e incluso a nivel mundial, como usted muy bien conoce. No parecía lógico que España boicoteara sistemáticamente, señor Rupérez, la cooperación jurídica en el marco de la Unión Europea, pretextando la relación hipotética, más o menos directa, de multitud de temas con el contencioso hispano-británico sobre el territorio de Gibraltar. Lo que en realidad ello supondría sería un enorme desgaste político y debilitaría la posición negociadora española. Además, creo que hay suficientes precedentes en temas humanitarios como para que las dudas que S.S. ha expuesto desde esta tribuna queden disipadas.
El señor Rupérez nos señala, en primer lugar, lo inapropiado de la facultad que este artículo 19 del convenio concede al Reino Unido para extender la aplicación del convenio a territorios europeos. Sin embargo, el instrumento sobre derechos humanos, esta posibilidad ya ha sido prevista en otras ocasiones, y usted lo conoce

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seguramente mejor que esta Diputada. En cualquier caso, modestamente, permítame que se lo recuerde. Artículo 63, Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 4.º del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos; artículo 5.º del Protocolo IV, también sobre Derechos Humanos; artículo 5.º del Protocolo VI; artículo 6.º del Protocolo VII; artículo 34 de la Carta Social Europea; artículo 12 del Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo; artículo 40 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado; artículo 2 del Acuerdo... (Rumores.) Sus señorías perdonarán, pero ya que he escuchado con mucho respeto a un Diputado de su Grupo, reconociendo sus méritos, me permitirán que yo exponga los argumentos que rebaten los suyos.
El único problema jurídico que podría plantearse sería la consideración del istmo como territorio dependiendo del Reino Unido. Por tanto, la no formulación por España de declaración alguna podría interpretarse como una aquiescencia sobre la ocupación británica. Pero eso no es así, porque se ha formulado precisamente esa declaración. Por tanto, señor Rupérez, no puede afirmarse, a efectos jurídicos, que la declaración española carezca de estos efectos por el solo hecho de no constituir una reserva formal al convenio que, por otra parte, como usted muy bien sabe, no se permite en los convenios. En consecuencia, la declaración tiene la eficacia suficiente, más que suficiente, señor Rupérez, para producir el efecto deseado de protección a cualquier reivindicación de España en relación a sus derechos sobre el istmo.
España ha formulado ya declaraciones interpretativas relativas a la controversia sobre el istmo de Gibraltar en Tratados que no admiten reservas, entre ellos, señor Rupérez, la Convención de Naciones Unidas, de 1982, sobre derecho del mar. En el presente caso la declaración española tiene el valor añadido que deriva de figurar en el acta final de la conferencia en la que se adoptó el convenio. Por este motivo, señor Rupérez, los Estados contratantes tomaron nota de dicha declaración interpretativa justamente al firmar el acta final, como usted muy bien sabe.
Señor Rupérez, en resumen, yo creo que la declaración española produce exactamente el efecto deseado: evitar la aquiescencia y decir que la validez jurídica de las declaraciones ha sido suficientemente debatida y que --dijo usted en la Comisión de Asuntos Exteriores-- no constituye un argumento de peso contra la eficacia de dichas declaraciones. Creo además, señor Rupérez, que es indudable que la regulación de la responsabilidad del examen de una demanda de asilo forma parte de un marco más amplio: el de la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea y la supresión de fronteras. No obstante, no es correcto decir de ello que el bloqueo actual del Convenio sobre fronteras exteriores, debido a diversos problemas de hecho y de derecho, deba extenderse al Convenio de Dublín sobre Estado responsable que entre al examen de las demandas de asilo. Entre los problemas que implica el Convenio sobre cruce de fronteras exteriores, como usted muy bien sabe, no están las demandas de asilo y, en cambio, sí se encuentra la conversión del puerto y del aeropuerto de Gibraltar en fronteras exteriores de la Unión Europea, la conversión de la verja en frontera interior, con la consiguiente supresión de controles por parte española, y la atribución al Reino Unido de la última palabra sobre qué personas y mercancias entran en España sin que nuestras autoridades puedan ejercer control alguno. Observe, señor Rupérez, la diferencia, creo, entre una cosa y la otra. El Convenio de Dublín sobre el examen de demandas de asilo no plantea ninguna de las anteriores dificultades, lo que justifica que las medidas adoptadas por España, en su tramitación, sean distintas en este caso que en el que S.S. ha expuesto. Incluso si me apura le voy a decir, señor Rupérez, que desde un punto de vista sustantivo el Convenio sobre extradición o el Convenio bilateral sobre represión del tráfico de estupefacientes es conveniente para los intereses de España que sea precisamente el Reino Unido el Estado responsable de las demandas de asilo presentadas, por ejemplo, en el aeropuerto de Gibraltar. Resumiendo, y en relación a sus argumentos, permítame que termine diciendo, primero, que la declaración española relativa al artículo 19 salva plenamente el peligro de aquiescencia y que los problemas suscitados por el convenio sobre cruce de fronteras exteriores son distintos de los que se derivan de este convenio. Por tanto, no es necesario adoptar ninguna medida adicional. La enmienda sabe usted que es políticamente inviable, la reserva es jurídicamente imposible y el bloqueo de la entrada en vigor plantearía numerosas dificultades políticas, que a usted no se le escapan, ante los demás socios de la Unión, una vez que el texto ya fue objeto de adopción por los doce países miembros.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Balletbó, vaya concluyendo.


La señora BALLETBO PUIG: Quisiera responder al señor López Garrido en relación a algunos de sus argumentos.
El señor López Garrido planteaba un aspecto que creo que es interesante pero me da la impresión de que responde a un criterio prefijado por usted: el que los países del centro y del norte de Europa son los que han establecido que la revisión del derecho de asilo puede hacerse en un país y el hecho de que la decisión deba ser adoptada por los demás como medida tapón para que los países del sur resuelvan sus problemas en relación con posibles emigraciones del sur. El señor López Garrido creo que no ha tenido en cuenta la ampliación de la Comunidad. Precisamente estamos

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pendientes de que se vea en esta Cámara la ampliación de la Comunidad y que los países que quieren ingresar en la Unión Europea hagan sus respectivos referendos. En ese sentido no le voy a explicar a usted, señor López Garrido, los límites geográficos de estos países. Quizá sí recordarle que Finlandia tiene más de dos mil kilómetros de frontera con un país tan inestable, por un problema de transición política, como es la República de Rusia. Por tanto me permitirá, señor López Garrido, que le reitere que este aspecto que quizás desde el sur no se ve, desde los países del norte sí. Un experto internacional, precisamente finés, Jorma Westlund, ha explicado recientemente por qué los países del norte de Europa tienen reticencias a entrar en Finlandia justamente por la posible entrada de refugiados, inmigrados, etcétera, por esa frontera de dos mil kilómetros de largo. Por tanto, señor López Garrido, este argumento que afectaría a la Federación Rusa es suficientemente importante como para que usted no acuse a los países del norte de Europa de haber presionado a los países del sur. (Rumores.) Además, señor López Garrido, creo que en sus argumentos no intentaba alegar lo que teníamos que hacer en esta Cámara, sino que en realidad...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Señora Balletbó, concluya, por favor.


La señora BALLETBO PUIG: Concluyo, señor Presidente.
Más bien me parece que lo que quería replantear es el convenio a nivel de todos los países comunitarios. Usted ha hecho aquí una lista de críticas y de disconformidades que van incluso más allá de la soberanía de esta propia Cámara, y creo que no es el caso.
Para terminar, lo que sí quiero, es pedir a los representantes del resto de los grupos que voten a favor por varios motivos.
Incluso le pediría al señor Rupérez que replanteara sus posiciones. Señor Rupérez, usted sabe las consecuencias políticas que podría tener --que no es su caso porque han anunciado la abstención, pero le pido incluso el voto afirmativo-- para un país como España, a nivel de imagen exterior, y sobre todo para los países de la Comunidad, que hubiese, como usted plantea, en un momento dado, en el trámite de Senado, un efecto negativo por el hecho de que desde instituciones españolas como ésta se cuestione la suficiencia de la declaración formulada por España. Podemos mantener la puerta abierta, señor Rupérez; siempre se puede mantener la puerta abierta. Sin embargo, insisto en que podríamos revisar posteriormente, cuando la reforma de la Ley de Asilo se haya visto con más detenimiento, alguno de esos aspectos. Pero en ese trámite, señor Rupérez, entendería como una gran responsabilidad por parte de su grupo el voto afirmativo también a este convenio.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Balletbó. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Rupérez. (Rumores.)

El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Presidente, yo quería agradecer a la señora Balletbó la fidelidad con que ha leído el papel que le ha preparado el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero ella comprenderá seguramente, porque su inteligencia da para eso y para mucho más, que ese papel no responde, en absoluto, a las tremendas dudas que nos han llevado a plantear lo que desde la tribuna hemos planteado y que venimos a reivindicar y a reafirmar en este momento.
En primer lugar, ese documento, preparado por la burocracia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene un gravísimo y posiblemente involuntario efecto, y es que se refiere a la conveniencia de que España no vaya creándose una mala fama por hablar de Gibraltar. Yo a usted, y a través de usted al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los responsables de esta pereza negociadora, en la cual me reafirmo, les tendría que decir que a nosotros, a todos ustedes y ciertamente a nosotros, no nos preocupa, en absoluto, molestar cuando se trata de defender intereses que entendemos nacionales (Rumores.), y es lo que estamos haciendo, con toda tranquilidad pero también con toda la contundencia, y por eso les hemos pedido que nos acompañen en este tipo de planteamiento.
Tendría que decirle, señora Balletbó, en segundo lugar, que cuando se planteó el tema relativo a las fronteras exteriores, el Ministerio de Asuntos Exteriores tuvo la duda y la tentación de hacer lo que en este momento está haciendo, y si no lo hizo fue porque nosotros entendimos nuestra obligación de reforzar la frágil voluntad del Gobierno para enfrentarse a sus propias responsabilidades nacionales, y por eso el Gobierno, con nuestro apoyo y con el de esta Cámara, se opuso a esa entrada en vigor.
En tercer lugar, señora Balletbó, hay un argumento de pura lógica formal, jurídica y política, a la que usted no responde y el Ministerio y el Gobierno, tampoco, porque ha preferido, en vez de atender a la razón, encerrarse en su propia cerrazón. Y esa razón es muy clara. Si resulta que no entendemos posible en estos momentos aceptar el tema de las fronteras exteriores, porque aceptándolo tal como está covertiríamos la frontera de la Línea en una frontera interior, y eso es contrario a nuestros intereses; si entendemos, como entiende el Gobierno y el resto de los firmantes del convenio, que este convenio que ahora nos ocupa es una parte indisoluble del Convenio sobre fronteras exteriores; si el Gobierno, con el apoyo de esta Cámara, ha ratificado el

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veto a ese convenio, ¿qué razones tenemos de pura lógica formal, política y jurídica, para no hacer lo propio con este convenio? (Rumores.) Repito que el Gobierno ha caído de nuevo, y lo lamento, en una línea extremadamente grave y preocupante, que es, a diferencia de lo que en otro momento hizo, caer en la pereza negociadora y en la facilidad de las declaraciones declamatorias y canónigas que a nadie convencen, que a nadie ocupan y que a nadie ligan, y eso es lo que estamos contemplando en estos momentos. Por eso, señora Balletbó, con toda contundencia, pero también con toda seriedad y con toda gravedad, les decimos: absténganse ustedes y, con la capacidad que les da el ser el grupo que apoya al Gobierno, díganle al Gobierno que retire este tratado, que está poniendo en grave riesgo y en grave peligro aspectos fundamentales de nuestra reivindicación; que estamos aceptando algo que constituye prácticamente la negación de lo que esta Cámara y el Gobierno han decidido, y que estamos olvidando algo fundamental. Si queremos realmente recuperar Gibraltar, tenemos que repetir una y otra vez que es un territorio en litigio, que es lo que el Gobierno no quiere hacer. Y si el Gobierno no lo quiere hacer, nosotros sí lo queremos hacer. Y si el Gobierno lo quiere hacer, nosotros le apoyaremos a hacerlo, porque está en la lógica de la defensa de los intereses de España, ni más ni menos. Por eso nos abstendremos y, por eso, si el Gobierno no retira el tratado, nosotros enmendaremos con todas las consecuencias el tratado en el Senado.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, intervendré muy brevemente porque la señora Balletbó, ciertamente, venía preparada para contestar a otro grupo parlamentario, a otro problema que no nos parece, en absoluto, tan relevante como el que nuestro Grupo ha planteado y que significa, ni más ni menos, que este convenio puede vulnerar nuestra Constitución.
A eso no ha contestado y, por tanto, me es muy difícil consumir un turno de réplica a la no contestación de la señora Balletbó. Aunque ha dicho algo que nos parece extremadamente grave, y es: Puede usted tener razón en lo que dice, pero esto excede a la soberanía de esta Cámara; es un tema que afecta al conjunto de los Estados de la Unión Europea y excede a la soberanía de esta Cámara. Yo no sé si he oído mal y espero que haya sido un «lapsus», pero entiendo que la soberanía de esta Cámara llega hasta poder votar que no o rechazar un convenio que ha sido firmado por el Gobierno, por el Ejecutivo. No solamente eso, la propia Constitución Española dice que antes de firmar y ratificar un convenio que pueda ir contra la Constitución hay que reformar ésta. Eso es lo que sucedió en Francia. En Francia, hace muy poco, se planteó este tema; es decir, el hecho de que Francia pueda negarse a examinar una solicitud de asilo porque otro país europeo la haya rechazado.
Esto se consideró contrario a la Constitución francesa, que junto con la alemana y la española son las únicas europeas que establecen el derecho de asilo en la Constitución, y hubo que reformar la Constitución francesa y hubo que reformar el artículo 51 para poder ratificar en este caso el Convenio Schengen que decía lo mismo que dice éste o algo parecido en cuanto a los temas de asilo. Por tanto, la soberanía de esta Cámara llega, evidentemente, a poder oponerse y no votar un texto considerado inconstitucional, como consideramos éste, que significa el que se pueda negar el derecho de asilo a una persona por el hecho de que lo haya negado otro Estado cuya regulación sobre el derecho de asilo puede ser --y de hecho es-- absolutamente diferente, porque hasta ahora en la Unión Europea sólo se armoniza el derecho de asilo para restringirlo, no para ampliarlo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Tiene la palabra la señora Balletbó.


La señora BALLETBO PUIG: Gracias, señor Presidente.
Señor López Garrido, este convenio, como usted sabe muy bien, o debería saber, no vulnera la Constitución. Diré más. El recurso que ha sido presentado no afecta a los artículos que este convenio discute, afecta al artículo 5.º, pero no al subapartado 6, que es con el que este convenio, en todo caso, podría tener relación.
Yo no he dicho, señor López Garrido, que esta Cámara --y le ruego que no me haga decir lo que le gustaría a usted que yo dijera, porque no lo he dicho--, no tenga soberanía para decidir. Lo único que he hecho, señor López Garrido, es recordarle a usted que usted no tiene soberanía para decidir lo que tienen que hacer los otros parlamentos de los otros países comunitarios, y le ruego que se repase usted las actas.
Hasta aquí podríamos llegar con su tergiversación de los argumentos.
Señor Rupérez, yo le pido a usted el respeto intelectual que yo le he tenido. Esta Diputada ha utilizado todos los papeles que ha creído necesarios para argumentar a su señoría; pero usted me conoce lo suficiente como para saber que las ideas propias y las ideas de un Grupo no son algo que se tenga que estar apuntando en unas notas. Por tanto, señor Rupérez, le exijo también el respeto que yo le he tenido a usted al preparar esta intervención. Señor Rupérez, déjeme que le diga, con el mismo respeto, que usted participa de una doctrina un poquito decimonónica en el sentido siguiente. (Rumores.) Cada

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vez más, señor Rupérez, cada vez más, ha habido una interpretación en la política internacional en relación a los temas de los derechos humanitarios. Usted sabe perfectamente, señor Rupérez, que este convenio nada tiene que ver con el tema de las fronteras exteriores. Usted sabe perfectamente que cada vez más, y en un mundo cada vez más global, los derechos de las personas no se respetan, incluso en algunos casos, como se ha seguido últimamente en algunas intervenciones de países como en la antigua Yugoslavia y en algunos países africanos, por encima de los derechos de soberanía. Aquí no hay ninguna discusión ni ninguna rebaja de los derechos de España a plantear las reivindicaciones que desea sobre el istmo de Gibraltar. Yo le ruego, señor Rupérez, que no tergiverse las cosas que digo.
En cualquier caso, lo que sí le quería decir, para terminar, es que tengo la impresión de que ustedes están utilizando un nacionalismo oportunista para plantear un debate en unos términos que no se corresponden, ni mucho menos, con lo que estamos debatiendo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún Grupo Parlamentario que no haya intervenido en este debate quiere fijar su posición? (Pausa.) En consecuencia, vamos a pasar a la votación del punto 6 del orden del día en sus diferentes apartados. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 277; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de los Países Bajos, para la extensión a la Antillas Neerlandesas y a Aruba del Convenio Europeo número 24 de extradición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 285.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Adhesión de Bélgica al Acuerdo de cooperación en materia de Astrofísica. Comieza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo Europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por otra. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes del asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, así como el Protocolo de corrección de errores y Declaración formulada por España.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 147; en contra, 12; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo europeo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por otra. Comienza la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 283; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación de España de la Adhesión de Polonia al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, sobre el Memorando que han de asumir, relativo a la celebración de la decimonovena Reunión del Grupo de Trabajo sobre Ordenación de Cuencas Hidrogáficas de Montaña.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 280.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación de España de la Adhesión de Turquía al Convenio número X de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio constitutivo del Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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