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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 89, de 15/09/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 89 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 88 celebrada el jueves, 15 de septiembre de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 8/1994, de 5 de agosto, de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de Derecho público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio. («Boletín Oficial del Estado», número 189, de 9 de agosto de 1994.) (número de expediente 130/000019) (Página 4584) --Real Decreto-Ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca. («Boletín Oficial del Estado», número 189, de 9 de agosto de 1994.) (número de expediente 130/000020) (Página 4597)

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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 65.1, de 27 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000051) (Página 4611) --Proyecto de Ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad Intelectual.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 66.1, de 27 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000052) (Página 4628)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 4584)

Real Decreto-Ley 8/1994, de 5 de agosto, de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de derecho público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio (Página 4584)

En nombre del Gobierno explica las razones que han determinado la aprobación de este Real Decreto-ley el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles), manifestando que el Decreto-ley cumple sobradamente, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la consideración de las razones de necesidad y urgencia que motivaron su adopción por el Gobierno, los requisitos exigidos en el artículo 86.1 de la Constitución.
Expone que el Decreto ley viene a concluir en el nivel legislativo un complejo proceso de reordenación de la administración corporativa de la propiedad urbana, que fue iniciado en 1987 y que no fue concluido al declarar el Tribunal Constitucional, en reciente sentencia, inconstitucional la disposición final décima de la Ley de Presupuestos del Estado para 1990, que disponía la supresión como corporación de Derecho público de las cámaras de la propiedad urbana y su Consejo Superior. Con este Decreto-ley concluye el diseño de ordenación institucional de la propiedad urbana, utilizando un procedimiento conforme con el carácter y los principios de nuestra Constitución.Alude el señor Ministro a los antecedentes y trayectoria histórica de las Cámaras de la propiedad urbana, que surgen inicialmente como asociaciones privadas de afiliación voluntaria para la defensa de los intereses generales de los propietarios de bienes urbanos y posteriormente se transforman en corporaciones de Derecho público de afiliación obligatoria, ostentando la representación única y exclusiva de esos intereses. Durante 70 años se ha mantenido el régimen jurídico de esas cámaras como corporaciones de Derecho público, pero después de aprobada la Constitución no podría mantenerse dicho régimen con afiliación y cotización obligatoria de los propietarios urbanos al resultar ello contrario a la libertad de asociación recogida como derecho fundamental en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Esta circunstancia, unida a la relativa irrelevancia de los intereses de carácter general que figuran entre sus objetivos, determinaron que el Gobierno se plantease la necesidad de una reordenación institucional del sector, reordenación que pasa por la desaparición de las cámaras dentro del ámbito de las corporaciones de Derecho público y por la asunción de sus funciones básicas de defensa de los intereses de los propietarios por asociaciones privadas voluntarias y sin ánimo de lucro.
Termina el señor Ministro señalando la necesidad de concluir con la situación de provisionalidad en que se encontraban estas entidades para evitar un mayor deterioro de las mismas, y a este fin se dirige el Decreto-ley cuya convalidación solicita a la Cámara.
En turno en contra de la convalidación del Decreto-ley interviene, en primer lugar, el señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, manifestando que el Real Decreto-ley sometido a la Cámara no ofrece alternativas a la situación presente y, además, cede los problemas a terceros, en este caso a las comunidades autónomas. Concretamente el Estatuto de Autonomía

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para el País Vasco reconoce la competencia exclusiva sobre las cámaras de la propiedad urbana y un Real Decreto de 18 de abril de 1985 traspasa a aquella Comunidad Autónoma las funciones y servicios del Estado en materia de cámaras oficiales de la propiedad urbana. El Gobierno vasco, desde junio de aquel año y en uso de la citada competencia exclusiva, dictó diversas disposiciones sobre la materia y resulta ahora que el Real Decreto-ley de 5 de agosto de 1994 no sólo suprime el carácter de corporaciones de Derecho público de estas cámaras sino que, además, obliga a las comunidades autónomas a integrar necesariamente en la administración de las mismas al personal y patrimonio de las cámaras, persiguiendo así su total eliminación, sin dejar requicio alguno a un modelo alternativo. Por consiguiente, el Real Decreto-ley no respeta las competencias de las comunidades autónomas y vacía de parte de su contenido al propio Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Pregunta al Gobierno si ha previsto al adoptar estas medidas las consecuencias que va a tener sobreestos empleados, que se encuentran en una situación de inseguridad jurídica y confusión, y sobre el patrimonio de las Cámaras, acerca del cual algo tendrían que decir los propietarios asociados y sus juntas de gobierno. Informa que en el País Vasco existe un alto porcentaje de la población propietaria asociada a estas cámaras, que ven con esta norma cómo se interrumpe de un plumazo un servicio de asistencia permanente a los usuarios y consultores de las mismas, hurtándoles una asistencia gratuita y necesaria para la defensa de sus derechos como propietarios.
Concluye solicitando la incorporación de una disposición que salvaguarde las competencias de las comunidades autónomas como condición «sine qua non» para la convalidación del Real Decreto-ley.
El señor Mardones Sevilla, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, interviene asimismo en contra de la convalidación del Real Decreto-ley, señalando que el mismo constituye jurídicamente un embrollo que va a tener consecuencias en forma de recursos ante las diversas instancias competenciales y jurisdiccionales. No observa las razones de urgencia para abordar un problema que está latente desde 1990, imponiendo ahora un final del proceso con falta total de diálogo con los grupos parlamentarios y, sobre todo, con las comunidades autónomas. Añade que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias el Decreto-ley conculca el artículo 34 de su Estatuto de Autonomía al sustraerle unas competencias, con lo que se vacía de contenido una parte del Estatuto sin recurrir para ello a una ley orgánica.
En cuanto a la adscripción del patrimonio de estas Cámaras, califica de peregrina en nuestro Derecho administrativo la solución a la que se llega, con un planteamiento que da lugar a una inseguridad jurídica llamativa. Por último, en materia de personal, pregunta cómo va a integrarse éste en las plantillas de las diferentes administraciones públicas tratándose de unos empleados totalmente especializados en una materia concreta, todo lo cual le lleva a insistir en la necesidad de un mayor diálogo y negociación; en definitiva, a oponerse a la convalidación del Real Decreto-ley.
El señor Olabarría Muñoz, en nombre del Grupo Vasco (PNV), anuncia el voto en contra de la convalidación del Decreto-ley, afirmando que las operaciones que se pretenden a través del mismo son, en primer lugar, bastante complejas de acometer, desbordando ampliamente, e ilegítimamente, lo que figura en el rótulo del Decreto-ley, y es posible que desbordando también inconstitucionalmente la propia habilitación que tiene el legislador estatal para regular esta materia, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional con motivo de la Ley de Presupuestos de 1990 declarando la inconstitucionalidad de la disposición final décima, que ya pretendía la desaparición de estas cámaras como corporaciones de Derecho público. Alude también a las competencias que sobre la materia se recogen en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, competencias que se ignoran en el Decreto-ley, lo que políticamente califica de muy grave, impidiéndoles la convalidación del mismo.
Desearía que el Real Decreto-ley se transformase en un proyecto de ley, suscitando un debate político y, a través del proceso de negociación y consenso, se pudiese llegar a una formulación adecuada sobre el fondo de la cuestión. El señor Gómez Darmendrail, en nombre del Grupo Popular, interviene, por último, en contra de la convalidación del Real Decreto- ley. Comienza señalando que las cámaras de propiedad urbana no han recibido nunca subvenciones o aportaciones económicas de la Administración, viviendo de las cuotas de sus asociados, afiliación en unos momentos obligatoria y últimamente voluntaria, procediendo hoy el Gobierno socialista a la destrucción de aquello que la libre iniciativa y la solidaridad ciudadana habían creado esforzadamente, sin explicarrazón o motivo alguno que justifique tan drástica demolición. Expone que este es el primer motivo de su oposición al Decreto-ley, aunque hay otras razones graves que les preocupan, cual es el empecinamiento del Gobierno en ejercer un poder absoluto, desactivando los controles parlamentarios y populares, y su permanente abuso de la excepcional

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delegación constitucional para aprobar decretos leyes. En definitiva, su desprecio a las competencias de este Congreso y de las comunidades autónomas y hasta del propio Tribunal Constitucional. Afirma que el Gobierno interpreta el contenido reglado del artículo 68.1 de la Constitución como una patente de corso que le permite todo, incluso sustraer a la representación legítima del pueblo español el debate mesurado y transparente que ha de presidir la elaboración de las leyes.
No encuentra razones de urgencia y necesidad para el Decreto- ley, ya que desde el año 1990 el Gobierno dispuso de tiempo suficiente para desarrollar por vía reglamentaria la ley de disolución de las cámaras y, al no hacerlo, demuestra su ineptitud y falta de rigor.
Insiste en la falta de justificación para la promulgación del decreto-ley, mencionando el excesivo uso que el Gobierno está haciendo de esta forma de legislar, que pone en peligro la democracia al destruir sus más íntimos sistemas de control y contrapeso, ante lo que esta Cámara debe reaccionar, reprobando la actuación del Gobierno y derogando el Decreto- ley.
Alude, por otra parte, a las competencias que sobre la materia están transferidas a algunas comunidades autónomas, cuyos gobiernos desean y procuran la permanencia de estas cámaras de la propiedad urbana, que, por otra parte, gozan de buena salud en varias de ellas, sin que el Gobierno central haya tenido a bien consultar con los gobiernos autonómicos y, lo que es peor, se introduce a través del Decreto-ley en los ámbitos competenciales autonómicos. Termina el representante del Grupo Popular reiterando el voto en contra de la convalidación del Decreto-ley y, en caso de que sea convalidado, solicita su tramitación como proyecto de ley.
En turno a favor de la convalidación del Decreto-ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Roncero Rodríguez. Expone que todos los parlamentarios conocen la trayectoria y situación en que están inmersos desde las leyes de Presupuestos de los años 1987, 1988 y 1990 y reconocerán que se trata de un período transitorio que no debe alargarse más, por lo que, como el señor Ministro decía en su exposición, hay urgencia en actuar en dicho sentido. Por otra parte, por muchos argumentos descalificatorios que se quieran hacer desde algunos grupos, el Real Decreto-ley cumple el artículo 86 de la Constitución española, puesto que no atenta a derechos y deberes y libertades, ni al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral, que son los requisitos que la Constitución establece como límites para la actuación del Gobierno en el uso de ese instrumento legislativo.
En relación con los argumentos expuestos por algunos intervinientes sobre las competencias de las comunidades autónomas y la adscripción del personal de estas cámaras de la propiedad urbana, señala que parece que no han leído la sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la constitucionalidad y el carácter básico de estos preceptos y que no merman la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas. Lo que se suprime es el carácter público de estas corporaciones, pero no se suprimen las asociaciones, que se pueden mantener o que pueden ejercer las funciones que están teniendo.
En cuanto a los temas de personal o adscripción del patrimonio, también la sentencia da razones de carácter básico, pretendiendo asegurar un destino común a dicho patrimonio y dejando a las comunidades autónomas un amplio margen para la concreción del destino público al que deben adscribirse los bienes de las cámaras de la propiedad urbana.
Respecto al personal de las cámaras, la sentencia no ordena la integración de este personal en la función pública autonómica sino, más genéricamente, en la administración de las comunidades autónomas, dejando a las comunidades autónomas competentes en la materia espacio suficiente para arbitrar los mecanismos de integración.
En base a dicha argumentación concluye anunciando el voto favorable del Grupo Socialista para la convalidación del Decreto-ley, así como su oposición a la tramitación como proyecto de ley.
Replica el señor Gómez Darmendrail, duplicando el señor Roncero Rodríguez. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Andreu Andreu, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se aprueba la convalidacion del Real Decreto-ley por 160 votos a favor y 145 en contra.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley, es rechazada por 147 votos a favor, 160 en contra y una abstención.


Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca (Página 4597)

El señor Ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) explica, en nombre del Gobierno, las razones que han determinado la aprobación del Real Decreto-ley, manifestando

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que el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos es una materia en la que tienen competencia plena la administración local. Las funciones de auxilio económico para ejecutar la infraestructura necesaria fueron transferidas a las comunidades autónomas, y en particular a la de Baleares, en 1985. Por tanto, los problemas de abastecimiento de agua a las ciudades en Baleares son competencia de sus ayuntamientos y de sus comunidades autónomas. Sin embargo, la Administración central del Estado puede y debe intervenir en los casos en que por su relevancia deban ser declarados de interés general de la nación y, como consecuencia de ello, el abastecimiento a los núcleos de población de la bahía de Palma de Mallorca que precisen de infraestructuras de elevada importancia deben afrontarse con la intervención consensuada de las administraciones estatal, autonómica y local. En esta línea de colaboración institucional se insertan los distintos convenios suscritos entre dichas instancias, en particular desde el 20 de marzo del presente año.
Añade que, desgraciadamente, las necesidades hidráulicas de la bahía de Palma de Mallorca han superado ampliamente la disponibilidad de recursos de calidad adecuada, circunstancia que puede agravarse en el próximo otoño si no se producen precipitaciones regulares abundantes y para prever esta contingencia desfavorable era necesario asegurar con carácter urgente el suministro a un área de tanta importancia social y económica. Se trata, por tanto, de arbitrar una solución transitoria mientras se realizan las infraestructuras reseñadas, estando acreditada la urgencia por la incertidumbre del régimen de precipitaciones y la acelerada disminución de la calidad del agua en las actuales fuentes de suministro.
Concluye el señor Ministro señalando que se trata de medidas temporales que no implican ningún incremento de los caudales ya autorizados por la Ley 18/1981 ni tienen ningún efecto práctico sobre el régimen hidrológico del río Ebro, desmontando con ello alarmas injustificadas que se han creado en la población. Sobre ese particular desea dejar bien claro que los 10 hectómetros cúbicos objeto de trasvase pueden venir a resolver un problema grave para Mallorca y no causan ninguna clase de perjuicio ni a las personas ni al territorio ni al ecosistema del Ebro.
En turno en contra de la convalidación del Real Decreto-ley interviene el señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, señalando que no ve la necesidad de utilizar el procedimiento extraordinario del real decreto-ley para algo que no es urgente, como todo el mundo reconoce a estas alturas.
Expone, por otra parte, que el señor Ministro ha tratado de minimizar la cuestión, pero él conoce la intranquilidad que el Decreto-ley ha creado en Aragón, donde siempre temen lo peor, y este Decreto-ley puede ser un precedente peligroso de cómo se hacen las cosas desde el gobierno del Estado. Alude a la sesión extraordinaria del Parlamento aragonés para debatir este tema, afirmando que sólo el entreguismo del gobierno autonómico del señor Marco y su nula capacidad de negociación con el Gobierno de la nación ha impedido acordar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, de lo que, a su juicio, existen indicios muy claros.
Se refiere, por último, al uso abusivo del decreto-ley por parte del Gobierno, considerando que no existían fundamentalmente razones de urgencia y necesidad para recurrir a este procedimiento legislativo y termina solicitando al señor Ministro la presentación sin más demora del Plan hidrológico nacional, para que todos sepan a qué atenerse y no tengan que entrar en debates puntuales de cuestiones como la que les ocupa y que sólo les produce alarma, indefensión y preocupación.
Contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
Replica el señor Mur Bernad, duplicando el señor Ministro. En nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene en contra de la convalidación del Real Decreto-ley el señor Andreu Andreu. Comienza señalando que el señor Ministro, al hablar de las competencias de las diferentes administraciones públicas, ha intentado quitarse el problema de en medio, problema que debería haber tenido solución en el Plan hidrológico nacional, donde las comunidades autónomas y la Administración central deberían coordinar sus políticas de agua. Sin embargo, el Real Decreto-ley nace con anterioridad al Plan hidrológico, en el que deberían llegar a un acuerdo todas las fuerzas parlamentarias, colectivos sociales y comunidades autónomas para una racionalización y mejor gestión de los recursos.
Añade que, según sus noticias, la gestión del agua en Baleares no está siendo correcta, que se está despilfarrando su uso, cuestión fundamental que no puede dejarse de plantear antes de proceder al trasvase de agua de otras comunidades. En cuanto a las razones de urgencia para acudir al decreto-ley afirma que ha transcurrido la peor época de consumo de agua, como es el verano, sin que las obras para realizar el trasvase estén siquiera comenzadas, por lo que no encuentra justificación para un decreto-ley que, además, no soluciona el problema existente, problema que tampoco tendrá

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solución mientras no se planteen mecanismos de control claros del uso de agua en nuestro país, a pesar de los trasvases que a corto plazo puedan realizarse. Contesta el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles).
Replica el señor Andreu Andreu, duplicando el señor Ministro.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 288 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones.
Asimismo se aprueba la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto de ley por 309 votos a favor.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 4611)

Proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (Página 4611)

El señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez Pertierra) presenta el proyecto de ley, manifestando que en los más de diez años transcurridos desdela promulgación de la Ley de Reforma Universitaria la Universidad española ha experimentado una profunda transformación, que se pone de manifiesto si se considera que en ese período de tiempo el número de estudiantes universitarios se ha duplicado, como igualmente lo ha hecho el catálogo de titulaciones. Añade que más de una década es un período suficientemente extenso como para que sea conveniente revisar el funcionamiento de la reforma de la Universidad en este caso. Igualmente, el Ministerio ha entendido que cualquier revisión del modelo universitario debía hacerse con la necesaria madurez y serenidad, impidiendo indecisiones, dudas u oscilaciones que pudieran conducir a una precipitada y, por ende, mala solución de los problemas y provocar daños de consecuencias en algún caso difícilmente reparables. De ahí que este proyecto se limite al ámbito del profesorado, sin que ello suponga que desde el ministerio se haga oídos sordos a otras cuestiones de notable trascendencia en el ámbito universitario, como la financiación del sistema, la regulación de los órganos de gobierno de las universidades o los consejos sociales, temas que están siendo objeto de debate y reflexión para, posteriormente, ser sometidos a la acción legislativa.
Informa el señor Ministro que el objeto del proyecto de ley es la mejora de la formación de los profesores y la redifinición de las categorías del profesorado, estableciendo unos mínimos de calidad, por debajo de los cuales no debería accederse a la condición de profesor de la Universidad.
Expuesto el fin principal del proyecto, realiza a continuación el señor Ministro una descripción detallada de su contenido, mostrando finalmente la disposición del Gobierno a admitir todas las propuestas que tengan por objeto la mejora del mismo.
En defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor González Blázquez, sorprendiéndole que el señor Ministro, para justificar el proyecto de actualización de la LRU, sólo contemple los aspectos del profesorado y suponga que, condicionado por todas las protestas y demandas que sin duda habrá recibido estos días, se ha visto obligado a anunciar que se someterá posteriormente a otras reformas.
En cuanto al Proyecto de Ley objeto de debate señala que el mismo no es producto del consenso y el acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales y diversos estamentos universitarios y, además, se ha realizado sin el rigor que promete el señor Ministro para acometer el resto de la reforma. Se trata, pues, de un Proyecto en el que no ha habido debate ni acuerdo y respecto del que hasta los rectores de las universidades están en su mayoría en contra, al igual que una gran parte de las fuerzas políticas y sociales.
Se trata de una actualización que deja sin solución otras carencias notables de la Universidad, además de las del profesorado, que parece que es el único problema que preocupa, aunque ni siquiera en esta materia parece que hay criterios claros y explícitos en la reforma. Es un texto que no ha sido bien acogido en las universidades, que esperaban una modificación más ambiciosa e imaginativa que la ahora presentada y que en algunos aspectos parece un paso atrás, en cuanto que va a dejar sin resolver hasta no se sabe cuándo los problemas reales que afectan actualmente a la universidad. El señor Ollero Tassara defiende la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Popular. Comienza señalando que el señor Ministro, como los malos estudiantes, el pasado mes de junio se limitó a quitarse de en medio el parcial de las jubilaciones y ahora con gran sinceridad anuncia que, al no tener maduro el resto de la materia, buena parte del programa quedará para otras convocatorias.
Expone a continuación que no es normal que haya dos enmiendas de totalidad con texto alternativo a un Proyecto de Ley, lo que significa que la oposición sí ha tenido tiempo de reunirse con todos

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los interesados y proponer su alternativa con las sugerencias recibidas, que son enormemente coincidentes y unánimes en determinadas cuestiones. Así, en primer lugar, hay un verdadero clamor respecto a la necesidad de aplazar el debate de esta Ley para que la universidad pueda hacer oír su voz a través de un debate previo en el que pueda llevar a cabo su disposición a colaborar con los poderes públicos. También existe unanimidad sobre lo incomprensible que resulta el que no se incluyan modificaciones más allá del Título V de la LRU y que afectan a cuestiones esenciales. Es un proyecto que no responde a las expectativas existentes en la comunidad universitaria y de ahí que el Grupo Popular, en el ejercicio de su responsabilidad, se haya visto obligado a presentar un texto alternativo cuyas características principales expone a la Cámara. En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene el señor Lazo Díaz, en nombre del Grupo Socialista.
Expone que de las palabras de los enmendantes parece deducirse que una de las razones para presentar un texto alternativo al proyecto del Gobierno es que no se cambia en profundidad la LRU. Dan por supuesto que no es así porque ni el Gobierno ni el Grupo Socialista tienen la más mínima intención de realizar tal cambio en profundidad. Les parece que fue una buena ley, que ha funcionado adecuadamente a lo largo de su tiempo de vigencia y que está bien como está. Lo que ocurre es que, como decía el señor Ministro, han transcurrido 12 años y la Universidad española no es la del año 1982, sino que ha multiplicado el número de centros universitarios, el número de alumnos, el de profesores y, lógicamente, esos cambios positivos requieren algunas adaptaciones, algunas correcciones, algunos cambios parciales y en ese sentido va el Proyecto de Ley. Lo que no quieren en absoluto es un desmantelamiento de la LRU, como proponen en distinto sentido los textos alternativos de Izquierda Unida y del Grupo Popular.
A continuación se refiere a dichos textos alternativos, fijando la posición contraria del Grupo Socialista sobre ellos.
Replican los señores González Blázquez y Ollero Tassara, duplicando el señor Lazo Díaz.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, y López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es rechazada por 14 votos a favor, 157 en contra y 127 abstenciones.
Asimismo es rechazada la enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Popular por 127 votos a favor, 137 en contra y 15 abstenciones.


Proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (Página 4628)

La señora Ministra de Cultura (Alborch Bataller) presenta el proyecto de ley, manifestando que, en el marco de la armonización de materias relativas a propiedad intelectual, el Consejo de la Comunidad Europea aprobó el 19 de noviembre de 1992 esta Directiva, a partir de cuya aprobación los Estados miembros, entre ellos España, quedaron obligados a incorporar su contenido al propio ordenamiento jurídico mediante norma nacional. Este proyecto supone el cumplimiento, por parte del Estado español, de la citada obligación en cuanto miembro de la Unión Europea.
Los objetivos del proyecto de ley son, lógicamente, plenamente coincidentes con la norma comunitaria y, entre ellos, cobra especial importancia el de suprimir las diferencias existentes entre las legislaciones de los países comunitarios en lo relativo a la protección de los derechos de alquiler y préstamo y en cuanto a la protección de otros derechos afines al de autor. También se recogen los derechos de alquiler y préstamo, que quedan definidos en el proyecto en los términos en que lo hace la Directiva que se traspone.
Concluye señalando que la norma supone un paso importante en la racionalización y puesta al día de la materia objeto de tratamiento legal, tanto en la faceta de los derechos como en la de las excepciones a los mismos.
La señora García-Alcañiz Calvo defiende la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Popular, devolución que justifica en dos argumentos fundamentales, como son el modo en que se ha realizado la incorporación de la Directiva comunitaria y la forma en que se pretende tramitar.
Respecto al modo de incorporacion, no está de acuerdo ni con la vía o instrumento que se ha elegido, es decir, ley autónoma, ni tampoco, y es lo más importante, con el contenido de la misma. Afirma que si se opta por una ley autónoma existiendo una Ley de Propiedad Intelectual que regula la misma materia, no sólo se crea incomodidad para el usuario o destinatario de las normas al tener que acudir a dos textos diferentes sino que se provoca grave inseguridad jurídica al multiplicarse

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los problemas de interpretación y aplicación legal. Resulta, además, tremendamente escandaloso que el Ministerio de Cultura reconozca que en su labor de trasposición no ha estudiado en qué medida afecta la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico y que piensa que el Parlamento va a imitar tan negligente comportamiento, aceptando sin más la propuesta que se le hace.
Califica de chapuza, en términos de técnica legislativa, la propuesta que se les presenta y, como el Grupo Popular en modo alguno quiere hacerse partícipe de tal chapuza legislativa, solicita la devolución del proyecto al Gobierno. Por otra parte, se pretende por el Gobierno tener las manos libres para remodelar, en su día, la Ley de Propiedad Intelectual, con el rechazo que la armonización de los textos legales suscita al Parlamento, lo cual les parece especialmente grave tratándose de una ley que requiere del máximo consenso posible, por lo que es preciso el debate en esta Cámara y no entregar cheques en blanco al Gobierno. En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene el señor Clotas i Cierco, en nombre del Grupo Socialista, manifestando que al presentar esta enmienda el Grupo Popular provoca uno de los debates más innecesarios y gratuitos que pueden producirse. Cree que podrían dedicar los debates parlamentarios a problemas que tuvieran mayor consistencia, porque ningún grupo de la Cámara, y cree que nadie en la opinión pública, ha entendido por qué motivos formales se ha presentado una enmienda a la totalidad de un proyecto de ley que es la trasposición de una directiva europea en un tema tan importante como el de la propiedad intelectual. Tratándose de una ley de armonización, parece que los cambios terminológicos que tanto preocupan a la señora Alcañiz son razonables y suponen un esfuerzo que los países miembros de la Comunidad deben hacer. Se trata, además, de una trasposición que seguramente es mucho más cómoda para ellos que para otros países comunitarios, expresando, una vez más, su extrañeza por la iniciativa del Grupo Popular, que considera poco justificada.
Replica la señora García-Alcañiz Calvo, duplicando el señor Clotas i Cierco. Para fijación de posiciones interviene el señor Baltá y Llopart, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Popular, en rechazada por 118 votos a favor y 160 en contra.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 8/1994, DE 5 DE AGOSTO, DE SUPRESION DE LAS CAMARAS OFICIALES DE LA PROPIEDAD URBANA Y SU CONSEJO SUPERIOR COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO Y DE REGULACION DEL REGIMEN Y DESTINO DE SU PATRIMONIO (Número de expediente 130/000019)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día: Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, como corporaciones de Derecho público y su regulación del régimen y destino de su patrimonio.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han determinado la publicación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Real Decreto-ley de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como corporaciones de Derecho público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio, que hoy presenta el Gobierno a convalidación de esta Cámara, cumple sobradamente, tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la consideración de las razones de la necesidad y urgencia que motivaron su adopción por el Gobierno, los requisitos exigidos en el artículo 86.1 de nuestra Constitución, como a continuación explicaré a sus señorías.
En efecto, este Real Decreto-ley viene a concluir en el nivel legislativo un complejo proceso de reordenación de la administración corporativa de la propiedad urbana, que fue iniciado en 1987, pero que perdió recientemente una de sus piezas normativas esenciales al ser declarada inconstitucional en reciente sentencia del Tribunal Constitucional la disposición final décima

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de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990, que disponía precisamente la supresión como corporaciones de Derecho público de las Cámaras de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior.
Por ello, el presente Real Decreto-ley concluye el diseño de ordenación institucional de la propiedad urbana, utilizando un procedimiento conforme con los valores y los principios...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento. Señorías, ruego guarden silencio. Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): ...de nuestra Constitución.
Merece la pena, señorías, apuntar brevemente los antecedentes y la trayectoria histórica de las Cámaras de la Propiedad Urbana para posibilitar un enfoque coherente de esta reforma en el proceso al que hemos hecho referencia. Surgieron como asociaciones privadas de afiliación voluntaria para defender y fomentar los intereses generales de los propietarios de bienes urbanos y, posteriormente, se transformaron en corporaciones de Derecho público de afiliación obligatoria, que ostentan la representación única y exclusiva de estos intereses.
El régimen jurídico de estas cámaras se ha mantenido durante 70 años como corporaciones de Derecho público, pero, después de aprobada la Constitución, resultaba obvio que estas cámaras no podían mantenerse en el ámbito de la Administración corporativa con afiliación y cotizaciones obligatorias de los propietarios urbanos, pues, como veremos a continuación, ello resultaba por de pronto contrario a la libertad de asociación recogida como derecho fundamental en el artículo 22 de nuestra Carta Magna. Como el mismo Tribunal Constitucional ha señalado, la utilización generada de este vía respondería a unos principios de carácter corporativo, aunque fuera de modo encubierto, incompatibles con el Estado social y democrático de Derecho de nuestra Constitución, lo que no excluye la posibilidad de que se utilice excepcionalmente, siempre que se justifique su procedencia en cada caso, por constituir una medida necesaria para la consecución de fines públicos.
La colisión de la organización corporativa de las cámaras con el derecho fundamental de asociación, unido a la relativa irrelevancia de los intereses de carácter general que figuran entre sus objetivos y, en definitiva, a su significación como obstáculo para el desarrollo de la organización autónoma de los intereses del sector de la propiedad urbana, determinaron que el Gobierno se plantease la necesidad de una reordenación institucional del sector. Esta reordenación pasa por la desaparición de las Cámaras de la Propiedad Urbana dentro del ámbito de las corporaciones de Derecho público y por la asunción de sus funciones básicas de defensa, promoción e información de los propietarios --y ahora también de los usuarios de viviendas urbanas-- por asociaciones privadas voluntarias y sin ánimo de lucro constituidas o que se constituyen por aquéllos con carácter voluntario.
La articulación normativa de estos objetivos se ha ido produciendo, a través de las diferentes leyes de presupuestos generales, mediante un proceso paulatino cuya prolongación en el tiempo se ha debido además de a la necesidad de posibilitar la transición graduada entre ambos sistemas a otra serie de imponderables a los que más adelante nos referiremos.
En efecto, el artículo 109 de la Ley 33/87, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, suprimió la exacción denominada cuota de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana, con lo que dejó de ser obligatoria dicha cotización y, en definitiva, se privó a las cámaras de su principal recurso económico. Por su parte, la disposición decimocuarta de la Ley 37/88 de los Presupuestos del Estado para 1989 suprimió la incorporación obligatoria a estas cámaras, con lo que a su vez se les privó de la base asociativa, que constituye un elemento esencial de las corporaciones de Derecho público. Esta ordenación normativa finalizaba, como he explicado antes, con lo establecido en la disposición adicional décima de la Ley 4/90, que suprimía las cámaras oficiales como corporaciones de Derecho público y establecía las bases para la determinación del destino del patrimonio y personal de las sometidas a la tutela estatal. La complejidad de la instrumentación del mandato del legislador contenido en esta última norma debido a la doble fuente de financiación --cuotas obligatorias, por una parte, y voluntarias, por otra-- de las Cámaras de la Propiedad Urbana, así como la presencia entre su personal de colectivos contratados en régimen laboral y de otros sometidos a un estatuto propio como los secretarios de las cámaras exigió la participación en esta tarea de los ministerios de Economía y Hacienda, de las administraciones públicas y del propio Ministerio de Obras Públicas, coordinados con el Ministerio de Relaciones con las Cortes y la Secretaría del Gobierno, después Ministerio de la Presidencia, quienes elaboraron y acordaron un texto de real decretoque venía a dar complimiento al mandato del legislador. Por otra parte, al tratarse de una norma reglamentaria dictada en desarrollo de una ley, resultaba preceptivo asimismo el dictamen del Consejo de Estado, que fue requerido y obtenido en su momento.
Todas estas circunstancias demoraron la aprobación del real decreto de desarrollo, lo que determinó a su vez la prolongación de un período de transitoriedad en lo que se refiere al régimen jurídico tanto del personal como del patrimonio de las cámaras tuteladas por el Estado. Cuando ya había finalizado el complejo proceso de elaboración del decreto de desarrollo al que hemos

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hecho referencia, justo antes de su presentación a la aprobación del Gobierno y como consecuencia de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia y por 78 Diputados del Grupo Parlamentario Popular, se dictó la antes mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad por vulneración del artículo 134.2 de la Constitución al estimar que la Ley General de Presupuestos del Estado no es el marco adecuado para introducir la normativa del tenor de la cuestionada y, consecuentemente, anuló la disposición adicional décima de la Ley 4/1990, de Presupuestos del Estado para ese año, con lo que el régimen jurídico de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana se retrotrajo a la situación anterior a dicha norma.
Ello implica, señorías, que las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana volverían a ser corporaciones de Derecho público pero carecerían de recursos propios puesto que la exacción parafiscal denominada cuota de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana fue suprimida previamente a la Ley de Presupuestos de 1990 por la Ley 33/87 de Presupuestos Generales del Estado para 1988, así como tampoco tendrían la base asociativa necesaria al haberse suprimido previamente la incorporación obligatoria por la Ley 37/88 de los Presupuestos de 1989, disposiciones legislativas ambas que mantienen su vigencia puesto que no se han visto afectadas por las disposiciones del alto Tribunal. En esta situación no resulta posible el mantenimiento de las cámaras como corporaciones de Derecho público y, por otra parte, resulta preciso proceder a finalizar cuanto antes aquella situación de provisionalidad para evitar un deterioro de la situación de dichas entidades y crear el instrumento jurídico que concrete las expectativas creadas a su personal y que establezca el destino del mismo y del patrimonio de las cámaras.
Estas son, señorías, las obvias razones por las cuales el Gobierno ha adoptado, ante la evidente urgencia y necesidad de afrontar la situación creada, el Real Decreto-ley que he tenido el honor de presentar a la convalidación de las Cámaras y al conocimiento y atención de SS.SS.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean utilizar turno en contra? (Pausa.) Grupo Popular; Grupo Vasco; Grupo Mixto y Coalición Canaria.
Voy a dar la palabra a los grupos que han solicitado turno en contra. Posteriormente, pasaremos a dar la palabra al grupo que desee intervenir para un turno a favor de la convalidación, para que el debate se realice con todos los grupos que desean intervenir en contra del Decreto-ley.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Pesidente. En la gestión pública debería premiarse toda decisión que, buscando soluciones, no creara más problemas. Este axioma, aplicado a este Decreto-ley, dejaría el premio desierto, porque este Decreto-ley quiere proponer soluciones, no ofrece alternativas a la situación presente y, además, cede los problemas a terceros, en este caso a las comunidades autónomas.
Ya la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio de 1994, que suprimía las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana como corporaciones de Derecho público, contenía dos declaraciones que pueden considerarse importantes. En primer lugar su carácter básico, donde también el Tribunal Constitucional reconocía, ante la ausencia de un modelo alternativo concreto, que las comunidades autónomas mantenían intacta su facultad de actuación para dotar a las organizaciones de propietarios de fincas urbanas del régimen jurídico que consideraran procedente, con la única limitación de que ese régimen jurídico no fuera el de las corporaciones de Derecho público, hecho que ha quedado ya demostrado y palpablemente manifestado excluido expresamente por la legislación del Estado.
Hasta aquí podemos decir que se buscaban las soluciones, pero voy a entrar en donde considero que se introducen los problemas.
En concreto, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado mediante ley orgánica, reconoce la competencia exclusiva sobre las Cámaras de la Propiedad urbana, y el Real Decreto de 18 de abril de 1985 traspasa a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios del Estado en materia de Cámaras Oficiales de la Propiedad urbana.
El Gobierno vasco, desde junio del mismo año, aprobó la publicación del acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias en materia de Cámaras de la Propiedad Urbana y, consecuentemente, en uso de la asunción y ejercicio de la citada competencia exclusiva, el Gobierno dictó diversas disposiciones que afectaban fundamentalmente a las elecciones de los miembros de las juntas de gobierno, al Reglamento de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana del País Vasco y, con ambos decretos, adecuaba estas instituciones a la realidad social de los territorios históricos del País Vasco y así también a los principios democráticos comprendidos en la Ley, reconocidos por el Tribunal Constitucional y fundamentados en el ordenamiento vigente. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, el Real Decreto-ley, de 5 de agosto, no sólo suprime el carácter de corporaciones

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de Derecho público de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, sino que además obliga a las comunidades autónomas a integrar necesariamente en la administración de dichas comunidades a su personal y patrimonio, persiguiendo no sólo la supresión del carácter de corporaciones de Derecho público de éstas, sino su total eliminación, sin dejar resquicio alguno a un modelo alternativo. El redactado del Real Decreto- ley que hoy se presenta para su convalidación no respeta las competencias de las comunidades autónomas para establecer el régimen jurídico que les parezca oportuno, cosa que reconoce el Tribunal Constitucional y vacía además de parte de sus competencias al propio Estatuto de Autonomía, en el caso del País Vasco, al imponer a la Comunidad Autónoma del País Vasco el destino del personal y el patrimonio y negarles su capacidad de organización de las difuntas cámaras o sus entidades alternativas.
¿Conoce el Gobierno del Estado, al adoptar esta medida, todas las consecuencias que sobre el empleo actual se van a producir? ¿Ha previsto medidas de reciclaje para los nuevos funcionarios? ¿Está dispuesto a contribuir con las comunidades autónomas en el sostenimiento del nuevo gasto corriente que se va a producir? ¿Asumirá su responsabilidad ante los empleados que pierdan su puesto de trabajo? ¿Proporcionará alternativas de empleo? Todos estos problemas han sido transferidos a las comunidades autónomas conjuntamente con el tratamiento, plagado de inseguridad jurídica y de confusión, del patrimonio de las difuntas Cámaras, asunto en el que algo tendrán que decir los propietarios asociados y sus actuales juntas de gobierno.
Asimismo y de un plumazo se interrumpe un servicio de asistencia permanente a los usuarios y consultores de las cámaras, a los que se priva de una asistencia gratuita y necesaria que ampara sus derechos como propietarios y asiste y protege ante abusos de otras propiedades especuladoras y avasalladoras en muchos casos. Este servicio equilibra el ejercicio del derecho de propiedad y descarga a la judicatura de innumerables pequeños pleitos, que encuentran en la negociación una parte importante de la solución.
Frente a las palabras del señor Ministro, tengo que añadir que en el País Vasco existen más de 400.000 cotizantes, un 70 por ciento de la población y más de un 60 por ciento de los actuales propietarios, que están hoy día asociados a las Cámaras de la Propiedad urbana de las tres provincias que forman la Comunidad Autónoma Vasca.
Por lo expuesto, consideramos condición «sine qua non», para la convalidación por nuestra parte en el Congreso del citado Real Decreto-ley, que se incorpore al texto de la disposición la salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas, incluyendo en la disposición final del Real Decreto-ley la declaración del Tribunal Constitucional por la cual las funciones a desarrollar por las Cámaras de la Propiedad Urbana, así como el destino del patrimonio del personal de la administración pública de las comunidades autónomas correspondientes, se establecerán por las respectivas comunidades que hayan regulado o sean capaces de regular un nuevo régimen jurídico de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Sólo en estas condiciones podría ser aprobado y convalidado, con un tratamiento además como proyecto de ley, este Real Decreto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Para defender el turno en contra, por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria consume también un turno en contra de la convalidación de este Real Decreto-ley de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior, en cuanto a su carácter de corporaciones de Derecho público. Analizado este tema jurídicamente es un embrollo que va a tener consecuencias --me imagino-- de recursos que podrán presentar cualesquiera de las instancias competenciales y jurisdiccionales, tanto de los tribunales de justicia como de las corporaciones que lo puedan demandar.
En primer lugar, no se nos alcanza la justificación de la urgencia. ¿Qué razones de urgencia hay para que un problema que viene estando latente desde 1990 (cuando se aprobó la Ley de Presupuestos Generales del Estado y cuando el Grupo Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional), nos lleve ahora a un proceso de total falta de diálogo con los grupos parlamentarios y, sobre todo, con las comunidades autónomas competenciales? En segundo lugar, nos oponemos a la convalidación de este Real Decreto-ley y seré breve en la exposición de estos motivos porque mi antecesor en el uso de la palabra, señor Albistur, del Grupo Mixto, los ha expuesto ya. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Canarias, este Real Decreto-ley conculca al artículo 34 de su Estatuto de autonomía que es Ley Orgánica, por lo tanto, nos encontraríamos aquí con otro embrollo, y es que por la vía de un Real Decreto-ley se está sustrayendo, nada más y nada menos, que una competencia de una comunidad autónoma --en este caso de la Canaria-- vaciando prácticamente de contenido el artículo que invoco, sin recurrir a una Ley Orgánica; es decir, un Real Decreto-ley está suprimiendo del texto de una Ley Orgánica una figura de competencia legislativa de la comunidad autónoma. Resolver estos temas obliga a un diálogo y a una negociación con las comunidades autónomas competenciales. En tercer lugar, cuando se llega a la adscripción de su patrimonio se recurre a una solución verdaderamente peregrina en nuestro Derecho administrativo. La disposición adicional única, en su apartado a), distingue

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el patrimonio que está adquirido por vía de la cuota obligatoria del patrimonio de las cámaras que se haya obtenido por vía de otras cuotas. No se me alcanza qué capacidad de especialización técnica y jurídica habrá para poder hacer la dicotomía de este patrimonio con los ingresos financieros que en su día permitieron su acceso. Desde luego, el embrollo alcanza condiciones y cotas verdaderamente altas cuando en la segunda vía del patrimonio de las cámaras, el que ha sido obtenido por ingresos diferentes a la cuota obligatoria u otras actuaciones derivadas de obligaciones legales --que no se especifican cuáles son--, se dice que las administraciones públicas tutelares de las mismas podrán adscribir a aquellas asociaciones sin ánimo de lucro constituidas o que se constituyan y que tengan como finalidad esencial la defensa, promoción, información de los propietarios y usuarios de viviendas urbanas. ¿Pero cómo va este Real Decreto-ley a poder cumplir esto si cuando se llega a la situación verdaderamente llamativa, desde un punto de vista del Derecho administrativo, y como bien establece la disposición transitoria única que ya he mencionado, se dice que hasta tanto entre en vigor la regulación prevista en el apartado anterior? ¿Dónde se señalan fechas de entrada en vigor de la disposición anterior y qué plazo se señala? ¿Es que se abre aquí un plazo «sine die», «ad calendas graecas», en el que las administraciones competentes podrán separar, segregar y entender jurídicamente qué parte del patrimonio de las hasta ahora corporaciones de Derecho público de las Cámaras de la Propiedad Urbana van a poder hacer esa realización? Por tanto, este es un planteamiento de una inseguridad jurídica tremendamente llamativa.
Y finalmente, el asunto del personal. Si con este Real Decreto-ley el personal hasta ahora funcionario de las Cámaras de la Propiedad se integra en las plantillas de las diferentes administraciones públicas, que lo van a recoger, ¿qué ocurrirá cuando se vayan legalizando y vayan alcanzando personalidad jurídica propia como entidades puramente asociativas, libres, las futuras cámaras u organizaciones que como asociaciones privadas voluntarias recogerán la legítima y constitucional defensa de sus intereses en las viviendas urbanas? ¿De qué personal se nutren? ¿Van a solicitar que este personal que estaba ya especializado, que está ahora formando parte de la nómina y de las plantillas del Estado, pueda entrar en una entidad totalmente privada? Creo que esto tenía que haberse negociado, señorías y señor Ministro de Obras Públicas, en una forma correcta. Nos oponemos a la convalidación de este Real Decreto-ley. Entendemos que hace falta una ley, en primer lugar, para ordenar este tema que es de un embrollo jurídico de mucha consideración. Nosotros hemos querido contrastar aquí y ahora las cuestiones formales, porque no entramos en el fondo de una cuestión con la que estamos plenamente de acuerdo, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, que las agrupaciones tienen que estar en el ámbito de la voluntariedad. Lo que nos alarma también es que una medida del Gobierno de legislar sobre este campo de las Cámaras de la Propiedad Urbana por vía de un decreto-ley abre un precedente peligroso, señor Ministro, que el Gobierno haga uso de la misma vía para legislar sobre las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que ya veremos que pasa cuando sentencias del Tribunal Constitucional superen el objetivo de la Ley, de 1911, de las Cámaras y lo traiga a la vigente y última ley que se aprobó en este Parlamento sobre las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Por esas razones, señor Presidente, señorías, Coalición Canaria se opone a la convalidación de este Real Decreto-ley y permite con ello entrar en una vía de diálogo y conversación con las comunidades autónomas para que esta materia tenga un pleno rango de ley debatida ampliamente en el Parlamento y consensuada con las comunidades autónomas, porque vuelvo a decirque el primer fundamento legal es que tienen reconocida esta competencia en su propio estatuto de Autonomía, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, nosotros vamos a votar contra esta convalidación que se nos solicita, la del Real Decreto-ley 8/1994, de 5 de agosto, y lo vamos a hacer de forma bien enfática además.
Este Ministro pretende la desaparición de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana como corporaciones de Derecho público y la adscripción y destino de su patrimonio. Ese es su rótulo, ese es el título de este Real Decreto-ley. Nosotros empezamos apreciando que el contenido material al que provee su artículo único y su disposición adicional única desborda ampliamente el contenido que, lógica y congruentemente, debería derivar del propio rótulo del Real Decreto-ley, del propio título, porque no sólo se prevé la desaparición de las Cámaras de la Propiedad Urbana como corporaciones de Derecho público, sino que se prevé específicamente el destino de su patrimonio, tanto la parte del patrimonio que deriva de cuotas obligatorias o del cumplimiento de obligaciones de naturaleza legal, como el patrimonio que deriva de otros ingresos de naturaleza diferente. También se prevé la adscripción del personala las administraciones públicas, no sólo a la Administración pública del Estado, sino a las administraciones públicas que tienen competencia tutelar sobre las Cámaras

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de la Propiedad Urbana, mediante su integración en las correspondientes estructuras de la Administración pública. A todo ello se le provee del carácter de preceptos básicos en el sentido previsto en las sentencias del Tribunal Constitucional atinentes al problema de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Señor Ministro, las operaciones que pretende este Real Decreto-ley son, en primer lugar, bastante complejas de acometer. Como todos saben en esta Cámara, el dinero es un bien fungible y, en este momento, no habiendo contabilizado las Cámaras de la Propiedad Urbana, no habiendo previsto contablemente qué parte de su patrimonio deriva de cuotas obligatorias o del cumplimiento de obligaciones de carácter legal, y cuál es la parte de su patrimonio que tiene otro origen, que deriva de otra suerte o de ingresos de otra naturaleza, ya me dirá usted, en el desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley, cómo se va a poder desagregar, cómo se va a poder determinar la parte del patrimonio de las cámaras que se integrará, en el sentido propio, en el patrimonio de las administraciones públicas receptoras de este patrimonio y la parte --no se prevé la solución de este conflicto en el contenido del Real Decreto-ley-- del patrimonio que se adscribirá, tal como reza en la disposición adicional única, a asociaciones constituidas o por constituir que se dediquen a la promoción y defensa de los propietarios y usuarios de viviendas urbanas. Por cierto, aquí se me antoja que surge inmediatamente otro problema. Son múltiples, son abundantísimas las asociaciones de propietarios y usuarios de viviendas urbanas que tienen como función, como objetivo propio, la promoción y defensa de los propietarios y usuarios de fincas y de viviendas urbanas, y algún criterio de discriminación, algún criterio de legitimación se me antoja que sería oportuno incorporar, al menos en el desarrollo reglamentario de este Real Decreto-ley, para que la asignación de estos recursos sea razonable y sea legítima. En todo caso - -esto es lo más grave, señor Ministro, señorías--, no sólo se está desbordando en este Real Decreto-ley la legitimación que deriva del propio rótulo, del propio título del Real Decreto- ley, sino que se está desbordando ampliamente, se está desbordando ilegítimamente, y quizás se está desbordando inconstitucionalmente (con todo énfasis quiero manifestar esta palabra, inconstitucionalmente) la propia legitimación y habilitación que tiene el legislador estatal para regular esta materia, incluso la configurada por una muy restrictiva sentencia del Tribunal Constitucional, la que recayó ante recurso de inconstitucionalidad interpuesto por setenta y nueve Diputados del PP y de la Junta de Galicia y que declaró, sí, la constitucionalidad de la disposición final décima de la Ley de Presupuestos de 1990, disposición que ya pretendió en su día, aunque sin suficiente rango normativo (aquí concurría un problema de legalidad, como ya lúcidamente ha manifestado el Tribunal Constitucional) la desaparición como corporaciones de Derecho público de las Cámaras de la Propiedad Urbana y la adscripción de su personal y su patrimonio a las administraciones tutelantes. El Tribunal Constitucional ha convalidado la constitucionalidad de esta disposición final décima, y no sólo ha hecho esto sino algo que a nosotros nos preocupa particularmente y de lo que discrepamos aunque lo haya dicho el Tribunal Constitucional, que es lo siguiente: tendrán naturaleza de preceptos básicos todos los atinentes a la privación del carácter de corporación de Derecho público a las Cámaras de la Propiedad Urbana; y también tendrá naturaleza de preceptos básicos lo que el legislador estatal regule en este ámbito en esta materia puesto que el poder público, habilitado para la creación y disolución de estas corporaciones de Derecho público, es el legislador estatal.
Pero también dice otra cosa el Tribunal Constitucional, que es la que a ustedes desgraciadamente se les olvida a la hora de configurar y de articular este Real Decreto-ley: que esta declaración de básicos de los preceptos atinentes a la privación del carácter de corporación de Derecho público de las Cámaras de la Propiedad Urbana se tiene que hacer sin perjuicio de las competencias de autoorganización que corresponden a las comunidades autónomas. Pues bien, estas competencias de autoorganización, que son un título competencial específico, que son un título competencial concreto, que son un título competencial inequívoco en el Estatuto de Autonomía de Guernica y en muchos otros, y no sujeto y no limitable por otro título competencial como puede ser el de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas o el de las bases del régimen legal de las Cámaras de la Propiedad Urbana, son el que ustedes ignoran, el que no se incorpora en forma de excepción o de cautela competencia. Por esta razón, que nosotros políticamente calificamos de muy grave, no podemos contribuir a la convalidación de este Real Decreto-ley. Otros portavoces lo han comentado. A nosotros nos gustaría que se transforme este Real Decreto-ley en un proyecto de ley y que se suscite un debate político en el que, a través de los procedimientos de consenso y de negociación, se pueda llegar a una formulación adecuada sobre el fondo. Nosotros no valoramos más que --como decía el señor Mardones-- los aspectos formales, legales, constitucionales. No nos manifestamos sobre la pertinencia o no de si deben ser corporaciones de Derecho público o de otra naturaleza las Cámaras de la Propiedad Urbana, o si la adscripción de su personaldebe ser a la Administración o no y con qué régimen, si al régimen de la función pública u otro. No es eso lo que nos preocupa ahora.
Nos preocupa la ignorancia palmaria de una competencia tan importante de cualquier estatuto de autonomía, de una competencia tan troncal y básica como la de autoorganización, de

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configuración libre de las intituciones propias de autogobierno. Esto es lo que se ignora y este precedente es el que no estamos dispuestos a convalidar. Pero --y con esto acabo, señor Presidente-- siendo grave desde una perspectiva constitucional lo que he dicho, siendo desajustadas las previsiones de este Real Decreto-ley a los requerimientos claros del bloque de constitucionalidad en esta materia, hay otra cosa que resulta casi grosera --y no soy yo una persona habituada a emplear epítetos y calificativos excesivos en mis intervenciones--cual es la de declarar básicos también los contenidos de la disposición adicional única de este Real Decreto-ley. ¿Por qué he hecho esta imputación de grosería? Porque esto sí que contradice palmaria y expresamente el contenido literal, el contenido específico del fundamento jurídico cuarto, letras b) y c) de la sentencia del Tribunal Constitucional que estamos comentando, donde dice de forma inequívoca, de forma que no admite exégesis alguna en contra, que ni siquiera la adscripción del personal finalista puede ser un precepto de naturaleza básica. Y aquí ya se provee a una adscripción finalista del personal puesto que se establece que el personal se incluirá en las administraciones públicas con tutela en materia de Cámaras de Propiedad Urbana; se dice expresamente así, de forma literalmente contraria a lo que prescribe el Tribunal Constitucional en materia de preceptos básicos. Y también dice el Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico cuarto, letra b), que tampoco podrá ser nunca declarado precepto básico la adscripción finalista del patrimonio de las cámaras a ningún sitio; ni el que deriva de cuotas obligatorias a la Administración ni el que deriva de ingresos de otra naturaleza a particulares, a asociaciones de defensa y promoción de particulares. Pues bien, esto que niega el Tribunal Constitucional, ustedes, en este Real Decreto-ley, lo incorporan en sus propios términos.
Por último --y con esto acabo de verdad, señor Presidente-- puesto que también se vulneran múltiples decretos, múltiples normas autonómicas, de múltiples comunidades autónomas, en concreto el decreto del Gobierno vasco que regula el procedimiento de elección a las juntas de gobierno de las Cámaras de la Propiedad Urbana; el propio decreto de transferencias de esta competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi; el decreto que regula el reglamento de funcionamientode las cámaras urbanas, y múltiples órdenes y decretos de otras comunidades autónomas, señor Presidente, señorías, como nosotros no podemos tolerar ni aceptar este desafuero, con énfasis, con energía, vamos a votar en contra de la convalidación de este Real Decreto-ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Grupo Popular va a votar en contra del Decreto 8/1994, de 5 de agosto, por el que el Gobierno dispone la supresión de las Cámaras de la Propiedad Urbana que agrupan, estructuran y vertebran en nuestra sociedad los legítimos intereses de la propiedad urbana, de los que posteriormente hablaré. Lo que sí querría decir desde este mismo momento es que tal vez sea preciso aclarar que las cámaras no han recibido subvención o protección económica alguna de la Administración. Han vivido y se han desarrollado con las cuotas de sus asociados, en algunos momentos de la historia con afiliación obligatoria, como otras cámaras representativas de otros sectores o intereses sociales, y desde hace seis años de afiliación voluntaria. Hoy el Gobierno socialista utiliza el ciego mazo de la destrucción para derribar aquello que la libre iniciativa y la solidaridad ciudadana habían creado esforzadamente. Y ello sin explicar razón o motivo alguno que justifique tan drástica demolición.
He leído con atención la exposición de motivos del Real Decreto-ley cuya derogación pide mi Grupo y aseguro a SS.SS.
que no es que no me hayan convencido las razones para suprimir las cámaras, no se trata de que no comparta sus razones, es que no las hay; no se han expresado. Es lo cierto que el Gobierno, en uso de una delegación excepcional y reglada, no ha debido considerar necesario expresar las razones que cree que le asisten en su labor destructora, ni a la ciudadanía ni a los cientos de miles de socios voluntarios de las cámaras ni a este Congreso. Señorías, éste es el primer motivo de nuestra oposición al Real Decreto-ley. No hay motivo alguno para suprimir estas corporaciones que tienen cientos de miles de afiliados voluntarios y que cumplen una importante función de solidaridad social, vertebrando nuestra sociedad. Pero hay otras razones graves que preocupan a mi Grupo y a los españoles: su empecinamiento en matar una y otra vez a Montesquieu, de ejercer un poder absoluto desactivando los controles parlamentarios y populares, su permanente abuso, por indebido uso, de la excepcionalísima delegación constitucional para aprobar decretos-ley; en definitiva, señorías, su desprecio a las competencias de este Congreso, a las comunidades autónomas y hasta al propio Tribunal Constitucional. Y no sólo en el contenido de lo que hacen, sino hasta en el estilo y la forma.
El Gobierno aprueba un real decreto-ley, en uso de la autorización constitucional contenida y reglada en el artículo 86.1 de la Constitución, y el Gobierno piensa que tal autorización es una patente de corso que permite todo, y no lo es, señorías. En frase del precepto

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constitucional: El Gobierno podrá dictar reales decretos-ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno utiliza el decreto-ley para sustraer a la representación legítima del pueblo español el debate mesurado y transparente que ha de presidir la elaboración de las leyes. Los representantes del pueblo español no estamos aquí para aclamar (y lo digo entrecomillado) sus disposiciones legislativas; estamos aquí para elaborarlas, señorías. El Gobierno socialista sustrae a este Parlamento el ejercicio de sus competencias legislativas mediante el abuso y el uso desordenado del mecanismo extraordinario del decreto-ley. El decreto-ley no expone --no tiene razones-- su necesidad y oportunidad. Ni la fértil imaginación del Ministro ha explicado aquí el carácter extraordinario y urgente de esta inexistente necesidad. ¿Cuál es la urgencia extraordinaria de dictar este decreto-ley en pleno mes de agosto? En la disposición décima de la Ley de Presupuestos para 1990 el Gobierno suprimió las Cámaras de la Propiedad Urbana en una disposición prácticamente idéntica al Decreto-ley de 5 de agosto. En ambas disposiciones se dejaba para la vía reglamentaria la ejecución de la disolución de las cámaras y a ambas disposiciones legislativas se les daba el carácter de básicas. Pues bien, desde el año 1990 hasta junio de 1994 el Gobierno no tuvo tiempo para desarrollar, por vía reglamentaria, la ley de disolución de las cámaras; y no tuvo tiempo porque había que poner de acuerdo, al parecer, a varios ministros y al Consejo de Estado. Realmente si este Gobierno no es capaz, en cuatro largos años, señor Ministro, de dictar un reglamento, debe irse. Su parsimonia y lentitud ante situaciones que declara de extraordinaria urgencia es sencillamente dramática y cómica. Su ineptitud y lentitud para dictar el reglamento se convierten hoy en extraordinaria y urgente necesidad. Es una burla, señorías. Desde luego, el rigor no ha presidido la redacción de la exposición de motivos. Falta el Gobierno a la verdad, pretende engañar a este Parlamento. No es cierto que la situación económica y laboral de las cámaras haga urgente la necesidad de disolución. Eso ya lo decía don Ciriaco De Vicente en el año 1990. Faltaba un cuarto de hora para disolverlas, si no se morían las cámaras. Los supuestos enfermos a los que mata el Gobierno gozan de excelente salud, señor Ministro. Las cámaras de la Propiedad Urbana mayoritariamente gozan de excelente salud; las de Euskadi, Navarra, Galicia, Cataluña, Madrid, La Rioja y Castilla y León subsisten y siguen prestando extraordinarios servicios sociales a sus afiliados voluntarios, a sus respectivas comunidades autónomas y a la sociedad en su conjunto. Actualmente incluso, señorías, con las transferencias se están reorganizando y modernizando para iniciar una nueva etapa con más entusiasmo, si cabe, que en tiempos pasados.
No, señorías, no existe razón de necesidad urgente y extraordinaria que justifique el uso del real decreto-ley. El Gobierno ha usado el decreto-ley por otras razones que no le justifican. Yo ruego a SS.SS. que repasen los archivos de esta Cámara legislativa. En la IV Legislatura el Gobierno tramitó 111 leyes de manera ordinaria, con amplio debate, como es menester, y también 26 decretos-ley. Es decir, que el mecanismo legislativo que sólo ha de responder a una urgente y extraordinaria necesidad, que es un mecanismo odioso, aunque constitucionalmente admitido por razones extraordinarias, porque siempre es odioso en democracia que legisle el Ejecutivo, ese mecanismo, señorías, supuso el 20,47 por ciento de toda la actividad legislativa. A mi Grupo le parece un porcentaje excesivo para una buena salud democrática. Pero observen, señorías, que en la V Legislatura, todavía joven, llevamos poco más de un año, se han tramitado sólo 38 leyes de manera ordinaria frente a 20 reales decretos-ley del Gobierno.
El mecanismo legislativo en esta legislatura ha sido utilizado por el Gobierno casi en un 40 por ciento de las ocasiones, y esto sólo el primer año de legislatura. A este ritmo de crecimiento el Gobierno va a dejar sin trabajo a este Parlamento en el último año de sesiones. Si no establecemos un freno, el Gobierno gobernará y legislará por sí y ante sí.
Esto es tan inadmisible, señorías, que exige una inmediata acción de la representación del pueblo español. Sus señorías deben meditar sobre este asunto. Esta forma indiscriminada de legislar el Ejecutivo pone en peligro la democracia, destruye sus más íntimos sistemas de control y contrapeso. Debemos encender la luz roja de peligro. Aquí está la razón oculta de la extraordinaria y urgente necesidad: en proporción directa a como crece la debilidad del Gobierno, crece su deseo de minimizar la acción parlamentaria, de ejercer un poder solitario y autoritario. Señorías, con independencia de cualquier otro criterio sobre el decreto-ley, es nuestra obligación, en defensa de los valores e instituciones democráticas, reprobar la actuación del Gobierno y derogar el decreto-ley. Es nuestro deber desterrar, de una vez por todas, esta mala y antidemocrática praxis gubernamental. Este afán desmesurado de un Ejecutivo débil de acaparar poderes y competencias que no le competen ha llevado a este Gobierno a usurpar competencias que no le corresponden. Las competencias legislativa y ejecutiva sobre las Cámaras de la Propiedad Urbana se encuentran transferidas a las autonomías, que las han asumido y las ejercen, y en su labor tutelar no ven la situación que tan frívolamente describe la exposición de motivos. La competencia está transferida a sus estatutos. La Ley Orgánica 9/1992 acuerda la transferencia. Nos movemos, pues, en el ámbito de estatutos, de ley orgánica y de competencias autonómicas, y es un hecho que los respectivos gobiernos autonómicos ejercen sus competencias sobre las Cámaras de la Propiedad Urbana y desean y procuran su permanencia. Pues bien, siendo esto así, el Gobierno no ha tenido a bien

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consultar con los respectivos gobiernos autonómicos y, lo que es peor, se introduce por decreto-ley en el ámbito competencial autonómico. El señor Roca fue muy explícito, en el año 1990, en una intervención sobre el mismo tema que nos ocupa. Decía: Esta Cámara es incompetente, constitucionalmente incompetente, para acordar la disolución de las Cámaras de la Propiedad Urbana en aquellas comunidades autónomas, que son la amplísima mayoría de ellas, que hayan asumido el ejercicio de esta competencia. Por tanto, estamos cometiendo no únicamente una improvisación un tanto frívola y precipitada, como mínimo precipitada, sino que además estamos cometiendouna clara inconstitucionalidad que lógicamente comportará, por parte de aquellos que se sientan violentados en sus derechos, el ejercicio de las acciones pertinentes. Señor Roca dixit.
En todo caso, las Cámaras de la Propiedad Urbana, en la actualidad, son competencias transferidas y ejercidas por las comunidades autónomas. Con respecto a éstas no existe un interés general sino autonómico, de cada autonomía concreta; interés comunitario que, en todo caso, a tenor de cuanto establece el artículo 150 de la Constitución, debe regularse por ley orgánica, como todas las leyes de armonización, si es que armonizar es la intención del Gobierno, o por lo menos como proyecto de ley para que esta Cámara pueda decidir si se le da el carácter de orgánico o no. De no ser así, tampoco se justificaría la utilización de un decreto-ley, reservado a materias de interés general. Hay que recordar, señorías, que el Tribunal Constitucional nos enseña que la utilización del decreto-ley tiene que reputarse como lícita constitucionalmente sólo en aquellos casos en que la gobernabilidad del país requiera una acción normativa inmediata --sentencia 29/1986-- y dudo que SS.SS. consideren que para gobernar este país, para gobernar España, se tengan que disolver las Cámaras de la Propiedad Urbana. Sinceramente, espero que no piensen eso.
El Gobierno socialista, señorías, desprecia al Parlamento...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gómez Darmendrail, vaya concluyendo, por favor.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Voy concluyendo, señor Presidente.
Decía que ignora a las autonomías, irrumpe en competencias que no son suyas, no utiliza el proyecto de ley, sin urgencia ni necesidad legisla por decreto-ley, y, por último, muestra su prepotencia infantil dañina al Tribunal Constitucional.
En junio de 1994, el Tribunal Constitucional declara nula la disposición final décima de la Ley de Presupuestos para 1990 y al Gobierno le ha faltado tiempo para reproducir la ley, ahora por vía de decreto-ley, y además, haciendo gala del menosprecio al Tribunal, fija los efectos de la ley el 1 de junio de 1990 --disposición adicional única, apartado b)--, como si nunca hubiera existido la sentencia del Tribunal Constitucional. Por todo ello, mi Grupo pide la derogación del Decreto-ley, no sólo por el contenido de mismo suprimiendo las Cámaras de la Propiedad Urbana innecesariamente y causando un daño social gratuito, sino también porque es el deber de este Parlamento poner definitivo freno al Gobierno, a sus prácticas excepcionales para legislar. En definitiva --y con esto termino, señor Presidente--, ¿qué es lo que pretende el Gobierno con el Decreto-ley que hoy nos ocupa? Quiere suprimir unas corporaciones centenarias de reconocido prestigio, con una importante historia tras de sí de servicio del más alto interés social. Estas corporaciones, además de atender centenares de miles de consultas anuales de sus afiliados, trabajan con una gran profesionalidad en la organización de reuniones, jornadas y conferencias sobre los temas relacionados con la propiedad urbana, arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, multipropiedad, urbanismo, fiscalidad, a la vez que estudian los proyectos de ley que afectan a dichas materias, enviando a los grupos parlamentarios sus propuestas, como muy bien saben SS.SS.. Han cumplido una importante función social, que nadie discute, y a través de casi un siglo se han articulado en el seno de las Cámaras de la Propiedad Urbana auténticos mecanismos de solidaridad ante los propietarios más desfavorecidos. Se intenta suprimir, asimismo, señorías, su presencia internacional en la Unión Internacional de la Propiedad Mobiliaria, en la Unesco, en el Consejo de Europa, la Unión Europea y Naciones Unidas. Las anteriores intentonas gubernamentales fueron felizmente neutralizadas por el Tribunal Constitucional. En esta nueva tentativa, el Gobierno utiliza el decreto-ley, no justificado por razones de urgencia, con una intromisión ilegítima en las competencias de las comunidades autónomas. Este Decreto, señorías, supone, en primer lugar, un desprecio a la opinión pública, en segundo lugar, un desprecio al procedimiento legislativo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gómez Darmendrail termine ya, por favor.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Concluyo; diez segundos, señoría.
En tercer lugar supone un desprecio al estatuto de las autonomías y, en cuarto lugar, supone un ataque frontal a una de las instituciones de los cuerpos intermedios que vertebran la sociedad. Por todo ello, señor Presidente, mi Grupo va a votar en contra de la convalidación del Decreto-ley 8/1994 y, en caso de que sea convalidado, solicita su tramitación como proyecto de ley. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno a favor de la convalidación, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a consumir este turno a favor de la convalidación de este Real Decreto-ley... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Roncero. Por favor, señorías, ocupen sus escaños. Guarden silencio, por favor.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Decía que voy a consumir un turno a favor... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Roncero, un momento. Espere que se produzca el silencio preciso para poder escucharle.
Ocupen sus escaños, por favor, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Decía, señor Presidente, que voy a consumir un turno a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 8/1994, de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como corporaciones de Derecho público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho argumentaciones diferentes, y no voy a entrar a calificar algunas de las que ha efectuado el portavoz del Partido Popular sobre el uso o abuso que el Gobierno pueda hacer del instrumento del real decreto-ley, porque creo que el Ministro lo ha justificadoen su exposición, pero todos conocemos la trayectoria, la situación y ese proceso en el que estamos inmersos desde las leyes de presupuestos de los años 1987, 88 y 90 y reconocerán SS.SS. que este período transitorio no debe alargarse más y debe solucionarse esta cuestión. Por tanto, esto quiere decir, y el Ministro lo ha dicho claramente en su exposición, que hay una urgencia de actuar en este sentido. Este Real Decreto-ley, por muchos argumentos descalificatorios que se quieran hacer desde algunos grupos, también cumple el artículo 86 de la Constitución Española puesto que no atenta a derechos, deberes y libertades ni al régimen de las comunidades autónomas, como diré después y como la propia sentencia del Tribunal Constitucional establece, ni al derecho electoral, que son los requisitos que la propia Constitución establece como límites para la actuación del Gobierno en el uso del instrumento del real decreto legislativo. Por tanto, creemos que el Real Decreto-ley tiene probados motivos de urgencia y cumple los requisitos del artículo 86. Paso a tratar de explicar, diría yo, la realidad de la sentencia del Tribunal Constitucional desde el punto de vista no de un jurista, sino de un ciudadano que lee las sentencias yo creo que con mayor neutralidad con la que puede haberla leído alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Cuando uno oye argumentos sobre temas competenciales, sobre autoorganización de las comunidades autónomas sobre la obligatoriedad de la adscripción del personal o la obligatoriedad de funcionarizar al personal, parece que uno no ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional. La sentencia del Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad y el carácter básico de los preceptos; declara la inconstitucionalidad de la formalidad de estar incluidos en una ley de presupuestos y dice que no es el instrumento adecuado, pero en cuanto al contenido básico de aquella disposición de la ley de presupuestos y de este decreto-ley, que es igual que aquella disposición, declara su carácter básico, declara que no merma la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas, y en cuanto a algunos argumentos a los que se han referido diciendo que no deja alternativas porque no es un modelo concreto, es todo lo contrario. La sentencia dice que la disposición no ha agotado la materia Cámaras de la Propiedad Urbana; es decir, lo que se suprime, señorías --y es lo que hay que entender del decreto-ley y lo que hay que entender de aquella disposición--, es el carácter de derecho público de esas corporaciones; no se suprimen las asociaciones que se puedan mantener o que puedan ejercer las funciones que están teniendo. Y lo dice la sentenciadel Tribunal Constitucional en su fundamento jurídico a), donde señala claramente: La disposición impugnada no ha agotado la materia Cámaras de la Propiedad Urbana. Y continúa diciendo que las suprime como lo único que eran, corporaciones de derecho público. No es menos cierto que no impone un modelo alternativo concreto, lo que significa que las comunidades autónomas mantienen intacta su facultad de actuación para dotar a las organizaciones de propietarios de fincas urbanas del régimen jurídico que consideren procedente, con la sola limitación de que ese régimen jurídico no sea el de las corporaciones de derecho público, lo que ha quedado expresamente excluido por la legislación del Estado. Por tanto no se agota el tema de la autoorganización o regulación o instauración de un régimen jurídico por parte de las comunidades autónomas. Por otra parte, en cuanto a los temas de personal o adscripción del patrimonio, también la sentencia da razones de carácter básico o no básico. El señor Olabarría se refería a que no era así, sino todo lo contrario, en el fundamento b). El fundamento b) dice que hay un carácter ciertamente básico cuando se trata de adscribir patrimonio para fines de interés público, pero lo que

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se pretende es asegurar un destino común a dicho patrimonio, y por el carácter genérico que tiene --dice la sentencia-- deja a las comunidades autónomas un amplio margen para la concreción de ese destino público al que deben adscribirse los bienes de las Cámaras de la Propiedad Urbana. También dice que al ser facultativo el del otro patrimonio, de asociaciones, etcétera, porque dice «podrán adscribirlo», el margen de maniobra es ciertamente mucho más amplio todavía. Por tanto, no es que se agote la capacidad autoorganizativa o la capacidad reguladora de las comunidades autónomas en esta materia, que eso en mi lectura y en la lectura que el Gobierno ha hecho de la sentencia del Tribunal Constitucional queda claramente salvaguardado.
Y respecto a los funcionarios, señorías, respecto al alegato que se puede hacer de que se impone a las comunidades autónomas, de que no se deja margen o de que se hace obligatorio a las comunidades autónomas, también la sentencia en su fundamento jurídico c) dice: En primer lugar importa destacar que, en contra de lo que sostienen los recurrentes (del recurso previo a la sentencia), la disposición impugnada no ordena la integración del personal de las cámaras en la función pública autonómica, sino más genéricamente en la administración de las comunidades autónomas. Esto es, determina el destino público del personal de las cámaras, dejando a las comunidades autónomas competentes en la materia el espacio suficiente para arbitrar los mecanismos de integración, que, como ha quedado dicho, no tienen por qué ser los propios de la Función pública. Por tanto, señorías, creemos que hay fundamento y que se cumple el artículo 86 de la Constitución por la urgencia y la necesidad de acabar con esta situación transitoria; que no se incumple lo que dicho artículo dice sobre derechos, deberes, libertades, régimen de comunidades autónomas ni nada del derecho electoral; y que, de acuerdo con los fundamentos y los argumentos de la propia sentencia, los preceptos dejan amplio margen de maniobra organizativo a las comunidades autónomas, respetando, de acuerdo con la sentencia, sus competencias del bloque constitucional, al que también se refiere la sentencia (hay que interpretar esas competencias exclusivas de ciertas comunidades autónomas en todo el bloque constitucional como hace la sentencia) y declara la constitucionalidad del contenido de aquel precepto, pero la inconstitucionalidad de su formalidad.
Señorías, por estos argumentos que acabo de dar, que no han sido más que una repetición de los empleados en la sentencia del Tribunal Constitucional, nuestro Grupo votará favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley y se opondrá a su tramitación como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Roncero. ¿Algún turno de réplica por parte de los portavoces que han consumido turnos en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muy brevemente, señor Ministro.
Dada la poca convicción del portavoz del Grupo Socialista en la defensa de este Real Decreto, voy a tratar de ver si puedo bajarle en dos minutos de las musas al teatro.
Señor portavoz, las Cámaras de la Propiedad Urbana han sobrevivido a todos los avatares políticos del presente siglo.
Han sobrevivido con democracia, con dictadura, con monarquía, con república, la guerra civil, con el franquismo, la transición, los sucesivos gobiernos de UCD y parece que lo que ustedes desean es que no sobrevivan al Gobierno González.
Parece ser que le han dicho que en la intervención cuente la película de «Crónica de una muerte anunciada», y se ha equivocado y ha contado «La maté porque era mía», porque realmente no ha dicho absolutamente nada.
De la exposición de motivos habla un poco por encima, pero lo que usted no sabe, y se lo voy a decir, es que el origen de esta irritación del Gobierno contra las Cámaras de la Propiedad Urbana viene de una sentencia de 17 de febrero de 1987. Se declararon inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medidas Urgentes de Financiación de las Haciendas Locales, el Estado tuvo que devolver 60.000 millones de pesetas a cuatro millones de propietarios, y entonces simplemente decidieron su disolución. Es decir, las Cámaras de la Propiedad Urbana, cumpliendo los deberes reglamentarios en defensa de la propiedad urbana, irritan al Gobierno hasta el punto de decidir su disolución. Lo que hacen ustedes inmediatamente, y no lo ha contado, es poner en marcha unos mecanismos para iniciar su lenta agonía. En el año 1988 suprimen el carácter de exacción parafiscal de la cuota obligatoria, en 1989 la incorporación obligatoria, y en 1990 se intenta suprimir las propias cámaras. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Mi Grupo entiende, señor Presidente, y lo hemos discutido mucho, que la supresión de la incorporación obligatoria está justificada. Yo no he dicho lo contrario. También entendemos que la voluntariedad ya no es justificable. Pero parar ahí el proceso de reforma en unas cámaras para sustituirlo por la pura y simple supresión, ni el Ministro no lo ha justificado ni S.S. tampoco. Tan no estaba justificado que ya me dirá usted la forma como se hizo la otra vez, introduciéndolo con nocturnidad y alevosía, con miedo y de puntillas en el Senado.
No hubo ni diálogo con las corporaciones, ni nada. Es la famosa y conocida disposición final décima que setenta y ocho Diputados del Partido Popular y la Junta de Autonomía recurrieron y, como sabe S.S., ganaron.


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Ya hemos analizado la urgencia, de la que usted no ha hablado casi y ha pasado de puntillas. La urgencia no existe.
Sobre el deterioro lo único que ha existido en estos cuatro años, señor portavoz, es una obstrucción sistemática del Ministerio de Obras Públicas para el normaldesarrollo de las actividades de estas corporaciones. El Ministerio ha tratado de atarlas de pies y manos, y esto se lo puede preguntar a cualquier corporación de estas cámaras. No ha permitido su normal funcionamiento y les ha sometido a continuas autorizaciones administrativas que, en muchos casos, ni eran contestadas. Yo no sé si ustedes jugaban a que cuanto peor, mejor. ¿No será que lo que buscaban era que hubiera un deterioro de las instituciones para después poderlo argumentar como razón de urgencia? Si fuese así, señor portavoz, Maquiavelo, al lado del estratega de la operación era un simple aprendiz. Otra razón sobre el personal. Ustedes han provocado una inquietud absolutamente razonable y humana en el personal. Llevan cuatro años (desde 1990) haciendo manifestaciones y contramanifestaciones. Los empleados van hoy al Estado, mañana a las comunidades autónomas; los anteriores al año 1990 se incorporarán, los de después del año 1990 no..., y en el intermedio, de vez en cuando, el Ministerio de Obras Públicas se dedicaba a mandar notas diciendo que la disolución estaba próxima: va el decreto, que no va. ¿Cómo puede imaginarse el señor portavoz que se sentirían las familias? Con una inseguridad patente. Lo cierto y verdad es que las cámaras siguen funcionando, cumplen sus compromisos y las comunidades autónomas creen en ellas y en su proceso de modernización. Usted ha dicho, entre otras cosas, que no es inconstitucional. Yo tengo aquí una perla que no puedo dejar de leer de un compañero suyo en el Senado que, cuando se defendía la disposición adicional décima, decía lo siguiente: Respecto al tema competencial (su señoría ha dicho que no había ningún problema), me voy a limitar a decir que el Grupo Socialista considera que no hay una invasión de las competencias porque, si consideráramos la posibilidad de una invasión de las competencias, no lo hubiéramos incorporado al texto. Es decir, no hay invasión de competencias porque ustedes dicen que no la hay. Sin embargo, lo recurre el Grupo Popular y la Junta de Galicia, y resulta que sí la hay. Esta es una filosofía muy elemental y muy curiosa que, como argumento jurídico, a lo mejor podría ser estudiado por la Comisión de Justicia con un cierto interés.
No quiero cansar más a SS.SS., simplemente quería decirle, señor portavoz, que en vez de ayudar a estas corporaciones que vertebran la sociedad, lo que van a provocar ustedes es un rosario de recursos por todos los lados. Ustedes sabrán lo que hacen. Pretenden destruir --ya veremos si se vota o no--... El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, por favor, señor Gómez.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Termino, señor Presidente.
Destruyen algo que está consolidado... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.


El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Aprenderán un poquito de esto.
Destruyen algo que está consolidado y que está funcionando para, partiendo de cero, crear algo nuevo.
Siento no poder seguir.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gómez Darmendrail. Tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Gómez Darmendrail, no le voy a decir que usted falta a la verdad, le voy a decir que usted lee pero no entiende (Rumores.), porque si lee la sentencia del Tribunal Constitucional y procura entenderla, comprobará que lo que precisamente dice es que no se atenta contra las competencias; la sentencia de inconstitucionalidad es por defecto formal y por el instrumento utilizado, que es la ley de presupuestos, pero no porque se atente en el contenido sustantivo de la norma a las competencias de las comunidades autónomas. No le digo que falte a la verdad intencionadamente, seré suave en eso; lo que le digo es que usted lee la sentencia y no la entiende o no la quiere entender. Yo no he hablado de deterioros ni usted tiene derecho a hablar de ello. Yo he hablado de transitoriedad y de intranquilidad de los propios funcionarios por su destino, etcétera, pero desde luego no están disconformes con la norma y su pronta aplicación por lo que podamos decir.
Usted dice que no he empleado argumentos. Yo he empleado los argumentos de la propia sentencia, mi intervención ha sido sobre la propia sentencia, sobre los argumentos y fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Constitucional, como se podrá comprobar en el «Diario de Sesiones», y desde luego la única intervención preparada, que poco tenía que ver con lo que es la sentencia y el Real Decreto que nos ocupa, ha sido la suya en su inicio. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos Parlamentarios que no han intervenido hasta ahora en el debate y que deseen fijar su posición? (Pausa.)

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Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ya se opuso en su momento al contenido del precepto declarado ahora inconstitucional por la sentencia de 20 de junio no precisamente por lo que respecta a su fondo sino en cuanto a su ubicación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Quiero recordar que la sentencia lo que determina es que los Presupuestos Generales del Estado no constituyan el marco adecuado para introducir la supresión como corporaciones de Derecho público de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior. Ahora el Gobierno nos trae, en forma de Real Decreto-ley, cuya convalidación se solicita, la solución al problema planteado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Real Decreto-ley que se pretende convalidar, desde nuestro punto de vista y pienso que es una afirmación muy objetiva no se limita simplemente a dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, porque además obliga a las comunidades autónomas a integrar en su Administración pública el personal y el patrimonio de las cámaras cuando este Real Decreto-ley declara básico el contenido de su disposición adicional única. Con ello entiende este Grupo Parlamentario que esta norma no respeta las competencias de las comunidades autónomas para establecer el régimen jurídico con relación a las Cámaras de la Propiedad Urbana que les parezca más oportuno, como ha declarado asimismo el propio Tribunal Constitucional, y además está afectando muy directamente a aquellas comunidades autónomas, como puede ser el caso de Galicia o de Cataluña, que ya han legislado sobre la materia, configurando, de acuerdo con la doctrina del Constitucional, las Cámaras de la Propiedad Urbana sin el carácter de corporaciones de Derecho público. Por todo ello, este Grupo Parlamentario piensa que este Real Decreto-ley debe ser modificado y, por tanto, debería tramitarse --y solicitamos que así se haga-- como proyecto de ley para que en su trámite parlamentario se pueda introducir la correspondiente enmienda que salvaguarde las competencias de las comunidades autónomas.
Caso que por el Grupo mayoritario se acepte esta propuesta, nuestro voto no sería contrario a la convalidación. Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario ha seguido atentamente los turnos a favor y en contra y comprobamos que en este tema existen varios debates cruzados. En primer lugar, hay visiones diferentes sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que nosotros, desde luego, la entendemos claramente como una sentencia que se opone a la formalización del precepto pero no al precepto mismo. Por tanto, nosotros consideramos que el Tribunal Constitucional, en este debate que se ha planteado en la Cámara, no está en contra de que las Cámaras de la Propiedad Urbana dejen de ser corporaciones de Derecho público, sino que está en contra de que se haya insertado en una ley de presupuestos del Estado. Por ello, nosotros en ese debate tomamos posición en el sentido de que creemos que es perfectamente constitucional que las Cámaras de la Propiedad Urbana dejen de ser corporaciones de Derecho público, lo cual, por otra parte, a nosotros nos parece algo absolutamente lógico. Nos parece bien que la propiedad urbana decida asociarse libremente de la forma que considere oportuna, pero no entendemos por qué deben tener el «paragüas» de ser una corporación de derecho público; es algo que no comprendemos muy bien, sobre todo cuando toda asociación, la sindical, la profesional, en este país es libre. ¿Qué diríamos si a los trabajadores les obligáramos a estar en sindicatos? Probablemente muchas voces se alzarían aquí en contra de eso.
No parece tampoco lógico que tuviera que ser obligatoria la asociación de la propiedad urbana, en su día, a entidades de Derecho público. De hecho, yo creo que este período transitorio ha demostrado que muchísimos propietarios han dejado de pertenecer a las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Esto no significa que sean poco profesionales o dejen de serlo, no entramos en ese debate, seguramente serán muy profesionales, pero también es cierto que muchísimos propietarios no han sentido representados sus intereses en las Cámaras de la Propiedad Urbana y las han abandonado. Eso también es cierto. Como también es cierto, a pesar de algunas manifestaciones que se han realizado en este debate, que las Cámaras de la Propiedad Urbana han dejado de ofrecer muchos de los servicios que venían realizando, por un motivo u otro, pero lo han dejado de realizar, y que muchísimas se encuentran prácticamente en la UVI y otras incluso han desaparecido.
Por tanto, lo que para nosotros es urgente en todo este proceso es solucionar el problema que se ha generado con los trabajadores de las Cámaras de la Propiedad Urbana, un problema importantísimo, porque muchos de ellos están en contratos temporales, incluso no reciben sus nóminas porque las cámaras no tienen liquidez, al haber desaparecido muchísimos de sus asociados, y creemos que es necesario solucionar este problema.


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Nosotros no somos partidarios (y este es otro de los debates cruzados que se han producido a propósito de este Real Decreto) de que los reales decretos sean la figura normal por la cual se legisle en este país, ni muchísimo menos. Izquierda Unida no se ha destacado precisamente por esto y desde luego esos argumentos que se han planteado de que el 40 por ciento de la actividad legislativa que se ha producido en esta legislatura sea por real decreto, yo creo que es un dato extraordinariamente negativo. Ahora bien, nos encontramos ante un Real Decreto que plantea la solución de una situación generada cuatro años atrás, y una vez visto que esa situación no es inconstitucional en su fondo, sino en la forma en que se realizó, creemos que en este caso está justificado solventar este asunto de esta forma. Creemos además que por el problema que se genera con los trabajadores, esta cuestión merece que no se tramite como proyecto de ley. Por tanto, mi Grupo Parlamentario apoyará la convalidación del Decreto-ley y estará en contra de su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Vamos a proceder a la votación correspondiente a este Real Decreto-ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.--El señor Recoder i Miralles pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Para una cuestión incidental, señor Presidente, y es que he planteado en mi intervención la pregunta al Grupo Socialista sobre si estaría dispuesto a aceptar la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto-ley. Me gustaría obtener una respuesta.


El señor PRESIDENTE: Tengo entendido que el portavoz del Grupo Socialista ha expresado la posición de su Grupo en relación con esta petición que se reflejará en la votación que tendrá lugar al haber solicitado algunos grupos que su tramitación sea como proyecto de ley.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 8/1994, de 5 de agosto, de supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como corporaciones de derecho público y de regulación del régimen y destino de su patrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 160; en contra, 145.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley. Votación para la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 147; en contra, 160; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.


--REAL DECRETO-LEY 9/1994, DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS NUCLEOS URBANOS DE LA BAHIA DE PALMA DE MALLORCA (Número de expediente 130/000020)

El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca Para la explicación, en nombre del Gobierno, de las razones que han determinado la publicación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el abastecimiento de agua a los núcleos urbano, como saben muy bien SS.SS., es una materia en la que tiene competencia plena la Administración local y las funciones de auxilio económico a esta Administración para ejecutar las infraestructuras necesarias han sido transferidas a las comunidades autónomas y, en particular, lo fue a la de Baleares en 1985. Por tanto, los problemas de abastecimiento de agua a las ciudades en Baleares son competencia de sus ayuntamientos y de su Comunidad Autónoma. Ello, no obstante, la Administración central del Estado debe y puede intervenir en aquellos casos que por su relevancia deban ser declarados de interés general de la nación, teniendo en cuenta la trascendencia que puedan tener para abastecer de agua a grandes núcleos urbanos afectados por las variaciones de población que se producen como consecuencia de la dinámica turística. Como consecuencia de ello, el abastecimiento en los núcleos de población de la bahía de Palma de Mallorca, que precisa de infraestructuras de elevada importacia, debe afrontarse con la intervención consensuada de las administraciones estatal, autonómica y local. En esta línea de colaboración institucional se insertan los

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distintos convenios suscritos entre dichas instancias, y en particular el de 20 de marzo del presente año, por el que se convino completar el abastecimiento a la bahía con un conjunto de infraestructuras entre las que destacan la conducción de aguas desde el acuífero de Llubí-Muro, ya ejecutada como obra de emergencia, la planta desaladora de la bahía de Palma, que va a ser licitada inmediatamete por el ministerio y cuya entrada en servicio se prevé para finales del año 1996, y la conducción de aguas desde Sa Costera a Sóller, cuyo proyecto se encuentra en última fase de elaboración y cuya entrada en servicio se prevé para finales de 1997.
Desgraciadamente las necesidades hídricas de la bahía de Palma de Mallorca han superado ampliamente las disponibilidades de recursos de calidad adecuada debido a la grave salinización de gran parte de los mismos provocando auténticos problemas de suministro, circunstancia que puede agravarse en el próximo otoño si no se presentan precipitaciones regulares y abundantes que vengan a romper un ciclo de extrema sequía puesto que los últimos cuatro años han sido los más secos del siglo.
Para prever esta contingencia desfavorable era necesario asegurar con carácter urgente el suministro a un área de tanta importancia social y económica ya que el estado de reservas de agua hacía temer que a corto plazo no pueda cubrirse de forma suficiente la demanda para el abastecimiento de las poblaciones. Se trata, pues, de arbitrar una solución transitoria en tanto entren en operación las infraestructuras reseñadas. La urgencia está acreditada por la incertidumbre del régimen de precipitaciones y la acelerada disminución de la calidad del agua en las actuales fuentes de suministro.
El carácter insular y el déficit hídrico del archipiélago balear impiden una solución inmediata con sus propios recursos, por lo que es obligado un aporte de recursos exteriores que no puede ser sino por vía marítima, solución evidentemente costosa que sólo resulta aceptable precisamente por su carácter temporal. Por otra parte, de toda la cuenca mediterránea española los únicos puntos que puedan realizar suministros hídricos significativos son la bahía de Algeciras y la desembocadura del Ebro, y razones de evidente proximidad aconsejan esta segunda alternativa en la que, al amparo de la Ley 18/1981, de trasvase desde el delta del Ebro a Tarragona, se cuenta ya con una infraestructura que permite la conducción de las aguas al puerto de Tarragona para su carga y transporte hasta Mallorca.
Conviene destacar en este sentido que la mencionada infraestructura del Consorcio de aguas de Tarragona -- popularmente conocido como el minitrasvase del Ebro-- tiene capacidad para la conducción de los recursos requeridos para la bahía de Palma (estamos hablando de 10 hectómetros cúbicos al año cuando son 125 los hectómetros cúbicos autorizados) puesto que las necesidades del consorcio actualmente consumidas para los fines originalmente previstos para el mismo son de unos 70 hectómetros cúbicos. También cuenta con instalaciones de potabilización de agua, lo que permitirá incorporarla de forma prácticamente directa desde el buque- tanque hasta la red de abastecimiento de las ciudades de la bahía de Palma.
En cuanto al plazo de autorización del transporte de agua que establece el Real Decreto-ley, hoy sometido a convalidación, se ha extendido hasta finales de 1998 para disponer de un adecuado margen de seguridad respecto a la terminación de las infraestructuras antes mencionadas, que permitirán resolver definitivamente el problema de la bahía de Palma. Ahora bien, parece evidente que el gobierno balear y los ayuntamientos de la bahía nunca van a prolongar el uso de la autorización más allá de la entrada real en servicio de estas infraestructuras ya que el coste del agua transportada en buque es obviamente más elevado que el que se pueda obtener cuando éstas entren en funcionamiento, y siendo de características sin duda no convencionales, el transporte del agua en buque desde el Ebro a Baleares puede asimilarse a un trasvase en el sentido jurídico-administrativo del término, puesto que se trata de llevar agua de una cuenca hidrográfica a otra, aunque la duración temporal del mismo sea limitada. Por otra parte, el Real Decreto-ley subraya que se mantiene el caudal derivado máximo fijado en la transferencia de aguas a Tarragona (es decir, no estamos aumentando la autorización concedida en su día por la ley del minitrasvase), utilizándose de hecho volúmenes que ya están concedidos por esa ley que aún no han sido utilizados por no haber sido necesarios para satisfacer las demandas del área de Tarragona. Es, pues, una autorización provisional que no puede superar globalmente lo que está previsto en la Ley 18/1981. No hay, por tanto, nuevos caudales a transferir, sino un cambiotransitorio del destino de parte de los ya autorizados.
La utilización del procedimiento de decreto-ley parece plenamente justificada por la urgencia existente en resolver el problema planteado, por la salinización de las aguas utilizadas para el abastecimiento de la bahía, derivado a su vez de la prolongación de la sequía y de la reducción drástica de los recursos superficiales que se mezclan con los que provienen de los acuíferos y el propio aumento de su salinidad.
Se plantea el problema de la afección al río Ebro. Aquí hay que decir rotundamente que la remisión a Baleares, por barco, de agua del río Ebro, en las cantidades y en los plazos previstos, no tiene ningún efecto práctico sobre el régimen hidrológico de este último.
Reitero una vez más que es una medida temporal, que no implica ningún incremento de los caudales ya autorizados por la Ley 18/1981, pero debe situarse la cuantía del transporte autorizado con referencia a las aportaciones anuales del Ebro que, medido realmente

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en Tortosa, no tiene parangón alguno con el volumen de agua que estamos planteando en este Real Decreto-ley.
En los últimos cuarenta años --de 1951 a 1991-- el valor mínimo del Ebro en hectómetros cúbicos es de 4.284 hectómetros cúbicos --valor mínimo--, que se alcanzó en el período 1989-90; el valor máximo ha sido de casi 29.000 hectómetros cúbicos, alcanzado en el año 1960; y el medio sobre esta serie histórica de cuarenta años es de 9.450 hectómetros cúbicos/año, es decir, entre 428 y 2.900 veces el volumen de los diez hectómetros cúbicos/año autorizados, que además -- insisto-- forman parte de la autorización ya concedida en el minitrasvase.
La Ley 18/1981 establece también que los usuarios del Consorcio de Tarragona abonarán un canon por el agua consumida, que la Confederación del Ebro destinará en primer lugar al plan de obras de mejora de las infraestructuras hidráulicas del delta, que son precisamente las que permiten recuperar los caudales que se trasvasan a Tarragona y, una vez acabado aquél, a la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la cuenca del Ebro en general. En el decreto-ley se establece que los usuarios del agua transportada a Mallorca abonarán la misma tarifa de abastecimiento del Consorcio de Tarragona, lo que garantiza el principio de equidad en los costes que han de ser sufragados y alejan cualquier sospecha de especulación económica en la autorización del uso de agua del consorcio por parte de los mallorquines.
Se entiende que ese precio incluye, en cualquier caso, el abono entre el canon establecido en la Ley 18/1981, cuyo importe actual es de 8,25 pesetas metro cúbico y que será revisado en 1995, por lo que puede estimarse en unos 275 millones el importe total que, como máximo, se recaudaría por este concepto, cantidad de la cual el 15 por ciento será entregado a la Confederación y el resto se destinará, por la Generalitat de Catalunya, a la amortización de sus aportaciones al Plan del delta.
Esto es, señorías, lo que tengo el honor de informar a la Cámara, tratando con esta intervención de contrarrestar los planteamientos que se han hecho asegurando, y con ello creando alarma injustificada a la población, que el trasvase de diez hectómetros cúbicos tendría consecuencias tremendas para el ecosistema del delta del Ebro, y así situarlo en sus justos términos, puesto que estamos hablando de una autorización para usar para un fin distinto del inicialmente concedido parte de los caudales autorizados a trasvasar desde el Ebro a Tarragona en una cuantía de diez hectómetros cúbicos que contrasta con los casi diez mil que en media anual de los últimos cincuenta años el Ebro lleva a su paso por Tortosa camino del mar, que en ningún caso puede plantear problema a las tierras del Ebro, ni tampoco a las tierras del delta en particular. Por estas razones, señorías, creo que el Real Decreto-ley debe ser aprobado por la Cámara sin ninguna clase de temor de que con ello vayamos a producir alteraciones de ningún tipo en los equilibrios de los ecosistemas del Ebro y mucho menos causar perjuicio a ninguno de sus territorios ni habitantes. Sin embargo, es evidente que la aplicación de este Real Decreto- ley a lo largo de un período de tiempo prolongado y también la circunstancia de que todavía tenemos que efectuar las infraestructuras portuarias necesarias para poder realizar el trasvase --mejor sería decir el transporte en términos físicos--aconsejan quizá, si la Cámara lo estima oportuno, que el debate pueda desarrollarse con mayor profundidad y extensión y que este Real Decreto-ley pueda tramitarse como ley para dar de esta manera a la Cámara oportunidad de participar en el conocimiento cabal, en la precisión de todos los extremos que este Real Decreto plantea, puesto que, como les digo, la aplicación y efectividad del mismo se va a extender a lo largo de un período de plazo dilatado y que, en todo caso, las obras portuarias, el contrato de los buques, el cálculo económico de rentabilidad y viabilidad de la operación, que tiene que efectuar el Gobierno balear, y la repercusión de los costes del mismo sobre los usuarios, que tendrán que arbitrar las administraciones locales y autonómicas de Baleares, permiten sin ninguna clase de perjuicio para la operación planteada, que el debate en las Cortes se desarrolle a lo largo de su tramitación como ley. Si los grupos parlamentarios lo estiman oportuno, el Gobierno no tiene ninguna objeción que poner a ese planteamiento.
Quisiera resumir, y con ello termino, señorías, dejándoles bien claro --espero--que esos diez hectómetros cúbicos pueden venir a resolver un problema grave para Mallorca y que no causan ninguna clase de perjuicio a las personas, a los territorios, ni a los ecosistemas del Ebro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor Mur tiene la palabra.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en nombre del Partido Aragonés voy a consumir este turno para oponerme a la convalidación de este Real Decreto-ley que ha sido presentado por el señor Ministro. Si cuando preparaba esta intervención tenía claro que había que oponerse, por los argumentos que ahora explicaré, después de oír al señor Ministro estoy todavía más convencido, porque cuando él ya ha aceptado la posibilidad, que nosotros vamos a solicitar, de que sea tramitado como proyecto de ley, es la prueba clave y fehaciente de la no necesidad de utilizar el procedimiento extraordinario

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del Real Decreto-ley para algo que puede resultar extraordinario pero, desde luego, no es urgente como todo el mundo reconoce a estas alturas. Por tanto, razones de forma, el Real Decreto-ley no es el instrumento adecuado; razones de fondo, que luego explicaré; y razones de oportunidad y hasta de conveniencia nos llevan a oponernos a esta convalidación que hoy aquí se nos propone, de un Real Decreto-ley que, fíjense ustedes, está promulgado el día 5 de agosto, una fecha que nos recuerda que la utilización de los decretos-ley en verano es práctica usual, no solamente de este Gobierno, sino de otros. Cuando todo el mundo está tranquilo y en vacaciones parece que se nos quiere sorprender con un decreto-ley con un tema tan importante como el que se está tratando. El señor Ministro ha intentado minimizar la cuestión pero usted sabe la intranquilidad que este Real Decreto-ley ha creado en Aragón.
Allí estamos muy sensibilizados con el agua, señor Ministro, usted lo sabe. Siempre nos tememos lo peor y este Real Decreto-ley puede ser un precedente peligroso de cómo se hacen las cosas desde el Gobierno del Estado.
Ha tenido lugar una sesión extraordinaria del Parlamento aragonés, de las Cortes de Aragón, para debatir este tema y sólo por el entreguismo del Gobierno Marco, que hoy cumple un año desde su ocupación ilegítima del Gobierno aragonés, gracias a la operación de transfuguismo que tuvo lugar en colaboración con el Diputado Gomariz, digo que gracias al entreguismo y a la nula capacidad de negociación que tiene con el Gobierno de la nación, y con el señor Ministro de Obras Públicas, y quizá también por el interés directo que el Partido Popular tiene en este asunto, no se ha podido acordar allí presentar un recurso de inconstitucionalidad como nosotros habíamos solicitado y como otros grupos políticos también parece que entienden, entre otros Izquierda Unida, en el Parlamento aragonés, y Esquerra Republicana de Cataluña que también ve signos o indicios de posible inconstitucionalidad en este decreto-ley. El Gobierno, el Parlamento aragonés, creo yo que debería otra vez retomar este tema si hoy es aquí convalidado el decreto y plantear la cuestión de inconstitucionalidad porque, a nuestro juicio, hay indicios muy claros. Nosotros, por ahora, no tenemos la legitimidad suficiente para plantear ese recurso de inconstitucionalidad, pero siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, fijada en la sentencia el 21 de mayo de 1982, el control de legalidad o adecuación al ordenamiento jurídico de los decretos-ley puede realizarse distinguiendo dos aspectos claramente; el aspecto puramente formal, si se han respetado los requisitos exigidos por la Constitución, que son muy claros y limitativos, y si del contenido material de la norma se deriva o no la violación de la Constitución, lo que llamaríamos la cuestión material de fondo. Aplicando tales posibilidades a este Decreto-ley del 5 de agosto, analizaremos, en primer lugar, si respecto del mismo concurren o no los requisitos formales exigidos por la Constitución, en particular la urgencia para decretar esta cuestión por este procedimiento.
En la exposición de motivos del Real Decreto-ley de 5 de agosto se justifica este tema diciendo que el Decreto-ley del 22 de mayo de 1992 --otro Decreto-ley-- por el que se adoptaron medidas urgentes contra la sequía, algunas de cuyas obras todavía no se han comenzado, explica claramente la inutilidad y el uso y abuso que se hace en esta Cámara de los decretos-ley, porque como ya he indicado aquel Decreto-ley ya preveía algunas de las medidas para solucionar el problema del abastecimiento de agua al entorno de la bahía de Palma de Mallorca. En la exposición de motivos de este Real Decreto-ley que ahora estamos debatiendo, se dice que en la actualidad se encuentran ya ejecutadas las obras para la conducción de aguas desde el acuífero de Llubí-Muro hasta la bahía y, a su vez, también las perforaciones en construcción y las obras de la desalinizadora que permitirán solucionar el problema planteado. Dice que en este momento la situación es muy grave a causa de la prolongada sequía, afortunado el término, porque si llegan ustedes a decir la pertinaz sequía, hubiera sido curioso, ¿verdad? Por tanto, parece que el argumento es de tipo meteorológico o, yo diría más, un argumento que demuestra claramente la incapacidad del Ministerio del señor Borrell para solucionar algo que era grave y urgente en el año 1992, para lo que se publicó un Decreto-ley y se tomaron una serie de medidas, que por lo visto no han servido para nada, porque hubiera sido mucho mejor hacer rogativas y que hubiera llovido durante estos dos años, con lo cual hubiéramos evitado el problema y ahora no estaríamos debatiendo aquí esta cuestión.
Creemos que hay un uso abusivo del Decreto-ley y, por tanto, formalmente creemos que no es oportuno ni necesario tratar el tema de esta manera.
¿Qué ocurre en el fondo de la cuestión? Creo que en el fondo de la cuestión hay cosas que están evidentemente claras y demuestran que lo que se dice, las causas de la necesidad por las que parece ser que se ha producido allí el grave problema que con este Decreto-ley se quiere paliar, es que existen informes --y el señor Borrell seguramente los conoce-- que dicen que la situación de la bahía de Palma es en gran parte debida al deficiente estado de conservación de las conducciones del agua, que provoca pérdidas cuantiosas, a la utilización del agua potable para usos suntuarios, siendo los campos de golf los más significativos como ejemplo, y a la ausencia de mecanismos desincentivadores del despilfarro de agua como evidencia el hecho de la inexistencia de contadores individuales, circunstancias que, por añadidura, se unen a la muy significativa de que el Decreto-ley no puede tener eficacia inmediata,

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dado que en los puertos de Tarragona y Palma es necesario construir instalaciones para el bombeo del agua. Por tanto, ni la causa ni la medida empleada justifican el procedimiento que se está utilizando. Analizado el aspecto forma, entramos en el aspecto material o de fondo del decreto-ley de 5 de agosto para ver si infringe algún otro precepto constitucional. A nuestro juicio infringe preceptos claros, como son el artículo 40 de nuestra Constitución y los apartados 22 y 24 del artículo 149 de la misma. El artículo 3 del Real Decreto-ley que nos ocupa, dice que los caudales utilizados para su trasvase a Mallorca estarán sujetos al pago del canon por el destinatario de una tarifa que incluirá el importe del canon e incremento del mismo por utilización compartida de instalaciones existentes especificadas en la llamada Ley de minitrasvase a Tarragona.
Con el Real Decreto-ley de 5 de agosto nos preguntamos a qué organismo se va a destinar el pago de ese canon porque no lo especifica y si se está informado sobre el tema de aguas, se nos ocurrirá pensar que la respuesta se encuentra en la Ley de 1.º de julio de 1981 que fue la del minitrasvase a Tarragona.
A la vista de esta Ley se observará que, en su artículo 3, se dice que el importe del canon se ingresará en la Confederación Hidrográfica del Ebro que lo destinará, en primer lugar, a las obras del delta y, posteriormente, a otras obras de la cuenca del Ebro. Pues bien, no es cierto, según se desprende del decreto-ley que hoy estamos analizando, que ese canon se cobre por la Confederación y se destine a las obras de las cuencas del Ebro. Más bien, para encontrar la solución a esto hay que ir al Real Decreto, de 27 de diciembre de 1985, por el que se traspasan funciones y servicios del Estado en materia de obras hidráulicas a la Generalitat de Catalunya y, en su anexo número uno, apartado c), punto cuatro se dice que hasta que se cubra la parte del coste del plan de obras del delta del Ebro a que se refiere la Ley de 1.º de julio, la del minitrasvase, la Generalitat de Catalunya recaudará por cuenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el canon, cuyos recursos destinará a este plan y al cumplimiento de cuyas obligaciones se subroga. Por tanto, salvo que se diga otra cosa --y en el decreto no se especifica-- el canon lo cobrará la Generalitat de Catalunya. Por este mecanismo se habrán dado cuenta SS.SS.
de que toda una ley se deja sin efecto por un decreto posterior, pues ahí tienen ustedes que ni la Confederación Hidrográfica del Ebro, ni el Ministerio de Obras Públicas parece que han advertido esto o si lo han advertido no han querido tomar cartas en el asunto. Hay también muchas más contradicciones con la propia Ley de Aguas, con la planificación hidrológica con lo que el sentido común pide y demanda en este momento, con la elaboración del Plan Hidrológico Nacional que está avanzado, pero nos gustaría que hubiera estado mucho más avanzado y que la planificación se hiciera ya en general de todo el Estado español y no hubiera que acudir a asuntos puntuales por procedimientos inadecuados.
Por tanto, volvemos a insistir al señor Ministro que traiga cuanto antes el Plan Hidrológico Nacional a esta Cámara para debatirlo y para que desde Aragón sepamos a qué atenernos y no tengamos que entrar en debates puntuales de cuestiones, que como la que hoy estamos debatiendo nos alarman, no quizá por la cuantía, como usted ha dicho, de los caudales a trasvasar mediante el transporte en barco, sino porque el procedimiento, evidentemente, nos deja indefensos y preocupados.


El señor PRESIDENTE: Señor Mur, le ruego concluya.


El señor MUR BERNAD: Por eso, señor Presidente, señoras y señores diputados, nuestro voto va a ser negativo por las cuestiones de forma, de fondo y de oportunidad y, además, votaremos afirmativamente a algo que ya solicitamos y es a la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto con el fin de poder introducir las enmiendas necesarias que lo hagan perfectible, como sin duda, de mis palabras ha quedado suficientemente claro.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell Fontelles, pide la palabra.) Perdón, señor Andreu, un momento.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ni el procedimiento les deja a ustedes indefensos, ni tiene usted ninguna razón para estar preocupado. Ha acabado sus palabras diciendo que les dejamos indefensos y preocupados. Ni una cosa tiene por qué ser, ni hay ninguna razón para que la otra sea. Indefensos, en absoluto.
Vamos a tramitarlo, el Gobierno lo ha propuesto, si las Cortes lo desean y si los grupos parlamentarios lo apoyan, como proyecto de ley, como ley, por tanto, su indefensión no podrá derivarse más que de la opinión mayoritaria en contra de sus opiniones. No podemos llamar a eso indefensión.
Preocupación, ¿por qué? señoría. No he encontrado en toda su intervención un solo argumento que deba preocupar a los intereses a los que usted pretende defender. Este es un buen sitio y un buen lugar para preguntarnos, ¿por qué cree alguien que transportar en

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barco, pocos momentos antes de que vayan al mar, diez hectómetros cúbicos de un flujo de agua que en media lleva diez mil hectómetros cúbicos, puede causar perjuicio a ningún interés? Dejemos ya, señorías, de causar alarmas injustificadas en la opinión pública amenazando a los ciudadanos con todos los males del infierno, desde la salinización de sus tierras y la desaparición del delta, hasta los agravios contra las tierras de Aragón, por el hecho de que pocos momentos antes de que vayan al mar diez hectómetros cúbicos, sobre un flujo anual de diez mil y que en algunos casos llega a ser de veinticinco mil, sean transportados para garantizar el abastecimiento de un área tan importante para la economía española, como es la bahía de Palma de Mallorca en verano.
Señorías, de verdad, este es el momento y el lugar para que la nación española se pregunte a sí misma qué pretenden los que tratan de anatemizar soluciones como éstas dictadas por el sentido común, por la razón, por la lógica, que aumentan el bienestar sin causar perjuicio a nadie, a personas a territorios, ni a ecosistemas.
Nos hemos pasado el verano oyendo amenazas, causando temores, diciendo que el delta del Ebro va a desaparecer, y, en su lugar, va a aparecer un gran golfo que llevará mi nombre (Risas.), como ejemplo de catástrofe ecológica causada. Sí, sí, hay quienes mandan cartas a la población del delta del Ebro advirtiéndoles de los graves riesgos en los que van a incurrir si diez hectómetros cúbicos sobre diez mil se transportan a Palma de Mallorca y uno de los riesgos que dicen que va a ocurrir es que el delta del Ebro va a desaparecer y, en su lugar, va a aparecer un gran golfo.
Señorías, un poco de cordura, un poco de sensatez y un poco de responsabilidad. Ya sé que cultivando el agravio y despertando temores se pueden conseguir votos de una opinión pública desinformada y preocupada innecesariamente; ya sé que el regionalismo y la división compartimental del territorio español buscando siempre el agravio o la amenaza con otros territorios puede ser electoralmente rentable, pero si queremos que este país siga siendo un país en el que haya intereses comunes que se puedan defender comúnmente, nadie puede razonablemente decir que diez hectómetros cúbicos, que están autorizados por ley a ser consumidos en Tarragona y que no se necesitan en Tarragona, puedan ser cargados en barco en Tarragona y transportados a Mallorca para ser consumidos unos cuantos kilómetros más allá. ¿Es que pretendemos, señoría, que ese barco, en vez de cargar en el delta del Ebro, en vez de cargar en Tarragona, cargue en Marsella, cogiendo agua del Ródano? Porque también es posible. ¿Está dispuesta la nación española a decir no, del Ebro, no, que lo cojan del Ródano? ¿Queremos dar este ejemplo de coherencia, de solidaridad y de entidad nacional? ¿Eso es lo que ustedes pretenden? Señorías, señor Presidente, señoras y señores diputados, hay momentos en la configuración de una identidad colectiva, donde planteamientos como los que hoy se debaten en esta Cámara son mucho más importantes de lo que parece, porque si no somos capaces de entender que eso no perjudica a nadie y es un elemento vital en la cohesión territorial de España, estamos hurtando al debate la importancia que tiene.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Gracias, señor Presidente.
Por la cortesía con el señor Ministro, ya que me agrada mucho que haya entrado en el debate y haya ampliado los argumentos.
Señor Ministro, le puedo asegurar que la iniciativa de dar el nombre del señor Borrell al golfo no es nuestra y desde luego no la vamos a apoyar. De verdad que nuestras ideas no van por ahí.
Vamos a ver, señor Ministro, usted ha dicho cosas que me siguen preocupando; ha dado usted cifras que sabe que, como todas las cifras, son equívocas, equivocadas o equivocables; no sacralice usted las cifras pues ahí desde luego no vamos a ponernos de acuerdo porque habría que utilizar mediciones menos puntuales de las que usted puede utilizar en un momento dado para saber si existen aguas de esas que se van al mar.
Ese es su gran argumento. Si se van al mar, no vamos a dejar que se pierdan, claro; pero la pregunta previa es por qué se van al mar, señor Ministro, y usted lo sabe, se van porque no se han regulado, porque no están al servicio de la cuenca de la que nacen y por la que discurren. Evidentemente, yo le digo una cosa, si no hacemos ninguna obra más de regulación, seguirán yéndose aguas sobrantes al mar, pero ése, como usted ya sabe, no es el argumento.
Los argumentos de necesidad, claro que son atendibles, pero todos, todos, y también en Aragón tenemos argumentos de necesidad no sobrevenidos por una sequía temporal, sino argumentos de necesidad estructurales y seculares. Esto lo sabe perfectamente.
Dice usted que son para aumentar el bienestar de la bahía de Palma. No queremos nosotros disminuir el bienestar; lo que nos gustaría desde Aragón es que se empleen también los mecanismos necesarios, las inversiones necesarias, los Reales decretos- ley que hagan falta para aumentar nuestro bienestar, nuestro futuro y nuestro porvenir, claro que sí. Por eso, porque queremos parecernos al bienestar que tienen en Palma de Mallorca y porque también queremos tener el mismo turismo de calidad y los campos de golf y los regadíos y la industria y el futuro, por eso somos tan celosos de nuestras aguas del Ebro. Señor Borrell, la sensatez que me ha parecido oír que me pedía me permitirá que también se la pida yo al Gobierno

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y, sobre todo, que entienda que tengo que hacer la defensa de los intereses de Aragón porque, si no, como usted muy bien acaba de decir, posiblemente no haya otras personas que, por lo menos con tanto énfasis o interés como yo, la estén haciendo aquí, porque parece que cuando salgo a hablar de las aguas del Ebro siempre me recrimina que sea el que me erija aquí como defensor de este tema. Pues mire usted, en esto no me gustaría quedarme solo; me gustaría que también mis compañeros socialistas, populares y de Izquierda Unida, que están elegidos, como mínimo, por las circunscripciones aragonesas, hicieran lo mismo que yo, como a veces ocurre en otras comunidades que cuando se trata de defender a la propia comunidad no hay tanta división en los partidos políticos. Lo primero es la comunidad de la que se trata de defender los intereses y después son, evidentemente, las acepciones partidistas. Por tanto, no me acuse a mí, no me dedique esa frase de la sensatez o la insensatez, que en absoluto la pretendo. Sabe que nuestras propuestas son moderadas, son razonables, que le hemos dicho --y se lo vuelvo a repetir-- que estaremos siempre en la negociación y no en la confrontación, pero, señor Ministro permítame también decirle que queremos estar en la negociación en igualdad de condiciones. Permítame recordar que, como le he dicho antes, con este Decreto-ley lo que se crea es una alarma, por el procedimiento tan poco usual, tan poco justificado que se utiliza para resolver este problema. Y si para un problema que es menor, que no es problema, que tiene otras soluciones, ustedes han utilizado una fórmula tan extraordinaria, un real decreto-ley, con la firma del propio Jefe del Estado, que a mí me parece que tiene que ser una firma restrictiva y para asuntos de gran urgencia y de verdadera necesidad, qué no serán ustedes capaces de hacer para otras cuestiones que tengan detrás intereses mayores.
Agradezco mucho su predisposición a que se tramite como proyecto de ley y agradeceré también el voto favorable de la Cámara para que podamos tener ese otro debate más tranquilo, más sosegado, más argumentado y que despeje, por lo menos, parte de las dudas que en este momento le hemos planteado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Tenga la seguridad S.S. de que estos 10 hectómetros cúbicos no le van a quitar a Aragón ni un gramo de su potencial del bienestar que usted reclama; que no van a implicar ningún condicionante negativo para esa prosperidad y ese desarrollo que desean más que nadie el Gobierno y el Partido Socialista.
Sabe usted que está en marcha el más ambicioso programa de inversiones hidráulicas en la cuenca del Ebro y muy particularmente en Aragón. Lo sabe usted, señoría; que no hace falta decreto-ley, que hace falta continuar con el programa de inversiones que surge de un pacto, concebido en Aragón y que el Ministerio está desarrollando, que implica invesiones de más de 200.000 millones de pesetas y en el que está --ahí sí-- la clave del futuro del aprovechamiento del agua en beneficio de Aragón. Pero, por favor, no creemos alarmas injustificadas ni pretendamos poner en un platillo de la balanza los 10 hectómetros que van a ir a Palma de Mallorca, si necesario es, y en el otro el desarrollo económico de Aragón, porque lo uno no contradice ni dificulta lo otro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hay aspectos llamativos, a nuestro modo de ver, en la exposición que ha hecho el señor Ministro en defensa del Real Decreto-ley. En primer lugar, cuando ha querido dejar bien claras cuáles son las competencias de la Administración central, del Gobierno central, y cuáles son las competencias de la Administración autonómica, diciendo que la gestión del agua es competencia de la Comunidad balear y que los recurso hídricos son competencia de la Administración central.
Yo creo que ésta es una manera de quitarse el problema de en medio. Y este problema debería haber tenido su solución precisamente en el Plan Hidrológico, en el que realmente las comunidades autónomas, como gestoras del agua y fundamentalmente la Administración central como responsable de todos los cauces prácticamente que existen en este Estado, deberían coordinar sus políticas y en el que la Administración central debería decir a la Administración autonómica: Oiga, si usted no está gestionando bien el agua, si usted esta despilfarrando el agua, usted, para que obtenga cualquier tipo de trasvase de una comunidad autónoma a otra, tendrá que garantizarme determinados mecanismos de control y de gestión del agua. Y esto, que debería hacerse en el Plan Hidrológico, es lo que se está intentado evitar en este Real Decreto-ley.
Es un Real Decreto-ley que nace antes del Plan Hidrológico cuando, en teoría --ya veremos cómo se soluciona ese problema- - deberíamos tener un discurso de racionalización de los recursos en este país y donde, en teoría, deberíamos llegar a un acuerdo, entre fuerzas parlamentarias, colectivos sociales y comunidades autónomas, de cómo se debería gestionar el agua.
Por lo tanto, el discurso que hace el señor Ministro no podemos compartirlo de ninguna de las maneras.


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No podemos compartir que se quiera quitar el muerto de cómo se está gestionando el agua en Baleares y que diga: Eso es competencia de la comunidad autónoma; yo solamente tengo competencias sobre el cauce del Ebro.
Nosotros, señor Ministro, pensamos que como se está gestionando el agua en Baleares es un elemento sustancial y primordial para tener en cuenta cualquier tipo de trasvase o de acarreo de agua de una comunidad autónoma a otra. Y, desde luego, nosotros tenemos noticias más que suficientes de que en Baleares la gestión del agua no está siendo correcta, que se está despilfarrando agua en Baleares. ¿No existen contadores en Baleares, que pueden significar un ahorro del 30 por ciento? ¿No se está despilfarrando excesiva agua en los desarrollos turísticos? Hay empresarios turísticos, incluso espacios turísticos, que indican que la oferta turística que se está planteando es excesiva y que no hay en ellas gran control del consumo del agua, y, desde luego, hay expectativas urbanísticas también absolutamente desmesuradas en Baleares.
¿A qué compromisos ha llegado la Comunidad Autónoma de Baleares con usted sobre la racionalización de sus consumos? ¿Ha llegado a alguno? Porque éste es un elemento fundamental sin el cual nosotros no podemos plantear de ninguna de las maneras el que se trasvase agua de unas comunidades a otras, sinceramente. Otro elemento importante que se plantea en este Real Decreto, y por el que se usa la figura de Real Decreto y se manifiesta en su introducción, es la urgencia del mismo.
Mire usted, señor Ministro, ha pasado el verano, ha pasado la peor época de consumo de agua y, además, las obras para realizar este trasvase tan especial, que se hace por barco, las obras que hay que efectuar en Tarragona y Mallorca no están ni siquiera comenzadas. Por lo tanto, ¿a qué se debe esta urgencia? Realmente nos llama profundamente la atención el que se plantee este proyecto tan urgente.
Señor Ministro, ha habido posiciones en contra, fundamentalmente en Aragón, pero también las ha habido en Baleares. En este sentido quiero manifestarle que tanto Izquierda Unida en Aragón como en Baleares han denunciado este Real Decreto diciendo que no soluciona el problema. No se trata en nuestro caso de un egoísmo territorial hacia una comunidad autónoma o hacia otra. Nosotros creemos que hay que entrar en este mecanismo de racionalización por el cual no se trata de favorecer a unas comunidades autónomas sobre otras, a las que tienen el agua en contra de las que no la tienen, sino que hay que justificar claramente que unas comunidades autónomas trasvasen el agua cuando esas otras comunidades autónomas demuestren que tienen esas necesidades y, además, hayan puesto los medios suficientes para que no se despilfarre el agua allí. Y eso no se ha demostrado en este caso.
Señor Ministro, usted parece que nos quiere decir que estamos ante un pecado venial porque solamente se traspasan 10 hectómetros cúbicos; ése no es el problema. El problema es precisamente el mero hecho del pecado, el mero hecho de que, sin que esté justificado de ninguna de las maneras, ese traspaso se hace a alguien que no asegura que va a gestionar bien el agua, porque hasta ahora no lo está haciendo.
Señor Ministro, además ha habido pronunciamientos del propio Justicia de Aragón en los que se cuestiona la constitucionalidad con la que se está realizando este Real Decreto, aparte de que se enumera el continuo despilfarro en la gestión del agua que se está realizando en Baleares. Y yo confío en que usted le pueda plantear al señor Presidente de la Comunidad Autónoma balear que eso no puede seguir siendo así; que no se puede utilizar el agua ni en los clubes náuticos, ni en los campos de golf ni en las urbanizaciones de la forma en la que se está usando en la Comunidad balear.
Lamento profundamente que se planteen los primeros escarceos sobre los temas hidrológicos en nuestro país de la forma en que lo ha planteado el señor Ministro con este Real Decreto, en agosto y, además, cuando está claramente demostrado que la urgencia no es tal, porque nos puede crear un ambiente propicio para que intervenciones, como la del señor Ministro, hablen de posturas insolidarias contra posturas solidarias, cuando el debate, desde luego desde mi fuerza política, no se plantea así.
El debate de mi fuerza política es que si no planteamos mecanismos de control claro del uso del agua en nuestro país, se hagan los trasvases que se hagan, a corto plazo, eso no va a significar solución alguna del problema, porque si estamos trasvasando agua a quien la está despilfarrando sin exigirle que controle ese uso del agua y que acabe el despilfarro, lo único que le estamos dando es un balón de oxígeno para que siga despilfarrándola durante un período de tiempo más y que, durante ese período de tiempo más, tengamos el mismo problema en el sitio en que hacía falta agua y, sin embargo, hayamos conseguido que las comunidades que trasvasan agua se sientan profundamente irritadas y tengamos problemas reales, como está habiendo problemas reales en el delta del Ebro, señor Ministro, porque ya no son 10.000 los hectómetros cúbicos que desembocan en el delta del Ebro, como desembocaban hace cuarenta años, sino que ahora son 4.000. Algo habrá pasado en el delta del Ebro. Usted nos ha planteado la media, pero no nos ha dicho lo que se da al mar en los últimos años, sino que nos ha planteado la media de los últimos cuarenta años sin decirnos que ha habido un descenso notorio en los últimos años.
Por lo tanto, señor Ministro, nosotros vamos a oponernos a que este Real Decreto tenga luz verde, que la tendrá porque parece que tiene usted mayoría en la Cámara para eso. Desde luego, lo que lamentamos profundamente

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es que nuestros debates sobre el agua se planteen de esta manera. Hubiéramos preferido haber tenido un debate claro en el Plan Hidrológico, en el que se hubieran debatido tanto las medidas de restricción del consumo como acabar con los despilfarros del agua y en ese momento haber dicho cuáles son los trasvases realmente necesarios en nuestro país.
Desgraciadamente, vemos que los aperitivos de ese Plan Hidrológico no son así, que estamos abriendo boca, a nuestro juicio de mala manera. Asumiendo que usted incluso nos pueda plantear argumentos como los que ha planteado en este debate, intentando crear una divisoria, hipotética y maniquea, entre solidarios e insolidarios, le planteamos nuestra oposición a este Decreto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor Ministro..


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, he hablado mucho más de racionalidad y de coherencia que de solidaridad. El tema no se plantea en términos de solidaridad, como podríamos hablar del reparto de las rentas, sino en términos de racionalidad en el uso de un recurso y de coherencia territorial por quienes tienen acceso a él.
Señoría, déjeme que le recuerde que su Grupo Parlementario, mejor dicho, el Partido político que está aquí representado por su Grupo Parlamentario, se ha pasado el verano en Cataluña diciendo a los habitantes de las tierras del Ebro que, como consecuencia del transporte de estos diez hectómetros cúbicos, iban a incurrir en un gravísimo riesgo de salinización del Delta. Esto tiene nombres y apellidos de ilustres dirigentes de su Grupo político en las tierras de Cataluña, que se han pasado el verano advirtiendo y atemorizando a la opinión pública del delta, diciéndoles que, como consecuencia del transporte de estos diez hectómetros cúbicos, el delta iba a incurrir en un grave riesgo de salinización. Podré llevarle un copioso volumen de recortes de prensa donde políticos, se supone que responsables, que en todo caso ejercen una importante labor de representación social, han estado diciendo esto a la gente de la tierra del Ebro, creando una alarma completamente injustificada. Yo quiero preguntarle a la Cámara y a usted mismo, señoría, si cree usted, de verdad, que el transporte de estos diez hectómetros cúbicos significa un riesgo de salinización del delta del Ebro. ¿Sí o no? ¿Hay un riesgo de salinización, señoría? ¿Cree usted que lo hay? No lo ha dicho en la tribuna; supongo que no lo cree. Pero si no lo cree para decirlo aquí, deberían también tener el valor y la coherencia de no decirlo fuera de aquí. Lo que ustedes no digan en la tribuna de las Cortes, no lo digan en declaraciones al va y viene y en las tertulias radiofónicas o en los comentarios periodísticos, porque la gente del delta del Ebro tiene derecho a saber en qué riesgo se incurrre como consecuencia de las leyes que aprueba este Parlamento, y no merecen que se les atemorice desde las posiciones irresponsables de personas que deberían hacer de la tarea de representación política ejercicio permanente de pedagogía, que es lo que ustedes no han hecho.
Usted me acusa de falsear las estadísticas y decirles medias de cuarenta años, alega usted que ahora el flujo es muy inferior a la media y habla usted de 4.000 hectómetros cúbicos ahora. No, señoría, 4.000 hectómetros cúbicos es el mínimo histórico del flujo del Ebro al mar, alcanzado en el año 1959.
Para su información los flujos anuales --éste ha sido un buen año de lluvias en la cuenca del Ebro-- son superiores a la media que yo he citado. Por lo tanto, no hay ni trampa ni cartón. El flujo actual del Ebro es notablemente superior a la media que yo he citado; no es de 4.000 hectómetros cúbicos, es superior a los 10.000 de que le he hablado y, por lo tanto, no existe ningún riesgo ni existe ningún motivo de preocupación.
Yo he estado en las tierras del Ebro a la vuelta del verano, he estado allí, hablando con la gente que tiene la preocupación que irresponsablemente se les ha causado, he podido constatar cuán grande es esa preocupación, he tratado de explicarles cuán injustificada es, y quiero aprovechar la presencia hoy en esta Cámara para rogar a todos que no intentemos explotar el temor de los ciudadanos que no tienen tanta información como nosotros, para crear un sentimiento de agravio y de inseguridad sobre la cual no se puede fundar ninguna política.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.) Señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, yo creo que el debate que puede intranquilizar a los usuarios del delta del Ebro lo ha abierto usted, no lo he abierto yo. Yo he dicho en la tribuna lo que he dicho, y si he dicho lo que he dicho es porque no quiero crear más inquietudes que las que creo. Si usted quiere que hablemos de eso, le diré que lo que yo pienso que va al mar en el delta del Ebro en realidad es agua del mar, porque en el delta del Ebro, excepto una primera capa de un metro y medio de agua potable, el resto como usted bien sabe, es agua del mar que entra y, probablemente, el flujo del que usted me está hablando es más de agua salada que de agua potable.
Evidentemente, señor Ministro, si quiere usted, podemos traer aquí un debate técnico sobre el asunto,

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pero me parece que usted está abriendo un debate con el que es usted el que quiere crear la intranquilidad, más que la quiere crear el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y usted, en este aspecto, lo que hace es evitar el fondo del problema. A lo que usted no me ha respondido, que yo creo que es el fondo del problema, es a sí realmente la Comunidad balear tiene los mecanismos de racionalización de uso del agua que yo creo que hay que exigirle a la Comunidad balear, y no por ningún motivo especial, como podría ser la Comunidad andaluza o como podría ser la comunidad equis. No se trata de ningún prejuicio con respecto a ninguna comunidad. Desde luego, en una comunidad como ésta, en la que es obvio y patente que existen despilfarros profundos del agua, no veo justificado trasvasar si no hay esa garantía, ni diez ni cinco. No es un problema cuantitativo de diez, como usted parece habernos intentado plantear desde la tribuna. Es decir, como son diez, esto no lo metemos en el Plan Hidrológico. No, señor Ministro, el problema es que es un trasvase, y para que haya un trasvase tiene que haber garantías de que hay necesidad de agua y de que el agua se está gestionando bien, y ése es el debate que usted está intentando hurtar.
Usted ha planteado, en primer lugar, la viabilidad del tema y, en segundo lugar, unas hipotéticas desinformaciones que plantea mi Grupo Parlamentario, y eso no es así, señor Ministro. Yo creo que usted debería afrontar el problema con valentía y no decir, por motivos que a mí se me escapan, que no trae este debate donde realmente debería traerlo, que es en el Plan Hidrológico, porque si vamos a plantear ahora reales decretos o proyectos de ley de trasvase tras trasvase antes de que salga el Plan Hidrológico, el debate sobre el Plan Hidrológico será, desde luego, una auténtica birria de debate porque todas las decisiones se habrán tomado anteriormente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Borrell Fontelles, pide la palabra.) Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, un debate sobre diez hectómetros cúbicos es un debate sobre diez hectómetros cúbicos. El debate sería distinto si fueran mil hectómetros cúbicos. Por lo tanto, no me diga usted que el pecado es venial porque sean diez y sería mortal, supongo, si fueran..., ¿cuántos señoría? Es un debate sobre diez y debatimos sobre diez. ¿Pero sería distinto el debate si fueran otras cantidades? No entiendo, por lo tanto, por qué quiere hacer abstracción del tema concreto que estamos discutiendo, que es un transporte de diez. Me alegro, en todo caso, que no haya corroborado aquí hoy las acusaciones de su Grupo acerca del riesgo de salinización del delta que hemos estado soportando los ciudadanos de Tarragona durante todo el verano. No lo ha hecho y, por lo tanto, supongo que su Grupo parlamentario no apoya ni autoriza las declaraciones hechas al respecto por muy importantes responsables políticos en Cataluña de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No lo ha dicho usted y, por lo tanto, entiendo que usted no autoriza, ni confirma ni soporta esos planteamientos. Por supuesto que en Baleares se puede ahorrar agua. En todas partes. Por supuesto que además de esto hay que hacer una política de ahorro. ¡Naturalmente que sí! Pero, por favor, dejen de hacer demagogia con los campos de golf, dejen de hablar del campo de golf como si fuera una especie de nirvana cerrado al servicio de una capa aristocrática a la que le tenemos que suprimir este privilegio. Me parece muy bien que haya campos de golf en Mallorca, señoría. ¿Sabe usted que Mallorca es una gran potencia turística? ¿Sabe usted que el campo de golf es un activo turístico? ¿Sabe usted cuánta agua consume una hectárea de un campo de golf? Pues menos que una hectárea de maíz, y es mucho más rentable. Por lo tanto, llevar agua a Mallorca para que en Mallorca, potencia turística de primer orden, haya campos de golf no me parece un pecado ni venial ni mortal, sino una exigencia de una estructura turística al servicio de un turismo de calidad con el que nos jugamos buena parte de nuestro progreso y de nuestro bienestar económico.
Dice usted que con esto vacíamos de contenido el Plan Hidrológico Nacional. En absoluto, señoría. ¿Cómo va a vaciar de contenido un proyecto como el plan nacional un trasvase de diez hectómetros cúbicos? En absoluto. Pero, para darle más información, debo decirle que aquellos trasvases zonales, como es éste, que tengamos que acometer por razones de extrema urgencia --y en Cádiz hay uno de ellos-- y que no pueden esperar a que se apruebe toda la política hidráulica del país, los traeré a la Cámara, bajo formas de proyecto de ley, para que se debatan y se aprueben, si la Cámara lo estima oportuno, y podamos dar respuesta puntual y concreta a los problemas que se plantean puntual y concretamente en las distintas partes del territorio. Y tendremos ocasión, señoría, de discutir también aquí, bajo la forma de proyecto de ley, el trasvase del Guadiaro al Majaceite, para conocer dónde está cada uno de nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con este Real Decreto-ley? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


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El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, al intervenir en representación de nuestro Grupo parlamentario Catalán de Convergència i Unió, permítanme, en primer lugar, expresar nuestro dolor por la pérdida ayer de cuatro personas, cuatro bomberos, cuyas vidas fueron tributo del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña al abnegado servicio de ayudar a los demás, fuera incluso de su demarcación, dentro de la comunidad autónoma vecina. Eran hombres de las tierras del Ebro, cuyo sacrificio bien puede quedar incluido de alguna manera en el tema que debatimos hoy y que volveré a citar después. Quiero dejar constancia aquí de nuestra condolencia, queremos llegar a sus familiares y compañeros y, por otra parte, esperamos el pronto restablecimiento de aquellos de sus compañeros que, habiendo podido salvar la vida, están recuperándose de los daños sufridos.
Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo y con ella dejar constancia de unas consideraciones en referencia a este Decreto-ley, de fecha 5 de agosto, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 9 del mismo mes, consideraciones todas ellas de las que se deriva nuestra votación. Estas consideraciones son de distinto cariz: unas positivas otras negativas. La parte explicativa del Decreto-ley nos va introduciendo en el análisis de la cuestión. En primer lugar, la sequía ya obligó en mayo de 1992 a declarar de interés general las obras de abastecimiento de agua en el entorno de la bahía de Palma de Mallorca. Algo más de dos años después, aquella sequía sigue, se agrava y, para solución, sólo están ejecutadas obras para conducción de aguas desde el acuífero de Llubí-Muro. Es muy negativo que aún estén en fase de preparación otras obras, principalmente la construcción de la planta desaladora de la bahía de Palma. Es desolador que ello se reconozca en el texto del propio Decreto-ley. ¿Quizá será porque el problema no tiene tanta gravedad? ¿Es menos real y más aparente? Se considera en el Decreto-ley que la puesta en servicio de la planta desaladora y de las nuevas conducciones resolverá definitivamente la problemática de suministro de agua en el entorno de la bahía de Palma. No voy a entrar a analizar la lentitud, que la ha habido y la hay, en el hecho de estar todavía en fase de preparación los puntos claves de solución definitiva del problema. Y, claro, la entrecomillada, podríamos decir, «prolongada y pertinaz sequía», sigue y es culpable y hace prever que a muy corto plazo no pueda cubrirse la demanda. Ahora, pues, se va a tener lo que no se ha tenido antes: previsión y urgencia, con el agravante de que, dentro de este muy corto plazo de tiempo que se cita en el Decreto, deben realizarse diversas obras complementarias de considerable envergadura; obras también de emergencia, por tanto, ya sean en Tarragona, ya sea en Mallorca. Y todo ello para poder obtener un suministro provisional. Si es posible una solución, aunque sea transitoria, es bueno que se adopte.
Pero esta solución, ¿es verdaderamente para cubrir necesidades de emergencia o para cubrir demanda? A mi entender, no es lo mismo. Esperamos que la previsión sea acertada y si la emergencia se produce se pueda resolver, aun cuando, quizá, lo mejor sería activar y dar máxima urgencia a la solución definitiva. La solución provisional que este Decreto-ley fija da origen a hablar de solidaridad. Quisiéramos estar seguros de que tal concepto es verdaderamente el preciso en este caso.
Quizás sería más oportuno hablar de generosidad de las gentes de las tierras del delta del Ebro o las ribereñas próximas un poco más hacia el interior; generosidad, digo, más que solidaridad, por cuanto problemáticas de necesidad de agua en estos momentos las encontramos en otros muchos lugares. Aquí entra la cita inicial del generoso acto de servicio de los bomberos que dejan su vida cumpliendo incluso en otra comunidad. La sequía, la problemática necesidad de agua es verdaderamente causa principal de todos los desastrosos incendios forestales de este verano, que se han cobrado tantas vidas.
Otras consideraciones son las de tipo legal y formal. Podemos considerar aquí una fundamental: la solicitud de la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, cuyo Gobierno actualmente está a cargo de miembros del Partido Popular, que es quien ha solicitado el tema básico del Decreto-ley que hoy tratamos.
También son fundamentales y consecuencia de esta solicitud los convenios suscritos entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
La base principal en que se fundamenta la solución viene dada por la ley 18/1981, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, que llevó a la creación y funcionamiento del Consorcio de Aguas de Tarragona. Aquí cabe citar que la ley tiene en cuenta la posibilidad de disposición de cuatro metros cúbicos por segundo, que actualmente el consumo está, más o menos, estabilizado alrededor de 2,6 metros por segundo, que se considera que la solución provisional estará en orden a un consumo del 0,2 metros cúbicos por segundo y, por tanto, que hay disponibilidad física.
Como resumen tenemos que considerar en positivo y negativo la lentitud de la resolución definitiva; dudas de que la solidaridad o generosidad sea para cubrir la emergencia de la necesidad o para cubrir la necesidad de una demanda expansiva; utilización de un volumen máximo anual que no puede afectar la concesión actual al Consorcio de Aguas de Tarragona; plazo fijo de la autorización con finalización el 31 de diciembre de 1998; realización de obras de emergencia, todas las que se precisen para la puesta en funcionamiento de la solución que se derive del presente Decreto-ley y, además, su ejecución ya dictaminada como declarada de utilidad

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pública; resolución de toda la problemática tarifaria y de financiación, con la firma de un convenio entre la Comunidad Autónoma Balear y el Consorcio de Aguas de Tarragona, y, finalmente, la urgencia aparente de una solicitud cuyo resultado es el Decreto-ley que debe convalidarse y que, para no demorar más la solución, debería finalizar su trámite aquí.
Sería incongruente que el grupo político que reclama tal urgencia propusiese --si es que lo hace-- un nuevo trámite parlamentario que podría llevar al consiguiente adicional retraso en la firma del convenio, ya que en el Consorcio podrían surgir dudas razonables sobre el definitivo texto.
Para la comprobación de lo que digo podría constatarse la opinión del presidente de dicho Consorcio, que es compañero en nuestros escaños.
Muchos son los aspectos a considerar: blancos, negros, positivos, negativos, y algunos más que no he citado por cuestión de tiempo. Pero sí creo necesario, por último, hacer ver la necesidad de un amplio consenso, a pesar de dispares posiciones de diversos grupos políticos en distintas localidades. Amplio consenso hoy en la votación aquí, sin el cual no debería ser convalidado el Decreto-ley. Por nuestra parte vamos a escuchar a los que van a intervenir posteriormente y, como consecuencia de ello y de todo lo dicho, señorías, resultará nuestro voto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Señorías, vaya por delante que el Grupo Popular va a votar afirmativamente la convalidación de este Decreto-ley que hoy nos ocupa, como no podía ser de otra manera por cuanto, no nos engañemos, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares padece, como otra serie de comunidades autónomas, graves problemas de abastecimiento de agua potable de una adecuada calidad, problemas que se han visto agravados de manera muy importante en los últimos años por la, como ya se ha dicho aquí entrecomillada, «pertinaz sequía que nos viene aquejando». Previendo esta situación, en el año 1992 se aprueba un Decreto-ley mediante el cual se declara de interés general una serie de obras que tienen que ser capaces de dar una solución definitiva a los problemas de abastecimiento que tiene Palma y la gran conurbación que ocupa toda la bahía.
Algunas de esas obras ya están finalizadas y en funcionamiento, como puede ser la de conducción de agua del acuífero subterráneo de Llubí-Muro a la zona de dicha bahía, y otras están en este momento en fase de ejecución, con unas fechas de finalización que esperamos que no vayan más allá del año 1997, máximo 1998. Pero, mientras tanto, mientras se llega al término de estas obras, hay que arbitrar medidas que puedan dar una solución adecuada a unas carencias, a unas necesidades, frente a unos suministros de agua cuyo grado de salinidad va más allá de lo autorizado incluso por Sanidad en este momento en España.
Es cierto, como decía en su exposición el señor Ministro, que desde el año 1985 se inician las transferencias en el terreno de las obras hidráulicas desde la Administración central a la Comunidad Autónoma balear, y es cierto también que esas transferencias, cuando han encontrado un gran impulso, ha sido precisamente en época de su Ministerio y después del famoso pacto autonómico. Hay que señalar además, en este momento, que, frente a lo aquí planteado por algún otro grupo parlamentario, estamos hablando de necesidades reales actuales, inmediatas y urgentes, y no de necesidades de futuro. No podemos, por tanto, plantearnos el esperar a que venga y se debata el Plan Hidrológico Nacional para dar solución a unas necesidades que urgen de manera apremiante en estos momentos, máxime cuando de lo que estamos hablando no es de una afección definitiva de unos caudales del Ebro a otras cuencas, sino que de lo que estamos hablando es sencillamente de un trasvase provisional, de una situación absolutamente limitada en el tiempo, que tendrá, en cualquier caso, su finalización en el año 1998.
Por tanto, se trata de una situación de carácter coyuntural, de una situación de urgente necesidad, donde existe una limitación no sólo en cuanto al volumen máximo a derivar, sino también en cuanto al caudal máximo y en cuanto al tiempo durante el cual se podrá disponer de esas cantidades de agua.
Es el momento de decir a alguno de los intervinientes, y concretamente al representante del Partido Aragonés, que no tenga cuidado, que desde todos los partidos nacionales, estoy segura, vamos a defender los intereses de Aragón. Los partidos nacionales, porque seamos partidos de ámbito nacional, no tenemos por qué hacer otra cosa, y además no lo hacemos, sino que, al contrario, defendemos los intreses de Aragón y los de las otras regiones y comunidades autónomas españolas con el mismo interés, con la misma fuerza, y yo creo que con mayor racionalidad, muchas veces, que algunos otros partidos. No puede ningún partido decidir que él es el único que va a defender los intereses de una región concreta.
Lo siento mucho, señor Mur. Lo que acaba de decir hace un momento yo, desde luego, no se lo admito. Si eso fuera así, quebraba todo el sistema sobre el cual descansa nuestra representación y por el cual estamos todos nosotros aquí. Yo no acepto lo que ha dicho hace un momento. Lo siento mucho, repito, pero eso no puede ser, no se puede admitir en esta Cámara. Entiendo que no son los intereses de Aragón los que están aquí

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en juego. Estamos hablando de una concesión limitada en el tiempo, que no supone una afección definitiva para la cuenca del Ebro. Además, estamos hablando, como máximo, de un caudal de 0,3 metros cúbicos de agua. En época de estiaje, en época de poco caudal, el Ebro está arrojando al mar del orden de los 100 metros cúbicos de agua. Estamos hablando de unas cantidades que, efectivamente, no van a afectar a la salinización del delta del Ebro. Si estuviéramos hablando de otras cuestiones, si estuviéramos hablando, además de un trasvase definitivo, se podrían tener otros planteamientos pero hoy por hoy estamos hablando de un trasvase limitado en el tiempo, de un transporte de agua que ya va al mar, limitada en el tiempo, insisto, limitada en su volumen, que es realmente escaso, y para cubrir unas necesidades perentorias de máxima urgencia. Dicho todo eso, no podemos olvidar que, si es de urgente necesidad para Palma de Mallorca el que se lleven a cabo estas obras, el que se lleve a cabo este transporte de agua, no es menos cierto que es de urgente necesidad para algunas comunidades autónomas, por ejemplo Aragón, el que se lleven a cabo otra serie de obras. Es cierto que ahí hay un acuerdo, un Pacto del Agua que espero que todas las fuerzas políticas que estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón sigamos respaldando, un Pacto del Agua que nos obliga a todos, y que obliga también, señor Ministro, a que desde el Gobierno se imprima la máxima celeridad, la máxima diligencia en llevar a cabo todas las obras que están ahí contempladas.
Ese pacto del agua obtuvo un compromiso por parte del Ministerio de Obras Públicas en el año 1993, sin embargo, estamos en el segundo semestre del año 1994 y es lo cierto y verdad que bien poquito se ha hecho, que prácticamente no se ha avanzado nada en ese camino. Es ahí donde hay que poner el acento cuando se está hablando, por ejemplo, desde la Comunidad Autónoma de Aragón, y no en oponerse a que diez hectómetros cúbicos que se van al mar sean transportados a la Comunidad Autónoma de Baleares. No es ahí donde está el problema, señor Mur, está en otro sidio, está en conseguir que se acelere al máximo el desarrollo, la ejecución de las obras que se contemplan en ese pacto del agua. Señor Presidente, por todo lo anteriormente dicho, desde el Grupo Popular, por supuesto, vamos a votar afirmativamente la convalidación de este Real Decreto-ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
Señorías, repito por enésima vez que tengan buen cuidado de no introducir teléfonos inalámbricos en el hemiciclo, porque perturban el desarrollo de la sesión y, eventualmente, afectan a la megafonía.


El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, señorías, permítanme que nos sumemos a la condolencia por la pérdida de cuatro vidas humanas, cuatro bomberos que en el ejercicio de su trabajo en otra comunidad autónoma trataban de atajar una de los peores plagas que ha sufrido nuestro ecosistema durante este año, un incendio. Una vez dicho esto, señorías, quisiera aclarar que nuestra posición a favor de este Real Decreto-ley lo es en el sentido favorable del mismo, como no podía ser de otra manera.
No voy a incidir en la intervención, que me ha parecido muy clarificadora, del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente para la discusión del objeto del Real Decreto- ley, que no es otro que el transporte de diez hectómetros cúbicos de agua desde el delta del Ebro hasta Palma de Mallorca. Hay otros aspectos que si voy a considerar en mi intervención y a los que me referiré a lo largo de la misma.
El Real Decreto-ley que se somete a convalidación considera las medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la bahía de Palma de Mallorca. Esta actuación del Gobierno del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente es urgida en su momento, meses antes de julio del presente año, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que es quien solicita autorización para esta solución concreta a los problemas de abastecimiento por los que atraviesan las zonas urbanas de la bahía de Palma y concretamente los municipios de Palma de Mallorca y Calviá.
El Real Decreto-ley es, por tanto, una respuesta rápida a una solución urgida por la Administración autonómica de las Islas Baleares y que en su inicio se presenta como una respuesta consensuada entre la propia Administración autonómica y los municipios implicados ante el alto grado de salinización del suministro de agua potable y el progresivo agotamiento de los acuíferos, que hacen temer que no se pueda cubrir de formasuficiente la demanda de agua para el abastecimiento a la población de la bahía de Palma. Esta es una medida transitoria hacia un sistema de suministro definitivo; así, el Real Decreto-ley, en su artículo 1.3, fija claramente la limitación en el tiempo de esta solución: el 31 de diciembre de 1998.
Por otra parte, y como recuerda la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley, están ejecutándose ya algunas de las obras que contribuirán, sin duda, a garantizar el abastecimiento futuro de esta zona, en la que habita, quiero recordar, en torno al 40 por ciento de la población de las islas Baleares y sobre la que se sustenta la mayor parte de la economía de esta Comunidad Autónoma.


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Los medios económicos puestos a disposición para resolver definitivamente este problema en las Islas Baleares están en torno a los 15.000 millones de pesetas, y sus obras más significativas, que ya ha citado el Ministro en su intervención, son la conducción de aguas desde el acuífero de Llubí-Muro, ya ejecutada, la próxima construcción de una planta desaladora en la bahía de Palma y la conducción de agua desde Sa Costera a Sóller en la misma zona, que tiene que esperar a la finalización de las obras del túnel de Sóller para su definitiva ejecución.
La puesta en servicio de estas obras resolverá los problemas de suministro que presenta el entorno de la bahía de Palma de Mallorca en calidad y en cantidad suficiente, y son garantía de la transitoriedad de esta medida. El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha actuado con el instrumento legal a su alcance ante las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad como al respecto exige el artículo 86 de la Constitución española. Los caudales autorizados no superan, sumados, como ya han dicho distintos portavoces, en ningún caso lo dispuesto en la Ley 18 de 1981, ni los cuatro metros cúbicos por segundo que tiene autorizado el Consorcio de Aguas de Tarragona, y respetan en su totalidad, es decir, no afectan para nada al pacto de agua de Aragón, que es el instrumento que las propias fuerzas políticas de Aragón se han dado para garantizarse el suministro de agua según sus necesidades y que prevén importantísimas inversiones del Ministerio de Obras Públicas.
Como aquí ya se han aclarado algunos de los conceptos que se han venido manejando ante la opinión pública por grupos interesados en agitar a esta opinión con medias verdades o con engaños, en algunos casos completos, no voy a entrar en este tema de manera profunda. Sí que quiero hacer algunas cautelas de nuestro Grupo no al Real Decreto-ley que hoy discutimos, sino más bien a la aplicación de este Decreto-ley. Nuestras reservas, por tanto, no son ni al instrumento legal ni a la actuación del Gobierno del Estado; lo son a la capacidad de compromiso de instrumentación que debe producir el Gobierno autónomo de la Comunidad de las Islas Baleares solicitante del minitrasvase para acordar y mantener con los municipios afectados los términos de su compromiso. Hace escasos días, el propio Alcalde de Palma de Mallorca, del mismo color político que el Gobierno de la Comunidad Autónoma, se desmarcaba de la solución impulsada por éste y de los términos de esta solución. Es imprescindible que la urgencia justificada por la situación del abastecimiento no se vea ahora frustrada por la incapacidad de sus promotores para gestionar la solución que se les suministra.
Estas son las cautelas que solicitamos también de la Administración del Estado: que garantice que antes de iniciar las inversiones en la delta del Ebro, en Tarragona, y en Baleares, esté garantizada la instrumentación en los términos en los que se comprometió el Gobierno balear para hacer este minitrasvase. Estos, por tanto, son los problemas que detectamos en la aplicación de este Real Decreto-ley. No voy a entrar en las consideraciones que han hecho otros grupos.
Izquierda Unida ha hecho aquí un discurso del que compartimos bastantes de los elementos que ha utilizado; un discurso que ha ido dirigido a poner en evidencia la falta de eficacia de la Administración autonómica balear en resolver un problema que afecta básicamentea tres de las cuatro islas de la Comunidad Autónoma y que siempre se han tenido que solucionar por urgencias y por medidas poco planificadas, poco coherentes en su conjunto con lo que debería ser un proyecto global hidrológico para las islas y que, por consiguiente, ha tenido que salir, insisto, de la urgencia y no de la reflexión necesaria para solucionar los problemas adecuadamente.
Es verdad que con el discurso que se ha hecho desde esta tribuna lo que se ha intentado eludir, sin conseguirlo, es el debate que habían producido ante la opinión pública, un debate demagógico, un debate sin contenido, un debate que intentaba amedrentar a los ciudadanos poco informados; debate que se podría haber hecho en este foro con un cierto rigor. Por eso, coincidiendo con algunas de las cosas que se han dicho aquí, tengo que añadir que es lamentable que no se defienda en esta tribuna lo mismo que se mantiene por los partidos políticos ante la opinión pública.
Permítanme decir algunas palabras al informe del Justicia de Aragón, con todos los respetos. Me parece muy preocupante que una institución que debe defender a los ciudadanos utilice argumentos basados en falsedades puras, ignorando la realidad a la que se refiere. Concretamente, cuando hace mención al riego con estas aguas de campos de golf, debería conocer una autoridad ante los ciudadanos como es el Justicia de Aragón que existe en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares una ley de campos de golf que obliga a que éstos sean regados sólo con aguas recicladas, y que es una de las pocas comunidades que tiene en estos momentos una legislación tan avanzada en la materia. Es verdad que nosotros hubiéramos querido una legislación más restrictiva, pero la impulsamos desde los grupos de la oposición y finalmente se vio convertida en ley.
Y permítanme también desmentir esa historia que he visto publicada con profusión en los medios de comunicación de la cuenca del Ebro sobre la inexistencia de contadores individualizados en la bahía de Palma de Mallorca. Esto debe ser un invento de alguien que no se sostiene en la más mínima realidad. Palma de Mallorca tiene una empresa de abastecimiento de aguas y los ciudadanos tienen su contador; por tanto, no sé, repito, donde se sustenta esta información.
Y lo utiliza

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también en sus fundamentos el Justicia de Aragón para alegar la posible inconstitucionalidad de la medida. Desde luego, con argumentos como estos me parece que podemos producir un debate poco serio. Intentar supeditar el Plan Hidrológico Nacional a esta medida ya me parece casi sarcástico. Esta es una medida transitoria, con unos volúmenes que para nada justifican la alarma que se ha intentado producir entre los ciudadanos de nuestro Estado.


El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.


El señor COSTA COSTA: Finalmente, señor Presidente, permítanme que comunique a la Cámara que nuestro Grupo no ve ningún inconveniente en que se tramite como proyecto de ley. Si es así, solicitamos que sea por urgencia y lectura única, en el bien entendido de que el Real Decreto-ley es una pieza jurídica resultado de acuerdos multilaterales, y que cualquier modificación del mismo que afecte a alguna de las piezas resultado de este consenso, de este grado de acuerdo, puede romper toda la autoridad del instrumento.
En la conciencia de que SS.SS., en la responsabilidad que les compete, atenderán esta petición, nos sumaremos, si es así, a la solicitud de tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Vamos a proceder a las votaciones.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 9/1994, de 5 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes para el abastecimiento de agua a los núcleos urbanos de la Bahía de Palma de Mallorca.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 288; en contra, 20; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio, tiene la palabra.
La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, quiero sumarme a la petición del portavoz socialista en el sentido de que se tramite este Real Decreto-ley por el procedimiento de lectura única, además de por el de urgencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
De acuerdo con el Reglamento, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, tomará el acuerdo que crea más conveniente en orden a proponer al Pleno la tramitación por el procedimiento de lectura única del Real Decreto-ley, que se tramitará como proyecto de ley.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA (Número de expediente 121/000051)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día, debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica, 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Se han presentado dos enmiendas a la totalidad, de texto alternativo, por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Popular. (El señor Vicepresidente Beviá Pastor, ocupa la Presidencia).


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor Ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, quisiera, al comenzar esta intervención, mostrar mi satisfacción por comparecer ante el Pleno de esta Cámara para presentar el proyecto de ley de actualización de la Ley de Reforma Universitaria. El sentido de mi intervención es el de explicar las razones que han llevado al Gobierno a proponer la actualización de la Ley Orgánica 11/1983, así como hacer referencia al contenido básico de esta actualización.
Como SS.SS. conocen, la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, vino a establecer los términos de la autonomía que la Constitución de 1978 reconoce a la Universidad. Cerró así un amplio período histórico en el que el reconocimiento y ejercicio de la referida autonomía sólo habían sido posibles en tramos escasos, discontinuos y de corta duración. Al desarrollar dicha autonomía pretendía la referida Ley dotar a la institución universitaria de la estructura y de los instrumentos precisos con los que situarse en la

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frontera del siglo XXI en las condiciones apropiadas que asegurasen la plena inserción de nuestra sociedad en el grupo de las sociedades más avanzadas. En los más de diez años transcurridos desde la promulgación de la LRU la Universidad española ha experimentado una profunda transformación, por otra parte, ya conocida. Tal transformación se pone radicalmente de manifiesto si consideramos que en ese período el número de estudiantes universitarios se ha duplicado, como igualmente lo ha hecho el catálogo de titulaciones en el que ha desembocado la renovación de las enseñanzas abordado con una amplísima participación.
En su dimensión científica nuestra Universidad ha sabido aprovechar el cambio sustancial que ha introducido en el sistema español de ciencia y tecnología la aprobación de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de 1986, el establecimiento del Plan Nacional que de ella deriva y la participación creciente en los programas marco de la Unión Europea desde el momento mismo de nuestra integración. Más de una década es, sin embargo, un período de tiempo lo suficientemente extenso como para que sea conveniente que se revise el funcionamiento de una determinada reforma e, incluso, si se refiere, como es el caso, a una institución varias veces centenaria. La expansión de la Universidad, las aceleradas transformaciones en la creación y difusión del saber, la dinámica de los requerimientos de alta cualificación, la necesaria apertura a espacios económicos, culturales y políticos más amplios aconsejan que esa revisión se afronte en nuestros días de manera continuada.
De igual manera, hemos entendido desde el Ministerio de Educación y Ciencia que cualquier revisión del modelo universitario debe hacerse con la necesaria madurez y serenidad, impidiendo indecisiones, dudas u oscilaciones.
Dudas u oscilaciones que pudieran conducir a una precipitada y, por ende, mala resolución de los problemas que, en un ámbito tan sensible como el universitario, puede provocar involuciones y daños de consecuencias, en algún caso, difícilmente reparables. Por ello, el presente proyecto de ley se limita ahora al ámbito del profesorado, sin que ello suponga que desde el Ministerio se hagan oídos sordos a otras cuestiones de notable trascendencia en el ámbito universitario, como, por ejemplo, la financiación del sistema, la regulación de los órganos de gobierno de las universidades o los consejos sociales, temas que, como no escapa a SS.SS., están siendo objeto de debate y reflexión con diferentes ritmos en el momento presente y que podrán ser sometidos a la acción legislativa cuando los frutos de esos debates y reflexiones aconsejen, en su caso, su plasmación en instrumentos legales.
El objetivo del presente proyecto de actualización es la mejora de la formación de los profesores y la redifinición de las categorías del profesorado. Para ello se implantan nuevos procesos de selección que, con escrupuloso respeto hacia la autonomía universitaria y hacia las competencias de las diferentes administraciones educativas, eleven y garanticen la calidad docente e investigadora de quienes acceden a los puestos de profesores de todas las universidades públicas.
En cuanto a la selección del profesorado funcionario, el proyecto establece unos mínimos de calidad por debajo de los cuales no debería accederse a la condición de funcionario en la Universidad. En cualquier caso, el problema de la endogamia, que es uno de los que más ha puesto de relieve la opinión pública, es un problema que no aparece por primera vez cuando se seleccionan los miembros de las comisiones que juzgan las plazas de profesor titular o de catedrático, sino que tiene sus orígenes en fases muy anteriores al acceso del profesorado funcionario, concretamente en las fases en las que se contrata por primera vez al ayudante o incluso cuando se accede a una beca de formación del personal investigador.
En la reforma que aquí se presenta, los requisitos formales para el acceso a la condición de profesor ayudante deben contribuir a paliar el problema. Por otra parte, de algún modo, la endogamia es un problema subordinado al problema del control de la calidad, por lo que se puede razonablemente esperar que, al introducir los requisitos académicos de control de calidad para el acceso del profesorado, se eliminarán muchos efectos perniciosos que pueden todavía existir en el sistema.
Delimitado, pues el fin principal del proyecto: la mejora de la calidad docente e investigadora de nuestros profesores universitarios, permítanme SS.SS. que pase a realizar una breve descripción del contenido del proyecto de ley. Se parte en el texto de una clara distinción entre personal docente contratado y profesorado permanente de carácter funcionarial y diferencia de ambos a los ayudantes, cuya actividad principal consiste en completar su formación científica mediante la realización de su tesis doctoral. A este fin se prevé un tiempo razonable de contratación, fijado por un período de cuatro años, renovable por otros dos. Podrán, asimismo, los ayudantes auxiliar al desempeño de determinadas tareas docentes. Aquellos ayudantes que se doctoren, al margen de conseguir una renovación de sus contratos por dos años más, tendrán la posibilidad de acceder a la categoría de profesor ayudante, figura concebida como el segundo escalón de lo que podríamos denominar carrera docente universitaria, y para la que está prevista un período de contratación de cinco años renovables por otros tres.
En el ámbito del personal docente contratado, el proyecto contempla las categorías de profesor emérito, de profesor asociado (recuperando el espíritu con el que fue concebida la figura en la Ley de Reforma Universitaria,

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es decir, un profesional de prestigio y ajeno a la Universidad que complementa la docencia ordinaria), la figura del profesor visitante y la nueva figura del colaborador docente, contratado a tiempo completo, con la misión de impartir la docencia propia de un área de conocimiento bajo la dirección del correspondiente departamento, pero sólo en aquellos casos en que las necesidades de la Universidad así lo requieran y para aquellas áreas de conocimiento que determine el Consejo de Universidades, previo informe de las comunidades autónomas.
Con carácter general, los contratos de colaboradores docentes se realizarán por períodos de dos años renovables sucesivamente, hasta alcanzar un máximo de seis años, pero --y aquí se establece un elemento de control de calidad de esta figura-- siempre que hayan obtenido una evaluación positiva de su actividad docente. También parece necesario señalar que se flexibiliza y adecua el proyecto a la realidad universitaria al permitir la contratación por períodos de tiempo inferiores a un curso para las figuras de profesores asociados, profesores visitantes y, excepcionalmente, para los colaboradores docentes. Respecto del profesorado permanente, el proyecto contempla la permanencia de las cuatro categorías recogidas en la vigente Ley de Reforma Universitaria, pero modifica --y este es el elemento esencial de la actualización- - los procesos de selección para acceder a los cuerpos correspondientes. Como he reiterado a SS.SS., es absolutamente necesario, asentado y consolidado el sistema universitario, asegurar que nuestras universidades públicas ofrezcan una formación de alta calidad a quienes opten por la educación superior, al tiempo que generen procesos de investigación que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico y humano, permitiendo a nuestro país competir e integrarse en las sociedades más avanzadas.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, el proyecto prevé como requisitos imprescindibles para concursar a plazas de profesor titular de universidad o catedrático de escuela universitaria, que el candidato, además de ostentar el grado de doctor, haya obtenido, al menos, una evaluación positiva de su actividad docente y otra de su actividad investigadora. Para el acceso a plazas de catedrático de universidad los requisitos se duplican; consecuentemente, el candidato deberá tener dos evaluaciones positivas de su actividad docente y otras dos de su actividad investigadora. Estas evaluaciones comprenden un período de cinco años, en el caso de la docencia, y de seis años en cuanto a la investigación.
La relevancia que adquiere la evaluación positiva de la actividdad docente y de la actividad investigadora en la nueva configuración del profesorado universitario permanente obliga a establecer una serie de criterios objetivos para la valoración de estas actividades. Por ello, en cuanto a la docencia, los estatutos de cada universidad establecerán, con arreglo a los criterios generales que se acuerden por el Consejo de Universidades y previo informe de las comunidades autónomas, los procedimientos y sistemas de evaluación periódica de las actividades docentes de su profesorado. Por lo que se refiere al ámbito de la investigación, los criterios de evaluación de su rendimiento serán públicos, debiendo valorarse en forma motivada a través de un procedimiento que con plenas garantías asegure la máxima objetividad. Para ello, se nombrará una comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora, que contará con la participación de representantes de las comunidades autónomas y con el asesoramiento de investigadores de reconocido prestigio, designados previos los informes del Consejo de Universidades y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Por otra parte, en materia de composición de las comisiones que han de juzgar los correspondientes concursos a profesores titulares de universidad o catedráticos de escuela universitaria y catedráticos de universidad, se abre la posibilidad de que uno de los tres vocales elegidos por sorteo y que no pertenece a la universidad convocante, pueda ser miembro de las escalas investigadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o profesor de investigación del Consejo, en el caso de las cátedras de universidad. Hasta aquí, señor Presidente, señorías, he intentado señalar las líneas básicas del proyecto de ley. Quisiera ahora mostrar la disposición del Gobierno, que con seguridad compartirá el Grupo Parlamentario Socialista, a admitir todas aquellas propuestas que tengan por objeto la mejora del mismo, en el convencimiento de que el diálogo y el consenso repercutirán de forma positiva en el que, sin duda, es objetivo común de todos los miembros de esta Cámara y que no es otro que la mejora y excelencia de nuestras universidades.
Señorías, señor Presidente, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de totalidad de texto alternativo.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, señorías.
Señor Ministro, me ha sorprendido usted hoy, al comienzo de su intervención, cuando, seguramente para justificar que el proyecto de ley de actualización de la LRU sólo contemplará el aspecto del profesorado --supongo que un tanto condicionado por todas las protestas y por todas las demandas que sin duda habrá recibido

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durante estos días-- nos ha anunciado que va a acometer otras reformas. Pero la realidad de hoy es que nos encontramos con un proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria, que ni es el producto del consenso y el acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales y entre los diversos estamentos universitarios, ni, además, se ha realizado con el rigor que promete el señor Ministro para el resto de la reforma, sino con cierta precipitación.
Nos encontramos con una actuación, como decía antes, que no se ha realizado ni en tiempo ni en forma acorde con las afirmaciones del señor Ministro. No ha habido debate, no hay acuerdo, los rectores de las universidades están en su mayoría en contra; una gran parte de las fuerzas políticas y sociales también lo estamos. Yo preguntaría al señor Ministro, ¿quién está a favor? Salvo el Gobierno, supongo que el Grupo Parlamentario que le apoya, y no sé si hay alguien más; lo veremos hoy.
Sorprendentemente también, el Gobierno ha elegido siempre los momentos menos adecuados para debatir una ley tan importante y tan esperada por los sectores implicados: en período de exámenes en la Universidad. Da la impresión, no creo que sea así, pero da toda la impresión de que se quieren aprobar las reformas de espaldas a la Universidad. Pues bien, ni siquiera todos estos condicionantes que pretendían o parecían pretender un importante grado de clandestinidad, han tenido éxito. El sólo anuncio del proyecto de ley ha conseguido el consenso de casi todas las fuerzas políticas y sociales que no son del mismo grupo que el del partido que apoya al Gobierno para criticar sus carencias. Incluso yo me temo que a algunos grupos políticos, que están apoyando en este momento, circunstancialmente, al Gobierno, les va a resultar difícil explicarlo en Cataluña, si tenemos en cuenta la oposición de una mayoría de los rectores de Cataluña a este proyecto de ley.
No comprendemos, señore Presidente, señoría, que cuando ya el mes de diciembre todos los grupos reclamábamos en esta Cámara la necesidad de la presentación y debate de esta Ley se pretenda que también los grupos pasemos de puntillas sobre su aprobación y con la promesa de que también van a reformar otros asuntos muy importantes en la Universidad. Una actualización que, desde luego, deja sin solución y sin propuesta a otras carencias notables que habría que suplir, además de las del profesorado, y que el señor Ministro había aventurado en declaraciones públicas que iban a ser también objeto de debate en este momento, como son los temas de participación, los temas de financiación, etcétera. Porque, ¿qué impresión estamos dando, señorías? Que a esta Cámara sólo le preocupan los problemas del profesorado, porque, primero fue su jubilación y, ahora, la modificación que se refiere a su selección y acceso. Son muchos --decía antes y lo voy a repetir muchas veces-- los sectores universitarios que, como el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, opinan que el capítulo V, del profesorado con ser importante no es el más importante frente a los temas de financiación o la modificación de las estructuras de los departamentos. Y ni siquiera en este punto del profesorado, único al que se refiere la reforma, hay criterios claros y explícitos, se mantiene, a nuestro juicio, un sistema de concursos mal delimitados jurídicamente y sobre los que puede pesar una gran carga de manipulación. Es un paso atrás, también en este aspecto, con respecto a lo anterior, para atacar a fondo uno de los grandes problemas de la Universidad, que es la endogamia del profesorado.
Mantiene, pues, esta actualización una orientación claramente conservadora y un incremento del grado de inseguridad jurídica para los participantes en los distintos procedimientos.
Hubiese sido conveniente que el Gobierno --que sin duda debe tener conocimiento de algunas sentencias dictadas por la Sala III del Tribunal Supremo, en cuanto a recursos se refiere-- hubieraprocurado enmendar en esta actualización que interpretaciones discrecionales de la legislación provoquen un cierto ejercicio de caciquismo o que otros entramados administren a su antojo los ascensos.
El propio Consejo de Universidades ha afirmado, con estudios que lo demuestran fehacientemente, que la mayoría de los concursos de acceso a los cuerpos de profesores titulares y de catedráticos suelen resolverse a favor del candidato de la casa. Si se sigue la tónica del proyecto de ley de actualización no se corregirán los problemas de la tan manoseada endogamia del profesorado. Esto, como hemos señalado anteriormente, no será corregido con comisiones tan discrecionales como las previstas.
Otra cosa sería si esas comisiones de evaluación se ampliaran a profesores, a alumnos, a sindicatos y a miembros del resto de los sectores implicados en la Universidad, en los que les aseguro, señorías, que también existen personalidades de solvencia y de prestigio.
Todas estas carencias del proyecto de ley, déficit democrático de los órganos, falta de transparencia de las comisiones evaluadoras y tribunales examinadores y precarización del empleo en el profesorado --en torno al 50 por ciento y unos 20.000 docentes sin plaza fija-- y, sobre todo, la falta de financiación, la ausencia de dinero, por entendernos, convierten la actualización en puro papel mojado. Llega tarde pero con prisas. El ambiente social, como decíamos antes, es contrario. El texto que nos propone el Gobierno no ha sido bien acogido en las universidades, que esperaban una modificación más ambiciosa e imaginativa que la presentada por el anterior Ministro, señor Pérez Rubalcaba. Por tanto, este proyecto parece un paso atrás que, además, va a dejar

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sin resolver, no sabemos hasta cuándo, los problemas reales que afectan actualmente a nuestras universidades.
Aunque condicionados y limitados por estas prisas y por la ausencia de diálogo con el Ministerio --el diálogo debe ir con otros--, el Grupo Parlamentario Federalde Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ha creído que, responsablemente, debía aprovechar la ocasión para presentar un proyecto alternativo de actualización de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria que dé respuesta a los problemas de la Universidad de hoy, 12 años después de su aprobación, como ha dicho el señor Ministro, a los problemas más acuciantes y no sólo a un simple problema, a un simple título, al del profesorado. Señorías, entendemos que en la Universidad los protagonistas deben ser los estudiantes, que deben jugar un papel fundamental para que ésta sea uno de los motores del cambio que la sociedad necesita para salir de la crisis y no un espectador pasivo. Queremos que los estudiantes que consigan acceder a los estudios deseados en una primera opción sean una mayoría. Queremos evitar que algunas universidades debido a su masificación se vean abocadas a ser entidades cuya única finalidad sea la expedición de títulos que en la práctica van a carecer de validez y, sobre todo, de prestigio en el mercado laboral. El proyecto de ley de actualización universitaria no responde, en suma, a las expectativas existentes en la comunidad universitaria; de ahí el ejercicio de responsabilidad de nuestro Grupo de presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Y porque es necesario que exista una ley de financiación de las universidades públicas acorde con los tiempos y las necesidades actuales, hemos propuesto en nuestro texto alternativo que se presente en el Parlamento una ley de financiación que contenga un plan de compensación interterritorial que reduzca desigualdades.
Establecemos, en nuestro texto alternativo, criterios claros sobre aportación del usuario a la Universidad en base a parámetros fijos y no tan cambiantes como los que han caracterizado la política de precios universitarios en los últimos años. Afortundamente, en el punto de la ley de financiación nos congratulamos en coincidir con la iniciativa legislativa popular que, con el aval de 600.000 firmas de 600.000 ciudadanos y ciudadanas de todas las comunidades autónomas, ha tenido su entrada en esta Cámara y que suponemos que obligará al Gobierno, moralmente, a ser más sensible en los aspectos de financiación. En nuestro proyecto alternativo apuntamos soluciones de una política de becas, incrementando las becas de residencia, en la línea de una ampliación del distrito compartido como medio de evitar masificación, infrautilización y que permita también a los estudiantes cursar los estudios deseados en primera opción.
Pretendíamos también con nuestro texto alternativo, en el marco de la autonomía de cada universidad, incluir a los agentes sociales en el Consejo de Universidades y suplir el déficit democrático de participación en claustros y juntas de gobierno. Porque es necesario que la sociedad participe activamente en la gestión de la Universidad, proponemos en nuestro texto aumentar el techo competencial de los consejos sociales para que intervengan en la aprobación de los presupuestos de la Universidad, en el nombramiento del gerente y colabore, bajo la dependencia del Consejo de Universidades, en la homologación de los planes de estudio.
Las plazas del profesorado, según nuestro proyecto, deberán ser plasmadas en los catálogos de puesto de trabajo correspondientes, de tal forma que sólo puedan ser ocupadas en precario por razones de excepcionalidad.
Proponemos el control sindical tanto en las comisiones de habilitación como en las de selección, y variamos, por tanto, su composición. Sentamos las bases para la normalización en materia de negociación colectiva, ya que la legislación que la establece se aprobó con posterioridad a la propia Ley de Reforma Universitaria.
Por último, la normativa por la que se rige la Universidad debe actualizarse para adecuarse a las nuevas necesidades y planteamientos derivados de la reforma del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. De acuerdo con los objetivos de esta Ley se incrementará hasta un 80 por ciento el número de jóvenes escolarizados de 16 a 18 años y será plena la escolarización en las edades de 14 a 16 años, lo que conllevará un previsible incremento del procentaje de universitarios en los grupos de edad posteriores.
Esta incorporación se hará contando, fundamentalmente, con el asesoramiento y la orientación proveniente de los centros de Educación Secundaria, asesoramiento y orientación que serán tenidos en cuenta y continuados en la propia Universidad, reconociendo en estas actuaciones un elemento importante de calidad educativa. Finalizo ya, señor Presidente, señorías, diciendo que nuestro proyecto alternativo, en fin, se aproxima, con todas sus deficiencias, a una opción de progreso en el campo de una política universitaria y pretende evitar, a la luz de la experiencia, los errores cometidos en todos estos años de Ley de Reforma Universitaria. Es un proyecto de contraste con la realidad, en la perspectiva de ir construyendo en el plazo necesario otra actualización, si fuera preciso, acorde con otras circunstancias y otros condicionates históricos. Muchas gracias, señor Presidente, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González Blázquez.


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Para la defensa de la enmienda de totalidad y del mismo tipo, de texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, supongo que el señor Ministro no estará pasando un buen trago sentado en su pupitre en una convocatoria de septiembre. No estaba acostumbrado en su trayectoria académica a verse en estos lances, sobre todo cuando en junio actuó como esos malos estudiantes que estudian los tres últimos días y al final les coge el toro; le cogió el toro tanto que ni siquiera pudo examinarse de toda la asignatura, se limitó a quitarse de en medio el parcial de jubilaciones, a decir, como ha dicho hoy con gran sinceridad, que no tenía maduro el resto de la materia y a anunciar que buena parte del programa vendrá en otras convocatorias. A este paso, señor Ministro, va a acabar la carrera en diecisiete años, como algunos alumnos que hemos tenido usted y yo. Pero en fin, cada uno hace lo que puede y no siempre lo que le gustaría hacer.
Ya se ha dicho aquí por qué estamos hablando de la Universidad en septiembre, por qué la LRU tiene fecha de agosto, por qué el proyecto anterior se debatió en julio y por qué se intentó que éste se debatiera en junio --gracias a la oposición del Grupo Popular no fue así-- y se está debatiendo ahora en septiembre, con la oposición del Grupo Popular, que pidió que se cambiara el orden del día y el Grupo Socialista se negó.
Porque en este momento, en la Universidad, los alumnos se están matriculando, los profesores están examinando, algunos en congresos y en general ningún órgano de gobierno universitario se dedica hoy día a otra cosa que a asuntos de puro trámite. Señor Ministro, no es normal que haya dos enmiendas de totalidad con texto alternativo a un proyecto.
Eso significa que la oposición sí que ha tenido tiempo, por lo que se ve, de reunirse con todos los interesados y de mostrar su alternativa, discutible pero ahí está; la suya no, la suya se nos anuncia ad calendas graecas. Lo de menos son los textos alternativos que hoy hay aquí por vía formal y que van a ser defendidos. Este texto alternativo es el que realmente tiene importancia, son las sugerencias recibidas por los grupos parlamentarios, también el suyo, en esta Cámara, de los interesados que quieren hacer oír su opinión y que son enormemente coincidentes y unánimes en determinadas cuestiones a las que me voy a referir.
En primer lugar, señor Ministro, y usted lo sabe muy bien, hay un verdadero clamor respecto a la necesidad de aplazar el debate de esta ley para que la Universidad pueda hacer oír su voz. Muchísimos, quizás todos estos papeles, insisten en ese tema. Incluso el mismo Presidente de esta Cámara, don Félix Pons, ha pasado a los diversos grupos algunos de esos acuerdos institucionales. Por ejemplo, éste del consejo social de una universidad que, por unanimidad, solicita que asunto de tanta trascendencia sea debatido previamente por los grupos sociales ligados a la Universidad; o por ejemplo, las tres centrales sindicales, FETE-UGT, Comisiones, CSIF, que se reunieron en el mes de junio y, entre otras cosas, insistieron en que haría falta ese debate previo como algo inaplazable; o por ejemplo, los rectores de las siete universidades catalanas, quienes igualmente decían que no es oportuno plantear la modificación de la ley sin haber analizado globalmente y en profundidad los resultados de su aplicación --la aprobación del proyecto en su redacción actual representaría un paso atrás en la calidad de la enseñanza universitaria-- y muestran su disposición a colaborar con los poderes públicos, con nosotros, para intentar sacar esto adelante. Esto es lo que opinan unos rectores a los que se atribuye el frenazo del proyecto inicial, que usted intentó ventilarse aquí con lectura única, en un hecho sin precedentes a la hora de hablar de la Universidad. Igualmente hay unanimidad en estas sugerencias en que hay que ampliar el alcance del proyecto. Una central sindical que a usted le suena, sin duda --porque, sin perjuicio de su afiliación y cuál sea el volumen, seguro que le sonará--, FETE-UGT, dice que el tiempo transcurrido entre la toma de posesión del actual Ministro y la remisión del proyecto hace incomprensible que no se incluyan modificaciones, más allá del título V, en temas esenciales.
Además, señala algo en lo que luego tendré que abundar, y es que la única diferencia entre el proyecto Rubalcaba, que se quedó fuera por una semana, y este proyecto --al que no voy a darle su nombre porque tengo muy buen concepto de usted, señor Ministro-- son los famosos tramos, de los que hablaremos ahora, que todo el mundo coincide en que es un verdadero disparate, y es la única novedad. Ante esa petición clamorosa de que se amplíe la reforma, la respuesta del Grupo Popular es un texto alternativo global, que abarca todo el articulado de la ley y que, por tanto, ya formalmente ofrece una ventaja a cualquier otro grupo parlamentario y es que permite una fase de enmiendas referidas ya a todo el ámbito del texto legislativo. Por otra parte, ese texto nos permitirá sondear cuál es el talante de quien hoy, por unos momentos, son oposición, como es el Grupo Socialista, que es el que tiene que mostrar su oposición al texto alternativo. Veremos si hacen una crítica razonada o si abundan en sus ya famosas descalificaciones sobre la derecha y esas cosas que estamos acostumbrados a oír por aquí, de vez en cuando, cuando no se tiene otra cosa que decir, que es desgraciadamente casi siempre. (Rumores.) Vamos, por tanto, señor Ministro, a ese clamor suscitado por su intento de trasvasar --se ve que todos los trasvases son siempre conflictivos-- esos tramos de evaluación de la investigación científica, del profesorado,

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a algo para lo que no estaban pensados en absoluto. Y permítame, señor Ministro, que recoja unas palabras que usted acaba de pronunciar, porque, a diferencia de usted, yo sí que le he estado escuchando cuando usted estaba aquí, en esta tribuna, exponiendo el proyecto; usted en estos momentos tiene cosas más importantes que hacer. (Rumores.--Un señor Diputado: ¡Pero serás impertinente!) Le estaba diciendo, señor Ministro, que yo a usted sí que le he escuchado cuando ha expuesto aquí el proyecto. Iba a citarle, pero si le cito y no me oye, pues no queda bien. (Rumores.) Usted ha dicho hace un momento, señor Ministro, que había que evitar indecisiones, dudas y oscilaciones. La verdad es que en ese momento usted ha dudado y ha oscilado porque se le había escapado un pedazo de párrafo, que ha leído luego. Explíqueme, señor Ministro, que son sino indecisiones, dudas y oscilaciones que ustedes digan, primero, que no hay endogamia en la selección del profesorado; segundo, cuando hacen por fin un estudio, a petición del Grupo Popular, constatan que la hay; tercero, traen un proyecto aquí que se queda fuera por una semana, con sus votos en el Congreso y en el Senado, por el cual nos dicen --se dijo aquí- -: Indudablemente, la forma de acceso al profesorado requiere algunas modificaciones. Ya se han hecho. Ya no son tres los miembros de la comisión elegidos por sorteo, son cuatro. Y ahora ustedes nos traen un proyecto en el que vuelven a ser tres. ¿No es eso una indecisión, una duda, una vacilación? Y sobre todo, señor Ministro, usted no ha explicado aquí por qué. Usted está en su perfecto derecho de poner que los miembros de la comisión que nombre la Universidad sean uno, dos, cuatro o siete. Ahora, debe explicar por qué, porque de lo contrario crea una situación muy rara, sobre todo cuando ustedes mismos han decidido aquí lo contrario. Hasta a un juez, cuando cambia de opinión al dictar una sentencia, se le obliga a que motive por qué cambia de opinión. Y usted pretende hacernos creer que todo ese lío de los tramos de investigación que pretende trasvasar es para hacer una contrapartida a la endogamia. La contrapartida a la endogamia --lo dijeron ustedes-- era pasar de dos miembros nombrados por el candidato local a uno solo. Lo han dicho ustedes mismos; ésa es la realidad.
Pero es que hay más, señor Ministro. Estos rectores catalanes, a los que hoy voy a mencionar mucho porque vienen muy a cuento dada la votación que se va a producir luego, dicen también que este sistema de los tramos es una habilitación encubierta, y me parece una definición perfecta. Es curioso que ustedes rechacen la habilitación pública, la habilitación por una comisión nombrada por sorteo los cinco miembros, la habilitación fundada en un concurso público, con pruebas determinadas, y pretendan introducir una habilitación por una Comisión que nadie sabe quién la forma. No lo saben ni los Diputados cuando lo piden por vía parlamentaria. Solicitando el amparo del Presidente he conseguido, por ahora, que el Gobierno me informe de quiénes han sido los que han integrado esas comisiones hasta el año pasado y todavía se han negado -- y he vuelto a pedir amparo-- a decirme los de este año. En esas condiciones quiere hacer un sistema de habilitación. Unos señores que nadie sabe quiénes son, nombrados a dedo por usted, van a decidir quién se puede presentar a oposiciones en la Universidad. Eso es lo que usted está pretendiendo con este proyecto de ley, señor Ministro. Eso es sencillamente intolerable. Es ridículo que desde su grupo parlamentario se haya criticado nuestra alternativa diciendo que es centralizadora cuando la de usted es centralizadora y clandestina. Eso es algo increíble. Cuando se abordó en el Consejo de Universidades --usted lo sabrá bien porque habrá seguido esto con interés, aunque aún no era ministro-- la posible introducción de la venia académica, que en el fondo no era sino nuestra propuesta de habilitación ya planteada, porque el Gobierno la iba a tomar en serio, entre otras cosas se abría la posibilidad de introducir ese requisito previo. Se hablaba de la posible limitación del número de recipiendiarios de la venia académica, que ya estaba incluido en nuestra alternativa de entonces y que se presentó en esta Cámara, y hablaba de las carecterísticas generales del concurso. Lo que nadie imaginaba en el consejo de universidades es que usted iba a hacer eso sin concurso y con unas comisiones que no leen las publicaciones; y no las leen porque no las pueden leer, ya que no las reciben. Usted sabe que cualquier persona medianamente inteligente, leyendo las publicaciones de un señor, sabe si está capacitado. Esos no leen las publicaciones y van a tener la posibilidad de vetar el que una comisión de auténticos especialistas pueda leerlas. Eso es lo que usted propone aquí, que unos señores que nadie sabe quiénes son, nombrados por usted a dedo, no especialistas, porque no lo son --son de unas áreas enormemente amplias, pero que no se vinculan a las áreas del conocimiento--, puedan impedir que los auténticos especialistas lean las publicaciones de un señor que quiere ser candidato. Esa es su propuesta, señor Ministro. Y aquí no ha dicho usted nada de ese asunto.
Además, según los datos que hemos obtenido en debates en Comisión, cuando usted mandaba al señor Fereres a hacer ese trabajo, porque usted no daba la cara, el señor Fereres ha tenido que reconocer que la tercera parte de los catedráticos de la universidad española actual no reúne los requisitos que esta ley exige para presentarse a catedrático. Eso ya sería llamativo, pero lo es más cuando la LRU monta un sistema en el que obliga a todos los catedráticos actuales, si se quieren cambiar de universidad, a hacer oposiciones, con lo cual no se podrán cambiar de universidad. Eso es una realidad. Esos mismos datos que hemos recibido en esas comparecencias en las que usted se quita de enmedio, porque estará preparando esas materias que aún

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no nos trae, demuestran claramente que poco más del 26 por ciento de los actuales profesores titulares de universidad estarían en condiciones de presentarse a cátedra; poco más del 11 por ciento de los catedráticos de escuelas universitarias, que son los candidatos normales. En concreto, una universidad que nos ha enviado sus datos: de 850 profesores de este tipo que tiene, sólo 51 se pueden presentar a oposiciones. Esta es la ley que usted nos quiere traer aquí para que haya ese filtro tan brutal, con una comisión clandestina nombrada a dedo. Me asombra que tenga usted la capacidad de venir a hacer aquí eso. Y encima le echa la culpa al señor Fereres, ya fenecido. Esa es una idea de ustedes. El señor Fereres ha hecho muchos desparates, el de las tasas, pero ése no; ése no es de él y usted los sabe perfectamente. Nosotros hemos propuesto un sistema de habilitación que, leyéndose el texto, está clarísimo en qué consiste: un concurso, comisión nombrada por sorteo los cinco miembros, especialistas por supuesto. Los cinco miembros habilitan, como se decía en el consejo de universidades, con un número fijo, por lo que no hay sindicato de habilitados. ¿Y si los hubiera qué? ¿Que se va a crear un problema al Ministro? Aquí no estamos para quitarle problemas al Ministro. Estamos para quitarles problemas a los ciudadanos españoles; estamos para mejorar la calidad de la Universidad española, no para quitarle problemas a este señor, que además ya se ve que no tiene mucha capacidad para resolverlos. No estamos aquí para eso. Pero además es que no hay tal sindicato de habilitados porque el artículo 35.2 de nuestro proyecto y los concordantes dicen clarísimamente que van a salir tantas plazas, teniendo en cuenta las vacantes existentes y el número de habilitados en expectativa, y solamente un 5 ó un 10 por cien más, para que siempre haya posibilidad de elegir por parte de la Universidad. Por tanto, nada de sindicato de habilitados; nada de posibilidad de esperar a que el candidato local esté preparado. Eso es lo que se hace ahora, porque dice el proyecto claramente que, vacante una plaza, inmediatamente entra entre esas vacantes que se tienen en cuenta para las habilitaciones y hay obligación de convocarla el mismo año.
Está en el proyecto; por tanto, no hay ninguna duda sobre el particular.
El sistema de habilitación garantiza, por un lado, movilidad sin trabas a los que ya son profesores, evitando la situación actual de cantonalismo en los profesores, y a la vez robustece la autonomía universitaria. Cada universidad elegirá a quien le dé la gana de los ya habilitados, en vez de ser, como actualmente ocurre, que en los concursos de méritos --que en el fondo es esto mismo-- no funciona porque la presión del candidato local lo que está haciendo es provocar otro tipo de concurso para que él se cuele. Eso lo sabe todo el mundo. La conferencia de rectores de la que hablamos se limita a cruzar una doble información: preferencia de los candidatos que han sido habilitados, preferencia de las universidades. Un trabajo puramente mecánico, sin ninguna creatividad por su parte.
Hemos pedido, igualmente, que se modifiquen las pruebas previstas actualmente para acceder a las plazas de profesorado. Aquí se nos dijo en una ocasión anterior --porque esto va de segunda parte-- que queríamos resucitar un cadáver, la famosa encerrona, incluso el pintoresco ejercicio práctico que también servía para sacar a los amigos y colocarlos. Todo esto vuelve a ser resucitado. Señor Ministro, a ver si nos ponemos de acuerdo porque esto de las indecisiones, las oscilaciones y las dudas, sobre todo con dinero público, es absolutamente absurdo. No tiene sentido que su Grupo Parlamentario diga esto y usted acabe de reunir en Santander a una serie de expertos, que seguro que no trabajan gratis, para hacer no sé qué proyecto de evaluación de las universidades españolas y que uno de los que está metido en el invento, el señor José María Luxán, vicesecretario de estudios del consejo de Universidades --sueldo público-- diga: El profesorado no puede seguir dando clases para demostrar lo listo que es (lección magistral que defiende su grupo), sino que debe racionalizar sus conocimientos y enseñarlos en el marco de un programa de estudios concretos y en un tiempo determinado, que es lo que propone nuestro grupo. Pónganse de acuerdo de una vez. Este señor está defendiendo lo que llaman la encerrona, y lo está defendiendo con dinero de su Ministerio.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, vaya concluyendo.


El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo, señor Presidente. A ver si nos ponemos de acuerdo, pero no se gaste usted el dinero público en que unos señores se dediquen a defender lo que defiende la oposición y luego su Grupo venga aquí a decirle que no, porque entonces no nos aclaramos. Una de las razones, enormemente académica, que se exponía para defender que no hubiera esa prueba en la que a un candidato se le sitúa ante una prueba objetiva (hay tribunales que están a favor de un candidato y ven cómo se hunde porque no es capaz de dar una lección del programa que ha salido a sorteo) es que con la posibilidad de dialogar entre tribunal y candidato se puede despellejar al candidato de arriba a abajo, como a San Bartolomé. No es necesario resucitar cadáveres. El problema está en que se puede despellejar al candidato si el tribunal quiere y al que el tribunal quiere, al otro no; mientras que el ejercicio de la prueba por sorteo es para todo el mundo, y el tribunal ve cómo su candidato se le viene abajo. Yo le puedo contar alguno muy sonado: un cuarto de hora antes de terminar, callado,

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se le acabó el programa. Esa es la realidad; a ese no le hubieran despellejado. Eso es así, señor Ministro.
Voy terminando. En cuanto a la necesidad de abordar la financiación, están a punto de transferirse todas las universidades a las comunidades autónomas en el plazo de un año, según se ha anunciado. No se puede cerrar una ley universitaria sin que la Administración central del Estado asuma responsabilidades en cuanto a la financiación, y muy particularmente respecto a algo muy serio y muy grave, y es que aquí se garantice la existencia de un conjunto de centros y de titulaciones en todo el territorio español con unos mínimos de igualdad. Por tanto, hace falta un plan de cofinanciación por parte de la Administración central del Estado (es una vieja idea que ha defendido mi Grupo y que nos ha alegrado ver hoy recogida por otro), hace falta un plan de cofinanciación que garantice que no va a haber comunidades autónomas universitarias de primera y de segunda, en un momento en el que el Consejo Andaluz de Universidades dice que quiere para las universidades andaluzas el mismo trato que las catalanas y las de Madrid, y que no admite ni un alumno de fuera de Andalucía en las universidades andaluzas. Señor Ministro, ahí estamos llegando. (Rumores.) Y ante esa situación de cantonalismo universitario, usted tiene que garantizar a todos los españoles unos mínimos de igualdad y tiene que financiarlos y exigir unos requisitos como contrapartida. Y en cuanto a las tasas, hay que decir que cualquier subida de tasas tiene que estar condicionada al cumplimiento de unos requisitos de calidad. Usted no puede subir los precios públicos de un producto deteriorado; eso es neoliberalismo del malo. (Un señor Diputado pronucia palabras que no se perciben.) Ni hablar. Usted tiene que garantizar calidad y luego, en todo caso, podrá hablar de subir o no subir los precios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, termine, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Termino, señor Presidente.
Estos son, entre otros, alguno de los aspecto que abordamos en nuestor texto alternativo y, con muchísimo gusto, después de que actúe como oposición --si es que actúa-- el representante socialista, aquellos aspecto que no haya entendido --la vez anterior dejó sin entender alguno obvios, con lo cual supongo que serán muchos-- se los aclararía.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Turno en contra de ambas enmiendas de totalidad? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Lazo.


El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, ¿será posible que, al menos una vez, podamos debatir con el señor Ollero de una manera racional, tranquilamente, sin dar gritos, ateniéndose a la cuestión, sin acumular anécdotas e improperios? ¿Será posible que alguna vez podamos hacer esto? (Rumores.) A mí me resulta ya muy cansado tener que soportar siempre el mismo estilo. No voy a seguirle por ahí. Por tanto, puesto que tratamos en esta ocasión un tema académico, voy a procurar ser los más académico y lo más racional posible. De las palabras del representante de Izquierda Unida y del Grupo Popular parece deducirse que una de las razones por las cuales se oponen al proyecto enviado por el Gobierno, que les lleva además a presentar un texto alternativo, es que no se cambia en profundidad la LRU. Por supuesto. Ni el Gobierno socialista ni el Grupo Parlamentario Socialista tienen la más mínima intención de cambiar en profundidad la LRU. Nos parece que fue una buena ley --creo recordar que contó con el voto afirmativo de Izquierda Unida (entonces PC)--, ha funcionado adecuadamente a lo largo de este tiempo y está bien como está.
Lo que ocurre --el señor Ministro lo ha recordado-- es que han pasado 12 años y la Universidad española, afortunadamente, no es la de 1982. Se ha multiplicado el número de centros universitarios, se ha multiplicado el número de alumnos (hoy España es la primera nación de Europa en población universitaria), se ha multiplicado de una manera espectacular el número de profesores y, lógicamente, estos cambios positivos requieren algunas adaptaciones, requieren algunas correcciones, requieren algunas reformas parciales, y en ese sentido va el proyecto del Gobierno; lo que no requieren, a nuestro entender, es un desmantelamiento de la LRU, como proponen, en distintos sentidos eso sí, tanto el texto alternativo de Izquierda Unida como el texto del Grupo Popular.
He leído muchas veces, con muchísima atención, párrafo por párrafo, el texto de Izquierda Unida y la verdad es que me produce un extraordinario asombro porque, en un 90 por ciento, lo que hace ese texto es reproducir literalmente la LRU. Es decir, el representante de Izquierda Unida sube aquí a la tribuna, dice que se opone al proyecto enviado por el Gobierno porque no modifica sustancialmente la LRU e inmediatamente después nos encontramos con un texto alternativo que no es más que la LRU.
Eso sí, un noventa por ciento; hay un diez por ciento, en efecto, original, de aportación nueva. Pero de ese diez por ciento original, de aportación nueva, la mitad, un cinco por ciento, son en realidad cambios muy parciales, muy concretos, a veces de detalles que, desde luego, no justifican una oposición frontal. Y queda, sí, un último cinco por ciento para el que se hacen unas propuestas verdaderamente radicales, yo diría que verdaderamente sorprendentes. A mí me cuesta muchísimo trabajo comprender exactamente cuál es el modelo de universidad que pretende Izquierda Unida. Porque ustedes, por un lado, se

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suben a la tribuna, hoy y en ocasiones anteriores, y por ejemplo piden mayor financiación para la universidad pública.
Eso está muy bien, sin duda ninguna. Se lo dije en otra ocasión: En materia de educación, en materia de universidad, nunca hay bastante, siempre se puede pedir más. Está bien pedir más financiación. Ustedes llegan aquí a la tribuna y dicen preocuparse extraordinariamente de la calidad de la enseñanza en la universidad pública. Totalmente de acuerdo.
Hoy en realidad la universidad española, en cuanto a calidad, no tiene que envidiar nada a la mayor parte de las universidades europeas, pero siempre es bueno pedir una mayor atención a la calidad. Y ustedes, lo han dicho en muchas ocasiones y aparece en su propio texto alternativo, se presentan como defensores de la universidad pública frente a lo que puede ser el riesgo de una excesiva expansión de las universidades privadas. También es una buena postura, es una postura que se puede compartir, es una postura que se puede comprender.
Pero después de todo esto, que todo el mundo prácticamente tiene que compartir, a lo que tiene que asentir, ustedes llegan hoy con un texto alternativo en el que se plantean unas propuestas concretas que, de aplicarse, llevarían a un deterioro fulminante de la universidad pública. Y me refiero a algunas de las más llamativas sobre las que el representante de Izquierda Unida ha pasado como sobre ascuas, corriendo. Por ejemplo, cuando se refieren al claustro de universidad, que es el órgano máximo de gobierno de las universidades españolas, donde se toman las grandes decisiones, donde se marcan las grandes líneas. Pues bien, en ese claustro de universidad que ustedes diseñan, puede ocurrir que el profesorado esté limitado a un 50 por ciento; es decir, que la mitad de ese claustro estará compuesto por estudiantes y por personal no docente. Más aún, la mitad que se reserva a los profesores no se dice a qué tipo de profesores, con lo cual podríamos encontrarnos, y sin duda ninguna nos encontraríamos, con algunas universidades donde en su claustro no existiría ni un solo profesor estable, sino que serían exclusivamente profesores transeúntes, profesores en formación, profesores contratados temporalmente.
Para nosotros y para cualquier persona, creo yo, la ciencia en la enseñanza requiere inevitablemente una jerarquía, y ustedes destrozan con este modelo de claustro que nos proponen esa jerarquía, inseparable de la calidad científica y de la calidad docente. Yo dejo a la fértil imaginación de S.S.
pensar lo que sería una universidad donde en su claustro no hubiera ni un solo catedrático, ni un solo profesor titular.
Ustedes se refieren a lo que es el meollo, lo que es el centro del proyecto de ley del Gobierno, el acceso al profesorado.
Hablan de los tribunales de oposición que van a juzgar a los aspirantes a profesores, y colocan en esos tribunales a dos representantes sindicales. Sin duda ninguna, los sindicatos son instituciones beneméritas; sin duda ninguna, son instituciones inseparables de la democracia, pero desde luego les aseguro que los sindicatos no tienen absolutamente nada que decir en relación con los conocimientos científicos de un aspirante a profesor. En estas propuestas concretas ustedes eliminan el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, lo declaran a extinguir. De esta manera, decapitan la normal carrera docente y de paso --a lo mejor es de lo que se trata-- convierten de hecho a todos los actuales profesores titulares inevitablemente en catedráticos, aunque ya no lleven ese nombre, sin ninguna selección, sin ningún tipo de prueba. Si estas propuestas se llevasen a la práctica, en muy poco tiempo íbamos a tener una Universidad pública proletarizada; pero proletarizada en el peor sentido del término: a esa universidad deteriorada sólo acudirían los que no tienen recursos para refugiarse en las universidades privadas que habrían mantenido su calidad. Con respecto al texto alternativo del Grupo Popular, la cosa es distinta. Pretende desmantelar la LRU, pero pretende hacerlo en un sentido conservador. Lo que quiere es volver a la Universidad tal cual era en 1982. De esta forma, aunque el señor Ollero aquí dé muchos gritos y haga sus chistes, ustedes resucitan literalmente las antiguas oposiciones centralizadas en Madrid, con el mismo número de ejercicios y el mismo tipo de ejercicios, sólo que le llaman habilitación. Ustedes vuelven atrás --y el señor Ollero no ha dicho ni una palabra, también ha pasado como sobre ascuas sobre su texto alternativo-- cuando suprimen, por ejemplo, el Consejo Social, con lo cual adoptan la filosofía de una autonomía corporativa: la Universidad propiedad de los universitarios y no la Universidad propiedad de la sociedad que la mantiene.
En todo caso, tanto la intervención del Grupo Popular como la intervención de Izquierda Unida apenas se han referido a sus propios textos y apenas se han referido al texto del Gobierno, han hablado de otras cosas, con lo cual yo me veo obligado a recordar exactamente qué dice el texto presentado por el Gobierno y al mismo tiempo, por supuesto, a hacer constantes referencias a los dos textos alternativos presentados.
En el texto del Gobierno hay tres grandes líneas, lo ha explicado perfectamente el señor Ministro. En la primera, lo que se hace es perfilar y clarificar la carrera docente: escalón de ayudante, escalón de profesor ayudante, profesor titular y, al final, catedrático. Una carrera, se nos dice, demasiado extensa, demasiado larga. Nosotros creemos que la formación de un profesor requiere tiempo, nosotros creemos que la formación de un profesor lleva una sedimentación de años y que, por tanto, el plazo que fija el proyecto de ley es suficiente. No obstante, el tamaño o la extensión de la carrera docente es un tema un tanto secundario. Nosotros estamos dispuestos, cuando llegue el debate en Comisión y cuando se presenten las distintas enmiendas, a contemplarla,

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a discutirla y a aceptar las modificaciones razonables que puedan plantearse. Hay una segunda línea en el proyecto de ley que pretende corregir las desviaciones que se han cometido a lo largo de estos años en la aplicación de la ley. Aquí se vuelve a recuperar la figura, tal cual, de los asociados y se introduce la figura del colaborador, que, en contra de las opiniones del Grupo Popular, expresadas en diversas ocasiones, no tienen nada que ver con la resurrección de los PNN. El Grupo Popular, cuando establece la jerarquía del profesorado, sí resucita esa antigua plaga de la Universidad española que fueron los profesores no numerarios.
Hay, por fin, una tercera línea, el corazón del proyecto, donde se habla de la selección del profesorado. El Grupo Popular ha vuelto a insistir en el tema de la endogamia. Tal como se redacta este proyecto, los efectos perversos de la posible endogamia se hacen completamente inapreciables. Hay un filtro que el señor Ollero ha intentado aquí degradar totalmente, que es la Comisión Nacional de Evaluación Científica, que tiene que aprobar todos los currícula científicos antes de que un candidato se presente a las oposiciones en su Universidad; un tribunal de Universidad, donde se mantiene la composición de la LRU, a la que el señor Ollero se ha referido, pero donde se evita que se pueda colocar a un candidato «casero» que no tenga la calidad suficiente.
Tanto el representante del Grupo Popular como el de Izquierda Unida saben que cualquier comunidad científica, no me refiero sólo a la española sino a cualquiera, se nutre por cooptación, esto es así. Por lo tanto, en principio, da igual la técnica, el sistema o el método de esa cooptación. Si tenemos una comunidad científica de calidad, aunque se coopte simplemente por designación a dedo, aunque se coopte a través del departamento, siempre se cooptará a los mejores. Si, en cambio, tenemos una comunidad científica mediocre, por muchas oposiciones, como propone el Grupo Popular, «mandarinescas», retorcidas, complicadas que les impongamos a esa mediocre comunidad científica, siempre cooptará a personas mediocres.
En este sentido y si esto es así --y es así--, la obligación de los poderes públicos es sencillamente diseñar un marco dentro del cual deba realizarse la selección del profesorado.
Lo demás, el resultado de esa selección, bueno o malo, dependerá de la comunidad científica correspondiente, y eso es lo que establece el presente proyecto de ley: un marco para la selección. No es ni la ausencia de marco, que nos propone Izquierda Unida, ni el marco retorcido, complicado, una especie de cornucopia, que nos propone el Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Lazo, vaya concluyendo.


El señor LAZO DIAZ: Voy a concluir enseguida, señor Presidente. La única razón que tiene el Grupo Popular para desconfiar de este modelo de selección del profesorado es su permanente recelo hacia el profesorado español que han manifestado cada vez que han intervenido aquí. Aquí se ha llamado al Consejo de Rectores, por ejemplo, un club de amigos; aquí se han dicho atrocidades de los tribunales de idoneidad formados por profesores españoles; aquí continuamente se denigra al profesorado español cuando se le considera incapaz de calificar al opositor, en unas oposiciones en las que se puede dialogar con el opositor, y aquí --se ha hecho hoy otra vez-- se dicen atrocidades de la Comisión Nacional de Evaluación Científica, que es secreta, que es oscura y arbitraria, compuesta por profesores. Esa Comisión Nacional que ustedes, los señores del Grupo Popular, han descrito no existe. La Comisión Nacional que ahora actúa como filtro está compuesta por catedráticos con todos los tramos de investigación aprobados, con el máximo prestigio. De acuerdo con el actual proyecto de ley, los criterios de evaluación de esa Comisión serán públicos y, de acuerdo con el actual proyecto de ley, los dictámenes que emita esa Comisión serán motivados.
No obstante, también en este terreno, en lo referente a la composición y al funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación Científica, pieza clave ahora, estamos dispuestos a estudiar con atención las enmiendas que puedan presentarse. El Grupo Socialista está seguro que del trámite de enmiendas saldrá un texto perfeccionado y saldrá, por lo tanto, una LRU perfeccionada. Lo que el Grupo Socialista no está dispuesto a hacer es a colaborar en el desmantelamiento conservador que nos propone de la LRU el Grupo Popular ni a aceptar las propuestas que llevarían probablemente a una situación grave en la Universidad española que nos propone Izquierda Unida.
Por eso, en nombre de mi Grupo yo pido a esta Cámara que desestime, que vote en contra de los textos del Grupo Popular y del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Blázquez.


El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Gracias, señor Presidente, con mucha brevedad y desde aquí mismo, desde el escaño.
Cuando el Grupo Socialista tiene alguna dificultad para explicar lo inexplicable (me refiero a temas de educación) yo creo que deben reunirse y decir: que lo haga el señor Lazo, que tiene mucha experiencia y es muy ocurrente y se atreve a todo. Porque, señor Lazo, cuando estaba explicando no sé qué de nuestro texto, he corrido a mirar el texto --no vaya a ser que los duendecillos

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de la imprenta hubieran jugado una mala pasada-- y nada de lo que dice el señor Lazo con respecto al claustro es verdad, por lo menos no es verdad tal como él lo dice, acostumbrado a exagerar las cosas. Tampoco nadie aquí ha denigrado al profesorado de la Universidad. Se ha dicho que en los sistemas de acceso que ustedes proponen pueden producirse situaciones de discrecionalidad. Eso no es hablar mal de los profesores.
Precisamente, señor Lazo, por lo que usted dice, porque llevamos mucho tiempo de aplicación de la LRU y porque han cambiado muchas circunstancias --la cantidad de alumnos, los centros universitarios, que se han duplicado-- hay que actualizar la LRU, pero no sólo en un aspecto, y actualizar quiere decir adecuarla a los momentos que corren. ¿Qué es eso de desmantelar? Yo no pretendo desmantelar nada como mi propuesta. Mi Grupo lo único que pretende es hacer una verdadera actualización, y eso lo ha reconocido el señor Ministro que después de este aspecto del profesorado, el Gobierno está dispuesto a proponernos también otros aspectos de actualización. Si de verdad la mitad o el 90 por ciento de los temas son una copia literal de la actual LRU y el 5 por ciento es razonable según usted, pues vamos a decidir qué 95 por ciento, llegamos a un acuerdo y usted nos vota todas esas propuestas. En cuanto al 5 por ciento ese radical, de verdad le aseguro, señor Lazo, que es lo que, continuamente, en otros foros que no éste, estoy discutiendo y debatiendo con compañeros suyos y solemos estar de acuerdo. Lo que pasa, ya lo sabe usted, es que en estos temas de educación, ustedes, como les vengo diciendo continuamente, tienen algunos otros condicionantes que, qué vamos hacer, tienen que sufrir, algunos socios que desde luego no les dejan a ustedes llevar adelante una política educativa progresista como creo yo que será todavía su intención.
Finalmente, en cuanto a la representación de las centrales sindicales, parece mentira, señor Lazo. ¿Usted todavía cree que los representantes de las centrales sindicales son siempre personas con mono simplemente? Los hay con mono, pero también en el campo de la educación hay personalidades --y usted lo sabe-- de reconocido prestigio que son capaces de juzgar o ver cómo se juzga al profesorado. ¡Pero qué me dice usted! Ha cambiado mucho, desde luego. Como decía, yo creo que es necesario una verdadera actualización de la Ley de Reforma Universitaria. Y aceptando su propuesta, desde luego en todo el proceso de enmiendas, haremos lo posible para que ésta cambie, no para que se desmantele, contó con nuestro voto y no la queremos desmantelar, sólo actualizar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González. El señor Ollero tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, la verdad es que el ambiente de indecisión, duda y oscilación va in crescendo, porque ahora resulta que no hace falta un cambio en profundidad de la ley. Pero si el señor Ministro va diciendo que hace falta, pero que él quiere tomarse tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si precisamente la razón que dio el señor Ministro para haber tardado un año en traer la misma ley que salió de aquí, empeorada con lo de los tramos, es que quería cambiarla más. Pónganse ustedes de acuerdo. Yo comprendo que el señor Ministro no es Diputado y por lo visto no asiste a las sesiones del Grupo, pero --no sé-- coordínense ustedes un poco. En otras épocas han estado mejor en ese aspecto. Yo creo que hoy día tienen otros problemas de los que ocuparse y tienen un lío armado impresionante. Es que no se aclaran ni entre ustedes. El señor Ministro está dispuesto a cambiar y perfeccionar la ley, por lo menos creáselo usted, señor Lazo.
Yo tengo perfecto derecho a no creérmelo, pero usted se lo debe creer por disciplina de Partido. Si no aquí no nos enteramos. Dice usted con aire patético que nosotros proponemos que la habilitación se centralice en Madrid.
Tremendo asunto éste. Oiga, señor Lazo, ¿usted sabe dónde está la Comisión Nacional de Evaluación Científica? Creo que la calle se llama Santa Cruz de Marcenado. Vaya usted por allí.
¿Es que esa Comisión funciona en La Gomera o qué? Está en Madrid, pero además yo no creo que eso influya mucho en lo que estamos hablando, aparte de que la Comisión se puede reunir donde quiera y, de hecho, el Ministerio busca paradores por ahí y va poco a poco dándole juego a las instalaciones públicas. Yo no creo que ese sea el problema. Dice usted que nosotros suprimimos el Consejo Social. Señor Lazo, no empiece a saltarse artículos. No, no lo suprimimos. En el mismo artículo donde habla la LRU del Consejo Social decimos: Cada Universidad establecerá en sus estatutos el órgano oportuno para sus relaciones con la sociedad. Contra lo que estamos es contra la sociedad ortopédica que los socialistas han inventado, en la que unos señores que no saben nada de nada ni representan a nadie van allí a meterse en camisa de once varas. Contra eso estamos, contra la ortopedia; ahora, contra la sociedad, no, por supuesto que no. Deje usted a la Universidad que lo haga como está haciéndolo, al margen del Consejo Social, pero duplicando el gasto. Tienen un Consejo Social para enseñarlo a las visitas y luego montan de verdad sus propios organismos de transferencia de investigación y de contacto con la sociedad y buscan los dineros para los cursos de verano, sacando mucho más de lo que saca el Consejo Social.
¡Qué más quisiera el Consejo Social!, etcétera. ¡Qué le voy a contar yo a usted, señor Lazo! Eso es lo que queremos, simplemente lo que están haciendo y quitarles de encima el muerto de ese asunto que ustedes han inventado y que no se sabe a quién representa.


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Dice usted que lo de los tramos se puede arreglar cambiando los plazos. Está usted ya insinuando que se van a cargar, para colmo, lo de los tramos de investigación, porque, mire usted, usted puede evaluar la investigación de un profesor durante seis años, bien, si lo hace con publicidad, con unos señores que se sabe quiénes son, con unos criterios objetivos; a nosotros siempre nos ha parecido bien, lo hemos alabado aquí mismo. El simple hecho de que haya profesores que no se presenten a esa evaluación ya es positivo. Ahora, si ustedes lo que van a hacer, para sacar adelante este bodrio, es hacer que la evaluación de la investigación científica sea cada tres años, en tres años no se hace científicamente serio nada, señor Lazo. Usted que tiene una labor científica seria lo sabe. Por tanto, nada. Lo que van a hacer es cargarse eso y además el tribunal ese secreto, cuyos nombres, por cierto, no los dan no porque no tengan categoría científica, yo los he leído y la tienen; quizá no los dan porque ahí hay seis, siete o más Diputados socialistas de las últimas legislaturas y no quieren que se sepa. No entiendo otra razón, porque, desde luego, prestigio académico tienen, pero ustedes no quieren que se sepan los nombres, por algo será, y hay que pedir amparo a don Félix Pons para que se los den a uno y enterarse de que Diputados que han estado sentados ahí en esos bancos (Señalando los bancos del Grupo Socialista.) están en esas comisiones. ¿Por qué no se puede saber eso? Esos, a la hora de decidir, ya no están decidiendo si alguien ha investigado o no. Están decidiendo si alguien se puede presentar a oposiciones o no, y bajará el nivel de exigencia, a poco sentido común que tengan, y estamos cargándonos algo que servía para algo. Por tanto, no realicen más estropicios.
Señor Lazo, se le ha olvidado a usted un detalle. No ha alabado usted la reforma que han hecho de los asociados, recogiendo nuestras peticiones, pero se la están cargando ustedes en estos días. En estos días ustedes y el señor Marchesi que yo no sé si está de acuerdo o no con el Ministro, porque como ya veo que usted no lo está, a lo mejor el señor Marchesi tampoco --es secretario de Estado del Ministerio-- está diciendo por ahí que el 25 por ciento de los catedráticos de bachillerato van a ser asociados. ¿Pero no hemos quedado en que los asociados tenían que ser personas con experiencia en la profesión de la titulación que van a impartir a las que se cogía de la sociedad para que dieran clases y enseñaran lo que no saben los profesores? ¿Son los catedráticos de bachillerato los que van a enseñar lo que no saben los catedráticos de universidad? ¿De verdad, señor Lazo? ¿Nos vamos a cargar otra vez los asociados? Dejen ustedes entrar a los catedráticos de bachillerato en la Universidad como estamos pidiendo, con más licencias de estudio, no les obliguen a dar clase como penenes y dejen que de verdad los asociados sean personas que saben de qué están hablando, porque si no lo que están ustedes haciendo es fijar un cupo de penenes para los catedráticos de bachillerato, y eso es una ofensa, para empezar, contra ellos, que no tienen por qué ser sometidos a esa explotación. Lo que hay que facilitarles es que estudien y que se dediquen a lo que les gusta. Dice usted que la endogamia es inapreciable y que da igual porque al final hay cooptación. Entonces, ¿para qué está aquí este proyecto? ¿Para qué montan ustedes lo de los tramos si hay cooptación al final? Además, la cooptación, cuando está puesta por los socialistas, ya se sabe que son buenos, pues ya sabemos que la corrupción es cosa de los malos. A ustedes por eso les sale la corrupción por todos los lados, porque no se les ha ocurrido pensar que la pueden tener: como son muy inmaculados... Aquí estamos discutiendo cómo combatimos la endogamia. No me diga usted que no hay endogamia, ¿cómo no la va a haber? Lo que habrá que discutir es cómo se soluciona. Y usted se oponía a nuestra fórmula diciendo que eso llevaba a la endogamia de escuela en vez de a la localista, y yo le pregunto: la Comisión nombrada a dedo por el señor Ministro, ¿a qué endogamia lleva? ¿A la de los Diputados socialistas metidos a evaluar la ciencia a escondidas? ¿A eso lleva? Pues mire usted, me quedo con la de la de las escuelas que, por lo menos, sabemos quiénes son y tienen que publicar libros de vez en cuando.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señor Presidente. Hay otra cosa que no ha dicho usted, señor Lazo. Ustedes al final las pruebas las mantienen, ustedes al final han metido la encerrona, la han metido, pero lo han hecho si quiere la Universidad convocante. ¿Lo que faltaba? Si eso significa que va a tener que definirse la Universidad sobre si quiere o no siempre, va a decir que no. Con los órganos de gobierno que ustedes han puesto, si no los cambian, dirá que no porque están controlados por los aspirantes. No. Si les permiten decir que una vez sí y otra no, será cuando haya un candidato de fuera, por tanto más endogamia todavía. No hagan ustedes barbaridades. Esa prueba tiene que existir siempre y no cuando quiera el candidato local, ¿pero en dónde estamos? No ha hablado usted de que los profesores del Consejo Superior pueden estar en los tribunales. No lo ha hecho, sin duda, para evitar que salga a flor de piel la asimetría de que esos profesores se jubilan a los 65 años, no se sabe por qué; que esos profesores no son eméritos, no se sabe por qué. Si son iguales para una cosa, ¿por qué no son iguales para otra, señor Lazo?

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¿Son iguales para lo que a ustedes les interesa? Nos parece que eso no es lógico.
Por último dice usted --voy a terminar señor Presidente-- que yo había dicho que el Consejo de Universidades era un club de amigos. Usted lo que dijo no fue eso. Usted por un acto, fallido muy interesante no dijo eso sino lo siguiente: llamó - -refiriéndose a mí-- al Consejo de Rectores un club de amigos.
En nuestro proyecto hay una Conferencia de Rectores, sí; en la LRU no, no existe el Consejo de Rectores, se lo han cargado ustedes. Y dice que yo lo llamaba un club de amigos, a unos rectores elegidos democráticamente por la comunidad científica de sus respectivas universidades, un club de amigos el Consejo de Rectores. Usted se ha cargado el Consejo de Rectores, tanto como lo aprecia. No quiere admitir que lo metamos ahora como Conferencia de Rectores, pero es que además quien piensa que el Consejo de Universidades --no el Consejo de Rectores-- es un club de amigos es el señor Ministro...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ollero, le ruego concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Termino, señor Presidente, con esta cita. (Rumores.) El señor Ministro me dice lo siguiente, que si no me ha mandado los nombres de estos Diputados socialistas que se dedican a evaluar la investigación es en el entendimiento de que al existir un preceptivo trámite de audiencia del Consejo de Universidades, organismo en el que el Parlamento designa representantes, algunos a propuesta del Partido Popular, su conocimiento por parte del señor Ollero y su publicidad debían de estar debidamente garantizados. Para el señor Ministro el Consejo de Universidades es un club de amigos, de él y mío, a cuotas, ese es el impulso democrático.
Pues no, señor Ministro, yo no he hablado nunca con ninguno de los miembros del Consejo de Universidades, uno de los cuales está elegido a propuesta del CDS, que no está aquí; otro del PDP, que no existe, y siga usted contando. No es ese nuestro modelo. Ese es el suyo. (Fuertes rumores.) Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Lazo.


El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, voy a intentar referirme primero a la intervención, confusa por lo variopinta, del representante del Grupo Popular. En primer lugar, achaca una especie de contradicción entre el Ministerio y el Grupo Socialista en cuanto que el Grupo Socialista dice que no se pretende un cambio profundo de la LRU. Usted no se ha leído el texto del Gobierno, usted no se ha leído el título, porque en el título se habla de proyecto de ley de actualización de la LRU, y, efectivamente, una actualización es un cambio parcial, de ninguna manera un desmantelamiento.
Me ha llamado extraordinariamente la atención que critique la idea de que toda comunidad científica se nutre y se reproduce por cooptación. Ya me dirá usted cómo puede nutrirse y reproducirse de otra manera. Son los científicos los que cooptan a otros científicos y, naturalmente, lo que varía es el método, lo que varía es el sistema. En el caso del modelo presentado por el proyecto de ley del Gobierno se establece un filtro que es el de la Comisión Nacional de Evaluación Científica, que, por cierto, dice usted: oiga, es que está en Madrid. Sí pero es que la Comisión Nacional de Evaluación Científica no juzga a los opositores, no establece pruebas, sino que juzga simplemente --y, por lo tanto, puede estar en Madrid o en la Luna-- el curriculum vitae que se le ha presentado. Señor Ollero, lo esencial de su réplica no es eso, eso son anécdotas. Lo esencial es que usted ha confirmado la filosofía conservadora y corporativa de su texto alternativo al hablar del Consejo Social, lo ha confirmado cuando ha dicho: no, no, el señor Lazo se despista, porque nosotros no supriminos el Consejo Social; nosotros lo dejamos a voluntad de las universidades. ¡Si ese es el error! La Universidad no tiene por dueños a los universitarios, no son los universitarios los que deciden graciosamente si la sociedad está allí presente o no; no, es la sociedad la que decide o no estar allí presente. Su propuesta es conservadora y corporativa. Esto no ocurre solamente aquí, porque cuando ustedes hablan de la Conferencia de Rectores, a la que de hecho transfieren todos los poderes, en esa Conferencia de Rectores, con todos los poderes que ustedes nos proponen, están sólo los rectores y la sociedad es otra vez desplazada.
Y su propuesta es conservadora e intenta volver al pasado porque ustedes --insisto-- aunque lo llamen habilitación, lo que están resucitando son las antiguas, las tradicionales oposiciones que fenecieron felizmente. No hay una habilitación con limitación de plazas; una habilitación con limitación de plazas, como ustedes proponen, es sencillamente la oposición que, por ejemplo, permitía a los aspirantes adjuntos que acudían a Madrid, que eran examinados y que luego no tenían una plaza fija, sino que luego se iban colocando por las universidades, tal y como se hacía en 1982. Su proyecto --y usted vuelve a insistir porque lo ha vuelto a nombra-- es conservador, vuelve atrás por cuanto que ustedes resucitan el «penenazgo». Al suprimir ustedes la figura de colaborador que aparece en el proyecto de ley, ustedes, cuando nos proponen unos profesores ayudantes a los que no se les exija límite de tiempo, lo que están haciendo literalmente es resucitar al PNN.
Insiste de nuevo en el secretismo de la Comisión Nacional de Investigación Científica. Una cosa es que sea

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secreta --que no lo es-- y otra es que el señor Ollero no se haya enterado. Por tanto, le recordaré algunas disposiciones.
Esa Comisión fue creada por una Orden Ministerial del 28 de diciembre de 1989 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado». La relación de miembros de la Comisión Nacional y cualquier modificación de la misma fue establecida el 8 de noviembre de 1993, en el correspondiente Boletín. (El señor Ollero Tassara: ¿Qué Boletín?) Los comités asesores de la Comisión Nacional de Investigación Científica también están regulados por orden ministerial. (El señor Ollero Tassara: ¡No, no!) Los miembros de esos comités asesores se renuevan cada año por mitades. (El señor Ollero Tassara: Son secretos.) Como usted ha vuelto a hablar del prestigio, le diré que tienen que tener aprobados todos los tramos de investigación.
Le he vuelto a insistir que los dictámenes de la Comisión, de acuerdo con el proyecto de ley, serán motivados; que los criterios de evaluación serán públicos. (El señor Ollero Tassara: Son secretos.--Rumores.) ¿Me quiere usted decir dónde están los secretos? Léanse ustedes los boletines. (El señor Ollero Tassara: ¿Qué Boletín?) En cuanto a la réplica del representante de Izquierda Unida, dice que acudió corriendo a su texto alternativo y no encontró lo que yo decía. Yo se lo puedo decir, está en su artículo 15.2 donde habla del claustro de las universidades y donde se dice que en esos claustros puede haber el 50 por ciento de profesores sin indicar qué tipo de profesores; por tanto, puede darse el caso de una universidad donde el 50 por ciento sean alumnos y personal no docente, el otro 50 por ciento profesores y no haya ni un solo catedrático, ni un solo profesor titular; artículo 15.2.
Usted luego me da una lección, al parecer, de sindicalismo y dice: es que tiene usted una idea de los sindicalistas verdaderamente arcaica. No. Es que con la argumentación que ustedes plantean o con la idea de ustedes de que estén en los tribunales de oposición para juzgar al profesorado representantes sindicales, no veo la razón de por qué no tienen que estar también los representantes de los partidos, ¿por qué no? Y hasta un representante del obispo y un representante del capitán general, ¿por qué no? Es, sencillamente, un disparate. Uno tiene la sensación de que a ustedes les ha metido un pequeño gol quien ha redactado este texto alternativo. La presencia de los sindicatos, además --no le dije antes por falta de tiempo--, no se reduce a los tribunales de oposición, sino que pueden, por ejemplo, presentar impugnación de una determinada oposición ante la comisión de reclamaciones de cada universidad, donde también hay una representación sindical.
Habló el representante de Izquierda Unida de la precipitación, de que esta ley se ha hecho sin consenso ¿Cómo se puede hablar de precipitación de un proyecto de ley que se viene discutiendo este año y el anterior, que se viene discutiendo desde hace tres años, desde la anterior legislatura? Es que no terminaríamos nunca. Alguna vez hay que cortar.
En cuanto al consenso, el trámite de hoy es fundamentalmente para ver los apoyos y, por tanto, el consenso de los respectivos textos alternativos. Vamos a ver el consenso que tiene el texto alternativo de Izquierda Unida. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen participar en este debate? (Pausa.) Por Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, muy brevemente para explicar el turno de fijación de posiciones de Coalición Canaria.
A la hora de fijar esta posición que voy a expresar, hemos leído atentamente el proyecto de ley del Gobierno, los proyectos de ley del Partido Popular, del Grupo Popular y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; hemos oído y, sobre todo, escuchado con la máxima atención el debate que ha tenido lugar a lo largo de la mañana.
Como resumen de nuestra opinión, no estamos en el debate que ha planteado el portavoz socialista sobre el desmantelamiento que quiere hacer, desde un punto de vista consevador, el Grupo Popular, ni el desmantelamiento redical de la Universidad pública española que quiere hacer el Grupo de Izquierda Unida y que parece presentar la propuesta de que el punto de equilibrio de defensa de la universidad pública es el proyecto de ley que ofrece el Gobierno. De entrada, quiero expresar nuestro desacuerdo con el proyecto de ley que presenta el Gobierno por varias razones: la primera, por su carácter limitativo, por la discrecionalidad y por los aspectos discriminatorios que plantea. En un debate como el que está teniendo la sociedad española; en un debate donde las cuestiones referidas al sistema educativo tienen una enorme profundidad, donde la crisis de la universidad española necesita un profundo proceso de readaptación a la realidad y al progreso social español, teniendo en cuenta los debates celebrados a lo largo del último curso sobre temas de financiación, becas y tasas (debate que está hoy en la propia Universidad española y, sobre todo, en el tema de su calidad), a nosotros nos parece que sería una oportunidad desastrosamente perdida que el debate que está teniendo lugar en esta Cámara tenga cierto carácter endogámico, de batallas de poder, de batallas corporativas pura y exclusivamente sobre el acceso o la clasificación a la selección del profesorado en la universidad española.
Creo que el gran defecto de este proyecto de ley es haber planteado sólo la adaptación de un título que ha

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llevado a un debate de poderes corporativos y a una confusión sobre las necesidades de adaptación de la Universidad española a la nueva realidad como un factor clave desde el punto de vista educativo de la investigación y cultural en la nueva sociedad española.
Por eso, decimos que habría que haber planteado, primero, aspectos de financiación, para romper determinadas actitudes corporativas, ligados a los elementos de control de calidad, a elementos de coordinación de universidades, a elementos de compensación entre diferentes universidades. Sobre eso es lo que haría falta urgentemente una actualización y no posponerla a otros procesos parlamentarios posteriores. Segundo, una vez entrado sólo en el título del profesorado, nosotros no estamos de acuerdo en que efectivamente la Comisión Nacional Evaluadora y otras instituciones que se plantean tengan un carácter, en primer lugar discriminatorio con universidades de reciente creación; dejan abiertos amplios espacios para la discrecionalidad en la composición; y, por último, es ambigua, bastante ambigua en los criterios de selección. Por todo ello, el Grupo de Coalición Canaria no apoya el proyecto de ley del Gobierno y llama a todos los grupos parlamentarios a recuperar el consenso, a buscar un auténtico consenso entre sociedad, Universidad y Parlamento sobre la gran reforma universitaria que está en marcha en este país, que la LRU puso en marcha y que hoy necesita una actualización con la perspectiva de final de siglo y principios de siglo próximo.
El debate no es un debate de poderes, no es un debate de selecciones, no es un debate de grupos de poder dentro de la Universidad, para que cada grupo parlamentario refleje en esta Cámara simplemente intereses legítimos de carácter profesional del profesorado universitario sino que refleje el proyecto global de la sociedad española y el importantísimo papel que la comunidad educativa debe dar al proceso de modernización y progreso de la Universidad española. Por todo ello, nuestro grupo cree que en el trámite de enmiendas (si este proyecto sale adelante, desde luego no con nuestros votos), es necesario buscar o recuperar un consenso que de ninguna manera ha habido y que es imprescindible para que el proyecto de ley se convierta en una ley realmente renovadora, solucionadora y superadora de la actual crisis universitaria. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mauricio. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma tiene la palabra.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, para fijar la posición de nuestro grupoparlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con relación a las dos enmiendas de texto alternativo, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, y a la vez respecto del texto enviado por el Gobierno.
Nuestro Grupo, que en su momento apoyó la vigente Ley de Reforma Universitaria, sigue haciendo una valoración globalmente positiva del texto aún hoy vigente, entre otras razones porque reguló integrando el conjunto de los temas universitarios en un mismo texto legal; porque desarrolló el concepto de autonomía universitaria que introdujo por primera vez nuestra Constitución; porque a la vez se incorporaron, creándolos, los consejos sociales como instrumento de ligazón entre la universidad y la sociedad civil; porque hizo más ágil y más razonable el acceso a la función pública y, sobre todo, por el estímulo que dio a la innovación de las enseñanzas regladas. Sin embargo, esa valoración globalmente positiva del texto que aún regula las universidades españolas, no obsta para que mostremos también nuestra insatisfacción --como ya la mostramos hace más de 11 años-- por el obsesivo carácter reglamentista de la ley, por el modelo de gestión académica de la Universidad, en tan escasa sintonía con los modelos europeos (con consejos sociales, elección de rector, el propio perfil del gerente o de la gerencia universitaria); por el solapamiento entre el modelo universitario organizado alrededor de los departamentos de corte anglosajón y el que se organiza en torno a las facultades y a las escuelas universitarias de acuerdo con el modelo francés; por la escasa sensibilidad autonómica del texto, repito, aún hoy vigente; y porque no abordó, ni se aborda todavía, el grave problema de la financiación universitaria.
Por estas razones, nosotros tenemos una actitud crítica respecto... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor López de Lerma. Por favor, señorías, ocupen sus escaños, no es posible poder escuchar adecuadamente al Diputado que está interviniendo. (Pausa.) Cuando quiera, señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Decía que nosotros mantenemos esa actitud crítica con algunos aspectos, y no precisamente menores, de la Ley de Reforma Universitaria, pero, a la vez, mantenemos esta valoración globalmente positiva, y ello nos lleva, nos llevó a apoyar ya desde hace tiempo, una reforma de la actual normativa. Estamos de acuerdo, por tanto, en modificar la Ley de Reforma Universitaria, porque siendo su orientación básica correcta, la creemos --eso sí-- perfectible, expresión que utilizamos, repito, hace 11 años, desde esta misma tribuna.
Además, porque la experiencia de la vigencia de esta ley nos permite

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acotar mucho mejor aquello que ha sido útil de aquello que no ha sido del todo útil, y porque hay una novedad bastante importante, como es la desaparición del llamado territorio MEC y el desarrollo de las autonomías que exige, precisamente -- creemos que exige--, una revisión de la Ley de Reforma Universitaria. Por tanto, señorías, nuestro posicionamiento es el siguiente. Nosotros mostramos nuestro apoyo, estamos de acuerdo, en reformar la ley, lógicamente no mediante cualquier reforma sino aquella que tenga una sintonía esencial con lo que hoy es norma vigente, que perfeccione la misma de acuerdo con la evolución dada en la sociedad y en la propia universidad y aquella que satisfaga mucho más todavía el concepto de autonomía universitaria.
Desde nuestro punto de vista, la mejor reforma de esta ley es la que no se restrinja a un sólo aspecto de la norma vigente sino que, con una visión globalizadora, corrija todos aquellos aspectos que deben ser subsanados para hacerlo con una mayor congruencia de conjunto. Evidentemente, gestión, profesorado, financiación --pongamos por caso-- no son temas independientes, aunque aparezcan como tales, sino que deben ser atados --si me permiten la expresión coloquial-- desde una visión de conjunto. No es prudente, por tanto, atomizar.
Existe --como aquí se ha recordado y se ha polemizado, además en el transcurso del debate-- una promesa pública del señor Ministro ante el Consejo de Universidades, y también ante esta Cámara, de proceder al cambio de la Ley de Reforma Universitaria en otros aspectos que este proyecto, este texto enviado por el Gobierno, no trata, pero, lógicamente, no nos han sido revelados. Como se ha puesto de manifiesto por algunos intervinientes, en concreto por el digno representante del Grupo Parlamentario Popular, no se nos ha revelado su contenido ni tan sólo su orientación global. Sin esos datos, sin tener todas las piezas de la reforma encima de la mesa, es difícil aceptar que se puede acertar en la reforma de un solo aspecto de la Ley, como es el del profesorado. Con todo, nosotros continuamos manteniendo nuestra posición respecto a que merece ser reformado, merece ser actualizado ese aspecto concreto del profesorado, al menos para mejorar algunos de sus aspectos, por ejemplo, el de establecer pautas que garanticen la calidad del profesorado; corregir el mal uso de algunas figuras docentes, como la del profesor asociado, concebidas como excepción en la ley pero utilizadas como refugio generalizado; la ordenación de la singularidad del profesorado a ciencias de la salud o bien el intento, creemos loable, puede ser lógicamente mejorable, de diseñar lo que llamamos la carrera docente.
Por todo ello, no nos podemos oponer a la reforma del capítulo V de la Ley de Reforma Universitaria. De ahí que nosotros no hayamos presentado una enmienda a la totalidad, y hemos de anunciar ya que nos vamosa oponer a las dos enmiendas de textos alternativos, porque entendemos que es bueno mejorar este capítulo V y, en cambio, las dos propuestas, tanto la del Grupo de Izquierda Unida como la del Partido Popular, no nos parecen aconsejables.
Con todo y fijando ya la posición respecto del proyecto de ley enviado por el Gobierno, debemos avanzar con igual claridad que en el estado actual del texto remitido por el Gobierno éste nos parece insatisfactorio. Primero, porque se limita a ese solo aspecto, repito, sin integrarlo, como nosotros creemos que es imprescindible, en un marco más amplio de reforma y coloca así impropiamente al profesorado como el problema más acuciante, más necesitado de reforma de nuestro actual ordenamiento académico que, cuando menos, es discutible. Segundo, porque el diseño de la carrera docente es rígido y restringido a quienes hayan seguido, durante un período dilatado de tiempo, todos los peldaños que el proyecto prevé para acceder a la función pública. Nos tememos, señorías, que sólo mantendrán su decisión de seguir en la Universidad aquellos que no hayan encontrado una oportunidad mejor al margen de la propia Universidad. Tercero, porque es un proyecto que parece atenazado por el terror a las consecuencias de la disolución del llamado territorio del Ministerio de Educación y Ciencia, el territorio MEC que, sea dicho de paso, nosotros no hemos intervenido sino que es fruto de un acuerdo mucho más global entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Por ello el proyecto adolece de una sorprendente insensibilidad hacia las competencias de las comunidades autónomas, que, por la experiencia de estos años, las han asumido y las han ejercido con notable responsabilidad y rigor.
Cuarto, porque ello es especialmente evidente en la concentración de responsabilidades que se encuentra en el Consejo de Universidades, que sin duda debería ser reformado antes de atribuirle unas funciones que, con su actual composición difícilmente podrá ejercer con el rigor necesario.
Quinto, porque atenta igualmente a la autonomía de las universidades al enajenar, en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la auténtica selección del profesorado propio de cada una de las universidades. Y, finalmente, porque, al concentrar en la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora todo el peso de selección de los candidatos y al no proceder con el mismo rigor en la competencia docente, se muestra una peligrosa insensibilidad por la mejora de la calidad de la docencia.
Entiéndase que nosotros estamos de acuerdo en valorar y calibrar como cabe la función investigadora, pero no podemos pasar casi de la no función investigadora, y sólo casi y exclusiva competencia

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docente, a menospreciar ésta porque es innata con la carrera docente.
Dos últimos puntos. El texto remitido por el Gobierno no prevé el desarrollo de las figuras de contratados tan razonablemente positivas, si se legislan adecuadamente, para flexibilizar el capítulo 1 de los presupuestos universitarios; y no sólo esto, que es bastante importante para las administraciones públicas, sino, sobre todo, para estimular el rendimiento del profesorado enquistado a menudo en su situación funcionarial.
La segunda, porque aunque evidentemente se hace un esfuerzo para simplificar las figuras del profesorado universitario, el proyecto remitido por el Gobierno es aún algo tímido en ese tema.
Valgan, por tanto, estas puntualizaciones, estas divergencias respecto del proyecto enviado por el Gobierno, para mostrar que es difícil nuestro apoyo a este proyecto tal cual ha venido del Consejo de Ministros. No obstante, como es algo habitual en nuestro grupo parlamentario y no sólo en esta legislatura, que nos lo recuerdan en exceso algunos intervinientes, sino a lo largo de nuestro trabajo en esta Cámara desde 1977, nosotros estamos en una disposición abierta para tratar, para negociar, modificar el proyecto de ley enviado por el Gobierno.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de Lerma. Vamos a someter a votación las dos enmiendas de totalidad, de texto alternativo, que han sido debatidas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria. Enmienda de totalidad de texto alternativo del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 14; en contra, 157; abstenciones, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda de totalidad, de texto alternativo, del Grupo Popular. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 127; en contra, 157; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.


--PROYECTO DE LEY DE INCORPORACION AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 92/100/CEE, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1992, SOBRE DERECHOS DE ALQUILER Y PRESTAMO Y OTROS DERECHOS AFINES A LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL AMBITO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Número de expediente 121/000052)

El señor PRESIDENTE: Debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100, de la Comunidad Económica Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
Para presentar el proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Cultura. (Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.--Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Señor Presidente, señoras y señores, buenos días... (Rumores.), buenas tardes ya. (Risas.) La razón por la que hoy comparezco ante ustedes es presentarles el proyecto de ley de incorporación al Derecho interno de la Directiva 92/100, de la Comunidad Económica Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. En primer lugar, explicaré los motivos que han movido al Gobierno a elaborar dicho proyecto para, a continuación, exponer los objetivos y contenido del mismo.
Explicar las causas del nacimiento de este proyecto obliga a referirse a las consecuencias de la pertenencia de España a la Unión Europea y, más concretamente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Ministra.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Cuando quiera, señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Más concretamente, a los compromisos de armonización legislativa que los Estados miembros asumen por mor de dicha pertenencia.


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En el marco de la armonización de materias relativas a propiedad intelectual, el Consejo de la Comunidad Europea aprobó el 19 de noviembre de 1992 la Directiva sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Aprobada la Directiva, los Estados miembros, y entre ellos España, quedaron obligados a incorporar sus contenidos al propio ordenamiento jurídico mediante normas nacionales. El proyecto de ley que hoy presentamos supone el cumplimiento por parte del Estado español de la obligación antedicha en cuanto miembro de la Unión Europea. De esta manera la tarea de armonización comunitaria adquiere pleno sentido.
Sobre la utilización de una ley autónoma de trasposición en lugar de una modificación directa del texto actual de la Ley de Propiedad Intelectual, me gustaría hacer una serie de consideraciones. Se ha optado por la trasposición mediante ley autónoma con base en los siguientes argumentos. En primer lugar, la aprobación en un breve espacio de tiempo de cuatro directivas comunitarias --programas de ordenador, alquiler y préstamo, duración, satélite y cable--, con unos plazos muy reducidos para ser incorporados al ordenamiento interno. Por otra parte, al incidir dichas directivas en materias que en nuestro sistema se regulan mediante ley, la Ley de Propiedad Intelectual en concreto, es preciso que la trasposición se realice, asimismo, por ley, al ser contrario al principio de jerarquía normativa modificar, como se sabe, una norma de rango superior mediante otra de rango inferior.
Llegados a este punto, se plantea la necesaria elección entre, en primer lugar, realizar la trasposición directamente sobre la Ley de Propiedad Intelectual, modificando, en virtud de la primacía del derecho comunitario, aquellas partes de la misma que se oponen al contenido de la directiva y ampliándola en aquellos aspectos que recoge el texto comunitario y no la Ley de Propiedad Intelectual, o, en segundo lugar, realizar la transposición mediante una ley autónoma y, posteriormente, elaborar un texto refundido que armonice entre sí las normas vigentes sobre propiedad intelectual y las regularice con las directivas comunitarias dictadas sobre la materia y transpuestas a nuestro ordenamiento.
Las consecuencias de una u otra opción serían las siguientes: con el primer sistema, es decir, el consistente en modificar directamente la Ley de Propiedad Intelectual, se ofrecería una mayor comodidad a los destinatarios de la norma, a la hora de utilizarla, ya que no tendrían que consultar dos textos legales diferentes en determinadas cuestiones. Sin embargo, existen una serie de razones en contra de este sistema.
Como se ha visto anteriormente, en muy breve espacio de tiempo se han aprobado cuatro normas comunitarias que afectan a esta materia, lo que conllevaría cuatro modificaciones sucesivas de la Ley de Propiedad Intelectual y las correspondientes tramitaciones administrativas y parlamentarias en el plazo de un año y medio. Esta acumulación de trabajo normativo nos impediría, muy probablemente, cumplir con los plazos establecidos en las normas comunitarias, lo que implicaría la apertura de los correspondientes procedimientos precontenciosos y, eventualmente, contenciosos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La segunda opción posible, es decir, transponer, mediante un texto autónomo y posteriormente llevar a cabo una refundición, ofrece una ventaja de seguridad jurídica, ya que en la ley autónoma se lleva a cabo la primera tarea de desbrozar las partes vinculantes de las meramente orientativas del texto comunitario, a la vez que se recogen, lo más fielmente posible, los mandatos del mismo, con lo que se realiza una labor sumamente importante para el redactor posterior del texto refundido.
Por otra parte, al tratarse de leyes autónomas, cuya única referencia a la hora de ser estudiadas por los órganos responsables de la Administración y del Parlamento es el texto de las correspondientes directivas, se agiliza la tarea de los mismos, ya que se evita en esta fase el plus añadido del estudio simultáneo de la Ley de Propiedad Intelectual que sería preciso si se llevara a cabo la transposición mediante el primer sistema enunciado. De esta manera llegamos a una tarea de simplificación por la reducción del tiempo y fundamentalmente con el consiguiente cumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias.
En lo que concierne ya a los objetivos de la norma española, cabe señalar que resultan plenamente coincidentes, como así debe ser, con los de la comunitaria, habida cuenta de que aquélla constituye un texto de transposición de ésta al ordenamiento jurídico español.
Entre tales objetivos, cobra importancia especial el de suprimir las diferencias existentes entre las legislaciones de los países comunitarios, en lo relativo a la protección de los derechos de alquiler y préstamo y en cuanto a la protección de otros derechos afines a los derechos de autor. Con ello se da cumplimiento a la finalidad prevista en el artículo 7 a) del tratado constitutivo de la Comunidad Europea de establecer un espacio sin fronteras interiores, asegurando, además, un régimen que garantice una competencia no falseada en el Mercado Común.
Simultáneamente, dicha incorporación tiene en cuenta que los derechos objeto de la norma no se ejerciten de tal modo que supongan una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
Por tanto, como conclusión a este punto, reiteraría que los objetivos prioritarios del texto son, por una parte, la supresión de las diferencias existentes entre las legislaciones de los países comunitarios en lo relativo a la protección de los derechos de alquiler y préstamo

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y otros derechos afines a los derechos de autor y, por otra, garantizar un ejercicio respetuoso de las reglas comunitarias sobre la competencia.
Por lo que se refiere también al contenido de la norma que hoy presento ante ustedes, destacaría que en su articulado se establece tanto el objeto de armonización como el de los derechos de alquiler y préstamo. Estos quedan definidos en los términos en que lo hace la directiva que se transpone. Se especifica, asimismo, la exclusión de determinadas formas de puesta a disposición y se determinan los titulares de los derechos. Me permito llamar su atención sobre el contenido del artículo 3, relativo a la irrenunciabilidad a una remuneración compensatoria por parte de los titulares de los derechos exclusivos de alquiler. Tal previsión tiene en cuenta, por un lado, que el esfuerzo creativo y artístico de los autores y artistas, intérpretes o ejecutantes exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos creativos y artísticos y, por otro, que las inversiones necesarias, en particular para la producción de fonogramas y obras audiovisuales, son especialmente cuantiosas y aleatorias y deben ser recompensadas. En el Título primero se contempla, asimismo, la extensión al derecho exclusivo de autorización del préstamo cuando el mismo se realice por determinados establecimientos y ello en atención al servicio que prestan al interés general de la cultura y a efectos de garantizar, de acuerdo con el artículo 44 de nuestra Constitución, el libre acceso de todos los ciudadanos a la misma. El segundo título, dedicado a los derechos afines, se ocupa, en primer lugar, del derecho excusivo de los artistas intérpretes o ejecutantes y de las entidades de radiodifusión para autorizar o prohibir la fijación de sus actuaciones o de sus emisiones, extendiendo el derecho a las empresas de difusión por cable cuando no retransmitan emisiones de entidades de radiodifusión; en segundo lugar, el derecho exclusivo de reproducción; en tercer lugar, los derechos concernientes a la radiodifusión y comunicación; en cuarto lugar, el derecho de distribución, y, finalmente, el artículo 9 remite a la regulación existente en la vigente ley de Propiedad Intelectual a efectos de determinar las limitaciones a la protección de los derechos afines a los derechos de autor.
Quisiera, para terminar, subrayar el hecho de que el contenido de la norma supone un paso importante en la racionalización y puesta al día de la materia objeto de tratamiento legal, tanto en la faceta de los derechos como en el de las excepciones a los mismos. Confío en que en breve podamos disponer de una ley con la que cumplimentar adecuadamente nuestros compromisos comunitarios y nuestras obligaciones para con los ciudadanos y los sectores culturales interesados.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Se ha presentado a este proyecto de ley una enmienda de totalidad de devolución por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora García-Alcañiz.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar la intervención agradeciendo a la señora Ministra y reconociéndole el mérito que tiene intentar justificar algo que es tan poco defendible. Permítame, señora Ministra, que con este reconocimiento, vaya haciendo las argumentaciones de defensa de nuestra enmienda a la totalidad de este proyecto y, al mismo tiempo, poco a poco iré contraargumentando lo poco justificable de lo que usted ha hecho en la defensa de su proyecto. El Grupo Popular ha presentado a este proyecto de lay una enmienda a la totalidad por la que se solicita su devolución al Gobierno. Básicamente solicitamos esta devolución por dos argumentos fundamentales: en primer lugar, por el modo en que se ha realizado la incorporación y, en segundo lugar, por la forma que se pretende tramitar.
Respecto el modo en que se ha realizado la incorporación de esta Directiva por el Ministerio de Cultura, no estamos de acuerdo ni con la vía o instrumento que se ha elegido, es decir, con una ley autónoma, ni estamos de acuerdo con lo que es más importante: con el contenido de la misma.
Por un lado, creemos que el Ministerio, como suele acontecer, no ha hecho lo que tenía que hacer; es decir, primero, no ha estudiado el contenido de la directiva; segundo, no ha analizado lo que ya está recogido en nuestra Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, no hace falta incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, y tercero, no ha preparado un proyecto de ley que modifique la Ley de Propiedad Intelectual exclusivamente en aquellos puntos en los que éstos difieran de la regulación europea. Esta y no otra es la labor de incorporación que el Ministerio tenía que haber hecho y que no ha realizado. Hay que señalar, señor Presidente, el hecho de que si se dicta una ley autónoma existiendo ya una Ley de Propiedad Intelectual que regula las mismas materias, no sólo se crea --como dice la memoria del proyecto de ley-- una incomodidad para el usuario o destinatario de las normas, que debe acudir a dos textos diferentes, como usted citaba, con redacciones distintas, si quiere saber cómo se regula esa materia, sino que provoca una grave situación de inseguridad jurídica, donde inevitablemente, los problemas de interpretación y aplicación legal se multiplican no sólo para los destinatarios finales de estas normas, sino también para los operadores jurídicos que deben aplicarlas. Sin embargo, el Ministerio no concede demasiada importancia a este argumento.
Por un lado dice que hay

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motivos --en los que luego entraremos-- que aconsejan este método y que justifican con creces aquella pequeña incomodidad, y por otro lado dice que, además, este inconveniente no durará mucho, ya que, antes del 30 de junio de 1995, está previsto dictar un texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se incorporarán las cuatro directivas que han sido dictadas en esta materia y que usted ha enumerado, y que con eso se resolverán todos los problemas.
Pues bien, aunque el propio Consejo de Estado «acepta» --entre comillas-- los motivos que esgrime el ministerio para optar por esta vía --que ya veremos que no son tales--, reconoce en su informe que el sistema llamado de incrustación o de modificación directa de la ley afectada por la directiva es técnicamente más correcto, amén de que facilita la labor del operador jurídico, y dice, asimismo, que la opción finalmente escogida exige --y subrayo este exige-- establecer expresamente la incidencia de la nueva ley sobre la vigente Ley de Propiedad Intelectual a través de una disposición derogatoria detallada, cosa que de ninguna manera el proyecto hace. Asimismo, advierte el Consejo de Estado que el proyecto de ley introduce conceptos cuyo alcance es distinto de los también contemplados en la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que, en tanto se dicte ese texto refundido, convendría aclarar aquéllos para evitar posibles interpretaciones divergentes entre uno y otro texto, cosa que el proyecto tampoco hace, señora Ministra. Lo mismo dice respecto de la utilización de determinados términos, que difieren de los utilizados por la Ley de Propiedad Intelectual, asegurando que la técnica de transcripción literal, o prácticamente literal, del contenido de las directivas no debe llevar a la utilización de la norma interna de transposición de categorías jurídicas inexistentes e incluso de construcciones gramaticales ininteligibles. Y aunque acepta las justificaciones que se han dado desde el Ministerio a la hora de introducir determindas expresiones novedosas en nuestro ordenamiento, sin embargo afirma que debe hacerse sistemáticamente, apuntando como argumento más adecuado el de la redacción del texto refundido, al no realizarse ahora una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual.
Paradójicamente, el Ministerio de Cultura mantiene --como usted ha leído-- que la opción que ustedes han escogido tiene la ventaja de la seguridad jurídica, y lo justifican de la siguiente forma: en la ley autónoma se lleva a cabo la primera tarea de desbrozar las partes vinculantes de las meramente orientativas del texto comunitario, a la vez que se reconoce, lo más fielmente posible, los mandatos del mismo, con lo que se realiza una labor sumamente importante para el redactor posterior del texto refundido.
Señorías, señor Presidente, este argumento es ciertamente curioso, curioso porque no hace falta una ley autónoma -- creemos nosotros-- para distinguir qué contenidos de la directivas son vinculantes y cuáles son orientativos, sino que simplemente, bastaría con una somera lectura, ya que los primeros términos suelen tener una redacción del tipo «los estados reconocerán», mientras que los segundos tienen una redacción del tipo «los estados podrán establecer». Esta labor no parece que sea muy difícil ni tiene nada que ver con la elección de un sistema u otro. En todo caso, es una tarea que debe realizarse antes de la incorporación o transposición de la directiva a nuestro Derecho, se haga por un sistema o se haga por otro, y sin duda ninguna no es una tarea importante.
Más importante nos parece el estudio conjunto de la directiva de la ley de propiedad intelectual para ver en qué medida se ve afectada ésta por aquélla, trabajo este imprescindible para una correcta importación de la normativa europea a nuestro ordenamiento, ya se haga por modificación directa de la ley, ya se haga mediante ley autónoma que, al final, debe ser incorporada al texto refundido, para cuyo redactor sí que hubiese sido una labor sumamente importante el haber desbrozado las partes de la directiva que ya están en nuestra Ley de Propiedad Intelectual y que, por tanto, no hace falta transponer, de las que introducen novedades, que hay que añadir a aquélla, y de las que contradicen, que obligan, por tanto, a una modificación. Sin embargo, esta importante labor es la que el Ministerio no ha realizado y que, al parecer, pretende que este Parlamento tampoco realice, sino que se limite a efectuar una incorporación ciega, es decir, a confiar ciegamente en este Ministerio y se limite a firmar la ley autónoma de incorporación que ahora nos presenta y, al mismo tiempo, les demos un cheque en blanco para que dicten en su día el texto refundido sin la opinión y el debate parlamentario.
Así, en la memoria del proyecto se dice que (y cito textualmente): al tratarse de leyes autónomas cuya única referencia a la hora de ser estudiadas por los órganos de la Administración y del Parlamento (es el texto de las correspondientes directivas), se agiliza la tarea de los mismos, ya que se evita en esta fase el plus añadido del estudio simultáneo de la propiedad intelectual que sería preciso si se llevara a cabo la transposición mediante el sistema enunciado, es decir, el de la modificación directa de la Ley de Propiedad Intelectual.
Señora Ministra, resulta tremendamente escandaloso que el Ministerio de Cultura reconozca que en su labor de transposición no ha estudiado en qué medida afecta la directiva a nuestro ordenamiento jurídico, pero aún más escandaloso resulta, si cabe, que piense que el Parlamento va a imitar su negligente comportamiento y va a aceptar, sin más, la propuesta que ustedes nos hacen. Sólo así entendemos que el texto de incorporación presentado por el Ministerio contenga disposiciones, es decir, sin haber estudiado nada, que repitan lo que dice la Ley de Propiedad Intelectual, conceptos y

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redacciones que, siendo parecidos, no son idénticos a los contenidos, y opciones que contradicen impunemente, no ya a una norma, sino el marco general. Esto, señor Presidente, señorías, en términos de técnica legislativa, permítame, señora Ministra, que le diga que es una chapuza, y bastaría que un técnico siquiera lo pensase como posibilidad para recomendarle vivamente su vuelta a la Facultad de Derecho a recordar conceptos elementales. Pero, al parecer, quizá para no contribuir a la masificación de esa universidad (y esta mañana hemos hablado de la situación en que se encuentra), ustedes contribuyen a la no masificación, es decir, usted, señora Ministra, aunque no me escuche, y el Gobierno socialista, nombran altos cargos del Ministerio y así se explica que vengan proyectos de ley como el que hoy nos viene aquí.
Como el Grupo Popular no quiere hacerse partícipe de esta chapuza legislativa, este es, señor Presidente, el primer motivo para que se estudie y por el que solicitamos su devolución al Gobierno, para estudiarlo un poco más --no cuesta mucho esfuerzo-- lo vuelve a presentar, señora Ministra, como debe ser, como el alumno que suspende la convocatoria de septiembre y se le recomienda que traiga la materia un poco mejor preparada para el extraordinario de febrero. ¿Pero cuál es la razón suprema que aduce el Ministerio para haber elegido este equivocado camino? Dice que el cumplimiento de los plazos previstos de nuestra obligaciones comunitarias de transposición.
En la memoria del proyecto se dice que se ha optado por la incorporación mediante ley autónoma, porque en un breve espacio de tiempo se han aprobado cuatro directivas sobre programas de ordenador, alquiler y préstamo, duración, satélite y cable, con unos plazos muy reducidos para ser incorporados en el ordenamiento jurídico interno, transponiéndolas mediante leyes autónomas y evitando, como usted ha justificado en su intervención, el estudio de la propiedad intelectual. Se simplifica la tarea y se produce una reducción en el tiempo de aprobación de las normas y consiguiente cumplimiento de nuestras obligaciones comunitarias. Por el contrario --continúa la memoria--, si se procediese --usted también lo ha dicho así-- a la modificación directa de la Ley de Propiedad Intelectual, ello conllevaría cuatro modificaciones sucesivas, con las respectivas tramitaciones administrativas y parlamentarias, lo que impediría, según su criterio, cumplir con los plazos establecidos de las normas comunitarias y con la consiguiente apertura de procedimientos precontenciosos y, eventualmente, contenciosos ante el tribunal de justicia, como usted nos ha leído hace un momento.
En primer lugar, hay que decir a este respecto que no se entiende la razón de por qué la tramitación de cuatro modificaciones directas de una Ley tarde más que la de cuatro proyectos de ley autónomos, ya que el procedimiento legislativo y los plazos son los mismos. La única explicación es que por el segundo sistema, que es el que ustedes proponen, no se estudie cómo afecta cada una de estas leyes autónomas a la Ley de Propiedad Intelectual, cosa que, como le hemos dicho --se lo vuelvo a recordar-- no ha hecho el Ministerio, pero que de ninguna manera este Parlamento va a dejar de hacer.
En segundo lugar, hay que negar frontalmente que el verdadero motivo de haber elegido este método sea ese repentino interés del Ministerio de Cultura por cumplir los plazos de transposición previstos en las directivas. Como dice la memoria, y como usted nos ha repetido leyéndonos el texto de la memoria, la Directiva que ahora nos ocupa fue aprobada y notificada al Gobierno español el 19 de noviembre de 1992, previendo su artículo 15 que los Estado miembros deberán adoptar antes del 1 de julio de 1994 --fíjese dónde está ya el 1 de julio-- todas las disposiciones necesarias para su cumplimiento, tanto las reglamentarias como las administrativas. Pues bien, si el Ministerio fuera tan celoso en el cumplimiento del plazo de transposición no hubiera esperado más de año y medio para cumplir el compromiso de remitir el proyecto de ley al Parlamento, cuando ya hacía más de año y medio que había excedido ese plazo. Además, parece más increíble este argumento del Ministerio cuando resulta que la Directiva sobre programas de ordenador, dictada el 14 de mayo de 1991, daba de plazo hasta el 1 de enero de 1993 para su incorporación a nuestro ordenamiento jurídico y el Ministerio de Cultura remitió el proyecto de ley correspondiente a esta Cámara en diciembre del año pasado; es decir, con casi un año de retraso. Ya casi se puede decir lo mismo de la próxima Directiva que hay que transponer en esta materia, satélite y cable. Se dictó el 27 de noviembre de 1993, el plazo para su transposición vence el 1 de enero de 1995 y el Ministerio todavía no ha remitido al Parlamento el correspondiente proyecto de ley. Quizá no sería arriesgado apostar que tampoco van a cumplir el plazo de transposición de la Direccitiva que queda sobre plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual, que fue dictada el 21 de octubre de 1993 y que debería estar incorporada a nuestro ordenamiento el 1 de julio de 1995. Como quizá tampoco sería arriesgado pensar que de continuar con este sistema, igualmente se incumplirá el plazo que se ha dado a sí mismo el propio Ministerio para dictar el texto refundido, so pena que para entonces haya otro Gobierno en España.


El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, le ruego que concluya.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Voy concluyendo, señor Presidente.


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Este es el interés que tienen el Ministerio de Cultura y el Gobierno socialista, señorías, por cumplir los plazos de transposición de las directivas comunitarias, y este es el miedo que tiene a la apertura de procedimientos contenciosos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Está claro, pues, que este no es el verdadero motivo de que se haya optado por el sistema de las leyes autónomas y un texto refundido, sino que se ve claramente que tan sólo es una argucia utilizada cuando les parece no conveniente.
Voy concluyendo, señor Presidente. Los verdaderos motivos por los que se prefiere este sistema y el que no quieran, de ninguna manera ver la Ley de Propiedad Intelectual, a nuestro juicio son tres. El primero es que, como decíamos antes, con ocasión de la transposición de las directivas, se pretende introducir en nuestro ordenamiento jurídico, a través de leyes autónomas, opciones que aquéllas permiten, pero que difícilmente encajan en el sistema de la Ley de Propiedad Intelectual o que incluso se oponen a éste frontalmente, produciéndose de esta forma una derogación parcial o modificación encubierta de la Ley de Propiedad Intelectual en aspectos fundamentales, sin el suficiente debate parlamentario. Tal, por ejemplo, señora Ministra, es el caso de la gestión obligatoria de ciertos derechos a través de las entidades de gestión, cuando resulta que la Ley de Propiedad Intelectual diseña un marco de gestión colectiva voluntaria.
En segundo lugar, lo que se pretende con este sistema de cuatro leyes autónomas y un texto refundido es, como también hemos dicho antes, tener las manos libres para remodelar en su día la ley con la excusa de la armonización de los textos legales, sustrayendo de nuevo el debate al Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, le ruego concluya.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Concluyo, señor Presidente.
Esto, señor Presidente, nos parece especialmente grave. En una ley como la de la propiedad intelectual, que requiere el máximo consenso posible, la única manera de lograrlo es que los Grupos Parlamentarios de esta Cámara puedan participar en el debate y no entregar cheques en blanco cuando se utilizan como ustedes los utilizan.
Por estos tres motivos y por el último que había anunciado con respecto a la forma, hemos presentado una enmienda a la totalidad y la devolución al Gobierno. Convendrá, señora Ministra, en que todo ha sido una excusa. El 20 de mayo mandaron a la Cámara esta ley.


El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, le ruego concluya.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, termino.
Simplemente quiero decirles que la enviaron a la Cámara cuando ya estaba fuera de plazo, justamente en el momento en que había elecciones europeas, pensando que los Grupos no iban a estudiar esta ley, pero afortunadamente, los Grupos Parlamentarios y muchas personas interesadas de los colectivos a los que afecta han reclamado, han pedido que se haga un estudio serio. Señora Ministra, hay que trabajar con más rigor, hay que trabajar con más seriedad y no hay que negar al Parlamento los debates que le corresponde en una democracia.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.


El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señora García-Alcañiz, con todo mi respeto, al introducir esta enmienda a la totalidad, el Grupo Popular provoca uno de los debates más innecesarios y más gratuitos que puedan producirse, y no digo oportunista porque sinceramente creo que muy poco provecho va a sacar el Grupo Popular de este debate.
Con todo mi respeto otra vez, señora García-Alcañiz, me parece el mejor de los detectives, que encuentra culpables donde no hay, ni delito, ni cuerpo de delito ni absolutamente nada, de manera que es el mejor de los detectives. Francamente, podríamos dedicar nuestros debates a problemas que tuvieran mayor sustancia y fueran algo más comprensibles, porque creo que absolutamente ningún Grupo de la Cámara y creo que nadie en la opinión pública ha entendido por qué por motivos absolutamente formales, explicados con una abundancia de palabras extraordinaria por la señora Diputada, el Grupo Popular presenta una enmienda a la totalidad a un proyecto de ley que es la transposición de una directiva europea en un tema tan importante, tan fundamental como el de la propiedad intelectual, y en este caso referida a los derechos de préstamo, de alquiler y los llamados derechos afines.
Efectivamente, hemos adoptado una terminología que no era la de la Ley de Propiedad Intelectual, porque creo que merece la pena hacer ese esfuerzo de adaptarse a la terminología que usa la propia directiva y que se impone en el resto de los países comunitarios. Si estamos en una ley de armonización, parece que esos cambios terminológicos que preocupan tanto al Grupo Popular son razonables, y es un esfuerzo que los países miembros debemos hacer.


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Pero el Grupo Popular pretende sustentarse en el hecho de que el Gobierno ha optado por la vía de hacer una ley autónoma en lugar de reformar la existente con algún argumento que no he acabado de entender. Me ha parecido que decía la señora Diputada que no hemos reformado ahora la ley porque lo que pretendemos es hacerlo en un futuro. Es un argumento, repito, que francamente no entiendo. Yo quisiera decirle (como ya lo ha dicho la señora Ministra, pero abundando en los mismos argumentos porque son realmente los que sustentan la posición del Gobierno), que el Gobierno viene perfectamente autorizado por el Tratado de la Unión a optar por la vía de lo que se llama la incrustación --la modificación de la ley, del ordenamiento jurídico español-- o por hacer una ley autónoma que posteriormente se refunde. Pues bien, en este caso le autoriza el Tratado de la Unión, como he dicho, y el informe del Consejo de Estado, del cual la señora Diputada también ha hecho una lectura un poco extraña --yo no voy a entretenerme mucho, es el único papel que he subido a la tribuna--, que dice claramente que la objeción que puede hacerse al sistema elegido consiste en la incomodidad que produce..., etcétera.
Efectivamente, lo reconoce el Gobierno, y lo reconoce este portavoz, que produce una cierta incomodidad en el tiempo el que tardemos hasta que se haga la refundición, el que existan dos textos.
No obstante, frente a este inconveniente reconocido, y que es el único argumento, existen muchos otros para defender la opción tomada por el Gobierno y, desde luego, el principal, aparte del derecho que le asiste --la señora Diputada lo ha despachado de una manera incomprensible-- es que en un plazo muy breve se han aprobado cuatro directivas que inciden en la misma ley, y, efectivamente, podríamos iniciar cuatro proyectos más o menos paralelos de modificación de una ley y encontrarnos con que en la Cámara se está modificando la ley en dos procesos distintos, a lo cual francamente no le veo la garantía jurídica por ninguna parte. Creo que el Gobierno ha optado por la vía más seria y que ofrece mayores garantías, que es proceder a hacer leyes autónomas del contenido de estas directivas.
No recuerdo tampoco que el Grupo Popular dijera lo mismo cuando se discutió la Directiva de programas de ordenador y perfectamente eran válidos los mismos argumentos. No lo recuerdo; a lo mejor es un fallo de mi memoria. Pero la vía que ha cogido el Gobierno va a permitir que en el momento procesal oportuno (no muy lejano ya que tenemos el plazo del 30 de junio de 1995) se realice una refundición con plenas garantías de estas leyes, que todas ellas tienen como objeto perfeccionar el instrumento de la ley de Propiedad Intelectual. No me quiero alargar más, porque creo que los argumentos formales del Grupo Popular no resisten ningún análisis, pero sí quisiera decir, además, que una de las cosas que ha permitido al Gobierno optar por esta vía con mayor comodidad es, como muy bien sabe la señora Diputada y el conjunto de esta Cámara, el hecho de que el Estado español tiene una de las leyes más modernas y actualizadas en materia de derechos de autor, de propiedad intelectual. Seguramente esta trasposición es mucho más cómoda para nosotros que para otros países miembros de la Unión Europea.
Por tanto, señor Presidente, el Grupo Socialista se opone a la enmienda de totalidad del Grupo Popular y manifiesta su extrañeza y su incomprensión ante una iniciativa bastante poco justificada, aunque el Grupo Popular nos tiene acostumbrados a este tipo de iniciativas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
La señora García-Alcañiz tiene la palabra.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, Presidente.
Voy a tratar de ser breve, pero es absolutamente imposible, aunque el señor Clotas, portavoz en este caso más bien del Gobierno que del Grupo parlamentario puesto que no ha añadido nada nuevo a lo que la señora Ministra ha dicho, me permite que vaya contestando rápidamente a las argumentaciones que ha expuesto. En primer lugar, usted habla de debate innecesario.
Ya sabemos que a ustedes no les gusta debatir; que hurtan cuanto pueden al Parlamento; que el señor Presidente del Gobierno viene y elige una pregunta sencillita no sea que le suspendan. (Rumores.) De manera que es absolutamente lógico.
De acuerdo. Para ustedes cualquier debate en esta Cámara es innecesario.
Ustedes hablan de cuerpo del delito. Aquí el delito es que ustedes no estudian ni trabajan y, además, en este caso, agradezco a la señora Ministro el que haya tenido la honradez de decir en la memoria que no lo ha hecho, lo cual es opinable. Ella cree que no es necesario estudiar ni trabajar porque es más incómodo. Nosotros creemos que hay que trabajar y hacer las cosas bien desde el principio, con rigor.
Ustedes eligen una opción para esta ley, aunque efectivamente podrían haber elegido la otra. Yo les he contestado con los argumentos que les da el propio informe del Consejo de Estado; me he limitado a leer eso en la tribuna. De manera que usted ni se ha enterado ni tiene argumentos sólidos, sólo el de las descalificaciones.
Comprendo también su esfuerzo, porque al final la señora Ministro ha pasado la patata caliente al Grupo Socialista, con muy poco --digamos-- fundamento para que ustedes pudieran defender esta opción.
Doy las gracias por la generosidad y comprensión de la Presidencia, y dada la hora, para que no se impacienten mis compañeros aunque el tema es muy importante,

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diré que nosotros creemos en el debate, y que, si no prospera nuestra opción, mantendremos enmiendas puntuales.
Mire usted, señor Clotas. Es muy fácil coger los textos, dos o cuatro, y le puedo mostrar a usted, pero el tiempo me lo impide, en qué son coincidentes y en qué no lo son, que es algo que ustedes ni siquiera han mencionado. Gracias, Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
El señor Clotas tiene la palabra.


El señor CLOTAS CIERCO: Precisamente porque el Grupo Socialista respeta el debate parlamentario nos oponemos a una iniciativa que produce una discusión innecesaria y falsa.
Cualquiera de los temas sustantivos suscitados por S.S. tenía solución en los trámites de Ponencia, de Comisión, quizá de Pleno o después en el Senado, que el proyecto de ley deberá cumplir.
La enmienda a la totalidad se basa --y quiero repetirlo-- en un pretexto formal que para nada se justifica, que nadie entiende. La única justificación que puedo comprender, señor Presidente, es intentar aprovechar cualquier pretexto para subir a la tribuna y hacer un discurso que prefiero no calificar. En este caso el rigor no está de su parte. Léase otra vez el informe del Consejo de Estado, vea cuáles son sus conclusiones y no se quede en alguna ramita o en alguna hoja que, desde luego, ni apoya ni justifica la iniciativa que el Grupo Popular ha tomado en esta ocasión.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clotas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, señorías, el debate que se produce ahora mismo en esta Cámara es uno más de los que se han venido produciendo en torno a la incorporación al derecho interno de las directivas europeas sobre los derechos de propiedad intelectual. Es la cuarta vez que los distintos portavoces --todos, creo recordar-- subimos a esta tribuna para exponer las posiciones respectivas sobre un tema que seguirá ocupándonos porque el nuevo texto que debatimos en su disposición final tercera, fija fecha al Gobierno, y al propio Congreso --concretamente el 30 de junio del próximo año 1995-- para dictar un texto refundido en materia de propiedad intelectual, lo que deberá evitar la inseguridad jurídica a la que se ha referido la portavoz del Grupo Popular, señora García-Alcañiz, argumentando la existencia de diferentes textos legales sobre la misma materia. Esta argumentación, coincidiendo con los criterios expuestos por el portavoz del Grupo Socialista, es contrastada en el dictamen del Consejo de Estado. Me reitero en los argumentos ya expresados, que valoran como ventajoso el planteamiento de desbrozar las partes vinculantes de las meramente orientativas del texto comunitario, recogiendo, no obstante, lo más fielmente posible los mandatos, lo que ciertamente significa una labor sumamente importante --cito literalmente el dictamen-- para el redactor del texto refundido, agilizando y simplificando la tarea; reduciendo, al propio tiempo, el período de aprobación de las normas; compensando la incomodidad que produce tener que acudir a dos textos diferentes para conocer la regulación sobre los derechos de propiedad intelectual, como sucederá hasta el momento prefijado de la aprobación del texto refundido. Sin embargo, sería más problemática la espera del mismo por cuanto la legislación vigente sí que tiene vacíos.
Disentimos aquí del Grupo Popular, que desprotege a los creadores artísticos, sobre todo en cuanto a los derechos de imagen, precisamente los más afectados por la evolución tecnológica, que ha permitido una, cada vez más, incontrolable difusión del producto de la creación artística e intelectual.
En mi opinión, y por su mayor brevedad, queda justificado plenamente el camino legislativo elegido, más allá de los criterios expuestos en la memoria y remarcados positivamente por el dictamen del Consejo de Estado. Además, porque vamos a legislar sobre una materia supeditada a una constante y rápida transformación, como lo demuestran las cuatro modificaciones consecutivas mencionadas, debido a que la inventiva y la tecnología han impactado en los medios de comunicación social, que son el instrumento que divulga imágenes y palabras para las que universalmente se ha reconocido el derecho de percibir compensaciones económicas que fomenten y posibiliten una mayor realización de quienes están dotados de capacidad de creación artística e intelectual, base de la irrenunciabilidad recogida en el artículo 3.º sobre el que ha llamado nuestra atención la señora Ministra.
La cuestión es tan urgente, y las imágenes y las palabras se divulgan a tal velocidad, que se comprende que también se haya fijado un punto de partida para ejercer el derecho cuya regulación iniciamos con este proyecto de ley, el cual valoramos muy positivamente, y de modo muy especial por su oportunidad en la regulación de unas disposiciones en favor de artistas, intérpretes y ejecutantes. No obstante, contiene aspectos sustantivos que intentaremos mejorar con nuestras enmiendas, junto a la corrección de expresiones terminológicas imprecisas y ajenas a nuestro ordenamiento jurídico, como ha sucedido al incorporar otras directivas, cosa que parece lógica.


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Del texto nos preocupan cuestiones como el establecimiento de presunciones legales en favor de los productores. Quizás se debiera evitar una excesiva dependencia del sector de creación artística.
También cabe profundizar sobre la incidencia del canon que se devenga en la mercancía audiovisual, como cabe reconsiderar los mecanismos establecidos para el control de las importaciones y ventas de materiales audiovisuales, que impactan sensiblemente en el sector empresarial español.
Sin embargo, ninguna de nuestras objeciones, que convertiremos en enmiendas, justifican nuestro voto positivo a la aprobación de una enmienda de totalidad. Ello no obstante no nos impide recalcar desde esta tribuna la necesidad de que se cumplan los plazos establecidos en el proyecto para la tramitación de un texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que es la respuesta adecuada a la lógica de una argumentaciónutilizada para justificar la enmienda de totalidad que debatimos.
Nada más, señorías. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baltá.
Vamos a proceder a la votación.
Enmienda de totalidad del Grupo Popular que postula la devolución al Gobierno de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 118; en contra, 160.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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