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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 87, de 13/09/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 87 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 86 celebrada el martes, 13 de septiembre de 1994

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ORDEN DEL DIA: --Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 4482)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Televisión por Cable. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 58.1, de 11 de febrero de 1994 (número de expediente 122/000048) (Página 4482)

Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:

--Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (número de expediente 121/000042) (Página 4494)

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Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):

--Del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la conservación y comercialización de los productos pesqueros.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 81.1, de 7 de septiembre de 1994 (número de expediente 122/000067) (Página 4494)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre situación del sector naval en la ría de Vigo. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 112, de 17 de junio de 1994 (número de expediente 162/000119) (Página 4503) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre retrasos en la implantación de la Telefonía Móvil Automática.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 31, de 29 de noviembre de 1993 (número de expediente 162/000050) (Página 4509)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la Península (número de expediente 173/000046) (Página 4512) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo policial (número de expediente 173/000047) (Página 4518) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico (número de expediente 173/000048) (Página 4524)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 88, de 14 de septiembre de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores Diputados (Página 4482)

Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 4482)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Televisión por cable (Página 4482)

En representación del Grupo Popular defiende la proposición de ley la señora Mato Adrover. Señala que, al igual que en otros casos, el Ejecutivo ha incumplido su promesa reiterada de remitir un proyectode ley de televisión por cable y, ante esa incapacidad del Ejecutivo, el Grupo Popular ha optado por traer a la Cámara esta proposición, tan trascendente para el sector audiovisual en España, habida cuenta de que en estos momentos no conocen más que sucesivos y contradictorios borradores de anteproyectos de ley y de que incluso el Ministro señor Borrell, en sus últimas declaraciones, piensa que la implantación de la televisión por cable no es importante en España. Entiende que, por discrepancias internas en el Gobierno, no es tolerable la paralización de una inversión de entre 500.000 y 700.000 millones de pesetas en cinco años, que supondrán la creación de 80.000 puestos de trabajo. Afirma que se trata de fomentar el desarrollo tecnológico de nuestra industria, la obra de infraestructura más importante de España para los próximos años, abriendo camino a lo que se ha dado en llamar autopistas electrónicas.
Son una serie de razones de importancia suficiente para hacer imprescindible el desarrollo legal que hoy proponen a la Cámara.


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Expone la señora Mato que el Grupo Popular presenta esta proposición anunciando desde este momento su disposición al máximo diálogo, pues están abiertos a la búsqueda del consenso y a introducir en la tramitación de la proposición cualquier modificación que propongan los distintos grupos parlamentarios y que suponga una mejora del texto. Afirma que un retraso en la regulación del cable no hace más que impedir el desarrollo del modelo audiovisual español, y de ahí la necesidad de superar la dinámica partidista y propiciar un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sectores sociales y empresariales afectados, de manera que se establezca un sistema aceptado por el mayor número de agentes sociales. Se trata de un proyecto que habla de libertad de expresión y de libertad de información, que ha tenido en cuenta no sólo los modelos y experiencias de los países de nuestro entorno comunitario europeo sino las propias peculiaridades de la organización territorial de nuestro Estado y las particularidades de nuestro sector audiovisual, un modelo liberalizador, respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, reservando a los poderes públicos la planificación general y la supervisión técnica.
Reitera su oferta de diálogo con los grupos parlamentarios, a los que pide el voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txábarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Morlán Gracia, del Grupo Socialista.
Réplica la señora Mato Adrover y duplica el señor Morlán Gracia.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del Grupo Popular por 133 votos a favor, 164 en contra y cinco abstenciones.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley (Página 4494)

Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Página 4494)

El señor Presidente informa que la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Se aprueba por asentimiento dicha avocación.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Continuación) (Página 4494)

Del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la conservación y comercialización de los productos pesqueros (Página 4494)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la proposición del Grupo Vasco (PNV), aludiendo en su apoyo a los importantes conflictos que a lo largo de este año han trascendido a la opinión pública, pero que los que viven en la Cornisa Cantábrica y verdaderamente conocen la zona marítima del Cantábrico saben que no son casuales este año sino que tienen su causa en problemas que devienen de antaño, en base a las condiciones que tiene la flota pesquera española para pescar en aguas de la Unión Europea y en base a las limitaciones que el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea y las diferentes reglamentaciones comunitarias que establece para la flota española. El Grupo Vasco, tomando como punto de partida los recientes conflictos producidos por el uso de artes ilegales de pesca por parte de embarcaciones de los distintos Estados de la Unión Europea en la captura del bonito, pero que afectan de manera grave a la adecuada conservación y gestión de los recursos pesqueros. Quieren afrontar el problema de la proliferación del uso de redes de volanta en la actividad pesquera, que está suponiendo una grave agresión al mantenimiento y conservación de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino por su nula selectividad y gran efecto depredador en el conjunto de los recursos pesqueros.
Recuerda que en octubre de 1993 esta Cámara aprobó por unanimidad dos proposiciones no de ley instando al Gobierno a la defensa ante la Unión Europea de la prohibición definitiva de todo tipo de redes de volanta, pero al día de hoy sigue vigente el Reglamento 345/92, cuya modificación es urgente, aunque suscita dificultades políticas en la medida en que algunos países son defensores de este tipo de redes. De ahí que todos los grupos políticos representados en esta Cámara deban trabajar para convencer al resto de los países europeos de que la continuación del uso de esas artes supondrá la rentabilidad para el día de hoy pero la pobreza para mañana.
Alude, por último, a la gran frustración de los pescadores españoles y las graves pérdidas económicas

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que han sufrido por los acontecimientos de los últimos meses, así como a los incumplimientos por parte de la flota francesa en la pesca de la anchoa, frente a lo cual proponen que España disponga de un mecanismo de defensa, de intervención del mercado, dejando ya de lado la poca firmeza que ha tenido el Gobierno central a la hora de defender a nuestros pescadores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Vidal i Sardó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular, y Moragues Gomila, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la toma en consideración de la proposición de ley por 309 votos a favor.


Proposiciones no de ley (Página 4503)

Del Grupo Socialista del Congreso, sobre situación del sector naval en la Ría de Vigo (Página 4503)

En nombre del Grupo Socialista defiende la proposición no de ley el señor Cuevas Delgado, manifestando que aquélla tiene su razón de ser en la situación económica por la que atraviesa la comarca de la Ría de Vigo, estrechamente vinculada al sector marítimo, y muy especialmente a las actividades portuarias pesqueras, de transporte marítimo y de la construcción de buques, cuya crisis ha supuesto una importante pérdida de empleo, con la consiguiente tensión social y repercusión negativa para toda la población residente de la comarca.
Informa que desde 1990 los astilleros de la Ría de Vigo vienen manteniendo contactos para establecer acuerdos de colaboración en diversas áreas con vistas a integrar sus actividades y, aunque hasta la fecha no se han traducido esos contactos en fusiones, sí existen iniciativas de colaboración en la puesta en común de algunos servicios, así como en la colaboración en materias comunes. Sin embargo, la falta de contrataciones que vienen sufriendo los astilleros han impedido avances significativos en el establecimiento de actuaciones conjuntas, aunque existe la voluntad de los astilleros implicados de llevar adelante esta línea de colaboración.
Agrega que la importancia de la construcción naval de Galicia ha dado lugar a acciones de apoyo por parte de todas las fuerzas políticas y parlamentarias de la región, fruto de las cuales es esta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a adoptar una serie de iniciativas, distribuidas en seis apartados, que resume a continuación, y de entre las que destaca la constitución de un fondo de garantía para la construcción naval que facilitaría la obtención de créditos para financiar la construcción de buques en nuestro país, tal como ocurre en otros países competidores del ámbito comunitario.
El señor García Fonseca defiende la enmienda presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Durán Núñez, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se aprueba la proposición no de ley del Grupo Socialista por 299 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre retrasos en la implantación de la telefonía móvil automática (Página 4509)

El señor Posada Moreno defiende la proposición no de ley del Grupo Popular, recordando que su presentación inicial data del 4 de noviembre de 1993 y el hecho de que no la hayan retirado y la defiendan hoy en esta Cámara indica el fracaso de la política gubernamental para implantar la telefonía móvil automática. Considera que se han perdido varios meses, cuando esta actividad podría haber supuesto una inversión importante y la creación de puestos de trabajo en momentos de crisis como el actual.
Menciona la batala desarrollada entre los Ministerios de Economía y Obras Públicas, dando una imagen penosa a la iniciativa privada, aunque parece que hoy la situación está desbloqueada, ya que en el Consejo de Ministros pasado se han aprobado las tarifas correspondientes y parece que por fin va a publicarse el oportuno concurso. En estas condiciones, el Grupo Popular plantea una enmienda a su propia proposición no de ley, según la cual el Congreso de los Diputados acuerda constituir, en el seno de la Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente, una ponencia especial para el seguimiento de las actividades relacionadas con la concesión, implantación y funcionamiento del nuevo sistema de telefonía móvil automática en España. Entienden que es muy importante el que este Congreso, a través de esa ponencia, participe en un proceso indispensable, crucial para los ciudadanos y para la economía nacional.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu, del Grupo Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de Ley del Grupo Popular por 137 votos a favor, 161 en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4512)

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la Península (Página 4512)

El señor Martín Menis defiende la moción del Grupo de Coalición Canaria. Recuerda la serie de datos que exponía en la Cámara el pasado 29 de junio al defender la interpelación urgente de la que trae causa esta moción, a la par que hacía un breve repaso de la historia de la industria tabaquera canaria, mostrando su preocupación por el futuro de la planta que tenía Philip Morris con Tabacalera al 50 por ciento, afirmando que en este momento mantienen plenamente su validez los argumentos entonces expuestos y, por desgracia, se han cumplido las previsiones más pesimistas. Expone diversos datos relativos a la producción y venta de tabaco y a la evolución del empleo en el sector, especialmente negativa en la Comunidad Canaria, afirmando que reducir aún más el empleo y la producción allí significaría exterminar la industria tabaquera canaria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo de Coalición Canaria, en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Popular y Socialista, es aprobada por 304 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e interior, en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo policial (Página 4518)

El señor Baón Ramírez defiende la moción del Grupo Popular.
Alude al debate habido en la última semana del anterior período de sesiones al tratar la interpelación correspondiente en torno a las intenciones del Gobierno de transferir a la Generalidad de Cataluña determinadas competencias de la función policial, en un proceso incierto, indeterminado y experimental en el que los hechos consumados se anteponían y prevalecían sobre la previa y necesaria modificación de la legislación correspondiente, sustrayendo el debate a esta Cámara y a la sociedad e ignorando en estos momentos la situación en que se encuentran las negociaciones entre el Gobierno y la Generalidad. Sin embargo, no ignoran que el modelo policial de España no funciona, a juzgar por las estadísticas últimas que ha ofrecido el Fiscal General del Estado en su Memoria referida a 1993, en la que la oleada de delitos hace de nuestro país uno de los más inseguros de Europa. Pero su preocupación va más allá del pesimismo estadístico y reside, sobre todo, en el grado de impunidad de este cúmulo de delitos, ya que dos de cada tres resultan impunes. A su juicio, está claro que el Gobierno ha perdido la guerra contra el delito, contra la seguridad ciudadana, y le pide que tenga la humildad de reconocer que su modelo ha fracasado.
A traves de la moción se establecen cauces para replantear el modelo policial a debatir en esta Cámara, ya que la situación reclama un viraje político trascendental y, a ser posible, mediante el consenso más amplio.
Termina destacando el último párrafo de la moción como el más importante de la misma y para el que pide la votación favorable de la Cámara, en el sentido de que se envíe a la misma una comunicación con los perfiles del modelo policial que se propone para todo el Estado como instrumento o pauta de debate previo antes de que se revisen las leyes afectadas en las que se reordenen y distribuyan las competencias policiales, tanto en el orden funcional como en el ámbito territorial.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya interviene el señor Espasa Oliver.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por 129 votos a favor y 172 en contra.


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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico (Página 4524)

El señor Camp i Batalla defiende la moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), cuya finalidad es la de instar al Gobierno a tomar medidas para mejorar la competitividad de la economía y la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico. Se trata, por un lado, de instar la modificación del derecho concursal.
En segundo lugar; de promover medidas destinadas a propiciar la disminución de la morosidad, y, por último, insistir en la modernización del funcionamiento de la Administración de Justicia a través de la simplificación de procedimientos judiciales y de la adaptación de la Oficina Judicial.
Solicita el voto favorable de la Cámara para esta moción, presentada con intención de mejorar no sólo la Administración de Justicia sino también la competitividad de la economía y, por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos españoles.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores López Garrido, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Pérez Solano, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, la moción es aprobada por 276 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las diez de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Con carácter previo al inicio del desarrollo del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los señores diputados.
En primer lugar, juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por parte de doña María Enedina Alvarez Gayol, Diputada proclamada electa en sustitución de doña Carmen García Bloise; don Justo Tomás Zambrana Pineda, Diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central en sustitución de don Virgilio Zapatero Gómez, y, finalmente, don Bartolomé Flores Flores, Diputado proclamado electo en sustitución de doña María Inmaculada Romacho Romero.
Doña Enedina Alvarez Gayol, ¿jura o promete acatar la Constitución?

La señora ALVAREZ GAYOL: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Justo Tomás Zambrana Pineda, ¿jura o promete acatar la Constitución?

El señor ZAMBRANA PINEDA: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Don Bartolomé Flores Flores, ¿jura o promete acatar la Constitución?

El señor FLORES FLORES: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Doña Enedina Alvarez Gayol, don Justo Tomás Zambrana Pineda y don Bartolomé Flores Flores han adquirido la condición plena de diputados.
Bienvenidos a la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE TELEVISION POR CABLE (Número de expediente 122/000048)

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular de Televisión por Cable.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre de mi Grupo Parlamentario en esta ocasión para defender una proposición de ley que creemos puede merecer, al menos en este trámite, el voto favorable de sus señorías. Digo en este trámite porque hay que recordar que hoy abordamos la toma en consideración y que, sin duda, nuestro texto, siendo riguroso, es siempre mejorable con las aportaciones de otros grupos parlamentarios. Defenderé, con la brevedad que me exige el Reglamento,

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tanto los argumentos que nos han llevado a presentar esta iniciativa, como los rasgos generales que definen su contenido.
En esta ocasión el Grupo Popular no se limita a ejercer la función de control que corresponde a toda oposición, sino también desarrollamos la iniciativa legislativa que compartimos con el Gobierno como tal y que es genuina de los partidos de Gobierno. Con toda sinceridad hubiéramos deseado, como después explicaré, estar discutiendo hoy, si acaso, una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto del Gobierno. Pero, señorías, como en otros casos, el actual Ejecutivo ha incumplido su promesa reiterada de remitir un proyecto de ley de televisión por cable. He hablado antes de texto alternativo porque, por lo que conocemos a través de los medios de comunicación, no compartimos el mismo modelo, sobre todo el del sector del Gobierno que podemos definir como obras públicas.
Dada la incapacidad del Ejecutivo para presentar un texto que fije las reglas de juego de esta nueva modalidad de televisión, es por lo que hemos optado por traer esta proposición que, al margen de consideraciones ideológicas, resulta trascendente para el sector audiovisual en España.
Desde el año 1990, el Gobierno apoyado por los socialistas ha venido señalando, con más o menos vigor, la importancia de esta ley para contribuir al desarrollo económico de nuestro país. En octubre de 1991, la ley de televisión por cable era prioritaria para el Gobierno. En septiembre de 1992, justo un año después, y tras anunciar que el cable debería responder al continuo avance del sector de las telecomunicaciones, se olvidaron del asunto. Borrell decía entonces que el desarrollo legislativo tenía que ir a la par que el tecnológico.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Mato.
Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera.


La señora MATO ADROVER: Señorías, decía que en septiembre de 1992, un año después de anunciar que el cable debía responder al avance en el sector de las comunicaciones, Borrell afirmaba que el desarrollo legislativo tenía que ir a la par del desarrollo tecnológico. Justo después de esto, presentó la regulación del satélite y aparcó la regulación del cable. Y ese es el problema, señorías, que pasa con el Gobierno: que en materia de telecomunicaciones el legislador siempre llega tarde.
Hace pocos meses, en febrero de 1994, otra vez el cable era prioritario. Se llegaba a decir por parte de la Secretaria General de Telecomunicaciones, doña Elena Salgado, que la televisión por cable sería el sistema de difusión más importante en el plazo de cuatro o cinco años. ¡Fíjense ustedes que decía cuatro o cinco años! A estas alturas, la señora Salgado, cuando menos, tendrá que cambiar su afirmación por el plazo de cinco o seis años; es decir, un año al menos de retraso por culpa del Gobierno.
Estamos en septiembre de 1994 y no conocemos más que sucesivos y contradictorios borradores de anteproyectos de ley, y las últimas declaraciones del Ministro Borrell son concluyentes: ya no sólo no considera prioritaria la regulación del cable, sino que, además, piensa que no es importante su implantación en España.
Digo todo esto porque creo que en un momento en que España necesita una legislación que abra posibilidades de nuevos servicios, que reste influencia televisiva a los poderes públicos, en definitiva, que devuelva poder a la sociedad, las discrepancias internas de un Gobierno no deben paralizar el desarrollo de nuestro país. Sus diferencias no pueden impedir una importantísima inversión privada que se producirá en torno al cable en una España que está sumida en una grave crisis económica a la que, desgraciadamente, ha contribuido el propio Gobierno.
Es un secreto a voces que en Economía el cable se ve de una forma y en Obras Públicas se ve de otra diferente. Pero no resulta tolerable la paralización de una inversión de estas características porque dos Ministerios discrepen entre sí.
Señorías, estamos hablando de una inversión de entre 500.000 y 700.000 millones de pesetas en cinco años, que supondrá, además, la creación de 80.000 puestos de trabajo, más 30.000 empleos fijos al inicio de la oferta de programaciones.
Estamos fomentando el desarrollo tecnológico de nuestras industrias, la obra de infraestructura más importante de España para los próximos años. Estamos posibilitando una oferta de programación altamente especializada. En resumen, estamos abriendo camino a lo que ha dado en llamarse autopistas electrónicas. Parece conveniente, por tanto, que se fomente la realización de esta importante infraestructura que, por otra parte, es una de las últimas pendientes de instalar en nuestro país para lograr su incorporación en materia audiovisual a los niveles de las naciones más avanzadas.
Además, abriríamos así el camino a una actividad que, como decía, es generadora de empleo y fuente de un enorme valor añadido.
Por todos estos motivos, porque creemos que no se puede mantener la actual situación de alegalidad, porque estamos pensando en una importantísima inversión, en la creación de nuevos puestos de trabajo, en una ampliación de la oferta y pluralidad televisiva, en una auténtica transformación y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, y porque tenemos que evitar que el Poder Judicial aborde diariamente estos conflictos, por este conjunto de razones, es más que imprescindible este desarrollo legal que hoy presentamos. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

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Señorías, el propio Tribunal Constitucional ha amparado en importantes sentencias, de 31 de enero y del mes de abril de este año a cableoperadores enmendando la plana a las autoridades de telecomunicaciones. Creemos que hay que optar por fomentar la iniciativa privada en la implantación del cable y hacer llegar lo antes posible sus ventajas al mayor número de ciudadanos. Nuestro Grupo ofrece esta proposición anunciándoles desde este momento que estamos dispuestos al máximo diálogo, que estamos abiertos a la búsqueda del consenso y a introducir en su tramitación cualquier modificación que propongan los distintos grupos parlamentarios y que suponga una mejora del texto.
Señoras y señores diputados, un retraso en la regulación del cable no hace más que impedir el desarrollo del modelo audiovisual español y, sobre todo, dejar abierta una de sus facetas más importantes. El sector audiovisual va a ocupar en los próximos veinte o treinta años un lugar absolutamente prioritario en la economía y en la sociedad de los países avanzados. España tiene que tomar decisiones que van a condicionar este sector durante decenios, durante mucho más tiempo del que pueda durar cualquier gobierno. Por ello, es necesario superar la dinámica partidista y propiciar un amplio acuerdo entre todas las fuerzas políticas y entre todos los sectores sociales y empresariales afectados, de manera que se establezca un sistema aceptado por el mayor número de agentes sociales que confíe en la seguridad y dé confianza respecto del horizonte que compartimos.
¿Cuál es el horizonte que pretendemos? Partimos de un convencimiento fundamental y es que, en materia de libertad de información y de libertad de expresión, lo esencial es la propia libertad, no ponerle puertas al campo, que las limitaciones vengan dadas por motivos técnicos y nunca por motivaciones de índole político. En este sentido, consideramos esta ley como un paso transitorio hacia la necesaria ley general de lo audiovisual, que debe regular todos los aspectos relativos a este sector. Nuestro Grupo aboga por una ley general de lo audiovisual que supere las actuales regulaciones y que nos lleve a que la situación de derecho se parezca un poco más a la situación de hecho. Esa ley general de lo audiovisual recogerá el contenido de esta proposición, dotando definitivamente de independencia a todo lo audiovisual y convirtiendo al sector privado en el eje central de lo que debe ser el futuro de la televisión en España. Una ley de lo audiovisual que, como digo, debe ser consensuada por todos los grupos y que se aplicará desde un consejo independiente en el que estarán representados todos los sectores sociales vinculados con la telecomunicación, empezando por la industria y terminando por los sufridos televidentes.
Señoras y señores diputados, nos encontramos hoy ante una propuesta política, no ante una propuesta o un modelo técnico, como les gustará decir a algunos miembros del Gobierno; una proposición donde se define la postura de nuestro Grupo con respecto al panorama audiovisual y a la liberalización de este sector; un proyecto que habla de libertad de expresión y de libertad de información; un proyecto que ha tenido en cuenta no sólo los modelos y experiencias de los países de nuestro entorno comunitario europeo, sino las propias peculiaridades de la organización territorial de nuestro Estado y las particularidades de nuestro sector audiovisual.
Nuestro proyecto es un proyecto de y para el futuro. Estamos seguros de que con las mejoras que se puedan introducir, tendremos ley de cable para mucho tiempo y contribuiremos a la necesaria seguridad jurídica que demanda la sociedad y, muy especialmente, los que están dispuestos a invertir. No estamos hablando de un proyecto que va hacia atrás. Es una proposición de ley que supera la hasta hoy ley básica sobre materia audiovisual: el Estatuto de Radiotelevisión Española y todas las demás disposiciones legales posteriores que afectan a la televisión. Estamos presentando un modelo liberalizador, respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos; es un modelo liberalizador que abre la industria del cable, en todos sus aspectos, a la iniciativa privada, reservando a los poderes públicos la planificación general y la supervisión técnica.
El cable resuelve el problema de la escasez del espectro radioeléctrico, es decir, de la disponibilidad de frecuencias, por lo que no existen en este caso las limitaciones técnicas que justificaban el monopolio estatal de la televisión. Se trata, pues, de una oferta adicional a la de la televisión en sus actuales modalidades. Sin condicionamientos técnicos, es imposible negar que todo el mundo tenga derecho a recibir o a emitir información veraz por medio de la televisión por cable.
En este sentido, nuestro texto garantiza el pluralismo informativo y la libre competencia de servicios al imponer a los operadores de cable la obligación de reservar parte de la capacidad de sus sistemas para su utilización por otros empresarios que ofrezcan paquetes de servicio y programación alternativos, concretamente el 25 por ciento de su capacidad tendrán que reservarlo para empresas ajenas a la titular. Este modelo parte de una calificación jurídica expresa de la televisión por cable... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Mato. Por favor, señorías, guarden silencio.
Puede continuar, señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Este modelo --decía-- parte de una calificación jurídica expresa de la televisión por cable como actividad de interés general, con lo que se supera el antiguo concepto de televisión como

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servicio público esencial de titularidad estatal. Esto supondrá que estas televisiones no estarán sujetas a concesión por parte del Gobierno, sino a tantas autorizaciones como servicios específicos se presten a través de la red del cable, lo que sin ninguna duda implica una intervención administrativa de control para tutela de los intereses públicos.
Hoy ya, en este momento, en España ninguna televisión comercial constituye un servicio público esencial, aunque el Gobierno se ha empeñado hasta ahora en mantener esta calificación jurídica. Es más, diría que incluso la televisión pública del Estado, por la vía de los hechos, es ya una televisión comercial. El Gobierno, no obstante, mantiene esta antigua calificación, siempre que se habla de medios de comunicación audiovisuales, para no perder la oportunidad de otorgar las concesiones y, de alguna manera, controlar este sector, ya que no podemos olvidar que el que cede voluntaria y arbitrariamente una parcela de poder, siempre está en condiciones de pedir contrapartidas por ella.
La televisión por cable constituye una innovación, un servicio adicional de naturaleza claramente distinta a la de la televisión tradicional, de forma que, en lugar de pretender tener contenidos generalistas dirigidos a toda la población a través de un número reducido de canales, se dirige a segmentos concretos en función de intereses específicos y a través de una multitud de canales.
En este sentido, el servicio de televisión por cable se configura, en realidad, como una actividad de valor añadido sujeta a una autorización administrativa, lo que consagra la máxima liberalización. No obstante, como las redes de cable ocupan forzosamente el dominio público, se hace indispensable la obtención de una concesión demanial, cuyo otorgamiento corresponde a los ayuntamientos afectados o a las comunidades autónomas, en caso de demarcaciones que superen el ámbito de un determinado municipio. La aplicación de la demarcación se atribuye a la iniciativa de los ayuntamientos, sin perjuicio del conocimiento y propuestas de los particulares interesados en los proyectos.
Nuestra proposición es absolutamente respetuosa con la autonomía de las comunidades y de las corporaciones locales y, por tanto, se atribuye a los ayuntamientos competencias plenas para determinar las demarcaciones, con un límite de 100.000 hogares, así como competencias para la convocatoria y adjudicación para el otorgamiento de las concesiones de cable.
Los ayuntamientos, en su ámbito territorial, son los principales protagonistas por parte de la Administración, en la medida en que las redes de cable son, casi siempre, exclusivas de un ámbito que abarca a una sola localidad. Las redes de cable, por su propia naturaleza, son locales y responden a las necesidades de los habitantes de los municipios.
Las comunidades autónomas tienen también competencias de otorgamiento de concesiones, así como modificación de demarcaciones, cuando éstas desbordan el término municipal de un ayuntamiento. También son las comunidades autónomas las que tienen la competencia exclusiva para la aprobación de los proyectos técnicos de instalación de redes y para el control técnico de los mismos.
Al Estado le corresponden algunas determinaciones generales, como la fijación de reglas técnicas, la aprobación de estándares técnicos, la garantía del cumplimiento de las normas sobre limitación de la concentración de redes y la garantía de la unidad del mercado en cuanto a la comercialización de servicios y programas en todo el territorio nacional. Todo esto --y aquí introduzco un nuevo elemento característico de nuestro proyecto-- enmarcado en una garantía clave de las decisiones de la Administración: la transparencia. Todo el procedimiento se ajusta a concursos públicos.
Como SS.SS. saben, nuestro Grupo está preocupado por el problema de la concentración, tanto en la vertiente de medios públicos, como en la vertiente de medios privados. El Parlamento Europeo, en 1992, advirtió de los peligros de la concentración.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, vaya terminando, por favor.


La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor Presidente.
Pues bien, la proposición de Ley que hoy debatimos ha tenido muy en cuenta esta problemática, poniendo un límite en la propiedad de estos medios, exigiendo transparencia en la propiedad de los mismos e instando al Gobierno a la remisión de un proyecto de ley que regule las limitaciones a la concentración de participaciones, directas o indirectas, en otros medios escritos o audiovisuales.
Señorías, los elevados costes que suponen la construcción, mantenimiento y expansión de la televisión por cable requieren un marco jurídico abierto y flexible que permita la rentabilidad económica de las inversiones que se realicen. Por ello, hemos propuesto que las concesiones tengan una duración de quince años, prorrogables por otros diez, plazos que se corresponden con lo que es normal en la mayoría de los países de nuestro entorno. Al cabo de estos años habrá que convocar un nuevo concurso al que, como es lógico, podrá presentarse, si así lo desea, el anterior concesionario.
Existen también innumerables leyes, empezando por la ley de leyes, nuestra Constitución, para proteger derechos individuales y, sobre todo, para proteger a la infancia y a la juventud, incluida la incorporación en nuestro ordenamiento jurídico de la directiva conocida como «Televisión sin fronteras».


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Es sabido por todos que esos derechos individuales, los derechos de la infancia y de la juventud, a pesar de las leyes que en este momento son papel mojado y a pesar de todos los códigos deontológicos, no se respetan en las programaciones de las televisiones, comenzando por los incumplimientos de la televisión pública que ya hemos denunciado en este Parlamento en multitud de ocasiones.
Venimos obligados desde el Legislativo, y también desde el Ejecutivo, a preservar los derechos de la juventud y de la infancia. Por eso en esta proposición también nuestro Grupo reitera la necesidad de garantizar la protección de los derechos individuales, familiares y sociales, que van desde la libertad de información y de expresión, el respeto efectivo del pluralismo informativo, la libre competencia, a la protección de la intimidad personal y familiar y, sobre todo, a la protección de la infancia y la juventud.
Para garantizar que el contenido de los canales distribuidos por cable se inspire en los principios reconocidos en las leyes...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Mato, termine, por favor.


La señora MATO ADROVER: Con su benevolencia, termino en un momento, señor Presidente.
Para garantizar que el contenido de los canales distribuidos por cable se inspire en los principios reconocidos en las leyes y, sobre todo, respete el derecho a la protección del menor, la ley remite a un régimen sancionador por la vía penal, haciendo responsable del cumplimiento de estos principios y normas al propio operador de cable, en el caso de canales de producción propia, y asumiendo la responsabilidad solidariamente con el productor, si son canales de producción ajena. Asimismo, recordamos en el texto la necesidad de garantizar el secreto de las comunicaciones, principio tan vulnerado en los últimos tiempos en España y que siempre requiere de un tratamiento especial.
Reitero que en materia de telecomunicaciones y, especialmente, en materia de servicios de radiodifusión, se necesita una permanente adecuación legislativa para que nuestro ordenamiento jurídico acoja las nuevas actividades que estos avances permiten. No son palabras mías, son palabras del Ministro Borrell en el debate del proyecto de ley de televisión por satélite.
Señorías, acabo volviendo a ofrecer todo el diálogo, pidiendo su voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, incluso a los grupos de mayor distancia ideológica de nuestro partido. Seguro que tendrán una óptica distinta en el desarrollo de la ley, pero yo les pido que coincidamos en que hace falta esta norma. Para ello es imprescindible que sin dilaciones y sin más retrasos, empecemos a trabajar en su contenido. Una norma que profundiza la libertad de expresión, que va a permitir canales nuevos de televisión, que va a suponer la oferta de muchos puestos de trabajo y que, sobre todo, es una ley clave para hacer una España competitiva en lo que se refiere a las telecomunicaciones y al mundo audiovisual. Apelando a estos motivos, les pido su voto favorable.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria hace una valoración de oportunidad positiva en la iniciativa que ha tomado el Grupo Popular de traer hoy aquí a debate esta proposición de ley para regular la televisión por cable.
A lo largo de una década esta Cámara ha visto una serie de proyectos que han venido dando un marco o entramado legislativo, en derecho administrativo y en cuestiones técnicas fundamentalmente, al mundo técnico y jurídico de la televisión.
Parecería extraño que cuando tendríamos que estar al mismo ritmo de velocidad legislativa que la técnica va haciendo innovaciones, que ya son, digamos, añejas en muchos países, por poner un ejemplo, en los Estados Unidos donde la televisión por cable ocupa un lugar puntero en la llegada de la señal a miles de hogares, aquí estemos todavía en una situación improcedente por vacío legislativo. A mí me preocupa, señorías, el vacío legislativo... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Mardones.
Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio.
Cuando quiera, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
En ese marco, entramado jurídico que se ha ido desarrollando, yo destaco fundamentalmente la Ley 31/1987, el gran documento de ordenación de las telecomunicaciones; está después la Ley 10/1988, de la televisión privada; está la Ley 32/1992, que modifica precisamente esta primera citada del año 1987, de ordenación de las telecomunicaciones; y llegamos a la Ley 35/1992, de la televisión por satélite y, por supuesto, las disposiciones complementarias de decretos, órdenes ministeriales, que las vienen desarrollando en aquellos aspectos que son de las concesiones administrativas.
Pues bien, si una exigencia de imperativo tecnológico exigió esta Ley, por ejemplo, de la televisión por satélite,

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¿cómo es que el Gobierno no toma la iniciativa o qué razones hay para no traer aquí el Proyecto de Ley de la televisión por cable, cuando precisamente, en comparecencias de la Comisión de Control de Radiotelevisión, el señor Director General del Ente Público de Radiotelevisión Española, señor García Candau, había hablado en sus programas del Ente Público de ir en la utilización de la televisión por cable? Se habían hecho las salvedades para que la legislación española tuviera unas cláusulas de garantía en que, al regular la televisión por cable, no nos encontráramos prácticamente una situación técnica inferior a la que podían tener otras compañías en la competencia exterior; se nos había alertado, y lo hemos hablado en esta comparecencia, del peligro del dominio que ejercen las empresas norteamericanas en el mundo de la televisión por cable y que, precisamente para evitar una colonización tecnológica y, por tanto, comercial e incluso ideológica de las empresas de televisión por cable norteamericanas, tuviéramos los instrumentos legales, los instrumentos administrativos y jurídicos para producir esta defensa jurídica del sistema español de la televisión por cable.
Yo no sé lo que puede ocurrir cuando se llegue a legislar hasta la televisión por satélite, como tenemos, y a las compañías que sean concesionarias de estos permisos o concesiones que dé la Administración central del Estado y ninguna de ellas pueda pasar a distribuir su señal como transportador de la misma por vía del cable, si éste no está suficientemente regulado. Es decir, una empresa que capte una señal del espacio utilizando la vía administrativa de la televisión por satélite, se encuentra en un vacío jurídico cuando quiere hacer la distribución de esa señal a los hogares de los receptores, de las familias españolas y no está regulado el sistema jurídico y técnico de la televisión por cable.
Por tanto, como ya no hay cuestiones de índole tecnológica, cuando las directivas de la Unión Europea se han venido pronunciando al respecto, lo que no podemos nosotros es dejar «ad calendas graecas» que la Comisión correspondiente de la Unión Europea diga una especie de penúltima palabra, dentro de unos años, en el asunto de la televisión por cable.
Entendemos que es este el marco legal que hemos enumerado en sus distintos aspectos y como una posible ley, si se quiere con el carácter singular con que la trae aquí el Grupo Popular o como una ley derivada de la ley de ordenación de las telecomunicaciones. Porque si ya se ha hecho una modificación, parecería lógico darle una oportunidad --nosotros no nos oponemos a ello-- y que, dentro de la ley de las telecomunicaciones, una segunda modificación por adición del capítulo correspondiente a la televisión por cable le dé cabida.
Mientras eso no se produzca y lo traiga aquí el Gobierno, nosotros vamos al fondo de la cuestión y vamos a apoyar con nuestro voto favorable la proposición de ley del Grupo Popular de la televisión por cable, diciéndoles que nos es, y vuelvo a repetirlo, indiferente que sea un proyecto de ley singularizada o un desarrollo de la ley básica de las telecomunicaciones en cuyo marco técnico, legal y jurídico se debe insertar.
Aceptando el trámite de esta proposición de ley, aceptando su debate entraríamos en pormenores, porque hay cuestiones tanto de índole de las concesiones, que creemos que son discutibles, como del ámbito de la distribución de competencias.
Me permito señalar únicamente, porque estamos de acuerdo con el marco general en que lo plantea el Grupo Parlamentario Popular, que, en cualquier momento que traten de reiterar y sea cual sea la suerte que corra esto, hablando desde el punto de vista de Coalición Canaria y recogiendo lo que son las competencias que señala el Estatuto de Autonomía de Canarias, no se olviden de que, en las competencias administrativas, Canarias tiene una figura interpuesta entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma, que es el cabildo insular. Y precisamente el campo de la televisión por cable es el ámbito de la isla donde físicamente se realiza la presencia del transportador de las entidades que van a realizar. Esta competencia debe estar reconocida también para los cabildos insulares en el caso en el que, como hace la proposición de ley del Grupo Popular, al superarse el ámbito administrativo competencial, por los rigores que aquí se contemplan, para la competencia del Ayuntamiento, no la pasen directamente a la Comunidad Autónoma, sino que existe la figura de administración intermediaria de los cabildos insulares.
Por todo esto, aprovechamos la ocasión, señores del grupo mayoritario, para incentivar, a través de ustedes, al Gobierno, dado que no hay presente ningún Ministro, que la regulación de la televisión por cable se traiga de una vez a esta Cámara. Lo demanda una exigencia tecnológica, lo demanda estar al día, para dar satisfacción a una modernización de las telecomunicaciones. Lo que no podemos es seguir manteniéndonos en el vacío legal que no contribuye más que a la inseguridad jurídica del sistema.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor González de Txábarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco hemos examinado con atención esta proposición de Ley realizada por el Grupo Popular ante un tema que está en la propia sociedad,

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en los propios organismos del Estado, de las comunidades autónomas y de los municipios y es una realidad alegal instalada en este Estado.
Anuncio que vamos a votar que no a esta proposición de Ley porque nos encontramos con una sorpresa: que mientras que desde estas mismas instancias de la sociedad civil, desde estas mismas instancias administrativas estamos reclamando esta legislación en torno a la televisión por cable, la misma viene realizada por parte del Grupo Popular con unas características que no coinciden con los elementos básicos que desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos como imprescindibles para que esta legislación pueda ser realizada.
Una ley de televisión por cable, que debe estar prevista para que su articulado tenga aplicación en 1995, es decir en el último quinquenio del siglo XX, entendemos desde el Grupo Vasco que no debe mirar al pasado ni a reglamentaciones similares de otros países de nuestro entorno que, evidentemente, a pesar de ser recientes, no responden al avance de la tecnología; en este momento, la propia tecnología, en los marcos en los que se está desarrollando y a la velocidad a que lo está haciendo, la está dejando obsoleta.
Entendemos que las directrices de la Unión Europea nos están marcando las pautas a seguir en este tema de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y por ello creemos que no es el tema la televisión por cable, sino el conjunto de medidas a legislar en torno a la tecnología moderna y al avance que está teniendo lugar en estos campos por el desarrollo de los sistemas ATM que permitirían implantar redes comunes a todos los servicios, no sólo al de televisión por cable, a la telefonía, a la transmisión de datos, a la videoconferencia, a la propia educación a distancia o a temas conexos con las propias redes. Así lo estamos haciendo en el País Vasco, desde las instituciones autónomas que están siendo pioneras en estos temas de cableado e infraestructuras de comunicación y pensamos que votar a favor de la toma en consideración de una proposición de ley donde se indica, por ejemplo, en uno de sus artículos que las comunidades autónomas no podrán invertir en estas infraestructuras, nos lleva a otros tiempos, nos lleva, si se quiere, al otro extremo de la teoría Borrell de que el Estado lo hace todo, aquí se liberaliza todo, y no responde por ello, desde nuestra opinión, a la actual realidad social, a la actual realidad de las propias instituciones, ayuntamientos, comunidades autónomas e indudablemente, señora Mato, del propio Estado.
Pensamos que no podemos perder esta oportunidad que se nos presenta de modernizar la estructura de telecomunicaciones en este Estado con el auxilio de estas redes de teledistribución y que el objeto de materia de esta proposición de ley viene muy reducido y debe ser considerablemente ampliado.
Compartimos con el Grupo de Coalición Canaria que, evidentemente, el retraso en la legislación en estas materias por parte del Gobierno es evidente. El señor Borrell sale cada quince días prácticamente a anunciarnos que pasado mañana, en el próximo Consejo de Ministros, el proyecto de ley va a ser aprobado y remitido a esta Cámara y hay un incumplimiento flagrante en torno a estas materias, pero ello no nos debe llevar a tomar en consideración proposiciones de ley como ésta, de buena voluntad, indudablemente, que ponen en evidencia que el Gobierno se está retrasando en estas materias pero desde su propia redacción entendemos que quedan muy desfasados de los propios borradores que están circulando en estos sectores y que desde el mismo Ministerio indudablemente han sido redactados.
Nos parece, en el análisis pormenorizado de los artículos de esta proposición de ley, que alguno de los aspectos, en ese empeño de poder hacer enmiendas o de que una vez tomada en consideración la proposición de ley pudieran ser corregidos, no da margen suficiente para poder realizar ese trabajo y por eso anuncio que desde el Grupo Vasco vamos a votar en contra de su toma en consideración, porque es de todos conocido que las tecnologías de teledistribución, dada su escasa y casi nula implantación en este Estado, no están al alcance de ser dominadas y correctamente interpretadas por los servicios técnicos de la generalidad de los municipios, tal y como se propone en esta proposición de ley. La propia propuesta reconoce estas limitaciones al otorgar al Estado la facultad de ordenar las normas básicas y generales de ordenación del propio servicio.
A nuestro juicio, no es coherente que sea el propio municipio el que otorgue la concesión y que posteriormente se evalúe por parte de la administración de la comunidad autónoma el proyecto técnico. A nuestro entender, el proyecto técnico debe ser incluido en la propia valoración de méritos para el otorgamiento de la concesión y debe ser, además, en algunos casos excluyente, ya que ciertos proyectos que no cumplan determinadas condiciones técnicas deberían ser excluidos del propio concurso. Dada la ligazón entre el proyecto técnico y la adjudicación, entendemos, además, que es la comunidad autónoma la competente para resolver esos concursos y, en ningún caso, el Estado.
Pensamos también que esta propuesta tiene el riesgo de provocar una atomización del territorio, incluso de las grandes ciudades, en los parámetros en que viene determinada la proposición de ley, con redes de tecnología no suficientemente homogéneas que difícilmente podrán llegar a ser la alternativa a la red actual y capaces de soportar los nuevos servicios. La limitación a los parámetros que viene dada en esta proposición de ley, en 100.000 hogares en el propio tamaño de las redes, condena a los ayuntamientos anexos a las grandes ciudades a disponer, evidentemente, de redes distintas y, por tanto, con menor calidad y capacidad,

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ya que es muy posible que no alcancen el tamañode masa crítica necesaria para dotarles de los suficientes equipos técnicos avanzados y serán, sin ninguna duda, más costosos.
Creemos que estas demarcaciones territoriales deben ser fijadas en todos los casos con criterios de optimización de recursos y, por ello, no entendemos los parámetros que se vienen utilizando en esta proposición de ley. La limitación de no poder instalar por demarcación una sola red de cable, nos parece que conculca el propio espíritu de liberalización que preside genéricamente la propia proposición de ley, otorgando un nuevo monopolio, ya que no se cita en ningún punto que el operador nacional Telefónica pueda ofrecer ese servicio en competencia; es más, el artículo 20 de la propia proposición de ley prohíbe expresamente esa actividad, lo cual está en contra de todas las tendencias internacionales y yo creo que también del sentido común.
El proyecto pensamos que tiene carencias fuertes que no podrían ser subsanadas, en ningún caso, en un trámite posterior, a través de enmiendas. No contempla adecuadamente las redes de televisión por cable como alternativa tecnológica a la red actual, promueve una excesiva atomización de estas redes y no contempla una figura de servicio portador que dé la oportunidad a diversos operadores de acceder al mercado en igualdad de condiciones; presenta, además, lagunas de coordinación en la determinación de las demarcaciones, en el otorgamiento de las licencias y en el control técnico de las redes. Entendemos que no se contempla una mínima disponibilidad de servicios comunes a implementar por las propias redes ni hace referencias tecnológicas.
Desde esta perspectiva, urgimos, como ha hecho el portavoz de Coalición Canaria, al propio Gobierno e indudablemente al Grupo Socialista a que las promesas del señor Borrell en torno a esta legislación se cumplan a corto plazo y se termine con la actual situación de alegalidad de las televisiones por cable, que se asuma el compromiso por parte de toda la Cámara en el sentido de no regular sólo la televisión por cable, sino toda la problemática tecnológica referida a lo que hoy se llama ya autopistas de la información, y estemos, señor Presidente, en condiciones de dotar al Estado de estas infraestructuras, que son las que hacen futuro.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txábarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que debatimos, pese a que contiene algunos aspectos sobre los que discrepamos, debo decir que, de entrada, tiene un relieve positivo, puesto que viene a forzar la discusión parlamentaria de algo que, como bien se apunta en el preámbulo de la iniciativa, no constituye una mera modalidad técnica, sino que es un paso decisivo para la transformación del panorama audiovisual.
Desde hace dos años viene retrasándose por diversos motivos la presentación del correspondiente proyecto. En parte, esto ha suscitado una polémica muy viva entre todos los sectores implicados, lo que probablemente ajustará mucho más a la realidad el proyecto que esperamos ver pronto en la Cámara.
Sin embargo, el retraso está produciendo una incertidumbre notable y, sobre todo, un crecimiento muy desordenado de esta modalidad de transmisión televisiva.
Cuando se aprobó la Ley de televisión por satélite, de la que discrepamos en su momento, se optó por dejar paralizada la regulación del cable. Si la proposición del Grupo Popular en cuestión sirve para comprometer al Gobierno a acelerar todos los estudios necesarios y traer el correspondiente proyecto, habrá dado ya frutos positivos su mera formulación.
En todo caso, debo decir que nuestras discrepancias afectan a algunos de los aspectos más relevantes de la proposición de ley.
En primer lugar, no queda claro el reparto competencial entre las administraciones públicas. Sin entrar en una análisis doctrinal sobre la propia delimitación de las competencias, puede observarse esta confusión en la propia esencia del concepto de demarcación territorial que abre la puerta a que diversas administraciones, según la interpretación que se haga, puedan reclamar.
La demarcación territorial puede ser inferior a un municipio, pero también englobar una mancomunidad. Lo esencial es la denominada estación de cabecera de esa red territorial y, por tanto, nos hemos de mover en el ámbito que defina la tecnología y no en el puramente administrativo.
Nos parece esencial que el ámbito competencial pleno en aspectos como las concesiones, tanto de la red del cable como de todos los operadores, corresponda a quien asuma la competencia de ordenación territorial. (Rumores.) En segundo lugar, si bien la proposición de ley no limita la capacidad de difundir otros servicios de telecomunicación...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Recoder.
Señorías, ruego silencio.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.


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Decía que, en segundo lugar, si bien la proposición de ley no limita la capacidad de difundir otros servicios de telecomunicación, es evidente que una regulación del cable hoy debe venir acompañada de una propuesta completa sobre los servicios que puedan prestarse de manera paralela, incluso con interactividad o bidireccionales. El gran debate de este año ha sido precisamente el de las autopistas de la información, como ya hacía referencia otro interviniente.
En Inglaterra, por poner sólo un ejemplo, tras el fracaso del desarrollo inicial de la televisión por cable, se integraron los diferentes servicios en un solo soporte, como lo demuestra su nueva y reciente estructura audiovisual basada en la liberalización y coordinación de la telefonía y la televisión por cable en las nuevas redes.
En tercer lugar, no nos parece razonable cerrar la puerta a la presencia del sector público en este terreno. No se trata de imponer una presencia de este sector en un terreno en el que hemos de dar mucho juego a la sociedad civil, sino que dado que el esfuerzo económico, tecnológico y de infraestructuras, como se dice en el preámbulo de la proposición de ley, ha de ser ingente, la Administración ha de considerarlo un sector prioritario y asumir un papel relevante. En el caso de otros países así ha sucedido. Sin el impulso no sólo de las grandes compañías de servicios, sino también del propio Estado, no puede garantizarse el éxito de la televisión por cable.
Por último, no plantea la proposición la solución a una cuestión tan fundamental como es la sindicación de programas y creación de cadenas no previstas en la legislación que se propone.
No olvidemos las técnicas que se han utilizado en otros países, como Italia, en que se han sorteado todas las previsiones legales para la concentración de medios y creación de cadenas mediante la emisión teórica con segundos o décimas de segundo.
En definitiva, estos son algunos aspectos que deben requerir en todo caso una reflexión más profunda y un proyecto, desde nuestro punto de vista, que debería ser más elaborado.
Esperaremos, en consecuencia, al proyecto del Gobierno, que deseamos resuelva correctamente estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
En este sector, sin duda estratégico, desde el principio venimos sufriendo una auténtica ausencia de planificación. Por parte de los sucesivos gobiernos ha habido una falta total de proyecto global, no sólo con respecto a la televisión por onda, sino a la televisión por cable o el resto de la información y la telefonía. No hay ideas claras ni siquiera con respecto a la televisión pública. De ahí que no se esté utilizando la televisión pública en cuanto servicio público esencial, que para nosotros es un principio constitucional. He aquí, por lo tanto, la primera contradicción de la proposición de ley del Grupo Popular, que evoca el artículo 20 y, sin embargo, quita de en medio el servicio público esencial, hablando repetidamente de un servicio de interés general.
Desde el principio hay una contradicción muy seria entre la filosofía del Grupo Popular y la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
A partir de esta contradicción, habría que analizar si la estructura profunda de esta proposición es o no enmendable, lo cual nos va a llevar a nuestra posición definitiva con respecto a la propuesta que ha defendido la señora Mato.
La televisión por cable no está sustentada por un proyecto claro del Gobierno. Tenemos algunas apreciaciones del señor Ministro, una última, hoy, en algún medio de comunicación, en el sentido de integrar en el cable no sólo la televisión, sino también la telefonía y la información --por tanto, se está hablando ya de autopistas de información o de comunicación--, y no hay una idea clara en un tema de enorme importancia, que a medio plazo puede incluso sustituir y poner de vacaciones a la televisión por satélite. Cuando se habla de televisión por onda o por satélite a este nivel, se está hablando del siglo XX; cuando se habla de la televisión o de la información por cable, se está hablando ya del siglo XXI. Desde luego, con un proyecto liberalizador como el que aparece --aquí viene la segunda enorme diferencia entre la propuesta del Grupo Popular y nuestra filosofía-- en la propuesta del PP con respecto a un tema de importancia estratégica, nosotros también nos hemos preguntado si ésta es realmente enmendable a través de un debate, sea o no de totalidad.
Nosotros pensamos que desde un principio hay que ir en estos momentos a un consejo superior de la comunicación; primero, porque no existe planificación, no hay ideas claras; segundo, porque habría que buscar un área no gubernamental a la hora de decidir una serie de temas de enorme importancia, entre ellos, el de la concesión de las licencias, sea televisión pública o privada, en todo caso, servicio público esencial y no servicio de interés general como yo creo que preconstitucionalmente recoge la propuesta del Partido Popular. Un consejo superior de la comunicación que tuviera un carácter resolutivo fundamentalmente, no sólo consultivo, incluso en la concesión de licencias. Al mismo tiempo, hay cosas que no aparecen, a nuestro juicio, salvaguardadas

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en la proposición del Grupo Popular, como pide la Unión Europea, en principio, para el esclarecimiento de una posición pero consecuentemente después a una propuesta legislativa, una ley contra el monopolio televisivo. Esto no aparece absolutamente superado, a nuestro juicio, en la propuesta que hace el Partido Popular, aunque en la exposición se haya aludido a que van en esa dirección. En ese caso, nos faltaría la ley antimonopolio cuyo borrador ya anunció hace unos once o doce meses el señor Arenas, que es absolutamente necesaria de cara a este proyecto estratégico global de la televisión, la telefonía y la información.
En este marco general, nosotros veríamos que entonces sí se podría debatir una ley de televisión por cable adecuada.
Aislando la ley de este marco y, desde luego, apuntando una perspectiva de liberalismo a ultranza, nosotros no podemos coincidir, porque estaría exenta de un control democrático no gubernativo, no se aseguraría la diversidad --por tanto, no hay aquí medidas realmente claras contra la concentración de los medios--, no estaría clara la concesión ni si ésta se hace en función de servicio público esencial o no --eso si está claro en el sentido de que se pide sólo un servicio de interés general--. Por tanto, nosotros pensamos que el artículo 20 de la Constitución no está recogido rigurosamente en esta proposición de ley, que las concesiones siempre se hacen desde un área de gobierno que puede, como se ha dicho anteriormente, en cierto grado fragmentar lo que es un servicio de carácter público y estratégico; que la infraestructura se propone al margen del Estado, incluso de los servicios y de las empresas públicas, cosa que no nos parece aceptable ni posible; que no hay una estructura de control democrático --nosotros hablamos siempre del consejo superior, del consejo estatal, o como se quiera llamar, de la comunicación--, y que, hasta cierto punto, se está hablando más de una propuesta de ley de televisión local, o por lo menos se solapa con la estructura de una propuesta de televisión local, que de un servicio de enorme importancia y que va a diseñar el futuro en el siglo XXI de este tipo de servicios.
El grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya está trabajando, de cara a aclarar las ideas y a generar el debate correspondiente, absolutamente necesario en este sevicio de enorme importancia, en el diseño de un consejo general de la comunicación, primero; en segundo lugar, en una proposición de ley contra la concentración de los medios, en sintonía con los debates que se están teniendo ahora en el marco de la Unión Europea; y, en tercer lugar, en este contexto, en una propuesta de ley de televisión por cable.
Consecuentemente con estas ideas y teniendo en cuenta que pensamos que esta proposición no es enmendable en su estructura profunda, en su idea-eje, su idea-fuerza, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya votaría negativamente la toma en consideración.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista sobre esta proposición de ley del Grupo Popular en relación con la televisión por cable.
Desde luego, coincido con la portavoz del Grupo Popular en que nuestro modelo no tiene nada que ver en absoluto con el suyo.
Es decir, la diferencia que existe entre su modelo y el que nosotros propiciamos es de un profundo calado político, e ideológico en muchos casos.
En esta proposición de ley, además de la diferencia a que he hecho referencia, hay otras de carácter técnico o de menor interés que, si tengo tiempo, al final de mi intervención comentaré. Prefiero referirme, en un primer momento, a aquellos aspectos que considero más importantes para determinar la razón de por qué mi Grupo político no va a apoyar la proposición de ley. He de aludir a este tipo de planteamientos porque son los que promueven una diferenciación más nítida entre lo que ustedes dicen y lo que nosotros proponemos y que se contempla en un futuro proyecto de ley que el Gobierno aprobará en breves fechas y que será traído a esta Cámara. Dichos planteamientos tienen que ver con la distribución competencial, con la estructura del marco normativo, con la exclusión de la participación del sector público en las sociedades operadoras del cable o con el papel que deben jugar los municipios y las comunidades autónomas, sin dejar de lado un aspecto importante --al que antes ha hecho referencia el portavoz de Izquierda Unida-- cual es el de la resistencia del Grupo Popular a hablar de servicio público y sustituirlo por servicio de interés general.
Cuando se hace referencia a lo que es el objeto de la proposición de ley, en el artículo 1, apartado a), se indica que es la regulación del servicio de interés general de televisión por cable. Desde nuestra perspectiva y de acuerdo con el artículo 2.1 de la LOT, que marca todo el sistema normativo de lo que tienen que ser las telecomunicaciones en este país, modificable con todas las reformas posteriores y con las aportaciones comunitarias que tenemos que trasponer a nuestro sistema de telecomunicaciones, no deja de ser un servicio público, esencial, de titularidad estatal, criterio que ha revalidado nuestro más alto Tribunal, el Tribunal Constitucional, en la sentencias 206/1990 y 31/1994, de 31 de enero.


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De aceptarse su consideración de servicio de interés general, se limitarían profundamente las facultades y posibilidades de uso que tienen los ciudadanos, ya que su prestación no estaría sometida a los condicionamientos que intrínsecamente vienen contemplados en la prestación de un servicio público y repercutiría en el derecho que todo ciudadano tiene a tener acceso a la información, a la participación política, a la difusión de la cultura, de la educación, del deporte, del ocio, así como a contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y a pesar de que usted ha dicho desde esta tribuna que eso venía contemplado en la proposición de ley, sí que es cierto que se ha tratado de buenas palabras que después se han visto desvirtuadas por lo que es el contenido del texto articulado de dicha proposición de ley. Hablar de interés general es hablar de un concepto muy amplio que debe inspirar toda la actuación de los poderes públicos, pero su interpretación y aplicación son nuy subjetivas, porque estoy convencido que su concepción de lo que es el interés general no coincide con la nuestra. Sin embargo, el concepto de servicio público sí tiene una traslación al mundo de la norma y de la práctica diaria.
En segundo lugar, las redes que se plantean tienen la vocación de ir más lejos que la pretendida de una televisión por cable, y a lo largo de todo el texto se da más importancia a algo que usted ha comentado aquí muy sucintamente, como son los otros servicios de telecomunicación, es decir, los servicios multimedia, la interactividad, etcétera. Han dejado abierto un campo que no cierra la propia proposición de Ley y que es preocupante porque se pueden generar disfunciones muy serias en todo el sector de las telecomunicaciones, y ustedes, a pesar de ello, en el proyecto lo definen de forma vaga y amplia, en lugar de responder a lo que tendría que ser escuetamente el título de la proposición de Ley, es decir, a la televisión por cable.
Pensamos que esta forma de tratar la regulación de la televisión por cable y la regulación de lo que es exceso de capacidad del cable facilitaría la discrecionalidad y la arbitrariedad en la concesión o autorización del desarrollo de los servicios de telecomunicación, a la vez que iría en contra de lo dispuesto en el artículo 149.1.21 de la Constitución española, que atribuye su competencia exclusiva al Estado. Me gustaría saber por qué razón no se habla de una ley del cable en lugar de una ley de televisión por cable o por qué razón intentan solapar la regulación más precisa del exceso de capacidad del cable y no plantean de forma nítida qué es lo que entienden ustedes por ese exceso de capacidad, qué tipo de servicios, qué tipo de datos, qué tipo de información y de actuaciones hay que llevar a cabo para que el exceso de capacidad que genera el cable sea perfectamente regulado y sometido a la tutela de la ley. Nosotros pensamos que esta no es la forma más adecuada de regular estos servicios y por ello esperamos que cuando se debata el proyecto de Ley del Gobierno se verá que nuestro sentido es absolutamente distinto al que ustedes plantean.
En tercer lugar, ustedes rompen el marco legal de las telecomunicaciones, que está regulado por la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, ya que establecen la transferencia de una serie de competencias a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas que genera un doble marco legal y que sin lugar a dudas provocará, desde nuestro punto de vista, una confusión normativa que implicaría la aparición de una inseguridad jurídica no deseable en el caso de que esta regulación se hiciera en los términos en que viene contemplada en la proposición de Ley.
No podemos estar de acuerdo con la forma en que se habla de la cesión de competencia concesional, que son la construcción de infraestructuras de telecomunicación, o sobre la cesión de la competencia para utilizar servicios de valor añadido regulados en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, o con la cesión de competencias de inspección técnica sobre las redes y servicios desarrollados a partir de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, y todo ello si supone, como así se desprende de esta proposición de ley, la fragmentación del mercado de las telecomunicaciones, un incremento en el gasto de regulación e inspección o un significativo descontrol de la actividad, y ello además si tenemos en cuenta que las telecomunicaciones se encuentran en un proceso de convergencia tecnológica que va a posibilitar que todos los servicios se presten por todas las redes, con lo que es absurdo mantener los marcos normativos y autoridades administrativas reguladoras tal y como vienen, contempladas en la proposición de ley.
En cuarto lugar, nosotros no podemos estar de acuerdo con la exclusión que se pretende hacer de que no podrán participar en el capital de las sociedades operadoras de cable los entes públicos, las empresas públicas ni las empresas que estén bajo el control efectivo de aquéllos. Bajo nuestra perspectiva resulta verdaderamente inaudito que una empresa privada como Telefónica, participada en minoría por el Estado y por tanto con mayoría de capital privado, con una especialización y tecnificación incuestionables, que ha realizado en los últimos años un esfuerzo inversor importantísimo, quede inhabilitada para poner todos sus recursos e infraestructuras a disposición de los operadores que lo deseen y que conseguirían una importante disminución mediante los oportunos conciertos de todas las magnitudes económicas si tuvieran que construir nuevas infraestructuras. La exclusión de Telefónica que se pretende supondría poner piedras en el camino de un progreso tecnológico de la principal red del país, puesto que, como ya he dicho, no podría poner a disposición de los distintos operadores unas infraestructuras y recursos altamente tecnificados, que desde luego, sin lugar

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a dudas, contribuirían a abaratar lo que van a ser los costes de implantación de la televisión por cable, y creo que los usuarios estarían contentos de ser los perceptores de todos los avances que la investigación de la Compañía Telefónica ha realizado en el sector de las telecomunicaciones en España.
Toda la investigación que se está haciendo y todo el desarrollo que están propiciando esos avances irían, como digo, en beneficio de los usuarios porque se caminaría en la dirección de ir consiguiendo, entre otras cosas, la pronta implantación de la red de servicios integrados de banda ancha.
Tampoco nos parece lo más adecuado y lo más correcto que se premie a los operadores ilegales actuales, estableciendo su derecho preferente a optar a las concesiones que se presenten tras el cumplimiento de unos requisitos como son el número de hogares abonados --cinco mil-- y el del plazo que tiene la inspección técnica para saber si todos ellos están abonados --un mes--. Creo que es materialmente imposible que una inspección técnica revise en el plazo de un mes las casas y los domicilios particulares de estos abonados. Creo que esta pretensión que viene contemplada en la proposición de ley hace inviable la mínima objetividad y posibilita la máxima discrecionalidad en el otorgamiento de la concesión provisional.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista piensa que es una proposición de ley no aceptable porque vulnera una serie de principios fundamentales relacionados con la eliminación de la consideración de la televisión como servicio público; porque pretende eliminar de la participación en el sector de las telecomunicaciones lo que es la compañía Telefónica y otros entes públicos que están verdaderamente capacitados para ello; porque establece un marco regulador dual al incorporar competencias no muy bien definidas respecto a comunidades autónomas y ayuntamientos y porque pensamos que saca todo el sector de las telecomunicaciones del marco normativo que ha generado la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, de la reforma que hubo hace unos años y de la adaptación de las resoluciones y directrices de las Comunidades Europeas.
Por ello, señoras y señores Diputados, mi Grupo va a votar en contra de esta proposición de ley planteada por el Grupo Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar, señorías, a la votación. (La señora Mato Adrover pide la palabra.) Señora Mato, ¿a qué efectos quiere intervenir?

La señora MATO ADROVER: Simplemente a efectos de replicar a la toma en consideración del resto de los grupos; es decir, al turno en contra que han efectuado todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sabe S.S. que solamente hay réplica con respecto a los turnos en contra.
Ahora bien, como en este caso concreto no se ha consumido un turno en contra y se puede entender claramente que S.S. ha sido contradicha en la intervención del Grupo Socialista, tiene la palabra por cinco minutos.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad y agradeciéndole su benevolencia, deseo contestar al turno en contra que han ejercido los grupos parlamentarios en esta ocasión a la proposición de ley del Grupo Popular.
Las discrepancias que se han producido durante esta sesión obedecen a discrepancias de fondo y creo que se podrían...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Perdón, señora Mato, no ha habido ningun turno en contra; ha habido fijación de posiciones de las que S.S. puede entender que ha sido contradicha en alguno de sus argumentos. Tiene la palabra para contestar a las intervenciones en las que S.S. entiende que sus argumentos han sido contradichos.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Simplemente deseo manifestar que las discrepancias de fondo que se han producido con respecto a nuestro Grupo creo que se podrían defender en Comisión. Entendemos que no es admisible que no se tome en consideración una proposición que ha sido aceptada por todos los grupos que tienen relación con el sector por su rigor y por su viabilidad. Entendemos que haya cuestiones concretas, como el poder de los poderes públicos o como la distribución de competencias, que se han expuesto en esta sesión, para votar en contra de ciertos artículos de la proposición. Lo que no es justificable es que no se tome en consideración una proposición que es importante para el desarrollo económico de España, que va a producir una gran inversión y que todos los grupos están de acuerdo en que tiene que estar ya en vigor para adecuar la realidad actual a la situación legal que tenemos, que va por detrás de los hechos.
En segundo lugar, con respecto al tema de la distribución de competencias, creemos que está bien resuelto en nuestra proposición. Sí quiero aclarar que el ámbito local está en los ayuntamientos, que cuando las concesiones de cable superan el ámbito local las comunidades autónomas tienen las competencias y esto es impecable. No se puede permitir que las comunidades autónomas invadan las competencias de los ayuntamientos para utilizar la televisión por cable como un instrumento de poder.


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En último término, en cuanto a la utilización del servicio público y la participación pública en medios de comunicación, simplemente quiero decir que en estos momentos tenemos unas televisiones locales públicas deficitarias, unas televisiones autonómicas públicas deficitarias, una televisión estatal, pública también, deficitaria y además un Hispasat --una ley que se ha hecho especial para el Hispasat-- público deficitario que estamos pagando todos los españoles, que estamos pagándolo a costa de nuestros impuestos. Lo que el Grupo popular no quiere, porque si depende de la empresa pública y de la iniciativa pública nunca se llevará a cabo el cable, es que haya más inversión, más dinero público en medios de comunicación, por dos motivos: en primer lugar, porque habría que incrementar la presión fiscal de los españoles, que ya es bastante alta hoy por hoy; en segundo lugar, porque hay prioridades mucho más importantes que dedicar más dinero público a medios de comunicación, y, en tercer lugar, porque la iniciativa privada es la que tiene que tomar lugar en el tema de la televisión en España cuando ya se puede tener una multitud de canales y una multitud de servicios de valor añadido que se pueden hacer y realizar a través del cable.
Muchas gracias. (Aplausos.--Algunos señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Mato.
Tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que poco más ha añadido la señora Mato en su segunda intervención, pero sí le quiero decir una cosa. Si de verdad ustedes pretenden que no haya más inversión, no excluyan a Telefónica ni a los operadores públicos, porque son los que tienen hecha la inversión. Si usted está admitiendo que tiene que haber menos inversión, que no es necesario que haya más déficit, ¡hombre!, aprovechen la Compañía Telefónica, que tiene una red preciosa, una red que últimamente se ha reformado, se ha remodelado muy bien; ha habido muchísima inversión y esfuerzo por parte de una Compañía privada. Por lo tanto, señorías, en su apuesta por este modelo de televisión por cable intenten colaborar y tener presente todo el esfuerzo que se ha generado en este país y que ha sido un esfuerzo no solamente de las instituciones públicas, sino también de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
Pasamos a la votación acerca de la toma en consideración de esta proposición de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular, de televisión por cable.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 133; en contra, 164; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición de ley.


AVOCACION POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

--PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas.
¿Acuerda el Pleno recabar para sí la deliberación y votación final del proyecto de ley? (Asentimiento.) Queda aprobada la avocación.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):

--DEL GRUPO VASCO (PNV), DE MEDIDAS RELATIVAS A LA CONSERVACION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS (Número de expediente 122/000067)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la conservación y comercialización de los productos pesqueros.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado esta proposición de ley relativa a la conservación y comercialización de productos pesqueros a la luz de los importantes y trascendentales conflictos que a lo largo de este año han saltado a la opinión pública y que los que vivimos en la cornisa cantábrica y los que verdaderamente conocemos la zona marítima del Cantábrico sabemos que no son casuales, de este año, sino que tienen su base en problemas que ya devienen de

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antaño a causa de las condiciones que tiene la flota pesquera española para pescar en aguas de la Unión Europea y de las limitaciones que el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea y la diferente reglamentación comunitaria establece para la flota española. Por ello, nuestro Grupo Parlamentario toma como punto de partida los recientes conflictos producidos por el uso de artes ilegales de pesca por parte de embarcaciones de distintos Estados de la Unión Europea en la captura de bonito (Irlanda, Francia, Gran Bretaña), y que son un exponente de graves problemas que afectan no sólo a esta pesquería, sino que tienen un ámbito y una trascendencia más amplios, afectando de manera grave a la adecuada conservación y gestión de los recursos pesqueros.
En primer lugar, señorías, querríamos afrontar el problema de la proliferación del uso de redes de enmalle a la deriva, volantas, en la actividad pesquera, que está suponiendo una grave agresión para el mantenimiento y conservación de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino, por su nula selectividad y gran efecto depredador en el conjunto de los recursos pesqueros, dando lugar a una gran destrucción de los mismos sin aprovechamiento de parte importante de lo capturado y obteniendo un producto de calidad inferior al procedente de las artes tradicionales que son selectivas y muy respetuosas con la adecuada conservación de los recursos y el medio ambiente marino.
El incremento de esta técnica de pesca por parte de varios Estados de la Unión Europea es una grave irresponsabilidad para el mantenimiento de los recursos y de los stocks pesqueros, con importantes repercusiones para la economía pesquera tradicional de nuestro país, que ya ha empezado a tener los efectos negativos que ya anunciábamos cuando debatimos el año pasado también una iniciativa no de ley en esta Cámara en las capturas que está realizando la flota pesquera española.
Señorías, el empleo de las volantas por la flota francesa desde el año 1987 está afectando a un stock de peces que hasta la fecha se mantenía estable y que da sustento a 8.000 familias de toda la cornisa cantábrica. Además, estas redes vienen a constituir auténticas paredes en el mar y cuando se pierden forman unos cementerios flotantes en los que se enmalla cualquier variedad de peces. Por ello, su incompatibilidad en el caladero con las artes tradicionales que emplean nuestros pescadores es manifiesta, produciéndose constantes y graves conflictos pesqueros.
Asimismo, queremos manifestar que el incremento de las descargas de atún blanco provenientes del uso de redes de volanta en el período que va de 1989 a 1992 ha sido vertiginoso, pasando de ser meramente testimonial a suponer el 20 por ciento del total internacional en 1992, y así, en correlación con ello, vemos que el esfuerzo pesquero de la flota volantera francesa, medida en número de barcos y días de pesca en el período de tiempo del año 1990 a 1992, se ha incrementado en un 84 por ciento.
Igualmente, si tenemos en cuenta los datos proporcionados por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, el ICCAT, referidos a los días de pesca en relación a la longitud de la red, resulta que la flota francesa ha experimentado del año 1990 a 1992 un aumento del esfuerzo medido en kilómetros de red por día de un 126 por ciento. Todo ello está suponiendo que, frente a un considerable incremento del rendimiento pesquero de la flota francesa por el uso de estas redes de volantas, se ha producido una disminución del rendimiento correspondiente a la flota española que faena bien con el sistema de cebo vivo o con el sistema de currican o cacea.
Señorías, la Unión Europea en este momento, mediante el Reglamento 345/92, autoriza la utilización de redes de volanta con dimensión no superior a 2,5 kilómetros. Pero esta regulación está llamada a ser defraudada, a ser incumplida, pues está demostrado que para que estas artes sean rentables es necesario que la longitud de las mismas sea de un kilómetro por tripulante, lo que hace que tengan en la práctica una longitud de seis y siete kilómetros.
En octubre de 1993, esta Cámara aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios dos proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Vasco, por las que se instaba al Gobierno a la defensa ante la Unión Europea de la prohibición definitiva de todo tipo de redes de volanta.
No obstante, al día de hoy, sigue vigente el Reglamento 345/92, siendo urgente la modificación de dicho Reglamento, cuestión que está suscitando sus dificultades políticas, en la medida en que países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda e Italia son defensores del uso de este tipo de redes.
Por ello, señorías, todos los grupos políticos debemos trabajar para convencer y persuadir al resto de los países europeos de que la continuación del uso de esas artes supondrá la rentabilidad para el día de hoy, pero la pobreza para el mañana.
Señor Presidente, el grado de frustración es tan grande entre los pescadores españoles (hoy está aquí presente, en esta Cámara, una representación de las Cofradías de Pescadores de la cornisa cantábrica) que la tensión y enfrentamientos en la mar han ocasionado graves pérdidas económicas para el sector, existiendo el riesgo de que la situación pueda afectar a la vida e integridad de nuestros pescadores.
Tenemos que señalar que las autoridades francesas obvian el cumplimiento, o incumplen, dicho de otra manera, la reglamentación comunitaria cuando se trata de su propia flota pesquera y que los mecanismos de inspección y control pesqueros, aunque han mejorado, no son todavía efectivos.
Todos recordaremos los graves

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conflictos habidos el pasado mes de julio con la arribada al puerto lucense de Burela del buque pesquero «La Gabrielle». Si el buque pesquero que en su día fue traído a dicho puerto gallego por parte de la flota española que faena con artes de cerco no hubiera venido al puerto de Burela, la opinión pública española no hubiera conocido el muestrario de ilegalidades que dicho buque contenía, con red de 5,7 kilómetros, con doble diario de pesca, el oficial y el falso, ilegalidades que tanto portavoces del Grupo Parlamentario Popular como el portavoz del Grupo Vasco que les habla tuvimos ocasión de ver «in situ» con nuestros propios ojos. También unos meses antes arribó al puerto de Hondarribia un pesquero francés que faenaba con artes pelágicas. Todo eso ha implicado que la opinión pública española conozca todas estas ilegalidades, y de ninguna manera se hubiera sensibilizado la opinión pública española, ni quizá, los grupos parlamentarios ni los diferentes medios de comunicación si esos acontecimientos no hubieran ocurrido. Y al final han tenido que ocurrir estos acontecimientos, puesto que Francia utiliza la aplicación del Derecho comunitario únicamente para la flota española. Francia no hace cumplir la reglamentación comunitaria a su propia flota, tal como estoy relatando en base a los acontecimientos que han ocurrido todo este verano, únicamente apresa a barcos de bandera española y deja faenar libremente, incumpliendo la reglamentación comunitaria, a barcos de su propia nacionalidad.
Señor Presidente, la segunda cuestión que plantea nuestra proposición de ley es la concerniente a la pesca de la anchoa en aguas comunitarias. Como saben SS.SS., el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea del año 1985, en lo relativo a la pesca de la anchoa, establece una serie de limitaciones importantes. En primer lugar, establece un plazo para poder faenar y pescar dicho producto pesquero entre el 1 de marzo y el 30 de junio y establece un TAC de 30.000 toneladas, a repartir entre Francia y España: a España le corresponden 27.000 toneladas y 3.000 toneladas a Francia.
Pues bien, los problemas suscitados en la costera de la anchoa, anterior a la del bonito, han llevado a que, por segunda vez en la historia, los gobiernos español y francés pactaran un acuerdo pesquero, firmado el 31 de mayo, que contiene las siguientes cláusulas: la cesión por parte de España a Francia de 7.000 toneladas de cuota de anchoa, la prohibición de ejercer la actividad pesquera los sábados y domingos para las flotas de ambos países, la pesca en exclusiva de la anchoa con artes de cerco entre el 20 de marzo y el 31 de mayo, y asegurar el estricto cumplimiento de la reglamentación comunitaria en las costeras de la anchoa y del bonito.
Señor Presidente, señorías, a lo largo de todo este año, en esta costera de la anchoa y luego en la del bonito, actividades de las que depende el sustento de ocho mil familias del Cantábrico, se han producido incumplimientos patentes, notorios y flagrantes por parte de la flota francesa. En primer lugar, están utilizando redes de volantas con una longitud superior a 2,5 kilómetros; pescado capturado que luego se comercializa en gran medida en el mercado español. Ese es el primer incumplimiento notorio. En segundo lugar, el acuerdo entre Francia y España fija la cesión por parte de España de 6.000 toneladas de anchoa a Francia. Según el Tratado de Adhesión, Francia tenía inicialmente una cuota de 3.000 toneladas y, por este acuerdo bilateral de intercambio de cuotas, pasaría a tener 9.000 toneladas. Pues bien, Francia en este momento, y hace meses, ha superado las 9.000 toneladas de anchoa que podía capturar y sigue capturando anchoa; anchoa que, por cierto, se comercializa en el mercado español con el beneplácito de las autoridades francesas y españolas. Tercer incumplimiento del acuerdo pesquero hispano-francés: las flotas francesa y española tienen establecido que no se puede faenar los sábados y domingos, pero la flota francesa sigue faenando los sábados y domingos en la pesquera de la anchoa. En cuarto lugar, el grave incumplimiento de la cláusula que establece que entre el 20 de marzo y el 31 de mayo no pueden utilizarse para la captura de la anchoa artes distintas de las tradicionales del cerco, puesto que la flota francesa está utilizando artes pelágicas.
Señorías, Francia está destinando a la pesca de la anchoa no solamente la flota tradicional de cerco del sur de Francia, de San Juan de Luz, de Hendaya, sino toda la flota pelágica del norte de Bretaña; 220 barcos que en el año 1987 no pescaban en esta pesquería están capturando anchoa. Si es obvio que, según el Tratado de Adhesión, 3.000 toneladas estaban pactadas internacionalmente para la flota francesa que faenaba con artes de cerco, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno francés? Ha permitido que los buques pelágicos, para los que no estaba previsto el que pudieran pescar esas 3.000 toneladas de anchoa, cuya captura, inicialmente, por su volumen, está destinada a los buques que faenan con artes de cerco, lo hagan ilegalmente. La cuota que corresponde a Francia es a todas luces insuficiente y, por lo tanto, unos 250 buques --unos 30 que faenan con artes tradicionales, más los 220 nórdicos que faenan con artes pelágicas-- están capturando ilegalmente la anchoa cedida por parte de las autoridades españolas.
Señor Presidente, señorías, vemos que tenemos un cúmulo de circunstancias y acontecimientos graves, de incumplimiento de la normativa comunitaria y de incumplimiento del acuerdo pesquero hispano-francés, que requiere que esta Cámara adopte una serie de medidas en defensa de la conservación de los stocks pesqueros y de la comercialización adecuada en el mercado español de los diferentes productos. Nosotros lo que pretendemos con la presente proposición de ley es que España disponga de un mecanismo de defensa, de un

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mecanismo de intervención en el mercado, puesto que ya está bien la arrogancia que ha mantenido durante todo este verano la flota francesa y la pasividad y, a nuestro juicio, la poca firmeza que ha tenido el Gobierno central a la hora de defender a nuestros pescadores.
Por tanto, sin perjuicio de que este Grupo Parlamentario y los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo Popular tengamos presentado en esta Cámara proposiciones no de ley, entendemos que es necesario dar un paso más hacia adelante. Voy a finalizar, señor Presidente, señalando que ese paso más hacia adelante es la aprobación de un instrumento legal que sirva de soporte, que sirva de basamento a la Administración central, a las comunidades autónomas, a las entidades locales, para que cada una pueda actuar en el ejercicio de sus competencias, en consumo, en sanidad, en comercio, en ordenación de la actividad pesquera y en pesca marítima, cada una en el ejercicio de sus competencias, estableciendo estas prohibiciones de comercializar en el mercado español anchoa y bonito capturados ilegalmente.
Por ello, quiero recordar únicamente, señorías --para finalizar--, que el Tratado de Maastricht, en su artículo 36, prevé que los Estados miembros puedan adoptar medidas restrictivas, medidas de prohibición de circulación al libre comercio cuando concurran circunstancias especiales. Esta Cámara tiene la responsabilidad de aceptar y de asumir que son circunstancias graves y especiales las que concurren en este momento y tiene que adoptar un instrumento legal para que se aplique por las diferentes administraciones públicas y así evitar el fraude y la desidia que existe por parte de las autoridades francesas en el cumplimiento de la normativa comunitaria y, en definitiva, evitar que se produzca el deterioro de los recursos pesqueros y el engaño a la opinión pública española y al comercio del pescado capturado con volantas e ilegalmente en el mercado español.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracías, señor Gatzagaetxebarría.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero intervenir brevemente para reconocer la oportunidad de la iniciativa y la respuesta rápida que ha habido por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) al planteamiento de un tema que es importante y que era necesario hacer en el círculo en que se está haciendo actualmente y, a su vez, reconocer también la respuesta rápida y el trabajo realizado por las cofradías de pescadores de la cornisa cantábrica para hacer público un problema que va siendo un cáncer dentro del propio sector y que necesita la atención debida.
La pesca como industria y como oficio ha sido una de las actividades menos beneficiadas por nuestra incorporación a la Unión Europea. Bien es cierto que existe una especie de leyenda negra sobre nuestro pescador, que podrá tener sus puntos de razón, pero este pescador, esta industria, ha demostrado tener una capacidad de adaptación que no han tenido otros sectores industriales y económicos en general en su incorporación a la Comunidad Económica Europea y ha soportado con sus propios costes --costes personales, costes de su propio patrimonio-- una larga y penosa adaptación. Es un sector de actividad generadora de empleo y riqueza no solamente en la cornisa cantábrica y en toda la costa española sino que hoy penetra en otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Castilla y León, donde el sector conservero empieza a ser también generador de empleo.
Es una actividad generadora de empleo directo en el sector de la distribución mayorista y minorista en los propios puertos y es una actividad complementaria a la pesca, como también he citado, en el sector conservero. Es un sector de actividad generadora de riqueza para las poblaciones de nuestro litoral costero que han visto reducirse o, en todo caso, transformarse con malas soluciones cuando ha sido el turismo el que lo ha sustituido.
Lejos de toda llamada al proteccionismo, me parece que la argumentación presentada en esta proposición de ley por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) es una argumentación correcta.
Mantener los recursos pesqueros que son en definitiva la fuente de las economías de estas poblaciones costeras y, sobre todo, cuidar de que no se produzca la sobreexplotación que, en definitiva, es matar la gallina de los huevos de oro.
En este sentido no hay que ignorar la importancia del mercado español, como en otros sectores también sucede. También aquí hay intereses externos que, amparados en supuestos derechos comunitarios y libertades de mercado, quieren quedarse con él, con el suministro al mercado español. Hay que realizar, esa es mi opinión, una profunda revisión del sector pesquero --creo que es una responsabilidad pendiente--, de una industria todavía influyente en la Comunidad Económica Europea y que lejos, como decía antes, de todo proteccionismo, hay que contribuir a impulsar. Si nuestros pescadores cumplen con la ley y quieren que ésta se cumpla hay que apoyarles y esta proposición de ley lo hace y por eso la apoyaremos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria quiere poner énfasis en su voto favorable a esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Vasco del PNV.
Estos temas son de alta sensibilidad en el sector pesquero canario. Nosotros hemos visto paulatinamente cómo se ha ido empobreciendo tanto el sector de capturas de flota con base en las Islas Canarias y cómo también el sector conservero, derivado de esta industria, se ha ido empobreciendo. Y ahora estamos en las mismas puertas de un contencioso con Marruecos, en un fenómeno inverso en que Marruecos está autorizando a su flota pesquera de pabellón marroquí el uso de redes de filamentos --sistema de arte de pesca también especial-- mientras que trata de prohibírselo a los buques pesqueros de la Unión Europea, la bilateralidad del Tratado entre el Reino Marroquí y la Unión Europea pero que afecta fundamentalmente a las flotas españolas con base en los puertos de Andalucía y de Canarias.
Resulta que se trata ahora de hacer una especie de ley del embudo por las autoridades francesas con la connivencia de determinadas jerarquías e instituciones de comisarios de la Unión Europea y de grupos de parlamentarios de otros países.
Señorías, la lectura de este asunto, que trae causa en la proposición de ley del Grupo Vasco, de prohibir el uso de las volantas puede tener una lectura ecológica, lectura conservacionista, pero fundamentalmente esto obedece a una guerra de precios, a una guerra comercial. Esto es una cuestión puramente de precios de mercado y de actuar, como se trata a veces, sobre el medio técnico y decir que es eficiente el uso de las volantas. Pues, claro que es eficiente, al igual que se ha regulado el tamaño de las mallas de red, pero si se va a la opacidad de las mismas, la eficiencia de capaturas es máxima, sea cual sea el efecto ecológico que produzca. La rentabilidad está, por tanto, en dos segmentos: la rentabilidad del instrumento técnico, la red de enmalle en sí misma, pero está también la rentabilidad del precio comercial en razón de una demanda.
¿Y dónde se produce esa demanda? Esa demanda se produce en los mercados, en las lonjas españolas, en las fábricas de conservas españolas, en el consumidor español fundamentalmente. Y está actuando una ley de la demanda que está siendo atendida no por una oferta tan sólo de la flota pesquera española de los puertos del Cantábrico, sino por la flota de pesca fundamentalmente francesa, sin perjuicio de que puedan entrar partidas procedentes de capturas de barcos de pabellón británico o de otros miembros de la parte norte de la Unión Europea.
Por tanto, si es una cuestión puramente comercial, vamos a actuar --y para mí es el fondo de la proposición del Grupo Vasco-- sobre los aspectos comerciales. Porque sería una perturbación de mercado, vuelvo a decir, que la demanda española esté atendida por una oferta francesa. Es curioso que cuando este verano se produce la gran crisis de la confrontación de los boniteros, las primeras declaraciones de las máximas autoridades francesas, incluida una declaración del Primer Ministro francés, señor Balladur, acusan a la flota pesquera española de obsoleta y de estar metida en unas rigideces contrarias al principio de eficacia, eficiencia y productividad. Era para haberle dicho al señor Balladur: Si usted lo que quiere es comparar eficiencia por eficiencia, utilizando instrumentos técnicos distintos, como las redes de enmalle, qué duda cabe que si la eficiencia se mide por la capacidad volumétrica de capturas de un pesquero francés, con una tecnología que usted llama moderna, con una dimensión de la tripulación a bordo, con una racionalización de costes, pero utilizando redes de enmalle, ésta será mucho mayor. Pero él venía a decir que la flota española lo que tenía que hacer era modernizarse y adaptarse a una reestructuración del sector, y en esa trampa no podemos caer por muy europeos que nos sintamos, porque tan europeo en este momento es defender la postura española como la que pueden alegar esos señores para decir que ellos también son europeos en aras de la eficiencia y de la aportación de un volumen de pesca a un mercado de precios y de consumo como el que los franceses fundamentalmente encuentran en España. En esa trampa no podemos caer.
Otra cuestión es que, por una vía normal, tratemos de ir reestructurando y modernizando nuestra flota, pero que no sirva ni la justificación de las redes de enmalle, ni el mercado bonitero en el mercado español para justificar esta postura y, sobre todo, hay que denunciar las palabras justificadoras en su día de la propia intromisión del primer Ministro francés en esta cuestión. Déjennos ustedes que el Gobierno español dé, con el acuerdo de este Parlamento, las medidas de reestructuración de nuestra flota pesquera, pero no en la justificación técnica que tenemos aquí.
Nosotros entendemos que es un problema comercial y no podemos ponerle puentes de acceso a un producto que entraría en un sistema de «dumping» con la producción española, que obtienen con artes artesanales nuestros pesqueros. Para eso tenemos también que potenciar la etiqueta de calidad que se ha introducido en el bonito capturado con anzuelo, con las artes de pesca tradicionales españolas, que mantienen un mercado laboral de trabajo, que mantienen en este momento una flota con una dimensión determinada; no solamente la calidad del producto sino los puestos de trabajo. Que el señor Balladur, en Francia, con su política conservadora o de derechas lo solucione por otra vía, pero que no haga una intromisión en nuestro mercado, porque resulta que quien está comprando ese bonito capturado con esas normas de eficiencia por los pesqueros franceses son consumidores españoles.


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Por eso entendemos que, en una posición de fuerza, la legitimidad de defensa de nuestros derechos está precisamente en esta proposición de prohibir la comercialización de estos productos que hayan sido obtenidos por medios que en España consideramos en este momento ilegales, con todas las consecuencias ecológicas que se suman a lo nuestro, pero que es una cuestión puramente comercial con un instrumento técnico y legal, las redes de enmalle. No podemos nosotros ponernos la cinta en el ojo, mirar para otro lado, sentir una especie de falsa solidaridad e introducir en nuestro mercado, en la ley de la oferta y la demanda, un producto que por esta vía viene en «dumping».
Nada más y muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) propone hoy la toma en consideración de una proposición de ley que pretende paliar el grave problema que afecta a nuestro sector pesquero, problema que hemos debatido y denunciado en esta Cámaraen multitud de ocasiones y que consiste en la comercialización en nuestro país de grandes cantidades de pesca, especialmente bonito y anchoa, procedente de otros países de la Unión Europea, obtenidos con artes y métodos de pesca ilegales o admitidos en otros estados pero prohibidos en España.
Este Congreso había acordado resoluciones destinadas a supervisar estas importaciones con controles en el mar, en la calidad, controles sanitarios, controles en destino, etcétera, que se han demostrado a todas luces insuficientes y que hay que complementar con medidas más eficaces, porque las capturas con métodos no selectivos, como son las volantas o redes de enmalle a la deriva para el bonito y de arrastre pelágico para la sardina y anchoa, tienen consecuencias ecológicas graves para toda la fauna piscícola de nuestros caladeros tradicionales. Caladeros, señorías, conservados con esmero por nuestros pescadores mediante métodos más racionales, más respetuosos con el medio y que ahora ven impotentes cómo son esquilmados por otros países con otras artes de pesca, apareciendo estas capturas en nuestros mercados a precios de saldo, debido a su deterioro y baja calidad, después de desaprovechar un importante porcentaje de las citadas capturas.
Además, estos métodos de volantas son mucho más productivos que los tradicionales que permite nuestra legislación pesquera, constituyendo, al incidir en el ámbito de un mercado único europeo, una competencia desleal insostenible y de consecuencias económicas y sociales irreparables para nuestros pescadores y también para la economía del Estado si no se halla una solución efectiva e inmediata desde este momento hasta 1997 en que la Unión Europea parece ser que homogeneizará las artes de pesca. Esta problemática, sin duda mucho más acusada en las pesquerías del Cantábrico, no es exclusiva de aquí sino que se da también en los caladeros de Marruecos y en el Mediterráneo, donde pesqueros franceses, italianos y de otros países, incluidos los del sureste asiático, faenan con artes de longitudes prohibidas en la Unión Europea, o por lo menos prohibidas en España.
El uso incontrolado de estas artes prohibidas y la inviabilidad de los actuales sistemas de control, inspección y sanción, hoy de competencia de cada gobierno y sin la supervisión efectiva de la Unión Europea, posibilitan toda clase de complicidades entre los infractores y sus propios gobiernos. Ante esta situación, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura del día 27 de julio, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sugirió que, para evitar los enormes perjuicios comerciales y ecológicos causados por el uso de artes de pesca tan dispares y por el descontrol en el uso de las prohibidas, no debería descartarse la prohibición de la importación de especies procedentes de países que toleran la pesca con artes ilegales. Decíamos entonces que estábamos seguros de que nos asistía la legitimidad de la defensa de la supervivencia de este sector pesquero del país, además de ampararnos en razones de conservación y equilibrio ecológico de la fauna marina y en razones de justicia y de igualdad entre los sectores productivos de los países comunitarios, sin los que la construcción del mercado único de la Unión Europea carecería de sentido.
La proposición de ley del PNV va más lejos de nuestra inicial sugerencia y propone la prohibición de comercializar en nuestro país toda la pesca capturada con redes de enmalle a la deriva, incluyendo la obtenida con redes de longitudes actualmente permitidas por la Unión Europea, así como la pesca procedente de países que superen el volumen autorizado de las capturas que tengan asignadas. Pues bien, nuestro Grupo, señorías, votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley, a pesar de que tenemos algunas dudas sobre su redacción actual, no renunciando, por tanto, a enmendarla, de forma que con ella se obtenga el principal objetivo de esta ley, que es evitar una competencia desleal, la comercialización en nuestro país de la pesca obtenida con métodos ilegales y la exigencia de proceder de inmediato a la homogeneización de las artes y métodos de pesca para todos los países de la Unión Europea antes de la próxima costera (por lo tanto, sin que se demore al año 1997), porque de lo contrario se atentaría contra la supervivencia de buena

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parte de este importante sector pesquero nacional. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, esta es una iniciativa parlamentaria más que se tiene sobre la pesca realizada con artes de volanta y en la que hasta ahora ha habido una unanimidad por parte de este Congreso de los Diputados; es una iniciativa más que va en una escalada de jerarquía parlamentaria, porque si bien las primeras fueron proposiciones no de ley que al final han quedado prácticamente en una llamada moral, esta proposición de ley, que sí pretende ya tener un carácter normativo e impedir que, por lo menos, en las aguas territoriales españolas se utilicen las artes de volanta, según lo que han planteado aquí los diferentes portavoces, puede contar también con la unanimidad de la Cámara, y, desde luego, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya contribuirá a esta unanimidad pensando que realmente será positivo que el conjunto del Estado tome una posición clara sobre este problema tan grave de los pescadores de todo el Estado, no solamente de la cornisa cantábrica, también de los del sur de España, los de Andalucía.
En cierto sentido esta iniciativa puede significar un elemento de frustración sobre lo que va a decidir la Comisión Europea.
Ya hemos visto que en el Parlamento Europeo no todas las voces apoyaban que en Europa se impida las redes de dos kilómetros y medio, de que en Europa se impida cualquier tipo de red; hemos visto cuáles son las posiciones de los parlamentarios franceses e ingleses y, por tanto, lo que podemos constatar es que, desgraciadamente, en el gobierno de Europa no se tiene una conciencia demasiado clara de lo grave que puede ser, para la utilización y pervivencia de este recurso, que sigan funcionando las redes de enmalle, que sigan funcionando las volantas.
Donde realmente estará en el futuro el campo de acción y el campo de batalla para conseguir definitivamente que desaparezcan las redes de enmalle debe ser en el Parlamento Europeo y dentro de la Comisión Europea. Sin embargo, no está de más que este Parlamento tome una iniciativa de carácter estrictamente nacional y yo creo que, además, es positivo que se presente una iniciativa tan intervencionista en el mercado y que sea un Grupo como el nacionalista vasco, y no como los grupos que tradicionalmente planteamos intervenir el mercado, el que lo haga ya que estas medidas son tan intervencionistas, porque hay intereses nacionales contrapuestos. Nosotros hemos venido proclamando que en la construcción de Europa hay intereses nacionales contrapuestos y que hay que afrontar valientemente, por supuesto, en un sentido de la construcción de Europa, esos intereses nacionales y cuando es necesario defenderlos nos parece muy bien que otros grupos vayan tomando conciencia de que hay que hacerlo.
Nosotros creemos que la iniciativa es en cierto sentido simplificadora. El problema no solamente se arregla con impedir la comercialización del pescado obtenido con redes de enmalle por otros países; el problema es mucho más profundo y confiamos que en la interpelación que presente Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mañana, y en la posterior moción que se verá la semana próxima, podamos abordar con mayor profundidad otros aspectos del problema. Vamos a apoyar esta proposición de ley porque creemos que la unanimidad ante este problema que afecta al conjunto del Estado fortalecerá las reivindicaciones de nuestros pescadores y fortalecerá también nuestra posición ante el resto de Europa. Creo que es baladí hablar de problema económico o problema ecológico, son ambas cosas a la vez, y también es bueno que esta Cámara se dé cuenta de que los problemas ecológicos al final son de un desarrollo económico sostenido. Si conseguimos que haya una explotación racional de los recursos, en este caso de los recursos pesqueros, podremos hacer pervivir durante siglos y siglos un recurso que hasta ahora ha sido fácil, pero un recurso con el que tenemos que tener cuidado para que futuras generaciones sigan manteniendo en un país tan consumidor de pescado como es el nuestro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Popular anuncia su voto favorable a esta proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, en coherencia con las múltiples propuestas que se han ido viendo a lo largo del último período de sesiones presentadas tanto por el PNV como por el Grupo Parlamentario Popular. Me referiré simplemente a que el día 1 de julio del año 1994, según consta en el «Diario de Sesiones» número 120, hay una propuesta votada por unanimidad de todos los Grupos de esta Cámara, incluido el Socialista, en ese sentido. Hay una propuesta del día 14 de marzo del año 1994, votada por unanimidad de todos los grupos políticos, en la que se insta al Gobierno exactamente a lo mismo. Hay una propuesta recogida en el «Diario de Sesiones» número 55, del día 8 de marzo del año en curso, por la que se insta al Gobierno exactamente a lo mismo, aprobada por todos los Grupos de la Cámara. Hay una proposición presentada

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en el mes de diciembre del año 1993, también del Grupo Parlamentario Popular, en la que se recoge exactamente lo mismo: la prohibición en el territorio español de la comercialización de todas las especies pesqueras capturadas con artes de enmalle a la deriva o con cualquier otro arte pesquero prohibido en la legislación española.
Llegados a este punto, señorías, habrá que preguntarse, ¿para qué sirven las decisiones que adopta esta Cámara? ¿Quién va a hacer al Gobierno que cumpla aquello que se vota unánimemente en esta Cámara? ¿Podemos tener alguna fe, señor Presidente, en que lo que vamos a aprobar aquí hoy, si es que se aprueba, se lo haremos cumplir al Gobierno español? Poner en entredicho la legitimidad del Congreso de los Diputados a la hora de votar determinadas resoluciones es un auténtico riesgo innecesario que el Gobierno debería tener muy en cuenta.
Señor Presidente, ¿de dónde parte, a nuestro juicio, el problema que plantea aquí hoy el Partido Nacionalista Vasco? Parte de la lamentable guerra del bonito --desde luego mal llamada guerra del bonito--, en el Atlántico Norte durante este último verano. Porque si algo ha habido ha sido una agresión permanente de Francia y Gran Bretaña, no a España, no a la flota pesquera española, sino a la propia Unión Europea, a ese Reglamento 345/1992 que incumplen Francia y Gran Bretaña. Le han dado la bofetada a Europa en la flota pesquera española. Esos países tan proeuropeos como Francia y Gran Bretaña se han burlado de los reglamentos de la Unión Europea y han perjudiciado al sector pesquero español. Esa normativa comunitaria hay que cumplirla, señoras y señores Diputados.
¿Pero cuál ha sido el problema real durante esta última costera? Mientras el señor Balladur o el señor Major salían a hacer declaraciones en favor de la flota pesquera, el señor González miraba hacia poniente y todavía no sabemos cuál es su opinión sobre el real problema que ha surgido con la flota bonitera del Cantábrico.
Mientras los Ministros de Asuntos Exteriores británico o galo hacían declaraciones en favor de sus flotas pesqueras, el Ministro español de Asuntos Exteriores se alineaba con las posturas de los Ministros de Asuntos Exteriores de los otros países.
Mientras los Ministros de Defensa británico o francés decían en sus Parlamentos y en declaraciones que sus buques de guerra estarían para defender a los buques pesqueros de sus países, no importándoles el problema de las artes, puesto que lo era del Ministerio de Agricultura correspondiente, nuestro Ministro de Defensa realizaba labores comerciales en Tailandia, el señor Serra se ponía su antigua gorra y desafinaba de la manera más descarada en las órdenes que daba a las autoridades navales del Cantábrico. Unas órdenes imposibles de cumplir, unas órdenes que no sólo no se pudieron cumplir, sino que dieron la sensación a nuestra flota pesquera de que se enviaba a nuestra Armada en contra de los intereses pesqueros españoles.
Y mientras los ministros británico o galo de pesca hacían declaraciones tan descaradas como la del señor Puech, diciendo que Francia se ha adaptado a las reglas desde el inicio de la campaña (cuando hoy ya sabemos que es falso, porque las actas de los inspectores comunitarios denuncian que se han estado utilizando artes prohibidas por el Reglamento 345/1992), nuestro Ministro de Pesca prefería celebrar en pleno apogeo de la guerra del bonito la feria del pastor en Asturias, enviar al Secretario General de Pesca Marítima a Burela y, cuando éste vio que se acercaba la flota española, poner los pies en polvorosa.
Es realmente lamentable, como colofón, que los franceses o los británicos puedan echar en cara a España que, estando defendiendo la erradicación de las artes de enmalle a la deriva en el Atlántico Norte, cacen a nuestra flota andaluza con 20 barcos --que no es el mismo problema-- utilizando estas redes de enmalle. ¿Qué le pasa al Gobierno español? ¿Que no se enteraba de que en Andalucía se estaban utilizando estas artes? Y, si lo sabía, ¿cómo no actuó en ese momento? ¿Por qué nos arriesgamos a correr riesgos innecesarios ante la Unión Europea? Tras esta calamitosa actuación del Gobierno español, que ha abochornado a la España azul, a esas 500.000 familias que viven de la pesca, que ha abochornado a los habitantes de esos 7.880 kilómetros de costa que tiene España, lamentablemente es probable que mañana renuncie a hacer ningún tipo de intervención ni valoración el Presidente del Gobierno, que a buen seguro preferirá solidarizarse con nuestros pesqueros haciendo pesca de litoral, pescando en aguas marroquíes o en el Paraná. Pero esa no es la forma de ser solidario con un sector que está arrastrando la mala negociación del Gobierno socialista del Tratado de Adhesión, de nuestra incorporación a la Unión Europea.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco y esperamos que, si sale adelante, efectivamente la cumpla el Gobierno socialista, porque parece que los acuerdos de esta Cámara, cuando no le son favorables, huelga el que los cumpla y eso es realmente peligroso.
Creemos, independientemente de todo ello, que la distribución de tax, la distribución de cuotas no es lo fundamental de este problema. Señores de Izquierda Unida, el auténtico problema que existe es que no salga el reglamento que está previsto sobre esfuerzo pesquero, porque mientras sigamos repartiendo cuotas, el problema sigue siendo el mismo. Ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Irlanda tienen ningún problema con el sistema actual. Sigamos repartiendo cuotas, sigamos con tax, que a ellos les da exactamente lo mismo. Viven muy bien, porque no sólo pescan, sino que comercializan sus productos a precios mucho más bajos en España. Ese no es el problema.


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El problema, señor representante del Grupo Parlamentario Socialista --para que se lo transmita a alguno de los miembros del Gobierno, que aquí hoy no están-- es que en ese reglamento que se tendrá que ver el día 28 de septiembre, en todo caso antes del día 1.º de enero, España se encargue de que vea la luz el esfuerzo pesquero, no el reparto de cuotas, porque no les quepa la menor duda de que la única nación que está siendo perjudicada por este retraso permanente del reglamento pesquero en la Unión Europea, porque nunca interesa a ningún país, es España.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular estará en disposición de apoyar todas las iniciativas de cualquier otro Grupo de esta Cámara encaminadas a resolver el problema pesquero de España y, desde luego, a continuar presentando iniciativas, que esperamos que en el futuro el Gobierno con mayor responsabilidad sea capaz de cumplir.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.


El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señorías, debatimos hoy una vez más una iniciativa parlamentaria referida a la problemática de la pesca con redes de enmalle a la deriva y los problemas suscitados a consecuencia de su comercialización.
Han sido numerosas las propuestas en Pleno y en Comisión discutidas en los últimos meses --que nos han recordado portavoces de distintos grupos que han precedido en el uso de la palabra-- que han demostrado, aparte de una especial sensibilidad acerca del tema, una voluntad política para que los acuerdos alcanzados lo fueran con el mayor grado de consenso posible, objetivo este que ha permitido reforzar de manera importante la postura que el Gobierno español ha mantenido, y continúa manteniendo, en los foros comunitarios e internacionales tendente a propiciar la prohibición total del uso de las redes de deriva.
El Partido Nacionalista Vasco vuelve hoy a presentarnos otra iniciativa, esta vez en forma de proposición de ley, en el mismo sentido, añadiendo otra faceta a la de la defensa de los intereses pesqueros de las flotas españolas, como es la referencia a la prohibición de la comercialización de productos de pesca procedentes de flotas de países que hayan agotado su volumen total de capturas admitidas para la especie de que se trate.
No voy a ser yo quien niegue la oportunidad de debatir una vez más los problemas que se plantean en estaproposición de ley, y mucho menos en esta temporada de pesca en la que se han generado reiterados episodios de enorme tensión y gravedad, especialmente en la costera del norte, pero que asimismo han tenido repetidas repercusiones en las actividades de la flota del Estrecho y derivaciones en aguas mediterráneas de Cataluña y muy especialmente de Baleares, con una presencia reiterada de la flota italiana, con un sinfín de incumplimientos e infracciones, empezando por la longitud de las artes utilizadas.
Por eso mismo, por la gran trascendencia que la campaña de 1994 ha tenido y está teniendo en el Cantábrico y sus implicaciones en las otras zonas marítimas españolas, convendría que esta Cámara, que los grupos políticos que hoy discutimos nuevamente este asunto fuéramos capaces de mantener un debate profundo, sosegado y constructivo, y que lo mantuviéramos en los límites de la lógica y de la coherencia a que nos obliga no solamente la mejor resolución del conflicto pesquero y comercial planteado esta temporada y para los próximos ejercicios, sino también nuestra pertenencia a la Unión Europea y a la comunidad internacional a la cual estamos obligados y comprometidos por un gran número de importantes acuerdos políticos y comerciales.
Deberíamos, asimismo, ser capaces de no sucumbir a la tentación del fácil manejo de situaciones de tensión con ánimos partidistas, electoralistas o demagógicos, posturas que seguramente son todas ellas legítimas pero que el Grupo Socialista no comparte, porque de esta capacidad de alejarnos de la fácil rentabilidad política encontraremos más fácilmente vías de solución al conflicto, que a buen seguro serán largas y laboriosas.
No entraré, señorías, en enumerar por enésima vez la postura que ha defendido la Administración española en la problemática de la pesca con volantas y su comercialización, pero sí querría señalar algunas realidades que conforman, o deberían conformar, las soluciones que se proponen.
Somos el país que tiene la flota pesquera más importante de la Unión Europea y una de las más importantes del mundo, tanto en número de embarcaciones como en tonelaje de extracciones.
Somos el país que dispone de uno de los mercados consumidores más importantes del mundo para productos de la pesca, con un consumo «per capita» que se acerca a los 50 kilogramos y que no puede ser abastecido sólo por la producción de las flotas españolas. Somos un país que mantiene una de las industrias conserveras más importantes del mundo, cuya rentabilidad y mantenimiento de puestos de trabajo no podemos perder de vista. Somos el país de la Unión Europea que más ayudas ha recibido para la modernización del sector, y que continuará recibiéndolas en el inmediato futuro al incluirse la pesca en los fondos estructurales, lo que nos permitirá continuar con la adecuación de estructuras y mejora de la competitividad.
Todo ello, a pesar de la supuesta mala negociación del Tratado de Adhesión a la Comunidad

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Europea; negociación que en ningún momento dimos por acabada y que muy recientemente ha logrado adelantar en seis años la integración plena en la política pesquera común. Finalmente, señorías, somos el país que mantiene, para nuestros caladeros nacionales y a escala mundial, la postura más conservacionista, defendiendo el concepto de capacidad extractiva sostenida o responsable, en clara coincidencia con las argumentaciones más avanzadas de los grupos ecologistas, habiendo prohibido, en clara correspondencia, la utilización de las redes de deriva en el año 1990.
Todo este cúmulo de liderazgos nos obliga más que a ningún otro país europeo y, a la vez, nos coloca en una inmejorable situación para encontrar soluciones que contemplen todos los intereses que componen nuestro sector pesquero, tanto en el campo extractivo como en el industrial o en el ecológico, etcétera. Para ello, como decía antes, es obligación de todos los grupos de la Cámara, de todas las administraciones implicadas y de todo el sector productivo, mantener un clima de serenidad que nos permita forzar acuerdos entre intereses que pueden parecer contradictorios, y, a la vez, acuerdos políticos con la Unión Europea y bilaterales con gobiernos europeos para que situaciones como las que se han venido dando no se repitan. Esta postura sólo puede y debe tener un primer reflejo claro y rotundo: cumplir y hacer cumplir la ley; es decir, las leyes nacionales, las normativas comunitarias y los acuerdos internacionales. Sólo este respeto a la ley y a la norma va a darnos la credibilidad necesaria para que los objetivos que todos deseamos y defendemos lleguen a cumplirse.
En ese sentido, quiero señalar que el texto de la proposición de ley que nos presenta el PNV mantiene claras discrepancias con la línea argumental de nuestra intervención, ya que, de aceptarse tal y como se plantea en su artículo único, en cuanto a la prohibición de la comercialización de productos de la pesca capturados por redes de deriva, se infringirían compromisos internacionales asumidos por España, puesto que los productos de la pesca originarios de otros Estados miembros de la Unión Europea gozan del principio comunitario de libre circulación. Y para los productos de países terceros, esta prohibición vulneraría las reglas del GATT tan recientemente acordadas.
En cuanto a la prohibición de comercialización de productos de la pesca procedentes de flotas de países que han agotado sus capturas permitidas, tampoco estamos muy de acuerdo con la redacción propuesta, ya que ésta lleva implícita la presunción, no necesariamente cierta, de que el instante de la comercialización coincide con el de la captura, y que un país, una vez que ha alcanzado su cupo de capturas autorizadas, no dispone de «stock» para comercializar.
Sabe muy bien el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco que sólo a través de un refuerzo de los sistemas de control de las actividades pesqueras y de un régimen sancionador efectivo podrá atajarse el problema. Lo sabe tan bien que así lo reconocía en su intervención del 8 de marzo pasado ante esta Cámara, contestando a una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre prohibición de comercializar especies pesqueras capturadas con artes prohibidas en España.
En definitiva, señorías, dejando claras nuestras discrepancias ante el tenor literal de la proposición de ley que nos presenta el PNV, pero teniendo en cuenta también la importancia de debatir las cuestiones planteadas con rigor y profundidad en el seno de la Comisión correspondiente para dar respuesta a una situación que ha creado momentos de tensión muy fuertes, el Grupo Socialista votará a favor de la toma en consideración de la proposición, consciente de que la razón política, que sin duda la acompaña, no viene respaldada por la razón jurídica ni por la razón competencial. En la búsqueda de esta razón jurídica y de su espacio competencial, indispensables si no queremos quedarnos sin la razón política, el Grupo Socialista quiere poner su máximo empeño para que el texto resultante de los trabajos de la Ponencia y de la Comisión satisfagan a todos y refuercen la postura que nuestro país ha venido manteniendo hasta ahora en todos los foros internacionales y en los que tantos avances ha logrado.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Vamos a proceder a la votación.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Vasco (PNV), de medidas relativas a la conservación y comercialización de los productos pesqueros.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 309.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SITUACION DEL SECTOR NAVAL EN LA RIA DE VIGO (Número de expediente 162/000119)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Socialista sobre situación del sector naval en la ría de Vigo.
Tiene la palabra el señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, relativa a la situación del sector naval en la ría de Vigo, tiene su razón en lo que repetidamente hemos debatido en esta Cámara con profundidad y con reiteración, en que la actividad de la construcción naval ha venido atravesando notorias dificultades y ha exigido en la década pasada la adecuación de la capacidad y tamaño de las diferentes empresas de los astilleros, en definitiva, de la construcción naval existente no sólo en nuestro país sino también en todo el ámbito europeo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Se trata, por tanto, de un fenómeno generalizado que hemos intentado corregir durante estos años.
En unas zonas ha influido más, en otras se ha notado menos, pero en todas ha tenido gran influencia.
La situación económica en la comarca de la ría de Vigo, estrechamente vinculada al sector marítimo y muy especialmente a las actividades portuarias, pesqueras, de transporte marítimo y de la construcción de buques, ha significado que esta crisis haya tenido mayor repercusión en esta zona. Ello ha supuesto una importante pérdida de empleo con la consiguiente tensión social y repercusión negativa para toda la población residente en la comarca. Desde 1990 los astilleros de la ría de Vigo vienen manteniendo contactos para establecer acuerdos de colaboración en diversas áreas, con vistas a integrar sus actividades. Aunque hasta la fecha no se han traducido estos contactos en fusiones, sí existen iniciativas de colaboración en la puesta en común de algunos servicios y también en la colaboración en materias comunes, con independencia de que se mantengan los centros de trabajo.
La falta de contratación que vienen sufriendo los astilleros ha impedido avances significativos en el establecimiento de acciones conjuntas, aunque existe la voluntad por parte de los astilleros implicados de llevar adelante estas líneas de colaboración. La falta de contratación tiene una doble vertiente. Por un lado, la demanda interna de buques viene siendo muy reducida en los últimos años y, por otro, el mercado exterior acusa una gran atonía. A todo ellos se añade la falta de entidades financieras dispuestas a conceder créditos al sector.
La importancia de la construcción naval en Galicia ha dado lugar a acciones de apoyo por parte de todas las fuerzas políticas y parlamentarias de la región. En una reunión celebrada el 18 de abril de 1994 en el Ayuntamiento de Vigo, bajo la presidencia del Alcalde de la ciudad, en la que participaron las empresas de la comarca, los astilleros, los sindicatos del metal implantados en la zona, los parlamentarios y todos los grupos políticos, se adoptó un acuerdo que fue presentado como proposición no de ley por el Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia y aprobado el 25 de mayo.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación del sector naval en la ría de Vigo, insta al Gobierno a adoptar una serie de iniciativas distribuidas en seis apartados que voy a resumir, aunque están en el contenido de la proposición no de ley. La primera, estudiar los contenidos del citado acuerdo de 18 de abril, suscritos en el seno de la Mesa de apoyo al sector, y adoptar las medidas sugeridas u otras alternativas para que se superen los problemas planteados. Tomar en consideración la preocupación de la comarca de Vigo y la necesidad de adoptar medidas de competitividad para la construcción naval, siguiendo las recomendaciones del Fondo Marítimo. Estudiar la creación de un fondo de garantía que facilite la contratación.
Impulsar la anticipación de los efectos de instrumentos financieros de orientación de la pesca, el IFOP, para la modernización de la flota pesquera. Estudiar soluciones de pago de la deuda contraída con la Seguridad Social a través de aplazamientos, e impulsar las iniciativas necesarias para obtener pedidos en el marco de los acuerdos comerciales.
Las propuestas contenidas en dicho acuerdo y las que se concretan en los restantes apartados de la proposición no de ley se solapan en gran medida unas con otras. En este sentido, la segunda de las iniciativas de la proposición no de ley, que insta al Gobierno a tomar medidas que incrementen la competitividad de los astilleros, englobaría las restantes medidas propuestas, encaminadas a hacer más competitivo al sector naval y a facilitar la obtención de contratos. Respecto a las medidas recogidas en los tres últimos apartados de la proposición, es preciso señalar, porque ya se está haciendo, que la anticipación de los fondos del IFOP para financiar la flota pesquera es una realidad, si bien en período de construcción y, por tanto, ya se están construyendo barcos con el adelanto de las ayudas a percibir en el marco de este instrumento. Por otro lado, el estudio de soluciones de aplazamiento de la deuda con la Seguridad Social es una medida que hay que seguir considerando, aunque, de hecho, se están desarrollando acuerdos en este sentido. Asimismo, nos parece necesario y razonable volver a impulsar desde esta iniciativa que se incrementen y se redoblen los esfuerzos para obtener pedidos, utilizando los instrumentos que para esto dispone el Gobierno.
Pero el aspecto más destacable de los propuestos es la constitución de un fondo de garantía para la construcción naval. Hemos hablado en esta Cámara, con anterioridad, de este problema que afectaba a la construcción naval. Todos los países constructores de buques han desarrollado mecanismos financieros que facilitan la contratación, dentro de los esquemas de apoyo permitidos por la normativa comunitaria. El elevado volumen de recursos que exige la inversión en un activo de la naturaleza de un buque, junto al largo plazo en el que se desarrolla su explotación, explica que los armadores necesiten contar con medios financieros ajenos para acometer la inversión de nuevas flotas. Por

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ello, las condiciones de financiación y, en concreto las garantías del armador juegan un importante papel en todo el proceso de contratación de un buque. En esencia, los problemas asociados a la financiación de buques son de dos tipos: las condiciones de los créditos y las garantías exigidas por las entidades financieras, aunque no es menos relevante la disposición del sector financiero a conceder créditos a este sector.
En España, la falta de confianza del sector financiero en los armadores es un hecho que se ha venido produciendo desde que en la década de los setenta las entidades financieras se encontraron con una cartera de créditos incobrables que llevaron al entonces Banco de Crédito Industrial a constituirse como primer naviero del país. Mientras, la construcción naval española se ha beneficiado, es cierto, de unos sistemas de ayuda financiera en forma de créditos blandos, pero también es cierto que no existe un mecanismo de otorgamiento de garantías a los armadores, como ocurre en numerosos países competidores en este sector. Las condiciones de financiación aplicables a los créditos a la exportación están normalizadas en virtud de una resolución del Consejo de la OCDE que contempla un importe máximo de crédito a conceder del 80 por ciento del precio del buque, una vez descontadas otras ayudas que pudieran existir, un plazo de amortización de ocho años y medio y un tipo de interés del 8 por ciento.
Por lo que se refiere a la contratación de buques para armadores nacionales, en sucesivos reales decretos reguladores de las condiciones de financiación de los créditos se han venido recogiendo subvenciones de tres puntos de interés a cargo del presupuesto del MINER, que no han sido suficientes, sin embargo, para fomentar la contratación de buques. La falta de un mecanismo que facilite el otorgamiento de garantías es un factor que explica gran parte de los problemas de falta de contratación que se vienen registrando. Por tanto, la creación de un fondo de garantías facilitaría la obtención de créditos para financiar la construcción de buques en nuestro país, tal como ocurre en otros países competidores del ámbito comunitario. Por esto es por lo que, sabiendo que el Ministerio de Economía y Hacienda y el de Industria y Energía vienen trabajando en la configuración de este sistema de garantías, en esta proposición pedimos la creación de un fondo de garantías para los astilleros pequeños y medianos que complementase la garantía hipotecaria sobre el propio buque.
Este fondo se nutriría con las aportaciones iniciales de los astilleros y de las comunidades autónomas interesadas en potenciar su industria naval y con una parte de las primas a la construcción naval que los astilleros depositarían en el mismo. Este instrumento de otorgamiento de garantías se encuadra en las recomendaciones del foro marítimo constituido en el seno de la Comisión de la Unión Europea para analizar las medidas que pueden hacer más competitivos los sectores marítimos comunitarios. Este fondo de garantías, asimismo, debería ser un instrumento de apoyo al sector, que se pueda mantener una vez desaparezcan las ayudas estatales en la OCDE.
Por tanto, señorías, y resumo, el sentido de la proposición no es otro que manifestar nuestro respaldo a la iniciativa del Ayuntamiento de Vigo y de las fuerzas políticas, sociales y empresariales firmantes del acuerdo citado; manifestar que compartimos la preocupación por hacer viable el sector naval; proponer soluciones concretas al Gobierno que puedan impulsar ese sector y que seguramente gozarán en esta Cámara del apoyo de los restantes grupos.
Yo espero que esta proposición no de ley, que responde a un amplio acuerdo, a un consenso muy importante en toda la comarca de la ría de Vigo, sea aprobada por sus señorías. Es cierto que hay una enmienda de Izquierda Unida, pero desde nuestro punto de vista obedece sólo a razones de forma, no aporta nada distinto al contenido de la proposición no de ley, no desvirtúa para nada el acuerdo al que se llegó en el Ayuntamiento de Vigo y, por tanto, nos parece que es una enmienda que no mejora el texto presentado. Así pues, por parte de nuestro Grupo se pide a esta Cámara que para que se puedan ir imponiendo, para que se puedan ir implementando las medidas que están contenidas en esta proposición no de ley, apoye esta proposición no de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor portavoz del Grupo Socialista, según estaba usted interviniendo y en la medida en que avanzaba en su exposición, me entró la duda de si realmente la proposición no de ley que usted defendía era la misma que yo había enmendado, y me entró tal duda que tuve que pedir a mi portavoz la copia oficial de la enmienda para verificar que se trataba del mismo texto.
Mire usted, le tomo un poco la palabra pero al revés. Si realmente usted cree que nuestras enmiendas no modifican su proposición no de ley, usted puede contar con el apoyo de mi Grupo a cambio de ningún esfuerzo, puesto que no le vamos a introducir, según usted, ninguna modificación especial. Yo creo que sí hacemos alguna modificación positiva y, sobre todo, alguna modificación operativa. Cuando usted estaba explicando su posición afirmaba una y otra vez que en sus propuestas lo que hacía era plantear una serie de medidas de

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carácter financiero, de apoyo, de incentivación, etcétera, entre otras, y fundamentalmente la creación --como dice concretamente el apartado 3-- de un fondo de garantía. Pero ustedes no dicen eso. Será su propósito, será su intención, no lo dudo, y en todo caso han sido sus palabras en la explicación de su proposición no de ley, pero en el texto, en la letra de esa proposición no dicen ustedes exactamente eso, lo que produce un equívoco realmente peligroso que nosotros intentamos subsanar con nuestras enmiendas, que yo creo que efectivamente harían --si ustedes las aceptasen-- que la letra de su proposición no de ley se ajustara mucho más literalmente --valga la redundancia-- a su explicación.
Y me explico yo ahora. Ustedes no dicen que van a crear un fondo de garantías. Ustedes dicen que van a estudiar la creación de un fondo de garantías. Hay una diferencia que en la práctica puede resultar decisiva, puede variar del sí al no. Porque estudiar la creación de un fondo de garantías se puede entender en dos sentidos. Ustedes van a estudiar si se hace o no se hace, con lo cual no tienen decidido todavía si se va a hacer, y ésa es una interpretación absolutamente válida de la letra de este apartado; o ustedes dan por supuesto que sí que se va a hacer ese fondo de garantía y lo que van a estudiar es de qué forma se va a constituir, en cuyo caso nosotros estaríamos de acuerdo. Se trataría de evitar una posible interpretación no operativa que iría en contra incluso de su explicación. Por ello nosotros, en vez de decir en este caso «estudiar la creación de un fondo de garantías», decimos «estudiar la forma más adecuada para la creación de un fondo de garantías». Nos parece que la diferencia literalmente es mínima pero semánticamente es notable y, además, entiendo yo que se ajusta mucho más a lo que usted ha explicado en la defensa de su proposición no de ley.
El conjunto de las enmiendas de mi Grupo van un poco en la misma dirección. No dudo de sus motivos y, además, me he alegrado de oír su explicación que, repito, coincidía con lo que nosotros intentamos añadir a la propuesta en nuestras pequeñas pero sustantivas, semánticamente hablando, enmiendas, hasta el punto de que, como usted se explicaba tan de acuerdo con nuestras enmiendas, me parecía que casi eran innecesarias.
Eso me llevaba a pensar --y vuelvo a lo que dijeal principio-- que estábamos hablando de dos proposiciones relativamente distintas, que había habido alguna modificación posterior a cuando yo la pude estudiar y enmendar. Pero no es así. Por tanto, en razón a lo que usted dice y a lo que nosotros queremos, que es lo que dice también la Mesa constituida en Vigo para este efecto, y, desde luego, en razón a que la decisión que aquí se tome, lo que apruebe esta Cámara, sea realmente operativo, añada algo a una política operativa, les pido, por favor, que acepten nuestras enmiendas o algunas similares; acepten algunas que pasen de una proposición no de ley que se queda en el plano previo a la acción. En los seis puntos ustedes emplean cuatro veces como primera palabra «estudiar». En ningún momento dicen: se hará, se propondrá que se haga, se tomará la decisión, se tomarán tales medidas.
Repito que es una proposición no de ley realmente evanescente, vaporosa, sin ningún contenido operativo, y yo creo que produciría una decepción en el sector de la bahía de Vigo y en todo Vigo, donde están sufriendo realmente un problema grave, que además tiene una gran incidencia en el conjunto de la economía de esa comarca, lógicamente, como la tiene un sector tan amplio, tan complejo y con tantas sinergias como es el sector naval. Si se aprueba el texto tal y como está redactado iría en contradicción con la explicación o la defensa del mismo que usted ha hecho.
Por mi parte, simplemente quiero recordarle que, desde luego, si hacen esta proposición no de ley con un carácter operativo, y repito que para eso ofrecemos estas pequeñas enmiendas, a las que no tiene más que darles ese sesgo, ese carácter, no nos importaría que ustedes nos propusieran una enmienda «in voce». Es decir, no nos interesa la paternidad del tema; nos interesa que lo que salga de aquí sirva para algo. Y esto es lógico porque usted recordará que mi Grupo ha presentado ya en varias ocasiones, le recuerdo solamente dos proposiciones de ley en una línea similar: una con carácter global a la situación del sector naval en el conjunto del Estado español y otra específica en relación con el sector del INI. En ellas coincidíamos sustancialmente en los mismos puntos, en los puntos que plantea el sector, que se los podría enumerar simplemente. La idea de fondo es que algo tan elemental, tan fundamental, tan básico como que nuestro sector naval, nuestros constructores de buques tengan las mismas, no mejores, las mismas condiciones financieras fiscales, etcétera, que aquellas de las que goza el conjunto de los astilleros o constructores de buques de la Comunidad Europea, de nuestro entorno inmediato, de nuestro entorno político europeo. Esa es la idea central. Nosotros proponíamos entidades financieras especializadas; el apoyo a la demanda interior, que supone el 60 por ciento de la construcción de buques en los astilleros europeos, y en España es del 5 por ciento; el pago de unas primas a la construcción naval cuando se establecen los contratos, y no que se retrase indefinidamente, creando todavía problemas más graves de liquidez, etcétera, por supuesto hacer frente a los retrasos en las cotizaciones a la Seguridad Social que agrava mucho más la capacidad de nuestros astilleros de salir adelante, sobre todo en una etapa de crisis de demanda como en la que estamos, el tema de instituciones financieras especializadas --repito-- y, como ustedes plantean también, un fondo de garantías.
En ocasiones anteriores ustedes se opusieron a nuestras enmiendas y yo creo que en el fondo (y no sólo en el fondo sino de manera explícita) barajaban una idea

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en relación a la construcción naval que a mí me parece absolutamente desafortunada. Explícitamente, el portavoz socialista en aquel momento, que no era usted, vino a decir que el sector naval era un sector maduro, queriendo expresar por esto un sector caduco, un sector ya sin futuro. Sobre esto de los sectores maduros, todavía hace poco, don Manuel Castells, que ustedes conocerán bien puesto que les ha asesorado en muchos temas, afirmaba de una manera clara, rotunda y trabajosa (por aquello de la trabajosa demostración de las verdades evidentes) que no hay sectores maduros o caducos, que lo que hay son empresas caducas o empresas bien organizadas y por tanto competitivas. Y el sector naval no es un sector caduco; si fuera caduco estaría en manos de países tercermundistas, etcétera. Por el contrario, los países punteros en el sector naval son Japón, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Noruega, etcétera. Es un sector por el que hay que apostar y por el que hay que hacer una política activa desde el Estado, como han hecho todos estos países que, por otra parte, se proclaman más neoliberales que ustedes.
Este era un poco el fondo de nuestras propuestas y fue también un poco el fondo de nuestro debate entonces. Yo me alegro que de entonces acá hayamos aproximado nuestras coincidencias y nuestras posiciones, y que concretamente en relación al tema del sector naval en la bahía de Vigo podamos votar en común una propuesta. Desde luego le repito, y termino, que mi Grupo no pretende, en absoluto, modificar en un sentido negativo la letra de sus propuestas; pretende, repito, ajustarlo precisamente a su explicación y, en todo caso, hacer que no se quede simplemente en una propuesta evanescente que en la práctica pudiera no resultar operativa en grado alguno.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista sobre la situación del sector naval en la ría de Vigo será la de votarla favorablemente. Pensamos desde Convergència i Unió que en ella se recogen los mecanismos necesarios para posibilitar que en este sector, tan importante en esta zona y en el resto del Estado español, se puedan incrementar una serie de ingredientes que finalmente generen ocupación en dicho sector naval. Vemos que dicha proposición no de ley contiene medidas interesantes que podrán amainar las dificultades financieras por las que está atravesando este sector. Y asimismo pensamos que es interesante que, a través de la aprobación de esta proposición no de ley por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, se ayude a resolver los problemas de índole social que tienen planteados los agentes sociales y económicos en toda la zona de Vigo. En una palabra, será posible negociar más favorablemente los empresarios y los trabajadores.
Pensamos desde Convergència i Unió que en dicha proposición no de ley, dentro de los mecanismos que antes he comentado, es interesante la creación de este fondo de garantía que posibilitará y facilitará el que las empresas puedan acudir a los créditos con unos tipos de interés competitivos respecto a los demás países de la Unión Europea. Nosotros pensamos que sería importantísimo poder adelantar los pedidos del IFOP, ya que ello posibilitaría la modernización de la flota pesquera de nuestro país y posibilitaría, de entrada, el incremento de la generación de puestos de trabajo en dicho sector. También pensamos que sería interesante llevar a cabo una serie de medidas que el Grupo Socialista ha planteado de cara a refinanciar los débitos que dicho sector mantiene con la Administración.
En definitiva y concluyendo mi exposición, yo diría que la aprobación de esta proposición no de ley, referente a la modernización del sector naval de la ría de Vigo, contribuirá a que dicho sector sea más competitivo, contribuirá a su modernización y, en definitiva, contribuirá a la creación de puestos de trabajo, que es lo que nuestro Grupo desea y esperamos que también lo aprueben los demás grupos parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Durán.


El señor DURAN NUÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar querría señalar --aunque a lo mejor no entendí bien al digno ponente catalán-- que esta proposición no de ley no se refiere a la modernización de los astilleros de la ría de Vigo sino a su mala situación, situación penosa. En cuanto a modernización, estamos modernizados. Este es el primer problema que quizá haya que atender y que a lo mejor la Cámara, si profundiza en él, lo entenderá mejor. Es un gravísimo problema, pero no de modernización.
Efectivamente, varios Diputados de esta Cámara, concejales, sindicatos y diferentes empresarios llevamos meses reunidos estudiando la situación naval en Vigo. Dignos colegas míos han hecho estupendas intervenciones y a lo largo de todos estos meses se llegó a un consenso

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sobre esta cuestión. ¿Qué pasa? Que de esto sale una proposición que se presenta en el Parlamento autonómico, de esto salen múltiples reuniones en el Ayuntamiento de Vigo, de esto sale que a lo mejor fuerzas extraparlamentarias, que no han asistido a todas estas negociaciones, podrían entender que algo que parece alicorto (así parece cuando se lee el texto de la proposición no de ley en su estricto sentido, y ya entraré en ella en su momento), no lo es. Yo creo que aquí lo primero que hay que contemplar es cómo se ha llegado a esto, porque esto no se debe a que en la ciudad de Vigo hubiera unos astilleros y de repente hace siete días tuvieran problemas, sino que se debe a que en la ciudad de Vigo, y en muchísimos otros sitios, se ha llegado a tener problemas en el sector de la construcción naval que nuestro Grupo ya denunció aquí en una estupenda intervención al defender una moción en marzo de este año, consecuencia de una interpelación anterior.
Realmente, lo que se dijo en aquella ocasión fue que allí se había llegado a esta situación por una serie de dejaciones y malas políticas del Partido Socialista en el poder a lo largo de todos estos años. Por cierto, creo recordar que entre los años 1984 y 1994 se pasó de 34.700 trabajadores a 14.000. O sea, se podría haber dicho que redimensionando los astilleros y dando entrada a personal, todo ha funcionado muy bien, pero no ha sido así. Todo ha estado funcionando muy mal. Lo que hemos hecho ha sido echar gente a la calle, pero no hemos redimensionado nada. Este es el gran problema. Hay sitios como Harland and NMF en Belfast, Govan en Escocia, Kvaernm Massa en Finlandia, el astillero de Rostock en la antigua Alemania del Este, donde sí se han redimensionado, sí se han remodernizado y conseguido, por cierto, grandes contratos. Fincantieri Navali --italianos, parecidos a nosotros-- está construyendo buques de pasajeros de 45.000 toneladas, uno tras otro, y son italianos y también están en la Comunidad Europea. Y no son del dragón, no son de Hyundai, que por cierto ha tenido una gran huelga hace muy poco, con «knock out» inclusive. Son europeos, con trabajadores de salario europeo y con modernidad europea y trabajo de sus gobiernos. Este es el problema. No estamos hablando del dragón, estamos hablando de astilleros concretos que han sido redimensionados, en zonas de grave problema como podría ser nuestra ría de Vigo y están funcionando, no haciendo lo que vamos a lograr hacer, que son unos pesqueritos, gracias a la Xunta de Galicia y un contrato con un país no muy buen pagador como es el Camerún, para salvarlos, sino que están haciendo verdaderos buques. Anteayer, en Harland and NMF, en la botadura de un petrolero de 150.000 toneladas, los ingleses se quejaban de que sólo tenían un 30/35 por ciento de ayuda de garantía cuando en Europa tenían el 80, cuando ellos amortizaban a 12 años y en Europa, con unos intereses bajísimos, se amortiza a 25 años. Esto es lo que hay que ver.
Lo que hay que ver es lo que aquí ha pasado. ¿Qué pasó? Que por tener elevados tipos de interés, no fuimos competitivos.
¿Qué paso? Que por enorme sobrevaloración de la peseta, denunciada prácticamente por todos los grupos, perdimos competitividad en todos estos años. Tardanza en el pago de las ayudas. A mí me ha venido gente de astilleros: sindicatos, etcétera, diciéndome: «Oiga, es que nos deben cuatro o cinco años; nos deben cientos de millones de pesetas. Además, después, no nos devuelven cuotas en la Seguridad Social». Esto es todo lo que ha pasado y lo que ha hecho que --en el caso particular de Vigo, por otras circunstancias-- se sufriera en el tema naval. Es muy importante decirlo porque, repito, esto no viene del limbo.
Señor García Fonseca, después de haber asistido a todas estas reuniones tengo que decirle que, estoy de acuerdo con usted: donde dice «tomar en consideración», habría que decir asumir; donde dice «estudiar la creación», habría que decir «crearla»; donde dice «impulsar la anticipación», hay que anticipar; donde dice «estudiar soluciones», hay que solucionar y donde dice «impulsar iniciativas», hay que exigir iniciativas. Esto lo sabe la Cámara y lo sabemos todos, lo que pasa es que, según la técnica parlamentaria, si nosotros decimos esto --como acaba de hacer usted-- el Partido Socialista no lo vota favorablemente. Lo que nosotros queremos es que lo que pone aquí se entienda por la Cámara y por el Gobierno que significa asumir, crear, anticipar y solucionar los problemas, porque, si no, van a decir lo que están diciendo hoy las empresas y los sindicatos en un periódico del que, por cierto, está presenciando el debate su digno representante. Dicen los trabajadores: Después de que los políticos nos expliquen los resultados de sus gestiones, decidiremos el camino a seguir.
Ellos no sé si creen mucho en nosotros, esperamos que crean.
Continúan: Los sindicatos temen que el viernes van a escuchar la cantilena ya conocida de que todo está en marcha, de que los logros están a la vuelta de la esquina. Y concluyen: Creemos que es tiempo para llegar a las soluciones.
Esto es lo que nos piden los ciudadanos a los que representamos. Este es el tema, señorías. No unas palabritas que pronunciamos aquí y después todos se van a tomar agua mineral y estupendo. Los trabajadores, además, en el caso de Vigo, van a anunciar movilizaciones porque lo que quieren son resultados concretos.
En este momento la construcción --que puede salvar a Vigo-- de 50 buques camaroneros para Camerún, está en el aire porque, como ya dijo el Conselleiro de Industria y otros dignos representantes aquí, Camerún aún tiene que renegociar la deuda con España y no es un buen pagador; pero, a lo mejor, tampoco es buena pagadora una fábrica de «jeeps» en la zona del sureste de España y, sin embargo, se le dan ayudas y no sabemos si esas ayudas van a ser devueltas.


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Y no quiero entrar en otros asuntos retóricos, porque parecería que estamos haciendo comparaciones.
El problema es que el Consejo de Ministros, rápidamente, tiene que aprobar los avales de los créditos contratados, que están ya presupuestados en 16.000 millones de pesetas; y esto es parte de todo lo que pedimos aquí. Lo que pedimos aquí son acciones, lo que pedimos aquí es que el Parlamento entienda que lo que estamos haciendo es lo que nos piden los ciudadanos porque, sino, estaríamos paseándonos, como dicen los sindicatos y los propios empresarios: Ustedes se han ido a pasear por ahí y nos han dado una larga cambiada.
Con este espíritu --que espero esté en el «record», seguro que lo está porque los dignos taquígrafos lo toman todo muy bien, y constará en nuestro «Diario de Sesiones»--, vamos a apoyar esta iniciativa, precisamente para ver si con ello obligamos al Gobierno a que se tomen medidas urgentes y rápidas. Se lo vamos a explicar a las personas que se van a reunir en los próximos días con casi todos los que estamos implicados en el asunto. Este es el espíritu del asunto. Por ello, y solamente por ello, no por pactos espurios o bajo la mesa de cualquier estilo, vamos a apoyarlo, porque creemos que lo que hemos hecho aquí tiene que ser puesto en funcionamiento, porque, si no, volveremos --como decía muy bien el señor García Fonseca-- a crear, asumir, etcétera. Para que esta iniciativa se ponga en marcha rápidamente nuestro Grupo va a votar favorablemente, con todas las salvedades verbales que he dicho antes, la proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Durán.
El señor Cuevas tiene la palabra a los efectos de indicar, de manera definitiva, si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor Presidente.
En el transcurso del debate no ha habido argumentación alguna que convenza a este portavoz de que aceptar esas pequeñas modificaciones supone un cambio sustancial de la propuesta.
Creemos que no aportan absolutamente nada, más bien, sólo pretenden enmendar algo que nosotros creemos que es correcto, que se está ya poniendo en marcha y que, desde luego, va a ser algo positivo para la zona de la ría de Vigo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuevas.
Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre situación del sector naval en la ría de Vigo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos enmitidos 301; a favor, 299; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE RETRASOS EN LA IMPLANTACION DE LA TELEFONIA MOVIL AUTOMATICA (Número de expediente 162/000050)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular sobre retrasos en la implantación de la telefonía móvil automática.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, el 4 de noviembre del pasado año 1993 el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley cuya introducción establecía que, frente a una expansión enorme de la telefonía móvil automática en Europa, en España estábamos asistiendo a un fenómeno que hacía que nuestra implantación telefónica móvil fuera la anteúltima de los países de la OCDE. Precisamente el 31 de diciembre de 1993 terminaba el monopolio y se pedía que, en competencia, se estableciera la telefonía móvil.
La proposición no de ley decía textualmente: «El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno para que active al máximo las gestiones pendientes, a fin de que tenga lugar cuanto antes la expansión de la explotación de servicios de TMA en régimen de competencia, que contribuya a que en España llegue a alcanzarse un nivel de penetración de la telefonía móvil análogo al que existe en otros países europeos.» (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidenca.) El hecho de que no hayamos retirado ahora, en septiembre de 1994, esta proposición no de ley y la traigamos aquí, indica ya el fracaso de la política gubernamental para implantar la telefonía móvil automática. Se han perdido meses cuando esta actuación podía haber supuesto una inversión importante y una creación de puestos de trabajo en un momento de crisis como el que pasamos el pasado año.
Pero no sólo ha sido eso, es que habido una batalla entre los Ministerios de Economía y de Obras Públicas, diferenciándose totalmente en sus conceptos y dando una imagen penosa a la iniciativa privada; iniciativa privada que sí ha respondido y ha creado cinco consorcios

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con empresas de telefonía, con empresas financieras y con empresas constructoras dispuestas a invertir. El Presidente del Gobierno ha insistido, en los debates de investidura y sobre el Estado de la Nación, en la importancia que tenía la liberalización de las telecomunicaciones y la urgencia de la telefonía móvil automática y, sin embargo, la política gubernamental ha desmentido las palabras del propio Presidente del Gobierno.
Hoy parece --digo parece porque en este tema no se puede estar nunca seguro-- que la situación está desbloqueada. En el Consejo de Ministros pasado se han aprobado las tarifas de acceso de ese segundo operador a Telefónica, por cierto, con un decremento del 35 por ciento de las que proponía el Ministerio, y parece que ya va a publicarse el concurso.
En estas condiciones el Grupo Popular, y puesto que ha transcurrido ya un año, presenta una enmienda a su propia proposición no de ley, en la que dice: El Congreso de los Diputados acuerda constituir, en el seno de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, una ponencia especial para el seguimiento de las actividades relacionadas con la concesión, implantación y funcionamiento del nuevo sistema de telefonía móvil automática en España. Porque, señoras y señores Diputados, hay una idea, a veces subyacente en la sociedad, en los grupos políticos y, desde luego, en el Ministerio, que considera que la telefonía móvil automática en régimen de competencia es un precio que hay que pagar porque estamos integrados en Europa. Y no es así. El hecho de que se convoque ese concurso, se adjudique y comience la telefonía móvil automática es un beneficio para el conjunto de la economía nacional. A mayor uso del teléfono hay mayor desarrollo, mejora la situación de los ciudadanos y mejora la competitividad de las empresas.
Puede haber una preocupación lógica y que compartimos todos.
Qué ocurre con Telefónica, qué ocurre con la situación actual de monopolio. Es preciso dar una solución auténtica, justa que beneficie a Telefónica y al nuevo operador. Las obligaciones de servicio público que Telefónica tiene deben ser compartidas también por el otro operador en la proporción del mercado que consiga. Pero, al mismo tiempo, desde el momento en que el segundo operador tiene que utilizar la red de Telefónica para poder transmitir el teléfono móvil con el teléfono fijo, es preciso aquilatar perfectamente las condiciones de acceso y de actuación para que no se produzca una situación de predominio de Telefónica. Eso exige unas normas de regulación y muy probablemente, y no sólo para el tema de la telefonía móvil automática, sino también para la liberalización general de las telecomunicaciones, requiere un organismo regulador que sea capaz de diferenciar el operador que ha sido hasta ahora Telefónica de las normas de un mercado libre en competencia.
Piensa el Grupo Popular que el futuro de Telefónica puede ser un futuro brillante en la telefonía móvil automática en régimen de competencia, ya que ellos tienen un primer operador. Ciertamente existe un peligro de que en Telefónica se cree una cultura de nostalgia del monopolio, de recuerdo de los viejos buenos tiempos en que todos los clientes tenían que ir a Telefónica, en donde lo importante es manejar los despachos de la Administración y no el servicio al público.
Eso sería nefasto para la propia Telefónica y para todo el servicio que se da a los ciudadanos, porque la liberalización de las telecomunicaciones es un tema imparable.
Yo creo que no va a ser así y el Presidente de Telefónica lo ha manifestado. Telefónica ha actuado en países de Sudamérica en donde no tiene monopolio. Telefónica tiene un gran capital humano. Si se vuelca en ese servicio al cliente y no en la búsqueda de situaciones de privilegio a través de la Administración, puede tener perfectamente en los próximos años un 85 o un 90 por ciento del mercado, es decir, una disminución relativa, pero, en cambio, en números absolutos, una penetración mucho mayor de teléfonos, un coste menor para el usuario y un beneficio mayor por teléfono.
Por ello, resumo, considera el Grupo Popular de una gran importancia la creación de esta ponencia en el seno de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Es una ponencia que, en primer lugar, pretende supervisar un proceso, que es algo que compete a la Cámara y a los grupos políticos, para quiere también impulsar para que se vayan cumpliendo los plazos. Los retrasos a los que antes me he referido, los meses que se han perdido, justifican sobradamente esa vigilancia de la ponencia de la Comisión de Infraestructuras de todo el proceso.
Finalmente --quiero destacar ese carácter--, esta ponencia va a servir para avalar un proceso complicado. Ahora va a haber un concurso en el que van a presentarse cinco proposiciones importantes, todas ellas técnicamente avanzadas y con ofertas económicas de un tipo y de otro. La adjudicación de ese concurso va a ser complicada y va a dejar, lógicamente, a muchos descontentos: los que no consigan el concurso.
Pues bien, esta ponencia es una tribuna pública, una tribuna también para el propio Parlamento para que el Ministro pueda explicar perfecta, razonadamente y con todo tipo de datos por qué se ha hecho esa adjudicación y por qué ese grupo ha sido el elegido. Al mismo tiempo, en los meses siguientes, veremos si esa competencia entre Telefónica, ya operador, y el segundo operador, es una competencia real. En el seno de esa ponencia se podrá opinar sobre ello.
Por esto --y con esto termino--, es muy importante que el Congreso de los Diputados, a través de esa ponencia, participe en un proceso indispensable, crucial para los ciudadanos y para la economía nacional.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Posada.
Presentada la proposición no de ley y defendida en el mismo turno la enmienda de ampliación que el propio Grupo Popular ha realizado, vamos a pasar a la fijación de posiciones por parte de los Grupos.
¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la palabra.


El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Como muy bien ha dicho el proponente, la proposición no de ley que hoy tratamos tiene fecha de noviembre pasado, casi ha transcurrido un año. Su tema principal: telefonía móvil automática. La proposición se refiere al crecimiento espectacular de la telefonía móvil en todos los países del entorno europeo. La situación en España es muy distinta por las causas que podríamos denominar de monopolio: existe lentitud en la aplicación de la normativa de la liberalización y, por tanto, en el trámite de reglamentos, concursos, etcétera. Desde entonces --también lo ha dicho el proponente-- las cosas han cambio ya. Con retraso, eso sí, pero, en realidad, lo que pide la proposición ya está superado, la propia enmienda del Grupo proponente quiere ir más allá del texto inicial. Inteligentemente, lo que se pretende es salvar un texto obsoleto que en el momento de su discusión aquí tiene al menos algo positivo: que nos recuerda esta temática.
Refiriéndome a la enmienda de adición, quiero decir que nuestro Grupo ha sido partidario en muchas ocasiones de la creación de ponencias de seguimiento, pero en este caso no la va a apoyar por cuanto las características de la ponencia que hoy se nos propone más que de seguimiento podría interpretarse como interventora de todo aquello que debe hacer la Administración, con lo cual podía crearse alguna colisión.
Como se ha dicho, el problema se va a resolver, en breve plazo y todo control que necesite hacer esta Cámara se podrá efectuar a través de comparecencias en la Comisión correspondiente. Por tanto, anunciamos que nuestro voto no puede ser favorable a la proposición que debatimos.
Nada más señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la política de telecomunicaciones del Gobierno no está siendo todo lo transparente y lo clara que debiera.
También es cierto lo que ha dicho el ponente: Que ha habido, y me imagino que seguirán existiendo, polémicas en el seno del Gobierno sobre cómo debe discurrir esta política de telecomunicaciones.
Creemos sinceramente que la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular no aporta nada a este debate, máxime cuando, como reconocía el proponente, la pasada semana se publicó un decreto-ley por el que se ponía a concurso la telefonía móvil. Lo más correcto habría sido retirar la proposición no de ley, dado que el problema que pretendía atacar había sido puesto en circulación por ese decreto-ley, de mejor o de peor manera, pero había sido puesto en curso.
La creación de esa ponencia de seguimiento, sobre todo cuando hay en liza cinco grupos que pretenden quedarse como segunda operadora de la telefonía móvil, puede ser incluso un elemento distorsionador, en el cual se puede utilizar como caja de resonancia esa ponencia para hablar de las virtudes o defectos de unas ofertas y otras.
Sinceramente, lo que creemos más oportuno a estos efectos es que la actuación del Gobierno sea clara y transparente y que haya un control parlamentario estricto y exacto de la resolución de este concurso para obtener un segundo operador de la telefonía móvil.
Las propuestas que se defienden en el Gobierno por parte del Ministerio de Economía no son las más cercanas a Izquierda Unida, ni muchísimo menos, y hay que reconocer que tienen audiencia importante en el Gobierno y en el Tribunal de Defensa de la Competencia, que quiere que la política de telecomunicaciones en España sea equivalente a la que han venido llevando en Inglaterra y quisiera encontrarse en una situación de competencia muy similar a la inglesa. Desde luego, no es la que nosotros apoyamos. Por tanto, no vamos a apoyar la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, ni la enmienda, con independencia de que nuestro Grupo Parlamentario llevará un estricto control de cómo se resuelva este concurso que ahora va a poner en marcha el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Posada, por su tono pausado y moderado, así como por habernos evitado escuchar muchas cifras y muchas siglas.
Consideramos que la moción que usted presenta en nombre de su Grupo, la vieja moción, ya no resulta oportuna. Desde luego, la propuesta que ahora nos hacen de constituir una ponencia en el seno de la Comisión de Infraestructuras nos parece fuera de lugar por

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la propia explicación que usted ha dado de que la ponencia es el lugar más indicado para que el Ministro explique por qué se concede finalmente la segunda licencia a tal candidato y no a los demás.
La propia reflexión pone en evidencia que las cosas no son así. No parece que una ponencia sea el lugar más adecuado, con más luz y más taquígrafos, para que se explique por qué una segunda licencia se concede a un candidato y no a los demás.
Creemos que el lugar más idóneo es la Comisión, y que debe ser en el seno de ésta donde se explique la concesión de la segunda licencia. Nosotros ya anunciamos nuestra intención de pedir la comparecencia del Gobierno cuando se produzca esa concesión de la segunda licencia.
Quiero hacer una matización. No es verdad que el 31 de diciembre de 1993 finalizara el monopolio, sino que lo que finalizó el 31 de diciembre de 1993 fue la obligación del monopolio. Es a partir de entonces cuando el Gobierno tiene la libertad de intentar pasar a un régimen de competencia. Es verdad que ha habido discusiones en el Gobierno --digo que es verdad en el mismo tono en el que lo habrá afirmado usted--; a mí, sinceramente, eso no me preocupa ni me asusta. Creo que demuestra la importancia del asunto que estamos tratando, que es un asunto donde compañeros de Partido y de Gobierno pueden tener visiones parcialmente diferentes sobre el problema. Digo que no tiene mayor importancia desde la seguridad de que esas discusiones han estado presididas por lo que cada uno haya podido entender que es el interés nacional, el superior interés de toda España.
Todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en lo importante: hay que pasar de una situación de monopolio a una situación de libre competencia o, al menos, de competencia restringida. Parece que estamos en desacuerdo en el ritmo, en la velocidad con la que ese cambio debe producirse. Para pasar de una situación de monopolio a una sutuación de competencia hay una complejidad jurídica importante, hay una gran complejidad técnica y, sin duda, hay un asunto de una gran importancia económica. La fortaleza económica de los grupos candidatos pone en evidencia que estamos ante un asunto de mucha importancia económica. Creo que es razonable que el Gobierno actúe con mucha prudencia, prudencia que todos nosotros debemos exigirle. En lugar de pedir al Gobierno que actúe con mucha prisa, el Grupo Socialista al menos cree que es preferible pedir al Gobierno que actúe con mucha prudencia.
Por todas esas razones vamos a votar en contra de su texto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martinón.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre retrasos en la implantación de la telefonía móvil automática.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 137; en contra, 161; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION QUE MANTIENE TABACALERA CON LA COMPAÑIA INTERNACIONAL PHILIP MORRIS PARA MANTENER O INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LAS LABORES TABAQUERAS DE LA CITADA MULTINACIONAL EN LAS PLANTAS DE TABACALERA EN LA PENINSULA (Número de expediente 173/000046)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción de Coalición Canaria subsiguiente a interpelación sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la Península.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo que comenzar diciendo que, por desgracia, se ha hecho bueno ese dicho de que piensa mal y acertarás. Y es que cada vez que Canarias topa con Tabacalera nos pasa lo mismo. La misma historia se repite y siempre pierde Canarias. Esperamos que esta vez podamos romper el maleficio.
El 29 de junio, defendiendo la interpelación urgente presentada ante esta Cámara, exponía una serie de datos totalmente ciertos. Hacía un breve repaso de la historia de la industria canaria y mostraba mi preocupación por el futuro de la planta que tenía Philip Morris con Tabacalera al 50 por ciento. Hoy, todos los argumentos siguen siendo los mismos y se han cumplido por desgracia, las previsiones.


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No voy a repetir todos los argumentos, que son totalmente vigentes, pero quiero destacar algunas cuestiones. En las dos preguntas que hemos formulado sobre esta cuestión al Ministro --la primera, sobre el contrabando del tabaco, que, por cierto, fue la que nos dio la pista para la segunda pregunta sobre las conversaciones secretas que se mantenían con la multinacional Philip Morris--, el Ministro evadió una respuesta al empleo, concretamente, al empleo en Canarias. El Ministro respondía en aquel momento que no podía dar a conocer los objetivos de la negociación porque ésta tenía que ser discreta; esa fue la palabra que empleó. Y yo le mostraba mi preocupación de que los acuerdos llevados en secreto se hicieran públicos en verano, porque todos sabemos que las cosas son más fáciles antes del período de vacaciones. Los comunicados, por cierto, muy etéreos, sin una sola concreción de Tabacalera y Philip Morris, se hicieron públicos el día 29 de julio, dos días antes del 1 de agosto; como todos sabemos, pleno verano y cuando aquella industria cerraba sus puertas.
Se aprovechó el verano; por desgracia, volvimos a tener razón.
El Ministro aducía como causa la difícil situación del sector tabaquero --especificaba-- español, europeo y mundial. Quiero dar algunos datos sobre ello porque creemos que no es ésa la realidad.
El presidente de Tabacalera ha dicho en todos los periódicos este verano que las labores de la gama donde incluye Marlboro, que se fabrica en esa planta, han aumentado en lo que va de año el 19 por ciento. El incremento total de todas las ventas de tabaco del primer semestre en España es del 5,4 por ciento.
El importe neto de las ventas en el primer semestre ha incrementado el 16,9 por ciento respecto al semestre anterior.
El incremento del beneficio de Tabacalera en el primer semestre es un 30,5 por ciento mayor. Estos datos son opuestos al pesimismo que mostraba el señor Ministro.
El mismo día que don Pedro Pérez, Presidente de Tabacalera, daba estos datos, doña Teresa Conesa, portavoz de Tabacalera, decía a la prensa lo siguiente: Lo que quiere la empresa --se refería a Tabacalera-- es ir adecuando la producción a la demanda sin recurrir a medidas traumáticas que tengan un impacto fuerte en la economía y en la sociedad tinerfeña y por eso se va a la convergencia en un solo grupo y a la elaboración de planes a medio plazo, dos o tres años, para crear empresas alternativas. Además, aducía la posible incoherencia de este Diputado por haber votado que no a una ley antipropaganda del tabaco y tener la posición que tengo de defensa de la industria. Me parece que no era en este momento portavoz de Tabacalera sino una portavoz política. Qué contradicción entre la línea que marcaba la portavoz de Tabacalera, que claramente anticipaba la reducción de plantilla, y las declaraciones del Presidente de Tabacalera sobre los éxitos en la venta del tabaco.
La experiencia nos dice que no hace falta regulaciones de empleo, sino que basta con renovar contratos temporales, que tienen ya muchos años, o recurrir a las bajas incentivadas, en las que han sido auténticos especialistas los compañeros de viaje que ahora tiene Tabacalera. Y no me gustaría tener que especificar las vías que se utilizaron.
Voy a dar unos datos más que no concuerdan con la política que anunciaba la portavoz de Tabacalera. Todos los expertos están de acuerdo en que persiste una alta cifra de contrabando, entre 400 y 500 millones de cajetillas, a pesar de los recientes éxitos, que esperamos continúen. Si miramos la producción de Canarias y la península y la estimación de contrabando, y la sumamos, el mercado del tabaco entre los años 1990 y 1993 ha pasado de 4.200 a 4.400 millones de cajetillas. Ha incrementado. En 1994, dice don Pedro Pérez que sigue esa vía de éxito.
Como el interés de Coalición Canaria es conseguir un acuerdo de esta Cámara que ayude a resolver el conflicto de forma justa y evitar lo que ha pasado otras veces, paso a despejar algunas dudas que puedan tener los señores Diputados. El primer dato es el empleo. La evolución de la plantilla de Tabacalera, con los datos de su Memoria, se ha reducido un seis por ciento desde 1989 a 1993. En el mismo período, el empleo en las fábricas de tabacos en Canarias se redujo un 41 por ciento, al pasar los 2.914 puestos de trabajo a 1.717. La industria tabaquera canaria representaba, en mano de obra ocupada, algo más de una cuarta parte del sector nacional; en la actualidad, cinco años después, no supera el 15 por ciento.
Eso se explica por los diferentes recortes de plantilla aplicados por Tabacalera en uno y otro territorio. Mientras en esos cinco años se despidió en la península al seis por ciento de la plantilla, en Canarias se puso en la calle al 41 por ciento. Es decir, en Canarias se destruyó empleo a un ritmo casi siete veces superior al del resto de España. Ya no se puede hablar de discriminación de Tabacalera entre uno y otro territorio. Los nuevos acuerdos con la multinacional norteamericana nos pueden situar en el exterminio puro y simple de la industria tabaquera canaria. Por ello, puede afirmarse que la reconversión en el sector ya se acometió en Canarias sobradamente. Canarias ya ha pagado alto el costo social que acompaña a este tipo de procesos. Reducir aún más los empleos y la producción significa exterminar la industria tabaquera canaria. Tenemos una experiencia triste de cómo se hizo hace muy poco tiempo con Tabacanaria y Cigarcanaria.
En cuanto a la producción, queremos decir que en Canarias ha descendido un 20,6 por ciento. Los productos que se fabrican en Canarias, como el Marlboro, han incrementado el 9,5 por ciento su venta en el mercado peninsular. Sin embargo, parece que hay una tendencia a un trasvase de las marcas líder que se fabrican en Canarias a la península para llevar allí las marcas

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que están en declive. Eso significaría la muerte de la industria tabaquera canaria.
Quiero dar un dato relativo a la productividad. En la planta de Philip Morris en Tenerife, la productividad, según los datos de los sindicatos, es de las más altas de España; se sitúa en 850.000 cajetillas hombre y año. Nos gustaría conocer la productividad de las fábricas de la península, pero, según los datos que figuran en la memoria de Tabacalera, es más pequeña.
Hay un dato muy importante. Canarias tiene un régimen especial, el Poseican, que fue aprobado por la Comunidad Económica Europea con el apoyo de este Parlamento. En el Poseican se conceden hasta 27.000 toneladas de tabaco sin tarifa exterior común y ello facilita la fabricación de marcas elaboradas con tabacos importados, sólo somos competitivos si se fabrican labores que tienen tabaco importado. Porque las 36.960 pesetas que no tiene que pagar un contenedor de tabaco compensan la diferencia de los fletes, de forma que la producción de 50.000 cajetillas resulta 12.490 más barata a una productividad equivalente.
Tenemos un REF aprobado en esta Cámara que supone una reducción del 50 por ciento en el Impuesto de Sociedades a las producciones de Canarias con destino a la Península y no entendemos por qué se está hablando de incrementar la capacidad, poner en Logroño un tercer turno y contratar más personas para sacar de Canarias esta producción.
En resumen, señorías, Canarias ha ido perdiendo producción continuamente desde el año 1970, cuando prácticamente producía la gran mayoría de las labores, no por los deméritos propios del sector canario ni por los méritos de Tabacalera, sino porque ha utilizado el poder del monopolio para ello. Nos tememos que hoy todavía Tabacalera esté aprovechando los últimos coletazos del monopolio con los contratos leoninos que las multinacionales tuvieron que firmar en esa época para quitarse de encima la producción que tiene lugar hoy en Canarias y que se destina a la Península y que Tabacalera la ha considerado --estamos convencidos-- como un cuerpo extraño en su visión del sector tabaquero en España.
Como mi tiempo de intervención se acaba, me referiré a un detalle final. Querríamos pedir agilidad en la contestación a las preguntas que ha formulado Coalición Canaria a Tabacalera, porque la última ha tardado seis meses. También volvemos a solicitar la comparecencia del Presidente de Tabacalera que la solicitamos el día 17 de marzo y si el Presidente comparece cuando ya no queda industria de poco nos serviría.
Una última cuestión. Desde el mes de marzo, que fue cuando detectamos las negociaciones secretas, por las respuestas dadas por el propio Ministro, y desde que presentamos la interpelación el 13 de junio y el 29 de junio la moción, como consecuencia de las vacaciones parlamentarias, ya han pasado dos meses y medio; por ello, al haber tenido nuevos datos, hemos presentado una corrección a la moción, que ha sido tramitada como enmienda. Con ello intentamos introducir, en algunos casos, matices...


El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya, porque ha dispuesto de su tiempo para defender la moción y lo ha consumido en una continuación de la interpelación.
Le ruego concluya.


El señor MARTIN MENIS: Para terminar, quiero decir que estas pequeñas modificaciones y actualizaciones podemos retirarlas y nos circunscribiríamos a la primera moción presentada en aras a buscar la unidad de esta Cámara para que la industria tabaquera canaria, aun en las dimensiones mínimas que tiene, se pueda conservar, porque en este momento la masa crítica de esa industria es la mínima que puede permitir la producción competitiva de Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
A esta moción se han presentado enmiendas por los Grupos Popular y Socialista.
Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra, en primer lugar, el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, el pasado 29 de junio nuestro Grupo parlamentario se comprometió a defender y a apoyar cualquier iniciativa que alejara cualquier evento que supusiera o que pudiera suponer circunstancias catastróficas y letales para un sector que está en grave peligro, el sector tabaquero canario. Siempre y cuando, por supuesto, esa iniciativa, esa moción, implicara una moción lógica, equilibrada y de presumible eficacia.
Pensamos que la moción del Grupo parlamentario de Coalición Canaria reúne dichos atributos y, en consecuencia, el Grupo parlamentario Popular va a apoyar el texto completo de la moción, va a apoyar la instancia que se hace al Gobierno y, al mismo tiempo, va a presentar --ha presentado ya-- una enmienda de adición que mejora, en nuestra opinión, el texto.
Si tuviéramos que sintetizar lo que la moción persigue sería no al cierre de la planta Philip Morris, no a la disminución de la producción --ya sea por desmantelamiento, ya sea por traslado a otras áreas geográficasde producción--, no al ocultamiento y no al contrabando de tabaco.
Compartimos plenamente esas cuatro ideas en las que se sintetiza la moción del Grupo de Coalición Canaria. El cierre o la disminución de producción, por las consecuencias que ello implicaría para el empleo y para un sector que está realmente en precario, como lo está el sector canario del tabaco, podría ser de consecuencias

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catastróficas y podría ser el último esfuerzo para hacer que un sector que se tambalea acabe rodando por los suelos.
El no al ocultismo es obvio. No se ha hecho otra cosa hasta ahora, desde que comenzó el problema de la fábrica de Philip Morris, que mantener un ocultismo que a nadie beneficia, un silencio que a nadie beneficia, en resumidas cuentas, un «no hay nada que opinar» que sólo hace que los trabajadores de Philip Morris sientan como nunca inseguridad en su trabajo y sientan como nunca inseguridad en la estabilidad en sus empleos.
En cuanto al contrabando --el último punto de la moción--, ya lo dijimos en su día aquí: Apoyamos plenamente la responsabilidad que tiene el Gobierno en vencer esta lacra que está haciendo que de cada cuatro paquetes de cigarrillos rubios uno sea de contrabando --me refiero a todo el territorio nacional-- y que también está haciendo que cada año se estén perdiendo 87.000 millones de pesetas en tributos, precisamente por el no pago de lo que corresponde a las mercancías que entran de contrabando y en lo que, por supuesto, tienen su responsabilidad las multinacionales.
Nosotros sólo añadimos algo que creemos que es obvio y que es de consecuencias realmente positivas para el conjunto del sector: que no se pierda en ningún caso --y ése es el contenido de nuestra enmienda de adición-- la exención fiscal de la tarifa exterior común que hasta ahora ha beneficiado a la importación de tabaco en rama para su producción industrial.
El texto es muy simple y únicamente lo que implica es que no se disparen los precios de producción. Precisamente lo que ha hecho posible que los precios de los costes de producción sean aceptables y sean competitivos, lo hagan competitivo en cuanto al tabaco producido en Canarias con respecto al producido en el resto del territorio nacional; la pérdida de este beneficio fiscal puede traer unas consecuencias irreparables.
Ese es el texto de nuestra enmienda que esperamos, por supuesto, que cuente con el apoyo de los grupos de toda la Cámara, como también contará el resto del texto de la moción con el de nuestro Grupo, en el convencimiento de que votando y apostando a favor del sector tabaquero canario estamos votando por Canarias y estamos votando por España.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Señor Presidente, señorías, al igual que los otros gurpo, retomamos este tema, origen de la interpelación del 29 de junio sobre la situación de la empresa Philip Morris en su sede en Tenerife.
Efectivamente, la decisión tomada en su momento por Philip Morris internacional de retirarse de su fábrica de Tenerife dio origen a esta interpelación. El Grupo Socialista ha mantenido desde el primer momento, tal y como manifestamos aquí, reuniones con los comités de empresa, sindicatos, diferentes fuerzas políticas, todo ello orientado a conseguir una posición unánime de todas las fuerzas políticas y sindicales en Canarias para preservar la fábrica y el mantenimiento del empleo, que afecta a 450 trabajadores de forma directa y a otro tanto de forma indirecta.
Por otra parte, las consecuencias que tendría la desaparición de una industria que ha sido puntera dentro de una región donde la actividad industrial es bastante débil, pues ocupa un porcentaje ínfimo con respeto al empleo, serían muy negativas.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista, como otras fuerzas políticas, se ha movido en el sentido de presentar una enmienda que diera satisfacción a todas las fuerzas políticas, a fin de garantizar la continuidad de esta actividad industrial, el mantenimiento del empleo y, por tanto, la continuidad de un sector que ha tenido tanta tradición en Canarias. Hemos estado en contacto con diferentes fuerzas políticas y la enmienda que presenta el Grupo Socialista viene a resolver, en parte, la preocupación existente en Canarias, tanto en los trabajadores como en todos los aquí presentes, puesto que éste ha sido un tema de preocupación para todas las fuerzas políticas.
Nuestra enmienda es bastante coincidente con la moción presentada el día 30 de junio por Coalición Canaria. Viene a requerir que, bajo ningún concepto, se cierre la fábrica que Philip Morris y Tabacalera, participadas ambas al 50 por ciento, tienen en Canarias. Igualmente, que en las negociaciones que se vienen manteniendo entre Tabacalera y Philip Morris se incluya como condición mínima e indispensable el mantenimiento de la distribución actual de la producción entre las diferentes fábricas participadas, de forma que permita la máxima estabilidad en el empleo.
El punto tercero es coincidente también con la moción inicial de Coalición Canaria. Viene a requerir la presencia del presidente de Tabacalera para que informe de los acuerdos alcanzados entre Philip Morris y Tabacalera, de forma que se tenga un conocimiento exacto de las labores que se van a seguir fabricando en Canarias para el mercado peninsular.
Al punto número 4 de la moción de Coalición Canaria no hemos presentado enmiendas porque coincidimos totalmente con él, así como en la necesidad de combatir el fraude, el contrabando.
Está a la vista de todos la venta de tabaco de marcas internacionales en gran cantidad, procedente de contrabando.
Cualquiera que vieje en Metro, cualquiera que se acerque a una estación de ferrocarril verá a montones de personas, en algunos casos extranjeros, vendiendo impunemente

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marcas multinacionales, produciendo, por tanto, un fraude a la Hacienda pública y perjudicando a las fábricas legales establecidas en España y el empleo propio.
También manifestamos la coincidencia y, por tanto, el apoyo a la enmienda presentada por el Grupo Popular, puesto que, efectivamente, es una ventaja conseguida en su día con la integración de Canarias dentro de la unión aduanera. Ese beneficio viene a compensar los costes de transporte que origina una industria establecida en una región como Canarias y ese beneficio fiscal de libre importación de un contigente de tabaco sin tener que pagar la TEC.
En caso de aceptar Coalición Canaria las enmiendas que propone nuestro Grupo, daríamos nuestro apoyo a la enmienda presentada por el Grupo Popular.
En definitiva, señoras y señores Diputados, para no cansarles con problemas propios de una región que está sufriendo las consecuencias del desempleo en una proporción bastante alta (tenemos el 25 por ciento de desempleo), es lógica y consecuente la preocupación existente en todas las fuerzas políticas y, dentro de éstas, el Grupo Socialista como el que más; hemos estado movilizados durante el mes de julio manteniendo esta reuniones con sindicatos, con comités de empresa y con la propia dirección de Tabacalera, orientadas a la consecución de una moción y, por lo tanto, a la garantía por parte del sector público del mantenimiento de esta actividad industrial, puesto que efectivamente no podemos permitirnos el lujo de una nueva reconversión en Canarias del sector tabaquero como la que hubo en el pasado y que originó una importante pérdida de puestos de trabajo.
Por todas estas razones, señorías, yo pido a las diferentes fuerzas políticas y en concreto al Grupo de Coalición Canaria que dado que la enmienda que presenta el Grupo Socialista es casi coincidente con la presentada en su día, pero hace más hincapié en la defensa del empleo en Canarias, puesto que efectivamente es una moción para una empresa establecida en Canarias, que acepten la enmienda que nosotros presentamos para así seguir luchando --puesto que efectivamente ésta es una primera batalla-- por que la política de Tabacalera en Canarias continúe para seguir manteniendo un nivel de producción industrial en este sector que permita la mayor estabilidad en el empleo y, por tanto, el mantenimiento de una industria que tanto de forma directa como indirecta contribuye de forma relativamente importante al mantenimiento de empleo de una actividad económica que no podemos permitirnos el lujo de debilitar.
Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, doy las gracias por el voto favorable --que espero-- a las diferentes fuerzas políticas y confío en que esta moción se apruebe por unanimidad.
Nada más. Muchas gracias, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
La posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) respecto a la moción que ha presentado el Grupo de Coalición Canaria va a ser la de votar favorablemente dicha iniciativa. Votaremos favorablemente a la iniciativa que ha presentado en su texto inicial y que coincide materialmente con la enmienda que ha presentado el ilustre Diputado del Grupo Socialista señor don Néstor Padrón.
En definitiva, nosotros apoyaremos la iniciativa presentada por el Grupo de Coalición Canaria porque, en primer lugar, refuerza y consolida la posición de la fábrica que en Canarias tiene Tabacalera con el grupo Philip Morris al 50 por ciento.
Apoyando este primer punto de la moción a lo que estamos ayudando es a consolidar el empleo que están generando las actividades tabaqueras en Canarias.
En segundo lugar, también creemos oportuno dar soporte a esta iniciativa porque a través de la aprobación del segundo punto también reforzamos las negociaciones que en este momento y de cara al futuro van a mantener Tabacalera y la firma Philip Morris en cuanto a la producción de tabaco en las Islas Canarias y en el resto del territorio español, y de esta manera también reforzamos y aseguramos la futura producción, porque, en definitiva, si está la producción asegurada, también estaremos reforzando y consolidando el empleo que ello genera.
Nosotros también estamos de acuerdo en instar al Gobierno a través de esta moción para que éste informe a la Cámara sobre las negociaciones que está manteniendo por una parte Tabacalera y, por otra, la firma Philip Morris.
También estamos de acuerdo en reforzar la lucha contra el contrabando y la lucha contra el fraude, que están perjudicando, en definitiva, las ventas netas que podría dar este sector, si no fuera por dicho contrabando y fraude que existen en estos momentos y que han detallado ya los ilustres Diputados que me han precedido en el uso de la palabra.
También creemos interesante la enmienda que ha presentado el Grupo Popular a través del ilustre Diputado señor Cabrera Pérez-Camacho, en el sentido de que estamos convencidos de que si mejoramos fiscalmente los mecanismos necesarios para poder importar tabaco en rama, estamos mejorando la competitividad de este sector.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo votará también favorablemente esta moción, votación que creemos y esperamos que sea unánime de la Cámara, y la votará porque cumple los cuatro criterios que a nuestro juicio debería contener una solución al problema que ha planteado el Grupo de Coalición Canaria con su interpelación.
En primer lugar, deberíamos asegurar desde esta Cámara que no va a disminuir la producción ni, por lo tanto, el nivel de empleo actual dependiente de este sector industrial en Canarias. Parece que eso, con el texto de la moción y las enmiendas presentadas, sin son aceptadas por Coalición Canaria, se puede conseguir o al menos va en un buen camino de conseguirse. Por lo tanto, éste es un punto positivo.
En segundo lugar, la moción abre y reclama una necesaria transparencia en la gestión del problema y en la solución del mismo, es decir, una información periódica y transparente de Tabacalera respecto de sus negociaciones con las multinacionales que están en la base del problema que estamos tratando, fundamentalmente Philip Morris u otras que pudieran aparecer en las negociaciones de Tabacalera.
En tercer lugar, se reclama y se recuerda --nuestro Grupo lo ha planteado y tiene previstas iniciativas legislativas en este mismo sentido-- la necesaria represión del contrabando en esta materia, en las labores del tabaco, puesto que genera un déficit de ingresos fiscales considerable --ha sido mencionado por otro Diputado, no lo voy a repetir: alrededor de casi 100.000 millones de pesetas--, y ésta es una responsabilidad del Estado, del Gobierno y de la Hacienda española que no deberíamos dejar caer en saco roto, y debemos poner los medios para que la recaudación fiscal sea lo más alta posible. Sobre todo los que creemos en la capacidad redistribuidora del Estado en función de sus ingresos fiscales no podemos desatender ninguna de las posibilidades de aumentar la recaudación fiscal.
Y, finalmente, la moción y las enmiendas que los distintos grupos han presentado mantienen esta idea de defender la exención fiscal para la importación de tabaco en rama respecto a la tarifa exterior comunitaria.
Por estas razones, como los otros grupos ya han anunciado, el nuestro también, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, votará favorablemente la moción y las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular y el Grupo Socialista y que espero que el Grupo de Coalición Canaria acepte.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Tiene la palabra el señor Martín para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas a la moción.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, al primer interviniente, don Miguel Cabrera, del Grupo Popular, queremos decirle que aceptamos su enmienda.
Nos parece oportuna y yo creo que se justifica plenamente porque en estos momentos el cupo que los reglamentos comunitarios, aprobados en julio de 1994, le dan a Canarias es de 27.000 toneladas de tabaco que se pueden importar sin tarifa exterior común. Eso transformado en cajetillas de tabaco, son 1.700 millones de cajetillas, y hemos de destacar que en Canarias en este momento, con tabaco importado, no llegan a 1.000 millones las cajetillas que se producen. Por tanto, estamos perdiendo más de 700 millones y es importante esa enmienda y nos parece oportuna. Lo que creemos es que debe de pasar a ser 2 (bis), si aceptamos la enmienda del Partido Socialista, con la que también estamos totalmente de acuerdo porque coincide con la moción original que había presentado Coalición Canaria. Por tanto, aceptando las enmiendas del Partido Socialista por esa coincidencia, la enmienda del Partido Popular debería pasar a ser la 2 (bis).
Y una pequeña matización. Quiero pedirle al PSOE si puede admitir que en el Punto segundo de la enmienda se elimine la palabra «actualmente», porque en estos momentos las conversaciones ya han terminado, y por tanto bastaría la referencia a las negociaciones que se mantienen entre Tabacalera y Philip Morris, y además se añadiría «en su estrategia» tras «incluya». O sea, que el texto diría: que Tabacalera, en las negociaciones que mantiene con Philip Morris, incluya en su estrategia, como condición indispensable y mínima... Y el resto quedaría igual. Les pedimos esa pequeña corrección, que es de matiz, pero que actualiza la enmienda al momento presente de las conversaciones.
Y al resto de los Grupos políticos que apoyan la moción les damos las gracias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
¿Está de acuerdo en la precisión, señor Padrón?

El señor PADRON DELGADO: Si es posible esa corrección técnica, estamos de acuerdo y tampoco tenemos inconveniente en que la enmienda del Grupo Popular cambie de número, que sea la 2 (bis); en todo caso, sería la 3 y a continuación iría el resto de los números.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Está de acuerdo, señor Cabrera, en que pase a ser 2 (bis)? (Asentimiento.) Vamos a proceder a la votación, por tanto.


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Moción del Grupo de Coalición Canaria, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas de los Grupos Popular y Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REMODELACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR, EN LO QUE SE REFIERE AL AMBITO DE INTERIOR, ASI COMO PROYECTOS EN RELACION AL MODELO POLICIAL (Número de expediente 173/000047)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular, consecuencia de la interpelación sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo policial.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Baón.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Popular me ocupo de exponer ante la Cámara la moción resultado de la interpelación urgente que presentó mi compañero, sobre el modelo policial, en la última semana del pasado período de sesiones. Bueno es recordar, a los efectos de facilitar la comprensión del asunto, los hechos y circunstancias que suscitaron aquella interpelación y, como consecuencia, esta moción.
En un encuentro con el titular de Justicia e Interior, nos fue facilitado el 16 de junio un documento que contenía las bases de un acuerdo entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña, según las cuales se pretendía atribuir la dirección y mando orgánico de la policía judicial a la Generalidad, dentro de un proceso incierto, indeterminado y experimental, en el que la vía de los hechos consumados se anteponía y prevalecía sobre la previa y necesaria modificación de la legislación concerniente, sustrayendo, por lo tanto, el debate a esta Cámara y a la sociedad en suma. Era una fórmula atípica y desleal de modificar una cuestión fundamental del Estado entre dos grupos políticos, en una mesa camilla, lejos de la transparencia y de los taquígrafos.
En su planteamiento inicial sería sin duda una cesión desorbitada del Gobierno, acuciado por su precariedad y, por lo tanto, necesitado de la ayuda político-parlamentaria del Grupo con el que pactaba, y en este caso Convergència i Unió.
Ciertamente que el Ministro interpelado, al replicar a mi compañero de Grupo, simplificó el problema alegando que el documento sobre el que se basó la interpelación carecía de entidad formal porque no había prosperado en el seno de la Comisión de Asuntos Autonómicos; es decir, el documento no era un ente de razón sino algo especulativo y genérico. Más vale así. De lo que no le cabe duda a mi Grupo es de que existió y existe la intención --y el documento que se nos entregó es la prueba irrefutable de ello-- de transferir a Cataluña competencias de la función policial que, además de poner patas arriba todo el modelo policial, incidirían sustancialmente en la legislación básica, con efectos constitucionales insospechados. Es más, ateniéndome al tenor literal del documento, se pretendía introducir una fórmula práctica a modo experimental, todo eso en un período transitorio, sin esperar, repito, a la imprescindible y previa discusión de las leyes en que se basa el modelo policial.
Ignoro en estos momentos si la comisión negociadora creada para interpretar y desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo concerniente a la policía autonómica, a los Mossos d"'Esquadra, ha avanzado en sus negociaciones, o si, por el contrario, es pronto para adelantar conclusiones. Lo que no ignoramos desde mi Grupo, antes bien, lo podemos proclamar con énfasis, es que el modelo policial de España no funciona y menos durante los doce años del Gobierno socialista, y todo ello a juzgar por las estadísticas últimas que nos ha ofrecido el Fiscal General del Estado en su Memoria referida a 1993.
Lejos de ser contenida la marea de delitos, en 1993, con 2.426.049 procedimientos abiertos judicialmente en dicho año, la criminalidad --deben reconocerlo-- galopa como un caballo desbocado que hace de nuestro país uno de los más inseguros de Europa. En tan sólo diez años, de 1982 a 1991, en términos absolutos, la criminalidad ha aumentado en todo este período un 77 por ciento, y la evolución de la delincuencia en los últimos años ha seguido creciendo, sobre todo en el último quinquenio, con una tasa del 7,04 por ciento. En 1993, según la Memoria de la Fiscalía General, la criminalidad aumentó un 8 por ciento, y todos nos tememos que en 1994, en el año en curso, con un Departamento ministerial en continua crisis y con ininterrumpidas reestructuraciones vamos a rebasar los límites de lo tolerable con una tasa que ya digo que ahora mismo va a superar la del año anterior.
Con ser fidedigno nuestro pesimismo estadístico, señorías, el problema no termina ahí. Nuestra preocupación, señorías, va más allá y reside, sobre todo, en el grado de impunidad de este cúmulo de delitos. Dos de cada tres delitos resultan impunes, con archivo de las diligencias, por desconocerse a los autores o por falta de pruebas respecto de los imputados.
Ese dato, mal que nos pese, es la más triste certificación del fracaso

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de la gestión policial, del modelo policial, al abaratarse el delito de manera sorprendente, y todo ello --ya digo-- con un modelo que han dirigido y han gestionado ustedes.
Sin considerar las reincidencias múltiples ni los delitos no denunciados por falta de confianza de las víctimas, a este paso, a este tenor de incrementos anuales, tendremos que, en un decenio, la cuarta parte de la población se vería afectada en lo que yo puedo llamar un clima o una atmósfera de conflicto generalizado. Si me permiten un recurso de humor a propósito de la aplicación estadística a la realidad, debo decir --y viene al paso de lo que afirmaba antes-- que la Primera Guerra Mundial estalló cuando, habitando la Tierra sólo dos personas, dos hermanos, Caín se atrevió a matar a Abel. Aquí podemos llegar a un estado de conflicto generalizado si esas tasas de criminalidad siguen aumentando de año en año.
Pues bien, es claro que el Gobierno ha perdido esta guerra contra el delito, contra la seguridad ciudadana --y está a la vista--, y como expediente sólo necesitamos que lo reconozca, que tenga la humildad bastante como para reconocer que su modelo ha fracasado. Precisamente a través de nuestra moción se establecen cauces para replantear, si lo considera necesario el Grupo mayoritario, el modelo policial, pero con discusiones en esta Cámara, en razón a que la situación reclama un viraje político trascendental y, a ser posible, mediante el consenso, y, de no lograrse, mediante el acuerdo más amplio posible.
El punto sustantivo de nuestra moción --y lo entendemos punto crucial-- se halla en el último párrafo. Los tres anteriores son de justificación jurídico-política, pero el último es el sustancial y el que merece --y por ello lo pido-- votación favorable: que se envíe a la Cámara, por virtud del artículo 196 del Reglamento, una comunicación con los perfiles del modelo policial que se propone para todo el Estado como instrumento o pauta de debate previo antes de que se revisen las leyes afectadas, en las que se reordenen y distribuyan las competencias policiales, tanto en el orden funcional como en el ámbito territorial.
Nuestra postura, señorías, no es partidista ni tiene un interés parroquial, sino de defensa de los intereses generales y de ahí que apelemos al consenso como filosofía política dialogante de todos y para todos, bajo la bóveda de este hemiciclo y no en estancias oscuras o en despachos desconocidos. Si el modelo policial alcanzado por todos y para todos en 1986, por medio de la Ley 2, Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --que también, por cierto apoyó Convergència i Unió--, se manifiesta ahora insuficiente y equivocado, cambiémoslo, pero sin presiones y a la luz del día; pero nos opondremos al cambalache, a la negociación subrepticia y a la filosofía del toma y daca, y todo eso por una precariedad político-electoral.
Los fundamentos de nuestra moción arrancan de la interpretación que hacemos del artículo 149 de la Constitución, según el cual la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Además, por lo que hace la garantía de los derechos y libertades, se establece asimismo reforzada esa competencia exclusiva del Estado como un atributo inequívoco de su soberanía en el artículo 104 de la Constitución. Todos los grupos, durante el debate constituyente, coincidieron en este planteamiento de que bajo la dependencia del Gobierno las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el principal instrumento de la paz pública. Su concepción, por tanto, es unívoca e indiscutida y no cabe ninguna interpretación interesada y parcial y mucho menos sesgada a la luz de los intereses de una sola comunidad autónoma. Otra cosa muy diferente es la definición funcional o territorial, que sí encaja en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; incluso en la Ley de Seguridad Ciudadana se ha modificado algo en este sentido, y es el modelo policial, pero siempre que se perlife dentro de los confines constitucionales.
El sentido confuso, señorías, del concepto competencia exclusiva, que ha sido aclarado a golpes de sentencias del Tribunal Constitucional, no impide que las funciones policiales o de seguridad se descentralicen, todavía más, en un marco armónico, pero siempre que sea armónico, y para eso debe responder, en nuestra opinión, a tres principios capitales: debe ser una regulación integral para todo el territorio nacional y debe haber una homogeneidad básica en su tratamiento que, además, no supone el mismo café para todos, y, desde luego, tiene que haber una cordinación unitaria.
Porque ya me explicarán ustedes, en el caso de que se transfiriese la Guardia Civil, cómo se trasladaba la línea de mando en una estructura jerarquizada militar. En torno a esos tres ejes cabe alterar el modelo actual con vistas a conseguir la eficacia policial, porque no los debe entretener ni distraer el modelo en sí mismo, sino la eficacia que persigue, y eso sí es cierto. En este sentido creo que el asunto más importante es que nuestra policía sea garante auténtica del orden público y que no abandone su aspecto fundamental, no solamente el represivo, sino el preventivo, y en ese sentido la presencia de la seguridad debe ser un arma importante, disuasoria contra el crimen.
Sin ánimo de alargar más mi intervención, concluyo, señorías, invitando a todos los grupos a que voten favorablemente nuestra moción, y, además, como expresión constructiva de sumar voluntades para lograr un mejor éxito en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen, y que, pese a luchar denodadamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es lo cierto que, por no tener fortuna o por vivir con cierto desaliento, no se ha logrado. No es verdad, y en esto me dirijo expresamente a quien es hoy portavoz en este debate de la moción, que conjuguemos el «cuanto peor, mejor».


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Es falso, y es falso y por eso le pido que entienda esta moción como la mano tendida al Gobierno para resolver problemas en circunstancias en que la delincuencia, lo dice la estadística, le acosa por demás.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Baón.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hemos asistido esta noche a una auténtica transmutación o transustanciación. No sólo ha cambiado el Diputado que defendía la moción respecto al que defendió la interpelación, el señor Alvarez-Cascos, sino que parece haber cambiado bastante el planteamiento de la interpelación que hizo el Grupo Popular, en una especie de plegar velas, recoger trapo, seguramente viendo que se habían equivocado en un planteamiento que, sin embargo, aún colea en la propia moción; un planteamiento que yo centré --y otros Diputados siguieron con mi argumentación-- en que el Grupo Popular pretendía contraponer (y así lo dijo el señor Alvarez-Cascos, en la moción aún se dice así y se usa lo que se llama la mayúscula diacrítica para subrayarlo, es decir, la palabra soberanía aparece con mayúsculas), soberanía a autonomía.
Nosotros ya dijimos en el anterior debate que en la España de la Constitución de 1978 nadie es soberano, ni el Rey es soberano, sólo es soberano el pueblo español que se ha dotado de una Constitución que reparte la soberanía del pueblo español en un conjunto articulado de comunidades autónomas y Administración central o general del Estado. Los que somos demócratas y constitucionalistas continuamos defendiendo y manteniendo este espíritu de la Constitución, que subraya que no hay más soberano --ni mayúscula ni minúscula-- que el pueblo español, y que no hay más soberanía que la que el pueblo español, a través de la Constitución, en la forma de monarquía constitucional y en la forma de articulación territorial del Estado, se ha querido dotar.
Por tanto, señores del Grupo Popular, señor Baón, supriman la mayúscula de la soberanía para contraponerla a la posibilidad de que las comunidades autonómas gestionen materias del Estado. Son Estado y pueden y deben gestionar materias del Estado; para eso están los Estatutos y para eso está --si los Estatutos no llegan-- la voluntad soberana de esta Cámara, si así lo decide, o el artículo 150.2, para transferir competencias no previstas en los Estatutos, o la soberana --ésa sí soberana-- voluntad popular de mayorías de esta Cámara para modificar y mejorar, naturalmente para mejorar, el ordenamiento jurídico español. En cambio, el Grupo Popular continúa hoy --de forma mucho más suave, he de reconocerlo, que el señor Alvarez-Cascos, que se rasgaba sus virginales vestiduras-- contraponiendo soberanía a autonomía. Pues no, señores del Grupo Popular, no. Rectifiquen ustedes, como deberían rectificar mañana respecto a otra importante cuestión que nos tiene ocupados a todos los Grupos Parlamentarios.
Rectifiquen ustedes y no contrapongan soberanía a autonomía.
Rectifiquen ustedes y no piensen que no hay posibilidad de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sean transferibles, cosa que no consta en su moción; sí consta en nuesta enmienda. Piensen que esto es posible, y lo es porque lo dicen de una forma algunos estatutos (el del País Vasco, el de Cataluña), porque otros estatutos lo prevén de otra forma (el Andaluz, el de Galicia, el del País Valenciano o el de Canarias), y porque se puede, recurriendo también al artículo 150.2, completar estas posibles y necesarias articulaciones en la transferencia.
Desde luego no es de recibo, señor Baón, que venga usted a decir que como el fracaso policial es tan clamoroso no es momento de cambiar nada. Usted está diciendo que las comunidades autónomas lo harán todavía peor. No lo dice pero está implícito en su razonamiento en el frontispicio de su intervención. Es decir, cómo vamos a cambiar algo que está funcionando tan mal para cambiar a peor, según usted. Porque todo lo que sea ser más autonomista en este país, para el Grupo Popular es ir a peor. En eso encontrará siempre enfrente a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Baón y señores del Grupo Popular. Hemos defendido las autonomías, y hemos luchado por ellas y queremos que se profundice en su capacidad de gestión también en el terreno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
De ahí nuestra enmienda. Una enmienda que pretende ser respetuosa con su moción, que utiliza gran parte del texto de su moción, pero que le añade un elemento fundamental: la propuesta de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son transferibles. Sobre esta base de acuerdo político, nuestro Grupo Parlamentario estaría dispuesto, y lo pone en el punto segundo de su moción, a que hubiese también un debate en esta Cámara, por qué no. Constatada la voluntad política de esta transferencia, naturalmente que podemos y debemos hablar de ella también en esta Cámara.
Lo que no vamos a hacer, señor Baón, es votarle el punto último de su moción o el segundo de la nuestra, que es prácticamente el mismo, en el espíritu de su moción, en el caso de que no aceptase nuestra enmienda. Porque entonces estaríamos votando cosas contradictorias.
Me parece que la posición de nuestro Grupo ha quedado meridianamente clara en el transfondo y en el fondo más político de la cuestión. El señor Alvarez-Cascos así lo planteó. Usted ha sido más sutil. No ha querido

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entrar en el fondo de la cuestión, pero, repito, el fondo de la cuestión era ése. El orden público y la seguridad afectan a la soberanía del Estado, por lo tanto, no son transferibles.
Esta es su posición política y es una posición política equivocada, que no se compadece con los textos fundamentales ni con la Constitución ni con los estatutos ni con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por lo tanto, es una posición política que no podemos abonar de ninguna de las maneras.
Si ustedes nos aceptan la enmienda que hemos propuesto podrían encontrarse con que ustedes mismos y otros grupos parlamentarios pudieran votar el primero y el segundo punto de nuestra enmienda. Y ya le garantizo que votaríamos el segundo punto, es decir, el debate también aquí. Pero si no es así, evidentemente no votaremos el segundo punto de nuestra moción ni, eventualmente, el último punto de la suya. Porque --y aquí es en lo único que coincido con usted y coincidí también con el señor Alvarez-Cascos-- sí es cierto que en esta negociación, cuyo objetivo final nosotros apoyamos (es decir la posibilidad de transferir Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña) el Gobierno de Cataluña, el Gobierno del señor Pujol, Convergència i Unió actúa de forma partidista, actúa con secretismo y en beneficio propio, no en defensa de toda Cataluña como incluso su pretendido nombre de Grupo Parlamentario pretende irrogarse.
Ahí sí que le doy la razón. Y el PSOE cae en la misma trampa.
Por eso nosotros, en el segundo punto de nuestra moción hablamos de un debate en la Cámara. No tenemos ningún miedo a debatir en esta Cámara que pueden y deben transferirse estas cuestiones a Cataluña o a quien le corresponda, según el ordenamiento jurídico o según decidamos entre todos, pero sobre la base de que hay la voluntad de transferencia.
Tampoco aceptamos lo que es la práctica actual, es decir, una práctica que hace de la coyuntural coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Convergència i Unió una situación privilegiada de negociación al margen del resto de las fuerzas políticas del conjunto del Estado, de esta Cámara, o del Parlamento de Cataluña. Porque lo mismo que usted se queja respecto al no conocimiento en esta Cámara, sucede en el Parlamento de Cataluña. Las fuerzas presentes en el Parlamento de Cataluña, su grupo homónimo, el nuestro, el grupo del PSC en Cataluña no saben nada de estas negociaciones y protestan y critican al Gobierno catalán del señor Pujol por el secretismo con que llevan estas negociaciones. En esto es en lo único en que puedo coincidir con usted, pero sólo en esto. En lo demás, sepa que estamos por esta transferencia. Queremos que estas negociaciones lleguen a buen puerto, pero les decimos, tanto a Convergència i Unió como al PSOE, que no partidicen una cuestión tan fundamental en la España moderna y nueva de las autonomías. Esta soberanía compartida, señores del PSOE y señores de Convergència i Unió, no permite que se utilicen de forma partidaria entre dos grupos políticos que ahora circunstancialmente están unidos en una, más o menos, insegura coalición de gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Espasa.
¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías brevemente, porque nuestro Grupo en el debate que nos ocupa cree tener una línea clara. Se discute acerca del modelo policial que se ha de aplicar en el Estado español. Pues el modelo constitucional, el que determina el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es este bloque de constitucionalidad? ¿Una vez más hemos de repetirlo? Lo que prevé la Constitución en su artículo 149.1.29, lo que determinan los estatutos de autonomía y lo que determina la Ley de desarrollo de la Ley Orgánica del año 1986. Es este planteamiento el que se ha de aplicar y con este planteamiento nos encontramos con una moción, en algunas cosas producto de un momento determinado --lo ha dicho el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra--, en la que se nota un interés en homogeneizar todo el proceso de desarrollo del modelo policial, creemos que en contradicción con las propias previsiones constitucionales. El modelo que surge del bloque de constitucionalidad es diverso y plural y ello ha conllevado que siete estatutos de autonomía tengan reconocidas las capacidades para organizar unos servicios policiales en sus ámbitos territoriales. Así vemos como Galicia, Valencia, Andalucía se han orientado hacia un modelo determinado, hacia una línea determinada, a través de la organización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sentido estricto y hay otras comunidades como Euskadi y Navarra que hace tiempo tienen servicios policiales propios y esto no ha supuesto ningún perjuicio para las otras comunidades autónomas ni para el conjunto del funcionamiento de la seguridad pública en el Estado Español. Cataluña tiene reconocidas en este contexto, a través del artículo 13 del Estatuto de Autonomía, unas capacidades de creación de una policía autonómica, con unas funciones, entre ellas las de orden público, y así, desde 1983 tiene creado este cuerpo policial y en este momento se está en una fase de desarrollo.
Por consiguiente, no vemos esta preocupación, que creemos exagerada, por todo el tema policial.
El Tribunal Constitucional ha hablado más de una vez, y es bueno leer sus sentencias y leerlas en un sentido autonomista y en un sentido en el que queda muy claro que el concepto de seguridad pública queda establecido

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no como un concepto excluyente; es una competencia exclusiva del Estado, pero no excluyente de competencias de otras administraciones. Quizás, en buena parte puede haber una confusión en que el concepto de seguridad pública tiene dos aspectos: un aspecto material y otro orgánico. Tiene un aspecto material, de seguridad pública, que podríamos decir que es el propio de la competencia exclusiva del Estado, y un aspecto orgánico de seguridad pública, que es como se ejerce esta seguridad pública, y lo establece la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en sentido estricto, de los cuerpos policiales autonómicos o a través de los cuerpos de las policías locales. Es decir, hay una capacidad de organización que interviene en el concepto de seguridad pública y que hace en buena parte que ésta sea una competencia, incluso podríamos decir, concurrente. Por consiguiente, lo que creemos que se ha de hacer actualmente es desarrollar y aplicar el modelo policial constitucional a las comunidades autónomas que tengan reconocidas en sus estatutos competencias para ello.
Se ha hablado aquí de secretismo; se comentó también en la intervención que se hizo en la interpelación. Efectivamente, no tiene ningún sentido hablar de secretismo cuando se está en un proceso de negociación entre dos Ejecutivos, cuando este proceso puede llegar a una situación de acuerdo o no. En el caso de que se llegue a un acuerdo, intervendrán los órganos previstos a través de las comisiones mixtas de seguridad, a través de los respectivos parlamentos, si es que ha de haber una intervención legislativa, pero, en todo caso, cada cosa en su momento. Por consiguiente, el concepto de secretismo creo que aquí se ha utilizado con mucha ligereza.
La moción que plantea el Grupo Popular nuestro Grupo entiende que es innecesaria y que no aporta nada nuevo. En todo caso, decíamos que se nota esta voluntad homogeneizadora. Creemos que el Gobierno se estáplanteando este tema en un sentido correcto, aplicando el modelo policial constitucional, que es el que se desprende del bloque de constitucionalidad, en la línea de ir desarrollando el Estado de las autonomías como camino para hacer de España un Estado moderno y operativo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar felicitando al portavoz del Grupo Popular por su intervención, tanto en el fondo como en la forma. En la forma, porque, qué duda cabe, su tono ha sido mucho más mesurado de lo que lo fue en la interpelación, lo que indica, por lo menos, que busca un tono que pretende llegar a un acuerdo; no ha sido un tono agresivo como lo fue el de la interpelación.
Quiero felicitarle también por el fondo, porque me he encontrado otra vez a la derecha; no sabía muy bien donde estaba, pero la derecha vuelve a aparecer: el catastrofismo habitual de la derecha de siempre de nuestro país, de hace un año, dos, diez, cincuenta, sesenta años; es la misma derecha de siempre, la que dice que la criminalidad galopa, lo cual supone no solamente el fracaso del modelo policial de la policía española y del Gobierno socialista, sino el fracaso de todas las policías de todos los gobiernos del mundo, sean socialistas o sean de derechas. El avance de la criminalidad en todos los países del mundo supone, como digo, el fracaso de todos los gobiernos, de todas las policías.
Por fin ya la frase maravillosa: España es el país más inseguro. Lo que no he llegado a conocer es si me ha dicho que es el país más inseguro del mundo, de Europa, de la Península Ibérica o de la Península Ibérica menos Portugal. No sé a qué límite geográfico se refería. En cualquier caso, esa frase va en contra de todos los índices de todos los comités de todos los órganos internacionales que hablan de estos temas y del sentir de cualquier ciudadano que conoce este país y conoce cualquier país europeo. España está calificada como uno de los países más seguros de Europa; yo por lo menos pongo un límite a lo que digo: al menos, de los más seguros de Europa. Para ustedes España es el país más inseguro; como digo, no sé en qué límites geográficos lo sitúa usted, pero por lo menos en los límites en que yo lo digo España es de los países más seguros, al menos, de Europa y uno de los más seguros del mundo. Por tanto, me felicito porque la derecha esté donde ha estado siempre, porque si cada uno está donde tiene que estar las cosas van mucho mejor y la derecha eterna y permanente permanece como debe ser, de lo cual me alegro.
Pero vayamos un poco al tema de la moción. Como es lógico, el Grupo Socialista va a votar en contra, porque la moción no añade absolutamente nada, salvo confusión.
El punto primero habla de que la competencia sobre seguridad es exclusiva del Estado. Creo que usted o su Grupo han hecho una lectura, por decirlo de alguna manera, apresurada del artículo 149.1.29, porque a continuación de la frase de que la competencia del Estado en materia de seguridad es exclusiva, se añade que se podrán crear policías autónomas, etcétera. Da la impresión por lo que dice el punto primero de su moción de que no se pueden crear policías autónomas porque toda la competencia es del Estado, independientemente de que también las comunidades autónomas son Estado. Por tanto, como el punto primero dice lo que dice, mejor no seguir hablando de él.


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El punto segundo dice que hay que definir el modelo policial que mejor corresponde al Estado de las autonomías. Creo que el modelo policial ya está perfectamente definido en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, aprobada con una gran mayoría en esta Cámara, y con los estatutos de autonomía también aprobados por una gran mayoría.
El punto tercero hace referencia a las condiciones que debe reunir la articulación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías de las comunidades autónomas.
Da la impresión de que estamos en un debate teórico, planteándonos la creación de policías autónomas, pero la realidad es otra. Yo conozco la policía autónoma del País Vasco, que lleva años funcionando a plena satisfacción de todos, incluidos ustedes --por lo menos no han dicho nada en contra hasta ahora--, y no parece que haya problemas ni de coordinación ni de articulación entre las policías.
Parece ser que la moción viene a cuento de conversaciones, de reuniones o de negociaciones entre el Ministerio del Interior y la Generalidad de Cataluña sobre la policía autónoma. Yo creo que cuando se produzcan estos acuerdos se harán en el marco de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en el marco del Estatuto de autonomía. En el caso de que no sea así, seguro que habrá iniciativas de sus señorías. Lo normal es que los acuerdos a que pueda llegar el Gobierno y la Generalidad sean acordes con las leyes que se han aprobado en esta Cámara. Lo demás sería absurdo.
Por eso no creemos necesaria la comunicación del Gobierno sobre conversaciones que todavía no han fructificado en acuerdo, porque creamos un precedente. Podemos empezar a pedir comunicaciones del Gobierno para que se discutan acuerdos que todavía no existen y cualquier día podemos pedir comunicación del Gobierno para un debate en esta Cámara sobre borradores de proyectos de ley que todavía no se han convertido en proyectos de ley. Bastante claro dice la Constitución y el Reglamento de la Cámara que se discutan proyectos de ley una vez aprobados por el Gobierno. No empecemos a discutir borradores de proyectos de ley.
Por todo ello, el Grupo Socialista va a votar en contra.
Solamente quiero hacer referencia a algo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida sobre que a estas conversaciones se las puede acusar de secretismo. Yo creo que cualquier reunión, diálogo, conversación o negociación entre instituciones del Estado, entre grupos parlamentarios o entre partidos políticos se hace normalmente en reuniones privadas; si hay acuerdo, se hace público y los ciudadanos se enteran cuando la plasmación de esos acuerdos se hace realidad en proyectos concretos. Eso ha pasado siempre. Yo no sé, por ejemplo, que las negociaciones para los acuerdos que ustedes hayan podido alcanzar con la derecha de Andalucía las hayan hecho ante los medios de comunicación o ante la televisión.
Las han hecho donde ustedes han querido, con la privacidad que ustedes han considerado necesaria y el resto de los ciudadanos nos vamos enterando de la concreción cuando ustedes toman medidas junto con la derecha. Es lo que se hace normalmente.
Están ustedes perfectamente legitimados para hacerlo así. Pero no acusen a los demás de secretismo por algo que ustedes hacen. Hacemos lo que todo el mundo y lo que parece razonable.
Cuando el acuerdo se plasme en proyectos de ley concretos, se harán públicos y se discutirán y veremos si son buenos, si no son buenos, si les gusta o no les gustan. Pero no acusen de secretismo a lo que es normal y habitual y que ustedes hacen todos los días, como el lógico.
Por tanto, el Grupo Socialista votará en contra de la moción.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Aguiriano.
El señor Baón tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda defendida por el señor Espasa.


El señor BAON RAMIREZ: Muy brevemente, señor Presidente, con su venia, porque se ha hecho un turno en contra en todos los términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, como usted conoce perfectamente, en los debates de las mociones no hay turnos en contra. Lógicamente, los portavoces que no defienden enmiendas fijan su posición con respecto al contenido literal del texto de la moción y con respecto a la intervención que se hace en defensa de ella. Por tanto, no tiene el turno más que para fijar la posición de su Grupo con respecto a la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor BAON RAMIREZ: Con todos mis respetos, señor Presidente, y acato la apreciación que hace de la síntesis del debate que acabamos de oír, es lo cierto que el señor Aguiriano ha hecho un turno en contra refiriéndose a la derecha y haciendo menciones expresas y concretas a mi persona en un sentido por el que deduzco que no ha entendido por lo menos la filosofía, lo que queríamos decir, esa mano que tendíamos al Gobierno para que ayude y sea eficaz y para que España deje de ser de los países más inseguros de Europa.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Aténgase a su turno, señor Baón.


El señor BAON RAMIREZ: Como en cualquier caso he apuntado que no estoy de acuerdo y España es uno de los países más inseguros...


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, aténgase a su turno.


El señor BAON RAMIREZ: Me atengo a referirme a la única enmienda que ha presentado el señor Espasa. Pero sí debo indicar tanto al señor Espasa como a otros intervinientes que yo no estaba hablando de ciencia ficción ni de nada que no existiese. Estoy refiriéndome a un documento concreto que nos entregó personalmente a tres Diputados del Grupo Popular el doble ministro de Justicia e Interior en su despacho. Y lo que digo y lo que dice este documento es bien claro, y ha sido publicado por algunos medios de comunicación, y en función de eso presentamos la interpelación. Y paso en concreto a la enmienda del señor Espasa.
He oído una exégesis, más bien tipográfica, sobre el concepto de soberanía (si lo ponemos con mayúsculas o con minúsculas, si la contraponemos a autonomía), pero el señor Espasa no ha entendido en absoluto nada de lo que he dicho y además, lo peor, lo más grave, es que no ha entendido tampoco el sentido de nuestro escrito, de nuestra moción, entre otras cosas porque su enmienda --y así se dice en términos periodísticos-- ha sido el refrito de nuestra moción en tres puntos. Eso sí, la única cautela que ha tenido en el punto tercero, que es igual, clavado, letra por letra, incluso con una coma mal puesta, ha sido suprimir formalmente dos expresiones. Con eso no tiene usted derecho a decir las cosas que ha dicho. Y eso que ha manifestado respecto... (Rumores.--Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, no es un turno de reconocimiento, sino para indicar exclusivamente si acepta o no acepta la enmienda.


El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, estoy diciendo por qué no podemos admitir su enmienda. El señor Espasa, además, confunde el acto formal de la transferencia con lo que puede ser una competencia compartida. No lo admitimos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Baón, por favor, atienda a la Presidencia. Indique exclusivamente si acepta o no las enmiendas. Ya la Presidencia ha tenido la tolerancia suficiente para permitir que usted hiciera algunos apuntes fuera realmente del contenido al que corresponde.


El señor BAON RAMIREZ: ¿Me permite el señor Presidente que en síntesis, telegráficamente...? (Varios señores Diputados: ¡No, no, no!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio señorías! Indique solamente si acepta o no las enmiendas.
El señor BAON RAMIREZ: No podemos admitir su enmienda porque no va más allá de la moción, en absoluto. Además pido a los señores Diputados que las cotejen y lo verán. (Rumores.) En segundo lugar, el punto sustancial de la moción, que es el tercer punto nuestro, es idéntico al que ustedes han presentado en su enmienda. Nosotros lo admitiríamos pero, aunque sólo fuese por mantener la perra chica, aunque yo le puedo dar un caramelo a usted, no lo podemos admitir porque es reconocerles una aportación que no han hecho. (Rumores.) Y, en tercer lugar, porque presumen en nosotros una filosofía distinta a la que tenemos respecto de las autonomías, como si fuésemos contrarios a las autonomías. No me ha oído usted decir que nosotros estamos prontos a desarrollar el principio de subsidiariedad de la nación. (Fuertes protestas.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La Presidencia entiende que no acepta la enmienda.
Vamos a pasar a la votación de esta moción. (El señor Espasa Oliver pide la palabra.) Señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, pido un mínimo turno porque he sido francamente contradicho por el señor Baón. Voy a ser muy breve.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Si el señor Baón no acepta su enmienda, lo lógico es que haya contradicho a S.S.
Sabe el señor Espasa que este es un turno tasado y la Presidencia ha interrumpido al señor Baón para que se limitara a fijar si aceptaba o no la enmienda. No cabe ese turno.


El señor ESPASA OLIVER: Pero señor Presidente, el señor Baón repetidamente ha...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No le he dado la palabra, señor Espasa. (Rumores.) Pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 129; en contra, 172.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA

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COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA MEDIANTE LA AGILIZACION Y MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN EL AMBITO ECONOMICO (Número de expediente 173/000048)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió) consecuente de interpelación, sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta moción, consecuente de una interpelación que se sustanció en esta Cámara el 29 de junio y que tenía la finalidad de instar al Gobierno a tomar medidas para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico.
El motivo de la interpelación eran tres intenciones muy claras. Una, instar la modificación del Derecho concursal.
Dos, promover medidas destinadas a propiciar la disminución de la morosidad. Y tres, insistir en la modernización del funcionamiento de la Administración de Justicia a través de la simplificación de procedimientos judiciales y de la adaptación de la oficina judicial. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Camp.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
La competitividad de la economía de un país no tan sólo se mide por la capacidad productiva de sus empresas y por su política fiscal o laboral o por la formación de su personal, sino también por la sintonía y relación que puede existir entre el mundo económico y la administración pública, y también y de forma especial la relación que pueda haber entre el mundo productivo económico y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Es bien sabido por SS.SS. que el funcionamiento correcto de la Administración de Justicia es una pieza clave en la seriedad de la relación mercantil y en el desarrollo de los compromisos adquiridos por las partes.
El sistema judicial español es lento en sus tramitaciones procedimentales y también caro y, a veces, inseguro, sobre todo en relación con otros sistemas judiciales vecinos como, por ejemplo, los de los países de la Unión Europea. Ello hace que nuestro país tenga una falta de competitividad evidente, que va en perjuicio del progreso de nuestra economía, de la creación de puestos de trabajo y del bienestar en general.
Concretamente, nuestra legislación económica y concursal es ciertamente vetusta, sus orígenes están lejos del tiempo, porque, por ejemplo, todos recordarán que la Ley de Suspensión de Pagos es del año 1922 y que la quiebra se ha regulado y se regula por los Códigos de Comercio de 1829 y 1885. Por consiguiente, difícilmente estos cuerpos normativos han podido seguir las necesidades que el tráfico mercantil de la economía de finales del siglo XX requiere. Urge esta modificación del Derecho concursal que nuestro Grupo solicita mediante esta moción y que en buena parte el representante del Gobierno, en el momento de presentar la interpelación, reconoció que era urgente su realización.
Un segundo frente de la interpelacion era dotar de los mecanismos necesarios a nuestra legislación para que el tema relativo a los impagados dejase de condicionar de la forma que lo está haciendo en este momento la economía del país. La economía española tiene un elevado volumen de impagados.
Prueba de ello es el gran número de morosos que tiene el sistema crediticio. Por poner un ejemplo, les diré que el volumen de créditos considerados como morosos en el mes de febrero de este año se elevaba a casi cuatro billones de pesetas, una cantidad equivalente al 9,25 por ciento de todos los créditos concedidos. Y lo que es más preocupante es que este considerable número de morosos había experimentado un crecimiento importante en los últimos meses, puesto que en febrero de 1993 era un billón de pesetas inferior al mes de febrero de 1994; es decir, en doce meses ha habido un incremento del 32 por ciento. Por si alguien todavía tiene alguna duda, ello pone más de manifiesto la necesidad de adaptar de forma inmediata nuestra legislación y tomar medidas adecuadas para que disminuya la morosidad.
En España, al contrario de lo que ocurre en los países vecinos de la Unión Europea, no existen unos procedimientos simplificados que permitan una resolución de litigios relacionados con demoras o faltas de pago por debajo de determinadas cuantías. Esta exigencia se hace especialmente conveniente en aquellos procedimientos que conozcan de deudas fundadas en títulos ejecutivos, como serían las letras, los pagarés y los cheques, lo que permitiría que estos documentos recuperasen la seriedad y solvencia para la que fueron creados.
En Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido en los últimos años se han creado grupos de trabajo, se ha procedido a crear nuevas normativas que regulan todo el tráfico mercantil. Por consiguiente, lo que postula la moción es de una urgencia y necesidad evidentes y ello conlleva también la necesidad de que la propia Administración de Justicia siga un proceso de modernización.


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En los últimos años se ha notado una voluntad de dotar de más medios a la Administración de Justicia, pero también esta voluntad de mayores posibilidades mecánicas ha de ir acompañada de un cambio de organización.
La reestructuración de la oficina judicial, que es una pieza clave para que sea posible un funcionamiento más ágil y moderno de la Administración de Justicia, y también el hecho de simplificación de procedimientos judiciales --repito una vez más-- es una necesidad perentoria.
Ciento treinta procedimientos judiciales, como existen en la actualidad, es un galimatías de difícil composición. Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo ha presentado esta moción. En el primer punto se establece la necesidad de presentar un proyecto de ley concursal y toda una serie de medidas que habrían de contemplarse en el mismo como criterios generales, ya que no se ha hecho esta moción con voluntad minuciosa, de detalle, sino de dar unas orientaciones, unos criterios.
En el segundo punto se postula por que también se presente un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que simplifique, concentre y agilice los actuales procedimientos, y hace una especial referencia a la necesidad de conseguir unos procedimientos ajustados para el tema de los impagados.
Un tercer punto hace referencia a un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establezca la adaptación de la actual oficina judicial a los nuevos procedimientos, contribuyendo con ello a una mayor agilidad y modernización en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Por último, el cuarto punto hace referencia a la adaptación de las normas reguladoras de determinados procesos directamente relacionados con la actividad económica, como los que afectan a arrendamientos o sociedades, con la finalidad de propiciar la utilización del arbitraje para conseguir una más ágil tramitación de los mismos.
Tenemos una Ley de Arbitraje que es del año 1988. Esta Ley tiene dificultades de aplicación y creemos que es bueno que fijemos la atención en potenciar la figura del arbitraje.
Hemos puesto este punto porque creemos que es bueno iniciar una línea de estudio en la que se pueda llegar a establecer exactamente qué sistema habría de utilizarse para que el arbitraje fuese una medida de ayuda, en la línea de lo que aquí se plantea, para una más ágil tramitación de los procesos.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, les pido el voto favorable a esta moción, que se ha hecho con la intención que decíamos antes de mejorar no tan sólo la Administración de justicia, sino la competitividad de la economía y, por consiguiente, el bienestar de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Se han presentado a esta moción enmiendas por los Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular.
Para defender las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, la interpelación originaria de esta moción que hoy presenta el Grupo Catalán, que se vio antes de este verano, presenta ante esta Cámara un problema fundamental no sólo de ámbito jurídico, sino de ámbito económico, como es la absoluta falta de adecuación de nuestra legislación --la legislación que rige en el tráfico económico, así como los instrumentos para ella-- al momento presente. Desde luego, es un tema fundamental que afecta al desarrollo adecuado de nuestra economía, porque tenemos una legislación completamente inadecuada para lo que podríamos llamar la problemática de las crisis de las empresas en su conjunto; la gran problemática de las crisis de empresas, que tiene una vertiente mercantil, pero también una vertiente civil, y que tiene que ver, efectivamente, con la organización de los tribunales, la Oficina judicial, algunas de las cosas que plantea esta moción.
Nosotros creemos que el problema fundamental está en la legislación concursal, que tiene que ver, en el plano civil, con los concursos de acreedores y, en el plano mercantil, con las suspensiones de pagos y las quiebras. Efectivamente, estamos ante una legislación montada en su día, hace muchos años, con un interés puramente privatista, de relación privatista entre acreedor y deudor, que no tiene en cuenta la multiplicidad de intereses existentes en las crisis de empresas, intereses de acreedores, pero también intereses de los socios, de los trabajadores.
Hemos conocido muy recientemente casos espectaculares de crisis de empresas con consecuencias enormes para las economías particulares y para la economía nacional. Por poner algún ejemplo que está, incluso, examinando esta propia Cámara, el caso Banesto significa una situación de crisis de empresas que ha sido reconducido con un procedimiento especial, dada la importancia que revestía. Pero en él podemos ver algunos de los elementos que rodean las crisis de empresas y que está regulado muy inadecuadamente por nuestra legislación de quiebras y suspensiones de pagos. Es una legislación que no soluciona el tema de la composición de intereses, que está pensada más para liquidar o ejecutar la empresa objeto de suspensión de pagos o de quiebra y no para levantar esa empresa, para permitir que continúe. Por tanto, es una legislación que tiene una nula influencia o capacidad de recomposición de la situación y, por tanto, muy negativa para las necesidades económicas y sociales. Es una legislación que

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permite la impunidad, es una legislación que permite el fraude, a través de la suspensión de pagos, que se ha llamado muy adecuadamente suspensión de quiebras, la impunidad de administradores y, en definitiva, una legislación que también permite irregularidades importantes en la forma de conducción de las suspensiones de pagos o de quiebras por los órganos del concurso.
De ahí que la moción resulte adecuada en sus objetivos, pero, a nuestro juicio, muy insuficiente, señor Camp, para los ambiciosos objetivos de la misma, ya que en sus cuatro puntos, muy abstractos, se habla de la necesidad del arbitraje, se habla de la necesidad de reformar la oficina judicial, se habla de dar mayor protección a los documentos privados firmados por el deudor y en el punto más importante de todos, en el que habla de un proyecto de ley concursal, es también enormemente abstracta, no señalando suficientemente objetivos concretos para esa reforma necesaria de la legislación concursal. Y la verdad es que era un momento muy adecuado.
Nosotros esperábamos que fuera una moción mucho más enjundiosa, mucho más detallada y, sin embargo, es una moción de buenas intenciones, pero que profundiza muy poco en los temas, hablando de la unificación de procedimientos civiles y mercantiles, de especializar Juzgados, regular conductas de deudores y administradores para que se mantenga la actividad económica y evitar que haya una autorización inapropiada, que es algo tautológico, de los procedimientos en perjuicio de acreedores.
Por eso, en nuestra enmienda, que no va en un sentido de confrontación, ni mucho menos, contra esta moción, sino intentando extraer de ella toda su potencialidad, aprovechar la ocasión para orientar el sentido que debe imprimirse en esta reforma de la legislación concursal, establecemos puntos que consideramos adecuados, que pueden y deben enriquecer esta moción, para lo cual es el momento adecuado. Por las conversaciones que hemos tenido previamente al debate, me he quedado con la duda de si se van a aceptar o no estas enmiendas, más bien parece que no. La verdad es que no entiendo bien el porqué.
No sé si es que se quiere hacer una reforma bastante edulcorada de esa legislación concursal, pero la verdad es que las propuestas que establecemos tienen un sentido en la línea de lo defendido aquí por el Grupo proponente y creo que la mejoran sustancialmente, le dan una orientación concreta. Sin ello quedaría en una moción tremendamente abstracta y desequilibrada con respecto a los enormes problemas que todo el mundo conoce desde hace decenas de años que tiene esta legislación concursal, porque ésta es una situación conocida, muy conocida por todo el mundo que trabaja en estos ámbitos y diríamos que incluso es una cuestión muy popular, porque las crisis de empresas están, desgraciadamente, a la orden del día.
Por eso es por lo que nosotros proponemos como adición al punto 1 de la moción, que nos parece el más importante de todos, que esa unificación sea específicamente de los procedimientos de concursos de acreedores, de suspensión de pagos y de quiebra, según criterios adecuados a los principios constitucionales.
También decimos que hay que nombrar unos jueces exclusivos y excluyentes en el sentido que dice la moción, para dar un tratamiento unitario al conjunto de los procedimientos de crisis de empresas.
Hay un aspecto muy importante que no trata la moción, y es el presupuesto objetivo que desencadena la suspensión de pagos o la quiebra. En este momento las quiebras o suspensiones de pagos suelen llegar al final cuando ya no tienen remedio y cuando simplemente vamos a liquidar o a ejecutar esa empresa.
Se trata de poder anticiparse a la crisis, de poder conservar la empresa, para lo cual hay que establecer unos presupuestos objetivos diferentes para que no se desencadene una suspensión de pagos o una quiebra, para que se conserve esa empresa.
En cuanto a la tramitación --sobre la que hacemos una detallada relación en nuestra letra f)--, se trata de que al comienzo del procedimiento concursal quien se enfrente a ello (es decir, el órgano del concurso, los interventores, que son los que conducen la quiebra, la suspensión de pagos) pueda evaluar la situación patrimonial, pueda hacer lo posible para que se reconstituya el patrimonio de la empresa, para que no desaparezca esa empresa y, en ese sentido, intentar establecer posibilidades constructivas alternativas de mantenimiento de la actividad, siempre de acuerdo con los acreedores. Incluso se plantea que en esta reforma de la legislación concursal haya una posibilidad de continuar la actividad mediante fórmulas diferentes, como gestión por los trabajadores organizados en cooperativas o como sociedades laborales.
Es decir, que, en definitiva, este procedimiento concursal esté siempre presidido por una idea de conservacion, de composición de intereses y no por una idea puramente liquidatoria, una idea muy destructiva, una idea muy poco apropiada a las necesidades sociales y económicas.
Y también está, punto muy importante que en estos momentos falsea los procedimientos de crisis de empresas, el tema de la profesionalización de los órganos del concurso. Las juntas de acreedores tienen que perder protagonismo y aumentarlo los órganos del concurso, pero que estén controlados por los jueces. Recientemente leíamos en la prensa española el escándalo de los nombramientos de muchos interventores. Se ha hablado de auténticas situaciones de ilegalidad o de fraude en el nombramiento de estos interventores, la acumulación de encargos a determinados interventores. No hay un control judicial sobre ese nombramiento, que nos parece fundamental, y eso está también en nuestra enmienda, en la letra g), además de revisar el

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sistema retributivo de los interventores, porque como la legislación española dice que hay que pagar cien pesetas por día --me parece que es-- a los interventores y esto es ridículo, la consecuencia ha sido que se pagan cantidades desmesuradas increíbles a quienes conducen estas quiebras de empresas.
Por último, en la letra h) decimos que hace falta un mayor control penal de las suspensiones de pagos y las quiebras fraudulentas. Tiene que haber una posibilidad de apertura de juicios penales a instancia de parte o del Ministerio Fiscal.
En estos momentos sólo lo puede abrir el juez. Nosotros decimos que a instancia de parte o del Ministerio Fiscal pueden abrirse estos juicios penales, que no deben paralizar el procedimiento civil, que pueda seguir el procedimiento civil y paralelamente el procedimiento penal, para que de esa forma se utilice la suspensión de pagos sobre todo, que se está utilizando muy a menudo, como instrumento de evitación de responsabilidades penales de los administradores de empresas y sociedades. Esto es lo que acabade proponer el Fiscal General del Estado en la Memoria que ha presentado hace dos días, me parece. Exactamente esta letra h) está extraída de la Memoria del Fiscal General del Estado. Es una propuesta muy acertada.
Es una Memoria en la que hay interesantes reflexiones sobre el problema de las suspensiones de pagos y de las quiebras en nuestro país, porque es un gran problema, y de ahí la oportunidad de esta moción. Por tanto, se intenta reflejar simplemente aquello que propone el Ministerio Fiscal.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente.
Por último, en el apartado 2.º de nuestra enmienda proponemos una reforma penal, en el Código Penal o en la legislación penal, que nos parece esencial. A la vista de los casos escandalosos de crisis de empresas (he citado alguno de ellos anteriormente, como el caso Banesto), creemos que es esencial tipificar adecuada y detalladamente la responsabilidad penal de los administradores societarios y de empresas, en concreto decimos en determinados casos --no solamente en ellos-- especialmente sangrantes, como son: supuestos de alzamientos por acumulación de bienes; reconocimiento de deudas inexistentes, porque una de las corruptelas o trucos es reconocer deudas inexistentes, acreedores preferentes para no enfrentarse a los acreedores auténticos, y ésta es una actividad que debe penalizarse, que debe tener una sanción penal; sustracción o destrucción de libros contables o algo muy conocido como es gastos excesivos u operaciones arriesgadas. Creemos que deben tipificarse detalladamente las responsabilidades de los administradores, y éste es un buen momento para ello.
Creemos que nuestras propuestas, en el sentido de dotar de mucho más contenido, de verdadera incisión y efectividad a esta moción, están en la línea de los objetivos de la misma.
Esperamos todavía que el Grupo Parlamentario Catalán sepa advertir en estas enmiendas a esa moción un instrumento verdaderamente eficaz, que llegue a sus últimas consecuencias y no se quede en una pura declaración de buenas intenciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la moción que hoy presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió) es básicamente aceptable, aun cuando no se admitiera ninguna de las ocho enmiendas que nosotros proponemos. Y ello es así por cuanto en sus puntos esenciales tiene suficiente generalidad como para que pueda ser aceptada y, de igual manera, no cumplida por el Gobierno.
No nos engañemos, señoras y señores Diputados, y no se engañe, señor Camp, porque lo normal es que el Gobierno no cumpla la moción que hoy, tal vez, aprobemos en esta Cámara.
Aparte de los datos de generalidad que contiene, su falta de concreción, pero que no obsta a la loabilidad de la moción en su conjunto, ciertamente es de una ambición tal que difícilmente podría ser cumplida por el Gobierno, aunque quisiera. La previsión de la realización de una nueva ley concursal, la previsión que se propone de la modificación de todos los procedimientos judiciales que tienen que ver con el ámbito económico, la modificación de la Oficina Judicial, la modificación y extensión del arbitraje a otros procedimientos a los cuales hoy mismo es inusual que se aplique, no nos engañemos, estamos hablando y echando cuentas un poco cortas, supone al menos 2.000 artículos de nuestro procedimiento civil. Y esta moción no abarca todo lo que comprende la inejecutividad actual de los créditos por parte de los acreedores, no arregla todo lo que supone hoy la ineficacia general de la seguridad jurídica del sistema financiero y económico español por cuanto esta moción no toca, a nuestro juicio, dos elementos fundamentales: modificaciones puntuales, que sí son necesarias en el Código Penal y en la Ley de Procedimiento Criminal, así como la extensión civil de la responsabilidad a aquellas personas que estampan su firma en documentos mercantiles por parte de sociedades o de terceros.
Sin embargo, nuestras enmiendas no han querido tocar, lo más mínimo, todos los aspectos relativos a lo que ustedes no plantean en la moción. Nos hemos ceñido

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solamente a intentar enriquecer su moción a los efectos de purificarla técnicamente e introducir tal vez algún principio general que pudiera ser tenido ocasionalmente en cuenta por el Gobierno para la realización, fundamentalmente, de la ley que estamos de acuerdo que es absolutamente imprescindible en España hoy día, la ley reguladora del sistema concursal, la ley reguladora de los concursos de acreedores, quiebras o suspensiones de pagos, y el último procedimiento, que todavía no se ha citado esta tarde, procedimiento pobre, inusual, y ciertamente reducido, porque yo creo que no se ha aplicado nunca, cual es la quita y espera, que es bueno mencionarlo porque viene regulado en la ley de Enjuiciamiento Civil y en el Código Civil.
Como les decía, creemos que es también necesaria la modificación del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, extensión de responsabilidad civil. Sin embargo, en cuanto ustedes no lo plantean, hemos querido ser no tímidos, pero sí leales, en cuanto a la moción que ustedes presentan para poder apoyarla con toda nuestra fuerza e intentar enriquecerla un tanto. Bien es cierto que nosotros también hemos presentado en esta Cámara, ya hace tiempo, una proposición no de ley que se ocupa de estos temas en particular; es decir, las sanciones penales, las modificaciones procedimentales criminales y también civiles en lo que se refiere a la extensión de responsabilidad en los supuestos de cheques, talones, pagarés, letras de cambio e inclusive tarjetas de crédito inatendidas por el deudor en el momento del vencimiento de pago.
Voy a pasar a analizar las ocho enmiendas que hemos planteado a la moción que hoy presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió. La moción puede dividirse, como ha explicado perfectamente el portavoz en este caso del Grupo proponente, en dos aspectos fundamentales: por una parte, los procesos de ejecución universal y, por otra, los procesos de ejecución singular y demás procesos regulados actualmente por nuestra legislación relativos a todo el ámbito económico.
En lo que se refiere a la ejecución universal proponemos que se aclare en el sentido (primera de las enmiendas) de que se unifiquen los cuatro procedimientos actualmente existentes.
En segundo lugar, proponemos que no solamente se extienda la reforma y la especialización a los jueces encargados de ver los procedimientos concursales, sino también a los colaboradores de la justicia en estos casos, es decir, a los peritos que han de evaluar la realidad del activo y del pasivo, que el activo no ha de estar sobrevalorado y que tampoco existan pasivos ficticios o pasivos ocultos, así como a los administradores que han de intervenir, llámense como se llamen, interventores, síndicos, administradores, en la administración y gestión de la masa universal concursal.
Por otra parte, proponemos que se concretice la finalidad del proceso concursal en el mantenimiento de la empresa o aquellas partes de ella que sean viables económicamente, sin merma o sin perjuicio de la rigurosa satisfacción de los créditos a los acreedores.
Asimismo proponemos que, en relación con el proceso de ejecución en general, el proceso de ejecución universal, se concreten más aún aquellos principios en que se ha de basar este proceso de ejecución universal. ¿Cuáles son? Por una parte es imprescindible, a nuestro juicio, modificar la actual prelación de créditos de los acreedores. Como saben SS.SS., no solamente se regulan en el Código Civil, en el Código de Comercio, sino que hay leyes sectoriales que señalan prelaciones específicas a favor de los acreedores. Entendemos que hemos de partir de un riguroso principio de igualdad de todos los acreedores, siempre y cuando lógicamente hayan contribuido, con los créditos que ahora se les debe, a la formación del activo empresarial que se conserva y en función del cual, por si se disuelve y se liquida, se han de satisfacer los créditos, eliminando aquellos créditos que podemos considerar, utilizando esas viejas y hermosas palabras expresadas en nuestro Código Civil, que sean de puro lujo.
De igual forma entendemos que es muy importante eliminar de los pasivos los pasivos ficticios. Es decir, se ha de ir a una postergación legal de créditos a favor, y establecidos en las empresas, de acreedores que no tienen realmente la condición de terceros, económicamente hablando, sino que están ligados económicamente a la empresa que es objeto en este caso de suspensión de pagos o quiebra.
Por otro lado, entendemos que es necesario y muy importante en los tiempos en que vivimos facilitar la transformación de los pasivos exigibles en no exigibles. Es decir, que se pueda y se deba facilitar, fundamentalmente desde un punto de vista tributario y tal vez contable, la transformación de los créditos a favor de acreedores, a medio y largo plazo, en capital de la propia empresa, con lo cual, además de hacerles partícipes en ella, siempre y cuando se facilite adecuadamente esta conversión desde un punto de vista fundamentalmente tributario, podremos facilitar de manera adecuada la continuidad de la empresa.
Por último, como cuarto punto, creemos, novedosamente, que debe ser tenido en cuenta, para la modificación del procedimiento concursal, el facilitar los convenios del deudor con parte sólo de los acreedores, pero que represente una mayoría suficiente, para que este convenio se pueda aplicar a todos los demás acreedores sin necesidad de ir a procedimientos lentos, engorrosos y tal vez, hoy día, excesivamente farragosos. Aquí cerramos el bloque de nuestras enmiendas relativas al procedimiento de ejecución universal.
En lo que se refiere a los demás puntos que plantea la moción entendemos que, efectivamente, la reforma se refiere a todos los procedimientos en general, el punto 2.º de la moción, y por ello retiramos nuestra enmienda

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al punto 2.º de la moción, que se refería solamente --entendíamos nosotros-- a relativizarla a los procedimientos ejecutivos, de acuerdo con las conversaciones mantenidas con anterioridad a esta intervención con el señor portavoz del grupo proponente.
Planteamos enmiendas de supresión a los puntos 3.º y 4.º de la moción. La primera se refiere a la modificación general de la oficina judicial, porque entendemos que no es realmente necesario en lo relativo a los procesos relacionados con la actividad económica, sino en general a todo el ámbito procedimental. Entendemos que esta modificación está fuera de lugar. En nuestra enmienda al punto 4.º también solicitábamos su supresión por cuanto prevé, en una amalgama un tanto extraña y generalizada, la aplicación a otros ámbitos actualmente no previstos del procedimiento de arbitraje de derecho privado. Sin embargo, en nuestra enmienda octava proponemos una adición a la moción en su conjunto, que bien puede tomarse también como adición a este punto 4.º de la moción, con la que pretendemos que por el Gobierno se estudie la ejecución actual, aplicación y posible extensión a otros procedimientos en que actualmente no está previsto, de la Ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988. Ley, por cierto, que se recibió no voy a decir con euforia, pero ciertamente sí con gran esperanza en los ámbitos jurídicos y mercantiles españoles y que, sin embargo, no está teniendo el éxito que en un principio se previó para esta modificación legal, que sí que fue importante. Y posiblemente no es así por la falta de regulación de los supuestos específicos de procedimiento arbitral, sin necesidad de dar tanta intervención judicial en los procedimientos arbitrales.
En definitiva, no es éste el objeto de nuestra enmienda a la moción, sino que creemos que esto sí que debe ser objeto especial y específico de un estudio por parte del Gobierno y, en su caso, que se remita a la Cámara la ley de modificación, la actual Ley de arbitraje de derecho privado.
En último extremo --y en esto sí quiero plantear un reto al Gobierno--, en la medida en que creemos que la modificación rápida e inmediata de la ley concursal es importante, nos comprometemos en este acto a que si el Gobierno, a pesar de la enmienda --y estamos de acuerdo en ella--, lo plantea en ámbitos generosos, puesto que se dice que el Gobierno, al menos en esta legislatura, debe plantear y ser aprobada por esta Cámara una ley reguladora del procedimiento concursal modificando los actuales códigos de Comercio de 1829 y 1885, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y la Ley de Supresión de Pagos de 26 de julio de 1922, si el Gobierno en el plazo de un año no ha remitido a esta Cámara la ley correspondiente, lo haremos nosotros a través de la correspondiente proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Trocóniz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente. Seré breve.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente porque apoya el principio que inspira esta moción, que ya se había visto en esta Cámara cuando se debatió la interpelación urgente de la que trae causa, y porque nosotros, de los cuatro puntos que se señalan y haciendo una valoración general de todos, basándonos incluso en las palabras que en el día de ayer decía el Fiscal General del Estado sobre los procedimientos judiciales, señalando el señor Granados la importancia del factor tiempo en la resolución judicial de los litigios, diríamos que en el ámbito de agilizar las garantías económicas, junto por supuesto a los aspectos penales o de cualquier otra circunstancia en que esté un litigio de personas físicas o jurídicas, entendemos que sí es importante en el ámbito comercial. Porque da la casualidad de que, a la vista de las reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo y que vienen aquí en sus memorias anuales, y sobre todo en las memorias sistemáticas anuales del Fiscal General del Estado, se viene evidenciando el aumento casi de manera dinámica, año tras año, de la lentitud, junto a la cuantía, de todas las denuncias, de todos los litigios que en el campo económico y fundamentalmente al amparo de leyes concursales, que no están, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual y de cualquiera otra de las leyes que aquí se relacionan, es importante garantizar dos puntos: en primer lugar, la cortedad de los procedimientos y, en segundo lugar, las garantías para deudores y acreedores.
Nos sumamos, por supuesto, a todas las observaciones que se han hecho aquí a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Popular, pero habrá que incluirlas cuando el Gobierno traiga cualquiera de las peticiones que aquí se hacen, tanto en un proyecto de ley concursal, con los aspectos penales a los que nos sumamos, y qué decir de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Para Coalición Canaria bastaría que de los cuatro puntos que aquí se piden y se incita al Gobierno que traiga a la Cámara, con que el Gobierno trajera aquí nada más que una ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afecte al número creciente de impagados para establecer un procedimiento ejecutivo que dé una validez urgente en la tramitación a todo documento privado que hoy hace un deudor, así como los mejores medios para dotar y hacer efectiva la deuda a los acreedores, nos daríamos por satisfechos.


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Hay algo que subyace en el fondo de esta moción que nos mueve a su apoyo: la denuncia de una lentitud de procedimientos que es necesario agilizar y, por otro lado, las garantías procesales que se tienen que contemplar en sus aspectos.
Cuando vayan llegando esos proyectos de ley, se introducirán todas aquellas enmiendas correctoras en la línea que aquí se ha dicho. Pero no olvidemos que esta moción trata de incentivar al Gobierno para que en las líneas de su política general haga competitiva la economía española, mediante la agilización y la modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico. De eso se trata. Creemos, interpretando el sentir del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) proponente, que en esa línea se ha hecho el índice de punto sensible, cuatro fundamentalmente, tres con carácter de ley, tanto la concursal, la de Enjuiciamiento Civil como la Orgánica del Poder Judicial, que signifique un apretón de acelerador con las garantías pertinentes para que la economía española no esté en la situación de embalsamamiento en que se encuentra sometida ahora por la lentitud o ineficacia de los procedimientos judiciales. El tiempo no solamente es una virtud en el procedimiento judicial, sino en la garantía de los derechos de los encartables en cualquiera de estos procesos.
Por esa razón, Coalición Canaria, señor Presidente, a la vista de las cifras que la memoria de la Fiscalía nos da sobre causas judiciales por quiebras, por suspensiones de pagos, por procedimientos tanto de quiebras fraudulentas como de cualquier otra situación que se vaya dando, para que nadie pueda venir hoy día ante los tribunales a alegar a cuestiones judiciales lo que, como hemos visto en el caso Banesto, obedece sencillamente a mala gestión; pero que no se enmarañen ahí los impagados, lo que hay de morosidad en la empresa bancaria o en la actividad económica española a causas que no son las naturales. Creemos que esto contribuye a la agilización y por ello lo apoyaremos con nuestro voto.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Pérez Solano.


El señor PEREZ SOLANO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es consecuencia, como han dicho otros oradores, de la interpelación que tuvo lugar en esta Cámara el día 29 de junio del presente año y que fue contestada en nombre del Gobierno por el Ministro de Justicia e Interior. Si en la interpelación se expuso por el Grupo proponente su opinión sobre la situación objeto de análisis, hoy se solicita del Gobierno la adopción de medidas legislativas concretas para hacer realidad la competitividad de la economía española, mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico. Ya en el debate de la interpelación se pusieron de manifiesto amplísimas coincidencias entre los propósitos del Grupo interpelante y el Gobierno, al anunciar el Ministro interpelado un ambicioso plan de modificaciones legislativas para lograr los fines deseados de agilizar los procedimientos judiciales no sólo en temas económicos, sino en todos los órdenes, comprometiendo incluso un calendario aproximado de presentación de los correspondientes proyectos de ley.
Hoy en este trámite corresponde al Grupo Socialista pronunciarse sobre los extremos concretos de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En tal sentido manifestamos ya, de entrada, una casi completa coincidencia con los apartados de la moción, con las precisiones que luego diré respecto del apartado 4 y que a buen seguro serán compartidas por el Grupo autor de la moción.
Esta se articula en cuatro apartados. El primero solicita al Gobierno un proyecto de ley concursal; el segundo, un proyecto de ley de reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil; el tercero, un proyecto de ley de reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial, que adapte la Oficina Judicial a los nuevos procedimientos que se establezcan y el cuarto propugna la utilización de la institución del arbitraje en materia de arrendamientos y sociedades. Solicita, finalmente, que todas estas reformas se realicen en la presente legislatura.
Pues bien, respecto de la elaboración de un proyecto de ley concursal, el Ministro ya manifestó en el debate de la interpelación que la sección mercantil de la Comisión General de Codificación ya ha recibido del Gobierno los criterios generales en esta materia para la redacción del correspondiente anteproyecto, cuyos trabajos estarán previsiblemente terminados en el mes de diciembre de este año.
Las líneas maestras que el Grupo Socialista entiende deben regir esta materia son las que el Grupo promotor de la moción expone en los subapartados a), b), c) y d), del apartado 1.º de su moción, coincidentes en todo con las manifestadas por el Ministro en la interpelación y que no vamos a repetir por ahorro de tiempo pero que podríamos completar en líneas generales, líneas maestras, con todas las letras del alfabeto.
No obstante, tenemos que destacar en punto al comentario de este apartado 1.º de la moción que ya la enmienda 246, del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, al proyecto de reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, redactaba el artículo 98.1 de dicha ley en el sentido de permitir la especialización de los juzgados según los asuntos, lo que permitía, a la vez, el establecimiento de las condiciones normativas materiales para poder atribuir la competencia en materia concursal a juzgados específicos, como señala el apartado 1.b) de la moción de CIU.


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Respecto al apartado 2 de la moción, consideramos que el fondo del asunto es la petición, en definitiva, de elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que simplifique la maraña de procedimientos actualmente existentes --más de 130, se comentaba en el debate de la interpelación--, reduciéndolos a dos --y así lo manifestó el Ministro--: un procedimiento declarativo y otro documentario, y dotando de una especial atención y relevancia al trámite de ejecución de sentencia, como han manifestado otros oradores. Este trámite de ejecución de sentencia es uno de los cuellos de botella que dilata y hace ilusorias, a veces, la satisfacción de las pretensiones de las partes en el proceso.
Estamos igualmente de acuerdo en que la modificación de la oficina judicial que se propugna por parte de CIU en su apartado 3.º va a contribuir a la agilización y modernización de la Administración de justicia, pero debe realizarse esta reforma de la oficina judicial en el marco de la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 y naturalmente tiene que ser coetánea la reforma de la Oficina Judicial con la reforma de los procedimientos.
El pronunciamiento sobre el apartado 4.º de la moción nos exige precisar que la institución del arbitraje está incorporada definitivamente al Derecho español en virtud de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre. Nos exige precisar también que el arbitraje como tal no debe ser impuesto a las partes. Nos exige también situar la institución del arbitraje en el terreno de una solución pactada entre las partes y nunca como una obligación ex lege, ni tampoco como un acto procesal previo al juicio, porque entonces no lograríamos la finalidad pretendida de reducir el atasco de la Administración de justicia, porque convertiríamos esta exigencia de acudir al arbitraje como un acto procesal previo al acto del juicio. Es muy laudable, efectivamente, la resolución de los conflictos entre partes por vía extrajudicial a través de la institución del arbitraje, pero sin constituirse como obligación legal de agotar este procedimiento.
Entendemos, por consiguiente, que estas matizaciones pueden ser compartidas perfectamente por el Grupo promotor de la moción y que quizá no ha explicado suficientemente como consecuencia de la exigencia formal de concretar los textos que se presentan en esta Cámara.
La moción reclama también para todos sus pedimentos que se realicen en el horizonte temporal de esta legislatura. El Ministro de Justicia e Interior en el debate de la interpelación comprometió el siguiente calendario aproximado: los trabajos de la sección mercantil de la Comisión General de Codificación sobre la nueva ley concursal terminarán previsiblemente en diciembre de este año; el primer trimestre de 1995, previsiblemente, se remitirá al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el primer semestre de 1995 comprometió la remisión al Congreso del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por consiguiente, con las precisiones efectuadas a este apartado 3.º y que el Grupo Socialista incorpora, a efectos de interpretación de la moción, en este apartado, manifestamos, como decíamos al principio, nuestravoluntad de admitir completamente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Solano.
El señor Camp tiene la palabra para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
En cuanto a las enmiendas defendidas por el señor Fernández de Trocóniz, representante del Grupo Popular, anuncio que aceptaríamos la inclusión de la primera enmienda al apartado 1 a), con lo cual se unificaría no tan sólo el concurso de acreedores y quiebra sino el de quita y espera y suspensión de pagos.
Aceptaríamos también la enmienda tercera al apartado 1.c), pero propondríamos una transaccional, señor Presidente, en un doble sentido. Primero, que la enmienda del Grupo Popular fuese estrictamente de adición al punto 1.c) de nuestra enmienda, es decir, no de modificación, como se especifica en ella, sino de adición; y segundo, que se añadiese al final de la enmienda la siguiente frase: «mediante el correspondiente convenio entre las partes». Punto final.
Aceptaríamos también las últimas enmiendas del Grupo Popular que hacen referencia a una adición al último de los puntos de la moción defendida por el Grupo de Convergència i Unió.
En relación a las otras enmiendas no sería posible su aceptación, algunas de ellas porque postulan la supresión de puntos de la moción que creemos que son importantes; otras, como es la del punto 1.b), porque hacen referencia a elementos que podían llevar a confusión; y otra, como la del punto 1.d), que introduce principios interesantes pero nos parece que la generalización que se ha querido dar a esta moción para que pudiese ser operativa en el debate de esta Cámara no va en la línea de la concreción que en esta enmienda se postula.
En cuanto a las enmiendas defendidas por el señor López Garrido, quiero hacer constar el trabajo que en ellas existe y lo positivo que seguro conllevan, pero no podrían ser incorporadas en este trámite puesto que supondrían también una modificación importante de esta generalización que voluntariamente se ha querido dar a esta moción. Esta moción, señor Presidente, señorías, ha pretendido ser un vehículo por el cual la Cámara se pueda expresar políticamente y pueda dar un mandato político al Gobierno, y éste mandato pueda llegar a ser una realidad. Por consiguiente era obligada la generalización en muchos aspectos. Muchos de los temas que el representante del Grupo Popular, el señor

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López Garrido y los otros portavoces han mencionado seguro que serán materia de estudio por las diversas personas que intervengan en su redacción. En todo caso, en el momento de presentarse los proyectos legislativos en está Cámara serán temas que podremos analizar entre todos los grupos con la mejor voluntad posible.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Camp.
Señor Fernández de Trocóniz, ha propuesto el señor Camp que la enmienda al apartado 1.c) sea de adición, con el añadido al término de la enmienda de la expresión: «mediante el correspondiente convenio entre las partes.». ¿Está de acuerdo S.S.?

El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, sin que sirva y sin que se entienda como una expresión sicalíptica y a pesar de que el exor-dio sea posiblemente más largo que la alocución, sí quiero.


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Moción del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se somete a votación con las enmiendas del Grupo Popular en los términos que resultan del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 276; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se supende la sesión.


Eran las diez de la noche.

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