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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 85, de 29/06/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 85 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 84 celebrada el miércoles, 29 de junio de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento:

--Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio (número de expediente 210/000015) (Página 4318)

--Preguntas (Página 4345)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo policial (número de expediente 172/000059) (Página 4377)

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--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico (número de expediente 172/000061) (Página 4390) --Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philips Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la Península (número de expediente 172/000062) (Página 4399)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 86, de 30 de junio de 1994.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.


Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento (Página 4318)

Comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Reglamento, para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio (Página 4318)

El señor Presidente del Gobierno (González Márquez) manifiesta que comparece ante la Cámara para informar del desarrollo del Consejo de Europa celebrado en Corfú los día 24 y 25 de junio y del que SS.SS. disponen ya de las conclusiones.
Consiguientemente, se referirá a los aspectos de la Cumbre que considera esenciales.
Alude, en primer lugar, al paso histórico de la adhesión de Austria, Suecia, Finlandia y Noruega que todos tienen la esperanza de ver confirmada el próximo otoño, con un resultado positivo en las consultas populares de los tres países nórdicos y que esta Cámara podrá debatir y sancionar en los próximos meses. Se trata de las primeras adhesiones que se realizan en aplicación de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, participando por primera vez en un Consejo de Europa los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados candidatos a la adhesión. La firma del Acuerdo de cooperación y colaboración con Rusia ha puesto también de ma-nifiesto la importancia de la Unión en el contexto europeo y mundial.
Corfú ha supuesto, por tanto, desde su punto de vista, un momento de vitalidad europea y de impulso hacia una mayor integración de todos los países europeos. Agrega que el esquema institucional de la Comunidad, pensado para los seis miembros fundadores, se ha ido adaptando progresivamente, pero en estos momentos resulta ya de difícil aplicación para la Europa de los dieciséis. De ahí la importancia del Grupo de reflexión que, presidido por España, trabajará en la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996 que se celebrará durante la presidencia española de la Unión.
Pero junto a los anteriores elementos positivos ha habido también uno de carácter negativo, como es el rechazo de un Estado miembro a aceptar al candidato finalmente consensuado por los otros once miembros y que ha imposibilitado la designación del Presidente de la Comisión Europea, lo que puede abrir una crisis importante en la marcha de la Unión.
Cree que no se debió llegar a Corfú con tres candidatos en liza, que debería haberse buscado el consenso con carácter previo y sería un error reunirse de nuevo sin alcanzar un consenso previo en torno al candidato. Aunque la designación del Presidente de la Comisión es la cuestión que mayor proyección ha tenido en la opinión pública, en el Consejo se han aprobado también importantes programas de trabajo y se ha constatado que las políticas macroeconómicas de los Estados miembros han seguido, en buena medida, las directivas establecidas por el Consejo del pasado mes de diciembre. Las economías se recuperan en el marco de un grado de consenso que apuesta por la coordinación de políticas nacionales y por el mantenimiento de un entorno macroeconómico sano que vele por la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio y tienda a la consolidación fiscal como condición

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necesaria para combatir el problema más grave: el desempleo.
Las conclusiones de Corfú profundizan en la coordinación de los Estados miembros para lograr una reactivación económica creadora no sólo de riqueza sino, sobre todo, de empleo. Pero la integración europea requiere también de un impulso político que en Corfú se ha concretado en seis iniciativas que son: primera, el fomento de la reforma en las legislaciones de los Estados miembros destinadas a mejorar la eficacia del sistema de empleo; segunda, medidas específicas para potenciar el empleo en las pequeñas y medianas empresas; tercera, la mejora de la coordinación de las políticas de I+D; cuarta, proyectos transeuropeos de grandes redes de transporte y de energía; quinta, la sociedad de la información, pues el Consejo considera que el reto que plantea la nueva sociedad de la información justifica la creación de un instrumento permanente de coordinación europea, y, sexta, el fomento de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que incluya la dimensión medioambiental.
Informa que el Consejo europeo de Corfú ha hecho suyas las orientaciones de política económica de nuestros Ministros de Economía, que insisten en la necesidad de seguir manteniendo un cuadro macroeconómico equilibrado, incluso en esta coyuntura de recuperación económica, y que consideran necesario aprovechar esta recuperación para mejorar el control del gasto público como base de un crecimiento sostenido y capaz de generar empleo.
Hace referencia seguidamente a los asuntos tratados en relación a la política exterior y de seguridad común, señalando que el Consejo ha confirmado la importancia que representa la región mediterránea para la Unión y su deseo de mantener y reforzar las relaciones con sus socios mediterráneos, haciendo del Mediterráneo una zona en la que la paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar estén garantizados. En las conclusiones del Consejo se recogen también una serie de consideraciones sobre Europa Central y Oriental y ha confirmado, por otra parte, que mantendrá su política de acompañamiento al proceso de paz en Oriente Medio y contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a los sucesivos avances políticos que se produzcan entre las partes.
Asimismo, y como comprenderán los señores Diputados, el conflicto de la ex Yugoslavia sigue siendo objeto de preocupaciones para el Consejo de Europa, lo que se pone de manifiesto en la conclusión de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin al conflicto bosnio.
Igualmente el Consejo se ha manifestado dispuesto a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros que contribuyan a la acción de las Naciones Unidas en Ruanda, haciendo un llamamiento a las partes para que vuelvan a poner en marcha las negociaciones. Señala, por último, que el Consejo de Europa ha tomado la decisión de luchar con firmeza contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia, fenómenos que aparecen cada vez con mayor frecuencia en Europa, y hace suya la iniciativa franco-alemana para adoptar una estrategia global contra estos fenómenos. Finalmente expresa su convencimiento de que Corfú habrá sido el punto de arranque de una Europa políticamente más fuerte, económicamente más consolidada y, en general, más solidaria y estable.
En representación del Grupo Popular, el señor Aznar López considera que el Consejo de Europa de Corfú no se puede calificar precisamente de éxito y que nada obliga a que cada semestre se tenga que celebrar un éxito en el proceso de construcción europea.
Comenzando por lo que les puede merecer una evaluación más positiva, hace una mención especial al Convenio entre Rusia y la Unión, que sirve para despejar incertidumbres en la proyección exterior de un país que ha de tener presencia necesaria en la política internacional y ayuda a mantener una estabilidad interna, ciertamente precaria. Destaca también la iniciativa franco-alemana contra el racismo y la xonefobia y la fijación de un calendario para su puesta en práctica.
Asimismo destaca la selección de proyectos prioritarios en transporte y energía porque los problemas de financiación les parecen una decisión elogiable. Igual valoración positiva les merece la ampliación de la Unión Europea que ahora culmina, aunque ello no les debe hacer olvidar los errores cometidos en el camino y la preocupación por la capacidad de nuestra economía para aguantar el tirón que en la dinámica comunitaria producirá la incorporación de los cuatro nuevos países miembros.
Sin embargo, es la parte negativa de Corfú la que lamentablemente puede llegar a tener un mayor alcance. Señala que la imposibilidad de elegir un candidato de pleno consenso para presidir la comisión durante los próximos cinco años ha sido definida por algunos como un accidente del recorrido y, si ello fuera así, no tendría que preocuparles en exceso. Pero mucho más grave sería que lo ocurrido representara la existencia de divergencias más profundas o el enfrentamiento de dos conceptos totalmente diferentes de la Europa unida y de las obligaciones que la pertenencia a ella conlleva. Afirma que la nueva realidad en el proceso de construcción europa, derivada de la reunificación de Alemania, de la desaparición del bloque soviético y de la entrada de nuevos miembros en la Unión,

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representa también nuevos equilibrios de poder intracomunitario, por lo que a partir de ahora será exigible un mayor cuidado en las formas para no crear suspicacias que dificulten el necesario consenso comunitario. Este cambio de circunstancias es el que debe hacerles reflexionar, y la forma en que se ha negociado y concluido la reciente ampliación de la Unión con la incorporación a los cuatro nuevos miembros es como un indicio de esa nueva situación. En todo caso, entienden que España debe seguir estando firmemente comprometida con la realización de la Unión Europea, pero la cuestión radica en que ésta no tiene hoy un horizonte suficientemente definido, como ha reconocido el propio Presidente de la Comisión. Se ha entrado en una fase de redefinición, considerando positivo que el grupo de reflexión esté presidido por España, y mientras se desarrolle este trabajo nuestro país ha de hacer prevalecer claramente la defensa de unos intereses que afectan de manera inmediata a nuestra realidad geoestratégica y a sectores productivos concretos. Sobre este particular insiste en su petición, hecha en anterior ocasión, de definir con el más amplio consenso posible una posición nacional tanto de cara a la revisión del Tratado de Maastricht, en 1996, como en lo que afecta a las distintas peculiaridades de la Unión y a las principales políticas comunitarias. Creen imprescindible que España asuma una postura realista y única que pueda evitar que se forme en nuestro país una corriente de opinión pública mayoritaria que acabe por distanciarse de la Unión Europea. De ahí que consideren que es la hora de lo concreto, en el sentido de una más firme defensa de los intereses nacionales que echan hoy de menos muchos españoles afectados negativamente por exigencias comunitarias que podrían haberse negociado mejor. Concluye haciendo referencia a los resultados de las elecciones recientemente celebradas, manifestando que ya que el señor González es incapaz de comparecer ante esta Cámara a explicar su política y los apoyos con los que cuenta para mantenerse al frente del Gobierno. Espera que al menos sea capaz de intentar entender e impulsar estas propuestas y, aunque no alberga mucha confianza en ello, está seguro de que los españoles y los intereses de España lo agradecerían.
El señor Anguita González, en representación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesta que por enésima vez va a demandar al Presidente del Gobierno que haya un debate previo a las próximas cumbres europeas. Señala también que, ya que el Presidente de Gobierno no dimite ni plantea la cuestión de confianza, debería venir a este Parlamento para que él mismo conozca como debe los acuerdos con otras fuerzas políticas, no para inmiscuirse en ellos sino para conocer la política que el Gobierno va a seguir, como consecuencia de esos pactos.
Alude seguidamente a lo que califica de situación mortecina en la construcción europea, cuyos responsables son los presidentes y jefes de gobierno que están llevando los proyectos al margen de las poblaciones y apoyados por expertos muy alejados de la realidad, dando lugar al enorme euroescepticismo actual, cuando no al avance de situaciones de las que es ejemplo el caso italiano. Califica la Cumbre de Corfú de un fracaso, uno más en la serie de fracasos anteriores, y no porque no hayan podido sustituir al señor Delors, que es simplemente un síntoma de un mal mucho más preocupante. Corfú tiene delante tres retos a superar: primero, una situación económica y social bastante grave; segundo, la convergencia injusta, irreal e imposible acordada en Maastricht, y tercero, lo que acaban de decir los que han votado en las elecciones europeas. Se extiende en consideraciones en torno al primer reto, manifestando que se habla de recuperación económica, pero inmediatamente se reconoce que no se crea empleo, y en vez de enfrentarse auténticamente al problema hablan de adaptarse, recurriendo a lo que siempre recurren los gobiernos de derechas, es decir, a la flexibilidad de los mercados de trabajo, precarización de empleo, ataques al estado del bienestar, establecimiento de la competitividad como norte y guía de una acción de gobierno. Se niega que Europa sea simplemente un mercado único, pero la realidad es que es a lo único que se está contribuyendo, aparte de una política antisocial que no lleva precisamente a la creación de empleo. Termina señalando que ha de tenerse el valor de mirar las cosas con dignidad y valentía, y cumbres como la de Corfú, Bruselas, Edimburgo o Lisboa no hacen sino adelantar la crónica de una muerte anunciada.
El señor Roca i Junyent, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), comienza aludiendo al debate previo a las cumbres pedido por el señor Anguita, anunciando que su Grupo no lo considera necesario, aunque pueda haber excepciones.
En cuanto a la Cumbre de Corfú, como todas las cumbres europeas, tiene la doble vertiente de las luces y las sombras, de los aspectos positivos y negativos, siendo mucho más difícil encontrar en la historia de la construcción europea cumbres que sólo sean positivas. En esta ocasión la incapacidad de generar un consenso sobre quién debe ser el Presidente de la Comisión y la forma en que se ha producido la expresión de ese disenso han ocultado los aspectos positivos de la cumbre, el primero de los

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cuales es la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno de los nuevos países miembros de la Unión.
Por otro lado, saluda con satisfacción la Conferencia Intergubernamental convocada para reflexionar sobre cómo debe avanzarse en la construcción europea, cuestión en la que considera conveniente alcanzar el máximo grado de consenso posible de esta Cámara. Igualmente saluda y valora positivamente el acuerdo alcanzado con Rusia, que no ha sido fácil, pero que supone una apuesta decidida para la normalización de aquel gran país y también para la normalización europea.
Una segunda gran cuestión que califica de positiva y que representa un motivo de satisfacción es que Corfú ha sido un aval importante de la política española en la línea de coincidencia con la política económica europea. Sobre este particular expone que el programa de convergencia están obligados todos los países europeos a adaptarlo y revisar las magnitudes entonces fijadas, y también España debe hacerlo con toda naturalidad y sin dramatismo, debiendo comenzar a tener su expresión en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Termina haciendo una valoración, igualmente positiva, de la definición de la región mediterránea y de las necesidades de dar prioridad a la resolución de sus problemas, así como a las conclusiones sobre el tema del racismo y de la xenofobia, que también afectan directamente a nuestro país.
Respecto a lo que sucede en la antigua Yugoslavia, reitera lo ya dicho en anteriores ocasiones en el sentido de que Bosnia ha hecho más daño a la construcción europea que cualquier otro tema económico o de otra naturaleza. El señor Anasagasti Olabeaga, en nombre del Grupo Vasco (PNV), manifiesta que la presidencia griega no pasará a los anales de la historia europea, pero su culminación en Corfú abre las puertas a tres presidencias coordinadas que han de ser claves a la hora de desatascar una Comunidad en la que deben prevalecer aquellos que creen en una unión política, que aceptan compartir soberanía, sobre quienes creen que es una simple zona de librecambio. Ello es mucho más necesario ahora, con un Parlamento con mayores poderes, y porque en 1996 habrá una reforma institucional que decidirá la Europa que queremos, ya, que no se puede seguir funcionando con la actual situación. Es necesario un modelo europeo serio y de ahí que la elección del Presidente de la Comisión no sea precisamente una cuestión menor.
Agrega que les parece correcta la postura del Gobierno de apoyar la candidatura del Primer Ministro holandés, que podría haber sido un buen presidente, y lamenta que la misma no haya prosperado.
En relación a las redes de infraestructuras, el acuerdo les parece positivo sobre el papel. Acerca de la conexión ferroviaria Madrid-Vitoria-Dax, desconoce detalles, especialmente en materia de financiación, pero el acuerdo, repite, lo considera positivo.
También les parece del mayor interés político la presidencia de España del grupo de trabajo que preparará la revisión del Tratado de Maastricht, dado que es uno de los principales retos que tiene planteados la Europa comunitaria. De cara a dicha reforma y para la participación en las decisiones correspondientes solicitan un equilibrio sereno y un esfuerzo de consenso e imaginación. El señor Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria, manifiesta que la celebración de la Cumbre europea de Corfú ha venido marcada por una imagen indiscutible de crisis, ignorando las razones exactas que ha habido para que España defendiera, en principio, la candidatura del Primer Ministro holandés, estando conforme con la posición española. Considera que no se puede ni se debe ocultar la trascendencia de los problemas actualmente presentes en la construcción europea y que exigen un debate continuado, aunque no cree que con carácter previo a cada cumbre haya que establecer los acuerdos correspondientes en torno a la línea de conducta a seguir.
Destaca a continuación la extraordinaria relevancia del grupo de reflexión para la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996, máximo al estar presidida por España, y es en estos momentos difíciles para la Unión Europea cuando se exige una especial responsabilidad de las fuerzas parlamentarias y muy especialmente del Gobierno. Pide ya que se intente consensuar el nombre del Presidente de ese grupo de reflexión y, asimismo, que el Gobierno desarrolle los máximos mecanismos de cooperación e información con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para llegar a una posición española clara y perfectamente definida y apoyada.
Respecto a la grave situación económica y los problemas del desempleo piensa que los resultados de la cumbre han sido más bien escasos, dando la impresión de que los responsables políticos de la Comunidad, y particularmente los Ministros de Economía y Hacienda, mantienen una actitud pasiva ante la crisis. En relación con la utilización de los fondos de cohesión celebra que en el futuro no sólo se administren y se decida, sin oscurantismos sino otorgando a las comunidades autónomas el protagonismo que tienen que tener.


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Expresa, por otra parte, su preocupación ante la próxima presidencia alemana y la posibilidad de que se claudique en la defensa de algunos productos, como el plátano, muy importante para el archipiélago canario, así como determinados sectores de aquella Comunidad Autónoma que tienen que sobrevivir en bien de la propia Comunidad.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, se pregunta qué Europa vamos a construir, si es una Europa de entes estatales, incapaces de dar cabida a las realidades culturales múltiple que la han definido históricamente, o una Europa cercana a la realidad ciudadana y generosa con sus pluralidades. Desde la perspectiva catalana, es preciso aclarar si se va a dar cabida en la construcción europea a la Europa de los pueblos y no sólo a la Europa de los Estados, sobre cuyo particular pide al Presidente del Gobierno que como representante español defienda la particularidad catalana. En cuanto a los resultados de la cumbre, los califica de positivos, destacando la importancia del acuerdo sobre el tren de alta velocidad, que considera fundamental desde una perspectiva económica.
Sobre este particular pide concreción en materia de trazados y plazos de la construcción. El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, alude a la crisis por la que atraviesa la Unión Europea, de lo que es clara muestra la incapacidad para encontrar un sustituto al señor Delors, a lo que se une la indefinición del modelo europeo por los cambios de criterio.
Observa en algunos países miembros que tienden más a una Europa de los estados, prescindiendo de los pueblos que la integran. Menciona también el eje París-Bonn y el creciente protagonismo de Alemania, ante lo cual considera que el Gobierno debería definir con más nitidez y claridad cuál es nuestro papel y tomar medidas de política interior necesarias para hacerlo posible.
En materia económica, considera necesario modificar criterios de política de convergencia que han resultado inservibles por inviables, aunque hace hincapié en el cumplimiento de las medidas referentes a la educación y formación de cara a la mejora del empleo y la competitividad.
Sobre los proyectos para las redes transeuropeas de transporte, energía y medio ambiente las considera importantes pero insuficientes y, a veces, contradictorias e incompatibles entre sí.
Concluye pidiendo al Presidente del Gobierno que desvele su postura para ser o no el próximo Presidente de la Comisión Europea, desde donde se pueden resolver también los problemas de España, estando convencido de que tiene méritos para ello, a la vez que quizá también aquí fuera bueno un relevo. El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, alude a la crisis europea manifestada en la imposibilidad de acuerdo para la sucesión del señor Delors y en las dudas sobre política económica, en sus aspectos de financiación y de inversiones imprescindibles para el desarrollo. Sobre este particular piensa que continúa siendo lento e ineficaz el programa de recuperación económica y de creación de empleo. En cuanto a la construcción de Europa se suma a las peticiones de otros Grupos, reivindicando la participación de los nacionalismos en tal construcción. El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, alude a la situación de las frutas y hortalizas españolas, principalmente de la región de Valencia, mientras se conceden importantes ayudas a países extracomunitarios, como Argelia y Marruecos y, por otro lado, a la destrucción de importantes sectores como el de la juguetería y el textil. Aun pudiendo parecer insolidario, se cree obligado a hablar de estas cuestiones tan fundamentales para su Comunidad. Sobre este particular pide al señor Presidente del Gobierno que sea valiente y defienda los intereses de España, al igual que han hecho ya sus colegas franceses, ingleses o italianos, ya que no por ello se es menos europeísta.
En nombre del Grupo Socialista interviene el señor Almunia Amann, que agradece al Presidente del Gobierno su comparecencia e información facilitada a la Cámara. Respecto al Consejo de Corfú, se deducen valoraciones políticas contradictorias, mereciendo una opinión muy positiva los acuerdos alcanzados en múltiples materias, como el desarrollo del Libro Blanco, orientaciones de políticas económicas, política exterior y de seguridad y asuntos de justicia e interior. También es verdad que el fracaso que supone no haber decidido el nombre del futuro Presidente de la Comisión es un dato de primera magnitud y no se pueden minusvalorar sus consecuencias negativas.
Se encuentran, por tanto, ante una situación paradójica en la que, no obstante, sería injusto no resaltar la importancia de muchos de los acuerdos alcanzados y que van desde la asistencia por primera vez de los jefes de Estado y de Gobierno de los nuevos países miembros a los acuerdos alcanzados entre la Unión Europea y Rusia. Sobre la creación de un grupo de reflexión preparatorio de la Conferencia Intergubernamental de 1996 ya se ha destacado la importancia de que sea un español quien la va a presidir y menciona la creación de una ponencia en la Comisión Mixta para seguir los trabajos correspondientes. En materia de empleo y competitividad se congratula de las conclusiones alcanzadas, entre ellas la importancia de los proyectos de infraestructura de

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transportes que afectan de manera muy importante a nuestro país. Se ha constatado, por otra parte, que el clima económico mejora con claridad en el conjunto de las economías europeas, lo cual va a facilitar el margen de financiación necesario para llevar a la práctica esos grandes proyectos. Concluye aludiendo a la participación en la Conferencia del Presidente del Gobierno español, que ha jugado un papel importante, según ha sido reconocido por los líderes y observadores de otros países.
Interviene de nuevo el señor Presidente del Gobierno (González Márquez) para contestar a los portavoces de los Grupos Parlamentarios.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 4345)

Del Diputado don Rafael López Martín de la Vega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué efectos considera el Gobierno que tiene sobre las Cámaras de Comercio, la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la Ley de Cámaras de 1911? (Número de expediente 180/000589) (Página 4345)

Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando o tiene previsto adoptar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para contribuir a mejorar la situación actual de la ciudad de Béjar y su comarca? (Número de expediente 180/000551) (Página 4346)

Del Diputado don Antonio Costa Costa, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas básicas del Plan Estratégico de Iberia y qué costes sociales puede comportar? (Número de expediente 180/000553) (Página 4347)

Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la firma del Protocolo de intenciones entre ENAGAS y las Compañías Eléctricas, para el uso del gas natural en la generación de energía eléctrica y su incidencia sobre la libre competencia en la Unión Europea? (Número de expediente 180/000581) (Página 4348)

Del Diputado don Manuel García Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cómo explica el Gobierno que ENAGAS no sólo sea vendida a Gas Natural muy por debajo del valor auditado, sino que la Caixa, accionista claramente minoritario en Gas Natural-Enagas, posea igual número de consejeros que el INH, y además la presidencia de la nueva empresa? (Número de expediente 180/000588) (Página 4349)

Del Diputado don Diego Such Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios se han utilizado para determinar el valor de ENAGAS, que en principio se cifró en torno a 100.000 millones de pesetas, para posteriormente quedar fijado en la mitad? (Número de expediente 180/000597) (Página 4351)

De la Diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones se están desarrollando y cuáles se tiene previsto desarrollar para el logro del objetivo de incrementar la tasa de ocupación y calidad del empleo de las mujeres, contemplado dentro del II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer? (Número de expediente 180/000556) (Página 4352)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para poder atender y facilitar las demandas de trabajo temporal en las zonas productoras de frutas y hortalizas? (Número de expediente 180/000562) (Página 4353)

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Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de los traspasos de competencias agrarias a las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000559) (Página 4354)

Del Diputado don Fernando Soto Martín, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del MAPA, respecto a la actual campaña de frutas y hortalizas? (Número de expediente 180/000560) (Página 4354)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones ha realizado el Gobierno español, ante el de Francia y ante los organismos de la Unión Europea, respecto a los ataques a los camiones de frutas y hortalizas españoles? (Número de expediente 180/000596) (Página 4355)

Del Diputado don Emiliano Sanz Escalera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las causas por las que el pasado día 22 de junio se produjo un incendio con diversos focos en el Parque Nacional de Doñana? (Número de expediente 180/000598) (Página 4356)

Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede garantizar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el abastecimiento de semilla certificada de trigo duro en la cantidad y calidad exigida en la normativa recientemente aprobada? (Número de expediente 180/000603) (Página 4357)

Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: En relación a los médicos especialistas sin título oficial que tienen acreditada largamente su especialidad, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Sanidad y Consumo para el reconocimiento oficial del título a este colectivo de médicos? (Número de expediente 180/000586) (Página 4359)

Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Existen fármacos comercializados en España sin eficacia demostrada y que son recetados por el INSALUD? (Número de expediente 180/000604) (Página 4360)

Del Diputado don Néstor Padrón Delgado, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha realizado o piensa hacer el Gobierno en los diferentes ámbitos, diplomático, humanitario, etcétera, para intentar poner fin a la tragedia en Ruanda? (Número de expediente 180/000592) (Página 4361)

Del Diputado don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para el suministro de agua potable en la provincia de Cádiz? (Número de expediente 180/000593) (Página 4362)

Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la situación del proyecto de edificación de nuevas dependencias del servicio de Correos y Telégrafos en la localidad de Puertollano? (Número de expediente 180/000594) (Página 4362)

De la Diputada doña Anna Balletbó i Puig, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los aspectos esenciales del proyecto de Televisión por cable que prepara el Gobierno? (Número de expediente 180/000595) (Página 4363)

Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuál es la auténtica posición del Gobierno en relación a la continuidad de las obras del

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Embalse de Itoiz-Canal de Navarra? (Número de expediente 180/000601) (Página 4364)

De la Diputada doña Elena García-Alcañiz Calvo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo ejerce el Ministerio de Cultura el deber de vigilancia sobre las Entidades de Gestión, a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Propiedad Intelectual? (Número de expediente 180/000599) (Página 4365)

Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Cultura: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura sobre los costes de funcionamiento normal del Teatro de la Opera de Madrid, con independencia de la fórmula final que se adopte para su gestión y de las lógicas previsiones de programación de las actividades a desarrollar en el mismo? (Número de expediente 180/000600) (Página 4366)

Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿A qué se debe la presencia permanente de Altos Cargos del Consejo Superior de Deportes en el Mundial 1994 de Fútbol en Chicago? (Número de expediente 180/000602) (Página 4367)

De la Diputada doña Carmen Cremades Griñán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Ministerio de Educación y Ciencia compensar a las Universidades del denominado territorio MEC, que están siendo actualmente transferidas a las diferentes Comunidades Autónomas de la diferencia del incremento de tasas para el próximo curso respecto a las Universidades ya transferidas? (Número de expediente 180/000606) (Página 4369)

Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa Malagueña General Textil, antigua Intelhorce? (Número de expediente 180/000587) (Página 4370)

Del Diputado don Xabier Albistur Marín, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Cuáles han sido las razones para conceder el indulto al teniente coronel de la Guardia Civil jubilado don José Martín Llevot, quien cumplía condena por encubrir torturas y que también había sido condenado por falsedad en documento público, prevaricación y denegación de auxilio a la Justicia por el caso Linaza? (Número de expediente 180/000585) (Página 4371)

Del Diputado don Manuel de la Rocha Rubí, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para la adecuada aplicación de la Ley 9/1994, de 19 de mayo, que modifica la reguladora del derecho de asilo, especialmente en lo referente a garantizar los derechos de los solicitantes de asilo cuando se encuentre en frontera? (Número de expediente 180/000590) (Página 4372)

Del Diputado don Pedro Jover Presa, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar el Gobierno para hacer frente a la creciente actividad de grupos y asociaciones que, directa o indirectamente, promueven la discriminación racial, especialmente el antisemitismo? (Número de expediente 180/000591) (Página 4373)

Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué se ingresan en el Tesoro Público los intereses generados por las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales, abiertas en determinada entidad bancaria privada? (Número de expediente 180/000607) (Página 4374)

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Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Confirma el Gobierno que cuentas bancarias a nombre del prófugo Luis Roldán Ibáñez han seguido teniendo movimiento hasta fecha reciente? (Número de expediente 180/000616) (Página 4375)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones objetivas que han aconsejado el nombramiento como Delegado del Gobierno en la Región de Murcia de don Eugenio Faraco Munuera? (Número de expediente 180/000617) (Página 4376)

Interpelaciones urgentes(Página 4377)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior, en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo oficial (Página 4377)

El señor Alvarez-Cascos Fernández, defiende la interpelación del Grupo Popular. Expone que el pasado día 16, tras una petición de su partido al Ministro de Justicia e Interior, tuvieron acceso a un documento denominado «Nuevo modelo policial», en el que se concretan los acuerdos entre el Gobierno de la nación y Convergència i Unió, del que los medios de comunicación venían dando noticia en las semanas anteriores. Aquel día tuvieron la oportunidad de enterarse de que este acuerdo venía negociándose desde hacía meses con el Ministerio del Interior, presumiblemente tras las elecciones generales del pasado año. Afirma que el sigilo que ha rodeado hasta ahora estas negociaciones no es criticable si se entiende que la definición de un modelo policial para toda España es sólo una cuestión de oportunidad, que en el marco de la reciprocidad de los apoyos que Convergència i Unió presta al Partido Socialista para garantizar la estabilidad del Gobierno de Felipe González sólo afecta al interés del partido o partidos que pactan. Sin embargo, aquellos que dan a la seguridad pública el rango de cuestión de Estado y que en su papel de oposición brindan al Gobierno un tratamiento especial de estos asuntos se han visto desfavorablemente sorprendidos y deploran profundamente el sesgo partidista con el que se está gestando el llamado modelo policial.
El Grupo Popular reitera que, dada la importancia de la seguridad pública, en cuanto que es un deber constitucional y, por tanto irrenunciable, del Gobierno para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos no puede ser devaluado retirándolo de la lista de asuntos que dan sentido y fuerza a una idea de Estado. Pero, una vez más, en la balanza de Felipe González se demuestra que pesan más sus necesidades políticas, personales y de partido que sus virtudes para velar por el interés nacional. Agrega que no pueden entender, en un nuevo motivo de confrontación o discriminación entre comunidades autónomas, que mientras se discute y acuerda un nuevo modelo policial para Cataluña se les ofrece al resto de las comunidades tan sólo el derecho a importarlo sin retoques.
Afirma que el nuevo modelo policial se ha concebido mal y el método también resulta improcedente al no plantear claramente si queremos una policía preventiva o represiva, o en qué porcentaje se combinan ambas funciones. En cuanto a la Policía Judicial, señala que el acuerdo en cuestión atribuye esta función a la Generalidad de Cataluña en términos de equiparación al Estado, quebrando una concepción unitaria del poder policial, tal como la Constitución proyecta, dándose un paso en dirección contraria a lo que aconseja el sentido común y la experiencia. Alude también a que en el documento en cuestión se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, refiriéndose por tanto con el mismo rango al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, cuando se trata de dos cuerpos de naturaleza diferente, el primero civil y el segundo militar. Pregunta entonces si se acepta sin más que la Generalidad pueda asumir también las funciones de índole militar que desarrolla la Guardia Civil en Cataluña. Concluye el interpelante afirmando que el nuevo modelo policial se ha gestado en el peor momento político del Ministerio del Interior, provocando agravios con el resto de las comunidades autónomas y acometiéndose esta empresa sin haber sido capaces aún de poner orden en el propio Ministerio del Interior, donde el aluvión de ceses y nombramientos en los últimos meses ha provocado una gran desorganización interna, dando lugar al desánimo y descontento en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en una situación calificada de esquizofrénica. En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), dejando constancia, en primer lugar, de lo difícil que es discutir, dado el planteamiento que se realiza en la

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intervención preliminar por un hecho evidente como es el documento citado por el señor Alvarez-Cascos. Reconoce que, con motivo de su visita solicitando información le pareció oportuno dársela a un partido como el Popular, al igual que lo hubiera hecho con cualquier otro Grupo Parlamentario que lo hubiera solicitado. El problema es que toda la crítica que ha intentado realizar el señor Alvarez-Cascos parte de algo que no existe, y a partir de ahí resulta un poco complicado rebatir sus argumentos.
Agrega que se trataba de un documento que iba a la correspondiente Comisión Autonómica para su aprobación o no, como informó al interpelante, al que posteriormente le comunicó específicamente que se había decidido separar de manera clara y determinante, por un lado, el tema que afectaba al modelo policial y, por otro, el problema relativo a la policía autonómica. En la Comisión Autonómica el tema del modelo policial quedaba fuera de la discusión.
Consiguientemente, todo lo expuesto por el señor Alvarez- Cascos tiene el inconveniente de que ya no sirve porque el modelo actual nada tiene que ver con el existente en el momento en que le proporcionó la información. Añade el señor Ministro que no esperaba que toda la información fuera utilizada después para realizar una interpelación parlamentaria y toma nota de la forma peculiar con que utiliza la información el señor Alvarez-Cascos.
Insiste posteriormente en que en la Comisión Autonómica se adoptó el criterio de separar los dos temas: el del modelo policial, que debía tener su discusión en un marco parlamentario general, y la lectura concreta del artículo del Estatuto de Autonomía, que es el que debía aprobarse en el marco de la Comisión Autonómica y después, en su caso, por el Gobierno de la nación. Informa también que en dicha Comisión lo único que se acordó fue abrir una comisión nominalista para trabajar sobre el tema de la lectura, interpretación y aplicación del precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativo a su policía, y éste es el estado actual de la cuestión.
Aclarado lo anterior, no entrará a describir cuál va a ser el modelo policial futuro, entre otras razones porque se encuentra en estudio, ya que es algo profundamente difícil complicado e importante y lo tratarán con el rigor, la seriedad, la calma y la participación de los grupos parlamentarios que así lo deseen para realizar la reforma del actual modelo policial. Respecto a la situación en que se encuentra el Ministerio de Justicia e Interior afirma que cada uno ve las cosas de acuerdo con el cristal con que se mira, y la óptica del Partido Popular obliga a decir que las cosas están mal, que todo va mal, lo que hará inevitable las elecciones anticipadas. Tienen pleno derecho a ver así las cosas desde su óptica estratégica y de ahí que frecuentemente mantengan la postura de pedir dimisiones. El Gobierno, sin embargo, no ve así las cosas, ni tampoco el Grupo Parlamentario Socialista, ni la mayoría de esta Cámara, y mientras eso no cambie no tienen ninguna posibilidad de tener éxito en sus equivocadas estrategias.
Agrega que, desde la óptica del Gobierno, las cosas funcionan muy bien, facilitando diversos datos sobre los hechos acaecidos el día 5 de mayo último, sobre resultados que considera muy importantes en todas las áreas fundamentales de la Secretaría de Estado de Interior y que, en su opinión, sirven para desmentir las acusaciones de caos e inoperancia.
Replica el señor Alvarez-Cascos Fernández, duplicando el señor Ministro de Justicia e Interio (Belloch Julbe).
Para fijación de posiciones interviene la señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, y los señores Camp i Batalla, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Espasa Oliver, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por alusiones interviene de nuevo el señor Alvarez-Cascos Fernández.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico (Página 4390)

El señor Camp i Batalla defiende la interpelación del Grupo Catalán (Convergència i Unió), exponiendo que la competitividad de la economía de un país no sólo depende de la capacidad de producción de sus empresas, de la normativa laboral o de la capacidad de formación o innovación que tengan sino también del buen funcionamiento y agilidad de la Administración de Justicia, ya que cuando una persona o una empresa entran en un procedimiento judicial todo lo que contribuya a dar pronta solución al conflicto y a favorecer lo complejo de los compromisos mercantiles y el mantenimiento de la actividad productora o de los puestos de trabajo ayudará a mejorar el funcionamiento de la economía del país y su competitividad.


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Alude a los costes y lentitud de los procedimientos judiciales y a la existencia de problemas para la ejecución de sentencias, por todo lo cual, a menudo, las empresas renuncian a hacer valer sus derechos ante los tribunales cuando no pueden resolver el litigio por otros medios, dando por perdida las sumas adeudadas. Para corregir esta situación y llegar a una justicia rápida, eficaz y transparente es preciso modificar la estructura orgánica de la Administración de Justicia y afrontar una reforma procesal. Menciona la antigüedad de la legislación que regula los procedimientos concursales, alejados de la realidad del funcionamiento económico de finales del siglo XX, y de ahí la necesidad de proceder a su modificación evitando los altos costes de los actuales procedimientos y su dilatada duración. Asimismo debe fomentarse la utilización de los instrumentos arbitrales para la resolución de controversias de índole económica. En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe), informando que el principal objetivo de la Secretaría de Estado de Justicia ha sido y es la adecuación del sistema procesal a las necesidades del tiempo presente.
Coincide con el diagnóstico realizado por el interpelante y, en consecuencia, entiende que la reforma procesal debe llevarse a efecto puesto que su repercusión sobre la actividad económica será especialmente notable. Reconoce, sin embargo, que no es fácil abordar globalmente el conjunto de reformas procesales precisas para cambiar realmente la situación de la justicia.
Concluye facilitando algunas de las fechas previstas para acometer algunas de las reformas pendientes y de las líneas generales de tales reformas. Replica el señor Camp i Batalla.
Para fijación de posiciones intervienen los señores López Garrido, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández de Trocóniz Marcos, del Grupo Popular.


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada multinacional en las plantas de Tabacalera en la Península (Página 4399)

El señor Martín Menis defiende la interpelación del Grupo de Coalición Canaria. Expresa su preocupación por el futuro de la fabricación de tabacos en España de las marcas de la multinacional Philip Morris, así como por la debilidad del tejido industrial del archipiélago, aludiendo a las posibles alternativas a la situación presente y pidiendo que no se negocie sólo para mejorar los centros de explotación de la multinacional o de Tabacalera sino que se tenga en cuenta, con prioridad absoluta, la estabilidad del empleo, especialmente por la situación grave que atraviesa Canarias.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), que comprende las preocupaciones del interpelante, pero éste parece olvidar la difícil situación del sector tabaquero no sólo en Canarias sino a nivel mundial, a nivel europeo y específicamente a nivel de nuestro país, como consecuencia, sobre todo en España, de la caída de la demanda y, por otra parte, de la desaparición del monopolio por la apertura de mercados que supuso nuestra integración en la Comunidad Europea.
Respecto a los objetivos del Gobierno y posición en las negociaciones en curso, el interpelante parece olvidar que unas negociaciones, por definición, tienen que ser discretas y, en consecuencia, resulta difícil expresar de forma pública cuál es su contenido y lo que se pretende conseguir.
Replica el señor Martín Menis, duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira).
Para fijación de posiciones intervienen los señores Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez-Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO:

--COMPARECENCIA DEL GOBIERNO ANTE EL PLENO DE LA CAMARA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 203 DEL REGLAMENTO, PARA INFORMAR SOBRE LA CUMBRE DE LA UNION EUROPEA CELEBRADA EN CORFU LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO (Número de expediente 210/000015)

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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto cuarto del orden del día, comparecencia del Gobierno para informar sobre la Cumbre de la Unión Europea celebrada en Corfú los días 24 y 25 de junio. Tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, comparezco hoy ante la Cámara para informar del desarrollo del Consejo Europeo celebrado en Corfú los días 24 y 25 de junio. Sus señorías disponen ya de las conclusiones del Consejo. Por lo tanto, me referiré especialmente a aquellos aspectos de la cumbre europea que considero esenciales.
En torno a este Consejo europeo ha habido, a mi juicio, varios acontecimientos significativos: unos de signo claramente positivo y otros especialmente negativos. Además, ha habido un programa de trabajo y la confirmación de una vía y de un método, como es el de la integración económica y política. La firma de los acuerdos de adhesión de Austria, Suecia, Finlandia y Noruega confirma la ambición de estos países de integrarse en una zona de paz y de prosperidad, poniendo en común competencias que hasta ahora ejercían individualmente.
Supone, además, un paso histórico que todos tenemos la esperanza de ver confirmado el próximo otoño con un resultado positivo en las consultas populares de los tres países nórdicos y que esta Cámara podrá debatir y sancionar en los próximos meses. Estas adhesiones, señorías, tienen también una importancia singular por ser las primeras que se realizan en aplicación de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno de los estados candidatos a la adhesión han podido participar por primera vez en un Consejo Europeo, enriqueciendo el debate con sus ideas y con sus puntos de vista, puntos de vista que contribuirán, sin duda, al acercamiento de los principios de la Unión al ciudadano.
La firma del acuerdo de cooperación y colaboración con Rusia en este Consejo europeo ha puesto de manifiesto la importancia de la Unión en el contexto europeo y mundial y el final de dos años de trabajo cuyo resultado respeta los intereses españoles.
Corfú ha supuesto, desde nuestro punto de vista, un momento de vitalidad europea y de impulso hacia una mayor integración de todos los países europeos. En esta misma línea, el Consejo ha adoptado una importante decisión en relación con la preparación de la Conferencia Intergubernamental de 1996, que confirma las decisiones del Consejo Europeo de Bruselas y el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo en Ioannina.
El esquema institucional de la Comunidad, pensado para los seis estados miembros fundadores, se ha ido adaptando progresivamente, pero en estos momentos resulta ya de difícil aplicación para la Europa de los dieciséis. De ahí la importancia del grupo de reflexión que tiene que preparar la Conferencia Intergubernamental de 1996, grupo que, presidido por España, trabajará de manera que pueda presentar un informe al Consejo Europeo que se celebrará durante la presidencia española de la Unión.
Como España ha defendido, ese grupo de reflexión contará con la participación activa de dos miembros del Parlamento Europeo, asociándolo así plenamente a los trabajos que han de comenzar el día 2 de junio de 1995.
Junto a estos elementos positivos ha habido también uno de carácter altamente negativo: el rechazo de un Estado miembro a aceptar al candidato finalmente consensuado por los otros once miembros ha imposibilitado la designación del Presidente de la Comisión Europea y, a mi juicio, puede abrir una crisis de importancia en la marcha de la Unión.
En todo momento, mientras se debatía esta cuestión, he tratado de respetar las reglas del consenso. Y lo he hecho, primero, apoyando a un candidato que me parecía perfectamente idóneo, como ha demostrado en su larga vida política, y, más tarde, tratando de facilitar el consenso, al apoyar al candidato mayoritario. De lo sucedido, señor Presidente, señorías, deberíamos extraer algunas lecciones y evitar así sacar conclusiones que no sean correctas. En primer lugar, no se debió llegar a Corfú con tres candidatos en liza. Debería haberse buscado el consenso, cosa que no se hizó, con carácter previo. En segundo lugar, si se acepta, como se aceptó, el método de someter a votación las tres candidaturas por orden de preferencia, luego no puede ejercerse un veto, cuando el resultado no es el que se esperaba. En tercer lugar, no es aceptable que un solo país pueda imponer a los otros once el perfil de un candidato. En todo caso, confío en que los contactos que llevará a cabo Alemania, en su calidad de nuevo Presidente de la Unión, puedan dar sus frutos y que antes del próximo día 15 de julio se llegue a un acuerdo sobre la persona a designar. Sería, obviamente, un error reunirnos de nuevo si no hubiéramos alcanzado previamente un consenso en torno al candidato, aunque el nuevo Parlamento Europeo ha de reunirse el próximo día 19 de julio y podría ya, en esa fecha, iniciar el proceso de investidura de este candidato.
No obstante, aun respetando las necesidades y los requerimientos del Parlamento Europeo, creo que hay un margen de tiempo suficiente, ya que, como saben SS.SS., ha cambiado el procedimiento de designación del Presidente de la Comisión.
Ahora no son sólo los gobiernos de los estados miembros quienes nombran al Presidente sino que aquéllos designan a un candidato que deberá superar la votación de investidura ante el Parlamento Europeo y, a continuación, se procederá

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a nombrar, de acuerdo con los gobiernos y con el propio Parlamento Europeo, a los miembros del Colegio.
Estas han sido, sin duda alguna, las cuestiones que han tenido una mayor proyección en la opinión pública, pero junto a ellas, señor Presidente, señorías, se han aprobado también importantes programas de trabajo. El Consejo europeo, tras oír un informe del Presidente de la Comisión, ha debatido el plan de acción decidido en el Consejo de Bruselas sobre la base del Libro Blanco. El Consejo de Corfú ha constatado que las políticas macroeconómicas de los estados miembros han seguido, en buena medida, las directrices establecidas por el Consejo del pasado diciembre. Nuestras economías, sobre la base ya del Tratado de la Unión Europea, se recuperan en el marco de un grado de consenso que apuesta por la coordinación de políticas nacionales y por el mantenimiento de un entorno macroeconómico sano que vela por la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio y que tiende a la consolidación fiscal como condiciones necesarias para combatir el problema más grave: el desempleo. Las conclusiones de Corfú profundizan la coordinación de los estados miembros para lograr una reactivación económica creadora no sólo de riqueza sino, sobre todo, de empleo. Durante estos últimos meses, Europa ha demostrado ser capaz de gestionar la crisis económica más grave desde los años 30 sin caer en la tentación de estrategias individuales, insolidarias, que tantos conflictos ocasionaron en el pasado. Europa opta así por la lógica de la integración y, al hacerlo, evita la de la desintegración. La integración económica, que no se va a lograr simplemente por el efecto espontáneo de las fuerzas del mercado, requiere un impulso político que en Corfú se ha concretado en seis iniciativas. La primera, el fomento de la reforma en las legislaciones de los estados miembros destinada a mejorar la eficacia en los sistemas de empleo. El Consejo alienta a que se tomen nuevas medidas, en particular en lo que se refiere a la educación y a la formación y se felicita de la creación de nuevos programas comunitarios, como el programa Leonardo y el programa Sócrates. Recomienda asimismo medidas de fomento del empleo que presten especial atención al trabajo menos cualificado y a nuevas formas de organización del trabajo, como el trabajo a tiempo parcial, y subraya la necesidad de adoptar medidas que fomenten el empleo de los jóvenes y luchen contra el desempleo de larga duración. En ese sentido, España ha dado ya un importante paso al reformar su marco legislativo laboral.
Segunda, medidas específicas para potenciar el empleo en las pequeñas y en las medianas empresas. El Consejo Europeo ha apoyado la iniciativa de la Comisión sobre un programa integrado en apoyo de las pequeñas y medianas empresas para su plena incorporación al mercado interior, para el cual la Comisión contará con 1.000 millones de ecus durante el período 1994-1999. Asimismo, y para la próxima reunión del Consejo Europeo, se ha pedido a la Comisión un informe sobre las acciones a escala comunitaria dirigidas al fomento de iniciativas de desarrollo y empleo local por parte de las microempresas y de las industrias artesanales. Tercera, la mejora de la coordinación de las políticas de I+D. En un mercado global, en el que hemos perdido una buena parte de nuestra ventaja tecnológica comparativa, Europa, al decir del Presidente de la Comisión en su informe, tiene que optar entre la supervivencia y la decadencia. El Mercado Unico es una condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos que ser capaces de generar una innovación empresarial que no surge de modo espontáneo si no está fomentada por una política de investigación y desarrollo tecnológico comparable a la que llevan a cabo nuestros competidores. Aquí no se trata sólo de hacer más investigación y desarrollo sino, sobre todo, de coordinar mejor los esfuerzos que hacemos los distintos estados miembros.
Cuarta, proyectos transeuropeos de grandes redes de transporte y de energía. Como saben SS.SS., el Consejo Europeo, partiendo del informe del Comité Christophersen, ha acordado una primera lista comunitaria de once grandes proyectos en materia de transporte, entre los que figuran tres proyectos españoles: la conexión hispano-francesa del tren de alta velocidad con sus dos variantes, Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier y Madrid-Vitoria-Dax, y la autopista Lisboa-Valladolid. El Consejo Europeo ha pedido asimismo que estos once proyectos prioritarios se pongan en marcha no más tarde de 1996. En cuanto a los proyectos de grandes redes de energía, el Consejo Europeo ha fijado nueve proyectos prioritarios, entre los que se encuentran las interconexiones de gas natural España- Portugal, que incluye expresamente el abastecimiento para las regiones de Extremadura y Galicia, las interconexiones eléctricas España-Portugal y el gasoducto Magreb-Europa. En relación con la financiación de estas grandes redes, el Consejo ha reafirmado su apoyo a estos proyectos y ha pedido al Ecofin y al Grupo Christophersen que presenten un informe al Consejo Europeo de Essen en el que se contemplen las posibilidades de financiación privada y la utilización de los recursos comunitarios existentes. Quinta, la sociedad de la información. El Consejo europeo ha estudiado también el informe Bangemann y considera que el reto que plantea la nueva sociedad de la información justifica la creación de un instrumento permanente de coordinación europea. Cada estado miembro designará a un responsable ministerial que coordine todos los aspectos de la cuestión, los políticos, los financieros y los administrativos, para fijar, con la mayor brevedad posible, el marco reglamentario a escala europea. El Consejo Europeo de Essen evaluará

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los resultados de esta iniciativa a partir de los trabajos de la Comisión y del Consejo.
Sexta, el fomento de un nuevo modelo de desarrollo sostenible que incluya la dimensión medioambiental. Junto a las iniciativas anteriores, el Consejo europeo apuesta por un modelo de desarrollo sostenible, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde un punto de vista ecológico, haciendo compatible el crecimiento del bienestar de nuestros pueblos con la preservación de los equilibrios medioambientales que aseguren la conservación del hábitat y la biodiversidad europeos.
Señor Presidente, señorías, el Consejo Europeo de Corfú ha hecho suyas las orientaciones de política económica de nuestros Ministros de Economía, que insisten en la necesidad de seguir manteniendo un cuadro macroeconómico equilibrado, incluso en esa coyuntura de recuperación económica, y que consideran necesario aprovechar esta recuperación para mejorar el control del gasto público como base de un crecimiento sostenido y capaz de generar empleo. El Consejo europeo ha recogido también la reflexión de Delors, expresada en estos seis puntos que acabo de resumir, y que sintetizan el programa de reactivación que debe desarrollar el contenido del Libro Blanco. Señor Presidente, señorías, considero de interés para esta Cámara hacer, aunque sea de forma breve, una referencia a los asuntos tratados en relación a la política exterior y de seguridadd común, deteniéndome en aquellos que tienen mayores consecuencias para España.
El Consejo ha confirmado la importancia que representa la región mediterránea para la Unión y su deseo de mantener y reforzar las relaciones con sus socios mediterráneos. Se trata de hacer del Mediterráneo una zona en la que la paz, la seguridad, la estabilidad y el bienestar estén garantizados.
España, junto con otros países mediterráneos de la Unión Europea, incluyendo la propia presidencia griega, ha logrado que en las conclusiones se incluya una referencia explícita a la necesidad de reexaminar la política global en el Mediterráneo. Se trata de identificar una serie de iniciativas y acciones concretas, que podríamos llevar a cabo para aumentar la presencia de la Unión en esta zona. Para ello, el Consejo y la Comisión presentarán al próximo Consejo europeo de Essen una evaluación de nuestra política y de las posibles acciones concretas que puedan desarrollarse en la región, incluyendo la posibilidad de convocar una conferencia con participación de la Unión Europea y sus asociados mediterráneos. En este contexto, el Consejo ha confirmado que Chipre y Malta formarán parte de la próxima fase de ampliación de la Unión.
Quiero señalar también a SS.SS. las referencias recogidas en las conclusiones del Consejo sobre la adhesión de Méjico a la OCDE y el deseo de fortalecer las relaciones políticas y económicas con este país, así como el compromiso de prestar especial atención a las relaciones con el Mercosur. Para España, se trata de una zona geográfica de indudable interés en nuestra acción exterior. En los próximos meses tendremos ocasión de trabajar para que este consenso inicial se traduzca en iniciativas concretas.
Señorías, en las conclusiones del Consejo se recoge también una serie de consideraciones sobre Europa central y oriental, entre las que estimo necesario destacar las siguientes.
El Consejo expresa su deseo de que los países asociados, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria, puedan acceder cuanto antes a la integración como miembros de la Unión, señalando expresamente que las negociaciones de adhesión no podrán comenzar hasta después de la Conferencia Intergubernamental de 1996.
El Consejo muestra asimismo su deseo de incrementar la cooperación de la Unión Europea con Eslovenia, para lo que continuará el examen del mandato para un acuerdo europeo.
Asimismo muestra su satisfacción por el hecho de que las negociaciones con los países bálticos vayan bien encaminadas para el establecimiento de áreas de libre comercio y que estén concluyendo ya con bastante éxito. Manifiesta su deseo de que, en el futuro, los países bálticos formen parte de la Unión.
Por otra parte, señorías, el Consejo ha confirmado que mantendrá su política de acompañamiento al proceso de paz en Oriente Medio y contribuirá, en la medida de sus posibilidades, a los sucesivos avances políticos que se produzcan entre las partes.
Como comprenderán SS.SS., el conflicto de la ex Yugoslavia sigue siendo objeto de preocupación para el Consejo Europeo.
Esta preocupación se pone de manifiesto en las conclusiones, donde se expresa la determinación de la Unión de seguir trabajando para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin al conflicto bosnio, preservando la unión de Bosnia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y endosando explícitamente el acuerdo territorial que se ha propuesto a las partes.
Para intentar poner fin a la terrible situación que vive Ruanda, y a partir de la decisión del pasado 21 de junio de la Unión Europea Occidental, el Consejo se ha manifestado dispuesto a apoyar los esfuerzos de los estados miembros que contribuyen a la acción de la Naciones Unidas y ha hecho un llamamiento a las partes para que vuelvan a la mesa de negociación sobre la base de los Acuerdos de Arusha.
Finalmente, en las conclusiones se han recogido también declaraciones y acciones comunes sobre Africa austral, Ucrania, Corea del Norte y Estados ACP, la preparación de la Conferencia de 1995 de las partes del Tratado de no Proliferación Nuclear y sobre el Pacto de estabilidad en Europa.


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Señor Presidente, señorías, antes de concluir quisiera hacer una última referencia a los asuntos tratados en el Consejo y relacionados con el tercer pilar.
El Consejo europeo ha tomado la decisión de luchar con firmeza contra la intolerancia, el racismo y la xenofobia, fenómenos que aparecen cada vez con mayor frecuencia en Europa, y hace suya la iniciativa franco-alemana que aprueba un calendario de trabajos para que el Consejo Europeo de junio de 1995 pueda adoptar una estrategia global contra estos fenómenos.
Asimismo el Consejo ha instado al Consejo de Ministros de Justicia e Interior para que concluya los trabajos preparatorios de la Convención Europol, a fin de hacer frente a las amenazas que suponen el crimen organizado, la droga y el terrorismo.
Señor Presidente, señorías, considero que el Consejo europeo de Corfú ha dado pasos adelante en la buena dirección, pero que la falta de acuerdo en la designación de candidato a presidente de la Comisión ha sido un elemento altamente negativo que va a empañar, sin duda, el trabajo que se ha realizado en estos días.
He de decir ante esta Cámara que, personalmente, me ha producido una especial satisfacción la conclusión de un acuerdo con Rusia para contribuir a la transición hacia una economía de mercado y un sistema democrático y la presencia en Corfú de los responsables políticos de los cuatro países miembros, presencia que me ha recordado nuestra primera comparecencia en el Consejo europeo de Milán, en junio de 1985. Como recordarán SS.SS., también en aquel Consejo hubo fuertes discrepancias sobre la convocatoria de una conferencia intergubernamental para concluir el Acta Unica. El acceso de Portugal y de España fue un elemento de dinamismo reconocido por todos y un acicate para profundizar en la integración.
Estoy convencido de que ahora también será así y que Corfú habrá sido el punto de arranque de una Europa políticamente más fuerte, económicamente más consolidada y, en general, más solidaria y estable.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aznar.


El señor AZNAR LOPEZ: Señor Presidente, señorías, parece evidente que el Consejo Europeo de Corfú no se puede calificar precisamente de éxito, pero también es verdad que nada obliga a que cada semestre tengamos que celebrar un éxito del proceso de la construcción europea. Yo quiero, no obstante, empezar por lo que creo que nos puede merecer una valoración más positiva.
Mención especial merece, en nuestra opinión y en primer término, el convenio entre Rusia y la Unión Europea firmado con ocasión de esta reunión de Corfú. La actual opción de Rusia de integración plena en el ámbito europeo y occidental, aun con las peculiaridades que Rusia, sin duda, tiene, debe ser acogida con satisfacción porque ello despeja incertidumbres sobre la proyección exterior de un país que ha de tener presencia necesariamente en la política internacional y ayuda a mantener una estabilidad interna ciertamente precaria. Queremos destacar también la iniciativa franco- alemana contra el racismo y la xenofobia y la fijación de un calendario para su puesta en práctica. Habrá que conjugarla, a nuestro juicio, con una inteligente política de inmigración.
La selección de proyectos prioritarios en transporte y energía, a pesar de los problemas de financiación, nos parece una decisión elogiable. El mercado único requerirá también en el terreno energético un planteamiento unitario que exigirá trasladar competencias a la Comunidad y cuyos efectos debemos analizar en España.
La ampliación de la Unión Europea con la que culmina este período, aún pendiente de tres «referenda» de ratificación, debe ser asimismo, en nuestra opinión, objeto de una valoración positiva. Ahora bien, ello no debe hacernos olvidar los errores cometidos en el camino. Primero se dijo que era preciso profundizar en la unión antes que ampliarla; luego se afirmó que profundizar es igual que ampliar, ya que al ampliar se profundiza. Con una frase se despachaba lo que, en realidad, era una posición basada en el sentido común. Se terminó por ampliar a toda prisa sin profundizar nada. Y el resultado positivo es también la incorporación, con singularidades, de cuatro países nuevos sin períodos transitorios, sin que quede claro cómo asumen el acervo común, sobre todo en política exterior y de seguridad, y bajo condiciones, en otros ámbitos, que, por lo ventajosas, podemos considerar que resultan discriminatorias para España en algunos aspectos.
En esas circunstancias, la preocupación por el desequilibrio de la Unión Europea, por fundada que esté, no deja de ser ingenua. La verdadera urgencia es fortalecer nuestra economía para aguantar el tirón que, en la dinámica comunitaria, producirán estos cuatro nuevos países.
Señorías, no es mi propósito mirar al pasado para realizar una crítica acerba sobre el mismo. El Partido Popular, bien lo sabe esta Cámara, ha apoyado al Gobierno en todo lo que ha afectado a las negociaciones sobre la ampliación y a la previsión de sus consecuencias. Lo que me interesa destacar es que resulta muy necesario aprender la lección y prepararse para futuras ampliaciones. El Consejo Europeo de Corfú, al posponer la adhesión de otros países del centro y del este de Europa a la celebración de la Conferencia Intergubernamental,

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sigue, en mi opinión, una línea razonable, pero ello no debe eximir a España de estudiar en profundidad las repercusiones, no ya intracomunitarias, sino en los sectores productivos españoles que sucesivas ampliaciones de la Comunidad puedan producir.
No se puede repetir el error de luchar tarde y mal por una minoría de bloqueo improvisada o por la pretensión de que los nuevos países no cuenten a la hora de decidir el paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Hemos de tener un planteamiento previo que resulte razonable y fundado. Una minuciosa y paciente preparación es probablemente el mejor camino que España puede recorrer para contemplar el futuro sin inquietud y que no tengamos que padecer los agravios comparativos que se han padecido en relación con la entrada de cuatro nuevos países.
La parte negativa de Corfú puede llegar a tener, lamentablemente, un mayor alcance.
La imposibilidad de elegir un candidato de pleno consenso para presidir la Comisión durante los próximos cinco años ha sido definida por algunos como un accidente de recorrido.
Si ello fuera así, no tendría que preocuparnos en exceso, por mucho que no constituya una buena noticia. Mucho más grave sería, en nuestra opinión, que lo ocurrido representara la existencia de divergencias más profundas o el enfrentamiento de dos conceptos totalmente diferentes de la Europa unida y de las obligaciones que la pertenencia a ella conlleva.
En nuestra opinión, esas divergencias conceptuales están hoy mucho más matizadas, por lo que en buena medida habría que achacar a los procedimientos, a las formas, más que a ninguna otra cuestión, la imposibilidad del acuerdo. Desde esta perspectiva, hay un método de actuación en la construcción europea que, en nuestra opinión, aparece agotada y de que difícilmente pueden esperarse ya resultados positivos. De ahí que en este momento sea más necesario que nunca el análisis previo para dibujar los perfiles de la política comunitaria de España en el futuro inmediato hasta la Conferencia Intergubernamental de 1996, lo que incluye, obviamente, el semestre de presidencia española en 1995. Las nuevas realidades en el proceso de construcción europea derivadas de la reunificación de Alemania, de la desaparición del bloque soviético y de la entrada de nuevos miembros en la Unión, representan también nuevos equilibrios de poder intracomunitario. Por eso, a partir de ahora será exigible un mayor cuidado en las formas para no alimentar suspicacias que dificulten el necesario consenso comunitario. Sin una Unión a Doce las cosas pueden ponerse difíciles; las sucesivas ampliaciones comunitarias podrían ponerlas mucho más complicadas si algunos pretenden marcar unilateralmente el proceso.
Pero es preciso ir más allá. El problema de fondo radica, en nuestra opinión, en que la Unión Europea y cada uno de sus miembros ha venido actuando en gran medida como si nada hubiera ocurrido en Europa desde la entrada en vigor del Acta Unica. Los hechos acaecidos, sin embargo, han sido de tal magnitud que han puesto en marcha un cambio estructural irreversible. Sólo la reunificación de Alemania ha supuesto la abrupta entrada en la Unión Europea de un país de dieciocho millones de habitantes con gravísimos problemas económicos y sociales. La caída del muro ha abierto un conjunto de posibilidades nuevas para toda Europa, pero en particular para Alemania, que implicarán necesariamente, y ello se percibe ya, la adopción de nuevos perfiles en la construcción europea o, al menos, perfiles distintos de los proclamados hasta ahora. Y en este nuevo escenario a nadie puede extrañar, por ejemplo, que Alemania aspire a fijar las condiciones marco de la economía europea; a nadie puede extrañar que quiera convertir a Francfort en el centro financiero de Europa; y, finalmente, a nadie puede extrañar que desee proteger su posición como principal centro comercial europeo. Pero todo ello implica un cambio de las circunstancias que presidieron la preparación del Tratado de la Unión, y todo ello también supone una crisis que afecta a la configuración futura de la Unión Europea. Y es este cambio de circunstancias, cuyas consecuencias tal vez no se han calibrado de un modo suficiente, el que debe hacernos reflexionar. La forma, por ejemplo, en que se ha negociado y concluido la reciente ampliación de la Unión Europea por la incorporación de cuatro nuevos miembros, es sólo un indicio de esa nueva situación que, por influir en la correlación de fuerzas en la Unión, exige al menos cierta meditación.
En realidad, se abren dos incóngnitas, señorías: hacia dónde marcha la construcción europea, habida cuenta de la más sólida posición central de Alemania y, ante las nuevas circunstancias, si debe cambiar o no la orientación o, mejor, el centro de gravedad de la política comunitaria española. No se trata ahora de dar una respuesta inmediata o rotunda a unos interrogantes que, sin duda, no admiten simplificaciones.
Entiendo que España está y debe seguir estando firmemente comprometida en la realización de la Unión Europea. Sus problemas sólo encontrarán solución adecuada en el marco europeo. Más aún, España ha de continuar contribuyendo a la definición europea, impulsando el avance en sus diversos frentes institucional, económico y social. Si se avanza sensiblemente en tales frentes, España debe aportar fuertemente su capital, porque será indicio inequívoco de que se progresa realmente hacia una cierta unidad política, dotada de cohesión y de unos mecanismos que equilibren zonas desiguales en riqueza y desarrollo.
La cuestión, sin embargo, radica en que hoy no está claro que se vaya a avanzar en esos frentes y hacia ese

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objetivo político. Y si no se avanza de manera significativa, será síntoma inequívoco de que la construcción europea toma unos derroteros en los que predominarán estrictamente unos intereses concretos en un espacio muy relativamente vertebrado.
La Unión Europea hoy no tiene un horizonte suficientemente definido. Así lo reconoció el propio Presidente de la Comisión, Delors, en su balance del final del año pasado. Es más, hemos entrado en una fase de redefinición que habrá de canalizarse, en principio, a través de la prevista reforma del Tratado de la Unión en la Conferencia Intergubernamental de 1996. Y en ese sentido es positivo que se haya creado en Corfú, con esta finalidad, un grupo de reflexión, y es también positivo que ese grupo de reflexión esté presidido por España.
Ahora bien, mientras se desarrolla este trabajo, España ha de atender un presente en el que ha de prevalecer claramente la defensa de unos intereses que no son genéricos o abstractos, sino que afectan de manera inmediata a nuestra realidad geoestratégica y a sectores productivos concretos. La Ley que regula la Comisión Mixta para la Unión Europea ofrece a esta Cámara posibilidades de hacer un trabajo fructífero. No se trata sólo de preparar la reforma institucional de la Unión Europea, sino también de definir, en mayor medida, la política exterior y de seguridad común y unas prioridades concretas en relación con sectores productivos que pueden resultar negativamente afectados por la legislación comunitaria en curso de elaboración. Es preciso, por ello, en nuestra opinión, confeccionar un programa de trabajo flexible y abierto hasta la Conferencia Intergubernamental de 1996.
Querría retomar aquí, señor Presidente, la sugerencia que hice al Gobierno con ocasión de la sesión informativa sobre el Consejo Europeo de Bruselas del pasado año. Se trata, señorías, de definir, por el más amplio consenso posible, una posición nacional de cara tanto a la revisión del Tratado de Maastricht en 1996, como en lo que afecta a los distintos pilares de la Unión y las principales políticas comunitarias.
En el ámbito institucional interesan primordialmente a España, en mi opinión, dos cuestiones concretas: de una parte, defender aquellos procedimientos para tomar decisiones que permitan hacer valer nuestro peso específico y, en su caso, salvaguardar razonablemente intereses que consideramos fundamentales o vitales. De otro lado, apoyar el fortalecimiento de los fundamentos democráticos de la Unión y del control también democrático de los poderes públicos europeos. Todo ello significa que deberíamos estudiar conjuntamente cómo encauzamos nuestro trabajo hacia los objetivos que tiene encomendados el grupo de reflexión creado en Corfú.
Desde una perspectiva si se quiere más cotidiana, el programa de trabajo podría incluir los siguientes objetivos.
En primer lugar, analizar en la Comisión Mixta los proyectos de normas comunitarias en conexión con los sectores productivos españoles afectados. Por ejemplo, la reforma de la organización común del mercado del vino, cuyo proyecto es sencillamente inaceptable para España; por ejemplo, las normas a que dé lugar la aplicación del Informe Bangemann sobre la sociedad de la información, o, por ejemplo, también continuar presionando para poner término a la discriminación que aún padecen algunas frutas y hortalizas españolas o nuestro sector pesquero. En segundo lugar, en el ámbito de la política exterior y de seguridad común España debería insistir en la iniciativa de definir un proyecto de política global de la Unión Europea en la región mediterránea y, en especial, en relación con los países del Magreb, tanto más después de escuchar la declaración de que alguna iniciativa se va a tomar o se va a presentar en el próximo Consejo en Essen. Aún cuando la declaración de Corfú es positiva, no deja de ser extraordinariamente pobre. No se entienden bien las resistencias que hay a establecer una acción común en esta zona de interés vital para varios países comunitarios, y menos se entiende aún el desinterés que se observa en la Unión en relación con el norte de Africa.
En tercer lugar, hemos de plantearnos cómo participar con eficacia en la política comunitaria de medio ambiente, defendiendo un equilibrio entre los niveles comunitarios de exigencia medioambiental, que tenderán al alza por la presión de los nuevos países, y el menor nivel de desarrollo económico y de deterioro de medio ambiente en España.
En cuarto lugar, en el marco de la legislación comunitaria hemos de establecer unas prioridades nacionales para la aplicación de los fondos de cohesión, aplicación que no debe quedar, obviamente, sujeta a la presión de unas u otras comunidades autónomas.
En quinto lugar, al amparo de la ley que regula la Comisión Mixta se debería debatir el segundo plan de convergencia 1994/1996 que el Gobierno debe presentar en la Unión. Por cierto, que es de esperar, dado el rotundo fracaso del primero, una mejor elaboración del segundo. Unas modificaciones en el escenario internacional no pueden explicar por sí solas unas diferencias tan sustanciales entre lo previsto en el plan de convergencia y lo que en realidad ha ocurrido. Por no extenderme en cifras, recordaré tan sólo que para el año pasado el plan previó un crecimiento en la economía española del 3,3 por ciento, y en realidad cayó un uno por ciento; un déficit del sector público del 3,5 por ciento del PIB, que fue del 7,2, y lo peor, preveía un crecimiento del empleo del 1,6 o lo que es lo mismo, la creación de más de 200.000 empleos netos, cuando en realidad se destruyeron 425.000 puestos de trabajo.
Creo, señorías, que es imprescindible que España asuma una postura realista, que es la única que puede evitar

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que se forme en España una corriente de opinión pública mayoritaria que acabe por distanciarse de la Unión Europea.
Por eso pensamos que es la hora de lo concreto, plano en el que adquiere verdadero sentido una más firme defensa de los intereses nacionales que, compatible con la construcción europea, echan hoy de menos muchos españoles afectados negativamente por exigencias comunitarias que podrían haberse negociado mejor. En una palabra, señor González, le invito a definir una posición nacional conjunta y que esté sustentada sobre intereses españoles concretos. Conjunta porque estamos hablando de un asunto de Estado, pero basada en una política de cosas concretas, de intereses productivos o comerciales concretos, sin vaguedades y sin más declaraciones retóricas que las indispensables.
España debe estar en Europa y debe contribuir a la construcción europea ni más ni menos que cualquier otra nación, y dando esto por supuesto tenemos la obligación añadida de proteger la posición española dentro de la Unión y muy particularmente de velar por los intereses específicos de los españoles. Yo creo que es la hora de luchar claramente, en serio, para defender una posición española sin discriminaciones y sin costos inaceptables; una política de consenso basada en intereses concretos, y algo más. En el futuro no será posible trabajar de espaldas a los sectores productivos afectados por la política comunitaria. Cada capítulo de esta política involucra, señorías, a una parte de nuestra sociedad, una parte que debe ser atendida, y los ciudadanos deben entender qué hacemos y en qué consiste nuestra contribución a la Unión Europea, porque se trata, al final, de la Europa de ellos, de la que viven aquellos que viven y trabajan en España, y no se podrá construir sin que los españoles entiendan qué pasa, en qué se ven afectadas sus empresas, sus empleos o sus bolsillos, para bien o para mal, y por qué. Nada impide, por ejemplo, que los diferentes sectores afectados por la política comunitaria participen y sean escuchados en los trabajos y en las deliberaciones de la Comisión Mixta. Hagamos, pues, un plan de trabajo concreto y participativo que cuente con el mayor consenso de esta Cámara.
He puesto ejemplos, caben otros, aporten los grupos parlamentarios y el Gobierno lo que estimen oportuno, pero yo creo que podemos trabajar en serio y que esto es lo que se debe hacer.


El señor PRESIDENTE: Señor Aznar, le ruego concluya.


El señor AZNAR LOPEZ: Termino, señor Presidente.
En la reciente campaña electoral no se discutió sobre nuestra contribución a la unidad europea. La opinión de los electores ha versado sobre cómo quieren que estemos en Europa, y a mi juicio lo han hecho con una claridad inapelable. Han expresado contundentemente qué criterio respaldan y qué política europea prefieren. Resumo en dos palabras: plan de trabajo conjunto sobre cuestiones concretas y con la participación de todos los interesados. Señor González, ya que usted parece incapaz de extraer otra consecuencia política, después de un año de legislatura y del resultado de las elecciones, que no sea simplemente la de no hacer nada; ya que usted es incapaz de comparecer en esta Cámara a explicar su política y los apoyos con los que cuenta para mantenerse al frente del Gobierno, espero que al menos sea capaz de intentar entender e impulsar esta propuesta. No albergo mucha confianza en ello, pero estoy seguro de que los españoles y los intereses de España lo agradecerían.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aznar.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Anguita.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, por enésima vez, y con bastante moral, voy a demandar del Presidente del Gobierno que haya, ante las próximas cumbres europeas ordinarias o extraordinarias, un debate previo. Y voy a demandar de los demás grupos de la oposición que después intervengan que se pronuncien ante esta petición, en el sentido de que un debate previo ya tiene un antecedente, la Cumbre de Maastricht, y en el sentido también de que un debate previo nos sirve para medir dos cuestiones fundamentales: en principio, evaluar, después de la cumbre, los resultados obtenidos a tenor de lo que cada uno ha manifestado aquí con toda claridad, y conocer --porque creo que este Parlamento debe conocer-- cuál es la opinión, simplemente la opinión, del Gobierno ante cada cumbre, ya que este Parlamento, repito está para conocer. Y hablando de conocer, y dicho sea de pasada, no me quiero ir de esta tribuna sin hablar de que, ya que el señor Presidente del Gobierno no dimite ni presenta la cuestión de confianza, venga a este Parlamento para que este Parlamento conozca, como debe, los acuerdos con otras fuerzas políticas, y no porque pretendamos injerirnos en los acuerdos de fuerzas políticas soberanas, sino simplemente porque queremos conocer la política que el Gobierno va a seguir, a continuación, como consecuencia de ese pacto.
Hecha esta petición, creemos, además, que un debate previo ayudaría a darle, por lo menos, un cierto vigor a esta situación mortecina en la que se encuentra la construcción europea. Una situación mortecina que tiene responsables: los habituales de las cumbres, los presidentes y jefes de gobierno que están llevando hasta ahora un proyecto puramente cupular al margen de las

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poblaciones, hecho por expertos muy alejados de la realidad y que está conduciendo en estos momentos a un enorme euroescepticismo, cuando no, y también, a avances de las propuestas y partidos neoliberales y otras caras menos agradables y más peligrosas de la derecha, ahí está el caso italiano, y ello precisamente en un momento en que la construcción europea es más necesaria que nunca por los problemas que asolan al viejo continente, y también porque hay otros proyectos distintos al que ahora mismo se está poniendo en marcha. El señor Aznar ha dicho que no siempre van a ser un éxito las cumbres. Sin ánimo de polemizar con el señor Aznar - -solamente voy a comentar sus palabras--, yo quisiera saber, después de Maastricht, dónde ha habido una cumbre medianamente exitosa. Hemos ido de fracaso en fracaso hasta la previsible derrota final, y hagamos un rápido recorrido por las cumbres, precedidas, excepto esta, casi siempre de varios «bluffs», de varias ideas propagandísticas que han encantado, ilusionado, en el sentido de suspender la capacidad de pensar y la reflexión crítica a medios de comunicación y a grandes sectores de la población. Recordemos, después de Maastricht, el Plan Delors II, en qué quedó aquello; los presupuestos y la Hacienda pública europea; la iniciativa de crecimiento de Edimburgo; el Fondo Europeo de Inversiones para las Pequeñas y Medianas Empresas, totalmente congelado; el controvertible y controvertido Libro Blanco; el Plan de Inversiones, que después no hay financiación, como luego los Ministros del Ecofin mantienen y deciden. Es decir, frustraciones y dilaciones para la cumbre siguiente.
En los documentos que SS.SS. tienen, y que acaba de comentar el señor Presidente del Gobierno, tenemos ni más ni menos que del orden de siete dilaciones hacia la Cumbre de Essen, a celebrar en Alemania. Asuntos, por ejemplo: explorar nuevas áreas de crecimiento de empleo; empleo juvenil; iniciativas de empleo local; subsidiariedad; redes de transporte; problemas de la sociedad de la información. Corfú, por tanto, es un fracaso, pero un fracaso más en una serie de fracasos, y no fracaso porque no haya habido sustituto al señor Delors. En todo caso, el que no haya sustituto es un síntoma de un mal mucho más preocupante. Corfú tenía delante de sí --como sigue teniendo la construcción europea-- tres problemas, tres presencias, tres círculos de situaciones y tres retos para superar y construir de verdad Europa. Primer reto, una situación económica y social bastante grave; segundo reto, Maastricht, la convergencia injusta, irreal e imposible y su revisión en 1996; tercer reto, lo que acaban de decir los que han votado en las elecciones europeas.
Para empezar, el documento de Corfú, en su primera página, en un pequeño parrafito dice lo siguiente: los ciudadanos de la Unión Europea juzgarán a ésta por la contribución a la lucha contra el paro. Evidentemente, tasa de paro, cerca del 12 por ciento; pobres en la Unión Europea, 44 millones; extremadamente pobres, 10 millones de europeos, y 11 millones de personas sin techo en la Unión Europea; 104 de las 175 regiones --el 52 por ciento de la población--, están por debajo del PIB comunitario, de la media. Y el índice de disparidad regional (y recuerdo a SS.SS. que la cohesión económica y social, pilar fundamental del Acta Unica, significa, por mor de imperativo de justicia, acercamiento, y no solamente de las capas sociales, sino de las regiones); ese índice de disparidad, decía, está continuamente abriéndose, es decir, entre 1980 y 1989 ha pasado del 26,1 por ciento al 27,5 por ciento.
Pero es que los habituales de las cumbres, los presidentes y jefes de estado y, por tanto, los que han estado en Corfú, están siguiendo al pie de la letra las tesis, contenidos de política económica que últimamente se han plasmado en los últimos documentos de la OCDE, y que voy a comentar ante SS.SS. porque aquí está el meollo del fracaso de la construcción europea.
Se dice que va a haber recuperación económica --parece ser que es cierto--, pero a continuación, en el punto y seguido, viene hablando de que no se crea empleo, y se utiliza además una expresión digna del mejor lenguaje cantinflero y camerístico: se estancará el desempleo; la pérdida de empleo seguirá un suave incremento.
Causas. Y ese documento de la OCDE, y esas cumbres en las que ustedes no quieren tocar el tema porque les da miedo y no saben cómo abordarlo, porque siguen erre que erre con parámetros ideologizados que conducen al fracaso, ese documento se pone el parche antes de que salga el grano y dice: no, las causas del paro no son la revolución científico- técnica. Es decir, que la aparición de la robótica, la informática y la intensificación de la ciencia y, por tanto, de la producción, eso no incide en que haya brazos e inteligencias en paro. No se debe, dice el documento, al «dumping» social. Por lo visto la fabricación que se opera en los países del sudeste asiático, con mano de obra baratísima, despido libre y jornadas agotadoras, no tiene nada que ver. Y tampoco, dice el documento, tiene nada que ver la mundialización del comercio, los acuerdos del GATT.
Precisamente señala los orígenes de un nuevo umbral histórico ante el cual los señores de Corfú y de Bruselas, como responsables de la política europea, tenían que dar la cara y ver lo que se nos viene en lo alto. El documento de la OCDE, que informa el espíritu del documento final de Corfú, dice lo siguiente: Es que los países no han sabido adaptarse a la nueva situación. Eso sí, hay que adaptarse. Y a continuación dice algo genial: sin renunciar a los objetivos sociales.
¿En qué consiste la adaptación? Es decir se obvia enfrentarse ante una nueva situación del mundo, ante una

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auténtica revolución (sin precedentes, en todo caso, desde el paso del paleolítico al neolítico) en el cambio de sistema productivo --casi nada-- y a continuación dicen: adaptarse sí.
(Risas en los bancos del Grupo Socialista.) Sus señorías se ríen; estimo que no saben historia. Les recomiendo que después la lean.
Hurtan enfrentarse al problema y hablan de adaptarse. Ante el reto recurren a lo que recurren los gobiernos de derechas de siempre: flexibilidad de los mercados de trabajo, precarización del empleo, atacar al Estado del bienestar, domeñar a los sindicatos y establecer la competitividad como norte y guía de una acción de gobierno. Ahora bien, queda al desnudo la falacia de su argumentación referida a que hay que adaptarse a la nueva situación y, por tanto, con políticas antisociales sin abandonar las políticas sociales, cuando terminan la brillante disertación con el siguiente corolario: la competitividad es incompatible con el Estado del bienestar.
Naturalmente. ¿Y por qué optan? Por la competitividad. La Cumbre de Corfú y la moderación salarial, según la propuesta de Delors, se plantea de la siguiente manera. Los incrementos salariales deben equipararse o ser iguales a los incrementos de la inflación del IPC, y la productividad debe crecer por encima de esos salarios.
Dos pequeñas reflexiones. La primera es que, de ser así eso, la participación de los salarios en la renta nacional va disminuyendo. Pero una pregunta que yo le hago al señor Presidente del Gobierno pidiéndole, por favor y con mucha humildad, que la conteste aquí. Se aduce en las intervenciones de los defensores de esta filosofía en los debates de Corfú que la moderación salarial --moderación-congelación, me gustaría que se definiese el término-- sirve para que los excedentes creados --léase beneficios empresariales-- se dirijan a crear más inversión que produzca puestos de trabajo.
La lógica es aplastante. Puesto que los gobiernos tienen mecanismos directos e indirectos para ir fijando los incrementos salariales, yo le demando al Presidente del Gobierno que diga aquí cuáles son los instrumentos que la Cumbre de Corfú pone para que los beneficios de los empresarios se inviertan según la teoría. Porque a la hora de diseñar una política económica hay que hablar de mecanismo, de instrumentos. Le pido al Presidente del Gobierno que, según esta bienintencionada exposición de que los beneficios empresariales se inviertan en crear puestos de trabajos, nos diga cuáles son los mecanismos coercitivos para que eso se lleve a cabo, o si aparecerá el dogma de la libre empresa, libertad que no sirve a la hora de hablar de los salarios. Me gustaría que el señor Presidente del Gobierno, repito, me ilustrara en este punto, porque es fundamental. Serviría, por lo menos, para tener la sensación de que en la Cumbre de Corfú hay algo medianamente coherente, o que estamos ante la canción de siempre. Conclusión. En las campañas electorales, en estas tribunas, en intervenciones en televisión y en debates, se dice solemnemente: Europa no es un mercado único, es algo más.
Sí, pero cuando se va a la Cumbre de Corfú, a la de Edimburgo o a la de Bruselas, resulta que lo único que se está construyendo es el mercado único. Pues bien, cuando lo único que se está construyendo es una zona de libre cambio, la política antisocial, cuando no reaccionaria, es la respuesta a nuevos problemas y a nuevos tiempos. Además, tengo que decir que es una respuesta lógica, eso sí, desde parámetros totalmente conservadores. Cuando se quiere construir Europa, la cohesión económica y social, el espacio social y económicamente integrado significa otros parámentros de política económica y significa algo fundamental permanentemente ausente en sus cumbres, como estaba ausente, tímidamente presente mejor, en los acuerdos de Maastricht: la voluntad de la unión política; sin unión política ustedes no construyen Europa, ustedes están destruyendo Europa. ¿Por qué? Porque, cuando hablan de la moderación salarial, cuando contemplan el mercado como la base única --porque es verdad, para construir la unidad europea el mercado es una base esencial, es una condición necesaria, pero no suficiente--, cuando no se desarrolla de manera simultánea la unión política no hay construcción; lo que hay son mecanismos mediante los cuales el tirón de los países más potentes va absorbiendo la riqueza y que las políticas después de redistribución (léase en fondos de cohesión o en las que sean) no sirven absolutamente...


El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego concluya.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Sí, enseguida concluyo, señor Presidente. Cuando se quiere construir Europa y se habla de moderación salarial, convendría, por mor de los nuevos problemas, hablar de lo siguiente, y lo planteo en esta Cámara como alternativa, para el debate de hoy o para cuando el señor Presidente quiera --recuerdo la última intervención que tuvimos aquí cuando la Cumbre de Bruselas--: a ver cuándo es posible que aquí podamos debatir sobre soluciones alternativas al tema del paro o al tema del empleo, porque hay que manejar los fondos obligatorios de inversión, hay que hablar de armonización fiscal, hay que hablar de la relación salarios directos salario indirecto y hay que hablar de la reducción de jornada, de lo que se llama reparto del empleo. Segundo problema al cual no le han dado solución y, por tanto, va a seguir siendo un problema agravado: la convergencia injusta, irreal e imposible de cumplir de Maastricht. El Tratado de la Unión Europea, como he dicho anteriormente, fue la creación de un mercado único y muy poco de unión política, pero, aun así,

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la convergencia saben ustedes que no se puede cumplir. Siguen insistiendo una y otra vez en los mismos parámetros de convergencia y sabe usted, señor Presidente, que nuestro país no los puede cumplir. Porque incluso aquel en el que estábamos fuera o dentro, en todo caso, la deuda pública, estamos ya en el 60 por ciento; porque nuestra inflación se está estabilizando en el 4,9 por ciento, y que la media de los países que tenían que ser cogidos como referencia es el 1,8 por ciento y que, más 1,5, es un 3,3 por ciento. Por tanto, nuestro país, como otros muchos países europeos, no pueden ir a 1997 y, de seguir así, tampoco a 1999.
Porque en Corfú también se establecen contradicciones cuando se dice que hay que esperar una recuperación y que los tipos de interés bajen, y nos encontramos con declaraciones del señor Gobernador del Banco de España, don Luis Angel Rojo, diciendo que una bajada de interés que no esté bien planteada puede incidir negativamente en la recuperación.
Por tanto, le planteo otra pregunta, ante la evidencia, señorías, de que no se pueden cumplir los parámetros de Maastricht, injustos, irreales: ¿qué piensa el señor Presidente del Gobierno sobre la convergencia? ¿Va a seguir diciendo el «sin novedad señora baronesa» y seguir manteniendo ese plan de convergencia? ¿Va a cambiar el plan de convergencia? ¿Mantiene los mismos elementos que definen la convergencia o se va a hablar del paro --por ejemplo, el juvenil--, o índices de bienestar social? Siguiente pregunta importante: ¿qué proceso de consultas va a poner en marcha el señor Presidente del Gobierno cuando la Presidencia española tenga que preparar la revisión de los acuerdos de Maastricht? Porque se ha hablado de un grupo de reflexión. Me llama la atención algo pernicioso y que a la larga se paga. Dos eurodiputados, está claro, uno del Grupo Socialista y otro del Grupo Popular... En Europa hay otros eurodiputados, que también tienen otras visiones de Europa, unas visiones cimentadas, fundadas y que están deseando explicarlas y, en todo caso, están deseando debatir con ustedes número a número, y allí veremos si son irreales o no, pero que no tienen miedo a planteárselas aquí o en los foros que sea preciso.
En todo caso, señor Presidente del Gobierno, cuando tenga España que preparar la cumbre que a va a hablar de la revisión del Tratado de la Unión de Maastricht, ¿qué mecanismos internos, propiamente españoles, tiene pensados para que se establezca un debaten no solamente en las Cámaras, sino un debate social, un debate público ante una cuestión de tanta importancia?

El señor PRESIDENTE: Señor Anguita, le ruego que concluya.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Voy terminando, señor Presidente.
¿Es que Maastricht son solamente unas tiritas, unos parches Sor Virginia para ir tirando, aunque la evidencia que tenemos es que esto no se está construyendo? El problema, a pesar de que se ha escogido el mercado único, es que es un mercado único imperfecto, que tampoco está bien montado. No hay mercado único sin hacienda europea, no hay mercado único sin armonización fiscal; y un mercado único dentro del concepto de cohesión económica y social, mandato del acta única, exige una moneda única. ¿Es que todavía los hombre y mujeres de Corfú no se han dado cuenta, no han tomado conciencia de que hay dos monedas fuera, la libra y la lira, de que estamos todavía en una banda de fluctuación libérrima del más menos 15 por ciento? ¿Qué hablar de la moneda única? ¿Dónde estamos? ¿Es que es tirar balones hacia Essen, sin tomar conciencia del grave problema? Cuando se aborde la revisión, repito, ¿qué métodos se proponen aquí? El tercer elemento --y ya termino, señor Presidente--, las elecciones de 1994. Se va a constituir un Parlamento Europeo nuevo; hay una ola de euroescepticismo bastante fundamentada, porque Europa no se puede construir de espaldas a los pueblos. Europa y ese Parlamento Europeo deben empezar un proceso constituyente, y se me ha dicho en esta casa, en esta tribuna, que es irreal, un sueño piadoso, un sueño bienintencionado, etcétera, que, en todo caso, es decisión del Parlamento Europeo, señor González. En los sueños de los hombres que tuvieron importancia en la construcción de Europa, la construcción de esa Europa federal, de esa Europa de unión política, es algo fundamental y necesaria; si no, no hay Europa. Por tanto, ese Parlamento Europeo debiera ser de tipo constituyente. Hemos explicado aquí que es un proceso, no es una decisión instantánea; pero es que se ha dado el caso, y lo saben, señorías, que todo un pueblo, el pueblo italiano, en referéndum, se ha mostrado partidario de ese proceso constituyente. Hay antecedentes: está el Parlamento Europeo.
En todo caso, me acogería a las palabras del Presidente del Grupo Socialista por la componente española, don Carlos Bru, cuando plantea que ahora sería la ocasión de discutir ese tema y no ir a eso que ocurrió antes de las elecciones, que fue quitar de en medio de manera vergonzante el borrador de proyecto de constitución. Parlamento constituyente, carta social, proceso de construcción de una Europa para todos. Si no es así, voy a contar algo que ustedes conocen, señoras y señores Diputados, porque se cuenta en los pasillos.
Cuando se discutía Maastricht se argumentaba como última razón que era la manera de seguir adelante en una construcción europea porque si no Alemania se iba. Pues bien, vamos a mirar las cosas de frente. La lógica del mercado, sin contrapesos políticos, sin unión política, no es la construcción europea es la destrucción de Europa. La lógica del mercado va a conducir

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a que, por la propia inercia de ese mercado, haya países que sean de primera y absorban toda la energía económica y sientan la tentación económico-histórica de mirar a otras comarcas y zonas de Europa; a partir de ahí, tendrán la tentación de ir dejando suavemente la idea de la construcción europea. Eso no se frena diciendo que sí y yendo al arrastre a ver si son buenos; eso se frena con discursos y propuestas de claridad y con contraalianzas y, sobre todo, se frena con un proyecto europeo claro, prístino, que será muy difícil, pero es la única salida. No podemos seguir con recetitas neoliberales ante el umbral de una nueva civilización; no podemos seguir hablando de la flexibilidad del mercado y de que hay que ir hacia el Estado del bienestar. Tengamos el valor de mirar las cosas con dignidad, con valentía. Construcciones europeas, cumbres como la de Corfú, como la de Bruselas, como la de Edimburgo o como la de Lisboa no hacen sino dilatar la crónica de una muerte anunciada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anguita.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Roca.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en primer término, no quisiera dejar sin respuesta la amable invitación del representante de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya cuando nos invitaba a los demás Grupos que interviniéramos --no lo ha podido hacer el anterior, pero, en todo caso, lo haré yo-- a indicar si considerábamos necesario o no el debate previo. No; no, en principio. Puede haber excepciones, casos en que sí, pero en principio el mecanismo de funcionamiento de las cumbres comunitarias haría inútil, ineficaz, frustrante el debate previo. Por tanto, no lo hemos considerado, ni hoy ni desde el principio, necesario. Correspondo así a su amable requerimiento.
La cumbre de Corfú tiene, lógicamente, como todas las cumbres europeas, la doble vertiente lógica, la de las luces y la de las sombras, los aspectos positivos, los aspectos negativos.
Será muy difícil encontrar en la historia de la construcción europea cumbres que sólo sean positivas. Va a dar satisfacción a unos colectivos; en algunos casos resolverá unos problemas; en otros supuestos, quedarán temas por resolver o cuestiones, incluso, que puedan plantear preocupaciones, como en este caso ha ocurrido.
Ciertamente, la noticia que se ha producido alrededor no únicamente de la incapacidad de generar un consenso alrededor de quién debe ser el Presidente de la Comisión, sino de la forma en que se ha producido la expresión de ese disenso, ha ocultado los aspectos positivos de la cumbre. Han dominado mucho más estos aspectos relativos a la incapacidad de encontrar un sustituto al actual Presidente de la Comisión que otras noticias que tenían realmente un grado de interés muy importante para la construcción europea. No diría que ha pasado desapercibido, pero, en todo caso, no ha sido suficientemente acentuado, lo que representa que en esta cumbre europea, como señalaba en su informe el Presidente del Gobierno, hayan asistido los representantes de cuatro nuevos Estados que participaban ya en esta cumbre, lógicamente, todavía no en su condición de miembros de pleno derecho, pero participaban allí en función del Tratado de Adhesión suscrito que deberemos refrendar ellos y nosotros a través de los mecanismos de cada país respectivo.
Es un aspecto muy positivo. Europa avanza en su construcción.
Ciertamente, avanza en una construcción llena de incertidumbres y de incógnitas. No podía ser de otra manera.
Un proceso de construcción de una unión europea en la que se integran Estados con estructuras constitucionales distintas, contradicciones históricas y culturales distintas, ofrece una complejidad enorme, extraordinaria.
Por eso nosotros saludamos con mucha satisfacción en relación a este punto la conferencia intergubernamental convocada para que a partir de junio de 1995 pueda reflexionar sobre qué debe avanzarse en la construcción europea, resolviendo problemas que afectan a su eficacia y funcionamiento. Aquí sí, señor Presidente del Gobierno, por parte de nuestro Grupo manifestamos lo siguiente: si se invita a las instituciones europeas a esta reflexión, sería bueno que con carácter previo la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con las Comunidades Europeas pudiera debatir sobre esta cuestión; que el Presidente del Gobierno y los representantes de España en este grupo de trabajo pudieran aportar una reflexión que alcanzara el máximo grado de consenso posible de esta Cámara; que pudieran aportar un documento más, un informe más, una posición colectiva de esta Cámara. Creo que esto sería muy importante. La Comisión Mixta quedaría muy potenciada, en la medida en que se la pudiera utilizar precisamente para fortalecer una opinión de esta gran institución que son las Cortes españolas en relación con un problema que le afecta.
Entiendo que esto debería ser recogido y que debería existir un compromiso que nos vinculase a todos para reflexionar, porque hay mucho por reflexionar. ¿Cómo va a construirse? Se dice a menudo que Estados Unidos son 51 estados; pero tienen un modelo. En Europa, hoy, nos falta todavía definir con exactitud cuál es el modelo con el que vamos a construir esta realidad. No podía ser de otra manera. La historia de la Unión Europea se ha hecho de la manera en que ha sido posible hacerla y, por tanto, se han dejado sin responder durante el camino algunas incógnitas y algunas incertidumbres que afloran a medida que avanzamos. Pero esas incertidumbres son señal de que el proyecto avanza y, por consiguiente, lo debemos saludar con satisfacción.


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Saludamos, pues, y valoramos positivamente lo que representa la ampliación de la Comunidad, con todas las incógnitas e incertidumbres que ello simboliza, y, a la vez, saludamos y valoramos positivamente lo que representa el acuerdo alcanzado con Rusia. Es decir, aquí hay un paso muy importante que Europa debía hacer, que era difícil hacerlo, que no ha sido fácil alcanzar un acuerdo en esta cuestión y que, no obstante, en este momento, con el compromiso decidido de la Unión Europea, con lo que representa el consenso de la transición democrática y económica en Rusia, hemos hecho una apuesta decidida para la normalización, no de este gran país, sino para la normalización europea. Estamos comprendiendo más lo que es el proyecto de la construcción europea hablando y realizando acuerdos con Rusia.
Segunda gran cuestión, que yo creo que ha sido positiva y que representa un motivo de satisfacción: Corfú ha sido un aval importante de la política económica española. Decía muy bien el anterior interviniente --con el que no nos corresponde en este momento debatir; ya lo haremos otro día, si quiere--: Un aval de la política económica española, sí; y de la política económica europea, porque el problema de su modelo es que el debate ya no lo tiene que hacer con el Presidente del Gobierno, sino con doce, con trece o con dieciséis, porque es un modelo distinto, es otro modelo. En cambio, lo que Corfú ha avalado es la política económica española en la línea de coincidencia con la política económica europea. Este es el problema. Lo ha avalado.
Yo debo señalar aquí también que el programa de convergencia, que todos los países europeos están comprometidos a adoptar, porque la magnitud de la crisis que ha vivido Europa a todos ellos ha afectado y a todos ellos obliga a revisar las magnitudes que se fijaron en sus respectivos programas de convergencia, debe ser también revisado en España con toda naturalidad y sin ningún dramatismo. Lo peor sería que quisiéramos magnificar una modificación que deberán practicar todos los países europeos, todos y cada uno de los países europeos. Por esa razón, espero que el procedimiento que se siga para la adaptación de nuestro programa de convergencia sea el mismo que se siguió para su elaboración, es decir, escuchando y recibiendo las aportaciones que la propia Comisión mixta debe resolver. Esto es algo que procede, algo normal, algo que todos los países europeos deben realizar y el nuestro también; y no tiene más trascendencia. Sí que tiene una: que Europa dice y avala que el camino que debemos seguir es éste; el camino que debe seguirse es el iniciado en la política económica española en consonancia con las directivas europeas, en consonancia con las políticas practicadas en los demás países europeos.
Ciertamente, podrá decirse que nos encontramos ante una situación europea no exenta de gran complejidad en el campo de la economía, porque el proceso de recuperación económica no es por sí suficiente garantía como para salvar los problemas que se están produciendo en el campo de la ocupación, y éste es un problema común a Europa y sobre él tenemos que operar. Porque dice muy bien el Presidente saliente, señor Delors, en su libro --y el Presidente del Gobierno lo recordaba-- que el dilema está entre la supervivencia y la decadencia. Yo discrepo de la alternancia o, en todo caso, de cómo se establece esta expresión. Yo creo que el dilema está entre el bienestar y el progreso o la decadencia, no la simple supervivencia: bienestar y progreso. Y el bienestar y el progreso en Europa van a representar profundas revisiones en nuestras políticas económicas, para poder generar una capacidad de ocupación superior a la que un desarrollo normal del modelo podía permitir. Y aquí necesitaremos de imaginación, y necesitaremos del concurso de todos: de los agentes económicos y de los agentes sociales, porque si no hay concurso ni solidaridad en este campo, será muy difícil poder resolver el problema.
En alguna intervención se preguntaba: ¿cómo garantizamos que las mayores cotas de ahorro, los mayores excedentes que se pueden producir se vinculen a la inversión? Pues por la vía de la política fiscal, por la vía de ligar amortización con inversión y con creación de puestos de trabajo, por ejemplo, o por la vía de desgravaciones, y es lo que se está haciendo en la política económica española. Por lo tanto, la Cumbre de Corfú lo avala plenamente, pero señala los caminos que deben seguirse; caminos que, lógicamente, deberán tener su expresión en los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero que ahora no conviene, en todo caso, desmenuzar. Sí que debo insistir, no obstante, en un aspecto. Europa se ha omitido en la Cumbre de Corfú porque ese tema no tocaba, porque no corresponde hablar de todo en cada cumbre, pero ahí hay un problema que, lógicamente, España deberá vigilar muy de cerca, que es todo el tema que afecta a la política agraria comunitaria y muy singularmente las pretensiones que en este momento se tienen en el campo del sector vitivinícola.
Evidentemente, estas pretensiones no son únicamente contrarias a los intereses económicos españoles, sino que realmente son injustamente contrarias a los intereses económicos españoles.
Por lo tanto, aquí la posición del Gobierno deberá ser tajante y muy contundente en la defensa de nuestras posiciones.
Quisiera ir terminando, señor Presidente, con dos aspectos más que, si tengo tiempo, quisiera desarrollar. Una segunda cuestión es que valoramos positivamente el que se señale en las conclusiones de la Cumbre de Corfú lo que hace referencia a la definición de una región mediterránea y se señale la prioridad de esta política. Queremos decir que se valora positivamente, pero señalar también que no se trataría tanto de compensar una política muy centroeuropea de Europa, sino de

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reconocer que Europa sólo puede crecer desde una expresión multipolar. No se trata de decir que Europa se centra y contempla especialmente los problemas de la región mediterránea, sino que lo que es la región mediterránea es otro polo más de crecimiento, de desarrollo, de comprensión de lo que es la realidad muy plural y heterogénea de Europea. Si no, estaríamos descentrando Europa con un acento que podría llegar a ser a la larga contrario a los intereses europeos y muy concretamente a los intereses españoles.
Quiero hacer dos menciones. Valoramos positivamente la mención que se ha realizado en las conclusiones de Corfú sobre el tema del racismo y la xenofobia. Con toda prudencia, para acercarnos al tema con el máximo sigilo que corresponde, no miremos el tema del racismo y de la xenofobia desde una vertiente exclusivamente de problema europeo en el que participamos casi como invitados o solidarios. Seamos conscientes de que éste es un tema que también nos afecta directamente como país. No nos costaría encontrar en nuestra propia realidad algún ejemplo muy preocupante. Por lo tanto, desde la condición común de demócratas que todas SS.SS.
comparten, éste es un tema al que debemos dar prioridad, porque la pequeña magnitud, afortunadamente, que estos problemas tienen en España no quiere decir que sean de menor trascendencia, porque cualquier pequeña manifestación en este campo es un insulto al conjunto de las libertades que nos hemos querido dar y, por lo tanto, debe ser perseguida en este contexto europeo con un especial protagonismo de nuestro propio país. Hay un tema con el que quiero terminar y con el que, lógicamente, todos nos sentimos muy comprometidos. Corfú ha vuelto a mencionar de hecho una declaración de buenas intenciones alrededor de lo que ocurre en la antigua Yugoslavia y muy concretamente en Bosnia. Vuelvo a repetir lo que SS.SS. me han oído decir en otras ocasiones. Creemos, sinceramente, desde nuestro Grupo que el tema de Bosnia ha hecho más daño a la construcción europea que cualquier otro tema económico o de cualquiera otra naturaleza. Nuestra incapacidad para resolver esta cuestión, por más comprensibles que puedan ser los problemas que justifican esta incapacidad duele a la conciencia de la europeidad de todos nosotros.
España ha tenido un protagonismo importante --lo ha tenido--, mucho más que otros países europeos --mucho más que otros-- y creo que es bueno que, además, este protagonismo no haya tenido contestación en nuestro país, y no la ha tenido. Pero deberíamos ser conscientes de que, de una vez por todas, este problema debe dejar de ser que las palabras sean simplemente el refugio en el que vamos a intentar pronunciarnos sobre esta cuestión. Por tanto, me gustaría que un día, en una próxima conferencia --ojalá la de Essen--, se pudiera ya no hablar de Yugoslavia y de Bosnia, sino, en todo caso, para constatar que el acuerdo de paz ha devuelto a todos aquellos ciudadanos europeos su condición de libres en un país y en un continente de libertad y de progreso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roca.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor Presidente, señorías, la Presidencia griega no pasará a los anales de la Historia europea, pero su culminación en Corfú abre las puertas a tres presidencias coordinadas que han de ser claves a la hora de desatascar una comunidad en la que deben prevalecer aquéllos que creen en una unión política que acepta compartir soberanía sobre quienes creen que es una zona de libre cambio, sin alma y sin columna vertebral. Y mucho más ahora con un Parlamento con mayores poderes y porque en 1996 habrá una reforma institucional que decidirá la Europa que queremos. No se puede funcionar entre 20 y 30 países con las actuales instituciones, con una moneda única que exigirá una sociedad más homogénea y solidaria. Hace falta un modelo europeo serio. De ahí que la elección del Presidente de la Comisión no era una cuestión menor; todo lo contrario. Y aunque hubiera sido deseable que el voto se hiciera sobre una cuestión de principios políticos y no de personalidades, al final ha primado más la política doméstica británica que las necesidades de Europa. A nosotros nos ha parecido correcta la postura del Gobierno de apoyo a la candidatura del Primer Ministro holandés, Ruud Lubbers. Podía haber sido un buen Presidente; por su experiencia, por el país que representaba, por su dinamismo y porque es un hombre con ideas propias, no es sólo un gestor. Al frente de la Unión tiene que haber un político europeo moderno, con visión de futuro y conocimiento de la realidad y de las personalidades de cada país, y lamentamos que su candidatura no haya prosperado.
Jean-Luc Dehaene puede ser un buen Presidente, aunque su imagen está más vinculada con la gestión y la eficacia en la aplicación de políticas que con el diseño de las mismas. De todas formas, su experiencia de cohabitación en un país federal de complicados equilibrios, le harían apto para preparar la negociación de la reforma del Tratado de Maastricht, prevista para la conferencia intergubernamental de 1996. De ahí que estemos de acuerdo con la política mantenida por el Gobierno en la Cumbre de Corfú.
Sobre la Cumbre, en sí, haremos algunos comentarios. En relación con América Latina, no se ha logrado el estudio sobre cómo estrechar lazos con el incipiente mercado de cuatro países americanos, con vistas a establecer una zona de libre comercio industrial. Cuando se pronuncian tantos discursos como los dichos en Cartagena y se ven, posteriormente, los magros progresos

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de relación con Europa, se ve el largo camino que es preciso recorrer y que no pasa por la retórica.
Quizá sería conveniente --lo digo como sugerencia-- que con el tiempo y entre las cumbres iberoamericanas usted informará, como se informa tras una cumbre europea, sobre los acuerdos alcanzados y el seguimiento de los mismos en las cumbres iberoamericanas, aunque no haya la firma de un tratado de por medio ni la obligación de hacerlo. De lo contrario queda la sensación de que se avanza muy poco y América debe interesarnos crecientemente, ante el lógico interés por el Este europeo.
En relación con las redes de infraestructuras, el acuerdo parece positivo en el papel. Todavía no se ha encontrado la forma sobre cómo superar la contradicción entre la necesidad de financiación de las nuevas redes y las exigencias de la convergencia económica, impuestas por el Tratado de Maastricht, en materia de déficit fiscal. En cuanto a la conexión ferroviaria novedosa Madrid-Vitoria-Dax, desconocemos detalles y si es verdad que Francia se oponía a ello. También desconocemos cómo se van a organizar las prioridades del Ministerio de Obras Públicas para atender estos acuerdos, porque, al parecer, no está comprometida una financiación específica. Es difícil pensar que los inversores privados puedan hacerse cargo de una parte de la financiación de las grandes redes de transporte, porque no existe tradición, aunque la idea sea buena. De todas formas, recalcamos que el acuerdo, repetimos, nos parece positivo. En cuanto a que España presida el grupo de trabajo que preparará la revisión del Tratado de Maastricht nos parece del mayor interés político, habida cuenta de que es uno de los principales retos que tiene planteados la Europa comunitaria. Esta Unión Europea no puede funcionar a Dicieséis con presidencias semestrales tan débiles y centradas en sus propios problemas como la presidencia griega. Tendrá que abordar, entre otras cuestiones, la profundización de la política exterior y de seguridad común, tendrá que abordar la transferencia a la órbita comunitaria asuntos de interior y justicia y el propio funcionamiento del Comité de las Regiones.
Sobre este particular no desearíamos que el Gobierno actuara como lo ha hecho hasta ahora, a nuestro juicio poco sensible a cualquier proceso de información. Cuando la famosa minoría de bloqueo y la negociación pesquera con Noruega a nuestro juicio no existió información adecuada y rápida. Una cosa es que se informara a los gobiernos autonómicos implicados, pero políticamente no hubo una información parlamentaria inmediata.
Y es preciso señalar que el anterior Ministro de Asuntos Exteriores, además de la estricta comparecencia parlamentaria, tenía como una de sus obligaciones interesantes dar cuenta de forma continua a los grupos parlamentarios del meollo de la información comunitaria. Hoy eso no existe. Todo llega a través de los medios de comunicación o a través de estrictas comparecencias parlamentarias, pero no hay la menor gestión para implicar a los grupos en la real información política europea. Los grupos se enteran más a través de sus internacionales políticas que a través del Gobierno, que deja a los grupos de la Cámara en el papel de oposición constructiva desinformada. Y es que existe un concepto demasiado patrimonial de la información y de la política europea a nuestro juicio. A pesar de que usted dijera en Corfú que el responsable que prepare con un comité esta revisión institucional no será un funcionario sino un político, tenemos nuestras reservas y también tenemos nuestro temor de que se impongan, por ejemplo, los criterios, muy estrictos, sobre el Comité de las Regiones, que a nuestro juicio debería lograr representar a las regiones exclusivamente y no a regiones y municipios en un mismo comité. Y decimos esto por la experiencia vivida todavía no hace un mes tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la oficina de Bruselas.
Durante cinco años no ha habido sensibilidad para abordar este asunto, no ha habido la menor disposición a conversar, no ha habido la menor voluntad política, y cuando el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la apertura, el propio Ministro Solana, en lugar de adoptar una actitud positiva y de diálogo, comenzó inmediatamente con unas cautelas, los miedos e incluso las amenazas veladas cuando lo que se busca es abordar en serio y de manera eficaz un problema de relación y de conformación de la voluntad europea, que se está haciendo de espaldas a las autonomías e incluso de los grupos parlamentarios. Sería absurdo pretender abrir embajadas cuando lo que se impone es enfocar la política europea como prolongación de la propia. Pero si existen recelos hacia las autonomías, se comprenderá que las autonomías tengan recelos hacia una política tan cerrada y a la defensiva y que trata de dirimir las diferencias por la vía de los tribunales en lugar de hacerlo por la del diálogo y el acuerdo político.
En definitiva, para esta reforma de Maastricht y para la participación en las decisiones solicitamos un diálogo sereno, un esfuerzo de consenso e imaginación, de diálogo y de acuerdo. Si en la pasada campaña electoral el debate europeo brilló por su ausencia, si la abstención es la tónica cuando se habla de Europa, es preciso asociar las decisiones al ciudadano y convertir los debates europeos en sus debates particulares. Antes del 15 de julio parece que podría encontrarse el sustituto de Jacques Delors. Lo celebraríamos.
Los británicos abogan por un gestor y no por un ideólogo, que, según ellos, gasta mucho y centraliza las decisiones. Nosotros creemos que al frente de la Comisión tiene que estar un político europeo con ideas propias, un líder comunitario y no un funcionario comunitario. Un compromiso de rebaja sería negativo para una Unión Europea

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que requiere europeos federalistas a su servicio en momentos claves y no librecambistas intergubernamentales.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anasagasti.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, tras la celebración de la Cumbre europea de Corfú, que evidentemente ha venido marcada por una imagen indiscutible de crisis, sin que tengamos por qué rasgarnos las vestiduras ante el hecho de que no todas las cumbres tengan necesariamente que ser absolutamente exitosas, nos interesa ahora profundizar en la posición del Gobierno respecto a una serie de cuestiones a tan sólo un par de semanas de esa cumbre extraordinaria que se ha anunciado para el próximo 15 de julio. ¿Qué posibilidades existen, según el criterio del Presidente del Gobierno, de que el bloqueo británico se levante de aquí a entonces? ¿Qué posibilidades existen también de que sea necesario acudir a otro candidato que facilite el consenso entre el Reino Unido y el eje franco-alemán? ¿Qué valoración hace el señor Presidente del Gobierno español de la candidatura belga, tanto en el desarrollo de la construcción europea como desde el punto de vista de los legítimos intereses españoles? Ignoramos las razones exactas que haya habido para que España haya defendido, en principio, la candidatura del Primer Ministro holandés. No obstante, lo que sí podemos decir es que estamos conformes, absolutamente conformes, con que tal haya sido la posición española.
Sin embargo, creemos que, pese a dicha crisis tan espectacular, no se puede ni se debe ocultar la trascendencia de muchos de los problemas actualmente presentes en la construcción europea, que aparecen reflejados en las conclusiones de la Presidencia. Desde luego, se exige un debate continuado, que no se debe ni se puede agotar en una sesión como la actual, sobre todo al hilo de la presente situación política española. Nosotros no creemos que, con carácter previo a cada asistencia a una de tales reuniones por parte del señor Presidente del Gobierno español, tenga la Cámara que establecer los acuerdos correspondientes para marcar su línea de conducta; de ninguna manera. Estamos más por la posición mantenida aquí por el señor Roca a propósito de la necesidad de potenciar la Comisión Mixta Congreso- Senado, singularmente para una serie de comparecencias claves y concretas, que puedan merecer un especial interés por parte del Parlamento español.
El criterio de Coalición Canaria de que la naturaleza de los retos planteados en la Unión Europea y la especial situación política española exigen más que nunca una actitud por parte del Gobierno de la máxima receptividad a las propuestas e inquietudes de los distintos grupos de la oposición no tiene nada que ver con lo anterior. Al contrario, es un criterio que mantenemos y es perfectamente compatible con cuanto hemos dicho anteriormente, al igual que creemos que por parte de todos los grupos de la oposición se debe profundizar y mantener permanentemente una posición de Estado, obsesiva diría yo, si es preciso, que permita al Gobierno actuar con el máximo respaldo en la defensa de los intereses españoles en presencia, sobre todo en momentos como los actuales, en que da la impresión de que el crédito, nuestro crédito internacional, pudiera estar debilitado. Esta es, por supuesto, nuestra posición, señor Presidente. Adquiere una relevancia extraordinaria el grupo de reflexión para la preparación de la Conferencia intergubernamental de 1996 que ha acordado crear el Consejo Europeo, sobre todo porque estará presidido por la persona designada por el Gobierno español. Su trabajo, evidentemente, va a coincidir con la Presidencia española del Consejo Europeo, hechos ambos (la Presidencia española del grupo de reflexión y del Consejo), en estos momentos especialmente difíciles de la Unión Europea, que exigen, por lo tanto, precisamente ahora una especial responsabilidad de las fuerzas parlamentarias españolas y muy particularmente del Gobierno.
Indudablemente es legítimo que el señor Presidente del Gobierno piense que será él mismo quien presida el Consejo y quien decida el nombre del Presidente del grupo de reflexión, nos parece absolutamente legítimo: pero no se le debe ocultar que existen numerosas dudas en la opinión pública española sobre que esto vaya a ser así, y, en todo caso, es indudable que la actual relación de fuerzas políticas aconseja, por un lado, que se intente consensuar el nombre del Presidente del grupo de reflexión y, por otro, que el Gobierno desarrolle mecanismos de cooperación e información especialmente intensos con los grupos parlamentarios y con los gobiernos de las comunidades autónomas, para intentar alcanzar una posición española lo más definida y apoyada posible ante las reformas institucionales que acometerá, sin lugar a dudas, la Conferencia intergubernamental.
En aquello que más preocupa a los ciudadanos españoles, como es la situación de crisis económica y las gravísimas cifras de desempleo, los resultados del Consejo Europeo son más bien escasos. Somos conscientes de la voluntad de apoyo a las pymes, que se traduce en unas decisiones que son importantes y que pueden tener su trascendencia evidentemente, pero ello no hace que se elimine nuestra preocupación. Por supuesto, somos conscientes de la sensibilidad que supone, sin que ello requiera que se traduzca necesariamente en efectividad, ese desarrollo del empleo local por parte

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de las microempresas y de las empresas artesanales, al que me parece que hacía referencia el señor Presidente en su comparecencia.
Es cierto que la previsión de puesta en marcha de medidas concretas en desarrollo del Libro Blanco de Delors estaba fijada para el Consejo Europeo del próximo mes de diciembre.
Sin embargo, la gravedad de la situación y la aparente parálisis de las instituciones comunitarias ligada a la sucesión del Presidente de la Comisión transmiten una situación en cierta manera deprimente, y hay que reconocerlo así, a la opinión pública. Parece que los responsables políticos de la Comunidad y muy particularmente sus Ministros de Economía y Hacienda mantienen una actitud pasiva ante la crisis.
La resistencia a movilizar recursos financieros para la financiación de las redes transeuropeas para proyectos de transporte, energía y medio ambiente supone un grave impedimento a la posibilidad de que esos proyectos se constituyan en motor de la recuperación económica que preconizaba el Libro Blanco de Delors y que nosotros apoyamos sin la menor reserva, sin perjuicio de expresar nuestra satisfacción también ante el hecho de que se persista en la idea y en la decisión de que el control en el gasto público puede producir un efecto importantísimo, imprescindible en la generación de empleo y en ese desarrollo sostenible, que es deseable, siempre que sea absolutamente compatible con el equilibrio medioambiental a que hacía referencia el señor Presidente, que parece que es un motivo de preocupación permanente y en lo cual Coalición Canaria coincide de una manera --utilizando el adverbio anterior-- obsesivamente permanente, diría yo.
Es ésta, en suma, señor Presidente, una indudable apuesta de carácter político que va a definir en buena medida la capacidad de la Unión Europea en los próximos años para ser algo más que una zona de librecambio. Hay una clara división ideológica evidente entre aquellos que, desde una concepción progresista del papel del sector público, entendemos que, sobre todo en una época de crisis, es conveniente poner en marcha proyectos de grandes infraestructuras, y aquellos otros que, desde una posición más tradicional, más conservadora, desconfían del papel del sector público. Este es un punto en el que resulta imprescindible conocer con detalle la posición del Gobierno y de los diversos grupos parlamentarios, obviamente, que es para nosotros del máximo interés, yendo por delante, como debe ir desde nuestra perspectiva, la puesta en marcha inmediata de los proyectos que se reseñan en los anexos I y II y particularmente en lo referido a España, entendiendo que todos estos proyectos van a exigir una financiación complementaria y que España deberá hacer los mayores esfuerzos para conseguir que en el próximo Consejo se garantice dicha financiación.
Por otro lado, repasando las recomendaciones del llamado Grupo Bangemann sobre la sociedad de información, hacia lo cual tenemos una sensibilidad muy especial también en Coalición Canaria, quisiera hacer unos breves comentarios sobre algunos de los aspectos más relevantes de la política exterior por lo que a mi Comunidad afecta. Nosotros, en suma, señor Presidente, somos conscientes de que nos encontramos en una etapa crucial para el futuro de la Unión Europea, somos conscientes de la importancia extraordinaria que va a tener la Conferencia intergubernamental de 1996, de que va a suponer una revisión de conceptos y una ratificación de otros, para lo cual es importante que desde aquí facilitemos la estabilidad y no la inestabilidad, de que es imprescindible conseguir ese objetivo de cohesión social y territorial que parece que sigue animándonos, y en razón de ello está ese concepto no sólo de que España es un Estado periférico de la Unión, sino que la Comunidad, que en cierta medida evidentemente represento, constituye una región ultraperiférica que no puede permanecer insensible, ni mucho menos, a tal evolución, a tales planteamientos, sino que, por el contrario, sensibilizados con ello y con el concepto de la unidad europea, tiene que exigir también del Gobierno español una atención, un cuidado, una vigilancia y una tutela de nuestros intereses permanentes, sobre todo habida cuenta de ese carácter untraperiférico y de ese estatuto permanente que en tal concepto ha sido aprobado recientemente por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, concretamente por la disposición adicional novena del mismo.
Nosotros queremos, evidentemente, profundizar en todo lo que sea nuestra posición europea, al igual que el Gobierno tiene que romper con una serie de disfunciones actualmente existentes, que ayer se ponían de manifiesto en el Senado, y para lo cual es preciso tomar la decisión inequívoca de verificar las transferencias correspondientes en dichas materias, como el régimen especial de abastecimiento derivado del Poseican, porque hasta ahora hay que reconocer que la coordinación entre el Gobierno español y la Comunidad Autónoma canaria no ha sido perfecta y, por el contrario, se ha evitado que podamos realizar allí una actividad que, en muchos, en muchísimos supuestos, está manifestando una falta de voluntad por parte del Gobierno español en evitar incluso situaciones de corrupción económica evidente que algunos miembros del Gobierno conocen perfectamente que se han planteado, precisamente por actuaciones heterodoxas a la hora de conseguir las ayudas y las restituciones oportunas y darles el destino que hay que darles, para lo cual es preciso actuar en una franca colaboración.


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego que concluya.


El señor OLARTE CULLEN: Yo concluyo, señor Presidente, diciendo que nosotros vamos a estar ojo avizor

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y creemos, además, que es preciso que haga un reconocimiento de la necesidad de profundizar en esta cuestión también el señor Presidente del Gobierno en cuanto a la política de los distintos fondos, que en el futuro no sólo se administren y se decidan sin oscurantismos, sino otorgando a las comunidades autónomas el protagonismo que tienen que tener, y esto deberá tenerse en cuenta también en sucesivas cumbres y continuamente en todo el debate europeo. Nos interesa profundizar en lo que es realmente la Europa de las regiones y que el Gobierno español no tenga que actuar a remolque de decisiones que más o menos colaterales puedan producirse por el Tribunal Constitucional, despejando una serie de dudas y viejos fantasmas que no tienen razón de existir y que existían ya en la época en que el señor Almunia era titular del Ministerio para las Administraciones Públicas, cuando cierta circular se remitió entre otras a la Comunidad Autónoma canaria, que ahora ha despejado de nuevo, sin lugar a dudas, el Tribunal Constitucional.
Nos preocupa, señor Presidente, la próxima Presidencia alemana; nos preocupa precisamente que se pueda claudicar en un rigor y en una eficacia que hasta ahora ha mantenido el Gobierno español, y no nos duelen prendas reconocerlo, singularmente en temas como el del plátano y el tomate, y, desde luego, por lo que al tema del plátano respecta, ante la situación que no precisamente nosotros sino alguien más relacionado que nosotros con usted ha expresado a propósito de las comisiones de los partidos políticos alemanes, por lo que se refiere a las ampliaciones de cupos de importación y licencias de importación de la banana en Alemania. Creemos que este es un factor preocupante, y no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho un miembro de su Gobierno, y precisamente por ello en la Comunidad canaria hay una gran preocupación con respecto a que esto pueda incidir negativamente en un mercado tan importante como es el de nuestros plátanos.
Y, finalmente, señor Presidente, queremos estimularle para que, sin perjuicio de nuestra solidaridad con el Africa vecina del Archipiélago Canario en momentos en que se va a firmar un tratado importante, se preocupe por todos los medios de establecer todas aquellas ayudas, todas aquellas aportaciones que las relaciones de vecindad hagan aconsejable, pero desde luego nunca en sectores que puedan ser competitivos con la Comunidad Autónoma canaria, que tiene que sobrevivir, ni a través de ventajas comerciales que en tantas ocasiones ocultan ayudas que evidentemente van en perjuicio de quienes no tienen por qué resultar perjudicados, como son los integrantes de la Comunidad Autónoma canaria. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rahola. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Si Europa fue en el pasado para muchos un espacio sentimental, el nord enllá, que decía Salvador Espríu, ese norte soñado que el poeta quería ver culto, emancipado y feliz, convertido en la gran metáfora de la huida en la época de la oscuridad franquista, y si Europa es ya hoy plenamente el destino común que hay que construir, mañana será, sin ninguna duda, el espacio político finalmente compartido, un concepto político definitivamente dibujado. Pero ¿cuál será el dibujo final? ¿Qué Europa habremos construido? ¿Esa Europa de las hegemonías, con un eje central, reinventando la Mitteleuropa, con Alemania como sanctasanctórum económico? ¿Una Europa de entes estatales cerrados, egocéntricos en su seno, incapaz de dar cabida a las realidades culturales múltiples que la han definido históricamente? ¿O una Europa de la subsidiariedad, cercana a la realidad ciudadana, generosa con su pluralidad? Fue Espríu también quien dijo que diversos son los hombres y diversas las hablas y que confluyen muchos nombres en un solo amor. Pero ¿qué cabida tendrán en esta Europa que estamos construyendo esa diversidad de hablas, esas realidades culturales que, como la catalana, por ejemplo, representan a más millones de personas que la realidad finlandesa o noruega, que muy pronto entrarán en la construcción política del espacio común? ¿Qué salida van a dar, qué compromiso político van a tomar para dar cabida en la construcción de Europa a la Europa de los pueblos y no sólo a la Europa de los Estados? ¿O se nos está excluyendo del debate europeo, de la construcción europea y de la casa común a pueblos que precisamente como el catalán han tenido siempre una comprometida vocación europea? ¿Hay que tener Estado, señor Presidente, para no ser excluidos de Europa como realidad diferenciada? Desde la perspectiva catalana, esta es una de las preguntas claves de ese borrador europeo que se está debatiendo. Pero es que, además, es también una de las variables exigibles si se quiere construir una Europa con bases sólidas y justas. O confluimos juntos, pero diferenciados, a la casa común, o algunos nos sentiremos claramente excluidos. Defienda, pues, como representante español, nuestro derecho catalán a existir como diferencia.
¿Se está construyendo una Europa de la subsidiariedad, cercana a los entes locales, a las realidades más próximas a los ciudadanos, o una Europa de la burocracia y el distanciamiento, plenamente asentada en un concepto que empieza a ser ya claramente reaccionario: los Estados jacobinos, cerrados en sí mismos y celosos de su soberanía? ¿Se está construyendo una Europa justa o un club de ricos con terceros mundos instalados en el primer mundo y con un tercer mundo situado fuera del paraíso, utilizado como basurero industrial

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y mano de obra barata, alimentador del dumping social? Corfú, sinceramente, señor Presidente, me ha parecido un paso positivo, un peldaño más en una construcción compleja. Y eso a pesar de la incapacidad de encontrar un sustituto a Delors.
Pero, personalmente, lo más importante no parece el disenso en el sustituto sino algunos acuerdos concretos de una gran importancia. El acuerdo sobre el Tren de Alta Velocidad, por ejemplo, es en perspectiva económica fundamental. Sin embargo, las incógnitas son tan importantes como los acuerdos, y a ellas me remito.
¿Hay fechas concretas para el doble trazado Madrid-Irún- Hendaya y Madrid-Barcelona-Perpignan del Tren de Alta Velocidad? ¿Puede comprometerse en unas fechas más o menos acotadas? ¿Está iniciado el borrador del proyecto? ¿Tiene alguna respuesta concreta al punto final del eje mediterráneo del trazado? ¿Va a llegar el Tren de Alta Velocidad hasta Alicante pasando por Valencia y Castellón, o va a excluir toda esa zona económica de una red ferroviaria tan urgente como necesaria? Pediría, señoría, que a la concreción de las preguntas se le diera también respuestas concretas.


El señor PRESIDENTE: Señora Rahola, vaya acabando.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Acabo, señoría, con el convencimiento de que Corfú no ha sido, de ninguna manera, un fracaso. No han sido un fracaso los acuerdos ni la declaración contra la xenofobia tan necesaria, ni la referencia al conflicto balcánico, aunque lo que sí es una derrota de Europa es el conflicto en sí mismo. En los Balcanes la Europa burocrática se ha reído de la Europa de los ciudadanos y los derechos. Sin embargo, más allá de los acuerdos y las declaraciones de Corfú, el debate de fondo es la Europa de los ciudadanos, la Europa de los municipios y la Europa de los pueblos frente a la Europa de las hegemonías. Estamos en el borrador del edificio y todo aún es posible. Es posible construir una Europa donde todos los pueblos y ciudadanos nos sintamos cómodos, o una Europa que nos excluya, que excluya a los pobres, a los discriminados, a los entes locales, a las realidades culturales y lingüísticas que no disfrutan del paraguas de un Estado. Este es el reto y éste es el debate. La casa será común, pero ¿será una casa compartida? En función de la respuesta, algunos pueblos nos podremos sentir o no cómplices en el proyecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Presidente del Gobierno para informarnos sobre la Cumbre europea, así como las explicaciones que nos ha proporcionado a la Cámara, sin duda bienintencionadas pero a nuestro juicio con poco contenido político. Y quizás esto sea el signo más evidente del estado crítico en que se encuentra el proyecto de la Unión Europea en este momento. Una crisis que se ha visualizado por la incapacidad de los Doce para encontrar un sustituto al señor Delors, que debe cesar ya en su prorrogado mandato. La dificultad para hallar el candidato puede deberse a un hecho que nos preocupa más, al hecho de la creciente indefinición del modelo europeo por los cambios de criterios que observamos en algunos países miembros, que tienden más a una Europa de los Estados, prescindiendo de los pueblos que los integran.
Esta dificultad para consensuar el modelo que queremos construir se verá aumentada por los efectos de la ampliación, que paulatinamente desplazará el peso de las decisiones al noreste con evidente pérdida de influencia de los países del sur que, como España, corremos el riesgo de resultar los grandes sacrificados de la nueva Europa. Si a eso añadimos el eje de influencia Paris-Bonn y el creciente protagonismo de Alemania como superpotencia dentro del conjunto europeo, comprenderá usted, señor Presidente, la creciente inquietud de los españoles ante este futuro europeo. Por eso, señor Presidente, usted y su Gobierno deberían definir con más nitidez y claridad cuál es nuestro papel y tomar las medidas de política interior necesarias para hacerlo posible.
En el tema económico, cuyas consecuencias son las primeras que se perciben, es necesario modificar los criterios del plan de convergencia, que han resultado inservibles por inviables, criterios que yo creo que no se creyeron ni siquiera ustedes, que fueron los que los redactaron. Entre las medidas para mejorar la situación del empleo y la competitividad, querríamos resaltar, y encomendar vivamente su cumplimiento, aquellas que se refieren a la educación y la formación. Será preciso un enfoque más sistemático en especial, señor Presidente, sobre la formación continuada. Valoramos muy positivamente el acuerdo comunitario sobre los programas Leonardo y Sócrates, pero a nivel interno de nuestro país, señor Presidente, hay que tomarse el tema con más interés, con más prioridad y con más presupuestos.
Nos parecen importantes, pero insuficientes, los proyectos para redes transeuropeas de transporte, energía y medio ambiente; proyectos que algunas veces resultan contradictorios e incompatibles entre sí. Un ejemplo: la línea eléctrica Aragón-Cazaril entre España y Francia, proyectada a través del Pirineo central por la provincia de Huesca, que atenta gravemente contra el medio ambiente, destroza paisajes interesantes sujetos a protección, y está cuestionada seriamente en las dos vertientes. Su Gobierno, señor Presidente, se empecina

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en construir sin oír a nadie, sin dialogar y sin escuchar a los afectados, y yo le pido que se interese personalmente por este tema ante la incapacidad creciente de su Gobierno para resolverlo de manera satisfactoria. Para terminar, señor Presidente, un ruego. Le pido que desvele usted su postura para ser el próximo Presidente de la Comisión Europea. Usted sería un buen sucesor del señor Delors, los problemas españoles también se pueden resolver en Europa. Una Europa que necesita un equilibrio ante el creciente peso del noreste debe equilibrarse con un Presidente de un país suroccidental. El equilibrio europeo será mayor cuanto menos confrontación ideológica conlleve. Europa también necesita construirse con los criterios españoles. Con su presencia allí, esto sería posible. Usted es un europeísta convencido y tiene méritos para ello, y quizás aquí, señor Presidente, fuera bueno un relevo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mur.
Tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, señorías, señor Presidente, de sus propias palabras se puede reconocer la crisis que se cierne sobre la unión Europea, ahora ampliada: por una parte, la imposibilidad de acordar la sucesión del señor Delors y, por otra parte, las dudas sobre la política económica en sus aspectos de financiación de inversiones impulsoras del necesario desarrollo. Ambos son nuevos escollos para avanzar en la construcción de una Unión Europea donde se está constatando el crecimiento del euroescepticismo entre los ciudadanos, que cada vez son mayores las dudas sobre la viabilidad del Tratado de Maastricht, que es manifiesto el desgaste político interno de los gobiernos que intentan acordar la gestión de la Unión Europea y hacer avanzar su consolidación y que continúa siendo lento e ineficaz el programa de recuperación económica y creación de empleo, todo ello a los escasos quince días de unas elecciones europeas caracterizados por el abstencionismo y la despreocupación por Europa, porque los partidos mayoritarios en gran parte se han preocupado más del reparto de la tarta estatal y de atribuirse falazmente la voluntad popular, poniendo todo ello en prioridad sobre la implicación del ciudadano en el proyecto del Libro Blanco o en las exigencias sociales y económicas que suponen la aplicación del programa de convergencia económica y social de Maastricht. Los partidos nacionalistas, una vez más, hemos dado ejemplo de saber estar y de marcar al ciudadano dónde estaban los problemas y los objetivos, en una palabra, de lo que nos jugábamos con Europa. Me sumo, en la brevedad de esta intervención, a la reivindicación de participar en la construcción de Europa por las nacionalidades, que ya han realizado mis compañeros que me han precedido, pero me quiero centrar en el desarrollo del programa de reactivación económica y creación de empleo. Vuelven, señor Presidente, tentaciones liberales puras que, aparte de endurecer las medidas sociales, convierten los instrumentos económicos en ideología política, con lo que se pretende retener el impulso económico, las inversiones productivas y se replantean las fuentes de financiación de los proyectos, incluidos los de infraestructura, formación, asistencia social y promoción de empleo, pudiendo éstos quedar relegados a los estrictos límites del presupuesto ordinario anual.
Comparto las palabras y el reto que en este sentido ha lanzado el señor Delors: la economía europea, el desarrollo europeo, se encuentran ante la exigencia de elegir entre la supervivencia y la decadencia. En efecto, señor Presidente, los gobiernos europeos, y en particular el nuestro, parecen estar satisfechos con la espontaneidad de la recuperación económica y han guardado en el cajón el Libro Blanco y el seguimiento activo de los indicadores de adecuación al proyecto de convergencia, cuya meta en el tiempo está cada día más cerca. La recuperación no se puede dejar al albur y distraernos con problemas políticos de salón. Confiamos en que dentro de quince días estará decidida la Presidencia de la Unión Europea y se pueda abordar el pacto social que precisa la construcción europea. Quedan cinco años de sacrificios a cambio de puestos de trabajo. Los recursos provenientes del sacrificio de mantener el nivel de vida real y las mejoras de productividad deben dedicarse a la formación y a la reinversión. Hay que marcarse el objetivo de reducir el paro a la mitad en los próximos seis años y no retrasar el plan de infraestructuras, cumpliendo estrictamente los planes de inversión previstos en los plazos previstos, y terminar también con el señor Delors. Todo ello precisa una financiación complementaria mediante la emisión de deuda especial y las medidas fiscales correspondientes. Se debe marcar una línea de límite a la aparente racionalidad económica, que busca dilatar con falsos pragmatismos el desarrollo que espera Europa. La economía está al servicio de la sociedad y no al revés, y las nuevas generaciones que terminarán construyendo Europa necesitan una salida y no un corsé. Yo le invito, señor Presidente, a abordar con decisión y entrega el desarrollo de esta Europa sin ataduras. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor Presidente, en tres minutos lógicamente no se puede hablar de una Cumbre europea tan importante como la de Corfú, por lo que el discurso se lo mandaré por correo. Voy directamente al grano.


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En primer lugar, albricias por la entrada de Rusia en la Asociación para la Paz. Lo dije en el mes de enero en este hemiciclo y su Ministro, señor Solana, me dijo que no soñara, que pisara tierra y que eso era imposible. Ha sido una realidad, enhorabuena. Si usted ha formado parte y ha conseguido que se haga, enhorabuena, porque es muy bueno.
Diez años de períodos transitorios a frutas y hortalizas; posible arranque de 400.000 hectáreas de viñedo; prohibición de libre circulación de tomates y fresas aun en el día de hoy; posibilidad de que, a lo mejor, se puedan arrancar naranjos...
Por otra parte, estamos viendo que en esta cumbre se han dado 32.000 millones de pesetas a Argelia (200 millones de ecus); se dieron ya 50.000 millones a Marruecos para que plantara en su día naranjos, sin ser países europeos, y yo me pregunto si esto es lógico y normal.
Con respecto al GATT, la destrucción de sectores importantes como, por ejemplo, el juguetero y el textil, es una realidad, China y Japón en estos momentos ya aportan el 36 por ciento del consumo interior de la Unión Europea en juguetes y las importaciones de textil de Turquía, China y Hong Kong, donde ya le dije que no había que ir a vender --lo recordará usted-- , van a hacer desaparecer nuestra industria con un poquito de suerte. Mientras, ustedes en el mes de enero rechazaron una moción de Unión Valenciana en la que pedíamos elaborar planes especiales incluso para estos sectores y para otros, sin coste alguno. Fue en los Presupuestos de 1994. Incomprensible.
De otra parte, vemos la autopista Valladolid-Lisboa, nos alegramos por ello; TAV Madrid-Barcelona-Perpiñán, también nos alegramos. Nos alegraríamos más que fuera por el Mediterráneo y entendemos de esta forma el apoyo que le presta a usted Convergència i Unió, que yo también lo haría en su caso. Me parece muy bien. Sobre el eje Sagunto-Somport-Pau, 50 o 60 veces se ha dicho aquí que sí, que era prioritario y, lamentablemente, no lo he visto. Señor Presidente, yo compendio todo esto diciendo que hemos de ser solidarios pero, naturalmente, no podemos hacer el primo.
Por cierto, me gustaría hacerle una pregunta: ¿Usted, definitivamente, quiere ir a Europa? Me gustaría saberlo.
Además, creo que no sería malo. Señor Presidente, lo que le diría es que mientras tanto sea usted valiente. No me cansaré de repetirlo. Sus colegas franceses estuvieron a punto de vetar el GATT por considerarlo lesivo para sus intereses. El Primer Ministro John Major ha bloqueado el relevo de Delors, y hasta el mismo Berlusconi ha tratado de defender en Corfú un incremento de sus cuotas lácteas. No le pido que bloquee la construcción de la Unión Europea --somos europeístas--, le pido que la ayude, que la apoye y que vaya hacia adelante. Le pido, al mismo tiempo, que defienda nuestros intereses al menos con la misma intensidad con que lo hacen los demás. De verdad, yo le deseo éxito en Europa porque el éxito en Europa puede significar mucho para todos nosotros.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, empiezo esta intervención, como han hecho otros portavoces, agradeciendo al Presidente del Gobierno la comparecencia y la información que nos ha proporcionado sobre el Consejo Europeo celebrado en Corfú la semana pasada.
De este Consejo --tampoco soy yo el primero que lo dice esta mañana-- se deducen valoraciones políticas contradictorias. Si analizamos los acuerdos alcanzados en multitud de materias, desde el desarrollo del Libro Blanco, orientación de políticas económicas, política exterior y de seguridad, asuntos de justicia e interior, lo acordado en Corfú merece una opinión muy positiva, tanto por el contenido de los acuerdos como por el hecho de que en tan variadas y amplias cuestiones se haya podido obtener el consenso de los doce países miembros, de sus Jefes de Estado y de Gobierno.
Fijándonos sólo en los acuerdos que quedan reflejados en las conclusiones que todos conocemos, se puede incluso afirmar, a mi juicio, que la Unión Europea se está poniendo en marcha a un ritmo satisfactorio a partir de la entrada en vigor, hace unos meses, del Tratado.
Además, la recuperación económica empieza de nuevo a jugar a favor de este proceso de integración frente a lo sucedido en los últimos dos años, desde que se firmó el Tratado hasta que entró en vigor, en los que la recesión acentuó las tendencias de algunos países miembros al repliegue sobre sí mismos y, por tanto, dificultó los avances en la puesta en práctica de los compromisos que habíamos adquirido al negociar y aprobar el Tratado de la Unión.
También es verdad que el fracaso que supone no haber decidido en Corfú el nombre del futuro Presidente de la Comisión Europea es un dato de primera magnitud ante el que no podemos minusvalorar sus consecuencias negativas. Si el Consejo extraordinario del próximo día 15 de julio en Bruselas pudiese llegar a una solución --¡y ojalá que así sea!--, yo temo que lo ocurrido en Corfú siga teniendo en los próximos tiempos un impacto negativo en las relaciones entre los Jefes de Estado y de Gobierno, en términos de desconfianza y de recelo mutuo, sobre todo entre quienes ya habían alcanzado un consenso a partir de posiciones también divergentes y quien, en ejercicio de un derecho --no sé si bien utilizado, yo creo que no--, ha vetado ese consenso de los demás.


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Estamos, por tanto, ante una situación paradójica. Sin duda en una valoración global, el veto británico a la persona del señor Dehaene extiende su sombra negativa sobre el conjunto de las tareas que ha abordado el Consejo Europeo, pero sería injusto no resaltar en este debate la importancia de muchos de los acuerdos alcanzados.
Los cuatro nuevos países miembros de la Unión no olvidarán que ha sido precisamente en este Consejo de Corfú donde han asistido por primera vez a sus deliberaciones y donde han firmado el Tratado de Adhesión. También, como se ha dicho por prácticamente todos los Diputados que me han precedido, tiene una gran relevancia el acuerdo alcanzado por la Unión y Rusia.
El propio Primer Ministro británico, John Major, que no es sospechoso de supravalorar los éxitos de la Unión Europea, ha dicho que tal acuerdo es, sin duda, el más importante que haya firmado nunca la Comunidad con un país tercero. Yo sinceramente comparto esa opinión en este caso de John Major.
Ha sido también en este Consejo Europeo donde se ha avanzado un esbozo de lo que será la futura ampliación de la Unión, a partir de la consolidación de la Unión Europea con 16 miembros; ampliación en la que participarán probablemente países del Centro y del Este, como Hungría, Polonia, la República Checa, quizá Eslovaquia, pero de la que en las conclusiones del Consejo se afirma que formarán parte países mediterráneos, como Malta o Chipre. Si en la actual ampliación a cuatro se ha dicho muchas veces que el punto de equilibrio de la Unión se desplaza hacia el Norte, en el futuro ese punto de equilibrio volverá a desplazarse hacia el Sur, quizá también hacia el Este, pero, en todo caso, no prosigue ese alejamiento del punto de equilibrio del centro neurálgico de la Comunidad hacia un lugar geográficamente lejos de nuestra posición.
Mi Grupo está de acuerdo, como se ha dicho aquí, en la necesidad de analizar en esta Cámara, por parte de todos, las consecuencias de esta ampliación a dieciséis y el diseño y el proceso que nos lleve a la futura ampliación. Para eso, desde ahora manifestamos nuestro interés y nuestro propósito de trabajar en la Ponencia, ya constituida al efecto sobre este tema, que es la Comisión Mixta sobre la Unión Europea, que no ha empezado todavía a desarrollar sus trabajos, pero en la que manifestamos nuestro deseo de trabajar en profundidad con el máximo rigor y con el máximo esfuerzo posible.
Sobre la decisión de crear un grupo de reflexión, un grupo preparatorio de la conferencia intergubernamental de 1996, se han resaltado ya también dos hechos extraordinariamente positivos que figuran en la constitución misma de ese grupo.
Por una parte, el que en el mismo van a participar, por primera vez en un grupo de este tipo, parlamentarios europeos y, por otra, el hecho de que sea un español quien vaya a presidirlo. Con ello se está apuntando ya la importancia que la presidencia española va a tener, sin duda, en el segundo semestre del año 1995, para el impulso de la próxima revisión de los tratados que precederá a los siguientes procesos de ampliación de la Unión. Sobre este punto concreto de la conferencia intergubernamental de 1996, también hemos acordado ya en la Comisión Mixta sobre la Unión Europea crear una ponencia, para la que manifestamos nuestra misma disposición positiva que en el supuesto anterior de la ponencia sobre la ampliación.
Otro de los aspectos de los acuerdos del Consejo ha sido el referido al desarrollo de las previsiones del Libro Blanco sobre el empleo y la competitividad. Nos congratulamos de lo que en las conclusiones se dice sobre política de empleo en sus diversas acepciones, que ha relatado el Presidente del Gobierno, y sobre las inversiones en redes de infraestructuras o en redes energéticas de ámbito europeo, para ser capaces de obtener el máximo de ventajas del mercado interior, para mejorar la competitividad del conjunto de las economías europeas, para articular nuestro espacio económico común y, en definitiva, para crear más posibilidades a raíz de nuestro proceso de integración de bienestar para nuestros ciudadanos y de superación de los problemas de empleo.
Desde la óptica particular de nuestro país, ya se ha resaltado, y por eso no insisto en ello en aras a la brevedad, la importancia de los proyectos elegidos, tanto en las redes de infraestructura de transportes como en las redes energéticas con carácter prioritario. Además, en Corfú se ha constatado por parte de todos los países miembros y de sus Jefes de Estado y de Gobierno que el clima económico mejora con claridad en el conjunto de las economías europeas, lo cual, por un lado, va a facilitar el margen de financiación necesario para llevar a la práctica esos proyectos de grandes redes, previstos ya y seleccionados en este Consejo y, por otro, despeja --creo que eso es más importante aún que lo anterior-- la posibilidad de reanudar el avance hacia la unión económica y monetaria, muy difícil en momentos de recesión y de crecimiento económico nulo o negativo, más fácil, aunque tampoco absolutamente exento de esfuerzos necesarios, en momentos de crecimiento y de reanudación de la actividad económica. El hecho de que se reanude la actividad implica que las posibilidades de generar empleo para superar ese enorme déficit de empleo con relación a la demanda de trabajo que existe en el conjunto de la Unión Europea, pueda ser reducido en los próximos años, como el propio Libro Blanco desea, haciendo una apuesta por una política europea, no sólo económica, sino también generadora de empleo para atender las demandas de nuestros ciudadanos. También resalta el Grupo Socialista la importancia de acuerdos adoptados en los dos nuevos pilares de la

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Unión, en la política exterior y de seguridad común, con especial atención a ese compromiso de redefinir la política mediterránea de la Unión y también a los compromisos que se adoptan y que se anuncian para el futuro con relación a Latinoamérica. En el tercer pilar, en el de asuntos judiciales y de interior, nos parece extraordinariamente positivo que el Consejo haya decidido asumir como propio el acuerdo franco- alemán relativo a la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Como decía al principio, estos logros, que sin duda son importantes, relevantes, y que van a marcar el avance de la Unión Europea en los próximos meses y en los próximos años, quedan en cierto modo oscurecidos por el fracaso que supone no haber podido consensuar el nombramiento del Presidente de la Comisión. En esta valoración coincidimos con lo dicho ya por otros portavoces parlamentarios. La falta de acuerdo coloca a la Unión Europea en una difícil situación de la que espero que se pueda salir el próximo día 15 en el Consejo extraordinario de Bruselas, Porque un desacuerdo en esa fecha, el mantenimiento del desacuerdo actual dentro de veinte días, nos introduciría en una crisis institucional de consecuencias difíciles de prever para la propia Unión.
Es verdad que el nombramiento del Presidente de la Comisión, o la designación del candidato --hablando en términos más precisos-- pertenece a la esfera intergubernamental y que cada país puede, en teoría, bloquear el acuerdo de los demás. Pero no debe ser a cualquier precio el ejercicio de este derecho.
Todo indica que en la actitud del Primer Ministro británico -- que, además, ha sorprendido porque había manifestado actitudes más flexibles antes de la cumbre-- ha pesado más que los intereses de su país o su concepción del proceso de integración europea, condicionantes internos que tienen que ver con su propia situación política, incluso con la situación política de su propio partido. Si ese análisis, que también se está realizando en Gran Bretaña, es correcto, habría que concluir que, de no superarse en la próximas semanas, algo está fallando en el sistema de adopción de decisiones de la Unión Europea. Unos pocos, un solo país, no puede poner en riesgo el proyecto colectivo de la inmensa mayoría. Europa es demasiado importante para nuestro futuro como para asumir sin más esos riesgos renunciando a cualquier réplica política por parte de quienes, la mayoría, sí queremos desarrollar la Unión Europea. Once países no podemos someternos a quien trata de rebajar en solitario el contenido de la construcción europea, quizás más por necesidad de preservar su propia estabilidad política interna que por convicción.
El Presidente del Gobierno ha jugado en Corfú un papel importante, y así ha sido reconocido por líderes y por observadores de otros países, para buscar el consenso incluso partiendo de una posición en la que, como es bien sabido, nuestro candidato no era el que ha reunido en su entorno el apoyo de once países incluido el nuestro. Por eso, por esa capacidad de liderazgo y de convicción que ha demostrado en esta ocasión y en otros consejos europeos, le queremos pedir, para acabar esta intervención, en nombre del Grupo Socialista, que haga llegar a la Presidencia alemana no sólo nuestra capacidad de colaborar en la búsqueda de ese consenso necesario, sino también la exigencia de que se desbloquee el impasse provocado por la actitud británica y que se abra así un período fructífero de tres presidencias encadenadas que nos deben conducir a una buena Conferencia intergubernamental en el año 1996, porque nosotros como europeos lo necesitamos.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.
Para contestar a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos, tiene la palabra el señor Presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (González Márquez): Señor Presidente, señorías, ateniéndome al carácter informativo de la sesión intentaré hacer una intervención que aporte respuestas a las reflexiones que se han hecho. Creo que ha habido una coincidencia bastante general, pero no unánime, en cuanto a los aspectos que han tenido un carácter positivo y los aspectos que han sido negativos de la Cumbre que se acaba de celebrar en Corfú. Es evidente que la coincidencia está, en cuanto a los aspectos positivos, en la ampliación, la presencia de los nuevos Estados miembros, el impulso que esto puede suponer, el acuerdo con Rusia, las propias iniciativas que se han acordado contra el racismo y la xenofobia con un plan de trabajo concreto, o algunos de los desarrollos del Libro Blanco, en particular en materia de infraestructura y de energía. Hay acuerdos en cuanto a lo que ha sido positivo de esta cumbre, repito, con carácter bastante amplio, aunque alguna intervención ha sido negativa en el conjunto, como la del señor Anguita diciendo que desde hace varias cumbres, desde que se firmó el Tratado de Maastricht, no hay ningún aspecto positivo que resaltar. A mí me gustaría llamar la atención sobre algunas cosas que me parece que son poco contestables.
Voy a hacer una reflexión brevísima sobre algo que vengo defendiendo desde hace ya bastante tiempo en esta tribuna: la posibilidad de hacer compatible la profundización en el proceso de construcción comunitaria con la ampliación. Nunca he hecho una opción y muchos somos, a nivel de responsables políticos euopeos, los que hemos hablado siempre de esa compatibilidad. Es perfectamente compatible ampliar y profundizar. De hecho tenemos una experiencia, que es la última, de ingreso e incorporación de dos países como

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España y Portugal en la Comunidad Europea en su momento que produjo el efecto de ampliación y de profundización al mismo tiempo. Fue quizás la necesidad de adaptación de la Comunidad de diez a doce --inmediatamente antes había sido de nueve, por tanto se podría considerar de nueve a doce-- la que nos lleva a la conclusión de que había que hacer, entre otras cosas, una conferencia intergubernamental para desarrollar el Acta Unica.
Me gustaría dar una explicación que sirviera para todas las intervenciones un poco más detallada sobre lo que pasa con el fracaso en la designación del candidato a la presidencia de la Comisión. La verdad es que nosotros sugerimos un procedimiento que se aceptó por todos los participantes, aunque después no se respetó hasta sus últimas consecuencias. El procedimiento que sugerimos fue el de poner sobre un papel las preferencias, por orden, de los tres candidatos que se presentaban, cosa que era insólita en la Comunidad, no había ocurrido en otras ocasiones, de tal manera que el mero hecho de aceptar --y así lo dijimos con claridad-- poner en distinto orden, o en orden consecutivo, las preferencias sobre los tres candidatos, significaba una declaración de compatibilidad o de aceptación de la capacidad para presidir la Comisión de cualquiera de los tres candidatos, aunque las preferencias, naturalmente, fueran diferentes según la perspectiva o la visión de cada uno de los Estados miembros. Todo el mundo entró dentro de esa dinámica y resultó que en la primera aproximación el candidato belga, el señor Dehaene, obtuvo ocho votos, el candidato holandés tres y el candidato británico un voto. Por consiguiente, había una mayoría de dos tercios en cuanto a la expresión de preferencias en torno al señor Dehaene. A partir de Ahí, sugerimos --no sólo yo, hubo otros que los sugirieron-- que se conectara con los candidatos que habían sido menos preferidos, por no decir menos votados, para ver si facilitaban con su retirada un acercamiento a un consenso entre todos. Esto ocurrió el sábado día 25, a primera hora de la mañana, y fue en cierto modo sorprendente que después de la retirada de los dos candidatos con menos preferencias o menos votos hubiera todavía un bloqueo, que no es posible interpretar de otra manera que un veto por parte de un país miembro o de un Jefe de Gobierno respecto de otro candidato y se da, además, la situación delicada, de que también es Jefe de Gobierno dentro de la Unión Europea.
Creo que ha habido --no lo debemos ocultar-- varios elementos dentro de esta decisión que han conducido al bloqueo. No sólo ha habido fallos procedimentales, que es evidente que los ha habido. No sólo ha habido problemas que pudieran tener carácter interno en cada país. Creo que detrás de la discusión ha habido también una distinta concepción sobre lo que debería ser el liderazgo de la Comisión Europea en el próximo período.
Alguno de los intervinientes en el curso de la mañana han hablado de mi hipotética candidatura; ya he dicho que no he sido candidato en ningún momento y no lo soy ahora. Creo que eso despeja las dudas y no me gustaría ni siquiera tener que insistir. Repito que ha habido no sólo problemas procedimentales, hay también problemas que hacen referencia a visiones diferentes sobre la construcción europea.
Me gustaría decir también, al comienzo de esta intervención, que el papel de la Comisión Mixta Congreso-Senado puede cubrir perfectamente parte o todas las demandas que se han expresado en esta tribuna para intentar hacer una política lo más consensuada posible en torno a temas de gran trascendencia, como, por ejemplo, una propuesta concreta que ha habido de un programa de trabajo flexible y abierto hasta la conferencia de 1996, que se conecta con la propia creación de un grupo de reflexión. Alguno de los intervinientes ha pedido que la presidencia del grupo de reflexión se haga por consenso.
Quiero decir que el Acuerdo de Ioannina fue muy específico y se ha consolidado en este Consejo Europeo, por eso me refería a él creyendo que todos los parlamentarios tenían suficiente conocimiento del contenido del acuerdo.
En el acuerdo se dice que la composición del grupo de reflexión será la que se deriva de los representantes personales de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Habrá doce representantes personales de los Ministros, se asociarán a esos representantes personales cuatro de los países de la adhesión y dos representantes del Parlamento Europeo, que no sólo llevarán la posición que resulte de su adscripción al grupo A) o B) del Parlamento Europeo, sino que recogerán la posición de la institución parlamentaria frente al desarrollo de los trabajos del grupo de reflexión de la conferencia. Ese es exactamente el contenido del acuerdo. Por consiguiente, el representante personal del Ministro de Asuntos Exteriores español será el que presida el grupo de trabajo. Estamos dispuestos a hacer ese trabajo de la Comisión Mixta --lo acaba de decir el representante del Grupo Socialista-- para definir una posición de consenso, tanto en relación con la conferencia intergubernamental, proceso de toma de decisiones, necesidad de democratización y aumento de la eficacia en el funcionamiento institucional, como en cuanto a algunos de los otros temas citados, entre otros, por el señor Aznar como proyectos que pueden afectar a España. Se ha citado la OCM del vino. Yo creo que no va a pasar, de ninguna manera. Hay una, digamos, superminoría de bloqueo respecto de esta cuestión; por consiguiente, no va a pasar. Nosotros hemos defendido con firmeza que no nos gusta, naturalmente, la propuesta y creemos que no saldrá adelante. Pero lo mismo respecto de esto que respecto del informe Bangemann o de otros temas que se han suscitado.


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Desde luego, la política mediterránea podría convertirse en una acción común. Establezco sólo un matiz: es muy difícil definir una acción común en relación con la política mediterránea. Si se dijera que es la política respecto del Magreb, todavía habría enormes dificultades por las diferentes situaciones que se viven en cada uno de los países, llegándose incluso al bloqueo en el desarrollo de la unión de esa zona.
Por consiguiente, hay una cierta dificultad. Lo que pretendemos en los próximos meses o en las próximas presidencias es que por lo menos haya una definición de política para que después, con su maduración, se pase a una acción común, aunque durante este período no se convierta en una acción común.
También se podría desarrollar esa política de consenso en algunas de las otras propuestas. Desde luego, en la aplicación de los fondos de cohesión o en la elaboración del segundo plan de convergencia. Coincido con alguna de las apreciaciones que se han hecho. No hay un solo plan de convergencia en los 12 países de la Unión que no necesite ser revisado después de lo que ha ocurrido: un proceso de recesión mucho más profundo que lo que se había previsto. Por tanto, todos los países tienen que hacer una revisión de mayor o menor envergadura.
Probablemente el nuestro es de los que tenga que hacerla de una cierta envergadura, pero no más que otros.
Me gustaría decir que la defensa de los intereses de España se ha hecho siempre --respondiendo con ello desde la primera hasta la última intervención-- con especial dedicación y con especial firmeza. Algunas veces incluso reconocida públicamente por todos los medios de comunicación, porque las peleas no siempre son fáciles, a veces son de una enorme dureza.
Quisiera responder también, tema que ya muchas veces he explicado, sobre el debate previo a la celebración de las cumbes. Algunos de los intervinientes ya se han pronunciado.
Yo creo que un buen seguimiento en la Comisión Mixta Congreso- Senado es lo más eficaz. Pero debo recordar una vez más que he recibido el orden del día de la Cumbre de Corfú el día 23. Por consiguiente, no hay posibilidad material de celebrar un debate previo sobre el orden del día de la cumbre. El día 23 se manda el orden del día y el día 24 comienza la cumbre.
Algunas veces hay un poco más de tiempo: en lugar de 24 horas, hay 48 horas entre el momento en que se recibe el orden del día y el comienzo de la celebración de la cumbre. Por consiguiente, incluso desde el punto de vista material, resulta muy difícil. Cuando se sabe que se van a tocar temas y se sabe con antelación suficiente, como por ejemplo ahora, que se sabía que se iban a tratar temas como el de la designación de un candidato, se tiene tiempo para convocar la propia Comisión Mixta e intentar un intercambio de opiniones respecto de esa candidatura.
Insistiré un poco más sobre algunas de las cuestiones que se han planteado en todas las intervenciones sobre la candidatura. Yo no tengo ninguna seguridad de que el día 15 vaya a haber un acuerdo. Algunas de las intervenciones se han orientado hacia eso. Tengo la confianza de que hagamos un esfuerzo entre todos para que el acuerdo se produzca, entre otras cosas porque, aunque desde el punto de vista formal y material haya tiempo, yo creo que sería un espectáculo realmente difícil de soportar que el nuevo Parlamento Europeo se reuniera el 19 de julio y no hubiera habido previamente un acuerdo de los jefes de gobierno para la designación de un candidato.
Ahora bien, la situación no es mejor ahora que en la noche en que se empezó esa discusión. Eso parece evidente para todos, porque no sólo se ha producido una reafirmación en su posición por parte de Gran Bretaña. Si hay un país que veta, obviamente el candidato vetado no puede pasar si el país mantiene el veto. Por tanto, tendría que pensarse en un nuevo candidato; pero cuando se habla de un nuevo candidato ya algunos otros países, como por ejemplo Francia, han dicho que no ceden respecto del candidato que han propuesto.
Yo traté de evitar una discusión sobre los méritos de uno u otro candidato, porque me parecía una discusión absurda. Cada jefe de Gobierno, lógicamente, debería tener pensado quién era el candidato que, en primer lugar, reuniría las mejores condiciones, desde el punto de vista de la visión que se tiene de la construcción europea, para presidir la Comisión Europea.
Por tanto, no puedo dar realmente ninguna orientación en este momento sobre las posibilidades que hay de acuerdo para el día 15. Lamento, en ese sentido, que algunas de las intervenciones que me hacen esas preguntas concretas no puedan ser respondidas de esa manera.
Se ha dicho desde esta tribuna --me parece que por el señor Anguita-- que la Cumbre de Corfú no es un fracaso, sino un fracaso sucesivo de las cumbres anteriores. Yo creo que S.S.
tiene una visión de la Unión Europea que, desde luego, no comparto; no digo respecto de lo que pueda ser en el futuro, sino respecto de lo que es la realidad, porque es verdad que no es sólo un mercado interior, y no lo es en este momento. La Unión Europea tiene muchas dosis políticas como para considerarla sólo un mercado interior. Pero, además, tiene una buena dosis de redistribución interterritorial, de carácter redistributivo e interterritorial, como para considerar que es solamente un mercado. Hay países con menos nivel de desarrollo, como Grecia e Irlanda, que reciben, aproximadamente, un 5 o un 6 por ciento del producto bruto en transferencias netas de la Unión Europea respecto de sus países. Esto significa el mayor esfuerzo que se conoce, por lo menos en la actualidad, en estructuras federales de Estados federales, es decir, el mayor esfuerzo de transferencias de recursos y de rentas. Por consiguiente, yo creo que no se debería simplificar la visión que se tiene sobre la

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Unión Europea. Y el meollo del fracaso, se ha dicho, es el error en la orientación de la política económica, incluso con un documento de la OCDE. No lo comparto. Yo creo que, por ejemplo, el problema de la competitividad no sólo no es incompatible con la sociedad del bienestar, sino que, muy al contrario, si no se consigue un nivel de competitividad suficiente, no es posible mantener la sociedad del bienestar; es decir, la incompatibilidad es la contraria. Lo he explicado también, a veces, desde esta tribuna; vuelvo a repetirlo una vez más. Y, desde luego, es perfectamente posible que una razonable evolución de los salarios favorezca la generación de empleo, y favorecer la generación de empleo con una moderación salarial no significa que disminuya la participación en la renta global de las rentas salariales, sino más bien que esa participación o se mantenga o aumente, porque al aumentar la base productiva del país e incorporarse más número de personas al empleo, probablemente, la participación en la renta será una participación que se equilibrará más en favor de las rentas salariales que en el resto de las rentas. Pero no me duelen prendas al decir que no hay nada en una economía de mercado --y estamos en una economía de mercado--que pueda obligar, en sentido estricto, a los empresarios a invertir en creación de empleo. Por consiguiente, cuando se pide moderación salarial, de nuevo en una economía de mercado, nada puede obligar a los trabajadores y a los sindicatos a fijar unas condiciones salariales determinadas; nada los puede obligar. En una economía libre, en una economía abierta, es la autonomía de las partes las que deciden cuál es la evolución o el nivel de los salarios. Por tanto, yo no propondría nunca que hubiese una obligatoriedad legal para el destino de los fondos de inversión, aunque sí --se ha dicho desde esta tribuna-- medidas indirectas de carácter fiscal, estímulos a la inversión generadora de empleo, por supuesto. Algunos ejemplos se pueden poner de cosas que se hacen. Pero lo contrario es una visión diferente del funcionamiento de la economía que, obviamente, no comparto.
Igual que no comparto la idea de que no es posible la convergencia. La convergencia es posible. La compatibilidad entre una política macroeconómica sana y la creación de empleo es perfectamente posible. Lo contrario es lo que, a mi juicio, resulta imposible. Que haya una buena macroeconomía o una sana macroeconomía no garantiza, como se ha dicho, que se vaya a generar empleo suficiente. Hay que hacer políticas activas de empleo. Lo que sí se ha garantizado es que una crisis o un desajuste macroeconómico haga posible un crecimiento capaz de generar empleo. Por tanto, me gustaría que esa discusión, cuando se tenga, se haga en profundidad y dedicada, fundamentalmente, a eso. En otras intervenciones se ha resaltado la importancia de algunos de los acuerdos que se han adoptado en Corfú. Ya he dicho que, efectivamente, había un acuerdo general respecto de la evolución de las política económicas que se van practicando en los distintos países y también en el nuestro. Es verdad que, como desarrollo del Libro Blanco, la reforma del mercado de trabajo ha sido acogida por muchos de los intervinientes como algo positivo, como algo en el camino o en la dirección de lo previsto en el Libro Blanco, que me parece que es todo menos una aproximación neoliberal a lo que puede ser el desarrollo de una política económica generadora de empleo y superadora de la crisis actual. He hecho antes una referencia, que no repetiré ahora - -estoy repasando las notas de la intervención del señor Roca-- , a lo que ocurre con el problema del vino. Creo que no va a pasar esa política. Por consiguiente, creo que no hay que tener ningún temor al respecto.
Es verdad que con la antigua Yugoslavia, en particular con el problema de Bosnia, existe una frustración porque no se dan pasos adelante. Es verdad que tampoco existen unos instrumentos suficientes como para arreglar el conflicto por otros procedimientos, y nos movemos en esa contradicción.
Coincido con el señor Anasagasti --lo he dicho antes-- en que la elección del Presidente de la Comisión plantea algunos problemas de fondo, no sólo de forma. Ahora bien, me gustaría matizarlo en este debate, en el debate que se ha producido en Corfú. Digo que me gustaría matizarlo porque cuando la delegación británica, que, sin duda, tiene una concepción de la construcción europea bastante diferente de la que tienen otros socios comunitarios, por no decir el resto de los socios comunitarios, opta, después de la desaparición de Brittan como candidato, por Lubbers no está planteando un problema de fondo entre la concepción europea que puede tener Lubbers o puede tener el señor Dehaene. Creo que ahí puede haber diferencias de matiz, diferencias de talante de cada uno de ellos, pero no hay dos concepciones muy diferentes de la construcción europea. Sin embargo, creo que subyace en el fondo un problema de concepción de la construcción europea.
En la relación con América Latina me gustaría aclarar que la Comisión tiene un mandato para estudiar, entre otras, las relaciones con el Mercosur y que eso generará, sin duda, un nivel de compromiso mayor que el que se ha adquirido en la Cumbre de Corfú, donde hemos intentado y conseguido que se mencione la necesidad de establecer un especial sistema de relaciones entre la Comunidad y esas áreas de interés para nosotros. A partir de ahí, creo que la comisión cumplirá con el encargo.
Hago una reflexión ahora sobre el tema de las infraestructuras. Se crearon dos grupos de trabajo como desarrollo del Libro Blanco. El grupo de infraestructuras ha avanzado más en la conclusión de proyectos que se definen como prioritarios. El Grupo Bangemann, el

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grupo de la sociedad de la información, ha hecho más una reflexión de carácter general y no ha concretado todavía pasos a dar en el inmediato futuro. Respecto de las infraestructuras existe, y ha habido varios intervinientes que han llamado la atención sobre ello, un cierto grado de contradicción entre la definición de las prioridades y la todavía no resuelta necesidad de financiación de las prioridades señaladas; digo todavía no resuelta y que habrá ciertas dificultades para resolverla, porque los proyectos son extraordinariamente costosos y tienen que ser compatibles con los programas de convergencia que a la vez se consideran ineludibles por la Unión Europea. Por consiguiente, si tiene que haber esa compatibilidad, hay que hacer un enorme esfuerzo para encontrar vías de financiación que permitan que esas prioridades vayan adelante incluso con los calendarios previstos. Se dice que de aquí a más tardar en 1996 deberían iniciarse esos proyectos, pero es verdad que existe esa contradicción en la que estamos todos y, por eso, en el documento de conclusiones se llama la atención sobre la necesidad de superar ese elemento que puede seguir siendo contradictorio en los próximos meses.
No ha habido problemas, al menos en la cumbre --me parece que era otra de las preguntas que se hacían--, en cuanto a la voluntad francesa de conectar con el tren de alta velocidad; digo al menos en relación con la cumbre. Nosotros hemos sentido preocupación porque en el documento de conclusiones de la cumbre aparecía el nombre de Francia entre paréntesis -- recuerden que el tren de alta velocidad afectaba a Francia y a España-- y queríamos que nos explicasen qué significaba eso, si es que había una decisión de no ir al desarrollo de ese tren de alta velocidad, lo que seguramente influiría --y todavía no está totalmente despejado-- en el proceso de toma de decisiones a nivel interno en España, pero, en esta cumbre al menos, no ha habido elemento alguno que indique que eso no se va a hacer. Habrá algunas dudas sobre plazos, pero trataremos de aclararlas en el inmediato futuro en la relación bilateral con Francia. Respecto del grupo de reflexión, me gustaría decir que nosotros estamos dispuestos a dar el máximo de información en todos los niveles. Desde luego, estimamos que la información parlamentaria es una información absolutamente coherente con esa necesidad de dar el máximo de información, pero el grupo de reflexión no tiene que ser el comienzo del trabajo, aunque tiene fijada la fecha del día 2 de junio para la elaboración de posiciones respecto de la Conferencia intergubernamental de 1996. A ese grupo de reflexión se le deberían presentar propuestas ya en esa fecha del 2 de junio, si se quiere que tenga tiempo de trabajar. Por tanto, si hay propuestas que nacen del Parlamento español, a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado, tanto mejor, porque serán propuestas que se podrán incorporar desde el 2 de junio del próximo año a ese grupo de reflexión.
Desde el Grupo de Coalición Canaria me hacían unas cuantas preguntas respecto de las posibilidades de acuerdo del 15 de julio, y ya contesté antes. Nosotros valoramos positivamente - -y ésa es la única pregunta que me quedaba por contestar-- la candidatura belga. Teníamos una preferencia y un compromiso previo, si se quiere, también con el candidato holandés, mucho antes de que existiera siquiera la posibilidad en el horizonte de una candidatura belga. Por eso hemos sostenido la defensa de un candidato que, a nuestro juicio, reúne muy buenas condiciones, como también ha sido puesto de manifiesto por el señor Anasagasti.
También creo haber podido aclarar en qué consiste el grupo de reflexión, como representantes personales de los ministros de Asuntos Exteriores. Creo que los ministros de Asuntos Exteriores cogieron a traición a los jefes de Gobierno y decidieron que fueran sus representantes, porque si se hubiera planteado en la Cumbre de Corfú hubieran sido los representantes de los jefes de Gobierno, pero ya estaba decidido en Iaonnina que fueran los representantes de los ministros de Asuntos Exteriores y no se ha modificado ese acuerdo.
Ha hecho una referencia amplia a la aplicación del Libro Blanco, tanto en infraestructuras como en información, y como ya me he referido a ello creo que la información también es suficiente para dar satisfacción a las preguntas de Coalición Canaria.
Me ha llamado la atención el representante de Coalición Canaria sobre el permanente cuidado o atención que hay que prestar a las regiones ultraperiféricas de países que son también periféricos. Yo no tengo una gran preocupación por que la ampliación de la Unión Europea --aunque sé que usted no lo ha planteado en esos términos-- sea hacia el centro y hacia el norte de Europa. No puede ser más que hacia el centro, el norte o el este de Europa; creo que lo importante --y también se ha dicho desde esta tribuna por varios intervinientes-- es definir con claridad nuestro papel y no creo que vaya a bajar nuestro papel en Europa, pero desde luego, estaremos muy vigilantes en cuanto a la necesidad de mantener --y saben ustedes que lo hacemos constantemente-- políticas específicas para las regiones ultraperiféricas. Varias intervenciones del Grupo Mixto han coincidido en destacar el papel de las nacionalidades, las regiones y los pueblos dentro de la construcción europea. Yo creo que la construcción europea respeta la diversidad. Y la respeta no sólo desde el respeto que en los propios Estados europeos se tiene por la diversidad --que es distinto y con estructuras de poder distintas, a la vez que con una gran diversidad--, sino que la respeta en temas tan importantes como el Comité de las Regiones, en el que yo no veo ninguna dificultad --y vuelvo a una valoración que hacía el señor Anasagasti--

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para que se incluya también la representación de los municipios. Pero si no se debería hacer otro comité de los entes locales. Creo que Europa está fundamentalmente hecha por pueblos y por municipios. Por consiguiente, creo que es de enorme interés que se mantenga esa diversidad. Las únicas fechas concretas que hay para el desarrollo de los proyectos de infraestructura son las que constan en el documento de conclusiones: empezar a más tardar, se dice, en 1996. Ya he advertido que eso siempre que se supere la contradicción en la que todavía vivimos, que no hemos resuelto, sobre la financiación de infraestructuras. El señor Mur y el señor Albistur han puesto de manifiesto el fracaso en la designación del candidato, y algunos han pedido que definamos con más precisión nuestro papel. El nuevo plan de convergencia es lo que definirá una de las posiciones respecto del desarrollo interno de nuestra econoomía y de nuestras posibilidades, por consiguiente, de convergencia con Europa, y en la Comisión Mixta Congreso-Senado se puede insistir en ello sin duda alguna. En cuanto a la mejora de la educación y de la formación quiero decir que uno de los elementos en los que se ha hecho hincapié en el informe que hizo el Presidente de la Comisión, que dio lugar posteriormente a algunas de las conclusiones del documento, es en el esfuerzo para la formación continua. Además, en España hay un acuerdo entre los interlocutores sobre formación continua que tiene una dotación presupuestaria extraordinariamente interesante, pero yo creo que en ese sentido esa inversión en capital humano nunca es suficiente. Por consiguiente, se podría y se debería ir más lejos. Al señor Albistur he de decirle que creo que hay que evitar las tentaciones que él ha llamado neoliberales puras.
Comparte el análisis de Delors, cosa que hago yo también, lo comparto, y hay que decir que incluso los documentos de esta cumbre y los de las anteriores están impregnados del propio análisis que el señor Delors lleva a la cumbre y que, además, expresó presidiendo el grupo de trabajo al que dio lugar el Libro Blanco.
Respecto al señor González Lizondo, con el mismo talante que él lo ha hecho, le digo que le contestaré por correo al documento que me va a enviar por correo. Gracias. (El señor Anguita González pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señor Anguita, creo que la intervención del Presidente del Gobierno ha respondido a las intervenciones sin aires de polémica y sería excepcional la apertura de un turno de réplica en este debate.


El señor ANGUITA GONZALEZ: Señor Presidente, tendré que contestar.


El señor PRESIDENTE: Es que el turno que me solicita S.S. es un turno de réplica, que, insisto, en este debate es absolutamente excepcional. Gracias, señor Aguita.
El Pleno se reanudará esta tarde a las cuatro de la tarde. Se suspende la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON RAFAEL LOPEZ MARTIN DE LA VEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EFECTOS CONSIDERA EL GOBIERNO QUE TIENE SOBRE LAS CAMARAS DE COMERCIO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFERIDA A LA LEY DE CAMARAS DE 1911? (Número de expediente 180/000589)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto quinto del orden del día: Preguntas. Pregunta número 19, del señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, por sentencia del Tribunal Constitucional se ha declarado la inconstitucionalidad de las bases cuarta y quinta de la Ley de Cámaras de 1911, al considerar el alto tribunal que son contrarias al derecho fundamental de libertad de asociación por cuanto prescriben la inscripción forzosa de las empresas a las cámaras de comercio, industria y navegación. Aunque la relevancia pública de las funciones de las cámaras de comercio no justifica, a juicio de la sentencia, que se conculque el derecho citado, el mismo tribunal reconoce la importancia de esas funciones y señala el alcance público de alguna de ellas. Por otra parte, con posterioridad a la sentencia, desde diversos sectores se han producido manifestaciones en torno a la misma, probablemente desde la óptica legítimamente subjetiva de quienes las realizaron.
Por todo lo dicho, y considerando la importante labor que desarrollan las cámaras de comercio, industria y navegación como lugar de encuentro de las empresas y de respuesta a muchas de las necesidades de éstas y la relevancia que para la economía tienen las funciones público-administrativas asignadas a las mismas, creo que es de interés conocer qué efectos considera el Gobierno que tiene sobre las cámaras de comercio, industria y navegación la referida sentencia

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del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales ciertos aspectos de la Ley de Cámaras de 1911.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Martín de la Vega.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Como su señoría conoce, las cámaras oficiales de comercio y turismo son instrumentos de vertebración de la vida social y económica, de animación también de la vida industrial en los municipios en que se encuentran enclavadas, que desempeñan importantes funciones de interés público, entre otras, la promoción de la actividad exportadora de las empresas locales mediante su participación en el Plan cameral de promoción de exportaciones y el desarrollo de actividades de formación profisional reglada y no reglada. En todos los países de nuestro entorno, las cámaras juegan un papel similar a este que acabo de describir, incluso en algunos de ellos de más importancia. Son, pues, instituciones que, a juicio del Gobierno, están en sintonía con la cultura empresarial de la Comunidad Europea. El Gobierno valora la contribución de las cámaras de comercio a la vida económica del país y desea su fortalecimiento para que sigan prestando, de manera cada vez más eficaz, los servicios que les son propios para que adquieran niveles de actividad y dimensión similares a los que me vengo refiriendo de las cámaras europeas.
Es cierto, como S.S. dice, que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y concretamente ha declarado la inconstitucionalidad de las bases cuarta y quinta de la Ley de 1911 y del Real Decreto-ley del año 1929. Tengo que decirle, no obstante, que las cámaras se rigen actualmente por una Ley Básica del año 1993, a la que no afecta la sentencia del Tribunal Constitucional y, por tanto, sigue plenamente vigente. El Gobierno, no obstante, estudiará la sentencia del Tribunal Constitucional con el tiempo y la profundidad necesarios y seguirá velando, en todo caso, por el mantenimiento de la seguridad jurídica y el ordenado discurrir de la vida de las cámaras, en el marco de la Ley Básica de 1993, a la que he hecho referencia, y de sus competencias, y tomará si es preciso para ello las medidas oportunas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA ADOPTANDO O TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA SITUACION ACTUAL DE LA CIUDAD DE BEJAR Y SU COMARCA? (Número de expediente 180/000551)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8, del señor Caldera Sánchez-Capitán. Tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ya indiqué la semana pasada, en un trámite parecido, que la ciudad de Béjar y su comarca atraviesan por una importante crisis, que viene dada por un alto nivel de desempleo. La composición del mismo se establece del siguiente modo: una elevada proporción del desempleo femenino. En la habitual división que por actividad económica realiza el Inem, podríamos decir que el 45 por ciento del desempleo registrado puede calificarse de industrial. Ante ello, señor Ministro, sabe usted que la mano pública, la Administración, debe contribuir a paliar las situaciones adversas y cooperar al encuentro y desarrollo de nuevas actividades.
El Gobierno central bien es cierto que está cumpliendo sobradamente, en mi opinión, señor Ministro, con sus responsabilidades. La semana pasada nos indicó el Ministro de Economía una ayuda para la ciudad de Béjar y su comarca de más de 1.000 millones de pesetas en un subprograma operativo dentro del Plan de desarrollo regional, el Ministerio de Industria con el Plan de competitividad del textil, etcétera.
Pero, si usted me lo permite, la mano pública, en el mejor sentido de la palabra, sólo es una --no se den más manos públicas-- y la ciudad de Béjar se enclava en la provincia de Salamanca, gobernada en la comunidad autónoma por el Partido Popular de Castilla y León. Ya le dije también al señor Ministro de Economía cómo en los presupuestos de la Junta de Castilla y León, para este año, de 47.000 millones de pesetas de transferencias --¡atención!--sólo 700 corresponden a recursos propios de la comunidad de Castilla y León. Ahora, eso sí, el señor Presidente de la Junta se dedica a enviar cartas a todos los receptores de ayudas diciendo que su hercúlea posición es la que ha permitido la ayuda y la entrega de estas transferencias a estos ciudadanos. Si se gasta el dinero, señor Ministro, en reparar vehículos de los funcionarios con cargo a los fondos de la Junta, si en la Conmemoración del V Centenario del Tratado de Tordesillas se ha gastado una parte muy importante de los recursos en comidas y cenas (Rumores.) y el Consejero de Cultura, cuando es requerido en el Parlamento para que explique esos dispendios, contesta que el Presidente de la citada sociedad pertenece a una buena familia de Valladolid que está acostumbrada a almorzar en restaurantes de varios tenedores, usted comprenderá que es imposible que existan recursos ni dinero para ayudar a la reconversión de las comarcas en crisis. Si se gasta el dinero en conceder proyectos

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de obras a un alto dirigente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, eso sí, por adjudicación directa (El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Cíñase a la cuestión!), que allí parece razonable pero en el ámbito de la Administración central no, es imposible que existan recursos para ayudar a las zonas en crisis.


Yo, que conozco su alta sensibilidad y su comportamiento totalmente dispar con el de esta Junta a la que me vengo refiriendo, le pregunto: ¿Qué medidas, señor Ministro, está adoptando o tiene previsto adoptar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para contribuir a mejorar la situación de Béjar? (El señor Puche Rodríguez-Acosta: ¡Te has quedado descansado!--La señora De Palacio Valle Lersundi: ¡Vete a Fuensaldaña!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor Ministro tiene la palabra.
Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Caldera, paso a resumirle cuáles son las actuaciones que ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo durante los dos últimos años en la comarca de Béjar, actuaciones que ha desarrollado a través del Inem. Se han firmado en 1993 cuatro convenios con los ayuntamientos de El Cabaco, Candelario, Cristóbal y Sotoserrano para pavimentación y otra obras por importe de tres millones de pesetas. En 1990 y 1993 ha funcionado la escuela-taller Alaiz, para un total de 60 alumnos, dedicada a albañilería, cantería y carpintería, por un coste de algo más de 272 millones de pesetas. Actualmente se encuentran en funcionamiento otros dos proyectos de esta naturaleza: un módulo de promoción y desarrollo en Béjar y una casa de oficios en Candelario. El de Béjar, con vigencia hasta 1996, goza de una subvención a la totalidad del proyecto por 94 millones de pesetas, de los que casi 55 corresponden a los años 1993 y 1994, y se destina a la formación de doce agentes de desarrollo. Por otra parte, se concedieron, en 1993, casi 6,5 millones de pesetas en concepto de subvenciones para apoyo a la conversión de trabajadores desempleados en trabajadores por cuenta propia. Este año se han concedido por este mismo concepto más de 1,5 millones y están pendientes de aprobarse 9,5 millones más para doce desempleados más. En este mismo ámbito de apoyo a la creación de actividades se ha concedido una ayuda en pago único y anticipado de la prestación por desempleo a trece beneficiarios que se han insertado en diferentes cooperativas. A la formación ocupacional en esta comarca, el Inem ha destinado en 1993 casi 20 millones de pesetas, de los cuales 14,5 han sido subvenciones a centros colaboradores y el resto lo ha hecho directamente el Inem. En el año 1994 están programados diez cursos en diferentes áreas formativas, con un coste de 31.600.000 pesetas. Por último, el ayuntamiento de Béjar tiene también firmado un convenio con el Inem, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1995, para iniciativas locales de empleo, que desarrollará actuaciones como realización de obras y servicios de interés general, apoyo a la creatividad de la actividad productiva mediante la instalación de nuevas empresas, análisis y detección de necesidades de formación ocupacional, acciones de formación profesional a través de cursos impartidos por el propio ayuntamiento, desarrollo de programas de escuelas-taller y casas de oficio y adscripción de trabajadores desempleados perceptores de prestaciones al servicio de la utilidad social, desarrollados también por el ayuntamiento de Béjar.


El señor PRESIDENTE: Gracias. (La señora De Palacio Valle- Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, quiero manifestar la protesta del Grupo Popular por que se acaba de utilizar un turno de control al Gobierno de la nación para hacer un control que realmente no corresponde a este foro y que entiendo que debería realizarse en otros ámbitos. También quiero manifestar que estamos en un sistema que establece una división no sólo vertical sino horizontal de poderes y competencias, y que no tiene demasiado sentido que aquí se hagan planteamientos que corresponden a otros ámbitos, en concreto a la Cámara de una comunidad autónoma determinada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Por supuesto que esta Cámara no controla las instancias de poder autonómicas ni locales, pero los grupos y los Diputados que intervienen suelen hacer uso de los argumentos que tienen por conveniente en apoyo de las causas que defienden en esta Cámara y la Presidencia nunca ha intervenido en relación a ningún Diputado o a ningún grupo cuando se han referido a la actuación de otras instancias autonómicas o locales para ilustrar sus argumentaciones.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO COSTA COSTA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS BASICAS DEL PLAN ESTRATEGICO DE IBERIA Y QUE COSTES SOCIALES PUEDE COMPORTAR? (Número de expediente 180/000553)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Costa Costa, quien tiene la palabra.


El señor COSTA COSTA: Gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, hemos podido leer en los medios de comunicación social determinadas declaraciones

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de responsables del INI, concretamente del señor Cuenca, Vicepresidente del mismo, anunciando un nuevo plan estratégico para Iberia. Me llama la atención de dichas declaraciones la anticipación que produce respecto a la que, según el señor Cuenca, debe ser la actitud de los sindicatos con relación a dicho plan estratégico. Y me sorprenden especialmente estas manifestaciones porque históricamente los sindicatos han estado abiertos al diálogo en la empresa Iberia y han sabido pactar y consensuar los últimos planes de esta compañía durante bastantes años.
Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las líneas básicas del Plan estratégico de Iberia y qué costes sociales puede comportar? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Costa, con mucho gusto le contesto. En primer lugar, al día de hoy no existe todavía un plan estratégico sino una revaluación estratégica y, naturalmente, el inicio de la presentación y discusión en el seno de la empresa de un plan estratégico sobre Iberia; un plan que espero --como usted augura también-- que siguiendo la tradición histórica de esa empresa pueda ser objeto del máximo nivel de acuerdo con las centrales sindicales y con todos los agentes implicados en esa compañía, cuestión que me parece absolutamente central para conseguir el éxito. En ese sentido, le puedo asegurar que he instruido a los responsables del INI y de Iberia hacia la consecución de un acuerdo de esa naturaleza que, en todo caso, no excluye el poner de manifiesto la necesidad de garantizar la viabilidad de la empresa. Cuando hablo de viabilidad hablo naturalmente de sus malos resultados pasados y de los diferentes retos a los cuales está enfrentada la compañía, que tiene que contar con un gran esfuerzo en materia de ingresos pero también con un gran esfuerzo en materia de costes, de mejora de productividad, de reducción de gastos en suministro de bienes y servicios --no se olvide que aproximadamente 180.000 millones de pesetas son los que el grupo del transporte aéreo utiliza para la compra de bienes y servicios- -y un planteamiento que tiene que pasar también por toda una serie de alianzas estratégicas como las que se han venido en parte ya consolidando, algunas públicas y otras en trance de consolidación, y que deberán conducir a una empresa de carácter global, no regional en una región del mundo, como corresponde a la naturaleza del negocio del transporte aéreo, no solamente para Europa sino para América y también para Asia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor Ministro su respuesta y espero que se desarrolle tal y como nos ha explicado. En cualquier caso, quiero hacer la consideración de que en la viabilidad de la empresa Iberia quienes más interés tienen son sus trabajadores y sus representantes. Es evidente que para que existan estos puestos de trabajo la empresa tiene que ser viable. Yo creo que ellos mejor que nadie, porque están en el sector y conocen perfectamente el desarrollo del mismo, saben los cambios que se están produciendo en el sector comercial aéreo español y mundial, y de ahí que haya una predisposición especial a entrar en este diálogo, y a llegar a acuerdos razonables, siempre que vean que los esfuerzos no se hacen solamente por los trabajadores, por la parte laboral, sino que hay esfuerzos en la organización y en los métodos de funcionamiento de la empresa y esfuerzos también en la reducción de los costes en bienes, servicios y otras materias en que la empresa también puede ajustar sus sistemas de producción.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagraray Ucelay): Brevemente, vuelvo a reiterar que espero que sus augurios se cumplan, señor Costa. Desde luego, la compañía y sus dirigentes están empeñados en que así se produzca. Creo que esto será una clave del éxito. En todo caso, con independencia de las muchas mejoras que hay que hacer, ciertamente tendrá que existir también un esfuerzo de sacrificio, de austeridad y de contemplación de las exigencias que para la viabilidad de una compañía como Iberia en el mundo del transporte aéreo y en la globalización de mercados que hoy existen van a ser precisos. Por tanto, esa es la fase en la cual en este momento se está y, naturalmente, la traducción en cifras de esos esfuerzos habrá que hacerla después de un amplio debate como el que en este momento se está produciendo dentro de la compañía.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION TIENE EL GOBIERNO SOBRE LA FIRMA DEL PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE ENAGAS Y LAS COMPAÑIAS ELECTRICAS, PARA EL USO DEL GAS NATURAL EN LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y SU INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA EN LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/000581)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Gatzagaetxebarría, que tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Industria y Energía, ¿qué opinión tiene el Gobierno sobre la firma del Protocolo de intenciones entre Enagás y las compañías eléctricas para el uso del gas natural en la generación de energía eléctrica y su incidencia sobre la libre competencia en la Unión Europea?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señor Gatzagaetxebarría, no con laconismo pero sí con precisión le quiero decir que tengo una excelente opinión, no en vano yo he sido quien ha propiciado, entre otros, un acuerdo de esa naturaleza.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, quiero indicarle que la legislación española en materia gasística prevé la existencia de una pluralidad de operadores en el ámbito del gas, pero la política seguida por el Ministerio de Industria y Energía está impidiendo, a nuestro juicio, la salida o emergencia de nuevos importadores y distribuidores de gas en el mercado español. Por ello consideramos que el hecho de que Enagás sea el único titular de la red de gasoductos españoles puede suponer una infracción de la normativa comunitaria sobre el principio de libre competencia. Quiero recordarle que con la entrada en vigor del Tratado de la unión económica y política europea se ha puesto en marcha el mercado único, inspirado en el principio de libre circulación, que prohíbe que los Estados de la Unión mantengan políticas restrictivas de los intercambios comerciales, por lo que podíamos encontrarnos ante una conducta restrictiva de la libre competencia.
Nos preocupan enormemente, señor Ministro, las actuaciones relativas al sector económico de la energía impulsadas por el Ministerio, puesto que pueden estar limitando la posibilidad de actuación de otras empresas u operadores en el mercado gasístico --como puede ser Gas de Euskadi--, que en un futuro podrían realizar actividades de distribución de gas tanto en el mercado industrial como en el mercado del consumo general.
Por ello creemos, señor Ministro, que el Ministerio que usted dirige debe moderar la política que se está produciendo de impulso y concentración, de dominio del mercado en el sector gasístico, debiendo tender hacia la admisión y reconocimiento de que puedan actuar otros operadores gasísticos en el mercado que supongan unas condiciones de competencia leal, tal y como está ocurriendo en el sector eléctrico español, en el que existe una pluralidad de empresas operadoras.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor Gatzagaetxebarría, que exponga usted temores no significa que tenga usted razón. Me temo que en sus afirmaciones hay una buena dosis de desinformación sobre lo que significa el mercado único de la energía en materia del gas. Le puedo garantizar que los acuerdos a los que se ha llegado son perfectamente compatibles con la garantía en el suministro energético, que es uno de los principios fundamentales en los que se está asentando la configuración del mercado energético y del mercado del gas en la Unión Europea. Ciertamente, los acuerdos suscritos entre las compañías de gas y las compañías eléctricas son contratos voluntarios y, por tanto, no son fruto de la imposición de la Administración, sino libremente pactados y en el marco de normas como la decimosexta del Protocolo al que usted se refiere, en la que se deja libertad para la adhesión a esas mismas cláusulas de todas las empresas que quieran posteriormente formar parte de este tipo de acuerdos.
En relación con el ámbito regional, por el que usted se interesa, sabe S.S. que son las instancias del País Vasco, fundamentalmente, las que controlan el mercado del gas en su territorio, y no por ello se atenta a la libre competencia ni a las posibilidades que Gas de Euskadi o el proceso futuro de integración de intereses gasísticos en Euskadi pueda enmarcarse dentro de las relaciones entre las empresas del gas y las empresas de electricidad. Señor Gatzagaetxebarría, quiero decirle que esto no tiene nada que ver con lo que a usted le preocupa. Sus preocupaciones sobre el papel que Gas de Euskadi pueda jugar en este terreno están absolutamente faltas de fundamento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL GARCIA FONSECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EXPLICA EL GOBIERNO QUE ENAGAS NO SOLO SEA VENDIDA A GAS NATURAL MUY POR DEBAJO

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DEL VALOR AUDITADO, SINO QUE LA CAIXA, ACCIONISTA CLARAMENTE MINORITARIO EN GAS NATURAL-ENAGAS, POSEA IGUAL NUMERO DE CONSEJEROS QUE EL INH, Y ADEMAS LA PRESIDENCIA DE LA NUEVA EMPRESA? (Número de expediente 180/000588)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, del señor García Fonseca, sustituido para este trámite por el señor Vázquez Romero, quien tiene la palabra.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Señor Ministro, sobre la reciente operación de compra de Enagás por Gas Natural, realizada el 18 de junio pasado, mi Grupo se plantea algunos interrogantes que quisiéramos manifestarle.
Primero, el mecanismo de fijación de precios para esta operación. El precio de Enagás estaba calculado en unos 100.000 millones de pesetas y finalmente ha sido vendida por una cantidad de 56.300 millones. Unicamente se ha vendido el 91 por ciento de estas acciones, es decir, 51.233 millones, quedándose el Estado el 9 por ciento de las acciones, con la pretensión --no sé si vana-- de mantener desde esa posición un papel relevante ante determinadas decisiones estratégicas, como se dice en la información que el propio Consejo de Ministros proporciona respecto de esta operación. Y repito que mi Grupo se plantea algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué el señor Aranzadi, como responsable del Ministerio de Industria y Energía en la etapa anterior, no dio luz verde a un proyecto de integración cuando estaba previsto que fuera Enagás quien comprara Gas Natural o bien se fusionaran ambas? ¿Tiene algo que ver el diferente momento político anterior y el presente? ¿Por qué hasta la fecha se ha mantenido una política tarifaria en el sector del gas natural que primaba a las distribuidoras privadas en detrimento de la cuenta de resultados de Enagás? Precisamente ahora, cuando se privatiza Enagás, es cuando se aplican unas tarifas que tanto a nivel doméstico como industrial van a hacer más rentable el negocio.
La creación de este grupo gasístico, señor Ministro, se hubiera podido llevar a cabo, cuando menos, en las mismas condiciones, sin que necesariamente fuera capitaneado por Gas Natural. Más allá de los 51.233 millones que ingresa en las arcas públicas, desde el punto de vista de la protección de los intereses públicos, ¿qué beneficios conlleva la cesión de la titularidad y patrimonio de una empresa pública, a corto plazo claramente rentable? ¿Cómo se va a materializar la cesión del gasoducto del Magreb, Sagane, en favor de Gas Natural? ¿Cuál va a ser el mecanismo de fijación de precios de ese gasoducto? ¿Va a ser primado una vez más el interés privado sobre el interés público? ¿Qué aportan cualitativamente Enagás y Gas Natural a la nueva sociedad? Son una serie de interrogantes que nos gustaría que contestara. Ya le adelanto que por parte de los responsables de mi Grupo en cuestiones de su Ministerio se va a seguir manteniendo la capacidad de propuesta parlamentaria necesaria para seguir este tema lo más de cerca posible, porque nos parece que es muy importante y que afecta a intereses estratégicos de España y, desde nuestro punto de vista, algunos se han puesto en cuestión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Señoría, me hace usted una batería de preguntas que nada tienen que ver con el texto formal de su pregunta. Además, tengo que decirle que ayer dediqué dos horas de mi comparecencia en la Comisión de Industria a explicar todo lo que usted me acaba de preguntar. Comprenderá que en los escasos minutos que tengo concedidos no le puedo desarrollar lo que ayer me llevó aproximadamente dos horas.
En todo caso, déjeme desmentirle la primera parte de su pregunta, tal y como figura. No es verdad, por lo menos nadie lo dijo oficialmente en el Ministerio, que Enagás valiera 100.000 millones de pesetas. Si usted vende una casa, puede ser que en un momento determinado del tiempo y de acuerdo con los peritos la casa valga uno, dos o tres millones. Si usted decide no vender la casa entera, sino solamente una parte, sin duda alguna valdrá menos. Déjeme que esto sirva de explicación de por qué han tenido lugar muchas especulaciones en los meses pasados y, sin embargo, solamente son relevantes las valoraciones que han partido de los expertos independientes, que han estado operando de acuerdo con todos los agentes que han intervenido en la operación. No voy a citarlos a todos, pero permítame citarle el resumen de conclusiones de uno de los agentes independientes, en concordancia con otros tres o cuatro distintas agencias, que dice lo siguiente: El valor del 100 por ciento de Enagás, S.A., al 15 de junio de 1994, se sitúa a partir de un valor mínimo que no se estima aconsejable fuere inferior a 47.000 millones de pesetas y el cual -- independientemente de que como principio general del INH intentase obtener el mayor precio posible en tanto y cuanto no se ponga en riesgo la consecución de una ordenación sectorial acorde con la política energética nacional-- razonablemente podría aspirarse a que alcance un valor intrínseco que se situaría en torno a 59.156 millones de pesetas. Por lo tanto, en esa banda, entre 47.000 y 59.000 millones, es en la que estimaban los expertos independientes de los distintos agentes que podría situarse la valoración. La definitiva ha sido de 56.300 millones --por tanto, en la banda media alta de lo estimado según las hipótesis

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acordadas y que circulan en los métodos objetivos de valoración-- la que finalmente ha dado lugar a la transacción.
Esto me parece que contrasta con esa imagen que usted, su Grupo, se han empeñado en seguir difundiendo contra toda evidencia, porque nadie ha dicho que sean 100.000 millones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON DIEGO SUCH PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE CRITERIOS SE HAN UTILIZADO PARA DETERMINAR EL VALOR DE ENAGAS, QUE EN PRINCIPIO SE CIFRO EN TORNO A 100.000 MILLONES DE PESETAS, PARA POSTERIORMENTE QUEDAR FIJADO EN LA MITAD? (Número de expediente 180/000597)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, del señor Such Pérez, que tiene la palabra.


El señor SUCH PEREZ: Señor Ministro, ¿qué criterios se han utilizado para determinar el valor de Enagás, que en principio se cifró en torno a 100.000 millones de pesetas, para posteriormente quedar fijado en la mitad? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Such.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Supongo que aceptará que no necesito reproducir una parte de la contestación: No sé en principio quién estimó. Debiera usted referirse a eso, porque yo, desde luego, no lo estimé ni lo estimó nadie autorizado por el Ministerio. En consecuencia, ya le he dado una parte de la información y lo que los distintos expertos independientes han estimado, tanto por cuenta del INH como de Gas Natural o, si quiere usted, de la Caixa, en las operaciones en las que unos y otros han intervenido, llegando a un tramo, a una valoración dentro de la cual se ha obtenido un acuerdo que se sitúa en 56.000 millones.
El sistema de valoración ha sido el utilizado habitualmente.
Usted conoce, sin duda alguna, que en estos asuntos se suele tomar en consideración bien el valor de la sociedad en bolsa, bien el valor de transacciones similares en el mercado nacional o internacional, el valor patrimonial neto o el valor actual de los flujos de caja descontados al momento presente.
Esta última forma de valoración es en la que han coincidido todas las agencias de valoración. De acuerdo con una tasa de descuento, con una estimación de los flujos de caja, previsibles para los próximos años y con una serie de hipótesis, es como se ha llegado a esta valoración.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Such.


El señor SUCH PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tenga usted la certeza de que ni yo ni el Grupo Parlamentario Popular se han inventado estas cifras, más bien estas cifras salen de su boca en algún medio de comunicación social, y nosotros lo único que pedimos es cuáles son los criterios o las valoraciones que le indujeron a decir usted eso en aquel momento. Como tampoco nos hemos inventado que la Caixa, con el 25 por ciento que va a tener en Enagás, llegue prácticamente a controlar el Consejo de Administración y tenga capacidad para poner el Presidente de este Consejo. No es nuestra intención alarmar a nadie, ni mucho menos tratar de sembrar inquietudes entre el resto de las fuerzas políticas o entre la sociedad española, pero nos llama la atención que con muy poco dinero --repito-- se puede llegar a controlar el mercado gasístico español por parte de sus socios de Gobierno.
Además, han apartado ustedes la parte más dura de todo este proceso, que es el proceso del gaseoducto de Argelia que, indudablemente, vamos a tener que pagar todos los españoles y que indudablemente también va a significar un incremento de las tarifas del gas.
Todo este proceso desde nuestro punto de vista, señor Ministro, se aparta de la lógica empresarial, se aparta de la propia lógica del mercado y solamente se puede explicar a través de criterios políticos y con pactos nada claros, que ustedes aquí en esta Cámara no quieren explicar.
Yo, hace muy poco tiempo, comparaba a usted con Steve Urkel, un personaje simpático de una serie de televisión de Antena-3 Televisión. Hoy, si tuviera que comparar a su Gobierno quizá sería algo más malicioso y tendría que hacerlo con cualquiera de los personajes histórico-literarios que se puede encontrar uno en muchos textos, que lo único que tratan es de vender fidelidades, lealtades o haciendas con tal de mantenerse en el poder.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Such.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor presidente.
Señor Diputado, permítame decirle que no le voy a tolerar el que impute a este Gobierno ni a este Ministro comportamientos que no se corresponden con la defensa

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de los intereses del Estado, ni muchísimo menos comportamientos que signifiquen el que no prevalezcan los intereses de la propia Hacienda pública por obtener apoyos políticos.
No tiene usted ningún argumento, salvo la imputación de intenciones, para sostener lo que ha dicho; ninguno. Se lo he preguntado en diferentes ocasiones a su portavoz para Asuntos Industriales y no ha sido capaz de pasar de la fase exclusivamente de tender algunas cortinas de humo, pero sin dar el paso de hacer lo que usted ha hecho hoy. Usted ha hecho hoy alguna afirmación, y si esa afirmación la lleva hasta sus últimos extremos resultaría que este Gobierno y este Ministro está simplemente vendiendo los intereses de la Hacienda pública hacia eventuales aliados políticos, por lo tanto incurriendo en posiciones que serían incluso delictivas.
Quiero que saque usted la consecuencia adecuada de sus palabras y que tenga el valor de decir si, efectivamente, ésta es una operación inadecuada económica, industrial, gasísticamente, y, si tiene usted el valor y los argumentos para demostrarlo, lleve sus afirmaciones hasta el final pero si no se ha leído ni siquiera los papeles, haga el favor de callarse.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES SE ESTAN DESARROLLANDO Y CUALES SE TIENE PREVISTO DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA TASA DE OCUPACION Y CALIDAD DEL EMPLEO DE LAS MUJERES, CONTEMPLADO DENTRO DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER? (Número de expediente 180/000556)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, de la señora Novoa Carcacia, que tiene la palabra.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, la participación en el mundo laboral es hoy para la mayoría de las mujeres una condición básica e imprescindible para su desarrollo personal y social. Por otra parte, las mujeres representan un importante capital humano para el proceso productivo. Hoy ya no se puede utilizar el argumento de que las mujeres tienen un problema de formación que les impide acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los hombres; más bien lo que persisten son obstáculos de índole cultural y social.
El II Plan para la igualdad de oportunidades de la mujer contempla, como uno de sus grandes objetivos, incrementar la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, tanto cuantitativa como cualitativamente. Para lograr este objetivo, el propio Plan prevé 28 actuaciones a desarrollar a lo largo de los tres años de vigencia del mismo. Corresponde al Ministerio de Asunto Sociales, a través del Instituto de la Mujer, el impulso y la coordinación del referido Plan de igualdad. Por ello, le pregunto a la señora Ministra: ¿Qué actuaciones se están desarrollando y cuáles se tiene previsto desarrollar para el logro del objetivo de incrementar la tasa de ocupación y calidad del empleo de las mujeres, contemplado dentro del II Plan para la igualdad de oportunidades de la mujer?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, es verdad que la defensa del empleo de las mujeres constituye una de las prioridades del II Plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, aprobado por el Gobierno en enero de 1993, y ciertamente los obstáculos más importantes para la integración de las mujeres en el mundo laboral son, todavía, de índole cultural y social.
En los últimos años, esa participación de las mujeres en el mercado laboral ha experimentado un enorme incremento. Pero es cierto que todavía existen muchas diferencias en relación con el empleo masculino, y fundamentalmente se centran en que los puestos femeninos son los de menor cualificación. Es donde se concentra la contratación de mujeres. También hay menos estabilidad en el mismo y, además, hay una menor retribución, en algunos casos muy significativa. El II Plan de oportunidad para las mujeres tiene 28 acciones, que se concretan en tres principales áreas, que tienen como objetivo reducir los índices de paro femenino, incentivar programas de acción positiva en las empresas para favorecer la diversificación y la promoción de la actividad de las mujeres en las mismas, y el último gran objetivo es promover la coordinación y la colaboración institucional.
¿Acciones concretas que se han llevado a cabo? Una, muy importante, en el marco de la iniciativa comunitaria NOW, de nuevas oportunidades para las mujeres; hemos puesto en marcha, en colaboración con el Inem y las corporaciones locales, un plan integrado para la promoción del empleo femenino. Este plan consiste en la creación de una red de servicios sociales especializados, de apoyo a las mujeres, en todas las fases de su camino hacia la obtención del empleo, el mantenimiento y la promoción. Se han beneficiado hasta el momento de este programa 9.000 mujeres. Además, estamos suscribiendo convenios con entidades públicas y grupos empresariales privados para poner en marcha planes

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de igualdad de oportunidades. Hasta ahora hemos firmado dos convenios, uno con el Instituto Nacional de Industria, en diciembre pasado, que ya está dando sus frutos, y otro con la Dirección General de la Función Pública. Tenemos previstos otros, en fase próxima, con otras entidades administrativas.
Concretamente, la Dirección General de Patrimonio del Estado será el próximo que firmemos. Además, tenemos las acciones dirigidas a mejorar la situación de las mujeres rurales, que es muy importante. Aquí tenemos los cursos de formación ocupacional rural que hacemos a través del marco del Plan FIP.
También es importante destacar, entre otras iniciativas del Gobierno, la que hemos llevado a cabo últimamente con las medidas que se tomaron para el incremento de la ocupación...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA PODER ATENDER Y FACILITAR LAS DEMANDAS DE TRABAJO TEMPORAL EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS? (Número de expediente 180/000562)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, una característica común de las actividades agrícolas consiste en su naturaleza marcadamente estacional. Esta estacionalidad se acentúa aún más si nos centramos en las actividades relacionadas con la producción y con la recolección de frutas y hortalizas, hecho éste que provoca la concentración de demanda de trabajo temporal de determinada mano de obra en unas épocas concretas del año. Esta demanda de mano de obra aumenta en ciertas zonas y provincias de nuestro país, y se produce, sobre todo y fundamentalmente, en los períodos de recolección de estos productos. Este hecho, además, está provocando situaciones de desplazamiento, de inmigración de trabajadores que demandan y que tienen derecho a determinados servicios. Por tanto, esta demanda aumenta en ciertas zonas y en ciertos períodos del año. Además, están demandando unas condiciones de vida aceptables tanto para los propios trabajadores y trabajadoras como para las familias que, en algunos casos, se ven obligadas a acompañarles y a desplazarse a estos lugares.
Por todos estos motivos, señora Ministra de Asuntos Sociales, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para poder atender y facilitar las demandas de trabajo temporal en las zonas productoras de frutas y hortalizas? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Ortega.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, efectivamente, entre las competencias del Ministerio de Asuntos Sociales, a través de la asunción de las competencias de la Dirección General de Migraciones, figuran la planificación y la asistencia a los trabjadores y a sus familiares que participan en migraciones interiores, dentro de España, y de acuerdo con temporadas de campaña, normalmente de recogida de fruta. Las acciones del Gobierno en este terreno son fundamentalmente de forma anual, con el fin de procurar organizar bien las campañas de temporada que tienen lugar en España a través de la Dirección General de Migraciones. Se hace todo un elenco de cómo se va a efectuar esa atención para la recogida de la fruta y de la hortaliza y tenemos la colaboración de las administraciones autónomica y local, así como la de los sindicatos y organizaciones empresariales, precisamente para hacer esa planificación anual. De esta forma prevemos con antelación suficiente las necesidades de mano de obra y canalizamos adecuadamente esas necesidades.
En ejercicio de esta función, en este año concreto hemos suscrito de nuevo protocolos adicionales a los convenios que ya existían de colaboración con las Comunidades Autónomas de Andalucía --de la cual es representante por Jaén la Diputada que me hace la pregunta-- y de Navarra, para apoyar a los trabajadores migrantes que participan en estas campañas, concretamente de recogida de la fresa y de espárrago.
También llevamos a cabo la planificación y organización de la campaña para recogida de la fruta en Lérida, de la vendimia en El Penedés y la recogida de hortalizas y frutas en La Rioja y en Navarra.
En lo que respecta a una función complementaria de las anteriores, el Ministerio de Asuntos Sociales colabora con los servicios públicos de empleo para cubrir las ofertas que existen, que deben ser cubiertas por trabajadores procedentes de otras zonas geográficas por no haber suficiente demanda en el lugar donde se lleva a cabo esta ejecución.
Para facilitar a los trabajadores el traslado, lo que hacemos es tener convenios con las empresas Renfe y Enatcar para el apoyo a estas personas. Además, tenemos prevista la atención a todas estas personas y una

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ayuda por un importe total de 57 millones de pesetas para que puedan tener servicios de guardería, residencias infantiles, etcétera. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE LOS TRASPASOS DE COMPETENCIAS AGRARIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000559)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, del señor Soto Martín.


El señor SOTO MARTIN: Señor Presidente, señor Ministro, la pregunta que le formulo es la que aparece literalmente en el orden del día: ¿Qué valoración hace el Gobierno, concretamente su ministerio, de los traspasos de competencias agrarias a las comunidades autónomas? En todo caso, creo que no estaría de más resaltar la necesidad de acelerar los traspasos pendientes, superando las reservas que puedan haber existido en otro momento.
Igualmente, y creo que coincidiremos en ello, es beneficioso para todos profundizar en la colaboración con las comunidades autónomas. La ciudadanía, en este caso los hombres y mujeres del agro, de la pesca o de la alimentación, aunque saben cada vez más de leyes, de normas y de directivas, reclaman con razón que la complejidad de un Estado moderno, democrático y de las autonomías no se les atragante ni se les aparezca confuso y contradictorio. La cooperación institucional ha de merecer todos nuestros esfuerzos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la política de relaciones con las comunidades autónomas que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere impulsar se basa en tres ideas fundamentales. En primer lugar, el impulso a los traspasos pendientes; en segundo lugar, la colaboración con las comunidades autónomas en todas aquellas materias en las que el Estado conserva competencias en materia de agricultura y, en tercer lugar, la potenciación de la conferencia sectorial de agricultura. En lo que se refiere al impulso a los traspasos pendientes, éste va a suponer la extensión a todas las comunidades autónomas de la asunción por parte de éstas de las competencias en materia de cámaras agrarias, calidad agroalimentaria y defensa contra fraudes, ampliación de medios del Icona, gestión de las ayudas directas a los agricultores que anteriormente eran gestionadas por el Senpa, así como las cofradías de pescadores en aquellas comunidades autónomas del litoral en las que todavía dicho traspaso no se ha producido.
Asimismo, pretendo seguir incrementando la colaboración con las comunidades autónomas mediante una política decidida de acuerdos y convenios para la administración y distribución de los fondos comunitarios, así como para el establecimiento de todas aquellas medidas que sean necesarias para un apoyo más rápido y ágil en beneficio de los agricultores, de forma tal que la distribución competencial no constituya un obstáculo para una mejor gestión sino una ayuda para un servicio más eficaz.
Finalmente, continuaré impulsando la conferencia sectorial, tanto a nivel de agricultura como a nivel de pesca, como instrumento que posibilite la circulación de la información necesaria entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas en ambos sentidos, con vistas a las negociaciones en Bruselas, así como para el establecimiento de contactos periódicos y regulares que permitan un diálogo; una comunicación y una participación constante de todas las administraciones en los asuntos de la agricultura, la pesca y la alimentación.
Quiero destacar, por tanto, un dato que me parece particularmente relevante de lo que ha sido el proceso de transferencias de competencias a las comunidades autónomas durante los últimos 11 años. En 1982 el Ministerio de Agricultura tenía 36.000 funcionarios; desde 1993 tiene 11.000 funcionarios y en breve plazo, cuando culminen los traspasos que he comentado, esta cifra se reducirá a menos de la mitad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FERNANDO SOTO MARTIN, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL MAPA, RESPECTO A LA ACTUAL CAMPAÑA DE FRUTAS Y HORTALIZAS? (Número de expediente 180/000560)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, del señor Soto Martín. Tiene la palabra.


El señor SOTO MARTIN: Señor Ministro, las frutas y hortalizas son un apartado de singular importancia, especialmente para cierta zona del campo español. Sin

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minusvalorar a otros sectores, los agricultores que se dedican a producir frutas y hortalizas se encuentran entre los primeros lugares, ocupan una posición de vanguardia en todo lo referente a una agricultura moderna y de calidad. Siendo así, y con ser importante su aportación a la economía nacional y, lógicamente, al propio crecimiento de su renta familiar, este sector aporta un elemento cualitativo que no puede ser descuidado.
En todo caso, señor Ministro, siempre es importante disponer de previsiones lo más al día de la fecha posible. ¿Cuáles son, señor Ministro, las previsiones de su Departamento respecto a la actual campaña de frutas y hortalizas? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soto.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
En frutas y hortalizas, las previsiones de superficie y producción a 31 de mayo permiten afirmar con carácter general que van a permanecer estables, aunque con ligeras variaciones coyunturales al alza o a la baja, según los productos. Me gustaría destacar los siguientes aumentos y descensos de la producción estimados respecto del pasado año. En tomate de invierno estaríamos con un crecimiento del 7,5 por ciento; en tomate para conserva habría un crecimiento del 12 por ciento; en patata extratemprana, un crecimiento del 12 por ciento; en patata de media estación, un crecimiento del 9 por ciento; en cebollas, un crecimiento del 19 por ciento; en alcachofas y coliflor, una disminución del 6 por ciento; en sandías y judías verdes, una disminución del 11 por ciento; en manzana de mesa, una disminución del 13 por ciento; en pera, un incremento del 8 por ciento y en albaricoque, melocotón, cerezas, etcétera, una disminución entre el 7 y el 9 por ciento.
Como S.S. conoce, la gestión del mercado hortofrutícola se lleva a cabo, básicamente, mediante la retirada de productos que gestionan las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, las operaciones de exportación y los contratos de transformación mediante los cuales el productor recibe un precio mínimo.
Dadas las previsiones de producción, no se esperan grandes volúmenes de retirada de productos hortofrutícolas. Las previsiones de exportación son favorables en línea con la progresión de los últimos años, tanto a nivel de la Unión Europea como con terceros países, en este caso mediante restituciones a la exportación. Dos hechos relevantes tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 1995, con repercusiones sobre el desarrollo de la actual campaña: por un lado, la ampliación de la Unión Europea y, por otro lado, el comienzo de la aplicación de los acuerdos del GATT, en especial para tomates, pepinos y calabacines, cuyo nuevo sistema de protección de las importaciones, en base a los precios de entrada, permitirá extender la protección a lo largo de todo el año, desde el 1 de enero.
No se espera que los nuevos países miembros de la Unión Europea vayan a cambiar sus pautas de consumo hortofrutícola.
El 80 por ciento de nuestras exportaciones a estos países son de frutas y hortalizas, y el aspecto más positivo será la instauración para estos países del mecanismo de precios de referencia o entrada frente a las importaciones de países extracomunitarios. Esto sin duda va a dar ventajas a nuestros envíos hacia estos nuevos países miembros, sobre todo de tomates y de cítricos, en particular clementinas.
En conclusión, la actual campaña hortofrutícola 1994-1995 puede considerarse normal en cuanto a producciones. Se esperan niveles normales de retiradas, con ligeros incrementos coyunturales y perspectivas favorables para el comercio exterior.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO ESPAÑOL, ANTE EL DE FRANCIA Y ANTE LOS ORGANISMOS DE LA UNION EUROPEA, RESPECTO A LOS ATAQUES A LOS CAMIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000596)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, del señor Pau i Pernau, que tiene la palabra.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señor Ministro, la pregunta que quiero formularle tiene su origen, por desgracia, en los continuos ataques que los camiones españoles con frutas y hortalizas sufren en Francia, ante lo que algunos llaman grupos incontrolados, que al parecer no lo son tanto, y con la pasividad --al menos lo parece-- de la Administración pública de nuestro vecino país y socio en la Unión Europea.
Estos ataques, con cuantiosas pérdidas directas y sobre todo indirectas para nuestros productores agrarios, principalmente por los efectos inducidos que tienen sobre la distribución y el consumo, atentan contra todos los principios comunitarios al impedir la libre circulación de mercancías dentro de un mismo mercado, e intentar cerrarlo para determinados productos de un país como el nuestro que, a la recíproca, ha abierto su mercado a los de los restantes países de la Unión Europea.


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La pasividad de las autoridades francesas ha sido denunciada por todo el sector. La propia Comisión de Agricultura de este Congreso de los Diputados aprobó ya, por unanimidad, una condena de esta actitud y solicitó del Gobierno una posición decidida ante el de Francia y los órganos de la propia Comunidad para evitar que continúen en el futuro estas acciones. Nos consta la preocupación de su Ministerio y también de algunas acciones realizadas.
Por ello, este Diputado le pregunta: ¿qué acciones se han realizado por parte del Gobierno español, ante el de Francia, y ante los organismos de la Unión Europea, respecto a los ataques a los camiones de frutas y hortalizas españoles? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pau.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la actitud que han venido manteniendo, ya durante muchos años, grupos de agricultores franceses supone una clara violación de los artículos 30 y 169 del Tratado de la Unión Europea, al vulnerar pilares básicos del mercado único, la libre circulación de mercancías, en particular, que se estaban agravando como consecuencia de amenazas y chantajes a empresas de distribución y a grandes superficies en territorio francés para instarles a trabajar solamente con productos franceses.
España ha tomado una serie de iniciativas, tanto de carácter bilateral como ante las instituciones comunitarias en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, y quiero destacar también el apoyo a la postura española dado por el Parlamento Europeo, así como la resolución aprobada por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de este Congreso de los Diputados el pasado día 21 de abril.
El Gobierno francés ha reiterado, en manifestaciones en el Consejo de Ministros de Agricultura, su disposición a perseguir y castigar a los autores de estas agresiones, pero, a pesar de ello, el Gobierno español ha considerado que no se estaba actuando con suficiente diligencia por parte de las fuerzas de seguridad francesas, que no se estaba actuando con la suficiente contundencia por parte de la autoridad judicial y que eran perfectamente identificables y, por tanto, perseguibles, porque se estaban institucionalizando, algunos de los ataques y de los chantajes que se estaban produciendo en territorio francés. Por ello, el Gobierno español dio instrucciones al embajador español ante la Unión Europea para que presentase una queja formal instando a la Comisión Europea a que abriese un procedimiento de infracción contra la República Francesa, por considerar que no estaba tomando todas las medidas a su alcance para respetar las reglas comunitarias y, además, porque consideraba que era importante que este conflicto no se convirtiese en un conflicto bilateral, sino en un conflicto del conjunto de la Unión Europea respecto al Estado francés. El correspondiente escrito fue presentado el pasado 3 de junio, y quiero anunciarles que el Colegio de Comisarios ha decidido, en su reunión de esta mañana, abrir formalmente el procedimiento de infracción contra el Estado fracés, y remitir al Gobierno francés una carta de emplazamiento en aplicación del artículo 169 del Tratado, como había solicitado el Gobierno español, de forma que deberá presentar las observaciones pertinentes en un plazo de quince días y, de acuerdo con el referido artículo del Tratado, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado y posteriormente recurrir, si lo considera necesario, al Tribunal de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON EMILIANO SANZ ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE EL PASADO DIA 22 DE JUNIO SE PRODUJO UN INCENDIO CON DIVERSOS FOCOS EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA? (Número de expediente 180/000598)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, del señor Sanz Escalera.


El señor SANZ ESCALERA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, desvelados ya a estas alturas los rumores iniciales sobre las causas del incendio en Doñana del pasado miércoles 25, este Diputado --que no va a echarle la culpa al Gobierno sobre si llueve o no llueve, como hizo aquel parlamentario italiano--, quiere dejar, no obstante, constancia, sin demagogia ni catastrofismo, de los siguientes extremos.
Primero. Que los daños ocasionados no son desdeñables; la destrucción de 20,7 hectáreas, 207.000 metros cuadrados de pinar y sabinar, son los más graves desde 1985 y tardarán, señor Ministro, cuarenta años en restablecerse a la situación en que se encontraba el martes anterior.
Segundo. También debemos hacer constar que estos daños pudieron ser menores si se hubiera desbrozado el monte bajo -- y esa es la primera responsabilidad que denunciamos--, como ya advertimos y recomendamos este invierno pasado en visita personal precisamente a la zona fectada, lo que evidentemente no se ha hecho, como reconoce el propio señor director del Parque, don

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Jesús Casas, al manifestar a la prensa que aquello era una zona que no se ha tocado en veinte años. Subyace aquí una distinta filosofía sobre la intervención humana en el Parque o la no intervención del hombre, y es una dicotomía que debemos superar entre los conceptos de parque y coto.
Tercero. Queremos dejar claro que Doñana es una reserva natural muy vulnerable, donde el fuego, por unas o por otras causas, aparecerá tarde o temprano, y eso a pesar de ser un espacio bien dotado de medios y de recursos y a pesar de ser de acceso limitado y teóricamente controlado.
Cuarto. Debemos advertir que el Gobierno y, dentro de él, la Comisión Permanente del Patronato no deben quedar nada satisfechos, pues todo sistema de vigilancia y control, por muy eficaz que sea, siempre es mejorable, y mucho más cuando se trata de defender la mayor reserva ecológica de Europa.
Quinto. Hemos de significar que los daños no fueron más graves gracias a la dirección del viento, que era terral, por lo que conducía el fuego hacia el mar y las dunas; pero también hemos de reconocer --y no nos empacha decirlo-- que se pudieron conjurar gracias a la intervención inmediata de los medios de Infoca y --lo decimos también con satisfacción-- a la movilización voluntaria de los hombres de los pueblos vecinos, que demostraron así el amor que tienen por el Parque...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz Escalera. ¿Mantiene S.S. la pregunta?

El señor SANZ ESCALERA: Sí, sí, por supuesto.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Ministro, sabe que la pregunta que tiene que contestar es la que figura en el orden del día.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Sí, muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, parece que se refiere al incendio del pasado día 22 de junio, aunque en su intervención ha citado el día 25 de junio, día en que se produjo otro incidente al que no hacía referencia ni su pregunta ni su intervención. Sobre el incendio al que se refiere su pregunta, efectivamente se produjo el pasado 22 de junio. El fuego, de gran fuerza, se extendió a partir de un solo foco, sobre las copas de los árboles, en dirección este-oeste, como dice S.S., con un fortísimo viento de levante, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, por una zona --y quiero destacarlo-- de vegetación natural, de pino piñonero y sabina en evolución natural, de acuerdo con las prescripciones previstas en los planes de gestión y de conservación del Parque por parte de los técnicos, no por parte de este Ministro ni del Ministerio ni de sus responsables políticos. La rápida actuación del sistema contra incendios del Parque Nacional de Doñana, con el apoyo de medios de la Junta de Andalucía y la colaboración voluntaria, logró que apenas transcurridas dos horas el incendio fuese completamente controlado y extinguido.
Quiero destacar que el incendio tuvo única y exclusivamente un foco (por tanto, son falsas las afirmaciones que en algún momento se han hecho y a las que se refería el texto de su pregunta sobre que habían existido varios focos) y que se originó, al parecer, a partir del lanzamiento, desde las inmediaciones del Club Náutico de Sanlúcar, de una bengala de señales marítimas desde el otro lado del río Guadalquivir y a una distancia aproximada de 1.500 metros del punto del inicio del fuego. El fuerte viento de levante hizo posible el traslado de la bengala al otro lado del río; lanzamiento que, por otro lado, parece que se debía al deseo de desprenderse de un material ya fuera de uso. El responsable del lanzamiento, que ha reconocido al parecer los hechos, ya ha sido puesto a disposición judicial y, en principio, se excluye la intencionalidad del origen del fuego.
Se ha tratado, sin duda, del foco de fuego de mayor peligro potencial que ha sufrido el Parque de Doñana en los últimos años, con una superficie afectada de 20 hectáreas, aunque se deben reiterar las escasas consecuencias que el mismo ha tenido para el parque como resultado de la rápida y contundente actuación del dispositivo contra incendios del Parque Nacional de Doñana. Este fuego ha permitido contrastar la adecuada dotación de medios y de personal, así como la organización técnica del sistema contra incendios, que no ha sido cuestionada por nadie.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE GARANTIZAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION EL ABASTECIMIENTO DE SEMILLA CERTIFICADA DE TRIGO DURO EN LA CANTIDAD Y CALIDAD EXIGIDA EN LA NORMATIVA RECIENTEMENTE APROBADA? (Número de expediente 180/000603)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, del señor Jordano Salinas.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
¿Puede garantizar el Ministerio de Agricultura el abastecimiento de semilla certificada de trigo duro en la cantidad y calidad exigidas en la normativa recientemente aprobada?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jordano.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la Orden Ministerial de 12 de mayo de 1994 contempla en su disposición transitoria que para la próxima campaña de siembra, 1994-1995, las dosis mínimas de semillas certificadas de trigo duro serán de 130 kilos por hectárea, dosis inferior a la utilizada en la mayoría de las zonas tradicionales de cultivo, aunque esta cuantía será de 150 kilos por hectárea en las próximas campañas. En lo que se refiere concretamente a su pregunta, quiero señalarle que la superficie máxima susceptible de percibir ayuda en nuestro país, asciende a 550.000 hectáreas, lo que implica unas necesidades de semilla certificada de 71.500 toneladas. Señoría, si la superficie que ha sido declarada para control oficial por las entidades productoras de semillas certificadas es de 31.500 hectáreas y las estimaciones de producción de semilla apta para la siembra es de 80.000 toneladas, parece que la garantía de abastecimiento que usted demanda está asegurada y tengo que decirle también que, por supuesto, nuestras fronteras, en lo que se refiere a esta semilla certificada, no están cerradas, sino que, al contrario, están abiertas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no parece que la superficie realmente aceptada por el Instituto de Semillas Selectas coincida con la que usted ha dicho, y no parece porque lo que está pasando en el campo, en la zona donde ya se ha recogido la cosecha de trigo duro, es que determinadas casas abastecedoras de semillas están comprando trigo de cierta calidad que no se ha declarado previamente como semilla. La orden ministerial que usted ha firmado --imagino que estaría hecha antes de que usted llegara al ministerio-- es discriminatoria hacia el exterior y hacia el interior. Discriminatoria hacia el exterior, porque es el único país de la Unión Europea que al aplicar el Reglamento comunitario 231/94 ha establecido la obligatoriedad de utilizar semillas certificadas y ha fijado un mínimo de semilla.
Es discriminatoria hacia el interior, porque ustedes mismos en el plan de cultivos herbáceos reconocen distintas superficies que tienen distintos niveles de producción, pero imponen el mínimo igual para todos y es ilógico que en zonas en las que no se recogen ni 900 kilos de trigo por hectárea obligue usted a utilizar 130 en la próxima campaña y 150 kilos en la siguiente. Por otra parte, la orden es inoportuna, porque si hubiera sido adecuada tendría usted que haber establecido la regulación para la campaña de siembra 1995-1996 y haber permitido a todos los agricultores que reservan una parte de su superficie para sembrar su propia semilla que la hubieran utilizado, cosa que ahora no van a poder hacer.
Finalmente, la orden es perjudicial para los intereses generales, ya que al haberse publicado en el mes de mayo, en definitiva se están primando los intereses particulares de determinadas empresas, o quizá de una sola empresa, en perjuicio de los intereses generales de todos los agricultores. Ahí es donde su Ministerio evidentemente tenía que actuar, porque no es permisible que una orden ministerial para regular una siembra que se va a producir, que se tenía que haber producido en el otoño pasado, se haya publicado en mayo y sólo quien disponía de información privilegiada de lo que iba a pasar en su ministerio se ha podido beneficiar y tomar una posición en el mercado. Esa es la auténtica realidad de lo que está pasando en el campo. Por tanto, lo adecuado es que derogue usted la orden y la deje para aplicar en la campaña de siembra 1995-1996, revisando los mínimos en función de los niveles de producción de cada zona. (Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jordano.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Gracias, señor Presidente.
En la reforma de la Política Agrícola Común se estableció una ayuda de 54.000 pesetas en la pasada campaña; 57.000 pesetas en la que comienza pasado mañana; 57.000 pesetas por hectárea para una producción en la cual el objetivo del Gobierno es mantener este cultivo en base a productos de calidad. Queremos que el trigo duro sea un producto con capacidad competitiva en el exterior, que se adapte a la demanda del mercado y, con ello, evitar producciones de difícil comercialización y cuyo destino principal es la intervención, porque esto debilita notablemente nuestra capacidad de negociación en el ámbito comunitario para seguir defendiendo un importante nivel de ayudas que significa unos ingresos de más de 30.000 millones de pesetas para 35.000 agricultores y que difícilmente se puede defender sobre la base de destinar una parte importante de nuestras producciones para la intervención o para el alimento de ganado. Por ello, hemos considerado que era imprescindible y urgente establecer una exigencia en términos de calidad de la semilla y, por tanto, considerando que existe

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capacidad suficiente en nuestro mercado para atender esas necesidades de semilla certificada, hemos considerado oportuno que se aplique para esta próxima campaña.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: EN RELACION A LOS MEDICOS ESPECIALISTAS SIN TITULO OFICIAL QUE TIENEN ACREDITADA LARGAMENTE SU ESPECIALIDAD, ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTRIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL TITULO A ESTE COLECTIVO DE MEDICOS? (Número de expediente 180/000586)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Gatzagaetxebarría Bastida.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, en relación a los médicos especialistas sin título oficial que tienen acreditada largamente su especialidad, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Sanidad y Consumo para el reconocimiento oficial del título a este colectivo de médicos?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Como S.S. conoce, en la actualidad, el único sistema para la obtención del título de especialista es el que se prevé en el Real Decreto de 11 de enero de 1994, por el que se adapta la Directiva europea de 5 de abril de 1993. Cuando S.S. se refiere a los médicos especialistas sin título oficial se está refiriendo, sin duda, a un colectivo heterogéneo, en el que creo que podemos distinguir dos grupos bien diferentes. Por un lado, los licenciados formados en centros o unidades acreditadas, a través de convocatorias públicas, y con vínculo contractual durante el período formativo. Es el caso, por ejemplo, de los psiquiatras de las diputaciones provinciales.
Para este colectivo, con una formación equiparable a la vía MIR, hemos elaborado un proyecto de real decreto que está pendiente de dictamen del Consejo de Estado.
Por otra parte, existen licenciados que han recibido formación no reglada ni controlada, durante períodos incompletos, en centros y unidades no acreditadas, sin convocatoria pública y sin vinculación formativa. Dentro de este grupo constituye un caso especial el de los médicos ayudantes de equipos quirúrgicos y los médicos quirúrgicos interinos que llevan años trabajando en el sistema sanitario. Para este caso concreto estamos estudiando dos posibilidades. Una, intentar su integración en el proyecto de Real Decreto al que me he referido. Otra opción posible es reconocer su situación en la futura ley de ordenación de las profesiones sanitarias, valorando la formación especializada y la actividad profesional anterior al 31 de enero de 1984. En este caso se ofrecería la necesaria formación complementaria con las plazas excedentes de las convocatorias anuales de formación especializada.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, nosotros queremos mostrarle nuestra preocupación --como también usted indicaba-- por la existencia de un colectivo muy heterogéneo de especialistas.
Efectivamente, la entrada en vigor del Real Decreto 127/1984, que regula los requisitos de acceso a la condición de especialista mediante la figura de los médicos internos residentes, a nuestro juicio, es un instrumento adecuado para la adquisición del título de especialista. No obstante, a la entrada en vigor del Decreto del año 1984 existía este colectivo importante, en sus diferentes especialidades de cardiología, endocrinología, pediatría, neurología, psiquiatría, etcétera, que tiene acreditada una larga experiencia en centros públicos, tanto del Insalud como ahora dependientes de las comunidades autónomas.
A nuestro juicio, señora Ministra, es hora de que se adopten una serie de medidas --y ustedes, según me contestaba, tienen previsto hacerlo-- en relación a los médicos ayudantes quirúrgicos, pero le solicitaría que también tengan en cuenta la necesidad de dar seguridad y terminar con una indefinición respecto a la situación profesional en que se encuentra un colectivo heterogéneo pero elevado de médicos especialistas, que tienen acreditado un conocimiento, una especialidad, una trayectoria profesional. En definitiva, todo eso va a dar una mayor garantía al ciudadano, puesto que sabe que va a estar tratado por un especialista que tiene, además de su conocimiento en la materia, la titulación. Por ello, señora Ministra, si recientemente, como decía, han reconocido o van a reconocer mediante una disposición la titulación a los psiquiatras, consideramos que el principio de igualdad ha de tender también, a que en los casos en que los especialistas tengan acreditada la experiencia a la que me hacía referencia, se

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adopten medidas análogas, similares para proceder al reconocimiento definitivo del título de especialista.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Gatzagaetxebarría.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Comparto su preocupación, señoría, y nuestro interés es precisamente dar respuesta adecuada a ese número de especialistas sin ignorar, por otra parte, que las situaciones no son idénticas, y sin ignorar, como es obvio, el ordenamiento que nos vincula a todos, nuestra pertenencia a la Unión Europea, el mantenimiento del sistema MIR, que cada vez que se ha planteado en esta Cámara ha merecido la aprobación y el apoyo de todos los grupos. Por tanto, atendiendo a todos estos condicionantes, estamos dispuestos a abordar de manera definitiva la solución de estos especialistas a los que S.S.
se refiere. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EXISTEN FARMACOS COMERCIALIZADOS EN ESPAÑA SIN EFICACIA DEMOSTRADA Y QUE SON RECETADOS POR EL INSALUD? (Número de expediente 180/000604)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, del señor Fernández- Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.
Señora ministra, ¿existen fármacos comercializados en España sin eficacia demostrada y que son recetados por el Insalud? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
En España, señoría, existen fármacos registrados y autorizados por el Ministerio de Sanidad y Consumo cuya eficacia está contrastada mediante los ensayos previstos legalmente, que están armonizados en el ámbito de la Unión Europea. Lo que ocurre es que el desarrollo científico y tecnológico hace necesaria la revisión permanente de las cualidades de esos medicamentos, y ello se lleva a cabo mediante el programa selectivo de revisión de medicamentos que ha realizado actuaciones en este sentido que ya han afectado a más de 1.700 especialidades farmacéuticas.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora ministra, se empeña en no contestar o demuestra una y otra vez que no conoce la realidad de su propio ministerio. Hay una circular del Insalud en la cual se afirma taxativamente, recomendándoles además a los médicos del Insalud que no receten estas especialidades, que existen principios activos sin eficacia demostrada. Es más, hay un segundo grupo en el cual el Insalud califica de asociaciones irracionales a aquellas que también están comercializadas. En definitiva, señora ministra, ¿qué está sucediendo en su ministerio? ¿Qué está sucediendo en la Dirección General de Farmacia? ¿Qué está sucediendo en el Insalud para que puedan hacerse afirmaciones de esta gravedad? ¿Qué está sucediendo en este ministerio? ¿A qué tienen que atenerse los médicos a partir de este momento con fármacos que tienen la garantía de poder circular libremente y ser recetados en España? ¿Qué están consumiendo los ciudadanos españoles? ¿Qué garantías da el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Dirección General de Farmacia, para que los ciudadanos sepan que lo que consumen es útil y no es irracional? Señora ministra, con estas actuaciones, que sorprendentemente acaba usted de premiar nombrando Subsecretario de su Ministerio al responsable de esta circular, están creando alarma social como consecuencia de actuaciones irresponsables que no tienen ninguna justificación. ¿O es, señora Ministra, que da usted una vuelta de tuerca más a su política de recorte de prestaciones sanitarias? Además del medicamentazo, ahora esta circular supone que hay 600 nuevos específicos que no van a poder recetar los médicos. ¿Cómo va a compensar a los ciudadanos españoles estos recortes formales de sanidad? ¿Van a tener que seguir pagando los mismos impuestos para recibir menos sanidad día a día? Señora ministra, la sanidad pública no necesita recolocar a los altos cargos; necesita un cambio sustancial de modelo. Su señoría solamente sabe recortar, dar menos por los mismos impuestos, por el mismo precio.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señora ministra.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracia, señor Presidente.
Señoría, los médicos del Instituto Nacional de la Salud prescriben los fármacos que son autorizados y registrados por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de acuerdo con la libertad de sus criterios clínicos y la libertad de prescripción. No existe ninguna lista de medicamentos elaborada por el Insalud que contemple o restrinja la eficacia demostrada de todos y cada uno de esos fármacos.
Por tanto, señoría, yo comprendo que le es útil cada semana repetir el mismo discurso, vincularlo a los cambios de los cargos, hablar de los recortes, pero en esta ocasión, señoría, carece de todo fundamento, una vez más. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DEL DIPUTADO DON NESTOR PADRON DELGADO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA REALIZADO O PIENSA HACER EL GOBIERNO EN LOS DIFERENTES AMBITOS, DIPLOMATICO, HUMANITARIO, ETCETERA, PARA INTENTAR PONER FIN A LA TRAGEDIA EN RUANDA? (Número de expediente 180/000592)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Padrón Delgado.


El señor PADRON DELGADO: Sí, señor Presidente.
Señor ministro, si el año pasado estábamos consternados y horrorizados por la situación que había vivido el pueblo de Somalia a consecuencia de las luchas intestinas y que nos dieron la imagen de una hambruna tremenda, que llevó a la muerte a millares de personas, en esta ocasión, a partir del mes de abril, los conflictos interétnicos producidos en Ruanda entre los grupos de hutus y tutsis están llevando a una situación en la que se habla de 500.000 muertos y centenares de miles de desplazados a otros países, hacinados en campos de concentración, en campos de refugiados.
Es verdad que, a partir de hace pocas fechas, el Gobierno francés, con el apoyo de otros países de la Unión Europea se ha lanzado a una operación de ayuda, una operación de salvamento y, por otra parte, diversas organizaciones no gubernamentales también vienen desarrollando allí una labor humanitaria de atención, tanto a los refugiados como a la población que está sufriendo las consecuencias de la guerra.
Por todas estas razones, señor ministro, y comprendiendo que el papel de España es bastante limitado --no es lo mismo que Francia, con esos fuertes intereses en otros países del centro de Africa--, sin embargo, contemplar y leer cada día los horrores y sufrimientos que viene padeciendo la población de Ruanda, nos llevan a formularle la siguiente pregunta, en el sentido de las medidas de todo tipo, en el orden diplomático, social, en el orden económico, que el Gobierno español ha realizado o pueda realizar en las próximas fechas para intentar, por una parte, corregir la situación de lucha, de guerra civil interétnica que se viene produciendo, así como, por otra parte, las posibilidades de ayudas económicas, en medicamentos, humanitarias, etcétera, que resultan a todas luces necesarias para corregir esa situación, sobre todo de la población civil y de los centenares de miles de refugiados que están acogidos en esos campos en Tanzania, Uganda, etcétera.
Por esta razón, señor ministro, nos agradaría mucho que el Gobierno español, en la medida de lo posible, intensificase esta ayuda en todos los sentidos. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Compartiendo la reflexión de carácter moral que S.S. ha desarrollado en la pregunta, le querría decir que el Gobierno de España está trabajando en relación con Ruanda en cinco grupos distintos de acción. En primer lugar, en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siendo uno de los países que ha promovido el mantenimiento de UNAMIR de la acción humanitaria, de la misión de asistencia, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado. Subrayo esto porque S.S. sabe que no eran muchos los países que deseaban que esta misión continuara.
En segundo lugar, desde el punto de vista de Naciones Unidas, pero ya no en el Consejo de Seguridad sino en Ginebra, hemos presentado en el Consejo de Derechos Humanos, una proposición para que exista el relator de Derechos Humanos en el tema de Ruanda.
En tercer lugar, le quisiera decir que hemos sido también los primeros, en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en realizar la propuesta de una comisión de expertos que analice, y condene en su caso, los extremos que se han producido contra los Derechos Humanos y con los genocidios. En cuarto lugar, le diría que la Unión Europea Occidental, de la cual forma parte España, ha puesto en marcha, de acuerdo con la Resolución 925 del Consejo de Seguridad, que España votó afirmativamente (en tanto en cuanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pone en marcha una operación de separación de las fuerzas combatientes) para ayudar en esta operación multinacional que ha iniciado Francia, en la que estamos cooperando con ayuda de carácter logístico. La primera fase se está realizando por tropas francesas que estaban ya desplegadas en el continente africano

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y esperamos poder colaborar en la segunda fase.
En quinto lugar, le diría que, desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, hay dos extremos en los que España está participando: la ayuda de carácter humanitario, que en este momento alcanza la suma de 150.000 francos franceses para la ayuda que a S.S. le preocupaba, humanitaria, sanitaria, medicinas, etcétera, y a través de la Unión Europea, de la que formamos parte, la ayuda humanitaria, que alcanza en este momento la cantidad de 50 millones de ecus. Por tanto, insisto, compartiendo absolutamente la conmoción moral que a todos nos producen las imágenes que vemos todas las noches en televisión y el sufrimiento y muerte de las personas en Ruanda, estamos haciendo, dentro de nuestras posibilidades, una labor generosa en aras de mitigar las consecuencias del conflicto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ALFONSO PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA DE CADIZ? (Número de expediente 180/000593)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Perales Pizarro.


El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, señor ministro, una parte importante de la provincia de Cádiz sufre restricciones continuadas de agua desde hace más de dos años.
Así, casi 750.000 habitantes ven reducido en varias horas de la noche el uso del agua corriente. Para regadío, las posibilidades son aún más reducidas.
Aunque la capacidad de embalse se ha incrementado de manera notable en los últimos años con la puesta en servicio de nuevas instalaciones, la climatología no ha sido favorable.
Evidentemente, las consecuencias son muy negativas en todos los aspectos, tanto a nivel ciudadano como a nivel económico y de expectativas de desarrollo y crecimiento en algunos sectores económicos de la provincia de Cádiz. Por ello formulo al Gobierno la siguiente pregunta: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para el suministro de agua potable en la provincia de Cádiz?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el volumen de reservas para abastecer la zona gaditana es actualmente de 20 hectómetros cúbicos, superior al existente el año pasado por estas fechas. Sigue estando prohibido el riego. No obstante, aunque resulta prudente mantener restricciones para el consumo humano, ha sido posible aprobar para este verano una reducción de las restricciones durante los meses de julio y agosto. El acuerdo a que han llegado la Confederación del Guadalquivir y los ayuntamientos de la zona ha sido reducir el horario de restricciones en dos horas de lunes a viernes --de 23 a 7 horas--, eliminando además las restricciones durante el fin de semana, que no las va a haber durante julio y agosto.
En cualquier caso, la magnitud del problema de abastecimiento de agua a la población de la zona, que, como usted ha dicho, afecta a más de tres cuartos de millón de personas, requiere además, y sobre todo, el trasvase de unos 110 hectómetros cúbicos al año de excedentes del río Guadiaro a la cuenca del Majaceite-Guadalete. Ya hemos acabado la tramitación administrativa del proyecto. En abril tuvimos el permiso y la preceptiva autorización de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, puesto que las bocas de entrada y salida del túnel que va a efectuar el trasvase se sitúan en espacios naturales protegidos. Se han contratado las obras recientemente en Consejo de Ministros, van a comenzar este mes de julio, representan una inversión de casi 6.000 millones de pesetas y esperamos que estén terminadas en 1997. Esta es ya la última solución posible, puesto que el volumen de embalse de los cauces de agua de la cuenca de Cádiz están ya prácticamente todos hechos, los que se pueden hacer. Hay que llevar los excedentes de la cuenca del Guadiaro, porque allí los hay y van al mar, no sirven a ninguna utilidad humana, y se puede efectuar sin ningún daño para el medio ambiente, puesto que hemos tomado medidas adicionales para garantizar que el trasvase sólo se efectuará cuando el flujo en el río sea superior a los cinco metros cúbicos por segundo, lo que es suficiente para garantizar el trasvase de estos 110 hectómetros que vendrán a aliviar la carencia de agua en la zona de Cádiz.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA SITUACION DEL PROYECTO DE EDIFICACION DE NUEVAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTOLLANO? (Número de expediente 180/000594)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, del señor Martín del Burgo Simarro.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor ministro, el estado actual del edificio en el que están ubicados los servicios de correos y telégrafos de la localidad de Puertollano no es muy halagüeño: dificultades para la carga y descarga dado el elevado volumen de correo y su tránsito; el edificio es propiedad del Ayuntamiento, que legítimamente pretende recuperarlo para sus necesidades; las condiciones del citado edificio son muy deficientes; la construcción es antigua, con una distribución poco operativa, atendiéndose al público en dos plantas diferenciadas. De similar tenor, la Inspección del Ministerio de Trabajo firmó diligencia haciendo constar la no idoneidad de los locales conforme a la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
El servicio de cartería no reúne las condiciones mínimas. En él trabajan 23 personas, en un espacio de 75 metros cuadrados, sin luz natural, sin ventilación. La sala de direcciones es insuficiente por el elevado tráfico que hay que manipular, al ser una oficina de tránsito.
En resumen, señor Ministro, es preciso corregir estas deficiencias, acometiendo con carácter de urgencia las obras del nuevo edificio de comunicaciones para Puertollano, que dé servicio a la localidad, a sus redes y a los enlaces rurales.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la situación del proyecto de edificación de nuevas dependencias del servicio de Correos y Telégrafos en la localidad de Puertollano?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín del Burgo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, tiene usted razón. Ha sido declarada prioritaria la actuación inversora a realizar en los servicios postales de Puertollano. Estas nuevas instalaciones se encuadran en una acción global de reformas de las infraestructuras de Correos y Telégrafos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ya han sido adjudicadas. Ha habido una pequeña demora por razones técnicas para poder incluir elementos que permitan una mejor proyección de futuro en dichas instalaciones, pero estoy convencido que podrán comenzar en el próximo mes de octubre.
Las obras llevan aparejada la construcción de un nuevo edificio, durarán unos ocho meses y el valor de la inversión alcanza los 100 millones de pesetas. En esas instalaciones se establecerá una oficina de Correos y Telégrafos, clasificada como oficina técnica del tipo A, de la que dependerán 13 oficinas auxiliares; dispondrá de una plantilla de 47 funcionarios y contará con modernas unidades de cartería, apartados y lista, ventanillas, expediciones, urgencias y conducciones. El contrato fue firmado el día 15 del mes de junio y el «planing» de las obras, como digo, indica que estarán terminadas en 1995, en el mes de mayo, esperando que entonces podamos dotar a Puertollano de las oficinas postales que necesita por el volumen de tráfico al que sirve y por la modernización que deseamos del servicio postal.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANNA BALLETBO I PUIG, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL PROYECTO DE TELEVISION POR CABLE QUE PREPARA EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000595)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25 de la señora Balletbó i Puig.


La señora BALLETBO I PUIG: Gracias, señor Presidente.
Hace unos cuantos años se viene hablando del proyecto de televisión por cable. Parece que finalmente hay algún proyecto concreto por parte del Gobierno y a esta Diputada le gustaría saber cuáles son los rasgos principales que tiene dicho proyecto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en 1992 presenté al Gobierno un anteproyecto de ley para regular las nuevas formas de difusión de televisión, tanto por satélite como por cable. El Gobierno estimó entonces que debía darse prioridad al desarrollo de la televisión por satélite y pospuso la regulación de la televisión por cable a que la televisión por satélite hubiese tenido su normal desarrollo y también a que hubiesen evolucionado las perspectivas tecnológicas para conocer mejor el escenario en el que había que regular esta forma de difusión de televisión.
En efecto, las perspectivas tecnológicas son cambiantes, ofrecen un panorama donde lo de menos de la televisión por cable va a ser la televisión; lo importante va a ser el cable puesto que nos enfrentamos a un horizonte multimedia donde el cable va a ser soporte simultáneo no sólo de televisión, sino también de la transmisión de la voz y los datos.


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La experiencia demuestra que la elección del modelo de regulación resulta determinante para el éxito o el fracaso de esta modalidad televisiva, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en Francia.
El proyecto de ley debe responder a un verdadero reto tecnológico, como le digo, porque el cable se configura como un soporte de servicios multimedia hiperactivos, por donde circularán señales de vídeo, de datos y de voz de forma conjunta, todo ello en un contexto liberalizado no sólo para los servicios, que lo van a estar en breve plazo, sino también para las infraestructuras. El proyecto de ley va a establecer el régimen jurídico de este servicio, entendido como emisión o transmisión de imágenes no permanentes, difundidas con un operador mediante redes de cable y su servicio portador establece la distinción entre operadores con red propia y los que utilicen una red ajena, tiene muy en cuenta las directivas del Consejo de la Unión Europea sobre oferta de red abierta y sobre competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones. Para el supuesto de operadores con red propia, el título habilitante se obtendrá mediante concesión administrativa, previo concurso público, con criterios claros y no discriminatorios y un cuadro preciso de derechos y obligaciones.
Para los operadores sin red propia y respondiendo a esos principios básicos, el sistema será el más simple posible para garantizar la libre competencia mediante la obtención de un título por simple autorización administrativa, que se otorgará, por regla general, por orden de presentación de solicitudes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Balletbó.


La señora BALLETBO I PUIG: Muchas gracias.
Como el tiempo nos apremia y la ley es compleja, esta Diputada solicita al señor Ministro que tenga la amabilidad de enviarle el anteproyecto de ley para poder tener el detalle de la explicación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Balletbó.


--DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUAL ES LA AUTENTICA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION A LA CONTINUIDAD DE LAS OBRAS DEL EMBALSE DE ITOIZ-CANAL DE NAVARRA? (Número de expediente 180/00601)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, del señor Del Burgo Tajadura, que tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuál es la auténtica posición del Gobierno en relación a la continuidad de las obras del embalse de Itoiz- Canal de Navarra?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, la misma que he manifestado en anteriores ocasiones en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, señor Ministro, decepcionante la contestación en un asunto en el que su propio partido está radicalmente a favor, igual que el nuestro, de la continuidad de las obras del Embalse de Itoiz y de su proyección en el Canal de Navarra.
Yo le he formulado esta pregunta porque en el seno de la sociedad navarra hay una enorme inquietud a consecuencia de unas declaraciones suyas del 15 o el 16 de junio, en las que se situaba en una posición de neutralidad respecto al embalse de Itoiz. Usted venía a decir que entre los ecologistas que se oponen y entre los navarros que dicen que es imprescindible esta obra, la decisión es muy difícil, esto es imposible.
Imposible, perdón, retiro la palabra. Esta no es la actitud adecuada, señor Ministro. El embalse de Itoiz es una obra decidida por el Ministerio de Obras Públicas, es una obra financiada por el Ministerio de Obras Públicas y es una obra en la que usted o su Ministerio tienen asumidos unos compromisos con el Gobierno de Navarra. Lo único que le pedimos es que sea consecuente con los compromisos, que defienda la necesidad, la utilidad, la conveniencia y la continuidad de las obras; que vaya a Bruselas en serio, no como hasta ahora, que no han ido en absoluto en serio, porque el planteamiento de la administración española central ante las autoridades comunitarias ha sido bastante lamentable.
Por tanto, señor Ministro, le pido que no se sonría y que trabaje, que se comprometa, que dé un paso hacia adelante en una obra que es imprescindible para el futuro de la sociedad navarra y además imprescindible también para la viabilidad del Plan hidrológico, en lo que se refiere a la cuenca del Ebro.
Señor Ministro, no diga: vamos a hacer lo que estamos haciendo, porque hasta ahora usted no ha dado la talla en este asunto y yo le emplazo a que cumpla sus compromisos, a que realmente colabore con el Gobierno

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de Navarra, que, por cierto, esta mañana se ha enterado de una decisión suya, que es la paralización, cautelar, eso sí, de la cantera que iba a suministrar áridos para la construcción del embalse.
El Gobierno de Navarra no ha sabido nada, es su colaborador en este asunto y lo menos que podía hacer es informarle.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Del Burgo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, su regañina, porque no se me ocurre llamarla de otra manera, es completamente improcedente.
Lo que hemos hecho es suspender cautelarmente unas explosiones experimentales que se estaban efectuando en una cantera, que en absoluto afectan al ritmo de la obra. Sería bueno que antes de venir aquí a rasgarse las vestiduras, se enterara usted de lo que se trae entre manos.
Hemos suspendido cautelarmente explosiones experimentales en una cantera, cuyo material no es todavía necesario para la continuidad de las obras, puesto que los áridos se están obteniendo de otras fuentes. Por tanto, en absoluto estamos alterando el ritmo de las obras, pero, eso sí, suspendiendo cautelarmente unas explosiones experimentales que he creído oportuno suspender porque me parece que, no siendo necesaria su ejecución en ese momento para el normal desarrollo de las obras, a nadie perjudicaba y creaba una cierta descompresión de la situación.
Usted no debe ignorar que hay una queja presentada ante la Comunidad Europea alegando que hay errores en el procedimiento de declaración ambiental, que esta queja está siendo estudiada por los servicios de las Comisiones Europeas, y que nosotros tenemos que colaborar con estos servicios para analizar lo bien fundado o no de esta queja. Es lo que hace un Gobierno civilizado, colaborador con las entidades comunitarias de la Unión de la que forma parte. Hemos ido a Bruselas con el Presidente de la Comunidad Autónoma conjuntamente, luego lo que de lamentable haya habido habrá sido compartido con el Presidente del Gobierno navarro, porque lo hemos hecho los dos igualito, cogidos de la mano, frente al Comisario. Si ha sido lamentable, lo ha sido por parte de los dos, señor Diputado: de manera que los calificativos ahórreselos usted. Hemos estado visitando al Comisario, hemos conocido directamente de él los problemas que tiene la queja presentada. Hay una delegación de la Comisión que está estudiando sobre el terreno las circunstancias que reúne el caso. Itoiz es, sin duda alguna, una obra necesaria e imprescindible para Navarra, pero mi obligación es colaborar con los órganos competentes de las Comisiones Europeas para saber qué problemas puede haber habido, si es que los ha habido, y la declaración de impacto ambiental, y, entre todos, buscar la solución más adecuada a este caso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO EJERCE EL MINISTERIO DE CULTURA EL DEBER DE VIGILANCIA SOBRE LAS ENTIDADES DE GESTION, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 144 DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL? (Número de expediente 180/000599)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 de la señora García- Alcañiz, que tiene la palabra.


La señora GARCIA ALCAÑIZ-CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿cómo ejerce el Ministerio de Cultura el deber de vigilancia sobre las entidades de gestión, a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Propiedad Intelectual? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente. Como bien sabe su señoría, además de la facultad de conceder o revocar la autorización a las entidades de gestión para que puedan funcionar como tales, la Ley de Propiedad Intelectual otorga al Ministerio de Cultura la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y requisitos que estas entidades deben cumplir. En este sentido, el Ministerio ejerce la labor de tutela y vigilancia de varias formas, que van desde la aprobación de las modificaciones estatutarias propuestas por las entidades de gestión hasta la mediación para dar solución a los conflictos entre las entidades de gestión y las asociaciones de usuarios o las entidades de radiodifusión. Tiene una importancia especial y, por ello, debe singularizarse también la supervisión contable y de gestión que el Ministerio de Cultura realiza a partir de los resultados de la auditoría anual y del informe al que están obligadas todas las entidades.
No obstante, señoría, querría resaltar que la función de vigilancia y tutela encuentra, en mi opinión, su cauce más relevante y positivo en el permanente diálogo

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y colaboración con las entidades de gestión, diálogo y colaboración que se ha concretado, entre otras actuaciones, en la elaboración y aplicación de la normativa sobre propiedad intelectual en las diversas tareas para la negociación del convenio sobre remuneración compensatoria por la copia privada, en la información acerca de los debates y acuerdos desarrollados por los organismos internacionales y, finalmente, en el estudio y análisis conjunto de cualquier aspecto relacionado con la materia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señora García-Alcañiz.


La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, parece que usted la teoría la conoce, pero la ejecución y la práctica, en absoluto. En teoría, un notable quizás, raspando, pero en práctica, un cero.
Permítame, señora Ministra, que le diga que son muchas las quejas que nos llegan sobre el funcionamiento de las entidades de gestión y, especialmente, sobre la Sociedad General de Autores; quejas que le han hecho llegar a S.S. y que han merecido la estimación favorable de la Comisión de Peticiones del Senado, así como sentencias del Tribunal Supremo.
Entre las muchas irregularidades denunciadas, voy a citarle algunas --tome nota para que no se entere por la prensa--: destituciones, elecciones y sanciones ilegales, supresión del voto a los herederos. Respecto a la gestión de los derechos de autor, recaudación de derechos que no han sido confiados, reparto de los derechos recaudados de personas no asociadas, procedimientos de recaudación que no identifican al autor; generación, con estos procedimientos de recaudación, de un fondo de derechos recaudados y no identificados que alcanza los 5.000 millones al año y cuya gestión no es, en absoluto, transparente; reparto arbitrario, detracción de porcentajes importantes sobre los derechos que se reparten a los autores.
Respecto a otras actividades, abandono económico del Montepío de Autores, que se formó precisamente para que no acontecieran casos como el del poeta Celaya; promoción del fondo asistencial y cultural orientado a acciones que nada tienen que ver con el derecho de autor.
Señora, Ministra, ante estas denuncias, ¿qué ha hecho usted? Acaba de mencionar la auditoría; tenga la bondad de mandarme las que usted haya hecho. En vez de vigilar, que es su obligación, e investigar posibles irregularidades, la señora Ministra de Cultura se dedica a presentar proyectos de ley en la Sociedad General de Autores de España, en vez de hacerlo en su Ministerio, y sus fondos los destina a promocionar determinados anuncios en los que usted, sistemáticamente, aparece en televisión.
¿Es esta la utilización de los fondos liberados de la Sociedad de Autores que podíamos llamar reservados, en la acepción Roldán? Señora Ministra, nos parece escandaloso que, en vez de realizar sus funciones, haya solicitado que la Sociedad General de Autores...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García-Alcañiz.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente. Señoría, ya que usted se convierte en tribunal calificador, debería tener en cuenta que el tribunal lo que debe hacer es formular, en primer lugar, correctamente las preguntas. Si usted tiene tanto interés en la Sociedad General de Autores creo que tenía que haber preguntado muy directamente sobre la vigilancia y auditoría de esta sociedad general.
Puedo decirle que las auditorías que se han realizado no han puesto de manifiesto ninguna irregularidad de carácter grave.
La Sociedad General de Autores --y ahorro a la Cámara todos esos «excursus» que hace S.S. sobre mi actividad como Ministra, porque creo que no son de interés-- goza de un notable prestigio, ha obtenido grandes recaudaciones en los últimos momentos y estoy segura de que su comportamiento, en líneas generales, es riguroso. Por lo tanto, me mantengo en esa línea, con independencia de que no tengo que olvidar nunca --ni lo olvido-- mis misiones de vigilancia y tutela, tal y como están previstas en la legislación vigente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SRA. MINISTRA DE CULTURA: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE CULTURA SOBRE LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL TEATRO DE LA OPERA DE MADRID, CON INDEPENDENCIA DE LA FORMULA FINAL QUE SE ADOPTE PARA SU GESTION Y DE LAS LOGICAS PREVISIONES DE PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL MISMO? (Número de expediente 180/000600)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, del señor Gómez-Alba Ruiz.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor Presidente.


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Señora Ministra, el 10 de noviembre de 1993 el Grupo Popular presentó una solicitud de informe al Ministerio de Cultura sobre los costes de explotación previstos para el futuro Teatro de la Opera en Madrid. El 28 de enero de 1994 se recibió una contestación, que no contestaba nada, diciendo que no se podía determinar el plan de coste para la temporada 1995/1996 al no estar constituido el consorcio que se hará cargo de la gestión del Teatro lírico de Madrid. El objeto de esta pregunta oral es que dé contestación ante la Cámara a la pregunta que le formulamos por escrito, sin tratar de escamotear más el asunto. La respuesta es muy sencilla, se trata sólo de dar una cifra, aunque sea aproximada.
Centraré el tema. No pedimos el plan de costes de explotación de los servicios del Teatro lírico de Madrid, que ya determinará la entidad que se haga cargo de su gestión, no preguntamos sobre el coste exacto de las actividades que se van a desarrollar en el Teatro Real a partir de su reapertura, aunque supongo que habrá algunas previsiones orientativas que, si es posible, nos gustaría conocer. Preguntamos los costes de funcionamiento normal del futuro Teatro de la Opera en Madrid, es decir, los gastos de estructura, acerca de los cuales el Ministerio reconoce que existen estudios que hacen previsiones.
Por tanto, le preguntamos: ¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Cultura sobre los costes de funcionamiento normal del Teatro de la Opera de Madrid, con independencia de la fórmula final que se adopte para su gestión y de las lógicas previsiones de programación de las actividades a desarrollar en el mismo?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como ha dicho S.S., contesté a una pregunta escrita y convendría aclarar que es difícil realizar el cálculo de los costes con independencia de quién lo gestione, cómo lo gestione y qué programas se van a desarrollar. Eso es lo que S.S. me pregunta.
Ya, en otra ocasión, puse de manifiesto que están ultimándose las negociaciones entre la Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura para constituir una fundación que tenga la finalidad de programar y gestionar las actividades musicales, líricas y coreográficas de los actuales Teatros Real y de la Zarzuela. A los órganos de esta fundación corresponderá, en último extremo, definir las actividades.
No obstante, el Ministerio de Cultura, como parte que será de esa fundación, dispone de un estudio del funcionamiento y de los presupuestos de los teatros de ópera más significativos de Europa --entre ellos, como usted conoce muy bien, sin duda, el de la Monnaie de Bruselas, el Covent Garden de Londres y la Scala de Milán-- que han servido de base para un primer diseño de la gestión y análisis económico-financiero, tanto del Teatro Real como del Teatro de la Zarzuela.
Todo esto, por supuesto, se someterá a estudio y, con independencia de los costes fijos y de funcionamiento, la cuestión de la programación y, por tanto, de las actividades, deberán tenerse en cuenta las disponibilidades presupuestarias de las tres administraciones directamente implicadas, porque, según nuestras disponibilidades presupuestarias, podremos tener una programación más ambiciosa o no.
También le quiero decir a S.S. que para la temporada de 1995 - -luego no me acuse de falta de concreción--, en la que el nivel de actividad no es previsible que sea precisamente el más alto, los costes fijos o de estructura previstos son alrededor de 2.400 millones de pesetas. Es un cálculo aproximado, no se puede decir que sea ésa estrictamente la cantidad. Para la temporada de 1996, en que ya habrá un nivel de actividad más elevado, podría barajarse como cifra, siempre hablando de cifras aproximadas, porque dar una cifra absolutamente cerrada sería un tanto imprudente y luego se nos acusaría...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el señor Gómez-Alba.


El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señora Ministra, el Ministerio de Cultura encargó al Centro de Estudios y Planificación de Barcelona un estudio comparativo de los presupuestos de distintos teatros de ópera, estudio que obra en su poder y que facilitó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid durante las negociaciones para la constitución de la fundación que iba a gestionar el teatro, pero, curiosamente, en la documentación que usted les facilitó faltaban desde la página 1 hasta la 56, que es precisamente lo que contiene las previsiones presupuestarias del Teatro Real. Y donde no hay información, florece el rumor. En cuanto a la cifra que ha citado, ya celebraría yo que fuesen 2.000 millones. En primer lugar, dudo que haya temporada de ópera el año 1995, al paso que vamos. En cualquier caso, nosotros suponemos que la cifra va a ser bastante más alta; otra cosa será que...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.


--DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿A QUE SE DEBE LA PRESENCIA PERMANENTE DE ALTOS CARGOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES EN EL MUNDIAL 1994 DE FUTBOL EN CHICAGO? (Número de expediente 180/000602)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, del señor Carreño Rodríguez-Maribona.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor Presidente. Con independencia de felicitarnos por el paso de España a los octavos de final del Mundial de Fútbol, cuando la prensa publicó el 26 de mayo que el Consejo Superior de Deportes había desplazado dos primeros emisarios para tener todo controlado cuando llegara el equipo nacional a Chicago, me entró preocupación y curiosidad, porque, además, dicha noticia agregaba: Todas las regiones españolas tienen la intención de plantar su «stand» y enseñar los productos típicos de cada una de ellas.
He de significar en mi pregunta el matiz «altos cargos».
Administrativamente, va de ministros a directores generales; políticamente, puestos directivos de confianza y designación directa, según definición del Ministro Eguiagaray. Aunque mi lista de presentes es larga: señores Cortés Elvira, Eduardo Blanco, Luis Algar, Luis Lucio, José María y Francisco Suárez y Miguel Chover, sin embargo, no están todos los que son; por ejemplo, no está el Director General de Deportes ni los técnicos responsables del fútbol en el Consejo Superior, señores Fonseca y Gascón. En cambio, el Director General de Infraestructuras, puesto, al parecer, no excesivamente necesario en el Consejo, ya que, nombrado el 15 de abril, no llegó a tomar posesión y fue cesado el 3 de junio, y el actual estuvieron en Chicago hasta hace breves días. Aquel despliegue, debido al control, según decía, a un marcaje o a intervencionismo, y tantas idas y venidas, ¿no agotarán el presupuesto para viajes del Consejo Superior de Deportes? De ahí mi pregunta: ¿a qué se debe la presencia permanente de altos cargos del Consejo en el Mundial 1994 de Fútbol en Chicago?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no ha existido una presencia permanente de altos cargos del Consejo Superior de Deportes en el Mundial 1994, como S.S. dice; ha existido una presencia selectiva y, desde mi punto de vista, necesaria, en determinados momentos que se han considerado más importantes en los acontecimientos del Mundial.
Han sido dos los altos cargos que han estado allí: el Secretario de Estado de Deportes, por razones obvias, como responsable del deporte, y el Director General de Infraestructuras Deportivas, como ha dicho S.S., en razón, fundamentalmente, de responsable de la organización y funcionamiento de una iniciativa excelente, como a mí me parece que es la Casa de España en Chicago. Incluso, señoría, ha estado este Ministro en una ocasión, por espacio de menos de 24 horas.
No ha habido, por consiguiente, una presencia permanente, ni mucho menos exagerada; lo que sí ha habido es una presencia que me parece buena, porque creo que es bueno que el deporte español y los ciudadanos españoles estén representados en un acontecimiento de esta magnitud al lado de nuestra selección.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Carreño.


El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Gracias, señor Presidente. Sé que el presupuesto de la Casa de España está financiado por patrocinadores como el Ministerio de Comercio y Turismo, Consejo Superior de Deportes y creo que la Real Federación Española. Pero, por ejemplo, ¿no se hubieran ahorrado dinero y viajes con el asesoramiento de Embajada y consulado españoles? Me extraña, por otra parte, la desconfianza en el éxito deportivo y en el éxito comercial y turístico, porque el programa de actos que tengo, de actividades de la Casa de España en Chicago, concluye mañana, día 30 de junio, con independencia de que la selección continuara en Chicago, como primero del Grupo C.
Ha ocurrido, por otra parte, que tan sólo ha habido representación de tres comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana. Por ejemplo, Galicia me consta que no ha sido ni invitada a participar; La Rioja, tampoco, y sugiero a corregir el agravio comparativo para otros deportes...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, ha existido, en todo caso, y he tenido ocasión de comprobarlo personalmente el lunes, el asesoramiento de nuestros representantes diplomáticos allá.
La Casa de España, por otra parte, señoría, es, efectivamente, de patrocinio privado y espero que no cueste nada a las arcas del Estado, aunque no lo sabremos hasta el momento en que finalicen esos acontecimientos. Es lógico pensar que el despliegue de una Casa de España, que tiene como misión atender a los visitantes españoles del Mundial y favorecer la proyección de los productos españoles, dentro de un planteamiento de presencia de España a lo largo de los acontecimientos del Mundial, se hubiera previsto solamente hasta el momento en que era previsible que acabara nuestra presencia en Chicago. Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN CREMADES GRIÑAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA COMPENSAR A LAS UNIVERSIDADES DEL DENOMINADO TERRITORIO MEC, QUE ESTAN SIENDO ACTUALMENTE TRANSFERIDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA DIFERENCIA DEL INCREMENTO DE TASAS PARA EL PROXIMO CURSO RESPECTO A LAS UNIVERSIDADES YA TRANSFERIDAS? (Número de expediente 180/000606)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 36, de la señora Cremades Griñán, que tiene la palabra.


La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cómo piensa el Ministerio de Educación y Ciencia compensar a las universidades del denominado territorio MEC que están siendo actualmente transferidas a las diferentes comunidades autónomas de la diferencia del incremento de tasas para el próximo curso respecto a las universidades ya transferidas? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no es procedente hablar de compensación a las universidades. Los ingresos de las universidades se fijan por muy diferentes conceptos y capítulos, uno de los cuales, que no llega a comportar el 20 por ciento del costo del puesto escolar, son las tasas. Una menor tarifa de tasas no implica de por sí menor presupuesto para las universidades españolas en su conjunto o individualmente.
Tampoco me parece, señoría, procedente hablar de compensación entre universidades transferidas y universidades en proceso de transferencia. Cada universidad tiene sus propias especificidades, que son valoradas por la Administración educativa de que depende. Lo que sí me parece importante es que por primera vez se ha conseguido una norma uniforme, precisamente, señoría, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, de tal manera que las tasas universitarias se van a fijar por parte de todas las administraciones con arreglo a una banda muy estrecha, en lugar de un máximo muy máximo como se venía fijando hasta el momento.
Esto es, me parece, lo verdaderamente importante y lo que se ha conseguido. Por lo demás, señoría, está por ver que las demás administraciones educativas, las comunidades autónomas, fijen sus precios públicos de matrícula de la universidad por encima del IPC interanual.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señora Cremades.


La señora CREMADES GRIÑAN: Gracias, señor Presidente.
Hacía tiempo que los alumnos universitarios no se inquietaban exigiendo un equilibrio en el aumento de las tasas; hacía tiempo que el profesorado docente e investigador no reclamaba más coherencia entre lo legislado y la práctica; hacía tiempo que las esperanzas de numerosos profesionales y futuros licenciados no se estrellaban contra el Ministerio. La universidad es hoy, señor Ministro, no se olvide, un polvorín.
Cuando preocupa más en el mundo univeristario la infraestructura, la burocracia y, sobre todo, la intervención del poder judicial, para deshacer entuertos, algo no funciona bien. Nunca habían intervenido tanto en el mundo universitario los sindicatos, los contenciosos y el caos.
Si bien el razonamiento expuesto pudiera ser satisfactorio, señor Ministro, me temo que, una vez más, su política universitaria fracasa. Fracasa en la gestión financiera y económica, fracasa en el control de la calidad de enseñanza, fracasa en el plano legislativo, como se intuye al estudiar el proyecto de la nueva reforma de la Ley de Reforma Universitaria que, como hemos visto, ha sido retirado.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cremades.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señoría, no sé qué tiene que ver el alegato que ha hecho con la pregunta acerca de la supuesta diferencia entre el incremento de tasas universitarias de las universidades del llamado territorio MEC y de las universidades que dependen de otras administraciones educativas.
En cualquier caso, señoría, he de decir que no estoy en absoluto de acuerdo con la apreciación acerca de la realidad universitaria que, según S.S., constituye un polvorín. A mí me parece que por lo único por lo que se define la realidad universitaria española es por la necesidad de adaptarse a la intensa reforma que se ha producido a lo largo de los últimos diez años y al aumento de un ocho por ciento anual del número de

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estudiantes, que significa uno de los mayores aumentos de los estudios universitarios de Europa.
En cualquier caso, señoría, el proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria no se ha retirado ni se piensa retirar de esta Cámara, sino que, como bien sabe S.S., se ha desgajado de él lo que era verdaderamente urgente. Es un proyecto que favorecerá la mejor calidad de los estudios universitarios en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-UNICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA VIABILIDAD DE LA EMPRESA MALAGUEÑA GENERAL TEXTIL, ANTIGUA INTELHORCE? (Número de expediente 180/000587)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, del señor Romero Ruiz.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señor Ministro de Economía y Hacienda, la historia de las instalaciones textiles de Málaga, la historia de Intelhorce, actual General Textil Española, es como el Guadiana; sus privatizaciones y vuelta del sector público siempre han sido escandalosas, se han hecho contra Málaga, contra Andalucía y contra los trabajadores.
De los más de 3.000 trabajadores con los que contaba en su día, hoy, a raíz de un plan de viabilidad firmado por el comité de empresa, la dirección de la misma, el Patrimonio del Estado, el señor Robles, representando al Gobierno, y la Junta de Andalucía, que también participó en este plan, 752 trabajadores han abandonado la empresa con bajas voluntarias incentivadas y con prejubilaciones, desde el 1 de abril de 1992. Este sacrificio para Málaga se ha cumplido. Cuestión esta de la reducción de la mano de obra que se planteó, como condición imprescindible, para que tuviera viabilidad la empresa. El Gobierno, sin embargo, se comprometió a renovar maquinaria con 1.200 millones de pesetas, con 500 millones más, dependiendo de la evolución del plan, y no ha cumplido sus compromisos a estas alturas, lo que hace peligrar el éxito del plan de viabilidad.
Por eso, señor Solbes, la pregunta concreta es cómo se va a garantizar el plan de viabilidad y la supervivencia de la industria textil en Málaga. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, es evidente que el Gobierno ha realizado un esfuerzo muy importante con Intelhorce para intentar que la empresa fuera viable. No es cierto, sin embargo, que el Gobierno haya ido contra la empresa ni contra Málaga ni contra Andalucía. El dinero que el Gobierno ha gastado en esa empresa ha sido muy significativo, hasta el punto de que se ha planteado, incluso, un recurso por parte de la Comunidad contra nuestro país y la necesaria devolución de esos fondos al erario público. Sin embargo, esa empresa sigue teniendo problemas, sigue sin aplicar ese plan de viabilidad y sigue, en consecuencia, sin poderse aportar esas cantidades adicionales.
La información disponible que actualmente tenemos, especialmente del plan de viabilidad, de la consultora más afamada actualmente existente en estos temas, que es la consultora Werner, es que siguen existiendo dificultades importantes. Las pérdidas, por ejemplo, que se producen en el año 1993 superan los 2.600 millones de pesetas y el total del neto patrimonial es de una situación negativa superior a los 5.000 millones. Por tanto, la empresa tiene que actuar, tiene que tomar medidas y es evidente que el Gobierno no puede tomar ninguna decisión para garantizar estos temas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, en este plan de viabilidad el Gobierno adquirió unos compromisos que no ha cumplido y usted no ha explicado las razones de este incumplimiento. Por otra parte, hubo un acuerdo a cinco años con la Seguridad Social y Hacienda para hacer frente a las deudas contraídas. Tampoco la empresa se ha redimensionado de acuerdo con las exigencias actuales. Hoy hay en la antigua Intelhorce 738 trabajadores y Málaga no soporta más paro, más destrucción industrial, porque Málaga cuenta con la cifra de 180.000 personas en el desempleo; por tanto, señor Solbes no es conveniente dar más estacazos a Málaga desde el Gobierno.
Sería bueno que se pidieran responsabilidades a los propietarios anteriores en el período de agosto de 1989 a septiembre de 1991, porque hay que investigarlo con auditorías para defender el interés general. Pero sobre todo sería bueno cumplir con los compromisos de renovación tecnológica para garantizar que no se hunda la empresa textil, que llegó a tener 3.000 trabajadores, que ahora tiene 738 y usted con esta respuesta ha dado pocas esperanzas de que se lleguen a mantener los puestos de trabajo actuales.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Primero, para su tranquilidad le diré que estoy absolutamente de acuerdo y puedo anunciarle que la Dirección General del Patrimonio adoptará, con carácter inmediato --y estoy hablando de días--, las acciones necesarias para instar la iniciación de procedimientos penales adecuados contra los anteriores gestores. Segundo, no es cierto que el Gobierno no haya cumplido con sus compromisos. Se ha ido, indirectamente a través de Improasa, mucho más lejos de los compromisos que en su día habíamos adquirido; la aportación financiera para apoyar a esta empresa ha sido muy superior a lo pactado.
Sin embargo, y a pesar de eso, de acuerdo con el informe de Werner, en este momento Intelhorce es inviable con su estructura y configuración actual, la estructura fabril es inadecuada, no existe producto ni mercado y la plantilla es excedentaria. Por tanto, lo que hay que hacer --y es lo que está haciendo Patrimonio-- es estudiar las diferentes alternativas para intentar salvar al máximo la producción textil existente en Málaga.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL EXCMO. SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿CUALES HAN SIDO LAS RAZONES PARA CONCEDER EL INDULTO AL TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL JUBILADO DON JOSE MARTIN LLEVOT, QUIEN CUMPLIA CONDENA POR ENCUBRIR TORTURAS Y QUE TAMBIEN HABIA SIDO CONDENADO POR FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO, PREVARICACION Y DENEGACION DE AUXILIO A LA JUSTICIA POR EL CASO LINAZA? (Número de expediente 180/000585)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Albistur Marín, que tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera preguntarle al señor Ministro de Justicia e Interior cuáles han sido las razones para conceder el indulto al teniente coronel de la Guardia Civil jubilado don José Martín Llevot, quien cumplía condena por encubrir torturas y que también había sido condenado por falsedad en documento público, que tenía que ver precisamente con el encubrimiento de las torturas, prevaricación y denegación de auxilio a la Justicia por el caso Linaza.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, lo primero que habría que aclarar es que no fue condenado por encubrimiento de torturas. Conviene, en ese sentido, leer la sentencia y se comprobará que no existe tal cargo. El resto de tipos delictivos a los que ha hecho referencia S.S. sí que están en la sentencia, no ése. La segunda aclaración es que no supone un indulto de la totalidad, sino exclusivamente de la pena privativa de libertad. El indulto, por definición, es un acto de gracia que no requiere de motivación, pero siempre se basa en motivos de equidad y/o de justicia.
En este caso, como motivos de equidad, en primer lugar, y sintéticamente, habría que indicar el tiempo transcurrido desde la fecha en que tuvieron lugar los hechos; en segundo lugar, la edad del teniente coronel, que tiene 68 años y, en tercer lugar, la circunstancia de que precisamente se produciría la paradoja de que las personas condenadas por malos tratos o torturas sí que sufrieran, como de hecho lo estando sufriendo, penas de prisión y, sin embargo, el condenado por otros tipos delictivos, como falsedad o prevaricación, tendría que cumplir un período de condena muy superior al de los condenados por malos tratos. Esos son, en síntesis, los motivos que han llevado al Gobierno a aprobar y proponer a Su Majestad la concesión del indulto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Albistur, tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro por la respuesta. Su explicación coincide con la explicación dada por un diario que precisamente no se caracteriza por su defensa de la democracia, sino por la defensa de algunos intereses particulares de los que se ven implicados en este tipo de problemas que afectan a toda la sociedad.
Casualmente se decía en ese diario que el caso de Martín Llevot había causado preocupación entre numerosos agentes de la Guardia Civil, que consideraban que, dada la edad del militar y la naturaleza de la condena, debía obtener los beneficios penitenciarios. Comprendo perfectamente sus razones (usted las puede exponer con mucho más rigor y, desde luego, más conocimiento de causa que las que yo tengo), pero quisiera unirme, en mi pregunta, no solamente a la preocupación formulada por mí y por todos los que me han pedido que la formule, sino también a la de otras organizaciones de cuya preocupación por la paz no hay que dudar, como Gesto por la Paz, que la han hecho en la

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misma forma. Yo, desde luego, me quedo preocupado con que hayan sido influjos internos de la propia Guardia Civil los que hayan llevado a tomar esta decisión. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Si se refería usted al diario «ABC», yo creo que sí defiende el sistema democrático, aunque desde una determinada opción política, pero sin duda sí que lo defiende. En todo caso, la actitud del Gobierno y del Ministerio de Justicia e Interior responde a un planteamiento global. Nosotros pensamos que, inevitablemente, la pena privativa de libertad tiene que tener un sentido rehabilitador, resocializador. Cuando la pena privativa de libertad deja de tener ese significado, el seguir manteniendo la ejecución de esa pena creemos sinceramente que choca con el espíritu y hasta con la letra del artículo 25, en su inciso final, de la Constitución; lo creemos sinceramente.
En ocasiones se proyecta sobre un tipo delictivo que causa alarma en unas determinadas sensibilidades y cuando se proyecta a otros tipos delictivos causa alarma en otros grupos sociales, en otras sensibilidades. La obligación del Gobierno es mantener siempre criterios de objetividad, y cuando la pena privativa de libertad carece ya de contenido resocializador, el indulto es la solución razonable y objetiva. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL DE LA ROCHA RUBI, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA LA ADECUADA APLICACION DE LA LEY 9/1994, DE 19 DE MAYO, QUE MODIFICA LA REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS SOLICITANTES DE ASILO CUANDO SE ENCUENTREN EN FRONTERA? (Número de expediente 180/000590)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, del señor De la Rocha, que tiene la palabra.


El señor DE LA ROCHA RUBI: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley 9/1994, que modifica la reguladora del derecho de asilo y que ha entrado en vigor muy recientemente, ha introducido importantes modificaciones en los supuestos de personas solicitantes de asilo que se encuentren en frontera.
En efecto, esta Ley prevé un procedimiento acelerado, que implica, entre otras cuestiones, que en el plazo máximo de cuatro días debe resolverse sobre la admisión o no de la solicitud, plazo que se puede ampliar hasta siete días si hay una petición de reexamen, durante los cuales los solicitantes deberán permanecer en depedencias específicamente habilitadas en el puesto fronterizo, con derecho, lógicamente, a la asistencia de alimento, higiene y atención médica, y además, específicamente también, con derecho a asistencia letrada y a intérprete.
Surgen de esta Ley, por tanto, necesidades nuevas que en el sistema anterior, con la Ley vigente hasta estos días pasados, no estaban cubiertas por no ser imperativas. Surgen necesidades en cuanto a habilitación de locales, en cuanto a habilitación de intérpretes y también en cuanto a establecimiento de un sistema de asistencia letrada gratuita, pues, al parecer, algunos colegios de abogados entienden que con el sistema actual, con los convenios actuales esta asistencia no está cubierta.
La pregunta es, en consecuencia, qué medidas se están adoptando o se van a adoptar para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo cuando se encuentren en frontera.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, plantea un problema que me preocupa particularmente. Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/1994, el problema inmediato, práctico de recursos humanos y de recursos materiales más importante alude, sin duda, al procedimiento ultrarrápido, al procedimiento, en definitiva, de admisión o denegación a trámite de la solicitud de asilo para los supuestos de petición en frontera. Ese supuesto implica, necesariamente, la existencia de dependencias habilitadas al efecto en el conjunto de puestos fronterizos a fin de poder permanecer en ellos durante la tramitación del expediente. Eso por un lado.
Por otro lado, el artículo 5 reconoce el deber de la Administración de informar a los solicitantes de asilo de sus derechos, fundamentalmente --y S.S. los ha dicho--, a asistencia letrada, a intérprete y a asistencia médica. Pues bien, respecto al primero de los problemas, en este momento está cubierta razonablemente esa necesidad en medios humanos y materiales por lo que se refiere a los grandes centros receptores de solicitudes de asilo, en particular en el aeropuerto de Barajas (Madrid), o el de las Palmas de Gran Canaria y otros centros que se caracterizan por tener una pluralidad de

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demandas de asilo. Sin embargo, en otros sitios, en otros centros fronterizos de este país no hemos podido ultimar todavía instalaciones suficientemente dignas para cumplir ese cometido. Se está trabajando urgentemente y espero que en pocos días hayamos terminado de habilitar las instalaciones en el conjunto de puestos fronterizos.
En cuanto al segundo aspecto, el relativo al deber de asesorarles sobre sus derechos, la Comisaría General de Documentación, mejor dicho, la antigua Comisaría General de Documentación, hoy Comisaría General de Extranjería y Documentación (precisamente la Ley de Asilo ha sido una de las causas, junto a otros textos normativos, de la ampliación de esa Comisaría General) ha dado instrucciones, órdenes expresas, a todos los puestos fronterizos, a todas las comisiones provinciales, no sólo para que informen de esos derechos, sino además para que, efectivamente, se preste, acudiendo a cuantos medios fueren precisos. Yo solamente querría terminar diciendo que, con la ley en la mano, es discutible que el servicio sea gratuito, y quisiera destacar el gran papel humanitario que está realizando una organización no gubernamental (humanitario y de defensa de los derechos individuales), que es CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que ha podido instalar en la mayor parte de las ciudades, todavía no en todas, una asistencia letrada gratuita.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO JOVER PRESA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO O TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA CRECIENTE ACTIVIDAD DE GRUPOS Y ASOCIACIONES QUE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PROMUEVEN LA DISCRIMINACION RACIAL, ESPECIALMENTE EL ANTISEMITISMO? (Número de expediente 180/000591)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor Jover Presa, que tiene la palabra.


El señor JOVER PRESA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, de un tiempo a esta parte contemplamos con preocupación la actividad creciente de grupos, organizaciones, a veces constituidos legalmente como asociaciones, otras no, que promueven o incitan a la discriminación y al odio racial.
Organizan conferencias, convocan reuniones y congresos, publican revistas periódicas y, a través de editoriales que le son propias, editan todo tipo de material escrito e incluso audiovisual. Podía citarle más de una docena, señor Ministro, de estos grupos o asociaciones.
Entre las publicaciones periódicas que han llegado a mis manos, hay algunas con títulos tan poco originales como «El martillo», «Mundo nacional socialista», «A por ellos», «Barrotes», «Banderas negras», «Peste negra», «Lucha nación joven», y dos que se publican en Barcelona, pero en alemán, destinadas a ser vendidas o distribuidas en Alemania y en Austria, las revista «Halt» y «Sieg», que precisamente aprovechan, por así decirlo, una cierta impunidad que no podrían gozar en los países a los cuales van destinadas.
Entre las publicaciones no periódicas, por ejemplo, tenemos una llamada «Bibliteca nacional socialista», editada por una muy conocida asociación, que lleva ya varios títulos publicados, entre ellos uno, el número 7, que se llama nada menos que «Nosotros, los racistas». Todas ellas se encuentran, se publican y se pueden comprar libremente en nuestro país.
Señor Ministro, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos con estos hechos? En un momento en que el Consejo Europeo de Corfú acaba de aprobar una declaración contra el racismo y la xenofobia y acaba de decidir poner en marcha toda una serie de actuaciones concretas para enfrentarse con esta lacra. ¿Qué podríamos hacer, repito, señor Ministro? Yo sé que hay cosas que no se pueden hacer. Yo sé que en nuestro país, como en muchos otros, la libertad de expresión es un derecho fundamental; es algo más que eso, porque tiene en nuestro ordenamiento una dimensión objetiva, institucional, que justifica su prevalencia sobre otros derechos. Pero sobre lo que no puede nunca prevalecer, éste ni ningún otro derecho, es sobre el principio de la dignidad de la persona humana que, en nuestro ordenamiento, también tiene un contenido básico y nuclear.
Por supuesto, insisto, hay cosas que no podemos hacer; los jueces sí, el Gobierno no. Pero algo sí que se puede y se debe hacer, señor Ministro, y concretamente yo creo que lo que este Parlamento y el Gobierno podemos y debemos hacer es poner en marcha los instrumentos jurídicos, tipo penal, que sean necesarios para que los jueces y tribunales puedan enfrentarse a estos hechos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jover.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente, no hace mucho tuve ocasión, también en una sesión de control parlamentario, de manifestar la grave preocupación del Gobierno por ese fenómeno. Por tanto, hoy no voy a decir conceptos generales, sino a tratar de ser más concreto para hablar de los dos ámbitos posibles de actuación.
El primero, sin duda, es el de la prevención de esta clase de conductas, en definitiva, de los grupos policiales, de las

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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, de manera expresa, están creados y trabajan precisamente para tratar de prevenir y, en su caso, reprimir este tipo de conductas que se sitúan en ese amplio abanico de la llamada extrema derecha, fascismo, totalitarismo y demás ismos de esa índole que manifiestan tendencias y, en ocasiones, hacen verdadera apología de racismo y xenofobia. Pero, además --estoy de acuerdo con S.S.- -, hace falta una segunda línea, que es la de iniciativa legislativa. En esa línea, en el anteproyecto de Código Penal, que entrará en esta Cámara en el mes de julio de este año, se van a prever tres modificaciones sustanciales respecto de la situación actual. La primera es que, para el tipo de asociación ilícita, se introducen los supuestos de discriminación xenófoba y, con carácter general, el Ministerio de Justicia ha decidio proponer al Gobierno la inclusión del concepto específico de antisemitismo. La segunda es que, en lo relativo al supuesto de provocación directa o apología, va a proponer que, además del resto de manifestaciones xenófobas o racistas, se incluya de manera expresa --lo que considero razonable-- también el antisemitismo, no sólo por razones históricas sino también por razones presentes de la especial vivacidad y peligrosidad de los movimientos antisemitas. Y la tercera novedad será, en definitiva, la de introducir una agravante genérica para todos los restantes delitos en los que el motivo, el móvil, el objetivo de la violación del bien jurídico sea precisamente también de carácter discriminatorio.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE SE INGRESAN EN EL TESORO PUBLICO LOS INTERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS DE CONSIGNACIONES Y DEPOSITOS JUDICIALES, ABIERTAS EN DETERMINADA ENTIDAD BANCARIA PRIVADA? (Número de expediente 180/000607)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 37, del señor Pillado Montero.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Hace unos tres meses formulé una pregunta por escrito al Gobierno para que me informase sobre las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales abiertas en una determinada entidad bancaria privada, concretamente el Banco Bilbao- Vizcaya. Se me contestó, en síntesis, que el saldo medio de esas cuentas en el segundo semestre de 1993 era de casi 151.000 millones de pesetas, que los intereses generados en el año pasado eran de casi 14.000 millones de pesetas, que desde 1989, año en el que se hizo el convenio con dicha entidad, tales consignaciones y depósitos habían producido más de 43.000 millones de pesetas, que esos intereses se ingresaron y se ingresan en el Tesoro Público y, como cualquier otro ingreso del Estado, tienen el destino que les marca la Ley de Presupuestos. Yo me pregunto por qué se ingresan en el Tesoro Público estos intereses, y no me refiero a la razón formal, al Real Decreto 34/1988, sino a la razón última de fondo de por qué se ingresan --y se lo pregunto al Gobierno-- en el Tesoro Público los intereses generados por las cuentas de consignaciones y depósitos judiciales abiertas en determinada entidad bancaria privada.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pillado.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señoría, realmente me ha costado trabajo entender los términos de su pregunta. ¿Por qué? Porque lo dice así el ordenamiento jurídico, porque lo dice así el artículo 8 de un Real Decreto y porque el Gobierno cumple la legalidad. Si usted me hubiera preguntado las razones de por qué existió ese Decreto, podríamos, quizá, haber intentado entablar un diálogo al respecto, pero su pregunta es por qué se ingresan en el Tesoro Público. La respuesta no puede ser otra, señoría, que porque así lo dice el ordenamiento jurídico.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pillado, tiene la palabra.


El señor PILLADO MONTERO: Lamento que en este caso no se confirme aquello de que a buen entendedor, pocas palabras; parece que el señor Ministro no es buen entendedor. Esas cuentas, señor Ministro, se nutren en su totalidad, o casi en su totalidad, con dinero de particulares, y ese dinero, en su inmensa mayoría, vuelve a los particulares, bien a los mismos depositantes o a otros, según el destino que le den los diferentes procedimientos judiciales. Yo me pregunto: ¿Cómo es posible que el rendimiento de todo ese dinero se lo quede el Estado? ¿En virtud de qué? Un particular presta una fianza para obtener la libertad provisional o un litigante en un juicio de retracto consigna el precio de la compraventa, etcétera, y cuando se le devuelve, al cabo de equis meses o años, se le devuelve la misma cantidad nominal, pero esa cantidad ha estado devengando, junto con otras, un interés de casi un 10 por ciento y esos rendimientos se los queda ni más ni menos que el Estado. Al particular le devuelve el mismo dinero nominal, pero devaluado como consecuencia de la inflación. Si esto no es un enriquecimiento sin

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causa, incluso injusto --y no estoy hablando en términos precisos de Derecho Civil--, yo no sé cómo se puede calificar esto.
En la contestación se dice que esto es un ingreso del Estado como otro cualquiera. Yo digo: ¿Qué clase de impuesto es este o qué clase de exacción o qué servicio concreto presta el Estado a los particulares para quedarse con sus intereses, qué clase de servicio que justifique una contraprestación tan elevada? En el sistema anterior las cuentas depósitos no devengaban intereses, señor Ministro...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pillado.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias. Señoría, ahora empiezo a entender los términos de la pregunta, porque realmente hasta este momento, lo siento, pero los desconocía. (Fuertes rumores y protestas.) Sí, sí; es tan sencillo como que formulen bien las preguntas y tendrán respuestas adecuadas. Si no las formulan bien, no pueden esperar la respuesta adecuada. (Rumores.) Pero una vez que usted, señoría, se ha explicado, le diré que, efectivamente, responde --ahora ya lo entiendo-- a una concepción profundamente distinta.
Para mí es evidente que el servicio público que presta la Administración de justicia debe, lógicamente, determinar este tipo de ingresos. Es absolutamente razonable, y lo sostengo ahora y en cualquier momento. Es una interesantísima fuente de ingresos para el Estado que, naturalmente, deben ingresar en la caja única para su distribución solidaria, y me parece absolutamente razonable, repito, que así se mantenga, porque realmente prestamos servicios públicos y parece lógico que se beneficie el conjunto del Estado, es decir, el conjunto de los ciudadanos de esos servicios que, efectivamente, presta la Administración de Justicia.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO QUE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL PROFUGO LUIS ROLDAN IBAÑEZ HAN SEGUIDO TENIENDO MOVIMIENTO HASTA FECHA RECIENTE? (Número de expediente 180/000616)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Ramallo García, que tiene la palabra.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
¿Confirma el Gobierno que cuentas bancarias a nombre del prófugo Luis Roldán Ibáñez han seguido teniendo movimiento hasta fecha reciente?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
Señoría, no.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Es lo cierto, señor Ministro, que hoy se cumplen dos meses desde la huida del señor Roldán de la justicia española, y es lo cierto también que cada día estamos viendo noticias, incluso en la agencia oficial, en la Agencia EFE, que dicen, por ejemplo: El dinero de Luis Roldán y su segunda esposa, Blanca Rodríguez, descubierto en una entidad bancaria suiza durante la investigación que la justicia suiza hizo, fue transferido a España antes de ser bloqueado. Es decir, que lo encontrado eran las trazas del camino seguido, pero las cuentas fueron vaciadas.
La preocupación de nuestro Grupo, señor Ministro, ha sido expresada ya en la comparecencia que hubo el día 4 de mayo, cuando el señor Asunción vino a dar cuenta --que no dio cuenta de nada-- a la Comisión de Interior y Justicia sobre la huida del señor Roldán. Posteriormente, en la comparecencia ante este mismo Pleno, en una sesión de control similar a esta, el señor Serra tampoco contestó a la pregunta que usted hoy ha contestado; al menos ha contestado algo, aunque sea no y eso ya es de agradecer.
Es cierto que nosotros estamos hablando de noticias de prensa, pero no es menos cierto que en una de esas noticias de prensa se origina todo aquello que dio lugar a que el señor Roldán esté hoy huido de la justicia y también que el propio Ministro, señor Rubalcaba, diga hoy que se ha enterado después de lo que ocurrió, que todos ustedes se enteraron después.
Nosotros preguntamos si en algún momento, por parte del Gobierno, se remitieron en tiempo oportuno los datos en su poder al Fiscal General del Estado para pedir a la autoridad judicial que adoptara las medidas cautelares oportunas sobre el patrimonio del señor Roldán (que más que patrimonio del señor Roldán es patrimonio de todos, porque parece que viene de dinero de todos los españoles), y si en su momento se interesó el Fiscal General del Estado para que por la autoridad judicial se tomaran esas medidas precautorias.
Con el riesgo, señor Ministro, de que hoy me declare usted no cómplice, sino a lo mejor socio en los negocios

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que tiene el señor Roldán, me he atrevido a hacer esta pregunta. Espero de su generosidad que hoy usted me considere una persona normal y no un delincuente como el señor Roldán.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramallo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
La verdad es que nunca le he considerado delincuente; le dije que era cómplice objetivo de la estrategia de un presunto delincuente, constará en el «Diario de Sesiones», y eso no significa que le acusara de delincuencia, lo cual jamás pasaría por mi imaginación.
Realmente, veo que las preguntas las formulan por formular, porque después se habla de una cosa completamente distinta de la inicialmente planteada. ¿Por qué le he dicho no? Por razones obvias, por razones que usted conoce tan bien como cualquier miembro de esta Cámara, porque resulta que un juez de instrucción ha ordenado secretas las diligencias sumariales. A partir de ahí, preguntar algo que si confirmo o desmiento significa pura y simplemente vulnerar el secreto acordado por un juez en diligencias, es una pregunta de la que obviamente usted ya sabía la respuesta.
No puedo decir nada porque, desde luego, independientemente de que se produzcan filtraciones de supuestas noticias cuya veracidad o falsedad en modo alguno puedo ni debo confirmar, lo que es evidente es que el Gobierno de la nación y su Ministro de Justicia e Interior en ningún caso puede ni va a vulnerar lo que un juez ha ordenado, que es el carácter secreto de las diligencias sumariales. Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES OBJETIVAS QUE HAN ACONSEJADO EL NOMBRAMIENTO COMO DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA DE DON EUGENIO FARACO MUNUERA? (Número de expediente 180/000617)

El señor PRESIDENTE: Pregunta nueva del señor Rajoy, que tiene la palabra.


El señor RAJOY BREY: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el Ministro de la Presidencia olvidó incluir en la referencia del último Consejo de Ministros, el currículum del nuevo Delegado del Gobierno en la Comunidad de Murcia, lo que no ha ocurrido en el caso del nuevo Secretario General de Justicia, o del Secretario General Técnico del mismo Ministerio, o del Director General de Codificación, cuya trayectoria política, administrativa y profesional, relacionadas con la materia de que se van a hacer cargo, aparecen muy bien recogidas.
En el caso del Delegado del Gobierno de Murcia sólo se dice que es estomatólogo y que participó en congresos de la Federación Dental Internacional. Es por ello que le pido una ampliación de la referencia del Consejo de Ministros y los criterios objetivos que motivaron el nombramiento de dicho Delegado del Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
De hecho tengo aquí el currículum y con mucho gusto al final de la sesión, porque no va a dar tiempo de leerlo en la contestación, se lo entrego. Con carácter general le diré lo que me parece más obvio.
Razones objetivas ¿desde qué punto de vista? ¿Es un nombramiento reglado el de Delegado de Gobierno? ¿A qué alude usted con objetivas? En principio, los cargos políticos de confianza se designan por tres motivos, siempre de apreciación subjetiva, evidentemente, de quien los designa: su capacidad, su mérito y que efectivamente sea una persona que goce de la confianza del Gobierno. Y esas tres características concurren en el Delegado designado. (Fuertes rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Silencio, señorías! Tiene la palabra el señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Gracias por su respuesta, señor Ministro.
Le agradeceré no sólo que me dé el currículum del nuevo Delegado del Gobierno, sino que se incluya, como ocurre con otros cargos, en la referencia del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, soy plenamente consciente de que ustedes pueden nombrar a quien estimen oportuno y conveniente. Han hecho nombramientos, incluso de delegados del Gobierno, de los cuales no creo que puedan sentirse especialmente orgullosos.
Pero yo pienso que dirigir la Administración del Estado en una comunidad autónoma y coordinarla con la propia de la comunidad autónoma requiere una cierta experiencia política, un conocimiento de la Administración, algún tipo de currículum y algún mérito. Por eso creí yo que el señor Pérez Rubalcaba se había olvidado de incluirlo en la referencia del Consejo de Ministros, pero parece

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que no hay otra razón y, por tanto, tendremos que hacer cábalas sobre este asunto y habrá que pensar que estamos en el nuevo cupo que ustedes han inventado, que es el de los profesionales, eso sí, parece que con conocimiento sobrado de causa por parte de importantísimos miembros de su Gobierno. En cualquier caso, tengo que decirle, con absoluta franqueza, que prefiero los currículum de las otras personas nombradas en el mismo Consejo de Ministros, que todo esto afecta y mucho a la credibilidad del Gobierno, que no dice nada en favor del prestigio del mismo y que no me parece muy serio que un cargo como el de delegado del Gobierno se nombre, lisa y llanamente, por la razón de confianza --en este caso y mientras no se demuestre lo contrario-- personal y en absoluto relacionado con la política, como se ha hecho aquí. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente trataré de darle algunos de los datos del currículum que después le entregaré, pero antes quisiera hacer una observación.
Efectivamente, se trata de una persona que fundamentalmente no ha tenido cargos políticos institucionales. Yo tampoco cuando fui designado Ministro. (Rumores en los bancos del Grupo Popular.) Fue mi primer cargo político, con el cual, sin embargo, me honraron sin preguntarme por qué había sido designado. Tal vez un día de estos lo pregunten, pero entonces no lo consideraron oportuno. La segunda observación es que forma parte de nuestro proyecto, precisamente, incorporar personas de la sociedad civil con capacidad de penetración en dicha sociedad civil. Y en el caso de la persona designada es evidente que en la Comunidad Autónoma de Murcia es una persona que ha estado integrado en toda clase de movimientos civiles, movimientos de protección de la naturaleza, movimientos de diversa índole, que podrá comprobar detalladamente cuáles son.
Pero, además, resulta que sí se ha dedicado a la política, a diferencia del Ministro de Justicia e Interior. Lleva veinte años dedicado a la política, veinte años. Primero, fundando la Federación de la UGT de Sanidad (Rumores en los bancos del Grupo Popular.), y eso es política, política sindical.
Segundo, además de eso milita en el Partido Socialista desde hace 15 años o más (Fuertes rumores en los bancos del Grupo Popular.--El señor Martínez Sanjuán: ¡Y a mucha honra!)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Y participa activamente... (Fuertes rumores en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ministro.
¡Silencio, señorías! Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Y participa activamente como militante de un partido político.
(Fuertes rumores en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Tengo la sensación de que no vale la pena explicarles nada, pero continuaré. En todo caso, repito, ha estado más de cuatro años realizando asesoramiento absolutamente desinteresado al Ministerio de Sanidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REMODELACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR, EN LO QUE SE REFIERE AL AMBITO DE INTERIOR, ASI COMO PROYECTOS EN RELACION AL MODELO POLICIAL (Número de expediente 172/000059)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día: interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular sobre criterios del Gobierno con respecto a la remodelación del Ministerio de Justicia e Interior en lo que se refiere al ámbito de Interior, así como proyectos en relación al modelo policial.
Para desarrollar la interpelación, tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Con la venia, señor Presidente. Señorías, el pasado día 16 de junio, tras una petición de mi partido al Ministro de Justicia e Interior, tuvimos acceso a un documento denominado nuevo modelo policial, en el que se concreta el acuerdo entre el Gobierno de la nación y Convergència i Unió, del que los medios de comunicación venían dando noticias en las semanas anteriores.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Aquel día también tuvimos la oportunidad de enterarnos de que este acuerdo venía negociándose desde hacía meses con el Ministerio del Interior, presumiblemente tras las elecciones generales del pasado año. El sigilo que

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ha silenciado hasta ahora estas negociaciones no es criticable si se entiende que la definición de un nuevo modelo policial para toda España es sólo una cuestión de oportunidad que en el marco de la reciprocidad de los apoyos que Convergència i Unió presta al Partido Socialista para garantizar la estabilidad del Gobierno de Felipe González sólo afecta al interés del partido o partidos que pactan. Pero aquellos que damos a la seguridad pública el rango de cuestión de Estado y que en nuestro papel de oposición brindamos al Gobierno un tratamiento especial a estos asuntos, nos hemos visto desfavorablemente sorprendidos y deploramos profundamente el sesgo partidista con el que se está gestando el llamado nuevo modelo policial.
El Grupo Popular reitera que la importancia de la seguridad pública, en tanto que deber constitucional y, por tanto, irrenunciable del Gobierno para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, no puede ser devaluada retirándola de la lista de asuntos que dan sentido y fuerza a una idea del Estado, ni siquiera para inyectar solidez parlamentaria a un gobierno débil. Una vez más, en la balanza de Felipe González se demuestra que pesan más sus necesidades políticas, personales y de partido que sus virtudes para velar por el interés nacional.
Ese interés nacional y esa idea del Estado reclaman y exigen también que la seguridad pública, en tanto que encuentro de esferas de competencia de todas las administraciones públicas, no se convierta en un nuevo motivo de confrontación o de discriminación entre comunidades autónomas, pero esta trascendente apreciación tampoco merece ser tenida en cuenta por el Gobierno de Felipe González, que, mientras discute y acuerda un nuevo modelo policial para Cataluña, le ofrece al resto de las comunidades autónomas tan sólo el derecho a importarlo, sin retoques, siguiendo la gráfica expresión de modelo exportable acuñada por el propio Ministro de Justicia e Interior, señor Belloch. En resumen, el nuevo modelo policial se ha concebido mal, y el método seguido también resulta improcedente. La cuestión planteada en torno al nuevo modelo policial, señor Ministro, no es de transferencia del Estado a las comunidades autónomas propia de negociación bilateral, casi siempre subterránea, sino de modificación o no de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o, en su caso, de la muy difícil y problemática modificación de un estatuto de autonomía del artículo 151 de la Constitución. Por ello es cuestión de fondo y no de forma el hecho de que el tema se haya planteado por diálogo político entre el Gobierno y una sola comunidad autónoma y se haya debatido o este camino de ser debatido en el marco de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Autonómicos. El significado de esta afirmación tiene, por ejemplo, expresiones muy concretas, y es que, a juicio de mi grupo, no pueden repartirse los tipos de delitos en un acuerdo entre el Gobierno y una comunidad autónoma, porque, señor Ministro, si hubiera lugar a dicho reparto, éste, evidentemente, tendría que ser de carácter nacional, para no introducir peculiaridades sobre las competencias en cada tipo de delito en cada una de las diecisiete comunidades autónomas. Si entramos en la cuestión de fondo acerca de las ventajas del nuevo modelo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplan con más eficacia las misiones que tienen encomendadas, hemos de resaltar que el anterior modelo no ha podido demostrar sus posibilidades porque el Gobierno no ha sido capaz de desarrollarlo desde su definición en 1986 en la vigente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Normas tales como los reglamentos orgánicos y de servicios y los decretos de plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil aún están pendientes. ¿Cómo es posible, en estas condiciones, plantear un nuevo modelo policial que suponga un esfuerzo de perfeccionamiento de algo que no está concretado ni ultimado? ¿Cómo sabremos adónde se quiere llegar si no se conoce el punto de partida para establecer comparaciones y cambios que supongan una mejora? Por otra parte, si un nuevo modelo policial debe estar presidido por la búsqueda de eficacia y de operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hay que dar respuesta a criterios objetivos para que puedan ser medidas.
La estructura de los efectivos que tienen actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser utilizada, en función de esa eficacia, tanto desde el punto de vista de la prevención, evitando la actividad delictiva, como desde el punto de vista de la represión cuando la prevención no ha sido suficientemente efectiva.
La eficacia preventiva, señor Ministro, se consigue mediante una adecuada distribución de los medios humanos y técnicos, formando una malla tupida y próxima al ciudadano que impide que aumente la criminalidad. Cuanto menor sea la presencia de estos medios en la calle, mayores serán los índices de delincuencia. Entra entonces la faceta de la investigación y la represión. Cuanto más perfecto sea el sistema de prevención, menos necesaria será la represión, y esto influye en la faceta posterior de la Administración de Justicia.
Lo primero a diseñar, pues, en un nuevo modelo ha de ser la distribución de medios en función de las necesidades. Hay que dimensionar qué número de personas es necesario y, en función de ello, hay que dimensionar cuántas se dedicarán a la prevención y cuántas a la represión o investigación.
Posteriormente, hay que formarlas y prepararlas adecuadamente.
La filosofía principal del modelo policial debe ser decidir si queremos una polícia preventiva o una policía represiva o en qué porcentaje combinamos ambas funciones. Esta pregunta, señor Ministro, queda sin contestar

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en el acuerdo político sobre el nuevo modelo policial, ni siquiera para el ámbito territorial de Cataluña. ¿Cómo pueden entender los ciudadanos españoles las ventajas del nuevo modelo? En cuanto a la Policía Judicial, el acuerdo mencionado atribuye esta función a la Generalidad del Cataluña en términos, cuando menos, de equiparación al Estado, quebrando una concepción unitaria del Poder Judicial, tal como la Constitución proyecta; primero, en el ejercicio de su gobierno por un órgano único, que es el Consejo General del Poder Judicial; segundo, en la integración de los jueces y magistrados en un cuerpo único; tercero, en el reconocimiento de la competencia plena del Estado en la Administración de Justicia. Si la mejor coordinación para ganar en operatividad y eficacia es una estructura bien organizada, debe reconocerse que el paso que se da con la Policía Judicial avanza en la dirección contraria a la que aconsejan el sentido común y la experiencia. Y como envolvente de esta falta de modelo hacia el que se pretende avanzar, resulta que, en el texto del acuerdo que el propio Ministro de Justicia e Interior nos ha facilitado, existe una clamorosa omisión a las competencias constitucionales en materia de seguridad pública, atribuidas de modo exclusivo al Estado en el artículo 149 de la Constitución, y a la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bajo la dependencia del Gobierno, para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal como establece el artículo 104.1 de la Constitución. ¿Qué significa esta omisión, señor Ministro? ¿Cree el Gobierno que las competencias antes citadas sean compartibles, ejercibles o delegables en las policías autonómicas? ¿Pueden ser renunciables --recalco: ¿pueden ser renunciables?-- por parte del Estado? Otro factor a destacar del documento es que en el período de transición previsto se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, se refiere con el mismo rango tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil. Sin embargo, estamos ante dos cuerpos de naturaleza diferente, el primero civil y el segundo militar. ¿Quiere decirse con ello, señor Ministro, que se acepta sin más que la Generalidad puede asumir también las funciones de índole militar que desarrolla la Guardia Civil en Cataluña? Finalmente, el nuevo modelo policial se ha gestado en el peor momento político del Ministerio del Interior. Resulta, cuando menos, paradójico contemplar cómo, mientras el Gobierno aborda la difícil y trascendental tarea de llevar a cabo una modificación del modelo policial español, transfiriendo a una comunidad autónoma el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, redistribuyendo las competencias asignadas por vía constitucional en detrimento de las que son exclusivas del Estado, provocando agravios comparativos con el resto de las comunidades autónomas, resulta, digo, paradójico que acometa dicha empresa sin haber sido aún capaz de poner en orden el Ministerio del Interior. El aluvión de cambios, ceses y nombramientos realizados en este Departamento durante los últimos seis meses ha provocado tal desorganización interna en el ministerio que resulta difícil de entender la pretensión de modificar simultáneamente el modelo policial sin haber concluido dicha remodelación. Hago gracia a SS.SS. de la cadena de ceses y nombramientos que se inició con la dimisión del señor Corcuera el 22 de noviembre de 1993.
El 29 de abril último dimite el Ministro señor Asunción por su pasividad ante la fuga del ex Director General de la Guardia Civil. El problema que genera su cese al frente del departamento de Interior se resuelve por el señor González mediante la unificación de este Ministerio con el de Justicia.
Inmediatamente después, se produce la dimisión del señor Garzón, que deja sin justificación toda la reestructuración realizada en los cinco meses anteriores y el nuevo Ministro acomete una nueva reorganización mediante un baile de cargos y de órganos que en tan breve espacio de tiempo convierten el área de Interior en un verdadero caos, fruto de la anarquía reinante entre sus rectores. Lógicamente, las consecuencias de la falta de solidez del Ministerio no se han hecho esperar y hemos tenido que asistir a declaraciones contradictorias en materia de terrorismo que pretendían convertir un tema de Estado en una cuestión de partido al margen de los pactos de Ajuria Enea o al desánimo y descontento reinante en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que observan con estupor los cambios producidos en el Departamento y sufren las consecuencias de la falta de previsión del Gobierno, o a las contradicciones derivadas de la reciente unificación de los Departamentos de Justicia e Interior y cuyos resultados no se han hecho esperar, como lo demuestra la investigación iniciada contra guardias civiles, sin precedentes que practicaron las detenciones en Usurbil, dando la razón a quienes han calificado la situación de esquizofrénica. Y es que tanto la forma de plantear una modificación del modelo policial como la situación del Departamento de Interior responden a una nota común: la improvisación, señor Ministro.
Para terminar, señor Presidente, señorías, permítanme destacar el aspecto más asombroso del documento, sobre el que también necesitamos conocer el criterio del Gobierno que lo ha acordado. El período de transición que se establece en su apartado 4.º, tal como está redactado, no es otra cosa que la puesta en marcha del nuevo modelo antes de las obligadas reformas legislativas. En efecto, en el documento que el propio señor Ministro nos ha facilitado se afirma expresamente que se estudiarán fórmulas que en el marco de la legalidad vigente permitan a la Generalitat de Cataluña ejercer

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sus competencias también a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Si partimos de la consideración de que dentro de la legalidad vigente no es posible un modelo como el planteado, es evidente que estamos ante una modificación de hecho de esa legalidad.
¿Más claro?: que el Gobierno intenta superar la legalidad vigente sin modificar las normas y, por tanto, señor Ministro, siento decírselo, violándolas.
Esta idea se refuerza más adelante cuando en este documento se afirma literalmente que, en tanto no se establezca por ley el régimen definitivo de coordinación y cooperación, se constituirá una sala central de coordinación operativa intercuerpos, de actuaciones y sistemas de información y las territoriales que se determinen.
Se da por hecho, por tanto: a), la puesta en marcha del modelo; b), su situación de ilegalidad, por cuanto el documento asume que la ley no tiene previsto ese mecanismo. No obstante, se crea.
Señorías, ¿no sería más adecuado, antes de impulsar reforma alguna, remitir a las Cortes Generales las oportunas modificaciones legislativas y abrir el correspondiente debate parlamentario sobre dicho modelo? Señor Ministro, si ustedes quieren hacer política de partido con la seguridad pública, si quieren aumentar los agravios entre comunidades autónomas, si quieren aumentar la inoperancia y el desaliento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si quieren ceder o delegar competencias del Estado bajo fórmulas discutibles, sepan que desde hoy queda constancia parlamentaria de que la oposición ha cumplido con su deber de advertirles de sus equivocaciones y de criticarles constructivamente sus errores. Pero sepan también, señorías, señor Ministro, que con el interés nacional no se puede cometer desafueros ni desprecios al Parlamento.
Desafueros y desprecios tales como el que supondría iniciar la aplicación de su mal llamado nuevo modelo policial al margen de la legalidad vigente.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
En primer término, quiero dejar constancia de que es difícil discutir, dado el planteamiento que se realiza en la intervención preliminar, por un hecho bastante evidente: el documento. Con ocasión de la visita efectivamente del señor Alvarez-Cascos y otros dos miembros del Partido Popular solicitando información, me pareció oportuno, a un partido político como el Partido Popular que me pedía información, dársela, como lo hubiera hecho con cualquier otro grupo parlamentario que me lo hubiera solicitado, pero le di la información de uno de los momentos determinados del proceso. Y el pequeño problema es que toda la crítica que ha intentado realizar el señor Alvarez-Cascos parte de algo que no existe.
(Rumores.) A partir de ahí, es un poco complicado poder rebatir sus argumentos (Continúan los rumores.), por la simple razón de que también le indiqué al señor Alvarez-Cascos que ese documento iba a ir a la correspondiente comisión autonómica para su aprobación o no aprobación, como indudablemente recordará el señor Alvarez-Cascos y los que le acompañaban. Es más: después de esa reunión le comuniqué específicamente que se había decidido separar de manera clara y determinante, por un lado, los temas afectantes al modelo policial y, por otro, los problemas relativos a la lectura del precepto estatutario, relativo a la policía autonómica. En comisión autonómica solamente íbamos, en su caso, a aprobar precisamente lo relativo a la interpretación y aplicación del artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Cataluña, mientras que el tema del modelo policial, efectivamente quedaba fuera del margen de esa mesa concreta de discusión.
En consecuencia, todo lo que ha dicho el señor Alvarez-Cascos, que yo agradezco, tiene el pequeño inconveniente de que ya no sirve porque el momento actual no tiene nada que ver con el momento en el que, efectivamente, yo le proporcioné esa información.
La verdad es que, ciertamente, yo no esperaba que esa información fuera después utilizada para realizar una interpelación parlamentaria. Es un peculiar concepto de la información el que utiliza el señor Alvarez-Cascos, del que tomo nota. (El señor Puche Rodríguez-Acosta: Toma nota ¿de qué?--Fuertes protestas.--Rumores.) En cualquier caso... (El señor Ramírez González: ¿Qué es esto?--Un señor Diputado: ¡Chulo!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Sí, estoy en el Parlamento, aunque la gente diga chulo e insulte; estoy en el Parlamento, efectivamente. (El señor Ramírez González: ¿De qué?--Un señor Diputado socialista: ¡Desde luego, así nos va!--Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Efectivamente, he dicho y sostengo que tomo nota. (Protestas.) Aprovecho, sin embargo, para informar --y ese es el aspecto positivo que agradezco-- sobre lo que he dicho

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antes: que, efectivamente, en la comisión autonómica se adoptó el criterio de separar los dos temas: el del modelo policial, que debe tener su discusión en un marco parlamentario general, tal como dice el señor Alvarez-Cascos, y la lectura concreta del artículo del Estatuto de Autonomía, que es lo que debe aprobarse en su día en el marco de la comisión autonómica y, finalmente, en su caso, por el Gobierno de la nación.
En segundo lugar, lo único que se acordó en la comisión autonómica fue abrir una comisión negociadora --y aprovecho también para comunicarlo-- integrada por cuatro personas de la Administración central y cuatro del Gobierno de la Generalitat, que, ya puedo anticipar, la va a presidir, por parte de la Administración, la Secretaria de Estado de Interior y otros tres integrantes y, por parte de la Generalitat, quienes se designen, a fin de empezar a trabajar sobre el tema de la lectura, interpretación y aplicación del precepto del Estatuto de Autonomía de Cataluña relativo a su policía.
Ese es el estado de la cuestión. Luego yo creo que mi respuesta en parte le va a tranquilizar al señor Alvarez- Cascos y sí que se corresponde con la realidad actual y no con la realidad a que hacía referencia ese documento. Aclarado ese extremo, no voy a entrar, ni mucho menos, en describir cuál va a ser el modelo policial futuro, por muchas razones: porque, entre otras cosas, se ha creado un gabinete con rango de subdirección general en esta reestructuración, cuya finalidad central es precisamente la de estudiar el modelo policial; porque, efectivamente, proponer, en su caso, modificaciones sobre el modelo policial es algo --de nuevo comparto la opinión del señor Alvarez-Cascos-- profundamente difícil, profundamente complicado, profundamente importante, y vamos a tratar de hacerlo con el rigor, la seriedad, la calma y la participación de los grupos parlamentarios que así lo deseen para llevar a cabo las reformas de ese modelo policial.
Yo personalmente tengo un modelo policial y del mismo hablé al señor Alvarez-Cascos en esa entrevista, pero eso no es más que mi opinión. A partir de ahora hay que realizar un trabajo serio, sólido, con la intervención y la colaboración de todos, para ver si es procedente adaptar nuestro modelo policial, como yo creo, a la estructura autonómica del Estado y en qué términos y en qué condiciones.
Desde luego, lo que nadie puede criticar, o al menos así lo veo yo, es que la Administración central y la Generalitat entren en conversaciones, que se van a iniciar la semana que viene --yo creo--, conversaciones formales para hacer una lectura conjunta y común del artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía. Para eso, sinceramente, no tenemos que pedir permiso a nadie. (El señor Martínez-Villaseñor García: ¿Ni a las Cortes?) En cuanto al resto de la interpelación, trataré de contestar a lo que realmente decía el resto de la propuesta, que es la supuesta situación en la que se encuentra el Ministerio de Justicia e Interior.
Empezaré aludiendo a un hecho bastante claro, que es casi el refrán de que cada cual ve las cosas de acuerdo con su propia opción, lo que, traducido al refranero, aparece como que todo depende del color del cristal con que se mira. Ustedes, efectivamente, tienen todo el derecho del mundo a ver las cosas desde la óptica, desde el cristal partidista que ustedes representan. Sin duda alguna, y nadie se lo puede reprochar.
Lo que ocurre es que esa óptica les obliga a decir que las cosas están mal. Es una consecuencia lógica a partir de su propio planteamiento estratégico. No tienen más remedio, puesto que siguen insistiendo, y curiosamente creyéndose, que va a haber elecciones generales anticipadas. No tienen más remedio que seguir opinando que todo va mal, porque si realmente ése no fuera el análisis, sería difícil sostener la situación en la que, en su lectura, se haría inevitable ese proceso de anticipación de elecciones. Desde esa óptica no tienen más remedio que ver todas las cosas mal. Ese es su cristal. Yo diría que es más bien un espejo valleinclanesco que les devuelve grotesca la realidad. (Protestas.) Pero, en fin, tienen pleno derecho a ver así las cosas. De hecho también ven mal la economía, lo cual es francamente curioso.
(Protestas.--Risas.) Les disgusta, y es inevitable desde su opción estratégica, que la economía vaya bien, incluso mejor de lo que preveíamos. (Protestas.--El señor Aguiriano Forniés: Cuanto peor, mejor.) Efectivamente, ustedes están obligados a ver que todo funciona mal, porque si no funcionara mal, insisto, no podrían seguir sosteniendo su opción estratégica.
De ahí que frecuentemente mantengan posturas de pedir dimisiones. (Fuertes protestas.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Venga ya, pesados!) Es un poco difícil contestar, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías, por favor!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias. Lo único discutible de todo lo que realizan ustedes es cuando en ocasiones confunden su opción partidista con los intereses generales, con la sociedad en su conjunto, con España. Eso ya es más discutible. En todo lo demás tienen ustedes toda la razón. Desde su estrategia lo tienen que encontrar todo mal y son rigurosamente coherentes en el seguimiento de esa estrategia. También desde aquí podríamos tener la tentación contraria y pretender que nosotros representamos también a España en su conjunto, los intereses globales, el bien del país. No. Yo me voy a limitar a algo bastante más objetivo, creo yo. El Gobierno no ve así las cosas, el Grupo parlamentario Socialista no ve como ustedes las cosas, la mayoría

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parlamentaria de esta Cámara no ve como ustedes las cosas. Y mientras eso no cambie, no tienen ninguna posibilidad de tener éxito en su equivocada estrategia. (El señor Pascual Monzo: ¿Quién ha ganado las elecciones?--Un Diputado socialista: En las generales, nosotros.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! (Rumores.--Protestas.) ¡Señor Pascual! (Siguen las protestas.) ¡Señor Pascual! ¡Señor Hernández-Sito!

El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Es que hablo yo?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Usted habla y, además, con el tono demasiado elevado. (Rumores.) ¡Silencio, por favor!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente.
En todo caso, voy a tratar de exponer los hechos desde la óptica del Gobierno. La óptica del Gobierno es la siguiente.
La creación del Ministerio se produce el 5 de mayo. El 13 de mayo, ocho días después, están ya designadas las Secretarías de Estado de Interior y de Justicia y la Subsecretaría como órgano de coordinación del conjunto de Secretarías de Estado y de homogeneización de prácticas políticas. El día 20 de junio está aprobado el Decreto de estructura básica del Ministerio, fruto de un trabajo intenso de los técnicos y, sobre todo, fruto de una decidida actitud política de llevar a cabo este proceso de fusión de una manera rápida, acelerada y eficaz.
Lo cierto es que, aunque ustedes lo vean de otro modo, las cosas funcionan muy bien. (Grandes risas.) ¡Que le vamos a hacer! Me alegran que puedan ustedes reírse; eso está bien.
(Rumores.) Señor Presidente, ¿esto es normal?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es el Presidente, señor Ministro, el encargado de mantener el orden en la Cámara. Usted conteste a la interpelación. (Continúan los rumores.) ¡Silencio señorías, por favor!

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Vamos a hacer referencia a datos concretos, a datos de hecho, no a opiniones o a valoraciones. Desde el día 5 de mayo hasta la fecha de hoy ha habido resultados absolutamente importantes en todas las áreas fundamentales de la Secretaría de Estado de Interior.
Primero, no creo que les deba recordar que se han desarrollado las elecciones europeas del 12 de junio, que fueron organizadas precisamente por las unidades de la Secretaría de Estado de Interior y creo que correctamente, me reconocerán SS.SS.
En la prioridad esencial que para el Ministerio y concretamente para la Secretaría de Estado de Interior constituye el terrorismo, no podía ser más fructífero ni eficaz este período de tiempo. Lo ha sido desde muy diversas ópticas.
En primer lugar, se ha producido el cambio de criterio en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales franceses sobre cuál es el sentido de las asociaciones de malhechores. Mi primer viaje fuera de España fue precisamente para hablar con el Ministro Pasqua. La colaboración con Francia ya era positiva. Se ha intensificado todavía más. Se han establecido mecanismos de colaboración más precisa y directa. En días posteriores a esta visita se produjo la entrega del presunto miembro de ETA José Domingo Aizpurua y dos importantísimas operaciones policiales los días 7 y 14, con resultado de la detención de más de 13 personas que podrían estar relacionadas con ETA.
El buen trabajo de la Policía y la Guardia Civil durante el último mes y medio ha permitido desactivar explosivos en San Sebastián, Portugalete, Amurrio, Bilbao y Gernika; localizar dos zulos de ETA, uno del GRAPO con diversas armas y explosivos y detener al presunto miembro del GRAPO Angel Luis Bravo Clarel. Por cierto, la Ertzaina hoy ha localizado un zulo por lo que desde aquí quiero expresarle mi felicitación.
El 3 de junio fueron detenidas cuatro personas sospechosas de colaboración con comandos de ETA en Pasajes, Fuenterrabía y Vera. Los días 5 y 6 de junio fueron detenidas 13 personas, relacionadas con ETA, del Comando Kiruli y desmantelada parte de la infraestructura del Comando Donosti.
En conclusión, en mes y medio y tras la detención de Jesús María Ariz Bastarrica, la cifra de detenidos ha sido de 24 en España y 13 en Francia. También se puede repasar área por área (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡No, no!) Lo siento.
Veamos, por ejemplo, la relativa a la lucha contra la droga.
Entre los días 5 y 27 de junio la Secretaría de Estado ha coordinado operaciones que suponen concretamente la incautación de más de 24 toneladas de hachís, 400 kilos de cocaína y 154 de heroína, además de una operación muy conocida, de la que, por cierto, sólo lamento el nombre, no me parece adecuado que se usen toponímicos para operaciones policiales de este tipo. El día 23 de junio y gracias al resultado de un trabajo conjunto, coordinado por la Secretaría de Estado del Plan Nacional, en el que han participado la Fiscalía Especial, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, los servicios centrales y periféricos de la Policía y la Guardia Civil bajo la dirección del Juzgado Central correspondiente, ha realizado una operación cuya importancia me parece tan evidente que no es preciso

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subrayarlo. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Si estamos en otra cosa!) No, señoría, estamos en que dicen que se produce un clima de caos e inoperancia. Esa es la tesis de la interpelación y digo que exactamente lo contrario; que están funcionando perfectamente todos y cada uno de los servicios policiales de la Secretaría de Estado de Interior y, simplemente, en vez de opinar, les doy cifras, hechos, resultados. (El señor Martínez-Villaseñor García: Cíñase a la cuestión.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias. Además, se han producido cambios estructurales de una evidente importancia. Se ha logrado algo que constituye un modelo --lo comentábamos con ocasión de una pregunta parlamentaria-- inevitable en Derecho comparado, como es la centralización de la información en la Comisaría General de Información, la separación de los aspectos operativos a través de la Comisaría General de Policía Judicial, la creación de unidades y brigadas de régimen interior, tanto en el ámbito de la Policía como de la Guardia Civil, y todo ello en un período de tiempo francamente breve, habiéndose ultimado ya, a estas alturas, la práctica totalidad de renovaciones en ambos ministerios, y sin pérdida de eficacia del Ministerio de Justicia e Interior.
En consecuencia, respecto al modelo policial --y voy resumiendo dado que me dice el señor Presidente que he agotado el tiempo-- se ha creado un gabinete específico con la finalidad de estudiar dicho modelo y en él se invitará al conjunto de los grupos parlamentarios --aquellos que lo deseen-- a discutir y a participar en el proceso de elaboración del mismo.
En segundo lugar, respecto a la lectura e interpretación conjunta del artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con la policía autonómica, se ha creado una comisión paritaria para estudiar dicho tema y cuando en su día se llegue a unas conclusiones éstas se llevarán a la Comisión autonómica, de ésta al Gobierno y de éste al Gobierno de la Generalitat. Esta comisión empezará a funcionar la semana que viene.
En tercer lugar, no existe ni caos ni inoperancia ni ineficacia ni lentitud en la operación de estructuración de ambos ministerios, sino que, por el contrario, se ha logrado realizar en un tiempo récord y manteniendo la absoluta efectividad y eficacia de todos y cada uno de los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Nada más. Gracias. (Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.
El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, no voy a corresponder a su amenaza de que toma nota del uso de la información que hace el Grupo Parlamentario Popular (El señor Lago Freire: No se oye bien.), devolviéndole una actitud de desprecio hacia la información que el Grupo recibe cuando acude al despacho del Ministro del Gobierno, porque vamos a seguir dándole toda la importancia y trascendencia política que cualquier persona que forme parte del Gobierno ostenta en virtud de su propio cargo. Por tanto, usted le puede dar la importancia que quiera al uso de la información que hace el Grupo Popular. Nosotros vamos a mantener exactamente el mismo criterio que antes de acudir a su despacho el pasado día 16 de junio. (Varios señores Diputados desde los bancos del Grupo Popular: ¡Muy bien!) Usted nos pidió confidencialidad con el documento que nos entregó, que, por cierto, ahora que dice usted que no tiene ninguna validez, este no es un documento como las cartas del prófugo (Risas.), que por lo visto no sirven porque son de un prófugo. Este es un documento entregado por un Ministro al Grupo Popular que tiene como membrete el Departamento de Gobernación de la Generalitat de Cataluña (Risas.) Es un documento muy serio, señor Ministro, que aquella misma tarde circulaba por los escaños del Parlamento y por las tribunas de prensa, y no como consecuencia de ninguna filtración del Grupo Popular, cuyo único ejemplar estaba debidamente custodiado (Rumores.), y se lo hemos dicho, señor Ministro. Por tanto, pretender que nosotros no hagamos uso de una información que por otras fuentes circulaba en la Cámara me parece que es algo que el señor Ministro no debe, ni siquiera, plantear al Grupo Parlamentario Popular.
En todo caso, señor Ministro, este es un documento acordado.
¿Entre quiénes, señor Ministro? ¿Le importa reiterarlo a la Cámara? ¿Entre quiénes? Entre el señor Asunción --que usted mismo heredaba-- y la representación de Convergència i Unió. Y no hay nada inconfesable en ese acuerdo. ¿Por qué no quiere usted reconocerlo? Este era un acuerdo vigente el día 16 de junio. Cuando usted dice que a raíz de nuestra entrevista ha dejado de tener validez, fíjese lo que nos está diciendo, que somos su conciencia. (Rumores.) Sí, señor Ministro, era usted muy inconsciente en aquel momento y nosotros le hemos aportado consciencia. Encontramos a un Ministro atribulado y le hemos ayudado a encontrar la luz. Fíjese hasta qué punto tiene importancia el uso responsable de la información que ha hecho durante esta semana el Grupo Parlamentario Popular. Como es un documento político que tiene validez, aunque ustedes estén cambiando los criterios, porque además usted lo presentó --y creo que tiene plena justificación-- como un acuerdo político importante, yo quiero insistirle, señor Ministro, en que como

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representante del Gobierno diga a la Cámara si va a considerar la seguridad pública una cuestión de partido exclusivamente entre quienes tienen intereses de partido para sostener al Gobierno o va a dar usted, en representación del Gobierno, la consideración de interés de Estado a la seguridad pública, haciendo partícipe al resto de la Cámara del debate transparente de los asuntos que afectan a la seguridad pública.
En segundo lugar, señor Ministro, convendría que nos dijera si, en paralelo a las conversaciones que sobre aspectos que afectan a las competencias policiales mantiene con una comunidad autónoma, lo va a hacer con el resto de comunidades autónomas que tienen situaciones de competencias en materia de orden público y de seguridad ciudadana diferentes. ¿Va usted a partir de este momento, en virtud del nuevo acuerdo que va a elaborar, a dar el mismo tratamiento a las 17 comunidades autónomas para participar en el futuro nuevo modelo? Me gustaría, señor Ministro, que contestara a esa pregunta.
En tercer lugar, señor Ministro, es muy importante, hablando de modelos policiales, fijar la referencia de la eficacia, y la eficacia no es un problema subjetivo, sino objetivo. Si usted repasa la evolución del despliegue policial a la entrada en vigor de la Ley de 1986, por ejemplo, en Madrid, donde había 180 coches zeta circulando, y la compara con la que hay hoy, siete años después, sin haber culminado su modelo, en que hay 40 coches zeta circulando por Madrid, empezará a tener referencias subjetivas de cómo está disminuyendo la prevención y aumentando la necesidad de represión como consecuencia de las lagunas de su modelo. En el año 1986 había en Madrid 100 patrullas mixtas de a pie, apoyadas por coches que daban mayor movilidad a las patrullas a pie; hoy no hay ninguna, señor Ministro. (El señor Lago Freire: Van a caballo.) Por tanto, es necesario que usted objetive las consecuencias de la alternativa del modelo policial que va a elegir para saber si usted prefiere primar, porque eso especializa a la policía, la prevención o va usted a desasistir la prevención, como se ha hecho estos años, y tener luego que volcar todos los efectivos en la represión; si va a usted a desarrollar los reglamentos pendientes mientras la legalidad vigente siga siendo la legalidad vigente.
Nosotros, señor Ministro --se lo hemos dicho entonces y se lo reitero ahora públicamente--, no consideramos que los modelos policiales sean un dogma. Nada impide, señor Ministro, concebir un cuerpo nacional de policía autonomizado y un núcleo federal con competencias en todo el territorio nacional. Nada impide afrontar esa concepción. Estamos dispuestos a discutirlo, pero lo va a hacer usted aquí en este marco, en el marco de la política nacional, no en la trastienda de unas negociaciones políticas de interés territorial y político de su Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Señor Ministro, en relación con la policía judicial le hago el mismo planteamiento, alejado de cualquier posición dogmática, y le voy a leer lo que dice la vigente Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su exposición de motivos, que no hemos redactado desde el Grupo Popular. Dice la vigente ley: Siguiendo el mandato constitucional, se ha procedido a regular la adscripción funcional --como la califica la Constitución-- respecto a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, con la seguridad de que se cubrirán mejor las necesidades en la medida en que la Policía mantenga su estructura unitaria y su organización vinculadas a mandos únicos. Esta es la tesis vigente. Si usted ahora considera que es mejor dispersar la estructura de la policía judicial, fragmentándola en unidades que afectan también a las policías autonómicas, tendrá que explicar las razones de los cambios de criterio sobre el modelo vigente. Eso es lo que le estamos preguntando y me gustaría obtener respuestas, como me gustaría obtener la respuesta concreta de si usted, como Ministro de Interior y Justicia de este Gobierno, va a seguir insistiendo en las referencias expresas a la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública. Es perfectamente compatible con cualquier otra discusión sobre competencias compartidas o con la ejecución de dichas competencias en el marco de los distintos modelos policiales. Me gustaría saber si usted considera que en el marco del modelo vigente es posible adscribir a un gobierno autonómico unidades de la Guardia Civil. La ley vigente permite, en determinadas condiciones, hacerlo a unidades del Cuerpo Nacional de Policía, y así se ha hecho sin problemas en Galicia, en la Comunidad valenciana y en Andalucía. ¿Pero usted sostiene que es posible hacer lo mismo con unidades de la Guardia Civil, en el marco de la legalidad vigente? Me gustaría conocer su opinión, que es la de su Gobierno, señor Ministro. Y me gustaría que usted nos avanzara cómo va a plantear, desde el punto de vista de las reformas legislativas necesarias, los debates que en materia de reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado entraña cualquier modificación del modelo policial, y si usted va a establecer períodos de transición con los cuales se pueda bordear la legalidad vigente, porque en este documento hay una clara intención de bordear la legalidad vigente, señor Ministro.
Finalmente, señor Presidente, creo, señor Ministro, que los datos que usted nos ha aportado, que son utilísimos para definir los niveles de eficacia policial, debería usted ponerlos en relación con lo que esa eficacia hubiera mejorado si, por ejemplo, la cabeza de la lucha contra la droga en cuatro meses no hubiera tenido seis cambios: desde que se nombró al señor Garzón, se le pasó del Ministerio de Sanidad y Consumo al de Asuntos Sociales, de éste al de Interior, después se le excluyó la adscripción y el mando de fuerzas policiales,

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luego se le adscribieron fuerzas policiales en la lucha contra la droga, y finalmente presenta su dimisión. ¿Usted cree que si la cabeza está en esta situación de cambio está ayudando a que mejore la eficacia de las bases de los miembros de la organización? Yo le devuelvo sus datos de otra manera. Con ese nivel de eficacia policial en la base, si hubiera habido seriedad en la cabeza, se hubiera multiplicado, se hubiera duplicado el éxito y los resultados que usted nos ha presentado.
Por eso, señor Ministro, le digo con toda sinceridad que vamos a colaborar con ustedes, si lo consideran oportuno, en la definición de los modelos policiales que para atender el interés nacional y también para contribuir al desarrollo del Estatuto de Autonomía y del Estado de las autonomías sea preciso debatir. Pero lo vamos a hacer, señor Ministro, con luz y taquígrafos y con transparencia, y sobre todo lo vamos a hacer partiendo de la realidad del impulso a la legalidad vigente y al modelo policial que todos les hemos apoyado en el año 86. Por eso, señor Ministro, mi consejo. Mientras discuten todas estas cosas en esas comisiones, usted, que tiene esa responsabilidad, culmine y aproveche el modelo vigente; culmínelo, aprovéchelo y sáquele rendimiento y entre tanto, puesto que hemos encontrado un Ministro atribulado que ha tomado conciencia como consecuencia de nuestras palabras, que seguiremos reiterándole a pesar de su amenaza, señor Ministro, yo le aconsejo la máxima ignaciana que dice que en tiempos de tribulación no se deben hacer mudanzas.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alvarez-Cascos. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Gracias, señor Presidente.
De manera ya muy breve, en modo alguno es una amenaza. Es simplemente un conocimiento de cómo un documento se puede utilizar para una interpelación; es un dato objetivo. Ustedes lo utilizan y el problema ha sido que hablan de cosas que hoy no tienen virtualidad. Es un hecho simplemente. Por tanto, la información, que considero imprescindible que tengan todos los grupos parlamentarios y que cualquier grupo parlamentario que la solicite la tendrá, debería mantenerse en términos de información y no establecer criterios políticos de algo que sólo se corresponda una fase puramente informativa. Primera afirmación.
Segunda afirmación. Está claro que no todos los estatutos de autonomía contemplan la posibilidad de una policía autónoma.
En consecuencia, la lectura que del artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía de Cataluña puede y debe hacerse no va a coincidir, necesariamente, con la que pueda y deba resultar de otros estatutos de autonomia, por la simple razón de que ni tienen la previsión de una policía propia, de una policía autónoma, ni tienen las menciones al orden público y otras peculiaridades que tiene el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, la lectura, insisto del Estatuto de Autonomía de Cataluña será, en todo caso, una lectura conjunta entre el Ministerio de Justicia e Interior y el Departamento correspondiente de la Generalitat. Si llegamos a un acuerdo concreto, naturalmente que será público, conocido y debatido.
Entonces, las observaciones que sigan en vigor de las que haya hecho S.S. podrán ser discutidas. En estos momentos me parece imposible, dados los términos en que S.S. ha planteado la interpelación, discutir cosas que ni siquiera sabemos si van a formar parte o no del acuerdo correspondiente. Es discutir una fase de proyecto de un documento. No me parece que eso sea lógico ni que debiera determinar una interpelación parlamentaria. En todo caso, sí le puedo decir alguna cosa concreta. Efectivamente, nosotros pensamos, no por razones jurídicas sino por razones de la estructura militar de la Guardia Civil, que no es conveniente que se adscriban unidades de la Guardia Civil a un gobierno de una comunidad autónoma.
No por ninguna consideración jurídica, insisto --no comparto su preocupación--, sino simplemente por la estructura militar de la Guardia Civil, que aconseja que se mantenga en su unidad en el conjunto del territorio del Estado.
Respecto a los demás aspectos concretos, qué duda cabe que los temas de policía judicial constituyen el eje central de cualquier reforma en este campo. Pero es que, como en otras ocasiones he tenido la oportunidad de indicar, la propia concepción de la policía judicial no puede desvincularse nada menos que de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, del Estatuto del Ministerio Fiscal. Constituye un bloque normativo que necesariamente debe desarrollarse de manera conjunta. Ciertamente no se puede pretender, y nunca lo he enunciado antes, que ese bloque normativo pueda llegar a estar en las Cámaras antes del primer trimestre del año que viene. Entre tanto, hay que elaborar ese proceso. Y repito mi invitación a todos los grupos parlamentarios a esa discusión.
Es verdad que personalmente tengo en la cabeza una estructura policial más parecida al modelo federal. Se lo dije personalmente y lo sostengo. Creo que esa puede ser la estructura correcta como consecuencia del desarrollo final del modelo. Pero nada más. A partir de ahí es claro que son muchas personas, muchas instituciones las que deben opinar. Mis preferencias personales, señor Alvarez-Cascos, van por ir hacia un modelo que articule de manera federal el funcionamiento de la policía judicial. Ese es mi criterio.
Insisto en que no tiene más valor que ser mi criterio. La modificación de un modelo policial es algo complicado, difícil, complejo, que no se puede anticipar ni discutir sobre hipótesis,

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sino cuando realmente tengamos proyectos, actividad prelegislativa mínimamente consolidada. A partir de ahí podríamos discutir sobre todos y cada uno de los extremos a que S.S. alude. Lo que yo le he querido decir, y se lo repito, es que no me parece razonable que discutamos sobre unas premisas tan débiles como un documento que ni siquiera está aprobado en sede de comisión autonómica, que no es más que un paso de un proceso determinado cara a la consecución del acuerdo. Eso no es la forma seria de plantear los temas. Lo lógico es esperar. Y seguro que también les parecerá mal cuando lleguemos a un acuerdo, que seguro que llegamos, la Generalitat y el Ministerio de Justicia e Interior sobre cómo debe leerse el artículo correspondiente del Estatuto de Autonomía. Pero cuando realmente lleguemos a ese acuerdo, se publique y se sepa, su interpelación diciendo que no está de acuerdo con esa norma, con ese criterio, con ese pacto político, tendrá lógica. Ahora es todo jugar sobre el vacío.
Señorías, es así de claro y así de sencillo. Por eso lamento el planteamiento global que ha realizado usted de su interpelación, que hace prácticamente imposible una discusión rigurosa, una discusión mínimamente solvente. Este es, en definitiva, el problema en los términos en que S.S. lo ha planteado.
Sí me importa dejar claro que no todos los estatutos de autonomía tienen las mismas previsiones estatutarias a la hora de hablar de competencias en materia policial; que, efectivamente, el Estatuto Vasco fue desarrollado conforme a unas determinadas premisas, que ahí están, como consecuencia de que tenía normas específicas; que otro tanto ocurre en el caso del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que ciertamente hay diversos niveles estatutarios que deben formar parte globalmente del modelo policial. Pero eso no tiene nada que ver con la policía judicial, que realmente es el centro y el tema complejo o complicado que debemos abordar en esta legislatura, aunque, desde luego, no antes del primer trimestre del año que viene. Eso es lo esencial de lo que le quería comentar. Por otro lado, le aseguro que a mí me parece importante que el Partido Popular llegara a tener la capacidad de participar en temas de Estado en vez de mantener una actitud de constante agresividad institucional. Ojalá rectifiquen ustedes, ojalá reflexionen, ojalá por lo menos en los temas de justicia e interior sean capaces, como me ha parecido entender en sus últimas palabras, de mantener una actitud constructiva junto con el resto de grupos parlamentarios. Porque no dude de que, si mantienen ese criterio, el Gobierno no tendrá el más mínimo inconveniente en entrar en ese clima de colaboración institucional. Lo que pasa es que los precedentes hasta ahora no son esos. Propuse en esta misma tribuna un pacto de Estado en materia de justicia y ustedes se han quedado solos. El resto de los grupos parlamentarios sí que han entrado en esa política de pacto de Estado. Los antecedentes no son demasiado esperanzadores. En once meses no han estado ustedes de acuerdo en nada de todas las políticas de Estado en materia de justicia que se han ofrecido a esta Cámara, al tiempo que el resto de los grupos parlamentarios sí que lo estaban. Me parecen unos antecedentes francamente poco prometedores. Espero que en sus palabras se vea propósito de la enmienda, que creo que tiene algo que ver también con lo de la cosa jesuítica. Si fuera así, estoy deseando que se produzca ese propósito de la enmienda y, en ese caso, sin duda podemos empezar a colaborar en ese pacto de Estado que debería incluir no sólo materias de justicia sino también materias de interior. Nada más. Muchas gracias.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Esquerra Republicana de Cataluña en esta interpelación urgente del Partido Popular. En primer lugar, Esquerra Republicana es uno de los partidos que ha criticado el secretismo que ha rodeado las negociaciones entre Pujol y Felipe González sobre este tema. Es por ello que pedimos en su momento, junto a Izquierda Unida, la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Pleno para que explicara estas negociaciones, de la misma manera que hemos pedido junto a Iniciativa per Catalunya la comparecencia de Pujol en el Parlamento catalán. Lo hemos hecho porque, primero, ninguna negociación importante se puede hacer sin transparencia; segundo, porque el secretismo es nefasto para la imagen de Cataluña y para sus legítimas reivindicaciones históricas; y tercero, porque la no comparecencia devalúa profundamente el Parlamento y, en el caso catalán, una negociación de la Generalitat sin pasar por la explicación parlamentaria vacía al Parlamento de contenido y, por tanto, lo erosiona.
Dicho esto, quiero dejar muy clara la postura de Esquerra Republicana a favor del total despliegue de la policía en Cataluña, en línea con lo que ya estipula el Estatuto catalán y permite la Constitución, en línea, pues, con el marco legal vigente. El Parlamento catalán es el que tiene que marcar en el futuro próximo la política de seguridad en Cataluña y tiene que ser la Generalitat la que administre y gestione una policía integral. Toda la policía tiene que depender de la Generalitat, tal como dice su Estatuto y tal como pasó ya en la época republicana. Quiero recordar, en este sentido, que la Guardia Civil en 1936 se puso al servicio

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de la legalidad vigente y, por tanto, al servicio de la Generalitat, de la cual dependía precisamente cuando uno de esos locos que tanto preocupan a Mercedes de la Merced, pero en versión española y no catalana, inició la guerra civil; de momento los locos no han surgido precisamente en Cataluña. Que la policía y la Guardia Civil dependan del poder legítimo en Cataluña, que es la Generalitat, no sólo no vulnera el marco legal, señorías, sino que lo completa y lo perfecciona.
Además, no se puede hablar de agravio comparativo puesto que el Estatuto catalán es específico y el compromiso adquirido durante la transición democrática fue precisamente el de desplegarlo. Lo que me preocupa es lo contrario: que con la excusa del agravio comparativo se intente burlar a Cataluña sus legítimas aspiraciones y se intente socavar el marco legal que ampara estas aspiraciones. Lo que preocupa es que bajo el paraguas de una pretendida inquietud por el equilibrio autonómico se esconda una auténtica involución autonómica, se intente convertir el café para todos en el muro de contención que frene el Estatuto catalán pactado en democracia y legitimado por las urnas. Lo que preocuparía, señorías, señor Alvarez-Cascos, es un modelo de España y un modelo en el que Cataluña reduzca su condición nacional histórica a una pura anécdota regional, impidiendo así cualquier encaje digno en el Estado.
Cataluña tiene el derecho histórico, la legitimidad democrática y el marco legal posible para tener una policía integral y para ser el Estado en materia de seguridad en su propio territorio. Lo único deplorable es que se haga a espaldas de los respectivos parlamentos, con un exceso de secretismo que dañe enormemente la imagen de Cataluña y de sus legítimas aspiraciones. Pero no nos vengan con la canción del agravio comparativo con otras comunidades. ¿De qué nos hablan? ¿Quieren que recordemos que existen las autonomías porque existía la reivindicación catalana y la vasca? ¿Quieren que recordemos que la propia Constitución distingue entre las realidades nacionales o nacionalidades en el interior del Estado y las regiones? ¿Quieren que recordemos que lo que estamos pidiendo y negociando no es sólo legítimo sino que es un deber histórico que el Estado tiene con Cataluña? Señorías, lo único malo en esta negociación es que llega tarde, llega mal y llega secreta; fuera de ello es legítima, necesaria y obligada.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, creemos que la línea que usted ha expuesto está en el camino de la construcción de un Estado moderno, como dibuja nuestra Constitución, como prevén los estatutos de autonomía y, por consiguiente, así se debe actuar. Es decir, se trata de un Estado que sepa sacar la riqueza, las potencialidades que existen en el propio marco constitucional en su sentido más amplio, tanto constitucional en sentido estricto como de los estatutos de autonomía. Y es por ello que aquí no estamos elaborando ninguna estructura sobre el vacío sino sobre unos textos normativos y unas experiencias previas. Existen en nuestro Estado unos sistemas de organización policial ya aprobados, como los del País Vasco, y existen también modelos de referencia internacional que también son dignos de tener en cuenta para construir un Estado moderno en función de las previsiones constitucionales y estatutarias. La simple contemplación del artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Cataluña salvaría muchas de las sombras que se han intentado lanzar hoy aquí sobre el hemiciclo. El artículo 13 marca una línea clara en el sentido de poder crear una policía autonómica; así se hizo en 1983 y se ha ido desarrollando posteriormente hasta el día de hoy, en que precisamente cuenta con cerca de 2.000 efectivos. También el artículo 13 contempla, entre otras funciones, que esta policía autonómica tenga la del orden público. Y Señor Ministro, nosotros le planteamos que esta línea es la que marca una singularidad en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, es la línea en la que cabe un desarrollo de este Estatuto que será una parte de un modelo policial del conjunto del Estado, con las diversas proyecciones que tenga en el resto del Estado. No podía ser de otra forma que en Cataluña se apliquen las previsiones que contempla el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y el artículo 13 establece como funciones, entre otras, de la policía autonómica la de orden público. «Orden público» es una expresión incluso superior, teóricamente hablando, a la de «seguridad pública». Pero no vamos a entrar aquí en disquisiciones. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que es perfectamente equiparable la expresión «orden público» con la de «seguridad pública»; son términos equiparables. Pero es más, la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dice que el mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las distintas administraciones públicas y, entre ellas, la Administración del Estado, las comunidades autónomas, incluso las corporaciones locales, pero básicamente aquellas dos. ¿A través de quién se va a hacer este mantenimiento de la seguridad pública? A través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y quiénes son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La misma Ley del año 1986 dice en su artículo 2.º que son los cuerpos de seguridad del Estado en sentido estricto y también los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas. Por consiguiente, estamos dentro de una coherencia general y no entendemos algunos

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planteamientos limitativos que se intentan efectuar, más producto de estrategias políticas coyunturales que en base a una estructura bien fundamentada. El propio artículo 13 del Estatuto de Autonomía, como punto de referencia importante, establece que, en todo caso, el Estado tendrá las funciones de policía extra y supracomunitarias. Por consiguiente, está determinando un núcleo, indisponible, en el cual el Estado tendría estas funciones, y después enumera cuáles son esas funciones a nivel de vigilancia de puertos y aeropuertos, de aduanas, del documento nacional de identidad, etcétera. Es decir, hace una larga enuneración, y da una pista perfectamente lógica para que la policía autonómica pueda, bajo el concepto de orden público, desarrollar las funciones de una policía ordinaria e integral, en la línea de garantizar la seguridad pública en el territorio de Cataluña.
Por tanto, el modelo que el señor Ministro ha expuesto y que nosotros creemos que está en la línea buena que se ha de seguir, es el modelo constitucional, el modelo estatutario que el bloque constitucional está perfeccionando. Estamos perfeccionando, como decíamos antes, un modelo autonómico producto de este bloque de la constitucionalidad.
Ciertamente, en Cataluña habrá dos administraciones actuantes: la del Estado, para las funciones propias del Estado, las extra y supracomunitarias; y la Administración de la Generalidad, con las funciones de seguridad y orden interior, y no pasará nada; simplemente, las dos Administraciones están en la misma línea de lo que pudiéramos decir es el interés del Estado para mantener la seguridad pública en una visión de conjunto. Señor Ministro, nos preocupa mucho que a veces se hagan manifestaciones en las que dé la impresión de que la seguridad pública del Estado, o la visión del Estado (incluso alguien dice el interés nacional) sea una visión determinada, de una parte, porque entonces podía deducirse que hay otra parte, y no es bueno hacer partes. Nosotros, desde una visión de conjunto del Estado, desde una visión unitaria, creemos que simplemente estamos ante un sistema de organización en función del bloque de la constitucionalidad, y nada más que eso. Y querer extraer conclusiones que sobrepasen este razonamiento, son quizá visiones interesadas, partidistas; en todo caso, planteamientos que van a producir una tensión, van a crear situaciones que creemos que no son buenas. Dependen, en todo caso, de una estrategia de tensión, pero no corresponden a un planteamiento sólido y conveniente.
En cuanto a la Policía Judicial, a la que se ha hecho referencia, hay un marco normativo que establece sus funciones. Pero ¿qué es la Policía Judicial, si no son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que están al servicio de los órganos jurisdiccionales? Esta es la Policía Judicial, y los órganos jurisdiccionales son los que, de alguna forma, reclaman su actuación en cada momento. Y aquí simplemente lo que se plantea es hacer una distribución de responsabilidades en función de la naturaleza y la territorialidad de los delitos y del órgano jurisdiccional competente en cada caso. Señoras y señores Diputados, creemos que no estamos ante ninguna situación extraña y anómala, sino ante un proceso de desarrollo del Estado de las autonomías, en el camino de perfeccionamiento del Estado español como un Estado moderno. Nada más que eso. Y todos los acuerdos a los que se pueda llegar, el día que se llegue (porque, como muy bien ha dicho el seño Ministro, estamos hablando en este momento de voluntades, no de acuerdos), se habrán de articular a través de los mecanismos correspondientes; serán las comisiones mixtas de traspasos, en las que hay presencia de los grupos parlamentarios más importantes, y si algún día se tuviera que hacer una modificación normativa, se haría a través de las Cámaras, el Congreso y el Senado.
Por tanto, en el momento que haya acuerdos, se harán con toda publicidad, porque no podría ser de otra forma. Se habrán de publicar en el «Boletín Oficial del Estado», se habrán de discutir en las comisiones mixtas de transferencias, se habrán de tramitar, si llegase el caso, a través de las Cortes Generales. Por ello, volvemos otra vez a encontrar que el punto de tensión es el punto de interés partidista, porque se intenta utilizar este tema como una estrategia coyuntural.
En definitiva, señor Ministro, desde nuestro Grupo Parlamentario, creemos que se está orientando los trabajos en positivo y que es bueno que esos trabajos se mantengan en la línea de conversaciones que usted ha anunciado, para que pronto podamos discutir ya el perfeccionamiento de este modelo; que, por otra parte, no será un modelo que se proyectará, como he dicho antes, sólo sobre Cataluña, sino que habrá de ser un modelo también aplicable, en lo que corresponda y en lo que se tenga que negociar, en otras comunidades autónomas. Usted ha dicho antes...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camp, concluya, por favor.


El señor CAMP I BATALLA: Concluyo, señor Presidente.
Usted ha dicho antes, señor Ministro, que no hay dieciesiete comunidades autónomas que tengan competencia en orden público.
No, no en orden público sino en policía, porque en orden público sólo sería la Generalitat de Cataluña. Hay siete comunidades autónomas que tienen competencia en materia de policía, y sería muy descorazonador que limitásemos las capacidades de estas comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, Galicia o Valencia, donde sí existen esas posibilidades, por un interés coyuntural, como decía antes, de tensionar el ambiente político en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores diputados, hemos asistido esta tarde a los púdicos y virginales desgarros ignacianos del señor Alvarez-Cascos, hablando de policía autonómica, mezclándolo todo, confundiendo a esta Cámara no explicando --y él debería saberlo-- qué dice la Constitución, qué dicen los estatutos de autonomía de Cataluña, del País Vasco, de Canarias, de Valencia o de Andalucía y, en un «totum revolutum», el señor Alvarez-Cascos ha querido escandalizarse y escandalizar también a la Cámara, y después nos ha recomendado que, en tiempo de tribulación, no hagamos mudanza. Señor Alvarez-Cascos, los atribulados son ustedes. (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Al grano!) Si dependiese de ustedes, España no sería la España que es hoy, una España de las autonomías. No dependería de su tribulación porque su tribulación nos hubiese impedido hacer ninguna mudanza en el Estado español (Una señora Diputada del Grupo Socialista: ¡Ahí! ¡Ahí!), que hemos convertido entre todos, y con poca participación de ustedes en el pasado (Un señor Diputado del Grupo Popular: ¡Gracias a ustedes!), en un Estado distinto y nuevo, en un Estado donde pueden convivir distintas nacionalidades. Usted nos ha venido a decir: autonomía no es soberanía. Esto era el fondo político de su intervención: autonomía no es soberanía.
Señor Alvarez-Cascos, hoy, en la España de hoy, no hay soberanía sin autonomía. En el Reino de España --y mido mis palabras-- no hay soberanía sin autonomía, y eso deberían aplicárselo ustedes políticamente. En la España democrática que hemos hecho, desde 1978, entre todos los españoles, no hay soberanía sin autonomía. Y hemos hecho tantas cosas que hasta hemos convertido en autonomista al Presidente de su Partido en Galicia, al señor Fraga. (Risas.) ¡Se ha convertido en el primer autonomista de este país! Mire si tenemos méritos los que no estamos atribulados y los que estamos por las mudanzas, señor Alvarez-Cascos. (El señor Robles Fraga: El señor Fraga hizo la Constitución, cosa que tú no has hecho.--Rumores)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio!

El señor ESPASA OLIVER: Por lo tanto no se desgarre usted tanto las vestiduras, esté tranquilo porque, aunque las cosas no van bien --y en eso sí le doy la razón--, nosotros, como ya han hecho otros portavoces --la señora Rahola--, hemos criticado el secretismo de Convergència i Unió, que pretende secuestrar la voluntad autonómica de toda Cataluña, o al menos de sus fuerzas más representativas --no sé si la de sus homónimos--, en favor del despliegue policial y autonómico, en Cataluña y en otras comunidades, si sus estatutos lo permiten o si cambian sus estatutos y cambiamos la Constitución. No nos arredra nada, señor Alvarez-Cascos, pero hemos criticado, criticamos y critico hoy, otra vez, el secretismo de Convergència i Unió, que pretende representar a toda Cataluña y no la representa, no la representa; son 17 diputados. Sus diputados, los del PSC-PSOE y los nuestros, somos muchos más que los señores que representa Convergència i Unió y, en cambio, pretenden representar a toda Cataluña. En eso sí le doy la razón.
También he de decirle al señor Ministro que, si quiere tener apoyos --y sabe dónde y cuándo los puede tener-- es bueno que nos tenga informados y es bueno que no dé papeles que después son usados de esta forma tan torticera, que sepa a quién da los papeles.
A usted también le acuso de secretismo, como Ministro y como miembro de un Gobierno del PSOE que pretende modificar esto, aunque después sí será con luz y taquígrafos, evidentemente, en la Comisión Mixta, en la Comisión Delegada Autonómica, en las leyes que hagamos aquí; ya sé que después será público.
Pero hay opciones de impulso político democrático de esta España que entre todos hemos construido, plurinacional y pluricultural, en las que hemos de estar todos los que creemos en ella. Ustedes han cometido un grave error al ignorar a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por cierto, el único Grupo Parlamentario que en su estructura y en su constitución demuestra esta pluralidad de España; Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, PSOE, Convergència i Unió, sólo Grupo Catalán, Grupo Popular. Nosotros en la práctica también defendemos esta articulación. Por tanto, se ha equivocado bastante al marginarnos, señor Ministro de Justicia e Interior.
Dicho esto sobre el secretismo, el señor Alvarez-Cascos, en sus virginales desgarros, nos decía: ¿pero cómo puede ser la Generalidad equiparada al Estado? Pues sí, señor Alvarez- Cascos, la Generalidad es Estado, como lo es la Junta de Andalucía, como lo es el Gobierno gallego, como lo es cualquier otra comunidad autónoma. ¿La Generalidad puede tener competencias renunciables del Estado? Sí, señor Alvarez- Cascos, el artículo 150.2 de la Constitución lo permite, y si hay voluntad política en esta Cámara lo haremos, aunque sea en contra de ustedes, y espero que no sea así, pero lo podemos hacer y lo vamos a hacer si hace falta utilizar este recurso.
El señor Alvarez-Cascos, como último argumento, en el peor sentido de la palabra, de fuerza, nos decía: ¿es que va usted a transferir competencias militares de la Guardia Civil a la Generalidad de Cataluña? Una portavoz me ha pisado mi contestación, la voy a repetir.


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Quizá a usted --hablo históricamente, claro-- no le gustó aquello, pero la Guardia Civil fue fiel a la legalidad republicana; no estuvo en el bando de los azules. Por tanto, no tenga ningún miedo, señor Alvarez-Cascos. De lo que se trata es de organizar un sistema equilibrado, políticamente consensuado entre las fuerzas importantes de este país que nos permita a todos vivir en paz, convivir en un Estado plurinacional y pluricultural, pero en un Estado. La mejor garantía --porque, al final, los separadores son ustedes-- de esta unidad que ustedes proclaman, llenándose la boca tontamente, es que los responsables de las distintas comunidades autónomas tengan también competencias en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, sean copartícipes de esta realidad democrática y pacífica en la que conviven todos los españoles, catalanes, vascos, gallegos; en definitiva, españoles todos.
Pero ustedes no entienden de complejidades. A ustedes les gusta lo simple, lo complejo no les gusta. Hay tres Estatutos que hablan de una determinada forma de las Fuerzas de Seguridad; otros cuatro, ya los he citado antes, País Valenciano, Andalucía, Canarias y Galicia, de otra forma; otros que no hablan. Eso es complejo, eso es diverso, eso es difícil de entender, pero en eso radica la inteligencia, en saber entender la complejidad y construir esta complejidad para que todos los españoles, tengan la sensibilidad política y nacional que tengan, estén a gusto en su Estado. Parece que ustedes no entienden de eso. Muchas gracias. (El señor Alvarez-Cascos pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Solicito un turno de palabra, por alusiones, para contestar al señor Espasa: estrictamente a las alusiones que ha hecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene usted tres minutos, señor Alvarez-Cascos.


El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero ser fiel a este trámite parlamentario; por tanto, no voy a contestar a las cuestiones de fondo que, en crítica a mi intervención, ha formulado el señor Espasa. Pero sí quiero puntualizar dos afirmaciones vertidas por el señor Espasa.
Puesto que ha tratado de endosarnos a mí y a mi Grupo político el peso de la historia, de las ideas, para justificar escasas convicciones autonomistas, quiero decirle que el peso de la historia deja bien altas las convicciones autonomistas y de compromiso con los derechos y libertades del Partido Popular; y que la historia aplasta el compromiso con las ideas de libertad de derechos y de autonomía del Grupo político al que representa el señor Espasa. Y no se lo voy a echar en cara, porque, en segundo lugar, señor Espasa, lo que hoy los españoles pueden disfrutar en materia de libertades, de derechos y también de lo que representa la nueva ordenación jurídica del Estado de las autonomías, es fruto, entre otros, de los padres de la Constitución, por ejemplo, del señor Solé Turá y del señor Fraga, y no de sus gentiles concesiones para dar títulos autonomistas a nadie.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA MEDIANTE LA AGILIZACION Y MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN EL AMBITO ECONOMICO (Número de expediente 172/000061)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía mediante la agilización y modernización de los procedimientos judiciales en el ámbito económico.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, la competitividad de la economía de un país no sólo depende de la capacidad de producción de sus empresas, o de la normativa laboral, o de la capacidad de formación o de innovación que tengan, o de su política fiscal, sino también de las relaciones entre la actividad económica y la Administración, así como del buen funcionamiento y agilidad de la Administración de Justicia, ya que cuando una persona o una empresa entra en un procedimiento judicial todo aquello que contribuya a dar una pronta solución al conflicto, a favorecer el cumplimiento de los compromisos mercantiles y el mantenimiento de la actividad productiva o de los puestos de trabajo, ayudará a mejorar el funcionamiento de la economía del país y su competitividad. Una crítica habitual del mundo económico a la Administración de Justicia es la complicación de los procesos jurisdiccionales necesarios para hacer valer los derechos del acreedor en caso de litigio.
Además del coste

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y la lentitud de los procedimientos, a menudo, existen problemas para la ejecución de las sentencias, por lo que las empresas renuncian a hacer valer sus derechos ante los tribunales cuando no pueden resolver el litigio por otros medios, dando por perdidas las sumas adeudadas.
Desde la perspectiva del ciudadano y de la actividad económica, cabe esperar de la justicia una resolución rápida, eficaz y transparente. Sin embargo, para ello es preciso modificar la estructura orgánica de la Administración de Justicia y sería necesario afrontar una reforma procesal para lograr la rapidez, eficacia y transparencia requeridas.
La lentitud de nuestra justicia se debe, en parte, a causas estructurales y, en parte, a causas coyunturales. Las primeras son difíciles de resolver y las segundas se producen, fundamentalmente, por la falta de un modelo organizativo moderno y por la necesidad de una reforma procesal.
Es bien sabido que el sistema judicial español es lento en la tramitación de los procedimientos en relación a otros sistemas judiciales europeos, pero, además, una parte muy importante de la legislación judicial en materia económica, como es la legislación concursal, tiene unos orígenes ya muy caducos y se encuentra, por tanto, alejada de la realidad del funcionamiento económico de finales del siglo XX, en plena Unión Europea, y con unas exigencias de competitividad e internacionalización para la actividad productiva que no permiten distracciones ni retrasos en la puesta al día de los mecanismos que deben garantizar una eficaz Administración de Justicia en todos aquellos problemas que surjan en el ejercicio de la actividad económica.
La legislación española relativa a la suspensión de pagos data de 1992, mientras que las quiebras se rigen por la disposición contenida en los todavía vigentes códigos de Comercio de 1829 y de 1885. Asimismo, a estos procedimientos les son de aplicación las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y, en parte de la prejudicial dispersión de la legislación reguladora en la materia, parece claro que los mecanismos y problemas a los que debían dar respuestas normativas de fechas tan lejanas se encuentran muy distantes de los actuales. Urge, por consiguiente, proceder a la modificación del Derecho concursal. Ello debería implicar la creación de juzgados y tribunales especializados en esta materia, así como de otra índole económica, como pueden ser temas de impugnaciones de acuerdos societarios, conflictos de Derecho bursátil, financiero, propiedad intelectual e industrial, derechos de la competencia, etcétera.
La normativa jurídica actual es muy poco eficaz para la problemática que se plantea, ya que en los procedimientos de quiebra los acreedores difícilmente logran cobrar algo de sus créditos, y la mayoría de las suspensiones de pagos suelen terminar con el cierre de las empresas. Las causas de esa realidad deben buscarse, entre otras, en el elevado riesgo que conllevan estos procedimientos, en los altos costes de los mismos y en su dilatada duración. En estos momentos la duración de una suspensión de pagos nunca es menor de seis meses, y puede alargarse más allá de los doce. Durante este tiempo la situación comercial, financiera y productiva de las empresas tiende inevitablemente a deteriorarse con rapidez por la imposibilidad de mantener en una empresa intervenida judicialmente una dirección ágil y una administración eficaz.
A efectos de conocimiento estadístico, cabe señalar que en 1993, según el Instituto Nacional de Estadística, suspendieron pagos 1.129 empresas, más del doble del año anterior, declarando un pasivo superior al billón de pesetas, concretamente un billón 14.000 millones de pesetas. Asimismo, se declararon en quiebra 434 empresas, con un pasivo de 73.000 millones de pesetas. Por estos motivos, este grupo parlamentario considera necesario actualizar la legislación que regula los procedimientos concursales a las exigencias de competitividad de la economía española en el contexto de la Unión Europea. Un segundo frente de esta interpelación es el que se refiere a los importantes problemas que se dan en relación con los temas de impagados, que condicionan de forma importante la actividad económica. La economía española tiene un volumen muy elevado de impagados, y una muestra de ello es el gran número de morosos que tiene el sistema crediticio. A finales del pasado mes de febrero el volumen de créditos considerados como morosos por parte del sistema crediticio se elevaba a 3,97 billones de pesetas, es decir, una cantidad equivalente al 9,25 por ciento de todos los créditos concedidos. Este considerable número de morosos ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos meses, ya que en febrero de 1993 era casi de un billón de pesetas inferior al actual, es decir, en un año hemos tenido un incremento de un 32 por ciento de morosos. Esta situación implica, en primer lugar, que deberían adoptarse medidas destinadas a propiciar la disminución de la morosidad. Por otra parte, la resolución de los procedimientos judiciales referidos al impago de efectos son lentos y costosos, exactamente lo contrario de lo que demanda la actividad productiva al sistema judicial con el propósito de favorecer el funcionamiento de una economía más competitiva y con mayores posibilidades de creación de empleo y bienestar. En España, a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, no tenemos unos procedimientos simplificados que permitan una resolución de litigios relacionados con demoras o faltas de pago por debajo de determinadas cuantías, a fin de reducir trámites y agilizar la acción de la justicia.
Esta exigencia se hace especialmente conveniente en aquellos procedimientos

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que conozcan deudas fundadas en títulos ejecutivos, como serán, lógicamente, las letras, los pagarés, los cheques, lo cual permitiría que estos documentos recuperasen la seriedad y solvencia para las que fueron creados. En estos momentos, en España una simple reclamación de deuda derivada de falta de pago puede alargarse tres o cuatro años, a veces más, hasta obtener una decisión judicial definitiva, lo cual perjudica claramente a la actividad productiva española a la hora de defender sus derechos y plantear sus reclamaciones en la vía jurisdiccional. Cabe señalar que en 1991, para un asunto civil, el plazo medio entre demanda y sentencia era de 3 o 4 meses en Francia y de 39 meses en Italia, algo más en España.
Del ejemplo francés cabe señalar que en 1991 el Gobierno creó un grupo de trabajo integrado por representantes de sectores empresariales encargado de elaborar un conjunto de propuestas en este sentido. Fruto de su trabajo se adoptó, entre otras medidas, un plan de apoyo a las pymes, que incluía la elaboración de códigos de buena conducta en las relaciones mercantiles, y la creación de instancias competentes para resolver rápida, económica y de la forma más simplificada posible los litigios en que se vieran involucradas las empresas en sus reclamaciones. Una experiencia similar tuvo lugar en el Reino Unido a través de la Ley de Presupuestos de 1992, en la que se recoge un conjunto de medidas destinadas a simplificar los procedimientos de los recursos en caso de litigio.
Para la aplicación de los citados procedimientos simplificados, debería tenerse en cuenta las experiencias de países como Alemania, donde existe la posibilidad de acudir a un procedimiento sumario especial ante los juzgados de primera instancia, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados, o Francia, donde existe una jurisdicción especializada, que son los tribunales de comercio.
Es preciso adoptar también medidas para fomentar la utilización de los instrumentos arbitrales para la resolución de controversias de índole económica. En este sentido, debemos señalar la reducida cultura sobre conciliación y arbitraje que tenemos en España, a pesar de tener un instrumento normativo, como es la Ley de Arbitraje de 1988.
Por ello, y para fomentar esta conciencia arbitral, debería recogerse en algunos textos legales, como en el caso de arrendamientos o sociedades, la obligación de resolver las controversias a través del arbitraje. Asimismo, conviene adoptar medidas que permitan garantizar el pago de intereses en todas aquellas deudas en las que no se cumpla el plazo de pago acordado, tal como ha recomendado el Comité Económico y Social de la Unión Europea en esta cuestión, lo que evitaría que el acreedor deba financiar los gastos de demora en los que incurre el deudor.
En definitiva, señorías, es necesaria la reforma en profundidad del proceso y de los procedimientos judiciales, una nueva definición del proceso civil que reduzca y simplifique las más de 130 especialidades procedimentales y con un definitivo desarrollo de lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial para todo el tema de la Oficina Judicial y para el del recurso contencioso-administrativo, pieza fundamental del Estado de Derecho en cuanto significa el control jurisdiccional de la actividad de las administraciones públicas. Todo ello habría de llevar a una mayor agilización de los instrumentos jurisdiccionales en la línea de lo que he expuesto.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Camp. Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor Presidente, sin duda, el principal objetivo de la Secretaría de Estado de Justicia, y uno de los principales objetivos del conjunto del Ministerio, ha sido, y es, la adecuación del sistema procesal, la adecuación del sistema orgánico, a las necesidades del tiempo presente.
Ciertamente, la vida económica española se mueve hoy en un clima con unas condiciones absolutamente diferentes no ya al siglo pasado, sino a los últimos quince años. Los procedimientos judiciales, aun dentro de su habitual y lamentable demora, no constituían un mundo particularmente diferenciado de la sociedad en la que estaban inmersos. Hoy en día, sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente. La celeridad en las transacciones es hoy mucho mayor, los movimientos internacionales, el volumen de las operaciones, el conjunto de condiciones, en definitiva, que marcan la vida económica hacen impracticable que se mantengan los viejos sistemas procesales, los viejos sistemas organizativos. En definitiva, coincido con el diagnóstico que S.S. ha hecho. La incorporación de España a la Comunidad Europea, la ratificación del Acta Unica en un breve tiempo, así como la firme convicción de que el mercado español tendría que abrirse en un plazo próximo y que las condiciones imperantes en la Comunidad Europea serían todavía más transparentes y menos protectoras de los entornos nacionales de lo que eran hasta el Acta Unica, llevaron a un proceso de convergencia de indicadores económicos que ha supuesto numerosos, pero en muchos casos difícilmente evitables, sacrificios. Así como las condiciones económicas, por su propia dinámica, llevan a la adopción de medidas inmediatas, el mundo de lo jurídico es casi estructuralmente más conservador, más difícil de moverse, en gran parte por razones justificadas, como garante de situaciones jurídicas que no puede evolucionar al mismo ritmo que la

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realidad económica. Consecuencia de esa rigidez, especialmente acentuada en lo económico, es que, junto con los males inherentes a la justicia, en el campo concreto de la economía es donde la contradicción resulta más patente, más palmaria.
En definitiva, la reforma procesal debe llevarse a efecto en todo caso, pero es evidente que su repercusión sobre la actividad económica será especialmente notable. No es fácil, sin embargo, y S.S. lo sabe, abordar globalmente el conjunto de reformas procesales que es preciso para cambiar realmente la justicia. Desde el primer día se iniciaron los procesos prelegislativos, desde el primer día se intentó fijar las premisas de lo que debe ser la futura Ley de Enjuiciamiento Civil, de lo que debe ser la futura Ley del procedimiento Contencioso-administrativo, las reformas sustanciales en materia de Ley de Enjuiciamiento Criminal --antes lo aludía--, junto, inevitablemente, con el Estatuto del Ministerio fiscal y la Policía judicial, amén de otra serie de normas, a algunas de las cuales ha hecho referencia S.S.
A estas alturas ya estamos, sin embargo, en condiciones de empezar a anticipar fechas. Creemos que las actividades prelegislativas de la reforma del procedimiento contencioso- administrativo pueden estar listas a finales del mes de septiembre.
Por lo que respecta a la reforma procesal, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en concreto, puede estar terminada la actividad prelegislativa en torno a finales del mes de diciembre de este mismo año. ¿Cuál va a ser el esquema central de esa Ley de Enjuiciamiento Civil? Sin duda, es la obra más importante de cuantas aborda la Secretaría de Estado de Justicia. Efectivamente --S.S. lo recordaba--, en la actualidad hay bastantes, más de 130 procedimientos distintos.
La verdad es que nadie se atreve a decir exactamente cuántos son, porque cuando se termina una cuenta aparece alguna ley especial que ha considerado oportuno introducir su propio procedimiento. Está claro --y yo creo que en eso será sencillo lograr ese pacto de Estado que siempre reclamo-- el objetivo de simplificar extraordinariamente ese número de procedimientos. En el modelo que tenemos preparado, señoría, la reducción va a ser drástica. Se va a pasar de esos 130 -- por decir una cifra indicativa-- a dos procedimientos declarativos y un procedimiento documentario, con sólo dos variantes relativas, respectivamente, a supuestos de derechos no disponibles, en que la variante se limitará a hacer imprescindible la presencia del Ministerio Público, y a medidas cautelares para el supuesto de procedimientos posesorios. En lo esencial el esquema será de dos únicos procedimientos: un procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado, aunque sea en este caso tomando la terminología nacida en el ámbito del procedimiento criminal, y un proceso documentario que en lo esencial recoge la estructura del procedimiento ejecutivo clásico, extendiendo su protección no solamente al ámbito de los documentos públicos, sino también al ámbito de los documentos privados, siempre que exista la firma del deudor.
A su vez, los procedimientos quedan extraordinariamente simplificados, tanto el ordinario como el abreviado. El procedimiento ordinario, como rasgos muy generales, presupone una enorme concentración en el acto de la comparecencia y ahí se tiene que realizar la práctica totalidad de la actividad.
Vendría a estar a medio camino entre el de cognición y el de menor cuantía, más próximo al primero que al segundo.
En el caso del procedimiento abreviado, la concentración es total. Puestos a pensar en un modelo de referencia, aunque, evidentemente, con muchos matices que no es el momento de exponer, podríamos pensar en el esquema clásico del juicio verbal, con oralidad, concentración inmediación, con libertad en los interrogatorios; en definitiva, con un planteamiento mucho más ágil que los procedimientos actualmente en vigor, incluso en sus modalidades supuestamente más eficaces o ejecutivas.
Si efectivamente la demora en esta primera fase es una evidencia y si no logramos esta simplificación --que la vamos a lograr, estoy convencido--, difícilmente puede ni siquiera organizarse bien técnicamente la propia oficina judicial, ni siquiera es posible racionalizar la introducción de medios informáticos y telemáticos. El propio modelo de oficina genera la necesidad de simplificación procesal; eso, me parece evidente y palmario. Sin embargo, junto a ese tipo de problemas yo creo que todos los profesionales saben que es en el ámbito de la ejecución de la sentencia donde se plantean problemas particularmente graves.
La Ley de Enjuiciamiento Civil va a dedicar una especial atención a la parte correspondiente a la ejecución. Tiene un tratamiento extremadamente ágil que presupone diversas modalidades en cuanto a la ejecución, incluso previendo la posibilidad de ir al marco de empresas privadas que pueden llegar a ejecutar en determinadas condiciones los propios interventores, según los casos, o el propio interesado; en definitiva, se trata de garatizar que la ejecución y las propias subastas públicas queden reducidas a una sola en el supuesto de que optara el acreedor por esa vía. Los mecanismos van a ser extraordinariamente flexibles, pudiendo optar en todo supuesto el acreedor por la modalidad que más se ajuste al tipo de sentencia que haya recaído y al tipo de cliente que esté incurriendo en el impago.
Los trabajos prelegislativos, decía, señorías, están ya muy avanzados. Ciertamente esta ley puede y debe estar terminada por lo menos, en el nivel del Ministerio de Justicia e Interior, en diciembre, lo cual supone, si eso es así, que el procedimiento ulterior, comisión de subsecretarios, consejo general, aprobación por el Consejo

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de Ministros que puede ser en torno a dos meses, en definitiva, el primer trimestre del año que viene tiene que estar en el Congreso de los Diputados, si todas las cosas salen como deben salir, la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es necesario decir que será imprescindible que se mejore a lo largo de todo el proceso parlamentario, pues se trata de la ley más importante de cuantas se puedan presentar en esta legislatura, excepción hecha del Código Penal; incluso, en ese caso, para los civilistas, lo discutirían ampliamente. Hay otra reforma que debe entrar necesariamente también en esa fase. Me refiero a la reforma del procedimiento concursal.
Este tema ha sido apuntado por S.S. Se ha planteado una situación básica de que mientras se han ido produciendo los sucesivos borradores en el seno de la Comisión General de Codificación en los diversos anteproyectos de 1987, de 1992 y 1993, que de un modo u otro trataban de recoger las experiencias que en derecho comparado se estaban produciendo en los años inmediatamente anteriores en los países de nuestro entorno cultural de la Unión Europea, hemos tardado tanto que, en este momento, muchas de las tendencias que entonces se apuntaron, ya convertidas en norma jurídica, han experimentado a su vez un análisis crítico por parte de la doctrina que considera oportuno rectificar. Podemos ver las cosas desde el lado optimista y pensar que es bueno escarmentar en cabeza ajena puesto que, ciertamente, muchas de las instituciones que se pusieron quizá precipitadamente en marcha en otros países de nuestra área, se han demostrado insuficientes o plantean graves problemas en la vida mercantil. Eso nos obliga a realizar un nuevo encargo y esperemos que esta vez sea el último. Da la casualidad, señoría, que en la misma fecha que su Grupo presentaba, la interpelación --en definitiva, el 23 de junio-- yo mandaba la carta al presidente de la Sección de lo Mercantil de la Comisión General de Codificación, en la que fijaba las líneas generales que debía tener en este momento esa ley concursal. Como sabe, el trámite ordinario es fijar las líneas generales de la ley para que la Comisión General de Codificación realice su trabajo. Se pide a la Comisión General de Codificación, lo cual no es sencillo ciertamente, que termine sus trabajos durante el otoño, en definitiva, a ser posible, antes de las fechas de Navidad. ¿Qué líneas generales apuntaba en la carta al presidente de la Sección de lo Mercantil de la Comisión General de Codificación? Fundamentalmente que se deben unificar los dos procedimientos civil y mercantil; que se deben unificar los dos procedimientos genéricos de suspensión de pagos y concurso de acreedores; que se deben fijar causas estrictas de definición para evitar que los concursos de acreedores no sean disimulados como suspenciones de pagos, como ha ocurrido con cierta frecuencia, lo que redunda casi siempre en perjuicio manifiesto de los pequeños acreedores; que se atribuya la competencia a juzgados de primera instancia, determinados en cada capital de provincia, en la línea de lo que S.S. apuntaba (juzgados específicos con especialización en derecho mercantil y concursal, lo que, evidentemente, va a permitir un tratamiento más especializado y ágil en el procedimiento concursal); que se evite el corporativismo en la designación de interventores --problema real, también--; que el concurso no debe aparejar la suspensión de la actividad en tanto no lo decida así la autoridad judicial; que la liquidación no debe servir para que determinados acreedores, mediante convenio de cesión de bienes o segregaciones, resulten beneficiados, debiendo liquidarse la sociedad como un conjunto; que se deben regular con especial interés los efectos de la declaración judicial sobre las relaciones jurídicas preexistentes y sobre las sociedades del mismo grupo; que se debe reducir el número de créditos privilegiados; que se regulará la calificación de las conductas de deudores y administradores; y, finalmente, aunque con la debida prudencia, que se analice la postergación legal de determinados créditos, cuestión ciertamente polémica, que en muchas ocasiones SS.SS. han reclamado con ocasión de diversos proyectos, así en el proyecto de ley de sociedades de responsabilidad limitada.
Este es, en esencia, el encargo de líneas directrices políticas que, como ministro, he dirigido a la Comisión General de Codificación para que en la Sección de lo Mercantil se realice el correspondiente anteproyecto o, mejor, la adaptación del último anteproyecto a las líneas que indico. Es evidente que al comunicarles unas líneas, todavía en esta fase tan previa, a lo largo de su desarrollo pueden introducirse modificaciones y matices y espero de S.S. --estoy seguro-- que después no pretenderá pasarme la cuenta literal de si ha habido desde la fase prelegislativa derivaciones o desviaciones como consecuencia del proceso técnico de discusión e incluso como consecuencia del proceso político.
Estas son las líneas generales que como ministro he remitido a la Comisión General de Codificación y que me parecía importante transmitirlas con ocasión de su interpelación.
En el aspecto internacional de una ley concursal, debo hacer referencia a la adecuada coordinación de este texto con el proyecto de convenio de la Comunidad Europea sobre quiebras internacionales, proyecto en el que participa una delegación española y que contempla el tratamiento de los procedimientos concursales cuando afectan a dos o más países pertenecientes a la Unión Europea. El sistema, sin embargo, no quedaría completo. Piense que hemos hablado de ley de reforma del proceso contencioso-administrativo, fin de los trabajos prelegislativos, septiembre; ley concursal, ley de enjuiciamiento

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civil, fin de trabajos prelegislativos, diciembre; ley de enjuiciamiento criminal, fin de los trabajos prelegislativos, primer trimestre de 1995. Además, dentro de ese período de septiembre a abril, es propósito y voluntad política del Ministerio de Justicia e Interior que también entre en esta Cámara la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley orgánica definitiva, al menos desde la pretensión de quienes lo proponemos, del Poder Judicial.
En ese momento estará en vigor la ley de medidas urgentes de reforma, que ya está en el Senado y pendiente de volver a esta casa. Nuestro propósito es que en ese período de tiempo -- desde la pretensión política del Ministerio-- exista también ya el texto de la definitiva ley orgánica del Poder Judicial.
Esa ley orgánica tiene que resolver muchas cuestiones, todas ellas decisivas para la propia finalidad que late en el fondo de su interpelación. Sin la reforma de la Oficina judicial --y ése es el terreno de juego-- la reforma procesal quedaría absolutamente coja. Por eso el conjunto debe verse como tal, como un bloque normativo, que debe ser analizado de manera conjunta a lo largo de esta legislatura. Esa sería la gran parte que nos queda del pacto de Estado en materia de Justicia.
También en esa ley orgánica deberán regularse cuestiones fundamentales como es la potenciación de la justicia municipal, la llamada justicia de barrio, la aplicación de la justicia urbana, puesto que, en definitiva, no parece lógico seguir creciendo en la vía de nuevos jueces con un grandísimo nivel cualitativo, cuando una serie de pleitos de entidad menor deben situarse seguramente en un marco de justicia no técnica, justicia de paz de ciudad, justicia de barrio dentro de las ciudades; la línea de potenciación del secretariado; la línea de potenciación de las transferencias de medios personales a las comunidades autónomas; la línea de potenciación del Ministerio fiscal, la construcción moderna de esa Oficina judicial que de momento no tiene de moderno ni siquiera el nombre. Ese va a ser el otro gran proyecto, la otra gran apuesta. Si ese conjunto normativo llega a estas Cámaras en los plazos que pretenden el ministerio y el Gobierno y SS.SS. efectivamente hacen el enorme esfuerzo que supone afrontar tal cantidad de reformas legislativas de enorme calado, estoy convencido de que, desde el punto de vista de la Justicia, esta legislatura va a quedar como una de las más trascendentales de los últimos tiempos. Creo que es un trabajo que hay que hacer y que es el tiempo oportuno de hacerlo. Es, en definitiva, la gran reforma de la justicia procesal sustantiva y orgánica. En torno a esa gran reforma reitero, una vez más, la oferta del Gobierno de un pacto de Estado.
Yo creo que en este tema no valen ya parcheos ni nuevas reformas puntuales y urgentes. Ha llegado ya el tiempo de la codificación, de las grandes leyes, y a ustedes, señorías, les corresponderá la responsabilidad histórica de aprobarlas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro. Para turno de réplica, tiene la palabra el señor Camp.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al señor ministro el contenido de su intervención, que seguro valorarán de forma muy positiva las señoras y señores diputados que están en el hemiciclo en este momento.
Usted terminaba diciendo que estamos ante la posibilidad de hacer una reforma histórica y lógicamente, lo que usted ha hecho hoy aquí son anuncios; será reforma histórica si el conjunto de la Cámara, en su momento, llega a producir estos textos.
Es bueno conocer la voluntad del Gobierno para afrontar estos trabajos y en esa línea iba nuestra interpelación de hacer una llamada sobre un tema que la sociedad pide a voces, como es la adaptación de los instrumentos judiciales a las necesidades de la sociedad de hoy día, necesidades civiles, penales, pero también básicamente comerciales, económicas y buena parte de la credibilidad de las instituciones públicas, en el sentido más amplio del término, está precisamente en función de dar respuesta a estos retos que se están comentando en este momento.
Las reformas que usted ha anunciado en el terreno de lo contencioso-administrativo, o de la Ley de Enjuiciamiento Civil con esa reducción de 130 procedimientos a tres, van en la línea de lo que en su día también anunció de hacer que la justicia sea inteligible para el ciudadano, no ya sólo para los profesionales y no únicamente el sentido de las sentencias sino el camino con que una persona se puede encontrar en un momento determinado ante una situación concreta y que pueda entenderla. Con 130 procedimientos distintos esto es un galimatías que no puede de ninguna forma funcionar. Usted ha hecho referencia a la reforma de la ley del procedimiento concursal con el anuncio de la ley concursal para diciembre.
Ha citado los temas que ha mandado a la Comisión General de Codificación y todos ellos son coincidentes con el interés que mostraba esta interpelación y creemos que de ser abordados nos situarían en un plano de igualdad y competitividad con nuestros socios comunitarios. Por otra parte, nuestra actividad productiva nos demanda poder tener estos instrumentos de lucha --en el término más positivo que se puede encontrar-- en el mercado y del que es necesario poder disponer. Con la referencia última que ha hecho a la futura reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial se modernizaría todo el aparato, propiamente dicho, de la Administración de justicia, a veces concretado con el

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término de Oficina judicial, aunque es mucho más amplio, pero básicamente con dicha Oficina judicial, con las posibilidades de gerencias, de mecanismos modernos de gestión posibilitarían, junto con la ejecución de sentencias, a que usted hacía referencia, un planteamiento absolutamente distinto de lo que hoy es la justicia en España.
Este planteamiento que usted ha hecho, las manifestaciones de este diputado y seguramente la coincidencia general de las Cámaras requieren también una concreción porque estos son temas de los que se ha hablado repetidas veces, no en esta legislatura sino en anteriores y aunque cualquier reforma en el terreno normativo siempre ha de ser cautelosa, la que estamos tratando todavía más, aunque es urgente, perentorio y necesario que ello se concrete y sea una realidad porque, en definitiva --seguro que usted coincide porque también son palabras suyas-- lo que vamos a buscar es una justicia de calidad y ella viene determinada por la rapidez, la agilidad y la eficacia.
Muchas gracias, señor ministro, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor ministro.
(Pausa.) ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, antes de referirme en concreto al objeto de la interpelación, quisiera recordar modestamente al señor Ministro --que nos ha sacudido con una riada de anuncios de proyectos legislativos-- que hay un compromiso adoptado por el Gobierno en ejecución de una unánime decisión de esta Cámara hace algunas semanas en el sentido de enviar, antes de la finalización del siguiente período de sesiones, un proyecto de ley de justicia gratuita y del turno de oficio. Ese sí es un compromiso importante, que no ha citado en el conjunto de proyectos que nos ha dicho tienen en cartera, y que nos parece muy ambicioso. Dudamos que este Gobierno tenga la fuerza política para poder llevarlos a cabo en esta legislatura, pero en cualquier caso como proyecto, siempre es interesante tener estas ideas de ambición para encarar de una vez por todas la importantísima reforma de la justicia.
El objeto de la interpelación que ha permitido al señor ministro hacer una exposición sobre los futuros proyectos de reforma de la justicia, está centrado en las consecuencias económicas que en estos momentos tienen en nuestro país las deficiencias judiciales y procesales que hay en todo lo que se refiere al mundo de lo económico y, en concreto, a las crisis económicas.
Me he entretenido en extraer algunas cifras de las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística que son realmente impresionantes. En España, en los siete últimos años, ha habido 5.603 empresas en crisis, con unos activos de 3,4 billones de pesetas, que representan, nada menos, que cerca del 4 por ciento de los activos que figuran en los balances de las empresas que tributan en el Impuesto de Sociedades, referidas al año 1990. Las suspensiones de pagos han sido aproximadamente 550 al año y las quiebras unas 250 al año; suspensiones de pagos que afectan, sobre todo, a grandes empresas y quiebras que afectan, sobre todo, a pequeñas empresas. Hay veinte veces más activos representados por las suspensiones de pagos que por las quiebras. El pasivo de las suspensiones de pagos producidas en abril --este dato venía esta mañana en un periódico de ámbito nacional-- es el 47 por ciento superior al del año pasado en el mismo mes.
Si pasamos a los efectos de comercio devueltos e impagados, nos encontramos con que solamente en el mes de abril --cifra muy reciente y también venía en la información que he leído esta mañana-- hay 1.155.000 efectos de comercio devueltos impagados, que representan cerca de 180.000 millones de pesetas. Si a todo esto se une la morosidad que tiene el propio Estado (porque el Estado es uno de los entes que peor pagan en este país y, además, se añade la morosidad del sistema financiero, la importante morosidad de los activos que se convierten inmediatamente en pasivos en el sistema financiero, como consecuencia de déficit importantes de gestión del propio sistema financiero) nos da un panorama impresionante, pavoroso, de la situación de crisis económica manifestada en estos aspectos de morosidad, de impagos, que tiene unas consecuencias tremendas en el mundo económico y financiero.
El coste del capital es mucho mayor por lo que se ha llamado la prima de riesgo, que el prestamista incluye siempre en todos los créditos --esto pasa en nuestro país, no pasa en otros países--, que se calcula en uno o dos puntos del valor de los activos de la empresa, por tanto, se produce una pérdida del valor de los activos --una empresa en crisis inmediatamente es valorada mucho peor-- y la pérdida del capital humano, por todo lo que representa de despidos, de aumento de paro y de corruptelas en el sector económico.
Es sabido que, por ejemplo, muchas empresas de la construcción utilizan los reformados de las obras públicas --el 20 por ciento que se permite-- para compensar la tardanza en el pago por parte del Estado. En el sector alimentario, por ejemplo, las ventas se hacen bajo aval bancario, lo que significa un aumento de precio --y esta es una consecuencia importante del aumento de la inflación--, y, en última instancia, todo este sistema de impagos, de morosidad, de crisis económicas, arrastran a pequeñas y medianas empresas que normalmente, por el juego de los créditos privilegiados, son las últimas en cobrar y que, a su vez, son causa de problemas,

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de pérdida de activos y de capital humano. Por tanto, las causas, junto a los errores en selección de riesgos o errores empresariales, están, sin duda, en una crisis económica estructural que está atenazando al mundo occidental en los últimos años; una crisis económica profunda, una profunda crisis de empresas, que la explica y donde hay que instalar toda esta problemática planteada acertadamente por esta interpelación. Ante esta enorme crisis económica que produce estos elementos tóxicos, encontramos que tenemos un sistema judicial, un sistema jurídico, concretamente unos procedimientos concursales absolutamente obsoletos, unos sistemas que son incapaces de adaptarse a esta problemática.
Naturalmente, una reforma jurídica no podría solucionarlo de la noche a la mañana, pero, desde luego, hay un absoluta incapacidad del sistema judicial, de los procedimientos concursales en concreto, para poder enfrentarse a este tremendo problema de las crisis económicas, en donde, repito, hay que inscribir esta problemática planteada por la interpelación que, en última instancia, impulsa esta reforma de la justicia, este gran problema de la reforma de la justicia, que en estos momentos ya se hace absolutamente necesaria porque se inscribe dentro del conjunto de una enorme crisis económica de proporciones históricas.
Entrando más en concreto en los aspectos civiles o mercantiles relacionados con los impagos, la morosidad, las suspensiones de pagos o las quiebras, quería decir algo sobre las insuficiencias de los procedimientos. Usted ha hablado también de esas insuficiencias; ha hablado de la lentitud de los procedimientos --los ritmos judiciales están definitivamente desfasados en este momento--; hablado de la dificultad de ejecución de las sentencias, y los procedimientos concursales ayudan a que haya dificultades en esta ejecución de sentencias con los trucos de todos conocidos como el hecho de buscarse acreedores que produzcan embargos preferentes que hacen imposible, a partir de ese momento, el pago de las deudas posteriores. La opacidad de las responsabilidades societarias, la existencia de múltiples créditos privilegiados que dan lugar a una dinámica de lucha y de pugna en vez de a una dinámica de cooperación, todo esto favorece al litigante temerario en nuestro país, favorece el abuso de la personalidad jurídica con sociedades interpuestas, con dificultades enormes para poder llevar a cabo el cobro de las deudas. Esto en el plano civil. Por tanto, es absolutamente necesario que haya una reforma de la legislación procesal civil, que usted ha anunciado, y tiene que hacer un especial hincapié en este tipo de situaciones que tienen que ver con las relaciones entre deudores y acreedores.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López Garrido, vaya concluyendo, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Voy concluyendo, señor Presidente.
Centrándonos más en el aspecto mercantil o empresarial, hay que decir que nuestra legislación concursal parte de una filosofía que no es de recibo en este momento: una filosofía basada en una relación puramente privatista entre empresarios, entre deudores y acreedores, que no tiene en cuenta, en absoluto, intereses económicos generales o intereses de los trabajadores y que está basada en un procedimiento por una parte muy laxo, ya que cualquier semiquiebra se puede disfrazar de suspensión de pagos y, por otra parte, en un procedimiento rigidísimo, que no valora, que no permite valorar la situación de la empresa, y que no está pensado para que la empresa se mantenga, sino más bien para su liquidación, como sucede normalmente. Además, a eso se une la impunidad de los administradores; nuestra legislación penal y nuestra legislación mercantil favorecen esa impunidad de los administradores. En definitiva, la Ley de suspensión de pagos funciona --se ha dicho muy acertadamente-- más bien como una ley de suspensión de quiebra que contamina toda la suspensión de pagos, que confunde liquidación con supervivencia de la empresa, que además dificulta que la empresa pueda sostenerse y, por tanto, toda la trama de estos procedimientos concursales está pensada más bien para la liquidación que para la conservación de la empresa. Toda reforma de los procedimientos concursales tiene que basarse en la filosofía de conservar la empresa, no de liquidarla, para lo cual habrá que revisar todos los presupuestos objetivos de los procedimientos concursales que permitan anticiparse a la crisis, de forma que no sean el final de esa crisis, cuando ya no tiene remedio y el enfermo está absolutamente herido de muerte. Hay que ir a una responsabilidad verdadera de los administradores. El caso Banesto ha puesto de manifiesto cómo estamos absolutamente alejados de una mínima exigencia de responsabilidad de los administradores, cómo se puede producir una impunidad absoluta de estos administradores. Hay que ir -- estamos de acuerdo con lo que señalaba el señor Ministro-- a un único procedimiento para concursos de acreedores, suspensión de pagos y quiebras; hay que ir a una fase importante en primera devaluación de la situación de la empresa, que haya una gestión económica de la empresa que permita sostener a esa empresa; hay que tener en cuenta los intereses difusos que están presentes en toda crisis de empresa, no solamente entre el empresario y acreedores determinados, sino todo lo que rodea eso, los intereses generales, y no convertir, como ahora mismo sucede, al sistema concursal en un procedimiento puramente de ejecución. Los procedimientos concursales tienen que ser componedores de intereses y no puramente ejecutorias de la situación. Hay que ir, por tanto, a un enfoque regulador, muy distinto del enfoque privatista, que viene del siglo XIX,

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hay que meter elementos sociales en los tratamientos de la crisis, hay que ir a una profesionalización de los órganos del concurso y hay que meter al Estado también en la legitimación activa a través del Ministerio Fiscal. Esperemos que en esa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que nos anunciaba esté.
Por último, hay que ir, desde luego, a unos tribunales especializados, excluyentes y exclusivos, que den un tratamiento unitario al conjunto de los procedimientos de crisis de empresas y que permitan esa filosofía, absolutamente diferente de la existente en estos momentos, una filosofía de conservación de la empresa, una filosofía de presencia de los intereses sociales frente a la filosofía en estos momentos liquidacionista de la empresa y puramente privatista que preside nuestra legislación concursal.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Trocóniz.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor Ministro, en España, y no es actual en absoluto, sino que ya viene del antiguo régimen, es consustancial en el tema judicial la lentitud, lentitud que se quiso ya arreglar con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855. Siempre solemos decir que la lentitud de la Justicia en España se va a arreglar a base de grandes leyes de enjuiciamiento, a base de leyes orgánicas del Poder Judicial.
Por cierto, permítamne que ahora mismo y con todos los respetos haga con mi boca una cierta mueca aviesa y no es en absoluto ni de sorna ni de burla, sino simplemente de cínico ingenuismo en el sentido de pensar que, después de haber estado más de cien años con una Ley provisional Orgánica del Poder Judicial, ahora, en menos de diez años, tengamos dos leyes definitivas orgánicas del Poder Judicial.
Señor Ministro, quiero decir lo que entiendo a través de mi experiencia en materia procesal. Las reformas procesales que sean buenas; no importa que sean muchas o pocas, sino buenas y efectivas. No es un problema para la ejecución de los créditos, no es un problema para que los acreedores cobren el que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es un problema para que la Justicia se acelere el que estén ciento treinta o tres procedimientos; es un problema que seriamente considero de parto de los montes. El problema no es éste.
Señor Ministro, en un procedimiento judicial se puede reducir su tramitación un mes, dos meses, pero si posteriormente se tarda en dictar sentencia más del doble de tiempo, seis meses, un año; si simplemente para providenciar una admisión de demandas se puede tardar más de un año, esto evidentemente requiere soluciones diferentes, requiere soluciones de calado, requiere soluciones de profundidad.
¿Podemos pensar, tal vez, en un impulso procesal, siempre a instancia de parte, eliminando al máximo posible los cargos de trámite? Puede ser. Evidentemente, en lo que no podemos pensar en absoluto es en un establecimiento obligatorio de arbitrajes.
No nos engañemos, señor Ministro, en los últimos doce años ha habido dos leyes de medidas urgentes de reforma procesal; 6 de agosto de 1984, 30 de abril de 1992. La primera introdujo una modificación fundamental en el procedimiento de menor cuantía.
Vayamos a analizar antes de reformar cuáles han sido las consecuencias reales del establecimiento de la comparecencia.
¿Sirve la comparecencia para algo o no sirve la comparecencia para nada? Vayamos ahora a esta Ley de 30 de abril de 1992.
Fundamentalmente va a significar un descargo importante en materia contencioso-administrativa en el Tribunal Supremo.
Pero, señor Ministro, la Ley Orgánica del Poder Judicial previó el establecimiento de juzgados de primera instancia de lo contencioso-administrativo y están sin crear. Y ya quieren establecer una nueva ley definitiva orgánica del Poder Judicial.
¿En qué quedamos? Vamos a establecer definitivamente un sistema judicial orgánico y procesal que dure, de verdad, y no con carácter provisional 100 años, sino con carácter definitivo, a lo mejor, 200 años, yendo al grano y al meollo de las cuestiones, no haciendo grandes leyes que, posiblemente, se convierten, al cabo de los años, en simple agua de borrajas.
Pasando al tema que nos ocupa, cual es la modificación del procedimiento y la legislación concursal en España, he de decirle que, a pesar de que, en principio, pudieran parecer derrotistas mis palabras, en el sentido de que no creemos en absoluto que ninguna reforma sea eficaz, por supuesto que las reformas hay que hacerlas, pero, como le decía al principio, reformas buenas, sean pocas o muchas, en materia concursal en España. No nos engañemos, la gente no paga, no por culpa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino, normalemente, porque no tiene y porque no existe garantía con la cual hacer efectiva la deuda correspondiente.
Sin embargo, creemos que de manera inmediata sí se pueden establecer medidas que tiendan a hacer eficaces procedimientos concursales y procedimientos ejecutivos singulares, ejecución singular o universal, y que se basan, no fundamentalmente en materias procesales, sino en materia de garantías previas de aquellas personas que asumen las deudas. En la actualidad, un talón sin fondos tiene meramente una sanción penal de arresto mayor a multa de 100.000 pesetas a 1.000.000 de pesetas, según el artículo 563 bis a) del Código Penal, pero luego es que nos vamos al otro gran aparato de defraudaciones contemplado en los artículos 519 y

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527 del Código Penal, cuales son los alzamientos, quiebras, concursos e insolvencias punibles, y nos encontramos con que prácticamente son insólitos aquellos casos en que se puede producir este tipo de supuestos, que básicamente se refieren a la quiebra fraudulenta y a los cómplices de la quiebra fraudulenta. Y siempre estamos pensando en las personas de los acreedores. ¿Y las personas de los socios? ¿Es que las personas de los socios, a pesar de todas estas quiebras, no ven también mermados sus intereses económicos como consecuencia de haber incurrido los administradores de las sociedades en cuestión en las mismas conductas delictivas que aquellas personas que hemos dado en llamar fraudulentas? Sí es importante, entendemos, establecer mejores y mayores garantías en aquellas personas que asumen deudas y en aquellas personas que asumen dirección y administración de empresas por cuenta de terceros. Sí que es importante, en este sentido, actuar y reformar profundamente el Código Penal, agravando las penas y estableciendo penas no solamente al cheque sin provisión de fondos, sino también a la letra, sin que oportunamente se haya hecho provisión de fondos, así como a las tarjetas de crédito, sin que se haya hecho provisión de fondos respecto a su pago, dado que no es posible la comprobación bancaria.
Con garantías de este tipo, que son las garantías que tiene el ordenamiento jurídico más serias y efectivas para poder conseguir sus propósitos, sí que, realmente, podremos llegar a conseguir un sistema que posiblemente no sea perfecto, en cuanto a ejecución del cumplimiento de las obligaciones por los deudores, pero que, por lo menos, será más eficaz que el que actualmente tenemos.
Además, es necesario establecer responsabilidades civiles directas por parte de administradores de compañías en nombre de terceros. En cuanto a esto, me alegra que el señor Ministro haya recogido nuestras enmiendas en el sentido de la postergación... (El orador pronuncia palabras que no se perciben.) También nos gustaría que se recogieran nuestras enmiendas, en cuanto a la extensión de la responsabilidad civil a los administadores de este tipo de sociedades y a otras sociedades anónimas.
Vayamos a materia de derecho concursal...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de Trocóniz, vaya concluyendo.


El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, procuraré concluir de la manera más rápida posible.
Señoras y señores Diputados, no solamente postergación legal de créditos, sino también medidas que posibiliten de manera tributaria y facilitación de apunte en nuestra legislación bancaria --me alegra que esté es esta sesión en este momento el Ministro de Hacienda-- que posibiliten la transformación y el cambio de los pasivos de las empresas en capitales transitorios, de forma y manera que no tenga por qué verse ejecutados los créditos, sino que se vean revertidos a las empresas. También es importante regular reservas en las sociedades para cobertura de aquellos riesgos que no son susceptibles de ser cubiertos mediante contratos de seguro. Me estoy refiriendo, en concreto, a la extinción de los contratos de trabajo posibles no susceptibles de cobertura mediante contrato de seguro y, sin embargo, tiene un reflejo claro y definitivo en los pasivos de los ciudadanos en el supuesto de liquidación.
También sería necesario regular, y es posible y necesario hoy día, la intervención del sector público en las empresas en crisis. ¿Por qué a unas sí y a otras no? ¿Por qué a unos sectores sí y a otros sectores no? Es preciso también establecer una normativa definitiva sobre aquellas personas que deben desempeñar los procedimientos, porque un grave defecto que se da en las transformaciones de posibles quiebras o suspensiones de pagos, es precisamente por las valoraciones periciales de los activos. Hoy día no existe normativa alguna al respecto. No nos engañemos. La normativa reguladora de las competencias profesionales de los arquitectos es fundamentalmente un decreto de 1846. Así, evidentemente no podemos seguir.
Por tanto, señor Ministro, sí, por supuesto, y bienvenidas sean las reformas, que son absolutamente necesarias, pero que sean reformas buenas y que sean reformas efectivas.
No estoy de acuerdo con el señor Camp cuando dice que la calidad en la justicia es agilidad y rapidez. La calidad es calidad, buen Derecho. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández de Trocóniz.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE MEDIDAS PREVISTAS EN EL MARCO DE LA NEGOCIACION QUE MANTIENE TABACALERA CON LA COMPAÑIA INTERNACIONAL PHILIP MORRIS PARA MANTENER O INCREMENTAR LA PRODUCCION DE LAS LABORES TABAQUERAS DE LA CITADA MULTINACIONAL EN LAS PLANTAS DE TABACALERA EN LA PENINSULA (Número de expediente 172/000062)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente del Grupo parlamentario de Coalición Canaria sobre medidas previstas en el marco de la negociación que mantiene Tabacalera con la compañía internacional Philip Morris para mantener o incrementar la producción de las labores tabaqueras de la citada

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multinacional en las plantas de Tabacalera en la península.
Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor Ministro, hace unos meses este Diputado hacía una pregunta al Ministro preocupado por el contrabando del tabaco y su incidencia en la política de Tabacalera y más concretamente en el empleo. Y no fue casual sino que estábamos muy preocupados por esta industria. Tampoco fue casual que la semana pasada este Diputado le hiciera otra pregunta al señor Ministro sobre las posibles modificaciones de contratos que se pudieran estar produciendo entre Tabacalera y las compañías multinacionales. El señor Ministro contestó que ya se habían negociado los contratos de British American Tobacco y Reynolds, y se mantenían conversaciones para la modificación del existente entre Philip Morris y Tabacalera. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Nos respondió que, como en toda negociación había un toma y un daca. Hoy nos gustaría saber algo sobre cuál es el toma y cuál es el daca. El Ministro evadió una respuesta al empleo y concretamente al empleo en Canarias. De aquí nos gustaría partir, para intentar llevar al ánimo de esta Cámara, del Gobierno y del señor Ministro, nuestra preocupación por el futuro de la fabricación en España de las marcas de esta multinacional y, dentro de ella, y con más preocupación, si cabe, por la debilidad del tejido industrial en la España archipielágica, por la fabricación en la planta que Tabacalera y Philip Morris tienen en Canarias al 50 por ciento.
¿Por qué nos preocupa? Yo creo que hemos de partir de que es conocido y público que existe hace muchos años un contrato entre Philip Morris y Tabacalera, realizado en la época del monopolio y negociado bajo la prepotencia que en aquella época podía negociar Tabacalera en condiciones de monopolio. Incluso, no lo puedo confirmar, creo que Philip Morris ha presentado un recurso en el Tribunal de La Haya por ese contrato.
En esta negociación para nosotros no cabe sino dos variables serias en las decisiones que se puedan estar tomando: Cuánto se paga por la licencia de fabricación o en los conceptos que sea y dónde se fabrica el producto. Se puede fabricar en las plantas que tiene en la península Tabacalera o en las plantas canarias que tiene Tabacalera con Philip Morris. Porque el resto (el marketing, la distribución, la tecnología, etcétera) son de casi exclusiva responsabilidad de uno o de otro o tienen fácil acuerdo por el abanico de posibilidades que hay.
No nos parece posible que se esté negociando perder la condición privilegiada que tiene hoy Tabacalera sin obtener contrapartidas y fabricar fuera de España. Por eso, nos preguntamos cuáles pueden ser las diferentes alternativas. La primera es que se suban los importes de los «royalties» o de los cánones o se modifiquen sus condiciones por fabricar bajo licencia a cambio de fabricar todas las marcas de Philip Morris, incluyendo L&M, que hoy se importa del extranjero, o abriendo nuevas líneas de colaboración en otras posibles fabricaciones con Philip Morris. Podría ser una buena solución. Aunque no se gane mucho a corto plazo, sin embargo, podría ganarse a largo plazo.
Otra solución sería subir ese importe del canon y fabricación, que creemos que es lo que se pretende en Philip Morris, y que se produjeran todas las marcas que tiene este fabricante en la fábrica que tiene Philip Morris y Tabacalera. Sería probablemente bueno para Canarias, muy bueno, y quizás para Philip Morris, pero entendemos que puede ser difícil para las otras plantas de Tabacalera en la península. Podríamos pensar que del 40 por ciento que hoy se fabrica en Canarias y el 60 por ciento en la península de un producto como el Marlboro se pasara al 50/50, como tiene el fabricante Reynolds en su acuerdo con Winston. La otra posibilidad sería la contraria, y ésa es la que nos preocupa: Fabricar todo en la península, lo que puede ayudar a resolver los problemas de esas plantas de Tabacalera, y cerrar la planta canaria. A nosotros nos parecería una monstruosidad y tener muy poca visión de Estado, y no creo que se le esté pasando por la cabeza a nadie, aunque ése es el rumor. Nos preocupa porque operaciones similares se realizaron no hace mucho tiempo y, aunque nos parecieron rumores después se llevaron a la práctica.
Pedimos que no se negocie sólo para mejorar la cuenta de explotación de la multinacional o de Tabacalera, que es importante, sino que, teniendo una buena palanca en un contrato, de época pasada pero en vigor, se tenga en cuenta con prioridad absoluta la estabilidad del empleo de forma genérica y con especial hincapié en donde el desempleo es más lacerante, en Canarias. Me gustaría decir en dos palabras cuál es, qué es el sector tabaquero canario y qué representa para Canarias. Fue el sector industrial más brillante, 12.000 puestos de trabajo, y tuvo una pujanza comercial y tecnológica muy importante en los años 70. Tabacalera cercenó sus posibilidades, es historia, pero ésa fue la realidad. Hoy todavía, a pesar de esa política que estableció Tabacalera, tiene más de 3.000 personas en empleo directo y más de 1.000 en indirecto. El valor de la producción del sector tabaquero canario en 1989 se cifró en 71.000 millones de pesetas, de los que se exportaron a península-Europa el 78, 55.000 millones, y el 23 restante, 15.200 millones al mercado interior.
Es el único sector exportador. Y en la industria canaria, el valor añadido bruto, de los 235.000 millones

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de la industria canaria, en general, el 17 por ciento es de esta industria. La pequeñez de la industria canaria, que sólo tiene el 10 por ciento del PIB, es clara, si la comparamos con el 22,8 por ciento del resto del Estado. En este contexto es donde hay que estudiar lo que representa el sector tabaquero y sus industrias auxiliares. Es básico para su mantenimiento cubrir unos umbrales mínimos de producción que permitan, en una economía de escala, seguir siendo competitiva; y es aún más básico, si cabe, mantenerlo de cara a la industria auxiliar, que, para ser competitiva en calidad, precio y tecnología, necesita también llegar a esos umbrales.
La pérdida de una de las tres grandes fábricas que quedan de las multinacionales podría significar el fin de las otras y, al final, también el de las industrias auxiliares. Y si estas industrias auxiliares dejaran de existir no sólo se perderían sus puestos; otras industrias se han establecido por tener ese sector auxiliar, como pueden ser las industrias de envasado de alimentación, y también se pueden poner en peligro.
En fin, sin querer ser trágico, puede significar la debacle de la pequeña industria canaria. Y lo podemos decir porque tenemos la experiencia de habernos anticipado en otras ocasiones. La historia viene de hace muchos años, de los años 70, y se han venido cumpliendo esas previsiones, para nuestra desgracia. Por eso, señor Ministro, estamos tan preocupados.
Por eso estamos interpelando hoy al Gobierno con los mejores modos, con nuestras mejores argumentaciones, con nuestros mejores razonamientos, pero con la firmeza que sea necesaria para que esto no pueda ocurrir, intentando huir de políticas de partido demagógicas, que podrían ser fáciles, llamando a la comprensión de todas SS.SS., de todos los partidos, para que no pueda volver a ocurrir que, por improvisación, por falta de visión del problema global o por falta de ver el enfoque canario, tengamos otra situación desgraciada.
Vuelvo a repetir que Tabacalera le puso el coto a la industria canaria en la época del monopolio. Cuando la tuvo prácticamente ahorcada, entró en Canarias para salvar sus puestos de trabajo (fue público), cuando la presión social era muy alta. En cuanto pudo y cambiaron las condiciones, se volvió a ir, no hace mucho, dejando la operación de liquidar a una empresa de allí. Se incentivaron bajas con el señuelo de construir un gran hotel, que nunca viene mal, pero que es precisamente el sector que no necesita de la iniciativa pública, porque, señor Ministro, y con el mayor respeto para la profesión, nosotros no queremos que todo el futuro de Canarias pase por el servicio de los hoteles. Por último, dos consideraciones: se negoció el Poseicán; costó un importante esfuerzo, que conoce perfectamente el señor Ministro, porque tomó parte activa en él; se lograron cupos para importación de tabaco sin tarifa exterior común, que hoy no se están empleando en su totalidad, bien por decisiones de Tabacalera, que tiene en sus manos contratos de fabricación de las grandes marcas, o bien por otras circunstancias que afectan muy directamente al Ministerio de Hacienda.
Las inversiones de Tabacalera en Canarias podrían tener mayor rentabilidad con los beneficios fiscales de un REF económico que acabamos de aprobar en esta Cámara. Sería un error actuar sobre un escenario en crisis (industria del tabaco en Canarias), cuando precisamente el marco ha cambiado con el nuevo REF que beneficia a las empresas por la exportación y el Impuesto sobre Sociedades. Sería inexplicable que la primera consecuencia que Pudiera tener un REF es que no fuera rentable una industria que, tecnológicamente, está muy preparada en Canarias y que lo ha demostrado a lo largo de la historia. No podemos permitir que una región con un 28,47 por ciento de paro estimado, según las cifras correspondientes al primer trimestre, o con el 22,5, según el paro registrado del INEM, tenga más parados. Los parados canarios tienen menores oportunidades de entrar en el mercado laboral, por sus restricciones en cuanto a la movilidad geográfica, y es así de sencillo, y reducir la producción sería hacer un daño terrible cuando medidas como la del contrabando y los precintos deben estar dando resultados, y eso lo debe conocer el señor Ministro. En fin, señor Ministro, querríamos hacer una pregunta concreta: de las variables posibles de la negociación ¿va a fijar la del empleo en Canarias como un objetivo prioritario? ¿Sí o no? Ese es el quid que nos preocupa. Si el Ministro fija eso como objetivo, estamos totalmente convencidos de que se puede mantener en Canarias la industria y la planta de la que estamos hablando. Si no fuera así, indudablemente hay muchas fórmulas para negociar un contrato y que, al final, el resultado no sea el apetecido. Las variables son muy grandes, pero Tabacalera, indudablemente, es la que tiene el contrato y es la que tiene la sartén por el mango.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me procupa que, en una interpelación como la de hoy, al final pueda acabar defraudando al interpelante, porque es cierto que S.S. me está pidiendo que exponga cuáles son los objetivos y posiciones en una negociación que, por definición, tiene que ser discreta y, en consecuencia, resulta difícil expresar de forma pública cuál es su contenido y qué es lo que se pretende conseguir.


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Hecha esta reflexión, con la que volveré a terminar mi contestación, querría hacer algunas consideraciones que S.S., por otro tipo de razones que entiendo bien, y su preocupación por el empleo en Canarias, en cierta medida olvida. Olvida la difícil situación del sector tabaquero, no en Canarias, sino yo diría que a nivel mundial, a nivel europeo y, específicamente, en nuestro país. Difícil situación como consecuencia, sobre todo en España, de dos factores que S.S.
conoce bien: por una parte, la caída de la demanda y, por otra, la desaparición del monopolio y la apertura de mercados que supuso nuestra integración en la Comunidad Europea.
La caída de la demanda es un hecho especialmente significativo, porque estamos hablando de reducciones de alrededor de un 2 por cien anual acumulativo, lo cual supone que una industria que en el pasado tenía unas perspectivas claras de crecimiento futuro, evidentemente, en la situación actual no tiene unas perspectivas parecidas. Es cierto que, además, la revolución tecnológica está planteando problemas adicionales, desde el punto de vista de la capacidad productiva. Es necesario menor capacidad productiva teórica, porque la tecnología ha permitido, con esa menor capacidad, satisfacer una demanda mayor, y es verdad que ese problema se da no sólo en España, sino en todos los mercados europeos.
Todo esto ¿a qué lleva? Necesariamente, a aplicar ambiciosos planes de racionalización, que todas las empresas que quieran sobrevivir tienen que poner en marcha. Y este es, yo entiendo, el objetivo de mantener el empleo en Canarias, ¿cómo no lo voy a entender? Somos conscientes de la importancia del paro en las islas y de la dificultad alternativa en las islas, pero también es cierto que una actuación que no tome en cuenta la posibilidad de competividad de una empresa como Tabacalera, al final, tendrá resultados más negativos para todos. Pero esta actuación es parecida por parte de otras empresas. La última empresa en presentar un programa de reestructuración ha sido Rothman"'s, que ha anunciado su programa en fecha tan próxima como el 24 de junio, con una reducción de mil empleos y una concentración de sus plantas. Si, además de este problema de adaptación a las nuevas circunstancias, vemos que nosotros tenemos que hacer frente a una nueva situación, consecuencia de la entrada en la Comunidad, es verdad que Tabacalera no puede ser ajena a este nuevo reto que se nos plantea.
Su señoría hace referencia a un punto concreto, que es la producción de Philip Morris en España y la situación de las plantas de Philip en España. Es verdad que las cifras de producción que Philip Morris España ha llevado a cabo en Canarias se han reducido de 380 millones de cajetillas en 1991 a 270 millones en 1993. Pero, al mismo tiempo, también la producción por parte de Tabacalera de las labores de Philip Morris se han reducido desde 287 millones de cajetillas en 1991 a 194 millones en 1993.
¿Cuál es el resultado de esta caída de la producción, tanto en Canarias como por parte de Tabacalera en labores de Philip Morris? Sin duda, una caída importante en los resultados de explotación de las empresas. En concreto, mientras que en el año 1991 los resultados de explotación de las compañías tabaqueras ascendieron, en términos agregados, a algo más de 32.000 millones de pesetas, en el año 1993 sólo fueron 4.800.
Por tanto, en dos años, la caída es de más de 32.000 millones a 4.800 millones. Y Philip Morris España no ha sido una excepción a esta situación general. Es verdad que todavía gana dinero, pero ha pasado de 7.700 millones de resultados en el año 1991 a 1.900 en 1993. Por lo tanto, la cuestión no se plantea, en mi opinión, en términos globales, sobre si a una empresa o a una fábrica concreta debe dársele una solución específica, sino cómo debemos intentar resolver el problema de un sector enormemente importante, desde el punto de vista económico, pero, sin duda alguna también, con dificultades a largo plazo como consecuencia de esa caída de demanda, resultado, entre otras cosas, de la modificación de los hábitos de los consumidores, a los que no son ajenas las posiciones de las autoridades sanitarias intentando conseguir una disminución del consumo de tabaco. En este sentido, ¿cuál es la posición del Gobierno? El Gobierno, como accionista de Tabacalera; no hay que olvidar los intereses de los restantes accionistas de Tabacalera. Evidentemente, que esa adaptación, que es absolutamente necesaria e imprescindible, se haga de la forma, yo diría, más suave posible, mediante esquemas --en principio, es deseable que sean así pactados entre empresas y sindicatos y buscando empleos alternativos en otras actividades, que permitan compensar, económica y socialmente, especialmente en algunos ámbitos territoriales, aquellos impactos que inevitablemente se están produciendo. Pero para que esta estrategia tenga éxito, es absolutamente imprescindible que este proceso se realice con períodos dilatados, porque, de otra forma, no disponemos de calendario suficiente para que, en paralelo, se generen nuevas actividades y empleos.
¿Qué está sucediendo en este momento con el caso Philip Morris? Ya le dije el pasado día 22 que Tabacalera está discutiendo con Philip Morris un nuevo marco de relaciones entre ambas compañías. Era imprescindible que modificáramos este marco como consecuencia de nuestro ingreso en la Comunidad. El contrato anterior no era válido con la normativa comunitaria y, por tanto, necesariamente teníamos que renegociar. La Comisión de las Comunidades considera que en sus distintos extremos los contratos anteriores no se adaptaban a la legislación comunitaria, por lo que también ha conminado a nuestro país para que se revisen los mismos con objeto de subsanarlos.


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Este caso no es muy distinto del que se planteó con otra empresa en Canarias hace algún tiempo, que es la empresa Reynolds, y que finalmente creo que fue solucionado mediante una nueva formulación de las relaciones entre ambas compañías, con un impacto en Canarias que creo que su señoría tendrá que reconocer que ha sido claramente positivo, dado que ha permitido despejar las incertidumbres que existían sobre la viabilidad de la planta que esa compañía multinacional tenía en la isla de La Palma. Esa compañía ha pasado a integrarse en una empresa conjunta creada entre Reynolds y Tabacalera, al mismo tiempo que se han forzado las producciones que se elaboraban en esa fábrica, asegurando su futuro.
¿Qué objetivo persigue Tabacalera? Sin duda alguna, mantener en nuestro país el máximo de producción posible de los productos Philip Morris, precisamente con el objetivo de salvaguardar también el máximo empleo. Las negociaciones aún no han concluido, por lo que difícilmente se puede entrar en los detalles que, de alguna manera, se prejuzgan en su intervención, aunque puede estar convencida su señoría de que, al margen de la caída de la demanda que se ha producido y que va a ser difícilmente recuperable, la solución tratará de buscar un punto de equilibrio entre todos los intereses en litigio.
Su señoría pretende que vaya más lejos y que le dé garantías que hoy, desgraciadamente, no puedo darle, porque, como decía antes, todo depende de la negociación en liza. Sin embargo, su señoría tendrá que reconocer que la experiencia del comportamiento en el pasado de Tabacalera con Canarias ha sido más bien positiva. Su señoría ha hecho referencia a la crisis tabaquera en 1970, podríamos hacer referencia también a las actuaciones de Tabacalera en 1980 que, sin duda alguna, han ayudado a mantener el sector en Canarias y a conseguir una actividad razonable para este sector en aquellas islas.
El futuro, evidentemente, dependerá de estas negociaciones que, como he dicho anteriormente, hoy es difícil que pueda desvelar su contenido en esta interpelación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Gracias, señor Presidente.
Nos preocupa la contestación del señor Ministro; nos coloca en la difícil situación del sector tabaquero, en la caída de la demanda, en la pérdida del monopolio y el incremento de la productividad y la tecnología. Algunas cifras no nos coinciden, señor Ministro. La evolución de las ventas en el área del monopolio en los años 1989 a 1993, según los datos, creemos nosotros, de Tabacalera, es la siguiente: total del mercado, 3.854 millones en el año 1989; 3.997 en el año 1990; 4.123, en el año 1991; 3.928 en 1992, y 3.567 en 1993. Eso daría un 7,45 por ciento de pérdidas en un período de cinco años. Pero, señor Ministro, si a eso le incrementamos el contrabando, que está medido, que está estimado por tabaqueros, por el sector, etcétera, tendríamos una cifra de 4.176, porque no fueron más de 200 millones en 1989; 4.200 millones en 1990; 4.422 en 1991; 4.416 millones en 1992 y 4.400 millones en 1993. Con estas cifras se habría incrementado el 5,36 por ciento.
Nos preocupa perder artificialmente el mercado; no nos preocupa perder el mercado de una forma natural, a eso hay que adaptarse. Pero, por ejemplo, no están cambiando los hábitos del consumo de Marlboro, es público y notorio que se fuma cada vez más, y esa es una de la principales labores de la multinacional Philip Morris.
El grupo British American Tobacco, que tiene 1.800 millones de pérdidas en el año 1993, y este año estima tener 300 millones, está invirtiendo al ritmo de 1.200 millones de pesetas año y espera invertir 6.000 millones en los próximos cinco años.
Estas son las previsiones de British American Tobacco. Y nos preocupa que en Philip Morris, que sí está ganando, esté en estos momentos hablándose de que si hay unas condiciones se renegocie, y que no se vea una viabilidad y una certeza para que esa empresa hoy pueda seguir. En cuanto a la modificación del contrato, hoy, por la incorporación a la Comunidad Económica Europea, hay que señalar que hace diez años que nos incorporamos. Lo que sí sabemos es que hay unas condiciones muy duras porque fueron negociadas en la época del monopolio.
Por el acuerdo anterior --del que hablamos en otra empresa-- vemos que una empresa como Tabacanaria y otra como Cigarcanaria, que compró Tabacalera para salvar los puestos de trabajo, se han cerrado completamente y se perdieron mil puestos de trabajo. Y estamos hablando de hace dos años.
No pretendemos ninguna garantía. Pretendemos que cuando se fijen los objetivos --que se han de fijar--, esos objetivos sean de mantenimiento de puestos de trabajo, pero no por condiciones artificiales; lo que queremos es que no se pierdan, repito, por condiciones artificiales o por otros intereses. Y, señor Ministro, nos preocupa su contestación porque individualmente es poco clara. Nos preocupa mucho porque llega el verano y nos preocuparía todavía más que estas cosas ocurrieran en verano.
El rumor viene de muchos lados, y cada día va cogiendo más cuerpo que el cierre de Philip Morris puede ser inminente, pero en su fábrica no hay síntomas de ello. Su dirección dice que no lo conoce. Los resultados de los ejercicios son positivos, muy altos en los útlimos años y algo menos en 1993; pero en comparación

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con British American Tobacco, que está invirtiendo, son muy positivos. La industria es moderna y es competitiva; el clima de trabajo parece que es bueno; la cantidad de cajetillas que se consume en el mercado de Philip Morris es muy superior a la que se puede fabricar en Canarias, que fabrica sólo el 40 por ciento. El contrabando debe tender a reducirse con las medidas que está marcando el propio Ministerio; algunos cupos de tabaco no se cubren y se puede producir más; el nuevo REF que se ha aprobado en esta Cámara y que ha defendido el propio Ministro como un REF magnífico para Canarias parece que sería suficiente para incentivar el empleo y la economía; los fletes, según indican, bajarán si el segundo registro de buques tiene éxito; la industria auxiliar demuestra que compite con precios de calidad, porque está exportando. Y con éstos y muchos argumentos más se podría defender, sin ninguna duda, que Tabacalera, con el contrato que tiene con Philip Morris para fabricar bajo licencia, puede y debe garantizar los puestos de trabajo de la planta que tiene en Canarias, sola o con Philip Morris, porque también puede fabricar sola, igual que lo hace en otras fábricas de España, si a la multinacional no le interesa, ya que el contrato para fabricar bajo licencia quien lo tiene es Tabacalera. Solamente otros argumentos podrían justificar una postura diferente, y esto lo vemos tan claro que, a no ser que haya una estrategia totalmente diferente a largo plazo y que se quieran defender otras cosas, nos parece que sería muy fácil decir: miren, esos puestos --por ahora y si las marcas que fabrican no caen-- están garantizados. Por ejemplo, podría pactarse con Philip Morris que se les sube el canon --o lo que sea-- a los niveles necesarios y que Philip Morris cerrara su planta, pasándose a fabricar todo en otras plantas. Esa decisión --que debería ser libre-- de Philip Morris podría estar inducida por un cambio de contrato, y eso nos preocuparía mucho.
Pensamos que Tabacalera tiene la sartén por el mango y que jugando con la libertad del mercado --pero con el mango-- puede poner el aceite en donde quiere; y nos preocupa que el aceite no tenga su parte, la que le corresponde --no pretendemos más--, que no siga teniendo su parte, repito, en la planta, en una planta que tiene hoy 500 trabajadores, lo que es muy importante para la pequeña industria canaria y para una economía canaria que no llega al 10 por ciento de su producción industrial y que tiene las mayores cotas de desempleo de toda España.
Por eso no queremos que la empresa pierda esa planta, la gestione quien la gestione y, sobre todo, no queremos que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo sin conocerlo la Comunidad canaria, sin conocerlo los responsables políticos, porque, aun respetando la libertad que todas las empresas tienen, no queremos que se llegue a dicho acuerdo y que lo conozcamos tan sólo cuando pueda existir. Ojalá que esté totalmente equivocado y no tenga justificación. Les pediría perdón a SS.SS. por entretenerlos hasta esta hora de la noche, pero ojalá, repito, estemos equivocados, porque en ese caso la negociación hubiera sido un éxito y tendría nuestras felicitaciones sin lugar a dudas. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Martín, voy a hacer algunos comentarios, dado que no veo elementos adicionales nuevos en su respuesta. Yo creo que S.S.
está de acuerdo conmigo en que las cifras nos dan una caída de consumo, aunque podemos discutir si más o menos. Su señoría dice que si suprimimos el contrabando mejorará el consumo. Es cierto, pero primero hay que suprimirlo. Por tanto, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.
La situación real es la que es; se está actuando contra el contrabando, se está obteniendo algunos resultados, pero todos sabemos que éste no es un tema tan fácil de resolver como para intentar sacar las conclusiones a las que llega su señoría.
De su intervención da la impresión de que se piensa, primero, que Tabacalera actúa en Canarias con la finalidad de cerrar plantas --le preocupa el cierre de Tabacanarias y de Cigarcanarias-- y, sin embargo, olvida el fuerte esfuerzo que hace Tabacalera, por ejemplo, para implantar en Canarias marcas relativamente importantes, como son «Lucky», «Bisonte», «Celtas» y «Royal Crowm», que anteriormente se fabricaban en la península y que se han concentrado en Canarias precisamente para mantener actividad importante en esa zona. Cuando su señoría habla de condiciones naturales frente a condiciones artificiales da la impresión de que prejuzga en el sentido de que hay algo así como una instrucción a Tabacalera para que actúe contra Canarias. Ahí sí le puedo garantizar que nada más lejos del interés del Gobierno. El interés del Gobierno central es mantener el máximo de puestos de trabajo en Canarias y en el resto del país, pero también es el máximo interés del Gobierno que las empresas sean rentables y que se definan con criterios de gestión modernos y eficientes en cuanto a su actividad económica.
Por eso, yo creo que éste es un tema que debemos dejar en manos de Tabacalera, que está gestionada por profesionales y que sabe cómo tomar sus decisiones. Desde luego, lo que sí puedo garantizarle es que no hay ninguna condición artificial impuesta, pactada o decidida por el Gobierno en esa dirección.
Y, evidentemente, hay ventajas adicionales en Canarias vinculadas al REF, vinculadas al segundo registro, vinculadas a los cupos, que sin duda alguna jugarán un papel importante

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en la toma de decisión que tendrá que hacerse, porque es verdad que la peor solución al final, desde el punto de vista global, es una situación de pérdida de una empresa que da los peores resultados para todos.
Por tanto, S.S. parte de un supuesto que yo creo que responde más a situaciones de pasado que a situaciones de futuro.
Cuando S.S. hace referencia a que Tabacalera tiene la sartén por el mango, yo le diría que hasta cierto punto. Tabacalera es una empresa que, evidentemente, tiene un capital privado en ella; que tiene que actuar con criterios de mercado; que, por consiguiente, el Estado es accionista de la misma, pero en un determinado porcentaje; que está compitiendo con otras empresas, en el mercado europeo, y que su obligación fundamental es adaptarse para subsistir en ese difícil mercado que se plantea. En resumen, creo que hay que dejar a Tabacalera un margen de maniobra para actuar de forma racional, y lo que sí puedo asegurarle es que, dentro de esa racionalidad, intentará al máximo mantener los puestos de trabajo en Canarias. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El Señor ESPASA OLIVER: Gracias, señor Presidente.
A la espera de la posible moción que pueda presentar el Grupo interpelante, donde estaremos en condiciones de fijar mejor nuestra posición, sí podemos avanzar con el corazón, y si se me permite la licencia con los pulmones divididos, que estamos a favor de preservar los puestos de trabajo de la planta Philip Morris en Tenerife y ayudar en el esfuerzo que el Grupo interpelante plantea al Gobierno, y debería plantear también la Comunidad de Canarias, para salvar estos puestos de trabajo.
Hacía alusión a la división del corazón y los pulmones puesto que, al fin y al cabo, es producción de una droga institucional que, por otra parte, produce tantos perjuicios a la salud de los que libremente deciden usarla, y evidentemente tienen toda la libertad para hacerlo.
Hecha esta salvedad, señorías, nosotros creemos justa la preocupación del Grupo interpelante y parcipamos de sus preocupaciones; sin embargo, les recordamos que alguna responsabilidad tienen, y han tenido, en tanto que el Gobierno de Canarias, o la van a tener en futuro en el seguimiento de esta preocupación para salvar estos puestos de trabajo, para salvar esta empresa, y estaremos atentos, como he dicho, a lo que sea la moción para contribuir con nuestra reflexión, si conviene con nuestras enmiendas o nuestros votos, a que Tabacalera haga todos los esfuerzos para que, junto con la multinacional y con lo que pueda ser la parte alícuota de responsabilidad del Gobierno canario, se preserve la plantilla y los puestos de trabajo de la planta de Tenerife.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario comparte la preocupación del Grupo interpelante en cuanto al futuro de un sector como el tabaquero de Canarias, de tanto prestigio e importancia para la industria y para la economía de las islas. A nuestro juicio, cualquier evento, cualquier suceso que pueda poner en peligro, que pueda implicar una quiebra en el futuro del sector trabaquero canario, debe ser considerado con extrema cautela, tanto si se refiere a una disminución de la producción industrial como si se refiere a un posible desmantelamiento por desplazamientos de hecho a otras áreas geográficas, de los volúmenes de producción. Ello siempre llevará consigo, en uno u otro supuesto, una reducción importante en un sector ya castigado, laboralmente hablando, como es el de la industria tabaquera canaria.
Antes de que el señor Ministro hiciera uso de la palabra, yo tenía ciertas dudas en cuanto a la oportunidad y a la verdadera trascendencia, de hecho, de esta interpelación planteada por Coalición Canaria. Tengo que decir que, después de oír al Ministro, estoy completamente convencido de que esa oportunidad era cierta.
Por tanto, más que nunca tenemos ahora motivos para apoyar en el futuro una posible moción que tienda a restringir los efectos que una desacertada política por parte de Tabacalera pueda traer al sector. Creo que el señor Ministro ha sido un poco etéreo en su contestación. En cualquier caso, no se ha comprometido en absoluto con el futuro del sector en Canarias, que es de una importancia estratégica y vital para las islas.
Son tres y no dos, a nuestro juicio, las causas que han promovido, y que están promoviendo de hecho, cierta inestabilidad en el sector del tabaco en Canarias, no solamente la crisis europea y general que aborda todo el sector del tabaco y toda la producción tabaquera a nivel mundial y europeo, por supuesto, también lo es, no cabe duda, la gestión y la política contractual de Tabacalera precisamente en relación con las multinacionales. Las multinacionales tienen en parte la culpa --y luego nos extenderemos sobre ellas-- en razón a lo que está ocurriendo con el contrabando. Pero la última de las cuestiones, que es precisamente el contrabando de tabaco, casi no ha sido tocada con el Ministro, cuando creo, y estoy plenamente de acuerdo con el interpelante, que es una de las cuestiones que más daño está haciendo,

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como podemos ver por los datos, tanto a la industria tabaquera nacional como a la canaria en particular.
Debemos ser conscientes, señorías, de que, en lo que se refiere al sector canario, hay 1.500 puestos de trabajo que pueden estar pendientes de que por fin se consiga algo positivo en la lucha contra el contrabando de tabaco. Debemos ser conscientes de que uno de cada cuatro paquetes de cigarrillos rubios que circulan en el territorio nacional son claramente producto del contrabando. Y debemos ser conscientes de que eso implica para el Erario Público más de 87.000 millones de pesetas anuales de merma de ingresos fiscales si a lo largo del año 1994 y de 1995 no se consigue que el sistema de precintados fiscales surta más eficacia de la que se ha conseguido antes, con una inaplicación o aplicación ineficaz de la Ley Orgánica de contrabando de 1982.
En cualquier caso, el Gobierno no demostró en su día tener la eficacia que todos podíamos esperar de él en esa lucha contra el contrabando. Yo sé que no es una lucha fácil, por supuesto, pero el Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de la merma por el contrabando en los ingresos de las industrias canarias. No puede olvidarse ese factor como una responsabilidad propia del Gobierno. Dicho esto, parece obvio que mientras que en los años 1991 y primer semestre de 1992, aunque existía el factor del contrabando no se notaba prácticamente nada en los ingresos de la industria tabaquera canaria, en 1993 fue espectacular el bajón que se produjo en los ingresos debido precisamente al contrabando. Si a esto añadimos la segunda parte de mi razonamiento, es decir, la gestión de Tabacalera y la contratación con las multinacionales que en parte --también lo decía-- son culpables de que haya tabaco rubio fabricado por las propias multinacionales que entra de contrabando cuando podrían controlarlo y no lo hacen --esa es la parte de culpa que tienen las multinacionales--, lo que resulta evidente, señor Ministro, es que el Gobierno no puede adoptar posturas tibias o indecisas en la defensa de un sector que es vital en la economía canaria.
Por tanto, la postura de nuestro Grupo es exigir a las multinacionales colaboración en combatir el factor esencial en la caída de las ventas de tabaco --ventas legales, por supuesto--, que es el contrabando. Por otra parte, desde luego, Tabacalera es una sociedad anónima, pero es una empresa pública, señor Ministro, y uno de los pocos objetivos que justifican la existencia hoy en día de las empresas públicas es que sirven para favorecer a aquellos sectores que se consideran estratégicos para la economía nacional. ¿Qué más estratégico en Canarias que el sector del tabaco? ¿Qué más estratégico que un sector que lleva más de un siglo siendo uno de los pocos orgullos que tiene la industria canaria? Que el Gobierno utilice su mayoría en Tabacalera y de alguna manera la induzca a que no olvide en ningún caso las empresas canarias, que no olvide en ningún caso los puestos de trabajo en el sector.
Desde luego, nosotros nos comprometemos desde ahora a apoyar cualquier moción que se presente como consecuencia de esta interpelación y que implique un equilibrio, un futuro lógico y una eficacia en el planteamiento no solamente de política de gestión o de relación contractual con esas multinacionales, sino una política con un amplio abanico de posibilidades en el futuro para Canarias en todo el sector del tabaco.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Gracias, señor Cabrera.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente.
Excepcionalmente, el Grupo Socialista, que no suele fijar posición en las interpelaciones, sino que expresa su opinión en el debate de la consiguiente moción, y debido al tema tratado y a pesar de la hora de la noche, hemos creído conveniente hacerlo en este caso, porque, efectivamente, cuando una región tiene un 25 o un 26 por ciento de desempleo y existen rumores insistentes sobre la desaparición de una empresa de la categoría de Philip Morris en Tenerife, es motivo de total preocupación para el Grupo Socialista.
En tal sentido, quiero recordar al Ministro que en el año 1991 y en 1992 ya se efectuó una reestructuración de la presencia de Tabacalera en Canarias que afectó precisamente a la provincia por la que soy representante y que supuso la pérdida de más de mil puestos de trabajo en unas condiciones también pactadas por los sindicatos, señor Ministro --entonces no era usted el responsable--, de puestos alternativos que hasta la fecha no se han visto.
Por tanto, la preocupación que permanece en nuestro Grupo es que no pueda ocurrir lo que en 1991 y en 1992. Reconozco que, efectivamente, la posición de Tabacalera con Canarias ha tenido momentos de auge y momentos oscuros. Yo resalto, y creo que es mi deber públicamente manifestarlo aunque sólo sea para que figure en el «Diario de Sesiones», la magnífica política que el actual presidente de Telefónica, siendo presidente de Tabacalera, el señor Cándido Velázquez, realizó con la preocupación y con la sensibilidad para el establecimiento y el mantenimiento del sector industrial tabaquero en Canarias, cosa que no se ha correspondido luego con los posteriores gestores de la compañía.
No es es momento de hacer un análisis global. Lo que sí quiero manifestarle al señor Ministro es que, en esa negociación que se está llevando a cabo, por encima de

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todo prime la permanencia de esta empresa, que, como se ha dicho por diversos manifestantes, es de una importancia capital, de las pocas industrias con participación en el PIB canario. Por tanto, creemos necesario, lógico y conveniente que la política que realice el Gobierno, y en este sentido tendrá todo nuestro apoyo, vaya en el sentido del mantenimiento, en condiciones favorables para la empresa, de los puestos de trabajo en este sector industrial. En tal sentido, también vamos a estar en contacto tanto con los trabajadores como con la empresa y, por su-puesto, atentos a lo que pueda manifestar la moción, puesto que, efectivamente, la postura del Grupo Socialista irá siempre en el sentido positivo del mantenimiento de la empresa.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padrón.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana. Se suspende la sesión.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.

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