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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 80, de 16/06/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 80 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 79 celebrada el jueves, 16 de junio de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de registro 19158) (Página 4023)

Enmiendas del Senado:

--A la Proposición de Ley sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de 1993 (número de expediente 125/000008) (Página 4023)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 45.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000031) (Página 4030)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

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--Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 62.1, de 17 de mayo de 1994 (número de expediente 121/000048) (Página 4047)

Votación de conjunto:

--Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 45.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000031) (Página 4057)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Continuación):

--Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 75.1, de 20 de mayo de 1994 (número de expediente 410/000004) (Página 4058)

Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral:

--Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral (número de expediente 154/000001/0002) (Página 4064)

Elección de uno de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992:

--Elección de uno de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (número de expediente 052/000001/0005) (Página 4070)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto, para el debate del dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.


Enmiendas del Senado (Página 4023)

A la proposición de ley sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos (Página 4023)

Para fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Romero Ruiz, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez- Camacho, del Grupo Popular, y Martinón Cejas, del Grupo Socialista. Se someten a votación las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, que son aprobadas.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 4030)

Proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 4030)

En defensa de las enmiendas del Grupo Popular interviene el señor Padilla Carballada, manifestando que no van a poder votar afirmativamente el dictamen, a pesar del esfuerzo importante que han hecho, conscientes de la importancia de este texto jurídico. Recuerda que en su momento presentaron una enmienda de totalidad al proyecto de ley y después 122 enmiendas parciales porque, como ha quedado patente en los debates en Comisión, el Grupo Popular tiene una concepción completamente distinta de lo que se dispone en este proyecto.
Agrega que, fundamentalmente, tampoco pueden apoyar el proyecto porque no se ha intentado ni realizado esfuerzo alguno para llegar a un acuerdo sobre aspectos esenciales de la Ley, en contra de las palabras del Ministro de Justicia en relación con un pacto de Estado sobre un tema tan fundamental

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como el que les ocupa, que afecta al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Señala, por otra parte, que en lo fundamental el proyecto de ley se limita a traducir a normas jurídicas con rango de ley muchas medidas ya experimentadas y con un resultado concreto en su aplicación. Sin embargo, cuando esas medidas experimentadas a lo largo del año no han producido el efecto deseado, tienen que hablar de fracaso de las mismas, sobre todo de aquellas dirigidas a combatir o a paliar el atasco judicial y que aquí se denominan de apoyo judicial, medidas contrastadamente fracasadas. De ahí que su plasmación en un texto político no pueda entenderse más que como un deseo de engañar al pueblo, haciéndole creer que se aportan soluciones para conseguir que la justicia funcione, ante la gran preocupación de los ciudadanos.
Expone algunas consideraciones en torno a las funciones de autonomía del Consejo General del Poder Judicial, discrepando abiertamente de la postura del Grupo Socialista, así como en relación con el acceso a la carretera judicial, donde desean que se respete lo establecido en la Constitución, que habla de un modelo de carrera judicial ante el que todo lo demás son circunstancias excepcionales que tienen que ser taxativamente reguladas, pasando seguidamente a mencionar alguna de las muchas discrepancias que tienen en relación con las medidas de apoyo que se contienen en el proyecto de ley. Afirma que disienten, sobre todo, de una justicia mayoritariamente interina, provisional, en la que aparece como panacea el juez adjunto, que no es más que un funcionario en prácticas que puede estar en las lindes de la inconstitucionalidad.
Respecto a la reforma de la jurisdicción disciplinaria, tienen puntos de acuerdo y otros de desacuerdo, habiendo formulado muchas enmiendas sobre el particular, en la creencia de que servían para mejorar claramente el contenido del proyecto.
Concluye dando por defendidas las restantes enmiendas del proyecto de ley y dejando constancia, una vez más, de su voluntad de hacer los esfuerzos necesarios para llegar a una verdadera reforma de la justicia, ya que el Ministro tiene que coincidir con él en que con los textos jurídicos presentados a la Cámara no se van a aliviar o remediar los grandes problemas de la justicia española.
La señora Aguilar Rivero defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza reiterando lo que ya dijeron en el debate de totalidad sobre este proyecto de ley orgánica, en el sentido de que el objetivo de su Grupo era mejorar el proyecto del Gobierno a través de las enmiendas parciales que en su momento presentarían. En este momento tiene que decir que su objetivo ha sido cumplido, toda vez que, si bien el proyecto no es plenamente el que su Grupo hubiera deseado, no es menos cierto que han conseguido, con las enmiendas presentadas y con la voluntad de diálogo del Grupo Socialista, mejorarlo en cuestiones esenciales, que es de lo que inicialmente se trataba.
Tales cuestiones fundamentales, a las que se referían sus enmiendas, tienen que ver con la selección de los jueces y magistrados, régimen disciplinario, nulidad de los actos judiciales y el desarrollo necesario de la Constitución en su artículo 53.2, relativo al amparo judicial y constitucional, y también todo lo relacionado con los miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
Respecto al resto de las cuestiones que se planteaban en la reforma, consideran que estaban oportunamente tratadas en la propia reforma presentada por el Gobierno.
Termina la señora Aguilar aludiendo al contenido concreto de algunas de las enmiendas de su Grupo Parlamentario.
El señor Olarte Cullen defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Comienza afirmando que, en términos generales, están satisfechos de la evolución que ha ido teniendo toda la cuestión de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del diálogo que han encontrado con el señor Ministro desde el mismo momento en que se estaba elaborando la reforma y también del diálogo y entendimiento positivo que han apreciado durante su tramitación en Comisión.
Piensan que también su Grupo ha actuado con un espíritu constructivo, consiguiendo que casi una veintena de sus enmiendas, de manera total o parcial, hayan sido incorporadas al dictamen. Espera que en el posterior trámite en el Senado se puedan establecer algunas otras correcciones que sirvan para incrementar su satisfacción actual. Sin embargo, mantienen algunas enmiendas, no aceptadas en trámites anteriores, a las que se refiere en este momento y para las que pide el apoyo de la Cámara.
El señor Camp i Batalla defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Comienza uniéndose a las valoraciones positivas realizadas por otros grupos parlamentarios respecto al talante con que se han desarrollado los trabajos relativos a este proyecto de ley orgánica, pensando que se ha buscado de buena fe y con deseos un clima de entendimiento que, en líneas generales, se ha dado entre la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque seguramente no en todos, como han podido escuchar anteriormente.


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Respecto al Grupo Catalán (Convergència i Unió), entienden que el proyecto ha salido mejorado con la aceptación de varias enmiendas de los diversos grupos de la Cámara, en concreto de diez enmiendas de su Grupo que cubren en buena parte la mayoría de sus expectativas ante este proyecto de ley. No obstante, mantienen cinco enmiendas vivas, a cuyo contenido hace referencia y que espera que puedan ser también aprobadas en esta Cámara o, en otro caso, en el Senado. La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas, algunas de carácter técnico y tres muy específicas de claro contenido político. Se refiere específicamente a estas últimas, haciendo hincapié en las que intentan contrarrestar el problema lingüístico gravísimo que representa la unidad del Poder Judicial para todo el Estado.
Sobre este particular pide que cada juez y magistrado, haciendo suya la pluridad cultural y lingüística del territorio, domine como mínimo oralmente, además del castellano, alguna de las otras lenguas oficiales. Considera esto fundamental para preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las zonas donde se hablan esas lenguas y para hacer efectivo tanto el artículo 2.º de la Constitución como los respectivos estatutos de autonomía. Por otra parte, pide la supresión del apartado 3 del artículo 8 del proyecto, dada la omnipresencia del Consejo General del Poder Judicial en las comunidades autónomas, como si éstas carecieran de sus propios órganos informantes.
El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Destaca la importancia de la ley que les ocupa que, al igual que otras leyes importantes de esta legislatura, está pasando casi desapercibida, en un signo de la legislatura que considera lamentable, y hubiera deseado una mayor atención de la opinión pública ante un texto tan importante referente a uno de los poderes del Estado, que regula la organización, funcionamiento y gobierno de jueces y magistrados y que desgraciadamente está pasando casi inadvertida. Respecto a las 30 enmiendas presentadas por su Grupo Parlamentario, señala que han sido aprobadas prácticamente todas salvo dos, a las que atribuye escasa relevancia y que pretenden de alguna forma una mejor regulación de la condición del carácter plurilingüístico del Estado español. También pretenden una más correcta redacción respecto a la tipificación de las faltas y sanciones que en la ley se prevén.
Concluye elogiando la calidad técnica del Proyecto de Ley y destacando el talante flexible del Grupo mayoritario de la Cámara, que ha sabido comprender y aceptar las enmiendas de los distintos grupos de la oposición, particularmente del Grupo Vasco (PNV).
En turno en contra de las enmiendas al Proyecto de Ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor López Martín de la Vega. Comienza señalando que avanzan hoy en la tramitación de un Proyecto de Ley que pretendió, desde su inicio, ceñirse a dos cuestiones fundamentales, como son, en primer lugar, la reforma necesaria de algunos de los aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y, en segundo lugar, la necesidad de que la reforma se realizara de una manera consensuada entre los grupos, incluso con la pretensión de que esto fuera un pacto de Estado por la justicia.
Respecto de las palabras del representante del Grupo Popular de que no había habido esfuerzos para llegar a acuerdos y que la oferta de un pacto de Estado era poco menos que demagógica, no habiendo sido suficientemente receptivos a las enmiendas del Grupo Popular, el portavoz del Grupo Socialista en este momento no tiene más remedio que mostrar su enorme satisfacción porque, después de esa apreciación del Grupo Popular, todos y cada uno de los portavoces de los demás grupos de la Cámara que han intervenido han hablado de la flexibilidad del Grupo Socialista, de la aceptación, del diálogo, de la mejora del texto y de la consecución de los objetivos propuestos con la incorporación de gran cantidad de las enmiendas presentadas. Por consiguiente, esta pretensión de consenso y diálogo en torno a un modelo de Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial ha sido entendida por todos y cada uno de los grupos de la Cámara, excepto por el Grupo Popular. Incluso, en contra de lo manifestado por el señor Padilla, el Grupo Socialista aceptó alguna enmienda del Grupo Popular que este Grupo nunca pensó que pudiera ser aceptada, y en este momento también tiene el propósito de votar afirmativamente la enmienda 269 del citado Grupo y seguramente alguna otra.
A continuación se refiere a las intervenciones de los demás grupos enmendantes, agradeciéndoles su reconocimiento de la voluntad de diálogo del Grupo Socialista, a la vez que fija su posición respecto de las enmiendas que se mantienen al Proyecto de Ley.
Concluye reiterando su satisfacción por los acuerdos alcanzados, a la vez que lamenta la postura del Grupo Popular, que se ha quedado solo en la defensa de una filosofía concreta, haciendo así un flaco favor a una ley de la importancia de la presente, que bien merecía un esfuerzo de dicho Grupo para unirse al consenso general de la Cámara.
Replica el señor Padilla Carballada y duplica el señor López Martín de la Vega.


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Se procede a la votación de las enmiendas debatidas anteriormente, así como del texto del dictamen, que es aprobado.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Página 4047)

Proyecto de Ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administracoines Públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio (Página 4047)

En nombre del Gobierno presenta el Proyecto de Ley el señor Ministro para las Administraciones Públicas (Saavedra Acevedo), manifestando que el punto de anclaje del Proyecto se sitúa en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 12 de agosto de 1985. Señala la reciente promulgación de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, en virtud de la cual se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, alterando el marco legislativo respecto al procedimiento electoral, variando sustancialmente el sistema electoral de los representantes de los trabajadores por cuenta ajena, además de intentar la adaptación del Procedimiento Laboral de los funcionarios públicos regulado por la Ley 9/1987 al nuevo sistema implantado para los trabajadores por cuenta ajena.
Añade que este último intento de aproximación de la normativa electoral de ambos regímenes, trabajadores por cuenta ajena y funcionarios públicos, no llegó hasta sus últimas consecuencias y de ahí que en este proyecto deseen dicha adaptación. Concluye destacando las modificaciones sustanciales del Proyecto de Ley en relación con la legislación vigente.
El señor Núñez Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Agradece al señor Ministro su precisión en la exposición de los objetivos del Proyecto de Ley y lamenta que la regulación que se propone no sea acertada para que los objetivos expuestos se cumplan. Recuerda los debates habidos con motivo de la tramitación de la Ley 9/1987 y la postura mantenida entonces por el Grupo Popular, cuyos argumentos siguen vigentes.
Respecto a las numerosas enmiendas presentadas a este Proyecto, considera que la tramitación directa y en lectura única del mismo no es la adecuada, hablando de la pésima labor legislativa del Gobierno, que a su juicio se caracteriza por las notas de improvisación y falta de coordinación entre los distintos ministerios afectados y desconocimiento de las novedades que las últimas leyes van incorporando a nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, el Grupo Popular no ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno porque la misma debería venir acompañada de un texto alternativo no sólo al proyecto en cuestión sino también a las Leyes 9/1987 y 7/1990, que, a su entender, necesitan de una urgente y profunda reforma.
En segundo lugar, porque el Grupo Popular no quiere ser obstáculo ni desea dificultar o retrasar el proceso de elección de personal al servicio de las Administraciones Públicas y, por último, no presentan una enmienda de totalidad porque les ha guiado la convicción de que el proyecto, aunque de forma incompleta, cumple dos objetivos importantes, como son, primero, aproximar los procesos y mecanismos de representación a los vigentes en el ámbito laboral y, segundo, porque permite a los funcionarios en las organizaciones sindicales mayor protagonismo a la hora de impulsar los procesos electorales en calidad de promotores.
Sin embargo, sí han presentdo algunas enmiendas parciales para la consecución de estos objetivos, de las que expone seguidamente su contenido. El señor Martínez Blasco, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, manifiesta que han presentado catorce enmiendas parciales, aunque sustancialmente están de acuerdo con el proyecto de ley. Las enmiendas pretenden fundamentalmente introducir correcciones técnicas en un proyecto, con el que están de acuerdo y que desean se aplique a todos los funcionarios, comenzando por los de esta misma casa.
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) haciendo una referencia genérica a las mismas en relación con un proyecto de ley que pretende trasladar al ámbito de la relación Administración Pública- funcionarios una relación análoga a la aprobada en el Derecho laboral español.
El señor Hinojosa i Lucena defiende las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Señala que su Grupo mantiene básicamente los criterios que ya manifestó en la tramitación de la reforma laboral respecto a la elección de los representantes del personal, en este caso de la función pública. Su Grupo ha presentado simplemente unas cuantas enmiendas puntuales al proyecto, cuyo contenido expone seguidamente.


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El señor Trujillo Oramas, en nombre del Grupo Socialista, manifiesta que, después de la exposición del Ministro para las Administraciones Públicas y de la intervención de los diversos enmendantes, no cabe duda sobre la oportunidad de la ley. El deseo de acercar los empleados públicos al ámbito del resto de los trabajadores en cuanto a materia electoral y de representatividad obligaba a esta modificación legal, sobre todo después de la reforma laboral aprobada recientemente por la Cámara.
Añade que su propio Grupo ha presentado 16 enmiendas al proyecto, destacando el contenido de las dos a las que atribuye mayor importancia, que son las números 2 y 6.
Se procede a la votación de las enmiendas defendidas anteriormente, así como al texto del dictamen, que es aprobado.


Votación de conjunto (Página 4057)

Del proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 4057)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Continuación.) (Página 4058)

Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación (Página 4058)

La señora De Palacio del Valle-Lersundi defiende las enmiendas del Grupo Popular. Destaca el consenso, una vez más, entre los distintos grupos parlamentarios, que caracteriza y debe presidir cualquier modificación de lo que son las reglas del juego parlamentario que forman parte del bloque de constitucionalidad.
Dicho lo anterior, el Grupo Popular ha presentado unas enmiendas a la proposición de ley suscrita en su día con otros grupos de esta Cámara y que lo único que pretenden son mejoras de tipo técnico, ya que coinciden plenamente con el texto presentado en su momento.
Finalmente expone el contenido de las enmiendas en cuestión.
El señor Cuesta Martínez defiende las enmiendas del Grupo Socialista. Comienza felicitándose por el grado de consenso alcanzado al presentar la proposición de ley de reforma del Reglamento del Congreso, que intenta potenciar o impulsar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones y también el carácter público de las comisiones de investigación.
Añade que se trata de una de las distintas iniciativas aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación, en el que se acordó que las comisiones de investigación podrían tener carácter público. Cuando su carácter fuese secreto, en atención a las circunstancias concurrentes se reforzarán las garantías del secreto de esas comisiones, regulándose un régimen sancionador de su violación, y en esa línea van las enmienda del Grupo Socialista, que expone a continuación. La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda presentada. Recuerda que todos los Grupos de la Cámara subrayaron la necesidad y la oportunidad de esta proposición, en el sentido de dar un paso importante en favor de la transparencia y del funcionamiento de las instituciones, así como a favor de combinar con mayor justeza publicidad y garantías, transparencia y derechos, añadiendo que con esta proposición de ley se garantizará la mayor efectividad de uno de los instrumentos de control parlamentario que se ha demostrado más efectivo y que se refiere al principio de publicidad que preside la actividad parlamentaria y, de hecho, la democracia.
Considera una excelente noticia el avance que supone la proposición de ley y concluye dando cuenta de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. El señor Mardones Sevilla defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza anunciando el voto favorable a la proposición de ley y su identificación con los principios de la misma, si bien en aras a su perfeccionamiento han presentado algunas enmiendas, cuyo contenido y defensa expone a continuación.
El señor Peralta Ortega alude a la firma de la proposición por parte de todos los grupos parlamentarios, a partir de cuyo hecho le resultan sorprendente determinadas enmiendas presentadas por algunos grupos de la Cámara. Le llama la atención aún más el hecho de que otros grupos también firmantes de la proposición, hayan presentado enmiendas transaccionales cuando lo deseable hubiera sido la reflexión por parte de todos los grupos cuya voluntad de mejorar el Reglamento quedaba explícita en la proposición inicial.
Termina fijando la posición de su Grupo en relación con las enmiendas presentadas, algunas de las cuales califica de positivas.


Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el

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estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral (Página 4064)

El señor Zapatero Gómez, del Grupo Socialista, defiende el dictamen de la Comisión.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González de Txábarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Vera Pro, del Grupo Popular, e Izquierdo Collado, del Grupo Socialista.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislaticas (Continuación.) (Página 4058)

Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las Comisiones de Investigación (Página 4058)

Se procede a la votación de las enmiendas presentadas, así como del texto de la proposición de reforma del Reglamento de la Cámara, que es aprobada por 298 votos a favor y una abstención.


Dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral (Continuación) (Página 4064)

Sometida a votación, se aprueba el dictamen de la Comisión por 299 votos a favor.


Elección de uno de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 (Página 4070) Realizada la votación y verificado el escrutinio, el resultado fue de 297 votos emitidos, 275 a favor del señor Almunia, 11 votos nulos y 11 en blanco. El señor Vicepresidente (Beviá Pastor) manifiesta que, habiendo tenido una cifra de votos superior a la mayoría de tres quintos, ha resultado elegido don Joaquín Almunia Amánn a efectos de la Resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992, sustituyendo al representante anterior que tenía el Grupo Socialista. Se levanta la sesión a las tres y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE INCOMPATIBILIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 19158)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente 125/000008)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo de Coalición Canaria quiere fijar posición en la que va a ser una de las votaciones, desde el punto de vista canario, más importantes en esta legislatura. Se trata de la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias que ya en 1972 tenía una ley, de la etapa de la dictadura, y que ahora necesita reformarse para, como se plantea en la exposición de motivos, adaptarse a las situaciones de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
Quisiera señalar, para que esta Cámara, seguramente entretenida con los grandes debates de la política española en este momento y con los problemas típicos de la crisis de poder, lo conozca, la importancia que tiene esta ley a efectos de lo que entendemos que es un problema de Estado para las Islas Canarias. Canarias se encuentra, a lo largo de los últimos años, con una permanente crisis económica, una crisis social, incluso de carácter político, que viene dada por su fragilidad económica... (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mauricio.
Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señorías, en los grandes debates de los problemas de Estado que seguramente preocupan a sus señorías, las señorías hoy presentes en el Congreso de los Diputados, el tema canario debería llevarles a la reflexión de la necesidad de estudiar y saber qué es lo que estamos votando en este momento, porque, sin duda alguna, como estaba diciendo, en aras de buscar la atención de las señoras y señores Diputados, estamos hablando de un problema de Estado.
La fragilidad económica en que han vivido las Islas Canarias a lo largo de los últimos años, su desarticulación social, su permanente inestabilidad política, ha llevado a lo que nosotros definimos como una crisis de identidad. Esa crisis de identidad en el marco geográfico de las Islas Canarias, a 1.000 kilómetros del continente y a sólo 100 de Africa, de un continente que, en las zonas más próximas, tiene problemas de carácter político y militar muy graves, ha llevado a la sociedad canaria a una sensación de frustración y a esa crisis de identidad que necesita soluciones de Estado, que nosotros consideramos --desde el punto de vista de Coalición Canaria-- en tres niveles: la reforma de su carta económica, que es lo que hoy estamos tratando; la reforma del Estatuto de Autonomía y la consolidación de un estatuto especial y permanente en el marco de la Comunidad Europea. Sin duda, son los problemas que plantea la construcción de Europa, en un momento donde no sólo las zonas periféricas de Europa pueden quedar marginadas, sino, cómo no, de manera mucho más acentuada, lo que son las islas ultraperiféricas, como nos define la propia Comunidad Europea. Por ello, la reforma económica del régimen económico fiscal, la reforma del Estatuto, que entrará en los próximos meses, suponemos que muy pronto, en el Congreso de los Diputados y que, sin duda, debe desarrollarse y debatirse paralelamente a la concreción de la ley de régimen económico y fiscal que ahora estamos aprobando, todas esas cuestiones, nos llevan a la necesidad de que el Congreso de los Diputados dé un impulso en los años 1994 y 1995 a los tres grandes temas que estamos planteando, básicos para la sociedad canaria. En la reforma del REF que hoy aprobamos, queremos decir que el Grupo de Coalición Canaria --en último término, es una de las expresiones, entendemos nosotros, de esa crisis política, de esa crisis de identidad que sufre la sociedad canaria y la búsqueda de nuevos instrumentos políticos para sus viejos problemas históricos-- plantea hoy que la reforma del REF, hoy en discusión, y que nosotros, en principio, consideramos globalmente positiva, tiene algunos aspectos o artículos que nos parecen insatisfactorios y que reflejan dos etapas distintas, que esperemos que el Estatuto de Autonomía no las sufra. Una primera, en las negociaciones de Canarias con el Gobierno del Estado, en la definición de un problema de estado de este asunto que estamos tratando y que fue esa negociación muy positiva, realizada con un carácter constructivo. Y una segunda fase de trámite en este Congreso de los Diputados y en el Senado que ha sido bastante frustrante por la falta de atención de los grupos políticos, del propio Gobierno, quizá entretenido en problemas de la crisis que afecta hoy al Gobierno de la nación.
Por todo ello, pensamos que lo que hay que hacer en este próximo año es crear urgentemente, como lo fija la ley del REF, el Consejo, los organismos de la comisión mixta de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma para dar concreción a la reforma del REF que en este momento vamos a aprobar. Porque el peligro es que en la Ley de 1972 ya tenemos una experiencia histórica negativa; fue una importante declaración de intenciones, pero muchos de los objetivos fijados en esa Ley no fueron concretados. Ahora hay que concretarlos de manera muy precisa y urgente, de la forma siguiente: Primero, en la liberalización del comercio, la creación del Consejo de promoción comercial de la política de comercio exterior en Canarias que fija el REF y crearlo con carácter urgente.
En segundo lugar, la liberalización de transportes y servicios, que también fija el REF, y que tiene que ser concretado con temas tan importantes como el de puertos y aeropuertos, para quitarnos esa camisa de fuerza que ahoga a la sociedad canaria. Porque, como bien se dice, hay amores que matan y cariños que ahogan, y en este caso no sabemos si se trata de amores o simplemente de la implantación de monopolios y rigideces que no ayudan en absoluto al desarrollo económico de la sociedad canaria a finales del siglo XX.
En tercer lugar, hay que concretar el tema del coste de insularidad a través del conjunto de compensaciones de la comisión mixta que fija el REF. En cuarto lugar, los programas de desarrollo energético y medioambiental, tan necesarios hoy en la sociedad canaria, los incentivos económicos y fiscales y la zona económica. En la zona económica vamos a tener que reformar, sin duda, lo que hoy estamos aprobando, y es el único artículo al que nosotros vamos a votar en contra, porque creemos que no es competitiva con otras zonas económicas próximas que tenemos en el Archipiélago canario.
Los incentivos económicos y fiscales, que son muy positivos, sobre todo si van dirigidos a la generación de inversión y a la creación de empleo, nos llevan, yo invito al Gobierno de la nación, a firmar con carácter urgente un convenio de colaboración y de coordinación de las administraciones públicas del Estado y las Canarias, a efectos de un programa de empleo y formación

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especial para las islas que ataque a uno de los problemas claves, a un problema de carácter estructural y que tiene connotaciones peculiares en el Archipiélago canario que lo colocan en uno de los problemas más graves del Estado. Por todos esos puntos, nosotros consideramos que lo que hoy aprobamos debe tener un desarrollo urgente y rápido, pero unido a la reforma del Estatuto de Autonomía, porque la carta económica que empieza a resolver los problemas canarios tiene que ir complementada con la carta política, que la reforma del Estatuto de Autonomía por primera vez se haga desde el Parlamento de Canarias y no como una Carta otorgada, con rigideces, con concepciones centralistas, poco adaptada a la realidad canaria, como ha demostrado la experiencia histórica del Estatuto de Autonomía anterior.
Y, por último, como también establece esta reforma del REF en un artículo muy importante, el Gobierno del Estado, junto con el Gobierno de Canarias, propiciará que la Comunidad Económica Europea reforme y adapte con carácter urgente el Estatuto especial Canario hasta convertirlo en un estatuto permanente de región ultraperiférica, que es uno de los problemas principales de la costrucción europea. Porque aquí estamos hablando de problemas de Estado, no de problemas particulares de una comunidad. Estamos hablando de la construcción europea y de cómo --repito-- zonas periféricas del Estado español, sobre todo zonas ultraperiféricas, de islas alejadas y no de islas adyacentes, necesitan modelos de solución política y económica peculiares dentro del marco del Estado español y del Estado europeo.
Nuestro voto favorable a esta reforma del REF está en la voluntad de exigir un desarrollo reglamentario y normativo de carácter urgente para concretar la declaración de intenciones que se hacen en esta reforma, rápidamente aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía y, al mismo tiempo, conseguir el Estatuto permanente de Canarias en la Comunidad Europea. Esas tres soluciones darían al problema canario la solución histórica, como se dice en la exposición de motivos, de finales del siglo XX, principios del XXI, y estaríamos resolviendo un problema de Estado, un problema de Estado, que necesita soluciones de Estado y, por tanto, un pacto de Estado, que es el que ha ofrecido Coalición Canaria, el que ofrece el Parlamento de Canarias. Espero que los señores Diputados y señoras Diputadas tengan la sensibilidad de entender que en esta votación se está avanzando en la solución del problema canario, pero hace falta un poco más de audacia, un poco más de sensibilidad y que los problemas hoy del Estado y de la crisis de poder no nos lleven a olvidar los grandes problemas de la sociedad española que está en un momento de expectativas importante, no sólo la Comunidad Autónoma Canaria, sino el conjunto de la sociedad española; que los problemas de la crisis de poder no nos entretengan y no nos quiten la lucidez necesaria para que este Parlamento esté a la altura de los problemas profundos de la sociedad española, uno de los cuales es el problema de la sociedad canaria, que acabo de exponer y por el cual nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo, que no puede ser otra que la de apoyar la proposición de ley que deriva del planteamiento efectuado por el Parlamento de Canarias en estas Cortes Generales, y hacer una consideración de tipo general sobre el Título séptimo de la ley, donde se regula el segundo Registro Español en Marina Mercante, el Registro Canario de buques. Consideramos, señor Presidente, que la regulación de un registro de esta naturaleza, que ya estaba prevista en la disposición adicional de la Ley de Puertos y Marina Mercante, viene a ser desarrollada por este proyecto de ley de régimen económico y fiscal de Canarias y nos parece que es un instrumento para hacer más competitivo el funcionamiento y el desarrollo de la flota de Marina Mercante española.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Presidente, consideramos que es necesario contar con una flota de Marina Mercante española y crear las bases, crear los instrumentos, crear las condiciones necesarias para otorgar un sistema más liberalizado, un sistema más beneficioso para poder competir con otro tipo de registros libres, como existen en Panamá, en Liberia o en países europeos como Noruega.
Respecto a las enmiendas introducidas por el Senado a la proposición de ley del régimen económico y fiscal de Canarias, nuestro Grupo entiende que es acertada la unificación en materia de Seguridad Social, al igual que las reducciones previstas en el Impuesto sobre Sociedades y en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a los tripulantes que naveguen en buques inscritos en este segundo registro canario, pero, no obstante, también consideramos que va a ser insuficiente para poder afrontar la flota de Marina Mercante española las condiciones de poder competir con otras flotas que están inscritas en registros de naturaleza libre. No obstante, nuestro Grupo parlamentario entiende que el desarrollo que en el proyecto de ley se hace sobre el segundo registro es un avance cualitativo y, por lo tanto, vamos a apoyar la proposición de ley sobre el régimen económico y fiscal de Canarias, siendo también conscientes de que, efectivamente, los resultados

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que hasta ahora ha dado el segundo registro son muy escasos, porque, de 243 buques que constituyen la flota de Marina Mercante española, únicamente, en la actualidad cinco están inscritos en él.
Nosotros entendemos que es un salto destacable el desarrollo que se hace del segundo registro en la proposición de ley que ahora debatimos, pero, quizá, no el suficiente. No obstante, nuestro Grupo Parlamentario va a votar positivamente esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro Grupo parlamentario presentó en el inicio de la tramitación de este proyecto de ley de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, un texto alternativo y una enmienda a la totalidad. Planteamos hacia el Senado, quedando vivas, después del debate en esta Cámara, más de 30 enmiendas, que se mantuvieron y se presentaron en el registro del Senado. Hoy debatimos aquí las enmiendas que el Senado ha introducido, de carácter técnico, que mejoran el texto en la exposición de motivos y en una parte importante de su articulado. Pero el Grupo Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida Canaria parten de otra filosofía. No es éste nuestro proyecto. Nosotros decíamos que es necesario tener en cuenta la situación de Canarias y que no se resolvía la situación de Canarias con más de lo mismo. No se podía hacer una fotocopia ligeramente alterada de los mismos instrumentos del régimen especial de 1972, que han fracasado. Como decían los clásicos, desgraciados los tiempos en los que tenemos que demostrar lo evidente, y lo evidente es que ha fracasado, que no conduce a ninguna parte esa filosofía política, ese régimen especial y fiscal, ese régimen de bases económicas para sacar a Canarias de su situación. Hoy es necesario que aportemos algunos datos sobre el evidente deterioro económico de las islas.
En el año 1989, el producto interior bruto per cápita en Canarias era del 99,5 por ciento de la media nacional; en el año 1992, fue de 95,7 por ciento y actualmente tiene un diferencial per cápita de más de 50.000 pesetas. En 1989 la tasa de paro alcanzaba en Canarias el 21,5 por ciento de la población activa; en el tercer trimestre de 1993 se superaba el 23 por ciento; y en estos momentos, según los datos oficiales, estamos rozando el 24,5 por ciento de desempleo en las Islas Canarias. Y la inflación en el año 1993 se situó en un 5,4 por ciento, mientras que la media nacional ascendía a un 4,9 por ciento. Estos datos de documentación oficial de la Comunidad Canaria, de la Administración Central del Estado y de nuestras propias elaboraciones son muy rigurosos, extraídos de estas estadísticas que demuestran y que ponen sobre la mesa una radiografía del deterioro económico y social de las Islas Canarias, situando unos estrangulamientos que esta ley no va a resolver, como son los verdaderos cuellos de botella de la economía canaria, el bajo nivel formativo de su población, la fragmentación territorial en los mercados, la capacidad de carga y la superpoblación en algunos lugares, la degradación del medio ambiente, la escasez del suelo agrario y de agua, la reducida dimensión, a su vez, de las explotaciones agrícolas, la falta de protección frente a las exportaciones, el envejecimiento de la flota pesquera, los problemas con el caladero marroquí, la desorganización de las bases productivas y comercializadoras y un caciquismo históricamente rentista y pasivo.
Nosotros dijimos desde el Grupo parlamentario de Izquierda Unida, y recogiendo una elaboración alternativa de Izquierda Unida Canaria, que lo que se había hecho no tenía una visión global integradora que potenciara los recursos endógenos, que potenciara las actividades productivas para generar empleo, que es la primera tarea que debe marcarse una legislación de esta envergadura, que sitúa las bases para el desarrollo económico, fiscal y financiero de las Islas Canarias.
En ese terreno, nuestra propuesta era coherente con ese objetivo y en nuestro texto destacaban tres consideraciones que no se ven recogidas ni en el texto final que salió votado por esta Cámara, ni en las enmiendas que ha introducido el Senado al texto que se le envió desde nuestro Congreso. Estas tres ideas fundamentales, que resumo brevemente, son las siguientes: la primera, dotar a las Islas Canarias de un conjunto de instrumentos coherentes de política regional en orden a crear las condiciones de generación de empleo en un marco de un modelo de desarrollo sostenible; la segunda, garantizar una eficaz inserción en la economía europea y mundial a través de la transformación productiva requerida y de la ruptura con las limitaciones impuestas por la insularidad y la lejanía en relación con la península y con el resto del Estado; y la tercera, potenciar los recursos endógenos para que se incentive el desarrollo sostenible de los sectores productivos de empleo estable, que equilibren el excesivo peso de los servicios en la estructura económica canaria y que aborden un desarrollo integral para Canarias, para su población, para su gente, que no se oriente al monocultivo específico del sector servicios, ni tampoco hacia una salida que es acariciada por algunos sectores de las islas y del país como la de convertir en un paraíso fiscal a Canarias, paraíso de esos que ya conocemos que anidan en ellos actividades criminales y mafiosas.


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Por tanto, es muy importante, de acuerdo con todas estas tareas, con las nuevas reglamentaciones de la Comunidad Europea, con el nuevo enfoque que hay que dar al desarrollo en Canarias, planteando el hecho diferencial, los recursos escasos, los problemas del agua, de su agricultura, de la comercialización, el apoyo a la inversión. Nosotros hicimos enmiendas con un Fondo obligatorio de inversiones. Nosotros hicimos enmiendas muy importantes en esta línea que no se tuvieron en cuenta. Se recogieron algunas, pero no la filosofía de fondo de nuestro modelo, que no es un modelo para una parte de las Islas Canarias, sino un modelo integral, basándonos en una visión desde la izquierda, desde la izquierda transformadora, que, por cierto, ha tenido un éxito extraordinario en estas elecciones al Parlamento Europeo en las Islas Canarias, y otros no podrán decir lo mismo --me refiero a uno de los oradores que me ha precedido desde esta tribuna--, lo que convierte a Izquierda Unida Canaria en interlocutor importante, por la voluntad popular, para que ese Estatuto se reforme, que es un Estatuto que debe reformarse, lo mismo que los demás estatutos, para cerrar en España ese modelo autonómico que nos acerque al federalismo y que no tenga dos varas de medir.
El Ministro para las Administraciones Públicas coincidirá conmigo en que no debe haber dos varas de medir en el sentido de conseguir que Canarias tenga plenas competencias políticas, de gestión, competencias exclusivas al mismo nivel que las comunidades autónomas que asumieron la autonomía por el artículo 151 de la Constitución. Es necesario que se acorten los plazos, que se reforme el Estatuto, que el pueblo canario y su Gobierno propio sienten las bases para el desarrollo integral de las Islas, y en esa línea vamos a votar favorablemente algunas enmiendas que corrigen el texto, entendiendo que no es nuestro proyecto, y nos vamos a abstener o votar en contra en dos de los apartados que el Senado introduce y sobre los que ya en el Congreso nos opusimos a esa filosofía. Me refiero al registro de buques, al problema de las tripulaciones, a algunas cuestiones que entendemos que no quedan aclaradas y que tendrán nuestra abstención o nuestro voto negativo, según los casos, dada la cantidad de enmiendas que se han introducido por el Senado. Repito que para Izquierda Unida, para nuestro Grupo Federal, para Izquierda Unida canaria lo importante es haber partido de otra filosofía, no hacer más de lo mismo y no tener esa concepción tan neoliberal y tan de derechas que recorre el hilo conductor de este proyecto de ley que, desde la izquierda transformadora, no compartimos, ni en Canarias ni en el conjunto del Estado, para nuestro proyecto como izquierda federal.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Intervenimos en un turno en contra...


El señor PRESIDENTE: Señor Cabrera, a estas alturas de la tramitación no hay turno a favor ni turno en contra porque las enmiendas vienen del Senado. Lo que se hace es fijar la posición del Grupo en relación con las enmiendas. (Un señor Diputado: ¡No se oye!)

El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: No tenemos ningún inconveniente en intervenir ahora, señor Presidente, pero creíamos que, de acuerdo con los artículos 121 y 123 del Reglamento, nos correspondía intervenir en turno en contra.
Creíamos que eran aplicables los turnos a favor y los turnos en contra.


El señor PRESIDENTE: Señor Cabrera, el texto que está sometido a debate en estos momentos procede del Senado como institución. Por tanto, es el momento de que los grupos fijen su posición.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Señor Presidente, señorías, el 26 de octubre del pasado año se debatió en esta Cámara la toma en consideración de la iniciativa que hoy se convertirá en ley. En aquel momento, Canarias puso todas sus esperanzas en estas Cámaras legislativas esperando que de ellas saliese un buen REF que se consolidara como la Constitución económica de las Islas. Defendiendo aquel deseo tantas veces esperado y tantos años solicitado, el Partido Popular reclamó una ley lo más consensuada posible, reclamó un REF completo que se constituyera en motor de nuestra economía, que fuese un instrumento eficaz en la lucha contra el paro y que pudiese de alguna manera ser considerado por todos como esa Carta económica, como ese motor de una Comunidad Autónoma insular y alejada como la canaria. Hoy, el sentimiento que pesa sobre nosotros es el de desilusión, y no puede ser otro. El texto que hoy se aprobará en nada se parece a lo que en su día Canarias esperó y exigió por historia, derecho y sentido común.
Tres son las críticas esenciales que debemos formular al texto que hoy se convertirá en ley. En primer lugar, el texto contiene medidas claramente insuficientes y totalmente alejadas de la realidad para hacer que esa lejanía y esa insularidad mencionadas sean definitivamente compensadas.
Estas medidas --triste es decirlo-- hubiesen tenido su pleno apoyo constitucional en el artículo 138 de nuestra máxima Ley.
La segunda crítica se centra en la frustración que va a implicar la regulación que se ha dado, tanto al registro de buques, como a la zona especial canaria. Señorías, estamos hablando de 51 artículos de los 78 que integran la Ley del Régimen Económico y Fiscal, estamos hablando de que las dos terceras partes de la ley van a quedar sin aplicación y van a caer en el desuso,

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porque ya hoy, antes de nacer la ley, los futuros destinatarios de la misma la han rechazado, y la han rechazado expertos nacionales y extranjeros, muchos de ellos más proclives a ustedes que a nosotros, acusando tanto a la zona ZEC como al registro de buques de lo peor que se puede acusar a unas instituciones económicas que todavía no han nacido, las han acusado de que no son competitivas; y si dos tercios de la ley van a caer en el desuso y no van a servir para nada, esta ley, antes de su nacimiento, está condenada a la reforma. En materia fiscal la ley contiene algunos elementos que van a ser útiles en el tratamiento de las rentas empresariales, y ello principalmente porque ustedes han hecho suyos, han acogido como propios algunos frutos de nuestra cosecha. Me estoy refiriendo a la reserva para inversiones y a la fiscalidad de las comunidades de aguas. En cambio, no podemos estar en absoluto de acuerdo con el trato discriminatorio que se da a las empresas ya existentes con relación a las empresas de nueva creación ni tampoco podemos apoyar en modo alguno el tratamiento injusto, tremendamente injusto, que se da a las rentas del trabajo personal, a las rentas de los asalariados, olvidándose que son las rentas más controladas y más castigadas por el Fisco y que son precisamente ellas las que más han sufrido en su propia carne la desaparición práctica del tradicional diferencial fiscal existente en Canarias.
La tercera y última de las críticas que tenemos que verter hacia el contenido del texto se refiere a la constatación de la imposibilidad de que este conjunto normativo que hoy se aprueba vaya a constituir un marco estable y perdurable en lo que se refiere a la economía y a la fiscalidad de las Islas Canarias. Es completamente imposible que una ley, a nuestro juicio cargada de despropósitos y que no ha conseguido siquiera superar el requisito estatutario de la mayoría cualificada del artículo 45 del Estatuto en un solo informe vaya a ser considerada en Canarias como una ley estable y duradera.
La ley ha nacido coja y viciada, la criatura, pues, no puede ser defendida, y los padres de la criatura son el Partido Socialista y los partidos que apoyan al Gobierno de Canarias.
De ellos es la responsabilidad de este REF, no nuestra, no es nuestra responsabilidad, la nuestra va a ser modificar esta ley desde el mismo momento en que alcancemos responsabilidades de Gobierno. Creo que el Partido Socialista ha perdido una oportunidad histórica para Canarias y la ha perdido porque ha querido, porque desde el principio nosotros ofrecimos consenso y negociación, y ambas fueron rechazadas desde el inicio de la tramitación. Señorías, el Partido Popular fue la fuerza más votada en Canarias el 6 de junio de 1993, y en las pasadas elecciones del 12 de junio, no ganamos, barrimos. El Partido Socialista, en cambio, ha preferido intentar pactar una ley clave para el Archipiélago con la tercera fuerza política, con la fuerza política menos votada de las tres. Demuestra claramente una clarividencia política y una perspectiva de futuro fuera de lo común para, encima, quedar en evidencia, ya que a última hora el Partido a que me refiero lo ha dejado compuesto y sin novia.
Señorías, termino ya, simplemente lamentando que son una lástima esta estrategia y el error cometido. Sentimos de todo corazón que el Partido Socialista haya demostrado durante la tramitación de esta ley la misma arrogancia que le ha caracterizado en los últimos doce años, cuando debía recordar que ya el electorado le ha retirado los votos necesarios para sostener dicha arrogancia. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cabrera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martinón.


El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores Diputados, con este acto de ahora finaliza la discusión parlamentaria de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Quiero recordar que ésta fue una ley cuyo origen, cuya iniciativa parlamentaria corresponde al Parlamento de Canarias, sin acuerdo, fue una ley que entró en esta Cámara con el exclusivo acuerdo de una fuerza política que, como ha recordado el representante del Partido Popular, en las últimas elecciones y de forma sistemática queda como la tercera fuerza regional, pero no es menos cierto que es la fuerza política que sustenta al Gobierno de Canarias, que le apoya, en una palabra, que tiene la responsabilidad del Gobierno de la región.
En este trámite parlamentario vamos a aprobar las enmiendas que presenta el Senado. Quisiéramos destacar, de las muchas enmiendas aprobadas por el Senado, cinco asuntos que, a nuestro juicio, son fundamentales. Uno, el fomento del empleo, exigiéndose en la ley la coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación de sus esfuerzos y recursos. Un segundo aspecto es el referido a la reutilización del agua, considerándose la obligatoriedad y necesidad de la moderación de los precios, siendo considerada la reutilización de las aguas como un factor positivo a la hora de enjuiciar los proyectos que pretenden beneficiarse de los incentivos económicos regionales. En tercer lugar, la consideración del Archipiélago canario como región ultraperiférica. Se recoge la característica regional de esa forma y se mandata al Gobierno para que negocie y gestione ante las instituciones comunitarias un estatuto permanente derivado de esa condición de región ultraperiférica de Canarias. En cuarto lugar, se mejora el atractivo del segundo registro de buques, del registro especial de buques y empresas marítimas. Por último, a la pesca de altura se le confiere el carácter

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de sector exportador a efectos de los beneficios fiscales de que va a gozar el resto de los sectores exportadores.
Finaliza así, por lo tanto, la tramitación de una ley que entra en esta Cámara con muy poco consenso y sale de esta Cámara con un consenso sensiblemente superior. El consenso principal se ha producido con el Gobierno de Canarias porque ése era el esquema que, a nuestro juicio, parecía más correcto y más exacto, un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación, pero dentro de ese acuerdo se han incorporado posiciones defendidas por Izquierda Unida, posiciones defendidas por el Partido Popular, en una palabra, se ha hecho un esfuerzo para que ésta sea una ley no del Partido Socialista sino de todos los canarios, de todas las fuerzas representadas en esta Cámara, porque debe ser una ley para todos.
La ley tiene tres grandes apartados. Uno, es el referido a la zona especial, que algunos consideran insuficiente, pero no es lo más importante de la ley sin ninguna duda. Otro, se refiere al segundo registro de buques, que no es un tema estrictamente canario ni prioritariamente canario, que algunos consideran insuficiente, pero no es lo más importante de la ley. Por el contrario, lo más importante de la ley es el conjunto de medidas que pretenden potenciar, facilitar, el desarrollo económico y social del Archipiélago, como se dice en el preámbulo, para los últimos años de este siglo y los primeros del siglo que viene.
Todos parece que coincidimos en considerar que ésta es una buena ley y que va a depender de los propios canarios, de las propias instituciones canarias que ésta sea una ley efectiva, que éste sea un instrumento útil para lograr ese desarrollo económico y social del Archipiélago. Corresponderá en primer lugar al Gobierno de Canarias, si logra superar la continua posición de debilidad en la que se encuentra, intentar explicar a los sectores económicos que pueden acercarse a Canarias que ésta es una ley útil, un instrumento útil para hacer inversiones en Canarias, para producir en Canarias. Los institutos de proyección económica sitúan al Archipiélago canario entre las zonas con mayor dinamismo para estos próximos años. Por tanto, va a depender fundamentalmente de los propios canarios que se aprovechen esas condiciones, esas buenas perspectivas de desarrollo económico. En consecuencia, a quienes se empeñan en seguir insistiendo en que Canarias es un problema de Estado les respondemos que posiblemente lo sea, pero que, principalmente, Canarias continúa siendo un problema de los propios canarios. Que los canarios se tomen en serio a Canarias, que quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar el Archipiélago se lo tomen más en serio.
Señorías, en la tramitación de esta ley los socialistas hemos pensado en los que no tienen trabajo en el Archipiélago, en las mujeres y hombres que no han encontrado empleo, en los jóvenes y mayores que no han encontrado empleo; en los que lo tienen, para que no vean en peligro ese empleo; en los pequeños empresarios que crean empleo y que no siempre logran que las cúpulas empresariales defiendan adecuadamente sus intereses. Especialmente, los socialistas hemos pensado en la dignidad de nuestro pueblo, en la dignidad del pueblo canario a la hora de tramitar esta ley. La Canarias que los socialistas queremos, la idea que los socialistas tenemos de Canarias es la de una región que no pide limosna ni privilegios, sólo justicia, sólo un trato ajustado a nuestra singularidad como región ultraperiférica, con dignidad, sin lamentos y sin lloros. No queremos una región insensible con los problemas de otras regiones españolas que piden para sí; pero que no son capaces de mirar a los demás.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, pedimos votación separada de las enmiendas relativas a los artículos 73, 75 y 76, todas ellas referidas al mismo tema, el registro especial de buques y empresas marítimas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. (El señor Romero Ruiz pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, coincido con la petición del Grupo de Coalición Canaria de separación de las tres enmiendas referidas al registro de buques.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la palabra.) Tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, el Grupo Popular solicita votación separada de las enmiendas al artículo 26, a las disposiciones adicionales tercera, séptima y décima, y a la disposición transitoria sexta, que pueden votarse conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a los artículos 73, 75 y 76. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 158; en contra, 133; abstenciones, 15.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 26, a las disposiciones adicionales tercera, séptima y décima, y a la disposición transitoria sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 180; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Número de expediente 121/000031)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen relativo al proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Antes de iniciar el debate correspondiente a este proyecto de ley, que tiene el carácter de Ley Orgánica, comunico al Pleno que la votación de conjunto correspondiente al carácter orgánico tendrá lugar a la una de la tarde o en el momento posterior en que el debate en curso lo permita.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Padilla. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular, en cuyo nombre intervengo para la defensa de las enmiendas presentadas por el mismo al proyecto de ley que modifica la Orgánica del Poder Judicial, no va a poder apoyar este proyecto ni, por tanto, votar afirmativamente el dictamen, y no porque no hayamos hecho un esfuerzo importante, que lo hemos hecho, conscientes como somos de la importancia de este texto jurídico, que afecta, como es obvio a elementos esenciales que atañen al ejercicio de la potestad jurisdiccional en la que se concreta aquello que la Constitución denomina Poder Judicial. Hemos presentado a este proyecto de ley 122 enmiendas y, además, formulamos en su momento una enmienda de totalidad con texto alternativo; efectivamente, con texto alternativo, señoras y señores Diputados, porque el Grupo Popular tiene, como ha quedado patente en el curso de la discusión parlamentaria en el trámite en Comisión de este proyecto, una concepción completamente distinta de lo que de alguna manera se traza y se establece en este proyecto de ley que nos remite el Gobierno.
Fundamentalmente no podemos tampoco apoyar este proyecto porque ni se ha intentado, señor Ministro de Justicia, ni se ha hecho esfuerzo alguno por llegar a un acuerdo sobre aspectos fundamentales del proyecto, de tal suerte que en palabras quedan sólo las manifestaciones anunciadas por el señor Ministro y por el Grupo Parlamentario que le apoya sobre aquello que usted denominaba pacto de Estado. Un pacto de Estado sobre un tema tan fundamental como éste, como yo le decía al principio, que afecta al ejercicio de la potestad jurisdiccional, señor Ministro de Justicia e Interior, se tiene que establecer con un intento serio y un esfuerzo verdadero de llegar a un acuerdo para que el texto que resulte sea el texto en el que coincidan, en la mayor proporción posible, sobre todo las fuerzas políticas fundamentales de esta Cámara, aquellas que tienen una mayor representación política y una mayor representación popular, y, en este caso concreto, he de decirle que desde luego nosotros no hemos apreciado ningún esfuerzo, ya se lo digo, ni ningún intento serio más allá de las palabras para llegar a este acuerdo parlamentario que hubiera cristalizado efectivamente en un texto nacido para regular ese Poder fundamental del Estado.
Además, porque en lo fundamental que contiene --y lo sabe usted muy bien-- lo único que hace es traducir a norma jurídica con rango de ley muchas medidas ya experimentadas y con un resultado concreto en su aplicación. Cuando se experimentan unas medidas a lo largo de años y no producen el efecto deseado, yo no encuentro otra palabra para denominar a esas medidas que la de fracaso. De tal manera que mi Grupo entiende que muchas de las medidas, sobre todo aquellas enderezadas a combatir, a parliar el atasco judicial y que aquí se denominan de apoyo judicial, son medidas contrastadamente fracasadas, por lo que no entendemos más que como fundamento para traerlas en un texto político un deseo de engañar al pueblo español, de engañar a la opinión pública y de hacer creer que efectivamente se aportan soluciones para conseguir que esa realidad funcione, que, sin duda, acongoja a tantos ciudadanos, que es la justicia.
El texto comienza con una afirmación sorprendente en su exposición de motivos al decir que desde 1985 hasta 1993, que es cuando vino a esta Cámara este proyecto de ley, había transcurrido un largo tiempo. Esto es dar a la ley y a su eficacia una enorme fugacidad en el tiempo. Lo que realmente hay que reconocer --que

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no se reconoce, pero que debiera reconocerse-- es que el texto de la Ley Orgánica de 1985 era malo en el momento en que se aprobó y ha resultado peor en su aplicación durante estos años.
Nosotros habíamos coincidido reiteradamente --y fíjese si tenemos coincidencias, señor Ministro-- en la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial recuperara las competencias necesarias para el ejercicio de aquellas atribuciones esenciales que se recogen en la Constitución.
Pero en trance de hablar de esto, he de decirle que, como ha quedado puesto de relieve incluso en el debate de Comisión y en nuestras enmiendas, hemos querido perfeccionar aquella parte del proyecto enderezada a esos fines, fundamentalmente en lo que concierne a la titularidad de potestad reglamentaria por el Consejo General del Poder Judicial y a las potestades de selección. Nosotros realmente creemos en el Consejo General del Poder Judicial. Y, como creemos, incluso estamos dispuestos a atenernos a lo que ya exponía el legislador en la Ley de 1985, recordando el carácter de lo que es el Consejo General del Poder Judicial. Como decía Su Majestad el Rey con ocasión de la constitución del primer Consejo, después de la promulgación de aquella ley orgánica provisional reguladora del mismo, con su constitución se cerraba el esquema constitucional de la norma fundamental de 1978. Ustedes, rompiendo el pacto de Estado sobre la justicia, rompiendo el acuerdo que debe concurrir a la regulación de un poder fundamental del Estado, apoyaron aquella Ley de 1985 con la arrogancia de su mayoría absoluta.
Decían entonces que este gobierno del Poder Judicial tenía que tener aquellas funciones esenciales previstas en la Constitución, entre las cuales naturalmente está la auténtica tarea de gobierno que proporcione la independencia. Nosotros, esperamos siempre, naturalmente, que ustedes reflexionen y que abran un diálogo en relación con este punto. Desde luego, ese diálogo, señor Ministro, señoras y señores Diputados, no se puede producir con la mentalidad política que subyace en la afirmación que obra en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara, justamente del debate en Comisión, en el que el portavoz de su Grupo, señor Barrero, nos decía: Todos entendemos la obsesión que S.S. --y se refería al que tiene el honor de hablarles-- y aquellos grupos que sirven de aval a sus ideas tienen por la autonomía del Consejo General del Poder Judicial, en el sentido más pleno. Y añadía: Autonomía total para el Consejo General del Poder Judicial, no, porque no es posible que quien no tiene el mérito de la elección popular tenga, sin embargo, la posibilidad frente al pueblo de erigirse incluso con competencias para los propios presupuestos que después el pueblo tiene que aprobar sin ninguna posibilidad de fiscalización por parte del mismo. Naturalmente, con esa mentalidad asamblearia en la que no subyace ninguna creencia o confianza en el modelo constitucional de 1978 respecto del gobierno de la justicia, comprenderán ustedes que nosotros no estemos por ningún tipo de pacto ni de acuerdo, porque nosotros, en ese modelo que anunciaba el Grupo que le apoya, señor Ministro, desde luego no creemos.
En cuanto al acceso a la carrera judicial lo que nosotros queremos es que se respete la Constitución. La Constitución, naturalmente, habla de un modelo de carrera judicial. Y todo lo demás son circunstancias excepcionales que tienen que ser reguladas, establecidas y enjuiciadas desde lo que debe ser la limitación propia de una situación de excepcionalidad. Si consideramos que el modelo fundamental es el de una carrera administrativa --que eso es lo que resulta de la Constitución- -, también participamos de la necesidad de que se enriquezca el elenco de personas que se incorporan a la carrera judicial por otros conductos de acceso. Naturalmente hemos apoyado --y aquí públicamente lo decimos-- los turnos de acceso distintos de aquél de rigurosa oposición. Lo que entendemos, afirmamos y seguiremos afirmando, es que el turno ordinario --que así se llama-- es el turno de oposición y que todo lo demás es un complemento. Entendemos --y aquí termino porque en mi intervención en la Comisión quedó perfectamente clara nuestra postura-- que en seis años, señor Ministro, no se forma ningún jurista. Usted y yo lo sabemos y lo saben todos los que se dedican a la vida de Derecho en esta Cámara, en seis años no se forma ningún jurista. Lo que no nos parece razonable es que la opción sea, en algún caso --y nos basta que haya algún caso--, que alguien esté seis años para superar unas pruebas de acceso a la carrera judicial y para ser juez, mientras que otra persona esté seis años sin hacer nada, eventualmente acumulando ciertos certificados que no sabemos exactamente qué pueden ser, acaso, todo lo más, haciendo el doctorado en una determinada disciplina jurídica en vez de haber estado esos seis años preparando las oposiciones, y después nos diga que ha decidido que quiere ser juez, que no quiere hacer las oposiciones y que hay que incorporarlo por esa vía a la carrera judicial.
Dentro de lo que son las medidas de apoyo --y en ese sentido van nuestras enmiendas, señor Ministro, señoras y señores Diputados-- nosotros disentimos de muchas cosas. Disentimos, sobre todo, de una justicia mayoritariamente interina, provisional, a la que le falta el elemento de fijeza en el titular del órgano jurisdiccional, que el Tribunal Constitucional ha puesto reiteradamente de manifiesto como elemento esencial e indispensable del ejercicio de la jurisdicción. Además, es curioso porque la sentencia la conocen, señor Ministro, porque la citan ustedes en la propia exposición de motivos del proyecto de ley. Cuando se conocen los elementos nucleares de lo que es el ejercicio de la función

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jurisdiccional y quien debe de ejercerla, luego se ha de ser consecuente en quién y cómo debe ejercerla.
Sin embargo, el colmo --y ahí no hemos estado solos, el Grupo de Coalición Canaria también ha presentado una enmienda sobre el particular-- es esa figura del juez adjunto, que parece que es una panacea que a usted y a algunas personas que con usted han estado estos años en lo que denomina política judicial, tanto le agrada. Lo que es evidente es que el juez necesita también una cierta investidura. Nosotros quisiéramos saber qué investidura tiene un señor que es un funcionario en prácticas.
Consideramos que el ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha, con o sin acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, por esos determinados funcionarios en prácticas, puede estar en las lindes de la inconstitucionalidad. Reflexionaremos sobre ese tema y esperamos que ustedes reflexionen también, porque oportunidad tienen todavía, en el trámite parlamentario de este proyecto en el Senado.
En cuanto a la reforma de la jurisdicción disciplinaria, naturalmente, hay puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo.
Muchas enmiendas hemos formulado que, a nuestro juicio --por eso las hicimos--, mejoraban el texto, y confiamos en que todavía ustedes recojan --algo se ha recogido pero muy poco-- el contenido de alguna de esas enmiendas.
Nos interesa destacar que, de alguna manera, el Gobierno a través de este proyecto, en su presentación a la opinión pública y en su difusión, ha transmitido una cierta idea de control --no sabemos cuál-- de jueces y magistrados en el único ejercicio que tienen, que es el ejercicio de la jurisdicción. Señor Ministro, usted y yo sabemos que probablemente ése era uno de los talones de Aquiles de la Ley de 1985, y usted y yo conocemos perfectamente las muchas carencias que aquel texto tenía. Pero usted y yo sabemos que si ha mejorado la regulación de la jurisdicción disciplinaria, también ha empeorado en alguna medida.
Desde luego, nosotros creemos que las prisas o las urgencias en justificar una actividad política no conducen a un resultado positivo, actividad que, por cierto, ha sido bastante escasa, porque lleva usted un año sentado ahí y no nos ha mandado más que dos proyectos de ley: el proyecto de ley al que nos estamos refiriendo y el proyecto de ley del Jurado, y ninguno de ellos va a paliar los graves problemas de la justicia española; ninguno de ellos, ni éste del que estamos hablando, ni el proyecto de ley del Jurado. Parece que hubo algunas prisas. A nosotros nos parece un poco precipitado y falto de reflexión el hecho de que se haya eliminado la jurisdicción disciplinaria intraprocesal, porque esos determinados actos o actuaciones de los jueces y magistrados que están en esas categorías que podrían denominarse actos parajurisdiccionales, o sea, actos que no son jurisdiccionales pero que en algún caso pueden tener remedio o merecer corrección por parte del superior interno, del superior jurisdiccional, no pueden entenderse subsumidos en los nuevos tipos que se recogen en el proyecto que traen a esta Cámara.
Podríamos hacer más referencias, señor Ministro. Nosotros damos por defendidas nuestras enmiendas dejando constancia de nuestra voluntad persistente de que, efectivamente, se hagan los esfuerzos necesarios para llegar a una reforma de la justicia que proporcione la realidad a su fin esencial. Repito que --se lo digo con la mayor cortesía, en la creencia de que usted va a coger el sentido o la finalidad con que se lo transmito-- tiene usted que coincidir con nosotros en que ninguno de estos textos jurídicos va a aliviar o remediar los grandes problemas de la justicia española. Eran importantes, eran necesarios, entendemos que este proyecto es insuficiente; recoge no sabemos qué tipo de cautelas, porque si ustedes confían, como confían, en un Consejo elegido por las Cámaras, por el apoyo popular, no entendemos por qué después son ustedes tan pacatos en la atribución de algunas competencias.
Tampoco entendemos por qué no han acogido algunas de nuestras enmiendas en las que propiciábamos que el Consejo adoptara sus decisiones con un mayor apoyo en su seno, con una mayor mayoría --valga la redundancia-- que asegurara el acierto en la toma de decisiones si tan peligroso es el ejercicio de esas potestades por ese órgano constitucional, como nos anunciaba el señor Barrero.
En definitiva, lo más importante es que --nos felicitamos de eso-- se le devuelven algunas de esas competencias esenciales, se le rodea al Consejo de alguno de los instrumentos, no de todos --algunos hemos pedido--, para el cumplimiento de sus funciones, y esperemos que todo ello contribuya de alguna manera a la mejora de la justicia.
Termino con las palabras de un gran jurista uruguayo que allí tiene una enorme autoridad en todo lo que puedan suponer los derechos de los justiciables y el contenido mismo de la justicia. Me estoy refiriendo a Eduardo Couture, que decía que la lentitud de los procesos es, sin duda, la más acusada deficiencia de la actividad jurisdiccional, y que en el procedimiento el tiempo es algo más que oro: es justicia; quien dispone de él tiene en su mano las cartas del triunfo; quien no puede esperar se sabe de antemano derrotado.
Nosotros queremos una justicia eficaz y rápida que satisfaga las pretensiones de los españoles. Las palabras y la demagogia evidentemente las dejamos para otros. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padilla. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Aguilar.


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La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya quiere decir, en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que inicialmente manifestamos en el debate de totalidad, con motivo de la enmienda que presentó el Grupo Popular y en el que se abordaba la reforma: Que el objetivo era mejorar el proyecto que el Gobierno había presentado a través de las enmiendas que presentaría en el trámite correspondiente nuestro Grupo Parlamentario. Hoy hemos de decir que nuestro objetivo ha sido cumplido y alcanzado, toda vez que si bien es cierto que éste no es el proyecto que nosotros hubiésemos hecho en su totalidad, no es menos cierto que hemos conseguido, con las enmiendas presentadas y con la voluntad de diálogo que ha mostrado el Grupo Socialista, mejorarlo en cuestiones esenciales. De eso es de lo que inicialmente se trataba: de mejorar un proyecto que calificamos de certero pero que considerábamos que se podía abundar en algunas de las cuestiones que abordaba, aún más, a través de esas enmiendas, formuladas por nuestro Grupo Parlamentario, y que han sido casi en su totalidad incorporadas, bien en el trámite de Ponencia o en el trámite de Comisión, a través del diálogo necesario y del reconcimiento de que las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya eran oportunas, se habían presentado con rigor y, en términos generales, mejoraban el texto en sus cuestiones esenciales. En nuestras enmiendas hemos incidido en elementos que nos parecían fundamentales de esta reforma, como han sido la selección de jueces y magistrados, el régimen disciplinario, la nulidad de actos judiciales y el desarrollo necesario de la Constitución en su artículo 53.2, relativo al amparo judicial y constitucional y todo lo concerniente a los miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Estas eran, desde nuestro punto de vista, las cuestiones esenciales que planteaban esta reforma. En cuanto al resto de las cuestiones consideramos que estaban oportunamente tratadas en la propia reforma que nos presentaba el Gobierno en el proyecto de ley y, por consiguiente, han sido estos bloques los que han tenido la mayor atención en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En ese sentido, nosotros queremos hacer un último gesto de buena voluntad --uno más-- de los que ya hemos hecho a lo largo del trámite de este proyecto, retirando dos de nuestras enmiendas que han sido aceptadas, pero que están implícitas y que, por consiguiente, no ha lugar a mantenerlas. Me refiero a las números 40 y 45 al artículo primero.once y al artículo sexto. cuatro. Anuncio que en este debate de Pleno vamos a mantener dos de las enmiendas: las números 33 y 52. La enmienda número 33 es al artículo primero.dos, cuyo texto propone que se reserve una cuarta parte de las plazas, mientras que desde el inicio del debate del proyecto nosotros solicitamos que la reserva sea sólo y exclusivamente de una tercera parte de las plazas, porque, desde nuestro punto de vista, los problemas que plantea lo que se llama «el tercer turno» no derivan del número de plazas ofertadas y no cubiertas casi en ninguna convocatoria, sino del tipo de concurso que da lugar a que se haya convertido, de hecho, en una vía de acceso de funcionarios. Una vez que se ha modificado, precisamente en el mismo proyecto que debatimos, el sistema de accesos y se ha introducido el concurso- oposición en lugar del concurso puro de méritos, no hay razones ya para limitar el número de plazas y reducirlo de una tercera a una cuarta parte. Creemos que hay que mantener ese tercio de reserva del número de plazas y, por consiguiente, mantenemos esa enmienda en la idea de que el Grupo del Gobierno haga un último esfuerzo para admitir algo que consideramos fundamental después de haberse modificado el concurso no ya de méritos, sino el concurso-oposición. Hay una segunda enmienda que mantenemos, la número 52, que incide directamente en la disposición transitoria sexta. Creemos que hay que suprimirla o, cuando menos, hacer un esfuerzo por redactar adecuadamente. Es verdad que hay que garantizar que los miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial no se vean perjudicados en sus derechos por salir de cualquier ámbito de la Administración de Justicia y pasar a técnico del Consejo General del Poder Judicial. Pero no es menos cierto que no se le puede dar una regulación de privilegio, que es precisamente lo que consagra el texto que se ofrece a este Pleno del Parlamento. No se deben generar esos privilegios. Hay que buscar una fórmula mucho más ecuánime y equitativa que permita que no se perjudique a aquellos que realicen sus trabajos en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, pero la redacción de la disposición transitoria sexta no debiera quedar como está porque sí genera privilegios concretos para esos técnicos.
Nosotros mantenemos una posición de equilibrio al solicitar que no se perjudique a aquellos que vayan a los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, pero, por otra parte, que no se generen privilegios para que no se dé la oportunidad --y se ve claramente en las enmiendas de otros grupos parlamentarios-- de querer introducir en esos privilegios más grupos del ámbito de la Administración de Justicia y, al final, acabemos, a través de un proyecto de ley, consagrando privilegios para distintos grupos, ya que no es ése ni mucho menos, el objetivo. El Grupo Parlamentario Socialista debiera hacer un esfuerzo para lograr una redacción mucho más ecuánime, que tuviera como

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objetivo que, al final, nadie pensara que a través de esta disposición transitoria sexta se está haciendo un traje a medida de nadie o que se están generando de manera consciente privilegios para un grupo determinado.
Nosotros habíamos solicitado la supresión de la disposición transitoria sexta, porque creíamos sinceramente que la redacción actual genera una serie de privilegios. No pensamos que la mejor fórmula sea en el proyecto de ley que hoy discutimos en este Pleno, pero estamos abiertos a la posibilidad de seguir dialogando para que, finalmente, esta disposición transitoria sexta tenga una redacción equilibrada donde no se perjudique a nadie por el mero hecho de ser funcionario destinado a un órgano técnico del Consejo General del Poder Judicial, pero que tampoco sea un privilegio para ningún grupo de la Administración de Justicia.
Estas son las dos enmiendas que mantenemos, después de ese último gesto en este Pleno del Parlamento, en un intento de llegar a un acuerdo total en el proyecto de ley que se nos presenta para su aprobación, con el objetivo de seguir la actitud que hemos mantenido durante todo el trámite de este proyecto: una actitud positiva y constructiva de enmiendas sobre lo esencial, para mejorar el texto en lo fundamental.
Hay que decir que ha tenido una receptividad por parte del Grupo mayoritario, y podemos concluir que el proyecto ya ha sido sensiblemente mejorado.
Quizás lleguemos a la conclusión de que ésta es la fórmula de actuar en el ámbito parlamentario para abrir las puertas de verdad a una política de progreso que se materialice no sólo en el Ministerio de Justicia e Interior, sino en otros ámbitos parlamentarios que son absolutamente imprescindibles y necesarios. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no sólo quiere, sino que sabe dialogar. Se ha demostrado a lo largo de todo el trámite de este proyecto de ley que hemos podido concluir con sensibles mejoras, marcando una nueva pauta de lo que debe ser el proyecto de Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Aguilar. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, en términos generales estamos satisfechos de la evolución que ha ido manteniendo toda esta cuestión de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del diálogo que hemos encontrado en el señor Ministro desde el mismo momento en que se estaba elaborando esta reforma, y del diálogo y el entendimiento que hemos apreciado de manera verdaderamente positiva --lo que no obsta para que mantengamos aún algunas enmiendas-- durante la tramitación en Comisión.
Es lógico que cada uno hable de la feria según le va y que haya otros grupos políticos que puedan sentirse insatisfechos, si bien hay que hacer un análisis, un examen de conciencia cada cual y ver si se pusieron los medios por cada uno para conseguir el resultado en mayor medida exitoso.
Nosotros también hemos actuado con un espíritu realmente constructivo y hemos conseguido por ello que casi una veintena de nuestras enmiendas, de manera total o parcial, en su literalidad casi y en otras ocasiones en su espíritu, se hayan incorporado al texto. Esperamos que superada esta etapa que singularmente ha tenido que ser bien difícil para el Partido Socialista, habida cuenta de que durante la tramitación de las enmiendas nos encontramos precisamente en la fase preelectoral de las elecciones europeas, cuando no podían extremar al cien por ciento su sensibilidad en todos los temas porque las veían venir, lo cual distraía mucho la atención del personal, ahora en el Senado se puedan, con mayor sosiego, establecer algunas correcciones que multipliquen por varios enteros nuestra satisfacción actual.
Hay algunas enmiendas nuestras que progresaron y a las cuales les dábamos una importancia notable, por ejemplo, la pérdida de la carrera --hablando vulgarmente-- para aquel juez que cometa un hecho constitutivo de delito doloso, con abastracción de que la pena que se le imponga sea superior o inferior a los seis meses de privación de libertad. Hemos establecido también la necesidad de que la rehabilitación, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal, se produzca antes de que el Consejo General del Poder Judicial pueda rehabilitarlo específicamente. Había que eliminar del catálogo de las sanciones el traslado forzoso, que mantuvimos aquí en nuestra intervención con motivo de la enmienda a la totalidad, por el prestigio de la Administración de Justicia y por el ciudadano mismo que soportaba un juez que a la luz de la opinión pública estaba sancionado en su partido judicial.
También está el famoso tema de la nulidad de actuaciones, que quiso corregirse en este proyecto y que sin embargo, se ha descartado tal corrección volviendo a un sistema primitivo que creemos que es el más acertado.
Subsisten, en cuanto a la defensa de nuestras enmiendas, señor Presidente, las números, 84, 89, 92, 94, 113, 123, 128, 130, 132, 136, 137, 140 y de la 141 a la 144, ambas inclusive.
Consciente de que no progresarán en esta fase procedimental, obviamente continuaremos con ellas en el Senado.
Hemos conseguido avances importantes en lo atinente al secretariado de la Administración de Justicia, en tanto en cuanto tratábamos de compatibilizar reivindicaciones

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relativas a la dignificación del cuerpo, al reconocimiento de la labor y la importancia del mismo, incluso por razones de utilidad en beneficio de la Administración de Justicia.
Mantenemos nuestra enmienda número 92, que parece es compartida por otra fuerza política, Convergència i Unió, con la 148, en cuanto al acceso de los especialistas.
Las enmiendas 128 y 130, como antes decíamos, tratan simplemente de la responsabilidad y la competencia que tiene que asumir el secretariado en cuanto a la coordinación de los materiales que se asignan al servicio de la potestad jurisdiccional, y a esa oficina judicial que un tanto tenuamente parece que se quiere establecer, si bien comprendemos que no sea este el momento, pero alguno tiene que existir y tiene que ser pronto.
Hemos establecido también en la enmienda 140 la necesidad de que los secretarios judiciales estén sujetos a las incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, situaciones y jubilación establecidos en esta ley para los jueces y magistrados, precisamente porque forman parte del órgano jurisdiccional y porque, en definitiva, la edad de jubilación debe ser la misma. Ojalá se confirme la idea existente de que en un futuro próximo es posible, si bien estamos seguros del escaso éxito que en este momento va a tener esta enmienda; no obstante, por muchas razones, nos vemos obligados, a defenderla.
Por lo que respecta a las comunidades autónomas y al papel que las mismas deben jugar y creemos que tal como ha salido el texto de la comisión no juegan en su cabal dimensión, tenemos que referirnos a la enmienda 84 según la cual en las pruebas para el cuarto turno se deben fijar las vacantes a cubrir en cada comunidad autónoma y oyendo a éstas en las pruebas selectivas se incorporarán cuestiones o temas que demuestren el conocimiento del candidato en las materias propias del ordenamiento autonómico y, en su caso, de la lengua española que sea oficial junto al castellano; pero, obviamente, haciendo una referencia que creemos importante, al conocimiento del ordenamiento autonómico, estableciendo la necesidad de que los candidatos que obtuvieran plaza por esta vía no puedan concursar fuera de la comunidad autónoma en los cinco años siguientes a la toma de posesión. Esto debe hacerse efectivo y, de manera muy especial, el conocimiento por los candidatos del derecho de cada comunidad autónoma.
Establecemos en la enmienda número 94, al igual que en la anterior, la necesidad de hacer efectivo el conocimiento del hecho autonómico, proponiendo un apartado g), de adición, en virtud del cual, además de los títulos, certificados, publicaciones, ponencias, dictámenes y documentos similares, tienen que incorporarse los documentos que demuestren el conocimiento del ordenamiento autonómico en su caso; todo ello para mejorar el punto trece del artículo 1.º del proyecto.
Creemos importante, asimismo, el progreso de la enmienda 141, según la cual tratamos de suprimir una expresión, simplemente la palabra «autónoma», para evitar que la competencia para el recurso de revisión radique en unas comunidades y en otras no como consecuencia de que tengan prevista esa posibilidad en sus respectivos estatutos de autonomía. Esto es algo que viene limitando la posibilidad del acceso a la revisión en los casos que el estatuto de autonomía no lo establezca. El propio Tribunal Supremo ha sido laxo, excesivamente laxo, para posibilitar ese acceso y es una de las cuestiones importantes en las cuales creemos que se debe poner la mayor atención en este trámite, si fuera posible, y si no, desde luego, en un trámite ulterior. En algunas comunidades no podemos esperar a que se reforme el Estatuto porque no sabemos cuándo se va a reformar y, por tanto, se está imposibilitando el acceso a la revisión.
Por lo que respecta a la famosa teoría del juez adjunto, que sabemos ha sido uno de los caballos de batalla del actual ministro, tratamos de establecer una modificación de notable importancia para colocar en su sitio, en su ubicación competencial, al juez adjunto. Es una figura que ya «a priori» produce una serie de recelos, como uno de los intervinientes anteriores expresaba, recelos que nosotros compartimos.
Asimismo, en orden a la actividad, a la competencia que puede realizar, la necesidad de sustituir el vocablo «proyecto de resolución», que plantea problemas a la hora de posibles cofusiones con las propuestas de resolución que la ley orgánica en vigor estableció como competencia y posibilidad de los fedatarios y de lo cual deriva fundamentalmente nuestra preocupación.
Nosotros mantenemos también, señor Presidente --antes ya lo habíamos expresado así--, la enmienda 113, ya que no se debe contemplar exclusivamente la imposibilidad de afiliación a partidos políticos o sindicatos, sino la militancia o cualquier tipo de activismo directo o indirecto en los mismos.
Creemos preciso establecer esta imposibilidad y no basta con la formalidad de llenar la ficha correspondiente. En este sentido hemos lamentado que no hubiese habido permeabilidad a un planteamiento que el señor Cosculluela había realizado muy relacionado con determinadas organizaciones de tipo confuso, de tipo más o menos secreto; creemos que no se encuentra la menor perturbación en la Constitución y es de las cuestiones que realmente podía examinarse en el Senado. Asimismo, consideramos imprescindible mantener la enmienda número 142, según la cual, de acuerdo con nuestra propuesta dice: «En los juicios de faltas que provengan de diligencias previas el Juez de Instrucción en esta fase deberá abstenerse o podrá ser recusado si hubiere decretado medidas aseguratorias u oído al que

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luego resultare acusado en concepto de imputado o dictado auto de iniciación de procedimiento abreviado o de archivo».
Tratamos, simplemente, de hacer posible lo que ocurre en la práctica, que es la quiebra de la imparcialidad o pérdida de la libertad y, por tanto, en los casos en que las diligencias previas pasan a juicio de faltas y el Juez de Instrucción haya evidenciado previamente su criterio hay que imposibilitar precisamente que vuelva a ratificarlo en la vía de este procedimiento. Finalmente, y termino con esto, señor Presidente, en la enmienda 144 decimos: «A los funcionarios de nivel superior destinados en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 386 de esta Ley Orgánica en cuanto a la edad de jubilación de los Jueces y Magistrados».
Actualmente en los órganos técnicos prestan servicio funcionarios que ingresaron con la constitución del primer Consejo y entrando en vigor la Ley Orgánica de 1980. Han entrado en el denominado Cuerpo de Facultativos del Consejo con iguales retribuciones, incompatibilidades y régimen disciplinario que los facultativos de procedencia judicial. En el reglamento del personal al servicio del Tribunal Constitucional se fija para los letrados del mismo como edad de jubilación la establecida para la carrera judicial y nosotros no vemos razón de ser para que estos funcionarios, que ingresaron en los órganos técnicos y que tienen iguales retribuciones, incompatibilidades y régimen disciplinario que los que disfrutan de una edad de jubilación establecida en equiparación absoluta con los miembros de la carrera judicial, sin embargo en este caso no la tengan y exista una discriminación que de ninguna manera podemos entender.
Esta es en síntesis, señor Presidente, nuestra posición y terminamos agradeciendo la atención a SS.SS.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Olarte. Para defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Camp i Batalla.


El señor CAMP I BATALLA: Señoras y señores Diputados, en primer lugar decir que nuestro grupo también se une a las valoraciones positivas a que otros portavoces han hecho referencia en cuanto al talante en que se han desarrollado los trabajos relativos a este proyecto de ley orgánica, tanto antes de la presentación del propio proyecto como en los trabajos de ponencia y comisión. Creo que ciertamente se ha buscado de buena fe y con ganas un clima de entendimiento, que, en líneas generales, se ha dado por la mayoría de los grupos parlamentarios; quizá no en todos, como hemos podido escuchar, pero sí en la mayoría.
Por lo que respecta a nuestro grupo, decir que el proyecto ha salido mejorado con las enmiendas presentadas por diversos grupos y, concretamente, por las nuestras.
Nosotros presentamos 15 enmiendas, de las cuales han sido aceptadas hasta este momento 10, que cubren, en buena parte, la mayoría de expectativas que teníamos ante este proyecto de ley. Ciertamente quedan cinco enmiendas no aprobadas --después haré referencia a su contenido-- y, a buen seguro, un trabajo meditado en posteriores trámites parlamentarios si no en esta Cámara, sí en el Senado, confiamos pueda dar luz verde y ser aprobadas de forma definitiva. Al contemplar el proyecto de ley tal como lo presentó el Gobierno, nuestro grupo vio varios puntos a considerar. Uno, en cuanto a referencias que hacía el proyecto sobre presencia de comunidades autónomas en los diversos procesos de selección y formación de jueces, veíamos que estas referencias eran inexistentes o mínimas. En consecuencia, creímos que se había de presentar una serie de enmiendas que buscasen la incardinación, el reconocimiento del papel de aquellas comunidades autónomas que actualmente tienen reconocida competencia en la materia y que, de alguna forma, pudieran intervenir en los diversos procesos a que hace referencia este proyecto de ley. Ciertamente, estos procesos iban en la línea de reconocer a las comunidades autónomas con competencia en la materia un papel similar al del propio Ministerio de Justicia en tanto en cuanto las competencias que el Ministerio había traspasado a las comunidades autónomas y en función de lo que podía afectarlas directamente, éstas tuviesen también un papel. Yo diría que, tal como ha quedado en este momento el proyecto de ley, que por parte nuestra creemos es satisfactorio, está asegurada esta presencia, este reconocimiento.
También era necesario en esa línea de reconocimiento del papel de las comunidades autónomas una presencia a través de los órganos de formación y, dado que nuestro proyecto es mucho más amplio de lo que reconoce el proyecto de ley, quiero decir que una fase inicial como la que se contempla en el proyecto de ley es valorada también positivamente; es decir, una participación en el Consejo Rector del Instituto y Centro de selección y formación de Jueces y Magistrados. Vemos que este es un proceso inicial que, a buen seguro, puede desarrollarse en el futuro con mayor profundidad.
Nuestro grupo también creía necesario, en esta misma línea, que hubiese un reconocimiento explícito en estos procesos de selección y formación a que en aquellas comunidades autónomas que tienen una cooficialidad por consiguiente, una doble oficialidad de lenguas y un derecho propio, los candidatos, en el momento de pasar las pruebas, tuvieran también que demostrar el conocimiento de estos requisitos: las lenguas oficiales y el derecho propio. En líneas generales, el proyecto de

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ley contempla mecanismos que garantizan este reconocimiento al que hacía referencia.
A partir de aquí nuestro grupo ya pasaba a otro terreno de análisis, que eran las menciones que el proyecto de ley hacía a la oficina judicial, a materias que eran susceptibles de ser contempladas en el concepto amplio de oficina judicial.
Entendíamos y entendemos que este proyecto de ley, que tiene como función también dar competencias al Consejo General del Poder Judicial, en buena parte todo aquello que salía del ámbito de la selección y formación de jueces, que es el objeto principal de este proyecto de ley, penetraba en el tema de definición de un modelo de oficina judicial no lo veíamos acorde con la finalidad del proyecto de ley. Por consiguiente, presentamos una serie de enmiendas en la línea de supresión de estas referencias, con la voluntad de que sea un tema de análisis posterior en la reforma que ha de seguir a este proyecto de ley en cuanto a dejar definitivamente cerrada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente vigente, en la línea de lo que el señor ministro anunció en la Comisión de Justicia de octubre pasado.
Ciertamente, la oficina judicial de todas formas pensamos que es un tema de análisis rápido que no puede quedar detenido, puesto que buena parte de esta justicia que todos predicamos es necesaria, y es necesaria efectivamente, una justicia de calidad, ágil, rápida y eficaz, también tiene en la oficina judicial un papel muy destacado para que esto sea posible. Por consiguiente, la oficina judicial es un tema que no ha de ser tocado en el día de hoy, pero sí es importante que se analice con prontitud.
Nosotros también presentamos una serie de enmiendas y aquí entraríamos en el capítulo de las no aceptadas (de las que he hablado hasta ahora forman los grandes capítulos de las enmiendas que se nos han aceptado), concretamente cinco, que no han merecido votación favorable en comisión. Las mismas hacen referencia básicamente al papel de los secretarios judiciales. Este es un colectivo que creemos desempeña una función importante en los distintos órdenes jurisdiccionales y debe ser reconocido o, más que ser reconocido, darle un mayor protagonismo, porque reconocido lo es. Por consiguiente, creíamos que en este proyecto de ley se podía ir por esta línea. Parece que de momento esto no puede ser. Hacemos votos para que en un futuro próximo lo sea; pensamos que en el Senado éste es un tema también a plantear, y tenemos confianza de que puedan ser aceptadas estas enmiendas en la línea de dar mayor protagonismo a los secretarios judiciales.
Igualmente hacer referencia a un tema tangencial, pero no menos importante, pues terminaría con ello un desajuste que actualmente existe entre la normativa y la realidad, que son los graduados sociales. Nuestro grupo presentó una enmienda, la 153, que posteriormente transaccionó con la 281, del Grupo Popular, con la voluntad de encontrar una fórmula que permita, como decía antes, terminar con un desajuste que hay entre la realidad de la práctica de los graduados sociales y la normativa actualmente vigente, en la que hay cierto vacío que sería bueno llenar.
Por consiguiente, señor Presidente, estas son las enmiendas que hemos presentado, con la confianza de que estas cinco que mantenemos puedan ser aprobadas, si no en esta Cámara, sí en el Senado. Con ello, repetimos una vez más, el texto del proyecto de ley que envió el Gobierno creemos ha salido mejorado con el trabajo hecho por los grupos parlamentarios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Camp.
Enmiendas del Grupo Mixto, presentadas por las señora Rahola.
Para su defensa tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Esquerra Republicana ha presentado seis enmiendas a este proyecto de ley, algunas de carácter técnico y tres, muy específicas, de claro contenido político. A las dos enmiendas de adición que presentamos --puesto que las otras tres son de supresión y una de modificación-- me voy a referir especialmente puesto que intentan contrarrestar el problema lingüístico gravísimo que representa la unidad del Poder Judicial para todo el Estado. Pedimos, pues, que cada juez y magistrado, haciendo suya la pluralidad cultural y lingüística del territorio, domine, como mínimo oralmente, además del castellano, alguna de las otras lenguas oficiales. Entendemos que ello es fundamental para preservar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las zonas donde se hablan estas lenguas y para hacer efectivos tanto el artículo 2.º de la Constitución como los respectivos estatutos de autonomía.
Quiero recordar que la administración de la justicia es la gran asignatura pendiente de la pluralidad, la ínsula donde la realidad cultural de las diferentes naciones que conforman al Estado brilla --si es que se puede utilizar el término brillante en este caso-- por su ausencia. El 0,1 por ciento de presencia del catalán en la Justicia, según el informe del año pasado, es un dato suficientemente relevante y suficientemente preocupante. Por ello, planteamos este esfuerzo de conocimiento de las otras realidades lingüísticas por parte de magistrados y jueces para convertir en real lo que la teoría constitucional ya contempla y para que no continúen lesionándose los derechos de los ciudadanos de este Estado cuya lengua propia es distinta a la castellana. Asimismo pedimos la supresión del punto 3 del artículo 8.º, otra enmienda de claro contenido político, especialmente porque aquí la omnipresencia del Consejo

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General del Poder Judicial se predica de las comunidades autónomas, como si éstas carecieran de sus propios órganos informantes, tal como es el caso en Cataluña del Consell consultivo, al que acude frecuentemente el Parlament de Cataluña cuando tiene duda sobre alguna materia.
Estas son, pues, nuestras enmiendas que creemos mejoran, no sólo desde una perspectiva técnica, sino desde la perspectiva de la pluralidad política y cultural, el proyecto de ley.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Rahola. Para defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, ésta es una ley importante que está pasando, como otras leyes importantes en esta legislatura, con un exceso de sigilo y discreción. Desde luego, la senda de la atracción informativa es muy diferente a la atinente a proyectos de ley que reforman estructuras, que reforman incluso parcialmente poderes del Estado como éste. Es el signo de esta legislatura, que es lamentable; se puede hacer el calificativo de que es el lamentable signo de esta legislatura.
Nos hubiese gustado que se polarice más, se concentre más la atención pública ciudadana, incluso parlamentaria --por qué no decirlo-- en una ley que pretende algo tan relevante, algo tan importante institucionalmente como sedimentar, como consolidar políticamente nada menos que uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial. Esta es una ley que regula la organización, funcionamiento y gobierno de los jueces y magistrados; ésta es una genuina cuestión de Estado, es una de las más trascendentes cuestiones de Estado que pueden abordarse parlamentariamente y, desgraciadamente, el debate está pasando casi absolutamente desapercibido, señor Presidente.
Hechas estas lamentaciones en forma de desahogo personal, señor Presidente, tengo que comentarle también que mi grupo parlamentario, mi persona en este momento, tiene una especial dificultad para intervenir en este proyecto de ley. Mi grupo parlamentario ha presentado 30 enmiendas a este importante proyecto de ley y en los debates de ponencia y comisión han sido aceptadas prácticamente todas, salvo dos. En este momento me encuentro en la tesitura de tener que defender sólo dos enmiendas y, además, de escasa relevancia. En el debate de totalidad --debate político importante que se suscitó hace poco tiempo en esta Cámara-- tuvimos ocasión ya de contrastar dos modelos, dos formas de entender la organización, el gobierno, el estatuto de los jueces y magistrados, la forma también de entender las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Incluso el PP pretendía, mediante la presentación de una enmienda de devolución con presentación de texto alternativo, articular un nuevo sistema de designación de los vocales que constituyen el Consejo General del Poder Judicial; es decir, el PP pretendía abordar la transformación o la reforma de los artículos 111, 112, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente actualmente, en sus números 1. Ya comentamos en aquel momento cómo había problemas de extemporaneidad, de oportunidad temporal, puesto que es una materia que todavía adolece o carece del necesario consenso político, en primer lugar. Los grupos parlamentarios que en este momento tenemos asentamiento en esta Cámara no hemos llegado a un punto de consenso suficiente para articular una nueva forma --aunque es necesario, nosotros lo reconocemos-- de regular el procedimiento de selección de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y esa es una de las razones que justificaron nuestra mayor proximidad intelectual al proyecto de ley que presentó el Gobierno, de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que al proyecto alternativo que presentó el Partido Popular, si bien ya hicimos comentarios apologéticos de la calidad técnica y del rigor con que los ponentes o redactores del Partido Popular habían trabajado este proyecto de ley.
Este proyecto de ley está redactado de forma cuasi perfecta.
Quizá la perfección técnica es imposible de utilizar; siempre es un metafísico imposible, pero nosotros podemos adherirnos de forma cuasi incondicional al actual tenor literal, al actual contenido material de este proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hay una materia --una única materia-- que no ha sido satisfactoriamente resuelta pero tenemos expectativas ciertas de que esta materia va a ser resuelta de forma satisfactoria y ajustada, sobre todo, esto es lo más relevante, a los requerimientos del bloque de constitucionalidad en materia de competencias sobre la Administración de Justicia, es decir, en lo que prevé el artículo 122 de la Constitución, en el próximo proyecto de ley que va a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos referimos a la configuración de los cuerpos del personal al servicio de la Justicia. Esta ha sido una materia que ha generado tradicional conflictividad entre las comunidades autónomas y la Administración central del Estado. La configuración de los cuerpos del personal al servicio de la Justicia (y cuando hablo de los cuerpos del personal o de personal al servicio de la justicia me refiero a todos sin ninguna excepción, también a los secretarios judiciales, a los médicos forenses, a los agentes, a los oficiales, a los auxiliares judiciales) es una de las cuestiones más conflictivas en las relaciones institucionales entre los gobiernos de algunas comunidades autónomas y la Administración central del Estado.


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Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 56/90, cuyo fundamento jurídico séptimo establece lo siguiente: si bien es correcto o es ajustada a los requerimientos constitucionales la configuración de los cuerpos del personal al servicio de la Justicia como cuerpos nacionales, no es ésta --y es lo que nos interesa remarcar-- la única forma de articular o de configurar los cuerpos del personal al servicio de la Justicia. Pues bien, nosotros pedimos, como grupo parlamentario, políticamente solicitamos, que en la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se configuren los cuerpos del personal al servicio de la Justicia, incluyendo a todo el personal, incluidos los secretarios judiciales, de forma diferente a la actual. Que se reformen los artículos 454 y 455 y que se pueda aplicar eficientemente la cláusula subrogatoria que en diversos estatutos de autonomía se prevé en relación al personal al servicio de la Justicia; es decir, la posibilidad de competencias autonómicas jerárquicas, administrativas también sobre los secretarios judiciales, sobre los medios forenses, sobre los agentes judiciales, los oficiales y los auxiliares judiciales.
Al margen de esta cuestión, hay un último tema que tampoco ha sido resuelto de forma absolutamente satisfactoria cuando menos, y también vamos a hacer una reflexión muy poco enfática en este ámbito, en esta materia. Es el problema del extinto cuerpo, de los antiguos magistrados de Trabajo, y la necesaria reforma de la disposición transitoria decimoséptima de la Ley Orgánica del Poder Judicial posibilitando que también estos profesionales, estos magistrados de Trabajo, puedan tener la consideración de especialistas a efectos de lo previsto en los artículos 344 y concomitantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo demás, señor Presidente, acabo ya, tenemos enmiendas de menor cuantía --utilizando una expresión forense muy atinente, muy pertinente en esta ley--, son cuestiones que pretenden, de alguna forma, una mejor regulación de la condición de Estado plurilingüista del Estado español, de competencias autonómicas que todavía no se terminan de perfilar demasiado bien, algunas casi anecdóticas, por ejemplo que la habilitación de desarrollo reglamentario que se prevea para el Consejo General del Poder Judicial contemple las competencias administrativas del ministerio y de las comunidades autónomas sobre las oficinas judiciales, sobre los registros, sobre la distribución del personal, sobre los horarios; que se considere también las normas o la legislación de normalización lingüística existente en algunas comunidades autónomas, en relación también a la habilitación de desarrollo reglamentario que posee el Consejo General del Poder Judicial en materia de méritos, en materia de promoción de concursos.
Una única cosa, ya ésta sí de cierto relieve: la tipificación de faltas, de sanciones, de conductas sancionables a la que se prevé en esta reforma parcial. Se considera falta grave la omisión del secreto profesional de jueces y magistrados siempre que ello cause perjuicios a la tramitación del proceso o daños a las personas. Entendemos que esta es una regulación incorrecta, que como falta grave se debe considerar la conducta, no el resultado de la conducta. La sanción se debe tipifiar no por el resultado, sino por la conducta. La omisión del deber de secreto debe ser considerado como falta grave en sí misma. Al margen de esta cuestión, señor Presidente, lo único que podemos hacer ya, para acabar esta intervención, es una doble reflexión: Primero, alabar la calidad técnica de este proyecto de ley y, en segundo lugar, hacer una genuina apología pública del talante flexible del Grupo mayoritario en esta Cámara, que ha sabido aceptar y comprender las enmiendas de distintos grupos de la oposición, particularmente del nuestro.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno en contra, tiene la palabra el señor López Martín de la Vega.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, avanzamos hoy en la tramitación de un proyecto de ley que pretendió desde su inicio ceñirse a dos cuestiones fundamentales, a dos ejes por los que transitar. En primer lugar, la reforma necesaria de alguno de los aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y, en segundo lugar, la necesidad de que esta reforma se realizara de una manera consensuada entre los grupos, incluso con la pretensión de que esto fuera un pacto de Estado por la justicia. Había, entonces, dos marcos a los que ajustar la discusión parlamentaria, uno formal, el de aquellos aspectos a los que se refería el proyecto de ley que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en un segundo sentido, la necesidad de concitar un pacto de Estado que permitiera un desarrollo armónico de determinadas modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial que perfeccionara el equilibrio entre los poderes del Estado, reconociendo al Consejo General del Poder Judicial las competencias que este órgano viene considerando necesarias y urgentes para el íntegro ejercicio de sus competencias constitucionales. Así ha transcurrido, señorías, la tramitación. Cuando el portavoz del Grupo Popular subía a la tribuna para indicar que no ha habido esfuerzo en los acuerdos, para indicar que nuestra petición y nuestra oferta de pacto de Estado era una oferta poco menos que demagógica, para indicar que no hemos sido lo suficientemente receptivos a sus enmiendas, el portavoz del Grupo Socialista en este acto no tiene más remedio que mostrar su satisfacción, una enorme satisfacción, porque, después de esa apreciación del Grupo

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Popular, todos y cada uno de los portavoces de los restantes grupos que han intervenido esta mañana, han alabado la flexibilidad del Grupo Socialista, la aceptación del diálogo, la mejora del texto, habiendo tenido, repito, la satisfacción de oír claras manifestaciones al objetivo de consenso alcanzado, a la voluntad de diálogo del Grupo Socialista, a la satisacción por el nivel de diálogo y por la incorporación de enmiendas, al talante dialogante y a la aceptación de la mayoría de las enmiendas de otro Grupo, hasta terminar, señorías, con la apología pública del talante dialogante y receptivo del Grupo Socialista que ha hecho el representante del PNV que intervino el último. De modo que aquella pretensión de consenso, aquella pretensión de diálogo, aquella pretensión de ejercitar la reflexión en torno a un modelo de ley de organización del Consejo General del Poder Judicial ha sido entendida por todos y cada uno de los grupos de la Cámara, excepto por el Partido Popular. Bien es verdad que todos nosotros habíamos afrontado la tramitación de este proyecto de ley con un espíritu positivo, creyendo que efectivamente hay disfunciones en la Administración de Justicia en España, pero creyendo también que un análisis serio y una reflexión necesaria harían mejorar sustancialmente estas dificultades.
Hemos confrontado dos modelos, efectivamente, señoría; hemos confrontado dos filosofías en torno a la Administración de Justicia, efectivamente, señoría, pero una de esas folosofías, la que ha sustentado el Grupo Popular, se ha mostrado sola en la Cámara, mientras que en torno al proyecto que presentó el Gobierno socialista, y que apoyó el Grupo Parlamentario Socialista, se ha podido concitar el diálogo, se ha podido tener la adhesión del resto de la Cámara. Un poco más allá, y yendo a algunos comentarios concretos referidos a las enmiendas del Grupo Popular, le diré que creemos que para apoyar turnos distintos a lo que es el ordinario de oposición no basta con proclamarlo en la tribuna. Enmiendas como las que pretenden que sólo se reserven a estos turnos una décima parte de las plazas y enmiendas como las que pretenden que aun esa exigua décima parte pueda ser suspendida motivadamente por el Consejo del Poder Judicial nos hablan de una reiteración de argumentos en contra de que a la función judicial puedan llegar ciudadanos de otras procedencias que no sea la de la mera oposición. Es la misma reiteración, la misma voluntad de mantener serias dudas sobre cuánto es el tiempo que necesita un jurista para tener la suficiente capacidad para acceder a esta función.
Me voy a remitir, señorías, señor representante del Grupo Popular, a lo que mi compañero don Javier Barrero le decía en Comisión: No sé cuánto es exactamente el tiempo que un jurista, un licenciado en derecho, un ejerciente de la profesión necesita para convertirse en un competente jurista, pero, desde luego, tengo serias dudas acerca de que seis años bien ejercidos, correctamente aprovechados, con una experiencia digna, que por otra parte supone doblar el tiempo y algo más lo que es el estudio de la carrera de Derecho en cualquier facultad, sea inferior a los dos o tres años que se necesitan para memorizar el temario de una oposición.
En contra de lo que el Grupo Popular manifiesta de que el Grupo Socialista no ha hecho el esfuerzo de mantener acuerdos, han sido cerca de un centenar las enmiendas que se han asumido en quince transaccionales cuando nuestra primera intención era no entrar a discutir aquellos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya reforma el proyecto de ley no contemplaba.
A pesar de ello, como S.S. conoce, alguna de sus enmiendas en este sentido, como por ejemplo la 275, fue aceptada en Comisión pese a la desconfianza que tenía S.S. de que aquello pudiera estar siendo aceptado de la manera que lo hacíamos, con toda naturalidad. Nosotros mostramos ahora nuestra voluntad de votar afirmativamente su enmienda 269, que hace referencia a la representación y defensa de las entidades gestoras y de la Tesorería General de la Seguridad Social, para que corresponda a los letrados de la administración de la Seguridad Social, y también votaremos afirmativamente, como una muestra más de que efectivamente hacemos todos los esfuerzos posibles, y con ustedes algunos de los imposibles o por lo menos de los improbables, la enmienda número 278, que se refiere a la adecuación del régimen jurídico de situaciones de jueces y magistrados a la reforma que contiene la Ley 22/1993, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo. Señora portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, no puedo por menos que mostrarme absolutamente satisfecho de la intervención de su Grupo, no puedo por menos que agradecer el reconocimiento público a la voluntad de diálogo de nuestro Grupo Parlamentario, el reconocimiento de que han sido incorporadas casi en su totalidad las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, fundamentalmente las referidas a compromisos adquiridos en torno al desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución, a través de la transaccional que hizo que desapareciera el artículo undécimo referido al incidente de nulidad. Efectivamente, agradecemos como un gesto de esa voluntad de llegar a acuerdos la retirada de las enmiendas 40 y 45 que ha hecho. Con respecto a las que mantiene vivas su Grupo, la primera de ellas, la que pretende que se vuelva a reservar un tercio de las plazas para el acceso por el tercer y cuarto turno, he de decirle que, como sabe S.S., solamente el 17 por ciento se cubre por ese porcentaje de reserva.
Creemos que es mucho más adecuado a la realidad actual dejar para ese turno el 25 por ciento de las plazas; en esta ocasión, la diferencia va a ser de una o dos plazas y no nos parece que merezca la pena entrar

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en una discusión de este tipo puesto que en estos momentos, la cuestión, no tiene entidad, tan sólo la tiene en cuanto a la diferencia de conceptos que existe entre alguna filosofía y la nuestra en lo que se refiere a permitir el acceso a la función judicial por sistemas y por turnos distintos que no sean los de la pura oposición.
En cuanto a la enmienda 52 que ustedes mantienen viva y que hace referenca a la disposición transitria sexta sobre los miembros de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, estamos de acuerdo, tal y como ha sido expuesto por S. S. en esta tribuna, pero no podemos votar afirmativamente la supresión de esta disposición transitoria porque estamos de acuerdo con S. S. en que lo que hay que hacer exactamente es no perjudicar a las personas que acceden a estos órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de captar los mejores profesionales para esos órganos técnicos, se trata de potenciar estos últimos y se trata de dar una salida a los que están dentro de los mismos en estos momentos.
Por otra parte, debemos asimilar estos órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, tanto los correspondientes a los magistrados del Gabinete Técnico del Tribuna Supremo como los correspondientes a los letrados de los órganos constitucionales. Señoría, en el sentido en que usted lo ha expuesto, coincidiendo en estos cuatro puntos fundamentales: que no salgan perjudicados lo que accedan a estos órganos; que se trate de captar los mejores profesionales para potenciar esos órganos técnicos; que se dé una salida a los que en estos momentos están dentro --aunque sea una salida transitoria--; y que se asimilen a los demás órganos técnicos y a los letrados de los órganos constitucionales, continuando con ese talante de mantener el diálogo hasta el final, nos mostramos absolutamente dispuestos a estudiar con el Grupo de Izquierda Unida una nueva redacción para presentarla en el Senado, de tal forma que, estando de acuerdo con S.S., de ninguna manera parezca que es una redacción para otorgar ningún privilegio a ningún miembro de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial. A continuación paso a hacer referencia a las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Catalán, Convergència i Unió, agradeciéndoles también, naturalmente, el reconocimiento del diálogo que hemos mantenido todos los grupos en la tramitación de este proyecto, en el que han sido admitidas la mayoria de sus enmiendas, lo que permitirá que el proyecto que en un principio entró en la Cámara sea mejorado y simplemente quería hacer algunas precisiones puntuales ya que las enmiendas que mantienen vivas estamos dispuestos a seguir discutiéndolas en el Senado. Es decir, habíamos aceptado retirar todo aquello que pudiera parecer que se legislaba en este proyecto, donde no nos parecía muy oportuno, sobre las funciones que debería tener la Oficina Judicial, y estamos dispuestos a mantener el diálogo durante el tiempo que sea preciso para una regulación correcta, a la luz del Estado de las autonomías, de lo que debe ser la Oficina Judicial.
En este sentido, refiriéndome a una idea del señor Olabarría, muy interesante y digna del análisis más serio y más profundo sobre los cuerpos del personal al servicio de la Justicia, creo que debería ser en este contexto en el que se estudiara todo lo relativo a los secretarios judiciales, que, por otra parte, como decía el representante de Coalición Canaria, señor Olarte, están es este proyecto más considerados y hay una cierta dignificación y reconocimiento de todo lo relativo a su posición en los baremos para el acceso a distintas posibilidades de la carrera judicial.
En cuanto a las enmiendas que mantiene vivas Coalición Canaria, quisiéramos mostrar nuestra satisfacción por la seriedad con que el representadnte de este Grupo ha afrontado la tramitación de este poryecto de ley, cediendo en muchas ocasiones para que fuera posible la aceptación de otras enmiendas, retirando incluso algunas para que se sintiera representado en la enmienda algún otro grupo menos afanoso en el búsqueda de diálogo y pudiéramos votarla a favor. También quiero reconocer que aportaciones como la pérdida de la consideración de magistrado o juez en relación con delitos dolosos cometidos o no en el ejercicio de su función, la retirada del traslado forzoso como sanción o la aportación al debate sobre el incidente de nulidad, son ejemplos de cómo se puede influir en una ley en orden a mejorarla.
Sabe S.S. que hemos intentado aceptar todo aquello que pudiera significar una mayor dignificación y un mayor reconocimiento de los secretarios judiciales, donde además S.S. sabe que nos va a encontrar siempre, apoyando en algunos casos, reflexionando en otros, en trámites posteriores. No podemos, por otra parte, hablar de militancia y activismo político, porque entendemos que ahí generaríamos, al no poder determinar seriamente ese concepto, una inseguridad jurídica que no creemos que fuera necesaria. Sabe que estamos dispuestos a seguir hablando de las oficinas judiciales en trámites posteriores o cuando esta necesidad surja tanto en estos trámites parlamentarios como en posteriores reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Poco más que añadir. Termino ya, señor Presidente, lamentando que el debate sobre las enmiendas del Grupo Mixto no haya sido posible hacerlo en profundidad en Comisión porque realmente desconocemos el alcance de algún juicio de intención que se hace en algunas de las enmiendas del Grupo Mixto, pero no queremos tampoco ser excesivamente incisivos en este momento, habida cuenta de que no hemos tenido ocasión de constatar si eran juicios de intención realmente, pero en ningún caso nos parece que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial vaya a perturbar el equilibrio

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que se debe tener entre los poderes del Estado, sino que, por el contrario, lo que pretende es la cesión de competencias al Consejo General del Poder Judicial, de modo que pueda ejercer de la mejor manera posible esas competencias constitucionales que las leyes y la propia Constitución le otorgan. Nos hubiera gustado mucho poderlas discutir, poder haber llegado al sentido de cada una de las palabras y de las afirmaciones que se hacía en las enmiendas. No ha podido ser y las vamos a votar en contra, porque de su simple lectura se deduce que no están de acuerdo con lo que nosotros y el resto de los grupos de la Cámara pretendían en este proyecto. Por mi parte, señor Presidente, he pretendido dar respuestas a todas y cada una de las consideraciones, o a la mayoría al menos, que se han hecho en torno a las enmiendas que permanecían vivas para este trámite de discusión en Pleno.
Quiero manifestar lo que, por otra parte, es obvio, que no es sino la constatación de una realidad objetiva: Hemos participado durante muchas horas en el debate en Ponencia, en el debate en Comisión, en la reflexión para mejorar este proyecto de ley que envió el Ministerio de Justicia. Todos los grupos hemos hablado para ver la manera de llegar a acuerdos con enmiendas transaccionales, aceptando unas que recogían el espíritu de otras, que a su vez eran retiradas, y hoy, en esta tribuna, prácticamente todos los grupos hemos reconocido que ese talante de diálogo, que esa búsqueda del consenso y de la mejora positiva de las leyes es el camino por el que se debe ir. Tengo que estar muy satisfecho por esto, a la vez que tengo que lamentar que, una vez más, el Grupo Popular, buscando otras filosofías, intentando otras propuestas y dejando claro cómo se puede quedar sólo en la defensa de cuestiones que no eran del momento, ha hecho un flaco favor a leyes como ésta que tiene la importancia que el señor Olabarría decía y que bien merecía un esfuerzo, siquiera pequeñito, del Grupo Popular para haberse unido a este consenso general de la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señor López Martín de la Vega, le voy a decir una cosa porque ustedes han seguido esta estrategia durante toda la tramitación de este proyecto, y se lo digo con toda cordialidad: mejoren los argumentos, refuércenlos, porque no por mucho repetirlos la afirmación gana de verdad en contenido. Lo que es verdad es verdad y lo que no es verdad no es verdad, por mucho que se insista en ello y se afirme y se repita, como lo han venido haciendo.
Usted mismo, como reconocieron también en Comisión, ha dicho en esta intervención en el Pleno que son dos modelos. Pero habrá que partir de la base de que son dos modelos sobre un diseño, que es el diseño de la Constitución. Todos los modelos que se muevan dentro del diseño de la Constitución son naturalmente legítimos. Por otra parte, no es absolutamente verdad lo que usted ha dicho, y voy a hacer una cita que es absolutamente bienintencionada: el Grupo de Izquierda Unida tenía una enmienda que retiró, la 49, que también apuntaba otro modelo. La retiró porque no era viable desde el punto y momento en que con una enmienda a una ley orgánica se pretendía la reforma de la Constitución. Lo cierto es que en ella se apuntaba a otro modelo dentro de un proyecto que ya no sería coincidente con el que ustedes proponen. Nosotros hemos planteado en nuestro texto alternativo la vuelta a aquello que el Tribunal Constitucional ya dijo que era más constitucional.
Ni más ni menos. Y les hemos vuelto a decir que sigan reflexionando sobre ello. Ahí ha quedado, en definitiva, la discrepancia sobre el modelo. Luego, han traído aquí un proyecto que, le vuelvo a decir, lo único que pretende es, por ejemplo, que los magistrados suplentes pueden ser adscritos con carácter permanente a un órgano. La ley no lo decía, pero ya se venía haciendo. A eso --a ustedes les preocupa el presupuesto, a nosotros también-- se ha dedicado el año pasado 1.600 millones de pesetas, señor López, y quisiera que me dijera para qué ha servido. Nosotros creemos que se pueden decir muchas cosas. Lo único que no se puede decir es que cuatro es igual a cinco. En la exposición de motivos se afirma que se persigue una finalidad, una integración funcional de los magistrados suplentes en condiciones de absoluta igualdad con los restantes miembros de la Sala. O no son magistrados suplentes o estamos hablando de algo que conduce a que las realidades dejen de ser lo que son. Los magistrados suplentes son suplentes, y eso no se ha inventado en la Ley Orgánica de 1985 ni en ningún otro tipo de regulación legislativa de estos años. El concepto de lo que era un magistrado suplente ya figura en la Ley de 1870, del siglo pasado. Y el magistrado suplente lo que tiene son unas funciones de ayuda o de suplir a aquél que tiene atribuida la función de juzgar. Pero no olvidemos que la función jurisdiccional es el contenido del Poder Judicial, que es lo que he dicho yo antes. Y, naturalmente, los magistrados suplentes deben participar en el ejercicio de la función jurisdiccional en los términos en los que, en definitiva, son llamados al órgano jurisdiccional. No son llamados a ser titulares de la función, porque los titulares de la función son los que dice la Constitución, los miembros integrantes de la carrera judicial, que están, además, protegidos por la inamovilidad y llamados solamente a ejercer la función jurisdiccional con independencia y con sujeción a la Ley. Si todo esto nos fuera a conducir a algo, pero sólo va a conducir a que hace ya bastantes años que hay magistrados

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suplentes en el Tribunal Supremo y que en modo alguno ha servido para aliviar el atasco de algunas de las salas del mismo; ese atasco sólo se ha aliviado cuando se han aprobado unas normas que lo que han hecho ha sido expulsar a los recurrentes del Tribunal Supremo, aunque se supone que los recurrentes tienen derecho a recurrir.
Voy a terminar diciéndole que nosotros, naturalmente, teníamos ese modelo --que ustedes han reconocido que es así-- y ustedes nos dicen que los otros grupos de la Cámara no están de acuerdo más que con un proyecto. La verdad es que yo no he oído aquí que los demás grupos de la Cámara hayan entrado a un análisis profundo de los dos proyectos porque, además, el propio Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Constitución, ya ha dicho que era más constitucional el modelo que nosotros propugnamos que el que se recogió en la Ley de 1985, que ustedes siguen propugnando.
Por supuesto, les agrademos las enmiendas que ahora dicen que acogen, pero nuestro esfuerzo no ha quedado dicho --porque usted dice palabras--, ha quedado escrito en 128 enmiendas. Yo sólo quería decirle --como muestra vale un botón--que todavía ayer les llamaba la atención sobre la necesidad de modificar dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en función de dos enmiendas de las que nuestro Grupo ha mantenido en el Pleno, en las que pedíamos, en definitiva, que uno de los principios de nuestra organización judicial y de garantía de los justiciables que es la predeterminación del juez llamado a juzgar o a conocer de una causa o litigio, se acusara también en órganos colegiados. Y en la previsión de la Ley, constantemente incumplida --y S.S. lo podrá comprobar si se acerca a los boletines del Consejo General del Poder Judicial--, de que las salas de gobierno aprueben al principio del año judicial la composición de secciones y las normas objetivas para fijar el turno de ponencias, nosotros proponíamos --y creo que eso no es naturalmente, ningún tipo de proyecto alternativo que pueda suponer el forzar nada--, primero, que, para que no ofrezca dudas, se diga --y se modifique así la Ley-- que esas normas se aprueben en el mes de septiembre y que para conocimiento de los ciudadanos y garantía de los mismos se publiquen. Pues bien, ni esas enmiendas han admitido ustedes.
Por tanto, tengo que concluir diciendo que me parece muy bien que ustedes digan que han dialogado mucho y que se han esforzado mucho. Se han esforzado mucho, desde luego, en complacer las enmiendas de determinados grupos, por razones que aquí no hace falta repetir, porque usted las sabe perfectamente, y naturalmente hemos escuchado la complacencia de los representantes de los grupos de Convergència i Unió y del PNV. Por supuesto he de decir, basta ver esas enmiendas, que realmente poco aportaban a la profundización de soluciones para la Administración de Justicia. En todo caso ahí están, ustedes las han acogido, todos ustedes se complacen mucho, pero vuelvo a decir, como terminaba antes, que los hechos son los hechos y escritos quedan, y las palabras y las demagogias para los que solamente creen en las palabras y las demagogias.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Algún otro grupo quiere consumir un turno de réplica? (Pausa.) El señor López Martín de la Vega tiene la palabra.


El señor LOPEZ MARTIN DE LA VEGA: Señor Presidente, gracias.
Intervengo brevemente desde el escaño.
Señoría, es usted bastante más brillante en el comienzo que en el final de sus intervenciones porque deja la intervención de su oponente dialéctico, en este caso, casi hecha. Dice usted que lo que es verdad es verdad y que nuestra estrategia de dejarlo solo debe mejorar los argumentos. Lo que es verdad es verdad, y lo que es verdad es que todos estos grupos, el Grupo Socialista, el Grupo del PNV, incluso el Grupo Mixto con su enmienda transaccional, aunque ya he dicho cuáles han sido las dificultades para trabajar en esos temas, el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo de Coalición Canaria, todos hemos estado trabajando y hemos coincidido por lo menos en una cosa, todos hemos tenido la voluntad de llegar a acuerdos, y el único que no reconoce ese esfuerzo y esa voluntad de llegar a acuerdos es su señoría. Por tanto, como lo que es verdad es verdad, el único que no reconoce el esfuerzo de llegar a acuerdos es su señoría, y los demás grupos no sólo hemos hecho el esfuerzo sino que reconocemos unos a otros que ese esfuerzo lo hemos hecho.
Naturalmente que cualquier modelo que esté dentro del diseño de la Constitución es legítimo. El problema es que ustedes emplearon sus mejores juristas, sus mejores argumentos, sus mejores armas y su mejor dialéctica en intentar que el Tribunal Constitucional rechazara por inconstitucional la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ni con sus mejores juristas, sus mejores argumentos, sus mejores dialécticas y sus más grandes esfuerzos lo consiguieron. El Tribunal Constitucional no les dio la razón en el recurso que ustedes plantearon.
Naturalmente que cada uno tiene derecho a defender el modelo que le parezca legítimo y apropiado. Lo que ya es dudoso es que el modelo que pretende un grupo haya que estar poniéndolo sobre la mesa, cuestionando el otro modelo, cuando de lo que se trata no es de reformar modelos y filosofías, sino de tomar unas ciertas medidas que todo el mundo relacionado con el asunto, y especialmente el Consejo General del Poder Judicial, veía como urgentes y necesarias. No es cuestión de que los grupos hayan profundizado o no aquí en el modelo de su señoría y en el modelo del Grupo Socialista. Es un problema de que mientras nosotros

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pretendíamos, todos los grupos, a excepción del Popular, mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial, tratar de poner paliativos a algunas situaciones y a algunos problemas, el Grupo Popular, en vez de entrar a ver cómo se podían solucionar esos problemas, ha entrado en cuestiones de filosofía que de antemano sabía que imposibilitaban el pacto, que imposibilitaban el consenso, primero porque no era lo que estaba en cuestión, segundo porque tenían aristas ideológicas legítimas pero que imposibilitaban el pacto, y, tercero porque no era ésa la cuestión. Como no era ésa la cuestión, el simple planteamiento de un modelo distinto era la evidencia clara, más allá de las fotocopias y mucho más allá de las palabras, de que no se estaba buscando trabajar en una dirección de resolución de los problemas, sino, de nuevo, en una confrontación para la que no era el momento, para la que no había lugar y en la que ninguno de los demás grupos hemos entrado, y nos hemos dedicado a lo que de verdad queríamos dedicarnos, ver de qué modo la Ley Orgánica del Poder Judicial era mejorable en esta reforma para solucionar algunos de los problemas que se habían ido viendo en la aplicación de la misma desde 1985.
Termino, señoría. Le decía que era más brillante en sus comienzos que en sus finales, pero la verdad es que junto a aquella perla de algún compañero de su Grupo que para calificar el origen de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, elegidos por esta Cámara, hablaba de origen maldito, junto a esa perla quiero conservar la que en el tono y en las palabras ha empleado usted para decir que aportan poco las enmiendas de los grupos que hemos aceptado. Aportan lo que aportan, señoría, en la mejor intención, en la más seria de las reflexiones y en la más rigurosa de las argumentaciones.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de este proyecto de ley, vamos a pasar a su votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia.--El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, mi Grupo retira todas las enmiendas que se mantienen vivas, salvo las que voy a mencionar a continuación, las números 2, 3, 18 y 30.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 269 y 278, que pueden ser votadas conjuntamente. La enmienda 281 está sometida a una enmienda transaccional presentada por el Grupo Catalán (CiU) y, por tanto, solicito que en su momento también se vote separadamente. (El señor Camp i Batalla pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Camp.


El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, en cuanto a la enmienda 281, que ha mencionado el portavoz del Grupo Socialista, fue retirada en Comisión, así como la enmienda 153, del Grupo Parlamentario Catalán, dando lugar a una enmienda transaccional, que es la que en este momento existe - -como decía el portavoz socialista-- y que hace referencia al artículo 6.º Doce. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente. Pido votación separada de las enmiendas del Grupo Popular números 183 y 186.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular, excepto las números 269, 278, 183 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 301, a favor, 121; en contra, 179; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 183 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 301, a favor, 122; en contra, 160; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas 269 y 278.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 302, a favor, 301; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda transaccional de Convergència i Unió en relación con el artículo 6.º. Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 302, a favor, 287; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 302, a favor, 17; en contra, 281; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, el Grupo Popular solicita la votación separada, por un lado, de las enmiendas 89, 113, 127, 128, 140 y 142, en otro bloque las enmiendas 82, 92 y 143, y el resto. (El señor Camp i Batalla pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Camp tiene la palabra.


El señor CAMP I BATALLA: Gracias, señor Presidente.
Solicito votación separada de las enmiendas números 82, 84, 92, 94, 128, 140 y 143. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, solicito votación separada de la enmienda número 94 por un lado, en un bloque las números 84, 87, 88, 89, 112, 117, 127, 128, 130, 133, 140, 141, 142, 143, y resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria números 82, 87, 112, 117 y 127, para las que se ha solicitado votación separada han sido retiradas.
Votamos la enmienda número 84, del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 275; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 89.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 157; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 92.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 26; en contra, 156; abstenciones, 122.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 94.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 44; en contra, 260; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 113.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 173; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 123.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, nueve; en contra, 294; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 128.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 143; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 130.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, seis; en contra, 275; abstenciones, 21.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 132.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, ocho; en contra, 293; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas números 136 y 137.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, ocho; en contra, 296; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 140 y 142. (El señor Camp i Batalla pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Camp.


El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, hemos pedido votación separada de la enmienda número 140. Por el sentido de nuestra votación necesitamos que se separen.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 140.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 147; en contra, 142; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda 141.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, nueve; en contra, 276; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 142.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 134; en contra, 154; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 143.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 26; en contra, 143; abstenciones, 137.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 144.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, nueve; en contra, 295; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (La señora De Palacio Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO VALLE-LERSUNDI: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas 145, 148, 149 y 159, conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio. (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Solicito votación separada de la enmienda 151.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 151, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 21; en contra, 266; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmiendas 145, 148, 149 y 159, del Grupo Catalán.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 23; en contra, 159; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.


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Restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 24; en contra, 280; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Rahola.
Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, retiraríamos la enmienda número 286, porque ha sido incluida en el dictamen, y, asimismo, la número 287, porque ha tenido una transaccional del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aceptada.


El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, intervengo para solicitar votación separada: en un bloque, la enmienda número 285; en otro, las números 288 y 289 y el resto, en otro.


El señor PRESIDENTE: El señor Camp tiene la palabra.


El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, solicito votación separada de la enmienda 285 y de la 290.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 285, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 304, a favor, 42; en contra, 260; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 288 y 289, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306, a favor, tres; en contra, 279; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 290.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306, a favor, 26; en contra, 280.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 305, a favor, dos; en contra, 293; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306, a favor, 25; en contra, 160; abstenciones, 121.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 307, a favor, 183; en contra, 123; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 306, a favor, 177; en contra, 125; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen en la parte relativa a la exposición de motivos.


--TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA DE ELECCIONES A LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LA LEY 9/1987, DE 12 DE JUNIO, MODIFICADA POR LA LEY 7/1990, DE 19 DE JULIO (Número de expediente 121/000048)

El señor PRESIDENTE: Punto siguiente del orden del día: Tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.
Para la presentación del proyecto, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas.


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El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Señor Presidente, señorías, comparezco en este Pleno para presentar el proyecto de ley de modificación de la normativa de elecciones de órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, establecida en la ley 9/1987, de 12 de junio, modificada, a su vez, por la Ley 7/1990, de 19 de julio. El punto de anclaje de este proyecto de ley se sitúa en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de 12 de agosto de 1985.
De manera más específica, en lo que atañe a los órganos unitarios de representación del personal que presta sus servicios para un empleador, debemos distinguir dos clases: por un lado, aquellos órganos que representan a los trabajadores por cuenta ajena, con independencia de que éstos pertenezcan al sector público o privado, y que se encuentren regulados por el Estatuto de los Trabajadores; por otro lado, los órganos de representación para el personal funcionario o estatutario, regulados por las leyes mencionadas 9/1987 y 7/1990. La muy reciente promulgación de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, en virtud de la cual se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ha alterado el marco legislativo mencionado con respecto al procedimiento electoral para determinar dichos órganos unitarios de representación, estableciendo a tal efecto las modificaciones siguientes: variar sustancialmente el sistema electoral de los representantes de los trabajadores por cuenta ajena y, además, un intento de adaptación del procedimiento electoral de los funcionarios públicos, regulado por la tan mencionada Ley 9/1987, al nuevo sistema implantado para los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, este último intento de aproximación de las normativas electorales de ambos regímenes, trabajadores por cuenta ajena y funcionarios públicos, no llegó hasta sus últimas consecuencias. De ahí que en este proyecto de ley queramos adaptar el sistema de elección de representantes del personal funcionario y estatutario al nuevo régimen de elecciones que ha sido adoptado en relación con los trabajadores por cuenta ajena en virtud de la Ley 11/1994. Es mi intención resaltar las modificaciones sustanciales que recoge este proyecto de ley en relación con la legislación hasta ahora vigente. Destacaré lo siguiente: primero, la supresión del periodo oficial para la celebración de elecciones sindicales. A diferencia de la legislación precedente, en la que las elecciones de todas las unidades electorales debian tener lugar periódicamente cada cuatro años y de forma concentrada en un corto lapso de tiempo fijado previamente, la nueva normativa recoge la posiblidad de que las elecciones se celebren en cualquier fecha, sin perder para ello su eficacia jurídica para determinar la representatividad aludida. De esta forma, se persigue evitar los problemas organizativos y de otro tipo causados a los sindicatos y a las propia administraciones públicas por la celebración practicamente simultánea de un elevado número de elecciones en las múltiples unidades electorales existentes. Segundo, implantación de un sistema de medición continuada de la representatividad. La finalidad de esta medida es la de que los sindicatos puedan acreditar su representatividad en el momento mismo en que pretendan ejercitarla. A tal efecto se prevé la constitución de un registro oficial, la llamada oficina pública, cuya misión principal consistiría en acumular y actualizar diariamente los resultado electorales vigentes en cada momento. La manera de acreditar aquella representatividad por parte de los sindicatos consistiría en la expedición de certificaciones de datos electorales puestos al día por parte de dicha oficina pública. Co la nueva regulación, pues, el sistema gana en flexibilidad, así como en fidelidad a la realidad de cada momento. Tercero, el establecimiento de un sistema de promoción de elecciones de carácter individualizado en cada unidad electoral. Hasta ahora sólo cabía una promoción global y conjunta ante el Consejo Superior de la Función Pública, con validez para todo el ámbito funcionarial. En cambio, el proyecto implanta una promoción individulizada en cada unidad electoral: departamentos ministeriales, organismos autónomos u otros previstos en la ley. Es así como se contribuye a graduar y escalonar las iniciativas electorales en los diversos ámbitos de elección existentes.
Cuarto, la supresión de la Junta Electoral General y de las juntas electorales de comunidad autónoma. Queremos seguir la pauta marcada en la nueva normativa del ámbito laboral en la que también se han suprimido los órganos de seguimiento y de control en aras de una mayor agilidad, rapidez y eficacia en la deteminación del mapa representativo, evitando trámites formales innecesarios. Quinto, eliminación de las juntas electorales de zona. Estas juntas de composición exclusivamente sindical y sin correlato en el ámbito electoral, han sido en el pasado una suerte de órganos administrativo-electorales habilitados para decidir en última instancia las reclamaciones planteadas en el procedimiento de elecciones propiamente dicho y cuyas decisiones agotaban la vía administrativo-electoral, abriendo el paso para la impugnación ante los tribunales.
Con la nueva normativa estas juntas desaparecen y sus funciones son asumidas por las mesas electorales. El objetivo estriba en la necesidad de adecuar el sistema a la regulación imperante en el ámbito laboral. Con ello se evitarán demoras en la determinación rápida de la representatividad exigida por el nuevo régimen de medición continuada ya mencionado.


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Sexto, la aplicación al ámbito funcionarial del sistema de impugnaciones establecido sobre esta materia en el sector laboral. Si bien en la legislación vigente corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa la competencia para resolver las impugnaciones en cuestiones electorales, ello ha venido provocando toda clase de demoras en la proclamación de resultados electorales, al tiempo que se mantenía una innecesaria dualidad de tratamiento jurisdiccional, orden contencioso-administrativo frente a orden social, en una materia que debe ser regulada uniformemente, ya que deriva del tronco legislativo común, es decir, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Introduce la nueva normativa novedades fundamentales en esta cuestión. Sí, crea un arbitraje obligatorio con la finalidad de evitar una excesiva judicialización de las impugnaciones. Al mismo tiempo, confiere a la jurisdicción social la competencia para conocer las reclamaciones contra los laudos arbitrales y contra la denegación del registro.
En suma, señorías, este proyecto de ley aspira a dotar de mayor coherencia y homogeneidad la regulación de los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, acercando su normativa a los principios que inspiran la legislación relativa a los trabajadores por cuenta ajena. Se gana así en agilidad, eficacia y flexibilidad en la configuración de estos órganos representativos.
Muchas gracias, señorías.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, muchas gracias por la precisión en su exposición sobre los objetivos de este proyecto de ley. Es una pena que no sea la regulación acertada y que sirva para que esos objetivos se cumplan, según nuestro entender.
Con motivo de los debates de la Ley 9/1987, que configuró los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas y su participación en la fijación de las condiciones de trabajo, y también, en los debates correpondientes a la Ley 7/1990, que completó y amplió lo anterior, en lo que a negociación colectiva se refiere, ya tuvimos ocasión de poner de manifiesto nuestra discrepancia con el tratamiento del ejercicio de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios mediante senda enmiendas de totalidad y múltiples enmiendas al articulado. No voy a reproducir, por supuesto, los argumentos que entonces expusimos en defensa de nuestra exposición, pero sí quiero recordar, señor Ministro, que nuestros objetivos básicos eran y siguen siendo los siguientes: la plena vigencia del derecho de libertad sindical, sin que la mención costitucional a las peculiaridades de los funcionarios pudiese interpretarse de manera restrictiva al ejercicio de dicho derecho.
En segundo lugar, un tratamiento no discriminatorio en relación con otros ámbitos de representación y, en concreto, con el regulado por el Estatuto de los Trabajadores.
En tercer lugar, la funcionalidad y eficacia de los mecanismos de representación sin condicionamientos ajenos al propio ámbito de los funcionarios. Y aquí sí que peca esta ley también bastante.
Y, en cuarto lugar, respeto e igualdad de trato a los sindicatos específicos de los diferentes ámbitos funcionales y territoriales de la función pública. Es bien sabido cómo algunos de estos principios, plenamente insertos en la libertad sindical y el juego democrático, fueron soslayados en las mencionadas leyes que ahora se modifican y siguen estándolo en este proyecto, que tiene, como señalaba el Ministro, ciertos objetivos: algunos de ellos, vamos a subrayar que son positivos y los vamos a apoyar. El principal radica en acomodar, en el ámbito de las administraciones públicas, el sistema de medición de la representatividad de los sindicatos al vigente en el ámbito laboral, tras la ley 11/1994 y ello, tanto en lo que toca al mecanismo electoral abierto como en lo tocante a los instrumentos de control, de seguimiento, de certificación y resolución de conflictos e impugnaciones. En paralelo con lo regulado en la Ley 11/1994 toma especial protagonismo la oficina pública de registro, las mesas electorales, el procedimiento arbitral y la competencia del orden social de la jurisdicción para dirimir las impugnaciones en última instancia. Con todo, este proyecto de ley, que nos obligan a debatir con la mayor urgencia, sigue manteniendo, repito, importantes restricciones al principio de representatividad sindical y por eso hubiera necesitado, creemos, el reposo y la reflexión que proporcionan los tiempos y los trámites del procedimiento normal u ordinario que se utilizan en esta Cámara para casi todas las demás leyes ordinarias.
Las numerosas enmiendas presentadas a este proyecto de ley, por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas, demuestra que su tramitación directa y en lectura única no es la adecuada. En este caso, como en tantos otros, ha quedado en evidencia, permítame que se lo diga con toda cordialidad, la pésima labor legislativa del Gobierno, que se caracteriza por las tres notas siguientes: Primero, la improvisación. Nos hacen trabajar deprisa y corriendo por no haber previsto el Gobierno con la suficiente antelación, una vez iniciada la reforma de la legislación laboral reguladora de las elecciones de representantes

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de los trabajadores, la necesaria adecuación de las leyes 9/1987 y 7/1990 al nuevo sistema electoral, aceptando que la elección de los representantes de los funcionarios públicos no debe constituir, salvo específicas peculiaridades, un régimen jurídico diferenciado respecto a otros trabajadores. Segundo, la falta de coordinación entre los distintos ministerios afectados, en este caso Trabajo y Administraciones Públicas, que han redactado, creemos, sus anteproyectos por libre y sin conocer la dependencia de unos textos respecto de otros. La coincidencia en el tiempo con la reforma del Estatuto de los Trabajadores ha derivado en un cierto caos y basta leer, para comprobarlo, el acuerdo de la Mesa de esta Cámara del 17 de mayo, que trata de poner orden en tanto enredo.
Tercero, el desconocimiento de las novedades que las últimas leyes van incorporando a nuestro ordenamiento jurídico. Y voy a poner algunos ejemplos, auténticas perlas, para demostrarlo.
El pasado lunes, los miembros de la Ponencia tuvimos la oportunidad de pronunciarnos acerca del carácter de ley orgánica que debía revestir el inciso final del artículo 12, cuando ya la Ley 11/1994 modificaba ese artículo en línea con lo que ahora se pretende, con la guinda de su referencia a la Junta Electoral de zona que el proyecto suprime. Tal artículo 12 estaba en consonancia con la Ley Orgánica 14/1994, que añade una disposición adicional cuarta a la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para determinar la capacidad representativa de los mandatos prorrogados.
Está claro que no es necesario desglosar el dichoso inciso para aprobarlo por ley orgánica, basta retirar de la ley el apartado quinto que lo contiene de manera repetitiva e innecesaria. Así lo pide una de nuestras enmiendas, concretamente la número 70, que ya doy por defendida, que coincide con otra del Grupo Parlamentario Socialista. Muerto el perro, señor Ministro, se acabó la rabia.
Otro tanto cabe decir del artículo 27.6 de la Ley 9/1987, modificado por la Ley 11/1994, que acaba de entrar en vigor.
Dicha modificación es sustituida ahora por la redacción del artículo 27, tal como lo hace el proyecto. Similares observaciones se pueden hacer en relación con los artículos referidos al procedimiento arbitral. Los artículos 28 y 29 de la Ley 9/1987 son una mera transcripción del artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores, conforme a la Ley 11/1994. Lo mismo podemos decir de la disposición transitoria primera, que repite el contenido de la disposición transitoria segunda de la tantas veces citada Ley 11/1994.
Es evidente, señor Ministro, que ha existido una gran descoordinación. Sobraban, pues, razones de orden técnico y de sistemática normativa, además de razones sustantivas, para haber presentado una enmienda de totalidad, reclamando un texto mejor articulado y coordinado con las recientes reformas sobre la misma materia. El Grupo Parlamentario Popular no presentó la enmienda de totalidad por las siguientes consideraciones.
La primera, porque la enmienda de totalidad debería venir acompañada, en este caso, de un texto alternativo, pero no sólo el proyecto en cuestión, sino también de la Ley 9/1987 y de la 7/1990, es decir, de las leyes primeras, que necesitan, a nuestro entender, de una profunda reforma. Una vez más se hace necesaria y urgente una verdadera enmienda de totalidad a toda la función pública a través de un moderno y subjetivo estatuto que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de la Constitución y corrija y elimine toda la chapucería que contienen leyes como las citadas y, sobre todo, la famosa 30/1984, que fue severamente corregida por el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, porque el Grupo Popular no quiere ser obstáculo, no desea dificultar ni retrasar el proceso de elecciones del personal al servicio de las administraciones públicas.
En tercer lugar, no presentamos la enmienda de totalidad porque nos ha guiado también la convicción de que el proyecto, aunque de forma incompleta, cumple con dos objetivos para nosotros importantes: el primero, aproximar, como decía el señor Ministro, los procesos y mecanismos de representación a los vigentes en el ámbito laboral, sin caer, con ello, entiéndase bien, en una precipitada inclinación hacia criterios de laboralización de la función pública. Y, segundo, porque permite a los funcionarios y a las organizaciones sindicales del específico ámbito de la función pública tener mayor protagonismo a la hora de impulsar los procesos electorales en calidad de promotores. En ese sentido van algunas de nuestras enmiendas parciales.
Antes de referirme a ellas, debo ocuparme, cómo no, de uno de los aspectos más destacados del proyecto de ley como es el cambio de jurisdicción. La primera cuestión a dilucidar quedó resuelta por la Ponencia, que entendió, en cumplimiento del mandato que nos dio la Mesa, que la nueva redacción de los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de 1987, que atribuyen a la jurisdicción social el conocimiento de las impugnaciones que en ellos se regulan, no exige su tramitación como preceptos orgánicos. Se estimó que tales preceptos no parecen alterar el diseño de distribución de competencias establecido por el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dejando aparte la tramitación parlamentaria de los preceptos relativos a la jurisdicción y considerando la atribución de estas materias a la jurisdicción social, cuestión discutible - -utilizando el mismo término que emplea, «cuestión discutible», el informe del Consejo General del Poder Judicial--, entendemos que la jurisdicción contencioso- administrativa debería seguir siendo la competente, por coherencia con la propia naturaleza

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de los actos propios de la Administración pública sometidos al derecho administrativo, y no digamos nada cuando estamos en presencia de actuaciones de la Oficina pública del Registro.
Llegado el día, señor Ministro, de poner en funcionamiento los juzgados de lo contencioso-administrativo, debería quizá ser éste el orden jurisdiccional idóneo para entender de las impugnaciones en materia de elecciones en el ámbito de la Administración pública. Quizá hubiera sido bueno y oportuno que este proyecto de ley contuviera esta previsión en la exposición de motivos o en una disposición transitoria.
Paso brevísimamente, señor Presidente, señorías, a exponerles las enmiendas parciales al articulado y la justificación de las mismas. En la exposición de motivos hay una enmienda, la 48, que pretende sustituir el inciso respecto al personal sometido al régimen estatutario por otro, que está de acuerdo con la Ley 9/1983, respecto al personal vinculado a las diversas administraciones públicas por una relación de carácter administrativo o estatutario, con lo cual se evitaría la confusión con el llamado personal estatutario, del Insalud, por ejemplo. Es una precisión importante que podría figurar en la exposición de motivos.
Las enmiendas 49, 50, 51, 52 y 53, relativas al número 1.3, proponen unas modificaciones que tienen un doble objetivo.
Primero, mantener el mínimo de 50 funcionarios que fija el artículo 6.1 de la Ley 9/1987. Con ello se posibilita una mayor identificación de los centros de trabajo con peculiaridades propias y cuyas juntas de personal han de tratar cuestiones específicas. Segundo, permitir que, allí donde no se alcance el número de 50 funcionarios pero persistan peculiaridades propias e intereses específicos, puedan elegirse delegados de personal, tal como ocurre en las empresas con el mismo censo. No se alcanza la razón para restringir la existencia de delegados de personal únicamente a las entidades locales.
Las enmiendas al número 6 son las 54 y 55, que tienen por finalidad atribuir la promoción de elecciones a quienes pueden tener interés legítimo y directo en ello. No olvidemos que se trata de elegir a los órganos de representación del personal.
¿Qué sentido puede tener la promoción por un sindicato representativo, a nivel estatal o de comunidad autónoma, sin ninguna presencia en la unidad electoral? Supone una distorsión irracional que no entendemos. Lo normal es que dichos sindicatos sean representativos en el ámbito específico de la elección, y si no lo son, deberían acudir al procediminto del párrafo último, es decir, al acuerdo mayoritario de los funcionarios.
No voy a hacer alusión a algunas enmiendas que son de estilo y que sólo pretenden hacer más correcto gramaticalmente el texto, y supongo que sí serán aceptadas por el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.
El señor NUÑEZ PEREZ: Sí, señor Presidente, termino ya.
Las enmiendas a los artículos 12 y 13 no tienen más justificación que eliminar todo vestigio de injerencia de la Administración, dándole voz en el acto electoral, es decir, de manera directa, e indirecta, obligando a entregar actas a la Dirección General de la Función Pública, y para eso está la oficina pública del registro.
Las enmiendas 68 y 69 buscan una mayor clarificación acerca de la unidad procedimental en el conjunto del ámbito electoral: empresas y administraciones públicas. Lo más razonable, desde esta perspectiva, es remitirlo al procedimiento del artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores con las adecuaciones que correspondan al específico ámbito de las administraciones públicas vía reglamentaria.
En relación con las mesas electorales, la enmienda 57 al artículo once trata de mantener la actual situación. Nos parece más lógico que se garantice la constitución de una mesa en los centros de trabajo que cuenten al menos con 100 funcionarios.
La enmienda 71, al número 4, propone modificar la actual composición de las juntas de personal, elevando su número de miembros en línea con lo establecido en el artículo 66 del Estatuto de los Trabajadores.
La enmienda 72 a la disposición transitoria primera propone rebajar de quince a seis meses el período para la renovación de los actuales mandatos, máxime cuando, excepcionalmente, esos mandatos siguen computando para medir la representatividad; eso es muy importante. Quince meses es un período excesivo en cualquier caso, pero lo es más en el específico ámbito de las administraciones públicas.
Finalmente, la enmienda 73 a la misma disposición transitoria tiene por objeto que se aplique la ley a aprobar, por no existir razón de peso para la excepción. Nada justifica la no vigencia del artículo 13.6 desde la misma entrada en vigor de la presente ley y no respetar la preferencia del primer promotor. Como ven, señorías, señor Presidente, el conjunto de enmiendas expuestas en nada perturba u obstaculiza el pleno desarrollo de los procesos electorales. La mejor distribución y composición de los órganos de representación, las garantías de dichos procesos y la más eficaz y directa representación de los intereses de los funcionarios contribuyen a una mayor coordinación y sintonía con las recientes modificaciones en el ámbito electoral. Creemos que son mejoras que difícilmente pueden ser rechazadas por la Cámara, puesto que se basan en un responsable propósito de perfeccionamiento que, sin duda, favorecerá al conjunto del proceso electoral, a órganos de representación del personal y a la propia dinámica sindical en sus relaciones con la Administración. Por supuesto, es mejor la propuesta global de enmienda de totalidad a través de la Función Pública. Sin embargo, tratando de mejorar el proyecto

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que hoy discutimos, hemos presentado las enmiendas, para las que pedimos el voto favorable de SS.SS.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo ha presentado catorce enmiendas parciales (de la 34 a la 47), pero sustancialmente está de acuerdo con el proyecto de ley que trata de adecuar o adaptar la normativa recientemente aprobada para el resto de los trabajadores a la correspondiente a los funcionarios públicos. Por eso, aunque hayamos presentado catorce enmiendas, pretenden fundamentalmente introducir mejoras técnicas en el texto del proyecto enviado por el Gobierno. Sin embargo, tan de acuerdo estamos con el proyecto que queremos que se aplique a todos los funcionarios. Hay funcionarios en este país, señor Ministro, señorías, que todavía no gozan de la plenitud de derechos sindicales. Son los funcionarios de esta Casa, son los funcionarios de los órganos constitucionales. Por una serie de elementos, han sido excluidos del ámbito de aplicación de la ley. En el ámbito de aplicación de la ley, en el artículo 1 están incluidos los funcionarios del Poder Judicial, uno de los Poderes del Estado, pero los funcionarios del Poder Legislativo no están incluidos. Los funcionarios de esta Casa --por aquello de en casa del herrero, el mango de palo--, no tienen reconocidos una serie de derechos sindicales, fundamentales en este país, de representación y de negociación. Aquí no está recogido ni el derecho a llegar a acuerdos o a pactos, no existe eso de los delegados sindicales, una serie de derechos fundamentales de todos los ciudadanos españoles, de todos los trabajadores, y que ahora se trata de aplicar a todos los funcionarios públicos, salvo los de los órganos constitucionales. Por eso, me van a permitir SS.SS. que de las catorce enmiendas me centre exclusivamente en esta primera, la que pretende incluir en el ámbito de aplicación de esta ley que regula los órganos de representación de los funcionarios públicos no sólo a los del Poder Judicial, que ya están, sino también a los de todos los órganos constitucionales, incluyendo a los funcionarios de las Cortes Generales. Creemos, señorías, que es un buen momento, porque la solución dada hasta la fecha de que, en virtud del artículo 72 de la Constitución, las Cortes Generales aprueban el Estatuto de sus funcionarios no debe permitir ni ser base para que se limiten los derechos sindicales de los trabajadores de las Cortes Generales. En virtud de ese artículo 72, las Mesas del Congreso y del Senado han aprobado un Estatuto de los trabajadores de esta Casa, las Mesas. Ni siquiera ha obtenido el rango formal de ley aprobado por esta Cámara y por el Senado, sino que ha sido un acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado, donde se regula una serie de elementos que se refieren precisamente a los derechos sindicales de los trabajadores. Nosotros creemos que esa excepcionalidad no está amparada, en el sentido de limitación, por el artículo 72 de la Constitución y que de la misma forma que están recogidos en el ámbito de aplicación de esta ley los funcionarios del Poder Judicial, deben estar recogidos todos los funcionarios de los órganos constitucionales. Creemos que sería un enorme avance en lo que ha sido la práctica en esta Casa, en esta sede parlamentaria --también en otros órganos constitucionales, pero indudablemente el número de trabajadores de las Cortes Generales es muy superior al del resto de órganos constitucionales--, sería una buena aportación de esta Cámara esta mañana si se aprobase la enmienda primera, la número 34, que presenta nuestro Grupo, que pretende incluir en el ámbito de aplicación de la ley a todos los funcionarios, a los de las administraciones central, autonómica y local, a los del Poder Judicial y a los del resto de órganos constitucionales. El resto de enmiendas, señorías, como se refieren a mejoras técnicas, en algunos casos coincidentes con enmiendas presentadas por otros grupos, creemos que serán objeto de acuerdo entre los diferentes grupos o de votación favorable. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco respecto al proyecto de ley de modificación parcial que ha presentado el Gobierno a la Ley 9/1987, modificada por la Ley 7/1990, así como para hacer una defensa genérica de las enmiendas realizadas por nuestro Grupo Parlamentario. El presente proyecto de ley modifica la normativa electoral de los órganos de representación del personal al servicio de las administraciones públicas y va en coherencia con la reciente reforma de la legislación laboral que modificaba también el régimen electoral del personal del sector privado y del sector público sujeto a una relación de derecho de trabajo. Lo que pretende el proyecto de ley es trasladar al ámbito de la relación Administración pública-funcionario una regulación análoga a la aprobada en la disciplina del derecho laboral español.


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Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el diseño del régimen electoral de representantes de personal efectuado recientemente por esta Cámara en la reforma de la legislación laboral. Así, a nuestro Grupo Parlamentario le parece conveniente que se haya optado por un sistema de elección de órganos de representación en el que se da mayor presencia a las organizaciones sindicales, se da mayor autonomía a las mismas y se establece una forma de elección de los representantes no paralela o simétrica a la que existe en las elecciones generales para los partidos políticos. Es un proceso dinámico que va transcurriendo en el tiempo en función de lo que los representantes sindicales estimen oportuno en su momento. El modelo planteado en la legislación laboral nos parece correcto, y en definitiva lo que se pretende es trasladar ese modelo al ámbito de la relación funcionario- Administración pública, dejando la relación personal laboral- Administración pública regulada por el Estatuto de los Trabajadores.
Señorías, el traslado del modelo de representación sindical del derecho laboral al ámbito del derecho administrativo, es decir a la relación entre la Administración pública y los funcionarios, aunque aparentemente sea racional, supone un aspecto controvertido, en razón a la materia competencial que tratamos, que no es otra que el régimen estatutario de la Función pública. Señor Presidente, mientras que para la ordenación o regulación de los órganos de representación en el sector laboral o en el sector de la Administración pública para el personal laboral los poderes centrales del Estado, esta Cámara, tienen competencia exclusiva para su regulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.7 de la Constitución, no ocurre lo mismo en las relaciones de naturaleza estatutaria o funcionarial sujetas al derecho administrativo y que son objeto de regulación en este proyecto de ley. Así, en materia de Función pública, diferentes comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, respetando las bases, para la regulación del estatuto de la Función pública en sus respectivos ámbitos autonómicos. Por ello, en la materia en cuestión, los poderes centrales del Estado no pueden agotar en su regulación el contenido de lo normado, pues tiene que existir un ámbito de actuación, un margen de maniobra para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus potestades en la materia. Señoría, si examinamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las sentencias 98/1985 y 165/1986, observamos que, al analizar la constitucionalidad de la Ley de Función pública de Cantabria, el Tribunal Constitucional viene a establecer, en materia de régimen funcionarial, que la legislación básica del Estado en esta materia no puede suponer para las comunidades autónomas la aplicación mecánica --dicen textualmente estas sentencias del Tribunal Constitucional-- de dichas normas en sus respectivos ámbitos. Esta doctrina jurisprudencial afirma que las comunidades autónomas pueden establecer y utilizar instrumentos normativos propios en la ordenación de los órganos de representación y su régimen electoral. Por eso, deseo manifestar, señorías, que en los debates parlamentarios habidos con ocasión de la Ley 9/1987, que ahora se pretende modificar, nuestro Grupo Parlamentario ya manifestó su posición crítica en relación con el carácter extensivo y expansivo de normas básicas que se otorgaban en los preceptos de la ley. Esto mismo viene a ocurrir en el momento presente, en que se mantiene el mismo grado básico, a excepción hecha, como es obvio, de los artículos derogados.
Pero, señor Presidente, a mayor abundamiento, tenemos que señalar que hay un argumento político, y es que la constitucionalidad de la Ley 9/1987 pende todavía de una sentencia del Tribunal Constitucional, al albur de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento vasco, en razón a que se entendía que dicho texto legal, la Ley 9/1987, en cuanto a la estructura del proceso electoral, vaciaba de forma importante la competencia de que disponía la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la materia, y tal y como ocurre también en el proyecto de ley que ahora debatimos.
Por ello, señorías, haciendo nuestra la posición del Parlamento vasco, la posición política defendida ante el Tribunal Constitucional y teniendo en cuenta que está todavía pendiente la constitucionalidad de la Ley que ahora se pretende modificar --y ya veremos hasta dónde tiene competencia esta Cámara para fijar las bases, el alcance o el contenido que deban tener estas bases--, nuestro Grupo Parlamentario entiende que en el ámbito de la determinación del régimen estatutario de los órganos de representación del personal de las administraciones públicas sujeto a una relación de derecho administrativo, de naturaleza funcionarial y no laboral, lo básico ha de limitarse a lo siguiente: primero, a determinar el alcance y las condiciones de participación de los funcionarios en la elección de los órganos de representación; segundo, a la determinación del sistema de órganos en que la participación al servicio de las administraciones públicas haya de expresarse. El resto de las cuestiones previstas en la ley deben regularse de forma que se posibilite, en su caso, el desplazamiento normativo de las mismas por las correspondientes de las comunidades autónomas, en aras al ejercicio de sus potestades, mediante los instrumentos normativos propios. Señor Ministro, igualmente quiero manifestar que hace cuatro años un anterior Ministro para las Administraciones Públicas, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Almunia, presentaba, como usted lo ha hecho hoy, la Ley 7/1990, que modificaba la Ley 9/1987, de 12 de junio. Y el señor Almunia, el 14 de junio de 1990, decía en esta Cámara que era voluntad del Gobierno central, una vez transcurrido el proceso electoral que se iba a producir en

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otoño del año 1990, resolver por vía política y no jurisdiccional el conflicto competencial residenciado en el Tribunal Constitucional. Hoy es el día en que todavía no se ha resuelto ni por vía jurisdiccional ni por vía política, como había anunciado en esa sesión de esta Cámara el señor Almunia, el conflicto que pende de resolución ante el Tribunal Constitucional. Por ello, nuestro planteamiento político no puede ser el de aprobar este proyecto de ley, en la medida en que la legalidad y la constitucionalidad del proyecto de ley que sirve de soporte a esta modificación legislativa están pendientes de una sentencia del Tribunal Constitucional que deberá determinar el ámbito normativo, el alcance, la expansión y la extensión de las normas que regulan los órganos de representación de las administraciones públicas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Enmiendas del Grupo Catalán, Convergència i Unió. Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, estamos ante un trámite que traslada parte de la reforma laboral, en lo que afecta a las elecciones de representantes del personal de la Función Pública, y estamos ante un proyecto que creo ha sido preparado y traído a la Cámara con cierta precipitación, pero el tiempo manda y las elecciones hay que empezarlas en septiembre, por lo que, lógicamente, hay que preparar el reglamento y comprendo que se haya presentado con esta cierta premura. Mi Grupo mantiene, básicamente, los criterios que ya manifestó aquí respecto a esta reforma, en cuanto a lo que hace referencia a la elección de los representantes del personal, en este caso de la Función pública y en aquel momento de los trabajadores por cuenta ajena. No obstante, este Diputado ha de reconocer que una de las críticas básicas que hizo en esta tribuna a aquel proyecto, que era la inexistencia de consultas o diálogo con las centrales sindicales minoritarias, en este caso y en este proyecto no puede esgrimirla, porque parece que se ha hablado con los sindicatos minoritarios y están básicamente de acuerdo con el texto que se trae hoy a la Cámara. Por eso, mi Grupo simplemente ha presentado unas cuantas enmiendas puntuales al texto, que voy a defender a continuación. Mediante la enmienda número 26, en la que nos referimos --siempre lo haremos-- a la Ley 9/1987, que hemos ido repitiendo aquí, presentada al número seis del artículo único de este proyecto, pretendemos fijar que las mayorías sean mayorías más uno, es decir, se trata de evitar problemas de interpretación en lo relativo al acuerdo mayoritario, así como a las organizaciones sindicales que deben tener en cuenta para seguir y conseguir ese acuerdo.
El objetivo es concretar cómo se debe componer la mayoría.
Nuestra enmienda número 27 trata de añadir al número once lo siguiente: «Sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Mesa electoral coordinadora, según lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo...» y el resto, igual. Dicha enmienda es coherente con otra por la que se pretende añadir un apartado 3 nuevo al artículo 25 de la Ley enmendada.
Nuestra enmienda número 28 pretende añadir un inciso al número 2 del número once que diría lo siguiente: «... así como por un representante de la Administración Pública correspondiente».
Pretendemos que intervenga un funcionario de la Administración pública, naturalmente neutral, en el proceso electoral para asesorar y en todo caso ayudar, pero sin la posibilidad de tomar parte ni partido en el proceso.
Nuestra enmienda 29 pretende concretar cuáles han de ser las funciones de esa mesa coordinadora. Así, en el número 3 del número once, al que me refería anteriormente, pretendemos desarrollar cuáles han de ser dichas funciones. Efectivamente, estas funciones podrían venir por vía reglamentaria y no necesariamente incorporadas en el texto de la ley, pero creemos que el que se incluya en el texto de la ley da mayor garantía, mayor seguridad al proceso electoral y, en concreto, a las funciones que ha de desarrollar esa mesa coordinadora.
Doy por defendida nuestra enmienda número 30 en sus propios términos. La enmienda número 31 pretende concretar en el número trece del artículo único quién ha de ser el miembro de la mesa que presentará el escrito en la oficina de registro, cuyo texto es el siguiente: «Asimismo, el presidente de la mesa electoral o el vocal que se delegue por escrito presentará...» Se pretende concretar que será un vocal delegado por escrito quien presentará el acta en las oficinas de registro.
Nuestra enmienda 32 al número trece pretende añadir al número 3 el siguiente texto: «... en donde quedarán proclamados oficialmente los resultados electorales». Tratamos de garantizar la publicidad oficial de los datos de las elecciones.
En este momento retiro la enmienda número 33 y no será objeto de votación en el futuro.
Resumiendo, señorías, nuestro Grupo considera que, de aprobarse este proyecto con las enmiendas que se hayan introducido o se vayan a introducir a lo largo de esta sesión, presentaremos una ley que será útil para la elección de los representantes de los funcionarios, aunque, según mi criterio, conserve algunos vicios procedentes de la reforma laboral que hicimos hace unos días en esta Cámara, pero no tan importantes como en aquella ocasión, dado que creemos que se ha producido un diálogo que era imprescindible que también hubiese tenido lugar en el texto que aprobamos en su día.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.
Enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente. Señorías, voy a ser muy breve.
Después de la exposición realizada por el señor Ministro para las Administraciones Públicas y de la lectura de la propia ley y tal y como han señalado los demás intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, la oportunidad de la misma no cabe cuestionarla. El objetivo de acercar el ámbito de los empleados públicos al del resto de los trabajadores en cuanto a materia electoral y de representatividad se refiere era un elemento importante que teníamos que abordar, sobre todo después de la reforma laboral que se ha realizado recientemente en la Cámara. Los distintos aspectos de su contenido ya han sido señalados: sustituir las juntas electorales de zona por las mesas electorales, cambiar un proceso único por otro plural en el que va a ser mucho más cómoda la actividad sindical, en el sentido de evitar hasta confrontaciones entre las propias organizaciones, o elementos tan novedosos como remitir a la jurisdicción social las distintas impugnaciones que pudiese haber o el sistema impugnatorio con procedimiento orbitral. Yo creo que estas novedades --y lo han resaltado también el resto de los intervinientes-- son elementos tremendamente positivos. Sí quisiera aclarar que el lógico contenido de la norma, en cuanto a determinadas adaptaciones que se han tenido que acometer vía enmienda, se debe a la recientísima aprobación por esta Cámara de la normativa que modifica la legislación laboral. Por tanto, no creo que quepa argumentar que existe algún tipo de descoordinación entre los ministerios, etcétera.
Nosotros hemos presentado 16 enmiendas, casi todas están relacionadas con la adaptación a la Ley 11/1994, que aprobamos recientemente en esta Cámara; otras pretenden algunas correcciones técnicas, pero hay dos enmiendas que son muy importantes. Me refiero a las enmiendas números 2 y 6 que pretenden suprimir el punto 5 de la Ley, que incluso provocó un acuerdo de la Mesa de la Cámara en el trámite de ponencia, sobre el posible carácter orgánico del mismo, puesto que en la Ley 11/1994 la disposición final segunda ya recogía dicho contenido. No obstante, sí que hay que introducir una modificación del artículo 12.9, de la Ley 9/1987, tal y como ha quedado la Ley 11/1994, por cuanto sigue haciendo referencia a las juntas electorales de zona, que esta ley pretende sustituir por las mesas electorales. Estas dos enmiendas son las que tienen un contenido muy importante en relación con el proyecto de ley que debatimos, y el resto -- como he dicho a SS.SS.-- son meras adaptaciones al Estatuto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor Martínez Blasco pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, para facilitar el trabajo y, sobre todo el texto, puesto que van a ser objeto de votación algunas enmiendas de otros grupos que lo mejoran, nuestro Grupo mantiene para su votación exclusivamente la enmienda número 34 al artículo 1.º.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Con el mismo ánimo, mi Grupo Parlamentario retira la enmienda número 14. Con respecto a la número 34 de Izquierda Unida, entendemos que sólo debe votarse hasta «órganos constitucionales», puesto que el resto de la enmienda ya está incluido en la ley. Si está de acuerdo el señor Martínez Blasco, sería sólo: «Se incluye en la presente ley el personal funcionario al servicio de los órganos constitucionales.»

El señor PRESIDENTE: Se votará la enmienda en los términos en los que permanece viva en el debate. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, me imagino que vamos a empezar la votación por las enmiendas del Grupo Popular. En ese caso, quiero pedir votación separada, en un bloque, de las números 48, 50, 52, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 70 y 72. Y el resto, en otro bloque. (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, con respecto a las enmiendas del Grupo Popular, solicito votación separada de las números 58, 65 y 70, que pueden ser votadas en un solo bloque.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular números 58, 65 y 70. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 308; en contra, uno; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas números 48, 50, 52, 56, 59, 63, 64 y 72.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 147; en contra, 162; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 133; en contra, 162; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 34 del Grupo de Izquierda Unida. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario tiene presentada una enmienda transaccional a la número 41 de Izquierda Unida. Dado que el señor portavoz de dicho Grupo ha retirado las enmiendas salvo la 34, querría saber si retira la 41 como producto de nuestra transaccional para que pueda ser votada.


El señor PRESIDENTE: El Grupo de Izquierda Unida ha manifestado que la única enmienda que mantenía era la número 34, en los términos que ha precisado S.S., por tanto posteriormente votaremos la transaccional, que no es del Grupo de Izquierda Unida.
Enmienda número 34 del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 314.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito votación separada de las números 18 y 19, que pueden votarse en un solo bloque. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: La señora De Palacio tiene la palabra.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. El Grupo Popular solicita la votación en tres bloques: por un lado, las enmiendas 17 y 21; luego, la número 19, y el resto en otro bloque.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 18 del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 187; en contra, 127.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas números 17 y 21 del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 137; en contra, 165; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda número 19.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, diez; en contra, 284; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas números 27, 29 y 31, que pueden votarse en un solo bloque. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la palabra.)

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Solicitamos la votación separada de las enmiendas 31 y 32 y de la enmienda 26.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 27 y 29, del Grupo Catalán. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 185; en contra, tres; abstenciones, 130.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda número 26 del Grupo Catalán.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 20; en contra, 292; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 31.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 316; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda número 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 151; en contra, 163; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 21; en contra, 164; abstenciones, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la palabra.) Tiene la palabra la señora De Palacio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. El Grupo Popular solicita la votación separada de las enmiendas 1, 2 y 6; y por otro lado, de las números 3 y 5.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Socialista números 1, 2 y 6. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas números 3 y 5 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 179; en contra, 131; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista, incluida la enmienda transaccional presentada en relación con la enmienda número 41 de Izquierda Unida. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 183; abstenciones, 136.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votación correspondiente al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 165; en contra, 130; abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el proyecto de ley.


VOTACION DE CONJUNTO: --DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL

El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto correspondiente al carácter de ley orgánica del proyecto de Ley Orgánica por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 192; en contra, 127; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, en votación de conjunto, el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley del Poder Judical.


TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):

--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION (Número de expediente 410/000004)

El señor PRESIDENTE: Tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso sobre publicidad de las Comisiones de Investigación.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra la señora De Palacio. (Rumores.) Señorías guarden silencio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Con el debate de hoy concluimos de nuevo una reforma parcial y concreta, de un aspecto limitado, del Reglamento de la Cámara cuya máxima virtud consiste precisamente en que, una vez más, es el consenso entre los distintos grupos parlamentarios, la votación positiva que al final va a obtener esta modificación, lo que caracteriza y debe presidir cualquier modificación de este tipo, lo que son las reglas del juego parlamentario, que, obviamente, forman parte del bloque de constitucionalidad.
Dicho todo esto, el Grupo Popular había presentado unas enmiendas a la proposición de ley que en su día suscribimos junto con otra serie de grupos, proposición de ley que pretendía que las comparecencias ante las comisiones de investigación fueran, como regla general, si no públicas, sí que pudieran asistir a ellas los medios de comunicación y, a través de éstos, fuera posible el conocimiento de lo allí tratado, de lo allí hablado.
Las enmiendas que hemos presentado al texto que suscribimos junto con los otros grupos de la Cámara hace unas semanas lo único que pretenden son mejoras de tipo técnico por cuanto, como he dicho al principio, coincidimos plenamente con el texto presentado en su día. En primer lugar, tenemos la enmienda número 7, que plantea una mejor sistemática en la redacción del nuevo artículo 64.4, por cuanto entendemos que reflejar la Ley de Secretos Oficiales como elemento para determinar qué materias deben ser excluidas de esa publicidad en las comparecencias, nos parece un término limitativo y puede resultar insuficiente o quedar caduco a lo largo del tiempo si se modificara el título general de esa Ley.
Entendemos que es más adecuado utilizar el término «legislación vigente», que no limita sólo a la Ley de Secretos Oficiales aquellas materias que por ley se determina que deben mantenerse en el ámbito del secreto y no deben hacerse públicas. Estoy pensando en cuestiones como puede ser el secreto bancario o cualquier tipo de materias que no forman parte de la Ley de Secretos Oficiales, pero que en leyes específicas han sido determinadas como materias secretas. En segundo lugar, la formulación que se nos aportaba referente a los asuntos que están siendo objeto de una investigación o de un procedimiento penal, tampoco era la más adecuada.
Entendíamos que había que precisar algo más. Concretamente, al segundo apartado de esta enmienda hay presentada una enmienda transaccional cuyo contenido suscribimos plenamente. Por lo tanto, me remito a lo que ya dice para el futuro artículo 64.4 la enmienda transaccional que hemos acordado entre los diferentes grupos.
La segunda enmienda propuesta por el Grupo Popular es la número 8, propone suprimir del Reglamento la modificación que tiene que ver con el artículo 64.2. Nosotros entendemos que huelga incluir en la redacción el inciso «incluidas las comisiones de investigación», cuando se habla de las sesiones de las Comisiones. Es obvio que si se habla en general de las sesiones, estamos hablando también de las comisiones de investigación. Como quiera que algún grupo parlamentario ha insistido en mantener esa específica declaración de las comisiones de investigación, no tenemos ningún inconveniente.
Aunque consideramos que técnicamente hubiera sido más correcto dejar la redacción actual del artículo 64.2, retiramos nuestra enmienda en aras a ese consenso al que he hecho referencia al principio, que creo que debe presidir siempre cualquier modificación del Reglamento.
Nuestra tercera enmienda hacía referencia a una disposición final que concreta el momento de la entrada en vigor del Reglamento, que se explica en sus propios términos.
Por último, presentamos una disposición transitoria que deja claro a partir de qué momento empieza a aplicarse esta nueva modalidad de las comparecencias ante las comisiones de investigación, por lo que hace referencia a las Comisiones de Investigación actualmente abiertas en la Cámara y, concretamente, la referida al asunto Ibercorp. Con relación al texto que proponíamos, hemos logrado una transaccional que dice que de manera inmediata se aplicará a todas las futuras actuaciones de las comisiones de investigación que están ahora abiertas y, concretamente, de la Comisión Ibercorp.


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Por último, por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Socialista, también ahí hemos llegado a una serie de enmiendas transaccionales. En primer lugar, en lo relativo al voto ponderado nos parece correcto, de una vez por todas, aclarar ese punto. Puesto que las comisiones de investigación, por su propia naturaleza, nunca reflejan exactamente la composición de la Cámara, porque si no serían demasiado numerosas, son normalmente paritarias en cuanto al número de los representantes de cada uno de los grupos y las representaciones no están en función del peso de cada uno de ellos, parece razonable reflejar que el voto será ponderado.
Eso implica modificar el artículo 85 del Reglamento, de forma que en la votación (cosa bastante razonable, que hasta ahora así había venido funcionando), cuando se trate de voto ponderado, no se pueda reclamar la votación secreta. Lo único que ha habido ahí han sido unas pequeñas modificaciones en cuanto a la redacción que hemos aceptado todos y que vamos a respaldar. También vamos a respaldar la enmienda tercera del Grupo Socialista que supone unas mayores garantías y clarificaciones en cuanto a la parte de los trabajos de las comisiones a la cual tendrán acceso los medios de comunicación, es decir, las comparecencias, mientras que el resto de los trabajos, los trabajos internos de la Comisión, no es que sean secretos en principio, pero no tendrán acceso los medios de comunicación. Por lo que se refiere a la documentación, entendemos que esa garantía debe plantearse efectivamente, que aquellos documentos que la Comisión por mayoría entienda que deban ser secretos por su naturaleza, se acuerde que así lo sean.
Sin embargo, hemos mostrado nuestra negativa a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista al artículo 99 del acutal Reglamento de la Cámara que suponían modificar el régimen sancionador que se contempla en el mismo. Lo que prentenden estas enmiendas al artículo 99 ya está contemplado en dicho artículo del Reglamento y no hace falta añadir mayores garantías. Al final, hemos llegado a un acuerdo sobre un punto que, en nuestra opinión, nada tiene que ver con lo que estamos tratando hoy, que es el acceso de los medios de comunicación y el carácter de no secreto de las comisiones de investigación en sus trabajos en general, pero hemos aceptado modificar el régimen sancionador permitiendo que en aquellos casos en los que una falta del respeto al secreto por parte de un Diputado afecte gravemente a la seguridad del Estado, eso pueda producir de manera inmediata que la Mesa dé traslado al Pleno y éste eventualmente, pueda adoptar la decisión de suspender en sus funciones al Diputado en cuestión. Insisto que esto nada tiene que ver con lo que estamos tratando, pero en este caso, de común acuerdo, hemos aceptado incluir una modificación suplementaria dentro del Reglamento, al hilo de esta modificación concreta. En cuanto a la enmienda al artículo 52.2, que son unas mayores garantías para las personas que van a comparecer, lógicas sobre todo si se tiene en cuenta que van a dejar de ser secretas esas comparecencias, también la respaldamos. Hay unas cuantas enmiendas transaccionales en las que vamos a respaldar esa formulación.
Por último, señor Presidente --y con esto concluyo--, quiero señalar que por parte del Grupo Popular no hemos presentado, como dijimos en su momento, ninguna cuestión que no fuera exactamente lo acordado entre los Grupos y que no tuviera que ver con lo tratado entre los Grupos; ninguna modificación del Reglamento, como podía ser la iniciativa en la creación de las comisiones de investigación en cuanto a que fuera un derecho de la minoría o cualquier otra cuestión, porque entendemos, insisto, que cualquier modificación del Reglamento debe ser de común acuerdo entre los Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara, por cuanto es desde el consenso el único modo que entendemos se puede modificar lo que forma parte del bloque de constitucionalidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Palacio.
Enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera también felicitarme por el grado de consenso alcanzado en su momento para presentar esta proposición de reforma del Reglamento del Congreso que intenta potenciar o impulsar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones e impulsar también el carácter público de las comisiones de investigación. Por tanto, en esta dinámica de transparencia en el funcionamiento de las instituciones democráticas me parece muy importante resaltar la necesidad de publicidad de las comparecencias en las comisiones de investigación. Desde nuestro punto de vista, sólo debe funcionar con carácter secreto aquello que sea realmente imprescindible. Además, damos cumplimiento a distintas resoluciones y mandatos del Pleno y no sólo eso, sino también a lo que han sido reflexiones que obran o van a obrar y a formar parte de lo que son las consideraciones que una comisión de investigación que se reúne en la Cámara en estos momentos contempla como propuestas en su dictamen. Es decir, que todo este debate de la publicidad de las comisiones hay que ponerlo también en el activo de la dinámica de la comisión de investigación que analizaba la gestión presupuestaria del ex Director General de la Guardia Civil. Pero no sólo proviene de ahí; también proviene de distintas iniciativas,

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como, por ejemplo, la aprobada con motivo del debate sobre el estado de la nación. En aquel debate se acordó por esta Cámara que las comisiones de investigación podrán tener carácter público. Cuando su carácter sea secreto en atención a las circunstancias concurrentes, se reforzarán las garantías del secreto de las comisiones de investigación, regulándose un régimen sancionador de la violación de dicha obligación; es decir, publicidad, garantías y régimen sancionador. En esa línea van las enmiendas de mi grupo parlamentario. La primera enmienda pretende que las decisiones se adopten en función del criterios de voto ponderado cuando la composición de la comisión no sea proporcional a la composición del Pleno del Congreso --ello es obvio-- y se aplica de esta manera el tenor del artículo 39.4 del Reglamento cuando contempla, por ejemplo, el funcionamiento de la Junta de Portavoces y cuál es el criterio de adopción de decisiones. Por tanto, nuestra enmienda pretende dejar claro que las decisiones se adopten a través del sistema del voto ponderado. En segundo lugar, que las sesiones internas de trabajo de las comisiones, las de elaboración del plan de trabajo, las de trabajo de las ponencias que se puedan constituir en su seno no sean públicas. No quiere decir que sus acuerdos sean secretos, pero las sesiones no deben ser públicas, como así ocurre con las sesiones internas de la Mesa, de la Junta de Portavoces, de las ponencias, etcétera, aunque sus acuerdos no sean secretos.
Entendemos que la publicidad debe referirse, fundamentalmente, a los acuerdos y a las comparecencias. El tercer grupo de enmiendas pretende que los datos, informes o documentos facilitados a la comisión para el mejor cumplimiento de sus funciones, sean secretos cuando la comisión así lo acuerde.
Ello parece, además, una lógica consecuencia también del respeto al derecho a la intimidad que si bien, como regla excepcional se levanta, por ejemplo, cuando hablamos del secreto bancario o bien cuando hablamos del acceso de las comisiones de investigación a las cuentas corrientes, a las declaraciones de bienes y patrimonio, en esos supuestos excepcionales se levanta el grado de protección del derecho a la intimidad para permitir que una comisión de investigación acceda al conocimiento de determinados datos, ello no debe ser, a pesar de todo, extendido en el sentido de convertir en público todo aquello que roza la esfera y el núcleo del derecho a la intimidad. Por tanto, aquellos datos, informes o documentos facilitados a la comisión para el funcionamiento de ésta que tengan algo que ver con el secreto de actuaciones judiciales con contenidos que provengan, en virtud de la materia, de la aplicación de la legislación en materia de secretos oficiales o que tengan una relación directa con el derecho a la intimidad, no deben ser conocidos y, por consiguiente, son datos, informes o documentos que deben seguir siendo y funcionando en la órbita del secreto de la comisión de investigación.
En cuarto lugar, mi grupo parlamentario pretende que se refuerce el régimen sancionador, ante la violación del secreto, cuando éste sea la norma de funcionamiento de las comisiones de investigación. En este reforzamiento del régimen sancionador, entendemos que debe darse posibilidad a la Mesa de la Cámara para que pueda proponer al Pleno la suspensión de la condición de Diputado de aquellos que violen gravemente la obligación de guardar secreto, afectando o perjudicando a la seguridad del Estado y sólo en el supuesto de que afecte a la seguridad del Estado. Por tanto, nos parece que es una iniciativa que refuerza y mejora la actual regulación de los artículos 99 y 101 del Reglamento vigente.
Y, finalmente, nuestras enmiendas también pretenden reforzar las garantías del investigado y del compareciente, en consonancia con lo que es la propia Ley Orgánica 5/1984, de mayo, reguladora de las comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado. En efecto, el artículo 3.º de la Ley Orgánica, 5/1984, citada establece la posibilidad de que el ciudadano previa conformidad del presidente de la comisión, pueda comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo. Parece oportuno incorporar esta posibilidad al Reglamento y además, sin necesidad de autorización o conformidad del presidente de la comisión, debiendo instruirse al ciudadano de sus derechos en la misma comunicación o citación y todo ello porque creemos que es mucho más garantista.
En todos los reglamentos parlamentarios o leyes especiales, sobre todo, cuando contemplan la regulación del funcionamiento de las comisiones de investigación (ya tuve ocasión de decirlo en otro momento con motivo de otro debate, en esta Cámara) a la vez que se reconoce un alcance casi ilimitado a las competencias de las citadas comisiones y se declaran de aplicación las garantías reconocidas en las normas procesales penales. Así ocurre en Italia, en Alemania, en Portugal --la reciente reforma del reglamento portugués-- a tenor de sus respectivas instituciones de la legislación especial o de sus propias reformas reglamentarias. Por tanto, parece conveniente que a más competencias, más garantías también del compareciente y, desde ese punto de vista, creemos que las enmiendas refuerzan esta línea.
Quiero anunciar, asimismo, que mi grupo parlamentario retira la enmienda número 5. En aras a ese diálogo que habíamos abierto en el estudio de las enmiendas y de acercamiento de posiciones con las enmiendas que también ha presentado el Grupo Popular, nosotros retiramos la enmienda número 5 y aceptamos las transacciones que se refieren a todas nuestras enmiendas, a las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 6 del Grupo parlamentario Socialista. Creemos que estas transacciones

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recogen los criterios ordenadores de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, lo mejoran técnicamente, sobre todo lo mejoran en cuanto a lo que podríamos denominar la ubicación sistemática o estructural de las disposiciones en el marco del Reglamento y, desde ese punto de vista, creemos que todas las enmiendas transaccionales deben merecer nuestra aceptación, nuestro voto favorable. Son fruto del diálogo, nos parecen altamente positivas y van en esa línea de los cinco grandes objetivos o contenidos de los que hablaba a la hora de describir las enmiendas de mi grupo parlamentario.
Votaremos favorablemente la enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Popular, que establece la entrada en vigor de estas modificaciones el día de la publicación de las mismas; y, por supuesto, aquellas otras enmiendas transaccionales que hacen mención a la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Popular. También, como enmienda técnica, que al comienzo de esta proposición se contemple como artículo único la regulación de la misma. Entendemos que es lógico y positivo asumir esta corrección técnica. Finalizo diciendo que, con este paquete de medidas, damos cumplimiento a una resolución del Pleno, damos cumplimiento a unos deseos de incrementar e impulsar la transparencia del funcionamiento de las instituciones, de garantizar, cuando esté justificado, la publicidad de las comparecencias ante las comisiones de investigación, de garantizar el secreto cuando ello también sea lógica consecuencia de la aplicación del ordenamiento vigente, de reforzar las garantías y de reforzar también el régimen sancionador.
Creemos que con ello, ya digo, estamos cumpliendo mandatos de esta Cámara y mejorando la estructura del Parlamento.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Pienso que ya todos los grupos de la Cámara subrayaron la necesidad y la oportunidad de esta proposición. Necesidad para dar un paso importante en favor de la transparencia del funcionamiento de las instituciones, a favor de combinar con mayor justeza publicidad y garantías, transparencia y derechos; necesidad, pues, porque con esta ley se garantizará la mayor efectividad de uno de los instrumentos de control parlamentario que se ha demostrado más efectivo y se reforzará el principio de publicidad que preside la actividad parlamentaria, que preside, de hecho, la democracia.
Desde luego, como decía el señor Ribó en el debate de la toma en consideración, lo deseable sería avanzar hacia auténticas audiencias públicas y en esta línea trabajaremos, pero el avance que representa esta proposición ya es una excelente noticia.
Oportunidad porque las comisiones de investigación abiertas actualmente han explicitado la necesidad de regular este punto del Reglamento para mejorar definitivamente su efectividad; efectividad que, a la vista de los resultados, ha sido muy grande.
Respecto a las enmiendas, el Grupo Mixto está de acuerdo con todas ellas excepto en tres casos. Estamos en contra de las transaccionales con la número 1 y 2, del PSOE, porque precisamente fue el Grupo Mixto quien planteó la necesidad de preservar el derecho al voto secreto, sea cual sea la circunstancia y tal y como está formulado en el Reglamento.
Queremos recordar, además, que fuimos los comisionados del Grupo Mixto en la Comisión Roldán quienes planteamos el vacío legal entre la proporcionalidad del voto ponderado y el derecho al voto secreto. Puesto que estamos a favor de preservar este derecho, votaremos en contra. Finalmente, discrepancia concreta de Esquerra Republicana en la enmienda transaccional con la 3, del Grupo Socialista, y la 7, del Grupo Popular, puesto que entendemos que, en el proceso necesario de transparencia parlamentaria, no tiene ningún sentido que las sesiones preparatorias de una comisión de investigación no sean públicas; bien al contrario, resulta necesario que lo sean.
Esta es, pues, nuestra posición.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, la posición de Coalición Canaria frente a las enmiendas presentadas a esta proposición de reforma de nuestro Reglamento del Congreso sobre la publicidad de las comisiones de investigación es una continuación de los principios de apoyo que como grupo suscribió conjuntamente con los demás grupos de la Cámara la proposición de la reforma del Reglamento para hacer frente a los problemas de tipo formal y de orden interno y no solamente los puramente reglamentarios.
La experiencia ya adquirida hasta la fecha de hoy en las comisiones que están actuando con carácter de investigación, incluso de estudio, dentro de la Cámara, nos aconsejan este perfeccionamiento.
Nosotros, manteniéndonos en la identificación con los principios que amparan la proposición hecha en su día, queremos hacer la siguiente valoración respecto a las enmiendas. Consideramos pertinente la enmienda número 6, del Grupo Socialista, y la vamos a votar favorablemente, dado que es una práctica que casi es ley; casi es un derecho consuetudinario que si una persona puede asistir acompañada de letrado o asesor no sea

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ya éste un trámite recurrente ante la autoridad del Presidente de la Cámara, sino que quede recogido implícitamente sin necesidad de tener que solicitar la conformidad expresa del Presidente de la Cámara. Es una garantía, digamos, de tipo procedimental.
Apoyamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 62.2 de nuestro Reglamento. La apoyamos porque es referente al criterio del voto ponderado y de esta manera se explicita, que no haya motivo para tener que recurrir a la Mesa del Congreso para que diga que el voto es ponderado; vamos a dar ya rango de norma en el Reglamento a lo que viene siendo una cuestión puramente consuetudinaria en este momento.
En cuanto a la enmienda número 8, del Grupo Popular, nos vamos a abstener, dado que pide la supresión del artículo 64.2, que hace referencia a esto; se trata de no entrar en contradicción con el apoyo que prestamos a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.
Igualmente ocurre con la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 64.3, sobre el secreto de los datos. Señorías, la experiencia nos viene demostrando que no podemos llevar a un callejón sin salida el trabajo de una Comisión porque determinada entidad, por ejemplo, lo que hace referencia al secreto bancario, nos sea vetada si no hay garantías procedimentales y unas garantías que avalen precisamente el secreto de los datos, informes o documentos facilitados a la Comisión para el cumplimiento de las funciones encomendadas precisamente por la Cámara. Esto parece de lógica, pero, para no entrar en contradicción, en confrontación con las leyes que protegen el derecho a la intimidad o, sobre todo, el secreto bancario, este trámite de alguna manera viene a dar lógica, a dar agilidad procedimental al trámite del secreto de los datos. No se oculta a SS.SS. que poco mérito tendrá una comisión que no garantice tanto a terceras personas como al instrumento de intermediación para la obtención del dato que lo va a manejar dentro de las reservas y cautelas que se tienen que mantener en el entendimiento de las garantías de la ley. Por eso, vamos a apoyar esta enmienda número 3.
En la enmienda, número 7, del Grupo Parlamentario Popular, al artículo 64.4, nos vamos a abstener. Creemos que la redacción originaria que tenía el artículo 64.4 es suficientemente explícita. No entiendo las razones por las que el Grupo Parlamentario Popular no hace una invocación a la Ley de Secretos Oficiales. Creo que esto es importante, la Ley de Secretos Oficiales es el punto de referencia para hacer que las sesiones tengan el carácter de informativas o sean de investigación. Si en las sesiones que tengan por objeto la celebración de comparecencias informativas no hay referencia explícita y clara a un texto legal, podríamos, a nuestro juicio, entrar en una situación de inseguridad jurídica o de falta del referente que constituya el marco, los límites. Con el resto de la enmienda estamos conformes, puesto que el apartado 2 de la enmienda del Grupo Popular coincide prácticamente con lo que es el artículo 64.4 de nuestro Reglamento en el apartado b), y nosotros eso lo apoyamos ya que tiene el mismo fondo.
La enmienda número 2, del grupo Socialista al artículo 85.1, que no estaba en la proposición, la vamos a apoyar. Creemos que es un acierto porque viene a perfeccionar algo que se nos había pasado en aquel momento, cuando precisamente hay que determinar que una votación no podrá ser secreta en tales procedimientos legislativos; nos parece que hubiera sido un contrasentido que cupiera una duda y por tanto inseguridad jurídica de que la votación vaya a ser no secreta cuando se está hablando de un procedimiento legislativo. Lo compartimos plenamente. La enmienda número 4, al artículo 99.1, que tampoco estuvo contemplado en la proposición de que trae causa este debate, creemos que es oportuna. Es necesario introducir las máximas garantías procedimentales; en otra caso, no hay seguridad jurídica. Lo que no puede avalar la Cámara es que, por el hecho de que un Diputado forme parte de una Comisión, no esté obligado a mantener ninguna norma reglamentaria de comportamiento. Tiene que haber unas reglas de juego y esas reglas de juego no se pueden dar por supuestas. La condición de parlamentario no presupone nada más allá de lo que diga el Reglamento sobre las obligaciones y deberes de un parlamentario, al igual que de cualquier colectividad humana, de cualquier órgano colegiado o de cualquier equipo deportivo.
Es necesario, por tanto, que el deber del secreto, cuando pueda ser quebrantado, en su caso, por algún miembro de una Comisión, tenga unas advertencias de penalización. No se puede hacer una citación a una comisión de investigación a persona ajena a la Cámara y decirle, en el procedimiento formal normativo, que está obligada a comparecer bajo penalización determinada cuando resulta que esa persona no obtiene las garantías del secreto de lo que en la misma informe; pueda verse obligada a comparecer, eso sí, pero también a no declarar en razón de que no obtiene las garantías formales y procedimentales de que lo que diga allí quede en secreto. Yo creo que es un buen ejercicio de autoanálisis dirigido a la clase política del Parlamento que pueda formar parte de las comisiones de investigación. Señorías, lo menos que podemos ofrecer a la opinión pública y a los comparecientes es que las comisiones de investigación tienen sentido de la responsabilidad que las hace ser merecedoras de un respeto, de una valoración positiva, y que son comisiones serias. Pero para eso tenemos que tener el propio Reglamento, no puede quedar como un aval «ad valorem» de la propia ética de cada Diputado. Aquí hay que tener ética y tener Reglamento.
Nosotros creemos que esto era necesario para obtener todas las garantías.


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La enmienda número 5, del Grupo Socialista, al artículo 99, que tampoco contempla la proposición, la vamos a apoyar porque es consecuencia de la anterior. Si hay una tarjeta roja para un deportista y se le manda a la grada, después existe una penalización para no jugar en determinados partidos posteriores; un Diputado que no haya sido merecedor y acreedor de esas garantías del mantenimiento del secreto, mediante una decisión formal y normalizada ya en este nuevo Reglamento de la Cámara, que ha de velar por el prestigio de las comisiones, no debe poder formar parte de las mismas.
Termino, señor Presidente, haciendo alusión a la enmienda del Grupo Popular a la disposición transitoria, que vamos a votar favorablemente, porque entendemos que, dada la intensidad, envergadura y responsabilidad de las comisiones que están funcionando, resulta oportuna pedir que los efectos de esta ley sean de aplicación inmediata.
Igualmente, apoyaremos la enmienda del Grupo Popular a la disposición final, nueva, sobre su entrada en vigor.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, determinadas limitaciones del Reglamento de esta Cámara no habían podido ser objeto de apreciación, debido fundamentalmente, en el caso de las comisiones de investigación, a que, desgraciadamente, durante años, la mayoría absoluta se había utilizado para impedir un instrumento reglamentario cuya exigencia había reclamado en determinadas ocasiones la realidad. Afortunadamente, en los últimos meses, la pérdida de esa mayoría absoluta, ha posibilitado el funcionamiento de las comisiones de investigación y ha posibilitado que se apreciaran determinadas limitaciones que la regulación reglamentaria de las mismas presentaba.
Desde ese punto de vista, señorías, nosotros celebramos no sólo que se haya constatado la necesidad del funcionamiento de las comisiones de investigación sino que todos los grupos hayamos sido capaces de consensuar determinadas reformas que tiendan a limitar o a eliminar esas previsiones reglamentarias que resultaban poco adecuadas.
Partimos, señorías, de una proposición firmada por todos los grupos de esta Cámara y, desde esa perspectiva, resulta dede luego sorprendente determinadas enmiendas firmadas sólo por algunos grupos cuando la iniciativa original estaba suscrita por todos. Mucho más resulta llamativo que sólo alguno de los grupos inicialmente firmantes de esa proposición hayan suscrito enmiendas transaccionales cuando hubiera sido deseable que la reflexión que ha conducido a esas enmiendas transaccionales hubiera sido llevada a cabo por todos los grupos cuya voluntad de mejorar el Reglamento quedaba explícita en la proposición inicial.
Dicho esto, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a hacer cuestión de principio, de esos, en nuestra opinión, fallos en la tramitación de esas enmiendas sino que vamos a atender realmente al contenido de los mismos. Nos parece bien que se prevea expresamente el voto ponderado en las comisiones de investigación, y desearíamos, a la vez que manifestamos nuestro apoyo a esa introducción del voto ponderado, hacer una reflexión a todos los grupos políticos en el sentido de que la flexibilidad reglamentaria en la composición de esas comisiones de investigación vaya acompañada en la práctica de la voluntad política de todos los grupos de facilitar realmente una Comisión con arreglo a las decisiones de cada grupo, siempre respetando la necesidad de que las comisiones de investigación sean eficaces.
Creemos, señor Presidente, señorías, que la previsión que se contiene de garantías para quien sea convocado a una comisión de investigación es oportuna, máxime cuando esas comisiones de investigación puedan dar lugar a pronunciamientos tan importantes por parte del Parlamento como entender que pueden apreciarse indicios de responsabilidad criminal. Ante una conclusión de ese tipo parece lógico que a quien sea convocado a una comisión de investigación se le respeten sus garantías y se le arbitren los medios oportunos en defensa de sus derechos.
Ahora, dicho esto, señor Presidente, entendemos que quizá fijar un plazo mínimo de convocatoria de tres días de anticipación no prevé la posibilidad, que ya ha sido apreciada en la práctica, de que quien es requerido a la comisión de investigación esté dispuesto a acudir inmediatamente, y que incluso en la marcha de los trabajos de la comisión sea posible esa comparecencia inmediata. Quizás sería oportuno que ese plazo mínimo de tres días se matizara con la indicación de «a salvo que el citado manifieste su disposición a comparecer con anterioridad».
Finalmente, señorías, nos parecen positivas algunas de las enmiendas que se han introducido incluso de los textos transaccionales que se han planteado. Tenemos que decir que hay una concreta que no podemos aceptar, es aquella que hace referencia a introducir un nuevo párrafo 4 en el artículo 64.
La redacción que se da a la introducción de ese nuevo párrafo 4 en el artículo 64, en donde prevé la diferencia de lo que es criterio general del carácter público; ahí se prevé la excepción del carácter secreto en concreto para las sesiones preparatorias del plan de trabajo, pero está redactado en unos términos tan amplios y tan ambiguos que puede

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servir para que, finalmente, ese criterio genérico que se ha intentado introducir, que es el de la publicidad, se convierta lamentablemente en la excepción.
Por tanto, señorías, pediríamos a los grupos que han firmado estas enmiendas transaccionales que reflexionen sobre esos dos puntos concretos que plantea Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que entienden, por una parte, da una respuesta más adecuada a la realidad, y, por otra parte, que son más coherentes con ese principio de publicidad que se ha intentado llevar a la práctica en esta reforma, dando cumplimiento a acuerdos del Pleno.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Si no hay inconveniente por parte de ningún Grupo, la Presidencia propone al Pleno dos cosas: en primer lugar, el cambio del orden del día, consistente en abordar inmediatamente el debate correspondiente al dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral, una vez debatido este punto del orden del día proceder a las votaciones del punto que hemos concluido ahora mismo y el del dictamen de la Comisión Constitucional y, en segundo lugar, una vez debatidos y votados estos dos puntos, pasar a la votación correspondiente al punto XI: Elección de uno de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales.
¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)

--DICTAMEN DE LA COMISION CONSTITUCIONAL SOBRE EL INFORME DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE ELABORACION DEL CENSO ELECTORAL (Número de expediente 154/000001/0002)

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar, por tanto, al debate correspondiente al punto número 42 del orden del día.
Para la defensa del dictamen de la Comisión, tiene la palabra el señor Zapatero.


El señor ZAPATERO GOMEZ: Señor Presidente, señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 2 de noviembre de 1993, acordó crear una ponencia, en el seno de la Comisión Constitucional, para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del Censo Electoral. La Ponencia se constituyó el 25 de noviembre y finalizó su trabajo el 24 de marzo de 1994.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Como suele ocurrir en estas ocasiones, cuando se inicia un estudio de este tipo, con la máxima objetividad posible y sin ningún tipo de prejuicios, podemos decir que las comparecencias celebradas y la lectura de los informes remitidos nos han permitido detectar lo que entendemos que son las causas de los problemas de que adolece nuestro censo, y en el diagnóstico del problema, así como en las soluciones, hemos alcanzado un acuerdo pleno. Por consiguiente, señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara una propuesta de resolución que ha sido aprobada por unanimidad y que no tiene ningún tipo de voto particular. El censo, como SS.SS. conocen, se nutre de los datos suministrados por los 8.000 padrones municipales, el registro de penados y rebeldes y los 170 registros consulares.
Cualquier error en tales registros o en su transmisión se traslada automáticamente al censo. De ahí que sea preciso cuidar la primera inscripción, así como resolver los problemas derivados de los cambios de residencia, la transcripción de las sentencias judiciales, la pérdida de nacionalidad, etcétera.
Aunque la ley califica el censo de permanente y, por tanto, ningún ciudadano debería ser dado de baja sino por fallecimiento o pérdida de la nacionalidad, esta situación tiene dos excepciones: primero, cuando se confecciona un padrón, cada cinco años se trasladan sus datos al censo. Los errores o irregularidades que pueda haber en el padrón se trasladan automáticamente al censo electoral. Y, segundo, si se producen cambios de domicilio, aunque se registren en el padrón, sólo se reflejan en el censo una vez al año. De manera que el censo tiene normalmente, por imperativo de la Loreg, una desactualización que oscila entre un 4 y 13 por ciento, según la fecha en que se celebren las elecciones. Estos son realmente los problemas que hemos detectado.
«Ad cautelam», y con carácter urgente, habida cuenta la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo y las autonómicas de Andalucía, que acabamos de celebrar, la ponencia solicitó de la Cámara, y obtuvo su beneplácito, la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que, bajo la supervisión de la Junta Electoral, la Oficina del Censo procediera a una actualización al día del censo electoral. Gracias a esta medida, tomada a sugerencia de la ponencia, hemos podido celebrar unas elecciones sin ningún tipo de problemas, desde la perspectiva del censo.
Las propuestas, señorías, no se las voy a leer, porque obran en en la documentación que se ha repartido a SS.SS. y, en suma, contienen toda una serie de medidas que entendemos que si se toman en consideración, como solicitamos, habrán resuelto gran parte de los problemas derivados del censo y podremos seguir celebrando consultas electorales, como ha ocurrido ahora, sin ningún tipo de incidencias dignas de reseñar.
Por último, señorías, y en nombre de los ponentes, tengo que agradecer a los muchos comparecientes sus informaciones verbales o escritas que han ilustrado a los miembros de la ponencia. Y personalmente tengo

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que agradecer el trabajo de los ponentes de todos los grupos parlamentarios; trabajo de diálogo y de entendimiento que ha permitido presentar a SS.SS. unas propuestas de resolución que en la ponencia hemos aprobado por unanimidad. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zapatero. ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Grupo Vasco (PNV); grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya; Grupo Popular, y Grupo Socialista.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Intervengo brevemente para manifestar la postura del Grupo Vasco en relación a los trabajos realizados por esta ponencia en torno al censo electoral. Desde el Grupo Vasco entendemos que se ha realizado un trabajo riguroso en la ponencia, que los trabajos de la misma se han visto presididos por un ambiente agradable, por un rigor necesario en el desarrollo de los mismos, y nos felicitamos y felicitamos a los demás por el conjunto del trabajo que se presenta hoy a esta Cámara. Sin embargo, no quisiéramos desaprovechar la oportunidad para manifestar dos puntos que a nuestro entender son importantes, que no han podido ser recogidos en el consenso de los trabajos de esta ponencia, y de los que quisiéramos dejar aquí nota para que en trabajos posteriores en materia electoral, en reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se viene modificando en cada una de las ocasiones que existe alguna convocatoria electoral, queden suficientemente claros como fijación de postura del Grupo Vasco en relación a estas materias.
Desde el grupo Vasco entendemos que es importante adecuar el texto de esta Ley Orgánica del Régimen Electoral General a la vigente distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, según la Constitución y los estatutos de autonomía. Entendemos que es preciso salvaguardar las competencias de las juntas electorales de la comunidad autónoma en los procesos electorales sujetos a regímenes electorales especiales, los autonómicos y los forales, quedando delimitado claramente el ámbito competencial de las juntas electorales de comunidad autónoma, dentro de los límites de su respectiva jurisdicción, evidentemente.
Es un hecho, señor Presidente, que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reformada en marzo de 1991, atribuye a la Junta Electoral Central una serie de nuevas competencias que reducen de manera extraordinaria las competencias de las juntas electorales de las comunidades autónomas en las elecciones autonómicas, de tal forma que se configura esta Junta Electoral Central como una instancia unificadora, única, de toda la administración electoral, subordinando jerárquicamente, las juntas electorales de comunidad autónoma, en contra de la independencia del funcionamiento de las mismas, en aquellas comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia electoral. Y aquí está, señor Presidente, el problema de esta materia. Si estas comunidades autónomas tienen competencia exclusiva en materia electoral, difícilmente esta legislación puede ser asumible no ya por grupos nacionalistas, como el Grupo Vasco, sino por el conjunto de la misma Cámara.
Hemos trabajado en el consenso de esta ponencia, hemos hecho un esfuerzo para poder colaborar con rigor en los trabajos de esta ponencia y quisiéramos que los demás grupos también atendieran a aquellos aspectos que desde el Grupo Vasco entendemos que son razonables. En consecuencia, con esta observación que aprovechamos para realizar hoy, y que también hicimos en los trabajos de la ponencia, entendemos que los estatutos de autonomía como el vasco, que tienen recogida esta materia competencial con tal clarividencia, también deben ser recogidos en la legislación estatal, de forma que seamos capaces de ir imbricando estas materias dentro del ámbito competencial en un Estado como el nuestro que es un Estado autonómico.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que mantener el concepto de reforzamiento de las prerrogativas de la Junta Electoral Central de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General en aras a la defensa de los derechos generales de los ciudadanos no ha de ir nunca en menoscabo del complementario reforzamiento de las prerrogativas de las juntas electorales de comunidad autónoma como órganos responsables de la vigilancia y de la garantía de los derechos generales de los ciudadanos en los procesos electorales autonómicos. Además, entendemos que esta postura que defendemos desde el Grupo Vasco y que hemos manifestado en esta ponencia no rompe el concepto del Tribunal Constitucional de una administración electoral integrada y global, elemento esencial del sistema jurídico, compuesta por un complejo de órganos que han de intervenir en una diversidad de procedimientos electorales, por cuanto que, como se reconoce por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto de la sentencia 154/1988, de 21 de julio, en relación con la administración electoral integrada --y cito--: «tal integración no excluye el que las comunidades autónomas puedan regular respecto de sus propias elecciones parlamentarias aspectos específicos de las juntas actuantes en su territorio». Entendemos también que es importante modificar el actual artículo 21.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia electoral y en aquellas

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elecciones reguladas en ley aprobada por su Asamblea legislativa, la Junta Electoral de comunidad autónoma como órgano supremo de la administración electoral autonómica, en la que culmina la competencia electoral, resuelva los recursos que se le formulen sin que en ningún caso se pueda interponer recurso alguno ante la Junta Electoral Central contra los acuerdos tomados por la Junta Electoral de comunidad autónoma en cualquier materia electoral. Estos son dos aspectos, señor Presidente, que han sido recogidos por el Parlamento Vasco en el ya famoso acuerdo en torno a las 54 transferencias pendientes para la comunidad autónoma vasca, concretamente la número 20 hace referencia a estos dos acuerdos. Para terminar quisiera manifestar, señor Presidente, que son dos los acuerdos tomados por unanimidad en el Parlamento vasco y que en sucesivas reformas de la Ley Electoral quisiéramos que a los demás grupos les mereciera la debida consideración, que aquellos grupos que en el Parlamento vasco votan a favor de estas propuestas y, en concreto, de estas dos, lo hagan también en esta misma Cámara en el mismo sentido.
Y sin más, señor Presidente, termino felicitando a todos los grupos por el trabajo riguroso que se ha hecho y en especial, cómo no, al Presidente de la ponencia.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor el dictamen de la Comisión que se está debatiendo sobre el estudio de las condiciones actuales de elaboración del censo electoral.
Creemos, como ha señalado el represente del Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, que se trata de un dictamen que tiene su origen en un informe de la ponencia que se constituyó en el seno de la Comisión Constitucional y que ha trabajado con una gran intensidad, con un gran rigor, con un sentido del consenso en relación con esta cuestión que tiene naturaleza cuasi constitucional, ya que el censo electoral es el nervio en el que se apoya la posibilidad práctica de un auténtico sufragio universal, y por tanto es un asunto verdaderamente de Estado que el censo electoral se confeccione con todo rigor.
El trabajo de la ponencia ha sido riguroso y se ha llegado a una serie de resoluciones que compartimos y de las que destacaríamos, sobre todo, lo que se refiere a la necesidad de una gestión continua del censo electoral, la importancia de que haya medios informáticos, tanto en la oficina del censo electoral como en los ayuntamientos, para la elaboración de los padrones municipales y de la conexión en tiempo real entre delegaciones provinciales y la Oficina del Censo y el Registro Nacional de Electores, y también la campaña de información, que es otro de los aspectos de las resoluciones, sobre el perfeccionamiento del censo de extranjeros residentes en España y del censo de electores residentes ausentes.
Yo quisiera destacar en especial un aspecto de las resoluciones, exactamente de la resolución decimocuarta --que ha sido preocupación especial de nuestro Grupo Parlamentario-- , en relación con el tráfico de censos electores que se ha venido produciendo en nuestro país y que no tiene una sanción penal adecuada, estando además estos datos del censo electoral expresamente excluidos de la Ley Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Una de las resoluciones de este dictamen es que es necesario realizar unas reformas legales para que en la normativa que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal se incluyan los censos electorales, con el fin de impedir su comercialización. Esperamos que dicha reforma legal se produzca inmediatamente y, en este sentido, nuestro Grupo está plenamente de acuerdo con la resolución adoptada por la Comisión Constitucional.
Nada más, señorías, sólo quiero resaltar nuestro completo acuerdo con el conjunto de este dictamen porque creemos que es la manifestación de un buen trabajo realizado en la ponencia constituida en el seno de la Comisión Constitucional.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vera.


El señor VERA PRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Popular defendió el pasado 2 de noviembre de 1993 una proposición no de ley para crear en el seno de la Comisión Constitucional una ponencia que estudiase las condiciones actuales de elaboración del censo electoral. La propuesta fue aprobada --como recordarán SS.SS.-- por la totalidad de los grupos de la Cámara, lo cual vino a reconocer su oportunidad política.
Al comenzar los trabajos de la ponencia se puso de manifiesto que efectivamente existían problemas en la elaboración del censo. Tan reales eran esos problemas que eran perfectamente conocidos por todas aquellas personas que participan en su elaboración en todas sus instancias. Estoy seguro que el contenido del informe, sus conclusiones y sus resoluciones habrán terminado por convencer de que el censo español ha tenido que soportar en determinadas ocasiones errores que superaban con creces el máximo admisible, y ello como consecuencia

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de un tratamiento informático defectuoso. La ponencia no ha entrado a valorar políticamente por qué ese tratamiento informático defectuoso no fue detectado en su momento o, si lo fue, por qué el Gobierno no tomó la iniciativa y ha habido que esperar a que se produjera esa iniciativa por parte del Grupo Popular para abordar los problemas de elaboración del censo, los errores que se derivan de esa elaboración y la solución a dichos errores.
Es preciso que en este punto del debate el Grupo Popular ponga de manifiesto que cuando desde los medios de comunicación o cuando los portavoces de mi Grupo denunciábamos la existencia de un censo cargado de errores, desde el Gobierno socialista se pretendía deflactar la gravedad de estos hechos y derivar la responsabilidad hacia los ayuntamientos por no comunicar las variaciones censales en su momento o bien hacia los propios ciudadanos por no acudir a revisar el censo en su exposición pública. Dejaban fuera de toda responsabilidad a la Oficina del Censo Electoral.
Confiamos que de la lectura de este informe, no sólo se deriven las necesarias reformas de nuestra normativa electoral y del propio sistema de elaboración del censo, sino que también se rectifiquen actitudes del Gobierno que ha pretendido siempre culpar de todo a quien tiene una mínima parte de culpa, para ocultar la culpa que a la propia Administración le corresponde.
Para completar estas consideraciones previas, importa subrayar que la ponencia concluyó los trabajos en el plazo marcado por este Pleno y subrayar, igualmente, al igual que lo han hecho otros grupos, que los trabajos han estado presididos por el rigor y la seriedad. Además, ha existido un clima de consenso que estamos seguros que se repetirá en la votación de hoy, a cuyo efecto anuncio el sentido favorable del voto del Grupo Popular. Un sentido afirmativo de nuestro voto al informe, a sus conclusiones y a sus resoluciones que nos conduce, primero, a hacer una valoración política del propio informe, con cuyo contenido estamos identificados, y, segundo, a señalar que el conjunto de las resoluciones aparcan, por voluntad del Grupo Socialista, las correcciones que correspondería introducir, a nuestro juicio, en materia del censo de residentes ausentes. Señorías, nos encontramos ante la conclusión de los trabajos de una ponencia y de una comisión de investigación, razón por la cual no se ha pretendido fiscalizar en ningún momento la actuación de ningún organismo, ni se han buscado responsabilidades de los errores ni de su reiteración, aunque quedan implícitas. Pero ello no impide que hoy dejemos constancia de los problemas por los que ha atravesado nuestro censo, del origen de estos problemas y la dimensión de los mismos, con el objeto de instar al Gobierno a su urgente resolución. Un censo electoral correctamente elaborado es un sistema de registro mediante el cual figuran relacionados en el lugar de su residencia todos los ciudadanos con derecho a voto, figurando inscritos una sola vez. Pues bien, los miembros de la ponencia hemos podido constatar que no todos los ciudadanos están registrados y no todos los que están lo están una sola vez. Y como no quiero que esta Cámara piense que lo digo por decir, he traído algunos ejemplos de las recientes elecciones del pasado día 12. Por ejemplo, varias actas notariales donde se recogen testimonios de personas que afirman estar incluidos en el censo del año 1993 y que, sin embargo, no aparecen en el censo de 1994, habiendo tenido que recurrir a las certificaciones censales específicas. Después, un ejemplo de doble inscripción que no es ni siquiera de doble inscripción porque es de triple inscripción. En el distrito de Chamberí varias personas aparecen registradas en varias ocasiones. Una de ellas se da la circunstancia de que además de estar inscrita dos veces, también aparece en el censo de residentes ausentes. Aquí está la certificación que lo corrobora.
Señorías, la ponencia ha venido a certificar que nuestra estructura organizativa no es óptima, especialmente en materia informática, al tiempo que advierte que para su rendimiento eficaz tendremos que esperar hasta el segundo semestre de 1995. Esto supone un retraso de dos años respecto a lo que anunció el Ministro de Economía de entonces, en julio de 1992, en su comparecencia ante la Cámara y que situaba la operatividad del sistema informático de la Oficina del Censo para principios del año 1994. Por tanto, si todo va bien, el sistema informático funcionará a plena satisfacción a finales del próximo año. La duda que se me plantea es que quien hizo esta previsión en su comparecencia ante la ponencia es la misma persona que en el año 1992 asesoró al señor Ministro en su afirmación ante la Cámara. Se trata del señor Quevedo, Director de la Oficina del Censo Electoral, de quien nos extraña su permanencia en el cargo. El Grupo Popular piensa que debería haber dimitido hace ya tiempo o, por lo menos, haber sido cesado.
A una estructura organizativa incapaz de dar un servicio óptimo hay que añadir que los padrones municipales, los registros consulares, los censos electorales provinciales y el Registro General del Censo Electoral no tienen un sistema de comunicación homogeneizado ni comunicado entre sí, lo que exige un tratamiento de los datos y registros censales a través de correos y traductores informáticos, con lo que se dificulta el correcto cruce de datos y se obstaculiza la universalización del censo, perdiendo todos los beneficios que la ciencia informática aporta en la actualidad.
Vuelvo a insistir ante SS.SS. en que todo lo que estoy manifestando en esta tribuna está recogido en el informe de la ponencia y por tanto no son cosas que esté diciendo a la ligera.
La identificación de este problema, señorías, nos hace formular necesariamente una pregunta. ¿Desde

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cuándo se conocía que el sistema informático utilizado en la elaboración del censo tenía estas fronteras? Es una respuesta que tenía que haber dado hace tiempo el Gobierno, como igualmente tenía que responder a la pregunta de por qué no existe un sistema para detectar automáticamente los dobles registros o inscripciones censales a las que antes me he referido.
El Grupo Popular quiere subrayar que el margen de errores que se produjeron en las elecciones del 6 de junio del pasado año fue absolutamente injustificable, al tiempo que afirmamos que en estos errores no se detectan indicios de manipulaciones interesadas, pero sí la pasividad de quienes conociendo desde la Administración la existencia de este cúmulo de errores no reaccionaron con la necesaria rapidez, que este grave problema requería. El Grupo Popular y los medios de comunicación venían denunciándolo desde un año antes. Cabría quizás hacer más extensa e intensa nuestra valoración, pero el espíritu que nos movió al proponer esta ponencia y el ánimo que ha presidido sus trabajos nos conduce a poner énfasis en las soluciones que contiene el dictamen, en una clara manifestación de nuestra voluntad de sacar conclusiones para el futuro partiendo de un diagnóstico certero del pasado. Fue urgente volcar, como se ha dicho en la tribuna, sobre el censo utilizado en europeas y andaluzas una importante medida correctora propuesta en el informe, y esa es la razón por la que, aprovechando que se estaba tramitando en el Congreso otra reforma de la Ley Electoral, se introdujo en el trámite de enmiendas en el Senado una disposición para evitar el más que previsible desfase entre el censo vigente en el momento y la convocatoria electoral.
Creo, señorías, como han hecho otros portavoces desde la tribuna, que debemos felicitarnos porque sin duda la medida ha dado sus frutos y, como reconocerán SS.SS., en las elecciones del pasado domingo no hemos tenido que asistir al lamentable espectáculo de aglomeraciones en las oficinas del censo electoral, que por cierto no fueron consecuencia de la expedición de certificaciones censales específicas ordenadas por la Junta Electoral Central, sino que se debieron a los errores del censo que estas certificaciones venían a corregir.
Superada esta conclusión de carácter urgente y que debemos recuperar para sucesivas convocatorias electorales, el trabajo en la ponencia propone dieciséis resoluciones que coinciden con diecisiete de las veinte planteadas por mi Grupo Parlamentario. Las otras tres rechazadas se referían al censo de residentes ausentes.
Señor Presidente, señorías, finalizo diciendo que hay motivos más que suficientes para criticar cómo ha sido elaborado nuestro censo, pero al Grupo Popular le interesa más fijar la atención en las medidas correctoras que se proponen en el informe de la ponencia y confiar en que el Gobierno atenderá todas y cada una de ellas a través de las oportunas iniciativas legislativas que, por el carácter y gravedad de las mismas, se hacen urgentes. Las conclusiones, que han sido aceptadas por todos, aunque unos y otros las hemos valorado de diferente manera, podrían ser estériles si el Gobierno y los organismos competentes no adoptaran las medidas recomendadas para rectificar las deficiencias que en las mismas conclusiones se revelan.
Señor Presidente, por estas razones, como ya he anunciado, el voto del Grupo Popular será en sentido afirmativo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Izquierdo Collado.


El señor IZQUIERDO COLLADO: Señor Presidente, señorías, quiero comenzar mi intervención agradeciendo muy especialmente al Presidente de la Comisión, señor Zapatero, que haya transmitido a los trabajos de la misma su estilo tranquilo, participativo y abierto a todas las sugerencias que se han generado en el seno de la Comisión, y hacer extensiva también esa felicitación y ese agradecimiento al resto de los grupos parlamentarios.
Señorías, el sistema electoral español se adorna con bastantes más virtudes que algunos juristas, sociólogos y politólogos le reconocen. Es un sistema electoral al que, cuando es criticado en el interior de nuestro país, se acercan no pocos países con sistemas electorales que no contemplan algunas de las virtudes importantes que tiene el nuestro. Nuestro sistema electoral representa bien, es decir, adecua voluntades y representación, da estabilidad a los gobiernos que emergen precisamente de esas votaciones. Se conforman un sistema y un subsistema de partidos que es realmente adecuado para la situación de nuestro país porque se adapta a las distintas realidades, tanto nacional como regionales. El censo electoral es una pieza clave en el entorno del sistema electoral; es elaborado interinstitucionalmete, intervienen los ayuntamientos, consulados, registros civiles, Oficina del censo; es coordinado técnicamente por la Oficina del censo electoral y es dirigido y controlado con plena independencia y con pleno marchamo de judicialización por la Junta Electoral Central. En España, señorías, existe una añeja, afortunadamente periclitada, tradición caciquil desde la Restauración en la elaboración de los censos electorales. Esa tradición implicaba una manipulación censal evidente en aquellos años y generó en la memoria histórica recelos sobre la elaboración del censo electoral que constituyen todavía un fondo simbólico a la hora de hablar de las elecciones y de los censos electorales. Esa desconfianza es precisamente la que ha llevado a la utilización

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demagógica de las posibles pero neutrales deficiencias del censo electoral como arma arrojadiza de los partidos de la oposición, a sabiendas de que existía una memoria histórica, un caldo de cultivo de reticencias sobre los censos electorales. Hemos superado casi, tengo que decir después de la última intervención, esos tiempos. Desde esta tribuna se ha estirazado el argumento del censo electoral buscando la imagen electoral de la pérdida de la mayoría absoluta en un momento determinado. Se ha utilizado el censo electoral como excusa de mal perdedor para disimular resultados adversos en algunos momentos. (Rumores.) De manera poco reflexiva se ha hablado desde esta tribuna, en plena transición democrática, de «pucherazos» por vía censal. Ese peso histórico de desconfianza, señorías, ha llevado incluso a los legisladores, por unanimidad, a establecer controles y plazos tan severos para el censo electoral que se han constituido --y este es el auténtico descubrimiento de la Comisión y ningún otro, este es precisamente-- en la variable fundamental de las disfunciones del censo. Hemos querido introducir tantos y tan severos controles que en estos momentos tenemos que revisarlos si no queremos tener un nivel de disfunciones que no se corresponde con la modernidad de nuestro censo electoral. Porque, señorías, el binomio de movilidad geográfica vertiginosa que se vive y se ha vivido en nuestro país, fruto en gran medida de la movilidad social, y los plazos superestáticos de consolidación censal de dichos cambios han sido la base fundamental de los problemas censales, han sido el eje fundamental de las quejas y el eje fundamental de las propuestas; eje fundamental que tenía su base precisamente en los artículos referidos al censo electoral y, por tanto, en una decisión de esta Cámara de primar por encima de todo la legalidad del voto, la objetividad del voto y la ausencia de interferencias.
Existen otros aspectos necesitados permanentemente de mejora a la hora de la elaboración del censo electoral. Tenemos que perfeccionar los padrones. Tenemos que mejorar la informatización, que ha dado pasos gigantescos ya en la elaboración del censo electoral. Debemos mejorar sin demagogias el censo electoral de residentes ausentes, sin demagogias repito, sabiendo que es fundamental tener un censo objetivo y que se ha dado un salto adelante tan espectacular como que en estos momentos hay medio millón de personas residentes ausentes censados y, por tanto, estamos enviando información a todos los intersticios donde hay españoles en el extranjero. Debemos mejorar las oficinas del censo en dotación de recursos humanos y de medios materiales. Pero hemos encontrado, señorías, la piedra filosofal de las disfunciones.
Es el momento, precisamente ahora, de reconocer a la Junta Electoral la excelente tarea que ha desarrollado. Gracias a la tarea de la Junta Electoral Central se han minimizado disfunciones importantes que emergían precisamente de la propia estructura legal, enormemente exigente, de que nos habíamos dotado. Además --y con esto termino, señor Presidente-- hoy podemos presumir de que todos los partidos políticos saben administrar perfectamente en los procesos electorales la victoria, aunque un rol un poco más difícil, que es saber administrar también las derrotas electorales, solamente lo sepan hacer algunos. Señor Presidente, creo que hoy se puede dar por cerrada lo que ha sido una contienda, una excitación estéril, una utilización política, demagógica del censo electoral, porque afortunadamente hemos coincidido todos en las reformas que deben efectuarse al censo electoral moderno, neutral y positivo de la democracia española.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Izquierdo. Finalizado el debate, vamos a pasar a las votaciones señaladas por la Presidencia antes del comienzo de este debate. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROPOSICION DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE PUBLICIDAD DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION (CONTINUACION.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre publicidad de las comisiones de investigación.
Señorías, desearía que los portavoces de los grupos que habían presentado enmiendas a esta proposición confirmasen si después de las transaccionales anunciadas queda para votación alguna enmienda de las presentadas que no se vea afectada por las transaccionales. (La señora De Palacio del Valle-Lersundi pide la palabra.) Señora De Palacio.


La señora DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI: Gracias, señor Presidente. Efectivamente queda una, la número 9, del Grupo Popular, que supondría una disposición final relativa a la entrada en vigor del Reglamento.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, por tanto, que las demás enmiendas presentadas se retiran para votar las transaccionales. (Asentimiento.) Lo mismo las del Grupo Socialista. (Asentimiento.) Enmienda número 9, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas transaccionales en relación con las restantes enmiendas de los grupos Socialista y Popular. (La señora Rahola i Martínez pide la palabra.) Señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Solicito votación separada de la enmienda transaccional en relación con la enmienda número 1 del Grupo Socialista, y con la enmienda número 2. También pido votación separada de la enmienda transaccional a la número 6, del Grupo Socialista. Las dos primeras juntas y la 6.


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señora Rahola. Solicita votación separada de las enmiendas transaccionales relativas a las enmiendas 1 y 2, del Grupo Socialista, y también de la número 6, separadamente. (Asentimiento.--El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo pide votación separada de la enmienda transaccional a la número 3, del Grupo Socialista, y número 7, del Grupo Popular.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peralta.
Enmiendas transaccionales relativas a las enmiendas 1 y 2, del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda transaccional en relación con la número 3, del Grupo Socialista, y la 7, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 274; en contra, 15; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional en relación con la número 6, del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 295; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación correspondiente a las restantes enmiendas transaccionales para las que no se había solicitado votación específica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas transaccionales. Votación correspondiente al texto de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 298; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la proposición.


--DICTAMEN DE LA COMISION CONSTITUCIONAL SOBRE EL INFORME DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE ELABORACION DEL CENSO ELECTORAL (CONTINUACION.)

El señor PRESIDENTE: Votación correspondiente al dictamen de la Comisión Constitucional sobre el informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de elaboración del censo electoral.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 299; a favor, 299.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--ELECCION DE UNO DE LOS DIPUTADOS A LOS QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992 (Número de expediente 052/000001/0005)

El señor PRESIDENTE: Punto XI del orden del día: Elección de uno de los Diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992. Ruego a SS.SS. guarden silencio durante la votación, a efectos

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de que pueda percibirse claramente el llamamiento y acudan con diligencia a la Mesa para depositar sus votos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Por los señores Secretarios se procede al llamamiento de las señoras y señores Diputados.


Terminada la votación, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a efectuar el escrutinio. (Pausa.)

Verificado el escrutinio, dijo

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, los votos emitidos han sido 297; señor Almunia, 275; votos nulos, 11; votos en blanco, 11.
Habiendo obtenido una cifra de votos superior a la mayoría de tres quintos, ha resultado elegido don Joaquín Almunia Amánn, a efectos de la resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992, sustituyendo al representante anterior que tenía el Grupo Socialista en esta Comisión.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y veinte minutos de la tarde.

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