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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 76, de 25/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 76 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 75 celebrada el miércoles, 25 de mayo de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 3852)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la Empresa Elosúa, S.A. (número de expediente 172/000052) (Página 3876) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas Comunidades Autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea (número de expediente 172/000053) (Página 3884)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones», número 77, de 26 de mayo de 1994.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 3852)

Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Considera la Ministra de Sanidad y Consumo que el Hospital de Ceuta reúne las condiciones mínimas sanitarias exigibles para prestar una asistencia sanitaria de calidad? (Número de expediente 180/000491) (Página 3852)

De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué medidas de control sanitario van a establecer para la llamada Operación Paso del Estrecho 1994? (Número de expediente 180/000499) (Página 3854)

Del Diputado don Gonzalo Robles Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué proyectos tiene el Sr. Ministro para el Plan Nacional de Lucha contra la Droga? (Número de expediente 180/000492) (Página 3855)

Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Qué explicación puede dar el Gobierno a propósito de las informaciones periodísticas sobre la presencia en España del nazi Otto Remer? (Número de expediente 180/000494) (Página 3856)

Del Diputado don José Macías Santana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno del viaje de Fuerteventura a Alemania del niño de4 años y medio Juan Antonio Bufí Gutiérrez? (Número de expediente 180/000495) (Página 3857)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte el Gobierno la desconfianza del nuevo Director General de Instituciones Penitenciarias hacia la profesionalidad de los funcionarios que prestan servicio en las cárceles españolas? (Número de expediente 180/000496) (Página 3858)

Del Diputado don José Antonio Gayarre Bermejo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Justicia e Interior: ¿Autorizó su Ministerio a María José Rubio, Interventora de la Delegación del Gobierno en Navarra, el cobro de dinero a los ciudadanos? (Número de expediente 180/000504) (Página 3859)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Por qué el Ministerio de Justicia no firma un acuerdo de cooperación con los Testigos de Jehová? (Número de expediente 180/000515) (Página 3860)

Del Diputado don José Ramón Pascual Monzo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno cobrar un precio por el agua destinada a los cultivos de regadío, suplementario a los cánones aplicables actualmente, conforme a la Ley de Aguas? (Número de expediente 180/000497) (Página 3861)

Del Diputado don Guillermo Gortázar Echeverría, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Cuántos son los proyectos que no han conseguido financiación comunitaria por carencia o deficiencia de los estudios ambientales exigidos al efecto? (Número de expediente 180/000501) (Página 3862)

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Del Diputado don Luis de Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración le merece al Gobierno el calificativo de «ilegal» efectuado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con el trasvase de 35 hectómetros cúbicos de agua de la Cuenca del Tajo al Segura aprobado por el Consejo de Ministros el día 6 de mayo de 1994? (Número de expediente 180/000503) (Página 3863)

Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno ante la decisión de la Dirección de Telefónica de España, S.A., de responder con el cierre de los locutorios públicos telefónicos gestionados por contrata, dando lugar al cese de los empleados en los mismos, frente a las reclamaciones laborales sobre cesión ilegal formuladas por dichos empleados? (Número de expediente 180/000510) (Página 3865)

Del Diputado don Felipe López García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene pevisto el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, licitar las obras para el trasvase de agua de la presa de la Fernandina con destino a la zona regable del Guadiel, en la provincia de Jaén? (Número de expediente 180/000512) (Página 3866)

Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene el Gobierno conocimiento de la contaminación producida por el vertido de desperdicios industriales y estiércol, aguas arriba de la presa de Barros (Cantabria), y piensa poner en práctica las medidas correctoras? (Número de expediente 180/000517) (Página 3866)

Del Diputado don José Ramón Lago Freire, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene el Gobierno previsiones para la construcción de un paso elevado en la principal arteria viaria de Los Corrales de Buelna (Cantabria)? (Número de expediente 180/000518) (Página 3867)

Del Diputado don Juan Costa Climent, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Puede garantizar el Gobierno que se utilizan criterios objetivos para determinar qué profesionales deben ser inspeccionados por la Inspección de Tributos? (Número de expediente 180/000493) (Página 3868)

De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede garantizar el Gobierno que se está cumpliendo el Contrato- Programa firmado entre el Estado y el Ente Público RTVE? (Número de expediente 180/000498) (Página 3869)

De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cree el Ministro que los centros privados de educación pueden organizar concursos de matemáticas en los que expresamente se prohíbe la participación de las niñas, como recientemente ha ocurrido en una provincia andaluza? (Número de expediente 180/000513) (Página 3870)

Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está dispuesto el Gobierno a sufragar con cargo a fondos públicos los gastos de desplazamientos al extranjero con finalidades electorales de candidatos socialistas en la lista de las Elecciones Europeas? (Número de expediente 180/000502) (Página 3871)

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Del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social: ¿Podría explicar a la Cámara cuál es la media salarial de los contratos de aprendizaje realizados hasta la fecha? (Número de expediente 180/000488) (Página 3872)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acabar la redacción y fijar la constitución y funcionamiento de las agencias de colocación sin fines lucrativos? (Número de expediente 180/000516) (Página 3873)

Del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Sociales: La Ley 13/82, de 7 de abril, en el artículo 47.1 establece el derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos mínimos a los minusválidos que reúnan determinadas condiciones. Más tarde la Ley 26/90, de 20 de diciembre, en su Disposición Adicional Novena, deroga el citado subsidio de ingresos mínimos. ¿Qué medidas tiene previstas su Ministerio para mantener la protección económica del colectivo de minusválidos descrito en el artículo 47.1 de la LISMI? (Número de expediente 180/000489) (Página 3874)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio para evitar que la reforma de la organización común de mercado del vino lesione los intereses del sector vitivinícola de la Rioja alavesa? (Número de expediente 180/000490) (Página 3875)

Interpelaciones urgentes (Página 3876)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la Empresa Elosúa, S.A. (Página 3876)

El señor Ramírez González defiende la interpelación del Grupo Popular. Recuerda que el pasado 22 de febrero comparecía en la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara el Ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, para dar cuenta de la estrategia que había seguido el Gobierno en relación a la penetración de la multinacional Ferruzzi en el capital de la principal aceitera española, Elosúa, S.A., a raíz de las noticias llegadas de Italia, donde un alto cargo de la multinacional italiana había reconocido que la situación de privilegio de que gozaba el Grupo Ferruzzi en Elosúa se había logrado gracias a la compra de voluntades políticas de altos funcionarios y responsables políticos del Gobierno español.
Agrega que, a raíz de aquel escándalo que surgió el verano pasado y de las citadas declaraciones, el Fiscal General del Estado actuó públicamente y les comunicó que irían a Italia fiscales españoles para entrar en contacto con las fuentes judiciales italianas y obtener información de cuanto allí se había producido. Sin embargo, han pasado diez meses desde aquella noticia y desconocen lo actuado por el Fiscal General que, según está comprobado, sólo adopta decisiones espectaculares las vísperas de las actuaciones televisivas de don Felipe González. Así las cosas, en la citada comparecencia del señor Solbes el Grupo Popular expuso algunos elementos que en ningún momento fueron aclarados por el señor Ministro.
Alude a dichos elementos, consistentes en un trato de favor a Elosúa por parte de la Administración Pública en el año 1985, con la prestación de unos préstamos de 4.500 millones de pesetas, incumpliendo la empresa, tres años después, las condiciones que le habían permitido disfrutar del generoso dinero público y entregando la gestión de Elosúa al Grupo italiano, a partir de cuyo momento la empresa empieza a sufrir pérdidas escandalosas y a deshacerse de su patrimonio.
Recuerda también la respuesta del señor Solbes anunciando que se iniciaría una investigación, que, a su juicio, no ha servido para nada, por lo que se

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ven obligados en este momento a interpelar al Gobierno para que conteste exactamente qué sabe de las actuaciones del Fiscal General ante los tribunales de justicia italianos, qué acciones emprendió la Administración de Justicia española contra los miembros de la empresa Elosúa que contraviniendo lo pactado, por lo cual recibieron sustanciosas ayudas públicas, vendieron el 30 por ciento de la sociedad, y por qué en 1992 se entrega la gestión de Elosúa a la multinacional italiana, a pesar de que el sector público gozaba de una situación de privilegio al estar sindicado el 51 por ciento de las sociedades.
Asimismo pregunta al señor Ministro qué ha hecho el Gobierno o qué va a hacer, al tener conocimiento, el 5 de mayo último, de la pretensión de la multinacional italiana de absorber la totalidad de Elosúa.
Concluye el señor Ramírez afirmando que en este momento ya no somos nadie en el sector del aceite de oliva, pues nos dirigen desde Italia los competidores, que serán los que marquen la estrategia. En cambio, hemos pagado 4.500 millones de pesetas del Banco de Crédito Agrícola y hemos facilitado el engrandecimiento de la empresa y, con nuestra ineficacia y nuestra apatía, hemos permitido que su control esté en manos de la competencia. Expone que cualquier parecido en mayo de 1994 con la realidad que describía el señor Solbes en febrero de este mismo año es pura coincidencia.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Atienza Serna), señalando que intentará dar cumplida respuesta a las peticiones de información que plantea el señor Ramírez en relación con la compra de acciones de Elosúa por el Grupo Ferruzzi. No hará referencia a una pregunta, a la que difícilmente puede responder porque a quien tiene que dirigírsela quizá sea al Fiscal General del Estado, respecto a las indagaciones de la Fiscalía en Italia o en otros lugares.
En cuanto a la comparecencia del señor Solbes el 22 de febrero, citada por el señor Ramírez, señala que informó con todo detalle del proceso a través del cual el Grupo Ferruzzi fue adquiriendo acciones de modo reciente en la empresa española y de la posición del Gobierno español en todo momento en relación con este tema. Expone que el «Diario de Sesiones» de la Cámara recoge con todo detalle los hechos acaecidos desde 1985, por lo que no va a repetir la sucesión de acontecimientos. Simplemente subrayará lo que considera fundamental para que no quede el menor resquicio de dudas sobre la actitud del sector público en este tema. Afirma que la participación accionarial del sector público en Elosúa ha ido creciendo en los últimos años, pasando del 27,24 por ciento en 1989 al 37,04 en la actualidad.
En cuanto a la compra de acciones por el Grupo Ferruzzi, aclara que han sido efectuadas a miembros de la familia o a pequeños accionistas en bolsa. Añade que la política seguida por el Gobierno en relación con Elosúa ha sido siempre coherente, en el sentido de intentar que la mayoría del capital quedara en manos de accionistas españoles, aunque moviéndose, como no podía ser de otra manera, en el marco de la economía libre de mercado, en la cual las decisiones de los agentes económicos se pueden producir con independencia de lo que le pueda gustar al Gobierno. Indica, por último, que todas las operaciones de compraventa de acciones por las que el sector público ha incrementado su participación han sido hechas con transparencia.
Expone seguidamente algunas consideraciones en torno a la filosofía que ha guiado la actuación del Gobierno español en el caso de Elosúa y que ha sido la de apoyar a un grupo privado español para defender que una mayoría del capital estuviera en manos españolas, sin que ello supusiera la toma efectiva de la mayoría por el sector público y delegando el control de la gestión y la responsabilidad en manos del Consejo de Administración. Menciona también algunos de los movimientos de capitales habidos en los últimos años en relación con esta empresa aceitera hasta momentos recientes en que la participación extranjera pasa del 37,04 al 57 por ciento aproximadamente. Comunica asimismo a los señores Diputados que los responsables del Grupo Eridania, tras reconocer que se han hecho con el control de este último paquete, han ofrecido al sector público español el 50 por ciento del mismo al precio al que lo adquirieron, con objeto de seguir manteniendo el esquema paritario.
Concluye el Ministro manifestando que nos encontramos con una situación nueva que viene a replantearnos la política de apoyo a la defensa de una mayoría de capital español, que ha sido mantenido como criterio de modo continuado y coherente a lo largo de los años en todo este proceso que califica de transparente. Sin embargo, se encuentran con el hecho de que un sector privado español, de modo absolutamente libre, ha optado por ir vendiendo sus acciones a un grupo extranjero, y esta es la realidad presente.
Replica el señor Ramírez González, duplicando el señor Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto, y Andreu Andreu, de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.


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Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas Comunidades Autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea (Página 3884)

El señor Alcaraz Masats defiende la interpelación del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, calificando de escándalo el problema de la pobreza, un problema con el que convivimos sin tenerla en cuenta en el marco de una política económica que no cuenta con los pobres. Señala que los gobiernos presididos por don Felipe González han desarrollado una política económica durante la etapa de crecimiento que en absoluto ha rozado siquiera las estructuras injustas que han permitido mantener la cifra total de pobres en nuestro país, ahondándose, además, las diferencias entre las distintas comunidades autónomas en perjuicio de las más deprimidas, fundamentalmente de Andalucía. Añade que el actual discurso de don Felipe González no va a superar esta grave situación de discriminación, ya que la sociedad dual que se está construyendo, como consecuencia de la injusta política económica seguida, puede permitir que se recupere la economía y, sin embargo, el pueblo viva peor, manteniendo la cifra de cuatro millones de parados y ocho millones de pobres.
Alude a algunos estudios sobre la pobreza en nuestro país, con mención de algunas cifras sobre el particular, destacando que la situación es especialmente grave en la Comunidad Autónoma andaluza, por lo que van a solicitar la creación de una ponencia en la Cámara para el estudio a fondo de tan grave problema, que afecta directamente a ocho millones de españoles.
En nombre del Gobierno contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso), que agradece al interpelante la oportunidad que le facilita de hablar en la Cámara de un tema de tanta importancia y tanta preocupación para todos como es el problema de la pobreza. Señala que la pobreza y la marginación no son realidades nuevas sino que hace mucho tiempo que se viene analizando y reflexionando sobre las mismas, aunque algo nuevo hay en los últimos quince años en los que se ha cambiado bastante la idea de lo que es la pobreza. En todo caso, y por encima de muchas situaciones muy distintas, existe una característia común y es que el fenómeno se empieza a subrayar con carácter estructural, generando una situación en la que determinados grupos sociales quedan excluidos de la vida económica y social y de la participación en la prosperidad. Existen nuevas formas de pobreza y marginalidad que aparecen derivadas, en primer lugar, de la crisis económica, del aumento del paro y de la precarización salarial, pero también otras muy distintas que vienen derivadas de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, siendo aquí donde se ha acuñado un nuevo concepto de pobreza. Menciona cuatro conceptos distintos de pobreza, pudiendo hablar en este sentido de desigualdad social, de dualidad, de pobreza y de exclusión social o marginación, conceptos distintos, pero que inciden desde diferentes ángulos en una misma situación. Alude, por último, a las actuaciones realizadas en España en la última década, manifestando que durante la misma la pobreza como tal ha disminuido en buena medida porque la protección social ha experimentado un considerable impulso en nuestro país, gracias a las importantes actuaciones en materia de educación, salud, aumento de los servicios de igualdad de oportunidades y a políticas compensatorias hacia determinados grupos especialmente desfavorecidos, aunque esta mejora de la situación no les permita decir que la satisfacción es completa.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando la Ministra de Asuntos Sociales.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CONSIDERA LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO QUE EL HOSPITAL DE CEUTA REUNE LAS CONDICIONES MINIMAS SANITARIAS EXIGIBLES PARA PRESTAR UNA

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ASISTENCIA SANITARIA DE CALIDAD? (Número de expediente 180/000491)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 10, del señor González Pérez.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿considera usted que el hospital de Ceuta reúne las condiciones mínimas sanitarias exigibles para prestar una asistencia sanitaria de calidad?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, el hospital de Ceuta, que es de titularidad de la Cruz Roja, como sabe S.S., está integrado en la red sanitaria del Insalud y es gestionado por éste desde el 9 de enero del año 1989, tras la suscripción del oportuno convenio.
El hospital reúne las características sanitarias necesarias para prestar una asistencia de calidad; pero a continuación añado que es un centro antiguo y que presenta problemas de distribución de sus áreas y superficie.
Como datos más significativos de la actividad asistencial de este hospital en el año 1993, le puedo destacar que se atendieron 28.938 urgencias, se realizaron 7.431 ingresos y 2.458 intervenciones quirúrgicas.
Además, en esta localidad, el Insalud dispone, para la atención especializada, de un centro de especialidades dotado suficientemente, en el que se realizan la mayor parte de las consultas externas y en el que estamos procediendo a la remodelación total, mediante un plan de actuaciones, que se está realizando de forma progresiva, puesto que el centro tiene que seguir manteniendo su actividad asistencial completa durante la ejecución de las obras al no existir otro hospital en la localidad. El coste total de esta remodelación asciende a 1.396 millones de pesetas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Señor González.


El señor GONZALEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, empiezo a preocuparme seriamente de que la sanidad de este país esté en manos de quien considera que las condiciones mínimas sanitarias para prestar una asistencia de calidad sean, por ejemplo, que en todo un hospital haya un solo anestesista; que no existan guardias de especialistas con presencia física; que las instalaciones como laboratorio, radiología o urgencias tengan, por falta de espacio físico, una capacidad mínima asistencial; que sólo hace una semana esté en el hospital un anatomopatólogo, eso sí, sin material ni ubicación para realizar su trabajo; que falte ropa de quirófano; que las habitaciones tengan humedad; que se haya dado el caso de incubadoras en mal estado; que en los quirófanos haya goteras, polvo o moscas; que el único montacamillas-ascensor sea utilizado, indistintamente, para sacar basura, subir o bajar enfermos que salgan o entren en quirófano o para bajar cadáveres; que el cuarto de basuras esté a menos de tres metros de la sala clínica de urgencias; que el acceso al hospital, además de difícil, sea peligroso como consecuencia de las obras de ampliación del mismo; que la ratio por cada 1.000 habitantes sea de 2,5 camas, cuando usted sabe perfectamente que en la red del Insalud es de 4,4 camas por cada 1.000 habitantes, por cierto, muy lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que dice que deben ser 10 camas por cada 1.000 habitantes, como criterio indispensable de calidad asistencial. ¿Cree usted razonable una inversión de la cantidad que ha citado para aumentar simplemente en 12 camas? Por último, señora Ministra, por no existir no hay en el hospital actualmente ni tanatorio, pues en presencia de mi compañero César Villalón, y de otras personas, pudimos ver un cadáver en la zona destinada a lavandería, prácticamente en los pasillos. Esta situación se describe en una ciudad que desde las ocho y media de la tarde a las ocho de la mañana está incomunicada con la península.
Con todo este panorama que le he descrito, que es absolutamente real, ¿qué motivación pueden tener los profesionales de la medicina que, me consta, hacen lo humanamente y sobrehumanamente posible por cumplir con su trabajo? Señora Ministra, decía Víctor de la Serna que aunque la marquesa siga cargándose las manos de joyas, sus manos seguirán siendo las de una anciana. Con esto le quiero decir que por muchas mejoras que quieran hacer en ese hospital, en lo que ustedes llaman hospital, no pasará de ser una clínica.
De todo esto tiene usted constancia porque existe un informe, de la Inspección General del Insalud, en el Ministerio de Sanidad.
Nada más. Muchas gracias señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el hospital al que se refiere, y del que ha hecho su propia descripción --ahora le voy a hacer yo la mía--, está compuesto por tres áreas: la destinada a

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hospitalización, la dedicada a administración y la destinada a servicios centrales y generales. Tiene las características de un hospital básico de tipo comarcal, con 161 camas, tres quirófanos y las siguientes especialidades: medicina interna, cirugía general, traumatología, otorrinolaringología, urología, oftalmología, ginecología y obstetricia, pediatría, UCI, laboratorio, hematología, banco de sangre, radiología general, con ecografía y mamografía.
La reforma, que a S.S. le parece insuficiente, va a afectar a todo el hospital y se va a llevar a cabo en dos fases. La primera, que se ha iniciado en diciembre de 1992 y está prevista su finalización a finales de este año, comprende la construcción de siete unidades nuevas operativas: hemodiálisis, atención al paciente, admisión y archivo de historias clínicas, administración y dirección del centro, sala de juntas, bibliotecas y vestuarios de personal. El área C se va a reforzar en su estructura y se va a dotar de una nueva cubierta al edificio.
La fase segunda, comenzará a continuación...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO VAN A ESTABLECER PARA LA LLAMADA OPERACION PASO DEL ESTRECHO 1994? (Número de expediente 180/000499)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, de la señora Fernández de Capel.
Tiene la palabra.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, ¿qué medidas de control sanitario se van a establecer para la llamada operación paso del Estrecho 1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, las operaciones paso del Estrecho se desarrollan entre el 15 de julio y el 20 de septiembre de cada año. Se organizan por la Dirección Generalde Protección Civil, que coordina las distintas administraciones y organismos que intervienen, entre ellos el Ministerio de Sanidad, las autoridades marítimas y portuarias, el Servicio Andaluz de Salud, los gobiernos civiles, los ayuntamientos, la Cruz Roja y empresas de transportes de viajeros. Se elabora anualmente un plan director que engloba las actuaciones a realizar por cada uno de éstos y los recursos humanos y materiales necesarios.
La actuación de las administraciones sanitarias se concreta en la cobertura de la atención sanitaria urgente que pueden requerir los transeúntes extranjeros en los puertos de Algeciras, Málaga, Almería, Ceuta y Melilla, y en otros puestos de ayuda la atención sanitaria se presta por los servicios sanitarios de la Dirección General de Tráfico.
Respecto a la del año 1994, en la próxima reunión de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se va a celebrar precisamente mañana día 26 de mayo, está previsto tratar las medidas concretas a adoptar durante la operación para coordinar las actuaciones de todas las comunidades autónomas afectadas por el tránsito de viajeros. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
La señora Fernández tiene la palabra.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias.
Señora Ministra, lo primero en que tienen que ponerse de acuerdo en sus informes es en decir cuándo empieza y cuándo acaba la operación, porque tengo en la mano las operaciones del año pasado y la fecha que da es desde el 26 de junio al 15 de agosto. Entonces tendremos que saber cuándo hay cobertura y cuándo no. En cierta manera intento tranquilizarme un poco pensando que hay algunas medidas, pero me horroriza pensar en qué medidas son. Las medidas son escasas, son deficientes, se comunican a los interesados y a los afectados para ponerlas en marcha con menos de una semana de antelación, como consta en el informe de 1993. Sí que es verdad, señora Ministra, que las medidas se toman en las comunidades autónomas y en los gobiernos civiles, Protección Civil y Cruz Roja, pero desde luego lo que no podemos pensar es que el paso por España de más de dos millones de personas (comprenda usted que solamente en un puerto embarcaron el año pasado un millón setecientas mil personas durante el transcurso de la operación) desde la frontera hasta los puertos de embarque no se realiza volando, cruzan todo el país presentando graves problemas sanitarios, como son problemas de falta de agua, de falta de adecuación en áreas de servicio, de retretes, de hacinamiento, de venta ambulante de comida en malas condiciones --cosas que usted sabe y si no las sabe las debería saber--, pasan con una media de 40.000 personas diarias en algunos puertos y solamente en algunos puertos españoles se establecen medidas, pero en otros que tienenviajeros regulares con Marruecos, como Benalmádena o Tarifa, no se establece ningún tipo de medidas desde

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el punto de vista sanitario. Me estoy acordando de éstos, pero también embarcan desde otros puertos españoles.
Señora Ministra, tengo unos datos que me han suministrado las comunidades autónomas, pero estoy esperando que el Gobierno envíe aquí los datos que se le solicitaron a ese Ministerio, a Protección Civil y a Cruz Roja. Comprendo que el Gobierno en este momento tiene muchísimos más problemas que darle datos a una señora Diputada de la oposición, pero le voy a decir, por ejemplo, qué medidas en la operación de regreso no se tienen y la Organización Mundial de la Salud advirtió que una de las tres causas...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, concluida la operación todos los años la Dirección General de Protección Civil realiza un informe que incluye todos los datos relevantes, como la información y la valoración de los gobiernos civiles que intervienen y, por tanto, esa información que a S.S. le interesa se hace con carácter sistemático.
La atención sanitaria que se presta durante estas operaciones consiste, en la mayoría de las ocasiones, en la atención sanitaria inmediata en las instalaciones existentes en los propios puertos, habilitadas por las juntas de puertos, y en el caso necesario en el traslado a los hospitales correspondientes. Las instalaciones están dotadas materialmente por el Insalud y la Cruz Roja. En 1993 se adquirieron camillas, mesas y material sanitario de primera asistencia. En 1994 está previsto reponer todo el material que sea necesario.
En cuanto a los medicamentos, la medicación de urgencia utilizada en los años 1991 y 1992 fue suministrada por el Insalud y por el Servicio Andaluz de Salud, y en 1993 el Ministerio preparó y adquirió para cada puesto un «stock» estandarizado de medicación determinado en función del consumo en años anteriores.
Como S.S. acaba de reconocer el tránsito por España de dos millones de personas en la época del año en que se produce y las consecuencias de ese paso no me parece que puedan permitir la afirmación que S.S. acaba de realizar. Se refuerza el personal médico y de enfermería necesario para atender los puestos en los puertos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON GONZALO ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE PROYECTOS TIENE EL SEÑOR MINISTRO PARA EL PLAN NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DROGA? (Número de expediente 180/000492)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11 del señor Robles Orozco, que tiene la palabra para formularla.


El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor Presidente. ¿Qué proyectos tiene el Ministerio para el Plan Nacional de Lucha contra la Droga?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles Orozco.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente, señorías, señoría, en esta materia se va a mantener por parte del Gobierno una política de continuidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES OROZCO: Señor Ministro, esperaba cualquier otra respuesta menos precisamente la política de continuidad, porque si es la continuidad de lo que ha sucedido en los últimos nueve meses, realmente no es un crédito que avale la credibilidad del Gobierno en esta materia. La continuidad debería haber sido lo que primara en la actuación del Gobierno en estos últimos doce meses, como en otros muchos temas.
Lamentablemente, la experiencia a la que hemos asistido, que he repetido en varias intervenciones y me gustaría decírselo brevemente y usted lo conoce, es que en el período de nueve meses el Plan Nacional ha pasado por tres ministerios. En ese mismo período de tiempo ha tenido tres directores generales y en este momento no tenemos un responsable directo del Plan Nacional de Lucha contra la Droga. Por tanto, no debería ser la continuidad, que ha sido una acción de baile permanente de ministerios, de responsables, de definición de objetivos de los que ninguno de ellos se ha cumplido. Por consiguiente, lo que debería de plantearse el Gobierno es dar un giro distinto a la política que ha seguido durante estos doce meses, buscar realmente el acuerdo y el consenso no solamente en esta Cámara sino con las fuerzas sociales que están trabajando en este terreno, que, sabe usted perfectamente, tienen una cierta desorientación y un cierto disgusto por lo que está pasando, y también los planes autonómicos, y proceder a eso que tantas veces se ha llamado y que ustedes reclaman como es la política de Estado. Si hay un tema importante en los que debería trabajarse de forma global es precisamente en la lucha contra la droga. Piense usted qué pasaría

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si en este momento, por ejemplo, la lucha contra el terrorismo estuviera vacante, si hubiera pasado por todas estas fases que le he relatado a usted. Generaríamos alarma y preocupación en la sociedad.
Yo creo que en este momento la sociedad necesita un respaldo, necesita un impulso, darle un mensaje claro de que realmente se ha decidido poner orden en casa, y entonces ustedes podrán reclamar a las demás fuerzas que nos sentamos en este Parlamento y también a la sociedad que crean y que confíen realmente en lo que están haciendo. Yo les pido que decidan de una vez por todas cuál va a ser su ubicación, quién va a ser el responsable. Si no, va a ser difícil que ustedes tengan credibilidad, y yo creo que el espectáculo al que hemos asistido no es precisamente muy constructivo ni muy alentador para enfrentarnos a un problema de la magnitud del que estamos hablando.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente, señorías, señoría, efectivamente, desde el punto de vista del Gobierno, la continuidad no viene dada por las personas concretas que en cada caso ejercen la función, sino por la coherencia con el programa del Partido Socialista, por la coherencia de las posturas mantenidas por el Grupo Parlamentario Socialista y, en definitiva, por el Gobierno de la nación en este campo. Esa es la verdadera continuidad y a ella me he referido en la primera parte de la respuesta.
Por lo demás, es evidente que se trata de un tema trascendental, un tema de Estado. De ahí que, como he tenido ocasión de decir en el Senado, se vaya a mantener la Secretaría de Estado porque representa expresamente la voluntad política de dar a este tema la importancia que merece. Se va a mantener sustancialmente con el mismo modelo organizativo, y usted lo conoce perfectamente a través de sus trabajos en la Comisión Mixta Congreso-Senado; conoce el contenido tanto de los planes preventivos como de rehabilitación. En esa línea va a haber continuidad y al propio tiempo también se va a mantener lo que podríamos llamar la coordinación y la inteligencia en la represión del narcotráfico, que, desde luego, quedará englobada en el Ministerio de Justicia e Interior. Sin duda, acepto su planteamiento. Se trata de políticas de Estado, y no hago sino reiterar la oferta que desde hace tiempo viene haciendo el Gobierno de la nación.
Nada más. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿QUE EXPLICACION PUEDE DAR EL GOBIERNO A PROPOSITO DE LAS INFORMACIONES PERIODISTICAS SOBRE LA PRESENCIA EN ESPAÑA DEL NAZI OTTO REMER? (Número de expediente 180/000494)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 del señor Robles Fraga, que tiene la palabra para formularla.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente. ¿Qué explicación puede dar el Gobierno sobre la presencia en España del nazi Otto Remer?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia de su señoría, hasta hace muy poco no podíamos dar prácticamente ninguna explicación. Se trataba de un ciudadano alemán miembro de la Unión Europea y que, por tanto, podía estar residiendo en España sin ningún problema. Sin embargo, hace cinco días sí se ha recibido una orden de detención vía Interpol, y desde ese momento se están iniciando las investigaciones tendentes a encontrarle.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
El señor Robles tiene la palabra.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, no es la primera vez que me dirijo a esta Cámara para alertar al Gobierno sobre la utilización de España como base logística del nacionalsocialismo europeo. Los hechos que motivan mi pregunta hoy son especialmente graves.
El señor Remer, el individuo Remer, ex oficial nazi, fue condenado en 1992 en su país, Alemania, a un año y 10 meses por incitación al odio racial, negación y apología del genocidio. Con una orden de búsqueda y captura internacional, se refugió aparentemente en España, y muy recientemente ha aparecido en un programa de la televisión pública española reiterándose en sus tesis negacionistas y revisionistas.
Apareció, además, acompañado de otro huido de la justicia austríaca, condenado por los mismos motivos, que desde España publica y distribuye a toda Europa su propaganda de signo antisemita y nazi. Además, hemos podido denunciar ya en esta Cámara la distribución en nuestros casilleros de un libro llamado «Absolución para Hitler», de este último personaje.
Esta aparición pública ha motivado esa solicitud formal, pero repito que ya existía una orden internacionalde búsqueda y captura de este individuo, y tengo entendido que todavía no hay una respuesta a las autoridades

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alemanas. Me gustaría que lo desmintiera el señor Ministro.
Señor Ministro, ¿cómo es posible que España sirva de refugio a estos individuos? ¿Cómo es posible que una cadena de televisión pública sirva de instrumento de difusión de tesis antisemitas que niegan el holocausto e incitan al odio racial? ¿Cómo es posible que se desvirtúe hasta ese punto el carácter de servicio público de Televisión Española, dando acogida a nazis convictos, confesos, recalcitrantes, huidos de sus países? Y eso a pesar de una sentencia que el señor Ministro conoce muy bien del Tribunal Constitucional, de 11 de noviembre de 1991, en el caso Violeta Friedman contra León Degrelle, en la que se establece claramente que el derecho a la libertad de expresión ideológica no comprende el derecho a efectuar manifestaciones de carácter xenófobo y racista y que la negación del holocausto es una ofensa gravísima a la dignidad humana.
¿No cree el señor Ministro que la indiferencia y la inacción del Gobierno en estos dos casos son una falta grave al deber de solidaridad europea expresado en la Declaración de Viena de 1993? Señor Ministro, los neofascistas y los neonazis no están en esta Cámara. Estos a los que me he referido están en España por la despreocupación del Gobierno y su obligación es detenerlos y entregarlos a la justicia de sus países y que no aparezcan en Televisión Española. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente, señoría, la preocupación de fondo que S.S. manifiesta es obvio que es compartida por el conjunto de la Cámara, desdeluego por el Gobierno de la nación. Lo que ocurre es que hay ciertos límites, uno de ellos derivado del principio de legalidad, que también debería ser asumido por el conjunto de la Cámara.
Ese principio de legalidad significa en este caso concreto que mientras no haya una orden de detención internacional no se puede detener a nadie. Así de sencillo. Esa orden se produce el día 20. Mientras esa orden no se produce no se puede detener a nadie. Lo contrario sería renunciar al principio de legalidad y solamente desde esa renuncia hay verdadero riesgo de holocaustos, de nazismos y de principios totalitarios. En consecuencia, con estricto cumplimiento de la legalidad y en la medida en que haya una orden judicial como la hay ahora, se procederá a su detención, no antes.
Por otro lado, su pretensión de que censuremos los programas de Televisión Española no forma parte del programa del Gobierno. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Es un servicio público!-- Rumores.)El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MACIAS SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO DEL VIAJE DE FUERTEVENTURA A ALEMANIA DEL NIÑO DE 4 AÑOS Y MEDIO JUAN ANTONIO BUFIGUTIERREZ? (Número de expediente 180/000495)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, del señor Macías Santana.


El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué explicación puede dar el Gobierno ante la escapada del niño José Antonio Bufí desde Fuerteventura a Alemania? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macías. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente. La verdad, señoría, le tengo que reconocer que poca explicación tiene. (Risas.) El niño en cuestión, efectivamente, logró introducirse debajo de una cadena y apareció en Alemania.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Macías.


El señor MACIAS SANTANA: La verdad, señorías, es que esto no es motivo de hilaridad. Es grave lo que ha pasado en Fuerteventura, porque nos puede pasar a cualquier familia. En Fuerteventura se han vivido días de bastante tristeza, días en que la población completa ha estado a la busca y captura de ese niño y hoy, después de 11 días, señor Ministro, de esta, llamemos, escapada, fuga o secuestro, seguimos exactamente igual. Yo pienso, señor Ministro, que esto demuestra la inseguridad que existe en los aeropuertos nacionales, porque si usted reconoce que se ha escapado, se han podido escapar muchísimos más. Cuando viajamos en un avión, ya vamos preocupados porque no sabemos si en ese avión nos acompaña algún incontrolado, algún indocumentado. Yo, a la vista de esto, señor Ministro, ya pienso que lo ha tenido muy fácil el señor Roldán porque, si se ha escapado este niño, con cuatro años y medio, ese señor se ha escapado muchísimo mejor.


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Lo que yo pido, señor Ministro, es que seamos conscientes y pongamos una vigilancia constante y adecuada en los aeropuertos, porque usted dice que este niño, de cuatro años y medio, se ha escapado, pero, ¿cómo es posible? Es que no lo concibo. Yo conozco Fuerteventura, y afortunadamene todos los aeropuertos canarios, y hay un control. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De la policía? ¿De la compañía aérea? ¿De los controladores? ¿Quién es el culpable, señor Ministro? (Risas.) Francamente, señorías, no creo en absoluto que ustedes tomen esto con hilaridad. (Rumores.) Todos tenemos hijos, yo tengo nietos, y que un hijo se nos escape de esa forma es completamente incomprensible.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macías.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente.
La verdad es que si me he permitido un tono relajado en la primera parte de la intervención, se debe exclusivamente a que hemos investigado el tema a fondo y sabemos, porque se hizo una doble reconstrucción con la Guardia Civil, con la policía y con sus padres, cómo habrían ocurridos los hechos, y el tono relajado se debe a que pudimos comprobar que, efectivamente, no había ni hubo en ningún momento riesgo alguno contra la seguridad. Simplemente es que el niño realizó una gran travesura, que llevó a cabo como consecuencia de una serie de circunstancias fortuitas. Si quiere se las comento, en la medida en que tenga tiempo, con mucho gusto.
De entrada, era un vuelo con 348 pasajeros, de una línea alemana, con cincuenta y tanto niños menores de siete años.
Había, ciertamente, un ambiente que facilitó el que el niño, en vez de ir por el lado normal del control de pasaportes -- que ciertamente cuando se trata de vuelos a países de la Unión Europea, sobre todo en salidas, el control, evidentemente, es mucho más relajado--, fue por el lado contrario. Y ya sabemos la causa por la cual no pudimos verle, y es que el filtro del control de pasaportes tiene una altura determinada ciega.
(Risas.) Es así, y la anécdota la cuento tal como es. (Risas.- -Rumores.) A partir de ahí, efectivamente se han adoptado medidas, entre otras, la de modificar la altura del filtro del control de pasajeros. A parte de eso, afortunadamente, no ha sido más que una gran travesura y el niño lo ha pasado francamente bien, señoría, no se preocupe. (Risas.--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA DESCONFIANZA DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS HACIA LA PROFESIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LAS CARCELES ESPAÑOLAS? (Número de expediente 180/000496)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, del señor Gil Lázaro, que tiene la palabra.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
¿Comparte el Gobierno la desconfianza del nuevo Director General de Instituciones Penitenciarias hacia la profesionalidad de los funcionarios que prestan servicio en las cárceles españolas? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente.
Señoría, ni el Director General ni el Ministro ni, desde luego, el Gobierno tiene desconfianza alguna en los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Realmente, yo celebro esa respuesta del señor Ministro, entre otras cuestiones, porque no podía ser otra. Pero sabe el señor Ministro que, muchas veces, el indicio suele ser el pórtico de la evidencia y, en este caso, el nuevo Director General se ha dirigido recientemente a todos los directores de los establecimientos penitenciarios españoles recordándoles, textualmente, la necesidad de que estos funcionarios penitenciarios observen una esperada corrección en el trato con los ciudadanos, no efectuando juicios de valor peyorativos sobre las conductas, actitudes u opciones manifestadas por éstos. Como es natural, señor Ministro, esta admonición ha causado entre los funcionarios, en primer lugar, un profundo malestar, por injusta, y, en segundo lugar, una notable sorpresa, puesto que estos funcionarios entendían que debían ser otras las preferencias y prioridades del nuevo Director General a la hora de abordar las problemáticas que les afectan.
Usted sabe que estamos ante una actuación que no cabe excusar diciendo que tiene su origen en alguna recomendación singular del Defensor del Pueblo, porque lo que aquí se ha hecho es trascender una recomendación formulada en virtud de un hecho concreto, a un contenido general. Sabe bien el señor Ministro que esta actuación ha motivado la necesidad de que el nuevo

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Director General haya tenido que excusarse o explicar esta actuación ante los representantes sindicales y que fuentes oficiosas han calificado dicha admonición, cuando menos, de desafortunada en las formas.
Yo, desde luego, compartiendo el sentido de la primera respuesta dada por el señor Ministro, recomendaría que, en lo sucesivo, el nuevo Director General y, desde luego, el Ministro que avala su nombramiento, mostraran, cuando menos, una mayor sensibilidad en las formas a la hora de dirigirse a este cuerpo funcionarial y un mayor rigor en los contenidos, porque, en todo caso, lo que hace falta en estos momentos y lo que los funcionarios penitenciarios están reclamando es que cuestiones sensiblemente urgentes que afectan al contenido y a las posibilidades de desarrollo de su carrera sean convenientemente tratadas por la administración penitenciaria.
Este Grupo Parlamentario no tiene, señor Ministro, ninguna duda respecto de la profesionalidad y el adecuado servicio de este cuerpo funcionarial.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia, señor Presidente.
Le agradezco mucho, señoría, esos elogios a ese cuerpo no siempre bien entendido --ya sé que por S.S. sí, porque es experto en estos temas-- en su trabajo social y, desde ese punto de vista, se lo agradezco. Sin embargo, he de comentar que el que se recuerde por vía de circular lo que dice, sin más, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado no debería ofender a nadie; tampoco a los funcionarios. Es la Ley de Funcionarios Civiles del Estado la que habla expresamente de la necesidad de que los funcionarios públicos mantengan una relación --emplea, precisamente, la misma expresión-- de esmerada corrección en el trato frente a los ciudadanos, tanto cuando pidan información como cuando formulen quejas.
Sinceramente, no hay que llevar la hipersensibilidad tan lejos como para llegar a olvidar que sólo estamos al servicio de los ciudadanos.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO GAYARRE BERMEJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCMO.
SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR: ¿AUTORIZO SU MINISTERIO A MARIA JOSE RUBIO, INTERVENTORA DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO EN NAVARRA, EL COBRO DE DINERO A LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000504)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, del señor Gayarre Bermejo, que tiene la palabra.


El señor GAYARRE BERMEJO: Muchas gracias.
¿Autorizó su Ministerio a María José Rubio, Interventora habilitada de la Delegación del Gobierno en Navarra, el cobro de dinero a particulares?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gayarre.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente, si estuviéramos en un juzgado habría que decir que la pregunta es impertinente, porque si dijera que sí, estaría reconociendo la comisión de un delito. Como estamos en el Congreso de los Diputados me limitaré a señalarle, señoría, que no se trata de una interventora, sino de una habilitada cajera y, en segundo lugar, que nadie ha dado esa orden.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gayarre.


El señor GAYARRE BERMEJO: Reconozco que este caso ha sido puesto en conocimiento del juzgado por el Delegado del Gobierno en Navarra. María José Rubio, Interventora habilitada en la Delegación del Gobierno, pidió cientos de millones -- unos 400--que fueron ingresados a través de una cuenta cuyo titular corresponde al Ministerio del Interior. Estos señores fueron citados en la Delegación del Gobierno para que ingresaran cantidades por las cuales recibían cuantiosos intereses, aproximadamente el 40 por ciento. Algunos de ellos se comprometieron, firmaron documentos y entregaron unos 200 en la cuenta del Banco de España perteneciente al Ministerio del Interior en Pamplona, cuenta blindada en la que solamente entraban y salían aquellos cargos para cobrar las nóminas. En otra ocasión, María José fue a casa de uno de ellos y se llevó 50 en una maleta. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Esta visita fue acompañada por una escolta en el portal, aludiendo a sus jefes. Se refería a jefes del Ministerio del Interior.
Más adelante, cuando se va a cobrar, María José dice: Se retrasa el dinero. Era cuando el señor Asunción llegó al Ministerio del Interior, en noviembre de 1993.
Comprendo, señor Ministro, que es difícil enmarcar estos hechos, pero es una funcionaria suya y no me digaque es una estafa personal, blanqueo de dinero, etcétera. Señor Ministro, usted, que juró perseguir la corrupción, tiene el deber de informarme verazmente. La ética debe imperar en su doble Ministerio, Justicia e Interior.


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Señor Ministro, usted prometió transparencia y debe ejercitarla. Las instituciones, el Estado, no pueden crear estas inquietudes en nuestros ciudadanos. Tengo la obligación, como representante en Navarra, de exigirle que cumpla estas promesas; de lo contrario estaríamos a merced de conductas ilegales que perjudican gravemente el sistema. Es preciso, señor Ministro, que los medios de control socio-políticos, jurídicos, funcionen normalmente.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gayarre.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente.
Señorías, efectivamente, con la teoría general estamos todos de acuerdo. El hecho de que formule la pregunta cuando ya sabe la respuesta, desde un punto de vista retórico, es algo más discutible. En todo caso, le he de decir lo que usted ya sabe y ha reconocido en la propia pregunta, es decir, que la Delegación del Gobierno, en el momento mismo en que tuvo noticia --la tuvo; a lo mejor ese detalle no lo sabe y le informo con mucho gusto--, a través de un miembro del Colegio de Abogados, de que uno de sus clientes estaba desde el año 1990 realizando este tipo de pagos a la funcionaria a la que usted alude, lo puso en conocimiento de la autoridad judicial.
Por lo tanto, no cabe una actuación más diligente ni más rápida.
Al propio tiempo, se abrió un expediente administrativo y en él se ha acordado la suspensión provisional de la funcionaria.
Todo esto de manera inmediata al acontecer de los hechos. Por otro lado, junto a estas conductas, que son, desde cualquier punto de vista, en mi opinión, indiscutibles, hay que decir con absoluta rotundidad que es evidente que no existe ningún fondo especial reservado, ni en la Delegación de Gobierno de Navarra ni en ninguna otra. Ya sabe que el pretexto que utilizaba la funcionaria, supuestamente, era un fondo para la lucha nada menos que contra el terrorismo. Tales fondos no existen ni en la Delegación de Gobierno de Navarra ni en ninguna otra y, por lo tanto, cualquier actuación en ese ámbito es, desde luego, arbitraria y posiblemente delictiva, aunque esto segundo, lógicamente, corresponda decirlo a los tribunales.
Nada más, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO FIRMA UN ACUERDO DE COOPERACION CON LOS TESTIGOS DE JEHOVA? (Número de expediente 180/000515)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, de la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
En anteriores sesiones de control, formulaba al señor Ministro de Justicia e Interior varias preguntas sobre diferentes acuerdos de cooperación adoptados entre su Ministerio y la Iglesia Católica, en unos casos, y, en otros, con entidades no católicas. Estos acuerdos venían a desarrollar el carácter aconfesional del Estado español y a reforzar también la vía de diálogo y de colaboración con la Iglesia Católica y, lo que, en mi opinión, no es menos importante, con las demás confesiones.
Con estas organizaciones se comparte preocupaciones, servicios relacionados con temas educativos, con temas de prestaciones sociales, culturales, etcétera, y, además, entiendo que son positivos estos cauces de comunicación y de coordinación ecesarios entre el Ministerio y estas entidades.
En el caso de las entidades no católicas, el propio Ministro afirmaba que se habían llegado a acuerdos con la evangélica, con la islámica y con la judía, garantizando de esta forma la libertad religiosa y el principio de no discriminación.
Además, resaltaba como algo especialmente significativo que en el próximo curso se pudieran ya impartir estas materias en centros educativos, en los niveles de enseñanza primaria, de enseñanza secundaria y de bachillerato.
En términos muy similares, se refería a la comunidad islámica, para la enseñanza de esta religión, o para garantiza la asistencia religiosa en centros penitenciarios o en centros hospitalarios.
Me refiero a estos temas, señor Ministro, porque, sin duda, ponen de manifiesto la actitud positiva por parte de su Ministerio de llegar a acuerdos con estas entidades religiosas y, al mismo tiempo, contrastan con el contenido de la pregunta que le formulo en esta ocasión porque está basada no en un acuerdo sino en un desacuerdo, en una falta de entendimiento.
Concretamente, la pregunta que le formulo dice: ¿Por qué el Ministerio de Justicia no firma un acuerdo de cooperación con los Testigos de Jehová? Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Ortega.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente, señorías, efectivamente

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le agradezco, en primer lugar, el recordatorio que ha hecho en la formulación de su pregunta de la política que en este campo mantiene el Ministerio a través de la Dirección general correspondiente.
Respecto a la pregunta concreta que formula S.S., habría dos respuestas; una, jurídico formal, y, otra, material, que será, sin duda, la que más interesa a su señoría. Desde un punto de vista jurídico-formal, no obstante, me parece conveniente dejar indicado que, desde el punto de vista del Gobierno, la posibilidad de realizar convenios de colaboración, de cooperación, con determinadas confesiones religiosas, es un acto político que forma parte del núcleo mismo de la soberanía estatal. No aceptamos la tesis de que sea algo obligado, sino que forma parte de un acto político de naturaleza estatal.
Aclarado ese aspecto jurídico-formal, en cuanto al contenido material, la razón es, yo creo, perfectamente explicable. Ya sabe S.S. que el mecanismo es que este tipo de solicitudes de iniciar los trámites correspondientes para llevar a cabo un acuerdo de cooperación tiene que pasar por la Comisión asesora de libertad religiosa. La Comisión asesora de libertad religiosa está integrada, por un lado, por expertos, pero también, por otro lado, por representantes de todas las confesiones o entidades religiosas que ya tienen convenios de cooperación con el Gobierno.
Pues bien, la Comisión informó, por unanimidad, que no era posible iniciar la tramitación del acuerdo de cooperación con los Testigos cristianos de Jehová, como reza su nombre literal, alegando que contenía principios, normas, pautas de conducta, contrarias al ordenamiento jurídico estatal e incluso al ordenamiento constitucional.
En concreto, son dos los extremos que hacen difícil, desde el punto de vista del Gobierno, imposible, llegar a ese tipo de acuerdos. Serían, por un lado, lo relativo al no considerarse obligados sus miembros ni a prestar el servicio militar, ni tampoco la prestación social sustitutoria; y un segundo tema de contenido igualmente importante, que es la prohibición de transfusiones de sangre, lo cual es especialmente grave y peligroso en el caso de menores de edad.
Nada más, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO COBRAR UN PRECIO POR EL AGUA DESTINADA A LOS CULTIVOS DE REGADIO, SUPLEMENTARIO A LOS CANONES APLICABLES ACTUALMENTE, CONFORME A LA LEY DE AGUAS? (Número de expediente 180/000497)El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, del señor Pascual Monzo.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
¿Tiene previsto el Gobierno cobrar un precio por el agua destinada a los cultivos de regadío, suplementario a los cánones aplicables actualmente, conforme a la Ley de Aguas?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, muchas gracias.
No, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, o bien usted no se entera de los informes que redacta su Ministerio o bien usted está mintiendo a esta Cámara, porque le traigo aquí el informe sobre las propuestas de modificación del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, de Madrid, 6 de mayo de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en el que habla, en el apartado del régimen económico del sector hídrico, de introducir un precio para el agua que verdaderamente contribuya a la ordenación racional de la demanda. Se aplicaría a todos los usuarios del agua. Un precio --dice más adelante-- definido por metro cúbico para cada tipo de uso. Y, lo que es peor y más peligroso, dice también: podría revisarse en la ley anual de presupuestos. Esto de su propio Ministerio, señor Ministro.
¿Cómo pretende usted ahorrar agua encareciéndola? El agua hay que ahorrarla de otra forma, señor Ministro --es la excusa que usted pone--; mejorando las conducciones y evitando fugas de un 30 o un 40 por ciento en muchas conducciones, mejorando las instalaciones de los pantanos, incentivando a los agricultores para que adapten sistemas más modernos de ahorro de agua.
Señor Ministro, al agricultor ya le sale muy cara el agua; en muchos casos, carísima. Son los mayores contribuyentes para el mantenimiento y la construcción de las infraestructuras hidráulicas. Además, ya pagan por ella, ya les cuesta, porque los valores catastrales de las tierras de regadío son superiores y eso les repercute en todo tipo de impuestos, pagando más. Su Gobierno socialista pretende ahora imponerles un canon bajo la burda excusa de ahorrar agua. ¿Así es como van a competir nuestros agricultores frente a los europeos, con pluviometrías mucho más altas que las

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nuestras y que apenas tienen gasto en agua? ¿Esta es la competitividad que usted y su Gobierno piden para los agricultores españoles frente a los retos del GATT? ¿Qué pretende usted con esta medida? ¿Que los agricultores rieguen la mitad? Usted, señor Ministro, es que no tiene ni idea de agricultura. Usted lleva muchos años de Ministro de Obras Públicas, pero su subconsciente le traiciona, porque...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: ... usted sigue siendo Secretario de Estado de Hacienda...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.


El señor PASCUAL MONZO: ... y su verdadera vocación es la de recaudador. (Un señor Diputado desde los bancos del Grupo Socialista: ¡No respetan nada!)

El señor PRESIDENTE: ¡Señor Pascual! Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, muchas gracias.
Es una técnica parlamentaria muy constructiva ésta de venir a leer las réplicas sin conocer la respuesta. Da igual lo que yo le conteste, usted viene aquí ya con el papelito escrito y lo lee a continuación. (Rumores.) Ha leído usted exactamente la misma respuesta, habiéndole contestado «no»... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! ¡Silencio!

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Ha leído usted la misma respuesta, habiéndole contestado «no» que la que hubiera leído si le hubiera contestado «sí». Es decir, que viene usted aquí a soltar su discurso con total independencia de la respuesta que reciba a su pregunta.
Hay muchos informes en el Ministerio, señoría, y un debate en curso en el Consejo Nacional del Agua, donde unos y otros plantean alternativas. Mi Ministerio hace muchos informes.
Pero usted me ha preguntado no por los informes que hace mi Ministerio, sino por la posición del Gobierno, que son dos cosas distintas.
Hay un debate en el Consejo Nacional del Agua, del que saldrá lo que tenga que salir y, en su caso, y, en función de lo que el Consejo Nacional del Agua sugiera, vendrá un proyecto de ley que las Cámaras debatirán. Y el Parlamento decidirá. El Gobierno no puede, por sí y ante sí, decidir cobrar nada a nadie porque eso es, en todo caso, una decisión legislativa, y usted lo debería saber.
De manera, señoría, que no trate de escandalizar ni de crear alarmas, porque el Gobierno (El señor Pascual Monzo pronuncia palabras que no se perciben.)... Si es tan amable, por favor... El Gobierno se daría por satisfecho si fuéramos capaces de aplicar en este momento la legislación vigente y consiguiéramos cobrar los cánones que están en vigor, tanto a los ayuntamientos como a los regantes, lo cual vendría, por cierto, a resolver muchos de los problemas que tenemos planteados.
Espero que le haya quedado a usted claro qué diferencia hay entre una posición del Gobierno y lo que son informes técnicos que alimentan un debate, la diferencia que hay entre lo que un Gobierno puede hacer y lo que un Gobierno no puede hacer porque depende de la soberanía nacional que aquí reside.
Déjeme que le diga, finalmente, que nadie ahorra lo que es gratis, que nadie ahorra lo gratuito y que los mecanismos de precios... (El señor Pascual Monzo pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señoría, por favor! Los mecanismos de precios hace mucho tiempo que se han inventado para ser aplicados para racionalizar el consumo de cualquier cosa, y no veo por qué ese elemento no se puede aplicar también en el campo de la agricultura o en cualquiera de sus factores de producción.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON GUILLERMO GORTAZAR ECHEVERRIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿CUALES SON LOS PROYECTOS QUE NO HAN CONSEGUIDO FINANCIACION COMUNITARIA POR CARENCIA O DEFICIENCIA DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EXIGIDOS AL EFECTO? (Número de expediente 180/000501)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, del señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señor Ministro, el pasado 14 de abril, el señor Verstrynge, Director de los Fondos de Cohesión de Bruselas, llamó la atención sobre la no presentación de proyectos relativos a materias medioambientales. Es una noticia que saltó a la prensa el 14 de abril y en este momento le hago una pregunta muy concreta: ¿Está en condiciones de informar a la Cámara sobre la presentación de estos proyectos, sobre su viabilidad, sobre su calidad efectiva, de modo que no se desperdicien, no se malogren, no se utilicen esos 63.000 millones?

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Señor Ministro, sabe que tiene obligación de responder a la pregunta en los términos en que ha sido formulada por escrito.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, con muchísimo gusto contestaré a la pregunta que S.S. me formula cuando se incluya en el orden del día, porque de momento la que me ha formulado es otra distinta. La pregunta hecha por escrito dice: ¿cuáles son los proyectos que no han conseguido financiación comunitaria por carencia o deficiencia de los estudios ambientales exigidos al efecto? No tiene nada que ver una cosa con la otra, señoría. La pregunta que usted me formula y que yo vengo preparado para contestarla es una que se refiere al pasado y el eco que se hace usted de las declaraciones del señor Verstrynge tiene referencia al futuro.
De manera que le voy a contestar a la pregunta que me ha formulado formalmente.
La respuesta concreta es: El tramo Castro Urdiales-Colindres de la autovía del Cantábrico.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Gortázar.


El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Lamento que no disponga el señor Ministro de la cintura parlamentaria. Como usted sabe muy bien, el señor Major contesta a preguntas genéricas sin que tenga una previsión tan estricta, pero, en fin, me hago cargo de que éste es el uso en esta Cámara y no se lo reprocho.
Señor Ministro, en Bruselas están pendientes de estos proyectos de impacto medioambiental, precisamente por un tema que aconteció el año anterior, que consiste en que la inmensa mayoría de esos proyectos eran proyectos de transporte y comunicaciones y no de medio ambiente. Estamos hablando de una cifra muy importante, cuyas competencias básicamente recaen en aguas y en residuos para las comunidades autónomas. Usted podrá decir que estos son proyectos de las comunidades autónomas, pero aquí estamos hablando de una cuestión de gestión que compete a su Ministerio y que nos parece importante resaltar. No hacer esto en los términos en que está previsto supone un claro perjuicio para la situación del medio ambiente en España. Estamos ante una situación de dispersión de competencias. Está usted con medio ambiente, está Agricultura con medio ambiente, hay algún que otro ecologista dimisionario con medio ambiente, pero el hecho objetivo es que a todo esto añadimos un elemento más de confusión, la financiación.
Yo comprendo que uno se puede arrepentir de haber traspasado a las comunidades autónomas la gestión medioambiental --esto también ha pasado en Italia--, pero lo que no pueden hacer ustedes es atribuir esas competencias a los ayuntamientos y a las autonomías y quedarse la gestión de los fondos. Una de dos, o tiene los fondos y las competencias o dan a las autonomías las competencias y los fondos, pero comprenderá que así no se puede seguir. Hay algún modelo realizado ya en Castilla y León, que creo que es un buen modelo a seguir, pero me da la sensación de que, para clarificar responsabilidades y competencias administrativas, va a ser preciso que seamos nosotros quienes ocupemos ese banco azul, previas unas elecciones generales. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gortázar.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
No es un problema de cintura parlamentaria, es un problema de cumplir con el Reglamento de la Cámara. Usted me pregunta A y yo le contesto A, usted sigue hablando de be y esta circunstancia va a conducir a un diálogo de sordos.
Sobre 650.000 millones de pesetas de proyectos financiados por los fondos europeos, que España ha presentado y ha recibido, sólo uno, que no llega a los 20.000 millones de pesetas, ha tenido un problema de no aceptación, que es el tramo Castro Urdiales-Colindres, porque cuando se inició el proyecto no estaba todavía en vigor la normativa que obligaba a efectuar declaraciones de impacto ambiental. Naturalmente no se hizo y, sin embargo, la Comunidad Europea, aun no siendo obligatorio que ese proyecto tuviese esa declaración, prefirió financiar otro con fondos de cohesión. Habiendo otro proyecto que financiar, prefirió que fuese otro el que recibiese esa financiación y no uno que, no teniendo por qué tenerlo, no tenía la declaración de impacto ambiental.
De manera que, en lo que a su pregunta se refiere, señoría, no hay ninguna razón para que se preocupe.
Y en cuanto a lo que usted pregunta fuera del orden del día, le diré que tampoco tiene usted por qué preocuparse, porque si hubiera seguido usted leyendo la prensa, hubiese visto que las declaraciones del señor Verstrynge fueron corregidas posteriormente por el propio señor Verstrynge después de su visita a España, donde ya reconoció que había proyectos ambientales suficientes para cubrir la parte que a España le corresponde en los fondos de cohesión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS DE GRANDES PASCUAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

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EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION LE MERECE AL GOBIERNO EL CALIFICATIVO DE «ILEGAL» EFECTUADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA- LA MANCHA EN RELACION CON EL TRASVASE DE 35 HECTOMETROS CUBICOS DE AGUA DE LA CUENCA DEL TAJO AL SEGURA, APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL DIA 6 DE MAYO DE 1994? (Número de expediente 180/000503)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, del señor De Grandes Pascual, que tiene la palabra.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué valoración le merece al Gobierno el calificativo de «ilegal» efectuado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con el trasvase de 35 hectómetros cúbicos de agua de la Cuenca del Tajo al Segura, aprobado por el Consejo de Ministros el día 6 de mayo de 1994?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno está convencido de que el acuerdo por el cual usted se interesa ha sido adaptado con pleno respeto a la legislación vigente.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor De Grandes, tiene la palabra.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, parece que no es ése el criterio que sustenta el Gobierno regional que preside José Bono.
Señor Ministro, con toda sinceridad, mi pregunta no está inspirada en una excusa para hoy aprovechar aquí para protestar sobre un trasvase concreto ni para llorar sobre un agua derramada que ya ha pasado y que no volverá.
Esta pregunta viene a raíz de reflexionar sobre un hecho insólito que se ha producido y es que el Gobierno central, el Gobierno de España, sustentado por el Partido Socialista, ha venido a colisionar con el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también sustentada por el Partido Socialista. Esto no sería tan insólito, porque existen resortes constitucionales para dilucidar estas discrepancias cuando se producen, pero en este caso yo quiero destacarlo porque S.S. ha venido vendiendo ilusiones y destacando cómo el Partido Socialista es el gran garante de la vertebración de España. Y lo cierto es que en el tema del agua no hay tal garantía, como se está demostrando claramente en esta pregunta que yo le formulo, por más que S.S. niegue el hecho de si es ilegal o no la decisión del Consejo de Ministros.
La realidad es que las protestas vienen sucediéndose por parte del Gobierno del Presidente José Bono siempre a agua pasada y de forma estéril. No se sabe bien qué encierra la dualidad, si una pantomima más de aquéllas a las que nos tienen acostumbrados el Presidente de la Junta de Comunidades, muy amigo de la escena y del teatro político, o si bien se trata de una colisión real entre dos administraciones, la central y la autonómica, ambas del Partido Socialista, que, según S.S., es el gran garante de la vertebración y la unidad de España en estos temas tan importantes.
Señor Ministro, S.S. nos ha vendido una situación que no se corresponde con la realidad. Más que las grandes fantasías que usted pretende vender sería aconsejable mayor cordura, mayor diálogo y, si ése es el modelo de vertebración, le aconsejamos, le rogamos que no nos vertebre más.
Nada más.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias.
Señoría, no tenemos ninguna intención de vertebrar al Partido Popular; esperamos que se vertebren ustedes solos. (Risas.) La potencia vertebradora a la que me he referido en alguna ocasión es en materia de política hidráulica y ahí desde luego diferimos completamente de la que ustedes denuncian y que, recientemente, el señor Aznar ha definido de una forma clarísima en una revista ecológica, diciendo textualmente: España es como es, ya se sabe. Media España es seca, media España es húmeda. Aquí llueve, aquí no llueve. Hay que dejar las cosas tal como las ha hecho la madre naturaleza. (Risas.) Este es el planteamiento de política hidráulica que hace el Partido Popular (Risas.) o, al menos, el que el señor Aznar dice que hace cuando hace declaraciones en una revista ecológica. No sé cómo las defiende y las define cuando hace declaraciones en una revista agrícola, pero, dada la alta coherencia que ha demostrado siempre, supongo que hará las mismas. (Risas.--El señor Hernández-Sito: ¡Agua!--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¡Silencio!

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--DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO ANTE LA DECISION DE LA DIRECCION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., DE RESPONDER CON EL CIERRE DE LOS LOCUTORIOS PUBLICOS TELEFONICOS GESTIONADOS POR CONTRATA, DANDO LUGAR AL CESE DE LOS EMPLEADOS EN LOS MISMOS, FRENTE A LAS RECLAMACIONES LABORALES SOBRE CESION ILEGAL FORMULADAS POR DICHOS EMPLEADOS? (Número de expediente 180/000510)

El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, del señor Peralta Ortega. Tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Compañía Telefónica de España, empresa participada por capital público y que durante mucho tiempo ha gozado de monopolio en el terreno de las comunicaciones, ha gestionado durante décadas innumerables locutorios, situados bien en capitales, sobre todo en pueblos, mediante el sistema de contratas, mecanismo que permitía a esta empresa no integrar en su plantilla al personal que prestaba servicios en esos locutorios, no aplicándoles, consecuentemente, el convenio colectivo de esta empresa y reconociéndoles condiciones laborales notoriamente inferiores. Esta situación, tal como le indicaba, señor Ministro, se ha prolongado durante mucho tiempo; incluso durante el franquismo se intentó investirla de legalidad aprobando una ordenanza específica para estos centros.
Recientemente, ya en la democracia, los tribunales han revisado la legalidad de esta situación y en este proceso de revisión se ha culminado con dos sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo del pasado año 1993, una de 15 de julio y otra de 17 de noviembre, declarando que el personal de estos locutorios pertenece a la plantilla de Telefónica de España (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) La segunda de estas sentencias, como le indicaba, señor Ministro, es del 17 de noviembre. Pues bien, señor Ministro, el 19 de noviembre, en toda España, donde existía este tipo de locutorios, Telefónica de España decide, formalmente, notificar la rescisión de las contratas, los cierres de los locutorios y el cese de su personal.
Ante esta situación, señor Ministro, le pregunto: ¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno en relación con esta decisión de Telefónica de España? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señorías, Telefónica es una sociedad anónima de capital mayoritariamente privado; el sector público tiene un 33 por ciento. Todas las decisiones referentes a cuestiones de personal, a la gestión de sus recursos, materiales y humanos, son adoptadas por los órganos de gestión y administración previstos en una sociedad anónima sujeta al Derecho privado, por lo tanto, con plena responsabilidad de sus gestores. Nada hay en las relaciones entre el Ministerio responsable de las telecomunicaciones y la compañía Telefónica que nos induzca a intervenir en una cuestión relativa a problemas de personal inscritos en el marco de la gestión privada de Telefónica. No obstante lo cual y habida cuenta de la circunstancia que su pregunta pone de manifiesto, he transmitido al Ministerio de Economía, que es el tutor, en tanto que accionista, del comportamiento de estos órganos de gestión, para que analice esa circunstancia que usted pone de manifiesto, en contacto y colaboración con los responsables de la gestión de Telefónica, siempre dentro del ámbito de Derecho estrictamente privado y responsabilidad frente a los órganos del consejo de administración sometidos a la Ley de Sociedades Anónimas, frente a las cuales el Gobierno no tiene capacidad para intervenir.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su respuesta, de verdad, es sinceramente muy insuficiente. Me dice usted que es una empresa mayoritariamente de capital privado, y eso es así, pero no cabe duda, señor Ministro, como usted conoce perfectamente, de que hay mecanismos de intervención del Gobierno, hay consejeros del Gobierno en el consejo de administración de Telefónica. Y hay otros mecanismos de intervención en esos órganos que adoptan decisiones. Por tanto, señor Ministro, aunque sea una compañía mayoritariamente de capital privado, hay mecanismos a través de los cuales el Gobierno puede intervenir en la gestión de la empresa pública. Pero, en todo caso, desde el punto de vista laboral y del servicio público hay que actuar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.
Señor Ministro.


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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Sí, señoría, desde el punto de vista del servicio público que Telefónica tiene encomendado hay representantes del Ministerio en el consejo de administración, no para los temas de gestión instrumental de Derecho laboral, de compras de bienes, de suministro de recursos, frente a los cuales no cabe esgrimir el contrato con Telefónica referido a las obligaciones de servicio público. Son dos cosas completamente diferentes. Hay que verificar que Telefónica cumple con las obligaciones de servicio público, que es lo que le liga con el Gobierno, pero los temas de índole organizativa o laboral son problemas estrictamente de los accionistas y de los gestores de Telefónica.
De todas formas, ya le he dicho que, habida cuenta de la circunstancia que usted pone de manifiesto, he transmitido al Ministerio de Economía y Hacienda la preocupación que la lectura de estos hechos produce, para que, vía sus representantes en el Consejo de Administración, y a tavés de los oportunos contactos con los responsables de la gestión de Telefónica, se analice la estricta adecuación a Derecho de las medidas que usted ha señalado, que no pueden inscribirse, sin embargo, en la prestación de servicio público.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE LOPEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, LICITAR LAS OBRAS PARA EL TRASVASE DE AGUA DE LA PRESA DE LA FERNANDINA CON DESTINO A LA ZONA REGABLE DEL GUADIEL EN LA PROVINCIA DE JAEN (Número de expediente 180/000512)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, del Diputado don Felipe López García.
Señor López García, tiene la palabra.


El señor LOPEZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la construcción de la presa de La Fernandina, terminada recientemente en la provincia de Jaén, ha supuesto un incremento en la capacidad de regulación general de la cuenca del Guadalquivir, próxima a los 250 hectómetros cúbicos, aspecto sin duda positivo, dado el déficit de recursos hidráulicos de la citada cuenca.
Por otro lado, y relacionado con este embalse, figura entre las actuaciones que la Junta de Andalucía contempla en el decreto por el que se declara comarca de reforma agraria de Andújar y Campiñas Bajas de Jaén, la puesta en regadío de aproximadamente 5.000 hectáreas. Dado que el cumplimiento de este objetio, que obviamente repercutirá de forma positiva en la economía de la zona, requiere previamente la ejecución de la obra de trasvase desde el embalse a la zona regable, obra a ejecutar por su Ministerio, es por lo que le pregunto cuándo tiene previsto el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente licitar las obras para el trasvase de agua de la presa de La Fernandina con destino a las zonas regables del Guadiel, en la provincia de Jaén.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
Señoría, el proyecto de la presa de La Fernandina, en el cauce del río Guarrizas, ya preveía el trasvase a la vecina cuenca del río Guadiel. Una vez terminada la presa, se redactó el proyecto para el trasvase, que, en síntesis, comprende una toma de la presa, un túnel de conducción --que tiene tres metros de ancho, tres de alto y casi tres kilómetros y medio de longidud--, una pequeña presa de regulación en el río Guadiel, con 200 metros de longitud y 30 de altura, y los correspondientes caminos de servicio.
Esta actuación tendrá que ser coordinada con la transformación de la zona regable, que fue declarada de interés general para Andalucía por decreto de su Junta en enero de 1991. La zona regable a la que se refiere esta declaración abarca una superficie de casi 9.000 hectáreas, de las que se consideran transformables casi la mitad, en un conjunto de términos municipales. El proyecto de trasvase ha sido ya aprobado técnicamente el día 21 de enero de este año, y tiene un presupuesto cercano a los 2.000 millones de pesetas. Teniendo en cuenta los preceptivos trámites adminitrativos que todavía están pendientes de ejecución, entre ellos el proceso de información pública que ahora se está preparando, esperamos que las obras puedan licitarse en el primer trimestre de 1995, para cuyo presupuesto ya tenemos efectuada la correspondiente reserva en la anualidad de los 2.000 millones de pesetas que esperamos cueste el proyecto.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,

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QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO CONOCIMIENTO DE LA CONTAMINACION PRODUCIDA POR EL VERTIDO DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES Y ESTIERCOL, AGUAS ARRIBA DE LA PRESA DE BARROS (CANTABRIA), Y PIENSA PONER EN PRACTICA LAS MEDIDAS CORRECTORAS? (Número de expediente 180/000517)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29, del Diputado don José Ramón Lago Freire.
Señor Lago, tiene la palabra.


El señor LAGO FREIRE: Señor Presidente, señor Ministro, el río Besaya, en Cantabria, es uno de los más contaminados del país, pero concretamente dispone de un embalse que regula el cauce, y asimismo sirve para la captación de agua potable para una comarca como la de Torrelavega, que tiene 150.000 habitantes aproximadamente. Este río, en su parte alta, aguas arriba de la presa, está sufriendo continuamente una serie de episodios de vertidos contaminantes que están acarreando dificultades enormes a la hora de potabilizar el agua. Estos vertidos son de carácter urbano, de carácter industrial, abonos, estiércol, etcétera. En definitiva, nos está ocasionando periódicamente en esta zona un peligro para la salud pública.
Mi pregunta se refiere a si el Gobierno tiene conocimiento de esta situación y si piensa poner en marcha algunas medidas para evitar esta situación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, durante el mes de marzo del presente año, y a través de la guardería fluvial de la Confederación, de los Servicios de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y de algunos ayuntamientos, se constató una elevada contaminación en la cuenca del río León, afluente del Besaya, aguas arriba de la toma de abastecimiento. Los servicios técnicos de la Confederación comprobaron que la empresa Granja de los Heros estaba depositando grandes cantidades de estiércol, de vacuno y de aves principalmente, sobre una amplia zonade terrenos comunales propiedad de la junta vecinal de San Martín de Quevedo, situado en el Ayuntamiento de Molledo. Esos depósitos producían lixiviados que por escorrentías incidían notablemente sobre las cuencas de un conjunto de arroyos cercanos, La Tejera, La Tubera, Sierra Bárcena y otros de la cuenca del río León. Se efectuaron varios informes de campo, de aforo y análisis de la calidad de las aguas y, como consecuencia de ello, en abril pasado se incoó un expediente sancionador contra esa sociedad, a la que también se requirió para que procediese de inmediato a la retirada de los residuos contaminantes.
Actualmente ya no se depositan los vertidos en esa zona, se ha retirado el estiércol que contaminaba los cauces y se han dispuesto zanjas para dificultar el acceso de los lixiviados a los mismos, con lo cual se ha producido una disminución apreciable de la contaminación de las aguas fluviales, aunque todavía éstas no han vuelto a su estado inicial.
A raíz de este problema surgido con los vertidos al río Besaya, los servicios técnicos de la Confederación tienen encomendado un seguimiento muy especial que permita adoptar medidas preventivas y correctoras que impidan la repetición de las situaciones a las que hace referencia la pregunta de su señoría.
Muchas gracias.


--DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON LAGO FREIRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE EL GOBIERNO PREVISIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASO ELEVADO EN LA PRINCIPAL ARTERIA VIARIA DE LOS CORRALES DE BUELNA (CANTABRIA)? (Número de expediente 180/000518)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 30, del Diputado don José Ramón Lago Freire, que tiene la palabra.


El señor LAGO FREIRE: Señor Presidente, señor Ministro, en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, en Cantabria, el paso de Renfe ocasiona tener que disponer de siete pasos a nivel.
El ferrocarril divide la ciudad en dos partes sustanciales y está originando serios contratiempos para el desarrollo normal de esta ciudad. Mi pregunta es: ¿Tiene el Gobierno previsiones para la construcción de un paso elevado o subterráneo en la principal arteria de Los Corrales de Buelna?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el municipio de Los Corrales de Buelna existen actualmente nueve pasos a nivel sobre la línea férrea Venta de Baños-Santander. Estos nueve pasos están situados a lo largo de 2,75 kilómetros, es decir, hay una gran concentración de pasos en un corto tramo de la línea férrea.


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La obligación de transformar los pasos a nivel está contenida en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de forma que deben ser transformados, si ello fuera técnicamente posible, todos aquellos cuyo producto AT sea superior a 24.000 (siendo A el número de circulaciones de vehículos en la carretera diarios y T el número de trenes que circulan por el mismo), o bien aquellos que estén en líneas en las que los trenes circulen a más de 160 kilómetros por hora.
Desde ambos criterios legales sólo tendríamos que suprimir cuatro de los nueve pasos existentes en el municipio. Ahora bien, para conseguir una mejor inserción del ferrocarril en el conjunto urbano de Los Corrales de Buelna y mejorar la permeabilidad transversal de las dos partes de la ciudad a uno y otro lado del ferrocarril, las previsiones de actuación del Gobierno respecto a los pasos se ha contemplado de una forma global, estableciendo que en una primera fase se suprimirán los seis de mayor circulación, entre los que destaca el cruce de la línea férrea con la principal arteria viaria de Los Corrales.
Ya se han iniciado los proyectos de construcción de las obras de esta primera fase, esperamos que se desarrollen a partir de 1995, y esperamos que a finales de 1997 estos seis pasos de mayor índice AT estén suprimidos.
Los tres proyectos restantes los abordaremos en 1995, esperando que durante el año 1996 pudiésemos iniciar las obras de los otros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JUAN COSTA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿PUEDE GARANTIZAR EL GOBIERNO QUE SE UTILIZAN CRITERIOS OBJETIVOS PARA DETERMINAR QUE PROFESIONALES DEBEN SER INSPECCIONADOS POR LA INSPECCION DE TRIBUTOS? (Número de expediente 180/000493)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12, del Diputado don Juan Costa Climent.
El señor Costa tiene la palabra.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Señor Solbes, la pasada semana aparecía en diversos medios de comunicación que la Inspección de Hacienda está investigando este año a más de una docena de profesionales de la información que en algunos casos destacan por sus críticas al Gobierno. También se afirmaba que en varios casos la inspección era la segunda o la tercera, y que, según el sector guerrista del PSOE, don Carlos Solchaga había seleccionado personalmente una relación de los periodistas a investigar por la Inspección.
Partiendo de la premisa, para que no haya equívocos de la profesionalidad de los miembros de los órganos de inspección, de que todo aquél que defrauda debe pagar sus impuestos, ¿puede el Gobierno garantizar que se utilizan criterios objetivos para determinar qué profesionales son sometidos a actuaciones inspectoras?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro de Economía y Hacienda tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Lo puedo garantizar absolutamente. Los planes de inspección están decididos de acuerdo con lo que establece el artículo 19 del Reglamento de Inspección. Hay un procedimiento establecido para ello en el que participan los Delegados de Hacienda, participan los órganos responsables de la Inspección, y le puedo decir que el Ministro no tiene conocimiento de a quién se inspecciona o a quién no se inspecciona. Es absolutamente falsa esa afirmación, esa atribución al anterior Ministro de Economía y Hacienda sobre la existencia de una lista, y es evidente que en este país hay 16.000 periodistas y, por supuesto, es normal que también haya periodistas entre las personas inspeccionadas.
Le puedo decir algo. Nadie es inspeccionado por ser periodista, pero nadie dejará de ser inspeccionado, si de acuerdo con los criterios objetivos debe serlo, por el hecho de ser periodista.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Costa tiene la palabra.


El señor COSTA CLIMENT: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, existe un plan de inspección; se producen actuaciones inspectoras en los casos que están tasados en este propio plan de inspección. Pero de acuerdo con las informaciones que aparecían en los medios de comunicación, determinados sujetos pasivos no daban el perfil para estar incluidos en esos planes de inspección o en esas actuaciones inspectoras.
Comprenderá usted, señor Ministro, la preocupación que le puede causar a este Diputado y a nuestro Grupo Parlamentario el hecho de que en algún caso pueda haber actuaciones inspectoras injustificadas con respecto a determinados profesionales de los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta que si ese comportamiento por parte de la Administración fuera cierto sería más propio de un Estado de tinte dictatorial

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que de un Estado democrático, en el que es básico no ejercer presiones indirectas por parte del Gobierno para garantizar la libertad de expresión de los profesionales de los medios de comunicación.
Pero lo realmente preocupante no es este hecho. Lo realmente preocupante es que si la Administración actual, si el Gobierno socialista fuera capaz de utilizar la inspección como instrumento de presión, probablemente también sería capaz de encubrir determinadas actuaciones de algunos contribuyentes que puedan haber estado relacionados en determinados casos con el Gobierno, y le informo de que mi Grupo Parlamentario ha tenido conocimiento de alguno de esos casos.
Por ello, señor Solbes, le quiero decir que mi Grupo Parlamentario va a vigilar muy de cerca la actuación de la Administración en este sentido. Esperamos que usted adopte las medidas necesarias para que no se produzca ningún tipo de irregularidad y para que no puedan filtrarse a los medios de comunicación actuaciones cuestionables por parte de los órganos de inspección...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Costa.


El señor COSTA CLIMENT: Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor Presidente.
Señoría, me preocupa enormemente su forma de plantear el tema.
Usted hace una referencia; dice: «de ser cierto...» A continuación, da por probadas una serie de cosas que son absolutamente falsas, y a partir de ahí S.S. saca unas conclusiones. Y me preocupa especialmente su conclusión final.
Dice que su Grupo Parlamentario tiene noticia de que el Gobierno encubre ciertas actuaciones. Si es así, presenten la correspondiente demanda ante los tribunales. Si no es así, por favor, no utilicen este tipo de difamaciones que a ningún sitio nos llevan.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE GARANTIZAR EL GOBIERNO QUE SE ESTA CUMPLIENDO EL CONTRATO-PROGRAMA FIRMADO ENTRE EL ESTADO Y EL ENTE PUBLICO RTVE? (Número de expediente 180/000498)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 17, de la Diputada doña Ana Mato Adrover.
La señora Mato tiene la palabra.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿puede el Gobierno garantizar el cumplimiento del contrato-programa firmado entre el Ente Público Radiotelevisión Española y el Gobierno?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Desgraciadamente, hay poca información adicional respecto a lo que el día 23 de marzo contesté a una pregunta parecida planteada por don Javier Arenas. No ha habido ninguna reunión adicional sobre el contrato-programa referente al año 1993 y, por tanto, la información de que dispongo en lo que se refiere a Televisión es exactamente la misma que en aquel momento comenté. Le puedo garantizar que, desde el punto de vista del Gobierno, vamos cumpliendo dicho contrato-programa tal como estaba previsto.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en primer lugar, lamento mucho su respuesta en el día de hoy, aunque lógicamente la esperábamos, y quiero volver a dejar patente el fraude que supone que el Gobierno, como primera medida después de las elecciones del 6 de junio, firmara un contrato-programa con Radiotelevisión Española, contrato que por parte del Ente Público se ha incumplido en todos sus términos.
En segundo lugar, he de poner de manifiesto la sorpresa y el estupor que produjo a este Grupo Parlamentario comprobar el cambio, por supuesto al alza, en la cifra de pérdidas de Radiotelevisión Española para el año 1993, que según sus datos del 23 de marzo se situaba en los 130.000 millones de pesetas, y confiamos que no se haya incrementado, puesto que en esa fecha el ejercicio ya estaba cerrado. En esa comparecencia, usted mismo justificaba las desviaciones presupuestarias por la inexistencia de un plan de viabilidad del Ente Público, y en esos momentos, según sus propias palabras, lo consideraba más imprescindible que nunca. Hoy, dos meses después, ya sabemos que todavía no existe ese plan, y lo más grave es que parece ser que no vamos a poder contar con él en todo el ejercicio.
Por este motivo me gustaría que nos dijera, señor Ministro, cuáles van a ser las desviaciones presupuestarias

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que usted prevé a cinco meses del inicio de 1994 si todavía no existe ese plan. Quisiéramos que hiciera usted el favor de explicar cuáles son los motivos que impiden su presentación y si existe alguna causa política derivada de la convocatoria de elecciones que impida la misma. También nos gustaría que usted nos explique en esta Cámara qué medidas ha adoptado para que Radiotelevisión Española cumpla los compromisos adquiridos con la firma del contrato-programa.
Señor Ministro, no debería hacer falta que le recordara que la ausencia de medidas claras para solucionar lo que usted consideraba un problema está costándonos miles de millones de pesetas a todos los españoles. De una vez por todas, dejen a un lado sus rencillas personales, dejen a un lado sus diferencias de modelo y tomen decisiones que garanticen la viabilidad económica de Radiotelevisión Española, aunque esas medidas sean traumáticas para los directivos responsables de este caos. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, en cualquier caso, S.S. ya sabe que no tiene obligación más que de contestar a la pregunta que ha sido formulada por escrito.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, es evidente que he respondido a lo que usted me ha planteado sobre el contrato-programa. En su pregunta inicial no me ha expuesto usted nada sobre si seguimos trabajando con Televisión respecto al futuro. Yo diría que sí. Hay una primera información facilitada por Televisión respecto a sus problemas cara el futuro en un sistema de actuación a cuatro o cinco años. Tenemos discrepancias, en mi opinión relativamente importantes, de qué es lo que debe ser financiado por el sector público y qué debe ser financiado con recursos propios.
Estamos trabajando con Televisión en esta dirección, todavìa no tengo ningún resultado, pero, evidentemente, tan pronto como los tenga con todo gusto podré informar a esta Cámara.
Muchas gracias.


--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL MINISTRO QUE LOS CENTROS PRIVADOS DE EDUCACION PUEDEN ORGANIZAR CONCURSOS DE MATEMATICAS EN LOS QUE EXPRESAMENTE SE PROHIBE LA PARTICIPACION DE LAS NIÑAS, COMO RECIENTEMENTE HA OCURRIDO EN UNA PROVINCIA ANDALUZA? (Número de expediente 180/000513)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25, de la Diputada doña Carmen Romero López.
Señora Romero, tiene la palabra.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, recientemente ha aparecido en prensa una noticia que esta Diputada y su Grupo consideran especialmente grave, porque atenta a las raíces de la igualdad de oportunidades y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.
Algunos profesores de un centro privado de educación de Huelva, llamado Entrepinos y conocido popularmente como del Opus Dei, han organizado, a través del Club Andévalo, un concurso de matemáticas donde se prohíbe especialmente la participación de las niñas. En unos momentos en los que los países más desarrollados promueven programas compensatorios para impulsar actividades científico-técnicas en las niñas y donde es grave la preocupación para una reorientación profesional (concretamente en España hemos tenido, en esta Cámara, discusiones en varias comisiones para reorientar profesionalmente a todas las jóvenes, para que vayan a actividades que no sean las tradicionales, que no sean peluquería y estética, administración o la rama sanitaria; trabajamos justamente para una reorientación profesional para nuestras jóvenes), hechos de esta naturaleza pensamos que son especialmente graves, porque contradicen el espíritu de nuestra Carta Magna y porque están en contra de toda la tendencia que hay hoy en el mundo a favorecer la participación de las mujeres. Es por eso que quisiera formularle la siguiente pregunta: ¿Cree el Ministro que los centros privados de educación o los clubs dependientes o relacionados con estos centros privados pueden organizar concursos de este tipo en los que se prohíbe expresamente la participación de las niñas, como recientemente ha ocurrido en una provincia andaluza? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Señor Ministro de Educación y Ciencia, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suáres Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, plenamente de acuerdo con sus apreciaciones, he de decir que el Gobierno considera completamente inadecuada la convocatoria, por parte de centros escolares de cualquier índole, de algún tipo de actividad en la cual se discrimine a los alumnos y alumnas en razón de su sexo.
Toda la normativa existente a partir de la LOGSE establece que el principio de igualdad de oportunidades

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es un principio rector del sistema educativo, como no podía ser menos en desarrollo del respectivo supuesto constitucional. Igualmente, el desarrollo de la LOGSE, tanto en lo que se refiere a la determinación de las enseñanzas mínimas como en lo que se refiere a la determinación del currículo de todas las etapas, considera este principio de la no discriminación, por ésta y otras razones, como un principio básico. Igualmente, los decretos que establecen el currículo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la Administración competente sobre el caso, recogen este mandato constitucional.
Por tanto, señorías, señores Diputados, la situación que se ha producido en la provincia de Huelva, a la que la señora Diputada alude, es una situación, desde la perspectiva del Gobierno, totalmente reprochable. Es incomprensible el hecho de que un club privado haya convocado un concurso de matemáticas en el cual se prohíbe la participación de mujeres.
Me he puesto en contacto con la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma andaluza, a partir de la denuncia de los medios de comunicación, y me consta que se está interesando por el tema, aunque encuentra alguna dificultad de actuación producida por el hecho de que se trata de un club privado de padres, sin excesiva conexión con el centro de enseñanza, que es, como ha dicho S.S., un centro privado. En cualquier caso, considero que las reacciones sociales que este hecho ha producido entre la comunidad escolar, entre las instituciones públicas, señaladamente el Instituto de la Mujer, son reacciones que han tenido repercusión incluso en la prensa nacional, y constituyen uno de los instrumentos más valiosos de denuncia social para provocar un cambio de actitudes, que es, en definitiva, lo que promueve el sistema educativo.
Muchas gracias, señora Diputada y señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTA DISPUESTO EL GOBIERNO A SUFRAGAR CON CARGO A FONDOS PUBLICOS LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS AL EXTRANJERO CON FINALIDADES ELECTORALES DE CANDIDATOS SOCIALISTAS EN LA LISTA DE LAS ELECCIONES EUROPEAS? (Número de expediente 180/000502)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20, del Diputado don Javier Rupérez Rubio.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿está dispuesto el Gobierno a sufragar con cargo a fondos públicos los gastos de desplazamiento al extranjero con finalidades electorales de candidatos socialistas en la lista de las elecciones europeas?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rupérez. Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el Gobierno no sufraga con cargo a fondos públicos los desplazamientos al extranjero con finalidades electorales de candidatos socialistas en las listas a las elecciones europeas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Señor Ministro, me alegra saberlo y espero que el Gobierno mantenga esa norma como pauta absolutamente imprescindible de su conducta.
Como usted mismo sabe, señor Ministro, la pregunta produjo un efecto en el momento de ser formulada, y es que algún viaje que estaba previsto con cargo a esos fondos fue inmediatamente suspendido, cosa que nosotros recibimos satisfactoriamente y que, en principio, hubiese aconsejado incluso la retirada de esta pregunta.
Pero en relación con algunos de los candidatos, y concretamente con el señor Mendiluce, tengo que decir que he mantenido en estos últimos días alguna conversación telefónica, de la cual no voy a dar público estado, pero me consta la caballerosidad de su comportamiento, que ha llevado incluso al hecho de que esta mañana no compareciera ante la ponencia que tenemos formada en esta casa para examinar la reforma de las Naciones Unidas, en aras a esa comprensión y en aras a que, en función de sus planteamientos electorales, convenía que su comparecencia se aplazara. Pero los que sí han comparecido han sido los representantes de Televisión Española, y por si no fuera bastante un equipo, han comparecido dos, naturalmente avisados por algún miembro del Grupo Socialista, para proceder a este tipo de utilización (que yo, con todos los respetos, me atrevo a calificar de indecente) de los medios públicos a efectos puramente partidistas.
Esta es la razón por la cual esta misma mañana hemos decidido mantener esta pregunta, y esta es la razón por la cual, señor Ministro, de nuevo le vuelvo a repetir y a reafirmar el sentido de la misma. Sería enormemente conveniente para la salud pública, para la salud ciudadana en este país, que el Gobierno se abstuviera cuidadosamente de mostrar ningún tipo de partidismo indebido y, como digo, poco decente, en la

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ayuda a sus candidatos electorales. Eso no es lo que nosotros entendemos por juego limpio en la democracia.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Es un poco sorprendente su intervención, señor Rupérez, porque empieza por afirmar que le consta que el Gobierno no lo ha hecho, para, a continuación, razonar qué hubiera pasado si el Gobierno lo hubiera hecho, y aprovechar ese razonamiento, que obviamente no responde a la realidad, para atacar al Gobierno, y decir: ¡Ojalá el Gobierno no haga aquello que a mí me parece mal! Señor Rupérez, es que no lo ha hecho y no lo va a hacer.
Por tanto, huelga la pregunta y creo que la respuesta es suficientemente explícita.
Además, de paso --y me lo recuerda algunos de sus compañeros de Grupo que tan aficionados son a hablar mientras yo trato de responderle--, hace usted una excursión por el tema de la televisión y habla, incluso, de la salud pública. Señor Rupérez, Televisión Española cubre, que yo sepa, todas las comisiones, absolutamente todas. Va a todas las comisiones que se celebran en este Congreso de los Diputados, aquellas en las que está previsto que participe algún supuesto representante socialista y aquellas en la que participan los representantes del Partido Popular. Es así y seguirá siendo así porque entendemos que ese es el servicio que la televisión pública debe hacer, algo que, por cierto, compartimos con quien dirige esa televisión pública, que es su Director General.
Muchas gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HINOJOSA I LUCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA AL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿PODRIA EXPLICAR A LA CAMARA CUAL ES LA MEDIA SALARIAL DE LOS CONTRATOS DE APRENDIZAJE REALIZADOS HASTA LA FECHA? (Número de expediente 180/000488)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 7, del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena.
Señor Hinojosa, tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente. (El señor Ministro de la Presidencia, Pérez Rubalcaba, y el señor Fernández-Miranda Lozana dialogan entre sí.--Pausa.)

Señor Presidente, no continúo porque no me oigo, ya que el señor Fernández-Miranda tiene una conversación muy interesante y no quería desaprovechar su explicación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hinojosa, es a la Presidencia a quien corresponde mantener el orden en la Cámara.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿podría explicar a la Cámara cuál es la media salarial de los contratos de aprendizaje realizados hasta la fecha? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Trabajo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señor Hinojosa, a falta de terminar la exploración informática de todos los contratos celebrados hasta la fecha, hemos hecho un muestreo en las delegaciones de trabajo más significativas de España, y permite --con la cautela lógica de hacer una compulsa de todos y cada uno de los contratos-- conocer que alrededor del 72 por ciento de los contratos que se han efectuado se han hecho por la cuantía salarial superior a la mínima que se ha establecido en la Ley de regulación de esta figura contractual. Al mismo tiempo, le puedo decir que el 51 por ciento se han hecho también por encima de lo que sería el salario mínimo aplicable a cada uno de los aprendices en función del tiempo de trabajo realmente trabajado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hinojosa, tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Quería aprovechar esta oportunidad para hacer una reflexión en una doble línea. Por un lado, decir al Gobierno que, dado que este es un contrato que ha sido --y me temo que lo va a seguir siendo durante tiempo--muy criticado, es lógico que las fuerzas políticas que le hemos dado apoyo y que creemos en el buen fin de este tipo de contratación estemos periódicamente pidiendo datos al Gobierno para ver la buena marcha del mismo.
Por otro lado, también quería hacer la reflexión de saber si el Ministro tiene algún indicio de que la negociación colectiva esté ayudando a incrementar este salario que marca la propia Ley. Es decir, si los sindicatos y la patronal, especialmente en este caso los sindicatos, aprovechan la posibilidad de lo que dispone la Ley, la Ley dice que los salarios de los aprendices serán aquellos que marquen los convenios colectivos, o en su defecto, los que marca la propia Ley. Querría saber si hay indicios de que los sindicatos se acogen a esta parte

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del texto para empezar a negociar salarios diferentes y por encima de lo que marca la propia Ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Evidentemente, señor Hinojosa, cuando se fija un mínimo el mínimo legal siempre es un suelo de contratación a partir del cual la negociación colectiva debe establecer cuál es la retribución real de cada sector de cada actividad y de cada fórmula contractual; como en este caso estamos hablando del contrato de aprendizaje, cuál sería la retribución en ese sector de los contratos de aprendizaje.
Cuando hablamos del salario mínimo interprofesional estamos siempre hablando de una realidad que afecta a muy pocos trabajadores de España, aproximadamente serían 200.000, 300.000, porque todos los demás tienen retribuciones más elevadas, ya que así se fijó en la negociación colectiva entre los agentes sociales. Esto mismo, evidentemente, es predicable de los contratos de aprendizaje, que tendrán la retribución que quieran tener en función de la negociación colectiva que se establezca entre empresarios y sindicatos.
El indicador que tenemos es el del reciente convenio de la construcción, en donde quien lo ha firmado, una de las centrales sindicales mayoritarias, ha expresado su firme voluntad de negociar las condiciones de los contratos de aprendizaje, añadiendo que entiende que son una de las fórmulas más importantes de que puede disponer un joven sin cualificación no solamente para encontrar una ocupación, sino, al mismo tiempo, también para con ello aprender un oficio. El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ACABAR LA REDACCION Y FIJAR LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS DE COLOCACION SIN FINES LUCRATIVOS? (Número de expediente 180/000516)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28, de la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, que tiene la palabra.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Hace algunas semanas aprobábamos definitivamente la reforma del mercado laboral en esta Cámara. Durante el debate defendimos como el objetivo fundamental de esta reforma el mejorar y modernizar las relaciones laborales y los mecanismos de colocación.
En La Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación se incluye, junto con temas relacionados con las distintas modalidades de contratación, la creación de mecanismos de colocación, concretamente se establece la aprobación de las agencias de colocación sin fines lucrativos y con esta aprobación se pretende, por una parte, acabar con el monopolio que venía ejerciendo hasta estos momentos el Inem y, por otra parte, mejorar los mecanismos, la labor de intermediación entre los trabajadores desempleados y los empresarios.
Se contempla, además, un tercer aspecto, que me parece muy positivo, como es el de establecer determinados mecanismos, medidas correctoras, como la prohibición expresa de los fines lucrativos en estas agencias de colocación y la garantía del principio de igualdad en el acceso al empleo.
Quisiera destacar también un dato que justifica, además, la necesidad y la urgencia de creación de estas agencias de colocación. Durante el año 1993, de cada cien empleos únicamente siete se gestionaron a través del Inem o, lo que es lo mismo, en más del 90 por ciento de los casos el Inem no sirvió para encontrar un puesto de trabajo. A esto habría que añadir la propia complejidad y diversidad del mercado laboral y la demanda social, que es cada vez más creciente, de contar con unos mecanismos modernos y eficaces para ajustar la oferta a la demanda.
Señor Ministro de Trabajo, estas agencias de colocación, que efectivamente aprobábamos en la Ley citada, necesitan de un desarrollo normativo posterior que establezca su funcionamiento y ámbito de actuación y por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿para cuándo tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acabar la redacción y fijar la constitución y funcionamiento de las agencias de colocación sin fines lucrativos? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Gracias, señor Presidente.
Señora Rodríguez, evidentemente, ningún servicio público de empleo en ningún país concita mucho más allá del 10 por ciento de las colocaciones que se vienen produciendo en ese territorio y precisamente es objetivo de estos servicios de empleo de los diferentes países, también en España con la reforma laboral, el que los mecanismos públicos de empleo se dirijan fundamentalmente

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a favorecer la inserción laboral de las personas que tienen mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Por consiguiente, tienen que especializarse en funciones de solidaridad con aquellas personas más alejadas de los puestos de trabajo.
En ese sentido iba la reforma, en ese sentido ha sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el pasado lunes 23 y a partir de esa publicación, donde, efectivamente, se reconoce la posibilidad de que agencias privadas sin ánimo de lucro colaboren con el Inem, se han de desarrollar reglamentariamente los artículos de la Ley que, como digo, acaba de ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado». En ese desarrollo reglamentario, que ya inmediatamente --el texto está redactado-- se pondrá en circulación a través de la consulta con los agentes sociales y, al mismo tiempo, también los dictámenes correspondientes del Consejo de Estado y de otros organismos, yo creo que tendremos muy pronto la reforma correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado». Pero le diré que, además, es importante que esto se produzca cuanto antes, no solamente porque la reforma ya esté en el Boletín, sino porque, como usted sabe, las funciones de formación ocupacional están o han sido transferidas a las comunidades autónomas, y difícilmente se puede realizar el conjunto de la intermediación en el contrato de trabajo si no se dispone de los elementos fundamentales para hacerlo; uno de ellos es la calificación de los desempleados y otro es la formación, formación que hoy día ya solamente desarrolla el Ministerio en un porcentaje inferior al 50 por ciento y que, desde luego, al transferirse inmediatamente al resto de las comunidades autónomas la formación ocupacional, necesitaremos concertar con todas y cada una de ellas estas funciones de intermediación en el mercado de trabajo.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HINOJOSA I LUCENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES: LA LEY 13/82, DE 7 DE ABRIL, EN EL ARTICULO 47.1 ESTABLECE EL DERECHO A PERCIBIR EL SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS A LOS MINUSVALIDOS QUE REUNAN DETERMINADAS CONDICIONES. MAS TARDE LA LEY 26/90 DE 20 DE DICIEMBRE, EN SU DISPOSICION ADICIONAL NOVENA, DEROGA EL CITADO SUBSIDIO DE INGRESOS MINIMOS. ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTAS SU MINISTERIO PARA MANTENER LA PROTECCION ECONOMICA DEL COLECTIVO DE MINUSVALIDOS DESCRITO EN EL ARTICULO 47.1 DE LA LISMI? (Número de expediente 180/000489)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 8, del Diputado don Rafael Hinojosa i Lucena. El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, la Ley 13/1982, de 7 de abril, en su artículo 47.1, establece el derecho a percibir el subsidio de garantía de ingresos mínimos a los minusválidos que reúnan determinadas condiciones. Más tarde, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, en su disposición adicional novena, deroga el citado subsidio de ingresos mínimos.
Es por ello que le pregunto: ¿qué medidas tiene previstas su Ministerio para mantener la protección económica del colectivo de minusválidos descrito en el artículo 47.1 de la LISMI? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Señor Diputado, el subsidio de garantía de ingresos mínimos es una prestación económica creada, efectivamente, por la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, y que tiene la finalidad de ayudar a aquellos que carezcan de recursos económicos y no puedan desempeñar un trabajo debido al alto grado de minusvalía que puedan tener.
La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas, amplió el ámbito de protección del Estado a través del reconocimiento de prestaciones no contributivas y suprimió ese subsidio, junto con el de ayuda a tercera persona, pensando que era una duplicidad que había que evitar.
Pero esa supresión no ha supuesto en ningún caso reducción del nivel de protección al colectivo de minusválidos beneficiario de ese subsidio, que puede acogerse a las pensiones de invalidez de la nueva Ley, la del 90, o bien, de acuerdo con la disposición transitoria de la propia Ley, seguir disfrutando del subsidio que se venía percibiendo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Hinojosa tiene la palabra.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, seguramente tenemos una mala información. El problema es, señor Ministra, que las condiciones que prevé el artículo 47.1 para estos minusválidos dice exactamente: aquellos minusválidos en edad laboral cuya capacidad esté comprendida entre los grados mínimo y máximo. La Ley de Pensiones no Contributivas afecta a los minusválidos a partir de 65 grados de minusvalía. Del 33 al 65 hay un colectivo que antes podía disfrutar, con unas determinadas condiciones de inscripción en el Inem, etcétera, de un subsidio y, más

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tarde, del que dimos en llamar esta especie de subsidio de ingresos mínimos. Uno y otro han sido derogados y este colectivo de entre 33 y 65 grados de minusvalía está desprotegido en este momento. Es verdad que coincidimos, todos tenemos la intención de que en este espacio de 33 a 65 los minusválidos deberían poder trabajar, pero la realidad es que, como S.S. sabe, no trabajan, que es mucho más difícil para ellos que para otros encontrar trabajo y que algo habría que continuar haciendo con este colectivo, sobre todo con aquellos que se acercan al 65 por ciento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Diputado, la modalidad específica a la que usted se refiere del subsidio de garantía de ingresos mínimos que prevé el número 1 del artículo 47 de la Lismi formaba parte de las medidas previstas en dicha Ley y para ese colectivo concreto, para favorecer la integración social del minusválido en el sector laboral.
En concreto, se enmarca en esa Ley y en el Real Decreto que la desarrolló de febrero de 1984 y se denominó de recuperación profesional. Se entendía por tal el conjunto de prestaciones que iban a facilitar la inserción o, en su caso, la reinserción laboral de los beneficiarios, que, naturalmente, podía ser a través de la obtención o conservación de un empleo adecuado, dada la dificultad de este colectivo.
En este sentido hay que decir que, si bien ha desaparecido esa figura específica a la que usted se refiere del número 1 del artículo 47 y que no llegó a desarrollarse y ponerse en práctica, ha sido sustituida en la práctica por otra serie de medidas que se aplican regularmente y que van dirigidas al mismo colectivo y con la misma finalidad.
De este modo, y en cumplimiento y desarrollo de ello, el Inserso concede a las personas que se preveía en el número 1 del artículo 47 de la Lismi programas de recuperación, con las siguientes ayudas: becas de asistencia, ayudas complementarias de transporte y una serie de ayudas específicas concretadas en las realizaciones del Inserso.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRIA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTO ADOPTAR EL MINISTERIO PARA EVITAR QUE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO DEL VINO LESIONE LOS INTERESES DEL SECTOR VITIVINICOLA DE LA RIOJA ALAVESA? (Número de expediente 180/000491)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, del señor Olabarría Muñoz.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas tiene previstas para evitar que se lesionen los intereses de los viticultores de La Rioja alavesa con las alarmantes noticias de reforma de la organización común de mercado del vino?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Agricultura, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Como he tenido ya oportunidad de manifestar en más de una ocasión, la propuesta presentada por la Comisión Europea, y que todavía no ha comenzado su debate en el Consejo de Ministros, no es satisfactoria y, por tanto, vamos a desarrollar una estrategia de negociación que sin duda va a ser larga y dura. Vamos a mantener una posición muy firme en defensa de nuestro sector vitivinícola porque hay algunas propuestas de la Comisión que contradicen algunos principios importantes de la política agrícola comunitaria.
Me voy a referir a tres aspectos básicos. En primer lugar, en todas las organizaciones comunes de mercado se aplica el principio de solidaridad financiera, lo que supone que todas las medidas de regulación, incluidas las de reducción de la producción estructural, son financiadas íntegramente por el Feoga-garantía, cosa que no se realiza en esta propuesta con algunas de las medidas de ajuste que en ellas se contienen. En segundo lugar, consideramos que los criterios utilizados por la Comisión Europea para la fijación de las producciones nacionales de referencia tampoco son muy claros, ya que no se corresponden con las producciones históricas. Debemos recordar a SS.SS. que el esfuerzo de reducción de la producción de cereales y otros cultivos herbáceos se ha hecho, por dar solamente un ejemplo, sobre el establecimiento para todos los productores de un porcentaje de retirada obligatoria, de set a side, igual para todos, sin considerar si un país generaba mayores o menores excedentes a la exportación o exportaba más o menos cantidades subvencionables.
Un tercer aspecto que consideramos inaceptable es la propuesta de reducción de producciones al mismo tiempo que se autoriza o se mantiene la práctica de elaboración de vino con la adición de sacarosa, que no tiene

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ninguna justificación técnica y supone una clara ventaja económica que, además, incrementa los excedentes comunitarios y, por tanto, contraviene el objetivo de reducción de los excedentes que constituyen, al parecer, el objetivo central de la propuesta. Por estos y otros elementos del contenido de la propuesta, la consideramos no satisfactoria y que tiene que sufrir importantes modificaciones en su discusión en el Consejo de Ministros para ser aceptable para los intereses sociales, económicos y medioambientales españoles vinculados al sector vitícola.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco su información y le animamos a que continúe en esa posición firme en defensa de los intereses de nuestros viticultores.
La verdad es que, en mi pregunta, yo me refería al sector vitivinicultor de la Rioja alavesa, porque es un sector de gran calidad, como usted sabe perfectamente, con gran capacidad de penetración en los mercados, como lo acreditan las circunstancias de que se exporta algo más del 30 por ciento de la producción total. Es un sector que no genera excedentes (estas propuestas de reforma de la organización común del mercado del vino pretenden atender al exceso de excedentes que realmente existen en Europa) y es un sector, además, que tiene una gran relevancia desde la perspectiva del empleo que mantiene en la comarca de la Rioja alavesa. Las tres cuartas partes de la población activa de la Rioja alavesa trabajan en este sector en este momento, 1.947 explotaciones acreditan la relevancia económica de este sector, la práctica totalidad de la actividad económica de esta comarca gravita sobre este sector de producción, muchos agricultores, muchos productores, muchos cooperativistas, muchos almacenistas y, desde el punto de vista de nuestro Grupo, señor Ministro, resultaría una auténtica aberración económica que en estas propuestas de reforma de la organización común del mercado del vino se obligara a este sector vitivinícola o a arrancar viñas o a destilar obligatoriamente parte de su producción. Nos parecería una gran aberración económica porque no se producen excedentes, precisamente, y porque es un mercado con una gran capacidad de penetración.
Por ello, además de las propuestas que usted, con lucidez y con pertinencia, ha indicado, le vamos a proponer alguna más, señor Ministro. En primer lugar, tiene que intentar que se acabe con la práctica de la chaptalización, el uso de sacarosa y el uso de azúcares para incrementar el grado alcohólico de los vinos, sobre todo de los vinos nórdicos que, por razones climatológicas, tienen poco grado. El uso de la chaptalización es uno de los problemas que están provocando grandes excedentes de vino en este momento, es una de las prácticas que está provocando grandes excedente de vino de baja calidad.
En segundo lugar, hay que organizar la política agraria común también en el ámbito del vino, señor Ministro, evitando que se sigan plantando viñas, que se siga produciendo vino de espaldas a los requerimientos del mercado, un mercado que tiene que gravitar cada vez más sobre el vino de calidad, sobre los vinos competitivos, sobre los vinos con gran capacidad de penetración y acabar con algunas de las disfunciones que se están produciendo.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Señor Ministro, le quedan sólo cuatro segundos.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo creo que no es todavía el momento de debilitar la estrategia negociadora nacional...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA PENETRACION DE CAPITAL EXTRANJERO EN EL SECTOR PRODUCTOR Y ELABORADOR DE ACEITE DE OLIVA Y, ESPECIALMENTE, ANTE LA VENTA A UNA MULTINACIONAL EXTRANJERA DE LA EMPRESA ELOSUA, S.A. (Número de expediente 172/000052)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el apartado del orden del día correspondiente a las preguntas orales, pasamos al punto quinto: interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la posición del Gobierno ante la penetración de capital extranjero en el sector productor y elaborador de aceite de oliva y, especialmente, ante la venta a una multinacional extranjera de la empresa Elosúa, S.A.
Para exponer el contenido de la interpelación, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el pasado 22 de febrero, en el seno de la Comisión de Economía de esta Cámara

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comparecía el Ministro de Economía, señor Solbes, a instancia del Grupo Parlamentario Popular, para que diera cuenta de qué estrategia había seguido el Gobierno en relación a la penetración de la multinacional Ferruzzi en el capital de la principal aceitera española, Elosúa, S.A.; estrategia que se le exigía especialmente a raíz de las noticias llegadas de Italia, en donde, en el seno de una investigación judicial, un alto cargo de la multinacional italiana había reconocido que la situación de privilegio de que gozaba el grupo Ferruzzi en la empresa aceitera española Elosúa se había logrado gracias a la compra de voluntades políticas de altos funcionarios y responsables políticos del Gobierno español. Como recordarán SS.SS., aquel escándalo, que surge en el verano pasado, y a raíz de aquellas declaraciones, el Fiscal General del Estado actuó públicamente y nos comunicó que se había iniciado una indagatoria y que irían a Italia fiscales españoles para entrar en contacto con las fuentes judiciales italianas y obtener la información de todo cuanto allí se había producido.
Pues bien, han pasado diez meses desde aquella noticia y desconocemos lo actuado por el Fiscal General del Estado, que, comprobado está, solamente adopta decisiones espectaculares las vísperas de las actuaciones televisivas del Presidente del Gobierno, don Felipe González. Así las cosas, en la citada comparecencia del señor Solbes, y como resumen de la misma -- está aquí el «Diario de Sesiones» y no creo que haya que leer grandes párrafos de aquellas cuestiones--, quedaron expuestas por nosotros algunos elementos que en ningún momento fueron aclarados por el señor Solbes. Primero, que en 1985 la empresa Elosúa recibe un extraordinario trato de favor de la Administración socialista española mediante la concesión de un préstamo subvencionado al 50 por ciento de 4.500 millones de pesetas del Banco de Crédito Agrícola para que adquiriera la aceitera Carbonell y evitara --así se dijo-- la adquisición por parte de empresas extranjeras. Tras la citada operación de compra, Elosúa se transforma en la primera empresa aceitera de España y en una de las principales de Europa, generando amplísimos e importantes beneficios.
Segundo. Escasamente tres años después, parte de los propietarios de Elosúa, incumpliendo escandalosamente las condiciones y circunstancias que les habían permitido disfrutar del generoso dinero público, venden más del 30 por ciento de su empresa a sociedades tapadera de la multinacional italiana Ferruzzi, propietaria ya en España de la otra gran empresa aceitera: Koipe. El señor Solbes dijo textualmente que tal compra de acciones no se había comunicado a la sociedad ni a la Bolsa española. Tercero. Ante esta situación, una parte del Gobierno, ya que en esta cuestión el Gobierno estaba profundamente dividido, a través de Mercasa, empresa pública - -sin autorización del Ministerio de Economía del que depende y contraviniendo las formas y modos establecidos en la legalidad vigente, como así consta en el informe del Tribunal de Cuentas-- presidida por el señor Prieto, conocido a raíz de esta actuación como el tiburón de la Bolsa, compra el 27,5 por ciento del capital de Elosúa y, posteriormente, esa representación de Mercasa la asume en esta empresa Tabacalera y Alimentos y Aceite. La participación pública, con el resto de la participación familiar, más el 10 por ciento del Banco Pastor, sindican su esfuerzo y constituyen una represnetación sindicada que alcanza el 51 por ciento.
En 1991 los representantes de la multinacional italiana lanzan una opa, exigen sentarse en el consejo de administración de Elosúa, porque demuestran que incluso tienen más acciones de las que el Gobierno conocía; se hablaba de un 24,9 por ciento y en ese momento de la opa hostil el Gobierno descubre que el representante italiano, que el grupo multinacional italiano, el competidor italiano, tiene más del 30 por ciento, e inexplicablemente --estamos en 1991; se acaba de producir la crisis de Gobierno, ha habido unos cambios en el interior del Gobierno y hay otra proporción de fuerzas--, en ese momento, a pesar de que se mantenía una posición de privilegio porque se había sindicado el 51 por ciento del esfuerzo español, en ese momento, repito, se pacta con los italianos, se les reconoce la entrada en el consejo de administración y, lo que es más grave, señorías, se le da la gestión de Elosúa al grupo italiano, se le entrega a los hombres de la competencia. Y es a raíz de ese momento, a partir de ese pacto, cuando Elosúa entra en pérdidas. Hasta entonces había ganado dinero, cuantioso dinero --así lo dicen las auditorías de Price Waterhouse--, pero a partir de 1992 Elosúa empieza a perder y empieza a perder de una forma escandalosa, y empieza a deshacerse del patrimonio, y empieza a anular líneas de actuación: vinagrería, semillas, etcétera, y empieza a perder empleo.
Pero la situación no acaba en este punto. En ese pacto se había alcanzado el acuerdo de que nadie iba a sobrepasar el 40 por ciento, que tanto el sector público como el sector italiano se respetaban un máximo de participación del 40 por ciento en el capital de Elosúa y se mantendría el equilibrio con esa teórica presidencia honorífica española y la gestión en manos italianas. Pues bien, señorías, en la comparecencia del 22 de febrero pasado le dijimos al Ministro de Economía que ese pacto se había roto y que el 20 por ciento aún del accionariado de Elosúa en manos de la familia ya se estaba vendiendo, y se estaba vendiendo nuevamente a empresa tapadera de la multinacional italiana y que, por lo tanto, se estaba rompiendo el equilibrio y el pacto alcanzado en 1992, por lo que esa operación iba a situar a la multinacional italiana en una circunstancia de privilegio en el 57 por ciento de su participación en Elosúa.


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Ante esta denuncia, señor Atienza, por si usted no lo sabe y no ha tenido tiempo de leerlo, en la página 3.628 del «Diario de sesiones» de la Comisión de Economía del 22 de febrero encontrará lo que nos dijo el señor Solbes. El señor Solbes contestó literalmente que estaba intentando comprobar esa información y que actuaría en consecuencia.
Pues bien, estos son los hechos, y, señor Ministro, lo anunciado se ha cumplido. Montedison-Eridanía, es decir, Koipe, es decir, la multinacional Ferruzzi, ya es propietaria de ese 20 por ciento, y no satisfecha de ello, el 29 de abril pasado presenta un proyecto de concentración ante las autoridades comunitarias mediante el que comunica que su pretensión es absorber la totalidad de Elosúa, y, a la vista de esta pretensión, las autoridades comunitarias abren un expediente de indagación y llaman a todas las partes interesadas para que comparezcan ante el expediente y manifiesten la voluntad o las reservas de lo que supone la creación del mayor monopolio de aceite en España, y hay que recordar que decir España y aceite de oliva es decir mayor productor y consumidor del mundo.
Por lo tanto, señor Atienza, éste es el motivo por el que nosotros hemos presentado hoy esta interpelación, porque nos gustaría que el Gobierno, hoy aquí representado por usted, hace tres meses representado por el señor Solbes, y, por lo tanto, quizá dentro de tres meses, cuando volvamos a hablar de esta cuestión, representado por otro Ministro, nos conteste exactamente a esas cuestiones: ¿qué sabe de la indagatoria del Fiscal General ante los tribunales de justicia italianos para comprobar las acusaciones gravísimas que en sede judicial se hicieron de que con dinero negro se habían comprado y doblegado voluntades políticas españolas? ¿Qué acciones emprendió la administración española contra los miembros de la empresa Elosúa, que, contraviniendo lo pactado, pacto con el que recibieron sustanciosas ayudas públicas, vendieron el 30 por ciento de la sociedad, brevemente enriquecidas gracias a la ampliación? ¿Por qué en 1992, señor Atienza, se entrega la gestión de Elosúa a la multinacional italiana, a pesar de que el sector público gozaba de una situación de privilegio al estar sindicado el 51 por ciento de las sociedades? Y, finalmente, señor Atienza, en 1994, el 5 de mayo de este año, cuando ustedes tienen conocimiento de la pretensión de la multinacional italiana de absorber la totalidad de Elosúa, ¿qué han dicho ustedes en el expediente, qué van a decir, si no lo han dicho ustedes hasta ahora? ¿Y cómo van a ser solidarios, señor Atienza, con lo que también dijo el señor Solbes en la tantas veces citada comparecencia del 22 de febrero? Le leo textualmente: Hay en la estrategia seguida por el Gobierno el intento de reforzar dos grandes empresas aceiteras que actúan en España; que esas dos empresas sean lo más sólidas y potentes posible, manteniendo, por supuesto -- dice el Ministro de Economía--, la independencia de cada una.
Eso lo dice el 22 de febrero, y el 5 de mayo la multinacional italiana comunica a las autoridades comunitarias que pretende absorber la totalidad de Elosúa porque, previamente, señor Atienza, ha comprado el paquete del 20 por ciento, en manos aún privadas, y se sitúa en una circunstancia de privilegio del 57 por ciento.
La cuestión es bien sencilla, señor Atienza. Si en algo se conoce la agricultura española es por un elemento que usted acaba mal de definir, que es el vino, es algo más importante de lo que acaba de decir usted en esa contestación, por los cítricos y nuestra frutas y por el aceite de oliva.
En este momento, señor Ministro, hemos perdido el control de esa grasa vegetal.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez, vaya concluyendo, por favor.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente.
En este momento, señor Atienza, ya no somos nadie en el sector del aceite de oliva. Nos dirigen desde Italia; nos dirigen los competidores; serán los que marcarán la estrategia. Eso sí, hemos pagado 4.500 millones de pesetas del Banco de Crédito Agrícola; hemos facilitado el engrandecimiento de la empresa, y con nuestra ineficacia y con nuestra apatía hemos permitido que su control esté en manos de la competencia.
Señor Atienza, cualquier parecido en mayo de 1994 con la realidad que nos describía su compañero de Gobierno, señor Solbes, en febrero de 1994, es pura coincidencia.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Agricultura tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ramírez, señorías, en mi comparecencia hoy ante este Pleno intentaré dar cumplida cuenta a las peticiones de información que plantea el señor Ramírez, del Grupo Popular, en relación con la compra de acciones de la empresa Elosúa, S.A., por el grupo Eridania, integrada dentro del grupo Ferruzzi.
No voy a hacer referencia a una pregunta que usted me dirige y a la que difícilmente le puedo responder, porque a quien tiene que dirigírsela quizá sea al Fiscal General del Estado, y que se refiere a las indagaciones de la Fiscalía General del Estado supuestamente en Italia o en otros lugares. Yo creo que éste no es un tema que me corresponde a mi responder.


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En la comparecencia que usted ha mencionado, del Ministro de Economía y Hacienda, ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda el pasado 22 de febrero, en respuesta a la solicitud de los grupos parlamentarios Popular e Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, informó, con todo detalle del proceso a través del cual el Grupo Ferruzzi fue adquiriendo acciones de modo creciente en dicha empresa y cuál fue en todo momento la posición del Gobierno en relación con este tema. El «Diario de Sesiones» de esta Cámara recoge todos los detalles de los hechos acaecidos desde 1985 en relación con la participación accionarial pública en esta empresa, y no voy, por tanto, a volver a repetir cómo fueron sucediendo los acontecimientos. Me centraré en subrayar lo que considero fundamental para dejar claro y sin el menor resquicio de dudas, cuál ha sido la actitud del sector público en todo este tema. En primer lugar, quiero hacer una afirmación absolutamente rotunda: La participación accionarial del sector público en Elosúa ha ido creciendo en los últimos años, pasando del 27,24 por ciento, en 1989, al 37,04 por ciento que tiene en la actualidad. En este sentido, por tanto, el sector público no sólo no ha vendido una sola acción al grupo Ferruzzi o a su filial Eridania, sino que ha comprado acciones aumentando su participación.
En segundo lugar, creo importante subrayar que todas las compras de acciones llevadas a cabo por el Grupo Ferruzzi han sido efectuadas a miembros de la familia Elosúa o a pequeños accionistas en Bolsa. Esto es algo que quiero destacar ante SS.SS., ya que a veces da la impresión que la posición predominante del grupo Ferruzzi en el capital de Elosúa responde a una actuación del sector público, cuando la realidad es que responde a la voluntad de venta de grupos privados españoles que eran accionistas mayoritarios.
En tercer lugar, la política seguida por el Gobierno en relación con Elosúa ha sido siempre coherente en el sentido de intentar que la mayoría de capital del grupo Elosúa-Carbonell quedara en manos de accionistas españoles, moviéndose, eso sí (quiero insistir en ello porque además me parece tremendamente contradictorias sus posiciones en este tema), como no podía ser de otra manera, en el marco de una economía libre de mercado, en el cual las decisiones de los agentes económicos se pueden producir con independencia de lo que le pueda gustar al Gobierno. Por último, todas las operaciones de compra-venta de acciones por las que el sector público ha incrementado su participación han sido hechas con transparencia.
Efectuadas estas afirmaciones, me gustaría insistir en el aspecto relacionado con la coherencia del sector público en este tema, ya que parece ser el aspecto en que el Grupo Popular y el señor Ramírez se han interesado más.
Señoría, la presencia del Estado como accionista en el sector del aceite surge como respuesta a dos motivaciones concretas.
Por una parte, potenciar la existencia de sociedades sólidas dentro del sector, contribuyendo a su desarrollo y ante las regiones donde están asentadas; en segundo lugar, intentar mantener la mayoría de capital en manos españolas, dentro de la estructura accionarial de algunas de estas empresas. Sin embargo, esta participación del sector público no debe implicar necesariamente la mayoría de capital sino que, en mucho casos, se ha propiciado y apoyado la presencia de capital privado español.
Esta ha sido siempre la filosofía que ha guiado la actuación del Gobierno en el caso de Elosúa: el apoyo a un grupo privado español con el objeto de defender la deseabilidad de una mayoría de capital en manos españolas, pero sin que ello supusiera la toma efectiva de la mayoría por el sector p blico, y delegando el control de la gestión y la responsabilidad de ésta en manos del Consejo de Administración.
Siguiendo estos criterios, el Gobierno concedió un crédito preferente a la familia Elosúa, asociada entonces con la familia Pont, con el objeto de que fuera este consorcio quien se quedara con la empresa Carbonell, entonces en venta, en lugar de que fuera adquirida por un gran grupo multinacional.
Cierto es que, años más tarde y por desavenencias internas entre los miembros de la familia Elosúa, una parte de éstos decidió vender al grupo Ferruzzi. Fue entonces cuando, de nuevo, el sector público acudió en apoyo de los que querían seguir como accionistas. Esta vez, dicho apoyo se materializó en la compra de un paquete accionarial en Bolsa a través de la empresa pública Mercasa. Esto tenía lugar en 1989, como SS.SS recordarán y el señor Ramírez ha mencionado, y dio lugar a un pacto de sindicación entre la rama de la familia Elosúa que permanecía como accionista, Mercasa y el Banco Pastor, que también estaba como socio financiero.
Apenas tres años más tarde, en 1991, surgirían de nuevo disensiones, esta vez entre los tres socios de esta mayoría sindicada. A esto se añadía el deseo de la familia Pont de abandonar definitivamente el proyecto, también por falta de entendimiento. La situación era compleja, ya que los tres socios sindicados no deseaban continuar con esta situación y, al mismo tiempo, algo más del 30 por ciento del resto de accionariado estaba en manos del grupo Ferruzzi, mayoritario a su vez en la otra gran empresa española del sector, en Koipe.
Ante estas circunstancias, el grupo Ferruzzi, a través de Koipe, presentó en julio de 1991 una OPA sobre el 100 por ciento del capital de Elosúa. La respuesta del Gobierno fue, en su momento, clara y tajante, la OPA era considerada hostil, ya que estaba en contra del deseo manifestado por el Gobierno de mantener Elosúa mayoritariamente en manos españolas. Al mismo tiempo y dado que no era posible continuar con esa situación

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de inestabilidad y falta de entendimiento accionarial en Elosúa, se iniciaron contactos con grupos industriales y financieros de capital español, con el objeto de buscar algún accionista español sustituyendo al Banco Pastor, que había manifestado su deseo de vender, e incluso a la familia Elosúa, que mantenía su participación minoritaria a través de la sociedad tenedora Consejeros Empresariales Españoles.
Ante ello, la decisión del Gobierno, siempre en coherencia con lo ya expuesto, fue clara y, tras calificar de hostil la OPA de Koipe, se le convenció para que ésta fuera retirada voluntariamente a cambio de aceptar que Koipe, propietaria de más del 30 por ciento, tuviera representación en el Consejo de Administración de Elosúa y que, a su vez, aceptara colaborar conjuntamente en una estrategia de apoyo al sector del aceite de oliva en España y en el mundo, cooperando en el aumento de la penetración del aceite español con marca en los mercados internacionales. Además y para no producir desequilibrio, se acordó que la propia Elosúa comprara acciones de Koipe y que también tuviera representación en el Consejo de Administración de Koipe, con el objeto de que dicha estrategia concluyera satisfactoriamente.
Por último, se acordó que Koipe asumiera que su participación accionarial no sería mayoritaria. Con el objeto de instrumentar este último punto, el Gobierno tomó la decisión de que fuera el grupo Tabacalera el que se incorporara como accionista a la sociedad, aportando los recursos financieros suficientes que se necesitaban. Esta entrada permitiría seguir manteniendo el control de la sociedad y el capital en manos españolas, sin tener que convertir Elosúa en una empresa pública. Se encomendó así a Tabacalera que fuera adquiriendo los paquetes del Banco Pastor y de Consejeros Empresariales, si ambos querían realmente vender. Al mismo tiempo, se tomó la decisión de proceder a un relevo en la gestión, con el objeto de separar de la máxima responsabilidad de la gestión al accionista que iba a vender su paquete, es decir, a Consejeros Empresariales que hasta la fecha asumía los poderes de la gestión.
En noviembre de 1991 se produjo el relevo de los responsables ejecutivos de la empresa encargándose de esta tarea a la sociedad Alimentos y Aceites, empresa 100 por ciento pública, que detentaba entonces el paquete del sector público en Elosúa. Con los nuevos gestores se materializa el deseo del Banco Pastor de vender su paquete del 10 por ciento, para lo cual, y de acuerdo con el pacto de sindicación todavía vigente, comunicó a los dos accionistas que tenían derecho al tanteo; al accionista público y a Consejeros Empresariales.
En abril de 1992 el accionista público, por cuenta de Tabacalera, adquirió la mitad de ese paquete de accio-nes, comprando Consejeros Empresariales la otra mitad.
En julio de 1992 y tras la adquisición de esa parte, Tabacalera ultimó su propuesta de entrada en la sociedad Elosúa y a finales de dicho mes de julio los accionistas Tabacalera y Koipe concretaban la manera de llevar a cabo la gestión de la sociedad de modo compartido, limitándose ambos grupos a una participación paritaria y quedándose también todavía como accionista Consejeros Empresariales Españoles.
El grupo público Alimentos y Aceites vendió a Tabacalera una parte importante de sus acciones retirándose de la gestión y dejándola así en manos de este grupo. Desde entonces la gestión de la socieda es llevada de modo compartido por ambos grupos, Tabacalera y Koipe, bajo la responsabilidad y control del Consejo de Administración.
Desde el punto de vista accionarial, y tras la OPA de exclusión de Bolsa decidida conjuntamente ante el escasísimo número de accionistas minoritarios, Elosúa seguía siendo un grupo de capital mayoritariamente español, controlando el sector público el 37,04 por ciento, Koipe otro 37,04 por ciento y Consejeros Empresariales el 19,66 por ciento, teniendo el Banco Bilbao-Vizcaya el 5,3 por ciento y el resto en autocartera. Esta ha sido la situación desde el verano de 1992 hasta hace relativamente poco en que, como ya anunciara el Ministro de Economía y Hacienda en su comparecencia, el mencionado porcentaje, 19,66 por ciento, que tenía la familia Elosúa, se ha vendido al Banco Internacional de Luxemburgo y, según han reconocido las partes implicadas, posteriormente al grupo Ferruzzi. De este modo, la participación extranjera pasa del 37,04 por ciento al 57 por ciento, aproximadamente.
Quiero comunicar a SS.SS. que los propios responsables del grupo Eridania, tras reconocer que se han hecho con el control de este último paquete, han ofrecido al sector público español el 50 por ciento del mismo a igual precio que lo adquirieron con el objeto de seguir manteniendo ese esquema paritario. En definitiva, nos encontramos con una situación nueva que viene a replantearnos esa política de apoyo y defensa de una mayoría española de capital que ha sido mantenida como criterio de modo continuado y coherente a lo largo de los años en todo este proceso coherente y transparente.
Estamos en la Unión Europea y las transacciones de acciones entre los agentes económicos son libres y normales siempre que cumplan la legalidad.
Sin duda al Gobierno, a los grupos políticos y a cualquier ciudadano le puede gustar más que en nuestro país existan grandes inversores nacionales dispuestos a crear empresas de dimensión multinacional y de capital español en el sector alimentario, pero la realidad es que esto a veces no sucede en la práctica. Tal vez estamos ante un claro ejemplo de ello, donde la política

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del Gobierno ha sido siempre intentar garantizar la mayoría española y nos encontramos con el hecho de que un sector privado español, de modo absolutamente libre, ha optado por ir vendiendo sus acciones a un grupo extranjero. Esta es la realidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Atienza, usted es nuevo en la Cámara. Hay una vieja práctica parlamentaria y es que cuando se va a repetir lo que ha dicho otro compañero se deja el «Diario de Sesiones» y los taquígrafos se ahorran toda la cuestión.
Usted ha leído la comparecencia del señor Solbes el 22 de febrero. ¡Eso ya lo sabíamos! Además no estamos de acuerdo con esta explicación; en otro caso no hubiéramos producido la interpelación, señor Atienza. Por tanto, usted tiene que explicar muchas más cosas.
Por ejemplo, ¿ustedes han actuado contra la familia Elosúa porque desvirtúan el préstamo que le dieron y se van de Elosúa una vez comprado Carbonell? ¿Quién les reclama los intereses? Eso nos costó mucho dinero a los españoles, señor Atienza. Dar 4.500 millones de pesetas subvencionados al 50 por ciento es un dispendio importante. ¿Han adoptado ustedes decisiones de ese carácter judicial? No. Segundo. Cómo valora usted, señor Atienza, la expansión, verdaderamente importante, del Grupo Koipe durante estos años, cuando en el Grupo Koipe era accionista el entonces Director General de Industrias Alimentarias, posteriormente presidente del FORPPA y después Ministro de Agricultura, hasta que ha cesado hace un mes por razones aún no aclaradas. El señor Albero ha dicho en no sé qué medio de prensa que se querellará con aquél que diga que tenía intereses en Koipe. En este momento, señor Presidente, ofrezco perder mi inmunidad parlamentaria para que el señor Albero se querelle contra mí, si le dejan ustedes venir a la Cámara, porque ni viene ni dimite.
¿Puede garantizar el señor Atienza que el trato de favor que ha recibido tanto la familia Elosúa como posteriormente Koipe es el normal que reciben las empresas multinacionales españolas o que actúan en España? Señor Atienza, se da usted cuenta de que en 1992, después de la actuación de Mercasa... Por cierto, ha dicho usted que la actuación de Mercasa había sido clara. Convenza usted al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice que el señor Prieto actúa en contra de la legalidad, sin autorización del Ministerio de Economía y contraviniendo las normas españolas.
Figura en el informe que obra en esta Cámara. Léase usted los papeles antes de venir aquí, señor Atienza, y así nos evitamos el tener que recurrir a algo que está admitido en los dictámenes del Tribunal de Cuentas. El señor Prieto actúa fuera de la legalidad, obtiene el 27 por ciento, se sindican las acciones, se tiene el 51 por ciento y aceptamos la pretensión a la multinacional, pactamos con ella y le entregamos la gestión. En ese momento Elosúa empieza a perder dinero. Señor Atienza, usted no ha hecho referencia a ello, tampoco lo hizo el señor Solbes. Ha leído lo que dijo el señor Solbes y, por tanto, para qué iba a hablar usted de aquello.
Empieza a perder dinero; empieza a cerrar líneas de actuación; empieza a perder empleo. Por cierto, señor Atienza, ¿garantiza usted en este momento y de un modo formal que Elosúa va a mantener el mismo nivel de empleo después de la pretensión conocida de Koipe? ¿Lo garantiza usted? ¿Vamos a mantener todas las líneas abiertas, todas las instalaciones abiertas? No lo sabe usted. No sabe; no contesta. Encefalograma plano.
Bien.
(Rumores.--Risas.) Señor Ministro, usted no ha explicado nada. ¿Qué reacción va a tener usted ante la invitación que le ha hecho la Comisión para pronunciarse en el expediente de absorción? No lo ha dicho. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a oponer? ¿Qué informe va a remitir a la Comisión? Se lo he preguntado antes y no ha querido contestarme. Contésteme usted.
Ese 37 por ciento en manos del sector público, ¿qué va a pasar con él? ¿A quién se lo están ofreciendo, señor Atienza? El sector aceitero dice que ustedes no se han puesto en contacto con él. El sector cooperativista, con el que me he entrevistado recientemente, ha dicho que tampoco. ¿A quién se lo están ofreciendo ustedes? O, ¿definitivamente, lo van a dejar caer dentro de las fauces de la multinacional italiana? Suavemente, después de que nos hemos gastado todo el dinero y después de la teórica defensa, pero muy medida, de nuestros intereses el final ha sido lo que el administrador italiano de Ferruzzi dijo ante los tribunales: las voluntades políticas españolas han sido doblegadas y el sector aceitero español es propiedad de los italianos.
Señor Ministro, haga usted el favor de contestar a los temas concretos y, si no, le invito a que deje el «Diario de Sesiones» de la Comisión de Agricultura y nosotros seguiremos actuando en nuestra línea.
Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ramírez. Señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna): Muchas gracias, señor Presidente.


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Recomendaría al señor Ramírez que no se deje contagiar por el estilo insultón que a veces caracteriza a otros miembros de su Grupo, porque no es el suyo. (Rumores y protestas.) Señor Ramírez, estamos hablando de un sector en el que, precisamente a lo largo de un amplio número de años, hemos estado asistiendo a una política del Gobierno en defensa de la españolidad de la empresa del aceite de oliva en un mercado abierto, con libertad de empresa, en la que los accionistas son los responsables de las decisiones que correspondan a su participación en el capital. Por tanto, no basta con un ejercicio de voluntad política por parte del Gobierno, ni siquiera con la instrumentación de medidas de apoyo o de incentivo para intentar que haya inversores nacionales que soporten financiera, técnicamente y con capacidad de gestión, la viabilidad de proyectos empresariales que constituye el objetivo fundamental de la actuación del Gobierno. El objetivo de la actuación del Gobierno es constituir en el sector agroalimentario grupos empresariales competitivos, capaces de defender nuestra producción agraria, de incrementar valor añadido y de penetrar en mercados internacionales.
Es deseable, en segunda instancia, que estos grupos sean nacionales; pero, en primera instancia, lo más importante es que estos grupos sean competitivos, y que además consigamos estos grupos competitivos sobre la base del respeto a la libertad de empresa que corresponde a nuestro sistema económico.
No voy ahora a responder a sus comentarios. Me parece que su intervención tampoco ha aportado ninguna novedad respecto de la petición de comparecencia del señor Solbes en la Comisión de Agricultura. Usted no ha aportado ninguna novedad en su comparecencia; tenía solamente ganas de reproducir este debate, con el fin de añadir algunos chascarrillos de carácter periodístico sobre la participación o no del Ministro de Agricultura en el capital de Koipe. (Rumores y protestas.) Exclusivamente, esa es la única razón y, por tanto, creo que nadie cae en esa trampa.
Quiero repetir en estos momento que, efectivamente, se ha constatado esa participación mayoritaria del grupo Ferruzzi a través de Eridania en el capital de Elosúa, y la propuesta de realizar una integración de las empresas Elosúa, Carbonell y Koipe. Son empresas españolas y, como tales, debemos considerarlas y apoyarlas. A mí me parece que sería erróneo y miope pensar que la garantía del futuro de nuestro aceite depende exclusivamente de la nacionalidad de los propietarios de las empresas, siendo de los que piensan que la nacionalidad no es irrelevante; pero me parece, como objetivo prioritario, que el grupo empresarial resultante lo primero tiene que ser competitivo, y competitivo en un mercado abierto, en el que nuestras empresas tienen que tener vocación exportadora.
En estos momentos el grupo Ferruzzi ha presentado una propuesta de incremento en la participación por parte del sector público que dicho sector público está valorando, así como la estrategia de fusión, y va a responder a esta propuesta tras valorar una serie de cuestiones como la viabilidad del proyecto industrial del nuevo grupo resultante, en su caso, su efecto sobre la exportación española de aceite de oliva a los mercados internacionales, el propio interés para ambas empresas, el interés patrimonial del sector público como accionista, y la oportunidad de seguir con una participación significativa como accionista del grupo resultante, junto con otros posibles accionistas españoles.
Sea cual sea el camino que se adopte, respondiendo siempre a la defensa de estos intereses, lo que creo debe quedar absolutamente claro, y sin el menor resquicio de duda por parte de SS.SS. y de la opinión pública, es que la actuación del Gobierno en relación con el tema Elosúa ha sido siempre transparente y coherente, siendo absolutamente falsa la existencia de supuestas ventas accionariales por parte del Estado a Ferruzzi, y las consiguientes irregularidades que se dejan caer unidas a estos supuestos hechos, así como los tratos de favor al grupo Ferruzzi o a otros inversores extranjeros en el sector agroalimentario, que solamente se dejan caer como chascarrillos, como comentarios al margen, para intentar añadirlos al clima general, aprovechando de rondón la posibilidad de seguir metiendo ruido con temas que no tienen más que transparencia y coherencia, aunque a veces las fuerzas del mercado nos conduzcan a resultados que no son los que más nos gustarían.
El objetivo fundamental del Gobierno es impulsar un proyecto que defienda los intereses de nuestra producción de aceite de oliva, su capacidad de exportación y el mantenimiento de las instalaciones industriales en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, el señor González Lizondo tiene la palabra.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, lo que esta tarde se ha tratado aquí es muy serio; mucho más serio de lo que parece. Desde luego hay una serie de cosas que yo luego voy a exigir al representante del Grupo Popular que me las aclare muy bien aclaradas, porque es muy serio lo que usted ha planteado aquí.
Hay una cosa que no es de recibo. Parece que usted es nuevo en la plaza, pero usted no puede esconder ni puede equivocarse cuando cree que porque el producto sea español, aunque esté en manos de extranjeros, estamos defendidos. Pues no señor. El año pasado se

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cargaron toneladas y toneladas de naranjas que fueron a Italia, que se compraron a precios ridículos y que luego fueron reexportadas a la Comunidad Económica Europea como artículo italiano, ganando dinero. No diga usted que es lo mismo. Además le diré una cosa, por si no lo sabe. En un viaje que hice a Cuba el año pasado observé que había gran cantidad de aceite italiano y me extrañó. Me dijeron, sí señor, desde hace un par de años está viniendo mucho aceite italiano, cuando antes era todo español.
Las multinacionales no se van a preocupar de nuestros productos, naturalmente que no, se van a preocupar de ganar más dinero a costa de los productos españoles. Así que no estoy de acuerdo. Francamente es muy serio lo aque aquí se ha dicho. No vale que venga usted y nos diga: vamos a procurar hacer grupos competitivos. De acuerdo, naturalmente y le diremos siempre que sí, pero no pueden ser grupos competitivos para su peculio particular. Deben ser grupos competitivos que defiendan verdaderamente la producción y los intereses agrarios españoles, cosa que no está sucediendo.
Lo que usted ha dicho aquí es de lo mismo que le han acusado.
Dice usted al final que sí: al final dice usted que Ferruzzi tiene la mayoría. Usted dice: queríamos evitarlo; usted dice: pretendimos en su día que no sucediera, pero la realidad es que ha sucedido. Mire usted, son demasiadas cosas las que este Gobierno no quiere que sucedan pero están pasando todos los días. Desde luego, negocios a 4.500 millones de pesetas, con el 50 por ciento a fondo perdido, mire usted, que me los den a mí y seguramente proporcionaré al Gobierno muchos beneficios, pero darlos de esta forma, para que se aprovechen otros de fuera, la verdad, no lo entiendo.
Se lo digo sinceramente, señor Ramírez, lo que usted ha dicho tiene que mantenerlo muy claramente y espero a ver sus mociones correspondientes porque verdaderamente el tema es muy, muy, muy serio, y me da la impresión de que cuando se habla por ahí y se dice que estamos vendiendo España, no es cierto, ya está vendida. Gracias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diptuados, el problema del de Elosúa es que ha quedado parado en su trámite parlamentario. Hay pedidas muchas comparecencias para aclarar el tema Elosúa pero esas comparecencias no se producen y forzosamente tenemos que repetir debates o aportar algunas cosas nuevas sobre un debate ya producido.
Creo que el señor ministro se equivoca cuando dice que la posición del Gobierno en este asunto es transparente y coherente. Yo creo que es absolutamente todo lo contrario: es opaca y contradictoria. Opaca porque todavía no sabemos cuáles han sido las operaciones que han realizado los diferentes agentes del Gobierno que han actuado aquí, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Agricultura, de Patrimonio del Estado, con posiciones contrapuestas entre sí, boicoteándose, además, los unos a los otros. Hay declaraciones del señor Calvillo y del señor Alcaide boicoteando las operaciones que en ese momento estaban haciendo los gestores que había puesto el Estado al frente de Elosúa. Hay operaciones de boicot entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministro de Agricultura.
Yo creo que el Gobierno no ha sido coherente en esta actuación; en absoluto. Tampoco ha sido transparente porque, sin hacer acusaciones de ningún tipo, cuando se hace una operación de crédito de 4.500 millones de pesetas al cero por ciento de interés, lo mínimo que se puede hacer es arrostrar hasta el final las consecuencias de ese crédito y dar continua cuenta de los resultados del mismo. Se da un crédito para que una familia compre Aceites Carbonell, termine vendiendo Aceites Carbonell y parte del accionariado de Elosúa con unos beneficios impresionantes, y todavía no se ha dado cuenta de cuáles han sido los resultados de ese crédito. Yo creo que en ese sentido --y sin brabuconadas-- no estaría nada mal que el señor Albero explicara, en la Comisión correspondiente de este Congreso de los Diputados, los motivos que dieron lugar a incentivar ese crédito, a que se diera ese crédito y los resultados del mismo. Seria interesante, pero no solamente el señor Albero, sino quienes han seguido la gestión del mismo a través suyo. Sería un elemento extraordinariamente importante.
Como sería también muy interesante que el Gobierno explicara por qué paró aquella OPA que consideró hostil. Había un pacto de sindicación entre los tres agentes participantes de Aceites Españoles que impedía que aquella OPA tuviera éxito. Si había un pacto de sindicación entre el Banco Pastor, empresarios españoles y Mercasa que impedía que aceptaran aquella OPA, y si aquella OPA se hubiera producido, la titularidad hubiera seguido siendo española. Creo que conviene dar una explicación de por qué el Gobierno paró aquella OPA y, sin embargo, impuso en el consejo de administración de Aceites Españoles un consejero que era de la competencia, de Koipe. Este es un elemento que también necesita una explicación por parte del Gobierno. Son explicaciones que no se dan, que no solamente no se dan sino que se retrasan en el tiempo. Como de alguna manera tampoco hay explicaciones de por qué no se hace el esfuerzo de controlar el último tanto por ciento que está en manos de consejeros españoles o empresarios españoles --no recuerdo bien lo que dirige don Marcelino Elosúa-- y se permite palmariamente

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que termine en el grupo Ferruzzi, con la consecuencia de que esa empresa ya no es española. No voy a a repetir algunas cosas que se han dicho aquí. Significa que los mercados están conquistados completamente por empresas italianas, aparte de que se han perdido 600 empleos en Elosúa y de que es una empresa que ha quedado completamente colonizada por Koipe.
Sobre todas estas cosas no ha dado explicación el Gobierno y, por tanto, no podemos de ninguna de las maneras decir que ha sido transparente ni coherente la actuación del Gobierno.
Repito que no vamos a plantear aquí ninguna bravuconada sobre cuál es nuestra condición ni vamos a retar a elementos judiciales. Pero creo que aquí, en esta Cámara, deben darse explicaciones por parte de todos los agentes que han intervenido, y, desde luego, no son menores las explicaciones que corresponde a Patrimonio del Estado, a todos los gerentes, tanto de Tabacalera como de Patrimonio, que actuaron en esta operación que mueve muchos millones y que es muy opaca para el control parlamentario. No sabemos qué se va a deducir de esta interpelación; a lo mejor otra comisión de investigación más para esta Cámara. ¡Iremos a otra comisión de investigación más! Pero si eso se produce será, en gran parte por culpa del Gobierno que no da explicaciones de las cosas en su momento, y pasa como con Ibercorp, que los casos renacen dos años más tarde, y en este asunto, que se podía clarificar y pedir las responsabilidades que sean necesarias, probablemente nos meteremos en un terreno pantanoso y cenagoso en el que tendremos que luchar para sacar con forceps la verdad y saber cómo se pierde el dinero de la Administración y de la Banca pública en España.
Muchas gracias.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS DE POLITICA GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DISMINUIR DE FORMA BRUSCA Y ACELERADA EL NUMERO DE POBRES EN NUESTRO PAIS, ASI COMO PARA ACERCAR A LA MEDIA NACIONAL LOS DISTINTOS INDICES DE POBREZA DE LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA SU POSTERIOR APROXIMACION A LA MEDIA DE LA UNION EUROPEA (Número de expediente 172/000053)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre las medidas de política general que piensa adoptar el Gobierno para disminuir de forma brusca y acelerada el número de pobres en nuestro país, así como para acercar a la media nacional los distintos índices de pobreza de las respectivas comunidades autónomas para su posterior aproximación a la media de la Unión Europea.
Para exponer la interpelación tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta aquí lo que consideramos que no por sordo deja de ser un auténtico escándalo, un escándalo solemne; sería la otra cara de personajes como Rubio o Roldán, la otra cara de personajes como los que integran la tribu de la llamada gente guapa, el problema de la pobreza, los pobres. Un problema con el que convivimos y que no cuenta con ellos en el marco de una política económica, que no cuenta con esta especie de necrosis social porque, parece ser, ya la hemos amputado del cuerpo económico, del cuerpo social y desde luego también del cuerpo político. Cuando la Unión Europea describe qué son los pobres, no sólo habla del tema económico y financiero, que es fundamental, y del tema laboral, que también es clave, sino que dice que los pobres también son aquellos que no saben defenderse, que no saben relacionarse, que no saben organizarse; y hasta cierto punto es verdad porque si uno convoca ahora una manifestación en favor de los pobres los únicos que no asistirían serían ellos; pasa también con los parados.
Señora Ministra, desde ese punto de vista han hecho ustedes, los ministros correspondientes, siempre presididos por don Felipe González Márquez, una política económica, durante la etapa de crecimiento, que no ha rozado siquiera las estructuras injustas que han producido este mantenimiento, según todos los estudios, de la cifra total de pobres en nuestro país, ahondándose las diferencias entre la media respecto a distintas comunidades autónomas, fundamentalmente Andalucía. El actual discurso de Felipe González no va a superar, en absoluto, esta situación grave de discriminación; el discurso de Felipe González se basa fundamentalmente en dos términos: estabilidad y recuperación. Estabilidad para la recuperación económica, pero en el marco de la recuperación de las cifras macroeconómicas, con lo cual el discurso real, al final, en función de esta sociedad dual que se está construyendo con la injusta política económica, puede ser que don Felipe González Márquez comparezca ante la televisión y diga: Hemos recuperado la política económica pero el pueblo vive peor; hemos recuperado la economía pero seguimos teniendo cuatro millones de parados y ochos millones de pobres. Es decir, que las cifras macroeconómicas, en el marco de esta política, pueden convivir perfectamente con cuatro millones de parados y ocho millones de pobres en esa sociedad dual en la que un tercio va a disfrutar del auténtico bienestar, otro tercio va a estar en los connfines del malestar y el último tercio, desde luego, estará en la pobreza relativa o en la pobreza solemne,

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severa. Da la impresión de que en función de la política económica que se está aplicando, contra la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde luego, sobran en este país ocho millones de personas con las que no se cuenta para nada, a las que no se les echa cuentas dicho directamente, desde la política económica, desde la política social, desde la necesidad de estabilizar el Estado contando con todos los ciudadanos y ciudadanas que han nacido y que viven en él.
Basándonos en un estudio sobre la pobreza de EDIS, un equipo de investigación, encargado por la Junta de Andalucía, y referido a los meses de diciembre de 1990 y enero de 1991, extraemos una serie de cifras absolutamente alucinantes que coinciden, en el fondo, con las cifras dadas tanto por el Instituto Nacional de Estadística cuanto por el Banco de España y el Ministerio de Trabajo y con estudios que se han realizado singularmente por investigadores extranjeros. Hay ocho millones de personas en España bajo el umbral de la pobreza, de los cuales la mitad, casi cuatro millones, se encuentran en la llamada pobreza severa, son pobres de solemnidad. En las zonas urbanas casi el 20 por ciento de las familias son pobres; en el conjunto de España el porcentaje alcanza casi el 23 por ciento. Quiero decir que alcanzan la mitad del gasto medio, para una familia de cuatro unidades, en torno a las 400.000 o 380.000 pesetas anuales. Desde los años 1980-84, en que se vienen realizando los estudios, las cifras permanecen y cuando bajan es en función de que se han utilizado parámetros diferentes. Estamos hablando, por tanto, de una pobreza estructural, una pobreza de la que entran o salen circunstancialmente una serie de personas en razón del trabajo, en razón de su propia convicción, en razón de que se organiza pero permanece como pobreza estructural en el marco del sistema político, económico y social de nuestro país.
Señora Ministra, si estas cifras se llevan a Andalucía los resultados son absolutamente espeluznantes. Me refiero a Andalucía porque es el extremo máximo de diferencia respecto a la media nacional. En España hay una media del 20 al 23 por ciento de hogares en el umbral de la pobreza; en Andalucía es del 46 por ciento siendo la media de la Unión Europea aproximadamente del 14 por ciento. La renta andaluza neta es del 82,9 por ciento respecto a la renta media nacional; la renta media andaluza en este marco llega a 48.269 pesetas. El umbral de la pobreza es de 29.000 pesetas mensuales hacia abajo y la pobreza severa de 15.000 pesetas mensuales hacia abajo. En Andalucía en el umbral de la pobreza hay 606.000 familias, es decir, 2.500.000 personas, y en la pobreza severa se encuentran 145.000 familias, es decir, 700.000 personas. La distribución de la renta neta es del 2,3 por ciento para un 10,5 por ciento de la población, mientras que los ricos, por llamarlos así, el 8,83 por ciento acumulan el 31,49 por ciento de la renta neta. Respecto a la vivienda, 400.000 personas tienen problemas de hacinamiento, es decir, menos de diez metros cuadrados por persona, y 600.000 personas sufren problemas de promiscuidad, más de dos personas por habitación.
Otra serie de cifras del Ministerio de Obras Públicas, del censo de las viviendas que realizó en 1991, demuestran que no estamos haciendo ningún tipo de demagogia, incluso estamos conteniendo el tono para describir una situación objetiva que no se está atacando, que está fuera de las previsiones económicas, sociales y políticas del actual Gobierno de la nación. Un 53,4 por ciento de las personas andaluzas no tiene teléfono; no hay agua caliente para el 13,4 por ciento de la población; sin agua corriente el 1,7, sin luz eléctrica el 0,5 y sin retrete, utilizando el término popular, el 2,7 por ciento. Cuando se habla de hambre se suele decir que hacemos demagogia o que estamos utilizando impropiamente el término umbral del tercer mundo o que somos más el norte de Africa que el sur de Europa. Pues bien, el 39,5 por ciento de las familias pobres, es decir, 240.000 familias, tienen experiencia de hambre y el 2,3 por ciento, 14.000 familias, pasan ahora hambre. Y sigo hablando del estudio encargado por la Junta de Andalucía y que está utilizando la Consejería correspondiente. El perfil predominante de los que actualmente pasan hambre es cabeza de familia relativamente joven, en paro y habitante de grandes poblaciones.
Señora Ministra, nosotros vamos a pedir, modestamente, que se cree una nueva ponencia como la que se ha creado para el PER y otros temas de importancia. No una comisión de investigación, no una comisión espectacular; una ponencia que haga comparecer en esta Cámara a gente de la Unión Europea, técnicos españoles de distintos ministerios o particulares que están estudiando a fondo este tema que ya afecta a 8 millones de españoles y españolas. Un tema que no sólo se deriva del trabajo, no sólo se deriva del elemento financiero sino también de la vivienda, de la formación profesional e incluso de las propias conciencias subjetivas. Hay una serie de áreas de malestar social que habría que estudiar desde la óptica de los pobres, esa óptica que nunca se ha empleado aquí a la hora de hablar de economía, que nunca se ha empleado en esta Cámara. Hay 8 millones de personas fuera de nuestra dialéctica, fuera de nuestra argumentación usual. Hay áreas de malestar social que no se vienen utilizando desde el punto de vista de los pobres sino desde el punto de vista de los parados más o menos circunstanciales o, en todo caso, de larga duración. La pobreza económica, el paro, la incultura, la enfermedad y la minusvalía, la vivienda y el equipamiento, la marginación y la desintegración social tienen un especial acento para 8 millones de españoles y españolas que tendríamos que estudiar de manera muy seria, teniendo en cuenta que los porcentajes superiores de pobres --voy terminando,

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señor Presidente-- están en aquellos hogares cuya cabeza de familia es mujer. Hay una enorme y creciente feminización de la pobreza. Se está expulsando a la mujer del mercado de trabajo precisamente cuando está respondiendo mejor a la competencia externa. Todas las personas somos animales públicos y queremos salir al exterior, donde también está, por cierto, el mercado de trabajo. La mujer sale cada vez mejor preparada (ahí están las notas y su comportamiento laboral) pero cada vez tiene menos oportunidades. Hogares cuya cabeza de familia es mujer, hogares con un solo miembro activo, hogares monoparentales con más de un hijo y, por tanto, porcentajes superiores de pobres en estos niveles. Pensamos, como diría Pasolini, que ante este enorme escándalo de las conciencias habría que constituir una ponencia tranquila, pero que actuara en profundidad, para hacer aflorar este problema y que entre, por fin, en los parámetros, en las argumentaciones, en la dialéctica económica que se utiliza en esta Cámara y que hasta ahora no ha tenido en cuenta a estas personas. Repito que da la impresión de que sobran en España 8 millones de personas y que ante esta sobre lo primero que hacemos es olvidarnos de que existen.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Sociales.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de poder hablar en esta Cámara de un tema de tanta importancia y de tanta preocupación para todos como es el de la pobreza. Cuando nos referimos al crecimiento, la competitividad y el empleo y se ha aprobado el Libro Blanco en la Comunidad Europea, no podemos olvidar todo el ámbito que se desarrolla en las políticas sociales. Son las dos caras de una misma moneda: la política económica y la política social de Europa. Por tanto, España no puede perder de vista sus señas de identidad en cuanto a la protección y a las políticas sociales. Precisamente mañana voy a estar en Bruselas en un seminario sobre política social y desarrollo del Libro Verde de la Comunidad Europea para políticas sociales, y allí se van a tratar todos los temas que afectan a este tipo de colectivos que están en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor dependencia.
La pobreza y la marginación no son realidades nuevas. Hace mucho tiempo que se está analizando y reflexionando sobre el tema. Sin embargo, sí hay algo nuevo a partir de los últimos 15 años y se ha cambiado bastante la idea de lo que es la pobreza. Por encima de situaciones muy distintas hay una característica común a la que usted se ha referido de pasada, pero que es cierta, y es que el fenómeno se empieza a subrayar como de carácter estructural. Ese fenómeno está generando una situación en la cual determinados grupos sociales quedan excluidos de la vida económica y social y de la participación en la prosperidad. En esos últimos 15 años se empieza a ver que se ha producido un cambio de naturaleza en el fenómeno de la pobreza. Muchas veces pensábamos que cuando un país crecía o comenzaba a tener niveles de progreso importantes la pobreza sería una realidad residual y desaparecería con las medidas de bienestar general y de política social para la población. Esta concepción ha cambiado y hay nuevas formas de pobreza y de marginación que aparecen, muchas derivadas, naturalmente, de la crisis económica, del aumento del paro y de la precarización salarial, pero también otras muy distintas que vienen derivadas de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Aquí es donde se ha acuñado un concepto de nueva pobreza que ha marcado un punto de inflexión en la reflexión en torno al tema de la pobreza en las sociedades industrializadas, hoy sociedades avanzadas tecnológicamente.
El tema que hoy debatimos hace referencia a varios conceptos que hay que clarificar y diferenciar antes de acometer el análisis de la situación concreta que nos ocupa. Hoy podemos hablar de desigualdad social, de dualidad, de pobreza y de exclusión social o marginación. Son cuatro conceptos distintos pero que inciden, desde distintos ángulos, en una situación que es la misma. La desigualdad social la hemos entendido siempre como una desigualdad de distribución de la riqueza entre los miembros y los grupos sociales. La dualidad, en cambio, es un término mucho más dinámico, no hay tanta desigualdad, que existe, sino una concentración de los recursos entre los más ricos y de falta de recursos entre los menos ricos. Pongo un ejemplo. La sociedad americana ha incrementado sus ingresos y el 20 por ciento de los más ricos son más ricos hoy, mientras que el 20 por ciento de los más pobres son hoy mucho más pobres, en términos absolutos y no sólo relativos, por ejemplo, que hace una década. Ese es un fenómeno que implica esa dualidad. Y en cuanto al fenómeno de la pobreza, la definición que ha adoptado la Comunidad Europea se refiere a aquellas personas cuyos recursos son tan limitados como para excluirlos de la forma de vida mínima que acepta un Estado miembro de la Comunidad Europea; incluso se empieza a acuñar un nuevo término, al que usted se ha referido, la pobreza severa, que es no ya un 50 por ciento por debajo de los recursos mínimos que un Estado considera en el umbral para el mantenimiento de la dignidad, sino que se habla de pobreza severa con un 30 por ciento, es decir, que hay un nivel aún más

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bajo en esa pobreza. Esta definición de pobreza --no me refiero a la pobreza severa sino a la acuñada por la Comunidad Europea--trata de ser amplia y no de estar ceñida exclusivamente a los aspectos puramente monetarios. Tiene dos formas de medirse, según la Comunidad Europea, y en general es la que aplicamos en España. Se considera pobre aquella parte de la población que recibe en términos de renta o de gasto menos de la mitad del ingreso gasto medio al que me he referido, ese 50 por ciento. Esta definición estadística no nos resulta suficiente y prescindiendo del contexto social y de las condiciones de vida real de la población no es una medición que nos satisfaga. Por ejemplo, no es lo mismo percibir esa renta en una zona urbana (también usted se ha referido a ello) que en una zona rústica. Por ejemplo, no es lo mismo tener esas posibilidades en una zona como Madrid o Sevilla, una capital, que en una zona donde se puede tener un pequeño terreno, se puede cultivar una zona de tierra y se pueden tener incluso niveles más bajos para la obtención de los recursos. De todas formas, en este concepto de pobreza existe una cierta contradicción porque, por un lado, en términos numéricos, la proporción de pobres es más alta en las zonas rurales y, sin embargo, la situación más dramática en cuanto a pobreza se plantea en las grandes ciudades. Otra de las carencias que tenemos en la metodología que usamos para medir la pobreza se refiere a la consideración de la renta media como el gasto medio y no se contempla, en ningún caso, el valor de acceso gratuito a bienes y servicios que para determinados colectivos suponen un importante beneficio económico. En este aspecto del acceso gratuito a bienes y servicios hay un elenco muy importante de medidas que se llevan a cabo desde el Gobierno y que de alguna forma palían ese nivel de pobreza y corrigen esos niveles de necesidad. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a servicios o infraestructuras, transporte, acceso a servicios gratuitos o semigratuitos para personas mayores que, como digo, no tienen reflejo en las estadísticas utilizadas. El cuarto concepto al que me he referido --concepto que ya se está acuñando en la Comunidad Europea porque es más amplio y más flexible-- es el de exclusión social o marginación, que tiene mucho que ver con las condiciones sociales y no sólo con esos elementos estadísticos de renta. Por marginación entendemos situaciones en que por distintos motivos hay personas o colectivos que se encuentran desligados de los mecanismos de inserción social, ya sea a través del trabajo; ya sea a través de las redes de protección social existentes. Hay muchos grupos sociales que están en tal situación de exclusión social que no tienen acceso a los sistemas de protección que existen en la sociedad para todos. La Unión Europea ha destacado la importancia de este concepto de exclusión y lo ha incorporado a los últimos planteamientos que hay respecto al tema; incluso se han duplicado los fondos. Ahora estamos en el sistema de pobreza tres, del que España participa en tres programas en cofinanciación con la Comunidad Europea, tres programas de bastante importancia, pero para el futuro se van a duplicar los fondos de la Comunidad Europea y se van a destinar a problemas y situaciones de exclusión social, precisamente para llegar a esos colectivos que están tan fuera de la situación general de recursos que ni siquiera tienen el acceso a los recursos, a veces por desconocimiento o por falta de información.
Si hacemos un repaso de las actuaciones realizadas en España hasta ahora, durante la última década (aunque sin duda alguna todavía quedan muchas por llevar a cabo), podemos decir que la pobreza como tal --la pobreza conceptuada según el término que hemos empleado que es el más acuñado y que ahora se amplía a exclusión social-- ha disminuido. Si utilizamos definiciones de la Unión Europea tenemos que, en 1985, según fuentes nuestras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y con los datos de Eurostat, teníamos como pobres el 20 por ciento de los hogares españoles, el 20,37 para ser exactos, cifra que descendió al 18,6 en 1990. Si tenemos en cuenta la lentitud de la evolución de los problemas sociales y lo que tardan en reflejarse en las estructuras sociales los cambios, siendo uno de ellos tan importante como éste, podemos decir que hay una reducción relativamente importante, y digo relativamente importante porque tenemos que seguir trabajando para reducirlo aún más, pero si tenemos en cuenta dicha lentitud y comparamos los datos correspondientes a 1986 con los de 1990 podemos concluir que ha habido una reducción considerable. También hay que decir que ello no ha sido en vano porque la protección social en España ha experimentado un importante impulso. Por un lado hemos tenido la universalización de la educación. Uno de los factores de igualación y de acceso a las posibilidades sociales más importante de que disponemos para que todos los miembros de la sociedad puedan tener las mismas oportunidades es la educación, que afortunadamente se ha universalizado en España. Otro elemento importante es la salud, así como el fuerte incremento y la transformación cualitativa de los servicios sociales. También hemos aumentado los servicios de igualdad de oportunidades para algunos colectivos que estaban en situación de desigualdad, y hemos llevado a cabo políticas compensatorias hacia determinados grupos especialmente desfavorecidos. El gasto de protección ha aumentado de forma significativa. Según los datos de Eurostat, el gasto de protección social representaba en 1987 el 19,46 del producto interior bruto español, mientras que en la Comunidad Europea, en la hoy Unión Europea, era del 26,06. Sin embargo, a partir de 1988 el gasto de protección social en España ha evolucionado a un ritmo muy importante y mayor que el de la Comunidad

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Europea y hemos aplicado a la vez medidas de racionalización de la asignación de recursos, y en 1992 --y siguiendo también los datos de Eurostat-- hemos llegado al 22,5 del producto interior bruto, mientras que en otros países de Europa se ha producido una bajada. A mi juicio, esto es bastante significativo del esfuerzo que se ha hecho, lo cual no quiere decir que hayamos realizado todo lo que podemos hacer, ni muchísimo menos. Yo creo que ahora es un momento difícil, estamos en una crisis que ha generado fundamentalmente unas elevadas tasas de desempleo. Normalmente el trabajo ha sido un vehículo de integración en la sociedad, quizá el más importante y el medio más común de obtención de recursos. Por tanto, su pérdida puede desencadenar situaciones de vulnerabilidad y, en último término, de exclusión social. Sin duda, ese aumento de la protección social ha elevado el nivel de bienestar social y la calidad de la vida de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Sin embargo, persisten situaciones de pobreza y de marginación.
Esa política social que se está llevando a cabo en España tiene como objetivo aumentar el bienestar de la sociedad, y lo vamos consiguiendo a través de la articulación de una serie de políticas tanto sectoriales como las dirigidas a grupos de personas especialmente vulnerables.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Ya concluyo, señor Presidente.
Me gustaría explicar una serie de políticas que se llevan a cabo. He aludido a las del sistema educativo. También hay que aludir al sistema de salud, al sistema de pensiones, que ha mejorado; a los servicios sociales y, desde luego, también querría referirme, aunque sea de pasada, al plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales, que se instaura por primera vez en España en 1988 y al que se viene destinando una cantidad importante de recursos económicos que, además, se multiplican con las aportaciones de las administraciones autonómicas y locales. Sólo el Ministerio de Asuntos Sociales desde 1988 ha destinado a la realización de este plan 40.000 millones de pesetas.
Esto ha permitido unas prestaciones que alcanzan al 80 por ciento de los municipios de España --6.046, según datos de 1993--, de un total de 15 comunidades autónomas --no me refiero a los datos del País Vasco, porque tienen el sistema de cupo--, y han permitido sistemas de información y orientación precisamente en la línea de esos grupos que están en la exclusión social que no llegan ni a entrar en el sistema de recursos. Esta red básica de servicios sociales tiene como objetivo prioritario la información y la orientación para que esos grupos accedan, por lo menos, al conocimiento de los recursos que tenemos y, a través del conocimiento, a su utilización. Aquí tenemos también la ayuda a domicilio, el alojamiento y la convivencia y todo lo relativo a prevención e inserción social.
Usted conocerá probablemente todas las medidas, los salarios sociales aplicados en todas las comunidades autónomas, menos en una, según mis noticias, con mayor o menor fortuna según las comunidades autónomas. Algunos de estos salarios sociales están funcionando muy bien, concretamente en Cataluña. Esto es competencia de las comunidades autónomas, pero creo que es una medida también importante.
En conjunto, creo que la situación ha mejorado notablemente en los últimos años, pero, desde luego, esté usted seguro de que la satisfacción no es completa. Tiene usted razón en algunos datos que facilita, que son los mismos que tenemos en el Ministerio de Asuntos Sociales y que, desde luego, nos hacen seguir comprometidos con el objetivo de terminar con la pobreza y continuar desarrollando e implementando una serie de políticas para los colectivos más vulnerables y, sobre todo, trabajar activamente en la creación de empleo, para que ese momento económico en el que podamos entrar en un futuro próximo, puesto que se está hablando ya de un repunte económico, nos coja en una situación --con todas las medidas que hemos llevado a cabo últimamente de reforma del mercado de trabajo--que nos permita una mayor creación de empleo y, por tanto, que uno de los principales elementos de la integración y la inserción de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida social en todos los niveles se pueda cumplir.
También hay una sere de medidas, que no tengo tiempo de exponerle, con respecto a colectivos concretos, como puedan ser las minorías étnicas, los inmigrantes, una serie de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, como son también los mayores, o un elemento al que usted se ha referido, y tiene razón, que es la feminización de la pobreza.
Nos preocupa especialmente ese problema, que viene derivado de la situación de familias monoparentales. Un porcentaje altísimo de mujeres cabeza de familia están al frente de estas familias monoparentales, y se ha producido un fenómeno de empobrecimiento de estas familias que ha dado en llamarse la feminización de la pobreza que nos preocupa extraordinariamente.
También tenemos una serie de políticas, como el plan de acción de igualdad de oportunidades del Instituto de la Mujer, para paliar, en la medida de lo posible, esta feminización de la pobreza.
Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Alcaraz.


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El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, coincidimos en el diagnóstico, en la estructura del problema, no sé si en la urgencia de abordarlo, yo creo que a partir del protagonismo de este Congreso de los Diputados. En la segunda parte de su intervención usted ha defendido que la pobreza ha disminuido y ha dado una cifra; ha dicho que hay una reducción relativamente importante de la pobreza y se ha referido al estudio de Eurostat. Hablando de la cifra del 20,37, ha señalado usted que ha caído la pobreza al 18,6. En principio, yo no quiero rebatirle este tema, sino modularlo en función de lo que publica el Instituto Nacional de Estadística.
Hace muy poco, en febrero de 1993, lo que llaman primeros resultados del estudio de hogares menos favorecidos, con relación a los años 1990 y 1991, no son exactamente los que usted dice, sino que mantiene realmente, a pesar de los titulares que se han publicado en ciertos medios en función de una nota oficial que se dio, los índices de pobreza y, desde luego, el indicador estructural. Lo que ocurre en este estudio del Instituto Nacional de Estadística y en los estudios europeos al respecto, fundamentalmente en el de la Oficina de Estadística de la Unión Europea es que se incorpora por primera vez el módulo subjetivo, en principio --por lo menos en este estudio del Instituto Nacional de Estadística publicado en febrero de 1993--, que, en su página 3, adoptando todas las cautelas posibles, dice: Falta de tradición en las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística en lo que concierne a la inclusión de preguntas de carácter subjetivo. Y añade que aún no tienen los datos europeos -- estamos hablando de febrero de 1993--, los datos que está estudiando Eurostat, en la Oficina de Estadística; datos que proceden del Instituto Nacional de Estadística y que, por lo tanto, van a coincidir con los que yo ahora voy a citar. No obstante, dice también en este estudio el Instituto Nacional de Estadística: Y a la espera de estos resultados --los europeos, que, por otra parte, la base de datos la han proporcionado ellos--, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha considerado conveniente avanzar algunos resultados, que sufrirían, caso de retrasar su publicación, un envejecimiento. Aparte de las limitaciones metodológicas o de inexperiencia respecto al módulo subjetivo, introduce un tema de enorme importancia a la hora de valorar los datos, y es que se está hablando de datos de la época --aunque sea la época final-- de crecimiento económico, 1990-1991. Y cuando habla de que los datos pueden envejecer, realmente está diciendo que las décimas que pueden haber bajado los indicadores de pobreza en los años posteriores, vuelven a subir en función de que el ciclo cae fortísimamente y se produce una recesión económica de amplio espectro, con una ruptura grave de la sistemática del Estado del bienestar y una marginación mucho más grave, si cabe, que anteriormente con respecto a la propia existencia de pobres en Europa, en España, por descontado en Andalucía, en Canarias, en Extremadura, etcétera.
En el estudio de Eurostat la línea de pobreza alcanza, aproximadamente, el 20 por ciento de los hogares españoles, en la secuencia del Instituto Nacional de Estadística, hablando de tres etapas, se mantiene esa línea de pobreza sobre el 50 por ciento. Pero hay una diferencia, efectivamente, a la que usted ha aludido, y es el considerar los pobres por personas y no por hogares. Por hogares, en 1974 hay 20,5, en 1981 un 19,5 y en 1991 un 19,7; sube la línea de pobreza en cuanto a hogares. En cuanto a personas, no, cambia el índice: el 20 por ciento de pobreza en 1974 --sobre la línea del 50 por ciento-- , el 20,5 en 1981 y el 18,9 en 1991. Hay una disminución de punto y medio --1,6--respecto de 1981 en personas, no en hogares, y esto porque, constata el estudio del Instituto Nacional de Estadística, al estudiar personas en relación a hogares ha disminuido el tamaño medio de los hogares entre 1981 y 1991 y también porque hay una etapa de expansión; y en esta etapa de expansión se ha extendido algo más la Seguridad Social, los subsidios de desempleo hasta 1991/1992, que después han retrocedido bastante, fundamentalmente desde que se aprueba la contrarreforma, aunque no hay indicadores con respecto a esto.
Por otra parte, también, señora Ministra, el Instituto Nacional de Estadística dice que deben revisarse las tablas de equivalencia en función de la tipología de las personas comparadas en estos tres años: 1974, 1981 y 1991, porque no se eligen de manera rigurosa, de manera adecuada y el INE adopta estas cautelas máximas que van a dar, a nuestro juicio, que se mantiene la línea de pobreza, que no hay una disminución del 1,6, sino que se mantienen los hogares y se mantienen como fenómeno estructural y, por lo tanto, no hay en este sentido ninguna política real que haya incidido verdaderamente en la disminución de la estructura de la pobreza.
Nosotros, repito, señora Ministra, pensamos que hay que ir (porque coincidimos excepto en este último punto, en que usted, por razón de su oficio, tiene que decir que la política del Gobierno ha incidido en la línea de pobreza cuando realmente no es así) a una ponencia tranquila, de bastantes meses de duración, para analizar este fenómeno e intentar insertarlo en cualquier línea de actuación --a nuestro juicio en una política económica diametralmente opuesta, radicalmente distinta-- de cualquier política económica. De ahí parte precisamente el fenómeno de la pobreza; como es un fenómeno que no sabemos afrontar, pasamos de él y, actualmente, repito, sobran ocho millones de personas en la dialéctica de esta Cámara, que no los tiene en cuenta y, desde luego, en la dialéctica del Estado español. Vamos a plantear la constitución de esa ponencia

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y espero, en función de la intervención que usted ha tenido aquí, reconociendo la solemnidad, la seriedad del problema, que se apruebe esta iniciativa de Izquierda Unida.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, es verdad, como usted ha dicho, que los datos pueden envejecer y muchas veces se trata de ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico de una situación. El diagnóstico que hacemos creo que es aproximado y este problema nos preocupa a todos. Sin embargo, es cierto que yo lo veo con mayor optimismo en cuanto al avance de esa situación de mejora, que creo que sí responde a una realidad de los datos.
Es cierto que esos datos se están analizando en base a una situación anterior a la caída fuerte en la recesión, y de ahí la importancia que damos a todas las medidas de tipo económico, a aquellas encaminadas a fomentar el crecimiento de la economía y a aquellas otras de reforma del mercado laboral, precisamente para fomentar la ocupación y el aumento de empleo, especialmente en aquellos grupos sociales como mujeres y jóvenes, que han sido más golpeados por el fenómeno del desempleo y cuyas tasas de desocupación son mucho más altas que las de otros sectores de la población asalariada. También, es cierto, nos preocupan los parados de larga duración o los mayores de 45 años y se han tomado medidas específicas para esos colectivos.
No obstante, creo que hay una serie de medidas que han mejorado esa situación o, al menos, la han paliado. Por ejemplo, antes he hablado del sistema educativo, del sistema de salud, pero no me he referido al sistema de pensiones. El sistema de pensiones, todo lo que ha sido su desarrollo desde 1990 con la Ley de Pensiones no Contributivas --esa posibilidad de pensiones generales no contributivas para una serie de beneficiarios que por su situación económica estaban en una situación de mayor dependencia y vulnerabilidad--, evidentemente creo que ha ayudado a mejorar la situación de estos colectivos; especialmente las no contributivas, como usted sabe, son para mayores de 65 años y para personas con minusvalías.
También es importante todo el trabajo que se ha dirigido a los grupos de personas con especial situación de dependencia, como son las personas pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, drogodependientes o refugiados. Aquí le diré que estamos desarrollando un plan especial para la inmigración, que creo que va a atender a un numeroso colectivo, y también las políticas que hemos llevado a cabo a través del plan de desarrollo gitano para la colectividad, que es la etnia gitana, ha ayudado en este sentido, y todo lo que ha afectado a las personas que están en una situación de exclusión social por la drogodependencia ha sido un trabajo importante que ha podido paliar esa situación tan deficiente. También hay que referirse a las políticas que se han desarrollado, como he mencionado antes, conjuntamente con la Comunidad Europea, para personas o zonas excluidas, y lo que han servido las tres experiencias piloto a las que antes me referí en Huelva, en Burgos y en Gerona. Son tres experiencias que han servido para desarrollar nuevas posibilidades y nuevos planteamientos de política social y han aportado elementos muy interesantes desde el punto de vista organizativo y metodológico. Además, nos va a servir ahora para ese nuevo proyecto que va a desarrollarse de 1994 a 1999, que va a ser el programa de la Unión Europea, de acción a medio plazo de la lucha contra la exclusión social y de promoción de la solidaridad. En ese trabajo que vamos a desarrollar con las Comunidades Europeas, cofinanciando programas, nos va a ser de enorme utilidad el trabajo de experiencia piloto que hemos tenido en esas tres zonas de España, que eran zonas de tremenda pobreza y de exclusión social.
También me he referido al aspecto de las rentas mínimas de inserción. Usted no lo ha mencionado y yo creo que sí que es un camino importante, porque, ¿qué tienen como bueno estas rentas mínimas de inserción? Tienen como bueno que son políticas de integración; no es simplemente un salario social, una cantidad que se da a esa persona que está en el umbral de la pobreza, sino que se concede a cambio de un trabajo que realiza para la comunidad o para su propia formación, de tal forma que se prepara a esa persona para la integración. Lo más importante son todas las medidas de reforma del mercado de trabajo, porque en ese ámbito es donde vamos a obtener la verdadera inserción de las personas. A través de la formación, de la educación, de la preparación de ese capital humano es como vamos a conseguir que esas personas se integren de verdad en la sociedad. Creando situaciones económicas que permitan crecer, tener más empleo, será la forma en que podamos ocupar a todas esas personas que están en una situación a veces de pobreza derivada por una situación también de desempleo.
Hasta aquí le he explicado los trabajos que se han venido realizando en los últimos años desde el Gobierno para disminuir la pobreza. Pero sí quiero decirle que en absoluto nos parece que sean suficientes para alcanzar ese objetivo de bienestar para todos los ciudadanos que queremos y que desearíamos todos. Usted se ha referido a la constitución de una ponencia. A mí me parece que podía ser una buena idea que se constituyera en el Congreso de los Diputados, en la Comisión correspondiente, una ponencia para este trabajo,

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para que pudiéramos entre todos avanzar en esa realización de políticas sociales para eliminar al máximo los niveles de pobreza en nuestra sociedad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, muchas gracias.
La interpelación que hoy nos trae Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya nos parece que siempre es un tema recurrente, es un tema importante. Lo que pasa es que es también un tema peligroso, porque hablamos de personas y de determinado tipo de personas. En la Comunidad Autónoma de Cataluña tenemos cierta experiencia (no es una experiencia personal de ahora, sino de hace muchos años, ya que por razones que no vienen al caso he trabajado en algunos colectivos de esta naturaleza), y no es fácil reinsertar. Es fácil crear programas de ayuda. Si ustedes tienen --la deben tener igual que yo-- una propuesta de resolución de la Comunidad Económica Europea verán que la primera página está destinada a recordar todo lo que hay a nivel europeo de organismos, de organizaciones y programas que se cuidan de temas de la pobreza. El fondo del tema no es otro que crear las condiciones óptimas para que las personas se ganen aquello que necesitan para vivir. En nuestro caso el mejor servicio que podemos hacer para luchar contra la pobreza es intentar que el millón y pico de personas que nos dice el Inem que tenemos, que hace más de dos años que están en situación de paro y que no encuentran trabajo, reingresen al mundo activo, reingresen al trabajo y se ganen lo que necesitan para vivir.
Es importante en programas de lucha contra la pobreza implicar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, fundamentalmente a los ayuntamientos, y desde el Estado hacer aquellas políticas que permitan actividad, que permitan que las personas puedan desarrollar su actividad en el mundo económico para ganarse el sustento.
Hablar de una ponencia puede ser una buena idea, pero quizá sea frustrante, porque después de seis meses de estudiar y de hacer pasar por la ponencia a Cáritas, a los técnicos, a los especialistas y a los que se ganan la vida estudiando la situación de la pobreza, no desde la pobreza ciertamente, al final podemos llegar a la conclusión de que lo que hay que hacer es lo que estamos realizando en los ámbitos más reducidos posibles, porque la pobreza hay que atacarla allá donde se manifiesta, y se manifiesta en barrios determinados, en zonas determinadas. Por tanto, en los ayuntamientos y comunidades hay que hacer quizá un poco más --siempre hay que hacer algo más--para luchar contra esta lacra que supone la pobreza, pero desde el convencimiento (si usted en su moción propone la creación de la ponencia seguramente no me voy a oponer, seguramente mi grupo la va a apoyar desde el escepticismo de que no es por ahí, no es por el estudio teórico de la pobreza) de que es necesario otro tipo de política para que haya menos gente que se quede atrás. En esta sociedad competitiva en la que estamos todos involucrados lo que hay que hacer es intentar que en el carro de la competitividad y del progreso entren todos los ciudadanos que lo deseen.
Lo otro puede quedar bien, podemos acabar con un estudio magnífico, podemos ponernos incluso de acuerdo en las cifras.
Qué más da que las cifras sean el 22 o el 23 por ciento, qué más da si mientras haya diez pobres tenemos la obligación de intentar que no los haya.
Creo que éste es un tema que da para mucho. Creo que no vale la pena crear una ponencia, pero si ustedes la proponen seguramente mi grupo la apoyara; pero ya digo desde el escepticismo de que lo que hay que hacer es otra cosa, es atacar la pobreza allá donde está, además desde el absoluto convencimiento de que no es nada fácil, porque los pobres y algunos étnica e históricamente pobres no quieren dar nada a cambio y no desean reinsertarse. Ya sé que eso puede escandalizar, pero es una constatación real. Hay muchas personas que no quieren reinsertarse porque el programa que se les propone probablemente no les satisface y no es a eso a lo que aspiran.
En fin, es un tema que da para mucho.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz García.


El señor SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, subo a esta tribuna para exponer la posición de mi Grupo en la interpelación presentada por Izquierda Unida.
Compartimos, desde luego, la consideración que figuraba en la exposición de motivos de la interpelación cuando se decía y se argumentaba en el fondo que estar al margen del trabajo es la forma más evidente de precariedad y, por tanto, que un ciudadano se pueda situar también en la pobreza.
Esto es un verdadero problema social. Nadie lo duda y todos los grupos lo compartimos. El aumento de desempleo en este país es el principal factor que determina el incremento del volumen de hogares. No voy a entrar en la guerra de cifras, son demasiados, son muchos los que están en estos momentos en situación de precariedad y en el último año, desde 1992 a finales de 1993, han ido aumentando.


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La pérdida del empleo del tradicionalmente llamado cabeza de familia es el factor fundamental, de acuerdo con los estudios que hemos podido consultar de evaluación de la situación de pobreza, hechos por muchas comunidades autónomas, que determina la entrada de la pobreza en numerosos hogares, como el hecho de que, si alguno de los miembros quedase también en esa situación de desempleo, aumenta el porcentaje de familias que están con esa precariedad.
Por lo tanto, está claro que podemos concluir que el empleo es el factor que más influencia tiene para la salida de esa crisis y también para el problema de la precariedad y de la pobreza. El portavoz de Izquierda Unida, aunque no se ha referido a ellos en la consideración de la interpelación que ha presentado, utilizaba --y la verdad es que a nuestro Grupo le extrañó-- los datos del INE de 1991. Incluso en el texto hace referencia a los datos del INE de 1991 --aquí está-- cuando tenemos datos recientes. Hoy han sido debatidos en la Comisión de Política Social y Empleo, que nos hablan, desgraciadamente, de que se han incrementado, según la última EPA. La tasa de paro es brutal, del 24,6 por ciento. Usted ha hecho referencia a Andalucía, y la verdad es que en Andalucía la media del 3,3 por ciento también es una cifra escalofriante e incluso, si vamos al detalle, hay algunas provincias, como la de Cádiz, donde parece que ronda casi el 44 por ciento. Por lo tanto, son unas cifras sobrecogedoras. La estadística más reciente, que acabamos de evaluar esta mañana en la Comisión de Política Social y Empleo nos habla también de 1.100.000 familias españolas que tienen todos sus miembros en paro. Este es un dato realmente dramático y una situaión preocupante, claramente preocupante.
Nosotros concluimos que si esto pasa en nuestro país, en el fondo es que quienes nos están gobernando se están equivocando, se están equivocando en la gestión y se están equivocando en la política económica. Siendo esto así, y teniendo a tantas familias españolas en esa dramática situación, el Grupo Popular recordó en esta Cámara el importante papel que juegan las familias en España, cómo actúan de colchón, cómo ayudan a paliar la tremenda crisis que en estos momentos sufre un gran porcentaje de españoles individuales. Y si la situación no es absolutamente crispante es gracias a esa solidaridad que ejercen las familias con cada vez mayor número de sus miembros en paro, por tanto sin empleo, en nuestro país.
Responsablemente, el Grupo Popular trajo a esta Cámara soluciones que trataban de ayudar a las familias y, además, a las más desfavorecidas. Lamentablemente, el Grupo interpelante --Izquierda Unida-- y el Grupo que apoya el Gobierno, como recordarán ustedes, sistemáticamente se han opuesto a las iniciativas nuestras, se han opuesto a la creación del fondo de garantía de pensiones para hacer frente a las necesidades, verdaderamente dramáticas, de alimentación de muchas madres, personas separadas o divorciadas, fundamentalmente mujeres, que se encuentran en una situación dramática, o familias monoparentales, y se nos dijo que lo habíamos extendido a familias monoparentales. Por lo tanto, señorías, en la dialéctica del Partido Popular y también en las acciones positivas estuvieron presentes esas familias, pero ustedes, señores de Izquierda Unida, no fueron capaces de votar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz García, ésta no es una interpelación a Izquierda Unida, es fijación de posición respecto a una interpelación.


La señora SAINZ GARCIA: Perdone, señor Presidente, yo estoy diciendo, en relación con la interpelación que ha presentado y lo que ha dicho en esta Cámara en el momento de justificarla...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Está refiriéndose a otras intervenciones y a otros temas.


La señora SAINZ GARCIA: No, no, es la misma porque usted, señor Presidente, tiene que saber que aquí se han citado las familias monoparentales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Aténgase a la cuestión, señora Sainz García.


La señora SAINZ GARCIA: Las familias monoparentales, las mujeres solas y separadas representan precisamente un porcentaje importantísimo.
Los tratados que estudian las cuestiones de la pobreza dicen que, desgraciadamente, la pobreza tiene cara de mujer. Y son esas mujeres las primeras en sufrir eso; por lo tanto, sí que me estoy ciñendo.
La pobreza --la señora Ministra lo ha citado y espero que se me deje hacer una consideración-- también tiene nombre de personas mayores. Un 22 por ciento de todas las pensiones están por debajo del umbral que se suele considerar como mínimo de pobreza. Y fundamentalmente esto afecta a personas mayores.
Sí que hay una serie de grupos, como hay minorías étnicas, que están dentro de ese espectro dramático de la población española, que requiere soluciones inmediatas y el Grupo Popular sí que los ha tenido presentes en sus iniciativas parlamentarias.
Lo que quiero decir, señor Presidente, es que en el momento en el que hablamos de toda la situación de marginalidad, de precariedad y de situaciones de malestar social que están viviendo muchas familias y muchos ciudadanos y personas de España, nosotros tenemos también que recordar a la Cámara que en España, desgraciadamente, el nivel de prestaciones sociales es más bajo que el de los países europeos, de acuerdo con el

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producto interior bruto. Tenemos el drama de ese paro y no tenemos la cobertura de las prestaciones sociales que se tiene en el resto de los países europeos. Así pues, lejos de converger estamos diferenciándonos en todos los sentidos, empleo y prestaciones sociales, del resto de los países europeos, precisamente en unos momentos en que España tiene un debate político importante centrado en Europa.
Ha hablado la señora Ministra --y nuestro Grupo quiere manifestar que es consciente de ello--, además de la pérdida de empleo, del sector del ámbito socio-territorial, de la pobreza en el territorio rural agrario. La pérdida de empleo ha tenido menos incidencia, pero, en cambio, sí que la ha tenido --y de hecho yo lo he visto reflejado en los datos que estudian la pobreza-- la pérdida de valor de los precios agrícolas. Esto ha empobrecido también a parte del sector agrícola español. Todas estas son consideraciones importantes.
La verdad es que creemos que, frente a esa realidad, no existe, por parte del Gobierno, una reacción que plasme en una política activa y eficaz la solución que abarca a tantos españoles. A nuestro juicio, la crisis económica es demasiado profunda y en estos momentos el malestar que sufren muchos españoles es enorme. Esa retórica electoral que hablaba de que estábamos saliendo y que había esa esperanza en la reforma del mercado de trabajo, señora Ministra, con toda sinceridad le digo que creo que no es cierta. Además, aun cuando acertara en los mejores pronósticos que ustedes están manejando, ¿de qué serviría para ese grupo tan importante de españoles que carecen de formación, que son parados de larga duración y que, a lo sumo, ahora en estos, momentos podrían sobrevivir con algunas prestaciones sociales, y lo están haciendo? ¿Cuál es el futuro que les aguarda, porque precisamente no tienen cualificación?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Sainz, concluya.


La señora SAINZ GARCIA: Sí, señor Presidente.
Para que no se diga que el Partido Popular, aparte de haber tenido en su dialéctica esas consideraciones, no tiene asimismo una respuesta clara política, quiero decir que la sociedad del bienestar a la que aspira nuestro Grupo para la sociedad española se basa en que se haga posible que el mayor número de personas puedan jugar un papel activo en la sociedad. La protección social, por lo tanto, ha de pasar por una solidaridad que nosotros decimos que ha de ser más activa y menos pasiva para que llegue, además, al mayor número de españoles.
Termino diciendo que nuestro Grupo estudiará la propuesta, porque, desde luego, sí que tiene algo muy claro y es que estamos atentos a apoyar todo aquello que pueda ser una respuesta y una defensa de los intereses de todos los españoles.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sainz.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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