Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 74, de 19/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 74 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 73 celebrada el jueves, 19 de mayo de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-ley:

--Real Decreto-Ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación. («Boletín Oficial del Estado», número 103, de 30 de abril de 1994) (número de expediente 130/000016) (Página 3717) --Exclusión de un punto del orden del día (Página 3723)

Enmiendas del Senado:

--Al Proyecto de Ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 33.1, de 8 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000019) (Página 3723) --Al Proyecto de Ley de Autonomía del Banco de España.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 35.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente 121/000021) (Página 3723)

Página 3706


--Al Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 43.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000033) (Página 3723) --A la Proposición de Ley sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 9.1, de 16 de julio de 1993 (número de expediente 125/000008) (Página 3723)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 89.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000067) (Página 3740) --Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 85.1, de 7 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000077) (Página 3740) --Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 86.1, de 7 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000078) (Página 3740) --Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 87.1, de 7 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000079) (Página 3740) --Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 88.1, de 7 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000080) (Página 3740) --Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 95.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000083) (Página 3740) --Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 96.1, de 21 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000085) (Página 3740) --Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (XV Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23 de junio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 97.1, de 25 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000087) (Página 3740) --Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 98.1, de 25 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000088) (Página 3740) --Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, hecho en Londes el 27 de noviembre de 1992, así como Declaración que formulará el Gobierno español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 99.1, de 25 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000089) (Página 3740) --Convenio Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de las Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970, así como Reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la Adhesión. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 105.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000090) (Página 3740)

Página 3707


--Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Intenacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 106.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000091) (Página 3740) --Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 107.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000092) (Página 3740) --Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 108.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000093) (Página 3740) --Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 109.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000094) (Página 3740) --Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 110.1, de 15 de abril de 1994 (número de expediente 110/000095) (Página 3741)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 56.1, de 14 de marzo de 1994 (número de expediente 121/000042) (Página 3742)

Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario:

--Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario (número de expediente 154/000005) (Página 3764)

Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007:

--Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007 (número de expediente 200/000001) (Página 3781)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (Página 3717)

Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación (Página 3717) Presenta el Real Decreto-ley y explica las razones que han llevado al Gobierno a su promulgación el señor

Página 3708


Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe). Expone que con fecha 20 de abril de este año, y con ocasión del debate de política general sobre el estado de la Nación, esta Cámara acordó potenciar el papel de las comisiones de investigación eliminando los obstáculos que impidieran acceder a la información que éstas precisan y modificando la normativa que pueda dificultar el funcionamiento eficaz de tales comisiones.
Agrega que con fecha 21 de abril el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/94, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» al día siguiente. Ha sido una reacción rápida del Gobierno referida a estos extremos que permitía un efecto instantáneo sobre algunas informaciones que ya habían sido requeridas por comisiones de investigación. Justificada, por tanto, la urgencia por la propia decisión de la Cámara, se pide ahora la convalidación del Real Decreto-ley.
Señala el señor Ministro que es ésta la primera propuesta normativa que tiene el honor de presentar desde que asumió nuevas responsabilidades en el Gobierno y, con la frialdad que da la distancia en el tiempo, recuerda la crispación que flotó en el espacio político y las presiones que cayeron sobre el Gobierno para la entrega de los datos tributarios, específicamente las declaraciones de renta de determinadas personas, a una comisión de investigación. Pese a ese clima, el Gobierno entendió que le correspondía mantener la serenidad y por ello adoptó una posición que resultaba impopular y, sobre todo, de muy fácil instrumentalización política, pero que era obligada por razones de principio. Ninguna urgencia coyuntural permitía soslayar el respeto a los derechos fundamentales de la persona y el estricto cumplimiento del principio de legalidad. Cree, y siempre ha defendido, que el Estado de Derecho responde básicamente al principio de legalidad y descansa sobre ese principio y que la unidad política no puede en ningún caso justificar su quiebra. El país, nuestro sistema constitucional, puede sobrevivir a casi todo y permite un inmenso abanico de soluciones, pero lo que no puede permitir y lo que no se puede quebrar son los derechos fundamentales de la Constitución. Ese es el principio de legalidad, ése es el límite de las democracias parlamentarias y ésa es su fuerza.
Agrega el señor Ministro que en estos tiempos en que las corrientes autoritarias planean sobre algunas zonas de Europa cree que es conveniente recordar que nuestros valores, los que comparte esta Cámara en su conjunto, no pueden decaer nunca y si no decaen podremos encarar el futuro con confianza, estemos donde estemos.
Afirma que el Real Decreto-ley constituye una expresión obvia de la necesidad de conciliar las urgencias de la coyuntura política con el estructural deber de no vulnerar los derechos de la persona y la normativa existente. Para ello se regula específicamente el acceso de las comisiones de investigación a los datos obrantes en la Administración Tributaria, acceso, que en opinión del Gobierno, venía vedado por la propia regulación fiscal. No obstante, quedaría muy reducida la información para estas comisiones si se limitara el acceso a la Administración Tributaria y de ahí que se amplíe la obligación de facilitar información a las entidades de crédito, entidades aseguradoras y sociedades de valores y de otra índole financiera que puedan ser depositarias o conocedoras de datos que sean significativos para el trabajo de las comisiones de investigación. Este requerimiento de información tiene su causa en el artículo 76 de la Constitución, que ciñe las investigaciones a cualquier asunto de interés público.
Concluye el señor Ministro señalando que con esta normativa se realiza el primer y, en opinión del Gobierno, único paso que se puede articular por vía de urgencia para proporcionar datos que faciliten el trabajo a las comisiones de investigación.
Una regulación más amplia de esta materia no puede hacerse, obviamente, en el marco de un decreto-ley y de ahí que próximamente será presentado a la Cámara un proyecto de ley modificativo de la Ley Orgánica 5/84, de 24 de mayo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Romero Ruiz, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Ramallo García, del Grupo Popular, y Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.
Por alusiones, interviene el señor Ramallo García.
En votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 298 votos a favor.


Asimismo en votación se rechaza su posterior tramitación como proyecto de ley por 129 votos a favor y 169 en contra.


Exclusión de un punto del orden del día (Página 3723)

El señor Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y a petición de todos los Grupos de la Cámara, somete a la decisión del Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión el debate de totalidad del acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad Económica Europea para la protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico del Nordeste contra la

Página 3709


polución, Anexos, Acta final y dos Resoluciones firmados en Lisboa el 17 de octubre de 1990.
Se aprueba por asentimiento esta modificación del orden del día.


Enmiendas del Senado (Página 3723)

Al proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente (Página 3723)

Al proyecto de ley de Autonomía del Banco de España (Página 3723)

Al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal (Página 3723)

A la proposición de ley sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos (Página 3723)

En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídicode la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente, intervienen, para fijación de posiciones, el señor Vázquez Romero, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Popular, y el señor Palacios Alonso, del Grupo Socialista.
En relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Autonomía del Banco de España intervienen, para fijación de posiciones, los señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV); Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Andreu Andreu, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Martín Villa, del Grupo Popular, y Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal intervienen, para fijación de posiciones, los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Fernández Díaz, del Grupo Popular, y Barrionuevo Peña, del Grupo Socialista.
En cuanto a las enmiendas del Senado a la proposición de ley sobre modificación de los Aspectos Económicos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y actualización de los Puertos Francos hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Romero Ruiz, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Cabrera Pérez- Camacho, del Grupo Popular, y Padrón Delgado, del Grupo Socialista.
Finalmente, se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a estos cuatro proyectos de ley.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 3740)

Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988 (Página 3740)

Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994 (Página 3740)

Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994 (Página 3740)

Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994 (Página 3740)

Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1993 (Página 3740)

Página 3710


Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966 (Página 3740)

Adhesión de España al Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992 (Página 3740)

Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (XV Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23 de junio de 1993 (Página 3740)

Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990 (Página 3740)

Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992, así como Declaración que formulará el Gobierno español (Página 3740)

Convenio Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de las Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970, así como Reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la Adhesión (Página 3740)

Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 3740)

Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 3740)

Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 3740)

Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 3740)

Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (Página 3741)

No existiendo petición de palabra por parte de ningún Grupo Parlamentario para fijación de posiciones sobre estos convenios, se procede directamente a la votación de los mismos.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Primer Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988, por 311 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen relativo al Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994, por 310 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994, por 310 votos a favor y una abstención.


Página 3711


Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta, hecho en Seúl el 17 de enero de 1994, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo número 112 sobre traslado de personas condenadas, celebrado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1993, por 310 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble nacionalidad de 15 de junio de 1966, por 311 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1969, hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (XV Congreso de la UPAEP), hecho en Montevideo el 23 de junio de 1993, por 310 votos a favor y uno en contra.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de las Seychelles, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1990, por 306 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971, hecho en Londres el 27 de noviembre de 1992, así como Declaración que formulará el Gobierno español, por 308 votos a favor y dos abstenciones.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre el Convenio Europeo número 70 sobre el Valor Internacional de las Sentencias Penales, hecho en La Haya el 28 de mayo de 1970, así como reservas y Declaración que España va a formular en el momento de la Adhesión, por 310 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la declaración de aceptación por parte de España de la Adhesión de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, por 311 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, por 312 votos a favor.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Rumania al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, por 310 votos favor y una abstención.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Declaración de Aceptación por parte de España de la Adhesión de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, por 310 votos a favor y 2 abstenciones.
Sometido a votación, se aprueba el dictamen sobre la Declaración de aceptación por parte de España de la Adhesión de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, por 309 votos a favor, uno en contra y una abstención.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3742)

Proyecto de ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Página 3742)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Expone que se trata de un proyecto de gran trascendencia, para lo que basta con recordar la importancia de la actividad contractual de las Administraciones públicas, como también es necesario resaltar la trascendencia de los procedimientos administrativos y los esfuerzos que se vienen realizando para un mejor funcionamiento de las distintas Administraciones públicas y su adaptación

Página 3712


a las nuevas demandas de una sociedad moderna.
Cree que pocas veces se habrá sometido a debate de esta Cámara un proyecto de ley tan estudiado, cuya demanda sea tan unánime y que trate de plasmar en un sólo texto, naturalmente complejo, un equilibrio integrado a través de principios tan diversos y algunos tan claramente contradictorios como el rigor y la exigencia en los procedimientos y la flexibilidad y la adaptación a situaciones sobrevenidas, contradicciones entre publicidad y transparencia, por una parte, y celeridad y simplificación de los procedimientos administrativos, por otra, entre la garantía simultánea de las exigencias que los compromisos supranacionales de nuestro país imponen y la posibilidad de iniciativa que nuestra Constitución consagra a las comunidades autónomas. Agrega el señor Ministro que la búsqueda de estos equilibrios está sometida, sin embargo, a dos grandes restricciones: una, derivada del espectro de contratos que cubre el proyecto, y que abarca desde los realizados por un pequeño municipio a los que realizan los potentes órganos de la Administración general del Estado o de alguna comunidad autónoma, y, por otra parte, la exigencia de una indudable demanda social e institucional para revitalizar los instrumentos inspiradores de la contratación administrativa, como, por ejemplo, la publicidad, la transparencia, la eficiencia, la concurrencia y la no discriminación.
Reconoce que estos principios están presentes, con la importancia que requiere la legislación actual, y han funcionado como vectores inspiradores de la ley en todo momento. Añade el señor Ministro que en los últimos años se ha generado una importante preocupación en amplios sectores de nuestra sociedad en relación con los controles y garantías suficientes para asegurar la transparencia y la objetividad en las actuaciones administrativas, prohibiendo la arbitrariedad en las decisiones de contratación y limitando al máximo las posibilidades de actuaciones irregulares, sancionándolas con rigor si éstas se produjeran.
Afirma que el proyecto que hoy se presenta a la Cámara no ignora esta demanda social y encauza debidamente estas exigencias, que está seguro que comparten los señores diputados, sin perjuicio de entender que no deben atribuirse a una ley de contratos públicos más posibilidades en la lucha contra las actividades deshonestas que las que efectivamente le puedan corresponder. Una ley por sí sola no basta, ya que es absolutamente imprescindible que al mismo tiempo se realice un esfuerzo por parte de la sociedad para generar una nueva cultura de contratación, la búsqueda de una mayor conciencia fiscal y promover una ética privada de la contratación que no contamine la ética pública que regula y postula esta ley.
Reconoce que se trata de un texto suceptible de ser enriquecido y matizado, en cuyo sentido están abiertos a su modificación, aunque sin importantes alteraciones estructurales en los términos de las resoluciones adoptadas por esta Cámara en el debate sobre el estado de la Nación.
Recuerda también el señor Ministro que el proyecto es suficientemente conocido por los señores diputados, ya que fue objeto de debate y discusión en la Cámara en la legislatura anterior, y precisamente el texto dictaminado por la Comisión es el documento básico del que se ha partido para reiniciar la nueva tramitación tras la disolución de las Cortes.
En cuanto a los objetivos del proyecto menciona, en primer lugar y como principal, el garantizar una mayor publicidad y transparencia en la contratación administrativa. En segundo lugar, la ley supone un avance en el proceso de trasposición de las directivas comunitarias sobre contratación normativa comunitaria que queda plenamente incorporada en este proyecto.
Asimismo destaca como gran objetivo del proyecto la determinación del núcleo de legislación básica en cumplimiento del mandatodel artículo 141.1.18 de la Constitución, acomodando así nuestra legislación a la realidad competencial que nace con la promulgación de nuestra norma fundamental. Un nuevo objetivo del proyecto sería la resolución de las deficiencias puestas de manifiesto en la aplicación de la legislación actual, con atención a las nuevas necesidades surgidas posteriormente, lo que se consigue a través de las numerosas modificaciones de la normativa anterior. Por último, resalta la incorporación a la ley de disposiciones dispersas y la agrupación sistemática de la legislación sobre contratación pública, poniéndose especial cuidado en el establecimiento de un? único y completo sobre contrataciones administrativas.
Alude, por último, a las razones por las que algunosgrupos piden la devolución del proyecto al Gobierno, manifestando que si tal devolución se produjese se perdería la oportunidad de perfeccionar un texto que en su estructura básica tiene pocas alternativas y, además, dicha devolución sería en gran parte estéril, al obligar al Gobierno a regular mediante decreto-ley los aspectos incluidos en las directivas europeas, cuya incorporación a nuestro Derecho debería haberse producido ya.
Tiene la convicción de que el Gobierno ha remitido a la Cámara un texto útil y de alta calidad técnica, que debe servir de fundamento para alcanzar una ley operativa y eficiente que satisfaga las inquietudes

Página 3713


de la sociedad y, al mismo tiempo, asuma las referencias comunitarias.
En defensa de la enmienda de totalidad del Grupo de Coalición Canaria interviene el señor Mauricio Rodríguez, recordando que en su momento, al hablar de impulso democrático, se ofrecía una ley de contratos de las Administraciones públicas con un amplio consenso y la presentación en este momento de tres enmiendas de devolución al proyecto del Gobierno reflejan el fracaso en el diálogo político, en un momento en que se está produciendo un deterioro grave de las instituciones democráticas. Afirma que la ley que les ocupa es una de esas leyes en las que todos tienen que pactar para acabar con las corruptelas, los abusos de poder, los tráficos de influencias, la información privilegiada, etcétera, que son las grandes enfermedades del sistema democrático actual. Sin embargo, se han vistoobligados a presentar una enmienda de devolución ante la ausencia total de cualquier clase de diálogo, en un debate que no es de carácter técnico sino esencialmente político.
Califica de insuficiente al proyecto del Gobierno al no contener las medidas necesarias para alcanzar la objetividad en la adjudicación de los contratos y no ser suficiente en materia de transparencia y control, razones por las que se han visto obligados a presentar esta enmienda pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno.
El señor Martínez Blasco defiende la enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Expone que no se trata de reproducir el debate habido en diciembre del año 1992 con ocasión del anterior proyecto y sí de preguntar si el que ahora se presenta a la Cámara responde a la inquietud social que actualmente existe y si se puede mejorar en su tramitación parlamentaria. Destaca la importancia del proyecto por el volumen económico a que afecta y la falta de confianza de los ciudadanos en la forma en que se viene realizando la contratación administrativa, ante lo cual no cree suficiente con la trasposición de algunas directivas comunitarias o la realización de algunos ajustes técnicos, puesto que el problema que existe no es de carácter técnico y sí eminentemente político. Considera que el proyecto no satisface las demandas e inquietudes de los ciudadanos, máxime cuando su ámbito de aplicación se reduce excesivamente.
Otra razón para pedir la devolución del proyecto es que es insuficiente para resolver el problema del gasto público, para lo que es preciso contar con un abanico de medidas más amplias que las contenidas en el proyecto. En la práctica se han cometido irregularidades, abusos de los instrumentos previstos en la Ley, pero se trata de problemas que están más o menos detectados, aunque sobre este particular sí es mejorable la normativa vigente.
Alude también al tema competencial, sobre el que cree que sería más acertado seguir una técnica distinta a la elegida por el proyecto de ley, y a los sistemas de contratación, que asimismo deben perfeccionarse, si bien cree que todas las deficiencias e insuficiencias observadas en el proyecto lo hacen difícilmente subsanable a través de simples enmiendas parciales, y de ahí la enmienda de totalidad presentada por su Grupo. Aclara, sin embargo, que la presentación de esta enmienda no significa que consideren que la Ley no es necesaria, pues, antes al contrario, creen que es urgente, si bien una ligera demora en su tramitación podría servir para corregir un texto que en su redacción actual no arregla sustancialmente las cosas.
El señor De la Vallina Velarde defiende la enmienda de totalidad del Grupo Popular. Reconoce que dos de las finalidades fundamentales del proyecto de ley pueden entender que se han cumplido por el mismo, como son el desarrollo constitucional a través de legislación básica y la acomodación del ordenamiento interno al ordenamiento comunitario europeo, pero no así la tercera y fundamental finalidad del proyecto, que es devolver a la contratación administrativa las necesarias garantías y los controles jurídicos preventivos que aseguren la legalidad en la actuación de todo el sector público y el recto uso de las potestades públicas en la gestión patrimonial por parte de las autoridades y órganos de las administraciones, garantías y controles que han ido debilitándose, cuando no suprimiéndose, a través de diversa técnica jurídica, a partir de 1982 en que los socialistas acceden al poder.
Afirma que los principios y el espíritu a que responde el proyecto no garantizan la debida transparencia y concurrencia ni aseguran que la actuación del poder venga determinada por la persecución del interés general, cuando en estos momentos deben ser extremadamente cuidadosos en la regulación de esta materia ante los escándalos e irregularidades que diariamente ponen de manifiesto los medios de comunicación. Desde este punto de vista, considera al proyecto abiertamente rechazable, ya que, a través de él, nuestro ordenamiento jurídico no dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la regeneración de la vida pública, y, antes al contrario, abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios sectores de la actuación pública. Por tanto, el proyecto les merece la misma valoración que el que fue remitido por el Gobierno en la anterior legislatura y que no llegó a ser aprobado por la Disolución de las Cortes.


Página 3714


Consiguientemente, entonces como hoy, el Grupo Popular formula una enmienda de totalidad, solicitando su devolución al Gobierno. Alude a continuación a la legislación vigente en materia de contratación en el sector público y a la huida del Derecho que se produce en los últimos años para dar paso a la arbitrariedad, el capricho y el abuso en el manejo de los fondos públicos, situación a la que les ha llevado la política legislativa del Gobierno socialista y ante la que, si se quiere poner coto a prácticas abusivas del poder, es necesario extender la regulación de los contratos a todos aquellos negocios jurídicos en que intervienen algunas entidades que no tienen la consideración de administraciones públicas, pero que son creadas, dependientes y financiadas por el poder público.
Esto sin embargo, no lo hace el proyecto y de ahí que rechacen el espíritu y los principios que lo presiden y también la justificación de la enmienda de totalidad. Desde una dimensión política entienden que, en las actuales circunstancias, la necesidad de someter a controles jurídicos preventivos toda la contratación del sector público se justifica por sí sola.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Varela Flores, que comienza agradeciendo el tono de los distintos enmendantes, que cree que es el preludio de un amplio acuerdo para dotar a las administraciones públicas de este instrumento que es el proyecto de ley, que ha de ser eficaz para resolver los problemas que hoy demandan los servicios, así como para tratar de paliar las desviaciones que en la actualidad, y anteriormente, se han producido en estas materias. Destaca la importancia del proyecto de ley por la materia que regula y por la extensión de los sujetos afectados y el gran volumen de la contratación administrativa, que representa cientos de miles de millones a lo largo del año, para dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos. Ello trae como consecuencia inmediata la necesidad de establecer un sistema de contratación que garantice el control de los órganos gestores del gasto público, el derecho a la libre concurrencia e igualdad de los contratantes y que posibilite la actuación eficaz de las Administraciones públicas en la consecución de los objetivos que tienen asignados. La necesidad de la nueva ley cobra además especial importancia por el debate político del momento, que gira en torno a los casos de corrupción, que en gran medida están relacionados con la gestión del gasto público y, por tanto, con los contratos de las distintas administraciones para realizar sus inversiones. Añade el señor Varela que una ley de la trascendencia y complejidad de la presente, cuya elaboración requiere años de trabajo, ha de tener vocación de permanencia en el tiempo y no puede resultar viciada por un falso debate. Afirma que el proyecto es adecuado a las necesidades reales de la materia que regula y que, a pesar de ser bueno desde el punto de vista técnico y de desarrollar con rigor los principios básicos que lo inspiran, es lógicamente mejorable, y así lo pretende el Grupo Socialista con la presentación de enmiendas el articulado, y cree que todos los Grupos pueden participar también en esta disposición abierta a la consideración de sus propuestas para la mejora del texto.
Contesta seguidamente a algunos de los argumentos expuestos por los enmendantes, resaltando los principios básicos del proyecto de ley y especialmente el complejo sistema de garantías que representa, señalando que no pueden dejarse llevar por una dinámica oportunidad en un falso planteamiento que supondría colapsar el funcionamiento de las Administraciones públicas e impedir el eficaz funcionamiento de los servicios, en perjuicio de los ciudadanos, obligando a una pronta modificación del nuevo texto para asumir las necesidades de la realidad una vez remita el anormal clima hoy reinante. Cree, en todo caso, que en el debate en Comisión pueden profundizar en algunos aspectos importantes del proyecto y llegar entre todos a acuerdos para hacer posible que la ley salga mejorada y pueda reconducir situaciones que todos consideran urgente atacar.
Replican los señores Mauricio Rodríguez, Martínez Blasco y De la Vallina Velarde, duplicando el señor Varela Flores.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), y Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas a votación, se rechazan las enmiendas de totalidad debatidas por 144 votos a favor y 164 en contra.
Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con el Informe elaborado por la Ponencia Especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario (Página 3764)

Presenta el dictamen de la Comisión el señor Roncero Rodríguez. Recuerda que el pasado 22 de febrero el Pleno de la Cámara aprobó, con el apoyo de

Página 3715


todos los Grupos parlamentarios, la creación de una Ponencia especial en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca al objeto de estudiar la reforma del actual sistema de empleo rural, marcando un plazo de dos meses y medio para concluir su informe. El plazo se cumplió el día 7 del corriente mes, la Ponencia cumplió su trabajo el 3 de mayo y el informe fue aprobado por la Comisión el día 9 de mayo, primer día hábil después de la conclusión del plazo previsto en el acuerdo plenario.
Explica a la Cámara las reuniones celebradas por la Ponencia y la labor desarrollada por la misma hasta llegar al informe adoptado, de mutuo acuerdo por parte de todos los Grupos, sin hacer necesaria votación alguna, explicando seguidamente los aspectos más destacados del citado informe. Facilita numerosos datos sobre la evolución del Plan de Empleo Rural a lo largo de los últimos 10 años, mencionando asimismo los problemas detectados en el sistema para su mejora y modificación, y afirmando que, a la vista de estos problemas, el informe ofrece unas conclusiones como líneas generales de posibles vías de modificación y unas recomendaciones encaminadas a la mejora de la gestión administrativa y de control, así como al establecimiento de una regulación que permita promover trabajos o servicios de colaboración social y un desarrollo a fondo de la formación ocupacional rural, para mejorar un sistema imprescindible que dignifique a los trabajadores de Andalucía y Extremadura y que contribuya al desarrollo de ambas Comunidades. En defensa de los votos particulares presentados por sus respectivos Grupos intervienen los señores Jordano Salinas, del Grupo Popular, y Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En turno en contra de los votos particulares interviene el señor Martín Mesa, en nombre del Grupo Socialista.
Replican los señores Jordano Salinas y Alcaraz Masats, duplicando el señor Martín Mesa.
Por alusiones, hace nuevamente uso de la palabra el señor Jordano Salinas.
Para fijación de posiciones interviene el señor Baltá i Llopart, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de los votos particulares presentados, así como a los diversos puntos y apartados del dictamen de la Comisión, que son aprobados.


Comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007 (Página 3781)

El señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) expone que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 4 de marzo, aprobó el Plan de Infraestructuras 1993-2007, y decidió su remisión a las Cortes Generales. El Plan había sido sometido a la consideración de las comunidades autónomas durante la anterior legislatura y constituye en España la primera planificación de carácter global y estratégica del sistema básico de infraestructuras y del uso del equipamiento de nuestro territorio. El Plan Director viene a cumplir una necesidad que se deriva, en primer lugar, de las propias características de las infraestructuras, cuya concesión, diseño y construcción requieren largos períodos de tiempo y exigen cuantiosas inversiones, tienen larga vida útil y son estrechamente dependientes del entorno. Por ello, es necesario contar con una visión a medio y largo plazo de las necesidades y problemas que pueden presentarse en materia de infraestructuras, pues una política de inversiones apoyada únicamente en el análisis a corto plazo corre el riego de ser errática y poco eficiente. Agrega que no hay que dejarse influir por la coyuntura económica ni por las circunstancias presupuestarias, que son cambiantes, sino que hay que decidir políticas de inversiones persistentes, y en este sentido las críticas relativas a la excesiva duración del Plan no tienen razón de ser. Por otro lado, un plan director enuncia directrices, dejando las actuaciones concretas para los planes sectoriales a más corto plazo. En este aspecto, tampoco tienen sentido las críticas recibidas por la falta de concreción del Plan. Este pretende una planificación flexible y dinámica, susceptible de hacer frente a los rápidos cambios que se suceden en nuestro entorno político y económico. Sin embargo, esos cambios no anulan el valor ni la utilidad de una planificación estratégica y, por el contrario, aumentan su interés, ya que no tendría sentido concebir esta planificación como un marco rígido e inamovible. Otro rasgo del Plan Director es su carácter de instrumento descentralizado que pretende la actuación coordinada de las distintas Administraciones públicas.
Agrega el señor Ministro que la política de infraestructuras debe concebirse como un instrumento de la competitividad. En este sentido, el Plan se apoyaen cuatro líneas maestras, como son: la superación de los condicionantes que la posición periférica de España representa dentro del espacio europeo, consolidar

Página 3716


un sistema de ciudades que articule el territorio y que difunda el desarrollo, promover una gestión racional de los recursos naturales y asegurar una correcta conservación de los valiosos recursos ambientales del territorio español dentro de una estrategia de desarrollo sostenible que preste especial atención a los impactos ambientales más agudos.
A continuación alude al importante esfuerzo inversor realizado desde mediados de los 80 para superar nuestro déficit histórico en infraestructuras, lo que ha permitido resolver dos grandes problemas, como son los estrangulamientos crónicos de los que adolecía la red básica de transportes españoles y absorber el rápido crecimiento de demanda que se produce como consecuencia del comportamiento expansivo de nuestra economía.
Se refiere el señor Ministro al desarrollo de estas inversiones a lo largo de los años hasta alcanzar los 18,7 billones de pesetas a invertir en los 15 años de duración del Plan, rechazando las críticas realizadas a dicho esfuerzo inversor que permite actuarcomo motor de nuestro crecimiento económico.
Se trata de un Plan que desarrolla un conjunto de retos y exigencias, una vez superadas las carencias más cruciales de nuestra economía, mejorando la calidad y eficacia de nuestro sistema de comunicaciones.
Expone algunas líneas relativas a las actuaciones fundamentales en materia de autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, áreas metropolitanas y política de aguas, plasmada en el Plan Hidrológico Nacional, y termina afirmando que el Plan plasma la geografía que deseamos que España tenga en los primeros años del siglo futuro. Lo importante ahora es saber si la sociedad española comparte esta ambición, en cuyo caso habrá que poner los medios necesarios para ello, en primer lugar seguir haciendo el esfuerzo fiscal imprescindible, a la vez que se pide la necesaria contribución a los más beneficiados por estas obras.
En nombre del Grupo Popular, el señor Posada Moreno manifiesta que se encuentran ante un Plan que aparece y desaparece y que algunos Diputados lo escuchan por cuarta o quinta vez, adquiriendo todo su vigor cuando se acercan las campañas electorales. Añade que para el Grupo Popular las infraestructuras, su futuro, su implicación en la competitividad de la economía y en la cohesión social y territorial son factores de enorme importancia, considerando necesario planificar y hacerlo para un plazo de 10, 15 o 20 años. Sin embargo, no creen que este Plan Director sea el instrumento adecuado, aunque no lo descalifican genéricamente.
Después del tiempo, esfuerzo y dinero invertidos en él tiene utilidad como documento de trabajo, pero ni remotamente cumple lo que debe exigirse a un Plan de esta naturaleza a 15 años vista. Afirma que el Plan les merece poca credibilidad y que los precedentes del Gobierno socialista son para echarse a temblar. Por ejemplo, el Plan de Transporte Ferroviario 1989/2000, debatido en el Congreso durante meses, quedó absolutamente vacío de contenido a los seis meses de aprobarse, cuando el Gobierno decidió por sorpresa el cambio del ancho de vía y el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Considera que quizás el defecto mayor del Plan sea su financiación, pues se trata de una carta a los Reyes Magos o una visión benéfica de una organización no gubernamental. Si se contempla el precedente del Plan de Carreteras, concluido dos años después de lo previsto, y los enormes cambios en su financiación, en este momento, con unos proyectos mucho peor definidos y mucho más complicados, puede preverse que los 18 billones de que se habla puedan ascender a cifras cercanas a los 30 billones, ante lo cual la financiación prevista resultaría tremendamente escasa. Entiende, por otra parte, que sin reducir drásticamente el gasto corriente no puede mantenerse el esfuerzo inversor y sucede, además, que regiones como Extremadura o extensas zonas del Noroeste no reciben el trato adecuado que permite su desarrollo económico sostenido.
Alude a las grandes líneas y objetivos del Plan que pueden y deben consensuarse entre las fuerzas políticas, señalando que su Grupo diseñará un Plan que no sea arma arrojadiza entre partidos o territorios, que no provoque enfrentamientos y que sea, en definitiva, el auténtico Plan Director de Infraestructuras que España necesita.
Replica el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles), duplicando el señor Posada Moreno y el señor Ministro.
Por último, intervienen los señores Andreu Andreu, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Martín Menis, del Grupo de Coalición Canaria, y Roncero Rodríguez, del Grupo Socialista. El señor Presidente manifiesta que, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento y teniendo en cuenta la previsión resultante de las manifestaciones de los portavoces en la Junta de Portavoces celebrada esta semana, se levanta la sesión.
Eran las ocho de la tarde.


Página 3717


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 5/1994, DE 29 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA OBLIGACION DE COMUNICACION DE DETERMINADOS DATOS A REQUERIMIENTO DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACION (Número de expediente 130/000016)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Entramos en el punto quinto del orden del día: convalidación o derogación de reales-decretos leyes. Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación.
Para la presentación del Real Decreto-ley y explicar las razones que han llevado al Gobierno a su promulgación, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente. Señoras y señores Diputados, con fecha de 20 de abril de este año y con ocasión del debate de política general sobre el estado de la Nación, esta Cámara acordó potenciar el papel de las comisiones de investigación eliminando los obstáculos que impidieran acceder a la información que éstas precisen y modificando la normativa que pueda dificultar el funcionamiento eficaz de esas comisiones de investigación. Con fecha 21 de abril el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 5/1994, que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» al día siguiente. Ha sido, piensa el Gobierno, una reacción rápida, referida a aquellos extremos que permitían un efecto instantáneo sobre algunas informaciones que ya habían sido requeridas por las comisiones de investigación. Por ello, justificada su urgencia por la propia decisión de la Cámara, se pide la convalidación del Real Decreto-ley mencionado.
Este Real Decreto-ley es la primera propuesta normativa que tengo el honor de presentar a SS.SS. desde que asumí nuevas responsabilidades en el Gobierno. Desde el principio de legalidad, eje común del Ministerio recién creado, puede tener sentido, en mi criterio, alguna reflexión sobre la polémica que en su día surgió sobre la procedencia de entregar o no los datos, sobre el supuesto obstruccionismo del Gobierno y, en particular, sobre la posición institucional que, según creo, corresponde asumir al Poder Ejecutivo en áreastan sensibles a los derechos y libertades fundamentales como son las áreas de Justicia y de Interior.
Espero que, ya con la frialdad que da la distancia en el tiempo, recordarán SS.SS. la crispación que flotó en el espacio político y las presiones que cayeron sobre el Gobierno para la entrega de los datos tributarios, específicamente las declaraciones de renta, de determinadas personas a una comisión de investigación. Pese a ese clima, el Gobierno entendió que le correspondía mantener la serenidad, por cuanto una mínima reflexión evidenciaba... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro, disculpe.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)

El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias, señor Presidente.


...evidenciaba, repito, que estábamos ante un problema nuevo, que tenía implicaciones no sospechadas sobre los derechos de la persona que no estaban resueltas por la normativa hasta ese momento existente. Por ello se adoptó una posición que, efectivamente, resultaba impopular y, sobre todo, de muy fácil instrumentalización política, pero que era obligada por razones de principio. Ninguna urgencia coyuntural permite soslayar el respeto a los derechos fundamentales de la persona y el estricto cumplimiento del principio de legalidad.
Creo, y siempre he defendido, que el Estado de Derecho responde básicamente al principio de legalidad y descansa sobre el principio de legalidad y que la lucha política no puede, en ningún caso, justificar la quiebra de ese principio; que los Gobiernos puedan caer, que las elecciones se pueden ganar o perder, pero que el Estado de Derecho, como expresión de la comunidad, no es negociable, no es transable.
El fundamento del Estado de Derecho, SS.SS. lo saben, es algo tan sólido como aparentemente difuso: no es otro que los derechos de las personas, los derechos fundamentales que irradian sobre todo el ordenamiento y se enraizan en el principio de legalidad. Si se rompe esta relación, no estamos vulnerando la ley, estamos quebrando la base misma del Estado de Derecho. El país, nuestro sistema constitucional, puede sobrevivir a casi todo y permite un inmenso abanico de soluciones; lo que no se puede quebrar son los derechos fundamentales de la Constitución, es el principio de legalidad. Ese es el límite de nuestra cultura, el límite de las democracias parlamentarias, y esa es su fuerza, hasta el punto de que la expresión más trivial de su defensa, la más pequeña de sus manifestaciones es, a su vez, el eje de todo nuestro sistema.
Señorías, en estos tiempos en que las corrientes autoritarias planean sobre algunas zonas de Europa, creo que no es obvio, sino conveniente, recordar que nuestros

Página 3718


valores, los que comparte esta Cámara en su conjunto, no pueden decaer nunca. Y, si no decaen, podremos encarar el futuro con confianza, estemos donde estemos.
Este Real Decreto-ley constituye una expresión obvia de la necesidad de conciliar las urgencias de la coyuntura política con el estructural deber de no vulnerar los derechos de la persona y la normativa existente. Para ello se regula específicamente el acceso de las comisiones de investigación a los datos obrantes en la Administración tributaria, acceso que, en opinión del Gobierno, basada en el informe del Servicio Jurídico del Estado, venía vedado por la propia regulación fiscal. No obstante, quedaría muy reducida la información significativa para las comisiones de investigación si el acceso se limitara a la Administración tributaria. Por eso se amplía la obligación de facilitar información a las entidades de crédito, entidades aseguradoras, sociedades de valores y demás tipos de sociedades de índole financiera que puedan ser depositarias o conocedoras de datos que sean significativos para el trabajo de las comisiones de investigación. Este requerimiento de información tiene su causa en el artículo 76 de la Constitución, que ciñe las investigaciones a cualquier asunto de interés público. En esta misma línea y en el lógico desarrollo, el artículo 44 del Reglamento de la Cámara limita la comparecencia informativa y documental, como no podría ser de otro modo, a la investigación en asuntos públicos. De ahí que las peticiones de información se restrinjan al ámbito de las personas que desempeñaren o hubieren desempeñado cargos públicos o que participaren en sociedades definidas, por decirlo en términos generales, como públicas. Sin este concreto punto de conexión se estaría excediendo la dimensión material posible de un Real Decreto-ley. El propio marco constitucional, la propia naturaleza jurídica de lo que significa un real decreto-ley determina la exigencia, a su vez, de dos condiciones reflejadas en el texto.
La primera, que para que deba facilitarse la información sea preciso que exista un nexo entre el objeto de la investigación y el desempeño de cargos públicos. Si no estuviera esa previsión, existiría el riesgo cierto de implicar una intrusión en la vida privada de las personas y en su intimidad. Ese nexo impide semejante intrusión. La segunda es el carácter necesario de esa información, para los fines que persigue la propia comisión, apreciado por ella. Se requiere, en definitiva, una relación directa que justifique el acceso a los datos, una solicitud precisa y no una cuestión genérica o abstracta.
Con esta normativa se realiza el primero y, en opinión del Gobierno, el único paso que se puede articular por vía de urgencia para facilitar datos, para facilitar el trabajo a las comisiones de investigación.
La regulación amplia de esta misma materia mediante la modificación, a su vez, de la Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, es una labor de preparación legislativa que no puede hacerse, obviamente, en el marco de un real decreto-ley, y que próximamente será presentado a la Cámara por el Gobierno mediante el correspondiente proyecto de ley orgánica, modificativa de la mencionada 5/1984.
Señorías, este Real Decreto-ley, para el que se solicita ahora su convalidación, es, o quizá mejor habría que decir debiera ser, una buena noticia para todos, porque han prevalecido la razón, los derechos de la persona, la ley sobre la coyuntura política. Cuando la ley, cuando la razón cede a la pasión, la justicia puede tener la tentación de trasladar su sede de la ley a la calle. Señorías, todos estamos obligados a evitar la ley de la pasión, es un deber para todos consolidar en este país la pasión por la ley, la pasión por el principio de legalidad. En todo caso, ese y no otro es el profundo sentido del Ministerio de Justicia e Interior recién creado. Ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para fijar nuestra posición favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley que ha presentado el señor Ministro de Justicia e Interior.
Nosotros estuvimos de acuerdo, hace ya un par de semanas, con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno a regular el acceso, por parte de comisiones parlamentarias de investigación, de materias que no estaban a su alcance, como las que ha señalado acertadamente el señor Ministro. De acuerdo con aquella posición de nuestro Grupo, en coherencia con los argumentos que avalaron nuestro voto, hoy también vamos a convalidar este Real Decreto-ley sabiendo que es un paso adelante en favor de las comisiones de investigación parlamentaria de esta Cámara, como anteayer lo fue la toma en consideración de la apertura de las comisiones de investigación a la luz de la sociedad.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señorías, intervengo para anunciar el voto favorable del Grupo

Página 3719


Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al Real Decreto-ley que ha presentado el Ministro de Justicia e Interior. En la Comisión solicitamos datos y documentos que se nos negaron en algunas entidades bancarias y financieras; otras, sin embargo, enviaron los movimientos de las cuenta bancarias del señor Roldán. Se volvieron a solicitar después de la aprobación por el Consejo de Ministros de este Real Decreto que hoy debatimos y prácticamente en este momento han llegado ya todos los datos solicitados.
La sociedad española no entendía cómo un inspector de Hacienda o un agente del poder judicial accedían, en cumplimiento de sus tareas y responsabilidades, a los datos bancarios y una Comisión de Investigación Parlamentaria no podía hacerlo. Eso no se entendía por la sociedad española. Y no era un problema de coyuntura o de crispación, sino un problema de sensatez, de sentido común. ¿Cómo es posible que el poder ejecutivo y el poder judicial puedan acceder a determinados datos y que los representantes del Parlamento no puedan hacerlo cuando aquí reside la soberanía popular? Se necesitaba un Decreto de estas características, que nosotros saludamos como positivo y consideramos que es una buena noticia para el trabajo parlamentario y para el fortalecimiento de la democracia, con las cautelas que aquí se plantean, que son las siguientes. Se trataba de remover obstáculos para el mejor cumplimiento de nuestros trabajos; los datos de la renta, de patrimonio y de las entidades financieras en general, cuando se tratase de un cargo público o fuese condición imprescindible para lograr el objetivo concreto de la investigación emprendida, y en este caso se trataba --coincidía-- del señor Roldán, un alto cargo público; un nexo, un objetivo con lo investigado: el manejo de los presupuestos, sus cuentas privadas, su patrimonio, sus propiedades. Por tanto, se trataba de algo muy relacionado con la necesidad de acceder en este campo concreto a estos datos.
Hay que respetar los derechos y las garantías de las personas en un Estado de Derecho, donde deben imperar los derechos constitucionales del investigado y de cualquier compareciente.
Digo esto porque se ha levantado una especie de campaña claramente injusta y miserable diciendo que no se ha tratado bien a los comparecientes, a los que --quiero informar a sus señorías-- no sólo se les servía un zumo de naranja, un café y unas galletas, sino que podían venir acompañados de su letrado; (Rumores.) se les recordaba que la Comisión de Investigación Parlamentaria no era un tribunal, que estaban colaborando con el Parlamento, que a nadie se agredió y que a todo el mundo se le respetó la plenitud de sus derechos.
(Continúan los rumores.) Otra cosa es que el Gobierno hoy esté lamentando la creación de una Comisión que ha logrado esclarecer muchas irregularidades en beneficio de la democracia, de la propia Guardia Civil y de los que hoy critican métodos claramente democráticos, parlamentarios y constitucionales.
Muchas gracias,.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
La Comisión llamada «Roldán» comienza sus trabajos, señor Ministro, el día 1 de marzo de este año. Debido a las necesidades investigatorias de esta Comisión, se va poniendo de manifiesto la necesidad de que documentación que ya habíamos pedido el 9 de marzo, y que no llegaba, pudiera ser remitida y esto tuviera alguna vía de solución.
Desde nuestro Grupo entendíamos que el artículo 111 de la Ley General Tributaria no era de aplicación --ni lo es-- a lo que son las declaraciones de renta y patrimonio. Pero yo no voy a suscitar hoy aquí esa polémica, sí podría hacerlo, porque el documento que mandan desde el Gobierno, desde el Ministerio de Justicia, tiene fecha 22 de abril, y, curiosamente, al hablar --y le ruego que la lea luego-- de la excepción del número 6, dice: Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria..., sólo podrán utilizarse para los fines de ella. Se trata lo siguiente: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º, que son sólo los datos obtenidos por los bancos o por los profesionales de la fe pública o cualquier otro. Pero no es ánimo polémico el que me trae hoy aquí, sino simplemente poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio quiere decir, como ha dicho el señor Romero, que hemos encontrado dificultades.
Una dificultad es que, a una petición de documentación del día 9 de marzo, se contesta por el Gobierno el 22 de abril. Sólo dos meses después, no son muchos, pero son muchos cuando una comisión tiene de vida tres meses y se quiere acabar dentro de plazo y a uña de caballo.
Señor Ministro, el día 5 de abril, en una reunión de trabajo, que, por tanto, no es secreta, este Diputado le dijo a la Comisión que pidiéramos al Gobierno que, con toda urgencia, mande un decreto-ley que sea de aplicación y que derogue los efectos del artículo 111 al objeto de que se pueda investigar.
En la Comisión, y en la transcripción, que es lo que tengo aquí, no se me hizo caso. Hubiéramos andado bastante tiempo, hubiera sido una iniciativa que ni siquiera hubiera necesitado de lo que ha habido, que ha sido, posteriormente, una resolución de la Cámara en los debates sobre el estado de la Nación, que, curiosamente, es de fecha 20 y el Grupo Socialista el día 26 se arroga la paternidad de eso

Página 3720


y con una proposición no de ley le dice al Gobierno que haga lo que había acordado la Cámara en su conjunto tan sólo seis días antes.
Pero, pasando de ahí, yo quisiera centrarme en algo que es importante y que S.S. aludía. Quiero referirme al principio de legalidad y por ello, señor Presidente, pedir, desde ya, que se tramite este decreto-ley como ley para que podamos enmendarla y, sobre todo, para que podamos hacer con esta ley lo que hay que hacer para que cumpla, a nuestro juicio, el principio de legalidad que hoy no lo cumple. Porque en pocas ocasiones se ha encontrado esta Cámara, a la hora de legislar, en una situación tan paradójica como la que nos plantea la ampliacion de los poderes de las comisiones de investigación, que el decreto-ley, que el señor Ministro ha presentado, pretende. Paradójica porque, de una parte, es apremiante el interés de alguna de las comisiones de investigación, como hemos dicho en esta Cámara, para acceder a determinados datos patrimoniales de los sujetos de investigación en aras de clarificar los hechos y de depurar las consiguientes responsabilidades políticas que de ello se deducen, y que es la misión que el Pleno le encomendó a la Comisión, y, de otra parte, ello ha de hacerse con la prudencia que requiere el tratamiento de toda incidencia en los ámbitos de la privacidad de los ciudadanos. Eso es lo que explica que su compañero de Gobierno, el señor Ministro de la Presidencia, criticara la posición de mi Partido que yo me honro hoy defender. No nos entendió lo que queríamos decir. Yo espero que hoy usted, experto en justicia y juez, entienda lo que decimos, porque lo que queremos es que esta ley sea una ley que merezca el respeto de todos y también de los jueces.
No es ningún miedo, ni nada que ocultar teníamos, sino la difícil conjugación de la prudencia que ha de acompañar a las normas de carácter general, con el afán de conseguir el máximo de claridad sobre los asuntos que estamos investigando. Un equilibrio que nos lleva a votar favorablemente --ya se lo adelantamos-- la convalidación de un decreto-ley, que, en puridad, debería ser ley, y a proponer su convalidación como tal y la adición de algunas enmiendas en el trámite posterior.
Este Decreto-ley debe ser tramitado como ley ordinaria, tanto por las materias a las que afecta cuanto por la homogeneidad del cuerpo normativo en el que se integra. No he de recordar a la Cámara que el deber de comparecer ante las comisiones de investigación del Congreso se articula en nuestro Derecho por una ley y, además, una ley de carácter orgánico.
Pero, con ser eso ya un indicio de la debida homogeneidad formal de la norma que se nos presenta, es, sin duda, su contenido el que exige indubitadamente su tramitación como ley.
La ampliación de deberes adicionales que afectan a ámbitos que normalmente en la vida ciudadana están cubiertos por la privacidad, como es el acceso a las cuentas y datos de quienes han desarrollado un cargo público, es materia conexa con algunos derechos fundamentales que merecen, por tanto, su regulación en forma de ley. Incluso aunque esta obligación se presente en el texto de la norma como una vinculación directa para las entidades que pudieran tener tales datos y sólo indirectamente para los particulares que confiaran los datos a tales entidades, porque, al final, se está creando una nueva forma de vinculación de la actividad patrimonial de los cargos públicos con las comisiones de investigación que sólo puede ser afrontada por una ley, entendemos, formal. La forma de decreto-ley es verdad que ha venido a resolver --y lo comprendemos, lo aceptamos, y así lo pedimos incluso en la Comisión--, de forma más rápida la urgente necesidad que tenían y tienen algunas comisiones de investigación de esta Cámara para acceder a datos patrimoniales de quienes han ejercitado cargos públicos; pero esa urgente necesidad debe ser asumida por el legislador ordinario para quitar a la norma su excepcionalidad y darle carácter de estabilidad y de garantía permanente de las competencias de las comisiones y del nuevo vínculo que se establece con ellas de los ciudadanos que han desempeñado cargos públicos y de las entidades que tengan en su custodia datos, informes, antecedentes o documentos.
Su tramitación como ley permitirá, además, a nuestro grupo, enmendar adecuadamente la normativa que hoy se convalida; enmendarla para adicionar, para sumar junto a los altos cargos, aquellos particulares que, vinculados con los altos cargos objeto de eventual investigación por relación familiar o análoga relación de afectividad, puedan haber sido utilizados como testaferros próximos para ocultar lo ilícitamente obtenido por el alto cargo durante el ejercicio del mismo.
No es éste un caso de laboratorio ni una mera hipótesis, es un aspecto real y tan reciente en el ánimo de todos que no quiero tener que recurrir en este trámite legislativo a la cita de los nombres de personas que han utilizado así a sus familiares y que, si no se acepta esta adición que proponemos, podría conseguir de esta forma burlar el objetivo de este decreto-ley poniendo el patrimonio de sus familiares y su privacidad como escudo de sus abusos. Es decir, hay que poder investigar a quienes son conexos con el investigado, pero eso hay que hacerlo con las debidas garantías, y de esas vamos a hablar.
Naturalmente que al no estar esos terceros sujetos al especial vínculo que une al que desempeñe o ha desempeñado un cargo público con la investigación parlamentaria, será razonable que para el acceso a las cuentas de tales terceros o familiares tenga que mediar, señor Ministro de Justicia y de Interior, la autorización judicial correspondiente. Ahí es donde lo decíamos y ahí es donde nos tergiversó, y no digo más, el señor Ministro de la Presidencia cuando dijo que teníamos

Página 3721


miedo. Miedo a nada; lo que queremos es hacer las cosas bien.
Hay que investigar a los altos cargos, a los que lo han sido, pero también hay que investigar a ciudadanos que nada tienen que ver con nosotros, y al decir nosotros el Grupo Popular también quiere incluir en esta normativa a los diputados, a los que lo han sido, a los que lo somos, y a los senadores, a los que lo han sido y a los que lo son ahora, porque entendemos que también tenemos que tener un trato distinto, no igual al de los ciudadanos, en estas comisiones de investigación. Por tanto, este decreto-ley, permítanme, viene cojo, hay que adicionarlo, hay que tramitarlo como Ley.
Con estas precisiones, que nos gustaría ver ya asumidas por el grupo mayoritario de la Cámara como un compromiso de la mayoría, vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación del decreto-ley, un decreto-ley que viene a colmar una laguna por impulso de quienes hemos decidido desarrollar la labor de investigación que nos encomendó el Pleno, y hacerlo con la seriedad y el rigor, con la eficacia que el propio encargo del Pleno del Congreso nos merece. Al empujar ese adelanto en los trabajos de investigación de una comisión hemos conseguido, no sólo luchar contra la corrupción, sino al tiempo, como hoy se demuestra, luchar por el derecho y por la eficacia de la Ley.
Tomen buena nota quienes durante tantos años han negado la eficacia de las comisiones de investigación y han cerrado con su mayoría la posibilidad de su creación. Las comisiones de investigación son necesarias a la función de control que la Constitución da a los diputados, también a los del grupo del Gobierno, y evidentemente necesitan de instrumentos. Hasta ahora ustedes negaron las comisiones y también los instrumentos. Hoy las comisiones están vigentes, esperemos que los instrumentos sean los debidos. Con ello cuenta el Grupo Popular y ustedes cuentan con nuestro voto y esperamos que se tramite como ley este Decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, mi grupo también se felicita hoy por la convalidación de este Real Decreto-ley 5/1994, de 29 de abril, en cuya virtud se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigación. Creemos que es una pieza clave para que el Parlamento cumpla su función de control, y es, asimismo, una medida cualitativamente trascendental en la lucha contra la corrupción.
En los últimos años hemos discutido en esta Cámara sobre supuestos en los que procede políticamente la creación de una comisión de investigación. Hemos discutido criterios sobre cómo debe constituirse una comisión de investigación, si a iniciativas de una minoría de la Cámara o por acuerdo mayoritario de esta Cámara; pero si somos sinceros, desde 1977 en esta Cámara ningún grupo, y sobre todo los grupos conservadores, planteó la ampliación competencial de las comisiones de investigación.
Fue mi grupo parlamentario, ya en 1979, quien planteó más instrumentos para las comisiones de investigación. En 1984 esta Cámara, por iniciativa del Gobierno socialista, da un paso cualitativo reforzando las competencias de las comisiones de investigación, convirtiendo en delito el incumplimiento de la obligación de comparecer ante las mismas, a través de la Ley 5/1989, de 24 de mayo, que regulaba las comparecencias ante las comisiones de investigación.
En los últimos años hemos impulsado, asimismo, medidas importantes de control y prevención de la corrupción: legislación electoral, regulación de las incompatibilidades de Diputados y Senadores. Por cierto, cuando en este país gobernaban los representantes del centro-derecha, se producía la paradoja de que una misma persona podía cobrar incluso hasta cinco ingresos o cinco sueldos procedentes de la función pública. No había obligación de declarar, no había transparencia y control patrimonial de aquellos que representaban funciones de responsabilidad política. Qué decir de la regulación de las incompatibilidades o de la legislación de altos cargos, de la incriminación, en 1991, en coincidencia con el sentir de toda la Cámara, de nuevos tipos delictivos, como el tráfico de influencias o como el tráfico de información privilegiada. Por imperativo de esta Cámara se han producido en los últimos tiempos importantes resoluciones parlamentarias, una de ellas la derivada del debate del estado de la nación, propuesta en la que, a iniciativa de mi grupo, la Cámara acuerda potenciar el papel y las competencias de las comisiones especiales de estudio y de las comisiones de investigación, eliminando los obstáculos que impidan acceder a la información que éstas precisen. También la proposición no de ley a iniciativa de mi grupo, de la que se da cumplimiento a través de este Real decreto-ley, reforzando los ámbitos competenciales de las comisiones de investigación y, sin perjuicio de la anterior, también la necesidad de reformar el Reglamento.
Efectivamente, señorías, el sistema ofrecía límites, límites derivados de la aplicación del principio de legalidad, límites derivados del artículo 111 de la Ley General Tributaria. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la administración tributaria sólo pueden utilizarse para los fines tributarios encomendados al Ministerio de Economía y Hacienda y, en su caso, para la denuncia de hechos que puedan ser constitutivos de delito. Si algo ponen de manifiesto los acuerdos parlamentarios, tanto del debate del estado de la nación, como a través de la aprobación de la proposición no de ley, o a través de este Real Decreto-ley que hoy convalidamos,

Página 3722


es que el marco legal existente hacía que las comisiones de investigación no pudieran acceder a determinados datos derivados de las cuentas corrientes, del patrimonio, o de la declaración de la renta de las personas que fueren objeto de investigación política. Por tanto, era aplicación del principio de legalidad y no obstaculización, como algún interviniente ha querido ratificar o afirmar en esta tribuna.
Ha sido aplicación del principio de legalidad y nosotros estamos cumpliendo, también, en aplicación de ese principio de legalidad, una iniciativa que intenta remover esos obstáculos, porque esos límites se derivaban de la Ley General Tributaria y de una ordenación económica que subyace en el marco que regula todo lo concerniente al mercado financiero.
Pero secreto bancario, derecho a la intimidad, no son, como muy bien dice la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 110/84, derechos ilimitados, no existen derechos ilimitados aun admitiendo como hipótesis que el movimiento de cuentas bancarias esté cubierto por el derecho a la intimidad. Este --dice el Tribunal Constitucional-- tiene sus límites por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. La Ley puede autorizar intromisiones por imperativos de interés público que son los supuestos que nos ocupan con la regulación tasada y concreta que se hace a través de este Real Decreto- ley. Pero, señorías, entramos en una esfera que, como muy bien indica la jurisprudencia constitucional, tiene conexión con el derecho a la intimidad, derecho a la intimidad que no es ilimitado. Que esta Cámara remueva determinados obstáculos ampliando la competencia de las comisiones de investigación nos lleva necesariamente a reforzar nuestro compromiso de responsabilidad política en el funcionamiento de esta Cámara, nos lleva a reforzar también los mecanismos de secreto en relación a estos documentos que sí afectan, entran y están en clara conexión con el derecho a la intimidad. El conocimiento de las cuentas corrientes, dice nuestro Tribunal Constitucional, puede ser necesario para proteger un bien constitucionalmente protegido que es la distribución equitativa del sostenimiento de los gastos públicos, por razón de interés general, por razón de interés público, pero debe darse un deber de sigilo porque el secreto bancario no puede tener otro fundamento que el derecho a la intimidad del cliente y la intimidad del cliente, como derecho ilimitado que cede ante el interés general o el interés público, debe ser contemplado con una especial responsabilidad por parte de esta Cámara.
El contenido de este Real Decreto-ley nos parece satisfactorio porque tasa claramente los supuestos en que debe aplicarse y porque amplía el ámbito competencial de las comisiones de investigación. En aplicación de este Real Decreto-ley las comisiones que están sustituidas en esta Cámara, la Comisión de investigación que estudia la gestión del ex Director General de la Guardia Civil ya tiene, ya ha recibido documentación importante que le permite llegar a conclusiones en lo que será el dictamen que va a ser sometido al Pleno y a la consideración del Congreso. Esto demuestra, señorías que no ha habido obstruccionismo, sino aplicación del principio de Legalidad.
No ha habido, como se ha dicho por un interviniente, una propuesta de que el secreto bancario o el acceso a los datos patrimoniales se regulará a través de un Real Decreto-ley propuesto en la Comisión llamada Roldán; ha habido una expresión en ese sentido que luego no se formalizó por ningún grupo parlamentario, el único grupo parlamentario con el apoyo de otros que lo formalizan es el Grupo Parlamentario Socialista en el debate del Estado de la nación y en el debate de la proposición no de ley, de 26 de abril del presente año.
No obstante, por cuanto que desarrolla un mandato parlamentario, creemos importante que este Decreto-ley se tramite como proyecto de ley, para poder ser enriquecido y mejorado, para dar también una garantía a los ciudadanos de que se va a preservar y de que por esta Cámara se va a hacer un uso legítimo, tasado, estricto y con respeto escrupuloso a los derechos derivados de la Constitución española.
Debe ser, por tanto, enriquecido a través del impulso y de la tramitación parlamentaria.
Creemos, señor Presidente, señorías, que estamos ante un paso irreversible. Aquí no va a pasar, señor Ramallo, como en Galicia o como en algunos ayuntamientos, que cuando la derecha llega deroga las medidas o reglamentos de transparencia en el funcionamiento de las instituciones. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.) Esto va a ser irreversible pero va a ser irreversible fundamentalmente, señor Presidente, señorías, porque la derecha no va a llegar a gobernar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo Popular.--El señor Ramallo García, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, por una alusión muy directa a mi persona (Varios señores diputados: ¡No!) y a mi partido. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
La Presidencia ha concedido la palabra al señor Ramallo para que conteste a la alusión directa que ha hecho el señor Cuesta y a estos solos efectos tiene la palabra para un breve turno.


Página 3723


El señor RAMALLO GARCIA: No se a qué viene la alusión; nadie ha dicho absolutamente nada que tuviera que ver con lo que ha expresado. Su especialidad es salirse del tema para atacar a mi grupo y, mire señor Cuesta, en diez años ustedes han modificado la legislación de España para que sea posible la corrupción que hay ahora, ¿quiere más? (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Cuesta Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ramallo.
En la palabra por alusiones no hay debate. Se concede la palabra al aludido sin ulterior debate. (El señor García- Arreciado Batanero pronuncia palabras que no se perciben.-- Rumores.)

El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, por el artículo 73.1 del Reglamento. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, he concedido la palabra al señor Ramallo por alusiones, que es lo que ha hecho S.S., aludir al señor Ramallo, y en el turno por alusiones, señor Cuesta no hay debate posterior. (Rumores.) Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 5/1994, de 29 de abril, por el que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las Comisiones Parlamentarias de Investigación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real Decreto-ley.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 129; en contra, 169.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.


EXCLUSION DE UN PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El seño PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y a petición de todos los grupos de la Cámara, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de la presente sesión del debate de totalidad del Acuerdo de Cooperación entre los Gobiernos de España, Francia, Marruecos, Portugal y la Comunidad Económica Europea para la protección de las Costas y de las Aguas del Atlántico del Nordeste contra la polución.
¿Aprueba la Cámara esta modificación? (Asentimiento.) Queda aprobado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--AL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO DE LA UTILIZACION CONFINADA, LIBERACION VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACION DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE, A FIN DE PREVENIR LOS POSIBLES RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE (Número de expediente 121/000019)

--AL PROYECTO DE LEY DE AUTONOMIA DEL BANCO DE ESPAÑA (Número de expediente 121/000021)

--AL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL (Número de expediente 121/000033)

--A LA PROPOSICION DE LEY SOBRE MODIFICACION DE LOS ASPECTOS ECONOMICOS DEL REGIMEN ECONOMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y ACTUALIZACION DE LOS PUERTOS FRANCOS (Número de expediente 125/000008)

El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado.
Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto número 34. (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto número 35. (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto número 36. (Pausa.) Grupos que desean fijar su posición en relación con el punto número 37. (Pausa.) Vamos a proceder a la fijación de posición de los grupos que lo han solicitado, en relación con las enmiendas del Senado a estos proyectos de ley y una vez concluidas las fijaciones de posición, procederemos a las votaciones correspondientes. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, por inadvertencia quizá no haya tomado S.S. nota de que mi grupo también quiere intervenir en el punto 35.


Página 3724


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VAZQUEZ ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Esta ley que nos ocupa llega oportunamente a esta Cámara como trasposición de normativas de la Unión Europea, con el objeto de regular una actividad que tiene una creciente importancia y, hoy por hoy, consecuencias difíciles de prever y evaluar.
Las enmiendas que Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó al proyecto de ley iban dirigidas a intensificar las cautelas, las medidas de seguridad, la agilidad en la intervención por parte de la Administración, y pretendían evitar la dispersión de competencias. La enmienda más importante que presentaba Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde nuestro punto de vista, y que no ha sido aceptada, pretendía elevar el rango del organismo de coordinación y control, haciéndolo dependiente directamente del Parlamento español, a imagen y semejanza del Consejo de Seguridad Nuclear, por ejemplo. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El objetivo perseguido era que las competencias de las diferentes administraciones estuvieran coordinadas y subordinadas a una autoridad única con capacidad de intervención rápida y ágil. Insistimos en que esta ley regula aspectos en gran parte insuficientemente conocidos, por lo que será preciso observar muy atentamente su adecuación práctica a los objetivos que pretende conseguir, evitando, en la medida de lo posible, que, como, por desgracia ocurre con cierta frecuencia, sean los desastres que puedan producirse los que obliguen «a posteriori» a modificar las normativas.
A pesar de todo esto, señor Presidente, mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor Presidente.
Señorías, tengo el honor de subir a la tribuna para expresar la posición del Grupo Popular en un proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir riesgos para la salud humana y para el medio ambiente.
Señorías, este proyecto de ley emana de dos Directivas del Consejo de las Comunidades Europeas, la 90/219, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, y la 90/220, del mismo día, sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. Este proyecto de ley, señorías, es una síntesis de dos normativas, y esta síntesis, este mezclar churras con merinas, valga la expresión, mezclar organismos con microorganismos, ha propiciado que en una ley tan corta se haya formado cierta confusión que haya merecido la presentación de tantas enmiendas --62 en el Congreso y 85 en el Senado--, por cierto, ninguna del Grupo Socialista, que se ha limitado a admitir un texto discutiblemente traducido y deficientemente refundido, en el que hay lagunas graves.
La trascendencia de esta ley es palpable. Señorías, la tecnología genética en el mundo actual tiene mucho que ofrecer en campos tan variados como la industria o la agricultura, pero no debemos ignorar los serios riesgos potenciales de estas técnicas, por ejemplo la del ADN recombinante. Quiero traer a esta Cámara las palabras nada más y nada menos que de Alan E. H. Emery y de Robert F. Mueller cuando nos alertan sobre el control de estas técnicas, por ejemplo, en la producción de cadenas microbianas que contrarrestan los vertidos de crudo y los desechos plásticos que tanto se reclamaron en la Guerra del Golfo, sin considerar las serias consecuencias potenciales que irían acompañando a esta tentativa. Si las cadenas microbianas obtenidas escapasen, causarían más problemas de los que solucionarían.
Señorías, estos temas, hoy por hoy, tienen y no lo neguemos, más consecuencias teóricas que prácticas, y esto nos salvaguarda temporalmente. No obstante, el interés considerable que estos temas suscitan hace que autoridades tales como el Consejo para la Manipulación Genética, de Gran Bretaña, y el Instituto Nacional de la Salud, en Estados Unidos, hayan marcado unas pautas muy estrictas para la investigación en este campo. Sin embargo, se trata sólo de unas pautas que a veces no se cumplen, y en atención a ello se proponen técnicas para minimizar los riesgos biológicos en cuanto a contenedores físicos y biológicos. A ello tienden los países más avanzados y España debería tender también.
En estos casos, el objetivo es asegurarse de que los microorganismos no salen del laboratorio y se clasifican desde el C-1, contención mínima, al C-4, contención máxima, en atención a las técnicas que se estén utilizando. Este tipo de contención es el que se utiliza en los laboratorios relacionados nada más y nada menos que con la guerra bacteriológica, como resulta en el Proton Down, de Gran Bretaña, y en el Camp Detrick, de

Página 3725


los Estados Unidos. Señorías, estamos aprobando una ley que implica la seguridad nacional. Así, se han establecido también en otros países grandes medidas de seguridad. Nuestro grupo observa en esta ley lo que podríamos llamar frivolidad a la hora de clasificar organismos de alto riesgo y de bajo riesgo según quién los utilice, sin tan siquiera respetar la clasificación que a este efecto se hace en la directiva comunitaria como grupo uno y grupo dos, mucho más explícita en los anexos 2 y 4, respectivamente, de la directiva 90/219, de 23 de abril. Las aclaraciones en este tipo de materias no sobran nunca. Algunas enmiendas nuestras fueron admitidas en Ponencia, mejorando considerablemente el texto en materias tales como responsabilidad del usuario y precisando términos en lo que a veces sólo era dar consejos. En esta materia las leyes, señorías, no se pueden limitar solamente a dar consejos. No nos parecen correctos algunos controles propuestos y echamos en falta otros en una materia tan delicada.
Por otra parte, señorías, como esta ley deberá ser utilizada en muchos casos por profanos en la materia y estas materias son muy complejas, nosotros notamos la falta de una mayor flexibilidad en la admisión de algunas enmiendas porque, al ser una ley eminentemente técnica, cualquier matiz y aclaración facilitaría su aplicación. En atención a esto, nuestro Grupo hubiera deseado una mención de exclusión expresa sobre el ser humano para evitar malentendidos, porque aunque queda explícita de manera clara y detallada en el anexo de la Directiva comunitaria 90/219, letra e, 117/7, este anexo no se incorpora de manera clara en el texto para el profano, aunque sí lo advierte el experto a lo largo de toda la ley. Pero desgraciadamente, y por supuesto porque no es necesario, los jueces y los abogados desconocen en su mayoría estas materias y una mayor claridad es siempre deseable. Nosotros la echamos de menos en esta ley.
Señorías, no entendemos el empecinamiento en no admitir enmiendas como la relativa a la confidencialidad. La confidencialidad en estos temas es fundamental, ustedes sabrán por qué, pero estamos hablando de confidencialidad industrial, de confidencialidad en la investigación, de no abrir expectativas ante investigaciones médicas que nunca son deseables y en último caso de seguridad nacional.
Esta normativa, dictada en abril de 1990, establecía en su artículo 23 que los Estados miembros aplicarían estas disposiciones legales reglamentarias y administrativas antes del 23 de octubre de 1991 e informarían de las disposiciones legales que se adoptaran a la Comunidad Europea. El Gobierno nos la envía con cuatro años de retraso. ¡Ha llovido, ha llovido y bien! Ya veremos para cuándo y cómo salen los reglamentos. Señorías, no podemos no sólo perder una vez más el tren de la historia, sino el tren de la ciencia y el del desarrollo. El Gobierno tiene su responsabilidad en esto.
De otra parte, vemos que las normas emanadas de esta directiva están destinadas a evitar riesgos. Cito textualmente la directiva: Los microorganismos pueden reproducirse y extenderse atravesando fronteras nacionales y afectando a otros Estados miembros. Y sigo con la cita textual: Resulta necesario establecer medidas comunes para la evaluación y reducción de los riesgos potenciales. El apartarnos del espíritu de las directivas comunitarias traspasando competencias a comunidades autónomas sin valorar sus recursos científicos en materias tan graves que dependen de la Administración general del Estado, según la norma comunitaria y que consta en la misma exposición de motivos de la ley, nos parece cuando menos una ligereza o el pago del peaje del extraño matrimonio que mantienen ustedes con sus socios. Yo quiero advertir desde esta Cámara, que representa a todos los ciudadanos, la alta responsabilidad que contrae el Gobierno socialista con ello. Espero, por el bien y la salud de España, que no tengamos que lamentarnos de accidentes derivados de esa ligereza y de esas incompetencias.
En resumen, esta ley sale tarde, sale confusa y llena de imprecisiones, pero España no puede perder una vez más el tren del desarrollo científico y necesita con urgencia un marco jurídico que no tenemos en esta materia en los primeros albores del siglo XXI. Por ello vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, con el ánimo de que en el futuro inmediato el gobierno del Partido Popular tendrá que mejorarla y a ello dedicaremos nuestro mejor esfuerzo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Fernández de Capel.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Palacios.


El señor PALACIOS ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a ser muy breve porque, en definitiva, se trata de mostrar la satisfacción por el hecho de que llegue a esta Cámara una ley consecuencia de la trasposición de dos directivas aquí citadas. Quiero destacar la importancia de esta ley y poner de manifiesto que se ha llegado a un punto de encuentro, en los trabajos previos realizados en comisiones y también en el Senado, que tiene que llenarnos de satisfacción a todos porque muestra el esfuerzo y la voluntad de llevar los proyectos al mejor cauce y con las menores discrepancias.
Señor Presidente, esta es una ley verdaderamente importante.
Sin duda alguna, algunos temores de los que aquí se han manifestado no se corresponden con la realidad. El artículo 26 de la nueva ley hace referencia a las cautelas de cofidencialidad y, por otra parte, el artículo 30, en todos sus términos, deja a las atribucionesy competencias del Estado cuanto se refiere a la liberación,

Página 3726


comercialización y utilización confinada de estos microorganismos manipulados genéticamente, aunque en situaciones de urgencia o excepcionales, como afortunadamente hemos llegado a una enmienda transaccional al artículo 30.4, las comunidades autónomas juntamente con el Gobierno abordarán las medidas oportunas.
Señor Presidente, he de decir en nombre de mi Grupo --y con ello termino-- que vamos a aceptar las enmiendas en los términos en que vienen del Senado, pero vamos a enmendar al enmendante in voce, si la Presidencia lo permite, en lo que concierne fundamentalmente al título de la ley, enmendado en el Senado en cuatro palabras en su parte final, puesto que seguramente por los duendes de imprenta se ha dejado una palabra perdida. Por tanto, el título de la ley termina diciendo así: ... para la salud humana y para el medio ambiente. Por otra parte, señor Presidente --y con esto termino definitivamente--, quiero decir que salvo esta enmienda transaccional al artículo 30.4, acordada por todos, y las enmiendas al artículo 14 y a parte de la exposición de motivos que vienen condicionadas por estanueva formulación, las demás son enmiendas menores relativas a errores de signos gráficos o a cambios de expresiones o a erratas que ya salieron del Congreso hacia el Senado.
Señor Presidente, proponemos que si es posible se voten todas las enmiendas, tal y como vienen del Senado, en bloque.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Palacios. Entiende la Presidencia que la indicación que hace con respecto al título es una cuestión meramente técnica y de redacción y los servicios de la Cámara la adecuarán.
Vamos a pasar al turno de intervenciones de los grupos parlamentarios que han solicitado fijar posición con respecto al proyecto de ley de autonomía del Banco de España.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
En este trámite parlamentario final sobre el proyecto de ley de autonomía del Banco de España, voy a centrarme en tres puntos relacionados con el debate y el trámite de enmiendas (Rumores.), puesto que la opinión global sobre el proyecto de ley ya ha sido...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Zabalía.
Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños, por favor. (Pausa.) Cuando quiera, señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que, puesto que nuestra opinión global sobre este proyecto de ley ha sido suficientemente expuesta en Comisión y en Pleno, me voy a centrar en tres aspectos a los que quiero hacer referencia. En primer lugar me referiré a un hecho que me gustaría destacar y es que nuestro Grupo Parlamentario presentó y defendió, entre otras, una enmienda que fue aprobada en el trámite del Congreso, sobre los principios generales, correspondiente al artículo 7.º del capítulo II, que trata de las finalidades y funciones del Banco de España. Dimos una nueva redacción al número 2 de este artículo 7.º, con la sola oposición del Grupo Socialista. Sin embargo, esta redacción ha sido modificada en el trámite de Ponencia del Senado, foro en el que no tiene participación nuestro Grupo Parlamentario, por lo que al haber sido incorporada al texto remitido por el Congreso al Senado nuestro Grupo, lógicamente, no presentó enmienda alguna. Esta incorporación en la Ponencia y el no ser discutida en Comisión han conseguido que se haya obviado la enmienda de nuestro Grupo, aprobada en su día en esta Cámara.
Espero que SS.SS. retomen el acuerdo reflejado en el Pleno y mantengan nuestro texto al número 2 del artículo 7.º En segundo lugar, nuestra enmienda 14, que hace referencia a la letra a) del artículo 9.º, sobre instrumentación de política monetaria, fue debatida y aprobada por el Pleno del Senado. Espero que se mantenga la postura de los grupos parlamentarios que apoyaron esta enmienda nuestra.
En tercer lugar, quisiera destacar el hecho del rechazo definitivo a la participación directa de los representantes de las comunidades autónomas, con competencias en esta materia, en los órganos de gobierno del Banco de España. Ni la propuesta de la creación de un comité consultivo, con representación autonómica, ni la participación de representantes de la comunidad autónoma en el consejo de gobierno y en la comisión ejecutiva han sido posibles. Nos hemos quedados solos, como siempre, en defender los derechos emanados de la Constitución y los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, y es que el centralismo sigue estando demasiado arraigado en esta Cámara, pero espero que algún día cambie.
Nada más. Señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Brevemente también quiero manifestar nuestra aceptación de las enmiendas que ha introducido el Senado en este proyecto de ley, con las siguientes observaciones.


Página 3727


En primer lugar, en cuanto al artículo 7.º y a la enmienda que se incorpora al número 2, quiero manifestar que nuestro Grupo ya se abstuvo en esta Cámara en la redacción que se dio por no parecerle adecuada a lo que debe ser la interpretación correcta de las directrices comunitarias. Tampoco nos parece del todo acertada la redacción dada por el Senado, por lo cual vamos a mantener nuestra posición de abstención en esa corrección. La segunda observación va dirigida al artículo 9.º2.a), que hace referencia a la inmovilización de los fondos que el Banco de España debe administrar para poder ejecutar las funciones de su política monetaria. Nos parece que la redacción que se plantea es más adecuada que la que habíamos elaborado en el Congreso de los Diputados. Sí creemos que los fondos inmovilizados deben materializarse en depósitos en el Banco de España, pero también en otros instrumentos emitidos en el sistema económico, y por eso nos parece acertada la redacción que incorpora el Senado. En cuanto al número 3, quiero hacer observar que ya expresamos nuestra duda sobre lo que se dispone en dicho precepto, por cuanto se dice que el Banco de España podrá decidir el uso de otros métodos operativos de control monetario que considere adecuados, pero no se dice cuáles. Se dice que estos métodos sólo podrán imponer obligaciones a entidades o personas distintas de las entidades de crédito cuando el Gobierno o el Ministerio de Economía, por la vía de autorización reglamentaria, así lo establecieran. Esos otros métodos no sabemos cuáles son y tampoco sabemos cuáles serían esas obligaciones ni quién sería el destinatario de las mismas. Una autorización tan genérica creo que no es buena. Aunque entiendo cuál es el fondo de ese precepto, creo que esta redacción no ha sido afortunada en cuanto al propósito que persigue y que generará algunas dudas interpretativas en su ejecución final.
Por último, señor Presidente, quiero expresar que este proyecto de ley incorpora una novedad importante en cuanto que se introduce un mecanismo de gestión de los patrimonios del gobernador y el subgobernador del Banco de España. Creo que es una buena propuesta que se materializó en el Senado por nuestro Grupo Parlamentario y que podía ser un buen precedente para otras leyes el someter a un cierto control los patrimonios de las personas que asuman responsabilidades al frente de instituciones del Estado.
Con todo, señor Presidente, y manifestando que en otros aspectos de naturaleza autonómica sí se han dado algunos pasos importantes, aunque no se ha podido alcanzar una buena interpretación de lo que sería una mejor adecuación de los órganos de gobierno del Banco de España a la estructura del Estado, nuestro Grupo, señor Presidente, va a votar a favor de las demás enmiendas.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida el señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
En términos generales mi Grupo Parlamentario aceptará las enmiendas que se han aprobado en el Senado, y digo en términos generales porque aceptaremos todas ellas excepto la que se refiere al artículo 9.2.a).
Creemos que en el Senado se han producido mejoras importantes en este proyecto de ley, fundamentalmente la que se refiere al artículo 7.2, en el cual se liga de una forma menos evanescente de lo que se produjo en el proyecto de ley tal y como salió de esta Cámara la relación entre el Gobierno y el Banco de España. Aun cuando la redacción no regula cómo debe ser el apoyo que el Banco de España debe prestar a la política económica del Gobierno, al menos se reconoce claramente la relación que debe existir entre ellos y el claro apoyo a esa política económica que, entre otras cosas, consideramos que es prácticamente de sentido común.
Debemos felicitarnos porque se regulen de una forma más taxativa las incompatibilidades de los cargos del Banco de España y muy fundamentalmente las posibilidades de inversión en Bolsa que tengan el gobernador y los diferentes cargos.
Este hecho es de desgraciada actualidad. Probablemente, si hubiera existido en su momento una ley en la que se regulara la naturaleza de este tipo de relaciones, no nos encontraríamos con casos como el que tenemos actualmente del Gobernador del Banco de España y sus actuaciones en Bolsa.
En resumen, consideramos que el conjunto de las enmiendas va a significar una mejora importante del proyecto de ley, por lo que lo votaremos a favor, excepto la enmienda que hemos anunciado al artículo 9.2, según la cual los fondos inmovilizados no tendrían que ubicarse en el Banco de España y que nosotros consideramos que es un hecho que hace perder la razón de ser a los fondos inmovilizados, que votaremos en contra. Repito que consideramos en términos generales que sale mejorado el proyecto de ley tal y como ha venido del Senado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Popular el señor Martín Villa tiene la palabra.


El señor MARTIN VILLA: Señor Presidente, nuestro Grupo va a votar en su conjunto favorablemente las enmiendas aprobadas por el Senado con dos excepciones, y lo hace así porque cree, como han dicho representantes

Página 3728


de otros grupos parlamentarios, que el Senado ha mejorado, en algunos aspectos de forma muy importante, el proyecto tal como salió del Congreso. Votaremos en contra dos enmiendas del Senado. Una a la que se ha referido el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, en relación con los principios generales de actuación del Banco, en coherencia con lo que hicimos en esta Cámara. También votaremos en contra la enmienda del Senado al artículo 9.1, letra a), porque entendemos que el Banco de España, y sólo él, debe instrumentar los medios necesarios para drenar la liquidez del sistema.
Nos abstendremos en aspectos en los que ni nos gustaba la redacción del dictamen aprobado por el Pleno de esta Cámara, ni nos gustan las enmiendas planteadas por el Senado, y que se refieren fundamentalmente a la supervisión de las entidades de crédito. Hemos entendido y seguimos entendiendo que el Tratado de la Unión Europea no obliga a que los bancos centrales sean las autoridades de supervisión financiera. Nosotros no intentábamos negar esa posibilidad al Banco de España, pero entendíamos entonces y entendemos que algo ha cambiado en la naturaleza jurídica y en la actuación del Banco con posterioridad a esta ley y que, por tanto, algo debía cambiar también los aspectos relacionados con la supervisión financiera y por ello prudentemente debiéramos ir a unos cambios en relación con la situación actual.
Nos abstendremos también en la votación relativa a unos aspectos que no afectan a la esencia de la autonomía del Banco de España, pero que creemos supone una grave distorsión en la organización administrativa del Estado. El consejo de administración del Banco tiene un gobernador, un subgobernador, unos consejeros y dos consejeros natos, que son el Director del Tesoro y Política Financiera y el Vicepresidente de la Comisión del Mercado de Valores. Del mismo modo que la ley, acertadamente, establece un sistema de responsabilidades distintas para los consejeros natos del resto de los miembros del consejo, no es aceptable para el Grupo que, sin embargo, el sistema de retribuciones sea el mismo. De ahora en adelante habrá un conjunto de directores generales de la Administración del Estado cuyas retribuciones serán señaladas en el marco de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado y la Ley de Presupuestos y habrá uno, el Director del Tesoro y Política Financiera, cuyo sistema de retribuciones, extrañamente, será designado a propuesta del consejo del Banco de España. Exactamente igual ocurre con el Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Vicepresidente de la Comisión es Vicepresidente de la Comisión y sólo en virtud de eso es consejero del Banco de España; el Director del Tesoro es Director del Tesoro y en virtud de eso es consejero del Banco de España. Se están trastocando los temas jurídicos y administrativos, a nuestro juicio, en forma grave, no grave en relación con la autonomía del Banco, pero sí en relación con la organización de la Administración del Estado. Supongo que habrá ocasiones en otras leyes, quizá en la próxima de Presupuestos Generales del Estado, para resolver este error, grave error, a nuestro juicio, tanto de esta Cámara como del Senado.
En definitiva, señor Presidente, nosotros mostramos nuestra satisfacción por que el Senado en sus enmiendas haya aceptado nuestras propuestas en torno al control presupuestario del Banco de España, tanto en la formulación del presupuesto como en la aprobación del balance y muy especialmente en que las Cámaras conozcan el balance concreto de operaciones específicas que el Banco de España directamente o a través del Fondo de Garantía de Depósitos pueda intervenir. En este momento concreto, y según información del señor Ministro de Economía y Hacienda, a los españoles la operación Banesto nos puede costar del orden del presupuesto de tres o cuatro departamentos ministeriales a los que hicimos referencia en el debate del Congreso. Que esto pasara sin conocimiento de las Cámaras, dsede luego, nos parecía un grave error que la enmienda del Senado ha resuelto. Ha habido algunas declaraciones --algunas se han atribuido al Gobernador del Banco de España-- en el sentido de que este tipo de cosas atentaba contra la autonomía. La autonomía es para la política financiera, para la política monetaria, pero si la autonomía y las decisiones no van acompañadas de un conocimiento y de una censura por parte de las Cámaras es una autonomía sin responsabilidades, puede ser una autonomía irresponsable, que supongo que el Gobernador del Banco de España no pretende y que nosotros no debemos tolerar.
En todo caso, saludamos muy positivamente esta mejora sustancial que ha introducido el Senado con sus enmiendas, del mismo modo que estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la mejoría muy importante que supone el sistema establecido de administración de los bienes privados de los componentes del consejo del Banco de España.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín Villa.
Por el Grupo Socialista, el señor Hernández Moltó tiene la palabra.


El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para reconocer también el trabajo realizado en el Senado en este segundo trámite de aprobación de la Ley de autonomía del Banco de España. Pensamosque se ha cumplido fielmente la función encomendada al Senado. En cuanto corresponde a la Ley que nos ocupa, es obvio que ha habido mejoras tanto en el ámbito del control de la información, de la coordinación económica, de la cuestión competencial como en temas

Página 3729


de carácter administrativo y legal. Por tanto, nos tenemos que felicitar por el trabajo realizado.
Obviamente, como consecuencia de este reconocimiento, nuestro grupo va a apoyar todas las enmiendas que vienen del Senado a excepción hecha de la referida al número 2.a) del artículo 9, ya que entendemos que la redacción que se ha venido a dar a la inmovilización de los fondos que mediante el establecimiento de los coeficientes de caja podrá utilizar el Banco de España no mejora el texto que se elaboró en el Congreso y puede perturbar una de las funciones básicas que tiene el Banco de España como autoridad monetaria de regular la base monetaria del país y, en consecuencia, puede disminuir y debilitar esa función imprescindible en la política monetaria. Consideramos que el texto del Congreso, en el que se contempla la obligatoriedad de materializar esos fondos inmovilizados en depósitos en el Banco y la competencia exclusiva del Banco de España en la emisión de instrumentos, refuerza mucho más ese principio de autonomía y le añade eficacia.
Asimismo, no en términos de enmienda pero sí como referencia aclaratoria, pensamos que habría que añadir--repito que no pretendemos presentar una enmienda, pero sí lo señalo como una necesidad de clarificación por lo que puede suponer de contradicción en dos apartados de la ley-- una frase en la enmienda introducida por el Senado en el número 2 del artículo 4, cuando hace referencia a la función que el consejo de gobierno del Banco de España debe tener para aprobar los presupuestos, ya que donde dice los presupuestos, al inicio del artículo y en clara consonancia con el artículo 21.1.g) de esa misma ley, tendría que hablar de la propuesta del presupuesto de gastos, con lo que también estamos proponiendo la conveniencia de reforzar la referencia al artículo 21 introduciendo lo que se señala en el número 1 g) para que no haya dudas de lo que quiere decir el texto.
El artículo 30 es el único en el que no aparece ningúnencabezamiento del texto. Nosotros consideramos que habría que citar la referencia a la que hace mención el artículo y debería estar encabezado de la siguiente manera: Régimen aplicable a los directores generales y al secretario. Con esta propuesta pretendemos simplemente una mejora técnica del texto. Estas serían nuestras aportaciones en cuanto a las mejoras técnicas y en relación con las enmiendas. Sin embargo, al margen de la pura intervención mecánica y administrativa, creo que es una buena oportunidad para hacer una referencia y felicitarnos por la aprobación definitiva de esta ley y el momento en el que se hace. Un momento en el que el hecho de la puesta en marcha de la autonomía del Banco de España para el diseño y la ejecución de la política monetaria redundará indiscutiblemente en un efecto positivo en la estabilidad de precios del país. También será una aportación importante en la decidida lucha del Gobierno contra el déficit público. En definitiva, entendemos que es un paso más para mejorar ese marco económico, ese marcolegislativo que permita la consecución de una estabilidad económica y que, por tanto, redunde en un mayor y mejor crecimiento económico. Con el paso que hoy damos, sin duda alguna nos incorporamos a un club de países en el que se ha producido una causa-efecto, empíricamente constatada en los últimos años. Cada vez que se ha dado un paso en este tipo de instituciones de bancos centrales para la autonomía de la política monetaria, indefectiblemente se ha producido también un impacto positivo en la estabilidad económica, en la estabilidad en los precios y en la disminución en el déficit público de esas administraciones.
Estoy convencido de que este gesto que hoy hace el Parlamento, este gesto que hoy culmina el proyecto del Gobierno, tendrá una evidente lectura positiva, tanto en los mercados interiores como en los mercados exteriores, en la medida en que es un paso decisivo por la apuesta por un modelo de política económica, por la apuesta también por la Unión Europea, a cuyas puertas nos vemos para celebrar las próximas elecciones.
Sería injusto concluir este debate sin que el Congreso de los Diputados aprovechara una ocasión como ésta para (precisamente siendo consciente del debate y de la situación que, en este momento, tenemos en distintas actividades parlamentarias, una de ellas una comisión de investigación que hace referencia a antiguos cargos de ese Banco de España) a efectos desde luego, del «Diario de Sesiones», pero también de conocimiento de la opinión pública, en la votación definitiva, afirmar y reafirmar el reconocimiento y la confianza que deposita en una institución tan trascendental para la vida económica y política española como es el Banco de España.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernández Moltó.
Las indicaciones que S.S. ha planteado, en la medida que sean meras correcciones técnicas, serán tenidas en cuenta por los servicios de la Cámara para efectuarlas.
Pasamos a la intervención de los diferentes grupos que han solicitado fijar posición con respecto a las enmiendas del Senado referidas al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Va a ser una intervención breve, desde el escaño, la que va a hacer mi Grupo Parlamentario.


Página 3730


Este proyecto de ley ha quedado muy bien concebido, muy bien configurado; es un proyecto de ley redondo. Algunas de sus dificultades originarias han podido ser rectificadas, tanto en su debate en el Congreso, como posteriormente en su debate en el Senado y, particularmente, lo que constituyen los dos bloques de enmiendas de mayor relevancia para mi Grupo Parlamentario, señor Presidente.
En primer lugar, originariamente el proyecto de ley no reconocía competencias autonómicas en relación a las competencias administrativas, valga la redundancia, importantes, prolijas, que se contienen en este texto sobre el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal. Estas empresas son empresas que no funcionan de forma libre; su sistema de constitución y de funcionamiento posterior es un sistema de libertad tutelada, vigilada de forma muy extensa por la Administración, y se atribuyen todas las competencias a la Administración central del Estado, a la autoridad laboral, ignorando las competencias de aquellas comunidades autónomas que poseen título competencial en materia de ejecución de la legislación laboral del Estado, y particularmente la de Euskadi, que en el artículo 12 de su Estatuto de Autonomía prevé específicamente esta competencia. Esto se ha podido corregir en el debate en el Congreso. Las competencias en materia de autorización administrativa, las relativas a la constitución de las garantías financieras, las relativas al registro público y constitutivo, las relativas a la remisión de la información obligatoria, que estas empresas deben remitir a la autoridad laboral, y las relativas a la potestad disciplinaria, a la aplicación del régimen de sanciones en fracciones, han sido también reconocidas a las comunidades autónomas con competencia de ejecución de la legislación laboral del Estado, y con esto quedan culminadas las aspiraciones jurídico-políticas de mi Grupo en este ámbito.
Y en el Senado se ha logrado otra cosa muy importante, señor Presidente, que es corregir la otra gran disfunción que este proyecto de ley contenía originariamente, cual es la discriminación de un tipo peculiar de socieddes, las sociedades cooperatias, sociedades dilectas y queridas especialmente por mi Grupo Parlamentario. Se obstaculizaba, a través del contenido de las previsiones originarias de este proyecto de ley, el funcionamiento de las sociedades cooperativas como empresas de trabajo temporal, como empresas cuyos socios trabajadores, o socios de trabajo, pudieran ceder estos socios a otras empresas usuarias de forma temporal. Este es el funcionamiento esencial de toda empresa de trabajo temporal. Afortunadamente, esto también ha sido objeto de la debida corrección en el Senado. En este momento, se ha superado la dificultad derivada del límite porcentual máximo de contrataciones laborales que se permite a las sociedades cooperativas en su legislación específica, de forma y manera que, a partir de ahora, las sociedades cooperativas, cuando funcionen como empresas de trabajo temporal, podrán contratar más del 10 por ciento de trabajadores en relación a sus socios trabajadores o de trabajo y también, lo que es más importante, se ha previsto que, cuando las cooperativas funcionen como empresas de trabajo temporal, las relaciones entre la sociedad y sus socios trabajadores o de trabajo se regulará por la legislación cooperativa, no por la legislación laboral o por otras diferentes.
Con esto, prácticamente se resuelven los problemas de discriminación que se contenían originariamente en el proyecto de ley en relación a las sociedades cooperativas; problemas de discriminación o discriminaciones que vulneraban no sólo el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 14 de la Constitución, sino otro precepto constitucional, el 129, que mandata a los poderes públicos del Estado promocionar las sociedades cooperativas a través de una legislación adecuada.
Esta no sólo era, señor Presidente, una legislación nada adecuada, sino que era obstaculizadora del funcionamiento de las sociedades cooperativas en este ámbito.
Para terminar, señor Presidente, quiero decir que la ley está bien concebida, se ajusta a los requerimientos del Convenio 96 de la OIT, ya ratificado por el Estado español, y el mantenimiento de la prohibición contenida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de los Trabajadores, el mantenimiento de lo que se denominaba entonces cesión ilegal de trabajadores, cesión ilegal de mano de obra, la prohibición de un instituto, consistente en contratar trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa usuaria de los mismos, resultaba absolutamente extemporánea en el Estado español. Esta ley, bien concebida, repito, incorpora un tipo de empresas, que funcionan de forma regular en los países de nuestro contexto socioeconómico y que tienen cierta virtualidad, si bien discreta, señor Presidente, en el ámbito del fomento o de la creación del empleo. Aunque esta participación en la creación del empleo sea discreta, en este ámbito, señor Presidente, no estamos en condiciones de desechar nada.
Por esta razón, remover las dificultades, las prohibiciones legales y, sobre todo, la avidez, de la cual el señor Barrionuevo es gran conocedor, sin ninguna duda, en la persecución y represión antaño de esta práctica, la de la cesión ilegal de trabajadores, a la que proveían, primero, los inspectores de trabajo, en segundo lugar, la autoridad laboral y, por último, la jurisdicción del orden social, resultaba ya francamente ridícula, señor Presidente. Por lo tanto, esta ley es un elemento de modernización --ése es el calificativo que se le ocurre a mi Grupo Parlamentario-- de nuestras relaciones laborales en este ámbito.
Gracias, señor Presidente.


Página 3731


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olabarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, mi Grupo va a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado por entender, como ha dicho el anterior interviniente, que mejoran sustancialmente el texto que salió del Congreso en su momento.
La ley que vamos a aprobar es una pieza más, señorías, dentro de las distintas piezas de la reforma laboral. Este texto viene a regular, en definitiva, una actividad que, habiendo estado prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, venía realizándose de una manera normal, entre comillas --estaba teóricamente prohibida, pero ha venido funcionando normalmente durante estos últimos años--, de manera que no solamente tenemos empresas de trabajo temporal, sino asociaciones, a nivel de comunidades y a nivel estatal, de empresas que se dedican a esta actividad.
El texto legal que hoy vamos a aprobar lo que hará será delimitar y enmarcar la actividad de este tipo de empresas.
Nosotros, como Grupo, somos partidarios de auspiciar y apoyar todo proyecto empresarial que permita crear actividad, por tanto crear empleo, y remover esta situación de los parados de larga duración. Se ha dicho en la calle, en la prensa y en esta Cámara que la actividad de este tipo de empresas puede prestarse a diferentes clases de abusos. Eso podría ser cierto si no hubiese este texto legal que hoy vamos a aprobar y si no hubiese la confianza en los sindicatos, que deben actuar a nivel de empresa para ser vigilantes en el estricto cumplimiento de los preceptos de los distintos artículos de esta ley. Existen también los jueces de lo social para evitar cualquier abuso en la aplicación de esta Ley.
Por otra parte, si hasta ahora han venido actuando positivamente estas empresas, mi Grupo considera que no hay razón para pensar que cambiarán de actitud ahora que tendrán un texto legal al que acogerse para su funcionamiento.
Por todo esto, señor Presidente, mi Grupo votará favorablemente todas las enmiendas y el texto, tal como he anunciado al inicio de mi intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
He preferido utilizar la tribuna, en lugar del escaño, para defender la opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ante las enmiendas que el Senado ha presentado a esta Ley por la que se regulan las empresas de cesión de trabajo temporal.
Me gustaría empezar con lo que pudiera ser una retahíla de adverbios como los que utiliza el portavoz del PNV, que ha defendido más duramente esta proposición, todo lo que es la reforma; esta es la hermana menor de la reforma laboral, el coletazo que nos queda para terminar esa arquitectura laboral que el Gobierno ha presentado. A mí me gustaría decir que, conceptual, axiológica y paradigmáticamente, nuestro Grupo ve empeorada en el trámite del Senado esta ley. La ve empeorada porque las enmiendas que el Senado ha introducido van a generar en el mercado laboral dos tipos de trabajadores. Nos vamos a encontrar con que en el mercado, cuando una persona vaya a trabajar a una empresa usuaria, si esa empresa se dedica, por ejemplo, a la fontanería, a la construcción, los trabajadores que estén haciendo el mismo trabajo pueden no cobrar el mismo salario y, además, no tener las mismas obligaciones o las mismas relaciones en cuanto a material, en cuanto a infraestructuras que le pueda ceder la empresa.
En el debate celebrado en el Pleno de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista se comprometió a modificar el artículo que hacía referencia fundamentalmente a esa posibilidad de utilización que en las empresas usuarias tendrían los trabajadores que, siendo cedidos por una empresa de trabajo temporal, iban a realizar su esfuerzo allí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que aquí se nos diga una cosa, como pasó con la Ley de Televisión, y que después se haga otra cosa totalmente distinta. No es lógico que si los trabajadores de una empresa tienen unas posibilidades, los trabajadores de esa misma empresa, aunque no sean fijos, aunque sean cedidos, no puedan tener las mismas condiciones. Es verdad que las tienen en cuanto a transporte, en cuanto a utilización de instalaciones, pero no las tienen en cuanto a vestuario, en cuanto a material y, sobre todo, y lo más importante, en cuanto a salario.
Las enmiendas del Senado fundamentalmente vienen a intentar corregir algo que nosotros habíamos estado intentando incrementar: las condiciones para la autorización administrativa. Estas empresas se dice que han sido ilegales, pero en este país han venido funcionando en los últimos cuatro o cinco años sin que hayan sido perseguidas totalmente desde la propia Administración. Es más, son empresas que han estado facturando en torno, las más sencillas, a 60 millones de pesetas o 300 millones de pesetas, empresas que se han dedicado a utilizar la falta de trabajo como beneficio, a la hora de obtenerlo como actividad económica.


Página 3732


Pues bien, las enmiendas del Senado introducen reducciones de las exigencias para conceder la autorización administrativa.
Las enmiendas al artículo 2, apartado a), reducen las obligaciones en cuanto a lo que debieran cumplir las empresas a nivel de poder solicitar la inscripción, la autorización administrativa. Se reduce, por tanto, que deban tener instalaciones adecuadas y plantillas necesarias; se generaliza y se dice que deben tener las obligaciones que sean necesarias para poder cumplir su objeto social.
La misma enmienda introduce en el apartado b) que estas empresas, además, puedan ceder sus datos y sus trabajadores a empresas, a agencias de colocación sin fines lucrativos, estableciendo una relación lucrativo-no lucrativo algo absurda en una actuación de regulación de estas empresas, que creemos que debieran ir precedidas de una actuación de servicio público previo, desde el Inem, de servicio desde el interés público, prestado en la recolocación desde la propia Administración y no desde el propio interés particular, puesto que va a desregular la actividad que tienen los trabajadores y la actividad que tienen los propios sindicatos, favoreciendo la relación que puede tener el propio empresario.
Por último, introduce también una modificación parareducir las obligaciones que tendrían que haber cumplido con anterioridad.
Antes, en la propuesta originaria que salió del Congreso, tenían que haber tenido cubiertas sus obligaciones salariales y con la Seguridad Social y, sin embargo, aquí, en esta nueva propuesta, se quitan las obligaciones laborales. Es decir, lo que aquí introdujimos en nuestro debate ha sido modificado y quitado en el Senado y las empresas ya pueden no tener cumplidas sus obligaciones laborales, aunque sí tengan cubiertas las fiscales y las sociales. Por tanto, creemos que esta es una introducción que hace el Senado que empeora la propia ley.
Por último, me gustaría referirme a algo que valoraba positivamente el portavoz del PNV y que nosotros consideramos que empeora el proyecto de ley.
Señoría, introducir por la puerta falsa una adicional tercera que viene a decir que las cooperativas debidamente constituidas e inscritas podrán tener la misma relación que las propias empresas, cuando en el apartado 2 se dice que se ajustarán a la legislación laboral, lo que está facilitando es quitar y cargarse todas las obligaciones para obtener la autorización administrativa; están quitando los requisitos que deben cumplir. Cómo a una cooperativa, a un trabajador asociado, va a exigírsele que tenga cubiertas sus obligaciones de Seguridad Social, sus obligaciones fiscales. Se está buscando una puerta falsa para utilizar, no desde la forma que lo defendían antes, no desde la forma de que haya cooperativas que puedan destinar su trabajo a esta realidad, sino para vulnerar las obligaciones y reducir las exigencias administrativas para este tipo de trabajo. Pero es que, además, va a hacer más difícil el control de la propia Administración. Cómo va a controlar la propia Administración el porcentaje de trabajadores, no de la cooperativa, son empleados de la propia cooperativa, cómo se va a buscar si cumple o no cumple los requisitos de exigencia que las propias empresas tenían que tener, según la propia ley.
Nos parece que esta es una puerta abierta a un uso fraudulento de lo que puede ser el papel de las cooperativas. Y experiencia tenemos en muchos sectores, en el de la construcción, etcétera. Por tanto, creemos que no es positiva esta introducción que hace el propio Senado.
Y es que hay más. Nosotros creemos en esta reforma laboral, sin tener que oponernos, porque no nos hemos opuesto a que se regule; al final viene a bendecir lo que ya está; esto ya está funcionando, malamente podemos decir que no funciona, si es real. Busquemos la articulación legal.
Nosotros hemos hecho dos críticas: una, no se ha hecho al mismo tiempo la reforma de actuaciones que en este país han favorecido esta situación, la reforma del Inem y la reforma de la subcontrata; las empresas que, al final, tienen los trabajadores, mientras que la que se queda con la contrata es la que se lleva el propio beneficio, o la agrupación de empresas. Además, esta ley nos intenta equiparar a Europa por un camino malo. No utiliza verdaderamente lo que es la experiencia europea para articular una buena ley española.
Hace un recorte de cada una de las legislaciones, pero sobre todo, que es en lo que yo he querido centrar mi intervención, ni las enmiendas del Senado, ni el trámite del Congreso ha evitado que en una empresa pueda haber trabajadores con dos relaciones. No se cumple ese requisito de a igual trabajo, igual salario; no se cumple ese requisito de a igual trabajo, iguales condiciones del trabajo. No se va a cumplir. Va a haber mucha discusión y mucha confrontación con la introducción de estas empresas.
Me gustaría citar tres ejemplos de tres legislaciones europeas que nosotros hemos bordeado. Hemos hecho un camino hacia Europa con recortes, con una especie de igualación a la mínima, según las experiencias que teníamos en cada uno de los países. Señoría, en Holanda, los trabajadores que son cedidos por una empresa, después de la reforma del año 1991, cuando llegan a la empresa usuaria gozan de las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores de esa empresa usuaria. Todos, incluidos los salariales. Aquí no. En Alemania, por ejemplo, en los contratos de duración los trabajadores tienen indemnización entre cada uno de los espacios cedidos. Son cedidos tres meses, hay unos espacios de no cesión de 25 días y vuelven a ser cedidos tres meses. Es verdad que la reforma posterior facilita contratos de seis meses, inclusive contratos mayores. Por tanto, reciben salario entre los períodos no ejercidos

Página 3733


como relación de cesión y, además, tienen protección de despido. Aquí hemos puesto una indemnización por doce días/año; en Francia, por ejemplo, tienen el 15 por ciento del salario recibido.
En suma, ustedes nos quieren igualar a la baja con Europa. La canción europea de ustedes es de mínimos, no es de máximos. Es verdad que vamos de hermanos menores. Lo cierto y verdad es que iniciamos una regulación. Y aquí se decía que, por fin, nos equiparamos al convenio de la OIT. Aquí estamos bordeando convenios de la OIT, el 45, por ejemplo, que ha sido reparado por nuestro propio país. Estamos haciendo un proceso sin, de verdad, haber puesto los recursos para que las Administraciones de intereses públicos, como servicio público de colocación, que debe cumplir el Inem, se hayan cubierto. Es decir, estamos regalando a lo privado, al beneficio particular, lo que debiera ser una obligación de lo público y del interés general.
Nada más, señor Presidente. Nada más, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Finaliza hoy la tramitación parlamentaria del último proyecto de ley de las tres leyes que conformaban lo que comúnmente hemos denominado reforma laboral o reforma del mercado de trabajo, en este caso el proyecto de ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
La verdad es que hemos de felicitarnos. Yo creo que hacemos básicamente una buena regulación de este tipo de empresas, hasta ahora en una situación que yo no he querido calificar a lo largo de toda la tramitación parlamentaria de ilegalidad, pero sí de alegalidad, una situación muy «sui generis», en nuestro país. La verdad es que todos sabemos que estas empresas estaban operando al margen de la ley en nuestro país, dando empleo a un volumen de trabajadores sensiblemente importante. Algunas estadísticas aluden a en torno a 200.000 trabajadores como los que están prestando sus servicios en empresas usuarias por cuenta de empresas de trabajo temporal.
Y aprobar una ley que diera naturaleza jurídica plena a esa realidad social, que ya estaba actuando en el mercado de trabajo, es bueno en sí mismo.
Creemos, además, que en la tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos mejorado el proyecto de ley que fue remitido por el Gobierno, y por ese motivo nuestra valoración y, en consecuencia, el voto será, como digo, en líneas generales, favorable, inclusive a las enmiendas que han sido incorporadas en el Senado, con algunas excepciones que no hacen sino confirmar la regla general de valoración positiva que en relación con este proyecto de ley, insisto, ha hecho nuestro Grupo.
¿Cuáles son esas excepciones? En primer lugar, la referida al artículo 2, que alude a la autorización administrativa, los requisitos que las personas físicas o jurídicas que quieran constituir una empresa de trabajo temporal deben cumplir, lo que deben presentar a la autoridad administrativa competente, en virtud del ámbito geográfico, para que concedan esa autorización a las empresas de trabajo temporal, para que puedan operar en el respectivo territorio.
En el proyecto de ley, tal como había salido del Congreso, decíamos que uno de los requisitos para poder disponer de la autorización administrativa era que esas personas físicas o jurídicas únicamente se dedicaran a la actividad costitutiva de empresa de trabajo temporal. En el Senado ha sido incluido un nuevo párrafo, en virtud del cual se les autoriza a que eso sea así sin perjuicio de que, complementariamente, puedan colaborar con agencias de colocación, sin fines lucrativos, cediendo su base de datos.
En su momento volveremos sobre la aparente paradoja que significa que podamos hablar, señor Barrionuevo, de empresas privadas que no tengan ánimo de lucro, porque me parece que es consustancial a una empresa privada que tenga ánimo de lucro.
No es ahora el momento procesal y parlamentario adecuado. Sí que nos parece inoportuna esa adición por parte del Senado, en la medida en que establece una confusión entre las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación, que creo que no es bueno para unas ni para otras. En todo caso, no es buena esa confusión para las empresas de trabajo temporal, que tienen una actividad sensiblemente distinta de la que eventualmente tendrán las agencias privadas de colocación.
Además, la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan ceder, sin la autorización de los trabajadores que están incluidos en sus bases de datos, estos datos a agencias privadas de colocación, podría violar, a nuestro juicio, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 5/1992, que regula el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, donde se establece que esos datos, precisamente para garantizar la intimidad de las personas, no puedan ser cedidos a terceros sin la autorización expresa de los afectados. Creemos que, al haber introducido, insisto, esta autorización en la ley, puede violarse lo dispuesto en esta ley específica, que regula de forma específica este aspecto de la cuestión y, en consecuencia, nuestro voto será negativo en el trámite correspondiente. Ya saben SS.SS. que, en el trámite de debate en Comisión y en el Pleno del Congreso, nosotros fuimos críticos especialmente con dos aspectos de esta ley. Son esas excepciones a las que antes aludía: la del asunto de la garantía financiera y la de la retribución, que corresponde

Página 3734


a los trabajadores que, siendo contratados por las ETT, van a ser cedidos a empresas para que, bajo el poder direccional que, como empresas, tienen las empresas usuarias, puedan realizar allí sus actividades.
En cuanto a la garantía financiera, hemos hablado antes de que ya hay una realidad social --porque es la realidad la que nos dice que hay muchas empresas que ya están actuando en estos momentos en nuestro país-- sobre la cual contrastar lo que vamos a legislar nosotros, para ver si es oportuno y adecuado.
En definitiva, toda reforma laboral tiene un objetivo no diré que único, pero sí básico, que es el de adaptar nuestra legislación a la realidad social de este momento, de tal suerte que podamos facilitar el empleo y la incorporación al mercado de trabajo de personas que ahora, por diversas circunstancias, están excluidas de ese mercado de trabajo.
Pues bien, el 80 por ciento, aproximadamente, de las empresas de trabajo temporal que operan en nuestro país tienen un volumen de negocio que está en torno a los 60 millones de pesetas. Pedirles una garantía financiera equivalente a 25 veces el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento significa que, a ese SMI del año 1994, estamos hablando de cifras de entre 20 y 22 millones de pesetas. Los costos financieros son elevados para este tipo de empresas.
Lógicamente, no así para la minoría de empresas de carácter multinacional o no que tiene un volumen de negocio superior a los 200 millones de pesetas. Aun con las reformas que introdujimos en el trámite en este Congreso en relación con esas garanías financieras, que sin duda van a minorar los costos correspondientes, nos sigue pareciendo una cifra excesiva.
Habernos movido en torno a diez veces el SMI, que solicitábamos nosotros, o inclusive quince veces el salario mínimo interprofesional, como algún grupo pidó en el trámite correspondiente en el Senado, hubiera mejorado este aspecto de la cuestión. Por eso mismo, en la correspondiente enmienda al apartado 3 del artículo tercero, que se ha introducido en el Senado, votaremos en contra, para dejar constancia expresa del mantenimiento de nuestra crítica a este aspecto puntual de la regulación que se hace en este proyecto de ley.
Por último, segunda cuestión crítica que nuestro Grupo político manifestó a lo largo de toda la tramitación parlamentaria: es el asunto de la retribución. Creemos sinceramente que es malo el que, en lugar de decir que la retribución a la que tendrán derecho los trabajadores que sean contratados por empresas de trabajo temporal para prestar sus servicios en las empresas ususarias, que, en defecto del convenio colectivo de las ETT, sea el convenio colectivo del sector, se haya establecido que sea el convenio colectivo de la empresa usuaria. Saben ustedes que eso, en la práctica, dificulta las actividades de las empresas de trabajo temporal, porque es lógico y razonable que los trabajadores prefieran ir destinados a aquellas empresas en las que, para un trabajo igual, para una función equivalente, van a tener mayor salario. Eso distorsiona las actividades de las empresas de trabajo temporal. Si, en lugar de decir que en defecto del convenio de las empresas de trabajo temporal, el convenio aplicable sería no el de la empresa usuaria, sino el del sector, hubiéramos resuelto el problema. Quiero creer que las empresas de trabajo temporal, aunque es su problema, se preocuparán rápidamente de negociar con las centrales sindicales más representativas un convenio --un convenio que sea el suyo--que pueda ser susceptible de aplicarse a los trabajadores que contraten. En todo caso, nos parece que si lo hubiéramos hecho como nosotros proponíamos en nuestras enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, sinceramente la ley hubiera quedado bastante redonda.
No obsta el mantenimiento de estas enmiendas la valoración global positiva que hemos manifestado en relación con el proyecto de Ley y celebramos que, una vez aprobada previsiblemente esta ley en la votación correspondiente, el mercado laboral español, la legislación laboral española se habrá adaptado mejor a la legislación que en estos momentos está vigente en la Unión Europea. En consecuencia, habremos dado un paso adelante en la homologación de nuestras estructuras legales, con ese espacio socioeconómico y político del que ya formamos parte, y facilitaremos de verdad que más personas, más trabajadores se incorporen de forma activa al mercado de trabajo, cosa que, en estos momentos, fundamentalmente nos demanda la sociedad, como cuerpo legislador del Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Díaz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Barrionuevo.


El señor BARRIONUEVO PEÑA: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de los dos ponentes que hemos intervenido en la elaboración de este proyecto de ley, quisiera decir que, a pesar de algunas apariencias, este proyecto de ley es el que ha suscitado menos controversia de los que componen el paquete de medidas legislativas que se encuadran dentro de la rúbrica de reforma laboral. Ya fue así, lo hemos mencionado, expresamente reconocido por los representantes sindicales en su dictamen en el Consejo Económico y Social y también es reconocido así, a pesar de la intervención, a mi modo de ver excesivamente rigurosa, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, del señor Ríos, que reconoce que no hay oposición de su Grupo a que exista una regulación de las empresas de trabajo temporal, si bien ha manifestado su discrepancia respecto a aspectos concretos de

Página 3735


esta ley, en lo que, reitero, a mí me ha parecido que ha sido en exceso riguroso.
En todo caso, creo que está claro que esta ley permite reducir, y en muchos casos evitar, los riesgos inherentes a la actividad de cesión de trabajadores de empresas con carácter temporal. Esa cesión de trabajadores, que ha sido vista con gran recelo por nuestra legislación y anteriormente por otras legislaciones creo que se reduce, repito, cuando no se evita, con esta regulación, regulación en la que vamos en el mismo barco que la mayoría de los países de la Unión Europea; somos el décimo país que va a introducir una regulación de estas empresas y también, a pesar de lo que se ha dicho, nuestra ley puede encuadrarse dentro del conjunto de leyes diríamos continentales más garantistas de esta actividad empresarial.
Todos los grupos han visto recogidas enmiendas, y sus aportaciones han mejorado, sin duda, el proyecto que fue enviado inicialmente por el Gobierno. Pasó así en el debate en esta Cámara, igualmente ha pasado así en el debate en el Senado y en las Enmiendas que hoy debatimos. Todas o casi todas las enmiendas del Senado están también en esa línea de mejora del proyecto tal como fue debatido y votado en esta Cámara. Hay una sola excepción, a la que ya anunciamos que nuestro Grupo se opondrá, que es la relativa al artículo 2.1.b). Esta enmienda nos parece que no es conveniente su aceptación por razones en todo simétricas a las expresadas por el portavoz del Grupo Popular. Nos parece que una de las virtudes de esta ley es la de que permite una separación conceptual y jurídica entre la actividad de las empresas de trabajo temporal y la de las agencias de colocación, que podría verse algo confundida con la redacción de esta enmienda, y también expresamos ciertas dudas respecto a la utilización de datos personales, datos informáticos, que afectan a los trabajadores de las empresas de trabajo temporal tal y como está recogida la protección de estos datos en la legislación general vigente en nuestro país.
Finalmente, señor Presidente, señorías, quisiera referirme a las oposiciones que se mantienen por el Partido Popular a algunos aspectos y también por Izquierda Unida a algún otro.
En lo que se refiere a las oposiciones que mantiene el Partido Popular, pienso, con toda sinceridad, que son oposiciones menores, porque han manifestado su conformidad con las líneas generales del proyecto. Pero incluso en esas oposiciones quisiera decirle que, a nuestro modo de ver, es una garantía atendible, suficiente, la de exigir un depósito que avale la solvencia, en la mayor medida posible, de las empresas de trabajo temporal, que es, repito, una de sus oposiciones.
En cuanto a la aplicación de convenio sectorial a las empresas usuarias, será la regla en la mayor parte de los casos, pero en los que no fuera así, existe la posibilidad, a la que se ha referido el ponente del Partido Popular, de un convenio de las empresas de trabajo temporal que podría salvar esas dificultades de aplicación diferente de normativa o de convenios a los trabajadores, según la empresa en la que presten sus servicios. Referente a las oposiciones que mantiene el Grupo de Izquierda Unida a algún aspecto concreto, sí quisiera darle, por lo menos, una explicación respecto a un punto concreto que ha manifestado el señor Ríos y al que soy, en alguna medida, sensible y también responsable, es el de la expresión de «derechos suplementarios» de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal en empresas usuarias.
El proyecto de ley que vamos a votar recoge algunos de estos derechos en el artículo 17, pero aspectos que habíamos comentado que deberían de ser, a su modo de ver, también de mención expresa, nuestro criterio, y el del Ministerio de Trabajo, debo manifestarlo, es que están ya recogidos en el artículo 16.2. Cuando hablábamos, por ejemplo, de prendas de trabajo, el criterio generalizado --y hay incluso jurisprudencia judicial y podríamos decir administrativa en ese sentido-- es que está recogido dentro de la rúbrica de las obligaciones de protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Aspectos como el uso de las prendas de trabajo están dentro de ese epígrafe, y hay una mención genérica a la obligación global, en materia de seguridad e higiene, de la empresa usuaria con respecto a los trabajadores de la empresa de trabajo temporal.
Así que, señorías, señor Presidente, como resumen y terminación de mi intervención diré que vamos a votar favorablemente todas las enmiendas introducidas por diversos grupos en el Senado, con la única excepción, ya mencionada, de la del artículo 2.1 b) y por las razones expuestas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios con respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, después del estudio que ha realizado de las enmiendas que proceden del Senado, va a votar favorablemente a las mismas. Hay una indicación que tengo que hacer porque nos parece que hay una repetición de un párrafo que es exactamente igual, pero lo dejamos para que lo vean los servicios técnicos. Queremos resaltar fundamentalmente nuestro apoyo a la modificación que se produce en el artículo 12,

Página 3736


porque pensamos que era necesario introducir las operaciones que están exentas del arbitrio correspondiente y que también se dijeran las excepciones a esta exención. Si no se exceptúan determinadas operaciones, fundamentalmente relativas a los buques deportivos o de recreo, podía haber una impertinente escapatoria de las mismas en detrimento de la propia hacienda canaria, de su Comunidad Autónoma.
Creemos que la enmienda al artículo 14, que es de carácter técnico, hace aclaración de una serie de efectos timbrados -- impresos, boletos o cupones-- que era necesario detallar por seguridad jurídica de los que manejan los citados materiales.
Lo mismo decimos para el apartado 14 del artículo 27. La enmienda que se propone al nuevo artículo 21 --anterior artículo 19 del texto que aprobamos aquí-- es una regulación semántica, fundamentalmene para dar introducción a la palabra «regularización», que nos parece más correcta en su alcance gramatical, y por tanto conceptual, en la materia del Derecho que regula.
La introducción en el artículo 3, que viene a modificar el artículo 75.2 de texto de la Ley de 1991, creemos que también está en correlación con la primera enmienda del Senado, ya que era preciso matizar aquí qué es lo que queda exento del arbitrio, la producción y elaboración en las islas de bienes destinados al avituallamiento de buques... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Mardones.
Guarden silencio, señorías.
Puede continuar, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Consideramos una mejora que se aclare con exactitud en el texto qué es lo que queda exento, y en casos que son de aceptación política generalizada, como la navegación marítima internacional, la asistencia, los efectos de pesca costera y de altura, así como el perteneciente a las armadas de guerra de los países miembros de la Unión Europea.
Hago una observación a los servicios de la Cámara, porque la enmienda del Senado dice «los pertenecientes a las armadas de los Estados miembros de la Comunidad Europea», y el nombre correcto es «Unión Europea» después del Tratado de Maastricht.
Se refiere a la Unión Europea y no a la Comunidad Europea, como sigue arrastrando aquí la enmienda del Senado. Después de Maastricht, repito, se llama Unión Europea y no Comunidad Europea.
Las últimas enmiendas son puramente técnicas y dan una concreción a los aspectos del texto remitido por el Congreso.
Por todo ello, señor Presidente, votaremos a su favor.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por los servicios de la Cámara se atenderá la corrección técnica que S.S. ha planteado. Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, muy brevemente, para comunicar la posición favorable de nuestro Grupo en relación con todas las enmiendas que ha incorporado el Senado a este proyecto de ley. También para manifestar nuestra satisfacción respecto a que esas modificaciones se hayan alcanzado con el consenso de la cuasi mayoría de todos los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que se han producido una serie de mejoras técnicas y de contenido con las enmiendas del Senado a este proyecto de ley, pero nosotros tenemos una serie de objeciones que ya las planteamos a su paso por esta Cámara.
Teniendo en cuenta nuestras discrepancias, sobre todo por el papel que se asigna en materia de puertos a este régimen especial, y por no contemplar las ideas que expusimos en su día, a propuesta de Izquierda Unida Canaria, adelantaremos nuestra abstención global al resultado de este debate.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.


El señor CABRERA PEREZ-CAMACHO: Gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar las enmiendas que vienen aprobadas por el Senado. Ello es así porque para nada se contradice el espíritu de las mismas con lo pactado en su día por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía y Hacienda, actuando con competencia legislativa plena.
Pienso que las Cortes han dado un paso muy importante al impedir que se consolide la práctica de modificar las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias mediante el Decreto-ley. La postura de nuestro partido ha sido siempre opuesta a tal práctica, y nos felicitamos de que el Decreto-ley de modificación del IGIC, que es uno de los aspectos más fundamentales del REF, se haya tramitado como proyecto de ley por

Página 3737


el procedimiento de urgencia. Esa va a seguir siendo nuestra postura en el futuro. Sólo en aquellos casos en que la excepcionalidad del momento o la razón justifiquen el decreto- ley, puede vulnerarse la garantía institucional establecida en la disposición adicional tercera de la Constitución. El mejor aval de que esta práctica se perpetúe es hacer que aun en esos casos se tramite dicho decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
En otro orden de cosas, tenemos que manifestar nuestro temor respecto a que los tipos del IGIC sigan en aumento, incluso porque el Tribunal Constitucional puede llegar a un pronunciamiento negativo, al atentar, en cuanto a la imposición sobre el consumo, contra los principios estatutarios contenidos en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que como todos conocemos se integra en el denominado bloque de la constitucionalidad.
Por último, señorías, lamento que el alto grado de consenso que se ha alcanzado en cuanto al Impuesto General Indirecto canario no se haya plasmado también en cuanto a la constitución económica de las islas, es decir, en cuanto a la Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Nuestro Partido, el más votado en Canarias en las últimas elecciones, lo ha intentado. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cabrera. Finalmente, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Padrón.


El señor PADRON DELGADO: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quería hacer unas precisiones. En el orden del día figura este punto 37 como proposición de ley sobre modificación de los aspectos económicos del régimen fiscal de Canarias. Yo creo que hay un error en la confección del orden del día, que ha llevado también a enunciarlo así en este trámite, puesto que es el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 20/1991.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Padrón, si permite a la Presidencia un momento, le diré que se ha distribuido un anexo que corrige este error precisamente en la línea que apunta su señoría.


El señor PADRON DELGADO: Muy bien.
Luego, señor Presidente, querría proponer, antes de expresar la opinión del Grupo Socialista con respecto a las enmiendas del Senado, dos correcciones técnicas, de conformidad con otros grupos políticos y de la lectura del «Diario de Sesiones» del Senado.
En la página 13 del documento para el seguimiento de las sesiones, en donde vienen las enmiendas del Senado, figuran los números 39 y 40 como apartados, y como consecuencia de las enmiendas introducidas en el Senado a los apartados 35 y 36 son idénticos. Por tanto, se entiende, de la lectura de este «Diario de Sesiones» y de las enmiendas del Senado, que los apartados 39 y 40 quedarían suprimidos de este proyecto de ley.
Por otra parte, señor Presidente, en la disposición derogatoria se ha omitido también la expresa derogación que convendría efectuar del Decreto-Ley 21/1993, de 29 de diciembre, que ha dado lugar, en su tramitación como proyecto de ley, a lo que ahora estamos debatiendo.
Por lo demás, señor Presidente, el Grupo Socialista va a dar la conformidad a las enmiendas del Senado, manifestando también la satisfacción por el grado de apoyo que han tenido, y que se va a reflejar en la votación subsiguiente, por parte de los diferentes grupos políticos. Yo creo que en esta modificación, que en su momento fue explicada, puesto que esto viene de un Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el 29 de diciembre y como consecuencia de adaptar estos aspectos fiscales que se aplican en Canarias a ciertas modificaciones de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y a una serie de correcciones consecuencia de aclaraciones con respecto a la compatibilidad en la aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como también la precisión de aquellas operaciones que realizan las instituciones públicas, la precisión técnica consiguiente para sujetar o no todas estas operaciones; yo creo, repito, que en su tramitación, tanto en la convalidación del Decreto-Ley como luego en la conformidad de todos los grupos para su tramitación como proyecto de ley, ha habido un amplio consenso, y por tanto no cabe más que manifestar el agrado y la satisfacción porque esta modificación se haya hecho, aun con cierto retraso, pero a partir de hoy tiene completa vigencia. Por todo ello, señor Presidente, manifestamos el apoyo a las enmiendas del Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Padrón.
Las indicaciones que ha planteado S.S., en la medida en que son simplemente errores técnicos, serán tenidas en cuenta por los servicios de la Cámara y corregidas, en su caso.
Finalizada la fijación de posiciones de los diferentes grupos con respecto al punto sexto del orden del día, vamos a pasar a la votación de las enmiendas del Senado con relación a los cuatro proyectos de ley que este apartado recoge. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria

Página 3738


y comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los posibles riesgos a la salud humana y al medio ambiente. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos votación separada de las enmiendas al artículo 2,c) y al artículo 30.4.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado a los artículos 2,c) y 30.4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 183; abstenciones, 127.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de autonomía del Banco de España. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.) El señor Homs tiene la palabra.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votación separada de la enmienda al artículo 7.2 y de la enmienda al artículo 9.3.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.) El señor Andreu tiene la palabra.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda al artículo 9.2, a). (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicitamos tres bloques independientes de votación. El primero, las enmiendas al artículo 7.2 y al artículo 9.2.a). Un segundo bloque con las enmiendas a los artículos 7.4, 7.6, 23.1,f), 25.4, d) y 27. El resto en un tercer bloque.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al artículo 7.2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 168; en contra, 123; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al artículo 9.2, a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 26; en contra, 284; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senado al artículo 9.3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 288; en contra, uno; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado a los artículos 7.4, 7.6, 23.1, f), 25.4, d) y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 176; abstenciones, 135.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 305; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regulan las empresas de trabajo temporal. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada de las enmiendas a los artículo 2.1, b), 3.3 y 11.1, a).
Gracias, señor Presidente. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Señor Ríos, tiene la palabra.


Página 3739


El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, solicito la votación de estas enmiendas agrupándolas en tres bloques. En uno, las enmiendas presentadas al artículo 2.1, letras a), b) y c), al artículo 19.3, letra b), y a la disposición adicional tercera; en otro, las enmiendas al artículo 2.2, las enmiendas de adición al artículo 3, apartados 3 y 4, y las presentadas a los artículos 10 y 11.1 y 11.2; las restantes en otro último.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Mi Grupo también pide votación separada de la enmienda del Senado al artículo 2.º1.b), teniendo en cuenta que se refiere al inciso «sin perjuicio de que complementariamente puedan colaborar con agencias de colocación sin fines lucrativos, cediendo su base de datos.» Concretamente esto es lo que solicitamos como votación separada.


El señor PRESIDENTE: Enmienda del Senado al artículo 2.º1.b).
La enmienda del Senado consiste precisamente en la introducción de la expresión a que ha hecho referencia el señor Caldera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 16; en contra, 294; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Senado al artículo 3.º3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 182; en contra, 128; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 11.1.a).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 165; en contra, 132; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Señor Ríos, si no le he entendido mal, su solicitud de votación separada se refería a la votación separada de las enmiendas al artículo 11, puntos 1 y 2. El punto 2 no tiene enmiendas del Senado y la enmienda al punto 1 la acabamos de votar. Por tanto, no hay votación separada y «a posteriori» del artículo 11. Enmiendas al artículo 2.º1, letras a) y c); artículo 19.3.b), y disposición adicional tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 293; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 2.2, 3.4 y 10.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 295; en contra, tres; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre modificación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias y actualización de los puertos francos. (El señor Olarte Cullen pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, ha enunciado mal el título del proyecto, no son los aspectos económicos, sino los aspectos fiscales exclusivamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene razón S.S., he leído la documentación de la que dispongo, pero, efectivamente, el mensaje motivado del Senado se refiere ya sólo a aspectos fiscales.
Enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 299; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


Página 3740


DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--PRIMER PROTOCOLO RELATIVO A LA INTERPRETACION POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DEL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980, HECHO EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1988 (Número de expediente 110/000067)

--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCAS DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994 (Número de expediente 110/000077)

--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994 (Número de expediente 110/000078)

--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COREA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, HECHO EN SEUL EL 17 DE ENERO DE 1994 (Número de expediente 110/000079)

--REFORMULACION DE LA DECLARACION ESPAÑOLA AL CONVENIO EUROPEO NUMERO 112 SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS, CELEBRADO EN ESTRASBURGO EL 21 DE MARZO DE 1993 (Número de expediente 110/000080)

--CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICADE HONDURAS SOBRE MODIFICACION DEL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 15 DE JUNIO DE 1966 (Número de expediente 110/000083)

--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL NACIDA DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1969, HECHO EN LONDRES EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992 (Número de expediente 110/000085)

--QUINTO PROTOCOLO MODIFICATORIO DE LA CONSTITUCION Y RESOLUCIONES DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL (XV CONGRESO DE LA UPAEP), HECHO EN MONTEVIDEO EL 23 DE JUNIO DE 1993 (Número de expediente 110/000087)

--CONVENIO BASICO DE COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE LAS SEYCHELLES, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1990 (Número de expediente 110/000088)

--ADHESION DE ESPAÑA AL PROTOCOLO DE 1992 QUE ENMIENDA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA CONSTITUCION DE UN FONDO INTERNACIONAL DE INDEMNIZACION DE DAÑOS DEBIDOS A CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS, 1971, HECHO EN LONDRES EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1992, ASI COMO DECLARACION QUE FORMULARA EL GOBIERNO ESPAÑOL (Número de expediente 110/000089)

--CONVENIO EUROPEO NUMERO 70 SOBRE EL VALOR INTERNACIONAL DE LAS SENTENCIAS PENALES, HECHO EN LA HAYA EL 28 DE MAYO DE 1970, ASI COMO RESERVAS Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESION (Número de expediente 110/000090)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE MONACO AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000091)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE MAURICIO AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000092)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE RUMANIA AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000093)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE BURKINA FASSO

Página 3741


AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000094)

--DECLARACION DE ACEPTACION POR PARTE DE ESPAÑA DE LA ADHESION DE POLONIA AL CONVENIO XXVIII DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980 (Número de expediente 110/000095)

El señor PRESIDENTE: Punto séptimo del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Desea algún grupo fijar posición sobre algunos de los puntos incluidos bajo este apartado del orden del día? (Pausa.) Vamos a proceder a la votación de los mismos.
Primer protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 311.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República de Corea.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 310; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Corea.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España y la República de Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fisical en materia de impuestos sobre la renta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Reformulación de la Declaración española al Convenio Europeo número 112 sobre traslado de personas condenadas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 310.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre modificación del Convenio de doble nacionalidad.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


Página 3742


Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Quinto Protocolo modificatorio de la Constitución y Resoluciones de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y la República de las Seychelles.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Adhesión de España al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, así como Declaración que formulará el Gobierno español.
Comienza la votacion. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 308; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio Europeo número 70 sobre el valor internacional de las sentencias penales, así como reservas y declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Mónaco al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 311; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Mauricio al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 312.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Rumanía al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 310; abstenciones, una.El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de aceptación por parte de España de la adhesión de Burkina Fasso al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 310; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Declaración de Aceptación por parte de España de la adhesión de Polonia al Convenio XXVIII de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Número de expediente 121/000042)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto noveno del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad correspondiente a las enmiendas de este carácter que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas.
Para la presentación del proyecto de ley, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda. (Rumores.) Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, tengo el honor de presentar y someter al debate de esta Cámara el proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas. Es un proyecto de gran trascendencia, suficientemente conocido por sus señorías.
Yo creo que es oportuno

Página 3743


recordar la importancia de la actividad contractual de las administraciones públicas como elemento esencial en el desarrollo de gran número de políticas públicas, pero también que la regulación de los procedimientos administrativos tiene una gran trascendencia, desde el punto de vista de los esfuerzos que se vienen realizando, para un mejor funcionamiento de las distintas administraciones públicas y de su adaptación a las nuevas demandas que éstas requieren en una sociedad moderna.
Rara vez, creo yo, se habrá sometido a debate en esta Cámara un proyecto de ley que haya sido tan estudiado por SS.SS., cuya demanda sea tan unánime. Trata de plasmar en un solo texto, que evidentemente tendrá que ser complejo, un equilibrio integrado a través de principios tan diversos, y algunos de ellos claramente contradictorios, como el rigor y la exigencia en los procedimientos, y la flexibilidad y la adaptación a situaciones sobrevenidas; contradicciones entre publicad y transparencia, por una parte, y celeridad y simplificación de los procedimientos administrativos, por otra, entre la garantía simultánea de las exigencias que los compromisos supranacionales de nuestro país imponen, y el espacio de iniciativa que nuestra Constitución consagra a las comunidades autónomas.
La búsqueda de estos equilibrios está sometida, sin embargo, a dos grandes restricciones: una, derivada del espectro de contratos que cubre el proyecto, y que abarca desde los realizados por un pequeño municipio, a los que se realizan por los órganos potentes de la Administración General del Estado, o de alguna comunidad autóma.
Por otra parte, soy consciente de que es una ley que inicialmente se concibió para cumplir unas exigencias concretas de las Comunidades Europeas y para dar una envoltura más técnica, más correcta, a una serie de preceptos dispersos, o simplemente obsoletos, y que cobran estos días una especial relevancia al existir una indudable demanda social e institucional para revitalizar los elementos inspiradores de la contratación administrativa. Estoy pensando en la publicidad, la transparencia, la eficiencia, la concurrencia y la no discriminación.
Es justo reconocer que estos principios están presentes, con la importancia que requiere la legislación actual, y han funcionado también como vectores inspiradores de la ley en todo momento. En los últimos años se ha generado una importante preocupación social en amplios sectores de nuestra sociedad sobre las posibilidades de nuestra norma contractual, en relación con controles y garantías suficientes para asegurar la transparencia y objetividad en las actuaciones administrativas, prohibiendo la arbitrariedad en las decisiones de contratación y limitando almáximo las posibilidades de actuaciones irregulares, sancionándolas con rigor si éstas se produjeran.
El proyecto que hoy se presenta no ignora esta demanda social y encauza debidamente estas exigencias, que estoy seguro comparten SS.SS., sin perjuicio de entender que no deben atribuirse a una ley de contratos públicos más posibilidades en la lucha contra las actitudes deshonestas que las que efectivamente le puedan corresponder. Una ley, desde luego, no basta y, aunque este texto regula un conjunto de relaciones económicas con los proveedores de las administraciones, es absolutamente imprescindible que, al mismo tiempo, se realice un esfuerzo por parte de la sociedad para generar una nueva cultura de la contratación, que inscriba estas relaciones en un esquema fluido de actuaciones que no distorsione el espíritu de la ley. Se trataría, de una forma análoga, de la búsqueda de una mayor conciencia fiscal, de promover una ética privada de la contratación que no contamine la ética pública que regula y postula esta ley.
En todo caso y antes de describir brevemente los grandes objetivos del proyecto de ley, quiero recordar que el Gobierno concibe el texto como un esfuerzo para sistematizar y ordenar el gran número de problemas, cuya solución debe quedar enmarcada en la ley. Es una estructura legal susceptible de ser enriquecida y matizada. En este sentido, es un texto abierto que permite ser modificado, sin importantes alteraciones estructurales, en los términos de las resoluciones adoptadas por esta Cámara en el debate sobre el estado de la nación o en otros aspectos que complementen la línea de actuación que dichas resoluciones plasman de forma sintética.
El proyecto, inserto en un escenario tendencial de una mayor apertura de los mercados públicos, del aumento de la competitividad y de la productividad de empresas y administraciones y del reforzamiento de las garantías de objetividad y transparencia en la contratación pública, es conocido suficientemente en sus aspectos básicos por SS.SS., especialmente en lo que se refiere a los objetivos que pretende, a la instrumentación de las medidas que contiene para alcanzarlos y a las diferencias sustanciales que presenta en relación con la vigente Ley de contratos.
Ello es así porque el proyecto fue ya objeto de debate y discusión en esta Cámara, con ocasión de su anterior tramitación parlamentaria, especialmente en el seno de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas. Su texto, dictaminado por la Comisión, es el documento básico del que se ha partido para reiniciar la nueva tramitación por parte del Gobierno tras la disolución de las Cortes Generales.
Los objetivos técnicos de este proyecto de ley son, por tanto, los mismos que presidieron la elaboración de aquel antecedente, que ya conoce esta Cámara, sin perjuicio de las mejoras, a las que posteriormente me referiré,

Página 3744


y que se han introducido, tanto por el citado dictamen de la Comisión como por observaciones de distinta procedencia, entre ellas destacadas las emitidas por el Consejo de Estado en su propio dictamen.
¿Cuáles son los objetivos principales que pretendemos? En primer lugar, y es el objetivo principal del proyecto de ley, garantizar una mayor publicidad y transparencia en la contratación administrativa. Ello se traduce en una serie de medidas, entre las que podrían destacarse algunas más significativas. Así, por ejemplo, la conveniencia de la participación de órganos colegiados en los procesos de adjudicación ha hecho aconsejable extender la existencia de la mesa de contratación en todos --en todos los supuestos, digo-- e, incluso, en el procedimiento negociado que sustituye a la antigua contratación directa. Esta generalización de los órganos colegiados permite la presencia de funcionarios especializados, especialmente en el asesoramiento jurídico y en el control y fiscalización, lo que supone una garantía de regularidad y de transparencia.
En segundo lugar, merece citarse la declaración expresa de las posibilidades de abstención y recusación de los funcionarios intervinientes en la contratación administrativa, y la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas, derivada de las actuaciones en esta materia.
Desde el punto de vista de los particulares, el tercer elemento que me gustaría destacar en este punto, se regulan de forma más detallada las causas de prohibición de contratar y de suspensión de clasificaciones, así como sus respectivos efectos, como medio de impedir el acceso a los contratos públicos a aquellas personas que, por sus conductas anteriores, no son merecedoras de la confianza que la realización contractual con las administraciones públicas implica.
Se incorporan como causa la condena por sentencia firme, por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo o por delitos contra la libertad y seguridad en el trabajo, y se mantienen las originadas por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas de los funcionarios, etcétera. Se amplía la duración de la prohibición para contratar a ocho años, en los casos de existencia de condena mediante sentencia firme. Se clarifica, además, el procedimiento para la declaración de las prohibiciones, así como sus efectos. Por otra parte, pueden destacarse dos importantes medidas relacionadas con la necesaria transparencia sobre los contratos. Por una parte, se generaliza la publicidad de las adjudicaciones y, en segundo lugar, se potencia notablemente el registro de contratos al que se califica expresamente de público, para permitir el conocimiento de todos los contratos celebrados por las administraciones públicas y sus adjudicatarios.
En relación con la selección de contratistas, se mantiene la subasta y el concurso como formas normales de adjudicación. El procedimiento negociado, que anteriormente se denominaba adjudicación directa, se caracteriza por su excepcionalidad y se establecen supuestos tasados para su utilización, de acuerdo con la normativa comunitaria en la materia. Se generaliza la publicidad de las licitaciones y sólo se admiten determinadas excepciones para algunos supuestos específicos del procedimiento negociado.
El segundo gran objetivo, además de la publicidad y la transparencia, es avanzar en el proceso de trasposición de las directivas comunitarias sobre contratación, y ello en un doble sentido: por una parte, superando las deficiencias existentes en algunos extremos concretos y puntuales de la adaptación que ya se realizó en 1986 y, por otra, incorporando plenamente tres nuevas directivas cuya integración en nuestro Derecho estaba pendiente. Me refiero a las directivas que afectan a los contratos de obra y suministro, a las que afectan a contratos de servicios y a las referencias del Acuerdo sobre el espacio económico europeo y, finalmente, la denominada de sectores excluidos, que afecta a la contratación en los sectores de agua, energía, transportes y telecomunicaciones.
Puede afirmarse que en este proyecto de ley la normativa comunitaria en materia de contratación queda plenamente incorporada a nuestro ordenamiento, y ello es de la máxima importancia en cuanto a su aplicación efectiva, ya que se considera un instrumento decisivo para la realización del mercado único europeo.
Los aspectos regulados en estas normas se refieren básicamente a procedimientos, formas y criterios de adjudicación, así como a las reglas de participación, publicidad, plazos y notificaciones, pudiendo destacarse algunas modificaciones importantes en relación con la normativa actualmente vigente en esta materia. Por ejemplo, en lo relativo a procedimientos y formas de adjudicación, se incorporan las normas relativas a los procedimientos restringidos generalizándolas a todos los contratos. La antigua contratación directa, que no exigía publicidad, pasa, como he dicho anteriormente, a denominarse «procedimiento negociado», y se distinguirán, de conformidad con las directivas, supuestos de procedimiento negociado con publicidad comunitaria previa y sin dicha publicidad, fijándose las causas que habilitan la utilización de dichos procedimientos. En materia de publicidad, plazos y notificaciones, se establece la obligación de preinformación o anuncio generalizado de los contratos cuya celebración se prevea en el ejercicio. Se prescriben plazos más amplios de la publicidad en los distintos procedimientos de licitación. Se fija la obligación de notificar a los licitadores que lo soliciten en el plazo de 15 días los motivos del rechazo de su candidatura o de la oferta y el nombre del adjudicatario. Asimismo, la obligación de notificar el resultado de las licitaciones y publicar la adjudicación,

Página 3745


extremo primero que no existía en la Ley de Contratos y con carácter limitado el segundo.
El tercer gran objetivo, además de los de transparencia, publicidad y adaptación comunitaria, es el de determinar el núcleo de legislación básica en cumplimiento del mandato del artículo 141.1.18 de la Constitución, acomodando así nuestra legislación a la realidad competencial que nace con la promulgación de nuestra norma fundamental. Para ello, el artículo 1.º del proyecto determina el ámbito de aplicación subjetiva de la Ley, con lo que ésta se inicia afirmando su carácter básico, estableciéndose en la disposición final primera los artículos que no tienen carácter de básicos y reconociendo en la disposición final segunda las especialidades organizativas de las distintas administraciones públicas.
El principio general, en relación con las materias que deben ser consideradas básicas, es establecer un común denominador normativo dirigido a asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales a partir de los cuales puede cada comunidad autónoma introducir las peculiaridades que estime convenientes y oportunas.
Por tanto, se trata de garantizar plenamente los principios esenciales de la contratación pública para todas las administraciones, y así, como ha afirmado el Tribunal Constitucional, la normativa básica en materia de contratación administrativa tiene principalmente por objeto, aparte de los fines de interés general, proporcionar las garantías de publicidad, igualdad, libre concurrencia y seguridad jurídica que aseguren a los ciudadanos un tratamiento común por parte de las administraciones públicas.
Cuarto objetivo: resolver las deficiencias puestas de manifiesto en la aplicación de la legislación actual, con atención a las nuevas necesidades surgidas posteriormente.
Este objetivo se consigue a través de numerosas modificaciones en relación con la normativa anterior, de mayor o menor entidad, y a lo largo de todo el texto del articulado.
En muchos casos es reflejo esta modificación de observaciones recibidas a lo largo de la tramitación, tanto en el anteproyecto, como en el anterior proyecto presentado, por parte de organizaciones privadas, gestores públicos u organismos específicos.
No es ajeno al Gobierno la preocupación de agilizar y simplificar los procedimientos de contratación, a la que respondían muchas de las observaciones, y el proyecto que se presenta recoge también algunas medidas concretas que responden a este interés, sin perjuicio de mantener, al mismo tiempo, los controles jurídicos y económicos financieros convenientes que garanticen la actuación objetiva de la Administración, el respeto a la libre concurrencia de los contratistas y a los principios presupuestarios y financieros esenciales.
En este sentido, se adoptan modificaciones que afectan a la admisión de la posibilidad de una garantía global; la consagración expresa de los derechos del contratista, en relación con el pago del precio del contrato y de las posibilidades y garantías que le asisten en caso de incumplimiento por parte de la Administración; se extiende la revisión de precios a todo tipo de contratos, siempre que excedan de una determinada temporalidad, y hay otra serie de medidas que afectan a la imposibilidad de declarar desierta la subasta en caso de bajas temerarias cuando existen postores en los que no concurra esta circunstancia, o la limitación de la duración del contrato de gestión de servicios públicos a un plazo determinado.
Ultimo objetivo: la incorporación a la ley de disposiciones dispersas y la agrupación sistemática de la legislación sobre contratación pública. Se ha puesto un especial interés, a lo largo de su preparación y tramitación, en cuidar los aspectos técnicos y en establecer un cuerpo normativo único y completo sobre contrataciones administrativas. En ese sentido, el proyecto se configura como una nueva estructura, con una parte general más amplia, aplicable directamente a todos los contratos, abordando cuestiones que antes se recogían en la regulación del contrato de obras, que regían, con carácter supletorio, para el resto de contratos y otra especial con las características propias de cada uno de los diversos tipos de contrato. Esta nueva sistemática unifica el tratamiento de los aspectos sustanciales de la contratación y permite incorporar a su texto diversas disposiciones que, con posterioridad a la vigencia de la Ley de Contratos del Estado, han venido regulando aspectos esenciales de la contratación.
Entre las normas sobre contratación administrativa que, encontrándose dispersas, se incorporan ahora al proyecto, pueden detectarse las referentes a las siguientes materias: revisión de precios, contratación en el extranjero, contratos de asistencia con empresas consultoras o de servicios, contratos para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales, normas sobre clasificación, etcetera. El resultado de estos principios es que el texto en su conjunto refleja un nuevo equilibrio en la contratación administrativa, articulando un nuevo sistema de relaciones de la Administración con el contratista.
Este nuevo esquema de relaciones en el que las administraciones refuerzan la aplicación de los principios de transparencia, publicidad y no discrecionalidad, al tiempo que asumen plenamente sus obligaciones para con los contratistas, debe sentar las bases para que los proveedores de la Administración se instalen en una cultura análoga de transparencia y cumplimiento sin distorsiones de sus obligaciones contractuales.
Necesariamente tengo que referirme a los planteamientos de tres grupos parlamentarios que proponen la devolución al Gobierno del texto del proyecto de ley.


Página 3746


Quiero entender que los razonamientos que soportan esta pretensión reflejan --y me atrevo a resumirlos de forma sistemática o de forma sintética-- la dificultad que expresamente he reconocido de simultanear una agilización y flexibilización en los procesos administrativos con el incremento de medidas de control.
En la práctica constituye casi una tautología que mayor flexibilidad es equivalente a mayor discrecionalidad y mayores controles a menor agilidad. Por tanto, al margen de estas antinomias, persiste la invitación del Gobierno a buscar, entre todos los grupos parlamentarios, los equilibrios cuantitativos y cualitativos que conviertan la arquitectura legal del proyecto de ley en un ámbito habitable para las Administraciones y que refleje, al tiempo, las demandas sociales.
En lo que concierne particularmente al conjunto de justificaciones que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya articula para devolver el proyecto de ley al Gobierno, tengo que entender que el núcleo de su argumentación es compatible con el desarrollo de las resoluciones que se aprobaron con ocasión del debate del estado de la Nación y respecto a las cuales el Presidente del Gobierno asumió el pasado día 11 en esta Cámara un compromiso en el sentido de que serían tramitadas como enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Las transformaciones del texto que se pretenden son posibles en los términos generales que se presentan y su concreción habrá que determinarla de acuerdo con otros grupos de la Cámara.
En todo caso, es mi deber constatar las consecuenciasque la devolución del texto tendría. Por un lado, se perdería la oportunidad --y destaco en estos momentos el término oportunidad-- de perfeccionar un texto que en su estructura básica tiene pocas alternativas. No olvidemos que debe seguir las pautas marcadas por las directivas comunitarias y las arraigadas referencias de nuestro Derecho administrativo.
Además, devolver el texto sería en gran parte estéril, pues se estaría obligando al Gobierno a regular mediante un real decreto-ley los aspectos incluidos en las directivas cuya incorporación a nuestro Derecho debía haberse producido ya en marzo de 1992 para los contratos de obras y suministros y en julio de 1993 para los contratos de servicios. No creo que ninguna de estas dos consecuencias sean deseables. Por tanto, reitero mi convencimiento de que el texto va a ser enriquecido sustancialmente a su paso por las Cámaras y que es conveniente que así sea por la sensibilidad política que las Cámaras deben trasladar, así como por la conveniencia de incorporar opiniones de aquellos Diputados y Senadores con experiencia o responsabilidades directas en la gestión de las Administraciones autonómicas o locales.
Expreso también la convicción del Gobierno de que ha remitido al Parlamento un texto útil, de alta calidad técnica, a la que no son ajenos el dilatado proceso de tramitación de la ley, los esfuerzos de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas que funcionó en esta Cámara la pasada legislatura y el duplicado esfuerzo del Consejo de Estado.
Este texto, complementado por el desarrollo en detalle de las resoluciones que con ocasión del debate del estado de la Nación aprobó esta Cámara, debe servir de fundamento para alcanzar una ley operativa y eficiente que satisfaga las inquietudes que en la sociedad se detectan, pero creo que, al mismo tiempo, asume las referencias comunitarias que además debe permitirnos no alejar, por razones de excesivo rigor técnico en la contratación administrativa, a las Administraciones españolas de los beneficios que como clientes deben obtener del gran mercado de compras públicas que se está fraguando en la Unión Europea.
Toda esta explicación yo creo que debería permitirme pedir a SS.SS. su voto favorable para un proyecto de norma que estoy seguro puede ser mejorado, pero que es, indudablemente, una magnífica base para resolver un problema ya antiguo y que yo creo que su resolución se plantea ya como urgente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Enmienda de totalidad del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, desde el punto de vista de Coalición Canaria, nos parece una pena que, con la sensibilidad enorme que hay en este país sobre los temas de la degradación del sistema político democrático y sobre los temas específicamente de la corrupción, el debate de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas tenga un desierto de escaños vacíos que reflejen la falta o la carencia de pasión de SS.SS. sobre un tema esencial, si de verdad se quiere hacer frente a los problemas de la corrupción.
Verdaderamente, esta mañana los medios de comunicación nos han obsequiado con unas declaraciones del señor Serra, no Vicepresidente del Gobierno, sino Presidente de una constructora, de Cubiertas, que de una manera clara y contundente nos dice que las empresas constructoras han pagado miles de millones para la financiación de partidos políticos y que eso es una práctica generalizada en este país, y no sólo de las empresas constructoras diría yo.
Ante un hecho tan grave como ése, resulta lamentable una cierta insensibilidad para el debate de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, porque el señor Roldán no es sólo el problema de los fondos reservados, sino que es un problema de contratos de administraciones públicas, porque los problemas de la degradación de la vida democrática en este país, en este mayo tumultuoso, tienen mucho que ver con los controles,

Página 3747


con la eficacia de los controles y con la transparencia en las adjudicaciones de las administraciones públicas. Y no estoy hablando de sospechas, estoy hablando de hechos, de declaraciones de parte, que comprueban un hecho que todos conocemos. Por eso, cuando el Ministro viene aquí, después de hace unos meses, a hablarnos, el Partido Socialista y el Gobierno de la Nación, del impulso democrático (que otros grupos políticos con mucho más rigor han calificado de regeneración democrática, porque parecía que lo del impulso era simplemente continuar un camino que ya habíamos empezado, y regeneración era dar marcha atrás y corregir errores gravísimos que han deteriorado el sistema democrático), cuando se puso en marcha el problema del impulso democrático resulta que, entre otras cosas, nos ofrecieron la Ley de Contratos de Administraciones Públicas para lograr un amplio consenso. Y hay que decir aquí que la presentación de tres enmiendas de devolución, que siempre se rechazan en nombre de la agilidad, de la rapidez del procedimiento político, reflejan el fracaso en el diálogo político, porque en este país se está produciendo no sólo una batalla tremenda entre el Gobierno y la oposición --por otra parte, legítima-- en la lucha por el poder a través de la vía democrática, sino que paralelamente, y desgraciadamente, esa lucha legítima está produciendo un deterioro gravísimo de las instituciones democráticas. El Gobierno no termina de entender que hay que separar la acción de Gobierno, en la que las mayorías tienen que funcionar, de los consensos democráticos para aquellas cuestiones que lo que establecen son reglas, mecanismos para fortalecer el sistema.
Y esta Ley no es precisamente de esas leyes de acción de Gobierno, son leyes en las que todos tenemos que pactar el acabar con las corruptelas, el acabar con la corrupción, el acabar con la arbitrariedad, con los abusos de poder, con los tráficos de influencia, con la información privilegiada, etcétera, que son las grandes enfermedades del sistema democrático actual.
Por todas estas razones, le decimos al Ministro que hemos presentado una enmienda de devolución, una enmienda a la totalidad, porque no ha habido ninguna clase de diálogo, porque este no es un debate de gestores, porque este no es un debate de técnicos, porque este es un debate político esencial. De lo que se trata en este país no es de la caza, de la cacería de los culpables, que, por supuesto, hay que hacerla, porque si no se generaría un problema de impunidad, sino de establecer medidas serias, alternativas, para acabar con la situación de crisis política y moral en la que está metido este país desde hace varios meses y que no son nada buenas para los intereses del Estado.
Por todo ello, nuestro grupo pide al Gobierno que retire, si no que vote o se abstenga en esta enmienda y en las restantes enmiendas que compartimos, porque aquí venimos hablando en el desierto desde hace meses, de que hay que lograr un gran consenso sobre un conjunto de medidas que fortalezcan el sistema democrático. Ese consenso no se produce. El diálogo entre los diferentes partidos está envenenado. Hay por una parte, la lucha legítima por mantenerse en el poder, desde las mayorías y las prisas, desde la oposición, por llegar a ese poder, también legítimo, siempre que sea por la vía democrática. Pero hay que separar aquellos espacios, aquellos terrenos, aquellos temas que pueden lograrse en los consensos y hay que lograr que esta Cámara se apasione, cosa que no se ha logrado. --Se han ido todos, la mayoría de los Diputados--. Aquí hay no sé si el veinte por ciento de los diputados, a los que yo felicito por estar en este debate cuando parece mucho más interesante oír las palabras de ayer porque había un Pleno tremendo, lleno hasta la bandera, cuando se preguntaba al señor Serra por los temas de Roldán y hoy no reflexionamos sobre las palabras del otro Serra, del Presidente de Cubiertas, sobre la financiación ilegal de partidos políticos.
Hay una Comisión creada para estos asuntos, esperemos que tenga el mayor éxito, pero debe haber un consenso, no sólo buscar los acuerdos cuando se necesitan mayorías cualificadas, sino que incluso cuando se tiene mayoría suficiente hay que buscar diálogo y consenso, si son sinceros, para resolver estos problemas. Nosotros creemos que el proyecto de ley que se nos presenta tiene mejora, sin duda, pero es insuficiente.
No logra las medidas necesarias para alcanzar la objetividad en la adjudicación de los contratos, adjudicación que hay que hacer siempre en base a precios, a calidad, a plazos de ejecución. No es suficiente en cuanto a transparencia y controles y no hay contradicción, si sabemos usar la experiencia y la imaginación para que los máximos y los más severos controles tengan que estar en contradicción con la eficacia y la agilidad del procedimiento y, por tanto, la simplificación del procedimiento. No estamos pidiendo un proyecto que burocratice las decisiones y, por tanto, las haga oscuras, las convierta en esto que tanto está de moda ahora, que son las decisiones opacas. Pedimos la mayor transparencia, el mayor control, un régimen de sanciones duras para empresas que no cumplan con los requisitos de los contratos con el Estado o con las administraciones públicas, en general.
Por todas estas razones --y sin ánimo de extenderme--, hemos presentado una enmienda a la totalidad de devolución y nos ofrecemos para dialogar, si alguien quiere dialogar, y si el griterío que hay en este país deja espacio, tiempo, serenidad y sosiego para dialogar de verdad sobre proyectos que mejoren la vida democrática y refuercen las instituciones. El Parlamento de España tiene, a mediados y a finales de 1994, una oportunidad histórica, única, para reforzar su prestigio y, por tanto, reforzar al sistema democrático. El Parlamento de España no ha sido precisamente, dentro del juego

Página 3748


de las instituciones de este país, el que tenga mayor nivel de prestigio por sus actuaciones y por sus iniciativas, pero le ha caído una enorme responsabilidad, en un momento de deterioro del Gobierno y, desgraciadamente, también de los partidos, en general, de la oposición, en un momento de deterioro de la vida política española, y es necesario que el Parlamento recupere su iniciativa. La iniciativa parlamentaria tiene que estar basada en la lucha política en las acciones de Gobierno y en los grandes consensos para reforzar el sistema democrático. Las dos cosas no se están consiguiendo adecuadamente y por eso la presentación de esta enmienda es, de hecho, un acto de protesta y de denuncia frente a la acción del Gobierno y de los grupos que le sustentan por su falta de diálogo y de responsabilidad en un tema tan importante.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, no se trata, evidentemente, de reproducir el debate de diciembre de 1992 con ocasión del primer proyecto sobre Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, por tanto, voy a tratar de responder a dos tipos de preguntas.
¿Responde este proyecto de ley remitido por el Gobierno a la inquietud social? La segunda pregunta a la que hacía referencia el señor Ministro es: ¿se puede mejorar en el trámite parlamentario? ¿Cuál es la razón de una enmienda de totalidad de devolución? Estamos hablando, evidentemente, de un tema muy importante, no sólo porque la contratación de las Administraciones Públicas se refiera a entre nueve o quince puntos del producto interior bruto, si tenemos o no en cuenta las empresas públicas, sino porque, efectivamente, una de las quiebras del sistema de confianza en lo público es precisamente por el tema de la contratación, por tanto la razón económica del volumen del que estamos hablando, pero también la razón de la confianza política en estos momentos.
Los ciudadanos no confían en que sea trigo limpio lo que se está haciendo con la contratación pública, y aprovechando que no confían en la contratación empiezan a apuntar más arriba y apuntan a lo público, apuntan a las instituciones, etcétera, nos meten a todos en el mismo saco. Por eso es muy importante el hacerse la pregunta de si, como ha dicho el señor Ministro (inicialmente era para transponer directivas comunitarias, después vio la conveniencia de ordenar sistemáticamente una serie de preceptos), es un problema técnico el de este proyecto de ley. ¿Hay que hacer ajustes técnicos, mejorar instrumentos sólo? Yo creo, señorías, que no es un problema técnico el de este proyecto de ley. Como se ha dicho ya desde esta tribuna, es un problema eminentemente político: ser capaces, este Parlamento, de dar respuesta a la inquietud de la sociedad de que cuando las Administraciones Públicas, los gestores públicos administran varios billones de pesetas de todos los ciudadanos lo hacen con transparencia, con objetividad y, sobre todo, con eficacia. Yo creo, de verdad, señorías, que este proyecto no satisface las necesidades de los ciudadanos.
Hay un primer problema que yo creo que es fundamental y es de raíz, que es una de las razones por las que nosotros creemos que no es cuestión de mejorar artículo a artículo el proyecto, y es a quién va a afectar este proyecto de ley.
Las directivas comunitarias, señorías, se llaman: directivas de los contratos públicos; de los contratos públicos de obras, de suministros, de servicios, de telecomunicaciones, de agua; contratos públicos. Este es un proyecto de ley que habla de contratos de las Administraciones Públicas, pero no sólo eso, sino que, fundamentalmente dentro de los contratos que hacen las Administraciones Públicas, se refieren sólo a los contratos administrativos. Por tanto, es una ley de los contratos administrativos de las Administraciones Públicas. Señorías, si ese casi ya no es el problema. La mayor parte del gasto público del sector público se hace fuera de las Administraciones Públicas, pero, además de hacerse fuera de las Administraciones Públicas, se hace fuera de los contratos administrativos de las Administraciones Públicas; las compraventas, todas esas empresas que hemos creado para hacer desde las cárceles a cualquier otra cosa, son todo empresas fuera de la Administración Pública; empresas privadas con capital más o menos público, empresas interpuestas. Eso es lo que ha salido en los temas de Renfe; son sociedades instrumentales interpuestas. Por ahí es por donde va el gasto público. Las administraciones públicas, dentro de los contratos administrativos, se están quedando cada vez con una parte menor del gasto público. La primera advertencia es que este proyecto de ley no satisface la necesidad o la inquietud social porque reduce excesivamente su ámbito.
Es verdad que en la resolución del día 20, a propuesta precisamente del Grupo Socialista, se pedía que se abriese el abanico del ámbito de aplicación de esta Ley de Contratación de las administraciones públicas; por tanto, lo primero que pediríamos es que no fuera Ley de Contratos de las administraciones públicas, sino Ley de los contratos públicos, los haga quien los haga con dinero público; ley de los contratos públicos y no ley de contratación de las administraciones públicas.
Hay una segunda razón. Se intenta resolver un problema del gasto mediante instrumentos en la ley de contratación, y eso es insuficiente, señor ministro. Nos ha prometido su ministerio, no sé cuantas veces, un Libro

Página 3749


Blanco del gasto público. Hay que tener una concepción más global del gasto público, porque la contratación es una de las fases importantes como la presupuestación o la planificación de los objetivos. Uno de los elementos fundamentales que la propia administración ha detectado es que faltan objetivos y, si faltan objetivos, es muy difícil evaluar si los contratos tienen sentido o no. La presupuestación y la planificación son otros elementos, y también el control. Por tanto, señor Ministro hace falta que la ley de contratos esté en un abanico más amplio de medidas que afecten a todo el trayecto del gasto público; todo ese trayecto es imprescindible que se contemple porque si no las medidas, además de ser parciales, serán insuficientes.
Los problemas que se han detectado en la práctica, que fundamentalmente han sido por irregularidades, por ilegalidades, pero a veces simplemente por abuso de instrumentos previstos en la ley, son fácilmente detectables.
Hay una mistificación entre los órganos que analizan los procedimientos de contratación y los órganos que deciden la contratación; hay un proceso, la desvirtuación de unos mecanismos, que en principio eran lógicos, al permitir los reformados permitir las ampliaciones, de tal forma que las alteraciones en los costes finales de los contratos vienen fundamentalmente por esta vía. Se ha podido hacer una baja, más o menos temeraria, pero después se recupera mediante el procedimiento de los reformados. El problema de las subcontrataciones donde incomprensiblemente alguien que ha hecho la baja del 15 por ciento en una obra, subcontrata con otra empresa que, a su vez, subcontrata con otra empresa, y hasta una cuarta empresa. Teóricamente todas tienen ganancia, pero, al final, es difícilmente comprensible cómo se puede ejecutar la obra por el precio pactado. El truco está en la opresión sobre los elementos, fundamentalmente los trabajadores, de esa tercera o cuarta empresa subcontratista.
Por tanto, los problemas están más o menos detectados.
Los órganos unipersonales que pueden decidir. Existían juntas de compras, comisiones informativas, pero el órgano ejecutor se puede apartar de la decisión porque es meramente informativa. Todo esto estaba detectado. Nosotros reconocemos, en ese sentido, que es perfectamente mejorable la ley, sobre todo en uno de los elementos que además el Gobierno señala explícitamente y es que no recoge las directivas comunitarias.
La Directiva comunitaria 665, de 1989, sobre coordinación de los procesos y de los recursos, para nosotros es fundamental.
¿De qué sirve, como dice el Ministerio en la memoria que acompaña a la ley y en la propia exposición de motivos, que exista una jurisdicción contencioso-administrativa que, cinco años después de haberse producido el contrato irregular, diga que el contrato es irregular, que se vulneraron todos los principios de procedimiento, que no existía consignación presupuestaria, pero que, como la obra está hecha, hay que abonarla en base a los principios del derecho civil? ¿De qué sirve eso? Claro que tenemos en este país una jurisdicción contencioso- administrativa, a expensas, por cierto, de que se hagan los tribunales provinciales, pero existe una jurisdicción contencioso-administrativa que, al final, termina el proceso - -o incluso el propio Tribunal de Cuentas--, pero tres, cuatro o cinco años después. Eso no es lo que pedía la directiva 665.
Lo que pide es un instrumento ágil, eficaz, para impedir que el contrato irregular se produzca, no para decirlo cuatro o cinco años después.
Nosotros proponemos instrumentos administrativos, o si se quiere incluso jurisdiccionales para ese problema de la agilidad, de la eficacia. En nuestro país existen instrumentos de la Administración, desde los jurados provinciales de expropiación hasta los tribunales económico-administrativos, incluso los tribunales de la competencia, que permitirían establecer unos mecanismos eficaces y ágiles para resolver este tipo de problemas. Este paquete de recursos, como el Gobierno reconoce, no se ha integrado en esta ley, entre otras razones porque dice que no hace falta en España trasponer la directiva 665, de 1989. Nosotros creemos que es uno de los instrumentos fundamentales, porque los problemas están detectados, pero hay que evitar que, como los gestores muchas veces saben, tres, cuatro o cinco años después de estar hecho el contrato, va a decir un tribunal que está mal hecho pero hay que pagarlo y aquí paz y allá gloria. Hay que evitar que algunos gestores caigan en la tentación de saltarse la legislación en estos momentos en vigor.
Otra de la cuestiones que a nosotros nos permite decir que es difícilmente reconvertible el proyecto de ley a través de enmiendas parciales es el tema competencial, el tema básico de esta ley. La técnica seguida por el Ministerio de hacer un primer libro de consideraciones de tipo general y un segundo libro en relación con los diferentes tipos de contrato perfecciona la técnica anterior, pero creemos que en estos momentos sería preferible otra técnica, y que en un primer libro estuviese la parte básica y después estuviese la parte de desarrollo para la Administración central --que es la que puede legislar este Parlamento--, y probablemente también para la Administración local. Esta es una ley, señorías, hecha en el Ministerio de Economía y Hacienda o en el Ministerio de Administraciones Públicas pensando fundamentalmente en la Administración central, que llega a desarrollos reglamentarios (se reconoce que se han introducido en la propia ley textos que antes estaban en el Reglamento de contratación) y, por tanto, llega a desmenuzar, a concretar con todos los pormenores, la materia para la Administración central --para la Administración autonómica, como es una ley básica, ya se desarrollará--, pero hay un déficit en este país en materia de Administración local.


Página 3750


Se han conjugado dos elementos que, a nuestro modo de ver, han sido tremendamente perniciosos en la contratación local: de una parte, los límites para la adjudicación directa han sido extraordinariamente altos --el juego de los límites para la contratación local estaba muy alto-- y, de otra parte, otro fenómeno, introducido sobre todo en el texto refundido, atribuía al alcalde la totalidad de la contratación en la corporación local. Por una serie de mecanismos que fueron desde la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo el texto refundido, en estos momentos los alcaldes, órganos absolutamente unipersonales, pueden contratar todo en las administraciones locales. El conocimiento de los 8.000 municipios de nuestro país y de su situación técnico- administrativa hace pensar que tienen dificultad para hacer constituir esas juntas de contratación hacer los informes técnicos sobre las ofertas y las propuestas; por tanto, hay una insuficiencia radical en esta Ley, que está pensada para administraciones que pueden tener juntas informativas de contratación, que pueden tener servicios técnicos que evalúen una serie de cuestiones, respecto a la Administración local.
Esa insuficiencia debería ser cubierta, a nuestro modo de ver, además de ese libro que entra en los distintos tipos de contratos, en otro libro que entrase en las peculiaridades de contratación de diferentes entidades, de diferentes administraciones, de diferentes empresas que, como he dicho antes, deberían sujetarse a este tipo de contratos públicos.
Señorías, estoy intentando dar razones. Si solamentefuesen elementos puntuales de mejora de instrumentos; que los órganos de contratación sean siempre colegiados y no unipersonales, como señala una de nuestras enmiendas parciales; cosas que se pueden mejorar como que los baremos en los concursos sean objetivos, que esté motivada la resolución, que la apertura de plicas y el debate de las mesas de contratación puedan ser públicos para que pueda establecerse una mejor transparencia, si fueran todos esos instrumentos efectivamente, cabrían en el trámite de desarrollo parlamentario de este proyecto de ley.
Hay elementos fundamentales o, como decían los escolásticos, el objeto formal, la posición en la que nos colocamos de contemplar todo lo público, todos los contratos públicos y no sólo los contratos administrativos de las administraciones públicas; al contemplar de diferente forma la distribución de competencias entre las diferentes administraciones; de atender a las peculiaridades, puesto que abrimos el proyecto de ley a muchos más sectores de lo que es el sector público globalmente en nuestra economía, por ende, debemos inmediatamente atender las peculiaridades de cada uno de estos segmentos del sector público, fundamentalmente de la Administración local.
Todas esas razones, señor Ministro, señorías, nos hacen pensar en la dificultad de que mediante enmiendasparciales se pueda modificar sustancialmente, como nosotros entendemos que se debe hacer, para atender la demanda social preocupada por la gestión de esa partetan importante del gasto público, la que se hace a travésde la contratación. También es muy importante la que se hace a través de la transferencia, de la subvención; también es muy importante la que se hace directamente a través de los salarios, que supone entre nueve y quince puntos del producto interior bruto, pero los ciudadanos están preocupados por cómo se gestiona esa parte del producto interior, por cómo se está gestionando en lo concreto y creemos que este proyecto de ley no satisface esa preocupación y, por tanto, pedimos la devolución al Gobierno.
Eso no significa, señorías, señor Ministro, que nosotros pensemos que no es necesaria esta ley. Es una ley necesaria en ese marco más global; es urgente pero uno o dos meses de demora no van a alterar la situación, porque, en definitiva, este proyecto no arregla las cosas, no las varía ni modifica sustancialmente ni tampoco las desarregla. Es, como se ha dicho, excesivamente continuista tanto respecto al proyecto de 1992 como a la legislación vigente en estos momentos, aunque la sistematice.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
Enmienda del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor De la Vallina.


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, la nueva regulación de los contratos de las administraciones públicas, cuyo importante proyecto, como subrayaba en la presentación del mismo el señor Ministro de Economía y Hacienda, es hoy sometido al conocimiento y debate de la Cámara, viene exigida por un triple orden de consideraciones. En primer lugar, para dar cumplimiento en este punto a las previsiones constitucionales contenidas en el artículo 149.1.18.ª, que atribuye al Estado la competencia sobre la legislación básica en materia de contratos y concesiones administrativas, con el significado y alcance que esta legislación básica tiene en nuestro sistema de fuentes del Derecho y al que no es preciso referirse en este momento. En segundo término, para acomodar, como también ha sido apuntado esta mañana, nuestro derecho a la normativa comunitaria europea, incorporando al ordenamiento español el contenido de Directivas comunitarias sobre contratos de obras, servicios y suministros, cuya inobservancia en no poco número de ocasiones (inobservancia por parte de las administraciones públicas españolas), viene ocasionando perjuicios para el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, en tercer lugar, y fundamentalmente en nuestra opinión, para devolver

Página 3751


a la contratación administrativa las necesarias garantías y los controles jurídicos preventivos que aseguren la legalidad en la actuación de todo el sector público y el recto uso de las potestades públicas en la gestión patrimonial por parte de las autoridades y órganos de las administraciones; garantías y controles preventivos que han ido debilitándose, cuando no han sido suprimidos, a través de diversas técnicas jurídicas a partir de 1982 en que los socialistas acceden al poder.
Las dos primeras finalidades que quedan apuntadas (desarrollo constitucional a través de legislación básica y acomodación del ordenamiento interno al ordenamiento comunitario europeo) puede entenderse que son cumplidas por el proyecto de ley remitido a la Cámara o que, en su caso, son susceptibles de ser alcanzadas a través de enmiendas singulares al articulado.
Muy al contrario sucede en lo que se refiere a las debidas garantías y controles jurídicos que deben establecerse sobre la actividad contractual del sector público. Los principios y el espíritu a que responde el proyecto no garantizan la debida transparencia y concurrencia ni aseguran que la actuación del poder venga determinada por la persecución del interés general. En estos momentos a nadie se le oculta que es necesario ser extremadamente cuidadoso en la regulación de esta materia ya que de nuevo en esta primavera han vuelto a florecer con fuerza escándalos e irregularidades y a diario los medios de comunicación se refieren a temas directamente conectados con la contratación pública.
No pretendo contribuir a la alarma social motivada por los abusos de poder y corruptelas que alcanzan a centros y organismos claves y vitales de la organización del Estado; pero es lo cierto que si no se hubieran suprimido garantías y controles jurídicos, la situación sería muy diferente. Lo ponía de manifiesto recientemente un autor que no creo resulte sospechoso para los bancos socialistas, me refiero al ex presidente del Tribunal Constitucional, el profesor Tomás y Valiente, cuando hace pocas fechas atribuía la situación de deterioro y crisis del poder entre otras causas a la supresión de los necesarios controles preventivos. Tenemos que convenir que en ningún campo esos controles se hacen más necesarios que en la gestión patrimonial del sector público y, desde este punto de vista, el proyecto resulta abiertamente rechazable para el Grupo Popular. Con este proyecto de ley el ordenamiento jurídico no dispondrá de un instrumento válido y eficaz para la regeneración de la vida pública, antes al contrario, abre la puerta al abuso y a la arbitrariedad en amplios sectores de la actuación pública. Este proyecto nos merece por ello la misma valoración que el proyecto remitido por el Gobierno en la anterior legislatura y que por disolución de las Cámaras, como también ha sido recordado esta mañana, no llegó a ser aprobado. Por eso, hoy como entonces, el Grupo Popular formula enmienda de totalidad, solicitando la devolución del proyecto al Gobierno, enmienda cuya fundamentación paso seguidamente a exponer.
La contratación administrativa desde los orígenes del Estado democrático de derecho, desde la implantación del llamado régimen administrativo, queda sometida a una regulación específica de la que es un primer exponente, ya en el pasado siglo, el Real Decreto de 27 de febrero del año 1852, dictado y aprobado en la llamada década moderada, a través del cual se establecían garantías y controles precisos para lograr que el poder público sea un honesto contratante, como se puede ver en la exposición de motivos de dicho Real Decreto.
Para comprender debidamente el rechazo que se postula del proyecto de ley que hoy debatimos, a efectos de justificar que los principios y el espíritu del proyecto no son, en nuestra opinión, los que deben presidir una regulación de los contratos del sector público, es conveniente tener presente que la ausencia de esos necesarios controles preventivos, de esas garantías jurídicas necesarias en la contratación administrativa, la ausencia de las mismas puede manifestarse por una doble vía. En primer lugar, en relación a los contratos administrativos propiamente dichos, aquellos que regula directamente la ley, por no resultar en ese caso conveniente, adecuada, la regulación de los sistemas de selección y adjudicación de los contratos, por permitir la elección del contratista por la Administración sin mayores condicionamientos, por hacer posible los reformados y revisiones del contrato y, en general, por ser mínimas las exigencias legales acerca del contenido de los expedientes de contratación que garanticen la concurrencia y publicidad que tiene que presidir esta actuación de las administraciones públicas.
Desde este punto de vista y en relación a este tipo de contratos, a la regulación específica de los contratos administrativos, he de reconocer que el proyecto, en alguna medida, mejora el remitido por el Gobierno en la anterior legislatura, en cuanto recoge enmiendas formuladas por distintos grupos, entre otros el Grupo Popular, a dicho proyecto de ley en esa anterior legislatura. En todo caso, las garantías y controles debidos para esos contratos, que siguen teniendo para la ley la consideración de administrativos, pueden y deben ser perfeccionadas y completadas por vía de enmiendas singulares. En ese sentido, en relación a reforzar esas garantías, no se justificaría una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución como la que en estos momentos postulo.
Existe una segunda vía a través de la cual las garantías de la contratación en el sector público quedan desvirtuadas, permitiendo actuaciones arbitrarias y corruptas del poder.
Para ello se utilizan, ciertamente, procedimientos jurídicamente más sutiles. Lo que antes eran administraciones públicas dejan de serlo por voluntad del legislador y, en consecuencia, sus contratos

Página 3752


ya no quedarán sometidos a las reglas de la contratación administrativa, la huida que en este caso se produce del derecho administrativo se convierte --hay que decirlo lisa y llanamente--en una huida al Derecho, para dar paso al reino de la arbitrariedad, del capricho, del abuso en el manejo de fondos, que siguen siendo fondos públicos.
Esto es lo que viene sucediendo, en los últimos años, a través de las leyes de presupuestos, cuando no mediante regulaciones específicas en sectores concretos de la actividad administrativa, que van a dejar de ser gestionados por entidades que hasta entonces tenían la consideración de administraciones públicas, para pasar a ser las correspondientes organizaciones, sometidas al derecho privado y, en consecuencia, por lo que ahora interesa (puesto que ciertamente la cuestión tiene otros muchos e importantes efectos en otros ámbitos), los contratos de esas organizaciones, que hasta en esto las reformas presupuestarias eran de administraciones públicas, dejan de estar sometidas a la regulación jurídico-administrativa.
Esto es lo que ha sucedido --conviene recordarlo-- con determinados servicios que tradicionalmente eran prestados incluso por direcciones generales de departamentos ministeriales, como sucede con Correos y Telégrafos, Ley de Presupuestos de 1991; con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, leyes de presupuestos de 1991, 1992 y 1993; con Aeropuertos españoles y navegación aérea, Ley de Presupuestos de 1990, y con los puertos del Estado, en virtud de la Ley específica de noviembre de 1992. También con Renfe, aunque en este caso la configuración de Renfe como entidad de derecho público sometida al derecho privado es anterior a la década socialista; y lo que es más importante, o lo que es peor, con una serie de sociedades de gestión de actividades administrativas, por decisiones, por acuerdos del Consejo de Ministros, tal como ha sucedido con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, o con la Gerencia de Infraestructuras de Defensa que maneja, no lo olvidemos, el importantísimo fondo inmobiliario procedente de acuartelamientos e instalaciones militares, situados tradicionalmente en el centro de las ciudades y que hoy son desplazados fuera de ellas.
Esta situación a la que nos ha llevado la política legislativa del Gobierno socialista, aparte de posibles perfiles de inconstitucionalidad no puede dejar de ser tenida en cuenta a la hora de regular la contratación del sector público. Si queremos de verdad controlar la gestión patrimonial del sector público, si queremos que la contratación efectuada por las diversas administraciones quede sometida a las debidas garantías, si queremos poner coto a prácticas abusivas del poder, no basta con que la ley regule los contratos de las administraciones públicas (tal es el título de la ley, como ha sido subrayado en la defensa de la enmienda de totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), sino que es necesario extender la regulación de los contratos a aquellos negocios jurídicos en que intervienen esas entidades que aunque legalmente no tienen la consideración de administraciones públicas, son entidades instrumentales creadas, dependientes y financiadas por el poder público.
Esto es lo que no hace el proyecto, no sé si consciente o inconscientemente, puesto que a esta cuestión básica y fundamental no se ha referido directamente en su presentación el señor Ministro de Economía y Hacienda. Es más, el proyecto en relación a las sociedades estatales y demás entes públicos sometidos al derecho privado ni siquiera les impone las mínimas e insuficientes exigencias que para ellas hoy se contienen en la reglamentación de los contratos del Estado.
La actuación de esas entidades instrumentales ha de venir presidida también por la legalidad y no por la libertad y ello hay que decirlo, en palabras del profesor García de Enterría, no por un prurito de jurista, como alguien pudiera creer, sino por exigencia indeclinable de principios democráticos propios de un Estado de derecho, porque por debajo de la vestidura de esas personificaciones al levantarse el velo de la persona jurídica de que habla la doctrina anglosajona, hoy recibida por nuestra jurisprudencia, nos encontramos, lisa y llanamente, con actuación sustancialmente pública. Por eso rechazamos el espíritu y principios que presiden el proyecto de ley que hoy debatimos y de ahí la justificación de la enmienda de totalidad que en estos momentos defiendo.
Hay que ir a la regularización de todos los contratos públicos. De poco serviría que la contratación de las administraciones públicas ofrezca garantías contra el abuso de poder y mecanismos disuasorios de tales abusos, si por la vía de esos entes instrumentales, por la vía del discutido y discutible artículo 6.º de la Ley General Presupuestaria amplios sectores de la contratación, cuya dotación en última instancia es netamente pública, quedan íntegramente sometidos a la regulación jurídico-privada, donde lógicamente esas garantías son desconocidas. Por ahí se entra, ya lo he apuntado, en el reino de la arbitrariedad y del abuso. Un empresario o persona privada puede dilapidar, si quiere, su patrimonio, favorecer a sus amigos o correligionarios, asumir los riesgos que desee, elegir como quiera a sus contratistas, pero un poder público, en el sentido material que utiliza la Constitución y que excluye cualquier camuflaje convencional autodecidido, no puede hacer nada de eso porque se lo prohíben los principios democráticos de un Estado de derecho que hoy consagra la Constitución Española.


El señor PRESIDENTE: Señor De la Vallina, le ruego concluya.


Página 3753


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Voy concluyendo, señor Presidente.
Si queremos, de verdad, regenerar la vida pública en todos los ámbitos --como estoy seguro de que intenta toda la Cámara--, si queremos poner fin a actuaciones irregulares y abusos de poder, esos contratos de sociedades estatales o de entidades públicas sometidas al Derecho privado, heredadas y dependientes del poder público, financiadas con fondos públicos, han de quedar sometidas, en lo que se refiere a la preparación y adjudicación del contrato, a la llamada zona común de la contratación pública, a las mismas normas que la contratación de las administraciones públicas.
El sentido y la justificación de esta enmienda de totalidad, el pretender que la ley regule no sólo los contratos de las administraciones públicas sino también todo contrato cuya sustancia última sea pública, es lo que puede acercarnos, de verdad, al Derecho comunitario europeo, donde existe una regulación uniforme de la contratación pública. En alguna medida quiero pensar que el Grupo Socialista, después de la remisión del proyecto a la Cámara, se ha acercado al punto de vista que defendemos, sin duda motivado por los escándalos que últimamente se han producido en materia de contratación y que, por ello, está dispuesto a rectificar principios y el ámbito de competencia de este proyecto de ley. Me baso para ello --no sé si un tanto ingenuamente-- en la propuesta de resolución que presentó el Grupo Socialista en el pasado debate sobre el estado de la Nación --aunque en el último momento entiendo que no fue aprobada-- en la que ciertamente se acercaban a algunos de los postulados que fundamentan la enmienda que hoy defiendo.
Señor Presidente, señorías --y con ello termino--, entiendo que la enmienda de totalidad ha quedado suficientemente justificada desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde una dimensión política, desgraciadamente, en las actuales circunstancias, la necesidad de someter a controles jurídicos preventivos toda la contratación del sector público se justifica por sí sola. Si queremos de una vez por todas luchar contra las graves manifestaciones de corrupción, si se quiere dirigir el esfuerzo a regenerar la vida pública, hay que reconocer que no basta con proclamar la voluntad política para ello, sino que es necesario contar con el marco jurídico adecuado que impida, en el futuro, el bochorno en que ha caído el Gobierno de la nación en estos momentos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Vallina.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Empiezo por agradecer el tono manifestado en la intervención de los tres portavoces de los grupos que han presentado enmienda de totalidad a este proyecto de ley. Un tono que creo que es el preludio de un amplio acuerdo para dotar a las administraciones públicas de este instrumento que ha de ser eficaz para resolver los problemas que hoy demandan los servicios, así como para tratar de paliar las desviaciones que en la actualidad y anteriormente se han producido en este tipo de materias.
El proyecto de ley que hoy debatimos tiene una extraordinaria importancia, señor Mauricio. Creo que no está presente en la Cámara...


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Varela, está presente y está ocupando su escaño.


El señor VARELA FLORES: Perdón. Nadie niega la importancia de este proyecto por varias razones. Por la materia que regula: son los contratos de las administraciones públicas; por la extensión de los sujetos afectados: la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, los organismos autónomos, entes de Derecho público, por tanto, un amplísimo campo que da origen a otra de las razones de la importancia de este proyecto: el gran volumen de la contratación pública que, a través de miles de contratos, logra la inversión de cientos de miles de millones a lo largo del año para dar satisfacción a las demandas de los ciudadanos. Esto trae como consecuencia inmediata la necesidad de establecer un sistema de contratación que garantice el control de los órganos gestores del gasto público, que garantice el derecho a la libre concurrencia e igualdad de los empresarios contratantes y que posibilite la actuación eficaz de las administraciones públicas en la consecución de los objetivos que éstas tienen asignados.
Pero si la actualización de la regulación de esta materia, que es compleja y dispersa, de sistemática poco adecuada, modificada por las directivas de la Comunidad Económica, es en sí misma necesaria, hoy cobra especial importancia por el debate político del momento, que gira en torno a los casos de corrupción, casos que en gran medida están relacionados con la gestión del gasto público y, por tanto, con los contratos que celebran las distintas administraciones para realizar sus inversiones. Por ello es lógico que esta cuestión esté presente no sólo en el debate de las enmiendas de totalidad sino también, si éstas son rechazadas, en el debate en la Comisión de Régimen de Administraciones Públicas del articulado.
No se puede negar la evidencia de la preocupación social que han generado los distintos casos de corrupción en las distintas administraciones, y esto es importante por incumplimiento o fraude en la aplicación de las normas que regulan actualmente la contratación pública.


Página 3754


Por tanto, es un debate que tiene contenidos políticos de gran calado y que no pueden ser eludidos tras la afirmación de la importancia técnica de la ley, como afirmaba el señor Martínez. Precisamente eso hace necesario que su análisis y discusión en esta Cámara se realice con la serenidad suficiente para elaborar una ley que logre los objetivos deseados, que sea reflejo de la sensibilidad social y política del momento en que es aprobada y que sirva como instrumento capaz para posibilitar la gestión de las administraciones públicas. Por eso yo discrepo del señor Mauricio, que pide pasión. La pasión a veces lo que puede hacer es enturbiar la razón, la serenidad con que un tema de tan gran calado tiene que ser tratado en esta Cámara.
Esta ley debe tener vocación de permanencia en el tiempo. Una norma de su trascendencia y complejidad, cuya elaboración requiere años de trabajo, como ha señalado el señor Ministro, no puede resultar viciada por un falso debate. Todos los grupos políticos aquí representados han presentado propuestas de resolución tras el pasado debate del estado de la Nación, y el Pleno ha aprobado varias que se refieren a este proyecto de ley y que habrán de ser recogidas en la ley resultante eliminando la duda que el señor De la Vallina acaba de manifestar respecto a este tema. Todos los grupos políticos urgen hoy, como urgían en la anterior legislatura, la presentación del proyecto que dé lugar a modificaciones, muchas de ellas importantes, en la regulación de los contratos públicos.
Este proyecto, adecuado a las necesidades reales de la materia que regula, a pesar de ser bueno desde el punto de vista técnico y de desarrollar con rigor los principios políticos que lo inspiran, es lógicamente, como todo, mejorable. Y si así lo pretendemos con la presentación de enmiendas al articulado por parte del Grupo Socialista, como ya habíamos hecho con el proyecto debatido en la anterior legislatura, creo que los demás grupos pueden participar también de esta disposición abierta a la consideración de sus propuestas que lleven a la mejora de este texto. Por tanto, estamos dispuestos a aceptar esa petición, formulación u ofrecimiento de diálogo que comentaba el señor Mauricio.
El sistema español de contratación pública, señor De la Vallina, que establece el proyecto y que rige en la actualidad, tras las modificaciones experimentadas desde 1986, no es singular, sino que resulta del traslado a nuestro Derecho interno de las distintas directivas comunitarias que regulan los contratos públicos para el conjunto de países de la Comunidad Europea. Por eso no se puede afirmar, como usted ha hecho, que los cambios introducidos en los últimos años en la Ley de Contratos del Estado supongan la quiebra de un sistema de garantías que funcionara adecuadamente con anterioridad, cuando las directivas comunitarias han sido elaboradas para fortalecer precisamente las garantías, y no para lo contrario.
Señor Martínez, habrá que decir en qué puntos concretos el proyecto se desvía del mandato que las directivas suponen, según los artículos 100 y 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea; cuáles son esos puntos en los que no se respeta este mandato de necesario cumplimiento e incorporación de la directiva europea en nuestro Derecho interno. Yo creo que tenemos que ir incluso más allá del Derecho comunitario en el reforzamiento de esas garantías de transparencia y de objetividad, y el proyecto va en esa dirección que, como dije, puede ser mejorado por las enmiendas de los grupos, y a ello les invito.
Hay un tema importante que han tocado también los señores Martínez y De la Vallina. Se trata de la ampliación del ámbito. Creemos que se debe proceder a su ampliación subjetiva incorporando los entes públicos que, en interpretación de las directivas comunitarias, recomienda la Comisión de la Comunidad Europea, y sometiendo además a los principios de publicidad y concurrencia a aquellas empresas y sociedades que no incorporan las directivas comunitarias. En este sentido de ampliación del ámbito presentaremos la correspondiente enmienda al proyecto. Si este es el motivo de su enmienda de devolución, señor De la Vallina, creo que puede retirarla.
Usted ha citado Correos, Aeropuertos, Renfe, estos entes así como la Agencia Tributaria, por ejemplo, que usted no ha citado, tendrán cabida dentro de ese ámbito que todos deseamos ampliar.
Respecto a la competencia, el señor Martínez hablaba de que sería necesaria una técnica diferente que separe los correspondientes apartados; es decir, uno que regule las contrataciones de la Administración general del Estado, otro que regule las contrataciones de las comunidades autónomas, y otro que regule las contrataciones de las entidades locales, de las diputaciones y de los ayuntamientos. Nosotros creemos que la técnica llevada a efecto es una técnica más depurada, es una técnica mejor defendible que ésta, porque la contratación administrativa es materia básica, según el artículo 149.1.18 de la Constitución, y, por tanto, debe estar contenida en un único cuerpo legal. De todas formas, las atribuciones de los órganos de las administraciones locales, alcaldía, órgano de gobierno o pleno, son materia que debe regularse --como lo está en este momento--en otro tipo de norma, en normas específicas como la Ley de Bases de Régimen Local y las posteriores que la desarrollan.
Otro de los objetivos del proyecto, sin duda importante, es el de la agilización. Si en cada modificación de la legislación de los procedimientos administrativos, de todo tipo, y en los judiciales, está siempre presente el objetivo de lograr la simplificación de los mismos que permita alcanzar los resultados con el menor número de trámites posibles, superando engorrosas prácticas burocráticas y dilatorias y tardando el menor tiempo posible, en esta ley su logro trae como consecuencia

Página 3755


una mayor eficacia y, posiblemente, una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos. Pero la simplificación que en alguna medida logra el presente proyecto encuentra siempre un límite: este es el mantenimiento de las garantías necesarias, que precisamente son el origen de los procedimientos reglados por las leyes y que se colocan en el sistema de valores políticos de nuestra sociedad y, sobre todo hoy, en plano superior al de la necesaria agilidad, incluso en plano superior al de la eficacia. Los tiempos demandan control y estamos dispuestos a dar satisfacción a tal exigencia, sin duda, pero ello requiere la tramitación de expedientes, de plazos, convocatorias, publicidad, notificaciones, resoluciones motivadas y otros requisitos que el proyecto, creo que de forma satisfactoria, recoge.
Precisamente son esos requisitos presentes en el procedimiento de la contratación administrativa, o mejor, esos distintos procedimientos son los que garantizan otro de los importantes objetivos del proyecto, el de una mayor transparencia y objetividad. Es necesario establecer, como logra el proyecto, un punto de equilibrio. La ley tiene que establecer un sistema de garantías completo, pero además tiene que posibilitar la realización de aquello que regula. Se norma para establecer el cauce que debe seguir la contratación administrativa, el procedimiento a cumplimentar como garante de la objetividad en el ejercicio de los poderes públicos, pero ha de hacerse con el rigor necesario, con objetividad, si se quiere no impedir la fluidez que precisa el enorme volumen actual de los contratos de las administraciones públicas. Por ello, no podemos dejarnos llevar por una dinámica oportunista que sugiere planteamientos frívolos y demagógicos para satisfacer la voracidad del momento, porque este falso planteamiento colapsaría el funcionamiento de las administraciones públicas, impediría el funcionamiento de los servicios en perjuicio único de los ciudadanos, y su aceptación irresponsable como su planteamiento obligaría a una prontamodificación para asumir las necesidades de la realidad una vez remitido el anormal clima hoy reinante.
Otras materias están reguladas en diferentes leyes y pueden ser utilizadas en este debate, como se ha hecho, señor Martínez. Me parece correcto, pero creo que ello no debe servir para distorsionar el valor del proyecto que debatimos ni para justificar la devolución del mismo. Estas materias deben seguir reguladas por otras normas diferentes a esta ley, aunque no niego la necesidad de la modificación de alguna de ellas, pero no justifican, desde luego, la devolución del proyecto. Me refiero, por ejemplo, a una petición de regulación del proceso contencioso-administrativo porque, si no, sería difícil la aplicación del control en materia de contratación pública. Es posible y es necesario. Este es un debate que ya hemos tenido usted y yo con motivo de la reforma de las plantillas de las administraciones públicas, en el mes de diciembre del pasado año. Es ciertoque es necesario acometer, y así también lo recogen las resoluciones aprobadas tras el debate del estado de la Nación, una serie de modificaciones, de reformas, que permitan tener una justicia mucho más ágil para detectar y sancionar estas prácticas abusivas que pueden cometer algunos desaprensivos en materia de contratación pública. También ha mencionado a los órganos colegiados, las mesas de contratación, las juntas de contratación. Yo creo que hoy se contemplan con carácter general. Todos los contratos han de celebrarse con mesas de contratación, con órganos colegiados, y éstos han de incorporar a las mismas asesores jurídicos y también interventores. Esto nos lleva a afirmar que se ha profundizado mucho en materia de transparencia y en el establecimiento de controles adecuados en la contratación administrativa.
Me gustaría dar respuesta razonada a otras cuestiones planteadas. Creo que el tiempo no lo permite, pero en el debate en Comisión podremos profundizar y llegarentre todos a acuerdos importantes para hacer posible que este buen proyecto salga mejorado y realmente pueda reconducir situaciones que todos consideramos urgente atajar.
Quiero terminar diciendo que es cierto que en la contratación administrativa se producen actuaciones corruptas, siempre aisladas, y que éstas deben evitarse con todos los medios legales posibles de un régimen democrático, pero deben tener claro que ello se lleva a cabo por actuaciones desviadas de quienes contratan, del órgano contratante en cada caso, con la utilización de figuras jurídicas en fraude de ley, como puede ser el recurso a la urgencia para justificar la contratación directa cuando es falsa. Ni la ley vigente ni el contenido del proyecto autorizan tales prácticas desviadas, y cuando éstas se producen están incurriendo sus autores en delitos tipificados y sancionados en nuestro Código Penal. Es cierto que una ley de procedimiento como la que estamos tratando puede tener mayores o menores posibilidades para quienes quieran situarse al margen de la misma e incurrir en conductas prohibidas, pero no podemos creer que cualquier norma de este tipo, por estricta que sea, tenga en sí misma la virtualidad de hacerse respetar.
Este proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas es uno de los instrumentos que cabe utilizar para luchar contra la corrupción; hay otros que están siendo potenciados. Por ello, creo que la devolución a nuestros ciudadanos de la confianza en el sistema no puede demorarse, señor Mauricio. La tramitación de este proyecto tiene hoy una justificada ausencia.
Perfeccionémoslo entre todos en el debate en Comisión, pero no lo sometamos de nuevo a un retraso injustificado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valera.
Tiene la palabra el señor Mauricio.


Página 3756


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo muy brevemente, ya que me ha aludido reiteradamente el portavoz del Grupo Socialista, simplemente por cortesía parlamentaria para intentar explicarle mejor mi intervención anterior, que por lo visto no le ha gustado. En primer lugar, la idea que yo quería plantear es que ésta no es una ley de trámite normal, sino que se tramita en este Parlamento en un momento político y social concreto y que debería haber tenido, por parte de esta Cámara, la consideración política no de un debate técnico --con toda la importancia de los argumentos técnicos necesarios e imprescindibles para hacer una buena ley--, sino el gran relieve político de la batalla de este Parlamento, la iniciativa de que el Parlamento de España, en un momento crítico de la vida política española, en un momento de deterioro del sistema democrático, debería haber cogido esta ley como emblemática de la voluntad de todos los partidos políticos de lucha contra la corrupción. No es casualidad que el Grupo Socialista, el Gobierno haya ofrecido esta ley como uno de los puntales básicos de lo que llamó impulso democrático.
Desgraciadamente, lo presentaron como una maniobra de marketing hacia la opinión pública y desde entonces no ha habido ni una sola solicitud de diálogo para intentar consensuar esta ley. Por tanto, primer fracaso (estoy hablando de política y no de elementos técnicos, a los que luego me referiré): tres enmiendas a la totalidad. ¿Es simplemente la voluntad de los partidos de la oposición venir aquí a presentar la enmienda para hacer el discurso? Si ustedes creen eso, nosotros bastantes silencios hemos tenido en esta Cámara, y yo en particular; muchísimos silencios y muy poco tiempo he utilizado cada vez que me toca intervenir. Sólo intento, desde la limitación de nuestro pensamiento, exponer posibilidades y posiciones necesarias para llegar a ese consenso. No se nos ha preguntado, no se ha preguntado a ningún grupo sobre esa propuesta. Si algún grupo no estaba dispuesto a ese diálogo, el diálogo del Gobierno lo hubiese puesto en evidencia. Pero en este caso quien ha quedado en evidencia es el propio Gobierno. Porque una ley, por muy buena que sea, es como una planta, hay que plantarla.
Las leyes como ésta necesitan el consenso democrático, una voluntad política, no sólo la perfección técnica, y este proyecto tiene muchas cosas muy discutibles técnicamente. Lo que hace falta es la voluntad política y dentro de ella la pasión, las buenas pasiones. Ha dicho, por lo visto, que venimos aquí apasionados. Precisamente soy uno de los que interviene en esta Cámara que me parece que nunca me he apasionado. Señor representante del Grupo Parlamentario Socialista, hay bajas pasiones y buenas pasiones. Hay ideales y hay actitudes de degeneración política, que todos debemos combatir, enlas que desgraciadamente se está incurriendo repetidamente en los últimos tiempos.
Por tanto, nuestra posición es --repito-- que es necesario un gran acuerdo para sacar adelante esta ley. Se nos dice que a partir de ahora, en Ponencia y en Comisión habrá diálogo. Lo dudo porque, hasta ahora, cada vez que nos han propuesto ese diálogo, al menos en la experiencia parlamentaria que yo tengo, no lo ha habido y, cuantas más veces nos lo repiten en los debates a la totalidad de proyectos de ley, más recalcitrante actitud se tiene luego a la hora de abrir el diálogo. No hay diálogo cuando se viene con las posiciones prefijadas, con los discursos ya hechos, cerrados. Nosotros no adoptamos esa actitud. Por consiguiente, el debate de esta ley merecía una consideración política mucho más importante, un gran acuerdo político de todos los grupos parlamentarios, un gran consenso previo, y presentarla ante el país, ante la sociedad española, como la voluntad de este Parlamento de acabar con una página negra que ha habido en los últimos meses de la vida política española, y empezar una nueva; cortar la página de los borrones y empezar una página limpia, y contestar hoy --que nadie lo ha hecho-- a unas declaraciones de un alto representante de la empresa española que dice que casi todos los partidos políticos españoles han recibido miles de millones de las empresas constructoras. Deberíamos estar ya tomando iniciativas con el Fiscal del Estado porque hay corruptores y corrompidos. Quien corrompe, el actor de la corrupción es precisamente ese empresario que paga comisiones para adjudicaciones de carácter ilegal o de carácter no objetivo en la contratación pública.
Por todo ello, lo que pido es un poco de pasión en la lucha por la dignidad de este Parlamento, en la lucha por la transparencia en la acción pública y en la Admistración pública, en la lucha por la objetividad, en la lucha por la serenidad, pero hay que luchar todos juntos para que la ley de contratos de las administraciones públicas o de contratos públicos en general, como han dicho otros portavoces, tenga el carácter de saneamiento de la vida política y moral española que en este momento se necesita. Yo creo que en este momento son necesarias las buenas pasiones, la altura política y no dejar que estos asuntos queden en manos, como ha dicho alguien recientemente, de contables, de técnicos, de funcionarios burócratas que no tienen sensibilidad para que las leyes respondan a la sociedad.


El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, le ruego concluya.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Las mejores leyes de los mejores expertos, si no tienen una relación con la sociedad y con el momento en que viven, no sirven para nada, se quedan en papel mojado. Y esta ley se quedará en papel mojado si no hay un gran acuerdo,

Página 3757


de todos los grupos parlamentarios, de luchar no sólo por una buena ley, sino para que se aplique con energía y con firmeza.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, el señor Varela nos ha confirmado la necesidad de la enmienda de totalidad. Creo que no estamos hablando de lo mismo. El problema de los contratos públicos no es un problema de trámites, por lo menos no es el problema fundamental. El problema de los contratos públicos es que cada vez hay menos gasto público afectado por la ley de contratos de las administraciones públicas.
Su señoría dice: Bueno, pues ampliaremos los entes. No es problema de los entes. Señorías, he dicho que la legislación comunitaria en sus propios términos ya expresa la diferencia a la que yo me refería. La legislación comunitaria habla de Directiva de los contratos públicos. Por ejemplo: Esta directiva se aplicará a las entidades contratantes que sean poderes públicos o empresas públicas --todas las empresas públicas-- o, sin ser poderes públicos ni empresas públicas, sus actividades se refieren a temas de interés público.
Ese es el ámbito más amplio. Entre ese ámbito tan amplio de la legislación comunitaria y el que el proyecto del Gobierno establece, las administraciones públicas, e incluso dentro de las administraciones públicas sólo las contrataciones administrativas, evidentemente el paso que ha dado S.S. de incluir los entes públicos es insuficiente.
No es un problema de incluir un ente más o menos. Es un problema de que la sociedad está sensibilizada de que los recursos públicos los administre una Administración netamente pública, los administre una empresa pública, una empresa privada de capital público, de mayoría de capital público; los administre quien los administre deben estar bien administrados.
El problema de esta ley no es que queramos que las empresas públicas entren por el Derecho administrativo. No. Queremos que las empresas públicas entren en la ley de contratos públicos. La ley de contratos públicos tiene elementos administrativos, los de funcionamiento de las administraciones, y elementos no administrativos, los de la Ley de Contratos Públicos. Todos los recursos públicos, a la hora de contratarse, deben someterse a una ley de contratos públicos, sean administraciones o no lo sean. Eso es lo que hay en la sensibilidad social. No es un problema exclusivamente de las Administraciones.
Señor Varela, dice usted: hemos puesto que todos los órganos de contratación sean colegiados. Su Señoría ya había retirado previamente a la Administración local, porque dice que eso es otra legislación. Yo se la he recordado aquí. La legislación local vigente en estos momentos permite que el alcalde haga todo tipo de contrataciones, sin ningún tipo de límite, etcétera. Ese no es un órgano colegiado. Aun más, le he advertido que la Administración local tiene dificultades para hacer esos órganos colegiados técnicos.
Por tanto, si aceptan que deben incluirse todos los órganos colegiados, en todas las Administraciones, deberá modificarse en lo relativo a la Administración local.
El problema del mecanismo jurisdiccional. No es que la Administración jurisdiccional española no funcione, ya lo he dicho, pero tampoco se resolvería creando un mecanismo especial en la jurisdicción contencioso-administrativa; el volumen de los contratos es tan grande que nosotros creemos que sería difícil esa vía. En todo caso, la hemos dejado abierta: o mecanismos administrativos o mecanismos jurisdiccionales. Y ahí está el incumplimiento con las directivas comunitarias, señor Varela. Dice el artículo 2 de la 665, del año 1989, que los estados miembros velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso tengan los instrumentos necesarios, primero, para adoptar lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia medidas provisionales para corregir la infracción o para impedir que se causen otros perjuicios. He estado pidiendo instrumentos ágiles y eficaces y por eso dice esta misma Directiva en su apartado 2 del artículo 2 que los poderes establecidos en el artículo 1 podrán conferirse a organismos específicos.
Nosotros estamos solicitando que se establezcan mecanismos ágiles y eficaces, que no supone dejar al lado la jurisdicción contencioso-administrativa, que resuelve dentro de tres, cuatro o cinco años, sino que impida, que evite.
Efectivamente, eso tiene que ver con los antiguos controles previos, pero no es exactamente lo de los controles previos.
Se busca un instrumento que sea eficaz, que sea colegiado, que sea ágil; en una de nuestras enmiendas estará diseñado. He puesto ejemplos que existen en la Administracinon española, tanto en los tribunales económico-administrativos, en los tribunales de competencia, como en los jurados provinciales, órganos administrativos que realmente pueden cumplir esta función. Incluso los jurados de expropiación están presididos por un magistrado que tiene una serie de elementos de garantía.
Por tanto, señorías, ...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Blasco le ruego concluya.


El señor MARTINEZ BLASCO: Sí, señor Presidente.
... la intervención en contra el Grupo Socialista nos ha ratificado en la conveniencia de una posición diferente global, de todo el proyecto de ley. No es un problema

Página 3758


de ampliar los entes, uno más, uno menos; es un problema de que estamos hablando del gasto público que afecta a todos los contratos públicos, los haga quien los haga, que tiene elementos administrativos y elementos no administrativos; estamos hablando de una definición de competencias entre ayuntamientos y comunidades autónomas, pero con la diferencia sustancial de que las comunidades autónomas pueden legislar y en los ayuntamientos hay que hacerlo desde aquí. Y, sobre todo, estamos hablando de medidas que eviten, que prevengan esas irregularidades, en las que yo ya he reconocido que los elementos particulares y concretos podrán ir con enmiendas parciales.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Blasco.
El señor De la Vallina tiene la palabra.


El señor DE LA VALLINA VELARDE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, de su intervención, señor Varela, retengo lo que S.S. me dice acerca de que, por vía de enmienda, se pueden salvar las objeciones que sirven de fundamento a la enmienda de totalidad que esta mañana he defendido en representación del Grupo Popular. En mi primera intervención ya puse de manifiesto que hay dos vías a través de las cuales se produce esa situación de falta de garantías. La primera, la que afecta a las debidas garantías que debe regular el expediente de contratación de aquellos negocios jurídicos directamente regulados por la Ley --contratos de obras, servicios, suministros y demás--; efectivamente, por vía de enmienda, entiendo que puede y debe mejorarse esa regulación, establecer las debidas garantías. Pero hay un segundo ámbito, que es el que he intentado poner de manifiesto en mi primera intervención, y que es lo que en última instancia fundamenta, justifica la enmienda de devolución, que entiendo que no puede resolverse fácilmente por vía de enmiendas singulares, porque afecta a los principios y al espíritu del proyecto, a la concepción del proyecto; afecta --como dice el Reglamento de la Cámara a la hora de regular las enmiendas de totalidad-- al espíritu, a los principios del proyecto. Y es toda la regulación de ese amplio sector público que queda al margen de esta ley, como consecuencia de esa política legislativa errónea que, en estos últimos años, se ha producido y que nos ha conducido a la situación en que estos momentos nos encontramos.
En todo caso, señoría, tomo buena nota de las palabras para, en su momento, recordárselas y para ver si, efectivamente, en los trabajos en ponencia --si es que la Cámara no acepta el rechazo que tres grupos parlamentarios han formulado esta mañana-- y en Comisión podemos salvar esta ley que, tal como se presenta, vuelvo a repetir, es ampliamente rechazable.
En todo caso, mantenemos nuestra enmienda de totalidad como expresión del rechazo que nos produce la situación a la que se ha llegado en la gestión patrimonial pública que afecta como he puesto de manifiesto en mi primer intervención, a centros claves y vitales de la organización del Estado. Queremos que el ordenamiento jurídico disponga del marco adecuado, de los instrumentos precisos para restablecer aquellos controles jurídicos que una errónea y permisiva política legislativa ha suprimido en materia de contratación y que nos ha conducido a la situación en que nos encontramos.
Espero que, efectivamente, ese propósito de enmienda, que, en alguna medida, S.S. ha manifestado esta mañana, sea una realidad. Ya es hora de ello, y creo que les queda poco tiempo para poder hacerlo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Vallina.
Señor Varela.


El señor VARELA FLORES: Gracias, señor Presidente.
Paso a dar respuesta a las intervenciones de los tres portavoces en el orden en que se han producido.
Comienzo, por tanto, a responder al señor Mauricio, del Grupo Canario, diciéndole que nosotros hemos reconocido desde el primer momento que éste no es un debate más. Hemos dicho que se trataba de un proyecto de ley muy importante. También hemos dicho que no podíamos sustraer el debate político diciendo que se trataba de una ley técnica, exclusivamente de contenido técnico. Y creo que en mi anterior intervención, como ha hecho también algún otro portavoz, he entradoprecisamente a hacer esas consideraciones de carácter político. Me parece que hemos tocado temas de fondo, de gran calado, quizá no en el sentido que le hubiera gustado al señor Mauricio, pero creo que sí se está produciendo un debate político que yo estimo positivo y que puede posibilitar llegar a acuerdos posteriores, porque el impulso democrático se logra a través de los trabajos en esta Cámara.
Cuando usted se queja de que no hubo diálogo con su Grupo político, no sé qué consideración le merece a usted el Parlamento. No sé cuál es el concepto que tiene su Grupo de esta Cámara, porque me parece que precisamente donde debe producirse el debate político y donde debe empezar el diálogo entre las distintas fuerzas políticas es aquí. No creo que deba ser antes. Es el Parlamento el lugar llamado a establecer ese clima de diálogo necesario para llegar a entendimiento en leyes de esta transcendencia.
Usted dice que se necesita consenso y yo lo reclamo. Creo que el tema en sí mismo lo reclama. A partir de ahora, en los trabajos sucesivos, podemos establecer ese clima que nos permita llegar a acuerdos. No lo dude.


Página 3759


Es una postura sincera, es una postura abierta a las modificaciones que todos los grupos quieran realizar a este proyecto que, en principio, como digo, es bueno; acomete la resolución de los problemas que se plantean en esta materia, sirve para dar satisfacción a la expectativa pública que existe sobre el mismo, pero que, además, puede ser mejorado.
Nosotros lo vamos a intentar a través de nuestras enmiendas y sigo insistiendo en que los demás grupos políticos deben hacerlo. Es posible obtener un respaldo unánime o, por lo menos, ampliamente mayoritario en la tramitación de esta ley.
Estoy de acuerdo en que debe utilizarse la pasión en elementos tan importantes como la lucha por la transparencia en la vida pública de nuestra sociedad. En ese sentido, le agradezco que usted sea apasionado y no le quepa la menor duda de que mis compañeros y yo somos tan apasionados que vamos a acometer una reforma en profundidad, reforma que no figura únicamente en las resoluciones aprobadas por esta Cámara tras el debate del estado de la Nación, sino que está también recogida en nuestro programa electoral presentado a la sociedad en las elecciones del pasado año.
Señor Martínez, usted dice que no es un problema de trámites y vuelve a insistir en que es un problema de ámbito; y vuelve a mencionar otra vez las directivas comunitarias como si este proyecto de Ley se apartara de ellas, las incumpliera. Yo creo que no es así. Las directivas comunitarias son un mandato imperativo para que sean incluidas en nuestro derecho interno.
Esa transposición, a veces, tiene defectos y pienso que en el actual proyecto de ley existe, de hecho, una transposición equivocada de esas directivas. Las vamos a mejorar. Le he dicho que íbamos a presentar una enmienda para someter a distintos entes que no figuran hoy en el proyecto al ámbito de aplicación subjetiva de esta ley. Por lo tanto, sus dudas en este sentido deben quedar despejadas. Los entes que he mencionado en mi anterior intervención eran simplemente a título de ejemplo, a pesar de que eran ejemplos de gran relevancia por la cantidad económica que representan.
A mí me parece que usted está equivocado cuando dice que los alcaldes contratan directamente todo lo que quieren. Creo que se trata de un error. Los alcaldes están, lógicamente, sometidos a un procedimiento como los demás órganos de contratación pública. Le pediría que en este tipo de materia sea usted un poco más riguroso.
En cuanto al último tema planteado, tengo que confesar que me ha dejado confuso. Se refiere a esos controles no judiciales, que dice que no deben ser previos, pero no aclara cómo deben ser; no lo ha aclarado aquí y yo no he intuido a qué se está refiriendo. Especifíquelo usted más. Trate de hacerlo a través de las enmiendas para los debates en Comisión.
Señor De la Vallina, usted dice que una de las dos vías que afectan a las garantías puede resolverse a través de las enmiendas al articulado, pero que hay una, que es la que afecta a los principios y al espíritu del proyecto, que no puede resolverse, que tendría que solucionarse en una sesión como la que se está llevando a cabo. Esa vía es la del ámbito.
Le vuelvo a reiterar las palabras que acabo de pronunciar dirigidas al señor Martínez. Estamos dispuestos a ampliar el ámbito que viene recogido en el artículo 1.º del proyecto de ley. Lo vamos a ampliar en la dirección que le he comentado.
De todas formas, agradezco su actitud constructiva y yo creo que no va a haber traba alguna para este tipo de materia que para los dos grupos políticos que han intervenido en última posición es tan importante; también lo es para el nuestro, porque se trata de recoger estrictamente el contenido y el espíritu de una directiva comunitaria. Por lo tanto, señorías, arreglemos lo que está mal y demos confianza a la sociedad, empezando, lógicamente, por aprobar este instrumento que viene siendo demandado desde largo tiempo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
¿Grupos que desean fijar su posición? Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Simplemente voy a decir que a esta ley no hemos presentado enmienda a la totalidad porque consideramos que debe ser una ley mejorable dentro del trabajo de la Ponencia y que, además, consiga el mayor consenso posible dentro de este Parlamento, en un momento que, pese a haber estado durante dos años parada, como consecuencia de los avatares que este Parlamento y la política ha sufrido, es de oportunidad para manifestar el interés que tienen todos los partidos políticos representados en este Parlamento en la transparencia y la claridad en la Administración.
Llega en un momento en el que ha existido un largo debate sobre el control y la eficacia del gasto público. Como parece existir unanimidad en la necesidad de la reducción del déficit público, a lo que esta ley puede contribuir de forma eficaz, consideramos que se puede llegar a ese consenso.
Queremos manifestar también que apoyaremos aquellas enmiendas que van a ser presentadas a través del Grupo Vasco que tiendan fundamentalmentalmente a mejorar la transparencia de la contratación y a eludir los miles de vericuetos que en la actualidad existen, bajo, diríamos entre comillas «el buen fin», pero que acaban convirtiendo a la Administración en un túnel, en un pozo, lleno de problemas, entiendo siempre por buen fin el logro de la agilidad, la eficacia, la contratación competitiva. No tiene por qué la Administración pagar más caro que los privados. Deben existir siempre controles

Página 3760


y transparencia, pero acordes con un servicio rápido al ciudadano.
En segundo lugar, hay que lograr una mayor sensibilidad autonómica en la propia ley, respetando las competencias incluidas en los estatutos, no tratando de modificarlos creando conflictos con las comunidades autónomas que son competentes en la materia. Y también introducir una mayor sensibilidad y respeto a la autonomía local, aunque introduciendo, valga la expresión, rigor.
Finalmente, quisiera sumarme a las palabras del parlamentario de Coalición Canaria, José Carlos Mauricio, en relación a la escasa sensibilidad manifestada por esta Cámara en los momentos en que estamos debatiendo e investigando la corrupción. Era un momento para que, si verdaderamente estamos interesados en la lucha y en la erradicación de la corrupción, estuviéramos trabajando con unanimidad, sobre todo, para lograr un importante consenso en torno a la mejora de esta ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro de Economía y Hacienda, desde el Grupo Vasco queremos efectuar un análisis ponderado y justo del proyecto de ley que hoy debatimos. Por ello, inicialmente queremos indicar que en el proyecto de ley hay aspectos con los que estamos de acuerdo y otros con los que mostramos nuestra disconformidad, pero desde una posición política constructiva y esperanzada de llegar a un suficiente grado de consenso en la plasmación final del texto legal.
En principio, cabe señalar que el proyecto de ley, ahora sometido a debate, supone un avance en relación a la situación anterior porque, aunque el texto actualmente en vigor representó la primera regulación armónica de la contratación administrativa y superaba el carácter fragmentario e incompleto de la legislación anterior, era necesaria una revisión a fondo del mismo que no era posible llevarla a cabo mediante reformas parciales, sino que justificaba la promulgación de un nuevo texto legal.
En efecto, determinadas circunstancias obligaban a la ya citada revisión. Por un lado, dar respuesta a las dificultades y necesidades puestas de manifiesto en los largos años de aplicación de la normativa anterior, introduciendo aquí los criterios jurisprudenciales y doctrinales consagrados en esta materia. Por otro lado, era aconsejable la refundición en un único texto de la normativa básica sobre contratación, y no sólo por razones de técnica legislativa.
Es de obligada referencia señalar que la adhesión de España a la hoy denominada Unión Europea supuso la asunción de una serie de disposiciones en materia de contratación pública que obligaban a la necesaria adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a las mismas. En este sentido, el actual proyecto de ley recoge las directivas más recientes emanadas de los órganos de la Unión Europea.
Asimismo, era necesaria la adecuación del texto legala la actual estructura jurídica de nuestro ordenamiento, de manera que, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad integrado por la Constitución y los estatutos de autonomía, la legislación sobre los contratos administrativos supusiera la regulación básica aplicable en la materia, la regulación mínimamente uniformeque exige como presupuesto inexcusable los principios de igualdad, libre concurrencia, principios que, en último término, constituyen la razón de ser de una regulación general para el conjunto del Estado.
Otra cuestión es el carácter, a nuestro juicio, excesivamente uniformista del texto, ya que se ha procedido a la regulación de lo básico con una interpretación claramente expansiva de lo que se entiende por tal, incluyéndose aspectos que, a nuestro entender, desbordan la garantía de los principios anteriormente citados y reducen el ámbito de la potestad normativa de las comunidades autónomas con competencias legislativas en la materia.
Queremos señalar nuestras discrepancias en relación a temas como la justificación de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional del contratista, la clasificación de contratistas, la remisión de datos estadísticos a la comisión o la revisión de precios, cuestiones en las que se deja poco margen de maniobra o de actuación a las comunidades autónomas.
En otros casos, por otro lado, no puede entenderse el carácter básico de algunos preceptos de claro carácter procedimental o de ejecución. Señorías, si estudiamos el sistema de distribución de competencias en materia de contratación administrativa observamos que existe un reparto competencial entre los poderes centrales del Estado y algunos poderes autonómicos. Y decimos algunos porque no todas las comunidades autónomas disponen de competencia en la materia. Por ello, esta visión del proyecto de ley de universalidad, de uniformidad en su ámbito aplicativo, puede estar cercenando las potestades normativas de estas comunidades autónomas en la medida en que impide un desarrollo normativo material a estas comunidades autónomas.
El proyecto de ley y más en concreto los artículos declarados como no básicos en la disposición final primera parten de la tesis de una homogeneidad o igualdad competencial de las comunidades autónomas en materia de contratación administrativa, cuando ello no es así, pues el bloque de la constitucional distingue, a nuestro juicio, cuatro niveles competenciales.


Página 3761


En primer lugar, estarían las comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de competencia en materia de contratación administrativa, como Cantabria, Castilla-La Mancha y Canarias.
En segundo lugar, las comunidades autónomas que no tienen competencia específica en materia de contratación administrativa y que sólo disponen de potestades de desarrollo legislativo y ejecución sobre especialidades del régimen jurídico administrativo, que no es susceptible de ser entendido como un título competencial específico. En este segundo grupo, tendríamos a las comunidades autónomas de Asturias, La Rioja y Murcia. En tercer lugar, las comunidades autónomas que tienen competencias de desarrollo legislativo y ejecución en la específica materia de contratos administrativos, como son Cataluña, Galicia, Andalucía, Baleares y el País Vasco. Por último, tenemos a la Comunidad Foral de Navarra. Navarra tiene un mayor nivel competencial, tiene un plus que supera al resto de las competencias de las restantes comunidades autónomas. Y es que Navarra tiene competencia exclusiva en materia de contratos administrativos, debiendo respetar únicamente la Comunidad Foral de Navarra los principios esenciales de la legislación básica. Este matiz es muy importante, en la medida en que no sólo desarrolla y ejecuta lo básico la Comunidad Foral de Navarra, sino que puede realizar una regulación propia en su ámbito territorial, respetando los principios que se infieran de la normativa básica.
A la vista de esta pluralidad de niveles competenciales autonómicos, lo que el proyecto de ley no puede hacer es otorgar un tratamiento uniforme a todas las comunidades autónomas. Para las comunidades autónomas con competencia específica en la materia, sus potestades normativas y ejecutivas alcanzan mucho más de lo que la disposición final prevé como no básico, que principalmente es la creación de órganos consultivos de contratación, establecimiento de juntas de compras, creación de servicios de asesoramiento jurídico, establecimiento de oficinas de supervisión de proyectos o previsión de una figura como los directores de obra, y estas previsiones, que se consideran como no básicas, en definitiva, podrían ser desarrolladas, reguladas y normadas por las comunidades autónomas, no en base al título competencial de desarrollo legislativo y ejecución en la materia de contratación administrativa, sino dentro de la potestad de autoorganización que las comunidades autónomas tienen, en la medida en que son órganos de organización y de funcionamiento de los servicios administrativos de las comunidades autónomas. Señorías, la potestad legislativa en el título competencial de contratos administrativos tiene que permitir la regulación sobre el registro de contratistas, criterios propios para la clasificación de los mismos y la solvencia técnica de los licitadores, otros tipos de modalidades contractuales y la regulación del procedimiento administrativo de contratación, puesto que este procedimiento es de los que se definen por el Tribunal Constitucional como procedimiento administrativo especial, en contraposición al procedimiento administrativo común hace dos años regulado por esta Cámara en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Señor Ministro de Economía y Hacienda, no obstante, y sin perjuicio de las consideraciones de orden competencial que hemos indicado, respecto de las cuales hemos presentado enmiendas al articulado, esperando que el texto legal quede mejorado, queremos manifestarle que se ha producido un avance a la hora de integrar en un único texto las normas con rango de ley relativas a la contratación administrativa, algunas de las cuales se localizan actualmente en el reglamento general, aun cuando son más propias de un texto legal, y otras son recogidas en normas dispersas, tales como las referentes a la revisión de precios, los contratos celebrados con empresas consultoras o de servicios o los celebrados para la realización de trabajos específicos y concretos no habituales.
Asimismo, se ha procedido a la modificación de la estructura de la ley, de tal manera que ya no se toma el contrato de obras como referencia fundamental para la regulación de los restantes contratos administrativos, sino que, de forma más coherente, se han sistematizado en una parte general de aplicación común a toda la contratación administrativa y una parte especial con la regulación de las particularidades propias de cada uno de los diversos contratos administrativos.
Como aspecto novedoso del proyecto de ley, desde el Grupo Vasco señalaríamos, entre otras, la posibilidad de prestar garantías globales, la inclusión de la categoría de los contratos menores, la posible implicación de la Administración en la responsabilidad por daños y perjuicios a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato, la figura del contrato de concesión de obras públicas, la refundición de la actualmente dispersa regulación sobre los contratos de adquisición, arrendamiento y mantenimiento de equipos y sistemas para el tratamiento de la información, así como la automaticidad en el devengo de intereses por la falta de pago en el precio.
Otras materias apenas si sufren variación con respecto a la legislación anterior, como, por ejemplo, las prerrogativas de la Administración por razones de interés público, o la modificación del contrato, desviaciones y reformados, salvo el establecimiento en el contrato de obras de comisiones de arbitraje para fijar los precios de las nuevas unidades de obra no aceptadas por el contratista. Sin embargo, pese a las referidas virtudes iniciales del proyecto, donde deberá demostrarse, sin lugar a dudas, la validez del texto que ahora examinamos es en la aplicación misma de la norma, examinando si, de

Página 3762


una manera eficiente, logran conseguirse, aunque sea en parte, los principales objetivos que se persiguen con su aprobación y que, a nuestro entender, se podían sintetizar en los siguientes. Primero, la publicidad y transparencia en la contratación pública, respetando los principios de igualdad y libre concurrencia. Es por ello que en los diferentes procedimientos de selección del contratista --procedimiento abierto o restringido en sus modalidades de concurso o subasta; procedimiento negociado, antiguamente conocido como contratación directa-- el conocimiento de la voluntad de contratación de la Administración o, dicho de otra manera, los criterios para la selección del contratista, deben estar concretados y objetivados en aras a evitar comportamientos arbitrarios, fraudulentos y, en definitiva, contrarios al espíritu perseguido por la ley. Por eso nos preocupa que respecto al procedimiento negociado el proyecto de ley no fije un mecanismo de objetivación suficiente de la voluntad de contratar de la Administración mediante la figura de los pliegos de cláusulas administrativas particulares que quedan excluidos del procedimiento de negociación directa.
Igualmente, es necesario limitar la casuística en la que es aplicable el procedimiento negociado mediante la reducción de cuantías y supresión de algunos supuestos, así como el establecimiento de mesas de contratación en estos procedimientos, cuando únicamente se ha previsto para los procedimientos abiertos y para los procedimientos restringidos.
En definitiva, es necesario corregir mediante enmiendas las previsiones que el proyecto de ley contiene sobre la utilización del procedimiento negociado, sobre todo las relativas a la excepción que se realiza en el proyecto de ley de los principios de publicidad y concurrencia.
En segundo lugar, la determinación del ámbito de aplicación de la ley, que a nuestro juicio debe comprender, además de las diferentes administraciones públicas, los organismos autónomos y demás entes y sociedades instrumentales de las mismas o en los que las administraciones públicas dispongan de una participación mayoritaria.
En tercer lugar, nos parece interesante el paso dado en cuanto a la regulación expresa del plazo de pago del precio de la contratación administrativa, así como la aplicación de la automaticidad del devengo de intereses en caso de demora, sin perjuicio de estimar, por parte de nuestro Grupo, que el texto todavía puede ser mejorado en la discusión parlamentaria. En cuarto lugar, la necesidad de conjugar la transparencia en la contratación con la agilización y simplificación de trámites de carácter burocrático en el marco de las políticas de modernización de las administraciones públicas.
Hoy en día es urgente racionalizar y mejorar el funcionamiento de la Administración, tal y como demanda la sociedad y los ciudadanos. Sin embargo, la racionalidad no debe ser por sí sola un valor absoluto cuanto se trata de configurar un procedimiento administrativo, por más que sea uno de los principios inspiradores a cuya realización han de encaminarse siempre todos los esfuerzos.
No debemos olvidar que el proceso de racionalización administrativa viene delimitado por los principios políticos y jurídicos que están consagrados en el ordenamiento y también por las exigencias políticas y sectoriales de nuestro tiempo.
Hoy en día, la actuación de la Administración se apoya en un principio fundamental, que es el de legalidad de la actuación administrativa, es decir, el imperativo de someterse a procedimientos reglados y objetivados que impidan cualquier tipo de decisiones arbitrarias.
Finalizo, señor Presidente, manifestando que esta realidad es aún más patente en el campo de la contratación administrativa, donde no debemos olvidar que cualquier medida de modernización y racionalización debe ser aplicada sin menoscabo de la objetividad y transparencia y de los principios de igualdad y libre concurrencia.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que el proyecto de ley que se plantea en estos momentos, como ya se hizo en la anterior legislatura, tiene un doble cauce. En primer lugar, aquellas cuestiones que se plantean en el hemiciclo, con las oposiciones a la globalidad que ya en su momento se expresaron también por parte de Izquierda Unida y por el Grupo Popular, en las que hay una serie de consideraciones que acostumbran a ser importantes para el planteamiento de la propia ley, y otras que han supuesto una demora notable en la entrada en vigor de su contenido. Es cierto, señor Ministro, que sería prudente por nuestra parte, en el momento de expresar nuestra posición ante este proyecto de ley, que señaláramos exactamente cuáles son los criterios que pretendemos que se incorporen en el trámite de ponencia. Pero también es cierto, señor Ministro, que muchas veces el contenido de la ley, y en este caso especialmente el contenido que ha explicado usted, ha tenido otro tratamiento por parte de aquellas personas y partidos que han decidido presentar enmiendas a la globalidad.
Es evidente que se está buscando mayor objetividad, mayor transparencia, mayor claridad, mayor pureza en la tramitación procesal de la ley, mayor pureza en la

Página 3763


contratación, mejores garantías de cada uno de los elementos que intervendrán más adelante en las contrataciones administrativas. Pero también es evidente que si hay personas que mostramos nuestro acuerdo en que el proyecto de ley siga adelante, que sea tramitado y que en lo posible se incorporen los criterios que queremos establecer a través de las enmiendas; insisto, si aceptamos lisa y llanamente el proyecto de ley, como ocurrió la anterior vez cuando hablábamos del mismo tema, sin contradecir las exposiciones que se realizan a los planteamientos de lucha contra toda su globalidad, parece ser que intentamos o bien ocultar algo, o bien aceptar una situación actual, o simplemente que nuestro criterio no está definido.
Señores Diputados, todas y cada una de las infracciones que se han realizado en este tiempo, con las denuncias que mis compañeros han hecho, han sido infracciones a la ley establecida, infracciones realizadas por personas físicas, en actitud política, en actitud empresarial o en actitud individual, pero siempre ha existido, repito, una infracción a la ley.
Existe una ley de contratos, existe una ley de régimen de las administraciones, existen multitud de normas que han servido de base para detectar actitudes contrarias por determinadas personas que hoy se traen a colación.
Parece ser que en este Congreso subir al estrado y no hablar de la corrupción, no hablar de Roldán o no hablar de cosas que están a la orden del día ya no es prudente, ya no demuestran toda la capacidad política; intentar solamente hablar del contenido legislativo de una ley ya no tiene importancia.
Yo sigo insistiendo en que es muy probable que si esta ley se hubiera aprobado antes de junio, cuando el Gobierno, con criterios políticos, decidió disolver las Cortes, a lo mejor alguna de las faltas de transparencia, de objetividad, alguna de las faltas de pureza en la contratación de la que hoy estamos hablando quizás no se hubieran traído a colación.
Quizá es responsabilidad del Gobierno el que esta ley no hubiera entrado en vigor con anterioridad y quizás es responsabilidad de los demás el no aceptar la urgencia en aquel momento y que la tramitación de la ley fuera mucho más rápida.
Pero hoy tenemos una ley aquí en la que el señor Mauricio, de Coalición Canaria, dice que falta objetividad en la adjudicación. La objetividad en la adjudicación no es un problema de la ley, sino de las personas que la determinan, sea como sea dicha ley. Es un problema personal, es un problema de personas físicas, si usted quiere es un problema de cargos políticos, pero no es un problema legal.
El señor Martínez tiene obsesión total con los alcaldes de los ayuntamientos. Yo creo que tiene una obsesión total con los alcaldes de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque están diciendo que los alcaldes sostienen un poder unipersonal. Señor Mauricio, le deseo que sea alcalde de su pueblo para que vea lo limitado del poder personal que usted tiene.
Llega un momento en que parece ser que la responsabilidad no es una responsabilidad posible y honesta de los demás, tiene que ser todo complicado. Hablen ustedes de las personas, hablen de las infracciones que comete tal o cual alcalde. Es el mismo problema que nos planteamos en urbanismo; por el hecho de que no se publique en su totalidad un plan de urbanismo y se anuncie que existe su tramitación en el ayuntamiento, el alcalde ya no actúa con pureza en esa tramitación. Esto es simplemente increíble o es, quizá, que ustedes confían en no tener ningún alcalde más. Permítame, en el espacio de tiempo que me queda, señor Ministro, fijar la posición respecto al contenido de su proyecto de ley. Creo que hay que remarcar que el texto reúne la existente dispersión normativa de las disposiciones de rango inferior --revisión de precios, clasificación de empresas de consulta o de servicios- -, así como los preceptos del Reglamento General de Contratación del Estado.
Por otra parte, también creo que es correcto indicar que la ordenación sistemática que efectúa el proyecto, en una parte general y en otra especial, deriva en mejoras sustanciales en la aplicación de la futura ley.
También creo que son significativas y correctas, aunque quizá insuficientes, cuestiones como aquellas que se plantean en relación a la capacidad de las empresas para contratar. Como creo que es oportuno el hecho de que las comunidades autónomas empiecen a tener sus propios registros de contratos. La garantía global que cubra la totalidad de los contratos que un mismo empresario pueda realizar con las diferentes administraciones públicas es positiva.
Se incorporan por primera vez los contratos menores y se simplifican los trámites para la remisión de los mismos al Tribunal de Cuentas y a la Junta consultiva de contratación administrativa.
Creo que es positivo el hecho de que se establezcan formas ordinarias de adjudicación. También creo que es positivo el planteamiento que se realiza respecto a la mesa de contratación. Creo que es bueno, el planteamiento, como novedad, de la cesión de contratos y de la subcontratación.
Era inevitable la incorporación de toda la normativa que la Comunidad Económica Europea estaba planteando en sus directivas.
Creo que el tema de la gestión de los servicios públicos también es positivo, sobre todo la restricción en la concesión a los 75 años. Estos temas son altamente significativos. Como también lo es, aunque falta retocarlo bastante, el concepto de los contratos menores, los cuales se clasifican solamente por su cantidad, a efectos de potenciarlos. Los contratos por trabajos específicos y concretos, no habituales, creo que es importante

Página 3764


que se determine que sólo pueden ser con personas físicas.
Sin embargo, también hay --y creo que en el trámite de ponencia se podrán determinar-- aspectos negativos. Se limita la competencia de las comunidades autónomas en este tema, y se lo ha recordado mi compañero del Partido Nacionalista Vasco.
Por ejemplo, este proyecto ataca, en algunos preceptos, lo que son las competencias establecidas por las comunidades autónomas. También creo que el proyecto tiene que atemperar la posición dominante de los constructores hacia suministradores y subcontratistas. Entre paréntesis, deseo dejar constancia de que, aunque civilmente lo considero complicado, algún trato tendría que establecerse respecto a aquellas personas que contratan con las grandes entidades, que a su vez lo hacen con la Administración. Me refiero, insisto, a la posición de los suministradores y los subcontratistas.
Creo que se tiene que reforzar el derecho de las constructoras frente a la Administración, esencialmente en el tema que hace referencia al pago y a las cuestiones presupuestarias. Creo que este tema es muy mejorable. También creo que habría que plantear algunos aspectos referentes a cuestiones específicas de suministradores con la Administración, por ejemplo, todo lo que hace referencia a las publicaciones. Igualmente se debe intentar atemperar los efectos negativos derivados de las prerrogativas de la Administración como parte contratante con las empresas. Intentaremos que con nuestro voto --que irá en el sentido de que el proyecto continúe y sea tramitado en ponencia-- las numerosas enmiendas que hemos planteado puedan ser incluidas.
Sin embargo, me gustaría dejar constancia, al menos, de una cosa en la que creo. Ya podemos realizar cuantas leyes ustedes deseen; ya podemos limitar las capacidades de todas aquellas personas que intervienen en la contratación administrativa; ya lo podemos realizar todo; mientras el ser humano que objetivamente tenga que decidir sobre planteamientos económicos no adquiera la honestidad necesaria, hagan ustedes todas las leyes que quieran que el país puede continuar igual.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.) Votación relativa a las enmiendas de totalidad que postulan la devolución al Gobierno del proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 144; en contra, 164.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
El Pleno se reanudará a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


--DICTAMEN DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, EN RELACION CON EL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA ESPECIAL PARA ESTUDIAR LA REFORMA DEL ACTUAL SISTEM DEL PLAN DE EMPLEO RURAL (PER) Y EL SUBSIDIO AGRARIO (Número de expediente 154/000005)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Punto X del orden del día: Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, en relación con el informe elaborado por la ponencia especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario.
Para la presentación del dictamen de la Comisión tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, como todos ustedes conocen, el pasado 22 de febrero del presente año, con motivo del debate de una moción consecuencia de una interpelación del Grupo Popular sobre el Plan de Empleo Rural y en los términos de una transacción propuesta por dicho Grupo a una enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Pleno de la Cámara aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la creación de una ponencia especial en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con participación de todos los grupos parlamentarios, al objeto de estudiar la reforma del actual sistema conocido como PER, Plan de Empleo Rural, que incluye, como es sabido, el subsidio agrario, el propio Plan de Empleo Rural y la formación profesional ocupacional rural, marcando un plazo de dos meses y medio para concluir su informe. Ese plazo cumplió el 7 de mayo; la ponencia cumplió su trabajo el 3 de mayo con la aprobación por la propia ponencia de este informe, que fue aprobado en Comisión el pasado 9 de mayo, el primer día hábil después de la conclusión del plazo previsto en el acuerdo del Pleno. La ponencia celebró su primera reunión de trabajo el mismo día de su constitución, el 10 de marzo, y posteriormente ha celebrado diez reuniones más hasta concluir los trabajos.
Estas primeras reuniones estuvieron dedicadas al establecimiento de las reglas internas de funcionamiento, del método de trabajo, fuentes de documentación e información, etcétera.


Página 3765


Una de las características a destacar y que interesa a la ponencia en su conjunto poner de relieve es la complementariedad de las propuestas efectuadas por los grupos parlamentarios para la ordenación de los trabajos, por lo que no ha sido necesario efectuar votación alguna para establecer el calendario de reuniones, las relaciones de documentación solicitada y de autoridades y personas llamadas a comparecer, así como el plan general de trabajo. Es decir, han sido propuestas complementarias adoptadas de mutuo acuerdo y, como decía, sin llegar en ningún momento a votación alguna para establecer este sistema de trabajo y las propias comparecencias. Se ha utilizado abundante documentación facilitada tanto por los servicios de la Cámara como por la propia Administración y los señores comparecientes, documentación que figurará en anexos al informe.
La estructura del informe se divide, pues, en varios apartados que vienen a abordar, de acuerdo con el objeto del mismo aprobado en el pleno, el marco normativo vigente del sistema de protección integrado, conocido como PER, el análisis y la evolución del mismo, el control y la inspección de su funcionamiento, la evaluación global del sistema y la identificación de sus problemas. Por último, el informe plantea unas conclusiones con una valoración del sistema en su conjunto y con la recomendación al Gobierno y a los agentes sociales de líneas generales de actuación para la reforma y las modificaciones pertinentes que puedan mejorar la situación actual del sistema PER.
Voy, muy brevemente, a destacar algunos aspectos de estos apartados del informe. En cuanto al marco normativo, hay que destacar sus antecedentes y evolución histórica. El antecedente principal se encuentra de una manera reglada en la Ley 41/1970, del denominado empleo comunitario. Este sistema es sustituido en 1984 por lo que fueron las bases del actual sistema, donde se introducían los tres elementos fundamentales del mismo: el subsidio, el Plan de Empleo Rural y la formación ocupacional rural. Después de varios retoques a lo largo de los años 1987 a 1989, en 1990 y tras un acuerdo del Gobierno con los sindicatos, se produce una reforma más profunda que tiene como características principales que viene a introducir algunos aspectos más rigurosos en cuanto a los tratamientos diferenciados por edades de los beneficiarios, al tratamiento de las rentas familiares y de las incompatibilidades en la percepción del subsidio y a la mayor protección de los trabajadores de más edad. También, como una novedad importante, se contempla la creación de los consejos comarcales para colaborar en la gestión del sistema.
En cuanto al análisis en la evolución del sistema integrado, conocido como PER, la ponencia estima como relevantes algunos datos que conviene destacar para un conocimiento generalizado de los mismos que permita afrontar con objetividad y con rigor la valoración que pueda hacerse del Plan de Empleo Rural.
Estos datos se refieren a la composición y estructura de los beneficiarios. Es de destacar que el número de beneficiarios es una cifra media de 239.000 mensuales a lo largo de estos diez años, cifra que, después de un pico importante en el año 1989, cercano a los 300.000 trabajadores, en el año 1993 está estabilizada en 223.000 perceptores, es decir, una cifra estable cercana a la media de los diez años.
También es conveniente destacar la distribución por edad y sexo de los beneficiarios del subsidio agrario, que supone que los menores de 25 años en 1993 son inferiores al 17 por ciento, exactamente un 16,7 por ciento, y, por tanto, los mayores de esa edad son un 83,3 por ciento. En cuanto a la distribución por sexos, en el año 1984 había un 10,65 por ciento de mujeres y en el año 1993 aproximadamente la mitad. En esa estructura se refleja una estabilidad en el número y una distribución por sexo y edades que tiene un marcado carácter protector de los colectivos más necesitados, de las personas de mayor edad, y que no ha conducido a la inamovilidad profesional de las capas jóvenes, puesto que su porcentaje ha disminuido hasta esa cifra del 16,7 por ciento, y que además ha contribuido a la incorporación de las mujeres al trabajo y al sistema de protección.
Hay otros datos estadísticos referentes al gasto público en el subsidio REASS que conviene también destacar porque pueden contribuir a eliminar esa imagen deformada que se puede tener del Plan de Empleo Rural o de regiones subsidiadas, como en ocasiones se ha podido decir, de Andalucía y Extremadura.
Estos datos son que el gasto público en el subsidio agrario ha pasado de 42.000 millones en el año 1984 a 100.000 millones en el año 1993. Eso significa un aumento interanual del 15,4 por ciento o un factor multiplicador de 2,5 veces, mientras que si se compara con los sistemas de protección por desempleo generales en el país, su evolución ha sido que se ha multiplicado por más de 3,7 veces, pasando de 580.000 millones en 1984, a 2,12 billones en el año 1993, con un incremento interanual de casi el 30 por ciento, es decir, con una diferencia de incremento de 14 puntos aproximadamente. Esto quiere decir que en el subsidio agrario ha habido una contención del gasto importante, ya que hay, por una parte, una estabilización de sus perceptores, como decía, y, por otra, una estabilización del gasto muy significativa, especialmente si se tiene en cuenta la situación después de la reforma acordada con los sindicatos en el año 1990. Si se tiene en cuenta el período 1990-93, después de esa reforma, se pasa de 95.000 millones en el año 1990, a 100.745 millones en el año 1993, es decir, un incremento sólo de un 1,9 por ciento, una cantidad de gasto prácticamente controlada y estabilizada. Hay otros datos que voy a ahorrar a SS.SS., pero que también pueden contribuir a afirmar que no se corresponde con la realidad esa posible imagen de subsidiación

Página 3766


que puede haberse transmitido en algunos ámbitos sobre Andalucía y Extremadura. Por ejemplo, el gasto por parado es menor en 12 puntos en Andalucía y Extremadura que en el resto del país. El gasto por parado en el subsidio agrario ha sufrido en estos años de vigencia un incremento mucho menor que el resto del gasto por parado de los demás subsidios. Por tanto conviene desterrar esa imagen y conviene atender a estos datos objetivos y estadísticos de la realidad que no avalan precisamente esa imagen. Quizá la forma más gráfica de medir la importancia de la protección al colectivo de trabajadores eventuales agrarios es comparar la tasa de cobertura de la protección por desempleo en Andalucía y Extremadura teniendo o no en cuenta el impacto de subsidio agrario. Si tenemos esto en cuenta, el subsidio agrario aporta en la actualidad sólo la séptima parte de la cobertura por desempleo, en la perspectiva ampliada que estamos utilizando de todos los sistemas de protección, frente a casi la mitad que aportaba el subsidio agrario en el año 1984. Son, señor Presidente, señorías, datos importantes que pueden objetivamente romper esa imagen deformada de subsidiación y de excesiva, entre comillas, protección, que han podido acuñarse respecto a la situación de un colectivo como el de los trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura.
La evolución de lo que es en sí el Plan de Empleo Rural ha tenido en estos diez años características importantes, también alguna imagen deformada, puesto que se habla de una cifra que es real, es un dato objetivo, pero que conviene evaluar en sus justos términos, y que es que se ha invertido en el Plan de Empleo Rural o en obras afectadas al Plan de Empleo Rural una cantidad aproximada de un billón de pesetas. Conviene distinguir y aclarar que de este billón de pesetas los convenios INEM-corporaciones locales suponen aproximadamente 160.000 millones de pesetas, es decir el 16 por ciento de esas inversiones, y que ese 16 por ciento ha producido el 90 por ciento de los casi dos millones de contratos que se han realizado en estos diez años en el sistema. El 84 por ciento de las inversiones restantes se reparten aproximadamente entre 340.000 millones de pesetas de la Administración central y medio billón de pesetas de las administraciones autonómicas. Conviene aclarar estos datos porque esa cantidad importante del 84 por ciento de obras afectadas a administraciones autonómicas y a Administración central ha producido la cantidad no despreciable del 10 por ciento de los contratos en el Plan de Empleo Rural; sin embargo, no se puede asimilar la cantidad global sin tener en cuenta estas diferencias y lo que realmente han significado las contrataciones a través de los convenio Inem-corporaciones locales.
También es un dato significativo a destacar en el Plan de Empleo Rural que sólo el 25 por ciento de los beneficiarios del subsidio acceden al mismo mediante jornadas realizadas por el Plan de Empleo Rural, cuando antes de las últimas reformas, ya citadas reiteradamente, y del acuerdo con los sindicatos en 1990 esa cifra casi se triplicaba y era de alrededor del 70 por ciento. Este es un dato positivo de la evolución que ha supuesto las reformas y la gestión del Plan en los últimos años.
El tercer elemento del sistema era y sigue siendo el programa de formación profesional ocupacional rural. El informe no hace una valoración positiva de los efectos y del funcionamiento de este sistema, puesto que no se ha aprovechado convenientemente la rentabilidad de las inversiones, que han sido altas y que por ejemplo en los tres últimos años han supuesto alrededor de 38.000 millones de pesetas, pero, como decía anteriormente, la valoración que el informe hace no es positiva porque no ha supuesto mejoras en la cualificación de los trabajadores ni ha producido lo que cabría esperar de la rentabilidad de una inversión de este tipo.
El informe aborda a continuación, después de esta descripción del desarrollo de los elementos del sistema, la evolución que ha sufrido el control y la inspección de la gestión del mismo.
La descripción se hace con bastante detalle y en ella se abordan los métodos de actuación directa a cargo de la Inspección de Trabajo, así como también los controles indirectos que realiza el Inem como órgano gestor del sistema.
Aquí cabe destacar, en relación con las impresiones que podrían haber trascendido respecto a posibles situaciones de fraude generalizado, que tanto los datos de la propia Inspección de Trabajo, en sus controles directos, como los datos de los controles indirectos del Inem, hacen ver --y así se manifiesta en el informe-- que los porcentajes de irregularidades son mínimos con respecto al total de inspecciones realizadas y, estadísticamente, no son significativos para poder hablar de fraude generalizado, ni de fraude superior a otros sistemas de protección.
En cuanto a la evaluación global del sistema, el informe distingue dos partes, destacando, en primer lugar, los efectos positivos que el sistema de protección integrada de los trabajadores eventuales agrarios, conocido como PER, ha tenido en Andalucía y Extremadura; y en segundo lugar, identifica los problemas que el sistema ha tenido y tiene en su aplicación, con el objeto de recomendar la introducción de las modificaciones que puedan mejorar el propio sistema y su gestión.
Como aspectos positivos, hay que tener en cuenta el componente de elevada equidad social que ha tenido el subsidio y el sistema PER en su conjunto, al incidir, con sus aportaciones, directamente en las rentas de los trabajadores eventuales agrarios en Andalucía y Extremadura. Hay que tener en cuenta también que se ha conseguido fijar la población al territorio en estas dos comunidades autónomas, registrándose por primera vez, desde 1986, un crecimiento positivo de la misma. También se han mejorado infraestructuras básicas y calidad

Página 3767


de vida en la población rural con la formación bruta de un capital fijo muy importante en estas infraestructuras de carácter esencialmente básico.
Sin embargo, como decíamos anteriormente, conviene identificar los problemas del sistema para su mejora y modificación. Entre esos problemas, el informe distingue entre los relativos al subsidio (los problemas del Plan de Empleo Rural en sí) y los problemas de la formación. En lo relacionado con el subsidio, el informe constata que existe un deficiente conocimiento del mercado de trabajo de los trabajadores eventuales agrarios, tanto en lo que respecta a los trabajadores en sí, es decir, a la demanda de los trabajadores por encontrar trabajo, como a la oferta de la producción agraria por zonas geográficas, por explotaciones y por épocas del año, constatando asimismo que el marco normativo procedimental de las relaciones laborales de los trabajadores eventuales agrarios no es el adecuado y que está caracterizado por una cierta opacidad por los sistemas de contratación que se producen. Por otra parte, la normativa reguladora del subsidio, en su configuración actual, obliga a unos procesos administrativos de especial complejidad. A la dispersión, relativa fiabilidad y dificultad de acceso de información precisa para comprobar los requisitos de obtención y permanencia en el subsidio se añade la insuficiente coordinación entre organismos con información relacionada con las posibles incompatibilidades, así como las dificultades ocasionadas en relación con la confidencialidad de la información. Finalmente, cabe señalar la mentalidad del colectivo afectado, que progresivamente ha devenido en considerar que el subsidio es un derecho explotable al máximo, llegando a estimar que algunas de las prácticas seguidas para tener derecho al mismo son admisibles, no existiendo conciencia de comisión de fraude. En relación con el PER, el informe constata y destaca que no se obtiene el máximo aprovechamiento posible de los fondos disponibles porque no se ha potenciado convenientemente un enfoque integral de inversiones del PER, es decir, convenios Inem-corporaciones locales, con otros recursos del propio PER correspondientes a proyectos de otras administraciones públicas o de los propios municipios, y tampoco se ha promovido la conexión con el desarrollo local y la promoción de empresas públicas mancomunadas de ámbito comarcal, ni con la necesaria participación e integración con otros programas, como escuelas-taller, casas de oficio, iniciativas locales de empleo, etcétera, de manera que todos los programas se potencien entre sí y mejoren la eficacia de los proyectos. La selección de los trabajadores también se ha constatado que se efectúa con unos criterios no totalmente homogéneos y básicamente orientados a complementar salarialmente las rentas. Ello ha limitado las posibilidades de cualifica-ción profesional de los trabajadores por la reducida duración de su participación en los trabajos. En lo que se refiere a la formación ocupacional rural, es todavía muy escasa la vinculación de la programación de esa formación a la consecución de un empleo, bien en el sector agrario o en otros sectores productivos, lo que desincentiva la participación en la misma ante la situación de no poder alcanzar las jornadas necesarias. La coordinación entre las distintas administraciones que imparten formación en el medio rural debe ser sustancialmente mejorada.
Por último, el informe, a la vista de esta identificación de problemas, ofrece unas conclusiones como líneas generales de posibles vías de modificación. En primer lugar, antes de esas conclusiones-recomendaciones, hace una valoración global del sistema, que la ponencia estima como positiva; valoración global positiva, primero, por la necesidad, dada la situación de desempleo estacional y la especial precariedad que padecen los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, por la necesidad --digo-- de la existencia de un sistema de protección específico para los mismos. En segundo lugar, el sistema integrado de protección vigente ha tenido efectos sociales y económicos en el ámbito rural de Andalucía y Extremadura que merecen esa valoración global positiva. En esta valoración global el informe quiere destacar y constatar también que las mejoras y cambios significativos introducidas en la gestión y control del sistema a lo largo de la vigencia del mismo no permiten hablar, como decía antes, de la existencia de fraude generalizado, pero, no obstante, se detecta la existencia de algunos fraudes que conviene desterrar, y por ello se hacen recomendaciones para el perfeccionamiento del sistema en su conjunto.
Estas recomendaciones se refieren, en primer lugar, a un mejor conocimiento del mercado de trabajo de forma que se proceda a establecer las condiciones necesarias para la definición de un procedimiento de acceso al sistema de protección que ajuste los requisitos exigidos con carácter general a cada realidad comarcal (Un señor Diputado: ¡Tiempo!) teniendo en cuenta la necesaria movilidad de los trabajadores, y exigiendo además para ello un adecuado conocimiento del mercado de trabajo, recomendándose la cuantificación, cualificación y localización geográfica y temporal de los requerimientos o demandas de trabajadores eventuales agrarios, y también la cuantificación y cualificación de la oferta de las explotaciones agrarias.
Se recomienda, a continuación, el establecimiento de criterios claros y homogéneos, así como mecanismos de control sobre la inscripción, la permanencia y la baja, en el censo del Régimen Especial Agrario. Se aborda una siguiente conclusión respecto a la mejora...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Roncero, por favor.


Página 3768


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Termino, señor Presidente.
...respecto a la mejora del conocimiento de los días trabajados, al perfeccionamiento de los consejos comarcales como órganos de participación institucional y social en la gestión del sistema y a la reordenación de los proyectos PER hacia proyectos que confluyan con otros recursos públicos, como decíamos antes, para que garanticen, más que la cobertura de trabajo temporal, la creación de empleos estables inducidos en ámbito de actividad óptima en el mundo rural. También se abordan mejoras de gestión administrativa y de control y, finalmente, se propone el establecimiento de una regulación que permita promover trabajos o servicios de colaboración social y un desarrollo a fondo de la formación ocupacional rural.
Este es, señorías, el informe, muy resumido, que ha hecho la ponencia en estos dos meses y medio de trabajo. Finalmente, quisiera agradecer las aportaciones de todos los comparecientes y su espíritu constructivo en todos los trabajos de la ponencia, así como el clima de cordialidad y sosiego en que se han realizado éstos, que ha permitido llevar a buen término estos trabajos. También deseo agradecer la inestimable colaboración y asistencia prestada por los Servicios de la Cámara.
Esperamos que estas líneas de actuación que el informe recomienda sirvan para facilitar el necesario consenso entre las administraciones concernidas y los agentes sociales, de forma que se mejore un sistema imprescindible, que dignifique a los trabajadores de Andalucía y Extremadura y que contribuya al desarrollo de ambas comunidades.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Al dictamen de la Comisión de Agricultura sobre este informe se han mantenido votos particulares presentados por parte del Grupo Popular y por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la defensa de los votos particulares presentados por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANOS SALINAS: Gracias, señor Presidente.
La primera parte del informe que ha sido objeto de exposición por el representante del Grupo Socialista es compartida por nuestro Grupo, puesto que recoge el trabajo realizado por la ponencia, de un lado y, de otro, los datos estadísticos y económicos que a lo largo de estos diez años de aplicación del sistema se han producido.
La opinión discrepante de nuestro Grupo --y hay que añadir que de la postura inicial del Grupo Socialista se ha pasado a otra más moderada, que recoge buena parte de las observaciones que se han hecho al funcionamiento del sistema-- se mantiene a los apartados relativos a la evaluación del sistema y a las conclusiones.
En cuanto a la evaluación del sistema, la valoración conjunta de los tres elementos del sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo es negativa para nuestro Grupo, porque ni ha resuelto el paro estructural ni ha capacitado a los trabajadores para dirigirse a especialidades agrícolas o hacia otros sectores productivos ni ha generado infraestructura productiva en las zonas agrarias. No obstante, habría que plantearse --y eso lo hacemos en el primer punto del voto particular que mantenemos-- si debe o no continuar un sistema especial para los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura.
En este aspecto hay que decir con claridad, ante las críticas provenientes de otras zonas de España, que el fracaso histórico de la industrialización en Andalucía y en Extremadura, que convirtió a ambas regiones en abastecedoras de mano de obra y de capital para el desarrollo económico de otras regiones de España y de Europa, es la raíz del atraso económico de ambas comunidades y ha provocado la existencia de un paro estructural de gran magnitud. Unido este fracaso industrial histórico al hecho de que el sector agrario no puede ya generar más empleo, entendemos que se hace obligatorio mantener un sistema que, de un lado, tiene que dar cobertura social a poblaciones desempleadas en estas zonas y, de otro, tiene que tender a la generación de empleo estable y a la cualificación profesional, principalmente de los jóvenes.
Debe decirse, y creo que es conclusión unánime de todos los grupos, que los núcleos rurales andaluces y extremeños han mejorado gracias a la obra acogida a los convenios Inem-corporaciones locales, si bien esta obra no ha servido para resolver carencias de infraestructura, como electrificación rural, caminos, depuración de aguas residuales, etcétera, y, por otra parte, la obra en sí ha resultado costosa y con un ritmo de ejecución muy lento.
Es verdad que el sistema conjunto de protección ha servido para mantener a la población en el mundo rural, tanto en Andalucía como en Extremadura, y este dato lo consideramos positivo. Ha servido para garantizar un mínimo vital a personas que no podrían haberse acogido a otro sistema de protección o que no habrían podido encontrar otras fuentes de ingresos, cuando ya han finalizado en España los grandes ciclos migratorios. Sin embargo, en el debe del sistema hay que decir que se ha generado un fraude. De un lado, un fraude por necesidad, motivado por la exigencia de un mínimo de 60 jornadas trabajadas en zonas en las que ha sido muy difícil alcanzar ese nivel; de otro lado, un fraude penal originado por la facilidad de acceso al sistema y el nulo o muy reducido control administrativo durante muchos años.
Y no todo lo calificado como fraude por necesidad tiene carácter altruista. El control ejercido sobre determinados

Página 3769


ayuntamientos por la Inspección de Trabajo, en situaciones de abuso manifiesto, ha permitido enjuiciar por los tribunales conductas en las que, alejándose los regidores públicos de una labor humanitaria, han obtenido un lucro personal a costa, precisamente, de los ciudadanos más humildes de sus municipios.
Objetivamente hay que decir --también con claridad-- que el nivel de fraude de este sistema especial no está demostrado que sea superior al de otros sistemas especiales de la Seguridad Social e incluso al fraude en el régimen general.
Pero lo cierto es que el sistema en su conjunto ha alcanzado cotas de desprestigio muy altas y que difícilmente la sociedad, en general, va a entender que se mantengan el sistema actual sólo con ligeros retoques. Por otra parte, el sistema se ha inclinado por un carácter regresivo del subsidio, es decir, a más jornadas trabajadas se reduce el nivel de prestación. Evidentemente, el trabajador no ha tenido incentivo alguno para trabajar más y en muchos casos --y lo pone de manifiesto la parte expositiva del informe-- el trabajo realizado por encima de los 60 días o ha sido opaco o se ha acreditado a nombre de un tercera persona, el cónyuge, los hijos o algún otro familiar.
Puede pensarse --y así lo ha manifestado algún sindicato-- que un sistema de incentivos que, reducido a términos muy simples, sería a mayor trabajo acreditado mayor subsidio rompe el espíritu de dificultad o dificulta a los menos capaces para encontrar trabajo, que acapararían los más activos. Pero lo cierto es que tampoco puede admitirse una situación, como la actual, que produce falta de trabajadores en épocas de cosecha en zonas en las que hay perceptores del subsidio, y que, de otro lado, produce que quien supera las 60 jornadas se vea doblemente penalizado: por una parte con la reducción del subsidio y, por otra, situándose a la cola en la lista de perceptores de obras del PER.
La formación ocupacional, que era otro de los puntos básicos del sistema, a nuestro modo de ver, no ha funcionado. Lo único que ha funcionado, aunque sólo esté relacionado colateralmente con el sistema, han sido las escuelas-taller, pero con un número muy reducido de alumnos. Ni la selección de especialidad ni el nivel alcanzado en ellas han servido para obtener una cualificación profesional, y, en muchos casos, los cursos no han tenido relación alguna con la mano de obra que demandaban los sectores productivos ni con el desarrollo económico de las comarcas. Sin embargo, lo más preocupante del sistema en su conjunto, a nuestro entender, es que ha propiciado que se introduzca en el mundo rural de Andalucía y Extremadura una cultura de inactividad que ha bloqueado, en buena medida, las iniciativas de desarrollo y ha desactivado el afán de trabajar.
En otro orden de cosas, los esfuerzos de las distintas administraciones no se han conjuntado. Tengamos en cuenta que intervienen, de hecho, sobre todo en los convenios de obras del PER, todas las administraciones: unas, aportando financiación de mano de obra y otras, aportando financiación de materiales. Y parece que es necesario avanzar en esa conjunción de esfuerzos y en la buena relación entre las administraciones; en el intercambio de datos entre las mismas y, a nuestro entender, también en este aspecto, en dar entrada, como ofertantes de proyectos, a la iniciativa privada, siempre que se trate de obras que, si bien son de propiedad privada, sean de interés general y, por supuesto, con arreglo a un catálogo preestablecido y con criterios de publicidad y libre concurrencia.
Hay que reconocer que la inexistencia de un censo de trabajadores eventuales agrarios condiciona la efectividad del sistema, y que se han incluido en el sistema de protección personas que nada tenían que ver con el mundo del paro agrícola y que, sin embargo, han tenido la oportunidad de beneficiarse del subsidio.
Coincidimos con el informe en que las normas han sido poco claras, que han faltado instrucciones concretas y que se han aplicado criterios heterogéneos en distintas provincias e incluso en distintas comarcas dentro de una provincia.
El voto particular que mantenemos contiene 11 conclusiones. La primera, en relación con la exposición que he hecho, es que el alto número de trabajadores que hay en el mundo rural, en Extremadura y en Andalucía, precisa de la existencia de un sistema de protección específico. Pero deben separarse los conceptos de parado rural y parado agrícola, ya que el parado rural no es un parado del sector agrícola, sino del sistema económico en su conjunto, que tiene una incapacidad estructural para ofrecerle un puesto de trabajo. Esta distinción entre parado rural y agrícola conlleva la necesidad de realizar un censo de trabajadores eventuales agrarios.
El criterio de acceso al sistema no puede ser exclusivamente la realización de 60 jornadas en los doce meses anteriores. Se ha planteado, y se está planteando hoy en día por los sindicatos del campo en Andalucía, la necesidad de eliminar totalmente el número de las 60 jornadas necesarias. Nosotros no somos partidarios de esa eliminación porque, si no se establece otro criterio para la entrada en el sistema, se generarían mayores problemas que los que tratan de evitarse.
Pero también es evidente que consideramos que el límite de las 60 jornadas tiene que ser flexible, atendiendo a las posibilidades reales de trabajo en cada comarca y también a las circunstancias climatológicas que afectan a las producciones agrícolas.
Creemos que para que funcione el reparto de trabajo hay que atender a criterios más amplios en ese reparto y a una movilidad geográfica de los trabajadores. Y para que la movilidad geográfica de los trabajadores

Página 3770


pueda ser efectiva, las administraciones tienen que contemplar un sistema de compensaciones en los gastos de transporte para facilitar esa movilidad.
Por otra parte, creemos que el cobro del subsidio agrario -- habría que añadir porque así lo está estudiando el Ministerio de Trabajo-- y el cobro de otro subsidio debe estar vinculado a la realización de actividades sociales de interés comunitario, con dedicación a tiempo parcial a trabajos demandados por los ayuntamientos y organizaciones privadas de interés social, pero discrepamos en los principios de la propuesta que en este mismo sentido se hace en el informe de la Ponencia. El informe configura la dedicación de una actividad social a cambio del subsidio como un castigo que se aplica a aquellos trabajadores que han rechazado ofertas de empleo. Para nosotros debe ser otro concepto el que rija en esta materia. No se trata de castigar a nadie. Se trata de intentar romper la cultura de inactividad e introducir el principio de que quien recibe algo de la sociedad debe dar algo a la sociedad a cambio de ese dinero que percibe. Hay actividades muy amplias que pueden desarrollar los ayuntamientos, que ahora no lo hacen por falta de medios o por no contar con los mecanismos adecuados, y que permitirían cubrir objetivos de interés social.
En cuanto a la Formación Profesional, proponemos para los trabajadores de menos de 25 años la obligación de que la reciban. No podemos situar a una persona de más de 16 años como parado agrícola y decirle que va a estar percibiendo un subsidio hasta que se jubile. Una persona de menos de 25 años, que tiene capacidad y ha recibido una formación primaria, para mantenerse en el sistema de protección debe estar dispuesta a recibir formación profesional tanto para especialidades agrícolas como para trabajar en otros sectores productivos.
Proponemos también un sistema de prejubilaciones para los mayores de 55 años en determinadas zonas en las que es imposible alcanzar el nivel de las 60 jornadas de trabajo. La solución a estos trabajadores no pasa por la ficción actual del sistema de mantener un subsidio indefinido, sino por acometer una auténtica reconversión en el sector agrícola, que ya se ha hecho en otros sectores, pero que no se ha hecho en el campo. Hay que admitir que la política agraria comunitaria significa menos población activa en el campo, y eso requiere un plan de reconversión para sacar personal activo del campo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, vaya concluyendo.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor Presidente.
También nos referimos a la incapacidad laboral transitoria.
Creemos que su regulación actual no resuelve el sistema.
En cuanto a la reordenación de los proyectos del PER, coincidimos con las propuestas del informe respecto a buscar un ámbito superior al existente, incluso proyectando obras plurianuales, pero creemos que se debe dar entrada a la iniciativa privada en la oferta de proyectos de interés general, tal y como lo expresamos con anterioridad; proyectos que serían subvencionados en cuanto a las cotizaciones a la Seguridad Social y a los salarios del personal no cualificado que se emplee.
Coincidimos también en la propuesta sobre modificación del funcionamiento de los distintos organismos del Ministerio de Trabajo y en el criterio de potenciar los consejos comarcales del INEM, pero creemos que deben potenciarse y crearse los consejos locales, sobre todo para asumir funciones de control de la realización efectiva de las obras y de la permanencia de trabajadores en el sistema.
La mayoría de las propuestas que hemos hecho no son inventadas por nuestro Grupo, sino recogidas por las distintas iniciativas que a la Comisión han llevado los expertos económicos, los alcaldes, los representantes de sindicatos y de empresarios agrícolas.
Creemos que con nuestras propuestas se puede configurar una nueva fórmula de subsidio, que supere al desprestigio actual del sistema, facilite una mayor información sobre el mismo y reduzca un baldón que se ha establecido en la mayor parte de la sociedad española sobre el mundo rural de Andalucía y Extremadura. No planteamos un sistema idéntico al del Partido Socialista y entendemos que nos separamos bastante de él. De todas formas, la valoración conjunta de los trabajos de la Comisión es positiva y creemos que ha quedado documentación e información para poder configurar en su día un sistema justo, que permita al final que el parado agrícola tenga el mismo trato, desde el punto de vista del subsidio, que el parado de cualquier otro sector, que no reciba una limosna ni un dinero a cambio de ninguna actitud personal, sino que reciba un trato de justicia en el pago. Creemos que los problemas no se arreglan con ligeros retoques, como pretende el Grupo Socialista, ni tampoco elevando el PER al cuadrado, como pretende el Grupo de Izquierda Unida, sino afrontando una reforma en profundidad y configurando un sistema distinto al actual.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano. Para la defensa de los votos particulares de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.


Página 3771


Señoras Diputadas, señores Diputados, cuando empezamos a trabajar en esta Ponencia, hace cerca de tres meses, subyacían, y subyacen, dos temas fundamentales que, en grado de matiz, se han empezado a solucionar o han empezado a experimentar un cierto giro. Subyacía, y subyace, el problema político de fondo, el desprestigio de comunidades autónomas como Extremadura y Andalucía, en cuanto que se han utilizado conceptos como tierra subsidiada, atravesada por el fraude de los braceros, tierras del sur que viven del trabajo que hace el norte, e incluso en otros tiempos se llegó a decir que andaluz es aquel que no puede ser otra cosa. Conceptos basados fundamentalmente en el desconocimiento histórico y político de estas tierras y singularmente, en este cso, en el desconocimiento absoluto de qué son y cómo funcionan el PER y el subsidio.
También puede funcionar aquí --no digo que haya funcionado en absoluto en la Ponencia-- una cierta inquina, reminiscencia de la antigua alianza entre terratenientes andaluces y las grandes burguesías vasca y catalana. Subyace, y subyacía también, un problema económico estructural, el singular atraso económico de Andalucía en función, no de su cultura improductiva ni nada de esto, en función del papel que le ha tocado jugar a la agricultura en el sistema productivo español, cada vez más retrasado, por supuesto, en función de la política económica que se plantea y el papel que se le ha asignado jugar a Andalucía en el seno del Estado español; papel dependiente, papel subordinado, que desde 1980 empezamos a romper al conquistar en la calle, como ustedes saben, la autonomía plena.
Esta Ponencia del PER y el subsidio, que ha pasado un poco desapercibida, no para los andaluces y extremeños, desde luego, ha tenido una enorme importancia, fundamentalmente política, porque consecuentemente, como veremos, las resoluciones que se plantean aquí consisten en un mantenimiento esencial del sistema. Es una política dedicada a restañar los brotes fáciles e injustos de crítica, aunque desde luego permanezca pendiente el tema económico de fondo.
Hay un dato político importante a tener en cuenta en esta nueva fase respecto al PER y al subsidio, dato político que, aunque sólo fuese por este tema, ya esta Ponencia tiene una importancia, a nuestro juicio, bastante subrayable. El Partido Popular acepta el sistema, el Partido Popular introduce enmiendas de matiz, alguna importante, como la iniciativa privada, pero acepta el sistema del PER, el subsidio y el fondo ocupacional. Se supera, por tanto, la etapa del voto cautivo y otra serie de temas que espero que no renazcan el 13 de junio. Este es un dato político de enorme importancia a favor de la valoración de un sistema absolutamente necesario.
El segundo dato es que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ni siquiera introduce enmiendas de matiz y acepta el sistema completo del PER y el subsidio por razones de solidaridad, que no vamos a agradecer sino a valorar políticamente como un giro de enorme importancia en la situación de cara a Andalucía. En todo caso, junto al Partido Socialista Obrero Español aparece una coincidencia muy preocupante en Convergència i Unió y en el Partido Popular, que distancia enormemente los discursos con el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es la necesidad urgente --según ustedes-- de establecer un censo en función de criterios tecnocráticos, de cruzar datos en ordenadores, que no tienen ningún contenido en función de los datos esenciales que hay que manejar, que es la necesidad social y los datos humanos de cómo se confunde en Andalucía el mundo agrario y el mundo rural, que se intentan separar para reducir drásticamente el censo y, consecuentemente, la partida a percibir por Andalucía. No son, como se ha publicado, 150.000 millones de pesetas anuales, sino 150.000 millones de pesetas en los últimos diez años. Esa es la realidad, todo lo demás son obras adscritas al PER que nada tienen que ver con el campo, como son los temas de la cárcel de Jaén, de la cárcel del Puerto de Santa María, de la autovía o del centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Se le pone la etiqueta PER porque si algún obrero del campo cae allí, por casualidad, ese jornal le cuenta para acceder al subsidio, pero nada más.
No somos una tierra subsidiada. Se ha demostrado esto en la Ponencia. También es un dato de enorme importancia. Hay datos que están sobre la mesa que nos van a servir a todos, después de las votaciones que se van a producir en este Congreso, para defender el prestigio de tierras como Extremadura y Andalucía.
El régimen especial agrario para obreros eventuales tiene un incremento interanual, en los últimos años, del 15 por ciento, mientras el resto de los sistemas de protección ha crecido el 29 por ciento. El nivel de fraude en el subsidio es del 6,5 por ciento, con 100.000 controles anuales, muy por debajo del fraude en el resto de los sistemas de subsidio y de protección. Se ha pasado de 300.000 perceptores en 1989 a 223.000 --un 27 por ciento menos-- en 1993. La cantidad del PER ha descendido este año un 10 por ciento, y si se cuentan las consecuencias del Decreto de la sequía, un 25 por 100, tanto en Extremadura como en Andalucía.
Por otra parte, hay un dato esencial que hay que tener en cuenta. El convenio Inem-ayuntamientos, que es lo que se llama PER en Andalucía y Extremadura, existe en todas las comunidades autónomas de España. Lo que pasa es que no se llama PER y que es un poquito más bajo. Pero ese convenio Inem-ayuntamientos, repito, existe absolutamente en todas las comunidades autónomas. Por descontado, como aquí se ha dicho, la cobertura de protección, quitando subsidio agrario, está muy por debajo de Baleares, de Cataluña, de Madrid, de Valencia.


Página 3772


y, complementando el dato con el subsidio agrario, estamos, incluso, por debajo de la media nacional.
Es necesario, por razones históricas, políticas y de justicia social, el PER y el subsidio, y es necesaria, en este momento, la reforma que nosotros planteamos y que al parecer no va a ser aceptada. Por razones históricas, porque hay una transferencia del sector primario tremenda en la historia de Extremadura y Andalucía a otros sectores. Estoy hablando de emigración, de despoblamiento rural y de pobreza. Es una de las interpelaciones que introducirá el Grupo de Izquierda Unida para la próxima semana.
Con dinero público hemos pagados en este país reconversiones de sectores públicos y privados, como el de la banca, y nunca hemos acordado el impacto de dinero público necesario para acometer la reforma agraria en Andalucía, la reconversión agraria integral moderna del siglo XXI que necesita Andalucía.
Siempre que en este país se ha hablado de reforma agraria --ya lo he dicho otra vez--o ha habido un pronunciamiento militar o un golpe de Estado, mientras que se han hecho las reconversiones en todos los niveles, públicos o privados, con impactos tremendos de dinero de todos los españoles.
Por lo tanto, vamos a defender el PER y el subsidio, pero no como sustitutivo de esta necesidad de la reconversión integral, del plan integral de reforma, de la reforma agraria integral, sino teniendo en cuenta que es un sistema de protección no para creación de empleo estable, pero sí absolutamente necesario por razones políticas, históricas, repito, y de justicia social. En este sentido Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ha hecho un discurso concreto, fajado con la realidad, para transformar el sistema del PER y el subsidio. Son 11 puntos que voy a detallar brevísimamente ante SS.SS.
El primero, supresión inmediata del requisito de las 60 peonadas, 60 jornales, para acceder al subsidio, fundamentalmente porque no son posibles. El campo andaluz da 10 jornales al año por persona. Por lo tanto, como decía el Guerra --me refiero al torero, no al político--, lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible.
La prueba está en que los jueces ya no condenan a los jornaleros, porque saben que no es posible el requisito de las 60 peonadas que, en todo caso, se convierten en peonadas de bolígrafo, en simples firmas. Por tanto, hay que reducirlas muchísimo, según parece por la posición de algún Grupo. En nuestro caso pedimos la supresión inmediata porque se hace en función de un estado de necesidad; un estado de necesidad agudizado por la política agraria comunitaria, que habría que renegociar de inmediato, por la sequía, por la mecanización y por un PDR (Plan de Desarrollo Rural) que nos anuncian en Andalucía que no tiene como elemento nuclear, como elemento fundamental la agricultura, sino otra serie de medidas económicas que no concuerdan con la naturaleza ni con la cultura ni con la historia andaluzas.
Segundo punto. Pedimos la creación de las comisiones locales de empleo para que la participación de los agentes sociales a pie de obra, la participación de la Administración sea la que pueda establecer el censo real, un censo humano, un censo fundado en lo que los jueces basan la absolución de los jornaleros: en el estado de necesidad, y no en otras prioridades tecnocráticas que son imposibles de cumplir y que como única consecuencia traerían la reducción drástica del censo y, con ello, la reducción de las partidas para el convenio Inem-Ayuntamiento, 11.900 millones este año. Estas comisiones locales tendrían una virtualidad política de enorme importancia, que sería transferir el poder que hoy tienen los empresarios para firmar las peonadas, sean reales o falsas, para conceder las cartillas de la Seguridad Social, incluso para conceder la baja por enfermedad. Ese poder que ahora tienen en sus manos se transferiría a las comisiones locales de empleo, a los sindicatos, al Inem, a los ayuntamientos como una parte representativa de esas comisiones locales, cosa que a nivel político nos parece de una importancia fundamental.
Tercer punto. Creemos que hay que subir el PER. Son 11.900 millones de pesetas este año para Extremadura y Andalucía.
Ello supone siete jornales al año por persona, por persona de las que intervienen, porque a veces --y un alcalde del Partido Popular lo expresó en la Ponencia-- cuando se empieza por la A y se termina por la Z los pagos tardan dos años otra vez en volver a los que cobran los jornales del PER. Por tanto, hay que subir la cantidad de percepción en el PER prácticamente al doble cada mes porque la situación actual, máxime con la sequía, es de gran precariedad.
Cuarto punto. Pensamos que hay que subir la percepción de subsidio al salario mínimo interprofesional. Actualmente se cobra un 70 por ciento. Son 30.000 millones de pesetas, pero me parece que no es ninguna barbaridad hablar de que, como mínimo, se necesita el SMI para poder vivir incluso en Extremdura y en Andalucía.
En quinto lugar, pensamos que hay que eliminar el requisito de la unidad familiar que limita injustamente a los perceptores.
En sexto lugar, pensamos que hay que establecer una economía productiva de base comarcal. Por lo tanto, hay que darle una potencia y una capacidad planificadora al Consejo Comarcal.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya concluyendo.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.


Página 3773


Además, sería un factor clave para que no hubiera un reparto político de los fondos respecto al resto de los pueblos, tal y como se viene actuando en los momentos presentes.
Pensamos que hay que quitar al PER la adscripción de grandes obras que no generan realmente jornales para el PER y que luego aparecen titulares como aquellos de que este año van 140.000 millones de pesetas al PER de Andalucía cuando no es cierto; son obras que simplemente llevan la etiqueta PER. La formación ocupacional seria hay que adaptarla a las necesidades y demandas del mundo rural.
En noveno lugar, pensamos que hay que restablecer, reeditar, hay que prorrogar de inmediato el decreto de la sequía, configurando una mesa para que la distribución del agua y de los fondos sea justa, porque suponen cuatro o cinco mil millones. La mesa de la sequía, así como el decreto de la sequía, tienen consecuencias directas respecto al PER y al nivel de vida de andaluces y extremeños. Y, además, si se prorroga el decreto de la sequía, yo ya lo anuncio aquí, señor Presidente, no contarían los 60 jornales para este año. Para el año 1995 sí, pero los sindicatos tendrían que negociar con la Administración lo que queda de 1994 de cara a quitar el requisito de las 60 peonadas. No contarían sino los jornales de 1992, los 60, si se prorroga el decreto de la sequía, lo que nos parece de una enorme importancia.
En décimo lugar, hay que potenciar las iniciativas comarcales y locales de empleo. Y, en último lugar, la propuesta número 11, habría que ir ya a elecciones sindicales. Esta medida consuena con la necesidad de representantes auténticos en las comisiones locales o en los consejos comarcales y también con elecciones a cámaras agrarias.
Pensamos que esta ponencia no ha sido espectacular. Ha sido una ponencia tapada por otras comisiones, otras iniciativas, otros debates mucho más espectaculares; pero ha sido una ponencia que ha afectado a doscientas mil familias, fundamentalmente extremeñas y andaluzas, en una zona que tiene en este momento dos millones y medio de pobres.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. Para un turno en contra, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, debo comenzar, en nombre del Grupo Socialista, poniendo de manifiesto el gran provecho obtenido por el trabajo realizado por la ponencia durante los más de dos meses en que ésta ha desarrollado las tareas que le encomendó el acuerdo plenario del pasado día 22 de febrero.
Trabajo provechoso que se ha concretado en el informe que se debatió y dictaminó en la Comisión de Agricultura el pasado día 9 de este mismo mes de mayo, y que hoy se somete a la aprobación de este Pleno.
Mantenemos que el trabajo realizado ha sido beneficioso por múltiples razones: en primer lugar, por el amplio debate y contraste de opiniones que los ponentes hemos realizado, tanto internamente, en la ponencia, como con los múltiples comparecientes que han ido dejándonos sus informes y sus puntos de vista durante las varias sesiones celebradas, lo cual, además, nos ha permitido tener un conocimiento mucho más profundo, mucho más riguroso, sobre la realidad socioeconómica del mundo rural andaluz y extremeño, sobre la incidencia que el sistema integrado del PER ha tenido sobre esa realidad, sobre los defectos, susceptibles de mejorar, indudablemente, que tiene el subsidio REA, que tiene el Plan de Formación Ocupacional Rural, o que tienen las inversiones adscritas al PER, así como sobre las posibles vías de solución.
En segundo lugar, digo que los trabajos de la ponencia han sido beneficiosos porque hemos podido contrastar la muy alta valoración que los diferentes comparecientes, yo diría que la totalidad de los comparencientes, tiene sobre el sistema integrado de protección de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. Sindicatos, alcaldes, inspectores de trabajo, técnicos, expertos y profesores universitarios, Administración central y autonómica, presidentes de cajas de ahorros, etcétera, así nos lo han puesto de manifiesto.
Y ya que, como reconoce el propio informe, pueden concretarse los efectos beneficiosos en múltiples facetas, ustedes me permitirán que yo resuma aquí algunos en concreto.
Señoras Diputadas, señores Diputados, se ha producido --creo que esto es indudable-- una reanimación del ciclo económico como consecuencia de las importantísimas inversiones realizadas en Andalucía y Extremadura. Se ha conseguido --y a mi juicio esto es tremendamente importante-- fijar la población al territorio. Hoy quizá se pueda hablar de un mayor nivel de paro en Andalucía o en Extremadura, pero podemos hablar de una mayor población; probablemente, si en otras comunidades autónomas el nivel de paro es menor, sea precisamente porque no han logrado retener la población a su propio territorio.
En tercer lugar, se han mejorado las infraestructuras y la calidad de vida de la población, en virtud de las múltiples obras y de los múltiples servicios llevados a cabo al amparo del Plan de Empleo Rural, y en definitiva el subsidio agrario ha supuesto un elemento de protección adicional que ha permitido aproximar la cobertura a la media nacional. En resumidas cuentas, señorías, el PER, tal y como ha señalado recientemente un portavoz de uno de los sindicatos mayoritarios,

Página 3774


es un sistema erosionado en su imagen, pero un sistema que hay que dignificar, que no tiene sustitución posible, sólo --y en ello estamos-- mejoras.
En efecto, señor Presidente, hoy son cada vez menos los que se atreven a criticar generalizadamente al PER; hoy son cada vez menos los que hablan indiscriminadamente de los efectos perversos del sistema integrado de protección; hoy son cada vez menos los que hablan de Andalucía y de Extremadura como comunidades subsidiadas. En suma, señoras y señores Diputados, si el PER no existiera habría que inventarlo, pero como ya existe, lo que hemos tratado en la Ponencia ha sido precisamente de mejorarlo, y ello nos da base para entrar en el tercer bloque de las consideraciones por las que hemos calificado de provechoso el trabajo de la Ponencia.
El sistema integrado PER puede y debe ser mejorado, y además completado con planes específicos de creación de empleo estable. La Ponencia ha identificado exhaustivamente los problemas hoy existentes y, a partir de ahí, aporta soluciones, que no son otras, a nuestro juicio, que las contenidas en el capítulo de conclusiones, y puesto que ya han sido aquí ampliamente expuestas por el portavoz de la Ponencia, señor Roncero, yo no voy a repetirlas. Sí quiero resaltar su amplitud, la amplitud de las propuestas de reforma, que inciden en aspectos diversos, tales como, por una parte, el acceso al sistema. Se pretende definir un procedimiento de acceso al sistema que ajuste los requisitos exigidos con carácter general a cada realidad comarcal: mejora del conocimiento de los días trabajados, perfeccionamiento de los consejos comarcales, reordenación de los proyectos del PER, mejora de la gestión administrativa y de control, promoción de servicios de utilidad social, incluyendo entre los que deben efectuar estos servicios a los trabajadores eventuales agrarios perceptores del subsidio de desempleo. En definitiva, señorías, el PER se va a mejorar, pero, lo que también es importante, se va a mejorar, igual que se hizo en 1990, mediante acuerdos entre Gobierno y sindicatos. Aquí debo remitirme a las declaraciones efectuadas tanto por el Secretario General de Empleo, señor Marcos Peña, como por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras sobre la eminente apertura de una mesa de negociación.
Señor Presidente, los grupos parlamentarios Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya mantienen votos particulares en sus propuestas alternativas de conclusiones a las que ahora voy a referirme. Respecto de las propuestas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Alcaraz tenía preconcebidas varias ideas que ni las comparecencias, ni las informaciones obtenidas durante los trabajos de la Ponencia, ni tan siquiera las declaraciones recientes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT nos han confirmado. Una de sus propuestas, señor Alcaraz, es la eliminación de las 60 peonadas. Señor Alcaraz, los distintos grupos, de una u otra forma, hemos manifestado que éste es un tema que habrá que modificar. Incluso el Gobierno y los sindicatos coinciden en que habrá que rebajar el número de peonadas actualmente existentes; pero eliminarlas ya, de golpe, supone...
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Martín Mesa.
¡Silencio, por favor, señorías! (Pausa.) Puede continuar.


El señor MARTIN MESA: Decía que eliminarlas ya, de golpe, supone improvisar, supone convertir la prestación en pura y no contributiva, supone incrementar los costes y, además, no garantiza en absoluto el control de los posibles fraudes. Les proponemos, señor Alcaraz, lo siguiente: Elabórese un censo de trabajadores, conózcase la realidad y, a partir de ahí, defínase un procedimiento de acceso que ajuste los requisitos exigidos con carácter general a la realidad de cada una de las comarcas de Andalucía y de Extremadura.
Piden la equiparación con el salario mínimo interprofesional.
A usted no se le escapa que ello supondría un incremento del 33 por ciento del gasto actual. Señor Alcaraz, la situación actual de la economía española no nos permite realizar incremento de gasto de carácter indiscriminado.
Comisiones locales es otra de las peticiones de Izquierda Unida. Permítame que le diga que, en absoluto, son garantía de un mejor control del sistema. ¿Cómo se constituirían estas comisiones en los múltiples pequeñísimos municipios de Andalucía y Extremdura? Señor Alcaraz, reforcemos el papel de los consejos comarcales, reforcemos el papel del Inem; para ello hemos incluido en Comisión un mandato en el sentido de que hay que reforzar los mecanismos de intervención del Inem en la gestión de la oferta y demanda de empleo y de la contratación.
En cuanto a incrementar los fondos PER, sólo voy a recordarle el compromiso que usted conoce, adquirido por el señor Marcos Peña en nombre del Gobierno, para prorrogar el decreto de la sequía. Creo que el discurso de la disminución de fondos para este año hay que empezar a abandonarlo.
En relación a las propuestas del Partido Popular debo manifestar la contradicción, a nuestro juicio, existente entre el preámbulo de la propuesta del Grupo Popular, en la que reiteradamente se habla de los aspectos negativos del PER, y el tenor de sus propuestas. Señor Jordano, pienso que hay que dejar de hablar de la cultura de la inactividad y, sobre todo, creo que hay que dejar de hablar de relaciones entre PER y drogodependencia. Usted mismo ha recordado que no está

Página 3775


demostrado que el fraude del PER sea superior al de otros regímenes.
El Partido Popular propicia dar entrada a la iniciativa privada. Señor Jordano, no han podido, durante todo el trámite, ponernos ejemplos convincentes sobre esos que ustedes llaman proyectos de interés general, aunque de iniciativa privada, y que de otra forma no podrían realizarse. Es una propuesta que no podemos aceptar por su misma ambigüedad.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor MARTIN MESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
En cuanto a la flexibilidad creemos que con la enmienda técnica introducida en Comisión daremos suficiente satisfacción a esta pretensión.
Dicen también que el PER no ha creado empleo estable. Esta es una de sus críticas al sistema. Ya se lo hemos comentado por activa y por pasiva. El PER nunca ha pretendido ser un instrumento de creación de empleo estable, sino un elemento de corrección de estados de necesidad. Lo decía antes, y le repito ahora: mejoremos el sistema completándolo con planes específicos de creación de empleo estable.
Termino ya, señor Presidente, señalando aquellos hechos que parecen haber sido probados durante los trabajos de la Ponencia, a juicio de nuestro Grupo. El PER no se debe sustituir sino mejorar. El PER no admite críticas descalificadoras de carácter global. No existe mayor fraude que en otros sistemas. Señoras y señores Diputados, dejemos ya de hablar de fraude del PER. El PER, además, es indispensable para los miles de jornaleros y jornaleras andaluces y extremeños. El PER, como decía anteriormente, señoras y señores Diputados, de no existir tendríamos que inventarlo.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín Mesa.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Ante todo, tengo que decirle al señor Alcaraz que el Partido Popular no ha aceptado ahora el sistema. Creo que usted se deja llevar por ideas fijas y lo que le pediría es que exhibiera un sólo documento elaborado por el Partido Popular en el que se pida directa o indirectamente la eliminación del sistema de subsidio agrario en Andalucía y en Extremadura; no va a encontrar ese documento.
El representante del Grupo Socialista ha hecho diversos planteamientos, y uno de ellos, el básico, el que ha sido la guía de su exposición, ha sido que si no existiera el PER habría que inventarlo. La verdad es que el PER nace por un fracaso. El PER nace porque los sectores secundario y terciario no son capaces de absorber la mano de obra que queda parada en el sector primario cuando empieza a mejorar la agricultura y a reconvertirse. Por tanto, decir que habría que inventar el sistema si no existiera es admitir estructuralmente un paro en el campo de Andalucía y en Extremadura muy superior al de los núcleos urbanos, y no creo que ese sea el deseo de nadie; el deseo será acabar con ese paro estructural. Evidentemente, no se pueden resolver los problemas estructurales pura y simplemente acudiendo a sistemas de subsidio, sino acudiendo a sistemas que, a más largo o más corto plazo, produzcan la generación de empleo estable, porque lo que hace falta en el mundo rural en Andalucía y en Extremadura es empleo, y empleo estable.
Si todos los sistemas que utilizamos, si todo el dinero público que podemos utilizar en formación, cualificación profesional, en mejora de infraestructuras, a la larga puede producir empleo estable, será un dinero bien utilizado. Si el sistema no se orienta en esa dirección, tendremos lo que pasa ahora. Un obrero del campo sin cualificar hace diez años ha estado acogido al sistema de subsidio agrario, ha trabajado en obras del PER y, diez años después, sigue siendo un obrero agrícola sin cualificar ni para otras actividades del campo o de la ganadería ni para actividades de otros sectores, y ése es el fracaso que hay que afrontar.
En cuanto a ligar la cultura de la inactividad y la droga, yo le recomiendo que se relea las actas de las distintas comparecencias y verá que quien ha ligado en ellas la cultura de la inactividad y la presencia de la droga en el mundo rural ha sido don Diego Cañamero (que lo tienen que conocer bien ustedes ahora por los últimos incidentes electorales que han tenido lugar en Andalucía), Secretario General del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía, que es el que ha dicho: «No se puede crear una cultura, a la gente de nuestros pueblos y del mundo rural, de vivir eternamente de limosna. A un chaval con dieciséis años no se le puede inculcar la cultura de que por vida tiene solamente un subsidio. Eso está creando una cierta situación en nuestros pueblos de apatía generalizada en el mundo rural, de desencanto en los políticos, en lo social, en la disciplina; eso está introduciendo incluso hasta la droga en nuestros pueblos, pueblos pequeños, incluso está llegando fuertemente la droga, con una preocupación alarmante». Quien dice esto es el Secretario General del Sindicato de Obreros del Campo. Evidentemente, podremos estar o no de acuerdo con sus actitudes --con sus actitudes políticas no estoy en modo alguno de acuerdo--, pero habrá que entender que el Secretario del Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía algo debe saber de lo que pasa en el mundo rural, máxime

Página 3776


cuando él ha sido alcalde, y precisamente la gran preocupación por el sistema actual es la cultura de la inactividad que produce.
Yo le pido al Grupo Socialista que vaya al mismo ritmo que va el Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros hablamos de un límite flexible de las sesenta jornadas, hablamos antes de que el Ministerio de Trabajo ya ha acordado con los sindicatos introducir un sistema flexible en la apreciación de las sesenta jornadas necesarias. Cuando nosotros planteamos vincular percepción de subsidio a una prestación a favor de la comunidad, a favor de los ayuntamientos o de entidades de interés social, da la casualidad de que el Ministerio de Trabajo actualmente está preparando una normativa que, para todo tipo de subsidio, va a vincular la percepción de ese subsidio con el trabajo de interés social. Por tanto, coincidan con nosotros, al menos, en lo que ya ha coincidido el Ministerio de Trabajo.
Para terminar, señor Presidente, y en relación a lo que ustedes no logran entender --y lamento la reducida capacidad que tengo para explicarme--, es decir, qué es una obra privada de interés general, lamento que no lo entiendan porque ya la propia administración autonómica en Andalucía está aplicando ese sistema. En el Plan Infoca, de prevención de incendios, el Iara paga los jornales que se emplean en la limpieza de montes privados, porque se entiende que no tiene ningún sentido limpiar sólo montes públicos y dejar sin limpiar los montes privados, puesto que, cuando se produzca el incendio, las llamas no van a distinguir entre monte público y privado. Por tanto, es de interés general que también los montes privados se limpien, y para eso se les da ayuda a los propietarios.
Creo que esta fórmula tan sencilla, que ya se está aplicando por una administración regida por el Partido Socialista, puede servir para que se enteren ustedes de qué es lo que pretendemos cuando hablamos de obras privadas de interés general.
Nada más, señor Presidente. (Algunos señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jordano. Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Señor Jordano, cuando se aprobó en esta Cámara, hace unos tres meses, la enmienda del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que ha dado paso a esta Ponencia, se aprueba en función de que ustedes retiran un documento, en torno al cual tenemos un debate, en los pasillos, el señor Arenas y yo, que prácticamente pide quitar de enmedio el PER y el subsidio y meter a fondo la iniciativa privada. Usted me ha pedido algún documento en función del discurso que ustedes han cambiado y que, desde luego, nosotros valoramos positivamente, como así lo hemos manifestado desde la tribuna. El discurso de ustedes ha girado radicalmente y, de hecho, el discurso que mantienen es muy parecido al discurso elaborado, manteniendo el sistema tal cual, sin admitir ninguna rectificación, por el Partido Socialista Obrero Español. En segundo lugar, la posición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya --que allí, en tierras calientes, es Convocatoria por Andalucía o Izquierda Unida en Extremadura-- no acepta que haya una cultura de la inactividad, porque eso es tanto como retomar el viejo eslogan de la derecha de que hay muchos vagos, que no es que haya paro, sino que no quieren trabajar; llega esa conclusión y nosotros no estamos de acuerdo en eso de ninguna manera. Sin embargo, estamos absolutamente de acuerdo con la campaña a favor del prestigio del PER y de la reforma del PER que van a lanzar los sindicatos y, singularmente, que yo sepa, Comisiones Obreras y UGT.
Respecto al planteamiento que ha hecho el representante del Partido Socialista, señor Martín Mesa --porque el señor Roncero se ha limitado a leer la parte descriptiva, fundamentalmente los cinco primeros puntos, con los que sí estamos de acuerdo--, quiero decirle que en las comparecencias, casi todos, estaban de acuerdo en que no es posible cumplir el requisito de las 60 peonadas, y aquí hay testigos que pueden corroborar la afirmación que yo hago. Por lo tanto, ese planteamiento que nosotros teníamos desde el principio se ha corroborado en la Ponencia, como se ha corroborado que es muy difícil hacer un censo, especialmente si se separan artificialmente el mundo agrario, que es parte fundamental, pero no lo único, de algo más amplio que es el mundo rural y que nos llevaría a una reconversión quizás homologable a la reforma del mercado laboral que se acaba de aplicar para todos los sectores en el campo de Andalucía; nosotros no estaríamos de acuerdo con el censo.
Todo esto avala la necesidad de lo que hemos planteado como, por ejemplo, las comisiones locales de empleo, donde se integren los agentes sociales, la administración al nivel que sea --desde luego los ayuntamientos que son parte de la administración y no deben admitir ninguna tutela de otras administraciones--, con el fin de realizar un censo humano, a pie de obra, conociendo a la gente, no expulsando a ese 51 por ciento de mujeres que hay ya en el censo, como se ha expulsado a una gran parte de la juventud para el acceso al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura. Por ello nos corroboramos en la idea de que junto a la planificación basándose en el orden comarcal, una ordenación del territorio diferente a la que se hace en el PDR es absolutamente necesaria de cara a un censo humano, no tecnocrático, en una población con dos millones y medio de parados, con una gran necesidad social,

Página 3777


planificación que reduciría de manera drástica los perceptores y, consecuentemente, el dinero anual que va desde aquí allí, que es muy poquito: este año 11.900 millones para Andalucía y Extremadura.
Celebro lo que se acaba de decir por parte del representante del Partido que sustenta --iba a decir soporta-- al Gobierno respecto a que se va a prorrogar el decreto de la sequía. Pues bien, lo saludamos, lo celebramos, pero aquí se va a votar en contra. Si se lo quiere apuntar el señor Marcos Peña, de acuerdo; no nos importa que hoy lo voten en contra, pero que mañana se apruebe en el Consejo de Ministros porque tiene consecuencias muy importantes. La primera: que no cuentan las peonadas este año. Esto hay que anunciárselo a Andalucía desde aquí, desde el Congreso, quien ha trabajado en la Ponencia, no mañana desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Desde aquí hay que decir: Extremeñas y extremeños, andaluces y andaluzas, este año no cuentan las 60 peonadas. Es más, se ha anunciado también --y lo celebramos-- que va a haber una negociación con los sindicatos a partir de ahora, después de que tenga lugar aquí la votación respecto del dictamen y de los votos particulares de la Ponencia, que si llegan a las posiciones de Izquierda Unida --o cercanas--acabarían con las 60 peonadas, que sí conducen a crear una sensación de fraude, que no es fraude real ni así se sanciona en los juzgados porque no es posible, y ello nos llevaría a una situación absolutamente nueva. Por lo tanto, aquí hay una novedad que hay que anunciar desde el protagonismo del Congreso, protagonismo que todos estamos ganando, y es, primero, que se prorroga el decreto de la sequía; segundo, que no cuentan este año las peonadas (contarían las del año 1992, no las de 1993); y, tercero, que, de cara al año 1995, se abre una negociación con los sindicatos para reflexionar por qué no son posibles las 60 peonadas. Me parece que la Ponencia ha tenido un cierto éxito.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve. Desde luego, debo saludar la diferencia de clima, la diferencia de posiciones, que es más importante todavía, entre aquel debate crispado que protagonizó el señor Arenas, por cierto, hoy inasistente, y el debate que ha tenido lugar en la Comisión, en este Pleno y en la Ponencia. Yo celebro, señores del Partido Popular, que ustedes hayan cambiado radical y sustancialmente sus posiciones. Confío en que este cambio sea sincero.
Señor Jordano, ustedes parten de la base de aceptar el sistema probablemente no digan explícitamente otra cosa, pero algunas sonrisas en sus bancos cuando yo hacía afirmaciones desde la tribuna sobre que habría que crearlo si no existiera parece que no concitan la unanimidad de su Grupo. En cualquier caso, señor Jordano --se lo hemos dicho por activa y por pasiva--, el sistema del PER no ha tenido nunca el objetivo de crear empleo estable, es un subsidio para solventar situaciones de necesidad. En la Ponencia dijimos, y lo he dicho hoy aquí explícitamente, que a partir de este momento también vamos a dirigir las subvenciones del PER a financiar proyectos que permitan crear empleo, vamos a completar el PER con el PDR o con aquellos planes que pretendan crear empleo estable.
Señor Jordano, usted dice, y dice bien, que la referencia a que la droga entró en los pueblos de Andalucía a través del PER es una afirmación realizada por el Secretario General del SOC, sin embargo, recortes de prensa como el de «El Ideal» del martes 10 de mayo lo ponen en su boca. Dicen que usted aseguraba que el sistema de subsidio agrario entraba en los pueblos de Andalucía a través del sistema PER y, desde luego, usted no lo ha desmentido. Cuando usted no lo ha desmentido no sabemos si es que lo comparte. De cualquier forma, creo que de la cultura de la inactividad y de la droga a través del PER, se lo decía antes y se lo reitero, hay que dejar de hablar ya.
Señor Jordano, la limpieza de montes públicos del plan Infoca ya se hace. Los ejemplos que ustedes han puesto reiteradamente en la Ponencia en absoluto nos permiten aceptar ni comprendar cuál es la vía que ustedes pretenden para la iniciativa privada. Señor Alcaraz, dice usted que es imposible cumplir las 60 peonadas. Pero si esto lo dice el Gobierno; esto lo dicen los sindicatos Comisiones Obreras y UGT; esto lo decimos los ponentes socialistas de la Ponencia. Estamos de acuerdo, lo que no compartimos en absoluto es eso de decir: quítense mañana las 60 peonadas. ¿Y ahora qué? No; hagamos un censo, conozcamos la realidad, tengamos un conocimiento exacto de las producciones, de las necesidades de trabajo de las distintascomarcas y, a partir de ahí, flexibilicemos el sistema.
No tiene por qué ser un censo tecnocrático. No le tenga usted miedo a los censos, señor Alcaraz: un censo democrático. Un censo es conocer una realidad. Esto es lo que proponemos en la Ponencia y esto es, tengan ustedes la seguridad, lo que se va a realizar. El decreto de la sequía. Usted se ha tirado dos meses y pico diciendo que los fondos se reducían porque este año no había decreto de la sequía. Ya tiene usted la declaración expresa del Gobierno: va a haber decreto de la sequía. Sin embargo, aquí estamos tratando de incluir las reformas estructurales del sistema PER; el decreto de la sequía es coyuntural. ¿Cómo vamos a meter en un sistema estructural un decreto de sequía cuando igual el año que viene --¡ojalá sea así!-- llueve todos los días y se desbordan los pantanos? Va a haber fondos para la sequía, va a haber fondos para peonadas en el sistema PER, pero no podemos incluirlo comouna reforma estructural. Nosotros, señores de Izquierda

Página 3778


Unida, pensamos que la sequía no es estructural, sino meramente coyuntural.
En cualquier caso, y con ello termino, señor Presidente, hay algo importante, y por eso yo comenzaba mi intervención hoy diciendo que la Ponencia había sido provechosa: se ha reconducido desde los perversos, a mi juicio, objetivos que la crearon hacia unas líneas de reforma que van a ser precisamente las que sirvan de esqueleto a las negociaciones que el Gobierno y los sindicatos van a realizar. Desde luego, unas reformas consensuadas y en la línea de lo que la propia Ponencia ha dictaminado.
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. (El señor Jordano Salinas pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano.


El señor JORDANO SALINAS: Señor Presidente, he sido objeto de una alusión, a la que quisiera responder de forma muy breve.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene usted tres minutos exclusivamente para contestar a la alusión.


El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
Mire, señor Martín, las noticias de prensa hay que leerlas no sólo por los titulares, sino por el contenido de las mismas.
Hay un acta que recoge la totalidad de lo que se ha dicho en la Comisión de Investigación del PER y de esa acta le he leído textualmente las palabras del señor Cañamero. Imagino que, si usted ha preparadoun poco el trabajo, se habrá leído también las palabras del señor Cañamero, y en función de eso me sorprende que saque aquí ahora una información transmitida por una agencia, no haya leído la precisión que se hizo en el mismo día a esa misma agencia y pretenda desviar la atención.
Léase lo que ha dicho el secretario del Sindicato de Obreros del Campo y no se crea todo lo que dice la prensa. (Risas.-- Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Perdón, en otras materias...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jordano, por favor, tiene la palabra exclusivamente para contestar a la alusión, no para hacer ninguna contradicción, que no hay ningún turno de contradicción.


El señor JORDANO SALINAS: Simplemente le quería decir al señor Martín que en otras materias desconfía totalmente de cualquier información y en esto que parece que le puede convenir, a su entender, toma literalmente lo que está mal expresado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Señorías, al fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Catalán sobre el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca respecto al informe de la Ponencia especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario, quiero recalcar el encargo específio de análisis y estudio del que ha partido la tarea desarrollada por los ponentes. Permítanme, ante todo, una breve referencia al espíritu crítico, pero altamente constructivo, con que, desde una grata cordialidad, se ha afrontado en el seno de la Ponencia la recogida de los datos en los que finalmente se ha basado el informe.
Podría decirse que el análisis se ha hecho desde la coincidencia en cuanto a la convicción de que existe una problemática en torno a las soluciones planteadas para mitigar el desempleo crónico de los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura. La discrepancia, sin embargo, ha surgido en el momento de las conclusiones o, dicho de otra manera, cuando se ha contemplado la cuestión desde la óptica particular de los integrantes de la Ponencia, que ha originado el tono del debate de hoy.
La coincidencia que recoge el informe nos habla de la ambigüedad del sistema adoptado, que lo sitúa entre la opción de proteger al desempleo y la del fomento del mismo, estableciendo ciertos agravios comparativos que, al plantear la ayuda desde la contraprestación de trabajo comunitario, esporádico y muy poco reglado, permite aprovechar las fisuras del sistema en beneficio de la picaresca, siempre insolidaria, cuando precisamente se trata de sacar beneficio de la solidaridad. A esta evidencia, comprobada comparecencia tras comparecencia, hay que añadir la escasa rentabilidad técnica, económica y social de las obras realizadas, llegándose a marginar, de hecho, las de estricto interés agrícola, como ha mencionado el portavoz del Grupo Popular, señor Jordano, así como también la falta de capacidad organizativa de instituciones y organismos implicados, por una descoordinación entre los mismos, habiéndose llegado a la constatación de negligencias en cuanto al control y vigilancia de los requisitos exigidos para recibir los beneficios previstos. El informe explica con precisión la evolución de los mecanismos de protección para dar salida a la diversidad de situaciones que han surgido durante el proceso. El objetivo fundamental de PER: generar empleo inmediato y temporal a través de obras destinadas a resolver un conjunto de déficit estructurales del sector agrario, como ya he adelantado, es definido, en el texto que debatimos, como un buen plan para mejorar las infraestructuras de los municipios andaluces y extremeños.


Página 3779


Hemos conocido la variación a la baja del porcentaje de ocupación de desempleados eventuales agrarios en obras de régimen de contratación y la modificación de las modalidades de contrato, al objeto de una mayor vinculación de los trabajadores a los proyectos o la incorporación al PER de programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
El proceso seguido en las sucesivas reformas precisa las prioridades para los empleados sin ningún tipo de prestación económica, o en función de la edad de los beneficiarios, las rentas o las responsabilidades familiares, promoviendo el subsidio indefinido a los mayores de 52 años. En otro segmento social, se atiende la problemática de los jóvenes, intensificando su protección y el lógico seguimiento tutelar en la aplicación de las ayudas que les han sido concedidas.
No considero necesario entrar en más detalles, señorías, para justificar el voto favorable al dictamen por parte de mi Grupo Parlamentario. Hemos querido participar en la Ponencia desde la dimensión constructiva que deseamos para nuestras intervenciones. Nuestro voto tiene el sentido de apoyo a la autocrítica y de soporte a las medidas que cabe adoptar en pro de la corrección de ciertos errores, dignificando el sistema, como ha dicho el señor Martín Mesa.
Otros ponentes, por su presencia y por su representación política directa de las dos comunidades afectadas y ,por tanto, poseedores de un conocimiento más inmediato de la cuestión, han llevado la discusión de las conclusiones a la confrontación. La distancia que me otorga el ser Diputado por Barcelona me concede una visión distinta del problema, pero, al mismo tiempo, la presencia en mi circunscripción de un millón largo de andaluces y extremeños, hoy ciudadanos de Cataluña de pleno derecho, obliga a un ejercicio de responsabilidad que hemos transmitido con la presencia activa en la Ponencia, donde hemos reiterado la preocupación por una escasa o casi inexistente rentabilidad del PER en la imprescindible promoción de la economía productiva, puesto que se ha observado una casi inexistente incidencia en ese sentido. Asimismo, nos preocupa el poco impacto positivo que sobre el problema han tenido los programas desarrollados de formación profesional, por lo que se ha planteado la necesidad de un plan de desarrollo económico para Andalucía y no menos imprescindible para Extremadura, plan que, no obstante, en opinión de algunos comparecientes, profundos estudiosos del tema desde la propia Universidad andaluza, no parece presagiar la erradicación del problema de los jornaleros, que constituye un hecho social insólito en Europa.
Los comparecientes nos han dado infinidad de ocaciones para la reflexión en torno a las causas que han hecho imprescindible una economía subsidiada y en torno al peligro de la acomodación a la cultura de la inatividad que puede resolver la vida en tiempo presente y condenar a los jóvenes de ahora al paro en tiempo futuro. Eso es lo peor que le podría suceder a Extremadura y Andalucía, porque, entre otras cosas, se habría perdido la potencialidad creativa que hay en esas gentes que ayer emigraban y que hoy viven o malviven del subsidio.
La reflexión, señorías, me ha llevado a pensar en los andaluces y extremeños de Cataluña o de cualquiera de las comunidades desarrolladas en el Estado. Les hablaré de lo que conozco bien. (Rumores.) A menudo, se ha cometido un grave error sobre la aportación de andaluces y extremeños al desarrollo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, por favor, señor Baltá.
Señorías, por favor, ocupen sus escaños y guarden silencio.
(Pausa.) Puede continuar, señor Baltá.


El señor BALTA I LLOPART: Gracias, señor Presidente.
Hablaba del error que se ha cometido a menudo sobre la aportación de andaluces y extremeños al desarrollo de mi Comunidad. Siempre, desde un lejano conocimiento de la realidad, se piensa en ellos como mano de obra y se desconoce con qué facilidad e importancia numérica se han incorporado al tejido empresarial como productores de riqueza, creando pequeñas, medianas y más que medianas empresas, porque han tenido la posibilidad de desarrollar la capacidad de liderazgo que llevaban dentro, en realidad muy distante de la supuesta subordinación a la burguesía catalana a la que se ha referido el Portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Alcaraz, a quien me satisface recordar que la presencia activa del Grupo Parlamentario Catalán en la Ponencia es un acto de compromiso con la solidaridad del conjunto del Estado hacia unas comunidades a las que no se sacará del subdesarrollo con discursos que confunden la solidaridad con la inactividad subvencionada, sino con la seriedad y el trabajo que en Cataluña han hecho gala esos andaluces, como el señor Alcaraz ha dicho, que no podían ser otra cosa. Allí se les ha acogido con los brazos abiertos, conscientes de que tienen que ser fieles a la tierra que les vio nacer y a los que se les ha otorgado la plenitud de una nueva ciudadanía, donde, entre otras cosas, hallaron trabajo, el derecho a elegir con quién querían trabajar y la posibilidad de sentirse realizados personal y profesionalmente, como sus compañeros de Iniciativa per Catalunya sin duda le pueden explicar, mucho más allá de los baremos de justicia social que han dejado desde la historia la negativa realidad que juntos, ustedes y nosotros, pretendemos enmendar.
Señorías, las conclusiones de la Ponencia son básicamente una reflexión sobre la especificidad del sistema

Página 3780


de producción que requieren las zonas afectadas. Las regiones subsidiadas, como nos ha «recordado» --entre comillas-- el Portavoz socialista, señor Roncero; la consideración global sobre la necesidad del PER, la conveniencia de medidas contra la picaresca con el manejo y la contrastación adecuada de los datos en poder de diferentes organismos para evitar disfunciones que posibilitan el fraude, desde una cierta insconsciencia colectiva del mismo; la potenciación de las estructuras de coordinación y control, la racionalización de los criterios de planificación de los proyectos realmente útiles al conjunto del ámbito rural, rigor en la selección de los beneficiarios del PER, el desarrollo de una adecuada formación ocupacional, etcétera, reflexiones todas ellas que debieran ser consideradas por el ejecutivo. Pero permítanme, señorías, una reflexión final sobre un proverbio tan conocido que preferiría que no fuera necesario recordarlo ahora, pero es imprescindible; es aquel que contrapone dos actitudes, la de enseñar a pescar a la de regalar los peces, cuestión que en los objetivos teóricos del plan se interpreta correctamente.
Sin embargo, desde su aplicación práctica, uno tiene la sensación de que existe una sociedad más interesada en la comodidad de lo segundo que en la dificultad de lo primero.
Señorías, juntos debemos celebrar, sin embargo, la coincidencia de todos los ponentes en que desde el Ejecutivo se debe apostar por el desarrollo que permita la superación de una mentalidad social anclada en la Historia.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate, vamos a pasar a las votaciones correspondientes. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en relación con el informe elaborado por la Ponencia especial para estudiar la reforma del actual sistema del Plan de Empleo Rural y el subsidio agrario. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) El señor Alcaraz tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, pedimos que se voten separadamente los puntos seis, evaluación del sistema, y siete, conclusiones, relativos a la Ponencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Vamos a votar, en primer lugar, los votos particulares.
Votos particulares del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 113; en contra, 171; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Solicito votación separada de los puntos 1 y 5 del apartado de conclusiones y del apartado de propuestas, los números 5, 7, 8, 9, 10 y 11, y el resto en otro bloque.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Puntos 1 y 5 del epígrafe conclusiones y puntos 5, 7, 8, 9, 10 y 11 del epígrafe propuestas, de los votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 127; en contra, 161.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las propuestas.
Restantes votos particulares del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 11; en contra, 274; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los votos particulares.
Votación correspondiente al dictamen en sus apartados 1 a 5.
(El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Perdón, señor Presidente, ¿en estos apartados están incluidas las conclusiones?

El señor PRESIDENTE: Sí.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Apartados 1 a 5, ambos inclusive, del dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 3781


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 175; en contra, 114.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Apartados 6 y 7 del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 166; en contra, 122; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


--COMUNICACION DEL GOBIERNO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 196 Y 197 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SOBRE EL ENFOQUE ESTRATEGICO DE LAS LINEAS BASICAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA, PROGRAMADAS EN UN MARCO TEMPORAL QUE SE EXTIENDE HASTA EL AÑO 2007 (Número de expediente 200/000001)

El señor PRESIDENTE: Punto duodécimo del orden del día: comunicación del Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso, sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007.
Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en su reunión del pasado 4 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Plan Director de Infraestructuras 1993-2007 y decidió su remisión a las Cortes Generales. El Plan Director de Infrestructuras había sido sometido a la consideración de las comunidades autónomas durante la anterior legislatura y, después de un largo proceso de consulta y debate, que fue interrumpido por el proceso electoral de la primavera de 1993, fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros en lo que constituye la primera vez que en España se acomete una planificación de carácter global y estratégico del sistema básico de infrestructuras y del uso y del equipamiento de nuestro territorio. Por eso, el Plan Director se presenta como un instrumento básico de la política territorial desde la perspectiva europea y como marco general de la planificación estratégica del territorio. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El Plan Director viene a cumplir una necesidad que se deriva, en primer lugar, de las propiascaracterísticas de las infraestructuras, cuya concepción, diseño y construcción requieren largos períodos de tiempo y exigen cuantiosas inversiones, tienen largas vidas útiles y son estrechamente dependientes del entorno.
Por todo ello, es imprescindible contar con una visión a medio y a largo plazo de las necesidades y de los problemas que pueden presentarse en materia de infraestructuras. Una política de inversión apoyada únicamente en el análisis a corto plazo corre el riesgo de ser errática y poco eficiente.
No hay que dejarse influir por la coyuntura económica ni por las circunstancias presupuestarias, que son cambiantes, y hay que definir políticas de inversión contumaces, persistentes, que busquen objetivos tendenciales, por más que en la coyuntura la realidad pueda fluctuar en torno a esta línea tendencial. La revisión periódica y la realización permanente de planes o esquemas directores de infraestructuras es una práctica habitual en los países de nuestro entorno. La propia Unión Europea ha definido y aprobado esquemas directores a nivel europeo para las carreteras, los ferrocarriles y el transporte combinado. Por ello, las críticas que ha recibido el PDI relativas a su excesiva duración no tienen razón de ser si entendemos el carácter estratégico del plan y las prácticas que mucho tiempo antes que nosotros países con los que nos queremos homologar han venido desarrollando. Por el contrario, un enfoque global y a largo plazo como el del PDI nos debe permitir superar las limitaciones que representarían procesos de planificación apoyados exclusivamente en ópticas sectoriales, porque es imprescindible asegurar la eficacia de la política de infraestructuras y su viabilidad financiera, buscando, repito, un carácter global y estratégico que a lo largo del Plan Director se basa en tres rasgos característicos: en primer lugar, señorías, estamos ante un plan director, y los planes directores enuncian directrices, y no podemos pretender que éste defina en detalle ni la programación temporal ajustada a las actuaciones concretas que más tarde unos planes sectoriales a más corto plazo deberán desarrollar. Pero no podemos renunciar a tener directrices a medio plazo, y por eso la crítica que también ha recibido el Plan Director de falta de concreción debe considerarse subsanada si desde ahoramismo entendemos que del plan director deben derivarse planes sectoriales para cada modo de transporte, para cada tipo de infraestructuras definidos en espacios temporales más cortos.
El Plan Director pretende una planificación flexible y dinámica. Planificación, palabra caída en desuso y que, sin embargo, usan aquellos agentes económicos dotados de gran capacidad de actuación, como son las empresas multinacionales y los gobiernos conscientes de su responsabilidad para hacer frente a los rápidos cambios que se suceden en nuestro entorno político y económico. Esos cambios no anulan el valor ni la utilidad

Página 3782


de una planificación estratégica, sino que, al contrario, aumentan su interés.
Pero no tendría sentido concebir esta planificación como si fuera un marco rígido e inamovible, sino que, debe asumir las incertidumbres que pesan sobre cualquier escenario de previsión, admitir la volatilidad de cualquier conjunto de hipótesis y, sobre todo, determinar mecanismos de revisión continuada y sistemática de las mismas. Se inscribe en la lógica de la planificación que enunció en su día Monet, cuando dijo que el plan era el antiazar, pero que obviamente no pretendía ni podía suprimir las incertidumbres.
Por eso, un plan que no pueda adaptarse a la evolución de su entorno, por causas exógenas y también por la propia actuación endógena de los agentes económicos y sociales, no sería útil; pero sería mucho más inútil pretender renunciar a cualquier intento de plasmar nuestras ambiciones en proyectos que ofrecer a la sociedad,para que sea ésta quien decida asumirlos, modificarlos y, en su caso, desarrollar el esfuerzo necesario para conseguirlo. El tercer rasgo director del PDI es su carácter de instrumento descentralizado que pretende la actuación coordinada de las distintas administraciones públicas. En España, la Administración central del Estado es el protagonista de ya sólo un tercio de la inversión pública.
Ninguna política territorial puede concebirse aisladamente desde el centro; debe integrar y coordinar las propuestas que surjan de los centros de decisión territoriales, y éstos, junto con la Administración central, deben ser capaces de compartir la responsabilidad que entre todos tienen de la ordenación territorial y la política urbanística.
Señorías, el Plan es un plan de estrategia del territorio, en un momento, además, en el que la acción desde las infraestructuras sobre la política territorial es una de las pocas políticas que todavía pueden ejercer los poderes públicos en el contexto de la Unión Europea y en una situación mundial de libre movilidad de los factores productivos.
Ante una fiscalidad que tiene que adaptarse a la globalización de la economía, ante una movilidad infinita de los factores, de las pocas cosas que les quedan todavía a los gobiernos es la política del territorio, la política de equipar al territorio para hacerlo competitivo y para atraer bases fiscales y centros de creación de valor añadido, que puede conseguirse si orientamos la política de inversión al servicio de la creación de las externalidades positivas que los agentes económicos, públicos y privados, van a exigir cada vez más a los territorios donde asientan su actividad.
Desde esta concepción de la política de infraestructuras como un instrumento de la competitividad, el Plan se apoya en cuatro líneas maestras: superar los condicionantes que la posición periférica de España representa dentro del espacio europeo, consolidar, un sistema de ciudades que articulen el territorio y que difundan el desarrollo, promover una gestión racional de los recursos naturales y asegurar una correcta conservación de los valiosos recursos ambientales del territorio español, dentro de una estrategia de desarrollo sostenible, que preste especial atención a los impactos ambientales más agudos, pero que no impida el desarrollo imprescindible del equipamiento que necesitan zonas muy importantes en nuestro territorio para escapar a la desertificación y a la marginalidad territorial. Ello se inscribe en un momento histórico especialmente significativo, porque forzoso es reconocer, señorías, que desde mediados de los ochenta España ha superado notablemente el déficit histórico que de infraestructuras tenía, ya que nuestro país se ha embarcado en un esfuerzo inversor sin precedentes en nuestra historia económica, que resiste la comparación con cualquier país de la OCDE, puesto que el objetivo de inversión que hemos conseguido en los últimos años no ha sido superado por ningún país de la OCDE, salvo Japón, y no durante tanto tiempo. Desde mediados de los ocheta hemos alcanzado, y superado a veces, ese cinco por ciento de inversión pública que se ha convertido en un elemento paradigmático de la propuesta electoral del Partido que sustenta la acción del Gobierno en las pasadas elecciones. Y el Ministerio de Obras Públicas está gestionando en este momento en torno al 1,2 por ciento del producto interior bruto, duplicando el esfuerzo que efectuaba a mediados de los años ochenta, que representa uno de los mayores y más estables motores del crecimiento económico, y hoy, sin duda, uno de los elementos más importantes de la reactivación económica a la que estamos asistiendo.
Este esfuerzo nos ha permitido resolver dos grandes problemas: los estrangulamientos crónicos de los que adolecía la red básica de transportes española y absorber el rápido crecimiento de demanda que se produjo como consecuencia del comportamiento expansivo de nuestra economía, aunque no siempre con la suficiente rapidez. Hemos soportado, por ejemplo, demoras en la satisfacción de la demanda en telecomunicaciones, consecuencia, sin duda, de la visión miope y malthusiana de los que, en su día, impidieron a Telefónica efectuar el esfuerzo inversor necesario para anticiparse a la misma, pero que hoy ha sido afortunadamente superada gracias, a un esfuerzo inversor extraordinario, que naturalmente ha tenido que ser financiado por los «cash-flow» producidos por las correspondientes tarifas.
Detrás de todo esfuezo inversor hay un esfuerzo de financiación. Eso es algo que quizá sea necesario recordar frente a la cultura de la gratuidad. Este esfuerzo de financiación puede provenir de impuestos o de precios; de ninguna otra cosa. Y otro de los elementos característicos del Plan Director es plantear a la sociedad

Página 3783


española los términos concretos en los que esta disyuntiva se presenta, para que sea la decisión libre de la sociedad quien determine cómo se debe mantener el esfuerzo y de qué manera tiene que ser financiado.
Otra de las críticas que ha recibido el Plan Director ha sido el exceso de inversión que representa. Estos 18,7 billones de pesetas a invertir a lo largo de los próximos 15 años han sido calificados como una cifra faraónica alejada de cualquier realidad viable. Sus señorías, que habrán estudiado, sin duda, el contenido del Plan Director, sabrán ya a estas alturas que de los esfuerzos presupuestarios pretendemos obtener aproximadamente el 70 por ciento de estas magnitudes, lo cual quiere decir una inversión media sobre los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas del orden de los 880.000 millones de pesetas al año, que resulta de proyectar al 2,5 por ciento anual acumulativos los presupuestos de 1993 y repartirlos, de forma estable, a lo largo de estos 15 años; suponiendo, eso sí, que esa tasa de crecimiento, en términos reales del PIB, se puede mantener en términos medios a lo largo de este período de tiempo.
¿Es esta una hipótesis ambiciosa o, por el contrario, carece de realismo? Les puedo decir, señorías, que si la economía española no es capaz de crecer a esta tasa a lo largo de este período, el problema no será cómo financiar el PDI; tendremos otro mucho más grave de inestabilidad social como consecuencia de la ruptura de los vínculos que se produciría en una sociedad amenazada por altísimas tasas de paro.
Esta es una buena ocasión también para recordar la relación dialéctica que existe entre inversión y crecimiento. El crecimiento permite financiar la inversión, pero la inversión permite actuar como motor del crecimiento. No hay crecimiento sin inversión ni inversión sin crecimiento. El Plan Director pretende conjugar ambas variables de una forma armónica y estable, partiendo de hipótesis razonables de lo que es capaz de crecer nuestra economía y de qué forma este esfuerzo inversor es capaz de contribuir a este esfuerzo de crecimiento.
El Plan Director desarrolla un conjunto de retos y exigencias, una vez superadas las carencias más cruciales de nuestra economía. Pretende mejorar la calidad y la eficacia de nuestros sistemas de comunicación. Pretende internalizar los criterios ambientales en los procesos de diseño, construcción y explotación de infraestructuras, y desarrollar la equidad espacial y social, reduciendo los desequilibrios interregionales. De alguna forma, oponerse a la lógica del mercado, porque si abandonamos la geografía española a la lógica del mercado, su territorio se despoblará, ya que la población y la actividad tenderán a concentrarse, de forma profundamente ineficiente en el largo plazo, en territorios cada vez más reducidos. Esta es también una buena definición: la política territorial es el conjunto de acciones que los poderes públicos desarrollan para impedir que el mercado, y sólo el mercado, determine la geografía de los territorios, y que la equidad entre los territorios y quienes los habitan tengan también una manifestación a través de la acción política de sus responsables. Mejorar la competitividad de los territorios, sin duda alguna, seleccionando las actuaciones en base a su rentabilidad, no sólo económica sino también social.
Analizar la rentabilidad estricta de cada proyecto de inversión para evitar que éstas sean sobredimensionadas, que es la forma más eficiente y directa de crear paro, y estableciendo las prioridades territoriales que nos permitan acompasar el desarrollo de los territorios en función de sus necesidades y sus potenciales.
El Plan pretende lanzar también un amplio debate social acerca de la financiación de las infraestructuras, para que la cultura de la financiación presupuestaria no sea la única en un país que tiene que enfrentarse con graves problemas de equilibrio en su hacienda pública, y que no puede reposar únicamente en el esfuerzo fiscal o en el endeudamiento de sus administraciones las formas de financiar el imprescindible esfuerzo inversor que el plan propone.
El PDI plantea invertir 18 ó 19 billones de pesetas que reparte entre un conjunto de programas, de los cuales tres cuartas partes corresponden a infraestructuras de transporte, interurbano y urbano, el 12 por ciento del total a los recursos hídricos y aproximadamente el resto se reparte en partes iguales entre lo que podríamos denominar infraestructuras ambientales y actuaciones urbanísticas.
Permítanme SS.SS. unas muy breves pinceladas sobre cada uno de estos elementos característicos del Plan Director, cuyo resumen sería inútil pretender efectuar en el breve plazo de tiempo del que creo puedo disponer.
En materia de transporte interurbano, señorías, la carretera se ha configurado como el modo básico del sistema, es el que debe garantizar el acceso a todo el territorio, salvo, obviamente, a las islas, y los restantes modos de transporte deben actuar como modos especializados, proporcionando una oferta de transporte de calidad, pero reducida a los segmentos de demanda y a los ámbitos territoriales en los que presente ventajas comparativas.
No podemos confiar en un ferrocarril que al estilo del siglo XIX pretenda llegar a todos los rincones del país. Sería profundamente ineficiente el términos de relación coste-beneficio. Por el contrario, la ya extensa y crecientemente eficiente red de carreteras de la que el país está dotado, nos permite confiar en ella para alcanzar los 11.000 kilómetros de autopistas a finales del Plan y otros 1.400 kilómetros de vías de conexión que deben cerrar la red que hemos ido construyendo a lo largo del primer Plan General de Carreteras.
Puedo anunciar a SS.SS. una muy buena noticia. A finales del año 1995 España tendrá 8.000 kilómetros de autopistas y autovías, los mismos que tiene Francia hoy,

Página 3784


entre la red estatal y la red autonómica, no los 7.000 kilómetros de los que veníamos hablando. Insisto, a finales del año 1995 habremos alcanzado los 8.000 kilómetros entre el conjunto de las administraciones públicas, lo cual nos situará entre el cuarto o el quinto lugar del mundo por la longitud de la red de vías de gran capacidad que tendrá este país. Sea éste un buen ejemplo de lo que hemos conseguido hacer en las fechas recientes como buen punto de apoyo para cultivar este esfuerzo inversor, que debe plasmarse en los accesos a Galicia, a Andalucía oriental, los cierres de la Nacional-III y de la Nacional-II, la Ruta de la Plata, la nueva salida hacia Europa desde Levante, el eje diagonal Irún-Fuentes de Oñoro a través de Aragón, el eje del Cantábrico y el cierre del conjunto de elementos que mallan la red, con trayectorias e itinerarios de menor intensidad.
El ferrocarril en el país se enfrenta, sin duda, a un reto político de modernización que le permita pasar de un modelo ferroviario obsoleto, lastrado por una concepción decimonónica en el sistema de transportes y cada vez menos atractivo para la demanda y más descapitalizado, a un ferrocarril especializado, capaz de atender con eficacia la movilidad urbana y el recorrido de largas distancias, buscando un equilibrio entre los costes financieros, sociales y ambientales que pueden hacer de ese transporte un modo competitivo en esas zonas donde sus características le hacen especialmente adecuado.
El ferrocarril, señorías, sustituyó a la diligencia. Llegó a los pueblos de España antes que la carretera y el automóvil.
Por eso está grabado en nuestro subconsciente como el instrumento que nos permite romper el aislamiento. Pero lo que en su día fue una forma supereficiente de movilidad hoy no lo es, y tenemos que reconvertirlo para conseguir que lo siga siendo allí donde todavía puede serlo: en las grandes emigraciones cotidianas de nuestras áreas metropolitanas y en las distancias inferiores a 500 kilómetros en corredores de gran intensidad de tráfico, que vertebran el territorio, y quizá no más allá de eso, donde el avión sigue teniendo la ventaja comparativa que no puede olvidarse.
Por eso, el Plan Director apuesta por los ejes estructurantes en alta velocidad en Sevilla-Madrid, Zaragoza-Barcelona- frontera francesa, en la comunicación con Valencia y Albacete, en la variante norte del Guadarrama, en la «y» griega vasca y en la prolongación a velocidades entre 200 y 220 kilómetros por hora a otros ámbitos del territorio, donde el crecimiento exponencial de los costes, en función del relieve para alcanzar velocidades más altas, debería hacernos abandonar la utópica pretensión de colocar toda la red en unas velocidades que ni siquiera en países más llanos en relieve y más ricos en renta se pretenden conseguir.
Es quizás importante insistir en ello. Una red ferroviaria de alta calidad se concibe como una red capaz de circular a 200 kilómetros por hora, que puede tener puntas que alcancen los 300, pero no debería ser un objetivo razonable mallar el territorio con velocidades que nuestro relieve no soporta y que nuestra economía tampoco. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Por otra parte, la evolución tecnológica del transporte ferroviario arroja una sombra de incertidumbre acerca de la manera en que las futuras vías de alta velocidad deberán ser construidas. ¿Seguirá siendo la rueda raíl impulsada por motores eléctricos de alto voltaje el transporte ferroviario de principios del próximo siglo? ¿O estaremos ya embarcados en trenes de levitación magnética, donde ni la rueda ni el raíl caracterizarán todavía este modo de transporte? Este es el caso, por ejemplo, de la experiencia alemana en los ferrocarriles de Hamburgo-Berlín, que de tener éxito cambiaría radicalmente los planteamientos con los cuales estamos abordando la estrategia ferroviaria.
Al ferrocarril le ocurre como a las telecomunicaciones: la incertidumbre tecnológica es tal que muchas de las decisiones que están dibujadas en el Plan Director están supeditadas a la evolución de una tecnología, de su viabilidad económica y de su impacto social.
En puertos y en aeropuertos seguiremos consolidando una red que es ya de las más eficientes de Europa. Podemos decir con orgullo que España tiene hoy una de las redes aeroportuarias más baratas en sus costes y más eficientes en su funcionamiento de todos los países europeos. Que hemos batido el año pasado todos los récord de puntualidad en el tráfico aéreo, y que las inversiones que estamos programando en el sistema aeroportuario, más de 100.000 millones de pesetas al año, deben permitirnos disponer, en el horizonte del próximo septenio, de una red aeroportuaria que no solamente sirva para dar plena satisfacción a los transportes interiores y a las conexiones europeas, sino que haya constituido, en dos o tres grandes aeropuertos intercontinentales, los «hubs» europeos en la comunicación con los Atlánticos Norte y Sur.
También España tiene una excelente red de puertos. La falta de comunicaciones en las zonas perimetrales de nuestras costas ha hecho que históricamente crezcan muchos puertos, que tienen hoy todos ellos «cash-flows» positivos, y que les permiten financiar inversiones de 50.000 millones de pesetas al año en la creación de otra de esas redes que articulan un territorio que debe continuar siendo, entiendo, un activo de una política estatal, no al servicio únicamente del territorio donde se sitúan, sino del conjunto del territorio de la economía española, vertebrándolo y actuando de una forma coordinada.
El papel que están jugando en este terreno los entes públicos de puertos y aeropuertos es notable, y más notable es decirles, señorías, que no le cuestan ni una peseta al contribuyente, ni le costarán, porque el esfuerzo inversor en el transporte aéreo y en el transporte marítimo

Página 3785


seguirá siendo financiado exclusivamente por sus usarios. No podemos decir lo mismo de las infraestructuras ferroviarias, porque por mucho que hagamos siempre referencias utópicas a las inversiones privadas, deben saber SS.SS. que ninguna inversión ferroviaria en alta velocidad arroja unos parámetros de rentabilidad financiera suficientes para pensar que puede ser un inversorprivado que busque rentabilizar su capital quien acometa estas inversiones. Estas inversiones solamente tienen lógica desde el punto de vista del efecto de difusión de actividad económica y de articulación del territorio que son capaces de hacer. Yo diría incluso que para ir de Madrid a Barcelona de una forma rápida y eficiente ya hemos inventado el avión; que un tren de alta velocidad que circule entre esos dos puntos tiene más valor para articular un sistema de ciudades intermedias que evite que la trayectoria entre estas dos grandesciudades se convierta en un desierto, que para comunicar, al estilo del saltamontes, dos grandes polos de desarrollo separados entre sí por un espacio vacío.
Por tanto, es por el interés no solamente económico, sino sobre todo de geopolítica o social, por lo que tenemos que abordar inversiones que nunca serían financiadas por la iniciativa privada, porque no tienen la rentabilidad necesaria para ello, y eso es predicable de casi todas las autovías que estamos construyendo y de las que el Plan Director contempla, porque los ratios de rentabilidad financiera, con el alto esfuerzo inversor que nuestro relieve exige y con los tráficos poco densos que hay en las zonas intermedias del territorio -- lo que se ha denominado la corona central del desierto español--, alejan la inversión de una rentabilidad que tienen las que se hacen en las llanuras centroeuropeas a lo largo de ríos densamente poblados.
El medio urbano tiene una especial importancia en el PDI.
Conocen SS.SS. las actuaciones previstas, que tienen valor simbólico en algunas áreas metropolitanas: delta del Llobregat, Bilbao-Ría de Ornil, el cinturón verde de Oviedo, Valencia-Intermodal, el triángulo Tarragona-Reus-Val o Elche- Alcoy, la operación Barajas, la operación Campamento, zonas estratégicas, áreas de oportunidad, ocasiones para una acción de Estado que estamos desarrollando y que seguiremos proponiendo a las administraciones competentes.
Pero también propone el Plan actuaciones en noventa y seis ciudades en las que vive el 65 por ciento de la población española, y en ellas proponemos actuar invirtiendo más de dos billones de pesetas, de manera que sea esa red de ciudades de tamaño medio lo que más acerque nuestra geografía y nuestra forma de vida a las europeas.
Finalmente, la política de aguas. No voy a insistir en ella porque va a ser objeto de un plan específico, quizá el primero en llegar al Parlamento, y que, a diferencia de los demás, se da todavía un plazo mayor que el propio Plan Director: el Plan Hidrológico Nacional, que va a ser presentado al Consejo Nacional del Agua el próximo día 25 como el último paso previo del intenso debate social que ha tenido lugar y que en el Plan Director avanzamos únicamente en lo que son sus líneas directrices. Es evidente que el agua es uno de los recursos estructurantes de nuestra geografía y que su reparto de formaeficiente en todo el territorio es una prioridad absoluta de un Gobierno que pretenda trabajar no desde una perspectiva estrictamente solidaria, sino simplemente racional, para dotar de la potencialidad necesaria a los territorios que dependen críticamente del agua para ella, sin causar perjuicio alguno a aquellos que tienen la suerte de disponer de superávit que pueden ser adecuadamente utilizado mediante las oportunas inversiones.
Saben de sobra SS.SS. que el Plan ha sido reconsiderado en la segunda parte de su elaboración; que hemos puesto más el énfasis en el ahorro, en la reutilización y en los incrementos de regulación en las cuencas para garantizar su autosuficiencia, recurriendo a los imprescindibles, creemos, trasvases solamente en aquellos casos en que lo sean. Por cierto, el Consejo de Ministros aprobará mañana el inicio de las obras del trasvase entre el Guadiaro y el Majaceite para suministrar agua a la Bahía de Cádiz, que es un ejemplo local pero significativo de lo que puede y debe hacer una política de trasvases a gran escala. La defensa contra las inundaciones. Saben SS.SS. que las pérdidas materiales que causan las inundaciones en España son de 80.000 millones de pesetas al año y que, por tanto, una política de lucha contra las inundaciones debe tener en el Plan Hidrológico un papel tan importante como el de la garantía de suministro y regulación.
Las costas, preservar un patrimonio natural que es también la materia prima de nuestra primera industria, el turismo; las infraestructuras ambientales para recuperar la red obsoleta y el abandono de infraestructura de transporte, que pueden ofrecer a los 280 millones de europeos, cada día más preocupados por el turismo verde y por el contacto con la naturaleza, una red verde que articule el país y que sea un motor para el crecimiento del turismo en el interior; los planes de eliminación de residuos sólidos y depuración de aguas residuales; todo ello completa los más de dos billones de pesetas que creemos imprescindible invertir en lo que es política de infraestructuras, pero que igualmente cabría calificar como políticas del medio ambiente. Hemos alcanzado ya en España un nivel europeo en lo que a generación de residuos se refiere; cada español produce un kilo de residuos urbanos al día. Pero no hemos alcanzado, ni con mucho, la capacidad de tratar estos residuos de forma que cree empleo, ahorre materias primas y propicie un desarrollo sostenible en la

Página 3786


producción y el consumo que debe integrarse en cualquier política progresista en la escena urbana y en la política de inversiones. Todo ello, señorías, es lo que constituye el esfuerzo de reflexión que a lo largo de más de dos años hemos desarrollado en este documento; un documento que pretende ser la geografía de una ambición o, si ustedes lo prefieren, la ambición de una geografía, la geografía que deseamos que España tenga en los primeros años del próximo siglo, la que creemos que debe tener, la que nos gustaría que tuviera. Lo importante ahora es saber si esa ambición es compartida por la sociedad española; si ese mapa que creemos que España debería presentar cuando nos adentremos en el siglo XXI es el que queremos que tenga. Y si lo queremos, señorías, habrá que poner los medios necesarios para ello; habrá que seguir haciendo el esfuerzo fiscal imprescindible para que sea un criterio de equilibrio territorial y solidaridad el que impulse el desarrollo de las infraestructura; habrá también que pedir contribución a los más directamente beneficiados por ellas; habrá que programar en el tiempo, de una forma tozuda y persistente, voluntarista y ajena a cualquier abandono, el mantenimiento del esfuerzo que hemos iniciado en la década de los ochenta, que está transformando, de forma acelerada y evidente, la geografía de nuestro país, y que desearíamos impulsar hacia mayores cotas de bienestar y progreso, como el Plan Director de Infraestructuras que he tenido esta tarde el honor de presentar a SS.SS. ofrece, como elemento de debate, reflexión, decisión y guía de la acción política a este Gobierno y a los que le sucedan.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Posada.


El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, señorías, hemos oído al señor Ministro presentar nuevamente el Plan Director de Infraestructuras.
Para algunos Diputados de su Grupo será la cuarta o la quinta vez que lo escuchan. Estamos ante un plan que aparece y desaparece, se silencia durante meses y adquiere todo su vigor cuando se acercan las campañas electorales. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores.) Pero es evidente para el Grupo Popular que las infraestructuras, su futuro, su implicación en la competitividad de la economía y en la cohesión social y territorial son factores de enorme importancia. Es preciso planificar y es necesario hacerlo en un plazo amplio, diez, quince, veinte años. Pero, señor Presidente, no creemos que este Plan Director de Infraestructuras sea el instrumento adecuado. No quiere ello decir que descalifiquemos genéricamente el Plan. Después del tiempo, del esfuerzo y del dinero invertidos tiene, sí, una utilidad como documento de trabajo, pero ni remotamente cumple con lo que debe exigirse a un plan de esta naturaleza a 15 años vista.
Este Plan nos ofrece poca credibilidad. Los precedentes del Gobierno Socialista son para echarse a temblar. (Rumores.) El Plan de Transporte Ferroviario 1989-2000, debatido en el Congreso durante meses, quedó absolutamente vacío de contenido a los seis meses de aprobarlo, cuando, por sorpresa, el Gobierno decidió el cambio del ancho de vía y el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Ahora y mientras se presentaba este Plan leemos en la prensa que en el delta del Llobregat se van a invertir 400.000 millones de pesetas en los próximos años. En primer lugar, me alegro sinceramente de esta decisión, pero ¿está contemplada en el Plan Director? ¿Es un desarrollo de éste o estamos ante la situación habitual de hacer planes sobre el papel y decidir sin tenerlos en cuenta? (Un señor Diputado: No lo sabe.) Pero quizás el defecto mayor del Plan es su financiación. Se ha dicho por el señor Ministro reiteradas veces que no preguntáramos por ello, que no era ésa la finalidad del Plan.
¿Pero cómo no va a serlo? Acumular infraestructuras que serían deseables, unas con proyecto y otras sin él, no es labor de un Gobierno ni el resultado es un plan director. Es una carta a los Reyes Magos, una visión benéfica de una organización no gubernamental. Lo que constituye un plan director, su esencia, es establecer prioridades que puedan financiarse con los recursos que se prevé que puedan destinarse. Eso es un plan director y eso exige decisión política. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!) Si observamos el precedente del primer Plan de Carreteras 1984-91, que ha tenido un desarrollo físico notable, se ve que concluido hace unos meses (dos años después) sus cambios de financiación han sido 800.000 millones, luego 1,5 billones y al final tres billones. (Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Si ahora estamos ante unos proyectos que están mucho peor definidos, son mucho más complicados y en algún caso no son más que una raya en un mapa, podemos prever que esos 18,7 billones pueden ascender a una cifra más cercana a los 30 que a los 20 billones.
(Rumores.) Frente a ello, la financiación resulta tremendamente escasa.
Los más de cinco billones extrapresupuestarios están muy mal definidos. No se incentiva apenas la inversión privada y parece un sarcasmo, dada su situación actual, contar con una financiación significativa de las corporaciones locales e incluso de las comunidades autónomas. Pero es que tampoco los 13,2 billones de financiación presupuestaria del Ministerio parecen seguros. Y no porque no pueda lograse un crecimiento

Página 3787


de la economía del 2,5 por ciento anual, sino porque el objetivo de inversión pública parece muy difícilmente compatible con la política del Gobierno socialista. Sin reducir drásticamente el gasto corriente no puede mantenerse el esfuerzo inversor. Esto lo hemos repetido bastantes veces.
(Un señor Diputado: ¡Muchas!) Nuevamente oímos voces que hablan de limitar ya en este año la inversión pública y si no en el próximo. Son voces que provienen del Ministerio de Economía, lo que hace la cuestión bastante grave.
Además este Plan es inercial. Plantea obras, pero no ataca los problemas que deben condicionar las decisiones del futuro.
¿Debe haber autopistas de peaje o libres o seguimos desdoblando carreteras? ¿Cuál es el papel del ferrocarril? ¿Hay que suprimir servicios? ¿Puede compatibilizarse un tren de alta velocidad con velocidades medias de 40 kilómetros/hora? ¿Puede reducirseel medio ambiente a los efectos del impacto ambiental? Pero, sobre todo, ¿contribuye a la vertebración y cohesión del territorio nacional? ¿Disminuye las diferencias entre las diversas regiones y entre los espacios urbanos y rurales? En su comunicación el Gobierno afirma que sí, pero nosotros creemos que no es así. (Rumores.) Un plan de 15 años tiene que considerar unos mínimos de accesibilidad, de dotaciones para todo el territorio y eso, a nuestro juicio, no se cumple. Regiones como Extremadura, extensas zonas del noroeste no reciben un trato adecuado que permita un desarrollo económico sostenido. Un plan director de infraestructuras a 15 años tiene que ser un factor esencial de la integración de España como nación y eso sólo puede lograrse en conjunción con las comunidades autónomas. No hay otro camino. ¿Tarea enormemente difícil? Ciertamente, pero absolutamente necesaria.
Dice el señor Ministro que se ha trabajado con ellas, que en lo compatible se han respetado sus deseos, peroeso no basta. Y cito un ejemplo de mi comunidad autónoma. No puede considerarse que el desdoblamiento de la N-122, que es la unión de Portugal y el valle del Ebro, apoyada ayer por el Presidente Soares, sea una carretera de interés regional de Castilla y León, como dice el Ministerio. Puedo citar muchos más casos, y de comunidades autónomas gobernadas por socialistas.
Hablemos, por ejemplo, del tema de puertos. El martes, vimos aquí cómo los puertos no pueden ser tratadosde acuerdo con la Ley de Puertos y hay que ir a una progresiva entrega de transferencia a comunidades autónomas de varios de ellos.
¡Cómo no van a intervenir las comunidades autónomas en lo que se prevé hacer! Y en transporte urbano, esta falta de acuerdo con comunidades autónomas y corporaciones locales es mucho más grave porque afecta radicalmente a la viabilidad de las actuaciones. Es preciso integrar las planificaciones, es necesario un proceso interactivo en el que, desde el principio, participen las comunidades autónomas, con visión de Estado, ciertamente, y conscientes de la escasez de los recursos que no permitan afrontar todas las infraestructuras deseables, por convenientes que sean. Por eso tiene tanta importancia la financiación posible, como señalaba antes, para poder plantear un reparto que sea aceptado por todos. Porque un plan director de infraestructuras que quiera trascender en el tiempo, que aspire a ser un referente permanente para los agentes sociales, no puede ser ni un catálogo de obras ni la decisión de un Gobierno con una vida de pocos años, quizás de pocos meses. Tiene que ser mucho más. (La señora Fernández Sanz: ¡No lo creas!--Rumores.) Una parte importante de este Plan es el capítulo hidráulico.
Señalaba yo en septiembre de 1993, en la Comisión de Infraestructuras, que no existía el consenso social adecuado para llevarlo adelante. Pues bien, hace apenas dos meses que con motivo de una moción que se aprobó por unanimidad en esta Cámara, como consecuencia de una interpelación de la señora De Palacio, esta parte del Plan sufrió una profunda remodelación.
Junto con el Plan Hidrológico Nacional, hay que enviar a esta Cámara un plan agrario de regadíos que precisará la cantidad de agua necesaria, otro que estudiará la viabilidad de cada trasvase, la financiación del plan, el balance de la aplicación hasta ahora de la Ley de Aguas, un plan director de depuración y saneamiento de aguas y otros estudios de diverso tipo. Ello no supone, en absoluto, una paralización de las actuaciones en materia hidráulica; todo lo contrario. Se está ejecutando el Plan de obras hidráulicas 1994-95, puede actuarse ya en obras de saneamiento de interés general y puede ponerse en marcha ese plan, tan demandado desde el Grupo Popular, de pequeñas obras de reparación de canales de riego, ejecutados por confederaciones hidrográficas en cooperación con comunidades autónomas, que tendría un gran efecto económico multiplicador en la actividad y en el empleo.
¿Qué es entonces lo que ha ocurrido? Que la intervención del Congreso de los Diputados ha transformado ese Plan hidráulico, que ponía su acento en los trasvases entre cuencas, en otro plan que esta Cámara discutirá y establecerá, que incita al ahorro y al uso racional del agua. Pues bien, el Grupo Popular cree que éste es el camino. Este Plan Director de Infraestructuras que ahora se presenta, cuando se discuta en el Congreso y en el Senado, debe sufrir profundas transformaciones que lo conviertan en un plan estable con proyección de futuro, en un proceso sosegado de concertación que analice a fondo no tanto los detalles del documento como los principios que deben darle vida. Para ello es necesario el esfuerzo de todos los grupos, de los partidos de ámbito estatal y de los que, teniendo su representación en una comunidad autónoma, quieren --estoy seguro--, al mismo tiempo que defender legítimamente los intereses de su comunidad, participar en este gran empeño de diseñar el futuro de nuestra nación.


Página 3788


Porque a través de los grupos de esta Cámara se oirá también la voz de los grupos parlamentarios de las comunidades autónomas, unos en el Gobierno y otros en la oposición, pero que deben participar activamente si queremos que el Plan Director de Infraestructuras sea un proyecto nacional. No esperamos, sin embargo, identidad de criterios. Las infraestructuras no son neutrales políticamente hablando, siempre habrá diferencias en prioridades o en ritmos o en formas de financiación, pero los grandes temas, como los niveles mínimos de infraestructuras que deben garantizarse, el esfuerzo financiero que será preciso hacer, el diseño de la red de transporte terrestre que tenemos capacidad de dotarnos, el tratamiento diferenciado y específico que deben recibir Baleares y Canarias, la utilización del agua como bien escaso y valioso, el medio ambiente como factor esencial, pueden y deben consensuarse entre las fuerzas políticas.


El señor PRESIDENTE: Señor Posada, le ruego concluya.


El señor POSADA MORENO: Gracias, señor Presidente. Así diseñaremos un plan que no sea arma arrojadiza entre partidos o entre territorios, que no provoque enfrentamientos, que sea, en fin, el auténtico Plan Director de Infraestructuras que España necesita.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Posada.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Estaba turbado S.S. porque no sabía si el Plan Director de Infraestructruras incluía la operación del delta del Llobregat y se exclamaba de que, al mismo tiempo que presentábamos un plan director de infraestructuras para los quince próximos años, estuviésemos de una forma colateral programando cosas específicas para Cataluña en el delta del Llobregat, lo cual demuestra que la lectura de S.S. no ha sido excesivamente profunda, porque en la página 226 y en las páginas 261 a 264 tiene usted descrita con lujos y detalles la operación del delta del Llobregat, que está perfectamente incluida en el Plan Director. (El señor Michavila Núñez: Está todo hecho.-- Rumores.) Por tanto, este elemento de preocupación debe quedar resuelto para S.S. porque lo que ya hemos comprometido con la Comunidad Autónoma de Cataluña y con los municipios afectados no es sino el desarrollo natural de lo que prevé el Plan Director; igual, por cierto, que hemos hecho con Bilbao-Ría 2000 y el cinturón verde de Oviedo, que también están contemplados aquí. Por tanto, no se preocupe S.S., los desarrollos que estamos ejecutando son los que se derivan -- como les decía-- de un plan director que sólo pretende establecer directrices.
Señoría, su discurso ha sido retórico. Dice que hay que hacer el plan director que España necesita. Sí, señoría. No diría yo lo contrario, no diría que hay que hacer el que no necesita, pero me he quedado sin saber en qué consiste el que usted propone. De momento lo único que he aprendido es que por una parte dice que hay demasiada inversión y a continuación señala aquellas inversiones que no están y que deberían estar; es decir, que hay demasiadas, pero usted sugiere que pongamos un poco más, lo cual me parece razonablemente discutible, pero tendrá usted que ser coherente, y o me dice qué quiere usted borrar para poner o tendrá usted que reconsiderar el criterio inicial de que hay demasiada inversión programada. Es posible que haya demasiada. Dígame usted cuánta cree que podemos hacer y, en consecuencia, recórteme los objetivos de inversión para que sea coherente. Porque si se limita a decir que hay demasiada, pero no me dice cuánta debe haber ni trata de ajustarme objetivos con recursos, su discurso es el típico discurso de la oposición: que no propone nada y simplemente se opone a lo que el Gobierno propone, que es a fin de cuentas lo que ustedes saben hacer. Están muy entrenados para ello y veo que tendrán oportunidades de seguir ejerciéndolo. (Rumores.-- Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.--El señor Posada Moreno pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Posada.
Silencio, señorías.


El señor POSADA MORENO: No sé, señor Ministro, si traía usted la respuesta preparada o no me ha atendido mientras yo hablaba o no ha comprendido lo que he dicho. (Rumores y protestas.) Si algo he señalado en mi discurso es precisamente que el Plan Director no puede ser una acumulación de inversiones, que es lo que ustedes han hecho. Esto es lo que no conduce a nada.
Esto es lo que lleva a decir a las comunidades autónomas: Dígame usted qué quito, coja una goma, borre y ponga usted otra cosa. Así no se hace un plan director.
El plan director empieza --como he señalado y recalcado-- previendo, primero, qué financiación hay. Indudablemente hay muchísimas infraestructuras --la mayoría de las aquí recogidas y otras no recogidas-- que son muy necesarias, que son muy convenientes. Pero esa es la política, elegir; si no, un colegio de ingenieros también podría decir todo lo que España necesita. Ese es el plan. Por eso lo que yo he planteado es que ese plan difícilmente lo puede hacer un gobierno que tiene una vida escasa. Ese es un plan que debe hacer la Cámara.
Tiene que haber una actuación desde la ponencia para establecer criterios políticos porque, vuelvo

Página 3789


a decir lo mismo, acumular inversiones --que he dicho que son de más de 20 billones-- y prever que la financiación no llegará más que a 13 billones, no es más que causar en nuestros conciudadanos una sensación ilusionada para luego sufrir una decepción profunda. Esa previsión sólo puede hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas, a las que hay que marcar, lo primero --vuelvo a insistir en ello--, la escasez de recursos. No se les puede decir: ¿Qué es lo que quieren ustedes? Hay una escasez de recursos y habrá que destinar una cantidad de esos recursos a cada uno de los capítulos.
Y decir que tenemos una gran ambición que nos desborda, y poner en el papel muchas autopistas, no conduce a nada si no hay dinero para pagarlas. Por tanto, lo que yo pido es una cosa racional, que no sea electoral, que no haya que irla vendiendo por ahí diciendo: Vamos a hacer todo esto; y no se sabe si se va a hacer en el 2015 ó en el 2040. No. Vamos a hacer una cosa racional que sea, en efecto, la que España necesita, que estoy convencido de que también usted quiere que sea la que España necesita. Pero lo que aquí ha presentado no lo es. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Posada.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): De eso se trata, obviamente. Se trata de presentar el Plan a la Cámara para recoger lo que los grupos políticos tengan que decir. Si no fuera así, no lo hubiéramos mandado al Parlamento. No es el plan de un Gobierno, tiene que ser un plan consensuado políticamente.
Para eso estamos aquí, señoría, y para eso seguiremos trabajando en Comisión, donde tendrá usted oportunidad de hacer lo que hoy no ha hecho: decir en qué difiere usted en lo concreto de los planteamientos que hacemos.
Naturalmente que las cosas tienen ideología. Todo tiene ideología, las infraestructuras también; unos hacemos unas y otros harían otras o no harían algunas. Ya sabemos, por ejemplo, que ustedes no hubieran hecho el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. (Rumores.) Es una diferencia sustancial.
Conviene recordarlo porque de cuando en cuando... (Rumores y protestas.) No se enfaden.


El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): No se enfaden. Esa puede ser una diferencia ideológica y una prioridad distinta a la hora de programar infraestructuras. (Rumores.) Pero, señorías...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
El tema tiene interés por sí mismo. Yo les rogaría que no lo amenicen. (Risas.)

El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a tener ocasión de tratarlo, sin duda alguna, porque ahora no hay tiempo para entrar en el pormenor de muchas de las decisiones que el Plan Director plantea. Simplemente permítame recordarle que el Plan Director propone una cifra concreta de inversión, no mucha inversión. No, mucha inversión no; 18,7 billones. Mucho es un adjetivo calificativo; 18,7 es una cifra. No me diga que el Plan propone mucha inversión, porque yo no sé qué es mucho o poco para usted; el Plan propone 18,7. ¿Usted cree que hay que poner más de 18,7 ó menos? Esa es la discusión que me interesa tener y tendremos ocasión de ello en la Comisión. (Rumores y protestas.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Andreu. (Rumores.--Varios señores Diputados cruzan palabras entre ellos.) Silencio, señorías. Señor Ramírez, silencio.
Tiene la palabra, señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le satisface que en el Congreso de los Diputados se hable de plan, se hable de prever inversiones, de prever actuaciones públicas a un tiempo largo. Nos parece bien y nos satisface que hable el Gobierno, así como que otros portavoces pidan más plan, lo cual creo que es motivo de satisfacción y puede ser un camino de encuentro. Desde luego, Izquierda Unida viene batallando continuamente en este Congreso precisamente por la necesidad de más plan; más plan en aspectos como éste, el de infraestructuras.
Aparte de esto y de que consideramos que hay elementos positivos en la exposición del señor Ministro y en las generalidades que se han planteado dentro del documento, como es la intermodalidad, y de que se haga el esfuerzo de conseguir un documento en el cual se planteen conjuntamente los diferentes modos de transportes y otras infraestructuras, considerando y valorando como positivo ese esfuerzo, nosotros tenemos una serie de sugerencias y de desavenencias con el espíritu que se plantea en este documento. En primer lugar, el propio acto político al que estamos asistiendo, que quizá sea un acto político muy devaluado, muy protocolario, en el que no hay resolución política y que, por tanto, no es un acto con contenido político y administrativo sólido, que pospone a otro momento que esta Cámara

Página 3790


tome resoluciones con respecto al Plan y que puede ser caldo de cultivo para que se entienda esto como un acto propagandístico en vísperas de unas elecciones. Pero en fin, con todo y con eso, que también vale en política, nos satisface hablar del Plan. En cualquier caso, hablando de infraestructuras de acceso al territorio, creemos que el debate no consiste en este momento, como planteó en alguna ocasión el Ministro, en ver qué es lo que hay que borrar y qué es lo que hay que poner. Para nosotros en este momento el debate consiste en saber si el resultado que viene en este Plan, el resultado final de accesibilidad al territorioque se plantea en este documento lo podemos considerar positivo o no.
Yo desde luego tengo que manifestar, en nombre de mi Grupo Parlamentario, que el resultado no nos satisface. Vemos un documento en el que, en las propias figuras que se plantean en él, el territorio del Estado queda francamente dividido y muy jerarquizado. Los documentos plantean que nos vamos a encontrar con una mitad del noreste de España que va a tener un grado de accesibilidad bastante notable y otra parte del Estado, que va desde Galicia a Murcia prácticamente, que se encuentra en una situación bastante inferior en cuanto a accesibilidad, tanto en accesibilidad carretera como en accesibilidad ferroviaria, y eso en los propios documentos que plantea el Plan Director de Infraestructuras que nos trae aquí el Ministro en nombre del Gobierno. Nosotros consideramos que el resultado final que se plantea en este Plan no es satisfactorio. Creemos que vamos a tener, en última instancia, un Estado francamente dividido en accesibilidad viaria y ferroviaria y también francamente dividido en posibilidades de desarrollo económico. Y el problema en ese momento no es si hay que poner una carretera más o una carretera menos, una vía de ferrocarril más o una vía de ferrocarril menos, sino que probablemente el esfuerzo que haya que hacer entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos debe tener un contenido bastante diferente.
Otro aspecto que para nosotros es preocupante, sobre los sistemas de comunicación, es la jerarquía que se plantea entre la carretera y el ferrocarril. Para nosotros no están justificadas debidamente las propuestasque se hacen por parte del Plan Director de Infraestructuras. Insiste el Ministro en que nuestro ferrocarril es decimonónico y deja entender que pedir más ferrocarril es casi una antigualla. Nosotros consideramos que es un planteamiento bastante incorrecto.
En primer lugar creemos que este documento tiene mucho de manual --hay una serie de análisis que nosostros compartimos, que parecen interesantes-- pero pocas propuestas. En lo que tiene de manual no es aprovechado, por ejemplo, el análisis que se realiza sobre la repercusión medioambiental de los diferentes medios de transporte. No se utiliza a la hora de tomar decisiones sobre los medios de transporte. Por ejemplo, en este análisis se señala que el ferrocarril tiene un impacto medioambiental infinitamente menor que la carretera, y la prueba es la situación actual del ferrocarril español. El ferrocarril español mueve el 6 por ciento de viajeros en el conjunto del Estado y consume el 2,8 de energía. Tenemos ahí una relación de 1 a 3 en consumo de energía. Energéticamente el ferrocarril es un elemento de mucho más futuro que la carretera y, sin embargo, la planificación que se hace es absolutamente carretera. La planificación que se hace dedica cinco billones 700.000 millones de pesetas a inversiones en carretera --si no recuerdo mal-- y unos tres billones de pesetas al ferrocarril, de los cuales la mitad están destinados al tren de alta velocidad, que es precisamente el que tiene mayor consumo energético. Desde luego, no nos parecen unas propuetas coherentes con el análisis medioambiental que incluye el documento. Nosotros pensamos que en España se consume muchísima energía en transporte ya que representa el 42 por ciento del total de energía consumida, mientras que en Europa se consume apenas el 30 o el 31 por ciento. Por ello no podemos permitirnos el lujo de plantearnos un sistema de transporte tan antieconómico, en lo que al gasto energético se refiere. Este es un elemento que analiza bien el Plan Director de Infraestructuras, pero a la hora de las resoluciones lo aplica mal; lo aplica mal porque tiene una confianza absoluta en el transporte por carretera, y desde luego las propuestas de mi Grupo Parlamentario van a ir en el sentido de modificar ese orden de prioridades.
Nosotros no solamente tenemos una visión onírica del ferrocarril, como parece expresar aquí el señor Ministro, y una visión decimonónica y casi cinematográfica de nuestras primeras películas. No. Nosotros pensamos que el ferrocarril sigue siendo un elemento de futuro. ¿Que problamente tiene incógnitas? Sin duda. Tiene incógnitas y hay muchísimos componentes tecnológicos que probablemente nos podrán plantear unas tecnologías u otras en el ferrocarril, pero, desde luego, nosotros no podemos compartir la filosofía de este Plan Director por la cual el transporte por carretera sale absolutamente jerarquizado de forma prioritaria.
También nos parece preocupante que sea tan débil el documento en lo que respecta a los criterios de financiación, y la poca seguridad que se tiene en ellos. Bien es cierto que ha expuesto una cifra (18,7 billones), pero esa cifra no es cierta, no lo es en el sentido de que no hay un compromiso por parte del Estado para efectuar esa inversión. Y no es que nosotros queramos arrancar ese compromiso para poner en un aprieto al Gobierno, sino que consideramos que es lógico y está dentro de la buena práctica planificadora el adquirir compromisos

Página 3791


de financiación. Esto es lo que le pedimos a un ayuntamiento cuando redacta un plan general; a un ayuntamiento le pedimos que adquiera un compromiso de financiación, se lo pedimos y luego, si no lo cumple, políticamente es responsable. Creo que no sería nada negativo que el Gobierno adoptara esos compromisos de financiación porque es lo que haría diferente a este documento, que pasaría de ser un manual a un documento de contenido político. Como manual lo podemos aceptar, sobre todo en los elementos analíticos, pero como documento de contenido político nos parece pobre, por una parte, y discutible por otra, como he dicho anteriormente.
En cuanto al Plan Hidrológico, aquí solamente se reflejan una serie de elementos muy indicativos. En cualquier caso, esos elementos indicativos a nosotros nos preocupan en el sentido de que no se hace un análisis crítico de los consumos. Se analiza que los consumos en España son muy superiores al resto de la media Europea, pero no se plantea de una forma nítida cómo se pueden moderar esos consumos, cómo se puede ahorrar, cómo se puede llevar una política de aguas que plantee más iniciativas en el ahorro de agua que en la inversión en infraestructuras. Son una serie de interrogantes que este documento plantea al conjunto de la Cámara.
El debate fundamental del Plan Director de Infraestructuras no creo que se cierre, ni muchísimo menos, en este debate que, repito, creo que tiene más de protocolario que de auténtico debate en el cual se puede discutir, votar y tener en cuenta iniciativas. Nuestro Grupo Parlamentario va a estar en el tajo para conseguir racionalizar lo más posible este Plan y lograr que plantee un desarrollo sostenible para nuestro país, ya que, a nuestro juicio las directrices que emanan, hoy por hoy, de este Plan no presentan un desarrollo sostenible. Al igual que Prieto hizo un Plan Hidrológico cuya ejecución se ha pospuesto 40 o 50 años, creemos que el documento que de aquí salga debe plantear unas directrices que sean sostenibles y llevaderas durante futuras generaciones. En ese sentido van encaminados los esfuerzos de mi Grupo Parlamentario.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO Y MARSAL: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, hoy presenta usted formalmente a esta Cámara el Plan Director de Infraestructuras. Aun cuando, según el orden del día, estemos en un debate sobre el enfoque estratégico de las líneas básicas de las infraestructuras en España, programadas en un marco temporal que se extiende hasta el año 2007, en realidad hoy se procede a la presentación formal del PDI en el Pleno de la Cámara.
El debate de esta tarde, al menos desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), debe llevarnos a una intervención de tipo generalizado y global que sirva para fijar la línea básica de cuál va a ser nuestra posición final a lo largo del que será el verdadero debate en ponencia y Comisión con resoluciones finales a presentar en Pleno; debate que creemos que no tiene que ser único, que será un debate prolongado en el tiempo, con muchos debates encadenados. Esperamos que sea un debate extenso porque la amplitud del PDI lo requiere, que sea fructífero, positivo en razonamientos y actitudes y, cómo no, con un alto grado de consenso. Así, pues, será entonces cuando nuestro Grupo entrará más en detalle y concreción respecto a los puntos del PDI que hoy nos preocupan, aunque algunos de los cuales citaré a lo largo de mi intervención.
De toda maneras, quisiera, en primer lugar, fijar unas premisas que condicionan y aclaran nuestra posición, una posición pragmática respecto al plan de trabajo a seguir en el estudio a fondo del PDI.
Primero, el Plan Director de Infraestructuras ya ha sido objeto en esta Cámara de diversas discusiones previas a la de hoy. Así, hablamos del PDI al final de la anterior legislatura, y en ésta, en concreto en Comisión, el 21 de septiembre de 1993, posteriormente, el 2 de noviembre de 1993 y también dentro del debate sobre el Plan Hidrológico de hace unas pocas semanas, y el 27 de abril en la presentación en el Senado.
En segundo lugar, el 21 de septiembre, en Comisión, usted, señor Ministro, definía el PDI como un plan deslizante. Aquí, nosotros quisiéramos que se concretase qué se entiende por plan deslizante, porque entonces se hablaba del 1993 al 2007 -- quince años--, y creemos que hay que concretar una fecha final: si es deslizante, pero acabará el 2007, fijo, o será un plan de 1994, año actual, y acabaría el 2008, o, en todo caso, si va dentro del presupuesto de 1995, acabaría en el 2009, porque usted ha dicho esta tarde que los 18,7 billones se gastarán a lo largo de los próximos quince años. Por lo tanto, concretemos si el plan acaba en el 2007, el 2008 o el 2009. Es quizá algo de índole menor, pero que hay que definir muy bien en el estudio.
En tercer lugar, está muy claro que en estos momentos el Plan Director de Infraestructuras es un plan del Gobierno. Después del debate total, el futuro del PDI dependerá del consenso; en sus líneas y magnitudes básicas, debería producirse un amplio pacto, si es necesario, un pacto de Estado. El PDI resultante y sus desarrollos parciales por actuaciones --lo que llama usted o debemos llamar planes sectoriales-- deberían ser una respuesta que pueda soportar bien las diversas legislaturas comprendidas en el espacio de tiempo previsto para la duración del plan, con lo que quiero decir también que pudiera soportar las posibles alternancias, si las hubiere, que en la gestión del mismo se produzcan.
En cuarto lugar, nosotros en estos momentos no hacemos comentarios al Plan Hidrológico porque, como

Página 3792


ya se ha dicho aquí en otras intervenciones, ha quedado desgajado de todo el conjunto, como consecuencia de lo que se aprobó el 22 de marzo en una moción en este Pleno.
También nos preocupan los plazos, pero no tanto como pueda parecer. La rapidez y la urgencia son elementos distorsionadores. Es necesario que la ponencia y la Comisión puedan trabajar tranquila y eficazmente. Los planes-puente permiten hacerlo así. Sabemos que tenemos los planes-puente de carreteras de 1994-1995; el de obras hidráulicas de 1993-94, éste quizás es el que está más justo como plan-puente en las fechas que usted nos citó en Comisión y tenemos constancia de ello; el plan de costas hasta 1997; el PTF hasta 1995. En realidad, los planes-puente permiten el deslizamiento en las fechas iniciales del plan, lo que nos permite jugar para que tengamos un trabajo continuado en ponencia y Comisión del desarrollo de los planes sectoriales que el Ministerio deberá hacer, pero lógicamente esta Cámara debe conocer y estudiar.
El Plan Director de Infraestructuras, creo yo, ha entrado en la Cámara dentro de las fechas fijadas en Comisión el día 2 de noviembre de 1993. Usted tiene suerte en la oportunidad, porque se dice que viene aquí en un momento electoral, en plan propagandístico, pero yo, dentro del pragmatismo que nuestro Grupo tiene siempre, creo que hay que decir que está dentro de plazo. En la sesión del 2 de noviembre, como le decía, le pedía que aplazase la presentación no sólo del Plan Director de Infraestructuras sino también del Plan Hidrológico Nacional, y después de todo el debate, en la última página del «Diario de Sesiones», figura su última intervención que dice: «Señores Diputados, me han convencido ustedes». Se refería a mí y al apoyo que tuve sobre este tema precisamente del señor Posada. Y quedamos en que la Cámara dispusiera del PDI «a finales del primer trimestre del próximo ejercicio»; y añadía su intención y deseo de que fuera antes. Esta intención y deseo no han podido ser, pero prácticamente el Plan Director ha entrado en la Cámara dentro de lo que podríamos considerar el plazo, aunque se haya pasado en quince días.
Otro tema que nos preocupa es la financiación. Usted nos habló en Comisión sobre la financiación, no ya tanto de la preocupación de mantener el crecimiento en las tasas previstas en el PDI del 2,5 ó 3 por ciento anual, sino de que un 70 por ciento era aportación de los Presupuestos Generales del Estado, un 10 por ciento podía ser de recursos de sociedades del Estado y el 20 por ciento por mecanismos extrapresupuestarios. Sobre este 20 por ciento se ha hablado poco y tendremos que trabajar en ello. Entrando en lo que básicamente nos preocupa del PDI, he de ser repetitivo al incidir nuevamente en lo que ya se ha dicho en Comisión e incluso hace pocos días por el portavoz de nuestro Grupo en el Senado. Nos preocupa, señor Ministro, que todo el plan se mantenga en la línea de ser un dibujo final deseable, que al quererlo definir como esquema vemos que no llega a ello, por moverse en una especie de utopía más que en una realidad.
Habrá que trabajar en esos conceptos respecto al plan y, en concreto, respecto a los recursos disponibles para llevar a buen fin todo su desarrollo.
A veces, en la redacción del PDI se observa claramente una intención de programa, con cuantificación y concreción precisas en algunas actividades, confusión por tanto entre programa y planificación. Usted ha sacado el concepto obsoleto de la palabra planificación. Creemos que hay que planificar, pero otra cosa sería programar, entrando más en detalle. Está fuera de toda lógica comprometer recursos financieros a quince años, tan concretos como en algún punto se quiere. Al no existir un modelo territorial adecuado, lleva a dudar de las previsiones a tan largo plazo. Se intenta proponer una estrategia de ordenación del territorio, y no debe pasar por alto que es competencia de las comunidades autónomas la temática de planificación territorial y que además debe considerarse que no se ha definido ningún modelo ni ninguna directriz en referencia a la ordenación del territorio de todo el Estado.
Toda esta temática autonómica, municipal, de diputaciones, sé que preocupa al señor Ministro y a los redactores del PDI. Así se ve en las palabras del señor Ministro en la presentación del plan en el Senado y hoy aquí. Lo que no sabemos es si el sentido de su preocupación y de la nuestra van en la misma dirección y, por lo tanto, podrán llegar en algún momento a encontrarse de una forma positiva. Esperémoslo. El plan, en algunos conceptos, va más allá de la ordenación del territorio y puede llegarse, conjuntamente con las figuras antes citadas de esquema y programa, a una mezcla heterogénea de difícil justificación, poco creíble, con suficientes indefiniciones, pero, eso sí, dejando abiertas muchas posibilidades. El análisis de los cuatro objetivos que usted ha relatado nos lleva a creer de forma positiva en todo el plan. Podría extenderme más, pero tiempo habrá para ello durante el trabajo en ponencia y Comisión y en los posteriores trabajos que el PDI requiera.
Lo interesante para nuestro Grupo va a ser, y es, que el resumen de diagnosis de intenciones, de declaración de principios, de recopilación de propuestas, que son el verdadero contenido del Plan Director de Infraestructuras, se transforme en sucesivos documentos sectoriales que permitan llevarlo a buen fin, lo que esperamos y deseamos. Ello tiene coincidencia con la voluntad del señor Ministro, por lo que veo reflejada en los últimos párrafos de su intervención de réplica en el Senado. Usted nos decía: No puedo estar de acuerdo con quienes han pedido que procure que esta edición del PDI sea la última. Que no sea la última, señor Ministro; que haya las que tenga que haber; que trabajemos y que vayamos

Página 3793


adaptando en un buen pacto sobre el PDI todo lo que se consiga por el consenso de todos los grupos de esta Cámara.
Para terminar, quiero decirle, señor Ministro, que nuestro Grupo tiene mucho interés en este debate y que hará todo lo posible para obtener el alto grado de consenso del que he hablado antes, e invito a todos los portavoces de los demás grupos a que el espíritu de consenso positivo sea el principio básico de nuestro trabajo y debate. Si no es así, el plan no podrá ser --como se decía aquí-- un plan para todo el Estado, sino que seguirá siendo un plan del Gobierno, lo que, desde nuestro punto de vista, no sería nada positivo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Subo a esta tribuna, en representación del Grupo Vasco, para efectuar unas consideraciones generales y también de naturaleza concreta sobre el documento del Plan Director de Infraestructuras que el Gobierno ha sometido a la consideración de los grupos de esta Cámara.
Señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, desde el Grupo Vasco hemos asistido con interés al cambio de filosofía en el tratamiento de la planificación de las infraestructuras que se ha operado en el Gobierno central, reflejando también la integración de los diversos departamentos ministeriales que se realizó en 1991 en el Ministerio que usted dirige. Apreciamos el esfuerzo que se ha realizado en la coordinación de los diferentes modos de transporte, llevado a cabo por un documento marco cuya credibilidad, a nuestro juicio, tan sólo está empañada por lo largo de su plazo, 14 años, y las indeterminaciones en cuanto a su calendario, financiación, así como su ejecución, sujetos a los inciertos avatares políticos de los próximos lustros.
Un instrumento, una figura, como el Plan Director de Infraestructuras no tiene reflejo o amparo en el ordenamiento jurídico en materia urbanística o de ordenación territorial.
Por tanto, el Plan Director de Infraestructuras no es un instrumento de ordenación territorial o urbanístico previsto en nuestra legislación. A lo sumo, podríamos concebirlo como una figura sectorial del Plan de ordenación nacional, previsto en la Ley del suelo y ordenación urbana, pero sólo a los efectos del desarrollo de las infraestructuras, porque esta figura, prevista en la Ley del Suelo y régimen urbanístico, abarca, además del desarrollo de las infraestructuras, la ordenación general de la economía. Nosotros coincidimos con el señor Ministro en que un plan director debe contener unas directrices que, en muchos casos, deben ser complementadas por planes sectoriales, especializados y competentes, por razón de la materia que vayan a desarrollar. En ese sentido, estaríamos de acuerdo en que no puede pormenorizar o concretar en exceso las determinaciones que en el mismo se contemplan.
El punto de partida del que surge el Plan Director de Infraestructuras, que es la necesidad de que exista una coordinación entre los distintos tipos de infraestructuras y una concepción integral del transporte, nos parececorrecto.
Señor Ministro, conviene recordar que la competitividad de nuestra economía, en unos momentos de internacionalización y de apertura de los mercados, depende también, en buena medida, de la disponibilidad de infraestructuras físicas: carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, para el transporte rápido y a precios baratos de nuestros productos hasta los mercados de destino. La importancia del transporte para el adecuado desenvolvimiento de la actividad económica y social es manifiesta, al intervenir en todos los estadios del proceso de producción, desde la recogida de materias primas hasta la distribución de productos terminados. Por ello, siendo conscientes de la importancia de contar con un transporte eficiente, somos partidarios de su planificación multimodal, a fin de evitar disfuncionalidades. El transporte se sustenta territorialmente en infraestructuras, las cuales, dado su carácter de elementos estructurales del espacio, constituyen uno de los elementos básicos en el desarrollo de un país, y, por tanto, su correcto desarrollo tiene una indudable repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos.
Señor Ministro, desde el Grupo Vasco al analizar el Plan Director de Infraestructuras nos vamos a referir a las infraestructuras del transporte donde la política gubernamental ha estado enfocada sobre cuál es la consideración del transporte como modo repartido, eso sí, en sus diferentes vertientes, carretera, ferrocarril, transporte aéreo y marítimo. Con esta referencia previa cabía esperar un posicionamiento claro del Ministerio que usted dirige en una determinada cuantificación porcentual en cada modo en el total, y ello según sus criterios políticos en materia de transporte y de las posibilidades reales para alcanzar tales objetivos. Este reparto modal preestablecido se transformaría en objetivos sectoriales sobre las infraestructuras respectivas que soportan el sector, pero, señorías, esto no es así. El Plan Director de Infraestructuras ha preferido responder a la extrapolación de las cifras de los últimos años como expresión inequívoca de una demanda no manipulada por los dirigismos de las políticas específicas y trabajar con la certeza de un reparto modal, inevitable por su grado de consolidación en el transporte estatal. En definitiva, se constata la victoria de lo que es sobre lo que debería ser, es decir, lo que es ahora con las cifras de demanda y las infraestructuras actuales y lo que debería

Página 3794


ser en función de la concepción ideológica del transporte. Al no existir criterios de modificación del transporte actual, la carga política del Plan Director de Infraestructuras decrece sustancialmente, convirtiéndose en una mera resolución de problemáticas técnicas de insuficiencias, con recursos escasos y una voluntad unificadora y un continuismo de las tendencias actuales.
Señorías, vamos a analizar el plan presentado a la Cámara y los distintos instrumentos y objetivos que contiene. En materia de ferrocarriles había curiosidad por conocer el tratamiento que el plan iba a otorgar al transporte ferroviario ligado al Estado no sólo a través de sus infraestructuras sino de la empresa que prácticamente ha monopolizado la explotación hasta la actualidad. Parecía un momento muy oportuno para definir el nuevo transporte ferroviario en la Península tomando conciencia de que su parte de responsabilidad dentro de la movilidad total ha variado sustancialmente a lo largo del presente siglo y muy especialmente en las tres últimas décadas con el desuso del tren, de las cargas fragmentadas hacia la carretera, la aparición del tren de alta velocidad como un modo casi no ferroviario y, finalmente, con la aparición de directrices europeas tendentes a la eliminación de las subvenciones a determinados servicios.
En este sentido, el Plan Director de Infraestructuras se limita a detectar y resolver ciertas carencias endémicas de la red de ferrocarriles y a responder con rigor a las demandas de la red europea de alta velocidad. El resto de los trazados sigue ofreciendo una infraestructura ferroviaria como la actual, manteniendo la misma capacidad potencial de la red y sin que les afecten la constancia de que dicho transporte languidece en su demanda. Este planteamiento obliga en cierta medida al continuismo en la política ferroviaria actual y mantiene a Renfe como sociedad explotadora en una comprometida situación económica, sólo solventada por la participación del contribuyente a través de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado al gasto corriente de la empresa. Tampoco parece que se estén consiguiendo logros importantes con la indudable mejora de la gestión empresarial por parte de Renfe, que presencia con inquietud las consecuencias de las privatizaciones de las entidades operadoras en el transporte ferroviario de Europa, la futura prohibición de subvenciones y la compatibilidad de sus servicios con los de otros agentes explotadores.
Existe también un sentimiento generalizado que se centra en la consideración de reservar el transporte ferroviario para las cercanías, los largos recorridos de alta velocidad y los transportes de cargas completas. Sin embargo, y como queda dicho, no hay en el documento ningún posicionamiento concreto a este respecto. No obstante, en materia ferroviaria hemos de señalar que la preocupación por la solución a los deficientes accesos desde Bilbao y San Sebastián a la meseta y al resto de Europa ha coincidido en el tiempo con un nuevo posicionamiento europeo ante el ferrocarril y el replanteamiento de esta infraestructura a nivel estatal. Queremos expresar que el Plan Director incluye una nueva red ferroviaria en el País Vasco que responde a las necesidades de infraestructuras indicadas y por lo que mostramos nuestra satisfacción.
Señor Ministro, de una forma esquemática queremos también realizar unas consideraciones sobre los diferentes aspectos que contiene el plan en materia de ferrocarriles. Queremos mostrarle nuestra preocupación ante la posible tentación de considerar este plan como el documento representativo del total de las infraestructuras del Estado y no como el del Gobierno central en sus propias competencias, lo que podría tener importantes consecuencias ante ayudas económicas del exterior a los programas de infraestructuras del conjunto del Estado, pensando que lo que se va a hacer en infraestructuras en España es únicamente lo que se plasma en el Plan Director presentado por el Gobierno a la Cámara. Queremos expresarle nuestra consideración positiva a la filosofía de una planificación de infraestructuras que responda a un concepto integral del transporte estatal concretada posteriormente en sus correspondientes desarrollos sectoriales. Quiero remarcarle el especial significado del Plan Director de Infraestructura en el País Vasco, donde una competencia tan importante como la de planificación de carreteras corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca.
Consideramos muy acertada la inclusión en el plan de los compromisos que en materia de ferrocarriles y aeropuertos fueron acordados por el Gobierno central y el Gobierno vasco.
Nos parece positiva la disposición expuesta en el plan de concertar actuaciones con las administraciones públicas vascas en materia de transporte intermodal, cuya competencia corresponde a las mismas. Estamos de acuerdo con la inclusión, dentro del listado de actuaciones del plan intermodal de transporte a Bilbao, del epígrafe «Futuro convenio metro Bilbao», que podría suponer la reconsideración de la negativa del Gobierno central a participar directamente en la financiación del metro y en la retirada de las acciones judiciales en trámite.
Consideramos de gran importancia la división del plan en etapas, obligadamente yuxtapuestas, que permitan «periodificar» las actuaciones, marcar criterios de priorización y establecer condicionantes de vecindad para las planificaciones que son competencia de las instituciones de las comunidades autónomas. Reflejamos nuestra preocupación ante la falta de referencia al desarrollo de las planificaciones infraestructurales, que son competencias de las comunidades autónomas, que podrían estar explicitadas, a nuestro juicio, en un anexo de este Plan Director de Infraestructuras.


Página 3795


Por ello, señor Ministro, quiero señalar que, sobre la base de la fundamentación expuesta, los aspectos que, a nuestro juicio, habría que corregir en el Plan Director y sin perjuicio de que posteriormente sean debatidos en ponencia, serían los siguientes. El tramo ferroviario Miranda de Ebro- Vitoria no se encuentra incluido en la «Y» vasca ni en los planes de actuaciones estructurales hacia Euskadi. Parece claro que dicho tramo no se debe diferenciar, en cuanto a sus características, del tramo Valladolid-Miranda de Ebro, por lo que sus parámetros se deberán mejorar para elevar su velocidad de diseño a 200 kilómetros por hora.
En el listado de actuaciones del plan intermodal de transportes, se hace mención a la línea 1 del metro de Bilbao y no a la totalidad de su construcción, que incluye dos líneas y la posibilidad de una tercera. Hay que indicar que la puesta en servicio de la línea segunda del metro podía hacer innecesaria una importante parte del listado de actuaciones, que están condicionadas por el mantenimiento del servicio de cercanías de Renfe entre Bilbao y Santurce. Por igual motivo, en el apartado de tendencias se debe decir que la construcción de las dos líneas del metro puede propiciar un cambio en el sistema de transporte. Procede recordar también que las competencias planificadoras en la ordenación del territorio corresponden a las comunidades autónomas, quienes ostentan la responsabilidad en la resolución de la problemática en las áreas metropolitanas, si bien se coincide sustancialmente con las tendencias, problemas y estrategia para la concertación que se incluyen en el documento. En materia de puertos, señalaríamos las siguientes consideraciones. Cuando el Plan Director, entre uno de los objetivos modales, habla de la planificación y gestión de los puertos, generando éstos los recursos necesarios para conseguir su equilibrio económico-financiero, ello no coincide con los referentes que se marcan para carreteras y ferrocarriles, respecto de los cuales se señala que su eficiencia no puede ser medida en términos económicos- financieros, sino que deben incorporar el conjunto de los costes que implican. Nosotros consideramos que el transporte marítimo y los puertos son también infraestructuras básicas, que reflejan un adecuado balance desde la perspectiva de los costes sociales, por lo que este objetivo previsto en el plan debiera corregirse.
Entre los objetivos modales de los puertos, se habla de la especialización de puertos-base de contenedores en el Mediterráneo y ninguno en el Golfo de Vizcaya o en la costa gallega, por lo que planteamos la inclusión del puerto de Bilbao como base de contenedores. Compartimos parcialmente el objetivo referente al desarrollo de la navegación de cabotaje en el marco de la liberalización, no por la influencia que pueda tener laliberalización, sino porque no ha existido una suficiente y adecuada política de potenciación del transporte marítimo. Incidimos en la inconveniencia de presuponer que la situación competencial y administrativa de los puertos de Bilbao y Pasajes se mantendría en el plazo de horizonte del plan. Asimismo, en cuanto al puerto de Bilbao, consideramos la necesidad de que el Plan Director prevea el estudio e implantación de una zona de actividades logísticas, una ZAG, caracterizada por la captación de tránsito internacional, actividad que ya se viene desarrollando en este puerto.


El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, le ruego que concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, voy concluyendo.
En materia de aeropuertos, nos parece positivo que el Plan Director prevea las actuaciones que actualmente están en marcha y que forman parte de los compromisos en infraestructuras asumidas por el Gobierno central y la Comunidad Autónoma Vasca en 1989.
En lo que concierne a costas y protección del litoral, hay que señalar que la aplicación de la Ley de Puertos y Marina Mercante está llevando a algunos puertos a desafectar del uso portuario áreas de infraestructuras que anteriormente se incluían dentro de los puertos, por lo que correspondía a los mismos su conservación y mantenimiento. Estas zonas desafectadas de las áreas portuarias, al ser dominio público estatal, pasan a ser gestionadas por la Dirección General de Costas del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, pero no ocurre lo mismo en cuanto a su conservación, mantenimiento y acondicionamiento, pues la práctica diaria nos está reflejando que se intenta compartir estas obligaciones con los ayuntamientos del litoral, aspecto que no ocurría cuando el área en cuestión formaba parte de la entidad portuaria, por lo que estimamos que este objetivo debería plasmarse de alguna manera en el plan con carácter prioritario a otras actuaciones a ejecutar en el litoral español.
El Plan Director de Infraestructuras, en lo relativo a los recursos hídricos, expone un programa presupuestario de tres billones, repartidos casi de manera igualitaria, para incrementar los recursos hidráulicos y mejorar la calidad del agua. En este punto, destacaríamos los 521.000 millones destinados a la conservación, mantenimiento y seguridad de las infraestructuras actuales y futuras. Así, nos parece positivo que tanto en las cuencas hidrográficas del norte como en la del Ebro se prevea la implantación del sistema automático de información hidrológica. Señorías, los recursos hídricos son escasos y muchas las demandas a satisfacer. Esto plantea el problema de la adecuada asignación de un bien escaso entre la multitud de sus usos alternativos. Es evidente que la economía de mercado, guiada por la ley del máximo beneficio o de la competencia perfecta, no asegura el deseado

Página 3796


equilibrio ni la equidad en el reparto del agua. Esto demuestra la necesidad de una planificación hidrológica que compense las imperfecciones del mercado allí donde se produzcan. En este sentido, nos parece conveniente que el Plan Director contemple una programación de los recursos hídricos, que necesitará ser desarrollada por un plan especial sectorial, como es el Plan Hidrológico previsto en la Ley de Aguas.
De todas maneras, señor Ministro, el Grupo Vasco le efectúa las siguientes precisiones. La tarifación del agua debería incluir los costes económicos, sociales y ambientales que conlleva su manejo. En cuanto al uso del agua en los regadíos, como finalidad de mayor consumo, es preciso garantizar un uso más eficiente. Es también preciso establecer y desarrollar actuaciones para prevenir la contaminación del agua y mejora de su calidad. Por último, debo indicar que es precisa una planificación especial integradora del ciclo del agua que afronte las relaciones entre aguas superficiales y aguas subterráneas, así como la magnitud y modo en que las actividades humanas afectan a la cantidad y calidad del agua.
Finalizo, señor Ministro, expresando que, desde la coincidencia en algunos casos y la discrepancia en otros, el Grupo Parlamentario Vasco afronta el debate del Plan Director de Infraestructuras desde una posición constructiva y de colaboración, con la esperanza puesta en llegar a un alto grado de consenso en la plasmación definita del Plan.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señorasy señores Diputados, en primer lugar, he de indicar que Coalición Canaria está de acuerdo en la necesidad de contar con un plan de infraestructuras a largo plazo, 15 años o incluso podrían ser 20. Nos parece adecuado, además, que ese plan se tramite como un plan director. Asimismo, consideramos que no sólo es necesario sino totalmente imprescindible, para que no se convierta en papel mojado, que se cumplan dos condiciones.
Primera, que se realicen planes sectoriales que lo desarrollen, con los mismos plazos de vigencia, para que sean comparativos (nos parece más adecuado que la circunstancia actual, donde el Plan Hidrológico es a 20 años y el Plan Director a 15), y con alcances similares para todas las actuaciones en los diferentes sectores. Segunda, que como desarrollo de los planes anteriores se confeccionen programas de actuación prioritarios, con plazos de vigencia de cinco años, y en base a ello elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Así acabaríamos, indudablemente, con lo que pueda haber habido de improvisación --que creo que la hay--, con la falta de sistematización y priorización, ejecutando obras muchas veces de interés cuestionable y dejando de hacer otras más necesarias, y algunas veces ejecutando obras --hablo de épocas anteriores-- que al concluir no han servido absolutamente para nada --en Canarias hay algunos casos sangrantes de ello--, incluso, muchas veces, ejecutando obras cuyo único fin ha sido el carácter electoral. Me gustaría hacer tres comentarios generales al documento del PDI. Creemos que la primera parte, dedicada al análisis general de la información y a la justificación de los criterios y objetivos, resulta suficientemente exhaustiva y riguroso desde el punto de vista de un documento de planificación de inversiones. La segunda parte, referente a las propuestas de actuación en cada uno de los grandes capítulos de inversión, resulta tremendamente heterogénea y desigualmente estructurada. Se pone claramente de manifiesto la multiplicidad de autores, según la directriz común, sobre el alcance de la documentación a incorporar. Es llamativa la insuficiencia de datos en las actuaciones de costas, mientras que se alcanza un nivel de gran detalle en otros apartados, como son las actuaciones concertadas de transporte y urbanismo en grandes ciudades. Estos dos casos pueden considerarse como extremos en la heterogeneidad del conjunto.
Y, por último, echamos de menos en general la justificación de las actuaciones desde el punto de vista de los modelos territoriales singulares, como pueden ser las comunidades insulares, en las que no se valoran suficientemente factores como la dependencia del sector turístico o la especificidad de los sistemas en transportes internos, totalmente diferentes al resto de la España continental, o la fragmentación del territorio o sus propias fragilidades.
Antes de entrar a analizar las diferentes secciones, quiero hacer un comentario, señor Ministro. En su comparecencia en Comisión, a petición propia, cuando explicaba el plan director, le indicaba este Diputado que Canarias era un territorio diferente y aislado, que conoce perfectamente el Ministro, con marcos competenciales diferentes y que, por tanto, se necesitaba tener una visión específica del problema canario. El Ministroafirmó al respecto: Canarias tiene que tener un capítulo específico en el plan director, porque es un problema disjunto del territorio, y así estamos concibiendo un capítulo especial, aunque ya estamos actuando en Canarias en muchos frentes, especialmente en materia hidráulica.
La realidad es que se le ha tratado con los mismos criterios que a la España continental y, aunque he de reconocer que se habla del caso canario en muchas de las secciones y capítulos, al no haber un tratamiento conjunto en un capítulo especial, cada vez que entramos en el análisis nos encontramos con que el caso insular

Página 3797


se intenta tratar con los mismos criterios de la política continental o, al final, hay que buscar una salida para ese caso específico, pero no dentro de un modelo global para un territorio totalmente diferenciado.
Parece claro que en el caso de las infraestructuras es necesario un modelo para la España continental y un modelo diferente para la España archipielágica, por una consideración pura, exclusiva y sencilla como es la diferenciación geográfica. Esto hace que, cuando vayamos a estudiar y resumir el texto del PDI, nos encontremos con que tenemos que ir continuamente entrando en el análisis global y en el análisis genérico.
Me parece que ahí se pueden sacar cinco o seis conclusiones importantes de la introducción. Que se está sustituyendo la idea de competitividad entre empresas por competitividad entre espacios físicos, y de ahí la importancia de dotar a estos espacios de la necesaria infraestructura. Totalmente de acuerdo. En el caso canario, que vive del turismo y que la movilidad es su esencia, la infraestructura es un pilar básico.
Cuanto menor es el nivel de dotación de un territorio, mayor es el efecto de las inversiones en infraestructuras sobre la actividad económica. En Canarias la aplicación de este principio justifica las altas tasas de retorno que pueden obtenerse de las inversiones públicas en esta materia.
También destaca el estudio el alto número de empleos generados por la inversión en ferrocarriles y en carreteras. Cada 4,5 millones de pesetas produce un empleo. La ausencia de inversión ferroviaria en Canarias debería de ser sustituida con la misma en carreteras o en transporte público alternativo.
La inversión en infraestructuras es la principal vía de que dispone el sector público para promover el incremento de renta y el empleo --totalmente de acuerdo-- y también para promover la productividad de una región. Es el único recurso público que puede modificar ciertamente la acción de gobierno.
Canarias tiene la más alta tasa de paro y seguirá teniéndola porque aunque crezca la población ocupada más crece la población activa. Igualmente, el impacto de la inversión en infraestructuras, la menor inversión en Canarias y el concepto de que las áreas de transporte inciden en la competitividad mediante el parámetro tiempo nos parecen elementos fundamentales para poder elaborar un modelo.
Cuando entramos en la organización general del PDI, nos encontramos con que de los 18,7 billones de pesetas, en transporte interurbano se va el 56 por ciento; en transporte medio urbano, el 19; en obras hidráulicas, el 12; en infraestructuras ambientales, el 10; en actuaciones en costas, el 2; en investigación y desarrollo, el 1. Es un plan de inversiones fundamentalmente del Ministerio. Y estos porcentajes no sabemos, porque no hay suficiente documentación, si son una tendencia de las actuaciones que se vienen realizando o se justifican con los criterios del modelo que se elige. Desde luego, estos porcentajes, por ejemplo, en el territorio canario no serían en absoluto los que podrían y deberían estatuirse. En el caso de las carreteras, las vías de gran capacidad absorben la parte del león, casi el 50 por ciento del gasto previsto. El gasto de acondicionamiento de la red viaria es el 15; ese es modesto. Sin embargo, el gasto de conservación y explotación es importante: 113.000 millones de pesetas, el 31 por ciento; a más de cinco millones de pesetas por kilómetro y año. La cifra es importante. Hay que presuponer, si la comparamos, que el Gobierno de Canarias habría de destinar la totalidad de su presupuesto de inversiones en carreteras a labores de conservación y explotación para poder alcanzar esas cantidades.
Nos parece acertado el esfuerzo en materia de vías de gran capacidad que vaya destinado a completar la red de autovías y autopistas desarrolladas en el primer plan de carreteras y que sean los itinerarios perimetrales los que tengan preferencia.
Y una idea de la ambición del PDI en materia de carreteras la da que, en principio, fija 8.000 vehículos/día el horizonte en el que hay que pensar en desdoblar carreteras. Incluso, cuando se llega a los 5.000 vehículos/día, postula que se estudie la capacidad o su posible inclusión en un programa de desdoblamiento. Si hemos de tener en cuenta que en Canarias sufrimos tramos con cerca de 40.000 vehículos/día, que no sólo no están desdoblados, sino que no se podrán desdoblar en los próximos diez años, y que las carreteras insulares de pequeña circulación están soportando 5.000 vehículos/día, con anchos de seis metros y sin arcenes, vemos que tenemos una gran necesidad de infraestructura.
Cuando se trata de los ferrocarriles (y para intentar, por la hora, darme cierta prisa), vemos que el 50 por ciento del gasto está dedicado a la alta velocidad. Alta velocidad que consume casi mil millones de pesetas por kilómetro, contra 500 millones de pesetas por kilómetro de autopista. Si vuelvo a comparar eso con el convenio de carreteras firmado en Canarias, si le damos el mismo plazo de vigencia, nos daremos cuenta de que el convenio es el 2,7 por ciento sobre los 5.470 millones de inversión total en carreteras, y si sumáramos carreteras y ferrocarril, ya que en Canarias no se invierte en ferrocarril, sólo sería el 1,7 por ciento frente a nuestro 4 por ciento de población. Lo que destaca es que necesitamos, con los mismos parámetros que está midiendo el PDI, mucha mayor inversión en carretera.
Está claro que en puertos y aeropuertos nos parece bueno el criterio de autofinanciación, pero es que, en el caso canario (y vuelvo a compararlo), la autofinanciación para nosotros es la autofinanciación del cien por ciento del transporte de pasajeros entre la península y Canarias y el cien por ciento del transporte de mercancía, contra criterios que sólo significan del 3 al

Página 3798


8 por ciento en viajeros y el 30 por ciento en mercancías de promedio en la España peninsular.
Por tanto, hemos de destacar en este campo que para nosotros gran parte de las carreteras y los ferrocarriles son nuestros puertos y aeropuertos, por lo que parte de la financiación podría ir a los fondos de cohesión y podría no repercutirse y amortizarse para lograr abaratar nuestros costes de entrada y salida, que es nuestra única vía para permitir el desarrollo y la llegada de los turistas.
En infraestructura urbana y en transporte hemos de decir que la sistematización del plan creemos que es más bien confusa.
Habla de grandes áreas metropolitanas, áreas metropolitanas medias y subsidiarias (el que conozca bien nuestra tierra sabe claramente que hay dos áreas, no sólo Las Palmas-Telde, sino que hay que incluir Las Palmas-Telde y Santa Cruz-Laguna) y ciudades de más de 50.000 habitantes.
En definitiva, creemos que la infraestructura urbana de transporte, con los planes intermodales, obedece más a la tendencia actual y a los datos que están hoy en el Ministerio, que se deducen básicamente de las actuaciones con las cuales se va encontrando el Ministerio en ferrocarriles y en carreteras al encontrarse con las grandes ciudades, que realmente a un diagnóstico de cuál es la situación en cada uno de los casos y en las diferentes ciudades españolas.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.


El señor MARTIN MENIS: Señor Ministro, en el caso de costas, se ofrece una distribución de los recursos económicos que se dedican a tres programas de inversión y de donde prácticamente no podemos extraer nada. Creo que ahí se demuestra dónde se planifica y dónde no; en el caso de costas la planificación es muy corta. Habría que hacer unas consideraciones finales, pero como el tiempo se me acaba lo único que me gustaría decir es que se está pensando en desdoblar cuando se pase de 8.000 vehículos/día. Hay ya partes de toda la red que no son del Ministerio, que son las redes de las comunidades autónomas, de los municipios, que están con índices muy superiores, y no podremos resolver de ninguna forma los problemas si no las integramos en un plan director de ámbito estatal.
Como conclusión, me gustaría reflejar, en primer lugar, la necesidad de dar un tratamiento similar, con esquemas similares y con igual grado de profundización, a las diferentes secciones de todo el estudio; la necesidad de revisar cada uno de los sectores analizando si ese «mix» es el adecuado o hay que cambiarlo --desde luego, en el caso canario creemos que hay que hacerlo--, la necesidad de realizar los planes sectoriales y de programas de inversión a cinco años y, en cualquier caso, reconocer que, si no hubiera habido un PDI, no tendría lugar aquí esta discusión, y aunque sólo fuera por esto, que no lo es, indudablemente, sería un hecho muy positivo tener un PDI. En el caso canario, simplemente diré que creemos que es necesario un capítulo específico del plan director para Canarias, elaborado en conexión con la Comunidad Autónoma; es necesario elaborar una política en las inversiones para fomentar el transporte público, adaptado a la especificidad canaria, y quizás hay que empezar a pensar en alternativas al tren, en sistemas de transporte público nuevos que permitan resolver los gravísimos problemas que se producen en un territorio fragmentado como el nuestro, incluir en el PDI las áreas metropolitanas de Las Palmas y Santa Cruz-Laguna y pensar que nuestro bajo tanto por ciento de participación en los presupuestos en carreteras y ferrocarril hay que suplirlo en otros sectores estratégicos para el desarrollo de Canarias, y los fondos de cohesión están que ni pintados para Canarias, ya que las infraestructuras en transporte y medio ambiente son los dos grandes problemas que tiene un territorio insular para su población y para su desarrollo.


El señor PRESIDENTE: Señor Martín, le ruego concluya.


El señor MARTIN MENIS: Termino, señor Presidente.
Nuestros puertos y aeropuertos pueden tener una parte de inversión con cargo al Estado y otra de autofinanciación.
Podríamos conseguir precios más bajos, más competitividad y una excelente calidad, que deben ser las bases del desarrollo del futuro.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Roncero.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, nuestro Grupo en este momento procesal, que estima que es por analogía similar al de un debate de totalidad en esta Cámara, quiere hacer esa analogía real, es decir, hacer un debate de totalidad, una fijación de posición sobre el plan director de infraestructuras y la comunicación que el Gobierno ha enviado a la Cámara.
En ese sentido, por esa analogía, debemos pronunciarnos por la necesidad, oportunidad, conveniencia, principios y espíritu del documento que tenemos en nuestras manos y que es lo que nos ocupa. En este caso, al ser un plan, esos principios u objetivos son las líneas estratégicas generales que el propio clan contiene, y desde luego ninguno de los intervinientes ha dudado de la necesidad, de la conveniencia o de la oportunidad

Página 3799


de una planificación a medio y largo plazo en nuestro país.
Por tanto, esa primera condición de este debate de totalidad está cumplida, puesto que hay esa necesidad, es conveniente y es oportuno. Hay algunas discrepancias sobre si es oportuno o no. Ha sido puesto de manifiesto que está en el momento preciso, según los acuerdos y las propias previsiones y promesas a la Cámara, y por tanto consideramos que es necesario, oportuno y conveniente que las Cámaras --antes lo hizo el Senado, ahora el Congreso-- debatan este plan en esta analogía de un debate de totalidad.
Como decía, es una necesidad de planificación reclamada por parte de todos los sectores desde hace tiempo; reclamada desde sectores políticos, sindicales, empresariales, organizaciones no gubernamentales, ecologistas, ambientales, etcétera, que ha llegado en este momento después de previas planificaciones sectoriales de urgencia, que han abordado las necesidades y los estrangulamientos más urgentes que tenía nuestro país para absorber las demandas brutales que se habían producido en pocos años. Después de reorganizaciones administrativas convenientes para poder llegar a este momento, se ha producido la presentación de un documento. Esas reorganizaciones son por todos conocidas: la fusión de los Ministerios de Obras Públicas y Urbanismo con Transportes y Telecomunicaciones, lo que ha dado lugar al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Hay algo muy importante, que es la creación en ese Ministerio de un organismo interno de planificación, que en principio fue la Secretaría General de Planificación y Concentración Territorial y que ahora es la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Política Territorial. Esto es algo muy importante para el devenir de los acontecimientos y para el propio nacimiento del documento planificador que tenemos.
El PDI es un documento básico de planificación, un marco de referencia, un marco de directrices y, por tanto, director, como decía el señor Ministro, para desarrollo de las infraestructuras de competencia estatal. Además, es un instrumento de coordinación de la Administración del Estado y de cooperación y concertación con otras administraciones. Ello en el contexto y posibilidades financieras de nuestra economía.
En un contenido muy sintético del documento podemos ver cómo se reflejan los principios y el espíritu del mismo. El documento hace, en un principio, un poco de historia reciente.
Se refiere al esfuerzo inversor realizado, que ha sido algo que no tiene parangón en la historia de las obras públicas, y en este caso fundamentalmente el de las carreteras en nuestro país.
Posteriormente hace un diagnóstico de la situación actual o estado de la cuestión. Se refiere a los problemas que quedan por resolver; hace una previsión de inversiones para el horizonte temporal del plan; es decir, prevé el esfuerzo inversor necesario y plantea unas estrategias de actuación con inciencia territorial en función de los recursos disponibles, que son los apartados de estrategia y actuaciones en los diferentes sectores que el plan contempla.
Finalmente, el plan también tiene una importante llamada a la concertación con otros agentes públicos y sociales; primero, en la definición y desarrollo de actuaciones concretas, con planes sectoriales concretos y, segundo, en la distribución, muy importante también, de la financiación del propio plan.
Es fácil reconocer, en esta descripción de síntesis del contenido del documento, la doble vertiente que toda labor planificadora debe tener: una parte expositiva o de diagnóstico en la situación de partida, y una parte de pronóstico, que es la situación a la que se quiere llegar.
Esto lo hace el documento --en nuestra opinión muy acertadamente-- sin un carácter cerrado y estático, sino, como había dicho el Ministro al inicio de su intervención, con un carácter dinámico y como resultado de un conjunto de actuaciones coherentes que se integran en un proceso programado en un plazo y con una determinada envolvente financiera. Y todo ello para afrontar los retos y exigencias a medio y largo plazo que el plan y la propia comunicación del Gobierno correctamente define. Entre ellas cabe destacar el desarrollo, muy importante para nuestro Grupo, de la actividad espacial y social, orientado a reducir diferencias interregionales entre espacios urbanos y rurales.
No quepa la menor duda, como se ha afirmado aquí, que las infraestructuras también tienen ideología. El señor Posada también lo reconocía y efectivamente es así. El AVE ha sido una inversión de amplio contenido, de equilibrio territorial respecto al sur, como hemos dicho muchas veces, que ha sido muy discutido, pero nosotros hemos apostado fuertemente por ese equilibrio territorial del AVE. Quiero recordar aquí, señor Posada, aunque usted no lo decía, que alguien de su Grupo decía que el AVE se hubiera hecho con el Talgo, refiriéndose, quizá, a los últimos anuncios de las pruebas Talgo que, usted reconocerá conmigo, entre paréntesis, no tiene nada que ver con lo que es la alta velocidad, y ni siquiera con lo que está siendo, como decía el señorMinistro, el avance tecnológico de la alta velocidad, donde ya se está llegando a los trenes sin sustentación vía-ruedas, sino con levitación magnética. Por mucha velocidad que pueda alcanzar un tren arrastrado con locomotora de gran potencia, no parece que sea la alternativa a un tren de alta velocidad automotor.
Está todavía muy verde ese sistema, aunque haya hecho pruebas con éxito y deseamos esos éxitos de Talgo para su competencia nacional e internacional. Seamos serios cuando planteamos esas cosas. No lo digo por usted que sé que lo es, pero ha sonado alguna voz de su Grupo en ese sentido.
También se ha hecho referencia, por poner algún otro ejemplo, a muchas autovías de las realizadas en el primer

Página 3800


plan de carreteras. Por citar mi tierra, la autovía de Extremadura y las previstas en la N-630 son autovías de equilibrio territorial, autovías de solidaridad que, desde luego, la iniciativa privada no había hecho o no sabemos cómo se harían. Está la propuesta, por ejemplo, del Partido Popular de hacer una autopista, la 630. No sabemos quién la haría, qué iniciativa privada la haría y qué posibilidades económicas tendría la economía extremeña de poder utilizar autopistas de peaje para poder ser más competitiva.
Por tanto, creemos que es muy importante este principio del plan de desarrollo, de la equidad espacial y social para reducir diferencias entre espacios urbanos y rurales. Para nosotros es algo importante y debemos precisar y mantener en el documento claramente.
También está el principio de la necesaria mejora de la calidad y eficiencia de nuestras infraestructuras, como elementos sustanciales de la calidad de vida, y todoello para contribuir a algo que el señor Andreu también mencionaba, que es contribuir a un posible desarrollo y un deseable desarrollo sostenible que tenga en cuenta las infraestructuras, así como los equipamientos ambientales, para hacer frente al gran reto de lograrla competitividad del territorio de un país periférico como el nuestro. En un país en la situación del nuestro conseguir la competitividad del territorio es algo tan importante o más que alcanzar la competitividad de nuestras empresas.
Para nosotros el debate deberíamos procurar centrarlo fundamentalmente en dos elementos muy importantes. Uno, la concertación, la necesaria concertación territorial y, otro, la financiación del plan.
En cuanto a la concertación territorial, debemos recordar, y el plan hace una llamada en ese sentido, que nuestra organización territorial del Estado, nuestra legislación del régimen de las Administraciones públicas, fija el principio básico de cooperación de las Administraciones, algo inherente al modelo de organización territorial del Estado. Decir cooperación significa el ejercicio de competencias propias de cada Administración. A veces se habla de coordinación como sinónimo de cooperación, pero coordinación lleva la facultad de decidir en supuestos de concurrencia competencial contradictoria. Es conveniente tener en cuenta todos estos aspectos y hay que recurrir a la cooperación y concertación en todo aquello que sea posible para llegar a la coordinación y la prevalencia de actuaciones de una Administración sobre otra sólo cuando la cooperación falla o no es suficiente. Entonces habrá que dar al desarrollo sectorial del plan el instrumento jurídico adecuado para que esa coordinación pueda hacerse de acuerdo con el ordenamiento constitucional del Estado. Es decir, habrá que hacer planes sectoriales que tengan carácter de ley, como será el caso del Plan Hidrológico, que será un plan que ejercerá coordinación sobre las restantes administraciones cuando la concertación no sea posible. Sería deseable la concertación pero, cuando no sea posible, su carácter de ley hará posible esa coordinación en el sentido jurídico, que es al que me estoy refiriendo.
Otro elemento, como decía, para desarrollar en posteriores sesiones que tengamos de análisis del plan en su posterior debate en esta Cámara, es el de la financiación, y ello por el carácter abierto que el plan hace; un carácter abierto que además --el señor Ministro también se ha referido a ello-- intenta --y de ello habla el plan-- cambiar la cultura de la financiación y establece posibles estrategias para cambiar esa cultura de financiación y para el marco financiero del propio plan. Se refiere a recursos presupuestarios ordinarios, naturalmente; a recursos limitados y selectivos al endeudamiento para evitar que en momentos determinados insuficientes recursos corrientes puedan retrasar actuaciones prioritarias. Se refiere igualmente, en tercer lugar, a la promoción de la participación de otras Administraciones (participación activa, económica, tanto en comunidades autónomas como entes locales); al aprovechamiento de los fondos estructurales y de cohesión; a posibles plusvalías generadas en el proceso de ejecución de la planificación y a una mayor participación de usuarios y beneficiarios.
Son temas abiertos que el plan plantea y pone ejemplos en temas como suficiencia de autofinanciación en puertos y aeropuertos, posibilidades de autofinanciación en infraestructuras hidráulicas, financiaciones extrapresupuestaria en las prolongaciones de alta velocidad ferroviaria, financiaciones de particulares o de usuarios o beneficiarios en el caso de actuaciones urbanas, etcétera. En opinión de nuestro Grupo, estos son los debates importantes en este momento procesal, de totalidad, de fijación de posiciones sobre la filosofía en los principios de un plan como éste. Este debate, y su continuación, debe permitir la fijación de un marco estable inversor en nuestro país, en este tema de las infraestructuras, o sea, un sistema operativo que, además de ordenar y facilitar el debate presupuestario anual, permita planificar adecuadamente la innovación tecnológica, la formación de recursos humanos y la gestión financiera de las empresas españolas, lo cual incrementará, sin duda, su competitividad.


El señor PRESIDENTE: Señor Roncero, le ruego concluya.


El señor RONCERO RODRIGUEZ: Concluyo, señor Presidente.
En este sentido, el PDI merece por parte de nuestro Grupo una valoración altamente positiva, porque evidencia voluntad política para afrontar los retos planteados, identifica necesidades con una vocación integradora, propone actuaciones en un período concreto e incluye

Página 3801


su valoración basada en la experiencia nacional e internacional de infraestructuras similares, señala de forma abierta fuentes de financiación --como decía--, incorpora dosis de realismo, traducidas en un esfuerzo presupuestario posible y congruente con nuestra economía y con las capacidades reales y potenciales de nuestro sector de la construcción y, por consiguiente, permite las previsiones a este sector y ayuda al establecimiento de las estrategias empresariales del mismo. Señor Presidente, señor Ministro, señorías, termino con esta valoración global altamente positiva sobre la necesidad, oportunidad, conveniencia y líneas estratégicas generales del plan director de infraestructuras. Nuestro Grupo se felicita de este inicio de andadura parlamentaria del PDI, hace unas semanas en el Sena- do, hoy en esta Cámara, y ofrece su voluntad sincera y amplia de colaboración para conseguir un gran acuerdo político, social y territorial en torno a este importantísimo instrumento para nuestro desarrollo, la competitividad de nuestro territorio y nuestra convergencia con Europa.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Roncero.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 197, y teniendo en cuenta la previsión resultante de las manifestaciones de los portavoces en la Junta de Portavoces celebrada esta semana, se levanta la sesión.


Eran las ocho de la tarde.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal