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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 71, de 12/05/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 71 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 70 celebrada el jueves, 12 de mayo de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Sesión secreta):

--Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de expedientes 004/000210; 004/000241; 004/000114 y 004/000033)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

--Real Decreto-Ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo. («Boletín Oficial del Estado», número 87, de 12 de abril de 1994) (número de expediente 130/000015) (Página 3522)

Enmiendas del Senado:

--Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 16.1, de 30 de julio de 1993 (número de expediente 121/000002) (Página 3522)

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--Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 41.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000030) (Página 3537) --Proyecto de Ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 42.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000032) (Página 3537) --Proyecto de Ley Orgánica por la que se incluye una Disposición Adicional Cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 57.1, de 29 de marzo de 1994 (número de expediente 121/000044) (Página 3537)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

--Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 76.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000068) (Página 3553) --Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de Resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de los Protocolos y Declaraciones anejos, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 77.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000069) (Página 3553) --Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica (número 147 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 2 de octubre de 1992 y Declaración formulada por el Gobierno español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 78.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000070) (Página 3553) --Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Técnica en materia de Aviación Civil, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 79.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000072) (Página 3553) --Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Marítima Internacional relativo a la celebración en Torremolinos (Málaga) de la Conferencia Internacional para la Adopción del Protocolo al Convenio de Torremolinos de 1977 sobre seguridad de los buques pesqueros, hecho en Londres el 12 de enero de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 80.1, de 14 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000073) (Página 3553) --Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República del Paraguay, firmado «ad referendum» en Asunción el 11 de octubre de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 84.1, de 21 de febrero de 1994 (número de expediente 110/000076) (Página 3553) --Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 91.1, de 15 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000081) (Página 3553) --Canje de Notas por el que se prorroga el Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación Científica y Técnica en materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria, y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 92.1, de 15 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000082) (Página 3553) --Canje de Notas de 9 de noviembre de 1993 constitutivo de Acuerdo, entre el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 93.1, de 15 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000084) (Página 3553)

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--Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio de 1993. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie C, número 94.1, de 15 de marzo de 1994 (número de expediente 110/000086) (Página 3553)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de transposición de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 47.1, de 25 de enero de 1994 (número de expediente 121/000029) (Página 3554)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 54.1, de 21 de febrero de 1994 (número de expediente 121/000041) (Página 3570)

SUMARIO

Se reanuda la sesión, con carácter secreto, a las nueve y cinco minutos de la mañana, para debatir el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión, con carácter público.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes (Página 3522)

Real Decreto-ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo (Página 3522)

En nombre del Gobierno explica las razones que han llevado a la promulgación del Real Decreto-ley el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay). Comienza señalando que la industria del automóvil, como gran parte de los señores Diputados conocen, ha venido atravesando un período de recesión particularmente intenso desde mediados de 1993, algo que ha afectado de manera general a los diferentes sectores y subsectores de la industria de este país y, en general, de los países europeos vecinos, aunque de manera más acusada a la industria del automóvil que, por el peso que tiene en nuestra economía, ha dado lugar a una importante repercusión sobre el resto de la actividad económica y, en consecuencia, sobre el empleo. Alude a la caída en la demanda y la matriculación de vehículos automóviles, hasta el punto de que en 1993 la matriculación de turismos desciende en España un 24,1 por ciento, lo que obliga a las empresas productoras a la aplicación de diferentes mecanismos de regulación de empleo para ajustar sus plantillas a los niveles de producción reales. Al mismo tiempo, muchas de estas empresas fabricantes de vehículos y de la industria de componentes derivados han tenido acceso de manera prioritaria a todos los programas de apoyo económico mediante subvenciones de los distintos organismos de la Administración, a fin de facilitar los procesos de ajuste y, sobre todo, de adaptación a las condiciones de futuro. Informa que nuestro país se ha empeñado a fondo también en la regulación de las importaciones de vehículos procedentes de otros países, y fundamentalmente de Japón.
Señala a continuación el señor Ministro que a través del Real Decreto-Ley se pretende reforzar los signos de recuperación de la demanda de turismos, que empieza a manifestarse en los últimos meses de 1993 y primeros de 1994. Expone que las medidas de apoyo a la renovación del parque de vehículos servirán para una recuperación más firme e importante de la demanda que se apunta y permitirá sobre todo enlazar, al cabo de los seis meses improrrogables de su vigencia, con un período en el que ya se prevé un aumento sostenido de la demanda, acorde con la mejora del ciclo económico que se está experimentando en todos los indicadores económicos.
Considera que, en la actual coyuntura de inicio de la recuperación económica, una medida como la adoptada puede suponer un aliciente importante, puesto que no se trata sólo de la variable precio para influir en la demanda de vehículos sino de otros elementos como aquellos que tienen que ver con el ambiente general de recuperación de la economía

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nomía y con las expectativas de renta y empleo. Afirma que la medida venía siendo estudiada hace bastantes meses, no poniéndose en práctica hasta este momento porque es ahora justamente cuando piensan que puede tener una indudable efectividad. Sin embargo, no puede señalar con precisión matemática su incidencia en el incremento de ventas, aunque el Gobierno considera que su impacto será bastante positivo, y así lo demuestra la experiencia de los primeros días de su aplicación. Informa también que la medida se aplica solamente a los vehículos turismo y todo-terreno porque su peso relativo en el total de vehículos es muy elevado y porque, por razones financieras y de agilidad en la matriculación, la medida se ha articulado a través de una deducción lineal en el impuesto sobre determinados medios de transporte, impuesto que solamente se aplica a las matriculaciones de turismos y todo- terreno, con las precisiones que se recogen en la normativa.
Respecto al mercado de vehículos industriales señala que está siendo objeto de un análisis detallado, en colaboración con los fabricantes, para ver qué posibilidades existen de realizar algún tipo de actuación para alentar la demanda.
Concluye el señor Ministro manifestando que el objeto de la medida adoptada no consiste sólo en favorecer la recuperación de la demanda y, por tanto, la producción de vehículos, sino que debe también contribuir a la mejora del medio ambiente y a incrementar el nivel de seguridad de los vehículos en circulación, junto a un ahorro energético que tiene lugar con los nuevos vehículos que sustituyen a aquellos con más de diez años. Solicita, por tanto, la convalidación del Real Decreto- ley presentado a la Cámara.
Para fijación de posición intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Espasa Oliver, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Gamir Casares, del Grupo Popular, y Marsal i Muntala, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 307 votos a favor. Se rechaza su tramitación como proyecto de ley por 127 votos a favor, 161 en contra y 19 abstenciones.


Enmiendas del Senado (Página 3532)

Al Proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladoradel derecho de asilo y de la condición de refugiado (Página 3532)

En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Jordano Salinas, del Grupo Popular, y Valls García, del Grupo Socialista.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto de ley, que son aprobadas.


Proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la ocupación (procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre) (Página 3537)

Proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (Página 3537)

Proyecto de ley orgánica por la que se incluye una Disposición Adicional Cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (Página 3537)

Para fijación de posiciones intervienen la señora Rahola i Martínez y el señor Albistur Marín, del Grupo Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Peralta Ortega, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; la señora Villalobos Talero, del Grupo Popular, y el señor Arnau Navarro, del Grupo Socialista.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado a estos proyectos de leyes.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales (Página 3553)

Sometido a votación el dictamen relativo al Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988, se aprueba por 316 votos a favor.


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Sometido a votación el dictamen del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de Resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de los Protocolos y Declaraciones anejos, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988, se aprueba por 320 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen relativo al Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica (número 147 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 2 de octubre de 1992 y Declaración formulada por el Gobierno español, se aprueba por 320 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el dictamen relativo al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Técnica en materia de Aviación Civil, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 1993, se aprueba por 317 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen relativo al Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Marítima Internacional relativo a la celebración en Torremolinos (Málaga) de la Conferencia Internacional para la Adopción del Protocolo al Convenio de Torremolinos de 1977 sobre seguridad de los buques pesqueros, hecho en Londres el 12 de enero de 1993, se aprueba por 317 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación el dictamen relativo al Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República del Paraguay, firmado «ad referendum» en Asunción el 11 de octubre de 1993, se aprueba por 319 votos a favor y dos abstenciones.
Sometido a votación el dictamen relativo al Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de 1994, se aprueba por 318 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen relativo al Canje de Notas por el que se prorroga el Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América sobre cooperación Científica y Técnica en materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria, y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, se aprueba por 319 votos a favor. Sometido a votación el dictamen relativo al Canje de Notas de 9 de noviembre de 1993 constitutivo de Acuerdo, entre el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados, se aprueba por 317 votos a favor.
Sometido a votación el dictamen relativo al Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio de 1993, se aprueba por 316 votos a favor y una abstención.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 3554)

Proyecto de ley de transposición de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Página 3554) La señora Mato Adrover defiende las enmiendas del Grupo Popular. Comienza aludiendo al retraso con el que llega este proyecto de ley a la Cámara, de lo que es buena prueba el que cuando se proceda a su votación final ya estará abierta en la Comunidad Europea la revisión de la Directiva que estamos incorporando a nuestro Derecho. Recuerda que cuando se aprobaron en Europa estas directrices, en el año 1989, el Gobierno español estaba concediendo canales de televisión privada, en cuyas concesiones se planteaban unas condiciones abiertamente contradictorias con la normativa de la Unión Europea. Aun así, el Grupo Popular se congratula de la remisión del proyecto de ley por parte del Gobierno, sobre el que han trabajado con todo afán para mejorarlo. En trámites precedentes han sido proclives a la presentación de enmiendas transaccionales y, lo que es más, a apoyar las propuestas de otros grupos cuando han coincidido en la voluntad integradora de las mismas.
Agradece a la mayoría parlamentaria la aceptación de algunas enmiendas del Grupo Popular en trámites anteriores y concluye exponiendo el contenido de las enmiendas que mantienen, cuyas finalidades principales consisten en una mayor garantía de cumplimiento de lo que significan los derechos de la infancia y del menor, fomentar todo lo que represente programación de índole cultural y formativa, que las televisiones privadas no sean inviables en España y que se mantenga el pluralismo informativo y la consideración de la televisión como servicio público esencial.
La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, expone el contenido de las tres enmiendas que plantea a este proyecto de ley.
El señor Mardones Sevilla procede asimismo a dar cuenta del contenido de las numerosas enmiendas que el Grupo de Coalición Canaria mantiene vivas a este proyecto de ley.


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El señor Alcaraz Masats defiende las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, exponiendo diversas consideraciones en torno a la transcripción de la Directiva de la Unión Europea, que a su juicio se ha realizado tarde y mal y no se corresponde con el debate que actualmente tiene lugar en la propia Unión Europea, donde en la actualidad se está procediendo, efectivamente, a la revisión de esta Directiva en unos términos que van muy por delante de esa transposición.
Afirma que el límite de mínimos aceptables se ha bajado, con mucho, hasta hacerlo en buena parte inaceptable, no recogiéndose en el proyecto lo que en su día se prometió, lo que les obliga al absoluto rechazo a la transposición realizada.
El señor Recoder i Miralles defiende las siete enmiendas que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) mantiene vivas al proyecto de ley, buena parte de las cuales pretende unas mejores garantías de los derechos del espectador, así como la protección de los menores y todo lo inherente a la identidad cultural de los pueblos. Expone el contenido concretode algunas de esas enmiendas y termina afirmando que, de mantenerse la actual redacción del proyecto, su Grupo se verá obligado a promover el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra algunos aspectos regulados en el mismo.
El señor González de Txabarri Miranda defiende las cinco enmiendas que mantiene al proyecto de ley el Grupo Vasco (PNV), coincidiendo con algunos portavoces que le han precedido en que se realiza una trasposición de la Directiva europea tardía, descafeinada en sus contenidos y que no está estructurada para un Estado autonómico, con televisiones públicas de titularidad estatal y autonómica. Considera que se ha dado prioridad al pacto con las televisiones privadas, que son las auténticas artífices del descafeinamiento del proyecto de ley. Cree que aún están a tiempo de evitar el tener que recurrir a actuaciones posteriores ante el Tribunal Constitucional, como anunciaba el portavoz del Grupo Catalán, y sería deseable que así lo entendiera el Grupo Socialista.
En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Aguiriano Forniés, afirmando en relación con la trasposición de esta Directiva de la Comunidad Europea que no va a destacar la importancia de la misma porque ya lo han hecho otros portavoces, limitándose, por tanto, a fijar la posición de su Grupo en relación con las enmiendas que se mantienen al dictamen.
Replican la señora Mato Adrover y los señores AlcarazMasats, Recoder i Miralles y González de Txabarri Miranda, duplicando el señor Aguiriano Forniés.
Se procede a las votaciones de las enmiendas debatidas anteriormente, así como al texto del dictamen, que es aprobado. Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde. Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3570)

Proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos (Página 3570)

En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles), manifestando que presenta de nuevo este proyecto de ley ante la Cámara, siendo una gran ocasión para que los señores Diputados demuestren a la sociedad española para qué sirven las instituciones democráticasy de qué manera pueden enfrentarse a problemas complejos que afectan de manera profunda y difusa a la sociedad y que requieren una solución lo más equilibrada posible entre un conjunto de intereses contrapuestos. Recuerda que en diciembre de 1992 el Gobierno aprobó un primer proyecto de ley para reformar el régimen de los arrendamientos urbanos, proyecto que decayó por la convocatoria de elecciones generales y disolución de las Cortes en abril de 1993. Con esta nueva presentación, el Gobierno da cumplimiento, por una parte, al compromiso electoral del Partido Socialista y, por otra, afronta uno de los retos más importantes de cualquier política de vivienda.
Existe, sin embargo, la diferencia entre esta ocasión y la anterior de que el Partido Socialista no tiene ahora mayoríaparlamentaria suficiente para aprobar el proyecto de ley y de ahí que el mismo haya sido concebido desde la voluntad de encontrar un equilibrio y se presente con el propósito de construir el consenso más amplio posible para su aprobación. Desea que pueda alcanzar el mayor consenso, a ser posible de toda la Cámara, al afectar a un problema socialmente complejo y difícil, por lo que cuanto mayor apoyo encuentre mucho mejor. Agrega que el Gobierno está convencido de la conveniencia de potenciar una política de vivienda que fomente el arrendamiento como solución alternativa a la vivienda en propiedad, para lo que necesitamos urgente e imprescindiblemente una legislación de arrendamientos urbanos que permita desarrollar

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un mercado raquítico, como es el del alquiler, que presenta en nuestro país unos rasgos claramente distintos de los de otros países europeos.
Afirma que la vivienda es un bien constitucionalmente protegido y que constituye un mercado imperfecto donde los haya, siendo un claro ejemplo de la intervención pública en todo el mundo occidental, con el riesgo, como ante cualquier obra humana, de que las regulaciones no siempre sean acertadas, pero en la certeza de que son imprescindibles, no para sustituir al mercado sino para hacerlo más eficiente y contribuir al adecuado encuentro de la oferta y la demanda.
Afirma que hoy la vivienda en alquiler no es una solución efectiva a los problemas de la vivienda en España, al destinarse uno de los más bajos porcentajes de todos los países de la Unión Europea, en una situación que es consecuencia de una normativa excesivamente proteccionista que mató la oferta e impidió la satisfacción de la demanda. Son normas, heredadas de 1964, que establecían unas condiciones que prácticamente equivalían al abandono de parte del propietario, con lo que poco a poco fueron desanimando la oferta, obligando en 1985 a la promulgación del denominado Decreto-ley Boyer, norma también extrema al establecer la libertad absoluta de las partes para contratar. Es cierto que esta norma permitió reducir el ritmo de disminución de los alquileres, pero también lo es que no ha conseguido invertir la anterior tendencia descendente, dado su carácter provisional. Parece, por último, obligado abordar la reforma definitiva de la vigente legislación, reforma que por sí sola no bastará para resolver el problema, pero que es pieza fundamental e imprescindible para afrontarla. Añade que se trata de una reforma que se estructura en torno a dos ideas fundamentales, como son, en primer lugar, equilibrar las prestaciones entre propietarios e inquilinos y el legítimo deseo del inquilino de conocer, en un horizonte temporal estable, cuáles son sus condiciones de permanencia en términos de duración y costo. La segunda idea básica es diferenciar el trato entre los arrendamientos de vivienda habitual y los demás tipos de arrendamientos de bienes inmuebles, en cuanto el primero constituye un bien constitucionalmente protegido, equilibrando las condiciones de propietarios e inquilinos para devolver la credibilidad a la institución arrendaticia.
Añade que el proyecto sigue las líneas básicas que el Gobierno presentó en la anterior legislatura, incorporando a la vez la mayor parte de las reflexiones que se hicieron por una parte de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto y reiterando que están dispuestos a modificar el mismodespués de escuchar lo que los portavoces parlamentarios puedan decir hoy y en el trabajo de Comisión para mejorar el equilibrio que proponen.
Saben, en todo caso, que ninguna ley será suficientemente equilibrada para satisfacer a todas las partes a la vez ni a todas las opiniones en presencia, pero es creencia del Gobierno que es necesario introducir elementos condicionantes de la voluntad de las partes en el régimen que vayan a definir hacia el futuro. Asimismo es necesario contemplar el problema del pasado, sin lo que no cabe ninguna solución de futuro, porque es conocido que existen más de un millón quinientas mil viviendas sometidas a normas anteriores a 1985 respecto de las que si no se efectúa algún desbloqueo se condicionará el comportamiento global del mercado.
Termina señalando que el Gobierno es consciente de que sobre la situación heredada propone una solución que no satisface a nadie, ya que a unos les parece demasiado y los otros quisieran más, y sobre el particular los señores Diputados tendrán la oportunidad de mejorarla o de adherirse a la solución propuesta.
El señor Andreu Andreu defiende la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Afirma que respecto al proyecto presentado en la anterior legislaturaen el ahora enviado a la Cámara hay un sustancial giro a la derecha que ha obligado a su Grupo Parlamentario a formular esta enmienda a la totalidad. Si ya con ocasión del anterior proyecto su Grupo consideraba que no se abordaba el auténtico problema de fomentar el alquiler de la viviendaen España, ahora piensan que con mayor gravedad se sigue incurriendo en el mismo error. El hecho fundamental de que en esta ocasión haya un mayor consenso se debe exclusivamente al apoyo de los grupos conservadores al plantearse mayores incrementos de renta para los alquileres antiguos, lo que obliga a Izquierda Unida a un rechazo aún mayor del proyecto.
Califica de error profundo el planteamiento del Gobierno, ya que no cree que la cuestión fundamental para aumentar el mercado de alquileres de viviendas consista únicamente en modificar la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos. Cree, por el contrario, que el marco de ayuda a la vivienda por parte de las diversas administraciones públicas no favorece de ninguna manera el que se acceda a la vivienda en alquiler. En definitiva, la solución es más compleja de lo que plantea el señor Ministro y consiste fundamentalmente en cambiar el conjunto de la política de vivienda en España. Añade que el proyecto no asegura la estabilidad del inquilino y éste es, a su juicio, el problema fundamentalque plantea el proyecto y que por sí mismo justifica su petición de devolución al Gobierno.


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También se produce una falta de estabilidad para las rentas antiguas, lo que les parece enormemente injusto al interferir en rentas pactadas conforme a una Ley anterior por parte de los inquilinos. Igualmente injusta les parece la solución que se propone en el tema de las subrogaciones de los contratos anteriores, todo lo cual en absoluto favorece a las clases más desfavorecidas de nuestro país, lo que le lleva a calificar el proyecto en su actual redacción como muy desafortunado.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García-Arreciado Batanero. Rechaza la recriminación que les hace el señor Andreu de un supuesto giro a la derecha en este proyecto de ley por el hecho de permitir un incremento de las rentas a través de una intervención del Estado en lo libremente pactado por las partes, preguntando al enmendante si cree de verdad que los contratos pactados antes de 1964 o después con sujeción a la norma de ese año han sido libremente pactados, así como las prórrogas forzosas previstas en aquella legislación. Tacha de demagógica la intervención del señor Andreu al apuntarla en una serie de falsedades y acusarles de derechistas por permitir un incremento de las rentas. Afirma que personalmente quiere el progreso de este país y el del mercado, y tratar de forma desigual a los desiguales y proteger a quien lo necesita y a quien lo merece es justo, sin que exista ninguna razón legal ni situación de necesidad que justifique el mantenimiento de una legislación que hasta el Decreto-ley de 1985 ha constreñido el mercado de alquileres.
Agrega que el Grupo del señor Andreu continúa con el reloj parado, planteando una oposición a un proyecto de ley sobre el que la mayoría de los grupos de la Cámara han cambiado sus opiniones en el plazo de un año, quedando el enmendante en una posición de minoría absoluta en la Cámara. Ello se ha debido a que el proyecto del Gobierno recoge muchas de las sugerencias que entonces, se hicieron, recorriéndose un camino de acercamiento entre los diversos grupos que ha permitido una expectativa razonable para alcanzar acuerdos y encontrar soluciones compartidas entre todos aquellos que han mostrado un mínimo interés en llegar a esos acuerdos. Agrega el portavoz socialista que todos quieren dinamizar este mercado, que es el objetivo último de la Ley, para lo que no conoce otra manera de dar confianza a los agentes que operan en el mismo. Esto es justamente lo que se propone el proyecto y a lo que se opone el señor Andreu.
Expone, por último, consideraciones en torno a la cuestión de las subrogaciones y respecto a la estabilidad de los inquilinos, para lo que se establece un contrato por cuatro años, afirmando que el señor Andreu no quiere comprender la realidad, lo que le ha llevado a no prestar hasta ahora su apoyo al esfuerzo de aproximación y de consenso hecho por los demás grupos de la Cámara.
Replica el señor Andreu Andreu, replicando el señor García- Arreciado Batanero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Martín Menis, del Grupo de Coalición Canaria; Olabarría Muñoz, del Grupo Vasco (PNV); Recoder i Miralles del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Popular.
Interviene de nuevo el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (Borrell Fontelles) para agradecer a todos los grupos parlamentarios el talante con que han abordado el debate y comprometerse con ellos a trabajar para construir el consenso que permita mejorar el proyecto de ley, tal como ellos han manifestado.
Sometida a votación, se rechaza la enmienda de totalidad debatida por 15 votos a favor y 265 en contra.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con carácter secreto.


DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):

--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCMOS. SRES. DIPUTADOS (Número de expediente 004/000210; 004/000241; 004/000114 y 004/000033)

Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACION O DEROGACION DE REALES DECRETOS-LEYES:

--REAL DECRETO-LEY 4/1994, DE 8 DE ABRIL, DE MEDIDAS TRANSITORIAS Y URGENTES DE CARACTER FISCAL PARA LA RENOVACION DEL PARQUE DE VEHICULOS DE TURISMO (Número de expediente 130/000015)

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El señor PRESIDENTE: Punto VI del orden del día: Real Decreto- ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo.
Para explicar, en nombre del Gobierno, las razones que han llevado a la promulgación de este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
Me gustaría, señorías, en este turno de presentación del Decreto-ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias y urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo, tener la ocasión de explicarles, aunque sea con brevedad, cuáles son las motivaciones por las cuales el Gobierno se sintió en la obligación de poner en marcha una medida como la aquí establecida y cuáles son los efectos previsibles que pueden alcanzarse de la adopción de estas medidas.
Empezaré por decirles que la industria del automóvil, como, sin duda alguna, gran parte de ustedes conocen, ha venido atravesando un período de recesión particularmente intenso desde mediados de 1992.
Es verdad que este no es un período específico de la industria del automóvil, es verdad que ha afectado de una manera general a los diferentes sectores y subsectores de la industria de este país, como también a los diferentes sectores y subsectores de la industria en general de nuestros socios y de los países europeos vecinos.
No es menos cierto, sin embargo, que esta recesión ha afectado a la industria del automóvil de una manera más acusada y que, dado el peso que tiene en nuestra economía --no se olvide que España es el tercer fabricante europeo de automóviles y el quinto fabricante mundial de automóviles--, ha tenido también una importante repercusión sobre el resto de la actividad económica y, en consecuencia, sobre el empleo.
La demanda de automóviles, como, en general, la demanda de los diferentes bienes de consumo duradero, es una demanda especialmente sensible a la evolución del ritmo de la actividad económica general, de forma que, en los períodos en los que dicho ritmo desciende, incluso hasta alcanzar valores negativos, como ocurriera en el año 1993, disminuye, casi siempre, con más intensidad que la demanda de otros bienes, mientras que también es de esperar que, cuando la actividad económica empieza a conocer ritmos de crecimiento superiores, esta recuperación se produce con más rapidez, con más intensidad que en otros sectores de la actividad económica general.
En todo caso, no quisiera minusvalorar la importancia que ha tenido la caída en la demanda y en la matriculación de vehículos automóviles, fundamentalmente en nuestro país.
En el año 1993, las matriculaciones de turismo en España descendieron en un 24,1 por ciento, lo que, sin duda alguna, tuvo una importante repercusión en la fabricación «in situ», en nuestro país, de vehículos automóviles y tuvo una serie de efectos, tanto de carácter coyuntural sobre el empleo como de acrecentamiento de los efectos estructurales que ya sobre el empleo se venían generando, como consecuencia de los cambios también en la forma de producción de automóviles derivada de cambios organizativos y tecnológicos experimentados por esta industria en España y en el conjunto del mundo.
Ante esta situación se han venido aplicando diferentes mecanismos, por parte de las empresas de regulación de empleo, aquellos que la normativa laboral admite, para facilitar el ajuste del empleo a los niveles de producción reales.
Prácticamente todas las empresas fabricantes de vehículos y numerosas empresas fabricantes de componentes de automoción han hecho uso de estos mecanismos. A la vez, muchas de estas empresas, tanto de fabricantes de vehículos como de la industria de componentes derivada de la primera, han tenido acceso de una manera prioritaria a todos los programas de apoyo mediante subvenciones, de apoyo económico, de los distintos organismos de la Administración, notablemente del Ministerio de Industria y Energía, como consecuencia de la declaración prioritaria de su acceso a estos fondos, a fin de facilitar los procesos de ajuste y, sobre todo, los procesos de adaptación a las condiciones de futuro.
Debo decirles que nuestro país se ha empeñado, y se ha empeñado a fondo, con motivo de esta recesión económica, en la regulación también de las importaciones de vehículos procedentes de otros países y notablemente en hacer aplicable en el marco de la Unión Europea restricciones cuantitativas a la importación de vehículos procedentes fundamentalmente de Japón. Así ocurrió en el año 1992, en el que conseguimos una reducción de la cuota inicialmente aprobada de entrada de vehículos japoneses en nuestro país respecto de los inicialmente previstos, en una renegociación, realizada por la Unión Europea a insistencia de España, con Japón.
No obstante estas medidas de adaptación, no obstante estas medidas de ajuste, no obstante los esfuerzos que se vienen haciendo, es obvio que la recuperación de la demanda del sector de automoción es una demanda, como les decía, ligada fundamentalmente a la evolución de la economía, especialmente en aquella parte del sector de vehículos que se refiere a vehículos de turismo que pueden considerarse no tanto como un bien de inversión, sino como un bien de consumo duradero, ligado, en consecuencia, a las expectativas de renta y de empleo.
A través del Real Decreto-ley se pretende reforzar los signos de recuperación de la demanda de turismos que empiezan a manifestarse en los últimos meses, tanto en

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los últimos meses de 1993 como especialmente en los primeros de 1994.
Las previsiones para este año, antes de la puesta en marcha de la medida que se contempla en el Real Decreto-Ley, apuntaban una tasa de crecimiento positiva, aunque pequeña, lo que significaba el fin de la etapa de descenso, pero no permitía recuperar más que en una pequeña parte la caída que se venía arrastrando desde mediados de 1992. He enfatizado anteriormente la importancia que tiene el que nuestro país sea el tercer país europeo en producción de vehículos, de automóviles fundamentalmente, y el quinto país fabricante en el mundo, y quiero enfatizar igualmente el hecho, que en el año 1993 se ha producido por primera vez, de que las matriculaciones de vehículos llevadas a caboen España proceden en más del 50 por ciento de vehículos importados en relación a los vehículos producidos nacionalmente, dato que se da por primera vez, como digo, en nuestra historia económica. La medida de apoyo a la renovación del parque de vehículos servirá de catalizador, en consecuencia, de una recuperación más firme e importante de esta demanda que ya se apunta y permitirá, sobre todo, enlazar, al cabo de los seis meses improrrogables de su vigencia, con un período en el que ya se prevé un aumento autónomo y sostenido de la demanda, concomitante con la mejora del ciclo económico que estamos experimentando en todos los indicadores económicos, como hemos tenido ocasión de debatir en diferentes momentos. Mientras que en el período más bajo del ciclo una medida como la propuesta hubiera tenido, sin duda alguna, muy escasa incidencia, sin embargo, en esta coyuntura de inicio de la recuperación, puede suponer un aliciente importante. Señorías, la variable precio, de la que pende todo el efecto que haya de tener esta medida, no es ciertamente el único factor determinante de la demanda de vehículos de turismo; no lo es; son otros elementos, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el ambiente general, con la recuperación económica en general de la economía, con las expectativas de renta y empleo, unos determinantes incluso a veces más importantes que los meramente de precio. Estamos hablando, en consecuencia, de problemas que técnicamente son problemas de sensibilidad a la variación en el precio de la demanda, sensibilidad que es presumible que sea notablemente superior en una fase de recuperación que en un período en el que, como ocurriera a lo largo de 1993, estábamos todavía instalados en la fase baja del ciclo, sin indicios ostensibles de recuperación económica.
La medida, por tanto, que había venido siendo estudiada hace bastantes meses, incluso antes de que el Gobierno francés adoptara las medidas que después adoptó, no se ha puesto en marcha hasta el momento actual, precisamente porque es ahora cuando creemos que puede ser una medida de indudable efectividad, detectados los indicios, como les digo, de recuperación económica, y cuando la sensibilidad al precio puede ser más acusada de lo que lo era anteriormente.
No es posible en este momento, con una precisión matemática, establecer cuál puede ser el incremento de ventas que se ocasionará con una medida como la contemplada en el Real Decreto-Ley. Depende, desde luego, de las hipótesis de elasticidad, precio que se considere, y las estimaciones disponibles sobre ésta no ofrecen un único resultado, aunque sí quiero decirles que el Ministerio de Industria y el Gobierno en general contemplan que el impacto será bastante positivo, de acuerdo, por otro lado, con las propias sensibilidades expresadas y la propia experiencia de los primeros días de aplicación por parte de los fabricantes de vehículos.
Esta ha sido también la experiencia en Francia, la experiencia de la aplicación de las medidas que dieron en llamarse «Medidas Balladur», medidas que tuvieron un efecto fundamentalmente en el primer período de aplicación, aunque, como es razonable pensar, con una cierta tendencia a la dilución en el tiempo del impacto. De ahí que la medida haya contemplado no un plazopermanente o indefinido, sino un esfuerzo por concentrar una fase en la que todavía la recuperación económica pulsa por expresarse con una fase en la que, sin duda alguna, habrá un ritmo de actividad económica más alto, tratando de adelantar en unos meses ese mayor ritmo que es necesario para que la industria del automóvil, los procesos de regulación de empleo y tantos otros factores, que indirectamente están dependiendo del ritmo de actividad económica en el sector de automóviles, puedan conocer una modificación positiva.
La medida se aplica a la adquisición de vehículos de turismo y todo terreno por dos motivos fundamentales y solamente a estos dos tipos de vehículos: en primerlugar, porque su peso relativo en el total de vehículos es muy elevado, en particular en el caso de los turismos, cualquiera que sea el parámetro que se utilice --la facturación, el empleo directo o indirecto ligado a su producción, las unidades producidas, etcétera--; en segundo término, porque, por razones financieras y de agilidad en la tramitación, la medida se ha articulado a través de una deducción lineal en el impuesto sobre determinados medios de transporte, y este impuesto, como saben SS.SS., no se aplica a todas las gamas de vehículos, sino solamente a las matriculaciones de turismo y todo terreno, con las precisiones que se recogen en la normativa propia del mismo.
Por otra parte, debo decirles que la situación del mercado de vehículos industriales, que tiene unos determinantes distintos a los del mercado de turismo, está siendo, en este momento, objeto de un análisis detalladoen colaboración con los propios fabricantes, viendo qué posibilidades existen de hacer algún tipo de actuaciones, que, naturalmente, no podrán ser fiscales, que puedan

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también contribuir a alentar la demanda de unos bienes que han de considerarse bienes de inversión en una fase en la que la recuperación de la inversión es un factor también fundamental de consolidación de la recuperación de nuestra economía.
La medida para la renovación del parque de vehículos de turismo parte de una deducción lineal en la cuota del impuesto, de tal forma que el peso de la deducción es mayor cuanto más reducido es el precio del vehículo. Eso significa, por tanto, un efecto redistributivo de la carga fiscal y significa, en consecuencia, un apoyo tanto más intenso cuanto la demanda se dirija a vehículos de menor cilindrada, o de media y baja, existentes en nuestro país y fabricados prioritariamente en nuestro país.
Un doble efecto redistributivo, si quieren: por tanto, redistribución hacia los demandantes con menor poder adquisitivo y, en segundo lugar, un efecto también de dirección de la demanda tendente a favorecer la industria nacional o la fabricación nacional de vehículos automóviles, que, como saben, está básicamente concentrada en los vehículos de la gama media y la gama baja.
Pero el objetivo de la medida, señorías, no es sólo el de favorecer la recuperación de la demanda y, en definitiva, la producción de vehículos. La medida pretende también al menos otros dos objetivos básicos, si no tres: contribuir a la mejora del medio ambiente e incrementar el nivel de seguridad de los vehículos en circulación. Habría que añadir incluso un efecto también desde el punto de vista del ahorro energético.
Los vehículos que hoy se producen, todos ellos y sin excepción, son mucho más ahorradores de energía que los que se producían hace diez años, pero, además, son mucho más limpios que los que se producían hace diez años y son mucho más seguros que los que se producían hace diez años. El parque español de vehículos de turismo tiene todavía una antigüedad elevada, más del 30 por ciento de los turismos tienen más de diez años, a pesar del rejuvenecimiento que se registró en los últimos años y que se ha visto frenado como consecuencia de la caída en las ventas en los dos últimos años y medio. Las exigencias en materia de emisiones se han ido endureciendo en los últimos años, de tal forma que los vehículos fabricados hoy son cinco veces menos contaminantes por término medio, tanto en materia de óxidos de nitrógeno como en materia de otros elementos de polución, fundamentalmente atmosférica, de los que depende la vida y la calidad de vida, sobre todo en las ciudades. La medida repercutirá, por tanto, en una reducción notable de las emisiones de vehículos en circulación.
Complementariamente, les quiero decir que éste es un buen momento para que, conjuntamente, el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y del Medio Ambiente, junto con la industria incipiente, aunque ya existente en nuestro país, en materia medioambiental, y fundamentalmente aquella dedicada al reciclado de determinados residuos, en este caso industriales, puedan conocer una actividad más articulada, más eficaz, desde el punto de vista de la protección del medio, como en este momento se está llevando a cabo para hacer factibles todas las consecuencias previstas en el Decreto-Ley sobre la retirada de los vehículos antiguos.
Finalmente, los motivos para la tramitación de la medida a través de un real decreto-ley seguramente no necesitan demasiadas explicaciones. No necesita demasiada explicación que sólo de la noche a la mañana, si me permiten la expresión, se puede adoptar este tipo de medidas, si no se quiere someter a una paralización temporal de las ventas de los fabricantes en tanto el Gobierno, o eventualmente las Cámaras, contemplan modificaciones fiscales como las que contiene este Real Decreto-ley. De ahí que el Real Decreto-ley se adoptara en el momento oportuno, en el momento en que parecía que podía tener una mayor efectividad, tratando de enlazar una fase del ciclo con la siguiente, de mayor recuperación, tratando de que incida en un momento en el que ya hay síntomas claros de recuperación de la demanda de vehículos y tratando de contribuir, por un lado, a la situación de nuestra industria de vehículos automóviles, a la defensa del medio ambiente, a la defensa de la seguridad en las carreteras y, al mismo tiempo, a hacer factible un proceso que incida, teniendo en cuenta la intensidad y la importancia de la industria del automóvil en el conjunto de nuestra industria, en otros sectores económicos, aguas arriba y aguas abajo, del de ensamblaje de automóviles.
Por todos estos motivos es por lo que, señorías, en nombre del Gobierno, deseo solicitar la convalidación de este Real Decreto-ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Turno en contra de la convalidación. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente, para felicitar la iniciativa del señor Ministro y del Gobierno en este caso. Considero que es una medida que puede ser positiva para impulsar un sector que es clave dentro de la economía española y clave dentro de la economía regional, no solamente por la producción de vehículos, sino también por todo lo que acompaña en cuanto a piezas y partes del automóvil. Quiero pedir que la política iniciada por el Gobierno sea más valiente y que, dentro de lo que pueden ser medidas fiscales, se estudie de una forma decidida la posibilidad de incentivar también la producción en el sector.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria va a dar su voto de apoyo y, por tanto, favorable, a la convalidación de este Real Decreto-ley que el señor Ministro de Industria nos ha presentado.
Estamos plenamente de acuerdo con toda la exposición de motivos o su preámbulo y compartimos plenamente la finalidad de estímulo al sector de la industria del automóvil en España.
Quiero advertir a SS.SS. que lo desconocieran que en órdenes del día anteriores del Pleno de la Cámara figuró la convalidación de este Real Decreto-ley, que no se trajo en aquel momento precisamente, y esto justifica la intervención aquí, junto a la de otros Diputados, pero fundamentalmente la que hago en nombre de Coalición Canaria, porque había que dar cumplimiento a la disposición adicional tercera de la Constitución Española y al artículo 45.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dice que toda disposición, de rango fiscal o económico, de ámbito estatal, que afecte al territorio insular, administrativamente hablando, en los aspectos económicos y fiscales de Canarias, deberá escuchar previamente y recabar el dictamen del Parlamento Autónomo de Canarias.
Se ha cumplido este trámite y por eso viene hoy aquí la convalidación de este Real Decreto-ley, una vez que la Cámara ha recibido el dictamen enviado por el Parlamento de Canarias, que, además, ha sido un dictamen unánime que cumple el «quorum» señalado precisamente en el artículo 45.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, es decir, viene con una mayoría de «quorum» cualificada para que tenga que considerar esta Cámara, igual que el Gobierno, este acuerdo del Parlamento.
¿Qué ocurre? Que discutimos aquí en su día la Ley de los Impuestos Especiales y el artículo 74 era muy controvertido porque señalaba que el rendimiento derivado de este impuesto de la tasa de matriculación de vehículos era para el ámbito económico de la Comunidad Autónoma de Canarias, añadiendo: sin perjuicio de la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión por los órganos de la Administración Central del Estado, competencias que Coalición Canaria sigue recabando también para la Consejería de Economía y Hacienda o para el Gobierno Autónomo de Canarias. Queremos señalar fundamentalmente el pronunciamiento del Parlamento, que acepta plenamente la convalidación de este Real Decreto-ley, pero hace la siguiente observación. Si en el territorio peninsular y de Baleares la aplicación del impuesto es del 13 por ciento, en Canarias es del 11, pero lo que ocurre en Canarias es que entre el 11 y el 13 por ciento, ese tramo corresponde a una recaudación por el denominado arbitrio a la producción e importación de mercancías en Canarias, arbitrio que administra plenamente y recauda por sus competencias legislativas, la Comunidad Autónoma de Canarias.
Al dar nuestro voto favorable a la convalidación de este Real Decreto-ley, solicitamos la comprensión de la Cámara y de los grupos que apoyen también esta iniciativa --porque en el Parlamento de Canarias fue apoyada tanto por el Grupo Socialista como por los Grupos Popular y Coalición Canaria--, a los efectos de que se pueda tramitar como proyecto de ley porque, si no, se produciría un agravio comparativo con los ciudadanos, tan españoles como los de la otra parte del territorio nacional y tan adquisidores como consumidores de vehículos automóviles. Nos veríamos discriminados por una distinta reducción: 100.000 pesetas que van a disfrutar en todo el territorio peninsular y Balear frente a las 84.600 del territorio canario.
Esto no nos parece en este momento de recibo y, por tanto, solicitaríamos la tramitación como proyecto de ley a los efectos de que se recoja la propuesta unánime del Parlamento de Canarias que, dando su conformidad a este Real Decreto-ley, señala la necesidad de modificar en el artículo 1.º el apartado 1, para que se contemple la horquilla entre el 11 y el 13 por ciento, y no solamente la del 13 por ciento que se recoge en el Real Decreto-ley que convalidamos y que, congruentemente, se pueda suprimir el apartado 2 de este artículo 1.º, que es el que se refiere al 11 por ciento, pero aplicando una deducción practicable de solamente 84.600 pesetas.
Si esto no se hace así, nos veríamos en la necesidad de ir a una modificación de los aspectos fiscales de la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para que la diferencia que se recauda allí por el arbitrio a la producción e importación de mercancías tuviera también que verse modificada para adaptarla a este Real Decreto-ley.
Señores, aprovechemos, por lo que llamaría propiamente economía procesal, la vía de este Real Decreto-ley y su tramitación, para el que yo, en nombre del Parlamento de Canarias junto a otras fuerzas políticas coparticipantes, solicitamos la convalidación de la Cámara y el respeto al pronunciamiento constitucional de un Parlamento autónomo en nuestro país.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar la convalidación del Real Decreto-ley de medidas transitorias

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y urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo.
Convergència i Unió ya había mostrado en anteriores iniciativas parlamentarias que había presentado nuestro Grupo su satisfacción por las medidas adoptadas por el Gobierno en dar luz verde a este Real Decreto-ley para la dinamización y la venta de los vehículos de turismo. Asimismo, consideramos que a partir del 12 de abril, día en que se puso en marcha el presente Real Decreto-ley, los usuarios podrán beneficiarse de una deducción especial de un máximo de cien mil pesetas, oscilando a la baja en función del tipo impositivo, a cuenta el impuesto especial para los usuarios que renueven su vehículo con una antigüedad igual o superior a los 10 años.
Las primeras reacciones del sector del automóvil frente a este plan que ha presentado el Gobierno son bastante satisfactorias. Es verdad que hay algunos sectores que consideran estas medidas correctas, pero insuficientes en su cuantía, ámbito y plazo, pero también es cierto que diferentes fabricantes de automóviles, desde la Seat, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, Ford, Nissan y Motor Ibérica, han calificado dicha acción como de mensaje de esperanza, de iniciativas interesantes, de gestos de sensibilidad por parte del Gobierno, de medidas oportunas y de importante impulso al sector.
Las expectativas del Plan Renove, que se ha generado en un breve plazo de tiempo, desde su puesta en marcha no pueden ser más satisfactorias. En primer lugar, se va a producir un incremento de ventas de cien mil vehículos más de los previstos, alcanzando las matriculaciones, para el año 1994, la cantidad de 900.000 unidades. En menos de tres meses, tres fabricantes de automóviles han anunciado la suspensión de expedientes de regulación de empleo, ya que están mejorando las expectativas de venta, lo cual contribuye a una mejora del empleo.
No cabe duda de que si se materializan dichos incrementos de venta se volverán a crear puestos de trabajo en la industria que directamente se dedica a la fabricación de automóviles y en todos los diversos ámbitos de influencia de ésta, eso sí, de una manera más moderada que en ocasiones anteriores, pero también desde Convergència i Unió valoramos positivamente esta medida, ya que tendrá efectos muy importantes en tres ámbitos que consideramos muy positivos. En primer lugar, en el campo de la seguridad vial. Teniendo en cuenta que los coches de más de 10 años dan lugar al 32,25 por ciento de los accidentes con víctimas que se producen en España, la seguridad es otro de los aspectos que mejorará en forma importante con este Plan, ya que los nuevos vehículos frenan más, se sujetan mejor al suelo y han mejorado, sobre todo, en seguridad pasiva, lo que supone que los riesgos corporales por accidente se reducirán en torno al 18 por ciento.
En segundo lugar, en el campo medioambiental, la sustitución de los viejos vehículos por otros nuevos supondrá un menor impacto contaminante, pues la normativa actual de emisión respecto de la vigente hace 10 años tan sólo permite vehículos cinco veces menos contaminantes que entonces. Otro punto directamente relacionado con éste es que ahora los consumos son en torno al 30 por ciento menores, lo que produce un menor gasto de energía.
En tercer lugar, el achatarramiento de los vehículos de más de 10 años, que es condición indispensable del Plan Renove, nos llevará al fomento y creación de la industria de reciclaje para los materiales de vehículos, hasta ahora no presente en nuestro país, lo que supondrá la creación de nuevos puestos de trabajo. La automoción es un sector que constituye una pieza fundamental del engranaje económico de un país y es reflejo claro de la situación de éste. Por ello, el apoyo al automóvil es una clara ayuda a la recuperación económica. La situación del sector del automóvil en España no es buena. En el año 1993 se matricularon 236.000 unidades menos que en el año 1992. En el primer trimestre de este año las ventas han experimentado ligeras alzas respecto a 1993, pero sólo se matricularon 200.000 unidades, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas, como las del Plan Renove, que esperamos puedan incrementar las matriculaciones de coches de nuestro país, llegando a las 900.000 unidades de ventas, que son las expectativas previstas.
Se han tardado 20 años para poner en marcha mecanismos desde la Administración para la renovación del parque automovilístico; decisión que nosotros apoyamos y en su momento felicitamos al Gobierno por dicha iniciativa. Pero también pedimos desde Convergència i Unió que no hayan de pasar tantos años para que el Gobierno apoye a un sector tan importante como es el sector de la automoción. Pedimos al Gobierno imaginación, objetividad y agilidad, pues siguiendo esta dirección existen muchas posibilidades de actuación tanto en el campo fiscal, como en el campo laboral, como en el campo de vehículos industriales sobre el que el señor Ministro ya nos ha dicho que estaba estudiando medidas al respecto.
Creemos que existe un margen de maniobra suficiente que permitirá actuar con posibilidades de éxito ya que está demostrado que existe sensibilidad en estas actuaciones por parte de los usuarios consumidores del Estado español. Por eso, vamos a apoyar la convalidación de este Real Decreto-ley porque entendemos que posibilitará que el sector de la automoción, que es un motor generador de la economía de los más importantes de nuestro país, pueda dar lugar a la reactivacion económica esperada.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


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Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados. Nuestro Grupo Parlamentario va a apoyar este Real Decreto ley, pero quiere aprovechar esta ocasión de su convalidación para señalar algunas importantes insuficiencias en lo que es la política industrial que practica el Gobierno y el actual Ministro de Industria, porque vienen a significar el reconocimiento de errores que este Grupo Parlamentario ha venido señalando.
Nos recordaba el señor Ministro que España es el tercer fabricante europeo y el quinto mundial de automóviles, por tanto, se trata de una industria importante en el conjunto del sector industrial español, por su situación internacional y por el peso que tiene en la propia industria española. Nos recordaba también que el año pasado ha sido el primero en el que las matriculaciones de vehículos importados se han igualado a las de producción nacional. Esto tiene mucho que ver con la --aunque firme-- tibia actitud con que el Gobierno abordó, y se discutió ampliamente en esta Cámara, tanto las negociaciones del GATT, como la introducción de la cláusula social en la futura Organización Mundial de Comercio.
Señor Ministro, se pueden hacer incentivos fiscales, pero es tanto más importante plantear desde el Gobierno español y en el peso que el Gobierno español pueda tener en la futura Organización Mundial de Comercio, el tema tan relevante de discutir el entorno social de la producción industrial en todo el mundo. Porque no es de recibo --y usted lo sabe tan bien como yo-- comparar en el mercado español la producción de vehículos de países del sudeste asiático con entornos sociales y democráticos de producción totalmente distintos a los de la industria española o europea en general y pretender, después, que estamos ante una situación de puro y mero libre comercio.
Usted sabe que esto es una falacia, la falacia del liberalismo aplicado a la globalización mundial de la economía sin tener en cuenta el entorno social de la producción. Después, con algunas medidas fiscales se pueden arreglar las cosas y con las que ustedes proponen algo se va a arreglar, porque son pequeñísimos parches a problemas mucho más profundos. No digo que usted o el Gobierno español en solitario pueda solucionar este enorme problema, pero nos hubiese gustado mucho más ver cuando se discutió el GATT y cuando se firmó en Marrakech, una actitud mucho más decidida y activa --y casi diría de liderazgo-- desde los presupuestos que teóricamente conforman su Gobierno en introducir el tema de la cláusula social en la futura Organización Mundial de Comercio. Tiempo tendremos de hablar de esta cuestión, pero es una cuestión central. Es una cuestión central el que los productos puedan circular libremente por todo el mundo, por supuesto que sí, pero que estos productos tengan unos entornos sociales de producción similares y comparables. Nosotros decíamos en referencia a la discusión del GATT: GATT sí, OIT también.
Algunos otros países, Francia, por ejemplo --no el Gobierno español, y de esto nos quejamos--, se han puesto a la cabeza de la revisión de las cláusulas sociales de la producción en todo el mundo para igualar la verdad no sólo el comercio de mercancías, sino la interrelación de la producción en todo el mundo, que ha de ser similar en algunos aspectos. Tengan en cuenta también esta cuestión más profunda que explica el descenso importante en la producción industrial de vehículos en Europa y explica el descenso importante en la producción industrial de vehículos en España.
Otra cosa que hemos criticado repetidamente es la no presencia, ni siquiera en porcentajes minoritarios, del sector público español en los fabricantes de vehículos. Criticamos en su día --y ahora recogemos tristes experiencias--, cuando se vendió por ejemplo Seat a Volkswagen, el no mantener una presencia minoritaria del INI en aquella industria. Si hubiese una presencia activa y directa, aunque minoritaria, del sector público español, sea el INI, sea la Generalitat de Cataluña, y se hubiese planteado también desde aquella instancia, estaríamos hoy en mejores condiciones para conocer desde dentro, desde el consejo de administración, las cuentas teóricamente tan terribles y tan imposibles que prácticamente ponen en duda la viabilidad de la propia factoría, me refiero a la de la Zona Franca, por ejemplo. Cuando llegó el momeno de aquellas enajenaciones la filosofía política que imperaba en su gobierno era la de que no había por qué mantener una presencia minoritaria, que era indistinto a quién perteneciese la mayoría accionarial o del capital, y que esto no iba a afectar en absoluto a la seguridad y a la viabilidad de aquellas factorías.
El tiempo nos ha dado también en eso la razón cuando se demuestra que cuando vienen las vacas flacas los centros de decisión de las grandes compañías trasnacionales tienden a dejar lastre en la periferia y no en el centro. Esto es lo que está pasando, por ejemplo, en Seat o en Santana. Es otro ejemplo de insuficiencias en su política industrial.
Respecto a la medida en concreto, usted nos ha presentado tres ventajas: aumentará la seguridad del parque automovilístico español --esto es cierto--, disminuirá la contaminación en la medida en que renovará los vehículos --quiero recordar que nuestro Grupo Parlamentario en repetidos ejercicios presupuestarios ha presentado propuestas fiscales para reducir la contaminación por otras vías, por ejemplo, por la de la tasa ecológica-- y va a mejorar la capacidad de producción de la industria nacional y, por tanto, en cascada, la capacidad del empleo.


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Es indudable que es una medida que está siendo positiva, pero es muy parcial, muy periférica. La vamos a apoyar, pero queríamos señalar este entorno más general que explica la situación difícil por la que está pasando la industria automovilística española y de la Unión Europea en general, que tiene estos marcos de referencia. Evidentemente, no es éste el momento ni el decreto que puede cambiarlos o arreglarlos, por supuesto que no --supongo que se habrá entendido--, pero sí he querido señalar otros aspectos del entorno de la política industrial que deberían ser tenidos en cuenta por este Gobierno para prever, con más capacidad y perspicacia, los problemas que tiene la industria española y que se le pueden continuar planteando de no modificarse esta cuestión.
La deducción lineal del impuesto, repito, nos parece positiva y anuncio a la Cámara que nuestro Grupo Parlamentario tiene presentada una proposición no de ley para solicitar que en este impuesto especial sobre la matriculación de vehículos, este 13 por ciento que grava el 15 por ciento básico del IVA (es un impuesto nuevo, como sabe el señor Ministro, pues no tiene más de un año de vida) pueda ser transferida su gestión y recaudación a las comunidades autónomas para que éstas a su vez lo redistribuyan entre los municipios. Sería una forma de asegurar una financiación más directa a las arcas municipales, sería una forma de aumentar y avanzar en la descentralización del gasto de las administraciones públicas del Estado. Sé que alcaldes que son Diputados de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Socialista ven con mucha simpatía esta propuesta. Esperemos que, cuando esta propuesta se discuta en la Cámara, pueda tener una mayoría suficiente como para que, si la Cámara lo decide, podamos contemplar la transferencia de la gestión de este impuesto a las comunidades autónomas --como, por cierto, ya lo tiene la Comunidad Autónoma de Canarias-- y que la cuantía de la recaudación del impuesto por estas comunidades autónomas sea distribuido de forma proporcional a los municipios, puesto que uno de los consumos más importantes de los automóviles se produce en el ámbito de la circulación urbana. Si hay acuerdo en ello, esta medida podría mejorar la situación de las arcas municipales, se redistribuiría la gestión del gasto de las administraciones públicas del Estado y nos acercaríamos a aquel desiderátum que tanto repetimos todos del 50-25-25.
Insisto en que hay voluntad, al menos en los Diputados- alcaldes del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Partido Socialista de que esto pueda ser realidad. Esperemos que los grupos parlamentarios, cuando estudien este tema, lo vean factible.
Nosotros creemos que es perfectamente factible. Es un impuesto joven, es un impuesto que tiene un año y medio de vida y sería perfectamente transferible a las comunidades autónomas para cumplir estos beneficios.
Termino, señor Presidente, señoras y señores Diputados. La medida, aunque pequeña y parcial, es positiva, y en este sentido la vamos a apoyar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Espasa.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gamir.


El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la convalidación de este Real Decreto-ley por una razón obvia: porque es una medida que había defendido antes de que el Gobierno la tomara. Incluso más, la defendía cuando el Gobierno se oponía a ella.
Aquí la tozudez de los hechos y de las fechas es muy clara. El 22 de marzo de este año el Ministro recibía al secretario general de FASA-Renault, quien, en su nombre y en el de Anfac, la patronal del sector, le pedía una medida de este tipo, de achatarramiento, con una prima para la compra de nuevos vehículos.
El secretario general de FASA-Renault declaraba a la salida de la entrevista lo siguiente, y cito literalmente: «Obtuvimos una respuesta negativa. En opinión de Eguiagaray, ahora no es el momento para aplicar estas medidas en España»; 22 de marzo.
El 25 de marzo, el Grupo Parlamentario Popular presentaba una moción con diversas medidas de política industrial, entre ellas precisamente ésta, que, además, fue ampliada y tuvo alguna mayor resonancia en una rueda de prensa después de Semana Santa. Y el propio 5 de abril aparecía en la prensa la postura del Grupo Parlamentario Popular con el siguiente titular: «El Partido Popular pide medidas a la francesa para recuperar la demanda del automóvil» y señalaba que entre estas medidas se incluía el pago en metálico por parte del Estado para achatarramiento de vehículos; día 5 de abril.
Curiosamente, cuando el tema se iba a discutir el día 12, cuando la moción aún no había sido analizada por este Pleno, el día 8 el Gobierno cambia de postura y acepta la medida. Hay que felicitar al Gobierno por su capacidad de contradicción; hay que felicitar al Grupo Parlamentario Popular por su capacidad de influir en la realidad aun antes de que una moción se discuta en el Parlamento.
Vamos a votar a favor pero pidiendo que se tramite como proyecto de ley. Ello por tres razones: primero, por defectos técnicos de esta medida; segundo, porque no se está viendo una reacción de las compras con esta medida; y, en tercer lugar, porque nos parece que la capacidad reglamentaria que se le deja a un Gobierno que se está contradiciendo a sí mismo con frecuencia con esta medida, habría que asegurarla más dentro del propio proyecto de ley.
Primera razón. Esta medida está técnicamente mal redactada desde un punto de vista jurídico. Por ejemplo, excluye a los emigrantes. Dice que la antigüedad de los diez años se contará desde la fecha en que hubiera

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sido objeto de su primera matriculación definitiva en España.
Pues bien, a un emigrante que hubiera tenido su coche durante ocho años en Alemania, luego lo trajera a España y lo tuviera otros siete años, no se le podría aplicar esta medida. Yo me dirijo a los grupos de la Cámara: ¿Es que queremos realmente discriminar a los emigrantes? ¿Es que no es mucho más lógico tramitarlo como proyecto de ley, cambiando esta redacción para que no se excluya a este grupo? Segundo. Con sinceridad, creemos que esta medida no está dando los efectos importantes.
Lo decimos sintiendo que no los haya dado. En el mes de abril, que es el mes en que ha regido esta medida se han incrementado las matriculaciones en el 7,2 por ciento. En el primer trimestre de este año, cuando no existía esta medida, se incrementaron en el 15 por ciento. Me dirán ustedes: Pero hay incremento. Sí, hay incremento, pero después de una caída del 24 por ciento el año pasado, hay incremento después de que las cifras que estamos dando para este año implican un descenso del 17 por ciento con respecto a la media de los últimos cinco años.
El Director General de Anfac decía recientemente que estas medidas estaban dando poco resultado, y recordaba que si restábamos lo que están comprando las flotas de vehículos de alquiler por otras razones --por razones de turismo--, el crecimiento real de particulares había sido nulo en el mes de abril. Repito, mes en el que rige esta medida y que, sin embargo, tiene efectos de un menor incremento que en meses pasados. Haría falta revisar esta medida, porque todos creemos que tiene auténtica eficacia. El Grupo Popular ha presentado unas propuestas para la industria de la automoción, con nueve medidas más de bajo coste fiscal. Hay una serie de temas a tratar como, por ejemplo, que el impuesto de circulación de estos vehículos antiguos está planteando unos problemas especiales y quizá habría que llegar a algunos acuerdos con las autoridades municipales. Habría que revisar también los problemas de la propia tasa de matriculación y ver cómo hacemos realmente eficaz esta medida para este sector, lo cual exige su tramitación como proyecto de ley para perfeccionarla.
Hay una tercera razón más importante para que pidamos que se tramite como proyecto de ley: en este Real Decreto-ley la facultad reglamentaria pasa a los Ministerios de Industria, de Economía y de Interior. Aquí nos encontramos con un problema.
Todos sabemos que en la Administración se suele decir: Haga quien haga la ley, déjenme a mí hacer el reglamento. Ahora no sabemos qué reglamento va a salir, porque las declaraciones de los Ministros de Industria y de Economía son tan continuamente contradictorias sobre esta materia de la fiscalidad del automóvil, que no sabemos, el día que hagan el reglamento, en qué dirección les tocaráinclinarse, hacia dónde soplará el viento por decirlo en otra expresión.
Señor Ministro, permítame una pequeña ironía, Si hubiera que hacer una caricatura de usted con relación a este tema, creo que sería una caricatura a lo Hamlet, dado el sentido dudoso de la figura, y es posible que con una gran margarita, en la que un día usted deshoja una hoja de la margarita y ese día toca decir sí a que se reduzca la fiscalidad del automóvil y al día siguiente deshoja otra hoja y ese día toca decir no a la reducción de la fiscalidad del automóvil. Además, entre usted y el señor Solbes, la propia margarita está realmente desconcertada. Veámoslo con hechos y datos.
El día 16 de octubre del año pasado, el señor Eguiagaray declara: «El Gobierno bajará los impuestos de los automóviles.» El mismo día el señor Solbes declara: «Se descarta que pueda adoptarse una rebaja fiscal para los automóviles a corto o medio plazo». Dos hojas de margarita en dirección contraria. Día siguiente, el 17 de octubre, ahora es el señor Eguiagaray el que dice que «se niega una bajada de los impuestos que gravan el automóvil.» Pero luego, el día 25, el señor Eguiagaray afirma que se tomarán medidas contra la crisis del automóvil esa misma semana, y el señor Espinosa, Presidente de Anfac, le recuerda que las medidas a tomar tienen que ver con la tasa de matriculación. El lenguaje de las palabras y el lenguaje de los hechos se contradicen porque esa misma semana no se toma ninguna medida.
Día 28 de octubre, la radio, desde las siete de la mañana, anuncia hora tras hora que se reducirá la tasa de matriculación. No tuvo usted reflejos. Hasta las tres de la tarde no lo desmintió, creando una clara confusión en el sector. ¿A qué hora se entera, señor Ministro, de lo que dicen los medios de comunicación sobre su Departamento? ¿Seis horas más tarde? Seis de noviembre, nuevo anuncio del señor Eguiagaray: no habrá medidas. Ahora toca la hoja del no en este caso. Ya hemos mencionado las diversas declaraciones contradictorias sobre esta medida que afecta a la tasa de matriculación en el tema del achatarramiento.
Si pasamos ahora al Grupo Parlamentario, hace un par de semanas ha aprobado que se estudie la adopción de nuevos mecanismos fiscales para incrementar la competitividad en el sector de la automoción. Lo ha aprobado el Grupo Parlamentario Socialista después de aprobarse este Decreto-ley. Luego pide otras medidas fiscales, además de la reducción de la tasa de matriculación, que es lo que se nos ocurre que está pidiendo el Grupo Parlamentario Socialista.
Aún más, el Grupo Parlamentario Socialista plantea al Ministro que se establezcan las líneas de una política industrial adecuada para ayudar a la industria automovilística, ya que estima que no existen las líneas

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adecuadas para realizar ese apoyo a la industria y pide que se establezcan.
Para finalizar, ayer el señor Serra recibió a la patronal del automóvil, y en este caso dijo que no se tomarán medidas extras sobre fiscalidad del automovil. ¿Habrá que darles la misma credibilidad que a la negativa del señor Eguiagaray cuando se le planteó la medida del achatarramaiento, que al Secretario General de Fasa-Renault dijo que la respuesta era no? ¿Hay que dar la misma credibilidad a lo que ocurrió ayer con el señor Serra? En resumen, nos encontramos con que vamos a votar a favor de la convalidación de este Decreto-ley, pero parece obvio que tiene que presentarse como proyecto de ley a la Cámara.
Aparte de los argumentos que ya ha planteado otro grupo, recordemos los importantes defectos técnicos y legales; por ejemplo, el tema de los emigrantes; recordemos que no está teniendo impacto real en la recuperación de la demanda, y recordemos que las contradicciones continuas de este deshojar de la margarita, de un día sí y otro día, plantean que no es bueno dejarlo a la discrecionalidad de dos ministros, que cada uno dice lo contrario del otro, por lo que creemos que el Decreto-ley debe dejar más fijada cual es la postura al respecto.
Señor Ministro, de verdad, yo creo que sus continuas declaraciones han creado una falta de credibilidad en usted mismo, como Ministro de un Gobierno al que no le sobra precisamente credibilidad.
Muchas gracias, señor Ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gamir.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.


El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias señor Presidente.
Señorías, en este trámite de convalidación del Real Decreto- ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero expresar nuestra triple satisfacción. Satisfacción, en primer lugar, por el propio contenido del Decreto-ley; satisfacción por el informe positivo a la convalidación de este Decreto-ley por parte del Parlamento de Canarias, y satisfacción también por la unanimidad que la votación va a expresar, a pesar de las frivolidades en la exposición de los representantes de algún grupo parlamentario, que en cualquier caso comprendemos, porque de alguna manera deben compensar, en su exposición de motivos, su voto favorable al contenido del Decreto-ley, que es lo importante y lo que nos satisface.
Nuestro Grupo Parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este Decreto-ley por los tresaspectos positivos que contiene y que han sido señalados en la presentación por el Ministro de Industria.
En primer lugar, y fundamentalmente, por la incidencia que el Decreto tiene sobre la industria del automóvil, sobre las posibilidades de venta y de apoyo a la reactivación en este sector, y también, como es lógico, por la incidencia que esto va a tener sobre los lugares de trabajo en las empresas de nuestro país en este sector que, como todos sabemos, están pasando por un momento extremadamente delicado.
Se ha dicho que en un mes, que es el plazo de vigencia de este Decreto, aún no ha tenido consecuencia. La experiencia francesa --y lo señalaba el Ministro-- ha demostrado que la incidencia se produce a partir del segundo o tercer mes, por tanto, es seguramente algo frívolo en este momento afirmar que no tiene consecuencias este Decreto en el mercado.
En segundo lugar, también por la incidencia que va a tener sobre el medio ambiente en cuanto a ayuda a la renovación del parque móvil que en nuestro país tiene un nivel de edad muy elevado, por encima de la media de los demás países europeos, y la incidencia que va a tener en el ahorro de energía.
En tercer lugar, como se ha señalado, está la incidencia favorable que la renovación del parque de automóviles va a tener sobre la seguridad vial.
Creemos, además, que este Decreto-ley fue aprobado por el Gobierno en el momento oportuno. Aprobar un decreto de incentivos fiscales en este sector cuando se produce una recesión en la venta de automóviles, señalan los expertos que difícilmente iba a tener consecuencias positivas, o que, en todo caso, iba a tener consecuencias positivas sólo en determinadas gamas de la producción y especialmente en las gamas elevadas, no en las medias y bajas de la industria automovilística. ¿Por qué? Porque una incidencia fiscal de unas cien mil pesetas puede ser un elemento que acabe de decidir al comprador de unas posibilidades económicas determinadas, pero difícilmente es un elemento fundamental en un momento de recesión para el comprador del sector bajo y medio de la producción del automóvil, que precisamente es el sector en el que se produce en la industria automovilística española.
Por tanto, el momento de aprobar el Decreto era aquel en que empezaba a producirse una renovación, un cierto movimiento en este sector, tal como sucede en el primer trimestre de este año, en el cual en nuestro país hubo un aumento de un 15,6 por ciento de las ventas, algo por debajo de Gran Bretaña y algo por encima de Francia, y en el cuarto trimestre, en que sí ha empezado a tener incidencia este Real Decreto, observamos que España, con un 15,7 por ciento, es el país que sufre un aumento más elevado por encima de Gran Bretaña y Francia, que también tiene un decreto aprobado en este sentido. Por eso nos parece que el momento elegido

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por el Gobierno para aprobar el Decreto-ley fue el oportuno.
Por otra parte, también --y otros grupos lo han señalado-- la aprobación de este Decreto ha supuesto una satisfacción importante para el sector, más allá de críticas concretas del sector, como es lógico, que siempre querrá un poco más, pero ha mostrado su satisfacción, hasta el punto de que, como SS.SS deben saber, el Presidente de Volskwagen, el señor Ferdinand Piëch en Alemania ha propuesto a su Gobierno que se aplique un Decreto como el español, no como el francés. Creo que este también es un indicio que debe satisfacernos a todos, el que los alemanes, Volskwagen, pongan como ejemplo un decreto que ha sido hecho por el Gobierno español.
Algún grupo ha solicitado la tramitación como proyecto de ley de este Decreto-ley. Nuestro Grupo cree que este Decreto estará en vigor durante seis meses y su tramitación como proyecto de ley supondría que la ley saldría aprobada en el momento en que el propio Decreto ya no estuviera en vigor, lo cual seguramente no es una buena técnica desde el punto de visto parlamentario. Además, creemos que mantener abierto, a partir de este Decreto-ley, el debate sobre aspectos colaterales, que pueden ser importantes pero que son, repito, colaterales al propio Decreto-ley, probablemente podría tener incluso consecuencias negativas para el propio sector.
Por otro lado, si algún Grupo considera que hay otros aspectos que deben ser debatidos, existen otros mecanismos (algún grupo ha presentado ya una proposición no de ley en la línea de manifestar aspectos que consideran que se deberían tener también en cuenta), y parece más lógico que se utilicen estos otros mecanismos parlamentarios y no tramitarlo como proyecto de ley. Finalmente, también en este sentido debemos tener en cuenta que este Decreto-ley actúa sobre los aspectos de fiscalidad que son competencia del Gobierno central, y que, no tiene sentido aquí debatir sobre aquellos tramos que no se refieren a una competencia fiscal del Gobierno central, sino a aspectos concretos de alguna comunidad autónoma. Por tanto, la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley tampoco creemos que sea la forma más adecuada para solucionar algún posible problema que hubiese en este sector.
Señor Ministro, sepa que sigue contando con el apoyo de este Grupo Parlamentario Socialista (que con su voto permitió ya en el debate del estado de la nación la aprobación del estudio de algunas medidas sobre este sector, tanto en aspectos de fiscalidad como en aspectos de política industrial), para tirar adelante, con todas aquellas medidas que puedan beneficiar a un sector tan importante para la economía española.
Por todo ello, a la satisfacción inicial que nuestro Grupo ha manifestado sumamos el voto favorable a la convalidación de este Decreto-ley.
Muchas gracias.El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal.
Vamos a proceder a la votación.
Votación para la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 4/1994, de 8 de abril, de medidas transitorias urgentes de carácter fiscal para la renovación del parque de vehículos de turismo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 307.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación.
Votación para la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 127; en contra, 161; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 5/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y DE LA CONDICION DE REFUGIADO (Número de expediente 121/000002)

El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día, enmiendas del Senado. Enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
¿Desea algún grupo fijar su posición en relación con estas enmiendas? (Pausa.) Ruego a los grupos que deseen hacer uso del turno de fijación de posición que lo señalen claramente, sin timidez. (Risas.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, comparezco aquí sin la menor timidez, obviamente, para expresar nuestra conformidad con el resultado que viene desde el Senado en orden a una normativa respecto de la cual en su día Coalición Canaria ya expresó, de manera contundente, su posición al respecto. (Rumores.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, guarden silencio, señorías.


El señor OLARTE CULLEN: Decía que nosotros, en su día, expresamos nuestra conformidad con la preocupación explicitada por Izquierda Unida, cosa que no nos resultaba precisamente difícil habida cuenta de nuestro talante acaso conformado por una ubicación geográfica especial en la cual estas cuestiones merecen una atención especial por parte de la ciudadanía.
Expresamos en su día --repito que compartiendo la preocupación de Izquierda Unida que le llevaba a la formulación de una enmienda a la totalidad--nuestra discrepancia en cuanto a lo drástico de tal decisión de devolución, porque creíamos que con la presentación y la aceptación de un número importante de enmiendas, como fue nuestro caso, podían corregirse una serie de disfunciones que traían causa de un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que se había plasmado en las postrimerías de la pasada legislatura Vimos siempre cómo prevalecía en el Grupo Socialista un criterio riguroso, que acaso había hecho mella profunda en dicho Grupo tras la posición del Ministro Corcuera sobre el particular. Pero esa cuestión creemos que fue aliviada posteriormente desde que el Ministro señor Asunción tomó posesión, aunque ha sido preciso llegar al Senado para establecer la cuestión en sus justos límites.
Nosotros, habida cuenta de que razones cualitativas importantes de nuestra posición se han encauzado de una manera positiva, expresamos nuestra satisfacción por la forma en que viene el proyecto desde el Senado, donde se han introducido correcciones técnicas no despreciables. Además, se corrige algo que para nosotros, acaso porque en muchas ocasiones actuamos con una cierta deformación producto del ejercicio durante muchos años de la profesión togada, cercenaba, limitaba, imposibilitaba la libre decisión de los tribunales de Justicia, en lo contencioso-administrativo concretamente, en orden a la imposibilidad en que se encontraban de decretar la suspensión del acto administrativo en perjuicio de quien solicitaba el derecho al asilo; tan sólo podían hacerlo en aquellos casos en que hubiese una conformidad, un informe favorable respecto a la pretensión del mismo, sustrayendo la posibilidad de que los tribunales tuviesen su soberanía al respecto.
Hoy en día, cuando se ha eliminado el adverbio «sólo» y los tribunales recuperan la posibilidad, que estaba un tanto puesta en peligro, de decretar la suspensión del acto administrativo por otras razones que consideren aceptables, en uso de su soberanía, se despeja aquella preocupación. Por tanto, ante la posibilidad que se brinda, y que se amplía enormemente, de que tal suspensión se produzca, consideramos que, sin llegar al máximo de lo deseable, sin embargo se ha realizado un avance significativo, que por lo que respecta a Coalición Canaria se traduce en un cambio de su posición a positiva respecto a la resultancia del Senado.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Deseo mostrar la satisfacción del Grupo Vasco por la redacción de este proyecto de ley, tras los sucesivos trámites en esta Cámara y en el Senado. Después de arduas discusiones, deliberaciones y propuestas diversas, entendemos que se ha llegado a un punto de equilibrio razonable, que garantiza suficientemente los derechos de los refugiados en este contexto europeo. Somos conscientes y rigurosos, ante los flujos inmigratorios que se están produciendo en nuestro entorno, de que se hace distinguiendo claramente la figura de asilado, refugiado y del inmigrante económico, poniendo en vigor --que era uno de los aspectos sustanciales de esta discusión-- procedimientos administrativos y judiciales suficientes para garantizar un derecho constitucionalmente reconocido. Además, esta reforma se hace integrando en dichos procedimientos a organismos internacionales de reconocido prestigio, como Acnur, que coadyuven con las administraciones en la consecución de estos objetivos.
Por ello, señor Presidente, manifestamos que el Grupo Vasco va a votar afirmativamente este proyecto de ley, y mostramos nuestra satisfacción por la forma de trabajo que se ha llevado en este caso.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Presidente.
También quiero manifestar nuestro votor favorable a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley y sumarme a lo manifestado por los anteriores portavoces en el sentido de expresar nuestra satisfacción por cómo ha quedado finalmente este proyecto de ley. Como es sabido, en el debate de totalidad nuestro Grupo expresó sus serias reticencias al mismo, y manifestamos también nuestro deseo de contribuir, durante trámites sucesivos, a conseguir un consenso en la Cámara.
A nuestro entender, este consenso mayoritariamente se ha conseguido, sobre todo desde la perspectiva de nuestro Grupo Parlamentario, puesto que se han incorporado

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mayores garantías a los solicitantes del derecho de asilo, pero muy especialmente desde el momento en que en Comisión se acuerda votar y aprobar nuestra enmienda al artículo 21, enmienda que, de hecho, recogía también el espíritu de algunas similares presentadas por otros grupos parlamentarios, que impedían la suspensión de la expulsión en frontera y de la salida obligatoria del solicitante cuando mediara la interposición del recurso contencioso-administrativo, y además, cuando el representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hubiera emitido informe favorable.
Creo que con ello hemos dado un paso importante, por lo que, repito, quiero manifestar la satisfacción de nuestro Grupo Parlamentario.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no va a votar a favor de las enmiendas del Senado. Admitimos que se han producido algunos avances, pero se trata de mejoras técnicas, aunque en algún caso de cierta importancia, como la supresión de la palabra «sólo» en el artículo probablemente más significativo del proyecto. Y además destacamos también que en el Senado se va a evitar que la inadmisión a trámite que aparece en este proyecto de ley sea aplicada a los casos planteados con anterioridad a la vigencia de la futura ley.
Sin embargo, mantenemos objeciones de fondo a este proyecto de ley que no han sido disipadas del todo en el trámite del Senado, y por eso es por lo que nuestro voto va a ser de abstención respecto de estas enmiendas.
En relación con el tema nuclear relativo a suspender, la ejecución de la expulsión en el momento en que se interpone un recurso contencioso-administrativo, sigue existiendo aún la necesiddad de que se preste el apoyo por el Acnur, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que supone, sin duda, un avance respecto de la inaceptable redacción con que venía el proyecto de ley (y por eso nosotros nos abstuvimos en la Comisión), pero consideramos que hay serias dudas sobre la constitucionalidad de este precepto. Es decir, la garantía, el goce de un derecho fundamental, la tutela judicial, va a depender, en última instancia --se quiera o no se quiera--, de que así lo considere un organismo como el Acnur, muy respetable, pero no un organismo que esté dentro del sistema constitucional español, un organismo sobre el cual el Estado español, el Gobierno, el Parlamento tengan algún tipo de control, y, por tanto, en el que es difícil saber si la tutela judicial podrá ser aceptada o no y si podrá o no ser controlada.
Tampoco se ha resuelto en el Senado la ausencia del asilo por razones humanitarias, que es uno de los elementos básicos que nosotros planteábamos en nuestra enmienda a la totalidad que defendimos hace algunos meses en esta Cámara. No se ha resuelto; el asilo por razones humanitarias ha desaparecido, y creemos que eso no es bueno, dadas las circunstancias en las que hoy día se está moviendo, social y políticamente, el tema del asilo. Ni tampoco se ha incluido el asilo para los refugiados, algo que está a la orden del día también en los medios de comunicación y en la realidad.
Por otra parte, tenemos que señalar que no están clarificadas suficientemente la situación y las garantías que tiene quien en la frontera pide asilo y sufre un internamiento hasta que se resuelva la admisión a trámite de su solicitud. No está claramente expresada la tutela judicial en ese momento del internamiento, que es una privación de libertad, y tampoco está establecido con claridad que en ese momento --aunque nosotros defenderemos siempre que hay que interpretarlo así, pero no está establecido en el proyecto de ley-- tenga derecho a intérprete y asistencia letrada; sí está establecido para los que piden asilo cuando están ya en el territorio español, pero no está establecido expresamente para los que piden el asilo en frontera, que es cuando están en la máxima situación de indefensión. Todo ello nos hace pensar que este proyecto de ley no está rodeado de suficientes garantías. Desde luego, ha sido mejorado desde el momento en que llegó aquí hasta el momento en el que va a salir de esta Cámara. Admitimos que ha sido mejorado y se han dado unos ciertos pasos no sin un trabajo ímprobo, hay que decirlo también, con una encomiable capacidad de los grupos parlamentarios para ir avanzando y consensuando algunas cosas, y después de que en el sillón en que está usted ahora mismo estaba el señor Corcuera, y luego el señor Asunción, y hubo un debate crispado con el señor Corcuera --recuerdo-- en la defensa de la enmienda de totalidad, defendiendo cosas que luego afortunadamente algo se han cambiado, aunque a nuestro juicio no suficientemente. Este es un proyecto de ley que objetivamente --hay que reconocerlo así-- restringe el derecho de asilo tal como en este momento se está gozando de él; eso es una realidad. Habría que haberlo rodeado de todas las garantías constitucionales, absolutamente todas las garantías constitucionales, y creemos que subsisten dudas sobre la constitucionalidad de determinados artículos, lo que condiciona nuestra posición.
Aprovecho la ocasión para señalar que este proyecto de ley se inscribe en una estela de proyectos y de textos legislativos que han restringido sistemáticamente, en los últimos años, derechos de colectivos como es el caso de los extranjeros. Hay que decir que este proyecto

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de ley está en la línea de un planteamiento político de restricción de derechos que se inicia en la Ley de Extranjería, que sigue con la Ley de Protección de Datos que, en conexión con el Tratado Schengen, puede suponer importantes restricciones, que sigue con la Ley de Seguridad Ciudadana enmendada, en este caso, por el Tribunal Constitucional y que culmina en este proyecto de ley de asilo. Por tanto, obedece a un planteamiento político presidido por la figura del señor Corcuera en el Gobierno y que evidentemente ha restringido derechos importantes para colectivos, en concreto para los extranjeros, tema en el cual no hay ningún tipo de problema con la derecha social o política (la derecha social de fuera de este Parlamento y la derecha política de este Parlamento) que ha aplaudido sistemáticamente cuando se producían estas restricciones a estos colectivos. Prueba de ello son las posiciones adoptadas en relación con este proyecto de ley de asilo.
Creemos que es el momento de revisar esta política en un sentio garantista. Lo mismo que se ha dicho en estos días que estos casos de corrupción --motivo de debates en este Parlamento-- han estado condicionados y explicados seguramente por el clima político y económico que se ha vivido en los últimos años en nuestro país, también hay que instalar la redacción de este proyecto de ley que venía a esta Cámara, que luego ha sido modificada ciertamente en alguna medida, en un planteamiento político en relación con restricción de derechos que debe ser absolutamente revisado. Por tanto, ese espíritu de enmienda que ustedes planteaban respecto del tema de la corrupción creemos que debería extenderse también a los planteamientos sobre libertades y derechos que se han mantenido aquí en los últimos años y que creemos que no son propios de una fuerza progresista. Por eso aprovechamos la presencia del flamante señor Ministro de Justicia e Interior - -que me imagino que al tiempo que habla con un distinguido miembro de la oposición estará también atento a lo que decimos desde esta tribuna-- y le recordamos esta petición, encomiable por nuestra parte, de que se revise esta línea política que se inicia en un punto de inflexión en la reforma de este proyecto de ley, y que debe ser seguida por otras iniciativas, que esperamos de usted y de su credibilidad en cuanto a la reforma de determinadas leyes que no deberían existir en su redacción inicial en la actualidad y que deberían revisarse en el futuro para que se vuelva a la senda de una verdadera garantía de derechos y libertades de ciudadanos y, sobre todo, de colectivos especialmente desprotegidos como son los extranjeros.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente parte de las enmiendas que se han introducidoen el texto por el Senado, salvo la relativa al apartado31, en que nos abstendremos pura y simplemente por entender que el adverbio «solo» colocado en el texto del artículo no tiene la trascendencia que se le ha atribuido de limitar las posibilidades de actuación del juez. De todas formas, si se podía prestar a confusión el hecho de que apareciera en el artículo, de acuerdo con su eliminación, pero nos vamos a reservar la opinión en esta materia.
Nuestro Grupo valora favorablemente el marco legal y la forma en que queda regulada la concesión del derecho de asilo.
Evidentemente se ha producido un cambio en la legislación de extranjería, se ha producido también un cambio en la legislación de asilo, porque las circunstancias actuales no son las mismas que cuando se establecieron este tipo de leyes.
La figura del asilo ha sido contaminada en la práctica por una serie de solicitantes que, aprovechando la vía del asilo más favorable para ellos, realmente no reunían ninguna condición, no reunían ningún derecho para ser solicitantes de este asilo.
En este aspecto, creemos que la ley cumple adecuadamente la Constitución y permite que los esfuerzos de la Administración se centren exclusivamente en aquellos auténticos perseguidos políticos, en personas que necesitan la protección de la sociedad española. No apreciamos ninguna reserva en la regulación de la suspensión y, a fin de cuentas, aunque el Acnur informe negativamente una solicitud, la tutela judicial efectiva va a depender no del marco legal, va a depender de la eficacia de la jurisdicción contencioso-administrativa en atender el recurso en que se plantee esa solicitud. Por tanto, no es un problema de la ley, puede ser un problema de funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Desde que empezó la tramitación de este proyecto de ley distinguimos dos ámbitos de actuación: el marco legal que se le facilitaba al Gobierno y la actividad de la Administración en esta materia. Mantuvimos una serie de dudas sobre la eficacia de la Administración en esta materia y, hoy, cuando acaba la tramitación parlamentaria de la ley reguladora del derecho de asilo, hay que hacer una llamada de atención al Ministro de Justicia e Interior para que resuelva los problemas materiales que están produciéndose en relación a la acogida de solicitantes de asilo. Si queremos tener una legislación moderna en esta materia, si queremos tener una Administración eficaz, evidentemente no se pueden mantener circunstancias físicas como la situación del centro de acogida de Málaga; centro de acogida que abarca toda Andalucía, abarca realmente una zona que va a producir un número importante de solicitudes,

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y que está en unas condiciones de habitabilidad que no son dignas. Evidentemente, ahí falla el Ministro del Interior, falla el Ministro de Justicia en no tener un centro de acogida digno para solicitantes de asilo en toda Andalucía. Esa es la eficacia que nosotros pedimos a la Administración y dudábamos si la Administración iba a ser capaz, contando con un marco legal adecuado, de ser eficaz en el desarrollo de esta materia. En el primer punto en que hemos hecho el análisis de esa eficacia, este centro de acogida de Málaga, evidentemente ha fallado la Administración. Esperamos que en lo sucesivo la Administración sepa utilizar el marco legal que le ha facilitado el Congreso de los Diputados y sea más eficaz en el tratamiento de los solicitantes del derecho de asilo.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Jordano.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, señorías, es la quinta vez que subo a esta tribuna para, en distintos actos parlamentarios, referirme a la tramitación de este proyecto de ley. Por ello, y dado lo apretado del orden del día de hoy, hago gracia a SS.SS. de todas aquellas argumentaciones de fondo que nos llevaron a defender el proyecto de ley enviado por el Gobierno, a plantear la enmienda de nuestro Grupo y, fundamentalmente, a ofrecer desde el primer momento una actitud de diálogo, de pacto, una actitud abierta a las sugerencias de los demás grupos parlamentarios. Mi Grupo estima, sinceramente, que hemos cumplido la palabra. Como han tenido a bien reconocer los representantes de otros grupos, ha sido constante la labor de diálogo, de aceptación de enmiendas, de tratar de pulir el texto para conseguir una buena redacción de la ley de asilo a fin de lograr una buena protección de aquellos ciudadanos que son merecedores de este derecho. Con ello creemos que damos un paso a favor de los solicitantes, de los sujetos del derecho de asilo, y conseguimos potenciar igualmente una figura de gran arraigo internacional, de gran prestigio dentro de la sociedad y, fundamentalmente, de aquellos campos de la solidaridad.
Respecto a las enmiendas del Senado, me voy a centrar en dos que son las que tienen más calado. En primer lugar, como se ha dicho por parte de otros grupos, la eliminación de la palabra «solo» en el artículo 21.2, que creó una cierta preocupación, fundamentalmente en el Grupo de Coalición Canaria, en la tramitación en el Congreso. Evidentemente, nos sumamos a esa postura, que además fue compartida con los Senadores del Grupo Popular en el Senado. Por tanto, creemos que conseguimos, conquistamos o reconquistamos un nuevoapoyo a esta ley que -- digo-- fruto de aquella postura de pacto y de diálogo mi Grupo ve positiva.
Según anuncié en mi primera intervención de una manera velada, mi Grupo estaba decidido a aceptar desde el primer momento y lo saben los grupos de la Cámara, la actual redacción de la transitoria primera. Eramos conscientes de que se podían crear algunos perjuicios a aquellos solicitantes que habían mostrado su deseo de acogerse al derecho de asilo en las actuales circunstancias, por lo que consideramos --y así lo hablamos con algunos grupos-- aceptar esta enmienda en el último momento del trámite del Senado y conseguir con ello no perturbar algunas solicitudes espurias.
Señor Presidente, de acuerdo con los servicios de la Cámara y con el resto de los grupos, el Grupo Parlamentario Socialista pide votación separada de la disposición transitoria primera, a partir de la palabra «asilo». Quedaría redactada esta transitoria, de acuerdo con los demás grupos, insisto, de la siguiente forma: «La tramitación de las solicitudes de asilo presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirá por lo dispuesto en la Ley 5/1984 en cuanto a competencia, procedimiento y efectos de la denegación de asilo». Pedimos votación separada del resto, señor Presidente, para votarlo en contra, no por ningún argumento de fondo sino únicamente por motivos de técnica legislativa.
Para terminar, señor Presidente, doy las gracias a todos los grupos que han querido transigir, ceder y mejorar este proyecto de ley, ya que hoy podemos decir que hemos cumplido aquel mandamiento del Congreso de los Diputados cuando instó al Gobierno a traer este proyecto de ley; proyecto de ley que, como dije el primer día y sigo manteniendo, es fruto, insisto, de la petición de este Parlamento, es concorde con nuestra Constitución y está de acuerdo con la doctrina internacional al respecto. Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se entiende que lo que hay que separar en la votación es, dentro de la disposición transitoria primera, sólo en el apartado 1, hasta la palabra «asilo». La votación separada es de la expresión: «previstos en el artículo 20 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley.» Nada más que eso. ¿El apartado 2 sigue siendo válido? (Asentimiento.) De acuerdo. Gracias.
Pasamos a la votación, señorías. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


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El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación separada de la enmienda al apartado 31. (El señor Valls García pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Valls.


El señor VALLS GARCIA: Señor Presidente, nuestro Grupo pide votación separada, en la disposición transitoria primera, apartado 1, de la penúltima línea a partir de la palabra «previstos».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Valls.
Señor Fernández-Miranda, ¿la solicitud de su Grupo se refiere a la enmienda al apartado 31 del texto del Congreso?

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, es el anterior número 30, que resulta 31 después de las enmiendas del Senado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Enmienda al apartado 30 del texto del Congreso, 31 en el texto del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 170; en contra, uno; abstenciones, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Votación relativa a la enmienda a la disposición transitoria primera, apartado 1, excepto la expresión «previstos en el artículo 20 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley». Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 170; en contra, 120; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restante texto de esta disposición transitoria primera, apartado 1. La votación se refiere a la parte que ha quedado excluida en la anterior votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 119; en contra, 170; abstenciones, 20.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Restantes enmiendas a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 292; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Emiendas a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 292; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)

--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN DETERMINADOS ARTICULOS DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES Y DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (Número expediente 121/000032)

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE INCLUYE UNA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA EN LA LEY ORGANICA 11/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE LIBERTAD SINDICAL (Número de expediente 121/000044)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Sesnado al proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación (procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre) y al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Figura en el orden del día, como habrán advertido SS.SS., en este mismo apartado el proyecto de ley orgánica por la que se incluye una disposición adicional cuarta en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, pero este proyecto de ley orgánica no ha sido objeto de enmienda alguna en el Senado y, por tanto, no va a ser objeto de este debate.
¿Grupos que desean fijar su posición en relación con los dos proyectos de ley? (Pausa.) Por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero reiterar lo que ya hemos dicho en los debates anteriores sobre la reforma del mercado laboral.


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En este sentido, entendemos que continúa siendo una reforma, desde un punto de vista de izquierdas, muy impresentable, discriminatoria y que va a llevar a una situación en el mercado laboral aún más discriminatoria de la que hay en estos momentos. Quiero recordar sólo que hoy incluso el Arquebisbe Carles, el Arquebisbe de Cataluña, dice que algunos puntos de la reforma del mercado laboral son profundamente discriminatorios. Por tanto, nos ratificamos en la posición que hemo tenido siempre en este tema.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Albistur. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a ser breve porque creo que queda mucha materia, pero con la intención de destacar algunos aspectos de la importancia de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Me fijaré en aquellos positivos, porque creo que serán subrayados, y por lo menos en las dudas que esta reforma deja para los trabajadores, con una mentalidad quizás excesivamente intervencionista que todavía sigue primando en las relaciones laborales dentro del Estado español como herencia de tiempos pasados que quizás fueron buenos para las soluciones individuales, pero no para el reconocimiento que una democracia debe tener en las instituciones, como son las asociaciones sindicales y las asociaciones empresariales que, en definitiva, son los verdaderos protagonistas de esta reforma laboral y de las relaciones laborales.
En el Estatuto de los Trabajadores se debería hacer --y creo que se está haciendo-- una acomodación a los tiempos de la reforma laboral. Los tiempos han cambiado desde el año 1982, en que prácticamente se puso en vigor el Estatuto de los Trabajadores, y nada hay mejor que una ley que se vaya incorporando precisamente a lo que los tiempos van demandando; y los tiempos demandan mayor flexibilidad, favorecer la representación y la negociación libre entre las partes, evitando la intervención y el peligro de continuar con una reglamentación que puede ser más cómoda incluso para las partes, para trabajadores y representantes empresariales, pero que, en definitiva, resulta menos eficaz y no hace más que introducir distorsiones en lo que debe ser una relación fluida, una relación negociada y lo que deben ser precisamente los resultados de esa negociación.
Este Parlamento debe tener como fin último garantizar y fomentar la libertad de asociación sindical y empresarial.
Corren tiempos difíciles para una representación de ambos casos, la crisis política, que a todos nos afecta, afecta también en este caso a las asociaciones sidicales y a las asociaciones empresariales, queda mucho por hacer, pero creo que estamos en el camino precisamente de introducir la flexibilidad y la negociación como elementos de dinamización de las relaciones laborales en el nivel de empresa, en el nivel de la representación regional y también en el nivel de la representación estatal.
Quiero referirme fundamentalmente a la modificación introducida en el artículo 84, en el Senado, como fruto de una larga negociación iniciada en este Congreso. Se trataba de una larga reivindicación que nosotros, como representantes de una comunidad autónoma, hemos llamado durante mucho tiempo «el establecimiento del marco autónomo de relaciones laborales».
Esta frase viene a reconocer la posibilidad de una negociación libre entre las parte, de unas partes reconocidas como representantes de sindicatos y de empresarios en un área determinada y en una región donde han sido tradicionales las negociaciones libres entre las partes. Hoy debemos felicitarnos todos por conseguir que este artículo haya sido introducido en la ley, en el Senado. Este artículo va a introducir ventajas económicas claras y puede ser comparado a otros instrumentos económicos que en el País Vasco existen, como puede ser el concierto económico; ventajas económicas que pueden ser llevadas a las situaciones de crisis, como las que actualmente pasamos, dejando que la solución de esa crisis quede en manos de la representación sindical y empresarial.
Quisiera hacer una llamada positiva frente a las voces que están viendo únicamente, en este dejar a las partes la negociación, una desventaja para la parte empresarial. Todo dependerá precisamente de la capacidad de negociación que la parte empresarial como tal presente y de la capacidad que tenga de mantener una negociación libre, verdaderamente representativa, con la parte sindical, llamando también a lo que considero que ya existe: a un sentido común en la aplicación de la negociación por parte de la representación sindical.
Quisiera finalizar animando a aquellos grupos políticos que todavía experimentan presiones desde otros sindicatos y desde otras organizaciones sindicales de ámbito superior al puramente regional, diciéndoles que lo que ha resultado de esta negociación es tremendamente positivo. Esto va a ayudar a no desmembrar la negociación colectiva en el Estado y a potenciar algo que es absolutamente necesario y acomodado a las situaciones específicas de cada sector y de cada territorio.
Desearía felicitarnos a todos, felicitar a la representación del Partido Socialista que ha accedido, después de largas conversaciones, a introducir este artículo, a la representación del Grupo Vasco, al Sindicato vasco ELA-STV, que ha hecho posible que este artículo pudiera llegar aquí, y aunque no produzca la satisfacción que todos hubiéramos buscado, significa un paso muy importante

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de reconocimiento de las partes, sindicatos y empresarios, que están coprometidos con sacar adelante una región en crisis, que en su momento fue próspera y que esperamos que en el futuro, mediante esta negociación, vuelva a serlo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albistur. Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, no quiero iniciar un turno de alusiones personales, pero el señor Anguita hizo una manifestación curiosa en la tarde de ayer. Solicitó la dimisión nada menos que del Presidente del Gobierno, Felipe González, por una razón, entre otras que él argumentó, que se nos antoja imaginativa, utilizando una expresión eufemística, señor Presidente. Dijo el señor Anguita que el señor González debería dimitir porque estos proyectos que configuran la reforma laboral han hecho nada menos que palidecer a todos los gobiernos europeos. Me parece reproducir textualmente las manifestaciones del señor Anguita.
Resulta poco comprensible que se hagan manifestaciones de este tenor y, desde luego, desde cualquier punto de vista exageradas. Poco comprensibles, en primer lugar, porque seguramente ninguno de los gobiernos europeos haya reparado particularmente en el contenido de estos proyectos de ley de reforma del mercado de trabajo. En segundo lugar, porque el sector laboral del ordenamiento jurídico español, incluso después de esta reforma --que más flexibiliza, o potencialmente puede flexibilizar, que desregula, que es otro concepto jurídico diferente--, sigue siendo más rígido que el de la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por lo menos de los países que constituyen la Unión Europea. En tercer lugar, señor Presidente, porque hay países de la Unión Europea y de otros contextos, de otros ámbitos geográficos, donde el derecho del trabajo prácticamente ni existe. Por ejemplo, esto ocurre en casi todos los países anglosajones.
Por tanto, esta referencia del señor Anguita, respetable y legítima, de la que yo no quiero, desde luego, realizar ningún tipo de descalificación, sí nos parece exagerada porque --y esta es la reflexión que a mi Grupo Parlamentario le parece pertinente hacer--, consideramos que esta reforma del mercado de trabajo es fundamentalmente discreta. Este es el calificativo que se nos ocurre más pertinente, más adecuado al propio contenido de esta reforma del mercado de trabajo.
¿Por qué decimos, señor Presidente, que entendemos que es una reforma del mercado de trabajo discreta y bien concebida? Lo decimos por una razón fundamental: para acometer la flexibilización de aquellas regulaciones que todavía son rígidas en nuestro ordenamiento laboral se endosa, se atribuye la responsabilidad a los interlocutores sociales potenciando la negociación colectiva. Esta es la esencia --yo creo que la describo bien-- cuando menos del proyecto de ley que reforma el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral. Este endoso de la responsabilidad a los interlocutores sociales, a los legitimados para negociar a tenor de los requerimientos de los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores, no puede asustar a nadie y, desde luego, no puede asustar a los interlocutores sociales. Aquí no se predeterminan los límites de la flexibilización --y la flexibilización es estrictamente necesaria desde una perspectiva de competitividad--, sino que se atribuye la negociación colectiva a los interlocutores sociales legitimados para negociar convenios colectivos; en definitiva, el ajuste de la flexibilización necesaria en una negociación colectiva desagregada al ámbito de la empresa, a ámbitos territoriales inferiores al del Estado o incluso a ámbito territorial del Estado.
Se potencia la negociación colectiva, incluyendo 23 nuevas materias que van a formar parte del contenido mínimo de los convenios colectivos a través de las cuales se procederá no a la desregulación, porque la negociación colectiva no es desregular, puesto que los convenios colectivos son genuino ordenamiento jurídico estatal, pero sí a la flexibilización que los interlocutores quieran. Por esto, las críticas sindicales y las empresariales sorprenden sobremanera a mi Grupo Parlamentario. Se flexibilizará lo que quieran los interlocutores y lo que consideren pertinente en una negociación colectiva cuya estructura territorial ya está pertinentemente desagregada fundamentalmente a través de la enmienda que se ha logrado pactar en el Senado al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la concurrencia de convenios colectivos de diferente ámbito territorial o de diferente ámbito funcional.
De esta manera y por este procedimiento se flexibilizará, seguramente de forma pertinente y adecuada, la jornada máxima, las vacaciones, los descansos semanales y de fin de semana, la estructura de las vacaciones, la estructura del salario y todas estas 23 materias cuya regulación, no sólo la contenida en las normas que constituyen el derecho del trabajo, de origen estatal, sino también contenidas en las ordenanzas laborales, todavía gravita de forma negativa sobre este concepto un tanto abstracto y de uso e interpretación en ocasiones arbitraria que se denomina la competitividad de nuestras empresas.
Nos parece, señor Presidente, por esta razón, que está bien concebida. Tenemos algunas dudas, teníamos algunas expectativas de que algunas enmiendas de nuestro Grupo fueran aceptadas en materia de flexibilización, que no de desregulación, puesto que nada se desregula. Nos interesa matizar mucho este concepto,

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no se desregula el derecho del trabajo, porque los convenios colectivos son ordenamiento jurídico --extraestatal, pero ordenamiento jurídico--, pero sí se flexibiliza.
Nos parece que algunos límites sí se podían haber introducido a estos elementos de flexibilización. ¿Qué límites? Por ejemplo, pautar el número de horas máximo que se puede trabajar cada día, no sólo con referencia a la semana, o limitar el porcentaje del salario que se puede pagar en especie o limitar la forma de fraccionar las vacaciones. Pero, en definitiva, este Título I del Estatuto de los Trabajadores lo consideramos globalmente bien concebido y bien reformado.
El Título II era el que generaba mayores recelos a mi Grupo Parlamentario. En el Título II se regulan las elecciones sindicales, el procedimiento por el cual van a discurrir las elecciones sindicales. Tal como se presentó este proyecto de ley a estas Cámaras, a las Cortes Generales del Estado, este Título II, el único que había sido consensuado con dos sindicatos (la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras), entendíamos que beneficiaba de forma no neutra, no equitativa, a los intereses estratégico-electorales de estos dos sindicatos, a través de un procedimiento electoral ajustado exactamente a sus estrategias electorales, y de forma simétrica o paralela lesionaba las expectativas electorales de todos los demás sindicatos del Estado español.
Esto, desde luego, no ha sido objeto de una corrección suficientemente satisfactoria en el debate del Senado de este Título II en opinión de mi Grupo Parlamentario. Algo se ha mejorado en materia de calendario electoral, posibilitando la existencia de calendarios electorales diferentes en empresas o centros de trabajo, donde la mayoría de los miembros del comité de empresa sean de otros sindicatos que puedan plantear allí, en este ámbito de empresas o centros de trabajo, un calendario electoral diferente. Algo se ha mejorado en materia de programación de resultados electorales y algo se ha mejorado en materia de competencias autonómicas de las oficinas públicas en aquellas comunidades autónomas donde existan, pero todavía este Título II de la reforma del Estatuto de los Trabajadores beneficia de forma no neutra, quizás de forma contradictoria con las proclamaciones constitucionales de la libertad sindical en los artículos 7 y 24 de la Constitución, los intereses estratégico-electorales de dos de las organizaciones sindicales del Estado español. En esto todavía es mejorable este Título II. El Título III ha quedado prácticamente perfecto tras su debate en el Senado. En el Título III, el relativo a la negociación colectiva laboral, se ha llegado a una transacción política, parlamentaria, por la cual nosotros, como ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, queremos felicitar al Partido Socialista, en primer lugar, al Grupo de Coalición Canaria, en segundo lugar, y al Grupo Catalán (Convergència i Unió), en tercer lugar. Esta transacción ha permitido articular territorialmente la negociación colectiva de forma perfectamente ajustada a los requerimientos de la crisis económica y a las estructuras económicas sustancialmente diferentes en los distintos territorios del Estado español.
Uno de los presupuestos teóricos de la reforma del Estatuto de los Trabajadores --y así lo explicitó cuando se presentó este proyecto de ley el propio Ministro de Trabajo-- era desagregar, atomizar la negociación colectiva, ajustando los convenios colectivos en los ámbitos territoriales a diferentes realidades económicas, a diferentes estructuras económicas y a diferentes requerimientos de la crisis económica en los distintos territorios del Estado español. Sin embargo, la regulación que se contenía originariamente en el Título III en materia de negociación colectiva no era congruente cuando se empezó a debatir esta ley con esas manifestaciones del Ministro y con esas manifestaciones contenidas también en la Exposición de Motivos de este proyecto de ley.
Sin embargo, en el Senado se ha permitido articular perfectamente a través de una enmienda transaccional presentada al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores en relación a la concurrencia de convenios, en virtud de la cual, a partir de ahora --y esto es algo terriblemente relevante desde una perspectiva económica y también lo es desde una perspectiva ideológica y sindical--, convenios colectivos de ámbito de comunidad autónoma, convenios colectivos de ámbito inferior a la comunidad autónoma, convenios colectivos, en definitiva, de ámbito estatal podrán disponer y podrán desplazar el contenido de los convenios colectivos de ámbito superior, el contenido de los convenios colectivos de ámbito estatal en definitiva, siempre que estos convenios colectivos de ámbito inferior,que estos convenios colectivos de ámbito de comunidad autónoma o de ámbito, incluso, inferior a la comunidad autónoma, sean negociados y aprobados por los sindicatos y las asociaciones empresariales con legitimidad para negociar y aprobar convenios según los requerimientos de los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores.
De esta manera, la negociación colectiva en este momento va a quedar regulada de forma prácticamente perfecta.
Los requerimientos de la crisis económica son territorialmente diferentes, las estructuras económicas del Estado español son territorialmente diferentes y esto requiere también convenios colectivos diferentes para estos ámbitos territoriales si se pretende, como se pretende --y este es el presupuesto teórico fundamental de esta reforma--, utilizar la negociación colectiva y los convenios colectivos como un instrumento de flexibilización, como un instrumento de competitividad, como un instrumentos de remoción de las rigideces estructurales

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que todavía gravitan negativamente sobre la competitividad de nuestras empresas.
Quiero felicitar a los ya citados, y quiero felicitar el talante de consenso que en el Senado, por lo menos, ha presidido el debate parlamentario de este proyecto de ley.
Por último, quería acabar hablando sobre algunas enmiendas importantes y algunas otras materias. En relación a la materia anterior, la negociación colectiva, esta transacción se ajusta a la realidad sindical del Estado español. La realidad sindical del Estado español no es una realidad homogénea. En los distintos territorios hay hegemonías sindicales diferentes y el Título III, hasta el momento presente, beneficiaba de forma no neutral y de forma contradictoria con la libertad sindical los intereses negociadores de determinados sindicatos --los de ámbito estatal--contra los intereses sindicales de los demás sindicatos --los de ámbito diferente al estatal--.
Las normas, sobre todo las que sirven para llegar a la condición de sindicato más representativo y ejercer las facultades «ultra vires» que esta moción jurídica confiere a estos sindicatos, tienen que ser estrictamente neutrales, tanto las normas atinentes a la negociación colectiva como las normas atinentes a las elecciones sindicales. No pueden ser sindicatos más representativos aquellos que consigan llegar a esta condición jurídica privilegiada a través de una normativa propiciadora o tuteladora de sus intereses en detrimento de los demás. Algunos sindicatos han tenido ya nada menos que catorce años de ventajas jurídicas de un ordenamiento laboral propiciador, y ya basta de ventajas de esta naturaleza. Vamos a hacer un ordenamiento jurídico en estas materias equilibrado y neutral, para que sea más representativo el que lo tenga que ser y se consolide por esta razón el que se tenga que consolidar. El otro proyecto de ley --y acabo con estas palabras, señor Presidente--, relativo al fomento de la ocupación, nos parece mucho más deficiente que el que hemos comentado hasta este momento. Nos parece que la técnica legislativa utilizada en el proyecto de ley relativo al fomento de la ocupación es una técnica legislativa deficiente.
Hay problemas técnico-jurídicos muy graves, algunos de los cuales ya los hemos citado en debates anteriores. Por ejemplo, ya resulta chocante que para privar al Derecho del Trabajo de unos de sus aspectos esenciales tradicionales, cual es el monopolio de la autoridad laboral -- el Instituto Nacional de Empleo-- en materia de contratación, y regulando por ello las agencias privadas de colocación se prevea esta regulación nada menos que mediante una prohibición, lo cual es antiestético y contradice los requerimientos de la técnica legislativa más elemental.
Señor Presidente, el artículo 1.º de este proyecto de ley empieza con una prohibición. Empieza prohibiendo el funcionamiento de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro. Luego, para pensar que existen las agencias privadas de colocación, hay que recurrir nada menos que a una interpretación «contrario sensu» e interpretar «sensu contrario» que existen entonces las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro.
Es la primera vez en mi vida que veo, señor Presidente --y he tenido la oportunidad de analizar cientos de leyes--, que para regular un instituto jurídico se recurra al procedimiento de prohibir su antitético. Esto es de lo más antiestético jurídicamente y contradice los requerimientos más elementales.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, vaya concluyendo.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo con esto.
En definitiva, en este proyecto de ley lo que sí nos preocupa es la degradación de determinadas prestaciones: de la prestación salarial para los contratos de aprendizaje y para los contratos en prácticas, degradación que va mucho más allá de uno de los principios generales del derecho de los contratos con carácter general, cual es el de la equivalencia de prestaciones, y nos parece también preocupante que se haya degradado la protección de la Seguridad Social para el contrato en prácticas, para el contrato de aprendizaje y para el contrato a tiempo parcial cuando se trabaje menos de doce horas a la semana o cuarenta y ocho al mes.
Nos parece que esto puede tener problemas de irregresividad, nos parece que, en definitiva, se tiene que buscar por otro procedimiento la forma para que la protección de estos contratados vaya más allá de lo que se prevé en el proyecto de ley, que es la protección por accidentes de trabajo, la protección por enfermedad profesional, la protección por asistencia sanitaria por contingencias comunes y Fondo de Garantía Salarial.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, culmina hoy aquí, en esta sesión, todo un proceso de debate respecto a la necesaria reforma de la legislación laboral en nuestro país. Este debate nos ha dado ocasión y oportunidad de poder escuchar las distintas opiniones de las centrales sindicales mayoritarias y minoritarias y de las asociaciones empresariales. No siempre hemos coincidido en los planteamientos de unos y de otros y, por el contrario, en algunos casos hemos tenido discrepancias profundas con algunas de las partes, pero siempre hemos tratado de explicar la postura de nuestra coalición para intentar ver el aspecto absolutamente necesario de

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afrontar esta reforma, tal como ya se ha hecho con otras, además de las que habrá que afrontar en el futuro.
Estamos convencidos de que sólo la reforma de la legislación laboral no resuelve el problema de fondo que queremos solucionar, que no es otro que el de crear actividad para dar empleo a la mayoría de los parados que tenemos en nuestro país. Nuestro Grupo, junto con otros grupos de esta Cámara, hemos hecho un acto de responsabilidad política al afrontar, debatir y llegar a acuerdos, a consensuar aspectos y también a discrepar en otros de los proyectos de ley que hoy se nos presentan aquí.
Una legislación laboral como la que teníamos hasta la reforma que hoy, previsiblemente, se aprobará en esta Cámara, que matenía rigideces que hacían difícil la competitividad de nuestras empresas con sus homólogas de la Unión Europea, evidentemente era una legislación que requería una reforma.
Una legislación que ha permitido la situación en la que estamos, con más de tres millones de parados; que hacía que nuestros productos fuesen, en muchos casos no competitivos con otros de la Comunidad Económica Europea que hacía que los empresarios retuviesen sus posibilidades de inversión por la inseguridad que les daba la posibilidad de éxito en el proyecto empresarial, nos parecía que requería una reforma y eso es lo que hemos hecho, señorías. A nadie se le oculta que en nuestro país tenemos, según datos del Ministerio de Trabajo del último trimestre del año pasado, 749.400 personas que no han encontrado todavía su primer trabajo. A nadie se le oculta que la mayoría de este colectivo son jóvenes. Era evidente que había que facilitar la entrada de estos jóvenes en el mundo del trabajo y era evidente que sólo se podía hacer mediante un importante contrato como es el de aprendizaje; contrato del que nuestra coalición se siente especialmente satisfecha, sabiendo que no resuelve el problema económico de estos jóvenes, pero sí el problema fundamental, que es el de poner en contacto a estos jóvenes con el mundo del trabajo, el mundo en el que se tendrán que mover. Los 749.400 jóvenes de ambos sexos que no han encontrado trabajo hasta ahora, a partir de hoy y durante estos meses en que ha estado en vigor el Real Decreto 18/93 han empezado a tener una oportunidad para ingresar en el mundo del trabajo.
También nos parece que esta reforma beneficiará --de hecho lo está haciendo-- especialmente a los mayores de 45 años, personas con las que se podrá seguir utilizando determinado tipo de contrato que permitirá que parte de esos 1.080.000 parados de larguísima duración, de más de dos años en expectativa de localizar un nuevo empleo, que el Ministerio de Trabajo nos dice en sus informes que tenemos en el colectivo de parados, la mayoría de los cuales también son mayores de 45 años, puedan ir encontrando nuevas vías de introducción en la actividad económica y su realización en el mundo del trabajo.
El contrato a tiempo parcial ha empezado a dar resultados en otro colectivo importante que estaba demandando masivamente su incorporación al mundo del trabajo, que es la mujer. A nadie se le oculta ya, porque ya hay un número suficiente de contratos hechos con este sistema, el 60 por ciento de los cuales está hecho por mujeres, la eficacia de ese contrato.
Los datos, pues, que se nos van facilitando en este mes, en estos últimos días, indican que la reforma no solamente era necesaria, sino imprescindible y que si seguimos por este camino de una buena aplicación de la reforma estaremos resolviendo el problema básico que a todos nos preocupa, que es el paro.
Como sus señorías saben, de enero a marzo del 93 sólo hubo 29.824 contrataciones de contratos de formación y prácticas.
Contrariamente, en el mismo espacio de tiempo en el 94 ha habido 64.174 contrataciones y 205.956 contrataciones de contratos a tiempo parcial. Es el segundo mes, como se dijo ayer en esta Cámara, en que se está frenando el desempleo, que está retrocediendo el desempleo. Estamos, pues, en el buen camino.
Para que ese buen camino fuera bien aprovechado, era necesaria la reforma. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que vamos a culminar hoy aquí.
Pero no toda la reforma es buena, el Título II que se va a modificar, la reforma de la legislación de las elecciones sindicales es una mala reforma, ha entrado de hurtadillas en la reforma global que teníamos prevista. Tendremos consecuencias negativas por aprobar ese aspecto de la reforma.
Se ha hecho una reforma a medida de los dos sindicatos mayoritarios, a petición y con los textos escritos y firmados por ellos y aceptados, creo que en un gesto de debilidad por parte del Ministerio de Trabajo. Se han violado los derechos de la minoría sindical, se han violado los derechos de los sindicatos minoritarios, algunos con un valor histórico tan importante como cualquier otro de los dos mayoritarios. Hemos dicho a los sindicatos mayoritarios que estaban violando insolidariamente los derechos de sus compañeros. Les hemos dicho también a los minoritarios que para evitar esto la única solución que tienen en este momento es crecer y crecer más que los demás, pero ello no evita que hoy tengamos que lamentar aquí que se vaya a consolidar la violación de los derechos sindicales de unas minorías tan importantes histórica y simbólicamente como otros sindicatos, minorías sindicales, algunas de ellas, anteriores a la guerra, que siguen todavía siendo útiles a la clase trabajadora. No es bueno ese aspecto de la reforma, lo hemos dicho en esta tribuna y se lo hemos dicho a las partes implicadas en la reforma; lamentamos que se apruebe ese aspecto de la reforma.
Ponemos, pues, de todas formas en manos de la sociedad --a pesar de estas críticas que hago a este

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Título-- un instrumento útil para luchar contra el paro, para favorecer el buen funcionamiento de las empresas, para que lleguen a ser más competitivas y, por tanto, puedan crear más empleo, la única fórmula para luchar contra el paro es la incentivación de la creación de puestos de trabajo. Del uso que hagan las partes, la magistratura, la sociedad de este buen instrumento dependerá el éxito del mismo. Nosotros estaremos vigilantes para que el uso que se haga sea el adecuado, de manera que podamos culminar realmente la reforma con el éxito de su puesta en práctica.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Hinojosa.
Para fijar la posición del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Con esta sesión de hoy ponemos, señorías, punto final a la tramitación parlamentaria de los proyectos de ley de reforma laboral, reforma que en una reciente comparecencia pública del Presidente del Gobierno era destacada entre la labor del Ejecutivo en esta legislatura. Es, pues, oportuno que brevemente hagamos una valoración de esa tramitación.
Quisiera comenzar diciéndole al portavoz parlamentario del Grupo Vasco (PNV), que en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya hemos abordado el análisis de esta reforma con una visión amplia, cuando menos de Estado, incluso más allá, desde una visión de lo que es la Unión Europea. Es lógico que esta perspectiva nuestra no sea la misma que la perspectiva más estrecha, permítame que le diga que quizá provinciana, desde la que la mera existencia de los Pirineos impide constatar, por ejemplo, lo que hace el Gobierno francés en relación con el aprendizaje, pero esa es la realidad europea, señor Olabarría, vista desde una perspectiva, insisto, más amplia que seguramente la perspectiva con la que usted ha juzgado.
Desde esa perspectiva, en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya queremos, en primer lugar, constatar que el eje fundamental de la labor política de este Gobierno hasta la fecha ha consistido más en una reforma en profundidad en sentido conservador en los terrenos económico y social que en el desarrollo de un modelo avanzado de Estado de las autonomías.
Por tanto, en primer lugar, quede de manifiesto esa constatación por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En segundo lugar, queremos poner de manifiesto cómo la ausencia de consenso social, que desde su origen ha caracterizado esta reforma laboral, de ningún modo, insisto, de ningún modo, se ha visto compensada con ese diálogo parlamentario que como sustitutivo se anunció en su momento; y quiero creer que el diálogo parlamentario no es, como en épocas de mayoría absoluta, un diálogo de sordos. Buena prueba de que no ha existido ese diálogo parlamentario es que no se ha aceptado prácticamente ninguna enmienda de importancia que no fuera presentada por el Grupo Socialista o por el Grupo de Convergència i Unió, que eran precisamente los autores de los proyectos iniciales.
En tercer lugar, señorías, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, queremos destacar con firmeza la dinámica de creciente derechización que impone la opción gubernamental, la actual alianza y la política consecuente con ella. Esto, señorías, es algo de pura lógica. Esta política, personificada en esta reforma, que resulta del acuerdo con un grupo conservador, golpea a la base social y electoral del PSOE; y ante la debilidad que ello produce al Gobierno, éste se ve obligado a ceder más para obtener cada día un apoyo que en ocasiones no resulta completo, como ocurre precisamente en este proyecto de ley y precisamente en relación con la parte que fue en su día acordada con los sindicatos.
Permítame en este punto, señor Hinojosa, representante de Convergència i Unió, que le diga que no me parece adecuado que su Grupo hable de que al pactar el Gobierno con los sindicatos cede ante ellos y acepta sus imposiciones. Le recordaría simplemente lo que ayer tenía que decir aquí su portavoz parlamentario, cuando se hace ese tipo de reproches al Gobierno en la relación con ustedes: no es muy democrático ese tipo de afirmaciones. Lo mismo que dijo ayer su portavoz parlamentario creo que es bueno que se lo apliquen ustedes cuando el Gobierno llega a acuerdos con las organizaciones sociales, que sería una buena senda y que es la que nosotros apoyamos y que, al parecer, su Grupo no apoya.
Pues bien, señorías, buena prueba de esa dinámica de creciente derechización del Gobierno son las enmiendas introducidas por el Senado y que han reforzado las líneas básicas del proyecto inicial. Intentaré convencer a los Diputados presentes del Grupo Socialista. Permítanme que les dé ejemplos, señorías. Se ha prescindidode la opinión, no sólo de los sindicatos, reiteradamente descalificados, no, de la opinión de la inmensa mayoría de los trabajadores, manifestada clamorosamente en la huelga general del 27 de enero. Se ha proseguido reduciendo derechos de los trabajadores, llegando incluso en algunos casos a negarles la condición de tal, en contra del criterio establecido por los tribunales sociales. Se ha continuado ampliando abusivamente los límites de la actuación empresarial, para lo cual se ha definido de una forma excepcionalmente restrictiva su conducta en fraude de ley. Se mantiene una regulación de la contratación temporal en unos términos tan generosos que, sin lugar a dudas, sólo cabe esperar su ya sistemático incremento de los últimos años. Se debilita la capacidad de los sindicatos fuertes al consagrar

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la posibilidad de descuelgues en unos términos excesivos.
Finalmente, se persiste en la voluntad de excluir a un número creciente de parados, no sólo de las prestaciones económicas de desempleo sino, incluso, de los incentivos a la contratación, condenándolos claramente a su marginación.
Por todo ello, señorías, esta reforma laboral no ha servido ni sirve para fomentar el objetivo fundamental que deberíamos perseguir, el necesario esfuerzo solidario para la salida de la crisis, sino que, por el contrario, ha dividido a la sociedad y ha promovido la conflictividad. El actual bloqueo de la negociación colectiva es la prueba más palpable de que esta reforma laboral no facilita el acuerdo sino todo lo contrario, el disenso.
Señorías, como la opción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es el acuerdo social para el empleo y la solidaridad, nosotros vamos a votar en contra de toda la reforma, salvo el apartado relativo a las elecciones sindicales, en el que se alcanzó precisamente acuerdo con los sindicatos, acuerdo que desgraciadamente las alianzas políticas decididas por este Gobierno han frustrado en todas las demás materias.
Nada más y gracias. (Varios señores Diputados del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta. Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Villalobos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, es el último tramo de la llamada reforma laboral que durante estos últimos cinco meses se ha convertido en el debate de nuestro país en lo que se refiere a la situación de nuestra economía.
Comparto algunas de las cosas que se han dicho aquí por los diferentes portavoces de los distintos grupos. Efectivamente, es una pieza más, no la fundamental, pero sí una pieza importante para incrementar el empleo en nuestro país; es una pieza fundamental en nuestra estructura económica. Todo eso lo puedo compartir con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Me imagino que la intención del Gobierno y la del Grupo Socialista habrá sido la misma, diferente, como es lógico, desde el punto de vista de cada uno de los grupos, en función de lo que representan en esta Cámara, en los que las opiniones ya divergen. Respecto a esta reforma laboral hay dos problemas que no se han superado. En primer lugar, es una reforma laboral elaborada desde la crispación, es una reforma laboral que no cuenta con el apoyo de los agentes sociales, en cada uno de ellos por causas diferentes. En ningún momento ha tenido un consenso, como en principio tenía el Estatuto de los Trabajadores al que este nuevo estatuto va a sustituir, con un agravante más. En un momento de crisis económica como la que vive nuestro país, en un momento de cierre continuado de empresas, de expediente de regulación de empleo, de conflictividad laboral, esta reforma va a introducir una nueva conflictividad. Los anuncios hechos por las diferente organizaciones sindicales, incluso por la organización patronal, están paralizando la negociación colectiva en nuestro país. Esa conflictividad que antes se situaba en el ámbito del Gobierno con los agentes sociales, en este momento se ha trasladado al seno de las propias empresas, y desde mi punto de vista es una conflictividad más grave y más peligrosa que aquella de la que se partía. Esto no se ha resuelto, ni en su trámite en esta Cámara ni en el trámite en el Senado. Ahora les hemos situado a los empresarios ante las dificultades de la adaptación de esta reforma. (El señor Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Pero es que, además, esta reforma plantea otra dificultad mayor. Si lo que intentamos es adaptar nuestro modelo de relaciones laborales, si lo que intentamos es adaptar la situación de nuestras empresas cara a la competitividad con el resto de las empresas, no sólo comunitarias sino mundiales, qué duda cabe que eso se basa fundamentalmente en la flexibilidad interna de las empresas. Aquí, los representantes de Convergència i Unió y del PNV se han mostrado profundamente satisfechos con esta reforma. La realidad es que si hubieran tenido unas miras más amplias que las de sus propias comunidades autónomas, verían cómo si las relaciones laborales se basan en la negociación colectiva, el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios no favorece para nada la aplicación de esa flexibilidad interna en torno a la movilidad geográfica y funcional, sobre todo la funcional, que es la más importante. La estructura salarial y todas aquellas medidas que el Título I del Estatuto de los Trabajadores da a los agentes sociales en la negociación colectiva quedan totalmente frenadas por la ultraactividad de los convenios.
A mí me llama muchísimo la atención que portavoces parlamentarios del PNV, fundamentalmente, y de Convergència i Unió, que hicieron causa común con este Grupo Parlamentario para intentar introducir una transaccional con el Gobierno en lo que significa esa maravillosa negociación colectiva, esa corresponsabilidad de los agentes sociales, esa búsqueda, frente al modelo de confrontación, de un modelo de cooperación que los tres grupos hemos defendido aquí al mismo tiempo, hayan sufrido una transformación radical en el Senado, sólo y exclusivamente porque se ha transado una enmienda del PNV, por la concurrencia de convenios, cuando el señor Olabarría sabe exactamente igual que yo que en la práctica real ya se estaba produciendo este fenómeno del descuelgue de convenios y que de hecho,

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sin necesidad de que estuviera reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, se iba a producir, desde el momento en que existe la capacidad de descuelgue, cuando las dos partes, los dos agentes sociales representativos del sector o de la comunidad autónoma puedan llevar a cabo estos diferentes convenios no de ámbito estatal.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, han hecho un flaco favor para el objetivo común que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara tenemos, que debía haber sido conseguir el mejor estatuto para el conjunto de la sociedad española, para el conjunto de nuestras empresas y de nuestros trabajadores. Creo que ese objetivo no se ha conseguido y entiendo que esas palabras de felicitación del señor Olabarría podrían ser ampliables a toda la Cámara. Es una enmienda que no ha encontrado oposición por parte de ningún grupo, señor Olabarría. Lo que ocurre es que usted y yo sabemos que esto no resuelve el grave problema que, en lo que se refiere a la negociación colectiva, Título III, deberíamos haber solucionado entre todos. Yo espero que a lo largo de esta legislatura podamos remediar, de una forma pactada entre todos, este problema que sigue manteniéndose en lo que, desde mi punto de vista, es la auténtica reforma de las relaciones laborales en nuestro país, es decir, la negociación colectiva. Lo demás es intentar abaratar despidos, introducir contrataciones que no van a cubrir los objetivos que se habían marcado, señor representante de Convergència, porque este país necesitaba un buen contrato de aprendizaje, pero no éste. Esta es una fórmula de contratación laboral; que la llamen así, que no la llamen contrato de aprendizaje. No tiene las condiciones mínimas que un contrato de aprendizaje requiere, y usted y yo lo sabemos. Los contratos de aprendizaje que se están realizando en este momento, en lo que se refiere a la formación teórica, simplemente dicen: a determinar.
Difícilmente puede haber un contrato de aprendizaje cuando no hay una vinculación a una formación teórica y no hay una obligación, por parte del empresario, para que ese trabajador en prácticas, ese joven que tiene un contrato de aprendizaje, que ni siquiera es un trabajador sino un estudiante de formación profesional, reciba algún tipo de cualificación profesional que le habilite para el resto de su vida profesional. No es un contrato de aprendizaje. Por lo tanto, no cuenta con el apoyo de este Grupo Parlamentario. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Hay unas enmiendas introducidas en el Senado que, por supuesto, van a contar con el apoyo del Grupo Popular, por una razón muy simple. Son las enmiendas que el Grupo Popular planteó en el Congreso sobre el fomento de la ocupación. Resulta curioso analizar los argumentos de los representantes del Grupo mayoritario en la Cámara, el Grupo Socialista, de por qué no aceptaban aquellas modalidades de contratación para desempleados que perciben la prestación por desempleo y para mayores de 45 años. El argumento del Grupo Socialista era, cuando menos, incomprensible, por no llamarlo peregrino. El argumento era que no habíamos hecho el estudio de costes de esas modalidades de contratación que planteaba el Grupo Popular. Por lo visto, en los quince días que han pasado desde la negativa aquí, en esta Cámara, a votar esas propuestas del Grupo Popular, a cuando las presenta el Grupo Socialista y Convergència i Unió, parece que sí ha dado tiempo a analizar lo que va a costar. El señor representante de la mayoría sabe que esa no era la razón. La razón simplemente era que eran del Grupo Popular. No obstante, nos alegramos muchísimo de que ustedes hayan sido capaces de recoger esas propuestas del Grupo Popular y plantearlas en el Senado, y como a nosotros nos parecen adecuadas, las vamos a apoyar; no nos importa para nada que hayan sido ustedes los que hayan planteado esta modificación en el Senado. De todas formas, aconsejo a sus representantes que la próxima vez que tengan que tomar posición en esta Cámara sean un poco más imaginativos, pongan un mínimo de esfuerzo más en trabajar y que no salgan con respuestas como la que oímos hace quince días en esta Cámara.
Y, para terminar, señor Presidente, en lo que se refiere a las enmiendas introducidas en el Senado, hay una que sí me preocupa de una forma importante, y es a la disposición final sexta, relativa al texto de refundición de todas las diferentes leyes en un nuevo estatuto. Aquí hemos vivido la discusión de lo que era la Ley de Fomento de la Ocupación con el propio Estatuto. El representante del Grupo Socialista en esta Cámara en aquel momento anunció que iba a proponer en el Senado la refundición de los dos textos. No se ha hecho así, posiblemente porque hubiera quedado al descubierto que aquel Decreto-ley de fomento de la ocupación sinceramente no era nada, porque lo que estaba reformando eran artículos concretos del Estatuto de los Trabajadores y no realmente una serie de medidas para el fomento de la ocupación que, sin embargo, han podido ser propuestas, muy limitadamente, en el Senado. Sin embargo, la disposición final sexta, desde mi punto de vista, le da una excesiva arbitrariedad al Gobierno, aunque, como es lógico, el artículo 82.5 de nuestra Constitución habilita al Gobierno para refundir determinados textos. Pero si ustedes fuesen capaces de leer la cantidad de leyes que ustedes van a intentar refundir en un Estatuto de los Trabajadores, verían que no han introducido ustedes, tal como contempla también el artículo 82.6 de nuestra propia Constitución, otras formas de control de esta refundición, como por ejemplo sería volver a remitir a esta Cámara ese último texto, porque no sé si usted habrá observado, señor representante del Grupo mayoritario, que entre las leyes que ustedes van a refundir en el Estatuto de los Trabajadores están la Ley de infracciones y sanciones en el orden

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social, de Presupuestos Generales del Estado, órdenes ministeriales... Yo no sé si la capacidad que pueda tener el Gobierno, los diferentes funcionarios que vayan a hacer esta refundición, va a ser la misma que tuvieron en el Estatuto del año 1980, del que, como ustedes recordarán, jamás se produjo el texto refundido. Y, por ejemplo, se les ha olvidado introducir la Ley Básica de Empleo, algunos de cuyos artículos siguen vigentes como usted sabe y, sin embargo, no aparece en esta refundición de toda la normativa laboral en un solo texto articulado del Estatuto. Ustedes introducen la Ley de Integración Social de los Minusválidos, la de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Fomento de la Ocupación, como no podía ser menos, y es paradójico que en una ley que estamos aprobando en este mismo acto ustedes ya estén dando al Gobierno la capacidad de refundir textos que, desde mi punto de vista, teníamos que haber hecho en esta Cámara.
El señor Olabarría hablaba antes de las dificultades de las fórmulas legislativas que ustedes habían elegido en estas leyes. Yo creo que han completado los gravísimos defectos de técnica legislativa que tiene esta ley en esta disposición final sexta. Nosotros creemos que tiene que venir a esta Cámara ese texto refundido, es necesario que el Poder Legislativo que representa esta Cámara controle realmente ese conglomerado de quince leyes que ustedes van a refundir en uno solo...,

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Villalobos, vaya concluyendo.


La señora VILLALOBOS TALERO: Acabo con esto, señor Presidente.
... debe ser vigilado y controlado por esta Cámara.
Por tanto, quiero decirles que siguen existiendo esas enormes dificultades y, finalmente, que hemos perdido una gran oportunidad; hemos perdido la gran oportunidad de hacer ese Estatuto de los Trabajadores que pudiera seguir vigente en este país por más de tres o cuatro años, y creo que no hemos tomado las medidas adecuadas para introducir en nuestro país la adaptación a ese mercado internacional, que no hemos sido capaces (el Gobierno o los grupos que les sustentan no han sido capaces) de transmitir a la sociedad que este es un buen Estatuto de los Trabajadores, porque tiene gravísimos defectos y, sobre todo, porque no han sido capaces de plasmar en él esa cultura de la cooperación que, desde mi punto de vista, es la única forma de conseguir la creación de empleo y las nuevas modalidades de relaciones laborales que necesita nuestro país.
Creo que ha sido un intento fallido y lo siento por todo el conjunto de esta Cámara y por el conjunto de la sociedad española.
Gracias, señor Presidente. (Los señores Hinojosa i Lucena y Olabarría Muñoz piden la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Qué desea, señor Hinojosa?

El señor HINOJOSA I LUCENA: Querría darle una información a la anterior interviniente respecto a una inexactitud que ha dicho y que afectaba a mi Grupo. (Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Vicepresidente López de Lerma me indica que ha habido alusiones. Tiene usted la palabra durante un minuto. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.--La señora Villalobos Talero: ¡No sabes ni de lo que hablas.)

El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi admirada compañera señora Villalobos se ha preguntado qué ocurrió con la ultraactividad en el Senado. Yo tengo que manifestarle, señora Villalobos, que la enmienda del Grupo Popular sobre la ultraactividad en el Senado fue votadafavorablemente por mi Grupo y se perdió por la ausencia de once Senadores del Grupo Popular en el Senado en la larga noche del debate. (Risas.--Rumores.--El señor Neira León pronuncia palabras que no se perciben.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.
Gracias, señor Hinojosa.
Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: También agotar un turno de alusiones al amparo del precepto reglamentario que lo prevea.
Señor Presidente, la señora Villalobos, también mi admirada compañera, ha hecho una imputación inexacta respecto a la posición de mi Grupo Parlamentario con relación a la llamada ultraactividad, y por ser inexacta es ilegítima, señor Presidente. Mi Grupo Parlamentario, efectivamente, votó la enmienda del Partido Popular con relación a la ultraactividad, defendió y expuso claramente los problemas que iba a plantear la ultraactividad en el texto del proyecto de ley de reforma del Estatuto de los Trabajadores con mucho énfasisel debate en esta Cámara del precepto, del artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, y retiró la enmienda en virtud de la transacción política a que se llegó en el Senado, retiró su enmienda a través del compromiso asumido expresamente por el Grupo Socialista, por el propio Gobierno del Estado español, y consignado así en el «Diario de Sesiones» del Senado, de regular los problemas derivados de la ultraactividad de convenios colectivos a través de una proposición de ley que, consensuada por todos los grupos, pueda resolver los problemas de algo que sí es grave, señor Presidente.


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Efectivamente la ultraactividad, la no negociación dolosa, malintencionada, de nuevos convenios colectivos en un sistema de negociación colectiva como el del Estado español, que es un sistema de derecho-deber a negociar, no es un sistema de libertad de negociación --nos acusaba de aldeanos el señor Peralta en su intervención; ésta es una imputación que nos agrada siempre, no la consideramos indecorosa, pero somos aldeanos a veces ilustrados, nos da por estudiar, señor Presidente-- y el sistema de derecho-deber a negociar sólo tiene implantación en el Estado español, en los demás países tienen un sistema de libertad de negociación...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, S.S.
tenía la palabra, tal como me indica el señor Vicepresidente que en ese momento presidía la sesión, por una alusión de la señora Villalobos. Por tanto, cíñase a ella.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Esta es la alusión. Lo que estoy explicando es puntualmente la alusión de la señora Villalobos a la que usted hace referencia.
Decíamos que en un sistema de derecho-deber a negociar la no negociación de nuevos convenios colectivos efectivamente provoca perturbaciones y sobre todo impide que sea eficaz esta reforma del derecho del trabajo que se basa en la potenciación de la negociación colectiva, esto es así, y en un sistema de derecho-deber a negociar, si ejercida válidamente la iniciativa a negociar, señora Villalobos, la otra parte, la receptora, sólo puede negarse a negociar o por causa convencional o por causa legal o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, nos parece bien, tal como proponen las asociaciones de empresarios, que algún tipo de cláusula punitiva se establezca a la negativa a negociar nuevos convenios colectivos. No diga, porque entonces usted falta a la verdad, señora Villalobos, que nosotros no hemos defendido esto. Lo hemos defendido y hemos retirado nuestra enmienda previo compromiso expresamente asumido por la Administración, por el Grupo Parlamentario Socialista, de consensuar una proposición de ley donde este problema se resuelva.
Señor Peralta, nos ha acusado, como antes le decía, de aldeanos y de estar un poco perdidos del contexto europeo, a través de la interposición de los Pirineos entre nuestro país y Europa, de lo que pasa en Europa. Señor Peralta, esto no es así...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Olabarría, ése es otro turno.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: De acuerdo. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Villalobos, efectivamente, más que una alusión ha sido una contradicción y, por tanto, tiene usted también la palabra por un tiempo de dos minutos.


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor Presidente. A mí me da la sensación de que estamos viviendo en estos momentos la segunda parte del debate de ayer. Yo noto excesivamente suspicaces y susceptibles a mis dos grandes compañeros de escaño, que son el señor representante de Convergència i Unió y el del PNV.
Lo que he dicho exactamente es que me ha parecido llamativo que el señor Olabarría defendiera con tanto calor y se felicitara a sí mismo por el resultado final en el tema de la negociación colectiva, al Título III del Estatuto de los Trabajadores, cuando el principal defecto que le veíamos todos hace exactamente 15 días era precisamente el que era reconocido ahora aquí. Yo recojo la oferta que ha hecho públicamente --me la había hecho en privado, pero me alegro que la haya hecho usted aquí--, y si el señor representante de la mayoría socialista no dice lo contrario, plantearemos esa proposición de ley para resolver ese problema que, como usted bien ha reconocido, es el problema de la aplicación de la negociación colectiva. Luego me da la sensación que llevábamos razón los tres; simplemente ocurre que ustedes son ligeramente suspicaces.
Gracias, señor Presidente. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Peralta, realmente el señor Olabarría, en la contestación a la señora Villalobos, ha hecho una refutación de una calificación que S.S. había hecho. No es propiamente un turno de contradicción con lo que usted ha dicho, pero en cualquier caso, por si se pudiera entender así, tiene usted un minuto, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, por su generosidad. Voy a ser muy breve, señor Presidente.
En estas últimas intervenciones hemos asistido a una fricción entre los distintos grupos de la derecha a ver quién destaca más haciendo daño a los trabajadores. Que le quede claro al señor Presidente que en relación con esas fricciones nosotros no tenemos qué decir porque estamos enfrentados a todos ellos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por parte del Grupo Socialista, para fijar su posición, tiene la palabra el señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.


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Señorías, en primer lugar, en relación con el proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, propongo una corrección gramatical al artículo 1.2, de forma que donde dice: «se limiten», diga: «se limite». También en relación con las disposiciones adicionales, propongo a SS.SS. que las disposiciones adicionales cuarta, quinta y séptima tengan un título como tienen las restantes disposiciones adicionales, de forma que la disposición adicional cuarta tenga el título de Repertorio de certificaciones profesionales; la quinta, Cómputo de los aprendices a efectos fiscales; y la séptima, Supresión de los registros especiales de trabajadores portuarios. De todo ello tiene constancia el señor Letrado de la Comisión.
Las enmiendas del Senado, señorías, sobre los proyectos de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación y de modificación del Estatuto de los Trabajadores se sitúan, como no podía ser de otro modo, en la línea de la reforma laboral, es decir, en la protección del empleo existente, en la promoción de nuevos empleos, en evitar que la respuesta a las crisis por parte de las empresas sea casi siempre el despido de trabajadores, utilizándose otros medios, otros aspectos de la relación laboral, como es la movilidad funcional, el cambio de condiciones, la contratación a tiempo parcial, etcétera, y todo ello que se produzca siempre mediante la consulta y el diálogo permanente con las partes, con los interlocutores sociales. Por ello, en esta reforma se impulsa la negociación colectiva --como hemos dicho reiteradamente en la Cámara--, la libertad sindical y la protección social, y se flexibiliza la relación laboral, no desregulándola, como muy bien ha acertado en decir aquí el señor Olabarría, sino atribuyendo el protagonismo adecuado al acuerdo entre las partes.
En primer lugar, en relación con el proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, las enmiendas del Senado inciden en impulsar la contratación de aquellos colectivos que mayores dificultades tienen por encontrar trabajo. Nuestro mercado de trabajo está siendo hostil con los jóvenes, con los mayores de 45 años y con las mujeres fundamentalmente, porque entre otras razones, la capacidad de adaptación de las relaciones laborales a las circunstancias de la empresa y del ciclo económico es totalmente insuficiente. De ahí que una de las enmiendas más importantes presentada al proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación se refiera a un completo plan de empleo para 1994, plan que ha sido dialogado y consensuado con el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y hay que decirlo así --aunque está claro que esto levanta algunos celos por parte del Partido Popular--, plan que ya digo que es completísimo y del cual se van a beneficiar los mayores de 45 años, los minusválidos y, en general, los beneficiarios de prestaciones por desempleo. A ellos se les va a poder contratar temporalmente para la realización de actividades, cualquiera que fuera la naturaleza, temporal o no, de las mismas. Al mismo tiempo, a las empresas se les concede importantes reducciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que van del 50 al 100 por cien, por un período de tres años, en el caso de contrataciones de beneficiarios de las prestaciones de desempleo por jornada completa, y, además, se va a impulsar la conversión en indefinidos de estos contratos temporales, en particular los de los jóvenes menores de 25 años, de los mayores de 45 años, de las mujeres contratadas en profesiones en las que están subrepresentadas y de los minusválidos.
Se trata, como he dicho, de un importantísimo plan de empleo, que se une a la regulación de los contratos de aprendizaje, que está ya dando sus frutos. Está claro que el mercado por sí solo no favorece a determinados colectivos; de ahí la necesidad de normas jurídicas como promotoras de conductas sociales, en este caso como promotoras de contrataciones; de ahí la necesidad de impulsar por ley las nuevas contrataciones.
Frente a la descalificación que supuso que se denominaran «contratos basura» algunos de estos contratos, la realidad nos demuestra su gran aceptación. A 30 de abril se habían celebrado 74.162 contratos de aprendizaje, 12.400 contratos en prácticas y 275.164 contratos a tiempo parcial. Y en relación con los aprendices, se detecta que casi el 40 por ciento de los jóvenes contratados en aprendizaje, es decir, unos 30.000, carecen de título de graduado escolar, lo que demuestra la necesidad de que este contrato formativo rompiera el círculo vicioso en el que estos jóvenes se encuentran, círculo de no trabajar por carecer de formación y de carecer de formación por haber trabajado. Incluso quienes siguen manteniendo su posición en contra de la reforma, como es el Grupo de Izquierda Unida, utilizan estos instrumentos contractuales contratando trabajadores; es el caso del gobierno municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, denunciado por la sección sindical de UGT por no estar de acuerdo, erróneamente, con estas contrataciones.
Señorías, las enmiendas del Senado en relación con el contrato de aprendizaje mejoran el texto. Así, en primer lugar, en relación con la retribución de los aprendices menores de 18 años, ésta no podrá ser inferior al 85 por ciento del salario mínimo interprofesional. Además, para fijar la retribución del aprendiz se computará la duración del contrato anterior de formación que hubiere podido tener, y, en tercer lugar, los minusválidos contratados como aprendices podrán recuperar su pensión no contributiva de invalidez una vez que se extinga su contrato. En el segundo proyecto de ley, el de modificación del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, dejando aparte las modificaciones

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que introducen una mayor claridad en la redacción o que suponen correcciones de estilo, es de considerar, por ejemplo, la enmienda relativa al despido colectivo. Como conocen SS.SS., en el despido colectivo, el empresario puede aducir causas o razones económicas, técnica, organizativas o de producción. Pueden aducirse causas económicas cuando se intente, con el despido, superar una situación negativa de la empresa; pueden aducirse, por otra parte, causas técnicas, organizativas o de producción --y aquí viene la importante modificación del Senado-- cuando se persiga garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo a través de una más adecuada organización de los recursos. Se hace una expresa referencia a la viabilidad del empleo, junto a la viabilidad futura de la empresa, por lo que queda claro que el despido por causas técnicas organizativas o de producción sólo puede autorizarse si con él se garantiza el empleo futuro. Se cumple, una vez más, el objetivo de la reforma consistente en promover el empleo. El despido reviste el carácter de solución para el empleo futuro.
En materia de representación colectiva, es decir, en las indebidamente llamadas elecciones sindicales, porque debieran denominarse elecciones a representantes de los trabajadores, las modificaciones introducidas por el Senado no alteran, en absoluto, el acuerdo alcanzado por las centrales más representativa, Comisiones Obreras y UGT, que ha sido respetado por ambas Cámaras. Es el único punto importante en el que discrepamos el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Socialista.
No voy a aludir a todas las modificaciones, pero se refieren al caso de concurrencia de promotores, coaliciones de sindicatos, notificaciones por la empresa a los representantes de los trabajadores, plazos, delegaciones... Especialmente debo significar la enmienda relativa a la expedición de certificaciones de resultados electorales, copias auténticas de actas electorales y certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos. Quiero hacer especial hincapié en esta enmienda porque refuerza el carácter público de la oficina de registro y añade transparencia al proceso electoral.
Votaremos en contra de una enmienda del Grupo Popular, introducida por el Senado, porque se refiere al artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores y su texto es contradictorio con la disposición final tercera, antes cuarta. En la enmienda se obliga al Gobierno a regular en plazo de seis meses las jornadas especiales en sectores que, por sus especiales características, lo requieran, mientras que la disposición final tercera mantiene vigentes durante el plazo de un año las normas sobre jornadas especiales del decreto 2001/1983.
Para terminar, señorías, he de referirme a la adición al proyecto de un nuevo capítulo tercero que adapta las reformas efectuadas a la Ley de infracciones y sanciones en el orden social; la salida negociada de los conflictos laborales, mediante soluciones arbitrales, mediante sus correspondientes laudos, se ve reforzada con enmiendas importantes del Senado.
Esta reforma, señorías, se inspira en la cultura de la colaboración, del consenso y del diálogo. De ahí la importancia del convenio y la trascendencia de las soluciones arbitrales.
Por carecer de tiempo, no haré referencia a otras enmiendas relativas al Fondo de Garantía Salarial, al fraude de ley en traslados, modificaciones de condiciones y despido objetivo, movilidad funcional, etcétera.
Esta reforma, en definitiva, debe servir para impulsar la reactivación económica, es condición necesaria para la reactivación, y a la misma deben unírsele, como se le están uniendo, políticas adecuadas, otras políticas, así como, por parte de los agentes sociales, pactos salariales adecuados a los niveles de inflación y de productividad.
Con esta reforma estamos dando respuesta al primer problema de nuestra sociedad: la creación de empleo como elemento básico de integración social. Esta reforma, por lo demás, será, evidente e indiscutiblemente, lo que los sindicatos y los empresarios decidan que sea. Si los sindicatos quieren acabar con las horas extraordinarias, aquí tienen los medios; si los sindicatos quieren un horario flexible, vacaciones repartidas y adaptadas a los deseos de los trabajadores, aquí tienen los instrumentos; si los empresarios y trabajadores quieren una estructura del salario más vinculada a la productividad, estas normas lo permiten. Así podríamos ir analizando cada uno de los aspectos de la relación laboral.
Quiero, finalmente, en este último trámite parlamentario, agradecer la colaboración de todos los grupos. Se han incorporado muchas y destacadas enmiendas a los proyectos de ley y si el acuerdo con los interlocutores sociales no ha sido posible, excepto en la materia importante de representación colectiva, el diálogo con los distintos grupos políticos se ha producido y el resultado es una mejora notable de los textos.
Señorías, termino. Hace 63 años el Ministro de Trabajo y Previsión de entonces, Largo Caballero, presentaba ante las Cortes constituyentes un importante proyecto de ley de contrato de trabajo y, entre otras cosas, introducía en el ordenamiento laboral el poder de dirección del empresario. El proyecto no llegaba donde el Ministro hubiera querido y de ahí que el propio Largo Caballero dijera en esta Cámara que el proyecto era la obra de un socialista pero no una obra socialista. Sin embargo --añadía--, el proyecto no ha perdido de vista ni por un momento los antecedentes nacionales ni las necesidades reales de este país.
Tampoco en estos proyectos de reforma laboral se han perdido de vista esas necesidades. De ahí su trascendencia, de ahí su pleno carácter progresista, como también lo tenía el proyecto de ley de Contrato de Trabajo,

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ya derogado, del año 1931, del Ministro de Trabajo y Previsión Largo Caballero.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación de ambos proyectos de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 292; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación separada de las enmiendas a los artículos 11, 16 apartado 2, artículo 25, disposición transitoria segunda y disposición final primera. Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, solicitamos votación separada de la enmienda del Senado al artículo 4.1, que tiene que ver con el punto 7 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Gracias, señor Presidente.
Pedimos votación separada de las cuatro enmiendas al artículo 7 y de la disposición adicional novena. Por lo que afecta al proyecto de ley de procedimiento laboral, capítulo II, del artículo decimoprimero, la letra n), del artículo 2 del texto articulado, la adición al artículo 65, apartado 3, al artículo 133, apartados 1 y 2, al artículo 136, primer párrafo, y, finalmente, de las disposiciones transitorias, la segunda, en sus puntos 1, 2 y 3.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, no entiendo exactamente la petición de votación separada hecha por parte del Grupo de Convergència i Unió, porque no encuentro la disposición adicional novena en el proyecto de ley. Según mis datos, hay enmiendas sólo hasta la tercera. Quizás es que no tengo el texto completo y, en ese caso, me gustaría que se me proporcionara. Desde luego, ni el artículo 65 ni el 133 ni el 136 aparecen en el proyecto de ley que maneja el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, la enmienda consiste en la introducción de una disposición adicional novena e incluso de una décima. Son enmiendas introducidas por el Senado con esa numeración.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, deduzco que, cuando me habla de una disposición adicional novena, debe ser que el artículo 11 introduce una disposición adicional novena en el Estatuto de los Trabajadores, pero no lo sé. ¿Es así? Simplemente por claridad, señor Presidente, porque entonces desearíamos las votaciones separadas que yo le indico a continuación, que a lo mejor son las mismas que las del Grupo de Convergència i Unió. Desearía, señor Presidente, votación separada de las enmiendas a los artículos 7, decimoprimero, decimotercero, decimosexto, a la transitoria segunda y a la final primera, todo ello del proyecto de ley que votamos.


El señor PRESIDENTE: Efectivamente, conviene que SS.SS.
precisen con claridad las solicitudes de votación separada, por cuanto el proyecto de ley modifica dos leyes y las referencias son a los artículos que estas leyes tienen.
Señor Hinojosa, entiendo que, al hablar de la disposición adicional novena, se refiere al artículo decimoprimero incluido por el Senado, que añade una disposición adicional novena al Estatuto de los Trabajadores, con una redacción nueva introducida por el Senado, que no es el artículo decimoprimero del Estatuto de los Trabajadores, sino el artículo decimoprimero del proyecto de ley al que nos estamos refiriendo.
Señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Para solicitar con precisión. Votación separada del actual artículo octavo del presente proyecto de ley, referido a los nuevos párrafo tres, que se refiere al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, y al apartado cuatro, que se refiere al artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores. Creo que queda suficientemente claro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Señor Peralta.


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El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, perdone mi insistencia. Efectivamente coincidía usted conmigo en que no tenía disposición adicional novena el proyecto de ley que hoy votamos; pero no sé, cuando el Grupo Catalán pedía el artículo 65, el artículo 133 y el 136, convendría que dijera exactamente qué artículos de este proyecto de ley son, a efectos de que sepamos qué se vota, porque podemos tener una cierta confusión. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Comparto su preocupación respecto a la máxima claridad en lo que se va a someter a votación. Por tanto, vamos a repasar las solicitudes que han sido formuladas. (Pausa.) Señorías, creo que sería del máximo interés para la claridad de la votación y para que todos los señores Diputados tengan conocimiento exacto de aquello sobre lo que deben emitir su voto, que las solicitudes de votación separada se refieran, en cuanto sea posible --y creo que es posible en la mayor medida- -, a los artículos de los proyectos de ley que son objeto de modificación, a los artículos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Procedimiento Laboral. Creo que sería lo que daría mayor claridad.
Hago esta observación a efectos de unificar los criterios con los que están SS.SS. haciendo sus solicitudes, porque me temo que se están mezclando referencias a lo que son artículos de los textos que se han de modificar con artículos del proyecto de ley remitido por el Gobierno. Y eso es una heterogeneidad que creo que no facilita la votación.
Señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, no creo que haya duda respecto al artículo séptimo del proyecto. Izquierda Unida empieza a tener dudas a partir del momento en que hablo de la disposición adicional novena.
Rectifico y digo: Artículo decimoprimero, que crea una adicional novena, página 48 del pegote. (Risas.) Coloquialmente lo llamamos el pegote, ¿no? (Risas.) Sigo. De la Ley de Procedimiento Laboral, en la misma página, al final, artículo decimotercero y dice: Uno. La letra n).
Esta letra n) y esta enmienda mi Grupo quiere que se vote por separado.
49 del mismo documento. La enmienda que ahí consta y que se refiere al artículo ya citado.
54, al artículo 133, decimosexto. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Hinojosa, estamos ya utilizando dos criterios. El artículo once, al que usted se ha referido, y el trece son artículos del proyecto de ley. El artículo 133 no es el 133 del proyecto de ley.El señor HINOJOSA I LUCENA: Estoy hablando de la Ley de Procedimiento Laboral.
Estas enmiendas están concretadas por una petición que va a hacer el señor Fernández-Miranda. Quizás tiene exactamente la ubicación de cada uno de los artículos. Sería conveniente que oyéramos su definición, con la que seguro que coincidiremos.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. La propuesta del Grupo parlamentario Popular es efectuar la votación y la solicitud de distintos bloques sobre los artículos del proyecto de ley que se ha debatido. Por tanto, repito los que nosotros proponíamos que se votaran independientemente del proyecto de ley que se ha debatido y que viene del Senado: el artículo once, artículo dieciséis, apartado dos, artículo veinticinco, disposición transitoria segunda y disposición final primera del proyecto de ley.
Pensamos que coincide sustancialmente con la propuesta que ha hecho el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, nuestro Grupo ordenaba su petición de votación separada de acuerdo con el criterio tradicional utilizado, que era el de los proyectos de ley que tramitábamos. Si cambiamos, lo cambiamos, pero era el criterio que habíamos utilizado.
De acuerdo con eso, yo creo entender, y me gustaría que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) viera si coinciden sus datos, lo siguiente: artículo séptimo del proyecto, artículo decimoprimero, artículo decimotercero, artículo decimosexto, transitoria segunda.
Señor Presidente, no veo que el artículo veinticinco del proyecto, como decía el Grupo Popular, haga referencia a una transitoria segunda. Creo que no es así.
Por nuestro Grupo en concreto serían los artículos siete, decimoprimero, decimotercero, decimosexto, transitoria segunda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta. (El señor Roca i Junyent pide la palabra.) El señor Roca tiene la palabra.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, no sé si entorpece la función de la Presidencia una sugerencia. Sin movernos del escaño, se puede quizá suspender la sesión durante un minuto y que los distintos portavoces de los grupos se pongan de acuerdo con la

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Presidencia sobre la forma en cómo hay que proceder a la votación.


El señor PRESIDENTE: No me atrevía a sugerirlo, pero si ésta es una posibilidad que puede agilizar el trámite, la Presidencia y la Mesa agradecerán esta ayuda de los portavoces.
Ruego que, sin abandonar el hemiciclo, con suspensión formal de la sesión por unos minutos, los portavoces interesados en las votaciones separadas se acerquen a la Presidencia para ordenarlas debidamente.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Votaciones relativas a las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
Las enmiendas que se van a someter a votación son las que se refieren a los artículos del proyecto de ley remitido por el Gobierno y no a los artículos de los proyectos de ley modificados por este proyecto de ley, y la numeración se refiere a la que queda en el texto remitido por el Senado.
Enmiendas al artículo 4.º, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 135; en contra, 185; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 7.º Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 189; en contra, 129; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 172; en contra, 145; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 13, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 301; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 16, apartado 1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 319; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 16, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 173; en contra, 147.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al artículo 25.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 194; en contra, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 171; en contra, 18; abstenciones, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 189; en contra, 126; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 298; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.


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DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

--Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Bruselas el 19 de diciembre de 1988 (Número de expediente 110/000068)

--Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de Resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de los Protocolos y Declaraciones anejos, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (Número de expediente 110/000069)

--Convenio Europeo sobre Coproducción Cinematográfica (número 147 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 2 de octubre de 1992 y Declaración formulada por el Gobierno español (Número de expediente 110/000070)

--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Técnica en materia de Aviación Civil, hecho en Madrid el 30 de diciembre de 1993 (Número de expediente 110/000072)

--Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Marítima Internacional relativo a la celebración en Torremolinos (Málaga) de la Conferencia Internacional para la Adopción del Protocolo al Convenio de Torremolinos de 1977 sobre seguridad de los buques pesqueros, hecho en Londres el 12 de enero de 1993 (Número de expediente 110/000073)

--Acuerdo para la Promoción y Protección recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y la República del Paraguay, firmado «ad referendum» en Asunción el 11 de octubre de 1993 (Número de expediente 110/000076)

--Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital, hecho en Madrid el 10 de febrero de 1994 (Número de expediente 110/000081)

--Canje de notas por el que se prorroga el Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación Científica y Técnica en materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria, y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964 (Número de expediente 110/000082)

--Canje de notas de 9 de noviembre de 1993 constitutivo de Acuerdo, entre el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados (Número de expediente 110/000084)

--Convenio Internacional del Cacao, 1993, hecho en Ginebra el 16 de julio de 1993 (Número de expediente 110/000086)

El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día: dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir en relación con alguno de estos apartados? (Pausa.) Vamos a proceder a las votaciones.
Segundo Protocolo por el que se atribuyen al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas determinadas competencias en materia de interpretación del Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y de los protocolos y declaraciones anejos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 320.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio europeo sobre coproducción cinematográfica y Declaración formulada por el Gobierno español.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 320; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Señorías, me permito recordar la conveniencia, por no utilizar una expresión más contundente, de que se abstengan de utilizar teléfonos inalámbricos y aparatos denominados vulgarmente buscas en el hemiciclo, no sólo por la perturbación sonora que provocan, sino por la perturbación que provocan en toda la megafonía del hemiciclo, dando lugar a circunstancias tan curiosas

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como que algunas conversaciones telefónicas efectuadas a través de los teléfonos de los portavoces sean oídas en todo el hemiciclo. (Risas.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Serra, Serra!) Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Técnica en materia de Aviación Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Marítima Internacional relativo a la celebración en Torremolinos de la Conferencia internacional para la adopción del Protocolo al Convenio de Torremolinos de 1977, sobre seguridad de los buques pesqueros.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 317; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones entre el Reino de España y la República de Paraguay.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 319; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y las ganancias de capital.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 318.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de notas por el que se prorroga el acuerdo entre España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y técnica en materia de apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Canje de notas, de 9 de noviembre de 1993, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Israel, sobre supresión de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Convenio internacional del cacao.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 316; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE TRANSPOSICION DE LA DIRECTIVA 89/552/CEE, SOBRE LA COORDINACION DE DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSION TELEVISIVA (Número de expediente 121/000029)

El señor PRESIDENTE: Punto noveno del orden del día: dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen del proyecto de ley de transposición de la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Enmiendas del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Mato.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, si van a abandonar el hemiciclo les ruego lo hagan con diligencia.
Cuando quiera, señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, por fin llega a este Pleno el proyecto de ley por el que se incorpora la Directiva conocida como televisión sin fronteras al Derecho positivo español. Y decimos por fin, señorías, porque, desgraciadamente, el Gobierno nos tiene acostumbrados a la menor prisa, yo diría a la menor diligencia, en lo que significa la aplicacaión de las normas comunitarias en España.


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Podríamos dedicar horas y horas a analizar parcelas de nuestro Derecho en las que sencillamente se puede decir que, a nivel de legislación, no somos europeos, que vamos con retraso. Pero como el señor Presidente no me va a permitir este exceso de tiempo, me referiré sólo a las cuestiones fundamentales que nos afectan en este debate.
El asunto más grave --no por ello inusual y que también ha ocurrido en esta ocasión-- es que a la vez que en Europa hay debates abiertos o, lo que es peor, se dictan resoluciones que afectan a España, en el ámbito interno de nuestro país se toman decisiones abiertamente contradictorias con la opinión y los acuerdos que se producen en los foros comunitarios.
Permítanme dos ejemplos contundentes que evidencian mis argumentos. El primero de ellos es que cuando en el Congreso de los Diputados --sin olvidarnos del trámite en el Senado y de la vuelta de este texto a esta Cámara-- vayan a votar finalmente este proyecto, ya está abierta en la Comunidad la revisión de la Directiva que estamos incorporando. Es decir, después de varios años de retraso, el Gobierno ha decidido ahora la incorporación de esta Directiva, justo cuando se está procediendo a su revisión.
El segundo dato, señorías, es que cuando en Europa se aprueban estas directrices, en el año 1989, el Gobierno español --y cuidado, porque de ahí nacen responsabilidades no solo políticas, tan discutidas hoy, sino también jurídicas--: el Gobierno español, les decía, en 1989 estaba concediendo canales a las televisiones privadas, en cuyas concesiones se planteaban unas condiciones abiertamente contradictorias con la normativa de la Unión Europea. Fíjense ustedes que el mismo día en que se aprobaba la Directiva se firmaban las concesiones con las cadenas privadas de televisión.
Dicho esto, y aunque sea tarde y mal, mi Grupo se congratula de la remisión de este texto por parte del Gobierno; además, hemos trabajado con todo afán para mejorarlo. De ello hemos dado pruebas, tanto en la Ponencia como en la Comisión, y lo haremos hoy en esta sesión plenaria.
Quiero señalar, como hemos dicho y seguimos diciendo, que el hablar de cualquier tipo de legislación que afecte a los medios de comunicación, en democracia siempre es hablar de reglas del juego, y estamos convencidos de que tanto el establecimiento como la revisión de estas normas requieren del intento de máximo consenso, en la mejor acepción de este término. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Por ello hemos sido proclives a la presentación de enmiendas transaccionales y, lo que es más, a apoyar las propuestas de otros grupos cuando hemos coincidido en la voluntad integradora de las mismas.
En resumen, proyecto tardío y proyecto malo, pero afán, desde el Grupo Popular, de mejora de este texto. Esto nos llevó en su momento a no presentar una enmienda a la totalidad, porque, como les digo y les reitero, no estamos ante un debate ideológico, no estamos ante una confrontación de modelo, sino, sobre todo y ante todo, estamos hablando de comunicación, de libertades y de reglas de juego democrático.
Entremos en el fondo, y aquí, en primer lugar, quiero agradecer a la mayoría parlamentaria la aceptación de algunas de nuestras enmiendas en los trámites anteriores, si bien no les perdonamos (y entiéndanme bien) la pantomima que a dúo protagonizaron el portavoz socialista y el de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya en la presentación de este proyecto ante la Cámara que, sin duda, ha marcado el devenir parlamentario de esta norma. En primer lugar, y respecto al título de esta ley, atendiendo a lo apuntado por el letrado en su informe ofrezco una transaccional sobre nuestra propia enmienda a todos los grupos, que con el permiso de la Presidencia paso a leer. El título del proyecto dice: proyecto de ley de trasposición de la Directiva sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. La enmienda transaccional que presentamos en este momento propone el siguiente título: Proyecto de ley reguladora de las condiciones para la libre prestación de la actividad de televisión en los Estados comunitarios.
Permítanme que les diga que hay cinco finalidades en el resto de las enmiendas que mantenemos, y también, por qué no decirlo, en el voto positivo que otorgaremos a algunas de otros grupos parlamentarios. La primera finalidad es que nos hemos empeñado en que la incorporación del Derecho comunitario suponga una mayor protección, y sobre todo una mayor garantía de cumplimiento de lo que significan los derechos de la infancia o del menor. Fíjense que les digo garantía legal y de cumplimiento, porque mi Grupo cree, ha sostenido y sostiene, que legalmente, empezando por la ley de leyes que es la Constitución, se garantizan plenamente esos derechos. El problema, señorías, es de cumplimiento. Y aquí alzo mi voz ante el débil Gobierno y también, cómo no, ante el Poder Judicial.
Positivo será que en los distintos poderes del Estado influya la consciente y creciente alarma que se demuestra en la sociedad ante programaciones televisivas, públicas y privadas, en absoluto respetuosas con valores en los que hay unanimidad en la sociedad respecto a su defensa. En este sentido, apoyamos la enmienda de Convergència i Unió, número 66, que creemos completa nuestro texto, proponiéndoles la ampliación de la prohibición de emitir espacios que puedan perjudicar al menor en horario familiar, entre las seis de la mañana y las diez de la noche, a los espacios publicitarios.
La segunda finalidad de nuestras enmiendas es fomentar (y reconozco que aquí aprovecho que el Pisuerga

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pasa por Valladolid) todo lo que significa programación de índole cultural y formativo, y me estoy refiriendo a todas las televisiones, pero muy especialmente a las televisiones públicas. Varias de nuestras enmiendas pretenden que la televisión pública, la que pagamos todos los españoles, emita una programación de verdadera calidad, y por ello, entre otras cosas, hemos propuesto la reserva del 15 por ciento del tiempo de emisión para programas educativos, culturales e infantiles de producción propia. Asimismo, somos partidarios, como medida de apoyo y fomento a la industria cinematográfica, de que las televisiones públicas coproduzcan anualmente un determinado número de obras audiovisuales.
La tercera finalidad, señorías (y les hablo desde el Grupo Parlamentario que hoy no es mayoría en la Cámara, pero que pronto puede serlo), es que, a partir de esta norma, las televisiones privadas no sean inviables en España; que se mantenga el pluralismo informativo; que los españoles no vean mermada su posibilidad de elegir entre varias cadenas. La esencia de la democracia todos sabemos que está en la posibilidad de optar y en la posibilidad de elegir. En este sentido, como futuro Gobierno hemos estudiado las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la conducta inadmisible del actual Gabinete, que, insisto, firmó concesiones a las televisiones privadas abiertamente contradictorias con la legislación que hoy debatimos.
Creemos que es necesario buscar un punto de equilibrio entre la defensa que nosotros ejercitamos de los derechos del telespectador y la necesaria viabilidad de las empresas de radiodifusión; empresas que, por supuesto, garantizan un pluralismo televisivo e informativo. Por ello, no podemos aceptar algunas enmiendas de los grupos que intentan para España un régimen más restrictivo que para el conjunto de Europa, porque ello sin duda nos llevaría a perjudicar al sector audiovisual español.
Cuarta finalidad. Mantenemos la filosofía que con vehemencia hemos defendido siempre que se aborda el tema audiovisual.
Señorías, no estamos hablando, en nuestra concepción ideológica, de un servicio público esencial. Muchos españoles se sonreirían incluso si mantenemos que la programación de las televisiones públicas constituye un servicio público.
Quitémonos la careta y reconozcamos que estamos hablando de una actividad de interés público y que el Gobierno ha utilizado las concesiones para controlar el panorama de la comunicación. Ya saben que no digo nada nuevo, pero en todas las leyes que afectan a lo audiovisual, independientemente de su ámbito, reiteraremos este concepto. Señorías, estas cuatro finalidades se engloban en una, la quinta: la necesidad de una ley general de lo audiovisual que recoja y racionalice toda la legislación que existe sobre la materia, creando, además, un organismo independiente que actúe de árbitro en esta materia.
Suponemos que no se ha pretendido enloquecer a los españoles, pero estarán de acuerdo conmigo en que cualquier oferta privada o pública que se introduzca en este medio ha de trabajar con siete leyes distintas, a veces escandalosamente contradictorias entre sí. Muy pronto, ante la pasividad de la mayoría y el incumplimiento por parte del Gobierno de las resoluciones que se aprueban en esta Cámara, presentaremos un texto de ley general de lo audiovisual, y yo les anticipo que no sólo contendrá las disposiciones básicas de esta Directiva, sino que pretenderá, por una vez, que este Congreso de los Diputados no esté detrás de Europa, sino a la vez y a la par que ella.
En este espíritu también hemos presentado dos enmiendas transaccionales que paso a comentar brevemente.
La primera de ellas está relacionada con la enmienda 115, de Coalición Canaria, al artículo 1. Proponemos que se eliminen de la enmienda las palabras «la calificación y promoción», porque en realidad creemos que la directiva regula la difusión, pero no la calificación y promoción de los espacios y programas televisivos.
Otra enmienda transaccional presentamos a la número 60, de Convergència i Unió, que es relativa a la adición de tres nuevos puntos sobre la prohibición de publicidad. Creemos que se pueden refundir los tres puntos en uno solo, que quedaría de la siguiente manera: La publicidad que incita a la violencia o a la crueldad y maltrato a personas y animales o a la destrucción de bienes culturales o naturales.
Señor Presidente --y finalizo--, creo que nuestra posición es clara. Se trata de conjugar intereses, y los hay en este caso y todos legítimos aunque no comparables: los derechos del menor, los derechos del telespectador, el ansia de seguir teniendo pluralismo televisivo y, por supuesto, en materia de comunicación, no sólo la necesidad europea, sino también en este caso la pasión europea. En materia de telecomunicaciones Europa siempre va por delante.
Señorías, uno de los retos de nuestro futuro gobierno es desarrollar un gran proyecto español, y eso pasa por nuestra iniciativa y por ir por delante de los acontecimientos.
En materia de comunicación siempre que no quieran ponerle puertas al campo, siempre que no intenten, con la técnica, condicionar políticamente, y siempre, en resumen, que apuesten por la libertad, nos tendrán a su favor. Si no es así, recibirán nuestra más firme oposición.
Mantenemos la esperanza de que en el Senado, y en la vuelta al Congreso, se mejorará este texto, aunque tengo mis dudas, porque la eventual mayoría socialista, en materia de comunicación --y esto provoca una triste sonrisa-- parece pensar que mantiene su mayoría absoluta, o sea, que ustedes en esta materia, de impulso poco y de democrático menos.


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Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Algunos señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo plantea tres enmiendas. La primera enmienda pide que se garantice la recepción de aquellas emisiones procedentes de alguna de las comunidades autónomas del Estado en otras comunidades con la misma lengua propia. Con esta enmienda lo que pedimos es que se evite toda posibilidad de que se obstaculice la retransmisión de televisiones en catalán en el ámbito del País Valenciá o en el ámbito de Cataluña.
Entendemos que tanto Canal 9 como TV3 tienen que ser vistas en todo el territorio donde se habla la lengua catalana y, por tanto, con esta enmienda queremos garantizar esta reciprocidad que parte de la libertad informativa y que parte, sobre todo también, de la voluntad de consolidar en todo el ámbito territorial la lengua propia que nos es común. Es decir, que queremos justificar, por la vía de la consolidación legal, lo que es una realidad lingüística, cultural e histórica. En la segunda enmienda que planteamos decimos que «en expresión originaria española», tal como dice la ley, pero planteamos la siguiente adición: «... en cualquiera de sus lenguas oficiales. Las entidades públicas o privadas que emitan para el conjunto del Estado español deberán respetar las lenguas propias, distintas de la castellana, en las emisiones realizadas en las comunidades que las tengan».
Esta enmienda lo que plantea es que las televisiones de las comunidades autónomas que emiten en lengua oficial distinta del castellano, puedan emitir dobladas a dicha lengua oficial obras realizadas originariamente en castellano. La adición del último punto se refiere a la necesidad de protección que tienen, tal como reconoce de hecho la Directiva comunitaria, las lenguas minoritarias, que ven gravemente comprometido su futuro al estar los ciudadanos que tienen como propia una de esas lenguas sometidos a un aluvión de emisiones televisivas en lengua o lenguas distintas a la suya, y que la importancia mediática de la televisión, indiscutible en estos momentos, dificulta no ya la expansión, sino la conservación de la lengua propia.
Finalmente, la tercera enmienda --que es muy sencilla en la forma e importante en el fondo-- es de adición, y plantea fundamentalmente proteger a los menores de aquellos espectáculos televisivos, tales como películas pornográficas, películas violentas, corridas de toros y combates de boxeo, que por su naturaleza puede agredir la sensibilidad de los menores y, por tanto, hieren también la necesaria protección de esos menores que se tiene que ejercer desde la televisión, un ámbito de influencia tan importante como éste. Ponemos especial hincapié en el hecho de que nosotros consideramos que dentro de los espectáculos que pueden herir y que van en contra de la protección indiscutible a los menores, están las corridas de toros, porque entendemos que éste es un espectáculo violento, un espectáculo en el que hay sangre, muerte y tortura, y consideramos que de ninguna manera en la franja horaria infantil estos espectáculos pueden ser programados. Por tanto, apelando a la protección a los derechos de los niños y apelando a la propia naturaleza de la normativa sobre televisión, entendemos que esta enmienda de adición acaba de completar la protección de los niños.
Por consiguiente, pedimos el apoyo para estas tres enmiendas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, voy a defender las enmiendas que se mantienen vivas después de los trámites en la Comisión.
La primera de nuestras enmiendas es la 115, al artículo 1, y la mantenemos desde un punto de vista de sintaxis gramatical y de especificidad de lo que quiere decir el contenido y el objeto de esta ley. Se nos ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular una enmienda transaccional, y adelanto ya que aceptamos plenamente la supresión que pide de la expresión «calificación y promoción».
En cuanto a la enmienda 117, es de modificación, y propone que donde dice «50 por ciento» diga «51 por ciento». Esta enmienda se mantiene.
Por lo que se refiere a la enmienda número 119, al artículo 8, nosotros proponemos que en vez del plazo de dos años que se plantea en el artículo 8, en la difusión de las obras cinematográficas entendemos que por un sentido de racionalidad y de práctica es preferible dejar el plazo en un año. No tiene mayor trascendencia que adaptarnos a lo que creemos que va a ser la realidad práctica en estos aspectos.
Respecto a la enmienda 120, al artículo 9.1, nosotros queremos introducir algo que es concordante con el espíritu que hubo en los trámites en la Comisión, tanto por parte del representante del Grupo Catalán de Convergència i Unió como por parte del Grupo Popular, en la defensa del menor. Después del sentido de la dignidad humana queremos significar ahí la protección al menor, y nosotros proponemos que se añada sencillamente, en la séptima línea, después de la expresión «la dignidad humana», la frase «y en especial a los niños»,

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porque está dentro del concepto de protección del menor y coincide con tomas de posición que se han efectuado por los grupos que he citado.
Por otro lado, señor Presidente, retiramos la enmienda 121, al artículo 10.
La enmienda 122 la mantenemos. Aquí pedimos la supresión del artículo 12.3, porque entendemos que es un brindis al sol.
Decir ahí que no se perjudique la unidad de la película ni desmerezca el valor o calidad son apreciaciones subjetivas de un jurado. Por tanto, no sabemos, dentro del marco normativo de una ley, si no hay un jurado para calificar esto, cómo se puede introducir el imperativo categórico de que no se puede meter la publicidad cuando perjudique su unidad, valor o calidad. La realidad nos viene diciendo que una emisora de televisión, que se nutre en sus ingresos precisamente de la publicidad, tendrá que tener alguna norma para introducirla.
Quiero significar al Grupo Socialista algo que ha dicho, y comparto, la portavoz del Grupo Popular, y es que cuando aprobemos esto, la Unión Europea estará ya a otro nivel de directivas de radio y televisión, o sea que vamos a empezar a aplicar dentro de poco en nuestro país una norma que va a quedar obsoleta por lo que está ocurriendo en Europa, donde se han dado cuenta, como bien ha dicho la señora Amato, de la realidad de todo el sistema audiovisual en la trasposición que estamos haciendo. Es decir, Europa ha empezado con unas normas, pero se ha visto la realidad de lo que viene sucediendo en estos años con su aplicación; por tanto, hay que tener en cuenta el curso del tiempo y el calendario de lo que está ocurriendo, y resulta que con esta norma una televisión pública o privada va a tener la inseguridad jurídica de en qué momento puede meter una cuña publicitaria si a alguien se le ocurre decir que no se perjudique su unidad ni desmerezca el valor o calidad. La unidad temática de una película, como de una novela, es todo el argumento en sí mismo, pero en algún momento habrá que introducir la cuña publicitaria. No generemos una inseguridad jurídica con estos aspectos.
Precisamente esta materia, la introducción de publicidad en una película que se dé por televisión, está siendo objeto de los mayores debates; véanse, para ello, actas del Parlamento Europeo al respecto y por dónde van los aires en la realidad europea, que ya actúa con más sentido común que nosotros.
La enmienda número 123, señor Presidente, al artículo 15.c), referido al patrocinio televisivo, propone la supresión de dicho apartado, porque no entendemos que el patrocinador comercial, lo que llamamos hoy con el anglicismo «sponsor», no persiga el fin legítimo de publicitar su producto o servicio.
¿Se va a dejar lo que se dice aquí, en el artículo 15.c), sobre patrocinio televisivo, que no deberán incitar a la compra o contratación de los productos o servicios del patrocinador o de un tercero, especialmente mediante referencias de promoción concretas a dichos productos o servicios? Si a un patrocinador de un equipo de fútbol no se le prohíbe que en las camisetas del equipo vaya anunciando su producto, a un patrocinador de cualquier programa, ¿cómo se le va a prohibir que intente incentivar legítimamente la compra de su producto, si ese producto es legítimo y no es dañino para la salud pública? Otra cosa sería que se dijera que se prohíbe la publicidad del tabaco, y, por tanto, no habrá ningún patrocinador de marcas de tabaco o de bebidas alcohólicas, si también estuvieran prohibidas, pero a un patrocinador de otro producto comercial legítimamente registrado y legítimamente comercializable no sé por qué se le va a decir: «usted no publicite, ni haga propaganda de sus productos, ni diga que se compren». Yo no me explico entoncespara qué es la propaganda en una sociedad de consumo. Eso no es una religión o un sistema político para adoptar una idea y no comercializar; el que venda cualquier producto comercial tendrá derecho a poner la publicidad. No se nos ha entendido este tema.
Quiero decir que, con respecto al patrocinio televisivo, en la normativa que está haciendo la Unión Europea veremos como esto va a cambiar. No hagamos el ridículo de que en un mercado único de televisión, cuando salga la normativa española, resulte que las marcas comerciales de cualquier producto que se comercialice en todo el espacio económico europeo digan: esto se puede patrocinar en cualquier televisión pública europea con sentido común menos en la española, que lo han prohibido. Miren ustedes los programas televisivos en este momento en las televisiones públicas o privadas españolas, el tema del patrocinador comercialo del «sponsor», está presente permanentemente, o bien de telón de fondo o bien en el mensaje con la voz en «off» o directa de los propios presentadores del programa.
La enmienda número 124, señor Presidente, la damos por defendida en los propios términos, porque a este respecto he visto también una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al artículo 18 que en su primer párrafo deja las cosas como están. Precisamente nosotros, por un principio de seguridad jurídica, entendíamos que el régimen de sanción que contempla esta ley debe referirse a las entidades que están en el artículo 2.1. Porque resulta que dicho artículo 2.1 de este proyecto de ley habla de un tipo de televisiones públicas y privadas y aquí aparece otra cosa. No es lo mismo entidades públicas o privadas contempladas en el artículo 2.1, que lo que pretende el texto del proyecto del Gobierno y que la enmienda socialista sigue manteniendo en su primer párrafo (aunque mejora por lo que respecta a las comunidades autónomas en los párrafos 2 y 3, que eso sí, no nos merece ninguna objeción, sino el apoyo), en el que el régimen sancionar establecido será de aplicación a las empresas concesionarias de televisión privada y a las entidades públicas de televisión.


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Señores del partido mayoritario, esta ley no se puede aplicar nada más que a lo que dice exactamente, y hemos apoyado, en el artículo 2 del mismo proyecto: «Ambito territorial: La presente ley se aplica a las emisiones que se realicen desde el territorio español por las entidades públicas o privadas que presten, directa o indirectamente, el servicio público de televisión.» A eso es a lo que se aplica la ley. Aparecer aquí con que será de aplicación a empresas concesionarias de televisión privada y a las entidades públicas de televisión, no sé en qué territorio será, pero desde luego esto a las televisiones privadas las puede dejar en una inseguridad jurídica verdaderamente preocupante. En cuanto a la enmienda 125, señor Presidente, anuncio que la retiro, en razón a que ha desaparecido el artículo 20 que estaba en el proyecto. Por el mismo motivo, la enmienda 126 se retira también, porque estaba referida a la exposición de motivos que habla del capítulo del derecho de rectificación, y al desaparecer el artículo 20 desaparece esa referencia.
Respecto a la enmienda 127, nosotros la mantenemos por la especial referencia que se hace a las comunidades autónomas, diciendo que aquí estamos de acuerdo con los párrafos segundo y tercero y con la enmienda transaccional del Grupo Socialista al artículo 18. Es decir, estamos de acuerdo con dicho artículo 18 y con los dos párrafos citados. Nuestras observaciones son al primero, ya que no tiene que ver nada con el segundo y tercero, que se refieren a las competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, mantenemos la enmienda 127, porque ahí se reafirma la competencia de coordinación con las comunidades autónomas en la aplicación de la presente ley.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Para la defensa de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presentó, a la trasposición de esta Directiva, una enmienda de totalidad en función de que, a nuestro juicio, no recogía bien la mayoría de cine europeo que había que reservar o proteger; no recogía bien el tema de la reducción y ordenación de la publicidad en un servicio público esencial, como es la televisión, sea pública o privada; tampoco trasponía bien el tema de la protección a la infancia y a la juventud, y nos parecía escandaloso que una ley que se trasponía dos años y medio tarde, después de octubre de 1991, interpusiera una serie de plazos para la protección del cine europeo de hasta seis años.
En el debate de totalidad, al que la señora Mato ha llamado pantomima, el Portavoz del partido Socialista Obrero Español dijo que estos cuatro temas se iban a solucionar, que si eran el eje de una enmienda de totalidad no había ningún problema, e incluso hizo referencia explícita al tema de las transparencias de publicidad en los partidos de fútbol, cosa que está absolutamente prohibido en Europa, y ahora diré en qué términos. Naturalmente, en función del debate, yo me lo tengo que creer cuando se hace con luz y taquígrafos, señora Mato, lo cual no quiere decir que ustedes, si tanta oposición tenían a esta ley, no debieran haber pasado sin presentar la enmienda de totalidad. A esas alturas nosotros pedíamos la avocación para no dejar las espaldas al descubierto si no se cumplía ese compromiso; ese compromiso no se ha cumplido en los términos en que aquí se dijo y que figuran negro sobre blanco, y no con tinta de calamar, en el «Diario de Sesiones».
Nosotros hemos presentado una alternativa completa a la trasposición que se hace en función de cómo este tema se ha recogido en los distintos países de la Unión Europea, lo que no ha hecho el Partido Popular. Es más, el Partido Popular ha hecho aquí hoy una intervención que es de totalidad y que se debe corresponder con un voto negativo, cosa que no se hizo en la Comisión: se abstuvieron en la votación. Nosotros sí votamos en contra cuando comprobamos que no se habían recogido los términos del debate de totalidad.
El primer problema que se plantea es el de la trasposición a los dos años y medio después del límite que marcó la Directiva de la Unión Europea, dando como fecha --la he dicho anteriormente--octubre de 1991, y se ha traspuesto tarde y muy mal. Es la trasposición --me van a permitir SS.SS. el término castizo-- más cateta de la Unión Europea. No se corresponde con el debate actual en la Unión Europea, que ya está revisando esta Directiva y va muy por delante de los términos de esta trasposición. Además, como se dijo en los debates de la resolución previa, desde 1988 hasta 1989, en que se aprueba la Directiva, fundamentalmente en las ponencias del señor Barzanti, era una directiva de mínimos que cada país tendría que adaptar ampliando, puesto que se trataba simplemente de una referencia mínima a la hora de homologar todo el mercado televisivo, todo el mercado publicitario, todo el tema de la protección de la infancia y el de la protección del cine en la Unión Europea.
Pues bien, ese límite de mínimos aquí se ha bajado con mucho - -y ahora lo demostraré con números-- en el sentido de que ni siquiera se cumple la protección de la mayoría del cine europeo, y mucho menos en los plazos previstos, ya que se da un margen de cinco años para la aplicación de esa protección, que no se cumple en la mitad de las 13 cadenas existentes en nuestro país en el momento actual.
La Unión Europea adoptó un punto de vista limitado pero no pacato, un punto de vista serio, un punto de vista contra el liberalismo, la selva del mercado liberal

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en la publicidad en todas las televisiones europeas y, naturalmente, con respecto a la limitación de la telebasura.
Hubo un debate muy serio, muy fuerte, que aquí no se ha tenido en los mismos términos por la coincidencia que ha habido entre el Partido Socialista --en el tono no, pero sí en el fondo--, el Partido Popular y otros grupos conservadores de ciertas comunidades autónomas. En el proyecto de resolución de la Unión Europea, que entonces se llamaba Comunidad Económica -- han cambiado tanto las cosas a la hora de transcribir la Directiva que hasta ha cambiado el nombre de la entidad política europea--, se decía que era simplemente una etapa inicial, una etapa previa e incompleta pero indispensable y urgente; se utilizaba el término urgente para incidir cada vez más profundamente en las costumbres, en las estructuras económicas, en las características mismas de la sociedad del futuro. Se hablaba de que la publicidad era un tema clave a la hora de estudiar lo que es la emisión de un servicio público esencial, cual es la televisión, sea pública o privada. La publicidad no es un término secundario de un mercado que no debe desarrollarse desde la lógica del beneficio inmediato. Se hablaba de que había que hacer las cosas sin dirigismo pero sin fanatismo de mercado, y en este sentido había que ir a una televisión sin fronteras que no tuviera una publicidad salvaje y sin control. Aquí se han roto todos los términos, numéricos y éticos, de esta resolución de la Unión Europea, y lo vamos a demostrar incluso con el informe prescriptivo que hemos recibido en la Ponencia y en la Comisión. Se excluye, primero, del tiempo de emisión el tiempo dedicado a ofertas directas, combinándolo con un patrocinio que se parece mucho a la publicidad encubierta y que en ningún caso es homologable a cómo se recogen estas figuras publicitarias en toda la legislación europea. Las ofertas directas no están previstas en la Directiva. Esto supone que, pese a respetarse formalmente los mínimos de producciones europeas independientes --hay que llegar al 51 por ciento como mínimo de producciones europeas, que nosotros subimos al 60 por ciento por razones que ahora explicaré--, en realidad no se cumplen. Es un 50 por ciento en bruto, de donde hay que excluir el tiempo dedicado a información, deportes, concursos, juegos, publicidad y servicios de teletexto. Además, se añade aquí una serie de cuestiones, que no figuran en la Directiva de la Unión Europea, con lo cual obtenemos un tiempo bruto muy superior sobre el que se calcula el 50 por ciento, que ya no es realmente el 50 por ciento puro, es mucho menos y, por lo tanto, no se respeta la Directiva europea. En este sentido no aceptamos ese 51 por ciento que ustedes han corregido, pues, en principio, sólo recogían el 50 por ciento, porque no se llega ni siquiera al 50 por ciento en función de cómo se establece el tiempo bruto de emisión.
En el mismo sentido, señorías, las transparencias no se han recogido de manera adecuada, de manera legal, entre comillas, atendiendo a la Directiva europea. Las transparencias no existen en la forma como se han recogido en ningún país de Europa. Se recogen cuando se pueden insertar durante los intervalos, en el sentido de que el tiempo se encuentre detenido como un tiempo estructural, como un intervalo, no como una pausa cuando se lesiona un jugador, cuando hay un parón, una detención inesperada, que tampoco se sabe cuándo va a terminar, por ejemplo, en un partido de fútbol. Lo que recoge la Unión Europea, lo que realizan todas las televisiones europeas es un parón estructural, es un tiempo entre dos etapas del partido, el tiempo de descanso o de una prórroga, no otra cosa. Sin embargo, aquí se recoge de manera torticera, de manera absolutamente inaceptable.
En otro lugar, señorías, el proyecto de ley define el concepto de duración programada de manera inadecuada, la base sobre la que se debe computar la posibilidad de interrupciones como la duración total de la hora, incluidos los espacios publicitarios existentes dentro de la misma. Se computa también la duración de los espacios publicitarios, lo que supone una ampliación que no parece correcta a la hora de incluir el tanto por ciento de publicidad. Ese tiempo está también muy mal pero legalmente calculado respecto a lo que prescribe la Unión Europea.
Señorías, la nueva ley --intento ser lo más breve posible, señor Presidente--, consecuentemente, supone un aumento del tiempo bruto que las cadenas pueden dedicar a la publicidad, muy por encima del de cualquier cadena pública o privada de cualquier país de la Unión Europea, ya que se pasa de un tope del 10 por ciento del total de horas de programación anual, y de 10 minutos dentro de cada hora de programación, a un tope del 15 por ciento del tiempo diario de emisión y de 12 minutos cada hora. Se sube el tope nítido, pero teniendo en cuenta el tiempo bruto y cómo se calcula, desde luego, traspasamos todos los límites de esta publicidad que se había denunciado en todos los debates previos a la resolución de la Directiva de 1989 como algo a ordenar, como algo a reducir, como algo a tener en cuenta dentro de lo que es un servicio público esencial.
Termino, señor Presidente, diciendo que los plazos que se dan a una directiva que ha tardado dos años y medio largos en trasponerse son, en el caso de protección a la obra europea, cinco años más, y otros plazos también largos respecto a la reducción de publicidad que pensamos que deben entrar a regir a partir de principios del próximo año.
Por todas estas causas pensamos que el debate de totalidad no es que fuese una pantomima; es que se nos prometió que esto se iba a recoger y no se ha recogido. Para cubrirnos las espaldas, pedimos la avocación del debate que terminase en Pleno. Una vez terminado en

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Pleno, decimos que rechazamos absolutamente la trasposición que se ha hecho de esta Directiva europea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario mantiene vivas un total de siete enmiendas a este importante proyecto de ley de trasposición de la Directiva europea de televisión. Digo que es importante por cuanto va a incidir en algo tan popular e influyente en nuestra sociedad como es el mundo de la televisión, cuyo contenido hay que regular al existir unos intereses superiores que los poderes públicos deben defender y que son, principalmente, los derechos del espectador, la protección de los menores y todo lo inherente a la identidad cultural de los pueblos. Algunos de estos aspectos o venían ya convenientemente regulados en el proyecto de ley o, desde nuestro punto de vista, han sido considerablemente mejorados en el precedente debate en Comisión. En otros aspectos no es así: aquellos que es obvio que son objeto de enmiendas vivas por parte de este Grupo y que a continuación voy a repasar.
Las enmiendas números 60, 61, 63 y 68 pretenden, todas ellas, una mejor garantía de los derechos del espectador. Así, la primera de ellas, la número 60, propone la inclusión en el artículo 10, relativo a la publicidad prohibida, de aquella que incite a la violencia y a comportamientos antisociales, que apele al miedo o a la superstición o que pueda fomentar abusos imprudencias, negligencias o conductas agresivas; también aquella que incite a la crueldad o maltrato de personas o animales o a la destrucción de bienes culturales o naturales. Entendemos nosotros, y nos parece muy importante, que debería incorporarse en este precepto que regula la publicidad prohibida a la publicidad de tipo político, inclusión que entendemos que no puede ser más que beneficiosa, puesto que además de necesaria para garantizar la igualdad y el pluralismo político contribuiría a evitar un incremento innecesario de los gastos electorales. En ese sentido debo decir también que no podemos admitir, por tanto, la transacción que nos propone el Partido Popular en cuanto recoge sólo una parte de la enmienda número 60 y, en cambio, excluye la publicidad de tipo político.
En cuanto a la enmienda número 61, queda suficientemente explicitada en sus propios términos al incluir el necesario respeto a la legislación en materia de protección de la salud en la publicidad de bebidas alcohólicas.
Por lo que se refiere a la enmienda número 68, tiene relación con algo que reiteradamente se ha venido denunciando en la Cámara, especialmente por nuestro Grupo Parlamentario, como es la situación de saturación publicitaria en televisión. Creemos que en este tema ante todo debe exisitir un serio compromiso por parte del Gobierno de hacer cumplir la legislación vigente, cosa que aunque parezca sorprendente no ha sucedido hasta el momento. Si no es así, si esto no sucede, si no hay un cambio de actitud por parte del Gobierno, continuaremos con el desordenado panorama actual, donde cada cadena hace lo que quiere y, al final, el gran perjudicado no es otro que el telespectador. Hay que hacer respetar la prohibición en la emisión de publicidad de determinados productos, los lapsus entre cortes publicitarios o los cómputos de publicidad. Pero mal vamos, cree este Grupo Parlamentario, si de entrada ya estamos fijando un plazo de dieciocho meses para empezar a aplicar las normas relativas a estas cuestiones. Entendemos que no existe ninguna razón de tipo técnico o publicitario que justifique esta demora, ya que estableciendo como proponemos nosotros, y también otros grupos como el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como digo, estableciendo un plazo único del primero de enero de 1995 se garantiza el cumplimiento de los compromisos publicitarios contraídos por las televisiones, además de la homogeneidad y coherencia en el cumplimiento de la ley.
En cuanto a la enmienda 66, se refiere a un aspecto que también nos parece fundamental del proyecto, que es la protección de los menores frente a la programación. Incide sobre este importante aspecto que a nuestro parecer no se trata con suficiente rigor en el proyecto de ley en su redactado actual. Ya nos sorprendió, en el momento en que se presentó el proyecto a la Cámara para su aprobación por el Consejo de Ministros, que un proyecto de ley aprobado el pasado mes de diciembre, si no recuerdo mal, no tuviera en cuenta la proposición no de ley que el día 30 de noviembre había votado el Pleno de la Cámara, precisamente sobre el mismo asunto. De hecho, nuestra enmienda rescata y adapta ese texto al establecer la prohibición entre las 6 y las 22 horas de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores y en especial de películas no recomendables para menores de 18 años; prohibición que creemos que debería extenderse a la autopromoción de las cadenas y completarse con la advertencia de la franja de edad para la que está indicada cada emisión durante el citado horario. Nada más y nada menos que lo mismo que aprobó la Cámara, si no recuerdo mal, por unanimidad el pasado día 30 de noviembre.
Estoy de acuerdo con la propuesta que efectúa la portavoz del Grupo Popular en el sentido de incluir también la publicidad dentro de estas limitaciones.
Por último, sólo me restan las enmiendas números 59 y 67, la primera de ellas con el objeto de posibilitar, de acuerdo concretamente con el artículo 8 de la Directiva

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de cuya trasposición se trata, que las comunidades autónomas con régimen de cooficialidad lingüística puedan distribuir entre dichas lenguas el tiempo de reserva para obras europeas a que se refiere el artículo 5. La segunda, la número 67, pretende corregir lo que desde nuestro punto de vista constituye un grave despropósito del proyecto cuando, efectuando un malabarismo interpretativo del bloque de constitucionalidad, reserva en exclusiva para el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente las funciones de control, inspección e imposición de sanciones derivadas del incumplimiento de esta ley, en base a las competencias que atribuye en materia de telecomunicaciones y radiocomunicaciones. Existe en la base de este proyecto de ley el convencimiento, por parte del Ministerio, de que se fundamenta exclusivamente en los títulos competenciales que establecen la competencia exclusiva por parte de la Administración del Estado en materia de telecomunicaciones y radiocomunicaciones. Eso no es así, porque si ustedes examinan el proyecto de ley verán que está entrando de una forma directísima en toda una serie de aspectos que afectan a las competencias de las comunidades autónomas en materias tan importantes como son el régimen de radio y televisión, medios de comunicación social, infancia, juventud, etcétera, que corresponden, como les decía, a las comunidades autónomas, como ha sido corroborado por el propio Tribunal Constitucional. Ya anuncié en Comisión que si el proyecto se aprobaba en su redacción actual nuestro Grupo Parlamentario no iba a tener ninguna duda a la hora de promover el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra estos aspectos del proyecto.
Afirmación que mantengo en este momento, pero permítanme añadir que este aspecto del proyecto, fundamental para nosotros, que incluso ha sido criticado por el informe que emitió en su día el letrado de la Comisión, trasluce una voluntad reductora de competencias autonómicas que lamentamos francamente.
Y termino, señor Presidente, pidiendo que, por favor, nadie esgrima las exigencias de este Grupo Parlamentario como coartada para justificar determinadas modificaciones en el texto original del proyecto, porque está visto que hasta el momento el Grupo Socialista sólo ha cedido en aquello que le ha convenido. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder. Para la defensa de las enmiendas presentadas conjuntamente por el Grupo Vasco (PNV) y el señor Albistur, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el señor Albistur, en nombre de Euskal Ezkerra, mantenemos vivas cinco enmiendas para este debate de la trasposición de la Directiva de Televisión sin fronteras. Es una trasposición que entendemos que se hace tarde, que está descafeinada en sus contenidos y que no está estructurada para un Estado autonómico con televisiones públicas de titularidad estatal y autonómica. Entendemos, señor Presidente, que se está desaprovechando una buena oportunidad para consolidar el Estado democrático de las autonomías también desde la perspectiva y desde el mundo de la televisión y de lo audiovisual.
En lo que respecta a los contenidos, resulta ciertamente interesante realizar la labor de comparación de la propia Directiva en su original con los contenidos que se presentan en esta trasposición, en este proyecto de ley. No era mucho el trabajo, señor Aguiriano, ni siquiera complicado. Usted puede sacar las conclusiones.
Desde el Grupo Vasco, desde el Partido Nacionalista Vasco y de Euskal Ezquerra entendemos que se ha priorizado el pacto con las televisiones privadas, que son las auténticas artífices del descafeinamiento de este proyecto de ley. Ustedes, que son tan defensores de la televisión pública, están atrapados en la maraña de las televisiones privadas, señor Aguiriano --¡quién lo iba a decir!--, cuando la televisión en toda Europa está siendo objeto de reflexión cultural y de actuación política decidida. De su desarrollo depende no sólo la actuación coherente y eficaz de la política cultural, sino incluso la orientación estratégica de la propia economía. Se ha llegado a afirmar, señorías, que los acontecimientos en el campo audiovisual pueden convertirse en la prueba de fuego decisiva para el futuro europeo, tanto tecnológico como económico y cultural. Ciertamente el paisaje audiovisual vive un proceso acelerado de cambio, debido a la permanente innovación tecnológica que ha propiciado una creciente penetración de intereses privados en la esfera de la comunicación, una pérdida de control gubernamental sobre las frecuencias, una consideración de la cultura audiovisual como industria sometida a las leyes de la competencia y abierta a mercados europeos y mundiales. Cada vez es más libre la circulación de capitales y programas. Ante todas estas circunstancias, señor portavoz del Grupo Socialista, ¿no tiene usted la impresión de que estamos un tanto estáticos, en la higuera, como mirando a la luna? El párrafo tercero del artículo 189 del Tratado de la Comunidad Europea indica que las directivas obligan a todo Estado miembro al que van dirigidas en cuanto a los resultados que debe alcanzar, si bien será de la competencia de cada Estado la forma y los medios. En estas materias en que las comunidades autónomas tienen competencia legislativa se entiende por la doctrina del Tribunal Constitucional que es el Estado el único

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competente para la integración en el Derecho interno, siendo preciso, por tanto, como título previo, para que las comunidades autónomas traspongan una directiva, que el Estado recepcione estas normas mediante una norma de integración, siendo sólo a partir de la misma cuando las comunidades autónomas puedan adoptar a su vez normas de trasposición.
Nosotros no vamos a discutir eso hasta ahí, pero junto con ello debemos indicar que existen otras formas y otras maneras de realizar estas trasposiciones. Incluso la propia memoria del proyecto de ley recoge cómo se han hecho trasposiciones de esta misma Directiva en otros Estados europeos con estructuras federales o autonómicas. En Alemania, por ejemplo --y se recoge en la memoria que trae el propio proyecto--, esta trasposición ha sido la efectuada de acuerdo con su estructura federal --leo textualmente la memoria remitida por el Ministerio-- habiéndose firmado un acuerdo entre el Gobierno federal y los 16 länder en enero de 1992, que ha determinado una aplicación rigurosa y homogénea de la Directiva en todo el territorio de la República Federal. ¿Por qué no se siguen los ejemplos europeos, señor Aguiriano? Porque el proyecto de ley que se presenta desconoce absolutamente las competencias de las comunidades autónomas para trasponer y ejecutar una directiva comunitaria.
Entendemos que no sería razonable tener que recurrir al Tribunal Constitucional en materias como ésta que deberían conducir a acuerdos y consensos básicos en el respeto de las competencias de cada una de las instituciones. Señor Aguiriano, recoja el guante que le ha lanzado el portavoz del Grupo Catalán en la intervención anterior y haga lo posible, lo que esté en su mano, cosa que no dudo que realizará, para que esas actuaciones posteriores ante los tribunales puedan ser evitadas, porque las funciones de control, de inspección e imposición de sanciones, como meras funciones ejecutivas, deben corresponder sin cortapisa alguna a las comunidades autónomas. Nos parece grave ya que el propio Ministerio sea capaz de remitir un proyecto de ley a esta Cámara sin tener en cuenta estas consideraciones. Creemos que entre el debate de hoy y el que se produzca en el Senado, antes de que este proyecto de ley vuelva a esta Cámara, va a haber oportunidad para enmendar estos aspectos que ya no son discutibles, sino que entran dentro del marco competencial que nosotros mismos nos hemos dado en esto que se llama Estado autonómico.
Este Grupo Parlamentario considera que la materia incidida por esta Directiva se encuentra dentro del haz competencial de aquellas comunidades autónomas que, como la vasca, ostentan competencias en materia de medios de comunicación social, junto a las de cultura, juventud y menores, y defensa de los consumidores y usuarios, por citar las materias más relevantes. En definitiva, en nuestra opinión, señor Presidente, ha de corresponder a aquellas comunidades autónomas con facultades normativas en las materias referidas la trasposición de esta normativa comunitaria respecto de su ámbito territorial y para aquellas emisiones de televisión que se realicen desde su ámbito territorial y que se circunscriban exclusivamente a esto. Este criterio debe entenderse sin perjuicio de que el Estado trasponga inicialmente la normativa europea citada y que dicha trasposición tenga un valor supletorio para los ordenamientos autonómicos en tanto éstos no pasen tal trasferencia normativa a sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Entendemos, en consecuencia, señorías, que esta Directiva debe dar pie para pasar del eurolenguaje a los hechos. Es muy fácil ser europeos en teoría, pero todos constatamos las dificultades que se experimentan a la hora de trasladar estas normativas al Derecho del Estado. Entendemos que desde el Estado se aplica la Directiva a las televisiones autonómicas, pero que a éstas se les impide circular por Europa en los propios circuitos audiovisuales. No estaría aquí mal, señor Presidente, recordar las circunstancias en las que todavía se encuentra el tema de la participación de las televisiones autonómicas en la UER. Si, como parece, el proyecto de ley puede entrar en vigor dentro de unos meses seguimos sin entender --y compartimos los criterios manifestados por el portavoz del Grupo Catalán en su intervención anterior-- cómo los plazos para la aplicación de esta normativa son tan extensos en el tiempo. Entendemos que la contratación de la publicidad para las televisiones no se vería afectada, en la medida en que su planificación se hace a medio plazo, si esta Directiva entrase en vigor el 1.º de enero de 1995 y así lo proponemos.
En conclusión, señor Presidente, desde el Grupo Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Ezkerra, entendemos que el marco legislativo en materia de radiotelevisión ha quedado obsoleto. Es una apreciación compartida por todos los grupos en la Ponencia de actualización del Estatuto de Radiotelevisión Española que sigue, señor Aguiriano, en el invernadero. Mientras tanto se sigue parcheando en el mundo audiovisual, acometiendo reformas y trasposiciones urgidos y apremiados por instancias distintas a esta Cámara.
En relación a las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Vasco a esta trasposición, señor Presidente, creo que son tres las razones básicas que las sustentan. Una primera solicitando, como he intentado describir en esta intervención, la correcta trasposición de una directiva europea al Estado autonómico que hemos vertebrado. Una segunda, que la directiva comience a aplicarse el 1 de enero de 1995, y una tercera, que las funciones de control, inspección e imposición de sanciones, como meras funciones ejecutivas que son, sean competencia de las comunidades autónomas para aquellas emisiones de televisión que se realicen desde su ámbito

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territorial y que se circunscriben exclusivamente a éste.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
Para turno en contra, tiene la palabra el señor Aguiriano.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor Presidente, la presente ley incorpora al derecho español una Directiva europea, la 89/552, que pretende coordinar las actividades de la radiodifusión televisiva de los países comunitarios. Yo no voy a hacer una alabanza de la importancia del presente proyecto de ley porque ya ha sido hecha por otros portavoces que me han precedido, y en aras de la brevedad les ahorro a SS.SS. esas valoraciones, pasando directamente a contestar a las enmiendas que nosotros consideramos más importantes que se mantienen vivas en este debate.
Se plantea desde el Grupo Mixto la necesidad de que el 50 por cien de las emisiones de la propia Televisión Española, por poner un ejemplo, dirigida a Cataluña, se haga en la propia lengua de la comunidad autónoma, y se refieren también, a pesar de que he citado a la televisión pública, tanto a las públicas como a las privadas. Como los terceros canales, que dedican un canal de televisión en aquellas comunidades autónomas que tienen lengua propia, ya dedican el cien por cien del tiempo a la lengua de su propia comunidad, y pienso que las otras televisiones deben ser ellas las que decidan cuánto tiempo dedican a un idioma o a otro (en cualquier caso, según la información que yo tengo, en las desconexiones que Televisión Española hace, por lo menos de cara a Cataluña, el cien por cien del tiempo lo hacen en catalán), no podemos aprobar esta enmienda.
Coalición Canaria tiene una enmienda en la que pretende que el plazo en el que una película puede ser exhibida o difundida por la televisión sea de un año después de su estreno en cualquier sala cinematográfica cuando el proyecto de ley habla de dos años como plazo mínimo. Pensamos que para proteger la industria cinematográfica y que no aumente la crisis, lo que hay que hacer es mantener el texto original.
También tiene, igual que otros grupos, una propuesta de mantener la posibilidad de extinción de la concesión administrativa de las televisiones privadas como propuesta de sanción en determinados casos, que la contestaremos al hacerlo a otros grupos parlamentarios.
El Grupo de Izquierda Unida tiene una serie de enmiendas. Una de ellas, por ejemplo, habla del problema de las transparencias que no está contenido en la Directiva. Nuestro Grupo piensa que lo fundamental no es copiar al pie de la letra lo que dice la Directiva, sino que se trata, sobre todo, de adaptar la realidad española manteniendo el espíritu de esa Directiva y, fundamentalmente, no yendo claramente contra la misma.
Pensamos que con las limitaciones de espacio y de tiempo del uso de las transparencias que pretende la trasposición de la Directiva cumplimos firmemente esa idea inicial de no ir directamente en contra del mantenimiento del espíritu.
Propone una serie de enmiendas que lo que pretenden es modificar tiempos y plazos de lo que dice la Directiva. Donde la Directiva dice que la publicidad... (Los rumores no dejan oír al orador.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Aguiriano.
Por favor, señorías, ocupen sus escaños y guarden silencio. Es imposible poder atender lo que indica el Diputado que está interviniendo. (Pausa.) Cuando quiera.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Como iba diciendo, hay determinadas enmiendas que lo que pretenden es modificaciones de tiempos o de plazos de lo que dice la Directiva. Así, por ejemplo, la publicidad dentro de programas determinados, donde la Directia dice que como mínimo cada veinte minutos, ustedes dicen cada treinta minutos; la publicidad dentro de cada película, cuando la Directiva dice cada cuarenta y cinco minutos, ustedes dicen como mínimo cada sesenta minutos. Cuando se habla de que en la publicidad diaria dentro de las veinticuatro horas lo dedicado a publicidad sea un 15 por ciento, ustedes proponen un 10 por ciento. Cuando se habla de que la publicidad en cada hora sea de, como máximo, doce minutos, ustedes se refieren a diez minutos. Cuando se dice que la oferta de venta directa al público a través de la televisión sea como máximo de sesenta minutos al día, ustedes ponen cuarenta y cinco minutos al día.
Me van a permitir que les diga que razonablemente se podía aprobar y la propuesta de la trasposición que nosotros hubiésemos traído a esta Cámara podía poner la cifra que ustedes dicen, pero me van a permitir que opine, posiblemente equivocado, que si hubiésemos propuesto lo que ustedes nos proponen hubiesen seguido rebajando la cifra y que la posibilidad de llegar a acuerdo con ustedes en este tema hubiese sido prácticamente imposible. En cualquier caso, las cifras sobre estos temas que aparecen en la trasposición son las que vienen en la Directiva y estamos absolutamente de acuerdo con ella.
Además, estamos legislando para la sociedad actual y con los problemas actuales y no estamos legislando para un mundo hipotético. En este momento, todas las televisiones públicas y privadas están pasando por crisis económicas graves y se acercan nuevas situaciones que pueden agravar su posición. La aparición de la televisión por cable o las apariciones de las televisiones

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locales, que se van a discutir dentro de muy poco en esta Cámara, van a plantear situaciones económicas que conviene, de alguna manera, tener también en cuenta.
Ustedes hablan, igual que otros grupos parlamentarios, del mantenimiento de la sanción de extinción de la concesión en el caso de determinados supuestos. En el capítulo de sanciones se estudian diversas acciones posibles y se está exceptuando por aplicación de esta ley la posibilidad de la extinción en la concesión. Por ahora, podemos seguir hablando del tema, queda el trámite del Senado, pero pensamos que difícilmente las televisiones públicas pueden ser sancionadas por la concesión; difícilmente el Estado va a sancionar con la extinción de la concesión a la Televisión Española: difícilmente comunidades autónomas van a sancionar a sus propias televisiones, a las televisiones de los terceros canales, con la extinción de la concesión y, en aras del mantenimiento de una igualdad de trato, por ahora no se contempla, aunque intentaremos buscar una solución de cara al trámite del Senado.
La enmienda número 29 pretende añadir una nueva disposición adicional segunda, que trate sobre la protección de obras audiovisuales. Podíamos estar de acuerdo, pero pensamos que no es este el lugar donde se debe discutir, aparte de que el texto puede ser bastante conflictivo, porque ustedes hablan de tratar de defender la duración íntegra, por ejemplo de las películas, y el problema que hay es qué es la duración íntegra, ¿la duración de la película que realizó el director? ¿La duración con la que el director la saca al mercado en el país de Europa o en el país del mundo en la que se presente? ¿La duración comercial con la que se presenta? Podríamos seguir hablando. Quizás, como digo, no sea este el proyecto de ley en el que deberíamos discutir ese tema, pero puede ser digno de discusión.
En las disposiciones transitorias también hay modificaciones de los plazos que contiene el proyecto de ley. El porcentaje debe ser de obra europea cuando se dice alcanzar el porcentaje, lo cual no quiere decir que haya que esperar cinco años para alcanzar el porcentaje del 51 por ciento, sino que en cinco años hay que alcanzarlo, pero hay que ir alcanzándolo progresivamente. Donde el proyecto dice cinco años ustedes hablan de tres. En el plazo de reserva de producción independiente, donde habla de seis años, ustedes hablan de cuatro. El período transitorio de interrupciones publicitarias, de acuerdo con otros grupos políticos, ustedes proponen que se inicie el día 1 de enero de 1995. Por las razones económicas, de plazo, de adaptación de las televisiones públicas y privadas a esa nueva situación, el proyecto de ley prevé plazos de seis, doce y dieciocho meses.
Podemos seguir hablando en el trámite del Senado.
El Partido Nacionalista Vasco --y le agradezco que haya personificado en mí prácticamente todas las maldades de este proyecto de ley que se le ocurren al portavoz nacionalista-- hace referencia a tres tipos de enmiendas importantes: la sanción de extinción de la concesión, a la que acabo de contestar; las funciones de control, inspección y sanción, que posteriormente leeré una enmienda transaccional que presentamos a la enmienda número 67 de Minoría Catalana; y el período transitorio para interrupciones publicitarias, a lo que también acabo de contestar.
Ustedes me dicen que sigamos el ejemplo europeo. Podemos seguirlo, pero siempre, no sólo cuando a ustedes les interesa.
Cuando hay algún tipo de competencia, de respeto a las competencias que puedan tener en algún Länder en Alemania o en algún cantón en Suiza, ustedes ponen siempre el ejempleo europeo; cuando ese ejemplo resulta que no es tan interesante para sus opiniones políticas, entonces no hablan de ello.
Cojamos cualquier ejemplo europeo y hablemos de todo lo que haga falta, pero no creo que sea tampoco éste ni el momento ni el lugar. Utilicemos todos los ejemplos y no solamente los que nos convienen. Comprendo que políticamente es interesante, pero todos tenemos derecho a tener también nuestra opinión, y la mía, por ahora, es ésa. Hay muchos ejemplos en Europa y cada uno puede tirar de los que más le convienen.
Convergència i Unió, entre sus diversas enmiendas, tiene alguna importante. A la número 60 presentamos una enmienda transaccional, que paso en este momento al Presidente de la Cámara. La enmienda número 60 consta de tres apartados. El apartado c), que hace referencia a lo que el portavoz de Minoría Catalana ha citado sobre publicidad política, y los apartados d) y e), sobre publicidad que incita a la violencia, publicidad que incita a la crueldad, etcétera. Nuestra enmienda transaccional pretende que los puntos d) y e) de esta enmienda, es decir, el segundo y el tercer punto de esta enmienda, pasen al artículo 9.º, que sean un nuevo párrafo del apartado primero del artículo 9.º, que se refiere a la publicidad ilícita; y el apartado c), referido a la publicidad política, quede como apartado c) del artículo 10. Es decir, los apartados d) y e) estamos dispuestos a votarlos a favor como un nuevo apartado del artículo 9.º y el apartado c), que es lo que quedaría vivo de la enmienda número 60, estamos dispuestos a votarlo a favor para que se incorpore al artículo 10 del proyecto.
La enmienda 61 hace referencia a tener en cuenta en la publicidad de bebidas alcohólicas la legislación en materia de protección de la salud. Creemos que aprobar esta enmienda no dice absolutamente nada, porque la Ley de Protección de la Salud no dice nada referente a la publicidad de bebidas alcohólicas.
Consideramos que aprobar esto no significa absolutamente nada.
A la enmienda 66, sobre la protección de menores, presentamos una enmienda transaccional en la Comisión, y no hubo posibilidad de acuerdo en ese momento. En esa enmienda hacíamos también referencia a la

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publicidad de ese tipo de espacios. No hubo posibilidad de acuerdo en la discusión en Comisión; esperemos encontrar ese acuerdo necesario en el posterior trámite del Senado.
Su enmienda nos crea problemas porque habla de películas no recomendables para menores de 17 años o películas consideradas «X». ¿Quién califica qué película es para un menor de 17 años? Para ese tema tendremos que buscar una solución que nos permita llegar a algún acuerdo.
La enmienda 67 se refiere a las competencias en los temas de inspección, control y sanción. Tenemos una enmienda transaccional que supone que sean las comunidades autónomas las que ejerzan las funciones de control e inspección, así como imposición de sanciones, respecto a los contenidos de la programación de los terceros canales propios y de los servicios de televisión sobre los que les corresponde otorgar el título habilitante. Creo que con ello solucionamos un problema importante en cuanto a la enmienda que presenta Minoría Catalana y en cuanto a lo que ha dicho en su intervención el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco.
En cuanto al tema del período transitorio con las interrupciones publicitarias, me atengo a lo dicho anteriormente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguiriano, vaya concluyendo.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Voy concluyendo en muy breves minutos, señor Presidente.
Con respecto al Partido Popular, independientemente de que la enmienda transaccional al título en estos momentos no podemos aceptarla, pero podemos seguir discutiendo posibles acuerdos de cara al Senado, voy a referirme fundamentalmente a dos tipos de enmiendas que SS.SS. presentan.
En casi todas las enmiendas que presentan a casi todos los artículos pretenden un trato diferenciado entre televisiones públicas y televisiones privadas, con un nivel de exigencia muy superior para las televisiones públicas que para las televisiones privadas, y no estamos dispuestos a ello. Si el día de mañana se varían las condiciones de financiación, podremos hablar de todo lo que usted quiera, pero en este momento en el que las condiciones son prácticamente las mismas, no estamos dispuestos a que exista un trato diferenciado, y su trato es extraordinariamente gravoso para las públicas y beneficioso para las privadas. Eso no vamos a aceptarlo.
En otras enmiendas pretenden sustituir el servicio público de la televisión por un servicio de interés público. Ni es el momento, ni es la ley. Aprobarlo aquí sería ir en contra de todas las leyes que se han aprobado sobre televisión que hacen referencia a servicio de interés público. Modificarlo aquí supondría modificarlo en todas las leyes, y no estamos por la labor. A parte de que el Tribunal Constitucional ha vuelto a decir, una vez más, que es perfectamente constitucional.
Seguimos defendiendo el servicio público de la televisión.
No es este tampoco el lugar adecuado para instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley audiovisual. Lo discutiremos cuando ustedes quieran. Y no puedo terminar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Aguiriano, termine por favor.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Termino, señor Presidente.
No puedo terminar sin hacer referencia a esa voluntad y a ese proyecto de gobierno que ustedes dicen que tienen, proyecto de gobierno que me supongo que será más tarde que temprano y que, en cualquier caso, será primero pasando por las urnas.
Proyecto de gobierno y proyecto de futuro que no sé si servirá a los intereses generales del país, pero que por las enmiendas que presentan en este proyecto de ley defienden claramente los intereses de las televisiones privadas y los intereses privados en general. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Turno de réplica.
(Pausa.) Tiene la palabra la señora Mato.


La señora MATO ADROVER: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quería preguntar al portavoz del Grupo Socialista, porque no le he oído, en relación con la enmienda transaccional al título de la ley, sobre la que tampoco se han pronunciado el resto de los grupos.
En cuanto a algunos comentarios del portavoz de Izquierda Unida, señor Alcaraz, quisiera decirle que tenemos presentadas vivas en este momento 34 enmiendas a este proyecto de ley. Le pido que las vote y entonces verá los cambios radicales que se producen en el proyecto del Gobierno con las enmiendas incorporadas del Grupo Popular.
Al portavoz del Grupo Socialista quisiera decirle que nosotros lo que defendemos es el pluralismo informativo y el pluralismo televisivo en España. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola.
(Pausa.). Señor Mardones. (Pausa.) Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Para decir, brevísimamente, señor Presidente, que sentimos mucho que las propuestas hechas por el Partido Socialista Obrero Español, a través de su portavoz en aquella ocasión, señor García-Arreciado, no se hayan mantenido ni en

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Comisión ni luego en Pleno y si ha girado en alguna dirección ha sido a la derecha, afortunadamente no tan a la derecha como las enmiendas que plantea el Partido Popular, eliminando la televisión como servicio público esencial. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, quisiera manifestarme sobre las transacciones ofertadas por los distintos grupos.
En cuanto a la transacción del Grupo Socialista a nuestra enmienda número 60, la aceptamos. Se dividiría en dos partes, una que afectaría al artículo 9.º y otra al artículo 10, según ha explicado el señor Aguiriano. Es una enmienda que se refiere a la publicidad prohibida. Por tanto según queda entendido, el aspecto relativo a la publicidad política quedaría incluido entre el artículo 10 y el resto de nuestro texto con su transaccional dentro del artículo 9.º como publicidad ilícita. Aceptamos la transacción y además nos parece un paso importante que ha dado esta Cámara en el día de hoy.
En cuanto a la propuesta que efectuaba la portavoz del Grupo Popular, señora Mato, también he manifestado que estábamos de acuerdo con la misma. Se refería a nuestra enmienda número 66, en la que si no entiendo mal, dentro del primer párrafo, la última frase diría exactamente: Esta prohibición será también aplicable a los espacios publicitarios --esta es su propuesta- -y a los dedicados a la promoción de la propia programación.
¿Es así? (Asentimiento.) Pues también nos parece bien.
Lo que lamentamos es que, con independencia de si esta enmienda va a ser aprobada o no hoy por el Pleno de la Cámara, hayamos sido incapaces de ponernos de acuerdo la totalidad de los grupos acerca de un tema tan importante como es el de la protección de los menores frente a la programación de televisión, algo que sí que conseguimos el día 30 de noviembre, pero hoy no. Espero que en los sucesivos trámites, es decir, en el Senado podamos hacerlo.
Asimismo, hay una enmienda transaccional del Grupo Socialista a la nuestra número 67, que vamos a aceptar porque creemos que supone un paso adelante con nuestra propuesta. Sin embargo, le debo decir que no estamos de acuerdo en la globalidad de su propuesta transaccional, en cuanto ustedes obvian todo lo que hace referencia al régimen de inspección, control y sanción de las desconexiones de otras televisiones que no sean las autonómicas.
Si el motivo de su enmienda es que rectifican, en su concepción anterior, el título habilitante para dictar este proyecto de ley, lógicamente entendemos que esa rectificación debería afectar también a estos aspectos que,en definitiva, inciden exclusivamente en una comunidad autónoma.
Por último, simplemente quiero lamentar que no se acepte nuestra enmienda número 59, por parte del Grupo Socialista y supongo que tampoco por parte del Grupo Popular, dentro de lo que es el espíritu de la Directiva y de su trasposición al proyecto de ley, que pretende establecer unas normas más rígidas de protección de las lenguas minoritarias. Está perfectamente de acuerdo con el proyecto de ley y está perfectamente de acuerdo con lo que es la Directiva, es más, se desarrolla amplia y acertadamente en el proyecto de ley; en cambio, ustedes no están de acuerdo, y parece ser que van a votar en contra, con el hecho de que sean las comunidades autónomas las que también puedan adoptar y aprobar normas para proteger su lengua propia.
Espero que esto también pueda ser corregido de alguna forma en el Senado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Agradezco en primer lugar, en nombre del Grupo Vasco, el tono de la intervención del señor Aguiriano al referirse a las enmiendas que este Grupo presenta y, sobre todo, el cariño y el detenimiento que le han merecido en el análisis que ha realizado, sobre todo por la transacción ofrecida en relación con las funciones de control, inspección y disposición de sanciones, como funciones ejecutivas que son en el ejercicio de estas competencias.
Constato de la intervención del señor Aguiriano que comparte gran parte de las preocupaciones que tiene este Grupo en relación con la televisión pública y leo entre líneas que el Grupo Socialista va a estar en disposición, en un período corto de tiempo, de poder presentar estos proyectos de ley a la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de Txabarri.
El señor Aguiriano tiene la palabra.


El señor AGUIRIANO FORNIES: Voy a ser muy breve.
Compartiendo las preocupaciones de la mayor parte de la Cámara, por lo que veo, sobre lo que es la defensa de la televisión pública, estoy seguro de que en debates posteriores sobre estos temas podremos llegar fácilmente a acuerdos, como digo, en defensa de esa televisión pública.
En cualquier caso, quería contestar a un tema que posiblemente en mi intervención no había aludido. En

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la enmienda número 59, Convergència i Unió hace una llamada a la defensa de las lenguas propias de comunidades autónomas, por parte de las televisiones. No habíamos hecho referencia a la misma porque pensábamos que de alguna manera la habíamos contestado en la respuesta de la enmienda del Grupo Mixto.
Nuestra oposición no está basada en que no estemos de acuerdo en que las comunidades autónomas puedan utilizar los medios de que disponen para la defensa de su lengua propia, porque pensamos que en los terceros canales de las tres comunidades con lengua propia se utiliza el cien por cien de su horario en lengua propia (hay una defensa clarísima de la lengua propia en esas comunidades autónomas) y, al menos por lo que yo sé que ocurre en Cataluña (no tengo conocimiento directo porque no vivo allí), las propias desconexiones de Televisión Española se hacen también en lengua catalana. Por ello, no comprendemos limitarlo al cincuenta por cien cuando en la mayor parte de los casos lo que se está haciendo es el cien por cien. Pensamos que aprobar esta enmienda iba en contra de lo que usted dice que está defendiendo en este momento.
Creemos que es mucho mejor el texto que lo que usted dice, que sería limitar a la mitad la utilización de la lengua propia.
Precisamente por eso no la hemos aprobado.
En cualquier caso, yo creo que el debate ha sido fructífero, el Grupo Socialista aprobó bastantes enmiendas en la Comisión y presentó bastantes transacciones, muchas de las cuales fueron aprobadas. Esperamos que las divergencias que existan se estudien en el tiempo de discusión en el Senado para poder llegar al mayor acuerdo posible, con el fin de que en esta ley, que al fin y al cabo no es más que una ley técnica (no hay ningún tipo de discusión política) podamos llegar al mayor acuerdo y al mayor consenso posible.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate, pasamos a la votación de las enmiendas y del proyecto de ley.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones correspondientes a las enmiendas a este proyecto de ley.
Enmiendas del Grupo Popular, excepto la número 69, afectada por una enmienda transaccional. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.) Señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Quisiéramos votación separada de las enmiendas 79, 86 y 93, que se pueden votar conjuntamente.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Popular 79, 86 y 93.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 148; en contra, 153; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 125; en contra, 176; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional en relación con la número 69, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 149; en contra, 155; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, excepto la 115, retirada para propiciar la votación de una transaccional. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.) Señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Gracias, señor Presidente.
Quisiéramos votación separada de las enmiendas 120, 124 y 127.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria números 120, 124 y 127.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 26; en contra, 281.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Pedimos votación separada de la enmienda 119.
El señor PRESIDENTE: Enmienda número 119 del Grupo de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, diez; en contra, 172; abstenciones, 125.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, excepto las que han sido retiradas en el curso del debate y la ya referida número 115 objeto de transacción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 12; en contra, 295.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular en relación con la enmienda número 115 del Grupo de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 135; en contra, 171; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Rahola, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 29; en contra, 263; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Le solicito la votación separada de las enmiendas 11 y 14 del resto. (El señor Recoder i Miralles pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, solicito votación separada de las enmiendas 11, 17, 22, 28 y 32.


El señor PRESIDENTE: Enmienda número 11 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 167; en contra, 139.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores.) Enmienda número 14 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 153; en contra, 152; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.--Rumores.) Silencio, señorías.
Enmiendas número 17, 22, 28 y 32.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 43; en contra, 260; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 22; en contra, 282; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 60, 66 y 67, que han sido retiradas al objeto del poder votar las transaccionales referidas a las mismas. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Le solicito votación separada de la enmienda número 61.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.) Señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, en la enmienda número 60 queda vivo el primer párrafo, no afectado por la transaccional ofrecida por el Grupo Socialista. Por tanto, pido que se vote separadamente. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito que las tres transaccionales sean votadas por separado.


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El señor PRESIDENTE: Enmienda número 61 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 25; en contra, 158; abstenciones, 123.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) número 60 relativa al artículo 10, apartado c), no los apartados d) y e), que son objeto de una transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 183; en contra, 122; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas, excepto, insisto, la número 60, relativa al artículo 10, apartados d) y e), y las números 66 y 67.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 43; en contra, 263.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmienda transaccional relativa a la enmienda número 60, apartados d) y e).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 162; en contra, 142; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda transaccional del Grupo Popular, relativa a la enmienda 66 del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 152; en contra, 154.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. (Rumores.) Enmienda transaccional del Grupo Socialista en relación con la enmienda número 67 del Grupo Catalán.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 158; en contra, 22; abstenciones, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (Rumores.) Enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 43; en contra, 263.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votaciones correspondientes al dictamen de la comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 143; en contra, 20; abstenciones, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Votación relativa a la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 278; en contra, uno; abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
El Pleno se reanudará a las cuatro y cuarto.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--PROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (Número de expediente 121/000095)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto IX del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate relativo al proyecto de ley de arrendamientos urbanos, subsiguiente de enmienda de totalidad que postula la devolución al Gobierno, presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Obras Públicas.


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El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Gobierno comparece hoy en esta Cámara para presentar de nuevo el proyecto de ley de arrendamientos urbanos. Esta es, sin duda, una gran ocasión para el Parlamento, una gran ocasión para que los Diputados y Senadores demuestren a la sociedad española para qué sirven las instituciones democráticas y de qué manera pueden enfrentarse a problemas complejos que afectan de manera profunda y difusa a la sociedad y que requieren una solución lo más equilibrada posible entre un conjunto de intereses contrapuestos.
Como saben SS.SS., en diciembre de 1992 el Gobierno aprobó un primer proyecto de ley para reformar el régimen de los arrendamientos urbanos, que fue presentado en esta Cámara, que decayó con la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes, en abril de 1993, cuando estaban a punto ya de iniciarse los trabajos en la Comisión correspondiente.
Con esta nueva presentación el Gobierno da cumplimiento, por una parte, al compromiso electoral del Partido Socialista y, por otra parte, afronta uno de los retos más importantes de cualquier política de vivienda. Hay una diferencia fundamental entre esta ocasión y la anterior; en esta ocasión el Partido Socialista no tiene mayoría parlamentaria suficiente para aprobar con sus solos votos este proyecto de ley. Eso quiere decir que el proyecto, que ha sido concebido desde la voluntad de encontrar un equilibrio, se presenta con la voluntad de construir el consenso necesario para su aprobación y con la intención de que este consenso sea lo más amplio posible.
Ojalá sea capaz de reunir a todala Cámara, porque, siendo como es un problema difícil, siendo como es un problema socialmente complejo, por no decir conflictivo, cuanto más apoyo político encuentre, mucho mejor.
El Gobierno está convencido de que una política de vivienda que persiga conseguir el mandato contenido en el artículo 47 de nuestra Constitución debe potenciar el arrendamiento como solución alternativa a la vivienda en propiedad, de que necesitamos esta ley, de que es urgente, imprescindible, disponer de una legislación de arrendamientos urbanos que permita desarrollarse a un mercado raquítico, como es el mercado del alquiler, un mercado que no se ha desarrollado como debería y que presenta en nuestro país unos rasgos claramente distintos a los de otros países europeos. Cuando se inicia una relfexión política o un trámite parlamentario sobre la reforma de cualquier sector de la actividad económica siempre surge una cuestión inicial: ¿debe el legislador, o el Poder Ejecutivo, en su caso, intervenir en la organización de las relaciones entre las partes de un acuerdo económico o más bien debe dejarse que las fuerzas del mercado configuren esta relación? En otras palabras; si llegásemos a una isla desierta, sin historia detrás, sin realidades heredadas, y nos propusiésemos regular el mercado del alquiler, ¿haríamos una ley para regularlo o dejaríamos, como algunos proponen y creen, que fueran las fuerzas del mercado las que determinaran de qué manera se conforman las relaciones entre propietarios e inquilinos? Para contestar esta cuestión inicial conviene recordar, aunque sólo sea de cuando en cuando, que el MERCADO--en singular y con mayúsculas-- es una abstracción y como tal no existe, que lo que existen son los mercados --en plural y con minúsculas-- , cada uno con sus imperfecciones, sus rigideces o sus inercias, imperfecciones, rigideces e inercias que requieren políticas de regulación adecuadas. El de la vivienda, un bien constitucionalmente protegido, es un mercado imperfecto donde los haya y es un claro ejemplo de la intervención pública en todo el mundo occidental; intervención pública a veces para sostener el mercado y a veces para impulsarlo, con el riesgo, como ante cualquier obra humana, de que las regulaciones sean o no acertadas, peroque son imprescindibles, no para sustituir al mercado, sino para hacerlo más eficiente y contribuir al adecuado encuentro de la oferta y la demanda, encuentro imprescindible tanto para evitar demandas insatisfechas como para prevenirse contra los «crashes» inmobiliarios que de cuando en cuando se producen como consecuencia de la ruptura de las expectativas acumuladas. Al mercado inmobiliario en España le ha pasado, como en otros países, lo que le ha pasado como consecuencia de regulaciones inadecuadas y de expectativas especulativas frustradas que han acabado con grandes tensiones en los precios y con desmoronamientos de los mismos frente al cambio de estas expectativas y las incertidumbres generadas por regulaciones que tardan en venir u otras que se han producido de forma apresurada y que no han sido suficientes para contestar a los problemas que tenemos planteados.
Hoy, la vivienda en alquiler no es una solución efectiva a los problemas de la vivienda en España. Tenemos el 15 por ciento del total del parque de viviendas en alquiler, sólo el 15 por ciento, el porcentaje más bajo de todos los países de la Unión Europea, que se sitúa en un promedio del 35 por ciento, con algunos casos, como es el alemán, que se acerca al 60 por ciento. Esta situación es consecuencia de unas normativas excesivamente proteccionistas que mataron la oferta y, al así hacerlo, impidieron la satisfacción de la demanda; normas heredadas de 1964, que establecieron unas condiciones que prácticamente equivalían al abandono de la propiedad por parte del propietario y que poco a poco fueron desanimando y desincentivando la oferta por parte de quienes podían poner en el mercado bienes buscando una lógica rentabilidad, lo que obligó en la primavera de 1985 al denominado «Decreto-ley Boyer», más propiamente llamado Real Decreto-Ley 2/1985, que propuso una norma, también extrema, situándose en

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el otro límite del espectro de las posibles regulaciones, generando una desregulación de las condiciones del alquiler, estableciendo la libertad absoluta de las partes para contratar, sin fijar duraciones mínimas ni ninguna clase de prevención que significara para el demandante de alquiler una protección frente a la inestabilidad que se podría derivar de unos contratos sin horizonte definido.
Es verdad que esta norma permitió reducir el ritmo de disminución de los alquileres, pero no ha conseguido invertir esta tendencia descendente, entre otras razones por su carácter provisional y seguramente también porque muchas veces, enfrentados con el riesgo de no poder hacer frente al incremento de alquiler o la suspensión del mismo, mucha gente ha preferido correr el riesgo de no poder pagar la letra de su piso y se ha embarcado en operaciones de adquisición que sin duda hubieran sido sustituidas por operaciones de alquiler si la norma hubiera regulado con equilibrio y mesura las relaciones entre las partes. En 1970 teníamos el 30 por ciento del parque inmobiliario en alquiler, en 1980 teníamos el 20 por ciento y en 1991 tenemos el 15 por ciento. Hemos perdido tres puntos desde la primavera de 1985. Parece, pues, imprescindible abordar la reforma de una normativa legal de los alquileres, una reforma que por sí sola no bastará para resolver el problema, y somos conscientes de que será necesario intervenir también desde la política fiscal, desde la política financiera o incluso desde la acción pública más inteligente y diligente, administrada desde ayuntamientos y comunidades autónomas, pero que tiene como pieza fundamental e imprescindible la Ley que el Gobierno trae hoy a consideración de SS.SS.
La reforma de esta Ley se estructura en torno a dos ideas fundamentales. En primer lugar, reequilibrar las prestaciones entre propietario e inquilino, buscar un punto de equilibrio entre el legítimo deseo del propietario de rentabilizar su inversión y poder disponer de ella en plazos razonables, y el legítimo deseo del inquilino de conocer, en un horizonte temporal estable, cuáles son sus condiciones de permanencia, en términos de duración y de costo; reequilibrar, entre dos normas extremas, situadas cada una al final del espectro, una excesivamente intervencionista, que ha matado la oferta, y otra excesivamente desreguladora, que ha matado la demanda o que por lo menos ha impedido un encuentro eficiente de ambas: es necesario encontrar un punto de equilibrio para conseguir que una y otra se encuentren y resuelvan mutuamente.
La segunda idea básica es diferenciar el trato entre los arrendamientos de vivienda habitual y los demás tipos de arrendamiento de bienes inmuebles; la vivienda habitual, bien constitucionalmente protegido, y los otros bienes inmuebles destinados a la vivienda no habitual o a la actividad empresarial o comercial. Reequilibrar las condiciones y las expectativas de propietarios e inquilinos en una condición imprescindible para devolver credibilidad, esa credibilidad perdida, a la institución arrendaticia, puesto que ha sido precisamente la sucesión de situaciones de desequilibrio extremo, de leyes sucesivas profundamente desequilibradas lo que ha motivado esa pérdida de interés social para utilizar el alquiler como forma eficiente de resolver los problemas de la vivienda. Esta es una idea central en el proyecto de ley y estamos dispuestos a revisarla en todo aquello que SS.SS. puedan aportar para conseguir que este equilibrio sea más eficiente.
Por otra parte, creemos que debemos distinguir el alquiler de la vivienda habitual y el de otros activos inmobiliarios. En un caso estamos ante algo que la Constitución mandata que protejamos, y en otro caso estamos ante un factor de producción que debe estar más dependiente de las relaciones contractuales entre las partes y que necesita mayor libertad.
Pero tampoco podemos olvidar que un local de negocio representa para el negociante un elemento estructural muy característico de su actividad y que no se puede asimilar al suministro en flujo continuo de otros factores de producción cuyo mantenimiento o interrupción no tiene las mismas consecuencias estructurales que el local donde la actividad se desarrolla, y que aumenta de valor, entre otras cosas, como consecuencia de la actividad que en él se efectúa. Es evidente que no podemos equiparar el suministro del local con el suministro de la corriente eléctrica que se consume en el mismo; por tanto, aunque la idea debe ser la libertad de las partes, hay también un conjunto de precauciones a tomar que muchos grupos políticos nos han señalado en los numerosos contactos que hemos mantenido antes de este momento.
El proyecto sigue las líneas básicas del que el Gobierno presentó en la anterior legislatura, pero hemos incorporado, creemos, la mayor parte de las reflexiones que se hicieron por parte de los Grupos Parlamentarios en la tramitación del anterior proyecto, y vuelvo a reiterar, señorías, que estamos dispuestos a modificar este compromiso, después de escuchar lo que los portavoces parlamentarios puedan decir hoy en el trabajo de la Comisión para conseguir mejorar el equilibrio que proponemos.
También sabemos que ninguna ley será suficientemente equilibrada para satisfacer a todas las partes a la vez, ni todas las opiniones en presencia. Con respecto al futuro, unos querrán más libertad y más autonomía para las partes --incluso en mi Partido hay quienes creen que no tiene que haber ninguna clase de norma que condicione la relación entre propietario e inquilino y que lo mejor es dejar que las fuerzas del mercado decidan--, otros querrán más intervención y más protección para la parte más débil de la relación; es algo subjetivo.
Podemos estar más o menos de acuerdo sobre

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la necesidad de dejar que haya intervenciones reguladoras o que el mercado decida en su sabiduría, pero es opinión del Gobierno que es necesario introducir elementos condicionantes de la voluntad de las partes en el régimen que vayamos a definir hacia el futuro.
Por otra parte, unos querrán mantener inalterado el «statu quo» que hemos heredado y otros querrán transformarlo radicalmente; es un «statu quo» que se ha acumulado a lo largo de mucho tiempo, demasiado, casi medio siglo, y es difícil imaginar que los problemas que se han acumulado y generado a lo largo de 50 años puedan resolverse en poco tiempo o que la solución sea perfecta y a gusto de todos. Tendremos aquí opiniones que defenderán que se mantenga el «statu quo», otros que querrán su erradicación absoluta, y tendremos que buscar un punto de equilibrio que combine la eficacia y la equidad, que evite situaciones de necesidad, pero que, al mismo tiempo, desbloquee situaciones que ni la equidad ni la eficacia justifican ya.
El proyecto de ley distingue claramente entre la norma de presente y la norma de futuro, pero creemos que ninguna ley que solamente regule los alquileres en su perspectiva futura y se olvide del problema acumulado en el pasado podrá ser considerada por la sociedad española como una ley suficientemente estable y duradera. Mientras no abordemos el problema del pasado, ninguna solución del futuro tendrá futuro, porque todo el mundo creerá que, tarde o temprano, nos veremos obligados a reconsiderar lo que fue para definir lo que debe de ser. Por otra parte, señorías, piensen que hay más de un millón y medio de viviendas sometidas a normas anteriores a la primavera de 1985 y que, si no se efectúa ningún desbloqueo de estas situaciones heredadas, las modificaciones que establezcamos para el futuro no tendrán más que un efecto marginal de escasa importancia para condicionar el comportamiento global del mercado.
Voy a pasar brevemente revista a los aspectos de la ley que hacen referencia al futuro y los que pretendemos utilizar para desbloquear el pasado.
Cara al futuro, la primera pregunta que tenemos que hacernos, en lo que a alquileres de vivienda se refiere, es si tenemos que establecer o no una duración mínima a los contratos de vivienda habitual. La respuesta que da el Gobierno a esta pregunta clave es que sí, ciertamente sí, en función de la experiencia adquirida en nuestro país y en otros países.
Reconsiderando lo que establecimos por Decreto-ley en la primavera del 85, hay que establecer, creemos, una duración mínima a los contratos de alquiler, que proponemos sea de cuatro años, que, obviamente, puede ser de mayor duración si las parten lo desean o incluso de menos, pero siempre que quede perfectamente claro que el inquilino tiene el derecho a una prórroga del pacto inicialmente firmado hasta alcanzar esta duración mínima de cuatro años. Lo podemos decir como queramos, pero lo que el proyecto propone a la Cámara es que se establezca el derecho al inquilino a permanecer un mínimo de cuatro años en el alquiler de la vivienda que contrata para salvaguardar su interés y evitarle los costes de transacción y la incertidumbre que representa tener que enfrentarse a una inestabilidad excesiva.
En segundo lugar, establecemos que el inquilino puede desistir libremente del contrato, pero una vez transcurrido un año del mismo, y que si desiste de él antes de un año, tendrá que pagar la correspondiente indemnización al propietario.
La segunda gran cuestión es: ¿hay que prever subrogaciones? La respuesta es no por encima del plazo mínimo que la Ley establece; una vez pasado este plazo mínimo, estamos en condiciones de fin de juego y las partes recuperan su libertad, pero hay que establecer mecanismos de protección de los cónyuges en supuesto de abandono de familia o en situaciones de nulidad, divorcio o separación del matrimonio, de forma que el contrato original revierta en beneficio del cónyuge hasta la expiración del mismo. La tercera gran pregunta es cómo debe determinarse la renta, la inicial y su evolución. La respuesta que da el proyecto de ley es que la renta debe determinarse inicialmente en función del libre pacto entre las partes, pero que su revisión durante el plazo mínimo de vigencia del contrato debe evolucionar con arreglo a las variaciones que experimente el IPC general. Finalmente, el arrendador deberá conservar la finca en condiciones que sirva de forma adecuada como vivienda del arrendatario.
Parece que no hay grandes discrepancias sobre este planteamiento en los contactos que hemos mantenido y, por otra parte, se ajusta perfectamente al informe que ha emitido al respecto el Consejo Económico y Social.
La existencia de un plazo mínimo ha sido valorado positivamente por el Consejo Económico y Social, que incluso considera que cuatro años podía ser excesivamente corto, y también estamos dispuestos a considerar cualquier sugerencia que se haga al respecto. Pero para nosotros es fundamental que quede claro que este plazo mínimo es una característica que deseamos permanezca como elemento sustantivo de una regulación estable del futuro. No debemos dejar creer a la opinión que no se puede pactar por menos de cuatro años; el plazo mínimo de cuatro años es un derecho del inquilino, es un derecho que asiste al inquilino, pero, naturalmente, se puede pactar por menos si el inquilino no desea, por las razones que sea, permanecer durante tanto tiempo, y puede renunciar incluso al derecho contractual que al respecto haya formulado, sin coste para él, pasado el primer año de contrato.
En los arrendamientos de uso distinto de vivienda --estamos hablando fundamentalmente de locales comerciales y de oficinas--creemos que corresponde a las partes determinar libremente el régimen de su relación,

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y sólo en caso de defecto de pacto expreso en el contrato se aplicarán las previsiones previstas en la Ley.
Pero, cuidado, señorías, estamos también convencidos de que un local de negocios, como le decía antes, tiene unas características como factor de producción distintas de otros factores de producción, que puede un profesional, comerciante, empresario, dar a un local un valor que no tenía antes como consecuencia de la actividad que en él desarrolla, y hay que proteger ese valor añadido para evitar que al final de la relación contractual pudiese quedar totalmente absorbida por el propietario la plusvalía generada por la actividad del inquilino. ¿Dónde ponemos el punto de equilibrio entre esta preocupación y la preocupación por respetar la voluntad de las partes en un libre mercado? Eso es algo que también queda abierto, sin duda alguna, al debate y en lo que el Gobierno manifiesta desde ahora su voluntad de analizar con extremo cuidado cualquier sugerencia que se le haga y que permita garantizar relaciones más eficientes, desde el punto de vista económico, y más equitativas en relación entre las partes.
Eso con respecto al futuro, señorías. Con respecto al pasado, quiero volverles a insistir en que la tentación de legislar olvidando la situación heredada no debería ser acogida por la Cámara. El problema es complejo y no va a tener soluciones sencillas, y por eso mismo la tentación de obviar el problema, dejando que el tiempo lo resuelva, es importante. El propio Gobierno la ha sentido en numerosas ocasiones y cada vez que hemos intentado el diálogo con las partes afectadas y hemos observado cuán difícil es encontrar una solución que a todo el mundo satisfaga, que pueda ser aplicada sin excesiva complejidad y que no represente un coste inasumible para la Hacienda pública, hemos estado tentandos de dejar las cosas como están y sucumbir, como decía Galbraith, a la tiranía del «statu quo». Pero creo que debemos resistirnos a sucumbir a la tiranía de lo heredado para modificarlo, si creemos que somos capaces de definir entre todos soluciones que aporten más eficacia y más equidad a unas relaciones viciadas, cuyo mantenimiento está teniendo un altísimo coste para los centros urbanos de nuestras ciudades, para muchas relaciones personales y para el bloqueo de no pocos mercados y actividades.
Por todo ello, el Gobierno ha propuesto una solución, que pretende resolver los problemas del pasado, sabiendo que a nadie satisface, que unos quisieran más y otros temen porque creen que ya es demasiado, que podría haber causado más alarma social de la que afortunadamente hemos sido capaces de evitar, gracias a una profunda e intensa explicación del proyecto y que ahora tienen SS.SS. la oportunidad de mejorarlo, si ello es posible, o de adherirse a la solución propuesta si no somos capaces de encontrar otra mejor.
Permítanme unas breves pinceladas sobre la solución que proponemos. En primer lugar, sobre la vivienda y después también, de forma distinta, sobre los locales comerciales.
Pero antes debemos reconocer que sólo hay dos maneras de actuar sobre el pasado: una es actuar sobre la duración de los contratos vigentes y la otra es actuar sobre las condiciones de renta de los mismos. Queremos desbloquear la situación, que se caracteriza por subrogaciones que se prolongan en el tiempo de una forma sin duda injustificada, o por lo menos muy prolongada, y condiciones de renta bloqueadas que crean también situaciones difíciles de justificar, como les decía, ni por la equidad ni por la eficacia. Podemos reducir los plazos, acortando el plazo temporal de los arrendamientos y sus subrogaciones o podemos articular algún sistema que permita a los propietarios recuperar en todo o en parte la rentabilidad de su inversión o podemos trasladar de unos a otros las cargas fiscales que implica la propiedad de una vivienda de la que no se puede disponer con libertad y con eficacia; o podemos actuar sobre las dos cosas a la vez: sobre plazos y sobre renta, y, en cualquier caso, tenemos servido un conflicto de intereses que conviene analizar sin pasión y con la máxima objetividad posible.
Sobre los plazos, señorías. En los arrendamientos de viviendas, el proyecto propone que la duración se reduzca mediante la supresión gradual de los derechos de subrogación mortis causa, que el texto refundido del 64 reconocía, y por la supresión casi total de las subrogaciones inter vivos, si bien queda en todo caso garantizada la permanencia en la vivienda arrendada del arrendatario actual y de su cónyuge, mientras vivan, así como la de los hijos, hasta los 25 años.
Con eso evitamos cualquier situación de necesidad; con eso evitamos que nadie, durante su vida o la vida de las personas a él más allegadas, se encuentre en una situación a la que no podría hacer frente o que podría implicar un cambio brusco de sus condiciones materiales de vida. Pero no dejamos que las subrogaciones sucesivas en tres generaciones puedan conducir los contratos a durar, a veces, hasta más de cien años con respecto a la fecha actual. Creemos que es una medida prudente y equilibrada, que recorta duraciones, evitando situaciones de necesidad, y que permite la recuperación, por parte de los propietarios, en un horizonte finito, de la disponibilidad de su vivienda.
Sobre rentas. El proyecto que presentó el Gobierno en la anterior legislatura no preveía actualizaciones de las rentas para recuperar la erosión monetaria del pasado, simplemente, se limitaba a decir que a partir de la aprobación del proyecto de ley se incorporaría la inflación futura. En eso respetábamos el «statu quo», no modificábamos situaciones de renta que, en algunos casos, pueden plantear problemas que hay que evitar, pero en otros casos es difícilmente justificable que se mantenga; en algunos casos es difícilmente justificable que

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se mantenga, porque de todo hay en la viña del Señor. Hay situaciones en las que el propietario necesita tanta protección como el inquilino. Puede que sean las menos, o las más. La ignorancia estadística sobre el problema, la falta de información completa sobre el fenómeno, nos debería impedir valorar lo que se propone en base a casos particulares, que puedan inducir a visiones caricaturales del problema y su solución. Hay que analizarlo en categorías estadísticas y considerar que el mantenimiento de la actual situación, sin modificar en absoluto las condiciones de renta, fue cuestionado en el trámite anterior y que la mayoría de los grupos parlamentarios plantearon la conveniencia de que se efectuasen revisiones de las rentas, con exquisito cuidado para no crear situaciones de necesidad, pero que impidiesen el mantenimiento de situaciones que ni la lógica económica ni la preocupación por la protección social justificaban.
Atendiendo este planteamiento de los grupos parlamentarios, el nuevo proyecto llega modificando, en este aspecto, lo que el Gobierno propuso en la anterior legislatura. Aquí se propone una modificación de las condiciones de renta congelada, con un conjunto de precauciones, que SS.SS. conocen bien, porque estoy seguro que habrán tenido tiempo y voluntad de estudiar en profundidad el proyecto, pero que voy a resumir brevemente.
Se trata de recuperar la inflación pasada desde el momento en que se produjo el contrato, a través de un índice de precios acumulado, que mediante un coeficiente multiplicador actualice el valor al que era, añadiéndole la evolución de la moneda; no recuperando el valor de mercado actual sino, simplemente, recuperando el valor perdido por la unidad de cuenta utilizada y ello no de forma inmediata sino a lo largo de un período gradual, que el proyecto plantea que sea de 10 años pero que también está a disposición de SS.SS. modificar y tampoco para todo el mundo sino solamente para aquellos inquilinos cuyos niveles de renta les permitan afrontar esta modificación en las condiciones del alquiler. El proyecto propone una barrera por encima de la cual se exceptuaría esta actualización y por debajo de la cual no, que se sitúa en 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, porque también es este parámetro el que utilizamos en las políticas activas de vivienda para distinguir aquellos que tienen derecho a una ayuda y aquellos que, por su nivel de renta, quedan excluidos de la misma.
Este proceso de revisión de renta puede efectuarse o no en función de lo que decida el inquilino, que puede no revisar su renta pero que, en este caso, debe ver limitada su permanencia a un plazo de 10 años. No para todo el mundo, con una cláusula de opción alternativa; no de forma inmediata, sino a lo largo de un período dilatado, que permita una adaptación gradual; y tampoco recuperando los valores de mercado, que se-rían difíciles de determinar, sino simplemente la erosión monetaria de la peseta.
Esto es lo que el proyecto propone, pero somos conscientes de que esta solución plantea problemas. Plantea problemas de equilibrio, que en algunos casos son más graves que en otros, y distintos grupos nos han hecho saber su intención de proponer soluciones alternativas, que estamos --insisto una vez más-- absolutamente dispuestos a considerar si la solución que resurge del consenso parlamentario nos permite mejorar el equilibrio que nos hemos esforzado en definir y que, sin duda alguna, puede ser mejorable en función de las opiniones que la Cámara tenga.
En materia de locales comerciales hemos establecido también unas condiciones de fin de juego que no pueden ir asociadas a la muerte del titular, porque en la mayor parte de los casos nos encontramos con que el titular es una persona jurídica que no está sometida al avatar biológico de la muerte y, por tanto, no puede ser éste el criterio para determinar el fin de las condiciones actuales. En esos casos establecemos unas condiciones que distinguen entre grandes y pequeñas actividades con un criterio, el de cinco o más trabajadores, que puede ser sustituido por otro, pero que debe ser bien entendido. No estamos hablando de cinco o más trabajadores en el futuro, lo cual sin duda alguna podría interpretarse como una penalización al empleo, sino de cinco o más trabajadores en un momento ya pasado que constituye un punto de referencia inamovible y, por tanto, es neutral respecto a la evolución futura del empleo que se negocia o actividad que pueda determinar. A unos y a otros se les da un trato distinto en función del número de años que se les concede de permanencia en la actividad, que puede llegar a ser de hasta veintitrés años --entre dieciséis y veintitrés años--, según el origen del contrato, según que haya habido o no traspasos en los cinco años anteriores, según la dimensión del negocio y, al mismo tiempo, con una actualización de renta que también oscila entre diez y cinco años en función de la dimensión de la actividad. Es un proyecto, entendemos, prudente, que fija plazos muy largos, que por la propia cuantificación de los mismos pueden ser incluso excesivos en algunos casos en el sentido de que el titular no necesita tanto porque su ciclo biológico va a agotarse antes de que se agote el plazo que se le concede, y que en otros casos quizá pudiera ser de alguna manera excesivamente corto por poco tiempo, y podría ser objeto de reconsideración dentro de esta voluntad de consenso que nos anima.
En cualquier caso, señorías, estamos ante un compromiso entre los intereses contrapuestos en presencia, que necesita, como les decía, de la voluntad política de mejorarlo, que va a exigir a todos los grupos definirse respecto a si ese equilibrio favorece o perjudica demasiado o demasiado poco a unos o a otros, teniendo siempre bien presente que estamos ante un juego de suma duda,

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donde lo que concedamos de más al propietario, tendrá que ser detraído de los derechos del inquilino y viceversa, que todo aumento de los derechos del inquilino exigirá una reconsideración a la baja de las condiciones que benefician al propietario, y que es imposible en este caso, como en tantos otros, predicar mejoras para todo el mundo a la vez, porque ésta es una relación entre partes cuyo equilibrio se salda en beneficio o en contra de una u otra de ellas. Naturalmente, podríamos hacer jugar en contra de la Hacienda pública, y podríamos establecer mecanismos de intervención financiera o fiscal de forma que allí donde uno gane lo que el otro pierda no repercuta sobre su particular situación sino sobre el colectivo de los ciudadanos que acudan con los recursos presupuestarios o con las políticas fiscales a equilibrar los desequilibrios que la ley produzca. El Gobierno no se cierra a considerar esta posibilidad; no la ha planteado porque entendemos que en estos momentos de restricción del gasto público y de lucha contra el déficit cualquier norma debe ser extremadamente cuidadosa a la hora de aumentar las obligaciones fiscales de los presupuestos, pero tampoco sería imposible concebir soluciones que exigieran una aportación de los Presupuestos del Estado que, dentro de los límites posibles para los actuales equilibrios, permitiesen resolver con mayor eficacia de una forma consensuada, sin detrimento de la permanente preocupación por la equidad y por evitar situaciones sociales de necesidad.
En todo caso, señorías, quiero dejarles bien claro a todos ustedes que el ánimo que nos guía al presentar esta ley es cumplir primero con nuestra obligación electoral, nos comprometimos a ello en los programas electorales de dos elecciones ya; después cumplir con nuestra obligación de gobierno, porque creemos que es imprescindible abordar la reforma del mercado de alquiler; y, finalmente, para hacer de esta ley un campo privilegiado del consenso político en esta Cámara. Esta es, señorías, y con esto termino, una gran ocasión para el Parlamento, para que el Parlamento, desde el debate y el análisis de las distintas soluciones en presencia, pueda construir aquella que entienda más acorde con el interés general que conjugue los intereses particulares en presencia.
Estoy convencido de que en la sociedad española los millones de personas afectadas por esta normativa centran en este momento su atención en nosotros y esperan de nuestra diligencia e inteligencia una solución equilibrada y eficiente a los problemas del alquiler, del que depende en buena medida la solución a los problemas de la vivienda en España.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que postula la devolución al Gobierno del proyecto de ley. Para su defena, tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en contraste con la anterior legislatura, a este proyecto de ley sólo se presenta una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Este hecho puede ser bastante expresivo de lo que ha pasado en el período que dista entre la anterior legislatura y la actual. Creo, además, que de la explicación, del correlato parlamentario que ha dado el señor Borrell, el señor Ministro, lo real es que de forma objetiva podemos entender que de ese proyecto al actual ha habido un sustancial giro a la derecha.
Ya consideramos nosotros en su momento, que el anterior proyecto de ley no abordaba el auténtico problema de fomentar el alquiler de la vivienda en España y ahora pensamos que con mayor gravedad se sigue incurriendo en el mismo error. El hecho fundamental por el que estimo --ya lo dirán los diferentes portavoces-- hay un mayor consenso parlamentario, fundamentalmente con los Grupos conservadores, es porque, como ha dicho el ministro anteriormente, en este proyecto de ley sí se plantean incrementos de renta para los alquileres de renta antigua.
Aparte de que consideramos que jurídicamente este elemento es difícilmente defendible, porque significa una intromisión en contratos libremente realizados entre partes en función de una legislación anterior, además de que nos parece jurídicamente de difícil defensa, creemos que es profundamente injusto interferirse en contratos realizados por inquilinos conforme a una legislación anterior. Mi grupo entiende que éste es el hecho fundamental por el cual ha aumentado el consenso hacia la derecha sobre el proyecto de ley que nos trae el Gobierno.
Aparte de eso, por lo cual el rechazo de mi grupo parlamentario es aún mayor si cabe, aunque dicho sea esto con la mayor de las serenidades, nosotros consideramos que nos encontramos ante un debate extraordinariamente complicado porque no sabemos, en última instancia, la sustancia final de lo que estamos debatiendo. Hoy mismo, aparece en la prensa que el proyecto va a ser sustancialmente modificado y, por lo que se deduce de la prensa, aún más hacia la derecha, aún más hacia el mantenimiento y el incremento de alquileres, solamente que, en contraste con lo que plantea aquí el Ministro de Obras Públicas, costándole el dinero a la Hacienda pública, es decir, permitiendo que se suban los alquileres antiguos de forma importante y, además, participando la Hacienda pública en el pago de esos aumentos de alquiler. Por tanto, nuestra preocupación es aún más grave si cabe, porque no solamente estamos discutiendo un proyecto que ha girado hacia la derecha conforme la anterior legislatura, sino que se anuncia que aún puede girar bastante más.


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Asistimos profundamente preocupados a este debate y creemos que nuestra enmienda a la totalidad tiene aún mayor consistencia, si cabe pensamos que es un error profundo el planteamiento que se hace el Gobierno, por boca del señor Ministro, de que lo primero que hay que hacer, si se quiere aumentar el mercado de alquiler de vivienda en España, es modificar el régimen jurídico, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos. Nosotros pensamos que el problema de que exista poca vivienda de alquiler en España no es sustancialmente ese, también lo es, pero no sustancialmente. Entre otras cosas, llamo la atención de que en la exposición de motivos de la Ley del Suelo se habla de un 18 por ciento del parque de vivienda en alquiler; hoy el Ministro ya ha hablado del 15 por ciento. Lo que fundamentalmente ha hecho que el parque de vivienda en alquiler en España no sea ni de lejos comparable con el del resto de los países europeos es una actuación pública que durante muchísimo tiempo no ha protegido la construcción ni el acceso de los inquilinos a vivienda en alquiler.
Ese, repito, es el problema fundamental, y ese problema fundamental no se arregla con una modificación legal.
Nosotros llamamos la atención de cómo administraciones públicas continuamente se están deshaciendo de su parque de vivienda en alquiler. Hace poco la Junta de Extremadura, mediante un proyecto de ley, se deshacía de su parque de viviendas públicas. Las diferentes administraciones, los diferentes gobiernos autonómicos, los diferentes ayuntamientos, poco a poco se han ido deshaciendo de sus parques de viviendas públicas en alquiler. Está hecha de tal manera la protección a la vivienda en este país, que ni siquiera las centrales sindicales, por mor de la legislación vigente de vivienda de protección oficial, se dedican a potenciar la vivienda en alquiler, porque el marco de ayuda a la vivienda por parte de la Administración central y de las administraciones autonómicas no favorece, de ninguna manera que se acceda a la vivienda en alquiler. Por ello, creo que la solución es más compleja de la que nos plantea el señor Ministro; la solución está, fundamentalmente, en cambiar el conjunto de la política de viviendas en España; que la política de inversión fundamentalmente se destine a la vivienda en alquiler, y que haya diferentes organismos de consumidores, de centrales sindicales, etcétera, que se acojan a esas ayudas para fomentar la vivienda en alquiler.
Creo que es un arbitrismo pensar que con una modificación legal, por la cual se liberalice el mercado de la vivienda en alquiler, se van a obtener mayores porcentajes de vivienda en alquiler en España. Si esto se considera que es pura ideología, me remito a las consecuencias del Decreto Boyer.
Las consecuencias del Decreto Boyer, que es el súmmun de la liberalidad en el mercado de alquileres, a lo que ha llevado, como dice la propia exposición de motivos, es a que apenas el 20 por ciento del mercado de vivienda en alquiler en España esté en función de contratos elaborados por el Decreto Boyer, y a que el porcentaje de vivienda en alquiler en España, desde el momento de la redacción y aprobación de ese decreto hasta ahora, haya bajado sustancialmente. Por tanto, de ninguna manera nosotros podemos considerar que un proceso de liberalización de los alquileres vaya a llevar a conseguir que haya más viviendas en alquiler en España, sino más bien todo lo contrario.
Señor ministro, considero que, al igual que el señor González hablaba ayer de la necesidad de estabilidad en el país, hay servicios, como es la vivienda, para los cuales los ciudadanos, sobre todo los más débiles económicamente, lo primero que quieren es estabilidad; creo que la estabilidad, en un tema como el de la vivienda, es un valor sustancial. El problema fundamental, tanto para el futuro como para las operaciones que vienen del pasado, es que este proyecto de ley cercena la estabilidad de los posibles inquilinos o de los inquilinos existentes. Ustedes, en este proyecto de ley, no dan garantía de estabilidad.
Para nosotros, el problema fundamental en lo que se refiere a los alquileres futuros, no está en que sean 4, 5 o 10 años la posibilidad que tenga un inquilino de estar en la vivienda, el problema fundamental es que, acabados esos 4, esos 5 o 10 años, sin causa justa, un inquilino puede ser obligado a desalojar la vivienda. Ese es el problema fundamental, el de esa falta de estabilidad, esa falta de una causa justa para que un inquilino pueda ser expulsado de la vivienda, o el arrendador considere que puede obtener un contrato por mucho más dinero y entonces piense que debe ser expulsado de la vivienda.
No hay ningún mecanismo en la ley que se plantee asegurar la estabilidad, si es justa esa estabilidad por parte del inquilino. No hay ningún mecanismo. A pesar de que en la exposición de motivos ustedes hacen una mención al arbitraje, por ejemplo, luego no hay ninguna fórmula similar al arbitraje, ni a ninguna otra, que garantice que si un inquilino está dispuesto a pagar lo que sería justo ese inquilino pueda continuar en una vivienda. Por tanto, para nosotros el problema fundamental para los contratos de futuro es la falta de estabilidad y sin estabilidad, yo le aseguro a usted, señor ministro, que después de muchísimos años de tradición en la propiedad de la vivienda que ha habido en este país, las rentas medias y las rentas bajas van a continuar luchando por acceder a una vivienda en propiedad, con los enormes sacrificios que significa para estas rentas medias y bajas, y la disminución en su propia calidad de vida, porque en muchas ocasiones hasta el 60 por ciento, o más, del salario que entra en cada unidad familiar

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en España está destinado a pagar el crédito hipotecario que se está pagando para la vivienda.
La falta de estabilidad nos parece un elemento gravísimo que se plantea en esta ley y nosotros consideramos que ya en sí mismo justifica el que aquí se presente esta enmienda a la totalidad por mi Grupo Parlamentario; pero también falta de estabilidad para las rentas antiguas. Dije al principio de mi intervención que, aparte de constitucionalidad, aparte de legalidad, nos parece enormemente injusto que se interfiera en rentas pactadas conforme a una ley anterior por parte de inquilinos. Nos parece enormemente injusto; como también nos parece enormemente injusto que se incida en las subrogaciones anteriores. Si usted considera oportuno que cara el futuro planteemos unas subrogaciones diferentes, me parece bien, pero no las planteemos hacia el pasado, y más sabiendo cuál es el tipo de rentas que están ocupando las viviendas antiguas.
Tiene encuestas del Ministerio de Obras Públicas, como las tiene el conjunto de la Cámara, en las que se comprueba que quienes están ocupando viviendas de renta antigua no son precisamente los sectores más favorecidos de este país. Sin ningún tipo de dramatismo, pero es la realidad. Son precisamente las rentas más bajas de este país las que están viviendo en casas de renta antigua. Y aparte de todo tipo de equilibrio, que nos parece muy bien que se planteen políticas de equilibrio, creemos que el Estado tiene una obligación especial con sus sectores más desfavorecidos, y a esos sectores más desfavorecidos creemos que de ninguna manera se les pueden plantear situaciones tan desestabilizadoras como las que se les plantea en este proyecto de ley que nosotros, en su actual redacción, consideramos muy desafortunado.
Otro aspecto de estabilidad que también nos parece importante es el que se refiere a los locales de negocios. No hay que olvidar que en ellos se está dando actividad productiva, se está dando empleo y, desde luego, el mecanismo que se plantea tanto a los futuros como a los pasados por parte de esta ley, es un mecanismo que también desestabiliza esa situación. Por ejemplo, el hecho de que en un período que, como mínimo, comienza dentro de cinco años, pueda empezar a expulsarse de locales de negocios que están ahora mismo siendo ocupados por actividades productivas, en una situación económica, además, como la que estamos viviendo, no creemos que sea la mejor forma de incentivar la producción, ni de incentivar el mantenimiento del empleo.
Algunas medidas nos parecen francamente irónicas, si no se quiere decir sarcásticas, como decir que va a haber una indemnización por clientela para aquellos casos que, habiendo ocupado con una actividad productiva un local, venga el arrendador y la ocupe con una actividad productiva similar, y se le dé a cambio año y medio de alquiler. Sinceramente, eso nos parece un sarcasmo; nos parece un sarcasmo que después de haber ganado un crédito, una fama por un local, se le indemnice únicamente con año y medio de renta. Señor Ministro, tal como se ha planteado aquí el debate parlamentario, tal como aparecen las informaciones de prensa, nosotros creemos que el auténtico debate sobre la ley de arrendamientos urbanos no se va a dar precisamente hoy; se va a dar en el momento que venga el proyecto de ley de la Comisión, con el conjunto de enmiendas aprobadas o no aceptadas. En ese momento será cuando podremos ver la realidad de los pactos a los que usted ha llegado con el conjunto de grupos conservadores a los que usted mismo ha hecho alusión en su intervención. Con quien no ha llegado usted a ningún tipo de acuerdo ha sido con el Grupo Parlamentariode Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ni siquiera lo ha intentado, y si no lo ha intentado será porque usted considera que hacia donde debe girar la ley es, fundamentalmente, hacia la derecha. Señor Ministro, con esta ley, tal como viene ahora mismo y, peor aún, tal como los designios nos anuncian, usted no va a arreglar el problema de la vivienda en España, no lo va a arreglar. Probablemente, conseguirá que determinados arrendadores consigan unas rentas mayores, que ellos consideran más justas, que es enormemente discutible aunque ellos las consideren más justas, pero el problema de la vivienda usted no lo va a arreglar con esta ley de arrendamientos urbanos. Usted va a tener que modificar sus políticas de protección a la vivienda y al igual que usted protege la vivienda en propiedad y, cuando usted protege la vivienda en propiedad, dice que tiene que haber un precio máximo y, además, usted plantea una serie de ayudas a los que van a ser propietarios, pero en función de ese precio máximo, si usted quiere realmente conseguir que accedan a la vivienda en alquiler rentas medias y rentas bajas en este país, tendrá que plantearse políticas intervencionistas de ese tenor.
Desde luego, a nosotros no nos duelen prendas al decir que somos intervencionistas en el tema de la vivienda, no nos duele ningún tipo de prendas y somos coherentes, no decimos en la tribuna que somos intervencionistas y hacemos una ley absolutamente de mercado libre cuando se trae un proyecto al Congreso de los Diputados. No nos duele decir todo esto y le manifestamos que, con esta ley de arrendamientos urbanos, conseguir una vivienda en España va a seguir siendo un enorme sacrificio para los que tienen estas rentas, fundamentalmente para los trabajadores, y que nosotros, en cualquier caso, estaremos dispuestos a discutir, a consensuar, a plantear enmiendas en esta Cámara para conseguir que esta ley se modifique sustancialmente y que, por lo menos, se mitiguen los tremendos aspectos y las tremendas consecuencias que puede tener en muchísimas rentas medias y bajas en nuestro país.


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Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García- Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, la última vez que intervine en el Pleno de esta Cámara recibí de un componente del mismo grupo del señor Andreu la acusación de estar haciendo una política de derechas porque estaba defendiendo un Real decreto, y eso son cosas que no debe hacer la izquierda. La izquierda, me decía en esa ocasión el portavoz de su grupo, debe hacer sus actuaciones a través de los proyectos de ley. Hoy, en la misma línea de estos argumentos, nos recrimina el señor Andreu un supuesto giro a la derecha en este proyecto de ley porque incrementamos la renta, dice, a través de una intervención del Estado --no le debería ser tan repugnante la intervención del Estado-- en lo libremente pactado entre las partes. ¿Sostiene usted eso, señor Andreu? ¿Sostiene usted que los contratos pactados antes del año 1964 o, después de ese año, hasta el Decreto 2/1985 son contratos que han sido libremente pactados por las partes? ¿Sí? ¿Le parece a usted que la prórroga forzosa establecida en el artículo 57 de la Ley del año 1964 daba opción a las partes a establecer la duración del contrato? Las limitaciones a la revisión de rentas, establecidas en el artículo 100 de la Ley de 1964, con una falsa promesa de actualización por Real Decreto --en aquellos tiempos, por Decreto-ley-- cada dos años, imposibilitando el establecimiento de cláusulas libremente pactadas, ¿le parece a usted que era un pacto entre iguales, entre agentes libres que discutían las condiciones en las que se iba a desarrollar su relación contractual? Porque si le parece a usted eso, debería de estar encantado con que el fundamento básico, o uno de los apoyos básicos de esta ley, sea remitir al Código Civil y a la libertad de las partes la posibilidad de establecer de mutuo acuerdo las cláusulas que rijan los contratos de ahora en adelante.
Usted ha estado demagógico, señor Andreu. Hemos hablado antes de subir a esta tribuna que, dado el aceptable grado de conformidad social y las buenas relaciones entre los Grupos, íbamos a tener otro tipo de intervenciones; pero no lo pueden ustedes remediar. Usted ha estado aquí demagógico, ha apuntalado su intervención en falsedades.
Nos acusa usted de derechistas porque incrementamos las rentas. ¿Defiende usted a un Abogado del Estado, Jefe del Servicio Jurídico de un Ministerio y Catedrático de Universidad que está pagando 426 pesetas por un piso de 168 metros cuadrados? ¿Le parece a usted que es de derechas decir a ese señor que se ha terminado esa protección excesiva, que se tiene que poner en igualdad de condiciones con los centenares de miles de personas que viven en alquiler en rentas sometidas al mercado? ¿Le parece a usted que ingresos familiares superiores a cinco veces el salario mínimo interprofesional --su retribución, señor Andreu, y la mía, en nombre además de la izquierda-- deben de estar protegidos a perpetuidad, con prórrogas forzosas, subrogaciones indefinidas, congelación de rentas? ¿Es ésa su izquierda, señor Andreu? Porque no es la mía.
Yo quiero el progreso de este país y el del mercado, tratar desigual a los desiguales y proteger a quien lo necesita y a quien lo merece. No hay ninguna razón legal ni situación de necesidad ni nada que justifique el mantenimiento de una legislación que, hasta el Decreto 2/1985, ha constreñido el mercado de alquileres.
A partir del Real Decreto, aunque tiene consecuencias perversas que estamos dispuestos a cambiar con este proyecto de ley, se produce un repunte del alquiler en España, mire usted qué casualidad; pero se produce en unas condiciones de duración tan breve de los contratos y de actuaciones tan compulsivas de rentas, que es preciso actuar sobre esos efectos nocivos del Real Decreto. Lo comparta S.S. y su Grupo o no lo comparta, el Decreto 2/1985 sacó 600.000 viviendas de alquiler en este país. (El señor Frutos Gras se da palmadas en la cara.) No se dé tan fuerte, señor Frutos, porque la tiene usted realmente dura y se la puede quebrar.


El señor PRESIDENTE: Señor Frutos, no tiene la palabra. Le ruego se atenga a la cortesía parlamentaria. (Rumores.)

El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: ¿Cercenamos los pactos de renta? No. Las cláusulas de revisión de renta que se hayan firmado van a seguir operando, no vamos a intervenir ahí, vamos a limitar la subrogación, porque es un uso desmedido, es un abuso. ¿Sabe usted que se están subrogando «inter vivos», de padres a hijos de 7, 8 y 9 años para tener una subrogación más y, después, las dos, «mortis causa»? ¿Cree usted que se puede desposeer, en nombre de la izquierda, a los ciudadanos de una expectativa razonable del pleno dominio sobre sus bienes? ¿Usted cree, sinceramente, que eso es posible? ¿Cree usted que se puede atacar este proyecto de ley en nombre de no sé qué rancia bandera de una izquierda minoritaria y escuálida? (Risas y rumores.) Son ustedes, señor Andreu, el perro del hortelano; ni comen ni quieren que coman los demás.
Varios Grupos de esta Cámara llevamos meses debatiendo con el Ministerio, interesándonos por la ley, no preparando el discurso demagógico de oposición. Como recordará S.S., hace no más de una semana le reiteré personalmente que tenía interés en saber sus

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opiniones sobre el proyecto de ley. Hasta ahora no me he podido enterar de cuál era su postura, a pesar de que esta ley lleva en el Parlamento cuatro meses. Hemos hablado con mucha gente y hay expectativas razonables de acuerdos muy sólidos en torno a este proyecto de ley; proyecto de ley en el que ustedes se han situado voluntariamente en la orgullosa oposición de izquierda. Todos hemos cambiado. Hace poco más de un año teníamos en esta sala el mismo debate sobre un proyecto de ley bastante parecido, por no decir sustancialmente parecido. Todos los Grupos de esta Cámara, menos el mío, intervinieron en contra de ese proyecto de ley. Ha pasado un año y ustedes, que se les paró el reloj en el 17, continúan con él parado. Para ustedes no ha pasado un año, siguen igual, planteando una oposición a un proyecto de ley sobre el que la mayoría de los grupos de esta Cámara hemos cambiado nuestras opiniones en el plazo de un año. Hoy está usted en minoría absoluta en esta Cámara; hace un año lo estaba yo.
¿Por qué se produce ese cambio, señor Andreu? Porque el proyecto del Gobierno incluye ya muchas de las sugerencias, muchas de las enmiendas que acertamos a ver en Ponencia en el anterior proyecto de ley; y se produce ese cambio, no porque el resto de los grupos haya abandonado sus motivos de discrepancia con la ley, sino porque han sabido encontrar a lo largo de estos meses un camino que S.S. ni se ha preocupado en buscar: el camino de acercamiento entre nosotros; el camino mediante el cual, como digo, hay una expectativa razonable de alcanzar acuerdos. El diálogo, señor Andreu, ha sido pluridireccional. Se ha entablado con todo aquel que ha mostrado un atisbo de deseo de encontrar soluciones compartidas, con todo aquel que ha mostrado el más mínimo interés por establecer ese acuerdo, con todo aquel que se ha introducido en un proceso en el que todos los que hemos intervenido hemos sido conscientes de que tendríamos que movernos de nuestros posicionamientos iniciales para encontrar fórmulas más eficaces, más justas, más capaces de dar dinamismo a un mercado que está, como todos sabemos, extraordinariamente constreñido, fundamentalmente por la disparatada normativa, bien excesivamente liberal del Decreto 2/1985, bien excesivamente proteccionista de las leyes anteriores.
Todos queremos dinamizar ese mercado. Ese es el objetivo último de la ley. No conozco otra manera de dar dinamismo a un mercado que otorgar confianza a los agentes que operan en ese mercado. Si no tienen confianza los agentes de la oferta y los agentes de esta demanda, es imposible dinamizar el mercado, y nos quedaríamos con una bellísima legislación protectora de los derechos de los ciudadanos, de la prórroga forzosa, de la congelación de rentas suspendida en el firmamento del mercado, sin iluminar en absoluto lasrelaciones, porque estarían completamente paralizadas dentro de ese mercado.
Eso es lo que queremos, señor Andreu, y a eso es a lo que usted se opone. Cuando usted interviene en contra de este proyecto de ley, en el fondo lo que está diciendo es que las cosas se queden como están, que las desmesuras y los excesos del Decreto 2/1985 continúen operando y que las arbitrariedades y los excesos de la legislación de 1964 continúen también operando. Nosotros queremos cambiar esa realidad, señor Andreu, y queremos darles confianza a unos y a otros. ¿Y qué confianza le damos al arrendador, al casero, por entendernos? En primer lugar, señor Andreu, dicho desde la izquierda seria, la garantía de una renta económica. ¿O le cuento también el caso del ciudadano que cobra 320.000 pesetas por el alquiler de su piso durante un año y le cuesta 900.000 pesetas mantenerlo? Le cuesta 600.000 pesetas mantener su política de izquierda, señor Andreu. Queremos, por tanto, establecer la garantía de una renta económica, así como un régimen de subrogaciones más equilibrado. No se suprime el régimen de subrogaciones, señor Andreu. Se mantiene en el régimen transitorio para el titular, para su cónyuge, para sus hijos menores de 25 años, hasta que los cumplan y hasta la muerte del hijo si tuviese una minusvalía superior al 65 por ciento.
¿Más subrogaciones, señor Andreu? ¿Por qué? ¿Y el que no tiene el privilegio de vivir en un piso de renta antigua y congelada? ¿Con ese ciudadano qué hacemos? ¿Cómo mantenemos el mercado segmentado de esa manera? Un montón de españoles aprendiendo a vivir en la libertad del mercado y otro montón de españoles protegidos por una legislación obsoleta, cuyo resultado final, de la brillantez de toda esa legislación de protección, es que tenemos el 15 por ciento de viviendas en alquiler en este país, y en el resto de los países, sin tanta protección, sin tanto discurso de protección, han conseguido que tener una vivienda en alquiler --en propiedad el que la tenga-- no sea un reto imposible de asumir por muchas economías del país.
Les damos un régimen transitorio a los caseros, como he dicho antes, al mejorar razonablemente sus expectativas de poder y volver a disponer algún día del bien del que fueron expropiados, del dominio del que fueron expropiados por una legislación que ya no sirve. Es como la legislación del mercado laboral: es tan perfecta, tan protectora que tiene blindado el mercado, y ni se puede entrar, ni salir. Aquí pasa igual. Es tan protectora que blinda el mercado, hace un mercado hundido, cautivo, porque no hay manera de entrar y salir de él.
Le damos también confianza al inquilino. Le damos una estabilidad en el contrato por cuatro años. A los cuatro años, cuando se acaba sin causa justa es que el casero... Mire usted, las relaciones entre caseros e inquilinos

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no tienen por qué ser como entre lobos, en que está esperando uno a que se descuide el otro para morderle en la yugular.
¿Por qué no van a renovar el contrato? ¿Por qué no van a firmar más de cuatro años en muchos casos? ¿Por qué hay que instalarse en la perversión de los agentes sociales que intervienen en este mercado y partimos del prejuicio de que si la ley no les obliga a un acuerdo son niños chicos que no van a ser capaces de llegar a un pacto? Naturalmente que llegarán a un acuerdo. Naturalmente que ese acuerdo tendrá que producirse en el entorno del punto donde se encuentren demanda y oferta en cada momento. Se le ofrece esa garantía y durante esos cuatro años de duración de la relación de alquiler se le blinda, además, contra cualquier actualización de renta o de cantidades que tengan que pagar por cualquier servicio, que no sea la que esté por debajo de la inflación, como límite máximo la inflacción. Se ofrece, señor Andreu, a estos inquilinos un régimen, también, transitorio suave. Naturalmente que les va a costar un esfuerzo importante pasar de una situación de absoluta protección a otra situación en la que se van a tener que valer de sus medios en un mercado donde ya no van a estar protegidos, aunque hay un cierto carácter tuitivo de la ley en el uso de viviendas. Naturalmente que van a tener que hacer un esfuerzo.
¿Sabe usted cuánto pagará dentro de diez años, cuando operen las actualizaciones de renta, un señor que tenga un contrato de 1940 y que ahora satisface 420 pesetas al mes? Pues dentro de 10 años, cuando opere esta política destructora de derechas, no llegará a las 3.000 pesetas, señor Andreu. Pisos de más de cien metro cuadrados en barrios residenciales de Madrid, de los que hablo por ser la zona más cara. De ahí para abajo se puede usted imaginar. Cuando opere esta barbaridad que vamos a hacer con los pobres que viven en las viviendas de renta congelada, alquileres de 400 pesetas no llegarán a las 3.000.


El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, le ruego que concluya.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Concluyo, señor Presidente. El Ministro decía, y con razón, que no se puede juzgar la generalidad del segmento sobre el que vamos a actuar por casos concretos. Con carácter general, naturalmente que van a tener que hacer un esfuerzo, el esfuerzo que está haciendo el conjunto del aparato productivo español por aprender a sobrevivir en unas condiciones que, nos gusten o no, son las que nos vienen dadas y sobre las que tenemos limitadas --no ninguna, pero limitadas--, posibilidades de influir.
¿Pero eso lo hacemos compulsivamente, con nocturnidad, de hoy para mañana? No, señor Andreu. Eso se hace, en principio, en 10 años. Algunos grupos, preocupados porque todavía nos parecía eso poco, estamos hilvanando una serie de acuerdos con los sectores más débiles de la sociedad para que, a lo mejor, en vez de en 10 años sea en más.
Usted no se ha querido incorporar a ese proceso de negociación, al que le he requerido yo formalmente en varios ocasiones. No ha querido hacerlo, por eso hoy ha hecho el mismo discurso que hace un año. Y si por cualquier circunstancia el proyecto volviera al Gobierno, dentro de un año volvería a hacer el discurso de este año y del año anterior, porque usted, señor Andreu, en esto no quiere comprender la realidad y no ha querido hasta ahora prestar su apoyo al esfuerzo de aproximación y de consenso que hemos hecho el resto de los grupos de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, señor García-Arreciado, oyéndole a usted he comprendido por qué el Ministro ha dicho en algún momento que en su Partido había personas que estaban por posiciones de mucho más libre mercado. Yo creo que usted ha efectuado una exposición a la derecha de la que ha hecho el propio Ministro.
Ha hecho usted una exposición descalificadora que en ningún caso creo haber planteado yo desde la tribuna, en ningún caso.
Y si usted tiene la paciencia de leer el «Diario de Sesiones», verá que incluso hay un ofrecimiento a la discusión y al consenso por parte de mi Grupo parlamentario. Pero, por favor, no tenga usted el estilo parlamentario de hacer lo extraoficial oficial, porque le tendré que recordar que aquí se ha traído un texto pactado con el conjunto de los grupos parlamentarios, excepto con Izquierda Unida. Y cuando se trae a esta Cámara un texto pactado con el conjunto de los grupos conservadores, no le moleste a usted que se lo diga. Sea usted consecuente con sus propios actos. Esté orgulloso de sus actos, no tenga mala conciencia, que es lo peor que se puede tener en esta vida. No pretenda usted ocupar todo el arco parlamentario desde la derecha hasta la izquierda. No tenga usted ese punto totalitario. Si usted quiere ocupar espectros de centro-derecha y de derecha, comprenda que hay otros espectros de izquierda. No pretenda usted ocupar todo el arco parlamentario, porque eso solamente pasa en los regímenes de partido único. Solamente pasa ahí. Por tanto, sea consecuente con este texto que usted ha traído pactado con las fuerzas conservadoras. Defiéndalo. Me parece muy bien, pero por favor, no haga usted descalificaciones cuando se indique que desde la izquierda el texto es indefendible.


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Me permito decirle que hay un profundo intervencionismo sobre las rentas pactadas con libertad, porque ni en la Ley del año 1964 ni en la de 1956 se imponía que las rentas tuvieran que tener una determinada cantidad, sino que el pacto de rentas era libre. Incluso en el artículo 100 de la antigua Ley de 1964 se permitía al Estado incrementar porcentualmente las rentas cada año, potestad a la que ha renunciado hace muchísimo tiempo, pero sí había libertad de pacto en cuanto a las rentas. En la disposición transitoria segunda, apartado 10, del proyecto de ley que debatimos se incrementa la renta con retroactividad; por lo tanto, no me diga usted que no hay una injerencia en contratos libremente pactados. Yo creo que puede usted quedar muy bien diciendo ese tipo de baladronadas del 17, del 34, 48, cuando a las fuerzas políticas lo que las distinguen son sus discursos y sus programas electorales. Esas posiciones descalificatorias no nos van a llevar a ningún lado.
Si usted lo que quiere es consolidar ese pacto con las fuerzas conservadoras, no tiene más que seguir por ese camino. Siga usted por ese camino y llevará a esa nave con buen éxito en el rumbo que usted ha marcado, pero un rumbo en el que usted expulsa a Izquierda Unida. Aténgase a las consecuencias, que para usted son nimias, porque es una izquierda escuálida y pequeña. Cuando aquí en la Cámara pide estabilidad y cuando no se suma de una forma demagógica a los ataques de corrupción, ahí sí vale, ¿no? Pues también vale para decidir sobre el futuro social de este país. Me parece que quien ha hecho aquí un acto, no de demagogia, sino de profunda irresponsabilidad, ha sido usted, aunque ya es conocido su estilo parlamentario.
Quiero reiterar en la Cámara que mantengo, en nombre de mi Grupo parlamentario, el conjunto de la intervención que hemos hecho, así como nuestra posición de diálogo en defensa de los más débiles, porque es una defensa que ha olvidado este proyecto de ley en su actual redacción. Pero no nos pidan ustedes nunca un consenso en el que el supuesto equilibrio es únicamente hacia una parte.
Aquí estamos tratando algo más que un problema de mercado; estamos tratando algo más que un problema del justo precio entre las partes que obtengan la renta necesaria -- arrendatario y arrendador--; estamos tratando de un problema social y constitucional. Estos son los aspectos que, a nuestro juicio, se olvidan fundamentalmente en este proyecto de ley.
Nosotros planteamos una oferta de diálogo para recordarlo continuamente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Andreu, el texto de este proyecto de ley no ha entrado aquí pactado con nadie. Tan es así que ni siquiera lo ha sido con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha tenido conocimiento del texto que ha enviado el Gobierno cuando hemos tenido la curiosidad de leerlo y actuar sobre él.
Se ha producido un trabajo y un acuerdo posterior de varios grupos parlamentarios, como consecuencia del cual hay hilvanada una serie de propuestas que pueden hacernos mantener una posición bastante mayoritaria en torno al texto del proyecto de ley tal y como quede. Pero el texto actualmente no está pactado con nadie. Ha habido --insisto-- varios meses de diálogo al que usted no se ha querido incorporar, por las razones que sean, salvo que haya que ir a recogerlo personalmente a su casa cada vez que queramos hablar con usted. Quien ha mostrado interés en hablar con nosotros puede dar fe de que en el Grupo parlamentario Socialista y en el Gobierno ha encontrado siempre un interlocutor. Ustedes no lo han encontrado --como le he dicho en mi anterior intervención-- porque no han querido buscar ese camino.
No quiero copar todo el arco parlamentario. Sí me gustaría copar todo el arco social en este problema por su extraordinario carácter horizontal, porque está extendido por igual en todas las capas sociales, porque no está claro en qué parte --en la oferta o en la demanda-- están unos u otros segmentos sociales, porque todo está tremendamente imbricado entre sí, por todo ello sí quiero abarcar todo el arco social.
A ese esfuerzo es al que me he unido con el resto de los grupos de esta Cámara, los que usted llama conservadores. Me he unido a esos grupos porque queremos abarcar todo el arco social; no queremos tener su vocación, señor Andreu, y quedarnos en la defensa de un colectivo por entender que es el que social y electoralmente me interesa, porque ni siquiera eso está claro en este proyecto de ley, señor Andreu; ni siquiera eso está claro en el mercado que vamos a intentar regular con este proyecto de ley en los términos finales en los que salga de esta Cámara.
La izquierda, naturalmente, vale siempre, señor Andreu, y buena prueba es que milito en ella desde hace 19 años. Le agradezco su oferta de diálogo, que se ha producido hoy aquí, no antes. Antes usted se ha negado a hablar conmigo en concreto. He pretendido hablar con usted varias veces de este proyecto de ley y siempre se ha negado. De ahora en adelante el problema es que se tiene usted que incorporar a un proceso que ya está en marcha; va a tener que correr mucho, porque hay quienes llevamos meses hablando de este proyecto y, como digo, apuntando soluciones que puedan tener --quiera Dios que sea así-- el amplio respaldo de esta Cámara y de la sociedad. El esfuerzo por incorporarse a ese trabajo le corresponde a usted; a mí, darle la bienvenida si llega a alcanzarnos.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cualquier reforma en materia de arrendamientos urbanos debe tener presente, a mi modo de entender, tres objetivos: primero, que a los inversores y a los propietarios les resulte rentable construir viviendas y locales para alquilarlos; segundo, poner en arrendamiento las viviendas deshabitadas y los locales cerrados que poseen y, tercero, abordar una política de restauración de edificios ya arrendados.
Hasta ahora, en el Estado, desde el Real Decreto de 21 de junio de 1920, con la única excepción del Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 16 de mayo siguiente, las disposiciones en materia de arrendamientos urbanos han resuelto ser, además de leyes injustas, verdaderas normas contra los arrendamientos, aunque con otras palabras el señor Ministro, en su presentación, ha abundado precisamente en este tema. A mí me gustaría destacarlo en tanto en cuanto puede ser una política alternativa a la vivienda de protección oficial.
La situación actual es que existe un número elevado de arrendamientos celebrados con anterioridad el 9 de mayo de 1985, todos ellos con la llamada prórroga forzosa y en su mayor parte con rentas congeladas. Sin duda, son esos arrendamientos concertados antes del 9 de mayo de 1985 los que precisan con urgencia una reforma justa.
En la exposición de motivos de la ley de 11 de junio de 1964 se indica que las reformas de la presente ley afectan primordialmente a la renta y que la nueva ley debe atender el problema --y decían que lo atendía-- de la desvalorización de las rentas. A este propósito señalaba también la misma ley que las rentas y cantidades asimiladas a ella se adaptarían cada dos años a las variaciones del coste de la vida, mediante decreto, de acuerdo con el índice ponderado que fijara la Dirección General de Estadística, salvo que las partes hubieran convenido otro sistema de actualización.
Pues bien, todo aquello que tan bien aparecía redactado en el artículo 100 del vigente texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por Decreto de 24 de diciembre del año 1964, allí sigue, y transcurridos 29 años desde su entrada en vigor ni se ha cumplido ni se ha dado ninguna explicación por el incumplimiento del mandato imperativo contenido en este artículo, lo que ha producido unos desajustes entre las diferentes rentas verdaderamente abismales y un enorme desequilibrio, a su vez, entre las contraprestaciones de ambas partes contractuales. Hoy día resultaría difícil idear política más eficaz para reducir e incluso eliminar la cantidad de viviendas y locales privados en alquiler que esta congelación de alquileres.
A corto plazo, se ha transferido renta de los propietarios a los inquilinos. Esto podría parecer, de alguna forma, ventajoso para algunas ideas que ya han sido expuestas en esta Cámara. A largo plazo, sin embargo, elimina los incentivos para construir nuevas viviendas y locales en alquiler y espanta a la iniciativa privada, al contener las rentas y también los beneficios por debajo de los niveles de mercado.
El mantenimiento de lo que se llama y se puede llamar, yo creo, el esperpento de arrendamientos con renta antigua y prórroga forzosa justifica la desconfianza de los inversores, de todos los inversores, cualquiera que sea su ideología, respecto a los alquileres.
Es evidente que, si lo que se persigue es un aumento en calidad y cantidad del patrimonio inmobiliario en alquier, tema este que debería ser precisamente uno de los objetivos de la política inmobiliaria, lo que hay que hacer es alcanzar un adecuado equilibrio en las prestaciones entre las partes. La renta ha de mantener en todo caso el incentivo suficiente para estimular las inversiones de capital privado en la edificación de nuevas viviendas y locales y para abordar la conservación en estado de ornato y habitabilidad de los antiguos locales y viviendas arrendados. No cabe la menor duda de que ninguna renta debe ser tal que lo que interese al arrendador, como ha sucedido hasta ahora, sea el derribo de la casa, con el consiguiente envejecimiento y deterioro de barrios enteros.
Conjuntamente con el Grupo Vasco, no hemos presentado una enmienda a la totalidad porque el trabajo en común en Ponencia puede y debe mejorar el proyecto de ley. Y quiero subrayar este hecho --a pesar de que no esté aquí el señor Andreu, que nos ha calificado a todos como pactistas con la derecha-- porque considero que esta ley debe ser trabajada y debe ser, de alguna forma, consensuada de forma intensiva en la Ponencia que a continuación va a comenzar. Representamos, pese a lo que aquí se ha dicho, a todas las partes interesadas en el litigio, y aquí no hay derecha que no tenga inquilinos y propietarios y no hay izquierda que no tenga propietarios e inquilinos; incluso representamos a las instituciones que representan a los propietarios y a los inquilinos. Por eso, busquemos en común un consenso que mejore esta ley; todos los ciudadanos nos lo agradecerán o nos acusarán por no haberlo logrado.
Para el trabajo en Ponencia, existen una serie de temas que voy a destacar a continuación. Se debe evitar que esta ley adolezca de un espíritu excesivamente proteccionista hacia una de las partes, sean inquilinos o arrendatarios. En la actualidad se establece un régimen transitorio particularmente tímido y poco equitativo al perpetuar prácticamente situaciones arrendaticias claramente injustas, sobre todo las nacidas de los contratos celebrados antes de 1964.


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La Ponencia, de acuerdo con un principio de equidad y solidaridad pero sin obstaculizar el desarrollo de un sector económico, necesita y debe consensuar estas partes. Si, además, como parece que se pretende, van a coexistir en el mercado contratos amparados en la nueva ley y contratos regidos por leyes anteriores obsoletas, que se pueden calificar incluso de injustas, se debe buscar como objetivo restaurar la confianza de la sociedad en el mercado inmobiliario de alquileres, porque ello sólo beneficiará a algunos de los actuales inquilinos y arrendatarios, pero perjudicará --y esto quiero subrayarlo--a todos los que vayan a serlo en el futuro, además de a los arrendadores.
Finalmente, destacaré que, para lograr la confianza, en un correcto funcionamiento del mercado, de los arrendatarios urbanos, es urgente establecer procedimientos rápidos, sencillos y económicos que mantengan el equilibrio entre las partes intervinientes en el contrato. En ese sentido, sin duda, es preciso un sistema judicial que garantice, con uniformidad de criterio y suficiente rapidez, el absoluto respeto de las partes contratantes a las obligaciones contractuales libremente asumidas después de una larga negociación.
Yo quisiera invitar a todos los grupos a trabajar en la Ponencia, no con fines partidistas o ideológicos puros que, definitivamente, en esta ley no nos llevan a ningún sitio, nos llevan a un callejón sin salida y a una confrontación inútil entre los grupos, como el señor Andreu nos ha querido plantear, sino que, con un afán de servicio a los propietarios actuales, a los inquilinos actuales y a los que puedan ser propietarios y voluntariamente inquilinos en el futuro, podamos encontrar una ley que, por lo menos, satisfaga a la mayoría.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Martín.


El señor MARTIN MENIS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, por encima de todo, es preciso ser realistas, y el realismo nos obliga a reconocer la existencia de un acuerdo social muy amplio y a que es imprescindible aprobar una nueva regulación de arrendamientos urbanos, una ley reclamada por la sociedad, absolutamente imprescindible para poder dar satisfacción al precepto constitucional que garantiza a todos los españoles el acceso a una vivienda digna.
Al final de la pasada legislatura, el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados un proyecto de ley muy semejante al actual que recibió numerosas enmiendas parciales y a la totalidad. El nuevo proyecto ha asumido algunas de las correcciones sugeridas por diversos grupos. Ello explica que hoy sólo subsista una enmienda a la totalidad.
En honor a la verdad es preciso reconocer que, desde un punto de vista técnico, es indudable que el nuevo proyecto es mejor que el anterior y que la nueva ley puede contribuir a superar la actual dispersión legislativa que, en ocasiones, provoca conflictos jurídicos difíciles de resolver.
Destaquemos, en primer término, un objetivo fundamental de la ley, con el que es imposible no estar de acuerdo: la situación del mercado de viviendas en alquiler en España es una auténtica aberración, en términos comparativos, y yo diría que en absolutos, con los países de nuestro entorno. Como se ha dicho hoy, tan sólo un 15 por ciento de las viviendas españolas están en alquiler; además, sabemos que el 80 por ciento de ellas se rigen por una legislación obsoleta, en teoría protectora de los inquilinos y, en la práctica, conducente a una desaparición de ese mercado, a la vez que conducente a la desaparición de los cascos históricos de todas las ciudades españolas.
Es indudable que, por su propia naturaleza, existe una evidente contradicción de intereses entre inquilinos y propietarios. Corresponde al Estado la protección de las capas más desfavorecidas de la sociedad, pero esa tarea no puede realizarse mediante mecanismos que conduzcan a efectos contradictorios. Una ley como la que nos ocupa debe fijarse como objetivo la creación de un marco estable para las relaciones futuras que estimule la construcción y puesta en el mercado de numerosas viviendas en alquiler. Es imprescindible generar un equilibrio razonable, como, a nuestro juicio, ocurre en el actual proyecto de ley, entre los derechos y obligaciones de los arrendadores y de los arrendatarios. Las ayudas imprescindibles dirigidas hacia los jóvenes y hacia las personas de rentas bajas para que puedan acceder a la vivienda en alquiler no se pueden hacer más intentando cargar su coste sobre los propietarios, como se hizo en el pasado. Esa política sólo consiguió reducir drásticamente el número de viviendas en alquiler y, como decía, arruinar antes el patrimonio histórico urbano de nuestra sociedad.
Tampoco se puede confiar en medidas precipitadas, como fue el Decreto Boyer, que también provocó efectos perniciosos. Por ello, pensamos que este proyecto de ley, que es la segunda vez que se discute en esta Cámara y que ha recibido numerosos retoques en su elaboración, puede, finalmente, conseguir su objetivo esencial.
En lo que atañe a la solución de las situaciones anteriores, que se pretenden resolver con las disposiciones transitorias, creemos que el proyecto es mejorable, sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos para comprobar las situaciones de estado de necesidad de algunos de los inquilinos de renta antigua, así como a los mecanismos de compensación para algunos propietarios del mismo régimen que están sufriendo situaciones radicalmente injustas mediante las cuales se les ha

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convertido en colaboradores forzosos del Ministerio de Asuntos Sociales.
La polémica básica en relación al nuevo proyecto se ha centrado en torno a sus efectos para los pequeños comerciantes y empresarios, en lo que se refiere a la regulación transitoria de los locales de negocio. La situación parece fácil de despejar desde una perspectiva teórica; la activida comercial o empresarial en una sociedad de mercado debe ajustarse al máximo a una estructura racional de costes, en los que debe incluirse la amortización o el alquiler de los inmuebles donde se desarrolla la actividad comercial, profesional o empresarial. Los principios de libre competencia y transparencia de costes que se exigen dentro de la Unión Europea parecen pedir del Estado una actitud de neutralidad en las relaciones entre propietarios e inquilinos de locales de negocio.
Es indudable que estos principios teóricos se ven hoy condicionados por la grave crisis económica, las enormes cifras de paro y la conciencia política generalizada de que hay que incentivar a las pequeñas empresas como motor de la creación de empleo. Pero ello no debe llevarnos a pretender sostener a largo plazo actividades improductivas sobre un falseamiento de los costes empresariales implícitos. Ello no haría sino alargar la situación de crisis latente.
Es imposible pretender mantener la ficción de que existen actividades y empleos duraderos y productivos, cuya remuneración o beneficio se base simplemente en la existencia de un alquiler muy pequeño absolutamente alejado de los precios razonables y no especulativos en las mismas zonas.
Hay que solucionar las situaciones del pasado con prudencia, con extremada prudencia, para no causar daños graves a determinados pequeños industriales y comerciantes de rentas modestas, pero evitando la perpetuación de situaciones antieconómicas en el largo plazo. Por ello, podremos discutir en las enmiendas parciales si las disposiciones transitorias previstas por el Gobierno son mejorables, como nosotros creemos, de cara a la adecuación, con los menores costos posibles, a un nuevo marco de competencia y modernización que favorezca la creación de nuevos empleos.
Pero esa necesidad de discutir, perfeccionar y mejorar el actual proyecto no puede distraernos del objetivo esencial del actual debate; es preferible apoyar el actual proyecto de ley, aunque subsistan dudas sobre los efectos que puede desencadenar en la actual situación de crisis económica en algunos colectivos, que mantener la situación actual que ya ha demostrado hasta la saciedad que es perjudicial para los intereses del conjunto de la sociedad.
Se trata, en definitiva, de reformar la normativa precedente, la primera, de 1964, y la segunda, que tiene hoy casi dos lustros de vigencia. Perseguimos los siguientes objetivos, para nosotros fundamentales: modernizar la sociedad, revitalizando el mercado inmobiliario, agilizando el mercado de alquiler de vivienda y locales comerciales. Variar el régimen de subrogaciones de alquileres considerados prácticamente a perpetuidad en los contratos acogidos antes del Decreto-ley de 1964, optando por la supresión gradual de los derechos de subrogación. La duración de los alquileres no puede seguir siendo indefinida. La nueva LAU establece un mínimo de cuatro años. Se mantiene el contrato de subrogación en el ámbito «mortis causa» a favor de personas con vinculación directa con el arrendatario y se prohíbe la subrogación «inter vivos», excepto con la autorización del arrendador. En los locales comerciales, el derecho de traspaso sólo se podrá ejercer cuando subsista la misma actividad. El traspaso no puede considerarse un derecho del arrendatario. La actualización de alquileres según el IPC. Conservaciones de la finca imputables a los arrendatarios y un calendario de actualización de rentas para locales comerciales. Plazo de duración superior para aquellos arrendamientos de locales en los que se desarrolle una pequeña explotación.
En resumen, señorías, podemos terminar diciendo que, con base al artículo 47 de la Constitución Española, la existencia de una ley especial de arrendamientos urbanos se justifica por la necesidad de satisfacer el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; la vivienda familiar ha de considerarse bien de primera necesidad y, por ello, no puede someterse a las normas del libre mercado. Muy al contrario, el arrendamiento de viviendas familiares deberá gozar de mecanismos correctores que atemperen el movimiento liberalizador de la propiedad urbana a las circunstancias económicas del país y a las exigencias de la justicia.
Una vez más es preciso señalar que la nueva ley supone un considerable avance en la delimitación de los casos concretos, que deben ser especialmente tutelados mediante su sustracción al Código Civil e incluso en una ley especial, como es la de arrendamientos urbanos. La ley gravita sobre el principio de que sólo la primera vivienda familiar debe ser objeto de tratamiento privilegiado, rompiéndose así con situaciones abusivas de todos conocidas.
Parece encomiable el propósito de que los arrendamientos de segundas viviendas y locales de negocios pasen gradualmente al ámbito del Código Civil, señalando el respeto de la ley al fondo de comercio como único justificante del derecho de traspaso. No se contemplan situaciones nuevas, como las suscitadas por la Ley de Divorcio, y, además, integra especificidades respecto a personas discapacitadas.
Consideramos verdaderamente adecuada la reforma procesal que contiene, destacando la creación de un recurso de casación limitado a aquellos casos en los que la doctrina del Tribunal Supremo pueda ser verdaderamente

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necesaria, sin que por ello se auspicie la litigiosidad dilatoria.
La devolución del presente proyecto de ley sería frustrante para amplios segmentos de la ciudadanía y, por el contrario, las discrepancias con el texto remitido por el Gobierno, precisamente por puntuales, por su concreción, permiten una amplia discusión en el seno del debate que se produzca como consecuencia de la formulación de las enmiendas que se presenten. Ese es el único debate aconsejable para Coalición Canaria, hoy imposible. Lo contrario sería frustrante y supondría una parada en el tiempo, que a nadie, a medio plazo, beneficiaría.
Nada más, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, señor Andreu, no le quiero interrumpir en su conversación telefónica, pero lo que le voy a decir se lo voy a decir con todo el respeto y con el cariño, incluso, que, personalmente, le profeso. Ustedes, con una frecuencia me da la impresión que ya excesiva, están discurriendo por la senda del maniqueísmo haciendo reflexiones e imputaciones de carácter político, ya no al Grupo que sustenta al partido gobernante, sino a todos los demás. A mí me ha preocupado mucho lo que usted ha dicho: el pacto --pacto inexistente, como el señor García-Arreciado le ha comentado--entre las fuerzas conservadoras y el Gobierno, y el Partido Socialista, como sustento o fundamentación de esta ley.
Primero, el pacto no existe. Usted no puede pretender biológicamente que en este Parlamento existan en este momento dos segmentos, institucional e ideológicamente relevantes: el de las fuerzas progresistas, representadas en exclusiva por ustedes, y todos los demás, a los que ustedes califican de fuerzas conservadoras, ustedes y la señora Rahola, si quiere, como si tuviesen una representación institucional y política simétrica, idéntica. Y la homologación político-ideológica fuera del progresismo, es decir, ustedes, y del conservadurismo todos los demás. Esa es una reflexión que, desde una perspectiva de análisis intelectual, no se puede tolerar. En primer lugar, el pacto no existe; en segundo lugar, hay acuerdos y consensos parciales entre los distintos grupos que tenemos representación en esta Cámara. Y discrepancias. Nosotros, señor Ministro, consideramos que el proyecto es notablemente mejorable en algunos aspectos. Usted ha esbozado, en la presentación del proyecto de ley, dos posibilidades, la de la mejora --y la ha complementado con esta reflexión: si ello es posible, que es muy significativa-- o la de la adhesión. Yo creo que la de la mejora es la pertinente, señor Ministro, que es mejorable.
Pero no haga usted descalificaciones o calificaciones políticas de esta naturaleza, señor Andreu, porque aquí hay grupos parlamentarios y hay Diputados, y es el número, la cuantía. No hay ningún tipo de reflexión cualitativa ideológica aquí, es la cuantía, es el número de grupos los que homologan, los que proveen o los que privan de legitimidad los proyectos de ley. Ese es el único criterio razonable que cabe inducir. Y hablar de progresismo y conservadurismo, en los tiempo que corren, sobre todo, es hablar ya de conceptos que, por lo menos, requieren relativizaciones y matizaciones ulteriores, desgraciadamente muy prolijas.
Sin más reflexiones preambulares, señor Presidente, nosotros le tenemos que decir --y ya lo hemos adelantado-- que entendemos que este proyecto de ley se puede mejorar. Y, además, tenemos la seguridad de que se va a mejorar, por el talante de consenso, el talante receptivo a las propuestas de otros grupos parlamentarios. Yo no sé qué le ha pasado a usted, señor Andreu, pero el talante receptivo que nosotros hemos percibido --por lo menos con las propuestas de mi Grupo parlamentario, y nos consta que ha existido con las propuestas de otros grupos parlamentarios-- en trámite prelegislativo, augura que también en el trámite parlamentario va a mantenerse esta flexibilidad intelectual, este talante receptivo y que entre todos vamos a poder llegar a los consensos políticos y jurídicos que una ley de esta magnitud, de esta dimensión, requiere.
Le tengo que felicitar, señor Ministro, porque usted ha demostrado --por segunda vez, porque este proyecto de ley ya lo presentó en las postrimerías de la Legislatura anterior-- coraje. No todo el mundo se atreve, no todo gobierno se atreve, a regular esta materia jurídicamente, a presentar un proyecto de ley sobre los arrendamientos urbanos. Estos proyectos de ley son conflictivos y en ellos es terriblemente complicado conciliar los intereses en contraste, los intereses en contradicción, ambos legítimos. Incluso son intereses o derechos en colisión de rango constitucional. Y nada menos que los siguientes: el derecho a la propiedad, una de cuyas manifestaciones especiales, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es el derecho a cobrar determinadas rentas, sentencias de mayo y junio de 1987, del Tribunal Constitucional. Lo mismo que también es una manifestación especial del derecho de propiedad, que proclama el artículo 33 de la Constitución, el derecho al cobro de las pensiones de la Seguridad Social y al cobro de otras rentas de naturaleza diferente, esto es derecho de propiedad, esto figura en el artículo 33 de la Constitución, el derecho al cobro de renta justas, de rentas equitativas, de rentas contractualmente equilibradas. Y esto lo tenemos que contrastar con el derecho a disfrutar de una vivienda digna que proclama otro precepto de la Constitución, el artículo 47.


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Tenemos que conciliar, relativizando ambos derechos constitucionales, que es lo que ocurre y lo que el ordenamiento jurídico tiene que hacer siempre que colisionan derechos constitucionales de signo contrario. Y nosotros entendemos que esta conciliación de los intereses en contraste --el derecho a cobrar una renta justa, que es una manifestación especial del derecho de propiedad, y el derecho al disfrute de una vivienda digna en alquiler, en alquiler, que también así se manifiesta el derecho al disfrute de una vivienda digna, el artículo 47 de la Constitución-- esta ley no termina de equilibrarlo, no termina de conciliar razonablemente estos derechos o no lo termina de hacer desde la perspectiva de los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama el artículo 1.º de la Constitución: la justicia, la igualdad, la libertad. ¿Por qué no lo hace? Porque todavía, señor Ministro, esta ley adolece de un exceso de proteccionismo a favor de los inquilinos y particularmente --como ya ha sido comentado por otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-- de los inquilinos sujetos a régimen de prórroga forzosa, todos los anteriores al Real Decreto-ley de 30 de abril de 1985, además de los inquilinos cuyas rentas están congeladas, que son todos los arrendatarios o inquilinos cuyos contratos de arrendamiento se celebraron antes del año 1964. Estos inquilinos todavía se benefician de unas rentas congeladas muy pequeñas, unas rentas congeladas de dimensión ridícula en un mercado de la vivienda que en los últimos tiempos ha sufrido una carestía demasiado intensa, desgraciadamente. En nuestra opinión, esto supone, señor Ministro y señor García- Arreciado --perdonen, espero que no consideren excesivas estas reflexiones o estas argumentaciones--, una auténtica expropiación a los propietarios lesionados con una regulación jurídica de rentas de esta naturaleza, de esta pequeñez, una auténtica expropiación, sin los requisitos que se prevén para la expropiación en el artículo 33 de la Constitución, también: la existencia de una causa de utilidad pública o interés social, y la correspondiente indemnización. Y esto no es mantenible. Pero esto no sólo no es mantenible por las razones de constitucionalidad que le estoy argumentando y que son discutibles, señor Ministro; esto no es mantenible por la razón que usted ha expuesto, en tono tan enfático, además, cosa por la que nos felicitamos, porque esto desanima a la cesión de viviendas en alquiler; esto desanima a la inversión privada para la construcción de viviendas en alquiler, o para la construcción de locales de negocio en alquiler y, en consecuencia, esto está impidiendo no los alquileres actuales, sino los alquileres futuros. En definitiva, está perturbando, esto está obstaculizando el derecho de acceso a la vivienda que proclama el artículo 47 de la Constitución a través del alquiler para los inquilinos que hoy no lo pueden ser y lo quieren ser, para los inquilinos futuros.
Esta es la reflexión ideológica pertinente. Esta es la que nos tenemos que plantear todos los grupos parlamentarios. Y, ¿cómo? Haciendo lo que dice la exposición de motivos del proyecto de ley: buscando el equilibrio de prestaciones contractuales en el contrato de arrendamiento. Y este equilibrio no existe hoy, porque el régimen transitorio de este proyecto de ley todavía es tímido, proteccionista, es todavía insuficiente y probablemente es inconstitucional, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque se excluye de los sistemas de actualización de las rentas, que usted ha explicado con lucidez, a aquellos contratos de arrendamiento que afecten a arrendatarios en los cuales los rendimientos íntegros de la unidad familiar no superen el 3,5 por ciento del salario mínimo interprofesional. Esto, en primer lugar, supone un elemento discriminatorio de dudosa constitucionalidad, de dudoso ajuste a los requerimientos jurisprudenciales del principio de igualdad ante la ley, del principio de igualdad con carácter general que proclaman los artículos 1, 9 y 14 de la Constitución. Hay muy prolija jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige que las desigualdades o son objetivas y razonables o son inconstitucionales, y esta discriminación, basada en un dato estrictamente económico, basado en la renta familiar disponible, se nos antoja de más que dudosa constitucionalidad. Tenemos que buscar otro procedimiento y nosotros le proponemos uno: la existencia de un fondo público de protección a la vivienda que permita a aquellos arrendatarios que no puedan absorber la actualización de sus rentas, o que permita a los arrendadores, mejor dicho, a través de los mecanismos de subvención que se prevea en el ordenamiento jurídico, una compensación por la imposibilidad del arrendatario de absorber esa renta actualizada. Eso es lo que nosotros le proponemos, o, si no, vamos a incurrir en una clara inconstitucionalidad. Tampoco el sistema de actualización de estas rentas se nos antoja que es el mejor, señor Ministro. Es muy prolijo, está técnicamente muy bien concebido, como última «ratio» lo aceptaríamos, pero nosotros le vamos a proponer en forma de enmienda uno que consideramos mejor, utilizando los criterios de la Orden de actuaciones protegibles del año 1993, utilizando los índices ponderados como sustrato, como fundamento de este criterio de actualización de rentas de las actuaciones protegibles, de los índices ponderados de naturaleza geográfica, de ámbito geográfico.
Yo le aconsejo que reflexionen de forma ponderada y cuidadosamente sobre esta enmienda que nosotros le proponemos.
También tenemos dudas, como algún otro grupo parlamentario le manifestará con toda seguridad, señor Ministro, señor representante del Grupo Socialista, sobre la previsión de extinción en materia de locales de negocios de la disposición transitoria tercera, la previsión de extinción de aquellos contratos que estén en situación

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de prórroga legal en el momento de entrada en vigor de esta ley. Las consideraciones en materia de empleo --que las ha hecho usted, las ha hecho el señor Andreu de forma contradictoria, las han hecho también los demás portavoces que han intervenido-- son consideraciones que, en este momento, tienen una relevancia coyuntural de la máxima trascendencia y deben ser objeto de la debida ponderación. Yo le aconsejo que pondere, que todavía reflexione un poco más sobre los efectos que esta extinción contractual que se prevé en la disposición transitoria tercera puede tener sobre la estabilidad de determinados comercios o industrias artesanales, de determinadas pequeñas industrias que están en régimen de alquiler, y también sobre determinado tipo de establecimientos, como son las oficinas de farmacia, que están sujetos a un régimen de no libre implantación, o son negocios de no libre creación, y también podemos provocar problemas de naturaleza incluso sanitaria, de salud pública, de desabastecimiento en determinados ámbitos geográficos, en determinados barrios, de los medicamentos que dispensan estas oficinas de farmacia.
En definitiva, todavía...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego concluya.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Acabo ya con estas reflexiones y algunas otras, señor Presidente, que hago con suma brevedad.
El régimen procesal que se prevé, que ha sido muy ponderado por algún otro portavoz, lo consideramos absolutamente insuficiente. El juicio por desahucio no puede durar todavía dos años. Esto nos permite hacer dudar de la efectiva implantación y vigencia del derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales, que consagra el artículo 24 de la Constitución. No puede tardar dos años un juicio por desahucio, bien por falta de pago de la renta o bien por expiración del plazo contractualmente convenido. Tenemos que buscar --y nosotros se lo proponemos en forma de enmienda de adición-- un artículo 36 bis nuevo, un juicio rápido, un juicio verbal breve para los desahucios. Tenemos que recurrir, como ha dicho bien el señor Andreu, a procedimientos arbitrales que reduzcan la litigiosidad en esta materia.
Tenemos que fortalecer los aspectos contractuales y de materia disponible, por ejemplo, de duración de los contratos.
En definitiva, y ésta es mi última reflexión, señor Presidente, tenemos que continuar, señor Ministro, señor García-Arreciado, con el espíritu de consenso que ha caracterizado al trámite prelegislativo. Si continuamos así, seguro que entre todos podremos hacer una ley que funcione eficientemente, que nos cree un buen mercado de arrendamientos, como proclama la exposición de motivos de la ley, y que nos haga abandonar definitivamente esa poco honrosa posición de ser la auténtica cola en Europa en materia de arrendamientos, de locales y de viviendas en alquiler.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.


El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, de nuevo inicia la Cámara el debate de la ley de arrendamientos urbanos, un debate que es bienvenido porque la reforma de la popular LAU es importante y urgente.
Estamos ante un proyecto de ley que, por necesario, ha sido reiteradamente reclamado por múltiples voces en este Parlamento, entre ellas por el Grupo Parlamentario al que represento a través de diversas iniciativas o de la línea que coherentemente hemos mantenido en los debates sobre política de vivienda. A pesar de ello y lamentablemente, el Gobierno, hasta la anterior legislatura, en el año 1993, no aprobó el tan esperado proyecto, remitiendo a las Cortes una propuesta que, a la tardanza con la que llegaba, debían sumársele notables defectos técnicos en sus disposiciones y el demérito de no resolver los problemas generados al amparo de la Ley vigente y, en cambio, crear nuevos. Terminó la III Legislatura, decayó aquel proyecto y, con esta nueva legislatura en marcha, el Gobierno ha remitido a la Cámara uno nuevo que, aun siguiendo el esquema anterior, desde nuestro punto de vista supone en su conjunto un paso adelante básicamente por cuanto mejora aspectos del citado proyecto anterior que entendíamos --coincidían en ello todos los sectores afectados--que, de no corregirse y modificarse, iban a generar un sinnúmero de conflictos judiciales, lo que constituiría un fracaso y una burla para los que legítimamente esperaban de la nueva regulación un marco de mayor seguridad jurídica. A pesar de todo ello, todavía contiene propuestas y soluciones con las que discrepamos profundamente. Este proyecto de ley, desde nuestra perspectiva, es francamente mejorable. Es más, habrá de ser sustancialmente mejorado para que pueda contar con el apoyo que se reclama de este Grupo Parlamentario.
La solución al acuciante problema de la vivienda de alquiler está en conseguir un importante aumento de la oferta, de manera que se elimine la posición dominante en el mercado del escaso número de viviendas de arrendamento y se equilibren las contraprestaciones de propietarios e inqulinos. Para ello, es preciso que la nueva ley constituya un marco estable con voluntad de durar años, lo que, combinado con otras medidas, fundamentalmente de tipo fiscal, y de la garantía de un período de estabilidad, habría de favorecer que el alquiler sea una alternativa real a la compra. Ello obliga

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a la Cámara, pero sobre todo al Grupo mayoritario, a realizar un importante esfuerzo de mejora y consenso en los trámites sucesivos del debate.
El proyecto de ley, como decía antes, supone un paso adelante respecto del anterior, pero en su primera parte, es decir, la que regula el régimen que se aplicará a los nuevos contratos, aún incorpora aspectos que no nos parecen acertados. En este sentido, nos parece conveniente, por ejemplo, clarificar el concepto de temporalidad para no hacer imposible el acceso al alquiler de quien necesite una vivienda para un período inferior a cuatro años, sea por motivo de estudios, trabajo o cualquier otro. También habrá que delimitar mejor, en los casos en que se produzca un uso dual de la finca, es decir, vivienda y negocio, cuándo se aplicará el régimen de arrendamiento de viviendas y cuándo el relativo a usos distintos.
En determinados supuestos de comunicaciones entre las partes, arrendatarios-arrendadores, el proyecto continúa sin exigir la forma escrita o, en algunos casos, fehaciente. Ello nos parece especialmente importante para evitar conflictos que, al final, van a tener que resolver los tribunales, lo que también podría suceder de no clarificarse los mecanismos de actualización de la renta que, a mi criterio, quedan confusos en el proyecto de ley. El capítulo relativo a la conservación de la vivienda o a las distintas clases de obras y a la procedencia o no de la repercusión de su coste, a pesar de haberse simplificado considerablemente, continúa siendo francamente mejorable, como lo son también los artículos relativos a las causas de resolución y extinción del arrendamiento.
Por lo que se refiere a los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, soy de la opinión de que conviene corregir algunos aspectos del régimen que con tanta simplicidad dibuja el proyecto, incorporando, por ejemplo, tal como se prevé para el caso de la vivienda, un derecho de adquisición preferente por el arrandatario en caso de venta del local, configurando la cesión del contrato que establece el artículo 33 como un derecho similar al traspaso actual, previendo los cambios que se puedan producir en el futuro en la personalidad jurídico- empresarial por imperativo legal, la continuidad de la empresa a favor de los herederos del arrendatario cuando éste muera, y los requisitos para poder acceder a la denominada indemnización por clientela, que consideramos excesivamente gravosos en la redacción actual. Otra de las indispensables condiciones por las que pasa la reactivación del alquiler es la seguridad jurídica, como ha sido ya puesto de manifiesto por algunos de los intervinientes anteriores. Creemos que es preciso restaurar la credibilidad en un sistema judicial quegarantice, con más celeridad y unidad de criterio, el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. El capítulo relativo a los procesos arrendaticios y las disposiciones adicionales que modifican la Ley de Enjuiciamiento Civil intentan conseguir ese objetivo e introduce mejoras en el régimen actual. Pero entendemos que hay que andarse con cuidado para evitar que, persiguiendo ese objetivo tan loable, se menoscaben los derechos y garantías de la parte más desfavorecida o, incluso, se pueda llegar a caer en la indefensión.
No podemos caer en el error de pensar que, visto que la justicia a menudo es muy lenta, hay que acortar los plazos de los procedimientos, porque ello va en detrimento de los ciudadanos juzgados pero no va a resolver el problema de fondo, ya que el tribunal que no resuelve en los plazos que marca la ley aún respetará menos estos plazos si son más cortos.
Nos parece también muy conveniente limitar, de una vez, el mecanismo de las enervaciones en el desahucio por falta de pago, que quiebran la seguridad jurídica y supone, sin lugar a dudas, una pérdida de tiempo y dinero para los arrendadores; pero, sobre todo, para los pequeños propietarios, que, al carecer de una estructura organizada para perseguir a los morosos, han de hacer frente a los cuantiosos gastos que les suponen estos procesos. Dicho esto, pienso también que se deberían introducir garantías para el posible desahuciado de buena fe o realmente necesitado, garantías consistentes, por ejemplo, en la indicación en el escrito de interposición de la demanda y en la notificación de la procedencia o no de la enervación, en la comunicación a la administración competente en asuntos sociales, para que pague cuando proceda o deposite las rentas pendientes, o en una clara diferenciación entre los supuestos de desahucio por falta de pago y aquellos casos donde se discuta la disconformidad del arrendatario por un incremento o una repercusión.
La segunda parte del proyecto es, quizá, menos relevante de cara a dinamizar el mercado de alquiler, pero, en cambio, es trascendental por cuanto su objeto lo constituyen los arrendamientos vigentes en la actualidad y realizados amparándose, en la mayoría de los casos, en unas normas muy proteccionistas bajo las cuales se han generado y perviven auténticas situaciones de injusticia.
Nuestro Grupo coincide con la premisa de que parte el proyecto de que hay que afrontar estas situaciones. Es más, hace años que lo venimos reclamando.
También debo decir, con la claridad y rotundidad que convenga, que si hoy existen rentas congeladas, o rentas que están a años luz de lo que podríamos considerar como una renta justa, se debe, en gran parte, a la pasividad de éste y de los anteriores Gobiernos que, reiteradamente, han omitido utilizar la facultad de actualización que les confería el artículo 100 de la Ley de

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Arrendamientos Urbanos vigente, tal como ya ha puesto de manifiesto el propio portavoz del Grupo Socialista.
Sin embargo, ese problema no lo resuelve el proyecto, e incluso pensamos que crea otros nuevos. Tan malo es pasarse como no llegar al punto justo de equilibrio, y el proyecto de ley precisamente peca en ambos sentidos. El Gobierno ha optado por cargar la supuesta solución del problema práctica y exclusivamente en los arrendatarios de locales de negocios, a quienes se les incrementa el alquiler y se les fija un plazo en relación con la antigüedad del contrato, transcurrido el cual éste quedará extinguido. Solución esta última que, como es sabido, nos parece un grave error, puesto que, como decía antes, no resolverá el problema de fondo, que no es otro que un problema de renta, pero creará otros nuevos al situar en el horizonte del comerciante la extinción de su arrendamiento y la pérdida, en la práctica, de su derecho al traspaso.
Aun cuando debo reconocer que la propuesta actual mejora la del anterior proyecto de ley, me parece todavía claramente insuficiente. Pero, además, me pregunto: ¿qué va a suceder, por ejemplo, con el propietario que tiene viviendas, pero no tiene ningún local arrendado?, porque el mecanismo de actualización que se propone para la vivienda, además de afectar a un pequeño porcentaje del parque de viviendas en alquiler, es muy radical cuando fija que por encima de un determinado nivel de renta, hay actualización y por debajo de ese nivel, no hay actualización. Incluso, ese mismo radicalismo se reproduce al determinar el momento en el que hay que computar los ingresos del inquilino, así como de su familia, para saber si habrá o no actualización. No se tiene en cuenta que las circunstancias económicas de las familias son cambiantes, que quien hoy no tiene empleo quizá de aquí a un año lo va a tener, o que aquella pareja de jubilados que conviven con dos hijos en casa, que se están ganando la vida en este momento, puede ser que de aquí a un año y medio se vayan de casa, se lleven el sueldo, pero dejen el incremento en el hogar de los padres jubilados. Es evidente que con la propuesta del Gobierno no van a terminar las rentas congeladas, precisamente por lo tajante de la misma.
Somos de la opinión de que también hay que mejorar, y mucho, ese aspecto del proyecto de ley, introduciendo una mayor elasticidad, tanto en las cuantías de actualización, como en los plazos en que ésta debe producirse, y también (y ello nos parece fundamental) excluyendo de la actualización todos aquellos casos donde la carga sobre los ingresos del inquilino vaya a ser demasiado fuerte. En estos casos, debería ser la Administración la que, a través de medidas fiscales indirectas o subvenciones directas, satisfaciera las rentas que la propiedad deje de percibir, o al menos una parte de las mismas.
Evidentemente, éstos no son los únicos aspectos que nos preocupan del régimen aplicable a los contratos vigentes, aunque sí son los más importantes, candentes y, por tanto, los que van a exigir un mayor esfuerzo de imaginación y consenso de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, le ruego concluya.


El señor RECODER I MIRALLES: Termino enseguida, señor Presidente. En cualquier caso, quiero que quede claro nuestro planteamiento. Hay que resolver el problema de las viviendas de renta antigua mediante actualizaciones, cuando sea posible y cuando no, a través de mecanismos fiscales y subvenciones; y el problema de los locales comerciales con renta antigua es precisamente un problema de renta, no de prórroga forzosa, por lo que no debemos confundir el camino de su resolución.
Dentro de este apartado del proyecto, habrá también que mejorar otros aspectos, como son los de obras de conservación y mejora, que entiendo que estaban mal tratados en la Ley de 1964, y continúa mal enfocada su solución en este proyecto de ley, y algunos otros.
Señor Presidente, señorías, quiero terminar esta intervención manifestando que, a pesar de las profundas discrepancias que todavía mantenemos con el proyecto del Gobierno, esperamos y deseamos que en los sucesivos trámites parlamentarios podamos acercar posiciones, de forma que nos permitan sumarnos al consenso final sobre el mismo. Sin lugar a dudas que ello es responsabilidad de todos, pero fundamentalmente del Grupo mayoritario, del que esperamos un ejercicio de diálogo evidentemente y consenso, que incluso nos ha sido brindado por el señor Ministro en su primera intervención y reiterado por el portavoz socialista. Asumimos el reto por la parte de responsabilidad que nos comporta, pero no quisiera terminar esta intervención sin decir antes, señor Ministro, que celebramos su oferta de consenso y diálogo, pero esperamos que su actitud de esta tarde sea sólo el inicio de una actitud que se va a reproducir, no sólo en este proyecto de ley, sino en todas aquellas iniciativas parlamentarias que, a partir de ahora, usted vaya trayendo a la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, este turno de fijación de posición que voy a consumir en nombre de mi Grupo, en relación con este al fin llegado proyecto de ley de arrendamientos urbanos, comporta, por su propia naturaleza, una doble valoración. De una parte, la valoración de la enmienda de totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y,

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de otra, del proyecto de ley objeto de este debate. En relación con lo primero, con la valoración de la enmienda de totalidad de Izquierda Unida, quiero decir que, sin perjuicio de que en el curso del trámite parlamentario ulterior haya puntos parciales de coincidencia en enmiendas concretas, no vamos a apoyar la enmienda a la totalidad.
No pocos maximalismos, esquemas a nuestro juicio excesivamente radicales, nos parecen incompatibles con la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra política de vivienda cuenten cuanto antes con una nueva ley de arrendamientos urbanos. Y si me permite el portavoz de Izquierda Unida --en su conversación al teléfono--, quiero decirle que, en muchos años de ejercicio de la abogacía, en ningún manual de Derecho civil, a la hora de buscar clasificaciones de los arrendamientos, he encontrado la que él ha propuesto: arrendamientos de derechas y arrendamientos de izquierdas. Y quiero decirle más. Quiero decirle que seguramente en aquellos países donde los arrendamientos se supone que serían de izquierdas, es donde, justamente, lo que no había era viviendas.
Dicho esto, insisto en que es fundamentalmente que, cuanto antes, nuestro ordenamiento jurídico cuente con una nueva normativa que restablezca el mercado de alquileres, que paulatinamente los sitúe en niveles europeos y que garantice o propicie la movilidad geográfica del trabajo. En otras palabras, y recordando una frase de Manuel Azaña con motivo del debate de la Ley de Arrendamientos Rústicos, allá por el año 1933: Mejor este proyecto de ley que ninguno, señorías.
Por eso no vamos a apoyar la enmienda de devolución, que reabriría un paréntesis análogo al que se produjo con ocasión de la disolución de las Cámaras y que comportaría la continuidad de los efectos perniciosos o perversos --y hay que decir que no todos los efectos fueron perversos-- del Decreto- ley de 2 de abril de 1985, mejor conocido como decreto-ley Boyer. Quiero decir, señor Ministro, recordando aquella vieja frase de que Dios escribe derecho con renglones torcidos, que seguramente la disolución anticipada de las Cámaras es la que ha propiciado varias cosas. Un nuevo talante del señor Ministro, que le agradezco, con respecto al que recuerdo que tuvo en la pasada legislatura; una mejora importante del proyecto y un tono de sosiego y de acuerdo --no me atrevo a decir de consenso-- en todos los bancos de este hemiciclo.
En cuanto a la valoración del proyecto, correlativa a la anterior, yo sintetizaría con unos pocos adjetivos la que nos merece el proyecto mismo. El proyecto nos parece, aunque sea una obviedad, importante, pero con la importancia de las cosas de cada día, de aquellas cosas que importan a los ciudadanos y ciudadanas españoles de cada día, al margen de los debates en los que estamos enfrascados los políticos. El proyecto nos parece tardío; el proyecto nos parece urgente; y con la oportunidad de lo que se debió hacer ayer, se hace hoy pero al menos al fin llega, nos parece oportuno; y el proyecto, en fin, nos parece perfectible. Pero, más allá de esa condición que merece toda obra humana, el proyecto nos parece claramente mejorable, manifiesta, inexcusablemente mejorable; tan manifiesta y tan inexcusablemente mejorable que tenemos preparadas 60 o 70 enmiendas parciales, es decir, más de dos por cada precepto del proyecto, singularmente en materia de Derecho transitorio.
De la trascendencia del proyecto hablan los hechos y las reacciones ciudadanas de cada día ante la imposibilidad o enorme dificultad de acceso a la vivienda, acentuada en esta etapa de crisis doble: de crisis económica y de crisis política. De la trascendencia del proyecto en términos de hoy da la medida la expectación con que la ciudadanía espera ese proyecto y la frustración o decepción que experimentaría si quedara «ad kalendas graecas» y si no se superara ese texto refundido de 1964, que ya tiene una vigencia de 30 años, que ha cambiado los hábitos sociales y que ha hecho que se pase de la fórmula --quizás ustedes dirían la cultura; yo digo fórmula-- del alquiler, del arrendamiento, a la fórmula de la propiedad: Pero también son conocidos los datos del descenso del peso de las viviendas en régimen de alquiler en el conjunto del parque de viviendas. Sólo en la década socialista --y lamento contradecir al señor Ministro en las cifras que ha manejado-- se ha descendido del 20,8 que representaban las viviendas en alquiler en 1983, a apenas el 15 por ciento en 1993; es decir, seis puntos, señor Ministro. En la actualidad, España cuenta con el parque de viviendas más reducido de Europa, como es bien conocido, y nuestro 15 por ciento se compara mal con el casi 61 por ciento de la República Federal Alemana, con el 56 por ciento de Holanda, con el 43 por ciento de Dinamarca, el 37 por ciento de Francia, el 32 por ciento del Reino Unido, incluso con el 27 por ciento de Italia.
Todos los grupos de la Cámara están de acuerdo en la enorme trascendencia actual, coyuntural y permanente de este proyecto, y en lo que concierne a mi Grupo, no quiero mencionar las veces incontables en las que hemos solicitado un nuevo proyecto de ley de arrendamientos urbanos.
En su misma trascendencia, sin embargo, el proyecto es --como he dicho-- tardío. Data de hace 10 años el informe de una Comisión especial creada en esta Cámara, a la que tuve el honor de pertenecer entonces, para la revisión de la normativa sobre arrendamientos urbanos, cuyo informe se publicó en el Boletín del Congreso el 18 de mayo de 1983; lleva, por tanto, diez años durmiendo el sueño de los justos en las páginas del Boletín. Y en estos diez años, no es ocioso recordar que el compromiso de una nueva regulación de alquileres ha figurado sistemáticamente en todos los programas electorales del PSOE, aunque en duro contraste con las

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realidades efectivas posteriores. Recientemente, tanto el señor Ministro como la Secretaria de Estado, ahora de Medio Ambiente y Vivienda, no han tenido más remedio que reconocer que la promoción de viviendas en alquiler constituye una de las asignaturas pendientes de todos, sin excepción, los Gobiernos socialistas.
Pues bien, en el marco de esta tardanza indudable, el proyecto es oportuno, como todo lo que llega tarde, pero al fin llega; y llega en la triste oportunidad de la crisis económica, cuando todavía se hace más difícil, si cabe, el acceso a una vivienda. Ello dada --siento contradecir el triunfalismo del Gobierno en la materia-- la marcha no plenamente satisfactoria --yo diría más bien insatisfactoria-- del Plan de vivienda 1992-1995 que, según los datos disponibles, recién llegados por cierto, de viviendas iniciadas en 1993, se ha descendido un 7 por ciento con respecto a 1992, cualquiera que sea el número de viviendas financiadas, que es el punto de referencia que se utiliza ahora por el Gobierno a la hora de las estadísticas en materia de política de vivienda.
Con todas estas matizacionees, el proyecto es oportuno, porque es difícil llegar más abajo, a los niveles de insatisfacción por la práctica imposibilidad de acceso a una vivienda.
El proyecto, en definitiva, es la pieza que faltaba para poder hacer una política de vivienda. Es difícil entender cómo se ha pretendido hacer política de vivienda en estos diez años sin una Ley de Arrendamientos Urbanos. Será lo que dé sentido a iniciativas tan loables pero tan inviables como la de los Fondos de Inversión Inmobiliaria, creados hace poco más de un año, por cierto, a espaldas de esta Cámara y a través de un trámite de enmienda en el Senado, de los cuales no se ha creado ni uno solo. En reciente comparecencia de la Secretaria de Estado tuve la oportunidad de preguntarle cuántos Fondos de Inversión Inmobiliaria se han creado. Me respondió: Ninguno en este momento. Con un proyecto de ley de arrendamientos urbanos convertido en ley serán viables los Fondos de Inversión Inmobiliaria, siempre que también se arregle la cicatería fiscal en la materia.
Entrando en los objetivos que, a nuestro juicio, debe tener un proyecto de ley de arrendamientos urbanos en el marco de una política global de vivienda, señalaría tres: en primer lugar, el restablecimiento progresivo pero acelerado del mercado de alquileres; en segundo lugar, el equilibrio entre los intereses encontrados de arrendadores y arrendatarios, pero con una clara distinción de ámbitos, porque cuando hablamos de arrendamiento de vivienda estamos en presencia de una normativa forzosamente tuitiva y protectora, mientras que cuando hablamos de arrendamientos de local de negocio, no debemos olvidar que estamos pisando el ámbito del Derecho mercantil y, consiguientemente, el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que si merece respeto en el régimen de arrendamiento de vivienda, merece mucho más respeto y mucho más atención en el arrendamiento de local de negocio.
Pues bien, el proyecto el perfectible, es claramente mejorable, es necesariamente mejorable, y a estas mejoras, señorías, señor Ministro, está condicionado nuestro apoyo al proyecto.
Aprovecho para decirle al portavoz de Izquierda Unida que, desde luego, en lo que concierne a mi Grupo no hay pacto, no hay consenso. No dudo de que pueda haberlo aceptando la invitación del Ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, le ruego concluya.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Voy acabando, señor Presidente.
Nos parecen importantes aspectos de insatisfacción, en primer lugar, el problema de la duración de los contratos de arrendamiento de vivienda «ex novo», que estimamos rígida con el establecimiento de un mínimo de cuatro años y de prórrogas por bloques de cuatro años. Nosotros vamos a una fórmula de duración un poco más larga, con prórrogas por períodos anuales, que nos parece más flexible, naturalmente después de proclamar el principio de autonomía de las partes para fijar la duración del contrato que tengan por conveniente.
En el arrendamiento de local de negocio, en particular en los futuros contratos, la regulación debe ser más realista y más acomodada a las exigencias del comercio y de la industria, previendo fórmulas de valoración de la clientela y del fondo de comercio en la extinción de los contratos en determinados supuestos.
Es claramente mejorable, como se ha dicho por algunos otros portavoces, el tratamiento procesal de los juicios arrendaticios en la línea de una mayor acumulación de actos procesales. En cuanto a la regulación de las situaciones transitorias, y, en particular, a los arrendamientos de vivienda, un tema que ha tocado el portavoz del Grupo Vasco (PNV), nos parece absolutamente esencial: no se puede hacer gravitar sobre los arrendadores la imposibilidad de no revisar, de no actualizar las rentas, cuando se trate de unidades familiares cuyos rendimientos sean menores de tres veces y media el salario mínimo interprofesional. Entendemos que debe ser la colectividad la que, de alguna manera, soporte esta carga, bien por la vía de una deducción como gasto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o bien complementando esta fórmula por la vía de la subvención.
También en la regulación del derecho transitorio en arrendamientos de locales de negocios nos parece poco satisfactoria la ley y no operativa, además de contraria al fomento del empleo la distinción entre empresas con más y con menos de cinco trabajadores a la hora de fijar la duración de los contratos. (Rumores.)

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El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio. Señor Ortiz, le ruego concluya.


El señor ORTIZ GONZALEZ: Termino, señor Presidente.
Nosotros nos movemos en una propuesta de un plazo razonablemente más largo, y entendemos que debe establecerse un período adicional de cinco años para aquellos arrendatarios que acepten la actualización de la renta con carácter inmediato o al menos en el año de vigencia desde la promulgación de la ley.
Acabo, señor Presidente, insistiendo en que hacen falta, además, en este proyecto de ley, o al margen de él, medidas de fomento del alquiler; medidas fiscales y financieras. En esta línea proponemos la revisión de la regulación de los fondos de inversión inmobiliaria y el establecimiento de coeficientes reductores del rendimiento fiscal neto cuando se produzcan elevaciones de alquileres en los empresarios sujetos a regímenes de estimación objetiva de sus rendimientos.
Esta es nuestra valoración de la totalidad del proyecto.
Creemos en sus imperfecciones, y por eso el proyecto debe ser inexcusablemente mejorado; a estas mejoras condicionamos nuestro apoyo, siempre sobre la base de la voluntad política de acuerdo, que parece que ha expresado el señor Ministro y que es forzoso que mantenga en las conversaciones que será necesario iniciar. En nuestro caso, y ahora sí acabo, señor Presidente, lo que nos importa es que este país cuente cuanto antes con una nueva ordenación de los arrendamientos urbanos que nos sitúe a niveles europeos y que de verdad sea la expresión de que hay una opción para el ciudadano y la ciudadana que buscan una vivienda, en propiedad o en alquiler, y que nos sitúe con presencia efectiva en niveles europeos.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, ¿qué desea?

El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, deseo intervenir porque he sido aludido prácticamente por todos los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, no ha habido alusiones. Ha habido fijación de posiciones sobre la enmienda que está en debate, que es la defendida por su señoría. (El señor Ministro de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, Borrell Fontelles, pide la palabra.) Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Señorías, sin ningún ánimo de reabrir el debate, simplemente para agradecer a todos los grupos parlamentarios el talante con el que han abordado la discusión de esta tarde y comprometerme con ellos a trabajar para construir el consenso que permita mejorar el proyecto de ley, tal como ellos han manifestado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Votación relativa a la enmienda de totalidad que postula la devolución al Gobierno, por parte de Izquierda Unida, del proyecto de ley de arrendamientos urbanos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 15; en contra, 265.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad.
Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.

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