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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 67, de 27/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 67 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 66 celebrada el miércoles, 27 de abril de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 3336)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, así como criterios a seguir para dotar a las instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para realizar las funciones que tienen encomendadas (número de expediente 172/000048) (Página 3360) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la posición del Gobierno en relación con el derecho a la justicia gratuita y los problemas derivados de su aplicación a través del turno de oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, así como las perspectivas de su regulación futura (número de expediente 172/000049) (Página 3369)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 68, de 28 de abril de 1994.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Preguntas (Página 3336)

Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no ha enviado a la Comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil, mientras fue Director General don Luis Roldán, documentos relativos a la situación patrimonial de don Luis Roldán? (Número de expediente 180/000443) (Página 3336)

Del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno definir la prioridad de la construcción de la Variante Norte y, en su caso, puede indicar un compromiso sobre la fecha de iniciación de las obras? (Número de expediente 180/000435) (Página 3337)

Del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuándo será presentado por el Gobierno el Plan Sectorial de Infraestructuras Ferroviarias que desarrolle el Plan Director de Infraestructuras? (Número de expediente 180/000436) (Página 3338)

Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Qué datos puede facilitar a la Cámara el Sr. Ministro sobre las presuntas irregularidades cometidas en relación a la falsificación de tarjetas de transporte? (Número de expediente 180/000457) (Página 3339)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el estado de los acuerdos de cooperación entre el Gobierno y las entidades religiosas no católicas? (Número de expediente 180/000439) (Página 3340)

Del Diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha ordenado el Gobierno que se proceda a una inmediata revisión de la situación contable y financiera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios? (Número de expediente 180/000451) (Página 3341)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones de utilización de la Academia de la Guardia Civil en Ubeda y Baeza después de la importante reducción producida en la reciente convocatoria de plazas? (Número de expediente 180/000440) (Página 3342)

Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Comercio y Turismo: ¿Por qué razones el Ministerio de Comercio y Turismo oculta sistemáticamente la información parlamentaria que se le solicita referente a las empresas subcontratistas de las operaciones de comercio exterior obtenida por la empresa pública FOCOEX? (Número de expediente 180/000448) (Página 3343)

Del Diputado don Antonio Romero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto de las funciones y competencias del Servicio de Vigilancia Aduanera? (Número de expediente 180/000441) (Página 3344)

Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda:

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¿Qué criterios sigue la Intervención General del Estado para determinar su plan de trabajo de inspección anual en relación a las empresas públicas? (Número de expediente 180/000444) (Página 3344)

De la Diputada doña Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué mantiene el Gobierno diferencias salariales tan considerables para funcionarios del mismo grupo destinados en distintos Ministerios? (Número de expediente 180/000450) (Página 3345)

Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué opinión le merece a la Ministra de Sanidad y Consumo las sentencias de diferentes Tribunales de Justicia sobre el derecho de los médicos de la sanidad pública de renunciar al complemento específico, así como el reconocimiento de la compatibilidad en la actividad privada? (Número de expediente 180/000453) (Página 3347)

Del Diputado don Jon Zabalía Lezamiz, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: Habida cuenta que Quebec tiene plena autonomía en materia de Seguridad Social, ¿sería posible que el Gobierno suscribiera un acuerdo en materia de Seguridad Social, habida cuenta que las negociaciones para lograrlo se iniciaron en 1987? (Número de expediente 180/000434)(Página 3348)

Del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar la participación de las empresas españolas en los proyectos de ayuda alimentaria financiada por la Unión Europea? (Número de expediente 180/000449) (Página 3349)

Del Diputado don Javier Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo piensa el Gobierno establecer relaciones diplomáticas con la antigua República Yugoslava de Macedonia? (Número de expediente 180/000454) (Página 3350)

Del Diputado don José María Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Asuntos Exteriores: ¿En qué situación se encuentra actualmente el Instituto Cervantes en Toulouse (Francia)? (Número de expediente 180/000455) (Página 3351)

Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Es intención del Gobierno completar las previsiones de la Ley 4/1989, promoviendo la declaración como Parque Nacional de formaciones esteparias el espacio natural de Los Monegros? (Número de expediente 180/000442) (Página 3352)

Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no prohíbe la importación de la anchoa francesa? (Número de expediente 180/000445) (Página 3533)

Del Diputado don Miguel Ramírez González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el transporte de productos agrarios por el territorio francés? (Número de expediente 180/000446) (Página 3354)

Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar los efectos desastrosos que para las exportaciones de nuestros productos tienen las calumniosas campañas desatadas en Alemania sobre los mismos? (Número de expediente 180/000447) (Página 3355)

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De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Sociales poner en marcha alguna medida encaminada a fomentar y regular el voluntariado en nuestro país? (Número de expediente 180/000437) (Página 3357)

De la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley del Menor? (Número de expediente 180/000438) (Página 3358)

Del Diputado don José María Michavila Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las causas por las que el Gobierno no presenta el Plan de actuación para el Año Internacional de la Familia? (Número de expediente 180/000452) (Página 3359)

Interpelaciones Urgentes (Página 3360)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, así como criterios a seguir para dotar a las instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para realizar las funciones que tienen encomendadas (Página 3360)

La señora Barrios Curbelo defiende la interpelación del Grupo Popular, solicitando información del Gobierno sobre las medidas concretas que se van a aplicar para mejorar el marco jurídico vigente en materia de protección y reforma del menor.
Expone que su Grupo está hondamente preocupado por la situación del menor en nuestro país, ya que diariamente surgen noticias en los medios de comunicación por las que conocen que los menores son objeto de malos tratos, de explotación, víctimas de delitos e incluso últimamente autores de delitos a edad muy precoz.
Afirma que existen múltiples disposiciones normativas de rango internacional, fundamentalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del niño, ratificada por España, y a nivel interno los artículos 39 y 10.2 de la Constitución, donde se regula la protección a la familia y a la infancia.
Sin embargo, tanto dichas normas internacionales como las constitucionales internas no se han plasmado ni en sus principios ni en su contenido en nuestro ordenamiento jurídico, aunque es bien cierto que en los últimos años se han dado pasos, aunque vacilantes, con lo que en este momento existe un vacío legal que impide que se dé respuesta a los problemas de los menores en España. Tal vacío normativo ha provocado importantes perjuicios para el menor, especialmente en lo que afecta a sus garantías y a la defensa de sus derechos fundamentales.
En esta situación y dado que los menores no se quejan sino que lo hacen sus padres, tutores o profesores, considera que los representantes de la soberanía popular deben dirigirse a ellos para intentar conocer más a fondo su situación y promover respuestas legislativas a los problemas que les afectan. Se trataría, además, de que todos se concienciaran, a la vez que se sensibilizaba a la sociedad e incluso a los organismos nacionales e internacionales en relación con esta cuestión.
Expone seguidamente algunas cifras relativas a nuestra población infantil y el número de menores afectados por malos tratos físicos y psíquicos, su explotación laboral y el elevado porcentaje que a temprana edad consume bebidas alcohólicas, así como las repercusiones negativas de ciertos programas televisivos, todo lo cual les obliga a adoptar decisiones sobre el particular y, en especial, a solicitar que por el Gobierno se remita a la Cámara, sin más dilación, un proyecto de ley sobre derechos del niño y de la infancia, anunciado hace tiempo y cuyo envío todavía no se ha producido.
En nombre del Gobierno, contesta la señora Ministra de Asuntos Sociales (Alberdi Alonso), que comienza refiriéndose a algunos de los datos manejados por la Diputada interpelante y que, según sus referencias, no responden a la realidad, señalando que si bien es cierto que existen muchos problemas con la juventud y con la infancia, que todos desean resolver, también es cierto que si comienzan exagerando las cifras no van a dar con las soluciones adecuadas. Reconoce, en todo caso, que el tema es muy importante, aunque es conveniente que los datos que se utilizan se ajusten a la realidad para que las soluciones sean más factibles. En este sentido, discrepando de los datos de la señora Diputada, pero estando de acuerdo esencialmente en el problema planteado, que no es otro que la protección de la juventud y de la infancia, considera muy importante desarrollar los derechos del niño de acuerdo con la Convención de Naciones

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Unidas que España ha ratificado. Precisamente a raíz de dicha ratificación el Gobierno decidió elaborar un proyecto de ley de derechos del menor, encontrándose ella con un trabajo muy avanzado en esta materia a su llegada al Ministerio, independientemente de las iniciativas que sobre el particular haya podido tener el Grupo Popular. Agrega que el texto elaborado por su Ministerio está prácticamente concluido, abordándose en el mismo las materias sobre las que tiene competencia el Estado y respetando, lógicamente, aquellas que corresponden en exclusiva a las Comunidades Autónomas.
Menciona los principios básicos recogidos en el citado proyecto, al que el Gobierno atribuye una gran importancia y cuya remisión a la Cámara espera que se produzca en breve, de manera que pueda entrar en vigor durante este mismo año de 1994.
Replica la señora Barrios Curbelo, duplicando la señora Ministra de Asuntos Sociales.
Para fijación de posiciones intervienen el señor Mauricio Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria, y las señoras Alemany i Roca, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Urán González, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la posición del Gobierno en relación con el derecho a la justicia gratuita y los problemas derivados de su aplicación a través del turno de oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, así como las perspectivas de su regulación futura (Página 3369)

En defensa de la interpelación del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya interviene el señor López Garrido, manifestando que la justicia en España, como todos saben, no es un servicio público gratuito, aunque nuestra Constitución señala el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa tanto del detenido como del acusado y el artículo 6.º del Convenio Europeo de Derechos Humanos habla del derecho a la asistencia real de abogado. Por otro lado, el artículo 119 de la Constitución dice que los españoles tienen derecho a una asistencia jurídica gratuita, por lo que, en conexión con lo anterior, habría que agregar que en condiciones de igualdad.
En definitiva, de nuestra Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos se deduce que los españoles y extranjeros tienen derecho a la justicia gratuita y en condiciones de igualdad. Es, por tanto, un deber del Estado establecer un sistema de justicia gratuita que garantice la igualdad en el procedimiento de todos los españoles y extranjeros bajo la jurisdicción del Estado español. Afirma que, sin embargo, ante la penosa situación en que está en estos momentos la justicia gratuita y el turno de oficio como forma de llevarla a cabo, ni hay justicia, ni es gratuita ni es igual, no cumpliéndose ninguna de las tres condiciones en nuestro país. Consiguientemente, la situación es enormemente grave, dado que el número de personas que se acogen al turno de oficio es enorme en nuestro país, hasta el punto de que puede hablarse de que más de la tercera parte de los litigios se tramitan con justicia gratuita. Alude a las principales características de este servicio, que, a su juicio, sirven para poner de relieve el enorme problema con el que se encuentran.
Termina el interpelante manifestando que la situación presente va a verse agravada aún más por el reciente proyecto de ley del jurado, aprobado en el último Consejo de Ministros, ya que si actualmente, cuando ven que existe una débil defensa, los jueces tienen una función tuitiva, en el futuro no van a poder tenerla si sale adelante el modelo procesal establecido en el proyecto de ley del jurado, con lo que aumentará gravemente la desigualdad entre las partes caso de no mejorarse sustancialmente la calidad del servicio de justicia gratuita, que es a lo que se dirige esta interpelación. En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Justicia (Belloch Julbe), que expone los problemas que plantea el turno de oficio de manera esquemática, realizando una descripción de la situación actual, la metodología de trabajo utilizada por el Ministerio de Justicia desde comienzos de esta legislatura y las medidas y soluciones que están arbitrando. Alude a la confusa regulación vigente, básicamente el Real Decreto 118/1986, lo cual plantea problemas evidentes, algunos de los cuales menciona.
Comparte la valoración del señor Diputado sobre el carácter francamente deficitario en la prestación de este servicio, lo que ha llevado al Ministerio a la elaboración de un nuevo real decreto, con carácter de urgencia, para abordar el conjunto de los problemas existentes y, en una segunda fase, concretamente en el último trimestre de este año, presentar a la Cámara una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. Concluye el señor Ministro exponiendo las líneas fundamentales del real decreto de inminente tramitación.
Replica el señor López Garrido, duplicando el señor Ministro de Justicia.


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Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Padilla Carballada, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


PREGUNTAS:

--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA ENVIADO A LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE LOS FONDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, MIENTRAS FUE DIRECTOR GENERAL DON LUIS ROLDAN, DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SITUACION PATRIMONIAL DE DON LUIS ROLDAN? (Número de expediente 180/000443)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
La iniciamos con el punto IV del orden del día: Preguntas al Gobierno. Pregunta número 17, del Diputado don Luis Ramallo García. El señor Ramallo tiene la palabra.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
La pregunta va dirigida al Gobierno para inquirir sobre las razones por las que el mismo Gobierno no ha enviado a la Comisión de Investigación sobre la gestión de fondos asignados a la Guardia Civil, mientras fue Director General don Luis Roldán, documentos relativos a la situación patrimonial de éste.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ramallo. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
El Gobierno ha enviado a la Comisión Roldán todos aquellos documentos que obran en su poder y que, de acuerdo con la legislación vigente, pueden ser enviados a una comisión de investigación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, en el Pleno del 19 de abril el señor Presidente del Gobierno dijo: Hemos entregado el material que permita esclarecer los hechos que constituyen la finalidad de la Comisión. Lo cierto es que yo le puedo enseñar, señor Rubalcaba, los datos que tengo aquí: Registro de salida, Servicios Jurídicos del Estado, fecha 22 de abril; así como los anexos de la documentación que sigue llegando aún y que deberá seguir llegando a esta Cámara en días sucesivos.
Por tanto, lo primero que voy a hacer es decir al Gobierno que está faltando a la verdad, que lleva mucho tiempo diciendo que ha enviado los documentos. Señor Rubalcaba, la petición de documentación la hizo mi Grupo el día 9 de marzo, estamos a finales de abril, a la Comisión le queda un mes de vida, tal cual aprobó esta Cámara, y ¿sabe lo que ocurre? Que mandaron ustedes a esportones lo que no servía absolutamente para nada.
Es el día de ayer cuando mandan un papelito tan simple como la relación de condecoraciones pensionadas --rojas-- de la Guardia Civil que concedió el señor Roldán. Es ahora cuando mandan la certificación de títulos para decirnos que el señor Roldán faltó a la verdad, así como el portavoz del Gobierno, cuando dijeron que era ingeniero industrial y, además, licenciado en Económicas. Señor Rubalcaba, ustedes han mandado un papel para justificar lo injustificable. No voy a entrar en un debate sobre qué contenido tiene el artículo 111 de la Ley General Tributaria. Lo que tengo que remarcar hoy es que el Gobierno está obstaculizando de forma grave el trabajo de la Comisión, y esta Comisión está trabajando de forma seria. Me he levantado de allí para venir aquí a hacer esta pregunta.
Ustedes no mandan la documentación. Ustedes aburren a lo que se ponga por delante porque no quieren luchar contra la corrupción, porque llevan mucho tiempo conviviendo con ella.
Señor Rubalcaba (y quizá no sea su caso), está en juego el prestigio de la Guardia Civil. Ustedes lo han manchado. El señor Roldán ha sido un cataclismo en la Guardia Civil, y lo eligieron ustedes. Vamos a pedir que comparezca el señor Serra y vamos a pedir responsabilidades a quien las tiene. Si no se han cargado la Guardia Civil es porque es un buen Cuerpo. El que ha tenido la culpa se llama Felipe González, y no da la cara. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ramallo, como le decía en mi primera contestación, hemos enviado a la Cámara toda la documentación que obra en poder del Gobierno. Tengo que decirle que se han enviado más de 50.000 folios de información. No sé si es útil o inútil, señor Ramallo, pero es toda la que nos han pedido. (El señor Ramallo García: Toda no.) Es toda la que nos han pedido. Le ruego que no me interrumpa porque yo le he escuchado a usted con mucha educación. (El señor Ramallo García: Entonces es que soy un mal educado.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías!

El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor Presidente, por favor, no es mi misión llamar aquí la atención a los señores Diputados. Le rogaría que le dijera al señor Ramallo que me deje acabar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Sin duda alguna.
Descuide, señor Ministro, que la Presidencia le ampara.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): En segundo lugar, lo que no se ha mandado ha sido o porque no está a disposición del Gobierno o porque legalmente no lo podemos mandar. Usted sabeque es así. Y tengo que decirle que lo que me sorprende y lo que me parece absolutamente irresponsable, señor Ramallo, es que usted, Diputado de este Parlamento, solicite al Gobierno que envíe cosas que o bien el Gobierno no tiene o bien legalmente no puede enviar. Eso, señor Ramallo, es una absoluta irresponsabilidad.
Lo que ya me parece el colmo --no sé como denominarlo porque no quiero pasarme a su lenguaje-- es que venga usted a este Pleno a hacer gala de irresponsabilidad y le pida al Gobierno que dé una satisfacción pública por algo que me parece que es absolutamente elemental, que es cumplir las leyes. Señor Ramallo, me parece absolutamente irresponsable.
Tengo que terminar diciéndole una cosa, que no me voy a callar. (El señor Ramallo García: Siempre dicen lo mismo.) Señor Ramallo, le agradecería que deje usted de insultar.
Usted es un Diputado que se caracteriza por manejar el lenguaje con una gran alegría y, señor Ramallo, tengo que decirle que eso es algo que disgusta a muchos españoles; y le voy a decir más, estoy seguro que es algo que no le gusta tampoco ni a su propio Grupo. (El señor Ramallo García pronuncia palabras que no se perciben.-- Rumores.)El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio, señorías.


--DEL DIPUTADO DON TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO DEFINIR LA PRIORIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE NORTE Y, EN SU CASO, PUEDE INDICAR UN COMPROMISO SOBRE LA FECHA DE INICIACION DE LAS OBRAS? (Número de expediente 180/000435)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, el Plan Director de Infraestructuras recientemente aprobado por el Gobierno contempla, en el esquema ferroviario, la realización de la variante norte en el programa de alta velocidad y actuaciones estructurales y complementarias a largo plazo. La variante norte se configura así como el elemento clave para la modernización del servicio ferroviario entre Madrid y todo el área situado al Norte y Noroeste de la Península Ibérica ya que permitirá, por sí mismo, un acortamiento importante en el tiempo de viaje en todos los servicios ferroviarios que sobre esa área discurran. Por otra parte, el Plan Director de Infraestructuras, que ha sido concebido como un plan estratégico a largo plazo, será desarrollado en diferentes planes sectoriales que deberán definir con mayor precisión las actuaciones a desarrollar, así como su programación en el tiempo.
Desde esa perspectiva, señor Ministro, y para garantizar la mejora de los servicios ferroviarios en todo el área servido por la variante norte, se formula al Gobierno la siguiente pregunta: ¿Puede definir el Gobierno la prioridad de la construcción de la variante norte y, en su caso, puede indicar un compromiso sobre la fecha de iniciación de las obras? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, la construcción de una nueva línea Madrid-Valladolid, también denominada variante norte o de Guadarrama, es una de las prioridades que aparecen recogidas en el Plan Director de Infraestructuras, en

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materia ferroviaria. El carácter prioritario de esta obra radica en el hecho de que esa variante será el tronco común para las comunicaciones ferroviarias entre Madrid y todo el norte peninsular y desde el País Vasco hasta Galicia.
El PDI prevé una explotación inicial de la línea en ancho Renfe, pero el trazado se constituirá con características de alta velocidad y traviesas bivalentes, en previsión de una futura ampliación de la Red Española de Alta Velocidad. Al ahorro de tiempo, como consecuencia de la construcción de la nueva línea, ya de por sí muy importante puesto que permitirá ahorrar más de dos horas de trayecto, hay que añadir las mejoras adicionales que supondrán otras actuaciones previstas en el resto de la red conectada con ella, en particular la adecuación a 200 kilómetros por hora de los tramos Valladolid- Vitoria, Venta de Baños-León y León-Monforte, así como la conexión con la Y vasca. Por todo ello, el Gobierno tiene la firme voluntad de realizar esta actuación, de forma que las obras puedan iniciarse tan pronto como estén finalizados los estudios previos y los proyectos de construcción necesarios.
Para ello, de forma coordinada con las comunidades autónomas interesadas, se completarán los estudios técnicos, a nivel de anteproyecto, que son necesarios para iniciar el proceso de información pública y obtener la oportuna declaración de impacto ambiental. En ese sentido, será remitido en breve, para consultas, la memoria-resumen del proyecto, que es el primer paso que debe llevarse a cabo, según la legislación vigente, para iniciar formalmente este proyecto. Una vez se complete este proceso, que inevitablemente requerirá dos años de trámites, aunque depende de la naturaleza de las alegaciones que se presenten en el período de información pública, iniciaremos la redacción de los correspondientes proyectos de construcción, por lo que cabe imaginar --en todo caso, éste sería el objetivo que nos proponemos-- que las obras se pudieran iniciar en 1997. Muchas gracias.


--DEL DIPUTADO DON TOMAS RODRIGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO SERA PRESENTADO POR EL GOBIERNO EL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS QUE DESARROLLE EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS? (Número de expediente 180/000436)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 10, del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños.


El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Muchas gracias, señor Presidente.
El argumento que voy a exponer es idéntico al de la pregunta anterior. En todo caso, me parece importante que, dentro del PDI, se contemple la posible presentación, por parte del Gobierno, del plan sectorial de infraestructuras ferroviarias.
La pregunta concreta es la siguiente: ¿Cuándo será presentado por el Gobierno dicho plan sectorial de infraestructuras ferroviarias que desarrolle el Plan Director de Infraestructuras?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como formula el señor Diputado en su pregunta, el Plan sectorial ferroviario que desarrolle el PDI, debe seguir a la aprobación del PDI, que ha iniciado hoy su andadura parlamentaria con la presentación y debate en el Senado. Está previsto que se presente en esta Cámara en los primeros días del mes de mayo y que a continuación pese a un debate en Comisión, que debería culminar con las recomendaciones que el Parlamento estime oportuno efectuar al Gobierno para el adecuado desarrollo o modificación en su caso de este Plan Director.
No puedo anticipar cuánto tiempo deseará el Congreso debatirlo, pero sería razonable imaginar que el Congreso dedique a un documento de esta importancia el tiempo que media entre el momento presente y final de año. Por lo tanto, a finales de este año tendríamos que tener un Plan Director dictaminado y durante el próximo año de 1995 llevar a las Cámaras los planes sectoriales a corto plazo que desarrollen las previsiones del Plan Director en cada uno de sus ámbitos de actuación, en horizontes de cinco o seis años. De estos planes sectoriales, el Plan de Infraestructuras Ferroviarias sería uno de los más importantes, puesto que allí se recogía el desarrollo de los programas diferenciados que en materia de ferrocarril deben emanar del Plan Director de Infraestructuras, en particular en lo que son redes de alta velocidad; en las actuaciones estructurantes, en la red ferroviaria digamos clásica, que comprende grandes accesos y variantes y modernización de líneas; en lo que serían las actuaciones complementarias en la red, el desarrollo del sistema de cercanías, las redes arteriales ferroviarias y las operaciones concertadas para actuar desde una perspectiva urbanística en las estaciones de las grandes ciudades españolas. En su totalidad, ello implicaría inversiones del orden de dos billones de pesetas, que deberían quedar plasmadas en este plan ferroviario, que el Congreso debería debatir a partir del inicio de la sesión parlamentaria de 1995, si, como espero,

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el Plan Director queda dictaminado por la Cámara a finales de este año.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUE DATOS PUEDE FACILITAR A LA CAMARA EL SEÑOR MINISTRO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN RELACION A LA FALSIFICACION DE TARJETAS DE TRANSPORTE? (Número de expediente 180/000456)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado don Felipe Camisón Asensio.
El señor Camisón tiene la palabra.


El señor CAMISON ASENSIO: ¿Qué datos puede facilitar sobre las presuntas irregularidades cometidas en relación con la falsificación de tarjetas de transporte?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.
Señor Presidente, señoría, a reserva de disponer de una información completa sobre las cuestiones que plantea su pregunta, de la que no dispondré hasta que no hayamos estudiado el sumario, cuyo secreto acaba de ser levantado, puedo informarle que, desde el mes de octubre pasado, venía trabajándose en el Ministerio en la revisión del actual sistema de tramitación de autorizaciones y de su tratamiento informático, para evitar posibilidades de fraude.
Estos trabajos se han venido desarrollando en el seno de un grupo técnico, integrado por representantes del Ministerio y de las comunidades autónomas, que actúa como órgano de apoyo en materia de gestión a la comisión de directores generales del Transporte del Estado y de las comunidades autónomas.
Este grupo de trabajo se puso en marcha como consecuencia del informe presentado en la reunión de esa comisión de directores generales en Bilbao los días 14 y 15 de octubre pasado, en la que el director general de transportes de la comunidad autónoma de Madrid --le recuerdo que es una comunidad gobernada por el Partido Socialista-- informó sobre la detección de irregularidades y falsificaciones en la tramitación de autorizaciones de transporte.
A partir del informe presentado por el director general de esa comunidad autónoma, ese grupo de trabajo se reunió los días 14 de diciembre y 2 y 23 de febrero del presente año.
Con posterioridad, comenzaron a producirse una serie de actuaciones del Servicio de Información de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil que afectabana diversos funcionarios de la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio, como consecuencia aparantemente --digo aparentemente porque todavía no hemos podido estudiar el contenido del sumario-- de una denuncia interpuesta por el citado director general de Transportes de la Comunidad de Madrid. De estas actuaciones de la Guardia Civil me informó a finales de marzo el Secretario General para los Servicios del Transporte, don Manuel Panadero. Como consecuencia de su informe, se dio orden para que, por los Servicios de Inspección internos del Ministerio dependientes de la Subsecretaría, se iniciasen las actuaciones pertinentes para tratar de precisar las posibles irregularidades y el efecto que éstas pudieran tener en algunos órganos o servicios administrativos de mí dependientes. Sin tiempo material prácticamente para el desarrollo de estas actuaciones, la autoridad judicial que instruye el sumario ordenó, mediante Auto de 30 de marzo, la suspensión de las mismas, la incautación de documentación y material en la Dirección General de Transportes Terrestres.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Camisón tiene la palabra.


El señor CAMISON ASENSIO: Tengo la impresión de que usted intencionadamente está desaprovechando esta magnífica ocasión parlamentaria para arrojar luz sobre tan inquietante asunto.
Otra vez, la táctica del calamar. Porque es evidente, señor Ministro, que el señor Panadero y el Ministro conocían o debían conocer la trama desde hace años. ¿Por qué? Porque el General Sánchez Barrios, de la Guardia Civil, a raíz del escándalo detapado en Dos Hermanas, se lo denunció en octubre del año 1990, y el señor Panadero y el señor Ministro se callaron. Se corrió un tupido velo. Este mismoDiputado lo denunció a través de iniciativa parlamentaria el 11 de agosto de 1990, denuncié a las organizaciones clandestinas al efecto con ramificaciones en empresas públicas, como el caso de los ochenta autobuses de CTM, Bacoma y Enatcar. Y ¿cómo reaccionó el Gobierno? Pues, señor Ministro, por peteneras y mintiendo. Porque ante este escándalo el señor Panadero reconoció ante el Presidente de Enatcar, don Julio Soto, que lo tiene grabado, que conocía la trama desde dos años antes de la explosión del esperpento. Y silencio otra vez. Porque existe otro expendiente en el subsector

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de tráfico de la Guardia Civil de Valencia, del que se informó oportunamente, y porque, señor Ministro, es metafísicamente imposible que el sector de licencias de transporte crezca un 25 por ciento, casi un cuarto adúlteramente, y no se enteren ni el señor Panadero ni el señor Ministro. ¿Puede explicar, señor Borrell, por qué los expulsados de la CAM por supuesta corrupción fueron recolocados por el señor Panadero en la Secretaría General? ¿Por qué usted al enterarse no suspendió cautelarmente a los implicados? ¿Por qué usted adjudica ahora los concursos de líneas de viajeros a tres pesetas...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Camisón.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL ESTADO DE LOS ACUERDOS DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO Y LAS ENTIDADES NO CATOLICAS? (Número de expediente 180/000439)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 13, de la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, que tiene la palabra para formularla.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Constitución reconoce el carácter aconfesional del Estado y establece el principio de cooperación no sólo con la Iglesia católica, sino también con el resto de confesiones religiosas, para respetar el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos. Para desarrollar este principio constitucional el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha firmado unos acuerdos de cooperación con estas entidades religiosas no católicas, concretamente con la protestante, la islámica y la judía. De esta manera se rompe con una tradición mantenida durante siglos de inexistencia de relaciones institucionalizadas con estas comunidades que cuentan con un número muy significativo de personas. Además, estas comunidades venían demandando cauces de comunicación y de normalización de las relaciones para abordar temas tan importantes como los referidos a la asistencia religiosa, a la enseñanza en centros públicos docentes o aspectos relacionados con el régimen fiscal. Precisamente ha sido la enseñanza de estas religiones en los centros docentes y en los distintos niveles de educación infantil, primaria o secundaria uno de los temas en los que se ha mostrado especial interés. El Ministerio de Justicia presta una especial atención a estos temas y cuenta, además, con una dirección general específica, la de Asuntos Religiosos, para llevar a cabo estos acuerdos, en mi opinión absolutamente imprescindibles, que garantizan la libertad religiosa y el principio de no discriminación.
Por todos estos motivos formulo al señor Ministro de Justicia la siguiente pregunta: ¿Cuál es el estado de los acuerdos de cooperación entre el Gobierno y las entidades religiosas no católicas? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente, señoría, efectivamente, en ejecución de los acuerdos a que S.S. ha hecho alusión, se constituyeron en octubre de 1993 las comisiones mixtas paritarias.
Concretamente están en funcionamiento y dando frutos la Comisión mixta paritaria Estado-Federación de Entidades Religiosas Evangélicas y también la Comisión mixta paritaria entre el Estado y la Comisión Islámica de España.
Respecto de la primera de las comisiones mixtas paritarias, ya ha producido frutos eficaces, como es la publicación en el «BOE» del currículum del área de enseñanza religiosa evangélica para centros docentes, tanto en primaria, secundaria, como de bachillerato, y ya hay un acuerdo de convenio que va a incluir otros temas fundamentales, como la ordenación de la enseñanza religiosa evangélica y, por otro lado, el problema, evidentemente importante, del profesorado de esa materia.
Por lo que respecta a la Comisión mixta paritaria con la comunidad islámica, se ha avanzado menos. Unicamente se constituyó en noviembre y estamos estudiando tres áreas fundamentales de temas en una comisión en que ha sido conveniente incorporar al Ministerio de Asuntos Sociales, al Ministerio de Sanidad y también, dentro del Ministerio, no sólo la Dirección General, sino también la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, porque nos parece un tema central el de garantizar la asistencia religiosa islámica en centros penitenciarios, por un lado, y en centros hospitalarios, por otro, además de los problemas generales de cualquier otra confesión no católica, en definitiva, ordenación de la enseñanza religiosa correspondiente, y el tema del profesorado.
Le puedo garantizar que el espíritu de esas comisiones es francamente positivo. Las bases son muy claras: respeto profundo y auténtico a la voluntad de esas federaciones o comunidades religiosas y, por otro lado, un claro espíritu de leal colaboración. Creo que, en todo caso, van a estar resueltos los problemas relativos a la enseñanza con fecha anterior al inicio del próximo curso escolar. Eso puedo asegurarlo con seguridad, perdón por la repetición.


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Respecto de los demás temas, todavía no puedo dar una fecha concreta. Muchas gracias, señoría.


--DEL DIPUTADO DON IGNACIO GIL LAZARO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA ORDENADO EL GOBIERNO QUE SE PROCEDA A UNA INMEDIATA REVISION DE LA SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS? (Número de expediente 180/000451)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25, del Diputado don Ignacio Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: ¿Ha ordenado el Gobierno que se proceda a una inmediata revisión de la situación contable y financiera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia de la Presidencia, como S.S. sin duda conocerá, SIEP, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, fue constituida en febrero del año 1992. Se trata de una sociedad cuyo capital depende, accionarialmente hablando, de la Dirección General del Patrimonio, pero que se rige por normas de la vida privada, del derecho mercantil, en definitiva del derecho privado. Como sociedad anónima que es, le es de aplicación el artículo 203 que, sin duda conoce, de la ley de Sociedades Anónimas, el cual prevé la obligación de verificar auditorías anuales externas, tal y como S.S.
pregunta. Efectivamente, tanto en 1992, como en 1993, se han realizado esas auditorías sin que haya sido observada anomalía alguna. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gil Lázaro.


El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Nosotros, sin embargo, señor Ministro, tenemos otra impresión del estado de fondo de la cuestión. Nosotros creemos que la SIEP en estos momentos está al borde de la descapitalización y, desde luego, que tiene en funcionamiento demasiado opaco.
La SIEP tenía previsto disponer de 187.000 millones de pesetas en el transcurso de los ocho años de duración del plan. Según los cálculos gubernamentales, ese volumen de ingresos se nutriría de las correspondientes dotaciones presupuestarias, amén del ahorro que suponía --se decía-- la entrada en funcionamiento de los nuevos centros-tipo y de los 60.000 millones que se pensaban obtener por la venta de los terrenos de los centros amortizados. Frente a esto la Administración consignaba un desembolso de 130.000 millones como coste de la creación de las 20.500 plazas penitenciales del plan, de manera que la relación ingresos- gastos arrojaba, según la previsión gubernamental, un resultado mágico, pues no sólo resolvía el grave problema del déficit de plazas penitenciarias de la red española, sino que, además, aportaría un beneficio de 57.000 millones de pesetas a las arcas públicas. Naturalmente, todo esto ha sido lo más parecido al cuento de la lechera, porque ni se ha ingresado todavía una sola peseta por operaciones sobre terreno amortizado, ni se ha producido el predicado ahorro de coste, pues la estimación teórica de 5.400 millones como precio de construcción del centro-tipo, ha sido desfasado en la realidad por los casi 8.000 millones que vienen costando los nuevos establecimientos.
Ya no es sólo que el planeamiento financiero de la SIEP se haya hundido estrepitosamente, señor Ministro, sino también es que hay ciertas sombras que conviene despejar. Y, probablemente, si el Gobierno se decidiera a impusar esa revisión especial contable y financiera, alguna luz se alcanzaría.
No pretendemos que S.S. dé hoy y aquí respuesta a estas cuestiones, pero es que los interrogantes surgen solos, y permítamelos, a título de ejemplo: ¿Cuadra en estos momentos la contabilidad de la SIEP? ¿Se han producido desviaciones de las dotaciones presupuestarias de la SIEP hacia la Administración penitenciaria para ayudar a paliar la deuda contraída por ésta con sus proveedores? ¿Por qué la casi totalidad de la obra adjudicada por la SIEP se ha hecho por medio de la adjudicación directa, sobrepasando los límites establecidos por la Ley de Contratos del Estado? ¿Existen contratos blindados en la SIEP? ¿Es cierto que la SIEP ha estado pagando el millonario alquiler de la sede de la Secretaría de Estado? ¿Por qué el de hecho ya cesado gerente de trabajos penitenciarios va a ser nombrado asesor financiero de la SIEP, desde luego, mejorando naturalmente su ya millonario contrato?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Muchas gracias, Presidente. Señorías, señoría, menos mal que no me obliga usted a responder a todas esas preguntas en este momento.
Efectivamente, el planteamiento, si alude usted a la viabilidad financiera, no se preocupe, es viable. Ya se

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reconoció en esta Cámara que el Plan se va a realizar con un atraso aproximado de un año respecto a las previsiones iniciales. Usted, sin embargo, en la pregunta parecía aludir a la situación contable, al régimen de auditorías, y le he explicado cuál ha sido la conclusión de los informes de las auditorías realizadas al respecto por la empresa Price Waterhouse.
Además, suplementariamente, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de la sociedad, en el mes de agosto, el Ministro ordenó que se practicara una nueva auditoría referida sólo a ese semestre, precisamente para que cuando tomara posesión el nuevo Presidente existiera un informe actualizado.
Le voy a leer la conclusión de ese informe especial o auditoría especial intermedia. La conclusión fue la siguiente: En nuestra opinión, los estados financieros intermedios, al 31 de julio de 1993, expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de los resultados de sus operaciones durante el período de siete meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio de 1993, y contiene la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.
Mayor transparencia, señoría, no cabe.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS PREVISIONES DE UTILIZACION DE LA ACADEMIA DE LA GUARDIA CIVIL EN UBEDA Y BAEZA DESPUES DE LA IMPORTANTE REDUCCION PRODUCIDA EN LA RECIENTE CONVOCATORIA DE PLAZAS? (Número de expediente 180/000440)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 14 de la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega.
Señora Rodríguez.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 15 de abril incluía, entre otros temas, la deliberación y posterior aprobación del Real Decreto en el que se determina la provisión de plazas para el ingreso en centros docentes militares.
En este Real Decreto se especifica el número de plazas convocadas para la Guardia Civil, concretamente para el acceso a guardias civiles de segunda, que serán 2.200; experimenta, de esta forma, una reducción respecto a la convocatoria anterior.
La formación de estos nuevos guardias que ingresan en el Cuerpo de la Guardia Civil se realiza en las academias de Ubeda y Baeza. La primera acoge a los aspirantes a guardias civiles profesionales y la de Baeza a los guardias auxiliares. Por tanto, por las aulas de estas academias han pasado, desde que vienen funcionando, algo más de 70.000 guardias profesionales y en torno a 20.00 auxiliares. Además, a esta labor de formación se incorporan por primera vez en el curso 1988-1989 mujeres, dándose la cifra, de haber superado las pruebas de formación, de 1.352, hasta este momento. Quisiera destacar la atención dedicada por su Ministerio, por el Ministerio del Interior, a estos dos centros, invirtiendo en los dos últimos años más de 2.000 millones de pesetas para mejorar las instalaciones e impartir una formación de calidad. Sin embargo, la reducción en el número de plazas para la que será la promoción número 100, y que se incorporará en septiembre de este año 1994, ha provocado reacciones y ciertas especulaciones sobre la utilización futura de estas academias.
Me consta, señor Ministro, que usted está interesado por este tema y que viene estudiando esta situación. Además, en alguna ocasión se ha hablado de que pudieran realizarse cursos de perfeccionamiento o de especialización, o que se llevaran a cabo actividades formativas diferentes a las realizadas hasta este momento.
Por último, señor Ministro, le quiero expresar mi deseo y formularle la petición de que la decisión que se adopte beneficie positivamente a ambas academias. Con ese ánimo le formulo la pregunta, que dice: ¿Cuáles son las previsiones de utilización de la Academia de la Guardia Civil en Ubeda y Baeza después de la importante reducción producida en la reciente convocatoria de plazas? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez. Señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Las previsiones de la Academia de la Guardia Civil de Ubeda y Baeza son las mismas que en años anteriores: la formación de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil.
Es cierto que el número de plazas que se va a convocar es inferior al de los últimos años. Ello se enmarca en la reducción de la oferta de empleo público, que afecta a todos los cuerpos de la Administración del Estado.


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Aun así hay que reconocer que el Gobierno ha hecho un esfuerzo por mantener una oferta adecuada para el ingreso de la Guardia Civil, 2.200 plazas. Igualmente se está intentando que sea una oferta adecuada la del Cuerpo Nacional de Policía.
Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la estructura de formación, como es la Academia de la Guardia Civil, no está pensada para un determinado año, sino como una estructura permanente. El hecho de que un año el número de alumnos sea menor no va a influir en su uso como centro de formación. En todo caso, el exceso de capacidad que se va a producir este año va a ser utilizado para otras actividades, siempre en el ámbito de la formación, como es para el curso de ascenso a cabos o para cursos de especialización y también para lo que hoy está en la Academia de Valdemoro, que es la Agrupación de Tráfico, con lo cual completamos lo que es la estructura de funcionamiento óptimo de estas dos academias y, al mismo tiempo, racionalizamos el uso masificado de la Academia de Valdemoro. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO: ¿POR QUE RAZONES EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO OCULTA SISTEMATICAMENTE LA INFORMACION PARLAMENTARIA QUE SE LE SOLICITA REFERENTE A LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR OBTENIDA POR LA EMPRESA PUBLICA FOCOEX? (Número de expediente 180/000448)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22, del Diputado don Rafael Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
La empresa pública Focoex, cuyo objeto social es promover el comercio exterior de las empresas españolas, ha recibido durante los últimos años más de 40.000 millones en créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo capaces de generar una facturación en torno a los cien mil millones de pesetas, en una época en la que la política económica de altos tipos de interés y sobreevaluación de la peseta dificultaban extraordinariamente la salida al exterior de nuestras empresas.
Sin embargo, algunas de las operaciones comerciales realizadas por esta empresa pública, tal como puso de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas y nosotros mismos, tienen visos de claras irregularidades. Desde nuestro Grupo hemos venido solicitando distinta información que desde su Ministerio, señor Ministro de Comercio, ha sido denegada reiteradamente, habiendo tenido que acudir al amparo del Presidente de esta Cámara hasta en tres ocasiones en lo que llevamos de legislatura, la última ocasión en el mes de marzo.
Sin embargo, en abril remitían ustedes a esta Cámarauna serie de contestaciones sobre contratos obtenidospor Focoex, ocultando nuevamente la relación solicitada de las empresas que habían participado en esos contratos.
Por eso, le preguntamos: ¿Por qué razones el Ministerio de Comercio y Turismo oculta sistemáticamente la información parlamentaria que se le solicita referente a las empresas subcontratistas de las operaciones de comercio exterior obtenidas por la empresa pública Focoex?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando Fraile. Señor Ministro de Comercio y Turismo.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, vuelve usted a citar una palabra, «irregularidad», que no figura, de ninguna manera, en el informe del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, usted puede citarla pero no puede decir que el Tribunal de Cuentas ha denunciado irregularidades, porque es una palabra que el Tribunal de Cuentas no menciona.
Ustedes nos han pedido un conjunto de informaciones --en lo que va de legislatura hemos recibido 80 preguntas de S.S.-- y hemos contestado de forma sistemática. Ha habido un tema concreto que ha planteado problemas de diferente índole, como si teníamos o no que dar la información de los subcontratistas de la empresa Focoex.
En cualquier caso, el debate se ha cerrado al recibir amparo del Presidente del Parlamento y, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a tener la máxima transparencia y dar los subcontratistas. Pero le quiero decir dos cosas. Una, va a tener la máxima colaboración de nuestro Ministerio y va a recibir toda la información, pero le pido prudencia en su utilización, para que la empresa no resulte perjudicada por conocerse toda su relación de subcontratistas que, de alguna manera, es un «goodwill» de la empresa. Va a tener usted toda nuestra colaboración, va a conocer toda la información que nos solicite y, por tanto, va a tener la mayor información posible.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
La contestación del Ministro pone claramente en evidencia que su actitud a lo largo de este tiempo ha estado rayando la ilegalidad. Es indudable, señor Ministro, que hoy usted ha reconocido que ha estado ocultando información; es indudable que usted ha reconocido que han mantenido un silencio intentando no sé de qué forma ocultar a no sé quién o a no sé quiénes, intentando no sé de qué manera amparar la gestión de no sé quién o no sé quiénes y produciendo, sin duda, algo que es muy peligroso, y es que usted con su actitud desde el Ministerio ha sembrado sospechas sobre todos los subcontratistas que han tenido la oportunidad de salir al exterior gracias a una empresa pública que tiene precisamente como objeto social promover el comercio en el exterior.
Este es un ejemplo más de lo que hemos tenido con ustedes en el Gobierno los últimos años. Usted no tendría que haber esperado al amparo del Presidente para venir hoy a decir que va a dar la información. Usted tenía que haber promovido, directamente desde su Ministerio...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando. Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, le tengo que decir que, evidentemente, si usted cree que hay algún tipo de irregularidad no tiene nada más que decírnoslo y contará con nuestra colaboración absoluta para su investigación.
Nosotros creemos que no hay ningún tipo de irregularidad, porque lo hemos investigado. Lo que estamos discutiendo no es si hay irregularidad o no (que si la hay usted me informa de ello, o si tiene usted sospechas de que la hay, contará, repito, con nuestra colaboración absoluta), sino la confidencialidad de los datos internos de una empresa. Ese es un tema que tiene un enorme margen de discusión y me quiero referir sólo a él. Creo que no nos hemos movido rayando en la ilegalidad y, por tanto, los juicios de valor que usted hace no se corresponden evidentemente con los que yo puedo tener.
En cualquier caso, sepa que tiene la máxima colaboración del Ministerio para todo aquello que usted considere que puede ser susceptible de ser considerado como posible irregularidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.--DEL DIPUTADO DON ANTONIO ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO RESPECTO DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA? (Número de expediente 180/000441)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15, del Diputado don Antonio Romero Ruiz. (Pausa.) Queda decaída la pregunta.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE CRITERIOS SIGUE LA INTERVENCI'ON GENERAL DEL ESTADO PARA DETERMINAR SU PLAN DE TRABAJO DE INSPECCION ANUAL EN RELACION A LAS EMPRESAS PUBLICAS? (Número de expediente 180/000444)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 18, del Diputado don José Manuel Fernández Norniella.
Tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
¿Qué criterios sigue la Intervención General del Estado para determinar su plan de trabajo de inspección anual en relación a la empresa pública?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Como su señoría conoce, podemos interpretar el concepto de empresa pública en un sentido amplio o en un sentido estricto.
Lo que le voy a comentar es cómo se definen los planes anuales de actuación de la Intervención General, dado que las empresas del artículo 6.1, si son sociedades mercantiles, evidentemente tienen un régimen distinto.
La Intervención General del Estado define su plan en función de la solicitud de los centros gestores, de las prioridades de cada ejercicio y de los medios disponibles. El plan incide fundamentalmente en los entes contemplados en el artículo 6.1 b) y 6.5 del texto refundido

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de la Ley General Presupuestaria. Prestamos especial atención a las subvenciones y ayudas públicas; definimos el tipo de auditoría en función de las características de cada uno de los casos concretos que se plantean y, evidentemente, el que sea una auditoría financiera de cumplimiento operativo o de los sistemas de procedimiento y gestión tiene que ver con los entes seleccionados.
Esa es la filosofía general y cada año se define el plazo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor Fernández Norniella.


El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Ministro, acaba de hacer una exposición casi magistral de lo que debería ser y no es.
Ha explicado usted meridianamente cómo debería funcionar una Intervención del Estado efectiva y eficaz, pero no ha explicado usted cómo funciona la Intervención General del Estado que usted controla.
Comprenderá, señor Ministro, que es fácil aplicar la distribución de Pareto para determinar las empresas a inspeccionar y también muy fácil establecer las pautas que se deben emplear en las inspecciones. Pero hay una cosa más importante, que es la que a ustedes les falta, que es la voluntad política de que se realicen los controles. Ustedes prefieren lamentarse cuando los riesgos ya se han transformado en siniestros, y así nos va, señor Ministro. Le voy a poner dos ejemplos, si me da tiempo, de cuál es el control que se realiza por el Gobierno socialista de los fondos públicos, es decir, de los fondos de todos los españoles. Primer ejemplo, Enresa, empresa de capital público, con un objetivo claro, gestión de los residuos radiactivos. Financiación por medio de cuotas que se repercuten en el recibo de la luz que pagamos todos los españoles. Valor actual de la empresa, en libros, 144.000 millones de pesetas; recaudado desde 1983, 175.000 millones de pesetas; recaudación prevista hasta el año 2001, medio billón de pesetas. Y al día de hoy, señor Ministro, Enresa tiene invertidos en el mercado de valores 120.000 millones de pesetas. Y los tiene invertidos de la siguiente manera: sin ningún riesgo, papel del Estado o con la garantía del Estado, 36.000 millones; con riesgo propio del mercado de valores, 38.000 millones, y en préstamos y créditos, 46.000 millones de pesetas. Me ha escuchado bien, señor Ministro, 46.000 millones de pesetas. Es decir, Enresa es una empresa de financiación como puede ser cualquier empresa bancaria. Pues bien, señor Ministro, Enresa no ha sido inspeccionada ni controlada por la Intervención General del Estado. ¿Quién garantiza, señor Ministro, que las inversiones de Enresa son limpias o que los créditos de Enresa no son créditos camuflados o créditos dados con condicionantes políticos?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fernández Norniella.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la obligación del Gobierno es aplicar la legislación vigente. En consecuencia, porque usted considere que debemos plantear auditorías de una u otra naturaleza no se puede hacer, si así no está previsto en la Ley. Yo querría que quedase muy claro cuál es el modelo que en este momento tenemos en vigor, lo cual no quiere decir que no se pueda modificar. Las sociedades mercantiles, y entre ellas está Enresa, a las que pertenecen las del artículo 6.1 de la Ley General Presupuestaria, evidentemente, no tienen un régimen de auditoría por la Intervención General del Estado. Como S.S.
sabe, tienen regímenes de auditorías externos independientes y son auditores externos independientes. Lo que S.S. dice es que modifiquemos la ley y que también tengamos una auditoría. Yo no estoy a favor ni en contra, es un tema a estudiar.
En cuanto a las entidades de Derecho público, que sí tienen auditoría, las del artículo 6.1.b), de un total de 14 entes este año se auditan 12, y en los otros dos no se realiza la auditoría, en un caso, porque está pendiente de emisión de informe y, en el otro, porque se acaba de terminar.
Finalmente, en cuanto a los entes de estatuto jurídico especial, del artículo 6.5, de un total de 45 se van a auditar este año 41. Por tanto, la auditoría funciona muy bien, de acuerdo con el sistema previsto. Lo que S.S. plantea es: Extendámoslo también a las sociedades anónimas de propiedad pública. Pero, ¿es necesario ir a una auditoría de la Intervención General del Estado? ¿Desconfiamos de las auditorías externas? Este es un tema a discutir.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE MANTIENE EL GOBIERNO DIFERENCIAS SALARIALES TAN CONSIDERABLES PARA FUNCIONARIOS DEL MISMO GRUPO DESTINADOS EN DISTINTOS MINISTERIOS? (Número de expediente 180/000450)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, de la Diputada doña Reyes Montseny Masip, que tiene la palabra.


La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
¿Por qué mantiene el Gobierno diferencias salariales tan considerables para funcionarios del mismo grupo destinados en distintos ministerios?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Montseny. Tiene la palabra el señor Ministro para las Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente.
Señora Montseny, las diferencias salariales existentes entre funcionarios del mismo grupo destinados en diversos ministerios son debidas a que la retribución de los funcionarios públicos no depende del grupo de titulación al que se pertenezca, lo que las determina es el concreto puesto de trabajo que desempeña. En este sentido, permítame algunas aclaraciones. Debo empezar por recordar que el sistema retributivo de los funcionarios públicos, a la llegada del primer gobierno socialista, era terriblemente farragoso y dependía, fundamentalmente, de la pertenencia a cada uno de los diferentes cuerpos. A partir de la Ley 30/1984 viene determinado no por la pertenencia a un grupo de titulación, sino por el desempeño de un determinado puesto de trabajo, de forma que las retribuciones se asignan en función de los requisitos para su desempeño, complejidad técnica y nivel de responsabilidad.
El sistema está compuesto por conceptos básicos, sueldos y trienios, y otros complementarios: complemento de destino, complemento específico y complemento de productividad. Sólo en el primero de ellos el sueldo depende del grupo. De los complementarios, el complemento de destino depende del nivel del puesto de trabajo desempeñado y el complemento específico de las funciones atribuidas a ese puesto de trabajo.
En cuanto al complemento de productividad es de asignación individual, fijada por el responsable de cada programa de gastos, dentro de unos límites generales en atención a su especial rendimiento, interés o iniciativa. Los puestos de trabajo desempeñados por los funcionarios de los distintos ministerios superan la cifra de 240.000 y responden a tareas muy diversas, con distintas responsabilidades. En puestos de trabajo homogéneos o en el mismo área de actividad en diferentes ministerios --por ejemplo, secretarías de directores o subdirectores, asesoría jurídica, gestión presupuestaria, gestión de personal, etcétera--, las retribuciones son similares. Otra cuestión sería efectuar paralelismos entre áreas heterogéneas de diferentes ministerios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señor Ministro, todos esos datos que usted nos acaba de dar, mi Grupo parlamentario los conocía ya.
Pero ocurre que para puestos de trabajo análogo con responsabilidad análoga, mantiene el Gobierno diferencias retributivas por ministerios de dos millones y medio. La agencia tributaria que ustedes crearon en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda retribuye un 40 por ciento más a sus funcionarios del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del Estado, por ejemplo, con relación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La agencia tributaria es la que mejor retribuye a los funcionarios, le sigue el Ministerio de Economía y Hacienda. Y si empezamos por el final, señor Ministro, los funcionarios que trabajan en los Ministerios de Trabajo y Agricultura son los peor pagados. Vemos claramente que ustedes retribuyen a los funcionarios por el ánimo de ingresos en los caudales del Estado puesto que los funcionarios de la agencia tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda son los mejor retribuidos. Pero se olvidan ustedes de que el Ministerio de Trabajo tiene encomendada la tutela de las entidades gestoras de la Seguridad Social, cuyo servicio común tiene también esa misma obligación de recaudar.
Quizá, señor Ministro, si esa diferencia retributiva se plasmara en los titulares del Departamento, tendrían un poco más de inquietud para llevar a cabo criterios objetivos de una mayor homogeneización. Yo me pregunto: ¿Es que los funcionarios de los Ministerios de Agricultura, Cultura o Trabajo son más tontos que los del Ministerio de Economía y Hacienda? ¿Rinden menos? ¿Trabajan menos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se sigue un criterio un poco más objetivo y que tenga unos ciertos visos de mayor sentido común? Existe, señor Ministro, una crispación importante, grave, en el sector de los funcionarios públicos. Sus ingresos llevan congelados dos años consecutivos y en un momento u otro esto va a estallar en una especie de inestabilidad y --repito- - de crispación o se rebelarán a realizar la función que tienen encomendada.
Desearíamos, señor Ministro, que ustedes interpretaran los criterios objetivos de homogeneidad y del fin que persigue la función pública con mayor rigor.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Montseny. Tiene la palabra el señor Ministro.


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El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Saavedra Acevedo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señora Diputada.
Si me hubiese formulado la pregunta referida a la situación de la retribución en particular de los funcionarios de la agencia tributaria comparada con la de otros, podría haberle dado datos específicos. Con sumo gusto, acepto que me formule una nueva pregunta al respecto, porque ahora sólo estoy ante una pregunta genérica, con datos relativos a otros medios o a casos específicos, bien sea de abogados del Estado, del Ministerio de Justicia, o situaciones similares del grupo A en otros ministerios, pero sobre la cuestión específicaque me ha planteado en este momento no tengo datos; humildemente lo reconozco y me pongo a su disposición para contestarle específicamente en otro momento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA.
SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUE OPINION LE MERECE A LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO LAS SENTENCIAS DE DIFERENTES TRIBUNALES DE JUSTICIA SOBRE EL DERECHO DE LOS MEDICOS DE LA SANIDAD PUBLICA DE RENUNCIAR AL COMPLEMENTO ESPECIFICO, ASI COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPATIBILIDAD EN LA ACTIVIDAD PRIVADA? (Número de expediente 180/000453)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 27, del Diputado don César Villalón Rico, que tiene la palabra.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, como seguramente conoce, el complemento específico de los médicos de la sanidad pública es un elemento más dentro del sistema retributivo que en un principio llevaba asimilado la incompatibilidad de otras actividades pero que a partir de los presupuestos del año 1985 no lo incluía.
Posteriormente, en la Ley de Incompatibilidades, se especifica el reconocimiento de compatibilidad, salvo si se percibe el complemento de especial dedicación. A pesar de estas normas administrativas, hasta el día de hoy se ha establecido una relación directa entre el régimen de exclusividad y el complemento específico, que nosotros consideramos que no es lo correcto. Además, parece ser que diferentes gerentes de centros sanitarios han obligado a facultativos a incorporarse al régimen de complemento específico en contra de su voluntad.
Ante la falta de respuesta por parte de la Administración a las reclamaciones realizadas por algunos médicos, éstos han optado por acudir a diferentes tribunales de justicia para defender sus derechos. Por esto, le formulo, señora Ministra, la siguiente pregunta: ¿Qué opinión le merecen a la Ministra de Sanidad y Consumo las sentencias de diferentes tribunales de justicia sobre el derecho de los médicos de la sanidad pública de renunciar al complemento específico, así como el reconocimiento de la compatibilidad con la actividad privada?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Villalón. Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, el Ministerio de Sanidad tiene conocimiento de una única sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 18 de mayo de 1993, que declara expresamente el derecho a renunciar al complemento específico por parte del profesional médico que interpuso el recurso. Sin embargo, la jurisprudencia mayoritaria es acorde a la aplicación que el Insalud viene haciendo de la normativa vigente. Bien es verdad que existen algunas otras sentencias, concretamente dos de la Audiencia Nacional --que no son firmes, porque están recurridas--, que cuestionan la incompatibilidad declarada por la Administración, pero por causas de orden formal. Centrándome en su pregunta, y, por tanto, en la renuncia al complemento específico, diré que el Ministerio no comparte la interpretación que de la normativa vigente hace el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la sentencia a que he hecho referencia y, en consecuencia, el Insalud ha interpuesto contra dicha sentencia recurso de casación ante el Tribunal Supremo el 11 de junio de 1993.
Por lo que se refiere a la compatibilidad con la actividad privada, el Ministerio está aplicando la normativa vigente, que supone que la ocupación de una plaza que tiene atribuido complemento específico en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 387, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Insalud, comporta la incompatibilidad con cualquier otra actividad, salvo las excepciones para la docencia que la ley de incompatibilidades contempla.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.


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Tiene la palabra el señor Villalón.


El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, una vez más, y esta vez por boca de usted, el Gobierno socialista vuelve a negar la evidencia y la realidad de las cosas. La realidad es que en múltiples centros del Insalud los gerentes y la dirección hospitalaria están presionando y amenazando a diferentes médicos para que se incorporen al régimen específico; están presionando con diferentes medidas.
Por otra parte, le tengo que corregir y decirle que son varias las sentencias de distintos tribunales superiores de justicia las que son ya sentencias firmes en las dos Castillas y aquí, en la Comunidad de Madrid, como usted muy bien ha dicho. Esas sentencias dicen que es conforme a la ley renunciar al complemento específico.
A mí me gustaría oír decir a la señora Ministra en esta Cámara en el día de hoy si desde el Ministerio de Sanidad se piensa ejecutar las sentencias de los diferentes tribunales o se piensa ir por lo que se denomina desobediencia civil.
Yo, señora Ministra, ante los casos de corrupción, ante la crisis económica, le tengo que decir que no vayan ustedes por la coartación de las libertades de los ciudadanos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Villalón. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Villalón, no le quepa ninguna duda de que el Ministerio de Sanidad ejecutará las sentencias, como no puede ser de otra manera, pero sí le diré que las sentencias, que son interpretativas de las leyes, tienen como fundamento, efectivamente, ese ordenamiento jurídico y la Ley de la Función Pública establece que las retribuciones del personal estatutario del Insalud están reguladas, a su vez, por la Ley 3/1987, de 11 de septiembre, y por los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de mayo de 1987 y 15 de abril de 1988. Como S.S. conoce, al ejecutar estos acuerdos se determinó que los médicos que estaban ya en el sistema podían optar y, efectivamente, renunciar de forma que se estableció un derecho transitorio para que los médicos a los que les sobrevino ese nuevo régimen de incompatibilidades pudieran optar. Fuera de eso, la legislación está clara, señor Villalón, y el Insalud no hace más que tratar de aplicarla correctamente. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Ministra.--DEL DIPUTADO DON JON ZABALIA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: HABIDA CUENTA QUE QUEBEC TIENE PLENA AUTONOMIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ¿SERIA POSIBLE QUE EL GOBIERNO SUSCRIBIERA UN ACUERDO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, HABIDA CUENTA QUE LAS NEGOCIACIONES PARA LOGRARLO SE INICIARON EN 1987? (Número de expediente 180/000434)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 8, del diputado don Jon Zabalía Lezamiz.
Señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, habida cuenta de que Quebec tiene plena autonomía en materia de Seguridad Social, ¿sería posible que el Gobierno suscribiera un acuerdo en materia de Seguridad Social, dado que las negociaciones para lograrlo se iniciaron en 1987?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
Estamos tratando de que así sea, con algunas dificultades que S.S. conoce ligadas a la formulación constitucional de Canadá y a la formulación constitucional de España. Hay fórmulas sobre las que estamos trabajando y esperamos que se pueda llegar a un acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, recojo las explicaciones que me ha dado.
Quiero interpretar entonces que por parte del Gobierno español no hay ninguna dificultad para firmar el acuerdo que de alguna forma existe ya en un proyecto creo recordar que del año 1987.
Si no hay dificultad por parte de la autoridades españolas a ese respecto, quedo satisfecho con su contestación.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Zabalía. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
No sé si S.S. ha entendido bien o no, o si yo le he entendido bien. Lo que le puedo decir es que desde el punto de vista constitucional canadiense hay problemas

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para firmar un acuerdo internacional con Quebec. Desde el punto de vista de la Constitución española también. Hay fórmulas intermedias en las que estamos tratando de trabajar y espero que se pueda llegar a un acuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.


--DEL DIPUTADO DON MANUEL ARQUEROS OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LOS PROYECTOS DE AYUDA ALIMENTARIA FINANCIADA POR LA UNION EUROPEA? (Número de expediente 180/000449)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23, del Diputado don Manuel Arqueros Orozco, que va a ser formulada por el Diputado don Rafael Hernando Fraile.
Señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para mejorar la participación de las empresas españolas en los proyectos de ayuda alimentaria financiada por la Unión Europea?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
Señoría, había básicamente dos problemas: un problema, el tipo de productos que se ponían a disposición de los países en concepto de ayuda humanitaria, que eran más bien de la que pudiéramos llamar agricultura centroeuropea; afortunadamente, eso se ha resuelto. El segundo problema era de información.
Las dos cosas están en vías de solución y tanto en el año 1992, como en el año 1993, se han ampliado sustancialmente -- las cifras se las puedo dar luego-- las cantidades aportadas a través de la cooperación española.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando Fraile.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Lamento que siga usted diciendo lo mismo que hace mucho tiempo. Yo creo que ya va siendo suficiente el tiempo transcurrido como para que estos defectos que usted mismo reconoce se hubieran corregido.
Además, debo decirle que no es correcto lo que nos dice hoy aquí. Por lo que se refiere al tipo de productos, siguen sin haber entrado en la lista algunos productos típicamente españoles, como puede ser la carne de cerdo o de ave, como pueden ser el aceite de girasol, la galletería o el aceite de oliva. Se siguen primando los productos centroeuropeos. Desde el propio ministerio tampoco están colaborando para facilitar la información de las empresas españolas.
Mire usted, señor Ministro, en 1993 nosotros aportamos a la Unión Europea, en programas de ayuda oficial al desarrollo, 7.300 millones. Nuestras empresas se vieron favorecidas por adjudicaciones en un importe tan sólo de 800 millones de pesetas; no ha llegado ni al dos por ciento. Los franceses obtuvieron 10.500 millones para sus empresas y a pesar de los esfuerzos que dice usted está haciendo y a pesar de que hay funcionarios destacados en algunas de las comisiones que adjudican este tipo de contratos, es verdad que los funcionarios españoles cuando van a la Unión Europea se creen que son como hermanos y en realidad lo que hacen es el primo.
En las adjudicaciones vía reglamento, nuestros representantes en la Comisión de Ayuda al Desarrollo no funcionan, no hacen prácticamente nada. En lo que se refiere a las adjudicaciones «gré à gré» donde sí tenemos importante presencia de funcionarios destacados, se sigue sin hacer prácticamente nada. Por cierto, nos preocupa mucho que además esta adjudicación «gré à gré», que es una oferta restringida, una oferta casi realizada a dedo, se haya convertido en cerca del 57 por ciento del tipo de adjudicaciones en este caso.
Además, ustedes han hecho poco por favorecer algunos elementos que discriminan a España, como es la correcta regulación del transporte, que, como usted sabe, perjudica notablemente a los intereses españoles y a los intereses de nuestras empresas.
Deseamos, indudablemente, que todo esto vaya mejorando; pero hemos de decirle que se ha avanzado poco o muy poco.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hernando. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias, señor Presidente.
Como quizás sepa usted, porque le debe constar la información, en los años 1992 y 1993 formaron parte de la ayuda humanitaria productos tan típicamente mediterráneos y españoles como el arroz, las conservas de caballa, sardinas, concentrado de tomate, conservas de carne y aceite de girasol. En el año 1992, como S.S. sabe, el importe total era 114 millones de pesetas y en el

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año 1993, fue 990 millones de pesetas. Comprenderá S.S. que en los dos últimos años hemos avanzado sensiblemente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JAVIER RUPEREZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO ESTABLECER RELACIONES DIPLOMATICAS CON LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA? (Número de expediente 180/000454)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28, del Diputado don Javier Rupérez Rubio.
Señor Rupérez, tiene la palabra.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿cuándo piensa el Gobierno establecer relaciones diplomáticas con la antigua República Yugoslava de Macedonia? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
El establecimiento de las relaciones diplomáticas de España con la República de Macedonia se hará pronto y de acuerdo con una resolución tomada por este Parlamento, entiendo que unánimemente. La fecha la tomaremos en el momento que sea oportuno para lo que a S.S. y a mí nos preocupa que es una formulación que resuelva el problema de la antigua República de Macedonia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Rupérez.


El señor RUPEREZ RUBIO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente hace todavía pocas semanas, exactamente el 23 de febrero de 1994, la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara decidió (decisión, por otra parte, unánime y desde ese punto de vista, doblemente significativa) que se instaba al Gobierno a formalizar el reconocimiento de la antigua República Yugoslava de Macedonia, estableciendo relaciones diplomáticas con ese país en los plazos más breves posibles. Nosotros querríamos instarle de nuevo a que lo hiciera efectivamente en los plazos más breves posibles, consiguientemente ya, porque la verdad es que esa decisión y la unanimidad que trajo consigo, refleja muy claramente que no hay ninguna razón de sustancia para no proceder a ese establecimiento de relaciones diplomáticas, sino simplemente de oportunidad, y consiguientemente la oportunidad, siendo naturalmente una consideración que en última instancia tiene que estimar el Gobierno, sin embargo tiene también su contenido político. Las razones por las cuales nosotros instamos en su momento y seguimos instando al Gobierno a establecer relaciones diplomáticas tienen que ver con una determinada noción de lo que es la estabilidad y la paz en la zona, y, desgraciadamente, el tiempo transcurrido desde que nosotros -- la Comisión de Asuntos Exteriores-- tomamos conjuntamente esa decisión, no ha hecho nada más que confirmar el aspecto claramente negativo del no reconocimiento, del no establecimiento de relaciones diplomáticas con Macedonia. Por una parte, las posturas griegas, que son, al fin y al cabo, las únicas que de manera decisiva impiden ese establecimiento de relaciones diplomáticas, han tomado un carácter cada vez más desmesurado.
Nos hemos visto incluso --y el señor Ministro lo sabe perfectamente-- con el caso insólito de que un país que ostenta la Presidencia de la Unión Europea, sin embargo, se ve sometido a un proceso judicial por el mismo Tribunal de las Comunidades. Por otra parte, nosotros no queremos presumir que el Gobierno español ha tomado esa decisión de no establecimiento de relaciones para hacer un favor de algún tipo, ideológico o político, a Grecia o al país que en estos momentos ostenta la Presidencia de la Comunidad. En cualquier caso, si eso hubiera sido así, los mismos griegos se han ocupado de manera sistemática de negar cualquier tipo de razón de agradecimiento, o simplemente de benevolencia, que el Gobierno español pudiera tener respecto al gobierno griego.
Desde luego, por nuestra parte no se trata en absoluto de practicar ese deporte que está cada vez más generalizado en medios comunitarios y atlánticos, que es dar leña al griego, pero lo que sí nos parece es que sigue siendo urgente y precisamente en el momento actual, en el momento oportuno, cuando todavía las decisiones tienen algún sentido político, que procedamos a ese establecimiento de relaciones que para nosotros, y seguramente también para el Gobierno, por esa pequeña diferencia de tipo temporal, tiene una traducción muy clara, traducción en el establecimiento de unas relaciones en pro de la paz, en pro de la estabilidad, en pro de una determinada necesidad cada vez más urgente de asegurar aquellos aspectos territoriales de la ex Yugoslavia, que todavía no se han visto afortunadamente

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afectados de manera directa por el conflicto Bosnia- Herzegovina. De manera que, una vez más, en cumplimiento de esa brevedad de plazos a los cuales se instaba al Gobierno desde la Comisión de Asuntos Exteriores, pedimos de nuevo al Gobierno que establezca relaciones diplomáticas con la ex República Yugoslava de Macedonia.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Muchas gracias. Su señoría comparte conmigo que es un problema de oportunidad y hay que buscar el momento oportuno dentro de la mayor brevedad, porque todos deseamos que esa decisión se tome. Como S.S. sabe, aparte de la información que nos ha dado, y que ya conocíamos, sobre la situación del Gobierno griego, hace muy pocas semanas --semana y media escasa-- ha habido un acontecimiento que creo hay que tener en consideración también por parte de todos, tal como lo estamos teniendo no sólo España sino otros países que están en la misma situación que nosotros, entre ellos Estados Unidos de América y algunos otros países comunitarios.
Sí le puedo decir que en ningún caso va a primar nada sobre los intereses de España. Por tanto, las afirmaciones que ha realizado S.S. espero que no se las tome en serio ni él mismo.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA ROBLES FRAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL INSTITUTO CERVANTES EN TOULOUSE (FRANCIA)? (Número de expediente 180/000455)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29, del Diputado don José María Robles Fraga.
Señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señor Ministro, ¿cuál es la situación actual del Instituto Cervantes, en Toulouse? Ya que el Gobierno no suele responder, por lo menos le ruego, señor Ministro, que usted conteste.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
En este momento está en trámite de negociación con el Ayuntamiento de Toulouse para que la Casa de España se vaya a otro lugar y ese local que ahora es la Casa de España sea el del Instituto Cervantes. Espero que el día 6 de mayo sean adjudicadas las obras que son necesarias para acondicionarlo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le hago esta pregunta porque el Instituto Cervantes está adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores; como usted sabe, el Secretario de Estado de Cooperación es el Presidente del Consejo de Administración y, por tanto, puede usted responder.
El Instituto Cervantes se crea para atender la creciente solicitud de la enseñanza del español, que en aquel momento -- en 1991--, se atribuía al papel relevante que España jugaba en la comunidad internacional y a la importancia del idioma.
España estaba, pues, como se decía entonces por su Grupo Socialista, en primera división.
Sin embargo, los planes de expansión del Instituto Cervantes, que recogió treinta y siete centros de varios ministerios, se han frustrado, se han hecho inviables por los recortes presupuestarios y por la incapacidad de encontrar otros recursos particulares y de empresas privadas. Dos años después del momento en que realmente empieza a funcionar, en 1992, el Instituto Cervantes, en Toulouse, la situación es realmente increíble. En 1992 el local de la Casa de España, en la que diversas asociaciones de emigrantes realizaban meritorios trabajos culturales, es cedido al Instituto Cervantes y dos años después nos enteramos que se declara desierto el concurso de adjudicación de obras. Se habla ahora de la adjudicación directa y por tanto no podrá entrar en funcionamiento por lo menos hasta 1995 o 1996 desmintiendo el optimismo del Director del Instituto Cervantes en su última comparecencia en esta Cámara.
Lo más increíble es que desde hace año y medio, en el caso del director, y desde hace un año en el caso del jefe de estudios y de los dos profesores que allí están, hay cuatro personas desplazadas desde Madrid que cobran sus sueldos por un total, según la nómina de relación de puestos de trabajo enviada a esta Cámara por el Gobierno, de unos 28 millones de pesetas.
En Toulouse ustedes no han inaugurado nada, por supuesto ya me dice que no han realojado las asociaciones de emigrantes que allí estaban, pero desde luego no han abierto ni empezado las obras, no han sido capaces de adjudicarlas y lo único que han inaugurado han sido las nóminas.
Ustedes no han empezado el Instituto Cervantes de Toulouse por el tejado, ni por el suelo, sino por los sueldos.


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Desde luego, si usted hubiera estado ayer --como no estaba quizá se lo hayan contado-- hubiera asistido a un interesantísimo debate sobre el control del gasto público; creo que tiene usted una buena ocasión para empezar a hacerlo aquí.
Desde luego el dinero no se ha hecho redondo para que ruede, señor Ministro. Creo que el tema de Toulouse es bastante grave y afecta a la proyección española y a la proyección del idioma español en una ciudad tan importante como Toulouse.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Solana Madariaga): Gracias, señor Presidente.
Como S.S. sabe bien, no es el único caso en que una Casa de España se quiere transformar en el Instituto Cervantes.
Totalmente de acuerdo con la posición de su grupo parlamentario. Es verdad que esa obra se ha declarado desierta y hay un concurso nuevo que se va a adjudicar el día 6. Tres personas están, en este momento; dos adscritos a la sede central del Instituto Cervantes y una persona que está en Toulouse tratando de poner en marcha los planes futuros del Instituto. Por tanto, no sé a qué viene esa preocupación extrema de S.S. por el gasto público. Se está gastando bien y se están haciendo las obras al ritmo que se puede de acuerdo con el Ayuntamiento de Toulouse, que es quien nos tiene que ceder el edificio nuevo.


--DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES INTENCION DEL GOBIERNO COMPLETAR LAS PREVISIONES DE LA LEY 4/1989, PROMOVIENDO LA DECLARACION COMO PARQUE NACIONAL DE FORMACIONES ESTEPARIAS EL ESPACIO NATURAL DE LOS MONEGROS? (Número de expediente 180/000442)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 16, que formulara el Diputado don José Luis Martínez Blasco.
Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
La singularidad de Los Monegros, por sus características geológicas, climáticas y biológicas no está en discusión. Casi todo el mundo comprende que debe ser un espacio natural protegido; otra cosa es con qué instrumentos o en qué plazos, pero hay en estos momentos un peligro que se ha señalado, y es que las obras de regadío de Monegros-2 pueden afectar y hacer irreversible en el futuro esta defensa del espacio protegido o protegible. Por eso pregunto al Gobierno qué piensa hacer: ¿tiene intención, en lo que se refiere a aplicación de la Ley 4/1989 de promover la declaración de Parque Nacional de Los Monegros?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno sí tiene intención de promover la declaración del parque nacional de Los Monegros y por ello ya han tenido lugar diversos contactos entre representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como con los ayuntamientos de la zona afectada.
La Ley 4/1989 establece que para que un espacio natural sea declarado parque nacional tal espacio debe ser representativo de alguno de los principales sistemas naturales citados en el anexo de la ley figurando entre ellos, dentro de la región mediterránea, los sistemas ligados a formaciones esteparias.
La comarca de Monegros reúne las condiciones exigidas por dicha ley para que sea declarada espacio natural protegido a través de la figura de parque nacional y se integre en la red estatal de parques nacionales. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Ministro, estoy totalmente de acuerdo en que merece la protección. Recojo la intención del Gobierno de promover la declaración, pero lo preocupante en estos momentos es que los propios trámites de la declaración son tan largos que cuando lleguen las obras de regadíos que en estos momentos están afectando a zonas especialmente sensibles, por ejemplo el Barranco de Valcuerna o algunas de las zonas de ese tipo, ya no sea posible.
Como el señor Ministro conoce también la propia Ley 4/1989 establece incluso la posibilidad de medidas inmediatas antes de hacer los planes de ordenación.
Nos gustaría que hubiera un compromiso de que por lo menos las obras que están en estos momentos en ejecución, las que se van a adjudicar en los próximos meses porque hay recursos muy importantes de miles de millones en los presupuestos generales del Estado para este tipo de obras en éste y en próximos ejercicios,

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se van a contrastar con la declaración de intenciones del Gobierno; se va a hacer la declaración de impacto ambiental; se van a reconducir incluso proyectos existentes porque, evidentemente, cuando se proyectaron estas obras a comienzos del siglo XX las condiciones de todo tipo eran muy diferentes y lo que nosotros querríamos es un compromiso de que no se va a dejar hacer las obras que se están haciendo hasta tanto llega una declaración, en un futurible, y que haya un compromiso serio de que las que se están haciendo, las que están proyectadas en los ejercicios inmediatos van a seguir esta declaración de impacto ambiental y, en todo caso, se van a preservar las zonas que tanto el Ministeriocomo el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas han advertido que corren evidente peligro si se desarrollan las obras previstas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Martínez Blasco. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Como sabe, como he informado a esta Cámara en Comisión y en Pleno, el Gobierno tiene intención de traer, antes de finalizar el presente año, los proyectos de ley de tres parques, uno ya aprobado por el Gobierno, el de Picos de Europa; otro el de Monfragüe y simultáneamente el de Roque Nublo. En el ejercicio de 1995 tenemos previsto que llegue a esta Cámara el proyecto de ley del parque de Monegros. El plan de ordenación va a considerar elementos que en otras declaraciones de parques más antiguas no se han podido tener en cuenta y que en cambio en este caso sí se van a tener. Va a tener en cuenta la necesidad de plantear un plan de desarrollo sostenible, en el marco de los acuerdos de la Conferencia de Río; es decir, la compatibilidad entre los usos, destino económico, agrario concreto y directo y, al mismo tiempo, la conservación del medio y hacer que esa compatibilidad permita que los agricultores estén en el seno de ese parque con una voluntad de mantener la calidad ecológica del mismo sin que eso sea incompatible con la generación de rentas.
Si para ello hay que modificar planes, en todo caso son de muy largo plazo, como S.S. ha puesto de relieve; creo que de aquí al ejercicio que viene hay tiempo más que suficiente para establecer qué limitaciones hemos de poner para que el desarrollo sea compatible y no vulnere las características ecológicas de Los Monegros.
Muchas gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO PROHIBE LA IMPORTACION DE LA ANCHOA FRANCESA? (Número de expediente 180/000445)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 19, del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río.
Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente. Señor Ministro, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno no prohíbe la importación de la anchoa francesa? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías es totalmente inviable que la Administración española imponga cualquier prohibición o limitación en frontera a la entrada de boquerón francés. El artículo 30 del Tratado es muy claro, es taxativo y es evidente que el hecho de sobrepasar una determinada cuota de capturas o de pescar en un período de parada no figuran entre las excepciones del artículo 36 en cuanto al principio de libertad de circulación de mercancías en el Mercado Unico. Este principio, además, ha sido rotundamente ratificado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Ministro. Realmente el administrado poco puede esperar de la Administración cuando no protege sus intereses, por mucho que digan muchas leyes, cuando se están fulminando constantemente.
El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea atribuye a Francia 3.000 toneladas de anchoa en el sector en el que se ha venido pescando, el Golfo de Vizcaya, por debajo del Paralelo 48. Después de esa negociación, España realiza una negociación bilateral con Francia y se incrementa esa cuota.
Aun así, los franceses continúan pescando más y, lo que es más grave, continúan exportándolo a España. Es francamente intolerable que por parte de las autoridades españolas no se tome ninguna medida para poner freno a esta especie

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de desprecio francés por lo que es el tema pesquero en España.
Quiero decirle también que los franceses inmediatamente colocan dos patrulleras de su Armada en Hendaya y Fuenterrabía, mientras que nuestras patrulleras parece que sólo son para reprimir a nuestra propia flota, porque cuando necesitan protección no aparecen por ningún sitio.
Lamentablemente, señor Ministro, tengo que decirle que en materia de negociación pesquera los noruegos brindan cuando se negocia con España, y resulta que en España nadie brinda. El Ministro francés de Agricultura y Pesca diece en «Le Figaro», del día de ayer, que el acuerdo que se está alcanzando para incrementar las cuotas con España es más bien favorable; cuando se negocia brindan los franceses y en España seguimos rascándonos. Es realmente lamentable que nunca podamos brindar nosotros cuando se trata de algún tipo de negociación pesquera. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Usted decía recientemente, señor Ministro, que España corta el bacalao en Europa. Olvidó usted decir por dónde lo corta. Lo corta por la cola, por debajo del 10 por ciento y encima nos quedamos siempre con las espinas. Es lamentable, señor Ministro. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, conoce usted perfectamente la situación y por tanto la explicación que ha dado no corresponde en absoluto a la realidad. La cuota francesa de anchoas (le voy a decir más, es posible que no la hayan conseguido siquiera, es posible), era uno de los argumentos que alegaban; pero lo que había, además, era unos calendarios de parada, y han sido esos calendarios los que hemos exigido, independientemente de que no hubieran llegado a las 3.000 toneladas.
Por otra parte sabe perfectamente que el incremento de cuota de anchoa que tiene la flota francesa es un trueque que hacemos, favorable para nuestra flota --por rape concretamente-- para que nuestra flota, que le interesa, pesque más rape de la cuota francesa. Ese es el acuerdo al que llegamos, que favorece a ambas partes y que no crea ningún problema. Lo que hemos hecho ha sido evitar, a través de la queja formal y dura del Gobierno francés, que volviera de nuevo a salir la flota. El Gobierno francés ha requisado las mallas de estos buques que salieran fuera de calendario y en este momento están en proceso verbal. Ha requerido a los armadores por incumplimiento de dos órdenes ministeriales francesas y, al mismo tiempo, de la normativa comunitaria.
En lo que se refiere a ese brindis, acabo de llegar de Luxemburgo y quiero decir que he tenido un debate bastante duro --al que me referiré después--con mi colega francés. Le puedo decir que su preocupación no corresponde en absoluto con la nuestra, pues nuestra posición es que los buques franceses no pueden salir, ni siquiera salir, si saben que a la vuelta va a serles decomisada la pesca pescada ilegalmente. Ese es el principio que se debe respetar. En segunda derivada se hablará de si ha habido incidentes o no. Desde luego no ha habido ninguna patrullera francesa en Fuenterrabía. Ha habido patrulleras francesas, como es lógico, en aguas jurisdiccionales francesas; pero no ha habido ninguna patrullera francesa en Fuenterrabía.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON MIGUEL RAMIREZ GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRARIOS POR EL TERRITORIO FRANCES? (Número de expediente 180/000446)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20, del Diputado don Miguel Ramírez González.
Señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el transporte de productos agrarios por el territorio francés?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, ya en varios Consejos de Agricultura del año pasado y más recientemente en el último celebrado en Luxemburgo ayer, he puesto de manifiesto, ante el resto del Consejo de Agricultura de la Unión, los graves incidentes que soportan los productos hortofrutícolas españoles al entrar en territorio francés bien en tránsito o con destino a los mercados galos. Estas denuncias han sido reforzadas por las de otros Estados miembros como Bélgica, Italia y Holanda en el mismo sentido.


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El pasado año estas denuncias tuvieron eco, tanto por parte de la mayoría de las delegaciones de los Estados miembros como en el seno del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución condenatoria, que SS.SS. conocen, y asimismo el Gobierno francés efectuó una declaración en el Consejo de Agricultura de julio de 1993. La declaración del Gobierno en aquel momento fue satisfactoria. Prometió que su Gobierno haría todo lo posible para garantizar la libre circulación, y así sucedió.
Sin embargo, comprobamos que un año después se vuelven de nuevo a repetir los mismos hechos. El Gobierno, a través mío, efectuó una enérgica denuncia en el Consejo de Ministros de Agricultura de Luxemburgo de los pasados lunes y martes, que fue apoyada por otras delegaciones que están teniendo los mismos problemas en el tránsito de productos por el territorio francés.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Ministro, con alarmante puntualidad y todas las primaveras, camiones españoles que transportan productos agropecuarios españoles son asaltados y destruida su mercancía en territorio francés. Las cámaras de televisión están puntualmente en los acontecimientos, como si se tratara de un festejo más. No está la gendarmería francesa, por supuesto. Hoy nuestra demanda al Gobierno español tiene más alcurnia, más potencia, señor Ministro, porque hace semanas que sabíamos se iba a producir el asalto sobre la fresa española. Estaba anunciado. Era, parodiando el título, «Crónica de una muerte anunciada». Los agricultores franceses había dicho que iban a asaltar los camiones de fresas españolas. Posiblemente, señor Ministro, acuciados porque saben que, por la debilidad del Gobierno socialista, las fresas españolas no son totalmente comunitarias; están sujetas a montantes compensatorios de los intercambios, están sujetas a cantidades de referencia, están sujetas, en definitiva, a trabas comunitarias. Es uno de los seis productos que la debilidad socialista ha permitido que ocho años después de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea no sean totalmente comunitarios.
Señor Ministro, uno empieza ya a sospechar de lo que dice usted y de lo que dice, incluso, el Ministro de Asuntos Exteriores. En junio del año 1992, señor Ministro, demandamos al Gobierno qué había pasado con nuestras mercancías, asaltadas y destrozadas con motivo de una huelga de transportes en Francia. Nos dijo el Ministro de Asuntos Exteriores, por escrito, que había obtenido del Gobierno francés --leo textualmente-- que se iban a pagar las indemnizaciones por parte de dicho Gobierno. Cuarenta días después nos contesta el mismo Ministro, sin pedir ninguna aclaración, que esa indemnización era imposible y que, por tanto, los afectados recurrieran a los tribunales ordinarios de justicia.
Hoy son las fresas españolas, ayer fueron los productos con destino a la alimentación infantil, anteayer fueron las conservas vegetales españolas acusadas falsamente de botulismo. Siempre son los productos, por ejemplo, del cerdo ibérico. En definitiva, señor Ministro, la debilidad histórica con la que nos movemos en el seno de la Comunidad Económica Europea...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ramírez.


El señor RAMIREZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente, por permitirme denunciar estos acontecimientos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señoría, esa debilidad histórica ha permitido, seguramente, duplicar las exportaciones de algunos de los productos a los que usted ha hecho referencia. Es decir, incrementar el volumen de exportaciones, en sólo cinco años, más de lo que se había hecho en toda la historia de las exportaciones de esos productos.
Le puedo garantizar, le puedo asegurar que la posición de firmeza del Gobierno español difícilmente tiene comparación con la misma posición de otros Estados miembros que tienen problemas idénticos. Le puedo decir, también, que la posición del Gobierno español, indudablemente, tiene un doble contenido.
Por una parte, los ciudadanos franceses, los ciudadanos comunitarios son nuestros clientes. No podemos ni debemos animar una reacción hostil a nuestros productos por su relación calidad-precio. Son esos ciudadanos los que nos compran. Nuestra protesta, nuestra reacción es frente a los Gobiernos que, no quiero decir que adopten actitud pasiva, pero, como he dicho en el Consejo, valdría la pena que no pareciera que adoptan la actitud pasiva. La actitud que está manteniendo el Gobierno español le puedo decir --y tiene las actas del Consejo-- es, indudablemente, bastante más dura que la de otros Estados miembros con problemas semejantes. Muchas gracias.


--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ; DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS EFECTOS DESASTROSOS QUE PARA LAS EXPORTACIONES DE NUESTROS-

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PRODUCTOS TIENEN LAS CALUMNIOSAS CAMPAÑAS DESATADAS EN ALEMANIA SOBRE LOS MISMOS? (Número de expediente 180/000447)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 21, del Diputado don Luis de Torres Gómez.
Señor De Torres.


El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar los efectos desastrosos que para las exportaciones de nuestros productos tienen las calumniosas campañas desatadas en Alemania sobre los mismos? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Alberto Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, he de decir que coincido absolutamente con usted en el concepto de calumniosos que ha utilizado.
En relación con los alimentos infantiles fabricados por una empresa española, se ha actuado de la forma siguiente: Solicitud urgente de una reunión bilateral, que se convocó por la propia Comisión en la reunión celebrada en Bruselas y en la que la delegación española dejó suficientemente claro el incumplimiento, por parte de Alemania, de la actual legislación en materia de contaminantes.
Después del debate se establecieron las siguientes conclusiones: Primero, declaración pública de la Comisión, en la que se reconoce que los productos alimenticios infantiles han sido legalmente fabricados y legalmente comercializados por España, y que no presentan riesgo alguno para la salud.
Segundo, compromiso de la Comisión para acelerar la posibilidad de publicación de normas comunitarias que armonicen, a nivel general, la situación de los contaminantes en productos terminados.
En cuanto al problema relacionado con la aparición de algunas sustancias en aceites pertenecientes a diversos países, básicamente Italia y entre ellos también España, una vez conocida la noticia se recabó la información de la Embajada española en Bonn, en la que se indicaba que, hasta la fecha, no se había producido ninguna retirada de producto español. El tema ha sido ampliamente debatido en el comité de expertos y actualmente se encuentra en período de estudio para establecer el método oficial comunitario de análisis y los límites correspondientes.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor De Torres. El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente. La verdad, señor Ministro, es que los productos españoles no pueden soportar que, año tras año, precisamente en países pertencientes a la Comunidad Europea, se desaten campañas injuriosas contra ellos, sin que por parte de nuestras autoridades se tome alguna medida, porque, como decía anteriormente mi compañero, se producen con alarmante puntualidad, como la que se está llevando a cabo ahora con especial e interesada virulencia en contra del aceite de oliva. Hace poco, precisamente por parte de países productores (por competidores nuestros, por entendernos mejor), se desató una campaña, con la absoluta pasividad de nuestro Gobierno, en la que se declararon aceites lampantes a aceites que tenían 0,1 por millón de percloroetileno, con la consiguiente pérdida de miles de millones de pesetas para los productores, en tanto que después se refinaban y se pasaban a esos países, cobrando las primas a la producción, cuando eran, como usted sabe, totalmente inocuos. Y casualmente, en la actual campaña difamatoria, me consta que precisamente todos los aceites que se están investigando son de calidad extravirgen, en los que, por definición, no puede existir ninguna sustancia tóxica. Lo mismo ocurre en el caso a que hacía usted alusión de los potitos, de los productos murcianos. Y es que, en realidad, parece que no haya ninguna normativa en Alemania; en todo caso, debería ser ese país el que comunicara a la Comisión Europea los límites que tienen establecidos y que podían ser obligatorios para sus propios fabricantes, pero lo que no pueden es servir de barrera para impedir la entrada de nuestros productos. Esto, señor Ministro, como usted bien sabe, es proteccionismo encubierto que usted está obligado a evitar para proteger nuestros productos.
Hay que ordenar ya a la Comisión Europea que determine si las exigencias alemanas son acordes con la Directiva de la Unión en materia alimentaria, para, en caso de no ser así, que se sepa de una vez por todas cuál es la legislación que debe prevalecer, si la comunitaria o la nacional, y en el caso muy poco probable de que sea la nacional, aplicar nosotros el mismo rasero, el mismo rigor y la misma atención a la importación de esos productos para los que ellos hacen campañas en contra.
Muchas gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Las reacciones proteccionistas en el marco de la Unión están surgiendo constantemente. La ambición o la intención de algunos grupos nacionales de acotar sus

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mercados es uno de los elementos más peligrosos que puede poner en cuestión la construcción de la Unión Europea. Pero cuando, además, se trata de estas cuestiones que afectan a la calidad, que en ninguno de los dos casos que ha citado S.S.
(ni en el caso del lindano, ni en el caso del benceno), tiene ningún fundamento, puesto que son productos de extrema calidad --y así fue reconocido ayer por el Comisario de Agricultura, que garantizó personalmente la calidad de esos productos--, nos planteamos siempre una doble cuestión que debemos tratar con mucho cuidado. Por una parte, cuanto menos se hable de esta cuestión mejor, y, por otra parte, es imprescindible hablar de ello; las dos cosas, pero hay que plantearlas en sus justos términos. Si no se cumple la normativa, si se ha abusado, desde el punto de vista del análisis, y se está transmitiendo un mensaje negativo respecto de esos productos, eso se debe atajar inmediatamente; en cambio, no es bueno seguir hablando de estas cuestiones, ni siquiera en el marco del Consejo, y así lo dije ayer en el mismo. Es decir, no queremos hablar de este tema, pero tampoco queremos que nadie dé motivos para hacerlo.
Y una segunda cuestión importante, que sean productos naturales...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES PONER EN MARCHA ALGUNA MEDIDA ENCAMINADA A FOMENTAR Y REGULAR EL VOLUNTARIADO EN NUESTRO PAIS? (Número de expediente 180/000437)

El señor VICEPRESIDENTE: Pregunta número 11, de la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero.
Tiene la palabra la señora Romacho.


La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, esta Diputada entiende que el protagonismo de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y su compromiso en la lucha contra la marginación y en la consecución de mayores cotas de bienestar colectivo, dentro de cualquier política social debe de ser un objetivo no sólo prioritario, sino, además, irrenunciable. Porque sólo desde la implicación social y desde la participación de la sociedad en su conjunto, tanto a nivel individual como a través de grupos organizados, se conseguirá avanzar hacia una sociedad en la que la so- lidaridad y la cooperación sean los valores imperantes frente a actitudes individualistas e insolidarias. Desde estos planteamientos, el voluntariado y la acción voluntaria pueden ser instrumentos que faciliten la articulación de la sociedad y la implantación de los valores antes referidos. Por tanto, se debe seguir procurando el protagonismo social, así como dotar al voluntariado de un marco normativo que, respetando su autonomía, favorezca la acción voluntaria, delimite los campos de actuación, garantice el funcionamiento democrático de las entidades de voluntariado y haga posible la coordinación con las actuaciones de las distintas administraciones.
Son estos los motivos que me llevan a formular la siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Sociales poner en marcha alguna medida encaminada a fomentar y regular el voluntariado en nuestro país? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra de Asuntos Sociales tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, efectivamente, coincido con su planteamiento.
El Gobierno tiene como un objetivo prioritario e irrenunciable esa necesidad de regular el voluntariado por la importancia que tiene en el protagonismo de la sociedad civil para la corresponsabilidad entre los poderes públicos y los ciudadanos a la hora de resolver determinados problemas, sobre todo en el ámbito social. Y esta es una de las directrices principales del Gobierno. El Ministerio de Asuntos Sociales está trabajando en este tema con un doble objetivo: por un lado otorgar reconocimiento público al voluntariado. El voluntariado se ha conocido poco en España y, lo que es peor, se ha reconocido poco. Queremos que se conozca y que se reconozca como una labor social muy importante. Además, queremos facilitar su ejercicio, respetando, naturalmente, las competencias de las comunidades autónomas, ya que, como usted sabrá, diversas de estas comunidades han procedido a regularlo mediante normas específicas. Tal es el caso de Cataluña, Aragón y Andalucía, y en Madrid ya hay presentado un proyecto en la Asamblea legislativa. Dentro de esta línea de actuación, hace ya meses que se ha constituido, en el seno del Ministerio de Asuntos Sociales, un grupo de trabajo específico para este tema, que está avanzando sobre los siguientes aspectos, que tendrán luego su reflejo en la futura regulación: por un lado, estudiar la situación actual del voluntariado en España, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Para ello estamos en la mejor posición, puesto que tenemos un conocimiento del trabajo que

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están realizando las grandes organizaciones no gubernamentales, a través de la colaboración que prestan a objetivos sociales, junto con el Ministerio de Asuntos Sociales. Por otro lado, estudiar el carácter de la futura regulación jurídica. Ahí tendremos que analizar comparativamente --ya se está haciendo--la situación de otros países de nuestro entorno, como es Italia y Bélgica sobre todo, que ya tienen regulación en este sentido. Y, en tercer lugar, fomentar la participación ciudadana en las actividades de voluntariado.
En cuanto a los plazos, tenemos que elaborar un primer informe antes del verano, para luego contar con las aportaciones de otros Ministerios, de las comunidades autónomas, de los sindicatos y de las ONG. Esperamos tener para el otoño, ya que usted me pregunta sobre plazos, unos resultados concretos, que se traduzcan tanto en un informe sobre la realidad del voluntariado en nuestro país como en un anteproyecto de norma de rango adecuado y un abanico de medidas de apoyo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra.


--DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA ROMACHO ROMERO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE PLAZO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REMITIR AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL PROYECTO DE LEY DEL MENOR? (Número de expediente 180/000438)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12, de la Diputada doña Inmaculada Romacho Romero.
La señora Romacho tiene la palabra.


La señora ROMACHO ROMERO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra de Asuntos Sociales, es una realidad que en los últimos años se han dado pasos importantes para dotar a los menores de un adecuado sistema de protección, no sólo en el ámbito normativo sino también en el desarrollo de programas y en la dotación de recursos. Recursos y programas encaminados, por una parte, a la atención de los menores en situación de riesgo social y marginación, y, por otra, a la prevención de estas situaciones. La Ley 21/1987, la aprobación de la Convención de los derechos de los niños y de las niñas, la Ley 2/1992, medidas compensatorias, ayudas económico- familiares y programas para la prevención del absentismo escolar, entre otras, son clara muestra de ello.
Todas estas medidas han sido eficaces y han contribuido a que nuestra sociedad sea hoy mucho más sensible hacia la realidad y las necesidades de los menores. Hemos dejado atrás la antigua concepción patrimonialista del menor como objeto propiedad de los padres, y por tanto objeto exclusivo de ámbito familiar, para ir generalizando la consideración del niño como sujeto de pleno derecho, cuya salvaguarda es responsabilidad pública. Pero vivimos en una sociedad cambiante, en la que aparecen nuevos problemas que hacen necesarias nuevas medidas, y también la adaptación de las ya existentes a esta nueva realidad.
Todo ello plantea la necesidad de dotarnos de un marco normativo de superior rango que, contemplando de forma global la realidad del menor, concrete los derechos y establezca el sistema de protección que garantice en todo momento el interés superior del niño frente a cualquier otro interés. Es desde estos planteamientos desde los que le formulo la siguiente pregunta: ¿en qué plazo tiene previsto el Gobierno remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley del menor?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Diputada, como S.S. probablemente conoce, el proyecto de ley de derechos del menor es una iniciativa que tiene el Gobierno entre sus objetivos prioritarios para esta legislatura, que está desarrollando el Ministerio de Asuntos Sociales y sobre el que ya he tenido ocasión de comprometerme públicamente en estasCámaras con respecto a su realización. Su desarrollo en España deriva fundamentalmente de la aprobación de la Convención de derechos del niño de Naciones Unidas de 1989, que España ratificó en diciembre de 1990, y que va a constituir, en el futuro inmediato, un instrumento para desarrollar y hacer efectivos en España los principios y derechos del menor. Con esta finalidad vamos a configurar un amplio cuadro de derechos, la mayoría de los cuales ya están reconocidos en la Constitución, pero se trata de darles mayor concreción y articular los mecanismos necesarios para hacer posible su ejercicio por parte de los menores.
Referente al ámbito civil está todo lo relativo a las relaciones paterno-filiales y a las instituciones de protección a la infancia. Su señoría se ha referido también a la Ley 21/1987, que en su momento modificó las normas civiles con respecto a los menores y que ahora seráobjeto de una adaptación ante esas situaciones nuevasa las que hay que atender y que usted ha mencionado.
Sobre el contenido concreto de este proyecto tendré ocasión de extenderme hoy mismo en esta Cámara con motivo de la contestación a la interpelación que formula el Grupo Popular precisamente sobre esta materia, sobre la ley del menor. Sí, le puedo adelantar que el

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anteproyecto se encuentra en avanzado estado de elaboración, está prácticamente concluido, y que en las próximas semanas lo voy a presentar al Consejo de Ministros. Con carácter inmediato se presentará ese informe y, a partir del mismo, se circulará el texto con el fin de obtener los informes preceptivos que, como usted conoce, son necesarios para su aprobación. Una vez que se emitan esos informes, que, como todos sabemos, son largos y prolijos, además del informe de otros ministerios tendremos que recabar la opinión de los sectores sociales implicados, ya que en este tema de la atención al menor nos parece doblemente importante contar con su participación.
Por tanto, no puedo fijar una fecha concreta, pero sí le puedo decir que, si se cumplen nuestras previsiones, el anteproyecto de ley podría ser examinado por la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios y después por el Consejo de Ministros en el mes de julio, y posteriormente vendría a esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Ministra.


--DEL DIPUTADO DON JOSE MARIA MICHAVILA NUÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS CAUSAS POR LAS QUE EL GOBIERNO NO PRESENTA EL PLAN DE ACTUACION PARA EL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA? (Número de expediente 180/000452)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 26, del Diputado don José María Michavila Núñez, que tiene la palabra para formularla.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Señora Ministra, ¿cuáles son las causas por las que el Gobierno no presenta el plan de actuación para el Año Internacional de la Familia? Le agradecería que no me dé la respuesta que acaba de dar a la compañera del Grupo Parlamentario Socialista a una pregunta idéntica a la que formuló este Diputado hace dos meses en relación con el menor, que son grandes promesas, como acaba de hacer, pero ningún cumplimiento.
Muchas gracias, señora Ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): La señora Ministra tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Muchas gracias. Las grandes promesas las voy a poder cumplir en las próximas semanas. El proyecto del menor está prácticamente ultimado, y tengo la satisfacción de contestarle a esto igual que le he contestado a la señora Diputada.
Respondiendo a su pregunta tengo que decirle que, en cierta medida, me sorprende que me pregunte por qué no he presentado el plan, puesto que el plan está presentado ya públicamente, aprobado y ejecutándose. Es un plan abierto que está ejecutándose, repito, desde el 1 de enero, y está aprobado por el Comité Español del Año Internacional de la Familia, que se celebró el 22 de marzo pasado con asistencia de todos los miembros de las distintas ONG que trabajan en este Comité y que lo integran, con la asistencia de los ministerios implicados y con asistencia de los representantes de las comunidades autónomas. Además, asistió Su Majestad la Reina, que preside dicho Comité. Ese día, insisto, el 22 de marzo, aprobamos el plan, lo dimos a los medios de comunicación y fue conocido, y aquí a la vista tengo yo los recortes del «ABC», y de distintos periódicos donde salió que se había aprobado el plan y parte del contenido del mismo. Por tanto, a mí me choca que usted no haya tenido conocimiento de él, que, por cierto, es muy extenso y muy completo.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Michavila, tiene la palabra.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que no está hablando un Diputado a un miembro del Gobierno de qué es lo que sale en la prensa, sino de qué es lo que la Ministra se compromete a presentar a la Cámara.
Quiero recordar que el 5 de octubre usted prometió que iba a presentar el plan para el Año Internacional de la Familia, y allí hizo unas grandes declaraciones que este Grupo Parlamentario acogió con satisfacción, diciendo que tenemos una ocasión única de reconocer a la familia como institución y también de promover todo lo que pueda ser el apoyo a la misma con motivo del año 1994. Han pasado seis meses, dijo que iba a presentar ese plan a las cámaras y no lo ha presentado. El Año Internacional de la Familia no es una ocasión para que el Gobierno se haga fotos, es una ocasión para apoyar decididamente a la familia, señora Ministra.
Queremos señalar que no es haciendo grandes juntas y grandes comisiones como se resuelven los problemas de los españoles.
El Grupo Parlamentario Popular presentó aquí tres propuestas muy concretas, y el Grupo Parlamentario Socialista lo convirtió en una comisión. Decía Quevedo que a quienes prometen mucho y cumplen poco les suele gustar hacer juntas de esas que engendran mucho y paren poco. Y esta cita, hablando de familias, es muy oportuna. No nos hagan, por tanto, grandes comisiones, no nos hagan grandes reuniones y grandes especulaciones teóricas; por favor, aprueben programas y medidas concretas de apoyo a lo que ustedes mismos --y vemos con satisfacción que ahora lo hacen--reconocen que es el núcleo de solidaridad básico

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en esta sociedad, en la que, tras la quiebra del Estado de bienestar que ustedes han propiciado, reconozco que les vaya bien que se les pare el reloj y sólo en la familia encuentren la solidaridad. No concebimos cómo a fecha de hoy ustedes han podido hacer fotos pero no han presentado a la Cámara el plan para el Año Internacional de la Familia, como propusieron, y, sobre todo, cómo todavía no han aprobado ni un sola medida concreta de apoyo a la familia. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Michavila. Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Siento mucho tenerle que rectificar, porque yo me comprometí a presentar en las cámaras el informe sobre la familia, y ese informe sobre la familia --podemos referirnos al plan, pero éste ya está en marcha-- está terminado y lo voy a traer a las cámaras. Por tanto, ese cometido se va a cumplir. Aprovecho esta ocasión para decirle que, dentro del plan, compete al Ministerio de Asuntos Sociales también preparar la organización de la Conferencia Internacional de la Familia, que tendrá lugar en diciembre en Madrid, y es la que organiza el Consejo de Europa. También le compete coorganizar el Día Internacional de la Familia y realizar y presentar el informe sobre la misma. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cualquier caso, sí que le puedo decir que este plan integra 387 actuaciones, de las cuales 98 corresponden a la Administración General del Estado, 116 a las comunidades autónomas y 173 a las ONG. Es muy importante decir que en cuento a las ONG, que representan el arco completo de las que trabajan en el ámbito de la familia, hemos conseguido que estén todas de acuerdo en los mínimos fundamentales del tema de la familia y en los objetivos principales del Año Internacional de la Familia. Y todas, desde diversos planteamientos ideológicos, aceptan que tenemos que apoyar a la familia como institución y trabajar en línea de las actividades que tenemos que...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR EL MARCO JURIDICO VIGENTE DE PROTECCION DEL MENOR, ASI COMO CRITERIOS A SEGUIR PARA DOTAR A LAS INSTITUCIONES DE INSTRUMENTOS EFICACES Y ADECUADOS PARA REALIZAR LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS (Número de expediente 172/000048)

El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día, interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Popular, sobre medidas para mejorar el marco jurídico vigente de protección del menor, así como criterios a seguir para dotar a las instituciones de instrumentos eficaces y adecuados para realizar las funciones que tienen encomendadas.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señora Ministra, buenas tardes, señoras y señores Diputados. Me cumple a mí interpelar hoy al Gobierno, en nombre del Grupo Poular, para conocer las medidas concretas que se van a aplicar para mejorar el marco jurídico vigente en materia de protección y reforma del menor. El Grupo Popular está hondamente preocupado por la situación del menor en España. Diariamente surgen noticias en los medios de comunicación por las cuales conocemos cómo menores son objeto de malos tratos, de explotación, víctimas de delitos, e incluso últimamente, y casi a diario, autores de delitos a edad muy precoz.
Existen múltiples disposiciones normativas, no sólo de rango internacional, señora Ministra, como todos conocemos, en las que quizá sea el pilar básico y fundamental, tal como usted antes ha dicho, el derecho del menor que recoge la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ratificada por España en el año 1990. También existen, a nivel interno, el artículo 39 de nuestra Constitución española, donde se regula la protección a la familia y a la infancia, e incluso el artículo 10, en su párrafo segundo, en donde se recoge que la interpretación de los derechos y de las libertades se hará en base a todos estos tratados internacionales. Sin embargo, descendiendo a la realidad de la protección del menor, descendiendo a la realidad de la reforma y la reeducación del menor cuando delinque, hay que señalar que la adaptación de estas normas internacionales y de estas normas constitucionales no se han plasmado, ni en sus principios ni en su contenido, en nuestro ordenamiento jurídico.
Es cierto que en los últimos años se han dado ligeros pasos, pasos vacilantes, pero no es menos cierto, señora Ministra --y tendrá que reconocerlo--, que en este momento hay un vacío de contenido, de tal manera que no se está dando una respuesta legal a los supuestos y a los problemas de los menores en España. Este vacío normativo ha dado lugar a serios perjuicios importantes

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para el menor, especialmente en lo que afecta a sus garantías y a la defensa de sus derechos fundamentales. Se impide, con ello, la plena integración del menor en la sociedad, que es fundamental porque también depende de ello el futuro de dicha sociedad, para que sea más culta, más libre, más tolerante y mucho más respetuosa.
En los medios de comunicación, como le decía, surgen diariamente noticias y, sin embargo --ustedes lo saben, lo sabemos todos--, señora Ministra, los menores no se quejan; quienes reclaman son los padres, son los tutores, son incluso los profesores, pero en este momento, ellos, quizá los que más sufren, son, repito, los que menos se quejan.
Es por eso que el Grupo Popular considera que nosotros, los parlamentarios, los representantes en este momento del pueblo, debemos dirigirnos a ellos, acercarnos, conocer su situación y promover que exista una función legislativa que intente, sobre todo, poner soluciones posibles a estos problemas del menor.
Es por eso también que, en este momento, el Grupo Popular ha promovido muchas iniciativas. Pero nuestro papel no es sólo legislativo, sino que debemos, además, concienciarnos y concienciar continua y permanentemente a la población, quizá insensibilizada por la cotidianeidad de los hechos, e incluso a los organismos nacionales e internacionales. Después de esta pequeña introducción, señora Ministra, le quiero relatar una serie de números a ver si todos los Diputados, y usted misma, podemos conocer más seriamente el problema, sobre todo en cifras, de la realidad del menor en España.
Viven en España diez millones de menores, casi el 26 por ciento de la población. La mayoría de ellos se debaten en llegar a ser adultos, pero lo ideal, señora Ministra, es que lleguen a ser adultos formados y preparados, mujeres y hombres de bien. ¿Cree usted, señora Ministra, que podrán llegar a ser adultos formados y preparados alguno de los 2.250.000 menores de 16 años que se encuentran en situación de pobreza? Un número de 546.000 familias que tienen a su cargo menores no tienen ingresos económicos estables. Existen 1.640.000 menores que viven con padres que utilizan una acusada tendencia al empleo de alguna modalidad de violencia física o psíquica; 4.228.000 menores viven con padres que emplean pautas educativas extremas, rigidez o permisividad, y por ello lesivas; 470.000 menores sufren al año en España malos tratos, de los cuales sólo se denuncia el 10 por ciento. Incluso anualmente 865.000 menores en España sufren malos tratos psíquicos. Un niño maltratado tiene la posibilidad de volver a serlo en un 50 por ciento después de denunciar su maltrato.
Además, los accidentes en el hogar son la primera causa de mortalidad infantil. Y no sólo estos datos, sino que hay unos 25.000 analfabetos menores, entre 10 y 19 años; 400.000 menores son explotados laboralmente, y hay un número algo superior a esos 400.000 que apenas están escolarizados; 25.000 menores están embarazas, de las cuales 10.000 abortan, y el 50,5 por ciento de estos embarazos son no deseados. Hasta este momento, esos niños de madres embarazadas solteras menores de edad representaban el 70 por ciento de las prostitutas y el 40 por ciento de los presos comunes.
A los 15 años, el 96 por ciento de los chicos y el 90 por ciento de las chicas ha consumido bebidas alcohólicas. El 21 por ciento de los menores, entre 11 y 15 años, toman alcohol habitualmente, y el 30 por ciento se ha embriagado alguna vez.
Respecto al consumo de tabaco, el 43 por ciento de los escolares tienen entre 11 y 15 años de edad y han fumado alguna vez, y el 21 por ciento lo hacen de forma habitual. El 12 por ciento de los menores de 11 y 15 años han probado el porro; y el 6 por ciento lo consumen con frecuencia; el uno por ciento ha probado otras drogas y el 0,5, las consume habitualmente. Pero vamos al tema de la visualización por los menores de Televisión Española. Muy brillantemente, en noviembre del año pasado, mi compañero Enrique Fernández- Miranda defendió una proposición no de ley para intentar controlar la proliferación de las escenas violentas en televisión visualizadas por los menores. Le diré que los adolescentes entre 15 y 16 años dedican el 46 por ciento del tiempo de su ocio a ver la televisión. El 43 por ciento de los comprendidos entre 11 y 15 años la ven de una a tres horas diarias, y un 19 por ciento la ven cuatro horas o más. El 98 por ciento de los niños entre 7 y 13 años ven la televisión.
Un menor presencia entre doce y trece mil quinientos actos violentos, catorce mil escenas de sexo y dos mil anuncios de bebidas alcohólicas. El 10 por ciento de la programación infantil es publicidad y la mayoría de esos anuncios incumplen las medidas legales oportunas. Un niño entre 5 y 15 años puede llegar a presenciar unas 13.500 muertes.
¿Cree, señora Ministra, que estos menores llegarán a ser adultos formados y preparados? Es lógico que esta sobrecarga tal de violencia injustificada e irreal produzca alteraciones notables en la personalidad del menor, que se concretan en el escaso valor de la vida humana o incluso en la percepción deformada e irreal de la muerte y el sufrimiento, en una banalización del terror o en una deshumanización y disminución del interés por los demás. Todo esto está dando lugar a un gran aumento de la delincuencia infantil y juvenil. Son diarias en los medios de comunicación las noticias de que hay menores que han delinquido, y ha de saber que los juzgados de menores en el año 1991 conocieron de 26.000 expedientes.
¿Cuál es el marco jurídico actualmente vigente para afrontar esa realidad del menor tan alarmante, antes expresada, que se puede desdoblar en protección del menor y reforma o reeducación en caso de actuación

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delictiva, puesto que estos dos apartados deben estar engarzados? La mayoría de los menores sobre los que hay que ejercer medidas de reforma deviene por la falta de medidas de protección en su momento.
En cuanto al apartado de la reeducación o reforma de los menores, hemos de decir que la norma aplicable en estos momentos es la Ley de Tribunales Tutelares de Menores del año 1948 --señores, mucho antes de la Constitución--, que ha sido reformada posteriormente de manera muy parcial por la Ley Orgánica 4/1992 en base a una sentencia del Tribunal Constitucional, la 36/1991, pero reformó solamente el artículo 15 en base a las medidas sancionadoras que se recogían y, sin embargo, sin ninguna de las garantías. Pues bien, la propia reforma de esta Ley Orgánica 4/1992 recogía que tenía carácter de urgencia y que posteriormente se iba a regular en materia del menor. Pero, ¿qué ha pasado con esa ley penal juvenil, señora Ministra? Pues que no ha llegado. Después de dos años es patente, es claro que no se ha vuelto a legislar respecto a la reeducación y reforma del menor.
Por tanto, nos encontramos, en este sentido, con la mayoría de edad penal. Nuestro grupo considera que hay una discordancia entre esa mayoría de edad penal, los 18 años, y la mayoría de edad civil, los 16 años. Esa discordancia la intenta solventar el Código Penal en su artículo 65, aplicando la pena en uno o dos grados a los jóvenes que delinquen entre los 16 y los 18 años. Pero se está comprobando que esto no es eficaz, señora Ministra, que lo único que supone es que a estos jóvenes, en un momento dado, lo que se hace es rebajarles la pena fijándoles una multa, pero no entran en ningún centro de reeducación, de reforma, continúan en la calle delinquiendo, y sólo cuando cumplen los 18 años y un día y vuelven a delinquir se les ingresa y cumplen todos los antecedentes. Hace falta, por tanto, no sólo la mayoría de edad penal para la reeducación y reforma, creemos, de los menores infractores, sino, además, una ley penal juvenil, y que esa ley penal juvenil recoja qué tipo de procedimiento penal queremos para nuestros menores, si el sancionador o el educador, que en estos momentos es ambiguo. Queremos el educador, que nuestros menores se incorporen a la sociedad, que porque se delinca una vez no se tenga que volver a repetir.
¿Qué sucede con esos adolescentes y preadolescentes? Le estoy hablando de los jóvenes de 14 a 18 años que en un momento dado no tienen una actuación delictiva, pero sí conductas asociales. Hay que tomar alguna decisión sobre ellos, puesto que caen en las redes de la prostitución, de las sectas, de las drogas, etcétera. ¿Qué sucede con los menores de doce años que delinquen? ¿Por qué no se especializan los titulares de los juzgados de menores y los fiscales de menores para que puedan en todo momento conocer de los procedimientos y de la problemática del menor con una buena especialización? No sólo se precisan conocimientos jurídicos para eso, sino conocimientos de psicología, de ciencias sociales que en estos momentos no se están exigiendo. El Consejo General del Poder Judicial en su momento llevó a cabo dos cursos de especialización, pero no es menos cierto que esto se ha paralizado y que, incluso, en el Ministerio Fiscal nunca se ha llevado a cabo.
Es por ello preciso que se legisle en este sentido y que se asignen recursos adecuados y, además, que se aplique un principio de coordinación entre la Administración de Justicia y las diferentes administraciones: locales, estatales y autonómicas. ¿Qué pasa ahora con la protección del menor? Ya veo que muy adecuadamente su compañera, antes de mi interpelación, le ha hecho una pregunta que le ha venido a usted de miedo para lucirse, señora Ministra. Dice usted: «Efectivamente, ya tenemos aquí el proyecto de ley: es iniciativa del Ejecutivo.» Eso no es cierto, señora Ministra, fue iniciativa del Grupo Popular en el Senado, además, defendida brillantemente por mi compañera Rosa Vindel en octubre del año pasado y apoyado por la mayoría de todos los Grupos del Senado, instando al Gobierno para que elaborara un proyecto de ley de los derechos de la infancia. Ese proyecto de ley todavía no ha llegado; es cierto que a usted se le dio el plazo de los años 1993 y 1994, pero también es cierto que estamos ya en 1994 y usted promete que en pocas semanas lo tendremos.
Por favor, por caridad, ya no por fe o por esperanza, que son virtudes teologales que ya estamos casi perdiendo, traiga usted a las Cortes Generales ese proyecto de ley, señora Ministra. Pero es que la protección del menor no sólo queda ahí. ¿Qué pasa con esos juzgados de familia que están tan sobrecargados y que trabajan hasta nueve y catorce horas?

El señor PRESIDENTE: Señora Barrios, le ruego que concluya.


La señora BARRIOS CURBELO: Concluyo, señor Presidente.
¿Por qué, señora Ministra, no se transfieren competencias? Sólo habría que modificar la disposición adicional segunda de la Ley 21 de 1987 y los juzgados de menores podrían conocer de la readaptación de la reforma de los menores, no sólo en materia penal, como he dicho, sino en materia de protección del menor, estarían ubicados en un solo juzgado con auténticos especialistas y entonces en manos de ellos se podrían solventar mucho mejor los problemas, puesto que, como usted sabe, están infrautilizados. Que no caiga en un saco vacío, señora Ministra. Sé que todos estamos preocupados por los menores, pero, desde luego, el Grupo Popular está demostrando en todo momento en las Cámaras que somos nosotros los

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que estamos instando y apechugando con la responsabilidad de defender a todos estos menores de 14 o de 16 años que sabe usted que están en tan malas condiciones.
Muchísimas gracias a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Sociales.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en primer lugar, quiero referirme a algunos datos que ha manejado la señora Diputada y que, según mis referencias, no responden a la realidad. Porque es verdad que hay muchos problemas con la juventud, muchos problemas con la infancia y todos queremos resolverlos, los representantes de todos los partidos políticos y todos los representantes públicos; pero también es cierto que si exageramos los datos no vamos a solucionar los temas como se merecen. Por ejemplo, usted se ha referido a que hay 400.000 menores de edad que son explotados laboralmente en España.
Ayer, precisamente, un diario de gran tirada se hacía eco de esta referencia y verdaderamente no puede estar más lejos de la realidad. Esta referencia aparece en el libro: «El drama del menor en España», cuyo autor es Pepe Rodríguez, y el propio libro, en la página 198, dice --y se está refiriendo a los menores de 16 años-- que, según la encuesta de población activa, el promedio es de 23.850. Y luego dice: Pero la realidad es que entre 285.000 y 400.000 son económicamente activos en algún tipo de trabajo. Y hace una referencia según la cual esa cifra de 400.000 es del movimiento juvenil de Acción Católica, sin más referencias. Yo creo que no es un dato fidedigno, que lo es mucho más el de la encuesta de población activa. En cualquier caso, es preocupante, porque tanto un dato como otro son preocupantes, pero la diferencia en cuanto a la cuantía es extraordinaria.
Efectivamente, en los datos de la EPA de 1989 se recogen 23.850 menores trabajadores, pero, según la encuesta de población activa del tercer trimestre 1993, esta cifra ha bajado a 9.600 --son datos actuales--, con lo cual hoy --lo que da cuenta de la reducción-- se trata de un 0,12 de la población menor de 16 años, y la actuación de la Inspección de Trabajo representa el 0,1 del total.
Por consiguiente, a mí me parece muy importante el problema, pero lo que sí es conveniente es que demos los datos ajustados a la realidad. Y si todos los datos que ha dado usted son tan equivocados como éste... También me referiré al de pobreza, por ejemplo, en que usted ha dado una cifra de 2.260.000, y esto no encaja con los datos de pobreza de menores que tenemos nosotros, según los datos de Eurostad de 1991, de las condiciones de vida de los menos favorecidos de la Comunidad Europea. En cuanto a los datos por hogares, tenemos que en los hogares con dos hijos sería el 16 por ciento el que estaría en situación de pobreza, con lo cual los datos son un poco más bajos que los que usted da. En cualquier caso y estando de acuerdo, esencialmente, en el tema, porque creo que es muy importante el desarrollar los derechos del niño de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas - -que España ha ratificado y que en otros países se ha desarrollado anteriormente, y recientemente, con posterioridad a las sucesivas ratificaciones--, sí creo que debemos hacerlo tanto desde el ámbito constitucional, de reforzar los derechos constitucionales, como desde el ámbito civil y también desde el ámbito penal.
La Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, lo que nos ha facilitado es una visión global del conjunto de derechos específicos para el menor de edad. Una vez que se aprueba la Convención fue el Gobierno quien decidió elaborar un proyecto de ley de derechos del menor --y está en el proyecto del Partido Socialista en la anterior legislatura--, con lo cual tampoco es cierto que haya sido debido a la iniciativa del Grupo Popular --planteada en el Senado, según usted ha dicho-- el que se hayan iniciado estos trabajos.
Cuando yo llego al Ministerio de Asuntos Sociales me encuentro ya con un trabajo realizado en la anterior legislatura, muy avanzado, con sucesivas promesas de mi predecesora ante las Cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso, refiriéndose a este proyecto de ley de derechos del menor, con lo cual no es algo que se le haya ocurrido al Partido Popular, sino que ha sido una iniciativa que ha tomado el Gobierno una vez que se aprobó la Convención.
El texto que está elaborando el Ministerio de Asuntos Sociales sí les puedo decir --y contesto no sólo por lucimiento, sino con la satisfacción de poderlo decir-- que está prácticamente concluido y que aborda las materias sobre las que tiene competencia el Estado, naturalmente, que son las de la legislación civil y procesal y derechos fundamentales, y se respetan las competencias que tienen en exclusiva, en materia de menores, las comunidades autónomas.
El texto contempla, por un lado, los derechos específicos de los niños y niñas y, por otro, aspectos de la atención a los menores en general y a los menores en dificultad social.
Por un lado, ese reconocimiento expreso de los derechos fundamentales del menor se concreta en una serie de derechos, como derecho a la identidad y a la nacionalidad, derecho de protección frente a las agresiones al honor, a la intimidad personal y familiar y a

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la propia imagen o derecho a la información, que tendrá que venir recogido desde dos puntos de vista: por un lado, la obligación de las administraciones públicas de incentivar materiales informativos adecuados y, por otro, la facultad de los propios menores de buscar y recibir información, la libertad de pensamiento, conciencia y religión --habrá que tener en cuenta el problema de las sectas, al que creo recordar que usted también se ha referido-- y el derecho de formar asociaciones infantiles y juveniles y también a promoverlas, con ciertos requisitos. También se recoge el derecho del menor a ser oído; ya está recogido en muchos textos legales, concretamente en el Código Civil, pero de esta forma se concretarán aún más y se establecerán todas las cuestiones que les afecten directamente y en las que puedan tener ese derecho.
Quiero detenerme específicamente --usted también ha aludido a ello-- a la protección frente a las agresiones al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este ámbito es sumamente importante y yo he tenido ocasión de comparecer en la Comisión del Senado de contenidos televisivos por la preocupación que todos tenemos en relación con las imágenes que aparecen en los medios de difusión.
Ustes ha hecho un elenco --que coincide con los datos que nosotros tenemos en el Ministerio-- de todas aquellas visualizaciones que los niños contemplan permanentemente en los medios de difusión. Creo que tenemos suficientes argumentos jurídicos --y están en la propia Constitución, artículo 20.4--cuando, respetando desde una sociedad democrática como un principio esencial el derecho a la libertad de expresión, la propia Constitución recoge que ese derecho a la libertad de expresión y a la libre comunicación de las ideas y del pensamiento tiene su límite en los derechos de protección a la juventud y a la infancia. Creo que en esa línea todo lo que trabajemos será bienvenido, puesto que se está llegando a una situación de contacto de los menores con este tipo de violencia permanente que no les beneficia en absoluto.
Recientemente, el Gobierno ha remitido a esta Cámara el proyecto de ley de transposición de la Directiva de la Comunidad Europea sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de contenidos televisivos y precisamente ahí se alude --en desarrollo del artículo 22 de la Directiva-- a que se garantice que las emisiones no incluyan programas que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores.
Concretamente hace especial referencia a la violencia, a la pornografía, a la discriminación racial, sexual, religiosa o de nacionalidad. Es decir, la educación en unos valores que hagan del niño o del adolescente un futuro ciudadano con capacidad para integrarse plenamente en la sociedad.
En el proyecto de ley, en el artículo 17 concretamente, se alude también a que se imponga la obligación de que los programas que puedan perjudicar a los menores se emitan entre una determinada banda horaria. Nosotros acordamos que sea entre las 22 y las 6 horas o, en su caso, se haga la advertencia oportuna por medios acústicos, ópticos o de ambas clases. Con esto quiero decir que estamos plenamente de acuerdo en que hay que tomar medidas respecto a la protección de los menores en cuanto a su intimidad, a su imagen y también a lo que reciben por vía de publicidad y por vía de contenidos televisivos. Con ocasión de la celebración de la Comisión, también vimos cómo muchas veces los anuncios de las programaciones posteriores están perjudicando las emisiones y no se entienden como emisiones que perjudiquen a los niños.
Esto habrá que verlo en el desarrollo de la ley.
También le diré que la ley del menor, la ley de la infancia que vamos a desarrollar, va a concretar aún más los derechos a la intimidad y al desarrollo integral del menor, que ya están protegidos en la Ley 1/1985 del Derecho a la Intimidad, al Honor, que desarrolló el artículo 18 de la Constitución. En ese sentido, ya la propia ley establece la posibilidad de que se tomen medidas cautelares, que han sido a veces muy criticadas, pero que cuando un juez --recientemente hemos tenido casos-- ha tomado medidas cautelares para proteger situaciones de emisión con respecto a menores, me han parecido muy adecuadas, sobre todo se hacían en aplicación de una legislación vigente y aprobada por las Cámaras. Vamos a concretar aún más esas actuaciones y desde el ministerio fiscal sí que nos consta --aparte del desarrollo de la circular del año 1993, que fue tan importante, sobre la actuación del ministerio fiscal en relación con la protección de menores-- que, tras el desarrollo de dicha circular, la actividad del ministerio fiscal en este sentido ha sido mucho mayor. Quería detenerme en ese aspecto de la intimidad por parecerme especialmente importante. Además, este anteproyecto de ley que tenemos ya prácticamente concluido para empezar a remitirlo a todos los organismos que tienen que hacer sus dictámenes consultivos, a las asociaciones y a los demás ministerios, también tiene otro aspecto, que es el que desarrolla todas las instituciones del derecho civil, y ahí hablamos de una función parental y de instituciones de protección a la infancia: por un lado, lo que es el tema relativo a la relación paterno-filial, mejor dicho, paterno-materno-filial; hablaremos ya de función parental y no de patria potestad, seguramente por adaptarnos a esa nueva realidad.


El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, le ruego que concluya.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): En seguida concluyo, señor Presidente.


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También vamos a concretar y a actualizar lo que supuso el desarrollo de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modificó determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, y, aprovechando la experiencia obtenida durante la vigencia de esa ley en estos años, teniendo en cuenta que se están produciendo situaciones de desprotección social y que es preciso que las entidades públicas que hoy ejercen esa labor de guarda en casos de desamparo y de desprotección puedan tener los mecanismos suficientes para poder actuar de una forma rápida y con seguridad cuando se produzcan estas situaciones y puedan instar de los jueces de una formainmediata --incluso sin aprobación de los padres biológicos--, cuando lo indiquen las situaciones específicas, la privación de la patria potestad, para que esos niños en desamparo, en situación de abusos, en situaciones de verdadera gravedad --sólo para estos casos de gravedad, naturalmente--, puedan ser atendidos en instituciones de acogimiento o de guarda.
En suma, le quiero poner de relieve la importancia que desde el Gobierno se ha atribuido a esta ley, a esta normativa.
Efectivamente yo, nada más hacerme cargo del Ministerio de Asuntos Sociales, cuando comparecí en la Comisión de Política Social y Empleo de esta Cámara, me comprometí al desarrollo de esta ley durante el año 1994 y lo que sí les puedo decir es que yo espero cumplir esto, dado que el trabajo está concluido y está pendiente de tramitarlo.
Termino ya, señor Presidente, refiriéndome a que el ámbito penal no se va a desarrollar en esta ley. Es verdad que la Ley 4/1992, que hubo que desarrollar en base a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, que declaró inconstitucional el artículo 15 de la ley famosa de 1948, ha sido una ley de carácter provisional y urgente y que ha supuesto fundamentalmente un avance, porque ha supuesto la posibilidad de que los menores entre 12 y 16 años sean tratados mediante una serie de medidas que en muchos casos incluyen la posibilidad de reparar el daño y también la posibilidad de la suspensión del fallo cuando esa reparación pueda producirse extrajudicialmente y se vea que se dan las circunstancias para la reintegración y la rehabilitación de ese menor, porque a veces son situaciones circunstanciales. Estoy de acuerdo en que todas esas medidas tienden, y así lo dice la Ley 4/1992, tienden, naturalmente, a la integración, a la rehabilitación del menor y, sobre todo, han de hacerse siempre en interés del menor, y también ha sido un avance el que la duración máxima de las medidas sea de dos años. Estamos de acuerdo, por otra parte, en que no es suficiente, y la propia ley así lo estableció. Naturalmente, con motivo de la remisión a estas Cámaras del proyecto del Código Penal habrá que decidir cuál es la mayoría de edad penal, habrá que decidir qué medidas se toman en el tramo entre 16 y 18 años, porque esta ley sólo contempla de 12 a 16, y habrá que ver, además, qué tipo de medidas se establecen. La solución que se ha dado en derecho comparado es diversa. Hay lugares donde hay códigos penales juveniles, como es el caso de Francia o el caso de Alemania, donde hay un código penal juvenil para esos tramos, e incluso más altos, hay quien tiene desde los 12 hasta los 20 años; hay otras soluciones en el marco de los propios códigos penales, y hay soluciones como la que tenemos aquí: hacer dos tramos: uno de 12 a 16 años y otro de 16 a 18 años. En cualquier caso, sí es cierto que hay que acometer esa reforma en breve plazo y, desde luego, cuenten su Grupo y usted, señora Diputada, y toda la Cámara, con que se trabaja activamente desde el Gobierno para llevar a cabo esta reforma legislativa tan necesaria.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Barrios.


La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señores diputados, me congratulo de que la señora Ministra comparta la preocupación que tiene el Grupo Popular por el tema de los menores, la protección y la reforma referente a esto, pero no me puedo congratular con su exposición. Si bien dice que en el programa del Partido Socialista se recogía y se regulaba esa preferencia hacia el menor, no es menos cierto que ha sido el Partido Popular el que ha estado en todo momento en las iniciativas en relación al mismo.
Dice que el Partido Socialista se ha preocupado de los menores. Yo siento mucho, señora Ministra, decirle que en este momento la legislación que se está aplicando a los menores, tanto en su reeducación como en su protección, es, como les indicaba anteriormente, una ley del año 1948 en cuanto a reeducación y ninguna ley en este momento para su protección. Usted dice que la va a traer, que incluso la tenía preparada la anterior titular del Ministerio. Pues, desde luego, sí que han tardado.
Va a ser una ley, estoy segura, completísima, porque me imagino que desde hace 12 años están ustedes, más o menos, preparando esta ley de protección de los menores. La verdad es que quisiera ser menor en este momento, porque iba a estar maravillosamente protegida. Sí quiero decirle algo respecto a los datos que usted manejaba. Por lo visto, para usted no están suficientemente legitimados los jóvenes de Acción Católica. Lo siento; yo confío en que todos los datos que nos están llegando son lo suficientemente legítimos, vengan del Gobierno --que muchas veces, más de una, hemos tenido que darnos cuenta de que eran falsos-- e incluso de cualquier otra organización que no sea gubernamental.


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Los miembros del Partido Popular respetamos mucho los derechos de los demás, incluso de los menores.
Para terminar esta intervención, quisiera leerle una frase, que dice así: Para ganar el futuro, es preciso conocer nuestro pasado, reconocer el presente y apostar claramente por todo lo que falta por hacer, pero huyendo de la autocomplacencia.
Usted en su intervención ha sido autocomplaciente, alegando que habían hecho algo en el Gobierno cuando no han hecho nada.
¿Sabe quién decía esa frase, señora Ministra? Pues su Director General de Protección Jurídica del Menor, don Juan Mato Gómez, en el prólogo a la obra que usted antes ha mencionado: «El drama del menor en España». Por lo visto, ustedes cuando prologan libros dicen una cosa y cuando la van a llevar a la práctica dicen otra. ¿Y por qué? Pues porque en el fondo son criterios económicos los que les están moviendo. Si estos menores votaran como hacen los ancianos que llevan ustedes en el Inserso o los pobres andaluces que han necesitado el PER, seguro que ya habrían regulado toda la problemática de los menores, pero como no tienen derecho a voto, les han abandonado en estos 12 años de gobierno.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.-- Pateos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES (Alberdi Alonso): Gracias, señor Presidente.
Siento mucho, señora diputada, haberle oído semejantes manifestaciones, que me parecen lamentables en esta Cámara, verdaderamente. (Aplausos.--Rumores.) es verdaderamente lamentable que se pueda decir que no se ha regulado el tema de los menores cuando se ha hecho: me he referido a la Ley 4/1992, que se aprobó en la anterior legislatura; me he referido a la transposición de la directiva en el proyecto de ley de transposición; me he referido al trabajo que se venía haciendo; me he referido, además, a la circular del Ministerio Fiscal, a la preocupación existente. Decir que porque no tienen voto no se regula, me parece verdaderamente lamentable y absolutamente rechazable como ciudadana. Me parece verdaderamente lamentable y no lo puedo admitir. (Rumores.) Respecto a si ha sido el Partido Socialista o el Partido Popular, me parece que en este tema es poco relevante. Yo me he referido a unos datos cronológicos que tengo sobre la mesa y los he puesto de relieve. Si hubiera sido el Partido Popular quien hubiera tomado esta iniciativa, si la llevamos a la postre a la práctica y solucionamos el tema de los menores, yo estaría encantada de que fuera así. Tenemos que estar de acuerdo todos los grupos de la Cámara en hacer la reforma para los menores y no creo que no sea cuestión discutirlo. De todas formas, yo he dejado sobre la mesa unos datos que son cronológicos.
Luego se refiere usted a los jóvenes de Acción Católica como si yo tuviera algo contra ellos. Nada más lejos, todo mi respeto. Sí hay jóvenes que están trabajando con verdadera dignidad y jóvenes con un compromiso religioso y lo estoy viendo todos los días en mi contacto con las ONG, estoy viendo el compromiso que adquieren y cómo están trabajando de bien.
¡Por Dios, señora diputada, no me achaque usted que yo rechazo a los jóvenes de Acción Católica, ni muchísimo menos! Rechazo unos datos que no encajan con la EPA; según la EPA, son 23.000 y según los jóvenes de Acción Católica, 400.000. Si la EPA vale para unas cosas, tendrá que valer para todas, me parece a mí. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.-- Rumores.) Por último, ya para terminar, se refiere usted a un prólogo de Juan Mato al libro precisamene que hemos citado.
¡Naturalmente! Dice que para ganar el futuro es preciso reconocer el presente y siempre queda mucho por hacer. En este tema yo no soy autocomplaciente, ni muchísimo menos. En este tema no es que se haya hecho mucho como pasa en otros tantos y haya que seguir avanzando y haya que dar soluciones a las situaciones que se van planteando. No; es que en este tema es especialmente importante que llevemos a cabo la reforma, porque hay cosas que tenemos que hacer en base a ese desarrollo de la convención y en base a los derechos del niño. O sea que no se trata sólo de avanzar, sino de hacer una serie de reformas legislativas y de establecer un marco que nos permita de verdad tener una protección de los menores y establecer los tramos de atención a esos menores según sus necesidades. Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No iba a intervenir, pero esta pequeña polémica que se ha desatado entre las dos señoras Diputadas (Varios señores Diuptados: ¡No!), entre ellas la Ministra, me obliga a hacerlo, primero, en la línea de expresar el apoyo de mi Grupo a la necesidad urgente de que haya unas leyes de los menores en España, porque es un problema realmente grave; en segundo lugar, para decir que el tema de los menores no se convierta en un tema de señoras Diputadas y Ministra. Es también un problema de los Diputados, que no sólo tienen que ser los que aplaudan las luchas partidistas. Yo pediría en un tema tan delicado y tan importante como éste, buscar un amplio

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consenso en esta Cámara y que no se convierta en un territorio de lucha por el poder o de lucha entre partidos.
Por todo ello, quiero expresar mi apoyo tanto a la intervención de la señora Barrios como a la de la señora Ministra. Me parecen dos intervenciones que, si se les quita la pasión de la lucha entre dos partidos políticos, coinciden en lo esencial que nosotros vamos a defender: la necesidad de un consenso unánime en esta Cámara, porque es absolutamente imprescindible que tratemos ahora, antes y después --mejor ahora, lo antes posible--todas las soluciones jurídicas, económicas y sociales que necesita un tema tan dramático, tan angustioso como es el tema del menor; es un tema que corresponde a la familia, a la señora Diputada, pero también a todos los miembros de esta Cámara. Me hubiera gustado que para el debate de esta tema estuviera la Cámara mucho más nutrida de representantes populares, porque es un tema de una enorme importancia que nosotros vamos a apoyar en todo el trámite.
Yo pediría que a la moción consecuencia de esta interpelación que presente el Grupo Popular --mi Grupo la va a apoyar-- sólo se le quitara aspectos de batalla política partidista para conseguir el consenso. Seguro que el Grupo Socialista y los otros grupos de la Cámara también lo van a apoyar. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Alemany.


La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Barrios, señora Diputada, me gustaría pedirle que nos diera la oportunidad también a los otros grupos, y en este caso al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de manifestar nuestra postura y de demostrar que, reiteradamente, ante esta Cámara su preocupación por todas estas problemáticas, que de manera directa o indirecta inciden sobre el bienestar, sobre la condición de vida de todos estos grupos sociales que no pueden valerse ni defenderse por ellos mismos, ha sido un punto muy importante de defensa. Qué duda cabe que de entre estos grupos el más amplio e indefenso es el de la infancia. La infancia es el activo más importante que tiene un país. De lo que hagamos por los niños y las niñas de hoy dependerá la sociedad del futuro.
Es necesario crear mecanismos legales, asistenciales que permitan la protección de la infancia, que aseguren las condiciones de vida, que les permitan y aseguren crecer, formarse como personas, con pleno derecho y con plenas libertades.
Evidentemente, no son ellos quienes pueden reclamar sus derechos, pero esta Cámara tiene la obligación ética y legal de velar para salvaguardar su bienestar físico y psíquico, evitar su marginación y asegurar una inserción plena en la sociedad. En definitiva, insisto en hacer que respeten íntegramente sus derechos, pero quisiera hacer algunas matizaciones. En lo referente al marco jurídico actual, tanto en el ámbito del tratamiento de la delincuencia infantil y juvenil, como en el de la protección y asistencia a la infancia, es evidente que ha mejorado sustancialmente si se compara con el que existía hace tan sólo seis años.
Durante este tiempo se ha aprobado la Ley 21/1987, de 11 noviembre, que ha modificado el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción ha introducido más garantías y más control en los procesos de acogida, de guarda y adopción de menores desamparados con la intervención obligada de las entidades públicas competentes, de las comunidades autónomas, bajo la ulterior vigilancia del Ministerio Fiscal y de la instancia judicial competente. Se impiden así determinadas prácticas de tráfico de menores, que antes de esta modificación legislativa se producían y se dota a las instituciones de protección de menores de instrumentos legales para tratar adecuadamente las situaciones de desamparo, siempre en favor del menor.
El nuevo marco legal ha hecho posible que unos organismos competentes se hayan dotado de más recursos materiales y humanos para poder atender al sector de la infancia marginada.
El Estado español también, como ya ha dicho la señora Ministra, ha ratificado, en noviembre de 1990, la Convención sobre Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que recoge los derechos de la infancia, y también la Declaración de 1959, y les da un trato más detallado incorporando elementos que concretan el alcance de estos derechos.
En materia de tratamiento de la delincuencia juvenil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, creó los juzgados de menores en sustitución de los antiguos tribunales tutelares de menores y ha establecido que las plazas sean ocupadas por jueces de carrera, preferentemente especializados en la materia. Por otra parte, y a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1991, de febrero, que declara la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, se aprobó la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, que reforma la anterior legislación y que regula las competencias y el procedimiento de los juzgados de menores.
Esta Ley introduce en el procedimiento todas las garantías derivadas de nuestro ordenamiento constitucional. Establece que la competencia de los juzgados de menores alcanza el conocimiento de los delitos o faltas tipificadas en el Código Penal cometidos por mayores de 12 y menores de 16 años. Otorga la instrucción y acusación al Ministerio Fiscal, permite la asistencia del abogado defensor, amplía sustancialmente el catálogo de medidas que podrán

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aplicarse al menor, y atribuye la competencia para la ejecución de estas medidas a las entidades públicas competentes, también de las comunidades autónomas.
Este desarrollo legislativo se concreta con las disposiciones que en materia de instituciones públicas de protección y tutela de menores han dictado también las comunidades para desplegar sus competencias estatutarias. Estamos, por tanto, ante un marco legislativo que no se puede calificar rotundamente de insuficiente e inadecuado con los principios constitucionales. A pesar de ello, es evidente que en esta legislación se pueden introducir mejoras y que hace falta un esfuerzo para completar este proceso de modernización que se ha llevado a cabo hasta ahora.


El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le ruego concluya.


La señora ALEMANY I ROCA: En materia de protección y asistencia a la infancia, es necesaria una ley que, en el marco del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, regule de una forma unitaria y general los derechos de los menores que no estén suficientemente regulados o desarrollados por otras leyes más específicas.
El tratamiento que se da a los derechos de los niños y de los jóvenes menores de 18 años y la solución que se da a los problemas generados a su alrededor resulta esencial para cualquier sociedad, pero esta ley en ningún caso ha de suponer un desconocimiento de las competencias que también tienen las comunidades autónomas en esta materia. Habrá que encontrar un punto de equilibrio razonable entre aquello que corresponde legislar y reglamentar al Estado y lo que es atribución exclusiva de los parlamentos autonómicos. Sin embargo, es necesario que no nos centremos únicamente en este ámbito puramente legislativo y abordemos también una vertiente preventiva. En muchas ocasiones, los problemas que padecen los menores son fruto de situaciones de desestructuración familiar. Malos tratos, abandonos y otras situaciones familiares conflictivas tienden a favorecer la delincuencia juvenil y hacen de estos niños y jóvenes personas infelices.
Por ello la atención y protección de la infancia supone también protección y atención a la familia.
Permítaseme que insista, una vez más, en la necesidad de crear un fondo de garantía de pensiones para adelantar el impago de pensiones en los casos de separción y divorcio, no sólo como ya se ha dicho tantas veces para restablecer un derecho atribuido por decisión judicial, sino también para evitar que se acrecienten problemas familiares que demasiado frecuentemente derivan hacia la desestabilización, no sólo familiar sino también personal con todas las consecuencias que ello supone para la infancia. El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le ruego concluya.


La señora ALEMANY I ROCA: Sin duda con medidas preventivas no sólo protegeríamos los derechos de los menores, sino que además evitaríamos tener que aumentar las medidas asistenciales para paliar problemas que no hemos sabido evitar. Tampoco podemos obviar la influencia que ejerce la programación televisiva, a la que ya se ha referido la señora Ministra. No quisiera finalizar esta intervención sin hacer una referencia a la problemática de la delincuencia juvenil.
Por lo que se refiere al tratamiento de la delincuencia juvenil, la Ley Orgánica 4/1992, si bien ha supuesto un avance considerable, no es una norma plenamente satisfactoria puesto que se trata de una Ley provisional que se limita a resolver de forma urgente y parcial los problemas de inconstitucionalidad. Coexiste con el artículo 8.º2 del Código Penal, que declara la mayoría de edad penal a los 16 años. Por último, la ley 4/1992 es una norma técnica que resuelve problemas procedimentales, pero no obedece a ningún modelo de justicia juvenil. Es el momento, por tanto de revisar...


El señor PRESIDENTE: Señora Alemany, le recuerdo que es un turno de fijación de posición de cinco minutos y lleva S.S.
casi diez. Tiene treinta segundos.


La señora ALEMANY I ROCA: Pensamos que la reforma debe basarse en dos puntos principales: la equiparación de la mayoría de edad penal a la civil en la futura revisión del Código Penal, a los efectos de garantizar que todos los menores de edad, y no solamente unos cuantos puedan beneficiarse de una legilsación penal especial cuando sean acusados de la comisión de un delito o falta.
Se debe redactar una ley penal definitiva, moderna y respetuosa con un amplio catálogo de medidas educativas y resocializadoras. Esta ley debe dirigirse a los mayores de 12 años y menores de 18, pero también habría de...


El señor PRESIDENTE: ¡Señora Alemany!

La señora ALEMANY I ROCA: Pero también habría de tener sus efectos para los jóvenes entre 18 y 21.


El señor PRESIDENTE: Lo siento, le he concedido el tiempo para concluir su intervención no para abordar nuevos temas.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, voy a fijar la posición del

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Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con respecto a la interpelación que ha presentado el Grupo Popular a través de su portavoz. Estamos de acuerdo --yo creo que en eso coincidimos todos los grupos de la Cámara-- en que es necesario tener un marco legislativo que contemple seriamente los problemas que tiene el menor. En eso estamos de acuerdo y ya en una interpelación que se produjo la legislatura pasada un Diputado que ya no está en nuestro Grupo dijo exactamente lo mismo: «Es necesaria la ley de protección del menor». De esto hace dos años. Esto no quiere decir que no se haya avanzado y que no se hayan ido haciendo cosas, pero lo cierto es que necesariamente hay que ir a esa ley de protección del menor contemplando todos los aspectos que la señora Ministra ha dicho, para lo cual contará con nuestro Grupo para debatir, aportar y defender.
En estos momentos no sólo es necesaria esa ley de protección del menor, sino que es preciso también que en cuantas leyes referentes a medios audiovisuales se están debatiendo y discutiendo en estas Cortes se incluyan los temas de franjas horarias y las programaciones que se están dirigiendo a la población infantil y juvenil. Están haciendo muchísimo daño a nuestros niños, no sólo por la cantidad de horas que pasan ante el televisor, sino por las programaciones específicas, que están dentro de franjas horarias que los menores ven y que, además, les están perjudicando. Y no basta solamente con hacer modificaciones, sino que debe acometerse desde la perspectiva de que las cadenas, sobre todo las cadenas públicas de televisión, no tienen por qué entrar dentro del mercado de las audiencias sino que deben ser cadenas públicas de televisión educativas, dirigidas a formar a la población y a crear opinión.
Nosotros no nos conformamos, única y exclusivamente, con que pueda haber una legislación que proteja al menor. Consideramos que además de proteger al menor, las leyes serían accesorias en casos puntuales. La mejor protección para el menor es aquella que se desenvuelve en un ámbito en el que recibe afecto, recibe cariño y recibe comprensión; con una escuela pública gratuita que le permite el acceso a todos los niveles; con unas buenas dotaciones económicas, cosa que no se está produciendo, donde, además, se le enseña a ser una persona crítica con su entorno, a saber pensar por sí misma, a ser solidaria, a educarse en la paz, en la solidaridad y en la ética, sobre todo.
Nosotros pensamos que no se puede ver la situación del menor aisladamente, en compartimentos: cómo funciona la escuela, cómo funciona el ámbito de la familia o cómo funcionan las leyes para protegerlo; es un todo, y como un todo se tiene que ver. No solamente tiene que ver la Ministra de Asuntos Sociales en este tema; tienen que ver el Ministerio de Justicia, el de Educación, el de Sanidad, con los planes preventivos de salud; tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en cuanto al cuidado del medio ambiente y en cuanto a lo que es toda la infraestructura social de la que los menores son receptores y, además, deben disfrutar también. En definitiva, no podemos hablar de protección del menor sólo a través de una ley sino que tenemos que hablar de protección del menor desde una línea política diferente y, sobre todo, desde una línea política y económica distinta que no lleve a las familias a situaciones económicas que las desestructura y que luego después tienen que recurrir a las subvenciones de los poderes públicos para poder subsistir, cuando ya se ha producido la desestructuración y por lo tanto el efecto dañino al menor.
Hay que tratar este tema con la suficiente serenidad, con la seriedad necesaria, sin dramatismo. La situación es compleja, difícil, preocupante para todo el mundo, pero yo creo que desde esta Cámara lo que habría que decirles a los menores y sobre todo a los jóvenes, con un cambio de política, es que el mundo es mejor, que se puede mejorar y que lo que se está buscando desde esta Cámara es la solución a sus problemas específicos, con ilusión y, sobre todo, con entereza.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA Y LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE SU APLICACION A TRAVES DEL TURNO DE OFICIO EN LOS DISTINTOS ORDENES JURISDICCIONALES, ASI COMO LAS PERSPECTIVAS DE SU REGULACION FUTURA (Número de expediente 172/000049)

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la posición del Gobierno en relación con el derecho a la justicia gratuita y los problemas derivados de su aplicación a través del turno de oficio en los distintos órdenes jurisdiccionales, así como las perspectivas de su regulación futura.
Para su defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, como ustedes saben la justicia en España no es un servicio público gratuito; las partes en el procedimiento tienen que pagar los costes procesales, excepto las tasas, a los abogados y procuradores. Sin embargo, nuestra Constitución señala el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la defensa, tanto del detenido como del acusado, y el artículo 6.º del Convenio

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Europeo de Derechos Humanos habla del derecho a la asistencia de abogado, no solamente el derecho a la designación de abogado, sino a la asistencia real de abogado, que es mucho más que una mera asignación formal. Por eso es por lo que el artículo 119 de nuestra Constitución dice que los españoles tienen derecho a una asistencia jurídica gratuita. En conexión con lo anterior, habrá que añadir: en condiciones de igualdad.
Lo que se deduce del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, en cuanto a justicia gratuita, es que los españoles y extranjeros tienen derecho a la justicia gratuita y en condiciones de igualdad.
Por tanto, es un deber del Estado establecer un sistema de justicia gratuita que garantice la igualdad en el procedimiento de todos los españoles y extranjeros bajo la jurisdicción del Estado español. Hay que compartir que, dada la penosa situación en la que está en estos momentos la justicia gratuita y el turno de oficio como forma de llevarla a cabo, no hay ni justicia, ni es gratuita ni es igual.
Ninguna de las tres condiciones se dan en este momento realmente en nuestro país. No es justa porque hay un desequilibrio importante entre las partes, como luego veremos.
No es gratuita porque hay toda una serie de aspectos del procedimiento, como la prueba, los peritajes o los servicios prejudiciales, que hay que pagarlos, lo que introduce un elemento de desigualdad. Por esa razón, tampoco se puede decir que sea igual ya que hay una situación de desigualdad en cuanto a las posibilidades de acceder a las pruebas de quienes no tienen medios para poder sufragarse una asistencia de abogado, y, además, porque la desmotivación profunda en la que están muchísimos abogados, que a veces heroicamente funcionan en el turno de oficio, hace que baje claramente la calidad de este servicio.
La situación es enormemente grave porque las cifras --que creo que la gente no conoce bien-- de personas que se acogen al turno de oficio, a la justicia gratuita, son enormes en nuestro país y han ido creciendo exponencialmente. Voy a citar el caso del Colegio de Abogados de Madrid, que es el que más conozco por ser Diputado por esta Comunidad Autónoma. Las cifras que facilita se refieren a que la designación de abogados del turno de oficio, en 1992, constituyeron un 34 por ciento de todos los litigios tramitados ante los juzgados en la capital de España. Es decir, prácticamente más de la tercera parte de los litigios se tramitan con justicia gratuita. La inmensa mayoría de los juicios penales y un importantísimo porcentaje de juicios civiles --muchísimos sobre familia-- se tramitan por la teórica justicia gratuita.
Eso no es raro en el continente europeo. Los demás países que componen la Comunidad Europea tienen un sistema de justicia gratuita --bastante mejor que el español, por cierto-- al que se acoge una enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos. La evolución en nuestro país es natural, normal, acrecentada desde que España entra en la Comunidad Económica Europea, a medida que las ciudadanas y ciudadanos conocen la existencia de la posibilidad de acogerse a la justicia gratuita y por tanto usan ese derecho.
Vamos a ver, rápidamente, cuáles son las características de este servicio de justicia gratuita de nuestro país para que nos demos cuenta del problema enorme que constituye su situación actual, que he calificado de penosa y lamentable al comienzo de mi intervención. En primer lugar, creo que es un elemento políticamente básico. En cuanto al tratamiento de esta cuestión, hay que decir que el Estado no se responsabiliza políticamente del derecho a la asistencia gratuita para personas que no tienen medios para poder sufragar los honorarios de abogado o de procurador. La gestión está delegada a los colegios de abogados, existe muy poco control de la misma y, en última instancia, al existir ese elemento interpuesto (los colegios de abogados), el Gobierno termina por no responsabilizarse políticamente en este tema. Cuando surgen protestas --las ha habido abundantes-- de algunos abogados en varios colegios de nuestro país por la forma en la que se está llevando esto a cabo, nunca se sabe a quién dirigirse, si a los colegios, al Consejo General de la Abogacía o al Ministerio, puesto que unos se echan la culpa a otros y, al final, no existe una responsabilidad por parte del Estado sobre este servicio. Además, la gestión es profundamente irregular, no diría que es una gestión absolutamente mala en todos los casos porque, naturalmente, hay de todo dentro de los miles de abogados que se dedican a esto, pero sí es una gestión muy irregular. No se sabe exactamente cuál es el promedio de este servicio en los 82 colegios de abogados que creo que hay en España puesto que al haberles sido entregada la gestión de este servicio, cada uno utiliza sus instrumentos particulares, cada uno establece sus reglas particulares y no es posible saber cómo funciona unitariamente el servicio de justicia gratuita en nuestro país porque no lo hace de forma unitaria; es una gestión absolutamente caótica ya que, como decía anteriormente, hay 82 formas distintas de entender la justicia gratuita al existir, si no me equivoco, 82 colegios.
Además, es una gestión muy opaca y propicia el cometer abusos.
La semana pasada leíamos en los medios de comunicación que ha habido una protesta de abogados del turno de oficio en Madrid, acusando de enchufismo al Colegio de Abogados de Madrid, y no voy a entrar ahora en el caso concreto, pero lo cierto es que esta situación se da de forma constante; existen quejas por la falta de claridad y transparencia en la forma en la que se llevan a cabo estos servicios. Incluso en algunos colegios hay servicios que no siguen una lista

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automatizada en el reparto de casos sino que, por ejemplo en Madrid, hay turnos especiales, como puede ser el turno de contadores-partidores o el de asistencia al detenido, que no está controlado por nadie y en el que se siguen unos criterios absolutamente arbitrarios.
La asistencia, como es sabido, se paga muy mal. La asistencia gratuita, el turno de oficio, se paga de una forma mísera. Por poner un solo ejemplo --naturalmente habría que entrar en todo el elenco de servicios--, en estos momentos el recurso de casación, que es el recurso técnicamente más difícil de nuestro sistema procesal, me parece que se está pagando en torno a las 18.000 pesetas, si bien depende también de los colegios, puesto que no es exacta la cantidad que se paga en un colegio o en otro; y no solamente es que se pague poco, sino que se paga tarde, mal y nunca. Actualmente, el encargado de efectuar ese pago es el Ministerio, quien lo entrega al Consejo General de la Abogacia, que a su vez lo entrega a los colegios y, por último, éstos lo entregan a los abogados; es decir, existe un rosario de trámites --algunos se han ahorrado, como por ejemplo en Cataluña y en el País Vasco, donde hay una transferencia de la gestión económica--que hace más lento todo este tema. En estos momentos se están pagando los servicios realizados en el primer semestre del año pasado, y no en su totalidad sino sólo entre el 60 o 70 por ciento.
La consecuencia de todo ello es lógica. La asistencia letrada a las personas que se acogen a la justicia gratuita es absolutamente irregular y de muy baja calidad, aunque, como decía anteriormente, hay casos y casos. Dadas las formas de gestión, el sistema de pago y la ausencia de medios, no es de extrañar que haya una profunda desmotivación en muchos de los abogados que componen el colectivo de los que se acogen al turno de oficio. No hay más que ver los sucesivos informes del Defensor del Pueblo, donde aparecen constantes quejas de ciudadanos y ciudadanas sobre la calidad en la forma de administrar este servicio. Incluso ha habido una queja de la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto de los informes en los recursos de casación ante ese tribunal. Hay una importante baja de calidad. No podemos establecer estadísticas concretas porque es imposible, pero todo el mundo sabe que hay casos flagrantes de desasistencia, de personas que no han visto nunca a su abogado hasta el momento en que se lo encuentran en el juicio oral, que no ha habido visitas a la cárcel. Hay alarmantes cifras de conformidad en el procedimiento abreviado. Como sabe usted, señor Ministro, en este caso hay una reforma procesal que hizo viable una cierta posibilidad de negociación --por citar una palabra más bien anglosajona-- al comienzo del juicio oral en el procedimiento abreviado. Como decía, hay alarmantes cifras de conformidad en el procedimiento abreviado y algunas de ellas, sin duda, por desidia de quienes asisten a estas personas.
Naturalmente que esto no es generalizable. Decía al principio que en casi todos los casos la asistencia letrada en el turno de oficio tiene características heroicas en el caso de muchos abogados. Esto no significa que vaya a justificarse el que no se atienda adecuadamente a quien solicita un asesoramiento o defensa, que es un derecho constitucional sagrado.
Ocurre, como usted sabe, que muchos de los abogados que entran en este turno de oficio lo hacen como primer bautismo de fuego, como forma de fogueo, porque algunos colegios no exigen que haya una práctica o experiencia previa. De ahí que en algunas ocasiones tengamos que reconocer que algunos clientes son auténticos conejillos de Indias, en los casos de algunas personas que desconocen las mínimas técnicas procesales. Esto es lógico, teniendo en cuenta que son personas que se encuentran por primera vez con estos casos.
Por otro lado, aunque se dice que es justicia gratuita, no lo es porque los servicios de orientación prejudicial no son gratis. Una persona que quiere tener un asesoramiento prejudicial, como es lógico, se encontrará con que no tiene esa gratuidad. En algunos colegios, de una forma especial, se han creado servicios de orientación prejudicial aunque no es algo obligado y esto no entra a formar parte de la justicia gratuita, que está muy centrada en el procedimiento. Además, hay aspectos fundamentales. Por ejemplo, lo que yo señalaba anteriormente sobre el pago a los peritos, certificados que hay que pedir, o notarios que intervienen en el procedimiento y que son decisivos en muchas ocasiones parapoder formar una prueba que establezca una igualdad procesal en el procedimiento. Estos peritajes...


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego que concluya.


El señor LOPEZ GARRIDO: Estos peritajes --ya voy terminando, señor Presidente-- no son gratuitos, hay que pagarlos y en muchas ocasiones personas que no tienen medios para pagarlos se encuentran en desigualdad clara y flagrante en el procedimiento porque no tienen posibilidad de allegar una prueba necesaria, que es costosa.
Por no hablar de corruptelas que se producen en los mismos justiciables, porque, como usted sabe también, en estos momentos no hay un control del incidente de justicia gratuita.
Hay personas, que podrían perfectamente pagar unos honorarios de abogados y de procuradores, que se acogen al servicio de justicia gratuita y los tribunales, anegados de casos, en muchas ocasiones no tramitan esta cuestión, lo que hace que los abogados se conviertan en auténticos investigadores de la vida privada de alguien que le pide que le defienda para saber si le puede defender o no, si es gratuito o no ese procedimiento. Después de haber sido una especie de inspector de Hacienda, luego le dice que le va a defender.


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Como usted sabe también, todo lo que se refiere a la regulación jurídica legal de este servicio está en normas dispersas, caóticas. Es difícil incluso saber cómo está regulado esto porque hay múltiples normas que regulan este procedimiento.
En definitiva, tenemos un sistema que se asemeja más bien a la Beneficencia del siglo XIX, es una justicia gratuita pensada para pobres. Se puede decir que en este aspecto de la justicia gratuita hay una justicia para ricos y otra para pobres, o para ricos, para pobres y para algunos listillos que no son tan pobres y que se aprovechan de la situación.
Todo esto va a verse agravado --me parece importante aprovechar esta oportunidad para señalarlo-- por el reciente proyecto de ley del jurado, que se aprobó por el Consejo de Ministros del viernes pasado, en el que la posición de las partes cambia, en el que el juez no va a tener una posición tan preponderante e inquisitiva como tiene en estos momentos en el procedimiento, en el que las partes, el fiscal y el acusado, van a tener que impulsar el procedimiento. Usted sabe que en estos momentos, en algunas ocasiones, los jueces están haciendo incluso de abogados. Cuando ven que hay una débil defensa los jueces tienen una función tuitiva, pero en el futuro, si se aprueba el modelo procesal establecido en la ley del jurado, no van a poder desempeñarla. Esto es grave porque se originaría una desigualdad importantísima entre las partes en ese procedimiento si no se mejora sustancialmente la calidad del servicio de la justicia gratuita. Nosotros creemos que solamente una ley de justicia gratuita puede establecer un control público de este servicio real; es decir, que la Administración controle por lo que paga, controle un servicio público esencial, un derecho fundamental; una ley que establezca una remuneración adecuada, que es básico para que haya una calidad mínima de este servicio, que se extienda al conjunto de los servicios...


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LOPEZ GARRIDO: Ya termino, señor Presidente. Decía que se extienda al conjunto de los servicios de asesoramiento que establezca una calidad de servicio, que simplifique los trámites, que en todo caso mantenga una independencia del abogado. Lo que nosotros queremos saber es si el Gobierno piensa así también y por eso hemos presentado esta interpelación. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente, señorías, señoría, voy a intentar desarrollar los problemas que plantea el turno de oficio de manera esquemática en torno a tres ejes: primero, descripción, diagnóstico de la situación actual; segundo, metodología de trabajo utilizada por el Ministerio de Justicia desde el principio de esta legislatura; tercero, medidas, soluciones que estamos arbitrando.
Como S.S. sabe, la materia tiene una regulación un tanto confusa. En principio, la materia está regulada por el Real Decreto 118/1986, en el cual se establecen las condiciones y forma de abono de la subvención por las actuaciones de los abogados de oficio. Muy en síntesis diré que este Real Decreto prevé que el Ministeriode Justicia, a través del Consejo General de la Abogacía y dentro del margen general de la consideración presupuestaria, subvenciona el servicio del turno de oficio, que se debe liquidar al propio Consejo General por semestres vencidos y después de que este organismo justifique realmente las cuentas. En la actualidad, el sistema derivado de ese Real Decreto se ha visto complicado por algún acuerdo ulterior, y en particular, por el del año 1992, que en parte establece un modelo de retribución diferente al que establecía el Decreto de 1986. Como S.S. sabe, en el Decreto de 1986 la cantidad total consignada en los presupuestos se dividía pura y simplemente por el número de asuntos y, en función de ellos, se fijaba la retribución, reteniendo un 8 por ciento los correspondientes colegios a efectos de gestión. Por el contrario, el acuerdo de 1992 establece un sistema, en principio más razonable, de retribución en base a unos módulos, pero, ciertamente, el problema desde el punto de vista del Gobierno está en que el acuerdo de 1992 choca de alguna manera con el Decreto de 1986 y, en resumen, no hay instrumentos jurídicos adecuados para garantizar un control razonable y adecuado del gasto público, además de otros problemas, muchos de los cuales ha aludido su señoría.
La situación actual plantea problemas evidentes. Veamos algunos de sus factores. Por un lado, se ha incrementado unilateralmente el número de procedimientos retribuidos hasta un total nada menos que de treinta y siete. Entre las actuaciones retribuidas se han incluido, o bien actuaciones respecto a las cuales el fundamento legal es más que discutible, entrevistas, gestiones previas, pretensiones insostenibles, redacciones de demanda, etcétera, o en las que no es preceptiva la intervención de abogado, como jurisdicción voluntaria, expedientes de vigilancia penitenciaria, menores, juicios de faltas, recursos administrativos, etcétera. El aumento de actuaciones profesionales alegado, no siempre suficientemente probado, lleva a una conclusión muy clara: los colegios de abogados no han podido asumir suficientemente el compromiso que adquirieron en 1992, por lo menos no lo han asumido con total homogeneidad,

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porque es verdad, como ha dicho S.S., que hay muy diversos sitemas según los colegios a que hagamos referencia; pero en su conjunto podría sostenerse que no se ha podido cumplir el compromiso que se adquirió en 1992 de control del acceso al sistema de asistencia jurídica gratuita. Este incremento de procedimientos de asuntos subvencionados ha determinado en los últimos años déficit presupuestarios muy importantes, y eso pese a que desde 1982 a 1994 la correspondiente subvención ha pasado de 1.102 millones a 5.800 millones de pesetas, excluyendo País Vasco y Cataluña porque, si se incluyeran, nos encontraríamos con que habría subido hasta cerca de 8.000 millones de pesetas. No es en modo alguno, por lo tanto, desde el punto de vista del Gobierno, un problema de la cuantía de la subvención global, superior, en términos relativos, a la mayor parte de países de la Unión Europea. El problema está en otra línea de organización correcta del servicio.
Hay muchas cosas reales que provocan esta situación: por un lado, la generalidad de los juzgados y tribunales no tramita las piezas de justicia gratuita. Eso es una evidencia. ¿Por qué no las tramitan? Los que trabajan cerca del foro lo conocen. En realidad, ante la evidente carga de trabajo no es particularmente estimulante resolver estas piezas cuando de hecho en cualquier caso el procedimiento debe continuar y el abogado ya está designado. De ahí que sea razonable, explicable por lo menos, que los jueces y magistrados prefieran poner su atención en otros temas que estiman de mayor relevancia; pero lo cierto es que no se tramitan las piezas de justicia gratuita.
En segundo término, existe una falta de definición, también de los contornos del propio derecho de asistencia jurídica gratuita, en aquellos casos en que no es preceptiva la intervención del letrado. Sin embargo, por seguir el modelo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, o incluso la del Tribunal Europeo, en torno a aquellos casos en que sería de justicia (la expresión del Tribunal Constitucional, es de interés de la justicia, como conoce perfectamente S.S.), requeriría su participación, a pesar de no ser preceptiva la intervención del letrado.
En tercer lugar, se ha producido una falta de control manifiesto de la capacidad económica de los que acceden a la justicia, dado que se trata de una cuestión deferida a los propios tribunales y en la práctica, como decíamos, no se tramitan esas piezas. Como consecuencia de todo lo anterior, como consecuencia de esa falta de conexión entre el Real Decreto de 1986 y el modelo retributivo más razonable de 1992, se ha producido una situación --comparto la valoración de S.S.--francamente deficitaria en la prestación de este servicio. Con ello no se agotan los problemas. Los problemas, además, afectan, también lo ha insinuado S.S., a la calidad del servicio. Para ello es absolutamente esencial convertir en un tema central el de la formación de los letrados que prestan el servicio a la justicia gratuita, el control de los problemas deontológicos, derivado del ejercicio de las actuaciones de oficio, o evitar la que, en algunos casos, efectivamente, se produce: distribución no plenamente transparente de los turnos.
Finalmente está la cuestión del monto de la compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. He indicado que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del Ministerio y del Gobierno, no se trata de un problema del monto final de la subvención, sino de que se establezca un verdadero y eficiente sistema de acceso a dicho servicio. Dicho de otra forma, estamos seguros de que, si estableciéramos ese mecanismo eficaz de control con la misma subvención global consignada en partidas presupuestarias, no solamente sería posible atender un comportamiento eficaz del servicio público de asistencia de oficio, sino que sería perfectamente posible mejorar la retribución de aquellas prestaciones de servicio particularmente relevantes entre otras, y desde luego singularmente la actuación ante el Jurado que deberá tener, sin duda, la protección más alta de todos los servicios porque difícilmente puede hablarse de un trabajo más complejo que el derivado de la actuación del Jurado. Este es, desde el punto de vista del Gobierno, el estado general de la situación. ¿Qué hemos hecho? Esta sería la segunda parte. Por un lado, se incrementó la partida presupuestaria --ya está en 5.800 millones de pesetas--, pero de mi propia intervención se deduce que soy perfectamente consciente de que eso no resuelve el problema. La verdad es que el trabajo fundamental se ha orientado en otra línea; se ha orientado en tratar en dos fases distintas de resolver el problema de una vez por todas.
Por un lado, una fase de urgencia, que ya está prácticamente a punto de ultimar: ir a un nuevo real decreto que regule el conjunto de estos problemas; y, en una segunda fase, concretamente el último trimestre de este año, presentación ante la Cámara de una ley de asistencia jurídica gratuita. La técnica utilizada ha sido, como no podía ser otra, mientras no se cambie el modelo de retribución de la gestión del servicio público a los colegios de abogados y, por tanto, al Consejo General de la Abogacía, iniciar un proceso constante de conversaciones desde septiembre de 1993 con el Consejo General de la Abogacía. Concretamente, ayer recibía las observaciones al último de los borradores remitidos por el Ministerio de Justicia, Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por parte de los representantes del Consejo General de la Abogacía.
Voy a apuntar, en la medida que la Presidencia me dé tiempo para ello, alguna de las líneas fundamentales que va a tener ya ese real decreto de inminente presentación.


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Inminente tramitación, una vez que se logre el acuerdo con el Consejo General de la Abogacía.
Se regulará, en primer lugar, la subvención destinada a la abogacía y también al Consejo de Colegios de Procuradores que hasta ahora, como sabe, no tenía cobertura normativa, y se reflejarán expresamente sus obligaciones como entidad colaboradora de la gestión de la subvención y, por tanto de fondos públicos, con las obligaciones que prevé al efecto el 81.5 de la Ley General Presupuestaria.
Se introducen, a nivel de principios, requisitos de formación para los abogados inscritos en los servicios de asistencia jurídica gratuita. Estos requisitos habrán de ser obligatorios y comunicados preceptivamente al Ministerio de Justicia.
Se terminará con el sistema de remuneración de los profesionales actuantes, ligada exclusivamente al acto de la designación y, por el contrario, se propone una vinculación a la finalización del procedimiento para el que fueron designados o a la terminación de la actuación, en el supuesto de actuaciones que no dieran lugar a procedimiento judicial.
Se establece un sistema de retribución modular de las actuaciones de los profesionalese por tipo de procedimiento y valoración cualitativa de la verdadera importancia del trabajo realizado.
Se refuerza notablemente el sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos generales necesarios para acceder a la justicia gratuita por los peticionarios, estableciéndose modelo normalizado de solicitud y, sobre todo, exigiendo que se aporten obligatoriamente documentos justificativos de su situación económica, con la finalidad de que exista un previo filtro inicial en los propios colegios de abogados.
Se prevé, asimismo, la implantación de servicios de orientación jurídica en todos y cada uno de los colegios de abogados, como órganos cuyas funciones serán de asesoramiento e información a los peticionarios del turno de oficio.
Se establece, asimismo, la obligación de los colegios de abogados y procuradores de garantizar la continuidad de los servicios de asistencia letrada.
Se establece la obligación de los colegios, tanto en las denuncias presentadas ante ellos mismos como en las que sean remitidas por el Ministerio de Justicia, a llevar a cabo las correspondientes averiguaciones y notificar la resolución que recaiga al Ministerio de Justicia. Se obliga a los colegios de abogados a distribuir los asuntos por criterios objetivos y equitativos, de manera transparente, por especialidades cuando el número de letrados así lo haga posible.
Se establece una serie de obligaciones de los secretarios judiciales para garantizar el control de entre los expedientes de justicia gratuita. Se fortalecen, asimismo, las posibilidades de control por el Ministerio de Justicia, estableciéndose la obligación de los colegios de conservar a disposición del Consejo General y, en su caso, del propio Ministerio la justificación documental de los servicios prestados, así como la obligación de llevar registros de solicitudes que identifiquen, en todo caso, los datos.
De igual modo se prevé la posibilidad de que los usuarios del servicio puedan reclamar directamente al Ministerio por el funcionamiento de los servicios colegiales.
Esto es en rasgos generales, y por no abusar del tiempo que he sobrepasado, de lo que puedo informar a su señoría.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor López Garrido.


El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente.
Me alegro de que hayamos coincidido en el diagnóstico, por lo menos en algunos aspectos básicos, aunque no en todo. Lo que es sorprendente es que hasta este momento no se hubiera hecho prácticamente nada por solucionar una situación que viene de muy lejos, porque no es un asunto de meses atrás, sino de muchos años. Lo que he señalado desde la tribuna era conocido por los Gobiernos anteriores y, sin embargo, se ha dejado ir pudriendo la situación sin tomar ningún tipo de iniciativa real sobre este problema. Creo que hay una importante responsabilidad en dejar que el asunto haya llegado a la situación de degradación en que está en estos momentos la asistencia de la justicia gratuita, algo que la generalidad de la gente quizá no lo conoce o no lo sufre, pero sí aquellas personas que tienen que utilizar este servicio.
No coincido en que no es el problema el dinero que se asigna a esto. Desde luego, no es sólo el problema, y estoy de acuerdo con que la cuestión no es simplemente de dinero, de asignar más dinero, sino que requiere una modificación a fondo del sistema por el que se lleva a cabo y se gestiona ese servicio, pero en alguna medida sí que tiene parte de culpa ese dinero.
Las cantidades que se están pagando en estos momentos por el turno de oficio son impresentables y no justifican, pero sí que explican, que haya una desmotivación importante de quienes llevan a cabo este servicio. Dice usted que son cantidades equiparables a las europeas, me ha parecido entender. Tengo aquí una estadística del importe gastado en ayuda legal por habitante y año en determinados países --es una estadística reciente, debe ser del año pasado o del anterior--, hecha en Francia, en la que aparece al frente del pelotón --vamos a llamarle así por dar una terminología ciclista ya que estamos en este momento con la vuelta a España-- Inglaterra con dos

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mil pesetas y la última es Bélgica con 60 pesetas por habitante y año. España me parece que está un poquitín por encima de Bélgica, pero entre medias tenemos a Holanda con 1.200; Suecia con 900; Alemania, 600 y Francia, 140. No estamos en una situación equiparable a la media comunitaria sino más bien en la cola de estos países.
Dice que se va a elaborar un real decreto urgente. Yo me alegro de escucharle el compromiso de traer a esta Cámara una ley de asistencia jurídica gratuita. Por lo que usted ha dicho sobre el contenido de este borrador de real decreto, que me gustaría conocer en toda su integridad, es razonable que se exija más a los colegios de abogados, que controlen de una forma mejor la dación de servicio, que haya un tipo de retribución modular diferente --que no sé exactamente cuál va a ser el avance que esto signifique--, que haya unos servicios de orientación jurídica, una distribución por criterios objetivos. Al fin y al cabo son más bien parches a la situación actual. Aparte de que, incluso, es dudoso que una norma inferior a la ley pueda ser utilizable técnicamente, para desarrollar un derecho fundamental, como es el de la asistencia gratuita. Debería ser regulado por una ley orgánica o al menos una ley ordinaria. Ahí estaría el dabate. Pero si quiere ir al fondo de la cuestión, me parece que un real decreto no es una norma adecuada.
Lo que hay que hacer es abordar de frente el problema y entrar en la elaboración de un proyecto de ley de asistencia jurídica al justiciable, a quien se acoja a la justicia gratuita, en un plazo más urgente que el que usted ha mencionado del último trimestre de este año. Los problemas están detectados. He encontrado en su intervención que lo tiene muy claro en cuanto a los problemas que hay. Eso es lo fundamental, haber hecho un buen diagnóstico del asunto. De lo que se trata es de hacer una regulación legal y cambiar a fondo el problema para que el uno de enero del siguiente año y con los nuevos presupuestos podamos encontrar una solución adecuada. A mí me parece que se debe cambiar radicalmente este sistema, que no ha funcionado y lo ha reconocido. Los colegios de abogados no han podido asumir este servicio, aunque lo hayan intentado de buena fe.
Usted ha reconocido que esto no funciona. Creo que hay que cambiar el sistema. El Estado tiene que responsabilizarse de verdad de este servicio y hay que ir a un órgano de dependencia pública con participación de los colegios de abogados, las asociaciones de consumidores, las asociaciones profesionales, pero un órgano público que centralice la gestión de este servicio --la dependencia del Estado y de las comunidades autónomas sería indiscutible--, que tramite los incidentes de justicia gratuita, que controle la distribución por abogados de este servicio, que haga la gestión económica y a quien se pueda ir a reclamar, en definitiva a quien es el máximo responsable, que es el Estado, el Gobierno. No debería escaparse el Gobierno de esta responsabilidad, parapetarse detrás de otros organismos intermedios y afrontar de verdad este problema, porque hasta que no se pueda responsabilizar a un gobierno de mal funcionamiento de un derecho fundamental será muy difícil que este funcionamiento sea adecuado a lo que exige nuestra Constitución, nuestros derechos fundamentales y los tratados internacionales firmados por España. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López Garrido.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Señoría, el problema de la rapidez en la búsqueda de soluciones está ligado a la metodología utilizada. Este Ministerio ha entendido que era preferible lograr un acuerdo pleno en el Consejo General de la Abogacía, aunque ello determine la prolongación en el tiempo. Se iniciaron en septiembre las conversaciones y espero que se terminen la semana próxima. Me parecía preferible, y lo sigo entendiendo así, llegar a un acuerdo pleno con el Consejo General de la Abogacía, porque sólo en el marco de ese acuerdo pleno se podrá lograr que se beneficien de manera inmediata los ciudadanos. Esa sería la primera observación. La segunda observación alude a los datos económicos. No voy a entrar en eso porque depende de qué datoutilices de magnitud. Si utilizas realmente el equivalente a nuestro turno de oficio, sigo manteniendo exactamente lo que he dicho y nuestra proporción total es, por número de habitantes, superior a la inglesa; si solamente se habla del turno de oficio. Lo que pasa es que S.S. maneja un dato que incluye otra serie de sistemas de asistencia social, de ayuda, de oficinas como las que queremos crear, que se incluyen en la encuesta que usted maneja.
Lo que quería decir, además, es que con la cantidad total bien distribuida es suficiente, analizándolo comparativamente con cualquier sistema de la Unión Europea, para retribuir adecuadamente, con tal de que sólo acceda al sistema quien realmente es pobre, con todas las connotaciones de la palabra, en el sentido de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Lo más importante de todo es la coincidencia en cuanto al fondo. El fondo es que hay que ir a esa vía de asistencia jurídica gratuita; pero de manera previa una ley de asistencia jurídica gratuita, por definición, va a ser una ley, como ha ocurrido en los países de la Unión Europea en que se ha abordado este tema, con una discusión necesariamente larga, dilatada, que puede tardar mucho tiempo en su tramitación y puesta en vigor.


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De ahí que nos haya parecido oportuno seguir manteniendo, como ha hecho hasta ahora el legislador, por un lado, una regulación urgente, desde ya, por Real Decreto y, después, presentar el último trimestre de este año la ley de asistencia jurídica gratuita. Posponerlo todo a que esta Cámara termine de aprobar una ley de asistencia jurídica gratuita supondría dilatar casi año y medio el que se ponga remedio y se den soluciones concretas, aunque con toda legitimidad se puedan llamar parches. Es evidente que en el programa inicial del Ministerio de Justicia estaba la ley de asistencia jurídica gratuita, pero con esa concreta cronología: último trimestre de este año. El Ministerio seguirá ateniéndose a la concreta cronología de prioridades que ya indicó en la presentación de su programa. Por otro lado, sí me gustaría indicar una cuestión. Hoy la totalidad del presupuesto que implica al Ministerio público son 9.000 millones de pesetas. La totalidad del dinero que se emplea en el servicio del turno de oficio, computando el Estado en su conjunto, por tanto, tambén Cataluña y el País Vasco, son más de 8.000 millones de pesetas. Es una reflexión que he realizado en otros muchos marcos. Para mí este Real Decreto y la ley de asistencia jurídica gratuita es la gran oportunidad, pero también la última oportunidad.
Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. ¿Grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad. Nuestro Grupo, en principio, quiere reconocer la oportunidad de haber presentado esta interpelación --es la primera vez que se debate este tema en esta legislatura-- porque ha puesto de manifiesto un cambio cualitativo en la respuesta del Gobierno cuando habíamos debatido estos temas en anteriores legislaturas. Siempre centrábamos el problema del turno de oficio en la asignación presupuestaria y no salíamos de ahí. Hoy, en cambio, hemos podido hacer un diagnóstico (que ha hecho el Diputado interpelante con mucha brillantez, que ha compartido en gran parte el Ministerio y que comparte mi Grupo Parlamentario), pero ha habido una respuesta cualitativamente distinta en la que, además del tema presupuestario, que, a mi juicio, no es el más importante, se está hablando de crear un nuevo marco jurídico que regule de una vez por todas la asistencia gratuita de la justicia.
Es verdad que hay muchos problemas, es verdad que a veces hay disfunciones entre lo que tendría que ser y lo que hacen los colegios de abogados por falta de recursos, muchas veces también por falta de experiencia de muchos letrados que están en el turno de oficio, y esto requería un marco jurídico radicalmente distinto que centrara el problema, sobre todo en un aspecto fundamental: garantizar la asistencia gratuita al detenido; y esto, repito, no es un problema de dinero, es un problema de marco jurídico y de que sepamos regular entre todos lo que debe ser este derecho fundamental. Por tanto, si bien coincidimos en el diagnóstico, no necesariamente tenemos por qué coincidir en la terapia que ustedes plantean en la moción. Nos gustaría coincidir en la moción, y ello será posible si vamos en una línea constructiva, en base a fijar algunos criterios que podamos todos consensuar, que orienten al Gobierno la presentación de este proyecto de ley que podremos discutir, si los plazos dichos por el Ministro se cumplen, en el último trimestre de este año. Intervenimos con satisfacción en este debate porque vemos que el cambio cualitativo que se produce puede empezar a sentar las bases para resolver ese problema. En este sentido, encontrarán tanto el grupo interpelante como en su día el Gobierno, cuando presente el proyecto de ley, un grupo parlamentario dispuesto a colaborar.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casas.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, quisiera empezar la fijación de la posición del Grupo Popular, respecto a esta interpelación del Grupo de Izquierda Unida, destacando que en la anterior legislatura, en 1992, el Gobierno, apoyado por la misma mayoría, había iniciado ya el trámite prelegislativo de un proyecto de ley de asistencia gratuita, afortunadamente abandonado y que no llegó siquiera a ser remitido a esta Cámara.
Le tengo que decir al señor Ministro de Justicia que es realmente ambicioso su esfuerzo, el esfuerzo diseñado en el inicio de esta legislatura, de intentar superar en el marco de la misma lo que en los 11 años largos precedentes no se llevó a cabo.
En primer lugar, quisiera señalar que dentro de lo que la Constitución configura como un deber positivo del Estado, el que se desprende del artículo 119 de la Constitución (que proclama el carácter gratuito de la justicia cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar) se encuadra algo más de lo que el señor Ministro exponía como --así lo podríamos definir-- excesos que él ha apreciado, en estos momentos, en supuestos en los que se concede la justicia gratuita a quienes pretenden acceder al litigio, a litigar, al proceso y, por tanto a los medios por los cuales se alcanza la justicia.


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Sin embargo, hay que destacar que en un análisis que el Colegio de Abogados de Madrid ha llevado a efecto de las asistencias concedidas a lo largo de los últimos seis años, se concentra justamente en el ámbito jurisdiccional penal el mayor número de asistencias concedidas, con el 40,71 por ciento de las mismas. Es, por tanto, en este ámbito en el que el principio de defensa, la evitación de la indefensión, tiene, quizá, el más genuino de los aspectos que deben ser cubiertos por este servicio público, por este deber positivo del Estado.
En el ámbito administrativo, por ejemplo, al que hacía referencia el señor Ministro al hablar de recursos y que incluye también la jurisdicción contencioso-administrativa, este porcentaje, en este desarrollo de seis años, sólo ha alcanzado el 1,21 por ciento. No compartimos en su totalidad lo que expresaba el representante del Grupo de Izquierda Unida en su intervención, en lo que pueda significar una absoluta recusación de la intervención de la organización colegial de la abogacía en el servicio de asistencia gratuita. Entendemos que no funciona satisfactoriamente, pero entendemos también que al abordar la regulación de esta materia --y compartimos una necesidad urgente, una necesidad que durante tanto años no ha sido abordada por el Gobierno-- tres interlocutores son los que deben aparecer en la configuración de esta norma, que deben ser destinatarios de la regulación que en ella se establece, y que no son otros que la organización judicial, los órganos jurisdiccionales; la Administración, que tiene ese deber positivo de regular esta materia y de proporcionar la asistencia que permita la igualdad de las partes en el proceso; y la abogacía. La abogacía, porque la Constitución Española, en sus artículos 17 y 24, no permite ningún tipo de configuración de un defensor público y, por tanto, es la abogacía la destinataria de esta interlocución que deberá contemplar la norma.
En ese sentido queremos matizar, en primer término, la interpelación, porque han quedado dudas sobre algún sesgo o algún camino que pudiera desviarse de ese mandato, a nuestro juicio, constitucional.
En segundo lugar, entendemos que hay que determinar claramente en aquellos procesos, sobre todo civiles, en los que se produce en este momento un alto porcentaje de asistencia gratuita --el 41,91 por ciento en seis años--, quiénes tienen derecho a esa asistencia gratuita para evitar el fraude de la asistencia estatal de quienes no tienen derecho a ella. Hay que fijar --como ya se había acordado en ese concierto de 1992, al que se refería el señor Ministro--, con criterios de eficacia, agilidad y rapidez, quiénes tienen ese derecho.
Entendemos --eso sí-- la reserva de ley, para los criterios básicos de organización de este servicio, en todo aquello que afecta a los derechos fundamentales en los que incide: el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y, naturalmente, la interdicción de la indefensión. Hay que garantizar, en la regulación del servicio de asistencia gratuita, la libertad y la independencia del abogado. Esperamos que el señor Ministro no continúe propiciandoaquella creencia que ha tiempo albergaba del defensor público y que espero --de su intervención, así me ha parecido--que ya haya asumido la necesidad de que la asistencia gratuita en España, en el marco de nuestra Constitución, sea desempeñada por esos abogados, en el concepto que de abogado da la propia Constitución, sujetos en su actuación solamente a su conciencia y que, por lo tanto, puedan ejercer con arreglo a criterios de libertad de independencia su función, porque esa libertad de independencia es también parte de la libertad e independencia de la justicia.


El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, le ruego concluya.


El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.
Echamos en falta de la intervención del señor Ministro y de la interpelación del Grupo proponente la mención a la responsabilidad patrimonial del Estado por el anormal funcionamiento de este servicio público --que lo es, si lo consideramos así-- o en todo caso de esta prestación o de este deber que deberá naturalmente seguirse de un control y seguimiento por la administración del servicio en términos que deberán concretarse en una adecuada normación de este servicio. Finalmente, entendemos que la retribución adecuadaes un requisito imprescindible. Una retribución adecuada que, en gran parte, podrá articularse de un control de aquéllos que se benefician de la asistencia gratuita, de tal suerte que ese mayor control permitirá acrecer, para la prestación del servicio y para aquellos que son sus destinatarios, las cantidades que puedan ser sustraídas en evitación de ese fraude al que antes hacíamos alusión.
En definitiva, señor Ministro, nos congratulamos de que aquel diálogo, que fue justamente falta de diálogo en la anterior legislatura propiciado por su antecesor en el mandato en el Ministerio de Justicia, se resuelva con una regulación adecuada, necesaria, imprescindible de la asistencia jurídica gratuita, que deberá propiciarse con una negociación, con un diálogo con los interlocutores necesarios, con arreglo al marco constitucional y a los fines de quienes deben llevar a cabo esta asistencia jurídica gratuita, en la defensa de los ciudadanos, en los procesos en nuestro ordenamiento jurídico.
Para terminar, solamente quisiera decir que no es satisfactoria la situación actual, que es perfectible. Esa falta de un buen funcionamiento del servicio responde fundamentalmente a causas de falta de normación,

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de falta de regulación. Hasta ahora y desde siempre hubo una voluntad de colaboración de la abogacía española --quizá el mejor valedor-- y, en la confianza y en la esperanza de que esa colaboración podrá ser reforzada y mejor organizada, debemos pensar que podremos encontrar la solución y la regulación adecuada de este servicio de asistencia jurídica gratuita. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Padilla.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.

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