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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 66, de 26/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 66 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 65 celebrada el martes, 26 de abril de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del actual régimen de jubilación de los funcionarios públicos, introduciendo criterios de flexibilidad y voluntariedad. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 55.1, de 7 de febrero de 1994 (número de expediente 122/000045) (Página 3265) --Modificaciones en el orden del día (Página 3275)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Continuación):

--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 37.1, de 22 de octubre de 1993 (número de expediente 122/000028) (Página 3276)

Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas de apoyo en relación con la crisis de la empresa automovilística Santana

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Motor y de Linares (Jaén) y su comarca. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 82, de 12 de abril de 1994 (número de expediente 162/000095) (Página 3284) --Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil, y en concreto a la empresa automovilística Santana (número de expediente 162/000097) (Página 3284) --Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación de una Ponencia que estudie dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 82, de 12 de abril de 1994 (número de expediente 162/000093) (Página 3295) --Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el acceso a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de investigación (número de registro 16.626) (Página 3305)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 90, de 25 de abril de 1994 (número de expediente 173/000034) (Página 3315) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 90, de 25 de abril de 1994 (número de expediente 173/000035) (Página 3322)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 67, de 27 de abril de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 3265)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del actual régimen de jubilación de los funcionarios públicos, introduciendo criterios de flexibilidad y voluntariedad (Página 3265)

En nombre del Grupo Popular, el señor Núñez Pérez defiende la proposición de ley. Comienza aludiendo a las declaraciones formuladas por destacados miembros del Gobierno y del Partido Socialista sobre el futuro de las pensiones y la necesidad de prolongar la vida activa de los trabajadores y funcionarios, en lo que supone un clamoroso reconocimiento de los graves errores cometidos por los gobiernos socialistas en materia de jubilación. Se alegra de que todos se acerquen a las tesis defendidas por el Grupo Popular y de que ya nadie pongaen duda la necesidad de buscar fórmulas flexibles de jubilación frente a la postura del Gobierno y del Grupo Socialista hace sólo unos meses rechazando abiertamente las iniciativas que proponían: simplemente que los funcionarios pudieran prolongar de manera voluntaria la edad de jubilación hasta los 70 años.
Señala que no tienen ningún interés en protagonizar la solución y simplemente lo que demandan es la solución misma, resolviendo de una vez por todas el problema creado por el artículo 33 de la Ley 30/84, ley que califica de caótica donde las haya y que ha necesitado más reformas y contrarreformas que ninguna otra y que cada día sigue necesitando con más urgencia su derogación y sustitución por otra nueva que haga tabla rasa de tanto error, de tanta discriminación y de tanto desacierto. Recuerda que la Ley en cuestión jubiló forzosamente a funcionarios maduros, expertos y eficaces, a los que se había garantizado el servicio activo hasta los 70 años. Agrega que nadie quiere amarrar forzosamente al trabajo activo a las personas que, cumplidos los 65

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años, no quieran seguir, pues no se atenta contra lo que se puede considerar una conquista social, sino que lo que se propone es facilitar la posibilidad de que cada funcionario pueda seguir prestando a la sociedad su experiencia y su trabajo. Se trata, en definitiva, de facilitar la libertad de opción, al igual que ya se ha hecho para jueces y magistrados o se proyecta para los funcionarios de los cuerpos docentes.
Expone que la medida propuesta supone un importante ahorro presupuestario para las administraciones públicas, y así lo han entendido otros países de nuestro entorno político y cultural como el Reino Unido, Alemania e Italia, y con la misma los que están en el umbral de la jubilación podrían seguir en activo, con lo que, aunque no se repararían los daños causados por la Ley de 1984, al menos sí se arreglarían las cosas para el futuro. Considera que existen razones más que sobradas para solicitar el voto favorable de la Cámara a la proposición de ley, máxime cuando la solución es urgente y no sirve decir que la iniciativa es incompleta, ya que en los trámites posteriores habrá ocasión de perfeccionarla con las enmiendas de los grupos de la Cámara. En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista el señor, Trujillo Oramas. Señala que no es la primera vez en esta Cámara que discuten medidas similares a la propuesta, incluso casi idénticas a la que se presenta esta tarde, recogiéndose incluso en la exposición de motivos de la proposición de ley consideraciones redundantes con esas propuestas anteriores.
Respecto a las graves consecuencias que en el plano individual supuso para los funcionarios la Ley de 1984 considera extemporáneas tales manifestaciones a estas alturas del debate, después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 y de numerosas sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo desestimando solicitudes de indemnización.
Respecto a los jueces y magistrados, así como las funciones docentes e investigadores, expone que los efectos a medio plazo les han llevado a modificar el planteamiento general de la Ley para adaptarlo a las singularidades de ambos colectivos, sin que quepa hacer de ello punto de partida para extender ese régimen con carácter general.
En cuanto a la fijación de condiciones flexibles en otros países afirma que se fijan de acuerdo con sus propias necesidades, con una serie de parámetros y factores que son propios de cada país, sin que quepa hablar de homologación en términos generales. Rechaza, por otra parte, el que con la medida propuesta se dé lugar a un ahorro importante en el gasto y, por contra, la misma supondría un impacto importante sobre el mercado de trabajo y, en especial, en la política de empleo juvenil en un momento en el que la expectativa de empleo público es restringida en términos generales. Por los motivos expuestos anteriormente, anuncia el rechazo del Grupo Socialista a la proposición de ley objeto de debate.
Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Trujillo Oramas. En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Nadal i Malé, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Blasco, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo Popular por 153 votos a favor, 162 en contra y cinco abstenciones.


Modificaciones en el orden del día (Página 3275)

El señor Presidente somete a la Cámara algunas modificaciones del orden del día, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces al amparo del artículo 68.1 del Reglamento de la Cámara.
El Pleno aprueba por asentimiento las modificaciones en cuestión del orden del día.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) (Página 3276)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (Página 3276)

El señor Nadal i Malé defiende la proposición de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Recuerda que en el debate celebrado sobre este asunto en la legislatura anterior se acordó su tramitación parlamentaria, que decayó posteriormente como consecuencia de la disolución de las Cortes. Hoy lo traen nuevamente a la Cámara para intentar que de una vez se solvente definitivamente el grave problema que plantea la necesaria publicación de todos los planes generales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en los diferentes boletines oficiales. Agrega que la cuestión no radica en la necesaria publicación, que sí admiten y reconocen como muy importante y válida, sino en intentar obviar la totalidad de la publicación del plan, dado su gran cantidad de hojas, planes, anotaciones, etcétera, cuando el mejor instrumento para

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conocerlo es su exposición en el ayuntamiento o comunidad autónoma de que se trate. Por otra parte, en la actual y grave situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos la publicación íntegra de estos planes representa no sólo un gran retroceso en la puesta en práctica del plan sino también una merma económica importante.
En turno en contra interviene el señor Martínez Blasco, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lamentando que dicho turno no sea consumido por el Grupo Socialista en coherencia con los propios textos remitidos por el Gobierno y aprobados por esta Cámara. Añade que, en su opinión, quedó suficientemente claro en el debate habido en la anterior legislatura que no existía ninguna contradicción entre la legislación urbanística y la Ley de bases de Régimen Local, y ni siquiera existe confusión sobre el particular. Respecto a lo manifestado por el Grupo proponente de que hay que publicar en los boletines oficiales el contenido íntegro de los planes, afirma que esto ni lo dice la norma ni lo ha dicho ninguna sentencia, ni se le ocurre a nadie, salvo que voluntariamente quiera hacerlo. La Ley de bases dice que las normas y las ordenanzas deben publicarse íntegramente, y así lo exigen todos los tribunales, pero no exige la publicación del estudio económico-financiero, o de la memoria, instrumentos muy importantes en planeamiento urbanístico. Por tanto, no ha lugar a posible confusión ni cabe hablar de contradicción entre las legislaciones.
Respecto a los costos económicos de la publicación señala que no deben rasgarse las vestiduras, ya que los ayuntamientos también se ven obligados a publicar otro tipo de normas y ordenanzas y nadie discute la necesidad de su publicación, aunque supongan un importante gasto económico. En cambio, hay que tener en cuenta la importante cuestión de la seguridad jurídica y la transparencia.
Replica el señor Nadal i Malé, duplicando el señor Martínez Blasco. Para fijación de posiciones intervienen los señores Mur Bernad, del Grupo Mixto; Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); la señora Martínez Saiz, del Grupo Popular, y el señor Antich i Balada, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se aprueba la proposición debatida por 173 votos a favor, 139 en contra y dos abstenciones.


Proposiciones no de Ley (Página 3284)

Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas de apoyo en relación con la crisis de la empresa automovilística Santana Motor y de Linares (Jaén) y su comarca (Página 3284)

Del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil, y en concreto a la empresa automovilística Santana (Página 3284) El señor Martín Mesa defiende la proposición del Grupo Socialista. Recuerda que en el debate celebrado el pasado 22 de marzo, con ocasión de una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, anunció la inmediata presentación de una proposición no de ley instando al Gobierno a la adopción de medidas de apoyo en relación con la crisis de esta empresa automovilística y sus consecuencias en la comarca de Linares y en toda la provincia de Jaén. La proposición fue presentada dos días después en el Registro de la Cámara y proceden hoy a su debate, en el que no reiterará argumentos y razonamientos ya ampliamente expuestos en la Cámara. En este momento lo que pretenden es que el Congreso adopte una resolución clara e inequívoca de apoyo a Santana, a Linares y a Jaén, a ser posible con un amplio respaldo de los diferentes grupos parlamentarios, resolución que en parecidos términos ya ha sido aprobada también, con amplio consenso, por el Parlamento Europeo, por el de Andalucía, por la totalidad de ayuntamientos de la comarca de Linares, por la Diputación Provincialde Jaén y por una inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia, e incluso de la Comunidad Autónoma andaluza. Considera que ha llegado la hora de realizar un esfuerzo por parte de todos y aprobar con amplio consenso una proposición no de ley que muestre el apoyo de este Congreso a Linares, a su población y, más en concreto, a los trabajadores de Santana Motor, propiciando la adopción de medidas que permitan el mantenimiento de Santana como empresa fabricante de automóviles, así como de la actual estructura industrial de Linares, para lo que se están dando pasos importantes a pesar de la gravedad de la situación.
Enumera las acciones emprendidas para el mantenimiento de la empresa, medidas que, no obstante, considera insuficientes, y de ahí que el Grupo Socialista someta a la Cámara esta proposición,

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que simplemente pretende que se sigan realizandolas gestiones necesarias para asegurar el mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de automóviles, aplicando al efecto los fondos necesarios de acuerdo con las previsiones legales, así como poner en marcha los mecanismos legales y financieros que permitan la creación de un parque industrial y el mantenimiento de la actual estructura industrial de Linares.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular interviene el señor Puche Rodríguez-Acosta. Manifiesta que han transcurrido más de dos meses desde que se iniciara la crisis de Santana Motor, período de tiempo en el que se han producido multitud de declaraciones y manifestaciones de los trabajadores, pero en el que no aprecian todavía que se perfile ninguna solución a este problema de tanta trascendencia social, económica y política. De ahí que el Grupo Popular presentase en su momento en la Cámara esta proposición no de ley con la sana intención de encontrar alguna solución y con el objetivo fundamental, claro y terminante, de intentar la participación del Gobierno en la salvaguarda y el mantenimiento de Santana Motor como fabricante de automóviles, así como la participación del Gobierno en la potenciación de una serie de iniciativas empresariales alrededor de Santana que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo. Considera que la crisis económica por la que atraviesa España, las dificultades del sector del automóvil y el incumplimiento del laudo arbitral sobre Santana han sido las causas que motivaron la suspensión de pagos de esta empresa. Expone algunas consideraciones y preocupaciones del Grupo Popular en torno a la suspensión de pagos de Santana Motor y al marasmo del sector industrial de Andalucía, criticando la política económica seguida por el Gobierno, que, a su juicio, ha actuado de forma negativa sobre dicho sector industrial, así como las formas de actuación de las multinacionales en nuestro país, ante lo cual el Gobierno debe comprometerse para intentar que los jienenses afronten el futuro con esperanza.
Termina dando cuenta de las medidas contenidas en la proposición no de ley. En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Socialista intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señor Albistur Marín, del Grupo Mixto.
El señor Sánchez i Llibre defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a la proposición no de ley del Grupo Popular.Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista, se aprueba por 299 votos a favor y 15 en contra.
Asimismo se aprueba la proposición no de ley del Grupo Popular por 299 votos a favor, 14 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), sobre creación de una ponencia que estudie dar curso legal a la demandasocial generada en torno a la eutanasia (Página 3295)

La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la proposición no de ley formulada. Afirma que no sube a la tribuna con ánimo de traer la solución del problema sino con el de escuchar e intentar, a través del consenso, llegar a la solución legal que sea capaz de resolverlo. De ahí que la proposición no plantee ninguna solución específica sino la constitución de una ponencia que escuche a los diferentes sectores, analice la complejidad social y jurídica de la eutanasia activa y la legisle en consecuencia. Agrega que la iniciativa que defiende parte de dos premisas, como son la voluntad y necesidad de ese consenso y, por otra parte, la responsabilidad política, señalando que no se hallan ante un debate de partido, ni mucho menos ante un debate estrictamente ideológico, sino ante un problema humano y una necesidad social a la que hay que dar cobertura legal. Considera que la creación de la Ponencia se hace especialmente necesaria y urgente si no quieren dar la pésima imagen de la inhibición o rehuir políticamente un debate inevitablemente incómodo.
Concluye afirmando que un parlamento puede permitirse probablemente muchas cosas, pero nunca rehuir la demanda y la problemática social que bulle fuera de sus paredes.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Olarte Cullen, del Grupo de Coalición Canaria; Cardona i Vila, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Maestro Martín, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Ollero Tassara, del Grupo Popular, y la señora Del Campo Casasús, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición del Grupo Mixto por 14 votos, a favor, 282 en contra y seis abstenciones.


Del Grupo Socialista, por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el acceso

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a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de investigación (Página 3205)

El señor Cuesta Martínez, en nombre del Grupo Socialista, defiende la proposición formulada. Recuerda que el artículo 76 de la Constitución establece que el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público y, en desarrollo de ese precepto, existe una marco normativo que podrían decir que más que desarrollarlo lo que hace es canalizarlo en lo que es el funcionamiento, el ámbito competencial de las propias comisiones de investigación. Afirma que el citado artículo 76 no cercena, no impone límites en la operatividad de las citadas comisiones, sin perjuicio de lo que son las garantías reconocidas en la propia Constitución. En todo caso, la razón de ser de las garantías y de los derechos fundamentales no puede significar impedir la lucha contra la corrupción, en la que el Parlamento debe asumir su función con decisión, removiendo los obstáculos que impidan llegar al fondo del asunto. Deben ser enérgicos en la respuesta, ya que esta Cámara no puede tolerar que una minoría traicione y defraude el interés público embadurnando la credibilidad de las instituciones democráticas.
Alude a continuación al artículo 52 del Reglamento de la Cámara que regula el funcionamiento de las comisiones de investigación y la propia Ley Orgánica de 24 de mayo de 1984, que establece la obligación de comparecer ante las mismas por parte de los ciudadanos, pero la paradoja de nuestro ordenamiento jurídico es que en esta materia se ha quedado lejos de los mecanismos existentes en otros parlamentos de países de nuestro entorno. Menciona la negativa recibida de la dirección del Servicio Jurídico del Estado a facilitar determinada documentación basándose en el artículo 111 de la Ley General Tributaria, así como el reconocimiento de esta Cámara en 1988 de sus propias limitaciones en cuanto a competencias de investigación por parte de las comisiones investigadoras, y, por último, el reciente acuerdo adoptado en el debate sobre el estado de la nación de facilitar el acceso de las comisiones de investigación a la información precisa para el cumplimiento de sus fines, encontrándose el Gobierno obligado a cumplir con el principio de legalidad, como está haciendo, lo que no significa que no se pueda promover la propia reforma de la legalidad. Añade que en este caso se trata de una reforma muy a corto plazo ante el deseo de investigación a fondo contra la corrupción, eliminando las barreras que lo impidan tanto en el presente como en el futuro. El señor Romero Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunay, defiende la enmienda presentada a la proposición no de ley.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; López de Lerma i López, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ramallo García, del Grupo Popular. Sometida a votación la proposición no de ley debatida, es aprobada por 296 votos a favor y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3315)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a la vista del plan de reestructuración de la empresa nacional Santa Bárbara (Página 3315)

El señor Ríos Martínez defiende la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Marcos Merino, del Grupo Socialista; Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular, y Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción debatida, es rechazada por 130 votos a favor, 153 en contra y una abstención. (Varias personas, desde las tribunas de invitados, prorrumpen en protestas, ordenando el señor Presidente que sean desalojadas las tribunas).


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial (Página 3322)

El señor Núñez Pérez defiende la moción del Grupo Popular. En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ríos Martínez, del Grupo de Izquierda

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Unida-Iniciativa per Catalunya; Almunia Amann, del Grupo Socialista, y Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 114 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a los once y veinte minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DEL ACTUAL REGIMEN DE JUBILACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, INTRODUCIENDO CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD Y VOLUNTARIEDAD (Número de expediente 122/000045)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición del Grupo Popular sobre modificación del actual régimen de jubilación de los funcionarios públicos introduciendo criterios de flexibilidad y voluntariedad.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
(Rumores.) Les ruego guarden silencio.
Un momento, señor Núñez. (Pausa.) Cuando quiera, puede comenzar.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Las tremendas profecías del señor Ministro de Economía y Hacienda anunciando un negro futuro para las pensiones en España han vuelto a poner de actualidad uno de los elementos clave de cualquier sistema de Seguridad Social y Clases Pasivas: la edad de jubilación y los posibles modelos (flexible, forzoso o parcial) de la misma.
Como es natural, miembros del Gobierno, como el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Griñán, y algún ilustre miembro de la Ponencia creada en esta Cámara para estudiar los problemas y el futuro de la Seguridad Social, como el señor Almunia, han subrayado la necesidad de prolongar la vida activa de los trabajadores y funcionarios. Estas declaraciones constituyen un clamoroso reconocimiento de los gravísimos errores cometidos por los gobiernos socialistas en materia de jubilación.
Nos alegra que todos se acerquen a las buenas tesis defendidas por el Partido Popular y que ya nadie ponga en duda la necesidad de buscar fórmulas flexibles de jubilación, sobre todo si tenemos en cuenta que hace sólo unos meses el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista calificaban de anatema las propuestas del Grupo Parlamentario Popular considerándolas poco menos que un despropósito y una muestra de insolidaridad.
Recuerdo que nuestras iniciativas proponían, simplemente, que los funcionarios pudieran prolongar, de manera voluntaria, la edad de jubilación hasta los 70 años. Fíjense, señorías, que digo jubilación voluntaria y flexible. Si se tienen en cuenta estas palabras, caerán por tierra muchas de las descalificaciones que en otros debates se han formulado contra nuestras iniciativas. En esta Cámara, que yo recuerde, se ha presentado esta proposición de ley en varias ocasiones. La penúltima fue exactamente el 7 de mayo de 1991, defendida por este Diputado que les habla, y la última el 23 de febrero de 1993 y defendida, con eficacia y brillantez, por mi compañero señor Soriano Benítez de Lugo.
El Grupo Parlamentario Socialista dedicó varios adjetivos calificativos a la iniciativa. Dijo que era recurrente, revanchista, temeraria, carente de cualquier apoyo de tipo científico o económico, desconocedora de la realidad de la función pública, etcétera. Está en el «Diario de Sesiones». Yo rogaría al Diputado que actúa hoy en nombre del Grupo Parlamentario Socialista que se ahorre estos adjetivos calificativos y que nos dé argumentos, o que, sencillamente, diga que tenemos razón y anime a su Grupo a votar favorablemente esta proposición de ley.
La última vez, además del grueso calibre de los adjetivos, el Grupo Parlamentario Socialista vino a reconocer, por boca del señor Perales, que teníamos razón y que el Gobierno iba a tomar una serie de medidas para dar solución a este problema, entre las que citó las siguientes: abordar, serena y prudentemente, un paquete de decisiones sobre el conjunto de circunstancias que inciden en la vida de los funcionarios públicos en el último tramo de la carrera profesional; proceder a un estudio estratégico del conjunto de las condiciones de salida de los funcionarios; conciliar las necesidades de la Administración con las expectativas de los funcionarios; estudiar la posibilidad de aceptar que los funcionarios de grupos superiores se inclinen por prolongar su permanencia en el sistema, y evitar rigideces en las condiciones de salida de los funcionarios de la función pública. ¿Dónde está este tipo de medidas? ¿Dónde está? Si el Gobierno las hubiera enviado a esta Cámara nos hubiera ahorrado este debate. No tenemos ningún interés en protagonizar la solución. Lo que queremos y demandamos es la solución misma. Y que se resuelva, de una vez por todas, el problema creado por el artículo 33 de la Ley 30/1984; Ley caótica donde las haya, Ley anticonstitucional en muchos de sus preceptos, Ley que ha necesitado más reformas y contrarreformas que ninguna otra y que sigue necesitando, cada día con más urgencia, su derogación y la sustitución por otra nueva que haga tabla rasa de tanto error, tanta discriminación y tanto desacierto. Esta Ley --se lo recuerdo a SS.SS.-- jubiló forzosamente a funcionarios maduros, expertos y eficaces, que cuando ingresaron en la Administración se les había garantizado el servicio activo hasta los 70 años.


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No voy a entrar ahora en la valoración y en el análisis de esta desdichada disposición. Sí quiero decir que en nada aumentó la productividad o la eficacia de las administraciones públicas con la marcha de los funcionarios maduros. Al contrario, para que siguieran funcionando determinados servicios públicos tuvieron que ser llamados de nuevo al servicio activo jueces, magistrados, catedráticos, abogados, diplomáticos, investigadores, auxiliares administrativos y otros funcionarios. Sólo un ejemplo: el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, de 10 de abril de 1991, sobre oferta de plazas a magistrados, suplentes y jueces sustitutos para el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia en los años 1991 y 1992. La oferta comprendía 295 magistrados suplentes y 789 jueces sustitutos.
Pues bien, la mayor parte de esta oferta, señorías, se cubrió con jueces y magistrados jubilados, y lo mismo ha ocurrido con otros clamorosos casos en determinadas universidades a través de los profesores eméritos. Según datos facilitados por el propio Gobierno, 344 profesores eméritos han tenido que ser llamados para suplir graves problemas docentes entre los 2.181 jubilados prematuros, lo cual demuestra que la sociedad debe contar, tiene que contar con aquellos trabajadores de edad que quieran y puedan seguir prestando su valiosa colaboración.
Nadie quiere, ni este proyecto de ley tampoco --perdón, esta proposición de ley, ya que creo lo estamos haciendo desde el Gobierno-- amarrrar forzosamente al trabajo activo a las personas que, cumplidos los 60 o los 65 años, no quieran seguir. No se está atentando contra lo que se puede considerar conquista social. Lo que se propone es facilitar la posibilidad de que cada mujer, de que cada hombre pueda seguir prestando a la sociedad su experiencia y su trabajo. De lo que se trata, en definitiva, es de facilitar la libertad de opción. Sin duda por estas consideraciones, el Gobierno socialista ha venido parcheando el artículo 33 de la Ley 30/1984 y ha arreglado el desafuero para jueces y magistrados en virtud de una Ley reciente, la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de noviembre, y más reciente aún un proyecto de ley, el de la reforma universitaria, estableció también en 70 años la edad de jubilación forzosa de los funcionarios de los cuerpos docentes, si bien dicho proyecto, como saben SS.SS., no llegó a convertirse en ley por impedirlo la disolución de las Cortes Generales el pasado mes de abril. Recientemente el Gobierno ha adoptado una medida transitoria mediante la cual los catedráticos y profesores de universidad, que el 30 de septiembre debían abandonar sus plazas al cumplir los 65 años, podrían permanecer un año más en activo. En contraste con lo que se acaba de indicar, los miembros de los restantes cuerpos civiles de la Administración del Estado siguen teniendo fijada su edad de jubilación a los 65 años por imperativo del artículo 35 de la citada Ley 30/1984.
Estando así las cosas, cabe preguntarse legítimamente si esta diferencia de trato, desde el punto de vista de la edad de jubilación entre los funcionarios integrados en cada uno de los grupos señalados, está justificada a la luz del principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
Dicho todo esto, no tengo más remedio que volver a exponer ante SS.SS. los argumentos que utiliza el Grupo Parlamentario Popular para fundamentar esta proposición y para pedir el voto favorable. En primer lugar, el artículo 33 de la Ley 30/1984 supuso un cambio radical en la edad de jubilación forzosa de los funcionarios, impropio de cualquier medida racional y ponderada en materia de Seguridad Social. Baste decir que una medida de tal calado hubiera sido insoportable para cualquier sistema de seguridad social de cualquier país. Pudo asumirse esta reforma en España en base al ámbito limitado a los funcionarios públicos de régimen de clases pasivas, ya que en éste las pensiones se financian con dotaciones de los Presupuestos Generales del Estado, y a que el 40 por ciento de los funcionarios públicos de la Administración pertenecen a la Seguridad Social, lo cual da lugar a otra discriminación como luego veremos. Sin duda los mentores o inventores de la Ley 30/1984 no estaban entonces acuciados por el problema del déficit público en los términos en los que años después se iba a manifestar. Recuerdo a SS.SS. que pasa del 7 por ciento del PIB para todas las administraciones públicas.
El artículo 33, desde esta perspectiva, es una abstracción más en la línea de incontinencia de los gobiernos del PSOE por cargar alegremente en aquellos años de bonanza los Presupuestos Generales del Estado con gastos que, sin duda, han influido también en el aumento del citado déficit. Por eso, el primer argumento para defender esta proposición es de tipo económico.
La medida que proponemos ahorra gasto. La duración media de la vida humana ha aumentado, y eso origina que el gasto público por el concepto de clases pasivas se incremente en progresión cada vez más acelerada. Es obvio que la prolongación de edad de jubilación, en los términos que recoge la proposición de ley que defiendo, proporcionaría a la Administración central del Estado y a las demás administraciones públicas un sustancial ahorro presupuestario, toda vez que el coste de un funcionario en activo, entre las edades de 65 y 70 años, sería sensiblemente inferior al que representa la suma de la pensión del mismo más la retribución de un funcionario de nuevo ingreso.
En apoyo de este argumento, caben citar las medidas recientemente adoptadas en otros países de nuestro entorno político y cultural. Así, por ejemplo, en el Reino Unido los Ministerios, a petición de los funcionarios que lo deseen, pueden prolongar la edad de jubilación hasta los 70 años.
Análogas pautas se han seguido en Alemania e Italia, y así figura en una recomendación del libro verde de la Comisión de Comunidades Europeas

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sobre política social europea, «Opciones para la Unión». En los tiempos que corren, y con la situación demográfica como está, la jubilación forzosa no puede considerarse como una conquista social, sino como una medida de protección a la tercera edad, que encaja precisamente en lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo de 1990 sobre la pirámide de edad subraya el hecho nuevo en la historia de la humanidad de ser cada vez mayor el número de personas que, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, viven jubiladas una media cercana a los 20 años. En España, a finales de este siglo, dentro de nada, los mayores de 60 años superarán los siete millones y medio de personas.
Con estos datos debe conjugarse el principio de solidaridad intergeneracional, y no con otros. Segundo argumento: al lado de estos razonamientos de pura economía, el artículo 33 se utilizó por razones políticas que aún ahora nos siguen pareciendo ilegítimas. Desde el punto de vista individual, el de cada funcionario, al que se le truncaron sus expectativas profesionales y de nivel de rentas, y desde el punto de vista global, por cuanto la medida no pudo ocultar una intencionalidad política impregnada de sectarismo, que trataba de prescindir de un amplio número de funcionarios, sin duda competentes y honestos, con el objeto de renovar las plantillas y dar unas cuantas oportunidades a los más jóvenes.
La jubilación forzosa a los 65 años afectó, en cifras redondas, a más de 200.000 funcionarios, que dejaron su puesto a otros más jóvenes que, con honrosas excepciones, sin duda tenían menos experiencia, menos conocimientos y, eso sí, más docilidad política. No en vano dicho proceso de renovación coincidió con los años en que imperaban las libres designaciones, la discrecionalidad y la arbitrariedad en los sistemas de ingreso y en la asignación de puestos de trabajo. Muchos de los 50.000 funcionarios designados libremente entre los años 1984 a 1987, ocuparon importantes puestos de responsabilidad, con niveles 28 o 30, que ya ocupaban los funcionarios jubilados a la fuerza. Los principios constitucionales de capacidad y mérito, y de imparcialidad en el ejercicio de la función pública, quedaron hechos añicos. Cuando se quiso poner remedio, después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales varios preceptos de la ley 30/1984, ya era tarde, el daño estaba hecho y muchos jubilados a los 65 años no pudieron recuperar jamás sus derechos.
Con esta medida que hoy defiendo, al menos los que están en el umbral de la jubilación, cercanos a los 65 años, e incluso aquellos que ya los han cumplido, podrán seguir permaneciendo en activo. La reparación no es total, pero sí arreglaría las cosas para el futuro.
Por otra parte, el artículo 33 de la ley 30/1984 no contribuyó en nada al necesario y proclamado propósito de armonización de los diferentes sistemas de protección social. Las discriminaciones y las diferencias se acrecentaron. Mientras en el sistema de Seguridad Social la edad de los 65 años sigue siendo el punto de referencia para optar al derecho de jubilación, en Clases Pasivas se impone como edad de jubilación forzosa, con el agravante de que para el personal al servicio de la Administración, cuando es contratado laboral, los 65 años siguen siéndolo para optar, mientras que, para los funcionarios encuadrados en el sistema de Seguridad Social, dicha edad lo es también de jubilación forzosa.
Como es fácil deducir, la discriminación y el alojamiento del objetivo de armonización son evidentes. Tan evidentes que, incorporados los funcionarios de la Administración local al Régimen General de la Seguridad Social, para estos últimos no rige el esquema de edad de jubilación de aquéllos. En este caso...


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino en un minuto, señor Presidente.
Muchas gracias.
En este caso, la conculcación del principio de igualdad del citado artículo 14 no ofrece la menor duda. La situación la supera, creemos, nuestra proposición de ley, que propone una nueva redacción para el artículo 33 de la siguiente forma: La jubilación de los funcionarios podrá ser voluntaria anticipada a partir de los sesenta años siempre que se cumpla con los requisitos en los términos y condiciones que fijan las respectivas normas de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social. Precisamente este apartado demuestra que la propuesta no supone aumento de costes. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Núñez. (Pausa.) Cuando quiera, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Voluntaria a partir de los sesenta y cinco años en los términos y condiciones que fijan las normas citadas en el apartado anterior, y forzosa al cumplir los setenta años y en los términos y condiciones que señalen las normas citadas en los apartados anteriores. La jubilación a que se refieren estos apartados --apartados a) y b), que he citado-- deberá ser solicitada por los funcionarios con seis meses de antelación a la fecha de efectividad. Cuando se debatió esta Ley --y ya termino, señor Presidente--, la Ley 30/1984, y en referencia al sistema de jubilación forzosa que introducía, recuerdo que se dijo en el debate que esta jubilación forzosa consumaba un despojo, una amortización de plazas, un desafuero que está lejos de la modernidad, de la progresividad,

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de la justicia y de la igualdad. Después de casi diez años de vigencia, después de las rectificaciones que ya he citado y que figuran en la Ley Orgánica 7/1992 y en el Real Decreto-ley 15/1993, después de las recomendaciones que proceden de la Comunidad Europea y después de reconocidas las causas que están provocando las crisis de los sistemas públicos de pensiones, entiende nuestro Grupo Parlamentario que hay razones más que sobradas para solicitar el voto favorable de la Cámara. La solución es urgente. Que no se nos diga, para rechazar la iniciativa, que la proposición de ley es incompleta y que sólo aporta iniciativas en lo que respecta a la edad de jubilación, cuando todas las decisiones que afectan a las condiciones de salida tienen que ser globales. La proposición trata simplemente de sustituir el error, el desafuero del artículo 33, que tampoco regulaba las condiciones de salida de la función pública con carácter global. Por lo tanto, si esto se sostiene contra nuestra proposición, debe sostenerse también contra el artículo 33.
Por otro lado...


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
Por otro lado, si esta Cámara toma en consideración la proposición, tendrá ocasión de perfeccionarla con las enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Ya contamos con su eficaz y valiosa colaboración, y el desarrollo reglamentario perfilaría la oferta y facilitaría la correcta aplicación de la misma. Por todas estas razones, señoras y señores Diputados, pido el voto favorable para la iniciativa que he defendido en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, señorías, debatimos esta tarde la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Popular sobre la modificación del régimen de jubilación de los funcionarios públicos. Como bien señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no es la primerva vez que en esta Cámara discutimos medidas similares, incluso cuasi idénticas a la que se nos presenta esta tarde.
Ya se hizo en el año 1990 mediante una proposición no de ley; incluso se presentó una moción en el Senado en similares condiciones y a lo largo del año 1992 se presentó unaproposición de ley que, como digo, era prácticamente idéntica a la que se nos presenta hoy.
La argumentación del Grupo Popular, incluida en la exposición de motivos de la actual proposición de ley, insiste en consideraciones redundantes con esas propuestas anteriores.
Hemos escuchado del portavoz del Grupo Popular esta tarde frases como: La Ley 30/1984 introducía elementos de sectarismo; es una Ley caótica; hay que repararla. Incluso introduce otra serie de afirmaciones similares, como las graves consecuencias para los funcionarios de la Administración del Estado como resultado del adelanto de esa edad de jubilación de los funcionarios públicos; efectos negativos, errores cometidos; imperiosa necesidad de poner remedio a tan caótica situación... Estos son los términos en los que se fundamentan permanentemente la propia exposición de motivos del texto y la exposición oral que ha hecho su defensor esta tarde. Y convendría aclarar algunos de esos elementos que se afirman con tanta contundencia. Cojamos uno.
Por ejemplo, en lo que se refiere fundamentalmente a los efectos individuales.
Señor Núñez, parece que ha quedado claro por la vía jurisprudencial, sobre todo, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, de junio de 1987, contra el recurso de constitucionalidad presentado por su Grupo contra la Ley 30/1984, así como las sucesivas sentencias dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Trujillo.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Puede continuar cuando quiera señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Como les decía, conviene aclarar algunas de las afirmaciones que hace S.S. con tanta contundencia, y qué mejor ejemplo que hablar de los efectos individuales de esta Ley y, sobre todo, en lo que hace referencia --mención que hacen ustedes permanentemente una vez tras otra-- al asunto de las posibles compensaciones por los perjuicios habidos con respecto a los funcionarios que fueron jubilados anticipadamente o a partir de la Ley 30/1984, como consecuencia de la aplicación de los 65 años de edad. Esos efectos individuales --como les decía-- han quedado perfectamente claros tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró constitucional el recurso de inconstitucionalidad presentado por ustedes contra la Ley 30/1984, así como las sucesivas sentencias contra los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de Consejo de Ministros que desestimaban las solicitudes de indemnización por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Por tanto, incidir en afirmaciones como las graves consecuencias en el plano individual para los funcionarios,

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desde luego, parece que resultaría extemporáneo a estas alturas del debate.
No obstante, conviene aclarar que en la propia Ley de Presupuestos para 1994 --como S.S. conoce--, el Gobierno entendió el derecho a la percepción de ayuda para la adaptación de las economías individuales a los profesores de Educación General Básica que fueron jubilados forzosamente en los cinco años siguientes a la aplicación de la Ley 30/1984.
En efecto, hace usted mención a dos correcciones y, evidentemente, las asumimos, respecto a la aplicación de la Ley durante estos diez años; es decir, esos efectos a medio plazo que, en lo que hace referencia a las funciones tanto docentes e investigadoras como a las relacionadas en el plano judicial con los magistrados y jueces, nos han llevado a modificar el planteamiento general para adaptarlo a las singularidades de ambos colectivos. Estos son elementos que se han analizado, que hemos debatido en profundidad, que es una de las consecuencias de la aplicación durante diez años de esta norma y, por tanto, no cabe hacer de ello un punto de partida para establecer la generalidad de la aplicación a la totalidad de la situación. Existe, además, en su argumentación un tercer razonamiento, que es homologarnos, en cuanto a las soluciones de salida de la Función Pública, en línea con las iniciativas de los países de nuestras características industriales.
Para formular esa argumentación se basa usted en la resolución del Consejo de las Comunidades Europeas, del pasado 30 de junio de 1993, en lo que hace referencia a introducir criterios de flexibilidad en las condiciones de salida de los funcionarios públicos.
Esta tendencia a la fijación de las condiciones flexibles en los distintos sistemas y en los distintos países, como usted comprenderá, se hace de acuerdo con sus propias necesidades, con una serie de parámetros y factores que son singulares de cada país, como pueden ser su mercado de trabajo, los regímenes de pensiones que estén en funcionamiento en cada uno de ellos, la propia demografía, la perspectiva del empleo. Por tanto, no se puede hablar de homologación en términos generales sin aclarar qué es lo que estamos entendiendo por homologación y flexibilización.
Convendría aclarar que la tendencia general en los distintos países en lo que hace referencia a la flexibilidad indicada por la propia resolución del Consejo de las Comunidades Europeas es la fijación de edades distintas en función de los distintos colectivos para la jubilación forzosa, la posibilidad de prórrogas individuales en el servicio activo, la posibilidad de jubilaciones anticipadas voluntarias condicionadas de forma variable a fórmulas de jubilación a tiempo parcial, etcétera, o a la cesación progresiva de actividad.
Como usted conoce, el propio Gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio para las Administraciones Públicas, creó en el año 1992 una comisión interministerial para estudiar precisamente las condiciones de salida de los funcionarios públicos, lo que se vino a denominar de manera abreviada proyecto Condesa. Algunas de las propuestas de ese proyecto ya se han introducido en nuestra legislación en lo que hace referencia a la flexibilidad. Baste poner como ejemplo la cesación progresiva de actividades para funcionarios mayores de 60 años o aquellos otros que, independientemente de la edad, estén sujetos a procesos de recuperación por razones de enfermedad, o la propia jubilación incentivada para los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en situación de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la realización de un plan de empleo. Por tanto, como vemos, las condiciones de salida y el análisis de la flexibilidad son temas que venimos aplicando en nuestro país desde hace ya cierto tiempo, incluso con anterioridad a la resolución del propio Consejo de las Comunidades Europeas.
Dicho esto, con referencia a elementos que ustedes permanente e incluso machaconamente, diría yo, reiteran en las exposiciones de motivos convendría que analizásemos un poco más a fondo el contenido concreto de la propuesta. ¿Qué viene a plantear la propuesta? La vuelta al sistema anterior a la Ley 30/1984, es decir, jubilación voluntaria a los 65 años, jubilación forozosa a los 70 años. A la actual jubilación voluntaria la denominan anticipada y la fijan en los 60 años en las condiciones y en los términos que reglamentariamente están ahora establecidos. Uno de los elementos que echamos en falta en su propuesta y que nos parece trascendental por el carácter básico que tiene esta modificación es precisamente la no mención a este contenido. Parece que la propia presentación de la proposición de ley olvida el carácter básico de esta norma y, por tanto, estaríamos hablando del ámbito del conjunto de las administraciones públicas del Estado. Usted convendrá conmigo en que, por la perspectiva con relación a la situación demográfica, pirámide de edades, de cuerpos y de escalas, política de empleo de cada una de las administraciones públicas, expectativas del propio mercado de trabajo en cada uno de los ámbitos de las administraciones públicas, la propia política de gasto público de cada una de las administraciones públicas, al menos sería prudente tener en cuenta este factor a la hora de plantear una medida que va a ser uniforme para el conjunto de las administraciones públicas del Estado.
Ustedes no nombran eso, ni siquiera en su propia exposición.
Permítame que le ponga un ejemplo en mi condición de ex consejero del Gobierno de Canarias en materia de función pública. En la Comunidad Autónoma canaria, donde la perspectiva con la normativa actual es que hasta el segundo decenio del año 2000 no va a haber jubilaciones significativas en términos cuantitativos,

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desde luego la aplicación de una medida comoesta produciría una distorsión tremendamente importante en la política de empleo, en la política de función pública.
Hace usted una afirmación tajante de que esta medida conlleva ahorro del gasto público. Permítame que le diga que eso es incierto. La medida comporta ahorro de gasto público en el sistema de pensiones siempre y cuando se mantenga la totalidad de los efectivos. Esa no es la realidad que se están planteando las administraciones públicas, sobre todo, además, cuando estamos en procesos de reestructuración que se están llevando a cabo a través de los planes de empleo y adecuación de los efectivos. Por lo tanto, no nos haga usted esa afirmación en términos absolutos, sobre todo, como le digo, cuando afecta a la totalidad de las administraciones públicas del Estado. Pero he dejado para el final el elemento probablemente más importante en la actual coyuntura, que hace poco prudente el aceptar una proposición de ley de estas características, que no es otro que su impacto sobre el mercado de trabajo, su impacto en la propia política de empleo juvenil y en la propia economía nacional en términos generales. Es decir, en un momento donde la propia expectativa de empleo público es restringida como consecuencia de las políticas de ahorro del gasto, de reasignación de efectivos y de incremento de la productividad de los empleados públicos, alargar la edad de la totalidad de los empleados públicos significa --yo creo que usted convendrá conmigo-- un recorte importante a las ya de por sí pequeñas expectativas que los ciudadanos tienen de acceder a las administraciones públicas como consecuencia de ese marco de restricción en el que nos movemos. Por lo tanto, no parece prudente adoptar en estos momentos esa medida, que, como digo, va claramente en contra de las expectativas de amplios sectores de la población, fundamentalmente la población joven.
No quisiera terminar sin hacer una pequeña mención al inicio de la presentación de esta proposición de ley, señor Núñez. No existe --y aquí nos están escuchando no sólo las personas que están hoy asistiendo a esta sesión en nuestra Cámara, sino que probablemente mañana nos traducirán los medios de comunicación al exterior-- ningún panorama negrísimo en las pensiones.
Nadie, ningún responsable del Gobierno ni del Partido Socialista, ha afirmado que existan panoramas negrísimos de las pensiones en nuestro país. Afortunadamente gozamos de un sistema de pensiones que hasta ahora se ha mostrado eficaz, y discutir el continuar mejorando y garantizando la eficacia del mismo no puede dar lugar a que se hagan interpretaciones malintencionadas para transmitir a la población elementos no deseados. Tienen que estar absolutamente tranquilos por cuanto que, esa no es la situación. Ya sé que usted lo sabe. Distinto es que utilice cualquier afirmación de responsabilidad por parte de los miembros del Gobierno para darle la vuelta a los criterios, pero quería deciresto porque me parece que es un elemento importante que últimamente, en el ámbito político, se escucha permanentemente. En conclusión, por todos estos motivos expresados --y como ve, no me he referido a esos argumentos que usted decía que no se los diera, ni le he dado calificativos en el sentido negativo que usted planteaba--, nuestro Grupo va a votar en contra de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
Señor Núñez, tiene la palabra.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Trujillo, muchas gracias por el tono de su intervención, pero no nos ha convencido nada y ha repetido los mismos argumentos que sus compañeros utilizaron en otros debates parecidos a éste.
Vamos a ver, por mucho que usted diga que no llueve, por mucho que usted lo diga aquí, llueve, está el cielo muy encapotado y, además, esas previsiones --por utilizar el término de meteorológicas-- las utilizó el señor Solbes y fueron ustedes mismos y compañeros suyos quienes se las rebatieron. Por lo tanto, explíqueme usted dónde vio él esos negros nubarrones y dónde está la amenaza contra el sistema de pensiones públicas, que hoy no son el motivo del debate.
Voy a contestarle por orden a lo que usted me ha dicho. Están corrigiendo errores, el Tribunal Constitucional les da la razón, el Derecho Comparado también y los planes de empleo también. Más o menos, en eso ha apoyado usted su intervención.
Pues bien, cuando el Grupo Parlamentario Popular presentó el año pasado una proposición de ley de análogo contenido a la que hoy debatimos, el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, señor Zambrana, anunció a bombo y platillo que el Gobierno se proponía tomar las medidas necesarias para ampliar la edad de jubilación --la edad de la jubilación forzosa-- de los funcionarios públicos hasta los 70 años, de todos, a cuyo efecto se elaboraría el correspondiente anteproyecto de ley, y añadió que todo ello se realizaría en el plazo más breve posible. Estas declaraciones tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación. El Ministerio para las Administraciones Públicas elaboró efectivamente un anteproyecto de ley que se titulaba «Prolongación de la permanencia en el servicio activo de los funcionarios públicos», que fue sometido a informe de todos los departamentos ministeriales, y existió unanimidad en la admisión del principio de prolongación de la edad de jubilación. Existió unanimidad, y uno de los apoyos ministeriales más entusiastas procedió, cómo

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no, del Ministerio de Economía y Hacienda, que en su informe reconoce que ha sido un error establecer el tope de edad para la jubilación forzosa en la Administración, proponiendo conceder prórrogas en el servicio activo a partir de los 65 años. Según el propio Ministerio, la decisión en esta materia no debe ser sectorial --jueces, magistrados, docentes universitarios--, sino de carácter general --tengo aquí las declaraciones y el informe a su disposición--, ni tampoco puede reservase el Gobierno --dice el informe-- la facultad de conceder la prologanción discrecionalmente, sino en base a circunstancias objetivas. Lo contrario, es decir, el sistema discrecional, sería de efectos perversos y discriminatorios, de los que todos los funcionarios están hartos. Hartos. Se decía entonces, cuando salió este anteproyecto: «Al amigo, la prórroga; al enemigo, el retiro.» Vamos con el Tribunal Constitucional. La medida del artículo 33, considerada de dudosa constitucionalidad, entrañaba y entraña una regulación injusta, discriminatoria, regresiva y socialmente desafortunada. No diga usted que todos los recursos se han resuelto desfavorablemente, porque no es así. Después de los parcheos --fíjese lo que le voy a decir-- o rectificaciones para jueces y magistrados y para el personal docente, no sabemos si el Tribunal Constitucional declararía o no inconstitucional el sistema, que no se compadece para nada con el artículo 14 de la Constitución, y como parece que usted es un fino jurista, se lo voy a demostrar.
Como es bien sabido, el Tribunal Constitucional ha interpretado reiteradamente el citado precepto a partir de la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el sentido de que se viola la igualdad si la desigualdad de trato está desprovista de una justificación objetiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada. Le cito sentencias: la 23/84, la 78/84, 123/87, etcétera. Partiendo de este planteamiento jurisprudencial, ¿alguien puede determinar si entre los grupos funcionariales, a que me referí en mi primera intervención, existen diferencias tales que justifican objetiva y razonablemente la aplicación de distintas edades de jubilación forzosa a los miembros de uno y otro grupo? ¿Por qué un docente sí y un diplomático no? ¿Por qué un magistrado sí y un médico no? ¿Por qué un notario sí y un abogado del Estado no? Señor Trujillo, me parece que en estos momentos y tal como ha evolucionado la sarta de recortes y la sarta sobre todo de parcheos y de rectificaciones al error del artículo 33, el Tribunal Constitucional se mediría muy mucho si hoy presentáramos de nuevo el recurso de inconstitucionalidad. Y no me diga usted nada del Derecho comparado, porque tengo aquí los datos de todos los países de Europa y fíjese lo que dice - -los tengo aquí a su disposición--: La edad normal de jubilación varía en casi todos ellos, desde Austria a la URSS --65, 65, 67, 60, 65, etcétera--, pero lo que no varía es la posibilidad de flexibilizar la jubilación, salvo dos países. Por tanto, si quiere usted, de verdad, utilizar, no ya el Derecho comparado, sino las recomendaciones de la Comunidad Europea y el informe que le he citado, haga caso al Grupo Parlamentario Popular, modernícense y planteen de verdad la posibilidad de aceptar nuestra investigación.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya. Tenía otras dos cosas que decirle pero creo que con estos argumentos que son los importantes es suficiente. Quizá decirle que el déficit público se corrige con medidas de esta naturaleza y no recortando el poder adquisitivo de las pensiones o reteniendo el IRPF a las pensiones por incapacidad permanente o congelando por segundo año consecutivo las pensiones asistenciales. El déficit público se corrige reduciendo los gastos corrientes y simplificando la abigarrada maquinaria administrativa. La jubilación flexible y voluntaria que proponemos no conlleva costes económicos corrientes de evaluación. Tal como señalamos en la primera intervención supone un alivio en la Sección 07 de Clases Pasivas y en el Título III de los Presupuestos Generales del Estado sobre costes de personal.
Por todas estas razones, señores parlamentarios del Grupo Socialista y demás miembros de esta Cámara, yo creo que tienen base fundamentada para apoyar confortablemente la proposición de ley que esta tarde he defendido en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Trujillo.


El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
No esperaba convencerle, señor Núñez. Después de ir conociéndole un poco no esperaba convencerle en modo alguno.
No voy a hacer mención al tema de que llueve y existen negros nubarrones cuando habla del sistema de pensiones. Al ejercicio de hacer un esfuerzo tremendo de responsabilidad para plantear la conveniencia de corregir algunos elementos del sistema de pensiones y ver lo que podría pasar con él de aquí a veinte o treinta años se le llama alarmismo, etcétera. Somos un país singular en estas cuestiones. Yo le llamo de otra manera, entre otras cosas responsabilidad. Usted ha señalado que en la legislatura pasada el Gobierno ha estado elaborando un anteproyecto de ley en el que se recogían entre otras cuestiones, la posibilidad

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de ampliar la edad de jubilación. Las condiciones de salida de los funcionarios públicos es un instrumento fundamental en la política de la función pública, no sólo de la Administración general del Estado, sino de cualquier administración pública, y esos temas los vamos a estar estudiando permanentemente. De las propias propuestas del grupo Condesa unas se adoptaron, otras se rechazaron y otras, incluso, siguen en evaluación hasta el momento oportuno de poderlas aplicar. La sentencia de 11 de junio del 87, del Tribunal Constitucional, declaró constitucional la ley y no aceptó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Esa es la sentencia que tenemos al día de hoy con relación al citado precepto; no hagamos ningún otro tipo de cábalas.
Yo también tengo la edad media de jubilación de todos los sistemas europeos. Usted sabe que la tendencia en la jubilación forzosa en los países que son homólogos al nuestro es de 65 años. Lo sabe. Por eso decía yo que incluso en algunas medidas, como la jubilación anticipada, hasta nos habíamos adaptado a la resolución del Consejo de la Comunidad Europea. Por lo tanto no vale estar diciendo que algún que otro país pueda tener un sistema distinto al nuestro. Estamos en la media de lo que es el sistema homologable en nuestro entorno. (Rumores.) Por último y para finalizar, porque yo creo que todo lo que se ha hablado en este debate ya se ha dicho muchísimas veces en esta Cámara, y lo principal está dicho, le voy a decir algo.
Cuando usted nos dice, no sólo en el Pleno sino permanentemente, incluso en la Comisión para las Administraciones Públicas, que nos modernicemos, le tengo que decir que nosotros tenemos un concepto de modernidad muy distinto del suyo. Usted sí que reitera y abunda en una serie de adjetivos, algunos de ellos bastante desagradables, acusándonos de sectarismo, etcétera. Yo creo que con el Partido Socialista la Administración pública española no se parece en nada a la de aquellos tiempos de Cánovas y Sagasta donde abundaban elementos de la naturaleza que usted está planteando esta tarde.
Muchas gracias. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Un momento, señor Mardones.
Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.) Señora Rodríguez, señor Díaz Berbel; señor Díaz Berberl, señora Rodríguez. (Rumores.) Señor Baón, señor Arias-Salgado (Rumores.) Señora Villalobos. Señorías, ruego guarden silencio. La reiteración de estas llamadas es en beneficio de muchos señores Diputados que me hacen llegar sus dificultades para poder seguir el debate, y por supuesto para que los funcionarios puedan también trabajar en beneficio de todas su señorías. (El señor Hernández-Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.--Risas.) Señor Hernández-Sito.
Cuando quiera, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, Coalición Canaria considera, en una primera valoración de esta proposición de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, que vuelve a ser, una vez más, oportuna y pertinente. Cuando tuvimos ocasión de tratar aquí la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, volvimos a reiterar argumentos del mes de marzo de 1991 y del mes de junio de 1993, en otras iniciativas que tuvo el Grupo Popular.
No he escuchado esta vez, en boca del portavoz socialista, los argumentos sobre el mantenimiento, una vez más, de la edad de jubilación a los 65 años. Cuando se defendió aquí por el Gobierno y por el entonces Ministro, señor Moscoso, la Ley 30/1984, de la Función Pública, al llegar al artículo 33 hubo que justificar dialécticamente por qué razón se bajaba la norma general de la edad de jubilación de los funcionarios públicos del Estado de 70 a 65 años. Se dieron argumentos en aquella ocasión en el sentido de un rejuvenecimiento de la Función pública, una dinamización, etcétera. Ese argumento quiebra en el momento en que se trae aquí la Ley Orgánica para modificar la edad de jubilación de los jueces y magistrados. Se dieron unos argumentos basados en una característica profesional (estaba también en puertas la Ley de Planta y Demarcación de la Administración de Justicia), pero cuando llegamos a la convalidación del Real Decreto-ley 15/1993, aquellos argumentos de 1984 caen por su peso cuando se trata también de llevar la edad de jubilación a los 70 años para los catedráticos y profesores de universidad.
¿Qué ocurrió con la Ley 30/1984? Que bien que mal implantó un principio legislativo que nadie puede rechazar, que es el principio de universalizar la decisión de jubilación. Fue un hecho que generalizaba la edad de jubilación de todos, todos, con mayúscula, funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, cualquiera que fuera su Cuerpo de pertenencia y servicios de administración, a los 65 años.
Cuando se rompe el principio de universalidad y se rompe el principio de generalidad es cuando, a nuestro entender, el artículo 33 de la Ley 30/1984 empieza a entrar en el terreno que ha señalado el portavoz del Grupo Popular, don Manuel Núñez: en una presunta inconstitucionalidad, porque ha roto el principio de universalización de la edad de jubilación. ¿Qué ocurre en las circunstancias actuales? Roto este principio, hay que preguntarse, ¿qué se menoscaba o qué se beneficia con esta edad? ¿Se está beneficiando

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el rejuvenecimiento de la Administración pública? Esto se contradice con los últimos anuncios del Gobierno de ahorro del gasto público, congelando prácticamente o reduciendo los ingresos en la Función pública de nuevos funcionarios y, de hecho, va a producir un envejecimiento dentro de los actuales.
¿Está produciendo un rejuvenecimiento de la Administración? No parece demostrado con estas últimas medidas de contención del gasto público, vía capítulo de remuneraciones a funcionarios.
Se está, por tanto, menoscabando la propia Función pública. Y se ha menoscabado de una manera grave, que es introduciendo el principio de agravio comparativo no sólo entre los cuerpos sino dentro de cuerpos que sirven a la misma administración, como por ejemplo en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad donde se han producido modificaciones en la edad de jubilación, pero no en otros cuerpos de funcionarios que también prestan sus servicios en el Ministerio de Educación y Ciencia o en las universidades españolas, o como también ha sucedido en la Administración de Justicia, que se ha modificado la edad de jubilación de magistrados y de jueces, pero no se ha modificado, por ejemplo, en razón de los alegatos que se hicieron, por una especie de experiencia profesional, la de los secretarios de la Administración de Justicia o de los médicos forenses. ¿Por qué razón se admite el principio que rige, y que respeto porque lo estoy defendiendo --como pusimos de manifiesto en la votación de esas modificaciones al alza de los 70 años--, de los 70 años de experiencia profesional en un juez o magistrado y no en un médico forense de la Administración de Justicia? Este es el principio que nosotros tenemos que rescatar, porque se está menoscabando otra cosa, que es el fondo o la caja de los Derechos Pasivos de los funcionarios. Me gustaría saber qué opina al respecto el Ministerio de Hacienda. Resulta que los Derechos Pasivos están basados, según un estudio actuarial, en que la expectativa de vida de los funcionarios públicos españoles, como ciudadanos de este país, de su población o de su demografía, estaba alrededor de los 74 o 75 años. ¿Qué hizo la bajada de la edad de jubilación en 1984? Introducir algo que hizo que los actuarios de seguros se echaran las manos a la cabeza, porque introdujo, en una franja de menos cinco años, es decir, de los 65 a los 70, lo que era un estudio actuarial de expectativa de vida basada en 74 o 75 años, y la caja de los Derechos Pasivos de Hacienda ha tenido que soportar un componente de 10 años de edad, la franja que va entre los 65 y los 75 años. ¿Qué soluciones hay para soportar esto? Las que no se atreve a poner en práctica el Gobierno, que es aumentar la cotización de los funcionarios a los Derechos Pasivos, pero después de dos años de congelación del sueldo de los funcionarios civiles del Estado, a ver quién es el Gobierno que les dice que su poder adquisitivo, ya limitado por dos años de congelación, se tiene que ver perjudicado todavía por un aumento de las cotizaciones a los Derechos Pasivos.
Señorías, nosotros cremos que esta proposición de ley, que va a gozar del voto favorable del Grupo de Coalición Canaria, introduce además el principio de flexibilización. Llevemos la edad de jubilación en una expectativa entre los 65 y los 70 años, quien voluntariamente lo quiera hacer a los 65, que lo haga, pero hoy, con las presiones económicas de permanencia de los hijos en el hogar, etcétera, tal y como aparece reflejado en muchos de los estudios que viene realizando el CIS, por evitar el agravio comparativo, por racionalización de la experiencia en la Función pública, por racionalizar también la caja o el fondo de los Derechos Pasivos, tenemos que llevar la franja de jubilación de todos los cuerpos de cualquiera de los niveles que prestan servicio en la Administración pública española hasta los 75 años. Como he dicho anteriormente, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente. Brevemente, para fijar la posición del Grupo Vasco con respecto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, manifestando, en primer lugar, que a nuestro Grupo Parlamentario le parece oportuno que las consideraciones relativas al régimen de jubilación, con todos los efectos de Derechos Pasivos y de Seguridad Social que ello implica, vayan encuadrados en un debate de carácter general, no específico para el personal que trabaja en la Administración pública (bien sea laboral o bien sea funcionario), sino en un esquema o una planificación que se haga con carácter general para todos los ciudadanos, ya sean servidores de la Administración pública o servidores del sector privado.
El señor Ministro de Economía y Hacienda ha planteado recientemente la posibilidad de que, a efectos de jubilación, se amplíe la edad, lo cual tiene que adoptarse con carácter general y no con carácter previo o unilateral y prioritario en el ámbito de la Administración pública. Por consiguiente, es la primera objeción que desde nuestro Grupo Parlamentario haríamos.
En segundo lugar, una medida muy puntual como la que se plantea en esta proposición de ley tampoco nos parece oportuna puesto que, en definitiva, estamos tocando uno de los aspectos o núcleos centrales de la función pública. Consideramos que se debe ir a una reforma de la Administración, con el Estatuto de la Función Pública, en la medida en que se debe eliminar, a nuestro juicio, la diferenciación entre funcionario de

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la Administración pública y personal laboral fijo de la Administración pública porque carece de sentido. Hemos requerido del Gobierno central que se elabore un nuevo estatuto de la función pública en el que se diseñe la relación y la naturaleza que ha de regir los servicios entre la persona que presta sus funciones a la Administración y esta entidad pública. Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario mantiene serias dudas sobre la oportunidad de esta iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Popular y con el fin de no obstaculizar, si estiman oportuno que la iniciativa pueda salir adelante, nuestro Grupo Parlamentario va a abstenerse en la votación. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores, evidentemente el señor Núñez hace un planteamiento que coincide en parte con lo establecido en otras ocasiones y en el Senado por nuestro Grupo Parlamentario. Pero también es evidente, señor Núñez y señor Trujillo, que ustedes han radicalizado tanto su discurso, han radicalizado tanto su oportunidad de presentarse y subir al estrado para establecer dialécticas políticas muchas veces ajenas a este debate meramente técnico, que están impidiendo con su falta de acuerdo, tanto uno como otro, realizar estudios importantes en cuestiones que lo son o que, al menos, afectan a personas para las que existe un cierto interés. No es posible hacer dos discursos que establezcan cada uno competencias diferentes o que determinen derechos diferentes, sin fijar como mínimo la posibilidad de estudiar lo que estamos diciendo.
Evidentemente, en el momento de dictarse la Ley 30/1984 había una situación social muy diferente a la que se tiene ahora.
Don Luis Mardones lo ha recordado. Los hijos en el año 1984 no permanecían tanto en casa como en el año 1994, las situaciones patrimoniales o económicas de los padres han cambiado, y las situaciones de los funcionarios, en su interés por continuar unos años más, también han cambiado. Esto es efecto de la situación social que vivimos y es consecuencia del momento económico en que nos encontramos. Si existe, como existe, un capital de trabajo entre los años que van de los 65 a los 70; si existe, como existe, la posibilidad de que esta gente desarrolle su trabajo entre los 65 y los 70 años; si, como también es cierto, no todos están en condiciones de continuar trabajando; si también existen unos derechos de la Administración, en tanto que representante de todos los ciudadanos, de velar por la renovación de su economía; si todo esto es perfectamente posible, díganme ustedes por qué este Parlamento no puede tomar en consideración esta proposición y establecer las soluciones que para cada uno de los casos se determinen.
No es posible, señor Núñez, decir que de los 65 a los 70 años existe la voluntariedad absoluta. No caben los términos absolutos en este planteamiento. No es posible ni es igual la jubilación de un magistrado que la jubilación de un operario de la Administración local o central; no son las mismas condiciones.
Como tampoco es factible que se pueda regresar al trabajo por el simple hecho de solicitarlo; como tampoco es factible que sus derechos sobrepasen a los derechos de la Administración.
Pero, a pesar de todo esto, que se puede estudiar, señor Núñez, lo siento mucho pero, tampoco su negativa absoluta es lógica, señor Trujillo. Cabe perfectamente estudiar determinadas áreas de la Administración pública en las que es posible la flexibilización. Esto lo decía el señor Zambrana en la anterior ocasión. Y no acabo de entender que entre ustedes dos, si no es por el hecho de que deseen convertir cualquier cosa en un elemento de dialéctica política de confrontación no pueda existir una posibilidad de arreglo, de transición o de estudio. Si esto no es posible, difícilmente en este Parlamento se podrán debatir otras cosas. Yo no creo que la jubilación entre los 65 y los 70 años tenga que ser también objeto de debate político, fuera del tema estrictamente técnico o económico que estamos tratando. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Martínez Blasco.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular solicita que los funcionarios de este país, en lugar de jubilarse obligatoriamente a los 65 años, puedan prorrogar su vida activa hasta los 70 años. El portavoz del Grupo de Convergència i Unió dice que es un problema técnico-económico.
Yo creo, señorías, que este es un problema político fundamental. Estamos aquí hablando del funcionario que tiene ganas, que tiene necesidad económica de seguir trabajando, pero estamos hablando de esto en un país que tiene tres millones de desempleados. ¿Creen SS.SS., de verdad, que aquí el problema que hay que resolver es el de unos funcionarios que se sienten con ganas --como si éste fuera un problema personal e individual-- de dar más por su patria, de trabajar más y que en lugar de jubilarse a los 65 años quieren estar hasta los 70? ¿Y por qué no hasta los 75 años? Porque ahora la sanidad ha mejorado suficientemente como para estar en plenas condiciones a los 75 años y a los 80 y a los 92 y a los 93 años, en que tenemos algunas actrices que

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están por ahí trabajando. Efectivamente, ese es el problema de un país con tres millones de desempleados.
El señor Núñez ha dicho que gracias a este artículo 33 hubo una renovación de 200.000 puestos de trabajo. Hubiesen sido 200.000 puestos de trabajo menos, 200.000 desempleados más.
Señoría, ¿cómo se puede plantear esto en abstracto, diciendo que este es un problema técnico-económico, un problema de reducir el déficit de la Seguridad Social? ¿Es ése el problema de este país? Para reducir el déficit de la Seguridad Social lo que tienen que hacer las empresas morosas es pagar sus deudas con la Seguridad Social; lo que hay que hacer es mejorar la gestión de la Seguridad Social. Ese es el problema del déficit de la Seguridad Social. Pero prorrogar la edad activa... Decía el señor Núñez que esto no es un retroceso de las conquistas sociales, es un problema de la libertad. ¡Aquí se oye cada cosa! Señorías, históricamente hemos caminado hacia topes en el trabajo: las ocho horas, las vacaciones pagadas, el que haya una jubilación con pensión, etcétera. Todo ello han sido conquistas sociales, incluso conquistas sociales obligatorias, de tal forma que las leyes prohíben que se trabaje más de determinadas horas. ¿Por qué? Porque podría haber individuos que no por voluntariedad, no porque les guste, sino presionados porque están en relaciones desiguales entre el empleador y el empleado, pudieran tener la tentación --y efectivamente caer en ella-- de pactar condiciones peores, de más horas de trabajo. Por eso la ley les protege, por eso es obligatorio.
No es un problema de libertad. Si uno quiere trabajar veinticuatro horas diarias durante siete días a la semana, ¿qué problema hay? ¿Por qué quiere trabajar? No hay condiciones de libertad en el pacto, por eso la ley obliga; no es un problema de libertad y sí es un problema de perder las conquistas sociales. No se venga aquí diciendo que esto va a resolver los problemas de la Seguridad Social.
Que efectivamente haya problemas sociales y económicos en la tercera edad lo admitimos. Cada vez habrá más personas, por suerte, en nuestro país que estarán jubiladas. No puede ser una edad de penuria, sus retribuciones deben ser suficientes; no puede ser una edad en la que no se sepa qué hacer, sintiéndose no útiles a la sociedad. De acuerdo. Todos esos problemas hay que resolverlos. Pero igual que nadie propone en estos momentos que a los jóvenes de 15 años, como están en plena capacidad física, les obliguemos a trabajar, etcétera, porque ha sido una conquista en nuestro país elevar la edad de estudios y, por tanto, la prohibición de trabajar hasta los 16 años, creemos, señorías, que los funcionarios no se merecen este castigo; no se merecen que ahora les castiguemos diciendo que en lugar de jubilarse a los 65 años pueden --dicen SS.SS.- - jubilarse a los 70 años. Por tanto, creo que este no es sólo un problema personal de los funcionarios que quieran, no es un problema sólo de la Administración, no es un problema siquiera de las finanzas de la Seguridad Social, sino de que se hagan propuestas de este tipo en un país de tres millones de parados. Las propuestas, señor Núñez, señorías, deberían ir justo en la dirección contraria. Sólo si somos capaces de encontrar mecanismos que permitan repartir el trabajo para que sean más los ciudadanos que trabajen menos tiempo, evidentemente, porque eso es lo que nos permite el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad, sólo en esa línea conseguiremos cosas que merezcan la pena. Es muy curioso el ardid que ha utilizado el señor Núñez. Primero presionaron para que algunos colectivos de funcionarios abrieran el portillo, argumentando lo de la experiencia, la sabiduría y demás, con los jueces y después con el profesorado universitario, y una vez que abrieron dos pequeños portillos vienen aquí con el argumento de que hay discriminación. Si dos colectivos de funcionarios tienen la edad de jubilación forzosa a los 70 años, ¿por qué no el resto? Por eso, señoría, comprenderá que nosotros, que ya nos opusimos a que se abrieran esos portillos, nos vamos a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez.
Señor Núñez, posiblemente S.S. tiene más experiencia que nadie en la tramitación de este debate y sabe que la fijación de la posición contraria a la toma en consideración no significa necesariamente el abrir turnos de réplica. Le agradezco su comprensión. Vamos a proceder a la votación. Votación para la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Popular, sobre modificación del actual régimen de jubilación de funcionarios públicos, introduciendo criterios de flexibilidad y voluntariedad. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 153; en contra, 162; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechaza la toma en consideración.


MODIFICACIONES EN EL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces ha acordado proponer al Pleno algunas modificaciones del orden del día al amparo del artículo 68.1 del Reglamento de la Cámara. Por tanto, se somete al Pleno la inclusión de la proposición no de ley del Grupo Popular sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil, y en concreto a la empresa automovilística Santana Motor, en sustitución de la proposición no de ley del mismo grupo, que

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consta en el orden del día, por la que se insta al Gobierno a responder con eficacia y coordinación a los efectos destructores y degeneradores del patrimonio medioambiental causados por los incendios forestales. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada esta modificación del orden del día.
Asimismo, señorías, se propone la inclusión en el orden del día de esta sesión plenaria de la proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el acceso a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de investigación. ¿Acuerda la Cámara esta modificación? (Asentimiento.) Queda aprobada.
También la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara que la sesión del día 28 de abril, que se celebrará a partir de las nueve horas, quede integrada por los puntos del orden del día números 33 a 46, 52 y, en su caso, si pudiesen debatirse antes de las trece horas, los puntos 50 y 49, así como, en todo caso, el punto referente a la propuesta de designación de Defensor del Pueblo. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.
La proposición no de ley del Grupo Popular que se ha acordado incluir en el orden del día se debatirá acumuladamente con la proposición no de ley del Grupo Socialista que figura con el número 3 en el orden del día. (Rumores.) Ruego silencio a sus señorías.
Y la proposición no de ley del Grupo Socialista que se ha acordado incluir en el orden del día se debatirá después de la proposición no de ley del Grupo Mixto que figura en el mencionado orden del día.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 70.2 DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE REGIMEN LOCAL (Número de expediente 122/000028)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Tiene la palabra el señor Nada. (Numerosos señores Diputados abandonan el hemiciclo.--Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.--Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Nadal.El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
En febrero de 1993 el Grupo Catalán (Convergència i Unió) solicitó la modificación del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Ley de Bases de Régimen Local.
(El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) El debate que se celebró en esta sala dio la posibilidad a la tramitación de esta ley que, como consecuencia de la disolución de las Cortes, decayó. Hoy nuevamente traemos ante SS.SS. la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán al efecto de intentar que se solvente definitivamente este grave problema que plantea la necesaria publicación de todos los planes generales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en los diferentes boletines oficiales, bien sean de la comunidad autónoma o bien sean de la provincia.
Evidentemente la cuestión no radica en la necesaria publicación, en su contexto, que sí que admitimos y que reconocemos como muy importante y válida, sino que la cuestión radica única y exclusivamente en intentar obviar la totalidad de la publicación del plan, con todo lo que ello conlleva de gran cantidad de hojas, gran cantidad de números, gran cantidad de planos, gran cantidad de anotaciones, cuando el mejor instrumento para que el ciudadano conozca la realidad de un plan es la visita y la exposición en el ayuntamiento o en la comunidad autónoma en la que esté tratándose su aprobación.
La realidad es que los ayuntamientos están en grave situación económica y aunque más tarde el representante de Izquierda Unida diga que la razón por la que propone nuestro Grupo esta supresión no es económica sino de transparencia, los ayuntamientos están --repito-- en grave situación económica, lo que hace que las publicaciones extensas de estos planes generales y particulares de forma reiterada en los boletines oficiales y en los boletines de las comunidades autónomas signifiquen no solamente un gran retraso en la puesta en práctica del plan, sino también una merma económica importante. Hasta el momento la publicidad se realizaba única y exclusivamente mediante la publicación en el boletín de una nota específica en la que se establecía que tal comunidad había aprobado un plan o que tal ayuntamiento había decidido aprobar provisional o definitivamente otro. La realidad es que esto se entendía como una norma publicitaria suficiente para el conocimiento de la ciudadanía, pero numerosas sentencias de juzgados de lo contencioso-administrativo han establecido que, de acuerdo con el contenido exacto del artículo 70.2, la publicación tiene que realizarse de manera total, absoluta y literal. Esto ha supuesto --insisto-- un quebranto económico importante, ha supuesto un retraso importante y, además, ha supuesto que no se mejore de ninguna de las formas la publicidad del elemento.


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Yo quiero recordar que en el debate anterior prácticamente todas las fuerzas políticas, excepto el Partido Popular e Izquierda Unida, estuvieron de acuerdo en este tema. Por tanto, creo que el debate queda un poco circunscrito al hecho de los planteamientos que se establecieron en la anterior legislatura. No obstante desearía, ya que el tiempo ha transcurrido y nos permite al señor Fernández y a mí mantenernos como Diputados en estos momentos, recordarle que en aquel momento no tuve oportunidad de establecer mi más tajante oposición a las palabras que dijo. No tuve oportunidad, pero, como he visto, la cuestión es simplemente esperar. Al cabo del tiempo --ha pasado un año--me ha llegado la oportunidad. Señor Fernández, distinguido compañero, jamás ha estado en el interés de Convergència i Unió tratar de oscurecer un plan, jamás ha estado en el interés del Grupo Parlamentario Catalán intentar ocultar nada a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Catalán, cuando presenta la modificación del artículo 70.2, lo que hace es llevar al Parlamento determinadas proposiciones, que coinciden exactamente con la nuestra, de ilustres representantes del Partido Popular que mantienen alcaldías.
Tampoco es nuestro criterio aceptar lo que en aquel momento se dijo por parte de Izquierda Unida, que vino a especificar en los mismos términos que usted lo hizo que lo que pretendíamos nosotros era ocultar los extremos de los acuerdos de los ayuntamientos al ciudadano. Sepan uno y otro que la praxis diaria es la visita al ayuntamiento para saber si en un plan está incluida una propiedad o un derecho, y que difícilmente un ciudadano de a pie puede interpretar un plan partiendo de un boletín oficial. Quiero también recordar a Izquierda Unida que, cuando nosotros hablábamos de los planes, los confundió con los planes generales, que efectivamente se contemplan cada 4, 6, 8 o 10 años; que nosotros también hablábamos de planes y que numerosos ayuntamientos de la coalición que representan también insisten en la oportunidad de derogar, al efecto de delimitar la posibilidad y la complejidad de la publicación de los planes, de acuerdo con el artículo 70.2.
Al igual que hice en febrero de 1993, ahora les solicito el voto favorable para esta proposición.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor). Gracias, señor Nadal.
¿Turno en contra? (Pausa.) El señor Martínez tiene la palabra.


El señor MARTINEZ BLASCO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, repetimos debate un año después. Lo que lamento es que el Grupo Socialista no haya utilizado el turno en contra en defensa de la coherencia de los textos no sólo aprobados por esta Cámara, sino remitidos por el Gobierno.
Aquí se empieza con un argumento. Podría haber incluso --dice la exposición de motivos-- una cierta contradicción entre las legislaciones. Creo que quedó suficientemente claro --si no lo voy a decir ahora--, en el debate anterior, que no hay tal contradicción entre la legislación urbanística y la Ley de Bases de Régimen Local. Lo que dice la legislación urbanística es que respecto a las normas y a las ordenanzas se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable, y la legislación aplicable es, efectivamente, el artículo 70.2 de la Ley de Bases. No existe ni siquiera confusión. He escuchado al portavoz del Grupo proponente que hay que publicar en los boletines oficiales todo el contenido de los planes. Ni lo dice la norma ni lo ha dicho ninguna sentencia ni se le ocurre a nadie, salvo que voluntariamente quiera hacerlo. Señorías, las documentaciones urbanísticas están compuestas de una memoria, de unos planos, de unas normas y ordenanzas, de un estudio económico-financiero y de un programa de actuación. La legislación --la Ley de Bases-- dice que las normas y las ordenanzas deben publicarse --así lo están exigiendo todos los tribunales-- y deben publicarse de forma íntegra. Pero no dice la legislación el estudio económico-financiero, no dice la memoria ni el plan de etapas, instrumentos, por lo demás, muy importantes en el planeamiento urbanístico. Por tanto, no ha lugar a esa confusión posible. A estos dos argumentos que se han utilizado: que hay contradicción entre las legislaciones y la posible confusión, se une ahora casi exclusivamente el económico: es un elevado costo para los ayuntamientos el tener que publicar las normas y ordenanzas.
¿Qué grupo de esta Cámara protestó cuando se aprobó el Impuesto de Actividades Económicas, que hubo de ser publicado por todos los municipios a finales de 1992? Eso generó en nuestro país enormes costes de publicación, en todos y cada uno de los municipios, de las normas del Impuesto de Actividades Económicas en volumen muy superior a las normas de los planeamientos urbanísticos de este país. Es más, los argumentos de la asociaciones empresariales en contra de este tributo, que está en estos momentos en los tribunales, lo son por defectos de publicación en los respectivos boletines. Por tanto, señorías, no nos rasguemos las vestiduras diciendo que los ayuntamientos van a quebrar económicamente porque tienen que publicar las normas y ordenanzas urbanísticas, igual que lo están haciendo --y nadie lo discute, ni en esta proposición de ley-- con las normas y ordenanzas fiscales o con otro tipo de normas y ordenanzas, como de prevención de incendios, etcétera. Nadie discute que se tengan que publicar esas normas. Y las actualizaciones de las normas y las ordenanzas fiscales se publican todos los años. ¿Eso no supone coste para los municipios de las 20, de las 30, de las 70 ordenanzas fiscales que tienen algunos

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municipios? Parece ser que, no. El problema es las normas y las ordenanzas urbanísticas. ¿Qué se esconde efectivamente aquí? Dicen: No habrá problema de publicidad, porque la documentación está en los municipios y los ciudadanos pueden preguntar en ellos qué es lo que ocurre con su predio. Yo creo, señorías, que hay un problema, una marcha atrás importante en la seguridad jurídica y en la transparencia. He dicho y mantengo que en el resto de normas y ordenanzas municipales se mantiene la obligatoriedad de la publicación, y el Grupo proponente no lo objeta. Se tendrá que seguir publicando, cualesquiera que sean los contenidos, el resto de normas y ordenanzas municipales. Se seguirá publicando. Pero las normas y ordenanzas urbanísticas, no. Creemos que eso va contra la seguridad jurídica. Que esté el documento en el ayuntamiento, en el mejor de los casos sí, pero es mayor garantía que haya sido publicado. Porque, fíjese S.S. lo que ocurre: no sólo es que no se publiquen inicialmente las normas y ordenanzas cuando se apruebe el plan general, el plan parcial o las normas subsidiarias, no es sólo eso; es que al no exigir la publicidad total y completa de la aprobación, no se exige la publicidad total y completa de las modificaciones.
Fíjense SS.SS. Me preocupa el hecho de que no se publiquen las normas y ordenanzas en su momento originario porque, de acuerdo con los principios de nuestro Derecho relativo a que las modificaciones siguen al principal, tampoco se publicarán los contenidos concretos de las modificaciones en la normativa urbanística. Eso, señorías, es peligroso. Efectivamente, los que hemos trabajado en municipios a ras de suelo sabemos que es muy peligroso que a veces se pueda dudar de la obligatoriedad o no de determinadas normas.
Señorías, sería muy importante en estos momentos incluso hacer un repaso de qué municipios cuentan con sus correspondientes documentos, los aprobados con carácter definitivo, debidamente diligenciados, etcétera. Por tanto, va a haber una mayor garantía y seguridad con la publicación completa de la norma, así como mayor y mejor transparencia.
En estos momentos con tantos problemas en nuestro país con la transparencia, ¿a qué viene esto de que no sea necesario publicar las ordenanzas urbanísticas y que sea suficiente con un anuncio que dice que en el ayuntamiento las tienen ustedes a su disposición porque han sido aprobadas con carácter definitivo? Yo, de verdad, no entiendo el problema económico. No entiendo que se quiebren las finanzas de los ayuntamientos por publicar las ordenanzas urbanísticas. Insisto en que no se quiera decir a la Cámara porque no es cierto. Ni lo dice la norma jurídica, ni lo ha dicho ningún tribunal, que sea necesario publicar todo el plan general o todo el plan parcial.
Han dicho: hay que publicar completamente (como dice la Ley de Bases) las normas y ordenanzas, todo lo que sea normativo con carácter general, pero no es necesario publicar el estudio económico financiero, repito, ni la memoria, ni el plan de etapas. Por tanto, no se quiera asustar con algo que no existe. Creemos que, proporcionalmente, las ordenanzas urbanísticas no son más que las ordenanzas fiscales y no van a desfondar económicamente a los ayuntamientos más que las normas fiscales. Estimamos que sólo puede haber un interés en perjudicar la seguridad jurídica y la defensa y transparencia de los ciudadanos --esgrimiendo una razón que en otras ocasiones nos hubiese gustado ver-- con el argumento de que se desfondan las finanzas municipales. Es tan importante la seguridad jurídica, es tan importante la posibilidad de participación... ¡Si es que, señorías, no es sólo que un ciudadano pueda ir a ver su predio; es que un ciudadano puede reclamar contra un plan parcial que no sigue el plan general!, y para eso necesita saber cuáles son las normativas del plan general. No es sólo el interesado, ése que va por el ayuntamiento preguntando qué puede hacer en su parcela. No es sólo eso; es un problema de garantizar también la participación de los ciudadanos. Y eso, si se publica, negro sobre blanco, en el diario oficial.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco. Para un turno de réplica, el señor Nadal tiene la palabra.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que llega un momento en este Parlamento en el que la obsesión por la transparencia, la obsesión por la opacidad, la obsesión por decir cuáles son los municipios que están afectados por tal grave situación, me produce realmente escalofríos.
Señorías, lo que tiene que decir es cuáles son los municipios que están afectados, y no que existen algunos municipios que ocultan las normas. Diga usted, de una vez, si es que quiere continuar hablando de transparencia y de limpieza, cuáles son, pero no que existen municipios que ocultan las normas a los ciudadanos, porque de esta manera le estamos haciendo un flaco favor a todos los municipios de este país y, especialmente, a los que ustedes dirigen.
También quiero añadir que llega un momento en el que la obsesión porque pretendemos ocultar una cosa u otra es realmente preocupante. No se quiere ocultar nada. Le aseguro tranquilamente --y se lo puede asegurar cualquier persona que entienda-- que un ciudadano, para saber si su predio, su derecho, si un vial pasa por encima de una propiedad suya, o cuáles son sus expectativas urbanísticas violadas, mejoradas o modificadas, jamás lo hará a través de un boletín oficial pues

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siempre irá a la sección de urbanismo de un ayuntamiento, aunque sea uno de los que usted conoce, de ras de suelo; irá allá a saber exactamente qué es lo que tiene entre manos. Lo que no se puede pretender es que, a través de un boletín oficial, se sepa exactamente si su predio está o no está afectado.
Seguridad jurídica, toda. Pero lo que no es válido es que usted me diga que no existen sentencias que no recogen estos hechos. Le voy a citar una: la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección tercera, de 27 de septiembre de 1993, que dice exactamente que carece de eficacia un plan en tanto que no se ha publicado íntegramente.
Y es que no es lo mismo hablar de un IAE, no es lo mismo hablar de unos impuestos, no es lo mismo hablar de unas tasas, que hablar de un plan urbanístico. No es lo mismo, por mucho que usted y su compañero en el año 1993 insistan. Es absolutamente claro y tajante que si alguien o alguna institución en este país no oculta la realidad son precisamente los ayuntamientos. Y si usted quiere ayudar a mejorar la situación de los ayuntamientos, empiece por pequeñas cosas porque, por lo visto, de las grandes ya nos tenemos que olvidar. Si usted puede aligerar algo, hágalo.
Finalmente, señoría, creo que estar constantemente obsesionado por la seguridad jurídica de los ciudadanos en este tema carece de sentido, máxime cuando las modificaciones y los planes sí se publican y se han publicado siempre, al menos sucintamente, para que tengan conocimiento los ciudadanos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Martínez Blasco tiene la palabra.


El señor MARTINEZ BLASCO: Señoría, se hacen presunciones de intenciones ocultas cuando se intentan matar moscas a cañonazos. Es decir, cuando alguien propone un objetivo y los medios son extraordinariamente desproporcionados, cabe pensar que ocurre algo ahí en el fondo. Su señoría ha dicho: Como es muy costoso vamos a eliminar la obligación de la publicación completa de las normas. Por eso nuestro Grupo dice: No hay razón, porque no es cierto lo del coste. Efectivamente, yo he puesto otros ejemplos de una enorme cantidad de normativas que los ayuntamientos deben publicar en los boletines y nadie ha planteado, por lo menos hasta ahora, que no se deba publicar.
En cuanto a lo que dice S.S. respecto a la sentencia, debo señalar que no dice que haya que publicar completamente el plan. Lo que dice la sentencia es que hay que cumplir el artículo 70.2, que establece que hay que publicar de forma completa las normas y ordenanzas. Insisto, que nadie lea ni intente atribuir ni al legislador, porque no había tal confusión o contradicción, ni a ningún tribunal la obligación de publicar todos y cada uno de los diferentes documentos que componen el planeamiento urbanístico, desde la memoria hasta el estudio económico-financiero y el plan de etapas. Ni en la ley ni en las sentencias de la jurisprudencia se dice que sea obligatorio, sólo las normas y ordenanzas, como el resto de normas y ordenanzas municipales.
No he dicho que haya interés por parte de los ayuntamientos en ocultar, no. Lo que he dicho es que esta propuesta, que a nuestro modo de ver es matar moscas a cañonazos, pretende, porque puede resultar relativamente gravoso --pero insisto en que muy relativamente gravoso--, dar una marcha atrás respecto a un principio general que está en la propia Ley de Bases del Régimen Local, y es que todas las ordenanzas municipales se tienen que publicar íntegramente. Esa es la norma general, el principio general. Y ustedes ahora dicen: Como el Pisuerga pasa por Valladolid... Ha habido un texto refundido de la legislación urbanística que pudiera dar la impresión de una cierta contradicción, que no existe, pero ustedes dicen: por si existiera contradicción, vamos a decir que en la Ley de Bases del Régimen Local no sea necesario publicar las normas urbanísticas. Pero, señorías, ¿a qué viene este paso atrás? ¡Se va a seguir publicando todo el resto de normas! Su señoría dice: Es que el que quiera saber lo que puede hacer en su solar, puede seguir yendo al ayuntamiento. ¡Claro! ¡Faltaría más! Pero entonces, ¿por qué se publican las cosas en los boletines? Es que los ciudadanos se enterarán de otra forma que no sea el Boletín. ¡Claro! Hay opositores que se enteran en la puerta del tribunal y hay opositores que lo leen en el Boletín; y hay pensionistas que se enteran de que les van a bajar las pensiones sin necesidad de leerlo en el Boletín, porque se lo ha dicho el vecino o la vecina. Pero, señoría, una cosa es la publicidad, es decir, que todo el mundo llegue al conocimiento, y otra cosa es la garantía jurídica de que esté en negro sobre blanco en los diarios oficiales. No voy a ensalzar la garantía jurídica en el sentido de la publicidad, de que por aparecer en el «Boletín Oficial del Estado» todo el mundo se haya enterado; no lo voy a exaltar porque no es ésa la cuestión. Pero yo creo que es un paso atrás en este país respecto a las garantías, y por tanto respecto a la participación, que, siendo necesaria la publicación de todas las normas y ordenanzas municipales, SS.SS. propongan hoy que las urbanísticas, no porque son muy caras para los ayuntamientos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez Blasco. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.--El señor Nadal i Malé pide la palabra.) Señor Nadal, ¿en qué se basa S.S. para solicitar la palabra?

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El señor NADAL I MALE: Es réplica, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, señor Nadal. Ha habido la defensa de la proposición de ley por parte de S.S., un turno en contra, usted ha tenido un turno de réplica y dúplica, y se ha terminado ya el debate en cuanto a ustedes dos. Gracias, señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
Aquí sí que podríamos recordar aquella frase: «Decíamos ayer...», porque, ciertamente, este debate parece la reproducción automática del que tuvo lugar aquí en febrero de 1993. Además, curiosamente, los argumentos son los mismos tanto para el apoyo como para la oposición de esta toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), lo cual demuestra un cierto anclaje en los argumentos y una falta de evolución en la toma de decisiones. Señorías, yo no voy a volver otra vez a repetir -- ya tuve la oportunidad de intervenir en este mismo debate-- los argumentos que ya dimos en su día, en febrero de 1993, cuando se presentó por primera vez esta proposición de ley.
Pero es que hoy, con el tiempo transcurrido, hay algún argumento que convendría enfatizar y alguno nuevo que se podría aportar.
En primer lugar, si lo que con esta proposición de ley se pretende es simplificar el procedimiento administrativo y la comunicación y la publicidad de tantos y tantos acuerdos como toman las administraciones públicas, bienvenida sea esta proposición de ley. Porque, señorías, todos somos conscientes de que estamos creando una Administración cada día más complicada, cada día más barroca, cada día más difícil de seguir por el administrado y puede ocurrir que el bosque, muchas de las veces, no nos deje ver el árbol.
Lo que hoy se propone aquí es fruto del sentido común y es fruto de lo que ocurre todos los días en los ayuntamientos.
Conocido por los ciudadanos que ha habido una aprobación en los planes urbanísticos, es lo normal, es lo natural, es lo eficaz, es lo correcto, que el interesado vaya a conocer todos los complejos documentos que acompañan una modificación de un plan allí donde se encuentran los originales. Yo podría poner algún ejemplo de los errores de interpretación que se han producido, que han dado lugar incluso a pleitos larguísimos; la publicación de todos los documentos en el Boletín Oficial, que por las dificultades de impresión, incluso por no poder reproducir las tramas de los planos, han sido interpretados con dificultad y han dado lugar a errores o a interpretaciones diversas. Por tanto, no se nos diga aquí que con esto se aumenta la garantía jurídica de los administrados, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Lo que aquí se propone lisa y llanamente, sin perjuicio de las garantías para los ciudadanos, sin perjuicio de la transparencia y de la publicidad que debe presidir toda normativa y más en el campo de la ordenación inmobiliaria o urbanística, es algo de sentido común y que está más de acuerdo con la práctica de cada día.
Como creemos que esto no solamente no perjudica, sino que beneficia; porque creemos que éste puede ser un primer paso para agilizar y simplificar la Administración pública, las administraciones públicas que en su conjunto están atosigando a los ciudadanos, porque es imposible hacer un seguimiento de tantas y tantas normas sobre todo si se hacen «in extenso», como hoy en día viene en los distintos boletines oficiales, es por lo que vamos a dar el voto afirmativo a la toma en consideración, aunque también advertimos que en la tramitación parlamentaria podríamos introducir alguna enmienda que colaborara a mejorar todavía más, si cabe --y creo que sí que cabe--, la redacción que se da a esta modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, que --como digo-- encontramos muy oportuna.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mur.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, debates como el presente ponen de manifiesto la necesidad de revisar el Reglamento de la Cámara, de suerte que algunas iniciativas, por respetables que sean, tengan su acceso directo a la Comisión, por ejemplo, con los acuerdos previos y unánimes que sean precisos; porque, en definitiva, estamos en trance --y no digo que éste sea precisamente el caso-- de terminar debatiendo en el Pleno de esta Cámara el mismo sexo de los ángeles.
No obstante lo anterior, y sin despreciar en absoluto la iniciativa formulada en la anterior legislatura y reproducida en la presente, Coalición Canaria tiene decidido otorgar su voto a la toma en consideración de esta proposición de ley que consideramos atinada, sin perjuicio de una serie de consideraciones y de algunas modificaciones que por la vía de las enmiendas correspondientes, igual que aconteció en la pasada legislatura, deben tener lugar.
En primer lugar, no parece que deba exigirse que los catálogos, por ejemplo, a los que hace referencia el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, deban publicarse íntegramente y que, en cambio, para las

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restantes normas urbanísticas sólo se exija su mera aprobación. Bueno sería que se concretase mínimamente el alcance que debe tener la expresión «correspondiente» por lo que a la publicación se refiere, habida cuenta de que se han suscitado problemas respecto a qué administración debe cumplir con la obligación formal de la inserción en el periódico oficial. En cualquier caso, señor Presidente, estamos conformes con la necesidad de garantizar que los posibles interesados puedan conocer y consultar los planes urbanísticos que se aprueben, como expresa el Grupo proponente en la enmienda que en su día presentó a su propia proposición.
Analizando las correcciones que entonces se hicieron examinando en profundidad esta iniciativa que, repetimos, nos parece acertada, vamos a otorgar nuestro voto favorable a la proposición en cuestión. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Vasco (PNV), manifestando en primer lugar que la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene, a nuestro juicio, una buena intencionalidad legislativa. Lo que ocurre es que ni en su parte expositiva ni en su parte normativa logra plasmar, a nuestro juicio, con exactitud y con acierto, el espíritu expuesto y el objetivo que pretende lograr a través de la proposición de ley.
Alega el Grupo Catalán (Convergència i Unió) que hay dos razones para la presentación de la proposición de ley. Que existe, en primer lugar, una contradicción entre la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y el Texto Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. A nuestro juicio, una interpretación armónica y coherente del ordenamiento jurídico nos lleva a la conclusión --y coincido con el señor Martínez, de Izquierda Unida-- de que no hay una contradicción en sus propios términos, sino que los textos legales son complementarios. A efectos de publicidad de cualquier norma se aplicaría la teoría general de la publicidad del derecho positivo que establece la Ley 7/1985 y que se remite a la teoría general del derecho prevista en el Título Preliminar, con carácter interdisciplinar, del Código Civil. Por tanto, nosotros no vemos esa contradicción que alega el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Consideramos asimismo que en todo instrumento de ordenación urbana, para que pueda entrar en vigor y para que tenga una eficacia frente a terceros, «erga omnes», es necesario cumplir con esta teoría general de que para que una norma tenga carácter vinculante y sea de obligado cumplimiento, debe publicarse en los boletines o en los periódicos oficiales, bien sea del Estado, de las comunidades autónomas o de las provincias. Toda norma subsidiaria o complementaria de planeamiento, todo plan general, toda directriz de ordenación del territorio, todo programa de actuación urbanística, en definitiva, todo instrumento de ordenación urbana o de ordenación territorial con un nivel superior necesita esa publicidad. No apreciamos la existencia de esa contradicción interpretando armónicamente la Ley 7/1985 con el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Régimen de Ordenación Urbana.
En segundo lugar, se alegan los supuestos problemas de orden económico o técnico que ello pudiera originar. Nosotros tampoco coincidimos en que puedan existir problemas de orden económico puesto que toda norma, para que tenga eficacia, debe ser publicada en los boletines oficiales. En tercer lugar, los problemas de orden técnico que pueden existir se podrían solventar bien aplicando la jurisprudencia que el Tribunal Supremo ha establecido, bien a través de una mejora que ha presentado, el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de forma que se recoja expresamente en el texto que únicamente se publicará la parte normativa, la parte que vaya a constituir el derecho positivo de los instrumentos de ordenación urbana o del territorio y no los documentos complementarios, como pueden ser las memorias y los planes.
Nuestro Grupo Parlamentario, coincidiendo con el espíritu de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), entiende que necesita no obstante de una serie de correcciones y de mejoras que le den coherencia a lo que pretende obtener con el objetivo que persigue en su parte resolutiva. Con la idea de mejorar la proposición de ley en el trámite de presentación de enmiendas, nuestro Grupo va a votar favorablemente a su toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría. Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como se ha dicho por los anteriores intervinientes, hace un año se debatió en esta Cámara esta misma iniciativa parlamentaria por lo que la mayoría de SS.SS. pueden recordar perfectamente los argumentos a favor de su toma en consideración y los del Grupo Popular sobre su innecesaria e inconveniente modificación.
Hoy volvemos a debatir esta iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y, si me permiten SS.SS.,

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hay un argumento que, como más adelante expondré, ha cobrado, aún si cabe, una mayor importancia para el Grupo Popular y que hace que una vez más, vayamos a rechazar esta iniciativa.
El argumento al que me refiero es el aumento que se va a producir, si se aprueba esta propuesta, en la discrecionalidad y en la falta de transparencia a la hora de poner en vigencia las reglas del juego en materia urbanística, con todo lo que ello conlleva.
Como decía en aquella ocasión el portavoz Jorge Fernández, la presente proposición de ley tiene por finalidad modificar el artículo 70 de la citada Ley de Bases de Régimen Local, que establece con carácter preceptivo la publicación en el boletín oficial de la provincia de toda la documentación completa relativa a los planes urbanísticos, a los efectos de su entrada en vigor, con el objeto de evitar dicha publicación en base fundamentalmente a dos razones: que la publicación completa de todas las determinaciones que integran los planes de ordenación urbanística supone un enorme y desproporcionado coste económico y que existe una clara contradicción entre el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece como requisito previo para la ejecutividad de los citados planes la publicación completa de toda la documentación que los integra.
En relación con el primer argumento, habría que decir que los importantes intereses económicos que rodean a todo lo relativo al urbanismo superan con creces las nimias razones de coste económico que se esgrimen como fundamento en esta iniciativa.
Si bien no se puede negar que la publicación de estos planes tenga un cierto coste económico, no es menos cierto que el volumen de intereses económicos que se mueven alrededor de esta cuestión, los cuantiosos ingresos que no debemos olvidar que tienen los ayuntamientos por la concesión de licencias, los presupuestos que manejan las corporaciones locales en este sentido y los principios jurídicos afectados, como el de seguridad y publicidad de las normas, consagrados constitucionalmente en el artículo 9.º3 de la norma fundamental, hacen que este primer argumento caiga por su propio peso. No puede sostenerse tampoco, señorías que a estas alturas alguien en esta Cámara diga que por dificultades técnicas a la hora de reflejar un plan urbanístico en un boletín, haga necesario que no se publique.
Es cuando menos, ridículo. Incluso lo es, señorías, el relativo al coste económico cuando existen importantes garantías constitucionales de los ciudadanos en juego.
En relación con el segundo argumento, sobre la contradicción de las normas citadas, las razones para oponernos a esta iniciativa legislativa son mucho más amplias si cabe. La interpretación jurisprudencial al respecto ratifica el carácter normativo de los planes urbanísticos, por lo que resulta imprescindible la exigen-cia de que los mismos sean objeto de publicación antes de su entrada en vigor.
Podríamos ir más lejos en el análisis de la finalidad que persigue la presente proposición de ley de excluir de la publicación de los boletines oficiales la parte normativa de los planes y podría tachársela incluso de anticonstitucional.
Sin embargo, señorías, tal y como está el panorama actual y el ambiente de prácticas corruptas casi generalizadas dentro de las administraciones públicas, no es presentable que este Parlamento apruebe leyes que favorezcan la discrecionalidad en su aplicación y la falta de transparencia en la presentación a la sociedad. Señorías, los grupos económicos y los ciudadanos con intereses específicos en el urbanismo ya saben que pueden obtener informaciones urbanísticas concretas solicitando dicha información específica al ayuntamiento correspondiente. Pero, señor Nadal, señorías, ¿qué pasará con el ciudadano que no tiene medios económicos y que no conoce los pasillos y los entresijos del funcionamiento de los ayuntamientos? ¿Se pondrá a la cola a ver qué pasa con sus intereses específicos? ¿Quién se lo va a explicar? Señor Nadal, si usted tiene experiencia municipal, que no lo duda nadie, los demás también la hemos tenido y la tenemos y sabemos que eso tiene muchas dificultades, porque habría que poner muchos funcionarios a explicar a los ciudadanos bien intencionados qué se va a hacer con sus intereses y cuándo se les va a aplicar una expropiación según venga en la norma, si han puesto en vigencia esos planes de ordenación urbana que les obligan a una determinada actuación.
¿Deberá pedir una información completa del planeamiento para sólo saber cómo están tratados sus legítimos intereses con respecto a los demás? ¿Cómo sabrá si, por ejemplo, su propiedad ha tenido un trato desigual ante una misma situación urbanística? ¿Qué habrá de hacer para saber el porqué de una calificación determinada a un lado o a otro de una línea trazada caprichosamente? ¿Cuánto le costará tener la información? ¿Cuánto le costarán las copias? ¿Quién le asegurará que la información que le dan es correcta? ¿Quién le garantizará la veracidad del documento aprobado? Señorías, con los últimos y constantes ejemplos de actitudes personales y políticas de algunos responsables de las distintas administraciones es necesario que no se deje nada a la discrecionalidad de nadie, porque, en materia urbanística, señorías, al parecer es muy fácil y corriente el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada, que, sin duda, da pie a prácticas corruptas.
Prácticas que, según parece, últimamente todos estamos muy decididos a erradicar. Empecemos, pues, señorías, por lo más sencillo, gastarnos unos recursos económicos necesarios en procurar la máxima transparencia en los procesos urbanísticos y evitaremos

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muchas cosas. A no ser, señorías, que queramos seguir permitiendo que algunos ayuntamientos utilicen el urbanismo para muchas cosas, incluido el cobro de determinados impuestos que podríamos calificar de revolucionarios, urbanísticamente hablando.
Señor Nadal, no se extrañe; hay más de ocho mil municipios en nuestro país y usted no debería poner la mano en el fuego por nadie, no vaya a ser que le pase como a algún responsable del Gobierno socialista, que se le vaya a quemar por haber puesto la mano en el fuego por actitudes políticas y personales que luego no han podido garantizar.
Gracias, señorías. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Martínez. Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antich.


El señor ANTICH I BALADA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición en nombre de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, en relación a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local.
El texto refundido de la Ley del Suelo al que se ha referido en parte alguna de sus señorías, ponentes anteriores, y al que hace referencia también la proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) no tenía legitimación para alterar la Ley de bases y lo único que ha podido hacer es decir, en un artículo concreto, el 124, y después de referirse a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, que, respecto a las normas urbanísticas y ordenanzas, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable, y añadir en el artículo 131, a propósito del carácter ejecutivo del planeamiento derivado de la publicación de su aprobación, que esto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124, ya que el texto ha tenido que reconocer, muy a su pesar, la vigencia del artículo 70.2 de la tan citada Ley de bases de Régimen Local.
Así pues, nuestro criterio sobre la conveniencia de la iniciativa parlamentaria es totalmente favorable, basándose en el principio precisamente de seguridad jurídica, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tras alguna sentencia en que entendió que el artículo 70.2 se refería a las puras ordenanzas municipales de edificación y no a las normas y ordenanzas de los planes que se aprobasen definitivamente por los órganos urbanísticos, no ha tenido más remedio que inclinarse por su aplicación general, que se establece, entre otras, en la sentencia de 10 de abril de 1990. Hay sentencias en este sentido, por tanto, de distintos tribunales pero incluso del Tribunal Supremo.
Cuestión posterior, como ya dijimos la vez anterior, a la indudable conveniencia de la modificación propuesta es la de la redacción concreta y literal que se formula en este caso y en la que hay dos puntos que es preciso aclarar.
El primer punto es el referente a los catálogos. El texto refundido de la Ley del Suelo contempla dos clases: los contenidos en el artículo 93, de aprobación simultánea con el planeamiento, y los recogidos en el 123 que no se contuvieran en el planeamiento y respecto de los que, sobre todo, no se ven razones para equipararlos a las ordenanzas municipales a efectos de su publicación, sino que debe entenderse que son análogos a otros documentos de planeamiento y considerarse que no es necesaria su publicación. El segundo extremo del que resulta necesario ocuparse es el del órgano que aprueba definitivamente el planeamiento, bien sean los ayuntamientos, bien otros organismos, por ejemplo, la Comisión provincial de Urbanismo, etcétera, ya que, en este sentido, no todas las comunidades autónomas tienen la misma regulación.
Nuestro Grupo parlamentario cree que ha de darse el mismo tratamiento al planeamiento aprobado por los ayuntamientos que al aprobado por los órganos urbanísticos y exigir sólo la publicación de la aprobación. Aunque no pretendo entrar en polémica con otros portavoces, al menos, desde mi doble condición de Diputado pero también alcalde, ruego, tanto a los ponentes del Grupo de Izquierda Unida como a los del Grupo parlamentario Popular, que hablen con sus alcaldes. Yo no sé si con los de Izquierda Unida, pero puedo asegurarle que con los de Iniciativa per Catalunya; que hablen con los alcaldes de Sabadell, Sant Feliú, Prat de Llobregat, Rubí y verán lo que les dicen. El Grupo parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya nos tiene acostumbrados muchas veces a que una cosa es lo que dicen aquí sus representantes y otra la que dicen sus alcaldes en sus pueblos.
Señora Ponente del Grupo Popular, yo no pongo la mano por nadie, pero creo que los alcaldes del Grupo Popular, que hay muchos en toda España, les deberían merecer mucha mayor confianza. Me parece que esta es una aspiración de todos los municipios, dada la situación en que se encuentran. Pienso sinceramente que la proposición, como se ha dicho, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) es mejorable y en ese sentido irá nuestro trabajo como Grupo, pero quede claro que la voluntad de transparencia, de rapidez en la publicación, es una aspiración de todos los grupos y, por supuesto, de todos los alcaldes.
Termino, señorías, indicando que la posición del Grupo Socialista va a ser votar a favor, anunciando ya desde aquí la presentación de enmiendas parciales en los ulteriores trámites parlamentarios. Muchas gracias. (El señor Nadal i Malé pide la palabra.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nadal.


El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, desearía un brevísimo turno, por alusiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pero un turno, ¿en base a qué?

El señor NADAL I MALE: De réplica, en función de las alusiones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Nadal, en alguna intervención, concretamente en la de la portavoz en este debate del Grupo Popular, S.S. ha sido citado reiteradamente, pero esta Presidencia, que ha estado muy atenta a la intervención de la señora Martínez Saiz, no ha visto que hubiera ninguna alusión con una valoración negativa de S.S. En consecuencia, esta Presidencia entiende que no ha lugar a un turno.


El señor NADAL I MALE: Tiene razón el señor Presidente, quizá no vale la pena.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 173; en contra, 139; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS DE APOYO EN RELACION CON LA CRISIS DE LA EMPRESA AUTOMOVILISTICA SANTANA MOTOR Y DE LINARES (JAEN) Y SU COMARCA (Número de expediente 162/000095)

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO ANTE LA GRAVE CRISIS QUE AFECTA AL SECTOR DEL AUTOMOVIL, Y EN CONCRETO A LA EMPRESA AUTOMOVILISTICA SANTANA MOTOR (Número de expediente 162/000097)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día, proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas de apoyo en relación con la crisis de la empresa automovilística Santana Motor y de Linares (Jaén) y su comarca. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por favor, señorías, ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señoría.


El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el pasado día 22 de marzo, con motivo del debate suscitado por la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar en relación con la crisis de Santa Motor, anuncié, desde esta tribuna, tras justificar nuestra oposición a aquella moción, la inmediata presentación de una proposición no de ley por la que se instara la adopción de medidas de apoyo en relación con la crisis de esta empresa automovilística y de la inducida por la misma en la comarca de Linares y en toda la provincia de Jaén.
Dos días después, el 24 de marzo, fue presentada en el Registro de la Cámara y, tras su calificación por la Mesa, hoy procedemos a su debate.
Puesto que ya se han producido dos amplios y densos debates en torno a la crisis de Santana y de Linares (uno de ellos el día 9 de marzo, con motivo de la interpelación urgente, y el segundo, el día 22 de marzo, con motivo de la moción antes mencionada), en esta ocasión, señor Presidente, habremos de no reiterar argumentos y razonamientos ya ampliamente expuestos y conseguir que, definitivamente, la Cámara adopte una resolución --en este caso, bajo la fórmula de proposición no de ley--, clara e inequívoca, de apoyo a Santana, a Linares, a Jaén y, a ser posible --ésa es nuestra intención-- con un amplio respaldo de los diferentes grupos parlamentarios. Una resolución, en definitiva, que, con parecido o idéntico tenor, ya ha sido aprobada, con amplio consenso, por el Parlamento Europeo, por el Parlamento de Andalucía, por la totalidad de los ayuntamientos de la comarca de Linares, por la Diputación Provincial de Jaén y por una inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia, e incluso por gran número de ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Señoras y señores Diputados, ha llegado la hora, después de más de dos meses de conflicto, de hacer un esfuerzo por parte de todos y aprobar, con amplio consenso, como decía antes, una proposición no de ley que

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muestre el apoyo del Congreso de los Diputados a Linares, a su población y, en definitiva, a los trabajadoresde Santana Motor; y algo que todavía es más importante y que me permitirán que diga, que se propicie la adopción de medidas que permitan, por una parte, el mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de automóviles, con capacidad industrial, tecnológica, comercial y financiera propia, y, por otra parte, el mantenimiento de la actual estructura industrial de Linares, así como la instalación de nuevas empresas industriales que permitan recuperar el tradicional nivel de industrialización de la zona. Estos, y solamente estos, son los objetivos, señorías: mantener Santana, mantener la actividad laboral, industrial y económica de Linares. En este contexto, señorías, es indudable que se están dando pasos importantes, por lo que, a pesar de la gravedad de la situación, no podemos dejar de confiar en que se pueden encontrar soluciones al difícil problema de Santana Motor de Linares.
Así, por ejemplo, como ustedes conocen, se ha constituido una ponencia técnica, integrada por representantes de la empresa Suzuki, por representantes de los trabajadores y con presencia igualmente de la Junta de Andalucía, que tratará de negociar y aprobar un plan de viabilidad para Santana.
Esta ponencia técnica ya se reunió la semana pasada, hoy martes ha vuelto a reunirse, se reunirá el próximo jueves e incluso tiene previsto reunirse dos días más durante la semana próxima. Es verdad que el miércoles pasado, en la reunión celebrada en la Consejería de Trabajo, se daba por finalizado el período de consultas y la empresa ya puede instar el expediente de regulación de empleo. Sin embargo, ello no impedirá en absoluto que continúe la negociación.
El Ministerio de Industria y Energía, por otra parte, como ustedes también conocen, ha establecido negociaciones con Suzuki para disuadirle del abandono de la sociedad y ha puesto claramente de manifiesto su disposición de ayuda para refinanciar la deuda y los pagos, tanto a la Hacienda pública como a la Seguridad Social.
La Junta de Andalucía, por otra parte, ha reiterado hasta la saciedad --ustedes lo conocen-- su total disposición para instrumentar las medidas financieras que sean precisas y ello de cara a afrontar la crisis, tanto de Santana como de Linares y su comarca.
El Instituto de Fomento de Andalucía también es conocido, va a prestar avales a la empresa suministradora, cuya dependencia de Santana sea superior al 20 por ciento de su facturación, al objeto de poder acogerse a los créditos contemplados en el convenio Junta de Andalucía-entidades financieras, concediendo una subvención variable de tipo de interés de manera que elcoste de los créditos en ningún caso supere el 4 por ciento.
El sector de la automoción español y europeo, señoras y señores Diputados, conocen perfectamente que está atavesando en la actualidad una importante crisis de demanda, lo que ha provocado, lógicamente, un exceso de capacidad productiva, que se refleja, asimismo, en las empresas auxiliares y de componentes y en una disminución, en definitiva, de la actividad económica y de distribución de la comercialización de vehículos.
Pues bien, para afrontar esta situación y con el fin último de estimular la demanda, el Gobierno ha aprobado --y esta Cámara ha tenido conocimiento de ello-- un Real Decreto-ley de 8 de abril de 1994, por el que se conceden ayudas a los adquirentes de automóviles nuevos, siempre que den de baja otro de su propiedad con una antigüedad superior a diez años.
Podíamos continuar en esta línea con una serie de acciones ya puestas en marcha. En este momento cabría preguntarnos: ¿Nos parecen suficientes todos los pasos que se han dado hasta la fecha? Señora y señores Diputados, es evidente que todo lo que se está instrumentando, con ser necesario, no es suficiente, a nuestro juicio, por lo cual el Grupo Socialista ha presentado a la consideración de la Cámara una proposición no de ley que lo que pretende es sencillamente, en primer lugar, que se continúen realizando las gestiones necesarias para asegurar el mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de automóviles y no como una simple planta de montaje. En segundo lugar, aplicar, de acuerdo con las previsiones legales, los fondos públicos que sean necesarios para apoyar los proyectos de inversión que garanticen el mantenimiento del nivel de industrialización de la comarca de Linares, tanto en lo que afecta a Santana como a las empresas auxiliares y de componentes. En tercer lugar, habrán de ponerse en marcha los mecanismos legales y financieros de índole comunitaria, de índole estatal o autonómica que permitan la creación de un parque industrial, así como incentivos suficientes que garanticen, por una parte, el mantenimiento de la actual estructura industrial de Linares y, por otra, la instalación de nuevas empresas industriales que permitan --y en esto queremos poner especial énfasis-- la recuperación del tradicional nivel de industrialización de la comarca de Linares.
Señor Presidente, y ya para terminar la defensa de nuestra proposición, quiero insistir hoy --como lo hacíamos en la intervención que tuvimos el pasado día 22 de marzo-- en que la crisis de Santana reviste unas características especiales por la enorme repercusión que tiene en la economía de la comarca de Linares y en toda una provincia, la de Jaén. Y algunas cifras son claramente significativas.
Señorías, Santana representa el 65 por ciento del empleo industrial de Linares o el 70 por ciento de la renta

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industrial del municipio; el 12 por ciento del empleo industrial de Jaén o el 14 por ciento de la renta industrial de la provincia. En definitiva, el 20 por ciento de la renta de Linares o el dos por ciento de la renta provincial. A ello, que sería lo que podríamos denominar efectos directos, habría que unir una serie de efetos indirectos, derivados, todos ellos, de las relaciones de dependencia de Santana con más de 30 empresas auxiliares, suministradoras de componentes, de conjuntos funcionales y de productos y servicios auxiliares, que, en su conjunto, dan empleo en torno a 2.000 trabajadores.
Además, las graves repercusiones que esta crisis está teniendo ya en el comercio, en la hostelería, en la construcción, etcétera. Señor Presidente, en el ánimo de consenso y de que, a ser posible, la Cámara esta tarde aprobara una resolución con el apoyo, si no unánime sí absolutamente mayoritario, de los señores Diputados, el Grupo Socialista, en relación a la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, ha de manifestar su acuerdo, su coincidencia, con gran parte de ella, pero igualmente ha de presentar algunas enmiendas, muchas de ellas de carácter técnico, cuya aceptación propondríamos al Grupo Popular, al objeto de poder votar conjuntamente las dos proposiciones.
Así, en el punto primero --y están presentadas por escrito-- propondríamos sustituir el plan industrial por un plan de viabilidad, que es lo que realmente se está negociando. Igual propondríamos, en el punto segundo, cambiar plan industrial por plan de viabilidad. El punto tercero lo apoyaremos tal cual, igual que el punto cuarto. Proponemos al Grupo Popular la retirada del punto quinto de su proposición, porque creemos que el punto cuarto de la nuestra puede ser más completo, puede tener una redacción más afortunada. Igualmente pedimos la retirada del punto sexto de la proposición. Además, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una transacción a este punto en el sentido de que se prosigan estudiando en el campo de la fiscalidad los mecanismos necesarios para hacer cada vez más competitivo el sector de la automoción. Y nosotros propondríamos al grupo proponente, en este caso Convergència i Unió, siempre que el Grupo Popular tenga a bien aceptar esta transacción, una transaccional en el sentido de que el punto sexto pasara a ser del siguiente tenor --y he pasado a la Presidencia--: que prosiga estudiando, en el campo de la fiscalidad, la posibilidad de adoptar mecanismos que hagan cada vez más competitivo el sector de la automoción. Esta sería la propuesta. Y respecto al punto séptimo de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, propondríamos su supresión y su sustitución por un párrafo que comenzaría diciendo: Asimismo, el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que la Administración competente elabore...Y a partir de ahí, literalmente, respetaríamos la redacción que le da el Grupo Popular.
Señorías, esta no es sino una manifestación --como decía al principio-- de la voluntad del Grupo Socialista de llegar al mayor consenso posible para que el Congreso de los Diputados muestre su apoyo a Santana y al pueblo de Linares.
Con relación a la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV), tengo que manifestar...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Mesa, el turno que está consumiendo S.S. es para la defensa de la proposición no de ley y de la enmienda que presenta a la proposición no de ley el Grupo Popular. En cualquier caso, como no se sabe si el Grupo Popular va a aceptar o no la enmienda y como la enmienda del PNV es a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, una vez defendida las enmiendas, tanto la del Grupo de Izquierda Unida como la del Grupo Vasco (PNV), S.S. tendrá ocasión de manifestar o no la aceptación de estas enmiendas.


El señor MARTIN MESA: Perfecto, señor Presidente. Tenía entendido por las gestiones que realicé antes de defender la enmienda, que mi intervención iba en este sentido para simplificar. Con muchísimo gusto guardo argumentos para contestar a las enmiendas presentadas por los grupos enmendantes a la proposición del Grupo Popular.
Termino, señor Presidente, manifestando que Santana, Linares y Jaén exigen una solución. Señorías, la presente proposición no de ley aspira sencillamente a mostrar la solidaridad del Congreso con la población de Linares y a contribuir a alcanzar esa solución.
Es todo. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín Mesa. Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Popular, sobre medidas a adoptar por el Gobierno ante la grave crisis que afecta al sector del automóvil y en concreto a la empresa automovilística Santana Motor, tiene la palabra el señor Puche.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Señor Presidente, señorías, ha transcurrido más de un mes, más de dos meses incluso, desde que se iniciara la crisis de Santana Motor. En ese período de tiempo se han realizado, como ustedes habrán podido apreciar multitud de declaraciones, multitud de manifestaciones, de concentraciones, incluso de marchas de trabajadores tanto a Madrid como a Sevilla, y multitud de declaraciones, como les decía, de todo tipo. Sin embargo, durante estos dos meses, señorías, no apreciamos todavía que se perfile ninguna solución a este enorme problema de tanta trascendencia social, económica y política.


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Por ello, señorías, el Grupo Popular presentó en su día en el Registro de la Cámara una proposición no de ley para su debate en este Pleno con la sana intención de tratar de buscar alguna solución y con un objetivo fundamental, claro y terminante, como era --y sigue siendo-- intentar la participación del Gobierno en la salvaguarda y en el mantenimiento de Santana Motor como empresa fabricante de automóviles; intentar, asimismo, la participación del Gobierno en la potenciación de una serie de iniciativas empresariales alrededor de Santana que permitiesen la creación de nuevos puestos de trabajo, y era nuestro objetivo --y sigue siendo nuestro objetivo fundamental-- intentar implicar al Gobierno --que, por cierto se ausenta en este momento en un debate tan importante, al no estar presente el Ministro de Industria-- en algo que nos parece fundamental, como es el establecimiento de una adecuada política industrial que permita no solamente el saneamiento del sector del automóvil sino también algo tan fundamental como la consolidación de la industria auxiliar del automóvil, que mantenga esas pequeñas, grandes y medianas empresas vinculadas a ese sector que tan importante servicio ha venido desempeñando en los últimos tiempos. Esa era la intención del Grupo Popular al presentar esta proposición no de ley.
Señorías, yo creo que en relación con Santana Motor, dentro de la crisis económica por la que atraviesa España y de las dificultades que atraviesa el sector del automóvil --de las que ustedes son conocedores--, fue el incumplimiento del laudo arbitral de 1993 (que, comoSS.SS. saben, pretendía la consolidación y la viabilidad de Santana Motor a través de una serie de medidas industriales, económicas y laborales) el que motivó la suspensión de pagos por parte de la empresa.
Señorías, créanme si les digo que desde el mismo momento en que se presenta la suspensión de pagos por parte de Santana Motor, el sector industrial andaluz sufre una fuerte convulsión; convulsión que si la unimos a la crisis por la que ya atravesaba el sector con motivo de la crisis naval, con motivo de la crisis química, con motivo de la crisis de la minería o con motivo de la crisis del sector pesquero, hace que el sector industrial entre en un claro deterioro en Andalucía que desde luego permite incluso no solamente acabar con nuestro sector productivo, sino que abre fundamentalmente una importante sangría de pérdida de puestos de trabajo en una Comunidad Autónoma como es la andaluza. Para ser exactos, señorías, ante esta situación de marasmo en el sector industrial de Andalucía con motivo de la presentación de la suspensión de pagos de Santana Motor, a nosotros nos preocupan algunas cuestiones. Al Grupo Popular le preocupa, en primer lugar, el marco en el que se está desenvolviendo esta crisis, y para ser más exactos en el marco, yo tengo que decirles señorías que en el año 1993 más de 90.000 trabajadores del sector de la automoción se han visto sometidos a un expediente de regulación de empleo. En el año 1993 el volumen de ventas del sector de la automoción pierde un 26 por ciento con respecto al año 1992. Señorías, el sector de la automoción en España está suponiendo en este momento para el Estado español más de dos billones de pesetas, que viene a representar el 5,5 del producto industrial bruto nacional; más de la cuarta parte de las exportaciones en España proceden del sector de la automoción, que da empleo a más de dos millones de trabajadores de forma directa y de forma indirecta. Señorías, somos los quintos fabricantes de automóviles en el mundo, los terceros fabricantes en Europa, detrás de Alemania, Inglaterra y Francia, y, señorías, es un sector que se está incrementando y que ha hecho unas inversiones en conjunto durante el año 1992 de más de 350.000 millones de pesetas. Eso, señorías, quiere decir que estamos, nada más y nada menos, ante uno de los grupos de cabeza que tiran de la industria locomotora de toda la industria de la economía nacional. De ahí, como decía, la enorme preocupación del Grupo Popular por el marco en que se está desenvolviendo esta crisis.
Pero es que también al Grupo Popular le preocupa en segundo lugar, señorías, la política económica que ha venido aplicando el Gobierno durante los últimos tiempos, una política económica que no ha favorecido el desarrollo de un marco estable, de un marco competitivo que hubiese permitido un desarrollo armónico de las empresas industriales españolas y que, en definitiva, hubieran permitido un funcionamiento creciente de las mismas. Es decir, creo que se ha dicho en esta Cámara en alguna ocasión, esa política económica actúa y ha actuado negativamente precisamente sobre el sector industrial, que es el que más sujeto está a la competencia exterior, tanto a esos sectores que se dedican a la exportación como a los sectores que compiten con las propias importaciones.
Señorías, Santana Motor ha sido el claro y típico ejemplo de cómo las empresas industriales en España no han podido funcionar dentro del contexto general de la economía española caracterizada, como ustedes saben, durante los últimos tiempos por un déficit presupuestario alarmante, por unos elevados tipos de interés, por una sobrevaloración de los tipos de cambio, hasta que ha llegado la devaluación de la peseta, señorías, por una fiscalidad desestimulante y por un mercado de trabajo antiguo, arcaico y, cómo no decirlo también, obsoleto. (La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Muy bien!) Es por eso señorías por lo que a nosotros nos preocupa también en consecuencia, en tercer lugar, que se pueda dar la sensación de que estamos en una tremenda política de condescencia con las multinacionales. No decimos que se dé, sino que se pudiera dar la sensación por parte del Gobierno español de que estamos en tremenda política de condescendencia con ella, puesto

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que parece dar la impresión de que se les permite desmantelar cuando quieren, que se les permite abandonar ocupación y se les permite abandonar producción en España; se les permite incluso acabar con nuestro sistema de trabajo y con nuestro sistema de bienestar social y, desde luego, se les permiten también acabar en muchos casos con nuestra economía social con un paro creciente.
Y también hay algo que nos preocupa fundamentalmente y que debiera preocupar a esta Cámara y que creo que debe ser el elemento fundamental a tener en cuenta en esta crisis. Es algo que se llama la infraudación de los mercados, es decir, cómo las multinacionales viene a España, cómo se instalan en nuestro país, cómo compran nuestras empresas y luego, por razones de competitividad o por razones de costos laborales, marchan a los países del Tercer Mundo, en su perfecto derecho, pero infraudan nuestros mercados, impidiendo que surja de nuevo la competencia interna a través de nuevos competidores de la industria nacional. Señorías, creo que ha llegado el momento --y soy consciente de que ese es un problema genérico- - de que los gobiernos europeos se planteen ante la Unión Europea algún tipo de medidas que evitara el movimiento de estas transnacionales que producen estos importantes y graves problemas sociales, como está ocurriendo en el que nos ocupa, en el tema de Santana Motor.
Señorías, creo que la crisis de Santana Motor ha puesto encima del tapete tres realidades que son incuestionables. La primera es la falta de potencia del sector productivo jienense y del sector productivo andaluz, que evidentemente corre tremendos riesgos en una situación de marasmo como la que se está viviendo, con una complicada situación económica nacional y con una complicada situación económica internacional. En segundo lugar, señorías, pone sobre el tapete la falta de rigor de una gestión política que hubiese permitido la diversificación de la producción para haber blindado al máximo las posibilidades de riesgo. Y en tercer lugar, señorías, pone encima de la mesa algo que nos parece fundamental a los jienenses, y es la cultura empresarial japonesa, la cultura empresarial de Suzuki, que desde que llega a Jaén, desde que se instala en Linares, no hacho nada por identificarse con la población, no ha hecho nada por identificarse con sus carencias estructurales ni con sus problemas de desarrollo.
Por tanto, señorías, creo que es claro y terminante que Suzuki, en este caso Santana Motor, es una empresa clave para Andalucía y para Jaén. yo diría que es igual de importante que lo puede ser la Seat para Cataluña, igual de importante que puede serlo la siderurgia o la minería para el caso del País Vasco o de Asturias. En Andalucía, señorías, el tejido industrial está totalmente descompuesto, y el débil tejido industrial de Andalucía, sin ningún género de duda, está atravesando por una difícil situación en un momento en que el paro es creciente, con una tasa de 10 puntos por encima de la media nacional. En Jaén, para la débil estructura industrial, para el debilísimo tejido industrial de Jaén sería tremendamente perjudicial si, por casualidad y por desgracia, se suprimiera esta empresa, esta factoría, que provocaría un desequilibrio tremendo en los conflictos sociales y, desde luego, generaría graves conflictos en la provincia.
Es por eso por lo que nosotros creemos, y es el objetivo de esta proposición no de ley, que el Gobierno, que también ha sido de forma importante responsable de la situación por falta de una adecuada política económica y por la ausencia total de una política industrial, tiene hoy el compromiso y la obligación de asumir esa cuota con la provincia para intentar que los jienense afronten el futuro con esperanza. Con ese ánimo traemos hoy esta proposición no de ley al Congreso de los Diputados; una proposición no de ley en la que solicitamos del Gobierno que se proponga a la empresa Santana Motor un plan industrial, un plan económico, un plan financiero y un plan laboral, para que, en el contexto de una adecuada política macroeconómica y de una política industrial posible, permita el mantenimiento de Santana Motor como empresa, insisto, con capacidad productiva, con capacidad industrial y con capacidad tecnológica. Nosotros solicitamos del Gobierno que propicie la entrada del comité de empresa en la participación y en la negociación de ese plan industrial.
Creemos, asimismo, que a la vista de las tremendas dificultades económicas por las que atraviesa en estos momentos la comarca de Linares, sería de todo punto necesario hacer todos los esfuerzos posibles para intentar, en línea con la Unión Europea, hasta los límites que ésta marca, conseguir mantener al máximo el número de puestos de trabajo del que en este momento dispone Santana Motor. Creemos importante que se realice un estudio económico de los aspectos sociales, de los aspectos económicos, de los aspectos laborales de las industrias vinculadas a Santana Motor que permitan y consigan su mantenimiento. Creemos que es fundamental para Santana Motor, y para otras industrias autonomovilísticas españolas, que se supriman determinados impuestos especiales, como el de matriculación, que permitiría adaptar el sistema impositivo de este sector al de otros sectores económicos españoles y, por supuesto, de otros países europeos. Y, señorías, creemos que es fundamental, y es el último punto de nuestra proposición no de ley, que se establezca por parte de las administraciones competentes...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Puche, vaya concluyendo, por favor.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Termino, señor Presidente.


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... que se establezca, como decía, por parte de las administraciones competentes, un plan industrial de las posibilidades de desarrollo de Andalucía, de acuerdo con la normativa y con la resolución que aprobó en su día el Parlamento Europeo.
Termino, señor Presidente, como no podía ser menos, solicitando el apoyo de esta Cámara para esta proposición no de ley. Lo hago, fundamental y sinceramente, porque creo que en esta Cámara hoy nadie puede llamarse a engaño. Si, por desgracia, Santana Motor tuviera que desaparecer, cosa que esperamos que no suceda, la provincia de Jaén hoy viviría fuertes convulsiones sociales y, evidentemente, importantes fenómenos sociales. Si, afortunadamente, Santana Motor siguiera su vida, a nadie le cabe duda, y creo que hay que decirlo porque es conveniente que se sepa, que va a haber un ajuste importante, que allí va a haber un ajuste lamentable para trabajadores, para familias, para cientos de puestos de trabajo de una forma directa o indirecta. Es por eso por lo que creo que las administraciones públicas tienen hoy que reflexionar profundamente, tienen que aprender de la amarga lección que ha supuesto Santana Motor, y, desde luego, pase lo que pase con Santana Motor, y yo espero que siga teniendo viabilidad y siga funcionando, las administraciones deben ir pensando ya en el diseño de un nuevo marco de desarrollo de esa comarca que implique lo público y lo privado, con el ineludible compromiso por parte del Gobierno para que los ciudadanos de Jaén, insisto, puedan afrontar el futuro con esperanza, puedan afrontar el futuro de sus hijos con esa esperanza.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de ley del Grupo Socialista se han presentado enmiendas, de una parte, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, de otra por el Grupo Vasco (PNV) juntamente con el señor Albistur.
Para la defensa de la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y, a la vez, para fijar en el mismo turno la posición con respecto a la proposición no de ley del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor Presidente.
Desde que debatimos aquí sobre este tema el 16 de febrero, con la presencia del señor Ministro, hoy ausente, el 2 de marzo, con motivo de la interpelación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el 22 de marzo con la moción que se presentó como consecuencia de esa interpelación, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español y, consecuentemente, el Gobierno no ha cambiado un ápice su posición. Ante la posición de los trabajadores, ante la posición del comité de empresa, ante la posición de Linares, incluido su ayuntamiento, que aprobó nuestra moción, no la que aquí ha presentado el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista mantiene desde la A a la Z todas sus posiciones sin matizar ni una brizna.
Jamás se ha visto mayor recurrencia en el dogmatismo, jamás se ha visto mayor prepotencia. Se trata quizá de echar un pulso, de torcer, de doblegar, de vencer, no de convencer, porque yo no he visto ni una sola matización, y lo demuestra el hecho de que la proposición no de ley que aquí se presenta es exactamente la enmienda que nos plantearon a la moción el 22 de marzo, sin cambiar ni una sola palabra. No hay diálogo, no hay debate. Ustedes tienen una posición absolutamente cristalizada y no hay posibilidad alguna de entenderse con la izquierda, quizá sí en un ménage à trois nuevo con Convergència i Unió y no sé si con el Partido Popular, pero se parecen muchísimo las dos proposiciones no de ley en esa orilla extensa de la derecha que ustedes acaban de ampliar en la ausencia de política industrial alguna.
No sabéis o no podéis, desde la renuncia a la política industrial, solucionar el problema de Santana Motor; es imposible desde esa prepotencia que no permite ningún tipo de diálogo. Se ha cancelado la posibilidad de llegar a un diálogo y ahora empieza la extinción parcial de contratos, ahora empieza la renuncia a un proyecto industrial verdadero, ahora empieza el recorte de la capacidad de vida de la comarca de Linares y de la provincia de Jaén. Hay un problema industrial que ustedes comprenden desde otra política, que es la ausencia de política. La frase más famosa que en este terreno, en esta legislatura y en la anterior, se va a hacer y va a seguir hacia adelante marchando sola con esos pies esperpénticos que se le han puesto, es la de que «la mejor política industrial es la que no existe». Eso es lo que ustedes han grabado en el emblema de su programa electoral y en su programa de Gobierno, y no han comprendido que junto al problema de una política sectorial, junto al problema del sector del automóvil, está el problema territorial, el problema de un territorio que no es igual que Cataluña. Este no es el problema de la SEAT. No estamos en Barcelona, no estamos en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Estamos en otra Comunidad Autónoma muy por debajo de la media de entre las seis últimas de todas las regiones de la Unión Europea. No estamos en cualquier sitio.
Estamos en Linares, en la provincia última en renta familiar de España y, consecuentemente, de Europa. No estamos en cualquier sitio. Este problema territorial no se ha entendido; ni desde el eje sectorial, desde la política industrial que ustedes no tienen, ni desde el eje territorial se ha entendido la posible solución al problema de Santana Motor. Y por primera vez ha saltado un problema andaluz, y de Linares, de Jaén, esa aduana que parecía que no existía para nadie, para casi nadie, ha saltado con fuerza un problema de Estado, y con fuerza incluso como noticia internacional. Y todo el mundo empieza

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a entender que es un problema también de índole territorial, menos ustedes, que siguen elevándolo al nivel general de la crisis mundial de la automoción, y no entienden las consecuencias que tiene y que, por tanto, hay que aplicarle métodos muy específicos y una intervención muy singular del Gobierno. Tener política significa intervenir, y si ustedes tienen en su mano la mitad del producto interior bruto en los presupuestos y no intervienen, en ese «dejar hacer» están ustedes hundiendo la industria nacional, están ustedes hundiendo el empleo nacional y, por descontado, con mucha más rudeza, la industria y el empleo en Andalucía. Todo el mundo lo entiende, mucha gente lo entiende, menos vosotros, ex compañeros del Partido Socialista Obrero Español. Aquí lo único que se escuchan son balbuceos, auténticos balbuceos, no hay otra cosa. O se escuchan engaños. Hemos oído a don Felipe González decir, después del tema de Linares-Baeza, cuando se reprimió bruscamente a los trabajadores y se dejó a uno sin un ojo, que íbamos a negociar un plan industrial. ¿Dónde está ese plan industrial? ¿Cómo hablo don Felipe González, sin conocimiento de causa? ¿No distingue don Felipe González entre un plan de viabilidad, un plan financiero y un plan industrial? ¿O qué es lo que está pasando aquí? O como el señor Zarrías, Senador responsable del Partido Socialista en la provincia de Jaén, que acaba de decir que este problema se solucionará antes de finales de mayo. ¿Por qué se sigue mintiendo de esta manera? Hasta la misma Junta de Andalucía ha desmentido esta posibilidad, porque dicen que no hay encima de la mesa ningún plan industrial que negociar; sólo existe un plan de viabilidad, y desde el 16 de febrero, el señor Eguiagaray se ha subido aquí con las palabras, esta vez en castellano, de la Suzuki, como representante de la Suzuki, como menestral de la Suzuki, no como Ministro del Gobierno español y de los trabajadores frente a los intereses de la multinacional Suzuki. No se ha sabido retener, mantener, defender la dignidad nacional, y esta respuesta que ustedes le dan aquí es meramente simbólica y no llega, ni con mucho, a lo que ha aprobado el propio Ayuntamiento de Linares cuyo alcalde, por cierto, en función de cómo va la dinámica de la lucha, ha entrado en total contradicción y, naturalmente, va a chocar con estaspropuestas absolutamente vaporosas e irresponsables que desde aquí se hacen. Ustedes sólo responden con complicidad o con represión, y no hay otra forma de entender las cosas. No crean que la lucha termina mañana, cuando lleguen los trabajadores a Sevilla (duermen hoy en Alcalá de Guadaira, junto a los de Gillette, y se desplazan andando a Sevilla). No crean que la lucha termina cuando llegue aquí el viernes la otra marcha que viene desde Linares andando. La lucha no va a terminar. No crean ustedes que dividen, que cansan, que vencen. O convencen ustedes, o la lucha va a seguir en este terreno y en otros muchos hasta que se recupere la posibilidad de una política que gire a la izquierda y que gire a la realidad. Parece como si la realidad les viniera grande. Esa política que ustedes hacen, basada en la jardinería política del bonsái, no sirve para esta realidad. Parece como si ustedes hubieran echado cuentas y les sobraran tres millones de españoles y españolas, y hacen una política restrictiva, absolutamente contraindustrial, absolutamente contra zonas deprimidas del Estado, como es la Comunidad Autónoma andaluza y, dentro de ella, muy específicamente, la provincia de Jaén. Hay una solución desde otra política. ¿Qué plantearon ustedes el 16 de febrero, el 2 de marzo, el 22 de marzo, hoy mismo, qué plantean ustedes? Porque coinciden exactamente lo que dijeron el primer día del conflicto, el 16 de febrero, con lo que dicen hoy, cuando han pasado ya más de dos meses. Ustedes plantean: hay que asegurar el mantenimiento de Santana Motor. ¡Nadie duda de que se va a mantener Santana Motor al nivel que sea! El problema no es ese. El problema no es decir a la gente: o poco o nada. No, no, Suzuki no se va; Suzuki no se puede ir; no nos vengan con chantajes. No se puede ir mientras Hungría no entre en la Unión Europea, porque no tendrían otra plataforma de entrada de producción si no es a través de Santana Motor y de las empresas ubicadas en España. Por tanto, no hablen ustedes de que es o una parte o nada. No es ese el problema por ahora.
En segundo lugar, ustedes hablan de un ajuste industrial, siempre de un ajuste industrial. No hay plan industrial sobre la mesa y nos hablan de ajuste industrial recurrentemente, de manera reiterativa, obsesiva. ¿Qué es lo que hay que ajustar, sobre qué plan, si no ha planteado nadie un plan, ni la Junta, ni el Gobierno central, ni la empresa? Sólo lo han presentado los trabajadores y lo aprobaron, junto a Suzuki y junto a la administración autonómica, en el laudo de marzo de 1993. Hace muy poco se aprobó el plan industrial. Se aprobó que tenía que subir la productividad: ha subido un 14 por ciento. Se aprobó que se mantenían los puestos de trabajo: 2.400 se han de mantener. Se aprobó la producción industrial tal como viene en el laudo. Ya se aprobó, ése es el plan industrial, negociemos sobre él. Ustedes dicen que el laudo no vale, no sirve.
En el punto tercero nos dicen que hay que estimular los mecanismos legales y financieros. ¿Qué quiere decir estimular? ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Qué quiere decir esta fórmula vaporosa de estímulo en abstracto sobre mecanismos legales y financieros que en absoluto han funcionado en otros temas, excepto en la Thyssen, excepto en Banesto, excepto en una serie de sectores en los que ustedes sí intervienen con dinero público, y mucho, y sin garantías jurídicas en la inmensa mayoría de los casos? En el punto cuarto nos dicen ustedes: Establecer las líneas de una política industrial adecuada. ¿Quiere decir

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que la que había hasta ahora o no existía o era inadecuada? Pues establezcan ustedes las líneas de una puñetera vez, porque no las conocemos. ¿Cuáles son las líneas de una política industrial adecuada en este país? Aquí se dice adecuada. Quiérese decir que la anterior era absolutamente inadecuada o yo no entiendo el castellano. Pues bien, en poco tiempo, aunque no tiene nada que ver en concreto con este problema, traigan ustedes aquí un programa, vinculante en plazo y dinero, de política industrial. De acuerdo, en ese sentido va la enmienda que nosotros les planteamos. En quinto lugar, ustedes hablan de propiciar la negociación entre empresa y trabajadores para elaborar un plan de viabilidad, no un plan industrial --como dijo don Felipe González, por cierto--, un plan de viabilidad que garantice el máximo nivel de producción y empleo. Cuál es el máximo nivel cuando les han dicho ustedes a los trabajadores: negocien ustedes solos con la empresa, negocien entre ustedes quiénes se van, cuándo y cómo, y sobre el plan de viabilidad negocien ustedes también con la empresa, no en función del laudo de marzo de 1993 sino en función de nada, de aire, en función de necesidades financieras que ha marcado la Suzuki y que ustedes no han cuestionado, y han estado meses y meses negociando en Tokio tanto el señor Moltó, Secretario de Estado, como el señor Eguiagaray, Ministro. ¿Sobre qué hay que negociar? ¿Sobre el cansancio de los trabajadores, sobre su división, sobre su miedo? Nosotros planteamos la única alternativa posible, que no es exclusivamente nuestra, es la alternativa de los trabajadores, es la alternativa que han votado muchos ayuntamientos, incluido el de Linares, es la alternativa que se está elaborando por la gente que cree que hay salida, como defensa de un sector industrial español, siempre que se protejan los intereses nacionales, siempre que no seamos los primeros de la clase en neoliberalismo, siempre que nos protejamos en algún grado ante los que se protegen e incluso se blindan de una manera específica, interviniendo públicamente, como se interviene en otros sectores, como se está interviniendo descaradamente, sin auténtica participación democrática, en otros sectores.
Planteamos la necesidad de que, en el primer párrafo general que ustedes ponen aquí, se añada: «...Así como para mantener los puestos de trabajo actualmente existentes», es decir, 2.400 puestos de trabajo. En el segundo punto planteamos la necesidad de elaborar una solución compartida con la Administración andaluza y los representantes de cara a la participación del dinero público en el accionariado de la empresa; dinero público con control público, no subvenciones sin control, como se ha hecho en la Volkswagen. No nos hablen ustedes de otros dogmatismos, no. La Volkswagen en Alemania, la Daf en Holanda, la Renault es pública, y aquí ¿qué pasa, que somos los primeros de la clase en neoliberalismo? ¿Por qué no seguimos en este sentido la senda de muchos países europeos, de muchos gobiernos, incluso de la Democracia Cristiana y, desde luego, socialdemócratas? ¿Qué es lo que pasa aquí para no intentar salvar Santana, con ese socio que pide la Suzuki, con una plataforma comercial que no puede encontrar en ningún otro país de cara a la inserción de productos que hay que elevar tecnológicamente en todo el mercado de la Unión Europea? En el tercer punto pedimos un plan integral, al que ustedes aluden en abstracto, borrachos otra vez de humo, en el sentido de marcar plazo y dinero. Vamos a dejarnos de abstracciones.
¿Cuándo y cuánto en ese plan de empresas auxiliares? No valen más declaraciones en un momento muy grave que está pasando Andalucía. En el punto cuarto, nosotros hablamos de que hay que ir a un plan industrial en tres meses, ese plan que ustedes dicen que hay que traer en política, esta vez sí.
¡Venga! En tres meses traigan un plan industrial aquí. No vale dejarlo para el fin de la legislatura; no vale dejarlo en el pasillo: tres meses y discutimos un plan, por fin, de una política industrial en este país; de acuerdo. Pero introduzcan ustedes la coletilla de los tres meses, si no, no vale; si no, es un paño caliente; si no, estamos debatiendo sobre algo que nunca se va a producir realmente; si no, estamos ante una posible comunicación del Gobierno, sin un plan, es que estamos hablando de plan, con plazo vinculante.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcaraz, vaya concluyendo, por favor.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor Presidente.
Finalmente, nosotros pedimos que se elabore ese plan industrial del que tanto han hablado ustedes, por lo menos el Presidente del Gobierno; vamos a lograr el plan industrial, naturalmente, basándonos en la única fuente que es posible en este momento, fuente además legitimada y legal, puesto que es un laudo firmado por la Junta de Andalucía, los trabajadores y la empresa, que es el laudo arbitral de marzo de 1993. Vamos a basarnos en él, vamos a un plan industrial y negociemos simultáneamente el plan financiero, que ustedes plantean, con este plan industrial basado en el laudo, con trabajadores y con empresa. Lo contrario, lo que ustedes plantean, no significa nada.
Termino, señor Presidente, diciendo que los miembros del Partido Socialista, como los del Partido Popular, empezaron el 17 de febrero --parece haber transcurrido un siglo, pero no-- a participar en las movilizaciones, en las concentraciones, en los mítines, en lo actos; pero en este momento ya es difícil asistir a la entrada de las marchas en Sevilla o en Madrid, es difícil que podáis salir a la calle junto con los trabajadores en este momento, máxime después de esta resolución que estáis a punto de adoptar y que no puede engañar

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a nadie. Sois, simplemente, vendedores de nada en este momento; no hay responsabilidad real aquí y no hay ningún cambio, y está escrito a 16 de febrero, a 2 de marzo, a 22 de marzo; es la misma posición. Por tanto, no vengáis aquí a decir: Ahora es el momento. Pero si es que habéis reproducido exactamente las mismas palabras y por escrito, la otra vez como enmienda y ahora como proposición no de ley --me refiero al 22 de marzo--. Espero ahora que no se produzca aquí, como parece ser, un «ménage à trois» contra el empleo desde Convergència i Unió, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, porque, desde ese momento, desde este punto y hora, habríais iniciado la operación «harakiri» contra Santana Motor, en Linares (Jaén). (Rumores.--Fuertes protestas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para defender la enmienda presentada juntamente con el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Albistur. Por favor, señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias.
Pedía el portavoz del Grupo Socialista el mayor consenso posible en la aprobación de esta proposición no de ley, y yo quisiera manifestarle, en nombre del Grupo Vasco y del grupo al que represento, Euskal Ezkerra, nuestra solidaridad con toda propuesta que se realice por mantener una empresa, garantizar el empleo y contribuir a dinamizar, en este caso, una comarca.
Y lo decimos porque el País Vasco tiene una larga tradición en crisis sectoriales o empresariales, y nos hubiera gustado idéntica solidaridad del Partido Socialista y de otros Grupos, en crisis como la naval, los aceros especiales, la siderurgia, tubos, etcétera, que hubieran también tenido eco en esta Cámara como para haber atendido en aquellos momentos los graves problemas de desempleo y de desaparición de empresas que se han producido en el pasado. Pero creo que la oportunidad de hoy estriba, sobre todo, en llamar la atención sobre la grave situación local. A partir de esta grave situación local, debemos tomar esta proposición no de ley como una oportunidad de llamada de atención al sector, porque lo que hoy ocurre en Linares puede suceder mañana en cualquier otra comarca del amplio territorio del Estado.
Debemos también generalizar. Yo creo que hay una crisis generalizada en este sector, hay una crisis abierta como la que motiva esta proposición no de ley y otra crisis callada que se está resolviendo, en convenios o fuera de convenios, entre empresarios y sindicatos. Mucho de esto hay en el caso del País Vasco.
Insisto mucho en que esta proposición no de ley debe llamar la atención, como otras que ya han pasado por esta Cámara, sobre el sector fabricante de automóviles, pero sobre todo sobre el subsector de componentes y auxiliar del automóvil, que es diverso y está disperso por todo el territorio en diferentes tipos de empresas, con mayor o menor número de empleo y en algunos casos con importante incidencia en empleo sobre zonas concretas. Hemos pasado a una importante dependencia de decisiones externas, cuando antes prácticamente se decidía en el propio mercado español, con una fuerte nacionalización de compras. Hoy día se compra en París, en Stuttgart, se compra en otras ciudades europeas, no se compra ya en Valladolid, en Palencia, en La Coruña o en Vigo. Ya no se compra aquí, se tiene que trasladar el empresario a otras zonas, a otros mercados. Hemos pasado también a importantes reducciones de precios, impuestas por los fabricantes y las casas matrices, a una mayor exigencia tecnológica --que debe ser adquirida-- al productor, que prácticamente resulta imposible desarrollar por las empresas españolas.
En la Comisión de Industria pregunté al Secretario de Estado del Ministerio de Industria sobre las acciones, posible plan industrial, posible plan sectorial, medidas especiales de reindustrialización o reestructuración del sector o subsectores, medidas fiscales, etcétera, para este sector y subsector. Las respuestas que obtuve eran que el Ministerio de Industria estaba realizando los estudios pertinentes, que el tema, como ya he dicho anteriormente, presentaba dificultades por la complejidad empresarial de pequeñas y medianas empresas junto con grandes productores y la dispersión geográfica, la dispersión de dimensión y de productos que hay en el sector, pero que existía una verdadera voluntad de abordar cualquier medida que fuera precisamente a relanzar el sector.
Nuestra enmienda propone en el punto 4 algo a este respecto: tratar de salir del ámbito local --con el que, como hemos manifestado antes, debemos solidarizarnos y con el que estamos expresando nuestra auténtica solidaridad--, ampliar el campo de aplicación porque también aquí se le ven las orejas al lobo. El sector de componentes del automóvil afecta a todo el territorio del Estado. En el País Vasco, por ejemplo, a uno de cada tres trabajadores industriales, a un tercio del producto interior bruto industrial, que se incrementaría al 50 por ciento si incluimos ramas de actividad, como máquina, herramienta, forja, fundición, plástico, etcétera, sin querer hacer tampoco referencia al sector de servicios directamente vinculados a la actividad.


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No se trata, a la hora de generalizar, de reproducir políticas proteccionistas. Ni siquiera se habla, a la hora de establecer líneas de actuación industrial o líneas de política industrial, de reproducir políticas de proteccionismo para nuestras empresas y nuestras producciones. Quizás es el momento de iniciar una política industrial de potenciación del sector, pero en directa colaboración con comunidades autónomas, que, como en el caso del País Vasco, colaboran ya con las PYME y con las grandes empresas del sector, específicamente en acciones de investigación y desarrollo propias; en medidas de normalización y calidad; persiguiendo actuaciones empresariales de producción y comercialización conjuntas; animando las acciones de mayor dimensionamiento mediante asociaciones, fusiones empresariales; en medidas que vayan precisamente a acciones de mayor dimensionamiento empresarial de oferta y también, consecuentemente, de mayor capacidad financiera de las propias empresas; a consolidar también, finalmente, la internacionalización del sector.
Insisto al proponer nuestra enmienda en la oportunidad consensuada, como quiere el portavoz del Grupo Socialista, en que hace falta una acción parlamentaria quizás de mayor contenido y peso legislativo que una proposición no de ley para abordar con rigor la consolidación del sector productor de automóviles y en particular el de componentes o auxiliar.
Seguimos manifestando y reiterando nuestra solidaridad con toda medida que suponga el relanzamiento industrial en la comarca de Linares, pero consideramos que en el conjunto de la economía estatal debe aunarse con voluntad política decidida, realizando planes industriales coordinados con las acciones del Ministerio de Industria y de aquellas comunidades autónomas que ya están abordando a su costa la reconversión y relanzamiento del sector. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Albistur. A la proposición no de ley del Grupo Popular se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, que ya ha sido defendida en la intervención anterior del señor Martín Mesa y también una enmienda por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de esta enmienda, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, efectivamente el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular respecto a la estructuración de Santana Motor en el punto referente al número 6. Nuestro Grupo entiende que es mucho más efectivo -- como se ha venido demostrando en las medidas que ha adoptado el Gobierno recientemente en cuanto a las medidas urgentes fiscales para renovación de parques de vehículos-- que estas medidas sean tomadas a través de decreto-ley sin crear expectativas de posibles rebajas de impuestos y de que sean hoy para mañana.
En definitiva, estamos convencidos de que crear expectativas que tiendan a la posibilidad de que se puedan rebajar los impuestos en un corto espacio de tiempo, en vez de favorecer la coyuntura de la venta de automóviles de los distintos distribuidores en el Estado español, más bien nos perjudica.
Estos son los «inputs» que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha recibido últimamente a través de los diferentes sectores de automoción y, por eso, nosotros presentamos una enmienda de sustitución al número 6 que ha propuesto el Grupo Popular a fin de que el Gobierno siga estudiando, en el campo de la fiscalidad, los mecanismos necesarios para hacer cada vez más competitivo el sector de la automoción.
Nuestro Grupo tampoco tendría inconveniente en introducir si el Grupo que ha presentado la proposición no de ley lo aceptara, en esta enmienda que hemos propuesto la enmienda transaccional que ha defendido el Diputado del Grupo Socialista, en el sentido de que siga estudiando la posibilidad en el campo de la fiscalidad. Por parte de nuestro Grupo no habría ningún tipo de problema en poder incorporar esta enmienda transaccional, como he dicho anteriormente, del Grupo Socialista.
Entendemos que esta medida sería mucho más efectiva en el sentido de dar confianza al Gobierno y de que, dentro de sus posibilidades, y a la vista de cómo se desarrolla el sector del automóvil en cuanto a ventas y en cuanto a producción, pueda estimar en un momento oportuno dar más competitividad desde un punto de vista fiscal al sector del automóvil.
Si el Presidente me lo permite, nosotros ya fijaríamos la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a las dos proposiciones no de ley que han presentado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista. Estamos básicamente de acuerdo en la mayoría de los puntos que han presentado los dos Grupos parlamentarios, pues no deja de ser en cierto modo una coincidencia con la moción que ya presentó en su día nuestro Grupo, orientada básicamente a reestructurar o a solucionar la grave crisis automovilística que en su momento padeció y sigue padeciendo la compañía Seat-Volkswagen.
También coinciden estas dos propuestas con la enmienda que nuestro Grupo presentó a la interpelación y moción subsiguiente del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a la problemática industrial automovilística, que en estos momentos está padeciendo la zona de Linares y Jaén con la empresa Santana Motor.


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Vamos a votar favorablemente estas iniciativas porque, en primer lugar, en ellas hay un intento de asegurar el mantenimiento de Santana Motor como fabricante independiente de automóviles, con independencia financiera, tecnológica e industrial. Entendemos que éste es un buen camino para intentar, si es posible, superar esta crisis.
En segundo lugar, en estas proposiciones no de ley también se recoge la aplicación de los fondos necesarios y suficientes, por parte de todas las Administraciones, para paliar los efectos que pueda producir este plan de reestructuración y también el soporte que por parte de las Administraciones se va a dar a la generación de los proyectos industriales en esta zona, que permitirán crear ocupación y eliminar las bolsas de desempleo que pueda producir la misma.
También hay un soporte importante de industrialización para la zona de Linares y Jaén, con nuevos proyectos industriales que nosotros también creemos que son muy interesantes para ayudar a paliar la situación grave de desempleo que seguramente se va a producir en este plan de reestructuración. También hay un punto importante, que nosotros consideramos de vital interés, como es que se va a dar impulso al desarrollo de la industria auxiliar en todo aquello que afecta a componentes y fabricantes del automóvil. Todas estas medidas, junto con la inclusión propuesta en estas dos proposiciones no de ley sobre posibilidad de que los comités de empresa puedan negociar con la empresa los sendos planes de viabilidad, seguramente ayudarán en una crisis de la que es muy difícil salir a corto plazo, pero que a medio y a largo plazo estas medidas van a posibilitar que el papel de la industria automovilística en el Estado español sea el que ha jugado hasta la fecha.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sánchez i Llibre. ¿Algún Grupo parlamentario, que no haya intervenido en el debate, quiere fijar su posición? (Pausa.) El señor Martín Mesa tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas presentadas a su proposición no de ley por parte de Izquierda Unida y del Grupo Vasco (PNV) y señor Albistur, del Grupo Mixto, firmada conjuntamente.


El señor MARTIN MESA: Gracias, señor Presidente.
Respecto de la enmienda del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, debo decir al señor Alcaraz --y créame que se lo digo con todo respeto-- que no se defienden mejor los intereses de los trabajadores proponiendo soluciones que lleven a los mismos a un callejón sn salida. Señor Alcaraz, ustedes no tienen el monopolio en la defensa de los trabajadores.
Desde luego no por ser más vehemente, por utilizar más adjetivos altisonantes, por utilizar más descalificaciones -- usted ha hablado de borrachos, de menestrales y de no sé cuántas más cosas--, por ser más vehemente en sus manifestaciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martín Mesa, su turno es a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.


El señor MARTIN MESA: Sí, señor Presidente.
Para indicar, como le decíamos en el debate pasado, que en absoluto compartimos la filosofía de sus enmiendas, que usted explicita en su intervención como una empresa pública socializadora del sector privado. Señores de Izquierda Unida, no podemos aceptar sus enmiendas porque la subsidiariedad, la socialización de pérdidas, el servicio a la autarquía nacional eran principios inspiradores de una empresa pública industrial que ha pasado a la historia. En definitiva, señor Presidente, no podemos aceptar ninguna de las enmiendas que nos plantea el Grupo de Izquierda Unida. En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV) en colaboración con el señor Albistur, debo decir que, si entiendo bien, la enmienda consistiría en intercalar en nuestro punto cuarto, entre «establecer» y la línea, la frase «en coordinación con las comunidades autónomas». Estamos de acuerdo y aceptamos esta enmienda a nuestro párrafo cuarto.
Por último, señor Presidente, no conocemos cuál es la disposición del Grupo Popular en relación a las enmiendas que hemos presentado a su proposición y reservamos nuestra posición definitiva sobre las mismas a la espera de saber si aceptan o no las enmiendas planteadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martín Mesa. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) Señor Alcaraz, ¿a efectos de qué solicita la palabra?

El señor ALCARAZ MASATS: No quiero entrar en absoluto en el debate.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿A efectos de qué?

El señor ALCARAZ MASATS: Borrachera de humo he dicho, metáfora vulgar y corriente, que no tiene nada que ver con lo que el señor Martín Mesa ha dicho.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha quedado claro.


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Señor Puche, tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió); y, si es tan amable, incluso como segunda fase, en el caso de que acepte la enmienda del Grupo Catalán, manifieste si aceptaría también la transaccional del Grupo Socialista, a la que el señor Sánchez i Llibre ha dicho que él no tiene inconveniente en aceptar, si S.S. acepta esa enmienda.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA: Muchas gracias.
A los efectos de lo que usted me pide, tengo que decir que el Grupo Popular desde la interpelación que presentó en su día Izquierda Unida, la consecuente moción, la proposición no de ley hoy del Grupo Socialista y la nuestra, desde el principio hemos venido haciendo un acopio de realismo para intentar que todos los grupos parlamentarios llegasen a una fórmula adecuada que permiera una vía de exigencia común al Gobierno para que comprendiera acertadamente la crisis. De ahí que entendamos que la magnitud de esta crisis obliga al entendimiento, a buscar fórmulas de viabilidad; obliga, sin duda alguna, a mantener el máximo número de puestos de trabajo y en función de la responsabilidad, señor Presidente, y de la solidaridad con una provincia nosotros vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista y, por supuesto, también la enmienda que a su vez presentó el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que transacciona el Grupo Socialista. Quiero tranquilizar a algunos grupos, señor Presidente porque...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No hace falta. No hay ningún turno de tranquilidad.


El señor PUCHE RODRIGUEZ-COSTA: Era tranquilizar al Grupo de Izquierda Unida, señor Presidente, porque con la descalificación se califica el que la hace y con la demagogia se producen los acontecimientos que ya hemos visto en algunos otros países.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El turno era para fijar la posición respecto a las enmiendas, señor Puche.
Muchas gracias. (El señor Martín Mesa pide la palabra..) Tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, para una aclaración.
Entendemos que entonces el Grupo parlamentario Popular retira los puntos 5 y 6.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Claro, acepta todas las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista; acepta la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la modificación que ha hecho S.S. como enmienda transaccional a ese punto número 6. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista que se somete a votación en los términos resultantes de la adición al punto 4 de la enmienda del Grupo Vasco (PNV), consecuencia del propio debate. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 299; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y de la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos transaccionales propuestos por el Grupo Socialista y aceptados por el Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 299; en contra, 14; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), SOBRE CREACION DE UNA PONENCIA QUE ESTUDIE DAR CURSO LEGAL A LA DEMANDA SOCIAL GENERADA EN TORNO A LA EUTANASIA (Número de expediente 162/000093)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), sobre creación de una ponencia que estudie dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia.
Tiene la palabra la señora Rahola. (Rumores.) Silencio, señorías, ocupen sus escaños. (Rumores.) Un momento, señora Rahola. (Pausa.) Cuando quiera, señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Si me permiten SS.SS. la confesión, siento una cierta satisfacción al subir hoy a la tribuna para defender esta proposición no de ley, y no porque el origen de la proposición sea un motivo de alegría --bien al contrario, surge del dolor y de la preocupación--, sino porque nos encontramos ante uno de esos raros debates

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cuya compleja y trágica naturaleza nos permiten abstraernos de la legítima dialéctica de confrontación que inevitablemente representa el debate parlamentario. No subo a esta tribuna con ánimo de tener la solución del problema, bien al contrario, subo con el ánimo de escuchar e intentar encontrar, a través del consenso, la solución legal que sea capaz de resolverlo.
Por ello, la proposición no plantea ninguna solución específica, sino una ponencia que escuche a los diferentes sectores, analice la complejidad social y jurídica de la eutanasia activa y legisle en consecuencia.
Decía en la interpelación urgente al respecto que esta iniciativa parlamentaria parte de dos premisas. Una, la voluntad y la necesidad de ese consenso; otra, la responsabilidad política. No estamos ante un debate de partido, ni tampoco, ni muchísimo menos, ante un debate estrictamente ideológico, aunque es natural que cada cual reaccione ante el problema en función de su sensibilidad política. Y no es ajeno a esa sensibilidad el hecho de que Esquerra Republicana traiga al Pleno esta proposición, pero estamos fundamentalmente ante un problema humano y ante una necesidad social a la que hay que dar cobertura legal. Este debate, pues, no surge de la legitima estrategia política, de la esgrima parlamentaria que tantos momentos de color retórico dan a esta Cámara, sino de la demanda social y de la responsabilidad política. Responsabilidad porque, tal como dije en la interpelación urgente, el Auto de la Sección 14 de la Audiencia Provincial que desautorizó la eutanasia para el ciudadano gallego Ramón Sanpedro es muy preciso en sus términos. Esta Cámara y no la audiencia tiene que resolver el vacío legal existente. Como políticos, pues, tenemos la obligación de dar respuesta a las demandas sociales que aún no la tienen, y es evidente que la eutanasia es objeto de una preocupación mayoritaria y de una sensibilidad social que, desgraciadamente, aún no ha tenido correspondencia política.
Señorías, lo que estamos planteando desde Esquerra Republicana es una ponencia y no una solución ya diseñada; no porque no tengamos claro, desde una perspectiva progresista, cómo hay que defender un derecho fundamental del hombre (el derecho a la propia autodeterminación, el derecho a elegir), sino porque valoramos especialmente, en un tema tan delicado, la necesidad de aunar sensibilidades morales, religiosas y políticas en un mismo proyecto.
Esquerra Republicana piensa hacer suyas, ciertamente, las enmiendas al proyecto de ley orgánica del Código Penal que plantea la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, pero sabemos que no es voluntad del Gobierno, según el propio Ministro Belloch, resolver el problema en ese proyecto de ley.
Desde esa perspectiva, la ponencia se hace especialmente necesaria y especialmente urgente si no queremos dar la pésimaimagen de inhibición, de rehuir políticamente un debate inevitablemente incómodo.
«Soy una cabeza enganchada a un cuerpo muerto». Con esta expresión brutal, Ramón Sanpedro planteaba su radical predisposición a acabar su sufrimiento y también, como no, expresaba su radical sentimiento de tragedia. Decía Faustino Alvarez, refiriéndose a él en «Interviú»: Marinero clavado en tierra, caña pensante y muerta, casi un cadáver a la espera del certificado de defunción. Su situación es tan clamorosamente grave que hace falta ser muy hipócrita para no entender qué es razonable su aspiración a la nada, su sed de finitud, su afán de darle con la puerta en las narices a la crueldad que el mundo practica con él.
El debate sobre la eutanasia activa es un debate en carne viva, con nombres y apellidos forjados en los límites mismos del dolor tan duro, tan caliente y tan fuerte y, a la vez, tan frío que, incluso, ya tiene estadísticas. La Asociación por el Derecho a Morir Dignamente ha recibido ya más de 30 solicitudes de personas que piden ayuda para morir, y centenares han suscrito ese derecho en el caso de encontrarse en situación límite. No estamos, pues, ante un caso aislado, sino ante una realidad social que, con los avances de la medicina y con las carencias drásticas, desde la perspectiva de la dignidad, de la medicina paliativa, no hará sino agravarse. La medicina es capaz de prolongar la vida en condiciones muy poco humanas, y si la vida no es un valor absoluto sino un valor íntimamente ligado a la calidad con que se puede administrar, hay que legislar, proteger y regular el derecho a dimitir de la vida.
La vida, dice Paniker, una y otra vez, no es un deber sino un derecho, y ese derecho puede ser tan maravilloso como definitivamente espantoso, depende de los límites por debajo de la dignidad que uno es capaz de soportar. Lo decía el mismo Sanpedro: No sólo hay que saber vivir con dignidad, sobre todo hay que saber morir sin perderla del todo.
¿Es digno vivir ligado durante 25 años a un cerebro del que cuelga un cuerpo muerto, reducida la felicidad a unos ojos que siempre ven la misma ventana, al gusto de un postre de domingo, a la música de siempre que permamentemente hace compañía, sin que nada más allá de la mirada sea posible? No es función de esta Cámara ni de esta Diputada ni de nadie con sentido común responder a esta pregunta, porque los límites de dignidad no son baremos externos, sino decisiones de una radical intimidad. Y si Ramón Sanpedro dice que la vida no le compensa desde hace veinticinco años sólo él tiene derecho a decidir si la mantiene o la termina. Nosotros no podemos decidir por él, no tenemos ese derecho. Sólo podemos legislar, y ésta es nuestra obligación política para que él sí pueda decidir.
Porque si no, si gana la cómoda inhibición al compromiso político, si se vota en contra de

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la ponencia y en contra, por tanto, de la voluntad de articular una solución legal a un problema de hondo calado social, si esta Cámara decide no legislar, no anatemizará el problema, no lo diluirá, no lo neutralizará. Sólo agravará la tragedia de cada ciudadano implicado y lo dejará fuera del amparo de la ley. Ramón Sanpedro lo dijo con toda la brutalidad acusatoria que comporta: Ustedes me obligan a morir de hambre, la única manera que tengo de acabar con veinticinco años de sufrimientos.
Si esta Cámara se inhibe de su clara responsabilidad con este problema, si no estudia cómo resolver el vacío legal de la eutanasia activa, las palabras de este gallego, metáfora de tantas otras vidas en situación límite, serán no sólo una acusación moral, sino también una acusación política. Un Parlamento puede permitirse, probablemente, muchas cosas, pero nunca puede permitirse rehuir la demanda y la problemática social que bulle fuera de sus paredes.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Olarte.


El señor OLARTE CULLEN: Señor Presidente, señorías, la intervención de la señora proponente podría resumirse en lo que constituye el final de su propuesta. Solicita, en definitiva, constituir, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior, una ponencia que dé curso legal a una demanda social generalizada en torno a la eutanasia para su discusión en el Pleno. En definitiva, no cabe duda de que ni siquiera se ha señalado hoy una dirección que culmine en un objetivo concreto o en un pronunciamiento concreto, sino simplemente que se debata en la Cámara, exponiendo adecuadamente las posiciones de cada cual, primero, en el seno de la Comisión de Justicia e Interior y, después, en el Pleno, sobre una cuestión que evidentemente está planteada en nuestra sociedad. En definitiva, que no rehuyamos dar respuesta a una cuestión tan importante, sino que, por el contrario, con todo sosiego, sin predeterminaciones, con las ilustraciones correspondientes, seamos capaces de debatirlo en el seno de esta Cámara.
Ha habido momentos recientes en nuestra actividad parlamentaria en los que, con carácter previo a un debate y a la fijación de posturas, más o menos radicales, de parte y parte, en las Comisiones, por ejemplo, se ha solicitado la comparecencia de instituciones debidamente representadas por quienes comparecieron en su día ante la Comisión para ilustrarnos respecto de diversas cuestiones. Así aconteció con el derecho de asilo, pongo por ejemplo, y así acontecerá con la llamada cláusula de conciencia y secreto profesional de los periodistas, en que incluso se ha pospuesto el plazo de presentación de las enmiendas a las proposiciones de ley correspondientes, formuladas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para que la Comisión tenga un conocimiento de causa más amplio en virtud de lo que se produzca y de lo que se explicite a través de dichas comparecencias. Por eso, a Coalición Canaria le parece acertada la proposición de la señora Rahola --así como la moción consecuencia de interpelación del día 9 de marzo último--, ya que es la sociedad, en definitiva, la que nos ordena revisar --si es que hay que revisarlo-- o por lo menos plantearnos y debatir sobre los esquemas tradicionales que en su día fueron cuestiones importantes, y yo diría que inamovibles, en virtud de los sentimientos éticos o políticos de nuestra sociedad, pero que hoy han entrado en un proceso de revisión. Y exactamente igual que se revisaron, en su día, viejos preceptos en materia, por ejemplo, del divorcio y, posteriormente, del aborto, hoy nos encontramos con algo que está también presente en nuestra sociedad y que no se debe rehuir.
Sabemos, y tampoco es ésta la cuestión, que el suicidio permanece impune en el Código Penal y que no sucede así con el auxilio al suicidio. Pero aquí no estamos hablando del auxilio al suicidio sino de la eutanasia activa; en definitiva, de la conclusión que saquemos al respecto para evitar a quienes padecen diversos males, o un mal grave, sufrimientos que, en ocasiones, no sólo son físicos sino que son mucho más insoportables, como son los sufrimientos morales a consecuencia del estado de postración en que se encuentra el individuo; un individuo que quiere poner fin a su existencia, que quiere poner término a su vida, voluntariamente y en plenitud de su capacidad mental para tomar tan drástica decisión, precisamente porque considera que ése es su derecho a la autodeterminación personal y también, inseparablemente unido a ello, el de su dignidad personal. En suma, se trata de dar un paso más allá de los moldes establecidos, de los moldes que han ido envejeciendo en virtud del progreso que se ha ido produciendo en el pensamiento de nuestra sociedad y que se ha puesto de manifiesto cuando, por razones científicas, se ha producido un avance que antes, años ha, era impensable poder traducir en una norma legal.
Evidentemente, el Código Penal no ha sido capaz de castigar la forma imperfecta del suicidio, y lo más que ha llegado a castigar es el auxilio al suicidio. Pero hoy nos encontramos con otro tema, el de ver si, en las situaciones a que antes me refería, se le exige al ciudadano la obligación de vivir, cuando la Constitución de lo que habla es del derecho a la vida. Pero como en el último Pleno en que se tocó esta cuestión alguien lo abordaba, señalaré que aquí y ahora no estamos hablando del derecho a la vida --derecho a la vida que se establece como una especie de garantía por la Constitución

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en beneficio de aquél a quien se le puede privar de su existencia-- sino de la obligación tremena, insoportable e inhumana en ocasiones, de que continúe en la misma. A todo esto, ¿qué es lo que piensa al respecto nuestra sociedad? Creo, señorías, que son suficientemente ilustrativas las respuestas que en diversas encuestas ha puesto de manifiesto el CIS. A la pregunta de si debe prolongarse artificialmente la vida si no hay esperanza de curación, un 64 por ciento de los encuestados afirmó que no. En cuanto a la pregunta sobre el derecho de los médicos a suministrar o recomendar medicamentos que pongan fin a la vida en tales circunstancias de insoportabilidad, un 66 por ciento contestó que sí diciendo que si el paciente lo pide, siendo incurable, los médicos pueden dar tales medicamentos o tomar tales decisiones, coadyuvar, en definitiva, con el paciente. Un 74 por ciento contestó que sí a la interrogante de si se pueden suministrar calmantes aunque se anticipe la muerte, y un 66 por ciento a si cabe la eutanasia activa en los supuestos de dolor físico insoportable. Por tanto, ya sabemos lo que, de una manera mayoritaria, ha dicho nuestro pueblo. Y lo único que se pretende ahora es ver si con el conocimiento de las aportaciones que se produzcan desde el exterior, en virtud de esa ponencia que se cree en el seno de la Comisión de Justicia, esa polémica, que está en la sociedad, somos capaces de asumirla o siquiera de entenderla, de plantearla, de debatirla sin temor a nada.
Polémica abierta en Europa y en América. En este momento, aunque se ha rechazado en la Cámara de los Lores el supuesto de la eutanasia activa, se dice que la razón es la presión que puede producir en los ancianos o en personas psicológicamente vulnerables. En Holanda, por el contrario, se ha dado un paso decidido y se han establecido las necesidades del dictamen de dos médicos, las condiciones muy precisas, la petición voluntaria y reiterada del paciente y que éste se encuentre en plenitud de facultades mentales, incluso se recaban los informes de los psiquiatras correspondientes.
En España, como decíamos, estaba de actualidad, pero se ha puesto más de manifiesto con la situación tristísima de ese tetrapléjico llamado Ramón Sanpedro, de Barcelona, que no podía soportar continuar durante más de un cuarto de siglo -- que es lo que lleva-- postrado en una situación absolutamente inhumana, insoportable y absolutamente incomprensible también.
Los tribunales barceloneses, a nuestro juicio, han dicho algo que era una obviedad: que a nosotros nos corresponde colmar una laguna legal. Para ese viaje judicial no se necesitaban alforjas. Obviamente, tenemos nosotros que colmar las lagunas legales existentes. Acaso penetró en el fondo de la cuestión el órgano jurisdiccional correspondiente porque se planteó el tema a través de un procedimiento --el de jurisdicción voluntaria-- que no era el cauce adecuado para la defensa de un derecho de la personalidad como lo era éste.
En suma, nosotros hoy queremos poner de manifiesto cómo la crueldad de una situación puede llegar en ocasiones como ésta a la necesidad de dar una respuesta, con gallardía y con firmeza, a esa demanda que se plantea la sociedad; cómo el sufrimiento moral en ocasiones es tan intolerable que aconseja y nos impone esa obligación. Por supuesto que una cosa es la apología del suicidio y otra la autoliberación racional que venimos defendiendo.
Seguimos atentamente la intervención que, con ocasión de la formulación de la interpelación urgente presentada por la señora Rahola, tuvo el señor Ministro de Justicia. En esa ocasión no le encontramos sujeto rigurosamente a las características de su personalidad que en cuestiones similares, siempre ha acreditado un avance incuestionable. Le encontramos sujeto a unos moldes exógenos, en virtud de los cuales ni siquiera penetraba en la cuestión, y cuando nos hablaba del vacío legal y decía que éste era una divergencia entre el Derecho natural y el Derecho positivo, nosotros preguntamos: ¿el Derecho natural --al que se refería el señor Ministro-- no es un Derecho inamovible de tiempos atrás y anterior al Derecho positivo? Ese Derecho natural es el Derecho que cada día está en permanente revisión en la ciudadanía...


El señor PRESIDENTE: Señor Olarte, le ruego concluya.


El señor OLARTE CULLEN: Por eso, señor Presidente, nosotros consideramos que la proposición no de ley de la señora Rahola es incluso suave. La señora Rahola ni siquiera toma la decisión de solicitar de esta Cámara una aprobación a un planteamiento en favor de la eutanasia activa, simplemente apoya la constitución de esa ponencia que dé curso legal, con un debate aquí en el Congreso de los Diputados, en un Pleno, a una demanda social que es indiscutible, porque el sentimiento que está en la calle, en la sociedad, aunque nosotros hagamos el avestruz, no podemos obviarlo. Simplemente se trataba de eso. Y con esa misma moderación en el planteamiento, nosotros solicitamos hoy ante esta Cámara, con nuestro apoyo a la solicitud y a la proposición no de ley presentada por la señora Rahola, que el Congreso de los Diputados tome conciencia de su responsabilidad y la ejerza, como nosotros la ejercemos con toda claridad al decir que apoyaremos con nuestro voto la proposición no de ley formulada hoy por la señora Rahola.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarte.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Cardona.


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El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cuando se debatió en el Pleno la interpelación urgente sobre las medidas que tenía previsto el Gobierno para llenar el vacío legal en el tema de la eutanasia activa, en el pasado mes de marzo, nuestro Grupo se abstuvo de intervenir en el curso del mismo. No era ni muchísimo menos por entender que la cuestión no merecía nuestra atención, sino por todo lo contrario. Seguimos con gran interés el curso del debate y, sobre todo, la respuesta del Gobierno por parte del Ministro de Justicia. Por otra parte, no siendo imprescindible fijar la posición en una interpelación, reservamos nuestra intervención para la moción consecuencia de la misma. Sea por las razones que fuere, esa moción no se sustanció en su momento y ahora tenemos la ocasión y la oportunidad de exponer y fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario.
Vaya por delante que el interés que podía tener la cuestión planteada no quedó defraudado en el debate de la interpelación, en su día, sino, por el contrario, entendemos que, por parte de todos los intervinientes, el debate tuvo la altura que la importancia del tema precisaba, sobre todo desde el punto de vista jurídico.
Tal como exponía el señor Ministro en su contestación, se trata de una manifestación de conflicto entre dos derechos constitucionales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad. El derecho a la vida en el sentido de no ejercer ninguna acción que atente a la misma y el derecho a la libertad en el sentido de que la vida pertenece a cada cual y, por consiguiente, cada persona puede en consecuencia decidir por sí misma.
Ahora bien, de acuerdo con el documento elaborado en su momento por el Consejo de Europa en el sentido de entender la eutanasia como la ayuda a una buena muerte, a una muerte digna, podemos distinguir entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, desde el punto de vista de acción y/o de omisión. La eutanasia activa sería aquella acción que por su intención o naturaleza causa directamente la muerte en una situación, bien es cierto, grave e irreversible. Mientras tanto, en la eutanasia pasiva podríamos considerar tres tipos: no iniciar o suprimir un tratamiento cuando el enfermo lo pide de forma seria y explícita, que sería un primer tipo; un segundo tipo sería el caso de no comenzar o interrumpir un tratamiento cuando su inicio o continuación no tenga sentido de acuerdo con los criterios médicos de los que se dispone en la actualidad; y, finalmente, un tercer tipo lo representaría el empezar un tratamiento que es necesario y que, por su naturaleza, está dirigido a mitigar el dolor de un enfermo y, por tanto, contribuir a su mayor dignidad y calidad de vida, incluso en el caso de que la muerte pueda ser probablemente acelerada como consecuencia de este tratamiento.
En el conflicto de derechos al que hacíamos referencia anteriormente, nuestro Código Penal opta por la primacía del derecho a la vida, considerando en consecuencia la eutanasia activa como una ayuda o un auxilio al suicidio y, por consiguiente, lo penaliza. Como dijo también el señor Ministro, en la reforma del Código Penal que se presentará próximamente el Gobierno sostiene el mismo criterio y por ello contempla en el anteproyecto la pena, si bien atenuándola en algunos términos, pero manteniendo la tipificación por considerar que los riesgos que tendría el establecimiento de la despenalización de esta eutanasia activa (por acción) podrían ser superiores a los problemas que podría resolver.
De manera que la despenalización de la eutanasia activa supondría de hecho un cambio sustancial en el conflicto de derechos al que nos venimos refiriendo, de manera que el derecho a la libertad prevaleciera por encima del derecho a la vida, sin olvidar tampoco, como decía el señor Ministro, en contestación precisamente a una pregunta que le hacía el Senador Cuevas, de Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña, pocos días después del debate de la interpelación en esta Cámara, que en el mundo jurídico occidental no se está seguro de que una despenalización de esta eutanasia activa equivaliera a un mayor marco de libertad en la decisión libre y voluntaria del enfermo.
Bien es cierto, por otra parte, que los avances técnicos en medicina han conducido a situaciones límites, que puedan hacer pensar y dudar sobre lo que podríamos entender como una vida digna, dadas las circunstancias mínimas de calidad de vida.
Son estos casos los que, desde nuestro punto de vista, pueden chocar con la sensibilidad social en el sentido de qué puede significar alargar innecesariamente y artificialmente un hilo de vida. Pero es en estos casos y en estas circunstancias, precisamente, cuando podemos comprender la puesta en marcha de lo que hemos conceptuado como eutanasia pasiva, y sin agotar, por otra parte, las posibilidades que hoy en día se contemplan en la llamada medicina paliativa, en la que hay que profundizar, basada en el control de los síntomas mediante el tratamiento farmacológico, con un soporte emocional, cuando ello es factible, así como la comunicación tanto al enfermo como a los familiares, todo ello en aras a contemplar al enfermo desde un punto de vista integral. No debemos olvidar que el médico, por excepción y en cualquier sistema sanitario, en primer lugar ha de procurar curar, si es que puede, si no, por lo menos aliviar, pero en cualquier caso siempre reconfortar.
Señor Presidente, señorías, fijando la posición de Convergéncia i Unió, no podemos dar apoyo a la proposición no de ley que se nos presenta, aun cuando participamos de la preocupación sobre el fondo de la cuestión. No nos debe escandalizar hablar del problema de la eutanasia, concebido desde el punto de vista global, pero no nos parece adecuado ni la forma ni el

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momento. Estamos ante la reforma del Código Penal y, en este sentido, ya ha manifestado el señor Ministro, tanto en esta Cámara como en el Senado, así como ante diferentes medios de comunicación, que el proyecto contemplará la despenalización de la eutanasia pasiva, manteniendo la penalización de la activa y directa, rebajando la pena en uno o dos grados.
Entedemos que entonces será el momento adecuado para debatir la cuestión. En relación a la forma, se pide crear una ponencia en el seno de la Comisión de Justicia. Será precisamente cuando llegue al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal cuando se creará esa ponencia. Allí tendrá que debatirse, entre otras, esta cuestión. Bien es cierto que probablemente no sea esta la intención de la ponencia de estudio, pero en este caso sí entendemos que tendría que abarcar un más amplio conjunto de disciplinas y no solamente el aspecto jurídico. De acuerdo. Nosotros también creemos necesario una contemplación más amplia de su estudio. Aspectos como, por ejemplo, el sanitario, no pueden dejarse al margen.
Les recuerdo --seguramente SS.SS. lo saben-- las encuestas que hay, entre ellas precisamente una que tuvo un gran impacto social, a través de los medios de comunicación, promovida por el Colegio de Médicos de Barcelona. En la interpelación, por otra parte, se hacía referencia a la eutanasia activa, y aunque en el redactado de la proposición que se nos propone aprobar no se explicita, sí queda claro en la exposición de motivos que es a la eutanasia activa a la que se quiere dar curso legal como consecuencia de la demanda social. Demanda social, por otro lado, muy respetable en los casos afectados, qué duda cabe, pero que desde nuestro punto de vista podría comportar más efectos no deseados, por sus riesgos, que ventajas. Por todo ello, señor Presidente, señorías, nosotros vamos a votar en contra de la proposición no de ley que se nos presenta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cardona.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.


La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, subo a la tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya ante el texto concreto de la proposición no de ley de la señora Rahola. A lo largo del debate de la interpelación urgente, planteada por ella misma, creo que quedó claro que el Grupo Parlamentario al que represento en este momento compartía la preocupación de la señora Rahola por el tema de la eutanasia activa, compartía también las consideraciones que hizo en la exposición argumental para defenderla y, en este momento, quiero anunciar el voto favorable de Izquierda Unida a la proposición no de ley mediante la cual se plantea la creación de una ponencia que analice el tema. Pienso que es muy difícil justificar, por parte de los grupos parlamentarios, votaciones en contra que sustancien argumentos que se relacionen con los hechos. Es evidente, y quedó de manifiesto a mi juicio en el debate de la interpelación urgente, que el vacío legal existe, que la preocupación social existe y que además, de alguna manera, las dimensiones, la extensión del hecho en este momento es desconocida respecto a etapas históricas anteriores. Algunos Diputados y la misma señora Rahola hicieron mención en sus intervenciones, en el mes de marzo, a la existencia de solventes encuestas que arrojan resultados que hablan de una preocupación social por el tema, pero también de una toma de posición mayoritaria de la sociedad ante el problema de la eutanasia activa. Es decir, por más que sea limitado el número de personas que en este momento han solicitado la eutanasia activa las dimensiones reales del hecho, las situaciones que pudieran llevar a personas a desear terminar con su vida permiten identificaciones mucho más amplias que tener en cuenta exclusivamente al colectivo que en este momento ha planteado las demandas.
Es interesante analizar que los avances científicos y ténicos de la medicina en los últimos años no se han planteado en materia de curación de enfermedades crónicas y degenerativas, principales causas de muerte en países industrializados y en concreto en nuestro país, que en su origen remiten a factores no tanto biológicos, físicos o químicos, sino a factores de orden social, económico y cultural, poniendo de manifiesto el impacto de una manera determinada de entender el crecimiento económico y la civilización sobre esa unidad biopsíquico- social que constituye el ser humano. Esos avances de la medicina se han producido sobre todo en materia de medicamentos y equipos altamente sofisticados, capaces muchas veces no tanto de prolongar la vida humana, en su estricto sentido, sino de mantener constantes vitales en niveles compatibles con la actividad biológica. El análisis de la utilidad, de la eficacia y de la justificación moral y sanitaria del enorme gasto que se destina a estos objetivos, difíciles de mantener desde el punto de vista de las necesidades humanas, pero que sin duda son origen de beneficios económicos sustanciales, queda fuera del marco de la proposición no de ley, pero sería interesante planteárselo en la medida en que en sanidad, como en economía, se proponen siempre gastos alternativos y el mantenimiento de modelos hospitalo-centristas y altamente intervencionistas va sin duda, desde el punto de vista de los recursos, en detrimento

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de otro tipo de actuaciones más eficaces desde la perspectiva sanitaria.
Sin compartir la mayor parte de las tesis que Ivan Illich plantea en su Némesis médica, es evidente que la progresiva complejidad tecnológica de la medicina pudiera formar parte de esa mafia blanca, a la que él aludía y denunciaba, que sustrae en la práctica el derecho de las personas a elegir, el derecho de las personas a la autodeterminación, a la decisión libre sobre la propia vida. Es verdad que en muchas ocasiones, cuando se traspasan las puertas del hospital, desaparece la democracia y se plantean relaciones de dependencia, de información insuficiente en cuanto a riesgos, etcétera. Mi Grupo comparte también el análisis que hacía la señora Rahola en su primera intervención, en el sentido de señalar el paralelismo entre la necesaria regulación de la eutanasia activa y la regulación del aborto. Son temas muy sensibles, desde el punto de vista social, cultural y religioso, pero es evidente que la obligación de esta Cámara de adoptar una regulación legal de la demanda no plantea, por encima de razonamientos simplistas, una compulsión a la utilización de ese derecho, sino, por el contrario, una posibilidad de evitar sufrimientos y situaciones penosas que se derivan de la falta de regulación.
Mi Grupo no entiende que haya contraposición de fondo entre el reconocimiento constitucional del derecho a la vida, a la integridad física de las personas, y la regulación de la eutanasia activa. Es evidente que la afirmación fundamental del derecho a la vida se realiza desde el punto de vista de su defensa frente al Estado, frente a terceros, y se plantea la dignidad de la persona, que es algo a valorar individualmente como fundamento de la propia vida, y en ningún caso se puede hacer una extensión mecánica de la regulación de este derecho a la vida a planteamientos absolutos de la misma ni a pasar del derecho a la obligación de mantenerse con vida. La regulación legal de la eutanasia avanza en numerosos países.
Insisto en que la situación concreta en la que se plantea en este momento histórico no es la misma en la que se podía plantear hace décadas. Estamos ante un fenómeno nuevo en su profundidad y en sus dimensiones y, por tanto, no valen planteamientos cerrados ni dogmáticos frente a una realidad que se modifica continuamente.
En opinión de mi Grupo Parlamentario no es justificación suficiente la que el Ministro Belloch esgrimió en esta misma tribuna aludiendo al riesgo de que la generalización, que lógicamente se produce, de su regulación legal pudiera volverse en contra de los mismos a quienes pretende dar una vía, hasta ahora inexistente, y volverse contra el paciente en el sentido de facilitar vías perversas de presión familiar o social para solicitar la eutanasia en contra de la voluntad del interesado cuando su situación sea muy comprometida.
Entendemos que las diferentes formas de regulación legal de la eutanasia activa que se han dado en los diferentes países toman en cuenta este riesgo evidente que la propia regulación legal pudiera contemplar en el sentido de garantizar, de manera muy estricta, que realmente sea la voluntad de la persona interesada la que se permita poner de manifiesto, sin presiones externas, que haya valoraciones técnicas, desde el punto de vista del aseguramiento de la irreversibilidad de la situación desde la cual se plantea y de la evaluación contrastada por parte de profesionales de la sanidad.
En definitiva, señorías, mi Grupo Parlamentario entiende que la no regulación de la eutanasia activa, como en el caso del aborto, supone la coerción de supuestas mayorías, no comprobadas en la práctica, sobre derechos individuales que en este caso se refieren a aspectos tan fundamentales como la autodeterminació de las personas, el derecho a elegir y la propia dignidad del ser humano. Insisto, señorías, en que el exquisito cuidado de la formulación del texto concreto de la proposición no de ley plantea, a juicio de mi Grupo Parlamentario, el problema en sus estrictos términos, por cuanto que lo que promueve es una reflexión plural, desde plurales sensibilidades, morales, religiosas o políticas, en torno a un tema que está teniendo relación con un número progresivo de ciudadanos y que, repito, es un vacío legal incuestionable y que atenta si no a mayorías, sí a aspectos fundamentales de los derechos y de la dignidad de las personas. Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, señorías, se nos pide hoy aquí, a través de esta atípica proposición no de ley consecuencia de una interpelación, dar curso legal a la demanda social, según se nos dice. Esto me lleva ya a tomar la palabra, en nombre del Grupo Popular, y a hacer reflexionar a la proponente sobre la peculiar relación que siempre tiene que existir entre el Derecho penal, concretamente, y la demanda social, porque el ordenamiento penal no es una parte cualquiera del Derecho, sino que constituye --evidentemente no tanto como la Constitución, que tiene una peculiar rigidez-- el núcleo básico del ordenamiento en la medida en que señala una protección especialmente contundente de unos valores básicos, donde en el ordenamiento jurídico se sitúa el mínimo ético por debajo del cual la convivencia humana acabaría resintiéndose. Esto quiere decir precisamente que el Derecho penal no puede estar dependiendo de demandas sociales más o menos coyunturales, y en ese aspecto --perdone, pero es consecuencia de lo en serio que me he tomado la proposición-- no es muy afortunado que comience diciéndonos que en las últimas semanas se ha suscitado un intenso debate, como si sugiriera que

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fuera un fenómeno puramente coyuntural, una reacción emocional ante determinados hechos --por otra parte, ya lo vimos el otro día, provocados con clara artificio-sidad-- lo que justificara el que nos ocupáramos aquí de un tema de este calado.
Yo quisiera recordar a la proponente, que lo conoce de manera clara, cómo la Constitución, al analizar algo tan vinculado a las demandas sociales como es la posibilidad de iniciativas legislativas populares planteadas con firmas, como hay ahora una en marcha, sustrae esa posibilidad al establecer que no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, al igual que en tributarias de carácter internacional ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Quiere decir que la propia Constitución señala que precisamente aquellos aspectos de mayor calado deben mantener un tono especialmente sereno y templado, que no esté vinculado de manera directa a demandas sociales coyunturales. Si estuviéramos hablando de la regulación de unas sanciones administrativas, indudablemente, lo que haya pasado en las últimas semanas podría ser decisivo, pero estamos hablando del Código penal y del Código penal relativo a aspectos básicos y claramente relacionados con bienes que están protegidos constitucionalmente.
Por otra parte, la proponente nos habla siempre en singular, nos habla de la demanda social. Señora Rahola, reconózcame que no existe la demanda social, una demanda social. Existen demandas sociales, como ha quedado reflejado en esta misma tribuna cuando se han aportado estadísticas, y los resultados no son abrumadores en favor de una postura, sino que demuestran claramente una división por parte de la propia ciudadanía. Además, esas demandas sociales reflejadas en encuestas no son de tan fácil interpretación. Usted, sin duda, que ha estudiado el asunto puesto que nos invita a estudiarlo, habrá observado que no se corresponden los porcentajes de los que adoptan una actitud tolerante ante la posibilidad de que un tercero se decida por la eutanasia y, por el contrario, la actitud de esa misma persona al referirse a qué haría él. Esto no es inocuo porque significa --reflexione sobre el particular-- que quizás a veces la respuesta se basa en un planteamiento incorrecto, según el cual el problema de la eutanasia consistiría en adoptar una actitud de tolerancia hacia una conducta ajena, deliberada y sin repercusión para terceros. Y esto, señora Rahola, no es cierto. Usted ha hablado de demanda social, o sea, de demandas sociales, pero usted debe reconocer también, y debe estudiarlo, que hay consecuencias sociales. No es el problema de un señor determinado que lo está pasando muy mal y ello nos mueve a todos a la simpatía, sin duda ninguna, y a la compasión en el sentido más positivo de compartir su situación y de intentar ayudarle si estuviera en nuestra mano. Algo muy distinto es el Código penal y su reforma. Otra cosa, señora Rahola, no deposite usted en el ordenamiento jurídico más esperanza de la que merece. El Derecho no sirve para todo; el Derecho como instrumento de compasión es muy limitado; el Derecho tiene más que ver con la responsabilidad. Ya el señor Ministro apuntó en su intervención, de manera muy cauta ciertamente, que había riesgos y riesgos tales como para justificar que no sea de entrada, siguiendo sus invitaciones.
A todo esto, señora Rahola, usted dice que el Ministro ha afirmado que no piensa resolver el problema, pero perdone que le diga que incurre en una contradicción porque, si usted viene aquí a plantear la cuestión de manera abierta sin defender una opción, cómo puede decirnos que lo que dijo el otro día el señor Ministro no resuelve el problema. No resuelve el problema como usted quiere, pero claro que resuelve el problema. Es una de las muchas soluciones que el problema admite. Entonces no me diga usted que ésa no es la solución. Esa no es su solución y quizá la de algunos otros grupos de la Cámara, pero no diga usted eso porque, si no, vamos a ir a una ponencia de estudio cuya finalidad es llegar a compartir su solución; de lo contrario no estaría solucionado. Es un planteamiento, reconózcamelo, un poco artificial.
El otro día cité aquí a un compañero académico --con el que estoy en deuda porque esta mañana he dado clase en su aula, en la Universidad Carlos III--al hablar de este tema precisamente. Cuando el profesor Peces-Barba --una vez más lo voy a citar-- se planteaba la posibilidad de una ley de eutanasia era más expresivo que el Ministro y decía que habría que tener en cuenta lo siguiente: «Es necesario ponderar las circunstancias, los posibles beneficios de terceros no necesariamente familiares; excluir cualquier cálculo utilitarista o de intereses públicos sobre recursos aplicables a los tratamientos de la sanidad pública --y alguno se ha hecho aquí, me parece--; evitar que sirva como solución paralistas de espera --lo dice el señor Peces-Barba, no yo-- o cualquier otra decisión inspirada en intereses generales que sacrificase los intereses de la persona afectada». Estas son consecuencias sociales. No es el problema sólo de esas 30 personas que dice usted que han pedido la eutanasia; es el problema de las 1.000 personas que se sabe ya que en un país, que la ha puesto en marcha, han muerto sin su consentimiento y que hace que los ancianos se sientan amenazados en centros hospitalarios donde, en teoría, se les pretende garantizar una vida digna. Dice usted, señora Rahola, que se trata de crear una ponencia para estudiar. Ultimamente, no sé qué pasa en esta Cámara que todo el mundo nos quiere poner a estudiar. El otro día pedíamos una comisión contra la corrupción, que ésa sí que es una demanda social, y nos pusieron a estudiar. Y ahora usted también quiere que estudiemos. Yo le quiero recordar una cosa porque usted lleva aquí poco tiempo y algún otro Diputado

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que ha intervenido también. Este Diputado, sin ir más lejos, tuvo ocasión de hablar sobre esta cuestión en esta Cámara el 23 de marzo del año pasado, hace un año justo. Señora Rahola, una ponencia de estudios para empezar a aproximarse a un problema. Yo comprendo que usted acaba de llegar y se está aproximando al problema, pero reconozca que algunos llevamos algún tiempo trabajando en esta cuestión. Hace un año que todos los grupos de esta Cámara dedicaron bastante tiempo a estudiar este problema. Mi Grupo, que procuró que la reforma del Código penal se hiciera con serenidad, con estudio, con audiencia de todos aquellos que tuvieran algo que aportar, fue acusado de obstruccionista, fíjese si estudiamos las cosas; o sea, que no es que estemos desayunándonos ahora con esta cuestión. Por otra parte, reconozca --y en los ejemplos que se han puesto queda de relieve-- que el trámite de una ponencia de estudio no es el más adecuado para algo que tenga que ver con las demandas sociales, porque están ahí, las conocemos. Desde luego, muy malos representantes populares seríamos si para captar las demandas sociales necesitáramos organizar una ponencia de estudio. Se han organizado para temas de especial complejidad en los que hay que oír precisamente a los expertos que tienen unos conocimientos a los que la opinión pública es absolutamente ajena. Esa es la cuestión. Por tanto, me temo que la fórmula no parece la más adecuada.
Termina usted diciendo que los ciudadanos esperan que sus representantes --dice textualmente-- resuelvan los temas. En efecto, señora Rahola, pero su proposición no resuelve nada, no es resolutiva. Por un lado nos invita a estudiar y, por otro lado, ya nos da por suspendidos si no decimos lo que usted quiere que digamos. Ha suspendido usted al Ministro sin apelación, tendrá que volver en septiembre. Usted no aporta una solución. Yo creo que tendría que tener cuidado porque podría llegar a dar la apariencia de que alguien pretende que esta Cámara le sustituya en su intento de atraer la atención de la opinión pública sobre las posibles ventajas de una despenalización de la eutanasia. Y yo no creo que esa sea la función de esta Cámara. No tenemos por qué acaparar un debate que es un debate de todos los ciudadanos y que todos seguiremos con especial atención, como hemos hecho hasta ahora. De todas maneras, en nombre de mi Grupo y muy especialmente en el mío propio, le prometo que seguiremos y seguiré estudiando. No lo entienda como una cuña publicitaria, pero yo, modestamente, acabo de publicar un libro que se titula «Derecho a la vida y derecho a la muerte» y algo he estudiado para ello (Mostrándolo a la Cámara.), pero seguiré estudiando. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señorías, quiero señalar en nombre del Grupo Socialista ante todo un acuerdo inicial, el acuerdo con la preocupación que hoy ha movido a la señora Rahola a presentar esta proposición no de ley y que la movió hace días a presentar la interpelación que se debatió en esta Cámara.
Es verdad que no es infrecuente la aparición en nuestra sociedad de casos concretos de conflicto entre el derecho a la vida y valores como la dignidad y la libertad; casos en ocasiones tan dolorosos y tan trágicos como el que impulsó a traer aquí estas iniciativas parlamentarias. Estos conflictos dolorosos y trágicos provocan en la sociedad no diría yo ya una situación de demanda social, pero sí una situación de angustia ante la que sería irresponsable esta Cámara --y tiene razón en esto la proponente--si contestara con el silencio y la inhibición, por más que, como ella misma dice, este compromiso que debemos afrontar no sea cómodo. Yo quiero adelantarle, señora Rahola, un par de cosas. La primera de ellas, que el Grupo Socialista está dispuesto a afrontar este compromiso por incómodo que resulte. La segunda, que estamos dispuestos a afrontarlo con el máximo consenso social y parlamentario. Tenía usted razón en algo fundamental: no es esta una cuestión partidista; es una cuestión en la que estamos jugando con temas que preocupan hondamente, que están hondamente imbricados con los derechos humanos y que no podemos afrontar, desde perspectivas de un partido u otro, con este acuerdo inicial. Otra cosa distinta es que no estemos de acuerdo --y se lo digo desde ahora-- en que la forma más ágil y más eficaz para llegar a la solución de este problema sea la constitución de una ponencia en el seno de la Comisión de Justicia con la finalidad específica de estudiarlo.
Creemos que el problema de la eutanasia activa directa existe, que debe tratarse. Y quisiera recordarle --porque aquí hemos vuelto a generalizar--que es sólo el problema de la eutanasia activa directa. Ni la eutanasia pasiva ni la eutanasia activa indirecta son hoy problema ni para nuestro ordenamiento jurídico, puesto que no están penalizadas, ni para nuestra sociedad, que las acepta con toda naturalidad. Con tanta naturalidad y es tan general esta aceptación que en el caso de la eutanasia pasiva de renunciar a continuar tratamientos dolorosos e inútiles y que sólo supongan una prolongación precaria y penosa de la existencia es aceptado por la propia Iglesia católica, el sector más defensor de la conservación de la vida, en cualquier caso. Por tanto, nos remitimos a un solo problema, al problema central de la eutanasia activa directa: el acto ejecutado con el solo fin de quitar la vida a una persona enferma que se lleva a cabo a petición de ésta. Y aquí sí que reconocemos

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que estamos en una situación difícil porque --el otro día lo decía el Ministro de Justicia-- el artículo 409 del Código penal, que regula la penalización de estas conductas, no nos parece adecuado. No nos parece adecuado, primero, porque no distingue estas formas de eutanasia provocadas por motivos de compasión al enfermo de otras formas de homicidio o suicidio; segundo, porque establece una pena a todas luces exagerada, una pena de reclusión menor igual a la del homicidio, que choca frontalmente con cualquier principio de proporcionalidad entre el delito y la pena. Estamos de acuerdo, por tanto, con usted y con gran parte de los intervinientes en que hay que modificar la ley. Ahora bien, no estamos de acuerdo --no diré con usted, puesto que no ha llegado a un pronunciamiento definitivo-- con la señora Maestro o con el señor Olarte, que han hablado aquí en representación de sus grupos, en que esa modificación de la ley deba ir en el sentido radical de proceder a una despenalización total de la eutanasia. Creemos, seguimos creyendo que un tema tan delicado, un tema que afecta tan hondamente a los sentimientos sociales debe ser tratado con prudencia, una prudencia que recomendamos no sólo nosotros, sino desde múltiples fuentes y múltiples sectores de la sociedad.
Yo quiero recordarle aquí opiniones de expertos. El señor Ollero ya ha citado al profesor Peces-Barba, y no lo volveré a citar, pero sí al profesor Diego Gracia, catedrático de Bioética, que en su informe de hace apenas cinco meses al Consejo Asesor de Sanidad señala, literalmente, que cualquier regulación permisiva de la eutanasia exige previamente un cambio de estructuras y de mentalidad que no será posible sin un proceso educativo tanto de los profesionales sanitarios como de la sociedad en general, y considera que no ha llegado el momento de elaborar aún una ley sobre la eutanasia activa.
Esta es la opinión de los expertos. En esta opinión --lo señalaba el Ministro de Justicia el otro día-- abunda también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En el conflicto entre el derecho a la vida y los valores de dignidad y libertad ha señalado hasta ahora la primacía del primero y ha establecido, además, que es un derecho que tiene un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Y no sólo estos sectores de nuestro país --sectores jurídicos, sectores científicos-- mantienen esta opinión. Esta es la opinión común en la Europa que nos rodea, en la Europa de la que formamos parte.
Se ha hablado hoy aquí de que el Consejo de Europa hace unos años, en 1987, consideró que no había llegado aún el momento de regular la eutanasia activa directa. Pero no se ha hablado --y conviene recordarlo-- de que la mayoría de los países de nuestro entorno --Alemania, Portugal, Francia, Italia, Suiza-- siguen penalizando esta conducta con penas sin duda proporcionadas, con penas inferiores a las del homicidio, pero sigue tipificada, lo mismo que en Holanda en el Código penal, aunque una ley especial haya establecido que no sea perseguida en determinados supuestos. Nosotros creemos que esta línea de la Europa que nos rodea, esta línea de prudencia, esta línea de apertura a los problemas sociales pero tratándolos con el debido sosiego es la que debemos seguir y es la línea que hemos venido manteniendo en el Grupo Socialista. Quiero recordarle algo también, señora Rahola: es la línea que ha mantenido en el debate del proyecto de reforma del Código penal de 1992, que presentaba una solución de este tipo --es decir, atenuación significativa de las penas pero no despenalización--, la gran mayoría de la Cámara, la gran mayoría de los grupos parlamentarios, con la única excepción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es cierto que con diversos matices, mayor grado de despenalización por nuestra parte, menor grado de despenalización por parte del Grupo Popular, pero la línea de conducta era ésta, que era la que estábamos de acuerdo en seguir.
A esta línea nos atendremos en el próximo debate del Código Penal. Puede ser ésta la solución que se consiga, puede ser que no. Dependerá de las conclusiones a que llegue la Cámara en ese debate, que yo no niego que es urgente y necesario, pero un debate que para nosotros debe producirse en su sede natural. Y su sede natural es la ponencia del Código Penal.
Allí será posible que los representantes de los distintos grupos, que representan también, no lo olvidemos, las distinta sensibilidades sociales, debatan esta cuestión con toda calma.
Allí será posible escuchar, cómo no, opiniones de expertos y de sectores sociales. Allí sera posible discutir con sosiego este asunto que tiene un hondo calado social, lo mismo que otros que también están incluidos en ese proyecto de Código Penal.
Creemos sinceramente, señora Rahola, que una ponencia especial constituida ahora significaría sólo un retraso para la solución de un problema cuya resolución es acuciante. Por eso, resumiendo, señor Presidente, y para terminar, quiero fijar la posición del Grupo Socialista. No es la nuestra, como ha mencionado el señor Olarte, la postura del avestruz, pero tampoco queremos ser halcones que se lancen inconscientes e impensadamente a dar soluciones radicales a un problema tan grave, soluciones que luego puedan ser contraproducentes.
Creemos que el debate es necesario, pero que debe producirse en su sede natural y con el debido sosiego. Por ello, señora Rahola, tengo que negar la afirmación que usted ha hecho en su intervención. Vamos a votar en contra de la ponencia especial, pero votarla negativamente no es votar no legislar. Para nosotros, votar en contra de esa ponencia especial, con los planteamientos que le acabo de hacer, es votar legislar con más rapidez,

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con más eficacia y es votar por llegar cuanto antes a la solución más adecuada posible para esta cuestión que a todos nos angustia.


El señor PRESIDENTE: Gracias señora Del Campo.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición no de ley del Grupo Mixto, señora Rahola, sobre creación de una Ponencia que estudie dar curso legal a la demanda social generada en torno a la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 282; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición.


--DEL GRUPO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTAAL GOBIERNO A REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGALES OPORTUNAS A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A DETERMINADA DOCUMENTACION A LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACION (Número de registro 16626)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas a fin de facilitar el acceso a determinada documentación a las comisiones parlamentarias de investigación. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Continúan los rumores.) Señorías, estamos en sesión, les ruego guarden silencio. Cuando quiera, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, como ustedes saben, el artículo 76 de la Constitución Española estabece que el Congreso y el Senado podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. En desarrollo de este precepto existe efectivamente un marco normativo, que podríamos decir que más que desarrollarlo lo que hace es canalizarlo en lo que es el funcionamiento, el ámbito competencial de las propias comisiones de investigación. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Es cierto asimismo que, salvo los límites previstos en la Constitución Española, la regulación que hace en su artículo 76 no cercena ni restringe; cabe por lo tanto concluir que hay límites en la operatividad de las cita-das comisiones, sin perjuicio de lo que son las garantías reconocidas en la propia Constitución.
La razón de ser de las garantías y de los derechos fundamentales en todo caso no puede ser, no es bajo ningún concepto, impedir la lucha contra la corrupción. Cuando hay brotes de corrupción la sociedad se siente alarmada y el Parlamento debe asumir su función con decisión debiendo removerse además los obstáculos que impidan, o puedan impedir, llegar al fondo de un asunto. Señor Presidente, señorías no cabe en nuestra sociedad hablar de corrupción generalizada, pero debemos ser enérgicos en la respuesta. Los militantes socialistas, los políticos, toda esta Cámara, no podemos tolerar que una minoría traicione y defraude el interés público, embadurnando la credibilidad de las instituciones democráticas.
Como ustedes saben, el Reglamento de la Cámara en su artículo 52 regula el funcionamiento de las comisiones de investigación, y la propia Ley Orgánica 5/1984, de 24 de mayo, regula la obligación de comparecer ante las mismas, por parte de los ciudadanos, llegando incluso a establecer una sanción penal en los supuestos de incomparecencia injustificada. Pero la paradoja de nuestro ordenamiento jurídico es que en esta materia quizá nuestro ordenamiento jurídico se ha quedadolejos de los mecanismos existentes en otros parlamentos de países de nuestro entorno. El derecho comparado ofrece soluciones diversas en cuanto a los poderes, facultades, procedimientos e instrumentos de las propias comisiones de investigación, cuando se les encomienda una investigación determinada. Se otorga a las mismas, analizando el derecho comparado, poderes especiales más penetrantes que los de las demás comisiones, bien mediante la declaración de aplicabilidad de la normativa procesal de los tribunales de justicia, y así por ejemplo, los reglamentos y los ordenamientos de Italia, de Alemania o de la reciente reforma del reglamento de Portugal; bien a través de una legislación especial, como ocurre, por ejemplo, en Bélgica o en los Países Bajos. Creo que las comisiones deberían utilizar los poderes propios de las autoridades judiciales en la conciencia, eso sí, de que investigar políticamente no es juzgar, y preservando los derechos constitucionales. Como afirma el profesor Andrea Manzzella, ningún ciudadano puede encontrarse ante el poder político inquirente en peores condiciones de garantía que las que tendría ante un juez cualquiera. Estas garantías, no obstante, nunca pueden devenir en obstáculos a una investigación, nunca pueden ser escudos que permitan encubrir supuestos de corrupción. Recientemente, esta Cámara recibió de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado una negativa de documentación fundada, como establece nuestro artículo 7.º del Reglamento, argumentada jurídicamente, con la fundamentación debida, que es la requerida en nuestro

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propio Reglamento y esa fundamentación estaba basada en el artículo 111 de la Ley General Tributaria. Creemos, señorías, que la declaración de la renta y patrimonio de aquellos responsables políticos a los que se investigue su gestión en defensa del interés público, es lo mínimo a lo que puede tener acceso una comisión cuando investiga supuestos de corrupción.
Es cierto que hoy hay límites. En efecto, el artículo 111 de la Ley General Tributaria señala claramente que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria sólo pueden utilizarse para los fines tributarios encomendados al Ministerio de Economía y Hacienda y, en su caso, para la denuncia de los hechos que puedan ser constitutivos de delito. Junto a los límites contenidos en la propia Ley General Tributaria, el acceso a documentación encuentra también dificultades o impedimentos en otra serie de normas, por ejemplo, aquellas que se refieren en ocasiones a la regulación de aspectos del conocimiento de los movimientos de las cuentas bancarias. El artículo 6.º del Real Decreto-ley 1298/1986, de 28 de junio; el artículo 90 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; o la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, del blanqueo de capitales... A pesar de este marco normativo, no existen derechos ilimitados. La sentencia del Tribunal Constitucional 110/1984, de 26 de noviembre, lo deja claramente afirmado: «No existen, efectivamente, derechos ilimitados.» Aun admitiendo como hipótesis que el movimiento de cuentas bancarias esté cubierto por el derecho a la intimidad, éste tiene sus límites por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales sino también otros bienes constitucionalmente protegidos. La ley puede autorizar intromisiones por imperativo de interés público.
Esta Cámara, ya en 1988, reconoció sus limitaciones en cuanto a competencias de investigación de las propias comisiones de investigación. Así, por ejemplo, el dictamen de la Comisión de Investigación sobre Incompatibilidades y Tráfico de Influencias, de abril de 1988, dice en su conclusión decimotercera: La comisión no puede requerir, ni la Administración tributaria remitir, los datos, informes o antecedentes de índole tributaria obrantes en dicha Administración, sin perjuicio de que, si la comisión pide a cualquier declarante copia de sus declaraciones tributarias, pueda aportarlas voluntariamente el declarante. Recientemente, como todas SS.SS. saben, la Cámara, en el debate sobre el estado de la nación, adoptó el acuerdo de facilitar el acceso de las comisiones de investigación a la información precisa para el cumplimiento de sus fines. El Gobierno está obligado a cumplir con el principio de legalidad, y yo creo que lo está haciendo, pero ello no significa que no se pueda promover la propia reforma de la legalidad. Recientemente, hoy todavía se ha anunciado un horizonte próximo y muy a corto plazo de reforma de esa legalidad, para permitir más capacidad de investigación y de penetración por parte de las comisiones de investigación. Queremos investigar a fondo. Creemos que, desde la investigación, se está llevando a cabo una lucha política activa contra la corrupción; que el que la haga, señor Presidente, señorías, la pague. El Parlamento, en defensa del interés público, no puede ser, bajo ningún concepto, menos que la Inspección del Ministerio de Hacienda. Cuando un político tiene la conciencia tranquila no tiene por qué dificultar una investigación, es más, debe ser transparente. Nuestra obligación con los ciudadanos es garantizar esa transparencia y eliminar las barreras que lo impidan, tanto en el presente como en el futuro. Por ello y a la vista de que el ordenamiento jurídico vigente contiene determinadas normas que pudieran impedir la extensión de las facultades de las comisiones de investigación, tales como la posibilidad de acceso a las declaraciones fiscales o el conocimiento de lo movimientos de cuentas existentes en las entidades financieras, se insta al Gobierno, a través de esta proposición no de ley que esperamos tenga el apoyo mayoritario de la Cámara, a presentar ante esta Cámara, en el plazo de 30 días, las reformas legales necesarias que permitan el acceso a cuantas informaciones resulten pertinentes para el buen funcionamiento de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y del Senado, con el único límite de las garantías y el respeto de los derechos constitucionales de las personas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la proposición no de ley del Grupo Socialista ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Romero.


El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista esta tarde, propone dar un plazo de 30 días al Gobierno para iniciar las reformas legales necesarias, con el fin de facilitar el funcionamiento de las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados y del Senado, estableciendo que debe existir un único límite, que es la garantía y el respeto a los derechos constitucionales de las personas.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda de modificación del texto de la proposición no de ley, cambiando una serie de palabras por las siguientes: «... con los únicos límites previstos en la Constitución Española».
La Constitución reconoce garantías y derechos para los ciudadanos y hay leyes que establecen los cauces para el respeto de esas garantías. Al hablar de la Constitución Española, al hablar de la posibilidad de modificar

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esas leyes que desarrollan la Constitución Española, se plantea con claridad que los límites son los únicos previstos en la misma, porque las leyes que emanan de esos derechos y de esas garantías constitucionales son modificables. De hecho, se pide en esta proposición no de ley que se modifiquen algunas de esas leyes que ya están en vigor.
Pero veamos el caso concreto que nos ocupa en la Comisión de investigación sobre la gestión de don Luis Roldán al frente de la Guardia Civil en España, o la Comisión de investigación en marcha referida al caso Rubio, u otras comisiones de investigación que se habiliten. Se ha pedido a la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, que funde en Derecho las razones que impiden al Gobierno enviar una documentación solicitada relativa a las declaraciones de renta y patrimonio y al movimiento de las cuentas bancarias del señor Roldán. En el primer párrafo, como no podía ser de otra manera, se establece el deber constitucional, claro, contundente, de colaboración del Gobierno con las Cortes Generales. A continuación se dice que, de acuerdo con la Ley Tributaria, con el registro de intereses y de patrimonio de altos cargos, con estas leyes en vigor, el Gobierno no puede, garantizando la intimidad de las personas, facilitar la documentación que requiere la investigación en este caso. Hay una serie de datos que se citan, como son, en concreto, el artículo 7.º2 del Reglamento de la Cámara, así como el número 44, sobre la constitución de las comisiones y la obtención de información a través de la Presidencia. También está la Ley orgánica 5/1984, de 24 de mayo, de comparecencias ante las comisiones de investigación que reglamenta lo concreto. Pero hay, señorías, unos datos muy precisos que políticamente debemos situar: la declaración de renta y patrimonio. Cuando una persona accede a un alto cargo presenta su declaración de renta, de patrimonio y sus intereses, con objeto de que pueda ser investigado cuando cesa en el cargo, para que se pueda apreciar si ha recibido un incremento importante, fruto de una utilización ilegal durante su mandato al frente de esa institución. Si podemos conocer, como de hecho ya conocemos, a raíz, de las respuestas en contestaciones por escrito a preguntas de Diputados de esta Cámara, los datos relativos al patrimonio y a la declaración de bienes y de intereses, ¿cómo es posible que ahora no podamos conocer los bienes, el patrimonio y los intereses que declaró en su día un alto cargo político de la Administración que está siendo investigado? ¿Para qué se exige que haya ese registro de intereses y de declaración de bienes si sólo se utiliza para tenerlo en cuenta cuando se accede al cargo y no se pueden cotejar con los que existen en la práctica cuando se cesa? Se pierde toda virtualidad. ¿Qué objetivos se persiguen cuando se abre un registro de estas características? Saber si tiene intereses distintos que puedan colisionar y ser incompatibles con el interés público, de acuerdo con el cargo que va a desempeñar y también qué tipo de patrimonio tiene, para saber si con el salario que se le asigna, con la remuneración oficial que percibe de los Presupuestos Generales del Estado, puede o no acumular un patrimonio mayor, en este caso utilizando mecanismos ilegales.
Ahí hay una duda que debemos resolver a favor, claro está, de la Comisión de investigación y necesitamos que esas declaraciones de renta se remitan. Voy a poner ejemplos concretos: cuando se hace la matrícula escolar en EGB, en instituto o incluso en guardería, se exige la declaración de la renta; cuando se hace la tramitación de una beca se pide la declaración de la renta por cualquier funcionario del Ministerio de Educación y Ciencia o de una comunidad autónoma con las competencias transferidas, en la que participan sindicatos, juntas de becas, de evaluación, representantes estudiantiles; cuando uno se compra un coche, incluidos los de segunda mano, se pide la declaración de la renta, para ver el número de letras que el ciudadano está obligado a presentar; cuando se alquila una vivienda para cualquier actividad relacionada con la Administración, así como para actividades de carácter civil y comercial, se piden las declaraciones de renta. Pero el Parlamento no puede acceder a las declaraciones de renta, no de cualquier ciudadano sino de un alto cargo público investigado por una comisión parlamentaria. La gente está alarmada no sólo de que existan casos de corrupción sino de que el Gobierno niegue esos datos a una Comisión de investigación, Porque no es que esos datos se pidan y voluntariamente la gente los aporte, es que si no aportas la declarción de la renta no te dan la beca que solicitas si tu hijo está en un instituto de enseñanza media o en la universidad; es que si no los presentas para hacer algunos trámites en algunos aspectos de la Administración Pública, no se puede acceder a ellos.
¿Quién puede acceder a la declaración de la renta? Un inspector que representa al Poder ejecutivo, a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Economía y Hacienda, que mañana puede cambiar su actividad e irse al sector privado. ¿Quién puede acceder? El Poder judicial. Y los representantes del pueblo, que se constituyen en comisión de investigación parlamentaria, no pueden acceder, según el Gobierno y el dictamen jurídico de los servicios del Ministerio de Justicia, a la declaración de la renta de un alto cargo investigado. Eso es increíble. Es un problema político y es necesario que se resuelva de manera clara. En relación con el movimiento de las cuentas bancarias, imaginemos que un banco es una embajada de un país extranjero, donde se refugia alguien que ha cometido un delito. Ese banco --utilizando ese símil-- se niega a dar la extradición y las pruebas que confirman ese

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posible delito. Podría darse el caso de que no tengamos tratado de extradición con algunos bancos o con algunas instituciones bancarias. Señorías, no es posible que la banca se convierta en santuario o en tierra de asilo para actividades delictivas y corruptas.
¿Con quién colabora la banca? Con la justicia cuando determina que puede existir la comisión de un delito o blanqueo de dinero negro procedente del tráfico de droga. ¿Con quién colabora la banca? Con el Ministerio de Economía y Hacienda cuando pide una investigación concreta. Pero, ¿por qué no colabora con la comisión de investigación de un Parlamento en la que los representantes del pueblo están investigando no todas las cuentas sino unas determinadas cuentas para conocer el salario que un Director General de la Guardia Civil, el señor Roldán, ingresaba en su cuenta y para ver si hay ingresos procedentes de otras actividades que expliquen un aumento de patrimonio o de riqueza con procedencia ilícita, de carácter ilegal? Si no se nos facilitan esos movimientos de cuenta no podemos llegar a la verdad. ¿Qué dice esta proposición no de ley? Que como hay o pudiera haber obstáculos, se modifiquen las leyes que contienen esos obstáculos para que en el futuro las comisiones de investigación tengan la facultad de acceder a las cuentas bancarias, a los bienes y declaraciones de renta de los cargos públicos que sean objeto de investigación. Pero en el futuro, porque aquí se ha dado un plazo de 30 días que no se lo cree ni el Grupo proponente ni ninguno de los grupos de la Cámara.
Supongamos que hay que modificar la Ley General Tributaria, supongamos que hay que modificar la Ley de Registro de Bienes de Altos Cargos, tendrá que venir un proyecto, constituirse una ponencia, pasar por la comisión, tendrá que llevarse a cabo la participación de la Cámara en el Pleno, pasará al Senado y volverá del Senado. Por tanto, lo que aquí se pide que se reforme se reformará dentro de unos meses y no será de aplicación para el caso Roldán, para el caso Rubio, ni para los otros casos actuales.
El problema que tenemos sobre la mesa es el siguiente. Esta proposición no de ley va a recibir nuestro voto favorable con esta enmienda que pensamos debe incorporarse, situando el marco de la Constitución, pero creemos que esta iniciativa no le debe servir al Gobierno de excusa para decir: Como la ley me impide mandar esta documentación y el Congreso me ha dado un plazo de 30 días, ahora iniciaré las modificaciones legales pertinentes que terminarán a finales de este año o el año que viene, porque todo tiene su trámite.
Aquí hay una responsabilidad política y hay que enviar esa documentación solicitada a la Comisión Roldán.
De hecho, ya lo ha realizado Argentaria; ya hay dos cuentas de la Caja Postal que hemos podido ver, con los movimientos de cuentas, los ingresos y los gastos; ya hay una notificación de un préstamo de la Caja de Ahorros de Navarra; ya hay algunos datos que van llegando porque nos hemos dirigido directamente a los responsables.
Creo que no hay obstáculo hoy, si hay voluntad política, para que la comisión de investigación...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, vaya concluyendo.


El señor ROMERO RUIZ: Termino, señor Presidente.
Decía que no hay obstáculo para que la comisión de investigación del caso Roldán tenga acceso a las declaraciones de la renta; para que tengan acceso los representantes del pueblo; y, para que, al mismo tiempo, el Gobierno tenga voluntad de participar en las instituciones financieras sobre dinero que pueda provenir de comisiones ilegales fruto de un delito, de una utilización desviada de unos fondos reservados para la seguridad del Estado, o de otro tipo de actividades de las que se investigan en este caso. Por lo tanto, ni la banca puede negar esos datos, ni las instituciones financieras, ni la declaración de renta puede negarse a esta Comisión de investigación. Vamos a aprobar esta proposición no de ley, pero que no sea interpretado por el Gobierno como una excusa para justificarse ante la sociedad española y decir que, hasta que no se modifiquen las leyes que hay que modificar, no se envían estas documentaciones a la Comisión de investigación.
Porque si eso es así --y hay ciertas contradicciones en este tema--, tenemos un Gobierno que debería hacer sesiones nocturnas para ponerse de acuerdo porque cambia de opinión cada tres horas, va a salto de mata. Y ya saben ustedes que gobernar es dirigir, dirigir es prever y, para coordinar y que no haya este desbarajuste, el Gobierno debería dar pruebas evidentes de su voluntad decidida y enviar esta documentación para sosegar a la opinión pública española, que no entenderá nunca cómo la declaración de la renta hay que entregarla para pedir una beca, para hacer la matrícula en una guardería o para comprar un coche de segunda mano y no se entrega a una Comisión de investigación parlamentaria. O unas cuentas bancarias, de las que se entrega el extracto al Poder judicial o a un funcionario de Hacienda y no se entrega a los representantes del pueblo en las Cortes Generales.
Hay una parte política, hay otra parte jurídica, pero hay una parte de sentido común y si el Gobierno acepta, con esta proposición no de ley, mucho tiempo para modificar estas leyes y no atiende a estas dos comisiones, que en la actualidad están funcionando, carecería del sentido común necesario.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate.


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Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, Coalición Canaria va --y lo adelanto-- a dar su voto de apoyo, favorable, a esta proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista por boca de su portavoz, don Alvaro Cuesta.
Compartimos y suscribimos los argumentos, incluso con su enmienda, que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado para que el límite de las garantías y derechos sean los que están textual y formalmente escritos en la Constitución Española, no en una norma derivada o en una interpretación, sino en la Constitución y en la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional, en la interpretación de esos derechos constitucionales y garantías, pudiera haber tenido o tener en un futuro.
Sería verdaderamente preocupante que las comisiones de investigación de esta Cámara o del Senado siguieran trabajando en esa ortopedia de limitación de tener acceso para clarificar conductas de responsabilidad política, no digo penales, que tienen que aportar, como carga de la prueba, una serie de documentos, fundamentalmente de naturaleza fiscal, hacendística o bancaria, para llegar a las conclusiones que permitan cumplir el mandato soberano que esta Cámara ha encomendado a cada Comisión de investigación. Como los oradores que hasta este momento hemos hecho uso de la palabra en la tribuna somos miembros competentes, por designación de esta Cámara, de la Comisión que investiga la situación del patrimonio de don Luis Roldán mientras fue Director General de la Guardia Civil, nos hemos encontrado con este escollo. No es casualidad que una fortísima presión de la opinión pública durante estas semanas, reflejada en el debate del estado de la Nación en esta Cámara, lleve a que se haya adoptado esa conclusión con una propuesta de resolución que votó toda la Cámara para este tema. También tengo que decir que hubiera parecido mucho más presentable que el Gobierno hubiera traído, después del último Consejo de Ministros, el Proyecto de ley, recogiendo esto para tramitación de urgencia o que la Proposición no de ley hubiera sido una Proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios que en el debate sobre el estado de la Nación votamos precisamente esta propuesta de resolución. Porque la realidad es que la Comisión que investiga la situación de don Luis Roldán, con los treinta días que aparecen aquí, va a terminar el plazo del mandato que le dio este Pleno de la Cámara, plazo tasado y limitado, sin poder disponer de la documentación fundamental, tanto en el movimiento de las cuentas bancarias del señor Roldán como su declaración de renta y de patrimonio. Lo curioso es que la prensa de hoy trae, en relación con esta cuestión de que no podemos disponer de la declaración de la renta ni de patrimonio del señor Roldán, que en el denominado Programa PADRE el Ministerio de Hacienda acaba de autorizar a los bancos a que hagan la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de sus clientes. Un documento sobre el que se dice que si el interesado lo quiere aportar voluntariamente ante la Comisión o la Ponencia encargada de la investigación, lo puede hacer. Pues bien, a partir de la próxima declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que empieza en fechas inmediatas, en el próximo mes, los bancos podrán rellenar los impresos. Un documento que, por un lado, parece ser de una protección cautelar, amparándose el Ministerio de Hacienda, la propia Administración, que es, por imperativo legal, constitucional, un objeto del control de esta Cámara. Y resulta que nos vamos a encontrar con una paradoja digna de una tesis doctoral: Que quien puede lo más, que es este Parlamento, al legislar, no puede lo menos. En un Estado de Derecho, en un Estado democrático, donde la soberanía reside en la Cámara legislativa, resulta que quien puede lo más, quien hace las leyes fiscales, quien hace las leyes generales presupuestarias, quien hace las leyes de todo el ordenamiento, quien aprobó la Constitución previamente al referéndum soberano del pueblo español, no puede recabar de un órgano que está sometido a su control parlamentario, como es la Administración, en este caso el Ministerio de Hacienda, que aporte las declaraciones de la renta de un ciudadano que está encartado ante una comisión o una ponencia de investigación.
Desde luego, yo encuadro esto dentro de lo que el propio portavoz del Grupo Socialista, don Alvaro Cuesta, ha llamado paradójico. Verdaderamente es paradójico que quien puede lo más --lo repito--no pueda lo menos. Con esta limitación, es imposible guardar las formas democráticas y de potestad soberana de una Cámara y venir aquí a rendir cuentas de un informe que exige la propia Cámara para responder a una exigencia de derecho frente a la corrupción, a una exigencia de velar por los caudales públicos, a una exigencia ante la opinión pública soberana y para poder cumplir con este mandato y con este imperativo de la propia Cámara que legisla. Y cuando ha dado facultades de ley esta Cámara al Poder judicial, para así poder obtener, tanto de la banca como de la administración pública del Tesoro, cualquier documento que afecte en una causa de cualquier índole jurídica a un ciudadano encartado en un juzgado, resulta que nosotros no podemos ni siquiera aportar la carga de la prueba para dilucidar la responsabilidad política que ahí se haya planteado.
Yo digo con tristeza, como miembro de la Ponencia, y ya veremos el informe que elevaremos a la Mesa de la Cámara, la limitación que aquí nos encontramos. Yo pediría que por parte del Gobierno haya un esfuerzo

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de aproximación. Después de los ejemplos que ha puesto el portavoz socialista --que compartimos-- en Derecho comparado, lo que ha dicho el señor Romero, por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y este dato que digo de la autorización del Ministerio de Hacienda a la banca para rellenar los impresos del IRPF, sin estar sometidos a un proceso de secreto --la propia banca va a conocer todos los detalles de renta y de patrimonio de un ciudadano-- esto, que va a estar al alcance de cualquier fotocopia que quiera salir hacia el exterior, no lo tiene de una manera formal una Comisión especial de investigación, de acuerdo con nuestro Reglamento. Esto es para hacernos sonrojar, desde el punto de vista de las competencias de una Cámara legislativa y de lo que de verdad se quiere para dar transparencia en todo proceso en que esté cuestionada la honorabilidad política, la responsabilidad política de cualquier servidor de la Administración pública, hecho, además, por nombramiento de cargo político.
Nosotros lo vamos a votar. Hubiéramos deseado, como he dicho al principio, otra fórmula de presentación, pero, al menos, que cualquier inmediata futura comisión de investigación pueda disponer de esto; si nos están escuchando o leen el «Diario de Sesiones» de este Pleno parlamentarios de otros parlamentos de nuestro entorno democrático occidental, les parecería increíble este vacío legal que imposibilita que quien puede lo más no pueda lo menos, máxime cuando tiene por derecho e imperativo constitucional las funciones de control del Ejecutivo, de la Administración y de cualquier administración concordante en las leyes de tipo bancario, de tipo financiero que salgan de aquí: que este principio de obligatoriedad no se ejerza de la manera más natural, por simple demanda de oficio y no en la circunstancia en que nos encontramos. Bienvenida sea cualquier oportunidad, porque más vale tarde que nunca. Nosotros, en esta reafirmación de lo que hemos querido exponer con nuestra palabra, vamos a dar el voto favorable, como antes decía. Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, voy a manifestar y argumentar nuestro apoyo a la Proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en esta Cámara y que ha defendido el señor Cuesta.
Vamos a dar nuestro apoyo, además, con la seguridad --ya anunciada por televisión-- de que el Gobierno va a remitir a esta Cámara un proyecto legislativo que será aprobado --se dice-- en el próximo Consejo de Ministros, es decir, este viernes. Por tanto, vamos a tener, al menos así aparece en el escenario de la información, la seguridad de que lo que aquí vamos a aprobar esta tarde se va a traducir el próximo viernes en un Proyecto de ley, que va a ser remitido al Congreso de los Diputados. Las comisiones de investigación, ciertamente, aparecen con un tratamiento diferenciado y, a la vez, con notable amplitud, en el artículo 76 de nuestra Constitución, que en ningún caso se ve recortado, antes lo contrario, por nuestro Reglamento. De hecho, señorías, como ya conocerán, la Constitución de 1978 rompe una especie de conjuración del silencio, a la que en toda nuestra historia constitucional han estado sometidas las comisiones de investigación, porque nunca en una Constitución española apareció la posibilidad de creación de comisiones de investigación. En algunos momentos de nuestra historia, en algunos reglamentos de la Cámara y al amparo de lo que sucedía, se organizaban comisiones investigadoras que pueden tener cierto paralelismo con el constitucionalismo moderno, pero en ningún momento de nuestra trayectoria constitucional aparece, hasta 1978, en esa especie de conjuración del silencio, comisiones de investigación. El poder de investigación parlamentaria constituye, señorías, en los ordenamientos constitucionales modernos, los más allegados a nuestra democracia, el sistema más orgánico, más incisivo, yo diría que el más directo, mediante el cual las asambleas legislativas pueden, por un lado, actuar como forma de control sobre el Ejecutivo y, por otro, recoger la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, tanto políticas como legislativas.
De alguna manera se considera en el ordenamiento jurídico constitucional moderno que las encuestas parlamentarias, las comisiones de investigación parlamentaria, que son investigaciones realizadas por el Parlamento sobre determinados hechos y objetos, tienen su encuadramiento, tienen su marco en la función de información y también en la función de inspección de las Cámaras legislativas, y que su papel instrumental es, además, respecto de otras funciones parlamentarias. Precisamente, esa naturaleza de comisiones de encuesta, comisiones de investigación, permite concluir que el poder investigador de una Cámara legislativa se utiliza legítimamente por el Parlamento cuando se encamina hacia el ejercicio de la función legislativa, el ejercicio de orientación y de control político, que son las funciones típicas de un órgano como este Congreso de los Diputados. Del ejercicio de ese poder de investigación de las Cámaras legislativas modernas, que, ciertamente, como aquí se ha explicitado, no es un poder de juzgar, sino que es un poder de investigar, no se derivan sanciones; eso sí, activan mecanismos directos e indirectos de reacción,

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mecanismos políticos e incluso mecanismos jurídicos. Por eso, saludamos con satisfacción la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque, como se dice textualmente en la exposición de motivos, también a nosotros nos parece oportuno remover cuantos obstáculos impidan la plenitud de la función investigadora del Parlamento, sin perjuicio, eso sí, como aquí han expuesto otras señorías, de las garantías y el respeto de los derechos constitucionales de las personas. Pero lo hacemos, además, señor Cuesta, por algo que nos parece muy oportuno que ustedes lo hayan indicado y, además, de la manera que lo han hecho en su propia exposición de motivos, por el carácter dubitativo de que normas existentes, vigentes, pudieran impedir. Que quizás para otros no impidan, como aquí se ha expuesto, porque pareceres distintos los hay, interpretaciones sobre normas jurídicas existen, se dieron ayer, se han dado esta misma tarde, y me parece muy elegante, se lo digo, que su Grupo Parlamentario no incida en este debate interpretativo y diga que, precisamente, normas existentes pudieran impedir la extensión de las facultades investigadoras del Parlamento.
Por eso, nosotros damos nuestro apoyo, pero, si se me permite, señor Presidente, más allá de la redacción y la propuesta concretas del Grupo Parlamentario Socialista, de la propia enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y más allá del proyecto de Ley que puede traer el Gobierno dentro de pocos días, la próxima semana, a esta Cámara, para su tramitación, y quizás por el procedimiento de urgencia, no lo sé, uno se ve en la obligación como Diputado de hacer una reflexión, plantear que la Cámara, que todos nosotros, señorías, hagamos una reflexión serena, tranquila, sosegada, reposada, si se me permite la expresión, una reflexión apartidista sobre los cometidos, los contenidos y los instrumentos investigadores de una comisión de investigación como la que nuestro ordenamiento jurídico constitucional, nuestra Constitución, ampara.
A este Diputado, señor Presidente, señorías, se le presentan algunas cuestiones que creo que no son menos relevantes. Por ejemplo, ¿es coherente la trayectoria de este Parlamento en materia de comisiones de investigación? ¿Existe coherencia con todas las comisiones de investigación que aquí se han creado? ¿Este Parlamento tiene coherencia cuando el 20 de septiembre de 1979 dio luz verde a una proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que fue tomada en consideración por el Pleno y que fue tramitada incluso ante el Senado, en cuyo artículo 1.º se decía que las comisiones de investigación desarrollarán su actividad con los mismos poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial? ¿Es acaso coherente esta afirmación, a la cual se dio luz verde en esta Cámara, a propuesta socialista de entonces, con lo realizado en esta Cámara? ¿Es coherente nuestra trayectoria como Parlamento, como Cámara, en materia de comisiones de investigación? De ahí que yo suscite una reflexión serena, reposada, tranquila, apartidista, señorías.
¿Es absolutamente abierto --me pregunto-- el marco constitucional en el que se instalan, o debemos examinarnos, como creo, en relación con el denominado bloque de constitucionalidad? La Constitución, cuando habla de comisiones de investigación, en particular, ¿deja todas las puertas abiertas, o esas puertas abiertas lo deben ser también en función, y sólo en función, del llamado bloque de constitucionalidad? ¿Cabe todo, señorías, en una comisión de investigación y todo puede ser objeto de investigación, apelando sólo al interés público? ¿Y quién determina el interés público? ¿Esta Cámara, coyunturalmente? ¿Debe ser el Reglamento de esta Cámara el que ampare y regule, con exclusividad, quizá, los trabajos investigadores, o debemos tener otras leyes como referencia, como marco, si me permiten, como pared de fondo? ¿Cuál debe ser nuestra relación con el Poder judicial y sus actuaciones? Porque no hace mucho que este Diputado, en función de presidente de una comisión de investigación, criticó cierto procedimiento de un juzgado de Madrid, pero no es menos cierto que esta Cámara, cuando se hizo una comisión de investigación sobre ciertos accidentes aéreos, llegó a solicitar, y a obtener, documentación que integraba el sumario, las actuaciones de un juzgado.
¿Podemos pasar, señorías, de la noche a la mañana, de no poder hacerlo todo a hacerlo absolutamente todo? Por eso, señorías, señor Presidente, me he permitido, y ustedes me van a perdonar, además de argumentar a favor de esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, hacer esta llamada a una reflexión serena, tranquila, sosegada, alejada sobre todo de necesidades políticas urgentes, como las que quizá acompañan la propuesta y como uno supone que va a acompañar la iniciativa legislativa del Gobierno. Simplemente quiero hacer, repito, esta reflexión, al amparo de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y del anuncio del Gobierno de la aportación de un proyecto legislativo.
Nada más, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López de Lerma. Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ramallo.


El señor RAMALLO GARCIA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hubo una vez un Ministro socialista que afirmó en esta Cámara que mientras fuera Ministro no habría comisiones de investigación. Por azares del destino, aquel Ministro, de don Felipe González, que en 1987, desde esta misma tribuna, realizó

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semejante afirmación (me la hacía a mí, porque me estaba contestando, y yo estaba sentado allí), es quien hoy firma, en nombre del Grupo Socialista, la proposición no de ley que debatimos y que tiene por objeto ampliar los poderes de las comisiones de investigación.
Es también la misma persona que, cuando estaba en la oposición y era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Vasco, decía aquello de: Existe, señorías, la regla, que sigue siendo válida, de la mujer del César, según la cual un político, además de ser honesto, debe parecerlo. Y es que hoy yo recapacito y digo al ilustre portavoz socialista, señor Cuesta: Con la que está cayendo, no es para que hablemos de Derecho comparado, señor Cuesta. Es quizás para que hagamos memoria y yo voy a hacerla. Permítanme que me remonte a 1982, para recordar algo que desde los escaños socialistas quizá lo recuerden mejor que yo y que el pueblo español hoy lo recuerde con añoranza. Me refiero a la gira electoral de don Felipe González, actual Presidente del Gobierno, que lanzaba un solo mensaje: Hay que moralizar la vida pública y luchar contra la corrupción. Y lo he leído en la prensa, y así debe ser, que lo dijo en una excursión que hizo por toda España, que la pateó, de 20.000 kilómetros. En el mitin final socialista, Alfonso Guerra fustigó a los gobiernos de UCD y afirmó: Hay que ganar, para que se viva sin corrupción, estafas ni asesinatos como el masivo del aceite de colza.
Felipe González subrayó las palabras de Alfonso Guerra --¡Qué tiempos! decía, su amigo de siempre-- y añadió: Frente a quienes dicen que somos las dos caras de la moneda, yo digo que somos la misma cara de la misma moneda: la lucha contra la corrupción. ¿Qué ha ocurrido desde entonces, señorías? Ustedes prometieron ilusión, ustedes prometieron moralizar la vida pública, ustedes prometieron limpiar la corrupción a una España que no estaba llena de corrupción. Decía don Felipe González: Hay que hacer la revolución de la honestidad a todos los niveles y en todos los campos.
Esto era en 1980. En 1981: El PSOE defenderá como principio básico, si llega al Gobierno, la honradez en el ejercicio de la función pública. Por eso me preguntaba y me pregunto: ¿Qué ha ocurrido desde entonces para que cambien tanto las cosas y ustedes hoy nos traigan una proposición no de ley que hace unos años no pensarían ni siquiera en coger la pluma para redactarla? Pues yo se lo voy a decir.
Primero: El Grupo Popular se ha quedado afónico, día a día, Pleno a Pleno, de pedir medidas similares a esa que ustedes traen hoy y a la que yo estoy contestando desde esta tribuna, sin obtener ninguna respuesta. Y en eso tenían ustedes compañía. Segundo. Los hechos han venido a dar la razón a este Grupo Parlamentario y el propio Presidente del Gobierno ha tenido que aceptar, en el pasado debate del estado de la Nación, que este es un problema nacional de primera magnitud que le concierne personalmente. Dijo: Me siento concernido. ¡Y tanto! Y el pueblo español yo creo que estafado. (Rumores.) En las mociones consecuencia del debate se puso de manifiesto la necesidad de reformas legales para que las comisiones de investigación tengan pleno acceso al objeto de las mismas. Así ocurre en el caso de la Comisión de la que formo parte, en unión del señor Baón, por el Grupo Popular, la Comisión Roldán, que se solicitó por mi Grupo Parlamentario y que se votó por los demás grupos de la Cámara. La documentación que obra en poder de la Administración la hemos pedido, referida a las declaraciones de renta y patrimonio de las personas investigadas, y se nos ha negado la excepción contenida en el artículo 6 del número 111 de la Ley General Tributaria. Ya lo esperábamos y ya lo suponíamos.
Pues bien, señorías, aun sin perjuicio de lo que diré después, el Grupo Popular está contento, se congratula porque, de una vez, ustedes vienen a nuestra tesis, facilitan los medios de investigación y luchan para erradicar a los corruptos. Por ello vamos a votar a favor. Si no es para luchar contra los corruptos, díganme ustedes para qué lo traen. Sin embargo, quiero precisar que esta iniciativa no sería necesaria si previamente se hubiera dado una voluntad en ese Gobierno, que está clamorosamente ausente de esta Cámara, como hace a diario, porque si hubiera habido voluntad política en el Gobierno, no hubiera hecho falta que hoy trajeran ustedes esto. Señorías, yo tengo a gran orgullo, como muchos de ustedes, llevar seis legislaturas. Yo era Senador de las Constituyentes y les digo que cuando votamos en lo que fue el referéndum, no ya como pueblo, sino como senador o como diputado, y aprobábamos el artículo 76, ¿ustedes se creen que estábamos votando unas comisiones de investigación, que se recogían en la Constitución, que sirvieran para lo que han servido mientras el Partido Socialista ha gobernado, es decir, para nada? No. ¿Pensábamos que estábamos dándonos un instrumento para poder luchar contra la corrupción? No, porque no pensábamos que iba a pasar lo que ha pasado. Lo que queríamos era conseguir que hubiera transparencia en la vida pública española. Queríamos que, a través de lo que era la limpieza en la ejecutoria de los cargos públicos, del manejo de los caudales públicos, el ciudadano se sintiera cada vez más identificado con la democracia y, poco a poco, fuera cambiando mucho de lo que no había cambiado, diciendo: ¡Caramba!, este sistema es mejor que el otro. Es bueno el sistema en el que cada cuatro años podemos decir: éste me gusta, el otro no me gusta. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Y ustedes lo han interpretado, amigos socialistas, de otra manera. Dice el artículo 76 que se aprobarán comisiones de investigación para cualquier asunto de interés público. Y miren ustedes si el asunto que tenemos

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entre manos es de interés público, éste, el caso de Mariano Rubio y tantos y tantos que no han pasado por esta Cámara y que hubieran tenido tanto mérito como éstos para hacer una comisión de investigación. Ahí está, en el «Diario de Sesiones», la afirmación del Presidente del Gobierno realizada hace una semana desde esta misma tribuna de que a la Comisión Roldán habían entregado el material que permitiría esclarecer los hechos que constituyen la finalidad de la Comisión. Y hoy es el día en que aún sigue llegando documentación a la Cámara.
Si quieren ustedes, les muestro la relación de hoy. Ayer era el día en que, haciendo un esfuerzo portentoso, el Gobierno había conseguido que el Ministro de Educación y Ciencia mandara a la Comisión un papel así de corto (el señor Ramallo García muestra un papel a la Cámara), que decía que el señor Roldán ni era ingeniero industrial ni era licenciado en Económicas ni era master ni era nada, que era un simple ciudadano, lo cual no es malo. Pero hay que decir que quizás el Gobierno no mandó antes eso por vergüenza, porque se acompañaba también la declaración de aquel día de 1986 en que el portavoz del Gobierno daba ese currículum, sobre el que mi compañero y yo hemos tenido que preguntar al Gobierno y en el que se demuestra qué es lo que ocurría.
Señorías, no tenemos «titulitis» ni «meritocracia», pero qué mal empieza quien alega títulos que no tiene para decir ¡qué grande soy!, cuando luego ha demostrado lo pequeño que es.
(Rumores.) Queridos amigos, ¿qué quieren que les diga? ¿Que el Presidente del Gobierno faltó a la verdad? Saquen ustedes la conclusión. Si hoy estamos aprobando esta ley para que se mande lo que es necesario, es porque el Gobierno no ha contestado, desde el día 9 de marzo en que se mandó la solicitud de documentación, hasta hoy, a lo que tenía que haber contestado. Era el 9 de marzo --han pasado dos meses-- cuando se pedía la documentación y ayer se nos descuelgan con un papelito de tres folios diciendo que como es de aplicación el artículo 111, número 6, de la Ley General Tributaria: de lo dicho, nada, que no les mandamos un papel. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Y tengan en cuenta... (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben claramente.) Con taza van a necesitar ustedes recoger lo que han dejado. Más vale que estén tranquilos. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--Rumores y protestas.) Por lo menos, tengan seriedad, que el pueblo me parece que no está para bromas; es bastante serio lo que estamos hablando. Si estuvieran un ratito en la Comisión Roldán, a muchos de ustedes se les iba a poner la cara colorada como un pimiento.
(Rumores.) Amigos, es discutible y discutida la doctrina de que el artículo 111 de la Ley General Tributaria que se nos alega sea un obstáculo para que se envíen las declaraciones de la renta y patrimonio. No voy a entrar en la discusión teórica. Es que el artículo 111 de lo que está hablando es del deber de colaboración de los terceros que tengan relaciones con otros contribuyentes y que mandan datos a la Hacienda pública, pero, que yo crea, la declaración de renta y patrimonio es una obligación personal que hace cada una de las personas. Por tanto, la excepción del número 6 no es de aplicación, ni mucho menos, y ustedes lo saben. Pero es que, además, señorías, el venir hoy aquí --y se ha dicho ya antes--tiene su motivación.
Por ejemplo, aquí tienen: Colegio General Navarro, de Badajoz, Ministerio de Educación y Ciencia: para poder optar a una plaza en un colegio público --no nos lo inventamos--, copia compulsada de la hoja de liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1992. Señorías, las cosas están bastante claras; hasta en los tablones de anuncios hasta hace poco tiempo han estado las declaraciones de la renta. Se podían consultar declaraciones o se exigía --como se ha dicho aquí ya--la declaración para cualquier otra cosa, como para un préstamo en un banco, público o no público.
En fin, señor Cuesta, bienvenida sea la proposición si se facilita, con pleno respeto al Estado de Derecho, la labor de investigación que forma parte del control al Gobierno. Sin embargo, quisiera hacer una reflexión al hilo de un interrogante: ¿Puede creer ahora alguien que el Grupo Popular iba a querer invadir los límites de las garantías constitucionales? Porque, a veces, se nos ha hecho esa imputación. (Varios señores Diputados: ¡No! ¡No!--Rumores.) Desde luego, a nosotros no, porque nosotros --y esperamos que rectifiquen y no hagan imputaciones gratuitas-- no fuimos los que propusimos el poder entrar en los domicilios sin autorización judicial, y el señor Garzón está muy de acuerdo con nosotros en lo que hicimos, mucho. (Rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo, vaya terminando, por favor. (Rumores.) ¡Silencio, señorías!

El señor RAMALLO GARCIA: Voy terminando, señor Presidente. No ha sido el Grupo Popular el que ordenó al CESID o a sus agentes espiar a media Barcelona. Supongo que habrán sido ustedes o el señor Serra. No sé quién habrá sido. (Rumores.) No hemos sido nosotros los que hemos introducido el delito de difamación en el Código Penal para amordazar la libertad de expresión y con ello facilitar el ambiente de impunidad.
Fueron otros, el anterior Ministro de Justicia, señor De la Quadra, al que le gustaba mucho aquel tipo de delitos.
(Rumores.) No se preocupen ustedes señores de la mayoría.
Nosotros ya hemos demostrado bastante que no queremos limitar los derechos de los españoles. (Rumores.--Risas.) No se ría, que no está para bromas la cosa, señoría. Permítanme que, por fin --no sé si está el señor Martín Toval--, lea algo, hoy que también ha traído buenas

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perlas el señor López de Lerma, magnífico Presidente hasta ahora, y espero que lo siga siendo, de la Comisión Roldán...
(Rumores.--Risas.) --yo puedo hablar hasta ahora, mañana no lo sé; hasta ahora, sí--, hoy que ha traído buenas perlas de lo que estos señores (señalando a los bancos del Grupo Socialista) decían cuando eran oposición. Es que algunas señorías no nos entienden, pero lo que los tuvimos que aguantar desde el Gobierno siendo ellos oposición quizá sí entiendan.
Miren ustedes, nada más y nada menos que el 21 de diciembre de 1978 --estaba la democracia tierna, tan tierna que acabábamos de aprobar la Constitución--se concede una Comisión que se llamaba de encuesta, no de investigación como ahora. ¿Saben ustedes cuál era el gran pecado? Que se había publicado en la prensa que a los invitados extranjeros al Congreso de UCD se les había pagado desde Televisión Española. Pues bien, el Grupo de UCD con su abstención dio lugar a que se creara la Comisión, y el señor Martín Toval dijo lo que yo no me resisto hoy a repetir: «Nosotros quisiéramos»... (Rumores.) Si él no está, cuéntenselo; además, figura en el «Diario de Sesiones»: página 5942, número 147. ¡Es que les va a picar! (Risas.--Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Señor Ramallo, termine, por favor!

El señor RAMALLO GARCIA: Voy a terminar, señor Presidente. Al tercer aviso, si quiere usted, me sienta.
Decía el señor Martín Toval: «Nosotros quisiéramos que esta abstención del Grupo de UCD...» (Rumores.) Ahí también hay gente que lo oyó desde el Grupo de UCD.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo, el orden lo mantiene la Presidencia.


El señor RAMALLO GARCIA: «Nosotros quisiéramos que esta abstención del Grupo de UCD no se continúe en una abstención en cuanto a los trabajos que esta Comisión de encuesta debe desarrollar, de forma que esa abstención en el voto de hoy no signifique que los objetivos de la Comisión de encuesta aquí prefigurados: "para que con mesura y firmeza determine"'"' -- dice la moción-- "si las acusaciones contenidas en la prensa sobre la corrupción en dicho medio social son o no ciertas"'"', digo que en la actuación de esa Comisión de encuesta --y será fundamental la actitud del Grupo hoy mayoritario relativo en el Congreso y hoy en el Gobierno-- será fundamental que no mantenga esa actitud de abstención. Si no, difícilmente la Comisión de encuesta podría tener eficacia, quedando entonces en papel mojado». Decía el señor Martín Toval para terminar: «Los hechos nos dirán quién está o no a favor o en contra de la corrupción».
Muchas gracias, porque quienes no han apoyado las comisiones de investigación hasta ahora han sido ustedes. Aplíquese el cuento el señor Martín Toval. (Rumores y protestas.-- Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Cuesta a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda defendida en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por el señor Romero.


El señor CUESTA MARTINEZ: Permítame, señor Presidente, alguna precisión al hilo de la enmienda suscitada y al hilo también de lo que es la necesaria explicación de esta proposición no de Ley. (Rumores.) Estoy en el trámite...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): No, no. Señor Cuesta, exclusivamente a los efectos de indicar si acepta o no la enmienda, a lo sumo con alguna mínima argumentación de por qué la acepta o no. (Rumores y protestas. Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡No! ¡No!) ¡Silencio Señorías!

El señor CUESTA MARTINEZ: Señor Presidente, mi primera reflexión o afirmación es que mi Grupo no vive exclusivamente anclado en el pasado. (Aplausos.--Rumores y protestas.--El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¡Está reabriendo el debate!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, no hay reflexiones. Indique si acepta o no y arguméntelo.


El señor CUESTA MARTINEZ: Quisiera que me permitiera la Presidencia...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Es que este es uno de los turnos tasados, señor Cuesta, y usted lo conoce bien.


El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias por la benevolencia de la Presidencia.
Efectivamente, en línea con aquella proposición de Ley de 1979 que presentamos en su día, ésta no de Ley recoge aquel espíritu. Por cierto, aquella proposición fue rechazada por el Parlamento de la época y, por cierto, la voluntad que había detrás de aquella proposición se ha desarrollado por la mayoría socialista en este Parlamento a través de una Ley orgánica que regula las comparecencias en las comisiones de investigación, que no existían como instrumento. (Rumores y protestas.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, aténgase al turno concedido.


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El señor CUESTA MARTINEZ: Hecha esta precisión, que creo que es de utilidad para darle el marco interpretativo a la proposición que hoy nos ocupa, quisiera agradecer en primer lugar el espíritu constructivo y el apoyo que todos los grupos dan a esta iniciativa de mi Grupo Parlamentario y quisiera a su vez también afirmar que, en efecto, vamos a asumir la enmienda planteada por el portavoz y el representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque creemos que esta enmienda en realidad no modifica en lo sustancial el espíritu de esta proposición no de ley, que es preservar efectivamente, en el funcionamiento de las comisiones de investigación, el respeto a las garantías constitucionales. A más competencias, y hoy estamos hablando, señorías, de competencias de las comisiones de investigación --por cierto, es la primera vez que se habla en los doce últimos años en esta Cámara de competencias, de capacidad de remover obstáculos en el funcionamiento de las comisiones de investigación, no de constituir las comisiones, sino de las competencias...
(Protestas.) ... de las comisiones, por iniciativa de mi Grupo Parlamentario...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Cuesta, la Presidencia ha entendido claramente que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se acepta la enmienda. Ese era el efecto de este turno.


El señor CUESTA MARTINEZ: La aceptamos en el sentido además de que a más competencias, removiendo los obstáculos legales, recogiendo el principio de legalidad, reformando la ley, más garantías también.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cuesta.
Vamos a pasar a la votación de la proposición no de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 296; abstenciones, una. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡No está! ¡No está!--Señalando el escaño del Grupo Popular que aparece como abstención en el panel electrónico.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
(Continúan las protestas. Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben claramente.) ¡Silencio, señorías! ¡Silencio! (Rumores.)MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, EN RELACION CON LA POLITICA DEL GOBIERNO SOBRE LA INDUSTRIA MILITAR Y DE ARMAMENTO Y LA OBTENCION DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS PARA SU RECONVERSION, A LA VISTA DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA (Número de expediente 173/000034)

El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya subsiguiente a interpelación en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de fondos europeos para su reconversión, a la vista del plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
(Continúan los rumores.) En nombre de Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, estamos en sesión. Ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.) Cuando quiera, señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, quisiera defender esta moción, por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, fruto de la respuesta, mejor dicho, de la no respuesta que el Ministro de Industria dio en el debate de la interpelación, haciendo un ejercicio de responsabilidad, intentando no utilizar como argumento una situación complicada o un drama en determinadas familias, sino utilizando el razonamiento para defender aquí, en el Pleno de la Cámara, lo mismo que hemos defendido fuera de ella y en cada uno de los sitios. Creo que nos encontramos ante una situación complicada, porque una vez más el Gobierno de la nación, ante una equivocación, ante una actuación equivocada y ante la respuesta de presión, de exigencia, de movilización, por parte de los ciudadanos afectados, ha aplicado una receta también equivocada, mantenella y no enmendalla. Y, cuando las cosas se han complicado, han utilizado la policía.
¿De qué estamos hablando hoy aquí y por qué viene esta moción al Pleno de la Cámara? Estamos hablando de una moción sobre la situación de la Empresa Nacional Santa Bárbara, porque la empresa ha presentado un pretendido plan de viabilidad o plan industrial que llevaba consigo el cierre de cinco centros de trabajo y el despido, ipso facto, de 2.070 trabajadores. Una empresa que venía desde el año 1987, en pleno Gobierno

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del actual Presidente, de un proceso de reconversión que supuso una reducción de 2.300 empleos, sin que la contrapartida que a los trabajadores se les puso encima de la mesa --la contrapartida de una inversión para modernizar y adecuar la industria a la realidad y a las demandas del futuro-- se acometiera. Como eso no se hizo en el año 87, llegamos al año 90 a un programa de regulación de empleo que tuvo una decisión de la autoridad del Ministerio de Trabajo reduciendo las peticiones de la empresa en la regulación de empleo temporal e incluso el número de personas afectadas. En aquella resolución mandataba a la empresa para que se presentara, entre lo que pudiéramos llamar organismos implicados y no implicados directamente, pero también implicados, y los propios trabajadores, un nuevo plan que introdujera una viabilidad industrial para la empresa.
Sin embargo la realidad ha sido que el Gobierno, el INI ha respondido a compromisos contraídos con los trabajadores firmados, con documentos concretos, presentando unilateralmente un plan de ajuste impuesto en la Administración de Trabajo. No se ha cumplido por tanto la negociación, pero es que había compromisos específicos en centros concretos, por ejemplo en el de Toledo, donde en septiembre del 89 y en el año 90 se comprometían a mantener todos los puestos de trabajo y la incorporación a una empresa nueva que se llamaba Icsa; acuerdo que se mantuvo en junio del año 93 por realidades productivas sin que el Ministerio de Defensa haya definido cuáles son las necesidades de Defensa para las próximos años. En suma, nos encontramos ante un plan unilateral. Yo creo que aquí, para el Ministro de Industria, valdría la anécdota de Pablo Neruda cuando un amigo suyo, Julián Husley, preguntó por él en el aeropuerto de Chile y le decían: ¿Por quién, el poeta Neruda? y dijo él: No, el malacólogo Neruda. ¿A qué es a lo que se refería? Que el conocimiento que tenían de Neruda como poeta él lo tenía como especialista coleccionista de moluscos. En el caso del Ministro de Industria debiéramos decir que por lo que es conocido no es por lo que yo le vengo a conocer; más bien le conozco por el Ministro del desmantelamiento industrial, porque la realidad ha sido que aquí no han venido propuestas que recojan ordenadamente una actuación dentro de una industria tan estratégica como la de Santa Bárbara.
¿Quién se opondría, los trabajadores, los sindicatos, o qué fuerza política se opondría si hubiese un plan industrial que recogiera los compromisos para los próximos diez años del Ministerio de Defensa? Compromisos que hoy se están cumpliendo fuera de la empresa Santa Bárbara; compromisos que --se los puedo leer-- han funcionado en los años 89, 90, 91, 92 y 93 obteniendo fuera de la empresa Santa Bárbara actuaciones que corresponden a dicha empresa por valor superior a cinco, ocho, diez mil millones de pesetas; actuaciones como carros de combate, mantenimiento y repuesto para los vehículos TOA, ATP o carros de combate M-47; cartuchería, etcétera, algunas geniales porque hemos adquirido en el exterior cartuchería que después hemos tenido que tirar porque no ha sido válida.
En suma, en lugar de definir qué puede producir Santa Bárbara hoy de lo que necesita el Ministerio de Defensa, el que tenemos hoy, el que vamos a tener en los próximos años, se ha sacado a licitar bajo dos argumentos: porque es más barato y porque el mercado puede facilitar una realidad de oferta de unas empresas que no puede hacer Santa Bárbara. Y ¿qué se ha hecho, qué inventiva ha tenido el propio Ministerio de Industria para introducir modificaciones tecnológicas que puedan llevar a la empresa Santa Bárbara a producir lo que se produce fuera? Creemos que definiendo esas necesidades del Ministerio de Defensa lo que puede producir hoy, hay que producirlo y encargarlo; lo que no puede producir pero podría hacerlo con innovaciones tecnológicas, que se introduzcan, y, segundo, haciendo frente a planes de conversión industrial hacia otros frentes industriales; ejemplos como se ha hecho en Toledo con Icsa, como se ha hecho en Oviedo con el grupo Coli, como se ha hecho en Granada; proyectos que podían y deberían estar acogidos al Plan Konver y que no se han acogido a dicho plan que precisamente se utiliza en Europa para reconversión de la industria militar o de infraestructuras militares.
Por tanto, la propuesta que hace Izquierda Unida va dirigida a conseguir, primero, que en lugar de poner sobre el tapete el carro por delante de los bueyes, que se retire el expediente de regulación de empleo y que la empresa negocie, junto con los ministerios de Industria y de Defensa, porque hay que comprometerse. No podemos decir que las partes se entiendan.
Los compromisos de un Gobierno en un sector estratégico son importantes. Una política de Gobierno, una actuación de todos sus ministros. No puede haber una opinión distinta en Defensa, por otro lado en Industria y por otro lado en Economía, como una pelea entre ministerios que impiden acogerse a proyectos o poner en marcha determinadas iniciativas. Es necesario, por tanto, una actuación dentro de un plan industrial, negociado, por tanto, por el Ministerio de Industria, por el Ministerio de Defensa, el de Economía, el INI y la empresa, los trabajadores y los sindicatos; plan industrial que vienen anunciando y han ido firmando sucesivamente en el tiempo. Ese plan puede estar encima de la mesa en seis meses, y dentro de ese plan, donde se recoge lo que va a producir Santa Bárbara para Defensa, la conversión, se puede hablar de un ajuste de empleo, se puede hablar de una regulación de empleo, de incentivación de jubilaciones, de transferencia o movilidad geográfica. Dentro de ese plan nadie se va a oponer, si hay un plan de viabilidad industrial. Por tanto la propuesta de Izquierda

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Unida sería que ese plan se acogiera, en los proyectos de conversión, a los fondos Feder.
Me gustaría responder a las propuestas que se nos han hecho a esta moción. Se han presentado iniciativas de otros grupos, en concreto la que hemos intentado tratar con el Grupo Parlamentario Socialista. Plantea que este Pleno requiera al Gobierno para que éste inste a las partes a negociar, pero no plantea la retirada del expediente. Y si esto lo aprobamos así, con la voluntad que podíamos tener de que esto fuese así, que promoviéramos la negociación, lo que estaríamos aprobando es que se instaba a las partes a negociar sin retirar la amenaza que supone el expediente de cerrar cinco centros y despedir 2.000 personas, a negociar cómo se produce eso, y no precisamente a negociar un plan industrial para la propia empresa, del que hoy se carece. Por tanto no es posible admitir esa propuesta. En las demás propuestas del Grupo Socialista no habría ningún problema. El punto tercero, para asumirlo junto con el segundo de Convergència i Unió. El punto cuarto, como una adición a la propuesta. Creemos que la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista no retira el expediente, además utiliza el convenio INI-Teneo, que no es un mecanismo adecuado porque ese convenio no va a actuar para lo que pudiéramos llamar cierre de empresas totales ni tampoco para dictar, como una especie de juez que va a arbitrar dentro del proceso. pero es que además nosotros creemos que sería bueno que junto con la actuación global pudiéramos hablar de recolocaciones en otras empresas. Fuera de eso es una declaración de intenciones que hace el propio Grupo, si no está unido a otras actuaciones en su propio conjunto. De las propuestas del Grupo Popular nosotros aceptaríamos la propuesta primera, para homologar las importaciones de armamento militar; aceptaríamos la tercera, como adición para que Santa Bárbara ponga encima de la mesa, para la negociación de ese plan industrial, una propuesta de un nuevo plan estratégico, en lo que significa el armamento y la munición que van a necesitar Defensa e Interior; aceptaríamos el punto cuarto para que antes de proceder al cierre de ninguna factoría se haga frente a la diversificación industrial, también como adición al punto tercero. Sin embargo, nosotros no aceptaríamos el punto segundo, no porque no estemos de acuerdo, no porque no estuvieran de acuerdo los sindicatos y los propios trabajadores, sino porque plantear hoy una regulación de empleo temporal como tránsito, mientras se negocia el plan industrial, es un elemento a negociar con los propios sindicatos, no que esta Cámara se pronuncie sobre lo que deben hacer; son los propios sindicatos los que deben decir: mientras se hace esto podríamos ir a la regulación temporal. Se trata de facilitar la negociación entre las partes, desde el acuerdo aquí, para que se retire el expediente y se pongan a negociar de verdad, no con una amenaza encima de la cabeza.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RIOS MARTINEZ: Concluyo, señor Presidente, con la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros aceptaríamos el punto segundo como sustitución del punto tercero nuestro; aceptaríamos el punto tercero como sustitución al punto cuarto nuestro, y aceptaríamos el punto primero, y por tanto toda la moción, como adición al punto primero nuestro.
Por tanto, señorías, y para demostrar que no hay un interés de iniciativa exclusiva de nuestro Grupo, inclusive nos atreveríamos a proponer una transacción al Grupo mayoritario para que pudiéramos llegar a un acuerdo unánime de toda la Cámara y que pudiera haber tranquilidad mientras se negocia ese plan industrial. Propondríamos una transacción al Grupo Parlamentario Socialista en el punto primero, en el sentido de que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno para promover el aplazamiento en la tramitación del expediente de extinción de contrato mientras se negocia un plan industrial.
Volvemos a hacer otra propuesta de transacción, facilitando no ya el expediente o el plan industrial en su conjunto, sino precisamente el aplazamiento en la tramitación del expediente de extinción de contratos, para así facilitar la negociación en los próximos seis meses sin ninguna presión sobre esa negociación. Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
A esta moción han sido presentadas enmiendas por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Marcos Merino.


El señor MARCOS MERINO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista y, como siempre, lo hago con rigor y responsabilidad, sobre un tema importante y delicado, porque se trata de definir el proyecto de una empresa que tiene ocho centros de trabajo y que cuenta con 3.000 trabajadores que en este momento están viendo cuestionado su futuro.
El origen del problema que en este momento padece Santa Bárbara deriva, desde nuestro punto de vista, de tres elementos. En primer lugar, el proceso de distensión que se ha producido en el mundo a partir de la desaparición de los bloques; en segundo lugar, las políticas de desarme interno y las limitaciones en las exportaciones; y, en tercer lugar, las drásticas reducciones presupuestarias que se han experimentado en todos los países, lo que viene a hacer todavía más difícil la situación.
En estas circunstancias, la empresa se ha colocado en una difícil situación, que se puede describir con tres

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datos que me parece que son muy elocuentes. En primer lugar, viene atravesando una subactividad del 90 por ciento en la media de sus centros de trabajo; en segundo lugar, ha experimentado una reducción de la carga de trabajo que va de los 22.400 millones en 1986 a los 2.254 millones del año 1993, o los 2.300 del año 1994; y, en tercer lugar, unas pérdidas que han pasado, a lo largo de estos años, de los 6.876 millones en 1989 a los 26.164 del año 1993.
Ante esta situación, podemos responder de dos maneras. Una, seguir como estamos, aguantando el chaparrón como podamos; y otra, hacer frente a esta situación, intentando aplicar medidas de reordenación del propio proyecto empresarial que nos permitan garantizar, de cara al futuro, el mantenimiento de la empresa y el mayor número de puestos de trabajo posible.
Entendemos que ésta es la decisión que hay que tomar, que ésta es la línea de actuación, y, en ese sentido, lo que hacemos es proponer a las partes que afronten un proceso de negociación tendente a conseguir el consenso necesario para que las medidas que hay que adoptar para garantizar el futuro cuenten con el apoyo y el consenso del conjunto de los trabajadores. Yo creo que en ello coincidimos todos, la única diferencia es que algunos -- en este tema coinciden los representantes de los trabajadores, los representantes de los sindicatos e Izquierda Unida-- consideran que es imprescindible la retirada del expediente o el aplazamiento del mismo. Nuestro Grupo considera que esto no es vital porque, realmente, lo importante es hacer frente a esta situación, para lo cual es imprescindible negociar. La negociación, a partir de la situación actual, lo que delimita es el punto de partida, pero no condiciona ni los plazos, ni el tiempo, ni los contenidos finales, puesto que éstos tienen que ser delimitados y acordados en el proceso de negociación.
Vamos a poder marcar los tiempos, vamos a poder pedir el tiempo que necesitemos si realmente estamos en condiciones de llegar a un acuerdo. Esa es nuestra posición y creemos que ese es el enfoque que debemos dar a la propuesta que estamos haciendo.
Además, creemos que la negociación debe de afrontar el diseño de futuro de la empresa, que debe estar basado en lo que son las expectativas de carga de trabajo que tiene en este momento la empresa y las que previsiblemente va a tener de cara al futuro, porque eso lo tenemos. No hace falta juntar en una mesa a distintos ministerios, pues se sabe más o menos cuál va a ser el nivel de pedidos, cuáles van a ser las posibilidades desde el punto de vista presupuestario y en función de eso vamos a poder determinar, de una manera bastante aproximada, cuáles van a ser las posibilidades de mantenimiento del aparato productivo. Además, habría que hacer un esfuerzo, en la línea que está afrontando la empresa, de diversificación hacia productos en el sector civil, de esos proyectos que ya tienen y que de alguna manera se han planteado ya en relación con todos los centros de trabajo. Asimismo, aprovechando la importante cualificación que tienen los trabajadores de estas empresas, debiera hacerse un esfuerzo por recolocar a los trabajadores excedentes en las empresas del entorno. Para eso habría que promocionar y estimular esa recolocación.
Finalmente, lo que tendríamos que hacer es plantear la negociación entre empresa, el INI y los sindicatos; un plan de formación que permita cualificar a los trabajadores para facilitar su recolocación en los casos en que se declaren excedentes.
Señorías, yo creo que desde este Parlamento debemos de intentar insistir en lo que realmente es importante. Y lo importante es que estamos ante un problema empresarial que tiene y atraviesa una profunda crisis, que está motivada por una serie de factores que no vamos a poder eliminar de cara al futuro. Lo importante es que nosotros exijamos a las partes que negocien, que den soluciones, que den respuestas al problema, porque en la medida en que paralicemos o retiremos el expediente estaremos haciendo un flaco favor a todo el mundo. Dejaremos que eso se quede ahí muerto, que eso siga en la situación en que estaba de hibernación y que sigamos dejando que este problema, que cada vez es más grave, no tenga futuro, no tenga solución y no se pueda garantizar la supervivencia de la empresa, de los centros de trabajo y de los empleos que las circunstancias lo permitan.
Señorías, en esta línea el Grupo Socialista va a hacer y requerir todo el esfuerzo y para eso nos van a tener a su disposición. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias señor Marcos.
Enmiendas del Grupo Popular.
Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, después de haber oído con atención lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, realmente uno tiene que llegar a la conclusión de que la posibilidad de que superviva alguna industria en España pasa por que deje el Gobierno el Grupo Parlamentario Socialista.
Después de haber sido los responsables del Gobierno en Santa Bárbara, vienen a plantearnos aquí ahora que hay que instar a las partes a que negocien, como si con ellos no fuera nada.
Podían haberlo pensado antes y no acordarse en esta situación crítica que atraviesa ahora Santa Bárbara en toda España. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un texto alternativo a la moción de Izquierda Unida porque hay que recordar al Partido Socialista que habiéndose creado un plan estratégico en el año 1986 y en el

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año 1987, como consecuencia de la ampliación de Santa Bárbara, con la incorporación de las factorías de Valladolid, de Murcia y de Trubia en el año 1987, se aprueba un plan estratégico que comprende de 1987 a 1991. De 1987 a 1989 da buenos resultados y a partir de 1989 hasta 1994 la subactividad crece hasta el límite del 98 por ciento en la actualidad, la carga de trabajo cae de una manera impresionante, la facturación cae de una manera determinante y después de cinco años se hacen cargo de que hay que tomar medidas para tratar de salvar la empresa. ¡A buenas horas se acuerdan ustedes de que hay que salvar esta factoría! Pero esto no es más que consecuencia de aquella frase --que hereda el señor Eguiagaray-- de un ministro ilustre que dijo que la mejor política industrial era la que no existía. Y ahora nos encontramos en esta situación catastrófica, y no dicho por este representante del Grupo Parlamentario Popular sino por todos los ayuntamientos en los que gobierna el Grupo Parlamentario Socialista, como más adelante diré.
En primer lugar, nosotros solicitamos que se extremen al máximo las medidas de homologación del armamento militar procedente del extranjero, de la misma manera que el material que se exporta de España pasa por unos cauces de homologación que hacen, en muchas ocasiones, que se pierda gran cantidad de tiempo en la posibilidad de introducir nuestro material militar en el extranjero.
En el segundo apartado aportamos una solución intermedia, para que sea creíble esta Cámara. Si plantemos la retirada del plan estratégico seguramente se vote que no, y no hay ninguna solución. Pero realmente hay una solución intermedia, en la que están de acuerdo los trabajadores --y, también hay que decirlo, en la Cámara ¿por qué no?--, que es que mientras se negocie este plan estratégico puedan retirarse esos expedientes de rescisión de contrato y se transformen en expedientes de regulación temporal. Desde nuestro punto de vista, no hay problema alguno en que desde aquí se inste eso al Gobierno, se inste eso a Santa Bárbara y a la Presidencia del INI, porque, al fin y al cabo, no les queda más remedio que aceptarlo, una vez que se haya aprobado por estas Cortes.
Y sí tienen que ver, señor representante del Grupo Parlamentario Socialista, los Ministerios de Defensa, Industria y Economía y Hacienda. ¡Cómo no van a tener que ver! La continuidad de Santa Bárbara depende de los presupuestos del Ministerio de Defensa. Y mientras continuemos con una Ley, la 44/1982, de Dotaciones, que está prorrogada 12 años después y que es un cajón de sastre donde no hay absolutamente nada programado para la inversión, Santa Bárbara no podrá saber nada. Y hay que requerir del Ministerio de Defensa que diga, de una vez por todas y claramente, qué es lo que piensa invertir en Santa Bárbara, en Bazán, en CASA, etcétera; hay que saberlo. Y, en base a eso, hay que saber qué previsiones puede hacer el Ministerio de Industria con respecto, en este caso concreto, a Santa Bárbara. De lo contrario, no podrá hacer ningún tipo de plan estratégico, puesto que su única dependencia es la de los presupuestos de Defensa, Sección 14.
De manera que fíjese usted si tiene que ver.
También tiene que ver el Ministerio de Economía y Hacienda, porque los gastos financieros que se están originando en la Empresa Nacional Santa Bárbara están producidos por tener que acudir permanentemente al crédito, porque el Ministerio de Hacienda no paga las certificaciones que hace el Ministerio de Defensa, y eso está obligando a que dichos gastos financieros engrosen cada vez más la deuda y las posibilidades de Santa Bárbara cada vez sean menores. Y después nada paga intereses.
¡Fíjese usted si tiene que ver! En el punto tercero solicitamos que, en el plazo de tres meses, la Empresa Nacional Santa Bárbara presente un nuevo plan estratégico, de acuerdo con lo que se ha planteado por el Ministerio de Defensa e incluso por los de Interior e Industria. También solicitamos que antes de proceder al cierre de alguna de las factorías se dé la posibilidad de diversificación a la empresa para que, mediante la creación de empresas filiales, tal y como ya se ha establecido, se dé entrada al capital privado o se busquen otras fórmulas que permitan aprovechar instalaciones, infraestructuras y personal. Ya lo ha hecho Santa Bárbara, pero tímidamente. Se ha creado Internacional de Composites, y se han creado Deftec y AMT, se ha creado Surgiclinic, y se ha creado la fábrica de blindados de Sevilla. Pero, en definitiva, ¿cuántos puestos de trabajo ha creado todo eso? No para dar carga suficiente de trabajo al personal que hay en plantilla.
En cuanto a diversificación quiero decirle, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que Galicia ha sido la única comunidad autónoma que ha presentado un plan alternativo, aceptado por el Gobierno socialista del Ayuntamiento de La Coruña, en el que da la casualidad que tienen ustedes mayoría absoluta.
Por último, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular plantea que, en todo caso y una vez estudiadas las diferentes alternativas, hay que garantizar al personal que resultase excedente las mejores condiciones posibles, haciendo uso de jubilaciones anticipadas, de bajas incentivadas, con la movilidad geográfica con una cierta cobertura y, desde luego, teniendo en cuenta, dentro de la reestructuración, las posibilidades de futuro de la empresa.
Porque de reconversiones industriales sabemos mucho en este país; porque nos acordamos del Real Decreto 71/1984, de reconversión industrial, que ha supuesto el cierre de cantidad de industrias, algunas del sector naval y me acuerdo, en este caso concreto, de Astano, en El Ferrol.


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Aquel plan de reindustrialización que iba a suponer la recolocación de los excedentes, murió por sí solo y ni las ZUR ni las ZID, absolutamente nada sirvió para generar empleo. Por tanto, habrá que garantizar el futuro de la empresa teniendo en cuenta que estas jubilaciones que se piensan realizar tengan un plan industrial como para no dejar desprotegidos ninguno de los estamentos que pueda haber dentro de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no ha planteado ante esta Cámara una moción tan dura como la que se ha presentado por el Grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de La Coruña, que insta al Ministerio de Industria y al INI a que dé las directrices necesarias para que la Empresa Nacional Santa Bárbara retire el actual plan de empresa. Que se abra una mesa de negociación con los sindicatos; requerir al Ministerio de Defensa la planificación dentro del Plan de Defensa Nacional, es decir, lo mismo que plantea el Grupo Parlamentario Popular en innumerables ocasiones. Y no todos los países han reducido los gastos de defensa. Precisamente los de economías emergentes son los que están metiendo su militar defensivo ahora en España y tenemos ejemplos no sólo en Arabia, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwan, Japón, China, etcétera, sino también en Europa: Italia, Noruega o dentro de la NATO, la propia Turquía. Por consiguiente, olvidándonos de viejos tópicos sobre la reducción permanente de gastos militares, olvidándonos de que influye directamente en miles de puestos de trabajo, el Grupo Parlamentario Popular pretende con esta moción que lo que se acuerde en esta Cámara sirva para algo y que no nos vayamos de aquí, después de haber aprobado una serie de medidas, preguntándonos: ¿para qué han servido? Para nada. En realidad no sirven para nada. Si queremos recobrar realmente la credibilidad de las instituciones, empecemos a aprobar medidas efectivas de forma que en la calle tengan conciencia de que sirven para algo y no para beneplácito de esta Cámara y congratulación de todos los que aquí estamos, como si lo que pretendiéramos fuera complacernos en lo que proponemos, sin que en realidad sean medidas efectivas.
Señorías, lo que se ha planteado hoy por el Grupo Parlamentario Socialista, lo que se ha presentado por el INI, no es más que un despido libre, algo que yo creía que los socialistas tenían olvidado y no creían en él. Por ello, nosotros no estamos de acuerdo con lo que aquí se plantea hoy por parte del Partido Socialista y votaremos a favor de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida con los puntos que se han admitido de la presentada por nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, desde el Grupo de Convergència i Unió queremos manifestar nuestra preocupación por las personas que se encuentran afectadas por la crisis de la Empresa Santa Bárbara. Queremos manifestar también nuestra sensibilidad hacia las personas que se encuentran en esta situación por la grave crisis que está atravesando dicha empresa. Desde el Grupo de Convergència i Unió no somos ajenos a dichas susceptibilidades porque en Cataluña hay también diferentes colectivos que están enmarcados en crisis industriales de diferentes sectores. Pero también desde el Grupo de Convergència i Unió queremos ser realistas ante la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Es verdad que el sector del armamento militar y la fabricación de municiones está atravesando una grave crisis, seguramente motivada por la crisis internacional de los diferentes sectores, por los cambios internacionales que ha habido por la desaparición de los bloques y también porque, desde el punto de vista de la defensa de los países occidentales y de otros países, han modificado sus esquemas de funcionamiento y de aprovisionamiento de dichas armas.
También es verdad que en la Empresa Santa Bárbara existen unos factores económicos que nadie los ha comentado, pero creo que son interesantes y demuestran la grave crisis que está atravesando dicha empresa. Las pérdidas del año 1989 fueron de 6.800 millones de pesetas y alcanzaron hasta el año 1993 la cantidad de 23.000 millones de pesetas. El índice de subactividad de dicha compañía, del grupo Santa Bárbara, era de un 23 por ciento en el año 1987 y es de un 89 por ciento en el año 1993.
Es por este motivo que desde Convergència i Unió entendemos que las propuestas de resolución para racionalizar dicho sector han de ir en otra dirección. Es importante, por una parte, insistir en que la negociación entre las partes (empresa, sindicatos y trabajadores) no ha de acabar y se ha de profundizar al máximo porque seguramente se encontrarán soluciones de viabilidad, soluciones para racionalizar el plan de saneamiento de dicha compañía.
Por otra parte, desde Convergència i Unió hemos presentado unas enmiendas. Agradezco directamente al señor Ríos Martínez la aceptación de nuestras enmiendas a su moción, pero le he de manifestar desde la tribuna que van orientadas a la sustitución de su moción, a la sustitución de la totalidad de las propuestas que usted nos ha presentado. Si esto es así, nosotros la votaríamos favorablemente. Si fuera de adición no podríamos

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votarla favorablemente porque entendemos que la solución de dicho terrible problema no iría en la adecuada dirección para poder solventarlo. Nosotros hemos presentado varias enmiendas que van orientadas en tres direcciones básicamente. Una primera es para que se proceda con urgencia por parte del Instituto Nacional de Industria y la Empresa Nacional Santa Bárbara a profundizar, a acelerar un plan de diversificación de las actividades militares de esta empresa hacia actividades civiles. De la intervención del señor Ministro la pasada semana, cuando ustedes presentaron la interpelación, yo deduje que el Ministerio ya ha estudiado 150 proyectos posibles, de los cuales algunos ya han fructificado en diferentes creaciones de nuevas compañías y en subcontrataciones para la fabricación de piezas en diferentes multinacionales que ha dado ya un fruto determinado. Según nos dijo también el señor Ministro, ya se han podido consolidar o se van a consolidar en breve 840 puestos de trabajo. Igualmente nos dijo el señor Ministro que hay once proyectos en estudio para poder diversificar y trasladar la fabricación de armamento militar a la sociedad civil, y que podrían consolidarse en un breve plazo de tiempo con 400 empleos.
Nosotros no solamente insistimos en que hay que actuar con contundencia y profundizar y acelerar dichos procesos, sino que entendemos que el Gobierno ha de hacer un esfuerzo marginal importante para incorporar más proyectos en la diversificación de la fabricación de armamento para que de esta manera, con estos nuevos proyectos, sea posible la generación de nuevas iniciativas que puedan dar un resultado final de creación de nuevos puestos de trabajo.
En la segunda parte de nuestra enmienda introducimos la posibilidad de que el Gobierno, junto con la Empresa Santa Bárbara, se pueda beneficiar de los fondos europeos Konver, que, como usted muy bien ha dicho, son los destinados por el Feder para la reindustrialización o para la reforma de las industrias orientadas a la fabricación de armamento militar y que puedan ser diversificadas hacia otras actividades.
Creemos que hay fondos suficientes. Si no recuerdo mal, para 1994-1997 la Unión Europea tiene previsto destinar 800.000 millones de pesetas a este tipo de proyectos, y es aquí donde nosotros también instamos al Gobierno español para que introduzca programas importantes de diversificación de fabricación de nuevos proyectos para que se puedan crear nuevas iniciativas empresariales y sea posible generar nuevos puestos de trabajo.
El Ministro también nos comentó en su intervención que había 14 proyectos, que el Gobierno español había preparado juntamente con la Empresa Santa Bárbara, para incorporar fondos Konver. Nosotros entendemos que aquí también hay que instar al Gobierno no para que pueda presentar 14 proyectos industriales, sino todos los que seamos capaces para poder generar también nuevas iniciativas empresariales y nuevos puestos de trabajo. También nosotros en el punto 3 de nuestra enmienda coincidíamos con ustedes en la posibilidad de que el Gobierno informara puntualmente sobre todos los contactos y gestiones realizadas respecto al sector privado y a los fondos Konver para que la Comisión de Industria, que es la que ha de sentar la posibilidad de poder establecer los criterios sobre dichos asuntos, pueda estar informada puntualmente.
Por todos estos motivos, señoras y señores Diputados, si aceptan nuestra enmienda como sustitución a su moción la votaríamos favorablemente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Ya en el debate de la interpelación, que trae como causa esta moción, Coalición Canaria, a través de este portavoz que habla, expresó su apoyo a una política, en el campo de la industria del armamento y de la munición, que fuera coherente con la situación en que nos encontramos dentro del contexto de la Unión Europea y de la necesidad de clarificar, por parte del Ministerio de Defensa, su política de inversiones, de tipología de armamento y munición que debe emplearse por las Fuerzas Armadas españolas y cualquiera de sus institutos armados, como es el caso de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, o cualquier otra organización.
Nosotros habíamos dicho que la consideración de sector estratégico para esta industria obliga a una coordinación de un plan de modernización en que tienen que estar implicados el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía y Hacienda y el INI. Nosotros creemos que, hasta el momento, esta coordinación y la creación de un plan de modernización no se ha llevado a efecto. No se han agotado las posibilidades que el Tratado de Maastricht señala, dentro de la Unión Europea, para que se hagan consorcios de industrias, tanto por parte española como de otros países de la Unión Europea. A la hora de fijar nuestra posición nosotros creemos que los renglones que definen la solución de este problema se contienen, implícitos o explícitos, en la propia moción del Grupo proponente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. En las enmiendas que han presentado otros grupos, concretamente en las del Grupo Popular,

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vemos unas aportaciones positivas que, de ser incorporadas, nosotros las votaremos también. Por tanto, ante la ambigua situación en que nos encontramos frente a las enmiendas presentadas, queremos resaltar que vamos a apoyar, si no hay aceptación por parte de Izquierda Unida, la moción de Izquierda Unida tal como la ha presentado, porque recoge fundamentalmente estas líneas que ha situado en la resolución del problema de Coalición Canaria, es decir, los aspectos laborales; poner en una mesa de negociación a los Ministerios que he citado, incluyendo también los comités intercentros y los sindicatos, la llamada a colaborar con el programa Konver y aquellas otras garantías de las industrias militares que deben ser también reconducidas hacia el sector civil. Mientras esto no se efectúe por las partes, nosotros no creemos que haya otra manera de enfocar el problema que los propios términos que trae la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es a la que en principio, repito, daremos nuestro apoyo, sin perjuicio de aquellas otras aceptaciones que de las otras enmiendas y en su sentido positivo se hagan.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque el señor Ríos ha consumido en su primera intervención una buena parte de la misma para expresar la aceptación de las enmiendas planteadas, le voy a dar la palabra por si quiere hacer alguna precisión después de las intervenciones de los grupos en relación con las enmiendas, pero sabe que con la precisión y el laconismo propio de este trámite.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, puesto que el Grupo de Convergència i Unió ha dicho que votaría favorablemente si fuese de sustitución, yo quisiera precisar lo que he dicho en mi intervención anterior.
Nosotros entendemos los puntos 2 y 3 de la moción de Convergència i Unió como sustitución de nuestros puntos 3 y 4, y el punto 1 de su moción, en el que pone que proceda con urgencia a la diversificación de actividades militares, lo proponemos como adición final de nuestro punto 2, porque no es solución a todo el problema global.
En cuanto a la propuesta del Grupo Popular, señor Presidente, el punto 1, sobre la homologación de armamento militar procedente del exterior, iría como adición a nuestro punto 1.
El punto 3, sobre el plan estratégico, lo pondríamos como adición en nuestro punto 2. El punto 4, para que no se cierre ninguna factoría mientras no se aborde la diversificación, lo pondríamos como adición al punto 3 de nuestra moción.
Y en cuanto a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros aceptaríamos como adición a nuestra moción el punto 4, cuando habla del plan de formación entre empresas, sindicatos e Inem, y asumido en el punto 2 de Convergència i Unió su punto 3. Insisto, señor Presidente, en leer la transacción que he ofrecido en cuanto al punto 1 para que quedase: ... promueva el aplazamiento en la tramitación del expediente de extinción de contratos mientras se negocia en los próximos seis meses un plan industrial de la misma a corto y medio plazo. Nada más, señor Presidente. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero hacer una aclaración. Nosotros, si la enmienda que hemos presentado a la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es de sustitución a la globalidad de la suya, no la podremos votar a favor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación.
Votamos la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que se somete a votación en los términos resultantes de la aceptación de las enmiendas del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 130; en contra, 153; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción. (Varias personas desde la tribuna de invitados: ¡Fuera, que se vayan!) ¡Silencio, señorías! ¡Silencio! (Continúan las protestas en la tribuna de invitados.) ¡Silencio! Ruego a los servicios de la Cámara despejen la tribuna. (Varias personas desde la tribuna de invitados: ¡Sinvergüenzas! ¡No defendéis a los trabajadores!) Ruego despejen la tribuna. (Fuertes protestas desde la tribuna. Varias personas: ¡Fuera, fuera!) Ruego a los servicios de la Cámara que despejen las tribunas. (Varias personas desde la tribuna de invitados: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!) Ruego a los servicios de la Cámara que despejen las tribunas.


-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, TANTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO COMO DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES PUBLICOS CON ESTATUTO JURIDICO ESPECIAL (Número de expediente 173/000035).


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El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular subsiguiente a interpelación sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado, como de sus Organismos Autónomos, Sociedades Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial.
Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, a estas alturas de la noche, y en este ambiente, voy a ver si expongo la moción de la manera más rápida posible. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Moción que trae causa de la interpelación urgente al Gobierno sobre medidas que tiene previstas para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado, como de sus organismos autónomos, sociedades estatales y entes públicos con estatuto jurídico especial. La interpelación fue debatida, como saben SS.SS., el 13 de abril, y la moción presentada el día 14, pero después de aquellos días se celebró en esta Cámara el debate sobre el estado de la Nación, y se aprobaron en el Pleno, el día 20, varias resoluciones que vienen, en algunos casos, a coincidir con apartados que nuestra moción contiene y con las enmiendas que varios grupos de la Cámara han presentado a dicha moción. Es posible que hoy se produzcan también resultados parecidos en las votaciones de los distintos puntos de la moción, que concretan... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Núñez. Silencio, por favor, señorías. (Pausa.) Señorías, ocupen sus escaños, por favor. (Pausa.) Continúe, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: ... que concretan y cuantifican algunas de las resoluciones del debate sobre el estado de la Nación, pero que son demasiado vagas e imprecisas. No voy a repetir el debate que tuvo lugar el día que presentamos la interpelación.
Doy por reproducido lo que allí dije. Me limitaré a exponer y a justificar los distintos apartados de la moción, que dividiría en tres grupos.
El primero, los que se refieren a la reducción del gasto público, contenidos en los puntos 1, 2 y 3 del apartado a). La mejor manera de controlar el gasto es reducirlo. El elevado déficit presupuestario, el 7 por ciento del producto interior bruto, parece concitar la opinión unánime de todos los analistas y grupos políticos. Hasta el Gobierno socialista recoge esta necesidad incluyendo en la segunda fase del plan de modernización de la Administración del Estado, que ayer, en la Comisión de Administraciones Públicas de esta Cámara, el Ministro señor Saavedra cifraba para este año en la reducción del 10 por ciento de los gastos de funcionamiento de los ministerios y sus organismos autónomos. La propuesta de reducción era tan gaseosa que no comprometía prácticamente a nada, porque se limitaba a recomendar que los funcionarios hablen menos por teléfono, apaguen antes las luces y hagan menos fotocopias.
Nuestra propuesta es más clara, más concreta y más austera, y trae causa de la enmienda 416 que presentamos a los Presupuestos Generales del Estado para 1994, solicitando que el Gobierno envíe a esta Cámara, en el plazo de tres meses, una reducción de los gastos de funcionamiento de los ministerios y sus organismos autónomos en un 30 por ciento sobre el total presupuestado, que asciende para 1994 a 620.000 millones de pesetas, un 10 por ciento más que en 1993, a pesar de la crisis y a pesar de que ustedes han calificado estos Presupuestos de restrictivos. El Gobierno puede aplicar el bisturí de esta reducción de la manera que estime conveniente, en arrendamientos, publicaciones, estudios y trabajos técnicos, atenciones protocolarias y representativas, teléfonos, transportes, etcétera. Espero que voten ustedes que sí o que ofrezcan una fórmula concreta que se acerque a la nuestra, porque si no esta segunda fase del Plan de modernización de la Administración general del Estado, que ustedes con tanto aparato propagandístico presentan cada año, perderá toda su credibilidad y quedará en agua de borrajas.
Pero para que no se piense que hablamos del mar y de los peces, recuerdo a SS.SS. que entre estos gastos corrientes figuran los famosos estudios y trabajos técnicos, que sólo para cinco ministerios suman 17.000 millones de pesetas. De estos fondos se pagaron, por ejemplo, por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes los famosos 4.000 millones a consultoras privadas y los contratos de asistencia técnica para elaborar el Plan Hidrológico Nacional, acudiendo al procedimiento de reconocida urgencia, por no citar el famosísimo contrato adjudicado a una empresa privada para calcular --¡pásmense SS.SS.!-- la productividad y su retribución en la Dirección General de Carreteras. ¿Para qué quieren --se lo preguntaba ayer al señor Ministro-- los ministerios a los funcionarios? ¿Para qué sirven los cuerpos especiales, los ingenieros y los demás titulados superiores? En esta misma línea se justifica el punto 2, que pretende reducir en un plazo de seis meses el personal eventual de confianza que exceda de los límites marcados por las normas vigentes, puesto que supera en cuatro veces el permitido y desde luego el que había en 1983. Y por si acaso luego no tengo derecho de réplica, ya adelanto, para desmentir unos datos que en esta Cámara se dijeron el pasado miércoles, que esta propuesta se llevó a cabo en la Comunidad de Castilla y León cuando llegó a la Presidencia don José María Aznar. Había entonces 56 puestos de confianza en Presidencia, lo redujo a tres y este número se mantiene con el actual Presidente Juan José Lucas. Recuerdo a SS.SS. que

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este personal de confianza en la Presidencia del Gobierno al servicio de don Felipe González asciende, en estos momentos, a 345 personas. Algo se podrá hacer que dé ejemplo de austeridad a los ciudadanos a los que tanta se pide. Y lo mismo ocurre con lo que solicita el punto 3, que trata de aprovechar al máximo los recursos humanos existentes en la Administración para que los entes públicos cubran las vacantes de sus plantillas con personal funcionario excedentario de la Administración del Estado. El segundo grupo de medidas se refiere más estrictamente al control del gasto público y son las contenidas en los puntos 4, 5 y 6 de nuestra moción. La primera de ellas solicita al Gobierno que remita al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, una nueva ley general presupuestaria que, entre otras cosas, reduzca la discrecionalidad de las modificaciones presupuestarias, sujetándolas a mayor rigor y disciplina (debo citar a estos efectos el informe anual de 1990 del Tribunal de Cuentas, que descubrió desvíos bimillonarios en la ejecución del presupuesto); que restrinja los créditos ampliables; que amplíe el número de créditos vinculantes en la misma forma que proponía nuestra enmienda al artículo diez de los Presupuestos Generales del Estado para 1994; que introduzca y aplique unos principios de contabilidad pública que den... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Núñez. (Pausa.) Continúe, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
... que introduzca y aplique unos principios de contabilidad pública que den la imagen fiel de la actividad económica de los entes públicos; que introduzca el presupuesto por objetivos de gasto en el marco de una auténtica presupuestación por programas que hoy sólo tienen aplicación nominal; y que aumente --cómo no--la transparencia y posibilidad del control financiero y parlamentario sobre todas las clases de organismos y entes públicos. Doy por reproducidas aquí las consideraciones y argumentos expuestos por mi compañero, Rafael Arias-Salgado, cuando defendió la proposición de ley de reforma de la Ley General Presupuestaria. (Rumores.) En nada se diferencia el espíritu y la letra de la presente moción que estoy defendiendo de las propuestas de resolución presentadas por varios grupos parlamentarios, incluso de muchas enmiendas presentadas por los grupos a este apartado de nuestra moción.
Con ocasión del tantas veces citado debate sobre el estado de la Nación, volvieron a presentarse estas resoluciones. Si no fuera por la exigencia de medidas concretas y comprometidas en línea con lo que ha venido siendo la actitud del Grupo Parlamentario Popular desde que los efectos negativos de la permisividad, la laxitud y minimización de los mecanismos de control del gasto público y en ejecución presupuestaria camparan a sus anchas, no tendría yo, ni tendría mi Grupo, motivo de especial presentación de estos asuntos ahora. Pero porque necesitan medidas concretas y emplazadas, por eso, repetimos estas resoluciones en esta moción.
Dentro del segundo grupo, figura también --cómo no-- la petición al Gobierno de un proyecto de ley que reforme profundamente la Intervención General del Estado, que garantice su plena autonomía funcional mediante una jerarquía administrativa que en la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular al tantas veces citado debate del estado de la Nación se fijó como una secretaría de Estado, recuperando la intervención previa del gasto público, suprimiendo el actual sistema de intervención que sólo fiscaliza «a posteriori» y por muestreo, y así ocurre lo que ocurre. Yo no voy a señalar ahora las advertencias de irregularidades que la Interventora General y determinados interventores de determinados ministerios hicieron llegar a los titulares del Ministerio del Interior y de Economía y Hacienda. Pero sí les digo que la Intervención no puede quedar limitada, como ahora, a advertir, sino a impedir irregularidades, ilegalidades o presuntas corrupciones. La fiscalización previa y posterior del gasto se impone y si en algún Ministerio no se cumple, el Ministro de turno deberá pasar el trago de pedir al Consejo de Ministros que le convalide el gasto; así de claro y de sencillo. Tanta ley permisiva tiene mucho que ver con la dañina y maloliente atmósfera de corrupción que nos envuelve. (Rumores.) En este grupo figura también la necesidad de un proyecto de ley modificativa de la responsabilidad de los altos cargos y creadora de la acción de responsabilidad subrogada en beneficio de la Administración. Al margen de las responsabilidades políticas, tan difíciles de aceptar y reconocer en estos tiempos ...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo, señor Núñez.


El señor NUÑEZ PEREZ: ... regulemos también responsabilidades administrativas y de otra naturaleza que velarán, sin duda, por una mayor transparencia y limpieza en la gestión.
Finalmente, y teniendo en cuenta los datos que suministran los informes del Tribunal de Cuentas y las irregularidades detectadas por el mismo, tanto en las adjudicaciones directas por razones de seguridad o reconocida urgencia, que son en muchos casos argucias y fraudes de ley, como en las contrataciones realizadas por entes públicos que huyen al Derecho privado para evitar controles en pro de la llamada eficacia y flexibilidad, creemos necesario que se constituya en esta Cámara y en el seno de la Comisión de Presupuestos una

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ponencia que estudie y analice la contratación del Estado, sus organismos autónomos y entes públicos, tanto en lo que se refiere a las formas de adjudicación como al coste final de cada obra y servicio. La tarea es ardua, ya lo sé. Podemos ampliar el plazo. Contaríamos, sin duda --supongo--, con la colaboración de los ministerios. Pero merece la pena intentarlo. (Un señor Diputado: ¡Tiempo!) Se dirá que en otros ámbitos, y aquí se ha dicho, de administraciones distintas de la Administración central del Estado también se utilizan las formas directas de contratación. Y puede ser cierto, pero con una diferencia: que en la mayor parte de las comunidades autónomas y corporaciones locales se utiliza la intervención previa, la fiscalización previa en todos y cada uno de los contratos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, termine ya, por favor.


El señor NUÑEZ PEREZ: Termino ya. (Rumores.) Estas cosas, estos modos de actuación deben ser recuperados y nada más fácil que el análisis de lo actuado para sugerir las soluciones más correctas y eficaces, que sin duda servirán para erradicar tanta irregularidad, tanto despilfarro y tanta corrupción. (Rumores.--Un señor Diputado del Grupo Socialista: ¡Tiempo!) Esa es la causa y el motivo de nuestra moción.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Bien, Manolo!--Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡Agua!, ¡agua!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A la moción presentada por el Grupo Popular se han presentado a su vez enmiendas por parte del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Grupo Socialista y Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de la enmienda de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado un grupo de enmiendas a la propuesta de moción fruto de la interpelación de la semana pasada del Grupo Popular. Pero me gustaría hacer dos grandes comentarios antes de explicar o justificar cada una de nuestras propuestas de modificación de esta moción.
Miren, señorías, no se puede confundir la necesidad de demostrar las palabras con los hechos y a la vez generalizar la evolución del gasto público como mala y la de otro tipo de gasto como no mala. Yo creo que hay parte de razón cuando se dice que la discusión iniciada en la campaña electoral de un gobierno que anunciaba austeridad no se ha producido. Hace apenas unos días el Gobierno me respondía por escrito a una pregunta con las modificaciones presupuestarias habidas en el ejercicio del año 1993. Pues bien, señorías, en el año 1993, en lugar de reducir el gasto corriente en el capítulo II, las modificaciones de crédito han significado un incremento por encima de las previsiones iniciales de 113.000 millones de pesetas y en el capítuloI un incremento de 85.000 millones de pesetas. Si a eso unimos que ha habido unos deslizamientos presupuestarios al año 1994 de 544.000 millones de pesetas, tenemos que decir que la gestión presupuestaria no ha brillado por los compromisos que se habían anunciado en la propia campaña. La propuesta del Grupo Popular viene a plantear una especie de declaración de intenciones más que un compromiso realizable. Viene a decir: Pidámosle al Gobierno. Cuando hace poco tiempo que hemos discutido los presupuestos, cuando apenas hace un tiempo que hemos discutido una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que proponía una reforma de la Ley General Presupuestaria, se nos viene a proponer una reducción lineal del 30 por ciento de los gastos corrientes, del capítulo II.
Incluso precisa y dice: en arrendamientos, publicaciones, publicidad, propaganda, estudios, trabajos técnicos, teléfono, atenciones protocolarias, etcétera.
Bueno, señorías, una bajada lineal no se puede producir como técnica presupuestaria --habrá partidas presupuestarias en que podamos rebajar el cien por cien; otras partidas donde apenas podamos bajar el 10 por ciento--, porque esa irracionalidad nos podría llevar a no poder prestar servicios necesarios. No podemos decir que vamos a reducir el arrendamiento de locales que tenemos contratados para determinados servicios que se prestan o los gastos de teléfono de determinados servicios.
Pero sí que es cierto que se puede producir una reducción del gasto corriente. ¿Cuál es la enmienda que propone el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Con la filosofía que nos llevó al debate presupuestario, ahorremos en gasto corriente, seamos austeros y llevemos ese ahorro de gasto corriente a la inversión en políticas activas dirigidas hacia lo que demanda la sociedad. Nosotros proponemos, por tanto, que el Gobierno presente --no fijamos el 30 por ciento ni el 10 por ciento ni el 40 por ciento-- una adecuación presupuestaria, un ahorro presupuestario, una reestructuración presupuestaria en los capítulos I y II dirigido en especial a economía productiva --industria, investigación y desarrollo, creación de un parque público de vivienda y actuaciones en función de lo que el Gobierno decida--. Por tanto, nuestra propuesta sería no cuantificar el porcentaje de minoración, porque no conocemos uno a uno cada uno de ellos.
Ustedes dicen que luego se hace una media, pero hacer las medias es muy complicado a la hora de llevar adelante una voluntad política.


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La segunda enmienda que nosotros presentamos es de adición, relativa a una propuesta que ustedes hacen en cuanto a reducir el personal eventual de confianza. Nosotros estamos de acuerdo. Mientras se han transferido competencias a las comunidades autónomas, mientras se ha descentralizado el poder, el aparato central, en cargos de alta dirección y de confianza, ha crecido, y no es razonable. Nosotros estamos de acuerdo en la reducción de personal eventual de confianza, que muchas veces no viene a ser nada más que un grupo de asesores o técnicos de los que se puede prescindir porque tenemos técnicos preparados en la Administración y lo que hace falta es utilizar al funcionario en función de su cualificación y no de su adscripción política o ideológica, cosa que espero que se haga también en los sitios donde cada uno tiene responsabilidad para ello. Pero ¿qué proponemos nosotros? También altos cargos. No solamente cargos de personal eventual contratado, sino altos cargos de la Administración que son innecesarios --secretarios de Estado, directores generales, gobernadores civiles-- incluso ministerios que se pueden reducir, y así se demostraría con el ejemplo que somos austeros y reducimos el gasto público.
Queremos reducir el aparato administrativo que tenemos.
La gran diferencia que nosotros tenemos con el Grupo Popular es que nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que habla de intervención previa. Ese punto quinto que ustedes introducen creemos que no soluciona, como ustedes lo proponen, los problemas que ahora mismo tiene la Administración. Por tanto, nosotros lo que proponemos es que, en caso de anunciarse una actuación previa en disconformidad con lo que es la propia Administración que tiene que tomar la decisión, pueda, reformándose no solamente el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria sino también la Ley del Tribunal de Cuentas, darse traslado para que una intervención externa a la propia Administración pueda decir si se ajusta a las previsiones presupuestarias. Pero no estamos de acuerdo en crear un cuerpo que no se elige, que parece que está dotado por no sabemos qué realidad, que va a interpretar lo que debe o no puede aplicarse. ¿Por qué? Porque estaríamos creando un cuerpo que tendría un poder que podría confrontarse con el poder elegido, y hace falta residenciar en el poder elegido la capacidad de actuación. Y es paradójico que defendamos esto y es que, por ejemplo, hoy, en un ayuntamiento, a un concejal se le pueda negar un expediente administrativo y un interventor pueda bloquear una actuación.
No estamos de acuerdo con la figura de la Intervención General, con ese anuncio de ilegalidad que existía antes, con una actuación de la manera que ustedes lo proponen.
Por último, ustedes proponen en el apartado b) al que presentamos la enmienda después de la Cuenta General, puesto que ha habido un uso y abuso de la contratación directa por parte del Gobierno, fruto de esa conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas, que este Congreso acuerde la creación de una ponencia para que antes del 30 de septiembre estudie la contratación del Estado tanto en los organismos autónomos, entes públicos como la propia Administración. Nosotros creemos que además debiéramos de plantearnos el problema de la gestión pública en su conjunto, que no vale ir actuando con parches en función de una realidad puntual, sino que debiéramos abordarlo globalmente. Por tanto, nuestra propuesta no sería crear una ponencia, sino una comisión no permanente, según lo establecido en el artículo 51, para que aborde cuatro grandes reformas que son imprescindibles para que pueda mejorar el funcionamiento de nuestra Administración: primero, los recursos humanos (la reforma de la Función Pública), segundo, la gestión económica (reforma presupuestaria, la contratación, la contabilidad, el control de las administraciones públicas, de los organismos autónomos y entes públicos); tercero, cómo funciona la relación entre las distintas administraciones; y cuarto, la planificación económica y la presupuestación plurianual. No va a haber presupuestación por programas mientras que los objetivos sean mera declaración de intenciones de un ministro o de un departamento ministerial y no se comprometan a cuantificarlos.
Nosotros creemos que además de decir lo que tenemos como objetivo en este programa, y en esta determinada declaración, debería cuantificarse. Es verdad que es difícil cuantificar algunos gastos como el capítulo 1. No podemos decir que un médico va a intervenir el 25 por ciento de su horario para atención primaria, otro 25 para vacunación, otro 25 para otro tipo de atención. Sin embargo, sí que podríamos presupuestar el capítulo 2: qué gasto de arrendamiento, qué gasto de dieta, qué gasto de transporte vamos a destinar para este objetivo o para aquél; el capítulo 4, transferencias corrientes, el capítulo 6 y el capítulo 7. Por tanto, mientras no avancemos en la cuantificación de los objetivos, no avanzaremos en la presupuestación objetivada por programas.
Reiteramos debates en presupuestos, hemos hecho uno hace poco, haremos el próximo, pero reiteramos debates. Es lógico que se vaya a presupuestaciones plurianuales; tenemos recursos europeos plurianuales, tenemos actuaciones de inversión plurianual. Sería lógico un presupuesto por programas plurianual que concrete anualmente las actuaciones o las modificaciones que puedan producirse, pero no ir a una repetición de toda la discusión. Por tanto, señorías, creemos que nuestras propuestas van al fondo de la propuesta del Grupo Popular, pero modifican sustancialmente la medicina. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero no coincidimos en la terapia a aplicar, en la medicina a aplicar; la técnica

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sí, la medicación no. Yo creo que si en ese sentido no se modifica la propuesta originaria, nosotros no podremos votar la propuesta del Grupo Popular.
Nada más señorías, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias señor Ríos.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Almunia.


El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, qué duda cabe que el Grupo Socialista, como todos los demás grupos de la Cámara, comparte la preocupación por el gasto público, por el control del gasto público, por la buena gestión del gasto público. Ha quedado de manifiesto en múltiples ocasiones en debates en esta Cámara y en la actuación que el Gobierno, al que apoyamos, viene desarrollando y se propone seguir desarrollando.
El control del gasto es una necesidad económica y es también nuestra convicción política, pero convicción, señor Núñez, que nos lleva a rechazar, cuando se habla de gasto público, la esquizofrenia y la hipocresía. Porque no se puede abogar por el control y en la misma sesión decir que sí a todo tipo de gasto o cargas sobre los Presupuestos públicos, para quedar bien ante algunos durante poco tiempo. (Protestas.) No se puede confundir el control con la visión conservadora del control que implica --se atrevan ustedes o no a decirlo-- reducir el gasto, en cuanto tienen oportunidad de hacerlo, sin aparecer ante la opinión pública, y no atreverse a decir lo que harían cuando la opinión pública se fija en lo que ustedes dicen. No queremos nosotros identificar, ni contribuir a que se haga, la acción pública, la administración de los recursos públicos de tantos miles y miles de servidores públicos, de funcionarios y de representantes políticos de este país, con el despilfarro como leitmotiv de la mayoría de sus intervenciones.
Sabe la Cámara que en esta legislatura el Gobierno tiene compromisos importantes asumidos en materia de control de gasto público, y esta Cámara le ha añadido, a partir del programa de investidura votado aquí, mandatos adicionales. Hay un programa de investidura donde ya se compromete el Gobierno y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, a traer un proyecto de nueva ley general presupuestaria. Hay planes de diferentes departamentos y usted mismo evocaba aquí, al principio de su intervención, el último expuesto ayer por el Ministro para las Administraciones Públicas en esta misma Cámara. Hay unos presupuestos de este ejercicio de 1994 que son restrictivos donde deben serlo, no siempre con su voto porque les da vergüenza votar restricciones de gasto cuando hay que hacerlo, y hay datos de ejecución del primer trimestre de esos presupuestos que revelan cómo se están cumpliendo escrupulosamente, en lo que va de ejercicio, las previsiones presupuestarias.
A todo esto se suman múltiples compromisos votados aquí la semana pasada como consecuencia de las mociones al final del debate del estado de la Nación; compromisos que van desde la necesidad de crear una oficina presupuestaria en el futuro Reglamento de la Cámara --que esperamos que ustedes colaboren a que se apruebe pronto-- hasta criterios para mejorar el proyecto de ley de contratos, que ha enviado el Gobierno a esta Cámara; compromisos votados la semana pasada que van desde la eliminación de duplicidades entre las Administraciones públicas hasta la elaboración de un plan cuatrienal que el Gobierno se ha comprometido a elaborar y traer a esta Cámara para la reducción del déficit público; compromisos que van desde la reiteración del ya asumido en el programa de investidura del envío a esta Cámara de un proyecto de nueva Ley General Presupuestaria, con criterios muy precisos que van a marcar y condicionar el contenido de ese proyecto de ley que el Gobierno ya ha asumido ante esta Cámara, hasta compromisos para racionalizar la gestión de los recursos públicos que se dirigen a financiar el funcionamiento de empresas públicas en pérdidas; parece que usted ha olvidado que están vigentes esos compromisos de reducir los recursos progresivamente a medida que se va racionalizando el sector público empresarial. Con todo esto, con los compromisos ya asumidos por el Gobierno en su programa de investidura, con mociones ya aprobadas por esta Cámara, y algunas muy precisas, la pasada semana con su voto a favor, ¿qué hacer con su moción? ¿Recoger en un rasgo de frivolidad algunas aportaciones originales, entre comillas, que ustedes aportan? ¿Creerles cuando dicen que quieren controlar el gasto o creerles cuando votan para incrementarlo sin justificación? ¿Votar en contra para que ustedes todavía pudiesen tener algún hilo de razón para poder decir que el Grupo Socialista no quiere controlar el gasto público? Pues le damos la solución, señor Núñez y señores del Grupo Popular. Les hemos presentado una enmienda de sustitución de su moción con un primer párrafo que compromete la voluntad política de esta Cámara, insta al Gobierno a que la reitere en su actuación para seguir manteniendo una ejecución presupuestaria rigurosa, siguiendo, y no tiene otra cosa que hacer más que seguir los carriles del presupuesto que votamos aquí a finales del pasado año para este ejercicio, y le reiteramos las propuestas más precisas y más concretas que en materia de control de gasto votamos prácticamente todos los Diputados de esta Cámara el jueves pasado, y que en muchas de las mismas se recogen ideas, incluso propuestas anteriores que ustedes mismos han planteado en otras ocasiones ante esta Cámara.


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Si ustedes aceptan nuestra enmienda podríamos todos coincidir en que, en materia de control de gasto, todos lo que presentan la moción, ustedes y nosotros, que les facilitamos una enmienda para rehacer un amplio apoyo a medidas de control de gasto, todos contribuiríamos a pasar, en la medida en que todavía quede algo por hacer, de la retórica a la responsabilidad política en esta materia tan importante. Ahora bien, si ustedes no quieren pasar de las palabras a los hechos y prefieren seguir haciendo un uso reiterado de la sal gorda, utilizando continuamente el ritornello del despilfarro, cuando no de la corrupción indiscriminada, no se preocupen, no les vamos a apoyar, no consideramos que eso sea hablar de control de gasto público, no consideramos que quien utiliza así el término, el concepto, la voluntad del contol del gasto público tenga realmente ganas de llevarlo a cabo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente. Brevemente para no prorrogar la sesión de esta tarde, quiero hacer unas indicaciones sobre la enmienda que proponemos a esta Cámara para intentar alcanzar un consenso con los grupos en torno al objetivo común de reducir el gasto público. No obstante, señor Presidente, quisiera hacer antes una pequeña observación en el sentido de que hoy, para nuestro Grupo, luchar contra el déficit público supone sin duda tomar medidas que requieren un cierto coraje y que seguro que van a tener que ser impopulares, atendiendo al problema que hoy tiene el gasto público en nuestra economía. Esta tarde hemos asistido a un acto en que en el punto VI del orden del día se proponían unas medidas de incremento del gasto público para intentar evitar la pérdida de puestos de trabajo para trabajadores que están en la empresa pública; en cambio, en el punto VII asistimos al debate de unas medidas para intentar reducir el gasto público que, si las aceptamos, su consecuencia va a generar la pérdida de empleo para muchos trabajadores que están también en el sector público, y todos ellos son trabajadores del sector público. Por supuesto que la conclusión que obtenemos de ello es que para luchar contra el déficit público hay que mantener actitudes coherentes, rigurosas; hay que ser coherentes. Y esas medidas sin duda van a tener que ser, señorías, impopulares. Por eso hemos presentado una enmienda a la moción que propone el Grupo Popular con el ánimo de, con rigor y con seriedad, poder adoptar unos acuerdos que nos permitan avanzar en el común propósito de reducir el gasto público y el déficit que éste tiene. La moción que nos plantea el Grupo Popular, señorías, a nuestro juicio es poco seria, poco rigurosa. No se puede plantear una reducción drástica del 30 por ciento de los capítulos de funcionamiento de toda la Administración pública y de todos los organismos públicos. Esto, señorías, deberán reconocer que es poco serio, es inaplicable, y traerá como consecuencia generar más desempleo de trabajadores en el sector público. Lo mismo sucede con la segunda que plantean en el punto 2, que es que todo el empleo que se ha contratado en los últimos doce años, más allá del compromiso que acordó el Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 1982 (han transcurrido doce años), todo el empleo que ha excedido aquel límite desaparezca. Esto tampoco es serio, tampoco es riguroso. Creo que tampoco es serio pedir en el punto 4 que se restrinjan los créditos ampliables y en el punto 5 pedir que se amplíe el número de créditos ampliables. Esto es una contradicción. O, como en el punto B), que presenten ustedes la solicitud de creación de una ponencia que en el plazo de dos meses --dos meses, señorías--estudie toda la contratación del Estado, de todos los organismos públicos y todas las empresas públicas, y toda la contratación de bienes y servicios realizada en los últimos tres años. ¡En dos meses! Señorías, eso es inabordable.
Nuestro Grupo concluye proponiendo una enmienda que es asumible, perfectamente asumible, y que tiene un propósito: alcanzar un acuerdo para luchar efectivamente contra el déficit público. Les proponemos con esta enmienda que todos los grupos intentemos alcanzar un consenso para poder adoptar unos compromisos que nos permitan avanzar en ese propósito común. Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Núñez para indicar si acepta o no las enmiendas que han sido defendidas por los diferentes grupos parlamentarios.


El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Brevemente, respecto a la intervención del representante de Izquierda Unida en la defensa de sus enmiendas, nos gustaría aceptar alguna de ellas, sobre todo la 2 y la 6, de adición; digo nos gustaría, que no quiere decir que las vayamos a aceptar. (Risas.) Algunas otras, las números 1, 4, 5 y 7, también podrían ser tomadas en consideración, aunque no las vamos a aceptar por las razones que diré brevísimamente a continuación. (Algunos señores Diputados: ¡No, no!) Brevísimamente. Me permito decirle, única y exclusivamente, que no ha entendido nuestra propuesta de reducción del gasto.
Se le da al Gobierno la facultad de distribuir entre todos los organismos la reducción, incluso proponer, como hacía nuestra enmienda 416 a los presupuestos,

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que usted conocía, porcentajes distintos que lleven la suma total al 30. Por tanto, no hay ningún descabellamiento en nuestra propuesta. En cuanto al señor Almunia, le tengo que decir que le he notado enfadado y que mis años de experiencia en esta Cámara me dicen que no conteste nunca a ninguna descalificación que procede, a lo mejor, de no haber aceptado --yo lo entiendo-- un incidente desagradable y reciente. No aceptamos su enmienda, la enmienda del Partido Socialista, por gaseosa, gaseosa y poco comprometida, como casi siempre (Rumores.), porque servirá para justificar -- algunas veces no necesitan ni la justificación-- los reiteradísimos incumplimientos de promesas que desde hace muchos años vienen ustedes haciendo en esta Cámara...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Núñez, no olvide cuál es la finalidad del turno que está consumiendo.


El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
Finalmente, nos gustaría aceptar del Grupo Parlamentario Catalán, como enmienda de sustitución, todo el apartado a) al punto 4 nuestro. Y también el apartado b) como enmienda de sustitución. (Rumores.) Pero como, si acepto una enmienda, ninguno de ustedes va a poder pedir votación separada para aceptar los puntos de nuestra adición, que están perfectamente redactados y de acuerdo con resoluciones aprobadas en esta Cámara, no acepto ninguna sobre la posibilidadde que, si ustedes piden votación separada, puedan prestarnos el apoyo a aquella parte de la moción que, por lo visto, sí les satisface. (Rumores.) Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Núñez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 114; en contra, 156.


El señor PRESIDENTE: Queda redactada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las once y veinte minutos de la noche.


RECTIFICACION DE NUMERO DE EXPEDIENTE: En la portada del «Diario de Sesiones» número 61, de 12 de abril pasado, en la avocación por el Pleno de la proposición de Ley de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas figura como número de expediente el 122/000009, debiendo sustituirse por el correcto: 124/000002.

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