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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 13/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 62 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 61 celebrada el miércoles, 13 de abril de 1994

Página

ORDEN DEL DIA:

--Preguntas (Página 3039)

Interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus Organismos Autónomos, Sociedades Estatales y Entes Públicos con estatuto jurídico especial (número de expediente 172/000045) (Página 3065) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara (número de expediente 172/000046) (Página 3073)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 63, de 14 de abril de 1994.)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas (Página 3039)

De la Diputada doña Carmen del Campo Casasús, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación ofrece el Gobierno sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en la barriada de «Las Moreras» de Córdoba los pasados 7 y 8 de marzo? (Número de expediente 180/000380) (Página 3039)

Del Diputado don Luis Ramallo García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cuáles son las razones por las que el Sr. Ministro del Interior se reunió con el ex Director General y el actual Director General de la Guardia Civil el día antes de la comparecencia en el Congreso de los Diputados de don Luis Roldán en la Comisión de Investigación sobre la gestión de los fondos presupuestarios asignados a la Dirección General de la Guardia Civil? (Número de expediente 180/000415) (Página 3040)

De la Diputada doña Teófila Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál es la valoración del Ministro del Interior sobre la efectividad del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha antidroga? (Número de expediente 180/000418) (Página 3041)

De la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las modificaciones que el Ministerio de Justicia tiene previsto recoger en la reforma del Reglamento para la Prestación Social Sustitutoria? (Número de expediente 180/000410) (Página 3042)

Del Diputado don Antonio Pillado Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para evitar que la droga circule en los establecimientos penitenciarios? (Número de expediente 180/000419) (Página 3043)

Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno en relación con la asistencia de uniforme, del Gobernador Militar de Córdoba y otros altos mandos militares al entierro del ex Teniente Coronel de la Guardia Civil, Carlos Castillo Quero, condenado por los trágicos sucesos de Almería de 1981? (Número de expediente 180/000413) (Página 3044)

Del Diputado don Santiago López Valdivielso, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Defensa: ¿Cuántos soldados de reemplazo formarán parte del cuarto relevo de nuestras tropas en Bosnia? (Número de expediente 180/000425) (Página 3044)

De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Educación y Ciencia: ¿Cuándo piensa el Gobierno remitir a esta Cámara el Proyecto de Ley de modificación de la LRU para evitar que los profesores de universidad sean jubilados de forma obligatoria a los 65 años? (Número de expediente 180/000423) (Página 3046)

Del Diputado don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué razones han motivado la importante desviación presupuestaria producida en los pagos del ICO con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo durante 1993? (Número de expediente 180/000426) (Página 3047)

Del Diputado don Ricardo Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Es el Gobierno

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español partidario de que los Estatutos de la futura Organización Mundial de Comercio incluyan «la cláusula social», comprensiva de los derechos sociales y de los trabajadores y las cuestiones medioambientales, tal como plantean los gobiernos de Francia y Estados Unidos? (Número de expediente 180/000432) (Página 3048)

Del Diputado don Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno el futuro de la empressa Gillette de Alcalá de Guadaira, en Sevilla? (Número de expediente 180/000431) (Página 3049)

Del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿A qué responde la conflictividad laboral que está iniciándose en la Sanidad Pública? (Número de expediente 180/000420) (Página 3050)

Del Diputado don Feliciano Blázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los criterios de compatibilidad en la Sanidad Pública para desempeñar cargos de designación y mantener vivos contratos de alta dirección? (Número de expediente 180/000421) (Página 3052)

Del Diputado don Francisco Gilet Girart, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma.
Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo califica la situación producida en el Complejo Asistencial de Son Dureta, Palma de Mallorca, a causa del déficit de respiradores en la Unidad de Cuidados Intensivos? (Número de expediente 180/000422) (Página 3053)

De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración le merecen al Gobierno las informaciones surgidas a raíz de las presuntas actividades empresariales y bursátiles efectuadas por Mariano Rubio, mientras era Gobernador del Banco de España? (Número de expediente 180/000406) (Página 3054)

De la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Tiene el Sr. Ministro intención de dar las órdenes oportunas a la Inspección de Hacienda para que ésta inicie de oficio una investigación en relación con las últimas noticias publicadas referentes al denominado caso IBERCORP? (Número de expediente 180/000414) (Página 3055)

Del Diputado don José Manuel Fernández Norniella, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué controles se emplean en relación al tabaco decomisado desde el momento en que es decomisado hasta su destrucción o venta? (Número de expediente 180/000416) (Página 3056)

Del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas económicas y sociales piensa adoptar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar la grave situación económica que padece el sector pesquero vasco, con motivo de las acciones de decomiso de pescado últimamente efectuados? (Número de expediente 180/000405) (Página 3057)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la ampliación de las zonas declaradas OBJETIVO 5b por la Unión Europea y de su repercusión para nuestro país? (Número de expediente 180/000408) (Página 3058)

Del Diputado don Josep Pau i Pernau, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del Ministerio de

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Agricultura, Pesca y Alimentación respecto a la modificación por parte de la Unión Europea de las ayudas a la producción de forrajes? (Número de expediente 180/000409) (Página 3059)

Del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el detalle de las dos nuevas actuaciones incorporadas al Plan Director de Infraestructuras referidas a la prolongación de la Autovía Ciudad Real-Puertollano y línea de velocidad alta F.C.
Manzanares-Ciudad Real? (Número de expediente 180/000411) (Página 3060)

Del Diputado don Javier Velasco Rodríguez, del Grupo Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene previstas adoptar el MOPTMA para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Teruel? (Número de expediente 180/000412) (Página 3061)

Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene conocimiento el Gobiero de las irregularidades que se cometen en el Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos? (Número de expediente 180/000417) (Página 3062)

Del Diputado don Felipe Camisón Asensio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Estima, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, que subir ahora las tarifas telefónicas es un disparate? (Número de expediente 180/000424) (Página 3063)

Del Diputado don Salvador Carrera i Comes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente: ¿Se está estudiando de nuevo la posibilidad de cierre de la línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol, en su tramo Ripoll-Puigcerdá? (Número de expediente 180/000430) (Página 3064)

Interpelaciones urgentes (Página 3056)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de la política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus organismos autónomos, sociedades estatales y entes públicos con estatuto jurídico especial (Página 3065)

En nombre del Grupo Popular defiende la interpelación el señor Núñez Pérez. Expone que desde hace más de cuatro años el Grupo Popular ha venido presentando en la Cámara diversas iniciativas contra la corrupción y el despilfarro, todas ellas sistemáticamente rechazadas por el Grupo Socialista, que, con sus votos, ha contribuido a diluir los controles políticos que son pieza clave de un sistema democrático. Precisa que esta interpelación fue presentada dos días antes de que el Ministro de la Presidencia amenazara a los corruptos con meterlos en la cárcel, y todo ello después de doce años de Gobierno socialista en los que ni éste ni el Grupo que lo apoya en esta Cámara han tomado medidas contra los distintos casos de corrupción. Afirma que la palabra que resume la actitud del Gobierno durante estos años es la pasividad, que es una de las más graves formas de irresponsabilidad.
Reconoce que los últimos acontecimientos, tan graves por afectar a instituciones señeras del Estado, han provocado por fin reacciones, aceptándose determinadas comisiones investigadoras y condenas verbales de los presuntos actos delictivos, pero todavía el Gobierno de don Felipe González no ha reaccionado con medidas concretas y urgentes que ya tendrían que estar en esta Cámara. Insiste, sin embargo, en que la pasividad del Gobierno socialista ha producido despilfarro y corrupción, lo que ha costado caro a los contribuyentes españoles pero, sobre todo, ha hipotecado la credibilidad de la clase política y de las instituciones, lo cual es gravísimo y obliga a tomar medidas claras, severas y eficaces y por ellas pregunta la interpelación. Agrega el señor Núñez que el Gobierno no sólo ha estado pasivo ante los casos de corrupción sino que ha facilitado todas las fuentes de las irregularidades aprobando leyes permisivas, fáciles de sortear y nombrando autoridades administrativas con excesiva capacidad de maniobra. Ante el notable incremento de las actividades del sector público, la doctrina financiera y administrativa,

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así como la jurisprudencia, muestran una preocupación constante por el control del gasto público, procurando disponer de un sistema que garantice el manejo objetivo de los fondos públicos ajustándolo a la ley y asegurando el cumplimiento de los fines públicos que se persiguen. Expone que los socialistas, cuando llegaron al poder en el año 1982, heredaron un fuerte sistema de control del gasto público, sistema que por lo visto no les dejaba suficiente capacidad de maniobra y, en aras de una supuesta mayor eficacia administrativa, flexibilizaron y eliminaron los mecanismos de control y de legalidad de la ejecución presupuestaria y del gasto, minimizando el papel de la Intervención del Estado e introduciendo medidas que favorecen la arbitrariedad y la discrecionalidad en la gestión de los servicios públicos. Este proceso ha culminado en los últimos años con la creación de un número considerable de sociedades estatales y entidades de Derecho público que someten sus actividades al ordenamiento jurídico privado, encontrándose la oposición con mayores dificultades para controlar el gasto público. Por consiguiente, se encuentran con un disparado descontrol del gasto público ante el uso alternativo del Derecho, denunciado constantemente por el Grupo Popular, que no ha actuado movido por la negra actualidad.
Alude al tema de las contrataciones con abuso de las adjudicaciones directas y por la vía de urgencia, puesta de manifiesto en los informes del Tribunal de Cuentas, todo lo cual ha contribuido a los fenómenos de corrupción de todos conocidos, y termina manifestando que en un Estado de Derecho la Administración pública ha de servir con objetividad los intereses generales, actuando con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), señalando que el señor Núñez, como suele hacer con cierta frecuencia, ha expuesto una serie de juicios de valor bastante distantes de la realidad a que se refiere. Ante las manifestaciones del señor Núñez, la primera pregunta que se tiene que hacer es cuál es el sistema de control del gasto público en este país y si es o no suficiente. Sobre este particular lo primero que observan es que en nuestro país hay, como mínimo, cuatro sistemas de control del gasto público. Un primer control preventivo, vía Presupuestos, que ejerce el Poder legislativo; un control externo jurisdiccional, ejercido por el Tribunal de Cuentas; un control interno administrativo, que realiza la propia Administración y el Ministro de Economía y Hacienda a través de la Intervención General del Estado, y, por supuesto, están los controles adicionales parlamentarios a través de la aprobación de la Cuenta General del Estado o de cualquier otro tipo de comisiones investigadoras o de otra naturaleza que se quieran plantear. El señor Núñez plantea si es o no suficiente dicho control y, al final, el problema especial, que él califica de flexibilización, de leyes permisivas. Habla también el interpelante de que los controles son menos últimamente, afirmación que considera absolutamente incorrecta y frente a la cual puede decirse exactamente lo contrario, es decir, que no sólo no se ha producido ninguna eliminación de mecanismos de control sino que éstos han aumentado.
Ciertamente estos mecanismos han evolucionado y se han ido adaptando a una Administración cuyo volumen de operación y objetivos no son los mismos que en años pasados y de ahí que existan técnicas de control distintas, especialmente a través de los sistemas de auditoría. Hace referencia a algunos de los actuales sistemas de control, de los que extrae la conclusión de que no es cierto que en los últimos años hayan disminuido los niveles de control sobre el gasto público que realiza el Estado, aunque sí puede afirmar que se han modificado los mecanismos anteriores con la idea de agilizar la gestión, pero sin merma del cumplimiento de la legalidad. Respecto a si va a hacerse algo de cara al futuro, reconoce que las cosas siempre son mejorables y, en este sentido, algo están pensando, porque creen que algo hay que hacer, ya que es imprescindible reforzar y mejorar las medidas de control del gasto público, máxime cuando el déficit público es uno de los problemas más graves que tiene el país y cualquier medida que sirva para mejorar la situación actual vale la pena que se plantee. En tal sentido están trabajando en la modificación de la Ley General Presupuestaria, aunque seguramente pueden hacerse más cosas y también en ello están trabajando. Por otro lado, han planteado una nueva legislación sobre contratación pública, homologándola con las directivas comunitarias, aunque manteniendo la contratación directa, que parece que tanto irrita al señor Diputado y que, por lo demás, se produce en todas las administraciones, seguramente por necesidades de urgencia o de actuar en momentos concretos.
Replica el señor Núñez Pérez, duplicando el señor Ministro de Economía y Hacienda.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Ríos Martínez, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,

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en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de Fondos Europeos para su reconversión, a la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara (Página 3073)

Se suspende la sesión durante unos minutos.
Reanudada la sesión, el señor Presidente expresa al Gobierno públicamente el malestar que como Presidente tiene que reflejar, en nombre de los Grupos de la Cámara, por la reiteración con la que se tienen que producir interrupciones en el trabajo de las sesiones, sobre todo de los miércoles, por la ausencia de los miembros del Gobierno encargados de atender a las distintas iniciativas. Ruega al Gobierno que extreme el celo en su presencia y en la atención a los trabajos de la Cámara para que puedan desarrollarse las sesiones sin interrupción y de manera que no se vean afectados los intereses de los Grupos que tienen que intervenir en las distintas iniciativas.
El señor Fernández-Miranda y Lozana, en nombre del Grupo Popular, agradece y felicita al señor Presidente por su intervención institucional, reclamando la presencia ordenada del Gobierno en las comparecencias de los miércoles y sumándose a la protesta, formalmente manifestada en otras ocasiones por el Grupo Popular, ante la falta de consideración que supone para esta Cámara la ausencia de Ministros o su falta de puntualidad con excesiva frecuencia. En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende la interpelación el señor Ríos Martínez, que comienza sumándose a la declaración realizada por el señor Presidente.
En relación con el plan de reestructuración de Santa Bárbara, presentado por el INI, que afecta a todos sus centros y significa reducir su plantilla en 2.100 empleos, señala que no cabe hablar en este caso del mercado externo sino de que no se hizo todo lo que se pudo y que, además, se podría haber realizado de forma distinta. La crisis industrial militar es un problema que no solamente afecta a España y en los años precedentes Defensa debería haber preparado con antelación suficiente los correspondientes planes-programa para llevar a cabo la coordinación necesaria en la producción. Sin embargo, el contrato entre Defensa y el INI no ha evolucionado de manera satisfactoria, dando lugar a que la crisis que en este momento tenemos en España se vea agudizada por la crisis que existe a nivel mundial. Alude a algunos de los planes acometidos por la Comunidad Económica Europea de los que podríamos habernos beneficiado y, sin embargo, el Gobierno ha hecho dejación de una política industrial activa, prefiriendo actuar en el mercado buscando las facilidades de obtener fuera lo que podía conseguir dentro, en una actitud que al final puede resultar cara. La empresa Santa Bárbara fue objeto de un plan de reconversión en el año 1977, que se cumple en cuanto a reajustes laborales, pero en cambio no se cumple la contrapartida de inversiones y modernización de cada uno de sus centros. Menciona otras actuaciones en los años 1990 y 1993, concluyendo que el gran problema de la empresa es que Defensa ha preferido obtener fuera recursos que podía conseguir dentro, no encontrando ahora el Gobierno otra solución que la de anular puestos de trabajo como consecuencia de la descapitalización de la empresa.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray Ucelay). Comienza pidiendo disculpas por su retraso, imputable a él y no al Gobierno, y lamentando haber sido causa de la interrupción de los trabajos del Pleno.
Respecto al plan de reestructuración de Santa Bárbara, espera que se comprenda su necesidad ante lo razonable del mismo, aunque sea doloroso, procurando, en todo caso, que tenga los menores efectos sociales y de costes de empleo. Sin embargo, es inevitable hacer alguna política de ajuste en esa empresa, que implica la reducción de la plantilla, aunque no así la de la producción, que ya está ciertamente reducida.
Expone a continuación algunos datos relativos al mercado de armamento y la demanda a la baja en los últimos tiempos como consecuencia de las grandes restricciones presupuestarias en los diferentes países, así como de la política de desarme derivada de la ruptura de los antiguos bloques, todo lo cual ha modificado el entorno en toda la industria de defensa de todos los países civilizados. Tal situación ha llevado a las empresas que operan en el sector a una crisis muy profunda y, como consecuencia, a la necesidad ineludible de adecuarse a la actual situación del mercado. Expone de manera pormenorizada las actuaciones realizadas a lo largo de los últimos años en relación con la empresa Santa Bárbara, con mención de las importantes inversiones acometidas, lo cual no ha impedido llegar a la actual situación en que las pérdidas se elevan a 23.000 millones de pesetas en el año 1993, en cuyas circunstancias no cabían otras alternativas, a su juicio, que la de racionalizar su actividad, tomando en cuenta las necesidades de la defensa nacional, así como diversificar dicha actividad para intentar aminorar el impacto social y económico que el plan de ajuste y racionalización de la empresa debe conllevar. Es en esta

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línea en la que se ha acometido el plan, que significará todavía un exceso de capacidad en relación con la demanda actual y la previsible de los próximos años. Es un plan a la baja, respecto del que afirma que a nadie le va a doler más que al Ministro el esfuerzo que hay que hacer. Replica el señor Ríos Martínez, duplicando el señor Ministro de Industria y Energía.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Popular.
Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

--DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN DEL CAMPO CASASUS, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION OFRECE EL GOBIERNO SOBRE LOS ENFRENTAMIENTOS QUE TUVIERON LUGAR EN LA BARRIADA DE «LAS MORERAS» DE CORDOBA, LOS PASADOS 7 y 8 DE MARZO? (Número de expediente 180/000380)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas.
Pregunta número 7, de la Diputada doña Carmen del Campo Casasús, quien tiene la palabra.


La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, señor Ministro del Interior, la barriada cordobesa de «Las Moreras» sufre hace tiempo problemas derivados de la presencia de grupos de narcotraficantes que vienen provocando una situación de inseguridad y de crispación entre los vecinos. Esta crispación llegó a su punto máximo las noches de los pasados 7 y 8 de marzo. Lo que al parecer empezó como un intento de agresión a sospechosos de narcotráfico, desembocó en más de seis horas en enfrentamientos entre algún grupo de vecinos y la policía, con un saldo de varios heridos y cuatro detenidos. La noticia ha provocado, como es lógico, inquietud en la ciudad de Córdoba y cierto desconcierto en la opinión pública, puesto que frente a las explicaciones dadas por el Gobierno Civil, alguna fuerza política, como Izquierda Unida, ha llegado a calificar de agresión la actuación policial en este caso.
Para aclarar esta inquietud y esta situación, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué explicación ofrece el Gobierno sobre los enfrentamientos que tuvieron lugar en la barriada de «Las Moreras», de Córdoba, los pasados 7 y 8 de marzo? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora del Campo. Para contestar a la pregunta, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, debo informar, en primer lugar, que ya se venían adoptando medidas contra el tráfico de drogas a causa de las protestas ciudadanas, tanto en el barrio de «Las Moreras» como en otros barrios de la capital cordobesa, como «Las Palmeras» y el sector sur. Además, el Gobernador Civil se había reunido ya en varias ocasiones con representantes vecinales para tratar la problemática del tráfico de drogas. Los incidentes a los que se refiere su pregunta se produjeron, paradójicamente, tras una reunión celebrada, a iniciativa del Gobernador Civil, con una comisión de vecinos del barrio de «Las Palmeras», a la que asistió igualmente el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. En dicha reunión, celebrada precisamente en el propio barrio de «Las Moreras», el Gobernador Civil se comprometió a intensificar la presencia policial en ambas barriadas. El representante de la Junta de Andalucía se comprometió también a tratar de resolver determinados problemas relacionados con unas viviendas, propiedad de la Junta, ilegalmente ocupadas y que son utilizadas, según los vecinos, para el tráfico de drogas.
Terminada esta reunión sobre las 20 horas del día 7, se produjo el primer incidente al intentar un grupo de vecinos agredir a una familia que, supuestamente, comercia con drogas, lo que tuvo que ser impedido por la policía utilizando la fuerza ante la oposición violenta de los vecinos.
El otro incidente tuvo lugar entre la tarde del día 8 y la madrugada del día 9 de marzo, cuando unas 300 personas se concentraron en el barrio de «Las Moreras» disponiéndose a cortar el tráfico en la confluencia de la carretera de Trasierra con la entrada principal de las barriadas y la vía férrea del tren de alta velocidad, AVE. Al impedir la policía estos cortes de vías de comunicación, algunos grupos de vecinos acosaron a las fuerzas policiales, utilizando toda clase de objetos contundentes como piedras, palos, etcétera.
Con motivo de estos incidentes, fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas con numerosos antecedentes policiales, algunos por tráfico de droga. Otra fue detenida

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e ingresada en prisión, por orden judicial, por lanzar un ladrillo que alcanzó en el pecho a un funcionario policial. En la actualidad, la situación parece ser que es de normalidad.
Se siguen teniendo contactos con las asociaciones de vecinos y sigue habiendo vigilancia policial permanente en estos barrios.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS RAMALLO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR SE REUNIO CON EL EX DIRECTOR GENERAL Y EL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL EL DIA ANTES DE LA COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE DON LUIS ROLDAN EN LA COMISION DE INVESTIGACION SOBRE LA GESTION DE LOS FONDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL? (Número de expediente 180/000415)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 17, del Diputado don Luis Ramallo García.
Señor Ramallo, tiene la palabra.


El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro del Interior, al parecer, el día anterior a que compareciera el ex Director General de la Guardia Civil don Luis Roldán en la Comisión de Investigación, cuya constitución aprobó esta Cámara, usted, en unión del actual Director General de la Guardia Civil, tuvo un almuerzo con él. ¿Puede decirnos, señor Ministro, para qué tuvo lugar ese almuerzo? Aparte de eso, si asistió también algún Diputado de esta Cámara, aunque como no figura en la pregunta está usted en libertad de contestarlo o no. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría, no existe ninguna razón causal ni temporal con la Comisión aludida.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ramallo.
El señor RAMALLO GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Las sesiones de control son para controlar al Gobierno. A usted es difícil controlarlo porque nada ha contestado.
El entonces portavoz del Grupo Socialista Vasco (porque ustedes tenían grupos plurales), señor Solchaga, luego padrino político, en unión de don Felipe González, de don Mariano Rubio, dijo en esta Cámara que la mujer del César no sólo debe ser buena, sino parecerlo.
Señor Ministro, le ruego que reflexione conmigo. ¿Usted ve presentable que el día antes de comparecer el señor Roldán en la Comisión que está investigando su gestión se reuniera con él? ¿Cree que alguien no va a pensar --y eso va en deterioro de las instituciones-- que ustedes se reunieran para preparar la comparecencia? Hay una persona cercana a usted --luego le diré quién era-- que en 1981 dijo: Hay que hacer la revolución de la honestidad, a todos los niveles y en todos los campos. El PSOE defenderá como principios básicos, si llega al Gobierno, la honradez en el ejercicio de la función pública. Año 1981. Don Felipe González. Ustedes llegaron al Gobierno diciendo cosas como éstas: El Gobierno de UCD, señoras y señores Diputados, no tienen credibilidad porque ampara, tolera y protege la corrupción.
Señor Ministro, hoy, desde estos bancos, ustedes dan la impresión que están amparando, protegiendo y tolerando la corrupción. Donde hoy huele a podrido es en La Moncloa. Hoy, en el «Boletín Oficial del Estado» huele a podrido. Huele a podrido en la Dirección General de la Guardia Civil. Huele a podrido en los billetes de curso legal. Señor Ministro, sean ustedes responsables, como decía el señor Solchaga en aquella comparecencia. Hagan ustedes un ejercicio de responsabilidad, porque en democracia no se responde ante Dios y ante la Historia. De verdad, de verdad, qué daño le están haciendo a la democracia. ¿Usted sabe lo que es desayunarse cada día con una corrupción nueva? Señor Ministro, a usted le considero honesto. Dé un paso adelante y diga por qué se reunieron. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría, bien sabe usted que lo que acabo de decir es verdad, que no existe relación ni causal ni temporal.
Usted es miembro de la Comisión de investigación, en la cual he comparecido, y puede estar de acuerdo conmigo en que la finalidad que expone en su discurso es algo que compartimos -- no sus formas--; combatimos toda clase de corrupción. En ello estamos, señoría. Y no vamos a tolerar, naturalmente, ningún caso,

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ninguno, tenga usted la completa seguridad. (El señor Ramallo García: Pues no lo parece.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA TEOFILA MARTINEZ SAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUAL ES LA VALORACION DEL MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA EN LA LUCHA ANTIDROGA? (Número de expediente 180/000418)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 20, de doña Teófila Martínez Saiz, que tiene la palabra.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
En los últimos días ha aparecido una noticia en los medios de comunicación en la cual se informaba que el Ministerio del Interior disponía de un informe elaborado por los expertos del Ministerio, en el que se le indicaba que sería conveniente apartar al Servicio de Vigilancia Aduanera de la lucha contra la droga y el blanqueo de dinero.
Señor Ministro, ¿cuál es la valoración que el Ministro del Interior tiene sobre la efectividad del Servicio de Vigilancia Aduanera en la lucha antidroga?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Martínez Saiz. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Señoría, la valoración --voy a empezar por el final-- es muy positiva y en ningún momento piensa el Ministerio del Interior prescindir de este Servicio, si bien depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero es más, la adscripción del Plan Nacional sobre la Droga al Ministerio del Interior facilita las tareas de coordinación, tan necesarias para combatir el tráfico de drogas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Martínez Saiz.


La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me alegro de que usted valore positivamente la labor hecha por el Servicio de Vigilancia Aduanera en los últimos años, porque, no en vano, la mayoría de las importantes actuaciones las ha llevado a cabo a las órdenes de los jueces de la Audiencia Nacional, como el señor Garzón o el señor Bueren, y los únicos funcionarios que han luchado con éxito hasta ahora y están siendo utilizados para la lucha contra el blanqueo han sido los del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Sin embargo, señor Ministro, llama la atención que, desde que en las últimas elecciones el Partido Socialista e ilustres Diputados de su partido hablaban de la lucha eficaz contra el blanqueo y contra la droga, todavía ustedes no hayan posibilitado al señor Garzón que ponga en marcha esa policía, ese Cuerpo especial de lucha contra la droga y el blanqueo.
Según mis noticias, entre los meses de septiembre y octubre ha habido reuniones del Gobierno con altos responsables. Al final de ellas se dijo al señor Garzón y a los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera que serían apartados de este Cuerpo los funcionarios de dicho servicio y que sólo los tendrían como expertos, pero de asesoramiento, no para una tarea real en la lucha contra el blanqueo y contra el narcotráfico. Nosotros ya anunciamos que vamos a estar en contra de que ustedes aparten al Servicio de Vigilancia Aduanera de la lucha directa contra la droga y el blanqueo.
Hasta ahora ha sido el único Cuerpo que no ha estado involucrado en ningún caso de corrupción con las mafias de la droga y sólo han sido éxitos los que ha cosechado este Servicio de Vigilancia Aduanera. Además, en ningún país del mundo las responsabilidades de la lucha contra la droga y contra el blanqueo las lleva un solo estamento del Estado, para evitar las corrupciones.
Por tanto, señor Ministro, yo le pido que lo piense usted bien y que, como responsable que es ahora del Ministerio del Interior, coordinen de verdad la lucha contra la droga y dejen a un lado las disputas entre ustedes, porque yo sé que los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda están en buena disposición para que eso se produzca. Ya lo veremos en la ley de contrabando, ya lo veremos en sus actitudes posteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Martínez. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Asunción Hernández): Muchas gracias. Señora Diputada, me congratulo de que usted, en el fondo, también coincida en una parte de lo que nosotros estamos haciendo, hemos hecho ya y se ha presentado en esta Cámara. En mi exposición de objetivos está perfectamente reflejado. Señoría, le podríamos facilitar una copia y, seguramente, se hubiera usted ahorrado esta intervención, porque recoge prácticamente lo que es el modelo. Las resoluciones que SS.SS. acordaron

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en la Comisión Mixta Congreso-Senado es lo que ahora existe en el Ministerio del Interior. Otras veces lo han criticado. No es necesario, sin embargo, tratar de arrojar dudas sobre otros Cuerpos policiales para elevar al Servicio de Vigilancia Aduanera. Deberíamos acostumbrarnos a reconocer la ingente labor que realizan, tanto unos como otros, en los que es la asignación de tareas que corresponde a la Guardia Civil, a la Policía, también al Servicio de Vigilancia Aduanera. Es intención del Gobierno coordinar --y está coordinando ya-- todas estas actuaciones, motivo fundamental por el cual el Plan Nacional sobre la Droga está ahora en el Ministerio del Interior, precisamente por eso: para coordinar todos los estamentos, nacionales e internacionales, que son imprescindibles para una lucha eficaz contra el narcotráfico, para luchar de forma eficaz contra la droga.
Yo le rogaría también un mínimo de coherencia entre lo que ahora son intenciones (que como usted ve no hay ninguna de apartar a un servicio que se muestra eficaz en la lucha contra la droga) y lo que han sido otras críticas anteriores en esta Cámara sobre la adscripción --no digo S.S., pero sí su Grupo-- del Plan Nacional sobre la Droga al Ministerio del Interior.
Por tanto, ahí podemos coincidir una vez más en este tema, y yo me congratulo de que en el fondo usted esté de acuerdo en que continúen y que, aunque depende del Ministerio de Economía y Hacienda el Plan Nacional sobre la Droga...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA ANGUSTIAS MARIA RODRIGUEZ ORTEGA, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS MODIFICACIONES QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA TIENE PREVISTO RECOGER EN LA REFORMA DEL REGLAMENTO PARA LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA? (Número de expediente 180/000410)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 12, de la Diputada doña Angustias María Rodríguez Ortega.
La señora Rodríguez Ortega tiene la palabra.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Justicia, el desarrollo de la Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia se produce en dos Reglamentos: el del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se aprobó en el año 1985, y el de la Prestación Social, aprobado a principios de 1988. En ambos casos se recogen cuestiones relacionadas con el reconocimiento de los objetores, la incorporación a un puesto de colaboración social, los sectores en que pueden realizarla y la duración de la misma. En bastantes ocasiones se ha puesto de manifiesto el excesivo mimetismo que existe entre el Reglamento de la Prestación Social y el del Servicio Militar, y además este mimetismo se observa en mecanismos relacionados con el sistema de clasificación, con las revisiones médicas necesarias antes de la clasificación o con el mero hecho de solicitar permisos. El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un plan para mejorar y agilizar la incorporación de los objetores a un puesto de actividad, y entre las medidas recogidas aparece la modificación necesaria de los Reglamentos.
Yo entiendo, señor Ministro, que se está realizando desde su Ministerio una labor muy importante para aumentar el número de plazas disponible y evitar de esta manera la demora en el período de incorporación, pero al mismo tiempo y en muchos casos este período se hace mayor, precisamente por la propia complejidad de los mecanismos administrativos y burocráticos, en ocasiones derivados de lo establecido en este Reglamento.
Por este motivo, desearía conocer en qué situación se encuentran los trabajos relacionados con la reforma de los Reglamentos, y concretamente le formulo la pregunta siguiente: ¿Cuáles son las modificaciones que el Ministerio de Justicia tiene previsto recoger en la reforma del Reglamento para la Prestación Social Sustitutoria? Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rodríguez. El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del Presidente. Señoría, efectivamente, las modificaciones en materia reglamentaria no pueden ser otras que acomodar el plan aprobado por el Gobierno a la realidad normativa. En ese sentido, y de manera general, se prevé la unificación de los dos Reglamentos actualmente existentes, el regulador del Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia y el de la prestación social sustitutoria, para dar, por el contrario, una regulación unitaria que se corresponda al nuevo organismo administrativo creado al efecto, la Dirección General de Objeción de Conciencia. Por otro lado, se prevé una serie de modificaciones que están en la línea que usted apuntaba en su pregunta. Se trata, por un lado, de prever expresamente la posibilidad de celebrar entrevistas personales de manera previa al reconocimiento de la cualidad de objetor; se prevé, asimismo, la posibilidad de la renuncia, dentro de determinadas condiciones que eviten el fraude, a la posición inicial de objeción

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de conciencia, y se introducen una serie de modificaciones reglamentarias que tienden precisamente a simplificar los trámites y a garantizar que no medie un tiempo excesivo entre el momento en que se verifica la petición y el momento en que se le adjudica la plaza. En esa línea, a los efectos de que uno de los trámites burocráticos más complejos deje de existir y se verifique por el Insalud o por los servicios autonómicos de salud pública, se prevé evitar la necesidad de la calificación expresa de apto, al igual que se regula, la formación específica de los objetores para la práctica de determinados servicios que en otro caso tendrían la posibilidad de ser utilizados racionalmente. Se prevé, a su vez, el incremento de las modalidades de inspección, estableciendo en todo caso la garantía de que el Estado se reserve la facultad de rescindir unilateralmente aquellos convenios en los que no se crearan plazas realmente útiles desde la óptica de la prestación social sustitutoria y se adaptan los plazos a la Ley de 1992, lo que a su vez supone acortamiento; en definitiva, se trata de dar la respuesta administrativa que se corresponda a los objetivos políticos del programa aprobado por el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON ANTONIO PILLADO MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA EVITAR QUE LA DROGA CIRCULE EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS? (Número de expediente 180/000419)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 21 del Diputado don Antonio Pillado Montero. El señor Pillado tiene la palabra.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Confieso que al formular esta pregunta lo hago con cierta perplejidad. Me digo a mí mismo y lo dice la gente: ¿cómo es posible que la droga circule libremente o muy fácilmente en los establecimientos penitenciarios? ¿Cómo es posible que la administración penitenciaria no logre impedir que la droga entre en las cárceles? Un gobierno que no evita que las cárceles sean una coladera de droga, ¿cómo va a impedir que ésta entre a raudales en el territorio nacional? Tengo una gran curiosidad por conocer qué explicación da a esto el Gobierno, y por eso le pregunto a ver si me saca a mí y a la ciudadanía de nuestro asombro: ¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida para evitar que la droga circule en los establecimientos penitenciarios?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pillado. El señor Ministro de Justicia tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): Con la venia del señor Presidente.
Señoría, a mí lo que me asombra es su asombro, porque éste es un tema recurrente. Si se leen las actas del Congreso de los Diputados se verá esta misma pregunta y las correspondientes respuestas de manera sucesiva e indefinida. Seguro que S.S. lo conoce y lo pregunta por reiterar los datos. La verdad es que por parte del personal sanitario, se hacen análisis periódicos de las personas que ingresan en prisión, a base de cacheos selectivos, periódicos, de los internos, a base de cacheos individualizados cada vez que hay una visita especial, un bis a bis, o el ingreso o la vuelta de un servicio, de un permiso, de cualquier otro motivo que justifique la salida hacia el exterior, a través, también, de cauces de exploración radiológica de manera selectiva; en definitiva, a través de ese conjunto de mecanismos se logra el objetivo de que simplemente en el último año se hayan aprehendido más de 24 kilos de diversas sustancias tóxicas como consecuencia de las medidas activas realizadas para impedir el acceso de la droga a las prisiones.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Pillado tiene la palabra.


El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, su contestación me deja todavía más perplejo si cabe. Si es un tema recurrente, quiere decir que las medidas que se están tomando no son eficaces, porque, señor Ministro, sólo caben tres hipótesis ante este problema: o el Gobierno no sabe, o no puede o no quiere impedir la entrada de droga en las cárceles. Cualquiera de las tres hipótesis es mala, es muy mala.
Que el Gobierno no sepa eliminar la entrada de droga en la cárcel, en un recinto cerrado, sería el colmo, señor Ministro.
Tamaña incompetencia haría pensar que una cárcel es muy vulnerable y que en ella pueden entrar otro tipo de sustancias, o de materiales o de objetos no deseados. Que el Gobierno no pueda evitarlo nos pone ante el problema de la impotencia para evitar otros muchos males y peligros. Alguno de ellos ya lo he apuntado, que nuestras costas, nuestros aeropuertos o nuestras fronteras sean auténticas puertas abiertas a la droga. O, ¿cómo va a impedir el Gobierno la proliferación de los mercadillos de droga en nuestros pueblos y ciudades?

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Tratándose de un recinto cerrado, no concibo que el Gobierno no sepa o no pueda. Y me queda la hipótesis de que el Gobierno no quiera impedirlo, y ésta sí que es penosa; que haya que consentir, tolerar o cerrar los ojos a este tráfico de droga excuso decirle la calificación que merece, señor Ministro, incluso penalmente. Señor Ministro, da la sensación de que el Gobierno ya no controla las cárceles y que ha tenido que capitular ante las exigencia de los reclusos en vez de librarlos del problema de la droga.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Belloch Julbe): El esquema de su intervención es muy característico: primero da un dato carente de toda prueba: circula masivamente la droga; y a partir de ese dato, sobre el que no acredita nada, se limita a afirmarlo sin un solo indicio de una organización internacional, de cualquier elemento que permita afirmar esa realidad, inventando una serie de frases que realmente no requerían de gran imaginación. La realidad es completamente diferente. Lo cierto es que hay un control efectivo de la circulación de la droga en el interior de las prisiones; que gracias a esos mecanismos efectivos se logra la aprehensión masiva de gran parte de ella. Algún límite sí que hay. A lo mejor usted no tendría ese límite, pero resulta que el Gobierno socialista sí que lo tiene, y es que debe respetar el marco de la Constitución, el marco de lo que dice el Tribunal Constitucional y de lo que dicen los jueces de vigilancia penitenciaria sobre qué medidas son razonables y cuáles no.
Esa es la diferencia. Y lo que está claro es que en ningún caso se puede supeditar la política de derechos individuales a evitar a ultranza que puedan existir casos aislados de penetración de droga. Un repaso de la jurisprudencia de los jueces de vigilancia penitenciaria, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de lo que dice el simple sentido común sería suficiente para darse cuenta de que se adoptan todas y cada una de las medidas compatibles con los derechos individuales. Nosotros creemos en ellos. Contéstese usted mismo.
Nada más. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO EN RELACION CON LA ASISTENCIA DE UNIFORME DEL GOBERNADOR MILITAR DE CORDOBA Y OTROS ALTOS MANDOS MILITARES AL ENTIERRO DEL EX TENIENTE CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL CARLOS CASTILLO QUERO CONDENADO POR LOS TRAGICOS SUCESOS DE ALMERIA DE 1981? (Número de expediente 180/000413)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 15, del Diputado don Pedro Moya Milanés, quien tiene la palabra.


El señor MOYA MILANES: Gracias, señor Presidente.
La pregunta guarda relación con la asistencia del Gobernador Militar de Córdoba, de uniforme, y de otros altos mandos militares al entierro del ex Teniente Coronel de la Guardia Civil señor Castillo Quero condenado por los trágicos sucesos de Almería de 1981.
Dada la notoriedad de la autoridad asistente al acto, así como la relevancia de los sucesos de Almería en aquellas fechas y la posterior condena en los tribunales derivada de los mismos, es por lo que nos ha parecido oportuno formularle la pregunta de referencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Moya.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente. Señoría, por el propio testimonio personal del General Serrano, Gobernador Militar de Córdoba, su presencia en el mencionado sepelio se produjo exclusivamente a título individual, a título personal, debido a una vieja amistad familiar.
En todo caso es cierto que no se trató del sepelio de una personal cualquiera. El fallecido había cometido uno de los crímenes más detestables que ocurrieron durante el período de la transición. Aquí nos encontramos con un problema, y es que no está bien determinado --hay criterios distintos--en qué condiciones puede un militar acudir a un acto exclusivamente privado vestido de uniforme.
Pienso, señoría, que esa asistencia de uniforme no fue correcta, y que si se debía producir por esas razones de amistad familiar que le he mencionado tenía que haber acudido vestido de paisano. Así lo ha reconocido el propio General Serrano que se ha disculpado por ello.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SANTIAGO LOPEZ VALDIVIELSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CUANTOS

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SOLDADOS DE REEMPLAZO FORMARAN PARTE DEL CUARTO RELEVO DE NUESTRAS TROPAS EN BOSNIA? (Número de expediente 180/000425)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 27.
Para formularla, tiene la palabra don Eduardo Cortés.


El señor CORTES MUÑOZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la Ley Orgánica del Servicio Militar en su artículo 27 establece que, cuando se produzca el envío de soldados de reemplazo fuera de nuestras fronteras, habrá de hacerse con carácter excepcional y ser informado el Parlamento. Salvo que usted lo haya hecho con carácter estrictamente confidencial y no nos hubiéramos enterado ni los propios diputados, yo le pregunto en estos momentos, señor Ministro, ¿cuántos soldados de reemplazo van a acudir o están ya en el cuarto relevo de nuestras tropas en Bosnia?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Cortés.
El señor Ministro de Defensa tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Gracias, señor Presidente. Señoría, olvida usted una norma reciente que trata también este asunto, concretamente la Ley de Plantillas del pasado diciembre.
En esa Ley de Plantillas, en una disposición adicional, como usted sabe, se permite a soldados de reemplazo formalizar contratos de duración corta para convertirse en tropa profesional y poder participar en ese tipo de misiones en igualdad de derechos con compañeros suyos que tengan esa condición de tropa profesional.
Siempre he informado a SS.SS. de la composición de los sucesivos contingentes que se han relevado en Bosnia. Siempre.
Y les he dicho cuántos soldados de reemplazo, voluntariamente, formaban parte de ellos. En esta ocasión, señoría, también lo pienso hacer cuando termine de enviarse el contingente, y sí le digo que lo hacen con ese carácter voluntario y acogiéndose a esta nueva modalidad de contratos de la Ley de Plantillas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): El señor Cortés tiene la palabra.


El señor CORTES MUÑOZ: Gracias, señor Ministro.
El argumento que usted da me parece que, en primer lugar, es una trampa saducea, y, en segundo lugar, el cambio de etiqueta. El que a un soldado de reemplazo, a partir de una determinada ley, se le pueda llamar sol-dado profesional no cambia su conocimiento ni la esencia del trabajo que tiene que realizar.
El Partido Popular se ha opuesto desde el primer momento a que soldados de reemplazo participaran en misiones fuera de España y las razones son objetivas, no son de capricho.
En primer lugar, las misiones de paz se producen en lugares de alto riesgo. Naturalmente no se va en misión de paz a un lugar pacífico. Ese es un punto que hay que tener claramente en cuenta. En segundo lugar, un soldado que va a ejercer una misión de paz, a la preparación propia de un soldado debe añadir otras, como son la diplomacia, como entender que no se enfrenta a un enemigo, y una serie de cuestiones que hacen que un soldado en misiones de paz deba tener una preparación específica completa, mucho más allá de lo que es una preparación habitual. Todas esas cosas, y fundamentalmente la sangre fría que hay que llegar a tener en el ejercicio de esas misiones, sólo se consiguen con experiencia. Y la experiencia, salvo que usted me demuestre lo contrario, sólo se consigue por dos vías: una alta cualificación a través de una esmerada preparación y una larga preparación en el tiempo. Si no se hace eso, si no se consideran las cosas así, lo único que se puede conseguir son dos fenómenos: en primer lugar, que el soldado fracase en su misión de paz, lo cual ninguno queremos, y, en segundo lugar, que se creen riesgos innecesarios que podrían ser perfectamente evitados si hubiéramos atendido al concepto claro de soldado profesional y específicamente preparado. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Cortés. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (García Vargas): Permítame que le diga que hablar con tanto aplomo de algo que no se tiene comprobado y sobre lo que se dispone de una información limitada corre siempre el riesgo de convertirse en un error.
Todas las naciones que tienen experiencia de verdad, de 20 o 30 años, en misiones de Naciones Unidas utilizan soldados voluntarios de reemplazo, como es el caso de los países nórdicos, o Francia. Todos. ¿Por qué va a impedir S.S. a un soldado de reemplazo que voluntariamente quiere participar en una misión de paz? En este momento hay 150 candidatos --y no se ha cerrado todavía el plazo--para ir en el cuarto contingente que va a desempeñar sus funciones en Bosnia. ¿Por qué les va a impedir a estos muchachos hacerlo? Hable con los coroneles que han mandado las agrupaciones --yo le facilito la reunión--para que le digan que no hay diferencia entre unos y otros. La sangre fría que usted menciona, difícilmente le van a tener soldados

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profesionales que en su vida han participado en una misión de paz. Parece que sugiere, por una especie de inspiración o de ciencia infusa, que los soldados profesionales se convierten en más fríos y más capaces. Los soldados de reemplazo son exactamente iguales, son muchachos de la misma edad y con frecuencia bastante mejor preparados, académicamente hablando, que los soldados de tropa profesional.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): gracias, señor Ministro.


--DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA: ¿CUANDO PIENSA EL GOBIERNO REMITIR A ESTA CAMARA EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LRU PARA EVITAR QUE LOS PROFESORES DE UNIVERSIDAD SEAN JUBILADOS DE FORMA OBLIGATORIA A LOS 65 AÑOS? (Número de expediente 180/000423)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 25, de la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños.


La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
¿Cuándo piensa el señor Ministro traer a esta Cámara el proyecto de ley de modificación de la LRU para evitar que los profesores de universidad sean jubilados de forma obligatoria a los 65 años?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Ciencia.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Gracias, señor Presidente.
El proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria fue presentado en el transcurso de la IV legislatura y llegó, como sabe S.S., casi al término de su tramitación. Decayó como consecuencia de la disolución de las Cortes en el mes de abril pasado, después de pasar el dictamen el trámite de la Comisión.
El Ministerio de Educación continúa en esta etapa compartiendo los criterios que llevaron en su momento a plantear la actualización de la ley. Por ello, el proyecto decaído, conforme el compromiso que asumí públicamente ante la Comisión de esta Cámara, ha sido de nuevo impulsado desde mi Departamento. Hemos hecho diversas consultas con los sectores implicados, y puedo asegurar a S.S. que el texto será remitido muy próximamente a estas Cortes Generales, tras su aprobación por el Gobierno como proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, esta pregunta tiene historia. Se retiró del orden del día anterior porque el señor Ministro avisó que no venía, y luego vino. Volvió a entrar en el orden del día y como consecuencia de ello tenemos lo que era de esperar.
Se dice algunas veces de usted, señor Ministro, que usted no sabe. Pero, señor Ministro, yo creo que usted aprende y aprende algo que no debe aprender. Sobre todo aprende las malas formas de su Gobierno y del señor González de decir por detrás a la prensa lo que no dice en esta Cámara. El sábado envió a la prensa una nota contestando a esta pregunta, en vez de hacerlo aquí, diciendo que saldría pronto el proyecto de ley. Pronto no es nada, pero aclara el sentido de ese impulso que han dado al proyecto y del impulso que tienen ustedes intentando vaciar de sentido y de contenido las instituciones.
Si lo urgente que usted decía en septiembre todavía no se ha enviado en nueve meses de gestación --y era urgente-- y era a la mayor brevedad posible, según sus palabras, lo necesario y lo importante tendrá que hacerlo el próximo gobierno, que será el del Partido Popular, como ya se sabe (Rumores.), porque es una injusticia, señor Presidente --y así lo decía su grupo el 14 de septiembre--, que los profesores que el año pasado tenían 64 años se jubilan este año con 65 y a los del año pasado se les permita jubilarse con 70.
No incido ya en el despilfarro intelectual --porque ustedes despilfarran hasta la inteligencia y ya lo hemos dicho-- porque decir pronto y tardar nueve meses no significa nada.
Decir que ustedes han impulsado no significa nada, y lo siento, señor Suárez Pertierra, porque usted, como ciudadano, tiene toda la credibilidad, pero como ministro de un gobierno que no puede pensar, sentado sobre un polvorín, la verdad es que no tiene credibilidad ninguna. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, voy a procurar seguir sin perder las buenas formas.


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Olvida S.S. que el proyecto de ley contenía una solución que nos parecía adecuada, el proyecto de ley que decayó. Olvida S.S. que un compromiso electoral asumido en el programa del Partido Socialista, que obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos. Olvida S.S. --parece-- que se trajo a esta Cámara por parte del Gobierno un decreto-ley que resolvió transitoriamente estas situaciones injustas a las que S.S. se refería. Y ahora asumo el compromiso, y digo que será pronto, por primera vez, de que muy próximamente el proyecto de ley entrará en esta Cámara para solucionar el mismo programa, de una manera o de otra, antes de que comience el próximo curso.
Aprovecho, finalmente, señoría, para decir que es de toda falsedad el que se haya emitido desde el Ministerio una nota a la prensa el sábado pasado.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON RAFAEL HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE RAZONES HAN MOTIVADO LA IMPORTANTE DESVIACION PRESUPUESTARIA PRODUCIDO EN LOS PAGOS DEL ICO CON CARGO A LOS FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO DURANTE 1993? (Número de expediente: 180/000426)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 28, del Diputado don Rafael Hernando Fraile.
Señor Hernando Fraile, tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué razones han motivado la importante desviación presupuestaria producida en los pagosdel ICO con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo durante 1993? Gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Comercio y Turismo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): En el Parlamento y en la Ley de Presupuestos se aprueban dos cosas: una, la dotación de presupuesto para incrementar el Fondo, que es un Fondo de Ayuda al Desarrollo, y otra, el límite de aprobación del Gobierno. No se aprueban los pagos o las disposiciones que el ICO hace, que, evidentemente, son una cifra diferente y lo normal es que lo sea casi todos los años, porque la aprobación no es lo mismo que el pago o la disposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Hernando Fraile, tiene la palabra.


El señor HERNANDO FRAILE: Me deja usted ciertamente sorprendido, porque no entiendo que usted pueda pensar que yo no sé leerme la Ley de Presupuestos Generales del Estado y que no sé entender lo que dice el artículo 63. Usted ha pretendido aquí salirse por la tangente. Es evidente que no son lo mismo las autorizaciones que los pagos, pero es evidente que la irresponsabilidad del Consejo de Ministros, al estar aprobando año tras año dotaciones o autorizaciones prespuestarias muy por encima de las dotaciones presupuestarias e incluso de los pagos del ICO, ha provocado una situación de colapso del sistema. Esa situación de colapso del sistema podemos cifrarla en estos momentos, señor Ministro, en más de 125.000 millones, y eso, como usted sabe, está provocando que año tras año los empresarios que participan en este tipo de operaciones se vean sorprendidos con las notificaciones del ICO, que, a partir de julio o septiembre, anuncia que es incapaz de hacer frente a los pagos.
Ustedes, en la Ley de Presupuestos de 1993 modificaron el sistema, establecieron un sistema cerrado, y ese sistema, indudablemente, se ha visto superado por los acontecimientos.
Usted mismo ha pasado por tres fases desde que llegó al Ministerio: una primera, en la que decía que los Fondos de Ayuda al Desarrollo se iban a recortar. Una segunda, en la que defendía, a pregunta de este Grupo y de este Diputado, el mantenimiento, en las líneas de los presupuestos generales del Estado, de 80.000 millones para el año 1993, y una tercera fase, al final del ejercicio presupuestario, aceptando la evidencia que es la desviación presupuestaria que se ha producido por un importe superior a los 16.000 millones de pesetas. A esto hay que añadir su baja eficiencia en el cobro de los impagos, en el cobro de los atrasos que se han producido por alguno de los países que ya tendrían que estar devolviendo esa parte de la deuda. Es evidente que en algunos casos y en algunos países puede estar justificado, pero es evidente que en otros casos eso sólo responde a la ineficiencia por parte de la Secretaría de Estado que usted dirige.
Nosotros entendemos que hay que modificar el sistema de concesión de los créditos FAD, que hay que elaborar una nueva normativa mucho más transparente, mucho más ágil y mucho más equilibrada.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Hasta que no consigamos eso, seguiremos andando mal en el tema de los FAD.


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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Comercio y Turismo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Señor Hernando Fraile, le voy a decir primero una cosa: no se dicen más verdades porque se digan más impertinencias. Por tanto, vamos a hablar del Fondo, al margen de los calificativos que usted pueda emplear, como lamentable y otros adjetivos que usted quiera decir.
El FAD, como usted conoce bien, se nutre por las dotaciones de incremento al Fondo que figuran en los presupuestos generales del Estado que se hacen cada año y, en segundo lugar, por los recobros. La Ley de Presupuestos establece, por tanto, el incremento del FAD, primero y, segundo, lo que el Gobierno puede autorizar, que puede coincidir o no coincidir. En el caso del año al que usted se refiere, los presupuestos para el año 1993, aprobados en 1992, coinciden en 80.000 millones de pesetas las dos cosas. Por tanto, el pago no tiene por qué corresponderse, y si la ley no lo dijese, la autorización tampoco tendría por qué, porque si el Fondo está nutrido por la dotación presupuestaria y además por los cobros, podría autorizarse más cantidad.
Me dice usted que yo he dicho que primero se iban a recortar los FAD, que luego he dicho que se mantienen. Como no tengo aquí el «Diario de Sesiones», no le voy a contestar, no voy a entrar en esa batalla. Creo que no he dicho nunca que se vayan a recortar los FAD. Lo que sí he podido decir es que los FAD cada vez son aplicables a menos países, que es un tema diferente a que los fondos se recorten o no y que, por tanto, las decisiones de la OCDE hacen que cada vez se puedan repartir entre menos países y que las prioridades sean diferentes.
Usted dice que hay deficiencias en los cobros. Puede ser que haya alguna deficiencia. Yo no voy a discutir con usted que los servicios funcionan perfectamente y que todo se hace a la perfección. Lo que sí le digo es que crecen de forma muy importante los cobros, que los niveles de pagos son menores y que, por tanto...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): ...algo estará funcionando.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES EL GOBIERNO ESPAÑOL PARTIDARIO DE QUE LOS ESTATUTOS DE LA FUTURA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO INCLUYAN «LA CLAUSULA SOCIAL», COMPRENSIVA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LOS TRABAJADORES Y LAS CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES, TAL COMO PLANTEAN LOS GOBIERNOS DE FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS? (Número de expediente 180/000432)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 31, del Diputado don Ricardo Peralta Ortega. Señor Peralta, tiene usted la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en las últimas semanas se ha producido, en el marco de las negociaciones de cierre del GATT, un debate, más exactamente un forcejeo, acerca del contenido de la agenda de trabajo de la futura Organización Mundial de Comercio y, en concreto, de si en esa agenda de trabajo debía incluirse la denominada cláusula social o no. Esta posición, inicialmente mantenida por la OIT, y a la que se sumó el Gobierno estadounidense, fue respaldada seguidamente por el Gobierno francés, que incluso remitió una carta, a través de su Presidente, a los Gobiernos de los otros once países de la Unión Europea planteándoles la necesidad de sumarse a esa posición. No conocemos la respuesta del Gobierno español, aunque sí conocemos la opinión de algún alto cargo de la Administración española que, recientemente, en un diario, manifestaba, por ejemplo, que el mercado global no pueda convertirse en una jungla, sin ningún tipo de reglas sociales.
Esto es hoy unánimemente sentido por la población de los países desarrollados. Por eso, los acuerdos del GATT deben complementarse con el respeto, por parte de todos los países beneficiarios, del acervo de libertades y condiciones laborales mínimas establecidas por los convenios básicos de la OIT.
Desearíamos saber, señor Ministro, si el Gobierno español es partidario de que en los estatutos de la Organización Mundial de Comercio se incluya la denominada cláusula social, comprensiva de los derechos sociales y de los trabajadores, así como de las condiciones medioambientales. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Comercio y Turismo, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE COMERCIO Y TURISMO (Gómez-Navarro Navarrete): Señor Presidente, muchas gracias.
Por encima de los temas de forma, voy a entrar al fondo de la cuestión. Simplemente quería decirle que, por ahora, la Organización Mundial de Comercio no tiene estatutos y lo que se va a firmar en Marraquech es un acuerdo que crea la Organización Mundial de Comercio

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y en el cual se fija una serie de condiciones, pero no tiene rango de estatutos. La posición del Gobierno en este tema, que es extraordinariamente complejo --y que además se ha creado un grado mayor de ambigüedad y confusión cuando, periodística y socialmente, se ha hablado de «dumping» social, que es un término extraordinariamente ambiguo con el que pueden encubrirse muchas medidas proteccionistas o pueden de verdad ampararse los derechos legítimos de los trabajadores--, es que creemos que hay un conjunto de temas y cuatro puntos claves que entendemos que hay que defender. Sobre lo que se va a debatir en Marraquech, hay un principio de acuerdo respecto a que la comisión preparatoria que se encarga de constituir la Organización Mundial de Comercio pueda incluirse, en el orden del día este tema o no lo pueda incluir; eso es lo que se está debatiendo. La posición española es que hay cuatro temas que, desde el punto de vista del comercio, sí se tienen que tratar, puesto que son cuatro temas que, a pesar de estar aprobados en el ámbito de la OIT, no se llevan a la práctica en muchísimos países. Son los siguientes: la abolición del trabajo forzoso, la limitación del trabajo infantil, el reconocimiento de los derechos democráticos de libre asociación sindical y la negociación colectiva.
Entendemos que habría que conseguir que estos cuatro puntos se debatiesen en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio y que, por lo tanto, se ligase la liberalización del comercio mundial al cumplimiento de esas condiciones. No entramos en algo que es prácticamente imposible, evidentemente, como son los salarios y los niveles salariales, porque el menor salario implica, en la mayor parte de los casos, una mucha menor productividad y una menor formación, que es lo que permite, por otro lado, que los países del tercer mundo, con menores salarios, puedan ir accediendo al desarrollo por esta vía. Creemos que hay que ir al fondo del asunto, y es que la renta que se está generando...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro. Ha finalizado su tiempo.
Señor Peralta, tiene la palabra.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, evidentemente, el tema es complejo, pero, precisamente por eso, creo que hay que intentar ser claro. Yo le agradezco el que, en ese sentido, nos haya manifestado esa posición favorable a defender la cláusula social que es posible en un contexto de países tan heterogéneos como son todos los que firman el GATT. Evidentemente, en ese contexto es posible plantear esas cuatro condiciones a las que alude usted, quizá alguna más; pero, sin lugar a dudas, lo importante es que el Gobierno vaya en esa línea y continúe trabajando, porque el acuerdo que hay ahora es un acuerdo ambiguo. Y si en ese marco del GATT es posible trabajar en ese nivel mínimo, nosotros, señor Ministro, creemos que ésa es una posición política que debe traducirse en cada nivel. En la Unión Europea hay que trabajar en un nivel más amplio y, por supuesto, en el interior de nuestro país hay que mantener esa misma posición y seguir trabajando. En esa línea, nuestro Grupo estará dispuesto a apoyar al Gobierno, sin lugar a dudas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Peralta.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO EL FUTURO DE LA EMPRESA GILLETTE DE ALCALA DE GUADAIRA, EN SEVILLA? (Número de expediente 180/000431)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 30, del Diputado don Felipe Alcaraz Masats.
Señor Alcaraz, tiene la palabra.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, ¿qué futuro ve para la empresa Gillette de Sevilla, desde todas las vertientes? ¿Qué piensa hacer el Gobierno? Le ruego que informe a esta Cámara y al presidente del comité de empresa, que está hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro de Industria y Energía, como S.S. sabe, tiene que contestar a la pregunta tal como ha sido formulada por escrito. Tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente, por la aclaración, porque el señor Alcaraz me pregunta por una cosa distinta a la formulada por escrito. La pregunta dice: ¿Cómo valora el Gobierno el futuro de la empresa Gillette de Alcalá de Guadaira, en Sevilla? El Gobierno tiene que contestar a esa pregunta que lo valora mal; mal por la actitud de la empresa y mal por el futuro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Señor Alcaraz, tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, yo creo que no se quiere contestar, no se quiere responder

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a situaciones muy graves que están sucediendo en Andalucía con respecto al sector industrial. A pesar de ganar esta empresa 2.300 millones entre el margen industrial y comercial ha decidido irreversiblemente el cierre, quizá para marcharse a Polonia o a otro sitio.
El proyecto firme del cierre de la empresa ejecutándose por los abogados del señor Garrigues Walker dice que uno de los factores a tener en cuenta es la fecha del 12 de junio en que se celebran las elecciones autonómicas en Andalucía y las elecciones europeas.
¿Cuál es la posición real del Gobierno: entretener a los trabajadores hasta que pasen las elecciones? Ustedes empezaron a hablar de boicot a los productos Gillette, el Secretario de Estado para Empleo, señor Peña; ustedes empezaron a hablar en Andalucía de que era una decisión ilegal. Ya no hablan de nada de esto; ya hablan de que se trata de algo comprensible, el señor Montaner en Algeciras el otro día; el abogado del señor Garrigues Walker dice que hay que basarse en Maastricht, en la reforma del mercado laboral, porque pueden irse.
La estrategia cuál es, ¿retirar la actual posición, el actual chantaje, la actual amenaza y presentar otro esquema a partir del 12 de junio? ¿Qué gestiones políticas han hecho, puesto que éste es un problema político, ante el embajador? ¿Qué recuperación de cuotas de mercado se marcan, teniendo en cuenta que cedieron todo a través de la compra por Gillette de Filomatic? ¿Qué política industrial van a tener ustedes? ¿Se van a entrevistar con el director máximo en Estados Unidos de la Gillette? ¿Sólo van ustedes a tener una política de orden público en este aspecto? ¿Van a mantener el tema del boicot? Porque, desde luego, la gente está pidiendo que haya una posición de defensa de los intereses nacionales, de la dignidad nacional; la gente quiere una defensa de la sociedad civil cuando el Gobierno no hace nada, no tiene política industrial y usted ni siquiera en este Parlamento se molesta en responder, señor Eguiagaray, no se molesta en decir nada, y la gente está esperando que usted diga algo aquí y no sólo a través de las porras de la policía, como en Linares. Señor Eguiagaray, le ruego que responda, por la dignidad de esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Muchas gracias, señor Presidente.
La situación de Gillette es complicada y difícil, como saben ustedes y que ciertamente le preocupa, a pesar de que se exprese en un tono bastante más mesurado, a este Ministro, que ha hecho sucesivas gestiones cerca de la empresa, cerca de los abogados para tratar de evitar algo que es una decisión que sigue sien-do firme y que tendrá que ser juzgada en los términos de la legislación laboral de este país.
Debo decirle que, frente a sus afirmaciones, la valoración negativa que he hecho de la decisión de la empresa por parte del Gobierno y por parte del Ministerio de Industria estriba precisamente en el hecho de que ésta es una empresa sucesivamente en beneficios en los últimos tres años, por lo menos datos o años en los que dispongo de resultados.
Es bien cierto, y es también algo que consta al Ministerio de Industria, que, dentro de la estrategia multinacional de esta empresa, hay un exceso de capacidad en un buen número de plantas del conjunto de la empresa en diferentes lugares de Europa y en diferentes lugares del mundo, y que en la planta de Sevilla se fabrican algunos de los productos también relativamente más maduros, como son las hojas de afeitar de doble filo. Dicho eso, que, sin embargo, me parece especialmente lamentable por el período en el que se ha presentado el expediente y por la decisión firme de la empresa, creo que la posición de un Ministro y la posición del Gobierno no es el hacer una soflama, como la que usted hace, sino, en todo caso, hacer las gestiones oportunas para retrasar todo lo posible y, en segundo lugar, para tratar de ver, si eso es posible, darle la vuelta, aunque hasta ahora todas esas gestiones --y lo debo decir, señor Alcaraz-- no son gestiones que hayan tenido éxito. Me parece que es importante el que a los ciudadanos no les engañemos, porque hay decisiones que las empresaspueden, en el marco de la legislación, tomar, lo cual no le corresponde a un Gobierno decidir, sino, en todo caso, a la legislación laboral y, eventualmente, a los jueces.
Me parece, y lo he calificado alguna vez, que por el momento y por la forma en que se había planteado, me parecía una provocación hecha en Andalucía, así lo he dicho. Pero no estoy a favor de campañas contra las ventas; no estoy a favor de la creación de un clima, como éste que está defendiendo, contra las multinacionales...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha terminado su tiempo. Muchas gracias, señor Ministro.
Antes de pasar a la pregunta siguiente, quiero indicarles, señorías, que en la tribuna tenemos el honor de tener con nosotros a una representación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de Méjico. Creo que expreso en nombre de todos ustedes el deseo de saludarles y darles la bienvenida a esta Cámara y desearles que el trabajo que esta semana están celebrando con parlamentarios españoles, especialmente con una representación del Senado, sea verdaderamente fructífero y eficaz. (Aplausos.)

--DEL DIPUTADO DON ENRIQUE FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

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POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿A QUE RESPONDE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL QUE ESTA INICIANDOSE EN LA SANIDAD PUBLICA? (Número de expediente 180/000420)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 22, del Diputado don Enrique Fernández-Miranda y Lozana, que tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, ¿a qué responde la conflictividad laboral que está iniciándose en la sanidad pública? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Fernández-Miranda.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no creo que existan razones fundadas que permitan hablar de una especial conflictividad en la sanidad pública o, al menos, de una conflictividad de una relevancia significativa, más allá de la propia dinámica de una organización tan compleja como es el sistemanacional de salud, en el que trabajan 170.000 profesionales en más de cincuenta categorías profesionales. En este momento el único conflicto que tenemos es la huelga convocada por los médicos internos residentes, que es seguida por 1.800 médicos en ocho hospitales de la red en Madrid y Cantabria frente a los 6.300 que componen este colectivo y para cuya resolución tenemos abierta la negociación, celebrándose las reuniones conducentes a la búsqueda de una solución.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Ministra. Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, efectivamente no conoce usted lo que está pasando en la sanidad real en este país. (Rumores y protestas en los bancos del Grupo Socialista.) Puede ser que usted conceda poca importancia a que los médicos internos estén en huelga desde el día 12 hasta el día 19. (Continúan las protestas.--Varios señores Diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Puede ser que usted considere poco significativo el número y lo que no sabe, señora Ministra, y parece mentira, es que precisamente están en huelga porque no han sido ustedes capaces de dialogar con ellos y les están acusando, simple y llanamente, de bajarles el sueldo. No se ha enterado la señora Ministra de que en el Hospital Clínico los médicos de plantilla son solidarios con esta huelga, son médicos de plantilla que se van a salir de todas las comisiones de participación del hospital, hospital en el que ha tenido que ser cesado el Gerente porque se salta a la torera los convenios con la Universidad Complutense. No sabe la señora Ministra que tiene trabajadores de la lavandería del Hospital Ramón y Cajal manifestándose en la puerta del centro y amenazando con huelga porque, a su vez, han sido amenazados con el despido, con una regulación salvaje de plantilla. No sabe la señora Ministra que tiene planteado un contencioso-administrativo en el Hospital Provincial de Ciudad Real porque obliga y coacciona a los trabajadores de ese hospital para que se integren en el Insalud. No sabe la señora Ministra que los directores médicos y los gerentes reciben denuncias en el Hospital Ramón y Cajal, en el Doce de Octubre, en el Hospital de Cuenca y en tantos otros de que no funcionan las instituciones de los hospitales, de que no funciona la junta técnico-asistencial, de que no existe la junta de garantía de calidad, de que no funcionan las comisiones de docencia. No se ha enterado de que su colega el señor Chaves, su compañero de Partido, tiene 5.000 médicos interinos en huelga indefinida.
Señora Ministra, ¿no se entera de que a los profesionales de la sanidad cada día les gusta menos la sanidad socialista que tienen que ejercer? ¿No se da cuenta de que están desmotivados, frustrados, cansados? ¿No se da cuenta de que se sienten perseguidos, como me dijo el señor Lamata, porque han ido a por ellos durante mucho tiempo? Ahora le daré más motivos para justificar la conflictividad creciente que padece en estos momentos la sanidad pública, señora Ministra, y usted no se entera de lo que sucede en su propia casa. Gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, de lo que sí me entero es de que los esfuerzos de S.S. por sumar conflictos o supuestos conflictos le han dado un pobre resultado. La huelga de los MIR, señoría, está recibiendo toda la atención que merece por parte del Insalud y del Ministerio de Sanidad y, por tanto, yo no me permito frivolizar

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sobre conflictos que en todo caso deseo que no se extiendan, y en cuanto al relato que me hace S.S. de problemas en la sanidad, con calificaciones que, como siempre, producen en esta Ministra una cierta perplejidad, no constituyen fundamento para las conclusiones que, como siempre, S.S.
enuncia a bombo y platillo. En el Hospital Clínico nadie se salta a la torera nada, señor Diputado, y lo que se ha producido es una sustitución en la Gerencia en lo que constituye la gestión cotidiana de los centros.
Señor Fernández-Miranda, yo comprendo que para S.S. resulta del mayor interés exacerbar los ánimos de personas que están dedicando a la sanidad pública en el día a día su mejor esfuerzo. Confío --le aseguro-- en que no prosperen sus deseos y que no coincidan con la realidad.
Gracias, señor Presidente. (Algunos señores Diputados: Muy bien. Muy bien.)

--DEL DIPUTADO DON FELICIANO BLAZQUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD EN LA SANIDAD PUBLICA PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE DESIGNACION Y MANTENER VIVOS CONTRATOS DE ALTA DIRECCION? (Número de expediente 180/000421)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 23, del Diputado don Feliciano Blázquez Sánchez, que formula don Enrique Fernández-Miranda y Lozana.
Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda (Rumores.)

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente, gracias, señores Diputados y Diputadas.
Para sumar --como usted dice, señora Ministra-- exacerbación contésteme: ¿Cuáles son los criterios de compatibilidad en la sanidad pública para desempeñar cargos de designación y mantener vivos contratos de alta dirección? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Si S.S. se refiere a la incompatibilidad de los cargos de libre designación en las instituciones sanitarias y en los servicios administrativos del Insalud, es de aplicación la Ley de Incompatibilidades del personal al ser-vicio de las Administraciones públicas de 26 de diciembre de 1984. Por otra parte, los contratos de alta dirección que suscribe el Insalud no prevén ningún tipo de suspensión por designación para otro cargo. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Señora Ministra, usted insiste en matar al mensajero y hacerme a mí responsable de lo que sucede en la sanidad pública.
Aparece en los medios de comunicación: El ex gerente de asistencia especializada del Hospital Doce de Octubre es cesado en el cargo y es nombrado coordinador de admisiones en dicho Hospital. Desempeña, además, la plaza asistencial y tiene una beca de la sanidad pública, con la cual se va a Canadá. Y cobra las tres cosas.
Le doy más ejemplos, ejemplos de mi parte de exacerbación de la realidad. Señora Ministra, el subdirector provincial de atención primaria de Madrid es, además, director gerente de asistencia primaria del Area 1 de Madrid, y cobra los dos sueldos. El sudirector provincial de gestión para la atención hospitalaria es, además, director gerente de asistencia especializada en La Paz, y cobra los dos sueldos.
Señoría, sus altos cargos, los que, además, como gerentes, desempeñan las funciones de comisarios políticos, tal como se lo dije, aquellos que identifican ese 66 por ciento, que dice el señor Lamata, de médicos que votan al Partido Popular, reciben sobresueldos, acumulan y suman sueldos desde la designación y desde la gerencia. Y eso, señora Ministra es, simple y llanamente, corrupción y además corrupción, de nuevo, como en tantas otras cosas, en la impunidad.
Señora Ministra, contésteme claramente, conteste a esta Cámara, en esta Cámara. Además de estos ejemplos, ¿es cierto que el señor Temes, Director General del Insalud, tiene, además, vivo su contrato de Director Gerente de la Clínica de la Concepción, con una cláusula de salvaguarda para cobrar íntegros los dos sueldos? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Ministra, usted conoce que no tiene obligación de contestar más que a la pregunta en los términos en que ha sido formulada por escrito, y no a posibles ampliaciones. (Rumores.--El señor Hernández- Sito García-Blanco pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Hernández-Sito, supongo que usted conoce el Reglamento y, por tanto, no comprendo en absoluto las manifestaciones que está haciendo.


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Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, los contratos de alta dirección que vinculan a los directivos de los hospitales del Insalud no modifican la incompatibilidad a que he hecho referencia y que está prevista en la ley.
Por otra parte, en estos contratos, por su propia naturaleza, tampoco se contempla la posibilidad de suspensión y únicamente se prevé la extinción de acuerdo con la normativa que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
Señoría, los casos, con nombres y apellidos, que ha enunciado no son ciertos y, por tanto, constituyen una imputación cuya gravedad no se le puede escapar. No es cierto que haya altos cargos en el Ministerio, ni puestos directivos, percibiendo dos sueldos.
Gracias, señor Presidente.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO GILET GIRART, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA EXCELENTISIMA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO CALIFICA LA SITUACION PRODUCIDA EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE SON DURETA, PALMA DE MALLORCA, A CAUSA DEL DEFICIT DE RESPIRADORES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS? (Número de expediente 180/000422)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 24, del Diputado don Francisco Gilet Girart, que tiene la palabra.


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace escasos días, los ciudadanos de Baleares pudieron leer, en un determinado medio de comunicación, los siguientes titulares: Enfermos que no puede atender la UCI de Son Dureta se enviarán a la Penísula. Faltan respiradores en la UCI de Son Dureta.
Señora Ministra, ante la resonancia social de tales titulares, me permito preguntarle: ¿Cómo califica la situación producida en el complejo asistencial de Son Dureta (Palma de Mallorca), a causa del déficit de respiradores en la Unidad de Cuidados Intensivos?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gilet.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracia, señor Presidente.
Señor Diputado, no hay déficit de respiradores en la Unidad de Cuidados Intenstivos del Hospital Son Dureta, que cuenta con 24 respiradores, 16 para adultos y ocho para pediatría. La dotación es suficiente y adecuada para el número de camas con que cuenta la unidad, que, en la actualidad, es de 36, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Intensiva considera como idóneo un respirador por cada dos camas. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, hace un momento le han dicho que no estaba informada y yo reitero ahora que o usted no está informada, o nosotros, yo, no lo estoy. (Rumores.) No pretendo crispar a nadie, sino sencillamente aportar algo que entiendo que es fundamental: el bienestar de los ciudadanos y el control del Gobierno. Si ustedes me dejan, seguiré, y si no, lo haré a pesar de todo. Señora Ministra, el 25 de marzo de 1994, el Servicio de Medicina Intensiva de la Unidad de Cuidados, decía que estaban trabajando con 12 respiradores. Usted sabe que un respirador tiene una vida de 30.000 horas de trabajo; si no, tiene propensión a averías o mal funcionamiento. Pues bien, de esos 12 respiradores que había el 25 de marzo de 1994, uno había trabajado 27.511 horas, es decir, más de 10 años; otro 42.385 horas, es decir, más de 18 años; otro, 38.700 horas; otro, 39.534 horas, más de 16 años; otro, 39.498 horas, más de 16 años también. No es extraño, por tanto, que ese mismo día, el 25 de marzo, se hubiese pedido el ingreso de un enfermo con ventilación mecánica desde Can Misses (Ibiza) y hubiese tenido que ser trasladado a un centro hospitalario de la Península.
Tampoco resulta extraño que un paciente ingresado en la cama número 8 estuviese conectado a un respirador de la camilla asistida, que no incorpora alarmas de seguridad y que no tiene fuerza suficiente para garantizar una ventilación adecuada; situación denunciada desde el año 1992 y que se ha repetido constantemente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gilet.


El señor GILET GIRART: Señora Ministra, no prometa...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gilet, señor Gilet.


El señor GILET GIRART: ... no prometa y actúe. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gilet, ha terminado su tiempo.


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Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Amador Millán): Gracias, señor Presidente.
Señor Diputado, entre su falta de información y la crispación con que adorna la petición de información que yo, con mucho gusto, le suministro... Debería procurar no crear problemas donde no los hay. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.) No hay problemas con los respiradores en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Dureta. Además del número existente, del que ya le he informado, el equipamiento de esta unidad está en proceso de renovación, iniciado en el año 1992, en virtud del cual han sido sustituidos tres respiradores en el año 1992, dos, en el año 1993 y tres más en el año 1994, lo que supone una inversión total de 20 millones de pesetas, sin que sea necesario en ningún caso el traslado a la Península, puesto que, previendo que en temporadas de turismo se puedan producir puntas, el hospital tiene un concierto con otra clínica, con lo cual se garantiza que no sea necesario ningún desplazamiento.
Por último, señor Diputado, el Gerente del Hospital no tiene la más mínima petición de ninguna modificación ni mejora en relación con el servicio de la UCI y, por tanto, señoría, convendrá conmigo que, a lo mejor, hay que leer menos los periódicos y solicitar más información donde la tenemos, que es en el Ministerio de Sanidad.
Gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

--DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION LE MERECEN AL GOBIERNO LAS INFORMACIONES SURGIDAS A RAIZ DE LAS PRESUNTAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y BURSATILES EFECTUADAS POR MARIANO RUBIO, MIENTRAS ERA GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000406)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 9, de la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, que tiene la palabra.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, a raíz de las gravísimas imputaciones que circulan en relación a Mariano Rubio, a raíz de las declaraciones del propio Felipe González, que parece que ya no pone la mano en el fuego --y es una buena noticia, señorías, porque, si no, ustedes van a parecer una unidad de quemados--, y a raíz del clima de preocupación general, ¿qué valoración le merecen las informaciones surgidas a raíz de las presuntas actividades empresariales y bursátiles efectuadas por Mariano Rubio, mientras era Gobernador del Banco de España?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Señor Ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, le agradezco que me plantee esta pregunta y que me pida una valoración que, evidentemente, le voy a hacer en términos políticos. Ello nos va a evitar entrar en discusiones de legalidad, aunque también en esto último el Gobierno, en los últimos años, ha endurecido claramente la legislación sobre el control de actividades, tanto públicas como privadas de los altos cargos.
Entrando directamente en su pregunta, al Gobierno le han producido sorpresa las informaciones aparecidas sobre la actividad económica-financiera privada de don Mariano Rubio e indignación, una profunda indignación, ante la posibilidad de que puedan ser ciertas. Sorpresa e indignación que, como tendré ocasión de exponer en la respuesta a la próxima pregunta, han llevado al Gobierno a una movilización activa con despliegue de todos los medios a su alcance para clarificar, confirmar y, en su caso, sancionar las actividades a que nos referimos.
Si todos tenemos que comportarnos correctamente, quienes desempeñan un puesto relevante y de responsabilidad pública e institucional, todavía lo tienen que hacer con mayor intensidad y deben ser más estrictos en su comportamiento.
Llevo 25 años en la función pública, con distintos niveles de responsabilidad, y tengo la absoluta convicción de que somos mayoría, inmensa mayoría, quienes en el Gobierno o en la oposición, a nivel central, en comunidades autónomas o en ayuntamientos, tienen un comportamiento y actividad correctos.
Podemos equivocarnos, lo haremos mejor o peor, acertar o no en las decisiones, pero éstas nunca están condicionadas por ningún otro interés que el interés general.
Por eso, creo que no podemos permitirnos que una minoría, por muy resonantes que sean sus nombres o cargos, empañen gravemente la imagen de las instituciones y del país. El Gobierno es el primer interesado en ello y por ello les puedo asegurar que no vamos a dar tregua ni cuartel a la lucha contra la corrupción, la haga quien la haga o se produzca donde se produzca. Y no sólo por responsabilidad hacia los españoles y la imagen de nuestro país, sino también por nuestras propias convicciones éticas y por nuestra trayectoria personal.


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Si para ello hay que cambiar las leyes, tendremos que cambiarlas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoría, ya sabe usted que lo que decimos o escribimos nos persigue toda la vida.
Dijo Carlos Solchaga, después del estallido del caso Ibercorp: el Gobierno va llegar hasta el final. El Ministerio de Hacienda está trabajando para averiguarlo.
Dos años después, no tenemos ni un solo dato oficial ¿A dónde han llegado ustedes? ¿A dónde, más allá del evidente «crack» de la «beautiful» socialista que se ha producido? Señoría, el escándalo Rubio es el escándalo González. Las dimensiones del escándalo tocan directamente la Presidencia del Gobierno. Es por ello, por la gravedad del escándalo, por lo que pediremos la creación de una comisión de investigación parlamentaria, a ver si esta vez sí que conseguimos, señoría, llegar hasta el fondo, si conseguimos conocer el alcance de las responsabilidades políticas que evidentemente existen, si conseguimos restablecer finalmente la confianza que, a causa de sus reiterados escándalos, señorías, han perdido los ciudadanos respecto a las instituciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola.


--DE LA DIPUTADA DOÑA LUISA FERNANDA RUDI UBEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿TIENE EL SEÑOR MINISTRO INTENCION DE DAR LAS ORDENES OPORTUNAS A LA INSPECCION DE HACIENDA PARA QUE ESTA INICIE DE OFICIO UNA INVESTIGACION EN RELACION CON LAS ULTIMAS NOTICIAS PUBLICADAS REFERENTES AL DENOMINADO CASO IBERCORP? (Número de expediente 180/000414)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 16, de la Diputada doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, que tiene la palabra.


La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
¿Tiene el señor Ministro intención de dar las órdenes oportunas a la Inspección de Hacienda para que ésta inicie de oficio una investigación en relación con las últimas noticias publicadas referentes al denominado caso Ibercorp? El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Rudi. Señor Ministro de Economía.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Como S.S. seguramente conoce por la prensa, esa inspección está ya iniciada.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la señora Rudi.


La señora RUDI UBEDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, efectivamente, lo conozco por la prensa. La pregunta a la que usted contesta fue presentada en el Registro de esta Cámara el jueves por la tarde y en la rueda de prensa del Ministro señor Rubalcaba, como consecuencia del último Consejo de Ministros, hicieron pública esta intención. He escuchado atentamente la respuesta anterior. Usted hablaba de sorprensa, indignación, movilización activa de todo el equipo de Gobierno y decía que usted llevaba veinticinco años en la función pública, que podrían equivocarse, pero que en ningún caso con mala intención. Yo le concedo a usted personalmente toda la crebibilidad, señor Ministro, pero su antecesor, hace ahora dos años, el 18 de marzo de 1992, en esta misma Cámara, nos decía: Con toda solemnidad les digo que este Gobierno va a llegar hasta el final de las investigaciones. Y otra frase del señor Solchaga: El Gobierno va a insistir en que se conozca perfectamente y hasta el final quiénes son los auténticos propietarios de Shaff Investment. Usted, que no sé si se ha leído todo el dosier del caso Ibercorp, sí sabrá que el cuñado del señor Rubio formaba parte del consejo de administración, que esta empresa está domiciliada en Luxemburgo y que el accionista mayoritario estaba en Panamá; que el señor Rubio, en esta Cámara, ocultó todas estas cuestiones. Y fue avalado por su antecesor en el cargo, señor Solchaga, y, por tanto, por el Presidente del Gobierno.
Yo me congratulo de que en este momento ustedes, los socialistas --perdón, usted no lo es pero pertenece a un Gobierno socialista--, estén dispuestos a luchar contra la corrupción. Pero hace dos años, en esa misma tribuna yo pedí la creación de una comisión de investigación, que fue apoyada por toda la Cámara, salvo por su Grupo, y un Diputado de su bancada me contestó que no solamente no había motivos suficientes, sino que tan siquiera había motivos. ¿Son capaces, señor Solbes, en este momento de seguir manteniendo esa postura o tienen que reconocer que hemos perdido dos magníficos años en descubrir cómo un grupo de personas, amparados por el poder, se han hecho ricas, en detrimento de otros muchos? ¿Son capaces ustedes de

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mantener que el cierto olor a podrido que se ha destilado en esta sociedad no lo han estado tapando desde el poder? Señor Solbes, usted quizás no sea responsable, pero sí lo es el señor Solchaga y don Felipe González. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, sí puedo asegurarle que en ningún caso se ha intentado tapar desde el poder ese olor a podrido al que S.S.
hace referencia.
Hace dos años el señor Solchaga hablaba de que llegaríamos hasta el final. Yo voy a dar algunos datos más respecto al tema Ibercorp o a lo que hemos realizado hasta ahora.
Respecto al grupo financiero Ibercorp y a sus principales accionistas, don Manuel de la Concha, don Jaime Soto y don Benito Tamayo, fueron sometidos a las pertinentes inspecciones por parte de Hacienda relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre Sociedades y a la retención del trabajo personal, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio. El resultado de la inspección es que nos dieron unas actas por una deuda tributaria total de más de 1.500 millones de pesetas en sociedades y cien millones de pesetas en personas físicas. Además, estamos pendientes de las actuaciones judiciales, como consecuencia de la querella presentada por estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas, presentada contra don Manuel de la Concha y el Banco Ibercorp.
En cuanto a don Mariano Rubio, las actuaciones que el Gobierno, desde el día 8 de abril, ha emprendido son las siguientes: En primer lugar, convocar a don Mariano Rubio para una inspección fiscal, cuyos resultados conoceremos en las próximas semanas. En segundo lugar, el ministerio fiscal ha abierto diligencias previas y se ha puesto a su disposición tanto un experto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como otro de la Agencia Tributaria para colaborar. En tercer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha procedido a verificar toda la relación de cuentas y clientes correspondientes a Ibercorp Sociedad de Valores y Bolsa y ha ratificado que en la misma nunca ha existido en la contabilidad oficial la cuenta referenciada como RU 7 ME. Sin embargo, dicha cuenta pudo haber existido como cuenta de cliente en la contabilidad oficial de don Manuel de la Concha, en la etapa previa a la vigente Ley sobre el Mercado de Valores. Para constatar este hecho, se han recabado ante el Colegio de Corredores de Comercio los libros de operaciones intermediadas por don Manuel de la Concha de 1986 a 1989.
Dichos libros, después de una negativa inicial de entrega, han sido entregados esta misma mañana, tanto al fiscal como a la agencia tributaria...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro. (Rumores.)

--DEL DIPUTADO DON JOSE MANUEL FERNANDEZ NORNIELLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE CONTROLES SE EMPLEAN EN RELACION AL TABACO DECOMISADO DESDE EL MOMENTO EN QUE ES DECOMISADO HASTA SU DESTRUCCION O VENTA? (Número de expediente 180/000416)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta del Diputado don José Manuel Fernández Norniella.
El señor Fernández Norniella tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Señor Presidente, señor Ministro, después de las preguntas anteriores, creo que me va a agradecer la que yo le hago a continuación.
¿Qué controles se emplean en relación al tabaco decomisado desde el momento en que se decomisa hasta su destrucción o venta?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Norniella. El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intentar ser breve en mi respuesta. Yo diría que tenemos una proliferación excesiva de controles. Cuando se interviene por delito de infracción administrativa un tabaco se deposita en la representación de Tabacalera en la provincia y hay cuatro tipos de controles. Existe una cuenta de decomisos donde se recogen y controlan los movimientos de entradas y salidas y esa cuenta de decomisos sigue el mismo tratamiento que el régimen general. Existe también un servicio de auditoría y control interno de Tabacalera que lleva a cabo el control de la misma. Existen controles específicos a demanda de los jueces y autoridades que ordenanel decomiso y, finalmente, la Delegación del Gobierno en el monopolio también controla estas cantidades depositadas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
El señor Fernández Norniella tiene la palabra.


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El señor FERNANDEZ NORNIELLA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la contestación que usted me acaba de dar me sorprende sobremanera. El mes pasado, a una pregunta por escrito que yo le realicé sobre el mismo tema, usted me contestaba que desde 1980 se habían decomisado 262 millones de cajetillas, se habían destruido 77, se habían vendido 63 y permanecen bajo custodia 109. Una simple suma hace ver que faltan 12 millones de cajetillas, que pueden suponer 1.200 o 1.300 millones de pesetas. Hemos venido oyendo en esta Cámara esta tarde quejas de los Diputados respecto a la táctica de escaqueo que el Gobierno sigue con las preguntas por escrito.
Yo entiendo, señor Ministro, que, en la situación en que este país se encuentra, este tipo de cuestiones deberían ser contestadas con mucha más sensatez, porque si no va en perjuicio de todos. Dígame usted cómo se puede justificar que en una pregunta por escrito, contestada por el Gobierno, simplemente se contesten números y se deje de justificar al menos un posible hurto o una posiblepérdida que puede suponer 1.200 millones de pesetas.
Yo, parafraseando la campaña que están ustedes haciendo de la Hacienda Pública, le diría: ¿Cuántas pensiones de 68.000 pesetas mensuales se pueden abonar con los 1.200 millones de pesetas que ustedes pasan por alto, señor Ministro?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
No los pasamos por alto, en absoluto. Le voy a hacer una afirmación clara. No existe ninguna cantidad de tabaco decomisado desaparecido o descontrolado, siendo coincidentes las existencias contables con las existencias fiscales resultantes del último recuento que se publica entre los días 8 y 11 del presente mes de abril.
Es cierto que S.S. ha planteado unas preguntas escritas y de esas preguntas escritas, por el viejo procedimiento de sumar y restar, S.S. llega a unas conclusiones; lo que sucede es que a veces la realidad es más compleja que una pura suma. Existen otros elementos a tomar en consideración como son las devoluciones ordenadas por la autoridad judicial, los robos debidamente denunciados ante las pertinentes autoridades, muestras para análisis o algunas cantidades requeridas por la autoridad competente. Pero no se preocupe S.S. que esos puntos están debidamente claros y se los podemos facilitar con todo gusto.


--DEL DIPUTADO DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO VASCO (PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS ECONOMICAS Y SOCIALES PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA PALIAR LA GRAVE SITUACION ECONOMICA QUE PADECE EL SECTOR PESQUERO VASCO CON MOTIVO DE LAS ACCIONES DE DECOMISO DE PESCADO ULTIMAMENTE EFECTUADAS? (Número de expediente 180/000405)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 8, del Diputado don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, que tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿qué medidas económicas y sociales piensa adoptar el Ministerio para paliar la grave situación económica que padece el sector pesquero vasco con motivo de las acciones de decomiso de pescado últimamente efectuadas?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias. Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
La claridad de la reglamentación aplicable en esta materia no ofrece ninguna duda. En concreto, tanto la Ley 168/1961 como la Ley 53, de 1982, sobre infracciones en materia de pesca marítima, hacen referencia expresa a la prohibición de transportar y comercializar los productos pesqueros que incumplan las tallas mínimas. Asimismo incluye dicha prohibición el Reglamento 103 y el 3094/86, del Consejo, sobre medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros, que indica taxativamente que los pescados, crustáceos y moluscos que no alcancen el tamaño requerido no se podrán retener a bordo, transbordar, desembarcar, transportar, almacenar, vender, exponer o poner a la venta, sino que deberán ser devueltos inmediatamente a la mar. No cabe, señoría, mayor claridad y contundencia en una norma de obligado cumplimiento para España como Estado miembro de la Unión Europea.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias.
Señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, últimamente el sector pesquero vasco de altura, en concreto el del puerto de Ondarroa, está muy preocupado por las acciones realizadas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente

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por la Guardia Civil, en diversas provincias andaluzas como en Jaén y en Cádiz, en virtud de las cuales se ha decomisado pescado capturado por parte de la flota vasca de altura y comercializado desde el puerto de Ondarroa.
El tratamiento que se ha otorgado al pescado capturado por la flota vasca y el procedente de países terceros no es el mismo, evidentemente. Sabe el señor Ministro que se importa pescado de Croacia, de la zona de Boston, de Marruecos. Las tallas no son las mismas, pero no se establecen los mismos mecanismos de control.
Yo pediría al Gobierno central que tuviera un poco de sensibilidad. El sector pesquero vasco está pasando una situación muy mala y solicitaríamos un período de disuasión para que se realicen adaptaciones en las artes, en las modalidades de pesca, puesto que no podemos olvidar que lo que está en juego es la vida de todo un pueblo, el de Ondarroa, con 11.000 habitantes. El problema afecta a 25 arrastreros, 17 empresas, y, en definitiva, genera un nivel de puestos de trabajo de 1.100 personas. Señor Ministro, el sector comercializador y el sector extractivo de este puerto genera todos los años una actividad cifrada económicamente en 7.500 millones de pesetas. Por tanto, nosotros solicitamos del Gobierno central un poco de sensibilidad para que, a través de un período transitorio, la flota pueda efectuar las adaptaciones necesarias. Mientras tanto, establecer unos mecanismos de disuasión.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, la Guardia Civil ha procedido a decomisar 10.000 kilos de inmaduros, de peces que no cumplían las tallas mínimas. No podemos bajar la guardia por lo que se refiere a esa iniciativa, con la que pensamos seguir adelante en el marco de la Unión y en los convenios internacionales para evitar que se deterioren los «stock» de pesca. Pero, en todo caso, quisiera decir a S.S. que no es precisamente hoy un día en el que los arrastradores vascos y, en general, los pescadores de la cornisa cantábrica --gallegos, asturianos o cántabros-- puedan estar preocupados; más bien pueden estar satisfechos porque, como S.S. sabe, ayer, por fin, conseguimos una de las reivindicaciones importantes de la flota, básicamente de la flota que hace la costera del bonito. Gracias a los esfuerzos de todos, se ha conseguido que los buques franceses ya nunca más puedan pescar con volantas de cinco kilómetros. Como sabe, esa era una vieja reivindicación sobre la que el Gobierno español ha estado insistiendo ante la Unión Europea y precisamente ayer --por tanto, hoy es un buen día para los pescadores de la cornisa--conseguimos, repito, que no se vuelva a utilizar ese tipo de artes de pesca.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION DE LA AMPLIACION DE LAS ZONAS DECLARADAS OBJETIVO 5b POR LA UNION EUROPEA Y DE SU REPERCUSION PARA NUESTRO PAIS? (Número de expediente 180/000408)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 10, del Diputado don Josep Pau i Pernau.
Señor Pau, tiene la palabra.


El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, la Comisión de la Unión Europea aprobó el pasado mes de enero una ampliación de las zonas declaradas Objetivo 5b, que significa para nuestro país un notable incremento. Cada ampliación comportará un aumento de los fondos comunitarios que se destinan a las zonas rurales beneficiadas, y, sin duda alguna, las españolas lo serán en importante medida.
En este sentido, nos interesa conocer la valoración que hace su Ministerio del resultado de la negociación que permitió la ampliación, de su repercusión para nuestro país. Al mismo tiempo puede informarnos, si dispone de los datos, de su distribución territorial, cantidades a percibir y, aunque no han terminado los plazos --creo que finalizan sobre el 25 de abril--, sí se han presentado ya o se prevén planes operativos suficientes por parte de las comunidades autónomas para acogerse a estas ayudas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Señor Presidente, señorías, a mediados del pasado mes de enero se aprobó una ampliación de las zonas rurales del Objetivo 5b para el conjunto de la Unión Europea y esto significa que el número de municipios españoles que podrán beneficiarse de las acciones de este objetivo ha pasado de 1.082 a 1.634, para el período 1994-1999.


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Los incrementos más significativos, en términos de población, se han producido en algunas comunidades autónomas, la más importante La Rioja, donde se multiplica por siete. Cataluña tiene aumentos significativos, tanto en superficie como en población. Y el conjunto nacional aumenta el 75,4 por ciento en población y el 33,8 en superficie. Pero estos incrementos deben ser valorados conjuntamente con los territorios afectados por el Objetivo 2 en dichas comunidades autónomas.
La existencia de problemas de declive industrial en algunas zonas rurales españolas muy localizadas, ha dado lugar a que estén catalogadas como Objetivo 2, por ser prioritarias las actuaciones en este sector. En el conjunto nacional, el territorio del Objetivo 5b se caracteriza por un bajo nivel de desarrollo socioeconómico, a la vez que por una sensibilidad importante a la evolución del sector agrario en el marco de reforma de la política agraria común, y una baja densidad de población con tendencia al despoblamiento. Las intervenciones que se planifiquen en el período 1994/1999 deben tender al mantenimiento del tejido económico y social y a promover la creación de actividades complementarias o alternativas a la agricultura. La extensión de las zonas, que ha sido conseguida en el Objetivo 5b, permitirá asegurar que las zonas rurales españolas con un mayor retraso socioeconómico, se beneficien de los Fondos Estructurales en el período 1994/1999.
Los recursos disponibles en este objetivo ascienden a 6.667 millones de ecus; se reserva la Comisión 533 para iniciativas comunitarias, y distribuye 6.134. España va a recibir el 10,82 por ciento del total, una cantidad de 664 millones de ecus -- unos 100.000 millones de pesetas--, lo que va a representar una intensidad de ayuda de 368 ecus por habitante, la más alta de los nueve Estados miembros afectados por el Objetivo 5b.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON JOSEP PAU I PERNAU, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA POSICION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION RESPECTO A LA MODIFICACION POR PARTE DE LA UNION EUROPEA DE LAS AYUDAS A LA PRODUCCION DE FORRAJES? (Número de expediente 180/000409)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 11, del Diputado don Josep Pau i Pernau.
¿Señor Pau i Pernau? El señor PAU I PERNAU: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, en la reforma de la PAC, aprobada en el año 1992, se anunciaba una posible reforma de la OCM de forrajes desecados, que si bien no se concretaba, parecía que avanzaría en la dirección de las producciones que se reformaban, con un posible sistema de ayudas a la superficie similar a los restantes cultivos herbáceos.
Las importantes ayudas que percibe este sector, han permitido un notable incremento de la producción y una mejora de las rentas de los agricultores forrajeros, así como de los ganaderos consumidores y también de la industria transformadora, sobre todo en zonas de importante producción, como Aragón y Cataluña. El sector, en sus tres partes beneficiadas (agricultura y productores, industria transformadora y consumidores los ganaderos), ha expresado cierta preocupación ante la propuesta de modificación, de la que todavía desconoce su contenido concreto.
Con la intención de poder facilitarla, incluso para apoyarla, nos interesaría conocer cuál es la posición del MAPA respecto a la modificación por parte de la Unión Europea de las ayudas a la producción de forrajes y valoración de la misma.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Señor Ministro?

El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Albero Silla): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el sistema vigente de la OCM de forrajes desecados consiste en la concesión de una ayuda, que en la actualidad es de 65 ecus/tonelada para los deshidratados y de 40 ecus/tonelada para los secados al sol; 12,50 y 8 pesetas kilo, respectivamente. La producción global comunitaria en los últimos cuatro años ha aumentado el 45 por ciento, produciendo actualmente más de cuatro millones de toneladas de forrajes deshidratados y cerca de 400.000 toneladas de secados al sol.
Ocupa España el segundo lugar en la producción de ambos, si bien el incremento ha sido mucho mayor en los deshidratados, pasando en los últimos años de 500.000 toneladas a más de un millón.
Con la aprobación de la reforma de la PAC, el Consejo Europeo encargó a la Comisión que efectuase propuestas, bien para integrar esta ayuda en el sector de cultivos herbáceos, bien para darle otras alternativas. Analizada la situación, la Comisión prefirió darle otras alternativas y no incorporarlo al tratamiento general de los cultivos herbáceos. La propuesta de la Comisión consiste en restringir la doble ayuda, es decir, que no puedan utilizarse dos ayudas para la misma superficie; cambiar el sistema de ayuda reduciendo dicha ayuda y elevar el contenido mínimo de proteínas para solicitar la ayuda del 15 al 17 por ciento.


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La posición española respecto a la doble subvención es que nos parece lógico que quiera controlarse, que no se puedan cobrar ayudas diferentes por las mismas parcelas (cultivos herbáceos y forrajes), aunque establecer este control --ésta es la posición española a partir del mes de mayo de 1994--va a suponer una carga administrativa muy difícil de asumir por nuestra Administración y por la de otros países.
En cuanto a la propuesta de descenso a las ayudas, nos oponemos a ese descenso. Pensamos que es necesario establecer una ayuda más alta que la que propone la Comisión para cubrir los gastos de energía y de transporte. Respecto al aumento de exigencias de calidad, pensamos que es una propuesta que favorece los intereses españoles, ya que nuestros forrajes deshidratados pueden satisfacer esos valores propuestos; los secados al sol pueden tener alguna dificultad y propugnamos que para ellos se mantenga el valor actual del 15 por ciento.
Nuestra posición es básicamente favorable a la adopción del sistema que propone la Comisión, porque configura un marco en el que que nuestros productos no tienen por qué sufrir ningún efecto negativo y, en cambio, su puesta en marcha va a crear problemas a alguno de nuestros competidores. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL BURGO SIMARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL DETALLE DE LAS DOS NUEVAS ACTUACIONES INCORPORADAS AL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS REFERIDAS A LA PROLONGACION DE LA AUTOVIA CIUDAD REAL-PUERTOLLANO Y LINEA DE VELOCIDAD ALTA FC MANZANARES-CIUDAD REAL? (Número de expediente 180/000411)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 13. Pregunta del Diputado don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro. Señor Martín del Burgo, tiene la palabra.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Ministro, el día 4 de marzo permanecerá en la memoria de los castellano-manchegos, y más en concreto de los pobladores de la provincia por la que es Diputado éste que consume un turno de preguntas orales ante el Pleno. El Consejo de Ministros del citado día y mes acordaba la incorporación de dos nuevas actuaciones que modifican y amplían el proyecto inicial del PDI, que afectan a la provincia de Ciudad Real, beneficiando, vertebrando y conectando por autovía y vía ferroviaria de velocidad alta las poblaciones de Ciudad Real y Puertollano, en el primer caso, y Manzanares con la capital de la provincia, en el segundo.
Estas nuevas actuaciones posibilitarán que por carretera, por autovía, se una Puertollano con Ciudad Real, el sur de la Mancha y su provincia con el mar, con Levante, facilitando la conexión del territorio con el resto de la red viaria de gran capacidad y posibilitando una mayor fluidez y seguridad del tráfico rodado por carretera, dado el elevado índice de tránsito de vehículos y vehículos pesados que desde Puertollano discurren por el actual trazado de la Nacional 420. Similar beneficio e impacto, a nuestro juicio, supondrá para el territorio, población y usuarios el acondicionamiento de la vieja línea ferroviaria Manzanares-Ciudad Real a otra de velocidad alta, a 200 kilómetros por hora, y su encaje y enlaces con la de alta velocidad existente.
Señor Ministro, haciéndome eco de la satisfacción de mis paisanos y aplaudiendo su iniciativa el referendo del Gobierno, vengo en formularle la siguiente pregunta: ¿cuál es el detalle, señor Ministro, de las dos nuevas actuaciones incorporadas al Plan Director de Infraestructuras referidas a la prolongación de la autovía Ciudad Real-Puertollano y la línea de velocidad alta Ferrocarril Manzanares-Ciudad Real? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra el señor Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el PDI recoge una serie de actuaciones en lo que llamamos itinerarios estructurantes, que son capaces de captar viajes que hasta ahora utilizan otras vías, y también para mejorar el acceso a las regiones menos desarrolladas. En concreto, el tramo Puertollano-Ciudad Real --38 kilómetros-- aparece incluido en el PDI en el itinerario estructurante que comienza en la primera de dichas ciudades y termina en La Atalaya, en la Autovía de Levante, pasando por Manzanares. Con este itinerario se pretende un eje de comunicación transversal de Levante y Cataluña con Castilla-La Mancha y Andalucía occidental. La propuesta del PDI supone convertir en autovía el tramo Puertollano-Ciudad Real, con una inversión del orden de 12.000 millones de pesetas. En tanto vamos desarrollando esta actuación, efectuamos también otras en el tramo Puertollano-Ciudad Real, como por ejemplo la variante sur de Ciudad Real, ya terminada, y la variante de acceso norte a Puertollano, en las que se han invertido casi 2.000 millones de pesetas. A finales de este año licitaremos la variante de Poblete, con otros 1.200

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millones de pesetas, y estamos desarrollando un estudio informativo para analizar las alternativas del trazado para la construcción de la variante de Puertollano, cuya solución está condicionada por la variante de Argamasilla. Aquí invertiremos 2.500 millones de pesetas, todo ello antes del inicio de la autopista Puertollano-Ciudad Real.
En lo que se refiere al ferrocarril Manzanares-Ciudad Real, su mejora va a permitir no sólo una buena conexión de Levante con esa capital manchega, sino también el acceso, a través del correspondiente intercambiador, a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, favoreciendo así las relaciones entre Andalucía y el Mediterráneo. Por ello, el Plan Director de Infraestructuras, que espero podamos debatir próximamente en la Cámara, prevé las actuaciones necesarias para elevar en dicho tramo la velocidad a 200 kilómetros por hora. De igual forma tenemos previsto hacerlo entre Madrid-Alcázar de San Juan-Santa Cruz de Mudela, con el que enlaza en Manzanares.
Ello supone eliminar los pasos a nivel, rectificar las variantes locales en unas cuantas curvas, adecuar la catenaria y acondicionar la seguridad, con un presupuesto estimado del orden de 7.000 millones de pesetas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro. El señor Martín del Burgo tiene la palabra.


El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Intervengo para agradecer las explicaciones del señor Ministro y constatar ante SS.SS.
que mi provincia, que era una zona tradicionalmente aislada, va a pasar a ser una encrucijada privilegiada de caminos.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro, le quedan siete segundos. (Pausa.)

--DEL DIPUTADO DON JAVIER VELASCO RODRIGUEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS TIENE PREVISTAS ADOPTAR EL MOPTMA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDAD DE TERUEL? (Número de expediente 180/000412)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 14, del diputado don Javier Velasco Rodríguez.
Señor Velasco.


El señor VELASCO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, como usted sabe, la ciudad de Teruel desde 1980 cubre el 85 por ciento de las necesidades de agua a través de las tomas instaladas en la cabecera del embalse de El Arquillo situado a cinco kilómetros de la ciudad y que actúa como regulador de las aguas del río Guadalaviar. Este embalse tiene su cuenca de recogida en la parte este de los Montes Universales y de la Sierra de Albarracín. La prolongada sequía que afecta de manera importante a la provincia de Teruel y, en especial, a la zona de influencia del Guadalaviar, ha dado como consecuencia una disminución alarmante de las reservas de agua en estos últimos meses. Pese a las medidas adoptadas, durante el año 1993, por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de no proceder a ningún desembalse al encontrarse éste en el límite de garantía para el consumo de agua de boca para la ciudad, la falta de lluvias desde esa fecha nos lleva a encontrarnos en estos momentos con unas reservas inferiores a cinco hectómetros cúbicos, cantidad que representa menos del 20 por ciento de su capacidad máxima.
De no modificarse las condiciones climatológicas de forma sustancial, nos podemos encontrar con un problema serio de suministro de agua en pocos meses, por todo lo cual, señor Ministro, le pregunto: ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Ministerio de Obras Públicas para garantizar el suministro de agua potable a la ciudad de Teruel? Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Como sabe S.S., el abastecimiento de agua a las ciudades es, en primer lugar, una responsabilidad de los ayuntamientos; en segundo lugar, de las comunidades autónomas; y, en tercer lugar, de las confederaciones hidrográficas como suministradoras en alta de los caudales disponibles. Es cierto que la fuerte sequía que asola la zona está poniendo en riesgo el abastecimiento de la población de Teruel y que hay una amenaza de restricciones de agua para el próximo verano como, desgraciadamente, en los dos veranos anteriores ha soportado un número importante de ciudades españolas.
Para colaborar a resolver este problema, se han declarado con carácter de emergencia todas las obras que podamos efectuar desde nuestra competencia y responsabilidad para contribuir a garantizar el abastecimiento. Estas obras permitirán que se pueda aprovechar toda el agua embalsada de El Arquillo de San Blas, que en este momento sólo tiene ya tres millones de metros cúbicos almacenados, que no pueden ser utilizados con la instalación existente; en segundo lugar, aprovechar los manantiales existentes aguas abajo de El Arquillo,

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para lo cual tenemos que instalar obras de captación, elevación y conducción a depósitos de regulación; y, finalmente, llevar a cabo la conexión necesaria entre todas las distintas fuentes de suministro para equilibrar la oferta conjunta que puedan efectuar. Todo ello va a implicar invertir 250 millones de pesetas, que serán financiadas por el Ministerio, y, dada la situación, tomaremos las medidas oportunas para que estas obras estén acabadas en junio del presente año, es decir, dentro de menos de dos meses. Con ello el Ministerio habrá hecho todo lo que puede hacer para contribuir a resolver una situación que nos ha exigido invertir ya más de 40.000 millones de pesetas en los dos últimos años para atender a la situación creada por nuestra climatología, que no podrá tener de forma definitiva una respuesta estructural y permanente mientras no acometamos las grandes obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE CONOCIMIENTO EL GOBIERNO DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE COMETEN EN EL ORGANISMO AUTONOMO DE CORREOS Y TELEGRAFOS? (Número de expediente 180/000417)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la pregunta número 19, del Diputado don Luis de Torres Gómez. Señor De Torres.


El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, ¿tiene el Gobierno conocimiento de las irregularidades que se cometen en el organismo autónomo Correos y Telégrafos? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Gracias, señor Presidente.
No.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor De Torres.
El señor DE TORRES GOMEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, con esos monosílabos usted ya no sorprende a nadie. Por si no tiene idea, yo se lo voy a decir. Son muchas.
Son tantas que no se pueden resumir en este trámite parlamentario. Hasta tal punto que ha circulado por la prensa, y usted habrá tenido ocasión de leerlo, la imputación de que su Gobierno y la cúpula del Partido Socialista que lo sustenta, el PSOE, están llevando a cabo una serie de operaciones ilegales con un solo objetivo: apoderarse de Correos mediante una estrategia que consiste en inhabilitar a los profesionales y dar entrada a personal sin cualificar pero con carné. (Rumores.) Debe ser verdad, señor Ministro, porque, que yo sepa, ni el periodista está en la cárcel por difamación, ni tan siquiera su ministerio se ha querellado por calumnia. A ello se añade el hecho de que en un informe interno y confidencial se lee que en la Dirección General hay que bloquear el primer y segundo nivel con personas de grupo, ya que el número de cesados empieza a ser importante; existen grupos que están intentando entrevistas a alto nivel y que están entregando información a parlamentarios por lo que hay que impedir que se unan más; y si se tienen pruebas de que se están contratando personas que se vinculan al Organismo Autónomo de Correos y Telégrafos mediante una relación laboral de carácter especial, eso sí, de alta dirección sin pertenecer a dicho Organismo, como es el caso de estos contratos de 7.714.000 pesetas de sueldo, 1.285.000 en dos pagas extraordinarias, complemento de productividad correspondiente al 25 por ciento de las retribuciones, gastos de locomoción, dietas, alimentación, alojamiento, etcétera --un chollo--; y si también se denuncia que las jefaturas provinciales de Albacete, Almería, Alava, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Ceuta, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, La Coruña, Orense, Segovia, Tarragona, Zamora, etcétera, están ocupadas de forma ilegal ya que los intervalos de Cibeles no son acordes con lo exigido por la normativa vigente; si a ello se añade que algunos de ellos tienen denuncias en gobiernos civiles por graves irregularidades y que no son contestadas por el Director General del Organismo, señorías, esto es un huevo: blanco es y la gallina lo pone. Por último, el inventario y la empresa Segisa. El inventario, de toda la vida...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor De Torres. Ha finalizado su tiempo.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, ha dicho usted, ni más ni menos, que el Gobierno y el Partido Socialista están efectuando actuaciones ilegales para apoderarse de Correos. No sé yo qué quiere decir eso de «apoderarse de Correos», pero

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sí sé lo que quiere decir ilegal. Ilegal es actuar en contra de la Ley y las personas o las autoridades que actúan en contra de la Ley tienen prevista en la propia Ley una sanción, que debe ser instrumentada por quien debe velar por el cumplimiento de la Ley, que son los tribunales. Señoría, cuando usted salga de la Cámara, vaya a un juzgado de guardia y presente la correspondiente denuncia contra quien usted estime oportuno diciendo en qué consisten las ilegalidades que le atribuyen y solicitando de la Administración de Justicia que actúe en consecuencia. Y, si es tan amable de darme a mí las razones por las cuales cree que alguien está haciendo algo ilegal, las estudiaré con muchísimo gusto y si detecto en ello alguna actuación como la que usted propone yo seré el primero en actuar en consecuencia. Si no es así, si usted no va a un juzgado al salir de esta Cámara o si usted no me entrega nada que sustente las graves afirmaciones que hace, tendré que decirle que actúa usted con una extraordinaria irresponsabilidad y que su condición de diputado no le permite venir a esta Cámara, donde está representada la soberanía nacional (Rumores.), para efectuar actuaciones ilegales a quien quiera que sea si no es capaz de decir cuáles son y en qué consiste. Usted no lo ha hecho, señoría, porque sabe muy bien que el Reglamento de Correos, que es un decreto que desarrolla una ley, autoriza a contratar, para determinados puestos, en régimen de relación laboral, para puestos de alta dirección, y eso es lo que se ha hecho. Eso no se hace así por capricho, señoría. (El señor De Torres Gómez: Está recurrido.) Haga usted lo que quiera, recurra donde quiera, cuente lo que quiera. Si usted dice que la legalidad consiste en contratar en régimen laboral a una persona para un puesto de alta dirección, le diré que eso está perfectamente previsto en la ley y el reglamento que regula el organismo autónomo. También le diré, aunque no ha tenido tiempo de terminar, que no hay nada irregular, que no hay nada ilegal, que no hay nada que reprochar en el concurso de la empresa...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON FELIPE CAMISON ASENSIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿ESTIMA, COMO EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, QUE SUBIR AHORA LAS TARIFAS TELEFONICAS ES UN DISPARATE? (Número de expediente 180/000424) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 26, del Diputado don Felipe Camisón Asensio.
Señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: ¿Estima, como el Tribunal de Defensa de la Competencia, que subir ahora las tarifas telefónicas es un disparate?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, subir ahora o después las tarifas telefónicas globalmente consideradas, el conjunto de las tarifas telefónicas, sería, sin duda alguna, un disparate que nadie ha propuesto y que nadie se propone. Lo que el Gobierno ha planteado, porque estima necesario, es reestructurar las tarifas telefónicas de forma que, globalmente consideradas, no se produzca un incremento de las mismas, pero se distribuya mejor la relación precio-coste en cada una de ellas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Camisón.


El señor CAMISON ASENSIO: El hecho incuestionable es que el Presidente de ese Tribunal acaba de hacer una defensa en el Senado y en esta Cámara que, leo literalmente: No admito ninguna subida hasta que usted no me clarifique los costes, porque si estos son exageradamente más altos que los de otras operadoras, usted tendrá antes que reducir costes. Por nuestra parte completamos el razonamiento, y es que, señor Ministro, hay costes exageradamente fuera de tono.
Por ejemplo, Telefónica pudo comprar las redes de telecomunicación del Perú por 160.000 millones de pesetas menos respecto a los 2.002 millones de dólares comprometidos estúpidamente por la operadora española. Dilapidó 160.000 millones de pesetas; hecho reconocido ya en esta Cámara tanto por el Ministro de Economía como por el Presidente de Telefónica. Otro hecho sintomático de Telefónica. En planta interior el exceso sobre planta vacante, máxima ideal, que como sabe es del ocho por ciento, es nada menos que de 465.000 líneas, lo que equivale a una inversión superflua de 140.000 millones; y en planta exterior, paresvacantes, 13 millones y medio. Exceso sobre la ocupación ideal seis billones; o sea, desconcierto de inversiones.
Por tanto, nada más comprensible que el señor Ministro de Hacienda esté reticente a la subida de tarifa sin clarificar costes antes y a favor de la liberalización. Usted sigue la pauta contraria. Luche, señor Ministro, como los británicos, por potenciar el tráfico, abaratando el consumo, y colabore a cortar la sangría de bajas telefónicas, que, ¿sabe a cuánto asciende ya? A 577.000, en el año 1993. ¡Ya está bien! Antes de subir tarifas, mejore

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la gestión y la productividad y no olvide que parte del gasto es consecuencia del endeudamiento, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Camisón. Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): No tengo gran cosa que añadir, señorías. Simplemente recordar al señor Camisón que en mi última comparecencia parlamentaria le pregunté si su grupo estaba a favor o en contra de liberalizar antes de reestructurar tarifas; si su grupo creía que se podía liberalizar la telefonía internacional sin reestructurar antes las tarifas telefónicas.
Usted, señor Camisón, me dijo que estaba, naturalmente, como el resto de los grupos, a favor de que primero reestructurásemos y después liberalizásemos que es, por cierto, lo que decidieron hacer, unánimemente, los doce ministros de telecomunicaciones reunidos en Bruselas en junio pasado y es lo que nos aconseja hacer, unánimemente, el pleno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones. Si están de acuerdo todos los grupos políticos con representación parlamentaria, si está de acuerdo todo el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, si están de acuerdo los doce ministros comunitarios de telecomunicaciones, ¿cómo voy yo a hacer lo contrario?

El señor VICEPRESIDENTE: (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


--DEL DIPUTADO DON SALVADOR CARRERA I COMES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO) QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE: ¿SE ESTA ESTUDIANDO DE NUEVO LA POSIBILIDAD DE CIERRE DE LA LINEA DE FERROCARRIL BARCELONA-PUIGCERDA-LA TOUR DE CAROL, EN SU TRAMO RIPOLL-PUIGCERDA? (Número de expediente 180/000430)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pregunta número 29, del Diputado don Salvador Carrera i Comes.
Señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Presidente.
La línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol en su tramo Ripoll-Puigcerdá viene siendo, de vez en cuando, tema de especulaciones sobre su posible cierre. No son especulaciones, señor Ministros, sino que ha habido --no hace tampoco tanto tiempo-- movilizaciones y gestiones a todos los niveles ante la decisión tomada de cese del servicio A-200 por su baja rentabilidad.
No voy a hablar de las graves repercusiones de esta decisión.
Si acaso oída su respuesta, efectuaríamos las iniciativas necesarias, pero desde luego me llegan de una manera clara y de buena fuente que existe el riesgo fundado del cierre de la línea de referencia.
Hace escasos meses la Presidenta de Renfe, señora Mercedes Sala, aseguraba su continuidad, pero dada la situación actual, señor Ministro, le dirijo la siguiente pregunta: ¿se está estudiando de nuevo la posibilidad de cierre de la línea de ferrocarril Barcelona-Puigcerdá-La Tour de Carol en su tramo Ripoll- Puigcerdá?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, desde 1984 no se ha vuelto a plantear el cierre del tramo Ripoll-Puigcerdá-La Tour de Carol dado el carácter internacional de esta línea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Carrera.


El señor CARRERA I COMES: Gracias, señor Ministro.
Me alegra constatar que realmente el propio señor Ministro deja constancia --porque es así-- de que, a partir de esta fecha, no se ha vuelto a plantear, pero --repito-- me llegaban noticias que, a mi entender, eran de una fuente directa, las cuales cuestionaban que ello fuera cierto. Esperemos que se cumplan sus propias manifestaciones, señor Ministro. La línea es de vital importancia. Me extrañan, no obstante, las noticias que me llegaron, que ahora usted desmiente.
Seguiremos atentos.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE (Borrell Fontelles): Muchas gracias.
Mis manifestaciones, señor Diputado, señoría, no es que se vayan a cumplir, es que se han cumplido ya, porque las referí al pasado. Desde 1984 hasta ahora --he dicho-- no se ha vuelto a plantear el cierre de esta línea.


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Cualquier esperanza de que se cumpla lo que se ha cumplido ya, es un tanto redundante. No se ha vuelto a plantear hasta la fecha de hoy. No soy un adivino. No sé qué podrá pasar dentro de diez años; lo que he dicho --insisto-- es que las noticias a las que usted hace referencia carecían de fundamento porque ni el ministerio ni Renfe se han planteado entre 1984 y 1994 el cierre de esta línea que, sin duda alguna, tiene una baja ocupación, que usted conoce de sobra porque la ocupación media diaria es de 57 viajeros en época valle y en las épocas punta, cuando hay muchos, hay 97 viajeros al día.
Por tanto, lo que digo es que no se ha planteado en diez años, no nos lo estamos planteando y las noticias que usted recibe deben reflejar únicamente la preocupación por ver su escasa utilización, que nos preocupa a todos obviamente, pero habida cuenta que es una línea internacional que se justifica en función de los compromisos internacionales que tenemos con otros países, que no es un itinerario aislado dentro de nuestro territorio, no nos hemos planteado --insisto-- revisar la decisión tomada en 1984. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE POLITICA GENERAL PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA CONTROLAR EL GASTO PUBLICO, TANTO DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO COMO DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS, SOCIEDADES ESTATALES Y ENTES PUBLICOS CON ESTATUTO JURIDICO ESPECIAL (Número de expediente 172/000045)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del punto cuarto del orden del día, pasamos al quinto punto, que se refiere a las interpelaciones urgentes.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de política general previstas por el Gobierno para controlar el gasto público, tanto de la Administración General del Estado como de sus organismos autónomos, sociedades estatales y entes públicos con estatuto jurídico especial.
Para la defensa o exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Núñez. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha venido presentando en esta Cámara, desde hace más de cuatro años, diversas iniciativas contra la corrupción y el despilfarro. Dejando aparte las reflejadas en las enmiendas a los distintos Presupuestos Generales del Estado, quiero recordar que hemos presentado doce proposiciones de ley, ocho interpelaciones con sus correspondientes mociones y cerca de trescientas preguntas orales y escritas, amén de solicitudes de comisiones de investigación, bien sonadas, por cierto. Todas estas iniciativas han sido sistemáticamente rechazadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que con sus votos ha contribuido, sin duda, a diluir los controles políticos, que son pieza clave de un sistema democrático. La última de las proposiciones de nuestro Grupo fue debatida el pasado día 1 de marzo, y proponía una necesaria y eficaz reforma de la Ley General Presupuestaria en materia de control de gasto, transparencia administrativa y financiera y restablecimiento del principio de intervención previa. A pesar de la defensa, inteligente y brillante, de mi compañero Rafael Arias-Salgado, la citada proposición fue rechazada.
Recuerdo todos estos datos, señor Ministro, antes de pasar a exponer los motivos de la interpelación del Grupo Popular, para que quede bien claro, aquí y ahora, quién ha llevado la iniciativa contra la corrupción y el despilfarro y quién ha entorpecido las iniciativas contra la corrupción y el despilfarro. Incluso, esta interpelación fue presentada el pasado miércoles, dos días antes de que el señor Ministro de la Presidencia, con voz de Júpiter tonante, amenazara a los corruptos con meterles en la cárcel. Después de doce años de Gobierno socialista y con tan larga lista de corrupciones, las amenazas del señor Ministro parecían propias de un sainete.
Por desgracia, ni el Gobierno socialista ni el Grupo Parlamentario que en esta Cámara le apoya han tomado ningún tipo de medidas contra los distintos casos de corrupción. La palabra que resume la actitud del Gobierno durante estos años es la pasividad, que es una de las más graves formas de irresponsabilidad.
Es verdad que los últimos acontecimientos, tan gravísimos, por afectar a instituciones señeras del Estado, han provocado, ¡por fin!, reacciones, aceptándose determinadas comisiones investigadoras y condenas verbales de los presuntos actos delictivos. Pero aún el Gobierno de don Felipe González no ha reaccionado con medidas concretas y urgentes, que ya tendrían que estar en esta Cámara. Lo único que trasciende de las declaraciones del Presidente del Gobierno, de sus Ministros y de sus ex Ministros es que se han acongojado, que han manifestado su acongojamiento, lo cual no es poco para empezar, supongo que porque ya no se puede negar ni disculpar lo que es evidente. Un famoso cuadro del genial Goya, titulado «El sueño de la razón produce monstruos», me permite parodiar este título para decir aquí, señorías, que el sueño, la pasividad del Gobierno socialista, ha producido despilfarro

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y corrupción y que esto ha costado muy caro a los contribuyentes españoles, pero sobre todo ha hipotecado la credibilidad de la clase política y ha hipotecado la credibilidad de las instituciones, y esto sí que es gravísimo y esto sí que requiere tomar medidas claras, severas y eficaces, ya, y por ellas pregunta nuestra interpelación. ¿Y por qué pregunta? Porque el Gobierno socialista no sólo ha estado pasivo ante los casos de corrupción, sino que ha facilitado todas las fuentes de las irregularidades, aprobando leyes permisivas, fáciles de sortear, y nombrando autoridades administrativas con excesiva capacidad de maniobra. Como saben ustedes, señoras Diputadas, señores Diputados, en los últimos diez años se ha producido un notable crecimiento del papel y del volumen de las actividades del sector público. Tenemos una Administración que dispone de la decisión del gasto de más del 45 por ciento del producto interior bruto y, por tanto, es titular del sector público de la economía más obeso, ineficiente y caro de nuestra historia. Pues bien, este crecimiento no ha venido acompañado de las transformaciones necesarias en los procedimientos que se requieren para llevar a cabo esa actividad y que son, entre otros, los siguientes: la reforma del proceso de presupuestación, la gestión, los recursos humanos y el establecimiento de mecanismos rigurosos de control del gasto público. En general, la doctrina española financiera y administrativa --García de Enterría, Martín Retortillo, Sainz de Bujanda, etcétera--, el Derecho comparado y la jurisprudencia muestran una preocupación constante por el control del gasto público, llegando a decir que si a toda actividad administrativa es consustancial la existencia de controles, con mayor motivo en la esfera financiera, ya que la naturaleza de esta actividad asegura la posibilidad de funcionamiento de todo el bloque de la vida pública. En definitiva, se trata de tener un sistema que garantice el manejo objetivo de fondos públicos, ajustándolo a la ley y asegurando el cumplimiento de los fines públicos que se persiguen.
Ustedes, los socialistas, cuando llegaron al poder en 1982, heredaron un buen sistema de control del gasto público, que se apoyaba, entre otras cosas, en lo siguiente: en el papel riguroso y previo de la intervención, en otras técnicas presupuestarias distintas de las actuales y en impedir la huida al Derecho privado de los entes públicos. El sistema, por lo visto, no les dejaba suficiente capacidad de maniobra y, en aras de una supuesta mayor eficacia administrativa, flexibilizaron, y en algunos casos eliminaron, los mecanismos de control de legalidad de la ejecución presupuestaria y del gasto, minimizando el papel de la Intervención General del Estado e introduciendo medidas que favorecen la arbitrariedad y la discrecionalidad en la gestión de los servicios públicos.
La Ley Presupuestaria de 1988, obra exclusiva de ustedes, así lo demuestra. Este proceso ha culminado, en estos últimos años, con la creación de un número considerable de sociedades estatales y entidades de Derecho público, a las que se refiere el artículo 6.º de la Ley Presupuestaria, que, con personalidad jurídica pública, someten sus actividades al ordenamiento jurídico privado. En relación con estas sociedades estatales y entes públicos podríamos plantear, señor Ministro, una cuestión previa a la de la burla del Derecho público. Como no tengo tiempo de exponerla, simplemente la citaré. Se trata ni más ni menos, del propio alcance que el sector público debe tener y de su extensión a través de la empresa pública. Ayer se refirieron a este asunto con meridiana claridad mis compañeros García- Margallo y Gamir. Es ésta una cuestión evidentemente política, que depende en última instancia del Gobierno, pero es evidente que, a mayor abundancia de empresa pública, que además carece del necesario estatuto, mayor dificultad tendremos para controlar el gasto público. Esta evidencia, unida a la realidad constatada de que el Estado es un mal empresario, por sus condicionamientos sociales y la frecuente designación política de sus gestores, ha hecho que estas figuras del artículo 6.º de la Ley Presupuestaria estén en franco retroceso en los sistemas de Derecho comparado. Pero aquí, desde hace diez años, caminamos con entusiasmo en dirección contraria, y así nos va.
En todo caso, lo que me interesa decir, en relación con la interpelación que estoy defendiendo en nombre de mi Grupo Popular, es que el problema fundamental que produce un disparatado descontrol del gasto público es el uso alternativo del Derecho, que lleva al uso del imperio que proporciona el Derecho público, acompañado de técnicas de Derecho privado que merman controles y garantías. Este fenómeno ha sido objeto de denuncia constante por nuestro Grupo. No estamos hoy ni actuamos movidos por la negrísima actualidad. En campos tan importantes para el control del gasto como es la contratación de obras y servicios por la Administración o la incorporación de personal, no se puede improvisar, señor Ministro. A veces no se trata de un uso alternativo del Derecho privado, sino de un abuso del Derecho público, como el que deriva de la generalización de los procedimientos de urgencia, extraordinarios, que han convertido en ordinarios y que se traducen en figuras como la contratación directa o la expropiación urgente o la cobertura de plantillas de los entes públicos con personal de estatuto laboral, a pesar de existir personal funcionario excedentario en la Administración del Estado. Sin duda, el descontrol del gasto público y la pasividad del Gobierno ante tantas irregularidades han propiciado, repito una vez más, el despilfarro y la corrupción; así lo demuestra la simple lectura del informe anual de 1990 del Tribunal de Cuentas. El informe demuestra -- y, por cierto los datos que tenemos en nuestro poder coinciden con él-- que la contratación

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directa fue utilizada como norma general --como norma general- -por la práctica totalidad de los ministerios, tanto en contratos de obra como de servicios, destacando por la frecuencia de su empleo y la importancia de la obra adjudicada los Ministerios de Obras Públicas y Transportes, Justicia, Interior, Defensa, Economía, Educación y Ciencia y Sanidad y Consumo.
La situación se mantiene y agrava en los tres últimos años (1991, 1992 y 1993), persistiendo los fenómenos de corrupción que adquieren unas dimensiones especiales con motivo de la Expo, de las Olimpiadas y de los fastos de 1992, y culminan en los tristísimos ejemplos que se han dado en las instituciones más señeras del Estado, como son la Dirección General de la Guardia Civil, el Banco de España, el «Boletín Oficial del Estado», CIS, etcétera.
Pero, al margen de las conductas personales que deben ser juzgadas y sancionadas cuando haya lugar a ello, el Estado tiene que prevenir y cuidarse de estas conductas que la falta de control posibilita. Pero es que, además, tal ausencia o defecto de control se encuentra como factor desencadenante del déficit público que superó los 7 puntos para todas las Administraciones en el pasado año y que es el causante de una deuda pública desmesurada cuyos costes financieros amenazan con paralizar la acción del Estado en una o dos generaciones.
A pesar de todo lo expuesto...


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Voy terminando, señor Presidente.
A pesar del asfixiante e insoportable grado de corrupción, el Gobierno y las instancias administrativas responsables continúan insistiendo en la necesidad de fomentar esta nueva cultura de la gestión pública que se acerca mucho al laisser faire. Así, para explicar las inexplicables cifras del Tribunal de Cuentas se especula con nociones como: descentralización de decisiones, presupuestación flexible por programas, discrecionalidad en la asignación de recursos dentro de topes cuantitativos máximos, y otras expresiones verbales más o menos esotéricas, como la de confiar el control del gasto a la motivación y responsabilidad de los gestores, obviedades y propuestas de comportamiento que derivan del más elemental sentido común, pero que poco o nada tienen que ver con el principio de especialidad en el que, como sabe el señor Ministro, en buena parte reposa la eficacia del control presupuestario.
Para justificar el descontrol han fomentado ustedes la insensata y torpe teoría, en nombre de la agilidad, de la eficacia y de la modernización, según la cual no es otra cosa que jurisdicismo burocrático y estéril --estoy repitiendo palabras de ustedes--el control del gasto público en nuestra Administración, cuando se basa en la intervención previa sobre la legalidad, una contabilidad básicamente presupuestaria y una presupuestación precisa y vinculante hasta donde fuera necesario para precaverse contra el capricho y la arbitrariedad, cuando no contra las tentaciones de malversación. El señor Vicepresidente Serra, en un rapto de inspiración como son los suyos, llamó a este sistema Administración de manguitos. Casi acierta. Lo que ha producido el sistema de ustedes no es una Administración de manguitos, es una Administración donde pueden campar por sus respeto los mangantes. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!) Pero aún tomando por bueno el argumento de la mayor eficacia y agilidad para justificar lo injustificable, ¿en qué se ha notado la mayor eficacia de ustedes si hablamos de gestión de servicios públicos, qué ejemplos...?

El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Menos de un minuto.
¿Qué ejemplos puede darnos el señor Ministro que demuestren que es mejor la prestación sanitaria hoy que la de 1983 o la Administración de Justicia o el servicio de Correos, a pesar de que lo han convertido ustedes en organismos autónomos, o el Inem, a pesar de que ha triplicado la plantilla en cinco años, o la seguridad ciudadana, a pesar de las adjudicaciones urgentes y directas para los cuarteles? Dejémonos de eufemismos, señor Ministro. En un Estado de Derecho la Administración, por mucho producto interior bruto que acapare bajo sus alas, sigue siendo un poder jurídico cuya más exacta caracterización procede del texto constitucional mismo, que se funda en el artículo 103.1, cuando establece que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Es de esperar que nuestra Constitución no merezca por ello, por parte de los actuales gestores de la cosa pública, el reproche de legalismo burocrático y estéril. Es de esperar, señor Presidente, señorías, señor Ministro, que el Gobierno se apee del burro, reconozca que se ha equivocado en su política de control del gasto y adopte cuanto antes las medidas necesarias que posibiliten un mayor y más eficaz control y sirvan para erradicar de la vida española todo germen de corrupción.
Por esas medidas, precisamente por esas medidas, le pregunta nuestra interpelación, señor Ministro.
Gracias, señor Presidente, gracias, señorías. (Algunos señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Economía y Hacienda.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el señor Núñez, como suele hacer con cierta frecuencia, nos ha expuesto una serie de juicios de valor bastante distantes de la realidad a la que se refieren. El señor Núñez parte de unas afirmaciones sobre quién es el que defiende mejor las variaciones del sistema de control del gasto público y pretende atribuirse una comparación positiva a su favor, y parte, como siempre que se hace este tipo de comparaciones, de una argumentación yo diría que falaz o, por lo menos, incompleta.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el sistema de control de gasto público en este país y si es o no suficiente. Y lo primero que vemos es que en nuestro país hay, como mínimo, cuatro sistemas de control de gasto público. Hay un primer control preventivo, vía presupuestos, que ejerce este Poder Legislativo; hay un control externo jurisdiccional, ejercido por el Tribunal de Cuentas; hay un control interno administrativo, que es el que realiza la propia Administración, el propio Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Intervención General del Estado --tal vez a éste quiere prestar una especial atención--, y, por supuesto, están los controles adicionales parlamentarios a través de la aprobación de la Cuenta General del Estado o de cualquier otro tipo de comisión investigadora o de otra naturaleza que se quiera plantear. ¿Es suficiente o no ese control? Al final, S.S. plantea ese problema especial del que habla, de flexibilización, de leyes permisivas. Mire usted, señoría, la Ley Presupuestaria, que fundamentalmente afecta a la actuación de la Intervención General del Estado en su doble faceta, la función interventora y el control financiero, lo que hace es, sin duda alguna, adaptarse a una realidad cambiante y que, desde luego, poco tiene que ver en 1993 con la situación existente en 1981. Su señoría, como tantas veces, hace una afirmación sin ninguna base real y dice: los controles son menores. Creo que eso es absolutamente incorrecto. Creo que se puede decir exactamente lo contrario y se puede afirmar que no sólo no se ha producido ninguna eliminación de mecanismos de control, sino que incluso esos mecanismos de control han aumentado.
Es cierto que ese mecanismo de control tiene una naturaleza distinta en el momento actual y que el control ha evolucionado y se ha ido adaptando a una Administración cuyo volumen de operaciones y cuyos objetivos no son los mismos que en años pasados. ¿Cómo hemos ampliado ese número de operaciones sometidas al control? Pues, por ejemplo, las subvenciones, que anteriormente no se controlaban, ahora se controlan. Tenemos, es verdad, unas gamas técnicas de control distintas, especialmente a través de los sistemas de auditoría. La propia función interventora ha cambiado parcialmente su naturaleza. Y S.S.
dice: prefiero la fiscalización previa. Es una opción, pero es una opción yo diría que puramente sentimental; no tiene ninguna base técnica para decirme seriamente que una intervención previa, una fiscalización previa es peor que una responsabilidad de los gestores y una fiscalización por muestreo que, si está bien hecha, nos dará exactamente los mismos resultados. Lo que sí tiene que plantearse S.S. es cuál es la función de la Intervención del Estado. ¿Es un control de legalidad o es también una función de oportunidad en las decisiones políticas? Si S.S. lo que quiere es que la política la hagan los interventores, desde luego no estaremos nunca de acuerdo; si S.S. lo que está planteando es que los interventores controlen la legalidad, estaremos siempre de acuerdo.
A partir de ahí se pone en marcha un sistema relativamente complejo que S.S. conoce y que, evidentemente, afecta a modelos de, por una parte, intervención previa y, por otra parte, de control financiero, control financiero que en algunos casos es permanente, especialmente en algunos entes públicos; Radiotelevisión es un caso o la Agencia Tributaria es otro. En otros casos lo que tenemos son planes anuales de auditorías, y ahí ya estamos entrando en algunos elementos de oportunidad, pero no oportunidad política, que lógicamente debe corresponder a otro gestor, sino de oportunidad económica en función de la adopción de ciertas decisiones. Y estos días estamos viendo como en algunos casos la Intervención opta por criterios de oportunidad de tipo económico, aunque desde el punto de vista del control previo --ese que a usted tanto le gusta--, se cumplen exactamente todos los requisitos legales.
Muchas veces los requisitos legales no nos dicen absolutamente nada y sin embargo nos distorsionan la realidad.
Como conclusión de todo lo expuesto yo le diría que no es cierto que en los últimos años se hayan reducido los niveles de control sobre el gasto público que realiza el Estado; en todo caso puede afirmarse que se han modificado los mecanismos de control con una idea, es cierto, de agilizar una gestión sin merma del cumplimiento de la legalidad. Se han incrementado los sujetos sometidos a control --y me he referido a las subvenciones--, y es cierto que también se han ampliado y diversificado las técnicas de control. Su señoría plantea indirectamente un aspecto que puede ser de interés y es si debe reducirse o ampliarse el sector público. Yo creo que no se puede mantener seriamente que este Gobierno haya aumentado el sector público.
Las empresas públicas han disminuido y desde luego lo que sí se ha producido es que una Administración central en algunos casos se ha transformado en

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una Administración de una naturaleza distinta. ¿Pero es verdad que los funcionarios de Correos, que un cartero tiene que ser funcionario? Pues mire usted, es algo perfectamente discutible. ¿Considera usted mejor que un médico sea funcionario? Yo creo que más bien debe tener una naturaleza distinta. Por tanto creo que debemos entrar en cada uno de los temas con un mayor rigor y con una mayor seriedad.
Sin embargo S.S. plantea, ¿van ustedes a hacer algo? Evidentemente, las cosas siempre son mejorables y algo estamos pensando porque creo que algo hay que hacer. Creemos que es imprescindible reforzar y mejorar las medidas de control de gasto público, siempre, siempre, porque el déficit público es uno de los problemas más graves que tiene este país, y, en consecuencia, cualquier medida que nos sirva para mejorar la situación actual vale la pena que se discuta y vale la pena que la planteemos. Tendremos que incrementar la agilidad y eficacia de las organizaciones públicas, pero siempre que simultáneamente --y en eso puedo coincidir con usted-- se garantice a través de adecuados sistemas de control --ahí tal vez no coincidamos-- el cumplimiento riguroso de la restricción presupuestaria. En este sentido estamos trabajando --S.S. lo conoce-- en modificaciones de la actual Ley General Presupuestaria.
Posiblemente podría coincidir en que habría que ir a una tipología más correcta de las estructuras administrativas actualmente vigentes, que tal vez han quedado difuminadas como consecuencia de una aplicación histórica, muchas veces con criterios no excesivamente homogéneos. Pero no es menos cierto que la aplicación del sistema de control en cada una de esas tipologías no tendrá que hacerse de la misma forma y, evidentemente, podrán tener una u otra naturaleza. Y es evidente también que una Ley Presupuestaria que funcione de forma correcta debería exigir también una aplicación mucho más rigurosa de un proceso de presupuestación por objetivos. Es cierto que la experiencia en este país en ese punto concreto no ha sido excepcionalmente positiva, y es verdad que sin embargo una presupuestación por objetivos, adecuada y correcta, significaría ya, por sí misma, un mecanismo de control del gasto público a priori que tendría, sin duda alguna, efectos positivos muy notables.
Por tanto ese avance en el sentido de presupuestación por objetivos de reforma de la Administración pensamos que, sin duda alguna, vale la pena. Pero seguramente se pueden hacer más cosas y estamos trabajando y haciendo más cosas. Estamos poniendo en marcha un proyecto relativo al registro y seguimiento de todas las actuaciones financieras de España con la Comunidad. Tenemos en marcha un proyecto de seguimiento de las subvenciones, y es una parte muy importante, dentro de las transferencias actuales y, por tanto, del gasto público. Hay un proyecto de implantación de contabilidad analítica en los organismos autónomos del Estado con carácter generalizado. En definitiva, hay una serie de actuaciones que van en esa línea que a S.S. le preocupa. Y hemos hecho algo más; hemos planteado una nueva legislación sobre contratación pública. Es una ley prácticamente homologada con las directivas comunitarias y, por tanto, con los mismos regímenes que se plantean en otros países de nuestro entorno.
Y es cierto que mantenemos la contratación directa, esa contratación que parece que tanto irrita a S.S. Parece que el gran punto de preocupación de S.S. del Informe del Tribunal de Cuentas del año 1990 es que contratamos mucho directamente. Su señoría --entiendo que con ánimo dialéctico--, evidentemente, presenta el vaso medio lleno, medio vacío, según le conviene.
Es cierto que hay contratación directa. Si S.S. mide el número de contratos, es mucho mayor; sin embargo, la contratación directa, en términos de volumen, es radicalmente diferente. La contratación directa, en términos de volumen --lo puede S.S.
comprobar en el propio informe del Tribunal de Cuentas-- representa sólo el 26 por ciento del total y el 8,65 si se excluye aquella que, por su propia naturaleza, está vinculada a materias que así lo justifican. Por tanto, lea todo el informe del Tribunal de Cuentas y no únicamente aquello que a S.S. le interesa. Pero le voy a decir algo más. Esa práctica de la contratación directa se produce seguramente en todas las administraciones por necesidad de urgencia o por la necesidad de actuar en un momento concreto. Le voy a dar tres cifras que le pueden, tal vez, resultar de interés. En el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con las cuentas aprobadas en el Pleno del mes pasado, el 98 por ciento es contratación directa; en la Comunidad Autónoma de Baleares, según el informe del Tribunal de Cuentas de 1990, el 91 por ciento es contratación directa; en la Comunidad de Castilla y León, según el mismo informe, el 52 por ciento es contratación directa. Por tanto, no hagamos demagogia con cifras que no corresponden a la realidad y que tienen que ver con una situación que es totalmente diferente a la que S.S. plantea.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Presidente, señorías, señor Ministro, nos ha dejado usted como estábamos, sumidos en la perplejidad y en la desesperanza. Siempre están ustedes haciendo cosas, siempre, pero nunca las vemos. A ustedes no les pasa lo que a Lope de Vega que «... en horas veinticuatro pasaban de las musas al teatro». Ustedes van a necesitar muchos años, pero ya nada más, ya se les acabó a ustedes la credibilidad. Por tanto, déjennos a nosotros hacer cosas que ustedes han demostrado que no saben hacer. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!--La señora García-Alcañiz Calvo: Hay algunas que sí saben.)

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Cuando se habla de los controles y de que efectivamente ustedes los tienen, yo no tengo más remedio que recordarle una cosa. En los últimos tiempos, sólo en los ultimísimos tiempos --hablo de todo tipo de control--, ustedes aceptaron alguna que otra comisión de investigación, que es una forma de control político del Gobierno, como sabe usted muy bien, pero cuando se les solicitó insistentemente la creación de algunas para casos muy espectaculares (Rumasa, Ibercop, etcétera), ustedes, tan presuntuosos ahora de un buen control, dijeron aquello de que «mientras yo gobierne no se creará ninguna comisión de investigación». Eran tiempos de mayorías absolutas y aplastantes, con las que ustedes creyeron que se podía hacer todo. En nombre de esta Cámara, a la que corresponde el control político, ustedes, con su mayoría, diluyeron los controles internos --ahora me explicaré-- y, a renglón seguido, también con su mayoría, destruyeron el control político impidiendo las comisiones de investigación, y el resultado, no lo dude usted, señor Ministro, no lo dude, el resultado es el despilfarro y la corrupción. En cuanto a las medidas legislativas --acaba de anunciarlas otra vez--, llevan ustedes varios años anunciándonos tres proyectos de ley que tienen mucho que ver con el control del gasto público. El primero, la Ley Presupuestaria. Dice usted que están estudiando --otra vez estudiando-- un nuevo texto que sustituya al aprobado por Decreto-ley de 1988. Tráiganlo ustedes, pero si no lo traen suprimiendo lo que de capacidad de maniobra da a los entes públicos el artículo 6.º y lo que minimiza el artículo 95 a la Intervención General del Estado, es mejor que se lo sigan pensando, o bien que trabajen sobre el que nosotros le presentamos el día 1 de marzo. Dice usted también que la Intervención General del Estado debe formar parte de la organización del Estado y de su funcionamiento, y hay otra ley que, efectivamente, tiene mucho que ver con la posibilidad de la utilización de la Intervención y para qué la queremos -- estamos de acuerdo que para el control de la legalidad y del gasto, no para hacer política--; la queremos justamente para lo que no la quieren ustedes. Queremos que forme parte y quede perfectamente reflejada en la estructura de la organización de la Administración general del Estado. Pero esa ley nos la llevan ustedes prometiendo diez años y no viene. El anterior Secretario de Estado, señor Zabalza, el día 24 de marzo de 1993, clausurando las décimas jornadas sobre control del gasto, dijo que ustedes no eran capaces todavía de ponerse de acuerdo para conciliar el texto de la Ley Presupuestaria y el de la Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y que por eso no venían, y, efectivamente, el calendario nos da la razón. La otra ley (la tercera pata) es la ley de contratos de la Administración del Estado, que efectivamente la tienen ustedes aquí, y sobre la que no voy a pronunciarme ahora, porque mis compañeros de grupo ponentes tienen una valoración de la misma y harán las enmiendas correspondientes. Solamente le digo una cosa, que si en esa ley se mantiene el criterio que venía en el otro texto, que no pudimos terminar de debatir porque se disolvieron las Cortes de que los entes públicos sometidos a Derecho privado no quedan sujetos a la misma, no cabe duda que estarán abiertos los cauces del fraude, las vías del fraude, y que no habremos adelantado absolutamente nada. Señor Ministro, la forma tradicional de control no basta para afrontar con garantías el control de la prestación de servicios sociales en los términos de celeridad y eficiencia que la sociedad reclama, es cierto, pero ya sabemos a donde nos han conducido las fórmulas de control, las fórmulas de gestión ágil que ustedes han utilizado: a la ineficaz fórmula de la intervención por muestreo aleatorio, verdadero coladero de irregularidades; al abuso de las modificaciones de créditos entre capítulos, conceptos y artículos presupuestarios. Y un ejemplo: cerca de 4.000 millones de pesetas (léase usted los informes del Tribunal de Cuentas), de partidas presupuestarias se han transferido a fondos reservados. Ustedes rizan el rizo y cambian discrecionalidad, que no les basta, por reserva, lo cual es intolerable.
También nos han conducido dichas fórmulas al recurso abusivo de la declaración de urgencia para escapar de la tramitación de los concursos por las reglas de la Ley de Contratación del Estado, padeciendo así los principios de publicidad y concurrencia en la licitación, y abriéndose la puerta a la arbitrariedad y al cohecho.
El Tribunal de Cuentas nos da unas cifras espectaculares, y yo le voy a devolver cifras por cifras. En 1990, el sistema de contratación directa fue empleado en 898 contratos de obras, que arrojan un importe total de 275.933 millones de pesetas.
Sólo los adjudicados por la Dirección General de la Guardia Civil son 43, por un importe de 12.236 millones. Y si quiere usted huye a otras administraciones, que también a usted le gusta huir, como a los entes públicos al Derecho privado; huye usted a la Administración local o a las autonomías, pero aquí, en la Carrera de San Jerónimo, estamos juzgando esto, y usted me tiene que contestar y no salirse por peteneras, porque sobre lo otro, evidentemente, hay grupos parlamentarios que lo quieren valorar. Cite usted también, si lo hace, a otros ayuntamientos y a otras comunidades, y verá usted como en la comparación salimos ganando.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Estoy terminando.
Y en la contratación de suministros, el Tribunal de Cuentas ha descubierto, precisamente porque no hay

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intervención ni control, 329 contratos por un importe de 154.845 millones de pesetas; los porcentajes no sólo se mantienen en los tres últimos años, sino que se incrementan.
Hemos hecho 51 preguntas escritas al Gobierno para que nos lo aclare, y he traído unos cuantos ejemplos de adjudicaciones directas en 1993 del «Boletín Oficial del Estado»; aquí las tengo a su disposición. Sólo en contratos de asesoramiento, que han burlado los controles de la Intervención General del Estado para seis ministerios, suman 17.000 millones de pesetas. Lo tiene aquí a su disposición, repito, por eso lo he subido.
¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está el control? ¿Dónde está la necesidad de la contratación directa? Según el propio Tribunal en singulares supuestos de urgencias; repito, en singulares. Voy a poner otro ejemplo, y ya termino, señor Presidente, agrediciéndole su amabilidad. El Hospital de El Bierzo (es de mi provincia) se adjudicó en 1988 por un importe de 2.000 millones de pesetas; estamos en 1994 y aún no está terminado. Y el presupuesto inicial, entre ampliaciones y reformados, aprobados alegremente, se acerca a los 7.000 millones de pesetas. Son datos que figuran en respuestas escritas que ustedes me han facilitado y que yo le agradezco, pero así se va, por la alegría de los reformados y ampliaciones y sin un control claro por una intervención, a estas barbaridades de costes finales.


El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NUÑEZ PEREZ: Ya termino, señor Presidente.
¿Y qué decir de la contratación del personal de los entes públicos o de la utilización de créditos para inversiones reales en contratar empleados? Le doy sólo un ejemplo. El personal eventual de confianza sobrepasa, sin control, los límites fijados en el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 1982. En la actualidad, sobre los 264 puestos eventuales de confianza que había en 1983 ustedes tienen 802; son datos del Registro de Administraciones Públicas. En Interior sólo 175, pero en Presidencia la fontanería alcanza los 345.
Podía seguir con muchísimas más cosas, pero con esto ya sabe que los sistemas de control del gasto público que ustedes tienen producen estos resultados y producen, además, el caldo fácil para que prospere la corrupción y el despilfarro. Hagan ustedes algo para que no caiga sobre la clase política y sobre las instituciones esta falta de credibilidad, que es para mí la mayor responsabilidad del Gobierno socialista. Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
El señor Ministro tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría sube a la tribuna sacando una serie de ejemplos de los que no tengo ninguna información. Pueden ser correctos, no lo dudo, pero seguramente tienen también una justificación y pudiendo haber venido preparado para ofrecer una respuesta podríamos haberla dado de forma correcta.
Su señoría dice: «En el fondo, lo que nos preocupa es que ustedes están planteando unas modificaciones legislativas y esas modificaciones legislativas no llegan.» Pues no llegan parcialmente. La Ley de Contratos del Estado S.S. me ha reconocido que ya está en este Parlamento. Y S.S. añade: «Si en la ley los entes de Derecho público tienen el mismo tratamiento que los entes de Derecho privado, no me sirve.» Depende, porque si S.S. hubiera ojeado la ley --yo no he ojeado sus casos, usted no ha ojeado la ley-- vería que claramente se dice que los principios de transparencia y de publicidad se aplicarán en la actuación de todos aquellos entes en los que se aplica el ámbito de la ley, aunque no sea la Administración propiamente dicha. Por tanto, este tipo de actuaciones está previsto, y sin duda alguna se puede avanzar en la misma dirección que están avanzando los restantes países europeos; en consecuencia, no creo que tengamos que innovar nada, además de que nuestro margen de maniobra es inexistente, en la medida en que estamos hablando de trasposición de directivas comunitarias.
Respecto a la Ley de Presupuestos, voy a intentar por todos los medios que esté en este Congreso antes de fin de año.
¿Cuáles son las modificaciones en la línea en la cual estamos pensando introducir las reformas? En la línea en la que le he comentado. Su señoría dice: «Si no volvemos a la intervención previa, prácticamente no me sirve». Creo que es un error. Yo creo que a S.S., como es un buen jurista, le preocupa mucho eso de que las intervenciones aleatorias no tengan el mismo valor. Pero le puedo asegurar que, en términos estadísticos, la intervención aleatoria puede ser tan útil y cumplir exactamente el mismo valor que la intervención previa. Y podría añadir que seguramente con intervenciones aleatorias se puede profundizar mucho más que con intervenciones previas, que se dan de forma más generalizada. Y desde luego me alegra compartir con usted, cuando se ha referido a la Intervención General del Estado, que por lo menos no pretenden que los interventores tomen las decisiones sobre elementos de naturaleza política y no sólo sobre el control de legalidad. Es cierto que el control de legalidad --S.S. tendrá que aceptar conmigo-- es absolutamente insuficiente, y que con el

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se pueden hacer barbaridades enormes en términos económicos y no sólo en términos políticos.
Por último, S.S. me dice: «No se salga por peteneras; yo le doy unas cifras y usted me da otras. Pero vuelvo a insistir en mis cifras. Sus cifras las calcula en números de contrato; las mías en volumen». Y yo le digo que, por favor, no escandalicemos a la gente diciendo que hay un porcentaje excesivo en contratación directa cuando, en realidad, el volumen no es exactamente el mismo. Y no es exactamente el mismo porque S.S. sabe, como yo, que la contratación directa se utiliza especialmente en los pequeños contratos, en los que muchas veces, por su propio coste administrativo, resulta especialmente difícil actuar de forma distinta a la contratación directa, ya que estamos hablando de operaciones muy pequeñas, donde indudablemente esa contratación directa tiene una eficiencia mayor. Posiblemente ahí también se podría aplicar ese control aleatorio al que anteriormente hacía referencia, y nos podría dar un resultdo final bastante correcto. Su señoría dice que me puede citar casos de ayuntamientos o de comunidades socialistas donde la contratación directa es importante. Yo le diría que sin duda alguna, pero mejorar el nivel del, 98 por ciento del Ayuntamiento de Madrid o del 92 por ciento de la Comunidad de Baleares va a resultar realmente difícil.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy brevemente, puesto que creo que en estos trámites de interpelación no debemos suscitar un debate con el Grupo que la ha propuesto, sino que debemos estar, en todo caso, más a lo que se plantee en la moción consecuencia de la interpelación. En principio, nuestro Grupo comparte la preocupación del Grupo Popular en todo lo relativo al déficit público y a la problemática que hoy puede generar su existencia sobre el conjunto de la evolución de la economía española. Sin duda, actuar y adoptar medidas dirigidas a controlar ese déficit público es también un objetivo de la acción política que impulsa a nuestro Grupo Parlamentario. Esta es una cuestión que no sorprenderá al Grupo Popular, porque está recogida y expresada en nuestro programa electoral y se ha manifestado en muchos debates. Por tanto, somos partidarios de la adopción de compromisos que puedan contribuir a ir progresivamente reduciendo la existencia del repetido déficit público. La situación de la crisis económica no ha ayudado al proceso que se había iniciado ya en años anteriores; se ha descompensado total y absolutamente. El análisis de ese crecimiento puntual en los dos últimos años es un análisis que creo que ahora no hay que realizar, pero en cualquier caso sí que estamos de acuerdo en que progresivamente tenemos que adoptar medidas específicas de contención del gasto público en la economía española, como la moderación en todo lo relativo al crecimiento del gasto, aplicable a los capítulos del presupuesto público en la dirección que ya se ha incorporado en la Ley de Presupuestos de este año 1994, pero yendo mucho más allá, si es posible. Le quiero recordar que precisamente en este año 1994 se ha aplicado la contención salarial por segunda vez; vamos a ver si es posible mantener una medida de esa naturaleza un tercer año consecutivo, aunque eso tiene graves repercusiones que usted sabe perfectamente. Pero en todo caso sí que tenemos que incorporar, en progresivos presupuestos del Estado, medidas de contención del gasto consuntivo, del gasto corriente, del gasto administrativo de las administraciones públicas.
Hay que adoptar también medidas de control de subvenciones a las empresas públicas. Creemos que hay que exigir requisitos obligatorios a las mismas si reciben subvenciones. En ese sentido, las exigencias que se imponen a la economía privada cuando reciben subvenciones deberíamos también exigirlas a las empresas públicas: planes de saneamiento o previsiones a corto plazo de reflotación de su situación. También deberíamos abordar compromisos --digamos-- más intensivos en lo relativo a la realización de activos de naturaleza y de titularidad pública para poder generar recursos atípicos, recursos extraordinarios, y reducir el déficit público.
Con todo, quiero apuntar que nuestro Grupo es consciente de que el cambio de política monetaria que se ha incorporado ya en la economía española está generando un marginal de actuación importante. La reducción de los tipos de interés está permitiendo una incidencia de contención del gasto público en todo lo relativo al gasto financiero de forma notoria. Deberíamos ver cómo aprovechamos esta actuación para incidir en ella mucho más. En síntesis --no quiero alargar mi puntual intervención en este momento--, quiero decirles que estamos esperando a conocer la moción que se pueda generar con el ánimo de que acordemos en esta Cámara algunas medidas que vayan un poco más allá en la contención del gasto público en la dirección que apunto, porque este es un objetivo perseguido por mi Grupo Parlamentario, exigido por la Comunidad Económica Europea por nuestros compromisos de Maastrich y en el proceso de unión económica y monetaria. Por tanto, si en esta moción que previsiblemente va a presentar el Grupo Popular podemos coincidir en los compromisos de contención y de orientación del gasto público, con mucho gusto seremos partidarios de la aprobación de estas resoluciones.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. El origen primero de esta interpelación, que para nosotros era dirigido al control del gasto público, tiene derivaciones a la hora de actuar e intervenir y se va llevando hacia otras vertientes. A nosotros nos gustaría dejar claras dos reflexiones o dos opiniones de lo que ha sido el debate de hoy (cuando llegue la moción podremos concretarlo con enmiendas).
Una, que al principio de la legislatura, en el mes de septiembre, el Ministro de Economía, señor Solbes, le venía a decir a nuestro Grupo que algunas de nuestras propuestas, de nuestras iniciativas, podrían llevar al país a la ruina porque eran muy costosas, por así decirlo, o no estaban bien meditadas. Lo cierto y verdad es que hoy al Gobierno le podríamos decir que nosotros le hubiéramos llevado a la ruina, pero algunos lo están llevando a la bancarrota. A la bancarrota porque ciertas actuaciones de este Gobierno han llevado al país a gastar más allá de lo que podíamos tener como posibilidades a la hora de medir nuestra recaudación con lo que pudiéramos hacer frente.
La segunda cosa que se nos viene a la cabeza es que nosotros no queremos contribuir a que todo lo que se una al gasto público sea proclive a lo corrupto, mientras que otro puede no serlo. Señorías, lo público podrá ser corrupto porque lo privado intenta medrar y sacar beneficio, si no, no será posible que se produzca. Por tanto, no vayamos a echar exceso de carga sobre una realidad determinada.
Por último, en cuanto al gasto en sí, tengo que decir que más que controlar el gasto (que es verdad; ahí no vamos a coincidir con el Grupo Popular en el tema de la intervención previa que han planteado otras veces, en el tema de medidas para evitar una actuación administrativa que, antes gaste), más que controlar el gasto, repito, habría que dirigirlo bien, presupuestar de forma programada, planificar los presupuestos, y no sólo anualmente, sino presupuestos plurianuales, que orienten las inversiones y, de verdad, ir a presupuestación, insisto, por programas, que aquí no los tenemos a pesar de los esfuerzos que se hayan podido hacer. Cuando decidimos el volumen de gastos no sabemos si se va a hacer hacia carreteras y si después hay equis modificaciones que lo llevan a ferrocarril o hacia otra realidad determinada. El índice de modificación presupuestaria es altísimo. No quisiera terminar nuestra fijación de posición sin referirme a lo que debiera ser, de verdad, una actuación muy decidida a algo que ha sido un compromiso al principio de esta legislatura: la austeridad como forma de ejercer la gestión. Por tanto, voy a referirme a los capítulos de gastos corrientes. En el capítulo I, todo lo que es proclive a personas, asesores, a cargos que son necesarios y que se pueden reducir, debiéramos abordarlos de manera valiente. En el Capítulo II, todo lo que son gastos --por así decirlo-- no necesarios, como gastos de protocolo, gastos de relación, gastos de pago a empresas para trabajos a realizar; todo ese Capítulo contenerlo y reducirlo.
Y el Capítulo IV, todo lo que son subvenciones, gastos corrientes a determinadas organizaciones, asociaciones, etcétera, porque a través de eso se puede ir a comprar voluntades. Es decir, en el gasto corriente nosotros seremos muy exigentes, muy exhaustivos en reducir, en aminorar, en controlar. Sin embargo, en el gasto de inversión para sacar un país adelante, para generar estructura productiva dinámica, en lo que es el elemento inversor, nosotros iremos a incrementar el gasto público, no le tenemos miedo a ese gasto público.
Nada más, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, EN RELACION CON LA POLITICA DEL GOBIERNO SOBRE LA INDUSTRIA MILITAR Y DE ARMAMENTO Y LA OBTENCION DE AYUDAS DE FONDOS EUROPEOS PARA SU RECONVERSION, A LA VISTA DEL PLAN DE REESTRUCTURACION DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA BARBARA (Número de expediente 172/000046)

El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de fondos europeos para su reconversión, a la vista del Plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.


¿Señor Ríos? (El señor Ríos Martínez sube a la tribuna de oradores.--Pausa.) Señoras y señores Diputados, vamos a suspender durante cinco minutos. Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, quiero expresar al Gobierno públicamente el malestar, que como Presidente tengo que reflejar en nombre de los grupos de la Cámara, por la reiteración con la que se tienen que producir las interrupciones en el trabajo de las sesiones, sobre todo de los miércoles, por la ausencia de los miembros del Gobierno

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encargados de atender a las distintas iniciativas. Ruego al Gobierno extreme el celo en su presencia y en la atención a los trabajos de la Cámara para que puedan desarrollarse las sesiones sin interrupciones, de manera que no se vean afectados los intereses de los grupos que tienen que intervenir en las distintas iniciativas. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Agradeciéndole y felicitándole, señor Presidente, por su intervención institucional, la cual reclama la presencia ordenada del Gobierno en las comparecencias de los miércoles, el Grupo Parlamentario Popular quiere sumarse a la protesta formalmente manifestada en otras ocasiones, lamentablemente, por la falta de consideración que supone para esta Cámara la ausencia de los ministros, la impuntualidad de los ministros, que se repite con excesiva frecuencia.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Miranda.
Interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en relación con la política del Gobierno sobre la industria militar y de armamento y la obtención de ayudas de fondos europeos para su reconversión a la vista del plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Para desarrollar la interpelación, tiene la palabra el señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, sumándome a la declaración que ha hecho el señor Presidente, espero que se tenga en cuenta el mismo trato en otras actuaciones parlamentarias también para los propios Grupos.
Me gustaría comenzar la interpelación al Gobierno sobre las actuaciones del plan de reestructuración de Santa Bárbara, precisando el porqué se produce esta interpelación y por qué estamos aquí debatiendo esto para evitar que en el desarrollo del mismo pudiéramos ir evolucionando hacia una posición u otra. Estamos en esta situación porque el Gobierno, a través del INI, ha presentado un plan de reestructuración de la Empresa Nacional Santa Bárbara que afecta, fundamentalmente, a todos sus centros, que significa reducir la plantilla y, por tanto, la producción de la empresa Santa Bárbara, en 2.070 empleos. Este plan de reestructuración de la empresa, que ha sido presentado por el INI, significa el cierre de la factoría en Valladolid, en Murcia, en Toledo, en La Coruña y en Oviedo, aunque hay un traslado hacia Trubia de parte de esa producción, y la reducción a menos de un tercio de los demás centros que quedan, es decir, el de Granada, el de Palencia, el de Trubia y el de Madrid.
Esta es la razón por la que nos encontramos aquí, porque aquí sí que debiéramos indicar que los precedentes afectan al Gobierno. No es un tema de política industrial sobre el que el Gobierno pueda decir que no le afecta, que depende del mercado externo, sino que depende de la política industrial que tenga en cada momento. Nosotros creemos que en este caso el Gobierno no ha estado, desde el año 1987 para acá, comprometido en una auténtica reconversión de la industria militar española para usos civiles, ni por la definición de la demanda que debiera de hacer el Ministerio de Defensa a esta industria destinada a la defensa. Podíamos decir aquí que no se está haciendo todo lo que se puede y que, además, se podría hacer otra cosa distinta. La crisis industrial militar es un problema que no sólo afecta a España, sino a más países, sobre todo desde el momento en que cae el telón de acero y la tensión se reduce.
Lo cierto y verdad es que la empresa Santa Bárbara es el suministrador del Ejército de Tierra. Defensa, por tanto, es su único cliente.
En el año 1981 hay un contrato entre Defensa y el INI sobre prestación de servicios mutuos. Este contrato fue firmado entre Defensa y el INI y en el capítulo noveno se recogía la planificación y programación de la empresa. Para poder planificar y programar la empresa, Defensa debería haber preparado con la antelación suficiente sus planes-programa con el fin de llevar a efecto la coordinación necesaria en la producción. Este contrato entre Defensa y el INI no ha evolucionado de manera satisfactoria. Lo cierto y verdad es que esta crisis que ahora mismo tenemos a nivel español se ve también agudizada por la que existe a nivel mundial.
En 1993 la Comunidad Económica Europea, a propuesta del Parlamento Europeo, pone en marcha un plan económico que en cifras hablaba de una dedicación a nivel europeo de 680.000 personas y que esa industria tendría una base aproximada de 2.300.000. El porcentaje de población activa se ha visto afectada y para hacer frente a la reconversión de los destinos a uso civil de la industria militar proponía la inversión de fondos europeos. El Plan Konver se puso en marcha en el año 1993, con un presupuesto aproximado de 20.000 millones de pesetas. Para los años 1994-1997 tiene unos fondos aproximados de 800.000 millones de pesetas, si decidiéramos incorporarnos a ellos.
Podrán optar a estos fondos todas las medidas que tengan interés económico regional y que supongan transformaciones civiles de actividades de defensa, tales como la producción de bienes y servicios e ingeniería avanzada.
Las medidas elegidas para poder acometerlos eran la formación de personal, la diversificación de la estructura económica, la mejora del espacio físico de las empresas, el impulso de innovación tecnológica, los estudios de viabilidad y modelos de reconversión, la

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cooperación y los intercambios. Por tanto, había recursos para poder actuar sobre esta industria.
¿Cuál es la historia sobre la que hemos venido trabajando hasta ahora? La realidad que vemos fotografiada en Santa Bárbara es la de un Gobierno que ha hecho dejación de una política industrial activa y ha preferido actuar en el mercado, sabiendo, desde nuestro punto de vista, que lo barato puede salir caro al final, buscando las facilidades de obtener fuera lo que podía conseguir dentro. Lo cierto es que la empresa Santa Bárbara en el año 1987 firma un plan de reconversión que debía de tener unos compromisos de ajustes laborales. La plantilla en el año 1987 era de 5.700 trabajadores y ha pasado a ser de 3.100. Los ajustes laborales se han cumplido, y en contrapartida debía de haber un plan de inversiones y de modernización de cada uno de los centros.
Pero eso es lo que no se ha cumplido.
En el año 1990 se ha producido un proceso de regulación que terminó en el Ministerio de Trabajo. En el año 1990, en la resolución que adoptó el Ministerio reduciendo las pretensiones de la empresa en la regulación de los puestos de trabajo, se instaba a que se elaborara un plan, incluso a diseñar uno nuevo readecuando el que tenía, para poner en contacto de forma negociada a la empresa, al INI y a los trabajadores para sacar adelante la Empresa Nacional Santa Bárbara. Lo cierto es que esto tampoco se ha cumplido. Había un plazo de cinco meses para presentar ese plan negociado. En el año 1993 se firma un convenio entre el INI, Teneo y los sindicatos para hacer frente a la industria, fundamentalmente del metal. El objetivo de este convenio era el mantenimiento del empleo. Se planteaba ir a innovaciones tecnológicas y económicas que hicieran frente a las situaciones complicadas que pudieran tener las distintas industrias.
La gran deficiencia que existe en Santa Bárbara es que el Ejército español (Defensa) ha preferido obtener fuera recursos que podía conseguir dentro. No se ha producido una planificación en Defensa que diga cuáles son los que vamos a consumir. Aquí podíamos caer en que unos hemos defendido un ejército profesional, otros han defendido otro tipo de ejército y otros hemos defendido la reducción de los gastos de Defensa. Lo que hay que saber es qué gasto de defensa tenemos y qué demanda, qué cañones, qué tanques, qué municiones necesitamos y poder producirlos nosotros.
Tenemos un listado de producciones del Ministerio de Defensa que han sido adquiridas a empresas privadas y al exterior, en lugar de adquirírselas a Santa Bárbara. Por ejemplo, en el año 1989, 5.850 millones de pesetas en la modernización del carro de combate AMX30 y 2.500 millones, en las torretas BMRVS.
Igual ha ocurrido en varios años. Incluso en cartuchería, 1.200 millones. Por ejemplo, se han adquirido cartuchos de nueve milímetros en Filipinas y se han dejado de producir 500.000 espoletas, que son 200 puestos de trabajo, y se han adquirido fuera. Por ejemplo, la Policía Nacional utiliza munición en lo que es entrenamiento y fogueo de cartuchos, que vienen de Corea.
Primero, hay un consumo nacional que, dirigido a la empresa, podría significar un volumen de trabajo y, segundo, acometer valientemente planes de conversión de la actividad de la empresa hacia nuevas actividades, diversificar la actividad que ahora mismo puede producir hacia usos civiles. Algunas experiencias ha habido. Por ejemplo, en Toledo se ha puesto en marcha una experiencia con CASApara producción aeroespacial con la empresa ICSA. Es verdad que tiene una experiencia pequeña, reducida. Experiencia también ha habido en Oviedo con el grupo italiano para cremas Coli, para lo que son instrumentos quirúrgicos, productos de medicina.
En suma, se podía haber abordado de forma planificada (el destino militar de la empresa debería estar definido en los próximos diez años) lo que vamos a consumir y paulatinamente reconvertir, orientar hacia nuevas actividades productivas al personal que en la empresa podría estar trabajando. Por tanto, se podía hacer otra cosa. La única solución que ha encontrado el Gobierno ha sido la de anular puestos de trabajo.
He hecho referencia al año 1987: 5.700 trabajadores. El volumen actual de la empresa Santa Bárbara no es tan amplio, no es tan grande comparado con lo que hay en otros países ahora mismo, pero, sobre todo, la propuesta del Gobierno, del INI, para abaratar costos va a reducir los empleos de 5.700 a 1.070. Y, ¿por qué? ¿Por qué no consumimos lo que necesitamos? Porque hemos aplicado una política general que ustedes han estado haciendo: la de adquirir fuera, estando en otra dinámica dirente a la de producir lo que aquí tenemos.
Inclusive la demanda de defensa que no pueda ser atendida por la tecnología que hoy pueda tener la empresa Santa Bárbara la podíamos haber orientado a modernización, a investigación tecnológica, a I+D, repito, en el caso de que no se pudieran tener ahora mismo condiciones para producirla. Es decir, hemos ido dejando paulatina y progresivamente dormir o morir a la empresa Santa Bárbara.


El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino. Creemos que se ha ido produciendo una descapitalización de la empresa. Creemos que progresivamente se han ido reduciendo los recursos propios para todo, de tal forma que la propia empresa --y me gustaría que me respondiera el señor Ministro--ha tenido que echar mano a recursos financieros para inversiones propias,

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que este año han estado en torno a los 16.000 millones. ¿Cuál es el gasto financiero que ahora mismo tiene la empresa Santa Bárbara? ¿De qué manera se ha ido evitando en los últimos años? Porque este no es un tema que haya explotado ahora, es un tema que viene planteándose desde mucho tiempo atrás, paulatinamente a partir de 1987. Se ha esperado a que estalle en lugar de progresivamente ir tomando la medicina preventiva, es decir, la planificación y la programación industrial que nosotros echamos en falta en este Gobierno.
Esperemos que la respuesta del Gobierno tranquilicela situación de los empleos que ahora mismo tenemosy, sobre todo, reoriente --porque la palabra rectificar es muy fuerte-- la política que hasta ahora se ha podido hacer. Si no es así, intentaremos presentar en la moción soluciones que creemos que puede haber para hacer frente a esta realidad, que afecta a comarcas enteras con un volumen muy importante, como pueden ser las de Murcia, la de Asturias o la de Castilla y León.
Nada más, señor Presidente; nada más, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor Presidente, señorías, queríaempezar mi contestación a esta interpelación pidiéndoles disculpas por el retraso, ciertamente imputable a mí, no al Gobierno, que tiene justificaciones materiales, aunque lamento haber sido causa de la interrupción de los trabajos del Pleno. Espero que puedan comprender, señor Presidente, señorías, representantes de los grupos, los problemas, que a veces no se pueden explicar tampoco en una tribuna, pero que ciertamente han dificultado el que pueda acudir, como era mi intención naturalmente, al cumplimiento de mis obligaciones con esta Cámara. Señoría, con mucho gusto contesto a su interpelación, no sin antes poner de manifiesto al principio un intento de contestación a una pregunta que usted hacía al comienzo de su intervención. ¿Por qué? Voy a tratar de decir por qué, y voy a tratar de decir por qué lo que se hace es razonable que se haga, y por qué, aun siendo doloroso, es razonable, y por qué, aun siendo razonable y doloroso, hay que tratar de que tenga los menores efectos sociales y en el empleo posibles. Pero, dichas todas estas cosas, porque sin embargo, es inevitable hacer alguna política de ajuste en una empresa como Santa Bárbara.
Usted ha dicho --y es verdad-- que esto significa un esfuerzo de saneamiento que, entre otras cosas, implica la reducción de la plantilla y, a su juicio, la reducción de la producción. En lo de la plantilla, algún dato le daré; en reducción de la producción, no significa absolutamente nada; no se reduce la producción. El problema es que la producción está reducida.
Pero es verdad que en su interpelación hay, fundamentalmente, un planteamiento de qué política industrial y si la política industrial tiene que ser una política en la que, a toda costa, hagamos algunas cosas por irracionales que sean, o, por el contrario, si atendiendo objetivos que son los prioritarios de este Gobierno, y también de la política industrial, la búsqueda del empleo, no tenemos que hacer frente, por difíciles que sean las circunstancias, a algunos hechos que son difíciles también de contestar. Permítanme que les dé algunos datos, que ustedes conocen, supongo, en líneas generales. Durante estos años, el mercado del armamento y de la munición se ha caracterizado por una demanda a la baja, consecuencia, por un lado, de las grandes restricciones presupuestarias que están teniendo lugar en los diferentes países, en la totalidad de los países conocidos, y todo ello debido fundamentalmente a dos hechos básicos: la situación de crisis económica a nivel mundial, por un lado; la política de desarme, derivada de la ruptura de los antiguos bloques, que ha modificado el entorno de toda la industria de defensa y, en consecuencia, de las políticas armamentísticas y de defensa de todos los países civilizados.
Por otra parte, como luego señalaré, al exceso tradicional de oferta existente ya en el sector se han venido adicionando nuevas industrias procedentes de países de economías emergentes. Estas características del mercado son las que han conducido a las empresas que operan en este sector a una situación de crisis muy profunda y, por ende, a una necesidad ineludible de adecuación a dicho mercado.
El mercado nacional se constituye por una demanda procedente básicamente del Ministerio de Defensa, Ejército, fundamentalmente, Armada y Aire, y con una menor incidencia por parte de otros organismos del Ministerio del Interior, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Este mercado se ha venido deteriorando de una forma muy significativa, debido, sobre todo, a las restricciones presupuestarias y, notablemente, a los cambios experimentados en el presupuesto del Ministerio de Defensa, principal cliente de este tipo de industrias.
Les doy algunos datos que forman parte de decisiones soberanas de esta Cámara, y parte también de la política que se ha venido haciendo, congruente con las necesidades del país y con la reorientación también del papel de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército. Ciertamente, la incidencia del presupuesto total de Defensa en relación con el PIB en este país ha pasado, en el período 1982-1985, de un 2,09 a un 2,22; y desde 1986 a 1993, ha pasado a significar solamente un 1,24 por ciento del PIB. Si se mide de otra forma, en términos de participación del presupuesto de Defensa en el conjunto de los gastos del Estado, se obtienen «ratios» aproximadamente equivalentes, lo que quiere decir que es

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verdad que la política de este país va también en consonancia con lo que ocurre en el mundo en esta orientación.
Por lo que hace referencia al mercado internacional de armamento y munición, señoría, desde finales de la década de los ochenta, viene sufriendo un proceso de demanda en declive, como consecuencia de las razones a las que antes he aludido: recortes presupuestarios, modificación del mundo, escenario de defensa, etcétera. Debido a eso, la industria de defensa internacional se encuentra toda ella inmersa en un proceso de reestructuraciones, de ajustes de plantilla, de fusiones, de programas de diversificación, de reorientaciones generales de la industria hacia otras utilizaciones básicamente de carácter civil. Y, además, junto a esto, algunos países de economía emergente (así los solemos llamar), Singapur, Corea, Taiwan, han alcanzado un nivel tecnológico adecuado para adentrarse en este sector, incluso a precios extraordinariamente competitivos, hasta el punto de ser un factor en este momento, no solamente de creación de un exceso de oferta, sino de creación de nuevas dificultades para la industria en reconversión de los países europeos y también del nuestro.
Países como Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Bélgica o Italia --le puedo dar algunos ejemplos-- están sumidos en procesos importantes de transformación, de reconversión, de reducción de su oferta. En este caso, por lo que hace referencia a Santa Bárbara, debo decir que, dentro de las empresas del sector, figura en ese subsector al que me refería anteriormente, que es el de armamento y munición. En el año 1986, en Santa Bárbara se produce un cambio fundamental y es que, en una empresa ya sobredimensionada, a esa empresa del INI se unen empresas que hasta entonces estaban gestionadas directamente por el Ministerio de Defensa, como son las fábricas de Trubia, de Valladolid y de Murcia. En esta nueva situación, junto con la trayectoria que ya presentaban los resultados de la empresa -- trayectoria negativa-- fue necesario acometer un plan estratégico para el período 1987-1991, que incluía un plan industrial tendente a racionalizar y a especializar las diferentes fábricas, a evitar las duplicidades derivadas de la incorporación de nuevas fábricas de armas, y también un plan de inversiones de unos 8.000 millones de pesetas para modernizar el equipamiento productivo. Ese plan funcionó razonablemente en los primeros años de vigencia del mismo. Como usted ha mencionado también, tenía otros subplanes, de investigación y desarrollo, de actividad comercial, de gestión general de la empresa, y significaba, no obstante, una reducción cuantitativa de la plantilla desde 5.700 hasta 3.100, en el horizonte de 1991; le estoy hablando de un plan gestado en el año 1987.
Naturalmente, desde el año 1987 hasta aquí han ocurrido cosas, muchas cosas, notablemente importantes además, que son las que ahora colocan a la empresa en la situación que estamos comentando. A partir del año 1990, como ya he mencionado, se produce una incidencia especial en los presupuestos de Defensa dedicados fundamentalmente a armamento y munición, hasta el punto de que la subactividad ya existente anteriormente en la empresa, se torna realmente una subactividad imposible de seguir sosteniendo sin cambios estructurales significativos en la capacidad de la empresa.
Por adelantarle nada más que un par de datos, le diré que la empresa alcanzó una contratación, máxima en su historia, de 22.000 millones de pesetas en 1986. La contratación de la empresa en 1993, esto es, siete años después, era tan sólo de 2.254 millones de pesetas; estoy hablando de pesetas corrientes de un año y de otro. Lógicamente, esto tuvo su repercusión en las facturaciones correspondientes a armamento y munición, que pasaron de 18.000 millones a 2.500 millones en el año 1993, produciéndose este incremento en la subactividad ya existente en la empresa. La subactividad media en las fábricas de armamento y munición pasó de un 23 por ciento en el año 1987, fecha en la que ya se contemplaba un programa industrial, tecnológico, etcétera, pero también de ajuste laboral, a una subactividad, señoría, que no debiera usted minusvalorar lo que significa en una empresa, del 86 por ciento, por término medio, en el año 1993.
Dicho de otra forma, por cada 100 unidades de capacidad productiva, de producción, de horas de trabajo, etcétera, posibles dentro de la empresa con su estructura actual, 86 son simplemente capacidades ociosas para la demanda actual y la demanda previsible de los próximos años. En consecuencia, el resultado neto de la empresa, que, como hemos indicado, alcanzó una cota mínima de pérdidas, en el año 1989, de 6.876 millones de pesetas, sufragadas obviamente con cargo a apoyos públicos, llegó hasta alcanzar las cifras de 1993, que son 23.000 millones de pesetas de pérdidas.
En estas circunstancias, señoría, yo creo que es difícil no pensar en que la responsabilidad del INI, y desde luego la del Ministro de Industria en impulsarlo, es la de racionalizar una actividad, reconociendo varias cosas. En primer lugar, que estamos ante un sector estratégico y que, en consecuencia, es necesario tomar en cuenta necesidades de la defensa nacional; en segundo lugar, que la actividad de racionalización tiene que ir unida a un esfuerzo de diversificación, a un esfuerzo también de aminoración del impacto social y del impacto económico que el ajuste y la racionalización de la empresa debe conllevar.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Voy concluyendo, Presidente.


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En esta línea es como se ha planteado ese plan; un plan que pretende ciertamente racionalizar; un plan que pretende acomodar la producción a la demanda previsible; un plan, sin embargo, le debo decir, señoría, que, tal y como está formulado, significará todavía un exceso de capacidad en relación con la demanda actual y previsible de los próximos años, y un plan que, a pesar del ajuste a la baja, significará todavía el que esa empresa y las razones de defensa nacional que hay detrás del mantenimiento de esa actividad tendrán que ser todavía en parte, aunque en cuantía muy inferior, sufragadas, subvencionadas, apoyadas también por los presupuestos públicos. Dicho esto, señoría, la actividad y diversificación que se ha venido produciendo en los años anteriores, desde el año 1989, ha significado la consideración de más de 150 proyectos de inversión, de los cuales algunos están en marcha, y otros son proyectos que en este momento se siguen analizando con la perspectiva de generar empleo alternativo en las diferentes regiones, que en este momento no puedo relatar por falta de tiempo.
Quiero decirle también, señoría, que tenemos no solamente la intención de acogernos a los fondos Konver, sino que España, en contra de lo que usted opina o de lo que quizá a usted le han informado, ya está acogida a los fondos Konver, no para Santa Bárbara en este caso, pero sí para otra serie de finalidades que encajan dentro de los fondos Konver, como sin duda alguna tendré sumo placer en relatarle si tiene usted interés en conocer el detalle de los proyectos actualmente sometidos a apoyos Konver y el conjunto de los proyectos presentados por Santa Bárbara precisamente para acogerse en el futuro, una vez hecho el plan, a fondos Konver, que son proyectos extraordinariamente numerosos. Concluyo, señor Presidente.
Señoría, a nadie más que a este Ministro le va a doler el esfuerzo que hay que hacer, y a nadie más que a este Ministro le van a doler algunos de los empleos que se van a perder.
Ciertamente, los afectados lo sentirán, supongo, en sus carnes. Estamos haciendo un esfuerzo que me parece que es racional; un esfuerzo que no se puede negar analizando la evidencia; no se puede negar pensando en que la culpa de estos problemas la tiene no sé sabe muy bien qué éter externo, ajeno, y que todo es una cuestión de gestionar mejor. Cuando se cae la demanda en los términos en los que se ha caído, cuando el nivel de subactividad media es del 86 por ciento, podremos atender a problemas y a reivindicaciones de mejoras en la gestión, podremos atender a reivindicaciones de mayor esfuerzo, pero, en todo caso, no podremos negar una evidencia que es la de que no se pueden sostener, tampoco por necesidades de defensa nacional, y tampoco solamente por el mantenimiento del empleo: empresascon pérdidas crecientes de más de 23.000 millones de pesetas todos los años. Por esta razón, señoría, es por la que el INI y Santa Bárbara tienen la obligación de negociar un plan para hacer esto más sostenible en términos de intereses nacionales y para hacer frente a programas que hagan posible la diversificación hacia actividades civiles en todos y cada uno de los lugares donde este plan haya de afectar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Ríos.


El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, vamos a ver cómo podemos poner los datos, que son los mismos, en una óptica común de analizarlos. Yo no le he planteado el problema desde la óptica de no reconocer que se tiene que producir un ajuste en lo que significa la producción de defensa a lo que es la demanda actual, inclusive la del futuro. Lo que le he demandado a usted es que se coordinen los Ministerios de Economía, de Industria y de Defensa, para las previsiones de los próximos diez años, sin esa previsión de demanda que usted decía que ha caído. ¡Hombre!, yo creo que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si en 1986 hubo una facturación de 26.000 millones y en 1993 es de 2.000, es porque se ha ido dejando de producir y se ha ido actuando hacia otro lado.
Ley voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el volumen de importación de Defensa? ¿Cuál es el volumen de productos que estaba fabricando Santa Bárbara y que se compran en la empresa privada? Yo le he traído una relación de adquisiciones, año a año, desde 1988 hasta 1992 y le puedo decir que hemos adquirido a empresas como Gamesa, Peugeot-Talbot España, Elvidio, Tecomar, Auxiliar de Ferrocarriles; hemos estado adquiriendo productos de defensa a estas empresas. Y hemos adquirido fuera, usted ha hablado aquí de algo así como una especie de adecuación al mercado, pero es que el primer consumidor, el consumidor que le dio los 22.000 millones en 1983, fue Defensa. Este año el presupuesto de Defensa ha crecido. En los últimos años había tenido una contención y este año ha subido el 6 por ciento; no es el mejor año para abordar este asunto. En todo caso, lo que sí es cierto y lo que se debiera haber abordado desde esa previsión plurianual de diez años --desde 1987-- es qué medidas de reindustrialización paralelas, qué medidas de orientación hacia otras actuaciones se han ido acometiendo, y usted me tendrá que reconocer que han sido cero; yo le he citado dos experiencias, supongo que desde 1987 hasta ahora habrá algunas más, pero ciertamente poco. El programa Konver. Es cierto que Bazán se ha acogido, que se han acogido algunos proyectos; de los 20.000 millones de 1993 nos hemos acogido en torno a unos mil y pico, pero Santa Bárbara no se ha acogido

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en 1993 a ningún proyecto del programa Konver. Creo que es así y, si no, me gustaría que me lo aclarara.
Usted ha dicho: Si el plan industrial se aprueba, lógicamente hay una relación de proyectos, que usted ha dicho que después nos comunicaría. Para resumir un poco cuál es la voluntad nuestra, le diré que no es hacer objetivo político de una situación complicada de 2.070 familias, no es ése, sino conseguir que ustedes estén dispuestos, en un plan de ajuste, a negociar ese plan de ajuste con los agentes y las distintas empresas, como decía la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1990. Usted ha puesto en relación 1987 y la actualidad; no, por medio hubo una regulación de empleo en 1990. Echaron mano a una regulación de empleo en 1990 y el Ministerio de Trabajo redujo en plazos de tiempo y en número de personas, instándose en el citado período de tiempo --eso fue lo que dijo el Ministro-- a las partes directamente afectadas y a aquéllas indirectamente implicadas en el proceso de producción en las empresas a que negocien una rearticulación del plan industrial. Y yo digo que antes de que el INI hiciera una propuesta para imponer el ajuste, por qué no negociar un plan, conociendo qué parte se va a destinar a Defensa, qué volúmenes o actuaciones de conversión industrial podemos acometer e incluso --medidas que ustedes saben que los sindicatos han aceptado en determinados momentos--evoluciones temporales, ajustes temporales que pudieran hacerse. No he planteado una dinámica de máximos, sino una dinámica de posibles y pienso que desde 1987 hasta ahora se ha estado durmiendo o, por lo menos, no se ha sido muy activo, y lo digo por los efectos que hemos tenido. A mí me gustaría que usted pudiera entender que en un momento de declive, con todo lo que usted quiera ver a nivel de Defensa, lo cierto y verdad es que me gustaría conocer qué consume el demandador de actividades de Santa Bárbara, qué compramos fuera y qué puede producir Santa Bárbara, porque ése sería un plan coordinado, ensamblado, de un Gobierno y no una especie de batalla particular de un Ministerio por un lado y otro Ministerio por otro. En suma, que no es lo mismo, en un sector estratégico como puede ser Defensa, actuar desde una producción propia que depender de agentes externos. Cuando discutíamos el sector de fertilizantes decíamos que no era un sector estratégico, aunque era importante, preferente, pero es que si Defensa no es un sector estratégico va a resultar que dependeremos de que nos traigan los cartuchos para disparar los Cetmes de Corea o de otro sitio. ¿Por qué no producirlos aquí? Y no se ría S.S., porque hay cartuchería comprada en Filipinas, que supone volúmenes de dinero. Hay 1.200 millones de pesetas gastados en cartuchería en 1991. Y le puedo seguir diciendo, paso a paso, actuaciones. Cartuchería, 1.300 millones en 1992; así como en granadas de mano. Es decir que hay importación, compra exterior. Si nuestra empresa no puede producirlo, busquemos la innovación, la adecuación tecnológica que necesite. Y dentro de que haya un plan industrial, que es lo que me gustaría que usted nos pudiera decir aquí, hay disposición a negociar un plan industrial en seis meses, en cinco meses, en un año, lo más rápidamente posible, y todas las actuaciones puntuales que haya, incluidos los ajustes, incluido lo que sea reducción de empleo, todo lo que esté metido en esa dinámica de futuro se debe plantear conjuntamente. ¿Hay posibilidad de hacer eso?

El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, le ruego concluya.


El señor RIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente.
Si hay voluntad de hacer eso hay voluntad de poder llegar a puntos de encuentro. Y estoy convencido, porque conozco a S.S., que a usted cada actuación le duele personal y políticamente, yo estoy convencido de eso, pero el problema es que, además, lo tienen que ver los demás, lo tienen que recibir y percibir los demás. Y en esta industria, como en otras, donde la responsabilidad básica es de ustedes, como Gobierno, creo que sería importante dar el paso, la lección a acometer. Y mire, visto desde fuera, si una empresa que ha pasado de 5.700 a tres mil y pico --yo le señalaba los datos y usted me los ha corroborado--, ahora se propone a 1.070, mañana¿a qué? Y usted hoy ya ha dicho: ¡Ojo!, que tendremosque hacer un esfuerzo para que no se siga reduciendo. ¿Dónde parará? ¿En qué se quedará? ¿Y qué actuación de reorientación de esas familias que están equis años trabajando, 10, 15, 20, para orientarles hacia otra industria, a prepararles, a adecuarles? En suma, un plan de empresa que lleve consigo conversión, ajuste e inclusive incentivación o estimulación de otras medidas. Eso sería bien recibido por los que son los representantes de esos trabajadores y bien recibido por los distintos grupos políticos, o inclusive bien recibido por la sociedad en general, que va a afectar importantemente a muchas comarcas enteras.
Nada más, señor Presidente, señorías.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Gracias, señor Presidente.
Me ha gustado más usted, señor Ríos, en su segunda intervención que en la primera. Creo que es bueno que empiece usted por decir que es necesario hacer un ajuste. Me gusta oírselo porque me parece que es un acto de valentía teniendo en cuenta algunas de las tesis que miembros de su Grupo están sosteniendo en algunos lugares de España. Y, como usted ha dicho eso, quiero

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reiterar --y le voy a pedir, además, que lo reitere también en Murcia-- que efectivamente es necesario un ajuste.
Se refiere usted a la coordinación de Industria, Defensa y Hacienda. Le puedo garantizar que este es un plan en el que hemos tenido en cuenta también las previsiones presupuestarias y las posibilidades de mantenimiento y de necesidades de los Ejércitos de España. Y de ese planteamiento han surgido algunas cifras y algunas cifras tentativas que permiten establecer cuál es el horizonte de demanda garantizada posible para la industria de Defensa, en este caso de munición y de armamento. Y surgen unas cifras que no le gustan a usted y que seguramente no les gustan a los trabajadores de Santa Bárbara, y en este sentido a mí tampoco, pero surgen unas cifras que son las que son, congruentes y sostenibles con los presupuestos y con las necesidades de la defensa con carácter general. Es obvio que no es solamente el Ejército español el demandante de algunos de los productos de Santa Bárbara, también hay otras utilizaciones de otras instituciones, incluso utilizaciones de carácter civil. Pero, ciertamente, esa previsión de demanda tiene que asentarse en formulaciones que están ya establecidas dentro del plan y dentro de la formulación del plan, tal y como ha sido concebido y elaborado.
Lo que me parece que no es una buena receta, señor Ríos --y supongo que ha sido un desliz en su intervención--, es la pretensión de que se arreglen los problemas de Santa Bárbara a base de dejar de comprar por parte de las Fuerzas Armadas o del Ejército a otras empresas privadas. Esto lo ha dicho usted, y, naturalmente, como Santa Bárbara no es la única empresa de este país que hace alguna de las cosas que se hacen por la industria de defensa, se podría obtener un mejor resultado para Santa Bárbara si al mismo tiempo el INI o Santa Bárbara actuasen por influencia del sector público, simplemente limitando la expansión y la capacidad de competencia en este terreno de otras empresas que ya existen también en nuestro país (no me estoy refiriendo a la importación ahora).
Hay otras empresas que fabrican munición, hay otras empresas que fabrican pólvora, hay otras empresas que fabrican explosivos, hay otras empresas que fabrican armas en el sector privado que también se están viendo afectadas por el proceso de caída de pedidos y a quienes tengo permanentemente en mi despacho, al igual que el Ministro de Defensa, tratando de ver qué es lo que se puede hacer para garantizar actividad y empleo. Por tanto, no busquemos recetas que no son las adecuadas.
Dos cosas sobre la diversificación, a la que usted se refería, señor Ríos, y que yo comparto. En primer lugar, déjeme darle algún dato en relación con una planta que ciertamente a usted le interesa, la planta de Murcia, una de las varias afectadas, pero que, ciertamente, en este momento tiene un nivel de subactividad extraordinariamente importante; un nivel de subactividad del 96 por ciento, según datos de finales de 1993. Créame que lo lamento. Conozco esa planta y conozco también las inquietudes y las preocupaciones de ese lugar y de otros muchos que tienen porcentajes de subutilización también importantes. No quiero que nadie lo entienda en un tono sarcástico, pero, en contactos que he tenido con los trabajadores de Santa Bárbara, alguno me hacía la confidencia de que dos o tres años sin trabajar, realmente no podía ser posible que se sostuviese permanentemente. Cuando una planta como la de Murcia ha tenido niveles de subactividad del 69 por ciento en 1990, y del 93, del 95 y del 96 por ciento durante los años 1991, 1992 y 1993, naturalmente es un problema. Lo pongo como un ejemplo, no necesariamente el único, de los problemas que hay dentro de la empresa. ¿Es posible la diversificación? Sí, es posible. ¿Son posibles los proyectos Konver? Sí, lo son; lo haremos posible. En todo caso, señoría, quiero decirle que, a lo largo de este período --como antes he mencionado-- se han hecho también esfuerzos en materia de diversificación. Esfuerzos que han significado la creación de un buen número de entidades. Se han analizado 150 proyectos, cuyas principales realizaciones han sido subcontratación de piezas para diferentes empresas (Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Suzuki, Alenia); creación de nuevas empresas como Icsa, Deftec, AMT, Surgy Clinic Plus; y otros esfuerzos, como la segregación de Santa Bárbara de la SBB, Sociedad de Blindados, que recogió la actividad de diseño, de fabricación, de mantenimiento y de comercialización de vehículos blindados de todo tipo, así como cinco nuevas sociedades constituidas hasta hoy que podrán, en el año tipo, consolidar una plantilla en el entorno de 840 trabajadores, buena parte de los cuales son trabajadores que pasan de la Santa Bárbara actual a estas nuevas actividades.
Le quiero anunciar, señor Ríos, a usted y a todas SS.SS., que en este momento existen otros 11 proyectos en fase de ejecución, con unas plantillas estimadas en meses sucesivos que podrían llegar a alcanzar, por lo menos en el momento actual, hasta unos 400 puestos de trabajo. Seguiremos trabajando en esa dirección, como lo hemos venido haciendo ya con la utilización de los Fondos Konver, aunque no para el proyecto Santa Bárbara, en la medida en que el Gobierno estimó que, estando sometido a revaluación todo el plan de Santa Bárbara, no era demasiado razonable hacerlo tributario o considerarlo en este momento dentro de esos Fondos. Pero le quiero decir que el programa Konver, aprobado por decisión de la Comisión el 17 de diciembre de 1993, está dotado hoy con una ayuda Feder de 7,56 millones de ecus y que su período de aplicación actual se circunscribe al año 1993 en esta versión, con

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independencia de que tendrá prórroga. Pues bien, con cargo...


El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le ruego concluya.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Concluyo en un minuto, señor Presidente, si me permite.
Con cargo a esos fondos, el Gobierno ha incluido distintos proyectos; uno afecta a Asturias, otro a Extremadura, otro a la Comunidad de Murcia (la dotación de infraestructura para la construcción de cascos de barcos de fibra de vidrio para la Empresa Nacional Bazán en Cartagena), otro a la provincia de Burgos y a la de Cáceres, otro a la Comunidad Catalana, y otro a la Comunidad de Madrid. Son siete u ocho proyectos, con un volumen de gasto elegible en el entorno de los 3.000 millones de pesetas en este momento, al cual podrían ir nuevas demandas con cargo a fondos Konver, que, tal y como están preparadas por iniciativa de Santa Bárbara, significan catorce proyectos, actualmente ya preparados, con un importe de inversión de 8.365 millones de pesetas que se pueden pormenorizar, naturalmente, en actividades tan distintas como palas aerogeneradoras en materia eólica hasta producción de moléculas de química fina; distintos proyectos, proyectos para todos y cada uno de los centros, que naturalmente deben madurar y deben hacer posible paulatinamente generación de empleo.
Este es, señoría, el esfuerzo que queremos hacer, el esfuerzo de reconocer una realidad que es dura, el esfuerzo de reconocer la evidencia y el esfuerzo de no meter en un mismo saco un problema de defensa con planteamientos de política industrial, que ciertamente son los que se expresan en el esfuerzo por buscar nuevas actividades, no pensando que el sector público es el único responsable de la generación de nuevas actividades y muchísimo menos pensando que la única forma de mantener empleos es subvencionarlos con cargo al presupuesto público en actividades productivas que hoy, lamentablemente, quizás, y afortundamente desde muchas otras perspectivas, no tienen demanda.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, al fijar nuestra posición aquí, nosotros queremos felicitar la oportunidad que ha mostrado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en traer este debate aquí. Me hubiera gustado que el Gobierno hubiera tenido la doble comparecencia, tanto la del señor Ministro de Industria como la del señor Ministro de Defensa, porque, en primer lugar, entender este problema sólo desde la óptica del Ministerio de Industria sería sesgar la profundidad del problema en sus justos términos de política de Estado. Aquí no es tan sólo hablar de política industrial ni de política laboral ni de política de defensa, es política de Estado.
Muchos tratadistas dicen que el tema de la industria de armamento y munición debe contemplar un triángulo, en el que está la Administración Pública, está la industria y están las Fuerzas Armadas.
Siempre he dicho que sin Fuerzas Armadas no hay Estado, pero sin tecnología propia, sin una dependencia de nuestros ejércitos de una industria nacional, no hay ese principio que consolida la soberanía.
Mi intervención quiero que sea una línea constructiva, recogiendo la posición positiva que en un campo industrial ha expresado y defendido aquí el señor Ministro, que me parece responsable y consecuente con la que ha dicho, que también comparto, el Portavoz de Izquierda Unida. ¿Qué está ocurriendo con la industria del armamento en España, la pública y la privada? Que adolece fundamentalmente a lo mejor de unos nuevos planteamientos de modernización. Ahora bien, señor Ministro, dicho esto, lo que no se puede tratar en el mismo parámetro dentro del Ini, dentro del Grupo Teneo, o dentro de las cuentas que la empresa pública haga, es lo mismo a una empresa pública como Iberia o Trasmediterránea, o la Empresa Nacional de Electricidad, con la empresa de armamento y munición, pero ni siquiera en sus efectos laborales.
Mire usted, para mí es mucho más grave, en detrimento del patrimonio tecnológico y laboral español, un parado en el sector de la industria del armamento y munición que un parado en el sector de la automoción, porque no hay posibilidad, si se pierde un puesto de trabajo en un sector tan especializado como es el de la industria del armamento, de su sustitución en otros sectores industriales, los reajustes empresariales y de plantillas, con toda la carga, a la que aquí nos sumamos todos, de dolor y de penosidad, pero el empobrecimiento ya no es sólo sobre el producto interior bruto, es sobre un patrimonio de trabajadores especializados que no pueden encontrarse en otros sectores.
El año pasado, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, en su publicación de Cuadernos de Estrategia, y con el apoyo del Instituto Español de Estudios Estratégicos, publicado recientemente por el ministerio de Defensa, hizo un análisis exhaustivo del presente y futuro de la política de armamentos y de la I+D en España.
Se ha denunciado aquí por el portavoz de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya una de las peculiares anomalías, como es la incongruencia de aplicar un plan de ajuste a Santa Bárbara y, al mismo tiempo, que institutos

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armados españoles estén comprando munición, que también fabrica Santa Bárbara, en países extranjeros. Años atrás, la guardia civil ha comprado cartuchería en Filipinas alegando una cuestión de precios. El señor Ministro ha dicho algo que es verdad, pero hay que matizar: con decisiones soberanas de esta Cámara hemos aprobado unos presupuestos para el Ministerio de Defensa. De 1982 a 1986 se pasó del 2,09 por ciento del PIB al 2,22 y de 1986 a 1993 se bajó al 1,24 por ciento.
Señor Ministro, la decisión soberana de esta Cámara fue sólo en la asignación del presupuesto, pero no dónde se compraba el armamento. Aquí no se ha preguntado a nadie si la guardia civil podía comprar munición en Filipinas o en Corea. Esa ha sido una decisión tomada en otro sitio, y son las que ustedes tienen que controlar. En un expediente de compras se ha dicho que era más barata la munición filipina, pero como era mala la han tenido que tirar. Desde luego, la munición más cara que existe en el mercado es la mala y la que hay que tirar, como cualquier producto, ya sean naranjas o cualquier otro alimenticio. Y esa decisión no fue soberana de la Cámara.
Segundo ejemplo. Aprobamos unos presupuestos --decisión soberana de la Cámara-- para inversiones en nuevos proyectos de sistemas de armas del Ministerio de Defensa. Pues bien, como nos comprometemos en la construcción de la nueva fragata europea y del futuro avión de combate europeo, hacemos trasvases de capital que no generan para nada producto interior bruto en España porque al final nos toca hacer con Construcciones Aeronáuticas o con la Bazán una parte de ese avión o de esa fragata y toda esa transferencia de capital se lleva hacia el exterior. Cuando está por demostrar que ese futuro avión de combate europeo o esa futura fragata puedan ser más útiles a programas integrados de defensa de España, como miembro de la OTAN o de la Unión Europea Occidental, que resolver el problema de soberanía y de independencia de nuestra industria del armamento.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones, le ruego que concluya.


El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señor Presidente.
Usted ha dicho que hay estas cifras de repercusión del producto interior bruto, pero de ahí hay que descontar la contribución de la industria del armamento en España al producto interior bruto, porque no es una participación de las Fuerzas Armadas en relación con el producto interior bruto, sino que la industria española de armamento y munición tiene entradas de otros sectores de la industria española, lo cual genera a su vez producto interior bruto. Si, como dice este estudio, estamos en cifras de 117.000 millones de pesetas, se con-tribuye con ello a un 0,23 por ciento de aportación al producto interior bruto.
Yo creo que estas figuras no tienen por qué llevar a ese desmantelamiento, que al final es pérdida de soberanía nacional. Creo que hay que hacer no una cuenta de resultados como si se aplicara en Trasmediterránea o en Iberia, sino avanzar en I+D de tecnología propia; no hacer transferencias de capital de los presupuestos de Defensa a otros países que nos construyen sistemas de armas, sino ir a la línea de cofabricación, de codesarrollo, de consorcios o de fusiones.
En este libro se refleja algo preocupante: una tabla de entradas y salidas en la industria de defensa, haciendo un análisis de sesenta industrias. Con todas esas cifras, aunque algunas sean muy singulares en el campo de la electrónica, se podía ir a una línea de entendimiento, no solamente a nivel interior, sino exterior, con los consorcios.
Yo espero que con los programas que tiene la Unión Europea --y que aquí se han expuesto-- se llegue a una racionalización en razón del Tratado de Maastricht, que obliga a la UEO, en la política de defensa, a racionalizar el tema de la industria del armamento.
Señor Ministro, no se puede aplicar a este sector el mismo parámetro que a otro industrial que también está dentro del INI. Aquí se ha dicho --y a veces hay que subrayarlo-- que es un sector estratégico del que depende no ya una variante laboral, económica o de producto interior bruto, sino de soberanía de Estado.
Nosotros nos sumamos a la iniciativa que ha tenido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de buscar una línea de aproximación y de apoyo, pues creemos que debe ser una política de consenso y de Estado para salvar no unos puestos de trabajo de este sector, sino algo que va mucho más, que es el interés de soberanía estatal. Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, señor Ministro, el señor Mardones acaba de situar en su justa medida el problema que afecta a la Empresa Nacional Santa Bárbara, como una de las 20 empresas principales que dependen del sector de la defensa. Desde luego, con la Empresa Nacional Bazán, las dos únicas empresas que merecen un tratamiento diferenciado, puesto que son las que se dedican exclusivamente a la industria de la Defensa o, por lo menos, en papeles, así debería ser.
Por ello creemos que es importante el tratamiento diferenciado, pero que es importante también el compromiso formal por parte del Ministerio de Industria, cuyo Ministro está presente, por parte del Ministro de Defensa

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y, no lo olvidemos, por parte del Ministro de Economía y Hacienda, de quien a la postre depende el que los gastos financieros de estas empresas no se disparen en virtud de tener que acudir constantemente al crédito porque no se pagan a su debido momento aquellos trabajos que se han venido realizando durante muchos años. Todo ello entra dentro de lo que es una mecánica normal de funcionamiento entre la Armada y la Bazán o entre el Ejército de Tierra y la Empresa Nacional Santa Bárbara durante los años en que han venido cooperando en materia de armamento militar. El señor Ministro se refería a que, efectivamente, en el año 1986 se produce la incorporación de las fábricas de Murcia y de Valladolid y en enero de 1987 la incorporación de la fábrica de Trubia y que, como consecuencia de ello, en ese año se realiza un plan estratégico que da resultados favorables y positivos hasta el año 1989 en que empieza a decaer y se empieza a ver que hay un punto de inflexión que conduce a la situación que actualmente tiene la Empresa Nacional Santa Bárbara.
Realmente han pasado muchos años, señor Ministro, desde el año 1989 hasta el año 1994 para que la EmpresaNacional Santa Bárbara, sus representantes, el Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara, el Presidente del INI, el propio Ministerio de Industria, hubieran adoptado una medida eficaz hace tiempo para no encontrarse con esta debacle final en la que la situación es realmente caótica y hay que presentar situaciones drásticas, como ese plan estratégico que acaba de presentar la empresa a los agentes sociales. Es importante conocer que efectivamente los presupuestos de Defensa han venido cayendo paulatinamente, no en todos los países de la OTAN, no en todos los países que nos rodean del mundo occidental --en algunos se han visto incrementados--. Pero es cierto que hay un decrecimiento en los presupuestos de defensa a nivel mundial, a nivel occidental. Hay países en los que se baja del cinco, del seis o del cuatro por ciento del producto interior bruto al tres, al 2,5 o al dos, que es el mínimo fijado por la NATO, mientras que en España, como el señor Ministro acaba de decir, nos situábamos en el 2,2 por ciento del producto interior bruto en el año en el que el Gobierno accede al poder y en el año 1993/94 nos hemos encontrado con un presupuesto de defensa del 1,24 por ciento del producto interior bruto. A lo mejor ahora alguien se acordará de que haber pedido reiteradamente la reducción de los gastos militares no sólo conducía a que no hubiera tanto armamento, sino también a la pérdida de casi 20.000 puestos de trabajo, que dependen hoy en día, si sumamos única y exclusivamente las tres factorías, prácticamente en su totalidad de los presupuestos de la defensa. Me refiero a CASA, a Santa Bárbara y a la Bazán, aunqueCASA está prácticamente por encima del 50 por ciento en la construcción civil.
Es cierto que nos encontramos en esta situación y no en virtud de única y exclusivamente esa caída de los presupuestos de la defensa, sino en virtud también de la gestión que han llevado a cabo los responsables de la Empresa Nacional Santa Bárbara, los responsables del INI, los responsables del Gobierno, que han dejado llegar hasta estos límites una situación que se veía venir por los parámetros que el propio señor Ministro ha venido anunciando durante esta misma sesión.
Es verdad que en el año 1993 tenemos un 86 por ciento de subactividad, producto de una caída de la capacidad real de producción, producto de una caída de la carga de trabajo global, pero no es menos cierto que en el año 1992 teníamos el 80 por ciento; en 1991, el 69 por ciento; que en Murcia estamos hoy en día en las cifras que usted dice pero que viene decayendo desde el año 1987 hasta ahora. ¿Por qué no se ha acometido todo eso antes? Señor Ministro, yo comprendo que diga que le dolerán a usted todos y cada uno de los puestos de trabajo que se pierdan en Santa Bárbara. Yo creo que no hay nadie en esta Cámara al que no vaya a doler la pérdida de un puesto de trabajo de uno de los trabajadores de Santa Bárbara.
Pero hay que concluir, también, que ellos no son los responsables directos de esta situación a la que se ha llegado. Son trabajadores de una empresa que, si se analiza uno a uno lo que han producido y lo que han trabajado, estoy convencido de que no ha habido prácticamente absentismo y que realmente han trabajado por hacer y sacar adelante lo que tenían encomendado en cada uno de los ejercicios presupuestarios. Por tanto, si ellos no son los responsables directos, habrá que exigir algún tipo de responsabilidad más.
En todo caso, nosotros consideramos oportuna la interpelación presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aunque, desde luego, esperamos a conocer los puntos de la moción que presentará la semana que viene. Pero para el Grupo Parlamentario Popular hay unos puntos claves, sobre todo centrando en este momento la cuestión en el Plan estratégico presentado unilateralmente por la empresa, sin tener en cuenta tan siquiera a los agentes sociales. Por ello, creemos que es prioritario, señor Ministro de Industria, que el Plan estatégico presentado por la Empresa Nacional Santa Bárbara cuente, por lo menos, con el conocimiento --y, hasta cierto punto, con la aprobación-- de los agentes sociales, para que puedan enterarse y pactar en mayor parte. Creo que la voluntad que tienen, según se deduce de las reuniones que se han podido mantener con ellos durante las últimas semanas, es tratar de llegar a una solución equilibrada que consiga que, efectivamente, esas iniciativas que ha tomado el Gobierno con Surgy Clinic, con AMT, con las empresas

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que usted acaba de citar, puedan llegar a ser una realidad y haya la menor pérdida de puestos de trabajo reales.


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor Presidente. Consideramos imprescindible, señor Ministro de Industria, conocer la deuda, si es que la hay, del Ministerio de Defensa con la Empresa Nacional Santa Bárbara, conocer los presupuestos de inversión, a corto y medio plazo, del Ministerio de Defensa en la propia empresa y, desde luego, conocer los gastos financieros que se han originado, para poder realizar un Plan estratégico real, basado en las inversiones previstas por el propio Ministerio de Defensa. De lo contrario, será un Plan que no tendrá ninguna base porque no sabemos si, de acuerdo con lo que ha aprobado soberanamente esta Cámara, el Gobierno de la nación se decidirá, de una vez, a cambiar la tendencia a decrecer de los presupuestos de Defensa y a elevarlos, como decía el propio Ministro de Defensa, al dos por ciento del producto interior bruto. Quizá en ese momento, señor Ministro, habrá que cambiar esa tendencia que usted cree que va a ser permanente y que muchos esperamos que cambie algún día.
Nosotros consideramos que antes de proceder al cierre de alguna de las factorías de la Empresa Nacional Santa Bárbara hay que buscar planes alternativos. El Gobierno autonómico gallego acaba de presentar uno basado en los «joint venture» que seguro que el Ministro de Industria conoce. Curiosamente, en un lenguaje que no alcanzo a entender, distinto del que utilizan los alcaldes socialistas de otras ciudades con los representantes del Partido Socialista en esta Cámara, el Alcalde de La Coruña se suma al proyecto presentado por la Xunta de Galicia, incluso los Diputados autonómicos gallegos, no sé en virtud de qué, se suman también a que si Endesa, radicada en Galicia, ha tenido beneficios importantes durante el último ejercicio, no se sigancerrando empresas de la forma que se está haciendo. Esto no lo digo yo, lo dicen los propios representantes del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Nosotros consideramos, señor Ministro de Industria, que, en todo caso, una vez estudiados los diferentes planes de diversificación que puedan alcanzarse con Santa Bárbara, es imprescindible llegar a un acuerdo con los agentes sociales en jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas, incluso en la movilidad geográfica, y que haya la menor pérdida de puestos de trabajo posible dentro de lo que es la factoría.
En definitiva, tengo que decirle, señor Ministro, que el Grupo Parlamentario Popular, reunido con los agentes sociales, está totalmente de acuerdo en la propuestarealizada por los agentes sociales, por los trabajadores de la Empresa Nacional Santa Bárbara, en que esos expedientes de extinción de contrato que se han arrojado, prácticamente después de un silencio sepulcral durante los últimos años, a iniciativas de Izquierda Unida, a iniciativas del Partido Popular en esta Cámara, en un Plan estratégico que aparece de repente y suprime de un plumazo el 68 o el 70 por ciento de la plantilla de Santa Bárbara, no son de recibo. Por ello, entendemos que es razonable la petición de los agentes sociales de que esos expedientes de extinción de contrato se transformen en expedientes de regulación temporal en tanto en cuanto no se reúnan el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda y, por supuesto, los agentes sociales, para estudiar todas las posibilidades de diversificación de la empresa.


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Fernández de Mesa.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor Presidente, diciendo que, señor Ministro, estoy convencido de que le duele la pérdida de puestos de trabajo, pero les va a doler más a aquéllos a quienes va a afectar en su cartera, a aquéllos que van a ver reducidos sus ingresos y van a tener que seguir manteniendo a sus familias día a día; a ellos les va a doler mucho más, señor Ministro.
Y decía que, probablemente, no sabe a qué éter extraño se deba...


El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego termine.


El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Termino, señor Presidente. ... esta falta de previsión.
Yo creo que acaba de definir usted perfectamente qué clase de Gobierno tiene en este momento España.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.

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