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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 12/04/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 61 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELIX PONS IRAZAZABAL Sesión Plenaria núm. 60 celebrada el martes, 12 de abril de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), por la que se insta a la devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 33.1, de 24 de septiembre de 1993 (número de expediente 122/000023) (Página 2978) --Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para la participación de las organizaciones de defensa ambiental en la planificación y gestión del agua. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 41.1, de 22 de noviembre de 1993 (número de expediente 122/000032) (Página 2990)

Avocación por el Pleno de iniciativas legislativas:

--De la proposición de Ley de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (número de expediente 122/000009) (Página 2995) --Modificación del orden del día (Página 2996)

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Proposiciones no de Ley:

--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la asignación de la reserva nacional. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 48, de 7 de febrero de 1994 (número de expediente 162/000071) (Página 2996) --Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre adopción de medidas laborales y fiscales específicas para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con el objeto de favorecer su competitividad y la generación de empleo en la actual coyuntura de recesión económica. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 9, de 17 de septiembre de 1993 (número de expediente 162/000024) (Página 3006)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, sobre la política laboral del Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación (número de expediente 173/000032) (Página 3016) --Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios de política económica e industrial que aplicará el Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en el sector industrial (número de expediente 173/000033) (Página 3021)

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 62, de 13 de abril de 1994.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 2978)

Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Rahola), por la que se insta a la devolución de patrimonios incautados durante la Guerra Civil (Página 2978)

La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, defiende la proposición formulada, proposición que dedica a los valores republicanos que perviven a pesar de todo y a los que dieron la vida por ellos. Afirma que el hecho de que hoy, en abril de 1994, tengan que hacer este debate es de por sí una derrota y significa que este Parlamento no ha sido capaz, en 17 años de recuperación democrática, de cerrar una herida abierta y profunda de la guerra civil. Este Parlamento y algunos de los partidos en él representados han encontrado justificaciones más o menos técnicas, argumentos más o menos hábiles para rechazar el comprometerse con la pri-mera obligación histórica que tenía la democracia, que es el rigor en practicar la justicia histórica. No va a repetir ahora los argumentos desarrollados en el debate producido en el Parlamento catalán, ni tampoco los argumentos del Partido Nacionalista Vasco cuando planteó la cuestión por primera vez en esta Cámara, ya que los argumentos a favor de la devolución de los patrimonios incautados por el franquismo son tan sólidos e incuestionables que los Diputados los conocen perfectamente y probablemente los comparten. En todo caso, sí quiere recordar que la proposición que presenta tiene como primer objetivo derogar una Ley de 1939 que aún está vigente, restituyendo democráticamente lo que fue impuesto por la ley de las armas.
Añade que el texto que presenta no tiene la pretensión de ser inmejorable y, bien al contrario, su tramitación parlamentaria puede permitir resolver las dificultades que la restitución implica, ya que las discutibles dificultades técnicas de la devolución no pueden convertirse en una coartada para rehuir sus obligaciones políticas y mantener una decisión que nació fruto de la victoria militar y de la imposición de la fuerza.
Entiende que las dificultades técnicas se superan siempre si hay voluntad política de hacerlo y, desde luego, no pueden ser nunca un impedimento para actuar con criterios de justicia histórica.


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Pregunta cómo puede justificarse que los sindicatos hayan sido ya restituidos de la incautación franquista y los partidos políticos estén aún pendientes de esta decisión. Es obligación de esta Cámara velar por sus derechos y garantizar con ello la pluralidad política.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor Caldera Sánchez-Capitán. Afirma que va a hacer referencia a valores muy importantes y no tan reduccionistas como los que ha traído a colación la señora Rahola, a la vez que se va a olvidar de exageraciones históricas que la señora Diputada ha utilizado en su discurso. Más que referirse únicamente a aquellos que hipotéticamente defendieron valores republicanos lo hará aludiendo a quienes, con más amplitud de miras, han defendido el cierre de esa herida histórica que hoy no existe y que consagra nuestra Constitución, es decir, aquellos que apoyaron el inmenso valor de la concordia y de la paz, de los valores que reconoce nuestra Constitución como la igualdad, como la consecución de un Estado social y democrático de Derecho y la solidaridad.
Recuerda que es esta la tercera vez que la Cámara tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los patrimonios incautados durante la guerra civil, y no sólo de los partidos políticos, y que sobre el particular la línea argumental del Grupo Socialista ha estado siempre especialmente basada en razones de oportunidad jurídica, legislativa y de viabilidad práctica y política. No le cabe la menor duda de la ilegitimidad de origen de aquellos actos que merecen su repulsa, pero hay razones de oportunidad jurídica que les llevan a oponerse a la proposición. En este sentido, menciona la práctica imposibilidad de identificación del sucesor para un gran número de partidos y asociaciones objeto de aquella expoliación, lo cual daría lugar, por tanto, a un seguro semillero de conflictos. Existen también razones de igualdad en apoyo de su postura, ya que se habla de redistribución patrimonial para los partidos y organizaciones políticas y sociales pero nadie parece acordarse de la situación de los particulares expropiados y no indemnizados y que, por una elemental aplicación analógica del artículo 14 de la Constitución, deberían ser también contemplados.
Por otra parte, la seguridad jurídica cede gravemente al no existir plena constancia de los bienes incautados debido a la pérdida y destrucción de archivos referidos a los mismos.
Finalmente, existen razones profundas de contenido político que abundan en la posición que viene manteniendo, entre las que menciona la onerosísima carga que una reparación como ésta supondría para las arcas del Estado en un momento como el presente, sin olvidar que esta situación pudiera verse afectada por la institución de la prescripción.
Replica la señora Rahola y Martínez, duplicando el señor Caldera Sánchez-Capitán.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Vasco (PNV); Casas i Bedós, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Ribó Massó, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Fernández Díaz, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley del Grupo Mixto por 40 votos a favor, 143 en contra y 124 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para la participación de las organizaciones de defensa ambiental en la planificación y gestión del agua (Página 2990)

El señor Alcaraz Masats, del Grupo de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, defiende la proposición de ley formulada, manifestando que es voluntad de su Grupo Parlamentario convertir en esta Cámara, como ya lo viene siendo a nivel social y en otros organismos, el tema del agua en un debate que marque el eje de actuación de muchos ámbitos ante la preocupación a que da lugar en muchos sectores de la sociedad.
Pretenden en este momento la modificación de la Ley de Aguas de 1985 y su adaptación al Estado de las autonomías, intentando hacer comprender al Gobierno que también las comunidades autónomas son Estado, al igual que los ayuntamientos, y que no necesitan ningún tipo de tutela y menos tutela burocrática.
Añade que, a juicio de su Grupo Parlamentario, la política que en materia de agua se está aplicando es errónea en sus ejes fundamentales, una política que incluso a nivel presupuestario no tiene ninguna prioridad y ante cuya situación es necesario un debate valiente, debate en el que piensan que deben participar los ecologistas y las organizaciones de defensa ambiental que tienen una óptica absolutamente diferente a la del Gobierno. Izquierda Unida desea que se comience por rectificar la actual política de redistribución del agua con una gestión racional de su uso en todo el territorio, lo que obliga a modificar la Ley de Aguas de 1985 ante la serie de carencias que se han observado, fundamentalmente como consecuencia de la

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elaboración del Plan Hidrológico Nacional y de los planes de cuenca.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Socialista, el señor García-Arreciado Batanero. Comienza recordando las finalidades primordiales de la Ley de Aguas de 1985, entre las que está el uso racional del agua en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. La mera lectura de dichas finalidades debiera bastar para comprender que no es necesario introducir las modificaciones pedidas en la Ley de 1985, sino que bastaría en todo caso con reformar los reglamentos que desarrollan la ley.
Agrega que el objetivo fundamental de la proposición de ley coincide sustancialmente con el objetivo perseguido por el Grupo Socialista, que no es otro que la consecución de una mayor participación de organizaciones de defensa ambiental en la elaboración de las políticas relacionadas con el medio ambiente. Se trata de una voluntad manifestada expresamente por el Grupo Socialista en los procesos de redacción de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.
Termina señalando que, ante las coincidencias existentes, lo más pertinente sería ahorrar a la Cámara un debate baldío, no por la improcedencia de lo que se pide, sino porque esto ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Replica el señor Alcaraz Masats, duplicando el señor García- Arreciado Batanero.
Para fijación de posiciones intervienen los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán, y Gortázar Echeverría, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición debatida por 14 votos a favor, 279 en contra y dos abstenciones.


Avocación por el Pleno de iniciativas legislativas (Página 2995)

Proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (Página 2995)

El señor Presidente informa que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Se acuerda por asentimiento dicha avocación.


Modificación del orden del día (Página 2996)

Asimismo, el señor Presidente informa a la Cámara de que la Junta de Portavoces, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno que la sesión del día 14, jueves, que se celebrará a partir de las 9 horas, quede integrada por los puntos del orden del día números 34 a 41; 42, 43, 52 y 46.
Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.


Proposiciónes no de ley (Página 2996)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la asignación de la reserva nacional (Página 2996)

La señora Fernández Díaz defiende la proposición no de ley del Grupo Popular, por la que insta al Gobierno a que en el plazo de un mes establezca la reglamentación necesaria para que los ganaderos productores de leche de vacuno puedan acceder a la ampliación de sus cuotas mediante la compra o alquiler de derechos en el mercado y distribuyan la reserva nacional de la cuota láctea entre aquellosganaderos que sobrepasen con sus producciones las cantidades asignadas como cuotas individuales. Señala que, a pesar de lo que recientemente legisló el Gobierno, la realidad es que en este momento, iniciada la nueva campaña, no se han puesto a disposición de los ganaderos los mecanismos legislativos necesarios tanto para acceder a la venta, arrendamiento o transmisión hereditaria de estas cantidades como para acceder a una cuota suplementaria procedente de la distribución de la reserva nacional. De seguir así las cosas, continuará la misma dinámica que ha caracterizado el desarrollo de este sector desde la firma del Tratado de Adhesión, dándose la paradoja de que el Gobierno está exigiendo el cumplimiento de leyes que no existen. No es extraño que los ganaderos se pregunten cómo se les puede exigir la ejecución de algo que no está legislado.
Alude al contenido del Reglamento de la Comunidad Europea número 15/46 de la Comisión y su repercusión en diversos países comunitarios, así como a los problemas que se presentan a nuestros productores de leche en el caso de que sean excedentarios, considerando que la Administración debería apoyar financieramente los programas de modernización de las explotaciones.


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En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen los señores Gatzagaetxebarria Bastida, del Grupo Vasco, y Varela Flores, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores González Lizondo, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria, y Vidal i Sardo, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rivadulla Gracia, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Popular, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista, con las correcciones efectuadas en el curso del debate, es aprobada por 288 votos a favor y 19 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre adopción de medidas laborales y fiscales específicas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el objeto de favorecer su competitividad y la generación de empleo en la actual coyuntura de recesión económica (Página 3006)

El señor Homs i Ferret defiende la proposición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), recordando que la misma fue presentada en la Cámara unas semanas después de las últimas elecciones generales, como también fue presentada en la anterior legislatura, si bien no pudo debatirse debido a la disolución anticipada de las Cámaras.
Expone que el destinatario de la proposición es el conjunto de pequeñas y medianas empresas del país y su finalidad es complementar una moción aprobada el 25 de febrero de 1992 por la que se adoptó un conjunto de medidas destinadas también a esas empresas. Sin embargo, entonces no se adoptaron medidas estrictamente destinadas a incorporar a la política fiscal y laboral aspectos concretos que tuvieran una incidencia positiva en el ámbito y la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Este es precisamente el fin de la proposición no de ley.
Señala después que la situación económica del país justificaba entonces, y justifica todavía hoy, la adopción de esas medidas, si bien de los siete puntos que integran la proposición considera que cuatro de ellos han sido ya incorporados en decisiones legislativas y en aplicación de normativas aprobadas por esta Cámara, por lo que se hace precisa la modificación de la misma proposición.
Explica el contenido de los distintos puntos de la proposición con las correcciones que introducen los mismos, afirmando que su contenido va en la misma dirección de lo que hoy recomienda la CEE, por lo que no tendría sentido que esta Cámara no los votase positivamente. De votar afirmativamente la proposición, podrán contribuir a que muy pronto el Gobierno pueda introducir sus mandatos en las leyes que próximamente se discutan en la Cámara. El señor García-Margallo y Marfil defiende las enmiendas del Grupo Popular.
Para fijación de posiciones intervienen los señores Albistur Marín, del Grupo Mixto; Frutos Gras, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de las enmiendas del propio Grupo y de las transaccionales del Grupo Socialista, con las correcciones resultantes del debate, es aprobada por 286 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3016)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política laboral del Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto- ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación (Página 3016)

La señora Urán González defiende la moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Señala que las medidas de política laboral últimamente aprobadas por el Gobierno han debilitado el principio de estabilidad en el empleo, provocando que la incorporación de la mujer no se produzca en condiciones de igualdad efectiva, tal y como postula nuestra Constitución. Son medidas que inciden negativamente en las condiciones laborales de las mujeres, a lo que se une la temporalidad en la contratación, que han establecido una mayor precariedad en la situación laboral de las mujeres. Considerando, además, que las mujeres padecen la tasa de paro más alta, que el paro de larga duración les afecta también en un porcentaje muy superior a los hombres y que las medidas de flexibilidad y precarización se aplican a las categorías profesionales con más baja cualificación, etcétera, a lo que se unen los recortes en las prestaciones sociales y en desempleo, se comprenderá que el panorama

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es ciertamente desolador, agravándose aún más con la entrada en vigor del Decreto que dio motivo a la interpelación.
Por consiguiente, el Grupo de Izquierda Unida propone al Congreso la creación de una ponencia especial que elabore informes y recabe la información necesaria de las Administraciones Públicas para conocer con detalle los efectos que las medidas adoptadas en materia laboral tienen sobre las mujeres y poder actuar desde el Parlamento con la colaboración de todos los Grupos.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen las señoras Sainz García, del Grupo Popular, y Rodríguez Ortega, del Grupo Socialista.
Para fijación de posiciones interviene el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán.
Sometida a votación, se rechaza la moción debatida por 17 votos a favor, 150 en contra y 125 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre criterios de política económica e industrial que aplicará el Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en el sector industrial (Página 3021)

El señor Gámir Casares defende la moción del Grupo Popular.
Comienza remitiéndose al debate de la interpelación en el que el Ministro de Industria aceptó algo que es evidente y es que la crisis industrial española es diferente de la europea y ha sido mucho más profunda desde el año 1982 hasta la fecha, tanto en términos de PIB como en términos de empleo.
Expone diversas consideraciones en torno al crecimiento del producto interior bruto y a la pretendida recuperación de nuestra industria, afirmando que cada día estalla una mina nueva y se recogen con la empresa Suzuki y otras los frutos de la política económica y de la política industrial realizadas en los últimos años de gobierno socialista. Frente a dicha política económica señala que existe otra alternativa, que es la que instan al Gobierno a realizar, a través de las medidas que constan en la propia moción y que no va a repetir en este momento, máxime cuando de algunas de ellas han hablado ya con bastante amplitud en este mismo Pleno y alguna otra ya ha sido adoptada por el Gobierno, como la relativa a la prima por el achatarramiento de automóviles y renovación del parque industrial, de lo cual se felicita.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Albistur Marín, del Grupo Mixto.
Para fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); García Fonseca, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Sáenz Lorenzo, por el Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Popular por 122 votos a favor, 158 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA RAHOLA), POR LA QUE SE INSTA A LA DEVOLUCION DE PATRIMONIOS INCAUTADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL (Número de expediente 122/000023)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Rahola), por la que se insta a la devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil.
Para la defensa de su proposición de ley, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el azar, que a menudo tiende a la ironía, ha hecho que esta proposición de ley se vea precisamente el día 12 de abril, justo dos días antes de la conmemoración de la República. Mis convicciones, mi respeto profundo por todos los que lucharon y, por tanto, también mis sentimientos, me impiden pasar por alto lo que es algo más que una feliz coincidencia, si este término, felicidad, se puede utilizar con referencia a la tragedia republicana.
Este Parlamento, los distintos ejecutivos que han gobernado el país en general, hemos practicado tanto el arte de la amnesia, hemos suscrito con tal alegría el pacto de silencio respecto a la República, a sus valores y a sus defensores, que quisiera que esta proposición de ley, lo que ella significa de restitución histórica, de justicia histórica, fuera un homenaje a los luchadores republicanos, a tantos hombres y mujeres anónimos que lucharon por ganar la razón del presente, pero que no consiguieron finalmente ni tener un lugar en nuestra memoria; una proposición de ley contra la amnesia,

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contra la tergiversación de la historia, contra la voluntad de basar el futuro en el olvido, y no porque el futuro tengamos que basarlo sólo en el recuerdo --ni muchísimo menos en el revanchismo histórico--, sino porque no podemos prescindir de él; sería irresponsable. El olvido alimenta siempre el huevo de la serpiente. Sin embargo, aunque la República no viva en la memoria oficial, aunque haya una voluntad implícita de militar en el olvido y de pervertir la historia, los valores republicanos perviven a pesar de todo. A esos valores y a los que dieron la vida por ellos dedico esta proposición de ley y estas palabras. Sus señorías han oído ya otras veces este debate --la última vez, si no me equivoco, en noviembre de 1988--, fruto de una proposición presentada por el propio Parlamento de Cataluña.
El hecho de que hoy, en abril de 1994, aún tengamos que hacer este debate es de por sí una derrota. Significa que este Parlamento no ha sido capaz, en 17 años de recuperación democrática, de cerrar una herida abierta y profunda de la guerra civil; significa que este Parlamento, pues, y algunos de sus partidos representados han encontrado justificaciones más o menos técnicas --el lenguaje técnico es siempre tan útil para escaparse de las obligaciones políticas--, han encontrado argumentos más o menos hábiles, han verbalizado cuestiones de oportunidad política o económica; en definitiva, han rechazado comprometerse con la primera obligación que tenía la democracia: el rigor en practicar la justicia histórica.
No voy a repetir en 1994 los argumentos de 1986, cuando el debate se produjo en el Parlamento catalán; tampoco los que esgrimió el Partido Nacionalista Vasco cuando planteó el tema por primera vez en esta Cámara, porque los argumentos a favor de la devolución de los patrimonios incautados por el franquismo son tan obvios, tan sólidos, tan incuestionables que es evidente que SS.SS. los conocen perfectamente y probablemente los comparten. Pero quiero recordar -- sinceramente creo que para vergüenza de todos nosotros-- que la proposición de ley que presentamos tiene como primer objetivo derogar una ley de 1939 que está aún vigente. Tiene como primer objetivo esta proposición restituir democráticamente lo que fue impuesto por la ley de las armas.
Ya sé que ello plantea, por supuesto, problemas técnicos y jurídicos, como es evidente, y así lo dijo el Diputado de Esquerra Republicana Miquel Pueyo que en su día defendió la proposición ante esta Cámara por mandato del Parlamento catalán. Es evidente que el texto que presentamos no tiene la pretensión de ser inmejorable. Bien al contrario, si su redacción no es completa es justamente para que en la tramitación de la ley, y por la vía del consenso, podamos resolver adecuadamente las dificultades que la restitución implica. Pero las indiscutibles dificultades técnicas de la devolución no pueden convertirse en una coartada para rehuir nuestras obligaciones políticas, como no pueden convertirse en coartada bajo ningún concepto para mantener una decisión que nació fruto de la victoria militar y de la imposición de la fuerza.
Señorías, no hay terceras vías en una decisión de este tipo: o asumimos la radical significación del artículo primero de la Constitución, que recuerda que este Estado se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, y actuamos con todas sus consecuencias, o legitimamos decisiones nacidas en la dictadura; o derogamos la Ley de 1939 o la mantenemos y, por tanto, le damos una grave cobertura democrática; o devolvemos a los partidos políticos, legítimamente representativos de la soberanía popular, aquello que Franco les expolió con la sola razón de la fuerza, o asumimos el expolio, o mantenemos el expolio, o consolidamos el expolio.
Las dificultades técnicas siempre se superan si hay voluntad política de hacerlo. Desde luego, nunca pueden ser un impedimento para... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Rahola. Señorías, guarden silencio, por favor.
Puede continuar.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Decía que las dificultades técnicas siempre se superan si hay voluntad política de hacerlo. Desde luego, nunca pueden ser un impedimento para actuar con criterios de justicia histórica.
Señorías, recordemos que aún se mantiene el expolio.
Recordemos que si no aceptamos a trámite esta proposición de ley, los partidos que en léxico franquista fueron considerados subversivos, precisamente a causa de su compromiso democrático, verán seriamente lesionados sus legítimos derechos y, lo que es peor, verán cómo se mantiene abierta la herida de la guerra civil. Lo dijo el ilustre ex ministro socialista Miguel Boyer en 1983 en respuesta a una pregunta del Senador de Esquerra Republicana, Víctor Torras. Hay una continuidad, no solamente en las personas físicas que padecieron la injusticia de la guerra, sino que hay, también, una continuidad moral en la vida de las personas que sufrieron las consecuencias de la guerra civil. Señorías, continúa siendo la misma moral la del Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana, Unión Democrática de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Comunista Español, Esquerra Republicana de Cataluña, y todas las instituciones que lucharon en defensa de sus ideales, aunque no quedara --y afortunadamente quedan muchas-- ni una sola de las personas que defendieron los ideales de esos partidos. Es por ello que esta Cámara no puede inhibirse, primero, porque es su obligación velar por el artículo 6.º de la Constitución, precisamente el que define el papel de los

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partidos políticos. Instrumentos fundamentales de participación política de los ciudadanos, dice el texto constitucional refiriéndose a los partidos. ¿Cómo se puede justificar que los sindicatos ya hayan sido restituidos de la incautación franquista y los partidos políticos, esos instrumentos fundamentales del Estado de Derecho, aún estén pendientes de decisión? Obligación de esta Cámara es velar por sus derechos y garantizar con ello la pluralidad política.
Segundo, porque en respuesta al recurso de amparo que, en su día, presentó el Partido Nacionalista Vasco al Tribunal Constitucional, el alto Tribunal fue muy claro: el problema de la compensación sigue pendiente, el problema de la restitución histórica a los partidos que fueron objeto de incautación en la guerra civil sigue pendiente. Se tiene que resolver por una decisión de esta Cámara. Por una decisión de esta Cámara, señorías, dice el auto del Tribunal Constitucional, y esta Cámara, un día u otro, espero que sea hoy mismo, no puede rehuir su responsabilidad. Que sea, porque así ha de ser, el Congreso de los Diputados, expresión legítima de los ciudadanos, quien restablezca lo que, en su momento, hizo un Gobierno ilegítimo. Tercero y fundamental, porque si no se cursa a trámite la proposición, si finalmente no resolvemos este grave agravio histórico, estaremos avalando una decisión ilegítima, tomada sin ningún amparo democrático, por la sola fuerza de la victoria militar. Inhibirse, posponer la decisión alegando permanentes excusas de oportunidad histórica o de complejidad técnica, no cerrar, en definitiva, esta herida abierta, es dar alas a la ilegitimidad, es hacer reír, si me permiten, al señor del bigote en su tumba. La democracia tiene la obligación moral y política, tiene la responsabilidad social de no permitir que las decisiones tomadas por la fuerza de las armas puedan ser un día legitimadas. Repito, no hay terceras vías, o se restituye la injusticia histórica o se avala.
¿Oportunidad política? Señorías, este es el comodín conceptual que mejor sirve como coartada, pero que moralmente no se sustenta. La primera oportunidad política es la restitución histórica. ¿Complejidad técnica? Lo he dicho anteriormente. La proposición presentada por Esquerra Republicana, que es un calco exacto --así fue la voluntad-- de la que en su día aprobó unánimemente el Parlamento Catalán, sólo es un primer paso en la resolución del problema. Es evidente que harán falta estudios precisos, acuerdos ampliamente consensuados, múltiples enmiendas que consigan, en su conjunto, una ley justa y equilibrada. Esta proposición, pues, es sólo el primer paso, pero tiene la voluntad de ser el eslabón mínimo, aunque estrictamente necesario, para que esta Cámara, definitivamente, resuelva la devolución del patrimonio incautado.
Soy un político y no un moralista. Por tanto, no apelaré a la conciencia individual de los Diputados, a lo que significa moralmente votar en contra de esta proposición. Pero me gustaría apelar a la conciencia colectiva de la Cámara. ¿Puede esta Cámara mantener permanentemente esta herida abierta? ¿Puede sostener legalmente una decisión franquista claramente antidemocrática? Señorías, si hoy no aprueban esta proposición lo harán algún día, porque entiendo que el sentido democrático, el sentido, pues, de la justicia histórica tiene que prevalecer por encima de las debilidades del momento, de las excusas, de las falsas justificaciones de inoportunidad. No hay justificación cuando se fundamenta en una base injusta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rahola. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en este trámite me gustaría fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley que ha defendido la señora Rahola.
Vaya por delante mi respeto, como siempre, a cualquier iniciativa parlamentaria que formula un grupo soberanamente representado en esta Cámara, pero, en base al mismo y a la honra de esa memoria a la que S.S. ha hecho referencia, no quiero que entienda nadie que puedo albergar cualquier duda sobre la posición del Grupo Socialista o sobre que la posición del Grupo Socialista puede representar un olvido, puede representar una abstracción o puede representar mancillar el grave recuerdo de aquellos hechos. No es así; muy al contrario, usted verá cómo los argumentos que voy a exponer para oponernos a la toma en consideración de esta proposición de ley van en otro camino. Siempre es curioso cómo cuando se defienden proposiciones sobre las que la Cámara ya ha tenido oportunidad de pronunciarse con anterioridad se suele subjetivizar sobre los argumentos que se van a recibir en un hipotético turno en contra. Verá usted que tampoco voy a usar los que pretendidamente me ha imputado. Son otros muy importantes los que voy a señalar esta tarde, y quiero hacer referencia a valores no tan reduccionistas como los que ha traído a colación a esta tribuna S.S., olvidando también exageraciones históricas que ha utilizado en su discurso.
No me voy a referir sólo a los que hipóteticamente defendieron valores republicanos, sino a quienes, con mucha mayor amplitud de mira, han defendido el cierre de esa herida histórica que hoy no existe y que consagra nuestra Constitución; es decir, a aquellos que tienen en cuenta el inmenso valor de la concordia, el inmenso valor de la paz, de los valores que reconoce

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nuestra Constitución como la igualdad, la consecución de un Estado social y democrático de derecho y la solidaridad.
No es la primera vez que esta Cámara tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los patrimonios incautados durante la guerra civil no sólo a partidos políticos, también a asociaciones que fueron incluidas en el Decreto de 13 de septiembre de 1936 y en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. Esta es la tercera vez que tenemos ocasión de hablar sobre esta materia, y quiero decirle, señoría, que, efectivamente, el fundamento esencial de la línea argumental de mi grupo parlamentario, coherente siempre, unívoco siempre, ha estado especialmente basado en razones de oportunidad, pero no con ese desmerecimiento al que S.S. ha hecho referencia, de oportunidad jurídica, de oportunidad legislativa, de viabilidad práctica, de viabilidad política.
¿Es que los argumentos de oportunidad no son importantes? Sin embargo, hoy voy a ampliarlos, y para indicarles nuestra oposición a la devolución o reintegro de aquellos bienes y derechos confiscados en su día, o alternativamente, como usted solicita, la indemnización sustitutoria para el supuesto de que aquella restitución no fuere posible. No me cabe la menor duda, señora Rahola, de la ilegitimidad de origen de aquel bárbaro acto; lo proclamo en nombre de los socialistas y estoy seguro que de todos los demócratas que hoy, afortunadamente, constituyen la práctica totalidad de la opinión pública española. No me cabe la menor duda de la ilegitimidad de origen de aquellos actos repudiables, que merecen nuestra repulsa. De algún modo, este tipo de iniciativas, como usted ha dicho aquí esta tarde, nos permite mantener viva la memoria histórica de aquella situación, pero el cierre de la misma no tiene nada que ver con la parte de su argumentación política.
Hay razones de oportunidad, unas de pretendida analogía entre el trato distinto que se ha dado a los partidos políticos y a los sindicatos, olvidándose, como ya se dijo por parte de mi Grupo en anteriores ocasiones, que ha existido durante la etapa dictatorial una identificación, de acuerdo que corporativa y antidemocrática, un centro de imputación jurídica patrimonial, que permitió después a los poderes públicos aprobar una ley en 1986 para devolver el patrimonio sindical, tanto en su vertiente histórica como acumulada.
Un segundo problema de oportunidad jurídica, señoría. La identificación del sucesor es muy seria, sencilla en el caso sindical, prácticamente imposible para un gran número de partidos y asociaciones objeto de aquella expoliación. De los veinticinco partidos y agrupaciones sancionados por la Ley de 9 de febrero de 1939, sabe usted, señora Rahola, que no más allá de ocho han mantenido una clara continuidad sucesoria, dando lugar a un seguro semillero de conflictos, si tenemos en cuenta que la incautación alcanzó también a las logias masónicas, a las entidades y agrupaciones de análoga significación a las expresadas en aquel texto legal e incluso a otras organizaciones que no militaban en el campo de la izquierda, que militaban más bien en el campo de la derecha, como la CEDA, el Partido Agrario o la Acción Popular. Incluso podría, fíjese usted, sufrir controversia con alguna de aquellas organizaciones con continuidad histórica probada, declarada, que con posterioridad han sufrido división ulterior y probablemente podrían surgir conflictos a la hora de determinar las respectivas cuotas de sucesión.
El principio de igualdad es un tercer argumento de oportunidad muy importante. Lo que hoy se nos pide, señora Rahola, es una restitución patrimonial en favor de los partidos y organizaciones políticas y sociales. Sin embargo, nadie parece acordarse de la situación de los particulares expropiados y no indemnizados, de los titulares de vehículos, semovientes, cosechas, bienes muebles de todo tipo, que por una elemental aplicación analógica del artículo 14 de la Constitución deberían ser contemplados. Es curioso --ya veo por qué S.S.
hace gestos--, es muy curioso, cómo ustedes, en la exposición de motivos de la proposición de ley que han traído a la consideración de la Cámara aluden a los particulares como hipotéticos destinatarios de esa norma. Sin embargo, en la parte dispositiva del texto no se recoge mandato alguno que haga referencia a los mismos.
Otro argumento de oportunidad. La seguridad jurídica cede gravemente, señora Rahola, al no existir plena constancia de los bienes incautados, debido a la pérdida y destrucción de archivos referidos a los mismos. La identificación de ese patrimonio obligaría a largos procesos de investigación y recuperación de documentos probatorios.
Sabe muy bien que los registros de las asociaciones políticas existentes en el momento de la incautación se regía por ley de 30 de junio de 1887, consistente en la existencia de un registro en cada Gobierno civil, sin que se dispusiera de un registro centralizado, lo cual conduce a la aparición de serias dificultades para determinar la posible sucesión de las asociaciones beneficiarias de los bienes discutidos. A mayor abundamiento, la incidencia sobre situaciones tan alejadas en el tiempo --sabe que han pasado más de cincuenta años-- no hace sino aumentar la inseguridad jurídica, mala compañera siempre del legislador.
El artículo 9.3 de nuestra Constitución sólo permite remover relaciones jurídicas cumplidas y agotadas a través de norma con fuerza de ley, lo que indica, señoría, su relativa excepcionalidad; sólo relativa porque evidentemente podría, y puede, al amparo de la Constitución y de la interpretación del Tribunal Constitucional, utilizarse ese mecanismo. Con todo, abandono este mecanismo.


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Señorías, por importantes que fuesen estos argumentos que he esgrimido, creo que hoy debemos dar mucho mayor valor al haz de razones profundas de contenido político que voy a abordar brevísimamente.
De acuerdo con el artículo 6.º --usted lo ha citado-- de nuestra Norma Suprema, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, son instrumento fundamental para la participación política. Nótese, señoras y señores Diputados, que los principios descritos están transidos de «ius» publicismo. Es decir, la funcionalidad de los partidos políticos sólo es mensurable en proporción directa a su interés social.
Aquellos aspectos que tienen que ver con relaciones jurídicas de carácter patrimonial, con respecto a los partidos políticos, son de contenido menor, aun cuando éstos necesiten de medios materiales para cumplir su función. Respecto a esos medios materiales, en nuestra opinión, existe, por disposición legal, un marco suficiente que les permite desarrollar su alta misión. Es por ello, señora Rahola, que resulta rechazable la consideración --ya dije antes que reduccionista-- de una pretendida reparación histórica que se derivaría de la devolución del patrimonio incautado en su día, de una amnesia sobre no sé qué situación que se reabriría de nuevo si no se tomara en consideración esta proposición de ley, de una herida abierta que aún continuaría causando estragos de no adoptar nosotros esta medida legislativa. Esto no tiene nada que ver, señoría, con lo que hoy ocurre en la sociedad civil española.
A lo más, éste sería un elemento, y no el más importante, de la verdadera reparación. ¿Cuál fue ésta? ¿Cuál fue la verdadera reparación de éste y otros atentados que sufrieron los demócratas españoles? Ni más ni menos que la recuperación de las libertades, el establecimiento de un Estado social y democrático de Derecho que concede ese importantísimo papel ya descrito a los partidos políticos.
Es cierto --yo creo que lo es-- aquello que dejó escrito un gran constitucionalista. Maurice Duverger, de que se considera generalmente al sistema de partidos existente en un país como el resultado de la estructura de su opinión pública. A aquella opinión pública nos debemos y dudo mucho que apoyara el texto que ustedes defienden, bien al contrario. Hoy se nos solicita austeridad y transparencia en la utilización de los medios de que disponemos para desarrollar nuestra alta función. Una parte importante del impulso democrático que ofreció el Partido Socialista a los ciudadanos, y que fue respaldado mayoritariamente en las urnas, se basaba en esta consideración: mayor cercanía a los ciudadanos y ejercicio de austeridad compatible con un momento de crisis económica.
Ya lo sé, ya sé bien, señora Rahola, que de lo que aquí hablamos tiene que ver con derechos patrimoniales históricos, pero no es menos cierto... (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Caldera. (Pausa.) Continúe.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Decía que no es menos cierto que esa llamada reparación para ser viable, por las razones antes dadas, supondría una onerosísima carga para las arcas del Estado, impropia de un momento como éste.
El señor Paniagua, Diputado socialista, interviniente en el debate anterior, dejó dicho que la voluntad política no puede ser el motor exclusivo de todos los derechos. Ello es así, señorías. Existen limitaciones o desventajas que alguien debe y puede tolerar en un caso concreto en interés de otro o de la generalidad y éste, en nuestra opinión, es uno de esos casos.
Cuando los derechos no son fundamentales, cuando no acompañan inherentemente a la persona física o jurídica pueden renunciarse, y nosotros queremos hacerlo, no desde una posición de accionistas minoritarios sino, como todos ustedes saben, desde otra mayoritaria.
El Partido Socialista es la organización política que obtendría mayor restitución de bienes y derechos de aprobarse esta proposición de ley. Aun cuando aquella --una vez más repito-- execrable acción pudiera considerarse como una especie de expropiación y para ser operativa haya de mediar indemnización, de ella queremos olvidarnos. El sacrificio de derechos, señorías, puede por esta vía convertirse en un servicio a la colectividad y de esa creencia participamos. Es posible que esta situación, además, se vea afectada por la norma sobre prescripción, que, como saben, es a partir de los seis años para los bienes muebles y de los 30 para los inmuebles. Es verdad que lo que prescribe, de acuerdo con nuestra mejor doctrina y jurisprudencia, no es el derecho sino la acción para su ejercicio, es decir, los plazos cuentan desde que la acción reivindicativa hubiera debido ejecutarse, desde que alguien tomó la cosa a título de dueño o vulnerando los derechos del dueño, pero aun así es discutible su vigencia.
Señora Rahola, señoras y señores Diputados, sólo resta ese motor antes aludido de la voluntad política, mediante ley, para remover situaciones agotadas que no deseamos utilizar y, sin que nos quepa la menor duda de la legitimidad a la restitución de los bienes y derechos en cuestión, ocurre que pensamos cumplir mejor la función que nos asigna la Constitución renunciando a los mismos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caldera. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rahola. La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, para ir por partes diré, primero, que no deja de ser curioso que

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mi momentánea militancia en el recuerdo, mi pequeño homenaje a los valores republicanos y a los que lucharon por defenderlos haya crispado tanto a su señoría. Estoy absolutamente segura de que usted no quería, de ninguna manera, menospreciar esos valores, pero desde luego también me resulta incomprensible que un recuerdo momentáneo de la República pueda elevar tanto el tono de su señoría.
Me ratifico en un homenaje a los valores republicanos y a los que lucharon por ellos.
Segundo. Mire, señoría, utilizar argumentos de concordia o de paz social para pronunciarse en contra de una proposición, que precisamente quiere enseñar esa concordia, me parece, como mínimo, sarcástico. La concordia, en la que no dudo que todos militamos, se consigue con la restitución histórica, señoría.
Y desde luego, me resulta incomprensible que algún argumento vinculado a la concordia o a la paz social pueda esgrimirse como excusa para no restituir aquello que es de justicia histórica. Tercero. Usted ha dicho, señoría, que hay deficiencias en la Ley. Estoy absolutamente de acuerdo, pues resolvámoslas. Tengan ustedes la valentía de tapar los agujeros que presenta la ley, una ley que, repito, Esquerra Republicana no ha querido modificar, porque quiso traer la que unánimemente aprobó el Parlamento de Cataluña. ¿Que es mejorable? Evidentemente. ¿Que tiene lagunas? Por supuesto. Pero no creo que las lagunas que presenta la proposición sean precisamente excusa para no aprobarla. Estamos pidiendo que se tramite. Tiempo tendremos de debatirla, de presentar enmiendas, de crear, si hace falta, una Ponencia para trabajar en ella. ¿Es difícil la solución? ¿Es compleja? ¿Va a ser complicado restituir históricamente lo que el franquismo expolió de los partidos políticos? Sí, por supuesto. ¿Tenemos la solución? No, tenemos que estudiarla. Y en el largo trámite hasta el proyecto de ley creo, sinceramente, que tenemos tiempo de debatirlo. Pero que no me utilicen la excusa de las lagunas de la proposición para votar en contra de ella. Me ha dicho S.S. que la herida histórica cicatrizó con la recuperación de la democracia. Sí, señoría; estoy absolutamente de acuerdo. El gran aval, ciertamente a favor de la memoria, es la recuperación democrática por la que todos luchamos. Pero hay flecos, señoría, como ya se notó en la rápida restitución sindical. Y esos flecos tienen que ver con el hecho de que esta Cámara tiene vigente una Ley de 1939, lo cual, es profundamente injusto y desde luego me parece que no es defendible. Hablan ustedes de impulso democrático y, en cambio, consideran vigente esta Ley de 1939. Entiendo, señoría, que el impulso democrático pasa por la coherencia en todas sus consecuencias. Y, desde luego, legitimar, por la vía de votar en contra, por la vía de abstenerse, por la vía de inhibirse, una decisión que fue tomada por de-recho de las armas me parece que es democráticamente muy difícil de defender.
Para terminar le diré que sus justificaciones, muy bien elaboradas, me han parecido aquello que en Cataluña llamamos excusas de mal pagador. Si no iniciamos los trámites para derogar una Ley de 1939 la estamos legitimando. Por tanto, señorías, pongámonos a trabajar para resolver este tema que es una asignatura pendiente desde la transición política y, por supuesto, desde que fue publicada la Ley, como recuerdo, por la fuerza de las armas.
Esta es nuestra responsabilidad política, esto es impulso democrático. Que nunca una ley emitida ilegítimamente por un gobierno ilegítimo, y por la fuerza de las armas, nunca, repito, pueda ser legitimada por una Cámara democrática. Eso, señoría, es responsabilidad política. Quedan estos flecos, quedan estas asignaturas pendientes, pongámonos a resolverlos.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Caldera, tiene la palabra.


El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a ser casi telegráfico, porque la señora Rahola tiene la virtud (voy a adornar su intervención) de entender no sé qué crispaciones cuando uno defiende con vehemencia sus argumentos. Yo no estoy crispado, señoría. Entre otras cosas, he tenido que elevar el tono de la voz porque la resonancia era escasa y a usted misma la veía haciendo gestos para intentar seguir mi intervención; pero desde luego no ha habido en absoluto crispación alguna.
No hay excusas. Yo he hecho un discurso (creo que usted lo verá cuando lea el «Diario de Sesiones») profundamente meditado, basado en dos vectores fundamentales: uno, de razones de oportunidad jurídica, que ya de por sí impedirían el hacer justicia en el día de hoy con esta restitución, y otros, los más importantes, los más serios, a los que usted no ha hecho referencia en su réplica, de oportunidad política. ¿De dónde puede usted sacar, señora Rahola, la conclusión ante esta Cámara de que la ley de 1939 está vigente? Eso es una barbaridad jurídica; eso es un retruécano jurídico incomprensible. ¿Cómo puede usted decir de una ley por la que se incautan, por la que se apropian bienes legítimamente poseídos por sus propietarios, que después de la Constitución española de 1978 está vigente? No puede ser. No es posible que usted utilice ese argumento, ni que impute a esta Cámara el que simplemente la no toma en consideración de su proposición de ley signifique el mantenimiento de una norma, de un texto repudiable, ilegítimo en su origen, como he dicho, pero caduco por una serie de razones que he explicado en clave jurídica a través del instituto de la prescripción, y en clave política a través de la renuncia de los derechos

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que nosotros no queremos utilizar como Grupo político, y que desde luego eso nos permite no tener que usar excusas, no tener que hablar de lagunas, sino defender firmemente nuestro punto de vista.
Por último, señoría, ya sé que esta proposición de ley tiene dificultades; es decir, tiene defectos. Yo no he hecho referencia ni a uno solo de ellos. Yo entiendo que es muy pobre técnicamente, pero no me he referido a ello en mi primera intervención. Si lo hubiere hecho, señora Rahola, probablemente usted tendría que haber atendido a mi petición de retirada de ese texto para elaboración de uno siquiera mínimamente utilizable desde el punto de vista jurídico. El título de la misma se plaga ya de incorrecciones. Se insta la devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil, y sin embargo, es una ley lo que debiéramos aprobar para que se pudiera establecer dicha devolución. Hay una grave incongruencia, que yo le he puesto de manifiesto, entre lo que dice la exposición de motivos y la parte dispositiva al referirse en dicha exposición de motivos a particulares y en la parte dispositiva ni citarles, y usted tampoco ha hecho referencia a ello en su turno de intervención. No se precisa en el artículo 1.º quién ha de efectuar la declaración de retorno. En las indemnizaciones por cargas reales no se prevén los supuestos en que las mismas, pese a reducir el valor de los bienes, pueden no ser indemnizables por expreso mandato legal. Problemas jurídicos de tal calado que si esto no fuera un Parlamento, señoría, y no debiera usted atender a la segunda parte de mi intervención, que es la importante, y esto fuera una clase de jurisprudencia, deberíamos haber abandonado el intento de conseguir la toma en consideración de esta proposición de ley por sus muy graves defectos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco sobre la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña, en relación a la devolución de patrimonios incautados con ocasión de la guerra civil. La posición del Grupo Vasco es la de votar afirmativamente la toma en consideración de la indicada proposición de ley, en clara coherencia con la posición que ha venido manteniendo nuestro Grupo. En esta misma línea, el Grupo Vasco presentó en 1986 y en 1990 proposiciones de ley análogas a la presente, que no fueron tomadas en consideración por la oposición del Grupo Socialista, al igual que ocurrió también con una proposición presentada por el Parlamento de Cataluña.
A nuestro Grupo le ha llamado la atención la intervención del señor Caldera, puesto que creemos recordar que la última vez que se debatió el tema en esta Cámara el Grupo Socialista no mantuvo una posición beligerante o de ir en contra de la proposición de ley, sino que votó, al final, en contra pero no intervino en un turno de oposición. Nos han llamado la atención poderosamente los argumentos que ha expuesto, argumentos bien revestidos, pero que si hincamos el diente un poco, si nos damos cuenta y profundizamos en lo bien revestido de lo que usted argumentaba, carecen de solidez, carecen de fondo político, puesto que lo que ha hecho es únicamente alegar una serie de instrumentos jurídicos y éstos valen en la medida en que exista voluntad política, y si esa voluntad política existiera, cabría, porque hay instrumentos también para buscar soluciones a la injusticia que en su día se cometió.
Usted ha dicho que el Partido Socialista quizá sería el partido más beneficiado. Yo le tengo que recordar al portavoz socialista que esta Cámara aprobó la Ley de devolución del patrimonio sindical y, a través de ese instrumento normativo, la Unión General de Trabajadores recibió muchos millones. Yo no quiero sacar ninguna conclusión al respecto, pero, ¿adónde fueron esos millones? Dejo a la interpretación de SS.SS., y creo que es de lógica y de buena argumentación, que el Partido Socialista, al aprobar con tanto énfasis y con tanto entusiasmo ese proyecto de ley, algo tendría que ver a la hora de la repartición de dichos fondos, puesto que, en definitiva, ustedes tenían otro problema, y era que tanto la Unión General de Trabajadores como el Partido Socialista Obrero Español estaban ubicados, en los tiempos de la República, en unas infraestructuras que eran las casas de los pueblos. Las casas de los pueblos, evidentemente, no estaban sujetas a una titularidad dominical justificada o acreditada, y ello les originaba también un problema de técnica legislativa a la hora de la devolución del patrimonio, pero se hizo porque había voluntad política.
Señorías, esta iniciativa legislativa pretende reparar una injusticia histórica, como fue la incautación del patrimonio de los partidos y agrupaciones políticas por parte del anterior régimen autoritario, el patrimonio de los grupos políticos y sindicatos que se mantuvieron en defensa de la legalidad republicana y fue incautado por el Decreto de 13 de septiembre de 1936 y por la Ley de 9 de febrero de 1939. Así, tras la restauración de la democracia y de las instituciones públicas, se han venido adoptando una serie de medidas jurídicas con el fin de corregir las situaciones de injusticia que se produjeron por la dictadura, como la Ley de amnistía y el reconocimiento de asistencia sanitaria y pensiones a mutilados y militares que participaron en defensa del legítimo Gobierno republicano. Pero sobre todo ello destaca

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la Ley 4/1986, de 8 de enero, sobre cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado.
La incautación por el régimen franquista del patrimonio de los partidos políticos es una cuestión que, al día de hoy, necesita de una solución justa y necesita de una solución mediante un instrumento legal como el que hoy debatimos, que, en definitiva, repare la injusticia histórica cometida.
Resulta difícilmente presentable el que en una situación de democracia se puedan argumentar excusas para no satisfacer una situación de palmaria injusticia. El Grupo Vasco ve atónito, ve sorprendido cómo, dieciséis años después de las primeras elecciones democráticas, sigue sin resolverse una cuestión como la que hoy debatimos. En su día fueron los poderes centrales del Estado los que cometieron tales despropósitos, y tienen que ser los actuales poderes centrales del Estado democrático los que reparen el daño causado. Así ha ocurrido con los sindicatos, cuyos bienes fueron incautados también por la Ley de 9 de febrero de 1939 y para cuya reparación se aprobó la Ley 4/1986, de 8 de enero.
No obstante, hay que indicar que, en relación al patrimonio de los sindicatos y de los partidos políticos, como el señor Caldera también ha expuesto inicialmente, existen grandes analogías, pero también matices diferentes. La Ley 4/1986 perseguía dos objetivos; primero, ceder gratuitamente a las organizaciones sindicales el patrimonio inmobiliario que el régimen anterior había ido creando y acumulando a través de la extinta organización sindical, y que, al dejar de existir dicha organización sindical, era lógico que los poderes centrales del Estado los cedieran a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales democráticas, ya que existía el derecho constitucional de libertad sindical y de libertad de asociación que no podían ser controlados ni tutelados por el Estado.
Pero la Ley 4/1986, además de este primer objetivo persigue otro, que es el reintegro a las organizaciones sindicales de los bienes y derechos que les fueron incautados por la Ley de 9 de febrero de 1939. Y es aquí donde se produce la identidad respecto a las situaciones de incautación patrimonial realizadas sobre los partidos políticos y que usted, hábilmente, ha tratado de esquivar en su hilo argumental. Es por ello, señor Caldera, que si la Ley 4/1986, además de la cesión gratuita del patrimonio sindical acumulado por los poderes centrales del Estado, pretende reintegrar en el pleno dominio de los bienes y derechos incautados a las organizaciones sindicales, procede que en el ámbito de los partidos políticos se regule esta segunda finalidad.
En definitiva, desde el Grupo Vasco entendemos que ha de existir una voluntad política para restituir los bienes y derechos incautados a las respectivas organizaciones políticas titulares de los mismos. No podemos escudarnos en que haya dificultades técnico-jurídicas, que las habrá, es cierto, y a las que se dará una solución, porque la obligación de un responsable, de un político, es reparar el daño que se ha ocasionado en el ejercicio de una actividad política, como en estos casos en los que se produjo una incautación por razones políticas.
Muchas veces, las dificultades técnicas y de forma existen cuando se quiere que existan, para no resolver el problema de fondo. Y estas dificultades dejan de existir o no existen cuando hay una voluntad política para solucionar ese problema, que es lo que se precisa en el asunto que debatimos.
Evidentemente, hay organizaciones políticas que sufrieron incautación patrimonial y que en la actualidad no existen; y otras organizaciones, a su vez, que hoy en día todavía tienen vigor y subsisten. En el caso de las organizaciones sindicales ocurría exactamente lo mismo; pero como existía voluntad de reparar el daño causado, ¿qué es lo que se hizo en la Ley 4/1986? Muy sencillo, señorías. La disposición adicional cuarta admite el segundo objetivo, que es la devolución a las organizaciones sindicales de aquellos patrimonios que fueron objeto de incautación, objeto legal muy diferente al de la cesión del patrimonio sindical acumulado. Por tanto, esta Cámara, respecto a los sindicatos, fijó un criterio, un elemento determinante a la hora de la devolución de los patrimonios incautados, que es perfectamente trasladable y equiparable a los partidos políticos. Y respecto de la Ley 4/1986, yo le sugeriría, si usted tiene a bien aceptarlo, señor Caldera, que en una iniciativa que presenten recojan este mismo criterio, porque a través de él tienen cabida los supuestos de reintegración patrimonial a los partidos políticos que son dignos sucesores de aquellos a los cuales les fueron incautados sus bienes; y ese criterio es el de acreditar la condición de ser legítimo sucesor, porque la ley en ningún momento especifica los medios de acreditación para justificar a una organización sindical que es la legítima sucesora.
Pero es que, señor Presidente, en el momento político que actualmente vivimos disponemos de un elemento argumental muy novedoso, y es el de que, con ocasión de la suspensión de pagos de la Promotora de Viviendas de la Unión General de Trabajadores, el Gobierno, a través del Instituto de Crédito Oficial, ha otorgado a dicha entidad un préstamo de 9.200 millones, disponiendo en garantía la Unión General de Trabajadores no del patrimonio cedido por el Estado, porque de ninguna manera puede la Unión General de Trabajadores dar como aval, como garantía o como hipoteca ese patrimonio, puesto que es una cesión a título de precarista, a título de mero usuario; en definitiva, lo que la UGT da al Instituto de Crédito Oficial en garantía son aquellos activos realizables y el patrimonio histórico de la UGT incautado con ocasión de la guerra civil y todavía pendiente de devolución. Luego existe un acto expreso del Gobierno de reconocimiento de bienes incautados a una

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organización, que es la Unión General de Trabajadores. Y entre dichos bienes y activos realizables se encuentran los terrenos que la Unión General de Trabajadorestenía en el período republicano a nombre de la Fundación Sindical Socialista Cesáreo del Cerro, y evidentemente tampoco estaban dichos inmuebles a nombrede la Unión General de Trabajadores, pero el Gobierno se los reconoce; el Gobierno, utilizando el criterio de acreditar la condición de legítimo sucesor, reconoce a la Unión General de Trabajadores esa condición de legítimo sucesor, y da en garantía un crédito de 9.200 millones. Ese mismo criterio, ese mismo tratamiento queremos para los partidos políticos que todavía subsisten y somos sucesores de aquéllos a los cuales fueron incautados los bienes durante la guerra civil.
Pues bien, este criterio de actuación, de reconocimiento de deuda que ha realizado el Gobierno a la UGT, basado en la disposición adicional cuarta de la Ley 4/1986, es, repito, igualmente válido para los partidos políticos. Lo único que hace falta es que exista voluntad de hacerlo y que ello se plasme en un texto legal aprobado por esta Cámara, para lo cual disponemos ahora de una nueva oportunidad. Señorías, así ha ocurrido, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde el Parlamento vasco, en 1984, aprobó una ley de reversión de bienes y derechos incautados. ¿Qué bienes y derechos podía revertir la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es un poder político nuevo, si no son aquellos bienes incautados por el Estado y que fueron transferidos a la Comunidad Autónoma en virtud de un decreto de transferencias emanado del Gobierno central?

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gazagaetxebarría, vaya terminando, por favor.


El señor GAZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy finalizando, señor Presidente.
Fue un acto del Estado en virtud del cual se transfieren a diversas comunidades autónomas bienes afectos a determinados fines, bien laborales o bien culturales, que después, en el caso de la Comunidad del País Vasco, fueron devueltos a sus respectivos titulares. Así lo votaron el Partido Socialista, Alianza Popular, Euskadiko Esquerra y el Partido Nacionalista Vasco, y se aprobó dicha ley por unanimidad en el Parlamento Vasco, que es lo que en este momento necesita la Cámara, una medida legislativa de esta naturaleza.
Lo que esa Ley pretendía era reintegrar a personas físicas, jurídicas, sindicatos y partidos políticos bienes que el Gobierno central, repito, había transferido a la Comunidad Autónoma. Y es además el mismo Gobierno central, en el Real Decreto 3069/1980, de 26 de septiembre, el que va detallando en su anexo todos aquellos bienes que fueron incautados, y se reconoce expresamente quiénes son los ocupantes de tales bienes, bien sea la Unión General de Trabajadores, bien sea el Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, yo no lo estoy diciendo, lo que está diciendo el Real Decreto 3069/1980, de 26 de septiembre, que en su anexo recoge los bienes incautados que en esos momentos, el año 1980, estaban en posesión de organizaciones sindicales o partidos políticos. Luego existe un reconocimiento implícito por parte del Gobierno. Termino, señor Presidente, señalando que el tema debatido requiere sensibilidad, voluntad política para reparar los daños ocasionados por las incautaciones injustas realizadas por el régimen anterior a diversas organizaciones políticas por el simple hecho --así nos fue incautado el patrimonio-- de defender la libertad, la democracia y el nacionalismo. Por todo lo cual, repito, vamos a votar favorablemente la presente proposición de ley que ahora debatimos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Casas.


El señor CASAS I BEDOS: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero anunciar, de entrada, el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a esta proposición de ley, como no podía ser de otra manera, porque siempre que se ha hecho este debate en la Cámara a lo largo de anteriores legislaturas hemos votado favorablemente. Fue exactamente el 8 de octubre de 1991, cuando se suscitó por última vez en la Cámara este debate a instancias del Partido Nacionalistas Vasco, que mi compañero de Grupo, el entonces Diputado Llibert Cuatrecasas, afirmaba --y es el matiz que me gustaría recordar de aquella intervención en el debate que está teniendo lugar esta tarde-- que no se trata tanto de temas de titularidad patrimonial o de aspectos cuantificables en dinero, sino de reconocer aquello que fueron corrientes de opinión, de pensamiento, de actuación política de ciudadanos que en un momento dado se congregaron alrededor de determinadas siglas. Muchos han continuado, como es el caso de mi propio Partido, Unió Democrática de Catalunya --decía el señor Cuatrecasas--. La ciudadanía, en su conjunto, merece que se haga esta restitución que pretende la proposición de ley.
Yo creo que aquí está la base y el fundamento principal de nuestro Grupo Parlamentario para votar favorablemente. No se trata de poner pegas a la proposición de ley aduciendo imposibilidad de concretar el patrimonio o que esto costaría mucho dinero. Creo que éste no es el tema. El tema fundametal es restituir el daño moral que se ocasionó a muchas personas que, en un momento determinado y por la defensa de sus ideales, vieron coartados sus más elementales derechos políticos y fundamentales.


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El señor Caldera (y no quería acabar mi intervención sin hacer referencia a ciertas cosas que ha dicho) me ha sorprendido en alguna de sus afirmaciones. Usted, señor Caldera, es un buen jurista, en ocasiones lo ha demostrado en debates en esta Cámara, y sabemos todos de su profundo conocimiento del Derecho. Hablaba usted de dos vectores argumentales en su intervención: uno de oportunidad jurídica y otro de oportunidad política. Cuando hablaba de oportunidad jurídica hacía referencia a la prescripción. Esto sí me parece una auténtica barbaridad jurídica y no lo que ha dicho la señora Rahola. ¿Cómo se puede hablar de prescripción cuando se ha perjudicado a los derechos fundamentales y a corrientes de pensamiento de muchas personas antes, durante y después de la guerra civil? La reparación de este daño moral nunca puede prescribir, jamás prescribirá. Es más, es bueno que no prescriba y que perviva en la mente de todos los españoles, que conozcan la historia. Concretar jurídicamente hasta dónde puede llegar la cuantificación de este patrimonio es cuestión de voluntad política y de positivizarlo en el derecho. En cuanto a la oportunidad política, decía el señor Caldera que la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 ha prescrito.
¡Faltaría más! ¡Claro que ha prescrito! Lo que pasa es que algunos de sus efectos están aún en vigor, y esto es indudable. Hay asociaciones políticas de entonces y partidos políticos de hoy que han visto cómo se les aplicó una ley y se les expolió de un patrimonio que, en justicia, les pertenece.
Por tanto, efectos de aquella Ley de responsabilidades políticas siguen perfectamente en vigor. Se trata de eliminar las causas y los recuerdos que haya podido provocar aquella desgraciada Ley dando trámite a esta proposición de ley y, en todo caso, siendo muy rigurosos al concretar hasta dónde puede llegar este patrimonio y cuantificación económicamente (que creo que estamos hablando del chocolate del loro, si me permite), y acabaríamos de una vez con un triste episodio que sigue presente todavía en la mente de muchas personas físicas porque vivieron aquellos tiempos y siguen participando en estas fuerzas políticas, y por supuesto en la memoria histórica de muchos partidos políticos que nos vimos afectados por esta impresentable Ley de 1939.
Gracias, señor Presidente. Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ribó.


El señor RIBO MASSO: Señor Presidente, señorías, vaya por delante nuestro apoyo al texto que ha presentado la señora Rahola, de Esquerra Republicana, aunque sólo fuese por razones de cumplimiento de lo que está pendiente de la transición democrática. Como argumentaba el Diputado Martínez Blasco, en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, en el anterior debate, que a estas alturas todavía estemos discutiendo este problema indica que algo no ha funcionado bien en la transición política. Hay muchos precedentes de lo que usted propone, señora Rahola, en diversas cámaras autonómicas, y también en esta misma Cámara. Usted ha presentado básicamente el mismo texto que fue, en su día, votado en el Parlamento de Cataluña.
Nuestro apoyo, por tanto, estaría ya más que justificado por este hecho, aunque yo le agradecería que hubiese citado, en la lista de partidos históricos, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, que puede situarse al mismo nivel de los que usted ha mencionado. Sólo falta voluntad política y yo no salgo de mi asombro al ver que una parte de los escaños autoproclamados de izquierda de esta Cámara haya utilizado los argumentos que ha utilizado para oponerse a esta voluntad política. Razones jurídicas ya han salido algunas, incluso con un cierto resabio de baño jurídico al ponente del Grupo Socialista, y voy a entrar un poco en ellas, pero voy a entrar en reazones políticas porque, señor Caldera, no estamos en una clase de derecho, estamos en un Parlamento. Vamos a votar a favor de esta proposición por razones de coherencia; la coherencia que pediríamos a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y utilizo el argumento de la coherencia porque creo que es coherente citar que en el año 1985 fue aprobado por todos los grupos del abanico parlamentario de Cataluña un texto similar (entre los que está el Grupo Socialista), porque es coherente citar que en el año 1986 el Grupo Socialista se abstuvo en una votación similar porque celebraba, a bombo y platillo, que se había inaugurado ya una vía de convenios y nos invitaba a todos a seguir aquella vía de convenios para conseguir lo que persigue la proposición de ley, y porque es coherente con un texto, que no me resisto a dejar de leer, del entonces Ministro de Economía del Gobierno socialista que dice así: Tenemos que aceptar --dice el Ministro de Economía socialista-- este hecho moral y político del derecho a la recuperación del patrimonio; del derecho a la reparación de daños tangibles, económicos y morales que se hicieron a los demócratas españoles anteriores a la guerra, del exilio, y muchos de ellos naturalmente identificados con la Segunda República.
Continúa el señor Ministro socialista, señor Caldera: Creo que este derecho debe ser reivindicado, debe ser sostenido. Es un principio del Partido Socialista, y desde luego del Gobierno, el de reparar en toda la medida, y lo antes posible, los daños que se produjeron. Existe un problema de adecuación en el tiempo, que no quiere decir de aplazamiento indefinido. Tengo la impresión de que ha sido la táctica de los gobiernos desde el restablecimiento de la democracia española este ir aplazando la cuestión. Hace falta el establecimiento

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de un proceso paulatino para la devolución diversamente fácil o diversamente difícil, de estos bienes incautados o de las indemnizaciones pertinentes. Señor Boyer en el Senado el año 83: Hace falta un proceso paulatino. Hace once años lo decía.
Quizás, lo paulatino hace incoherente el haberlo negado de una forma tan ardorosa, y tan falsamente política, progresista o de izquierdas, por parte del Ponente que se ha opuesto a esta proposición de ley.
Nosotros creemos que el principio es elemental; un principio de reparación. La base operativa debe ser un texto legal, una proposición de ley. Su adecuación puede estar en la discusión del articulado; su posterior aplicación está en muchas soluciones reglamentarias, muchas adaptaciones temporales y territoriales. Lo que es inadmisible es que se argumente el impulso democrático, que se argumente transparencia del dinero público para oponerse a una ley como ésta.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Ribó, el turno es de fijación de posiciones con respecto al texto de la proposición de ley presentada y no para entrar en debate con otros grupos que han fijado su posición o han defendido sus propuestas.


El señor RIBO MASSO: Muchas gracias, señor Presidente.
Continuando en la argumentación de por qué votamos a favor de la proposición de ley diríamos que a nuestro entender es, sobre todo, por una actitud progresista que van a mantener esta tarde los grupos parlamentarios más cercanos al progresismo en esta Cámara, con una sorprendente excepción, a no ser que el Gobierno, de aquella forma paulatina, hubiese abierto las vías que en su día se habían anunciado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Ribó.
Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, hace un momento el portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya aludía a la coherencia. Esa coherencia, señor Ribó, es la que, por ejemplo, lleva a mi Grupo, ante una iniciativa que es, «mutatis mutandis», prácticamente igual a la presentada por el Grupo Vasco en el año 1991, a votar de la misma forma que lo hicimos en relación con aquella iniciativa en aquella sesión parlamentaria, el 8 de octubre de 1991, y, por tanto, a abstenernos, venciendo, en consecuencia, la tentación política, que no dejaría de ser legítima (y, en todo caso, habría que ver qué es lo que habría hecho en circunstancias análogas el Grupo Parlamentario Socialista), de dejar al Gobierno en minoría en una cuestión de tanto calado político como ésta. Señor Caldera, la coherencia y el sentido de la responsabilidad se demuestran con actitudes como ésta.
Pero quiero decir también que nuestra abstención, que no inhibición, señora Rahola --abstención es neutralidad-- es ante esta iniciativa parlamentaria concreta. Lo cual no prejuzga que si, atendiendo al mismo fondo que aquí se trata, es decir, la restitución de un patrimonio incautado con ocasión de la guerra civil española, primero con el Decreto de 1936, después con la Ley de Responsabilidades Políticas de la Jefatura del Estado de 1939, se pretendiera bajo otra fórmula parlamentaria el mismo fin, nosotros atenderíamos esa iniciativa y, en virtud de su contenido, fijaríamos nuestra posición. Pero, como he dicho ahora, la coherencia nos obliga a actuar de la misma manera que lo hicimos en el año 1991.
Porque es cierto que en esta iniciativa se establece, en principio una analogía que viene a decir: si con la ley de cesión de uso del patrimonio sindical acumulado a los sindicatos, Ley 4/86, de 8 de enero, se les cede en uso ese patrimonio sindical, ¿por qué, en base a esa Ley y a los Decretos de 1936 y 1939 respectivamente, que afectaban tanto a sindicatos como a partidos políticos, por qué, atendiendo además a que el rol político que la Constitución establece para los partidos cuando menos es más amplio para los partidos que para los sindicatos que fueron beneficiados por esa Ley 4/86, no se hace lo propio ahora con los partidos y asociaciones políticas que fueron también afectados por aquella ley de responsabilidades políticas de 1939? Hasta aquí la analogía parece bastante consistente, pero fundamentalmente hasta aquí llegan las analogías; a partir de aquí empiezan algunas discrepancias. Una de ellas, a nuestro juicio importante, es que no es una buena referencia, en cuanto a los efectos obtenidos, la Ley 4/86. Entendemos que el Gobierno utilizó con discrecionalidad, cuando no con arbitrariedad, esa Ley 4/86.
Podríamos citar muchos ejemplos, pero seguramente iríamos a un debate que abre heridas y nuestro Grupo Parlamentario no tiene ninguna intención de reabrirlar en estos momentos. Porque parece que, en contra de la motivación de la iniciativa que ha presentado la señora Rahola, más bien en la línea de restañar presuntas heridas todavía abiertas, a pesar de la Constitución y a pesar de lo que hemos avanzado en el régimen democrático, en la convivencia y en la tolerancia entre todos los españoles, podríamos reabrir esas heridas, lo que no es intención de mi Grupo. Basta citar, por ejemplo, que algún sindicato archihistórico como la CNT no ha recibido prácticamente nada del patrimonio sindical, y sindicatos que no existían en los años 1936 y 1939 han recibido enorme cantidad de patrimonio.
Por tanto, no es un buen referente legal, por lo menos para mi Grupo Parlamentario, la Ley 4/86 para fundamentar una

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iniciativa, en todo caso, tan respetable y tan digna como la que hoy estamos debatiendo en esta Cámara.
Que quede claro en el preámbulo de mi exposición que nuestra abstención es de neutralidad, porque hay argumentos a favor y argumentos técnicamente en contra de vehicular, por medio de esta iniciativa, una cuestión tan trascendente como la que hoy nos ocupa, pero que eso, insisto, no prejuzga que pudiéramos plantearnos una posición diferente si se intenta, desde un puntode vista de técnica parlamentaria, vehicular esa iniciativa por otros procedimientos, lo que está en su derecho de estudiar si procede o no procede la ilustre representante del Grupo Mixto, la señora Rahola, que hoy ha defendido brillantemente esta iniciativa.
Decía que acaban ahí las analogías desde nuestro punto de vista, como recordaba en el debate del 8 de octubre de 1991, desde esta tribuna, el Diputado que intervino brillantemente en defensa de la posición del Grupo Parlamentario Popular, mi compañero Manuel Milián Mestre. Hago gracia de repetir los argumentos que él expuso y defendió entonces, insisto, con tanta brillantez porque constan en el «Diario de Sesiones».
Pero es cierto que, siguiendo a Hayek, como él decía, todo el mundo es muy libre de disparar con pólvora del rey. Y este es un tema que también hay que cuantificar.
Técnicamente podríamos decir, por ejemplo, que así como en el ámbito sindical es muy fácil imputar la sucesión de las instituciones sindicales, porque hay un comité de libertad sindical en el seno de la OIT que establece claramente unos criterios políticos para imputar esa sucesión sindical, es lo cierto que no existe lo mismo en el ámbito político. Hoy en día sería, desde un punto de vista técnico, enormemente complejo establecer quién es en puridad, en justicia, en derecho el sucesor de algunas asociaciones o partidos políticos. No tengo ninguna duda --sin perjuicio de que no sería yo el que tendría que enjuiciar esta cuestión-- de que el Partido Nacionalista Vasco o Unió Democrática, nadie lo dudaría, son los legítimos sucesores de aquellos partidos políticos que fueron afectados por el Decreto de 1936 y la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, pero, ¿quién sería, por ejemplo, el sucesor de la Lliga, que no fue directamente afectada por la Ley de 1939, pero que sí vio después enajenado su patrimonio por disposiciones posteriores? ¿Quién sería el sucesor? Eso abriría discusiones políticas y, por supuesto, jurídico-legales muy interesantes.
¿Quién sería el sucesor de la CEDA? Inclusive, fíjese usted, de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que existe documentación, constancia expresa de que también fue afectada por las incautaciones. Por tanto, es un tema que, desde mi punto de vista --y no son excusas de mal pagador, porque al menos nosotros, todavía, señora Rahola, no damos apoyo al Gobierno-- , es muy complejo técnicamente.
Por lo menos creo que sí hemos de reconocer al Gobierno que no haya hecho uso de la facultad que tenía de vetar esta iniciativa porque afecta al presupuesto, lo cual sí que creo que hubiera sido, en términos políticos, francamente impresentable.
Vamos a ver si hay otras maneras de conseguir la finalidad que aquí se pretende por otras vías parlamentarias. Usted tiene suficiente imaginación política y parlamentaria como para pensar en otros procedimientos que a nosotros, manteniendo nuestra coherencia, nos permitirían, en su caso, actuar de otra manera y seguramente conseguir que estos flecos queden ya definitivamente zanjados.
Quiero terminar, señorías, haciendo mención a otro principio al que se ha hecho referencia desde esta tribuna y que es importante, el principio de la seguridad jurídica, tan relacionado... (Murmullos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor Fernández Díaz.
Señorías, ¡silencio, por favor! (Pausa.) Ocupen sus escaños, señorías, por favor. (Pausa.) Cuando quiera, señor Fernández Díaz.


El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Se ha aludido --y sabemos que no somos los destinatarios de los argumentos, pero en todo caso me parece que el debate de las ideas es siempre bueno, con independencia de quienes sean los destinatarios de determinadas afirmaciones-- a lo de la excusa de mal pagador y no creo que sea excusa de mal pagador, señora Rahola, hacer referencia a la seguridad jurídica, que es un principio constitucional establecido en el artículo 9.º3, ha de ser tenida en cuenta en esta cuestión. Hay suficiente jurisprudencia también del Tribunal Constitucional al respecto. La seguridad jurídica, señoría, debe prevenirnos de revisar situaciones consolidadas de hecho. Por tanto, es tan importante en ocasiones la forma como el fondo y por eso el derecho procesal es una disciplina jurídica que tiene tanta importancia. No se puede separar y deslindar sin más el fondo de la cuestión, de la técnica parlamentaria en virtud de la cual se quiere defender ese fondo, esa cuestión. Creo que en este caso, mediante esta iniciativa, podríamos llegar a un callejón sin salida y, a lo mejor, desde nuestro punto de vista por lo menos --y hablo en nombre de mi Grupo Parlamentario, el Popular--, pudiéramos conseguir efectos perversos, como a nuestro juicio pasó con la Ley 4/1986, de cesión de uso del patrimonio sindical acumulado, que sin duda llevó a situaciones no queridas, a nuestro juicio, por el legislador, en todo caso no queridas por mi Grupo Parlamentario.
Decía que en el año 1991, en el «Diario de Sesiones» quedaron reflejadas algunas de las reservas que nuestro Grupo tenía en relación con aquella iniciativa que es la misma que hoy aquí se ha defendido. Por eso esas reservas técnicas trascendentes e importantes no las repito,

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pero a efectos de constancia en «Diario de Sesiones» las doy por reproducidas y no las menciono de hecho porque hago gracia a SS.SS. del tiempo que debería emplear en su exposición.
Termino ya, señor Presidente. La abstención no es inhibición, es neutralidad, porque entendemos que hay razones tanto a favor de votar apoyando esta proposición de ley cuanto de no apoyarla. Esa neutralidad es la que nos lleva a expresarnos en los términos en los que ahora me he expresado, pero esa neutralidad deja expedito el paso para que, señora Rahola y demás miembros de esta Cámara, representantes de diversos grupos parlamentarios, especialmente grupos parlamentarios directamente afectados por la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, puedan ejercer las acciones que en Derecho consideren oportunas, y por eso mismo, nosotros, absteniéndonos, les dejamos el paso expedito bien para otras iniciativas parlamentarias, bien para ejercer acciones jurídicas ante los tribunales que pudieran, en su caso, restituir derechos patrimoniales que puedan tener en estos momentos.
Nada más, señor Presidente. Gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández Díaz.
Finalizado el debate, vamos a pasar a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley debatida. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, señora Rahola, por la que se insta a la devolución de patrimonios incautados durante la guerra civil.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 40; en contra, 143; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS, PARA LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA AMBIENTAL EN LA PLANIFICACION Y GESTION DEL AGUA (Número de expediente 122/000032)

El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se modifica la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, para la participación de las organizaciones de defensa ambiental en la planificación y gestión del agua.
En nombre del Grupo proponente, tiene la palabra el señor Alcaraz. (Murmullos.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
(Pausa.) Señor Alcaraz, cuando quiera.


El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, es voluntad de Izquierda Unida intentar convertir en esta Cámara, como ya lo va siendo a nivel social y en otros organismos, el tema del agua en un debate fundamental que marque el eje en muchos ámbitos, tal como constituye el centro de preocupación en muchos sectores de la sociedad. Intentamos que se constituya en un gran debate no por la solemnidad, no por la fuerza tonal que se dé a este debate en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, sino fundamentalmente por ser un debate de todos, un debate social y un debate en los organismos que corresponda en el que participen las gentes afectadas, los interesados, las organizaciones sociales, los movimientos sociales clásicos y modernos de todo tipo.
En este sentido, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado en el Registro de la Cámara una serie de iniciativas, algunas de las cuales ya hemos debatido con mala fortuna hasta el momento por mor y gracia de la oposición sistemática del Grupo Socialista de manera especial, coincidiendo en este caso con el Grupo Popular. Nos referimos a la petición de las transferencias de gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como punto de inflexión en la política centralista que conserva los esquemas franquistas, en este caso de la ordenación de la cuenca, y que no tuvo, repito, ninguna fortuna en esta Cámara.
Al mismo tiempo, hemos introducido con la misma filosofía una proposición de ley para cambiar la Ley de aguas de 1985 y adaptarla al Estado de las autonomías, por tanto, para intentar hacer comprender al señor Ministro, al Gobierno, que también las comunidades autónomas son Estado, que los ayuntamientos son Estado y no necesitan ningún tipo de tutela, y mucho menos tutela burocrática. Precisamente en este esquema de tutela central y tutela burocrática se basan muchas de las restricciones que está sufriendo el gran debate que sobre el agua intentamos implementar los componentes del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En este sentido hemos presentado esta proposición de ley, para que los grupos afectados, los interesados participen en el debate en la Comisión Nacional del Agua y en otros organismos de cuenca, dado que todas las planificaciones se están haciendo de manera burocrática y desde una óptica que no se corresponde con las necesidades de este país en cuanto a los recursos

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hidráulicos y las consecuencias de todo tipo que tiene la política del agua.
A nuestro juicio, la política que en materia de agua se está aplicando es errónea en sus ejes fundamentales. Se trata de una política que incluso a nivel presupuestario no constituye ninguna prioridad, máxime cuando el señor Ministro llegó a decir que hacían falta tres billones de pesetas para solucionar en España el problema del agua en todos sus aspectos, desde la cantidad y la calidad hasta las depuraciones de aguas residuales. Y todo esto, señoría, señoras y señores Diputados, tiene mucho que ver con la tutela, con el centralismo burocrático, con la falta de un debate valiente en su momento, que es ahora con respecto a un tema fundamental.
En este gran debate pensamos que deben participar desde ahora mismo, y con el mismo rango que tienen los otros participantes en la Ley de Aguas, los ecologistas y las organizaciones de defensa ambiental. Ellos tienen otra óptica, una óptica absolutamente diferente a la del Gobierno y hay que trabar el debate con el Gobierno para intentar hacerle girar hacia esta óptica que se corresponde mucho más con lo que sería un polo rojo y verde, una óptica de izquierda, que actualmente no resuena en las propuestas que de manera sistemática vienen haciendo el señor Borrell y el Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El señor Borrell basa fundamentalmente su óptica en una política de oferta --y ahí se han incardinado el Plan Hidrológico Nacional y todos los planes singulares de cuenca que se están haciendo o debatiendo en determinadas fases de esta discusión-- y no en una política de demanda, en una política social basada en una serie de cuestiones que están reivindicando los grupos ecologistas y que nosotros, desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de una manera sistemática también estamos intentado impulsar. Queremos, por lo tanto, una política --algo muy sencillo que hoy mismo se discutía en la Ponencia que está estableciendo la posibilidad de una reforma del PER y del subsidio agrario-- que empezara a rectificar o a arreglar la distribución del agua (el agua en un 40 ó 45 por ciento del total que existe se pierde en la distribución: en las cañerías, en las acequias, muchas de ellas de tradición romana y árabe). Simplemente con arreglar este tipo de distribución, por la que se filtra una cantidad ingente de agua, no habría que tender a la construcción de pantanos que, en muchas ocasiones, generan problemas medioambientales de gran volumen.
Uno de los comparecientes de esta mañana daba un dato en el sentido de que, por ejemplo, en Andalucía han aumentado los pantanos al doble y ha disminuido la capacidad de embalses a la mitad de estos diez últimos años, y decía, efectivamente, que si no se arregla la distribución, si no se arreglan las cañerías, si no se cambia de la política de oferta a una política de demanda iremos a posiciones insostenibles en este tema que también requiere un eje de máxima importancia, con respecto al cual el Gobierno tampoco presta ningún tipo de atención, que es la política de ahorro del agua; una política quizá impopular, una política que requiere mucho dinero para campañas, una política que requiere la participación y el debate con grupos ecologistas y organizaciones de defensa medioambiental, con respecto a los cuales el Gobierno tiene un talante paternalista, centralista, tutelador; en todo caso, los contempla desde el punto de vista de la realidad de los decretos y no desde el punto de vista de lo que son los debates de proposiciones y proyectos de ley. Todo esto se expresa, por ejemplo, en el Decreto de hace un año sobre actuaciones urgentes de obras hidráulicas, y se expresa de manera radical en esta política de oferta, en esta política de construcción de grandes obras caiga quien caiga, en esta política de desarrollismo a ultranza que no tiene en cuenta las realidades que hay que sostener, que no tiene en cuenta la necesidad de una gestión sostenible del agua, que no tiene en cuenta la necesidad de una gestión racional del agua en el marco de una gestión racional del territorio. Al mismo tiempo que se decreta este plan de actuaciones urgentes, se está haciendo una política de promesas de ampliación total de regadíos en el marco de una política agraria comunitaria que no permite este tipo de alegrías, este tipo de creación de expectativas.
Por tanto, señor Presidente, señorías, hemos presentado esta proposición de ley, que está publicada en noviembre de 1993, teniendo en cuenta ciertas declaraciones del señor Ministro a la revista Quercus en las que, con respecto a la pregunta que le hacía el periodista decía que no tenía respuesta porque le había cogido de sorpresa. La pregunta era sobre la participación de las organizaciones ecologistas en el Consejo Nacional del Agua y en los gobiernos de cuenca y en sus consejos correspondientes. Acto contiguo, nosotros presentamos esta proposición de ley y hace muy pocos días, con fecha 11 de marzo, el Gobierno aprueba un decreto para intentar solucionar esta participación de los ecologistas y de las organizaciones medioambientales. Nos parece que ha improvisado a bote pronto y que no se corresponde con el rango de ley que ampara al resto de los participantes en este debate, al resto de los integrantes en el Consejo Nacional del Agua y en el resto de los consejos.
Pensamos que la Ley del Agua, desde que empezó a funcionar en agosto de 1985, tiene una serie de carencias que se han observado, como he dicho antes, en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, de los planes de cuenca y de los planes más concretos que se hayan hecho por debajo de la cuenca. En este sentido, nosotros pedimos la rectificación de tres artículos, con alguna adición complementaria, que son los artículos 17, 25 y 34, para que las organizaciones medioambientales

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participen en el organismo consultivo superior, que es el Consejo Nacional del Agua, para que participen e integren la junta de gobierno de los organismos de cuenca y para que también sean parte de la composición de los consejos del agua de los organismos de Cuenca.
No sé si SS.SS. son sensibles a la necesidad de rectificar esta forma de «solucionar» --con comillas-- este problema a través de un Real Decreto de 11 de marzo; no sé si van a aceptar que este tema partía de una iniciativa de Izquierda Unida que se correspondía con la realidad necesaria: homologar a nivel de ley la participación de las organizaciones medioambientales. En todo caso, aquí queda el debate y aquí queda la improvisación y la falta de iniciativa, que no ha tenido en cuenta este tema hasta que nosotros presentamos en el Registro la proposición de ley que debatimos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
¿Turno en contra? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, la finalida primordial de la Ley de Aguas del año 1985 era la regulación del uso del agua y del dominio público con el fin de satisfacer las demandas, incrementar su disponibilidad, proteger su calidad, intentar fomentar un empleo económico de la misma y proceder a un mejor equilibrio del desarrollo regional y sectorial, racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y con los demás recursos naturales. Como se ve, señorías, de la mera lectura del artículo 38 de la Ley de Aguas se deduce que la función medioambiental del agua se contempla por la ley integrada con el resto de sus funciones y con el resto de sus usos. Pero son los usos concretos del agua la finalidad principal de la ley, a cuya correcta satisfacción responde todo su contenido. Esto debiera ser suficiente para entender que no es en la Ley de Aguas actualmente vigente donde sería necesario introducir las modificaciones que nos han sido anunciadas, sino que bastaría para ello con reformar los reglamentos de desarrollo de la ley. El objetivo de fondo de la proposición de ley que nos ha sido expuesto coincide sustancialmente con el objetivo perseguido por mi Grupo Parlamentario. El objetivo no es otro que conseguir una mayor participación de organizaciones de defensa ambiental en la elaboración de las políticas relacionadas con el medio ambiente. En el caso concreto del recurso del agua, esa voluntad se ha manifestado por parte de mi Grupo, pese a lo que hemos escuchado aquí, en el proceso de re-dacción de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional.
Como han sido referidos ambos procesos de planificación como una muestra de disfuncionalidad de la Ley de Aguas, especialmente en una supuesta falta de atención a los procesos de ahorro del recurso, tengo que significar ante la Cámara que consecuencia de las más de 1.000 alegaciones planteadas al plan nacional se recoge, en la remodelación que se está haciendo en el proyecto de ley de plan nacional, un incremento sustantivo, es decir, el 75 por ciento más de posibilidad de ahorro del agua, de manera que la redacción definitiva del anteproyecto de ley del plan hidrológico, cuando llegue a esta Cámara, contendrá una reducción de 2.100 hectómetros cúbicos/año sobre el ahorro previsto en el anterior anteproyecto. Creo que esta importante modificación del plan hidrológico y la tolerancia, la permisividad, la voluntad de consenso con la que se han estudiado muchas de las enmiendas presentadas --la mayoría de ellas, hay que decirlo, fuera del plazo reglamentario-- son elementos suficientes como para rebatir, con respeto, pero rebatir, las tajantes afirmaciones que hemos escuchado desde esta tribuna.
Ambas planificaciones, la hidrológica nacional y la de los planes hidrológicos de cuenca, necesitan para su construcción y fundamentalmente para su aplicación correcta de la concurrencia de muchos sectores sociales, entre ellos, cómo no, aquellos representados en parte por asociaciones ecologistas. Pero no son sólo las asociaciones ecologistas quienes representan la defensa de los valores ecológicos. En la Administración hay organismos destinados específicamente a ello, y en el conjunto de sectores económicos y sociales del país hay gente suficiente, con buena voluntad como para que del esfuerzo conjunto de todos ellos podamos obtener el resultado de una mayor protección de los valores naturales.
Ya se ha producido una incorporación importante de organizaciones de defensa ambiental en el recientemente creado Consejo Asesor de Medio Ambiente, que entiende de algo más que de política de aguas, que entiende de todas las políticas relacionadas con el medio ambiente, y en la primera y próxima reunión de dicho Consejo, que va a tener lugar dentro de unos días, está previsto como primer punto del orden del día la forma en la que debe producirse la incorporación de estas organizaciones que usted cita al Consejo Nacional del Agua y a los consejos del agua de los organismos de cuenca, incluso a la Comisión de Planificación Hidrológica de los organismos de cuenca. Además de esto, se ha producido, como ha citado el señor Alcaraz, la publicación del Real Decreto de 11 de marzo pasado. Creí que lo desconocía pero por el hecho de conocerlo me sorprende que no haya retirado esta proposición de ley, porque coincidirá S.S. en que, más allá de los argumentos con los que usted quiera defederla, la literalidad de lo que usted nos propone es substancialmente

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coincidente con el contenido de dicho Real Decreto publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 6 de abril.
Substancialmente coincidente salvo en un aspecto, señor Alcaraz, en los órganos de gobierno, en los que, como están pensados y diseñados exclusivamente para la ordenación del recurso, para la ordenación de los usos compatibles del recurso, no tiene ningún sentido introducir organizaciones que representan intereses ajenos al uso consuntivo del recurso, y no me vale la justificación de su exposición de motivos de que las organizaciones ambientales son usuarias de los valores naturales y medioambientales del recurso agua para introducirlos por esa puerta falsa en un órgano de gestión en el que, como digo, sólo están representados los usuarios del agua. Sin embargo, en los órganos de debate donde se planifican las políticas de agua, donde se elaboran las planificaciones hidrológicas nacional o de cuenca, allí donde se decide y discute de lo substantivo de la ordenación del recurso, de sus usos, donde se distribuye el recurso, donde se debe garantizar el respeto al propio recurso agua y al resto de los recursos naturales, allí hay una representación suficiente de las organizaciones que ustedes pretenden introducir en lo que son organismos de gestión y de ejecución y donde, a nuestro entender, no tienen ninguna cabida, porque representarían intereses no en conflicto sino radicalmente distintos de aquellos que se ponen encima de la mesa dentro de esos órganos de gestión directa.
Por tanto, siendo ésa la única diferencia que nos separa, teniendo S.S. la garantía de que ya están incorporados los ecologistas en el Consejo Nacional del Agua por modificación del artículo 16.1.e) del Reglamento de la Ley de Aguas, de que ya están incorporados en las juntas de gobierno de los organismos de cuenca por modificación del artículo 56.2 del Reglamento de Aguas, y teniendo en cuenta que están incorporados en sus consejos de agua de los organismos de cuenca por modificación del artículo 55.1 del Reglamento de la Ley de Aguas, creo que lo más pertinente es ahorrar a esta Cámara dos horas de debate baldío, improcedente, no porque lo sea lo que se pide, sino porque es fácilmente constatable que lo que se pide ya forma parte del ordenamiento jurídico español desde el pasado 6 de abril. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, muchas gracias.
Quiero decir al señor García-Arreciado que no entiende muy bien la relación que hay entre una ley y un real decreto --no estoy hablando de un real decreto-ley--, que no tienen el mismo rango normativo, el mismo rango legal. Por lo tanto, hay una serie de gente que participa en el Consejo Nacional del Agua, que tiene rango de ley, y ustedes introducen de manera improvisada, después de que nosotros hemos presentado esta proposición de ley, un Real Decreto, que se publica el 6 de abril, por el que se introducen, no en todos los niveles, organizaciones medioambientales ecologistas, repito, a nivel de real decreto, que pueden quitar y poner cuando quieran sin rectificar la ley, eso sí dejando en la ley a nivel de esa participación a otros organismos, a otros integrantes de estas juntas de gobierno, consejos o Consejo Nacional del Agua, y dejando en otro nivel a las organizaciones medioambientales.
Usted dice que la ley no es el lugar, pero el mismo Real Decreto da a entender que sí es el lugar, porque dice que se modifica la composición del Consejo Nacional del Agua y se introducen nuevos componentes en los organismos de cuenca. Ahí está la primera diferencia entre ustedes y nosotros. La segunda es que no introducen, ni siquiera en el Real Decreto, las organizaciones medioambientales en las juntas de gobierno de los organismos de cuenca. Otra gran diferencia entre ustedes y nosotros.
Para terminar, le quiero decir, señor García-Arreciado, que ustedes nunca corrigen hacia la izquierda ningún matiz, ningún tipo de sensibilidad; incluso han intentado adelantarse, cuando, repito, presentamos esta proposición de ley en Registro hace mucho tiempo, publicándose el 22 de noviembre de 1993 --el Real Decreto es de hace seis días--. No tienen ninguna sensibilidad de rectificación hacia la izquierda, ni en momentos como éste en que es flagrante el error o por lo menos la limitación que ustedes tienen respecto a la necesaria matización de la Ley de Aguas en función de las propias declaraciones del señor Ministro en octubre de 1993. Ustedes lo saben todo, pero siempre lo saben todo restringiendo y girando a la derecha. Que Dios les acompañe.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor García-Arreciado.


El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: No sería Dios nunca mal compañero de viaje, pero desde luego es una referencia completamente fuera de lugar.
Mire usted, yo soy de ciencias, pero entiendo bastante de letras como para ver claramente la diferencia entre una ley y el reglamento que la desarrolla, que se publica por real decreto. Es algo obvio que el real decreto se puede modificar con una serie de trámites que son más livianos que los de modificación de una ley. Ahí está lo que le he querido explicar, sin fortuna por lo visto. No es preciso modificar la ley para conseguir lo que ustedes pretenden. Excelente prueba de ello es que el Real Decreto atiende perfectamente a sus razones, salvo la participación de organizaciones ecologistas

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en las juntas de gobierno de los organismos de cuenca, atiende perfectamente a lo que ustedes solicitan sin necesidad de modificar la ley. ¿Es más de izquierdas modificar una ley y más de derechas modificar un real decreto o un reglamento? ¿Dice S.S. que sí? Pues explíqueme la razón porque realmente se me escapa. Si lo que a usted le preocupa es que es más de izquierdas modificar la ley que modificar el reglamento, desde luego hacemos perfectamente bien en no mirar mucho hacia la izquierda, por lo menos hacia cierta izquierda.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Alcaraz, yo estaba esperando oírle en la defensa de esta proposición, porque verdaderamente es usted un hombre convincente, con ideas-fuerza que sabe desarrollar bien.
Estaba indeciso, no sabía qué postura tomar, pero en esta ocasión usted me ha convencido de que tengo que votar en contra. Ni usted cree en lo que ha dicho. Usted mismo ha tenido --lo siento-- una devaluada actuación, y me sabe mal porque, dentro de ese banco, creo que es usted una gran figura, y no se lo digo por peloteo de ningún tipo, pero cuando una persona no cree en aquello que tiene delante para defender, es muy difícil convencer a los demás, y se lo digo de verdad. Quizá si usted esta tarde no hubiera intervenido, es posible que hubiera recogido más votos. A la vista de cuáles son las consecuencias que se derivan de esta proposición, yo lo lamento, pero he de votar que no.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDO I MARSAL: Intervengo brevemente, señor Presidente, simplemente para anunciar también nuestro voto negativo por cuanto que lo que se pide en la proposición de ley está prácticamente resuelto y cualquier otra consideración adicional creemos que debería englobarse dentro de este gran debate, el debate del agua, del plan hidrológico, y con rango de ley, que dentro de poco se deberá efectuar en esta Cámara.
Así pues, simplemente quiero decir que nosotros vamos a votar que no. El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar. El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, agradezco al Grupo de Izquierda Unida la presentación de esta proposición de ley por cuanto nos da una oportunidad a la Cámara de entrar en el debate de un tema de alto interés para la opinión pública. Querría emplear un breve turno para expresar una idea principal y algunas reflexiones.
Como es sabido, la proposición de Izquierda Unida establece la participación de las organizaciones ecologistas básicamente en los consejos del agua, que supone de hecho una modificación de la Ley de 1985 en sus artículos 17, 25 y 34, creo recordar. En ese sentido, sin entrar en la justicia de lo que ya se plantea, es decir, en el tema de la participación en los órganos del Consejo del Agua, hay una situación en la que se pretende algo que ya viene previsto en el Real Decreto que ha promulgado el Gobierno y en este sentido no voy a entrar en esta cuestión. Lo que sí me interesa es destacar una idea que es importante, que es que el señor Alcaraz confunde claramente el concepto de usuario con el concepto de consumidor y, en ese sentido, hace una aportación inadecuada o comete un grave error, una grave equivocación en su planteamiento, por cuanto en la Ley de Aguas, según el artículo 50, el usuario no es un consumidor, es un concesionario; se adquiere la condición de usuario por una circunstancia de ley o de concesión administrativa. En este sentido no se puede establecer, como hace usted en la redacción de la modificación que propone, que serán los representantes de las organizaciones económicas, profesionales y ecologistas, porque usted elimina de un plumazo en su proposición de ley al Canal de Isabel II y lo sustituye por representantes de organizaciones profesionales. Realmente tiene usted que leerse con detenimiento la ley porque, si nos atenemos a la letra de lo que usted pone ahí, elimina usted el concepto de usuario, que son concesionarios vinculados al abastecimiento, vinculados a la industria y vinculados a los agricultores.
Usted no puede establecer una representación distinta del resto de la ley. Creo que es una equivocación y un error por su parte porque si hubiera querido eliminar ese concepto de usuario, tendría que haber previsto o establecido la modificación de un tercio de la ley. Realmente yo creo que usted no se ha dado de que usuario y consumidor son un acosa distinta, y, claro, cuando se viene a esta Cámara haciendo una propuesta de estas características, lo elemental es dominar los conceptos básicos.
La segunda cuestión a la que me quería referir --ésta ya no es técnico-jurídica sino de fondo-- es al sentido de su proposición, al hecho de incluir las organizaciones ecologistas en los organismos, consejos, juntas, comités, etcétera, que tan queridos son por el conjunto de la izquierda de este país. Quiero decir en este sentido que realmente yo no veo grandes diferencias entre su posición y la del Partido Socialista más que una formal. Ustedes pretenden una ley y el Partido Socialista

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hace lo mismo pero con un decreto-ley. En consecuencia, estamos en unas circunstancias en las que el objetivo es el mismo, que es domesticar a los ecologistas, es meterlos en organismos burocráticos, es meterlos en consejos, comités, etcétera, cuando realmente el valor del movimiento ecologista, de las organizaciones ecologistas ha estado siempre en su independencia, en su marginalidad del poder político, en ser ajenos al presupuesto nacional del Estado. Y en este sentido creo que ustedes hacen un flaco favor a la gran aportación de los ecologistas en la historia contemporánea, reciente, porque han sido ellos quienes han denunciado los grandes desastres ecológicos, principalmente en los países del Este, que es donde se han producido, de tal manera que yo les sugiero que, por favor, dejen a los ecologistas seguir siendo lo que son: conciencia crítica, protagonistas de movimientos de opinión, personas que realmente tienen un prestigio en la sociedad.
Pero, por favor, no les hagan miembros de consejos, de comités, etcétera, porque realmente ustedes varían sustancialmente su función.
Le voy a poner un ejemplo. Hace unos meses el Gobierno socialista tuvo la desgraciada idea de nombrar Director General de Agricultura a un conocido ecologista de nuestro país. Este ecologista era apreciado y querido por la opinión y, lo que es más difícil aún, era hasta apreciado y conocido por sus propios compañeros, y en ese sentido quiero decir que mientras que antes tenía unas circunstancias favorables para el desempeño de su función, sin embargo, en la actualidad, vaga por toda España, eso sí, en coche oficial, pero no se relaciona con los alcaldes vinculados al tipo de problemas que él plantea, le niegan la audiencia. Realmente no se atreve a ir a los lugares de alto interés natural por miedo a que le tiren al río. En este orden de cosas yo creo que es un flaco favor introducir a un ecologista en un coche oficial, en un consejo, en una dirección general. Déjenlos tranquilos. Si realmente el pueblo español, cada vez que estos señores se presentan a las elecciones, les dice: quédense ustedes como están, no vayan ustedes a esa Cámara, no vayan al ayuntamiento, no vayan... ¿Por qué se empeñan ustedes, por la vía lateral, tanto los socialistas como los comunistas y de Izquierda Unida, en meter a los ecologistas en los organismos públicos? Pero si la población española, el pueblo español dice que no. ¡Cuidado que es manía! Yo, sinceramente, creo que ustedes hacen un flaco favor en este sentido.
De manera --y concluyo, señor Presidente-- que creo que S.S.
ha caído en un dislate jurídico a la hora de considerar a los usuarios como consumidores, cuando la Ley de Aguas de 1879, nunca bien ponderada, una ley de casi 100 años, centenaria, magnífica como todas las que se hacían en la Restauración, o esta del año 1985, que es mucho peor técnicamente, pero que está ahí y tenemos que respetarla, repito, cuando tanto en una como en otra se considera que son usuarios los que tienen una concesión, no son consumidores. Usted debe entender este tema porque me temo que usted ha hecho una proposición de ley totalmente precipitada, totalmente infundada en los términos jurídicos que usted plantea. Y, en segundo lugar, ustedes cometen el error propio de los socialistas y de ustedes de querer burocratizar la gestión medioambiental, cuando la experiencia en los países democráticos demuestra que el medio ambiente se conserva por los derechos de propiedad y por el imperio de la ley vigilado por los jueces. Ese es el sistema, no el de los burócratas de los países del Este que ya han visto a dónde ha llevado. (Protestas en los bancos del Grupo de Izquierda Unida.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El señor García Fonseca pronuncia palabras que no se perciben.) En consecuencia, y con esto termino, señor Alcaraz, (Rumores.), esta es la verdad, señorías, esta es la verdad. No hagan ustedes burócratas de los ecologistas, no hagan ustedes funcionarios de los ecologistas. El pueblo español les dice que sigan en su independencia. Lo están diciendo reiteradamente. No los metan ustedes de tapadillos en las instituciones. No usen ustedes compañeros de viaje, como es su costumbre.
Desde este punto de vista, tanto por lo deficiente de la proposición, que es un dislate jurídico, y esto lo debía saber usted o sus asesores, como por el sentido que ustedes han querido dar a los ecologistas, mi Grupo Parlamentario va a votar en contra.
Nada más. (Rumores y protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Votación para la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 14; en contra, 279; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


AVOCACION POR EL PLENO DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

--DE LA PROPOSICION DE LEY DE ORGANIZACION DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (Número de expediente 122/000009)

El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad

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con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final de la proposición de ley de organización del Centro de Investigaciones Sociológicas.
¿Acuerda el Pleno la avocación? (Asentimiento.) Queda aprobada la propuesta de avocación.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:

El señor PRESIDENTE: La Junta de Portavoces, asimismo, en su reunión del día de hoy, ha acordado proponer al Pleno de la Cámara que la sesión del día 14, jueves, que se celebrará a partir de las nueve horas, quede integrada por los puntos del orden del día números 34 a 41; 42, 43, 46 y 52. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE AMPLIACION DE CUOTAS LACTEAS A LOS GANADEROS MEDIANTE LA ASIGNACION DE LA RESERVA NACIONAL (Número de expediente 162/000071)

El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del da, proposiciones no de ley. Proposición del Grupo Popular, sobre ampliación de cuotas lácteas a los ganaderos mediante la asignación de la reserva nacional.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fernández. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, señoras y señores diputados, en representación del Grupo Popular me corresponde la exposición y defensa de la proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, en el plazo de un mes desde su aprobación: Primero, establezca la reglamentación necesaria para que los ganaderos productores de leche de vacuno puedan acceder a la ampliación de sus cuotas mediante la compra o alquiler de derechos en el mercado.
Segundo, distribuya la reserva nacional de la cuota láctea entre aquellos ganaderos que sobrepasen con sus producciones las cantidades asignadas como cuotas individuales, dando preferencia en la asignación a los ganaderos con explotaciones situadas en las comunidades autónomas que histórica y vocacionalmente se han dedicado a la producción láctea.
Señorías, a pesar de lo que recientemente legisló el Gobierno, tanto en lo relativo al proyecto de real decreto por el que se establecen las normas reguladoras del sector de la leche y de los producos lácteos y del régimen de la tasa suplementaria, así como la orden pendiente de publicación por la que se complementan las modalidades de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y los productos lácteos, hemos de reconocer que a día 12 de abril, es decir, doce días después del inicio de una nueva campaña, el Gobierno no ha puesto a disposición de los ganaderos los mecanismos legislativos necesarios tanto para acceder a la venta, arrendamiento o transmisión hereditaria de la cantidad de referencia, así como a una cuota suplementaria procedente de la distribución de la reserva nacional. Si esto no se lleva a cabo, seguiremos en la misma dinámica que ha caracterizado el desarrollo de este sector desde la firma del Tratado de Adhesión hasta la fecha, dándose la paradoja de que el Gobierno está exigiendo el cumplimiento de leyes que no existen. Los ganaderos se preguntan, y no nos sorprende: ¿Cómo puede exigir la ejecución de algo que no está legislado? El artículo 14 del proyecto de real decreto por el que se establecen las normas reguladoras del sector de la leche y los productos lácteos y del régimen de la tasa suplementaria liga la cuota a la base territorial. El Reglamento de la CEE número 1546 de la Comisión señala en el artículo 72 que en caso de venta, arrendamiento o transmisión hereditaria de una o varias partes de una explotación, la cantidad de referencia corresponde distribuirse entre los productores que se hagan cargo de la explotación con arreglo a las superficies utilizadas para la producción de leche u otros criterios objetivos establecidos por los Estados miembros. Este artículo, que liga la cuota a la base territorial en las transferencias a través de mercado, actuó como freno en la mayor parte de los países de la CEE, salvo en el Reino Unido y Holanda, en donde esta opción de transferencia desenvolvió un mercado muy floreciente, a pesar de los precios elevados, 82 pesetas kilo en el Reino Unido y 269 pesetas kilo en Holanda.
La razón estriba en que, por un lado, los países vulneraron la normativa comunitaria mediante un subterfugio, que consiste en la retrocesión o reventa, un año después de la compra, de la base territorial transferida. En Inglaterra, en concreto, se autorizó la transferencia permanente de cuota a través de un arrendamiento temporal, de 10 a 11 meses de duración, de la base territorial correspondiente. Al final de este período, la superficie transferida, que no puede ser utilizada para producción de leche por el comprador de cuota, retorna a su propietario y la cuota queda en poder del comprador. Por otra parte, tanto en el Reino Unido como en Holanda, disponen de buenas estructuras productivas con explotaciones bien dimensionadas, eficientes y de alta rentabilidad económica, que están en disposición de asumir como un coste la cuota comprada y rentabilizarla. Así, por ejemplo, en Holanda, durante la campaña

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1986/1987, el 43 por ciento del volumen de cuota fue comprado por productores que disponían de una cantidad de referencia superior a los 500.000 kilos.
Tocante a la correspondencia entre el volumen de cuota transferido y base territorial asociada, las condiciones fueron variando a través de las sucesivas campañas, autorizándose en ambos países transferencias de hasta un máximo de 20.000 kilos hectárea.
Por otro lado, este artículo no recoge los problemas que surgen de las particiones por herencia, dejando en el aire a quién debe pertenecer la cantidad de referencia, ya que no son usuales los testamentos particionales. Tampoco deja claro si la cuota va asignada al titular de la explotación o si se distribuirá entre los distintos herederos. En el caso de que fuera asignada al titular de la explotación, requeriría la firma de todos ellos para poder acceder a la titularidad de la cuota.
En cuanto a la compra o alquiler, de derechos en el mercado, he de confesar a SS.SS. que había pensado retirarlo, porque estaba perfectamente regulado. Pero la práctica cotidiana me ha convencido de que no es operativo; prueba de ello es que no está funcionando. Explotaciones de menos de 75.000 kilos, que son las que necesitan reestructurarse, no pueden permitirse la compra de cuotas a los precios que presumiblemente van a alcanzar en el mercado. En las cesiones temporales se pagaron a 30 pesetas kilo/año y, en la actualidad, ya piden 100 pesetas kilo/año. Los que van a poder comprar cuota son los de más de 130.000 kilos de producción que ya están reestructurados.
Como SS.SS. saben, la reserva nacional se estableció en el artículo 4.º del Real Decreto 1888/1981, por el que se determina un plan de ordenación del sector de la leche y los productos lácteos. Posteriormente, el proyecto de real decreto por el que se establecen normas reguladoras del sector de la leche, los productos lácteos y régimen de la tasa suplementaria, la regula en los siguientes artículos. En el artículo 9.º, reserva nacional; en el artículo 10, objeto de la reserva nacional; y en el artículo 11, cantidad de referencia individual.
Si SS.SS. los leen con calma verán que no resuelven lo suficiente para que este sector camine. La reasignación de cuotas con cargo a la reserva nacional tuvo como objetivo prioritario la mejora de las estructuras productivas del sector. Aunque los criterios de aplicación variaron de unos países a otros --en algunos el esfuerzo fue dirigido a favorecer la supervivencia de pequeñas explotaciones con expectativas de viabilidad en áreas menos favorecidas--, la reasignación de la cuota rescatada a través de los planes de abandono financiados por la Administración deberá contribuir a la racionalización del mercado lácteo y a la reestructuración de las explotaciones. Esta reasignación deberátipificar las explotaciones de leche que sean prioritarias, valorando las características de las mismas, su cuota actual, nivel presente de producción, dependencia del titular de las rentas agrarias ligadas a la producción de leche, edad y capacitación del dueño de la explotación y posibilidades de dar viabilidad a la explotación a medio plazo. Por consiguiente, será necesario desarrollar una ley que priorice.
Uno de los problemas más serios que tendrán que abordar los productores de leche en la campaña 1994/95 será la regularización de su cuota en el caso de que sean excedentarios, ya que vienen realizando en los últimos años un esfuerzo importante para llevar sus explotaciones a nivel de viabilidad, en unos casos y a una mayor competitividad, en otros. Parece razonable que los productores con cuotas inferiores a 130.000 kilos deberán recibir cantidades suplementarias que les permitan consolidar el nivel productivo alcanzado. Habrá que definir con claridad esos productores a los que se va a repartir la reserva nacional, fijando un umbral de cuota mínimo que, a corto o medio plazo, haga viable la explotación, que, a mi modesto entender, no debería ser inferior a los 75.000 kilos, aunque es posible que en la actualidad con una cuota de 50.000 kilos pudieran alcanzar el salario mínimo interprofesional, debido al precio actual de la leche.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, vaya concluyendo.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Ahora termino.
Otra consideración a tener en cuenta sería la movilidad. Todos los estudios demuestran que las explotaciones de menos de 45.000 kilos permanecen estancadas en su nivel productivo en un 85 por ciento de los casos, mientras que las superiores a 75.000 kilos presentan un mayor dinamismo, con un 30 por ciento aproximadamente que pasan a bloques de mayor producción.
Parece evidente que el proceso de reestructuración se deberá orientar prioritariamente a las explotaciones con una producción comprendida entre los 15.000 y 75.000 kilos, reservando un porcentaje de cuota rescatada para atender las necesidades de explotaciones en situación comprometida, facilitando la adquisición y financiación de cuota para no comprometer el futuro de muchas explotaciones viables en el futuro.
Por otro lado, parece razonable fijar un umbral máximo, que podría ser de 130.000 kilos de cuota, a partir del cual las explotaciones quedarían excluidas de la asignación de cantidades suplementarias con cargo a la reserva nacional.
Estas explotaciones deberían acudir al mercado de cuotas, financiadas, eso sí, con créditos blandos por la Administración central y por la autonómica, que supervisarán y autorizarán las transferencias en función de la evolución de la solicitud propuesta. La Administración deberá apoyar financieramente los programas de modernización de las explotaciones. No se deberá impedir el acceso a la producción

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de leche a nuevos ganaderos, aunque procedan de otros sectores, siempre...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, termine, por favor.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Un momento que ya termino, señor Presidente.
Las inversiones en las explotaciones deberán centrarse en las siguientes líneas de trabajo: Inversiones para la incorporación de jóvenes agricultores a explotaciones lecheras viables; inversiones para la mejora de las estructuras lecheras que les impida alcanzar una viabilidad económica e inversiones para la mejora de la eficiencia económica y condiciones de producción de las explotaciones actualmente viables. Es necesario asimismo compatibilizar las ayudas al cese anticipado de la actividad agraria con las relativas al abandono de la producción lechera. Por otro lado, para que el cese anticipado en la actividad agraria tenga aceptación y sea operativo para las pequeñas explotaciones lecheras y no puedan tener limitación en lo relativo a la dimensión económica mínima para la explotación del ganadero que quiera cesar.
Yo traía, señorías, para documentar más este texto los ejemplos de Francia, Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, de todos los países que nos precedieron en este tema y que ya tienen regulada su situación, pero en honor al tiempo tengo que decirles únicamente, señoras y señores diputados, que teniendo en cuenta, como se ha demostrado a lo largo de mi intervención, que el Grupo Popular no pretende ningún beneficio partidista en este tema, sino que quiere contribuir a una solución que agilice y clarifique este largo e inacabado proceso, indispensable para la regulación del sector lácteo, solicito de todos los grupos de la Cámara el voto favorable a esta proposición no de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se da por entendido, señora Fernández, que en la defensa de la proposición no de ley que ha hecho S.S. conjuntamente va incluida ya la defensa de la enmienda de adición que ha planteado su Grupo.
También quería la Presidencia preguntarle algo ya que a lo largo de su intervención me ha parecido que cuando hablaba S.S. de las cuotas retiraba algún punto. ¿Retira usted algún punto?

La señora FERNANDEZ DIAZ: No retiro ningún punto, señor Presidente. Hay otras enmiendas que luego se verán.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Muchas gracias, señora Fernández. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) A esta proposición no de ley, además de la enmienda del propio Grupo Popular que ya he indicado que queda defendida en la intervención de la señora Fernández, han presentado enmiendas los Grupos Vasco (PNV) y Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco considera que a la hora de la regulación y de la aplicación del régimien de las cuotas lácteas, debate que hoy ha traído a la Cámara el Partido Popular, es preciso tener en consideración una cuestión de principios, como es el papel de la actividad económica que supone la producción lechera.
Entendemos, además, que la actividad de las explotaciones familiares productoras de leche tiene también otras dimensiones distintas de la meramente productiva.
Señorías, a diferencia de lo que ocurre con otras actividades, principalmente industriales, en Euskadi, Galicia, Cantabria y Asturias, la actividad lechera ligada a la tierra es un instrumento fundamental de vertebración del territorio y de gestión del medio natural, especialmente en las zonas de montaña y desfavorecidas en las que la producción lechera apenas cuenta con otras alternativas.
La puesta en práctica de un régimen de cuotas lácteas de producción sirve, por un lado, para limitar eficazmente la producción y, por otro, como mecanismo de control de los excedentes lácteos garantizando, a su vez, una cuota de mercado a los países con menor capacidad competitiva. Por ello el tema que estamos debatiendo, es decir, la forma en que desde el Gobierno central se diseña y aplica el régimen europeo de las cuotas lácteas, es un asunto de suma importancia, pues se trata de una cuestión que afecta directamente al reparto territorial de una fuente de recursos económicos de la que viven decenas de miles de explotaciones familiares agrarias.
Procede recordar, señor Presidente, que la producción láctea es para muchas zonas del Estado, básicamente para las zonas, repito, de agricultura de montaña, no sólo una actividad económica importante y con escasas alternativas, sino que además supone --como decía-- el mantenimiento de un frágil modo de vida y de una ocupación del territorio. Este no es precisamente un tema menor teniendo en cuenta que cada vez más el uso adecuado del medio natural, la ocupación del territorio y la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales se están convirtiendo en ejes fundamentales de determinación de las actuaciones políticas que deben abordar las diferentes administraciones públicas agrarias. Señorías, al Grupo Vasco el contenido de la proposición no de ley del Grupo Popular no nos gusta, porque nos parece inadecuado por el tratamiento ultraliberal

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o librecambista que pretende dar a las cuotas lácteas y porque es insuficiente al abordar aspectos básicos del régimen de cuotas, como la necesidad de mantener el equilibrio territorial y la distribución geográfica de las cuotas, o la participación efectiva de las comunidades autónomas en la gestión de las mismas.
Liberalizando la transmisión del derecho de producción de leche que supone una cuota, a nuestro juicio se distorsiona la actividad productora de la leche de vaca, propiciándose la posibilidad de generar un mercado o tráfico mercantil de las cuotas ajeno al desarrollo de una explotación familiar ganadera que conllevará, al final, el perjuicio para los ganaderos que continúan desarrollando su actividad y que para mejorar su situación y rentabilizar su trabajo necesitan adquirir más cuota que con una política liberal estará cada vez más cara.
Estimamos que una política de liberalización en la gestión del mercado de las cuotas lácteas va a propiciar en un futuro próximo que el mercado pueda estar controlado por grandes grupos económicos, lo cual va a ser perjudicial para los ganaderos y centrales lecheras de la cornisa cantábrica. A nuestro juicio, lo que se tiene que hacer es favorecer las transferencias o compensaciones gratuitas dentro de un mismo ámbito territorial de los productores a los que les sobra cuota y de aquellos agricultores o ganaderos que quieran cesar en el ejercicio de esa actividad para que la misma vaya destinada a los mismos ganaderos del territorio en el que se desarrolla esa actividad económica. En la Unión Europea se dan casos como el de Holanda, que también la portavoz del Grupo Popular ha citado, en que por haber establecido políticas de libre mercado en el tema de las cuotas lácteas en el pasado, se encuentran hoy con que el sector productor de leche holandés, a pesar de su desarrollo, tiene enormes dificultades de rentabilidad por los costes derivados de la adquisición o el alquiler de las cuotas. En muchos casos, además, esos problemas se han trasladado a las cooperativas de transformación y comercialización.
Por ello, lo que nosotros queremos transmitir es que no procede, a nuestro juicio, una liberalización, un libre cambio en el mercado puesto que la cuota, en definitiva, supone una autorización administrativa que da una potestad para producir una determinada cantidad de leche y ello cumple una función social agrícola, de protección del medio natural, de ordenación del territorio. Ello tiene que estar vigilado o normado, de alguna manera, por los poderes públicos, puesto que si dejamos esa finalidad social al libre albedrío del mercado podremos terminar con nuestros ganaderos, con nuestra agricultura y que las cuotas lácteas estén en manos de ciertos oligopolios que son los que tengan la capacidad de disponer de las mismas y no los ganaderos, las pequeñas explotaciones familiares que hay a lo largo y ancho de la geografía española, aquellas a las que hay que beneficiar. En definitiva, lo que es necesario es que intervengan las administraciones públicas agrarias tutelando y, de alguna manera, inspirando el fin social que tienen las cuotas y no dejándolo al libre albedrío del mercado.
A «sensu contrario» si eso no ocurriera, nos podemos encontrar, como indicaba, como en el caso holandés cuando tenemos otro tipo de experiencias, como pueden ser la francesa o la alemana donde a través de sistemas muy diversos, bien prohibición o limitación de transferencias en cuanto al ejercicio de la actividad por compraventa o por alquiler, se trata por todos los medios de mantener la distribución territorial de la producción láctea, puesto que es la única manera de mantener la actividad agrícola y ganadera en un determinado territorio, en un determinado punto de la geografía española y así se incentiva especialmente el mantenimiento de las zonas tradicionales de montaña y desfavorecidas.
Consideramos que la proposición no de ley que debatimos pretende condicionar el funcionamiento regular del modelo de gestión de cuotas exclusivamente --lo digo con todo el respeto y consideración para la portavoz del Grupo Popular que me ha antecedido en el uso de la palabra-- para resolver situaciones puntuales de reasignación inicial de cantidades de referencia en especial en Galicia, que pueden resolverse, a nuestro juicio, mediante la puesta en marcha de un plan de abandono del gobierno autónomo que no ha realizado la Comunidad Autónoma de Galicia, a diferencia de lo que han hecho las Comunidades de Andalucía, Navarra o el País Vasco. En definitiva, la solución no está en plantear un sistema de gestión que momentáneamente pueda favorecer a los intereses de los ganaderos de un determinado territorio en detrimento de los ganaderos de otros territorios de la geografía española.
Por otra parte, queremos señalar que el Grupo Parlamentario Socialista ha enmendado la iniciativa del Grupo Popular. A nuestro juicio, mejora parcialmente el texto inicial, no obstante mantiene íntegro el punto primero de la proposición no de ley que es el que, propicia un marco muy genérico que puede llevarnos a que haya un mercado muy liberalizado de las cuotas lácteas. En definitiva, corremos el riesgo que antes decía de que las cuotas pasen a poder de determinados oligopolios. Reconocemos el esfuerzo que ha realizado el Grupo Socialista con las enmiendas dirigidas a reconocer la coparticipación y la corresponsabilidad de las comunidades autónomas en el modelo del sistema de gestión de las cuotas lácteas. Y, aunque de una manera más genérica o superficial, también se prima el ejercicio de la actividad ganadera productora de leche a los agricultores a título principal, a los que tengan la condición de jóvenes o a aquellos de zonas desfavorecidas. No obstante, no satisface plenamente nuestro planteamiento político que, en definitiva, es aquel que tenemos

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plasmado en una proposición no de ley presentada en la Cámara, que hemos trasladado como enmiendas a la iniciativa expuesta por la portavoz del Grupo Popular.
El Grupo Vasco --así lo reflejamos en nuestras enmiendas-- es partidario de establecer un modelo de gestión regulado del régimen de las cuotas lácteas que apoye el mantenimiento de la producción en las zonas tradicionales. Somos partidarios de condicionar o limitar de alguna manera la compraventa de las cantidades de referencia a que exista una transmisión de la explotación ganadera. Y que, igualmente, el ordenamiento de las mismas se limite, salvo supuestos de fuerza mayor y con carácter preferente, al territorio de una comunidad autónoma.
Con ello, ¿qué pretendemos? Pretendemos garantizar el fin social que, como decía antes, tienen las cuotas, de forma que unos pocos productores no se hagan con la titularidad de las cuotas de producción de leche correspondientes al Estado, pues, si no, corren riesgo de desaparición las pequeñas explotaciones familiares ganaderas de las zonas de montaña de toda la cornisa cantábrica.
En definitiva, pedimos que se realice una gestión territorializada y ordenada que, como expresábamos antes, existe en Alemania y Francia, curiosamente un Estado de corte centralista que tiene una gestión dirigida fundamentalmente a defender y a impulsar una ordenación del mercado de las cuotas en un ámbito regional o territorial. A través de este sistema logramos una mayor redistribución y, a nuestro juicio (lo digo con toda consideración a la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra), se salvaguarda mejor la actividad ganadera de las zonas de montaña.
Señor Presidente, nuestro Grupo defiende también la coparticipación de las comunidades autónomas con el Gobierno central en la gestión de las comunidades autónomas. Creemos que se da un avance en esta línea según la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para finalizar, quiero indicar que es fundamental articular medidas que permitan que las cuotas que se abandonen por cualquier motivo en un determinado territorio de la geografía española, como puede ser la comunidad autónoma en la que está vertebrado políticamente el Estado español, se haga en beneficio de otros ganaderos que lo necesiten en ese territorio, principalmente en las zonas desfavorecidas y de montaña y de los jóvenes que encuentran en el desarrollo de la actividad ganadera un futuro para su proyecto profesional.
Por todo ello, y finalizo, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener en la votación de la iniciativa debatida puesto que no colma y, en definitiva, no satisface las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, al autoenmendarse, ni del Grupo Parlamentario Socialista que, al mejorarla, modifica el punto primero de la proposición no de ley cuya redacción genérica puede dar lugar a que exista un mercado demasiado liberalizado y librecambista del mercado español de producción de la leche. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Varela.


El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, señorías, la reordenación del sector de producción de leche es un tema que viene ocupando la atención de los distintos Grupos Parlamentarios en esta Cámara, lo que ha dado lugar al planteamiento en los últimos años por parte de los mismos de varias iniciativas. Efectivamente, esta producción ganadera afecta a distintas comunidades autónomas, y lo hace de forma muy desigual, ya que para unas constituye una actividad agraria marginal, mientras que para otras es la producción más importante, y ello no sucede por casualidad, sino por las condiciones naturales que han determinado la orientación de las inversiones y la actividad agroganadera esencialmente hacia la producción de leche, configurando un entramado socioeconómico típico de determinadas áreas geográficas de España, como acaba de señalar el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, y dando lugar a lo que el Grupo Popular denomina en su propuesta comunidades autónomas que histórica vocacionalmente se han dedicado a la producción láctea. De todos es sabido que la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea introduce en nuestro país el sistema de cuotas que regía en los demás de la Comunidad, el cual limita la producción láctea como medida contra los excedentes que se producen en el seno de la misma.
Tal limitación nos llegó en un momento en que el incesante incremento del consumo interno de los productos lácteos, debido al aumento del nivel de vida en nuestro país, ocasiona una demanda superior a la producción, lo que generaba una dinámica expansionista del sector que estaba dando lugar a fuertes inversiones en las explotaciones ganaderas, con el fin de incrementar su capacidad productiva y su rentabilidad. La cuota global establecida para España, basada en la última información estadística disponible, pronto desbordada por la producción real, no dejó de incrementarse en años sucesivos.
Con esta situación de partida se han hecho necesarias medidas de ajuste del sector que aproximaran la cuota global establecida y la producción real, a la vez que las cuotas individuales, asignadas con carácter provisional, pudieran tener una movilidad necesaria, a fin de lograr los objetivos de viabilidad de las explotaciones dedicadas a la producción láctea, con la consiguiente

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absorción de las cuotas correspondientes a las explotaciones inviables, por ser éstas demasiado reducidas o por su falta de rentabilidad. Podemos destacar en este sentido el aumento logrado en la cuota global asignada a España de 650.000 toneladas, la financiación de programas de abandono voluntario, el establecimiento de la reserva nacional de cuotas, la reasignación de las mismas con criterios prioritarios a ganaderos con cuota individual insuficiente, todo ello acompañado del necesario desarrollo normativo.
Hay que reconocer que a pesar de los problemas surgidos se han ido logrando los objetivos a niveles satisfactorios. Así, las explotaciones viables de las zonas más adecuadas para la producción de leche han aumentado su cuota con respecto a la asignada con referencia a la producción de 1985 de forma considerable y sin necesidad de recurrir a criterios territoriales de distribución, cosa prohibida por la Comunidad Económica Europea, sino a criterios objetivos referidos a las explotaciones individualmente consideradas, como se establece en el artículo 15 del Real Decreto 1.888 de 1991. De esta forma, Galicia, por ejemplo, de una asignación provisional de cuota realizada sobre la producción de 1985 de 1.058.935 toneladas, ha pasado a una asignación para la campaña de 1992-1993 de 1.610.721 toneladas, lo que representa un 52 por ciento de crecimiento en estos años. En la práctica se ha canalizado hacia Galicia, como era lógico que ocurriera, la mayor parte del incremento de cuota global para España aprobado por la Unión Europea, con carácter provisional para la campaña 1993-1994.
Dicho esto, entendemos que la proposición del Grupo Popular que debatimos contiene aspectos que ya están regulados y en funcionamiento unos, como el alquiler de cuotas lácteas en el mercado, estaban registrados en el mes de febrero 198.000 toneladas de cuotas alquiladas que afectan a 11.200 ganaderos, o la compraventa de cuotas ligadas a la tierra, como resulta de la aplicación directa de los reglamentos comunitarios. Los demás aspectos son regulados en el Real Decreto 324/1994 y están pendientes de su desarrollo a través de las correspondientes órdenes del Ministerio de Agricultura, como saben SS.SS.
Por ello, coincidiendo con el planteamiento de fondo de la proposición del Grupo Popular, pedimos la aceptación de nuestras enmiendas que pretenden, en primer lugar, la ampliación del plazo de cumplimiento a cuatro meses; creemos que un mes resulta un plazo irreal, a todas luces insuficiente y, por tanto, pensamos que debería considerarse seriamente esta ampliación. La sustitución del punto segundo, para darle una redacción en consonancia con los criterios objetivos fijados por el Real Decreto 1888 de 1991, sin desvirtuar el contenido de la propuesta y recogiendo en el mismo parte del contenido de las enmiendas del Grupo Vasco, al incluir en la misma a los ganaderos que tengan su explotación en zonas con problemas específicos. La adición del punto tres, en el que se recoge en esencia otra enmienda, también del Grupo Vasco, compatibilizándola con la reglamentación comunitaria de necesario cumplimiento.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Valera.
¿Grupos Parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para anunciar a la portavoz del Grupo Popular que, caso de no aceptar las enmiendas que se han propuesto, especialmente las presentadas por el Partido Nacionalista Vasco, votaremos en contra de esta proposición.
Además, quiero recordarle, frente a esa serie de acusaciones, que en ocasiones vienen desde personas de su propio Grupo, de que las intervenciones de los Grupos minoritarios, de aquellos partidos nacionalistas, solamente intentan defender nuestro territorio, que claramente esta Ley es discriminatoria para una parte muy importante del Estado español y dirigida única y exclusivamente a una cornisa cantábrica que todos sabemos que, en definitiva, tiene una mayoría dentro de la producción lechera española; pero, por ejemplo, a mí jamás se me ha ocurrido, cuando he hablado de agrios --y todos sabemos la gran importancia de Valencia en ese aspecto--, excluir ni a Murcia, ni a Andalucía ni a ninguna otra región como se pretende dentro de esta ley.
Sirva únicamente como precedente de que su galleguismo me parece muy bien, pero que, naturalmente, aquí todo el mundo cuece habas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Por el Grupo de Coaliación Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, Coalición Canaria tiene que comenzar, al fijar sus argumentos para su toma de posición ante esta iniciativa del Grupo Popular, por decir que no sé si por suerte o por desgracia en esta polémica del reparto de la cuota láctea Canarias no es beligerante, en la medida en que la cabaña ganadera no está sometida a esta reglamentación y las circunstancias económicas y fiscales del mercado canario, con importaciones de productos lácteos del área de países de la Unión Europea, hacen que se tenga otro planteamiento. Esto nos hace

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ver el problema con una cierta distancia racional y objetiva, que es de la forma en que fijamos aquí nuestra posición.
Comenzamos por decir que el hecho de que el Grupo Popular haya planteado este tema es oportuno. Al tema de la cuota láctea española hay que darle una solución; no puede seguir en un «impasse», al que se va a llegar si no se resuelve con la adopción de medidas pertinentes, que es a lo que el Decreto 324, recientemente aprobado, está condicionando.
No estamos conformes con el procedimiento de redistribución de la cuota láctea que plantea el Grupo proponente. Nos gustaría, y nosotros lo compartimos fundamentalmente, que se hiciera mediante un sistema de gestión, porque, en primer lugar, el problema es un sistema de gestión de los trasvases por compra o alquiler de esa cuota láctea, como lo plantea el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
¿Por qué decimos esto? Porque la producción láctea en España tiene un componente estructural totalmente distinto si hablamos de la España húmeda, la cornisa cantábrica, desde Galicia prácticamente hasta Navarra, sin que se puedan excluir las provincias catalanas de Lérida y de Gerona y la aragonesa de Huesca. pero la producción láctea que se da en la España del centro o en la España meridional es totalmente distinta, porque nos encontramos con una ganadería del Norte ligada a la tierra y en el sur nos encontramos con una ganadería de producción láctea, de un ganado vacuno lechero que no está ligado para nada a la tierra. Es decir, es un ganado permanentemente estabulado e incluso sus recursos alimenticios forrajeros o vienen de dentro de la explotación por una extracción puramente de cultivo intensivo industrial o viene de otras áreas, incluso de otras comunidades autónomas.
¿Qué ocurriría si nosotros procedemos a un reparto total de la cuota láctea si tener en cuenta esto? Pues que nuestros socios comunitarios, concretamente Francia, Holanda, Bélgica y la República Federal Alemana, nos echarían en cara al día siguiente que España hace dentro de su territorio con el reparto de la cuota láctea lo que España no apoya que se haga en Europa. Es decir, que haya intercambios nacionales de la cuota láctea de estos países de la Europa verde, que no tienen problemas prácticamente en cuanto a la alimentación forrajera porque desconocen la palabra sequía, frente a la estructura de la producción española.
Mal podemos nosotros defender políticamente el rechazo de España a los reajustes de la cuota láctea europea dentro del marco de la Unión Europea --antes Comunidad Económica Europea- - cuando lo propone para dentro del territorio.
Yo tengo mis dudas de que una fórmula como el alquiler de la cuota no vaya a llevar a una rigidez de precios. Después está el tema de las competencias de las comunidades autónomas. Hoy día, la empresa productiva láctea, ganadera, debe tener unos apoyos que permitan una dimensión óptima rentable, es decir, una política de estructuras y una política de precios. Las peculiaridades solamente pueden venir por la ubicación geográfica, como es el caso de la agricultura de alta montaña, que haga necesaria una consideración especial.
¿Por qué un ganadero de Córdoba, de Jaén, de Sevilla, de Murcia o de Ciudad Real no va a poder entrar en el reparto de la cuota nacional española de leche, frente a lo que aquí se ha llamado regiones o zonas histórica y vocacionalmente ganaderas? Es que la historia de las explotaciones agrarias puede estar nada más que en eso, en los libros de historia.
Pero desde el punto de vista de que se le tiene que exigir una dimensión, una productividad y una rentabilidad, incuso generando las rentas de una explotación agraria familiar, creo que estaríamos haciendo un flaco servicio, porque distorsionaríamos la fórmula de la explotación familiar agraria, se iría a una posible concentración no conveniente y, por otro lado, obligaría a tener una especie de bolsa de contratación de quiénes son los ganaderos que quieren cesar en su actividad o quieren poner en régimen de venta o de alquier su cuota láctea.
Esto, vuelvo a decir, obligaría a un ganadero progresista en cuanto a su análisis económico de la producción que quiere tener una explotación productiva y rentable a un «input» rígido --que ya los tiene caros en cuanto a energía, en cuanto a maquinaria, etcétera--, como son el precio o el alquiler de la cuota que adquiere.
En tercer y último lugar, señorías, ordenar este reparto de la cuota es necesario. Pero yo creo que debe respetarse el principio competencial que tienen las comunidades autónomas.
Porque, si no, puede haber un galimatías que no hay quien controle. Si se deja prácticamente un circuito de libertad de que una cuota sobrante en la comunidad autónoma del sur, por cese de actividad, pase a una comunidad autónoma del norte o del Cantábrico, o viceversa, se pueden producir unos cambios estructurales del sistema de producción agraria de la cornisa cantábrica, si es la que se quiere definir por histórica y vocacionalmente de aptitud ganadera láctea --cosa que la empresa moderna ya no acepta, ni siquiera se acepta en ningún tratado elemental de producciones ganaderas que no estén vinculadas a la tierra--, para que esto pueda ser así.
Yo creo que es conveniente que aquellos excedentes de cuota o sobrantes por cese de la actividad se generalicen y se gestionen en primer lugar a nivel de comunidad autónoma. Y dejemos ese primer paso. Puede ser que dentro de unos años, una vez que las comunidades autónomas hayan homogeneizado sus sistema de cuota, se pueda hacer así. En este aspecto nos parece muy completa la posición que ha adoptado el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y coincidimos en este sentido

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también con la enmienda tercera que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista.
En cuanto a la primera, relativa a que en vez de ser un mes sean cuatro, nos parece perfectamente adecuado. Depende del sentido común de adecuación del grupo proponente. Con una norma de este tipo no creo que los servicios ministeriales estén en condiciones de redactarla y medirla previamente en un mes.
La segunda enmienda del PSOE fluctúa ahí, en que se haga un reconocimiento de la agricultura, a los jóvenes agricultores, etcétera. Creo que es complicarse la existencia. Eso no hay quién lo controle.
Coincidimos en lo que respecta al marco de las comunidades autónomas. Porque yo, desde luego, en este momento no quiero producir una irritación en el marco de los consejeros de agricultura y ganadería de las comunidades autónomas, que se encuentran con un estatuto que les ha señalado unas competencias, que llevan años dirigiendo acciones de subvención crediticia, financieras, técnicas, de asesoramiento, de reestructura de sus explotaciones agrarias y que ahora se vean que les falta el modelo, que no pueden controlarlo porque se abre un circuito fuera del control de las consejerías de agricultura y ganadería de las comunidades autónomas en este tema.
Merece que se piense sobre el tema. Es un tema de gestión muy complicado y qué duda cabe que es necesario. De aquí que nos parezca bien la oportunidad del Grupo Popular de traer este asunto, pero creo que debe hacerse, en primer lugar, con un proceso de racionalización claro; en segundo lugar, no ser incongruente con el que planteamos a nivel europeo; en tercer lugar, ser respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, pero no por un puro afán competencial. Dejemos que la comunidad autónoma de Navarra, por poner un ejemplo --como es la de Canarias, como he dicho--, haga su definición de trasvases de cuotas de los ganaderos productores de leche en Navarra, entre el Norte, la ribera o lo que quiera. Pero dejemos primero este núcleo de gestión territorial porque, si no, nos perderíamos en el conjunto. Es preferible que una comunidad autónoma en su política reglamentaria defina unas producciones y una estructura relacionada con esas producciones. Puede que lo que el Gobierno navarro decida en cuanto a la estructura agraria sea distinto a lo que decida el Gobierno gallego o el Gobierno andaluz. Que adapte sus producciones a su estructura. Es la manera de armonizar. Si esto no se acepta, nosotros nos abstendremos.
Porque entendemos que el tema es necesario y atractivo, apoyaríamos cualquiera de las otras enmiendas si las acepta el Grupo Popular dentro de la necesidad de regular las cuotas lácteas en la cuota nacional española.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones. Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vidal.


El señor VIDAL I SARDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) desea colaborar con todos los demás grupos de la Cámara para que este importante tema que tanto afecta a nuestros ganaderos de vacuno de leche, cual es el de las cuotas, y que plantea la proposición no de ley del Partido Popular, tenga un tratamiento realista e imparcial.
Efectivamente, la asignación de cuotas de producción de leche a cada ganadero, la creación y la redistribución de la cuota de la reserva nacional o el pago de supertasa, en caso de que esta supere la cuota global estatal asignada a España por la Comisión de la Unión Europea, todo ello en su conjunto es un problema complejo que no puede ni debe estar sometido a ningún tipo de discrecionalidad o de demagogía.
Pensamos, señorías, que la redistribución de la cuota de la reserva nacional tampoco puede basarse en preferencias de localización territorial porque ello acarrearía una lucha estéril entre comunidades autónomas, según cual sea o según cual fuere la explotación ganadera dominante y también conduciría a un nefasto descontrol de producciones. En cambio, sí que habrá que tener en cuenta el esfuerzo realizado por muchos colectivos ganaderos de muchas comunidades autónomas para ajustar sus producciones o sus retiradas definitivas para contribuir a no superar la cuota global estatal.
El Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero, ya establece un régimen bastante racional de preferencias para la redistribución de la reserva nacional, a medida de que ésta se vaya generando, bien por reconocimiento de la Unión Europea a nuestro país de posibles complementos de la cuota global, bien por programas sucesivos de cese definitivo de la producción lechera.
Nuestro Grupo, en principio, acepta estas prioridades, como base de posterior desarrollo, contenidas en el citado Real Decreto y que recoge, textualmente, la enmienda de sustitución del Grupo Socialista al apartado 2.º de la proposición no de ley. Nuestro Grupo está de acuerdo en que tengan prioridad el profesional de la ganadería a título principal de una explotación familiar, el joven agricultor, los que hayan realizado inversiones para la modernización de sus explotaciones y para aquellas comarcas con problemas específicos. Nuestro Grupo, en cambio, no podría votar el texto de este apartado 2.º, tal como está redactado en la proposición no de ley, porque es la traducción, más o menos explícita, del contenido de la propia exposición de motivos o de los fundamentos de la proposición no de ley, en que se subjetivizan las preferencias para la redistribución de la reserva nacional y se sustituyen las razones

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objetivas del Real Decreto por preferencias de localización territorial.
Si yo utilizara los mismos argumentos que han sido utilizados, injustamente, alguna vez por algún representante del Grupo Popular contra nuestro Grupo Parlamentario (no es el caso de la hoy Portavoz del Grupo Popular, por cuyo talante nos felicitamos), tendría que preguntarles cómo se atreverían a explicar a los ganaderos de Cataluña, por ejemplo, de la pretensión que subyace en el fondo de la proposición no de ley de completar o ampliar las cuotas de algunas comunidades autónomas a expensas de las ganaderías de leche de otras zonas, por ejemplo, de Lérida o de Gerona, como ha reconocido don Luis Mardones, que tienen una ganadería mayoritaria, que tienen unas peculiaridades opuestas a las que en esta proposición no de ley se pretende dar preferencia para completar la cuota, a expensas, señorías, de unos modelos de producción lechera basados en las directrices de la propia Administración, que priorizan la rentabilidad y su enraizamiento en el territorio, que han requerido un gran esfuerzo de modernización en tecnología y genética para ser competitivos y, por consiguiente, un enorme esfuerzo de inversión económica que sería imposible de amortizar, en muchos casos, si a esta ganadería, también profesional, también familiar, también tradicional, se le obstaculizara o se le negara el derecho, en razón de su ubicación o de su tamaño, a acceder, en igualdad de condiciones, al reparto de la reserva nacional.
De prosperar las tesis del Grupo Popular, podría suceder que mientras se hacen viables un tipo de explotaciones ganaderas, se condenara a la quiebra a las que actualmente son rentables, con criterios europeos. Reconozco que sería muy comprometido pretender explicar lo que, a nuestro juicio, no es explicable, por lo que nuestro Grupo no abunda en ello, entre otras razones porque deseamos que los proponentes acepten ser enmendados por la enmienda de sustitución del Grupo Socialista al apartado 2.º, que reconduce las preferencias al Real Decreto citado.
Nuestro Grupo va a votar favorablemente al apartado 1.º, porque también deseamos una reglamentación de la compra, donación, alquiler y herencia de las cuotas entre los ganaderos, especialmente si son supervisadas por las propias comunidades autónomas. También votaríamos favorablemente la enmienda de adición del Grupo Socialista, a la que, a nuestro juicio, podría habérsele añadido el compromiso adquirido por el señor Ministro de Agricultura en su comparecencia en Comisión el día 28 de febrero, cuando afirmó que la reserva nacional se distribuiría de forma que la parte recuperada de cada comunidad autónoma por planes estatales de abandono, sería reinvertida a cada comunidad autónoma en un mínimo de un 30 por ciento y que sería del 100 por cien de la cuota recuperada con fondos de la propia comunidad autónoma. Ambas cuotas serían redistribuidas, según el propio Ministro, dentro de su propio territorio por las comunidades autónomas con criterios específicos. Tenemos la esperanza y la confianza de que no habrá sido necesario este recordatorio para que la reglamentación que se solicita hoy también incorpore el citado compromiso del señor Ministro de Agricultura.
A esta proposición no de ley también se ha presentado una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Vasco PNV que en muchas aspectos colisiona frontalmente con la proposición no de ley del Partido Popular, y que en otros la complementaría si la enmienda fuera de adición. Por ejemplo, nuestro Grupo votaría positivamente los puntos 1.c) y 3, relativos, respectivamente, a la reasignación preferente de las cantidades de referencia no utilizadas en un año a las comunidades autónomas y la asignación de cuotas en cada comunidad autónoma, según criterios y prioridades que se establezcan atendiendo a las peculiaridades y modelos de producción de cada zona.
Esperamos tener la ocasión de apoyar estos aspectos en el trámite de la proposición no de ley presentada por el PNV, idéntica, por otra parte, a la presente enmienda de sustitución. Con ello finalizo la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Catalán.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vidal.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.


La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular trae hoy a debate a esta Cámara la proposición no de ley relativa a la ampliación de cuotas lácteas a ganaderos mediante la asignación de la reserva nacional. Si bien Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya comparte la preocupación por la falta de reestructuración del sector y por los graves niveles de incertidumbre y desconcierto en el que se está moviendo el sector lácteo hasta el momento actual debido a varios factores: por un lado, nosotros consideramos que en su momento se negoció mal la cuota de referencia para el Estado (esto ha sido denunciado por las organizaciones agrarias y ganaderas, que han cuantificado la falta de cuota para nuestro Estado en un millón de toneladas) y, por otra parte, porque el Real Decreto 1319 de 1992 ha tenido grandes problemas en su aplicación, como se ha podido ver a partir de los 50.000 recursos que se han presentado y que hasta el 28 de febrero todavía estaban sin resolver y, según nos comunicó el Ministro señor Albero en la Comisión de Agricultura del 28 de febrero, todavía quedaban por resolver. Nuestro Grupo considera que toda esta serie de circunstancias ha hecho que el conjunto de ganaderos

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de nuestro país se haya movido en una situación de real desconcierto. Se nos dijo que la cuota no era provisional, que la cuota era definitiva hasta que no fuera modificada, pero el hecho es que los ganaderos se han encontrado ante una situación en la que no sabían si realmente la cuota que se les había dado hasta el momento había sido superada o no.
En relación con la Proposición no de Ley del Partido Popular, he de decir que hasta el último momento esta Diputada pensaba que habría una intervención de la Diputada portavoz del Partido Popular en el sentido de que retiraría el primer punto de la proposición no de ley, ésa era la idea, por cuanto el Real Decreto 324 de 1994 ya lo regula de alguna manera, aunque habrá de ser objeto de un desarrollo posterior. Esta era la opinión de esta Diputada: que se retiraría por parte del Grupo Popular el primer punto. No siendo así, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya se va a abstener, a no ser que el Presidente nos autorice a votar por separado estos dos puntos de la proposición no de ley. Y nos vamos a abstener porque en absoluto podemos votar a favor del punto número 1 por cuanto entendemos que el mercado libre en las cuotas lácteas favorecería realmente una especulación que beneficiaría a las grandes explotaciones, y todo ello en detrimento de los pequeños y medianos ganaderos y, por tanto, en ningún momento estamos en condiciones de poder aceptar el punto número uno.
La reasignación de la cuota se debe hacer precisamente a través de la reserva nacional. Entendemos que planes sucesivos de abandono deberían ser puestos en marcha por el Ministerio para que aquellas familias que llevan explotaciones ganaderas y quisieran patrimonializar en un momento determinado su cuota, pudiesen hacerlo pasándolas al Estado, que les compensaría a través de estas cuotas por abandono; a su vez, estas cuotas irían a engrosar la reserva nacional, que sería distribuida después gratuitamente por el Gobierno a aquellas explotaciones que necesitaran más cuota para hacer rentables sus negocios.
Solamente de esa manera se puede producir la reasignación de cuotas. Cualquier legislación o normalización de la compra o alquiler de derechos de cuotas en el mercado tendría que ser en un sentido absolutamente restrictivo.
En cuanto al segundo punto, nos manifestamos en desacuerdo absoluto con la forma en que lo presenta la proposición no de ley del Grupo Popular. Pensamos que la distribución de la reserva nacional no debe ser atendiendo a zonas determinadas, sino a explotaciones. En ese sentido pensamos que la reserva nacional debería ir encaminada a resolver las situaciones realmente problemáticas que se han generado en aquellas pequeñas explotaciones de ganaderos que han hecho inversiones para mejorar sus instalaciones y sus producciones y después, en el reparto de las cuotas de referencia, se han encontrado con unas cantidades insuficientes para que su explotación sea rentable. Entendemos que debería ir también hacia los agricultores jóvenes.
Por tanto, el criterio de asicnación de la reserva nacional ha de ser atendiendo al tipo de ganadero y no a la zona. En todo caso, pertenecer a una zona con vocación ganadera debería ser un íten más, un punto más en el baremo, a tener en cuenta para la reasignación de estas cuotas de la reserva nacional, pero no determinante.
En ese sentido, señorías, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estaría en condiciones de aceptar la enmienda de sustitución del segundo punto del partido Socialista, añadiendo una pequeña enmienda «in voce». Aquí se dice: los ganaderos que tengan su explotación en zonas con problemas específicos y a los que hayan efectuado o que efectúen inversiones. Propondríamos un añadido: en planes de mejora que supongan un aumento de la producción.
Presento esta enmienda porque considero que no basta con cualquier tipo de inversión para aumentar la producción, ya que realmente no es necesario un aumento de la producción, hay excedente lácteo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rivadulla, sabe S.S. que, al no haberla presentado por escrito, no tendría la categoría de enmienda, sino que sugiere al Grupo enmendante que pudiera hacer una corrección. Sólo en ese sentido se pueden hacer esas propuestas.


La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente. Lo digo en ese sentido.
O sea que sería planes de mejora que supongan aumentos de producción.
En relación al tercer punto de la enmienda socialista, también estaríamos en condiciones de apoyarla. Esta enmienda recoge una del Partido Nacionalista Vasco por la cual se contempla la corresponsabilidad y coparticipación de las comunidades autónomas en la gestión de las cuotas lácteas. Estamos de acuerdo, por lo que la votaríamos, aparte de que, cuando el Partido Nacionalista Vasco presente su proposición no de ley, podremos entrar más a fondo sobre otros aspectos que contempla su enmienda y creemos que, en el momento oportuno, podremos debatirla.
Por tanto, señor Presidente, señorías, fijo mi posición en este sentido. Si el señor Presidente posibilita la votación por separado de los puntos primero y segundo, estaríamos en condiciones de hacerlo favorablemente a los puntos segundo y tercero y en contra del primero.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rivadulla.
Como S.S. sabe, en el trámite de las proposiciones no de ley sólo cabe la votación de los diferentes apartados

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por separado siempre que no se acepte ninguna enmienda. En el momento en que quede modificada por alguna enmienda la proposición no de ley será sometida a una única votación.
Tiene la palabra la señora Fernández Díaz, a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas defendidas tanto por el Grupo Vasco (PNV) como por el Grupo Socialista.


La señora FERNANDEZ DIAZ: No aceptamos las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco porque entendemos que en realidad ha presentado un texto alternativo. Hay cosas que pueden ser coincidentes, no digo que no, pero desvirtuarían totalmente el sentido de nuestra proposición no de ley.
Por otra parte, señor Presidente, aceptamos las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista.
Debo decir a la señora Rivadulla que no tengo inconveniente en aceptar la corrección de esa enmienda que ha hecho «in voce».
Unicamente me queda decir que las aceptamos en su totalidad y --lo he oído por ahí y eso es grave-- que ésta es una proposición no de ley nacional. Han dicho que favorecía a la cornisa cantábrica y a determinadas zonas. Esta proposición no va a favorecer a nadie. Esta proposición no de ley va a favorecer a los ganaderos que necesitan de ella para que el sector se desenvuelva. Eso es lo único que pretendemos con la petición de que se dé el voto favorable a esta proposición no de ley, ni más ni menos, señor Presidente.
Por tanto, creo que están fijadas las posiciones. Vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista, repito. Aceptamos la enmienda «in voce» de la señora Rivadulla. No estamos dispuestos a retirar el primer punto, como ella proponía. El primer punto no lo podemos retirar porque yo creo que he demostrado a lo largo de mi exposición de la proposición no de ley que era necesario desenvolverse en ese campo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Fernández, la intervención era sólo a los efectos de indicar si acepta o no las enmiendas.


La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, ya termino.
Aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): En cualquier caso, para que se acepte una corrección en la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, tendría que ser el propio Grupo Socialista el que indicara si acepta la corrección de su enmienda.
El señor Varela tiene la palabra.
El señor VARELA FLORES: Señor Presidente, aceptamos la corrección que propone Izquierda Unida incluyendo, por tanto...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Diga, por favor, en qué punto iría.


El señor VARELA FLORES: En el punto número dos en el primer párrafo. A continuación de la palabra «inversiones» se introduce «en planes de mejora».


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo.
Señora Fernández, ¿es en esos términos de modificación en los que aceptaría usted la enmienda del Grupo Socialista?

La señora FERNANDEZ DIAZ: Sí, estamos de acuerdo, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias.
Pasamos a la votación de esta proposición no de ley. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, que se somete a votación en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del propio Grupo proponente de la proposición no de ley, de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y, asimismo, con la corrección efectuada en el curso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 288; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGENCIA I UNIO), SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS LABORALES Y FISCALES ESPECIFICAS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), CON EL OBJETO DE FAVORECER SU COMPETITIVIDAD Y LA GENERACION DE EMPLEO EN LA ACTUAL COYUNTURA DE RECESION ECONOMICA (Número de expediente 162/000024)

El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre adopción de medidas laborales y fiscales específicas para las pequeñas y medianas empresas, con el objeto de favorecer su competitividad en la generación de empleo en la actual coyuntura de recesión económica.
Tiene la palabra el señor Homs. (Rumores.) Señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños.


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El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para la defensa de esta proposición no de ley que planteó mi Grupo Parlamentario el 30 de julio de 1993, hace ya 8 meses, unas semanas después de las últimas elecciones generales, con el propósito de mantener una iniciativa en esta legislatura que ya se había planteado en la anterior y que, debido a la disolución anticipada de las Cámaras, no pudo someterse a debate en este Congreso de los Diputados.
Esta es una proposición no de ley cuyo destinatario es el conjunto de las pequeñas y medianas empresas del país y que tiene como finalidad, como propósito, complementar ya una moción aprobada el 25 de febrero de 1992 en este Congreso de los Diputados, moción presentada por mi Grupo parlamentario, y en la que se adoptaron un conjunto de medidas destinadas también a las pequeñas y medianas empresas en tres ámbitos: en el ámbito financiero, instándose a la necesidad de proceder a una revisión de la legislación que regula las sociedades de garantía recíproca como instrumento para potenciar y capacitar mejor la financiación de las pequeñas empresas, medidas de fomento a la cooperación entre pequeñas y medianas empresas y a su acción en el exterior, instando a mejores mecanismos fiscales para la acción de formación de actividades de comercialización, de exportación y de investigación y desarrollo, así como de simplificación administrativa. Pero entonces no se adoptaron medidas estrictamente destinadas a incorporar a la política fiscal y a la política laboral aspectos concretos que tuvieran una incidencia positiva en el ámbito y en la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
Este es el fin de esta proposición no de ley: extender aquella decisión que tomó esta Cámara, complementar aquella moción que se acordó en esta Cámara y que no aceptó considerar medidas en el ámbito fiscal y laboral, medidas dirigidas específicamente a recoger el carácter específico y concreto de la realidad económica de las pequeñas y medianas empresas.
Señorías, este Grupo parlamentario entendió que, al iniciar esta legislatura, no era procedente plantear aquella proposición no de ley que no pudo debatirse. Y no lo era, porque la situación económica atravesaba, y atraviesa en cierta forma todavía, una especial y delicada situación que requería entonces, terminada la legislatura, y hoy también, tomar medidas que pueda instar al Gobierno a acelerar decisiones y adoptar modificaciones en beneficio de lo que hoy es el necesario marco jurídico, fiscal, laboral, financiero en el que deben operar las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de la economía productiva, para ser competitivas en el mercado europeo e internacional.
La situación económica todavía justifica adoptar estas medidas. La situación económica también hoy nos exige que adoptemos decisiones cuyo destinatario sea la pequeña y la mediana empresa. Por esa razón, mantuvimos la decisión entonces y por esa razón la mantenemos ahora, a pesar de que, como indicaré a continuación, de los siete puntos que se contemplaban en aquella proposición no de ley, cuatro prácticamente han sido ya incorporados en decisiones legislativas y en modificaciones normativas ya consideradas en esta Cámara.
Cuatro medidas contempla la proposición no de ley en el ámbito fiscal. La primera, la exoneración, durante los tres primeros años, del pago del Impuesto sobre Sociedades para aquellas empresas que se creen hasta finales del ejercicio 1993 (decíamos entonces) y a lo largo de 1994, las denominadas «vacaciones fiscales», entre comilla. Esta medida ha sido ya incorporada en la ley que acompaña la Ley de Presupuestos de este año 1994. El segundo punto era el establecimiento de un conjunto de incentivos fiscales destinado especialmente a la inversión en formación, internacionalización e investigación y desarrollo. Estos tres ámbitos han sido incorporados en la Ley de Presupuestos, mejorando las deducciones fiscales en cuota para las inversiones en formación, en un 5 por ciento de deducción en cuota, en internacionalización, el 25 por ciento, y hasta el límite del 35 por ciento en I+D.
El tercero y el cuarto puntos son aspectos que no han sido incorporados en normativas hoy vigentes. Por eso, consideramos que aún tiene fundamento mantener esos dos puntos y considerarlos en el debate de esta tarde. En el ámbito laboral, tres propuestas de medidas planteábamos entonces, y hoy podríamos resumir que la primera, la definición de un régimen laboral específico para las pequeñas y medianas empresas, las de menos de 25 trabajadores, tanto en lo que se refiere a la contratación como a la extinción de la relación laboral, ha sido incorporada en las normas de la reforma laboral.
En las leyes que definen la reforma laboral, que en estos momentos están debatiendo las Cortes Generales, se han incorporado ya aspectos concretos que incentivan la contratación para empresas precisamente de menos de 25 trabajadores, y se establecen unos marcos distintos y específicos para pequeñas empresas para lo que es en sí la extinción de la relación laboral. Por consiguiente, este primer punto también ha sido incorporado ya en los ámbitos normativos de las leyes que van a ser aplicables en estos momentos.
En el segundo punto, relativo a política laboral, la implantación del contrato de aprendizaje, como ustedes saben, ha sido también incorporado. No obstante, el tercero no está vigente, que es el relativo al restablecimiento de subvenciones y bonificaciones para la creación de determinadas modalidades de empleo, con la finalidad de estimular la contratación y reducir el número de parados, adoptando las garantías necesarias para el cumplimiento de este objetivo.
Muy recientemente, el Consejo de Ministros ya ha resuelto, de acuerdo también

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con nuestro Grupo Parlamentario, impulsar conjuntamente unas enmiendas para incorporar en la reforma laboral y dar contenido a este propósito, que todavía no se ha materializado en ninguna norma jurídica, pero sí se han hecho ya declaraciones, compromisos, en esa dirección.
En síntesis, señorías, nuestro Grupo valora que la motivación de la iniciativa presentada al empezar esta legislatura hoy todavía tiene vigencia, no obstante cuatro de dichos siete compromisos ya han sido prácticamente adoptados. Por esta razón, nuestro Grupo Parlamentario ha planteado la conveniencia de una enmienda a esta proposición no de ley. No tenemos por costumbre autoenmendar nuestras proposiciones no de ley, pero sí nos autoenmendamos en el sentido de que, como de los siete compromisos que proponíamos entonces cuatro ya han sido prácticamente asumidos, los sustituimos por otros cuatro puntos para someterlos a consideración de la Cámara.
¿Por qué razón planteamos esa conveniencia de una enmienda a la proposición no de ley, revisando esos puntos y proponiendo otros siete, tres que se mantienen todavía vigentes y otros cuatro más? Porque en estos últimos ocho meses, entre otras cosas, hemos conocido un libro blanco de la Comunidad y hemos conocido unos acuerdos en el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, en donde precisamente se adoptan compromisos y se mandata a los Estados miembros a que se adopten medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas, para favorecer los cambios normativos que faciliten la contratación, el empleo, en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.
No tendría ningún sentido, señorías, que esta Cámara, habiendo recibido y aprobado, dándoles el visto bueno, las consideraciones y acuerdos realizados por la Comunidad Europea en su Consejo de los pasados 10 y 11 de diciembre, en Bruselas, no asumiera estos mandatos y aprovechara esta proposición no de ley para ir más allá de lo que ya contemplaba en el inicio de la legislatura con aquellos siete puntos, sustituyendo los cuatro ya adoptados por cuatro medidas nuevas.
¿Cuáles son las cuatro cuestiones nuevas que incorporamos con nuestra enmienda? Simplemente, señorías, las que figuran en la enmienda a la que todos pueden acceder y que voy a referenciar muy brevemente. La primera es que se proceda a una revisión por el Gobierno de la ley reguladora de las instituciones de inversión colectiva, con un propósito, y es que en dicha ley se amplíen los márgenes para la colocación de las inversiones que se puedan realizar con los recursos depositados en los fondos de inversión, para que puedan integrar activos vinculados a la actividad productiva. Hoy, la Ley 46/1984, que regula las instituciones de inversión colectiva, establece unos límites en la colocación de activos para que estos fondos puedan destinarse a financiar actividad económica y restringe, limita la posibilidad de colocar activos vinculados directamente a la actividad productiva. Creemos que deberíamos revisar estos límites, creemos que deberíamos ampliar la posibilidad de que los recursos situados en los fondos de inversión, hoy quizá el instrumento más importante de situación del ahorro en el país, puedan destinarse no casi exclusivamente a la captación de activos públicos, sino también a la captación de activos vinculados a la actividad productiva. Esto podría ser una medida que ayudaría a la financiación del proceso productivo y, en definitiva, a la financiación de pequeñas y medianas empresas. La novedad que también planteamos con nuestra enmienda es que, por parte del Gobierno, se proceda --y éste es el tercer punto de nuestra enmienda-- a homogeneizar los criterios fiscales, respecto a los criterios contables, en la determinación de las bases imponibles, reclamo que yo diría que viene desde todos los ámbitos de la sociedad: que homogeneicemos los criterios contables y los criterios fiscales en las obligaciones tributarias que tienen hoy las empresas. Creo que éste es un propósito recomendado por la Comunidad, deseado y solicitado por todos los agentes económicos, que supone una exigencia que, sin duda, vamos a tener que hacer, y creo que es bueno que esta Cámara se pronuncie y que sea el Gobierno el que lo haga; tendremos para ello muy próximamente la ley sobre sociedades, en donde se podría afrontar esta adecuación.
El cuarto punto, señor Presidente, es elevar el límite máximo de deducciones que pueden aplicarse a las empresas en concepto de gastos e inversiones en actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de productos. Ya se han adoptado algunas decisiones en este ámbito, pero son insuficientes a nuestro entender. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de transformación y de mejora de la competitividad pasa por inversiones destinadas a mejorar las innovaciones tecnológicas y adaptar los procesos productivos a los cambios tecnológicos que los tiempos nos imponen. Ese esfuerzo inversor para mantener los niveles de competitividad, nos exige considerar los incentivos fiscales, que hoy se encuentran en nuestras leyes, que afectan a las inversiones en I+D, y estimular todavía más estos comportamientos mediante normas fiscales.
En el campo laboral, señor Presidente, y voy terminando...


El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señor Homs.


El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente.
Decía que en el campo laboral, de los tres puntos que mantenemos, los dos que encabezan los ámbitos de política laboral son exactamente los contemplados ya en nuestra proposición no de ley. En el tercer punto, que es la novedad sustantiva, proponemos que esta Cámara

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se pronuncie favorablemente hacia la programación de medidas de reducción de cotizaciones de la Seguridad Social, para minorar las cargas tributarias que hoy frenan la creación de empleo, compensando esta minoración de ingresos con una revisión de la imposición indirecta. Se trata de que esta Cámara, sin el deseo de especificar ni el límite, ni la forma, ni el «quantum» de este compromiso, se declare partidaria de revisar las cotizaciones de la Seguridad Social, para despenalizar la creación de empleo en la actividad productiva y, en todo caso, compensar esa minoración de ingresos con una revisión de la imposición indirecta.
No tendría sentido que esta Cámara no valorase positivamente estos siete puntos que exponemos a su consideración; y no tendría ningún sentido, porque van en la misma dirección de lo que hoy nos recomienda la Comunidad Económica Europea. Son puntos, son compromisos, son declaraciones hoy políticas, quizás muy pronto medidas incorporadas por el Gobierno en disposiciones legislativas, que van en la misma dirección que hoy están adoptando los demás países miembros de la Unión Europea y que el propio Consejo Europeo ha acordado recomendar a los Estados miembros que adopten estas medidas. Por consiguiente, deberán ustedes comprender la razón de esta sustitución que hacemos en nuestra proposición no de ley, con el ánimo de adoptar hoy un nuevo compromiso, un nuevo paso de unas medidas que transmiten una buena disposición de sensibilidad de esta Cámara a las problemáticas que hoy afectan a las pequeñas y medianas empresas y que, sin duda, podrán contribuir muy próximamente, si adoptamos esta proposición no de ley y la votamos favorablemente, a que el Gobierno pueda introducir este mandato en las normas y en las leyes que vayamos a contemplar inmediatamente en esta Cámara.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Popular, para defender la enmienda presentada y fijar la posición del Grupo en relación con esta proposición, tiene la palabra el señor García-Margallo.


El señor GARCIA-MARGALLO Y MARFIL: Señor Presidente, señorías, este trámite parlamentario me obliga a dirigirme a toda la Cámara, como es natural, con un interlocutor privilegiado, que es el representante del Grupo Catalán, porque es el Grupo Catalán el que tiene la llave para admitir que la enmienda que voy a defender sea sometida a la consideración del resto de los Grupos de la Cámara. Este trámite tiene, por tanto, como primera singularidad que tengo un interlocutor privilegiado a quien me voy a dirigir preferentemente.
En segundo lugar, señor Presidente, el Reglamento permite, y el Grupo Catalán ha hecho uso de él, la posibilidad de sustituir un texto por otro, prácticamente cuando el toro está a punto de salir; por tanto, me encuentro con una dificultad añadida a lo que este trámite supone.
Ha explicado el representante del Grupo Catalán por qué el texto que presenta ahora, que enmienda a su propio texto, no se parece prácticamente en nada al que hemos tenido ocasión de estudiar. Pero como a mi Grupo Parlamentario lo que le preocupa es que tomemos de una vez medidas en favor de la pequeña y mediana empresa y relega a un lugar muy secundario a quién corresponda el protagonismo de solicitarlas, voy a discutirlas con mucho gusto.
Señor Homs, dentro de las sorpresas que yo me he encontrado esta tarde hay alguna de más fundamento. En la exposición de motivos de su proposición no de ley originaria, S.S. parte de decir que hay una situación de crisis que afecta especialmente a la pequeña y la mediana empresa. No podemos estar más de acuerdo. A continuación --eran otros tiempos, era la legislatura anterior, los afectos de S.S. no eran los mismos--, dice que esa crisis es consecuencia de una política económica errónea del Gobierno. En su exposición de la legislatura anterior, S.S. recordaba las dificultades crediticias, las dificultades de los planes de reconversión concebidos para la gran empresa y no para la pequeña empresa, la dureza de la política fiscal, y subrayaba cómo esos errores del Gobierno, que habían metido a toda España en el congelador, habían tenido una incidencia mucho mayor en la pequeña y mediana empresa. Si uno, aplicando las reglas que Aristóteles estableció en la lógica, intenta ligar la premisa mayor y la premisa menor, siendo la premisa mayor la crisis, con la gravedad que S.S. subrayaba entonces, y siendo la premisa menor la causa de esa crisis, la política errónea del Gobierno, llega como conclusión necesaria a que es preciso un cambio radical de esa política económica respecto a la pequeña y la mediana empresa, y aquí se encuentra uno con la sorpresa de que esta proposición no de ley presentada ya en esta legislatura, propone medidas que ya han sido aprobadas, como reconoce el señor Homs, o propone medidas que sonrojarían, por su timidez, a una novicia.
Creo que el cambio radical, el cambio de talante, el cambio de rumbo que su Grupo ha dado en esta materia lo ha hecho en el peor momento ¿Por qué digo cambio de rumbo? Porque S.S. va a decir luego que no acepta mi enmienda. Mi enmienda se presentó aquí en febrero de 1992, y el portavoz de su Grupo entonces, señor Roca, se levantó --tiene tres líneas en el «Diario de Sesiones»-- y dijo: Voy simplemente a decir que suscribo, de la cruz a la raya, la proposición del Grupo Popular. Un año más tarde, cuando presenté estas mismas 45 medidas, S.S. se levantó y en otras tres líneas dijo que había coincidencia sustancial y total con las propuestas del Grupo Popular.


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Mucha más química tendrá que hacer S.S. que la que ha hecho para cambiar un texto por otro para explicarme que lo que entonces era bueno ahora es malo, porque yo diría que lo que entonces era bueno ahora es infinitamente más necesario. ¿Por qué creo que es infinitamente más necesario? Porque si la política errónea del Gobierno se manifestó en todo tiempo, ha tenido su manifestación más visible, más perceptible, en este momento, y en este momento España está atravesando una profundísima crisis industrial: las multinacionales se están yendo, y probablemente eso sea el principio; los nombres de Santana, de Seat, de Gillete, de Rank-Xerox, etcétera, forman una cadena importante que debía encender las alarmas en todos los grupos parlamentarios.
En segundo lugar, porque las empresas nacionales están vendidas al exterior; S.S. conoce igual que yo la lista de empresas, por ejemplo en el sector sementero, en el sector agroalimentario, en el sector editorial, que han pasado a manos extranjeras. Su señoría sabe igual que yo que la destrucción de empresas en estos momentos está batiendo récords históricos: 1.600 empresas en 1992, lo que da una media de cinco empresas al día, lo que da un volumen de pasivos de más de un billón de pesetas, lo que significa quince veces más que el año 1989. Su señoría sabe que si se están destruyendo empresas de toda magnitud, de toda clase y de toda dimensión, se están destruyendo mucho más en la pequeña y la mediana empresa. Entre las empresas que ocupan de seis a diez trabajadores han desaparecido 73.000; entre las empresas entre diez y veinticinco, 15.000, etcétera, en una degradación descendente que indica que son las pequeñas y las medianas empresas las que más han sufrido.
Y así nos encontramos con una crisis industrial de primera magnitud, que no se va a arreglar porque mejoren los indicadores, fundamentalmente los de comercio exterior, ya que lo que aquí nos estamos jugando es si queremos una España que sea un país del sector terciario, un país de servicios o un país con un tejido industrial.
Cuando el Presidente Pujol está tomando medidas para corregir lo que está pasando en Seat en Cataluña, o cuando el Presidente Chaves está intentando hacer algo en Andalucía, en Santana, S.S. parece cogerse al carro del Ministro Eguiagaray, que dice que cuando las empresas se van, o cuando las empresas se destruyen, no hay nada que hacer porque eso son las leyes del mercado. Sabe S.S. que en el Grupo que usted apoya, por lo menos con sus votos, en esta materia hay, por lo menos, dos tesis: la tesis que por simplificar llamaría tesis segura y que dice que, puesto que es imposible que haya grupos empresariales autónomos, es necesario una empresa fuerte y que el INI y Teneo son la única garantía de que haya grupos empresariales importantes --tesis que espero que S.S. no comparta--, y la tesis de Aranzadi de que la política industrial mejor, la más factible es no hacer nada, que es la que sostienen ahora Eguiagaray y Solbes, que creen que la libertad del mercado es desmantelar y permitir la colonización del país, sin adoptar ninguna resistencia.
Después está la tesis de este Grupo, que es hacer un cambio radical de política económica. Y ese cambio radical de política no se hace con siete medidas cogidas al pespunte y susurradas al oído de los representantes del Grupo Socialista para saber si las van a votar o no. Eso requiere un trabajo serio, hecho que usted conoce desde hace mucho tiempo porque ha sido repetido en esta Cámara. Y le quiero reiterar aquí la moción de 1992, a la que me he referido antes; la moción de 1993, a la que me he referido antes; las proposiciones de ley que ocupan siete páginas del listado del Congreso de iniciativas del Grupo Popular. A ustedes, entonces, les parecían buenas, y ahora me dice que les parecen malas y no admiten enmiendas.
Señor Homs, no es por el camino que ustedes han elegido, de complacencia y de colaboración con la pasividad que está manifestando el Gobierno socialista, como vamos a arreglar el problema. El problema es infinitamente más urgente. Por eso, señor Presidente, no tema que le vaya a leer las 45 medidas que constituyen nuestro plan. El señor Homs y el resto de la Cámara las conocen perfectamente.
Saben que queremos modificar el sistema mercantil, el sistema administrativo, el sistema laboral y el sistema fiscal, pero queremos hacerlo en serio. Y digo que no lo voy a leer porque S.S. lo conoce suficientemente, ya que hace más de un año, su portavoz, que en aquel momento estábamos en período preelectoral y tuvieron a bien otorgar el protagonismo al señor Roca, dijo que coincidía, de la cruz a la raya, con las propuestas del Grupo Popular.
No sé lo que el viento se llevó en las actitudes de su Grupo Parlamentario. No logro entender, en términos aristotélicos de premisa mayor, premisa menor y conclusión, su actitud de rechazar mi enmienda. Probablemente haya que acudir a Pascal cuando decía aquello de que hay razones que el corazón sabe que la razón no entiende. Pero, créame, no es hora de sentimentalismos, es hora de coger el toro por los cuernos, de afrontar, de verdad, el problema si no queremos encontrarnos muy pronto con un desierto industrial. Y de nada servirá el que los indicadores económicos llevados más que nada por los vientos exteriores, por los efectos de la devaluación, permitan una cierta mejora de las condiciones si no se modifican las condiciones de fondo, si no se reconstruye el tejido industrial, si no evitamos que las empresas que están en España, españolas o extranjeras, se vayan unas a países con menos salario, y otras a países con mucho más salario pero con más productividad, porque aquí estamos batiendo el récord de importar, al mismo tiempo, harina y tecnología; estamos

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batiendo el récord de que nuestras empresas se vayan a Marruecos, a América del Sur y se vayan a Cánada y a Estados Unidos. Su responsabilidad será, señor Homs, si esta enmienda no se ve hoy. Y si no se ve hoy se volverá a ver muy pronto, porque mi Grupo la presentará como iniciativa propia y le dará, de nuevo, la oportunidad de aquello que se decía en el Tenorio de que un punto de contrición da al alma la salvación, porque, por ahora, va S.S. por muy mal camino.
Muchas gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Margallo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, y desde el propio escaño, para, de alguna forma, saludar el interés de esta proposición no de ley, pero también para subrayar su parcialidad en cuanto que ha tenido que ser cambiada en su propio contenido. Yo creo que, además, es una proposición nueva que intenta continuar un papel que se introdujo en una época determinada e incompleta, pero con otra serie de temas que deberían ser destinados precisamente a una política industrial de tratamiento de la pequeña y mediana empresa, que ya se han presentado en este Pleno por otros grupos políticos, que no han sido, desgraciadamente, aprobados y que vienen aquí ahora de una forma --como insistí anteriormente-- absolutamente parcial.
Yo creo que hace falta una política global integradora de todas las medidas porque hay excesiva dispersión, y como consecuencia de ello también una excesiva desinformación y, por tanto, ineficacia a la hora de tomar medidas por esa tan elevada dispersión existente.
En este mismo momento, el Ministerio de Industria y Energía, a través del IMPI, prepara un plan de empleo y competitividad 1994-1999 para las pequeñas y medianas empresas, que actualmente también se debate en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, donde no participan todas ellas, por ejemplo es el caso del País Vasco, que está tratando de introducir, además de sus propias competencias, sus propios criterios. El objetivo de tal plan es precisamente facilitar la inversión y atacar un tema clave que no se contempla en esta proposición no de ley, como es ayudar a la mejora de la estructura financiera de las pymes. Esta proposición no de ley, ¿cómo se sitúa en este plan? ¿Qué tiene que ver esta iniciativa con la propuesta ministerial? ¿Por qué este método tan precipitado de debatirlo sin facilitar las aportaciones de otros grupos preocupados también por las pequeñas y medianas empresas?Esta es mi conclusión, y no voy a profundizar, más aunque votaremos a favor de la proposición no de ley, pero quiero dejar esta reflexión encima de la mesa porque realmente esta Cámara no puede estar sometida a situaciones y planteamientos que son puramente parciales de un problema que, como ha descrito mi predecesor en el uso de la palabra, es ya grave y sobre todo prolongado en el tiempo.
Creo que hemos perdido una oportunidad para un debate general y una propuesta que sume precisamente las buenas ideas que todos los grupos tienen.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario ante esta proposición no de ley, que es una más de las que en pocos meses se han presentado ya en esta Cámara; iniciativas sobre medidas para favorecer el desarrollo y la competitividad empresarial.
Hemos debatido propuestas en comparecencias del Gobierno sobre la situación económica. Cada grupo parlamentario ha tenido ocasión, en diversas intervenciones en esta Cámara, de proponer medidas que incentiven la actividad empresarial, desde el debate de investidura pasando por el debate de Presupuestos Generales del Estado y un largo etcétera hasta el día de hoy. Todo ello con un resultado nulo. Los grupos parlamentarios no hemos sido capaces de establecer, al menos, un catálogo consensuado de medidas para activar las empresas, es decir, el sistema productivo.
Nuestro Grupo Parlamentario ha insistido en cada ocasión sobre aspectos que desde nuestro punto de vista deben de abordarse si queremos seriamente impulsar el desarrollo empresarial: medidas proponiendo la reforma del Impuesto sobre Sociedades definitivamente, revisando la tributación local, persiguiendo el fraude fiscal, simplificando las obligaciones fiscales, incentivando la creación de empresas, etcétera.
Hemos propuesto medidas laborales, fundamentalmente en el área de la formación para el empleo; en la revisión de las cotizaciones sociales a cargo de las empresas. También hemos propuesto medidas para incentivar las exportaciones y la implantación de nuestras empresas en el exterior a través del establecimiento de redes comerciales que propicien y potencien la presencia directa de empresas españolas compitiendo en el contexto internacional. Hemos propuesto medidas para estudiar el redimensionamiento de nuestras empresas, que hagan precisamente posible competir con otras

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en el exterior. Hemos propuesto medidas administrativas para agilizar la creación de empresas y para simplificar las obligaciones formales de las mismas. Todo esto, que también están proponiendo, con motivos distintos y con mayor o menor extensión, los demás grupos parlamentarios, no ha llegado a cuajar. No ha cuajado porque posiblemente el sistema de debate parlamentario que estamos utilizando en este caso, al menos hasta hoy, no ha sido la vía adecuada. Si todos los grupos creemos que es necesario y urgente establecer medidas como las propuestas para incentivar la actividad empresarial, hagámoslo ya, pero consensuemos antes un programa de actuación con un verdadero contenido de medidas específicas.
Independientemente del leve atisbo de mejora de la economía, que ójala vaya consolidándose, este año 1994 va a ser todavía muy duro. No se van a crear puestos de trabajo si no crece de forma importante la inversión productiva. Apoyemos, señorías, decididamente la actividad empresarial, huyamos de la demagogia de proponer cada cierto tiempo medidas específicas para las pequeñas y medianas empresas, porque, al final, nadie va a creer que estamos preocupados por su situación.
Hoy nos encontramos nuevamente con esta proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió, a la que precipitadamente se presentan enmiendas; se estudia su contenido, que ha sido modificado, etcétera. Nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado enmiendas, y no lo ha hecho por las razones expuestas y porque el Grupo proponente conoce perfectamente nuestros planteamientos y los podía haber introducido en su texto. Pero queremos dejar claro que nos preocupa, como al que más, la situación de nuestras empresas, y prueba de ello son las medidas de apoyo al sector empresarial que existe en Euskadi. Dentro de nuestras competencias, hacemos lo que podemos. Es por ello que estamos abiertos a colaborar en todas aquellas iniciativas que lleven planteamientos serios y posibles. Sin embargo, no podemos apoyar esta proposición no de ley, presentada, como digo, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, porque, aun coincidiendo en su objeto, es decir favorecer la competitividad en la generación de empleo, difiere, en su contenido, de las propuestas realizadas en diversas ocasiones por nuestro Grupo, y que han sido rechazadas sistemáticamente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Señores Diputados, señoras Diputadas, señor Homs, debe reconocer que la jugada le ha salido mejor de lo que creían en septiembre. Presentaron una batería de leyes, entre ellas ésta, pero no ha sido necesario, ni tan siquiera, llegar al debate y votarlas. Las enmienda prácticamente en su totalidad, porque sólo dejan tres puntos de la anterior proposición no de ley. En definitiva, la enmienda es una antigualla, porque el Grupo Socialista se la ha aceptado en los Presupuestos Generales del Estado y posteriormente en las leyes de contrarreforma laboral --entiéndase por contrarreforma lo que ustedes llaman reforma laboral--. En definitiva, chapuza tras chapuza, señor Homs, entre ustedes y el Partido del Gobierno ya lo tienen todo en los Presupuestos Generales del Estado y en las leyes de contrarreforma laboral.
Pero previamente a cualquier exoneración fiscal no han tenido en cuenta el nivel contributivo que hay en este país. Por ejemplo, el nivel contributivo de los trabajadores asalariados, que pueden tener una media anual de un millón y medio de pesetas, y el nivel de impuestos del pequeño y del mediano empresario.
Nadie habla, y ustedes tampoco, del tema fiscal en su globalidad. Otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra han hecho mención de ello, pero a ustedes no les interesa entrar a fondo en el debate sobre la fiscalidad en este país. No les interesa como grupo y no les interesa como Gobierno en Cataluña, porque no están batallando, no están apretando, no están luchando para liquidar la opacidad fiscal que hay en estos momentos, sino que están introduciendo más opacidad fiscal.
Lo que plantearon en la proposición no de ley de septiembre y lo que están planteando ahora es la continuación de una verdadera desfiscalización de rentas. Lo mismo de siempre. Y lo que deberían hacer, en los contenidos concretos, en vez de hacerlo de forma chapucera, con alevosía y nocturnidad, es traer aquí un debate serio --de acuerdo con el partido del Gobierno-- sobre fiscalidad, veríamos si nos ponemos de acuerdo y cada Grupo defendería lo que considerara más oportuno. No quieren hacer eso porque hasta este momento les ha ido muy bien tal como lo han planteado.
Por ejemplo, algunas de las propuestas que hacen, como la de apoyo a la investigación y desarrollo, la ponen más como una guinda que como otra cosa, y le hago una pregunta concreta, señor Homs: ¿cómo deducirían ustedes impuestos o harían bonificaciones? ¿En función de qué método, de qué sistema de aplicación de una investigación y desarrollo? Hoy han abundado un poquito más en las modificaciones que introducen a la proposición no de ley de septiembre, explicitar más, pero, en definitiva, no dicen cómo van a hacer todo esto, porque es imposible hacerlo si no hay realmente un debate a fondo sobre el conjunto de la fiscalidad. En ese terreno entrarían, naturalmente, esas medidas de apoyo, a la investigación y desarrollo. Además, lo hacen porque suena bien en un programa electoral, en una proposición no de ley, o en una proposición de ley, hablar de que se está muy preocupado,

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muy pendiente de la capacidad que pueda tener este país de apoyar la investigación y el desarrollo. Se dice así, pero, en definitiva, frente a la incuria real que hay en estos temas, tanto por parte del Gobierno de la Generalitat como por parte del Gobierno central, resulta que esto abunda todavía más en lo que he dicho anteriormente, que es una guinda tanto en la proposición no de ley de septiembre como en la de hoy.
Luego hay otro apartado, que continúa quedando, en el cual les proponemos, para ser consecuentes incluso con otros programas, un pacto tripartito. El programa electoral del Partido Socialista decía: Propiciar el acuerdo entre las partes en la negociación colectiva a fin de crear fondos de inversión para canalizar una parte de los beneficios empresariales a la creación de empleo, fomentando la formación colectiva de capital. Ustedes saben perfectamente que nosotros intentamos introducir, pero no pudimos hacerlo, ya que fuimos derrotados estrepitosamente una vez tras otra, unas enmiendas de cara a la incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de toda una serie de medidas que fomentaran precisamente la posibilidad de invertir a través de unos fondos dentro de las empresas, con la contribución del empresario y con la contribución del conjunto de los trabajadores. Setenta veces siete nos dijeron que no; es decir, absolutamente fracasados.
Por tanto, nosotros recuperamos --ya que lo plantean de nuevo aquí-- la filosofía de los fondos de inversión que les propusimos en los Presupuestos Generales del Estado y que rechazaron, para impulsar, entre otras cosas, la democracia económica --que les parece bien, ya que también hablan de esto--, la necesidad de crear empleo, el impulso de la democracia económica, etcétera. Se trataría de hacer formación bruta de capital, repito, según el programa del Partido Socialista que acabo de leer y según los acuerdos que plantean en estas modificaciones, es decir, según la autoenmienda que han hecho ustedes; vayamos a un acuerdo tripartito y recuperemos las enmiendas que presentó Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya a los Presupuestos Generales del Estado. (El señor Homs i Ferret hace signos negativos.) No, ya me lo temía, señor Homs.
En relación a los módulos que mantienen, ni se conocen. Lo fundamental sería, a nuestro entender, saber el ingreso medio del empresario y el ingreso medio de un trabajador; cómo se contrastan los módulos que plantean aquí con los ingresos medios de los empresarios y de los trabajadores. Tampoco me imagino que tendrán ninguna intención de aceptar que las cosas vayan por aquí.
Resumiendo, esta proposición no de ley redunda, también con las enmiendas (porque lo otro lo han conseguido no en un debate en esta Cámara, sino en la negociación particular con el Partido Socialista y con el Grupo Socialista), en políticas neoliberales, porque ustedes son unos verdaderos «sparrings», son unos campeones de esto, pero naturalmente es el Partido del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español el que ha incorporado a su programa y a su práctica de gobierno todo lo que ustedes han planteado en esta línea.
En cuanto a las medidas desreguladoras, continúan en la misma línea, de fiscalidad, regresivas y clasistas, y además inútiles y fracasadas para la reactivación económica, discriminatorias para muchos pequeños empresarios y de un paternalismo chanchullero, pérmitame que se lo diga de esta forma. Esto es lo que hay aquí, pero como ustedes continuarán sin querer negociar una verdera fiscalidad en este país y naturalmente poder enfrentar sus tesis --regresivas, conservadoras--, con las tesis que intentamos mantener --progresistas, más avanzadas--, me temo que con el apoyo del Partido del Gobierno están ustedes en la misma situación.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha propuesta reiteradamente reactivar la economía a partir de las pequeñas y medianas empresas. Hemos hecho propuestas aquí diferentes y más justas, creemos, socialmente, y al mismo tiempo más eficaces económicamente, también lo pensamos. Hemos planteado mejorar la capacidad y el tamaño de las pequeñas empresas, con medidas concretas para ello; desarrollar un proceso de autofinanciación de la pequeña y la mediana empresa, también con medidas concretas y que podríamos continuar estudiando entre todos, desarrollar un proceso de autofinanciación impulsando la financiación de tecnología propia, y aquí sí que vendrían los elementos de bonificación constatables que ustedes pretenden introducir, pero sin ninguna objetivación, planificando o incitando a una reactivación económica selectiva, que debería también estudiarse desde el Estado, desde el Gobierno, desde este Parlamento: una planificación económica selectiva, con una ley, en definitiva, más centrada en todo lo que decimos, en todas las pequeñas y medianas empresas y no solamente en una parte. Con todo ello creemos que se avanzaría muy rápidamente.
Naturalmente, ustedes continuarán acusando a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de dirigismo, de estatalismo, de que produciremos la ruina económica del país, etcétera; pero lo único que conocemos en este país, a nivel de desinversión, a nivel de paro y a otros niveles absolutamente preocupantes, ha venido a través de las medidas de política económica que han planteado ustedes.
En definitiva, señoras y señores Diputados, la proposición no de ley enmendada por el mismo Grupo que la ha presentado continuará siendo un desastre, porque, además, se sigue incidiendo en la misma política, cuando realmente en este país, si se quiere hacer frente al problema del empleo, se tendría que empezar a revisar a fondo (los del Partido Popular también lo plantean en esta línea, aunque lo hacen, naturalmente con otra política, que coincidiría más con la suya que con

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la nuestra) el conjunto de la política económica, porque esto es lo que puede crear o no puestos de trabajo, no la incidencia en la desregulación del mercado de trabajo y no la incidencia en la desfiscalización en la que están ustedes abundando últimamente. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Señor Presidente, señorías, estamos, sin duda, en una situación económica difícil. Europa en general, y España como parte de ella, en particular, están atravesando una etapa en que la pérdida de la competitividad y, por tanto, de nuestra posición relativa en el mercado mundial se ha ido deteriorando, afectando, cómo no, de manera especial y preocupante al empleo. Estamos viviendo esta fase de recesión, pero además del componente cíclico, está claro, y se ha repetido múltiples veces en esta Cámara, que existe un componente estructural importante que nos obliga a buscar nuevos caminos para ir recuperando nuestros niveles de bienestar.
En este contexto, el Gobierno, con los grupos que le apoyan en esta Cámara, viene adoptando una serie de medidas encaminadas tanto a la recuperación de la competitividad como a la recuperación del empleo en un marco de condiciones macroeconómicas estables; medidas, las que toma, y condiciones, las macroeconómicas estables, que son las que realmente suelen y pueden posibilitar un crecimiento generador de empleo, que es lo que se busca.
Es indudable el papel y la importancia que las pequeñas y medianas empresas tienen para alcanzar este objetivo de recuperación de la competitividad y de recuperación del empleo. El papel de la pymes, por su forma de articulación entre el crecimiento y el empleo, resulta esencial y constituye de hecho un gran potencial --yo llegaría a decir el mayor potencial-- de creación de empleo.
También es importante señalar el aspecto cualitativo que tienen las pymes en la generación de empleo, primero porque ofertan un primer empleo, asegurando una cierta formación de la mano de obra, y en segundo lugar porque también tienen un papel primordial en la absorción de la mano de obra menos favorecida dentro del mercado laboral, como pueden ser las categorías de jovenes, mujeres o trabajadores con menos cualificación. Por tanto, yo creo que parece indiscutible el papel de la pequeña y mediana empresa en la creación de empleo y, además, así se recoge de manera bastante clara y contundente, como ya se ha señalado por anteriores portavoces, en el Libro Blanco de la Comisión Europea.La presentación por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de esta iniciativa, por otra parte, resulta bastante coherente con las medidas de recuperación de la competitividad y del empleo que se están llevando a cabo.
Así, como ya ha señalado el propio portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), las medidas planteadas en la proposición no de ley, por la fecha en que fue presentada, han sido ya aprobadas y puestas en marcha en muchos de los casos.
En el ámbito fiscal, algunas ya han sido recogidas e incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico tributario a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de su Ley de acompañamiento de medidas fiscales y de reforma del régimen jurídico de la Función pública y de protección al desempleo. En el ámbito laboral se han incorporado ya algunas y otras todavía están discutiéndose en el ámbito de la reforma del mercado de trabajo que está en estos momentos en marcha.
Esta línea de trabajo posibilista y efectiva de ir adoptando las medidas de manera paulatina, pero sin perder de vista los objetivos finales, sin perder de vista tampoco la perspectiva de globalidad, es, desde nuestro punto de vista, señorías, lo que nos permite dar una respuesta real a los problemas, y no la presentación reiterativa y continua, cualquiera que sea el problema que hay que abordar, de un rosario de medidas imposibles de poner en marcha simultáneamente y cuya única eficacia radica en su rentabilidad partidista, por un lado, y, por supuesto, en la posibilidad de demostrar la brillantez oratoria de algún portavoz de la Cámara.
Por todas estas razones, también valoramos positivamente desde el Grupo Socialista la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió) con el fin de ir actualizando su proposición no de ley. Enmienda que paso a comentar de manera más específica.
Respecto al primer punto, en el que propone la regulación de un régimen fiscal que permita la corrección de los efectos de la tributación de dividendos, desde nuestro Grupo consideramos que la eliminación o atenuación de la doble imposición de dividendos es, desde luego, una decisión trascendental desde el punto de vista de política tributaria y, además, pensamos que es muy razonable esperar una serie de efectos positivos de esta medida. En primer lugar, un efecto sobre el grado de neutralidad en el tratamiento de los rendimientos del capital, en la medida en que tiende a igualar la presión fiscal sobre los intereses y sobre los dividendos. En segundo lugar, un aumento del grado de neutralidad en las decisiones empresariales de financiación. Como los intereses son fiscalmente deducibles para determinar la base imponible de las empresas societarias y los dividendos no lo son, existe, desde nuestro punto de vista, en principio, una cierta incitación de carácter fiscal a que se financie mediante endeudamiento.


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Por tanto, creemos que dicha incitación se vería fuertemente moderada mediante la eliminación de esta doble imposición de los dividendos.
Así pues, creemos que con la eliminación de estas distorsiones de origen fiscal respecto a las decisiones de financiación empresarial estamos contribuyendo a una racionalización y a un fortalecimiento de la estructura financiera de nuestras empresas. Además, en tercer lugar, existe otro efecto positivo que es el que estimula la colocación de ahorro en instrumentos del mercado de capitales, elevando así, de esta forma, la fluidez de esta importante vía de financiación.
Respecto al segundo punto de la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a su propia proposición, estando de acuerdo en que el tema propuesto resulta, en líneas generales, de gran interés, no nos parece oportuno en este caso su inclusión en esta proposición no de ley por cuanto que afecta a un tema que conviene abordar desde una perspectiva bastante más general. En este sentido, estando pendiente como está la ley de supervisión de los seguros privados, solicitamos del Grupo proponente que aplace la discución de este punto al debate de la ley que anteriormente he citado.
Respecto a los puntos tercero y cuarto nos parecen totalmente razonables y, por tanto, aceptables, aunque en el punto cuarto propondríamos una redacción más sencilla, que podría decir lo siguiente: «mejorar el tratamiento fiscal para los gastos e inversiones en actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de productos, estableciendo un límite específico más favorable para las actividades de esta naturaleza». Esto respecto a las medidas de política fiscal que se establecen en la enmienda.
Respecto a las medidas de política laboral, no podemos sino manifestar nuestro total acuerdo con lo que se propone en este apartado, ya que el primer punto está en la línea de las medidas que el Gobierno viene adoptando. Además, en estos momentos, el Grupo Socialista va a plantear alguna enmienda relacionada con el fomento del empleo para mayores de 45 años en la reforma del mercado laboral que en la actualidad se está discutiendo en el trámite del Senado.
En el segundo punto estamos totalmente de acuerdo y respecto al tercero consideramos que afecta a algo que ya está en marcha dentro de esta Cámara, que es la Ponencia que se ha constituido para elaborar el informe sobre la reforma económica de la Seguridad Social, incluyendo un conjunto de recomendaciones para ser elevadas al Gobierno. Por tanto, solicitaríamos al grupo proponente que retirara este punto de entre las medidas que instan al Gobierno en la proposición no de ley (puesto que si no chocarían las competencias del Gobierno y de la Ponencia que está en marcha en el Congreso de los Diputados) y que lo incluyera como una aclaración final, que podría decir: «Asimismo, el Pleno del Congreso de los Diputados propone que, en el marco de la Ponencia constituida para elaborar un informe sobre la reforma económica de la Seguridad Social que incluya un conjunto de recomendaciones para ser elevadas al Gobierno, se estudie la adopción de medidas de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social para minorar la carga tributaria que frena la creación de empleo, compensando dichas reducciones con la revisión de la imposición directa»; es decir, metiendo el punto tercero de la política laboral.
Esta es, por tanto, nuestra posición respecto a la proposición no de ley que hoy se ha presentado y la enmienda presentada por el propio Grupo proponente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
A efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Homs, en nombre del Grupo proponente.


El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor Presidente. A esos efectos, quiero comunicar que aceptamos las enmiendas que propone el Grupo Socialista, aun cuando por lo que respecta a la que plantea al punto 4, relativo a la política fiscal, releyendo dicha enmienda observo que en su línea tercera, para entender claramente la redacción, cuando dice: mejorar el tratamiento fiscal para los gastos e inversiones de actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de productos, estableciéndose un límite específico, debería añadirse «en las deducciones» --si no no se sabe en qué es--, más favorable para las actividades de esta naturaleza.
Acepto estas consideraciones y las dos enmiendas que nos plantea. En relación con las enmiendas de los demás grupos parlamentarios, quiero manifestar que hubiéramos deseado conocerlas. Si las hubieran planteado las hubiéramos estudiado con detalle. También quiero agradecer al Grupo Popular su intención de votar favorablemente estos siete puntos que planteamos. Creo que es un paso adelante y, en todo caso, vamos a tener próximamente ocasión de contemplar otros aspectos, con lo cual, no se tiene que desesperar el señor García-Margallo.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Homs, que su posición, que se ha referido a las enmiendas que significan un planteamiento positivo, suscitadas por la señora Mendizábal en relación con los puntos 3 y 4, de la política fiscal y laboral, respectivamente, incluye también la aceptación de la retirada del punto 2, de la política fiscal.
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente, porque se traslada al debate de la proposición de ley del

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seguro privado, según ha manifestado la portavoz del Grupo Socialista. Nos parece bien trasladar esa propuesta a dicho debate.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Entiendo, señora Mendizábal, que la especificación que ha hecho el señor Homs en relación con la enmienda transaccional al punto 4 de la política fiscal también es aceptada.
(Asentimiento.) Vamos a proceder, entonces, a la votación.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en los términos resultantes de las enmiendas del propio grupo y de las transaccionales del Grupo Socialista con las particularidades resultantes del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 286; en contra, 15; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA- INICIATIVA PER CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA LABORAL DEL GOIERNO RESPECTO DE LA MUJER, CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS REPERCUSIONES QUE EN ESTE AMBITO HA TENIDO LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION (Número de expediente 173/000032)

El señor PRESIDENTE: Estamos en el punto tercero del orden del día: mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Comenzamos el debate de la moción del Grupo Parlamenterio de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política laboral del Gobierno respecto de la mujer, con especial referencia a las repercusiones que en este ámbito ha tenido la entrada en vigor del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación.
Tiene la palabra la señora Urán. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, señorías, al defender la moción consecuencia de interpelación que debatimos el pasado 23 de marzo no podemos dejar de tener en cuenta ese debate. (Rumores.) En líneas generales se vino a decir por alguno de los intervinientes que las medidas adoptadas por el Gobierno contenidas en el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, van a favorecer la incorporación de las mujeres al mercado laboral. (Rumores.) Si tenemos en cuenta que el aumento de la incorporación de la mujer al mercado laboral en los últimos años coincide con una serie de medidas de política laboral como, por ejemplo, la Ley 32/1984, de 2 de agoto, y sus posteriores desarrollos reglamentarios de 1984 y de 1985, que han debilitado el principio de estabilidad en el empleo, provocando...
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Urán. Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa.) Continúe, señora Urán.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Como decía, todas estas medidas reglamentarias y de la Ley 32/1984 han debilitado el principio de estabilidad en el empleo provocando que esta incorporación no se produzca en condiciones de igualdad efectiva, tal y como postula nuestra propia Constitución.
Estas medidas han incidido negativamente en las condiciones laborales de las mujeres. Así, vemos cómo, en el período entre 1987 y 1992, las trabajadoras con contrato temporal alcanzaron un 38 por cien de las plantillas. Además, el porcentaje más alto de contratos temporales se establece en las edades en que la tasa de actividad femenina es más alta; entre 16 y 19 años hay un 84 por cien de mujeres en contrato temporal y entre 20 y 24 años, un 69 por ciento.
La temporalidad en la contratación ha establecido una mayor precariedad en la situación laboral de las mujeres. Si además tenemos en cuenta que padecemos la tasa de paro femenino más alta, a pesar de tener una tasa de actividad baja; que el paro de larga duración nos afecta igualmente en un porcentaje muy superior; que todas estas medidas de flexibilidad y precarización se aplican a las categorías profesionales con más baja cualificación y, por tanto, con remuneraciones inferiores; que no está garantizada la formación profesional, la promoción, etcétera, y si, además, tenemos en cuenta los recortes en prestaciones sociales como el desempleo, aparece un panorama bastante desolador que, según nuestro propio criterio, se agrava con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley motivo de nuestra interpelación.
Señorías, como ya ha venido diciendo el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, al establecer el Real Decreto-ley un contrato de aprendizaje sin derecho a prestaciones sociales tales como desempleo y jubilación y no garantizar la formación profesional, nos encontraremos con mujeres con baja cualificación profesional, con dificultades para

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encontrar un puesto de trabajo que les permita una subsistencia digna, suponiendo que consigan este puesto de trabajo, pues si no no tendrán la cobertura de desempleo, es decir, ni los recursos mínimos para subsistir, y con la incertidumbre de si llegarán a cotizar los años suficientes para tener derecho a la pensión de jubilación.
El contrato a tiempo parcial no mejora las previsiones: necesidad de cotizar durante más meses para poder alcanzar el tiempo mínimo para devengar derecho al desempleo, necesidad de cotizar más años para tener derecho a la pensión de jubilación, siempre y cuando sea un contrato de media jornada y no de doce horas a la semana o de cuarenta y ocho horas al mes, que se quedaría sin las coberturas sociales.
Si a todo esto añadimos los obstáculos que tradicionalmente interfieren en el acceso de la mujer al trabajo en igualdad de condiciones, las consecuencias de este proceso consisten en que la incorporación de la mujer al trabajo, cuando se produce, es clarísimamente en condiciones de precariedad, inferioridad en la remuneración y en la protección social, lo que a corto y medio plazo supone un empobrecimiento y peores condiciones de vida para las mujeres, y a largo plazo, las consecuencias de estas condiciones de trabajo no se pueden calcular sin un análisis serio y riguroso.
Por eso, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya propone al Congreso de los Diputados que acuerde crear una ponencia especial que elabore informes y recabe la información necesaria de las administraciones públicas para conocer con detalle los efectos que las medidas adoptadas en política laboral tienen sobre las mujeres, para poder actuar así desde el Parlamento con la colaboración de todos los grupos.
Señorías, señor Presidente, a esta moción se han presentado dos enmienda de sustitución. Nosotros consideramos que es de agradecer el interés que se ha demostrado por parte de todos los grupos parlamentarios, tanto en la interpelación como en la moción, dado que el tema es muy importante para nosotros, creemos que es necesario que sea el propio Parlamento el que elabore, discuta y saque las conclusiones necesarias para conocer con detalle las repercusiones de todas estas medidas.
No creemos que sea suficiente que comparezca cada seis meses la Ministra de Asuntos Sociales o el Ministro de turno para darnos información, ni consideramos que sea suficiente que el Gobierno haga un informe anual que nos diga en qué condiciones estamos. Creemos que es necesario, por la importancia que tiene el tema y porque es la primera vez que el Parlamento va a discutir en una ponencia la situación laboral de las mujeres, que sea aceptada nuestra moción y apoyada por todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Urán. A esta moción consecuencia de interpelación urgente se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz García.


La señora SAINZ GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción es consecuencia efectivamente de la interpelación del 23 de marzo. En ella se había debatido la situación de la mujer en el mercado laboral y las consecuencias que para la contratación de la mujer, las condiciones de trabajo y la protección social, de una manera especial podía tener el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre.
En ese momento, nuestro Grupo ya señaló que la tasa de actividad de la mujer en España era efectivamente muy baja en comparación con la de los otros países comunitarios, que el problema del paro en general, pero de una manera particular el femenino, en nuestro país es tan grave que se da incluso el hecho de que aunque en otros países hay una población mayor, en España la cifra de paro femenino sigue siendo superior al de esos otros países. Cuando llegó el Gobierno actual la cifra de paro de las mujeres era del 18,5 por ciento y ahora, señorías, es del 30,47 por ciento. Me parece importante destacar, como explicación de la posición del Grupo ante esta moción y, por lo tanto, de nuestra enmienda, la realidad de que en España de las pocas mujeres que han tenido la posibilidad de entrar en el mercado laboral, muchas --demasiadas, en definitiva-- siguen sufriendo una diferencia salarial que se estima en torno a un 20 por ciento discriminatorio, demasiados trabajos precarios o atípicos, como así suelen denominarse, y que al final llevan consigo menores niveles de ingreso y menores niveles también de protección social; que las mujeres forman uno de los grupos más vulnerables a las fluctuaciones de la coyuntura económica --y sabemos perfectamente cuál es en estos momentos en nuestro país-- y que constituyen además la mayoría de los parados de larga duración. Pues bien, por otro lado, en nombre de mi Grupo, en el momento en que se debatió la interpelación, señalaba que a los contratos de aprendizaje, a los que la señora Ministra hacía referencia como buen camino para la inserción de las mujeres en el mundo laboral, les faltaba lo fundamental y es que no eran formativos porque no estaban conectados con la necesaria e importante parte formativa y que ello, siendo fundamental, era, por otra parte, urgente, y seguíamos aguardando todavía el catálogo de cualificaciones profesionales, lo que demostraba un fracaso claramente evidente de articulación y de desarrollo de una formación profesional. Esto a nuestro Grupo le parece fundamental.


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Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Naturalmente, si falla la parte formativa de este tipo de contratos se va por un mal camino en cuanto a esa integración de la mujer en el mundo laboral, porque si hombres y mujeres en nuestro país necesitan de esfuerzo formativo, sin lugar a dudas, por los déficit formativos que todos conocemos tienen en mayor proporción las mujeres, ello es importante e imprescindible para que se puedan ir incorporando al mercado laboral en términos no de precariedad de empleo y para una inserción en trabajos cualificados y en aquellos sectores que están en expansión en los que se podrán obtener unas perspectivas de mejor empleo y de mejor salario. Pues, bien, por ello nuestro Grupo tiene razones para compartir la preocupación del Grupo proponente de la moción y consideramos importante que se haga un seguimiento, pero también un control. Por ello, buscando fundamentalmente la operatividad y también una mayor eficacia para alcanzar esos objetivos de seguimiento y de control, presentamos una enmienda que establece la obligación de que el Gobierno informe semestralmente ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, a donde la moción de Izquierda Unida remitía después de haber hecho un informe ya en la Comisión de Política Social y Empleo, para conocer los efectos que se deriven sobre la aplicación de las medidas del Decreto de referencia, naturalmente previa la aportación de la documentación correspondiente a ese período de información. Pensamos que de esta manera, señor Presidente, señorías, se va a agilizar mucho más la información. Por otra parte, para obtener una información no es necesario ni quizá sea el mejor camino constituir una ponencia. Y al mismo tiempo ejercemos algo que a nuestro Grupo le parece fundamental: el control periódico del Gobierno, lo que permite las actuaciones parlamentarias, en su caso correspondientes, y, si es necesario, también las propuestas de los grupos sobre posibles o pertinentes modificaciones legislativas. Por lo tanto, consideramos que la ponencia es más un camino para estudiar un tema que para cumplir los objetivos fundamentales que se señalan en la moción de Izquierda Unida, que es obtener información y luego elaborar un informe sobre las consecuencias o las repercusiones de ese Real Decreto.
Señorías, señor Presidente, consideramos que se recoge mejor el objetivo, compartido por el Grupo proponente, estamos seguros, de seguimiento y control, como hemos venido diciendo, y esperamos, por otra parte, que ese objetivo sea al mismo tiempo también punto de coincidencia, punto de encuentro con todos los distintos grupos parlamentarios, en un empeño que estoy segura es común, de salvar los muchos problemas que en el área laboral hoy tienen muchas mujeres en nuestro país.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sainz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ortega.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, con cierta periodicidad venimos debatiendo y abordando en esta Cámara diferentes iniciativas parlamentarias, bien como proposiciones no de ley o como interpelaciones o mociones consecuencia de las mismas, que están encaminadas a conseguir una mayor participación, una mayor incorporación de la mujer a nivel laboral, a nivel cultural, social o político.
En la moción que presenta Izquierda Unida y que debatimos en estos momentos se aborda de nuevo este tema, aunque bien es cierto que de una forma diferente a la planteada en otras ocasiones. Y entiendo que es diferente porque se hace una valoración negativa, una exposición negativa de la repercusión de las medidas de política laboral en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo y, a continuación, se propone como salida, como oferta, la creación de una ponencia especial en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo para evitar, precisamente, lo que en la moción se denomina efecto de precariedad o inestabilidad de estas nuevas modalidades de contratación.
Entiendo que es una moción diferente y en cierta manera novedosa, puesto que aún no hemos terminado de dictaminar definitivamente el proyecto de ley, consecuencia del Real Decreto, al que hace referencia la moción, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, y se está proponiendo ya, en estos momentos, la creación de una ponencia, y, además, señorías, se hace, si me lo permiten, con unos ciertos prejuicios, con una cierta valoración apriorística de lo que van a ser y están siendo ya en estos momentos estas nuevas modalidades de contratación.
Quiero también poner de manifiesto que desde mi Grupo Parlamentario compartimos el interés, compartimos la necesidad de hacer un seguimiento de los efectos que en el mercado laboral están produciendo ya estas medidas, estas nuevas modalidades de contratación, pero también tengo que decir que no compartimos esta valoración negativa que se hace desde Izquierda Unida. En este sentido proponemos, en una enmienda de sustitución, según la cual se abordaría el debate en la Comisión de Política Social y Empleo de un informe que elaboraría el Gobierno en el plazo máximo de un año, en el que se hiciera un seguimiento, una valoración, una evaluación, en el que posteriormente pudieran intervenir los grupos parlamentarios --evidentemente no queremos evitar el debate parlamentario sobre este tema en ningún momento-- y, en definitiva,

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se trata de hacer este seguimiento. Se trata de legitimar también de alguna forma, con esta propuesta que hacemos desde el Grupo Socialista, la validez, la repercusión positiva de estas nuevas medidas de contratación que entiendo podían ponerse en cuestión y que se han puesto en cuestión de hecho en parte de la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida.
Desde mi Grupo Parlamentario entendemos, señorías, que tenemos razones suficientes para ser optimistas, puesto que la incorporación de un número importante de mujeres acogiéndose a las nuevas modalidades de contratación nos hacen adelantar una valoración, como digo, positiva, aunque es cierto que ha transcurrido muy poco tiempo, escasamente un trimestre, desde que se ponen en marcha estas medidas.
¿Qué valoración o qué ideas fundamentales podríamos sacar de la repercusión de estas nuevas modalidades de contratación? En primer lugar, yo creo que se constata la implantación de los contratos de aprendizaje: casi 40.000 se han formalizado en este período, y, además, han tenido una acogida bastante importante los contratos a tiempo parcial, más de 155.000, y, por supuesto también, aunque el número sea menor pero no cualitativamente menor, los contratos en prácticas, que son más de 6.000.
En segundo lugar, existe (los datos así nos lo reflejan) una mayor incidencia de los contratos de aprendizaje en los hombres, con un 66,9 por ciento, frente al 33,1 por ciento de mujeres. Sin embargo, esta distribución del porcentaje se ajusta a lo que es la tasa de ocupación general que, como SS.SS. conocen, supone un 66 por ciento para los hombres y un 34 por ciento para las mujeres. En cuanto a los contratos en prácticas, existe casi una equiparación (y este dato me parece especialmente significativo) entre hombres y mujeres. ¿Qué nos revela este dato de casi un 50 por ciento de hombres y la misma tasa de mujeres? Este dato, señorías, nos revela que existe una tendencia favorable a la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres que ya tienen una cualificación previa, que ya tienen una formación, bien profesional, bien universitaria, y que, por tanto, están en mejores condiciones de acceder a un puesto de trabajo mediante la fórmula de los contratos en prácticas.
En tercer lugar, señorías, las cifras nos ponen de manifiesto que los contratos a tiempo parcial han afectado más a las mujeres, y de esto sí que se hace una valoración especialmente negativa por parte de la portavoz del Grupo proponente. Desde mi Grupo entendemos que no es válida, que no es correcta esta valoración, puesto que la cobertura social de esta forma contractual es exactamente igual que la de un contrato a tiempo completo y, además, entiendo que deberíamos tener en cuenta que esta modalidad está generalizada en países de nuestro entorno europeo, donde la utilización, por parte de las mujeres, de este contrato a tiempo parcial llega a cifras efectivamente significativas, como es el caso de Holanda, con un 60 por ciento, y de Dinamarca y Alemania, que casi llegan a un 40 por ciento. Quiero recordar, señorías, que en nuestro país la cifra no llega al 13 por ciento de mujeres que están contratadas con esta modalidad de contrato y, por tanto, va a suponer una buena forma, un buen mecanismo de inserción; supone una buena política activa de creación de empleo, no específicamente para mujeres, sino para mujeres y hombres, que podrán acceder en situaciones de dificultad económica como la que atraviesa nuestro país, y eso por tanto no debemos olvidarlo.
Si hiciéramos una valoración global de los efectos de esta reforma del mercado laboral, tendríamos que decir (y hay una cifra que no me resisto a citar) que estas nuevas modalidades de contratación han provocado que en el primer trimestre de este año 1994 se hayan incorporado al mercado de trabajo más de 123.000 mujeres (que no estaban antes en el mercado de trabajo), de en torno a los 200.000 nuevos contratos que se han creado con esta nueva modalidad. Yo estoy absolutamente segura, señor Presidente, señorías, de que ningún grupo parlamentario entiende que sea positiva esta incorporación de mujeres al mercado de trabajo, que le estamos dando una buena respuesta a la demanda de incorporación, en primer lugar, de las mujeres a un puesto en el mercado laboral. Es cierto, señorías --hay que reconocerlo y así se ha manifestado por otras portavoces--, que la tasa de paro es todavía demasiado alta en nuestro país para las mujeres. Casi la mitad de la población parada está compuesta por mujeres, y esto nos obliga, teniendo en cuenta además el objetivo de cohesión social que es absolutamente irrenunciable en estos momentos, a poner en marcha iniciativas como las que recoge la reforma del mercado laboral.
Tampoco quisiera dejar de recordar, aunque sí voy a hacerlo ya muy de pasada, que se han puesto en marcha otros mecanismos, tanto de reformas legislativas como de medidas de incentivación para el acceso cuantitativo de las mujeres al mercado laboral. En este sentido, me parece que ha cubierto una función, entre otras, muy importante el Plan de Formación e Inserción Profesional. La señora Urán ha hecho referencia, en su intervención, al efecto negativo que provoca la reforma del mercado laboral del año 1984, y yo quiero recordarle que, entre otras acciones, pero también debido a esta flexibilización del mercado laboral, se produce una incorporación de más de un millón de mujeres desde el año 1985 hasta estos momentos; mujeres que demandan un puesto de trabajo y que exigen unas medidas adecuadas para que se produzca esta incorporación. Como decía, hay un dato especialmente significativo, que es el número de mujeres que se benefician del Plan FIP, que se pone en marcha, como SS.SS.
conocen, a partir del año 1984. Si antes del año 1984 participaban en los cursos de formación del Inem menos del 30 por ciento

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de mujeres, en estos momentos la tasa está casi en el 50 por ciento, con todo lo que supone esto de dotación de mecanismos para que la mujer pueda acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con el hombre y pueda competir a puestos de trabajo bien remunerados, cualificados, con lo que efectivamente se haga disminuir esta tasa de paro. En ese sentido hemos aprobado también otras medidas, recogidas en el II Plan para la igualdad de oportunidad de las mujeres, con un objetivo básico y fundamental, que es conseguir un equilibrio no solamente cuantitativo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rodríguez, vaya terminando.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señor Presidente, acabo en seguida. Decía que con este Plan no perseguimos solamente la consecución de un equilibrio cuantitativo, sino también cualitativo de las mujeres en el mundo del trabajo.
Por todas estas razones --acabo, señor Presidente, señorías--, desde mi Grupo Parlamentario hacemos una valoración positiva del avance en materia de empleo para las mujeres. Esto no lo podemos olvidar ni podemos establecer esos prejuicios ni esas valoraciones apriorísticas sobre las nuevas modalidades de contratos, tanto de aprendizaje como en prácticas y a tiempo parcial. El objetivo fundamental, señoras y señores Diputados, de la política laboral del Gobierno es, sin duda, la lucha contra el paro y la creación de empleo, y también, especialmente, la lucha contra el desempleo femenino. Con esta convicción, señor Presidente, señorías, seguiremos dando respuesta a las demandas que nos plantean, racional y lógicamente, las mujeres, que siguen reivindicando la igualdad en el acceso al mundo del trabajo y que siguen reivindicando, a través de esta incorporación, su autonomía personal y su mayor protagonismo en la sociedad.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, señora proponente, mi Grupo comparte fundamentalmente con usted el análisis que hace, con alguna matización, respecto a la situación de la mujer frente al problema de falta de trabajo que estamos padeciendo en nuestro país. De todas maneras, en aras a la exactitud de las cifras, le diré que no hay el 50 por ciento de mujeres paradas y el 50 por ciento de hombres. Según los datos del Consejo Económico y Social, del mes de marzo, hay más hombres parados que mujeres: exactamente hay 1.937.000 hombres y 1.745.000 mujeres. Ello no disminuye el valor de todo lo que usted ha dicho. Todo lo que usted ha dicho es cierto. Hay que intentar que en todos los colectivos que tienen más dificultades para acceder al trabajo, y entre ellos está el de la mujer, se elimine cualquier barrera que pueda existir para que puedan acceder al puesto de trabajo adecuado a sus condiciones y a sus capacidades. Comparto --como digo-- su preocupación respecto a esta situación.
Sin embargo, permítame que no comparta el análisis que hace respecto a los frutos que puede dar la reforma laboral. La reforma laboral es muy joven, prácticamente no ha nacido, está empezando a dar sus primeros pasos. Parece que esos primeros pasos no son, precisamente, contrarios al objetivo que S.S.
pretende. Por tanto, desde nuestra posición, creemos que lo prudente es dejar --como ya dije en la interpelación-- que la propia reforma dé sus frutos. Nosotros hemos hecho la reforma laboral y hemos colaborado en ella con el convencimiento de que estábamos fundamentalmente resolviendo el problema que S.S. plantea aquí, el problema de las mujeres, el problema de los jóvenes y también el problema de los mayores de 45 años que no trabajan. Por consiguiente, déjenos tener, por lo menos, el convencimiento y la ilusión de que lo vamos a resolver con la reforma laboral.
Por otro lado, mi Grupo no es muy partidario de ir creando ponencias y comisiones sobre comisiones y ponencias. Existe una Comisión Mixta de Derechos de la Mujer a la que deberíamos darle todo el valor que tiene, que ya tiene mucho. Pero, en todo caso, ¿por qué no utilizar la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer para obtener estos frutos que S.S. nos plantea? Crear una nueva ponencia no nos parece que resuelva el problema; en todo caso, daríamos vueltas al problema, pero no resolveríamos el mismo, y hay un instrumento, que es el de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en donde podría radicar lo que S.S. pide.
En cualquier caso, a mi Grupo le gustaría que S.S. hubiese aceptado alguna de las enmiendas transaccionales que le han planteado, porque eso nos permitiría votar favorablemente la moción que S.S. ha presentado aquí hoy. Parece ser que no está S.S. por la aceptación de ninguna de las dos enmiendas, en cuyo caso, lamentándolo mucho, nuestro Grupo no podrá votar a favor de la creación de la ponencia que S.S. pide.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Hinojosa. Señora Urán, aunque en su intervención inicial ha aputando usted ya cuál es la posición de su Grupo respecto a las dos enmiendas presentadas, no obstante, ahora tiene la palabra, para definitivamente, indicar la

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aceptación o rechazo de las enmiendas defendidas tanto por el Grupo Popular como por el Grupo Socialista.


La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, mi Grupo no va a aceptar las enmiendas que se han presentado a nuestra moción, sencillamente porque consideramos que la importancia que tiene este asunto en estos momentos en la sociedad española es lo suficientemente amplia como para que se cree una ponencia específica en el seno de esta Cámara que estudie las consecuencias que estas nuevas modalidades contractuales van a tener en la situación laboral de la mujer.
Por tanto, sintiéndolo mucho, no las vamos a aceptar.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora Urán.
Pasamos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 17; en contra, 150; abstenciones, 125.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS DE POLITICA ECONOMICA E INDUSTRIAL QUE APLICARA EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y ESTABLE EN EL SECTOR INDUSTRIAL (Número de expediente 173/000033)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular sobre criterios de política económica e industrial que aplicará el Gobierno para favorecer un crecimiento sostenido y estable en el sector industrial.
Tiene la palabra el señor Gámir. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)

El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, me remito al «Diario de Sesiones» del Pleno en el que se discutió la interpelación que dio origen a esta moción. Según el «Diario de Sesiones», el Ministro de Industria aceptó algo que es evidente, que la crisis industrial española es diferenciada de la europea y que ha sido mucho más profunda desde el año 1982 hasta la actualidad, tanto en términos de PIB como en términos de empleo. Por ello, tengo que suponer que el representante del Grupo Parlamentario Socialista, en ese último turno en el que no hay respuesta, siguiendo la línea marcada por el Ministro en su última intervención, se referirá a que el presente y el futuro pueden ser mejores de lo que ha sido ese pasado cuyos efectos se conocen; ese presente y ese futuro que se argumentará que da algunos indicios de recuperación, alguno de los cuales es cierto en cuanto se refiere a la exportación de bienes industriales, pero tengamos cuidado, el propio Ministerio de Comercio dice que teme que la ventaja de las tres devaluaciones del año pasado se pierda en tres años. Un estudio parecido ha sido el que recientemente ha sacado Espasa debido a la política macroeconómica que está realizando el Gobierno Socialista.
Señorías, el mejor estudio de coyuntura, el que suele acertar más es el que hace el Instituto de Estudios Económicos y dice que la industria este año crecerá el 0,2 por ciento; pero dice eso después de que, tomando como base el año 1990, hayamos perdido 10 puntos. Hoy el producto interior industrial es el 90 por ciento del que era en el año 1990. 0,2 cuando se han perdido diez puntos. ¿Es eso recuperación o es arrastrarnos por el fondo, o es reptar por el fondo lo que está ocurriendo? Tendríamos el símil de ese boxeador que ya está en el puro K.O. y que se acercan a su banquillo y que le dicen: en el siguiente asalto ya no le darán más fuerte que en los anteriores. Entonces, dice, tire la toalla porque, después de la paliza que me acaban de dar, yo no puedo resistir más. Y ese tirar la toalla es lo que han hecho esos magníficos indicadores de coyuntura, de presente y de futuro que, por desgracia, son los Seat, Suzuki, Ebro-Kubota, Nissan, Iveco- Pegaso, Gillette, Puleva, etcétera. Estos no son indicadores de recuperación y, por cierto, me figuro que el representante del Grupo Socialista no hablará de que la inversión extranjera el año pasado fue mayor que en el año anterior, porque si lo hace como ha hecho hoy el Ministro de Industria, le rogaría que lo hiciera «micro», y se encontraría que la inversión directa ha caído, que la inversión que ha subido es la inversión extranjera en Bolsa y que ha sido por las privatizaciones o en sectores no industriales. Quizás haya que recordarles, por último, al profesor Fuentes Quintana quien cuando ante determinadas declaraciones triunfalistas de Felipe González decía: por favor, no se emborrachen con algún indicador coyuntural, cuando la crisis es estructuralmente tan profunda y es en gran parte debida a la política económica que están ustedes realizando.
Cada día estalla una mina nueva y se recogen con los Suzuki y compañía los frutos de la política económica, de la política industrial realizada en los últimos años de Gobierno socialista. Pero existe una política económica alternativa que es la que instamos al Gobierno a realizar. Esos dos principios son simples: primero un enfoque «industrialista», y perdonadme por el barbarismo,

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es decir, que piense mucho más en la industria, en los sectores reales de la economía --los servicios conseguirán mucho más valor añadido si tenemos un sector industrial mucho más competitivo y desarrollado--; y segundo que se realice en conexión y en contacto con los sectores. Los sectores están diciendo cosas muy sensatas. Están diciendo que no quieren subvenciones, que lo que quieren son reglas de juego para poder competir con las mismas armas que tienen las empresas europeas del mismo sector. Con esto empiezo con lo que son los distintos epígrafes de medidas que instamos al Gobierno a adoptar: que cambie su política macroeconómica. Alguna vez, desde el Grupo Socialista, se ha dicho que cuando hablamos de industria por qué hablamos de política macroeconómica. Pues lo hacemos porque los sectores, los que están trabajando en la fábrica a ras de suelo, es lo que nos dicen que les importa.
Nos dicen: nos preocupa mucho menos que aumenten o disminuyan algo las subvenciones del Ministerio de Industria; nos importa mucho más que cambie la política macroeconómica y que compitamos en un marco en el que tengamos las mismas armas que las empresas europeas. Está en la lista de medidas macroeconómicas que se propone la moción...
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento señor Gámir. Por favor, señorías, guarden silencio y ocupen sus escaños. Es imposible escuchar al Diputado que está en el uso de la palabra. (Pausa.) Cuando quiera, señor Gámir.


El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor Presidente.
Están en la moción las medidas de macroeconomía que se proponen y no voy a volver a repetirlas; es más, de alguna de ellas hemos hablado ya con bastante amplitud en este Pleno. La política de sobrevaloración de la peseta, seguida de la obligación de devaluar tres veces laminó gran parte de la industria española, pero hoy no me voy a referir a este punto, sino al curioso tema de los tipos de interés. El representante del Grupo Socialista ha dicho en alguna ocasión que ese es un tema que hoy es menos importante porque los tipos de interés se han reducido. Para la industria lo importante no es el nivel de tipos de interés, es el diferencial de tipos de interés entre lo que tiene que pagar un industrial español y lo que tiene que pagar un industrial con el que compite. El diferencial de tipos de interés sigue siendo de dos a tres puntos y va incrementándose.
Existe un Ministro del Gobierno que de vez en cuando hace algunas declaraciones a las que quisiera denominar de curiosas. A veces nos habla de pensiones; otras veces dice que debe disminuir lo que cobran los trabajadores a final de mes subiendo las cotizaciones sociales; y sobre los tipos de interés acaba de explicar la razón por la que ha aumentado el diferencial (el diferencial para un sector competitivo que exporta o que compite con importaciones es lo fundamental), por la que se ha incrementado el diferencial de tipos de interés con Europa.
Dice que ha aumentado el diferencial por la actitud de los mercados, que obedece a sus recelos sobre la estrategia económica del Gobierno. Y añade: Es posible que el mercado esté valorando mal el esfuerzo para hacer creíble nuestra política económica. Falta de credibilidad entre la industria española en cuanto a su recuperación con los Suzuki y compañía. Falta de credibilidad en la recuperación. Los españoles tampoco creen en la recuperación, como dice una encuesta publicada recientemente por «Expansión». Falta de credibilidad en los mercados que hace que empeoren las condiciones competitivas de la industria incrementándose el diferencial de tipos de interés. Y dejo el resto de la política macroeconómica que está en la moción.
De la política horizontal, por razones de tiempo, sólo mencionaría que hay que cambiar su enfoque. No es lógico que en el Presupuesto de este año, por ejemplo, en I+D se haya congelado lo que aparece para el sector privado e incrementado en un 15 por ciento lo que va al sector público.
¿Políticas sectoriales? El Partido Popular se plantea el compromiso de diseñar políticas sector a sector y las va presentando. Aquí hemos resumido algunas de las ideas de algunos de los sectores. También por razones de tiempo y por estar ya en la moción, solamente me voy a referir a una de ellas, a lo ocurrido con el sector del automóvil. En el sector del automóvil nos encontramos con que nosotros veníamos solicitando dos medidas básicas, algo que nos parece realmente inaudito y es que se mantenga su nivel actual, la llamada tasa de matriculación y pedíamos también medidas para la renovación del parque automovilístico.
Pues bien, aquí ha ocurrido algo que es realmente curioso. El sector, ANFAC, y el secretario general de Renault fueron a ver al Ministro de Industria y le pidieron medidas para la renovación del parque industrial que incluyera el achatarramiento de vehículos con una prima. Según aparece en «Expansión» del día 23, dice el Secretario General de Fasa- Renault: Obtuvimos una respuesta negativa. En opinión de Eguiagaray, ahora no es el momento oportuno para aplicar estas medidas. Hace quince días. Días después nosotros presentamos una moción en la que pedíamos precisamente estas medidas de renovación del parque, incluso las aclarábamos en una rueda de prensa que, según me reconocía en el pasillo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista han tenido una gran difusión, en las que quedaba claro que entre las medidas de renovación que pedíamos del parque automovilista se incluyera el llegar hasta el fondo como en Francia y el pago en metálico, procedente del

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Estado, por achatarramiento de vehículos. Eso lo pedíamos hace poco más de una semana.
De pronto, cuatro días antes de este debate, el Gobierno aprueba justamente esa medida. Yo ante eso, no sé qué hacer.
Lo primero que tengo que hacer, de verdad, es felicitar al Gobierno, porque ha aprobado una medida que es buena para el sector y hay que decirlo.
Lo segundo que tengo que hacer es añadir alguna felicitación - -pido perdón si lo digo con algún punto de ironía, pero sin acritud-- por su capacidad de contradicción, por ser capaz de que el Ministro del ramo hace quince días diga blanco y el Gobierno quince días después diga negro. También felicitarle por su capacidad de recoger lo que le insta el Partido Popular en una moción que antes de discutir resulta que ya ha recogido lo que les estamos instando aunque vaya en contra de lo que el Ministro ha declarado unos días antes que hay que hacer. Hay que reconocer una postura de colaboración con la oposición por parte del Gobierno, por encima de ministros concretos, que sin duda es de felicitar. También hay que felicitar también al Grupo Popular por la tremenda eficacia de lo que insta en sus mociones que es aprobado por el Gobierno, incluso antes de que se discutan, repito, a pesar de que el Ministro del ramo haya dicho que no son medidas para este momento. ¿Quizá tiene que ver esa aprobación con este debate? Pensemos que no, que simplemente ha sido una pura coincidencia todo lo ocurrido.
Desearíamos que ocurriera lo mismo con el resto de la moción que presentamos, desearíamos que ese espíritu de colaboración le llevara...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Gámir, le ruego vaya concluyendo.


El señor GAMIR CASARES: Voy concluyendo, señor Presidente. A tomar medidas parecidas en el resto de los planteamientos que hacemos en la pequeña y mediana empresa en la que, además, con la advertencia del Presidente, me remito a lo que ha dicho mi compañero, señor García-Margallo, que la recogida de esas medidas sería la forma de impulsar a las empresas que más empleo crean en nuestro país.
Sería de desear ese cambio, esa recogida del espíritu de las mociones del Partido Popular por parte del Gobierno, por ejemplo, en las políticas de privatización. En este caso, me voy a referir a dos notas muy concretas. Pedimos un estatuto de la empresa pública. El Partido Socialista en la oposición, desde 1977 hasta 1992, empezando por los Pactos de la Moncloa, insistió, una y otra vez, en la necesidad de un estatuto de la empresa pública. Y curiosamente el Partido Socialista en el Gobierno cambia de opinión. Quizá porque entonces consideraba que el estatuto de la empresa pública era un instrumento de control del Gobierno y ahora noquiere ser controlado, y como tal no quiere tener ese estatuto de la empresa pública.
Marquemos la diferente filosofía de privatización que implica lo que acaba de ocurrir con poner en venta un tramo de ENDESA para pagar los gastos de funcionamiento de Teneo, que se suponía que debía tener superávit. Completamente al contrario de la filosofía del Partido Popular, y es que las privatizaciones deben ser dedicadas, no como decía otro Ministro, a vender las joyas de la abuela para fulminar ese dinero, para fundirlo, sino que debían servir para disminuir el endeudamiento y sanear las finanzas españolas.
Acabo, señor Presidente, recordando una frase que alguna vez he utilizado, pero que aquí viene casi como anillo al dedo. Un economista que ya no gusta mucho citar, un tal John Maynard Keynes, cuando le preguntaban cómo veía el futuro decía que el futuro no se ve, que el futuro se hace. Señorías, hay dos formas de hacer el futuro en la industria española: la que propone el Partido Popular que implica un enfoque industrialista, con un nuevo rumbo de las políticas macroeconómicas horizontales, sectoriales de pymes y de privatizaciones; y también hay otro futuro, el futuro continuista del Gobierno socialista que implica crisis como las de Suzuki, Seat, Puleva, Gillette, Ebro, Ebro-Kubota, y tantas otras que van estallando cada día.
Señorías, con sus votos, elijan ustedes cuál de los dos futuros consideran más adecuado para la industria española.
Muchas gracias. (Algunos señores Diputados del Grupo Popular: ¡Muy bien, muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): A esta moción se ha presentado una enmienda conjunta por parte del Grupo Vasco, (PNV), y del Grupo Mixto, señor Albístur.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Albístur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente. Lo más brevemente posible porque ya las meninges y los ánimos están decayendo. Aunque el tema es importante, le ha tocado el último punto del orden del día.
Consideramos, en representación del Grupo Vasco al que en este caso tengo el honor de representar --personalmente es mi propia posición-- que toda política industrial debe ser general, debe tener un carácter general en sus planteamientos y tratar de abarcar todos los temas que puedan comprender la dimensión bastante polivalente que el problema pueda tener.
Pero hace falta un debate sobre esta política industrial, porque sigue siendo un debate pendiente después de un proceso largo de cesión de la actividad industrial a grupos con decisión en el exterior, a competidores externos por abandono de la actividad industrial en nuestro propio territorio; la aparición de un cierto menosprecio social y económico a la gestión empresarial industrial, que

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ha evitado el que se canalizaran recursos, que se produjeran verdaderas descapitalizaciones en las empresas y una política financiera restrictiva en cuanto a lo que podía ser apoyo a la propia gestión empresarial industrial.
Es un problema verdaderamente grave que ha acabado desertizando zonas de pleno empleo, con reducción del peso económico de sectores que antes eran activadores de determinadas zonas, dejando sin alternativas económicas serias a estas mismas zonas donde antes se implantaban sectores que fueron boyantes y generadores de empleo, con una aparición de cierto abandonismo empresarial que hace necesaria, pues, una política de reindustrialización, y en algunos casos empezando desde cero y buscando incluso nuevos empresarios.
No niego que no haya un política industrial y que esta moción venga a decir que no existe una política industrial, pero es más una suma de parches, como antes decía también a propósito de la propuesta de Convergència i Unió respecto a las medidas del automóvil, que ya han sido citadas aquí, y junto a ello sigue sin liberalizarse, por ejemplo, el mercado de comunicaciones. Se toman medidas, se toman decisiones que solamente son parciales, se ponen parches pero nos falta una política general.
Nos encontramos ante un documento que intenta que estos objetivos sean los que se puedan cumplir, precisamente al iniciar un debate sobre política general industrial. Quizás este documento resulte difuso, quizás resulte general, quizás resulte también ambicioso en su afán de abarcar todos los problemas. No los abarca todos, me parece que quedan pendientes bastantes cuestiones relacionadas con temas fiscales y financieros: Podemos disentir del método utilizado, una moción no es un planteamiento ajustado a la hondura, gravedad y urgencia conclusiva que tiene el problema de la aplicación de una política industrial, pero, como decía, es el único documento que tenemos en mucho tiempo delante para tener la oportunidad de iniciar un debate global y por ello lo vamos a apoyar, más por iniciar la ruptura de una inercia que verdaderamente por su contenido, aunque con ello no quiero en absoluto desmerecerlo.
No podemos resignarnos a permanecer en la inoperancia en la que estamos actualmente, tanto este Parlamento como el propio Gobierno, dejando que sea el mercado o las fuerzas del mercado quienes aporten soluciones. Por supuesto que no se trata de intervenir, sino de crear aquellos instrumentos que animen a recuperar la inversión en el sector industrial, en la ampliación y renovación de las empresas existentes y en la aparición de nuevas empresas.
Las enmiendas que hemos presentado pretenden simplemente colaborar a complementar este debate. Hemos presentado una primera enmienda que trata, precisamente, de que el Ministerio de Industria y Energía inicie una política de colaboración con los gobiernos de comunidades autónomas que tienen competencias de ejecución en materia de reestructuración de sectores industriales. Consideramos que debe producirse en toda política industrial esta actuación de forma coordinada, sobre todo de los recursos y planes de unas y otras administraciones, que por desgracia marchan demasiado separadamente.
Una segunda enmienda pretende precisamente algo que se ha debatido en la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y que está relacionado precisamente con la ampliación de las medidas fiscales a la inversión productiva, a la creación de empleo, a la reforma tecnológica, a la inversión destinada a la reforma y modificación de la estructura financiera de la empresa, a las acciones de cooperación y asociación empresarial, tanto productivas como comerciales, pero indicando que estas medidas tengan un carácter general en su aplicación, tanto a las empresas actualmente existentes, como a las de nueva creación, ampliando la limitación que las denominadas vacaciones fiscales han podido tener sólo para las empresas de nueva creación.
Finalmente, dentro de este primer apartado de enmiendas, también proponemos que el Ministerio de Industria y Energía colabore con las comunidades autónomas con competencias en materia de desarrollo y ejecución de los planes de reestructuración sectorial, en terminar las políticas de reordenación de sectores que iniciaron un proceso de reestructuración y que todavía no lo tienen terminado o incluso no lo tienen iniciado, aunque haya habido mucho trabajo y muchas, diríamos, conversaciones previas a la realización de su propia reestructuración. Hay determinados sectores que son todavía claves en la economía industrial española que siguen precisamente pendientes de unos acuerdos interempresariales entre el Ministerio de Industria y las propias comunidades autónomas. Pedimos, precisamente, que en una política industrial sean consideradas estas colaboraciones como una medida eficaz para poner en orden estos sectores pendientes.
Como la moción, finalmente, hace referencia a los temas de privatización, lo que sí consideramos es que el estatuto que se propone para el tratamiento de la privatización se haga también en colaboración con las comunidades autónomas donde las empresas públicas están implantadas. Hoy día las comunidades autónomas no son ajenas ni a la gestión ni a las consecuencias precisamente de las crisis que el sector público empresarial está manifestando. Esperamos que sean acogidas estas enmiendas que, a nuestro modo de entender, completan el buen hacer que ha habido por parte de la iniciativa del Grupo Popular y que esta moción sirva para iniciar un debate de política industrial serio, global, que verdaderamente comprometa a este Parlamento

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y a los grupos aquí representados en un compromiso de impulsar lo que ha sido la base económica de muchas zonas de nuestro territorio y, sobre todo, la base de la generación de empleo; empleo que hoy día está, diríamos, en precario y respecto al que hay verdaderas dificultades para prever su nueva creación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Albístur. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SANCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha analizado detenidamente la moción presentada por el Grupo Popular y nos gustaría hacer las siguientes consideraciones.
En primer lugar, lo que ustedes plantean en esta moción es un programa electoral de política económica y financiera basado en 42 propuestas, en ámbitos tan amplios como determinados aspectos de política macroeconómica relacionados con los tipos de interés, tipos de cambio de la peseta, déficit público, etcétera. También políticas orientadas hacia zonas horizontales relativas a las pequeñas y medianas empresas y al campo de la investigación y el desarrollo; políticas concretas orientadas a determinados sectores, como el ramo del automóvil y el textil; y también políticas de privatizaciones. Por la amplitud y la magnitud de las mismas, posiblemente algunas de ellas, básicamente las relacionadas con política macroeconómica, tendrían que ser tratadas en el debate presupuestario, en el cual nuestro Grupo introdujo medidas correctoras importantes orientadas al tema de la política industrial, de la economía productiva del Estado español.
Algunas de sus propuestas ya se han puesto en marcha con los mecanismos parlamentarios necesarios para poder conseguir estos objetivos.
En segundo lugar, también hay algunas iniciativas parlamentarias que ha presentado este Grupo que están en lista de espera para entrar en esta Cámara y poderlas debatir en el Pleno o en la Comisión correspondiente. En tercer lugar, hay algunos objetivos que ustedes nos plantean en esta moción que ya se han conseguido. Estando de acuerdo en el fondo de la mayoría de sus propuestas, nosotros no podremos votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria por los siguientes motivos.
En el ámbito de la política macroeconómica y en las políticas horizontales, he de recordar que nuestro Grupo ya hizo en su momento unas importantes consideraciones. Nuestro Grupo ha venido impulsando desde el inicio de la crisis económica y en esta legislatura en determinados campos medidas de reorientación en la política económica. Cabría recordar, en primer lugar, que desde las elecciones pasadas en esta legislatura, la peseta mantiene un tipo de cambio realista que ha permitido un aumento muy importante de las exportaciones y que ha reducido, tanto en el año 1993 como en lo que llevamos de 1994, parte de nuestro déficit comercial exterior.
Durante los últimos 12 meses, y especialmente desde las elecciones, los tipos de interés españoles se han reducido en unos cinco puntos, reducción muy superior a la que han experimentado las economías de la Unión Europea y que contribuye muy positivamente a poner las bases para el inicio de un ciclo de crecimiento económico y de creación de empleo.
He de decir aquí que lo importante en este campo es el diferencial de tipos de interés del Estado español respecto a los demás países de la Unión Europea, pero también hay que añadir que nosotros vamos a incidir directamente para disminuir drásticamente este diferencial para que nuestras empresas sean más competitivas.
En el debate parlamentario de los presupuestos para el año 1994 nuestro Grupo introdujo medidas correctoras importantes para las cuales se congelaron los impuestos directos que afectan a la industria y se redujeron todos aquellos impuestos orientados a inversiones en investigación más desarrollo, así como los derivados de los gastos de las empresas en el año 1994 y de todos aquellos destinados a la internacionalización de las compañías. En el ámbito de las políticas horizontales, sería interesante esperar el cumplimiento del compromiso que nos anunció el Ministro aquí en su intervención cuando ustedes presentaron la interpelación sobre política industrial y ver cuál es el resultado del plan de 40.000 millones de pesetas que el Gobierno está negociando con las comunidades autónomas, orientado a cinco campos básicamente: la cooperación empresarial; los soportes financieros; el diseño industrial; la constitución de redes de ayuda a las pequeñas y medianas empresas y, lógicamente, el perfeccionamiento financiero de las pequeñas y medianas empresas en el campo de la Ley de las sociedades de garantía recíproca, que también contó con el apoyo de su Grupo Parlamentario. También quiero dejar constancia aquí en esta intervención de que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a hacer un seguimiento muy riguroso y exhaustivo del plan de política industrial en materia tecnológica que el Ministerio ha puesto en marcha para los años 1994-1997 y que asciende a 180.000 millones de pesetas, que también lo está haciendo en colaboración con las comunidades autónomas.
Respecto a las pequeñas y medianas empresas, no me voy a extender, porque, por una parte, hoy, con el apoyo

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de su Grupo Parlamentario y otros grupos de la Cámara, hemos aprobado una proposición no de ley orientada básicamente a ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Pero quiero recordarles que, a través de iniciativas de nuestro Grupo, hemos incorporado medidas importantes en este sector tan vital para la competitividad y el aumento de la ocupación en nuestro país y que aunque no estamos satisfechos con estos objetivos conseguidos, vamos a continuar incidiendo mucho más para dar soporte a una estructura tan importante como las pequeñas y medianas empresas, que proporcionan un elevado número de puestos de trabajo en nuestro país.
Respecto al sector del automóvil y al sector textil, al igual que ha hecho usted en su intervención, hemos de felicitar al Gobierno por las medidas aprobadas en este último Consejo de Ministros, porque pensamos que van a ser un incentivo importante para la renovación de las flotas de coches de más de 10 años de antigüedad. También he de decirle que con estas declaraciones que hace su Grupo Parlamentario en cuanto a crear expectativas relativas a que los impuestos han de bajar en cuanto a matriculación, manifestaciones que se ven reflejadas en diferentes medios de comunicación, no le estamos haciendo ningún bien al sector. Estas medidas se han de tomar de hoy para mañana como se hizo en los incentivos aprobados para renovación de la flota de más de 10 años. Si nosotros creamos expectativas de que vamos a rebajar los impuestos, como es el caso del impuesto de matriculación, lo que va a pasar es que no se van a vender coches. Pensamos que con esto estamos haciendo un flaco favor al sector. Creo que nuestro Grupo, el suyo y seguramente también los demás grupos de la Cámara, estamos interesados en el sector del automóvil, sector que da ocupación a muchísimas personas. En esta Cámara hemos expuesto problemas importantes de diferentes factorías relacionadas con este sector, y todos estaremos de acuerdo en que hay que adoptar estas medidas con el máximo sigilo; que, nos gusten o no nos gusten, el Gobierno las ha de aprobar precipitadamente y sin dar publicidad a los medios de comunicación con antelación, porque estamos perjudicando al sector.
Respecto al sector textil --usted hace una serie de consideraciones y de propuestas importantes que nosotros ya asumimos y presentamos en la interpelación que trajo nuestro Grupo Parlamentario a esta Cámara, defendida brillantemente por nuestro Diputado, señor Joaquim Molins, respecto al impacto que tenía la política económica del GATT y a la incidencia que podía tener en los diferentes sectores de la economía española--, hay un compromiso del Gobierno español de explicar todas estas consideraciones en las diferentes Comisiones de Industria y Agricultura para debatirlas y acometerlas con la máxima fuerza posible. También quiero decirles aquí que hay un compromiso por parte del Gobierno español en defender los acuerdos del GATT en el ramo textil del principio de reciprocidad respecto a los productos procedentes de países terceros de la Unión Europea y en mejorar los controles de fraude.
Respecto al sector de las privatizaciones, quiero decirle al señor Gamir que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley, que se verá el próximo mes de mayo en la Comisión de Industria y Energía, en la cual recogemos cuáles han de ser los mecanismos necesarios para racionalizar el sector público empresarial español, fijar las bases y los criterios por los cuales es necesario que existan empresas públicas y, en donde no exista, la necesidad de que haya empresas públicas, ir privatizando paulatinamente.
En esta iniciativa que hemos presentado en la Comisión de Industria también proponemos la creación de un estatuto de la empresa pública y estudiamos la posibilidad de proponer un plan de competitividad para mejorar su eficiencia y competitividad en el sector público.
Por todos estos motivos, señoras y señores Diputados, no vamos a votar favorablemente su iniciativa parlamentaria.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor García Fonseca.


El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy esquemáticamente y sintiendo tener que serlo por mor y por fuerza del tiempo y de la hora en que estamos.
Pero lo que sí quiero asegurar al Portavoz del Grupo Popular, señor Gamir, que mi Grupo ha estudiado con detenimiento sus mociones, no se las ha tomado en absoluto a la ligera.
Si me permite una valoración global tanto de la forma como del fondo, empezando por la forma, encuentro sus mociones, que son muchas, un tanto farragosas. Desde luego, la capacidad de síntesis no es su fuerte, como tampoco es, quizás, el mío. Son ambiguas --este es un calificativo que me parece más importante--porque muchas de sus proposiciones, dicho en el sentido gramatical del término, valen tanto para un roto como para un descosido, son formuladas de tal manera que con ellas se pueden hacer cosas, si no contradictorias, muy diferentes. Por último, señor Gamir, el conjunto de sus mociones, a mi juicio, no expresan, al menos de manera sistemática, coherente, integrada, una verdadera política industrial. Ganas no le faltan. Usted ha insistido mucho en calificativos al respecto, pero, si me atengo a lo escrito, sinceramente se lo digo, creo que

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no. Y si hablamos de una política industrial activa, todavía su proposición no lo logra, aun reconociendo toda su intención. No lo logra porque son pocas las propuestas positivas que establece. Son muchas las propuestas que tienen un carácter, repito, o muy genérico o muy de intenciones, pero sin especificar procedimientos ni formas concretas. En todo caso --y entro en el tema de fondo--, en todas ellas hay una filosofía macroeconómica y una filosofía, incluso, de política industrial sobre la que, en los temas fundamentales, mi Grupo discrepa de ustedes. Creo que es difícil, además, que ustedes mantengan la posibilidad de definir una política industrial activa cuando, al mismo tiempo, en la práctica, la mayor parte de las medidas que ustedes establecen en relación a la función del Estado, a la función del Gobierno, se limita a medidas de tipo desreguladoras, desgravadoras, muchas veces de forma tan genérica que no se sabe muy bien desregular que o al menos no se sabe desregular hasta cuándo.
Como le dije en el debate de la interpelación, en el trasfondo de sus planteamientos macroeconómicos (que a mi Grupo le cuesta a veces diferenciarlos de los que plantean otros grupos como Convergència i Unió y el propio Grupo Socialista) sí hay algunos puntos con los cuales coincidimos, incluso creo que coincide la mayoría de la Cámara, al menos la que se ha expresado en temas de política industrial de forma continuada, y es que, efectivamente, aquí se han sacrificado los sectores productivos a la política macroeconómica. Coincidimos en que la política que se ha seguido respecto a los tipos de interés, los tipos de cambio, ha sido muy perjudicial no sólo para la política industrial, sino para todo nuestro tejido productivo. En eso estamos de acuerdo. Pero a nosotros nos parece que ustedes son incongruentes, porque entendemos que no son sólo estos dos aspectos, que es el conjunto de la política macroeconómica del Gobierno la que ha sido, en la práctica --creo que también en la teoría--, que es lo que más radicalmente pone a prueba una teoría, radicalmente lesiva para los sectores productivos, tanto otros como el que ahora técnicamente discutimos, que es el industrial.
Esta política macroeconómica es la que, de una forma plástica, de una forma global, está plasmada en lo que es el Plan de Convergencia, que casi todos ustedes han aceptado. Un Plan de convergencia, con todo el tema de Maastricht --en el que nuestro Gobierno ha intentado ser más papista que el Papa--, que en la práctica se ha mostrado (a estas alturas esto es algo obvio, no hace falta insistir en lo mismo) como irreal -- ya se reconoce que es prácticamente irrealizable, al menos en las etapas, en las fechas, en los calendarios previstos-- y, además, pernicioso. Es decir, ha traído consecuencias perjudiciales serias.
En el fondo de este Plan de Convergencia y en el fondo de su política macroeconómica --y ahí no la distingo de la del Gobierno-- ustedes hacen pivotar todo el tema de la competitividad sobre dos ejes fundamentales, que son la reducción drástica del gasto público indiscriminadamente, a mi entender no discriminan de manera clara y suficiente, y también está la reducción de los costes salariales tanto directos como indirectos, tanto inmediatos como diferidos. Incluso cuando ustedes hablan del gasto público lo hacen de forma especialmente genérica, que, repito, se presta a políticas que pueden ser muy diferentes e incluso contradictorias. Por ejemplo, ustedes dicen en el punto 3.4: En el gasto público tendrán prioridad las infraestructuras y el capital humano.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señor García-Fonseca. Por favor, señorías, es imposible poder escuchar lo que dice el señor Diputado interviniente.


El señor GARCIA FONSECA: No será porque no doy voces y, además, en este caso funcionan los altavoces.
Ustedes hablan de dos cosas que, dichas así, son obviedades y dicen todo o no dicen nada. Se refieren a infraestructuras, pero ¿qué tipo de infraestructuras?, ¿qué prioridades hay ahí? Invertir en capital humano, pero ¿con qué prioridades? Por ejemplo, nosotros señalamos que es necesario dar prioridad al tipo de infraestructuras que creen más empleo, menos impacto medioambiental, que aborden los desequilibrios territoriales, etcétera. Esto son criterios básicos, porque, si no, repito, una política de infraestructuras puede resultar absolutamente contraria a unos intereses generales o a unos intereses que pueda defender un grupo determinado o a los planteamientos de un partido o de otro.
Yendo brevísimamente a las políticas industriales específicas que ustedes indican más que diseñan, las políticas horizontales y las políticas sectoriales, en cuanto a las políticas horizontales hay una serie de puntos que si se votasen por separado no tendríamos ningún inconveniente en votar --posteriormente indicaré cuáles--, porque, repito, nos parece que estos puntos ya casi son de cultura común, son casi lugares comunes en los cuales podemos coincidir, sobre todo porque, además, están redactados de una manera excesivamente genérica.
Hay otro tipo de medidas un poco más específicas; por ejemplo, cuando, en relación con las pymes, habla de las medidas fiscales, prácticamente son las que detalla de manera más específica, algunas de ellas podríamos compartirlas, pero, desde luego, otras nos parece que son claramente rechazables, al menos desde la óptica de nuestro Grupo, bien porque son inadecuadas, bien porque son indiscriminadas o bien porque son inconcretas.
En cuanto a las políticas sectoriales, he de decir que, efectivamente, creo que en todo caso la interpelación

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de ustedes y esta moción tienen una virtualidad, que es reabrir o relanzar un debate sobre política industrial que en nuestro país ha tenido una ausencia clamorosa. Lo que pasa es que creo que es una pretensión excesiva, que no se compagina con la moción presentada, tener como objetivo que esta moción cierre ese debate o sea un marco de conclusiones válido para un desarrollo del mismo. Estamos en desacuerdo con los puntos fundamentales, con la filosofía de fondo y por las demás razones señaladas en cuanto a forma, inadecuación, etcétera.
Creemos que el debate hay que continuarlo muy a fondo, y uno de los puntos es precisamente el tema de las políticas setoriales, porque ustedes, por ejemplo, se centran en dos cuando hablan de sectores concretos, el de la automoción, fundamentalmente en la automoción privada, o se centran en el tema textil. Nos parece que el tema de las políticas sectoriales, una vez que su Grupo admite que, además de las políticas horizontales, hay que hacerlas también sectoriales, como admite también el señor Ministro, nos parece que hay que hacerlo con una perspectiva de futuro y buscar cuáles son aquellos sectores en los que, dada nuestra capacidad, dadas nuestras situaciones en todos los sentidos, tanto en los mercados como en nuestra capacidad de investigación y desarrollo, en nuestro nivel tecnológico, en nuestro tipo de redes de comercialización, etcétera, nosotros podemos tener unas mayores posibilidades de futuro.
Desde luego, más que estos dos sectores que usted apunta, me atrevería a apuntar otros nichos industriales, como puede ser toda la industria que tiene que ver con las energías renovables, no solamente por lo que tenga de ahorro energético, sino en el aspecto estrictamente industrial, o todo lo que tiene que ver con las tecnologías medioambientales, que creo que es un nicho muy oportuno y adecuado para nuestro país.
Creo que éste es un debate para hacer. Desde luego, una vez que el Ministro lanzó el guante, mi Grupo lo ha recogido de inmediato y creo...


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor García Fonseca, termine, por favor.


El señor GARCIA FONSECA: Termino ya, señor Presidente.
... que, desde luego, no se puede cerrar en absoluto con estas mociones cuya filosofía de fondo, repito para terminar, mi Grupo no comparte; admite varios puntos que luego voy a enumerar si se votasen por separado, pero, en todo caso, considera que ni mucho menos puede ser un programa que reúna un mínimo común denominador para elaborar una política industrial activa en esta Cámara. Por último, sobre las privatizaciones, señor Gamir, voy a leerle simplemente la última moción que ustedes plantean, y con esto termino, señor Presidente. Cuando dicen que se utilice la política privatizadora para incrementar la eficacia y competitividad, disminuir la deuda y el déficit público y para desarrollar el accionariado popular y la masa crítica de nuestros mercadosfinancieros, por fin, aunque sea al final de su moción, yo leo las razones que motivan a su Grupo a pedir un plan de privatizaciones.
Mire usted, ninguna de estas razones se mantiene en pie, ninguna de estas razones es sostenible. Un plan de privatizaciones no es bueno para incrementar la eficacia y competitividad, porque van a privatizar precisamente las industrias estatales competitivas en sectores donde hay muchas privadas no competitivas. Un plan de privatizaciones tampoco va a ser eficaz para disminuir la deuda y el déficit público, y analistas de reconocimiento general lo afirman cada vez más explícita y rotundamente porque, en el mejor de los casos, sería pan para hoy y hambre para mañana. Desde luego, esto del accionariado popular, señor Gamir, es una falacia; el menor análisis demuestra que a nivel práctico no significa absolutamente nada en cuanto a reparto económico y mucho menos de poder.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor García Fonseca.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.


El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en representación del Grupo Socialista, voy a consumir un turno en contra del contenido de esta moción.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sáenz Lorenzo, en las mociones no hay turnos en contra, sino turnos de fijación de posición.


El señor SAENZ LORENZO: Voy a fijar una posición de mi Grupo para votar en contra de la moción que propone el Partido Popular. Propone una moción en un momento yo diría que algo oportunista, porque, efectivamente, estamos soportando una crisis industrial profunda, que ha sido particularmente dura en el año 1993. Algunos de los efectos de esa crisis industrial se están notando más hoy en la opinión pública; hay algunas empresas en crisis que ha citado el Portavoz del Grupo Popular, pero también es verdad que en estos momentos las expectativas industriales han mejorado y que los índices más significativos respecto de la evolución del sector industrial son en estos momentos positivos. Se ha mejorado la productividad, han mejorado las encuestas sobre la coyuntura industrial, se recupera la cartera de pedidos, hay una mejora en el grado de utilización de la capacidad productiva, incluso hay una mejora en la producción industrial en los últimos

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meses; discretamente, pero, desde mi punto de vista, de una forma significativa, se está produciendo un cambio en el signo de la evolución de los acontecimientos desde el punto de vista industrial.
Ustedes eligen este momento para hacer un planteamiento que, desde mi punto de vista, es sumamente contradictorio y que no plantea realmente una alternativa a la política que está llevando a cabo el Gobierno. Los elementos básicos de su análisis vuelven a la política económica y nos plantea elevados tipos de interés, elevados tipos de cambio e incremento de la presión fiscal. Señor Gamir, van a tener ustedes que cambiar el discurso en algún momento, porque, claro, los tipos de interés se han modificado sustancialmente.
Hemos pasado del 13,75 por ciento al ocho por ciento. Ha disminuido el diferencial con la Comunidad Económica Europea y con los países de nuestro entorno. Está disminuyendo el diferencial. Por tanto, ya se han producido modificaciones significativas a ese respecto.
Lo mismo podemos decir de los tipos de cambio. Hoy la paridad de la peseta es una paridad razonable para las exportaciones y lo está demostrando justamente el sector industrial y el comportamiento de las exportaciones en el sector industrial.
No estamos de acuerdo con que la presión fiscal de nuestro país sea inadecuada. Estamos por debajo de la media de la Comunidad Económica Europea y por debajo también, lógicamente, de la OCDE, si consideramos nuestro entorno europeo. Estamos bastante por debajo y no pensamos que nuestro país deba tener planteamientos de política económica que conduzcan a situaciones de subdesarrollo, sino a situaciones de bienestar.
Usted en la propia mención dice explícitamente que la política industrial por sí sola, ni aun queriendo, podría hacer algo.
Usted no cree en absoluto en la política industrial y, sin embrgo, hay que decir que, hoy por hoy, cada vez más, todos los países desarrollados piensan en que el papel de la política industrial es creciente.
Yo tengo que mostrarme en desacuerdo con este planteamiento, con esto que dicen ustedes textualmente en su moción de que, por sí sola, ni aun queriendo. Ustedes piensan que solamente los elementos de política macroeconómica son los que van a dar competitividad y yo pienso que no, porque si solamente el coste de los factores (del factor trabajo, del factor capital y de las materias primas) fuera lo que influyera en la competitividad, los países desarrollados lo tendrían difícil.
Afortunadamente existen otros elementos de competitividad, y de una forma creciente la innovación como elemento de competitividad, que deben promocionarse justamente a través de una política industrial que no está presente, desde mi punto de vista, en la moción que ustedes presentan. Está presente, una vez más, la política macroeconómica, los tipos de interés, los tipos de cambio, etcétera.
Tienen contradicciones flagrantes. Primero plantean reducir ingresos, reducir impuestos directos, reducir la matriculación de los automóviles, reducir cuotas sociales de la Seguridad Social. Además, hay que reducir el déficit público y hay que aumentar los gastos de infraestructura y de recursos humanos.
Este rompecabezas no se puede casar: reducir ingresos, reducir el déficit y aumentar gastos. Eso no lo puede hacer nadie. Es una contradicción. ¿Dónde se disminuyen los gastos? ¿Es en las pensiones? ¿En las prestaciones sociales? ¿En la política social? ¿En la educativa? ¡En ninguna! En los debates en esta Cámara ya vemos que en ninguna, ni siquiera en la empresa pública. Ustedes piden que a la empresa pública se le dé más dinero en cada una de las provincias donde hay problemas con alguna empresa pública. Por tanto, no puede casar, es contradictoria en el fondo, en su planteamiento político, en su planteamiento macroeconómico, esta política que se plantea en la moción.
Después, en el desarrollo de la moción se ve que no creen ustedes en la política industrial. Enumera una serie de actuaciones y con algunas de ellas estamos de acuerdo porque son las que se están haciendo. ¡No dirán ustedes que este Gobierno no ha tenido preocupación por la pequeña y mediana empresa! Yo creo que ha sido una preocupación constante en los últimos meses. Las enmiendas a la ley de presupuestos y el debate presupuestario lo ponen de manifiesto.
¿Mejoras fiscales a la pequeña y mediana empresa? Le voy a enumerar unas cuantas: incremento de los coeficientes máximos de amortización del Impuesto sobre Sociedades, aumento del 35 por ciento del límite de deducción por inversiones, deducción del cinco por ciento de gastos de formación de personal en el impuesto sobre sociedades, mejora del régimen especial de tributación para las transmisiones de empreas, modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas, reducción de los rendimientos declarados en estimación objetiva por índices, signos o módulos, incentivo a la creación de empresa, incentivo de inversión, creación de una línea de 150.000 millones de crédito en el ICO de créditos subvencionados, apoyo a la financiación a través de la aprobación de la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca, etcétera.
El Gobierno acaba de presentar el Plan marco para la Pequeña y Mediana Empresa en la Conferencia Sectorial de Industria y algunos de los elementos de ese plan marco están presentes, efectivamente, en la moción que usted plantea. En ese Plan marco está la creación de redes financieras para la pequeña y mediana empresa, la difusión de la información, la cooperación interempresarial y apoyos a las redes tecnológicas. Hoy mismo hemos aprobado en esta Cámara la eliminación de la doble imposición de los dividendos y la mejora del tratamiento fiscal de la I+D.


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Por tanto, en algunas cosas sí que nos parece que hay una cierta convergencia, pero son cosas que ya se están haciendo, que se han hecho en la Ley de Presupuestos, en la Ley financiera que ha acompañado los Presupuestos, que está en marcha en ese Plan marco para las pequeñas y medianas empresas. Pero no coincidimos, en absoluto, en las prioridades y en los acentos.
Para nosotros el elemento de competitividad que debe enmarcar una política industrial es la innovación en la empresa. Eso apenas aparece en su moción. Hacen, eso sí, mucho hincapié, como siempre hace S.S., en el papel del sector público y en que, por lo visto, el déficit público de este país se va a eliminar vendiendo empresas públicas. Estamos en radical desacuerdo con ese planteamiento, como lo estamos con que se disminuya el Impuesto de Matriculación en el sector del automóvil, pero sí estamos de acuerdo con medidas que pretendan reactivar el sector y, al mismo tiempo, modernizar y renovar el parque, y esa es la medida que ha tomado el Gobierno; es esta medida que necesariamente se tiene que tomar por sorpresa, señor Gamir, si se quiere que sea eficaz y que no perjudique al sector. Por tanto, no se extrañe, no busque fantasmas, sino aplauda una actuación del Gobierno que yo creo que es positiva para el sector del automóvil, que es un sector que tiene problemas y que está en competencia en nuestro país.
Y cuando un sector tiene estas características, yo creo que un gobierno tiene que estar alerta para ver las posibles medidas que favorezcan su actividad. Yo creo que es lo que ha hecho el Gobierno y, por tanto, está en la línea que preconizamos de política económica y de política industrial, diría, de política industrial activa. Y yo creo que lo estamos demostrando.
En el sector público empresarial vuelve a plantear el tema del plan de privatizaciones, un estatuto de la empresa pública. Yo no sé cómo se puede plantear un estatuto de empresa pública desde la derecha. No lo sé, no lo acabo de entender.
Desde luego, es radicalmente contrario a nuestro planteamiento. Nuestro planteamiento es que la empresa pública y la empresa privada funcionen en igualdad de derechos y de obligaciones, en competencia, sin privilegios y sin corsés que a la empresa pública le impidan un funcionamiento en el mercado. Lo que pretendemos es que la empresa pública sea tan eficiente como la empresa privada y que la diferencia entre empresa pública y empresa privada no esté en cuál es el propietario del capital, sino en la eficiencia en ambos sectores.
¿Pero qué empresa puede privatizarse? Señores Diputados, las que pierden dinero no pueden privatizarse o, si se privatizan, hay que sanearlas y, por tanto, cuestan dinero a los Presupuestos. Por consiguiente, ésas difícilmente pueden privatizarse. Se podrá privatizar las que ganen dinero, y las que ganen dinero se pueden privatizar de dos formas: una, como se está haciendo, sacando a Bolsa algunas participaciones, pero sin perder en ningún momento el control, y otra, buscando que esas empresas públicas sustenten, sostengan en cierta medida el tejido industrial de este país.
Yo creo que eso es importante, porque cuando se está hablando de política industrial lo que no se puede es hacer propuestas alegremente que supongan el desmantelamiento del sector público empresarial y el desmantelamiento, por tanto, de una parte significativa de nuestro tejido industrial.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Sáenz Lorenzo, vaya terminado.


El señor SAENZ LORENZO: Termino enseguida, señor Presidente.
La alternativa que ustedes plantean es la venta total. La venta total podría aliviar en un momento determinado el déficit público. Yo no sé cómo podrían funcionar algunos complejos empresariales, algunos «holding» si lo que hacemos es quitarles las empresas que dan beneficios y las que permiten sostener otras empresas importantes para este país y que, desde luego, nuestro Grupo no está dispuesto a dejar caer porque nosotros pensamos que su política supondría el desmantelamiento del sector público empresarial.
Por tanto, estamos en desacuerdo en el fondo. Su planteamiento es excesivamente macroeconómico. Ese planteamiento tiene contradicciones de fondo. Nosotros creemos en una política industrial, en una política industrial activa y, además, estamos en desacuerdo total con el planteamiento que hacen respecto de la empresa pública.
Todo ello nos lleva a fijar la posición de nuestro Grupo en el sentido de que vamos a votar en contra de esta moción y a pedir a SS.SS. que, si les hemos convencido, voten también en contra. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sáenz Lorenzo.
Señor Gamir, tiene la palabra a los efectos de indicar si acepta las enmiendas defendidas por el señor Albistur y presentadas por él y por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


El señor GAMIR CASARES: Sí, señor Presidente, nada más para decir que aceptamos dichas enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¿Todas las enmiendas, el conjunto de ellas? (Asentimiento.) Pasamos a la votación señorías. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Popular que se somete a votación en los términos resultantes

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de la aceptación de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, PNV, y el señor Albistur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:votos emitidos, 281; a favor, 122; en contra, 158; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.


Eran las diez de la noche.

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