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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 57, de 10/03/1994
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE Año 1994 Núm. 57 V Legislatura PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSE V. BEVIA PASTOR, VICEPRESIDENTE PRIMERO Sesión Plenaria núm. 56 celebrada el jueves, 10 de marzo de 1994

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ORDEN DEL DIA:

Enmiendas del Senado:

--Enmiendas del Senado al Proyecto de Ley por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 23.1, de 13 de septiembre de 1993 (número de expediente 121/000009) (Página 2759)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

--Proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. (Procedente del Real Decreto-Ley 18/1993, de 3 de diciembre.) «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 41.1, de 4 de enero de 1994 (número de expediente 121/000030) (Página 2763)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 2759)

Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero (Página 2759)

Para fijación de posiciones en torno a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley intervienen los señores Zabalía Lezámiz, del Grupo Vasco (PNV); Michavila Núñez, del Grupo Popular, y Martín Mesa, del Grupo Socialista.
Sometidas a votación, se aprueban las enmiendas del Senado al proyecto de ley por 280 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2763)

Proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación. (Procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre.) (Página 2763)

En defensa de las enmiendas del Grupo Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya interviene el señor Peralta Ortega, manifestando que en el momento en que termina la discusión en esta Cámara sobre el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación no cabe pensar, desgraciadamente, que el mismo haya sido mejorado durante su tramitación parlamentaria. Por el contrario, su Grupo entiende que se han producido modificaciones negativas de especial entidad a lo largo de esta tramitación. Por tanto, si el Real Decreto-ley les mereció en su día una valoración negativa, hoy esa valoración tiene más argumentos de refuerzo. El primero de ellos es que, tratándose de una disposición que contiene medidas urgentes de fomento de la ocupación, hasta el momento no cabe pensar que haya dado lugar a un resultado especialmente satisfactorio, ya que durante el mes de enero el paro creció en nuestro país como no lo hacía desde hace ocho años. De ahí la dudosa eficacia de esta disposición legislativa. Se les dice que el paro crece porque los ciudadanos creen que hay reactivación económica y se apuntan en las oficinas de empleo, pero en tal caso la percepción de los ciudadanos sobre la reactivación económica debió ser extraordinaria cuando en el año 1993 se produce un incremento del paro tan espectacular. A su juicio, se trata de un argumento absurdo que pone de manifesto a qué tipo de manifestaciones se ve obligado a recurrir el Gobierno cuando ha entrado en una dinámica de medidas cada vez más inconexas y, presumiblemente, cada vez más ineficaces. El Grupo de Izquierda Unida es partidario de que se adopten medidas urgentes de intervención en relación con el mercado laboral porque éste se encuentra en una situación muy deteriorada, situación que se mantiene al día de hoy como consecuencia del período de recesión por el que atraviesa nuestra economía, al igual que la de otros países. Sin embargo, no cree que las soluciones sean las que se contienen en la norma que ahora debaten, alejada de lo que dice nuestra propia Constitución al establecer muy claramente que para corregir las desigualdades y las distorsiones del mercado laboral lo que procede es la intervención pública. En cambio, el Real Decreto-ley lo que hace en materia de empleo es legalizar la intervención privada, justamente lo contrario de lo que prevé la filosofía constitucional. Se legalizan las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal cuando ni siquiera existe un cuerpo normativo que regule detalladamente estas entidades que ya pueden estar funcionando. Pero aún más preocupante es que esa solución por la que apuesta el Real Decreto-ley no garantiza la eficacia, ya que en los contados países en que funcionan las agencias privadas de colocación el paro tiene la misma evolución que en nuestro país, aunque su gravedad sea menor. Por otro lado, se faculta a estas agencias para cobrar sus servicios, con lo que el elemento de la capacidad económica va a ser a partir de ahora un elemento de discriminación en nuestro país en el acceso al empleo, ya que las agencias privadas de colocación garantizarán mejores y más posibilidades de colocación a quienes tengan superior capacidad económica. Otro aspecto destacable del Decreto-ley es el contrato de aprendizaje, que la sociedad ha calificado de manera claramente negativa, a través del cual, por primera vez en nuestro país, se cobrará por debajo del salario mínimo, con independencia del sector productivo en que se realice el contrato. Es un contrato, además, con una protección social notablemente limitada, en la que el costo de la Seguridad Social para el empresario es muy bajo, lo cual, si es bueno para el empresario, es malo para la Seguridad

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Social. Consideran que se trata de una norma excepcional, extraordinariamente grave y que, además, en virtud de las enmiendas del Grupo Socialista, se ha desnaturalizado el contrato de aprendizaje durante la tramitación parlamentaria, con lo que hoy la sociedad tiene motivos para valorar aún más negativamente ese contrato.
Alude también a los contratos a tiempo parcial y a los contratos fijos discontinuos que anteriormente tenían regulaciones absolutamente distintas, convirtiéndose ahora los contratos fijos discontinuos en una simple especialidad de los contratos a tiempo parcial y dejando de ser contratos de carácter indefinido. Se suprimen, además, las limitaciones que anteriormente existían en relación con los contratos a tiempo parcial, dando lugar a recortes graves en su protección social.
Termina reiterando su oposición a la norma objeto de debate, ya que, a su juicio, perjudica a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. El señor Olabarría Muñoz defiende las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), centrando su intervención en los aspectos del Decreto-ley que resultan más deficientes, especialmente desde una perspectiva técnico- jurídica. Señala que este proyecto de ley no va a pasar precisamente a los anales de la técnica legislativa, ya que algunos de sus preceptos son los peores que ha visto durante su trayectoria profesional y universitaria. Por ejemplo, pretender regular las agencias privadas de colocación, como se hace en el artículo 1.º, es para nota de suspenso para abajo y, desde luego, su redactor no aprobaría en ninguna facultad de Derecho. Otro aspecto de este proyecto es que en cuestión tan importante como las agencias privadas de colocación priva en nuestro derecho el monopolio al Inem en materia de colocación, en contra de una de las esencias caracterizadoras hasta ahora en nuestro Derecho. Su Grupo pide que el Gobierno se comprometa en plazo breve a regular en un proyecto de ley específico el funcionamiento, la naturaleza, las competencias y el control administrativo de las agencias privadas de colocación, porque creen en el monopolio de la autoridad laboral en el ámbito de la contratación.
Por otra parte, se da nueva regulación a los contratos preexistentes, como, por ejemplo, el contrato de aprendizaje, que es una figura importante que debe ser introducida en nuestro Derecho, y se da nueva regulación a los contratos en prácticas, al contrato a tiempo parcial, etcétera. Pues bien, también en la regulación de estos contratos se observan múltiples deficiencias técnico-jurídicas, entre las que destaca el posibilitar para los contratos de aprendizaje un salario inferior al mínimo interprofesional, en una degradación excesiva de las contraprestaciones, rompiéndose el principio esencial de todo contrato, como es la equivalencia de las prestaciones de las partes. Piensan que no se puede reducir el salario mínimo interprofesional, ya previamente configurado por otra norma diferente.
En materia de protección social se produce también una degradación, quizá excesiva, de dicha protección, rayana con algo que veta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 41 de la Constitución, como es el principio de la irregresividad de las prestaciones.
Finalmente, en materia de disposiciones derogatorias realmente la falta de técnica legislativa y jurídica es también clamorosa. Expone algunos ejemplos relativos a dicha falta de técnica jurídica, para terminar afirmando que no participa de las esencias de los presupuestos teóricos que justifican este proyecto de ley. El señor Aparicio Pérez defiende las enmiendas del Grupo Popular. Considera inevitable referirse a debates anteriores en relación con esta norma, en los que el Grupo Popular expresó claramente su posición sobre la misma.
Han tratado de llegar a una oferta real de diálogo y colaboración para conseguir las mejoras necesarias en el mercado laboral español pero lamentan que hayan transcurrido los trámites de Ponencia y Comisión sin que se haya admitido una sola enmienda de los cinco Grupos Parlamentarios bien distintos de esta Cámara. El portavoz socialista hablaba de una forma favorable de los derechos de los trabajadores, de adoptar las medidas que los tiempos exigen de cara al siglo XXI y de aceptar la colaboración que les ofrecieran, pero por enésima vez las palabras no han venido acompañadas de los hechos. Refiriéndose al contrato de aprendizaje, expone la postura favorable a su existencia por parte del Grupo Popular, siempre que se tratara de un contrato homologable a otros contratos que puedan existir en el seno de la Unión Europea, que no pierda su propia naturaleza y que cumpla los objetivos de formación y de inserción social de quienes carecen de titulación previa. Tiene que tratarse, además, de un contrato atractivo para las empresas españolas en términos de cotizaciones y costes salariales, pero, sobre todo, debe tener un elemento característico que es la claridad y la seguridad jurídica para quienes lo utilicen. Las enmiendas de su Grupo iban encaminadas fundamentalmente a conseguir que aquellos sectores de la sociedad española que con mayor intensidad sufren el principal problema del desempelo pudieran mejorar sus expectativas reales, siempre en el contexto de otra serie de medidas imprescindibles, como el control del gasto público, la adaptación de la fiscalidad y también del Inem.


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Sin embargo, en la discusión del proyecto de ley, que ya se ha dicho que desde el punto de vista jurídico no es muy presentable, se han superado los trámites sin mejorar el contrato de aprendizaje ni otros elementos que consideran imprescindibles, a algunos de los cuales aludía anteriormente.
Expone el contenido de algunas de sus enmiendas tendentes al logro de esas mejoras y termina expresando su confianza de que desde el Grupo Socialista se comprenda la necesidad de cambiar modos y formas en la actual situación económica y social, ya que de otro modo no se devuelve la confianza a una sociedad ni se sientan las bases del futuro.
El señor Mauricio Rodríguez defiende las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. Destaca la importancia del presente debate como uno de los de mayor interés en este momento político, lamentando encontrarse no sólo con la poca atención de los señores Diputados, sino con la ruptura de bastantes consensos: del consenso social y del consenso político. Nadie parece estar totalmente satisfecho de los resultados de este proyecto de ley ni de otros que vendrán las semanas próximas.
En un momento de crisis económica y social era la oportunidad de acometer una profunda reforma del mercado de trabajo, pero también eran necesarias otras reformas fiscales, económicas, etcétera, que supusieran políticas activas de empleo. Sin embargo, no han sido capaces de articular un conjunto de medidas que crearan una política activa de empleo, de formación y de ocupación ante la crisis de la sociedad española. Lo único que se ha planteado son unas pequeñas reformas que pueden llevarnos en la actual realidad social a la ruptura de determinados equilibrios sociales, con lo que, al final, más que una reforma puede suponer una mala componenda.
Consiguientemente, Coalición Canaria espera que este proyecto de ley no tenga larga vida y que esta Cámara, cuando existan mejores condiciones de equilibrio social y político, pueda acometer una reforma estructural y profunda del mercado de trabajo, junto a otras reformas también necesarias, ya que las modalidades de contratación que se plantean no ofrecen a su juicio, ninguna posibilidad que signifique elementos de ayuda para la productividad y el mantenimiento de los equilibrios sociales en la sociedad española.
El señor González Lizondo, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas presentadas relativas al artículo 3, donde observa unas carencias muy importantes. Desde la óptica empresarial puede comprender una serie de normativas necesarias, pero no comprende cómo puede llegarse prácticamente a la explotación del hombre por el hombre, que es lo que viene a suponer lo planteado en algunos apartados de este proyecto y que, además, ello venga de la mano de un partido que se llama socialista y obrero. Expone el contenido de sus enmiendas relativas a una serie de circunstancias que consideran imprescindibles en relación con el contrato de aprendizaje y que desearía que fueran aprobadas por la Cámara.
El señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, da por defendidas sus enmiendas números 88 y 89 y pide que se sometan a votación. La señora Rahola i Martínez, del Grupo Mixto, señala que el proyecto de ley ya ha sido ampliamente debatido en Comisión, por lo que se limita a solicitar el apoyo de la Cámara para las enmiendas que ha presentado, que considera que son fundamentales para evitar que los sectores más discriminados de la sociedad padezcan el peso de la crisis y, por supuesto, el peso de la reforma del mercado laboral.
El señor Albistur Marín, del Grupo Mixto, alude a la similitud de sus enmiendas con otras presentadas por el Grupo Vasco (PNV), por lo que procede a la retirada de las mismas y a exponer su apoyo a las que ha defendido brillantemente el señor Olabarría. En turno en contra de las enmiendas al proyecto de ley interviene, en nombre del Grupo Socialista, la señora Rodríguez Ortega, manifestando que hoy finaliza, efectivamente, la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, que ha contado con un amplio debate en el que los diversos portavoces de los grupos parlamentarios han expresado sus posiciones y han contado también con la opinión de los agentes sociales, de representantes de organizaciones sindicales, empresariales y de personas de reconocida relevancia y profesionalidad en materia laboral. Añade que en todos los casos se ha admitido la necesidad de esta reforma laboral, en cuyos planteamientos han sintonizado, además, con lo que está siendo la opinión generalizada de mejorar nuestro mercado laboral. Hay una demanda en ese sentido que tiene que ser atendida y, a su juicio, está muy bien recogida en este proyecto de ley.
Con el objetivo de mejorar y modernizar las relaciones laborales, lo que son los mecanismos de colocación, han defendido y siguen defendiendo este proyecto de ley, convencidos además de que es un buen instrumento legal, un instrumento legal imprescindible para asumir una serie de retos, una serie de demandas que se les están planteando en estos momentos en nuestro mercado laboral. Pero si bien han encontrado bastantes coincidencias en

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las necesidades de la reforma, no han encontrado la misma voluntad y mucho menos la mínima actitud a la hora de compartir responsabilidades y a la hora de asumir compromisos por parte de los distintos grupos parlamentarios para que los contenidos del proyecto de ley incidan positivamente en la protección y promoción del empleo. Bien es cierto que con algún Grupo Parlamentario han llegado a importantes acuerdos, a un nivel de consenso del que se alegran.
Resalta seguidamente algunos de los aspectos más importantes del proyecto y termina afirmando que para facilitar la entrada de un número cada vez mayor de personas a nuestro mercado de trabajo entienden que deberían contar con el apoyo de otros grupos de la Cámara que deberían compartir estas medidas.
Completa el turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Socialista, la señora Romero López, que expone la posición de su Grupo Parlamentario en relación con las enmiendas de los diversos Grupos de la Cámara, y fundamentalmente en relación con el tema de los contratos de aprendizaje, remitiéndose en buena parte de su intervención a los debates habidos anteriormente en Comisión. Replican los señores Peralta Ortega, Olabarría Muñoz, Aparicio Pérez y González Lizondo, duplicando las señoras Rodríguez Ortega y Romero López. Para fijación de posiciones hace uso de la palabra el señor Hinojosa i Lucena, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Se procede a las votaciones de las enmiendas al proyecto de ley debatidas anteriormente. Una vez realizadas las votaciones correspondientes a las enmiendas del Grupo Popular, el señor De Rato Figaredo solicita que por parte de la Mesa se haga un recuento de todos los presentes para cotejar si se han producido errores en la votación electrónica, no permitiéndose entre tanto la incorporación al hemiciclo de los señores Diputados que en ese momento permanecieran fuera del mismo.
Se producen diversas intervenciones por parte de los portavoces de los Grupos Parlamentarios en relación con el tema planteado por el señor De Rato Figaredo, decidiéndose por el señor Vicepresidente la suspensión de la sesión y la convocatoria urgente de la Mesa y la Junta de Portavoces. Era la una de la tarde.
Se reanuda la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
El señor Vicepresidente informa a la Cámara que la Mesa y la Junta de Portavoces, por unanimidad, han tomado los acuerdos de, primero, realizar una investigación por si se ha producido alguna anomalía en las votaciones de este proyecto de ley; segundo, que por los secretarios de la Mesa se proceda al recuento nominal de los señores Diputados presentes; tercero, continuar las votaciones a partir de las enmiendas todavía no votadas, y cuarto, que si de la investigación realizada por la Mesa se observan anomalías que pudieran tener trascendencia, la Mesa adoptaría las consecuencias disciplinarias oportunas y, en su caso, también decidiría sobre la anulación de votos o la repetición de votaciones. Se procede seguidamente al cumplimiento del segundo de los acuerdos adoptados y por el Secretario de la Mesa se realiza el llamamiento de los señores Diputados para tener constancia de los presentes. El señor Vicepresidente da cuenta del resultado del recuento efectuado, que es de 310 Diputados presentes y 40 ausentes. Informa de que en las actas de la sesión constarán los nombres de los presentes y ausentes que se derivan del recuento nominal realizado.
Seguidamente se procede a las votaciones pendientes en relación con las enmiendas presentadas al proyecto de ley.
El señor Vicepresidente anuncia que la votación del dictamen se realizará en la próxima sesión.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

--AL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ADAPTA LA LEGISLACION ESPAÑOLA EN MATERIA DE ENTIDADES DE CREDITO A LA SEGUNDA DIRECTIVA DE COORDINACION BANCARIA Y SE INTRODUCEN OTRAS MODIFICACIONES RELATIVAS AL SISTEMA FINANCIERO (Número de expediente 121/000009)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Punto sexto del orden del día: enmiendas del Senado. Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación

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Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Zabalía.


El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo brevemente para decir que creo que es justo reconocer, y estimo que por ello nos tenemos que fecilitar, que este proyecto de ley de adaptación de la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva Comunitaria concluye con un trámite parlamentario habiendo alcanzado un alto consenso, consenso que ya se puso de manifiesto en el trámite del proyecto en Comisión.
Nuestro Grupo Parlamentario presentó 22 enmiendas, que entre las aceptadas, transaccionadas y alguna retirada se han reducido a cinco enmiendas no admitidas. Sin embargo, y por desgracia, el contenido sustancial de alguna de ellas es importante para nosotros porque tiene relación con la capacidad competencial de la Comunidad Autónoma Vasca y nos hubiera gustado que hubiese quedado más plasmada en algunos aspectos. Me refiero en concreto a nuestra propuesta de suprimir el inciso final del artículo 43 bis 8 de la Ley 26/1988, por el cual se obliga a las entidades de crédito a inscribirse en el Registro del Banco de España a los efectos de lo establecido en los artículos 43 y 43 bis de la Ley.
Entiendo que esta inscripción sería suficiente que se realizara en los registros de los organismos correspondientes de las comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia. Si bien es cierto que la redacción de este inciso a que hago referencia fue mejorada en el trámite de Comisión, no ha sido tenido en cuenta en el trámite del Senado; es más, incluso en cierto modo nos hemos visto algo defraudados, dado que el talante abierto y consensuador del ponente del Grupo Socialista en el Congreso en el debate correspondiente nos solicitaba su retirada ofreciéndonos, según palabras textuales, su más reflexiva consideración, probablemente en la etapa del Senado.
También propusimos añadir un nuevo párrafo al número uno de la disposición final, intentando dejar constancia en el texto de la ley de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, dado que a lo largo de toda la ley las referencias hechas, sobre todo al Banco de España, hoy hay que entenderlas dentro de la distribución competencial constitucionalmente admisible que, como digo, tienen en este campo las comunidades autónomas. No ha sido entendido o, más bien, no ha sido admitido en este tono permanentemente defensivo de algunos grupos parlamentarios hacia las reivindicaciones de nuestro Grupo, reivindicaciones, por otra parte, que no hacen más que reclamar sus derechos reconocidos constitucionalmente. Pero, como decía al principio, estimo que esta ley recoge en su mayor parte los criterios de los grupos parlamentarios de esta Cámara, por lo que nuestro Grupo apoyará las enmiendas aprobadas en el Senado. Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias señor Zabalía.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Michavila.


El señor MICHAVILA NUÑEZ: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente para explicar el voto afirmativo que el Grupo Parlamentario Popular va a emitir a las enmiendas incorporadas en el Senado a este proyecto de ley. Queremos significar también el espíritu de consenso que ha primado en la elaboración de los trabajos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado. Un proyecto de ley que llegó a la Cámara con bastantes deficiencias técnicas. Después del trabajo y de las enmiendas incorporadas en el Congreso y en el Senado, sin duda ha mejorado notablemente la eficacia normativa que con el proyecto se pretendía. En este sentido mostramos la satisfacción del Grupo Parlamentario Popular por el hecho de que se hayan incorporado casi todas las enmiendas de las 34 que presentamos.
La norma que hoy se aprueba supone un importantísimo paso adelante en la plena liberalización de la libertad de desplazamiento de capitales en el ámbito comunitario y su complemento en la libertad de servicios bancarios. Esperamos que este paso adelante que se ha dado en el servicio bancario en el ordenamiento español se produzca en otros sectores sin necesidad del constante impulso comunitario. Queremos mostrar la satisfacción por el hecho de que se incorpore esta norma que dotará de mayor competitividad a un sistema enormemente necesitado en este momento de insuflar aliento a la economía española.
Junto con las normas que se incorporan, queremos destacar que, igual que se está tratando en esta Cámara el proyecto de ley de autonomía del Banco de España, es imprescindible hacer un llamamiento a la necesidad de que el Banco de España, dotado de la capacidad de supervisión sobre entidades que van a operar en el extranjero, utilice adecuadamente los instrumentos de supervisión que esta norma le da y que la futura norma va a venir a garantizar.
Queremos señalar también la oportunidad de una norma que no sólo incorpora la normativa comunitaria, sino que también introduce toda una serie de modificaciones en el ordenamiento crediticio. En este sentido lamentamos que se haya perdido la ocasión excelente para racionalizar nuestro ordenamiento jurídico

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en el ámbito del crédito. Quiero recordar que, según el Banco de España, en este momento existen 600 normas estatales sobre el ámbito del crédito, 250 circulares y cerca de 300 normas de comunidades autónomas. Hubiera sido este el momento de dictar una norma de carácter general, una norma-marco, para racionalizar ese caos normativo que existe en el ámbito del crédito. La norma que hoy aprobamos contiene once disposiciones adicionales, todas ellas muy oportunas, pero que, sin embargo, vienen a incidir en el desbarajuste normativo de nuestro sistema de crédito.
Respecto de las enmiendas incorporadas en el Senado, hay que dar la bienvenida a la institución de los fondos de titularización de activos, que esperamos sirva para facilitar la financiación de nuestras empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, tan necesitadas de un acceso más fácil al sistema de financiación propia. Asimismo, damos la bienvenida a la enmienda por la que se suprime el Consejo Superior Bancario, enormemente oportuna. Aprovechamos la ocasión, en este momento en el que finaliza la vida de una institución que tan excelente servicio ha prestado a nuestro ordenamiento del crédito, para felicitar a aquellas personas que la crearon -- creo recordar que fue Cambó quien diseñó esta institución en 1921--, y aquellas personas que han prestado ese excelente servicio.
Pensamos --y no podemos dejar de decirlo-- que el Banco de España, que cuenta con excelentes profesionales, podía haber estado a la altura de las circunstancias --y así lo podía haber hecho el Gobierno en su propuesta, a través de la mayoría socialista, aceptando algunas de estas enmiendas-- e incluirse en el régimen general de considerar que el silencio del Banco de España sea un silencio positivo. Cuenta el Banco de España con técnicos y profesionales excelentes, y no se les puede cubrir su inactividad bajo la figura del silencio negativo.
En segundo lugar --es algo en lo que el Grupo Parlamentario Popular quiere insistir, y así lo hará cuando se trate la ley de autonomía del Banco de España--, no pensamos que el secreto necesario que debe amparar las actuaciones y las relaciones del Banco de España con las entidades supervisadas deba ser un obstáculo para las Cortes Generales en su tarea de dotar de mayor transparencia a todas las actuaciones de supervisión.
Quiero recordar que este texto tiene muchas singularidades y especificaciones relativas a cuándo vence el secreto del Banco de España y, sin embargo, no se ha incorporado, como se dijo que se iba a hacer en los trabajos de la Comisión del Congreso, una enmienda transaccional que permita explícitamente al Congreso vencer el secreto del Banco de España. Si las potestades del Banco de España operan con una cierta discrecionalidad, lo cual es absolutamente lógico, dada la naturaleza de sus funciones, la contrapartida, el envés de este privilegio, debe ser la absoluta transparencia y la remisión de información a las Cortes Generales. En ese sentido creemos que hubiera sido muy oportuno especificar que las Cortes tienen el derecho de vencer ese secreto del Banco de España. No obstante, a pesar de lo significado anteriormente, nuestro voto va a ser positivo, puesto que consideramos muy oportuna la norma que hoy se aprueba en la Cámara, la liberalización de servicios, que, sin duda, esperamos redundará en beneficio de todos los consumidores.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Michavila. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Mesa.


El señor MARTIN MESA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista al objeto de fijar nuestra posición favorable al proyecto de ley de adaptación de la normativa financiera española a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria que viene enmendada del Senado.
Este proyecto vuelve a la Cámara tras haber sido enmendado en el trámite parlamentario del Senado, habiéndose conseguido mejorar sustancialmente, a nuestro juicio, el texto que en su día aprobó con competencia legislativa plena la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda de esta Cámara. Señorías, dividiré mi intervención, que pretendo sea breve, en tres pequeños apartados. Por una parte me referiré a la importancia que tiene este proyecto de ley; en segundo lugar, pondré énfasis en señalar el alto consenso alcanzado en la tramitación del proyecto, y, en tercer lugar, haré referencia, aunque sea puntual, a los aspectos más relevantes que han sido introducidos en las enmiendas del Senado.
Respecto al primer apartado (importancia del proyecto), permítanme que les diga que, con la aprobación de este proyecto de ley, se da un paso decisivo, eso sí, en el aspecto formal, de cara a la construcción del mercado único de servicios financieros y, en última instancia, a la construcción de la Unión Económica y Monetaria.
Señorías, produce una especial satisfacción el haber conseguido legislar con un alto grado de consenso lo que puede ser, como decía anteriormente, un paso definitivo en la adaptación de nuestra normativa financiera y bancaria a la legislación comunitaria.
El mercado de servicios financieros --estoy convencido de ello--empieza a ser ya una realidad desde el punto de vista formal y también, en buena medida, en la práctica, ya que, como muchos opinan, el sistema financiero español y particularmente el bancario es quizá el sector más convergente de la economía española.


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Aunque el Tratado de Roma había previsto tímidamente la liberalización de los servicios financieros, la realidad es que la hoy muy importante integración de los sistemas financieros europeos se ha conseguido en poco más de una década.
Permítanme, señorías, que les ponga de manifiesto nuestro profundo convencimiento (desde luego, indicios hay al respecto) de que el sistema financiero español y, particularmente con él, el sector bancario acabarán formando parte de un sistema europeo integrado, coherente con una Europa unida.
Como SS.SS. conocen, en el campo de la convergencia normativa, la Unión Monetaria Europea ha optado por un modelo de armonización básica o de mínimos, ya que, como es lógico y ustedes comprenderán, la enorme disparidad de normativas existentes, así como las conexiones con los aspectos legales y fiscales, los usos y costumbres diferenciados de cada sistema financiero, hacían impracticable el que la integración se realizara a través de una legislación pormenorizada y exhaustiva. El principio básico --yo no me voy a extender mucho en esto-- que establece la Segunda Directiva y que hoy incorporamos con el proyecto de ley que debatimos y, por supuesto, aprobaremos, es la instauración del denominado pasaporte comunitario.
Señorías, este proyecto de Ley lo que hace es optar por incorporar a la legislación financiera y bancaria existente el contenido de la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, y ello introduciendo las modificaciones consiguientes en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y no solamente ahí, sino en catorce leyes, reales decretos legislativos, reales decretos ya preexistentes. Sin embargo -- y aquí he de compartir la idea expresada por el señor Michavila, del Grupo Popular--, cada día parece más evidente que, dada la complejidad de la legislación bancaria hoy existente, se requiere aprobar una ley que con carácter general regule el régimen y actividad de nuestras entidades de crédito. Señor Presidente, quisiera en este momento poner especial énfasis en destacar el alto nivel de consenso alcanzado por parte de todos los grupos políticos en todos y cada uno de los trámites parlamentarios por los que el proyecto ha pasado --Ponencia y Comisión--, en esta Cámara e igualmente en el Senado, al cual pienso que no es ajeno el trabajo serio, riguroso e intenso que inicialmente realizó la Ponencia de esta Cámara. Es éste, señorías, un proyecto muy técnico y enormemente complejo. Ya les decía que adapta a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria unas catorce leyes y reales decretos legislativos, desde la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, a la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 1988, o incluso algunos aspectos de la Ley del Mercado de Valores, igualmente de 1988.
Señoras y señores Diputados, permítanme que les diga en este sentido que la indudable calidad técnica del proyecto remitido por el Gobierno, junto al esfuerzo --¿por qué no?-- de aproximación realizado por todos los grupos parlamentarios, ha permitido que el proyecto fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda el pasado día 30 de noviembre, e igualmente haya sido aprobado sin ningún voto en contra en la sesión recientemente celebrada en el Senado el pasado día 23 de febrero. Creo que esto merece una felicitación que todos habremos de compartir. Respecto a la intervención que realizaba el señor Zabalía, representante del Grupo Nacionalista Vasco, habré de decirle que, efectivamente, como este Portavoz se comprometió en la Comisión el día correspondiente a hacer un esfuerzo de aproximación aún mayor en el Senado, creo que habrá de reconocerme que este esfuerzo se ha realizado. Sin embargo, quedan dos enmiendas puntuales relativas a la no necesidad o sí necesidad de la inscripción de las entidades en el Registro del Banco de España. Se comprenderá que en una entidad como el Banco de España que debe realizar una entidad supervisora, es lógico que las entidades se inscriban ahí, y, por otra parte, en relación a la frecuencia y al detalle de las informaciones que las entidades deban remitir al Banco de España, si el Banco de España debe supervisar la actuación de las entidades, es lógico que esté perfectamente normalizada esta información y esta frecuencia; si no, difícilmente podría llevar a cabo su misión con informaciones diferenciadas de cada Comunidad Autónoma. Pues bien, al margen de esto, habremos de reconocer que se ha realizado un esfuerzo en el Senado.
Quiero destacar aquí --y ya para terminar-- las incorporaciones más importantes que se han realizado en el Senado. Mencionaré únicamente tres: la enmienda a la disposición adicional quinta, mediante la que se introducen cuatro nuevos párrafos en los que se regulan extensamente los llamados fondos de titulización de activos; la enmienda relativa a la disposición adicional novena, que establece precisas obligaciones para los registradores mercantiles respecto a la remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la cuenta anual y documento complementario de aquellas sociedades que hubieran infringido normas de la Ley de Sociedades Anónimas en materia de negocios sobre sus propias acciones; y, sobre todo, permítanme que me extienda algo más en la disposición adicional undécima (nueva), por la cual se establece la desaparición del Consejo Superior Bancario, así como se establecen reglas básicas para los efectos que pueda producir esta disolución.
En este aspecto, he de poner de manifiesto que el Consejo Superior Bancario, que se creó sustituyendo a un organismo preexistente por la Ley de Ordenación Bancaria

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de 1946, ha desarrollado durante un amplio período de tiempo muy importantes funciones, tanto como órgano consultivo de la Administración en materia bancaria como funciones de coordinación y de representación de los bancos en los distintos aspectos de su actividad profesional. Sin embargo, señorías, han transcurrido ya muchos años, la legislación bancaria y financiera española ha experimentado una profunda transformación y, sobre todo, en estos últimos años se ha producido un importante proceso de desregulación del sistema bancario y financiero español. Todo ello ha llevado a la paulatina desaparición de gran parte de las funciones consultivas que tenía encomendadas, además de que el nuevo marco democrático y constitucional ha determinado la aparición y el desarrollo de organizaciones privadas representativas de los intereses y para la defensa profesional de las entidades bancarias.
En consecuencia, si han desaparecido sus funciones consultivas y su representación la pueden asumir entidades privadas perfectamente representativas, se entiende que la continuidad del Consejo Superior Bancario ya no se encuentra justificada, y ello desde la perspectiva deseable de la simplificación de la estructura administrativa y de la reducción de costes.
En suma --y ya termino, señor Presidente--, a juicio del Grupo Socialista, el proyecto de ley por el que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria ha sido mejorado tras su paso por el Senado respecto a la redacción inicial. De ahí que manifestemos nuestro pleno apoyo al mismo, no dejando de reiterar, eso sí, la importancia del proyecto y el alto nivel de consenso alcanzado.
Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación.
Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: --PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE FOMENTO DE LA OCUPACION. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 18/1993, DE 3 DE DICIEMBRE) (Número de expediente 121/000030)

El señor VICEPRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen sobre el proyecto de ley de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, procedente del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre. Para la defensa de sus enmiendas a este proyecto de ley, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, discutimos hoy en el Pleno el proyecto de ley dimanante del Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, de medidas urgentes de fomento de la ocupación. Tenemos que decir, señorías, en el momento en que termina la discusión de este proyecto de ley en esta Cámara que desgraciadamente el contenido del mismo no cabe pensar que haya sido mejorado a través de su tramitación parlamentaria. Por el contrario, nuestro grupo entiende, y así intentaremos hacerlo ver a lo largo de esta intervención, que se han producido modificaciones negativas de especial entidad a lo largo de su tramitación parlamentaria. Por tanto, si en su día este Real Decreto-ley nos mereció una valoración negativa, hoy día esa valoración tiene más argumentos de refuerzo. Uno de ellos, quizá el primero, sería el de que tratándose de una disposición que contiene medidas urgentes de fomento de la ocupación debe entenderse --y es verdad que los datos son todavía prematuros--, no cabe pensar que haya producido un resultado especialmente satisfactorio. Alguien, algún destacado miembro del Gobierno dijo que seguramente en enero ya se empezarían a ver los resultados de ese Real Decreto-ley de 3 de diciembre.
Desgraciadamente, señorías --insisto, en que desgraciadamente- -, la realidad ha venido a poner de manifiesto que en el mes de enero, en nuestro país, el paro creció como hacía ocho años que no crecía. Por tanto, cabe pensar que es dudosa la eficacia de esta disposición legislativa, inicialmente Real Decreto-ley, y por tanto en vigor, y actualmente proyecto de ley que tramitamos en esta Cámara. Incluso los datos del mes de febrero, de los que extrañamente ya se habla de una manera informal, indican que nuevamente en el mes de febrero el paro vuelve a crecer. Insisto en que de una manera extraoficial -- no se conocen, públicamente al menos, los datos oficiales-- algún diario de ayer ya adelantaba como primicia que en febrero el paro crecía en 12.000 personas. Eso sí, se decía que el crecimiento del paro en este mes se debe fundamentalmente a que ya se empiezan a vislumbrar signos de

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reactivación económica y que eso determina que muchos trabajadores se apunten en las oficinas de empleo.
Señorías, qué distinta debe ser la percepción de los ciudadanos de la crisis que atraviesa nuestro país, cuando en el pasado año 1993 el paro creció tan espectacularmente. Debía ser que los ciudadanos estaban convencidos de que había una reactivación económica extraordinaria y eso les llevaba a apuntarse, por cientos de miles, en las oficinas de empleo, con un crecimiento espectacular del paro en el año 1993. Es un argumento realmente absurdo, señorías, y pone de manifiesto el tipo de argumentos a los que se ve obligado a recurrir el Gobierno cuando ha entrado en una dinámica de medidas cada vez más inconexas, cada vez más carentes de filosofía interna y cada vez, presumiblemente, más ineficaces. Se nos dice que el paro crece porque los ciudadanos creen que hay reactivación económica y se apuntan. Si eso fuera así, señorías, el pasado año 1993 los ciudadanos no hubieran tenido conciencia de una situación de crisis sino de una reactivación económica extraordinaria, que les llevaba, a cientos de miles, a apuntarse en la oficina de paro, dando lugar a ese crecimiento espectacular del pasado año 1993. Por tanto, señorías, la primera valoración de esta medida, de esta disposición legislativa, el Real Decreto-ley hoy vigente, el proyecto de ley que tramitamos, es que cabe dudar de su eficacia. Queremos decir que nuestro grupo parlamentario es partidario de que se adopten medidas en relación con el mercado laboral porque el mercado laboral se encuentra en una situación bastante --y quiero utilizar adjetivos no especialmente graves, como sin lugar a dudas correspondería a la realidad-- deteriorada, muy deteriorada. Cualquier persona que analice los datos estadísticos que juzgan nuestro mercado laboral llegaría a esa conclusión. No sólo tenemos un paro por encima de la media europea, que crece en nuestro país más rápidamente que en el conjunto de la Unión Europea; no sólo tenemos un paro que afecta de manera desigual a los colectivos sociales, con especial incidencia en los más débiles; tenemos también una precarización como no se conoce en ningún otro país de la Comunidad Europea. Por tanto, señorías, en este aspecto nuestro mercado laboral requiere medidas urgentes de intervención, y nuestro grupo parlamentario, sin lugar a dudas, era partidario de que se adoptaran esas medidas urgentes de intervención. Ese deterioro del mercado laboral, que continúa al día de hoy --he dado anteriormente los datos del mes de enero y hay que jugar con la hipótesis de los datos del mes de febrero que algún medio de comunicación ha publicado--, ese deterioro, señorías, no tiene otra causa, y es importante decirlo, que el funcionamiento del mercado. Que no se hable de otra causa motivadora de ese deterioro gravísimo del mercado laboral en nuestro país. Y digo que es el mercado porque ese es el mismo elemento causante en esos otros países en los que se aprecia también una tendencia a la destrucción de empleo. Por tanto, nuestro país no difiere de otros en esa tendencia destructora de empleo. Tiene que haber un elemento común en todos ellos que explica esa evolución. Ese elemento común, señorías, sin lugar a dudas, es el funcionamiento del mercado. Hay que decirlo así de claro: el funcionamiento del mercado, que lleva como consecuencia unos períodos de expansión económica y unos períodos de recesión. Nuestro país, junto con otros, atraviesa un período de recesión, con la particularidad de que como consecuencia de su historia, de su desarrollo económico, ese desempleo es particularmente grave. Pues bien, señorías, si esa es la causa del deterioro actual del mercado laboral, ¿qué tipo de solución será necesario abordar? En nuestra opinión, señorías, la Constitución es la norma a la que hay que atenerse para establecer soluciones. Y la Constitución española establece muy claramente que para corregir las desigualdades, las distorsiones del mercado laboral, y más en una materia tan fundamental como el empleo, lo que procede es la intervención pública. Esa es la filosofía de nuestra Constitución. Sin embargo, este Real Decreto-ley lo que hace en materia de empleo es legalizar la intervención privada.
Precisamente lo contrario de lo que prevé la filosofía constitucional, que habla de la necesidad de la intervención pública para corregir las desigualdades del mercado. Cuando en nuestro país contemplamos unas desigualdades gravísimas, extraordinarias en un elemento tan fundamental como el mercado laboral, la opción que adopta el Gobierno se aleja de esa filosofía constitucional. Se legalizan las agencias privadas de colocación y se legalizan las empresas de trabajo temporal. Y eso, señorías en un contexto de regulación especialmente laxa. En estos momentos están legalizadas las empresas de trabajo temporal, están legalizadas las agencias privadas de colocación y no hay cuerpo normativo que regule detalladamente esas entidades que, por tanto, ya pueden estar funcionando. Insisto, señorías, la solución en materia de empleo que adopta este Real Decreto-ley se aleja de la filosofía constitucional. Si esto, señorías, ya es especialmente preocupante, más preocupante aún es que esa solución por la que apuesta el Real Decreto-ley no garantiza eficacia. En aquellos contados países en los que funcionan agencias privadas de colocación, el paro tiene la misma evolución que en nuestro país. No tiene, efectivamente, la misma gravedad, pero tiene la misma evolución. Es tan consciente el Gobierno de que introduce un elemento distorsionador en un factor tan fundamental como el mercado laboral que se ve obligado, a través de una enmienda del Grupo Socialista, a decir que esas agencias privadas de colocación deberán garantizar el principio de igualdad en el acceso al empleo

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y establece que no podrán discriminar por distintos motivos.
Pero hay uno que no aparece, y es el de la capacidad económica; ese no aparece. Esas agencias privadas de colocación, por ley, están facultadas para cobrar sus servicios. Por tanto, señorías, el elemento de capacidad económica va a ser, a partir de ahora, un elemento de discriminación en nuestro país en el acceso al empleo. Que no se diga, señorías, que se trata de proteger a los colectivos más débiles. No, señorías, las agencias privadas de colocación van a garantizar mejores y más posibilidades de colocación en nuestro país a quienes tengan capacidad económica superior.
Esa es la realidad que se impondrá a partir de esta modificación normativa.
Por tanto, señorías, en materia de colocación, en materia de empleo, las novedades contenidas en este Real Decreto-ley son, en nuestra opinión, negativas, no van en la dirección en que se tendría que avanzar, no van en esa dirección. Sin lugar a dudas, la creación de empleo en nuestro país depende fundamentalmente de la política económica que se lleve a cabo.
Es verdad que las disposiciones laborales pueden coadyuvar, creo que en una parte limitada, en la tarea de creación de empleo, pero cuando las medidas laborales que se adoptan dentro de ese escaso margen de maniobra son de un importante contenido distorsionador, sin lugar a dudas, la valoración debe ser claramente negativa. Y esa es la valoración que hace el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en relación con las novedades en materia de colocación que se introducen por el Real Decreto-ley o el proyecto de ley que tramitamos en esta Cámara.
Otra novedad importante, fundamental, de este Real Decreto-ley --y comprenderán SS.SS. que en este trámite hagamos simplemente referencia a los aspectos más destacables, pues sin lugar a dudas hay otros muchos que no tenemos tiempo material de tocar--, otro aspecto destacado de este Real Decreto-ley es el contrato de aprendizaje. Esa ha sido la percepción de la sociedad, que lo ha calificado de manera claramente negativa, señorías, en mi opinión fundadamente, porque en este contrato de aprendizaje ese elemento distorsionador alcanza un punto culminante. Señorías, la norma dice hoy: El contrato de aprendizaje tendrá por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesarias para el desempeño de un oficio. Ese es el objeto del contrato de aprendizaje: la adquisición de la formación teórica y práctica. Insisto, el objeto de este contrato especial, tan especial que, como saben SS.SS., se cobra por debajo del salario mínimo. Por primera vez en nuestro país se cobra por debajo del salario mínimo, con independencia del sector productivo en el que se emplee, sea la banca, sea el sector con el menor valor añadido, recogida de basuras, el que pensemos, el que menos valor añadido tiene; se cobra igual y siempre por debajo del salario mínimo. Es un contrato que tiene una protección social notablemente limitada, en el que afortunadamente se ha conseguido introducir la protección de maternidad, porque inicialmente ni siquiera eso, y en el que el costo de Seguridad Social para el empresario es bajísimo. Y si eso es bueno para el empresario, no es menos cierto que es malo para la Seguridad Social ¿Cómo podemos hablar, y de hecho ya hay quien habla, de lo contrario? ¿Cómo podemos hablar de preservar el sistema de Seguridad Social si le dotamos de menores ingresos? Pues éstas, señorías, son algunas de las características de ese contrato de aprendizaje, claramente especial, excepcional. No me voy a centrar en eso, sólo quiero recordarles que esas especialidades deben tener alguna relación con que el objeto del contrato es, insisto, la adquisición de la formación teórica y práctica.
Pues bien, señorías, una enmienda del Grupo Socialista, que hoy forma parte del dictamen de la Comisión, dice: Las empresas que cumplan sus obligaciones en relación con la formación deberán abonar al trabajador la diferencia hasta el salario mínimo o el convenio. Es decir, señoría, que se está legalizando con esta norma un contrato excepcional, absolutamente excepcional: retribución por debajo del salario mínimo, con bajo coste de Seguridad Social, con mínima protección social. Y todo eso porque se dice que va a tener como objeto dotar de formación. Pero resulta que la propia norma dice: Cuando el empresario incumpla esa obligación, lo único que tiene que hacer es pagar la diferencia hasta el salario mínimo. Eso sí, se le podrá poner una sanción. ¿Pero saben ustedes por qué? Por falta grave. ¿Y quiere que le diga cuál es la cuantía de la falta grave? La conoce perfectamente: desde 50.000 pesetas hasta 500.000 pesetas, según como se gradúe la sanción. pues bien, si el contrato de aprendizaje puede durar hasta tres años, el ahorro empresarial por no aplicar los sueldos del convenio colectivo, sino los sueldos del salario mínimo, compensa sobradamente esa multa. Y no digamos ya el ahorro en Seguridad Social. Si están preocupados con ese tema modifíquenlo en el Senado. Lo mejor sería decir lo que es la norma general del Derecho laboral.
Cuando un contrato no se adapta a su objeto es un contrato en fraude de Ley y se convierte en un contrato ordinario. Esa es la norma general del Derecho laboral. ¿Por qué aquí establecemos una disposición excepcional? Se dice: cuando el empresario recurra a un contrato que tiene un objeto determinado, y no dote la formación que tiene como objeto ese contrato, su única obligación es pagar la diferencia hasta el salario mínimo.
Señorías, esta norma es extraordinariamente grave. Se ha desnaturalizado en el trámite parlamentario. En virtud de las enmiendas del Grupo Socialista se ha desnaturalizado radicalmente ese contrato de aprendizaje. Hoy, sin lugar a dudas, la sociedad tiene motivos para valorar aún más negativamente, de manera más descalificadora,

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ese contrato de aprendizaje. Por tanto, señorías, el contrato de aprendizaje hoy, desgraciadamente, está peor que hace uno o dos meses, cuando era un elemento fundamental de una importantísima movilización ciudadana que veía con preocupación la introducción de un contrato de aprendizaje que hoy ha sido totalmente desnaturalizado.
Quiero recordar, porque en alguna ocasión me lo han dicho discutiendo este proyecto de ley, que el anterior contrato para la formación, al que el de aprendizaje sustituye, tuvo graves problemas de incumplimiento de las obligaciones formativas. La portavoz del Grupo Socialista me lo decía. Y eso precisamente --es bueno recordarlo-- dio lugar a que en la anterior legislatura el Gobierno y los sindicatos pactaran determinados puntos para la reforma de ese contrato. Este contrato de aprendizaje, señora portavoz del Grupo Socialista, se aleja absolutamente de lo que se acordó entonces.
Recuérdelo, que es su obligación. Recuerde lo que se pactópor el Gobierno con los sindicatos. Recuérdelo porque alguna de las cosas que allí se pactaron se han incorporado a la regulación del contrato en prácticas, pero al de aprendizaje no. En el de aprendizaje se ha ido en la dirección absolutamente contraria. ¿Y quiere que le diga cuál? Decir que cuando el empresario incumple sus obligaciones de formación, que es el objeto del contrato, su única obligación es pagar la diferencia es una auténtica burla no sólo a los aprendices, no sólo a la sociedad, sino al Derecho del trabajo. Porque les recuerdo que la norma general de un contrato...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, vaya concluyendo.


El señor PERALTA ORTEGA: Voy terminando, señor Presidente. La norma general del Derecho laboral es que los contratos en fraude de ley --y eso es lo que dice el artículo 7.5 de la Ley de Sanciones, a la que se refiere el aprendizaje-- es un contrato ordinario. Aquí no, de eso nada. Simplemente pagar la diferencia hasta el salario mínimo. Insisto, hagan cuentas.
Resulta rentable al empresario el ahorro salarial y en coste de Seguridad Social y pagar la multa. Eso es lo que están ustedes legalizando. Aparte del contrato de aprendizaje, que como ven ustedes es una auténtica joya, tanta que algún destacado representante de los grupos que apoyan al Gobierno dijo que era un magnífico día aquél en el que introducíamos esta norma, cabe destacar de este Real Decreto-ley la reforma que establece en los contratos a tiempo parcial y en los contratos fijos discontinuos. Hasta ahora, señorías, eran dos modalidades contractuales absolutamente distintas: por una parte, los contratos a tiempo parcial con su regulación específica y, por otra parte, los contratos fijos discontinuos, que además se consideraban indefinidos. La reforma del Gobierno suprime la modalidad específica de los fijos discontinuos, que son únicamente una especialidad de los contratos a tiempo parcial. Es más, los fijos discontinuos dejan de ser un contrato indefinido. No, pasan a ser como los contratos a tiempo parcial, que pueden ser temporales o definidos. Pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que esa modalidad general de los contratos a tiempo parcial, dentro de la cual se incluyen ahora los fijos discontinuos, se fomenta. Desaparece una limitación que existía en la anterior normativa y era que, como máximo, la jornada reducida a tiempo parcial tenía que ser inferior a los dos tercios de la jornada ordinaria. Cualquier contrato con jornada inferior a la ordinaria es un contrato a tiempo parcial; cualquiera, sin ningún límite. Se trata de fomentar, pero ¡ojo! se trata de fomentar también una menor protección social de esos contratos. Les voy a poner un caso concreto, señorías. Hasta ahora un trabajador a tiempo parcial que trabaja cuatro, cinco horas, cotizaba a la Seguridad Social, cotizaba al desempleo; cada día que trabajaba una cotización.
Es verdad que la base reguladora para las prestaciones a las que tuviera derecho se calculaba sobre el sueldo de tres, cuatro, cinco horas, pero ese día era un día cotizado. Esta norma establece que las cotizaciones no se contaran por días, se contarán por horas, con lo cual, señorías, los contratos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos, que se convierten en una modalidad específica de los mismos, sufren un recorte gravísimo en su protección social con esta norma. Y quiero recordar a la portavoz del Grupo Socialista que ella precisamente, cuando hablamos del decretazo, dijo: ¡Ojo!, a los fijos discontinuos es verdad que se les recorta protección por un lado, pero como somos muy conscientes de esa situación introducimos una norma especial para ellos: el subsidio de desempleo en los fijos discontinuos tendrá la cotización para la jubilación. Señorías, con esta norma, con esta reforma se sientan las bases para que desaparezcan las especialidades de fijos discontinuos. Es una modalidad más del contrato a tiempo parcial. Y en todos los contratos a tiempo parcial se sientan las bases legales de una importante reducción en su protección social.


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, termine, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente.
Y esto, señorías, afecta a cientos de miles de trabajadores en nuestro país, con especial incidencia en zonas geográficas determinadas: la región de Murcia, la Comunidad Autónoma Valenciana; en muchas zonas de nuestro país esta modalidad contractual tiene una especial incidencia.


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Por rematar el conjunto de medidas claramente negativas de este Real Decreto-ley, podríamos hacer referencia a más, insisto, pero mencionaré las más destacadas. Este Real Decreto-ley tiene una disposición, artículo 5.º, del siguiente tenor literal: «Se establecerán programas que fomenten la contratación por pequeñas empresas de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo.» Señorías, a partir de ahora, el Estado no asume el fomento de la contratación de los trabajadores desempleados; no. Sólo va a fomentar la contratación de los trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo. A los que no cobran desempleo, a los que están parados y tienen la desgracia, además, de no cobrar desempleo, les añadimos que el Estado se desentiende de ellos. Eso lo dice este Real Decrto-ley, señorías. Eso lo dice hoy, está vigente ya como Real Decreto-ley; pero el proyecto de ley lo mantiene, y eso tiene la gravedad, señorías, de que los colectivos más desamparados de esta sociedad, los que no sólo sufren el paro, sino que además no tienen protección, a esos se les añade que el Estado no va a fomentar su contratación.
No me digan, señorías de los grupos que defienden esta norma, que ustedes pretenden centrar su atención en los colectivos más desfavorecidos. Como toda la atención que centren sea de este calibre, ¡aviados van! Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señorías, va a ser una breve intervención la de mi grupo parlamentario, porque ya contextualizada esta reforma del mercado de trabajo a través de los tres proyectos de ley en el debate de totalidad recientemente celebrado, ya ubicada esta reforma en un contexto en que parece que un ciclo histórico está acabando, o por lo menos sus paradigmas (sus postulados definidores se están relativizando en sede académica y ya también en sede extra-académica), el ciclo histórico del Estado de bienestar, aunque algunos ideológos se empeñan en un mantenimiento un tanto inútil ya a estas alturas, donde se relativizan los principios del pleno empleo, los viejos principios keynesianos del pleno empleo, que se consideran hoy utópicos, donde resulta muy gravosa la protección universal de cualquier situación de necesidad con cargo a los sistemas aseguratorios públicos, donde se empieza a pensar que el principio de irregresividad es un obstáculo a la competitividad de las empresas, la irregresividad tanto de la cuantía de las pensiones de la protección social como la del nivel y cuantía de las condiciones de trabajo que van configurando los convenios colectivos, uno detrás de otro; como la irregresividad de tracto sucesivo a la que provee la negociación colectiva. Cuando tantos principios se están relativizando y cuando vivimos en una crisis económica de carácter estructural, no en un ciclo bajo de la economía, sino en una crisis económica con fundamentos enigmáticos que todavía los expertos en ciencia económica no terminan de descifrar, no tiene mucho sentido recurrir, señor Presidente, a debates especiales o específicamente demasiado especulativos o intelectuales.
Por eso me voy a centrar de forma rápida, de forma breve, de forma muy puntual, en los aspectos que, de un proyecto de ley como el que estamos debatiendo en este momento, de medidas urgentes de fomento de la ocupación, resultan más deficientes, y más deficientes además, señor Presidente, desde una perspectiva técnico-jurídica, de la muy deficiente técnica legislativa, utilizada para la configuración de este proyecto de ley.
Desde luego, este proyecto de ley, y las señoras portavozas, en este momento (las señores portavoces, mejor dicho --perdón- -) del Grupo Socialista lo saben perfectamente (perdón por el lapsus gramatical, que no ideológico, señor Presidente, las señoras portavoces lo saben perfectamente); este proyecto de ley no va a pasar precisamente a los anales de la técnica legislativa. Yo he tenido que ver muchas leyes, afortunada o desgraciadamente; las he analizado, he recurrido a exégesis de preceptos muy complicados en el ejercicio de la profesión y en su explicación académica en sede universitaria, y tan malos como algunos de los preceptos de este proyecto de ley, no he visto ninguno todavía, señor Presidente. Pretender, por ejemplo, como pretende el artículo 1.º de este proyecto de ley, regular las agencias privadas de colocación, algo tan relevante, algo tan novedoso en nuestro Derecho como las agencias privadas de colocación, como se regula en el artículo 1.º, 2, desde luego es para nota, pero para nota de suspenso para abajo, señor Presidente. Desde luego, al redactor de este proyecto de ley no se le puede aprobar en ninguna facultad de Derecho, ni siquiera en alguna de las que pasan por ser de las peores del Estado español.
Pretende que las agencias privadas de colocación se pueden regular de la siguiente manera, señor Presidente: primero, con una prohibición, lo cual ya vulnera, no sólo los requerimientos de la técnica legislativa más elemental, sino incluso lo más elemental de la estética jurídica. Pretender regular el funcionamiento de un instituto jurídico nuevo, como las agencias privadas de colocación, prohibiéndolas inicialmente, o prohibiendo una parte de ellas. El artículo 1.º2 del Proyecto de ley empieza indicando que se prohibirán... Fíjese, señor Presidente, lo que pretende regular es el funcionamiento y empieza diciendo el artículo 1.º2 que se prohibirán las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro.


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Con esta primera prohibición, y con esta guinda de tan deficiente técnica legislativa utilizada, nos obliga a recurrir, nada menos que para saber si otras no se prohíben, a una interpretación «sensu contrario». Luego el funcionamiento de las agencias privadas de colocación en el Estado español requiere la exégesis de un precepto que prohíba una parte de ellas, recurriendo a «sensu contrario» o a «contrario sensu», como se quiera decir. Desde luego, esto sí que es para nota, señor Presidente. Hay que recurrir a una interpretación del precepto para ver si pueden existir agencias privadas de colocación. Si las que se prohíben son con ánimo de lucro, habrá que presumir que las que se permiten, a «sensu contrario», repito, son sin ánimo de lucro. Segunda guinda de este precepto. Para regulación de algo tan importante como las agencias privadas de colocación, que está regulado por ley específica en todos los países de nuestro contexto, y que vulnera o priva nuestro Derecho de unas esencialidades caracterizadoras, como es el monopolio de la autoridad laboral, el monopolio del Inem en materia de colocación, se recurre a una regulación tan deficiente como ésta, lo cual es incomprensible; primero, una prohibición y, luego, una exégesis a «sensu contrario».
Para terminar de redondear el precepto, desde esta perspectiva de técnica legislativa que estamos comentando, lo único que pretende acoger, lo único que pretende configurar es nada menos que la naturaleza jurídica: los objetivos, la estructura de funcionamiento, las competencias administrativas para su autorización, los criterios de control y de tutela administrativa. Es una autorización administrativa, es la atribución de una competencia administrativa que se atribuye al sistema público de empleo, previo convenio entre el Consejo General del Inem y las entidades que van a realizar o desarrollar esta función. Es decir, toda la regulación en el Estado español en este momento en nuestro Derecho de las agencias privadas de colocación, va a ser lo siguiente: una prohibición, en primer lugar; una exégesis a «sensu contrario», para ver si las contrarias a las prohibidas son admisibles; y, en tercer lugar, una autorización administrativa. Con este expediente se pretende regular todo el funcionamiento, toda la naturaleza, todos los objetivos de algo que priva de una de sus esencias caracterizadoras, hasta ahora, al Derecho del trabajo: el monopolio del Inem, el monopolio del Instituto Nacional de Empleo en materia de colocación, en el ámbito del proceso de colocación. Desde luego, señor Presidente, lo obvio en este momento es pedir lo que mi grupo pide en una de sus enmiendas: que el Gobierno se comprometa --en un plazo además breve, de seis meses proponemos nosotros-- a regular, en un proyecto de ley específico, en un proyecto de ley autónomo, el funcionamiento o la naturaleza, las competencias administrativas, el control administrativo de las agencias privadas de colocación. Nosotros no creemos en el monopolio de la autoridad laboral en el ámbito de la contratación; nosotros creemos en el funcionamiento de las agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro, como predica el precepto, y también de las empresas de trabajo temporal. Lo que pasa es que la técnica legislativa requiere también acudir a principios, a convenciones, a requerimientos que están en el Derecho, que están en el ordenamiento jurídico, principios generales que no pueden ser vulnerados, al menos de forma tan grosera. Esta es nuestra opinión.
Continuando con las deficiencias de este proyecto de ley --voy a acabar rápidamente, señor Presidente--, se regulan contratos nuevos o se da nueva regulación a contratos preexistentes; se regula el contrato de aprendizaje, que es una figura importante y que debe ser introducida en nuestro Derecho, y se da nueva regulación a los contratos en prácticas, al contrato a tiempo parcial, al contrato de relevo, etcétera.
En el ámbito de regulación de estos contratos, nos encontramos también, al margen de las valoraciones político-ideológicas o jurídicas que nos merezcan, con múltiples deficiencias técnico-jurídicas. La más característica sería la consistente en posibilitar que, tanto para los contratados en prácticas, como para los que sean contratados a través de un contrato de aprendizaje, se les pueda abonar menos de lo previsto, para el caso de los contratos en prácticas en el convenio colectivo para los trabajadores de su misma categoría profesional y para los aprendices menos cuantía incluso que la del salario mínimo interprofesional. Aquí, en primer lugar, nos encontramos con que esta degradación de los salarios del contratado en prácticas, hasta el 60 por ciento del salario del convenio, y del contrato de aprendizaje, hasta el 70 por ciento del salario mínimo interprofesional el primer año, ya degrada excesivamente las contraprestaciones, en este caso, la contraprestación salarial que corresponde al empresario.
Hay un principio esencial en Derecho de todo contrato, no sólo de los contratos de trabajo, sino también de los contratos civiles y de los mercantiles, principio esencial reforzado en el ámbito del contrato de trabajo, por lo menos de todo contrato de carácter bilateral, de todo contrato de carácter conmutativo, de todo contrato de carácter sinalagmático; un principio que es el de la equivalencia de las prestaciones de las partes. A nosotros nos da la impresión de que esta degradación del salario nos parece muy intensa, nos parece cuantitativamente muy amplia y degrada este principio esencial de todo contrato conmutativo y bilateral. Además, se degrada en un contrato como el de trabajo, en el que este principio se refuerza por el carácter compensatorio, por el carácter indemnizatorio y suficiente que ha de tener el salario en relación al trabajo prestado por el trabajador. Luego es un principio esencial de todo derecho contractual, reforzado en el derecho del trabajo,

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el que se degrada en este principio, rebajando la prestación salarial al 60 por ciento del salario de convenio, para el contrato en prácticas o, incluso, rebajando el salario mínimo interprofesional, que por cierto esto requiere una reflexión adicional.
El salario mínimo interprofesional, en nuestro derecho y por requerimiento constitucional, es un mínimo de derecho necesario absoluto, es un mínimo del que dudosamente puede disponer incluso el legislador; el salario mínimo interprofesional no es materia disponible por convenio colectivo ni probablemente por ley. En definitiva, lo que quiero decir es que una ley no puede reducir el salario mínimo interprofesional ya previamente configureado por otra norma diferente. ¿Por qué? Porque este es uno de esos principios, de esas instituciones que el Derecho del trabajo califica de derecho necesario absoluto, vinculadas al orden público laboral, en definitiva vinculadas a los principios e instituciones que configuran el sistema socio-económico en que vivimos o defienden su estabilidad. Pero al margen de estas reflexiones, que un poco atropelladamente tengo que hacer, señor Presidente, no sólo se vulneran principios esenciales de todo derecho contractual, y particularmente del Derecho del trabajo, sino que esta degradación, además, se hace con una técnica jurídica especialmente deficiente, sumamente deficiente. Tampoco el artículo 3.º de este proyecto de ley va a pasar a los anales de la técnica legislativa, y no va a pasar a los anales de la técnica legislativa porque lo que dice es una especie de paradoja, de contradicción en sus propios términos; insuperable en dicho artículo. Dice algo que parece casi un chiste. Dice lo siguiente: se podrá pagar al contratado en prácticas, en defecto de convenio, el 60 por ciento del salario previsto en convenio (paradójicamente, cuando hablan de defecto de convenio, luego dicen el 60 por ciento del salario de convenio) de los trabajadores de su misma categoría profesional. Si el precepto habla de defecto de convenio, hay que presumir, en una interpretación gramatical obvia, que no hay convenio colectivo, luego entonces ¿cómo puede decir ese mismo precepto que lo que se paga es el 60 por ciento del salario de convenio, presumiblemente inexistente, para los trabajadores de su misma categoría profesional? Esta es la interpretación gramatical. Yo sé lo que quiere decir el precepto; sé que esta es la interpretación gramatical razonable, pero que el precepto esencialmente quiere decir otra cosa; el precepto quiere decir que se podrá pagar a los contratados en prácticas el 60 por ciento de lo previsto en el convenio colectivo, en defecto de previsión en dicho convenio colectivo respecto al salario de los contratados en prácticas precisamente. Eso es lo que seguramente se debe presumir que quiere decir el artículo 3.º de este proyecto de ley, pero no lo dice así.
Además, si eso que presumimos que quiere decir es lo que quiere decir realmente, nosotros todavía manifestamos una preocupación mayor. ¿Por qué? Porque el defecto de convenio no existe como figura jurídica, dada la categorización de los convenios colectivos que fectúan el artículo 37.1 de la Constitución, el artículo3.º del Estatuto de los Trabajadores y todo su Título III. El Convenio no puede disponer de sus propios ámbitos personales de aplicación, de vigencia; el convenio colectivo, por su carácter general, por su eficacia general, por su eficacia «erga omnes», por su carácter normativo y su eficacia normativa, afecta necesariamente y de forma indisponible también a todos los trabajadores --a todos sin excepción, expresión literal del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores--; a todos los trabajadores ubicados en sus ámbitos personal, territorial y funcional de aplicación. Lo que aquí se está previendo es la posibilidad de que un convenio colectivo disponga de sus propios ámbitos, y el convenio colectivo no tiene habilitación jurídica suficiente para ello. El defecto de convenio no existe como concepto jurídico. En cuanto una persona es contratada por una empresa, por un empleador, sea con contrato en prácticas, sea con contrato de aprendizaje, sea con cualquier contrato especial de inserción en el mercado de trabajo, forma parte del clausulado del convenio en todos sus ámbitos, sin ninguna excepción, y no hay defecto de convenio para él, su salario será el salario de convenio o, por lo menos, para mantener la equivalencia de prestaciones de un contrato como el de trabajo, conmutativo, bilateral, y donde la equivalencia de las prestaciones de la parte es casi algo axiológico en el mismo, lo que nosotros pedimos es que el salario sea la base mínima de cotización de la categoría profesional de ese trabajador.
En materia de protección social, tanto para los aprendices como para los contratados en prácticas, como el caso del contrato a tiempo parcial cuando se trabaja menos de 12 horas a la semana y 48 al mes, se produce una degradación quizás excesiva de la protección social; se limita la protección social a cuatro contingencias: accidentes de trabajo, enfermedad profesional, asistencia sanitaria por contingencias comunes y fondo de garantía salarial. Esto nos parece una degradación rayana en el cumplimiento de algo que veta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional interpretando el artículo 41 de la Constitución, el principio de irregresividad de las prestaciones, que ya he tenido la suerte y el honor de explicar en múltiples ocasiones en esta Cámara y que no voy a reproducir en este momento. Nos parece que se debe incrementar --y el propio Grupo Socialista lo presenta así en alguna de sus enmiendas-- la protección social de estas fórmulas contractuales a pesar de que son fórmulas contractuales especiales, casi formativas, de inserción en el mercado de trabajo.
Ya, por último, en materia de disposiciones derogatorias aquí realmente la falta de sistemática y técnica

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legislativa y jurídica son también, en cierto modo, clamorosas. En materia de mantenimiento del Decreto de fomento del empleo 1989/1984 se prorrogan, a través de este proyecto de ley, aquellos contratos acogidos al Decreto, el 1989/1984, cuya finalización se produzca entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 1994, pero no se deroga este Real Decreto por este proyecto de ley que desde una perspectiva de corrección sistemática de ubicación razonable de la cláusula derogatoria tendría que contenerse también en este proyecto de ley. Sin embargo, ese Decreto de fomento de empleo se deroga por otro proyecto de ley diferente, el que reforma el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral.
Algo parecido a esto pasa también con las agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal. Se prevé la existencia, un tanto subrepticiamente, casi clandestinamente, en este proyecto de ley de fomento de la ocupación, de las agencias privadas de colocación; sin embargo el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal se envía a otro proyecto de ley diferente que es donde se debería regular, en nuestra opinión, también el funcionamiento de las agencias privadas de colocación. En definitiva, ya para resumir y acabar, señor Presidente, nosotros participamos de las esencias de los presupuestos teóricos que justifican este proyecto de ley. Nos parece buena en términos generales, con las matizaciones y salvedades que hemos dicho, la articulación de estos viejos contratos a los que se da nueva regulación; pero nos parece muy deficiente la técnica legislativa utilizada. Desde luego, esto no va a pasar a los anales de nada, como antes hemos comentado, esto va a ser objeto de reflexiones seguramente muy críticas en ámbitos extraparlamentarios y probablemente mi opinión será compartida por otros grupos parlamentarios, y tendríamos que hacer --esta es una apelación que hacemos humildemente al Grupo Socialista- -un esfuerzopor mejorar la técnica legislativa y recuperar algunos aspectos esenciales del Derecho del trabajo que no tienen por qué perderse, que no gravitan negativamente contra la competitividad de nuestras empresas y que quizás en este proyecto de ley son objeto de una excesiva relativización.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría. Para defensa de las enmiendas del Grupo Popular, el señor Aparicio tiene la palabra.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Al iniciar esta intervención resulta prácticamente inevitable remitirse a los debates que ya hemos tenido sobre lo que en principio fue un Real Decreto-ley y posteriormente ha sido el proyecto de ley que pomposamente --y tendré ocasión de entrar en ello-- se llamaba de Medidas urgentes de fomento de la ocupación. Lo digo porque posteriormente si en algo se han deshecho en explicaciones varios representantes socialistas es en decir que la reforma laboral por sí misma no fomenta la ocupación, no fomenta el empleo. Precisamente por razones que supongo de «marketing» político o electoral empezaron por utilizar este elemento en la primera entrega lo cual creo que conduce a una mayor confusión.
En los dos debates que ya ha habido con anterioridad yo creo que la posición del Grupo Popular ha sido absolutamente idéntica. Hemos tratado de llegar a una oferta real de diálogo y colaboración para conseguir las mejoras que sean necesarias y que sabemos son necesarias en el mercado laboral español. Pues bien, han transcurrido los trámites de Ponencia y de Comisión de esta primera entrega y ya podemos hacer un primer balance, por cierto bastante sencillo: no se ha admitido ni una sola enmienda a cinco grupos parlamentarios bien distintos de esta Cámara.
En uno de estos debates decía el portavoz socialista, con gran énfasis, que en cualquier caso desde el Grupo Socialista estamos legitimados para decir que nadie ostenta el monopolio de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y, en segundo lugar, la importancia del proyecto y el hecho de que no nos creemos dogmáticos ni monipolizadores de la verdad -- dado que estamos dispuestos a llevar a cabo una reforma útil-- nos obliga a aceptar todas las colaboraciones que se nos ofrezcan --decía el señor Arnau--siempre que se tenga en cuenta algo que nosotros también tenemos en cuenta desde el principio; que ésta es una reforma favorable a los derechos de los trabajadores y que no se trata de meter el dedo en el ojo de los trabajadores; de lo que se trata --decía el señor Arnau-- es de construir el futuro adoptando las medidas que los tiempos exigen, no las medidas del siglo XIX ni las últimas que se adoptaron en el año 1980, sino las medidas que requiere el próximo siglo XXI. Nada más y muchas gracias, concluía rotundamente. Pues nada más y nada menos, porque por enésima vez las palabras no han venido acompañadas de los hechos.
Nuestras enmiendas no iban encaminadas a meter el dedo en el ojo ni en ningún otro sitio a los trabajadores, siguiendo esta curiosa metáfora del entonces portavoz socialista; de la misma manera que tampoco pretendemos irritar las pupilas del resto de agentes sociales (me temo que en este terreno sí hay quien tiene verdadera experiencia); nuestras enmiendas iban y van encaminadas a conseguir que aquellos sectores de la sociedad española que con mayor intensidad sufren el principal problema que nos ocupa --el desempleo-- pudieran mejorar sus expectativas reales, siempre en el contexto de otra serie de reformas de medidas imprescindibles,

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como, por ejemplo, control del gasto público, adaptación de la fiscalidad, adaptación del Inem.
Por eso --y entro en el fondo de las enmiendas-- pretendíamos que las agencias de contratación sin fines lucrativos fuesen objeto de un proyecto de ley propio, para evitar algo tan pintoresco y extraño como lo que describía, muy acertadamente, el señor Olabarría, y es que según su propio texto, se afirme primero con rotundidad que la Ley prohíbe las que tienen fines lucrativos, pero las otras, las que se supone que van a tener incidencia en el mercado --porque si no fuesen a ocupar un papel importante supongo que no las hubiesen traído a colación-- quedan en su propio texto a expensas de unos difusos convenios de colaboración y a la opinión --y esta debe ser una de las grandes innovaciones semánticas-- del servicio público de empleo.
Se ha dicho --y creo que se ha explicado correctamente-- que desde el punto de vista del rigor jurídico ni desde un sentido global que creemos que debería tener la reforma laboral, y sobre todo la reforma del Inem, no parece muy presentable.
Pretendíamos --y lo mantendremos en cualquier trámite posterior-- que frente al café para todos los jóvenes de un contrato de aprendizaje, que es la única posición que hasta ahora han sabido mantener, es necesario que en ese café para todos, que no distingue con claridad edades ni cualificación previa, pueda existir, de un lado, un verdadero contrato de aprendizaje y, de otro, fórmulas adaptadas al resto de situaciones que soportan los jóvenes desempleados españoles.
Desde el Grupo Popular estamos inequívocamente a favor de la existencia de un contrato de aprendizaje, homologable, por supuesto con otros contratos que puedan existir en el seno de la Unión Europea, pero que no pierda su propia naturaleza y que cumpla los objetivos de formación y de inserción laboral de quienes carecen de titulación previa. Por supuesto, además, tiene que ser atractivo para las empresas españolas en términos tanto de cotización como de costes salariales; pero debe tener un elemento característico, que es la claridad y la seguridad jurídica para quienes lo utilicen; en esto también se ha hecho hincapié hace un instante y me parece muy importante. Si las leyes no son de alta calidad política por lo menos que tengan calidad jurídica para que sean seguras, para que por lo menos sepan a qué atenerse ambas partes, lamentablemente en nuestra opinión, los trámites que hasta ahora llevamos no ha mejorado ni han dotado al contrato de aprendizaje de esos elementos que creemos imprescindibles.
Insisto que hay que distinguir entre los diferentes casos de cualificación previa en los jóvenes con fórmulas diferentes y hay que dejar margen a la negociación colectiva en los aspectos sectoriales, pero todo ello con unas referencias claras. De ahí que sigamos pidiendo también con insistencia -- y ya con urgencia-- un catálogo de cualificaciones profesionales que sirva de guía en este aspecto y en el diseño de una formación profesional que hoy por hoy en España es dispersa e ineficiente. Me permito recordar que tienen una extraordinaria prisa --tal vez por eso utilizaron la fórmula del Real Decreto-- en lanzar el contrato de aprendizaje. Ese lanzamiento no tenía tampoco las garantías educativas, las que ustedes mismos reconocen en el texto, de la existencia previa o de la existencia simultánea de ese catálogo de cualificaciones profesionales sobre el cual se pudieran hacer las afirmaciones de qué profesiones admiten o no el contrato de aprendizaje y cuáles son los medios y las peculiaridades de cada uno de los contratos. Desde el Grupo Popular creemos que los jóvenes han de tener derecho a unos mínimos de estabilidad en sus empleos, algo que hoy por hoy aparece como prácticamente imposible ante la opinión pública española y ante la opinión de nuestros jóvenes, y en esa línea van encaminadas nuestras enmiendas. Habrán visto que desde el Grupo Popular tratábamos de incentivar la conversión de empleo juvenil temporal en empleo juvenil estable y que, desde luego, distinguíamos el contrato de aprendizaje de otro tipo de contrato para aquellos jóvenes entre 20 y 26 años que no pudieran formalizar contratos de aprendizaje ni de prácticas, con unos incentivos reales, incentivos que, como se ha definido, van en la línea de lo que ahora parece más sensato: frente a las subvenciones, las deducciones, bien de cargas fiscales, bien de cargas de cotización, y en este caso optábamos por el segundo supuesto.
En nuestras enmiendas hemos definido un modelo de contrato de aprendizaje mucho más adaptado a las garantías de cualificación --objetivo irrenunciable-- que necesitan muchos jóvenes y hemos tratado de situarlo en ese ámbito intermedio - -aquí también explico claramente la posición del Grupo Popular--, un ámbito intermedio entre lo laboral y lo docente.
A lo largo de los anteriores debates ya hemos advertido de los riesgos que conllevaría no acertar con su definición, por eso creo que merece la pensa insistir.
Nos alegra que se haya atendido una petición de varios grupos relativa a la maternidad, que creo era un olvido; igual que después de haberse repetido por parte de distintas portavoces socialistas la importancia de la contratación parcial frente al colectivo de mujeres trabajadoras, se les olvidó. No sé si es que no lo tenían suficientemente presente. En el apartado de la contratación a tiempo parcial, que es importantísimo para el mundo laboral de las mujeres españolas, valoro positivamente que se haya aceptado la situación de maternidad, pero en este marco de la contratación a tiempo parcial cabe también dar solución a un problema real: el problema de la jubilación. En nuestro modelo proponemos que desde tres años antes de la edad de referencia hasta tres años después de

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esa misma edad puedan realizarse contratos a tiempo parcial compaginables con la percepción, por supuesto también parcial, de pensiones de jubilación. Intentamos atender así problemas económicos y sociales a los que supongo no son ajenas muchas de sus señorías. En este mismo sentido se expresaba un cualificado y habitual portavoz socialista, antes Ministro de Trabajo, y veo que también la propia Ponencia-marco en su inmediato congreso. Sobra decir que también ha sido rechazada sin mayores explicaciones. No sé si eso se llama no monopolístico o monopolístico en su terminología habitual; desde luego, creo no es coherencia como se llama esa figura. Tampoco creo que ahora estemos metiendo el dedo en el ojo --sigo con la metáfora del señor Arnau-- a los jubilados. Eso quien lo hace es, en mi opinión, el señor Solbes.
Hasta aquí hemos visto las enmiendas que giran en torno a la contratación y que, como reconocía el propio Ministro, hubiesen tenido encaje en un reforma mejor sistematizada del Estatuto de los Trabajadores. Hemos querido también enmendar lo que a fecha de hoy siguen siendo aspectos puramente voluntaristas de este proyecto de ley, puesto que no ha tenido ningún efecto práctico, salvo el de rotular, como decía antes, este proyecto por razones de «marketing» político o electoral.
Creo necesario volver a insistir, porque estamos en el apartado de incentivos, en la necesidad de incentivar la contratación de los jóvenes desempleados o sujetos a temporalidad. En España los jóvenes deben tener unas mínimas expectativas razonables de estabilidad y de acceso al mercado de trabajo y se está haciendo un planteamiento por el cual parece que esa famosa dualización de los mercados también alcanza a los jóvenes y tienen, necesariamente, que introducirse discriminaciones positivas.
En esa línea, insisto, han ido las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. Además, nosotros sí creemos en la solidaridad intergeneracional y tenemos la obligación de integrar en el mercado laboral a nuestros jóvenes si también vamos a invocar la solidaridad en el futuro.
En este mismo esquema no podemos ignorar otra gravísima preocupación hacia quienes constituyen el principal contingente del paro de larga duración. Me estoy refiriendo, naturalmente, a los mayores de 45 años, personas que además soportan habitualmente cargas familiares y un «handicap» difícil: carencia de formación y cualificación profesional que facilite su reingreso al mercado laboral. Desde el Grupo Popular en numerosas ocasiones se ha defendido la necesidad de potenciar políticas activas --entendemos, además, que es una de las principales carencias y diferencias del sistema español de protección al desempleo-- en la lucha precisamente contra el desempleo. Paradójicamente, el escaso esfuerzo de cualificación profesional de los desempleados en formación ocupacional --y ahí están a su disposición las cifras-- se ha concentrado en los sectores de población mejor cualificados.
Por eso ahora pedimos discriminaciones positivas para este grupo --mayores de 45 años, parados de larga duración-- tan importante en número y en peso social que creemos que merecen esa discriminación. Por cierto, y hablando de discriminaciones, ha habido que corregir en el trámite de Ponencia y Comisión otro gran olvido: la situación en que quedaban numerosos minusválidos españoles a los que siempre se les menciona muy ampulosamente en casi todos los proyectos, y en este también desgraciadamente lo ha sido, pero se les ignora.
Espero que en el momento en el que estamos no se sigan discutiendo las cifras oficiales de desempleo, de paro, desde el propio Gobierno, porque es que el Gobierno es el responsable de esas cifras oficiales. Sería error sobre error negar las cifras, y en esas encuestas de población activa encontramos ya más de un millón de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. A mí me parece tan grave que sean parados de los que se cree como parados de los que no se cree el Presidente del Gobierno. Y del mismo modo me parecería tan grave que fuesen parados que no quieren trabajar como que no pueden trabajar, insinuación que creo se ha hecho varias veces en un clarísimo deseo de eludir responsabilidades propias.
Insisto, tan grave es si son parados de los que se cree el Presidente del Gobierno --y es el responsable de las cifras-- como si son de los que no se cree.
Y tan grave es si son personas que no pueden trabajar como si son personas que no quieren trabajar. Creo que en uno y otro caso hay que romper las tendencias actuales con medidas que sean creíbles y posibles, especialmente en grupos como el que ya he citado, de mayores de 45 años.
Confío que desde el Grupo Socialista se comprenda la necesidad de cambiar modos y formas en la actual situación económica y social. Ese cambio no puede ser el de la intimidación y el de los amagos fallidos. Así no se devuelve la confianza a una sociedad ni se sientan las bases del futuro. Sin la grandilocuencia de la que acostumbran hacer gala --y creo que ha habido un primer ejemplo literario, incluyendo esas apelaciones al siglo XXI, en el que creo que, afortunadamente, no tendrán responsabilidades de Gobierno--deben retomarse la sencillez y la credibilidad que hoy no tienen ni sus cifras ni sus supuestos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, la intervención de Coalición Canaria va a ser muy breve. Estoy convencido que las señoras y señores

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Diputados que prestan muy poca atención, según observo, a las intervenciones de los anteriores portavoces, agradecerán, sin duda, la brevedad de la intervención del portavoz de Coalición Canaria. Quiero decir solamente que sin duda el debate de hoy es uno de los debates más importantes que podía tener esta Cámara en este momento político, y lamentablemente hoy nos encontramos aquí no sólo con la poca atención de SS.SS. sino con la ruptura de bastantes consensos, del consenso social y del consenso político. Nadie parece estar totalmente satisfecho de los resultados de este proyecto de ley ni de otros que vendrán la semana próxima.
Sin duda alguna, en un momento de crisis económica y social en la sociedad occidental, era el momento de acometer una profunda reforma del mercado de trabajo, pero también eran necesarias otras reformas (fiscales, económicas, de los sistemas de formación profesional, etcétera) que plantearan políticas activas de empleo, porque el Decreto que debatimos en ese momento se llama precisamente de fomento de la ocupación. Sin embargo, no hemos sido capaces --al menos desde el punto de vista de Coalición Canaria, y de ahí las enmiendas que mantiene hasta el final-- de articular un conjunto de medidas que crearan una política activa de empleo, de formación y de ocupación ante la crisis de la sociedad española: lo único que se ha planteado aquí son unas pequeñas reformas, pero al final nos encontraremos con que, si a lo que en el papel se dice se le aplican unas pequeñas dosis de lo que después son en la práctica determinadas chapuzas y determinada picaresca, sin duda en la realidad social, rotos determinados equilibrios sociales, más que una reforma, pueden suponer una mala componenda.
Por todo ello, Coalición Canaria espera que este proyecto de ley no tenga larga vida, que no dure mucho tiempo, para que esta Cámara, cuando existan mejores condiciones de equilibrio social y político, pueda acometer una reforma estructural y profunda del mercado de trabajo junto a otras reformas, puesto que las modalidades de contratación que se plantean, a nuestro juicio, no ofrecen ninguna posibilidad de que de verdad signifiquen un elemento que ayude a la productividad, a la competitividad y al mantenimiento de los equilibrios sociales en la sociedad española. Coalición Canaria presenta sus enmiendas, las defiende y, sin duda alguna, lamenta que el consenso social básico para acometer esa reforma laboral profunda que necesitaba España, así como el consenso político y parlamentario no se hayan producido en la dosis convenientes para que los resultados supusieran una reforma laboral y no un mal remiendo laboral. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Mixto han presentado enmiendas el señor Mur, la señora Rahola, el señor González Lizondo y el señor Albistur.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Mur. (El señor González Lizondo pide la palabra.) Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Si no le importa, podríamos variar el turno de intervenciones y comenzaría este Diputado.


El señor VICEPRESIDENTE: De acuerdo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Muchas gracias.
Las enmiendas presentadas por Unión Valenciana son seis, todas ellas relativas al artículo 3, que entendemos que tiene una serie de carencias muy importantes. Además, tengo que decir claramente aquí que, bajo la óptica de empresario, puedo comprender una serie de normativas que entiendo que son necesarias, como ya dijimos en su día, pero no comprendemos cómo se puede llegar prácticamente a la explotación del hombre por el hombre, que es lo que viene a suponer lo planteado en algunos de los apartados de este proyecto de ley, y que además ello venga de la mano de un Partido que se llama socialista y obrero.
Nuestras enmiendas, desde la 21 a la 26, recogen toda una serie de circunstancias imprescindibles en el apartado del contrato de aprendizaje. Entendemos que todas ellas tendrían que ser aprobadas, ya que las mismas dignificarían no sólo la figura de la persona en el trabajo sino, al mismo tiempo, la concepción de un contrato de trabajo, que en definitiva es lo que significa el contrato de aprendizaje (contratación de prácticas o de aprendizaje), que en su literalidad, tal como viene --vuelvo a repetir-- se acerca muy mucho, en algunos casos, a la explotación del hombre por el hombre, algo a lo que, naturalmente, en Unión Valenciana no estamos dispuestos. Nos gustaría que así lo entendieran SS.SS. y que nuestras enmiendas fueran aprobadas. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor González Lizondo.
Tiene la palabra el señor Mur.


El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Partido Aragonés he presentado dos enmiendas, las número 88 y 89. La primera de ellas, al artículo 3, sobre contratos formativos, es una enmienda de modificación; y la número 89 es una enmienda a la disposición transitoria tercera, que trata sobre la vigencia de las disposiciones reglamentarias.


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Al ser dos enmiendas muy concretas en su formulación, las doy por defendidas y pido al señor Vicepresidente que me permita que se pasen directamente a votación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mur.
Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Brevemente, señor Presidente, porque tengo poco tiempo y porque realmente ya en Comisión hemos discutido mucho el tema. Sólo deseo pedir el apoyo a las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana, de la número 3 a la número 12, excepto la enmienda número 9, que fue retirada, fundamentalmente porque representan la voluntad de una alternativa progresista a la reforma del mercado laboral; progresista porque, aunque queremos una reforma del mercado laboral entendemos que es necesaria, lo que no queremos de ninguna manera es que esa reforma recaiga sobre sectores más discriminados, tal como está planteado en el proyecto de ley.
En este sentido, entendemos que estas enmiendas son fundamentales para evitar precisamente que los sectores más discriminados padezcan el peso de la crisis y padezcan por supuesto el peso de la reforma del mercado laboral. Entendemos que hay derechos básicos que estas enmiendas contemplan y que el proyecto de ley pone en duda, y que estos derechos básicos son fundamentales si no queremos ir hacia una sociedad mucho más injusta, mucho más dualizada con sectores de trabajo privilegiados y amplios sectores profundamente discriminados.
Por tanto, como ya hemos dicho en Comisión y en el debate a la totalidad, pedimos el apoyo a estas enmiendas para hacer realmente una reforma del mercado laboral que sea justa y que no sea discriminatoria, que sea una reforma a favor de una sociedad más equilibrada y no a favor, tal como está planteada en el proyecto de ley, de una sociedad mucho más discriminada y mucho más injusta.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señora Rahola.
El señor Albistur tiene la palabra.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, para manifestar que, por error, se han incluido las enmiendas número 13 y 14, que equivalen precisamente a las números 28 y 29 del Grupo Vasco y que en Ponencia fue ya manifestado que se asimilaban precisamente a dichas enmiendas.
Lo mismo ocurre con mis enmiendas números 19 y 20, que se asimilan también a la 30 y 32 del Grupo Vasco. Por lo tanto, para mayor facilidad, doy por retiradas las enmiendas y se votarán como han sido brillantemente defendidas por el señor Olabarría. Con el resto de las enmiendas, sumándome de alguna forma a las expresiones de los portavoces tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular, lo que se pretende es la supresión de dichos apartados, de modo que no se restrinja la protección social del aprendiz y también del contrato a tiempo parcial, ya que considero que precisamente estos son los elementos que debemos introducir para modificar y ajustar a todo derecho y a justicia los nuevos contratos que se pretenden desarrollar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Albistur.
Para un turno en contra, por parte del Grupo Socialista, van a intervenir la señora Rodríguez y la señora Romero.
Tiene la palabra la señora Rodríguez.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, finalizamos efectivamente hoy la tramitación parlamentaria en esta Cámara del proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación, que ha contado con un amplio debate, debate en el que, no solamente hemos intervenido los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, expresando nuestro posicionamiento sobre este tema, sino que, además, hemos contado, tal y como se decidió en la Comisión de Política Social y Empleo con la opinión de agentes sociales, de representantes de organizaciones sindicales, empresariales y de personas de reconocida relevancia y profesionalidad en materia laboral. Me quiero referir a este proceso porque en todos estos casos se ha aceptado y se ha admitido la necesidad de esta reforma laboral, y en estos planteamientos además hemos sintonizado con lo que está siendo la opinión generalizada de mejorar nuestro mercado laboral. Hay una demanda en ese sentido que tiene que ser atendida y que en mi opinión es muy bien recogida en este proyecto de ley. Además, con este objetivo de mejorar y de modernizar las relaciones laborales, lo que son los mecanismos de colocación, hemos defendido y seguimos defendiendo este proyecto de ley, convencidos también de que es un buen instrumento legal, de que es un instrumento legal imprescindible para asumir una seriede retos, una serie de demandas que se nos están planteando en estos momentos en nuestro mercado laboral. Decía que si bien hemos encontrado bastantes coincidencias en la necesidad de la reforma, no nos hemos encontrado con la misma voluntad, y mucho menos con la misma actitud, a la hora de compartir responsabilidades

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y a la hora de asumir compromisos por los distintos grupos parlamentarios para que los contenidos de este proyecto de ley, las distintas modalidades de contratación, las medidas de fomento de empleo o el funcionamiento de las agencias de colocación sin fines lucrativos, incidan positivamente en la protección y en la promoción del empleo. Ahí no hemos encontrado coincidencias, aunque sí es cierto, señor Presidente, que con algún grupo parlamentario hemos llegado a importantes acuerdos a un nivel de consenso del que nos alegramos.
Este proyecto de ley aborda dos temas fundamentales que afectan de manera decidida a la reforma del mercado laboral: por una parte, el tema de la colocación y, por otra, las distintas modalidades de contratos. En mi intervención me referiré únicamente a la modificación de estos mecanismos de colocación, a los aspectos relacionados con la reforma del Inem, al que se ha hecho referencia por parte de algunos portavoces intervinientes, y a la constitución de las agencias de colocación sin fines lucrativos, aspecto éste que ha levantado yo entiendo que excesivos recelos por parte de algún portavoz, y después me referiré a estos casos.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que la labor de intermediación entre los trabajadores y los empresarios no se puede seguir manteniendo en estos momentos con la defensa exclusiva del monopolio del Inem; sistema de monopolio que, además, está siendo cuestionado por otros países de nuestro entorno, y vemos cómo en las reuniones que se están realizando a nivel comunitario éste es un tema de debate en el que la mayoría de los países de nuestro entorno europeo coinciden en que no se debe mantener ese monopolio de los servicios públicos de empleo, al mismo tiempo que exigen que se contemplen una serie de garantías y de medidas correctoras, cuya ausencia nos podría llevar a un mal uso de estas agencias de colocación sin fines lucrativos. Insisto, señor Peralta, en que éste es un tema que está siendo debatido, que está siendo asumido en bastantes reuniones de trabajo que se mantienen a nivel comunitario. Además, en nuestro caso, entendemos que no se debe seguir manteniendo ese monopolio porque ha sido más teórico que real en la práctica cotidiana. Hice referencia a este dato en Comisión y lo vuelvo a resaltar aquí. Durante el año pasado, en más del 90 por ciento de los casos, el Inem sirvió únicamente para constatar la contratación del trabajador previamente elegido, pero no como el mejor mecanismo para ajustar la oferta a la demanda en nuestro mercado laboral. Por tanto, la fórmula elegida en este proyecto de ley entiendo que da cobertura normativa a algo que viene siendo una práctica habitual en la realidad --tenemos que acostumbrarnos a dar respuesta desde nuestro proyecto de ley a esas demandas-- y que contribuye a modernizar estos mecanismos de colocación y, evidentemente, a dar más eficacia a los mismos.
El señor Peralta decía que esta medida, en los países en los que existe --y sabe S.S. que existe en otros países, como Francia, como Italia, como Alemania--, no ha solucionado totalmente el problema del paro. No se puede caer en un planteamiento, en mi opinión, bastante simplista, señor Peralta, y no podemos reducir los términos del debate a ese aspecto. Sin duda, contribuirá a mejorar esos mecanismos de conexión entre trabajadores y empresarios.
Por tanto, en nuestra opinión, ¿cuál debe ser la función que debe mantener el Inem? En nuestra opinión, se debe mantener como un instrumento de solidaridad y debe centrar su función de mediación, su función de formación en aquellos colectivos y en aquellas personas que tienen especiales dificultades por una serie de características, por razones de edad, por falta de cualificación o por otras circunstancias, para acceder al trabajo. En ese caso, se seguirá manteniendo la intermediación y la colaboración del Inem.
Además, entiendo, señorías, que estaremos de acuerdo en admitir la complejidad y la diversidad del propio mercado laboral. Estaremos de acuerdo en aceptar que el abanico de ofertas de empleo es cada vez mayor, se requiere, al mismo tiempo, una mayor especialización y una cercanía a las fuentes de empleo. Por este motivo, los servicios públicos de empleo no pueden abarcar en su totalidad esta situación, y ésta es otra razón que nos lleva a legalizar las agencias de colocación.
Podríamos preguntarnos, señorías, qué significado tiene esta legalización o si va a suponer una vinculación estricta del tema de la colocación a las leyes del mercado y a las pautas de comportamiento del sector privado, que era uno de los planteamientos en que veía un mayor riesgo el señor Peralta.
Yo entiendo, señorías, que no va a suponer, en modo alguno, esta posibilidad a la que me refería. Estamos legalizando las agencias de colocación, que pueden ser de carácter público o privado, pero que mantendrán un requisito fundamental desde nuestro punto de vista, y es que no pueden tener en ningún caso fines lucrativos. Hay algo que al señor Olbarría le parecía una mala técnica legislativa, un mal instrumento técnico-jurídico y que desde nuestro punto de vista es fundamental. ¿Por qué? Porque ponemos énfasis y hacemos hincapié en que se prohibirán estas agencias privadas o públicas de colocación con fines lucrativos, y el señor Olabarría me permitirá que le diga que, en su rigor de perfección técnico-jurídica, en la enmienda que plantea olvida precisamente prohibir estas agencias de colocación con fines lucrativos y se remite al desarrollo de un proyecto de ley posterior, con una técnica que, en mi opinión, es demasiado dilatoria en el tiempo, puesto que retrasaría la puesta en funcionamiento de estas agencias, que son necesarias y que serán positivas en nuestro mercado laboral; esta autorización a un proyecto de ley posterior retrasaría, insisto, en el tiempo tal y como hace el Grupo Parlamentario

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Popular y como ha expresado el señor Aparicio en su intervención. En cuanto a los planteamientos que ha hecho el señor Peralta, hay un aspecto en el que evidentemente no puedo coincidir. Le preocupa la existencia de estas agencias de colocación y que desaparezca el monopolio por parte del Inem.
A mí, señor Peralta, lo que realmente me preocuparía sería la legalización de las agencias con fines lucrativos, y éste es un aspecto que no recogemos en nuestro proyecto de ley y al que nos oponemos sistemáticamente. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, no estaríamos respetando los convenios que fueron adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, convenios que han sido ratificados por nuestro país, y, sobre todo, porque si se aceptara la existencia de estas agencias privadas con fines lucrativos --insisto, cosa que no aparece en el proyecto de ley--, sí se podría caer en una situación de discriminación y de desigualdad, que no se refleja en el caso en el que aparece recogido en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque estas agencias de colocación se legalizan, pero, al mismo tiempo, se garantiza toda una serie de mecanismos de control, de mecanismos correctores, precisamente por la eficacia y operatividad del funcionamiento y de los servicios que van a prestar los trabajadores desempleados demandantes de empleo: que no tengan fines lucrativos --me he referido a ello con anterioridad-- y que, además, tengan que disponer del permiso de autorización por parte del Inem, y ahí recogemos escrupulosamente lo que son las indicaciones de los convenios números 34 y 96 de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, me parece que son mecanismos que ofrecen las suficientes garantías. Con lo que hemos recogido en nuestro proyecto de ley, se trata, señorías, de ajustar lo que son nuestras normas legales a las demandas sociales y a las necesidades del mercado. Por lo tanto, mantener unas fórmulas que no han dado resultado en estos momentos supone caer en un cierto inmovilismo que, además de tener unos matices y un carácter conservador, desde mi punto de vista, no contribuiría en abosoluto a la modernización de estos mecanismos de colocación.
Voy a acabar, señor Presidente, señorías, indicando que desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos la función esencial del servicio del empleo, pero que puede ser articulada por organismos bien de carácter público o bien de carácter privado y que deben incidir, en mi opinión, en tres aspectos fundamentales y básicos. Por una parte, deben facilitar la información acerca de lo que son las posibilidades y las características del propio mercado de trabajo; en segundo lugar, deben ejercer esta función de conexión entre los empresarios y los demandantes de empleo, y, en tercer lugar, ayudar a los trabajadores a encontrar empleos convenientes. Señor Presidente, señorías, con este proyecto de ley estamos dando una respuesta satisfactoria, necesaria y absolutamente inaplazable a lo que son las necesidades de nuestro mercado laboral, a lo que están demandando empresarios y trabajadores, y no tienen por qué contemplarse como intereses contrapuestos uno y otro caso siempre que tengamos en cuenta todas las garantías y todas las medidas de cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación en aspectos básicos y fundamentales, como es éste que estamos abordando del acceso al empleo. Se trata, señor Presidente, señorías, en definitiva, de facilitar la entrada de un número cada vez mayor de personas a nuestro mercado de trabajo y entiendo que para esto deberíamos contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios con los que deberíamos compartir estas medidas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías... (El señor Fernández-Miranda y Lozana: ¿Para un turno entero?...)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Un momento, señora Romero. Dígame, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, simplemente quiero preguntar a la Presidencia si se va a consumir un segundo turno por parte del Grupo Socialista o va a completarse escuetamente el exceso que ya se ha producido.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Va a completarse. Lo que ocurre es que la Presidencia, para una mejor ordenación del tiempo utilizado por parte de las intervinientes, ha marcado en el reloj la mitad del tiempo para la señora Rodríguez Ortega y ahora pasamos a la segunda mitad del tiempo. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías! Es un mismo turno, y sólo está hecho así a efectos de orientación y de distribución del tiempo de las intervinientes. (Fuertes rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías!

El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Por aclarar la situación, señor Presidente, mi pregunta es si la mitad del turno supone 17 minutos consumidos por la interviniente anterior, simplemente por hacerlo constar.


El señor VICEPRESIDENTE: La interviniente anterior ha intervenido durante 12 minutos 42 segundos. (Un

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señor Diputado: ¡Toma ya!--Otro señor Diputado: ¡Has hecho el ridículo!) Cuando quiera, señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente, gracias, señorías. Paso a ejercer mi turno en contra respecto a las enmiendas presentadas en relación con los contratos formativos, a pesar de que no sea muy del agrado del Grupo Popular.
(Rumores.) En primer lugar, voy a hablar de las enmiendas no defendidas aquí por el señor Peralta, sí defendidas o medio defendidas en la Comisión, y después pasaré a hablar de por qué al interviniente del Grupo Popular no le ha interesado mucho extender su turno. (Nuevos rumores.) Al señor Peralta quisiera decirle que siempre nos sorprende que en lugar de hacer una defensa de sus enmiendas haga un ataque de las nuestras. Ocurrió así en el debate de la totalidad, donde habló --como le recordé en la Comisión-- del diálogo social, pero no defendió su texto alternativo, no defendió sus enmiendas, y, para nuestra sorpresa, cuando llegamos al debate en Comisión prácticamente la mitad de las enmiendas por él presentadas ya figuraban en el Real Decreto de desarrollo de 29 de diciembre y la otra mitad de sus enmiendas hacían referencia al antiguo contrato de formación.
Señor Peralta, creo que no le gusta mucho leer los reales decretos, porque pasa exactamente igual con la enmienda que defiende, referida a los desempleados. Hablamos en la Comisión de que habrá un nuevo real decreto de desarrollo de todos los programas que afecten a desempleados colectivos, etcétera, pero no parece que sea usted muy proclive a leerse esos reales decretos de desarrollo.
Siento decirle, señor Peralta, que no estamos de acuerdo con sus enmiendas relativas al antiguo contrato de formación.
Usted sabe, como lo sabemos todos, que el antiguo contrato de formación no solamente no fomentaba el empleo, sino que, además, generaba más perversiones de las previstas, no contenía medidas cautelares, no garantizaba la formación y no era, por tanto, un contrato adecuado al objetivo para el que se creaba. En sucesivas ocasiones denunciamos este tipo de contrato. Al presentar sus enmiendas, aunque no las defienda aquí, realmente está defendiendo una norma que surgió en 1984, pero ya han pasado 10 años y la realidad es distinta. Por tanto, tenemos que tomar decisiones para una nueva etapa que estamos viviendo. No se trata de una dialéctica nominalista, no se trata de llamarlo contrato de formación o contrato de aprendizaje. Es que hay que tomar nuevas decisiones y hay que afrontar, por primera vez en nuestro país y seriamente, la creación de un buen sistema de aprendizaje. Pensamos que hay que introducir algunas garantías, como lo están ya en el proyecto de ley y como hemos incluido en nuestras medidas cautelares.
Señor Peralta, a pesar de que usted habla de que el texto está desnaturalizado por las enmiendas socialistas, usted sabe lo que pretenden. No puede decir que desnaturaliza, no puede decir que las modificaciones son negativas cuando lo que pretendemos es que un contrato temporal no pueda ser acumulable a un contrato de aprendizaje. Es decir, si ha habido en una empresa un contrato temporal, no puede haber un contrato de aprendizaje para la misma persona. Usted sabe que la medida que hemos introducido en otra de las enmiendas es que un contrato de formación no puede superponerse a un contrato de aprendizaje, no pueden superponerse los tiempos.
Usted sabe que otra de las medidas que hemos introducido es el plazo para hacer el repertorio de cualificaciones, para, de una vez, saber exactamente cuáles son los perfiles profesionales, los tiempos adecuados, y poder sentar las bases para lo que tiene que ser un buen sistema de aprendizaje. Por tanto, no diga que hemos desnaturalizado el texto. Antes al contrario, hemos introducido medidas que establecen garantías y crean las condiciones para que ese contrato de aprendizaje sea realmente el adecuado para aprender. Lo que ocurre es que tal vez su poca fe, su poca confianza le lleva a no defender su modelo alternativo. En la Comisión nos habló de solidaridad a propósito de la protección social al contrato. Hoy nos habla de que es malo para la Seguridad Social y se pregunta cómo podemos dotar de ingresos a la Seguridad Social si la cuota para este contrato es de 3.800 pesetas. Nos parece bien que usted esté preocupado por la gestión del sistema de la Seguridad Social. Pero ya me dirá usted cómo casamos un tema con el otro. Me gustaría explicárselo a usted y a todos aquellos que han hablado de temas, que es importante tratar aquí, relativos a este contrato de aprendizaje, que es el protagonista, porque es el más interesante de lo relativo a los contratos formativos.
La globalidad de las enmiendas insiste, sobre todo, en la edad, en el salario y en la protección social. Su Grupo no es el único que mantiene el viejo contrato de formación. Hay otros grupos que insisten, por ejemplo, en el plan de formación antiguo, que no garantizaba la formación; en un tiempo mayor de formación teórica, como si eso fuera suficiente para garantizar la formación; y en una serie de temas siempre referidos al antiguo contrato de formación, pero no indican cómo podemos establecer un nuevo contrato de aprendizaje que realmente se adecue a sus objetivos.
Con respecto a la edad y a los otros temas --porque así respondo a los otros grupos--, en este momento tenemos un colectivo de desempleo juvenil de más de un millón de jóvenes que no tienen cualificación, lo cual no quiere decir que no tengan formación teórica, porque la tienen, porque normalmente han pasado por un

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graduado escolar, por un curso de bachillerato o de formación profesional, pero no han pasado por la empresa, por lo que necesitan esa cualificación en la empresa, ocupando puestos de trabajo con costes empresariales altos. La ley pretende incentivar el empleo y poner en marcha un buen sistema de aprendizaje para ese colectivo siguiendo una de las orientaciones del Libro Blanco de Delors, que conoce usted, que es desfiscalizar el puesto de trabajo no cualificado. En ese sentido, un contrato normal tendría 26.000 pesetas de cuota a la Seguridad Social y este contrato tendría 3.800 pesetas de cuota, de las que 3.500 pagaría el empresario y 300 el trabajador. Dígame usted, en coherencia con esta filosofía, si es que le preocupa de verdad la gestión de la Seguridad Social (creo que tenemos que coordinar eso con la solidaridad porque no podemos hablar de solidaridad sin sentirse ciudadano y responsable de un país que defiende, como es natural, tener una buena gestión de sus ingresos y sus gastos), cuando ese contrato, que cotiza por 3.800 pesetas a la Seguridad Social, tiene todas las prestaciones, salvo la de desempleo.
Por solidaridad, nosotros podemos cubrir una serie de prestaciones con un contrato cuya cotización es de 26.000 pesetas, pero ese contrato de 3.800 no puede llegar a financiar la diferencia que podría haber si el contrato fuera de seis meses y tuviera un subsidio de tres meses de protección por desempleo; no podemos cubrir la diferencia de aproximadamente 22.000 pesetas, que podría ser la cuota de esos seis meses, y unas 180.000 pesetas que supondría la prestación por desempleo. Ahí es donde existe ese handicap fuerte que es imposible de cubrir. Ya sabe S.S., porque lo discutimos en la Comisión, que ésa es una de las razones fundamentales, por no decir la única porque le recordé alguna más, sobre la prestación de desempleo de este tipo de contratos.
En cuanto a la edad, quisiera decirle que hemos escogido esa vía amplia del aprendizaje para incluir a ese colectivo que va de veinte a veinticinco años, que son más de 400.000 jóvenes que no tendrían ninguna expectativa de empleo si lo limitamos a esa edad.
Por lo que se refiere al salario, me gustaría decirle que, por supuesto, todos estamos de acuerdo en que cada vez los trabajadores tengan más salario, pero saben que existe una legislación comparada que da un tratamiento diferencial a los contratos formativos y que hay que considerar que el trabajador que inicia un contrato de este tipo tiene que compatibilizar sus horas de trabajo con sus horas de formación. Luego, su salario no puede adaptarse a un trabajo normal. Eso, sin tener en cuenta que muchos de sus compañeros, que saben ustedes que están negociando convenios colectivos, tienen salarios mucho más altos ya negociados en convenios colectivos, porque tienen ustedes buenos sindicatos en algunos sectores. Con respecto a los otros grupos, me gustaría hacer algún comentario al Grupo Popular. No presentó una enmienda a la totalidad, pero en su fijación de posición adoptó un tono muy agresivo, descalificando y, al mismo tiempo, aceptando. El señor Aparicio habla de que nadie tiene el monopolio de la defensa de los derechos de los trabajadores. Por supuesto, pero hay que ver su texto, sus enmiendas, y lo que aportan a este proyecto de ley. Ustedes hacen aquí una especie --hay que adivinarlo, porque tampoco lo defienden muy expresamente nunca-- de propuesta vergonzante porque, por una parte, expresan su acuerdo con un contrato de aprendizaje hasta los 21 años, pero, por otra, como no se atreven a decir que sería bueno en estos momentos adoptar una decisión hasta ese colectivo de 25 años, escogen una fórmula de 21 a 26 años, que es una fórmula de contrato temporal, que no es nueva, que es la fórmula del antiguo contrato temporal que provocaba rotación en el empleo, cuando usted sabe que es uno de los contratos que más ha generado el déficit actual. Proponen ese tipo de contratos con una bonificación de hasta el 75 por ciento, sin que hablen para nada, lógicamente, de la prestación por desempleo, porque de los temas desagradables no les gusta nunca hablar.
Hacen --como digo-- una propuesta vergonzante. Defienden solapadamente la temporalidad. No lo hacen abiertamente, como, por ejemplo, el PNV u otros grupos que piensan que la temporalidad no es mala de por sí, sino que depende de las circunstancias. Hacen una lectura deficiente del Libro Blanco de Delors cuando hablan de que hay que reducir las cuotas del 50 por ciento del contrato en prácticas, cuando saben ustedes que la línea es desfiscalizar los trabajos no cualificados y no aquellos que están cualificados, como los contratos en prácticas.
Hacen ustedes una deficiente lectura del Real Decreto-ley de desarrollo, de 29 de diciembre, porque allí se habla ya del repertorio y de la certificación que se necesita al término de este contrato de aprendizaje. Por último y lo que es más interesante, porque es lo que realmente define su modelo, eliminan las medidas cautelares, eliminan la limitación de aprendices en la plantilla, lo cual es muy curioso porque entra dentro de su filosofía. Sería preferible que lo dijeran abiertamente y que no defendieran aquí otras alternativas más confusas o den una explicación algo ligera para no entrar en profundidad en el tema.
Señor Aparicio, yo le agradezco mucho que la cita la haya hecho con el señor Arnau, tal vez porque no quería tenerme de interlocutora, como me tuvo en la Comisión (Protestas.), para defender aquellas propuestas que le hicimos, para defenderse de aquellas argumentaciones que le hicimos en la Comisión. Es una buena fórmula, yo no se lo reprocho. Comprendo que dentro de la técnica parlamentaria cabe todo (la señora Martínez

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Saiz: ¡Eso, eso!), y cabe también al referirse a otro portavoz para no contestar a las argumentaciones de quien en aquel momento tenía la palabra. Hablan ustedes de descalificación jurídica del texto. Si es jurídica, vale. Podrá ser de mala técnica legislativa, vale. Tampoco quieren entrar en el fondo del tema. No les interesa entrar. No es un problema de modos y formas, señor Aparicio, es que ustedes no tienen un modelo alternativo, es que ustedes tienen una propuesta vergonzante en este tema y no lo han querido confesar de ninguna manera.
(Protestas en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! Señora Romero, vaya concluyendo. (Varios señores Diputados desde los bancos del Grupo Popular: ¡Tiempo! ¡Tiempo!)

La señora ROMERO LOPEZ: Voy concluyendo.
Unicamente voy a referirme al portavoz del Grupo Vasco (PNV), al cual agradezco su exposición. Puede ser que compartamos algunas de sus opiniones sobre la mala técnica legislativa, que siempre es mejorable. Las deficiencias jurídicas en las retribuciones a las que se refiere las compara, como he dicho antes, con un contrato temporal. Ya dijimos en la Comisión que hay que comparar las retribuciones con el panorama europeo.
Respecto a Coalición Canaria, lamentamos también, igual que ellos, que el consenso no se haya producido. Es curioso que en este debate haya habido mucha más agresividad por parte de los grupos minoritarios, que no se manifestaron así en la Comisión. Yo lamento que a S.S. le parezca un remiendo. Lo que sí quisiera decirle es que es imposible contener la reforma laboral en un cuadro sinóptico como él ha pretendido. (La señora Martínez Saiz: ¿Por qué le apaga la luz?--Protestas en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señora Romero.
Señorías, les ruego silencio.
Es la Presidencia, después de hablar con los portavoces y con los miembros de la Mesa, quien distribuye los tiempos y quien tiene en cuenta si en un turno de réplica a todos los grupos se les puede conceder unos minutos más o no. (Protestas.) Les ruego silencio, señorías.
Concluya ya, señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Voy concluyendo. Al portavoz de Esquerra Republicana quisiera decirle que su alternativa progresista es la misma del antiguo contrato de formación. No hay nada nuevo en esa alternativa y no se puede ir diez años atrás, hay que ir diez años hacia adelante.
Al representante de Unión Valenciana le quisiera decir que, desgraciadamente, no me gustaría usar la agresividad. Yo soy pedagoga. De la explotación del hombre por el hombre, no sé nada. (Rumores.) Otros tal vez puedan tener más información de lo que es la explotación del hombre por el hombre. En nuestro Grupo no hay muchos empresarios que puedan haber tenido experiencias de ese tipo. (Protestas.--La señora Villalobos Talero: ¡Sarasola!) Quisiera concluir diciendo que este contrato, para resumir, se adecua a las necesidades de hoy. No es posible crear un contrato tipo que fuera el mejor y que agradara a todos. Es el contrato adecuada a las circunstancias. Sienta unos mínimos y no hipoteca el futuro, que es lo importante para crear un buen sistema de aprendizaje. (Rumores.) Tenemos una deuda con los jóvenes que tenemos que compensar. (Continúan los rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE: Un momento, señora Romero.
Señor Hernando Fraile, le llamo al orden.
Concluya ya, señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias.
Comprendo que les duela mi intervención. (Rumores.) Comprendo que se sientan molestos porque no hayan podido tener en este tema posiciones valientes. Hubiera sido mejor un contrato consensuado, qué duda cabe, pero no desesperamos de que llegaremos a hacer un contrato que satisfaga todas las necesidades. Para eso hemos propuesto una Ponencia aquí, en el Congreso, para que podamos estudiar a fondo lo que es la financiación de la formación profesional en relación con el empleo, porque, como saben ustedes, no podemos hacer un buen sistema de aprendizaje sin contar con empresarios y sindicatos. Para eso hemos propuesto una Ponencia y para eso seguiremos trabajando en el futuro.
Nada más. Muchas gracias. (Protestas en los bancos del Grupo Popular.--Aplausos en los del Grupo Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE: Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar un turno de réplica en relación con las razones vertidas en el turno en contra por las dos Diputadas socialistas que han ejercido como portavoz de su Grupo en este trámite. Me decía la primera de ellas, la señora Rodríguez Ortega, que el monopolio de los servicios públicos de empleo es un tema que está a debate. Yo no le voy a negar ese dato.
Es verdad que en Europa están a debate muchas

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cosas, muchas, por ejemplo, la reducción de la jornada, el reparto del empleo. Hay muchas cosas a debate en Europa. Lo que usted calla --y eso es lo importante-- es que esto ya no está a debate. Esto ya está en vigor en España.
Ustedes han hecho una opción que consiste en replegarse ante esa ola reaccionaria en este punto concreto y hoy está ya en vigor en nuestro país la intermediación por las agencias privadas de colocación. Por tanto, no hable de debate. Ustedes lo han convertido en una norma hoy vigente, incluida en un real decreto-ley, sin ningún debate, sin ni siquiera, en virtud de ser un real decreto-ley, debate en el Consejo Económico y Social. El otro día lo recordaba el señor Durán, quien dijo: «No me pregunten de ese tema, ese tema ha sido un real decreto-ley y no lo hemos debatido.» Ni siquiera ahí, señora Rodríguez Ortega. No utilice argumentos tan poco consistentes.
Dice usted además: «Tranquilo, señor Peralta, la legalización de las agencias privadas no significa darle al mercado la posibilidad de imponer sus reglas en el tema de empleo.» Ya le he dicho cómo pueden conseguir eso. Digan que esas agencias no cargarán ningún coste a los trabajadores, porque, si no, habrá que pagar para encontrar empleo. En consecuencia, quienes tengan mayor capacidad económica, tendrán mayor posibilidad de acceso al empleo. Ustedes han establecido un sistema de empresas tan peculiar, que no tienen fin de lucro. ¿No sería posible, en ese sistema de empresas tan peculiar, establecer que no cargan costes al trabajador? Porque, ¿quién va a determinar la cuantía de esos costes? El coste puede ser perfectamente 500.000 o 600.000 pesetas. Depende, entre otras cosas, por ejemplo, de los sueldos que tengan los empleados, o de los conciertos que establezcan para proporcionar formación, etcétera. En definitiva, está claro que con las agencias privadas de colocación se introduce una distorsión en el mercado. Quienes tengan capacidad económica, los desempleados con capacidad económica, tendrán mayor posibilidad de acceder al empleo. Eso es así. Ha dicho usted, finalmente, que el funcionamiento del Inem, como monopolio público, era más teórico que real. Es cierto. Pero eso, señora Rodríguez Ortega, no nos lo impute usted a nosotros, reprócheselo usted al banco azul, que son los que han conseguido que el Inem sea absolutamente ineficaz. Lo han hecho ustedes. ¡Si es lo que hacen en muchas ocasiones! Restrigen los medios de los servicios públicos, prestan peores servicios y lo utilizan como argumento para cargarse los servicios públicos. Se está haciendo con el Inem; se ha hecho con el Inem. Y, efectivamente, se ha conseguido que el Inem funcione mal.
Conclusión: hay que cargarse el Inem. Y eso es lo que han hecho. Pero eso, señora Rodríguez Ortega, en coherencia y en congruencia, debería usted reprochárselo al banco azul, no a nosotros, que venimos denunciando esta situación desde hace años. No a nosotros. Ha terminado usted diciendo que no nos preocupemos por el Inem, que va a ser un instrumento de solidaridad que centre su actuación en los colectivos más desfavorecidos. Ya le he dicho, señora Rodríguez Ortega, cómo lo va a hacer: el Real Decreto-ley, en su artículo 5.º, dice que el Estado establecerá programas de fomento de empleo para los desempleados perceptores de prestaciones, no para los desempleados en general, sólo para los desempleados perceptores de prestaciones. Los más desfavorecidos, los desempleados que no cobran prestaciones, tampoco van a ser objeto de programas de fomento de la contratación. Para ésos, ¡ni agua! No me diga usted, señora Rodríguez Ortega, que es que el Inem se va a concretar y se va a centrar en los más desfavorecidos. Léase usted el Real Decreto-ley y dígame si eso que dice el artículo 5.º no es verdad, que lo dice exactamente así. Lo he leído, se lo leí en Comisión y se lo vuelvo a leer ahora. Eso es así, señora Rodríguez Ortega. Por tanto, creo que se pueden utilizar argumentos más consistentes. Estos, desde luego, a nuestro Grupo no les convence.
Por lo que se refiere a la otra Diputada socialista, la señora Romero, ya en Comisión hizo usted determinadas referencias personales a los otros portavoces. Ha dicho usted que, en técnica parlamentaria, cabe todo. Yo creo que eso no cabe. Yo, desde luego, no lo voy a utilizar. Le diré más. Used dice: «No defendió sus enmiendas, o medio las defendió.» Señora Romero, si hace falta algún Grupo --no digo ya algún Diputado--, que la defienda a usted, cuente con nosotros. En ocasiones observamos ataques a usted que nos parecen injustificables. Y lo digo públicamente. Para defenderla, nuestro Grupo; yo, personalmente. Pero, ¡échenos usted una mano, señora Romero! No utilice usted ese tipo de argumentos. No los utilice usted.
¿Cómo dice usted que no me gusta leer los reales decretos? La voy a decir una cosa: yo soy abogado, y eso forma parte de nuestro trabajo. No forma parte del trabajo de los pedagogos, pero sí del de los abogados. Ahora bien, no me pida usted que me lea un real decreto que dice usted que se va a producir en el futuro. Los abogados de este país son buenos, pero no llegamos a eso; a eso no llegamos, señora Romero. Lo más que leemos son los reales decretos que se publican. Nuestro Grupo, además, no tiene la posibilidad que tienen otros grupos de que ustedes les dan los anteproyectos y los discuten o no.
Nosotros, no. Nosotros, sólo cuando se publican en el «Boletín Oficial del Estado», y yo me los procuro leer.
Lo que ocurre, señora Romero --y creo que es bueno que usted lo recuerde, porque seguro que lo sabe--, es que los reales decretos se tienen que ajustar a la ley. Yo le digo lo que dice la ley y lo que no dice la ley. Porque donde no se diga eso, los reales decretos tienen manga muy ancha, en este Gobierno y en otros que puedan venir, señora Romero. Téngalo en cuenta.


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Ha dicho usted que no es verdad que las enmiendas socialistas desnaturalicen el contrato de aprendizaje. Ha dicho una cosa que --me ha ocurrido lo mismo que en Comisión-- no he llegado a entender, por eso, a lo mejor, lo puede explicar. Ha dicho usted: Las enmiendas socialistas consiguen que no se superponga el tiempo de un contrato formativo con el tiempo de un contrato de aprendizaje. Yo no sé, ...creo que es difícil superponer el tiempo. Admito que me dé usted una explicación convincente. Yo, la verdad, es que no logro entender cómo se superpone el tiempo. Yo no me refería a eso, señora Romero. Se lo repito nuevamente para que me conteste usted. Yo le he dicho: El contrato de aprendizaje se define en el Real Decreto-ley como el que tiene por objeto adquirir la formación. Ustedes introducen una enmienda que dice: Cuando el empresario incumpla sus deberes de formación (es decir, cuando el empresario incumpla el objeto del contrato, así de claro), en lugar de aplicarse la norma general que es que ése es un contrato en fraude de ley y que, por tanto, se convierte en un contrato ordinario, usted dice: ¡No, no! Ya ha dicho usted que eso sería demasiado. Pues ésa es la norma general del Derecho laboral...


El señor VICEPRESIDENTE : Señor Peralta, vaya concluyendo, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino, señor Presidente. El contrato en fraude de ley se convierte en contrato, ordinario.
Le insisto: es la norma general del Derecho laboral. Usted dice: «¡No, aquí, no! Aquí el empresario sólo tiene que pagar la diferencia hasta el salario mínimo.» Pues están ustedes legalizando una distorsión y una desnaturalización absoluta del contrato de aprendizaje. De verdad. Eso es así.
Le quiero aclarar alguna cosa que ha dicho usted y que no es verdad. Dice usted: «El contrato de aprendizaje tiene toda la protección social, salvo el desempleo...» ¡Qué no es poca cosa! Señora Romero, además, carece de la prestación económica por incapacidad laboral transitoria, que tampoco es poco cosa.
También carece de ésa, señora Romero. Un trabajador aprendiz, a quien el servicio público sanitario dice que no está en condiciones de trabajar, ni cobra de la empresa ni cobra de la Seguridad Social. Eso también es real, señora Romero.
Pero, fíjese uste, volviendo a lo que le decía antes, señora Romero...


El señor VICEPRESIDENTE : Termine, señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya, señor Presidente. Han desnaturalizado ustedes el contrato de aprendizaje, y le han privado del objeto esencial, que es adquirir la formación.
Pero dice usted (esto es, de verdad, de escándalo): «¡Ojo! Hemos propuesto una ponencia para que estudie ese tema».
Señora Romero, han creado ustedes un contrato, lo han puesto en vigor desde diciembre y resulta que el objetivo fundamental no saben ustedes qué pasa con él. Dice S.S. que va a haber una ponencia que estudie ese tema. Y los que están contratados en realidad, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué formación están recibiendo? Nada de nada, señor Romero. Esa es la realidad. Y de verdad que resulta un escándalo que ante una norma que está vigente, que tiene como objeto dotar de formación, digan ustedes: Ahora vamos a ponernos a estudiar qué formación se les da. De verdad que es el reconocimiento más claro de que esta norma es una auténtica chapuza.
Para terminar --y finalizo, señor Presidente--, me dice usted que es verdad que los aprendices tienen salarios bajos, pero que eso ocurre también en Europa. Este domingo pasado, señora Romero --me imagino que lo leería usted--, publicaba un medio de comunicación un estudio del salario mínimo español en relación con los europeos. Nuestro país incumple la directiva comunitaria de que el salario mínimo tiene que tener un porcentaje determinado sobre el salario medio, y está muy por debajo de ese porcentaje. En el aprendizaje, además, por debajo de ese salario mínimo español ínfimo. Usted ha dicho una cosa tremenda; ha dicho: como ustedes tienen buenos sindicatos..., y lo decía refiriéndose a este Grupo. No, señora Romero, nosotros no tenemos buenos sindicatos, ni tampoco pensamos que ustedes no tengan sindicatos. Los sindicatos son los que son y...


El señor VICEPRESIDENTE: Señor Peralta, termine ya, por favor.


El señor PERALTA ORTEGA: Termino ya.
Nuestros afiliados trabajan allí y, por tanto, conocen lo que es la explotación del hombre por el hombre. Pero no me hable usted de los convenios colectivos. Al cambiarle el nombre al antiguo contrato de formación por el de aprendizaje han hecho ustedes que las previsiones de los convenios colectivos no sirvan para este nuevo contrato que han creado sin consenso con los agentes sociales. Lo que dicen los convenios colectivos no vale para nada, porque no es aplicable lo que decían de los contratos de formación a este nuevo contrato de aprendizaje.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRIA MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Es para renunciar a este turno de réplica, puesto que mis argumentaciones no han sido objeto de

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contradicción, y como el silencio suele ser habitualmente negativo en esta Cámara, tengo la impresión de que no van a ser tomadas en consideración esas argumentaciones. Señora Romero, no me puedo ofrecer ni a defenderla, y, por cierto, no sé si es una oferta la hecha por el señor Peralta muy considerada para sus propias capacidades de autodefensa, que nosotros consideramos suficientes.
En definitiva, renuncio al turno y hago mías las consideraciones anteriores, a ver si en este turno de réplica son objeto de la debida contestación. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Aparico.


El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señora Romero, me da exactamente igual, se lo aseguro, quien intervenga por su Grupo Parlamentario, con una única condición, que efectivamente represente al Grupo, igual que a usted le tenía que dar exactamente igual quién hablase desde el Grupo Popular, siempre y cuando represente las posiciones del Grupo Popular. Nominalizar un debate, intentar llevarlo al terreno de lo personal, presuponer simpatías o antipatías hacia las personas no sé si es su forma de pensar y de actuar; le garantizo que no es la mía, y ya tuve ocasión de decírselo en la Comisión. Y precisamente por ello, porque creo que respondí adecuadamente a sus argumentaciones en la Comisión, y desconociendo quién iba a ser la persona que interviniese por el Grupo Socialista, he hecho uso de lo que queda finalmente, de lo que supongo que para el señor Arnau eran en aquel momento opiniones del Grupo Socialista. Nominalizar los debates con ese tipo de cuestiones es demostrar simplemente que carece de otro tipo de argumentos. No sé si lo entenderá o no, pero veo que se ríe mucho cuando le cuentan las cosas, cuando se lo explican y cuando las entiende, además.
Vergonzante, que es la palabra que usted ha utilizado con mucha frecuencia, es ofrecer a los jóvenes condiciones de trabajo más que discutibles y reservar para el aprendizaje de puestos directivos a algunos compañeros socialistas contratos blindados, eso es vergonzante, me parece a mí que bastante más. Porque para el aprendizaje de algunas funciones directivas dotar de unas condiciones de privilegio me parece que no es un buen modelo de aprendizaje, y también es suyo, por cierto. Vergonzante es que una persona de su Grupo --que yo entiendo que también es cualificado portavoz del mismo-- defienda, porque le viene muy bien, en un debate en televisión la necesidad de fórmulas de jubilación flexibles y lo lleve incluso a su propia ponencia marco. Vergonzante es no dar ni una sola explicación política de por qué se desestima esa enmienda. Creo que eso va en otra línea, en otra dirección.
Los juicios de valor son peligrosísimos, porque generalmente tienden a volverse en contra de quien los formula. Nosotros hemos venido a explicar algo muy sencillo. Hicimos una oferta leal de colaboración en este Real Decreto, cuando precisamente el representante de su Grupo se comprometió --y es lo que he querido decir-- a que en dicho Real Decreto se aceptarían esas colaboraciones. Hemos hecho el balance en sus justos términos.
No nos duele que no se acepten las enmiendas, pero queremos que quede constancia de que a cinco grupos de esta Cámara no se les ha aceptado ni una sola de sus propuestas, salvo una interesantísima propuesta del Grupo de Izquierda Unida que proponía sustituir Real Decreto-Ley por proyecto de ley. Esa es la enmienda que han admitido a otros grupos, enmienda de alto contenido, de enjundia, sin duda ninguna.
Vuelvo a insistir en la necesidad de que exista un contrato de aprendizaje en España, de que sea un contrato bien definido que evite esos riesgos a los que antes se hacía mención, en la única parte que creo que ha sido correcta. Claro que tenemos que medir muy mucho si vamos a generar rotación y temporalidad; claro que lo tenemos que medir. Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para no tener que lamentarnos. También fue un acuerdo unánime el año 1984 la reforma del Estatuto de los Trabajadores; se logró una unanimidad o, al menos, un apoyo que no tiene ahora. Admitamos esos errores porque en sus propios planteamientos no quería asumir ni una sola responsabilidad. Eso es muy diferente.
Nosotros queremos acertar con el contrato de aprendizaje, pero no por una cuestión personal; no es cuestión personal del señor Aparicio, y supongo que no lo será de la señora Romero, el contrato de aprendizaje. Espero que entienda que es otra cuestión que compromete a todos los jóvenes españoles, especialmente a los menos cualificados. Usted si quiere lo hace cuestión personal; yo, desde luego, hago una cuestión política importante en la que creo que tenemos que intentar ser positivos y educados. La utilización de argumentos extraparlamentarios, desde luego, estarán muy bien para otros medios, pero no para esta Cámara.
Finalmente le diré que en las fórmulas de incentivación --por si ha quedado alguna duda--, no sé si las habrá leído o no, se hablaba de desfiscalizar. Supongo que estará de acuerdo con el criterio de que, ante un colectivo tan importante como es el de mayores de 45 años, caracterizado, como le decía, por su baja cualificación profesional y por la frecuencia de las situaciones de responsabilidad familiar, hay que proponer una fórmula de desfiscalización. Si usted quiere una transacción en estos momentos se la ofrecemos; deje los incentivos

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de carácter fiscal y si quiere replantee los temas de Seguridad Social, lo tiene a su alcance.
Le vuelvo a insistir en que no se trata de cuestiones personales; se trata de algo tan tremendo como esos cuatro millones de parados, que, vuelvo a insistir, negará o no negará el Gobierno, me da exactamente igual, porque al final también la responsabilidad estadística es suya, les guste o no. Y querrán trabajar o no podrán trabajar, pero en cualesquiera de los dos supuestos es bastante dramático, y ahí sí me gustaría que se personalizara uno a uno a esos cuatro millones de españoles, no a este humilde Diputado que le habla.
Gracias. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Aparicio.
Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora portavoz del Grupo Socialista, señora Romero, doña Carmen (Risas.), usted ha dicho que no existían empresarios dentro del Grupo Socialista, dentro del Partido Socialista. Creo que está usted muy equivocada, y yo creo que tiene que conocer bastante más que yo a los señores Polanco, Luzón, Sarasola y García Hermoso, y luego, por qué no, continuar con toda esa serie de empresarios de industrias del INI, de Iberia y de Televisión, señor García Candau, que, además, despilfarran lo que el 75 por ciento del empresariado español, que somos el pequeño empresario, estamos produciendo.
Yo soy un pequeño empresario y me siento muy orgulloso de serlo, pero naturalmente no puedo aceptar una norma que, vuelvo a repetir, está rozando la explotación del hombre por el hombre. Yo le aseguro una cosa, a muchos empresarios nos repugna este tipo de contrato, aunque posiblemente a alguno no, pero no será empresario aquel que lo vea con agrado. Por mi parte, y por parte del partido que represento, Unión Valenciana, no lo entendemos así, porque, ya le digo, somos empresarios que trabajamos. No quiero perder la oportunidad de nombrarle a otro empresario sobre el que yo a veces me he preguntado si no habría que contratarle, al señor Luis Roldán, que en tan poco tiempo ha sido capaz de elevar a límites tan extraordinarios las economías. Yo me pregunto, insisto, si algún empresario no tendríamos que pensar en contratarlo porque a lo mejor podría ser bueno, nos descubriría fórmulas que no conocemos. Las que yo conozco son las del trabajo, trabajo y trabajo. (Una señora Diputada del Grupo Popular: ¡Muy bien!) Pero seamos sensatos, ustedes se han equivocado, no es esta la forma; había que tomar medidas, pero, insisto, no es esta la forma. Además, jurídicamente un ilustre compañero mío se lo ha dicho también, el señor Olabarría, que ha dado una lección magistral, aportando una serie de datos que nos han apabullado, y valdría la pena que ustedes le hubieran consultado para conocer mejor aquello que estaban haciendo.
En definitiva, lamentamos que no puedan aceptar nuestras enmiendas, que pretendían corregir una serie de malformaciones concretas de este contrato y de la forma cómo se presenta.
Agradezco que S.S. me lo haya dicho sin acritud, porque yo también se lo he dicho sin acritud, se lo prometo. Hay simplemente un intento de fijar las posturas y de fijar quién es quién. No se puede hacer un retrato robot y decir: un empresario y un trabajador. No, señoría. Hay de todo en todas partes, como en la viña del Señor, y hay personas que tienen el título de empresario, que no se merecen, pero hay otros que presumen de obreros que, naturalmente, se lo merecen menos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rodríguez.


La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a replicar con brevedad al señor Peralta, portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
En su intervención S.S. no ha cuestionado algo que no puede cuestionar de ninguna manera, y es que existe un documento de octubre del año 1992 en el que, efectivamente, se pone de manifiesto y se ratifica por los responsables de los servicios públicos de empleo de los doce países comunitarios el cuestionamiento de estos servicios públicos de empleo --en nuestro caso el Inem-- como monopolio exclusivo para ejercer estas labores de intermediación entre trabajadores y empresarios. Este documento se confirma y ratifica en octubre de 1992 por los responsables asistentes a esta reunión.
Tampoco parece que quiera S.S. admitir las manifestaciones que hizo el Presidente del Consejo Económico y Social cuando compareció en la Comisión de Política Social y Empleo. Se refirió expresamente a que se había analizado y se había dictaminado así (no para este proyecto de ley, pero sí para el dictamen global sobre la reforma del mercado laboral) y se hacían propuestas de mejora de los mecanismos de colocación y de formación; expresamente se refirió a este dato que S.S. ha negado desde la tribuna. Es decir, el Presidente del Consejo Económico y Social reconoce --y así se dictamina-- que es necesaria la mejora de estos mecanismos de colocación. Hay otro argumento más para confirmar la necesidad de legalización de las agencias de colocación sin fines lucrativos. En el propio Libro Blanco de Delors sobre crecimiento, competitividad y empleo también se hace referencia expresa a lo que se denomina Agencia

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Intermedia del Mercado de Trabajo. Se dice que puede estar relacionada con el sector privado o con los servicios de empleo; se confirma su validez y existe, además, la utilización de ese potencial de recursos como guías eficaces y operativas hacia el mercado laboral formal.
Pero aún hay otro dato más, señor Peralta. Ha hecho afirmaciones S.S. dándonos a entender que nos cargamos el Inem o que lo dejamos reducido a un colectivo que, en su opinión, tiene muy poca importancia, como son los desempleados que están cobrando prestaciones. Para mi Grupo Parlamentario tiene mucha importancia ese colectivo, y queremos dedicarle mucha atención, aunque no solamente a él, pero sí especialmente y ello se articulará a través del Inem.
Además, le decía, señor Peralta, que ha tenido S.S. tanto interés en descalificar las iniciativas del Grupo Socialista, especialmente ésta, la de la Agencia de Colocación, en no reconocer su conveniencia --le ha negado cualquier posibilidad de eficacia ya de antemano; ha subido a la tribuna con un posicionamiento previo, con unos condicionamientos previos excesivamente rígidos--, que en ese interés de descalificación ha llamado nada más y menos que reaccionaría a la Organización Internacional del Trabajo. Creo que su afirmación ha sido excesiva, desmedida, porque, efectivamente, el Convenio número 96 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 6 --lo voy a leer textualmente para que no quede ninguna duda de la existencia de este documento--, dice: La agencia retribuida de colocación, sin fines lucrativos, deberá, por una parte, poseer una autorización de la autoridad competente y estará sujeta a la vigilancia de dicha autoridad.
Y, en segundo lugar, no podrá percibir una retribución superior a la tarifa que haya sido sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha autoridad, habida cuenta estrictamente de los gastos ocasionados.
El texto del apartado del artículo 2 de nuestro proyecto de ley, del proyecto de ley medidas urgentes de fomento de la ocupación, es casi una copia literal de la fórmula que se utiliza en el Convenio 96 de la Organización Internacional del Trabajo, que entiendo que de forma desafortunada ha calificado usted de reaccionaria.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE : Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Romero.


La señora ROMERO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Peralta, comprendo su expresión y, de verdad, le pido disculpas. Es posible que haya algunos grupos que tengan el patrimonio de la agresividad y otros tengamos que tener el patrimonio de la prudencia. (Rumores y protestas.) Puede ser cierto lo que ha dicho sobre el Real Decreto; tenemos todo el derecho a opinar aquí sobre cuáles pueden ser las líneas fundamentales de los futuros reales decretos y no tiene por qué habérselo leído, lógicamente. Pero sí quería decirle que ese tema se contemplará, y esperamos que se contemple en la línea en la que ustedes también han trabajado, por eso hacía referencia a que lo veremos próximamente en el Real Decreto.
Le pido disculpas, francamente, si es que algún comentario de ese tipo le ha podido molestar.
Le explico lo que es superponer el contrato de formación, porque en la Comisión también se habló de ello. Cuando un contrato de formación no ha terminado su tiempo y ahora puede surgir un contrato de aprendizaje, no se puede contabilizar el tiempo del contrato de aprendizaje previsto; es decir, no son los tres años, sino el contrato de formación --con el tiempo que llevaba-- más lo que le falte de contrato de aprendizaje.
En eso consiste la enmienda.
Y no es un contrato en fraude de ley lo que comentaba respecto a la penalización del empresario, es un contrato con un incumplimiento, pero para eso está la ley de sanciones, que comprendo que no le guste. Podemos tratar sobre esa ley de sanciones, pero ése es otro tema que se desvía del contrato de aprendizaje; es, en general, la ley de sanciones.
Quisiera también darle la razón respecto al salario mínimo, porque es cierto que el salario mínimo en España es más bajo que en otros países, pero también es cierto que precisamente por eso los topes los hemos puesto más altos que en los contratos formativos que existen en otros países, donde rondan el 30, el 40 o el 50 por ciento, y aquí hemos puesto de límite del 70 por ciento, precisamente teniendo en cuenta ese dato que usted ha dado, pero que lo ha dado a medias. Creo que hay que intentar siempre decir las verdades en su globalidad, y sabe, señor Peralta, que en este tipo de sistemas de aprendizaje que queremos crear confluyen muchísimos factores: las administraciones autonómicas, empresarios, sindicatos, y con las leyes no somos capaces de llegar a estructurar ese sistema, por eso hemos hecho la propuesta de tratar a fondo en la ponencia todas las implicaciones que se derivan de la creación de un buen sistema de aprendizaje. Respecto al Grupo Popular, lo siento, señor Aparicio, pero no estaba haciendo una personalización, en absoluto; simplemente que usted había utilizado la táctica de desviar la atención sobre una propuesta que no había defendido plenamente, como tampoco la defendió abiertamente en la Comisión. Ustedes hablan de contrato temporal, pero yo también puedo decirle que no existe ninguna disposición derogatoria referida a los contratos temporales, puede ser una contradicción de las muchas que tiene su Grupo. Estábamos hablando, sobre todo, de la argumentación de las propuestas.
No pude entrar en la jubilación flexible, no pude entrar en los contratos para mayores de 45 años por las

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exigencias de su Grupo sobre el tiempo, pero cuando usted quiera vuelvo a hablarle de que la jubilación que usted plantea es una jubilación que ocasionaría problemas a la Seguridad Social, y le pedí en la Comisión que hiciera un estudio de costes. Claro que estamos todos de acuerdo en establecer medidas para la jubilación flexible, pero hay que hacer estudios de costes para acompañarlas, porque pueden estar muy bien, pero hay que establecer, como digo, un presupuesto para poder hablar de ellas, teniendo en cuenta que en nuestro país ya existe una jubilación bastante flexible, pues el 43 por ciento de los que se han jubilado en 1993 lo han hecho con 60 años. Es decir, existe ya una cierta jubilación flexible, aunque, por supuesto, podríamos seguir hablando de ese tema, pero nos hemos tenido que concentrar en el tiempo.
Y para la desfiscalización de los mayores de 45 años me remito a lo dicho al señor Peralta.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE : El único Grupo Parlamentario que no ha intervenido en el debate es el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Hinojosa para fijar su posición.


El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, mi Grupo aportó una serie de enmiendas, once en concreto, a este proyecto de ley, y excepto una todas fueron subsumidas o aprobadas por el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que se incorporarán al dictamen de la Comisión.
Coincidimos en temas tan importantes como la introducción de la maternidad en la ILT; coincidimos en temas tan importantes como la utilización de la formación ocupacional como elemento que complemente la formación teórica de los aprendices, y coincidimos en toda una serie de aspectos que, fruto de un diálogo fluido, hemos podido plasmar en lo que será este proyecto de ley, que espero sea aprobado en esta sesión, aunque somos conscientes de que este aspecto de la reforma que hoy vamos a aprobar no es suficiente para resolver todos los problemas que tenemos en el país.
Señorías, mi Grupo está tremendamente preocupado --y así lo hemos venido manifestando en todas nuestras intervenciones-- por la situación real que vive esa bolsa importante de personas, 728.000 jóvenes, que no han encontrado todavía su primer empleo, y fruto de eso, y de que en nuestro programa electoral lo proponíamos, es lo que nos ha llevado al diálogo con el Partido del Gobierno para plasmar la inquietud en un acuerdo concreto y en una forma de contrato de aprendizaje que, a nuestro juicio, repitiendo las frases que el Presidente de nuestro Grupo dijo aquí el día 20 del mes de enero, es una fórmula feliz y por la que hemos de felicitarnos. Qué duda cabe que para esos 728.000 jóvenes -- estoy hablando de 728.000 jóvenes en el tercer trimestre del año pasado, probablemente hoy ya sean más-- que no han tenido ocasión de encontrar su primer puesto de trabajo, ésta es una buena oportunidad.
Nos preocupa también, y de una manera muy profunda, el 1.020.000 trabajadores que llevan más de dos años en expectativa de encontrar un puesto de trabajo, que fueron expulsados de su puesto de trabajo anterior y que no han encontrado uno nuevo, siendo la mayoría de ellos personas de 40, 45 y más años. Nos preocupa, digo, profundamente, y por eso creemos que el contrato a tiempo parcial será también un buen instrumento para mover esa base.
Una legislación que nos ha llevado a no poder frenar la destrucción de empleo ni a incentivar nuevas políticas de creación de empleo, una legislación en activo durante una serie de años que ha permitido esta situación, qué duda cabe que había que reformarla. Podemos estar en desacuerdo en algunos matices, pero no en la filosofía ni en el fondo sobre la necesidad de afrontar esta reforma, porque si no lo hacemos la situación irá empeorando día a día.
A mi Grupo no se le escapa --lo hemos dicho y lo repetimos-- que ésta no es la única fórmula que existe para resolver los problemas que tenemos y a los que ya he hecho referencia. Qué duda cabe que la creación de actividad es un problema interdisciplinario, qué duda cabe que si no superamos la situación económica no resolveremos los problemas con una reforma jurídica de la legislación laboral, pero qué duda cabe también que sin esta reforma estaríamos dificultando la posibilidad de crear nuevos puestos de trabajo. Por tanto, mi Grupo ha trabajado y trabajará en los proyetos que están en trámite para que la reforma sea una realidad, sin ningún tipo de duda. En la vida hay que optar, y mi Grupo lo ha hecho, por la reforma de una manera clara, descarada y concreta; no tiene que haber ninguna duda de que estamos por la reforma.
Seguramente existirán errores en esta reforma, seguramente habrá que revisarla dentro de uno o dos años, seguramente estaremos cometiendo algún error involuntario que ya corregiremos, pero hoy lo que prima, lo importante, es remover esa masa de 3.600.000 personas que quieren trabajar y que no trabajarán si no afrontamos ésta y otras reformas. Por ello, mi Grupo se dispone a votar favorablemente este proyecto de ley y a aportar en futuros trámites todo aquello que nos lleve a la consecución de un final feliz en esta reforma laboral que hoy acometemos. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Hinojosa.


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Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley de medidas urgentes de fomento de la ocupación.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra, señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito la votación separada en tres bloques distintos: en un bloque, las enmiendas números 84 y 86; en un segundo bloque, las enmiendas números 61, 64 y 81, y el resto, en otra votación.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Votación de las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, números 84 y 86.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 148; en contra, 154; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas.
Seguidamente, sometemos a votación las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya números 61, 64 y 81.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 22; en contra, 156; abstenciones, 129.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 23; en contra, 276; abstenciones, siete.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicitamos votación separada en tres bloques: primero, las enmiendas 27 y 31; en un segundo bloque, la enmienda número 32; y el resto en un tercer bloque. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE: Comunico al señor Fernández-Miranda que la enmienda 32 no se mantiene viva. Entonces, serían solamente las números 27 y 31, por una parte, y el resto, por otra. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, nosotros pediríamos votación separada en dos bloques; por una parte, las enmiendas números 27, 29 y 31, y el resto, en otro bloque.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
En consecuencia, tendremos que votar, por una parte, las enmiendas 27 y 31, bloque en el que coinciden; la número 29, por otra y el resto, por otra. Se somete a votación las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), números 27 y 31. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 27 y 31. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías! Se somete a votación la enmienda número 29, del Grupo Vasco (PNV). Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 26; en contra, 156; abstenciones, 126.


El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del Grupo Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 10; en contra, 171; abstenciones, 126.


El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las restantes enmiendas.
Enmiendas del Grupo Popular. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Peralta.


El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Pedimos la votación de las enmiendas en dos bloques: por una parte, las enmiendas 100, 101, 103, 105 y 111 y, por otra parte, las restantes.


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El señor VICEPRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas del Grupo Popular números 100, 101, 103, 105 y 111.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores.) Se someten a votación las restantes enmiendas del Grupo Popular. (Varios señores Diputados: ¡Tongo, tongo!) ¡Silencio, señorías! Señorías, ¡silencio! Se somete a votación las restantes enmiendas del Grupo Popular (Fuertes protestas.) Comienza la votacion. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 125; en contra, 171; abstenciones, seis.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del Grupo Popular. (Fuertes rumores.--Varios señores Diputados: ¡Tongo, tongo!--Algunos señores Diputados entran en el hemiciclo.) ¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores.--El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, solicito que por parte de la Mesa se haga un recuento de todos los presentes para evitar... (Fuertes y prolongados rumores.--Protestas.-- Varios señores Diputados: ¡Fuera, Fuera! ¡Que no entre nadie!)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! Señor Martínez Noval. (Fuertes rumores.--Protestas.)

El señor DE RATO FIGAREDO: Solicito que por la Presidencia se proceda al recuento de los presentes para cotejar si se han producido errores en la votación electrónica (Aplausos.) y que, mientras se produce ese recuento, los Diputados que estén fuera en este momento del hemiciclo y lo hayan estado no se incorporen a las votaciones, que no se van a producir...
(Rumores y protestas.) Señor Presidente, es obvio que para saber cuántos estábamos en el pasado no se pueden incorporar nuevos Diputados. (Continúan los rumores y las protestas.) Y como no se van a producir nuevas votaciones hasta que no se haga el recuento, no estamos impidiendo a nadie votar. (Algunos señores Diputados entran en el hemiciclo.--Fuertes protestas.) El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, ¡silencio!

Ha habido... (Varios señores Dipuados: ¡Fuera, fuera!) Señorías, silencio! ¡Silencio, señorías! Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas del hemiciclo. (Varios señores Diputados: ¡Ahora, ahora!--Fuertes protestas.--La señora Aguilar pide la palabra.) Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, puesto que es el señor Presidente quien tiene la obligación de velar por la normalidad democrática en esta Cámara, a nosotros nos parecía imprescindible --lamentamos que nos haya dado la palabra tarde el señor Presidente-- que las puertas se cerraran cuando el portavoz del Grupo Popular solicitó (Aplausos.) el recuento de los presentes en el seno de la Cámara. Se han producido algunas incorporaciones (Rumores.) y para devolver la normalidad democrática a la Cámara esos compañeros deberían de volverse a ausentar (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) para que el recuento de los presentes realmente diera el número cierto de los que estábamos a la hora de producirse las votaciones. Por tanto, desde nuestro Grupo, señor Presidente, le reiteramos la petición de que vele de verdad por la normalidad, que la restablezca y que podamos conseguir saber quiénes estábamos presentes en la Cámara y si ha habido irregularidad o no en las votaciones que se han producido. Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--El señor González Lizondo pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, en representación del Grupo Mixto, de los cuatro partidos que estamos presentes: Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Aragonés, EA-EE y Unión Valenciana, hacemos nuestra la propuesta de los dos portavoces que nos han precedido y, naturalmente, aquellos compañeros que hayan entrado con posterioridad deben abandonar el hemiciclo; la democracia se tiene que exprear en todos los sentidos. Muchas gracias. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados: ¡Otro, otro!--El señor González de Txabarri pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señor González de Txabarri (Varios señores Diputados: ¡Otro, otro!) ¡Silencio, señorías! (La señora Martínez Saiz pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Martínez,

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la llamo al orden. (La señora Martínez Saiz continúa pronunciando palabras que no se perciben.) Doña Teófila Martínez, la llamo al orden. (Un señor Diputado: ¡Claro que sí!) Señor González de Txabarri.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Desde el Grupo Vasco queremos sumarnos a lo manifestado por los portavoces de los Grupos Popular, Izquierda Unida y Mixto, en el sentido de que existe presunción de irregularidades. Solicitamos a la Presidencia que tome las medidas oportunas ante los hechos que todos hemos podido observar con nuestros propios ojos. (Aplausos.--El señor Solchaga Catalán pide la palabra.--Varios señores Diputados: ¡Otro, otro!)

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solchaga.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, por parte de mi Grupo quiero pedir a aquellos componentes del mismo que hayan podido entrar después de la solicitud hecha por el señor Rato en materia de recuento de votos que, si están en la sala, la abandonen. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Dicho esto, señor Presidente, creo que el recuento de votos debe recaer sobre la última votación.
Muchas gracias. (Varios señores Diputados: ¡No, no!--Un señor Diputado: ¡Qué listo eres!--Un señor Diputado: ¡Sí, señor!)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) Señor Rato, si le permite a la Presidencia que haga una precisión, tal vez no sea necesaria su intervención; si no, inmediatamente le daría la palabra. La Presidencia entiende, señora Aguilar, que en ningún momento aquí se ha alterado la normalidad democrática, primer punto. (Fuertes rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías! En segundo lugar, cuando se ha solicitado el recuento por parte del señor Rato ha sido en el momento de las dos votaciones de las enmiendas del Grupo Popular.
En tercer lugar, si la Presidencia no había ordenado a los servicios de la Cámara cerrar antes las puertas es porque había entendido que no puede incorporarse ningún Diputado ni Diputada al hemiciclo en el momento en que se está produciendo una votación, la votación de las enmiendas de un Grupo, y que entre una y otra votación era posible la incorporación. (El señor López Riaño: ¡Exacto!--Aplausos.--Protestas.) Por ese motivo, señora Aguilar, no lo había indicado la Presidencia.
Hechas estas precisiones, y después de conceder la palabra al señor Rato, la Presidencia está en condiciones de efectuar un recuento, ver los votos presentes y repetir las dos votaciones que afectan a los dos paquetes de enmiendas en los que se han dividido todas las enmiendas del Grupo Popular. (Protestas.) El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, es indudable que, a partir del momento en que se solicita el recuento de los presentes, la incorporación de nuevos miembros a la Cámara es incorrecta... (Varios señores Diputados: Digan los nombres.-- Un señor Diputado: ¡La Señora Balletbó!) ...salvo que abandonen el hemiciclo, como se ha solicitado.


El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor DE RATO FIGAREDO: Si ustedes... (Varios señores Diputados: ¡Que digan nombres!--Rumores y protestas.) ... si ustedes se sienten acusados, probablemente es porque tienen que sentirse. (Fuertes rumores y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, puesto que ha habido diferencias entre la penúltima votación y la última, nosotros solicitamos que se haga el recuento de los presentes, abandonando el hemiciclo aquellos que hayan entrado después (Varios señores Diputados: ¿Quién?), y solicitamos que se coteje con las tres últimas votaciones. (Fuertes rumores.--La señora Aguilar pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, en mi intervención anterior, en nombre de mi Grupo Parlamentario, aludía a la normalidad democrática de la Cámara, entendiendo que una regla esencial de la democracia es: un hombre, una mujer, un voto; un Diputado, una Diputada, un voto.
Posiblemente si recurriéramos al soporte informático de la Cámara podríamos constatar si esta regla de la democracia ha sido o no conculcada. (Rumores.) En segundo lugar, nosotros nos sumamos a la petición última que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que sean cotejadas las tres últimas votaciones que han sido realizadas.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Exacto! ¡Exacto!)

El señor VICEPRESIDENTE: Señora Aguilar, el recuento se puede hacer, pero significa una interrupción. Y una interrupción imposibilitaría precisamente aquello que S.S. decía. (Rumores y protestas.--Varios señores Diputados: ¡No!, ¡no!) Por tanto, hecho el ruego que el portavoz del Grupo Socialista ha indicado, que ha recogido el señor Rato y al que yo me uno, es decir, si algún miembro se ha incorporado en medio de las dos votaciones del Grupo Popular... Vamos a ver el número de presentes en este

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momento. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Que salgan! ¡Que salgan! Otros señores Diputados: ¿Quién? ¿Quién?) Ruego silencio a SS.SS., por favor ¡Silencio, señor Martínez! El señor González de Txabarri tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. Nos alegramos de la postura manifestada por el portavoz del Grupo Socialista en el sentido de rogar a los Diputados de su Grupo que se hayan podido incorporar a la sala que abandonen el hemiciclo. (Rumores.) Entendemos que la Presidencia debe ordenar como tal Presidencia para velar por el correcto desenvolvimiento de las votaciones. (Aplausos, rumores y protestas.) Creemos que ésa es la función de la Presidencia y en esos términos debe desarrollarse.
Solicitamos, en lo que se refiere a las votaciones, que se repitan también las relativas a las enmiendas que presentaba el Grupo Vasco a este proyecto de ley. (Fuertes rumores y protestas.--Aplausos.--El señor Romero Ruiz y varios Diputados del Grupo Popular: ¡Que hable Roca!)

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, rogaría a todos mis compañeros, dado que aquí están también los medios de comunicación, que tuviéramos un poco de sensatez, prudencia y silencio, como ha demostrado el señor Solchaga, el señor Rato, por parte del Grupo Popular y creo que los demásque estamos interviniendo. Por favor, vamos a comportarnos como mayorcitos que somos. (Fuertes rumores.) Pediría, por favor, señor Presidente, que tenga en cuenta que cuando está considerando las puertas no se refiere solamente a aquellas dos. (Señalando a las de ambos lados de la Mesa.) Tenemos detectadas tres personas más que han podido entrar.
Aquí hay más puertas. Por favor, pediría honestidad, que se marchen todos aquellos señores que han tenido que entrar por esta puerta (Indicando a la situada en la parte alta del hemiciclo.) y dejemos el tema absolutamente en sus términos.
No nos obliguen, por favor, a decir los nombres; hagámoslo con absoluta ética y prudencia.
Además, quiero sumarme a la propuesta del señor Rato, que sean las tres últimas votaciones las que se reconsideren.
Gracias. (El señor Roca i Junyent pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roca.
El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, hablo precisamente a requerimiento de algunos compañeros del Partido Popular y del señor Romero, que he oído que reclamaban mi intervención, para decirles que la norma democrática empieza por la autoexigencia y, como nuestro Grupo está en su integridad, por nosotros pueden repetir todas las votaciones que les dé la gana porque vamos a votar lo mismo desde el principio al final. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Los datos de presentes en las votaciones que se han producido esta mañana han sido los siguientes: En la primera votación, 290 presentes; en la segunda, 307; en la tercera, 307. Estas tres votaciones corresponderían al bloque de las enmiendas de Izquierda Unida. (Varios señores Diputados: ¡No! ¡No!) En la cuarta votación, 306. (El señor Soriano Benítez de Lugo: Los de sonido dicen que no.--Pausa.) Perdón, hay una corrección, señorías. (Fuertes rumores y protestas.) ¡Silencio, por favor, señorías! Espero que ayuden un poco a la Mesa y a la Presidencia a tratar de entendernos.
Dicen los servicios técnicos que la votación que he mencionado como primera, en la que había una diferencia con respecto a la segunda, corresponde a la primera votación de la mañana, la votación de las enmiendas del Senado. En esa votación, ha habido 290 presentes. Por lo tanto, la segunda, tercera y cuarta votaciones corresponderían a los tres bloques en los que hemos dividido las enmiendas de Izquierda Unida. En la primera de ellas, que es la segunda votación de la mañana, había 307 presentes; en la votación tercera, que correspondería a la segunda de la mañana, había 307 presentes; en la votación número cuatro, que correspondería a la tercera votación de las enmiendas de Izquierda Unida, hay 306 presentes. Esas son las votaciones referidas a los tres bloques en que hemos dividido las enmiendas de Izquierda Unida.
Respecto a las votaciones del Grupo Vasco (PNV), en la primera votación había 308 presentes; en la segunda votación, 308 presentes y en la tercera, 307 presentes.
Respecto a las dos votaciones que se refieren a las enmiendas del Grupo Popular, en la primera de ellas ha habido 308 asistentes y en la segunda, 302 asistentes. (Fuertes rumores.- -La señora De Palacio Valle-Lersundi: ¡Ahí está, cuando hemos protestado!) Estos son los datos que se aportan. (Fuertes rumores y protestas.) Por favor, ¡silencio! Repito que vamos a solicitar, puesto que yo no conozco los nombres --si la Presidencia lo hubiera advertido, lo ordenaría, señor González de Txabarri, pero no lo conozco--, en la línea apuntada por el señor Solchaga

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y por el señor Rato, que si ha habido alguien --no me salen los números porque en las dos votaciones baja de 308 a 302-- (Fuertes rumores y protestas.) que se haya incorporado, que se retire. (Los señores Solchaga Catalán y De Rato Figaredo piden la palabra.) El señor Solchaga tiene la palabra.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, intervengo para pedirle una aclaración de los datos que acaba usted de exponer. Las dos últimas votaciones --si la memoria no me engaña-- se han saldado con una diferencia de dos votos.
(Rumores.) Estoy hablando de los que se han apretado, no estoy diciendo quiénes estaban presentes. 155 a 153. Por tanto, si en la primera había 308, en la segunda tamién había 308.
(Varios señores Diputados: ¡No, no!) Señorías, ¿por qué no tratan de dejar, por lo menos, hablar, al menos desde el punto de vista del registro de esa máquina? Lo que estamos discutiendo es si en una y en otra votación estaban los 308 que han aparecido como votos. No nos negamos a discutir eso y ya hemos hecho la solicitud de que quien no estuviera o hubiera aparecido después de la solicitud de recuento se vaya, pero lo que no es posible, en mi opinión, y por eso pido una aclaración a la Mesa, es que en la penúltima haya sido 155 a 153, sin ninguna abstención (308) y en la última con 155/153 sume 302. Es un problema de aritmética, señor Presidente. (Protestas.--El señor De Rato Figaredo pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: En la última votación, señor Solchaga el resultado ha sido 125 a favor, 171 en contra y seis abstenciones, que dan un total de 302 presentes, que es lo que se ha registrado.
Tiene la palabra el señor Solchaga.


El señor SOLCHAGA CATALAN: Para mí es una aclaración suficiente. Había olvidado esta última votación y creía que eran las otras dos. (Protestas.--Varios señores Diputados: ¡Ah!) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Puesto que hay seis votos de diferencia entre la última votación y la anterior... (Varios señores Diputados: ¡Menos, menos!) Me sumo al ruego del señor Solchaga de que me dejen ustedes hablar, igual que nosotros a ustedes. Si hay seis votos de diferencia y no hay constancia de que ningún Diputado haya abandonado el hemiciclo, está claro que se han producido más votos en la penúltima y anteriores votaciones que en la última. Por tanto, mi Grupo solicita que por la Presidencia no se tengan por votados, salvo que puedan demostrarlo, la diferencia de personas que no estaban en la última votación y que sí aparecen votando en la penúltima; que no se les tenga por votados en todas las votaciones que se producen a partir de la enmienda de Izquierda Unida y que, como por los servicios de la Cámara existe un video de esta sesión, se compruebe algún caso de litigio. Lo que es indudable es que no aparece que ningún Diputado haya abandonado el hemiciclo, sino más bien podría entenderse al contrario y que, por lo tanto, si en la última votación hay 302 Diputados, esos son los Diputados que había, salvo prueba en contrario, a lo largo de toda la sesión de votación de esta ley, y cualquier otro nombre que aparezca debe quedar anulado, aparte de las consideraciones disciplinarias o de otra índole que el Grupo o la Mesa quieran tomar. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)

El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, de votación a votación, igual que S.S. apunta que pueden entrar, pueden salir, ...
(Rumores.) ¡Silencio, señorías! A la Presidencia no le consta ni que hayan salido ni que hayan entrado. (Rumores y protestas.) La Mesa va a deliberar. (Pausa.) Señorías, habíamos indicado que las puertas estuvieran cerradas. Señorías, la propuesta de la Presidencia, oída la Mesa, es repetir las dos últimas votaciones. (Fuertes rumores y protestas.) Vamos a repetir las tres últimas votaciones. Oída la Mesa, la Presidencia decide repetir, en primer lugar, la tercera votación que afectaba al resto de enmiendas del Grupo Vasco (PNV). (Fuertes rumores y protestas.--El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Rato.


El señor RATO FIGAREDO: Señor Presidente, no se trata de repetir una votación. (Fuertes rumores y protestas.) No, no, perdón. No nos engañemos. No se trata de repetir una votación.
Aquí de lo que se trata es de que si en el momento jurídico pertinente, que es en las votaciones que se han producido, que tienen efectos de aprobación o no de determinados artículos de una ley, ha habido personas que han votado por otras (Varios señores Diputados: ¡Eso, eso!) y puesto que, señorías, hay una diferencia de 6 votos entre la penúltima y la última votación, nosotros solicitamos que se anulen esos 6 votos en todas las votaciones que se han producido. (Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE:¡Silencio, señorías! (Fuertes rumores y protestas.)

El señor DE RATO FIGAREDO: Perdón, señor Presidente. Y vuelvo a repetir los argumentos, salvo que las personas puedan demostrar su presencia aquí. (Fuertes

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protestas.--Aplausos en los bancos del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, es imposible, en el caso de que se hubiera producido, saber de quiénes son esos 6 votos sin que nadie lo determine. Por lo tanto, a la vista de esto, oída la Mesa, la Presidencia decide repetir la tercera votación de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV) y las dos votaciones del Grupo Popular. (Fuertes y prolongados rumores y protestas.) Se someten a votación las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), excepto la 27, la 31 y la 29. (La señora Aguilar Rivero y el señor Rato Figaredo piden la palabra.) Tiene la palabra el señor Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, mi Grupo manifiesta su disconformidad con la decisión de la Presidencia y, puesto que no existen garantías de que no haya personas que se hayan incorporado ahora a esta sala, después de las últimas votaciones, nos reservamos todos nuestros derechos para impugnar esta votación. (Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio! (La señora Aguilar Rivero pide la palabra.) Señora Aguilar, tiene la palabra.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, como tiene la costumbre permanente de mirar siempre a la derecha, no se da cuenta cuándo, desde la izquierda, le pedimos la palabra (Rumores.), y hemos estado reiteradamente desde nuestro escaño solicitándola porque todo este debate surgió con una petición que el señor Presidente no ha llevado a cabo, y era contar los presentes. Nosotros creemos que ahí es donde está la clave, y se ha hecho una petición por parte del portavoz del Grupo Socialista de que se ausentaran de la Cámara aquellos Diputados de su Grupo que se hubieran incorporado después de producirse la votación. Nosotros retomamos este planteamiento porque creemos que es el único posible para dar luz suficiente a la situación que se ha producido, y planteamos una segunda cuestión, señor Presidente. En su momento, a nuestro Grupo se le excluyó de la posibilidad de estar en la Mesa del Congreso, pero no creemos que, por ello, en estos momentos, ante una decisión como la que tiene que tomar la Mesa, debamos ser discriminados, cuando, en relación a las votaciones de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, hay la misma duda, legítima toda ella, que sobre el resto de las votaciones.
(Varios señores Diputados: ¡Muy bien!) Por eso, solicitamos a la Mesa, en primer lugar, que lleve a cabo el recuento de los presentes y, en segundo lugar, que reconsidere su actitud en relación a producir sólo las tres últimas votaciones, porque, en los presentes de las enmiendas de Izquierda Unida que han concurrido en uno de sus bloques, igual que las del PNV y que las del Partido Popular, deben ser también repetidas, por recaer sobre ellas la misma duda que sobre las demás.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--El señor González de Txabarri Miranda pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señor González de Txabarri, tiene la palabra.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente. En el Grupo Vasco quisiéramos sumarnos a las propuestas realizadas por la portavoz de Izquierda Unida, que nos parece que ha resumido magníficamente cuál puede ser la situación, y rogamos a la Presidencia que, por dignidad democrática, dado que muchos de los Diputados hemos observado lo que ha sucedido, tanto en las votaciones como en las incorporaciones posteriores, que no se obligue a acusar. (Rumores.) Que por dignidad democrática de las instituciones, seamos, primero, los Diputados, los representantes del pueblo, no ya mayores, como decía el señor Albistur, sino demócratas. Y dado que el ruego formulado por el portavoz del Grupo Socialista (en nuestra opinión muy acertadamente) no ha sido secundado por ningún Diputado, y la Presidencia no tiene forma de ordenar a ningún Diputado... (El señor Sáenz Lorenzo: Sí, sí.) No, no ha sido seguido por ninguno que se haya incorporado. Está el que no se ha incorporado. (El señor Sáenz Lorenzo pronuncia palabras que no se perciben.) Está fuera el señor Martín Toval, que no se ha incorporado, pero hay otros Diputados que se han incorporado... (Fuertes protestas.-- Varios señores Diputados del Grupo Popular corean: ¡Balletbó, Balletbó!) Es así, es así... (Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! La Presidencia...


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señores del Grupo Socialista, las cosas son como son. (Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! (La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señora Balletbó, silencio! Señor González de Txabarri, no entre en discusión.


El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: En resumen, ...
(Protestas.)

La señora BALLETBO PUIG: Señor Presidente, tenga la amabilidad... (Fuertes protestas y abucheos.)

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El señor VICEPRESIDENTE: ¡Señora Balletbó, no tiene la palabra! (La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben, porque se corta la megafonía.) ¡Señora Balletbó, no tiene la palabra! Señor González de Txabarri, concluya. (Rumores y protestas.)

El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Concluyo, señor Presidente. En el fondo, lo que quería indicar es que el resumen que nos ha hecho la portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es muy correcto; nos parece lo más sensato en este momento. Rogaríamos a la Presidencia y a la propia Mesa que el procedimiento propuesto por Izquierda Unida fuese el que se adoptara.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.--La señora Rahola i Martínez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señorías, como portavoz del Grupo Mixto, deseo expresar nuestra preocupación, como demócratas y como políticos, por el espectáculo que estamos dando a la ciudadanía, a los periodistas que están aquí delante y a nosotros mismos: vergüenza e indignación por el espectáculo, vergüenza e indignación por dos personas que, con nuestros propios ojos, hemos visto cómo entraban después, y tenemos los nombres y los daremos. (Rumores.--Protestas.--Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio!

La señora RAHOLA I MARTINEZ: ... y esperamos que, por dignidad personal, esto no haga falta. Pero, en todo caso, vergüenza e indignación porque estos compañeros Diputados no se hayan ausentado de la sala. (Rumores.) Desde luego, la votación no se puede hacer en estas circunstancias. Pedimos que se cierren las puertas y reunión urgente de Mesa y Portavoces, puesto que no se puede votar en estas circunstancias. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos y protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: El señor Solchaga tiene la palabra.
(Rumores.)

El señor SOLCHAGA CATALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no tendría mi Grupo inconveniente en votar todas y cada una de las decisiones que se han tomado hoy en la Cámara; pero quiero advertirles sobre algo que me parece muy preocupante. En primer lugar, nada impide a un Diputado, entre un bloque de enmiendas que se vota y otro, salir o entrar. Por tanto, deducir que en la última había menos y, por consiguiente, en todas las demás debía haber menos, es un salto lógico que no respeta un derecho del Diputado. En segundo lugar, nada le impide a un Diputado --y tengo una compañera de mi Grupo que me lo acaba de explicar-- estar sentado en el escaño, tener la posibilidad de votar y, por descuido o por cualquier otra razón, no haberlo hecho.
Por tanto, dar ese salto, desde el punto de vista jurídico es algo que yo ruego al señor Rato que reconsidere. Es decir, hasta ahora eran 307; como en la última han sido 302 y creo que no se habrá ausentado nadie, necesariamente faltan seis o faltan cinco, es, desde el punto de vista de la legalidad de nuestras decisiones, muy dudoso. Lo digo con toda franqueza y pensando en el interés de esta Cámara.
Señoras y señores Diputados, tenemos varias alternativas. El recuento está abierto y estamos todos dispuestos a someternos al mismo. Primer punto. Segundo. En un caso verdaderamente particular --porque estas cosas, los que tenemos experiencia parlamentaria larga sabemos que se producen con mayor o menor frecuencia-- el Presidente en funciones en este momento, que preside este debate, ha consultado a la Mesa y la Mesa ha llegado a una conclusión, ha hecho una propuesta y --hay una cosa que yo quiero que consideren SS.SS.-- el señor Rato, y su derecho le asiste, se ha levantado y ha dicho: No estoy de acuerdo con esto y me reservo la capacidad de impugnar, recurrir o hacer cualquier otra acción que en Derecho me corresponda. Pues, señorías, actuemos también con respeto a nuestras propias reglas.
O hacemos lo que la Mesa propone o hacemos un recuento, aun cuando, naturalmente, no tenga por qué haber unanimidad y respaldo a todo lo que la Mesa propone y cada cual se reserve sus derechos; pero tratemos de reconducir esto a una discusión racional, que yo creo que es perfectamente posible, puesto que nadie se niega a que se pueda votar o a que se pueda recontar.
Pero no tiremos hacia atrás, dando saltos en el vacío que jurídicamente constituirían precedentes extremadamente peligrosas a la hora de considerar las votaciones que se hacen en esta Cámara. Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Socialista.--La señora Balletbó Puig abandona su escaño y sube a la cabina de megafonía.--Fuertes y prolongados rumores y protestas.--Abucheos.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Señor Roca, tiene la palabra. (Continúan las fuertes protestas.) ¡Silencio, señorías!

El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, aun cuando es absolutamente cierto que corresponde al Presidente,

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y en su caso oída la Mesa, tomar determinadas decisiones, yo quisiera sumarme a la petición que ha formulado... (La señora Balletbó baja de la cabina de megafonía y se dirige al señor De Rato, dándole una palmada en el hombro.--Abucheos.--Fuertes protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señora Balletbó, la llamo al orden.
(Rumores y protestas.) ¡Silencio, señorías! Señor Roca, continúe.


El señor ROCA I JUNYENT: Señor Presidente, reclamando para el señor Presidente, y en su caso oída la Mesa, la decisión sobre cómo debe desarrollarse un Pleno, no obstante, creo que sería de agradecer que, invitando y ordenando, si S.S. lo estima pertinente, a que las señoras y señores Diputados no abandonen el hemiciclo, se suspendiera un momento la sesión para reunirse la Mesa y los portavoces y que pudiéramos venir aquí con un acuerdo sosegado, incluso en la disconformidad, pero sosegado, para que pudiéramos restablecer la normalidad que en este momento está conduciéndonos a situaciones que no son -- estoy convencido--las deseadas por parte de nadie. (Rumores y protestas.) Que nadie se ponga nervioso, porque ya tenemos suficientes dosis de nervios y, por tanto, señor Presidente, le invito muy formalmente a que usted pueda atender esta petición. Creo que un momento de sosiego, si lo sabemos administrar, nos vendrá bien a todos.


El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca. (El señor De Rato Figaredo pide la palabra.) Señor Rato, tiene la palabra.


El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, es indudable que todo este incidente se produce a partir de que el Partido Popular solicita el recuento de los presentes, que no se ha efectuado por la Presidencia, y yo quiero recordar las sugerencias que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, y me parece que el portavoz del Grupo Vasco, en el sentido de que nuestra petición del recuento de los presentes se realice.
Segundo, el señor Solchaga ha dicho que nada impide a un Diputado entrar y salir entre dos votaciones; es indudable.
(Protestas.) Aunque habría diferencias sobre la posibilidad de que uno pueda entrar y salir --más bien puede salir, pero no entrar-- durante las votaciones --y los señores Diputados lo saben--, aquí ha habido... Y consta en actas, y no ha sido precisamente el portavoz de mi Grupo, aunque hemos sido los primeros que hemos protestado por la situación, que dignísimos portavoces de otros grupos parlamentarios han dicho públicamente, y consta en acta, que han visto a miembros de esta Cámara que estaban fuera, y puesto que existe un vídeo de esta sesión y puesto que hay una diferencia de seis votos entre la última votación y la anterior (seis, no uno ni dos; el seños Solchaga nos ha contado el caso de una Diputada, yo no entro ni salgo si ese caso es así, andando o como sea; esa no es la cuestión, señor Solchaga, seis votos, y se han ganado y perdido votaciones por menos en esta misma mañana), yo sigo manteniendo las dos propuestas de mi Grupo: primero, que se haga el recuento de los presentes; segundo, me sumo a la petición del señor Solchaga de que abandonen el hemiciclo, no que hagan un paseo y traten de impresionar a nadie; que abandonen el hemiciclo si lo tienen que abandonar y, si no, que no lo abandonen. (Rumores.) Yo no estoy señalando a nadie ni tengo que darle a nadie palmaditas en el hombro. (La señora Balletbó Puig: No abandono el hemiciclo, porque no me he movido de mi escaño en toda la mañana...) (Las palabras de la señora Balletbó dejan de percibirse porque se corta la megafonía.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señora Balletbó, la llamo al orden.
(La señora Balletbó Puig: Tengo derecho a...) Señora Balletbó, la llamo al orden por segunda vez. (La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.) ¡Señora Balletbó!

El señor DE RATO FIGAREDO: Yo, señor Presidente, vuelvo a plantear, en nombre de mi Grupo el recuento de los presentes.
Me sumo a la petición del señor Solchaga de que abandonen el hemiciclo aquellos que hayan entrado después de la última votación y vuelvo a plantear, en nombre de mi Grupo, que salvo prueba en contrario, los seis votos de personas, de diputados y diputadas concretos que hay de diferencia entre todas las votaciones y la última, porque no es entre una votación, es entre todas las votaciones y la última, sean anulados, salvo que haya una prueba fehaciente en contrario. (La señora Balletbó Puig pronuncia palabras que no se perciben.) Desde luego solicito, una vez más, de la Presidencia que de una vez someta a recuento los presentes; porque esto es inaudito, señor Presidente. Hace media hora que lo he solicitado.


El señor VICEPRESIDENTE: La Mesa, después de oír a SS.SS.
plantea, por si es pacífico, esta solución, porque de lo contrario suspenderíamos la sesión y reuniríamos a la Mesa y a la Junta de Portavoces.
Si es pacífico, sería esta solución. En primer lugar, constatar, mediante la votación electrónica, el número de presentes. En segundo lugar, repetir todas las votaciones que hacen referencia a este proyecto de ley y, en tercer lugar, la Mesa se reserva la investigación, a través de los vídeos, y sanción en su caso, de cualquier Diputado

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que se haya podido constatar... (Fuertes rumores y protestas.) Señor Solchaga, ¿le parecen a su Grupo Parlamentario oportunas estas decisiones? (Rumores.)

El señor SOLCHAGA CATALAN: Señor Presidente, mi Grupo Parlamentario está absolutamente de acuerdo en que se reúna la Mesa y la Junta de Portavoces, si están todos los demás de acuerdo (Varios señores Diputados del Grupo Socialista: ¡La Mesa, la Mesa!); no tenemos ningún inconveniente, pero si nos vamos a reunir lo que no acabamos de entender son las otras dos propuestas de la Mesa, porque ya, de alguna manera, predeterminan las conclusiones que pueden salir de la reunión conjunta de ésta con la Junta de Portavoces.
Por tanto, lo que nosotros suscribiríamos con mucho gusto, tratando de buscar una salida a esta situación, creo que nada cómoda para esta Cámara, es que se suspendiera en este momento, se cerraran las puertas, quedara todo el mundo en el hemiciclo y pudiéramos, en un salón próximo y en pocos minutos, llevar a cabo esa reunión que ha propuesto S.S. (El señor De Rato Figaredo pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rato.


El señor DE RATO FIGAREDO: Señor Presidente, nosotros insistimos en que antes se haga el recuento previo de los presentes por llamamiento nominal de los presentes. (Rumores.) Segundo, que si el Presidente quiere hacer una oferta como Presidente en funciones, especifique si tiene el respaldo de la Mesa o no por votación de la Mesa.
Tercero, vuelvo a insistir en que la posición de mi Grupo no tenemos por qué reservarla a una reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces; es que no va a haber ningún elemento nuevo, y en cuanto a la tranquilidad cada cual tiene que estar tranquilo con su conciencia; no es un problema de tranqulidad exterior. Vuelvo a insistir en que se anulen los seis votos de diferencia. (Rumores y protestas.--La señora Aguilar Rivero pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Señor Rato, nada más que una pequeña observación. El debate lo dirige la Presidencia, oída la Mesa.
Tiene la palabra la señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Señor Presidente, nosotros ya no encontramos razón alguna para que, después de una hora de debate, todavía por parte de la Mesa no se haya procedido al recuento de los presentes. (Grandes rumores.--Aplausos.) Eso ya no tiene razón alguna. Pedimos que se haga de manera inmediata este recuento y después, si ha lugar, que se reúna la Mesa y la Junta de Portavoces para poder constatar lo que ha salido en el tablero electrónico y lo que tenemos en relación a los presentes en la sala, pero pedimos que se haga ya el recuento de los presentes. (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz quiere manifestarse? Tiene la palabra el señor González Lizondo.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Señor Presidente, le ruego que le dé la palabra a la señora Rahola, que en estos momentos es la portavoz, puesto que ella ha llevado en un principio el debate.


El señor VICEPRESIDENTE : Señor González Lizondo, es que me parecía que S.S. levantaba la mano.


El señor GONZALEZ LIZONDO: Sí, señor Presidente, yo le hacía la llamada, pero para que fuera ella la que interviniera.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE : Tiene la palabra la señora Rahola.


La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, en este clima no vamos a poder tomar decisiones. Me remito al artículo 39 del Reglamento, que dice que si dos grupos de la Cámara solicitan reunión urgente de la Mesa y Junta de Portavoces, ésta debe celebrarse.
Señor Presidente, pido tres cosas: primera, por favor, que inmediatamente se haga un recuento. Como dice la señora Aguilar, no podemos demorar, de ninguna manera, el recuento.
Segunda, anulación de las últimas votaciones, y tercera, reunión urgente de la Mesa y Junta de Portavoces.


El señor VICEPRESIDENTE : Se suspende la sesión. (Varios señores Diputados: ¡No, no!--Fuertes protestas y pateos.-- Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Nunca se ha visto esto!--Continúan las tumultuosas protestas y los pateos.) Se convoca urgentemente la Mesa y Junta de Portavoces.
(Continúan las fuertes protestas y los pateos.--Varios señores Diputados del Grupo Popular: ¡Recuento, recuento! ¡Presidencia, Presidencia!--Siguen las fuertes protestas y los pateos.)

Era la una de la tarde.


Se reanuda la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ocupen sus escaños, señorías. (Rumores.)

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Por favor, guarden silencio.
Señorías, se reanuda la sesión.
Señorías, la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, por unanimidad, han tomado los siguientes acuerdos. En primer lugar, que por parte de la Mesa y de los Servicios de la Cámara se realice una investigación por si se ha producido alguna anomalía en las votaciones de este proyecto de ley en el que estábamos al suspender la sesión. En segundo lugar, que por los Secretarios de la Mesa se proceda al recuento nominal de los señores Diputados y señoras Diputadas presentes. En tercer lugar, continuar la votación a partir de las enmiendas todavía no votadas, enmiendas que pertenecen a aquellos grupos parlamentarios que todavía no han sido sometidas a votación.
En cuarto lugar, si de la investigación realizada por la Mesa se observaran anomalías que pudieran tener trascendencia, la Mesa adoptaría las consecuencias disciplinarias oportunas y, en su caso, también decidirá la Mesa sobre la anulación de votos o la repetición de las votaciones que se han producido de este proyecto de ley hasta este momento. En consecuencia, vamos a proceder al segundo de los acuerdos adoptados, que es la lectura por parte de los Secretarios de la Mesa de los señores Diputados y Diputadas, para tener constancia de los presentes.


Realizado el llamamiento por los señores Secretarios, contestan los siguientes señores Diputados:

ACOSTA CUBERO, José AGUILAR RIVERO, Rosa AGUIRIANO FORNIES, Luis Alberto AGUIRRE RODRIGUEZ, Ramón AIZPUN TUERO, Jesús ALBERDI ALONSO, Isabel ALBISTUR MARIN, Xabier ALCARAZ MASATS, Luis Felipe ALEGRE GALILEA, Luis Angel ALEMANY I ROCA, Joaquima ALMUNIA AMANN, José Joaquín ALONSO BUITRON, Conrado ALONSO CONESA, José Antonio AMADOR GUILLEN, Eva María AMATE RODRIGUEZ, José Antonio ANDREU ANDREU, Jerónimo ANGUITA GONZALEZ, Julio ANTICH BALADA, Jaume ARAGONES MENDIGUCHIA, Carlos ARIAS-SALGADO MONTALVO, Rafael ARNAU NAVARRO, Francisco AROZ IBAÑEZ, Mercedes ARQUEROS OROZCO, Manuel ARTILES BOLAÑOS, Carmelo AZPIROZ VILLAR, José Eugenio BALLESTEROS DURAN, Rafael BALLESTEROS MORCILLO, Atanasio S.
BALLETBO PUIG, Anna BALTA I LLOPART, Pere BAON RAMIREZ, Rogelio BARRERO LOPEZ, Jaime Javier BARRIONUEVO PEÑA, José BARRIOS CURBELO, María Bernarda BASSETS RUTLLANT, Julio BECERRIL BUSTAMANTE, Soledad BLAZQUEZ SANCHEZ, Feliciano.
BRAVO MARTIN-PINTADO, Valentín BUESO ZAERA, Leocadio BURGOS GALLEGO, Tomás CABALLERO ALVAREZ, Abel Ramón CABEZAS ENRIQUEZ, Manuel Jaime CALDERA SANCHEZ-CAPITAN, Jesús CAMISON ASENSIO, Felipe CAMP I BATALLA, Ramón CAMPO CASASUS, Carmen del CAMPO PIÑEIRO, Belén María do CAMPS DEVESA, Gerardo CARDONA I VILA, Jaume CARRERA I COMES, Salvador CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA, Angel Mario CASAS I BEDOS, Jordi CASTELLS FERRER, Jaume CAÑIZARES MILLAN, Juan Manuel CELDRAN VIDAL, Francisco CERCAS ALONSO, Alejandro CESAR LENDOIRO, Augusto Joaquín CHOLBI DIEGO, José CISCAR CASABAN, Cipriá CISNEROS LABORDA, Gabriel CLOTAS CIERCO, Salvador CORCUERA CUESTA, José Luis CORTES MARTIN, Miguel Angel COSTA CLIMENT, Juan COSTA COSTA, Antonio COTONER GOYENECHE, Joaquín COUCE PEREIRO, Manuel CREMADES GRIÑAN, María del Carmen CREMADES SENA, Jorge Francisco CUESTA MARTINEZ, Alvaro CUEVAS DELGADO, Antonio CURIEL ALONSO, Enrique Federico DAVILA SANCHEZ, Carlos Alberto DIAZ BERBEL, José Gabriel DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA, Agustín DIAZ SOL, Angel DURAN NUÑEZ, Alberto ELORRIAGA FERNANDEZ, Gabriel ESCUREDO FRANCO, Angel ESPASA OLIVER, Ramón ESTEO PALOMO, Juan Tomás ESTEVEZ FERNANDEZ, Xerardo Denis ESTRELLA PEDROLA, Rafael

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FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, Blanca FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, Arsenio FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS, Fernando FERNANDEZ DIAZ, Elvira FERNANDEZ DIAZ, Jorge FERNANDEZ GONZALEZ, María Mercedes FERNANDEZ MOREDA, Jesús Salvador FERNANDEZ NORNIELLA, José Manuel FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis Angel FERNANDEZ SANZ, Matilde FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA, Enrique FIGUERAS I SIÑOL, Carme FRUTOS GRAS, Francisco FUENTES GALLARDO, Francisco GAMIR CASARES, Luis GARCIA ESPINOSA, Eduardo GARCIA FONSECA, Manuel GARCIA MANZANARES, Blanca GARCIA RONDA, Angel GARCIA-ALCAÑIZ CALVO, Elena GARCIA-ARRECIADO BATANERO, José Jenaro GARCIA-MARGALLO Y MARFIL, José Manuel GAYARRE BERMEJO, José Antonio GIL LAZARO, Ignacio GILET GIRART, Francisco GIMENO MARIN, Fernando GIMENO ORTIZ, Alfredo GOMEZ ALBA RUIZ, Sergio GOMEZ DARMENDRAIL, Javier GOMEZ MARTINEZ-CONDE, Guillermo GOMEZ VAZQUEZ, Antonio GONZALEZ BLAZQUEZ, Franco GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA, José Juan GONZALEZ GARCIA, José Manuel GONZALEZ LIZONDO, Vicente GONZALEZ PEREZ, Francisco Antonio GOROSTIAGA SAIZ, Dolores GORTAZAR ECHEVERRIA, Guillermo GRANDES PASCUAL, Luis de GRAU I SERIS, Josep GUERRA GONZALEZ, Alfonso GUERRA ZUNZUNEGUI, Juan Carlos HERNANDEZ MOLTO, Juan Pedro HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO, Isidoro HERNANDO FRAILE, Rafael Antonio HINOJOSA I LUCENA, Rafael HOMS I FERRET, Francesc ISASI GOMEZ, Neftalí IZQUIERDO COLLADO, Juan de Dios JEREZ COLINO, José JORDANO SALINAS, Diego JOVER PRESA, Pedro LAGO FREIRE, José Ramón LAGUNILLA ALONSO, Juan Ramón LANDETA ALVAREZ-VALDES, Antonio LAPUERTA QUINTERO, Alvaro de LAZO DIAZ, Alfonso LEDRO LEON, Manuel de Jesús LLORENS TORRES, José Ignacio LOPEZ GARCIA, Felipe LOPEZ GARRIDO, Diego LOPEZ MARTIN DE LA VEGA, Rafael LOPEZ RIAÑO, Carlos LOPEZ VALDIVIELSO, Santiago MACIAS SANTANA, José MADERO JARABO, José MADRID LOPEZ, Demetrio MAESTRO MARTIN, María de los Angeles MANTILLA RODRIGUEZ, Carlos MARCET I MORERA, Joan MARCOS MERINO, José Luis MARDONES SEVILLA, Luis MARSAL I MUNTALA, Jordi MARTIN DEL BURGO SIMARRO, Francisco Javier MARTIN MESA, Antonio MARTIN TOVAL, Eduardo MARTIN VILLA, Rodolfo MARTINEZ BLASCO, José Luis MARTINEZ CASAÑ, Guillermo MARTINEZ IZQUIERDO, Efrén Luciano MARTINEZ LASECA, José María MARTINEZ MARTINEZ, Enrique MARTINEZ MARTINEZ, Miguel Angel MARTINEZ SAIZ, María Teófila MARTINEZ SANJUAN, Angel MARTINEZ SIESO, José Joaquín MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA, Gervasio MARTINON CEJAS, Antonio MATO ADROVER, Ana MAURICIO RODRIGUEZ, José Carlos MAÑUECO ALONSO, Jesús MENDEZ MARTINEZ, Constantino MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantxa MERINO SANTAMARIA, Antonio MICHAVILA NUÑEZ, José María MILIAN MESTRE, Manuel MOHEDANO FUERTES, José María MOLINS I AMAT, Joaquin MONTORO ROMERO, Cristóbal Ricardo MONTSENY MASIP, María Reyes MORAGUES GOMILA, Alberto MORANO MASA, Juan MORENO DEL CUVILLO, Alfonso MORENO GONZALEZ, M.ª del Carmen MORENO MONROVE, Sergio MORLAN GARCIA, Víctor MOYA MILANES, Pedro MUGICA HERZOG, Enrique MUR BERNAD, José María MUÑOZ GARCIA, Juan MUÑOZ-ALONSO Y LEDO, Alejandro MURCIA BARCELO, Francisco Vicente

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NADAL I MALE, Joan Miquel NAVARRETE MERINO, Carlos NAVARRO TORNAY, José NEIRA LEON, Francisco NIETO GONZALEZ, Jerónimo NOVELLA SUAREZ, Jorge NOVOA CARCACIA, María Pilar NUÑEZ PEREZ, Manuel OLLERO TASSARA, Andrés OREJA AGUIRRE, Marcelino ORTIZ GONZALEZ, Luis PADILLA CARBALLADA, Julio PADRON DELGADO, Néstor PALACIO DEL VALLE LERSUNDI, Loyola de PALACIOS ALONSO, Marcelo PARDO ORTIZ, Josefa PARDO RAGA, M. Carmen PASCUAL MONZO, José Ramón PAU I PERNAU, Josep PELAYO DUQUE, María Dolores PELLICER RASO, María PEON TORRE, Francisco Javier PERALES PIZARRO, Alfonso PERALTA ORTEGA, Ricardo Fernando PEREZ GONZALEZ, Froilán Luis PEREZ MARIÑO, Ventura PEREZ SEGURA, Lluis Miquel PEREZ SIQUIER, Joaquín PEREZ SOLANO, Antonio PEÑALOSA RUIZ, José Manuel PEÑARRUBIA AGIUS, José Joaquín PIQUER JIMENEZ, Luis Carlos PLA PASTOR, Adela POSADA MORENO, Jesús María POZO I ALVAREZ, Joan Manuel del PUCHE RODRIGUEZ-ACOSTA, Gabino PUIG I OLIVE, Lluis María de PULGAR FRAILE, María del Pilar RAHOLA I MARTINEZ, Pilar RAJOY BREY, Mariano RAMIREZ GONZALEZ, Miguel RATO FIGAREDO, Rodrigo de RECODER I MIRALLES, Lluis REDONDO TERREROS, Nicolás RIOS MARTINEZ, Pedro Antonio RIVADULLA GRACIA, Mercè ROBLES FRAGA, José María ROCA I JUNYENT, Miguel RODRIGUEZ BOLAÑOS, Tomás RODRIGUEZ CALVO, María Isabel RODRIGUEZ ESPINOSA, Eduardo RODRIGUEZ ORTEGA, Angustias María RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Antonio RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Juan Miguel RODRIGUEZ VALVERDE, León Máximo ROMACHO ROMERO, María Inmaculada ROMERO LOPEZ, Carmen ROMERO RUIZ, Antonio RONCERO RODRIGUEZ, Victoriano ROS MAORAD, José Luis RUEDA ESPINAR, Ramón RUPEREZ RUBIO, Francisco Javier SABATE IBARZ, Francesc Xavier SAENZ COSCULLUELA, Javier Luis SAENZ LORENZO, José Felix SAINZ GARCIA, María Jesús SANCHEZ DIAZ, María Dolores SANCHEZ I LLIBRE, Josep SANCHEZ LOPEZ, M.ª Dolores SANJUAN DE LA ROCHA, Carlos SANTOS JURADO, Ramón SANZ DIAZ, Federico SANZ ESCALERA, Emiliano SANZ PALACIO, Salvador SEDO I MARSAL, Salvador SEMPERE JAEN, María Teresa SENAO GOMEZ, José Ignacio SOLCHAGA CATALAN, Carlos SOLER NOMDEDEU, Ofèlia SORIANO BENITEZ DE LUGO, Alfonso SOTO MARTIN, Fernando SOUVIRON GARCIA, Federico Javier SUCH PEREZ, Diego TOCINO BISCAROLASAGA, Isabel TORRES GOMEZ, Luis de TORRES SAHUQUILLO, Gerardo TRUJILLO ORAMAS, Blas Gabriel URAN GONZALEZ, Presentación VALLEJO RODRIGUEZ, Rafael VALLINA VELARDE, Juan Luis de la VALLS GARCIA, Francisco Javier VARELA FLORES, Manuel Guillermo VARELA PEREZ, Mauro VAZQUEZ ROMERO, Narcís VELASCO RODRIGUEZ, Javier VERA PRO, Juan Carlos VICENTE GARCIA, María Francisca VIDAL I SARDO, Pere VILAFRANCA BOSCH, Adolfo VILLALOBOS DE PAIZ, Nicolás VILLALOBOS TALERO, Celia VILLALON RICO, César YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA, Luis ZABALIA LEZAMIZ, Jon ZAPATERO GOMEZ, Virgilio

MIEMBROS DE LA MESA

OLABARRIA MUÑOZ, Emilio RUDI UBEDA, Luisa Fernanda APARICIO PEREZ, Juan Carlos FRIAS NAVARRETE, Milagros

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RAMALLO GARCIA, Luis LOPEZ DE LERMA Y LOPEZ, Josep TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, Federico BEVIA PASTOR, José V.


El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, efectuado el recuento de presentes y ausentes, el resultado es el siguiente: 310, presentes; 40, ausentes.
En las actas de esta sesión constarán los nombres de presentes y ausentes que se derivan de este recuento nominal que se ha realizado. (Rumores.) ¡Silencio, señorías! Vamos a pasar a las votaciones pendientes.
Al tratarse de un nuevo bloque pueden abrirse las puertas hasta que comience la votación, por si hay algún señor Diputado o alguna señora Diputada que desee entrar.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria. (El señor Fernández- Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, solicito votación separada en tres bloques. El primer bloque comprendería las enmiendas 35 y 46; el segundo, las números 36, 45 y 47 y el tercer bloque, las restantes. Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas de Coalición Canaria números 35 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 155. (Al aparecer este resultado en el tablero electrónico se producen fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): ¡Silencio, señorías! (Continúan los fuertes rumores.) ¡Señor Yáñez! ¡Silencio, señorías! ¡Silencio! Quedan rechazadas las enmiendas números 35 y 46 de Coalición Canaria. (Fuertes y prolongados rumores.) ¡Silencio, señorías! Enmiendas de Coalición Canaria números 36, 45 y 47.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 24; en contra, 156; abstenciones, 127.
(La señora Sempere Jaén pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Tiene la palabra la señora Sempere.


La señora SEMPERE JAEN: Señor Presidente, simplemente quiero aclarar que ha habido un fallo. Espero que no se repita, pero, por si acaso sufro otra anomalía, deseo que conste. En este viaje... (Fuertes rumores y risas.)

El señor VICEPRESIDENTE: ¡Silencio, señorías! Constará en acta la indicación de la señora Sempere de que ella ha procedido a la votación y no ha sido registrado.
Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 22; en contra, 278; abstenciones, seis.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor Mur. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.--El señor Aguiriano Forniés: ¡Pide perdón!--Fuertes rumores.) Tiene la palabra el señor Peralta Ortega.


El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, quisiera votación separada de la enmienda 88.


El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.
Votación de la enmienda número 88, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 26; en contra, 155; abstenciones, 127.


El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda 88, del señor Mur.
Sometemos a votación la enmienda número 89, del señor Mur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, ocho; en contra, 297; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda 89, del señor Mur.
Enmiendas de la Diputada señora Rahola, también del Grupo Mixto. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Gracias, señor Presidente. Queremos solicitar la votación separada de la enmienda número 9; en otra votación, la enmienda número 12, y el resto en una tercera.


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El señor VICEPRESIDENTE: Comunico al señor Fernández-Miranda que la enmienda número 9, si la Presidencia no lo tiene mal anotado, fue retirada por la señora Rahola. En consecuencia, sería votación de la enmienda número 12 y del resto.
Votación de la enmienda número 12, de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, cinco; en contra, 157; abstenciones, 146.


El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 12, de la señora Rahola.
Restantes enmiendas de la señora Rahola.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 21; en contra, 273; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de la señora Rahola. (Fuertes rumores.) ¡Silencio, señorías! Enmiendas del Grupo Mixto, del señor González Lizondo. (El señor Fernández-Miranda y Lozana pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.


El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Solicito votación separada de la enmienda 26, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE: Enmienda número 26, del señor González Lizondo. Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 153; en contra, 154; abstenciones, una. (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 26, del señor González Lizondo.
Restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 25; en contra, 282; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del señor González Lizondo.
Se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Albístur.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 27; en contra, 281.


El señor VICEPRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor Albístur. Señorías, la votación del dictamen se hará en la próxima sesión.
Se levanta la sesión.


Eran las tres y quince minutos de la tarde.

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